«Con un criterio cronológico, atento a las coyunturas y circunstancias de cada momento, el libro repasa la vida y la acción del personaje, del que resalta sus múltiples virtudes, que le llevarían a ser destacado como prototipo del príncipe (Maquiavelo) o más adelante del político (Gracián)».

Luis Ribot, El Cultural

Fernando ejerció como rey de Castilla no en condición de monarca consorte, sino en virtud de poderes directamente ejercidos. Su influencoa en la guerra de Portugal o en la de Granada, le otorgan un protagonismo completo. Además su influencia es decisiva en la reordenación institucional que acometen las Cortes de Toledo en 1480.

Siempre resulta difícil distinguir lo que el rey o la reina hicieron, porque se trata de un reinado conjunto, en el que ambos partícipes tenían mucho interés en destacar el carácter unitario. Fernando e Isabel establecieron un poder dual otorgándose recíprocamente las facultades necesarias en sus respectivos reinos.

La diferencia aparece sin embargo por la mayor atención que lógicamente Fernando otorga a sus dominios patrimoniales.

Aquí se examina con especial atención el proceso de recuperación de Cataluña y Aragón en el orden social, en el económico y en el de la política exterior, llegando a crear una hegemonía mediterránea.

La unión de reinos que constituye la monarquía española se ajusta al modelo establecido ya en el siglo XV, bajo el nombre Corona del Casal de Aragón.

Luis Suárez Fernández

Fernando el Católico

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Titivillus 17.07.17

Título original: Fernando el Católico

Luis Suárez Fernández, 2004

Imagen de la cubierta: Ferdinand II d’Aragon (1452-1516). Haut-relief de la porte Capuana à Naples, XVème siècle. Naples, musée San Martino

Diseño de cubierta: Enric Güell (GLASSMM)

Editor digital: Titivillus

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PRESENTACIÓN

Fernando de Aragón, que ciñó esta corona como el II de este nombre y la de Castilla con el numeral V, gozó durante casi cinco siglos de una favorable opinión unánime que le presentaba como el monarca español más importante, creador de la monarquía española que era, en opinión de algunos cronistas de su tiempo, restaurador de aquella que se perdiera el 711. Por esta misma causa surgen ahora críticas contra su persona y su obra, presentándole como quebrantador de «libertades» en los reinos que entraban a formar parte de la Unión, y también los enormes gastos que en sus últimos años hubo de afrontar especialmente para defender los condados pirenaicos ante el ataque francés. Tal vez sería oportuno comenzar por la valoración primera, la de su esposa Isabel que, puesta en trance de muerte, donde la mentira no tiene lugar, en esa confidencia que tuvo con el secretario Gaspar de Gricio, en uno de los intervalos durante el dictado de su testamento, afirmó entonces su convicción de que el mejor regalo que de Dios recibiera era precisamente aquel marido al «que consideraba el mejor rey de España». Por otra parte, la valoración que se otorga a la reina, justa a todas luces, ha servido a veces para proponer una disyuntiva entre ambos. La documentación no permite tal cosa, aunque es evidente que en determinados asuntos tuvieron opiniones diferentes, pero que conducían siempre a una decisión única.

¿Hay algo de soberbia en esta valoración recíproca, pero no sin cierta lógica? Probablemente Fernando, si hubiera podido conocer los juicios negativos de autores contemporáneos, se habría quedado sorprendido: la cohesión lograda en la Unión de reinos, cuya estructura cuidadosamente conservó, el incremento de autoridad —un bien según el juicio de la época a diferencia del poder que es sólo mal menor necesario—, la ampliación de territorio y, con ello, la restauración económica de Cataluña, como la unidad religiosa lograda, significaban ventajas. No puede olvidarse la radical supresión de las reliquias de servidumbre para edificar una comunidad política libre, dotada de esos tres derechos naturales, primeros que se enunciaron, vida, libertad y propiedad, pretendiendo extenderlos a América. El 1 de enero de 1512, en instrucciones al secretario Pedro de Quintana, que emprendía viaje a Alemania, Fernando llegó a decir de sí mismo que «en setecientos años, nunca la Corona de España estuvo tan acrecentada ni tan grande como ahora… y todo, después de Dios, por mi obra y mi trabajo».

Prescindiendo de algunas preferencias actuales, en que se deslizan motivos políticos, Fernando, que aparece siempre íntimamente ligado a su esposa, fue creador y primer titular de la estructura que llamamos monarquía católica española por ser éstas las tres dimensiones esenciales, aunque en su forma de gobierno era Unión de Reinos, como ya lo fuera antes la Corona de Aragón. Al final de su vida estos reinos eran Castilla, Navarra, Aragón, Cataluña —que prefería seguir titulándose Principado—, Valencia, Mallorca, Cerdeña, Sicilia y Nápoles, preparándose ya, de acuerdo con la decisión por él mismo tomada en Burgos el año 1512, el ingreso de otros americanos. Dicha Unión significaba un avance político, pues ordenaba la potestad en dos niveles, el superior, único, que es la Corona, y el inferior que permitía a cada reino administrarse de acuerdo con sus usos y costumbres. Lo que no se daba era una duplicación de funciones: las que competían a la Corona no podían ser asumidas por cada reino en particular.

* * *

Una larga tradición historiográfica, que se inicia antes de 1493 con Fernando del Pulgar, sigue con el Opus Epistolarum de Pedro Mártir de Anghiera (editado en Alcalá en 1530) y, a través de Zurita, nos conduce a Saavedra Fajardo, permite conocer cuál era la opinión que Fernando merecía a aquellas generaciones que sintieron los efectos inmediatos de su obra. Incluyen un retrato moral y humano que ha podido ser enriquecido por sucesivas investigaciones gracias a la abundante documentación conservada. Debemos comenzar por ella a fin de hacer más inteligible el tema que, en estas páginas, nos proponemos desarrollar. Ayudados por algunas imágenes pictóricas, comencemos, pues, tratando de alcanzar una descripción.

En sus años de madurez, entre los cuarenta y cincuenta de su edad, era hombre de mediana estatura, modesto en el vestir, aunque usando siempre paños de buena calidad y mejor factura, bien proporcionado en sus miembros, con facciones regulares y ojos brillantes. De pelo muy negro y barba cerrada, que afeitaba sistemáticamente para evitar los gestos de desagrado en sus interlocutores, gozaba también de buena salud. La última enfermedad no afectó al ejercicio de su inteligencia, que tendremos ocasión de comprobar. Como Isabel, era muy templado en el comer y beber. En el trato y la conversación sabía ocultar muy bien sus emociones. Buen jinete, tanto con armas pesadas como ligeras, que en España se preferían, le gustaba contender en las justas, siendo la caza un buen aliviadero para sus tensiones. Poco a poco hubo de ir reduciendo sus intervenciones en torneos y fiestas semejantes.

Captaba con facilidad el ánimo de sus interlocutores, por lo que no le fue difícil construir un buen equipo de colaboradores. Podremos descubrir algunos defectos en su conducta, pero no en su fe católica, de la que no albergaba dudas; sus disensiones con Alejandro VI, por ejemplo, no mermaron en lo más mínimo la obediencia en cuestiones de doctrina o de costumbres. Antes de poner su firma en un documento medía cuidadosamente las palabras; no estaba dispuesto a dar oportunidad a que se dijese que faltaba a los compromisos. Por ejemplo, en los famosos acuerdos sobre Nápoles con Carlos VIII dejó claramente establecido que ni sus propios derechos a este reino ni su ayuda al Papa podían alterarse. De este modo podía atribuir a otros, y no a él, un quebrantamiento de los acuerdos. Los cronistas insisten en que mostraba inclinación a hacer justicia.

El reinado de Fernando y de su esposa coincide con la ejecución de complejas reformas tendentes a reforzar el principio de autoridad. Conviene advertir que, en el siglo XV, la autoridad, aunque no el poder, era considerada como un bien que hacía felices a los pueblos. Resulta muy difícil de entender por nosotros, pues hemos confundido ambos términos, auctoritas y potestas, que se consideraban entonces alternativos. El monarca se ayudó de secretarios tanto castellanos como procedentes de la Corona de Aragón. Pero si Pulgar no se equivoca, la mayor confianza era otorgada a Isabel, de la que conocía su gran inteligencia y sensatez. Fue el suyo un matrimonio ejemplar en más de un aspecto: comenzó como un simple contrato político, pero acabó desembocando en un amor recíproco y profundo, más notable en el caso de ella que, según unas muy escasas noticias, sufría por los devaneos que, de cuando en cuando, atraían al rey. Conocemos bastardos muy tempranos, anteriores al matrimonio. Isabel cuidó también de ellos.

En ocasión de su segundo matrimonio, con Germana de Foix, la diferencia de edad fue, al parecer, incentivo a la sexualidad, si bien de esta unión nació únicamente un hijo que no sobrevivió. Hay que añadir que las infidelidades de Fernando, mientras vivió Isabel, fueron en todo caso tan discretas que no hallamos huellas documentales. Más tarde, en ocasión de que habremos de ocuparnos, Juana recordaba en un documento que también su madre había sufrido mucho a causa de los celos. Son detalles que deben ser valorados con cuidado, pero que nos ayudan a matizar la personalidad del rey.

Entre la nobleza castellana, Fernando no pudo contar con las adhesiones que despertaba Isabel. Había tres razones. Aparecía como representación del «aragonesismo» de los infantes, entre los que descollaba su padre, los cuales encarnaron las «verduras de las eras» como recordaba Jorge Manrique. No se tenía en cuenta que las dos ramas Trastámara confluían en un mismo castellanismo. En segundo término es preciso recordar que los vencidos en la guerra de sucesión, aunque generosamente tratados no podían olvidar que lo eran y a Fernando atribuían tal condición; su resentimiento afloraría en 1505 reinando Felipe. Monarca dispuesto a dar un salto hacia el protagonismo mediterráneo y europeo, asumió, especialmente después de 1496, una gran política que quedó reflejada en gastos que resultaron a veces muy cuantiosos. Castilla los afrontaba en mayor medida que los demás reinos.

Tampoco puede considerársele en la propia Castilla como rey consorte. Si aquí hubiera estado vigente la norma que, con diversos matices, se aplicaba en otros reinos europeos, incluyendo los de la Corona de Aragón, a él hubiera correspondido la sucesión en el momento de la muerte de Alfonso en 1468. Un importante sector de la nobleza castellana, en que figuraban el arzobispo de Toledo, Alfonso Carrillo, y el almirante de Castilla, que era a la vez su abuelo, pensaban así. En la decisión de Isabel, al comprometerse con él «y no con otro alguno», entraba evidentemente esta consideración, que ella definía como «la más conveniente para el reino». Las tensiones que surgieron en los primeros momentos del reinado quedaron resueltas mediante la sentencia arbitral de Segovia, inseparable del documento posterior en que la reina le reconoció los mismos poderes que ella ostentaba. Debe hablarse, en consecuencia de un gobierno dual, que se hizo extensivo a la Corona de Aragón después de 1479.

El tiempo hizo que tales acuerdos se integraran en un profundo y voluntarioso afecto. Tal vez podríamos decir que a Fernando correspondió mayor protagonismo en algunos aspectos esenciales como la guerra de Granada, la decisión de dar a la monarquía la estructura que tenía la Corona de Aragón, el crecimiento del «poderío real absoluto», que significa tan sólo independiente de cualquier otro superior, aunque no del orden moral, la gran política mediterránea y el empeño en lograr la estabilidad interna.

* * *

Todas estas ideas aparecen expresadas con amplitud en la obra cumbre de Jerónimo Zurita, Historia del rey don Hernando el Católico que se imprimió en 1580. Ampliamente documentado, este libro sirvió para informar la conciencia de los historiadores y hombres de Estado durante más de doscientos años, sin que sufriera variación. Baltasar Gracián, desde la experiencia de la derrota sufrida por aquella monarquía católica, tampoco sintió dudas: Fernando había sido, en todas sus empresas, modelo de un príncipe cristiano. Tampoco los historiadores del siglo XVIII vieron las cosas de distinta manera. A pesar de otras circunstancias adversas, tal opinión se mantuvo por encima de los acontecimientos de 1640 y 1703.

Durante su reinado, ambos esposos pusieron especial cuidado en que nadie abrigara dudas en relación con el gobierno dual: sería un error presentar a Isabel como reina de Castilla y a Fernando como el de Aragón, pues habían decidido hacer absolutamente extensivas sus facultades. Se dieron instrucciones a los secretarios y a los cronistas para que en toda circunstancia se refirieron al «rey y a la reina». Si el nombre de Fernando figuraba antes no era por una razón política sino porque, de acuerdo con la norma moral de la Iglesia católica, al marido se reconoce cierta preeminencia. Fue en el siglo XIX y, en especial, tras la publicación del Elogio de Isabel la Católica y de sus Ilustraciones por el gran historiador y académico Diego Clemencín y Viñas († 1836) cuando se formó una tendencia a dar a Isabel un mayor protagonismo. El hecho de que se otorgara a la heredera de Fernando VII el nombre de Isabel —por segunda vez una mujer era propietaria de la Corona— ha podido influir en esta tendencia, que ciertas corrientes historiográficas han mantenido hasta nuestros días. Se intentó entonces separar y hasta contraponer dos modos de vida: el rigurosamente religioso de la reina y el más pragmático y político del rey. Algo de verdad había en esto, pero no en algunas consecuencias que de tal planteamiento se derivaron, como si se diera menos valor a la obra de Fernando que a la de Isabel.

A esta corriente se sumaron otras consideraciones: el siglo XIX vivió bajo la poderosa influencia de los ideales de la Revolución, que defendía el centralismo racionalizado y la destrucción del Antiguo Régimen y de la aristocracia, calificada como un mal. De este modo se atribuyeron a los reyes y, de modo especial, a Fernando, tendencias a concentrar en Castilla todo el poder y animadversión hacia la nobleza que habría sido perseguida y casi destruida. Se trata de dos errores que deberán rectificarse con la debida cautela. Si Castilla llegó a tener peso principal en la monarquía ello se debe a una relación meramente cuantitativa: más extensa y poblada, aportaba también mayores recursos a la política conjunta. Por otra parte, hemos de recordar que Fernando, dotado de mentalidad y sentimientos profundamente aristocráticos, contribuyó más que sus antecesores a consolidar el brazo nobiliario, esperando hacer de él un factor de estabilidad y un instrumento eficaz para su política. Todos los servicios importantes de la Corona estaban precisamente reservados a la nobleza.

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Al desarrollarse en el siglo XIX los regionalismos y, de una manera especial en Cataluña, comenzó a percibirse una tendencia a presentar a Fernando como el rey que destruyó la Corona de Aragón, sin percatarse de que era precisamente dicha Corona la que se había tomado como modelo para construir la monarquía española, conservado además hasta principios del siglo XVIII. Por su parte, los historiadores franceses le atribuyeron cierto maquiavelismo, tratando de explicar de este modo las derrotas que sufrieran Carlos VIII y Luis XII. La consecuencia final de estas corrientes, que no son puramente historiográficas, fue una interpretación negativa que Ernest Belenguer ha podido precisar con acierto en cuatro dimensiones fundamentales. No es posible prescindir de ellas cuando tratamos de comprender la obra de Fernando.

El Rey Católico había debilitado las instituciones que garantizaban las libertades de los antiguos reinos de la Corona de Aragón, utilizando de manera especial reformas que tendían a fortalecer el poder del rey y el de la Inquisición. Era, por tanto, punto final en un proceso de autogobierno que se contemplaba con nostalgia.

Habría tenido la parte principal en la expulsión de los judíos, operación que formaba parte de otra más vasta: fortalecimiento de la comunidad política cuya unidad se trataba de cimentar sobre principios religiosos.

No fue el marido ejemplar que se pretendía. Olvidando la memoria de Isabel, contrajo nuevo matrimonio, poco después del fallecimiento de ésta, con Germana de Foix, buscando, por esta vía, separar nuevamente a la Corona de Aragón de la de Castilla, deshaciendo así la unidad española, logro principal del reinado.

Igualmente, los defensores de esta especie de castellanismo a ultranza le declararon ingrato con quienes mejor le sirvieran durante el reinado conjunto. Se habría portado muy mal con fray Hernando de Talavera, arzobispo de Granada, con Cristóbal Colón, que falleció en 1506, poco después que la reina, y, de manera especial, con Gonzalo de Córdoba, a quien despojó del virreinato de Nápoles, mezclándole además en la confusa leyenda de una mala administración.

Sobre estos aspectos tendremos, forzosamente, que insistir, tratando de mostrar lo que nos dice la abundante documentación ahora conocida. Ya en la década de los años 30 y 40, mientras, por razones políticas, se producía una exaltación del reinado y de los signos caballerescos que le representaban, dos historiadores aragoneses de relieve, A. Giménez Soler (Fernando el Católico, Barcelona, 1946) y Ricardo del Arco (Fernando el Católico, artífice de la España imperial, Zaragoza, 1939), trataron de despejar el horizonte mostrando el papel desempeñado por este monarca en el tránsito a la Modernidad que coincide con la incorporación de España al conjunto de primeras potencias europeas. Estas obras, importantes, no obtuvieron el aprecio que sin duda merecían. En otros sectores se seguía insistiendo en dar primacía a la reina.

* * *

Fue entonces cuando un gran historiador nacido en Córdoba pero instalado en Barcelona, Antonio de la Torre y del Cerro, formuló el proyecto que, en el siguiente medio siglo, permitiría dar un paso de gigante para el conocimiento de una época, rectificando errores: era imprescindible acudir a los archivos y dejar que los documentos hablaran. Inició esta tarea en el Archivo de la Corona de Aragón y la continuó, empujando a discípulos y colaboradores, en Simancas, Madrid, Valencia o la Torre do Tombo de Lisboa. También en Roma y en otros archivos europeos se emprendieron tareas semejantes. El resultado es que hoy los investigadores pueden disponer de fuentes documentales abundantes sobre todos los aspectos de la vida y reinado de Fernando.

El más aventajado y directo de estos discípulos, Jaime Vicens Vives, pudo contribuir, entre 1937 y 1962, con sus obras editadas, a generar un cambio decisivo en la historiografía hasta el punto de que podemos establecer una especie de contraste entre el antes y el después. Entre estos abundantes trabajos debemos destacar estos seis, que se han empleado abundantemente en el libro que ahora presentamos:

Ferrán II i la ciutat de Barcelona (1937) que fue precisamente la tesis doctoral dirigida por don Antonio.

Historia de los remensas en el siglo XV, editado en 1945 y reeditado en 1978, en que se hace la completa revisión del complejo problema. Con posterioridad completó esta investigación con El gran sindicato remensa (1488-1508) (1954).

Don Fernando el Católico, príncipe de Aragón, rey de Sicilia (1458-1478), Madrid, 1952.

Cataluña a mediados del siglo XV. Se trata del discurso de ingreso en la Academia de Buenas Letras de Barcelona que tuvo lugar el año 1956.

Els Trastamara (segle XV), Barcelona, 1956, en donde ofreció una visión panorámica del siglo XV.

La muerte le sorprendió cuando estaba en marcha una obra definitiva, Historia crítica de la vida y reinado de Fernando II de Aragón, de la que sólo disponemos del tomo I, Zaragoza, 1962.

En 1952, gracias a estos avances decisivos en la investigación, pudo realizarse un gran Congreso, el V entre los que se dedican a la Historia de la Corona de Aragón, con ocasión de conmemorarse el V Centenario de su nacimiento. Los cinco volúmenes de sus Actas, publicados entre 1955 y 1962, significan la más amplia revisión hasta entonces ejecutada, sobre un tiempo que se reconoce ya como esencial para la historia europea.

Conviene no olvidar que, con posterioridad a dicha fecha, se produjeron importantes trabajos de análisis y de síntesis sobre el reinado o sobre la vida de Isabel, que directamente afectan a Fernando y a su obra. Han sido tenidos muy en cuenta para la elaboración de nuestro trabajo, que pretende ser de síntesis divulgativa. Obras de Antonio Rumeu de Armas, de Alfredo Alvar Esquerra o de Manuel Fernández Álvarez deben ser mencionadas. De una manera especial aquí se han utilizado las investigaciones de Ángel Ferrari Núñez, Miguel Batllori y Miguel Ángel Ladero Quesada. Prescindo deliberadamente de notas, porque todo el aparato crítico, a que se referirían, se encuentra en la obra en cinco volúmenes sobre los Reyes Católicos (La conquista del trono, Fundamentos de la Monarquía, El tiempo de la guerra de Granada, La expansión de la fe y El camino hacia Europa) que Rialp publicó en 1990.

Por último, me parece importante destacar tres obras que constituyen apoyatura sustancial para nuestra tarea, además de las que hemos mencionado con anterioridad:

Esteban Sarasa, Fernando II de Aragón, el Rey Católico, Zaragoza, 1966. En un grueso volumen se han recogido colaboraciones muy valiosas de especialistas, predominantemente aragoneses, como si el intento fundamental, y plausible, de sus autores fuera mostrar de qué modo Fernando tuvo protagonismo en el reino de Aragón, aunque extendiéndose después sus proyectos políticos a los otros reinos.

Ángel Sesma Muñoz, Fernando de Aragón, Hispaniarum rex, Zaragoza, 1992, siguiendo en cierto modo la misma línea, destaca sobre todo la personalidad del rey, sus proyectos, sus éxitos y también sus fracasos. Es obra de lectura indispensable para quien trate de penetrar a fondo en el conocimiento del reinado.

Ernest Belenguer, Fernando el Católico, Barcelona, 1999. Esta biografía sintética, redactada sin notas, aunque en el texto se hacen abundantes referencias a aquellos autores a los que se ha recurrido, es, por ahora, la mejor historia del reinado. Por encima de los sucesos se aborda la problemática de un tiempo, buscando explicación. Éste es uno de los trabajos a los que yo más frecuentemente he recurrido. Cataluña es el mirador que Belenguer emplea para asomarse al conocimiento de una época.

* * *

Estamos, pues, en condiciones de proyectar un potente foco de atención sobre la persona y la obra del rey Fernando, en el preciso instante en que conmemoramos el quinto centenario del fallecimiento de su esposa, tratando de compensar una atención excesiva hacia Castilla. Este planteamiento es tanto más necesario cuanto que la monarquía española por él organizada es uno de los cinco elementos sustanciales en la creación de la Europa moderna. Con sus virtudes y también con sus defectos, que necesitan ser explicados. El título de Católico que, con carácter hereditario, le fue otorgado por Alejandro VI, el Papa valenciano, no era un mero adorno, algo semejante a una condecoración; indica una condición que se entendía sustancial en aquella monarquía. También el nombre con que fue bautizado posee determinada significación: es el mismo que usara su abuelo, que inició la dinastía Trastámara en la Corona de Aragón, se hizo famoso en la guerra de Granada y, durante algunos años, gobernó Castilla en calidad de regente. Sus padres y sus abuelos, todos habían nacido en Castilla. No era, en este reino, un extranjero.

Durante dos largas etapas, primero entre 1475 y 1505, luego entre 1507 y 1515, reina en Castilla ejerciendo la misma plenitud de funciones que le correspondían en la Corona de Aragón. No alcanzamos a descubrir discrepancias entre él y su esposa y las diferencias de opinión, cuando se produjeron, quedaron resueltas cediendo uno de ambos; tampoco puede decirse que Fernando impusiera su criterio. La documentación demuestra, sin lugar a dudas, que en todo momento, presente o ausente Isabel, actuó como lo que era, verdadero titular de la Corona. Aceptó, prácticamente desde el primer momento, el derecho de las mujeres a reinar, a falta de varón en la misma línea y, por esta razón, nunca formuló dudas acerca de que su hija Juana era verdadera reina, incluso después de que, a causa de su enfermedad, fuera ésta recluida en Tordesillas. Antes que provocar un choque abierto con su yerno, decidiría abandonar la partida.

Es indudable que se ejercieron presiones sobre Juana para que, a su segundo vástago varón, nacido en España, se le impusiera el nombre de Fernando. Estamos bastante seguros de que, en determinada coyuntura, hubiera preferido que este nieto, al que profesaba especial cariño, recogiera la herencia española, dejando a su hermano Carlos la Casa de Austria con Borgoña, lo que hubiera evitado esa «desvertebración» a que aludiría Ortega y Gasset. Pero, en todo caso, prefirió no alterar la costumbre jurídica firmemente establecida ya en favor de la primogenitura. Fernando sucederá a su hermano Carlos pero como cabeza de la Casa de Habsburgo.

En 1479 no se produce ningún cambio esencial en la estructura política peninsular. Debemos, por consiguiente, decir que Castilla se incorporó a la Unión de Reinos que ya formaban la Corona de Aragón. Más adelante, cuando negoció con los navarros la incorporación de este reino, conservando su estructura institucional, quiso sumarlo a la Corona de Castilla, haciendo a ésta plural, lo que abre paso a los dos nuevos reinos americanos. Esta política tuvo consecuencias muy importantes y previsibles, ya que la población y recursos castellanos excedían a los de los de los otros reinos. Ahora bien, si hasta 1492 la gran política, a causa de la guerra de Granada, responde a un ritmo preferentemente castellano, sin descuidar la atención a los otros reinos afectados por un desgavell en su economía, a partir de dicha fecha se impone la política catalana, aragonesa y valenciana en el espacio mediterráneo.

Pues Fernando —ya lo advirtió con claridad Doussinague—, como si siguiera el modelo del Imperio romano, hizo que sus dominios ordenasen la vida en torno a un mar, el Mediterráneo, volcando en él los recursos económicos y militares que le proporcionaba Castilla. Isabel, aunque en muchas ocasiones manifestó el disgusto que le causaba el conflicto con Francia, guerra entre cristianos, apoyó en todo momento a su marido sin regatear los medios. Fue así como se produjo el gran cambio en la vida política europea. Pero los sueños mediterráneos a la larga fracasaron, ya que los grandes proyectos africanos, indispensables para cerrar el recinto, no pudieron ejecutarse a causa de la intervención francesa y de los cuantiosos desembolsos que fue preciso realizar y que explican que, en la segunda etapa de su reinado, Fernando tuviera que hacer frente a carencias muy serias, que despertaron contra él movimientos de resistencia.

CAPÍTULO I

DIFÍCIL CAMINO HACIA EL TRONO

Primera infancia

El 1 de septiembre de 1443 el infante don Juan, nacido en Castilla aunque su título era aragonés, concertó un matrimonio con doña Juana Enríquez, hija del almirante de Castilla, dentro de los proyectos que entonces se formaban para luchar contra don Álvaro de Luna. Heredero de su hermano, Alfonso V, que había fijado su residencia en Nápoles y carecía de descendencia legítima, se seguía titulando duque de Peñafiel y rey de Navarra, aunque ambos títulos respondían a una realidad discutible. Un gran poder en apariencia que aseguraba a los vástagos que de dicha unión naciesen, poderosos señoríos, buenas rentas y protagonismo político. Pero el matrimonio tardaría en consumarse, precisamente por las circunstancias políticas en que se contrajera. En 1445, tras la batalla de Olmedo, único superviviente de aquellos «infantes de Aragón» —¿qué se ficieron?, llegaría a preguntarse Jorge Manrique—, ese poder pareció entrar en crisis. Las rentas de Castilla, tan importantes, se perdieron, los reinos de la Corona de Aragón mostraron resistencia al verse mezclados a querellas castellanas, y en Navarra, un fuerte partido beamontés, invocando el Fuero y el Testamento de Carlos III, se oponía radicalmente a que pudiera utilizar aquel territorio como plataforma para la restauración de su poder.

En este trabajo hemos de prestar atención a Navarra que, en determinadas coyunturas, desempeñaría un papel decisivo: a fin de cuentas es Fernando quien lo incorpora a la monarquía española impidiendo que llegara a convertirse en cabeza de puente para el poder francés en la Península. No era fuerte monarquía, pero la acertada política que siguiera Carlos III, llamado «el Noble», aseguraba rentas saneadas a su corona. En 1420, don Juan había contraído su primer matrimonio con doña Blanca, la heredera de Carlos, un poco mayor que él. Para el entonces duque de Peñafiel esta boda era el modo de subir un escalón definitivo en la jerarquía señorial y de disponer de una plataforma para un poder hegemónico semejante al que su padre Fernando, «el de Antequera», había ejercido durante cierto tiempo. Antes de morir el rey Noble, apoyándose en el Fuero, había tomado precauciones: Blanca sería reina titular; si fallecía antes que su marido, la herencia habría de pasar no a éste, sino a los hijos de ella nacidos, los cuales eran tres, por este orden: Carlos, Blanca, casada ya con Enrique IV de Castilla, y Leonor.

Blanca, mujer profundamente religiosa, que demostró además afecto hacia su esposo, hizo una última recomendación a su hijo Carlos: que obedeciese en todo a su padre absteniéndose incluso de tomar el título de rey para que no hubiera motivo de discordia. Y, en efecto, durante algunos años, el joven príncipe de Viana, espejo de la romántica caballeresca, se abstuvo de hacerlo. Nobles y ciudades se disgustaban porque las rentas y recursos del reino aparecían mezclados a las contiendas intestinas castellanas. Pero padre e hijo parecían haber llegado a un modus vivendi: el rey estaba lejos, el príncipe con sus consejeros se ocupaba de los asuntos de Navarra. Así durante cuatro años.

Después de Olmedo cambiaron las cosas. Don Juan se instaló en Pamplona, contando con un partido, los Agramunt, fuertes sobre todo en la Navarra ultrapuertos, tratando de recomponer sus fuerzas y comprometiendo a Navarra en esas lides. Había conseguido que su segunda esposa, mujer muy atractiva, ambiciosa e inteligente, llegara a reunirse con él. No había lugar a dudas. Si de este segundo matrimonio nacían hijos, su madre buscaría modo de heredarlos, lo que afectaba a los intereses de Carlos de Viana, que era sucesor también en la Corona de Aragón. A finales de 1451 se despejó la primera incógnita: Juana Enríquez esperaba descendencia. No quiso que naciera en Navarra y a última hora cruzó la frontera haciendo que Fernando naciera en Sos, el 10 de marzo de 1452. Un infante aragonés, como previsiblemente llegaría a serlo muy pronto, tenía que nacer en este reino.

Los padres tomaron dos medidas: dar al niño el nombre de su abuelo, Fernando, fundador de la dinastía aragonesa, y demorar la ceremonia del bautismo a fin de que Carlos de Viana estuviera presente, respaldando de antemano el rango que al recién nacido se le reconocía. En este momento estaba ya en marcha el proceso de divorcio entre Enrique IV y Blanca, que se consumaría en la sentencia de 1453. Esto no fue obstáculo para que el heredero de Castilla, pronto rey, se presentara como un aliado de Carlos y del partido beamontés. De todas formas no quedaban muy lejos los lazos de parentesco: la nueva reina castellana, Juana, era prima carnal lanío de su esposo como del príncipe de Viana.

Como es fácil suponer, son muy pocas las noticias que tenemos de esta primera infancia. Fernando era, por su nacimiento, aragonés. Las relaciones entre Carlos de Viana y los dos partidos en pugna desembocaron en un enfrentamiento. Juana Enríquez, a quien preocupaba mucho perfilar para su hijo plataforma de poder, prescindió de Navarra y, en julio de 1454, le llevó a Barcelona. Se trataba de educarle en los usos y costumbres de Cataluña. Permanecería en la ciudad condal otros tres años. Por eso se pudo decir, más adelante, que desde el origen se hallaba vinculado al Principado.

Por vez primera aparece el nombre de Isabel

Fueron años difíciles para el infante don Juan, que desempeñaba funciones de lugarteniente, por decisión de su hermano, el rey Alfonso V. Algunas de sus principales preocupaciones venían precisamente de este niño y de su madre, como ha precisado muy bien Nuria Coll Juliá. El patriciado catalán coincidía con los beamonteses en sospechar que Juana Enríquez abrigaba proyectos que iban contra el príncipe de Viana, el cual había estado buscando apoyos en Castilla, primero con don Álvaro de Luna, después con Enrique IV. Mientras don Carlos, en abierta ruptura con su padre, viajaba a Italia para conseguir de su tío una intervención directa en su favor, Juan de Beaumont, contando con tropas castellanas e invocando el testamento de Carlos III, alzaba pendones reales en nombre de Carlos IV de Navarra (16 de marzo de 1457). La cuestión no afectaba directamente a Fernando, el niño, pero podía traer complicaciones que le perjudicaran.

Una gran parte de la nobleza castellana, que no quería que Enrique IV llegara a adquirir un poder suficiente para reducirla, dirigida entonces por el marqués de Villena, su tío el arzobispo de Toledo, Alfonso Carrillo y en cuya Liga entraba también el almirante, intervino para conseguir una paz. En mayo de 1457 se celebraron vistas entre Corella y Alfaro; a ellas acudió el rey de Navarra llevando consigo a su hijo, que acababa de cumplir cinco años de edad, porque podía convertirse en una de las piezas para el arreglo. El día 20 se firmó un acuerdo cuyo original se custodia todavía en Simancas. Confirmando compromisos anteriores y, también, la opinión desfavorable que acerca de él se estaba formando, el monarca castellano se comprometió a retirar la ayuda militar al príncipe de Viana, instándole a que buscara una reconciliación con su padre: titular y sucesor en una misma corona, deben poner su amor en uno.

La presencia del niño tenía una causa bien fundada. En teoría, al menos, el acuerdo de Corella debía lograr una reconciliación completa entre las dos ramas de la dinastía, afectadas por la doble ruptura que significaran, primero la batalla de Olmedo, y después, el divorcio de Blanca, que había sido devuelta a su padre. Entonces se mencionó por primera vez el matrimonio de los infantes castellanos, Isabel y Alfonso, hermanos de Enrique, con Fernando y Juana —esta última llegará a ser reina de Nápoles—, hijos de Juana Enríquez. Tiene razón Ernest Belenguer cuando dice que «nadie tomó en serio este amago». Nadie, en aquel momento. Pero once años más tarde, después de Guisando, pudo Isabel alegar que Fernando figuraba en la lista de candidatos a su mano que, desde la Corte, se le propusieran.

En la primavera de 1458 —Zurita tomó nota puntual del episodio— Villena insistió en repetir las conversaciones del año anterior. Y de nuevo se aludió a la conveniencia de celebrar matrimonios. Pero en esta ocasión don Juan Pacheco se mostró más reticente: Fernando era nieto del almirante y podía sentirse además llamado en su día a reclamar el patrimonio que fuera de los infantes de Aragón, parte del cual había pasado a sus manos. Desde este momento hallamos en el marqués una tenaz y rotunda oposición al matrimonio, del que, en los diez años siguientes, no se vuelve a hablar.

La muerte del príncipe de Viana

Pocas semanas más tarde llegó la noticia de la muerte de Alfonso V de Nápoles, acaecida el 27 de junio de este mismo año. Enrique IV ordenó guardar luto y celebrar exequias solemnes; se trataba de su tío. Sin perder tiempo el antiguo duque de Peñafiel prestó juramento como rey de Aragón el 25 de julio; ese mismo día firmaba los pergaminos que hacían a Fernando duque de Montblanch, conde de Ribagorza, señor de Balaguer, amén de otros títulos y señoríos sicilianos. De un solo golpe pasaba a situarse muy por encima de toda la primera nobleza de aquellos reinos. No podemos decir que se tratara de absoluta novedad; Martín el Humano, antes de que se convirtiera en sucesor, había desempeñado funciones enteramente semejantes.

No hubo la menor duda respecto a que Carlos de Viana era sucesor en todos los reinos. Estaba en Nápoles, acompañando a su tío en el momento de la muerte de éste; inmediatamente emprendió el regreso a Barcelona, donde contaba con mayor número de adeptos, utilizando a los barcos que cubrían la ruta de Sicilia. Los acuerdos de Alfaro no habían servido para poner fin a la guerra civil en Navarra, donde los beamonteses negaban a Juan II toda obediencia. En setiembre de 1459 informaron al príncipe de que su padre, inducido por su pérfida madrastra, estaba preparando un plan para desheredarle en beneficio de ese hermano menor y de distinto matrimonio. El monarca aragonés, que iba comprobando la falta de apoyos con que tropezaba en Cataluña, tomó entonces dos medidas: montar en público la reconciliación con su heredero, e insistir en el proyecto de matrimonio entre Fernando, que de este modo se integraría en la alta nobleza castellana, y la infanta Isabel. Importaba mucho, en aquellas circunstancias, contar con fuerte respaldo en la frontera occidental.

De pronto, estalló la bomba: el almirante Enríquez envió a su hija un extenso paquete de documentos que revelaban lo que se estaba urdiendo en los medios políticos castellanos. La idea de Pacheco y los suyos era casar a Isabel con el príncipe de Viana y proporcionar a éste un apoyo que, al menos en el caso de Navarra, podía resultar decisivo. Con estas misivas en la mano, pudo Juana Enríquez presentarse ante su marido sembrando en él la alarma que ella misma sentía. Aquella conspiración no iba a detenerse en menudencias: pretendía llegar hasta ese extremo irreversible de acabar con la vida del rey y, probablemente, con la de su esposa y el hijo de ésta. No nos hallamos en condiciones de saber si había alguna realidad tras esta denuncia o se trataba de una mera calumnia. El hecho es que basándose en ella Juan II, estando en Lérida, dispuso la prisión de su primogénito.

La salud del príncipe de Viana, muy quebradiza, experimentó un deterioro rápido en estas adversas circunstancias. Los sectores más influyente en Cataluña, pilotados por la Biga —estamentos superiores— se encresparon: era intolerable que el heredero de la Corona que, por este título, ejercía la lugartenencia, fuese reducido a prisión y precisamente en tierras del Principado. Amplios sectores, en Cataluña, Castilla y Navarra coincidieron en denunciar la «tiranía» de Juan II. Éste fue obligado a ceder, al menos en parte, devolviendo a Carlos su libertad y sometiéndose a condiciones que mermaban su poder y facultades. De modo que la situación era muy confusa, prácticamente en todos los reinos peninsulares —incluyendo a Portugal, dividida desde Alfarrobeira, en sectores muy discordantes— cuando, el 23 de setiembre de 1461, se produjo, evidentemente por causas naturales aunque muchos no lo creyeron así, el fallecimiento de Carlos.

Fernando, heredero de la Corona de Aragón

Solución brusca, aunque probablemente esperada, para los problemas de Juana Enríquez: ahora los destinos de Navarra y de la Corona de Aragón, donde la costumbre impedía a las hijas reinar, aunque no transmitir derechos, y Navarra que contaba con dos infantas hijas de Blanca, la divorciada del mismo nombre y Leonor con nueve años de edad, Fernando se convierte en primogénito heredero de la Corona de Aragón. Su padre procuró que se le reconociera como tal, comenzando por las zonas menos conflictivas: las Cortes de Aragón fueron convocadas en Calatayud para el 7 de octubre del mismo año. Haciendo importantes concesiones a los procuradores, que procuraban aumentar siempre ese ámbito de autonomía que significaban las «libertades» del reino, se logró fácilmente un acuerdo y Fernando fue jurado como sucesor. Podía, en consecuencia, decirse, que el primer tramo en la legitimidad de origen se había cubierto.

Desde el primer momento, partiendo de Cataluña, se había puesto en circulación la especie de que la muerte de Carlos era debida a envenenamiento. Si hubiéramos de hacer caso de cuantas noticias de este tipo se han puesto en marcha, llegaríamos a la conclusión de que casi nadie fallecía, en el siglo XV, por causas naturales. En esta ocasión se fue más lejos: olvidando devaneos y frivolidades, se hizo de Carlos de Viana un verdadero santo canonizable, lo que permitía presentar al padre y a la madrastra como verdaderos monstruos. La calumnia, cuando se maneja con habilidad, como en este caso, cuenta siempre con posibilidades de ser creída. Los proyectos matrimoniales con Castilla, que en dos alternativas se habían formulado, se abandonaron, al parecer definitivamente, proyectándose para Fernando otros enlaces.

La muerte de Carlos convertía en heredera a Blanca, la esposa divorciada de Enrique IV, que no había vuelto a casarse. Tampoco el monarca castellano había alcanzado descendencia de su segundo matrimonio: Juana nacerá el 28 de febrero de 1462. La hermana menor, Leonor, de quien, como dijimos, se había hablado en relación con un posible enlace con el infante Alfonso, sí había celebrado boda con uno de los grandes vasallos del rey de Francia, Gaston IV, conde de Foix. Este último trataría de convencer a su rey y a su suegro de que, para ambos, era mucho mejor que su esposa, y no Blanca, fuese reconocida como reina de Navarra: Luis XI tendría la oportunidad de volver a extender la influencia francesa sobre Pamplona, y Juan II la de deshacerse de los odiosos beamonteses que de nuevo contaban con auxilios castellanos. El monarca aragonés, quebrantado por los movimientos que agitaban sus reinos patrimoniales, había cedido al condestable Pierres de Peralta, caudillo de los agramonteses, la toma de decisiones. Lo importante para él —ni Aragón ni Valencia habían puesto dificultad— era conseguir que Fernando fuese reconocido también en Cataluña.

Viaje a Barcelona

Juan II no deseaba conculcar las capitulaciones que firmara en Villafranca del Penedés al poner en libertad a su hijo, las cuales le impedían entrar en el Principado sin permiso de la Diputació del General que ostentaba la representación de las Cortes en el intervalo entre dos series de sesiones. De acuerdo con el Fuero, Fernando tenía que ser enviado a Cataluña y permanecer en ella algún tiempo, familiarizándose con los usos y costumbres de la tierra. Tampoco la Diputació se atrevió en principio a ignorar las normas señaladas en el Fuero: pidió al rey que enviara a su hijo a Barcelona para ser jurado. Juan II replicó que, siendo un niño, si se le separaba del afecto de su madre y se le pasaba a la custodia de alguna de las grandes familias catalanas «podía sufrir por esta causa alguna alteración» (E. Belenguer). Cedieron los patricios porque pensaban que el mero hecho de que el príncipe permaneciera entre ellos en calidad de lugarteniente general confirmaba su legitimidad. Juana Enríquez fue autorizada a acompañar a su hijo en calidad de tudriu. Ella entendía que, como «tutora», le sería dado tomar decisiones en nombre de su hijo, insistamos, investido como lugarteniente general.

Fernando contaba en estos momentos poco más de nueve años de edad, lo que significa que iba a hallarse en condiciones de percibir la fuerza de estas pasiones encontradas que la presencia de su madre llegaría a despertar. Viajando despacio, el séquito de doña Juana fue acogido favorablemente en Lérida, y el 21 de noviembre de 1461 pudo llegar a Barcelona, donde se habían preparado fiestas en albricias por la venida del príncipe. La reina juró obediencia a la capitulación de Villafranca y pudo llegar a creer que las pasiones se estaban calmando (Nuria Coll) sin descubrir, acaso, hasta dónde llegaba el odio de quienes, como Jaume Safont, establecían la comparación entre el santo Carlos de Viana y el nuevo heredero, que no pasaba de ser «un castellano mal hecho» (Belenguer). El 6 de febrero de 1462 se celebró una impresionante ceremonia, dentro de la cual se produjo el juramento del príncipe, cuya legitimidad quedaba de este modo reconocida. Sentado en un cojín pudo el niño, casi un muchacho, presenciar cómo su madre se arrodillaba ante Pedro de Urrea, arzobispo de Tarragona, y pronunciaba por él las palabras que sellaban el «pacte» con el Principado. Parecía haberse superado la discordia inicial. Señalemos que, siendo rey, Fernando pondría empeño en afirmar que no había quebrantado ni quebrantaría aquel juramento.

Cataluña sufría, como Jaime Vicens y Sobrequés Vidal han precisado con datos elocuentes, una crisis económica que databa de finales del siglo XIV y tenía consecuencias sociales muy profundas. En la zona norte del Principado los propietarios de la tierra presionaban con «malos usos» a los campesinos, payeses de remensa, porque les convenía que la abandonasen. Algunos de estos propietarios pertenecían al clero y al patriciado barcelonés. Éste, compuesto por los dos brazos, cavallers y ciutadans honrats, la Biga, se enfrentaban, a causa del malestar económico con los tres inferiores, la Busca, que trataban de participar en el poder. A juicio de Vicens, la reina cometió el error de apoyar de alguna manera a los buscaires. El 14 de febrero, es decir, una semana después del juramento, centenares de personas se presentaron ante Juana, solicitando dos cosas: que se anulara la concordia de Villafranca para que el rey pudiera venir a Barcelona, cumpliendo las esperanzas de los inferiores, y que se reconociera legitimidad a las Asambleas que se venían celebrando. Éste es el «complot de San Matías», como lo denominan los cronistas catalanes.

Completemos el dato. Hacía pocos meses que los señores, aprovechando el vacío dejado por la ausencia del rey, habían dejado en suspenso la sentencia interlocutoria pronunciada por Alfonso V en 1457, devolviendo así a los remensas a la condición de una estricta servidumbre.

Deslegitimación

Por estos mismos días se estaba produciendo en Castilla un gran acontecimiento: tras casi siete años de matrimonio infecundo, la reina Juana de Castilla daba a luz una niña el 28 de febrero de 1462. Desde el primer momento, el marqués de Villena y otros grandes ordenaron levantar testimonios notariales protestando de que se les obligara a reconocer como heredera a quien «no tiene razón ni derecho», sin aclarar más detalles: se podía especular con el adulterio de la reina, con la ilegitimidad del matrimonio o, simplemente, con el repudio a una sucesión femenina. En cualquiera de estos tres casos, Fernando se veía afectado: en aquellos momentos, sólo dos varones, el infante Alfonso y él se hallaban en línea para recoger la herencia de Enrique III. De esto no se habló por ahora. La nobleza castellana estaba reclamando que se reconociera a Alfonso como príncipe de Asturias. La posición de Enrique IV se vio profundamente debilitada tras estas alusiones a la ilegitimidad. Todavía el 8 de marzo de 1462 parecía decidido a movilizar sus tropas en auxilio de los beamonteses y de cuantos se oponían a Juan II. Pocos días más tarde había capitulado, suscribiendo, el 22 de marzo, un acuerdo que permitía a sus nobles manejar los asuntos renunciando a cualquier intervención.

Mientras crecía el descontento y la oposición en Cataluña, Juan II veía asegurarse su frontera occidental, seguramente la más peligrosa, dados los recursos castellanos y la adhesión que en favor de Enrique IV se estaba manifestando. Cerrar el frente navarro tenía un precio: había que aceptar las condiciones francesas que eran las que Gaston IV había comunicado a Luis XI; Blanca sería privada de sus derechos reconociéndose a Leonor como princesa. Para mayor seguridad, los condes de Foix se encargarían de su custodia. Enrique pensaba que, de este modo, podría contar con el apoyo de los nobles para afirmar la sucesión en esta hija que le discutían.

Tras el motín de San Matías la estancia en Barcelona se había tornado peligrosa. Juana Enríquez y su hijo decidieron trasladarse a Gerona, en donde podían contar con el apoyo del obispo, Joan de Margarit, destinado a convertirse en uno de los consejeros más influyentes de Fernando. Desde esta plaza segura los consejeros de la reina establecieron contacto con el jefe de los remensas, Francesc Verntallat, adquiriendo de este modo un compromiso que el príncipe se encargaría de cumplir tras ceñir la corona. El problema remensa sería resuelto en términos de justicia, renunciando al empleo de las armas.

El mes de abril —Fernando acababa de cumplir diez años— fue especialmente dramático y debemos incluirlo entre las páginas negras de su biografía. Tropas enviadas por la Diputació comenzaron a combatir a los remensas procediendo a ejecuciones sumarias en los que se resistían; en la misma Barcelona se estaban tomando represalias contra los buscaires, considerados como rebeldes. Todo esto debió causar fuerte impresión en el joven príncipe contribuyendo a su educación en la prudencia. Mientras tanto Blanca era conducida por su padre a Sauveterre, con propósito de entregarla a los condes de Foix, que se habían comprometido a sujetar Navarra. La infanta no se dejó engañar: sabía muy bien cuál era el trágico destino a que se la conducía. Una noche, burlando la estrecha vigilancia a que se la sometiera, amparada por pocas personas fieles, pudo escribir y despachar dos cartas que reflejan la angustia que la dominaba. Llevan la fecha del 29 de abril: la primera, destinada a la Diputació, explicaba la trama contra ella urdida; la segunda era una cesión de todos sus derechos al ex marido, Enrique IV.

Dramas íntimos que revelan la profunda perversión a que en estas batallas políticas se había llegado. Gaston IV se había comprometido con Luis XI a convertir Navarra, englobada en el conjunto de sus señoríos, en pieza del vasallaje hacia la corona desde Francia. Y Juan II se veía obligado a entregar Rosellón y Cerdaña, los grandes condados pirenaicos, como prenda que garantizase los préstamos y ayudas que necesitaba contra los rebeldes. Se trataba de una parte del suelo catalán que la «universal araña» quería introducir en su tela. No tardó en comunicarse el fallecimiento de Blanca; simplemente había sido asesinada por orden de su hermana. Los enemigos de Juan II tenían motivos suficientes para alegar que éste había perdido la legitimidad de ejercicio.

Falla el llamamiento a Enrique

En estas circunstancias, imitando movimientos que con anterioridad se produjeran, la Biga decidió hacerse dueña de la autoridad en el Principado, por medio de la Diputació y del Consell de Cent, que controlaba. Se cursaron instrucciones al conde de Pallars, que estaba al frente de las tropas enviadas contra los remensas, para que, apoderándose de Gerona, trajera de nuevo al príncipe y a su madre a la ciudad condal; de este modo no habría que modificar la legitimidad ni la lugartenencia. Juana Enríquez y su hijo se refugiaron en el castillo de Gerona, preparándose a resistir. Los cañones del conde de Pallars dispararon contra aquellos muros. Conviene no perder de vista este episodio que nos permite comprender algunas dimensiones del carácter de Fernando; siendo rey, no negaría a este inveterado rebelde la reconciliación. Judíos, conversos y remensas, mandados estos últimos por Pere Joan Salas, acudieron a reforzar las defensas de modo que el castillo resistió hasta el 23 de julio de 1462 en que tropas francesas mandadas personalmente por Gaston de Foix vinieron a liberarlo. Entonces pudo Fernando volver a Zaragoza llevando consigo el recuerdo de las horas de angustia.

Así estalló una guerra civil. Sería un error interpretarla como un esfuerzo para separar a Cataluña de la Unión de Reinos que constituía la Corona del Casal d’Aragó. El Principado se rasgó, como antes sucediera en Navarra, en dos facciones que recíprocamente se enfrentaron. Los sectores inferiores de la sociedad se mantuvieron fieles al rey y lo mismo sucedió con importantes ciudades, de modo que a Barcelona correspondió asumir la responsabilidad del movimiento. El 9 de junio de 1462 el Consell de Cent había redactado un documento, que la Diputació hizo suyo, y que fue enviado al Papa buscando la justificación moral de aquellos actos. En él se explicaba que Juan II y, por consiguiente, su esposa y su hijo, habían incurrido en tiranía al quebrantar las leyes del reino, perdiendo, en consecuencia, su legitimidad. El trono estaba vacante. Surgía ahora la pregunta: ¿a quién correspondía ocuparlo? El 11 de agosto se tomó la decisión: la legitimidad hispana procede de los godos y el rey de Castilla era, sin la menor duda, el continuador de aquella «fiera sangre de Khindasvinto» a que se venían refiriendo los cronistas.

Allí estaban presentes dos emisarios de Enrique IV, Juan de Uartegui y cierto capellán cuyo nombre desconozco. Al día siguiente comunicaron en privado que su señor estaba dispuesto a aceptar. Se hizo seriamente la propuesta, que implicaba una presencia física en Cataluña con tropas capaces de ocupar todo el territorio y defenderlo. Esta vez la nobleza castellana, comprometida con Juan II, se movilizó eficazmente obligando al monarca castellano a desistir, sometiéndose a un arbitraje francés (23 de abril de 1463) que significó la renuncia a Cataluña y a Navarra. Esta circunstancia, seguridad en la frontera occidental, reducía el movimiento a límites estrictos, cuya duración dependía de posibles ayudas exteriores pero, en todo caso, condenado al fracaso.

Progresa lentamente el príncipe

Fernando permanece en Zaragoza desde diciembre de 1462 hasta noviembre de 1464, cumpliendo doce años. Se completaba intensamente su educación, apartado de los escenarios de guerra, aunque suponemos que nada ajeno a tantos intereses suyos como entonces se jugaban. Ni Valencia, ni Aragón ni tampoco los otros reinos que formaban la Corona se sintieron movidos a revuelta, entre otras razones porque no era del Principado contra el rey sino enfrentamiento entre dos fórmulas políticas distintas: obediencia a la Corona o predominio de la Diputació y de la Biga. Remensas, campesinos, artesanos y trabajadores a sueldo estaban sufriendo las consecuencias. Juana Enríquez recibía noticias directas de la Corte castellana. Cuando el enviado de la Generalidad, Juan Copons, tuvo del propio Enrique IV informe de que se retiraba de la empresa, no pudo contenerse y le anunció que Juan II no habría dejado pasar una ocasión como aquella para ser el rey de toda España.

Fernando hubo de recibir en aquellos años información que demostraba el menosprecio y abatimiento a que era conducido su tío, el rey de Castilla. Isabel, quien con su hermano Alfonso había sido llevada a la Corte a finales de 1461, era ahora un rehén —prisionera, llegará a decirse ella más tarde— en el alcázar de Segovia, menos confortable entonces de lo que ahora nos podría parecer. Del posible matrimonio entre ambos nadie hablaba ya; era cuestión, al parecer, descartada. Lejos de esto, el rey Juan, que buscaba a toda costa reforzar los vínculos con la alta nobleza castellana, encarga a Pierres de Peralta que ofrezca al marqués de Villena casar al príncipe heredero con su hija, Beatriz Pacheco. Maestro en intrigas, el marqués eludió el compromiso: no estaba dispuesto a convertirse en instrumento de la política aragonesa o sospechaba que detrás de la propuesta había un engaño. Las ambiciones de don Juan Pacheco picaban alto. En 1466 estuvo a punto de lograr la carambola genial, casando a su hermano Pedro Girón, maestre de Calatrava, con Isabel, lo que equivalía a colocarle en las gradas del trono. Tercer nombre para esa mano de la infanta que, esta vez, se libró por bien poco: la muerte acabó con él cuando iba camino de su boda. De los tres, sólo uno seguía en pie.

La atención de Fernando y de quienes le educaban estaba vuelta en estos años hacia Cataluña. La Diputació del General, privada ahora de los dos apoyos —el propio príncipe y el monarca castellano— que hubieran permitido construir desde la legitimidad, había recurrido a la sombra de Alfarrobeira, llamando al condestable don Pedro de Portugal, hijo del duque de Coimbra y, por su madre, nieto del conde de Urgel. Recurso extremo que permitía invocar una supuesta iniquidad cometida en Caspe. Se daba de este modo un paso lleno de riesgos, como si el Principado quisiera desgajarse de una opinión que sustentara globalmente la Corona. Sicilia dio en este momento un paso importante: aparecieron en la Corte procuradores de este reino para confirmar que, sin dudas ni condiciones, Fernando era reconocido como primogénito y heredero. Un gesto que Juan II completará en 1469 transmitiendo a su hijo el título de rey de Sicilia, sin modificar el principio de unidad.

En el año nuevo de 1465, los maestros y consejeros responsables de su educación consideraron que su porte y apariencia eran suficientes para que, vistiendo armadura, apareciera al frente de los soldados, usando de los poderes y funciones que a la sucesión correspondían. El 28 de febrero, a punto de cumplir trece años de edad toma parte, por primera vez —entiéndase que se trataba de un mero acto de presencia— en una acción militar, la batalla conocida como Prats del Rei, en la que el pretendiente portugués fue derrotado. Desde este momento pudo parecer que el alzamiento había fracasado y Barcelona y su entorno pasaban a ser mero reducto para una resistencia próxima a apagarse. El 10 de marzo de 1465 Fernando alcanzaba aquella edad que, en las postrimerías de la Edad Media, parecía suficiente para alcanzar el primer peldaño en la maduración, siendo capaz de tomar decisiones por sí mismo. Las Cortes valencianas, reunidas en San Mateo, se habían adelantado al acordar, el 26 de febrero anterior, que podía ejercer por sí mismo las funciones propias de la lugartenencia.

«Traición al genio de la tierra»

Desde esta posición, príncipe heredero en ejercicio, inspirado sin duda por su padre y por los consejeros de éste, adquirió el primer compromiso que marcaría una línea de conducta para su reinado: en agosto de 1466 declaró formalmente que, al término de la guerra, ni el Fuero, ni las cartas, usos o costumbres de Cataluña sufrirían quebranto o modificación. Aquella contienda entre facciones no era empresa contra el Principado. Dicha declaración parecía marcar las horas de la capitulación. Pero en octubre falleció el condestable don Pedro de Portugal y aunque eran muchos los que recomendaban aceptar las condiciones del príncipe y negociar la paz, triunfó el criterio de los radicales y la Diputado invitó a Renato de Anjou a que asumiese la corona. Gesto de desesperación que, para muchos, resultaba verdaderamente incomprensible: se iban por la borda todas aquellas hazañas que permitiera a los catalanes hacerse dueños del Mediterráneo: «Traició al geni de la terra», así la definió Vicens Vives. Cambio sustancial en las relaciones diplomáticas de Occidente.

Francia, que en 1463 apoyara a Juan II, prestándole importantes servicios, aunque, desde luego, a un precio muy alto, parecía descubrir ahora su juego: después de Navarra, atraer y supeditar a Cataluña. Comenzaban a detectarse algunos dramáticos errores como la entrega y asesinato de Blanca, de los que Fernando pudo tomar buena nota. El monarca aragonés comenzó a dibujar una «gran alianza» que uniese a españoles, ingleses y borgoñones, esto es, cuantos se sintiesen perjudicados por Francia. Un signo común sería precisamente la pertenencia a la caballería del Toisón de Oro, cristianizada por medio de la cruz de San Andrés. Fernando era uno de los miembros de la Orden; estaba muy lejos de suponer que, un día, el grueso collar de oro habría de salvarle la vida.

En Viladomat el príncipe se enfrentó a las tropas angevinas, fue derrotado y a punto estuvo de que le hicieran prisionero (1467) los soldados de Juan de Lorena. Uno de sus fieles, Fernando de Rebolledo, consiguió montarle en su caballo y burlar la persecución. Las ayudas francesas se tornaron en agresión: pudieron los angevinos apoderarse de Gerona, librar a Barcelona de sus angustias y consolidar el dominio sobre una parcela importante de la vieja Cataluña, que fuera Marca hispánica con los sucesores de Carlomagno. Los condes de Foix, consumado el crimen que les otorgaba la herencia de Navarra, puestos a elegir, decidieron colocarse del lado de Francia. Una lección que Fernando ya no olvidaría: entre las dos Coronas, los Foix elegirían siempre a la francesa porque los estados señoriales eran más valiosos que el reino. Juana Enríquez celebró una entrevista con ellos en Egea, pero sin resultados: la reina sólo podía ofrecer una garantía sobre Navarra, pero nada más. Lo mismo sucedería con Fernando e Isabel, a lo largo de los años. Aquella entrevista, celebrada en junio de 1467, aclaró sin embargo, una cuestión. Los Foix proyectaban únicamente agregar Navarra al conjunto de sus estados señoriales, repitiendo lo que ya sucediera con la Casa de Champagne y sus sucesores.

Fue la última gestión de Juana Enríquez, que falleció en febrero de 1468. Para Fernando, que iniciaba sus andanzas amatorias —dos bastardos van a nacer—, la pérdida era decisiva; en adelante habría de decidir más cosas por sí mismo. Partiendo de esa nueva experiencia, Juan II había podido descubrir algunos de los errores que cometiera. Operó una rectificación que, como veremos, Fernando haría suya con más energía y talento. Tenía que llegar a alguna especie de acuerdo con los beamonteses, que defendían la españolidad de Navarra. En 1468, Luis de Beaumont, conde de Lerin, contrajo matrimonio con una hija bastarda del aragonés, también llamada Leonor, convirtiéndose en cuñado de Fernando. El conde hizo que quedaran claras las cosas: el príncipe debía confirmar el casamiento, asumiendo así los compromisos que de él se derivaban. Podemos decir que arranca de este año la alianza de los Beaumont con el príncipe y su esposa.

Guisando abre nuevas perspectivas

Castilla se había, entre tanto, dividido entre dos obediencias, pues la Liga de nobles había declarado la «tiranía» de Enrique IV, proclamando en su lugar, en un acto montado junto a las murallas de Ávila, a Alfonso, su hermano, también de corta edad. Ninguno de los bandos contaba con fuerzas suficientes para lograr la victoria. Juan II encomendó al condestable de Navarra, Pierres de Peralta, uno de sus adictos más fieles, la difícil misión de mantener contacto con ambas partes y meditar acerca de los pasos que deberían darse. Peralta conocía muy bien los entresijos castellanos. El matrimonio de su hija con Troilos Carrillo le convertía en consuegro del arzobispo de Toledo y le proporcionaba acceso a muchos ambientes que a un embajador normal estaban vedados. Permaneció en la Corte de Enrique IV, demostrando de este modo que se le atribuía la legitimidad, pero negociaba con los nobles y de una manera especial con el marqués de Villena, que era entonces considerado como verdadero ministro universal.

Fernando había madurado. Hacía ya vida de soldado habituándose a las duras penalidades de la guerra y, antes de cumplir los diecisiete años, se convirtió en padre de un bastardo, Alfonso, que con el tiempo llegaría a ser arzobispo de Zaragoza. En esta ciudad tuvo ya la oportunidad de presidir las Cortes de 1468. El trato con los grandes personajes del reino provocaba un cambio en la opinión: muchos de los defectos que se señalaran en el padre no podían ser reconocidos en el hijo. Tal modo de pensar y de sentir arraigaba fructuosamente en Cataluña. El príncipe comenzaba a ser considerado no sólo como la legitimidad sin disputa sino una promesa de futuro más acorde con la naturaleza del Principado. Podemos decir que en el momento en que cumple dieciséis años se inicia para él la carrera política.

Primer acto. El 10 de junio de 1468 Juan II puso su firma al documento que le acreditaba como rey de Sicilia, siendo coronado nueve días más tarde en la catedral de Zaragoza. No se trataba de que pasara a residir en este reino, ni de que se le separara del conjunto de la Corona de Aragón, sino de darle de una manera gráfica el rango máximo que como a sucesor le correspondía, garantizarle unas rentas y permitirle el uso del título real. Sicilia se gobernaba por medio de un virrey que retrasó, siguiendo órdenes, la ceremonia del juramento por parte de los sicilianos hasta el 15 de junio de 1474. El título precede en muchos meses al compromiso matrimonial con Isabel.

Pocas semanas más tarde se recibió la noticia de que, el 5 de julio de este mismo año, el infante Alfonso que muchos titulaban rey de Castilla, había muerto tras una muy corta enfermedad, pasando los derechos sucesorios, según sus partidarios, a su hermana Isabel. Sin perder un minuto, Juan II envió nuevas instrucciones a Pierres de Peralta: había que volver a la idea inicial consiguiendo para Fernando la mano de la princesa; muchas cosas quedarían resueltas con este matrimonio. Peralta, que seguía en la Corte de don Enrique, mantuvo conversaciones con su consuegro y otros consejeros de Isabel, de las que carecemos de noticias escritas. La impresión que nuestras fuentes proporcionan es que durante meses, los últimos de 1468, ella guardó a este respecto silencio absoluto.

El condestable de Navarra, siempre en su calidad de procurador de su rey, fue testigo presencial de los pasos que se dieron para liquidar la guerra civil llegándose a los actos de la explanada de Guisando en donde Isabel fue reconocida como princesa de Asturias el 19 de setiembre de 1468. Lo que Peralta probablemente ignoraba y no pudo informar de ello a su señor, era que el marqués de Villena había conseguido convencer a Enrique IV de que ésta era una buena solución porque proyectaba casar a la princesa con Alfonso V de Portugal y a la «hija de la reina» con el heredero de éste, don Joao, enviando a todas las mujeres a Portugal y garantizando así la continuidad, de la que él mismo era árbitro. Lo importante para él era cerrar el paso a los aragoneses que podían reclamar sustanciales devoluciones de patrimonio.

Capitulaciones de Cervera

En octubre, Pierres de Peralta se hallaba de vuelta para informar. Carrillo, que parecía más «aragonés» que nunca, desconfiaba de lo acordado en Guisando, aunque, eso sí, era de los pocos que dentro de la nobleza castellana se mostraba favorable a la candidatura de Fernando. Parecía incluso defender que los derechos de éste, en cuanto varón, podían considerarse superiores a los de la infanta. El 1 de noviembre se entregaron al condestable poderes muy amplios. Regresando a Castilla pudo contactar, por medio de sus poderosos amigos, con el legado pontificio Antonio de Veneris, que se ofreció a negociar el perdón por el horrible crimen que, en tiempos, cometiera al dar muerte al obispo de Pamplona en esa querella terrible entre beamonteses y agramonteses. El nuncio era pieza esencial en toda esta negociación porque contaba con poderes amplísimos del Papa. Dando un salto en el tiempo indiquemos que la bula de dispensa a Isabel posterior a su matrimonio y el perdón de Peralta llevan la misma fecha.

El monarca aragonés había advertido a su embajador sobre la importancia que, para el buen éxito de la operación, tenía el atraerse a los dos linajes, Mendoza y Pacheco, que hacían cabeza dentro de la nobleza castellana. Se podría ofrecer al segundo un matrimonio de su hija Beatriz con el heredero del infante don Enrique, caído en Olmedo, a quien se adornaba con el apodo «Fortuna» porque estaba llamado a ocupar puestos de relieve en la Corona de Aragón. Por estas fechas, en todo caso en diciembre, Isabel había tomado su decisión, comunicándola a sus dos hombres de confianza, Gutierre de Cárdenas y Gonzalo Chacón: «Me caso con Fernando y no con otro alguno». Rechazó con energía la oferta de Alfonso V, sosteniendo que nadie podía obligarla a casarse contra su voluntad, y el 7 de enero de 1469 entregó sus poderes a los dos personajes arriba mencionados para que iniciasen conversaciones con Peralta y Pedro de la Cavallería sobre las condiciones en que habría de celebrarse la boda.

Volviendo a temas ya explicados hemos de recordar que esta decisión parecía avalada por tres razones: se trataba del varón más próximo al trono dentro de la dinastía; tenía edad pareja a la suya; y siendo sucesor reconocido en la Corona de Aragón podía aportar los medios que se necesitaban para hacer triunfar su causa, consumando una poderosa Unión de reinos. El 3 de febrero, Carrillo y Peralta, mostrando las credenciales que Juan II les entregara, juraron por éste y por su hijo que habrían de cumplir todo cuanto por mano de aquéllos fuera capitulado. En este momento Isabel entregó al navarro un pequeño papel manuscrito, primera misiva a quien estaba llamado a ser su esposo: «a mi mandéis lo que quisiéredes que haga ahora, pues lo tengo de hacer». Compromiso absoluto y remate final para la elección. Con todos los documentos y poderes, Gómez Manrique viajó a Cataluña. Estando en Cervera, un día 7 de marzo, se firmaron con Fernando las capitulaciones matrimoniales. Isabel pasaría a ser, después de la boda, reina de Sicilia, asignándosele 100.000 florines de renta sobre la Cámara regional, e incorporaría a sus ya abundantes señoríos los de Borja, Magallón, Elche, Crevillente, Siracusa y Catania. Se garantizaba, sobre todo, que Isabel sería la reina propietaria de Castilla.

Enrique IV, que había devuelto a Villena la plenitud del poder, tuvo pronto noticia, un tanto inconcreta, de lo que se tramaba. Rechazado Alfonso V, se buscaron en la Corte castellana pretendientes tan poco oportunos como el duque de Guyena, hermano de Luis XI, o Ricardo de Gloucester, el jorobado a quien Shakespeare hará tristemente célebre. Se incumplieron los acuerdos de Guisando, despidiendo a los procuradores reunidos en Ocaña antes de que las Cortes prestasen el preceptivo juramento. El marqués estaba ahora dispuesto a anular lo acordado allí. Se establecieron vigilancias para impedir que Fernando viniera a Castilla y se hicieron fuertes presiones en Roma hasta conseguir que el Papa Paulo II, a pesar de los informes favorables de Antonio de Veneris, dilatase la concesión de la dispensa que, en razón de parentesco, los príncipes necesitaban. Veneris, que había recibido de Fernando copiosos donativos, permitiendo así a Juan II escribir que «el legado es en todo, de lo espiritual nada nos falta», lo mismo que Carrillo, primado de Toledo, tenían poderes y autoridad más que suficientes para que Isabel dijera que «tenía saneada la conciencia» (Azcona). De hecho, el legado contaba con poderes, pero éstos necesitaban una posterior ratificación del Papa. Tratando de disipar rumores, Carrillo manipuló una vieja bula a fin de incluirla en el acta de matrimonio haciéndola pasar por verdadera.

La boda

Para llevar a ejecución el matrimonio era preciso asegurar dos cosas: salida de Isabel de la Corte, donde estrechamente se la vigilaba, y presencia del novio en un lugar seguro en donde pudiera celebrarse la ceremonia. El 8 de mayo de 1469 Pedro de la Cavallería emprendía nuevo viaje a Castilla; custodiaba cuidadosamente un collar de perlas que los aragoneses acababan de desempeñar y que sería inmediatamente pignorado para disponer de 20.000 florines de oro, imprescindibles para atender a gastos urgentes. Los príncipes no salían de apuros. Antes de que pudiera llegar a Ocaña, Isabel había salido de esta ciudad, alegando necesidad de visitar a su madre, y estaba en Madrigal. Aquí recibió la visita de los embajadores franceses a los que desengañó con toda franqueza: nunca aceptaría al duque de Guyena; no era el rey que a Castilla convenía.

Deliberadamente Cavallería pasó por Guadalajara, capital de los Mendoza, y recibió de éstos una seguridad muy valiosa: no pensaban poner el menor obstáculo a esta boda. El almirante Alfonso Enríquez y el arzobispo Carrillo viajaron con escolta a Madrigal y llevaron a Isabel al refugio que, para ella, consideraban seguro, esto es, el palacio de los Vivero, en Valladolid, donde hoy se halla instalada la Chancillería. Cuando se abrieron las bolsas que portaba el converso aragonés se comprobó que no contenían los 20.000 florines comprometidos sino sólo 8.000, un anticipo; de modo que había que reducir gastos y buscar ayudas. La tesorería aragonesa, a causa de la guerra y de otras circunstancias, estaba escasa de fondos. Isabel aceptó con paciencia la situación; tanto ella como su prometido sabían bien que debían enfrentarse con horas bajas. El 8 septiembre Isabel escribió a su hermano el rey: de los tres candidatos aún vivos que en diversas oportunidades se le ofrecieran, Fernando —así cobraba valor la olvidada negociación de 1457—, Alfonso V de Portugal y el duque de Guyena, ella, ateniéndose a lo previsto en los capítulos firmados en Cadalso y ratificados en Guisando, escogía a Fernando por ser el más conveniente para el reino.

No se negaba ninguno de los compromisos adquiridos ni se alteraba la obediencia debida al rey. Alfonso de Palencia y Gutierre de Cárdenas viajaron a Aragón para acompañar a Fernando. Pudieron conocer entonces que, además del bastardo, Alfonso, que conocían, había también una niña, Juana. De modo que, por este lado, las esperanzas de lograr descendencia no ofrecían duda. Las costumbres de la época eran, en este terreno, indulgentes para los varones. Como en su viaje habían comprobado que los caminos estaban vigilados e interceptados, decidieron que Fernando, con ropas de criado, cruzara la frontera en el séquito de Ramón d’Espés, a quien Juan II enviaba como embajador ante Enrique IV. Así llegó, sin ser reconocido, hasta Burgo de Osma, en donde le esperaba el arzobispo Carrillo con 200 lanzas; él le condujo a Dueñas, a casa de su hermano, el conde de Buendía. El día 12 de octubre, Isabel escribió a su hermano el rey comunicándole la noticia. Ella y su futuro esposo garantizaban a Enrique IV su absoluta fidelidad. Ese mismo día los príncipes firmaron un acuerdo con Carrillo, cuyo original se conserva, prometiéndole estar atentos a sus consejos en el momento de tomar decisiones.

Eran las diez de la noche del 14 de octubre cuando, en aquel viejo caserón de Valladolid, Fernando tuvo ocasión de conocer a su esposa. Cárdenas hubo de señalar «ese es» al príncipe con el dedo y en adelante dos eses iban a figurar en su escudo. Se intercambiaron los regalos y se celebraron los esponsales. En un segundo acto, el día 18, el príncipe juró que obedecería y cumpliría todas las leyes del reino. El 19 se celebró la misa de velaciones, y Carrillo exhibió la malhadada bula falsa garantizando así ante los presentes que no había duda respecto a la legitimidad. Aquella noche, siendo el marido un poco menor de edad que la esposa, consumaron su matrimonio, restableciendo la dura costumbre que Enrique IV suspendiera, para demostrar que Isabel entregaba entonces su virginidad. A partir de este momento los reyes de Sicilia antepusieron su título de príncipes de Asturias.

Al comenzar el nuevo año, 1470, la princesa concibió a su primera hija, que nacería en octubre, más bella que su madre y portadora del mismo nombre de ésta. Para sus consejeros fue una decepción, pues entendían que un varón habría sido más conveniente para la consolidación de su causa. Demasiadas mujeres sobre el tablero político español.

Las horas bajas

Los días 20 a 22 de octubre de 1469 fueron, en Dueñas, de muy intenso trabajo. Al reunirse con sus consejeros, nada abundantes —la mayor parte de la alta nobleza estaba mostrando una actitud de expectativa—, pudo percibir que las relaciones entre sus seguidores aragoneses —Ramón d’Espés, que contaba con poderes de Juan II—, su familia de sangre, Alfonso Enríquez, y el arzobispo Carrillo, no eran cordiales; se percibía un juego subterráneo para decidir quién tendría más poder en el futuro. El jovencísimo príncipe a sus diecisiete años comenzó a demostrar que estaba dispuesto a recibir consejos, pero las decisiones únicamente a él correspondían, pues al rey incumbe el deber de reinar. La primera de tales decisiones, en discordia franca con el arzobispo, consistió en enviar una procuración a Enrique IV garantizándole su obediencia. El matrimonio no cambiaba las condiciones de legitimidad establecidas en Guisando. Al mismo tiempo se cursaron las órdenes para reclutar un ejército de mil caballos y un parque de artillería formado por diez piezas. Si eran atacados, los príncipes responderían con armas.

Enrique respondió con fría dignidad que aquel asunto era muy serio y no podía dar respuesta sin reunir previamente a sus consejeros, y en especial al marqués de Villena, ausente a la sazón de la Corte, para ocuparse de los negocios de su familia. Lo que don Juan Pacheco recomendó, al reinstalarse en sus funciones, fue, precisamente, anular los actos de Guisando, montando una reunión semejante a aquélla en Val de Lozoya (25 de octubre de 1470), sin la presencia de un nuncio o legado pontificio, otorgándose la representación de la Iglesia a un embajador francés, el obispo de Albi, que contaba con poderes de su rey, Luis XI, pero no del Papa ni de los obispos españoles. En aquella ocasión, tanto Enrique IV como la reina Juana, que ya contaba con un hijo de Pedro de Castilla, juraron que tenían a Juana, la niña nacida en 1462, como hija suya nacida dentro de legítimo matrimonio. Para esta niña se concertó matrimonio con el duque de Guyena, a quien Isabel, precisamente, rechazara no hacía mucho. Era una demostración de la escasez de recursos con que Pacheco contaba.

Parecían soplar vientos de guerra a los cuales Fernando no quería en modo alguno responder. Los partidarios de Enrique pudieron entonces expulsar a los isabelinos de dos plazas a las que la futura reina otorgaba gran valor: Medina del Campo y Valladolid. Los príncipes tuvieron que refugiarse en Medina de Rioseco, señorío familiar, en donde no fueron molestados. Pacheco no se atrevía a provocar una reacción de la nobleza. Sin embargo, entre los altos linajes prevalecía la opinión de que era la suya una causa de escasas perspectivas. Cierto que todavía eran menores las de doña Juana. El rey trataba de mostrar todo su afecto a aquella niña, pero había fuerte debilidad en su actitud.

En Rioseco el príncipe reunió a sus principales colaboradores y les puso a trabajar en la redacción de un documento, que se haría manifiesto al país el 21 de marzo de 1471, estableciendo las razones básicas que daban razón a su causa. Descubrimos en él cuatro razones fundamentales, que responden exactamente a la realidad. Primera gran muestra de prudencia que busca en argumentos objetivos apoyo sustancial. Como ya el propio marqués de Villena afirmara en el acta notarial de 1462 y el propio rey Enrique confirmara en Casarrubios del Monte, no era posible considerar a Juana legítima. Las razones de su ilegitimidad no se especificaban; se mantenía, pues, el principio esgrimido en Guisando. Al producirse la muerte del príncipe Alfonso, en 1468, los nobles habían querido proclamar a Isabel reina, pero ella se negó: su derecho de sucesión debía ser salvaguardado dentro de la obediencia a Enrique IV, de cuya legitimidad no dudaba. Isabel había cumplido puntualmente los acuerdos y su juramento, mientras que los consejeros del monarca habían hecho todo lo posible por quebrantarlos. Estos mismos consejeros habían querido casar a la princesa contra su voluntad, lo que es contrario a las leyes de la Iglesia y del propio reino. Eran muchas las razones que explicaban que Fernando era candidato idóneo para recoger la sucesión.

Algunos otros percances nos explican que para Fernando, decidido a permanecer en Castilla como cabeza y centro de su propia legitimidad, aquellos años de 1470 y 1471 se marcaran como las horas más bajas. Al hecho de que naciera una niña y no el varón deseado —no podía olvidar que el varón es imprescindible de acuerdo con las costumbres de Aragón— se sumó un accidente personal, derribado por su caballo y obligado a guardar cama. La imposibilidad de seguir en Dueñas teniendo que refugiarse en Rioseco había molestado a Carrillo, en malas relaciones con el almirante pero que, sobre todo, estaba descubriendo que Fernando estaba más dispuesto a gobernar que a ser gobernado. Algo de esto había percibido Juan II, que mantenía frecuente correspondencia con el arzobispo: en todas sus cartas recordaba a Fernando que no era posible prescindir de él; estaba convencido de que era factor indispensable para asegurar el éxito. Tenemos la sensación de que el príncipe, más cerca del escenario, disentía, pero nunca dejó de atender las recomendaciones de su padre. Fue Carrillo y no Isabel, quien tomó finalmente la decisión de separarse.

Estos meses difíciles nos permiten comprobar algunos elementos esenciales. Nunca, bajo ningún concepto, recurrieron los príncipes a la revuelta armada ni negaron a Enrique IV la legitimidad. Todos los esfuerzos estaban orientados a una meta que al final alcanzarían: lograr del rey alguna clase de reconciliación equivalente, sin duda, a un reconocimiento.

Las cosas empiezan a cambiar: el Papa Sixto IV

Mientras tanto, algunos cambios tenían lugar que afectarían directamente al programa político que Fernando e Isabel, cada vez más unidos —el matrimonio iba creciendo en intimidad—, habían decidido seguir. Murió el duque de Guyena, que nunca tomara en serio su oferta de matrimonio con aquella niña que entonces alcanzaba los diez años de edad. Falleció Juan de Lorena, que mandaba las tropas angevinas en Cataluña, debilitándose radicalmente sus posibilidades. Ahora podía decirse que la guerra entraba en su tramo final. Fallecieron también el uno en pos del otro, Gaston V, que se titulaba príncipe de Viana, y su padre Gaston IV (9 de julio de 1472). De modo que dos viudas, Magdalena, hermana de Luis XI, y Leonor, hija de Juan II, iban a tener que debatir entre ellas la cuestión de los derechos. Magdalena contaba con dos hijos, Febo y Catalina.

Leonor quedó desplazada de la herencia de Foix, que entraba absolutamente dentro del dominio de Francia pero no quiso renunciar a sus derechos sobre Navarra, siendo la única descendiente con vida de Blanca. Acudió entonces a su padre, a quien reconoció como rey, y a su hermanastro, que contaba con el apoyo de los beamonteses. Ambos estuvieron de acuerdo en reconocerle la lugartenencia sobre Navarra. De este modo Fernando podía decir que el vidrioso problema de la frontera de Rioja estaba resuelto para largo tiempo (mayo de 1471). Por estos mismos días el señorío de Vizcaya daba un vuelco; usando tropas que Isabel y Fernando le proporcionaran a las órdenes del conde de Treviño, había conseguido derrotar en Munguía al conde de Haro que, contando con documentos reales, se proponía, tal vez, anexionarlo a sus dominios. De este modo se salvaguardaba el Fuero. Esta importante pieza del patrimonio real reconocía a los príncipes en su legitimidad. Usando de un gesto semejante al que tuviera con Cataluña, Fernando prometió que, en cuanto fuera rey, iría a ponerse bajo el árbol de Guernica para jurar sus fueros. Por este tiempo el conde de Luna controlaba, en nombre de Isabel, la mayor parte del Principado de Asturias.

Ninguna novedad tan importante como la que venía de Roma: la muerte de Paulo II (26 de julio de 1471) permitió la elección del franciscano Francesco della Rovere, Sixto IV, de quien el valenciano Rodrigo Borja era mano derecha. Inmediatamente este último recomendó confirmar todas las gestiones que Veneris hiciera en España, entre las cuales había que contar el acto de Guisando y el matrimonio de los príncipes, cuya dispensa fue confirmada. Ante la Sede romana a Fernando e Isabel y no a otra persona, correspondía la legitimidad, aunque no hubo obviamente ninguna declaración solemne en tal sentido: Enrique IV era rey sin disputa.

Cuando, en la primavera de 1471, Juan II entabló negociaciones con Borgoña e Inglaterra para constituir la «gran alianza occidental», Fernando e Isabel enviaron su propio embajador, Juan Ramírez de Lucena que, en Londres y en Bruselas, obtuvo, para los comerciantes castellanos, la garantía de una libre comunicación. Esto beneficiaba de manera especial a vizcaínos y guipuzcoanos. Al concertar, en Abbeville (7 de agosto), el tratado de alianza, Fernando quedó incluido en ella y, como ya indicamos, también en la Orden de la caballería del Toisón de Oro. No tuvieron la misma fortuna los intentos de restablecer buenas relaciones con Portugal; aquí el marqués de Villena les había ganado la delantera. Por estos días, sin que Fernando interviniera, se cerraba el último capítulo de la revuelta de Cataluña: en octubre de 1472 las tropas reales entraban en Barcelona donde Juan II garantizó el cumplimiento de las promesas que hiciera su hijo confirmando los usos y costumbres del Principado.

El pontificado de Sixto IV se inició el 9 de agosto de 1471: el 1 de diciembre confirmaba la dispensa matrimonial, dando a Isabel en el documento título de princesa, lo que significaba reconocimiento de su legitimidad. La bula fue entregada a Rodrigo Borja que, con poderes amplísimos, viajaba a España para proponer y concordar medidas que debían tomarse para la defensa de la Cristiandad frente a los turcos, una tarea en la que a la Corona de Aragón correspondía situarse en primera línea. Puede decirse que el Papa dejaba en manos del cardenal la solución para los problemas que se habían planteado en España.

Entre los documentos que figuraban en su valija diplomática figuraba también un breve (10 de marzo de 1472) garantizando a don Pedro González de Mendoza que sería promovido cardenal en el próximo consistorio. Era el modo de vincular al poderoso linaje guadalajareño a la causa de los príncipes. Don Pedro no necesitaba de mucho para dejarse convencer; pocas semanas antes, hablando con el cronista Diego Enríquez del Castillo, le había confesado que tenía grandes dudas de que Juana fuera hija del rey, visto el disoluto vivir de su madre. Sin embargo, este compromiso tropezaba con un serio obstáculo. Alfonso Carrillo, cuyas relaciones con Mendoza eran de abierta enemistad, se sentía preterido porque el capelo no viniese a él, que era primado de España y sí a un obispo de segunda fila. Fue el comienzo de unas meditaciones que acabarían haciéndole cambiar de bando.

Resultados de la legación de Borja

Preparando cuidadosamente la acogida al cardenal, Fernando había pasado algunos días en Pedralbes, la residencia real frente a Barcelona que apuraba el fin de la resistencia. El objeto fundamental era conseguir de su padre una renuncia a cualquier derecho que pretendiera tener sobre el Infantado de Guadalajara, ya que ésta era una de las condiciones base para lograr la reconciliación con los Mendoza. Luego se dirigió a Valencia donde se había instalado, desde el 18 de junio, Rodrigo Borja, que era obispo de la ciudad, aunque nunca hasta ahora la había visitado. Se encontraron ambos en Tarragona, porque también don Rodrigo quería reunirse con Juan II en Pedralbes. El príncipe no regresó a Barcelona; siguió a Valencia y esperó allí el retorno del cardenal que se produjo poco después del 13 de setiembre de 1472. No hace falta entrar en el detalle de estas conversaciones que sirvieron, entre otras cosas, para garantizar a Borja sus rentas y las que, después, necesitaría para su ya abundante prole. El acuerdo venía a significar que la Sede romana tomaba, ahora, partido en favor de los príncipes.

El 20 de octubre, desplegando un boato sensacional —«verduras de las eras»— también llegó a Valencia don Pedro González de Mendoza. No albergaba dudas de a quién debía el capelo que iba a recibir y que, desplazando a Carrillo, le colocaría en el puesto de más honor de la Iglesia en España. Prometió al príncipe que su linaje, fiel a Enrique IV hasta el último instante, se colocaría a su lado cuando fuese rey. Se garantizaba una transición sin traumas, aunando el reconocimiento de las dos legitimidades. Aquí entraba la parte más difícil de la misión del legado: conseguir un encuentro de reconciliación entre los príncipes y Enrique poniendo la cosas en donde las dejara Veneris con el pacto de Guisando. Con estas noticias, Fernando regresó a Castilla para reunirse con su esposa en Torrelaguna, villa del señorío de los Mendoza, dentro del obispado de Sigüenza, y patria de Cisneros, llamado a muy altos destinos.

De las conversaciones de Borja con el rey poco es lo que podemos conocer con precisión, pues no se registraron por escrito. Sabemos sin embargo que don Enrique aceptó la fórmula de confiar a una comisión de cuatro miembros, Pacheco, Mendoza, Carrillo y el almirante, la solución de los problemas pendientes. Teniendo en cuenta la nueva postura asumida por el cardenal, dicha solución implicaba el reconocimiento de los príncipes fijándose las condiciones compensatorias que debían ofrecerse a Juana, víctima inocente de los errores cometidos por sus mayores.

Algo falló en el último instante porque eran fuertes las ambiciones desatadas desde 1462. Borja salió de Madrid, dejando al rey en el viejo e incómodo palacio, que era sin embargo una de sus residencias favoritas, para dirigirse a Guadalajara, portador de estas noticias. Al pasar por Alcalá de Henares, villa de la mitra de Toledo, tuvo la oportunidad de hablar con la princesa a la que acompañaba Carrillo, y pudo comunicar a Roma su satisfacción: en aquella mujer y en su marido estaban bien cimentadas las esperanzas de un servicio a la Iglesia. Entró en Guadalajara y habló con los principales miembros del linaje; desde aquí escribió a Fernando que si acudía allí sería públicamente reconocido por todo el clan, cerrándose el círculo. Se enteró el arzobispo de Toledo y planteó la cuestión de confianza: Mendoza y él no podían estar sentados al mismo lado de la mesa, de modo que si el príncipe iba a Guadalajara podía prescindir de sus servicios. Carrillo se sentía ya un verdadero fabricante de reyes. Y Fernando no se atrevió a quebrantar, todavía, las rigurosas instrucciones de su padre: todo con Carrillo, nada sin él. El viaje fue suspendido y el compromiso simplemente demorado, aunque la postura del marqués de Santillana y de sus parientes era firme: ahora Enrique, después Isabel.

La reconciliación se logra

Era evidente que con el viaje del nuncio se había producido un vuelco en la situación interna castellana desde 1473. La mayor parte de los grandes se sumaban a la posición adoptada por los Mendoza mientras ciudades y comarcas, copiando la actitud de Vizcaya y Asturias, también afirmaban el reconocimiento. Había, sin embargo, un grave problema de conciencia, abordado seguramente durante las conversaciones de Madrid: Juana, nacida dentro de matrimonio, aunque éste fuera declarado ilegítimo, no podía ser tratada del mismo modo que los hijos, públicamente adulterinos, que la reina tuviera con su amante don Pedro de Castilla. Con independencia de la negativa a reconocer derechos de sucesión, era preciso buscar para ella un destino conveniente, sin duda por vía de matrimonio. El conde de Benavente sugirió entonces un nombre: el de Enrique «Fortuna», titular del condado de Ampurias, a quien ya hemos mencionado en relación con un proyecto distinto, relacionado con Beatriz Pacheco. Hijo del infante don Enrique y primo de Fernando, estaba suficientemente alto en el linaje real como para que se le asegurase brillante futuro. Fernando y su padre se encolerizaron temiendo que se tratase de una maniobra torcida para introducir nuevo pretendiente de su misma sangre.

Pronto se calmaron descubriendo una posible solución para aquel problema que les atenazaba en la conciencia. Cuando, en los primeros meses de 1473 don Enrique y su madre fueron instalados en Getafe, primero, y en Villaviciosa de Odón, después, no tardaron en descubrir que estaban siendo juguetes de la maniobra política de Villena, que trataba de conservar a los Pimentel en su bando, mientras se orientaba a conseguir una alianza con Portugal, buscando para Juana un enlace con su tío, Alfonso V, saltando por encima de la diferencia de edad que tan inconveniente pareciera a Isabel. Enrique IV, sin embargo, cuyo alecto a esta niña era considerable, veía en este matrimonio una solución aceptable. El lector debe tener en cuenta que, años más tarde, don Enrique sería virrey en Cataluña y durante muchos años.

No hubo represalias contra este vástago aragonés, que, decepcionado, buscó con su madre refugio en casa de su tío el duque de Benavente. Crecía, mientras tanto, el prestigio y la fuerza de Fernando. Aquellos linajes que no se declaraban en su favor transparentaban la intención de no oponerse, negociando, eso sí, la conservación de sus intereses. Los deberes como heredero de la Corona de Aragón le reclamaban. Juan I, quien tras la capitulación de Barcelona había decidido recobrar el Rosellón, prenda o depósito de la deuda con Luis XI, habiendo recobrado Perpiñán, escribió a los príncipes que se hallaban, a la sazón, en Salamanca para reclamar la presencia del príncipe con todos los recursos militares que pudiera allegar. La demanda era muy seria: se estaba reclamando, por primera vez el empleo de fuerzas castellanas en asuntos propios de la Corona de Aragón. Por eso los príncipes sometieron la cuestión a sus consejeros y, con la respuesta de éstos, Isabel pudo escribir a los consellers de Barcelona (30 de abril de 1473) que Fernando emprendía viaje llevando consigo 400 lanzas. Instigado por Pacheco, Enrique IV ofreció a Luis XI su ayuda.

No hubo lugar para ambas acciones. Antes de que Fernando llegara al frente, Luis XI y Juan II habían firmado un acuerdo por el que el monarca francés garantizaba la devolución de los condados cuando el aragonés —cosa que, de momento, resultaba imposible— estuviese en condiciones de abonar la deuda por la que aquéllos y sus rentas estaban en prenda. Al menos, Fernando podía felicitarse: aquella contienda había servido a los mercaderes castellanos para abrir Bretaña a sus actividades, que iban creciendo.

Durante la ausencia del príncipe habían tenido lugar acontecimientos que resultarían decisivos. Pacheco, que había instalado a Juana y su hija en el viejo alcázar de Madrid, centro de la monarquía, proyectaba ahora apoderarse del alcázar de Segovia, en donde estaba depositado el tesoro real, que contaba con abundantes recursos. Ocupaba la alcaldía de la fortaleza un converso, Andrés Cabrera, que había contraído matrimonio con una de las antiguas damas de Isabel, Beatriz de Bobadilla. Villena pensó que el mejor medio de llevar adelante sus propósitos era provocar un alzamiento contra los conversos, semejante a otros que se llevaban a cabo en distintos lugares, usando para ello a uno de los linajes viejos de la ciudad, los Tapia. El movimiento fracasó. Advertido, Enrique IV vino a instalarse en Segovia, salvando su tesoro y evitando una matanza de judíos y conversos. Pacheco, refugiado en el Parral, su fundación jerónima, quedaba de momento fuera de combate.

En estas circunstancias, Cabrera y el rab mayor de los judíos de España, Abraham Seneor, llegaron a la conclusión de que a ambas comunidades convenía que Isabel y Fernando llegaran a ser reyes, porque de este modo garantizaban la estabilidad. El 4 de noviembre de 1473 Cabrera alcanzó un acuerdo con el duque de Benavente, que significaba otro sector importante de la nobleza: se lograría una reconciliación de Enrique con los príncipes que, a su vez, aceptaban que la compensación para Juana fuese su matrimonio con Enrique «Fortuna», sobrino del conde y alojado ahora en su casa. De modo que la fórmula parecía correcta. Isabel estaba puntualmente advertida.

Desde Talamanca, donde residía, la princesa escribió a su marido instándole a regresar porque la hora decisiva que desde hacía cuatro años esperaban estaba a punto de sonar; ella había estampado su firma al pie de un documento que garantizaba a la hija de la reina una posición importante, entre las primeras del reino. Disfrazada con un traje de fiesta como usan algunas aldeanas todavía, Beatriz de Bobadilla vino a buscarla y, ocultamente entraron en Segovia hallando al rey en el alcázar. Era el 28 de diciembre de 1473. Enrique IV la recibió con grandes muestras de afecto, alojándola en el castillo y celebrando fiestas. Fernando llegó el día 1 y el rey salió a su encuentro para abrazarlo. No se firmó acuerdo alguno, pero el príncipe pudo escribir a los consellers de Barcelona y de Valencia que la deseada confederación y concordia se había alcanzado. A los ojos del pueblo, y a los nuestros, esto era evidente. El domingo 9 de enero de 1474 el rey y los príncipes cabalgaron juntos por las calles de Segovia. No podía darse muestra más palpable de que a los jóvenes, que nunca hicieran movimiento de rebeldía, se había reconocido su legitimidad.

Los últimos meses

Suceso inesperado: la misma noche del domingo día 9, Enrique IV se sintió enfermo: una dolencia que se arrastraría durante once meses, consumiendo poco a poco las esperanzas de recuperación. Enrique volvió a Madrid, tan cercano a su querido palacio de El Pardo, poniendo en estos bosques la esperanza de recuperación. Fernando pasó a Turégano donde moraba su tío el almirante Alfonso Enríquez, con quien estaba preparando planes enderezados a lograr la adhesión de la alta nobleza. Isabel permaneció en Segovia, que se comportaba como suya, teniendo en el alcázar residencia. En aquel tiempo, Segovia y Madrid desempeñaban el papel de verdaderas capitales para la monarquía. De camino, el príncipe envió un mensajero al marqués de Santillana, para confirmarse en la postura de éste y sellar el acercamiento, ahora que los asuntos habían evolucionado hasta un entendimiento con la Corona. Recibió una respuesta comprometida y muy satisfactoria: sin alterar un ápice la fidelidad debida a Enrique IV, cuando Fernando se convirtiese en rey, «él habría de ayudarle contra todas las personas del mundo». Ese compromiso abarcaba a todos los miembros del poderoso clan, incluyendo a Beltrán de la Cueva. El duque de Alba y el conde de Haro enviaron garantías semejantes.

No tardó en llegar para el príncipe la oportunidad de responder a tales promesas. En la primavera de 1474, usando de una carta real anterior, el conde de Benavente vino a posesionarse de Carrión de los Condes, cuna y sepulcro para algunos ilustres Mendoza, y cuando el marqués reclamó, él contestó injuriosamente diciendo que si tanto le importaban los restos de sus antepasados, él los pondría en una esportilla y se los enviaría. Una pequeña guerra local entre linajes que obligaría a Enrique IV a intervenir. En esta ocasión, siendo días de abril, Fernando tomó doscientas lanzas de las que formaban su escolta y fue a prestar ayuda a los Mendoza. Todo un gesto. El marqués, tras este episodio, descabalgó ante Fernando y fue a besarle la mano. No podemos dudar: en verano de este año la posición y prestigio alcanzados por los príncipes eran tan grandes que había seguridad completa de que, cuando se produjera el previsible fallecimiento de Enrique, toda la alta nobleza cerraría filas en torno a ellos.

Estos meses, más apretados de lo que, en principio, habíamos llegado a suponer, fueron muy significativos para crear un ambiente en torno a los príncipes. Fernando disponía ya de un pequeño y eficaz ejército, incluyendo algunas piezas de artillería. Su intervención en el pleito de Carrión significaba que no iban a tolerarse conflictos entre estados señoriales. Se resolvió de un modo que, más tarde, él haría suyo: la villa fue devuelta al patrimonio real haciéndose indemnización al conde de Benavente, quien, pese a comprensibles recelos, también se decidió a militar en el bando isabelino. Luego los soldados del príncipe fueron conducidos a Tordesillas, expulsando de allí a Pedro de Avendaño, alcaide de Castronuño, un típico caballero ladrón. De modo que la causa de los príncipes se identificaba, más y más, con la del restablecimiento del orden. Ciudades y villas, como antes hicieran Asturias y Vizcaya, se les adherían sin dificultad. Comenzaba, sobre todo, a percibirse el protagonismo que Fernando iba adquiriendo en Castilla. Luis XI fue consciente de este cambio. Apenas conocida la reconciliación con Enrique IV que, a sus ojos, era un reconocimiento, dirigió un mensaje a Isabel: estaba dispuesto a conservar la estrecha alianza que desde 1369 unía a ambos reinos, reforzándola mediante un matrimonio de la primogénita de los reyes con su propio hijo, el futuro Carlos VIII.

¿Era un engaño? Tal vez no. A él convenía separar la causa de los príncipes de la de Juan II. Poco después de haber recibido la respuesta afirmativa de Isabel a su proyecto (22 de enero de 1474) comenzó a preparar su golpe decisivo, consistente en la ocupación militar del Rosellón, que ejecutó con gran fuerza el 14 de junio, justificándose con que Juan II no había conseguido reunir los 300.000 escudos a que ascendía el préstamo. Esta vez no se trataba de un depósito sino, con toda certeza, de una anexión. A principios de julio, Fernando hubo de emprender nuevo viaje a Cataluña; llevaba consigo las 400 lanzas que formaban su fuerza principal y 7.000 florines de oro que Alfonso Carrillo le entregara en calidad de préstamo. Entre los días 10 y 24 de setiembre de este mismo año, padre e hijo celebraron largas conversaciones en Barcelona. Castilla era, sin duda, la baza principal en aquel juego, y a ella debían plegarse todas las demás consideraciones. Los soldados de Fernando, fuerza nuclear, no debían ser puestos en peligro. En consecuencia se decidió que el príncipe regresara a Zaragoza, presidiera las Cortes tratando de allegar recursos y permaneciera atento y dispuesto a marchar a Segovia, desde donde llegaban noticias importantes. Los nervios comenzaban a tensarse en aquel otoño de 1474.

Las cartas recibidas demostraban que la enfermedad del rey se agravaba. Correos lanzados al galope trajeron una carta de Gutierre de Cárdenas, fechada el 20 de octubre, dando noticia de la muerte del marqués de Villena, acaecida el día 4 de aquel mismo mes. Desaparecía el principal enemigo. Pero, en cambio, había barruntos de que la reconciliación aparatosa con los Mendoza había herido en lo más vivo al arzobispo Carrillo, quien no ocultaba su decepción: mala gratitud, decía, por parte de aquellos que tantas cosas le debían.

Por último llegó la noticia suprema: en la noche del 11 al 12 de diciembre, en una sala del alcázar de Madrid, sobre un lecho campamental, desamparado por todos cuantos en vida le rodearan, había muerto Enrique IV. Contaba a la sazón exactamente 50 años. Fernando, 22.

CAPÍTULO II

LUMINARIAS DE TORO

El camino hacia Segovia

La distancia, relativamente corta, entre Madrid y Segovia permitió que correos, muy rápidos, hicieran conocer a Isabel la noticia de la muerte de su hermano el rey en la tarde del mismo día, 12 de diciembre. Escribió a su marido, que seguía a la sazón en Zaragoza, pero sin esperar el regreso de éste dispuso las exequias solemnes del difunto y su propia proclamación para el día siguiente, 13. Los reyes, en Castilla, eran proclamados y no coronados. Ciudades, villas y nobles, en términos generales, se apresuraron a mostrar su acatamiento a la nueva soberana. Pasaron varios meses antes de que alguien se atreviera a plantear la candidatura de doña Juana, la «hija de la reina» como sus adversarios preferían llamarla. El 16 de diciembre se cursaron instrucciones precisas al Consejo Real: en adelante, todas las cartas serían extendidas a nombre de Isabel, «reina y señora natural», acompañado inmediatamente por el de Fernando, «mi señor, como legítimo marido». No se contravenían, en opinión de los consejeros de la nueva reina, las capitulaciones de Cervera, ya que en ellas se había decidido reconocer a Isabel como reina propietaria.

Todo esto, en opinión de los «aragoneses» —entendiendo por tales los partidarios directos de Fernando— revestía especial gravedad. Se daba la impresión, y así es en efecto, que se preparaba en Castilla un procedimiento mediante el cual Isabel se preparaba a ser reina propietaria, controlando todas las decisiones y situando a su marido en una posición subordinada de simple consorte. Otra circunstancia contribuyó a despertar recelos entre los que rodeaban al rey: las cartas de Alfonso Carrillo y del marqués de Santillana comunicando la muerte de Enrique IV se recibieron en Zaragoza el día 14, pero las de Isabel no llegaron hasta el 16. Luz de sospecha: ¿había un deliberado retraso? En todas ella se insistía en la necesidad de que Fernando apresurara su viaje a Segovia.

El rey salió de Zaragoza el día 19. El 21, al llegar a Calatayud, recibió nuevas cartas de Isabel y de Gutierre de Cárdenas que le daban cuenta detallada de cómo se habían ejecutado los actos del día 13. Ese mismo día, a la caída de la tarde, el cardenal Mendoza, que se había ocupado de conducir los restos mortales de don Enrique a su última morada, llegaba a Segovia. El 22 lo hizo Alfonso Carrillo. Sólo entonces estuvieron en condiciones de conocer al detalle los sucesos acaecidos. El arzobispo de Toledo no ocultó su disgusto. Por muchas razones, morales y políticas, entendía que Fernando debía ser reconocido como titular. Para entonces, viendo el incremento de poder que acompañaba a sus enemigos, estaba empezando a dudar: ¿habría, acaso, errado el camino al defender con tanto ahínco a aquella mujer?

El 24 de diciembre, víspera de la Navidad, Fernando se hallaba ya en Almazán, tierra castellana, donde comenzó a recibir el homenaje de nobles y procuradores del reino. Pero ese mismo día, como si quisieran salvar el esqueleto de la Liga, reunidos en Segovia, el cardenal, el condestable, el almirante y el conde de Benavente firmaban un pacto, bajo juramento, comprometiéndose a reconocer y servir a Isabel como reina y señora natural y a Fernando como su legítimo esposo, prestándose al mismo tiempo toda ayuda en la conservación y defensa de sus señoríos y privilegios. Otros grandes se sumaron en los días siguientes. Alguien podía tener la impresión que, reflejando hábitos del tiempo pasado, se estaba construyendo un partido isabelino. A esta sensación contribuyó, en mucho, Alfonso Carrillo, que se negó a entrar en el pacto. Según él, y en ello coincidían los aragoneses del séquito de Fernando, se causaba perjuicio a los derechos de éste, a quien su esposa debía entregar las riendas del poder según costumbre de antaño establecida. Escribiendo desde Almazán, donde el rey se había detenido a celebrar la Navidad, Pedro de la Cavallería hacía patente ante Juan II su inquietud: ¿qué clase de enfrentamiento podía surgir entre los dos esposos cuando se reuniesen? Muchos eran los nobles castellanos que no ocultaban su preocupación ante la presencia de un aragonés sentado en el trono.

Por el camino de Burgo de Osma que conduce a Sepúlveda, mientras el séquito se iba incrementando con nuevas adhesiones, Fernando V llegó a Turégano el 31 de diciembre. Aquí le esperaban nuevas notas de Isabel: que evitase cuidadosamente dar sensación de apresuramiento: era imprescindible que su entrada en Segovia se hiciera con el boato que corresponde a la majestad de quien es, verdaderamente, rey. Así lo hizo. Una fría tarde, correspondiente al 2 de enero, pudo contemplar, cuesta arriba, las puertas de Segovia. El cardenal y el arzobispo de Toledo le aguardaban para acompañarle. Significaban los dos términos de la disyunción política. Ante ellos el rey se despojó de la loba de luto que portaba y se mostró vestido con galanuras de oro y martas cibellinas. Anochecía. Rodeado de antorchas hizo el camino hasta la catedral que entonces se alzaba delante del alcázar, que hoy es jardín abierto. Entró en la iglesia para dar gracias a Dios. Luego cruzó el pequeño espacio para entrar en el alcázar y, junto con su esposa, presidir aquella cena que inauguraba su reinado.

Sentencia arbitral

El ambiente no era muy tranquilo, pues durante el viaje los consejeros aragoneses habían venido insistiendo en que a Fernando debía corresponder el ejercicio de la soberanía. El cronista Alfonso de Palencia, crítico con las mujeres, y que debía a Carrillo su incorporación a la Corte, nos dice que hubo un momento en que el rey amenazó con volverse a su reino si no se aceptaban las condiciones que, en su nombre, había expuesto Alfonso de la Cavallería y que podemos resumirlas en un reconocimiento de su derecho a ejercer el poder real. Pero Fernando del Pulgar, que nos transmite la verdad oficial, dice que Isabel, en directa conversación, pudo convencer a su marido de la necesidad de reconocer el derecho femenino con el argumento de que, en aquel momento, tenían una hija y no podían saber si entraba en los planes de Dios otorgarle descendencia femenina. De hecho, el conflicto entre las dos opciones se resolvió encomendando a los dos principales eclesiásticos, Mendoza y Carrillo, que las encabezaban, la emisión de una sentencia arbitral que fijara las respectivas competencias.

Algunas veces se ha llamado a este documento, cuyo original se conserva en Simancas, «concordia de Segovia» (15 de enero de 1475). No es tal cosa sino la aceptación del derecho castellano —las mujeres deben reinar cuando en su nivel de parentesco falta un varón— y la fijación de las funciones que en tales circunstancias corresponde al varón. Fernando estaba muy lejos de sospechar las repercusiones, desfavorables para él, que tendría esta doctrina en 1504. En relación con el gobierno de Castilla se fijaban seis condiciones que eran mínimamente satisfactorias. No sería un rey consorte sino que compartiría con Isabel ludas las funciones. No estamos en condiciones de saber si ambos esposos habían ya concertado dar, en este sentido, pasos adelante, una vez que se hubiera fijado con claridad el derecho que asistiría a sus hijas.

Todas las cartas reales y documentos que fuera necesario emitir serían a nombre de ambos, precediendo el de Fernando al de Isabel porque tal es la norma lijada por la Iglesia en relación con los esposos. Las armas de Castilla —el documento estaba pensado para este reino— precederían, en todo caso a las de Aragón. Los alcaides de las fortalezas del reino tendrían que hacer homenaje directamente a Isabel en cuanto que era la reina propietaria. Todas las rentas ordinarias, como si se tratara de bienes comunales, serían administradas conjuntamente por ambos; el mismo criterio habría de aplicarse a las de Aragón cuando Fernando llegara a ceñir esta corona. Los libramientos asignados a los distintos oficios y responsabilidades se harían a nombre de Isabel, pero Fernando podría disponer de las sumas que no estuviesen previamente asignadas. Todas las mercedes, oficios y suplicaciones quedaban a voluntad de Isabel, pero los nombramientos se extenderían a nombre de los dos. Por último, administrarían justicia y nombrarían corregidores conjuntamente, aunque podían hacerlo también por separado.

Esta sentencia fue revalidada mediante un nuevo juramento de aquellos nobles que, el 24 de diciembre, ya se comprometieran y al cual se sumaron a continuación otros muchos. Pasó a ser ley fundamental del reino y en ningún momento, pese a las torcidas circunstancias que se produjeron, se pensó en modificarla. No cabe duda, sin embargo, de que la intención que ambos esposos albergaban iba por camino bien distinto. El 28 de abril de este mismo año, 1475, Isabel extendió por su cuenta un poder que permitía a Fernando «mandar, proveer y ordenar en aquellos reinos en todas y cada una de las cosas sobredichas como a él pareciere y fuere bien visto sin intervención mía». Sobre la marcha el rey otorgaba a su esposa idénticas facultades en Sicilia y, años más tarde, el 14 de abril de 1481 las hizo extensivas a todos los reinos que formaban la Corona de Aragón. En consecuencia hemos de considerar a Fernando, hasta el 25 de noviembre de 1504, como un rey de Castilla. Veremos cómo Isabel ejerció algunas decisiones como reina en Cataluña.

A los cronistas se había advertido que fuesen muy cuidadosos al dar noticia de los sucesos para que apareciese muy claro que «el rey y la reina» eran los que tomaban las decisiones. Por esta causa se hace difícil, a los investigadores modernos, descubrir el protagonismo de Fernando. Difícil pero no imposible, ciertamente. Mediante la sentencia arbitral quedaba a salvo el principio jurídico que a Isabel importaba: en Castilla las mujeres pueden ejercer funciones reales. Tal norma seguiría vigente hasta principios del siglo XVIII cuando Felipe V se vio obligado a promulgar una ley sálica. Las Cortes de 1788 ya intentaron revalidar la vieja costumbre.

Un partido para doña Juana

No cabe dudar: desde este momento ambos reyes coincidieron en todos los aspectos capitales de la política; las divergencias que descubrimos se refieren al modo de llevarla a cabo. Decidieron ante todo consolidar el realengo, plataforma inicial para su poder, poniendo fin al despilfarro que se registrara en los últimos años. A este fin declararon la ilegitimidad de todos los movimientos que, desde 1463, se alzaran contra Enrique IV, lo que significaba atribuirla también al príncipe Alfonso, proclamado rey. Al mismo tiempo consideraban necesario estabilizar las rentas de la nobleza, elite indispensable para el gobierno del reino, evitando sistemáticamente confiscaciones o transferencias de unos linajes a otros; si era necesario devolver al realengo algún dominio se ofrecía siempre adecuada compensación. Reforzaron el Consejo Real castellano, que sería único durante algunos años, dando en él predominio a algunos grandes juristas y a eficientes secretarios, mientras los grandes oficios —canciller, condestable, almirante o mayordomo— pasaban a ser dignidades rentables que no había inconveniente en reconocer como hereditarios.

En los primeros meses de su reinado, que van de diciembre a febrero, Fernando fue recibiendo la adhesión de casi toda la nobleza castellana —rechazo mostraban los Pacheco y una parte de los Stúñiga, que temían ser objeto de confiscaciones e indiferencia, y algunos otros como los Ponce de León que esperaban a ver de qué lado se inclinaba la balanza— cerrándose de este modo, mediante confirmaciones de señoríos, el viejo pleito de los dominios que fueran de los infantes de Aragón. A este respecto hay que decir que Fernando aplicó el principio de borrón y cuenta nueva. Pudo éste llegar a creer que no iba a producirse ninguna clase de movimiento en contra y que bastaba con que las Cortes, convocadas al respecto, pusieran el último sello a su legitimidad: la carta fue fechada el 7 de febrero de 1475, aunque hubo de demorarse luego la reunión. Mientras tanto se tomaban medidas de urgencia para estabilizar la moneda, ya que ésta era una de las grandes necesidades del país. Se fijaron los precios del enrique de oro en 430 maravedís, la dobla en 334, el florín del cuño de Aragón en 240 y el real de plata en 50. A las Cortes correspondería ocuparse de la moneda de vellón.

La reina viuda, Juana, con su hija que cumplía ahora doce años, permanecía en el alcázar de Madrid, villa que, custodiada por soldados del marqués de Villena, no había prestado acatamiento. No tendría tiempo para nuevas decisiones, ya que falleció en este lugar el 13 de junio. Antes de que se produjera este acontecimiento, la joven infanta había sido llevada a Plasencia, dominio de los Stúñiga y más cercano a la frontera de Portugal. Respecto a ella, Fernando e Isabel renovaron al marqués de Villena la propuesta de procurar su matrimonio con alguno de los grandes personajes de la Corte de Aragón, asegurándole dignidad y riqueza. Este personaje ya no podía ser Enrique «Fortuna» porque en el intervalo se había casado. Alfonso V de Portugal, asustado por las perspectivas que para su reino abría la unión de las dos Coronas, había tomado ya la decisión de amparar a su sobrina, casándose con ella, sin que pareciera obstáculo la diferencia de edad, treinta años exactamente. Entre las dos opciones, Villena escogería la portuguesa.

En sus cartas a Luis XI, Alfonso V, que invocaba la antigua alianza franco-castellana para promover una acción contra el enemigo común (13 y 30 de enero de 1475), el monarca portugués afirmaba que Enrique IV había reconocido a Juana como hija en su lecho de muerte. Dadas las circunstancias en que ésta se produjo es una tesis difícil de admitir. También hablaba de los apoyos que se producirían en el interior de Castilla —sabemos que se trataba sólo de los dos linajes arriba mencionados— una vez que se hubiera entrado con fuerza en su espacio. Para Francia, la unión con Portugal era preferible a la que significaba la Corona de Aragón.

Una vez más el arzobispo Carrillo, jugando a fabricante de reyes, tomó la iniciativa. Juan II hizo grandes esfuerzos para conservarlo al lado de su hijo, pero éstos fueron inútiles. No podía conformarse con ser uno más dentro de un equipo. El 20 de febrero de 1475 abandonó la Corte y fue a instalarse, como otras veces, en el cómodo asilo de Alcalá de Henares, en espera de los acontecimientos. Podemos asegurar, a la vista de los datos de que disponemos, que el principal temor de Fernando, en estos momentos, no venía de una posible rebelión interna sino de que, reavivándose las cuestiones del Rosellón y de Navarra, se viera obligado a librar una guerra general en dos frentes. Sin duda tenía noticia de que el marqués de Villena también se había dirigido a Luis XI solicitando su intervención. Por fortuna para él, el monarca francés no estaba en condiciones de realizar un gran esfuerzo: su enemigo principal era Carlos el Temerario, duque de Borgoña.

En marzo de 1475 Fernando acompañó a su esposa en el viaje que ésta hizo a su querida Medina del Campo, destinada a ser una de las plataformas esenciales de la nueva monarquía. La inminencia de la guerra obligaba a tomar decisiones. La primera fue que el rey asumiría enteramente el mando y la responsabilidad. En relación con este acuerdo hemos de poner, con toda probabilidad, la carta del 18 de abril arriba mencionada que entregaba a Fernando plenos poderes. Ya era un rey en el sentido cabal de la palabra. Aún no había concluido el mes de marzo cuando la Corte estaba en Valladolid; desde aquí escribió a su padre que, de momento, no podía contar con los refuerzos castellanos. De todas formas, la partida esencial iba a jugarse en este reino. Imbuidos por el espíritu de la caballería los reyes decidieron convocar un torneo para el 3 de abril, allí en Valladolid, fuera de la puerta del Campo. Una preparación de los espíritus para la hora decisiva que se avecinaba. Justaron todos los nobles jóvenes, y algunos que no lo eran tanto, pero muy significativamente ganó la prez don Beltrán de la Cueva: ¿cómo podían seguir alimentándose calumnias? También Fernando se lució, quebrando algunas lanzas; había hecho escribir en su escudo esta leyenda: «como yunque sufro y callo por el tiempo en que me hallo». Recordemos que la y griega era entonces primera vocal en el nombre de Isabel.

Primera campaña

Llegaban a Valladolid algunas noticias. Juana, sacada de Madrid por sus partidarios, había recibido en Trujillo reconocimiento como reina de algunas personas. Las hostilidades se habían iniciado en el mes de marzo de una forma que comprometía a los reyes: un alzamiento se produjo en ciertas villas del marquesado de Villena, como Almaraz, reclamando el retorno al realengo e invocando a Isabel como reina y señora natural. Las ciudades entendían que tenía derecho a apartarse del señorío cuando éste le hubiera sido impuesto contra su voluntad. Se tiene la impresión de que, en el mes de mayo, Fernando confiaba la suerte de la guerra a una acción resolutiva que quebrase la prevista invasión portuguesa, evitando así que algunos de los grandes perplejos se decidiesen en favor de Alfonso V.

Las relaciones con Carrillo, instalado con tropas en Alcalá de Henares, empeoraban. El arzobispo había remitido a Juan II una versión personal de los cambios acaecidos en Castilla, buscando su propia justificación: los jóvenes reyes habían quebrado los compromisos adquiridos perjudicando directamente a su padre al entregar el poder al cardenal Mendoza, partidario de Francia y amparando en Navarra a los beamonteses, enemigos declarados. El 11 de mayo, respondiendo a las consignas de que se precisaba una reconciliación, Fernando escribió a su padre: tenía ya en su poder el documento que otorgaba los plenos poderes y se había decidido que Isabel en persona, pese a hallarse nuevamente encinta, viajase a Alcalá para convencer a Carrillo de que sus demandas serían satisfechas. No hubo entrevista: cuando la reina entraba en aquella ciudad por una puerta, el arzobispo salía por otra. Había decidido demostrar a aquellos débiles reyes dónde estaba el verdadero poder en Castilla. Viaje nefasto: fatiga y disgusto causaron, en Cebreros, el aborto de un feto varón, cerrándose así la esperanza en una descendencia masculina. Fernando, considerándose justificado ante su padre —no podía decir que descuidase cualquier esfuerzo— pasó la página y puso a Carrillo en la lista de sus enemigos.

Se estaban acuñando en Toledo las primeras monedas que portaban el anagrama con la F y la Y entrelazadas, como signo de esa dualidad real que había llegado a establecerse. Fernando, que había permanecido en Valladolid mientras su esposa emprendía el malhadado viaje, puesto al frente de sus tropas se adelantó hasta Tordesillas (9 de mayo) porque tenía el proyecto de convertirla en base de operaciones para la defensa de esa entrada natural que constituye, aguas arriba, el Duero. Pasó luego a Medina y a Salamanca, donde llegaban noticias de que Alfonso V concentraba en Arronches sus fuerzas de invasión, al parecer muy superiores en número a las que, en aquellos momentos, Fernando podía comandar. Por eso su estrategia consistió en reforzar guarniciones en aquellos puntos que podía asumir mejor la defensa dejando el campo libre a los invasores, a fin de poder cortar luego sus líneas de comunicaciones.

Fue recibido con entusiasmo en Salamanca el 28 de mayo. Aquel era un reconocimiento como verdadero rey más importante aún que el documento de plenos poderes otorgado por su esposa. La ciudad entendía que había llegado la hora del restablecimiento de los usos y costumbres que consideraban libertades. Pero Fernando no pudo evitar una mueca de disgusto cuando le comunicaron que las casas del duque de Arévalo y del licenciado de Ciudad Rodrigo habían sido saqueadas. No era aquella la vía que le importaba seguir.

Corriendo la ribera del Duero, manso y crecido en aquellos meses, tomó el camino de regreso a Valladolid. Los recelos en Zamora y las puertas cerradas por el alcaide en Toro le avisaban de que los portugueses iban a encontrar facilidades en esta brecha. El 9 de junio se instalaba de nuevo en el viejo palacio de los Vivero. Tenía preparado, desde el 12 de mayo, un testamento que pensaba publicar, en previsión de los percances que pueden acaecer en el curso de una guerra. Pero llegó entonces la noticia del aborto y de que Isabel había tenido que detenerse en Ávila para reponerse del percance, que era más serio de lo que en principio se supusiera. De hecho, sabemos que la reina hubo de recurrir a los servicios de un ginecólogo judío, Lorenzo Badoç, para conseguir un nuevo embarazo, que daría vida, tres años más tarde, al heredero, Juan.

Este primer testamento, para el que contó con el asesoramiento de fray Hernando de Talavera, nos proporciona datos importantes acerca de la mentalidad del Rey Católico. Disponía ser enterrado en el monasterio de El Prado de Valladolid, donde fray Hernando era prior, o en cualquier otro lugar que escogiera Isabel porque ni en vida ni en muerte sus cuerpos debían permanecer separados. Pedía a su padre Juan II que modificase las leyes sucesorias vigentes en la Corona de Aragón, «por el gran provecho que resulta» en reconocer el derecho de las mujeres garantizando así la Unión de reinos que se había conseguido. Y a su esposa rogaba que cuidase de sus hijos bastardos, Alfonso y Juana, y de las madres de éstos. Un mandato que la reina cumplió: Alfonso sería arzobispo de Zaragoza y Juana duquesa de Frías.

Manifiesto de Juana

Muy avanzado el mes de mayo, Alfonso V cruzaba la frontera y llegaba a Plasencia, donde tuvo lugar el encuentro con Juana. Ambos fueron alzados como reyes el 25 de mayo, aunque no pudieron celebrar matrimonio: faltaba la necesaria dispensa pontificia y la novia aún no había alcanzado edad suficiente. El día 30 trajeron a la «hija de la reina» —término que Fernando e Isabel emplean en sus documentos— un manifiesto que ella firmó; una copia autentificada del mismo se conserva en el archivo municipal de Zamora. Juana se proclamaba hija natural y de legítimo matrimonio nacida, despojada de sus derechos por actos de fuerza cometidos contra Enrique IV. Fernando e Isabel eran denunciados como envenenadores de don Enrique y causa de la ruina y asolación que ahora amenazaba al reino.

En este momento Fernando podía contar con la obediencia de la mayor parte de la nobleza y de casi todo el territorio, pero los recursos económicos eran muy escasos —la demora de las Cortes impedía la percepción de servicios— y los soldados de que disponía se hallaban carentes de organización y en la mayor parte de experiencia para una batalla en regla. En el otro bando los dominios del duque de Arévalo y los castillos de Toro y Burgos se ofrecían como eslabones de una cadena que pretendía marchar al encuentro de los franceses. Fracasados en Ciudad Rodrigo, los portugueses marcharon ordenadamente a Arévalo, con el proyecto de socorrer el castillo de Burgos y apoderarse de esta ciudad. Las fortalezas ante las que desfilaban no dieron la menor señal de darles acogida o capitulación, de modo que Alfonso V comenzó a experimentar un desasosiego: ¿dónde estaban aquellos partidarios de doña Juana que se le prometieran? En estas condiciones, si continuaba avanzando hacia Burgos, lejos de sus bases y rodeado de una atmósfera hostil, podía hallarse en peligro.

Mientras dudaba recibió una oferta más tentadora: Toro estaba dispuesta a abrir sus puertas. Los portugueses entraron efectivamente en la ciudad. Pero la esposa del alcaide, Aldonza de Castilla, guiando a unos pocos soldados, defendió la fortaleza que hubo de ser combatida. Este hecho basta para explicarnos la decisión de Fernando que condujo a malos resultados: acudir en socorro de aquella resistencia y obligar a Alfonso V a aceptar una batalla en campo abierto. Salió de Valladolid, se reunió con Isabel en San Miguel del Pino (9 de julio de 1475) y entró en Tordesillas, la gran base, en donde la reina debía permanecer. Llevaba consigo numerosos peones, especialmente asturianos y vizcaínos, gente peleona, pobre e indisciplinada aunque todos hidalgos. Faltaban todavía las principales mesnadas nobiliarias, en especial las organizadas por Mendoza y su cuñado De la Cueva. Por eso los reyes hubieron de demorarse en Tordesillas por algunos días más.

Un vasto y heterogéneo campamento se alzaba a orillas del Duero. Hacemos mal calificándolo de ejército. Era una suma de desiguales mesnadas nobiliarias y de levas, todas y cada una con sus jefes propios. Pocos hombres de armas, bastantes jinetes ligeros y, sobre todo, infantería. El 16 de julio la larga fila de soldados, diez mil caballos y veinte mil peones, según los cronistas, desfilaba, siguiendo la margen derecha del río, en dirección a Toro. Aquella masa se movía a una velocidad que calculamos en diez kilómetros al día. Y mientras marchaban llegó la noticia desalentadora: desde la tarde del 16 de julio el enemigo era dueño de Zamora y una amplia zona circundante se le había sometido. Esta especie de cabeza, al otro lado de la frontera significaba para Alfonso V una seguridad, prenda de negociación si, como parecía, el levantamiento juanista no llegaba a producirse.

El 19 de julio de 1475 el gran ejército castellano estaba desplegado, frente a Toro, cubriendo la gran curva que allí forma el río. Careciendo de artillería —en su tienda de campaña, ese mismo día, firmó el rey el nombramiento de Domingo Zacarías como maestre mayor, a fin de organizaría— no era posible subir al asalto de Toro, de modo que sólo quedaba el recurso de provocar al monarca portugués e inducirlo a que aceptara batalla en campo abierto. No cayó en la trampa y se mantuvo enhiesto en las dos formidables fortalezas. Alejado de sus bases de aprovisionamiento y amenazado en sus líneas de comunicación, aquella masa heterogénea de combatientes corría peligro de desgaste. Los nobles celebraron consejo con el rey, acordando el regreso a Tordesillas y el fortalecimiento de las posiciones. Los peones vizcaínos se amotinaron ante esta noticia: la nobleza estaba cometiendo traición, y Fernando hubo de pasear a caballo entre sus filas para aplacarlos.

Antes de dar la orden de marcha, Gómez Manrique, el poeta, provisto de un salvoconducto, subió la cuesta para, de acuerdo con las leyes de la caballería, desafiar a Alfonso V a combate individual o de poder a poder. Naturalmente no hubo respuesta. Y así, con aire de derrota, el 23 de julio se emprendía la retirada; en Tordesillas les aguardaba un vendaval de insultos. La propia Isabel dio muestra de una violenta cólera. Y, sin embargo, no puede decirse que el episodio fuese enteramente inútil. Ahora Fernando sabía que era imprescindible construir un ejército propio, el de la Corona, llevando las operaciones de distinta manera. Comunicó todo esto a su padre en la carta que despachó el 25 de julio de este año.

Baltanás

La cuña portuguesa que, en la base, contaba con dos fortalezas excelentes, penetraba profundamente en el territorio castellano, hasta Arévalo. En estos meses los Stúñiga habían reforzado las defensas del castillo de Burgos, capaces de soportar duro y largo asedio. Fernando dejó de preocuparse por las operaciones menudas que, en Galicia o Extremadura, estaban guiando con éxito sus capitanes, para volver a Valladolid y poner toda su atención en la jugada siguiente: ¿sería capaz Alfonso V, que había retornado a Arévalo, de apoderarse de Burgos? A esta ciudad había llegado entre tanto, con pequeños refuerzos, el hermano de Fernando, Alfonso de Aragón, duque de Villahermosa, asumiendo a continuación el mando sobre los sitiadores.

Aquel verano, mediante deliberación en el Consejo, el rey había lomado una decisión muy significativa: los bienes de los nobles que se habían declarado en favor de Juana serían tomados en secuestro, pero no confiscados. De este modo se venía a decir que sus titulares tenían la posibilidad de recuperarlos si pasaban a la debida obediencia y aceptaban una negociación que fijaría, en el futuro, el montante global de sus estados y las relaciones de dependencia con la Corona.

Alfonso V perdió varias semanas en la comarca de Arévalo antes de decidirse a dar el golpe definitivo a que los Stúñiga le instaban: liberar Burgos. En agosto se le unió Carrillo con las 500 lanzas que formaban su ejército privado. Fernando pudo comunicar a su padre, el 1 de setiembre, que finalmente las dudas se habían disipado consumándose la deserción. Un cambio en cierto modo absurdo, pues nadie, en años anteriores, había combatido con mayor dureza a doña Juana. En estos meses de verano también el joven rey había operado un cambio en su mentalidad: en adelante sus fuerzas principales serían de caballería pesada —reina de las batallas como entonces se decía— y de artillería, ambas bajo su mando. El consejo del cardenal Mendoza, acudir al tesoro de las iglesias para solicitar préstamos a devolver ventajosamente más tarde, le había permitido resolver la dimensión económica. Quienes se empeñaban en seguir insultando a Juana con el apodo de «beltranica» hubieran debido meditar más sobre las veleidades del arzobispo y sobre el hecho de que don Beltrán de la Cueva, brillante su armadura con destellos de oro, figurase entre los principales capitanes de Isabel. La alta nobleza estaba superando dudas: Fernando era, sin duda, solución más conveniente.

Estamos situados en agosto de 1475. En este momento los isabelinos estaban desplegados entre Medina de Rioseco, señorío de los almirantes, y Cuéllar, capital de los dominios de don Beltrán. Alfonso V no podía seguir demorando su respuesta a las apremiantes demandas de don Álvaro de Stúñiga. El rey Fernando estaba ahora en Burgos apretando un asedio que no podía prorrogarse mucho tiempo más. En la retaguardia de los juanistas crecían señales de división. Por ejemplo, el heredero del duque de Arévalo, fruto del primer matrimonio, estaba en las filas de los isabelinos. De modo que al llegar setiembre el portugués, que podía hacer todavía un balance de pequeños éxitos, dio la orden de marcha. Acompañado por el duque y Carrillo, unidas las mesnadas, alcanzó Peñafiel y siguió adelante por el camino real de Torquemada. En Baltanás, el conde de Benavente, con los suyos, le cerró el paso.

Numéricamente se trataba de fuerzas muy inferiores. Pero se trataba de montar operaciones de desgaste: dos veces asaltaron los portugueses las apretadas filas de los soldados del conde y dos veces fueron rechazados (18 de setiembre). Al final se hicieron dueños del campo, apresando al conde, pero experimentando mayores pérdidas que las de sus enemigos, que tuvieron que lamentar seis muertos. Victoria pírrica. Alfonso V se convenció de que si seguía adelante sufriría nuevos quebrantos que desharían su ejército. Dio la orden de volver a Arévalo. Entonces el castillo de Burgos capituló y la guerra cambió de signo. Baltanás puede considerarse, paradójicamente, el primer éxito militar de Fernando el Católico.

Peleagonzalo

El cambio de signo en el curso de la guerra era más radical de lo que, en principio, sus protagonistas imaginaran: los daños que, inevitablemente, causaban las tropas portuguesas obligadas a vivir sobre el país, despertaban cólera contra los invasores y nuevas adhesiones a los Reyes Católicos. Pasados seis meses, Alfonso V pudo comprobar que el alzamiento en favor de doña Juana se había disipado, como humo en el viento. A finales de noviembre apenas si se mantenían algunos grupos de resistencia aislados. Por consiguiente decidió modificar su estrategia pasando a una guerra entre los dos reinos, a la que esperaba atraer a Francia, ya que Luis XI al final se había decidido a confirmar la propuesta alianza. Convenía, pues, consolidar en torno a Zamora y Toro un amplio espacio seguro, base de partida para una nueva ofensiva que debía coincidir con la entrada de las tropas francesas por la estrecha frontera de Hendaya. Algunos intentos de penetración por Extremadura se habían cerrado en evidentes fracasos. La nueva estrategia puede definirse como paso a la defensiva. Los partidarios de Isabel en esta zona estaban en condiciones de actuar.

El 26 de noviembre la reina despachó correos veloces a su marido: se había tomado contacto con Francisco Valdés, de linaje asturiano, alcaide de las torres del puente de Zamora; él se comprometía a abrir una puerta por donde las tropas leales podrían entrar en la ciudad. Fernando no perdió un minuto. El 27 de noviembre de 1475 salió de Burgos y, con tanta velocidad como sus correos, llegó a Valladolid usando del más absoluto de los secretos, esperando el aviso de que la hora había llegado. Alguna noticia de esta trama tuvo Alfonso V, pues hizo detener y ejecutar a algunos zamoranos acusándoles de conspirar contra su persona. Llegó el aviso de Valdés un frío 2 de diciembre. Fernando salió al galope el día 3. Aquella noche, dos capitanes portugueses, el conde de Marialva y Juan de Porras, llegaron al puente para exigir a Valdés la entrega de las puertas que permanecían abiertas. La respuesta fue cerrarlas afirmándolas con fuertes pasadores de hierro. Fernando fue avisado. De camino envió mensajes urgentes a sus capitanes para que acudieran con refuerzos. La hora decisiva había llegado. Antes de que apuntaran las luces del alba del día 5, Fernando, que contaba con dos mil lanzas, hizo su entrada en Zamora. Estas noticias iban a acelerar el ritmo de las sumisiones entre los nobles.

Las disposiciones acerca del secuestro de los señoríos mostraban ahora su eficacia. Los dos proyectos de Alfonso V, crear un partido en favor de su sobrina, y consolidar el dominio sobre el Duero, se habían venido abajo. Uno de los primeros en levantar bandera blanca fue el duque de Arévalo, que buscó el apoyo y solidaridad de otros grandes. Dejando a su esposa y a los consejeros de ésta la parte principal en la negociación con los nobles —a fin de cuentas, se trataba de un asunto interno castellano—, Fernando se preparó para liquidar la contienda en su vertiente armada. Ahora el príncipe heredero de Portugal, don Juan —«o homen»— que había desaconsejado con insistencia la aventura, acudió en ayuda de su padre con tropas de refresco. El Rey Católico, que había intentado provocar en Toro un movimiento semejante al de Zamora, sin éxito, decidió entonces que no había otra alternativa que, volviendo al programa inicial, provocar una batalla resolutoria.

Fernando había puesto cerco al castillo de Zamora donde la guarnición portuguesa seguía resistiendo. Alfonso V y su hijo, unidas sus mesnadas, salieron de Toro el 13 de febrero de 1476 con la intención de socorrer a los sitiados y recobrar la ciudad. Desde sus murallas, al amanecer del 19 de febrero pudo el monarca castellano contemplar las tiendas de sus enemigos desplegadas a orillas del río. De nuevo la superioridad numérica parecía favorecer a los portugueses. Estaban moviéndose otras fuerzas castellanas que el duque de Villahermosa controlaba desde su puesto de mando en Alaejos. Durante quince días, soportando la lluvia y el frío, bastante intensos, esperó Alfonso V que se produjera una salida, inútilmente. Cuando las fuerzas reunidas por Alfonso de Aragón llegaron al campo se produjo una extraña situación: portugueses en el castillo, cercados por castellanos que dominaban la ciudad, asediada a su vez por lusitanos y éstos, por último, amenazados en sus líneas de comunicación por el duque de Villahermosa.

Se habían abierto minas que permitirían abrir brecha en la muralla del castillo cabe el postigo que llaman de la traición. Alfonso V decidió salir de aquella trampa en que se hallaba metido. Para ganar tiempo y esconder sus intenciones, envió a proponer a Fernando una tregua de dos meses que permitiera abrir negociaciones. La oferta fue rechazada. En la fría madrugada del 1 de marzo, bajo la acostumbrada niebla, el monarca portugués levantó el campo y comenzó a marchar, con pesada impedimenta, hacia Toro, confiando la seguridad de su retaguardia a una fuerza de quinientos caballos. Los castellanos salieron detrás, formados en orden de batalla, con tres cuerpos a los que cubría una vanguardia de trescientas lanzas, a las órdenes de Álvaro de Mendoza, Gutierre de Cárdenas y Rodrigo de Ulloa. Toro (Peleagonzalo) fue una batalla clásica, con ambos reyes en el centro del dispositivo y resuelta mediante el choque de la fuerte caballería encubertada. Duró tres horas y aunque los castellanos llevaron la mejor parte y extrajeron todas las ventajas del encuentro, quedando dueños del terreno, no puede calificarse de rotunda victoria. Alfonso V se refugió en Castronuño mientras que sus soldados, con aire de confusión, subían por la cuesta hacia Toro. El príncipe don Juan pudo poner orden en la retirada. Fernando tuvo la sensación de que había ganado la batalla; mucho más, había liquidado la guerra porque Zamora quedaba totalmente en sus manos y Toro no tardaría en rendirse.

Modo de liquidar una guerra

Aunque siguiesen abiertas las hostilidades en la frontera de Portugal y también en la de Francia podía afirmarse desde marzo de 1476 que el conflicto sucesorio había terminado y sólo quedaba la cuestión de las posibles represalias hacia los vencidos. No encontramos diferencias entre marido y mujer respecto a lo que convenía hacer: pacto con reconciliación evitando castigos. A instancias del cardenal Mendoza, el rey, vuelto a Zamora, otorgó un seguro para todos los prisioneros. Primer ejemplo: Alfonso de Valencia, protagonista de la resistencia del castillo de Zamora, pudo conservar todos sus bienes y sólo se le exigió cambiar esta alcaldía por la de Castrotorafe. Habría, pues, absoluto respeto al estatus económico de los vencidos aunque ejecutando ciertos reajustes imperados por la decisión de ilegitimar los actos a partir de 1463; siempre mediante compensación. A este respecto el papel de los Mendoza fue muy importante; el cardenal era ya, probablemente, principal consejero de ambos reyes. A instancia de éste, antes de la batalla, se había reparado públicamente el honor de don Álvaro de Luna: el 13 de febrero se restablecieron bienes y derechos del condestable en el conde de Saldaña. No hemos de olvidar que María de Luna era ahora duquesa del Infantado y Juana Pimentel sobrevivía instalada en el palacio de Guadalajara. Cuando Mendoza se convierta en arzobispo de Toledo edificará la capilla del condestable para trasladar a ella los restos que aún yacían en San Andrés de Valladolid.

Esta política no podía evitar que algunos, entre sus partidarios, se sintieran defraudados pues no recibían el premio a que se consideraban acreedores, como en las contiendas anteriores. Entre ellos Pedro Manrique, que ascendió a duque de Nájera y cuyo descendiente acaudillará, en 1504, al bando antifernandino favorable a Felipe el Hermoso. No es necesario entrar en más detalles, pues no corresponden a la política de Fernando sino a la del conjunto, reyes y consejo. Pero es preciso anotar cientos puntos que perfilan su personalidad, ya que a ellos asintió. Álvaro de Stúñiga tuvo que devolver Arévalo, señorío arrebatado a la madre de la reina. Se le entregó un documento garantizándole el derecho a retener la villa si la indemnización ofrecida no resultaba satisfactoria. Alfonso Carrillo, cariacontecido, pudo regresar a su sede en la que permaneció sin mayores obstáculos hasta su muerte, aunque estamos cerciorados de que Fernando alimentaba contra él fuerte resentimiento. Pacheco y Girón, los del abuelo común, conservaron sus títulos y rentas, el marquesado de Villena y el Maestrazgo de Calatrava y al primero de ambos otorgaría Fernando mando supremo de la Frontera durante la guerra de Granada.

Recordemos: ni los Stúñiga, que modificaban ya su apellido en Zúñiga para acomodarlo a la pronunciación castellana, ni los Pimentel, ni los Pacheco, apagarían del todo su resentimiento. Es la lección de las guerras civiles, pues los vencidos no pueden perdonar su derrota. Aunque continuaban operaciones menudas en otros lugares, y la paz con Portugal no llegará hasta 1478, por negociaciones directas de Isabel con su tía Beatriz, duquesa de Braganza, puede decirse que, desde el otoño de 1476, Fernando tuvo la sensación, correcta, de que controlaba perfectamente la situación y se estaba logrando, ya sin traumas, la sumisión del reino. Las Cortes podían reasumir sus funciones.

Una nueva política exterior

En el ámbito internacional eran muchas las divergencias entre castellanos y aragoneses. Por ejemplo, el cardenal Mendoza y los principales consejeros de Isabel rehuían la cuestión de los condados pirenaicos y aspiraban a restablecer lo antes posible las buenas relaciones con Francia de las que dependía en gran medida el comercio exterior castellano. Sin dejar de tener en cuenta sus obligaciones como heredero de la Corona de Aragón, Fernando acomodó su política en la medida de lo posible a las obligaciones derivadas de su nueva condición de rey. De acuerdo en esto con su padre, comenzó aceptando la situación creada en Nápoles donde el bastardo Ferrante fue coronado, renovando el vasallaje al Papa. Contrajo matrimonio con una hermana bastarda del Rey Católico, Juana, a quien éste brindaría todo su apoyo frente a los descendientes de los hijos de un enlace anterior, Alfonso y Fadrique. Nunca olvidó, sin embargo, que el heredero legítimo de Alfonso V era él.

El comienzo de las hostilidades había sumido a la Sede romana en cierta perplejidad: necesitaba de todos los reyes peninsulares sin excepción alguna, y no le convenía decantarse. Sixto IV decidió enviar un nuncio —no un legado—, Nicolás Franco, aunque provisto de poderes tan amplios como los que Veneris en otro tiempo tuviera (1 de agosto de 1475). Desembarcó en Cataluña, donde fue recibido con todos los honores, pasó por Zaragoza y finalmente llegó a Valladolid el 2 de abril de 1476 cuando aún estallaban en el aire las luminarias de Toro. Isabel fue la primera en establecer tuertes relaciones con el nuncio porque Fernando tenía puesta su atención en otra parte, ya que por estos días llegaba la noticia de que, desde mediados de febrero, los franceses habían abierto las hostilidades tratando de apoderarse de Fuenterrabía. Fracasaron. Defendiendo esta plaza, vizcaínos y guipuzcoanos ratificaron la fidelidad que tenían jurada a los reyes. Fernando hubo de acudir a esta frontera. Finalmente, el 20 de junio los franceses dieron por terminada esta campaña firmando una tregua que debía abrir paso a negociaciones. El cardenal sostenía que éstas debían versar sobre un punto: reconocimiento de la legitimidad de Isabel restableciendo con ella los viejos y sólidos pactos.

Llegaba, para Fernando, la hora de tomar iniciativas. Ese mismo día 20 de junio, instalado en Vitoria escribía a su padre que había decidido asumir nuevas responsabilidades en relación con Navarra en donde se había seguido una política errónea beneficiosa únicamente para Francia, proporcionando apoyo a los beamonteses que defendían la hispanidad del reino. Juan II no se opuso: probablemente pensaba que su hijo tenía razón. El 1 de julio, tras haber disuadido a los defensores de Fuenterrabía de que quebrasen la tregua llevando sus operaciones a Gascuña, se entrevistaba con el conde de Lerin, Luis de Beaumont, su cuñado, estableciéndose entre ambos una relación firme. Navarra tenía que ser salvaguardada de las influencias francesas que preconizaban los Foix y la viuda Magdalena. Desde allí viajó a Guernica para cumplir la promesa que como príncipe hiciera a los vizcaínos: bajo el árbol, el 30 de julio de 1476 juró guardar «los fueros, cuadernos, buenos usos, buenas costumbres, privilegios, franquezas y libertades del señorío de las villas y de la Tierra Llana». Este juramento no afectaba a Guipúzcoa ni a Álava. Vizcaya estaba destinada a convertirse en uno de los puntos de apoyo esenciales para la Corona.

Ahora bien, cubiertas las espaldas, tomadas las medidas necesarias para defensa de aquellas costas frente a las piraterías francesas de Casenove Coulon, Fernando pudo invitar a su padre para que, acompañando a Leonor, duquesa viuda de Foix y heredera de Navarra, se trasladase a Vitoria. Aquí, en efecto, se reunieron los tres, durante algunos días a partir del 13 de agosto de 1476. El rey de Castilla y de Sicilia impuso enteramente su criterio, que fue aceptado al parecer sin reservas. No debían emprenderse por ahora nuevas acciones en el Rosellón, ya que se carecía de los necesarios recursos. Juan II debía suspender el apoyo que prestaba a algunos nobles castellanos, como los Manrique, que reclamaban mayor recompensa; en cuanto a Carrillo, de quien se recibiría pleito homenaje el 17 de setiembre, lo mejor era dejarle reducido a sus funciones de arzobispo. En Navarra, el reconocimiento de Leonor como futura reina —de sus derechos no podía dudarse— debía acompañarse de dos condiciones: garantía de alejamiento de la influencia francesa y reconciliación con los beamonteses, la cual se alcanzó en Tudela el 30 de setiembre de este mismo año.

Fernando exigió, además, una condición que, con diversas modalidades, ya no abandonaría: guarniciones castellanas se encargarían de garantizar la paz en las fortalezas de Beaumont y en la propia ciudadela de Pamplona; 700 u 800 lanzas no eran un ejército de ocupación pero sí una garantía de que Navarra, reino, iba a permanecer del lado castellano. Aunque algunos rumores apuntaban a que Luis XI se proponía enviar tropas para imponer la regencia de su hermana Magdalena, princesa de Viana y madre del futuro rey, el monarca castellano no cambió su conducta: Fuenterrabía, la adhesión de Vizcaya y Guipúzcoa y la presencia de sus soldados en Navarra le garantizaban la frontera norte. No se trataba de buscar la guerra sino de fortalecer la paz. La política de Juan II había sido sustituida por la suya.

Consecuencia: el tratado de San Juan de Luz

Se comprende que de esta perspectiva, no se pusieran obstáculos a los proyectos de los consejeros de Isabel, tendentes a renovar el tratado de Toledo de 1368. Al contrario, en diciembre de 1476, estando en Toro, recién recobrada, recibió con los brazos abiertos a un viejo amigo de la infancia, ahora mínimo franciscano, fray Bernardo Boil, quien, siguiendo pautas de San Francisco de Paola, venía a decirle que Luis XI deseaba negociar la paz. Había razones muy poderosas que empujaban al monarca francés, atenta la mirada a lo que sucedía en Borgoña. Hace ya bastantes años, Calmette afirmó que ahí estaba el error principal de Luis XI: al apartarse de la guerra de sucesión, forzaba a Alfonso V a buscar con Castilla la que habría de ser plena y fuerte reconciliación, dejando a Fernando manos libres para tomar por su cuenta la política reivindicatoría de la Corona de Aragón. La colaboración de fray Bernardo con los Reyes Católicos ya no se interrumpiría.

Por estos años los franceses no podían tener una visión tan negativa. El poder de Luis XI, superadas las crisis internas, iba creciendo. Ferrante de Nápoles, preocupado por un eventual retorno de los angevinos, buscaba el acercamiento a Francia con una extraña propuesta: casar a su segundo hijo, Fadrique, destinado de hecho a ser elemento francófilo en aquella Corte, con Ana de Saboya; se darían a la dama en concepto de dote el Rosellón y la Cerdaña —como si Luis fuera el propietario de ellos— pudiendo luego venderlos a buen precio a Juan II o quedándose con ellos en vasallaje francés. En Roma, Sixto IV, empujado por sus nepotes, había llegado a abierta ruptura con Rodrigo Borja y, cediendo a presiones francesas de las que Giuliano della Rovere, futuro Papa Julio II, era portavoz, otorgó dispensa a Alfonso V para casarse con Juana. Por poco tiempo, desde luego, ya que sería retirada antes de que pudiera ponerse en ejecución.

Las primeras negociaciones, auspiciadas por fray Bernardo Boil, en Bayona, fracasaron (enero de 1477). Luis XI, impulsado por su hermana, no estaba dispuesto a aceptar las condiciones establecidas en Navarra que, desde el matrimonio con el difunto Gaston de Foix, era considerada como espacio propicio para la expansión francesa englobándola en el conjunto de señoríos vasalláticos de aquel linaje. Magdalena, tutora de su hijo, Francisco Febo, reclamaba para sí los poderes reconocidos a su suegra.

Un accidente no previsto iba a cambiar las tornas: el 5 de enero de 1477, cuando subía, al frente de sus tropas, al asalto de Nancy, murió Carlos «el Temerario», duque de Borgoña, dejando como única heredera a su hija María, cuya extraordinaria belleza llega hasta nosotros a través de pinturas flamencas de calidad. Ella iba a ser, por corto tiempo, «novia de Europa». Luis XI decidió que eran más importantes las ganancias en su frontera norte y decidió postergar los asuntos españoles. La opulencia y versatilidad de los estados borgoñones despertaba muchas iniciativas que estuvieron a punto de provocar una guerra general, afectando a alemanes, ingleses y españoles. Fernando no disponía de un candidato a la mano de María —su único hijo varón nacería el 30 de junio de 1478 y llegaría a convertirse en esposo de una hija de la archiduquesa— de modo que apoyó a Maximiliano de Habsburgo. Entraban en juego los poderosos intereses económicos que hacían de los marinos cántabros verdaderos árbitros del golfo de Vizcaya. Pero ya en esta oportunidad estableció sólidos pivotes para futuras alianzas en Bretaña, Flandes e Inglaterra. Se intercambiaron embajadas que apuntaban a un proyecto que no era nuevo pero al que Fernando sabría darle especial vigor.

Los vascos recibieron entonces lo que podríamos considerar un premio a su bien reconocida lealtad. El bachiller Jofre de Sasiola, embajador de los monarcas españoles, obtuvo de Eduardo IV condiciones que, en materia de impuestos y de seguridad, equiparaban a los comerciantes españoles con los súbditos británicos. Durante casi un siglo la presencia hispana crecería. Para entonces ya estaban confirmados los privilegios de que disfrutaban en Bretaña y en Brujas. Se comprende bien que, en tales circunstancias, Luis XI optara por poner fin a las dilaciones en la negociación: tenía que concentrar sus esfuerzos en el pleito que abría la herencia borgoñona.

Las conversaciones se reanudaron, pero no en Bayona sino en San Juan de Luz. No fueron cortas. En el curso de las mismas surgió, como era inevitable, la cuestión de los condados pirenaicos que los españoles soslayaron porque era asunto que afectaba a la Corona de Aragón y no a la de Castilla. En apariencia se trataba de algo tan sencillo como devolver el préstamo de 200.000 escudos, sin entrar en los intereses, significados por las rentas que durante estos años los franceses venían cobrando. Fernando nada opuso a los consejeros de su mujer, pero tomó buena nota: Luis XI aspiraba a incorporar aquellos condados a Francia, una meta que él impediría pero que se vería consumada por la paz de los Pirineos de 1659. A fuerza de concesiones recíprocas se llegó a la firma del tratado (9 de octubre de 1478) que restablecía las antiguas relaciones de amistad entre ambos países.

Algunas veces se le ha interpretado como abandono de Juan II por parte de sus hijos. No es así. El único detrimento consistía en una teórica reducción de las ayudas que, en caso de guerra, podía Fernando prestar a su padre. Pero a cambio de esto se preveía el nombramiento de una comisión paritaria encargada de elaborar un acuerdo sobre los condados. Los castellanos sabían que esta comisión no iba a reunirse, y este incumplimiento invalidaba ulteriores compromisos. Urgía esperar. Ya llegarían las circunstancias que habrían de permitir volcar toda la potencia castellana en el recobro de aquella tierra que seguía considerando catalana.

Conversaciones con Nicolás Franco

El nuncio no perdía el tiempo. Durante todo el año 1477 acompañó a la Corte, haciendo provechosas estancias en Guadalupe, Trujillo Córdoba y Sevilla. Se introducía bien en los asuntos y, sobre todo en los reales alcázares sevillanos, mantuvo largas conversaciones con Isabel que le permitieron descubrir qué clase de mujer era. No cabe duda de que el papel de la reina en la rectificación de la actitud de Sixto IV fue verdaderamente decisivo. El Papa comprendió que ahora contaba en España con reyes como los que verdaderamente convenían a la Iglesia. Fue retirada la dispensa otorgada a Alfonso V y cesaron los impedimentos de la Curia para que Alfonso pudiera ser reconocido como arzobispo de Zaragoza.

Las conversaciones con el nuncio, para las que disponemos de un extenso memorial que las recoge, tuvieron consecuencias decisivas en varios aspectos. Franco, que permaneció en la Corte hasta noviembre de 1477, habló primero, según indicamos arriba, con Isabel, despertando los recelos de que se hace eco Alfonso de Palencia cuando dice que todo se estaba haciendo según querían los consejeros de la reina. Pero desde el 13 de setiembre del año mencionado, en que Fernando llegó a Sevilla, el principal interlocutor fue el rey. Hablaron, desde luego, de la reforma eclesiástica y de los proyectos espirituales, así como de la forma y talante para el nombramiento de los nuevos obispos, cosa en que ambos esposos tenían mucho interés. También se tocaron los proyectos de fray Alfonso de Bolaños para una evangelización en Canarias y Guinea.

En las conversaciones con el rey lo más importante quedaba referido a la amenaza que, a causa de la vigorosa expansión otomana, se cernía sobre la Cristiandad. Sixto IV estaba impulsando grandes proyectos de defensa y de cruzada, en los cuales el protagonismo de la Corona de Aragón resultaba factor inexcusable. Nicolás Franco abordó las tres cuestiones que, a este respecto, preocupaban al Papa: España tenía una reserva musulmana independiente, Granada, contaba con abundante número de conversos que eran cristianos sólo de nombre —por esta causa se habían producido violencias en Andalucía en 1474 y 1475— y albergaba una fuerte comunidad judía amparada además por leyes que Isabel acababa de confirmar. Un peligro, cuando se veían las cosas desde Italia en donde estaba ahora la primera línea: anotemos que en 1480 los turcos desembarcarán en Otranto.

El procedimiento inquisitorial estaba introducido desde 1462 por una bula de Pío II, aunque con muy escasa eficacia. Los reyes reclamaron del nuncio una mayor intervención de la Corona en la selección de los inquisidores. El retorno de Franco a Roma fue seguido de concesiones vitales. Aunque no se introdujo, salvo en Granada, el derecho de presentación, es indudable que desde ahora los obispos serán nominados de acuerdo con la propuesta de los reyes. Aquí encontramos a veces una disyunción entre Isabel, más rigurosa a la hora de exigir cualidades morales a los candidatos, y su marido, dispuesto a hacer concesiones por razones dinásticas o simplemente políticas. La resistencia inicial del Papa a una incorporación a la Corona de los Maestrazgos de Órdenes Militares pudo ser vencida. Y el 1 de noviembre de 1478 Sixto firmó la bula Sincerae devotionis exigit que convertía a la Inquisición en una de las dimensiones de la Corona.

CAPÍTULO III

CONSTRUIR LA MONARQUÍA

Bases constitucionales

Toda la obra realizada conjuntamente por Fernando e Isabel puede ser definida como un proyecto para moldear la monarquía hispana, primera y remota forma de Estado. La potestad regia aparece reforzada por medio de instituciones de las que la más importante es el Consejo Real, único al principio; todas ellas tenían su origen en etapas anteriores, pero ahora alcanzaban madurez y eficacia. En cierto modo los Reyes Católicos aparecen como término de llegada de un proceso constituyente que se iniciara en 1344 en la Corona de Aragón y en 1348 en la de Castilla (Leyes palatinas de Pedro IV y Ordenamiento de Alcalá de Alfonso XI). Se trataba de deslindar el ámbito de la soberanía —«poderío real absoluto»— del de la administración que corresponde a cada uno de los reinos. Investigaciones recientes de J. Manuel Nieto Soria permiten explicar mejor este proceso. No cabe duda de que en él, sin olvidar nunca la parte de Isabel, el papel de Fernando tuvo gran importancia: aspiraba a fortalecer el poder del Estado simplificando la administración para tornarla más eficaz, a incrementar su propia función decisoria, a definir con claridad el ámbito jurisdiccional del realengo, señorío y abadengo y a conservar para cada reino sus usos y costumbres.

Ya en las Capitulaciones de Cervera y en el protocolo adicional de Zaragoza, que datan del año 1469, se puede percibir que se había adoptado una resolución: la estructura de la Corona de Aragón, que era Unión de Reinos y no Confederación, como a veces se cree con error, iba a ser conservada, sin recurrir a los procesos unificadores que se aplicaran en Castilla y León en el siglo XIII. Criterio que Fernando aplicará también a Navarra en 1512, al incorporarla como reino a la Corona de Castilla. Por eso podemos decir que el modelo escogido para ordenar la nueva monarquía es precisamente el de la Corona de Aragón. Podríamos decir que Castilla, con sus Cortes, Consejo, Audiencia y municipios se incorporaba a ella. Sucedió, sin embargo, que el peso específico castellano y las facilidades contributivas que aportaba —«mi ventura» dirá en cierta ocasión Fernando— superó de tal modo al de los otros reinos de la Corona que pronto se tuvo la impresión de que ejercía la dirección sobre el conjunto, cosa que disgustaba a no pocos de los súbditos aragoneses.

El Consejo real, hasta entonces castellano, asumió aquellas decisiones que correspondían al conjunto de la monarquía, mientras la lengua castellana, evolucionando rápidamente a fin de convertirse en española, como ya señala Nebrija en 1492, ganaba terreno reduciendo a las demás a ámbitos regionales. En este Consejo se instalaban secretarios, en realidad altos funcionarios de confianza, como Vargas, Álvarez de Toledo, Quintanilla, o Sepúlveda que, con los Cavallería o Fernando de Zafra, anuncian ya a los futuros ministros que hacían innecesario el validaje.

Cortes de Madrigal

Los proyectos para iniciar el reinado reuniendo Cortes tuvieron que ser demorados hasta abril de 1476 en que, resuelta con victoria la guerra civil, pudieron reunirse los procuradores en aquella villa, precisamente, de Madrigal en que naciera Isabel. En ellas comenzó a establecerse un modelo de Estado que podemos calificar de autoritario, ya que se halla a mitad de camino entre el pactismo medieval y el absolutismo del siglo XVII: las leyes garantizaban la libertad pero a la Corona, dotada de «poderío real absoluto» que significa que no guarda relación con ningún otro superior, correspondía tomar las decisiones últimas. Aunque a veces Fernando mostraba impaciencia por las cortapisas que venían de las estructuras heredadas, nunca pasó por su mente destruirlas: la legitimidad en el ejercicio, aunque molesta a veces, tenía que gozar de preferencia. Restaurador del orden y la paz, después de las largas guerras intestinas en Castilla y en Cataluña, Fernando no quería aparecer como el vencedor que toma represalias: en Cataluña buscaría la colaboración de los dirigentes de la Biga y en Castilla ajustaría convenios rigurosos con la alta nobleza, afirmándola en su papel social. Promovería además reajustes eficaces en el gobierno de las ciudades, impulsando el desarrollo del primer capitalismo. Se anunciaba ya una profesionalización de la política.

Por el tiempo en que los procuradores se reúnen en Madrigal, para poner en pie la Hermandad General que es como núcleo para la construcción de un ejército interior permanente, un escribano de Perpiñán, nostálgico de las glorias de la Corona de Aragón, pone en marcha una leyenda que recogerá mosén Diego de Valera y a la que J. Antonio Maravall otorga cierta importancia en el desarrollo ulterior de la política. Fernando, descendiente de Manfredo, es aquel al que corresponde el águila imperial que figura en el escudo de Sicilia y se ha casado con la hija del león castellano. Pero es, también, el murciélago que abre sus alas sobre el casco de Jaime I y, como tal, emergiendo de la noche, está destinado a ser el gran monarca del Mediterráneo, capaz de devolver Jerusalén a la Cristiandad. Un sueño que nunca se disipará del todo.

Fernando había escogido Madrigal como sede de las Cortes, no porque fuera lugar de nacimiento de su esposa sino porque allí le convenía instalar un puesto de mando para el cerco de Cantalapiedra. Ante todo hubo de confesar el mal estado de las finanzas públicas: escasez en los recursos y confusión en las asignaciones. Los procuradores respondieron mediante una concesión de subsidios que aliviaba pero no remediaba la penuria. Se hizo ya entonces un gran esfuerzo para reordenar los impuestos directos, de acuerdo con la costumbre castellana que eximía a las rentas más bajas, por ser signo de pobreza, y también a las más altas, que son las que crean riqueza, de modo que sólo la zona intermedia de capitales venía obligada a pagar. Se puso en marcha un plan de estabilización consistente en garantizar el precio de las monedas de oro y plata. Los treinta y dos procuradores que allí representaban a las dieciséis ciudades y villas con voto en Cortes coincidieron con los reyes en declarar ilícitos los movimientos contra Enrique IV desde 1464 y revisables en consecuencia las donaciones efectuadas durante ese tiempo. No se produjo una anulación global de las mismas, aunque sí un examen cuidadoso. La legitimidad de origen quedaba de este modo confirmada: era la que invocaba Isabel, negándosela a doña luana. Se difundía entre los procuradores un sentimiento de adhesión al rey que ya no variaría. Se ejecutó, también, una reforma de la Contaduría cuyo primer cometido debía ser la estabilización de la deuda pública.

Lo que Fernando pensaba acerca de la Hermandad

Los procuradores tenían puesta la vista en las anteriores Cortes de Santa María de Nieva y en la trayectoria seguida hasta entonces. La Hermandad General significaba, para ellos, la creación de pequeñas unidades de jinetes y ballesteros dependientes de los municipios y capaces de garantizar el orden público, de manera especial en despoblados que padecían la lacra del bandidaje. Pero en una conversación privada del rey, meses atrás, con don Juan de Ortega, arcipreste de Palenzuela, en Burgos, se definieron las verdaderas dimensiones que se quería otorgar al proyecto. Bajo el nombre de Hermandad se estaba pensando en crear un ejército permanente de 3.000 miembros, entre hombres de armas y jinetes. A Ortega y Alonso de Quintanilla se encomendó la puesta en marcha del plan.

En Madrigal se dispuso también que, aunque las cuadrillas de la Hermandad, inspiradas en el modelo de la que se llamaba Vieja de Toledo, Talavera y Ciudad Real, seguirían dependiendo de sus respectivos municipios que las pagaban, quedaban sometidas a las directrices de una Junta General en que todos estaban representados mediante una división en provincias. Surgía así un instrumento de diálogo paralelo de las Cortes y, en cierto modo más representativo que éstas, ya que a ella concurrían también ciudades que no tenían reconocido el derecho de voto en aquéllas.

Una nueva diferencia: aunque los grandes municipios tuvieran la sensación de que se estaba montando un servicio general de guardia que ellos reclutaban y pagaban, Fernando había ido más lejos, ya que toda esta fuerza militar quedaba a las órdenes de su propio hermano, Alfonso, el duque de Villahermosa, que ya dirigiera el asedio del castillo de Burgos. La guerra de Granada será la gran oportunidad que habrá de permitir el empleo de las Compañías de la Hermandad como unidades militares. Es un error referirse a ella como Santa, pues este calificativo era el que correspondía a la vieja organización de colmeneros y ballesteros de los montes de Toledo, la cual sobrevivirá a la disolución de la general. Jorge Manrique, eximio poeta, será, hasta su trágica muerte, uno de sus capitanes. En diciembre de 1479 la Hermandad abarcaba un total de 22 provincias. Los reyes renunciaron, mientras duró la Hermandad, a los subsidios votados por las Cortes, puesto que se invertían en el mantenimiento.

El Maestrazgo de Santiago

Liquidada la guerra civil, aunque siguieran produciéndose hostilidades en la frontera de Portugal, Fernando se enfrentó con el problema que, para él, significaba la primera nobleza. Hijo del duque de Peñafiel, nieto del almirante de Castilla, con una gota de sangre judía corriendo por sus venas, se sentía, en cierto modo, parte de la misma: algunos de estos «grandes» podían, con todo derecho, llamarle primo. Defendía el patrimonio real con el mismo ahínco que los condes o duques ponían en preservar el suyo, sin que pasara por su mente la idea de que el Reino podía prescindir de los servicios de la aristocracia. Algunos de sus partidarios no pudieron entender que el monarca desaprovechara la oportunidad de despojar a los enemigos que se le habían opuesto, acaso con la esperanza de beneficiarse de ello. El Rey Católico, en esta coyuntura, prefirió dar esa lección moral que escribe aquel que, con firmeza, perdona y reclama una colaboración. Ni los Stúñiga, ni los Pacheco o Girón tuvieron motivos para decir que estaban siendo perseguidos. No es extensible esta afirmación a algunos miembros de la mediana nobleza.

Un ejemplo. Salía Fernando de Burgos el 18 de octubre de 1476 cuando se presentó el obispo de la ciudad, Luis de Acuña, pidiendo perdón. Podía considerarse como el más calificado entre los enemigos. Como administrador apostólico de Segovia y arcediano de Alcazarén, había urdido la sentencia de divorcio que permitió expulsar a Blanca, hermana de Fernando. Había negado legitimidad a Isabel y durante la guerra estimuló cuanto pudo las acciones bélicas contra los jóvenes reves. El monarca le restituyó en sus rentas y condición, con una salvedad, que fijara su residencia fuera de la capital para evitar encuentros con el cabildo, que le odiaba.

Siguiendo su camino llegó el rey a Gumiel de Izán. Se hizo personalmente cargo de la alcaldía, que se disputaban los herederos de Pedro Girón con Diego Gómez de Sandoval, conde de Castrogeriz. Devolver la villa al patrimonio era también el modo de resolver querellas. Antes de abandonar aquel castillo nombró teniente a Juan de Salazar. Por la vía de Simancas, etapa tras etapa, hizo su entrada en Toro, como va hemos indicado. Aquí le trajeron, con la noticia de la muerte de Rodrigo Manrique —«¡qué maestre de esforzados y valientes!» diría su hijo Jorge—, una carta del difunto pidiéndole que cuidara de sus hijos, tosa que estaba dispuesto a hacer. Don Rodrigo se llamaba a sí mismo Maestre de Santiago, aunque sólo una porción de sus caballeros le reconocía como tal. También vinieron otras noticias. Alfonso Can illo, silenciando o justificando la traición cometida, había acudido con sus quejas a Juan II de Aragón. Él, que tanto había hecho en favor de los jóvenes príncipes, se veía ahora perseguido y maltratado.

Fernando demostró ante estos hechos que sabía tomar iniciativas. No modificó la postura tomada en las conversaciones de Vitoria: el 17 de setiembre de 1476 el arzobispo había prestado homenaje devolviéndosele sus rentas. De ahí no iba a pasar. Hubiera sido estúpido devolverle la confianza; tampoco parecía aconsejable el castigo. Que siguiera en Toledo o en Alcalá, según sus preferencias, hasta que llegara la hora de dar cuentas a Dios. En cuanto a la vacante producida en el Maestrazgo, esbozó la que sería, años más tarde, solución definitiva.

Ninguna renta señorial podía compararse a la que generaban las Órdenes Militares. Como se había demostrado a lo largo del siglo XV, permitían a los maestres erigirse en verdaderas potencias dentro del sistema. Enrique IV había propuesto ya la fórmula de que las Órdenes pasasen a la directa dependencia de la Corona; las dificultades de su reinado impidieron llevarla a cabo. Pacheco en Santiago, Girón en Calatrava, Stúñiga en Alcántara, se habían afirmado. El marqués de Villena no había podido transmitir a su hijo el Maestrazgo y se había abierto una contienda entre Alfonso de Cárdenas, comendador mayor, y Rodrigo Manrique. Había que superar, ante todo, la discordia: los consejeros de la reina se movieron para disuadir a Cárdenas y a los Manrique de su empeño.

En la mañana del 14 de diciembre de 1476, bien aleccionada por Fernando, la reina presidió un capítulo en que se reunían ciento treinta caballeros. Ante ellos lanzó una propuesta que no admitía discusiones. Durante seis años, suspendida la elección y contando con la anuencia del Papa, Fernando iba a asumir la administración de la Orden. Era el tiempo que juzgaba necesario para curar heridas, restablecer las cosas y devolver el Maestrazgo a la elección ordinaria por el capítulo. Jugada con dimensiones que demostraban la gran habilidad. Parecía, ante todo, que la reina tomaba la iniciativa, permaneciendo su marido aragonés un poco a las órdenes. Fernando retuvo esta administración poco más de un año, justificando así sus intenciones. Entonces premió la fidelidad de los Cárdenas permitiendo que Alfonso fuera elegido. Pero el paso decisivo estaba ya dado. Cárdenas sería el último maestre, cerrando además el postrer capítulo en la historia de la Orden: cruces de Santiago tomarían posesión de la Alhambra.

Las pragmáticas de Madrid

Entre enero y abril de 1477 hallamos al rey don Fernando, acompañado por su esposa primero en Ocaña y luego en Madrid, cuyo alcázar, tras la muerte de la reina Juana, había optado por abrir sus puertas. Aquí se trazaron planes, para seguir la tarea emprendida en Madrigal y para reorientar la política exterior. Llegaban noticias poco tranquilizadoras de Extremadura y Andalucía, donde se enconaban las luchas entre facciones y linajes. Las hostilidades con Portugal, por otra parte, abrían a los marinos andaluces perspectivas de navegar hacia Guinea, buscando nuevos mercados para el oro o los esclavos negros, que se pagaban con ese liquen tintóreo canario, muy barato, que llamaban orchilla. Sólo la paz podía regular este conflicto.

Fernando hubo de poner especial atención sobre las malas condiciones en que se desenvolvía la Hacienda pública. Los ingresos de la Corona, según Zurita, no superaban en este momento los 30.000 ducados; algunos nobles importantes superaban esta cifra: el realengo era pobre mientras que abadengo y señorío registraban crecimiento. Pero el problema más grave venía de otra parte: las rentas de la Corona se hallaban afectadas por una creciente deuda pública cuyos títulos, llamados juros, generaban intereses que excedían en bastantes casos a los ingresos sobre los que se hallaban «asentados». Las dos Pragmáticas que se publicaron en Madrid en abril establecieron un primer límite a la situación: todos los juros vitalicios se extinguirían con la muerte del titular, sin que pudieran transferirse a otras personas; los hereditarios sólo podían ser recibidos por hijos legítimos.

De este modo se comenzaba a preparar el reajuste que operarían las Cortes de Toledo en 1480. Antes de que pudiera procederse a una nueva convocatoria surgieron problemas que obligaron a los reyes, esta vez por separado, a dirigirse a Extremadura y Andalucía. No vale la pena entrar en detalles pero sí nos conviene anotar las conclusiones a que llegó Fernando. Desde este momento, primavera de 1477, abrigó el convencimiento de que había que prestar atención preferente a Andalucía, revuelta y peligrosa como demostraban las noticias que llegaban de la frontera de Granada: Abu-l-Hassan, el emir al que llamaban rey, había saqueado Cieza, tomando por sorpresa a Caravaca, muy dentro del territorio enemigo. Era también la puerta que por Cádiz y Huelva se abría hacia el Atlántico, un espacio que había que devolver al patrimonio real. Entre 1476 y 1478 los andaluces habían hecho tres intentos, sin éxito, para alcanzar las costas de Guinea. Esto podía endurecer las relaciones con Portugal, poniendo en juego el destino de Canarias, resorte indispensable para la presencia castellana en el Al lántico.

Primera estancia en Sevilla

Volvemos a tomar el hilo que dejamos pendiente al fin del capítulo anterior. Cuando Fernando hizo su entrada en Sevilla el 13 de setiembre de 1477 fue acogido con mayores muestras de entusiasmo que las que se tributaran a su esposa el 24 de julio anterior. Había claramente la esperanza de que el monarca fuera capaz de restablecer el orden en aquella ciudad y su comarca, que habían sufrido mucho por los conflictos recientes. Bastaron, en efecto, pocos días, para que el duque de Medinasidonia y el marqués de Cádiz vinieran, en actitud de homenaje, a deponer sus querellas; los reyes tuvieron buen cuidado en conseguir que esto pareciera reconciliación más que sometimiento. Sin duda estaba tomada ya la decisión de que Cádiz y Gibraltar volviesen al patrimonio, pero sin prisas, garantizando primero las rentas y preparando las adecuadas compensaciones. En esta coyuntura Fernando e Isabel compartían una esperanza: iba a nacer un niño. Cuando la reina llegó a Sanlúcar de Barrameda, contemplando por vez primera el mar, quiso embarcar, pero el médico Lorenzo Badoç no se lo consintió; aquel embarazo, como ella misma reconocería más tarde, era consecuencia de una terapéutica que la devolvía a la normalidad. Nacería Juan y, después, otras tres infantas.

El rey permaneció en Sevilla hasta febrero de 1478, en que hubo de separarse de su esposa para atender a los problemas de la frontera norte, pero regresó pronto porque allí mismo, en los reales alcázares, frente a la Giralda, se produciría, el 30 de junio, el gran acontecimiento. La monarquía contaba con un heredero, Juan, a quien se impuso este nombre no porque coincidía con el de los dos abuelos —de haber reinado habría sido Juan III en todos los reinos—, sino por el apóstol que se identifica con el signo del águila. Hubo fiestas, procesiones y acciones de gracias, como corresponde a una gran monarquía. El rey y la reina, que se preparaban a cerrar una página negociando la reconciliación con Portugal, desplegaron entonces el lujo en sus ropas.

Se esperaban las noticias de Nicolás Franco, que había vuelto a Roma, con encargos importantes a los que hemos aludido: reforma del proceso inquisitorial, impulso a la restauración de la disciplina eclesiástica, nombramiento de obispos, recursos económicos para la guerra de Granada, y algunos más. Fernando había aceptado un compromiso pleno en la defensa del Mediterráneo enviando refuerzos a Rodas, disponiendo la fortificación de Malta y poniendo ya la atención sobre esa avanzadilla, Djerba, que en Castilla llamaban Los Gelves. Sobre la marcha había surgido un asunto vidrioso que iba a comprometer el crédito obtenido por los reyes: la vacante de Zaragoza.

Falleció el arzobispo de esta ciudad, Alfonso de Aragón, hijo bastardo de Juan II y el Papa quiso nombrar para esta vacante a Ausias Despuig, obispo a la sazón de Monreale, aunque se trataba de un miembro importante de la Curia al que se encomendaban asuntos españoles; la consecuencia sería que Zaragoza pasaría a ser sede de nombramiento directo al entrar en el caso de las vacantes «in Curia». Fernando y su padre —en esto no podía intervenir Isabel, que no era todavía reina de Aragón— decidieron que la solución más adecuada era entregar esta mitra a otro Alfonso de Aragón, uno de los dos bastardos de Fernando que hasta ahora hemos mencionado. Se trataba de un niño. La cuestión se envenenó porque ninguna de las dos partes que entraron en conflicto tenía razón. Roma trataba de poner las copiosas rentas al servicio de su propio gobierno central. Fernando y Juan II alegaban que para ellos era imprescindible contar con una persona de confianza, pero al escoger a un niño, bastardo por más señas, que necesitaba de legitimación, parecían demostrar que ponían por delante del bien de la Iglesia los intereses de la Corona. A la larga triunfaron, pero no puede decirse que fuese la suya una buena decisión.

En toda esta negociación había puntos de coincidencia entre ambos esposos; como explicó Isabel a Franco en una de sus conversaciones, ellos necesitaban intervenir en la selección a fin de que ésta recayera «en personas fiables a nos», ya que los obispados disponían de fortalezas, señoríos y jurisdicciones que afectaban a la vida de la monarquía. De un modo radical: en modo alguno podían aceptar el nombramiento de extranjeros que se limitaban a percibir sus rentas. Hilando más fino podríamos decir que se trataba de integrar la jerarquía en la nueva estructura del Estado que nacía: «cuius religio eius regio» podrían decir, anticipándose a Lutero, que invertiría los términos sin modificar el contenido de la frase. Todo esto fue apoyado con vehemencia por la Asamblea del clero que se reunió en Sevilla entre los días 8 de julio y 1 de agosto de 1478. A partir de aquí se produciría, en la práctica, una disyunción entre la reina y su marido, pues ella tendría cuidado en escoger personas idóneas por su conducta, mientras que Fernando cedería a veces por razones políticas. César Borja podrá ser arzobispo de Valencia y nunca de Sevilla.

Fernando asume la corona en Aragón

El rey permanecería al margen de las conversaciones de Alcántara entre Isabel y su tía la duquesa de Braganza (marzo de 1479), aunque fue puntualmente informado recabándose su confirmación. En ella se decidió la firma de una paz entre Castilla y Portugal (Alcaçobas-Trujillo, 4 y 27 de setiembre de 1479) que devolvía las relaciones al punto en que se hallaban según el acuerdo de Almeirim (1432) —cuyo texto se incluía— reforzándolo mediante acuerdos matrimoniales. Castilla cerraba el capítulo de las navegaciones al sur del cabo de Bojador, y se comprometía a respetar el monopolio portugués, garantizándose en cambio Canarias y, para Fernando, libre acción más allá del Muluya, es decir, el compromiso mediterráneo que él asumiera.

La muerte de Juan II (enero de 1479) había obligado a Fernando a emprender un viaje a los reinos orientales para tomar posesión de aquella corona. Los cinco reinos que la componían, Aragón, Cataluña, Valencia, Mallorca y Cerdeña, a los que había que sumar Sicilia, de la que desde hacía diez años ya era titular, se regían de acuerdo con el Ordenamiento de Casa y Corte de 1344, del que se conservan ejemplares en los distintos archivos. En ninguno de ellos, pero de una manera especial en Aragón y Cataluña, iba a poder Fernando desenvolverse con la libertad que en Castilla encontrara. Algunos de los impedimentos eran arcaísmos que sería conveniente remover, como la conservación de formas de servidumbre en la Cataluña «vieja» y en comarcas del alto Aragón. Por otra parte, el «pactismo» era aquí más riguroso proporcionando a las Cortes capacidad de resistencia ante el rey. La nobleza territorial era fuerte, sobre todo en Aragón y Valencia. Las rentas reales resultaban escasas —sólo un vigoroso impulso a su comercio podría incrementarlas— y las Cortes, integradas aquí por tres o cuatro brazos, estaban en condiciones de ofrecer mayor resistencia a las demandas del rey.

Fernando estaba decidido a mantener la estructura de sus reinos patrimoniales. Sería ocioso plantear la pregunta de si estaba de acuerdo con ellos; la prudencia era una de sus dimensiones fundamentales. Respetó incluso la esfera de poder de la Biga, sin pasarle la cuenta por la pasada rebelión. Esto nos ayuda a comprender hasta qué punto fue suya la iniciativa en la solución dada al conflicto castellano. Pero como todos estos reinos estaban pugnando para salir de dificultades, se vio obligado a buscar en Castilla los recursos que se necesitaban para llevar a término los grandes proyectos políticos que afectaban precisamente a la Corona de Aragón. Para reforzar la autonomía de estos reinos orientales, en 1494 se decidiría a desdoblar el Consejo Real en dos, el de Castilla y el de Aragón. Pero entonces se pudo ver que el primero era el más importante porque en él se tomaban las decisiones que afectaban a la monarquía. Esto nos ha conducido, a veces, a perspectivas erróneas: no es Castilla la que hace la unidad de España sino la monarquía.

Este viaje de 1479 a Aragón, Cataluña y Valencia permitió al rey tomar contacto directo con los problemas que afectaban a las relaciones de los reinos con la Corona, aunque no quiso tomar decisión alguna, ya que quería antes elaborar un programa como se proponía hacer en Castilla. Incremento del bandidaje, agudo conflicto social en las zonas rurales, desequilibrio (desgavell) a causa de la crecida deuda pública y declive del comercio catalán eran, sin duda, los más importantes. Dejó pasar dos años antes de firmar un documento, semejante al que él recibiera, otorgando a Isabel poderes iguales a los suyos (14 de abril de 1481). De acuerdo con la costumbre aragonesa, las mujeres podían transmitir derechos, pero no reinar. Sin embargo, no era la primera vez que se otorgaban a reinas poderes semejantes: Juana Enríquez y María de Luna significaban precedentes.

Desgavell

Los dos problemas más graves, aquellos precisamente que no admitían demora, se presentaban en Cataluña, guardando indirecta relación con los daños causados por la guerra. Las rentas ordinarias no permitían ni siquiera pagar los intereses a los títulos de la deuda pública que se llamaban censales. La decadencia del patriciado urbano bahía permitido el ascenso de la nobleza territorial y, sobre todo, de los primeros capitalistas, que manejaban los precios. La primera causaba una depresión jurídica en los campesinos, mientras que el segundo, al elevar costes en las manufacturas, hacía más precarios los rendimientos agrícolas. Los propietarios de tierras ocupadas por payeses de remensa procuraban el endurecimiento de los «malos usos» a fin de inducirlos a abandonar el suelo buscando libertad. Pero ese suelo era el único medio de vida de que disponían. Por eso querían que, suprimidos los vínculos, se les permitiera conservar la tierra. En 1481 los reves ya revelaron lo que pensaban al respecto: una pragmática, fechada en Guadalupe, reconocía la libertad completa de todos sus súbditos en Castilla declarándose extinta cualquier reliquia de servidumbre que pudiera subsistir.

En 1479 Cataluña podía definirse como el miembro enfermo de aquella monarquía. Sobre la depresión económica, agravada por insuficiencia agrícola y artesanal, pesaban dos factores ajenos: la arcaica estructura social que defendía un sector demasiado conservador, y las dificultades que padecía el comercio mediterráneo afectado por la piratería, cristiana y musulmana y por la expansión turca. De hecho, Valencia estaba desplazando a Barcelona de aquel primer puesto que durante siglos ocupara. Sin embargo, Fernando mostraría hacia aquélla un afecto e inclinación, fruto del nombre y de la brillante memoria, empeñándose en sacarla de dificultades. Algunas veces las medidas que fue adoptando han sido interpretadas como refuerzo del poder central y detrimento de las libertades del Principado. Es un juicio que Vicens Vives ya quiso rectificar: pues aquellas libertades no eran otra cosa que privilegios que favorecían a una muy reducida oligarquía.

La solución más urgente tenía que venir del enjugue de la deuda pública. Fernando consideraba injusto que el esfuerzo requerido por esta operación fuera a gravitar sobre los hombros de los no privilegiados. No podemos saber si, en 1479, estaba ya Fernando decidido a modificar las estructuras del gobierno interior o si las medidas posteriores fueron consecuencias del análisis de los problemas y de las propuestas de algunos relevantes bigaires como Jaume Destorrent. El máximo órgano de gestión en el Principado era la Diputado del generall, es decir, órgano de gestión para los ingresos procedentes de ese impuesto que se conocía con este nombre. Sus recursos estaban radicalmente dañados por el declive que experimentaran los negocios. El rey resultaba, en la práctica, ser simultáneamente acreedor y deudor de dicho organismo.

El municipio de Barcelona, más próximo al modelo de las señorías italianas que de los concejos españoles, se regía por la carta otorgada por Alfonso V en 1455, la cual establecía, para sus vecinos, cuatro categorías: patricios (ciutadans honrats y cavallers), mercaderes, artesanos (artistes) y menestrales. Por debajo quedaban los simples asalariados: manobres o bergants. Cinco consellers, anualmente renovados, se encontraban al frente del gobierno; de ellos dos pertenecían al primer estamento y uno a cada uno de los otros tres, de tal modo que mientras durase la alianza entre patricios y mercaderes su poder completo estaría bien asegurado. Ellos pilotaban un Consell de cent formado en realidad por 128 miembros, ya que se aseguraban 32 puestos para cada estamento. Los jurados, que representaban al Consell, elegían a los consellers, pero debe indicarse que estos últimos, a su vez, designaban a la mitad de los jurados. De modo que todo estaba atado, y bien atado, en beneficio de unas cuantas familias a las que el sistema electoral permitía monopolizar el poder. Ellas, por último, establecían la matrícula, es decir la lista de personas a las que se consideraba adecuadas para el desempeño de los oficios.

El patriciado catalán, protagonista de la Biga y responsable de los graves acontecimientos que comenzaran en 1463 —sería injusto otorgarle la exclusiva—, tenía conciencia de que este sistema favorecía la prosperidad del Principado; de modo que las causas del desequilibrio tenían que buscarse en otra parte. En su primer viaje, Fernando, que había gastado tiempo en Zaragoza, permaneció en Barcelona sólo veintitrés días del mes de setiembre. Se limitó a escuchar tomando notas, aun con riesgo de defraudar muchas expectativas. Publicó únicamente una pragmática disponiendo la devolución de cuanto fuera arrebatado al patrimonio real y el abono de todas las deudas pendientes, incluso aquellas que pudieran ser consecuencia de los «malos usos». Dejaba, pues, en el aire, la solución del gravísimo problema remensa; a él tendría que enfrentarse, no tardando mucho, el lugarteniente general que fue nombrado el 11 de noviembre de 1479. Se trataba de nuestro conocido Enrique «Fortuna». Un nombramiento que nos permite jugar con la imaginación: si se hubieran cumplido los pactos de 1473, la Excelente Señora estaría ahora en su palacio de Barcelona y no en un convento de clarisas en Coimbra. Permanecería en el oficio hasta 1496 en que fue trasladado a Valencia.

Desde abril de 1479, uno de los oficiales de confianza de Fernando, Guillem Sánchez, experto en cuestiones financieras, se estaba encargando de reunir datos. Entregó su informe en el mes de julio, adoptándose entonces las decisiones principales: a) buscar el entendimiento con los consellers y la Biga, olvidando viejos resquemores de guerra, y b) proceder a los reajustes necesarios para obtener el recobro (redreç) de la deuda. Se impuso una demora en dar solución al problema remensa, con irritación de los payeses, se suspendió la competencia de la Corte regia en los conflictos en relación con los censales, y se transfirieron pedidos de armas ya cursados a Vizcaya y Guipúzcoa para encomendarlos a empresarios catalanes. No era posible devolver los bienes confiscados a personas particulares durante la guerra civil, como era deseo del rey, que pasó sin embargo a evaluar las oportunas compensaciones. Para todo esto necesitaba obtener nuevos subsidios, de modo que la reforma pasaba a depender de las Cortes.

No cabían engaños ni falsas interpretaciones. Con excepción de Valencia, a la que favorecía la mayor apertura del comercio castellano, haciendo más flexible el control de la deuda pública, los reinos de la Corona de Aragón atravesaban serias dificultades coyunturales, por las malas cosechas y la audacia de los piratas berberiscos, y sobre todo estructurales que afectaban en realidad a toda la cuenca del Mediterráneo. En 1480, como luego veremos, los turcos estuvieron a punto de crear una cabeza de puente en Italia (Otranto). Como sucede normalmente, los coetáneos dieron más importancia a las primeras que a las segundas, demandando correctivos. Con independencia de esto hay que señalar que Cataluña contaba con problemas adicionales: el bandolerismo se mezclaría pronto con las revueltas de los remensas; la ocupación francesa de los condados pirenaicos afectaba al espacio territorial; y un minúsculo sector rebelde, acaudillado por Hugo Roger, conde de Pallars, sostenido por Francia, se negaba a aceptar las propuestas de perdón.

Cortes de Toledo de 1480

Mucho más fácil era afrontar los problemas de reordenación en Castilla, la cual podía servir además como modelo de lo que se debería hacer con los otros reinos de la monarquía. Fernando, concluida su ronda por los tres reinos, decidió regresar al lado de su esposa para tomar el ritmo correspondiente a la hora de la paz.

Podemos con toda verosimilitud suponer que había decidido dar, por este orden, los pasos siguientes: primero acometer con las Cortes la consolidación, con pocas novedades y mucho fortalecimiento, de los reinos castellanos para después, desde esta experiencia, emprender los reajustes que se necesitaban en los de la Corona de Aragón. El eje conductor estaba, en todo caso, en las Cortes. Es seguro que, en estos momentos, y tomando como ejemplo las castellanas, cuya unidad daba vigor, aspiraba a que las de Aragón, Cataluña y Valencia, sin llegar a fundirse, aceptaran celebrar sus sesiones simultáneamente en un mismo lugar.

La nobleza, acogida a los acuerdos que, con cada uno de los linajes, se habían concertado, en nombre de Isabel, desde luego, pero con mucha inspiración de Fernando, se había consolidado como verdadero cuerpo político. Ahora resultaba imprescindible definir y coordinar, desde la más alta función legislativa, las instituciones que significaban el poder real. Las Cortes de Toledo de 1480 iban a encargarse de la operación. En ellas, con talante constitucional —se trataba de explicar cómo estaba constituida la monarquía y no de cómo debía constituirse en adelante— se abordarían tres importantes problemas, entre otros: el de los ingresos que correspondía percibir a la Corona, estabilizándolos además al fijar definitivamente los precios de la moneda fina; el de las relaciones entre la jerarquía eclesiástica y la Corona; y la elevación, al plano legislativo de los convenios que se habían logrado con los linajes nobles. Manteniendo relaciones personales con algunos miembros de esta alta nobleza, Fernando se proponía evitar que volvieran a constituirse Ligas o partidos. No debe olvidarse que en este diálogo entre rey y reino que las Cortes significan, la alta nobleza aparecía instalada al lado del rey, pues las Cortes, en Castilla, eran solamente reuniones de representantes del tercer estado.

Poco antes de que las Cortes iniciaran sus sesiones o durante ellas, presente ya don Fernando, se ataron los últimos hilos con aquellos linajes, Stúñiga y Pacheco, que ejercieron protagonismo en el desencadenamiento de la guerra. Insistamos una vez más en que no se trataba de castigos ni de represalias. Pero es indudable que, al verse obligados a restituir algunas partes del patrimonio que se consideraban indebidamente enajenadas, y a tornar a lilas mientras otros nobles se alzaban, se produjo en ellos un resentimiento que veremos aflorar después de la muerte de la reina. Fernando aplicó el procedimiento de no hacer diferencias entre vencidos y vencedores, aunque lógicamente las pérdidas de los que abusivamente se habían beneficiado de los últimos años de Enrique IV tuvieron que pagar un precio más alto. Mientras vive Isabel, acaso por influencia de ésta, castellana y más cordial en el mantenimiento de relaciones, este rechinar de dientes permaneció en silencio. Hubo regiones como Galicia, en donde los enfrentamientos fueran más duros obligando a los reyes a tomar medidas que podrían ser calificadas de rigurosas. Esto basta para hacernos comprender que en Fernando la clemencia no era otra cosa que prudente resolución.

Retrasadas en dos ocasiones, las Cortes de Toledo se iniciaron en noviembre de 1479 y permanecieron reunidas hasta mayo de 1480. Viniendo de sus reinos orientales, Fernando había hecho una aparatosa entrada en la ciudad imperial el 24 de octubre: en su séquito figuraba un elefante, regalo que trajeran embajadores chipriotas que, con atuendos orientales, también figuraban en el cortejo. Estaban llegando los procuradores de las catorce ciudades y villas que tenían reconocido el «voto en Cortes»; algunos de ellos como Gómez Manrique o Rodrigo de Ulloa eran altos oficiales de la Corte. Las ciudades los escogían precisamente porque esperaban valerse de su influencia. De hecho tenemos constancia de que, con ocasión de esta Asamblea, algunas ciudades obtuvieron grandes ventajas, en especial en orden a la recuperación de sus alfoces. Las remuneraciones otorgadas a los procuradores, entre 70 y 150 mil maravedís, variaban de acuerdo con su calidad personal.

Dentro de la panorámica general de la monarquía, las Cortes de Toledo, término de llegada para un proceso que se iniciara a mediados del siglo XIV, pueden considerarse como verdaderamente constituyentes. En ellas se elaboró un programa que sería puesto en ejecución en los años siguientes. El largo Ordenamiento que entonces se promulgó, enriquecido luego por medio de pragmáticas, trataba de explicar cómo se hallaba construido el reino y hacia dónde debía dirigirse. Durante todo el reinado se hacen referencias a él, como al de Alcalá de 1348, como doctrina política fundamental, a la que se habían incorporado ya las Partidas en su mayor parte. No debemos incurrir en el error que se trataba de un trabajo directo de los veintiocho procuradores, aunque las peticiones presentadas por éstos también se incorporaron al documento. El trabajo esencial recayó en cuatro personas, fray Hernando de Talavera, Gonzalo García de Llerena, Francisco Fernández de Sevilla y Alfonso de Quintanilla, las cuales gozaban de la confianza del rey y de su esposa.

La recuperación de la deuda

Lo mismo que en la Corona de Aragón, el saneamiento de las rentas se presentaba como tarea principal. Debía conseguirse que la Corona viviera de sus propios ingresos, ya que las ayudas y servicios iban a ser dedicados al sostenimiento de la Hermandad. En este saneamiento entraban dos objetivos que ya fueran señalados por Fernando en algunas de sus intervenciones: enjugue de la deuda subsistente y estabilidad en los precios de los metales preciosos. En aquellos momentos el montante global de la deuda era de 62 millones de maravedís, distribuidos en juros, nombre que se daba entonces a las obligaciones del tesoro, tanto vitalicios como hereditarios, cuyos intereses se hallaban situados en determinadas rentas de la Corona, ahogándolas. No era raro que lo recaudado en ellas fuera insuficiente y entonces el rédito tenía que prorratearse entre los propietarios. Una cifra muy considerable si la ajustamos al presupuesto real. En 1477 las alcabalas y tercias, principal ingreso que podía proporcionar holgura a los reyes, caso de ser recobrado, rendimiento directo, sólo habían rentado 27 millones; y eran los dos ingresos principales.

Medida de emergencia, las Cortes votaron una ayuda extraordinaria de 104 millones. Esos cuatro, que forman una especie de apéndice, eran el equivalente de las gratificaciones de los procuradores. Muchas cuestiones, en apariencia incidentales, aunque en realidad se correspondían con la naturaleza del reino, nos ayudan a situamos en el ambiente. Durante estas Cortes el converso Andrés Cabrera, junto con su esposa Beatriz de Bobadilla, fueron investidos marqueses de Moya; era un medio de demostrar que la condición de cristiano nuevo no debía impedir el acceso a los primeros niveles de la nobleza. De modo que el antijudaísmo de Fernando apuntaba a razones religiosas, no étnicas. Sirviéndose de conversos como los Santángel o los Cavallería, reforzaba su tesis de que a los judíos convenía recibir el bautismo. Aún no había Inquisición, pero un alquimista que servía a las órdenes del arzobispo Carrillo fue juzgado como brujo y quemado vivo. Las Cortes iban cobrando dimensiones políticas nuevas. Se confirmaron en ellas las paces recientemente firmadas con Portugal y otros instrumentos diplomáticos. En un acto solemne y prolijo se procedió a bendecir los estandartes de la Orden de Santiago, porque la guerra de Granada debía comenzar.

Nada tan importante como la estabilización de precios en la moneda de oro y plata y las «declaratorias en relación con los juros». Estamos en presencia de dos de las dimensiones esenciales del pensamiento político de Fernando; ensayadas con éxito en Castilla, trataría de llevarlas a sus reinos patrimoniales de la Corona de Aragón. La riqueza de la comunidad que llamamos reinos debe medirse por las reservas de metales preciosos que consigue acumular, ya que éstos son valor en sí y referencia para todos los demás y no simple instrumento de cambio. En consecuencia se prohibió rigurosamente su salida, pudiéndose llegar a la pena de muerte cuando ésta sobrepasaba la cifra de 244.000 maravedís. Naturalmente, era posible conseguir licencias por servicios a la Corona lo mismo que sucedía con el trigo, los caballos y las armas.

El 28 de enero de 1480 fue promulgado el Ordenamiento que fijaba los precios de las monedas: 960 maravedís el excelente y 480 —exactamente la mitad— el castellano de oro; 365 la dobla de la banda; 265 el florín del cuño de Aragón; 375 el ducado o su equivalente cruzado portugués. El real de plata valía 31 maravedís. Estas cifras se empleaban en todas las operaciones mercantiles de largo alcance. Como estos precios se mantuvieron durante todo el reinado de Fernando, puede decirse que éste consiguió, con la estabilidad, uno de sus objetivos principales. No se alteró ni siquiera en tiempo de dificultades por causa de la guerra.

Los juros reclamaban una previa declaración de legitimidad. Se había aceptado por el Consejo Real, a iniciativa de los reyes, que ésta correspondía a Enrique IV y no a Alfonso, de modo que los otorgados por éste eran en principio nulos, mientras que los otorgados por el rey, aunque confirmados en principio, debían someterse a revisión hasta aclarar si se habían obtenido correctamente. Importa mucho destacar este punto que, a veces, olvidamos: Isabel y su esposo cifraban su legitimidad en haber sido reconocidos por Enrique IV primero en Guisando y después en Segovia, reclamando la sucesión y no la corona hasta su fallecimiento. Se produjeron en las Cortes de Toledo grandes reducciones en los juros sin que podamos decir que los que figuraban en el bando vencedor se vieran especialmente favorecidos. Se arbitró un sistema de amortización que permitía, por ejemplo, eliminar los títulos que se hallaban en poder de las ciudades. Algunos partidarios de doña Juana, como es el caso de Pedro de Mendaño, alcaide de Castronuño, vieron mermados sus juros hasta el 86 %, pero en este caso concreto se trataba de uno de los peores ejemplares de caballeros bandidos. Los partidarios de Isabel, poco favorecidos en los años finales del reinado anterior, experimentaron reducciones entre el 30 y el 50 %. En conjunto la operación fue considerada como un éxito, por parte de Fernando, y un precedente de lo que convenía hacer en los otros reinos. Alivio de deuda que anunciaba la tendencia a su supresión. Pero la propiedad de los juros también obtuvo alguna singular ventaja, pues en adelante los intereses devengados serían reales.

El memorándum constituyente

Las Cortes confirmaron la estructura institucional tripartita que, siguiendo los precedente del Ordenamiento de Casa y Corte de Pedro IV (1344), se había establecido en Castilla por los primeros Trastámara. Se incrementó, sin embargo, el número de jueces titulares, hasta once en la Audiencia o Chancillería y diez en el Consejo. Aunque no entraba en sus proyectos modificar la estructura de las Cortes, a las que sólo diecisiete ciudades y villas tenían reconocido el derecho a asistir, Fernando e Isabel estaban convencidos de que, por su estructura oligárquica, no bastaban para asegurar el diálogo necesario entre rey y reino. Por eso impulsaron durante estos años la Junta General de la Hermandad que garantizaba más amplia representación.

De este modo la monarquía comenzaba a presentarse como primera forma de Estado, asentada sobre una doble legitimidad, la de origen —en Fernando e Isabel confluían finalmente todas las ramas dinásticas— y la de ejercicio consistente en el respeto a los usos y costumbres que en cada reino seguían vigentes. Todos aquellos reinos formaban ahora la mayoría absoluta de la nación española, tal y como se presentara en los Concilios de Constanza y Basilea, tendiendo a tomar su nombre. Cada reino, con la salvedad de Mallorca, en donde nunca fueron convocadas, se caracterizaba por tener unas Cortes, un Fuero o uso, y un espacio donde se consideraban naturales los miembros de la comunidad. Los cronistas de cualquier origen y el propio Fuero de Navarra insistían en poner el comienzo en Roma y en la monarquía toledana —argumento que, como dijimos, empleó la Diputació de Barcelona en 1463—, aunque esta primera España se hubiese perdido el 711. «Perdida» y ahora «recobrada». El hecho de que Fernando coronase la hazaña, subiendo a la Alhambra, le convertía muy especialmente en un restaurador. Sin embargo no quería forzar las cosas: la unidad de España que se iba consiguiendo le parecía compatible con la permanencia de las singularidades administrativas. Cuando Navarra corre el riesgo inminente de verse supeditada a Francia tomará la decisión de expulsar a los Foix/Albret incorporándola a la corona de Castilla, pero sin mermar un ápice su condición de reino.

Con insistencia, siguiendo una línea política que databa de mucho tiempo atrás, se buscó, mediante matrimonios, el acercamiento a Portugal, buscándose de manera muy clara la unidad dinástica, aunque también es posible que se perfilara una futura unidad como aquella que, sin duda, se habría conseguido en el caso de que Miguel no hubiera muerto prematuramente. Ese tronco dinástico, que desempeña papel más importante del que, a menudo, le atribuimos, es presentado por Alfonso de Cartagena o Diego Rodríguez de Almela como continuidad, sin interrupciones, desde Khindasvinto. La herencia lingüística romana sería también recordada por Nebrija cuando invitaba a convertir al español en «lengua de imperio».

El 6 de febrero de 1480 los procuradores presentaron un memorándum, en cuya redacción, sin duda, intervinieron importantes miembros del Consejo, al cual yo no dudaría en considerar como un texto constitucional. Se definían, ante todo, las funciones reales, atribuyendo en ellas una perfecta igualdad a Isabel y a Fernando; de modo que éste era titular en Castilla junto con su esposa; una línea que las Cortes ulteriores trataran de mantener. Las obligaciones primordiales de la función de reinar obligaba a los monarcas a dividir su tiempo en tres partes: la primera para el servicio de Dios, la segunda para el cuidado de los súbditos y la tercera para ellos mismos. Se descendía luego a fijar las condiciones que caracterizan un buen gobierno: asegurar el funcionamiento del Consejo y de la Audiencia, proveer de buenos oficiales la administración del realengo, poner orden en el comportamiento del clero, ya que de él depende la salud espiritual del reino, remediar las deficiencias económicas, sanear el patrimonio real, guardar el orden público, garantizar a todos los naturales derecho de apelación en la justicia, y «estar poderosos en la mar como en la tierra». De todo ello tomó Fernando buena nota; sus acciones de gobierno en la monarquía española responden a dicho programa y, desde él, deben ser juzgadas.

Algunos de los consejeros, en este momento en que se consumaba la unión entre Castilla y la Corona de Aragón, propusieron a sus soberanos que tomaran título de reyes de España pero ellos rechazaron la idea. Hay dos supuestos para explicar esta negativa: aún no ejercían la soberanía sobre todos los reinos peninsulares —tal es la opinión de J. Antonio Maravall— o podía resultar poco agradable para sus súbditos orientales. Vicens Vives insiste en tener en cuenta el compromiso seriamente asumido desde el principio de respetar la identidad de cada reino. Esto no significa que Fernando renunciara a conseguir un fortalecimiento de la potestas inherente a la corona. No podemos hablar de absolutismo, aunque sí de autoritarismo: todas las instituciones funcionaban con un alto grado de autonomía pero al rey correspondía decir la última palabra. No olvidemos que, para Fernando, la moral cristiana y los usos y costumbres propios de cada reino formaban la barrera que no se debía franquear. Reservaba para sí la alta decisión en la justicia, incluyendo en ella la Inquisición, ejercida a través del inquisidor general, la diplomacia y el mando del Ejército.

Hasta 1494 los reyes conservaron un solo Consejo, como si éste fuese un apéndice de la Corona, que era única. Pero el 18 de setiembre de este año se creaba el Supremo Consejo de Aragón, rematándose de este modo el proceso de objetivación de la administración. Se estaba planteando una disyunción en las funciones asignadas porque el Consejo se ocupaba de los asuntos generales y de la justicia en grado de apelación ante la persona del soberano. Con el tiempo, la especialización de funciones dando origen a Consejos diversos prepararía la polisinodia que es característica de la Casa de Austria.

Como principio básico para la conformación del nuevo Estado aparece la unidad religiosa. Las Cortes de Toledo insistieron también en esta dimensión, que sería la escogida por Lutero, aunque invirtiendo los términos; porque el fundador del protestantismo formuló el principio «cuius regio eius religio», mientras que los Reyes Católicos habrían podido decir «cuius religio eius regio». De modo que ese título que les otorga con carácter hereditario el Papa Alejandro VI no es mero calificativo sino una condición que permanecería hasta el término de la monarquía en el siglo XIX. De Isabel I a Isabel II. A ella se declaraban sometidas las leyes.

Los reinos de la Corona de Aragón contaban con leyes codificadas desde antiguo. Para Castilla, las Cortes de Toledo dispusieron que Alfonso Díaz de Montalvo realizara una recopilación; así nació el famoso Ordenamiento que lleva su nombre, inmediatamente impreso en un volumen de 256 folios. La base jurídica, aquella que venía a sellar el pacto entre rey y reino, no podía ser cambiada, aunque sí enriquecida por medio de Ordenamientos y Pragmáticas que, elaborados por el propio Consejo, eran promulgados por los reyes. No puede olvidarse que Fernando, en varias ocasiones, explicaría su convicción de que el principal deber de un rey consiste en obtener para sus súbditos la vida eterna. Tenemos que insistir una vez más en que la diferencia en el orden de valores con nuestro tiempo era radical.

Se respiraba, entre los procuradores, un espíritu adverso hacia los judíos, considerados responsables de muchos males, el principal de todos atraer a los conversos, cristianos «nuevos» a sus antiguas prácticas mosaicas. Completando las disposiciones que, en orden a los préstamos, adoptaran las Cortes de Madrigal, estas de Toledo volvieron a poner en vigor dos normas que, desde el IV Concilio de Letrán (1215), garantizaban la separación entre comunidades: los judíos tendrían que portar una rodela amarilla sobre su ropa exterior y recluirse en barrios suficientemente apartados de la población cristiana. Las ciudades iban a poner mucho entusiasmo en el cumplimiento de estas medidas, asignando a los hebreos recintos insalubres, estrechos y poco adecuados. Un problema con el que no tropezaría Fernando en sus reinos patrimoniales donde los judíos eran ya pocos y las dos principales aljamas, Barcelona y Valencia, habían sido barridas en 1391.

La estructura social

Fernando, al convertirse de hecho y de derecho en rey de Castilla —una condición que le sería arrebatada por Felipe el Hermoso a la muerte de Isabel— se encontró al frente de una potencia humana y económica que superaba a las demás de Europa, excepto Francia; por esta razón, probablemente, tuvo fuerte preocupación por las relaciones con este reino. Sin duda tiene razón Maravall cuando dice que fue capaz de crear una forma primitiva de Estado, que precede necesariamente a las que vinieron después. También surgió una lengua como vehículo de unidad; así la presentó Nebrija en 1492 al hacer entrega a los reyes del primer ejemplar de su Gramática. Abriéndose a otras influencias y ajustando su léxico, el castellano se convertía en lengua española, común para todos los moradores. Germán Bleiberg añade que se trataba de un instrumento común, como fuera en tiempos el latín, pero no un obstáculo para que las distintas hablas se siguieran practicando.

De acuerdo con los análisis puntuales de Felipe Ruiz Martín y M. A. Ladero Quesada, la superioridad desmesurada de Castilla, tanto en el espacio —385.000 km² frente a 110.000— como en el número de habitantes —4.300.000 y 865.000, respectivamente— sobre los otros reinos peninsulares de la Corona de Aragón, constituyó para Fernando un serio problema. ¿Cómo mantener un equilibrio de poder entre ellos? Aunque las cifras que manejamos no son radicalmente exactas, la proporcionalidad entre ellas responde a una realidad. Esta población estaba desigualmente repartida y, a la inversa de lo que ocurre en nuestros días, era más densa en el interior que en la periferia. Ello no obsta para que las dos ciudades más populosas, Sevilla y Valencia, fuesen puertos de mar. Barcelona había sufrido un fuerte declive.

El gobierno conjunto de Fernando y su esposa se caracteriza por la tendencia a la estabilización social. Concluido el largo tiempo de las guerras civiles, la promoción de la pequeña o mediana nobleza quedaba referida a logros en el exterior o al estricto servicio al monarca que alcanzaba a pocos. La unidad, en la vasta comunidad política, venía proporcionada por la fe, mientras que la diversidad correspondía a los estamentos. Un estamento no es una clase económica; marca simplemente la diferencia de funciones. Así, orar y enseñar es el caso de los eclesiásticos, combatir y administrar el de la nobleza y producir bienes el de los ciudadanos. Las diferencias económicas en el seno de cada estamento eran muy grandes. En una época en que abundaban los hijos ilegítimos, la clave social radicaba en la familia; era ella la que proporcionaba dignidad en el linaje y bienes patrimoniales. De ahí el esfuerzo, a veces muy costoso, de los personajes más potentes para legitimar a los descendientes que llegaban por línea torcida. Fernando no es la excepción respecto a esos dos bastardos conocidos, Alfonso y Juana. Claro es que por mucha legitimación que se consiguiese, ese desvío a la izquierda de los escudos no podía borrarse. Algo parecido sucedía con el adulterio: tolerado y hasta ensalzado en el caso del varón, se condenaba duramente en el de la mujer, porque atentaba a la esencialidad de la familia.

Los tres estamentos constituían numéricamente una minoría. La gran masa de población estaba formada por campesinos o trabajadores asalariados, si bien entre los «villanos» se registraban grandes diferencias económicas, pues los recursos de que disponían aquellos que eran llamados «labradores» o «ganaderos» superaban a los de la pequeña nobleza o bajo clero; no era raro que se apellidase «rico» a alguno de ellos. Pedro Crespo, el alcalde de Zalamea, responde bien a este modelo. Todavía sobrevivían, en regiones apartadas, vestigios de la antigua servidumbre pero, salvo en el caso de los remensas, que ya hemos apuntado, carecía de importancia.

La nobleza en Castilla y en Aragón se había consolidado dentro de las normas del señorío jurisdiccional, que aseguraba crecidas rentas a los primeros linajes, con título de conde, marqués o duque. Sin embargo, el desenvolvimiento económico de estos «grandes» tropezaba con serias dificultades. El mayorazgo impedía la fragmentación del señorío, pero arrojaba sobre las espaldas de sus titulares pesadas obligaciones, ya que a ellos correspondía sostener y promover a los hermanos menores, así como constituir la dote de las mujeres. Con mucha frecuencia se veían aquejados por deudas. Además las presiones de los reyes obligaban a hacer fuertes inversiones en «juros» que no siempre resultaban rentables. Ladero ha podido comprobar que la Casa de Mendoza, como consecuencia de las ayudas a la guerra de Granada, tenía «situados» cinco millones de maravedís, que quedaban de este modo inmovilizados. La pequeña nobleza tropezaba con grandes dificultades: la guerra y las aventuras exteriores cifraban su esperanza en prosperar.

CAPÍTULO IV

EL PESO DE LA HERENCIA ARAGONESA

Los esquemas mediterráneos

Fernando no podía olvidar que, ante todo, estaba destinado a recibir esa herencia, Corona de Aragón que se ordenaba como un camino de islas o rutas de las especias, sobre el mar Tirreno. Los castellanos participaban en este vasto mundo como comerciantes, piratas o ambas cosas a un tiempo. Desde 1468, él y su esposa usaban título de reyes de Sicilia, lo que significaba acceso a sus rentas y también a los gravísimos problemas de la defensa del Mediterráneo. Desde esta perspectiva hubo de enfrentarse con un gravísimo problema: Castilla era tradicional aliada de Génova —sus banqueros, Centurione, Grimaldi, Spinola estaban fuertemente arraigados en Sevilla—, mientras que la Corona de Aragón, desde principios del siglo XIV, era la más firme aliada de Venecia. Ahora bien, entre ambas Repúblicas reinaba la más arraigada hostilidad que cabe imaginar. Heers y Pontieri comprueban documentalmente que eran pocos los barcos genoveses que visitaban Barcelona o Valencia y los comerciantes de esta nación que acudían a Mallorca preferían servirse de transportistas vizcaínos. La cuestión genovesa se planteaba desde un ángulo todavía más agudo, ya que los nuevos reyes de Nápoles, mantenidos dentro de la esfera de influencia catalana, también tenían problemas. Era imprescindible lograr una normalización en las relaciones dentro del ámbito mediterráneo pero, para ello, había que conseguir la reconciliación entre genoveses y venecianos.

Luego estaban los intereses de Sicilia, bastión de Occidente frente a las amenazas turcas y puente para las relaciones con la que se llamaba Berbería de Levante, asignada a Fernando en los acuerdos de Alcáçobas. El trigo siciliano se hallaba en la base de esta política, pues regulaba los precios en todo el Mediterráneo: podía ser vendido en el norte de África exigiendo un pago exclusivamente en oro y emplearse también en forma de subsidio para reforzar vínculos con los aliados. Más allá surgían Malta y Rodas, bastión este último de la Orden de San Juan, que era imprescindible sostener. Al principio asomaban, por todas partes, dificultades que parecía imposible superar. Durante la guerra de sucesión, Génova había prestado apoyo a Portugal. Se inclinaba más y más bajo la influencia francesa. Y entre genoveses y catalanes las relaciones podrían calificarse más de guerra que de otra cosa. No hemos de olvidar que los combates en el mar dejaban secuelas de crueldad que no se conocían en tierra.

Después de Toro, Fernando envió a Génova a Álvaro de Nava, operando como un representante exclusivamente castellano. Tenía que enmendar el error de la señoría al desconocer su legitimidad y llamar la atención sobre los perjuicios que a sus propios naturales causaba. Tuvo cierto éxito. Los monarcas castellanos confirmaron de antemano todas las salvaguardias de que gozaban los genoveses en sus reinos. El 25 de setiembre de 1478, licencias bastante semejantes se concedieron a los comerciantes de Marsella. Se comprende bien la satisfacción con que recibió la noticia de que su padre Juan II († 19 enero 1479) hubiera concertado una tregua con Génova que él confirmó el 4 de febrero, antes de tomar posesión firme de esta Corona. No le complacía, en cambio, que en la misma se incluyera a su primo, Ferrante de Nápoles. No quería que éste, erigiéndose en protagonista —a fin de cuentas se trataba de un bastardo— pudiera alterar el equilibrio en Italia.

De cónsules y de piratas

La línea de conducta que estaba dispuesto a seguir aparece bien clara en el momento en que asume la Corona de Aragón. Una de sus primeras órdenes fue dirigida a que se pregonase solemnemente en Barcelona la confirmación de las treguas con Renato de Anjou y el marquesado de Provenza, acompañándolas de las acostumbradas licencias mercantiles. Intentaba llevar al ánimo de sus súbditos catalanes el convencimiento de que el recobro de la prosperidad se vinculaba a la paz con desarraigo de la piratería en el Tirreno. No se desanimó porque su primera propuesta de crear una flota de vigilancia conjunta, en línea con los deseos de Sixto IV, no llegara a cuajar. Escribió a Luis Despuig, maestre de Montesa, que «con el tiempo, todo se proveerá a nuestro servicio».

La piratería era una actividad en la que todos participaban. Vascos y andaluces tenían ahora más facilidades para hacer de las suyas en el Mediterráneo. Un caso muy singular: en enero de 1480 Fernando ordenó al asistente de Sevilla que persiguiese a dos marinos de Palos que habían robado un ballenero frente a las costas de Ibiza. Una noticia entre tantas si no constatásemos que se trataba de Martín Alonso y Vicente Yáñez, los Pinzones que limpiarían su hoja de servicios descubriendo América. También se detecta la presencia de barcos castellanos en el Mediterráneo oriental. Para muchos, la guerra, lejos de ser un mal, era un negocio bastante lucrativo. El botín de los corsarios era sin duda muy cuantioso.

En 1480 el Rey Católico que, como ya advirtiera Doussinague, no perdía de vista que la Corona de Aragón, como el antiguo Imperio romano, tenía su centro en el mar y no en la tierra, consideraba que ese espacio esencial, Tirreno, estaba amenazado no solamente por las querellas internas, fuente para las piraterías, sino de una manera especial por los turcos: desplomada la resistencia en los Balcanes, Italia parecía hallarse en primera línea. La cooperación económica castellana, para mantener con vida próspera ese comercio, resultaba esencial. Volviendo a la demanda que en su día hiciera Pedro IV el Ceremonioso reclamó para catalanes y valencianos disfrute de los privilegios que a la nación española estaban reconocidos. En octubre de 1484 Juan Albanell aparecería en Londres con cartas del rey ordenando a priores y cónsules aceptar a los nuevos súbditos en igualdad con los castellanos. Al mismo tiempo, los resortes económicos que Castilla proporcionaba estaban ya desempeñando papel importante en los armamentos militares que se emplearían en el Mediterráneo.

El predominio catalán se hallaba ya garantizado mediante los consulados, algunos de los cuales databan de mucho tiempo atrás y a los que se encomendarían funciones cada vez más amplias en relación con todos los súbditos de la Corona de Aragón: Génova, Venecia, Florencia, Roma, Gaeta, Castellamare, Salerno, los puertos del norte de África y, finalmente, Alejandría, marcaban lo que podía llamarse ámbito mercantil catalán. También los castellanos estaban estableciendo ahora consulados para hacer que el comercio en todo el Mediterráneo occidental se apoyara en fuertes bases. La dificultad, en principio, muy seria, venía de otros lados. Conflictos políticos internos entre las potencias cristianas amenazaban de un modo constante. Juego de intereses. Todo el litoral africano y, de momento, también el granadino, eran musulmanes. Con los emires norteafricanos podía haber un entendimiento económico pero nunca político o religioso, lo que impedía firmar tratados de amistad. El rescate de cautivos era uno de los aspectos esenciales de la actividad mallorquína.

Recoge E. Belenguer una noticia que hemos de considerar reveladora. En 1482 los reyes, en compañía del príncipe de Asturias se hallaban en Teruel en la fiesta de los Reyes Magos. En medio de la alegría reinante, un juglar de la Corte entonó una canción que se conecta con la famosa leyenda del murciélago a que nos hemos referido: «Hállase por profecía, de antiguos libros sacada, que Fernando se llamaría, aquel que conquistaría Jerusalén y Granada». Aquí estaban los dos extremos esenciales en el sueño político que entonces comenzaba. Durante un decenio, hasta que en la misma fecha de 1492 sus estandartes batan el viento entre los jardines de la Alhambra, Fernando, marcado por el nombre de aquel abuelo a quien todos llamaban «de Antequera», se entregará a esa empresa —«si tú quisieses Granada…»— sin olvidar nunca las conversaciones con el nuncio Nicolás Franco en Sevilla. Pues esa guerra era parte de la defensa global de la Cristiandad frente al Islam.

Es cierto que Granada es dimensión política castellana, devolver a Andalucía su unidad, restableciendo o destruyendo la reserva que se creara en 1235, pero desde una perspectiva catalana, o más amplia si se quiere, significaba la desaparición de la poderosa cabeza de puente musulmana sobre la Península. La decisión de reanudar la guerra, cuarta desde 1407, suspendida por medio de treguas y nunca de paz, se anunció con cierta solemnidad en las Cortes de Toledo de 1480, aunque es posible que estuviera tomada mucho antes. Tampoco estamos muy seguros de cuáles fueran los objetivos finales señalados, pues la primera demanda fue la de una sumisión sujeta al pago de parias y demás obligaciones acordadas doscientos años atrás con el primer nasri.

Granada no era un reino como normalmente decimos por comodidad interpretativa sino una reserva musulmana con cierta autonomía en su gobierno, otorgada por Fernando III al concluir la Reconquista. Pudo luego romper estos lazos de dependencia ayudada por los benimerines, aunque esta situación nunca fue reconocida por los monarcas castellanos que, al otorgar treguas, reclamaban siempre una fuerte indemnización compensatoria de los tributos impagados. Nunca se firmaron documentos que admitiesen la independencia. Según el romance, Fernando comenzó reclamando las parias a Abu-l-Hassan Alí, el cual contestó que ya no se labraban monedas sino alfanjes. En 1479, apenas reconocido como rey de Aragón, Fernando supo que las aljamas de estos reinos se habían dirigido al Soldán mameluco de Egipto diciendo que estaban siendo perseguidas y debía venir a ayudarlas. Por consiguiente, como Zurita ya percibiera, aquella Corona tenía tanto interés como la de Castilla en la supresión del reducto musulmán.

Muerte de Leonor de Navarra

Antes de emplearse a fondo en dicha guerra, Fernando tenía que dejar resueltos algunos problemas que podían complicar las cosas en su retaguardia. No podía continuar la política de su padre que, en ciertos aspectos vitales, juzgaba errónea y, en otros, obligada a acomodarse a la nueva situación creada por unirse los reinos. Antes de que llegara a sucederle había organizado un programa político, fuerte y decidido, cuyas directrices podemos sintetizar en los cinco puntos siguientes:

Frenar la transmisión de Navarra al ámbito político francés, devolviéndola a la condición de reino hispano. Para esto era preciso romper amarras con los Agramunt y volver al apoyo de los Beaumont.

Mantener la paz con Portugal haciendo cada vez más amistosas las relaciones.

Dar preferencia a las alianzas con Inglaterra y la Casa de Borgoña sobre la tradicional amistad entre Castilla y Francia aunque sin romper con ésta.

Recobrar el Rosellón, designio estrechamente ligado a la recuperación total de Cataluña.

Convertir todo el Mediterráneo occidental en ámbito para el desarrollo del comercio catalán.

De acuerdo con el testamento de Carlos III el Noble, los derechos sobre el reino de Navarra no eran transmisibles al marido de su hija blanca, de modo que Leonor era, tras la muerte de sus dos hermanos, única en posición de reclamarlos. Durante años una extraña situación se había dado, ya que Juan II, apoyándose en los agramonteses, venía ejerciendo de hecho funciones. Tras los pactos de Tudela que proponían una reconciliación entre bandos, Leonor, contando con el apoyo de las tropas castellanas, vino a instalarse en Olite y comenzó a ejercer funciones como reina. Fernando, reconocido como una especie de protector, también tomaba decisiones que no le correspondían, como al nombrar a Felipe Beaumont gobernador de Ituarte-Araquil. La división del reino continuaba, sólo que los bandos se contemplaban, arma al brazo, sin combatirse todavía.

Al recibir la noticia de la muerte de su padre, en enero de 1479, Leonor se proclamó reina. Fue la trayectoria más corta de toda la Historia de Navarra, veinticuatro días. Los derechos pasaban ahora a su nieto Francisco de Foix, que era, por su madre Magdalena, sobrino de Luis XI. El último consejo que la difunta reina dio a los que le rodeaban fue buscar en todo el apoyo de Francia. De este modo revelaba un estado de conciencia: el tratado de Tudela le había sido impuesto y ella comulgaba, en todo, con los propósitos de su marido y con los que condujeran al asesinato de Blanca. Hasta 1512 sus descendientes tratarán de seguir esta pauta. Nadie puso el menor impedimento a la hora de reconocer a aquel niño a quien apellidaban Febo porque su belleza resplandecía como la del sol. Pero esta política encerraba para Fernando un peligro: si Navarra se incorporaba al conjunto de señoríos, con Bearne, Bigorre y Foix, gobernados desde Pau y vasallos directos de Francia, este reino, desbordando la línea emblemática de los Pirineos, pondría, como en el siglo XIII ya intentara, sus fronteras en el Ebro. Es posible, también que, en algunos momentos, años después, sintieran los Foix, al unirse a los Albret, la tentación de, imitando a Borgoña, construir en principado propio independiente entre ambos reinos. De cualquier modo un peligro para España.

Un cuñado de Leonor, Juan de Foix, vizconde de Narbona —pongamos mucha atención en este punto, ya que se trata del futuro padre de Germana de Foix—, presentó ante el Parlamento de París un alegato: no era aplicable en este caso el «derecho de representación» por tratarse de herencia de un difunto, de modo que a él correspondía la herencia. El Parlamento abrió un proceso dejándolo sobre la mesa: un arma que Francia podría utilizar si los señores de Pau se mostraban desobedientes. Al ceñir la Corona de Aragón y tener noticia simultánea de la muerte de su hermana y de ciertos incidentes surgidos entre los vecinos de Sos y de Ainsa, envió desde Trujillo órdenes muy precisas para que se mantuviera la paz con Navarra. Paz armada, ciertamente, ya que, al mismo tiempo, se forzaban las guarniciones de Jaca y Egea. También confirmó (19 de febrero de 1479) la tregua mercantil que tenían acordada Cataluña y Provenza. Había, en consecuencia, una primera voluntad de resolver, mediante negociaciones, los dos conflictos que eran manzana de discordia en las relaciones con Francia: condados pirenaicos y Navarra. Muchos de los consejeros de Fernando dudaban de que se pudiera conseguir esto sin guerra. Los pequeños conflictos surgían a cada paso. Cualquiera de ellos podía desatar la contienda.

Magdalena, titulándose princesa de Viana y tutora de su hijo menor de edad, nombró lugartenientes en Navarra a tres franceses y convocó Cortes en Tafalla a las que sólo pudieron concurrir los agramonteses. Dos graves quebrantos del fuero del reino que estuvieron a punto de encender de nuevo la guerra civil. No cometió, sin embargo, el error de pedir a su hermano que interviniese, ya que esto podía ser motivo de guerra entre España y Francia, de la que sólo males podían derivarse para los navarros. Escribió en cambio a Fernando y fue invitada por éste a trasladarse a Zaragoza, residencia transitoria del monarca. Viajó en compañía de dos eclesiásticos, su cuñado el cardenal Pedro de Foix, y el obispo de Pamplona que era precisamente Alfonso Carrillo, sobrino del de Toledo. Ambos se mostrarían, en adelante, muy partidarios del Rey Católico. No cabe duda de que éste optó por la paz, garantizando el reconocimiento de Francisco Febo y prometiendo la retirada de una parte de sus guarniciones cuando los beamonteses fuesen reinstalados en sus bienes, pues el rey de Aragón contaba con su cuñado el conde de Lerín como con uno de los puntales importantes para consolidar la paz en aquella frontera. Descontentos quedaban, ciertamente, los navarros: ganaban con el acuerdo muchas cosas, en especial relacionadas con los intercambios comerciales, pero quebrados los usos e instalado en Pau su rey se hacía «daño al Fuero y a la fidelidad». Luis XI se abstuvo de dar a Francisco Febo título real; guardaba, como un as en la manga, al vizconde de Narbona, que se convertiría en uno de los miembros principales de su Corte.

Pasando a Nápoles

En el amplio programa político, Sicilia pasaba a desempeñar un papel esencial. Reserva triguera, como ya explicamos, y eslabón principal en el camino de islas que atravesaba el Mediterráneo, Fernando sabía muy bien que Nápoles era complemento indispensable y que todo dependía además de que pudieran mantenerse las tres avanzadas, Malta, Djerba —en manos de amigos musulmanes— y Rodas. No estaba seguro de la fiabilidad de su primo Ferrante, sobre cuya legitimidad iba a sustentar fuertes reservas. Un bastardo carece de ella, en principio, de modo que, de no haberse mezclado intereses italianos, a él hubiera debido corresponder la herencia de Alfonso V. En 1477 Fernando había hecho a su padre dos recomendaciones: no fiarse de Ferrante y hacer la paz con Génova: era el modo de privar a los rebeldes sardos, que acaudillaba el marqués de Gociano, de auxilios venidos del exterior. El consejo fue atendido, los sardos sometidos y los dos marquesados, Oristan y Gociano, se incorporaron al patrimonio real añadiéndose a la titulación larga. Una flota permanente de seis galeras se encargaría, en adelante, de asegurar las comunicaciones entre las dos islas.

Italia, dividida entre tres reinos, tres señorías, dos ducados y algunos principados menores, era en sí misma un problema. Sixto IV, como los demás miembros de su Curia, estaba convencido de que la independencia del Pontificado dependía, en gran parte, de que fuera capaz de mantener incólume la soberanía sobre el Patrimonio. De modo que las alteraciones en el equilibrio peninsular le parecían extremadamente peligrosas. Dicho equilibrio se garantizaba mediante alianzas con Milán y Florencia. Por esta razón aceptó en 1458 otorgar la investidura a Ferrante, decisión que Juan II y su hijo, envueltos en los graves problemas de Cataluña, aceptaron. Aún más: Ferrante casó con Juana, hermana bastarda de Fernando y, durante la gran crisis sucesoria castellana, se llegó a negociar un posible matrimonio de su nieto —siempre usando el mismo nombre— con Isabel, única hija de momento de los Reyes Católicos.

Cuando la situación se despejó y la victoria de los aragoneses pudo confirmarse, las relaciones cambiaron de tono. No estamos en condiciones de saber en qué momento pensó Fernando en reclamar sus derechos sobre Nápoles. Mucho antes de que se presentara la crisis de 1494 había encargado a renombrados juristas un estudio que, de momento, guardó, el cual demostraba que a él correspondía aquella herencia. ¿Qué hay tras las palabras antes recordadas al maestre de Montesa, en catalán, en su forma original, «ab la successió deis temps se provehirà en tot a servei nostre»? Ya en 1478 retiró el compromiso de su hija Isabel y comenzó a tratar al rey de Nápoles como una pieza más, subordinada a todo el programa mediterráneo.

Alfonso de Calabria, hijo de un primer matrimonio de Ferrante, y su heredero, demostró muy pronto que sus objetivos iban por otro camino: siendo el único, entre los príncipes peninsulares que usaba título real, entendía que al de Nápoles correspondía ejercer una especie de hegemonía sobre todos los demás. Algunos acontecimientos, entre los años 1476 y 1478, habían venido a alterar el equilibrio que los Médicis consiguieran. Un niño sucedía en Milán al duque Galeazzo Maris Sforza, despertando las ambiciones de su tío Ludovico, a quien llamaban «el Moro». Los turcos acababan de imponer a Venecia una paz humillante que, por los menos, permitía a la Serenísima sobrevivir. Las ambiciones de un nepote del Papa, Jerónimo Riario, quebrantaban las buenas relaciones entre Roma y la banca Médicis. Sixto proyectaba ahora empujar a Lorenzo «el Magnífico» a la ruina retirando sus depósitos, favoreciendo los designios secesionistas de Siena y Pisa y suscribiendo una alianza con el duque de Calabria. Y entonces el Vicario de Cristo se vio salpicado por un escándalo político de agudas aristas: Riario se había implicado en una oscura trama que pretendía asesinar a los dos Médicis: Giulio, en efecto, pereció, pero Lorenzo pudo salvar la vida. Los principales culpables de esta «conjuración de los Pazzi» fueron ejecutados, entre ellos el obispo de Pisa, Francesco Salviati, lo que obligó a Sixto a fulminar la excomunión, comprometiéndose en apariencia con uno de los bandos. Milán y Venecia, en cambio, apoyando a los Médicis tomaron una muy peligrosa iniciativa a juicio de Fernando: recabar de Luis XI una intervención. Los franceses estaban removiendo viejas inquietudes de «reforma in capite et in membris».

La cuestión de los beneficios

Fernando, aunque sostenido firmemente por su esposa, no quería alterar la obediencia al Papa de que Nicolás Franco era portador, tampoco estaba dispuesto a modificar las excelentes relaciones con la Banca medicea y con Venecia. Mucho menos podía tolerar una intervención francesa que destruiría el equilibrio italiano abriendo paso a reivindicaciones angevinas o a la amenaza turca. De modo que se sintió muy afectado por la crisis de 1478. No se trataba de intervenir sino de lograr que todos volvieran a la paz. No dejó, en ningún momento, de mostrar su disgusto ante la política napolitana.

El duque de Calabria comenzó a descubrir su juego. Para compensar la excesiva influencia aragonesa trató de concertar el matrimonio de su hermano Fadrique con Ana de Saboya convirtiéndole así en eslabón para una amistad con Francia. Fue entonces cuando se presentó la extraña fórmula para la devolución de los condados que ya hemos explicado. Algo que, sin la menor duda, irritó al monarca español. La carta que el 30 de setiembre de 1478 escribió a su padre rebosaba de indignación: estaba «muy maravillado de que tales cosas se atrevieran los napolitanos a hacer a sus espaldas». Fue entonces cuando decidió romper los acuerdos barriendo el compromiso de su hija Isabel, de la cual se estaba disponiendo ya para el refuerzo de los vínculos con Portugal.

Maniobra muy del gusto de los novelistas italianos. El 2 de febrero de 1479, a través de la Banca Spanocchi, libró una letra de cambio contra el rey de Nápoles de 15.500 ducados, indicando que era una parte de la dote a entregar. Naturalmente Ferrante no podía, ni quería tampoco, hacer frente a su pago. Fernando declaró entonces que, habiendo faltado al compromiso, debía entenderse que la otra parte lo consideraba nulo. En relación con el Papa se limitó a mostrar el gesto serio en una carta, dirigida a sus súbditos aragoneses el 20 de marzo de este mismo año: comentando la vacante producida en Tarazona explicaba que no estaba dispuesto a consentir que nuevas diócesis de sus reinos fueran tratadas como vacantes «in Curia».

El Papa se hallaba ahora también en dificultades. La triple alianza que Milán, Venecia y Florencia constituyeran y a la que Francia se mostraba dispuesta a prestar grande e interesado apoyo, era una amenaza y no sólo para su estabilidad como príncipe. Envió embajadores a Fernando e Isabel —Franco ya había rendido cuentas muy positivas— con objeto de tantear hasta dónde llegaban sus compromisos y ayuda. La primera respuesta, en tono muy mesurado y positivo, puede considerarse como una formulación de objetivos. Estaban dispuestos a actuar como mediadores, ya que el equilibrio en Italia parecía una meta imprescindible, y a convertirse en aliados del Papa si su persona o patrimonio eran amenazados: una delgada y firme posición diplomática en la que se mantendrían durante todo su reinado. Era importante llegar a una paz interior sin represalias como se estaba ejecutando en España. Tuvieron noticias de que los embajadores del emperador Federico III y los de Eduardo IV de Inglaterra coincidían en esta posición.

A cambio, de amigo a amigo, los monarcas españoles confiaban en que las condiciones acordadas con Nicolás Franco en orden a las colaciones beneficiales superiores se cumpliesen. Amplia misión, en consecuencia, la que se confió al obispo de Tuy, el abad de Sahagún y el doctor Juan Arias, los cuales llegaron a Roma después de que la paz con los miembros de la Liga se hubiera restablecido (4 de abril a 2 de junio de 1479). Fueron calurosamente recibidos, ya que, en ningún momento, y a diferencia de lo que ocurriera con otros príncipes, ninguna sombra había velado las relaciones y el reconocimiento de su autoridad. El Papa iba a valorar mucho, en adelante, la colaboración española.

Cuenca: botón de muestra

También eran los mencionados embajadores testigos de una buena noticia: la paz con Portugal estaba firmada y las dos monarquías peninsulares confirmaban su amistad solicitando del Papa una especial valoración de los acuerdos que repartían las misiones oceánicas. Sixto se mostró de acuerdo en confirmar también todos los privilegios personales que a los reyes y sus antecesores se hubieran concedido pero sin detenerse en la tendencia a ampliar el número de sedes episcopales sujetas a nombramiento directo. Lo peor del caso era que no guiaba tal política un afán de reforma sino el nepotismo desenfrenado: sobrinos del Papa, familiares de los altos miembros de la Curia o de príncipes y reyes, eran normalmente favorecidos, mediando en ocasiones cuantiosas sumas de dinero. Los embajadores españoles aludieron claramente a esto sin parar mientes en que Fernando había incurrido en esta práctica en Zaragoza. También insistieron en que la próxima guerra de Granada debía dar origen a las ventajas económicas de cruzada que se aplicaban en la guerra contra los turcos. A fin de cuentas se trataba de episodios distintos dentro de una misma contienda. Ya hemos señalado que Isabel se mostraba mucho más rigurosa que su marido en estos puntos.

Un caso, el de Cuenca, diócesis colindante con la frontera aragonesa, nos puede ayudar a comprender la situación. Murió el 3 de agosto en Roma el que era titular de la misma, Antonio Jacobo de Veneris, que tan importante papel desempeñara en el proceso de sucesión. Se trataba de una vacante «in Curia» y el Papa la asignó a su sobrino Rafael Riario, un niño al que, sin detenerse en la corta edad, acababa de nombrar cardenal. Isabel acudió a su marido: en modo alguno debían tolerarlo. Entre otras cosas por su especial contextura era Cuenca una de las más rentables sedes episcopales de Castilla. Los dos reyes firmaron las oportunas órdenes para tomar custodia de las fortalezas y encargar al cabildo de la administración. Esta vez Fernando no se anduvo por las ramas: el 6 de noviembre del mismo año cursó una orden: cualquiera que viniese con cartas pontificias representando o favoreciendo a extranjeros iría a dar con sus huesos en la cárcel. El Papa había encomendado la misión de Cuenca a un canónigo de Toledo que en la guerra civil figurara en el bando de doña Juana y los reyes le enviaron a prisión.

Es cierto que Castilla iba a mostrarse, en este aspecto, más exigente, en orden a la disciplina, que los otros reinos que formaban la monarquía. Fernando creía que, en algunos casos, había que atender a conveniencias políticas; Isabel, no. El 27 de enero de 1480 el programa respecto a la colación de beneficios se convirtió en Castilla en ley: nadie podría tomar posesión de un beneficio contra los usos y costumbres de los reinos. Justo en el momento en que llegaba el nombramiento de Rodrigo Borja como obispo de Cartagena. Nadie había acumulado, en la Curia, tantos méritos como él al agradecimiento de los reyes. Pero Isabel no vaciló: todos los bienes y rentas de que disfrutaba el cardenal en sus reinos quedaron en secuestro. Llevó entonces a la Asamblea del clero en Sevilla y a las Cortes de Toledo la propuesta destinada a convertirse en ley fundamental: sólo los españoles podrían ocupar beneficios; se reconocía al Papa el derecho a hacer algunos nombramientos «in Curia» pero éstos se referían a aquellos españoles que trabajaban en ella ocupándose precisamente de asuntos que a España se referían. Parecía lógico que cada reino tuviera que sostener a las personas que gestionaban sus negocios. Pero nada más.

La hora de Otranto

Durante su estancia en Valencia en 1480 Fernando tuvo la oportunidad de establecer contacto con algunos fugitivos, griegos, chipriotas o serbios, rescatados del poder de los turcos por los buenos oficios españoles. Tomaba de este modo contacto directo con una realidad que le preocupaba sobremanera. Por su parte, los franciscanos instalados en Tierra Santa, ahora bajo el dominio egipcio, le daban cuenta de la propaganda adversa que allí se estaba haciendo con gestiones musulmanas que venían desde España. Todas estas noticias contribuyeron a que se reforzase la intervención en el Oriente mediterráneo, de donde podían venir los peligros. Hubo un relevo en el mando supremo de Cerdeña y de Sicilia: Jimeno Pérez Escrivá de Romaní fue enviado a la primera, mientras Gaspar Despés sustituía al conde de Prades como virrey en la segunda. Al mismo tiempo, los errores y desventuras que, a su juicio, se cometieran con la conjura de los Pazzi, permitieron al monarca español operar algunas rectificaciones, mostrándose severo con el Papa, un tanto esquivo con sus parientes de Nápoles y buscar acercamientos más directos con Venecia y Florencia. Esta línea de conducta movió a Ferrante a una rectificación de algunos errores cometidos por su hijo. Se necesitaba estrechar relaciones con Florencia, pues, a fin de cuentas, la Banca Médicis controlaba los negocios de dinero en gran parte de Europa.

Venecia, decepcionada por el escaso apoyo que le prestaran cuando hubo de enfrentarse a solas con el poder turco, decidió llegar a algún acuerdo con la Sublime Puerta, otorgando incluso algunas ventajas a los otomanos a fin de que éstos mantuvieran la suspensión de hostilidades. El cierre de este frente, que no afectaba a la frontera danubiana, significaba que Nápoles, con Malta y Rodas, iban a quedar más en peligro. Fernando insistió: era preciso que Génova, el Papa, Nápoles y la Corona de Aragón sostuviesen una flota de dieciocho galeras para garantizar el orden interno en el Tirreno. Aunque no se llegara a resultados prácticos la idea quedaba en pie: con o sin aliados, una flota del Mediterráneo resultaba imprescindible.

El año 1479 hace sonar las campanas que anuncian el peligro. Los turcos se apoderaron de Leucade, atacaron Rodas y comenzaron a tantear las costas de Italia. Fernando colocó a la Orden de San Juan bajo su especial salvaguardia, lo que significaba que el maestre podía echar mano de los súbditos de la monarquía que frecuentaban sus aguas. Valencia fue puesta en estado de alerta para los refuerzos y dinero que de cuando en cuando se enviaban a la lejana isla. Sixto IV convocó una reunión de urgencia en la que los monarcas españoles estuvieron representados por Gonzalo de Beteta, alcaide de Soria: dijo, en nombre de éstos, que estaban preparados para movilizar catorce naos, otras tantas galeras y doce carabelas, pero era preciso que los príncipes cristianos hicieran un esfuerzo semejante.

Saltó entonces la noticia. «Los perros de los turcos» (Andrés Bernáldez) desembarcaron en Apulia el 29 de julio y, tras saquear la comarca, se apoderaron de Otranto el 11 de agosto de 1480. Se suspendieron los preparativos para la guerra de Granada porque los recursos disponibles tenían que enviarse a Italia. Los príncipes italianos, con excepción de Saboya y Venecia, entraron en una Liga para el recobro de esta ciudad mientras Matías Corvino atacaba desde Hungría para impedir a los otomanos llevar refuerzos. Fueron trece meses de angustia para Italia pues podía temerse que Roma siguiera la misma suerte que Constantinopla. Los Reyes Católicos tuvieron que invertir en esta empresa los primeros recursos de la bula de Cruzada (8 de abril de 1481). En la práctica, los resultados de la Liga fueron decepcionantes: las palabras altisonantes se apagaban cuando llegaba la hora de pasar a los hechos. Sólo España y Portugal realizaron movilizaciones de consideración. Fernando ordenó al cardenal Milá que volviese a Roma: había que acompañar al Papa en aquella difícil hora suprema.

El rey estaba en Barcelona cuando recibió la noticia del desastre. Encomendó a Juan Margarit, obispo de Gerona y persona que, como dijimos, gozaba de toda su confianza, la delicada misión de viajar a Nápoles y a Venecia para convencerlas de que debían suspender todos los recelos y tomar medidas para la defensa: si los turcos se afirmaban en el Adriático, una y otra quedarían condenadas a desaparecer. A los responsables económicos de la Hermandad General, Alonso de Quintanilla y Juan de Ortega, se les ordenó hurgar bien en sus arcas pues se necesitaba mucho dinero para armar una flota en Vizcaya. Las cartas enviadas a los fronteros de Granada contenían nuevas órdenes: tascar el freno y demorar las disposiciones que se tomaran en las Cortes de Toledo. A la ciudad condal llegaron noticias aún más alarmantes, de cuya veracidad no estamos seguros: Francia y Venecia estaban negociando un acuerdo para resucitar los derechos angevinos sobre Nápoles. La Serenísima esperaba ganar en esta aventura posiciones de control en la entrada del Adriático. Fernando escribió al obispo Margarit el 2 de mayo de 1481: debía advertir a los venecianos, con toda seriedad, que cualquier cosa que hiciesen contra Nápoles sería considerada como atentado a su propia persona.

Aquel invierno los astilleros vizcaínos y las fábricas de armas de su entorno trabajaron con tanta intensidad que el 18 de mayo de 1481 las velas pudieron desplegarse saliendo del Abra bilbaína. En Laredo se incorporaron nuevas unidades. En pos de la flota portuguesa, que había izado antes sus anclas, la poderosa castellana tomó rumbo hacia el Mediterráneo, de modo que el 2 de octubre se desplegaba en la bahía de Nápoles. Ejercía el mando un hijo del almirante de Castilla, primo en consecuencia del propio rey, Enrique Enríquez. Llegó entonces la noticia de que los turcos se habían retirado de Otranto. No todo podía atribuirse al gasto. Se había demostrado la capacidad de la monarquía española, en especial de su componente castellano. Portugal, Castilla y la Corona de Aragón estaban compartiendo la misma preocupación por lo que significaba el peligro turco.

Consecuencias

La alarma provocada por el desembarco de los turcos en Otranto fue tan seria que obligó a Fernando a poner una atención más consecuente en su política exterior. Era evidente que tres de las cinco naciones que formaban la Cristiandad europea, Francia, España e Inglaterra, se habían fortalecido al consolidarse el sistema monárquico. Alemania, gracias al título imperial —poco más que un nombre— conservaba ciertas dimensiones de unidad. Italia, rica y culta, parecía sin embargo un campo de lucha para intereses encontrados. El monarca español que, por Cerdeña y Sicilia, se consideraba príncipe italiano, decidió que era imprescindible, para su propia seguridad, restablecer el sistema que se fijara en los acuerdos de Lodi; por esto, tanto como por los fuertes intereses manejados por la Banca medicea, era imprescindible alcanzar un entendimiento con Lorenzo el Magnífico. Los esfuerzos en este sentido incidían en una paulatina subordinación de Nápoles a la Corona de Aragón.

Todo esto preocupaba a Francia, ya que el refuerzo de dicho sistema, pilotado desde dentro por el monarca español, significaba reconocimiento de la hegemonía de éste. Luis XI no olvidaba los antecedentes angevinos que estaba dispuesto a reivindicar cuando llegara la ocasión oportuna. En aquellos momentos, Luis XI estaba abrumado de preocupaciones que reclamaban su atención en otras partes. Borgoña, con Maximiliano, significaba una amenaza. En 1482 fallecería la duquesa María en accidente hípico y sus derechos pasaban a un niño, Felipe, lo que abría oportunidades de interferir. Por otra parte, el ducado de Bretaña y algunos linajes como los Bearne, acentuaban discordias en relación con la Corona. Muy distinta era la posición de Fernando, con una Unión de reinos que se consolidaba y podía contar con la excelente vecindad de Portugal.

En estas relaciones diplomáticas había fuerte disyunción entre los intereses catalanes y los castellanos, que databan de antiguo. Como insistía en recomendar el cardenal Mendoza, los segundos necesitaban conservar y aun fortalecer la antigua alianza con Francia, pues sin ella no era posible mantener las posiciones que garantizaban la ruta del golfo de Vizcaya, hacia Brujas o Southampton. Fuerte presencia de mercaderes se registraba en Bayona, Burdeos, Brest o Rouen; mezclarse en querellas podía resultar seriamente perjudicial. Siendo él caballero del Toisón, Fernando sopesaba todas estas razones pero, también, la importancia de la amistad borgoñona. Tal vez pudiera llegar la ocasión en que fuera necesario elegir.

Cataluña, en cambio, junto a la trayectoria que databa de las Vísperas sicilianas, tenía una cuenta pendiente más próxima: los condados del Rosellón y la Cerdaña. Aunque las primeras negociaciones habían fracasado, Fernando no podía olvidar que su recuperación era capítulo de primer orden. En cuanto a Nápoles, indispensable para el comercio mediterráneo, el problema de fondo radicaba en que frente a Ferrante, cuya legitimidad muchos no aceptaban, se alzaban importantes linajes que eran herencia del antiguo régimen angevino y partidarios en consecuencia de Francia.

El Rey Católico necesitaba indispensablemente de buenas relaciones con Génova y con Venecia, sin cuya colaboración era imposible la eficaz supresión de la piratería. Pero aparte de las seculares rivalidades que envenenaban sus relaciones, había una divergencia de fondo con la Serenísima. Aleccionada por sus recientes derrotas, esta última era partidaria de alcanzar alguna clase de acuerdo con la Sublime Puerta, haciendo los sacrificios oportunos a fin de conservar abiertos los mercados de Oriente y también las factorías. Pero Fernando no creía en tales acuerdos: la amenaza turca pesaba sobre todo el sistema mediterráneo. En este punto también Francia difería de España, pues estaba convencida de la utilidad de los contactos. Muy escasos al principio, preparaban el camino para los acuerdos del siglo XVI.

De momento se había entrado, tras la sorpresa de Otranto, en una especie de compás de espera. La muerte de Mahomet II en 1481, que había defendido el principio de que cada sultán debe eliminar a sus hermanos para imponer estabilidad, provocó el enfrentamiento entre sus hijos. Uno de ellos, Djem, consiguió huir a tierra cristiana convirtiéndose en un precioso rehén de seguridad. Un tiempo cuyas dimensiones se ignoraban pero que Fernando decidió aprovechar reforzando las defensas sicilianas y fortaleciendo lazos de amistad y de equilibrio en el interior de Italia. Si prescindimos de las querellas políticas hemos de llegar a la conclusión de que las relaciones con Sixto IV habían experimentado una mejora muy considerable. No se habían enajenado ni Tarazona ni Cuenca, de donde sería obispo fray Alonso de Burgos; en último extremo, Fernando e Isabel estaban dispuestos a sacrificar las rentas de Cartagena siempre que se ofrecieran compensaciones suficientes. El Pontífice aceptó que dos terceras partes de los diezmos eclesiásticos y todo el beneficio de la bula de Cruzada se aplicasen a la guerra de Granada.

Rodas, Chipre, Alejandría

Hasta que el redreç catalán comience a dar frutos se vivirá bajo la sensación de que Valencia podía llegar sustituir a Barcelona, favoreciendo indirectamente el expansionismo castellano. Banqueros genoveses y mediceos veían en el cambio de reinado buena oportunidad para instalarse allí. La ciudad, deficientemente administrada, era sin embargo principal acreedora de la Corona, lo que le proporcionaba influencia y poder. Sin embargo su desarrollo naval era insuficiente y Barcelona contaba con una red de consulados y factorías que formaba la columna vertebral para el comercio mediterráneo: «ruta de las islas» según Mario del Treppo, o «de las especias» como prefería Vicens Vives. De cualquier modo, se trataba de algo esencial para la Corona de Aragón. El principal factor de debilidad se hallaba en Italia. Por los años en que Miguel Ángel Buonarroti correteaba por las calles de Florencia y Leonardo da Vinci entraba al servicio de los Sforza, el equilibrio interno de la Península estaba roto. Al menos, un factor tranquilizante era que Djem Pachá, refugiado en Rodas, hubiera sido transferido a Roma —no se atendió la demanda de Fernando— convirtiéndose en valioso rehén para la seguridad. No eran de temer, por parte de Bayezid, ataques como el de Otranto.

Fernando otorgaba a Rodas una gran importancia. En la extensa colección diplomática que don Antonio de la Torre extrajo del Archivo de la Corona de Aragón son abundantes las noticias acerca del envío de barcos, dinero y combatientes a aquella isla que era sede del Maestrazgo de San Juan de Jerusalén. En 1480 se cursaron órdenes a todos los súbditos españoles que frecuentaban aquellas aguas, entre Rodas, Chipre —avanzadas cristianas— y Alejandría para que colaborasen en la defensa de aquella isla cuando fuesen requeridos. El hecho de que Djem pasara por allí, aunque por breve tiempo, proporcionó un respiro. Los turcos iban a dedicar sus esfuerzos preferentes a afirmarse en los Balcanes y expansionarse por las fierras del Creciente Fértil.

Al otro lado del mar se extendía el amplio litoral africano: desde Fez hasta Palestina se alineaban principados musulmanes entre los que destacaba sobre todo el de los mamelucos de Egipto, cuyo jefe usaba el curioso título de Soldán de Babilonia del Nilo. No estamos en condiciones de saber si Fernando abrigaba ya, por estas fechas, algún proyecto para establecer bases militares en esta costa. Hasta 1492 se esforzó en mantener abiertas relaciones tranquilas que se justificaban con tres razones. Había que impedir una intervención en la guerra de Granada, habida cuenta de que las unidades más arriscadas en este reino estaban constituidas por «voluntarios de la fe» que allí se reclutaban. Importaba mucho no perturbar las relaciones comerciales, ya que casi todo el oro que Europa recibía era adquirido en los aduares africanos. Y los mercedarios insistían en que era necesario llegar allí para rescatar los cautivos que los corsarios reducían a esclavitud. Así pues, aunque no pueda hablarse de tratados de paz, las relaciones eran bastante cordiales: se intercambiaban mensajeros, procuradores y regalos.

Navegar por el Mediterráneo lejos de la costa era verdaderamente peligroso. Pero los fuertes riesgos no amilanaban a los comerciantes, que se veían obligados a adoptar precauciones, lo que incrementaba los pastos del transporte. Las poblaciones más cercanas a la costa sufrían a causa de las incursiones de corsarios que trataban de aprovisionarse de esclavos. La esclavitud, que en Europa había llegado en la práctica a desaparecer, estaba ahora recobrando una parte de su antigua importancia gracias a esos mercados africanos. La mayor parte de los negros que se adquirían por los portugueses en Guinea, cambiando luego de mano, iban a parar a territorios musulmanes por la simple razón de que allí los precios eran más convenientes. Algunos permanecían en Europa. Desde 1511 comenzarán a ser enviados a América. El negro era considerado como trabajador fuerte y resistente.

Fernando, que recibía noticias directas por medio de su consulado de Creta y de la custodia franciscana de Tierra Santa, estuvo muy pronto informado de que las relaciones entre Egipto y el Imperio turco entraban en fase de hostilidad a causa de la nueva política de Bayezid. Decidió entonces aumentar la presencia catalana en estos tres puntos. Una política que llegaría a su culminación en 1485 al restablecerse el consulado en Alejandría. No adelantemos los acontecimientos.

Chipre se incorpora a Venecia

Juan de Margarit hizo una larga estancia en Venecia entre 1480 y 1481, cumpliendo las instrucciones precisas que recibiera de conseguir que aquella señoría se incorporase a la política de paz y a la colaboración con los otros príncipes italianos. Aunque no pudo conseguir que los venecianos participaran en el recobro de Otranto, logró que el dux accediera a suavizar sus relaciones con Nápoles contribuyendo a una mayor seguridad en el Adriático. Pero entonces recibió una noticia preocupante. La viuda del último rey de Chipre, Jacobo Lusignan, nacida en Venecia, Catalina Cornaro, había decidido integrar esta isla en el complejo imperio veneciano y desde aquí se enviaron «provisores» que comenzaron haciendo imposibles los negocios a los comerciantes españoles y apoderándose de los bienes que en la isla tenían los caballeros sanjuanistas. De hecho, en 1482, coincidiendo con la crisis de Ferrara de que luego nos ocupamos, se produjo la anexión. Venecia cerró un estrecho monopolio sobre la isla prohibiendo a los catalanes el acceso a ella.

Paralelamente el nuevo virrey de Cerdeña, Escrivá de Romaní, interpretando abusivamente las instrucciones recibidas se mezcló a una oscura conjura tendente a incorporar Córcega a la Corona de Aragón. Las relaciones con Génova se alteraron gravemente. En la represión de aquel movimiento los genoveses dispusieron cierto número de ejecuciones, entre ellas la del obispo de Ajaccio. Fernando hubo de decretar un embargo comercial y Sixto IV formuló las censuras acostumbradas. Pero a ninguno de ambos convenía una ruptura en aquellas circunstancias. Fernando garantizó a los genoveses instalados en Castilla y el Papa envió como nuncio a Domenico Centurione (29 de diciembre de 1481), perteneciente a la conocida familia de banqueros establecida en Sevilla. Una novedad, sin duda, aquella de que un genovés laico representara al Papa. Simultáneamente Fernando enviaba a Venecia a Bartolomé Veri y a Francisco Vidal de Noya.

Pulgar dice que, para superar cualquier escollo, Centurione, apenas llegado a la Corte de Fernando e Isabel, se despojó de la inmunidad diplomática, poniéndose enteramente en manos de los reyes. Éstos decidieron celebrar una sesión especial del Consejo Real, en la que se trató simultáneamente de las relaciones con Roma y con las diversas señorías italianas. El comercio con Génova quedó nuevamente regulado. Pero, en relación con el Papa se decidió exigir cinco condiciones: la bula de Cruzada para la guerra de Granada; derecho de «presentación» en todos los obispados, lo mismo en Castilla que en la Corona de Aragón; renuncia de todos los italianos que pleiteaban por beneficios en España; y renuncia de todas las expectativas otorgadas hasta aquel momento. Todo esto quedó incluido en el acuerdo de 3 de junio de 1482 que no exageramos al calificarlo de verdadero concordato. Es verdad que, en esta ocasión, Isabel hubo de pagar su parte en el precio, bastante alto, pues Rafael Riario fue aceptado como obispo de Salamanca, cuyas rentas, estimadas en 2.200 ducados anuales, percibiría con puntualidad aunque nunca llegara a pisar aquel suelo, mientras que Rodrigo Borja recibía las de Cartagena, deduciéndose en este caso 500 ducados anuales para el cardenal de Amalfi. ¿Corruptela? Sin la menor duda Fernando habría respondido afirmativamente. En todo caso, podía alegar que le venía impuesta desde Roma. Con este acuerdo se cerraba una etapa y se iniciaba un control sobre la jerarquía. El 12 de junio de 1482 promulgó la pragmática que prohibía a todos los súbditos de la Corona de Aragón solicitar beneficios fuera del conducto reglamentario, es decir, de su propia autoridad.

Fernando y la crisis de Ferrara

Los acuerdos apuntaban al otro objetivo, restablecer el equilibrio interno de Italia, en el que la presencia del Papa era factor imprescindible. Tras la retirada turca y con esperanza de que la tregua durase, otro de los nepotes de Sixto IV, Jerónimo Riario, que aspiraba a convertirse en conde de Ímola y de Forli, vio llegada la oportunidad de satisfacer sus ambiciones, acudiendo a una alianza con Venecia que trataba de apoderarse de Ferrara, ampliando decisivamente el espacio que llamaba Tierra Firme; pero esta ciudad pertenecía a Hércules de Este, yerno del rey de Nápoles. La alianza entre Venecia y el Papa, en cuanto príncipe temporal bastaba para desatar en Italia la tormenta de la guerra. Ésta se inició, en efecto, el 2 de mayo de 1482 mientras se llevaba a cabo la gestión de Centurione. Alfonso de Calabria, que ejercía el mando sobre las tropas napolitanas, pudo contar, lógicamente, con el apoyo de Lorenzo de Médicis y la señoría de Florencia. Pero necesitaba que sus parientes de España también se lo prestasen. Desde Florencia se hizo llegar a Fernando el Católico una noticia: Sixto IV, que se sentía amenazado por los rudos soldados del calabrés, dueños ahora de los barrios extremos de Roma, había invitado a Luis XI a resucitar los derechos angevinos. ¿Verdad o mentira? En todo caso era un riesgo del que el monarca español tomó buena nota.

En mayo de 1482 los monarcas españoles estaban en Córdoba, tomando las disposiciones necesarias para la próxima campaña, dirigida contra Loja. Los informes que les llegaban acerca del comienzo de la guerra, los compromisos militares asumidos por el Papa y las pretensiones de algunos exaltados de recurrir ante el Concilio, les parecían revelar que, de pronto, en aquella Italia amenazada por los turcos había estallado la locura. Domenico Centurione, concluido ya el acuerdo, les recordaba que estaban en el deber de acudir en socorro del Papa. El embajador de Nápoles, Lancelotto Macedonio, por el contrario, reclamaba la ayuda de sus parientes. Dando muestras de gran inteligencia, Fernando se sirvió de las dos propuestas. Desde luego acudiría en apoyo del Papa pero para restablecer la paz y evitar nuevas agresiones; y, en cuanto a Ferrante, impediría que fuese privado del trono. Todo ello bajo un principio decisivo: devolver la cordura, tanto más necesaria cuanto que, en aquellos momentos, había noticias fehacientes de que los turcos estaban concentrando barcos y soldados en Valona.

El Consejo Real deliberó largamente sobre estos asuntos y, en la segunda semana de junio, se despacharon órdenes e instrucciones a los tres embajadores, Margarit, que seguía en Venecia, Veri en Roma y el obispo de Ampurias, Luis Juan, en Nápoles. Por encima de todo había que lograr la suspensión de hostilidades y que los interesados se sentasen a negociar. De esta gestión se informó a las otras señorías: Italia tenía que ser salvada de sus propias discordias porque estaba en juego la salvación de la Cristiandad. Cumpliendo órdenes, Margarit viajó a Roma para, en compañía de Bartolomé Veri, obtener una audiencia de Sixto: a éste explicaron que aquella discordia entre Venecia y Ferrara nadie podía aplacarla con más autoridad que el propio Papa. Se trataba de salvar la paz y de reorientar la conducta de Sixto: como vicario de Cristo, a él correspondía conseguir la paz. Si esta gestión fracasaba, por culpa del nepotismo, los embajadores debían dirigirse a Milán, Florencia y los otros miembros de la Liga contra el turco para que, cerrando filas en torno a Fernando, impusieran en Italia la sensatez.

Gran decepción, que no modificó sin embargo la línea escogida por el Rey Católico: las noticias que llegaban aquel verano reflejaban un empeoramiento; los mercenarios contratados por Venecia habían conquistado Ficarolo, mientras que Alfonso de Calabria, derrotado en Campo Morto, había tenido que repasar la frontera. Algo peor aún: el 13 de julio algunos barcos genoveses hicieron presas delante del puerto de Barcelona. A pesar de todo, Fernando e Isabel estaban firmemente decididos a mantenerse en las relaciones firmes de amistad que se establecieran por medio de Centurione, considerando indiscutible la autoridad del vicario de Cristo. De modo que se trataba únicamente de negociar. A pesar de que Sixto había tomado dos resoluciones hostiles, tratar de trasladar a Rafael Riario a Sevilla, cosa que los reyes en modo alguno podían consentir, y confiar las gestiones de la bula de Cruzada a la banca genovesa de los Pinelo, la cordialidad en las relaciones no experimentó ningún desmayo.

El Consejo Real trabajó intensamente aquel verano. El 30 de agosto se despacharon nuevos pliegos de instrucciones para los embajadores. Debían comunicar a Milán, Mantua, Monferrato, Siena, Génova, Florencia, Urbino, Lucca y Ferrara que los soberanos españoles estaban de tal modo decididos a conseguir la paz que si no se suspendían las hostilidades, ellos se verían obligados a interrumpir las relaciones mercantiles con Venecia y, también, a impedir el envío de las rentas beneficiales a Roma. Iniciada aquel verano la guerra de Granada, el sesgo que hubiera de darse a unas operaciones que afectaban a toda la Cristiandad dependía de que se lograra o no un equilibrio mediterráneo. De ahí los esfuerzos que se hacían en Rodas, Chipre y Alejandría para tener alejados a los turcos.

Acuerdo pleno con el Papa

Difícil la misión que entonces se encomendó al obispo de Barcelona, Gonzalo Fernández de Heredia: «Con toda humildad» debía preguntar al Papa qué le impedía tomar la iniciativa en las negociaciones de paz. No se trataba de meras expresiones verbales sino de un planteamiento a fondo del papel que el vicario de Cristo debe asumir en relación con la comunidad cristiana. En setiembre de 1482 la Asamblea del clero castellano volvió a reunirse, esta vez en Córdoba: se escucharon críticas muy acerbas. La mala administración y el desenfrenado nepotismo constituían una muy seria amenaza para la Iglesia española a la que se habían sustraído numerosos e importantes beneficios cuyas rentas eran administradas directamente por los banqueros italianos. La Asamblea acordó un donativo de 100.000 florines a los reyes para poner la guerra de Granada a cubierto de represalias.

Tomadas las principales disposiciones, los reyes pudieron despedir a Domenico Centurione, portador del acuerdo de junio. Le advirtieron: si el Papa cumplía sus compromisos, nombrar al cardenal Mendoza arzobispo de Toledo y olvidarse de Sevilla, ellos mantendrían el tratado y abonarían un tercio de la indulgencia de cruzada. El 28 de noviembre Centurione tuvo una larga conversación con los dos nepotes, Rafael y Jerónimo, e inmediatamente después ellos se encargaron de convencer a su tío de la necesidad de aceptar las condiciones. Rafael no fue a Sevilla pero, trasladado a Osma, se le completaron las rentas: a fin de cuentas, lo mismo le daba no estar en Osma que hallarse ausente de Sevilla. Fue muy significativa la carta que el 3 de diciembre de 1482 los Reyes Católicos escribieron a Sixto IV: aunque seguían teniendo mucho interés por la honra y estado del rey de Nápoles, su pariente, «no querríamos que las discordias de Italia causasen turbación al amor que Vuestra Santidad ahora nos tiene».

Todo esto era bien cierto. Se había dado, en 1482, un giro decisivo que colocaba a los monarcas españoles en el punto central de los apoyos a la Sede romana. La abundante documentación que Antonio de la Torre y sus discípulos y continuadores han recogido no permite dudas. Fernando había conseguido escapar de aquella trampa de Ferrara y se mostraba claramente como el defensor del equilibrio político en Italia, esencial para su seguridad. Así pudieron explicarlo Juan de Margarit y Bartolomé de Veri en una nueva audiencia: Sixto era la autoridad suprema, llamada a colocarse al frente de una Liga que salvaguardara la paz en la península y la defendiera del peligro otomano; Otranto era una lección que no convenía olvidar. El 12 de diciembre de 1482 la primera parte de la operación estaba concluida: Milán, Florencia, Ferrara, el Papa y Nápoles se reconciliaban comprometiéndose a conservar la paz y a operar juntos en la defensa. En un breve del 21 del mismo mes, Sixto IV reconocía que el buen resultado de las negociaciones se debía a los embajadores españoles.

Se cerraba el año 82 con un acuerdo pleno entre Fernando y Sixto IV en el plano político. Las relaciones directas con el Papa ganaban en cordialidad, permitiendo abrigar esperanzas de obtener nuevas ganancias en la reforma y reordenación de la jerarquía. Los primos de Nápoles, salidos, a fin de cuentas, de una línea torcida, habían sido colocados en su sitio: subalternos en relación con los intereses preferentes de la Corona de Aragón. En un breve muy elogioso del 2 de enero, el Papa reconocía en el monarca aragonés una dirección sobre los asuntos italianos y mediterráneos. Aún se registraban rozamientos en los asuntos eclesiásticos.

Isabel presionaba a su marido: no más concesiones como la de Osma y Cartagena; necesitaban personas cabales en todas las sedes. Al ejecutarse el traslado de Riario quedaba vacante Salamanca, que la reina quería fuese para su confesor, fray Hernando de Talavera, muy adecuado en aquella ciudad que contaba con la más prestigiosa universidad de sus reinos. El Papa quería conservar sus rentas en la Curia y por eso insistió en favor de un español, miembro de ésta, Diego Meléndez de Valdés. Intervino entonces Rodrigo Borja ofreciendo sus buenos oficios aunque presentando también la factura correspondiente. Era mucho lo que, desde 1472, debían los monarcas españoles al cardenal vicecanciller. Ahora éste formuló una especie de condición onerosa: su hijo Pedro Luis, que ostentaba la baronía de Llombay, perteneciente a la familia, fue enviado a España con el respaldo de abundante dinero. Se trataba de comprar señoríos y buscar para él una adecuada esposa que le permitiera insertarse en la alta nobleza valenciana. Desde luego el linaje apuntaba ya a Gandía, susceptible de capitalizar un ducado. No era todo. Otro hijo, Juan Borja, habido en Vanozza Catanei, sería instalado como obispo en Monreale, la principal sede de Sicilia. Fernando no tenía otro remedio que negociar en estas condiciones, aunque sintiese la misma reluctancia que su esposa hacia un personaje que tan malos ejemplos daba.

Fernando decidió que, para consolidar los buenos resultados de la negociación con Roma, necesitaba ligar a este linaje Borja a su causa. Explicó a don Rodrigo que no podía disponer de Monreale porque estaba prometida al cardenal Pedro de Foix, pieza clave en la paz segura con Navarra; pero que si lograba para este último la mitra de Palermo, más importante, aquélla quedaría libre y a su disposición. El 14 de mayo de 1484, resultado final de unas largas gestiones, comunicó que el camino de Gandía estaba ya expedito y podría darse a Pedro Luis con título de duque. Lo único que tácitamente reclamaba era que se viese en todas estas operaciones un protagonismo aragonés. Se mezclaba en estas cuestiones la tensa situación inquisitorial que habría de resolverse —de esto tratamos en otro capítulo— con el nombramiento de Torquemada. Señalemos que el mercadeo, que a muchos hubo de parecer vergonzoso, se estaba haciendo sobre dominios de la Corona de Aragón. En Castilla, Isabel se mostraba más resistente.

Duro camino hasta la paz de Bagnolo

Faltaba ahora completar el trabajo dando a la Inquisición nueva una estructura que resultara aceptable para el Papa, reforzando indirectamente la Unión de reinos y logrando una reconciliación con Génova y Venecia, imprescindible en aquel desarrollo del comercio mediterráneo del que, en definitiva, dependía el redreç de Cataluña. A principios de 1483 esto parecía muy difícil de conseguir. Venecia seguía empeñada en conservar su dominio de Tierra Firme y cerrar a los catalanes el acceso a Chipre. Como consecuencia del ataque perpetrado frente al puerto de Barcelona, las relaciones con Génova estaban suspendidas y se rumoreaba que esta Señoría, beneficiaria para los muchos corsarios que por aquellas aguas pululaban, estaba preparando una gran flota para el ataque a Oristano.

Fernando, sobre quien pesaban fuertemente los intereses castellanos íntimamente vinculados a los de Génova, comenzó haciendo un gesto de reconciliación: destituir al virrey de Cerdeña, Escrivá de Romaní, responsable de la conspiración que provocara la ruptura; se formularon además contra él acusaciones de corruptela bastante serias. Presentó además la seguridad en este Mediterráneo occidental desde la oplica de la guerra de Granada. Los leyes organizaron todo un sistema de flotas de guerra, borrando en lo posible las diferencias entre marinos vizcaínos, andaluces, valencianos y catalanes. El resultado fue una división tripartita. Charles de Valera se encargaba del estrecho de Gibraltar y aquellas costas. Bernat de Vilamarí custodiaba las de Nápoles. A Francés Torrellas correspondía la vigilancia del litoral africano.

Llegaban noticias de que, a pesar de las exhortaciones pontificias, Venecia se negaba a deponer las armas. Fernando ordenó a sus embajadores que explicaran al dux cómo él tenía los mayores deseos de conservar las antiguas relaciones mercantiles, tan beneficiosas para ambas partes y que los conflictos surgidos —caso de Chipre— debían resolverse negociando. De hecho, en el otoño anterior la caravana veneciana hacia Flandes había podido mantenerse transfiriendo, a través de Palermo, su carga a buques sicilianos. Sixto IV insistió: no bastaban las buenas palabras para convencer a los tercos venecianos. Se hacía imprescindible recurrir a otros medios hasta reunirlos en la mesa de las negociaciones.

Ciertamente la situación se estaba tornando peligrosa para el Rey Católico y para la misma Iglesia. Venecia, empeñada en seguir ejerciendo el control sobre Ferrara y las salinas, estaba negociando con Francia en dos terrenos: reconocer los derechos del duque de Lorena como rey de Nápoles y resucitar desde París la vieja querella de la superioridad del Concilio sobre el Papa. Ambas noticias tenían que preocupar seriamente al rey Fernando. No podía vacilar: tenía que obligar a Venecia a pactar. La querella en torno al comercio de Chipre era una oportunidad más a sumar. El 30 de abril de 1483 el Papa hizo publicar en Roma la creación de una Liga que ya no hablaba de combatir al turco sino a los venecianos; invitó a Fernando a que se sumara. Pero éste, dando muestras de gran prudencia respondió que antes de que hablasen las armas, siempre un mal, era posible agotar otros recursos. Quería ganar tiempo.

En octubre de 1483 Francisco Vidal visitó a Sixto IV para comunicarle que iba a Venecia portador de un ultimátum: si no aceptaba las negociaciones que se le proponían quedaría interrumpido el comercio con España. No se trataba de meras palabras. En diciembre comenzaron a cursarse órdenes a todos los puertos de Levante a fin de que se preparasen para una eventual ruptura. El día 29 de dicho mes se hizo la proclamación que determinaba, como una advertencia, que los comerciantes de uno y otro país dispondrían de un plazo de cincuenta días para retirarse con sus bienes antes de que el tráfico se prohibiera. La ejecución se preparaba para una fecha inmediata. Al comunicar al Papa y al rey de Nápoles esta decisión, se les advertía que el perjuicio económico para la monarquía española iba a ser muy serio. Se pidió, a cambio del servicio, que el rey pudiera disponer de dos beneficios en cada catedral de sus reinos aragoneses, y que Ferrante adquiriese tres mil modios de sal de La Mata al precio de un ducado por modio. Dicha sal, de baja calidad, era propiedad del rey. De este modo todos contentos. Los beneficios eran cuantiosos. La tercera parte de los diezmos eclesiásticos significaban para las arcas pontificias un ingreso de 30.000 florines de oro cada año.

Nadie podía confiar en su vecino en este juego de intereses. El 23 de marzo de 1484 el Papa anunció que el Senado veneciano había decidido encargar al obispo de Lisboa que negociase en su nombre una paz. Fernando se molestó: se trataba, a su juicio, de una maniobra tendente a eliminar su protagonismo. Como si obrase por su cuenta, Isabel se adelantó a otorgar salvoconducto a todos los venecianos que comerciaban en Castilla. En este momento murió Íñigo Manrique, arzobispo de Sevilla. Temiendo lo peor —y no se equivocaban porque era intención de Sixto IV regalar esta mitra al inevitable Rafael Riario—, los reyes cursaron órdenes al cabildo: que no se les ocurriera recibir como obispo a nadie que no hubiera sido por ellos mismos presentado. Llegaban noticias de que Ludovico el Moro, que gobernaba Milán en nombre de su sobrino, al que se proponía suplantar, operaba un acercamiento a Venecia, lo que significaba, según los expertos españoles, aproximación a las tesis de Francia. Los venecianos, en un golpe de mano, se apoderaron de Gallipoli, en la costa adriática de Nápoles V entonces se mostraron dispuestos a la paz. Los Riario apretaban contra Nápoles: era el único obstáculo que se oponía a la paz. Si debía perder Gallipoli, tanto mejor.

En estas circunstancias, que podemos considerar favorables para los venecianos, se llegó a la firma de la paz de Bagnolo (7 de agosto de 1484) que cerraba la larga crisis de tres años iniciada con la agresión a Ferrara. Venecia iba a retener el Polesine, cerca de Ferrara, en los preciados yacimientos de sal, y Gallipoli, amenaza para Nápoles. Entraba en la Liga y Roberto Sanseverino, que mandaba sus condottas, recibía el nombramiento de capitán general de la Liga con un sueldo anual de 20.000 ducados. Fernando, coincidiendo en este punto con la muerte de Sixto IV (12 agosto 1484) que quebrantaba el poder de los Riario, realizó un gesto decisivo, como si fuera el auténtico director de aquella política italiana. Hasta aquí había llegado y no estaba dispuesto a consentir que Venecia, tras los quebrantos ocasionados, retirara una buena porción del queso. Coincidiendo en este punto con la muerte de Sixto IV (12 de agosto de 1484) hizo su primer gesto como director de la política italiana: exigió de la Serenísima, con amenazas de movilización de sus barcos, que abandonasen ambas posiciones y ella obedeció.

Podemos decir, en consecuencia, que la crisis de Ferrara se cerraba con un claro ganador: Fernando ejercía ahora la dirección suprema, incluso sobre Nápoles. Nadie debía resistir a sus directrices. Y lo había logrado sin recurrir a la guerra, manteniéndose por encima de las querellas. Desde este momento, 1485, puede decirse que la Corona de Aragón había afirmado su hegemonía sobre el Tirreno.

Sistema de fortificaciones

La paz de Bagnolo, aunque insatisfactoria en más de un aspecto, cumplía una de las aspiraciones del Rey Católico más claramente expuestas: Barcelona, Valencia, Palermo, Génova y Venecia podían ahora entablar negociaciones para lograr una fórmula de garantía para ese comercio que a todos importaba. Hubo que remontar muy fuertes obstáculos. Por ejemplo, entre Cataluña y Génova se alzaba la cuenta incrementada de rencores antiguos, producto de robos, contrabandos, piratería y apoyo a la causa angevina. Sin embargo, en diciembre de 1483, los negociadores hallaron una fórmula capaz de alcanzar un arreglo: todas las mercancías que se intercambiasen abonarían el 5 % de su valor para la creación de un fondo de compensaciones que permitiera indemnizar a los dañados evitando las cartas de marca represalia, siempre injustas. Se trataba de aplicar un procedimiento que, con notable éxito, venía funcionando de tiempo atrás en el golfo de Vizcaya.

Estaba logrado el acuerdo cuando sobrevinieron dos obstáculos bastante serios. Como represalia al robo de una nao valenciana por dos trirremes genovesas en el puerto de Valencia (1483), Francisco Torrelles se apoderó de un barco en que, precisamente, viajaba un hijo del dux. Valencia cerró su puerto, pero Barcelona no, porque era mayor el perjuicio de una suspensión de relaciones que el riesgo de represalias. De nuevo intervino la Banca Centurione, firmemente arraigada en Sevilla y a la que Inocencio, el Papa sucesor de Sixto IV, había encomendado la gestión de todos sus negocios. Negociaciones lentas, porfiadas e interrumpidas, a veces por actos de violencia marinera. Pero en el verano de 1485 pudo anunciarse que se había alcanzado una reconciliación. Luis de Ala inauguraría la nueva serie de cónsules catalanes en Génova. Se entraba en fase de normalidad.

Tras la paz de Bagnolo las negociaciones con Venecia avanzaron con gran velocidad. Los reyes se adelantaron a ofrecer indemnizaciones a comerciantes venecianos que reclamaban por la falta en el cumplimiento de los contratos o por violencias. El 30 de setiembre de 1484 llegó la decisión por tanto tiempo esperada: el dux Juan Mocenigo entregó poderes completos a su procurador, Giovanni Borgio, para restablecer la normalidad. No era necesario negociar nuevos tratados aunque sí resolver, uno por uno, los menudos conflictos que se hallaban pendientes. Desde el 28 de diciembre del mencionado año, la caravana de Flandes pudo gozar de un salvoconducto pleno que la ponía a resguardo de enemigos de su entrada en el Tirreno hasta su llegada al golfo de Vizcaya. Tales medidas se completaron el 3 de febrero de 1485. Puede decirse que en estos momentos se había logrado una equiparación completa entre venecianos y súbditos españoles en lo que se refiere a la seguridad en los transportes y a los impuestos en aquellos respectivos países.

Más de un quinquenio de esfuerzos diplomáticos, pactos y compensaciones, con altibajos, ciertamente, y conflictos, aunque sin recurrir a la guerra, última ratio, habían permitido a Fernando alcanzar uno de los objetivos fundamentales que a sí mismo se asignara al ceñir la que oficialmente se llamaba «Corona del Casal d’Aragó». Había paz en todo este pequeño mat, bajo custodia de la senyera. La nueva monarquía cobraba semejanza con el Imperio romano en cuanto que el mar estaba en el centro y no en los márgenes. Sicilia revelaba, por esta vía, la enorme importancia de que había llegado a revestirse: fortaleza esencial para defensa de la Cristiandad y reserva triguera capaz de gobernar los precios del cereal en todos los mercados del entorno. Otranto había sido para ella una señal de alarma: era necesario dotar a la isla triangular de adecuadas fortificaciones y ajustar los fondeaderos para las grandes flotas. En 1484 los espías que pululaban por los mares de Oriente pasaron a Fernando noticia de que se observaban fuertes concentraciones turcas en Salona. Los avisos se repitieron al año siguiente. De ahí y no de los pequeños principados norteafricanos podía venir el peligro. Se había entrado en fase decisiva para la guerra de Granada.

Juan Valguarnera, barón de Azzaro, hubo de trabajar intensamente en los años 1484 y 1485 para redactar un informe que es todo un programa para la reordenación militar de Sicilia: cuatro bases, Catania, Mesina, Siracusa y Augusta, debían ser ampliamente fortificadas, almacenando en ellas dos mil piezas de artillería y doce mil lanzas largas, como aquellas que usaban los alemanes y los suizos. También era preciso hacer de Malta y de Gozzo sólidos bastiones, ya que ellas eran la barbacana. Aunque los fondos para el pago de todo este armamento debían tomarse de la Cámara de Sicilia, los trabajos principales se hirieron en las ferrerías de Vizcaya y de Cantabria. Sin embargo, Fernando no se llamaba a engaño: todos aquellos preparativos no eran suficientes para evitar el peligro turco. La potencia otomana había crecido y era previsible que continuara en esta línea. Por eso juzgaba imprescindible mantener unidos a los príncipes italianos, sostener los focos de resistencia que se detectaban en Albania y prestar ayuda al déspota de Lartá, un superviviente del viejo Imperio bizantino. Sobre todo —como en otro capítulo anotaremos— quería contar con la interesada colaboración del Soldán de Babilonia. Desde 1485 había conseguido poner nuevamente en marcha el consulado catalán en Alejandría.

CAPÍTULO V

ALGUNOS ASPECTOS ECONÓMICOS

Fundamentos

No podemos decir, partiendo de la documentación disponible, que Fernando haya poseído una verdadera política económica en el sentido que ahora damos a esta palabra. Lo mismo que su esposa Isabel, consideraba que su deber principal estaba en conseguir un incremento de la prosperidad de sus reinos y, como consecuencia de éste, mayores recursos a su disposición en el Tesoro. El alivio de la deuda interior en Castilla, la recuperación de Cataluña, la consolidación de las rutas mediterráneas, la ayuda decidida a las exportaciones de lana y al mercado de Flandes, así como la adopción de medidas proteccionistas, eran aspectos de una política de crecimiento y expansión, pero no otra cosa. El manejo del dinero estaba preferentemente en manos de extranjeros y sólo tímidamente comenzaba a apuntar un capitalismo en el que se insertaban, tanto en Castilla como en Aragón, importantes linajes de conversos.

Prescindiendo de las diferencias entre estamentos, que no eran económicas, como ya dijimos, sino funcionales, la literatura que empieza a desarrollarse nos ofrece dos modelos de vida que llegarán a cobrar notable relieve: el rústico, que vive en la aldea, célula agrícola por excelencia, y el ciudadano que se inserta en las villas y ciudades, todavía modestas en sus dimensiones. Una dimensión psicológica se estaba ya afirmando: el rústico, iletrado y de costumbres rudas, es empleado como motivo de risa desde el primer momento. Y, sin embargo, la propiedad agrícola era signo de estabilidad. Los comerciantes con fortuna invierten una parte de su dinero en la compra de tierras, no buscando la rentabilidad sino otras cosas. En las dos Castillas, así como en Extremadura y el reino de Aragón, la ganadería trashumante había alcanzado extraordinario desarrollo; pero esta actividad, englobada en la Mesta y Casa de los Ganaderos, era controlada por la nobleza. Holgura en sus rentas tenían ciertos propietarios campesinos, no nobles sino villanos —«aunque de sangre más limpia que el sol», dirá Pedro Crespo—, a los cuales se designaba con el calificativo de «labradores» o «ricos». Los encontramos un poco en todas partes.

También se movían con comodidad algunos comerciantes y aquellos nobles que disponían de señoríos suficientes, pues aunque estos últimos no habían renunciado a las rentas de la tierra, éstas eran muy poco significativas al lado de lo que les proporcionaban los señoríos jurisdiccionales: derechos de tránsito de mercancías o de justicia se ajustaban al incremento de los precios. Entre los productos agrícolas sólo el vino, en amplias zonas de Castilla o en el Priorato catalán, ofrecían garantía. Las cosechas de cereales registraban fuertes oscilaciones que hacían saltar los precios del mercado. Sólo Talavera y la Alcarria contaban con miel abundante para vender fuera; se trataba del único edulcorante de uso común. En consecuencia la lana reinaba. Ocupaba el número uno en los roles de los barcos que iban a Flandes, seguido del hierro caminado, el vino, la miel y los cueros. No es, pues, extraño que los Reyes Católicos y cuantos compartían con ellos el gobierno se volcasen en proteger a la Mesta.

Al ejercer poder directo sobre dos de las zonas trigueras más importantes de Europa, Andalucía y Sicilia, los monarcas españoles se sentían en condiciones de controlar los precios de este cereal que era entonces base de la alimentación, «pan de cada día». La exportación estaba rigurosamente prohibida, pudiendo llegarse a extremos inconcebibles en el castigo. Correspondía a la Corona extender «cartas de saca», es decir, permisos para la venta en el exterior, logrando de este modo ingresos muy notables. El Rey Católico añadiría a este comercio el de la sal, pues era propietario de algunas salinas. Llegados al trono en una coyuntura desfavorable, pues fuertes sequías dispararan los precios, los monarcas pudieron trabajar con éxito hasta lograr una cierta estabilidad, a 50 maravedís la arroba. Hubo una cierta tensión desde 1486, consecuencia de la guerra de Granada, que pudo ser dominada pero, tras una baja entre 1496 y 1498 debido a excelentes cosechas, de nuevo se registró el ascenso. La guerra con Francia, con especial incidencia en el Rosellón, que consumió fuertes sumas de dinero, incrementó la presión de la demanda, especialmente en Cataluña, Aragón y Valencia.

En 1500, coincidiendo con las negociaciones que parecían cerrar la crisis napolitana, se logró una abundante cosecha. Fernando decidió abrir la mano concediendo sacas hacia Portugal y hacia los puertos mediterráneos; había que sostener la flota que el Gran Capitán empleaba contra los turcos. También se enviaron cargamentos a África, donde pagaban en oro. Y así las reservas se consumieron. De pronto, excesivas lluvias y luego fuerte sequía alteraron los precios. Se quiso atajar el mal fijando tasas pero, como de costumbre, esto sirvió únicamente para alimentar el mercado negro. Fueron meses muy duros para los puertos de la orla cantábrica, afectados por endémica escasez.

Nos hemos adelantado en las fechas para proporcionar un horizonte amplio, dentro del que se desarrollan los sucesos de que vamos a ocuparnos a continuación. En 1503 la situación, en Sevilla, pudo considerarse casi desesperada: no estaba disponible en el mercado otro trigo que el que precavidos almacenistas ocultaran. De este modo el tránsito de Isabel a Felipe el Hermoso estuvo rodeado de circunstancias negativas. Por fortuna para Fernando, cuando él asumió en 1507 el gobierno único en todos los reinos, la crisis se hallaba resuelta.

La trashumancia y sus aspectos

Ni a Cataluña, la costa mediterránea o la orla cantábrica, alcanzaban directamente los efectos de la trashumancia, que gozaba de fuerte protección real. Tanto la Mesta como la Casa de los ganaderos de Teruel estaba dotadas de funciones jurídicas para la protección de las cañadas, con independencia de las puramente mercantiles. Las Cortes de Toledo de 1480, al regular las normas de tránsito por las cañadas establecieron firmemente el principio de que los rebaños tenían preferencia sobre las sementeras. Quedaron, también, definidos los «puertos», es decir, aquellos lugares en donde se cobraba el peaje llamado «servicio y montazgo», que era uno de los principales ingresos de la Corona. Las medidas liberalizadoras en otros órdenes que los reyes adoptaron no significaron modificación alguna en los derechos que las dos grandes organizaciones ganaderas poseían sobre los propietarios de los rebaños. Para decirlo en términos marxianos se trataba de un modo de producción aristocrática.

El Rey Católico estaba convencido de que con su proteccionismo a las lanas, que circulaban como de costumbre hacia Flandes y ahora también empezaban a hacerlo por la vía de Valencia hacia Italia, estaba prestando un buen servicio a sus reinos y respondiendo a las demandas económicas. Al asumir en 1492 el Maestrazgo de las Órdenes Militares también se convirtió directamente en una parte de la comunidad de ganaderos. En los rebaños y en las salinas de Torrevieja, la Corona actuaba como propietaria. Lo explicó el propio Fernando en una carta que el 27 de noviembre de 1477 envió a los comendadores de la Orden de Santiago. Como es fácil suponer, el mismo criterio, proteccionista y monopolizador, fue aplicado al hierro, la miel y los cueros. El Tesoro Real engrosaba pero se comprometía el desarrollo económico futuro, pues un país que vive exclusivamente de la venta de sus materias primas se ve encerrado en un espacio reducido.

El mismo control se ejercía sobre los barcos extranjeros, de los que se reclamaba importación de bienes a cambio de sus compras, sobre las imprentas y el negocio de libros —por razones distintas— y sobre la pesca en los bancos saharianos. Las corporaciones de oficios se alarmaron, ya que se les privaba de materia prima barata; trataron de defenderse cerrando filas y buscando también monopolios en un camino que conducía a los gremios. Desde 1486 tenemos constancia de que los reyes detectaron algunas de las deficiencias de su política, tratando de enmendarlas. Guiándose por las demandas de los procuradores de Burgos, se habían suprimido los impedimentos que a la exportación de lana había establecido, con justo criterio, Enrique IV. Tal demanda utilizaba la sonora palabra libertad. Pero entonces algunas ciudades, especialmente Segovia y Murcia, alegaron que, de este modo, se impedía el desarrollo de su industria textil que necesitaba lana barata, puesto que tejidos dieciochenos o de menor textura eran los que producían ropa de pobres. Flandes e Italia se estaban apoderando del mercado español.

Fernando mostró en este punto también su calidad de gobernante, al imponer una rectificación. El Ordenamiento de Medina del Campo (17 de junio de 1489), así como las garantías que se ofrecieron a los telares catalanes, tanto en su fábrica como en su exportación, nos indican el sentido de la nueva política, estudiada por Paulino Iradiel. Se iba a permitir la afirmación de diez áreas para la industria del tejido: Barcelona, Palencia, Burgos, Segovia, Zamora, Cuenca, Toledo, Murcia, Baeza y Córdoba, a las que se sumaría pocos años más tarde Valencia y algunas localidades aragonesas de tono menor. A partir de 1492 detectamos ya una verdadera política proteccionista. ¿Llegaba demasiado tarde? El salto a la Casa de Borgoña también ejerció una influencia negativa.

El papel de las Ferias de Medina del Campo

De los tres sectores de que se compone la actividad económica, el comercio había llegado a convertirse en el más importante, aunque daba ocupación a un número relativamente reducido de personas. Ocupa siempre un lugar destacado en los acuerdos que se establecen con otros reinos. Así, la gran alianza occidental, sellada con el signo del vellocino —siempre la lana en primer término—, además de fortalecer a la universidad de mercaderes de Brujas permitió el establecimiento de una próspera colonia en Londres. No se trataba de innovar sino de reforzar. En los últimos años del reinado de Enrique IV los marinos guipuzcoanos habían conseguido ya de Eduardo IV condiciones muy ventajosas. Los Reyes Católicos se dedicaron, en principio, a mejorar estas relaciones, otorgando al consulado de Burgos un papel esencial.

Luego vinieron los avances en las estructuras. Había que mejorar caminos y levantar puentes, para que la circulación rodada, en un país abrupto, pudiera incrementarse. Isabel y sus hijas empleaban con preferencia este modo de comunicación, como lo hacían también los embajadores. Sin embargo, recueros y arrieros seguían siendo altamente significativos. Fernando puso especial atención en el desarrollo de la arquitectura naval, especialmente relacionada con tres centros: Vizcaya, Barcelona y Sevilla: galeras y saetas dominaban en el Mediterráneo, cocas y naos en el Atlántico, junto con las carabelas y galeras de guerra de alto bordo. La influencia portuguesa se hacía evidente.

Es fácil suponer que se intensificó el comercio entre Castilla y los reinos de la Corona de Aragón, sin que llegara a constituirse un espacio único y uniformado: tenemos noticia de la existencia de consulados castellanos en Barcelona, Palma de Mallorca y Valencia. Sin embargo se dio un paso decisivo cuando se decretó la equiparación, a efectos de salvaguardia e impuestos. Como la riqueza se identificaba con la posesión y acumulación de ciertos bienes, estaba rigurosamente penada la exportación de oro, plata, monedas, trigo, caballos y armas, requiriéndose licencias especiales de los propios reyes. Al producirse la expulsión de los judíos, Isaac Abrabanel recibió una de estas licencias; nos permite comprender que se empleaban como remuneración por servicios prestados. Salidas importantes acompañaban a las rentas eclesiásticas, manejadas siempre por banqueros italianos.

La liberalización de las actividades mercantiles se hizo extensiva a los portugueses y a los navarros, que figuraban también dentro de la nación española. En 1503, para evitar entradas fraudulentas desde Francia, se fijaron como entradas imprescindibles para todo el comercio navarro, Logroño, Vitoria, Calahorra, Soria, Molina de Aragón y Tolosa. Fuera de allí las mercancías se declaraban descaminadas. Pero estos controles funcionaban mal. Eran muchas las denuncias que se formulaban contra sus oficiales.

El comercio internacional español recibe, de manos de Fernando, algunos muy notables impulsos. Las Ferias, siguiendo el modelo castellano, y las Lonjas y Consulados, de acuerdo con el catalán o valenciano, se establecieron en otros lugares. Consulados interiores, que funcionaban de un modo semejante al de las actuales Cámaras de Comercio, se registraban, desde tiempo atrás, en Barcelona y Valencia. Fueron precisamente los Reyes Católicos quienes aplicaron este mismo modelo en Burgos, tratando de establecer un verdadero monopolio, defendido con ahínco por la reina. Sólo tras la muerte de ésta pudo autorizar Fernando el establecimiento del Consulado de Bilbao. Los espacios atlánticos se abrían. Pero en 1492 Barcelona aún se debatía en las angustias de una recuperación. No hubiera podido asumir protagonismo en los descubrimientos.

Las razones y problemas de Valencia eran distintos. Esta ciudad duplicaba en el número de sus habitantes a Barcelona, que sólo entonces comenzaría a recobrarse, y a Zaragoza. Al comienzo de su reinado, Fernando era deudor de unos 4.400 florines de oro que no estaba en condiciones de devolver. Su nueva posición le permitía disponer de abundantes medios de compensación y, en esta oportunidad, pudo suprimir las aduanas castellanas. De este modo los capitales venecianos, que habían crecido, pudieron invertirse en madera, lana, cueros, paños bervíes, y también en los negocios de cambio de moneda en las Ferias de Medina del Campo. En consecuencia, Fernando no halló obstáculos para recurrir a nuevos préstamos. La deuda se elevó a ocho millones y medio de sueldos que, desde luego, no fueron devueltos. Una circunstancia que impedía al rey acudir a reformas institucionales como las que estaba realizando en otros lugares.

Tal era la situación en sus términos globales dentro de la Corona de Aragón: crecía Valencia convirtiéndose en puerta hacia el Mediterráneo de los productos castellanos; se recobraba Cataluña, gracias también en parte a la política castellana; se estabilizaba Zaragoza; y permanecía Mallorca afectada por una crisis a la que contribuían no poco los riesgos de la navegación por mares inmediatos infestados de corsarios. Probablemente para encontrar las razones últimas de la crisis deberíamos profundizar más en las Ferias de Medina del Campo. Creadas, como sabemos, por el abuelo del rey, cuyo nombre portaba, el Rey Católico llegó a concederles tanta importancia que, a principios de 1477, aseguró la salvaguardia y exención de que gozaban todos los comerciantes que allí acudían, incluyendo también a los portugueses, con quienes se hallaba en guerra. Cincuenta días, divididos en dos etapas, duraban las Ferias. Isabel contaba con una residencia en la esquina de la plaza de modo que cuando coincidía con ellas podía escuchar el jolgorio de las gentes y también el rumor amplio que dejaban tras de sí los negocios. Junto a ella se alzaba la Colegiata, provista de un balcón que permitía a los asistentes, sin abandonar sus tenderetes, asistir a la misa dominical.

La reina consideraba a Medina del Campo como una propiedad directa suya. Todas las disposiciones que en este tiempo se tomaron para aumentar el desarrollo de las Ferias, conduciendo todas las operaciones hacia la vía de los cambios, deben serle atribuidas. Pero no cabe duda de que Fernando intervino también, por ejemplo con la pragmática del 3 de abril de 1498 que fijó los intereses de los cambios. Era esta una cuestión que muy directamente afectaba a sus reinos patrimoniales, pues todos los pagos que se irrogaban de las empresas mediterráneas debían efectuarse con este tipo de documentos, ya era muy peligroso el transporte de dinero efectivo. A lo largo del reinado se produjo, en las Ferias, el cambio decisivo: el principal negocio que en ellas se practicaba ya no era la venta de mercancías, que nunca cesó, para fijarse en las transferencias monetarias. No se debe olvidar que también las medicinas figuraban allí como función importante. Las Ferias afectaban a la economía europea.

El problema remensa

Cataluña marcaba profundas diferencias con los otros reinos, comenzando por su calificación de Principado, aunque no le faltaban las dimensiones de verdadero reino. Frente a los ocho linajes de grandes de Aragón, sólo contaba con tres títulos condales, Prades, Cardona y Ampurias, ostentado este último por don Enrique «Fortuna», más otras dos familias equiparables a ellos, Moneada y Cabrera. Predominaba, pues, una nobleza media de cavallers y de donzells, que tropezaba con dificultades económicas, aunque no tan grandes como las de los simples homens de paratge. Poco desarrollado el sistema señorial, la nobleza catalana seguía dependiendo esencialmente de las rentas de la tierra, lo que significaba siempre estrechez.

En 1481 los Reyes Católicos promulgaron la pragmática de Guadalupe, anulando las reliquias de servidumbre que pudieran subsistir en sus reinos castellanos, ya que ésta era contraria a los sentimientos cristianos. Había esclavos, comprados fuera, no cristianos, mercancía que se insertaba en la propiedad y no en las estructuras sociales. Pero en Cataluña el problema se presentaba en circunstancias distintas, pues en la zona llamada Vieja sobrevivían los payeses de remensa, privados de libertad y sometidos a los que se llamaban gráficamente «malos usos». Los propietarios estaban endureciendo estos malos usos porque pretendían que los payeses hubiesen de abandonar la tierra para cobrar libertad. Una propiedad desvinculada de servidumbre alcanzaba buenos precios en el mercado. Pero los campesinos que habían puesto a su parcela en trance de rendir querían que su libertad viniese acompañada de una propiedad o censo libre de su posesión. La única solución al problema, desde el punto de vista del rey, y de su Consejo, era que ambas partes aceptaran una sentencia interlocutoria que indicara las indemnizaciones que habrían de otorgarse a los propietarios a cambio de su renuncia a los malos usos.

Era cuestión difícil, pues la Diputación del General que se identificaba con el punto de vista de los señores, había impuesto a Fernando, como condición indispensable para el apoyo de su política, la confirmación de las duras condiciones dictadas en la Constitución llamada Com per lo senyor que restablecía en todo su vigor los malos usos. Esto no es óbice para que comprendamos que desde noviembre de 1480 el rey ya tenía tomada su decisión. Había encomendado a Jaume Ferrer que emprendiese conversaciones con los remensas a fin de conseguir que aceptasen la sentencia interlocutoria. Esto fue, precisamente, lo que el rey explicó a los síndicos remensas cuando le visitaron en 1482: no era justo imponer a los dueños de la tierra una confiscación de su patrimonio. La misma gestión se había encomendado al lugarteniente Enrique Fortuna con los propietarios: tendrían que conformarse con la indemnización. Era lo mismo que se estaba haciendo con los señoríos castellanos. De modo que hemos de concluir que Fernando la consideraba solución justa.

Se autorizó a los payeses a celebrar asambleas para discutir el modo de reunir el dinero necesario. Pero los señores protestaron considerando que aquéllas podían significar la creación de un frente de guerra. El lugarteniente Enrique apoyó a estos últimos prohibiendo aquellas reuniones que no hubieran sido concreta y específicamente señaladas. Y entonces uno de los protagonistas en la guerra del rey contra la Generalidad, Pere Joan Sala, se alzó en movimiento de revuelta. Los años 1484 y 1485 fueron muy peligrosos. Los señores podían ahora alegar que los remensas no eran otra cosa que rebeldes a los que era preciso castigar. El lugarteniente les defendió en esta política y todo el programa de arreglo elaborado por Fernando hubo de ser pospuesto hasta que la revuelta hubo terminado. El caudillo remensa murió ejecutado el 28 de marzo de 1485.

Victoria militar y ejecución que parecían compensatorias de los reveses que la Generalidad sufriera a manos de los payeses en la guerra de los años 60. Fernando aceptó el fallo: era imposible que el rey se pusiera al lado de quienes requerían las armas formando bandos. Pero no había transcurrido un mes desde la ejecución de Pere Joan cuando Luis de Margarit llegaba a Barcelona para contactar con el gobernador Requesens de Soler —eran dos personas de la máxima confianza— y poner en marcha el plan antes expuesto. Es significativo que el rey encomendara la redacción del texto definitivo de la sentencia interlocutoria, que las dos partes firmaron en octubre y noviembre de 1485, a un castellano, Íñigo López de Mendoza. Funcionaba pues un plan para que súbditos de todos sus reinos participaran en el arreglo de estas cuestiones. También Alfonso de la Cavallería, converso aragonés muy experto en cuestiones económicas, tuvo papel importante en esta negociación. La sentencia fue promulgada en Guadalupe, donde se había declarado la libertad de los castellanos, un 21 de abril de 1486.

Sentencia firme que nos permite entender muy bien cuál era el sentido moral que de la justicia tenía Fernando. Los malos usos quedaban amortizados a cambio de una suma de 60 sueldos que debía pagar cada uno de los campesinos. Globalmente los payeses eran condenados a una multa de 6.000 libras como indemnización por los daños causados en la rebelión. Los caudillos de ésta, salvo setenta a los que se consideraba más directamente responsables, alcanzaban su perdón pero mediante el abono de otras 50.000 libras a satisfacer en diez años. El Gran Sindicato Remensa aceptó agradecido la sentencia, el 3 de julio de ese mismo año. Muchos de los inculpados prefirieron entonces subirse al monte y engrosar las partidas de bandoleros que constituían una verdadera plaga en las tierras altas de aquella que se seguía llamando Catalunya Vetlla.

Cortes de Barcelona

Ningún reinado puede legítimamente comenzar sin que el monarca se enfrente con las Cortes, representación del reino. Tanto Aragón como Cataluña y Valencia contaban con esta institución; Mallorca no, aunque no faltarían intentos para que procuradores acudiesen a alguna de las convocatorias. Tenemos motivo para suponer que Fernando consideraba un inconveniente que las reuniones tuvieran lugar por separado, pero nunca se atrevió a imponer una reforma. Como veremos en su momento, el intento de Tarazona fracasó. Hubo de resignarse. Por otra cosa, la enorme lentitud que los greuges o agravios imponían forzaba al rey a viajes molestos de una sede a otra, mermándose su presencia. Pocas veces se había visto tan necesaria la reunión como en esta coyuntura. Era imposible que Barcelona recobrara el papel directivo que durante siglos desempeñara en el conjunto de la monarquía sin un previo recobro de la estabilidad económica. La deuda era un problema que se presentaba también en Aragón y en Mallorca, aunque con menos urgencia.

En mayo de 1480 los consellers de Barcelona enviaron a Fernando un informe reconociendo la gravedad de la situación y solicitando que se adoptaran medidas proteccionistas en favor de los paños catalanes, que estaban sufriendo mucho por la competencia que les hacían los franceses. Pensaban que era imprescindible dotar a los comerciantes catalanes de algún monopolio, porque sin esto sería imposible desarrollar la necesaria competitividad. Fernando pensó en el coral sardo, además de los paños y, sobre todo, como ya hemos indicado, en el restablecimiento del consulado en Alejandría.

Iban a registrarse, sin embargo, momentos de fuerte tensión. Aleccionado por los buenos resultados que acababa de conseguir en las de Toledo, decidió convocar Cortes en Barcelona y en Zaragoza, con escasa diferencia en el tiempo. En octubre de 1480, pasando por la segunda de ambas, garantizó que, en cuanto hubieran concluido las sesiones barcelonesas, no muy largas, regresaría para reunirse con los procuradores aragoneses a los cuales se estaba convocando. El discurso regio ante las Cortes de Cataluña se leyó el 14 de noviembre de este mismo año. Deteniéndose desde luego en el peligro turco —es el año de Otranto, no lo olvidemos—, señaló los tres asuntos que, a juicio de su Consejo, reclamaban soluciones urgentes: restituir los bienes que se hubieran confiscado durante la guerra, pero sin que los beneficiados por los mismos recibieran perjuicio; modificar las estructuras del comercio catalán, para hacerlo más rentable, ya que sin esto era inútil confiar en un redreç; ejecutar el esfuerzo económico necesario para recuperar Rosellón y Cerdaña, indispensables en esta misma línea.

Los procuradores, que no querían adquirir compromisos económicos —era mucha la ayuda que el monarca requería— recurrieron al conocido procedimiento de los agravios cometidos por oficiales de la Corona convirtiendo los debates en interminables. Fernando se irritó y el 18 de diciembre firmó una carta que debía ser leída en público. Se trataba de recobrar para el Principado tierras catalanas y de devolverle la prosperidad mercantil, y los procuradores se escondían tras subterfugios para no cumplir con su deber. En enero llegó a decir que si Cataluña se escondía tendría que buscar en otros reinos los recursos que necesitaba. De hecho, el recobro y posterior defensa de los condados pirenaicos iba a comprometer a la Hacienda castellana.

Cortes de Calatayud

De hecho, cansado de esperar y ante el anuncio de la primavera, emprendió el viaje a Calalayud donde le esperaban desde hacía tiempo los procuradores del reino de Aragón. A esta ciudad llegó también Isabel, con su hijo el príncipe de Asturias, el 7 de abril de 1481. Una semana más tarde firmó el documento a que ya nos hemos referido otorgando a Isabel poderes equivalentes a los suyos. Juan iba a ser reconocido como heredero de acuerdo con la costumbre de aquellos reinos. Por esta vía se consolidaba, al parecer sólidamente, la unidad.

Las Cortes del reino de Aragón estaban formadas por cuatro brazos, de modo que los dos que formaban la nobleza, esto es ricoshombres y caballeros, contando normalmente con la colaboración de los eclesiásticos, reducían a muy poca cosa las dos docenas de procuradores del estamento de ciudadanos. Con frecuencia los nobles tampoco acudían personalmente sino que se hacían representar por «tratadores» que debían atenerse a las instrucciones recibidas haciendo muy difícil, cuando no imposible, el diálogo. Era también una demostración del papel que a dichas Asambleas se asignaba. También aquí los agravios hacían interminables las sesiones tornándolas inoperantes. En la práctica, tanto aquí como en Cataluña estaban siendo sustituidas por la Diputación del General, que recaudaba, controlaba e invertía el impuesto que de esta manera se calificaba. De hecho defendía las «libertades» contenidas en el Fuero que no eran sino privilegios en favor de la oligarquía.

El príncipe fue jurado como tal el 20 de mayo de 1481. Luego los procuradores se negaron en redondo a asumir la parte del gasto que se les asignaba en la flota que fuera en socorro de Otranto. Con cerrazón rural opinaban que aquel no era asunto que compitiese al reino de modo que al rey debía asignársele todo el gasto. Fernando dispuso el traslado de las Cortes a Zaragoza, confiando en obtener algunos cambios en la opinión. Como los catalanes insistían en reclamar su presencia, hubo de continuar viaje, dejando a su esposa la difícil y casi inútil tarea de continuar los debates. Para que no hubiera dudas acerca del papel que se le asignaba, la reina fue procesionalmente conducida al palacio de la Diputación, y obligada a jurar los Fueros a fin de que quedara bien clara la sumisión del poder real a los mismos. Llegó un día en que la reina se cansó de tales demoras. El 13 de julio, dejando a Juan Fernández de Heredia el encargo de presidir los inútiles debates, emprendió viaje a Barcelona para reunirse con su marido. Una profunda lección: la empresa de Otranto y la defensa de Malta, que correspondía a interés primordialmente siciliano, podrían contar con poderosos subsidios castellanos pero no de los otros reinos aragoneses.

De nuevo en Barcelona

Los catalanes, que tanto habían insistido en reclamar la presencia de Fernando, único que podía volver las tornas en las represalias consecuencia de la guerra civil, también hicieron todo lo posible para ganarse la buena voluntad de Isabel, convencidos de que era la única que podía influir decisivamente en su marido. De modo que cuando llegó a Barcelona, un 28 de julio, fue sorprendida con un boato para el que no tenía precedentes. En este momento, el rey había conseguido su primer éxito, aunque es forzoso reconocer que se trataba de dar favor a los miembros de la Biga: las Cortes le reconocieron poderes para dar remate final a las demandas consecuencia de las confiscaciones (2 de julio de 1481) consolidándose la deuda generada por la guerra. Los vencidos iban, evidentemente, a recuperar bienes y posición que perdieran. Ello no obsta para que se reconozca el alcance del primer objetivo: aparecía en Cataluña como el pacificador que liquidaba odios del pasado. Así lo vio Vicens Vives. Entonces los procuradores acudieron a la reina para que ésta actuase como árbitro en la solución de los greuges presentados. Y ella aceptó. De modo que las Cortes de Barcelona pudieron clausurarse el 8 de octubre en un ambiente de concordia. La guerra estaba definitivamente cancelada.

Aún estaba sin resolver, aunque por poco tiempo, el problema remensa a que nos hemos referido y el desequilibrio en la deuda pública. Pero las dos estancias en Barcelona el año 1481 dejaban a Fernando muy satisfecho. Se había alcanzado definitivamente una paz con reconciliación. Cataluña mostraba confianza en la monarquía y en las dos personas que en aquellos momentos la encarnaban. Ningún catalán podía ser juzgado fuera de la propia tierra, y ningún no catalán estaría capacitado para desempeñar cargos públicos en el Principado. Sólo era posible acudir al tribunal del rey en grado de apelación cuando se tratara de sentencias pronunciadas por tribunales reales. La Observança que entonces se promulgó y comenzaba con las significativas palabras «poc valria» hizo de la Diputación del General un órgano supremo para la justicia, asumiendo además las funciones de las Cortes, incluso para la denuncia de contrafueros en el período entre dos convocatorias. La Corona obtenía con la Observança una ventaja que no era pequeña, ya que a ella iba a corresponder la resolución de tales recursos. Las Cortes votaron la ayuda solicitada de 300.000 libras, la tercera parte de las cuales se asignaba a las compensaciones que se habían acordado. No era mucho, pero en todo caso importante. A diferencia de Aragón, Cataluña se implicaba en la gran política mediterránea del rey. Tampoco pondría obstáculos a que durante los próximos diez años, Fernando se ocupara esencialmente de la guerra de Granada.

Estancia de los reyes en Valencia

Fernando e Isabel pasaron las Navidades de 1481 a 1482 en Valencia, donde unas Cortes que podríamos calificar de puro trámite procedieron a la jura del príncipe heredero. Ostentaba la lugartenencia en este reino Enrique «Fortuna», que no iba a tardar en ser trasladado a Barcelona, donde la tarea era más seria. Valencia, favorecida indirectamente por el declive catalán, era, como ya indicamos, principal fuente de préstamos para la Corona, empezando por los gastos de boda. Aunque muchos valencianos reclamaban el establecimiento de la insaculación, como se estaba aplicando ya en Mallorca, Játiva y otras ciudades, a fin de acabar con el dominio de una oligarquía pilotada por el maestre racional, el rey se resistía a introducir reformas que podían conducir a una mayor resistencia a sus demandas de dinero. El racional, cuyo oficio duraba tres años, renovables, al frente de los seis jurados, presidía y controlaba un Consejo de Ciento cuyos miembros se renovaban anualmente. De este modo se aseguraba un poder personal; naturalmente se mostraba proclive a aceptar las demandas que se hartan desde la Corona.

En 1481 falleció el racional Perot Pelegrí y se presentaron ante el rey muy serias denuncias contra la cerrada oligarquía que él significaba. Ningún control se ejercía sobre las cuentas del Consejo de Ciento, de modo que la corrupción había crecido en los últimos años. Se había llegado al extremo de recortar las monedas, disminuyendo la cantidad de plata en ellas empleada. Los prohombres valencianos insistieron: sólo la insaculación podía quebrar el poder absoluto de la oligarquía. Fernando dio largas al asunto; no quería correr riesgos. En 1483 dispuso, sin embargo, que se aplicase en Valencia un programa de estabilización semejante al que estaba introducido, con éxito, en Castilla: el ducado, con un peso de 23,75 quilates, de los que entraban 67 por libra, sería en adelante cuidadosamente controlado en su metal fino, evitándose las manipulaciones.

Muy pocas cosas cambiaron en Valencia con esta estancia de los reyes. Las dificultades y denuncias respecto al mal gobierno nada tienen que ver con el desarrollo del comercio y la prosperidad. Sin embargo, Fernando otorgaba primacía a Barcelona manteniéndose en línea con lo que era una tradición. En pocos asuntos puso tanto empeño como en el de lograr la recuperación económica de Cataluña.

El redreç, un programa

Los debates desarrollados en las Cortes de Barcelona habían tenido como eje esencial precisamente esa recuperación. Desde el primer momento los consejeros de Fernando advirtieron que no sería posible alcanzarla sin reformas institucionales que enmendasen algunos arcaísmos. Atendiendo a una propuesta de los consellers —siempre la misma prudencia para dar a entender que no se trataba de iniciativas personales—, el monarca dio el primer paso el 6 de noviembre de 1481: para asegurar la neutralidad en las elecciones se harían nuevas listas más cuidadosas guardándose el secreto. Luego se enfrentó abiertamente con el problema, reclamando propuestas o sugerencias para su solución. La persistente insuficiencia de los ingresos hacía que se generase enorme y creciente deuda pública. Los ingresos disminuían y la escasa actividad que registraba el puerto de Barcelona era a la vez causa y consecuencia de la crisis. Todos los ingresos que la Generalidad controlaba estaban comprometidos de antemano por el pago de los intereses de la deuda. Joan Bernat Marimon, conseller en cap entre 1480 y 1481, propuso como única solución posible el establecimiento de una nueva contribución en la que nadie, ni siquiera los clérigos, figurara como exento y, al mismo tiempo, la reducción de gastos suprimiendo oficios que se juzgaban innecesarios.

Todo el mundo, salvo el clero, naturalmente, se mostró de acuerdo con la propuesta. Fernando, a quien correspondían las altas relaciones con la Iglesia, insistió en que sería imprescindible una negociación en Roma a fin de recabar la autorización del Papa, ya que los eclesiásticos catalanes, reunidos, se negaron en redondo a someterse a una contribución. Como muestra de buena voluntad se mostraban dispuestos a otorgar un donativo bastante generoso, pero en modo alguno a renunciar a un privilegio que se consideraba esencia de su propia condición. El rey pasó la orden (28 de marzo de 1482): comencemos por esta vía; al menos habremos logrado ganar tiempo mientras se negocian las otras cosas. Pero la ciudad hizo cuestión de confianza aquella de que el clero tuviera que someterse a la contribución.

En 1483 ocupó la conselleria en cap Pere Conomines; junto con Marimon, Jaume Destorrent y Ramón Marquet, era uno de los caudillos de la resistencia frente a Juan II. Llegó a un completo entendimiento con el monarca, lo que no significaba otra cosa salvo que la Biga había recobrado el poder. Tras una corta deliberación fue propuesto un programa de cinco puntos, declarándolos inseparables unos de otros. Todo o nada:

Aplicación de los nuevos ingresos que se obtuvieran a la compra de censales, disminuyendo de este modo la cuantía de la deuda.

Reducción del número de oficiales del concejo y, al mismo tiempo, de sus salarios.

Conseguir que los eclesiásticos quedaran sometidos a los nuevos impuestos que se establecieran.

Imponer contribuciones también en aquellas villas y lugares pertenecientes a la jurisdicción de Barcelona.

Establecer un impuesto sobre la venta de carne y vino.

Debido a que el Consejo de Ciento exigió como condición insoslayable que todos esos artículos se aplicaran simultáneamente, hubo la impresión de que se había entrado en un callejón sin salida. Visto desde fuera el plan, que tenía indudable lógica, fue considerado como demasiado egoísta: la oligarquía barcelonesa rehuía hacer sacrificios tratando de descargar en otro el peso de las cargas. Ni los clérigos, ni los propietarios de los censales, ni los moradores de los lugares sujetos a la jurisdicción de Barcelona, parecían dispuestos a hacer los sacrificios que de ellos se reclamaban. Hubo de emprenderse una larga tarea de negociación y esto significaba que el redreç estaba entrando en vías de demora. En el intervalo se produjo la revuelta de Pere Joan Sala, con daños evidentes, haciendo que algunos menearan la cabeza dudando de los buenos resultados de una negociación.

Para tratar de explicar la conducta del rey nos vemos obligados a romper el orden cronológico de los sucesos. Ya hemos tratado de la sentencia de Guadalupe que, pese a los desconfiados, resolvió el problema remensa por vía de negociación. Luego saltó sobre la mesa la cuestión rosellonesa. En su testamento, Luis XI, que no quería llegar a la presencia de Dios con un fraude, había dispuesto la restitución de los condados. Su hermana, Ana de Beaujeu, que no tenía las mismas prevenciones, regente en nombre de Carlos VIII, incumplió el mandato. Por un momento Fernando estuvo dispuesto a suspender la guerra de Granada y volcarse en esta empresa si sus reinos orientales estaban dispuestos a asumir el gasto de tal empresa. Las Cortes le disuadieron: no se contaba con medios suficientes para afrontar una guerra con Francia. De hecho, la política exterior dependía ahora de los recursos castellanos. Era imprescindible esperar.

Algunas cuestiones influyeron también en este retraso. La solución dada por el rey al problema remensa molestó, y no poco, a muchos de los propietarios de tierras que hubieran preferido disponer de ellas. El empeño en introducir y reforzar la Inquisición, unificada ahora bajo la dirección de Torquemada, también podía interpretarse como un atentado a las «libertades» de cada reino. Nadie dudaba ahora de que el plan Conomines era adecuado para lograr la recuperación, pero ¿a quién correspondía dar el primer paso? Resultaba imprescindible abrir la cerrada oligarquía, acudiendo, como en otras partes, al procedimiento objetivo de la insaculación, pero no faltaban quienes consideraban el cambio como quebranto de las «libertades» en beneficio del poder real. Investigadores próximos a nosotros sostienen todavía esta opinión.

Recurso a un golpe de fuerza

Los éxitos en Granada, especialmente desde 1488 —la incorporación de este reino ya era sólo cuestión de tiempo—, hicieron crecer el prestigio del monarca. La libertad de los antiguos remensas se consolidaba sin traumas, mientras que la situación financiera del Principado sufría creciente deterioro. En diciembre de 1487, tres prohombres de la oligarquía barcelonesa, Joan Ros, Jaume Destorrent y Ramón Marquet, se entrevistaron con el rey en Zaragoza. El motivo de la visita era discutir las consecuencias del paso de la Inquisición antigua a la nueva. Se pasó inmediatamente a establecer una muy estrecha y, en cierto modo, sorprendente colaboración. Fernando demostraba prácticamente una de las dimensiones más fecundas de la monarquía: capacidad para atraer colaboración incluso de aquellos que se mostraran antes enemigos. Destorrent decidió que los intereses de Cataluña debían colocarse por encima de los de cualquier partido, hizo suyo el plan Conomines y apoyó la propuesta de pasar a la insaculación.

El 6 de julio de 1488 la Diputación existente fue disuelta y se encargó a una comisión que presidía el abad de Poblet, Juan Payo, la tarea de hacer los nombramientos de quienes iban a formar la primera generación. En estos momentos, desmantelado Montserrat —Fernando se encargaría muy pronto de restaurarlo con monjes vallisoletanos— era Poblet centro de la vida religiosa catalana. A esta nueva Diputación iba a corresponder la puesta en marcha del plan de recuperación. La ciudad capitulaba ante el monarca aceptando que ella carecía del poder suficiente para llevar a cabo el programa, en especial en dos puntos que escapaban absolutamente a su control: la contribución de los eclesiásticos y la obligación de los foráneos.

Fernando no podría conseguir que Inocencio VIII otorgara la bula suspendiendo en este caso el privilegio clerical, pues la Curia entendía que con ello se quebrantaba el estatus jurídico de la propia Iglesia, pero llegó a un acuerdo con los canónigos de Barcelona: a cambio de mantener la exención acostumbrada abonarían la cantidad global de mil libras durante doce años. Entonces el rey, usando de su poder, obligó a los lugares de la jurisdicción de Barcelona a pagar los nuevos tributos (23 de diciembre de 1488). El Consejo de Ciento logró un ahorro de 708 libras anuales reduciendo sueldos a sus oficiales. Todo parecía quedar, sin embargo, sobre la mesa de las buenas intenciones. La iniciativa de los canónigos de la catedral no fue asumida por los otros miembros del clero y la ciudad aplicó el impuesto sobre la carne y el vino a otros menesteres que juzgaba más urgentes.

Encolerizado, Fernando procedió entonces a lo que bien podríamos llamar golpe de Estado: el 29 de noviembre de 1490, operando con grandes cautelas, se procedió a detener a los consellers que fueron inmediatamente privados de sus cargos y sustituidos por un nuevo equipo, siempre de cinco, a cuyo frente se hallaba Jaume Destorrent. No se trataba, en modo alguno, de destruir el poder de la Biga: los nuevos consellers pertenecían a las altas familias del patriciado, pero estaban ahí no como representantes del Consell sino como depositarios del poder real. Durante tres años, el nuevo conseller en cap, que no necesitaba revalidarse, y que contaba con el apoyo del monarca y con el prestigio de su pasado, pudo rematar una gran labor. Desde el 16 de agosto de 1491 se aplica, íntegro, el plan Conomines; quedaban libres cada año 6.289 libras para proceder al enjugue paulatino de la deuda que se evaluaba en 40.000.

El camino hacia la insaculación

Volvamos atrás. Es imprescindible romper el mandato riguroso de la cronología para poder explicar de modo correcto la solución que el Rey Católico dio a cada uno de los grandes problemas. Desde el principio estaba convencido de la necesidad de proceder a grandes reformas institucionales en sus reinos de la Corona de Aragón pero no quería, en modo alguno, quebrantar la legitimidad con sus acciones. Tropezó, especialmente en Aragón, con una resistencia decidida de la Diputación, que había encontrado en la defensa de las «libertades un argumento eficaz». Sus miembros señalaban dos consecuencias desfavorables de aquella Unión entre las dos Coronas: el reino era ya un elemento menor en el conjunto, y la amplitud de funciones significaba que el monarca se convertía en el ausente. Habiendo rechazado la entrega de la lugartenencia a un no aragonés, Fernando se vio obligado a conferirla a su hijo bastardo, Alfonso, arzobispo de Zaragoza.

Para el Tesoro real Aragón significaba un rendimiento mínimo. Por eso era inevitable que se le prestase menos atención. Todos los impuestos, sus gastos y la deuda pública consecuencia de ellos se hallaban bajo control riguroso de la Diputación. De aquí creía ésta que dimanaba su gran poder, pues el rey no tenía más remedio que contar con ella para cobrar su parcela sin comprender que ésta era apenas significativa. Hasta 1492 encontramos como arrendadores mayores a Pedro de la Cavallería, Juan de Pedro Sánchez y Domingo Aznar, todos ellos conversos. Esta condición nos ayuda a comprender la resistencia que en todo el reino halló la nueva Inquisición que dirigía Torquemada. El establecimiento del Consejo de Aragón en 1494 pudo eliminar algunos de los resquemores, ya que los asuntos en el reino generados contaban con organismo propio. Pero al mismo tiempo hacía más eficaces y directos a los oficiales de la Corona, disminuyendo el poder de las Cortes y de la Diputación.

En el otoño de 1483, primer intervalo de descanso en la guerra de Granada, Fernando e Isabel habían viajado hasta Vitoria para ocuparse de asuntos navarros y también de las relaciones con Francia, afectados todos por la noticia de la muerte de Luis XI. Y hasta allí llegaron el obispo de Huesca y don Luis de Hijar, enviados por el lugarteniente general a fin de comunicarles que era urgente una nueva convocatoria de Cortes en Aragón. Necesidad sentida también en los otros reinos de aquella Corona, dadas las circunstancias. Tuvo entonces el Rey Católico una idea arriesgada pero que nos revela hacia dónde iban sus esperanzas: convocar Cortes de los tres reinos, por separado, desde luego, pero en un mismo tiempo y en una misma ciudad, Tarazona, a fin de que el rey pudiera presidirlas en persona y no por delegación. Aquello sonaba a previo paso para Cortes unificadas, como era el modelo castellano, tan eficaz, desde el punto de vista de ambos soberanos. De la importancia de estas Cortes de Tarazona habremos de ocupamos en otro capítulo.

Barcelona y Valencia, esta última con menos energía que aquélla, se negaron a acudir: las Cortes eran instrumento del reino y no de la Corona, de modo que sólo en el reino podían ser celebradas. Fue, sin duda, una seria derrota para Fernando, incrementada por la rotunda negativa de los aragoneses a dar ni un sueldo para la recuperación de los condados pirenaicos y por la actitud de la reina Isabel que no estaba dispuesta a consentir que se interrumpiera la guerra de Granada. No cabe duda de que catalanes y aragoneses creyeron haber conseguido un gran éxito. Probablemente no comprendían que, con su actitud, forzaban al rey a volverse a Castilla —«mi ventura» llegaría a decir, tal vez— haciendo de ésta eje sustancial de la monarquía. Entregado, durante ocho años, en cuerpo y alma a la guerra de Granada, ésta iba a proyectar a Fernando hasta un primer nivel entre los reyes de Europa.

Paso adelante: la Hermandad

Las Cortes de Tarazona de 1484 indican el comienzo de una etapa de fuertes tensiones, dirigidas siempre por el propio rey. Éste encomendó a sus embajadores en Roma, con cierta insistencia (1484-1485), que consiguieran bulas pontificias dispensándole del juramento que prestara de cumplir el Fuero.

A los aragoneses, informados, no podía quedar duda de que se trataba de introducir modificaciones que de algún modo significaban quebranto de sus libertades. Un caso muy concreto: el Papa otorgó que las sisas recientemente establecidas, y de las que nadie escapaba por ser impuesto indirecto, podían aplicarse a la guerra de Granada, que era misión preferente para toda la Cristiandad. Otro aspecto de no menor importancia. La Inquisición se situaba dentro de las competencias de la soberanía de la Corona y no de la administración perteneciente a cada reino. Por eso las autoridades aragonesas —este es tema que explicamos en otro lugar— se mostraron tan críticas frente a las pretensiones de Torquemada. El 14 de enero de 1485 la Diputación dispuso la ejecución de un alguacil del gobernador general de Aragón, Juan de Burgos, por injurias que se dijo había cometido contra un jurado. Fernando afirmó que no quería, en modo alguno, quebrantar los privilegios de la ciudad; pero al mismo tiempo pasó a Juan Fernández de Heredia la orden de castigar con ese mismo rigor a los culpables de aquel pleito.

Eliminar barreras forales, demostrar que ante la soberanía deben ceder los privilegios y fueros, pues aquélla y no éstos respondían al bien público, era sin duda el objetivo fijado. Un paso decisivo vendría significado por la introducción de un organismo semejante a la Hermandad general castellana, encargada de garantizar el orden público. A finales del año 1487, aprovechando seguramente el eco que significaba la gran victoria conseguida en Málaga, se decidió a dar el golpe decisivo. Dejando a la reina y al príncipe en Guadalajara, pues no convenía que se mezclasen en ello, se adelantó hasta entrar en Zaragoza. El 11 de noviembre se presentó en la llamada casa del puente, ordenó que le entregasen las listas para sorteo de los jurados y consiguió una delegación del municipio para, por una vez, cambiar el sorteo abriendo un plazo de cinco años en que serían jurados los por él designados. El error cometido por los que asesinaran a Pedro de Arbués llegaba ahora a sus últimas consecuencias. Inmediatamente se organizó la entrada de Isabel y del príncipe de Asturias, que tuvo lugar el 17 de noviembre rodeada de un gran fausto, para demostrar la importancia que tenía el poder real.

En aquel otoño tenso, que se vivió en Zaragoza, Fernando pudo manejar otra arma todavía más poderosa. El 26 de octubre de 1486, es decir, un año antes, el arzobispo lugarteniente había conseguido que los procuradores de los municipios, que en Aragón se llamaban universidades, se reunieran para acordar el establecimiento de la Hermandad. Partiendo de este documento se pudo incluir a todas las villas y ciudades del reino de Aragón, con exclusión del condado de Ribagorza, porque en él imperaba el derecho catalán, en una Hermandad cuya duración en principio era de cinco años. La fuerza prevista era de 150 lanzas, divididas en tres unidades. Zaragoza, cabeza de todos los municipios, elaboraría una terna de la que el rey designaría un oficial y un juez mayores.

Se había ejecutado una verdadera revolución: desmantelada la oligarquía municipal, introducidos juristas y hombres de negocios entre los jurados, impuesta la Inquisición nueva como sustitutoria de la antigua y creada la Hermandad, el rey contaba con la bula pontificia correspondiente. Convocó Cortes que iniciaron sus deliberaciones el 4 de enero de 1488. En ellas se completó el proceso, en gesto de sumisión: las 115.000 libras que rendían las sisas iban a emplearse en la guerra de Granada; se votaron subsidios para la nueva Hermandad y se dieron poderes al rey para que nombrara los miembros que debían componer la Diputación.

Los resultados

Fernando, concluidas las Cortes de Zaragoza pasó a Valencia, dejando de momento a Cataluña un poco al margen. Repitió el gesto de hacer solo la entrada en la capital un día 4 de marzo de 1488. Se estaba tratando de marcar una diferencia sustancial con los otros dos reinos, pues no se pretendía cambiar las estructuras institucionales sino sólo hacerlas funcionar tratando de corregir desdichas. Las Cortes, que se iniciaron en Valencia y se clausuraron en Orihuela, apuntando ya a la ultima fase de la guerra de Granada, transcurrieron sin alteraciones. Se prohibieron los bandos y se decretó el establecimiento de la paz con orden en el interior. Las quejas que se alzaban contra malas gestiones fueron escuchadas, nada más. Fernando no quería, en este caso, hacer peligrar la prosperidad que este reino había conseguido.

Las universidades aragonesas habían promocionado la Hermandad porque era el procedimiento adecuado para acabar con la terrible lacra del bandidaje, que, como en otros lugares de Europa, era protegido por los nobles; un medio para compensar el deterioro de sus rentas. Una de las primeras acciones emprendidas por la nueva fuerza fue ocupar la baronía de Guiralt de Bardaxí en las tierras altas de Sobrabe. Los grandes linajes vieron en la Hermandad un serio peligro para sus posesiones y privilegios, y avisaron al justicia mayor, Juan de Lanuza, que invocando las «libertades», como su descendiente en el caso de Antonio Pérez, se negó a jurar obediencia a la Hermandad (diciembre de 1487). En octubre de 1488 las cabezas de los grandes linajes de Hijar, Urrea, Luna, Alagón, Gurrea y Castro —sólo dos faltaron a la cita—, se reunieron en Zaragoza para plantear al rey una cuestión de principio: no era correcto que los alcaldes de la Hermandad, pertenecientes al estado llano pudieran ejercer su autoridad en tierras de señorío. En consecuencia reclamaban la supresión de la Hermandad.

Fernando ganó tiempo, el suficiente para que transcurriesen los cinco años del plazo inicial, llevando el asunto a las Cortes de Tarazona-Zaragoza de 1495, en vísperas del gran choque con Francia. Estaba cu marcha la creación del ejército real de modo que nada se perdía con dejar en suspenso la Hermandad durante un decenio y con retornar a la insaculación en el nombramiento de diputados. Término de llegada para una política que se cerraba con respeto a las instituciones y fuerte refuerzo del poderío real. Se dispuso entonces la realización del censo, que arrojó la existencia de 51.540 fuegos: súbditos cristianos y libres. Si aceptamos el factor 5, máximo posible, nos encontraríamos con unos 250.000 habitantes para la comunidad aragonesa, muy por debajo de la de los otros reinos.

CAPÍTULO VI

LA DECISIÓN DE TARAZONA

Dos Andalucías, frente a frente

Desde que, en 1275, Muhammad II, ayudado por los benimerines, consiguiera independizarse, rompiendo los vínculos que le insertaban al reino de Castilla, la antigua Bética se había visto dividida en dos: una Andalucía cristiana sobre el valle del Guadalquivir, y otra musulmana, respaldada por Sierra Nevada. Desde 1407 los regentes castellanos, empezando por el abuelo del rey Fernando, a quien gustaba que le recordasen como «el de Antequera», habían señalado como uno de sus objetivos esenciales el restablecimiento de la sumisión. Por eso las guerras de Granada, y especialmente la última que logró alcanzar la meta, pesaron de manera especial sobre los hombros de los andaluces. Manuel González Jiménez aconseja considerar la cuestión desde este punto de vista: reunificación de Andalucía. De los dos mil millones de maravedís que se consumieron, casi la mitad fue aportada por los concejos andaluces. Las aportaciones de la nobleza o de las Órdenes Militares, ciertamente cuantiosas se compensaron con la entrega de señoríos. No fue necesario hacer lo mismo con las ciudades; la ganancia estaba precisamente en la unidad.

Dos sentimientos entraban en juego, plenamente compartidos por Fernando el Católico: la ganancia, desde luego, pues iba a proyectarle al primer rango en la europeidad; pero también el espíritu de la caballería, que alimentaba sobre todo a los más jóvenes, como aquellos caballeros ingleses que vinieron a ganar la prez de la singular batalla. No olvidemos que estamos en el tiempo de los caballeros andantes. Nunca ese espíritu brilló con tanta luz. Las Órdenes Militares escribieron la última página. Y los poetas hicieron sonar, como en un eco profundo, aquello mismo que atribuían a Juan II: «Si tú quisieses Granada… dándote en arras y dote a Córdoba y a Sevilla». Emerge siempre la idea de reunificar.

El rey, que invocaba la memoria del abuelo, primero que comenzó a reinar en Aragón, consideraría esta guerra como una de sus tareas esenciales. Conviene no olvidar sus propios argumentos. Granada, reserva musulmana, había sido creada por otro Fernando, el Santo; ilegítimamente había llegado a la independencia que por ninguno de sus sucesores fue reconocida, ni por los castellanos ni por los aragoneses. Por eso no se concertaban paces y sí únicamente treguas que debían acompañarse de indemnizaciones cuantiosas, entre doce y quince mil doblas de oro, que venían a sustituir las pechas establecidas en el primer momento.

El emirato granadino —por afinidad hacia los hábitos cristianos lo calificamos de reino— significaba, también, una buena solución para el problema de subsistencia entre ambas religiones: era una reserva musulmana en que se concentraba la mayor parte de los fieles reduciendo a dimensiones escasas las aljamas instaladas en territorio cristiano. De modo que su desaparición significaría un peligroso crecimiento de la población islámica, obligando a plantear sobre bases nuevas el esquema de la tolerancia. Sus puertos de Málaga y Almería constituían indispensables bases de partida para el control del comercio africano. En todo caso era preferible que los italianos instalados allí pasaran a depender, como los de Sevilla, de autoridades cristianas y no musulmanas.

De este modo se explica que, en un primer programa mínimo, Fernando haya reclamado únicamente sumisión y tributo. Es lo que el autor del romance utiliza para atribuir al granadino la altanera respuesta de que ya no labraba moneda para el tributo sino alfanjes para la guerra. La memoria poética explica muchas cosas. Reincorporar al vasallaje las tierras de Granada, proporcionarse ingresos libres superiores a los seis millones de maravedís y garantizarse el control de la costa parecía por el momento suficiente. De modo que la decisión de anexionar el reino no se tomó, en firme, hasta 1485. Por otra parte también apreciamos que el Rey Católico se atuvo a los planes de guerra que elaboraran los consejeros de Enrique IV, buscando el desgaste del enemigo y evitando choques abiertos con aquellos experimentados combatientes del Islam. Abrumada por muy elevados impuestos, Granada no podría resistir mucho tiempo. Las profundas divisiones internas que la aquejaban también favorecerían mucho a los andaluces.

Situación interna

Desde 1465 gobernaba desde la Alhambra, sin disputa, Abu-l-Hassan ‘Alí, tras haber derrocado a su padre. Pero su legitimidad procedía, sobre todo, del matrimonio que contrajera con Fátima, viuda de Muhammad XI, de la que tuvo, entre otros hijos, a Abu ‘Abd Allah, a quien los cronistas cristianos llaman Boabdil, situado en la primera línea de sucesión. Un matrimonio político que no podía cubrir los afectos del emir. Las malas relaciones entre los esposos se presentaron pronto. Una niña cristiana, Isabel de Solís, capturada cerca de Córdoba y convertida al Islam bajo nombre de Soraya, sustituyó a Fátima como primera dama del reino y de la Corte. Muchos granadinos vieron en este cambio una causa de perdición. También recoge esta trayectoria el romancero.

Coincidieron con su reinado las tremendas dificultades que experimentó Castilla durante el reinado de Enrique IV. Abu-l-Hassan (a quien nuestros cronistas llamaron Muley Hacén) pudo creer que este reino no ofrecía un peligro demasiado serio y que si se mantenía en un islamismo riguroso y en buenas relaciones con sus correligionarios del norte de África podría contar con «voluntarios de la fe» en número suficiente para rechazar cualquier acometida. Esto le obligaba a incrementar sus ingresos, aumentando los tributos y recuperando propiedades para el patrimonio. Se granjeó así la animadversión de la nobleza, a la que procuraba compensar mediante entradas en territorio cristiano que proporcionaban esclavos y botín. Pese a todo, la «guerra de sucesión» en Castilla (1475-1479) pareció confirmarle en tan buenas perspectivas. Disponía de tiempo y de medios para domar a esos zegríes y abencerrajes «que eran la flor de Granada».

Tales perspectivas se vieron confirmadas durante cinco años. En el comienzo de su reinado, Fernando e Isabel otorgaron poderes al conde de Cabra para que, en su nombre, concertara treguas, lo que probablemente hizo. Ni en esta ocasión ni en las que se concertaron en torno al 15 de enero de 1478 hubo reclamación de parias. Fue decisión tomada por Fernando, desde Sevilla, no reclamarlas. Acaso le movía el propósito de guardar para sí el casus belli o evitar que las hostilidades se rompiesen demasiado pronto. Por esta vía, Abu-l-Hassan pudo creer que sus planes estaban llegando, en efecto, a buen término: treguas continuadas, jueces de ambos lados para vigilar la frontera y relaciones mercantiles abiertas parecían significar el reconocimiento de la independencia total. No había comunidades cristianas en todo el territorio granadino; la «tolerancia» de los emires es un invento cercano a nosotros. Algunas acciones militares como el saqueo de Cieza en 1477 habían transcurrido sin que se produjesen represalias. Muchos cristianos prisioneros se convertían pasando a engrosar el ejército del sultán. Se les conocía como «elches». También eran bastantes los mudejares que cruzaban la frontera pensando en alcanzar, entre sus correligionarios, la libertad.

No cabe duda de que Fernando tenía noticias de cuál era la situación interior. En el verano de 1474, esto es, después de que se operara su reconciliación con Enrique IV en Segovia y el reconocimiento como príncipe por la mayor parte de los nobles, un hijo de Yusuf IV, que se mantenía en Sevilla, tomó contacto con él solicitando amparo para sí y para su hijo Yahya al-Nayar. Abu-l-Hassan estuvo seguramente informado de esta gestión e intentó disuadir al castellano de cualquier tentativa para intervenir en aquella cuestión. Para ello, el 7 de abril de 1478, en plena tregua, dispuso que se hiciera en Granada un alarde demostrativo de cuáles eran sus fuerzas. Si aceptamos el testimonio de los cronistas, fue un magno desfile: entre cuatro y siete mil caballos rindieron pleitesía al emir. Aquella misma tarde, un gran nublado desató sus furias sobre Sierra Nevada provocando que el Darro rompiera sus cauces. Una señal del destino que, según Hernando de Baeza, aguardaba a Granada.

El error de Abu-l-Hassan

Las treguas, al suprimir las parias y el rescate de cautivos, suprimieron también las vinculaciones recíprocas, dejando a los dos reinos frente a frente, como enemigos que, con las armas en alto, esperan tan sólo que las circunstancias sean propicias para volver a la lucha. En sus conversaciones con Nicolás Franco y, después, en los debates de las Cortes de Toledo, quedó bien clara la intención de Fernando de reemprender la guerra que sólo estaba interrumpida. La Frontera se hallaba dividida en seis sectores: Cádiz, Sevilla, Córdoba, Jaén, adelantamiento de Cazorla y la encomienda de Segura que comprendía todo el límite de Murcia. Cada una de ellas disponía de independencia a la hora de realizar «entradas» o ejecutar represalias. No se observaba bien la suspensión de hostilidades. Desde finales de 1479, don Rodrigo Ponce de León, marqués de Cádiz, había volcado sus energías en la realización de entradas, algunas verdaderamente importantes como la que le permitió derribar, en Ronda, la torre del Mercadillo. Fernando estaba de acuerdo: cuando Diego de Merlo fue nombrado asistente de Sevilla, el propio rey le entregó instrucciones para que provocara algún incidente que permitiera cohonestar la ruptura de hostilidades.

Entonces Abu-l-Hassan cometió el error de adelantarse, esperando tener un rehén que forzara al Rey Católico a abrir negociaciones. Durante meses la atención y esfuerzo castellanos se habían volcado sobre Italia. El emir escogió Zallara, cuyo titular, Gonzalo Arias de Saavedra, se hallaba en malas relaciones con su rey, tenía descuidada la defensa, siendo además esta una de las plazas que conquistara Fernando «el de Antequera». Una noche oscura y tormentosa del mes de diciembre de 1481 los musulmanes escalaron sus muros, tomaron prisioneros a los escasos moradores de la fortaleza y los llevaron a Ronda. Algunos soldados cristianos perecieron. Fernando lamentó las muertes pero en el fondo se congratuló del suceso; en su respuesta a la ciudad de Sevilla confesó que «tuvimos placer en esto… porque nos da ocasión para poner en obra muy prestamente lo que teníamos en pensamiento de hacer». En un primer momento pareció que Fernando pasaba la responsabilidad de la empresa, guerra lenta y de desgaste, a los grandes linajes andaluces —Medinasidonia, Cádiz, Cabra, Aguilar— y a la caballería de las Órdenes Militares, pero era una imagen no correcta.

Por estos mismos días Diego de Valera pasó al rey el aviso de que había un medio de liquidar la guerra de un solo tajo: tomar Málaga. La posesión de esta ciudad significaba el dominio sobre todo el reino. Fernando nunca olvidó este consejo. Creía, sin embargo, que la acción contra Málaga requería ciertas operaciones previas. La crisis italiana en torno a Ferrara estaba ya demostrando que a la monarquía hispana, heredera de la Corona de Aragón, correspondía principal responsabilidad en la defensa del Mediterráneo, pero no era posible asumirla con eficacia mientras el Islam tuviese una cabeza de puente en la Península. Ésta es la otra cara de la moneda: además de reunificar Andalucía permitía cerrar el mar en su extremo occidental.

Alhama

Las dos piezas fundamentales del romancero fronterizo son, sin duda, Abenámar y Alhama. Los sentimientos en ellas expresados estuvieron en el corazón de los capitanes de aquella guerra. Primero los perfiles de la Alhambra recortados contra el cielo y las nieves de Sierra Nevada. Después la sensación de que la pérdida de esta ciudad era señal inequívoca de que debía comenzar el llanto: «Por eso mereces, rey, una pena muy doblada, que te pierdas tú y el reino y que se pierda Granada». Pues la estrategia adoptada desde el primer momento se componía de tres palabras: escaramuza, tala y asedio. Nunca arriesgarse a una acción resolutiva. Tampoco Abu-l-Hassan, por mucho que esto, al principio, le conviniera, estaba en condiciones de imponerla. Tomando prisioneros, que debían pagar rescate para librarse de la esclavitud, arrasando cosechas y quemando bosques se conseguía arruinar al enemigo con ahorro de vidas humanas. Pero eran los asedios, cerrados, de las fortalezas, los que debían permitir «arrancar uno a uno los granos de esa granada».

Adelantándose a todos, en clara represalia por Zahara, la noche del 27 de febrero de 1482, un avezado escalador, Juan Ortega de Prado, se apoderó de Alhama. Cuando Fernando lo supo cursó apresuradas órdenes: no soltarla; él iría, en persona, a consolidar su defensa. Pues Alhama —«ay de mi Alhama»— era una especie de puñal clavado en la Vega, de la que se sostenía la capital. Llegaron pronto refuerzos, con un nuevo espíritu. Bajo sus muros el duque de Medinasidonia y el marqués de Cádiz, viejos enemigos, se dieron el signo de reconciliación.

Los escaladores no iban tan lejos: saquearon la plaza y pelearon entre sí a la hora de repartirse el botín. Estratégicamente la posesión de Alhama significaba un desafío, ya que se trataba de una posición muy avanzada en medio del territorio enemigo. Pero Fernando no experimentó a este respecto dudas: era la oportunidad que necesitaba para hacer definitiva la guerra. Se hallaba en Medina del Campo cuando le alcanzó la noticia.

Hizo celebrar un Tedeum de gracias y, dejando a Isabel en esta ciudad, emprendió la marcha reclamando de los nobles que se le incorporasen. Así llegó a La Rambla el 23 de marzo acompañado por Beltrán de la Cueva y los condes de Treviño, Cifuentes y Tendilla, es decir, Manriques y Mendoza en número igual, que también necesitaban apagar rencores. La guerra conseguía así otro objetivo.

Desde este momento Fernando hizo de Córdoba principal puesto de mando para las futuras operaciones durante los próximos siete años. Abu-l-Hassán trató de enmendar el yerro lanzando un asalto el domingo 21 de abril de 1482, pero fue rechazado, porque la guarnición se había reforzado. Ocho días más tarde, habiendo abandonado el campo los granadinos, Fernando cruzaba las puertas de la ciudad a la cabeza de un formidable ejército de 6.000 caballos y 10.000 peones. Tras él venía una larga recua de mulos con aprovisionamiento suficiente. En el mismo lugar dio la orden de defender Alhama «a toda costa». Y, desde luego, se cumplió.

Para asegurar el abastecimiento de esta vital posición se necesitaba abrir un camino garantizado por adecuadas fortalezas. Se pensó entonces en Loja, esa «flor entre espinas» como la llama el poeta. Se cumplía así con el espíritu de la caballería que recomienda ganar la prez comenzando por lo más difícil. Dentro de Loja estaba el mejor capitán granadino, Ali Atar, con una guarnición muy numerosa, de tal modo que, esta vez, la operación fracasó. Dos saetas alcanzaron y dieron muerte al joven maestre de Calatrava, Rodrigo Tellez Girón y las milicias cordobesas se desordenaron. Fernando supo, entonces, que aún le quedaban muchas lecciones por aprender. Las tres primeras: poner en línea las compañías de la Hermandad, bloquear los puertos para impedir el acceso de nuevos refuerzos africanos, y aumentar la artillería. Aquel verano de 1482, en una segunda visita a Alhama, reiteró a Luis de Osorio, obispo de Jaén, que había asumido el mando, la orden de conservarla a toda costa. Un experto marino catalán afincado en Sicilia, Galcerán de Recasens, en quien depositaba su confianza, asumiría en 1485 el control naval absoluto sobre el Estrecho.

Desastre en la Ajarquía

Aquel invierno de 1482 a 1483 se tomó la primera de las grandes decisiones: no interrumpir la guerra mediante treguas negociadas con Abu-l-Hassan. Se iba a un cambio paulatino, pero inexorable, en las tuerzas armadas. Nacía el Ejército del rey, esto es, de la nación. Las Compañías de la Guardia Real y las de la Hermandad se unificaron prácticamente al depender de un cuerpo de mando constituido por miembros de la nobleza; y todo ello significaba unos 2.500 caballos, la mitad hombres de armas y la mitad jinetes. No debe olvidarse que cada hombre de armas significaba la suma de tres combatientes. Luego venían los 1.500 hidalgos, jinetes «de acostamiento» que percibían de la Corona un sueldo que se llamaba «lanza». Mesnadas de la nobleza y caballería selecta de las Órdenes Militares hacían el resto permitiendo disponer entre 4 y 7.000 soldados según las ocasiones. Y venían luego las milicias ciudadanas, la infantería y todos aquellos «homicianos» que lavaban sus cuentas con la justicia jugándose la vida por las lomas y campos de Granada. Pero el trabajo de los oficiales y consejeros del rey era siempre el principal: cañones, carretas, pertrechos. Isabel intervendrá decisivamente al disponer la creación de hospitales para atender a los numerosos heridos. Ahorrar bajas era, desde luego, una consigna.

En una fecha que hemos de situar entre los días 14 y 30 de agosto de 1482 Fernando vio, por primera vez, recortados en el horizonte los perfiles de la Alhambra. Allí estaba la meta a la que era imprescindible llegar; así lo explicó a su primo Enrique, lugarteniente en Cataluña, y a Juan de Silva, conde de Cifuentes, que asumía el mando de las tropas que se estaban concentrando en Sevilla. La voluntad del rey era no abandonar la empresa hasta que hubiera sido rematada. Tres intentos hicieron los granadinos para recobrar Alhama y los tres fracasaron. Las tornas habían vuelto a las que don Álvaro de Luna consiguiera tras la Higueruela, recortando el territorio del pequeño reino. Miles de acémilas hacían, custodiadas, la ruta desde Sevilla para aprovisionar cumplidamente la fortaleza.

Los asuntos aragoneses y catalanes a que en el capítulo anterior nos hemos referido obligaron al Rey Católico a ausentarse del frente andaluz durante largas semanas del año 1483. Andrés Bernáldez anota que había aprendido la lección de Loja, pero sus nobles no. El 19 de marzo, aprovechando el buen tiempo, concentrados en Antequera, los capitanes Cárdenas, santiaguista, el conde de Cifuentes, el marqués de Cádiz, Alfonso de Aguilar y el adelantado mayor decidieron que había llegado el momento de dar una dura lección a los moros quemando tierras y montes en la Ajarquía hasta que pudieran verse los daños desde Málaga. Cuando regresaban, embarazados por la impedimenta fueron sorprendidos por el enemigo en la noche del 21 al 22 de marzo y sufrieron un verdadero desastre. Los cronistas registraron el daño: dos mil muertos quedaron tendidos y el conde de Cifuentes hubo de pagar un elevado rescate por su libertad. Fernando no hizo el menor gesto de censura: talar campos hacia Málaga era una necesidad y la mala fortuna pende, siempre, sobre los hombres de guerra.

Acuerdo con Boabdil

Muchos, en Granada, eran los que se oponían a Abu-l-Hassan: había quebrantado la legitimidad privando a Fátima de la dignidad que le correspondía, y a sus hijos de sus derechos; rompiendo la guerra con los cristianos ponía en peligro el reino; la Ajarquía no podía presentarse como reparo a sus derrotas, pues el éxito en este caso correspondía a su hermano Muhammad al-Zagal, que se encargaba de la defensa de Málaga. Algunos pensaban incluso que la negativa de Fernando a negociar se refería a él, pero no a otro emir. Una noche, los dos hijos de Fátima, Boabdil (Muhammad Abu ‘Abd Allah) y Yusuf, huyeron de la Alhambra descolgándose por una ventana y el primero de ellos, al llegar a Guadix, fue proclamado emir. El reino se dividió en dos facciones y, poco tiempo después, Abu-l-Hassan, expulsado de Granada, hubo de refugiarse en Málaga.

Los rebeldes contaban con Ali Atar, al que consideraban como la mejor espada del Islam. No hay duda de que pretendían llegar a un acuerdo con Fernando, al que veían sumamente ocupado en los asuntos propios de su reino. Pero después de la Ajarquía necesitaban también de una victoria que obligase a los cristianos a aceptar la propuesta. Repitiendo el error de Zahara escogieron esta vez Lucena, que pertenecía al señorío de la Casa de Aguilar. El asunto se torció, los soldados granadinos se desbandaron. Ali Atar pereció en la contienda y Boabdil fue hecho prisionero cuando se daba a la fuga. Entre los jóvenes caballeros que tomaron parte en esta acción se hallaba aquel segundón que respondía al nombre de Gonzalo Fernández de Córdoba. Se trata del futuro Gran Capitán. Todo esto sucedió en las últimas semanas de abril de 1483.

Estaba en Madrid don Fernando, alojado en el viejo alcázar de la al-mudaina, cuando llegó la noticia de la prisión de Boabdil. Sin perder tiempo viajó a Córdoba, adonde llegó el 9 de mayo, reclamando la entrega del valioso rehén, cuyo rescate pagó generosamente a los señores de Aguilar y a los otros caballeros. «Lloraba toda Granada con grande llanto y gemido», y no tardó mucho Abu-l-Hassan en recobrar la Alhambra, mientras por la mente del monarca castellano pasaba un proyecto que aparece reflejado en la documentación, aunque es difícil calcular hasta dónde llegaban sus intenciones. Vamos, pues, a explicar lo que nos dicen los documentos.

Mientras los miembros del Consejo Real debatían propuestas para sacar provecho de aquella coyuntura, Fernando impuso su criterio. Negociar un acuerdo con Boabdil, ofreciéndole el reconocimiento como emir si tornaba a las condiciones anteriores a 1275: un señorío dentro de la Corona de Castilla no distinto de cualquiera de los ducados o condados existentes, aunque con licencia para seguir practicando la religión musulmana. El espacio de esa reserva vendría dado por las comarcas del reino en donde consiguiera hacerse obedecer. Los Reyes Católicos seguirían combatiendo a Abu-l-Hassan y a su hermano, recobrando para su reino cuantas villas, ciudades o fortalezas les fuera posible. Si se daba prisa, Boabdil podría contar con un señorío bastante extenso.

Nunca, en todo caso, con todo el reino, como ahora se hallaba constituido. Mientras se concluían las negociaciones, Fernando hizo la más brillante entrada, demostrando hasta dónde alcanzaban sus intenciones, entre los días 5 y 14 de junio de 1483. Había que demostrar a los caballeros de la Frontera que el rey era uno de ellos. Desde Córdoba, por el camino de Alcaudete y Alcalá la Real, que seguían los mercaderes, llegó hasta Illora, destruyó al paso la fortaleza de Tájara y alcanzó luego Alhama, para un breve descanso. Una semana: ya era el espejo de la caballería y, en condición de tal, entre los días 20 y 26 de junio taló la Vega, sin que Abu-l-Hassan, desde Granada, pudiera reaccionar.

Fin de la primera etapa

Ahora el Rey Católico, rey de España como algunos pretendían llamarle, ya que poseía la representación de aquella que se hubiera perdido el 711 y ahora se restauraba, tenía todas las riendas en su mano. Isabel estaba ausente, en Vitoria, ocupándose de asuntos que no eran menos importantes, y a la tienda del rey llegaban dos proposiciones alternativas para poner fin a la guerra. Al-Zagal, que había recibido de su hermano plenitud de poderes, utilizó a Francesco Centurione, uno de los banqueros con fuertes intereses en Málaga: propuso, en nombre de aquél, una fórmula: si se le entregaba al díscolo Boabdil firmaría treguas con las condiciones de sumisión acostumbradas, pago de parias y liberación sin rescate de los cautivos. Desde Guadix, Fátima, que controlaba también Almería, ofreció algo más, sumisión completa al poder castellano en las condiciones propuestas. Fernando consultó con Isabel y, recibida la aquiescencia de ésta, el 5 de julio de 1483 cursó la orden para que se suspendieran las operaciones contra los lugares que estuvieran en la obediencia de su vasallo Boabdil, continuándolas en los demás.

Imposible penetrar en las profundas intenciones de ambos esposos, que en todo operaban de acuerdo sin que sea posible descubrir en este punto divergencias. Lo que la documentación fehaciente nos dice es que, antes del 26 de agosto, Boabdil, usando el título oficial, Muhammad XII, firmó las condiciones propuestas: sería en adelante titular de un estado señorial vasallo dentro de la Corona de Castilla; sus obligaciones se cifraban en el envío de 700 lanzas para el ejército real cuando fuera requerido, abono de 12.000 doblas anuales en concepto de tributo, y liberación periódica de 60 cautivos, si los hubiere, sin rescate. Se intercambiaron rehenes para garantizar el acuerdo.

De este modo se alcanzaba el término de la primera etapa. Subsistía la reserva musulmana, aunque reducida a la parcela oriental del antiguo reino, gobernada desde Guadix —es importante recordar que sería la que menos resistencia iba a ofrecer al final— mientras las guerra continuaba contra al-Zagal, que retenía esos tres núcleos, Ronda, Málaga y Granada, objetivos militares colocados precisamente por este orden. Tal era el programa que los embajadores castellanos van a explicar al Soldán de Babilonia, pues la guerra no obedecía a otra causa que la de someter a súbditos rebeldes que, ilícitamente, habían pasado a la independencia. Se podía volver a la estrategia inicial de desgaste, permitiendo al rey poner su atención principal en otros asuntos.

Compás de espera

Los reyes habían tenido que desplazarse a su frontera norte para ocuparse de asuntos de Navarra y de Francia que muy directamente les afectaban. La guerra, que no iba a interrumpirse a menos que al-Zagal ofreciera una capitulación completa, estaba ahora confiada a los capitanes de la Frontera. Se ordenaba celebrar fiestas cada vez que llegaba desde allí noticia de algún éxito; no siempre había motivos para tantas albricias, como fue el caso de saber que se había recobrado Zahara. Los dos hermanos conservaban todavía fuertes efectivos militares y sabían emplearlos diestramente. Pero este retorno a la antigua estrategia permitía también a los reyes alcanzar otro resultado: ir descubriendo la valía de gentes como aquel Gonzalo o de Íñigo López de Mendoza, conde de Tendilla, a los que se asignarían luego funciones importantes. Estamos, sobre todo, en la hora de Tarazona. Se trataba de medir hasta qué punto los súbditos de la Corona de Aragón estaban dispuestos a llegar en el esfuerzo de recuperación territorial y económica.

A Tarazona llegaron los procuradores de Boabdil, coincidiendo con las Cortes de que nos ocupamos a continuación. Daban cuenta de los esfuerzos que estaba realizando para convencer al mayor número posible de granadinos de la necesidad de someterse. Para aumentar su éxito necesitaba apoyos esenciales, en especial liberando cautivos, ya que esto aumentaría el grado de su popularidad. Surge en nosotros la duda de si efectivamente Fernando estuvo dispuesto, en aquellos meses cruciales, a apartarse del protagonismo granadino que había asumido, dejando en manos de los adelantados la continuación de una tarea de desgaste y demolición de un reino que parecía definitivamente dividido entre estas dos opciones: resistencia a ultranza o sumisión.

No faltaban, desde luego, razones poderosas que recomendaban pasar a un segundo término la empresa granadina, sin interrumpirla: en primer lugar se abría una posibilidad de solución en el espinoso problema de los condados pirenaicos; nuevas inquietudes se abrían paso en las relaciones con Portugal; y, sobre todo, cambios muy decisivos se habían producido en los reinos que constituían la gran alianza occidental, clave para la acción política respecto a Europa.

La sombra espesa de Alfarrobeira

Fernando compartía con su esposa el convencimiento de que la paz idealizada en Alcaçobas constituía una pieza capital en su estructura diplomática, ya que aseguraba la paz interior de la Península, haciendo de España, ahora con tres reinos, la unidad económica y de entendimiento que juzgaban indispensable. Instalada en Coimbra la Excelente Señora, que había ganado con su profesión religiosa una completa independencia, esa unidad descansaba en el futuro matrimonio de dos niños, Alfonso e Isabel, que superaba ya los once años, los cuales residían en Moura, bajo la custodia de su tía Beatriz, que no dejaba de quejarse de los excesivos gastos y compromisos que dicha custodia significaba. Por su parte, el padre de Alfonso, «principe perfeito», don Joao, heredero de la Corona, consideraba estas tercerías como una mala pasada, pues, gracias a ellas, la Casa de Braganza disponía de fortalezas inmunes y de buenos y poderosos rehenes. Exigía, en consecuencia, que fuese retirada la inmunidad pudiendo los oficiales y soldados del rey entrar en ellas cuando fuera necesario. En este caso Isabel se convertiría en prisionera.

Por eso los monarcas españoles se movían entre dos alternativas: mantener las cosas como estaban aceptando las demandas económicas de la duquesa o suspender las tercerías haciendo que Isabel volviera a casa de sus padres hasta que llegara el momento de celebrar matrimonio. Luego se diría que aquellos niños que crecían juntos se estaban enamorando. Y en el fondo de la escena se agitaba un fantasma: el abuelo de don Joao, por parte de su madre, era el duque de Coimbra, que murió combatiendo en Alfarrobeira, y de esta desdicha el príncipe responsabilizaba a los Braganza, que aparecían como un obstáculo: preeminencia de la alta nobleza frente al poder real.

Alfonso V, el Africano, murió el 28 de agosto de 1481 y Juan II subió al trono. Inmediatamente envió a Castilla sus embajadores, Ruy de Pina y el barón de Alvito, para hablar de los acuerdos vigentes y sugerir la suspensión de las tercerías. Iban a plantear numerosas reclamaciones de los exiliados, que los monarcas españoles no podían atender porque significaba tanto como reconocer a los recalcitrantes ventajas que ni siquiera a los más fieles se habían otorgado. Entre otras cosas reclamaban para doña Juana los 32.000 florines que dejara su madre en Madrid en el momento de su muerte, una suma importante si, como se rumoreaba, la Excelente Señora decidía abandonar el convento y volver a la lucha política. Los monarcas españoles respondieron que ese dinero no existía, ya que la reina Juana había dispuesto de él en su testamento, cuyas mandas habían sido cumplidas.

La conclusión a que querían llegar los embajadores, tras este bosque de veladas amenazas, era que, suspendiéndose las tercerías, los príncipes fueran llevados a Lisboa, puesto que el heredero de la Corona y su prometida esposa debían ser preparados para sus futuras funciones en la Corte. Estaban en curso estas ásperas negociaciones cuando, en el curso del verano de 1482, los guardias fronterizos castellanos prendieron a un criado del obispo de Lamego, llamado Montesinos, que trataba de pasar de oculto. El obispo era uno de los castellanos exiliados a consecuencia de la guerra. Sometido a los procedimientos al uso, Montesinos confesó que iba a Pau, con cartas en que se proponía el matrimonio de Juana con el joven rey de Navarra, Francisco Febo, nieto de Luis XI. La diferencia de edad no parecía ser obstáculo. Es lógico que los Reyes Católicos se asustasen ante la noticia: ¿se trataba de volver a la guerra a los tres años de concluida?

Una contienda en las dos fronteras, de Portugal y de Navarra sería obstáculo decisivo para la continuación de las operaciones en Granada. Francia aparecía como telón de fondo. El 8 de diciembre de 1481 Francisco Febo había ido a Pamplona para asistir a la ceremonia de ser elevado sobre el pavés, utilizando medios y escoltas puestos a su disposición por monarcas castellanos. Pero no había permanecido allí más que unos pocos días, instalándose a continuación en Pau. De modo que el conjunto de dominios que formaban su patrimonio iban a gobernarse desde Francia y como una dimensión de este reino. Algunos consejeros de Fernando, especialmente aragoneses y catalanes, comenzaron a preguntar qué clase de intriga estaba montando Luis XI, a quien sus enemigos calificaban de «universal araña», con el fin de retener el Rosellón y debilitar la posición de los españoles. Desde Navarra llegaban también noticias de las protestas que entre los súbditos de aquel reino despertaba la conducta afrancesada.

Las cosas nunca llegarían tan lejos como los pesimistas o los urdidores del programa imaginaban. Los imprevistos juegan un gran papel. La muerte inesperada del jovencísimo Francisco Febo (29 de enero de 1483) iba a dejar a la intriga sin uno de sus protagonistas. El otro, doña Juana, seguía fuera del convento, sin romper sus votos, alegando que eran motivos de salud los que la obligaban a abandonar la clausura. A su propuesta de segundo matrimonio nunca se dio estado oficial.

Fin de las tercerías

El barón de Alvito hizo un segundo viaje a Castilla en el mes de junio de 1482 para entregar a los negociadores castellanos, fray Hernando de Talavera y Rodrigo Maldonado, una lista de agravios cometidos con los que fueran partidarios de su padre, con la seguridad de que no podían ser aceptados; de este modo se podía alegar que el tratado de Alcaçobas estaba quebrantado debiendo sustituirse por otro nuevo. Para Isabel, más que para su marido, esta nueva actitud significaba profunda decepción: sus esfuerzos para asentar las relaciones entre los dos reinos sobre bases de recíproca comprensión podían darse por fracasados. Felipa de Avis, la única hija superviviente del duque de Coimbra, presionaba fuertemente a su sobrino: había que destruir a los Braganza aunque para ello tuviera que arriesgar nueva guerra con Castilla. A fin de cuentas, Isabel la Católica era, también, una Braganza. Zurita entiende que la reina de Castilla compartía también los temores y estaba deseando sacar de la custodia a su primogénita, la hija más querida.

Hubo, en definitiva, acuerdo sobre este punto. La Excelente Señora volvió al convento, se olvidaron las reclamaciones a sus partidarios, y fray Hernando de Talavera recibió plenos poderes (28 de abril de 1483) para modificar las cláusulas de los tratados vigentes. Se firmó un nuevo acuerdo el 15 de mayo: seguían vigentes las paces, tal y como se habían concluido, pero se suprimía la fórmula de las tercerías, pudiendo volver los infantes a su casa. Las reclamaciones pasarían a un comité arbitral de cuatro miembros que quedó sobre el papel, aplicándose el principio típicamente italiano de que cuando se quiere que un asunto no se resuelva debe nombrarse un «comittatino». Juan II había ganado aquello que pretendía: manos libres contra la Casa de Braganza. Fray Hernando fue a buscar a la niña Isabel, que fue luego acogida por la escolta preparada por el arzobispo de Santiago. Blanca y de trenzas rubias, muchachita ya crecida, volvía a casa. Aquellos tres años habían sido también, para ella, decisivos.

Tremenda y oscura tragedia, bastante semejante a la que, por esos mismos días, se vivía tras los muros de la torre de Londres. El duque de Braganza, Fernando, fue inmediatamente detenido y ejecutado: se le acusaba de preparar, en complicidad con los monarcas castellanos, el asesinato del rey. Una calumnia que iba a dar pie para que los Reyes Católicos, desde ángulos distintos, dieran una muy elevada lección moral. Los hijos del duque, Felipe, Jaime y Dionis, fueron acogidos en Castilla y se rechazó la demanda de devolverlos. Fernando recibió una carta del rey de Portugal, fechada el 1 de junio de 1483, y a ella respondió con otra que se conserva en la Colección Salazar de la Academia de la Historia: «no puede ser el castigo sino con tanta clemencia que, habiendo yerro, será tanta la merced como la pena». Exactamente la conducta que, a él mismo, había permitido cerrar la guerra de Sucesión sin conciencia de represalias.

Zurita nos dice que Isabel «quedó muy lastimada» ante los tristes sucesos acaecidos con su familia en Portugal. Entre los fugitivos a que se dispensó acogida estaba también el barón de Alvito, que llevara a cabo las negociaciones para la supresión de las tercerías. Desde el lado de acá de la frontera se tuvo la sensación de que el cielo en el vecino reino se había encapotado; sin embargo, en la correspondencia directa con su primo el rey de Nápoles, Fernando aseguró que no estaba dispuesto a permitir que tales borrascas interrumpiesen las buenas relaciones que habían llegado a establecerse. Hasta el comienzo del año 1485 no pudo decirse que la situación se calmara. Juan II, que temió llegara a producirse una intervención castellana, pudo convencerse de que no era esta la intención. Se comprometió a garantizar que nunca más consentiría a Juana salir del convento. A cambio, los Reyes Católicos confirmaron las condiciones pactadas en relación con Guinea y las rutas africanas.

Se estableció una especie de equilibrio compensatorio. Había exiliados castellanos en Portugal y portugueses en Castilla, de modo que cualquier demanda en favor de los primeros se equilibraba con la de los segundos. Conviene señalar que, en todo este episodio, aparte de las intervenciones puntuales que hemos señalado, la negociación fundamental estuvo a cargo de los consejeros castellanos; sin desentenderse de él, Fernando permaneció un poco en segunda fila. No afectaba a sus reinos patrimoniales.

Acuerdos de Londres

Fernando no podía, en modo alguno, renunciar a sus demandas sobre el Rosellón, considerado como uno de los elementos esenciales de aquella primera Cataluña. Sin embargo, todas nuestras noticias coinciden en señalar que daba más importancia a las negociaciones que al recurso a las armas, pues aceptaba el principio de una superioridad militar francesa. Se pregonaron insistentemente las condiciones de paz entre ambos reinos, con garantía para los comerciantes. Pero, al mismo tiempo, se tomó nota de un acontecimiento importante: en su testamento, el último Anjou había transmitido al rey de Francia los derechos que a su linaje correspondían en el trono de Nápoles. De cuando en cuando Fernando recordaba que, en buena ley, a él debiera corresponder la herencia de su tío Alfonso V.

Desde el punto de vista de los reinos ahora unidos, la cuestión rosellonesa aparecía íntimamente ligada a la de Navarra, pues una y otra aparecían como brechas que se estaban abriendo en los extremos de esta larga frontera. Navarra, además, era contemplada como reino inseparable de la nación española; según el Fuero, reconocía los mismos orígenes de los demás reinos. Se trataba, por tanto, de restaurar la unidad territorial catalana y de cerrar la penetración francesa; en todo caso, la conservación de la alianza de 1368 como reclamaban los consejeros de Isabel, resultaba, para el marido, inviable, al menos mientras no se hubieran resuelto satisfactoriamente ambas cuestiones. Si, en consideración a la gran fuerza alcanzada por Luis XI, debía ponerse todo el acento en la negociación, renunciando a las armas, sería conveniente allegar fuertes amigos, afectados por intereses semejantes y capaces de mover la voluntad de aquél. Continuando la política iniciada por su padre y protagonizada por él mismo en su calidad de rey de Sicilia, Fernando creía imprescindible estimular la alianza del Toisón de Oro. No podía sospechar entonces que el grueso cordón de oro del que pendía el vellocino habría de salvarle la vida diez años más tarde.

Esa alianza tenía, desde luego, valor político, pero en mucha mayor medida también económico. Las costas del golfo de Vizcaya y del canal de la Mancha delimitaban un espacio mercantil que los castellanos, y ahora también un número creciente de súbditos de la Corona de Aragón, aprovechaban cumplidamente. Desde 1477 un guipuzcoano, Jofre de Sasiola, con poderes del rey, trabajaba con intensidad para organizar las colonias de mercaderes en Inglaterra; era natural la gestión, puesto que los puertos de la Provincia eran los más interesados en tal comercio. Desde que Eduardo de York consiguiera instalarse en el trono, abriendo un corto período de estabilidad bajo el dominio de la Rosa Roja, las relaciones con los príncipes, ahora reyes, se habían estrechado. No se prestaba todavía mucha atención a los concretos problemas internacionales pero sí, en cambio, a los mercantiles. Se buscaba por ambas partes una equiparación entre británicos y españoles en relación con los contratos y la tributación.

Desde 1480 los ingleses estaban sometidos en Bilbao a las mismas cargas que los súbditos de los reyes. Embajadores de una y otra parte trabajaron activamente hasta conseguir soluciones estables para los múltiples conflictos que, por negocios, fraudes o piratería, se habían venido produciendo. De este modo se llegó a la firma del tratado de Londres (9 de marzo de 1482) que entrañaba una original novedad. Durante diez años, tácitamente prorrogables, ingleses y guipuzcoanos establecían libre comercio, siendo iguales los impuestos que, en cada territorio, unos y otros hubieran de pagar. Un barco inglés que llegara a Ondárroa no pagaría más que otro vizcaíno o guipuzcoano. Ninguna nave armada sería autorizada a salir de puerto sin dejar depositada una fianza suficiente para responder de los daños que pudiera causar. Todo ello era, para Fernando, muy satisfactorio: se reforzaba la presencia española y ya no únicamente castellana en el golfo de Vizcaya, cerrándose posibles brechas en el sector atlántico.

Primera tentativa de unión con Navarra

En 1483, con escasa diferencia en el tiempo, llegaron a la Corte española dos noticias que afectaban mucho a sus relaciones con el exterior: el 29 de enero murió Francisco Febo, dejando a Navarra sin sucesión masculina, y el 9 de abril, fallecido Eduardo IV se abrió en Inglaterra la triste minoridad sobre la que se alzaría la siniestra figura de Ricardo de Gloucester. Catalina, hermana de Francisco, fue alzada reina en Pamplona, el 10 de febrero, sin que los monarcas españoles formularan reservas y los estados de Foix y Bearne la reconocieron también sin que pararan mientes en la exclusión de mujeres conocida como ley sálica. El conde de Lerín informó de todo esto a los reyes, que estaban en Madrid. Zurita añade que algunos sectores de la nobleza navarra hubieran preferido que Fernando, hijo del rey Juan II, asumiera la corona liberándolos del sometimiento a Francia. Sólo el vizconde de Narbona volvió a poner sobre la mesa sus pretensiones, moviendo pleito ante el Parlamento de París porque se insistía en el derecho de representación, no aplicable, según él, en los señoríos de su Casa. Pero esto no afectaba al reino de Navarra.

Los monarcas españoles estudiaron con el Consejo Real, reunido en Madrid, una fórmula que podía permitir la incorporación de Navarra, sin dejar de ser reino, a la Corona que ellos representaban; consistía en casar a Catalina de Foix con el príncipe de Asturias. Decidieron adelantar su propuesta enviando a Alfonso de Quintanilla y a Rodrigo de Maldonado a Pau. Magdalena, regente en nombre de su hija, respondió que nada haría sin consultar a su hermano el rey de Francia. A pesar de que, en Navarra, una gran mayoría se inclinaba en favor de este matrimonio, solución para muchos de los problemas planteados, era de todo punto evidente que la decisión iba a ser tomada desde Pau, teniendo en cuenta la condición del señorío vasallático y no del reino. La cuestión era ya irreversible: si Navarra seguía dentro del patrimonio de los Foix/Bearne se convertiría en un apéndice de Francia. Para Luis XI una evidente ganancia, aunque no fiara mucho de aquellos poderosos señores que podían verse tentados por otra solución: la consolidación de un reino, con mayor espacio entre España y Francia.

Fernando, que dejó a su esposa la dirección de la propuesta matrimonial como si se tratara de una competencia castellana, dio pasos muy significativos. Afirmó su amistad con Pierres de Peralta y sus agramonteses. Cerró filas con el conde de Lerín que se situaba en primera línea del negocio. Y ganó a los otros dos Foix, Pedro, el cardenal, y Jaime, su hermano. Al primero se ofreció de inmediato el obispado de Monreale en Sicilia, completando sus rentas con 9.000 ducados anuales; si las cosas salían bien, se le daría el arzobispado de Zaragoza. El conde de Lerín, cuñado de Fernando, exigió compensaciones inmediatas para Navarra —retirada de las guarniciones militares y ayuda firme contra Francia que reaccionaría combatiendo— sin olvidarse de sí mismo: una encomienda de Santiago rentante medio millón de maravedís, esto es, casi cuatrocientos ducados al año.

Isabel fue comunicando puntualmente a su marido el resultado de las conversaciones que ella misma dirigía desde Santo Domingo de la Calzada y así éste pudo aprender algunas provechosas lecciones que le permitirían dar el golpe de 1512: beamonteses y agramonteses coincidían en considerar deseable el matrimonio de Catalina y Juan, exigiendo que Navarra volviese a ser reino en sí, no apéndice para otros dominios, con integridad territorial y garantía de sus Fueros. Esto no era difícil, desde la mentalidad de Fernando, pues era el criterio que se aplicaba en la Corona de Aragón. Ante el peligro de una reacción militar francesa, el Rey Católico comenzó a desplegar sus fuerzas, intensificando los contactos con Inglaterra, Borgoña y Gascuña.

El cardenal Pedro de Foix, en su condición de lugarteniente de Navarra, convocó las Cortes en Estella: en ellas recaía la soberanía del reino en casos de vacante. Se tomaron entonces dos acuerdos, siguiendo en ambos lo preceptuado por el Fuero: Catalina debía ser enviada a Pamplona, pues sólo en esta ciudad podía hacerse la proclamación mediante la ceremonia acordada; si contraía matrimonio sin contar con el consentimiento de las propias Cortes perdería su legitimidad pudiendo ellas escoger otro rey. Se daban así las condiciones que, en 1512, tras la muerte de Isabel, Fernando, marido ya entonces de la hija del vizconde de Narbona, ejecutaría incorporando Navarra. Pero esto, de momento, era imposible.

El comendador Francisco de Rojas, que había acompañado a los procuradores en su viaje a Pau, no se llamaba a engaño y así lo comunicó a sus señores: Magdalena cumpliría en todo la voluntad de Francia; no se trataba únicamente del parentesco sino de algo más, situar en un plano subsidiario los intereses navarros dando la primacía a Bearne. Quedaba el recurso de pasar a vías de hecho. Pero en este punto se interpuso la conciencia de Isabel: nada debía hacerse «que estorbara la guerra de los moros». Ésta era legítima, cumplimiento de los deberes de un príncipe cristiano. La otra no. El embajador español fue informado de que en Pau se manejaba otra fórmula: casar a Catalina con Juan de Albret, hijo heredero de Alain, el señor de Tarbes. No era este último muy obediente a la Corona de Francia y significaba un refuerzo decisivo en el conjunto de estados señoriales que se dibujaban como potencia intermedia.

Nueva embajada de Sasiola

Reunido en Santo Domingo de la Calzada el Consejo Real que, por ahora, seguía siendo único, presente la reina Isabel, hizo dos recomendaciones: estrechar las relaciones con Inglaterra y también con Bretaña para sujetar los posibles ímpetus franceses, ahora que Luis XI había conseguido aliviar con éxito sus tensiones en la frontera norte. Como una consecuencia de estas decisiones, Jofre de Sasiola hubo de emprender otra vez el camino de Londres. Al mismo tiempo el comendador Juan de Herrera embarcaba con rumbo a Brest.

En Inglaterra encontró nuestro conocido guipuzcoano grandes cambios, aunque tal vez no todos tan siniestros como Shakespeare nos quiere hacer creer. Gloucester, declarando ilegítimos a los hijos de su hermano el rey, los envió a la Torre de Londres, donde desaparecerían, y preparó su propia coronación casándose con Ana de Melville, la hija del conde de Warwick, aquel «fabricante de reyes» que proporcionaba el apoyo de la alta nobleza. La alianza española le parecía de perlas. Armó caballero a Sasiola y envió como embajador a Bernard La Forcé (12 de julio de 1483) con propuesta de una alianza militar contra Francia. Naturalmente, los navegantes y mercaderes españoles recibieron trato de nación más favorecida. Muchos caballeros ingleses tomaron parte en la guerra de Granada; era también un medio de respirar aires más tranquilos. La universidad de mercaderes en Londres, burgaleses y vascos, mitad por mitad, pudo dar pasos adelante. Los monarcas españoles, por su parte, tuvieron cuidado de enderezar todos los casos de marca o represalia que se hallaban pendientes.

La alianza bretona

Hasta aquí podía decirse que llegaba la reorientación política y mercantil que respondía a los intereses castellanos, tal y como fueran formulados ya en tiempos de Enrique IV. Pero surgió un nuevo protagonista en el duque de Bretaña, Francisco II, que estableció sus relaciones directas con Fernando. El reforzamiento del poderío real ejecutado por Luis XI le parecía un peligro para la independencia de que, en la práctica, disfrutaba. Empeñado en conseguir, más todavía que los Albret o Foix, una reducción del vasallaje a simples vínculos personales de obediencia, había tratado de eliminar a aquel sector de la nobleza bretona que se sentía más francesa y de concertar alianzas con Maximiliano, Eduardo IV y, ahora, Ricardo III. A los súbditos de todos ellos eran muchas las ventajas que los puertos bretones podían ofrecer.

Juan de Herrera fue recibido por el duque, que tenía sentado a su derecha al tesorero Landais, uno de los más firmes enemigos de Luis XI. De modo que, sin pronunciar palabra, todos sabían a qué atenerse en la consideración de amigos y enemigos. El embajador venía a exponer las ventajas que podrían derivarse del matrimonio del príncipe de Asturias con la reina Catalina de Navarra, ya que esto reforzaría el comercio cantábrico, en que los bretones estaban fuertemente implicados; en consecuencia pedía que Francisco II hiciese valer su influencia sobre Magdalena para que ésta aceptara la propuesta. Después pasó a decir que la amistad y colaboración entre Bretaña y la monarquía española era muy necesaria para acabar con la piratería que dañaba sus costas, buscando métodos semejantes a los que en otras partes se aplicaban. También esto era correcto y no podía ser tachado de hostilidad a Francia; eran muchos los piratas vascos. Lequeitio, sin ir más lejos, estaba condenada a dar una indemnización de 2.000 doblas de oro.

Lo importante era lo que no se decía: contar con un amigo para las difíciles coyunturas que podían sobrevenir. En el otoño de 1483, tres procuradores bretones, Juan, obispo de Saint Melan, Jacques de Bergier, caballero, y Jacques de Bouchard, secretario, se reunieron en Vitoria con Andrés de Villalón y el doctor Alcocer. No parecen haberse tratado cuestiones políticas y de alianza militar; se trataba de regular las condiciones en que súbditos de una y otra parte podían viajar realizando operaciones mercantiles. Los once capítulos que figuran en el tratado que se firmó el 29 de noviembre de este mismo año constituyen un paso adelante de gran importancia para la regulación del comercio. Si tenemos en cuenta el tratado de Londres y los privilegios confirmados en Flandes, llegamos fácilmente a la conclusión de que Fernando pretendía crear un área de libre comercio. Es uno de los logros fundamentales de su política exterior.

Se establecían cuatro normas fundamentales:

Ciudades y villas eran declaradas responsables de los daños que pudieran causar sus vecinos. Por ello se recomendaba no dejar salir a ningún barco sin que hubiese constituido reservas suficientes para responder de sus actos.

Una comisión mixta a cuyos miembros se titulaba «conservadores de la paz» se encargaría de fallar, sin estrépito y figura de juicio, en todas las querellas que se presentasen. Sus sentencias serían ejecutivas a los 120 días de ser pronunciadas.

Bretones y españoles veían reconocido el libre acceso con sus barcos y mercancías, sin que pudieran exigirse tributos o contribuciones especiales. Los Reyes Católicos incluyeron la prohibición de sacar oro o plata.

Todos los daños y reclamaciones pendientes en aquella fecha serían evaluados en forma global estando la parte más favorecida obligada a compensar a la otra con la diferencia que resultase.

Quedaba establecido el más decisivo de los precedentes para fijar, en términos adecuados, las relaciones mercantiles entre dos países que parecían compartir soberanía. Ninguna mención se hacía de Francia, por lo que cabe concluir que el acuerdo implicaba la existencia de una estrecha amistad y cooperación, así como de la coincidencia de intereses en la salvaguardia de su soberanía. La principal dificultad venía de otra parte: era muy difícil conseguir que los piratas, como aquellos dos de Zumaya que, un año más tarde, saquearían una nao bretona, renunciasen al ejercicio de su lucrativa profesión. Muchos guipuzcoanos habían hallado en ella un medio de vida o, al menos, de compensar pérdidas. Fernando mostró paciencia y decisión: se comenzaba con la firma de los acuerdos que fijaban los respectivos derechos; enseguida vendría la ardua tarea de hacerlos cumplir.

En el caso concreto de Bretaña, Fernando disponía de cumplidos informes. La posición de Francisco II era ambigua, pues no se trataba de un príncipe soberano y entre sus nobles iba creciendo el número de los que deseaban reducir las distancias con París mediante el matrimonio de la heredera, Ana, con el Delfín. Si no se operaba con cuidado se podían empeorar las cosas. Como sucedía en Navarra, eran muchas las ventajas que esperaban de una más directa incorporación a Francia.

Muerte de Luis XI: sus secuelas

Golpes del corazón anunciaron a Luis XI que se acercaba el momento de su muerte y, también, de dar a Dios cuenta estrecha de sus actos. Eran muchos los que adolecían de injusticia. Llamó a su lado a San Francis de Paula, el fundador de aquella rama del franciscanismo conocida como mínimos. Nacido en Nápoles, este fraile estaba estrechando relaciones con fray Bernardo Boil, amigo de la infancia de Fernando el Católico y que, a la sazón, como superior de la congregación de ermitaños, suplía en Montserrat a su titular, que era el conocido nepote de Sixto IV y futuro Papa, Giuliano della Rovere. Montserrat, abandonado, mermadas radicalmente sus rentas, seguía siendo el corazón espiritual de Cataluña y, para Fernando, la cumbre santa hasta donde subió un dragón, a la espera de que san Jorge le matase.

San Francisco recordó al monarca que, para afrontar el juicio de Dios, tenía que reparar las injusticias que cometiera; y una de ellas era sin duda la de retener los condados catalanes, que eran prenda de un préstamo, no otra cosa. En abril Luis XI despachó al obispo de Lombez, Juan de Belhères-Laugre, con poderes para suscribir con Fernando un acuerdo en las condiciones por éste conocidas: devolvería los condados en el caso de que se devolviese el préstamo, restableciendo la justicia.

La hija de Luis XI, Ana, casada con Pierre de Beaujeu, segundogénito de la Casa de Borbón, que se preparaba para ser regente de su hermano Carlos, menor de edad, trató de detener este proceso, poniendo retrasos en el viaje del embajador, de modo que éste no había alcanzado aún la frontera de Cataluña cuando le alcanzó la noticia de la muerte de Luis XI acaecida el 30 de agosto de 1483 y, con ella, la orden de regresar inmediatamente a la Corte. Los Borbón, superando los escrúpulos finales del rey estaban decididos a continuar la consolidación y expansión de sus fronteras y, también, a fortalecer la influencia de las grandes casas nobles de las que la suya era una de las principales. En esta línea presionó a Magdalena, su tía, para que impusiese a Juan de Albret como marido para Catalina, teniendo en cuenta que Alain, su padre, había sido uno de los grandes protagonistas de la Liga del Bien Público, lo que seguramente movería a Francisco II a separarse de España.

Las decisiones llegaron en plazo muy breve. Estaban en Pau los embajadores españoles Juan de Barrionuevo y Rodrigo Maldonado de Talavera presionando a Magdalena para que aceptase el acuerdo de las Cortes de Navarra, prenda de legitimidad para este reino, cuando llegó el vizconde de Lautrec con un mensaje conciso: la vasalla heredera no puede casarse sin permiso de su señor, en este caso el rey de Francia. La elección entre ambas propuestas implicaba una decisión de fondo entre Foix y Navarra. El 9 de setiembre, Magdalena optó por Foix comunicando a los Estados de Bearne, Bigorre y Foix que elegía como marido de su hija a Juan de Albret porque era «fiable y afecto» a la Corona de Francia. El mensaje era claro: los señoríos galos eran la esencia del patrimonio de su Casa siendo Navarra una adquisición posterior sometida a los intereses de aquélla. Paralelamente la regente dejaba muy claro que pensaba quedarse con los condados. No deja de ser sugestivo para el investigador recordar aquí que será un Borbón, rey de Francia, quien consumará la anexión de esos territorios.

Así llegó la decisión

Doble ilegitimidad que justificaba el recurso a las armas: se había incumplido un acuerdo de Cortes y se usurpaba un territorio, mudando el depósito inicial. Ana daba acogida al conde de Pallars, que seguía invocando la resistencia de Cataluña, y fomentaba la alianza de éste con el vizconde de Narbona, que era espada de Damocles sobre el cuello de los Foix si no obedecían. Los monarcas españoles se encontraban ahora ante una disyuntiva: ¿emprendían una guerra «justa» en recobro de lo que era suyo y en defensa de un reino de su propia nación o la eludían dejando a Francia que se saliera con la suya? En este caso concreto podemos asegurar que el rey y la reina diferían, aunque no puede decirse que se tratara de un enfrentamiento.

El 9 de octubre de 1483 Fernando comunicó a los consellers de Barcelona que estaba decidido a presentar un ultimátum exigiendo la devolución de los condados como Luis XI dispusiera en su testamento. Las noticias que llegaron a Roma eran suficientemente alarmantes para que el Papa enviara poderes a Juan Balue, obispo de Albi, para que actuara como mediador entre ambos reinos evitando el conflicto, lo que sólo podía significar indemnizaciones a cambio de territorios. Fernando, que llegó a Vitoria para reunirse con su esposa, explicó al duque de Hijar que, para llevar adelante sus planes, necesitaba de dos condiciones previas: seguridad en la frontera de Navarra y un compromiso de los tres reinos de la Corona para acudir con subsidios a esta guerra. Isabel, en cambio, respondía negativamente: nada era tan importante como la empresa de Granada a la que todo debía supeditarse. Los embajadores castellanos que llegaron a Tours, Juan de Ribera y Juan Arias, no portaban nada que pudiera parecerse a ultimátum. Tampoco Ana de Beaujeu hizo el menor gesto de hostilidad.

Decisión última que correspondía a la Corona de Aragón. Alegando la premura de la hora, Fernando decidió convocar a los procuradores a una misma ciudad, Tarazona, comenzando las sesiones el día 12 de febrero de 1484. Pero el Consejo de Ciento declaró ilegal la convocatoria: las Cortes catalanas sólo podían celebrarse dentro del Principado, negándose en consecuencia los procuradores a asistir. Lo mismo hizo Valencia, aunque con menos energía. El rey encargó la lectura del discurso inaugural a uno de sus consejeros catalanes, Felipe Climent, en que tras una amplia memoria sobre lo que la Corona de Aragón significaba, se reclamaba en solidaridad un subsidio para recobrar la Cataluña perdida. Inmediatamente los procuradores plantearon la conocida cuestión de los agravios, eludiendo de este modo la respuesta. Ahí tenía Isabel el gran argumento en favor de su tesis: ¿de qué valía empeñarse en conseguir para Cataluña lo que los catalanes no parecían dispuestos a buscar?

La reina dijo a su marido que hiciera lo que mejor le pareciera y que le dejaba algunas tropas, contribución castellana a la guerra, porque ella se volvía a Andalucía para preparar la siguiente ofensiva del verano. Granada era primordial; tiempo habría de ocuparse del Rosellón cuando esta guerra hubiera concluido. Fernando permaneció en Tarazona hasta fin de marzo en que acabó convenciéndose de que todo empeño era inútil. Los reinos de la Corona de Aragón —«mi desventura»— no estaban dispuestos a afrontar el sacrificio que la guerra requería. Regresó a Andalucía para tomar de nuevo la dirección suprema de las operaciones.

Esta decisión de Tarazona tiene consecuencias y perfiles muy importantes que, entre otras cosas, nos ayudan a comprender la mentalidad del rey y las diferencias que, en ciertos aspectos, separaban a ambos esposos. A ellas tenemos que recurrir para comprender que la incorporación de Navarra se ejecutara en 1512 y no en 1483 cuando todo el reino estaba decidido a reconocer su legitimidad. Isabel no quería entrar en esa clase de aventuras: para ella la guerra contra el Islam, lo mismo que otras decisiones semejantes, formaba parte de los deberes de un monarca católico; los demás asuntos debían ser objeto de negociación. Fernando se plegó en esta ocasión porque abrigaba el convencimiento de que la gran política hacia Europa tenía que hacerla desde Castilla, ya que sólo ésta contaba con recursos y capacidad de decisión para afrontarla. Mientras esa hora llegaba, la guerra de Granada iba a permitirle, a él y a sus soldados, adquirir el relieve suficiente para asumir protagonismo en otras escenas.

Esto no significaba abandono de los intereses propios de la Corona de Aragón. En la «decisión» de Tarazona hemos de incluir el repudio a cualquier gesto amistoso hacia Francia. Se negó a escuchar las demandas que hacían los regentes de Carlos VIII respecto a la ratificación del tratado de San Juan de Luz: no firmaría ningún documento en que no estuviese incluida la devolución de los condados, última voluntad de Luis XI. Ciertos mercaderes franceses que aparecieron en Tarazona, reclamando con toda justicia por el robo cometido por un pirata catalán, vieron negada reiteradamente la audiencia. La respuesta que Fernando dio a sus demandas, directas o indirectas, fue verdaderamente desoladora, pero muy clara: no podía hacer justicia a quienes a él se la negaban. Menudearon en adelante las cartas de marca represalia.

La «paciencia» de Fernando

Se vivieron en 1484 semanas de gran tensión. El 12 de marzo, Juan de Ribera y Juan Arias llegaron a Tours donde les atendió uno de los consejeros, el obispo de Lombez. Fueron recibidos el día 17 en Plessis por el niño rey y sus tíos y regentes. Una escena que los documentos nos transmiten con suficiente detalle y conviene no olvidar. Los castellanos dijeron que, para renovar la tradicional alianza, tan operativa y conveniente, era imprescindible cumplir la postrera voluntad de Luis XI restableciendo la justicia. Los consejeros dieron la respuesta que, de antemano, tenían decidida: Carlos VIII era un niño y, como tal, no podía tomar decisiones tan graves, de modo que era preciso esperar a que alcanzara la mayoría. Años más tarde los monarcas españoles podrían decir que esa voluntad se decantó hacia la devolución. Pero aquel día, alzando la voz, Juan de Ribera se dirigió al rey: Francia estaba conculcando los tratados al negarse a cumplir lo que la más estricta justicia reclama, retener por la fuerza una prenda. Al lado del embajador, un notario, expresamente llamado, levantaba acta. Los franceses alegaron que lo que pretendían era renovar una alianza estrictamente castellana y que no debían mezclarse los intereses de la Corona de Aragón. Falso, dijeron los embajadores: no se trataba de un convenio entre reinos sino entre reyes y ahora Fernando e Isabel y su corona eran una sola y misma cosa.

Este conflicto quedó abierto. Y el otro también. Magdalena reunió en Pau los Estados generales de Bearne, Narsan y Gabaudon, invitando a procuradores venidos de Foix, Bigorre y Nébouzan, pero no a los de Navarra. Retiró los poderes del cardenal de Foix como lugarteniente, dejando en suspenso este oficio, y decidió el matrimonio de su hija como si se tratara de un asunto exclusivamente francés. Esto era tanto como decir que el reino no pasaba de ser dominio subalterno sujeto, como un patrimonio, a la Casa de Foix. Nunca había tenido Fernando tantos argumentos para poder ir a una guerra contra Francia: el rey y sus tutores usurpaban dominios catalanes negándose a cumplir el testamento de su antecesor, conculcaban el Fuero de Navarra y tomaban represalias contra el cardenal de Foix simplemente porque preconizaba una política más favorable a España. Quedaba una cuenta pendiente que Fernando, como en el caso de Nápoles, nunca olvidó. Acabaría cobrándola.

Los dos grandes partidos navarros coincidieron en afirmar que, con esta conducta, Catalina perdía su legitimidad. Dijo el conde de Lerin, ante las Cortes reunidas en Pamplona: «Demostrando muy poco amor a los naturales», Magdalena había cometido «vilipendio para el reino de Navarra». A continuación los procuradores decidieron suspender la obediencia a la Casa de Foix y colocarse bajo el amparo y protección de Fernando e Isabel. Los agramonteses, que celebraban en Estella sus propias Cortes, aunque no se mostraron tan duros, coincidieron con sus vecinos en lo esencial. Navarra era un reino, formando como tal parte de España y no podía ser sometido a vasallaje y tratado como un apéndice francés.

José María Lacarra consiguió, hace años, reconstruir con detalle este episodio que es primer peldaño para la incorporación de Navarra a la corona de Castilla. Tres décadas tardaría en recorrerse todo el camino. Pierres de Peralta, el viejo caudillo agramontés, acudió con procuradores de Tudela para reconocer a Fernando como legítimo señor, y le dijeron «que estaban en propósito de seguir con mano y poderío real cualquier derecho que tuviese al reino de Navarra o a cualquier parte de él». Respondió Fernando que había propuesto la candidatura de su hijo el príncipe de Asturias por ser la más conveniente y útil para la prosperidad y pacificación de aquel reino. Había sido rechazada y, por consiguiente, quedaba con las manos libres para hacer aquello que fuese más útil para los suyos sin tener que preocuparse de otra cosa.

Los procuradores de Tudela dijeron otras cosas muy importantes que no cayeron en el olvido: el Fuero es, para Navarra, ley fundamental y garantía de su libertad, de modo que si Magdalena persistía en su actitud de quebrantarlo, no quedaría otro remedio que separarse de Foix e incorporarse a Aragón, atribuyendo a su ciudad las mismas condiciones que reinaban en Zaragoza; una conducta que muchos seguirían. Es cierto que en Navarra era opinión ampliamente difundida de que, puestos en la necesidad de elegir, la monarquía hispana debía preferirse a la francesa, ya que era un reino de España como siempre se había reconocido. Y el mismo Fuero, invocando a Pelayo y Covadonga, lo afirmaba así.

En medio de circunloquios diplomáticos, la explicación de Magdalena era muy clara: un matrimonio de Catalina con el príncipe de Asturias no podía «conducir más que a la desolación de la Casa de Foix» y los intereses de ésta debían ser preferidos. Cuando la boda con Juan de Albret se celebró (junio de 1484), el novio aportaba la herencia de señoríos —Tartas, Limousin, Landes, Bordelais, Périgord— que incrementaban considerablemente el patrimonio vasallático del linaje. De modo que la importancia proporcional de Navarra en el conjunto se rebajaba y aumentaba en cambio el grado de dependencia hacia la corona de Francia. Fernando el Católico guardó silencio; la paciencia era, sin duda, una de sus grandes cualidades políticas. El plan elaborado por el Consejo Real en Madrid, con presencia y apoyo de Isabel, se desmoronaba y Francia, olvidada definitivamente la alianza de 1368, se apuntaba dos grandes éxitos: hacer de los reyes de Pamplona sus vasallos y retener los condados pirenaicos.

Magdalena iba a tener pronto serios motivos para sentirse decepcionada; se había plegado a las órdenes de sus sobrinos sin que por ello se le ofreciese compensación alguna. El 9 de julio de 1484 el Consejo Real francés comunicó que se erigía en árbitro del litigio que el vizconde de Narbona sostenía con los herederos de Gaston. Desde luego, a la corona francesa no convenía la constitución de ese enorme dominio en el sur de Francia. Para que no hubiera duda de que se trataba de llegar a una partición se ordenó a la regente que, hasta que llegara la sentencia definitiva, debía pasar al querellante una renta de 4.000 libras anuales. Tales indemnizaciones tenían a la sazón claro sentido.

Hace muchos años el historiador francés Pierre Boisonnade se sorprendió de la paciencia de Fernando. No debemos equivocarnos. No era consecuencia de debilidad sino de abrazar el plan de su esposa: Granada ante todo. Pues el día que subiera la cuesta de Vivarrambla se habría convertido en el más famoso rey de Europa, aquel que era capaz de derrotar al Islam borrando memorias antiguas, Nicópolis, y recientes, Otranto. Conservaba sus guarniciones e influencia en Navarra a las que no iba a renunciar; al contrario, aprovecharía las demandas interiores del reino para acentuar el protectorado, garantía de sus «libertades». Los Foix no estaban en condiciones de exigir la retirada de dichas guarniciones. Juan de Ribera volvió a tomar el mando de estas tropas con la consigna de servir a los beamonteses y servirse de ellos. Compensó al cardenal de Foix con nuevas rentas beneficiales y conservó su amistad. En febrero de 1486 se cursaron órdenes: cualquier demanda de ciudad o villa para acogerse al protectorado castellano sería atendida. Tudela era teóricamente navarra pero recibía toda clase de atenciones del rey de Aragón. Ninguna hostilidad se demostró hacia los jóvenes titulares de Foix, Bearne y Navarra. Ninguna concesión tampoco.

Desde Tarazona hasta 1488 se vive un compás de espera. Granada llena todo el espacio disponible y se evita una guerra entre cristianos, como Isabel preconizaba. El 20 de agosto de 1485 la caravana veneciana fue asaltada y robada frente a las costas españolas por un pariente del famoso pirata francés Casenove Coulon. Los franceses se negaron a dar indemnizaciones y Fernando no protestó. Pero luego sonaron los tambores que anunciaban la rendición de Málaga. La guerra de Granada entraba en fase de definitiva liquidación. Fernando tenía ya una fuerza militar. No había perdido el tiempo: su diplomacia encerraba a Francia en un círculo cada vez más sólido.

CAPÍTULO VII

VICTORIA DECISIVA EN GRANADA

Álora, «la bien cercada»

Vamos a hacer ahora un largo camino, acompañando al rey Católico en aquella primera parte de la aventura que a un Fernando debía corresponder, según el poeta que hemos recordado: Granada. Ni los asuntos de Navarra ni las Cortes de Tarazona habían interrumpido las operaciones en la frontera. Abu-l-Hassan sabía ahora que no se le iban a ofrecer condiciones para una tregua. A mediados de mayo de 1484 Isabel comunicó a las ciudades comarcanas que Fernando iba a tomar el mando de las tropas y que era necesario redoblar los esfuerzos para que dispusiera de medios suficientes. Ella, con sus consejeros, especialmente el cardenal Mendoza, se había adelantado a preparar una gran flota a las órdenes del conde de Castro, incorporando barcos y tripulaciones que venían de la costa cantábrica: se trataba de hacer más fuerte la vigilancia entre las dos costas. Trabajaron intensamente los talleres en el norte y en Andalucía para incrementar el número de piezas artilleras. Pues la guerra, en opinión del rey, debía enfocarse de modo distinto: señalar una plaza, cercarla, y no ceder hasta que se rindiera. Ésta sería la misión fundamental de las bocas de fuego.

Fernando, que llegó a Córdoba el 29 de mayo, reunió un consejo de guerra y, siguiendo las indicaciones del marqués de Cádiz, señaló la primera de las plazas a tomar: Álora, «la bien cercada, tú que estás en par del río» Yanguas. Vista de lejos, parecía entonces inexpugnable. Tanto mejor; de este modo permitiría demostrar que nadie podía resistir al ejército del rey. El 11 de junio las fuerzas cristianas se desplegaron en torno: vastas tiendas, torres de asalto, cañones y también el hospital de campaña que Isabel costeaba con su propio dinero. Bastaron ocho días para que las lombardas que disparaban pelotas de piedra y de hierro demostraran que la muralla iba a ser derribada. Convencidos de que no iban a recibir socorro, los moradores pidieron capitulación.

Se establecía así el primer precedente en el trato: los rendidos podrían retirarse a salvo con todos sus bienes, naturalmente muebles. Comitiva triste, de vencidos, la que tomó el camino de Ronda, pero al mismo tiempo ejemplo saludable, pues los que se rendían ganaban su vida y sus bienes. Resistir, en cambio, significaba la esclavitud y pérdida. Se trataba de convencer a los granadinos de que debían preferir la capitulación. Los cristianos entraron procesionalmente entonando un tedeum.

Setenil

Se estaba recobrando la memoria del abuelo, que también combatió por estas tierras. Fernando continuó la campaña corriendo sendas por la sierra y, brillante la armadura, por segunda vez entró en la Vega para contemplar los perfiles de la Alhambra. Alardes para satisfacer el espíritu de la caballería. Lo más importante, en esta campaña, había sido el despliegue de los medios logísticos. Podía apuntarse como un éxito el reducido número de bajas; algunas terriblemente dolorosas como era la pérdida de Gutierre de Sotomayor, joven conde de Belalcázar. El objetivo que se apuntaba era Ronda. Después, por este orden, vendrían Málaga y Granada.

Dio el rey descanso a sus tropas, convocándolas nuevamente para el 8 de setiembre, aliviados los calores del verano, en aquella misma ribera del río Yanguas. Se proponía tomar Setenil. Había, aparte de las razones tácticas, un motivo sentimental, pues en esta plaza fracasara su abuelo. Las primeras tiendas se habían alzado el día 6, pero el monarca, con sus huestes, no llegó hasta el 10 desplegando el impresionante parque de artillería. El 18 los habitantes se rindieron, en las mismas condiciones que los de Álora: liberaron los cautivos y se fueron a Ronda con sus bienes. El 21 de setiembre, acompañado de ovaciones, Fernando entró en Setenil. La frontera experimentaba un buen recorte. Inmediatamente se anunció que las operaciones se suspendían hasta el 15 de marzo, cuando los campos contaran con la hierba nueva.

Aquel invierno se trabajó intensamente en la fabricación de armas y en el acopio de dinero, pues la campaña de 1485, en la mente del rey, debía ser decisiva. Toda la población cristiana estaba siendo movilizada: las ciudades aportaban soldados, vituallas y dinero; los nobles participaban directamente con sus fondos, esperando una buena compensación; los eclesiásticos pusieron en marcha la cruzada —casi 600 millones, según Ladero, entre 1484 y 1492— y los empréstitos que cubrían con los fondos de las catedrales. También los musulmanes y judíos —estos últimos con sumas que oscilaban entre los 10 y los 18.000 castellanos de oro— fueron obligados a contribuir. La guerra fue asumida por Fernando como tema de prioridad absoluta. Coincidía en esto finalmente con Isabel; todos los demás asuntos debían cederle el paso. Ronda estaba ya a la vista.

Las nuevas condiciones: Ronda

En pleno invierno, bajo la lluvia abundante y fría (20 a 29 de enero de 1485) hizo el rey una cabalgada por tierras de Loja. Sin duda se estaba tentando la capacidad de reacción del enemigo. No era esa «flor entre espinas» todavía el objetivo inmediato sino Ronda, la fortaleza que se yergue sobre un acantilado. Noticias llegaban desde el interior del reino granadino: Boabdil no contaba con muchos partidarios para su plan de sumisión, aunque menos aún eran los que confiaban en Abu-l-Hassan. Predominaba todavía la opinión de que era preciso resistir porque, en tres ocasiones anteriores, los cristianos habían tenido que detenerse y firmar una tregua. Se necesitaba, desde luego, un jefe de guerra, pero para eso estaba al-Zagal, que acababa de recobrar Almería dando muerte a Yusuf, lo que era un aviso para Boabdil. Éste, viendo que sus dominios se derrumbaban, buscó en Córdoba el amparo de los Reyes Católicos. El espacio de su obediencia, que sujetaba por medio de los auxiliares castellanos, era ya muy pequeño: la franja oriental con los dos Vélez y muy poco más. Esta zona quedó al margen de las operaciones.

Son estas circunstancias las que dan a la campaña de Ronda, «hermosa entrada» según el cronista Bernáldez que pudo contemplarla, carácter decisivo. En abril de 1485, 12.000 caballos, 70.000 peones y 900 carros para la artillería se movieron adelante. Los nobles, en consejo, coincidieron con el rey: Málaga sería la pieza definitiva porque una vez que esta ciudad hubiera caído, el reino entero se desplomaría. Era, además, el puesto de mando de al-Zagal. Pero antes de emprender su asedio, era necesario apoderarse de las fortalezas del contorno. Benamaquex no quiso rendirse y fue tomada al asalto: la guarnición sufrió la muerte y los demás moradores quedaron reducidos a esclavitud. Coin y Cártama lo pensaron mejor y se acogieron a las condiciones de Álora. Málaga estaba a la vista. El 3 de mayo Fernando la contempló por primera vez, pero un encuentro que tuvo lugar al día siguiente despertó su prudencia: antes de ir al enfrentamiento con al-Zagal, era indispensable poseer Ronda, clave del camino.

El ejército marchó pues sobre esa ciudad. Iba apareciendo, entre los granadinos, una corriente de opinión que juzgaba inútil toda resistencia y, aunque sin muchas esperanzas, pensaba en las posibilidades de una capitulación. Un notable rondeño, Yusuf al-Xarif, que desde años atrás mantenía negocios con las tierras del marqués de Cádiz, decidió tentar la fortuna: ¿hasta dónde estaba dispuesto a llegar Fernando en sus concesiones a una población que se rendía? Como muestra de su buena disposición informó de que la resistencia de Ronda dependía de que pudieran mantenerse los suministros de agua por un camino que llamaban de la mina. Antes del 18 de mayo, tras fortísimos combates, los cristianos consiguieron, en efecto, interrumpir el suministro. No quedó a los defensores otro remedio que capitular.

Las capitulaciones de Ronda —ahora se trataba de una ciudad— marcan una nueva pauta en relación con las de Álora o Setenil, aunque no son mucho más generosas que éstas. El rey quería vaciarla a fin de repartir las casas entre los nuevos pobladores cristianos que traían un espíritu de caballería que ha permanecido hasta hoy. A la población quedaban tres opciones: instalarse en lugares llanos de dominio cristiano, pasando a la condición de mudéjares; emigrar a África recibiendo ayuda para el viaje, o irse al territorio granadino. Vigentes todavía los acuerdos con Boabdil, había la posibilidad de que pasaran a integrarse en la población de la reserva musulmana atribuida a éste.

La pérdida de Ronda significó la de toda la Ajarquía malagueña en igualdad de condiciones. Casarabonella y Marbella sucumbieron entre los días 2 y 15 de junio. Málaga había pasado a la primera línea.

Se acerca la hora decisiva

Se habían fijado ya las condiciones que, con variados matices, se proyectaba ofrecer a la población granadina en este tramo que, por parte de Fernando e Isabel, indicaría el fin de la existencia del reino. El bachiller Palma recordaba que la legitimidad de la empresa no ofrecía la menor duda, pues se trataba de completar la recuperación de aquella España «perdida» el 711 a manos de los moros «enemigos de nuestra fe católica». Si los moradores del reino aceptaban someterse a su poder se les reconocerían los tres derechos esenciales de toda persona humana: vida, libertad y propiedad, aunque no en calidad de súbditos o vasallos del rey, puesto que no profesaban la religión cristiana. Podían sin embargo adquirirla cuando quisiesen, convirtiéndose y recibiendo el bautismo. El grado de resistencia que se ofreciese dictaría diferencias. Cuando una ciudad necesitaba ser tomada al asalto la guarnición sería exterminada y todos los habitantes sometidos a esclavitud, pudiendo rescatarse.

Los mudéjares, como sucedía ya con los instalados en el territorio castellano, no podían vivir en lugares fortificados sino abiertos a fin de evitar veleidades de rebelión. En principio no se modificaba la administración nasri, entre otras razones porque los impuestos eran mayores dentro de ese sistema. Nadie podía llamarse a engaño. Las pérdidas económicas para los vencidos, al cortarse las comunicaciones con África, eran muy serias, tanto que, desde 1490, los reyes se vieron obligados a otorgar algunas licencias para continuar ese comercio. El punto clave estaba en este punto: los mudéjares no formaban parte del reino; se les autorizaba a permanecer en régimen de tolerancia. La meta que los reyes indudablemente perseguían era la de lograr su conversión.

La toma de Ronda pudo ser considerada como demostración de que el proceso era ya irreversible. Al rectificarse y reducirse la frontera hubo alivio para los otros castillos y también en el gasto. Fernando no pensó en suspender las operaciones aquel verano de 1485. Pero, mientras tanto, también crecía entre los suyos el valor del liderato de al-Zagal. Había decidido operar la reunificación del emirato como medio de endurecer la defensa, eliminando a Boabdil. Camino de Granada sorprendió una cabalgada cristiana de modo que pudo entrar en la capital cargado de botín. Abu-l-Hassan, despojado de su dignidad, fue enviado a un lugar de la costa en donde no tardó en fallecer. Muhammad se proclamó emir y obtuvo en Moclin una victoria sobre el conde de Cabra (3 de setiembre) que le dio gran fama. Fernando no consintió que la campaña se cerrara con estos éxitos y se apoderó de Cambil y Aljabar aliviando la frontera de Jaén. Siempre la misma idea: que nadie pudiera creer que la iniciativa estaba en manos del enemigo. Luego dispuso una especie de tregua durante el invierno; los dos rivales aprovecharon aquellos meses para preparar la campaña siguiente, seguros de que sería decisiva.

Segundo acuerdo con Boabdil

Había vuelto la discordia aguda entre los musulmanes. Contando con algunos refuerzos que los castellanos le proporcionaron, Boabdil salió de Córdoba hacia Granada, donde sus partidarios controlaban el Albaicín. De este modo la capital del reino se segmentaba en dos partes. Sabemos, sin embargo, que el Chiquito y su tío concertaron una especie de acuerdo secreto cuyas cláusulas nos son desconocidas y, probablemente, a Fernando también. Gracias a él, Boabdil tomó posesión de Loja (1486) considerándola de este modo como parte de la reserva que se le reconocía. Un grave precedente: someter aparentemente las fortalezas al joven emir podía ponerlas a resguardo de los ataques cristianos. El monarca español no aceptó la fórmula. Tenía decidido aquel año apoderarse de los castillos de aquella Frontera, penetrar en la Vega y comenzar a presionar sobre los suministros de Granada. Galcerán de Recasens vino de Italia con barcos para hacer más efectivo el bloqueo de las costas.

El elevado costo obligó a retrasar hasta el 13 de mayo los preparativos. Fernando pasó revista a sus tropas en uno de los lugares acostumbrados, junto al río de las Yeguas. Formaban en ellas algunos ingleses, entre los que se contaba sir Edward Woodville, lord Scales, pariente del rey de Inglaterra. Eloy Benito Ruano ha conseguido reconstruir su aventura, con curiosos detalles dignos de una novela de caballería. Boabdil había enviado mensajeros para impedir el ataque, pero el Rey Católico replicó que ni aquella plaza podía contarse entre las que uno y otro habían pactado, ni podía aquél tenerla como suya; los soldados que la guarnecían fuesen otra cosa que los reclutados por al-Zagal. Los cañones comenzaron el bombardeo disparando pelotas de fuego. Loja sucumbió el lunes 29 de mayo quedando Boabdil herido y prisionero. Sobre la marcha fueron tomadas Salar, Íllora, Moclin, Colomera y Montefrío. Los centinelas del campamento cristiano podían otear, lejos, con cielo claro, los perfiles de Granada.

Isabel vino, desde Córdoba, con sus damas, para estimular el valor de los caballeros: guerra y fiesta, con artificio de lo heroico eran los componentes esenciales. Ya no era posible dudar: había comenzado el llanto moro sobre Granada, que se aprestaba a vivir las últimas etapas de una gesta. La única esperanza de detener el avance cristiano, una batalla resolutiva en campo abierto, ya no estaba al alcance de al-Zagal; las dimensiones de ambos ejércitos lo impedían. El 9 de junio la reina salió a saludar a aquellos encubertados jinetes del marqués de Cádiz con palabras que parecen arrancadas de un romance: «parece que los campos por donde venís vienen llenos de alegría». Y saludó con alborozo al joven héroe Gonzalo de Córdoba, que recibía la tenencia de Íllora y la promesa de muchas cosas más. Tampoco faltaba la tristeza: murió, cabalgando por la Vega, Martín Vázquez de Arce. Es «el doncel de Sigüenza».

Boabdil solicitó perdón y Fernando se lo concedió pero bajo nuevas condiciones. Ya no era tiempo de reconocer un emirato con las dimensiones que el Chico lograra alcanzar. La fórmula sería crear un condado o ducado —el título se decidiría más adelante— que abarcara Guadix, Baza, Vera, los dos Vélez y Mojácar, dotado por consiguiente de una salida al mar si, en término de seis meses, Boabdil conseguía que entrasen en su obediencia. Los moradores podrían seguir siendo musulmanes pero el poder que a Muhammad se reconocería era el correspondiente a un señorío jurisdiccional. Una tregua de tres años afectando al territorio debía permitir la constitución de tal ducado. Se hizo una advertencia seria: nada de nuevas jugarretas como la de Loja.

Probablemente en aquellos momentos Fernando pensaba que estaba propiciando una adecuada solución con el problema que significaba la presencia de tantos musulmanes en su reino. Los mudéjares residentes en Castilla eran tan pocos que no constituían problema, pero en Aragón y, sobre todo, en Valencia, causaban abundantes preocupaciones. Disponer de una reserva limitada y enviar allí a los recalcitrantes podía facilitar las cosas reduciendo mediante bautismos el número de los que se acomodaban a las autoridades cristianas. De nuevo se dispuso una suspensión de las operaciones. Fueron meses difíciles los de aquel invierno: a los gastos cuantiosos se sumaron las malas cosechas que obligaron a establecer tasas en los precios del trigo.

Este segundo pacto con Boabdil no pudo llevarse a la práctica: Baza, Guadix y Almería rechazaron abiertamente su autoridad. En cambio, los partidarios con que contaba en el Albaicín le proclamaron emir en setiembre de 1486 abriéndole las puertas de Granada. Las empinadas calles se tornaron en escenario para la contienda entre los dos pretendientes. Fernando tuvo dudas, pero llegó a la conclusión de que, mal por mal, aquella herida abierta en el costado era señal de muerte para al-Zagal. Ordenó en consecuencia al capitán general de la Frontera que le proporcionara algunas fuerzas de auxilio. Fueron escogidos Gonzalo Fernández y Martín de Alarcón contados entre los buenos capitanes. Fue esta la ocasión de que el futuro Gran Capitán pisara el suelo de la Alhambra, permaneciendo allí con una misión concreta: que no se enviaran refuerzos a Málaga.

Largo y decisivo cerco de Málaga

Grandes preparativos se hicieron: los reyes, de consuno, estaban decididos a que 1487 fuera el año de Málaga. Había dentro de la ciudad un fuerte partido que abogaba por no exasperar al triunfador oponiendo una resistencia de todo punto inútil. Cuatro procuradores malagueños y uno de Motril pasaron por Arévalo en febrero para conocer las condiciones que se otorgarían en caso de capitulación. Las de Ronda era ya conocidas, aunque se trataba de saber si en algo podían mejorarse. Fernando e Isabel no detuvieron el ritmo de los preparativos, recomendando a las ciudades que incrementasen los envíos. El 2 de marzo, con sus hijos y la Corte en pleno, llegaron a Córdoba. En la tarde del 7 de abril el rey abandonó esta ciudad llevando consigo 13.000 caballos y más de 40.000 peones. Las unidades de este gran ejército iban desplegadas en orden de batalla.

Se comenzó por Vélez-Málaga y, al principio, se tuvo la impresión de que iba a tratarse simplemente de una marcha para concluir capitulaciones. Al-Zagal intentó un golpe de sorpresa sobre las líneas de retaguardia y fracasó. De modo que Vélez se rindió el 27 de abril. Siguieron su ejemplo todas las localidades de la Ajarquía; como no se trataba de fortalezas, la población podía seguir allí, renunciando al uso de armas y prestando absoluta obediencia. Uno de los partidarios de Boabdil, Ali ibn Comixa, salió al encuentro del rey para, completando las conversaciones de Arévalo, recoger de sus manos las condiciones que iban a otorgarse.

Aprovechando esta ausencia, el comandante de los «voluntarios de la fe», africano como ellos, Ahmed el Zegrí, mediante un golpe de Estado, se hizo cargo del mando (26 de abril de 1487) imponiendo férrea disciplina a los malagueños. Era preferible morir en el nombre de Alá que capitular vergonzosamente ante los enemigos de la fe. Los ánimos se encresparon al recibirse la noticia de que Boabdil había conseguido pleno control sobre Granada. A los ojos de aquellos combatientes venidos a cumplir el deber de la yihad, la muerte era puerta segura para entrar en el paraíso. En cambio, Boabdil pensaba en salvar todavía una reserva que englobase también a Granada. En este sentido escribió a la reina Isabel (29 de abril) confiando en la mayor magnanimidad de ésta, y envió al alguacil mayor, Abu-l-Qasim al-Muleh, a negociar con Fernando en Vélez-Málaga las nuevas condiciones.

Antonio de la Torre y Juan de Mata Carriazo consiguieron ya aclarar este punto, de gran importancia. Fernando, coincidiendo en todo con su mujer, otorgó el que podríamos llamar tercer pacto con Boabdil, en que se reproducían algunos capítulos del segundo y se añadían algunos nuevos. Una vez que concluyeran las operaciones contra al-Zagal, Boabdil entregaría Granada y cuantos territorios estuviesen bajo su obediencia, recibiendo a cambio un ducado que abarcaría Guadix, El Cenete, Baza, Vera, los dos Vélez, Mojácar, Purchena y algunos otros lugares, abrazando la sierra de Filabres, pero prácticamente sin salida al mar, porque no se admitía puerto o varadero en aquella breve costa. No tendría que conquistar aquel espacio, pues era señorío otorgado por la corona. La población granadina no tendría que cambiar de domicilio ni de religión, ya que se le reconocían los tres derechos fundamentales. Durante varios meses, Fernando vivió bajo la sensación de que había llegado a la final solución satisfactoria. Los musulmanes que prefiriesen regirse por autoridades propias podrían instalarse en el ducado, reserva suficiente y no peligrosa.

Todo dependía ya de Málaga, en donde los partidarios de la capitulación habían sido despojados por el Zegrí que contaba con sus voluntarios africanos, conversos judíos que huyeran de la Inquisición y elches, temerosos de castigo por su apostasía. Difícil resulta medir sus intenciones y esperanzas: ¿se trataba de provocar alguna intervención exterior lejana, como la de los mamelucos, de lograr condiciones de perdón o, simplemente, de morir en la brecha? Fernando, que el 7 de mayo, con pesada impedimenta, estaba a las puertas de Málaga, no mostraba la menor debilidad. Ciudad espléndida la que tenía ante sus ojos, dotada de gruesas murallas y abundante artillería, única que contaba con una judería apreciable y un barrio de genoveses, ahora ausentes. La lucha fue muy dura y sirvió para demostrar la firmeza de la voluntad.

A mediados de mayo, Isabel y sus damas llegaron al campamento, dando la sensación de que nada iba a ser cambiado. El 1 de junio el rey anunció que ya no recibiría a ningún parlamentario a menos que viniese a ofrecer una capitulación sin condiciones, lo que significaba la esclavitud para todos sus habitantes, con posibilidad, desde luego, de rescate. Dura lección ésta de Málaga que nos ayuda, sin embargo, a comprender la mentalidad del tiempo. En una guerra entre Cristiandad e Islam no regían las normas europeas. Los Reyes Católicos establecieron la condición que entendían generosa de que las poblaciones que capitulasen verían reconocido su derecho mínimo como personas. Pero las que resistiesen, buena presa, serían reducidas a esclavitud, pudiendo sus miembros ser vendidos en el caso de que carecieran de fondos para rescatarse. Los soldados de la guarnición, que impusieran su yugo a los malagueños, no merecían otro trato que el de bandoleros dignos de la horca.

Bloqueada estrechamente la ciudad y su puerto, surgió el hambre. Se había hecho, el 29 de mayo, un esfuerzo para romper el bloqueo pero fracasó. Entonces, el 18 de junio, un voluntario de la fe llamado Ibrahim, procedente de Djerba, se dejó capturar: su idea era cambiar su vida por la de los reyes Fernando e Isabel, a los que no conocía. Convenció al marqués de Cádiz de que conocía el medio de entrar secretamente en Málaga pero que no lo revelaría más que personalmente a los monarcas entendiéndose que buscaba una remuneración. Le llevaron a una tienda en que conversaban don Álvaro de Portugal y Beatriz de Bobadilla, a los que atacó, por otra parte sin éxito, creyendo que se trataba de su objetivo. Pero estos detalles servían para endurecer el ánimo de los sitiadores.

El hambre cambió las cosas por completo. Los partidarios de la capitulación volvieron a tomar el poder arrumbando a los voluntarios. Ali Dordux y ‘Umar Abiatar acudieron con bandera blanca al campamento cristiano donde Fernando insistió en que, cumpliendo su palabra, «no los he de tomar sino como a vencidos del todo, dándose a mi merced». En qué iba a consistir esta merced quedó especificado en un documento que, el 4 de setiembre, Ali ben Dordux recibió y firmó. Encontramos más tarde a este personaje como uno de los jefes más relevantes de la comunidad mudéjar. Los tres mil vecinos de Málaga (11.000 personas, según Bernáldez, lo que coincide con los cálculos actuales) se consideraban esclavos. De este modo la orden del rey quedaba cumplida. Pero podrían rescatarse pagando treinta doblas de oro por cada casa, pudiendo hacerlo en plazos. De este modo cobraban su libertad incluso para emigrar a África. Fernando justificaba de este modo su «clemencia». Los soldados de la guarnición fueron amparados en estas condiciones aunque no sus jefes. El rescate, que según los cronistas, alcanzó 66.000 doblas, sumado al de los judíos, que se pagó mediante repartimiento entre las aljamas de otros 10.000 castellanos de oro, significaron para las arcas reales una indemnización de guerra que no cubría por completo los gastos del asedio pero los aliviaba en forma decisiva.

Fernando podía felicitarse de un éxito alcanzado con muy pocas bajas. Málaga, repoblada ahora con cristianos, podía recobrar el papel económico que desempeñara. Los musulmanes permanecieron en gran número en las comarcas aledañas. Se esperaba que en esta población abundante, que significaba casi la mitad del antiguo reino, se aceleraran las conversiones. La meta parecía estar al alcance de la mano.

Un paseo por la frontera oriental

Granada y una pequeña comarca en torno estaba ahora en poder de Boabdil, que se proclamaba vasallo de los Reyes Católicos. No hemos de olvidar que, de acuerdo con la mentalidad imperante en Europa, un vasallo no puede negar la entrada a su señor, incluso con escolta armada. Para que no hubiera dudas, los monarcas premiaron a los protagonistas de la capitulación malagueña, con tierras en unos casos, con oficios en la comunidad mudéjar en otros. Algunos, tras el bautismo, quedarían incorporados a la nobleza castellana. A Málaga llegaron también embajadores de Fez y de Túnez para confirmar las treguas existentes demostrando que aceptaban ese final para el emirato granadino. En otras palabras, Egipto y el Magreb aceptaban el principio esgrimido por los Reyes Católicos de que se trataba de reincorporar un territorio que formara parte de Castilla y se había separado.

Vigente el tercer pacto con Boabdil, que incluía treguas con sumisión, reducía ahora las operaciones a tres ciudades, Almería, Guadix y Baza, que seguían en la obediencia de al-Zagal. Pero el esfuerzo malagueño había sido tan grande que Fernando, moviéndose siempre en los límites de la prudencia, decidió limitar las operaciones de 1488 a una especie de acto de presencia en zonas que podían darse por pacificadas o muy próximas a la sumisión, convenciendo además a los granadinos de cuanta clemencia podían esperar de la sumisión. Las ciudades andaluzas tuvieron así un año de descanso en el esfuerzo. Por su parte, Muhammad ibn Sa’ad fortalecía las guarniciones de las tres ciudades mencionadas más arriba. Probablemente pensaba aún que una fuerte resistencia le ayudaría a ganar mejores condiciones dejando a salvo su honor.

Los informes recogidos hasta ahora indicaban que muy poca o ninguna resistencia iban a oponer las comarcas del Almanzora incluidas en la obediencia del Rey Chico. Viniendo de Valencia los reyes se instalaron en Murcia el 26 de abril de 1488. Descansaron y tomaron algunas medidas. El sábado 7 de junio Fernando se reunió en Lorca con sus capitanes, pasando revista a una fuerza no demasiado numerosa. Bastó la presencia del rey para que, en la tarde del día 10, Vera y las Cuevas abrieran sus puertas. Lo mismo hicieron Mojácar y una larga lista de lugares que permitieron al rey llegar hasta Níjar, que se encuentra a unos treinta kilómetros de Almería. Todo se hacía dentro del tercer pacto: los dos Vélez, Orce, Galera, Benamaurel, Tabernas, Purchena y Huéscar acogieron en paz a Fernando. Se estaba creando el ducado para la reserva. Algunos de los moradores abandonaban su residencia para unirse a las fuerzas de al-Zagal y extremar la resistencia, pero los demás permanecían sencillamente en sus casas como si se tratase únicamente de cambiar el titular de la corona.

Con este paseo militar, sin acciones de guerra ni, por consiguiente, bajas que fuera necesario registrar, Fernando trataba seguramente de demostrar en qué consistía este cambio de mano. Las guarniciones militares eran sustituidas por alcaides y soldados cristianos, pero la población musulmana del territorio conservaba las autoridades que le eran propias. Ni siquiera se les obligaba a liberar a sus cautivos; eran cambiados por prisioneros granadinos o rescatados a un precio fijado por árbitro. Según Ladero, «las condiciones no pueden ser mejores». Sólo se añadieron tres delitos a las normas jurídicas entonces imperantes: unión sexual entre cristianos y moros; homosexualidad; homicidio. Esta benevolencia calculada, que se ensayara ya en la Ajarquía rondeña, tropezaba, sin embargo, con dos inconvenientes. El musulmán pasaba a la condición de tolerado y sólo se tolera aquello que sería preferible que no existiera. Y los nuevos alcaides cristianos abrigaban el propósito de obtener ventajas de su situación. Con el tiempo, una onda de descontento entre los sometidos, que tiene su primera manifestación en la comarca de Ronda el año 1487, se iría extendiendo.

Anotemos, pues, el contraste que iba a ser consecuencia de esta pacífica entrega. Los reyes reconocían, por escrito, propiedades y creencias de los sometidos, inviolabilidad de domicilio, exención de huéspedes, pago estricto de los trabajos públicos que se les encomendasen y nada de signos infamantes en la ropa exterior. Todo esto no impedía que los oficiales del rey les tratasen con displicencia. Desde el Consejo se mostraba a los musulmanes una nueva condición jurídica que permitiese asimilarles de acuerdo con el tercer tratado. Boabdil iba a ser duque y algunos otros notables de su entorno como Alí y Muhammad Abduladin, recibieron señoríos, naturalmente dentro de la futura reserva. ‘Umar Abenamar, que negociara la rendición de Málaga, pudo instalarse en Vélez-Málaga en condición de vasallo del rey. De Ali ben Dordux ya hemos hablado. El 30 de julio de 1488 se prorrogó por otros dos años la tregua acordada con Boabdil. Era ya la fecha límite.

Cerco de Baza

Pero entonces al-Zagal, haciendo honor a este apellido que significa «valiente» decidió demostrar que aún le quedaban recursos para la resistencia, preocupando por un momento a Fernando, que veía cómo se complicaban las cosas en el escenario europeo. Desde Guadix acometió Alcalá la Real, siempre sacando botín, corrió luego por la sierra de Filabres y torciendo hacia el sur, alivió la presión que se estaba ejerciendo sobre Almuñécar, garantizando la defensa de Almería. Se equivocaba, sin embargo, si pensaba en que éste era el inmediato objetivo, cerrando la costa. Fernando había decidido comenzar por Baza, que estaba previsto incluir en el ducado de oferta a Boabdil.

Un nieto de Yusuf IV, Yahya al-Nayyar, había asumido la defensa de esta ciudad, contando con los mejores soldados que aún militaban en la resistencia. Fernando, que había mantenido conversaciones con él cuando ostentaba la alcaidía de Almuñécar, propuso entrar en negociaciones, ya que una capitulación de Baza podía significar el cierre total de la guerra. Había llegado a Jaén, convertido en base de operaciones para este año. De aquí comenzaron a salir las tropas el 27 de mayo, asegurando primero el entorno; el 15 de junio su mano se cerraba completamente sobre Baza. Estaban seguras las comunicaciones, lo que permitía un avituallamiento suficiente para los grandes pertrechos movilizados en esta ocasión. Ladero, que la ha estudiado con gran pericia, llega a la conclusión de que el cerco de esta ciudad fue la operación más difícil de toda la campaña, si bien, al mismo tiempo, constituyó el último eslabón de la misma. Quedaba definitivamente atrás el ejército medieval de caballeros encubertados y advenía el moderno, que se apoyaba ya en la potencia de fuego y el ímpetu tesonero de la infantería.

Durante cinco meses Yahya consiguió defenderse. También en esta ocasión, como en Málaga, vino la reina Isabel a instalarse en el campamento, demostrando que la empresa no iba a ser abandonada. Llegado el otoño comenzaron, finalmente, las negociaciones. El alcaide musulmán estaba ya de acuerdo con el monarca cristiano: inútil el despilfarro de vidas humanas; la voluntad de Alá era manifiesta. Pero Yahya propuso que, esta vez, no se tratara de la capitulación de una ciudad sino del acta de rendición de al-Zagal y todos sus seguidores. Fernando asintió. Así pues se firmaron dos acuerdos sucesivos: el 28 de noviembre de 1489 se rindió Baza, el 10 de diciembre, Muhammad al-Sa’ad firmó el acuerdo y los días 22 y 30 de este mismo mes se entregaban Almería y Guadix.

La guerra, teniendo en cuenta el tercer acuerdo con Boabdil, había terminado. Así lo escribieron ambos reyes a la ciudad de Sevilla el 18 de enero de 1490: «Sabed que, después de muchas fatigas, trabajos y gastos, ha placido a la misericordia de Nuestro Señor dar fin a la guerra del reino de Granada.» Fernando podía, en consecuencia, retornar al punto de partida, en Tarazona, y poner el acento en la segunda misión, recuperar los condados pirenaicos y fortalecer el área mediterránea. También los capitanes de al-Zagal comunicaron a los suyos que todo había terminado, debiendo deponer las armas.

Las condiciones

Nadie tan generoso como yo, podría decir entonces Fernando el Católico, que estoy indemnizando a mis poderosos enemigos para que no pierdan el sentido de su propia dignidad. A Boabdil se enviaron procuradores para recordarle que, agotado el plazo de las treguas y concluida la contienda, era llegado el momento de dar cumplimiento a los acuerdos jurados: él debía entregar la ciudad de Granada y cuanto aún dominaba y, a cambio, recibir el ducado cuyas principales posesiones estaban ahora en poder de los Reyes Católicos. También sus colaboradores recibirían señoríos suficientes. Las condiciones otorgadas en Baza, Guadix, Almuñécar o Almería permitían la permanencia de una amplia población mudéjar. Era un inconveniente, desde el punto de vista de los reyes, pues significaba la elevación del número de esa «quinta columna» musulmana hasta niveles peligrosos y precisamente en el momento en que se estaba llegando a la conclusión de que la estabilidad de la monarquía dependía de su unidad religiosa.

Pero los reyes no podían faltar a su palabra, de modo que sólo quedan dos soluciones: incrementar la emigración hacia África o convencer para la conversión. El trato generoso podía estimular ambas cosas. Las cosas vienen de lejos. Abenámar es el nombre que sirve para el romance que muestra a Juan II ante Granada, pero lo es también para designar al nuevo señor de Vélez Blanco. Muhammad al-Zagal recibió un vasto señorío sobre Andarax, Lecrin, Lanjarón y Orjiva, además de la confirmación de todas sus antiguas propiedades y un donativo especial de 20.000 castellanos de oro. Al cabo de unos meses decidió pasar a África y los reyes compraron todas sus posesiones por 3.000 doblas de oro. Un mal negocio, pues en Marruecos fue pésimamente tratado y robado.

Yahya al-Nayyar, el de Baza, recibió el señorío de Márjena, Dalia y El Boloduy, en la cuenca del Almanzora. En enero de 1492 decidió recibir el bautismo convirtiéndose en Pedro de Granada. Se trata de la primera raíz del linaje noble de Campotejar. A todos los alcaides se dieron indemnizaciones porque perdían sus oficios; a los demás magistrados no, porque continuaban en su puesto. Cuantos preferían pasar a África recibían gratis el tránsito en buques y la indemnización correspondiente por los bienes inmuebles que quedan atrás. Una fórmula, ésta, que gozaba de la preferencia de los reyes. Pocas veces, en la Historia, hemos visto tanta magnanimidad por parte de un vencedor. La memoria de Alejandro entraba también en juego.

Boabdil rompe el acuerdo

En 1489 Fernando el Católico entendía que el compromiso que adquiriera, cinco años atrás, en Tarazona, estaba cumplido. La guerra de Granada había concluido en términos que le aseguraban, además, un gran prestigio. Es posible que no conociera suficientemente la situación creada en el interior de Granada donde muchos recibieran a Boabdil en la creencia de que así garantizaban su pervivencia, pero en modo alguno una entrega. Los cronistas nos proporcionan la noticia de que cuando llegó el momento de cumplir el tercer tratado, los partidarios de una defensa a ultranza, hasta imponer las condiciones por ellos deseadas, consiguieron imponerse. Un hecho es cierto: el 19 de diciembre del mencionado año Abu Abd Allah, titulándose emir, hizo circular entre los suyos una carta recomendando a todos permanecer firmemente unidos en su obediencia para no compartir la triste suerte de los vencidos. Por esos mismo días, un emisario de Boabdil, ‘Abu-l-Qasim el-Muleh, acudía a negociar con los reyes el cumplimiento de lo acordado. Dueño de Granada, parece que se creía en condiciones de reclamar la primera fórmula, es decir, una reserva musulmana dependiente, pero con título y calidad de emirato, salida al mar y extensión conveniente, situando en primer término la capital.

Gonzalo Fernández y Martín de Alarcón, acompañando a el-Muleh, regresaron a la Corte; no eran necesarias nuevas ayudas militares. Los reyes se atuvieron estrictamente a los términos del tercer acuerdo: todo el territorio debía abrir sus puertas y ellos entregarían a Boabdil el ducado que se le había prometido. El Rey Chico insistió: un nuevo viaje de el-Mulah, acompañado de Ali ben Comixa, que tan lucido papel desempeñara en anteriores negociaciones, vino a insistir en su punto de vista. Los monarcas se negaron a aceptar: el tercer acuerdo y no otra cosa. Por inconveniente que fuera la coyuntura internacional, nada podía estorbar esa restauración final de la unidad. De modo que estaban dispuestos a cumplir sus compromisos pero no a modificarlos. El ducado era la remuneración por la entrega; si ésta no se efectuaba cesaba la obligación.

Boabdil tomó la decisión de combatir hasta el último extremo. No es posible conocer al detalle las razones que le impulsaron a ella. Algunos linajes granadinos se negaron a seguirle en esta aventura sin esperanza y se sometieron a los reyes. Los planes de Fernando, volcado ya en la nueva fase de su gran política —recobro de los condados pirenaicos—, sufrieron un rudo golpe, pero ya no se interrumpieron. Redujo incluso su presencia en las operaciones, nombrando un capitán general, Diego López Pacheco, marqués de Villena. Nuevo detalle de su pensamiento: al que fuera principal movedor de la causa de Juana se entregaba el honor de comandar la etapa final de una guerra prácticamente concluida. Isabel cobró también, en ella, mayor importancia que su esposo, vuelto a funciones de rey. No es necesario entrar en el detalle de las operaciones.

Los capitanes de Boabdil, una vez roto el acuerdo, proyectaron una ofensiva que, abriendo un tramo de andén litoral permitiera el acceso desde el norte de África e indujera a las tahas recientemente sometidas, a sublevarse acudiendo a escribir esa última página heroica sobre Granada. Fracasaron, con toda lógica. El rey recomendó volver a la batalla de desgaste evitando pérdidas inútiles: privada de abastecimientos, Granada estaba condenada a rendirse. Él dio las órdenes que los demás ejecutaron: tensar la mano en torno al cuello de la fortaleza granadina y esperar hasta que el enemigo hubiera perdido el resuello.

El plan aparece indicado en el apercibimiento del 15 de octubre de 1490: el año siguiente iba a ser el último. Para que no hubiera duda de cuáles eran sus intenciones, los reyes comenzaron a convertir su campamento de la Vega en una ciudad, Santa Fe, en la que, desde el mes de junio de 1491, la Corte se instaló en torno a la reina Isabel. Fernando la había precedido. Desde el 23 de abril estaba allí, para tomar las últimas disposiciones militares. Entre las órdenes impartidas entonces figura una que responde bien a la mentalidad y proyectos de Fernando: Diego López de Ayala debía trasladarse a Guadix y al Cenete para castigar a ciertos recaudadores de contribuciones que abusaban de su poder incumpliendo las condiciones otorgadas a la población mudéjar.

Pendones sobre la Alhambra

El estrecho asedio de Granada iba a durar ocho meses: se trataba, en esta ocasión, de lograr la rendición por hambre sin el daño que pueden causar los cañones. Desde julio, impedido el acceso a la Vega, vigilada la ciudad desde las fortalezas inmediatas, faltaron los víveres y el abastecimiento se convirtió en problema insoluble. Viejos conocidos, el-Muleh, que ahora era visir, ibn Comixa, alguacil mayor, y Muhammad al-Pequeñí, que figuraba como alfaquí, se presentaron en Santa Fe en el mes de agosto defendiendo la tesis de que ni Boabdil ni ellos habían querido tomar el camino de la resistencia; habían sido obligados por aquellos que más influían sobre la población. Fernando e Isabel parecieron admitir aquel razonamiento y les despidieron como amigos a los cuales se entregan regalos.

Admitida esta tesis, no quedaba sino fijar el momento y forma en que Boabdil haría entrega de la ciudad y de todas las tierras que aún se hallaban bajo su obediencia. Los moros dijeron que necesitaban tiempo, pues los ánimos en el interior se hallaban muy exaltados, pero Fernando se negó a aceptar una fecha posterior al término del mes de febrero. El-Muleh tuvo una frase para el rey, muy al gusto de su ascendencia árabe: «por Dios y por mi Ley —dijo al monarca— que si pudiese llevar Granada a cuestas, yo la llevase a sus altezas». A las presiones de los monarcas, que necesitaban manos libres para la gran operación que estaban desarrollando contra Francia, se oponían las noticias que llegaban del interior de la ciudad en donde los partidarios de una especie de holocausto in extremis preparaban una revuelta. Las negociaciones se aceleraron por esta causa.

El 25 de noviembre de 1491 se firmaron en Santa Fe de la Vega las capitulaciones que cerraban un gran ciclo histórico —más de setecientos ochenta años durante los cuales los musulmanes habían tenido y ocupado una parte del suelo español—. Granada, sin embargo, veía reconocido el derecho de su población musulmana a permanecer en ella, practicando su religión. Las condiciones que se le asignaron no eran las que correspondían a los simples mudéjares, sino las referidas a una comunidad organizada, contando con sus propias autoridades. Si prescindimos de lo que ocho años más tarde sucedió, llegamos sin disputa a reconocer que las condiciones otorgadas por unos monarcas católicos a dicha población musulmana no admiten comparación con ningún otro caso en toda la Cristiandad. Tres años completos de exención de tributos debían permitir un alivio en los daños producidos por la guerra. Se garantizaba a los granadinos su propiedad y la inviolabilidad de domicilio, hasta un extremo tal que un cristiano no podía entrar en una vivienda musulmana a no ser que recibiera una invitación de su dueño. El trabajo sería libre y remunerado. Nada de servidumbre. Continuaban las licencias para comerciar en el norte de África.

Antes de continuar indiquemos un factor seriamente correctivo. La práctica de la religión islámica seguía siendo autorizada. Pero como la le era entonces dimensión esencial en el ser humano, y la monarquía era católica, los granadinos pasaban, sin que nadie lo dijera, a una posición subalterna, de la que era posible, y deseable, que saliesen mediante la conversión. Todo ello responde a la mentalidad y perspicacia de Fernando y de algunos de sus consejeros entre los que hemos de situar a Tendilla y a fray Hernando de Talavera: generosidad, condescendencia y justicia eran vehículos adecuados para conducir a esta nueva población, muy densa —alrededor de 200.000 almas, según los cálculos de Ladero—, al bautismo, meta deseada. La otra alternativa, más difícil, sería la emigración a África; las noticias del mal trato a al-Zagal y a otros con él, no estimulaba los deseos de viajar. Generosidad también extraordinaria la que se mostró hacia Boabdil, que recibía un extenso señorío, desde las Alpujarras al puerto de Adra. Comixa y el-Muleh también fueron abundantemente provistos. Mercedes calculadas, sin duda, pero que se asientan sobre un principio de aprecio al adversario. Todos ellos podían integrarse en la nobleza: bastaba para ello con que se decidiesen a dar el paso final hacia el bautismo. Es cierto que también podían vender esos cuantiosos bienes y emigrar con buen dinero en sus bolsillos.

En la tarde del 1 de enero de 1492, mientras salían de Granada los cautivos cristianos liberados, Boabdil pasó el aviso de que era necesario enviar una guarnición cristiana a la Alhambra para evitar que llegara a producirse un levantamiento Así se hizo aquella misma noche. Caballeros de Santiago con el maestre Cárdenas se instalaron en aquel palacio. Avanzada la mañana del día 2 de enero, mientras Isabel se detenía en Armilla, a media legua de la ciudad, el rey se adelantó a recibir las llaves que le entregaba el emir. Otro gesto, propio de su carácter, consistió en evitar que el vencido le besara la mano. ¿Para qué humillaciones inútiles cuando lo principal estaba conseguido? Un hijo de Boabdil y otros quinientos rehenes que garantizaban el cumplimiento del tratado retornaron a sus respectivas familias. El 8 de enero de 1492 todos los prisioneros musulmanes fueron puestos en libertad.

En este ámbito caballeresco, que constituye la esencia del siglo XV, se desenvolvió aquella escena capital que los presentes recordaron durante largo tiempo: rendición de Granada. Durante casi un decenio, Fernando había puesto en acción las «virtudes» que en él se reconocían y, consumado el tiempo, se preparaba a cobrar la «fama» que es el premio que, más allá del tiempo fijado a la existencia, corresponde al cumplido caballero. No es casual que su esposa y él hayan escogido Granada, y no Burgos o Toledo, como sepulcro unánime para después de su muerte. El poeta contrapone en este sentido el fracaso de Boabdil —«bien es que, como mujer, llore con gran agonía el que como caballero su estado no defendía»— y otras fuentes más fidedignas permiten asegurar que este llanto sobre Granada realmente existió.

La «España perdida» a que se refiriera la Continuatio hispana del 748 había sido recobrada. La grandeza del episodio mueve a la exaltación del bachiller Palma. Pero en este momento, como si se estuviera produciendo el relevo de la guardia, desaparecieron los protagonistas de aquella generación: el condestable Velasco, el adelantado Enríquez, el duque de Medinasidonia, el marqués de Cádiz, Beltrán de la Cueva, Alfonso de Cárdenas y, para cerrar la cuenta, en enero de 1495, el cardenal Mendoza. En muchos aspectos, el año 1492 —América, judíos, Gramática nebrijense— indica el relevo hacia la modernidad. La cuarta nación de Europa subía los escalones que le iban a permitir medirse con Francia.

CAPÍTULO VIII

LOS CAMINOS QUE LLEVAN A JERUSALÉN

Un cambio en el Pontificado

Uno de los dos anuncios de la profecía del murciélago estaba cumplida: cinco años habían bastado a Fernando para cerrar una brecha peligrosa en el Mediterráneo occidental conquistando Granada. No dejaba de apuntar, sin embargo, hacia otro extremo del horizonte. En paralelismo con aquella guerra se estaba pugnando para ejercer papeles directivos en la política italiana, plataforma indispensable para la defensa frente a los turcos y la penetración en el otro Mediterráneo.

En este segundo escenario, según la documentación de que disponemos, referida a la fecha de 1484, el objetivo no podía ser otro que estabilizar las condiciones establecidas en el sistema de Lodi, idea genial de Cosme de Médicis. Los monarcas españoles reconocían que el pontífice ocupaba, por naturaleza, una posición clave. Apenas conseguida la paz de Bagnolo se produjo el fallecimiento de Sixto IV (12 de agosto de 1484) registrándose la esperada reacción contra sus nepotes, Riario y della Rovere.

En relación con la política italiana no cambiaron mucho las cosas. La preocupación fundamental de los cardenales que se reunieron en cónclave el 25 de agosto seguía siendo salvaguardar la independencia del futuro pontífice frente a las ambiciones de los soberanos temporales. En todas las conciencias, dentro y fuera del Colegio, imperaba la convicción de que la libertad del vicario de Cristo en relación con el gobierno de la Cristiandad y la independencia política del Patrimonio de San Pedro estaban en recíproca dependencia. Como ya hicieran en otras ocasiones, comenzaron redactando un programa de gobierno al que, mediante juramento, se comprometían a obedecer. Lo mismo que entonces, quedó también sin efecto. Fuertes partidos enfrentados impedían obtener la mayoría necesaria. Por eso hubo de buscarse un Papa de transición, Juan Bautista Cibo, padre de dos hijos, Teodorina y Francescetto, nacidos, eso sí, antes de que fuera ordenado sacerdote. Tomó el nombre de Inocencio VIII.

Crecía un tanto la influencia de Julian della Rovere y, disminuía en consecuencia la de Alejandro Borja. Todo esto tenía un valor relativo, pues uno y otro contaban con recursos suficientes para obligar al Papa a concesiones. Una de las primeras noticias que Inocencio hizo llegar a Fernando el Católico fue que las arcas de Roma estaban exhaustas y su tesoro lleno de deudas, lo que parecía anunciar que se iba a recurrir a beneficios españoles. En un momento en que la guerra de Granada entraba en horas decisivas, el Papa pedía a sus banqueros que activasen el envío de fondos desde la Península. Isabel insistió, de nuevo, que no estaba dispuesta a admitir en su reino más beneficios en ausencia. No tardó en encontrarse con un problema de primera fila. En este caso nos resulta imposible decir quién de los dos, rey o reina, desplegó la mayor energía.

En setiembre de 1484, Margarit, en la más absoluta reserva, informó a Fernando de que Rodrigo Borja había exigido de Inocencio, como precio de la ayuda que éste indispensablemente necesitaba, tres cosas: la sede de Sevilla, esto es, sus copiosas rentas, la responsabilidad de gestión en todos los asuntos españoles, y la posibilidad de viajar a la Península cuando fuera conveniente, con todos los poderes de un legado a latere. Todo esto era cierto; Inocencio había aceptado y el 18 de noviembre extendió el nombramiento del cardenal como prelado hispalense. Fernando, empleando esta vez el plural, respondió a Margarit, sin duda para que éste tuviera medios de calificar su acción, que «entendemos hacer en esto tal provisión que será en esta Corte sonada». Como primera providencia se dispuso el secuestro de todos los bienes de Pedro Luis Borja.

El Papa parecía, en esta ocasión, firmemente decidido; era mucha la necesidad que sentía del apoyo del vicecanciller. El 1 de octubre de 1484 había firmado las instrucciones a Angelo Gherardini, obispo de Sessa, que enviaba como legado a España: tenía que advertir a los reyes que si no cedían en esta cuestión se suspenderían las bulas de cruzada y del diezmo eclesiástico, suspendiéndose las negociaciones en torno a la Inquisición, denunciada por su extremada dureza. Debía mostrar sorpresa porque los reyes se mostrasen de esta manera ingratos con Rodrigo Borja, a quien tanto debían. Las cosas llegaron a un extremo porque, antes de que el legado emprendiera el viaje, llegaron a Roma noticias de que Pedro Luis había sido encarcelado.

Desembarcó Gherardini en Barcelona; aquí se encontró con el doctor De Alcocer, miembro del Consejo, que llevaba consigo a un protonotario encargado de levantar acta de lo que se dijese. Comunicó al legado que si pretendía plantear la cuestión de Sevilla, mejor haría renunciando al viaje porque sus reyes no estaban en absoluto dispuestos a tratar la cuestión. Siguió adelante pensando que los monarcas le consentirían, al menos, transmitir su mensaje, pero cuando, en la Corte, los reyes comprobaron que «más venía por parte del canciller que del Papa», interrumpieron la conversación y le pidieron que se fuera.

No se trataba de afirmar o negar motivos para la gratitud sino de adoptar una línea de conducta que afectaba a la salud de la Iglesia. Si una sede de la importancia de Sevilla, punto clave de los acontecimientos de entonces, se convertía en moneda de cambio para el juego de apoyos personales en la Curia de Roma, todo el proceso de reforma que los Reyes Católicos estaban decididos a llevar hasta sus últimas consecuencias se vendría abajo. Inocencio VIII hubo de comprenderlo así. Por eso se detuvo en el borde mismo, a punto de llegar a una ruptura, y enderezó las cosas por vía de negociación. Presionó, de todas formas, sobre el cardenal Mendoza y otros eminentes eclesiásticos españoles que podían ejercer influencia sobre los monarcas. El pensamiento de Fernando el Católico sobre los asuntos planteados por el obispo de Sessa lo encontramos en las nuevas instrucciones que remitió a Margarit y a Francisco Vidal de Noya: las sedes episcopales existen para bien de las almas y no para provecho material de titulares ausentes; cruzada y diezmo son obligaciones de la Iglesia en relación con la guerra santa; y la Inquisición necesita de la eficacia que proporciona el poder real para alcanzar su fin.

Borja cede

Antes de que llegara a producirse un conflicto entre la Sede romana y España —en otro lugar se explica el tema de la Inquisición— surgieron nuevas tensiones a causa de Nápoles que movieron a Inocencio VIII a buscar el apoyo de los monarcas españoles. Fernando —para los italianos Ferrante a fin de distinguirle de su nieto Ferrantino—, heredero de Alfonso V, estaba completamente desbordado por su hijo el duque de Calabria, que aspiraba a imponer una hegemonía del Realme sobre toda la Península. En una tormentosa entrevista que celebró con Inocencio VIII, el 20 de octubre de 1484, a su regreso de Ferrara, exigió la entrega de Benevento, Terracina y Pontecorvo, que consideraba partes de su reino. Ponía en peligro la paz de Bagnolo por ésta y por otra razón: pretendía aprovechar la circunstancia para destruir el poder de la nobleza, gran parte de la cual procedía de los linajes asentados en Nápoles por los monarcas angevinos. De este modo despertaba los propósitos intervencionistas franceses.

Un abad napolitano, Gaspar Regnant, trajo a Fernando, en diciembre del mismo año, estas y otras no menos desagradables noticias, que se referían al trato que el príncipe de Calabria estaba reservando para su madrastra, Juana, hermana del Rey Católico. Éste encomendó al monje que llevara su respuesta: no debían mermarse las rentas y señoríos que se asignaran a la reina en las capitulaciones matrimoniales, debiendo señalarse a su hija, del mismo nombre, la dote que a una infanta corresponde. Al mismo tiempo, y en compensación de la ayuda costosa que se le prestara, se solicitaba una compra voluminosa de sal de la Mata. Entre líneas es muy fácil percibir el descontento del monarca español por el comportamiento de su primo.

En compañía de Antonio Geraldino, un nuevo embajador, Francisco de Rojas, había viajado a Roma. Tenían el encargo de conseguir acuerdos con el Papa. El tono de las instrucciones, amable cuando se refería a Inocencio VIII, se endurecía en relación con Rodrigo Borja. Al llegar a la Ciudad Eterna tuvieron noticia de la muerte de Juan Margarit, acaecida el 21 de noviembre, por lo que Rojas hubo de tomar el primer lugar. Halló disposiciones más favorables de las que, en un primer momento, pensara. Para della Rovere, que contaba con el apoyo francés, era muy oportuno que se enturbiaran las relaciones de Borja con España. De este modo Inocencio VIII comenzó a hacer concesiones en el tema de la Inquisición, aunque respaldando las demandas del general de los dominicos, y en el de la bula de cruzada que fue renovada en febrero de 1485. Se cubrieron como vacantes in Curia las sedes de Gerona, para Berenguer de Pau, y la de Cefalu para Francisco Vidal de Noya; uno y otro servían intereses españoles en la Curia. Por otra parte, Isabel tampoco tenía motivos de queja, pues se trataba de diócesis no castellanas, aquellas que pertenecían al patrimonio de la Corona de Aragón.

Entonces el Papa llamó a Rodrigo Borja y le instó a que «con gran generosidad» renunciase a Sevilla a fin de poder nombrar a la persona que los monarcas españoles le presentaban. No todo es gratuito en este acercamiento. Torquemada será inquisidor general y una tercera parte de la cruzada y del diezmo tomaba el camino de Roma para atender a los gastos de la guerra turca. Este punto daría origen, durante algunos meses todavía, a fuertes tensiones.

Revuelta de los barones

La muerte de Margarit había privado a Fernando de los servicios de un hombre muy influyente en la Corte de Roma. Ni Rojas ni Vidal de Noya, bien preparados, podían moverse a niveles tan altos como los que aquél alcanzaba. Por eso decidió enviar como embajador extraordinario a Íñigo López de Mendoza, conde de Tendilla, que se estaba convirtiendo en persona de toda su confianza. El hecho de que recurriera en esta ocasión a un castellano cuando los asuntos eran predominantemente aragoneses puede guardar relación con el cambio que significaron las Cortes de Tarazona y, sobre todo, con el nuevo sesgo que tomaban los asuntos napolitanos, implicando un peligro en las relaciones con Francia. Toda la conducta de Alfonso de Calabria aparecía dictada, ahora, por un vehemente deseo de librarse de la tutela del monarca aragonés asumiendo sin contemplaciones la iniciativa.

Fernando se mostró profundamente disgustado. Para él, la paz de Bagnolo significaba el logro del tan importante equilibrio interior en Italia, de modo que los nuevos proyectos del duque de Calabria le perjudicaban directamente. También necesitaba, una vez superado el encontronazo por Sevilla, calmados los ánimos, una reconciliación con Rodrigo Borja, puntal en Roma. Liberado de su prisión simbólica, Pedro Luis fue invitado a acompañar al rey en la empresa de Ronda. A él y sus hermanos César, Juan y Godofredo se reconoció derecho a usar el título de «augustos», lo que les permitía incorporarse a la nobleza valenciana y, en consecuencia, adquirir señoríos.

Nápoles, como señala Zurita con mucha agudeza, era un problema complejo. Entre los barones de aquel reino circulaba la idea de que Fernando el Católico no había renunciado por completo a «su pretensión y querella en la sucesión de aquel reino». En junio de 1485 se produjo una reunión de nobles, al parecer ocasional, guiados por los Sanseverino y el príncipe de Altamura, y allí salió a relucir la preocupación que en ellos provocaba un eventual ascenso al trono de Alfonso de Calabria. A través de Juan della Rovere, prefecto de Roma, hicieron llegar estas preocupaciones a Inocencio VIII. Ignoramos el contenido de las conversaciones que el monarca español sostuvo con el duque de Ferrara, Hércules de Este, en el viaje que hizo a España, en peregrinación, pero no cabe duda de que alguna referencia a los asuntos napolitanos debió de producirse. De momento, absorto como estaba en la guerra de Granada, Fernando no podía prestar demasiada atención a cuestiones menudas. Tenía el convencimiento de que las buenas relaciones logradas con Génova, Venecia y Florencia eran esenciales para mantener el equilibrio.

No debemos engañarnos. Por importantes y decisivos que fueran los acontecimientos que tenían lugar en España, no eran capaces de apartar a Fernando de aquel objetivo primordial, defensa del Mediterráneo, que varias veces hemos señalado. El 20 de agosto prometió al virrey de Sicilia enviarle más barcos, más hombres y más cañones. Pocos días más tarde, despidiendo al embajador de Ferrante, llamado Macedonio, le encargó que dijera a su primo que, en caso de peligro turco, ni siquiera la guerra de Granada le impediría acudir en su socorro.

Con las últimas semanas del año se estaba llegando a un perfecto entendimiento con Inocencio VIII en todos los terrenos, incluyendo el de la reforma inquisitorial en que los reyes cedieron no poco. Naturalmente, esa reconciliación alcanzaba a los Borja. Bien podemos acudir aquí al dicho popular de que Dios escribe derecho aun con renglones torcidos. En diciembre de 1485 Fernando vendió a Pedro Luis Borja el señorío de Gandía, que era parte del patrimonio real valenciano, dándole título ducal. De este modo el joven pasaría a integrarse en la alta nobleza española; se preparó su matrimonio con María Enríquez, hija del almirante de Castilla y pariente en consecuencia del rey; formaba parte de ese grupo de jóvenes damas que Isabel estaba pretendiendo formar. Antes de que hubiera llegado a producirse la boda, Pedro Luis volvió a Roma, donde acabó sus días asesinado. Su hermano Juan heredó ambas cosas, pues efectivamente casó con María, influyéndola al principio negativamente. El matrimonio se celebró siendo ya Papa Rodrigo Borja. También el duque de Gandía habría de ser víctima en Roma de un puñado de asesinos. Pero quedaba, tras él, descendencia afincada. Juan y María son los abuelos de San Francisco de Borja.

Volvemos a tomar el hilo de los sucesos. La rebelión de los barones napolitanos se inició en Aquila el 24 de setiembre de 1485. Siendo Nápoles vasallo de la Sede romana, los rebeldes proclamaron la ilegitimidad de Ferrante, alzaron pendones por Inocencio VIII y le invitaron a que acudiera para tomar las decisiones oportunas. El Papa aceptó y se produjo entonces la guerra. Para Fernando el conflicto tenía tres vertientes: posible despojo de una rama de la dinastía aragonesa; ruptura del equilibrio en Italia; y choque entre dos aliados, Nápoles y el Papa, a ninguno de los cuales le convenía renunciar. Estaba tan interesado en esta cuestión que, el 18 de noviembre, cuando las noticias eran, todavía, bastante confusas, anunció que estaba dispuesto a trasladarse personalmente a Italia para conseguir la paz.

Con toda probabilidad el monarca español estaba informado de las gestiones que los cardenales Balue y della Rovere estaban realizando, pues trataban de convencer al Papa de que, aceptando la ilegitimidad de Ferrante, reconociese como rey de Nápoles al duque de Lorena en quien convergían los antiguos derechos de la casa de Anjou. Algo que Fernando no podía ni debía tolerar porque significaba la pérdida de uno de los apoyos sustanciales de la Corona de Aragón. Ignoramos hasta dónde estaba dispuesto a llegar el Rey Católico en la reclamación de sus derechos, pero de lo que no cabe duda es de que estaba dispuesto a impedir, por todos los medios, que la influencia angevina se reinstalara en el Realme. De esto dependía el control y defensa del Mediterráneo.

Se invita al Papa a conseguir la paz

La nobleza napolitana tampoco se mostraba, en esta ocasión, unánime. Algunos de sus miembros se inclinaban por el candidato francés, otros por Fadrique, hermano menor de Alfonso, y algunos, también, por Fernando, como ya expusieran. Venecia estaba ahora tratando de reforzar sus lazos con la monarquía española, que tanto favorecía el tránsito de sus caravanas, e Inocencio comenzaba a tocar los beneficios económicos que los Gentile estaban consiguiendo para él en la Península. Las decisiones que entre los días 25 y 26 de noviembre de 1485 empieza a tomar Fernando en relación con Nápoles son, en gran medida, independientes de la gestión de alto nivel encomendada al conde de Tendilla.

Éste presidía una numerosa embajada en la que el comendador Rojas tenía responsabilidad sobre los asuntos castellanos y Antonio Geraldino, persona de no mucho relieve, de los de la Corona de Aragón. Iras hacer la solemne declaración de obediencia al Papa, dimensión esencial en el caso de la monarquía hispana, debía plantear el tema de la reforma, o lo que es lo mismo, del respaldo a las acciones emprendidas en este sentido por los reyes. Si se había escogido precisamente a un miembro de la alta nobleza castellana era porque el tema afectaba en primer término a la Corona de Castilla, aunque Fernando aspiraba a que, cuanto en este terreno se obtuviese, debía aplicarse también a la de Aragón: regio patronato, apoyo a los programas renovadores, vigilancia sobre la honestidad de vida de los religiosos, cuidado de la jurisdicción, reconocimiento de los estudios universitarios y algunas cosas más.

Fernando e Isabel aspiraban a ser reconocidos como monarcas que, desde el catolicismo radical que profesaban, iban creando una monarquía tuerte al servicio de la Cristiandad. No había, en este punto, ni la más leve disyunción entre uno y otra. Es un aspecto que resulta difícil de entender en nuestros días, ya que significaba que el Estado naciente se declaraba sometido al orden moral de que la Iglesia era custodia. La reina, por su parte, no quería que las cuestiones políticas o militares estorbasen la realización de tal programa. El rey, en cambio, no estaba dispuesto a consentir que tirasen por la borda tantas cosas —sumisión de Nápoles, paz de Bagnolo, confianza romana, reconciliación entre Venecia y Génova— que pertenecían al entramado de la Corona de Aragón, «su» patrimonio. Por eso, por su cuenta, encargó a Juan Gagliano que rogara en su nombre al Papa que actuara como mediador en el conflicto napolitano a fin de conseguir la paz (13 de enero de 1486).

Tenemos que hablar, pues, de dos embajadas yuxtapuestas, una, la grande, que afectaba a la estructura global de la monarquía y otra, menor, que buscaba la solución del conflicto. Por un instante, Inocencio VIII, que estaba enviando a Fernando cartas en tono crecientemente amistoso y lleno de gratitud, pareció dispuesto a ceder a los consejos del cardenal della Rovere, el cual viajó hasta Génova con el encargo de contratar una flota que condujera a Nápoles al duque de Lorena. Fernando, que estaba naturalmente informado de estas gestiones, dispuso el envío de barcos y soldados y ordenó a sus embajadores (2 de mayo de 1486) que explicaran al Papa que no le sería posible aceptar un cambio de esta naturaleza en el trono de Nápoles.

Gagliano, a quien se dieron instrucciones para que informara puntualmente al conde de Tendilla, cabeza de toda la representación diplomática, debía viajar a Nápoles cumpliendo una serie de encargos que perfilan muy bien la política del Rey Católico. Primero visitaría a Ferrante, su primo, y a Juana, su hermana, para advertirles que no estaba dispuesto a consentir que se alterara la paz con el despojo de los nobles del reino. A continuación advertiría a Alfonso de Calabria que le consideraban responsable de la rebelión y que era imprescindible que alcanzara un acuerdo con los barones. A Fadrique se haría una advertencia no menos seria en relación con la fidelidad y amor que debía a sus padres y a su hermano. Por último se entrevistaría con los barones cabeza de los linajes de Sanseverino, Balzo, Acquaviva, Caracciolo, Ventimigli, Guevara, Orsini, Piccolomini y Gaetani, para garantizarles que, si resistían la tentación de llamar reyes nuevos de fuera, podrían contar con la protección del aragonés. Gagliano llevaba consigo un documento muy comprometido enviado desde España el 20 de febrero; en cualquier acuerdo que se concertase podía incluir a Isabel y Fernando como «fiadores de lo que en su caso fuese asentado».

El acuerdo comprometido

Comenzaban a circular en Roma noticias, pronto confirmadas: Fernando no estaba dispuesto a apoyar a sus parientes de Nápoles en la represión contra sus barones.

La misión de Gagliano, que se desplazó también a Ferrara y a Génova para cerrar puertas, era conseguir la paz, obligando a los napolitanos a ceder en sus pretensiones exageradas, fortaleciendo al Papa en su autoridad sobre Italia e impidiendo que los franceses pudieran intervenir. En su viaje a Roma, Tendilla hizo una larga estancia en Florencia, estrechando lazos con Lorenzo el Magnífico, comunicando con el todas estas cosas. El historiador se siente tentado a recordar que, mientras la embajada española moraba en Florencia un muchacho de poco más de once años, Miguel Ángel Buonarroti se preparaba para entrar en el taller de Ghirlandaio. Sería, con el tiempo, el artista creador de la Roma soñada por della Rovere, Papa Julio II.

Dejando a un lado la imaginación, anotemos que Isabel iba más lejos aún que su marido en esta búsqueda de acercamiento. Mientras Fernando estaba en la campaña de Loja, ella dictó a sus secretarios una carta directa y personal, a Tendilla, cuya copia se conserva en Simancas, ordenándole «que procure hablar luego con nuestro muy santo Padre y le diga clara y determinadamente nuestra voluntad». Hizo la gestión y obtuvo de Inocencio VIII una respuesta cordial. A nadie convenía en aquellos momentos una intervención francesa. Los barones se inclinaban a creer en la palabra del rey y a éste parecía preferente que la alta dirección de los asuntos internos italianos se ejerciera desde Roma y no desde Nápoles.

Tras cortas negociaciones, el 11 de agosto de 1486, Milán, Florencia y Nápoles firmaban con el Papa un tratado que garantizaba la paz en toda la península. Usando de los poderes otorgados los embajadores españoles declararon que Fernando e Isabel se constituían en galantes del mismo. Aquila seguiría en el Patrimonio de San Pedro, Ferrante volvía a pagar el censo que como vasallo le correspondía, y los barones volverían a sus casas sin que se produjeran represalias. Se aplicaba, pues, el mismo criterio que ayudara a liquidar la crisis sucesoria española. Fernando no tardaría mucho tiempo en descubrir que se engañaba. Alfonso de Calabria, que ejercía el poder sin contrapartida, no estaba dispuesto a cumplir estos compromisos por mucha palabra de honor que se pronunciara, pues la destrucción del poder de los barones era condición, a su juicio indispensable, para la afirmación del suyo propio. Al incumplirse la garantía, el honor de los monarcas españoles quedaría en entredicho.

¿Un pre-concordato?

En estas condiciones no debe sorprendernos que Tendilla lograra un pleno acuerdo con el Papa, reforzando concesiones que a Castilla se hicieran tras Constanza y Basilea donde su apoyo resultó esencial para salvar el Primado romano. Constituyen el lejano antecedente del que siglos más tarde se conocerá como sistema concordatario. La novedad estuvo en que se aplicaban a todos los reinos integrados en la nueva Corona. Paso de las Órdenes religiosas a la observancia, restauración de algunos significativos monasterios, como era el caso de Montserrat, reordenación inquisitorial y libertad en la provisión de los beneficios, eran los puntos cardinales. Antes de recibir a Tendilla en audiencia, Inocencio VIII señaló dónde estaba el punto de partida (bula Provisionis nostrae de 15 de mayo de 1486) confirmando todos los privilegios otorgados por Eudenio IV, y dos meses más tarde, para no dejar cabos sueltos, los que databan de Martín V.

En esencia se trataba de que los reyes pudieran «proponer» a los cabildos el candidato por ellos elegido, «presentándolo» después al Papa para que éste extendiera el nombramiento. Selección directa, diríamos hoy, aunque con dos cautelas: primero el clero de la catedral, después la Curia, podrían mostrar sus reservas en cuanto a la idoneidad de los propuestos. Pero en esto los reyes tenían confianza en acertar. Sus candidatos iban a ser cuidadosamente escogidos por su ejemplaridad sacerdotal. Diego de Muros inicia la nueva lista. Todas las reticencias que Fernando formulara en relación con el nombramiento de Torquemada cesaron y el famoso inquisidor se convirtió en uno de los elementos esenciales en el gobierno de la monarquía.

Disponemos de una carta de Fernando a Tendilla (14 de noviembre de 1486) publicada hace años por don Antonio de la Torre, en que explica a éste cuáles son los objetivos políticos. No podemos dudar de su exactitud y sinceridad, pues no se trata de un texto destinado a propaganda o publicidad sino de instrucciones reservadas y directas, a nombre tan sólo del rey, aunque, sin duda, coincidentes con los objetivos señalados por la reina. Quería expulsar a los musulmanes de España, extirpar la herejía —es decir, los judaizantes— y reformar el clero, secular y regular, porque todos estos eran los presupuestos indispensa bles para construir una monarquía «católica». En el caso de Granada, la bula Orthodoxe fidei (13 de diciembre de 1486) otorgaba a los reyes un patronato pleno: ellos se encargarían de crear las nuevas diócesis, sostenerlas y buscar para ellas las personas idóneas. Es el sistema que se aplicará en adelante en América con buenos resultados. Los monarcas españoles no buscaban el sometimiento de la Iglesia: creían que estaban librando a la de sus reinos de las concupiscencias y mercadeos a que estaba acostumbrada la Curia romana y se preparaban para crear un edificio nuevo.

Montserrat

La ceremonia solemne de prestación de obediencia a Inocencio VIII el 18 de setiembre de aquel año fue rodeada de toda clase de detalles de afecto. Se quería demostrar que no se trataba de reducir las competencias del Papa. Fernando e Isabel, que se negaran en redondo a que Diego Meléndez Valdés fuera obispo de Salamanca, no tuvieron inconveniente en presentarle para Astorga, y más adelante para Zamora recurriendo a instancias del propio Papa. Más tarde, en 1489, también Gonzalo Fernández de Heredia sería arzobispo de Tarragona, después de que el pontífice así lo solicitara de los reyes.

Al hilo de esta concordia y de los proyectos de reforma que los acompañaban, dos nuevos personajes se incorporaron a la Corte desempeñando un papel decisivo en el futuro. Se trata de fray Bernardo Boyl y de Pedro Mártir de Anghiera que españolizaría después su apellido convirtiéndolo en Anglería. En el caso de Boyl, Fernando recuperaba un amigo que hasta 1480 desempeñara funciones cortesanas. Posteriormente experimentó un proceso de conversión semejante al de Cisneros, ingresando en los mínimos y era ahora superior de una comunidad de ermitaños instalada en las peñas de Montserrat.

Como hemos indicado, Montserrat, considerada como símbolo más excelso de la espiritualidad catalana, era ahora un beneficio acumulado al patrimonio del cardenal della Rovere, de tal modo que su vocación monacal estaba disuelta en el viento. Los pocos monjes que, a duras penas, sobrevivían, encargaron a Boyl que tratara de convencer al rey de que debía rescatar la abadía, instalando en ella una comunidad de la observancia como la que, desde hacía un siglo, venía funcionando en Valladolid. Tendilla se encargó de realizar las gestiones que consistieron en comprar al nepote sus derechos, con ventaja para él, restableciendo la Regla benedictina. Volvía de Italia el prior de Valladolid, fray García Jiménez de Cisneros, cuya relación con el famoso cardenal desconocemos, cuando recibió en Barcelona un ruego del rey que era casi equivalente a un mandato: con un puñado de monjes vallisoletanos se instaló en Montserrat cambiando la vida del antiguo cenobio. En su escarcela llevaba el manuscrito de un libro que había compuesto y al que otorgaba muy especial valor: Exercitationes spirituales. Iba a nacer, junto a Manresa y en profunda espiritualidad el que sería eje de la renovación española, dentro de las coordenadas del Humanismo. Me refiero a los Ejercicios espirituales que, pocos años más tarde, precisamente en Manresa, iniciaría San Ignacio de Loyola. El Humanismo hispano, de vieja raigambre, cobraba así una nueva dimensión de confianza plena en la persona: ésta puede, mediante sus obras, avanzar en el camino hacia Dios.

Boyl iba a prestar, de inmediato, otro servicio: las últimas conversaciones de Luis XI con San Francisco de Paula brindaban una posibilidad de arreglo negociado para la cuestión rosellonesa. El fraile, pobre, viajó a Tours con una propuesta: el abono de 400.000 francos de oro para saldar la deuda, recobrando de este modo la tierra. Con él viajaba Juan Marimon, uno de los miembros destacados de la Biga. No lograron el éxito diplomático que esperaban —Ana de Beaujeu y su marido tenían el empeño en anexionar a Francia los condados—, pero fray Bernardo tuvo un encuentro decisivo con San Francisco, que le encomendó la tarea de instalar a los mínimos en España. Más tarde Fernando estrecharía sus relaciones con él y le recomendaría a su esposa para brindarle el proyecto mayor de su existencia: la evangelización de los moradores de las tierras recién descubiertas.

Así llegamos al otoño de 1487. En noviembre de este año, estando en Zaragoza, los monarcas recibieron a Tendilla con gran entusiasmo. La próxima misión que se encomendaría a don Íñigo sería precisamente el gobierno del reino de Granada. Entre los numerosos personajes que rodeaban al embajador figuraba un humanista de figura menuda, Pietro Martire d’Anghiera, en quien pocos pusieron su atención. Se le había contratado como maestro, pero él prefirió pasar a la Corte. Poco tiempo después, comenzando a escribir ese Epistolario del que todos nos servimos, dijo de Fernando e Isabel que estaban «verdaderamente inspirados por algún espíritu divino». En más de un aspecto podemos considerar que el año 1487, que es el de Málaga, marca una especie de cúspide en la vida y la obra de los Reyes Católicos.

Venecia

Fernando, que comenzaba a contar las horas que faltaban para la rendición de Granada —los dos años de retraso le impacientaron no poco—, hubiera podido afirmar que estaban marcadas las tres líneas esenciales de su programa en relación con los reinos que formaban su patrimonio: no consentir que la Casa de Aragón fuera despojada de Nápoles; reforzar vínculos de amistad con otras señorías italianas, aprovechando los intereses mercantiles; y asegurar la defensa frente a los turcos. En todas ellas figuraba el mar Mediterráneo, camino para la guerra y el comercio, proyección histórica de Cataluña. Una vez logradas de Inocencio VIII las condiciones necesarias para la puesta en marcha del redreç, se volcó en asegurar el desarrollo del comercio de Cataluña.

Hizo saber a los otros reinos de la Corona de Aragón que en todos ellos estaban los catalanes libres de impuestos; confirmó al Principado en el monopolio del comercio del coral sardo; tomó medidas para las relaciones económicas con Languedoc; y restableció el consulado en Alejandría. En noviembre de 1486 había encomendado a Gonzalo de Santofimia una especie de misión preparatoria en Alejandría, musulmana, Rodas, de la Orden de San Juan, y Chipre, veneciana, porque era las tres escalas en donde mejores mercados hallaban los tejidos catalanes y otras manufacturas. También se vendían armas, aunque esto no se declaraba para no contravenir las leyes de la Iglesia.

Los obstáculos no desaparecieron. En Chipre, y también en la propia Venecia, los catalanes tropezaban a menudo con obstáculos y represalias. Un cuantioso robo de que hubiera sido objeto, años atrás, Ulises Salvador, súbdito veneciano, se arrastraba como una pesada losa. Fernando no negaba que tuviera derecho a la indemnización, pero consideraba exagerada y artificial la cuantía que se asignaba y desconfiaba también en la justicia de los medios para llevar a cabo la operación. En agosto de 1486 el cónsul catalán en Venecia avisó al rey de que podía temerse un enfrentamiento armado.

Prescindiendo ahora de detalles que se contienen en la abundante documentación conocida, es importante señalar en este punto que la voluntad de Fernando estaba firmemente enderezada a conseguir la paz y estrechamiento de relaciones con Venecia, aunque sin mostrar signos de debilidad. Fueron lentas las negociaciones, pero al final, las gestiones de Jerónimo Donato en la Corte española y las del obispo de Malta en Venecia dieron resultado. Entre 1486 y 1487 numerosos conflictos se despejaron y a partir de 1488 el horizonte se despeja. Como una consecuencia de esta mejora en las relaciones, los Reyes Católicos garantizaron la seguridad de tránsito para los buques venecianos en todas sus costas y autorizaron a los naturales de este país a establecer en Málaga una colonia mercantil.

Génova

Las disposiciones adoptadas contra genoveses, en la pasada crisis, nunca afectaron a los residentes en Castilla, fuertes banqueros, Spinola, Centurione o Gentile, reforzados ahora por los que habían tenido que abandonar Málaga. Puede decirse que durante algún tiempo coexistieron dos políticas diferentes, la de Castilla, de entendimiento y persistente amistad, y la catalana y sarda, de enfrentamiento. En las contiendas marítimas, entre catalanes y genoveses, se veían mezclados también corsarios vascos; era la piratería una de las formas de negocio que a veces se cohonestaba con los conflictos entre las diversas señorías. No había muchas reticencias morales. Los esfuerzos de Fernando, que pretendía alcanzar relaciones amistosas entre todos los puertos de este espacio económico que marcaba el Tirreno, se veían seriamente obstaculizados por estas acciones de sus súbditos. Como explicara al Papa Inocencio VIII, por medio de Tendilla, también él deseaba ardientemente la paz, pero los acuerdos firmados con Génova habían sido incumplidos por ésta.

Desde 1328 en que se produjo la incorporación de Cerdaña al conjunto de reinos que formaban la Corona de Aragón, se había iniciado una rivalidad armada que no encontraba puntos de reposo. Muchos consejeros de los reyes, y también de Fernando en el comienzo de su reinado, entendían que la cuestión no quedaría resuelta mientras Córcega no fuese conquistada. Los diversos tanteos efectuados demostraron muy pronto que la empresa no era aconsejable: se requerían fuerzas muy considerables que se reclamaban en otro lugar. La guerra que, en 1487, enfrentó a los genoveses y florentinos, puso las cosas todavía más difíciles, pues se dio la oportunidad de que los corsarios genoveses incluyesen a los catalanes entre sus enemigos declarados. La documentación nos permite registrar numerosos casos de asalto, robo, despojo y violencia; ninguna de las partes se mostraba dispuesta a renunciar a tales métodos. El Rey Católico estaba metido en un atolladero: necesitaba el desarraigo radical de la piratería en unas rutas sin las cuales era inútil pensar en la tan necesaria recuperación económica para Cataluña. De ahí los esfuerzos para, superando las dificultades, mantener en funcionamiento los consulados catalanes y, también, los genoveses radicados en sus dominios.

El camino de las islas

La conquista de Málaga significó, para los monarcas españoles, que habían cedido a Portugal el monopolio de la costa africana atlántica, más allá del cabo Bojador, la oportunidad de asumir la otra tarea, pues la ciudad se hallaba en el punto de partida para ese «camino de islas» que recorría el Mediterráneo hasta Alejandría. Había un aspecto de defensa militar, sin duda, aunque lo más importante venía de las relaciones mercantiles: de África venía prácticamente todo el oro disponible. Esa ruta no era contemplada únicamente como un camino militar; para desenvolverse necesitaba mantener buenas relaciones con los pequeños estados musulmanes norteafricanos y, también, con el Soldán de Babilonia, título que empleaba el jefe de los mamelucos de Egipto. Durante el cerco de Málaga, Fernando tomó, en relación con esta política, algunas decisiones que hemos de considerar fundamentales. Se suspendieron las cartas de marca que afectaban a Rodas, dando a la Orden de San Juan trato de amiga más favorecida. Concertó un acuerdo con Tlemcén, que permitiría el rescate de cautivos y otro del mismo corte con Bugía. Dio salvoconducto a los comerciantes de Asemur, en el reino de Fez, para que viajasen a la Península. Instaló un consulado en Creta y estableció los primeros contactos con Alejandría, donde se había acogido favorablemente la idea de restablecer el consulado.

A todo esto debemos añadir el incremento paulatino de las fuerzas navales disponibles, muy costosas —cada galera consumía 40.000 maravedís al mes— pero también muy necesarias, pues los viajeros que venían de Oriente no cesaban de transmitir noticias acerca de los crecientes preparativos turcos. También los mamelucos temían estar entre los inmediatos objetivos otomanos. Barcelona, Palma, Cagliari, Palermo, Siracusa y Malta; ahí tenemos los principales eslabones de la cadena.

En todo este esquema, insistamos, Nápoles entraba de manera inevitable. Fernando e Isabel habían creído que su compromiso personal en el tratado de paz era suficiente para evitar represalias contra los balones. Pero el duque de Calabria, que consideraba el acuerdo como una victoria, no estaba dispuesto, en modo alguno, a desaprovechar esta oportunidad para ejecutar un ajuste de cuentas. Quebrantando la palabra hizo aprisionar e incluso ajusticiar a muchos de los que tomaran parte en la pasada revuelta y hasta el conde de Trivento, jefe de la flota, padeció confiscaciones. Se trataba de una revolución semejante a la que en algunos otros países estaba teniendo lugar, en busca del refuerzo del poder de la Corona. Para Fernando constituyó una severa bofetada: su palabra de honor no iba a ser tenida en cuenta. Isabel, más expresiva que su marido, dijo al embajador Juan Nauclero que la conducta de Ferrante le parecía repulsiva y que, con ella, había insultado la dignidad del rey de España. En consistorio público (julio de 1486) Inocencio VIII declaró que había presentado protestas por lo ocurrido a los monarcas españoles, al duque de Milán y a la señoría de Florencia, que eran los tres garantes. Las mencionadas protestas se reiteraron hasta el 26 de setiembre de este mismo año.

La ruptura con Nápoles

A partir de este momento el tono familiar en las relaciones con Nápoles desapareció. Proyectos matrimoniales como el que llevara a Juana al trono y de los que dependía la estabilidad dinástica fueron abandonados definitivamente. Fernando comenzó a poner atención en los derechos que, como heredero de Alfonso V, podía reclamar. Inocencio VIII concedió dispensa a los infantes españoles para que pudieran casarse donde y con quien mejor les conviniera. Ferrante trató de suavizar las cosas enviando de nuevo a un conocido embajador, Lancelotto Macedonio, pero la respuesta que, el 13 de octubre, en una audiencia, le dio Fernando, fue desabrida: «Nos parece que el dicho rey, con esto, no ha satisfecho lo que cumple a su justificación, antes cumple para su descargo y el nuestro, por lo que el vínculo de la paz capitulada y jurada nos obliga, que sean dadas y mostradas por aquel más suficientes causas; otramente convendría a nos, allende de esto, por nuestra misma honra, entender en la observación de dicha capitulación». Ferrante negaba que hubiera incumplido la paz; castigaba hechos posteriores a su firma. Pero este alegato era, a todas luces, falso.

Un cambio decisivo en la política hacia el Realme lo advertimos desde 1488. La amenaza turca y los intereses económicos de Cataluña obligaban a Fernando a impedir que Nápoles cayera en otras manos, pero la pequeña confianza que hasta entonces depositara en sus primos había dejado de existir. Lo que hubiera que hacer tendría que hacerse prescindiendo de sus intereses. Así se explican algunos aspectos de su conducta cuando Carlos VIII emprendió la expedición a Italia. De ahora en adelante los monarcas españoles tomarían únicamente en cuenta sus intereses y no los de sus parientes. Fernando estrechó relaciones con su hermana, la reina Juana, convirtiéndola en interlocutora principal para los negocios del Realme, cuyas relaciones con el duque de Calabria eran sumamente delicadas, y mantuvo contactos con los barones exiliados a través de dos agentes de confianza, Fernando Dávalos y Oliver Feliciano, que trataban de llevar a su ánimo confianza en que podía recibir reparación.

Juana envió a España, a título personal, a Leopoldo Tocco, duque de Cefalonia, uno de los refugiados bizantinos. En Daroca, el 20 de febrero de 1488, tuvo lugar una larga e importante conversación que explicaba el programa mínimo de condiciones exigidas por los Reyes Católicos. Juana debía comunicar a Ferrante que sus primos de España estaban dispuestos a aceptar una reconciliación, volviendo a los compromisos antiguos e incluso reforzando el parentesco mediante matrimonio de la infanta María con Alfonso de Capua, heredero y sucesor del duque de Calabria, llevando una dote de cien mil doblas, si se cumplían tres condiciones. Primera, que a la reina se reconociesen las rentas y deudas pactadas antes de su matrimonio. Segunda, que se indemnizase al conde de Trivento por las confiscaciones en él ejecutadas. Tercera, que se cumplieran a los barones todas las condiciones que figuraban en los acuerdos, bajo garantía de su palabra de honor.

Seguramente Fernando estaba convencido de que el duque de Calabria no estaba dispuesto a cumplir ninguna de estas condiciones, pero al invertir los términos eran los napolitanos los que cargaban con la responsabilidad de una injusticia al negarse deliberadamente a la debida reparación del daño. Desde Roma alguien avisó a Ferrante para que no se fiara: de ningún modo estaban los monarcas españoles dispuestos a entregar la menor de sus hijas. Nada se cumplió. Pero Fernando estaba justificado y libre de obligaciones en relación con estos obstinados parientes.

La alianza con Kayt bey

Desde 1487, consolidado en el trono, el sultán turco, Bayezid II, preparaba sus fuerzas proyectando la conquista de Siria y de Egipto. Ante las noticias que traían algunos viajeros, tampoco Venecia y Sicilia descartaban la posibilidad de que el golpe se dirigiera contra ellas. Kayt bey, Soldán de Babilonia del Nilo, decidió entonces establecer contacto con los reinos occidentales, valiéndose de los franciscanos de Tierra Santa. Algunos de éstos fueron recibidos con satisfacción por el Papa, que otorgó licencia al monarca español para vender trigo siciliano en Alejandría para el suministro de los mercados musulmanes.

Un renegado griego avisó a Juan Centelles, presidente de Sicilia, que los turcos proyectaban un ataque a Malta. Se trataba en realidad de una operación disuasoria que impidiese a los occidentales prestar ayuda a Egipto. De hecho, al comienzo del verano de 1488 se produjo la operación, pero este ataque, en que los turcos no habían empleado fuerzas suficientes, fue con cierta facilidad detenido.

Fernando tuvo, sin embargo, conciencia de que las defensas de esta isla, así como las de Gozzo y Pantelaria, no eran suficientes y dictó las órdenes para reforzarlas. En este sentido se impartieron instrucciones, el 4 de agosto, a Juan Valgauarnera, barón de Azzaro. Comenzaron a levantarse nuevas fortificaciones en los tres escenarios. De acuerdo con el Papa se decidió establecer un nuevo impuesto sobre el comercio triangular entre Roma, Sicilia y Cerdeña, asignando los beneficios al sostenimiento de una flota permanente que en los próximos doscientos años se mantendría.

El Rey Católico decidió entonces nombrar virrey de Sicilia a Hernando de Acuña, hijo del conde de Buendía. Demostraba de este modo que iba a dar más protagonismo a los castellanos en esta defensa del Mediterráneo, que a todos afectaba. El papel de Cartagena como base de flotas también aumentó.

De pronto saltó la noticia sorprendente: en 1489, por medio de Mateo Coppola, el Soldán de Babilonia contrató el arriendo de cincuenta barcos españoles que pagó con los depósitos que tenía hechos en un banco de Venecia. Durante el cerco de Baza, en julio de 1489, se presentó en el campamento real fray Antonio de Millán, guardián del convento franciscano de Jerusalén. Trató, seguramente, de tres asuntos: posible alianza con el Soldán, trato de favor que éste solicitaba para los musulmanes sometidos en España, y precaria situación en que se hallaban los establecimientos latinos en Tierra Santa. Los reyes tomaron entonces la decisión de convertirse en protectores de estos Santos Lugares, y redactaron un argumento para convencer al Soldán: la guerra de Granada no era de conquista sino de sometimiento a unos súbditos rebeldes que habían quebrantado su situación de dependencia, como todos los reyes, cristianos o musulmanes, están en el derecho y deber de hacer.

Al final del camino hallamos, pues, a Jerusalén. La ciudad estaba todavía en poder del soberano de Egipto. Fernando, que seguía conservando el hipotético título de rey de Jerusalén, incorporado al de Sicilia desde Federico II, comenzó a intervenir en Tierra Santa iniciando de este modo una presencia que, con el tiempo, se iría acentuando. Se señaló en principio una renta anual de mil ducados con cargo a los ingresos de la Cámara de Sicilia. Un modo indirecto de asumir la representación cristiana en ese espacio, que guarda el recuerdo de la vida, muerte y resurrección de Jesús. Los seguidores de San Francisco hacían real esta presencia, renunciando al uso de la espada. Las armas estaban más atrás, en Rodas, bajo el mando del Gran Maestre de San Juan, Aubusson, a quien Inocencio VIII otorgó el capelo de cardenal. La Corona de Aragón daba pleno respaldo a esta presencia: el 28 de febrero de 1489 Fernando firmó una orden que daba derecho al Maestre para emplear en la defensa de la isla todos los buques, aragoneses o castellanos, que se encontraran en aquellas aguas cuando la ocasión lo requiriera.

CAPÍTULO IX

CÓMO FERNANDO II RECOBRÓ LOS CONDADOS PIRENAICOS

Coyuntura política de 1488

Resuelto el problema de Granada, llegaba para el Rey Católico la oportunidad de retornar a aquel punto en que se situaba al tomar la decisión de Tarazona: indispensable era restablecer la unidad territorial de Cataluña, restañando también en este aspecto las heridas que dejara la guerra civil. Se trataba de una decisión complicada, pues era preciso evitar una guerra abierta con Francia, muy superior en recursos y dispuesta, como parecía, a resucitar los derechos angevinos sobre Nápoles. Para ello el monarca español decidió valerse de la gran alianza occidental, creada por su padre, y, de modo especial, de la Casa de Borgoña, tan identificada con los intereses españoles, tras la cual se erguía ahora el que, sobre el papel, parecía poderoso linaje de los Habsburgos. Pues es bien sabido que a Austria (AEIOU: Austriae est impereve orbi universo) reserva el destino la misión de imperar en el universo mundo. La experiencia obligaría en gran manera a cambiar muchos de estos pensamientos que entonces parecían suficientemente claros.

En 1484, Maximiliano, que encontraba grandes dificultades para mantener sumisa la herencia de su esposa María en los Países Bajos, lanzó la idea de establecer una alianza dinástica, entre los Tudor, Trastámara y su propio linaje, a fin de desplegar la fuerza capaz de obligar a Francia a replegarse, moderando sus pretensiones y devolviendo aquellos dominios que sin derecho detentaba. El primer contacto entre Fernando y el Rey de Romanos se había establecido en 1483 por medio de un comerciante, Nicolás Bertrand. Entonces se habló, sobre todo, de la necesidad de intensificar las relaciones económicas que databan de más de un siglo. Ahora los súbditos de la Corona de Aragón, que comenzaran su viaje a Flandes al amparo de la «nación española» de Brujas, disponían de su propio consulado. Se formuló la pregunta de si, ejecutada la unión de reinos, debían fundirse en uno solo los dos consulados. Se decidió que siguieran separados, por eficacia de la responsabilidad, pero que los privilegios otorgados por los duques fuesen comunes (14 de abril de 1487).

La equiparación jurídica no eludía las diferencias económicas: el golfo de Vizcaya seguía siendo de predominio castellano, mientras que en el Mediterráneo imperaban catalanes y valencianos; se estaba registrando un paulatino aumento de súbditos de los otros reinos en los respectivos espacios. Fernando, con independencia de otras cuestiones diplomáticas, tenía que mostrar mucho interés en este comercio que aseguraba la prosperidad castellana y repercutía favorablemente en los ingresos del Tesoro.

Nicolás Bertrand tuvo ocasión de explicar a Fernando e Isabel las complicaciones que habían surgido después de la muerte de María de Borgoña. La nobleza de Flandes y de Brabante se había hecho cargo de los dos hijos herederos, Felipe y Margarita, todavía niños, y se negaba a reconocer a Maximiliano derechos de regencia. Se declaraba, además, vasalla de Francia. Los estados de origen alemán, en especial Holanda y Hainaut, se oponían a esta conducta. Maximiliano reclamaba la custodia y regencia de sus hijos, mostrándose dispuesto a ejercer la fuerza. Había, por consiguiente, peligro de división. La nación española se había situado al lado de Maximiliano, por razones evidentes. El Rey de Romanos consiguió imponerse en Brabante, pero la nobleza flamenca trató de hacer de este estado un reducto, manteniendo en torno a Felipe una educación que hacía de él un vasallo francés, en contraposición a la política de su padre.

En los meses siguientes, gracias en gran parte a los apoyos que recibía de los comerciantes, Maximiliano consiguió que unos Estados, reunidos en Brujas, le reconocieran como regente (28 de junio de 1485). Uno de sus primeros gestos fue mostrar gratitud hacia la nación española. Casi inmediatamente la Dieta alemana le recibió en su calidad de sucesor en el Imperio. En esta doble condición, defensor de los derechos flamencos y de los intereses de la Hansa pudo ampliar sus contactos con los monarcas españoles: en febrero de 1488 tuvieron lugar importantes intercambios destinados a resolver los pleitos pendientes por robos, impagos y estafas, que dificultaban el comercio.

Alain d’Albret

Bretaña, y especialmente su puerto de Nantes, era la etapa anterior a Brujas. Como ya sabemos, Fernando había procurado estrechar sus relaciones con el duque Francisco II, por dos razones, económica y política respectivamente. Era indudable la intención de incorporar este ducado al patrimonio real francés. Maximiliano podía ser la contrapartida a las aspiraciones de los regentes de Carlos VIII; viudo y todavía joven, estaba dispuesto a casarse con la heredera del ducado, Ana. Los Reyes Católicos, que carecían de hijos varones disponibles, apoyaron esta pretensión. Los Beaujeu ofrecían en cambio la mano del rey niño, Carlos VIII.

Entró entonces en escena Alain d’Albret, señor de Tartas, padre del nuevo rey de Navarra, muy vinculado, desde antiguo, a la nobleza de Bretaña. Él defendía la candidatura de Maximiliano y, en consecuencia, la independencia del ducado. Acaudillando, de momento, la facción nobiliaria interesada en recortar poderes a los regentes, necesitaba limar asperezas con Fernando el Católico; prometió a éste que una de las condiciones a insertar en el programa de la aristocracia sería el cumplimiento del testamento de Luis XI, con la devolución de los condados. Por su parte, Magdalena de Foix había conseguido en 1485 un acuerdo con los beamonteses que le prestaron obediencia, sin que el conde de Lerin, por otra parte, renunciara a ser el portavoz de la política castellana.

La regente, que tenía miedo, había rehusado instalarse en Pamplona, escogiendo Pau para gobernar sus dominios. En consecuencia entregó a Albret el gobierno de Navarra (24 de setiembre de 1486). Fernando pareció renunciar definitivamente a cualquier proyecto sobre la corona de este reino: merced a la estrecha alianza con el conde de Lerin y a la presencia de guarniciones castellanas, mantenía neutralizado el territorio. Era todo lo que, de momento, necesitaba. Para mayor seguridad dispuso, el 12 de setiembre de 1486, que todas las tropas de la frontera, incluyendo las aragonesas, quedaran bajo el mando de Juan de Ribera.

El Rey Católico contempló de lejos, sin inmiscuirse, el movimiento de la nobleza contra Ana de Beaujeu y su marido, aquel que se conoce como «guerra loca» porque terminó en rotundo fracaso. De él salió seriamente afectado el prestigio de Alain d’Albret. Para Fernando, la recuperación de los condados debía ser resultado de una negociación y no de una revuelta que afectase a la legitimidad de la monarquía. Ana de Beaujeu se había mostrado decididamente resuelta a no cumplir el testamento de su padre, pero pretendía utilizar los servicios de fray Bernardo Boyl para alargar todo lo posible aquellas negociaciones. En setiembre de 1487 los monarcas españoles comunicaron al fraile que no estaban dispuestos a seguir el juego y le prohibieron nuevas visitas.

Tratado de Valencia

Los monarcas españoles decidieron ensayar otro procedimiento: unir en un solo bloque la potencia de las monarquías interesadas y forzar de este modo, mediante presiones, una negociación. En 1487 las conversaciones con Bretaña habían culminado en un acuerdo que eliminaba todos los conflictos mercantiles mediante el procedimiento ya conocido de establecer un fondo de compensación que permitiese atender todas las reclamaciones. En cambio, se estaban endureciendo, por parte de las autoridades catalanas, las condiciones en que se realizaban los intercambios con Francia. No se confirmó el sobreseimiento de marcas que se había concertado con Languedoc ni se puso en práctica el procedimiento de los fondos de compensación. Para mantener vivo el principio de que Rosellón y Cerdaña eran sólo un depósito se reclamó de las autoridades francesas de ocupación el pago de los censales que eran debidos.

Es posible que en este punto Isabel haya podido influir sobre su marido, siendo más proclive a la paz que a la guerra, aunque no parece que éste estaba entonces decidido a llevar las cosas a un extremo. En diciembre de 1487 Fernando tuvo una entrevista con Alain d’Albret en que manifestó a este último sus deseos de llegar a una paz estable con Navarra; explicó luego a los miembros de la Diputación aragonesa que tenía el proyecto de resolver todos los conflictos pendientes con ese reino. Probablemente se refería a marcas mercantiles y a pequeñas cuestiones entre los moradores de las comarcas fronterizas. Las noticias que llegaban de Francia permitían explicar el cambio de conducta de los Albret. El 3 de enero de 1488 Magdalena y Catalina fueron requeridas para que compareciesen ante el Parlamento de París para responder a las demandas que Juan de Foix, vizconde de Narbona, presentaba contra ellas. El pretendiente contaba con partidarios, especialmente en el señorío de Bigorre. Una sentencia favorable del alto tribunal provocaría la división del matrimonio familiar.

El 8 de febrero de 1488 Fernando entregó sus poderes a Francisco de Rojas, comendador de Santiago, para establecer una alianza militar con el duque de Bretaña. Un paso adelante, en el que Alain d’Albret estaba implicado porque, en marzo del mismo año, siendo muy breve el tiempo, aparecía en Valencia para firmar con el rey tres acuerdos: Fernando se comprometía a enviar una flota y un cuerpo de tropas a las órdenes de Miguel Juan Gralla para defender Bretaña de cualquier amenaza francesa; operaba una completa reconciliación con los jóvenes reyes de Navarra incluyendo medios adecuados para conseguir que fuesen reconocidos, si bien se mantenían todas las condiciones equivalentes a un protectorado; todos los firmantes se comprometían a trabajar para conseguir que Rosellón y Cerdaña fuesen devueltos a Cataluña. Estaba previsto que tropas británicas, a las órdenes de lord Scales, que participara en la guerra de Granada, y otras unidades borgoñonas mandadas por el bastardo Balduino, participasen, junto con las españolas, en aquella operación.

No eran muchas las esperanzas de éxito que podían cifrarse en esta empresa. Enrique VII sólo quería obtener una indemnización. Maximiliano estaba ahora prácticamente cautivo por sus vasallos rebeldes en Brujas. El 27 de julio, en Saint Aubin du Cormier, el duque de Orleans derrotó al improvisado ejército expedicionario: lord Scales murió en el encuentro y mosén Juan Gralla, prisionero, hubo de ser rescatado. Al menos no se produjo una declaración de guerra. El 2 de agosto Francisco II hubo de firmar una capitulación que prácticamente ponía el ducado en manos de Francia. Pese al fracaso en esta operación, los monarcas españoles seguían insistiendo en su programa: adecuadas presiones sobre Francia debían obligar a ésta a ceder. De este cerco debía formar parte el cierre de Navarra a la influencia francesa, como se había convenido en el segundo de los acuerdos de Valencia.

Pero este convenio significaba una atracción definitiva de Navarra a la esfera de influencia española. Parece que Fernando e Isabel deseaban que Juan y Catalina fuesen enviados a su Corte a fin de ser educados de acuerdo con la costumbre de España. En enero de 1489 enviaron a Domingo Ram a Pau para ultimar las condiciones pactadas. Tropas castellanas se encargarían de garantizar la seguridad de Juan y Catalina en su viaje a Pamplona, haciéndose cargo además de las dos principales fortalezas del reino, los castillos de Pamplona y de Tudela. Magdalena prohibió a sus hijos aceptar y deshizo así lo poco que quedaba de los acuerdos de Valencia. Las razones de la princesa de Viana, aparte su naturaleza, eran serias. Un compromiso demasiado firme con la monarquía española significaría, sin duda, la pérdida de toda o parte de la herencia de los Foix. En aquel momento el vizconde de Narbona era ya reconocido como señor en Bigorre.

Nuevo acuerdo matrimonial con Portugal

Con su política exterior, Fernando e Isabel no pretendían tan sólo establecer alianzas coyunturales, pensadas para alcanzar un objetivo concreto, sino establecer lazos de sólida y duradera amistad, con comunidad de intereses; por ello se consideraba indispensable emplear vínculos de sangre, que convirtieran a las cuatro dinastías, Trastámara, Avis, Tudor y Habsburgo en amplio linaje. Los asuntos e intereses podían tratarse desde singulares puntos de vista. De una manera especial los tratados se orientaban también a establecer un mercado común, lo que proporcionaba a los reyes buenos rendimientos. Como una consecuencia de la gran alianza hemos de considerar el crecimiento de las Ferias de Medina del Campo, mercado del dinero.

Todo esto se venía practicando con Portugal desde los años 30 de esta centuria. Los tratados de Alcaçobas de 1479 no habían hecho otra cosa que confirmar todo lo anterior. La represión contra los Braganza puso todo esto en peligro, pero desde finales de 1485 pudo decirse que las aguas se aquietaron, volviendo los asuntos a su punto de partida.

En julio de 1486 un embajador portugués, Esteban Vaaz, viajó a Córdoba para dar la versión oficial acerca de la conjura —poca importancia tenía que los Reyes Católicos creyeran o no en ella— y también para tratar de algunas muy pequeñas querellas fronterizas, dando siempre la impresión de que nada había cambiado. Los castellanos mostraron firme voluntad de mantener todas las condiciones incluidas en los acuerdos firmados, salvo las tercerías, se abstuvieron de formular reclamaciones, ordenaron que se abriera una investigación para enmendar daños, y confirmaron el monopolio que reconocían en las navegaciones al sur del cabo de Bojador, incluyendo expresamente Azamor (Asemmur), reciente conquista de los lusitanos. Se cerró, por este tiempo, el último hueco: el 23 de mayo de 1487 Inocencio VIII firmaría la bula que prohibía a Juana abandonar el monasterio, confirmando solemnemente los votos por ella formulados, en su conjunto y también en sus detalles.

La primogénita Isabel, que tras la suspensión de las tercerías había figurado en ciertas combinaciones diplomáticas, especialmente con Nápoles, volvía a estar libre de compromisos. El propio Papa otorgó una bula que declaraba nulos todos los juramentos que, con este motivo, se prestaran y otra (6 de agosto de 1487) otorgando poderes al cardenal Mendoza para conceder cualquier dispensa que la infanta necesitara. Así las cosas, en mayo de 1488 Sancho de Moncada fue enviado a Portugal para decir que, acercándose Alfonso e Isabel a esa edad en que es posible contraer matrimonio, era oportuno dar cumplimiento a los acuerdos que, en tal sentido, se tomaran en 1479. Trajo respuesta afirmativa a la Corte castellana el embajador Diego de Ataide. Los padres de la novia pidieron dos condiciones: a) don Joao juraría no consentir nunca que doña Juana saliese de su convento de Coimbra, excepto en caso de epidemia y siendo llevada a otro de la misma Orden, y b) que no se consumara el matrimonio hasta después de que el novio hubiese cumplido los quince años.

Un paso de la mayor importancia. A instancia de los reyes, Inocencio VIII, que no podía negarles nada, firmó el 12 de diciembre de 1489 una bula que confirmaba en la forma más solemne los tratados de Alcaçobas. De este modo, el compromiso respecto a las navegaciones más allá de Bojador se elevaba a un nivel jurídico que afectaba a toda la Iglesia. Un paso que tendría ulteriores consecuencias.

Fue la boda de los príncipes un compromiso espectacular inserto en la romántica caballeresca. Se puso gran empeño en decir que los novios, desde la estancia en Moura, estaban recíprocamente enamorados. En una carta de Fernando a su futuro yerno llegó a decirle que «aunque vos deseéis mucho ver a vuestra esposa, no falta acá quien os desea ver». Y se intercambiaron regalos, muy por encima de la dote de 106.666 doblas y de las arras comprometidas. Dicen las lenguas cortesanas que, apenas celebrada la ceremonia en Santa María del Espiñeiro, los recién casados consumaron su amor en una habitación del propio monasterio, con asombro de los monjes. No tenemos muchas noticias acerca de las relaciones personales de Fernando con este matrimonio que tanto le complacía, ya que cerraba uno de los espacios fundamentales del entramado europeo. Con él comenzó también la escalada de desgracias. El 12 de julio de 1491, afueras de Almeirim, el príncipe Alfonso falleció a consecuencia de un accidente hípico. Grandes extremos de dolor hizo la joven viuda y no fueron menores ni menos sinceros los que afloraron en la Corte española. Isabel regresó al lado de sus padres, declaró que no quería casarse de nuevo y que se entregaría a la vida religiosa, camino de perfección.

El compromiso matrimonial era uno de los capítulos importantes en los acuerdos de Alcaçobas, aunque no el único. Como consecuencia de la boda se reactivaron otras muchas cuestiones en ellas contempladas. Poniendo firmemente la línea de separación en Bojador, los monarcas castellanos se disponían ahora a llenar las dos reservas que en su favor se hicieran, las islas Canarias y el andén litoral al norte de dicho cabo, hasta el de Nun, uno de los accesos posibles a las pistas caravaneras que cruzaban el Sahara. Respondiendo a las demandas de Juan II, Fernando e Isabel recordaron a sus súbditos, el 19 de marzo de 1489, que sólo era posible navegar más allá de Bojador si se contaba con una licencia expedida en Lisboa. También reconocieron que no les asistía ningún derecho a pescar en los riquísimos bancos saharianos, de modo que los que quisiesen desarrollar esta actividad tenían que proveerse también de las oportunas licencias. De este modo Portugal podía felicitarse de los resultados de esta operación; había garantías firmes sobre sus intereses. La política de amistad se incremento a partir de este momento.

Borgoña

Fernando lucía con frecuencia las insignias del Toisón de Oro, grueso collar del que pendía una imagen del famoso vellocino recordado en el mito griego. Cuanto ocurriese en los estados de la Casa de Borgoña le afectaba directamente por razones que no eran exclusivamente políticas. Ya conocemos el interés que se sentía por la comunidad de mercaderes de Brujas llamada nación española. Cuando esta ciudad se alzó en armas y retuvo en cautividad a Maximiliano (1 de febrero a 16 de mayo de 1488) tratando de despojarle de la regencia, los españoles se mantuvieron al lado del rey de Romanos. Fernando e Isabel despacharon una embajada —Juan de Fonseca, arcediano de Ávila, Álvaro de Arrones y Jofre de Sasiola— para ofrecer ayuda, ahora que la Casa de Austria, tras el breve y fecundo matrimonio, se enfrentaba con una resistencia que podía complicar las relaciones exteriores españolas. Por vez primera se manejó el proyecto de trasladar a la «nación española» de Brujas a Amberes, que se mantenía en fidelidad a Maximiliano.

Respondiendo a una sugerencia deslizada por los alemanes, Juan de Fonseca, entre sus instrucciones llevaba una que apuntaba al doble matrimonio de los infantes españoles, Juan y Juana, con los hijos del rey de Romanos, Margarita y Felipe. Se trataba de niños, desde luego, de modo que se entraba en una negociación a largo plazo, que ya no iba a modificarse. Esta conducta española de pleno apoyo a Maximiliano y a su padre el emperador Federico III formaba un claro contraste con la de los regentes franceses que apoyaron a los rebeldes, anotándose, también aquí, un éxito importante: por el tratado de Franckfurt (22 de julio de 1489) los Habsburgo reconocían el vasallaje de los señoríos flamencos a la corona de Francia. De este modo se acentuaba la diferencia entre los dos elementos que conformaban el patrimonio de la Casa de Borgoña, deshaciendo la obra de los antiguos duques. Los señoríos del norte, de origen alemán, permanecían fuera de los deberes vasalláticos que afectaban a los del sur.

Dominada la revuelta, aunque los ánimos siguieran en tensión, Maximiliano decidió estrechar sus relaciones con España enviando una embajada de alto nivel, a cuyo frente situó al hijo bastardo de Carlos el Temerario, Balduino. Fue recibido en Valladolid en enero de 1489, con fiestas y ceremonias enderezadas a demostrar que, en cuanto al lujo, nada tenía que envidiar la Corte de España a la de Francia. Balduino contrajo matrimonio con una de las damas que se educaban en la Corte de Isabel, María Manuel, perteneciente a una rama del linaje que procedía de Alfonso X. Los reyes hicieron a los novios un regalo de bodas de 750.000 maravedís. El hermano de María, Juan Manuel, a quien los monarcas españoles iban a utilizar como embajador aprovechando este parentesco, llegaría a convertirse en uno de los principales consejeros de Felipe el Hermoso y, tras la muerte de la reina, en el gran adversario de Fernando.

Las conversaciones se llevaron con tanto secreto que, salvo los poco fiables comentarios de pasillo en aquella Corte, nada quedó reflejado en la documentación escrita. Balduino y los suyos volvieron a la Corte de Bruselas cargados de regalos. No es difícil adivinar que se trataba del primer paso hacia una fuerte y firme alianza que se orientaba a establecer principios de mutua ayuda en relación con Francia que retenía, contra derecho, territorios que pertenecían a entrambas partes. No parece que se tratara, de momento, de otra cosa que ejercer presión diplomática.

Preliminares de Londres

Inmediatamente después de la victoria de Bosworth (1485) que dio a Enrique VII Tudor el trono de Inglaterra detectamos la presencia de un embajador español que acabó echando raíces en Londres; de este modo sería ésta la primera de las capitales europeas que pudo contar con embajada permanente. Nos estamos refiriendo a Rodrigo González de Puebla, hábil diplomático, descendiente de conversos, escaso de recursos, lo que le inducía a buscar compromisos e influencias que despertaban abundantes críticas. Socialmente era menospreciado por los otros altos personajes que compartían funciones diplomáticas. Fernando, que en ocasiones le reprochó sus confusas gestiones, le mantuvo sin embargo en su puesto por razones de eficacia. La costa británica, con las de Flandes y Bretaña, formaba un triángulo de intereses preferenciales para los comerciantes españoles. Por ahí comenzaban todas las gestiones. Una fuente de conflicto surgió con la presencia de Margarita de York, la viuda inglesa de Carlos el Temerario, afincada en los Países Bajos, pues ella consideraba a Enrique Tudor un usurpador, reclamando para la Rosa Roja el trono de Inglaterra.

Una nutrida embajada británica que encabezaba John Weston, prior de San Juan, llegó a Murcia en abril de 1488; aquí habían fijado su residencia los reyes en razón de la campaña de Granada en su frontera oriental. Este primer cambio de impresiones significaba un vuelco completo en la tradicional política castellana; la alianza británica debía sustituir a la francesa, dominante durante todo un siglo. Las dos dinastías debían unirse escogiéndose para ello dos niños de muy corta edad, Arturo, príncipe de Gales, y la infanta Catalina que por entonces cumplía tres años: el 30 de abril de este mismo año se enviaron a Puebla poderes suficientes para sustanciar un contrato en forma. Se pretendía establecer de inmediato dos cosas: una estrecha alianza política y militar contra Francia; y un espacio abierto, libre de impuestos especiales y de las odiosas cartas de marca, para la celebración del comercio.

Para tratar de estas dos cuestiones fue enviado con nuevos poderes Juan de Sepúlveda, que quedó agregado a la embajada y un poco en subordinación. Pronto discreparon él y Puebla. Para éste el matrimonio debía ocupar primacía: si se asentaba bien, todo lo demás vendría después. Para el recién llegado había que dar primacía a la alianza. Es muy probable que Puebla, que empezaba a conocer los turbios entresijos de la Corte, tuviera razón. Matrimonio significaba reconocimiento de su legitimidad y envío de fuertes recursos económicos. Giles Dubney y el obispo de Exeter, que se encargaron de la negociación, comenzaron exigiendo una dote de 400.000 escudos. Con esto devolvían estabilidad al Exchequer, afectado por la deuda. Cuando los españoles protestaron por la desmesura de la demanda sus interlocutores dijeron que no comprendían tanta mezquindad: a fin de cuentas, ese dinero no iba a salir del bolsillo de los reyes sino del de sus súbditos.

Signo primero de malestar. Las negociaciones fuera de la Península no iban a producirse en el tono que alcanzaban en Portugal. Sepúlveda comentó con los ingleses si Enrique VII no se apercibía de que con el tratado los monarcas españoles daban algo más valioso que el dinero: reconocimiento de una legitimidad, que otras Cortes ponían en duda a la vista de los terribles sucesos que se produjeran en los últimos años. Cuando se pasó a negociar la alianza militar, los representantes de Enrique VII advirtieron algunas cosas importantes: tenían que salvaguardar la amistad estrecha con Portugal que databa de 1383, y entendían que cualquier ayuda militar en Bretaña, destinada a lograr el recobro de Rosellón, sería cargada en la cuenta de la dote asignada en el matrimonio.

El 7 de julio de 1488 se firmaron los preliminares de Londres. La dote quedó fijada en 200.000 escudos que, a juicio de Puebla, eran el equivalente de la que se otorgara a la princesa de Portugal. Fernando e Isabel se comprometían a enviar a Inglaterra a su hija cuando tuviera edad adecuada para celebrar matrimonio, lo que abría un tiempo de doce años. ¿Quién hubiera podido predecir entonces las consecuencias que dicho matrimonio, a la larga, iba a tener para la vida de Europa y de la Iglesia? De momento Enrique VII quiso demostrar la importancia que atribuía al acontecimiento, montando una teatral audiencia de despedida a los embajadores. Cada vez que alguien pronunciaba el nombre de Fernando o de Isabel, Enrique VII se descubría en señal de aprecio. Sepúlveda, como era frecuente, mintió: dijo del enfermizo y desmedrado príncipe de Gales, que del espíritu de la caballería tenía únicamente el nombre, que era digno de todo «loor, alabanza y lisonja».

Llegaron los documentos a España y fueron examinados por el Consejo Real, que encontró grandes defectos, atribuibles a los embajadores. Inglaterra no se comprometía prácticamente a nada y había conseguido engañar a los negociadores: 200.000 escudos eran mucho más que las 100.000 doblas entregadas en Portugal si se tenían en cuenta los precios del dinero en el mercado de Londres. No era aceptable que los bienes de los mercaderes castellanos fuesen garantía del pago de la dote; los plazos asignados a ésta eran ficticios, pues la llegada y el matrimonio iban a significar tan sólo pocos días. Tampoco figuraban con claridad en el documento las rentas de que podría disponer Catalina una vez se instalara en Inglaterra. Por último se hacía figurar a Portugal entre los potenciales enemigos cuando era el primero y más afectuoso de los aliados.

Ello no obstante, Fernando decidió seguir adelante. Es una prueba de la importancia que otorgaba a la alianza inglesa. Los defectos podrían allanarse con el paso del tiempo. A principios de diciembre llegó, además, una noticia que confirmaba las buenas perspectivas: el Consejo real británico, reunido en Westminster, había recomendado a Enrique VII que comunicase a todos sus amigos, incluyendo desde luego a Francia, que estaba dispuesto a respaldar con todos los medios a su alcance los derechos que a Ana de Bretaña correspondían en el ducado. Algo que tampoco los consejeros de Carlos VIII iban a negar. Supo también Fernando que, en una de las conversaciones informales con Puebla, el monarca británico le había preguntado hasta dónde estaban dispuestos a llegar en un compromiso militar. El 17 de diciembre de 1488 se envió al embajador la respuesta: las tres monarquías dañadas por las usurpaciones cometidas por Francia debían constituir una alianza cerrada a fin de obligarla a devolver lo que no era suyo, es decir, Rosellón y Cerdaña a Cataluña, Gascuña y Normandía a los ingleses, y la herencia de Carlos el Temerario a sus nietos. De este modo, antes de que concluyese el año 1488, estaba fijado el gran objetivo: la triple alianza, capaz de arrebatar a Francia su hegemonía.

Ana, la novia de Europa

Son años finales de la guerra de Granada y de tensas negociaciones con Cristóbal Colón, a quien Fernando no dedicó tanta atención como su esposa; confiaba en la opinión de los expertos que afirmaban que el proyecto de llegar a China era entonces inviable. En cambio la cuestión de Bretaña se convirtió en asunto principal: era la vía por donde parecía posible conseguir la devolución de los condados. De estas cosas se había tratado en las negociaciones con Alain d’Albret en Valencia (marzo de 1488), las cuales perdieron una gran parte de su efectividad porque Magdalena se había opuesto a que sus hijos viajaran a Pamplona con escolta castellana. La princesa de Viana no quería poner en peligro la que consideraba parte sustancial de su patrimonio, es decir, los señoríos de la Casa de Foix que el vizconde de Narbona reclamaba por vía judicial. Esto no quiere decir, sin embargo, que los Albret no hayan obtenido ventajas considerables de aquellos acuerdos. Las posibles tentaciones de Fernando para reclamar el trono de Navarra se habían disipado y las relaciones de Castilla con este reino tendían a normalizarse: los acuerdos con la Hermandad General (25 de junio de 1489) y luego con el gobernador de Aragón, Juan Fernández de Heredia (invierno de 1490), permitieron dar mayor seguridad al tráfico de mercancías.

Ana, ahora duquesa de Bretaña, llegó a convertirse en una especie de novia de Europa, no por la hermosura de su rostro sino por la riqueza de su patrimonio. Fernando e Isabel se negaron a incluir entre los candidatos posibles a su hijo Juan, sin duda por diversas razones, en especial la condición de único varón. La nobleza bretona se había dividido en dos bandos, que proponían maridos que, por razón de edad y otras circunstancias, tenían que parecer muy poco adecuados para aquella muchacha. Pues el mariscal de Rieux propuso a Alain d’Albret, mientras que el príncipe de Orange preconizaba a Maximiliano. Ana había venido a instalarse en Rennes (7 de febrero de 1489) acogiéndose al parecer a la protección del príncipe y del conde de Dunois. Se enviaron embajadores a Inglaterra y a España a fin de comprobar hasta dónde llegaban los propósitos de ambos reyes en cuanto al envío de una fuerza militar en ayuda de la duquesa. Fue entonces cuando Guillermo Lenoyer mostró al Rey Católico una carta en que Orange se comprometía formalmente a no concertar para Ana ningún matrimonio que no fuese aprobado por aquél.

Informado de que Ana había conseguido sendas alianzas con Enrique VII (8 de febrero) y con Maximiliano (14 de febrero de 1489), asegurándose de este modo la presencia de tropas encargadas de garantizar su libertad, Fernando tomó dos decisiones: envió a Francisco de Rojas a Nantes, con el encargo de conseguir una reconciliación entre los nobles bretones que asegurase un matrimonio conveniente, y cursar órdenes para que en el otoño de 1489 —concluida como se creía la guerra de Granada— una fuerza militar curtida se trasladase a Bretaña. El 21 de agosto de este año, haciendo caso omiso de las protestas de Margarita de York, nada dispuesta a desarmar sus pasados rencores, había decidido unirse a Enrique VII en la empresa; de este modo la triple alianza, gran proyecto de Fernando, había comenzado a funcionar.

Los embajadores tuvieron que seguir trabajando durante estos meses a fin de limar disyuntivas pendientes desde la firma de las preliminares de Londres. Se congratularon de haberlo logrado. El 27 de marzo de 1490 tuvo lugar la solemne firma y confirmación de esa amistad íntima con Inglaterra, toda la cual, durante los siguientes cuarenta años, iba a girar en torno al triste destino de una persona, Catalina, que fue sucesivamente novia, princesa, reina, esposa repudiada y prisionera. Un trágico destino que sus padres no tuvieron la oportunidad de percibir.

¿Y Escocia?

En el programa de Fernando, que continuaba y ampliaba antiguos proyectos de su padre, los veinticinco artículos que componían el tratado significaban un salto sustancial. Las Islas Británicas pasaban a ser apoyatura del sistema e Inglaterra sustituía a Francia como principal aliada en el camino de Flandes, cerrándose el capítulo de 1368. Contenía, ante todo, un fuerte compromiso militar que no concluiría hasta que ambos reyes hubieran alcanzado las restituciones que de Francia se reclamaban. La plena libertad de comercio se garantizaba porque en ambos reinos no se exigirían de los comerciantes otros impuestos que los correspondientes a los naturales del país, suprimiéndose además las cartas de marca. Los españoles aceptaban el compromiso de que la dote estuviera constituida por doscientos mil escudos, pero se fijaban las rentas de la princesa tras su matrimonio en 23.000 coronas. Enrique VII, que confirmó el tratado el 23 de setiembre, no ocultó a Puebla la satisfacción que le producía. Hacía ya algunos años que el comercio entre los países venía experimentando un gran incremento. También Puebla, instalado en un modesto mesón londinense, se beneficiaba del mismo, usando procedimientos que los propios mercaderes criticaban. Ahora las flotas que iban y venían de Flandes podían contar con descansaderos británicos cuando el tiempo se tornaba desfavorable.

A pesar de todo, las ventajas seguían estando del lado de Carlos VIII. Sus fuerzas seguían siendo superiores a las de sus enemigos contando con la ventaja de operar desde líneas interiores. Isabel, además, no compartía con su marido esos entusiasmos bélicos entre príncipes cristianos; pensaba en otros métodos, diplomáticos y de mediación. Por esta causa en la alianza, que afectaba a Castilla, se había incluido una cláusula que permitía sustraerse del compromiso a cualquiera de los miembros que consiguiera la restitución. Maximiliano era grandilocuente en las expresiones, pero más allá de las puras palabras, poco o nada quedaba. Estaba dispuesto a toda clase de negociaciones y era seguro que concluiría acuerdos con los franceses a poco que éstos le ofreciesen. Por otra parte, cualquier empresa en Bretaña dependía esencialmente de los puertos ingleses, únicos con capacidad para asegurar los suministros.

Francia contaba con un buen aliado que, en varias ocasiones anteriores, le prestara una gran ayuda: Escocia. Para neutralizar a este reino, el monarca español envió nuevas instrucciones a Puebla (21 de marzo de 1489): debía trasladarse a Edimburgo para negociar en nombre exclusivamente de la Corona de Aragón, dejando al margen por ahora a Castilla, un acuerdo semejante al que se firmara en Londres. Fernando no podía disponer en este caso de ninguna infanta, pero intentó promocionar a su bastarda Juana, por un procedimiento no muy distinto del que empleara con el varón, Alfonso, arzobispo de Zaragoza.

No cabe duda de que el embajador se salió de los límites. Al proponer al rey de Escocia un matrimonio con la «ilustrísima señora Juana» inventó una historia increíble, diciendo que había sido legitimada porque era fruto de un matrimonio secreto, anterior al que contrajera con Isabel, y anulado entonces por esta causa. Jacobo se indignó; parecía burla a su persona. E Isabel, a quien mucho molestaban las veleidades de su marido, también. Rectificando sobre la marcha, se hizo una nueva propuesta que rectificaba los principios: si el monarca escocés, haciendo valer su influencia sobre Francia, conseguía de ésta que cumpliera el testamento de Luis XI, devolviendo los condados, se podría considerar su matrimonio con la última de las infantas, María, que estaba entonces saliendo de la cuna. Se trataba, sin duda, de palabras escritas en el viento.

Derrota en Bretaña

Desde febrero de 1489 Alain d’Albret pudo convencerse de que sus posibilidades de convertirse en duque de Bretaña eran ya nulas. Siendo, por encima de todo, noble francés de primera fila, decidió que le convenía cambiar de bando: la corona de Francia no podía ser derrotada y enfrentarse con ella sólo podía conducir a pésimos resultados. Ahora el tratado de Valencia y las gestiones en Navarra eran un obstáculo en las buenas relaciones con Carlos VIII, que se acercaba a la mayoría de edad y que le convenía mucho recuperar. De este modo podría conservar y hasta es posible que aumentar sus estados. Consiguió que Maximiliano, al firmar el tratado de Franckfurt (22 de mayo de 1489) incluyera también su perdón y cortó de raíz sus relaciones con los Reyes Católicos. Este cambio favorecía a sus hijos los reyes de Navarra y, sobre todo, a Magdalena, quien siempre había sostenido esta línea de conducta. Dio, impensadamente, una oportunidad a Isabel la Católica para tomar contacto con Ana de Beaujeu y con la princesa de Viana, haciendo valer su pensamiento: que las tres mujeres aunasen sus esfuerzos negociando la paz como, diez años antes, hiciera ella con su tía Beatriz, logrando resultados. De momento nada logró; quedaba sin embargo una puerta abierta.

Fernando envió entre tanto a Bretaña una fuerza considerable de mil hombres de armas a las órdenes de uno de los grandes, Pedro Gómez Sarmiento, conde de Salinas; iban con él algunos capitanes perfectamente entrenados en la guerra de Granada. Las órdenes se referían a evitar una batalla en campo abierto pero procurar retener algunas vitales posiciones que sirviesen de cabeza de puente. Desde diciembre de 1489 se detecta la presencia de este cuerpo expedicionario en Vannes. En 1490 se incorporaron a él cuatrocientos peones asturianos. No estamos, sin embargo, seguros de que el Rey Católico proyectara en estos momentos una guerra de grandes proporciones, aunque tampoco podía descartar una reacción francesa contra sus propias fronteras. Cursó órdenes para que se fortificasen Fuenterrabía, Jaca y otras plazas cercanas a dicha frontera.

Pero ninguna otra medida fue adoptada.

Podemos colegir, por los datos que poseemos, que el proyecto del monarca español no iba más allá de crear una situación incómoda para los gobernantes franceses, asegurando el dominio de sus súbditos sobre el golfo de Vizcaya y forzando luego a unas negociaciones. Estaba ahora en condiciones de devolver el préstamo y recobrar la prenda. Pero Francisco de Rojas fracasó en sus intentos de lograr la reconciliación entre los dos bandos de la nobleza bretona. Sólo pudo conseguir la entrega de un documento firmado por la duquesa en que ésta se comprometía a indemnizar a sus ayudadores por los gastos que hicieran.

Todas estas fuerzas expedicionarias se comportaban como mercenarias, de modo que, con sus abusos, desgraciadamente normales, labraban el descontento entre la población. La situación se tornó inaceplable. Los dos bandos nobiliarios rivales, dirigidos por el mariscal de Rieux y Jean Chalons, príncipe de Orange, respectivamente, se mostraban incapaces de llegar a un acuerdo. Y los tres aliados, carentes de un plan conjunto y, por consiguiente, de unidad, estaban atentos únicamente a buscar las ventajas que a cada uno particularmente interesaban. Llegó a producirse tal confusión que Fernando el Católico no tuvo más remedio que reconocer que sus cálculos estaban absolutamente equivocados. Según los embajadores españoles, la única salida airosa posible era un encuentro entre todas las partes interesadas, cosa difícil de lograr. Orange quería, ante todo, que los ingleses se fueran, pero éstos, que procuraban aumentar el grado de ocupación, desalojaron de Vannes a los españoles y se instalaron allí. Llegaron entonces las 700 lanzas enviadas por Maximiliano y la confusión se hizo mayor, porque entre el rey de Romanos y el de Francia había ya un acuerdo previo firmado. Los franceses, que ocupaban algunas de las principales fortalezas del ducado, no necesitaban de otra cosa que esperar.

En enero de 1490 Fernando sugirió a Rojas y al conde de Salinas que, hablando con la duquesa, la convencieran de que le convenía sacudirse la tutela de Orange e instalarse en el campamento español. La documentación, abundante, que puede producir perplejidad si no se tiene en cuenta lo que era el régimen señorial, permitía que se mantuviesen relaciones normales entre España y Francia: el comercio continuaba sin alterarse y se estaban intercambiando embajadores. Todavía en el verano de 1489, cuando Carlos VIII inicia la mayoría de edad, hace una propuesta para que se restableciese en todo su vigor la vieja alianza franco-castellana. Se le volvió a responder que todo era muy fácil; bastaba con que, cumpliendo el testamento de su padre, devolviese los condados pirenaicos.

Ambas partes acudían a Inocencio VIII que, como es lógico, no tomaba partido: exhortaba a la paz tanto más necesaria cuanto que, en cualquier momento, podía reproducirse un ataque turco como el de Otranto. A Isabel, desde luego, esta postura pontificia no molestaba; al contrario, cualquier decisión del pontífice tenía que tener en cuenta el caso de conciencia que significaba dejar de cumplir la última voluntad de un difunto. Trataba de inculcar a su marido esta convicción. No cabe duda de que él accedió, pues el 11 de noviembre de 1489, cuando el pontífice envió al obispo de Concorde y al secretario Flores a rogar en Francia que buscasen la paz, no tuvo inconveniente en reconocer que lo hacía a instancias de Fernando. Por otra parte cobró su precio: Rodrigo Borja asumió el obispado de Mallorca, reconociendo que era la sede destinada a su hijo César para cuando éste alcanzara la edad que los cánones requerían; por su parte, Gonzalo Fernández de Heredia, persona de confianza del cardenal vicecanciller, pudo titularse arzobispo de Tarragona a pesar de residir en Roma. Concesiones de este tipo no se hacían en Castilla. El monarca español encomendó a Bernardino de Carvajal (6 de mayo de 1490) que hablara extensamente con el Papa sobre estas cuestiones. No habría paz verdadera en Occidente mientras no se lograse una plena reconciliación entre Castilla y Francia, y esto dependía absolutamente de un caso de conciencia que entraba íntegramente dentro de las competencias del vicario de Cristo: ¿puede alguien seguir detentando unos dominios entregados en prenda cuando la deuda que significaban estaba satisfecha?

El obispo de Concorde logró dos cosas: que se acordara una nueva tregua de seis meses en Bretaña y que los consejeros franceses enviaran un procurador a España para volver a tratar de la paz. En enero de 1490 Isabel recibió la visita de fray Juan de Mauleón, con cartas de Ana de Beaujeu y de Carlos VIII, proponiendo una entrevista entre ambos reyes en la frontera. La reina respondió que, antes, sería preferible que ella y Ana se viesen porque ellas, de mujer a mujer, podían decidir mejor la forma en que se haría la restitución; podían además llevar a alguna persona con calidad suficiente para actuar como árbitro. Al menos el diálogo ya no se interrumpió. Mauleón hizo por lo menos dos viajes a Castilla aquel año, acompañándole Juan de Albión. En las conversaciones ambas partes podían presentar los múltiples incidentes que en puertos y pasos fronterizos se estaban registrando, los cuales demostraban lo importante que sería conseguir entre ambas partes la paz.

Es seguro que Fernando e Isabel, por caminos distintos, buscaban, de acuerdo, la misma meta. El rey estaba intentando otra maniobra: por medio de Luis de Margarit, hermano del cardenal, pidió a Alain d’Albret que, como muestra de que seguía vigente el acuerdo de amistad, entregara Nantes a los españoles. Se trataba de una plaza de importancia suficiente para permitir un intercambio con los condados pirenaicos.

Acuerdos de Okyng

Se iban perdiendo las esperanzas de que Bretaña resultara instrumento eficaz. La intervención podía insertarse en el balance de derrotas. Crecía, sin embargo, al mismo tiempo, la convicción de que la triple alianza podía convertirse en eje sustancial para el freno de la concupiscencia francesa. En Okyng, residencia campestre no muy lejos de Londres, el 11 de setiembre de 1490, los procuradores de Enrique VII y Maximiliano firmaron una plena reconciliación en la que fueron incluidos el archiduque Felipe y los reyes Fernando e Isabel. Cada uno de los allí mencionados se obligaba a acudir en auxilio del que fuese atacado. Se trataba, al fin, del instrumento deseado que fundaba la triple alianza. Enrique VII despachó inmediatamente un embajador a España para explicar el éxito obtenido, y mantuvo con Puebla conversaciones que permitieron aclarar algunos puntos dudosos por medio de un protocolo (20 de setiembre). Cuando Arturo hubiera cumplido catorce años y Catalina doce, sería ésta enviada a Inglaterra, donde se celebraría la boda, haciéndose entrega de la dote en plazos de dos años. Maximiliano quedaba expresamente incluido en el acuerdo con la cláusula obligatoria de declarar la guerra en el caso de que Francia la iniciase contra cualquiera de los tres.

Había algo más: en plazo de tres años, si no se iniciaban las negociaciones para la devolución, los tres aliados se comprometían a abrir las hostilidades. El 27 de octubre de 1490 Ana de Bretaña firmó sus desposorios con Maximiliano y se incorporó a la triple alianza. Ahora todo estaba cerrado, en opinión de Fernando. Todo, evidentemente no: Maximiliano comenzó a titularse duque de Bretaña y Alain d’Albret se sintió traicionado. Comenzó a negociar secretamente con los consejeros del rey de Francia confiando en obtener un precio suficiente por su cambio de bando.

Ana de Beaujeu, que seguía ejerciendo poderes suficientes, pidió a fray Juan de Mauleón que viajara a Sevilla para dar respuesta a las propuestas de negociación. El fraile, nacido en Navarra, despertaba los recelos del rey, pero contaba con toda la buena voluntad de Isabel, quien no quería regatear esfuerzos en la evitación de una guerra entre cristianos. Comunicó que su señora aceptaba la propuesta de negociar de mujer a mujer, aunque no podía fijar la fecha, pues, esperando un hijo, necesitaba liberarse del parto. Mientras tanto, añadía, era preciso suspender el envío de tropas castellanas a Bretaña para impedir el enfrentamiento. Llevaron a Mauleón hasta Santa Fe, para que contemplase los perfiles de Granada a punto ya de sucumbir. Entre las cosas de que entonces se pudo hablar estaba, también, la posibilidad de aplicar el criterio matrimonial en el refuerzo de la amistad franco-española.

Todo era un engaño, que Fernando pudo descubrir con desolación: adormecida la confianza de los españoles, Alain d’Albret entregó Nantes a los franceses y cobró el precio convenido. Se ordenó entonces al reducido contingente castellano concentrado en Redon que volviera a casa. Puebla lo tuvo muy difícil a la hora de explicar a Enrique VIII que ya no era tiempo de guerra. En mayo de 1491, apenas retiradas las tropas españolas, Louis de la Tremouille pudo ejecutar la ocupación del ducado dejando a la duquesa Ana sitiada en Rennes. Carlos VIII, olvidando promesas hechas a Maximiliano y prescindiendo de los tanteos con España, se presentó a sí mismo como el más conveniente marido para esa novia de Europa. Y ella aceptó, colocándose al lado de la nobleza que buscaba el acuerdo con Francia. De este modo, mediante ceremonia matrimonial (6 de diciembre de 1491) el ducado de Bretaña se insertó en el Patrimonio de la Corona de Francia.

Los esfuerzos de Fernando parecían haber fracasado. Si quería recobrar Rosellón y Cerdaña no le quedaba, al parecer, otro recurso que el de desplegar sus soldados cruzando la frontera. También Enrique VII y Maximiliano debieron sentirse desilusionados, pues la triple alianza había sido desbaratada por Francia con facilidad suma.

Cómo César Borja llegó a ser obispo de Pamplona

Los Albret habían tomado la decisión última que nada tenía que ver con los acuerdos de Valencia; a la hora de elegir estarían, de lleno, al lado de Francia y no en el de España. Una cuenta pendiente que al final habrían de pagar, pues Navarra era reino de España y su Fuero invocaba la memoria de Pelayo, como los demás. Tropas francesas acudieron a Bigorre, para expulsar de allí a los oficiales del vizconde de Narbona y forzar el reconocimiento de Juan y Catalina como señores. Con dinero abundante, Magdalena pudo ir comprando la lealtad de fortalezas y señores en Navarra. Preparaba de este modo la ceremonia de coronación de sus hijos en Pamplona, pero sin la presencia de soldados españoles. En este programa, Navarra estaba destinada a ser una parte, precisamente la que permitía el uso de un título real, en un conjunto de estados señoriales que eran franceses.

Fernando no tenía otro remedio que reconocer, en aquella hora brillante de Granada y América, ese doble fracaso, en Bretaña y en Navarra. Hubo algo más. El 10 de setiembre de 1491 falleció en Roma, donde residía, Alfonso Carrillo, que era obispo titular de Pamplona. Alegando que se trataba de una «vacante in Curia», lo que significaba un abuso del término, ya que se trataba de la única sede referida a la totalidad del reino, Inocencio VIII extendió el nombramiento de César Borja, hijo del cardenal vicecanciller, que contaba 16 años y estaba orientado, entonces, a una carrera eclesiástica. Aunque indirectamente alertados por el nombramiento, Fernando e Isabel no protestaron. Magdalena les escribió pidiendo que la apoyasen en la protesta que pensaba interponer, pero ellos se limitaron a decir que en otra ocasión sin duda podría contar con ellos, pero no en la presente. Estimaban el principio de que los nombramientos debían venir acompañados de una propuesta real, pero, todavía, sus compromisos con el vicecanciller les impedían intervenir cuando la decisión parecía asumida.

Extraños caminos mueven la voluntad de los hombres. Nadie hubiera podido imaginar siquiera que César Borja, vuelto al estado laical, moriría un día peleando en las estrechas calles de una ciudad navarra, tras haberse disipado sus sueños de ser el todo o nada de la política italiana. Y que, por esos mismos años, Fernando llegaría a ser rey de Navarra.

Las negociaciones siguen

Fernando no mostró la menor señal de desaliento; sabía esconder sus fracasos tras la prudencia. De todas formas, sus éxitos en otros escenarios le compensaban sobradamente. Los condados eran parte sustancial de Cataluña, pero no toda ella; y la prosperidad del Principado se ligaba a otras perspectivas esencialmente mediterráneas. Ana de Beaujeu y su marido, duques de Borbón, se habían encargado de demostrar hasta la saciedad su intención de quedarse con la prenda sin atender a la deuda. Muchos franceses compartían esta idea, pero no todos. El término de la crisis de Bretaña coincidía con el término de la minoridad de Carlos VIII, el cual tenía sus propios proyectos relacionados con Italia y con los derechos angevinos que le habían sido transmitidos. Algunos consejeros franceses, como el cardenal Balue, a quien Fernando confirmó la renta de 400 libras que el Papa le había concedido sobre la sede de Zaragoza, pensaban que tras la rebelión de los barones, el monarca español había roto por completo con su primo de Nápoles, y no estaría, en consecuencia, dispuesto a intervenir en una guerra para salvarle.

Fue un consejo bien apreciado por la diplomacia francesa: bien entendido que había que operar una reconciliación entre ambas monarquías, pagando un precio nada difícil de adivinar. Partiendo de aquí hubo una divergencia en la interpretación, que se ha transmitido a los historiadores posteriores. Los franceses entendían que, al devolver Rosellón y Cerdaña hacían un regalo al Rey Católico al que éste debía corresponder permitiendo la conquista de Nápoles. Los españoles, en cambio, entendían que con esta restitución no hacían sus interlocutores otra cosa que reparar una injusticia, cumpliendo el testamento de Luis XI que se sintiera acongojado por ella. Ninguna clase de compensación, excepto el restablecimiento de la amistad, estaban obligados a dar. Nápoles era, en sí mismo, un problema aparte.

El Realme, que hasta 1282 abarcara Nápoles y Sicilia, estaba dentro del espacio de intereses de la Corona de Aragón. Alfonso V había conseguido ser reconocido como rey en ambas partes, aunque por razones de política italiana las mantuvo separadas, dejando que Sicilia siguiera en el patrimonio de la «Corona del Casal d’Aragó» —tal era el nombre oficial— y entregando la sucesión a un hijo bastardo, Fernando, a quien los napolitanos llamaron Ferrante. El Papa había considerado aceptable esta solución para impedir el expansionismo hispánico. Pero en términos estrictos del derecho medieval no corresponde a un bastardo, ni siquiera legitimado, ser «rey coronado». De modo que el monarca español, primero de los sobrinos legítimos de Alfonso V, se consideraba con superior derecho. Había ordenado a expertos juristas que redactaran un memorial en que todo esto se probaba con detalle. Sus derechos, además, debían preferirse a los de la Casa de Anjou, pues procedían de Manfredo y de la Casa de Staufen.

No se trata de defender ninguna postura sino de recordar que, en 1494, iban a enfrentarse tanto opciones políticas muy serias —¿quién debe ejercer la hegemonía sobre Italia?— como criterios jurídicos de los que únicamente el Papa podía ser árbitro, ya que Nápoles era reino vasallo de la sede romana. Se forjó una leyenda acerca del astuto maquiavelismo de Fernando, que aún repiten ciertos historiadores, por influencia, lógica, francesa. Pero había más cosas en juego. Siendo Europa la suma de cinco naciones, que se reconociera en Constanza y Basilea, aquel que dominara Italia —Maximiliano aspiró a ello pero sin posibilidades— sería dueño de dos de las quintas partes de la Cristiandad. Luis XIV, tercer monarca de la Casa de Borbón sucediendo tanto a los Beaujeu como a los Albret, lograría enmendar la plana incorporando los condados a Francia por medio de una guerra.

El proyecto de Carlos VIII de reclamar el trono de Nápoles afectaba desde luego al equilibrio en Italia pero, sobre todo y muy directamente, a los intereses de la monarquía hispánica que, mediante los acuerdos con Génova y Venecia y la presencia eficaz en Berbaría de Poniente, había conseguido cerrar el Tirreno. Fernando insistió en decir que quedaba abierto a la colaboración de Francia y no tenemos motivos para suponer que en este caso mentía. La devolución de los condados —así lo explicaría al Papa Bernardino de Carvajal— no era otra cosa que condición indispensable para una verdadera amistad entre las dos Coronas. Sólo el pontífice podía, mediante la concesión de la investidura, fallar en la delicada cuestión de los derechos al trono de Nápoles. Resultaba indudable que la sustitución de la Casa de Aragón por la de Anjou en el Realme constituía un quebranto muy serio para todo su programa político.

Hacia los preliminares de Figueras

Las conversaciones diplomáticas hispano-francesas no se habían interrumpido. Fernando se mantuvo dentro de la tesis de que en Bretaña se había limitado a prestar apoyo a una aliada, la joven condesa, retirando sus tropas sin llegar a combatir. Pese a la derrota, que tal fue evidentemente el episodio, no se hicieron nuevos preparativos militares y, aconsejado y empujado siempre por Isabel, decretó un nuevo sobreseimiento de las cartas de marca que pesaban sobre los franceses. Pocas semanas después de la marcha de fray Juan de Mauleón llegaba a Santa Fe un emisario francés, Charles de Ancethune, con cartas muy expresivas de Carlos VIII y de su hermana, en la que de nuevo ésta se excusaba de que el parto le hubiera impedido celebrar la propuesta entrevista. Isabel, por su cuenta —no me parece que su marido lo ignorase—, escribió a Mauleón para que intensificara las negociaciones, pues nada puede superar a la amistad entre príncipes cristianos (12 de setiembre de 1491).

Se detectaba un cambio importante en la política francesa: los partidarios de la aventura italiana ganaban terreno, desplazando definitivamente a los Borbones. En consecuencia, fray Juan recibió la respuesta alentadora de que también Carlos VIII quería resolver el litigio sobre los condados por vía de justicia, pues no quería retener nada que no fuese suyo. Había, sin duda, diferencias apreciables en la conducta de ambos esposos: Fernando no confiaba tanto en las buenas palabras y por eso presionaba a sus embajadores en Inglaterra y Alemania para que no desmayasen en el mantenimiento firme de la triple alianza. Otorgaba especial importancia a los acuerdos con Inglaterra confirmando el tratado de Okyng. De 1492 data la constitución de la nación española de Londres: las principales familias burgalesas estaban allí representadas.

Los acuerdos que ligaban a los tres miembros de la alianza podían mantener negociaciones separadas para recuperar sus dominios o recibir las indemnizaciones correspondientes. En cierto momento Enrique VII se quejó de que le dejaran solo. Pero sucede que sus reclamaciones eran las más difíciles de sostener: Guyena y Normandía siempre habían sido territorios franceses y la posesión de ellos por parte de sus antecesores era la correspondiente a cualquier señorío de origen feudal. Desde los primeros meses de 1492 Juan Francisco de Cardona pudo anunciar a sus reyes que pronto vendrían embajadores franceses con poderes bastantes para resolver la cuestión. Las negociaciones se llevaron con tanto secreto que muy pocas cosas translucen en los documentos que se han conservado. Frente a los consejeros de Carlos VIII, los duques de Borbón, que se hallaban instalados en el primer nivel de la aristocracia, tomaron sobre sus hombros la defensa de aquellos que, de algún modo, se sentían perjudicados por la devolución; era lógico que así sucediese. Pero la mayoría de los moradores de aquellas tierras se seguían sintiendo catalanes y les satisfacía volver al Principado. Podían temerse dos reacciones contradictorias: una revuelta popular antifrancesa o una resistencia armada de las autoridades allí establecidas para la ejecución de la entrega. Ana de Beaujeu pudo mostrar una carta muy dura que le enviaron el 4 de julio de 1492 los cónsules de Perpiñán: ellos querían seguir siendo franceses hasta la muerte. Algo lógico, ya que franceses nacieran.

Concluida la guerra de Granada el tiempo apremiaba. Fernando consideraba la decisión de Tarazona como un simple aplazamiento en su programa, que había decidido reemprender con urgencia. No parecía dispuesto a entrar en demoras sine die. En cambio coincidía con los consejeros franceses en un punto: había que tratar al mismo tiempo los dos extremos de la frontera. Pacificar y neutralizar Navarra entraba en la atención de los dos interlocutores. Conviene advertir que los españoles, en este punto, establecían un principio absoluto: Navarra era uno de los cuatro reinos de que se componía la nación española y no podía negarse, en modo alguno, tal condición. No estaban dispuestos a que se le convirtiera en un vasallaje de Francia.

En mayo de 1492, después de que Carlos VIII anunciara públicamente su decisión de negociar la entrega de los condados, uno de los oficiales al servicio de Juan y Catalina, el señor de Laas, viajó hasta Santa Fe para comunicar que sus señores estaban dispuestos ahora, esto es con cuatro años de retraso, a cumplir las condiciones que se fijaran en los acuerdos de Valencia, viajando hasta Pamplona con escolla castellana para realizar las ceremonias de proclamación. Sin alterarse en lo más mínimo, los reyes respondieron que don Juan de Ribera ya tenía las órdenes precisas para cumplir este cometido y que ellos seguían contemplando la amistad entre ambos reinos. Laas, muy contento, marchó a Pau, dio la noticia y retornó para decir que Juan y Catalina estaban dispuestos a «obedecerles y complacerles en todo lo que quieran, como sus propios hijos». Bellas palabras dictadas seguramente por el temor: amistad o disyunción entre Francia y España significaban para sus intereses peligro.

Recuperados los dominios de la Casa de Foix, y unidos a los de Albret, reconciliado ya con la Corona, les convenía ahora que Navarra permaneciese dentro de la órbita hispana porque esto garantizaba la calidad real. Magdalena se sacudió muchos prejuicios y emprendió el camino de Zaragoza para encontrarse con Fernando e Isabel (agosto de 1492) que iban ya camino de Barcelona. Fue bien recibida y obtuvo seguridad: ningún interés había sobre Navarra salvo el de conservar su neutralidad. También con su sobrino, Carlos VIII, logró el entendimiento: el vizconde de Narbona sería convenientemente indemnizado —de hecho asciende en su grado de nobleza—, pero los dominios de la Casa de Foix permanecerían dentro del patrimonio. Indirectamente, pues, las negociaciones estaban favoreciendo la causa de los Albret. Isabel se mostraba especialmente satisfecha, pues las cosas parecían encaminarse a un entendimiento que evitara la guerra entre cristianos. Para ella, las armas tenían que ser recurso frente al musulmán.

En efecto, desde la primavera de 1492 las negociaciones habían entrado en un impulso decisivo. El obispo de Albi y el secretario Juan Coloma habían celebrado, con el mayor secreto, una entrevista entre Narbona y Figueras, en la que por primera vez se habló ya de operaciones prácticas para ejecutar la entrega. Una de las condiciones que los franceses propusieron y los españoles aceptaron consistía en que, antes de llevar a cabo matrimonios de los infantes, se hubiera de recabar el consentimiento de Carlos VIII. De ello se habló en secreto. Pero una «indiscreción» de fray Juan de Mauleón, bien aprovechada por los agentes franceses, permitió que Enrique VII y Maximiliano fuesen informados. Significaba la ruptura de los acuerdos de Okyng.

Un momento de ruptura

Juan de Albión, que interviniera en varios momentos de las conversaciones, avisó a Fernando de que veía muy difícil que el monarca francés pudiera resistirse a las presiones de quienes en su Corte se oponían a la entrega de los condados. Pudo parecer en principio que se equivocaba, porque el 8 de julio de 1492 el obispo de Albi comunicó que, aceptados los preliminares, se iba a negociar la ejecución y que para cerrar el trato se había previsto una reunión en Narbona el 26 de julio. Juan de Coloma, al comprobar la gravedad de las indiscreciones de fray Juan y la capacidad de decisión en muchos aspectos que se atribuía, hizo un rápido viaje hasta Burgo de Osma para poner a Fernando en antecedentes, recibir nuevas instrucciones y regresar luego, agotando caballos, para encontrarse con el fraile en La Junquera a las cinco de la tarde del día 21 de aquel mismo mes de julio.

La entrevista fue verdaderamente borrascosa. Coloma descubrió que Mauleón no quería otra cosa que servir al rey de Francia, llegando a la firma de una alianza completa que pusiese a los monarcas españoles en sus manos, dando la sensación de que Carlos VIII, en un gesto de generosidad, les regalaba los condados. Navarro e inclinado a lograr una solución por su mano pactada, se atrevió a escribir al rey Fernando que si la restitución no se lograba «será a culpa de vuestras altezas, porque no tomáis mi consejo». Esto era algo que el aragonés no podía admitir. Primer gesto en aquella conclusión, tenía que venir de Francia, reconociendo que usurpaba indebidamente aquella prenda. Luego se podía llegar al restablecimiento de la amistad, fijando, desde luego, las condiciones oportunas. El fraile atosigaba con sus cartas: decía que en Rosellón y Cerdaña se estaba consolidando un movimiento de resistencia que haría imposible la entrega. En esto no se equivocaba. Albión informó, por su cuenta, de que en los desvíos e impertinencias de Mauleón se descubría un error serio: Mauleón proponía que en los acuerdos se reconociesen los derechos de Francia, de tal manera que ésta pudiera reclamar los condados si la otra parte no cumplía el compromiso a que se obligara. Todo apuntaba a conseguir una especie de cambio: Rosellón y Cerdaña contra la licencia a Francia para conquistar Nápoles. Un buen negocio, sin duda, para Carlos VIII.

Negociaciones, en todo caso, muy difíciles, que el monarca español seguía paso a paso, utilizando como procuradores tan sólo a obedientes oficiales que no tomaran iniciativas. La entrevista fijada en Narbona no se celebró precisamente porque Fernando rechazó las condiciones previas. Juan de Albión viajó a Tours para entrevistarse directamente con el rey Carlos en la tarde del 2 de setiembre. Al lado del monarca estaba sentada la duquesa de Borbón, signo evidente de que ha recuperado su influencia. El ambiente se estaba tornando difícil, pues llegaban a aquella Corte noticias del desembarco de tropas inglesas —todavía Calais estaba en poder de los británicos— y de ciertos movimientos sospechosos que Maximiliano ejecutaba en su frontera. Reinaba el temor de que pudiera comenzar una guerra en cualquier momento. Albión explicó que estaba autorizado a decir que los Reyes Católicos estaban dispuestos a otorgar dos condiciones, pero nada más: en un plazo breve, de tres o cuatro meses, pudiera Carlos reclamar algunos bienes o pertenencias que quedaran en los condados; y que se hubiera de requerir su aquiescencia en los matrimonios.

Pero en el punto primero, clave de toda la negociación, no había renuncia. Francia tenía que devolver ante todo los condados, a los que no tenía ningún derecho, haciendo cesar la injusticia; tras esto vendría la reconciliación con amistad. Tras cinco días de inútiles conversaciones, Albión se retiró con la sensación de un fracaso. Parecía que Ana de Beaujeu y su partido estaban imponiendo su criterio.

La coyuntura del atentado

Una ruptura que podía significar el paso a la guerra. Pero ésta, de producirse en aquel momento, con tropas inglesas ya en el campo, desbarataba los proyectos de Carlos VIII, aunque pocas dudas pudieran abrigarse acerca del resultado victorioso. Por eso el joven rey, imponiéndose a sus consejeros, pidió, el 5 de octubre de 1492, al rey Católico —faltaban siete días para que Colón descubriera tierra americana— que recibiera al arzobispo de Narbona, Jorge de Amboise, muy experto en aquellas lides diplomáticas; le acompañaría el señor de Saint Maurice. Fueron semanas tensas. Fernando parecía haber llegado al convencimiento de que, sin guerra, no sería posible obligar a Francia a ceder. Despachó nuevas instrucciones a Londres, para que se reforzara el tratado de Okyng, y envió a Puebla poderes para que, embrollando más las cosas, atrajera a Jacobo Stewart, el rey de Escocia.

Llegando a Igualada, el 18 de octubre de 1492, Fernando escribió largas instrucciones a Jofre de Sasiola que nos permiten conocer por dónde andaba entonces su pensamiento. Se habían dado instrucciones a Juan de Albión para que regresase, pero él se obstinaba en seguir en la Corte de Carlos porque pensaba que aún quedaban puertas abiertas a la negociación. Ruptura, pues, estrictamente diplomática, que no significaba el paso a la guerra, ya que para ésta se necesitaba un consenso entre los tres reyes de la gran alianza. En consecuencia —y aquí se veía la influencia de Isabel— se difería de nuevo el recurso a las armas.

La Corte había llegado a Barcelona. El 7 de diciembre, cuando bajaba las escaleras del Tinell, un payés loco, que esperaba no sé qué milagrosas profecías, agredió a Fernando con un cuchillo. Desviado el golpe por el grueso collar del Toisón de Oro, pudo salvar su vida, aunque durante amargos días se temió lo peor. Las autoridades barcelonesas dispusieron la ejecución del payés antes de que Isabel pudiera perdonarle. Y ella, entre tanto, en el secreto de la conciencia, explicaba a fray Hernando, su confesor, que pedía a Dios que si uno de ambos tuviera que morir no fuera Fernando, más necesario al reino en aquella hora. Y, entonces, el rey se repuso.

Doce días especialmente difíciles, durante los cuales llegaban a Barcelona noticias que despejaban el horizonte. El 3 de noviembre, en Etaples-sur-Mer, Enrique VII había firmado un acuerdo renunciando a sus derechos sobre Guyena y Normandía mediante indemnización sumada a una secreta renta anual que debía permitirle afirmarse en el trono. Lo mismo sucedía en el caso de Maximiliano, que había comenzado las negociaciones que conducirían al tratado de Senlis (mayo de 1493) también con renuncia y compensación. Algo que los españoles no estaban dispuestos a aceptar. Pero aquí estaba ya el acuerdo preliminar de Figueras. Sobre él se apoyaban los negociadores.

La entrega

En las últimas semanas de 1492 Fernando volvió a tomar la dirección de los asuntos. El 8 de enero siguiente se firmaron en Narbona los acuerdos definitivos que Carlos VIII confirmó el 18 de enero estando en Tours, y los monarcas españoles al día siguiente, en Barcelona. Francia y España, incluyendo ahora a la Corona de Aragón en todas sus dimensiones, concertaban una alianza que podía relacionarse con la del viejo tratado de Toledo de 1368. Fernando e Isabel se comprometían a negociar con Carlos las posibles propuestas de matrimonio para sus hilos sin reciprocidad en el caso francés, y a no prestar ayuda a ninguno de los enemigos de Carlos, lo que significaba renuncia a la gran alianza occidental. Se restituían los condados, sin compensación alguna, pues se entendía que el préstamo estaba amortizado por las rentas que durante largo tiempo habían generado; Carlos VIII podría solicitar el nombramiento de una comisión que investigase las indemnizaciones que a personas privadas debían reconocerse. Había una excepción en la ayuda contra los enemigos, el Papa. Ana de Beaujeu montaría en torno a ella la tesis del artero juego diplomático del aragonés. Pero dicha excepción era entonces cláusula obligada y no hallamos ningún acuerdo entre príncipes cristianos en que dicha excepción no figure.

A esto se reducía el tratado. Pero la entrega se retrasó, semana tras semana. Los procuradores de Fernando, es decir Mauleón y Coloma, desde posiciones distintas, descubrieron que todo era deliberado; los consejeros de Carlos VIII insistían en obtener de Fernando un compromiso más radical en relación con la empresa que se preparaba contra Nápoles. Mientras tanto llegaban a la Corte española siniestros rumores y noticias acerca de los proyectos que un sector importante de la Corte francesa alimentaba para incumplir los acuerdos: el vizconde de Rodez estaba fortificando los castillos roselloneses para su defensa y escribía a la duquesa de Borbón que los moradores del condado querían seguir siendo franceses, y vasallos suyos, desde luego. Todo esto era falso, como sucede con las propagandas políticas. Hubo un intento de alzamiento en favor de Fernando, que los franceses hubieron de reprimir. Desde el interior del condado llegaban voces impacientes que invitaban al Rey Católico a dar a sus tropas la orden de avanzar. Cuando regresaba a Barcelona, Juan de Coloma fue detenido por uno de los oficiales franceses, el capitán de Belleguarde, pero entonces acudieron tropas catalanas y le rescataron. Una cerilla bastaba para provocar el incendio. A finales de junio de 1493 el choque armado parecía inevitable.

El 7 de julio Carlos VIII tomó la decisión que sería definitiva: pasó a su cuñado, el duque de Borbón, orden de que, abandonando aquellos proyectos, retirase al vizconde de Rodez y preparase todo para hacer la entrega. Entre los documentos que se intercambiaron con este motivo el 28 de agosto figura uno que ha llamado siempre la atención de los historiadores dando origen a interpretaciones diversas. Fernando se comprometía a no ayudar a su primo contra Carlos VIII «en el recobramiento de cualquier derecho que le pertenezca en el reino de Nápoles, cuando el dicho nuestro primo (el rey de Francia) y los suyos, quieran aquel recobrar». No hay duda en el texto: uno de los ejemplares se encuentra en Simancas a disposición de los investigadores; aparece entre los documentos que, desde aquel archivo, Napoleón llevó a París y que fueron restituidos en 1942. Se trata de una frase muy sutil: un derecho necesita ser probado antes de que se exija el reconocimiento y, en el caso de Nápoles, por tratarse de un reino vasallo, tal reconocimiento correspondía exclusivamente al Papa, que debía otorgar la investidura.

Se cerraba un penoso capítulo. Entre los días 2 y 10 de setiembre tropas catalanas se hicieron cargo de las fortalezas y el día 12 Fernando e Isabel fueron acogidos calurosamente en Perpiñán, aunque sobre la ciudad caía copiosa lluvia. Una verdad oficial quedó establecida: los retrasos por parte de Carlos VIII en la entrega se habían debido a que el monarca francés quería disponer de previos acuerdos con Inglaterra y con Maximiliano. En los meses siguientes Fernando insistió en mostrar una conducta amistosa hacia Francia; las facilidades mercantiles convenían tanto a ambas partes que cuidaron de mantenerlas en las horas difíciles que luego surgirían. Una apertura catalana hacia los puertos del Languedoc venía a completar el trazado del litoral completo del Tirreno.

Aquel otoño, salpicado por el retorno de los barcos del Caribe, parecía haberse alcanzado la paz en Europa. La monarquía española iba a enfrentarse con dos compromisos serios: la exploración al otro lado del Atlántico y el dominio sobre el litoral africano llamado Berbería de Levante. El 28 de setiembre de 1493 se hizo pregonar una carta real: todos los súbditos franceses gozarían, en adelante, de una salvaguardia especial por parte de las autoridades españolas. Al día siguiente se reunía el claustro de la Universidad de París para enviar a los reyes una carta especial de felicitación por la conquista de Granada y la expulsión de los judíos, victoria de la Cristiandad. Se guarda también, cuidadosamente, en Simancas.

CAPÍTULO X

FERNANDO II ANTE EL MÁXIMO RELIGIOSO

La doctrina del máximo

Evitaremos detalles que hemos expuesto dilatadamente en otros trabajos. Aquí importa descubrir y destacar las líneas esenciales de una conducta. Dos son las críticas principales que se dirigen contra Fernando II y V según el orden de los reinos. Los historiadores catalanes especialmente —no es éste el caso de Vicens Vives ni de Ernest Belenguer, mejores conocedores del reinado— le reprochan que, en sus esfuerzos por consolidar la potestad regia en la nueva monarquía, se olvidase de las libertades de Cataluña. Los defensores de un racionalismo laico, por su parte, le reprochan que acabara prohibiendo judaísmo e islamismo. Olvidan, en este segundo caso, que se trataba de adoptar posturas generales en Europa y que en la operación fue tan sólo uno más entre los protagonistas. En realidad fue Carlos V, tras las Germanías, quien dispuso el fin de la tolerancia mudéjar en la Corona de Aragón, que Fernando había permitido. Cualquier juicio que se formule desde el pensamiento actual comete el error de no tener en cuenta los valores que entonces imperaban. Dentro de siglos, probablemente, al formular juicio sobre nuestro tiempo desde valores que serán sin duda distintos, seremos objeto de sentencias negativas.

Intentemos penetrar en ese pensamiento. El siglo XV no nos presenta ninguna duda en relación con la fe: de este modo la existencia humana era considerada como un tránsito hacia la vida eterna y «cumple tener buen tino para andar esta jornada sin errar», como diría Jorge Manrique, uno de los colaboradores de Fernando. En esto coincidían cristianos, musulmanes y judíos que invocaban la memoria de Abraham, que había preferido sacrificar a su hijo antes que desobedecer una orden de Dios. Todos los seres humanos han de dar, al final, cuenta de sus actos pero los reyes, como recordaría Isabel a su marido en tiempos especialmente tensos, más todavía. Desde este punto de vista, cuando se conseguía que algún infiel abrazase la fe verdadera se tenía conciencia de que se le estaba proporcionando el mayor bien posible, y éste era también el mejor servicio a la comunidad, la cual debe ser defendida a toda costa en su fe. Ninguna epidemia se consideraba comparable a aquella que provocaba pérdida en esta dimensión. Las sociedades contemporáneas no vacilan en aplicar medidas coercitivas rigurosas para vacunar o prevenir contagios patológicos, y esto se considera como primer deber y sumo bien.

No trato aquí de justificar o de condenar, ya que no es esa la tarea que corresponde al historiador, sino de proporcionar los datos necesarios para que el lector extraiga sus propias conclusiones. Por otra parte, tampoco puede olvidarse que las medidas que se tomaron para prohibir el judaísmo quedan muy lejos, en su violencia, de las espantosas matanzas —algunas ya se habían producido con anterioridad— de los siglos XIX y XX. Los autores de los pogroms rusos o del holocausto nazi no se limitaron a prohibir la residencia de judíos en su territorio; fueron mucho más lejos.

La unidad religiosa era un bien absoluto para la comunidad política de acuerdo con estas coordenadas. Podía buscarse de dos maneras: sometiendo el Estado a los principios de fe y de moral sostenidos por la Iglesia romana, como pretendieron los Reyes Católicos, o encomendando al propio Estado la defensa de esa unidad, como exigió Lutero con su famosa fórmula «cuius regio eius religio». En ambos casos nos hallamos en presencia de un «máximo» que asegura que ningún principado puede sobrevivir cuando carece de unidad de fe. Sólo después de Westfalia se hará la separación entre ambas esferas, pero asignando en cambio al Estado, en la doctrina de Hobbes, un «absolutismo» completo. Ese absolutismo ha recorrido un largo camino, con diversas interpretaciones, pero aún se mantiene. Entre nosotros, cuando se afirma que la opción religiosa es privativa de los ciudadanos, el Estado asume la definición y defensa del orden ético. En algunos casos extremos, cuando se llega al sometimiento del Estado a un solo partido, se desemboca en el totalitarismo.

Un proceso o término de maduración

Desde la época de Teodosio, en las postrimerías del Imperio romano, la religión cristiana era el rasgo que definía a la sociedad, de modo que los que no la compartían tampoco podían ser incluidos en ella. La excepción judía de «religio lícita» fue entonces suprimida y así pasó el Código de Teodosio II del que han salido todas las grandes compilaciones legales europeas. Se podía «tolerar y sufrir» —son éstos los términos precisos que hallamos en la documentación de este reinado— a pequeñas comunidades judías o musulmanas, colocadas en condición de huéspedes y no de súbditos. De hecho pertenecían directamente al rey, del cual dependía que se les mantuviera o retirara el estatus de protección. La tolerancia significaba que se las consideraba como un mal, siendo conveniente mantenerlo por las ventajas que de él emanaban. Muchos municipios, como el de Bilbao, prohibían a los judíos permanecer en su suelo y en regiones completas, como Asturias, prácticamente ya no se detectaba su presencia.

La voluntad popular se mostraba francamente adversa, presionando sobre los reyes para que limitaran o suprimieran tal protección, y sobre ello insistían las Cortes. En medios eclesiásticos se invocaba el ejemplo de otras monarquías, Inglaterra, Francia Nápoles, Austria y la mayor parte de los señoríos alemanes que habían «limpiado» de judíos sus territorios. Venecia era un caso singular: decía que, habiéndose convertido, moraban en un barrio, «il ghetto», sin preocuparse, por otra parte, de si cumplían o no sus deberes religiosos. La gravedad del problema español radicaba en que la comunidad que comenzaba a llamarse «sefardí», además de ser muy numerosa, tenía un muy alto nivel intelectual —como la Biblia Políglota Complutense no va a tardar en demostrar— y estaba garantizada por unas leyes que la propia Isabel había ratificado, con pequeños retoques, poco después de haber subido al trono. Su dispersión tendría consecuencias muy negativas y no sólo para los judíos.

En un proceso de maduración hacia esa primera forma de Estado que constituye la monarquía, Fernando e Isabel, que operaban en todo caso de acuerdo y veían en la unidad religiosa un factor esencial, consideraban como meta deseable lograr la incorporación de judíos y musulmanes por medio del bautismo o su salida del reino. Se había visto muy claro a través de la guerra de Granada dando facilidades hacia ambas opciones. Conversión o retorno al Islam o al judaísmo se contemplaban como crímenes horrendos acreedores a los más duros castigos; ningún código europeo se mostraba diferente. Pero, en este sentido, recibían una muy pesada herencia. En 1391, aprovechando la quiebra que significó la minoridad de Enrique III se había producido en España un vasto movimiento de «matadores de judíos», que causó muy numerosas víctimas e hizo desaparecer las aljamas de Valencia y Barcelona. Las, en otro tiempo, poderosas Toledo y Burgos estaban reducidas a poca cosa. Aunque los reyes condenaron esta violencia, las medidas de castigo que se tomaron fueron poco eficaces.

Muchos judíos se convirtieron entonces, y aún después, como consecuencia de presiones y catequesis que se montaron. Muchos de estos conversos o «nuevos», como se les llamaba, fueron mirados con sospecha porque se pensaba que estaban deseosos de volver a su condición. El odio al judío se pasó al converso, con insultos como marranos o alboraiques. En los últimos años del reinado de Enrique IV, siguiéndose un proceso iniciado en Toledo en 1449, se produjeron, especialmente en Andalucía, levantamientos contra los conversos acompañados de crímenes y violencia en gran número. Se estaba traspasando una barrera que pasaba del hecho religioso —un judío pasa a integrarse si se convierte— al social: aunque se convierta seguirá siendo el perverso judío en el que no se debe confiar. En suma, un mal cristiano. Se daba especial relieve a aquellos casos en que se comprobaba el retorno a las prácticas judaicas. Fernando e Isabel estaban más bien en la primera etapa y se servían abundantemente de conversos.

Inquisición

En algunas ciudades el odio a los conversos, cuyo poder económico se temía, había alcanzado grados de violenta hostilidad. Isabel, que había sido apoyada por Andrés Cabrera y Abraham Seneor —ambos serían generosamente recompensados— en su camino hacia el trono, confirmó al segundo de ellos como Rab mayor y trató de mantener el estatus vigente desde 1432, que podía considerarse muy favorable. De ahí que al principio gozara de aprecio entre los propios judíos, que así lo comunicaron a la comunidad establecida en Roma. En medios eclesiásticos había sin embargo una fuerte propaganda contra los conversos, a los que se presentaba como falsos cristianos que seguían practicando las costumbres hebreas, haciendo falsa la fe. En toda Europa los códigos de leyes definían la «herética pravedad» como el delito más grave que puede cometerse, señalándose para él penas de muerte en la hoguera. Para evitar abusos que podían cometerse si las autoridades temporales asumían la plena responsabilidad en relación con tales delitos, el Papa Gregorio IX, en 1258, había dispuesto que nadie pudiera ser castigado por este delito mientras no fuese declarado tal por tribunales especiales formados por maestros dominicos (inquisidores). Los que mostrasen arrepentimiento y se sometiesen a la penitencia que les fuese señalada tampoco podían ser castigados con la muerte.

Este procedimiento se había introducido en los reinos de la Corona de Aragón, no en los de los otros reinos españoles. Pero en 1464, ante las violencias desatadas especialmente en Toledo, Pío II, a petición del rey, y mediando en ella algunos influyentes conversos que deseaba se aclarase la cuestión de quienes eran cristianos sinceros, autorizó el establecimiento en Castilla. La eficacia de la que podemos llamar Inquisición antigua era, a la sazón, muy escasa. A través de la documentación rabínica, B. Netanyahu ha podido comprobar que, entre los judíos, se tenía constancia de que eran pocos, y en general no muy instruidos, los que apostataban. Sin embargo se iban extendiendo los odios. A los conversos se achacaba ya una especie de extraña conspiración contra el cristiano. Y a los hebreos se señalaba con tres calumnias que, pese al absurdo, eran creídas: a) los judíos compraban Formas consagradas para profanarlas; b) asesinaban ritualmente a niños para comer su carne o su sangre, y c) contaminaban las aguas a fin de provocar epidemias. Consecuencias de tales calumnias son la antigua sinagoga de Segovia, convertida en iglesia del Corpus Christi para compensar la profanación, la curiosa leyenda de Santo Dominguito del Val, que vino de Inglaterra o ese Santo Niño de La Guardia, de quien se ignora hasta el nombre, pero al que se sigue rindiendo culto.

Los mendicantes se distinguieron especialmente en esta actitud negativa y de temor hacia judíos y conversos. Un libro, nada deleznable por los conocimientos que su autor demostraba, Fortalitium fidei, de fray Alonso de Espina, causó gran impacto: aseguraba con todo rigor que la permanencia de los judíos en los reinos peninsulares era un peligro para la fe cristiana, peligro que había sido eliminado ya en Inglaterra, Francia y los otros reinos de Europa. España, con sus privilegios a judíos, constituía una peligrosa excepción.

Al comenzar el reinado, un dominico sevillano, fray Alonso de Ojeda, advirtió a la reina de que en aquella ciudad eran muchos los conversos que judaizaban, siendo además algunos de ellos muy poderosos. En junio de 1478, la ciudad de Valencia envió procuradores a Fernando, que era todavía príncipe heredero en aquel reino, para solicitar de él una declaración que le comprometiera a prohibir que los conversos pudieran desempeñar oficios o cargos de gobierno. Puede decirse que ambos esposos compartían ya este convencimiento, difundido en medios eclesiásticos, según el cual la acción de «judaizar» significaba grave peligro para la Iglesia católica, en el momento en que mantuvieron con Nicolás Franco las importantes conversaciones a que nos hemos referido con anterioridad. Primero habló el nuncio con Isabel (noviembre de 1478), luego lo hizo con Fernando y finalmente con ambos a una. Fray Alonso de Espina impulsaba un movimiento de denuncia: los ritos judaicos, al mezclarse con la doctrina cristiana desviaban la fe hacia la superstición. Se llegó, en consecuencia, a la conclusión de que era preciso revigorizar el procedimiento inquisitorial.

Entonces intervino Fernando con su preocupación sustancial hacia la eficacia. Propuso al Papa, a través del nuncio, que los jueces, en esta coyuntura, fuesen propuestos por la Corona, aunque él no se proponía prescindir de los dominicos, dándoles de este modo el apoyo material y de autoridad que necesitaban. Esto fue aceptado por Sixto IV, quien extendió la bula correspondiente el 1 de noviembre de 1478. Probablemente todos los que intervinieron en esta gestión apuntaban directamente a la extinción del núcleo sevillano, y no a otra cosa: se hablaba de escoger dos o, a lo sumo, tres inquisidores. Probablemente ni Sixto ni el propio Fernando se daban cuenta de la gravedad del paso que, mediante la bula, se estaba dando: la herejía dejaba de ser un delito estrictamente religioso para convertirse en social: la «nueva» Inquisición que entonces nacía, aunque fuese eclesiástica en el título y en sus miembros, se convertía en institución del naciente Estado, instrumento para la represión en ámbitos espirituales.

«Con la bula ya en sus manos, los monarcas siguieron vacilando en su aplicación, sobre todo Isabel, muy influida por altos eclesiásticos de su entorno» (E. Belenguer). El cardenal Mendoza y el confesor fray Hernando de Talavera, perteneciente a los jerónimos, que se mostraban opuestos a cualquier discriminación contra los conversos, consideraban preferible acudir a otros procedimientos, como la catequesis, el ejemplo o la persuasión, que estaban más acordes con la doctrina cristiana. Y así pasaron dos años, durante los cuales se intensificaron las predicaciones y el propio Mendoza redactó un catecismo que debía proponerse a los conversos para que rectificasen en el contenido de su fe. Mientras tanto, las Cortes de Toledo de 1480, que pueden ser consideradas, por su programa, como constituyentes para la monarquía, mostraban una actitud recelosa y hostil hacia los conversos y acordaban ejecutar el apartamiento de los judíos en barrios especiales como se venía disponiendo desde el IV Concilio de Letrán de 1214.

Triunfó, pues, la opinión de los partidarios de la represión. Los reyes, al escoger a los dos primeros inquisidores, fray Miguel de Morillo y fray Juan de San Martín, tuvieron cuidado de que fuesen maestros dominicos bien conocidos, pero el general de la Orden ni siquiera fue consultado. Se comenzó publicando un edicto de gracia, dando tiempo a los pecadores para que acudiesen a declarar sus faltas y obtener la reconciliación mediante penitencia. Según el cronista Pulgar, fueron muchos los que escogieron este camino, lo que parecía confirmar la tesis de los que decían que en Sevilla se había generalizado el delito de judaizar. Enseguida comenzaron las detenciones; no fue necesario proceder de oficio, pues llovían sobre el tribunal las delaciones; todo el resentimiento pasado afloraba. Un crematorio para los recalcitrantes se alzó en Tablada. Sobre la ciudad se extendió una atmósfera de terror: en tres años, medio millar de personas fue condenado a la hoguera, si bien las ejecuciones de hecho fueron mucho menores; la mayor parte de los denunciados había conseguido huir. Como a las penitencias acompañaban multas y confiscaciones, eran muchos los que preferían ponerse a salvo, haciendo llegar al Papa sus protestas desde el destierro.

El conflicto con la Orden

Dos notables investigadores eclesiásticos, Fidel Fita y Bernardino Llorca, han podido constatar que el rigor alcanzó en 1481 su nivel máximo y luego disminuyó, sin diferenciarse de la norma seguida en tales casos por los tribunales civiles europeos. De hecho, los inquisidores estaban extendiendo su poder a otras ciudades, causando víctimas, aunque nunca tan numerosas como las de estos primeros años en Sevilla. Todos los conversos, que formaban en España un sector social numeroso e influyente, se sintieron amenazados. Las protestas llegaron a Roma. Fernando, que estaba descubriendo en la Inquisición un poderoso instrumento para el poderío real inherente a la Corona, trató de valerse de la bula de 1478, referida únicamente a Castilla, para imponer el mismo sistema en la Corona de Aragón; presionó al inquisidor designado por la Orden dominicana para aquellos reinos, fray Gaspar Jutglar, hasta conseguir de él una delegación de funciones que le permitió escoger a fray Juan Orts y fray Cristóbal de Gualbes.

Se trataba de una verdadera revolución amparada en el documento pontificio: el procedimiento inquisitorial dejaba de relacionarse con cada reino, como hasta ahora, y pasaba a vincularse a la Corona; de este modo se incrementaba el poder de ésta en una nueva dimensión. En los ambientes cortesanos había cierta perplejidad, a la que hallamos también referencia entre los judíos; recordaban que la trasabuela de Fernando era una bellísima judía, a quien Fadrique, maestre de Santiago y hermano gemelo de Enrique II, convirtiera en su concubina: de ella descendían los Enríquez de Rioseco, es decir, el linaje de su madre.

Coincidiendo con las protestas que de todas partes venían, el general de los dominicos, Salvio Casseta, acudió al Papa Sixto IV: se estaba conculcando la idea central que moviera a Gregorio IX a establecer el procedimiento inquisitorial a fin de evitar que el delito de herejía se empleara también con fines políticos. El 29 de enero de 1482 un breve de Sixto IV recordaba a los inquisidores que seguían sujetos a la jurisdicción episcopal, no siendo otra cosa que jueces especializados a las órdenes de aquélla. Por su parte, Casetta suspendía a Jutglar, Orts y Gualbes de sus funciones, sustituyéndolos por una lista con ocho nombres. A ellos deberían acudir los obispos cuando necesitaran el mencionado procedimiento. Séptimo nombre en esa lista era el del subprior de Santa Cruz de Segovia fray Tomás de Torquemada, muy apreciado en los medios vaticanos porque era sobrino del famoso cardenal don Juan, que tantos servicios prestara a la Iglesia de Roma. Por línea materna, fray Tomás también albergaba en sus venas algo de sangre hebrea.

Una bula, fechada el 18 de abril del mismo año, trataba de establecer mejores condiciones para la defensa de los inculpados. Fernando entonces se revolvió contra las nuevas disposiciones del Papa y contra el general de la Orden dominicana: veía en ellas un procedimiento para desmontar el instrumento de poder que permitía reforzar los esfuerzos centralizadores en la Corona de Aragón. No estamos suficientemente informados acerca del detalle de las negociaciones, en las que Isabel intervino para amortiguar las enérgicas protestas de su marido. Sobrevino entonces la crisis de Ferrara y el Papa se vio obligado a ceder porque necesitaban de todo el apoyo del Rey Católico para salir del atolladero. Sixto cedió, sin duda, pero sin renunciar por ello a la doctrina sostenida por la Iglesia. El 10 de octubre de 1482, al tiempo que dejaba en suspenso sus anteriores disposiciones, otorgaba poderes a Íñigo Manrique, arzobispo de Sevilla, para recibir apelaciones de las sentencias dictadas por los inquisidores. Se daba perfecta cuenta de que se habían cometido errores e injusticias y por eso, en una de sus últimas disposiciones (2 de agosto de 1483) otorgó a cualquier obispo de estos reinos capacidad para otorgar reconciliación a los conversos sevillanos que escapaban de la vorágine. Inocencio VIII hubo de retirar la disposición ante la enérgica protesta del rey.

El papel de Torquemada

La Inquisición nueva se diferenciaba de la antigua precisamente en aquel punto que Gregorio IX tratara de evitar: era un organismo al servicio del Estado. Hubo cierta disyunción entre Fernando e Isabel —ésta llegaría a escribir una carta personal al Papa tratando de limar aristas— pero no discrepancias. Aunque carecemos de datos precisos, sabemos que hubo un acuerdo con el nuevo Papa, Inocencio VIII, que daba satisfacción parcial a ambas partes. El 1 de octubre de 1483, sustituyendo a la lista de Salvio Cassetta, se nombraba a fray Tomás de Torquemada inquisidor general para los reinos de la Corona de Aragón; en adelante él nombraría los jueces. Durante el año 1484 recibió el mismo nombramiento en Castilla, de modo que, desde el 3 de febrero de 1485, la Inquisición se convertía en la primera institución que abarcaba y sometía a todos los reinos que formaban la monarquía. Un paso adelante en la política de Fernando, no cabe duda. De modo que él había cedido en lo que consideraba secundario, acertando sin duda en lo principal.

En torno a la figura de Torquemada y a sus relaciones con los reyes se ha tejido una espesa leyenda que no responde a la realidad. Algunos autores incurren en el absurdo de decir que fuera confesor de la reina Isabel, cuando las relaciones entre ambos fueron siempre distantes, respetuosas, pero no afectivas. Impulsó, con gran espíritu de organización, el proceso de unidad institucional, pero aplicó las normas dictadas por San Raimundo de Peñafort, que evitaban indirectamente el recurso a la tortura, ya que ésta exigía la presencia de un médico que podía suspender la operación si veía peligro de muerte o de mutilación, declarándose entonces al reo absuelto de los cargos que se le imputaban. La represión, sin alterarse en su línea rigurosa, disminuyó cuantitativamente: 58 ejecuciones en Toledo y 52 en Guadalupe nos estremecen, pero son mucho menores en número que las provocadas por Morilla y San Martín. Evitaba tomar decisiones personales, siempre colegiadas; desde el 29 de noviembre de 1484 aparece ya un Consejo supremo al que todas las actividades quedaron subordinadas. Torquemada se negó a intervenir en el proceso del Santo Niño de La Guardia dejando a otros la responsabilidad de este abuso. Esto no quiere decir que fuera blando o condescendiente; el rigor era una de sus características esenciales. Pero sabía aplicarlo con prudencia, manteniendo la línea hasta su muerte. Las relaciones de colaboración con Fernando fueron creciendo en estos años. No estamos en condiciones de saber si el monarca estaba conforme con el rigor inquisitorial.

El conflicto aragonés

En el caso de los reinos de la Corona de Aragón el conflicto inquisitorial se presentaba con matices singulares y más complejos. El nombramiento de Torquemada, un castellano, por el Papa y, después, la designación de jueces por parte de éste, podía interpretarse como un atentado a las libertades del reino, garantizadas por el Fuero. No se trataba de mostrar simpatía hacia los conversos; ya hemos visto cómo las demandas apuntaban a que no se consintiese a éstos ocupar oficios que implicasen poder sobre cristianos viejos. La lucha era contra las prerrogativas de la Corona. Recordemos que 1484 es también el año de las Cortes de Tarazona, primer intento de unificación del organismo de representación, rechazado por Cataluña y Valencia, mientras Aragón endurecía sus greutges. Los dos sucesos se encuentran en íntima relación. En setiembre de este año, un procurador de la Generalidad valenciana llegó al campamento del rey, ante Setenil para protestar: Torquemada se atrevía a nombrar inquisidores que no eran naturales del país. Fernando respondió a este enviado, Ruiz de Liroi, en términos muy ásperos: estaba dispuesto a suspender la campaña de Granada y trasladarse con sus tropas a Valencia, ya que de este modo «vería quién era de su parecer en aquel reino y quién no». La Diputación se plegó retirando su protesta.

José Ángel Sesma destaca que la resistencia fue especialmente dura en Zaragoza y en Teruel. Pero aquí el rey iba a contar con tres factores importantes: la animadversión hacia los conversos se mostraba fuerte; era lugarteniente general su hijo bastardo Alfonso, arzobispo a la sazón de Zaragoza; tanto el castellán de Amposta como el duque de Hijar se manifestaron a su favor. Conversas eran tres grandes familias, Sánchez, Cavallería y Santángel, que se habían enriquecido en los negocios mercantiles y en el servicio a la Corona. Desde mayo de 1484 los conversos, temerosos, habían comenzado a agruparse en torno a Luis de Santángel que formaba parte de la Diputación como miembro del brazo de caballeros. Las opiniones estaban divididas. Muchos pretendían solamente aplicar recursos legales invocando el llamado derecho de manifestación; pero se dibujaba ya un sector que no se detenía ante el recurso a la violencia.

Pero entonces Teruel precipitó las cosas al prohibir a los inquisidores actuar dentro de su espacio jurisdiccional, decretándose en consecuencia un entredicho. La Diputación de Zaragoza acogió esta protesta y decidió el envío de procuradores a Fernando para alegar que el nombramiento de Torquemada, contrario al Fuero, debía considerarse nulo. Para el Rey Católico esta protesta fue una gran oportunidad. Pudo replicar que, al tratarse de una cuestión de fe y de un nombramiento pontificio, el asunto se hallaba por encima del Fuero. No era un oficio del reino sino de la Iglesia a la que era preciso obedecer.

Fue entonces cuando los conversos cometieron el error de recurrir a la violencia, pensando que, de este modo, obligarían al rey a entrar en negociaciones. En la noche del 13 de setiembre de 1485, el inquisidor Pedro de Arbués fue asesinado mientras rezaba en la catedral. No hubo una reacción de cobardía sino, al contrario, de exaltación agresiva, un verdadero alzamiento popular en Zaragoza contra los conversos. Los asesinos, con la excepción de Juan de Pero Sánchez, fueron capturados y murieron en medio de atroces tormentos. Teruel, inmediatamente cesó en su resistencia y las Diputaciones de Valencia y Barcelona se limitaron a presentar súplicas razonando en favor de sus Fueros. Jaume Dezcallar, cuyo papel decisivo en la recuperación del Principado ya hemos destacado, alegó que podrían producirse daños económicos en Cataluña si los conversos, que no eran muchos, eran impedidos en sus negocios o se veían obligados a huir. Fernando dio una respuesta que repetiría en más de una ocasión: cuando se trata de defender algo tan valioso como la fe no es posible tener en cuenta el dinero. En julio de 1487, con la toma de posesión en Barcelona del inquisidor fray Alonso de Espina pudo darse por terminado el proceso de resistencia.

Crece el autoritarismo

No podemos dejar de considerar, cuando nos ocupamos de la Inquisición, los aspectos religiosos, ya que su cometido esencial era imponer la unidad de la fe y corregir las desviaciones en la disciplina eclesiástica. Pero existen aspectos políticos que no pueden ser descuidados. En 1494, cuando Torquemada, que fallecería el 16 de setiembre de 1489, da su tarea por culminada, la Inquisición está gobernada por un equipo de cuatro obispos que acompañan y sostienen al inquisidor mayor, autoridad principal. Los procesos más abundantes ya no eran los referidos al judaísmo: brujería, sortilegios, «solicitación» iban ocupando más y más las horas de los jueces. Se mantenía el principio de que sólo aquel reo que se negaba a la reconciliación y a someterse a la penitencia podía ser relajado al brazo secular. Por esta razón el número de sentencias capitales no era muy abundante y predominaban además las ejecuciones en efigie cuando las víctimas estaban huidas o muertas. Pero no debe olvidarse que en la penitencia de los «confesos» podía incluirse la prisión perpetua en un centro religioso y la confiscación de bienes. De modo que el rigor de las penas era muy grande.

Desde la mentalidad política del rey Fernando importaba más esa otra dimensión capital. Por vez primera un sector especializado de la justicia actuaba desde la unidad sin tener en cuenta las fronteras que marcaban los Fueros. Por otra parte, los procedimientos seguidos en los tribunales inquisitoriales no diferían esencialmente de los que se aplicaban en otros sectores de la justicia: la diferencia reside en la especificidad de los delitos que, en nuestros días, con muy pocas excepciones —como es el caso de la «solicitación»— ya no son contemplados como tales. Las novedades que Torquemada introdujo apuntaban a una suavización y no a un endurecimiento en el trato a los reos. Es preciso no olvidar que las vías ordinarias eran entonces terriblemente duras y no cabía esperar que la Inquisición escogiera vías diferentes. Novedades eran, por ejemplo, que para que una acusación pudiera tomarse en cuenta hacían falta tres denuncias coincidentes. El acusado, al que se ocultaban los nombres de los que las formularan, podía sin embargo presentar una lista de enemigos declarados cuyos testimonios se anulaban, y otra de testigos que pudieran deponer a su favor. En el tormento —estas precauciones no se aplicaban en la justicia civil—, un médico presente impedía que se pudiera producir mutilación o muerte, siendo además declarado inocente aquel que por este medio no confesaba. Por eso los jueces, contra lo que ahora se cree, recurrían poco a estos métodos prefiriendo buscar una contradicción entre el reo y los testigos.

Insistamos una vez más, a fin de dejar clara la conducta del rey: la dureza del procedimiento estaba acorde con las costumbres judiciales del tiempo, quedando un poco más corto. Un aspecto en el que, al parecer, ni él ni sus consejeros eclesiásticos repararon, nos lo ofrece el daño sustancial que se estaba causando a la Iglesia, pues siendo ésta vehículo de reconciliación, se la estaba convirtiendo en instrumento de represión al servicio de una meta política de unidad. Y este efecto negativo sería, además, muy duradero. Conviene que el lector tenga todos estos puntos bajo su consideración evitando desmesuras y hasta verdaderos errores de juicio que se están cometiendo.

Autoridad versus libertad

Los pensadores medievales establecían una clara distinción entre autoridad, que es aquella dimensión desde la que se indica lo que es bueno y debe hacerse, y potestad, que es el mal menor necesario para corregir la mala conducta de los que no obedecen. En este sentido, el sistema de gobierno que Fernando trataba de imponer en todos los reinos que formaban su monarquía puede perfectamente definirse como autoritario: se contemplaba como un bien el sometimiento de todos los súbditos a los principios éticos custodiados por la Iglesia, suavizando o incluso destruyendo privilegios arcaicos que a ellos se oponían. Se reconocieron en todos los miembros del reino, comunidad política, esas dos condiciones íntimamente relacionadas entre sí: fe y libertad personal. Los infieles, que carecían de la primera, y los esclavos, que se compraban fuera bajo esta condición, no podían ser considerados como súbditos y naturales, pues para obtener esta condición era imprescindible el bautismo.

Se escogió deliberadamente el gran monasterio jerónimo de Guadalupe para promulgar las dos leyes antes mencionadas: la que declaraba nulas las reliquias de servidumbre y la que resolvía definitivamente el problema remensa. No debemos olvidar que se enfocaban ambos temas desde su significación moral. Muchos años antes, precisamente cuando se iniciaba la reforma española, la reina María de Luna, esposa de Martín el Humano, se había dirigido con insistencia a su pariente, el Papa Benedicto XIII, poniendo de relieve este punto: el cristianismo no consiente tratar como objetos a los seres humanos. Cierto es, recordemos, que este conflicto chocaba también con otro obstáculo de la misma especie: no es lícito privar a un campesino de sus medios de vida a cambio de la libertad. La sentencia de Guadalupe (abril de 1486) coincide en el tiempo con las disposiciones de Inocencio VIII haciendo desaparecer la Inquisición en todos los reinos hispanos. Crecía, en consecuencia, la autoridad de la Corona y también la regia potestad se adornaba de nuevas dimensiones. Es fácil comprender que dicho crecimiento fuese contemplado como ventajoso por muchos de sus súbditos: destruía el poder de las oligarquías, que eran las que más empeño ponían en defender las que llamaban «libertades».

Desde el verano de 1485, cuando los perfiles de victoria en la frontera de Granada eran ya muy claros, se aprecia, como ya expusimos en capítulos anteriores, la puesta en marcha de un programa que, sistemáticamente, perseguía el refuerzo de la autoridad regia en toda la Corona de Aragón. Aparece reflejada en las instrucciones de Fernando a sus embajadores en Roma, donde debían conseguir dispensa de los juramentos por él prestados de cumplir los Fueros, pues es tos últimos, aun sin negar su vigencia, debían someterse a la «certa scientia el plenitudine potestatis» que define al poder real, calificado de absoluto porque no reconoce dependencia o subordinación respecto a otro considerado superior. Una serie de actos sistemáticos, comenzando por los ya explicados de Zaragoza en 1487, provocaron reformas.

La situación era distinta en cada uno de los cuatro reinos hispánicos de la Corona de Aragón. Por eso Fernando pudo actuar en forma diferente en cada uno. Por ejemplo en Valencia, donde los abusos del maestre racional, Bernat Catalá, le fueron denunciados con pruebas —falseaba las cuentas, especulaba con los precios del trigo, sostenía mancebas en su casa y se beneficiaba del juego y de la prost itución—, se limitó a sustituirle por Francesc Granulles (1488), pero no quiso ejecutar reformas. Bastaba, a su juicio, con incrementar el peso del poder real que, entre 1487 y 1510, nombró directamente a todos los oficiales, sin que ello supusiera quebranto para el predominio social de la oligarquía. Ningún programa de redreç fue en este caso previsto. El rey reclamó de las Cortes el voto de nuevos subsidios a fin de disponer de numerario líquido y comprar títulos de la deuda, amortizándola.

La victoria resonante que significara la conquista de Málaga significó un salto adelante en el prestigio y poder de Fernando, que estuvo en condiciones de asumir importantes actos. Recordemos especialmente la recuperación de la economía catalana: todos los medios, acuerdo con el clero para que contribuyese, subsidios extraordinarios, monopolio sobre el coral y los tejidos, o apertura de las rutas mercantiles, dependían de un incremento en los resortes de autoridad. También en el caso de Cataluña recurrió a un verdadero golpe de Estado. Primer éxito: la deuda comenzó a ser absorbida sin que los propietarios de los censales pudieran presentar motivos de queja, ya que se garantizaba el valor del dinero que significaban los títulos. La insaculación quebraba la vieja oligarquía, pero el rey pudo decir que se trataba de prestar un servicio a Cataluña: sin autoridad no hubiera sido posible ejecutar el redreç. Investigadores modernos reprochan a Fernando que, de este modo, restringía las viejas «libertades consuetudinarias» e incrementaba su poder. Pero él y todos sus consejeros sostenían a la sazón que era precisamente la autoridad real la que garantizaba estructuras sociales más justas, poniendo fin al poder de una vieja y anquilosada oligarquía, muchos de cuyos miembros se incorporaron al nuevo régimen. Los nacionalismos estrictos se apoyan en la nostalgia del pasado. Fernando quería entonces proyectarse hacia el futuro.

Esto se comprueba en el caso de Mallorca donde, por razones que no estamos en condición de explicar, las reformas no se aplicaron. Muy estrecha había sido siempre la interdependencia entre este reino y el principado de Cataluña; Jaime I, a la hora de hacer el reparto, había establecido una especie de vasallaje en relación con la línea catalana de primogenitura. Aunque esta obligación fue conculcada, el recuerdo aún se mantenía vivo. Pero ahora las Baleares, viviendo del mar, se encontraban en una situación extremadamente difícil, pues la piratería, principalmente sarracena, les afectaba más que a los otros reinos. A esto debemos añadir que su estructura institucional estaba menos desarrollada y el conservadurismo de sus elementos dirigentes era más riguroso que el de ninguna otra parte.

En 1479, cuando el síndico Pérez Llitrà viajó a Zaragoza para transmitir a Fernando el juramento de fidelidad, no pudo impedir que de sus la bios saliera la frase que condensaba la preocupación que sentían los suyos: «el mundo se hace nuevo del todo» (Belenguer). Esta novedad radicaba especialmente en la ampliación de la monarquía, para la que las islas seguían siendo base sustancial. Pero aunque Mallorca se titulase reino, como Aragón o Valencia, carecía de algunas de las instituciones que les permitían funcionar —por ejemplo, de Cortes— y no podía decirse que el Consejo General las sustituyese en la función legislativa. Fernando invitó al envío de procuradores a las Cortes de Monzón y a las de Tarazona, confiando de este modo en lograr un refuerzo de su autoridad, pero los mallorquines se negaron. La cerrada oligarquía dominante temía que las Cortes fuesen refuerzo de la potestad real.

Puede decirse que las Baleares perdieron entonces una gran oportunidad, tanto más necesaria cuanto que sólo una fuerza naval conjunta dependiente de la Corona podía proporcionar el mínimo de seguridad que las rutas de comercio reclamaban. Desde Mallorca se mantenían relaciones, no siempre declaradas, con el norte de África: rescate de cautivos, compra de esclavos e incluso subrepticia exportación de armas no eran adecuados vehículos para el desarrollo. Y ahora la llegada de la Inquisición añadía, en 1488, nuevo factor de inquietud. Desde el siglo XIV una numerosa población de conversos, los chuetas, fruto de persecuciones, participaba en la vida económica; al margen de los procesos contra judaizantes se alzaba ante ellos una amenaza mayor, la marginación. Pero aquí el autoritarismo del monarca no pudo ejercerse ni abrir, en consecuencia, horizontes de libertad.

El papel de Fernando en la solución final para el problema judío

La Inquisición, cuyo establecimiento había venido acompañado de dudas e irresoluciones, era contemplado por amplios sectores que calaron hondo, como resorte para construir la unidad de la monarquía. Para Fernando era todavía algo más, vehículo para su conservación. Desde el primer momento los inquisidores le plantearon una cuestión que afectaba a estos propósitos y a las dimensiones de su propia autoridad: se les pedía que liquidaran la tendencia entre los «cristianos nuevos» a seguir practicando los ritos del judaísmo y, al mismo tiempo, los reyes legitimaban tales prácticas por los no cristianos que, por esta razón, escapaban a la jurisdicción inquisitorial. Presentaban en consecuencia dos alternativas: que se les reconociese también competencia sobre los judíos o que se suspendiese la autorización al judaísmo. En ambos casos se trataba de reclamar para la Inquisición un espacio de la autoridad hasta entonces reservada a los reyes. Eran éstos los que otorgaban el permiso de residencia, cobraban la capitación inherente al mismo y fijaban las condiciones a que su presencia debía sujetarse.

Torquemada reanudó las presiones hasta conseguir una «solución final». El decreto del 31 de marzo fue redactado por él. Probablemente ni él, ni los reyes ni cuantos intervinieron en este asunto se percataron de los desarreglos morales que, desde el punto de vista cristiano, tal decisión comportaba: es injusto quebrantar o suspender unilateralmente la norma establecida con requisitos de legitimidad; tampoco es lícito colocar a un ser humano en la alternativa de elegir entre su fe o su exilio. La fecha, 1492, parece establecer cierta relación entre la toma de Granada y la supresión del judaísmo. La decisión no emanaba de la autoridad correspondiente a cada reino sino de la unidad significada por la Corona; por eso se aplicó en todos de la misma manera y encontramos un ejemplar del decreto registrado en el Archivo de la Corona de Aragón. Se ha establecido cierta relación con la coyuntura que permitía prescindir de los subsidios impuestos a la población judía para sostenimiento de la guerra, pero carecemos de pruebas en torno a tal supuesto. Los reyes insistieron, en documentos escritos, que ningún previsible perjuicio económico iba a apartarles de una resolución favorable a la fe. Fernando, después de la muerte de su esposa, insistió en la justicia de tal medida y no mostró el menor arrepentimiento; en otras palabras, sostuvo que había obrado con justicia. Esta medida fue aplaudida por el claustro de la Universidad de París, ya que incorporaba a España a una decisión que, antes de ella, habían venido tomando los otros reyes de Europa.

Parece, sin embargo, que podemos hallar otra explicación en torno a la coincidencia de fechas: la supresión del reino de Granada permitía poner en marcha un ambicioso programa orientado a conseguir la unidad de fe. Insistamos en este punto: los judíos que no podían integrarse en el reino a menos que abandonaran su condición bautizándose, dependían directamente del rey, a quien pagaban directamente la capitación. Sin embargo había una diferencia notable entre la situación española y la de los otros reinos europeos: desde finales del siglo XI, documentos reales equivalentes a cartas de privilegio garantizaban el espacio dentro del cual y contando con el apoyo de las autoridades, los judíos podían moverse. En Castilla, desde 1432 tales disposiciones se habían recogido en un Ordenamiento firmado por el rey, el cual, con ligeras modificaciones, había sido ratificado por Isabel apenas llegada al trono. Una minoría acomodada, experta en cuestiones financieras, había llegado a constituirse. El número de judíos había disminuido, sin embargo, después de las tormentas de 1391.

Los residentes en los reinos de la Corona de Castilla formaban una comunidad sometida a la autoridad de un Rab mayor, Abraham Seneor, confirmado por los reyes a instancias de los propios judíos. Ni Barcelona, ni Valencia, ni el reino de Mallorca contaban con aljamas. Sobrevivían otras no tan importantes como las castellanas. Fernando, lo mismo que su esposa, nunca tuvo inconveniente en servirse de judíos o de conversos en sus negocios. Cuando, en 1492, Seneor optó por el bautismo, los reyes le apadrinaron dándole por nombre Fernando Fernández Coronel y el oficio de caballero veinticuatro de Sevilla. La misma adhesión se demostró hacia Joseph Abrabanel, que escogió el exilio o hacia Samuel Abulafia. Isabel utilizó los servicios de un ginecólogo, Lorenzo Badoç, a cuyos conocimientos atribuía haber conseguido el anhelado hijo varón. Las persecuciones y presiones causaron ciertamente gran quebranto, pero hicieron más sólida la fe.

La población cristiana se mostró muy contraria a los judíos y esta actitud influyó con seguridad en la decisión de los reyes: calumnias e insultos que han pervivido hasta nosotros eran de uso común en aquel tiempo. Las ciudades aprovecharon las disposiciones restrictivas adoptadas en Cortes de Madrigal y de Toledo para defraudar en los préstamos y asignar a los hebreos barrios estrechos e insalubres. La documentación nos permite descubrir cómo Fernando trató de proceder contra muchos de tales abusos, aunque puede dudarse de los buenos efectos de tales medidas, ya que partían siempre de declarar que el judaísmo era un mal. No faltaron tampoco algunos nobles, como los Mendoza, que trataron de defenderlos. Había entrado en juego una dimensión, el odio, que escapa incluso al control de los príncipes.

La primera medida (1 de enero de 1483) prohibiendo la estancia de judíos en los obispados de Sevilla y Cádiz no afectaba a Fernando porque se trataba de una cuestión exclusivamente castellana. La tomaron los inquisidores por propia iniciativa, pero los reyes la confirmaron, comprometiéndose de este modo en la misma. Al suscribir, el 31 de marzo de 1492, el decreto presentado por Torquemada, Fernando participó directamente, ya que lo hizo extensivo a sus reinos patrimoniales, poniendo en juego una vez más la autoridad de la Corona. No se confiscaron los bienes ni los créditos como se había hecho en otros países de Europa, permitiéndoseles incluso dejar poderes a otras personas para que la venta se hiciera en momentos menos desfavorables.

Los argumentos que Fernando utiliza en sus documentos para justificar la medida son exclusivamente religiosos: el judaísmo era un peligro para la esencialidad cristiana de sus reinos y por eso debía ser suprimido.

Pero luego pasamos al caso específico de Abrabanel, que escogió el exilio y lo ejecutó pronto. Para compensar los servicios, importantes, que les prestara, los reyes le concedieron una especial autorización para sacar oro, plata y joyas del reino. Una noticia cierta, aunque envuelta en ropaje de leyenda, indica que trató de negociar una prórroga ofreciendo crecida indemnización pero —aquí entra la imaginación— Torquemada lo impidió invocando la memoria de Judas que vendiera a su Señor por treinta monedas. Un dato que valdría la pena confirmar: si hubo vacilación por parte de los reyes.

No hay duda, a la vista de testimonios posteriores a la muerte de Isabel, de que Fernando mostró absoluta conformidad y hasta cierto grado de rigor con la medida, insistiendo en que los perjuicios económicos que él sufría no podían compararse con las ventajas de la unidad de fe. Las consecuencias de la expulsión fueron especialmente relevantes desde el punto de vista cultural, si bien se debe añadir que las aportaciones de los conversos en las dos generaciones siguientes significaron cierto grado de compensación. Durante cuatrocientos años el sefardismo había realizado un trabajo intenso, desde una fe sólidamente establecida, que le había permitido alcanzar una definición de la naturaleza humana en sus dimensiones éticas e intelectuales. Las etapas de su desarrollo coinciden cronológicamente con las del pensamiento cristiano con el que guardaban estrecha relación. Ahora la cultura europea se hallaba inserta en el Humanismo, pero los sefarditas, obligados a instalarse en países musulmanes o ajenos a Europa, perdieron el contacto. León Hebreo (Abrabanel) constituye, con otros pocos, una excepción. La expulsión fue, ante todo, una decisión religiosa con consecuencias culturales.

Reforma española

Anticipándose en más de un siglo a la Reforma luterana, se había consolidado un proceso cuyo primero y decisivo empujón coincidió con la presencia de don Pedro de Luna, primero como legado, después como Papa Benedicto XIII. Esta reforma no se enrolaba en la demanda imperante en otros países de cambiar las estructuras «en la cabeza y en los miembros» sino en una transformación del hombre interior, en la línea señalada por Santa Catalina de Siena. La Orden nueva de los Jerónimos, contemplada como exclusivamente española, daba la pauta para esta tarea que se inserta en las raíces mismas del Humanismo: ejercitación espiritual, práctica de las virtudes humanas y sobrenaturales, adquisición de méritos, debían ser las dimensiones esenciales. Cuando Fernando comenzó a reinar ya eran puntales jerónimos preeminentes Lupiana, La Sisla, Guadalupe, El Prado de Valladolid, a los que no tardarían en sumarse Yuste y El Escorial. De modo que la trayectoria de la monarquía española en la Modernidad aparece vinculada a este movimiento de reforma. La congregación de San Benito de Valladolid —donde nació el libro de las Exercitationes que García de Cisneros llevó a Montserrat— la Cartuja, escogida por Isabel como última morada de sus padres y hermano, y los observantes franciscanos de El Abrojo y La Salceda, completan el cuadro.

Fray Hernando de Talavera, prior jerónimo de El Prado de Valladolid y confesor de la reina, mostró también gran estima hacia Fernando, con quien colaboró en muchos aspectos. La colaboración recíproca entre los esposos en este campo revistió también mucha importancia: ella volcaba en la religión sus sentimientos; él empleaba la inteligencia que le permitía descubrir que ahí estaba el gran instrumento de unidad para esa monarquía que tenía el empeño de construir sobre el catolicismo. Nunca faltó la colaboración entre ambos, aunque hemos de reconocer que el rey mostraba más interés en los aspectos estructurales. Veía en la Iglesia el gran soporte para su autoridad que, en definitiva, tenía que moverse en los límites de la moral que aquélla custodiaba. Los conflictos políticos con Roma no afectaban a la obediencia que al Papa, como vicario de Cristo, se debía. Algo muy difícil de entender desde el orden de valores imperante en nuestros días.

Aun a riesgo de repetir cosas ya tratadas, volvamos a lomar el hilo en julio de 1478 cuando, coincidiendo con la larga estancia de los reyes en Sevilla, se celebró en esta ciudad una Asamblea del clero en la que fray Hernando fue, sin duda, figura descollante; en ella se aprobó un programa de reformas en veinticuatro capítulos, orientado a restablecer la disciplina del clero secular y a poner fin a las dolorosas costumbres de absentismo. De él extrajo Fernando un propósito que colocó por encima de los demás: era imprescindible conseguir que los obispos fuesen personas idóneas y naturales de los propios reinos, lo que le llevaba a la conclusión de que el mejor modo de garantizar ambas condiciones estaba en que se le reconociera el derecho de presentar a los candidatos. En términos jurídicos consistía en que el monarca propusiera un nombre que, aceptado por el cabildo —no era posible que éste esquivase la propuesta—, sería enviado a Roma para que el Papa extendiera el oportuno nombramiento. En términos crudos significaba que a la Corona iba a corresponder la selección del cuerpo episcopal.

Esta solución entraba de lleno en los propósitos de Fernando; sin incidir en galicanismo, incrementaba el principio de autoridad. Se comprende muy bien repasando el Ordenamiento de Cortes de Toledo de 1480 que recoge y eleva al rango de leyes las propuestas de la Asamblea sevillana. En primer término se trataba de poner límites a la corruptela, tan extendida, que hacía de los grandes beneficios rentas para altos eclesiásticos no residentes, simples abonos para combinaciones políticas. El nepotismo había llegado a extremos escandalosos. También se presentaba como un medio de garantizar a los españoles que iban a tener acceso a tales prebendas, al tiempo que se impedía la salida de dinero del reino. Por último, era el medio de convertir a los obispos en altos magistrados espirituales de la Corona. Es cierto que el Papa podía rechazar un nombre si no le parecía adecuado, pero se trataba de un recurso pobre en la práctica, origen de debates y pactos.

Isabel prestó atención preferente a la primera de las tres opciones, buscando personas idóneas que marcaron un cambio de rumbo, y resistiéndose a los excesos del nepotismo. Fernando, en cambio, insistía en la tercera haciendo concesiones; la abundante documentación recogida por A. de la Torre y J. Fernández Alonso nos lo prueba. Podemos establecer tres etapas que completan el cumplimiento de todo un programa. La primera se sitúa en torno a las tres bulas ya mencionadas, Orthodoxe fidei, Provisionis nostrae y Dudum ad illum, otorgadas entre 1486 y 1487, las cuales, además de confirmar todas las concesiones otorgadas por Martín V y Eugenio IV, dejaban establecido que nadie sería nombrado obispo sin previo conocimiento y consulta de los reyes; incluso el Papa, en aquellos casos de vacante in Curia, procedería a dar conocimiento previo de su intención. La segunda se corresponde con el reconocimiento de un verdadero monopolio sobre las titulaciones académicas a los tres Estudios Generales de Salamanca, Valladolid y Lérida. La tercera se alcanza en 1493 cuando la bula Quanta in Dei Ecclesia autoriza a los monarcas a proceder a la reforma de Órdenes religiosas. Coincide esta última con la apertura del horizonte americano y el reconocimiento de que los indígenas, seres humanos, estaban también llamados a la salvación. En el Nuevo Mundo los reyes tenían que fundar, dotar y sostener las nuevas sedes, reconociéndoseles, en consecuencia, el derecho a nombrar titulares.

El compromiso hispano

Los monarcas españoles pudieron justificar esta política alegando que los nuevos obispos tenían una calidad pastoral superior a sus antecesores y muy distinta de los que se proponían desde Roma. La intervención de la Corona en la reforma favorecía directamente las corrientes de la observancia permitiendo formar un plantel de eclesiásticos ejemplares que prepararon la nueva generación de evangelizadores de América. En ciertas ocasiones, como es el caso de Montserrat o de la cartuja de Burgos, nos hallamos en presencia de acciones directas. Fernando quería devolver a Cataluña los dos ejes del benedictismo que significaban Poblet, sepulcro de reyes, y Montserrat, en donde se incardinaron las ejercitaciones espirituales nacidas en Valladolid. Isabel cuidaba Miraflores, sepulcro para sus allegados, aunque ella escogería un nuevo enterramiento en la capilla real de Granada.

En conjunto esta reforma española se movía muy lejos del nominalismo y dentro de las corrientes de la segunda Escolástica, lo que daba gran influencia al tomismo. Se aceptaba que la naturaleza humana está dotada de dos condiciones especiales: libre albedrío y capacidad racional para el conocimiento especulativo, las cuales serán negadas después por el luteranismo pero desempeñan un papel muy importante en la literatura del Siglo de Oro. Partiendo de estas coordenadas se insistía en que la fe, merced gratuita de Dios, necesita proyectarse sobre las obras, pues son éstas las que producen méritos computables para la vida eterna. Ningún pecador debe desesperar, pues siempre es posible conseguir con el arrepentimiento la reconciliación. El espíritu humano necesita, en consecuencia, ejercitarse, para poder progresar en las virtudes. En Manresa, por los años veinte del siglo XVI, junto a Montserrat, predicaría San Ignacio los ejercicios espirituales.

El siglo XVI en Europa iba a moverse en el reducido espacio que dejaban las dos propuestas. Pero España tenía decidida su opción: acogió con entusiasmo el erasmismo y se alineó inevitablemente contra el luteranismo precisamente porque negaba esas dos condiciones del libre albedrío y capacidad racional. Ellas eran el fundamento de que se reconocieran en todos los seres humanos derechos naturales, en cuanto son parte de su naturaleza, que los universitarios españoles llamarían «de gentes» porque no se referían únicamente a los cristianos sino a todas las criaturas. Isabel, en el momento mismo de su muerte, hará una afirmación expresa de tales derechos convirtiéndolos, por medio de su testamento, en ley fundamental.

Supresión del Islam

Hasta 1492, como hemos venido indicando, el rey Fernando, que en estos asuntos tenía la iniciativa, puso atención a incluir en las capitulaciones que iba firmando con los granadinos el reconocimiento de esos tres derechos mínimos que la doctrina de la Iglesia señalaba, vida de acuerdo con la voluntad de Dios, en este caso de Alá, libertad personal y conservación de la propiedad sobre sus bienes. No evitaba sin embargo las referencias a una meta que esperaba conseguir: aquella muchedumbre de musulmanes, en convivencia estrecha ahora con la población cristiana, debía ser sacada de su error y llevada al bautismo. De este modo, en un plazo no demasiado largo la población musulmana desaparecería, al convertirse, sin que pudiera alegar que no se habían cumplido las condiciones pactadas. Se partía de una experiencia negativa: en Aragón y Valencia sobrevivían, desde el siglo XIII, grandes núcleos islámicos arraigados en el campo, fuente de problemas.

La nobleza granadina escogió el bautismo o la emigración. De este modo, desde una fecha relativamente temprana permanecían en la fe musulmana únicamente sectores sociales inferiores. Durante siete años el conde de Tendilla y fray Hernando de Talavera procedieron con tanta mesura, que los granadinos llamaron al arzobispo de Granada «alfaquí santo». Las buenas formas, cordialidad en el trato y ventajas que acarreaba el bautismo estaban consiguiendo conversiones, aunque no con la velocidad que los políticos esperaban. Mientras tanto, los informes de Fernando de Zafra, que había montado un verdadero servicio de espionaje en el norte de África, utilizando en ocasiones servicios de judíos exiliados, creaban sensación de inseguridad. Como en las costas de Valencia, la presencia de una nutrida población musulmana podía proporcionar ayudas esporádicas a los piratas berberiscos, cuyo número y actividad parecían aumentar. Por otra parte, las conversiones comenzaban a preocupar a los dirigentes religiosos musulmanes; como sucede en todas las coyunturas semejantes, poco a poco, de modo inexorable, el número de fieles comenzaba a disminuir. El cristiano gozaba de plenitud de derechos; para disfrutarlos, el musulmán tenía que abandonar su religión.

En julio de 1499 los Reyes Católicos hicieron un viaje a Granada. Fueron bien recibidos por la población, pero ante sus ojos se desplegó el espectáculo preocupante de una ciudad mora. No habían cambiado los atuendos ni las formas desde la época de Boabdil. Y se asustaron. Había allí una peligrosa posibilidad de revuelta. Les acompañaba en esta jornada el arzobispo de Toledo, Francisco Jiménez de Cisneros, todavía no cardenal, que contaba sesenta y tres años de edad y se hallaba asistido por una larga trayectoria como reformador. Dijo a los reyes que tenía un plan para acelerar las conversiones. Nacido en Torrelaguna de familia hidalga protegida por los Mendoza y por Beltrán de la Cueva, que le prepararan brillante carrera eclesiástica, Cisneros había preferido ingresar en la observancia franciscana de La Salceda. Había cambiado su nombre de Gonzalo por el de Francisco y en 1492 había sustituido a Talavera como confesor de la reina y luego al propio Pedro González de Mendoza en la sede de Toledo.

Aunque las relaciones de Cisneros con Isabel fueron fuertes, nunca alcanzaron el grado de intimidad y afecto que consiguiera fray Hernando. Fernando conocía su valía, pero también tenía miedo de su excesivo rigorismo, como había demostrado, cumpliendo bulas papales al perseguir a los claustrales de su propia Orden, ya que según él, todo el franciscanismo debía tornarse observante. Cuando, el 21 de febrero de 1495, ciñó la mitra de la sede primada tuvo el gesto, teatral, de seguir usando hábitos y rigor propios de su condición de franciscano. Y tampoco se mostró dispuesto a que las fortalezas otorgadas a esta sede volviesen el patrimonio real.

El programa de conversión acelerada tenía dos caras. Fernando diría más adelante, mostrando ante su esposa profunda indignación, que el fraile se había excedido, colocándole en difícil situación. Antes de salir de Granada los reyes publicaron una pragmática (31 de octubre de 1499) ofreciendo a los conversos ventajas, entre ellas una exención de impuestos y garantía de no ser perseguidos por la Inquisición. Para los alfaquíes musulmanes esto significaba ya modificar las condiciones pactadas, con perjuicio para los fieles de su religión. Por otra parte, el propio biógrafo de Cisneros, Vallejo, nos describe algunos de los procedimientos empleados por éste que son, sin disputa, reprobables. Es necesario admitir que hubo violencia. Pero el arzobispo estaba exultante: se lograron miles de bautismos en pocas semanas y la principal mezquita del Albaicín fue consagrada el 18 de diciembre de este mismo año bajo la invocación de Nuestra Señora de la O. Se confiscaron muchos libros árabes. Parte de los mismos fue entregada al fuego, pero otra parte llegaría con el tiempo a la biblioteca de El Escorial. Para los alfaquíes ya no había duda: se trataba de una persecución religiosa.

En enero de 1500, uno de los agentes de Cisneros, Velasco de Barrionuevo, murió asesinado y la población del Albaicín se alzó en armas. Tendilla pudo aplacar este motín causando además muy pocas víctimas. Pero, con el respaldo de los reyes, se hizo entonces un pregón por toda la ciudad: aquellos que se bautizasen recibirían perdón absoluto de cualquier delito que hubiesen cometido antes del 25 de febrero de 1500. Naturalmente quedaba flotando en el aire una incógnita: ¿qué ocurriría con los que no se convirtiesen? Desde luego el perdón no les alcanzaba.

Desde este momento ambas partes parecieron asumir la tesis de que las capitulaciones habían dejado de existir. Según los cronistas, 50.000 musulmanes se bautizaron de una sentada. No hay que tomar la cifra como si fuera exacta; sólo quieren decir que el número de conversiones se aceleró prodigiosamente. Equivale en la práctica a la mitad de la población en el antiguo reino. Entre los musulmanes circuló la consigna: se iba a obligar a todo el mundo a abandonar el nombre de Alá. Aunque probablemente no era cierta, sirvió para provocar un amplio alzamiento, desde la serranía de Ronda hasta las Alpujarras. Breves, las operaciones se desarrollaron por ambas partes con gran crueldad. No puede decirse que las tropas reales dieran en esta oportunidad un buen ejemplo. Fernando, en Sevilla, con violencia desacostumbrada, recriminó a su esposa que hubiera aceptado el programa de Cisneros poniendo en peligro, en un momento clave de la lucha contra el turco —el año de Corfú—, los éxitos logrados en 1492. Parecía que las cosas tornaban al punto de partida.

Esta vez la capitulación impuesta a los rebeldes incluía la entrega de armas y una indemnización global de 50.000 doblas de oro, de la cual quedaban exentos los que abrazasen la fe cristiana. De este modo el peso que gravitaba sobre las espaldas de los musulmanes se iba incrementando. La población de Baza, completa, se bautizó. Surgía ahora un nuevo problema: estos «moriscos» carecían de suficiente formación para cumplir bien sus nuevos deberes religiosos. Al mismo tiempo, los que persistían en su fe se veían abrumados por el gravamen de la indemnización. Estallaron nuevas rebeliones, desesperadas, como actos de bandidaje. Todo ello acabó decidiendo a los reyes a aplicar una medida decisoria radical. Dijeron que los musulmanes, al sublevarse, habían incumplido las capitulaciones firmadas, anulándolas. El 11 de febrero de 1502 se dio a todos los residentes en los reinos de la Corona de Castilla —incluyendo de este modo a los miembros de las antiguas aljamas que nada habían tenido que ver con la rebelión— un plazo para bautizarse o ser trasladados a África en una operación asumida por las autoridades cristianas. Desde 1503 el Islam desapareció oficialmente. Hasta 1520, reinando Carlos V, se autorizó la persistencia en la Corona de Aragón, aunque también, como consecuencia de las Germanías, el emperador decidió hacer general la prohibición.

CAPÍTULO XI

CARLOS VIII INVADE ITALIA

Berbería de Levante

La devolución de los condados pirenaicos no es un hecho aislado, pues tiende a cerrar un ámbito mediterráneo occidental que se reservaba a la fe católica y al predominio del Casal de la Corona d’Aragó, completando aquella empresa que se iniciara en 1328 cuando, por primera vez, en una playa de Cerdaña se alzó la senyera con las barras amarillas y rojas que están en el origen remoto de la bandera española. Se estaba logrando que, según la afirmación exagerada de Ramon de Muntaner, hasta los peces de dicho mar llevaran tales colores en sus lomos. Para Fernando se trataba de algo esencial, ya que la Corona de Aragón, ahora incorporada a la de Castilla, era una Unión de reinos que se asomaban a ese mar, su vía de comunicación. El litoral sur, Berbería de Levante, según términos de entonces, seguía siendo musulmán sin que se percibieran perspectivas de cambio. De modo que Fernando el Católico, en relación con ella, perfiló una política consistente en establecer algunos puntos fuertes —Melilla sería el primero— y mantener al mismo tiempo relaciones amistosas con Tlemcén, Bugía, Túnez y, desde luego, Egipto, por las razones que ya hemos mencionado. Paz con Portugal y con Francia, equilibrio en Italia, eran condiciones indispensables para esta política.

Sicilia y Cerdeña se convirtieron en bases fuertes para la defensa militar. Los ferroneros vascos y cántabros comenzaron a recibir abundantes pedidos de cañones y otras armas. Pero además se buscaba una elevación de niveles administrativo y económico en ambos territorios. Fernando pidió a los dominicos que fundaran una Universidad en Palermo, y planteó en 1493 a Alejandro VI la necesidad de reducir el número de obispados sardos para hacerlos más eficaces: tres arzobispados y quince obispados en una isla no muy grande les reducía prácticamente al tamaño de simples parroquias. Cagliari, protegida por el castillo del Olifante, Palermo y Nápoles, eran utilizadas como bases para la flota que Bernat de Vilamarí, sucesor de su padre en el mando, gobernaba con título de capitán general. La misión asignada era la conservación de la seguridad en las rutas marítimas. Mallorca, pese a ser la más importante de todas, no tenía asignada una especial función militar. Como ya señalamos, las Baleares eran etapa indispensable para los comerciantes que frecuentaban el Mediterráneo; hallamos mallorquines en sus dos extremos y en todos los puertos norteafricanos. Collioure había recobrado sus funciones de etapa esencial en dicha ruta.

Prescindiendo de Fez, que se situaba en órbita portuguesa, y con el que se mantenían relaciones con toque incluso que podría calificarse de cordialidad, en el programa estratégico de Fernando el Católico entraban los tres reinos que se repartían la costa, desde el Muluya hasta las Sirtes, Tlemcén, Bugía y Túnez. Desde 1490 se estaba estudiando la posibilidad de establecer alguna base fortificada en ese litoral; después de 1492 tales proyectos comenzaron a perfilarse. En 1489 Zakarya Yahya había sucedido a su padre como emir de Túnez. En enero de ese mismo año los Reyes Católicos despacharon un embajador, Juan de Pugeus, con objeto de confirmar las buenas relaciones existentes que permitían rescatar a los cautivos evitando que fuesen vendidos como esclavos y llevados a otra parte. Mala suerte: el embajador embarcó en Denia en una nao de Gaspar Bayle que fue asaltada y robada por corsarios bilbaínos y santoñeses, los cuales le abandonaron en Orán. Los Reyes Católicos se enfurecieron con los ladrones pero no dejaron de repetir el envío. Las buenas relaciones con Túnez eran esenciales para su política, entre otras razones para evitar que los otomanos se instalaran allí.

El comercio

Como ya indicamos, en 1490 Inocencio VIII había dado licencia para que continuase el comercio de Granada con el norte de África. Este permiso fue directamente asignado por los reyes a Málaga, aunque pronto participaron en él otros puertos. La principal exportación era el trigo, aunque, sin duda, se traficaba también con otras mercancías, muchas de las cuales, por hallarse vedadas por la Iglesia, no figuraban en el rol de los navíos. Era el modo de obtener sustanciales suministros de oro que permitían, a su vez, mantener un alto nivel en las acuñaciones: la dobla castellana, pronto excelente de la granada, funcionaba como verdadera divisa en todo este ámbito. Juan Francés, en Túnez, e Ibrahim Cerqueam en la Corte española, trabajaron intensamente hasta lograr, en el verano de 1493, el rescate global de todos los cautivos cristianos, muchos de los cuales eran prisioneros de la guerra de Granada, por una suma de 3.250 ducados.

Un acuerdo semejante se logró con ‘Abd al-Rahman de Bugía, a quien los documentos españoles titulan rey. Por este procedimiento, que se halla en relación con la libertad otorgada a los granadinos prisioneros, Fernando esperaba liquidar las últimas reliquias de su gran empresa de reconquista, iniciando a la vez una nueva etapa en las relaciones mercantiles con el norte de África.

En relación con este comercio hallamos el proyecto de mantener en servicio permanente una flota encargada de montar la vigilancia en el estrecho de Gibraltar y sobre la costa africana: es ésta una de las varias misiones asignadas a Fernando de Zafra, que fijó su residencia en Granada. Desde febrero de 1493 los monarcas españoles dispusieron que todas las mercancías intercambiadas con los puertos de África tuvieran que ser registradas en Cádiz, a fin de disponer de un control que permitiese conocer los copiosos ingresos. Por este tiempo, como ya indicamos, Zafra conseguía establecer contacto con algunos judíos salidos de España, pagando lógicamente sus servicios. Lo importante era recabar información. Dos de estos judíos, Samuel Abulafia y David Segura, propusieron hacer la entrega de Mazalquivir por una suma ciertamente elevada pero aceptable. Fernando hubo de rechazar la propuesta, pues esta plaza se hallaba en la otra Berbería, de Levante, que pertenecía al ámbito de influencia de Portugal, que estaba decidido a respetar. No fueron pocos los judíos dispuestos a servir a Zafra. La mayoría, sin embargo, se mostraba opuesta a cualquier acuerdo; la expulsión era barrera infranqueable. Fue Zafra, a través de los informes de esta manera recogidos, quien informó de las buenas condiciones que ofrecía Melilla para una eventual ocupación.

La coyuntura de Nápoles

José María Doussinague, que utilizó fundamentalmente documentación posterior a estas fechas, llegó a la conclusión de que en 1492 Fernando tenía el proyecto de continuar la guerra contra el Islam, pasando a la costa de enfrente y asumiendo la defensa contra los turcos; por eso reclamó de Alejandro VI continuación en los beneficios de cruzada y reconocimiento de la legitimidad de las conquistas. Para ello necesitaba imprescindiblemente de Nápoles. En consecuencia, según la opinión de este investigador de la diplomacia, la intervención francesa en este reino desmontó el proyecto imponiendo un sustancial retraso. A este respecto conviene no olvidar que las relaciones con su primo Ferrante habían sufrido un verdadero colapso tras la represión ejecutada en los barones, en menosprecio de la palabra dada por Fernando. Zurita añade que «la Reina era la que se tenía por muy injuriada y fundaba en esto del quebrantamiento de su palabra gran punto de honra».

Todo esto es cierto. Pero el Rey Católico no podía correr riesgos ni consentir el despojo de sus parientes en favor de los Anjou. Como explicaba detalladamente en sus cartas a la reina Juana, su hermana, y al comendador Jerónimo González, que era cónsul de todos los mercaderes españoles en aquel reino, éste resultaba absolutamente imprescindible para el conjunto de las posiciones españolas. Juana, que coincidía en todo, se había convertido en la defensora de los intereses de la Corona de Aragón.

Antes de que concluyera el año 1489 —las esperanzas de un acuerdo con Carlos VIII eran remotas—, el Rey Católico envió a Italia a dos de sus colaboradores más experimentados, ambos castellanos. Alfonso de Silva, hermano del conde de Cifuentes, debía instalarse en Roma, manteniendo estrecho contacto con el Papa y con el duque de Milán, Juan Galeazzo Maria Visconti, yerno de Ferrante; su tarea principal consistía en llevar al ánimo de ambos interlocutores conciencia de los perjuicios que se derivarían de la intervención francesa. El licenciado Pedro de Frías, en Nápoles, tenía que convencer a Ferrante y sobre todo a Alfonso de Calabria de que, para lograr la paz con seguridad, tenía que devolver a los barones sus bienes y posición social, restableciendo además el censo debido al Papa a fin de ganar su voluntad.

La escasez de documentos entre 1490 y 1492 es buena prueba del grado de enfriamiento a que se había llegado en las relaciones con Nápoles. Ferrante, por medio primero de Juan Naucler y luego de Gagliano, bien conocido en la Corte española, trató de justificarse sin la menor intención de ceder, negando que la palabra dada por Fernando abarcase tales extremos y, también, que los barones estaban siendo castigados por actos que cometieran después de la firma de la paz. En el fondo, y así lo entendió bien el monarca español, se trataba de una negativa a acatar sus recomendaciones. Naucler llegó a decir que los Reyes Católicos no debían mezclarse en la cuestión del censo debido al Papa, en la que no tenían la menor competencia. Lo cual molestó especialmente a Isabel que «por respeto de ser cristianísima y tener gran devoción al Papa y a la Sede apostólica y esperar de ella grandes beneficios en su reino, no se declaraba a dar descontentamiento al Papa».

En un momento de la discusión especialmente tenso, a Fernando se le escapó decir que si no hubiera sido por el afecto que profesaba a Ferrante, su primo y cuñado, no hubiera rechazado la oferta de quienes habían venido a España para pedirle que tomara para sí la corona de Nápoles.

Paso adelante: la alianza con Génova en 1493

Todos los señoríos del norte de Italia contaban ahora con colonias de comerciantes españoles, a veces tan voluminosas que obligaban a establecer consulados. La Banca Médicis se hallaba representada en España por grandes figuras, primero Joanotto Berardi y después por Américo Vespuccio; ambos tienen parte, y no pequeña, en el descubrimiento de América. Génova, subordinada ahora al duque de Milán, seguía siendo especialmente importante para los castellanos; ni siquiera en los peores momentos se había puesto en peligro la relación con sus grandes banqueros, Grimaldi, Spinola, Gentile o Centurione. Manejaban fuertes capitales, incluyendo en ellos las rentas que correspondían a la Iglesia de Roma. Pero en el caso de la Corona de Aragón la sistemática alianza con Venecia parecía hacer imposible cualquier clase de reconciliación con Génova: una larga memoria de piraterías, secuestros y conspiraciones parecía oponerse a ella.

Pese a todo, Fernando estaba convencido de que un entendimiento con Génova resultaba imprescindible para el cumplimiento de su programa mediterráneo. Al final del verano de 1490, cuando las perspectivas de acuerdo con Francia tocaban el límite más bajo, el Rey Católico encomendó a Guillem Dezcallar, uno de los prohombres más interesados en el desarrollo del comercio catalán, una gestión importante: que el Papa Inocencio VIII (un genovés, Juan Bautista Cibo) actuara como árbitro moviendo a ambas partes a un acuerdo en aras de la concentración de fuerzas frente a los turcos. Consiguió que, de momento, se estableciera una tregua y se fijasen los tres puntos fundamentales para la futura negociación: libertad de comercio entre todas las partes interesadas, desarme de los piratas y contribución genovesa a la flota que debía garantizar la seguridad en las comunicaciones.

Durante esta tregua se ultimó el restablecimiento de la amistad con Venecia, alterada especialmente por el robo cometido por un conocido corsario catalán, Vidal de Blanes, en la opulenta nave de Ulises Salvador. El Consejo Real, reunido a la sazón en Medina del Campo, examinó todos los casos pendientes y llegó a la conclusión de que era prácticamente imposible descubrir el paradero de los bienes robados. La solución vino en establecer un impuesto del 4 % sobre todas las mercancías, venecianas y españolas, creándose así un fondo para indemnizar a los perjudicados y prevenir futuras contingencias. Naturalmente, se dictaron castigos contra Blanes y los hermanos Escalante, que no pudieron ser ejecutados porque ellos, colocados fuera de la ley, se salvaron huyendo. De este modo, y aplicando siempre el procedimiento de las compensaciones, se pudo restablecer la larga ruta o caravana que iba de Venecia hasta los grandes puertos del Canal, haciendo etapas en Sicilia, Mallorca, Valencia, Málaga, Cádiz y Lisboa. Prescindiendo aquí de mayores detalles podemos decir que en 1493 la amistad con Venecia se había restablecido y era la Serenísima uno de los factores puntuales de la política exterior española. Se iba a demostrar en los años siguientes.

Parecía absolutamente imposible lograr los mismos resultados en Génova. Todas las noticias que se acumulan en 1490 nos hablan de represalias, golpes violentos y contrarrepresalias. Pese a todo, Fernando no desmayó y, como hiciera en otro tiempo su tío Alfonso V, recurrió a los buenos oficios de Milán. Era urgente, pues progresaban los preparativos de Carlos VIII, y la reina, asustada por las consecuencias morales del atentado que acababa de sufrir su marido, suplicaba la paz en todas direcciones. Y se produjo un golpe de sorpresa: el 5 de agosto de 1493, tras cuatro meses de negociaciones, Génova firmaba con la Corona de Aragón, por primera vez en siglos, un pacto de amistad. Dos genoveses, Francesco Marchesi y Antonio Grimaldi, iban a actuar como cónsules de todos los súbditos españoles en la República. De nuevo Castilla prestaba un gran servicio a la Corona de Aragón que se veía incluida en todas las garantías que a aquélla estaban reconocidas. Se aplicaba aquí también el sistema de los fondos de garantía y las compensaciones.

Ese mismo año se conseguía un acuerdo con el duque de Saboya, Juan Carlos Amadeo: Niza y Villefranche se convertían en puertos seguros. Ahora todo estaba en paz y, desde Marsella hasta el extremo sur de Italia, los súbditos de Fernando podían disponer de condiciones jurídicas seguras. Es posible que Fernando abrigase entonces la esperanza de que el monarca francés suspendiera sus proyectos para no desmontar un esquema que, directa o indirectamente, beneficiaba a los súbditos de uno y otro. No podía tampoco ocultársele que una instalación francesa en Nápoles haría saltar por los aires todo el edificio.

Rodrigo Borja, Papa Alejandro VI

Los historiadores no pueden dejar de señalar que la fecha de 1492 significa un gran cambio, no sólo por esos cuatro acontecimientos —Granada, América, Gramática de Nebrija, expulsión de los judíos— que en dicho año tuvieron lugar, sino por el cambio generacional que entonces se produjo. Señalemos ahora otros dos: la muerte de Lorenzo el Magnífico y la llegada de un español a la Sede de Pedro. Lorenzo era el gran político capaz de asegurar el mantenimiento de la paz de Lodi; su hijo Pedro, que le sucedió en abril del mencionado año, estaba lejos de poseer las dotes que a él adornaban. En aquel momento, al producirse un giro en la política francesa, que se mostró dispuesta a devolver los condados pirenaicos sin guerra, se abría para Fernando, como ya hemos explicado, la perspectiva de convertirse en poder supremo sobre todo el Mediterráneo occidental, empleando sus recursos en consolidar y ampliar dicha hegemonía que se presentaba como garantía frente al poder de los turcos.

El equilibrio italiano —nunca insistiremos bastante en ello— resultaba esencial. Fernando creía haberlo sostenido. Había dos puntos oscuros, la conducta de Ferrante y su heredero, que sembraba la inquietud en la nobleza napolitana, y la situación en Milán donde Juan Galeazzo, yerno del rey de Nápoles, se preparaba a asumir las funciones de gobierno al llegar a la mayoría de edad, mientras que su tío, Ludovico Sforza, preparaba una usurpación. El «Moro» intentaba ahora un acercamiento a Francia. Por su parte, los consejeros de Carlos VIII explicaban a éste que, con la entrega de los condados, la neutralidad de Fernando estaba comprada.

Por otra parte, la gran alianza occidental, aunque no había funcionado satisfactoriamente en el caso de Bretaña, pudo dejar una secuela de amistades firmes. Eran muchos los comerciantes españoles que, a su amparo, se habían instalado en Inglaterra, mientras que las buenas relaciones con Maximiliano y, por ahora también con los consejeros de Felipe, amparaban con eficacia las sólidas colonias mercantiles que llevaban dos siglos funcionando. Los Reyes Católicos estaban activando los armamentos en Vizcaya y fomentaban también la construcción de barcos de mayor tonelaje para abaratar el transporte. No podemos precisar mucho más, pero la documentación nos permite insistir en que Canarias y Berbería de Levante estaban en el primer plano de atención.

El equilibrio en Italia, que procuraba a la Corona de Aragón grandes ventajas, dependía de que no se alterase el estatus político en Milán y en Nápoles. Por eso Fernando intervino directamente para lograr una reconciliación entre su primo e Inocencio VIII (22 de enero de 1492) y una bula, firmada y sellada por el mismo Papa reconociendo la legitimidad de la dinastía ahora reinante (4 de junio). Esto se oponía a la presentación de derechos por parte de Carlos VIII, pero implicaba una renuncia también del monarca español, al menos mientras reinara Ferrante. Pero entonces murió Inocencio VIII (25 de julio de 1492) dejando un tanto en el aire las mencionadas gestiones.

En el cónclave, cuidadosamente vigilado, participaron veintiún cardenales, más otros dos inspectores. Ferrante y Ludovico Sforza trataron de influir sobre ellos buscando sus propias conveniencias. Parece que los napolitanos se inclinaban en favor del nepote de Sixto IV, Julian de la Royere, porque le consideraban bien dispuesto a mantener a «i barbari» fuera de Italia. Los españoles patrocinaban al parecer la candidatura del milanés Ascanio Sforza. Ninguno de ambos estaba en condiciones de alcanzar la mayoría necesaria. En tal coyuntura, el propio Sforza propuso el nombre de Rodrigo Borja, vicecanciller, muy inteligente, hábil en la maniobra, astuto y enérgico, como las difíciles circunstancias que se avecinaban lo requerían. Pasando por encima de sus graves defectos, el principal de los cuales eran los numerosos hijos sacrilegos que procuraba situar, fue aceptado. En el breve que, el 24 de agosto, envió a Fernando explicaba cómo «veintidós de los veintitrés electores, entre los cuales nos contábamos, con admirable consenso nos dieron por escrito su voto, algo que, según nuestra memoria y la de los padres, no hemos oído que sucediera». La carta que dirigió a Isabel era más comedida. La opinión de la reina, como se filtraría más tarde, no era complaciente hacia tal elección.

El Papa rompe con Nápoles

El gran enemigo de Alejandro VI a lo largo de su Pontificado será el cardenal della Rovere, candidato napolitano. Desde el primer momento el nuevo Papa mostró, también, hostilidad hacia Ferrante. De este modo, Carlos VIII, en cuyo favor se inclinaba también della Rovere, pudo creer que no iban a presentarse obstáculos en su camino. Tampoco eran demasiado buenas las relaciones de Borja con los monarcas españoles a quienes ayudara en otro tiempo, haciéndose acreedor a su gratitud: quería la sede de Valencia para su hijo César, que manipulaba ya documentos para legitimar su nombramiento como cardenal, y la consolidación de Juan como duque de Gandía. Isabel, en más de una ocasión comentaría desfavorablemente el escándalo que esta ambición desmedida estaba provocando.

Coincidiría con un momento de tensión el atentado contra Fernando de que hemos dado cuenta. Desde 1487 Francia estaba desarrollando una política de penetración en Italia, bastante semejante a la que, por medio de los Foix, intentara en Navarra. Ayudando al marqués de Saluzzo consiguió que éste, como antes hiciera Saboya, se colocase bajo su protección. El paso siguiente era Milán. Ludovico Sforza hubiera debido desconfiar pero, en aquellos momentos, estaba dispuesto a hacer cualquier cosa que favoreciese su conjura contra Juan Galeazzo, el joven sobrino, y así, el 25 de enero de 1492 firmó con Carlos una alianza tan firme que, prácticamente, franqueaba al rey el camino hasta el centro de Italia. A esta política se sumó el rey Ladislao de Hungría, descendiente de los Anjou, porque quería deshacer su compromiso matrimonial con Beatriz de Nápoles.

En las últimas semanas de 1492 —tiempo de dolor en Barcelona—, dando por descontada la favorable neutralidad de Venecia, el rey de Francia creía contar con un amplio abanico de amigos y aliados en el norte de Italia, que debían permitirle alcanzar sin resistencia el corazón mismo de la Península. Si conseguía sumar a ellos la persona y autoridad del Papa, nada le resultaría tan fácil como borrar del mapa a aquella rama bastarda de la Corona de Aragón. Ferrante, que conocía bien que gran parte de sus desdichas venían de la conducta del heredero, Alfonso de Calabria, encomendó a su otro hijo, Fadrique, que visitase al Papa en busca de una reconciliación, ofreciendo situar a dos de los hijos de éste, César y Godofredo, entre la primera nobleza de su reino merced a matrimonios convenientes. Esta misión, entre diciembre y enero de 1493, fracasó. Alejandro rompía sus amarras con Nápoles.

De esta forma, en el momento de firmar el tratado de Narbona (8 de enero de 1493) los consejeros de Carlos VIII pensaron que no debían preocuparse demasiado de esa cláusula de estilo exceptuando al pontífice. Además, las noticias que inmediatamente llegaron les tranquilizaban. El napolitano había cometido el error de unirse al cardenal della Rovere provocando disturbios en el Patrimonio de San Pedro tratando de debilitar el gobierno de Alejandro VI. No prosperaron. El cardenal se instaló en Ostia con fuerzas suficientes para resistir. Y la ruptura de los Borja con Nápoles pareció consumada. El 25 de abril de 1493 fue publicada en Roma una nueva Liga para defensa de la Cristiandad —esto es, defensa de la Sede romana— en la que entraban Milán y Venecia; se cursó a Carlos VIII la correspondiente invitación para que en ella ingresara. Todo estaba completo; con cautela y firmeza podían darse los pasos que se necesitaban para el cumplimiento del tratado.

Ajustes en la política aragonesa

Fernando estaba informado de todo esto, así como de que Alfonso de Calabria había amenazado al Moro con invadir Milán si no entregaba el poder a su sobrino, por medio de un mensajero, Pedro Morillo, enviado por el cardenal Ascanio Sforza. También Pedro Mártir de Anglería era buena fuente de noticias procedentes de Italia. La opinión que le merecía Alfonso de Calabria se endureció: con su conducta sólo estaba causando perjuicios a la Corona de Aragón, de la que Nápoles era miembro colateral. En los primeros meses de 1493 el Rey Católico, teniendo a la vista los acuerdos firmados en Narbona, pendientes aún de ejecución, efectuó algunos reajustes en su política. Silencio sobre Nápoles, que había rehuido sus demandas de rectificación. En cinco escenarios se apoyaba su política europea.

Reconciliación plena con Génova y Venecia en la forma que ya hemos indicado; ambas Repúblicas anudaban con la Monarquía española lazos incluso más sólidos que los que tenían con Francia. Poner cuidado en que los Foix no se apartasen del protectorado castellano, a que se hallaban sometidos. Buscar un entendimiento con el Papa, aunque para ello hubiera que satisfacer las incómodas apetencias de sus hijos. Mantener el acuerdo de amistad con Inglaterra, que Enrique VII confirmó el 8 de marzo de 1493, olvidando los compromisos militares y mencionando las obligaciones derivadas del tratado de Narbona. Y enviar a Francisco de Rojas a la Corte de Maximiliano para seguir negociando los matrimonios, bien entendido que no había en ellos motivo para que Francia tuviera que formular el veto, pues se trataba de dos reyes amigos.

Y, entonces, llegó una buena noticia: Alejandro VI había rechazado, el 27 de marzo de 1493, la petición que se le hiciera de anular el matrimonio de Beatriz de Nápoles con Ladislao. El Papa conservaba dosis suficientes de libertad.

Juan y Catalina proclamados en Pamplona

Lacarra insiste: el tratado de Narbona fue un alivio para los reyes de Navarra porque ya no tenían que optar entre dos enemigos; se habían convertido en amigos. Los efectos de esta paz los percibieron muy pronto: el Parlamento de París dictó una sentencia, todavía provisional y revisable, que les otorgaba la posesión de toda la propiedad patrimonial. El vizconde de Narbona protestó, aunque sin demasiado empeño; se le estaban brindando nuevos derroteros, ya que iba a ser uno de los principales capitanes en el gran ejército que reunía Carlos VIII. Fernando, por su parte, se había hecho proveer de abundante documentación acerca de los derechos sucesorios en Navarra como si preparara nuevas aspiraciones. Pero insistía en su voluntad de que Juan y Catalina fuesen proclamados reyes en Pamplona, instruyendo a Juan de Ribera para que tuviera preparadas las escollas. En sus planes entraba la restauración de los Beaumont en sus dominios porque eran la fuerza principal con que podía contar. Ello no obstante rechazó los avisos del conde de Lerín que interpretaba la presencia de Alain d’Albret en las Cortes de Olite como un plan para introducir a los franceses en Navarra.

Desde agosto de 1493 se ordenó a Pedro de Hontañón permanecer en la Corte de Pau, acompañando a los reyes en todos sus desplazamientos. Su tarea esencial, en esta etapa, al amparo de la paz, debía consistir en lograr la reconciliación de los beamonteses con sus reyes. Pero el conde de Lerin, que desconfiaba de las maniobras de Alain, insistía en que, antes que otra cosa, era preciso lograr la entronización de Juan y Catalina en Pamplona, haciendo así una conversión a la navarreidad. Al final, Hontañón pudo alcanzar la meta. El 4 de diciembre de 1493 la princesa de Viana confirmó el acuerdo negociado con Lerin el 6 de noviembre anterior, convirtiendo a éste en canciller del reino, presidente del Consejo, gobernador de Viana y de Sangüesa, barón de Curton y señor de Artajona. No debemos olvidar que su linaje procedía del tronco real. Fernando consideró este logro como un acierto, ya que su cuñado era cabeza del partido que defendía a ultranza la condición hispana de Navarra.

El 21 de diciembre de 1493 los jóvenes reyes estaban a las puertas de Pamplona; fuerzas españolas y francesas en igual número se encargaban de montar la guardia. El 13 de enero, jurado el Fuero y hechas las advertencias pertinentes, fueron ungidos y alzados sobre el pavés, según costumbre, en la catedral. Adquirieron enseguida un compromiso, muestra de buena voluntad: su hija Ana y los otros infantes que nacieran casarían siempre con infantes o súbditos de los reyes. En este momento todos los acuerdos se tomaban mediante consenso entre ambos reinos, Francia y España; por eso los embajadores de ambos estuvieron presentes.

El viaje de Diego López de Haro

Hasta aquí todo parecía desenvolverse de modo correcto dentro de los términos acordados en Narbona. El 28 de agosto de 1493 Jaume Ferrer había entregado en Perpiñán el compromiso ya mencionado de Fernando renunciando a sus vínculos de alianza con Ferrante sin estorbar la acción del rey de Francia «en el recobramiento de cualquier derecho que le pertenezca en el reino de Nápoles cuando el dicho nuestro primo y los suyos quisieren aquel recobrar». El monarca español, que estaba influido por su esposa en la búsqueda de la paz, había renunciado a todos los hilos menos a uno: Nápoles era un reino vasallo de la Sede romana; en consecuencia, a Alejandro VI correspondía decidir si los derechos presentados por Carlos eran o no aceptables. La cosa no era fácil. Partiendo de la discutida herencia de Juana II, que fuera título para el Magnánimo, las demandas y justificaciones se entremezclaban de tal manera que sólo el Papa, en su calidad de soberano, podía dictar una resolución al respecto, avalada además por su condición de vicario de Cristo.

Algunos nobles napolitanos se habían dirigido a Fernando, en ocasiones para que reclamase los derechos que le correspondían como a legítimo heredero de Alfonso V, pero éste, aunque había dispuesto la confección de un memorándum al respecto, nunca, hasta ahora, había hecho mención de tales derechos. Como sabemos, mantenía muy estrecha relación con su hermana Juana, reina de Nápoles, que tenía sólo una hija de su mismo nombre. Ella comulgaba plenamente con sus puntos de vista. Pese a los «errores cometidos en su relación con Fernando el Católico» (Belenguer), Ferrante no había encontrado en su primo un competidor; el monarca español se atenía a la decisión tomada ya por su padre y se preocupaba, ante todo, de mantener a Nápoles dentro de los esquemas de su programa mediterráneo.

Para contener el ímpetu francés, Fernando necesitaba llegar a un acuerdo con el Papa. En la primavera de 1493, con muchos meses de retraso desde la elección, una solemne embajada, presidida por Diego López de Haro, fue enviada a Roma para prestar la debida obediencia. Los reyes avisaron a los procuradores permanentes en Roma, Carvajal y Medina, para que rogasen al Papa que no tomara decisión alguna hasta escuchar lo que don Diego iba a comunicarle. Se refería, ante todo, a que estaba dispuesto a aceptar las dos condiciones, instalación del duque de Gandía en la primera nobleza y aceptación de César como arzobispo de Valencia. Era el modo de establecer compromisos que le alineasen con España y contra Francia. El embajador se instaló, en Roma, en el palacio del cardenal Juan de Médicis, demostrando así de qué lado estaba la banca florentina. A través de Sforza, el Papa le hizo saber —estamos en junio o julio de 1493— que, en efecto, Carlos VIII ya le había comunicado su intención de reclamar la corona de Nápoles. Don Diego explicó a Alejandro, según ha precisado Batllori, que sus señores no podían admitir la instalación de un rey de Francia en Nápoles y que, en caso tal, se verían obligados a prestar ayuda a Ferrante y, desde luego al Papa, que podía verse también amenazado.

La propuesta era más amplia y más comprometida. Juan, duque de Gandía, podría casarse con aquella pariente real que se prometiera a su hermano, María Enríquez, mientras que su hermano Jofre, al enlazar con una bastarda de Ferrante, Sancha, obtendría el importante principado de Squillace. El Papa aceptó el envite, comprometiéndose decisivamente con la causa española. Se celebró la boda, y fue poco feliz. Los hijos de Borja no eran modelo para nadie y María Enríquez quedaría pronto viuda al perder al esposo asesinado en una callejuela de Roma. Pero anotemos el dato significativo. El compromiso que, como arriba dijimos, entregó Jaume Ferrer en Perpiñán, estaba fechado el 25 de agosto; un día antes Juan Borja se había incorporado a la Corte. Todo parecía entonces bien atado; también el calor de esta sangre valenciana. María Enríquez, prematuramente viuda, cuidó de sus hijos y devolvió a la casa grande de Gandía el ámbito de una espiritualidad franciscana (Batllori). Estamos hablando de la abuela de San Francisco de Borja.

Paralelamente se habían cursado órdenes a Bernat de Vilamarí para que pusiera todos sus barcos al servicio del Papa. Las relaciones con éste tenían doble sentido: don Diego consumió la mayor parte del tiempo tratando de los problemas específicos de la Iglesia, reforma y patronato, tan importantes para los reyes. Pero también se negociaba una verdadera alianza cuyo contenido se aclaró muy pronto. Entre los días 1 y 9 de agosto de agosto —con mucha antelación respecto al compromiso de Fernando— Alejandro VI había respondido con una negativa, que no modificó, pese a ciertas gestiones e insistencias.

Qué difícil resulta para el investigador actual seguir la línea del pensamiento y conducta del monarca español en esta coyuntura. Cuando, en octubre de 1493, otro embajador napolitano vino a pedir una intervención disuasoria en Francia, Fernando se inhibió. Tenía resuelta su postura definitiva: si llegaba la oportunidad de oponerse a la invasión francesa lo haría defendiendo la persona e independencia del Papa o alegando sus propios derechos al reino de Nápoles. Tal era la política de Fernando, aunque probablemente no la de Isabel que, hablando con el nuncio, en los primeros días de noviembre de 1493, había dicho, según testimonio de éste, que le gustaría que el Papa «no mostrase tanto calor en las cosas del duque y sus hermanos».

Fernando y Colón

En medio de estas tensiones políticas, el rey había tenido que hacer un alto para recibir a Cristóbal Colón (finales de abril de 1493) que regresaba con siete indios taínos de su primer viaje. Fue un acto brillante en el salón del Consejo de Ciento, apenas repuesto Fernando del atentado. Colón decía que, conforme a sus previsiones, había descubierto las islas que están «ante» las costas de China marcando el camino de la India por vía occidental. Pedro Mártir, que se hallaba entre los que, puestos de hinojos, dieran gracias a Dios cantando el Tedeum por aquellos primeros siete bautismos americanos, no lo creyó. Probablemente el monarca tampoco: aquellos agraciados indígenas de ambos sexos nada tenían que ver con las noticias fehacientes que vinieran de China. Pero sí supo comprender que algo grande, de posibilidades absolutamente desconocidas, acababa de ocurrir. Por los años en que, como rey de Castilla, impulsaba la colonización de las Canarias, a la monarquía española llegaba otro desafío con aquellas islas. No había perdido el tiempo en ordenar a sus embajadores que obtuviesen de Alejandro VI la bula Inter Coetera (4 de mayo de 1493) que legitimaba los descubrimientos. Después vendría el acuerdo con Portugal (Tordesillas, 7 de junio de 1494), asunto exclusivamente castellano, pero que Fernando aprovechó para ampliar un poco los límites de «su» Berbería de Levante para incluir en ellos a Melilla.

Hacía diez años que, en la primavera de 1483, Cristóbal Colón llegara a La Rábida con un sueño imposible que los portugueses habían desestimado: navegar hacia el oeste por el Atlántico hasta alcanzar las costas de Asia. Partiendo de datos erróneos calculaba en 2.500 millas la distancia, que podía ser cubierta por las embarcaciones de entonces. Los franciscanos de La Rábida que tenían a su cargo la evangelización de Guinea se entusiasmaron: eran caminos para llevar la luz del Evangelio. Colón añadía que, llegando a China, se podía alcanzar Jerusalén desde el este. Isabel se dejó convencer por Alfonso de Quintanilla: valía la pena intentar el viaje; algunas islas, aparte de las ya descubiertas, podrían hallarse en la mar Océana. Fernando, quien por primera vez pudo mirar a Colón cara a cara el 20 de enero de 1486, apreció en él condiciones excelentes de cartógrafo y marino, accediendo a que se le tomara a su servicio con 12.000 maravedís de ración.

En cuanto al viaje, se inclinaba más por el parecer de aquella comisión de hombres de ciencia que juzgaron negativamente el proyecto: la distancia a China, mucho mayor de la que Colón imaginaba, impedía, con los barcos disponibles, cubrirla con reservas suficientes de víveres y agua. Fernando, con razón, aceptó este argumento, pero acabó dejándose convencer por su esposa y por algunos financieros del corte de Quintanilla, especialmente Joanoto Berardi, el agente mediceo que se mostró dispuesto a invertir dinero. En otros términos, lo que el Rey Católico, a quien con todo secreto, el rey de Portugal revelara que se había cruzado el cabo de Buena Esperanza, aceptó fue que se montara un viaje no muy costoso —tres barcos y dos millones de maravedís— para explorar qué había al norte de Bojador. Dinero, en todo caso, exclusivamente castellano, como iba a ser toda la empresa.

En el curso de las negociaciones que condujeron a las capitulaciones de Santa Fe (17 de abril de 1492) Fernando se enfadó: aquel desconocido genovés que llegara a Portugal a nado y a la Rábida con lo puesto, se atrevía a pedir título de almirante y calidad de virrey, como si perteneciera a la grandeza del reino. Pero Isabel le convenció en el último instante con argumentos que no es necesario repetir. La intuición de la mujer triunfaba sobre la capacidad racional del varón. Y ahora, un año más tarde, en aquel salón de Barcelona, estaba el resultado: había islas y, en ellas, almas que ganar. Fernando hizo una aportación decisiva, entregar a fray Bernardo Boyl para que acometiese la tarea evangelizadora. El mínimo acabó desanimándose —con aquellos Colón era imposible jugar una buena partida— y regresó. Pero el proyecto del monarca aparece bien claro. Prácticamente Fernando se desentendió entonces del problema. Hasta aquel día extremo en que, colocada al borde de la muerte, Isabel recordó a su marido que tenía que ocuparse también de los moradores de las islas y tierras recién descubiertas.

Un cambio en las relaciones en torno al canal de la Mancha

Los acuerdos que Inglaterra, España y los Habsburgo concertaron con Francia ponían término a las obligaciones militares de la alianza. Cada uno de sus miembros había obtenido compensación. Pero esto no afectaba a las relaciones de amistad reflejadas en el comercio; una especie de mercado abierto se había logrado. La «nación española» de Brujas incrementaba el ámbito de su actividad. Por vez primera tenemos noticia de la existencia de cónsules españoles en Amberes y de una colonia mercantil en Middlebourg (Zelanda). Maximiliano tenía situado a Gaspar de Lupian en la Corte española, mientras que Francisco de Rojas le seguía en sus desplazamientos y don Juan Manuel iniciaba sus primeros pasos en relación con Felipe el Hermoso. No se mantuvieron en secreto las negociaciones matrimoniales, Juana y Felipe, Margarita y Juan, pero en los poderes e instrucciones que el 1 de julio de 1494 se enviaron a Rojas se le advirtió que, antes de firmar nada, debía ponerse en contacto con Ana de Bretaña, que bien le conocía, para recabar de ella el consentimiento francés. Lo mismo se estaba haciendo en Inglaterra donde Martín de Torre, arcediano de Granada, recogió, de manos del propio Enrique VII, en Westminster, la confirmación del tratado (8 de marzo de 1493). ¿Qué razones hubiera podido alegar Francia para oponerse a esos matrimonios que garantizaban la concordia en Europa?

Contra su voluntad, Fernando iba a encontrarse involucrado en un episodio que tiene matices de ridículo. Margarita de York, que alimentaba el odio contra los Tudor a quienes tachaba de usurpadores, había encontrado finalmente a un individuo, Perkin Warbeck, de extraordinario parecido con el mayor de los hijos de Eduardo IV, de su mismo nombre, asesinado junto con su hermano en la Torre de Londres. Le presentó como verdadero duque de York, milagrosamente salvado. En calidad de tal, y con el respaldo de la duquesa viuda de Borgoña, escribió a los Reyes Católicos (8 de setiembre de 1493) recabando su ayuda. Fernando no hizo maldito caso. Isabel, por su cuenta, dispuso una investigación en Portugal que permitiría descubrir la identidad del falsario. Hubo que disipar desconfianzas de Enrique VII en el momento en que se agudizaban las tensiones en Italia y se estaba pidiendo a todos los amigos que reconociesen la españolidad de los descubrimientos tal y como había sido adjudicada por el Papa.

Puebla fue instruido para que, en conversación directa, diera a Enrique VII la versión oficial acerca de lo que estaba sucediendo en Italia. Sólo en parte coincidía con la realidad. Alejandro VI se estaba enfrentando a un vasto movimiento de insurrección que ponía en peligro el Patrimonio de San Pedro y, con él, la independencia que debía gozar el pontífice, en la que todos los reyes cristianos se sienten comprometidos. En consecuencia, Fernando había decidido prestarle ayuda, enviando barcos y soldados. Entendía que el monarca británico debía operar de la misma manera. Algunos aspectos quedan en esta versión suficientemente claros: no se trataba de una guerra contra Carlos VIII ni de acudir en defensa de Nápoles y sí, únicamente, de salvaguardar la independencia del pontífice que significaba la de toda la Cristiandad. Buen vehículo para una propaganda justificadora.

Por su parte, el rey de Francia, que el 19 de enero de 1494, estando en Tours, cerró las negociaciones con España entregando los últimos documentos de confirmación, se hallaba firmemente decidido a ir a Roma al frente de su ejército, superior a cualquier otro, y, allí, exigir del Papa el reconocimiento de sus derechos. Era, sin duda, un anuncio de guerra y una amenaza para la independencia del pontífice. Desde la Corte española comenzaron a cursarse órdenes a los puertos tanto de la Corona de Aragón como a los castellanos para que se acelerasen los preparativos bélicos. Podían justificarse diciendo que a los reyes preocupaba la seguridad en el Mediterráneo amenazada por los musulmanes.

Relevo en Nápoles

Logrado el objetivo de recobrar Rosellón y Cerdaña, Fernando e Isabel habían regresado a Castilla en febrero de 1494 cuando rápidos correos les trajeron la noticia de que, fallecido Ferrante (25 de enero), el Papa había reconocido a Alfonso de Calabria como legítimo rey. El 3 de febrero, al filo de este cambio, Alejandro VI envió a Carlos VIII protesta de los preparativos de guerra que estaba haciendo contra un reino cristiano. La reina viuda, Juana, comunicó inmediatamente con su hermano, recabando apoyo para salvar o recobrar aquellas rentas a las que tenía derecho. Fernando le desaconsejó que negociara el matrimonio de su hija Juana con el primogénito de Alfonso, también llamado Ferrante. Demasiado próximo el parentesco y poco fiable el nuevo rey. Siguiendo órdenes y habiendo obtenido consentimiento del Papa, el arzobispo de Tarragona, Juan Fernández de Heredia pasó a Nápoles para ocuparse de la persona y negocios de la reina, es decir, de los que interesaban a la Corona de Aragón.

El más importante de los barones napolitanos, Antonello de Sanseverino, príncipe de Salerno, que había buscado refugio en Francia, convenció a Carlos VIII de que la mayor parte de la nobleza del Realme, con nostalgia de los tiempos angevinos, estaba decidida a declararse a su favor. Antes de que llegara a sus manos el breve del 3 de febrero, el monarca francés había pedido a uno de los procuradores pontificios, fray Giulano de Vilanova, que explicase a Alejandro cuáles eran las razones que le movían a dar este paso. Las expuso en la audiencia pública que celebró el 6 de febrero: Nápoles, a cuya corona tenía derecho por ser descendiente de Roberto de Anjou, último rey sin disputa, constituía la base indispensable para combatir a los turcos y permitir a los cristianos el retorno a Jerusalén. Las otras tres grandes monarquías cristianas, España, Inglaterra y Alemania, habían firmado acuerdos que les comprometían a no estorbar el proyecto. En cuanto a él mismo se mostraba dispuesto a promover a los Borja colmando así los deseos de su padre.

El Papa, que contaba con el respaldo de la mayor parte de los cardenales, a los que todo esto parecía una amenaza para su propia autoridad, respondió que Nápoles era vasallo de la Sede romana, formando parte del Patrimonium Petri, por lo que a ésta correspondía recibir ludas las demandas que en términos de derecho se formulasen, siendo después juez y árbitro definitivo. Carlos VIII, que contaba, como sabemos, con un ejército que consideraba invencible, no estaba dispuesto a aceptar este planteamiento, y en este sentido instruyó a los nuevos embajadores que despachó desde Amboise el 10 de febrero: quien, como él, posee derechos indudables, debe ejercerlos sin preocuparse de buscar otras formas. A través del nuncio en España, Alejandro VI también comunicó a Fernando el Católico que estaba decidido a actuar en calidad de juez árbitro, pero que si el rey de Francia persistía en su actitud no tendría más remedio que emplear todos los resortes de su autoridad.

El 13 de febrero de 1494 se renovaron en Roma las concesiones acerca de los diezmos eclesiásticos, destinándolos al sostenimiento de una flota de guerra, oficialmente dirigida contra los turcos. Fernando se consideraba a cubierto del compromiso que adquiriera el 23 de agosto anterior, pues no se trataba de ayudar al rey de Nápoles sino de defender la tesis de que esos «cualesquier derechos» tenían que ser sancionados por la Curia romana. Y puestos a hablar de tales cosas, ahí estaban también los suyos. Para ello contaba en Roma con un equipo de diplomáticos y juristas bien preparados: Luis de Requesens, el cardenal Carvajal, fray Juan de Mauleón y Garcilaso de la Vega; cada uno de ellos podía acudir a un frente distinto.

Carlos VIII no se conformó con estas respuestas dilatorias y el 14 de marzo presentó un verdadero ultimátum: necesitaba Nápoles para su gran empresa, iba a tomar posesión de él, y Fernando estaba comprometido a no estorbarle. Lyon era el lugar de concentración para su formidable ejército. Los cardenales franceses desertaron para colocarse al lado de su rey, rompiendo así la unanimidad del cónclave. Bayaceto comunicó oportunamente que las garantías ofrecidas a cambio de la custodia de Djem Pachá se referían a Italia pero no a la Península de los Balcanes. Esto permitió a Alejandro VI formular una nueva propuesta: en Hungría, directamente amenazada, tenía el monarca francés la oportunidad de desplegar sus ansias de cruzada; seguramente que Maximiliano y Fernando se mostrarían dispuestos a colaborar con él. Por su parte, el Rey Católico comunicaba al Papa que, de acuerdo con el texto de Narbona, no necesitaba recurrir a la cuestión de derechos; estaba legitimado para acudir en defensa del pontífice cuando éste lo necesitase.

Casus belli

Las posiciones de ambos reyes estaban ahora bien definidas.

Fernando parecía decidido a guardar absoluto silencio en relación con la legitimidad que cabía reconocer en Alfonso II; estaba dispuesto a justificar su presencia en aquella guerra con la defensa del Papa. Entre abril y mayo de 1494 se había completado la incorporación de los condados pirenaicos, enjugando deudas y normalizando la administración tras largos años de ocupación militar. Encargó entonces a Francesc Carbonell que recopilase todos los documentos referidos a las relaciones de Francia con la Corona de Aragón, partiendo del tratado de Corbeil, a fin de que quedase claro el trazado de fronteras. Pero luego ambos reyes suprimieron las cartas de marca pendientes que afectaban a los comerciantes franceses, restablecieron la libertad de tránsito y decidieron poner en marcha la comisión mixta de dos jueces franceses y otros tantos españoles encargados de conocer y fallar los litigios pendientes entre súbditos de ambos países. Surgió la sorpresa: los franceses no acudieron a la reunión, demostrando así que dudaban de la vigencia de los tratados.

Recordemos que Rodrigo Borja había sido aceptado con práctica unanimidad por parte del Colegio porque entonces, adversario de Nápoles, se le consideraba con capacidad suficiente para mantener a Italia lejos de las apetencias de monarcas extranjeros. Y esto no se cumplía. Un sentimiento adverso se fue extendiendo entre los cardenales, que denunciaban el descarado interés que mostraba por sus hijos, alguno de los cuales había llegado al mundo tras su elección. Había contado con Florencia, que manejaba las rentas más cuantiosas, pero ahora Pedro de Médicis se enfrentaba con un movimiento religioso de protesta, acaudillado por fray Jerónimo de Savonarola, que salpicaba también al Papa. Y entonces éste ejecutó un giro magistral: acogió con entusiasmo la embajada que le enviaba Alfonso II para pedir la investidura, defraudando a muchos y provocando escándalo. Pues el Realme se mostró dispuesto a dar una generosa compensación: 30.000 ducados anuales para Alejandro, 12.000 para el duque de Gandía y 10.000 para Jofre Borja.

El Papa, que había destinado a César a ser su continuador dentro del Colegio, dotándole de opulentas rentas generadoras de poder, quería ahora que el duque de Gandía, sin tener en cuenta los compromisos de su reciente matrimonio, regresara a Roma para hacerse cargo de la dirección y administración de los intereses del linaje, destinado a fortalecerse. Los Reyes Católicos se opusieron pero apenas si pudieron retrasar el retorno hasta 1496; entendían que de este modo se quebraba el hilo interior de uno de los grandes titulares de grandeza, el ducado de Gandía. La reconciliación de Borja con Nápoles implicaba también un acuerdo con la familia Orsini; en ella figuraba uno de los mejores generales de su tiempo, Virginio, destinado a ser maestro esencial para Gonzalo de Córdoba.

Demasiado, sin duda. En este momento, Julian della Rovere, que seguía reteniendo la fortaleza de Ostia, decidió cambiar de bando colocándose al lado de Francia (23 de abril de 1494). El Papa envió a Juan de Fuensalida a reclamar la entrega de la plaza al comandante de su guarnición y recibió una negativa. Entonces declaró que se había consumado un acto de rebeldía y pidió a los Reyes Católicos que le ayudasen a recobrar Ostia. Era un caso previsto y pudieron iniciarse las movilizaciones en España con este fin. Los franceses pudieron atraer a su bando a los Colonna, enemigos declarados de los Orsini mientras trataban de crear, con los cardenales de su nacionalidad, una especie de pequeño Colegio que dirigía el futuro Julio II. La Curia romana se había dividido. Se puso en circulación una vieja idea: frente a los abusos e injusticias del Papa era necesario recurrir al Concilio. Para complacencia de muchos maestros parisinos y alemanes se hacía referencia a una reforma «in capite et in membris» que revisase el primado.

Ostia era, precisamente, el casus belli que Fernando necesitaba para frenar los ímpetus franceses sin tener que recurrir al vidrioso problema de la legitimidad de Alfonso II. Entre los cardenales que permanecían fieles a Alejandro VI, formando mayoría, imperaba la idea de que en aquella hora extremadamente difícil resultaba imprescindible conservar la independencia del Patrimonio de San Pedro, en una Italia que debía reservarse exclusivamente para los italianos. Defender de Francia, desde luego, pero sin abrir puertas a los posibles apetitos del monarca español. El 8 de mayo tuvo lugar la coronación de Alfonso II oficiando en la ceremonia un cardenal para que no quedase duda de dónde partía la legitimidad.

En lo que concernía a los intereses italianos, esa nueva alianza entre Roma, Florencia y Nápoles, a la que podían sumarse otros, era el verdadero remedio eficaz: conservar un equilibrio interno y no dar entrada a las grandes potencias europeas. Alfonso II envió un embajador a Constantinopla para tranquilizar a Bayaceto II: aquellos preparativos militares, a diferencia de los franceses, no apuntaban contra los turcos. Alejandro VI, que tenía a Djem como huésped y rehén, utilizó los servicios de un genovés, Juan Bocciardo, para garantizar también al Sultán acerca de sus intenciones. Cuando regresaba, el mensajero fue capturado por soldados del cardenal della Rovere, que se apoderaron de cartas que llevaban el sello del Gran Turco. Buen argumento para la propaganda: el Papa no dudaba en ponerse de acuerdo con los peores enemigos de la fe.

Asegurar Navarra

A punto de comenzar el verano, Carlos VIII envió desde Lyon a uno de sus oficiales más conocidos en la Corte española, Charles de Ancethune, para comunicar que había decidido emprender la guerra contra el Gran Turco, tomando previamente posesión de «su» reino de Nápoles, por lo que esperaba se le proporcionaran suministros desde Sicilia y se enviaran también tropas para colaborar en la empresa. Fernando no dio una respuesta inmediata, de modo que pudo recibir el breve de 24 de junio en el que Alejandro VI le comunicaba que, no habiendo recibido del francés una respuesta correcta, en términos de derecho, no le había quedado otro remedio que coronar a Alfonso II, que tenía la posesión del reino. Probablemente esta noticia no era nada satisfactoria para el monarca español.

Mayor desconcierto provocaron en él las nuevas procedentes de Navarra. Los estruendos triunfales que llegaban de Lyon, anunciando la próxima hegemonía de Francia y, tal vez, la derrota de Fernando el Católico, habían movido a Alain d’Albret y a sus hijos a ejecutar un giro radical en la situación tratando de destruir a los beamonteses que eran el gran obstáculo al afrancesamiento del reino. Se estaban sustituyendo a los alcaides de ciertas fortalezas e introduciendo mercenarios franceses. En mayo de 1494, mientras se anulaba la entrega pactada de Artajona al conde de Lerin, alegando que sus moradores no querían salir del patrimonio real, mercenarios franceses a las órdenes del señor de Lautrec tomaban las torres de San Nicolás y de San Lorenzo en Pamplona y procedían a expulsar de la ciudad a los beamonteses. Fernando pudo convencerse entonces de que no era posible tener la menor confianza en los Foix; faltaban con descaro a su palabra, ítem más: un hermano del conde de Lerin, Felipe de Beaumont, fue preso, y el propio conde no siguió la misma suerte porque estaba, con los monarcas españoles, en Medina del Campo.

Pedro de Hontañón volvió a Pau para exigir de Juan y Catalina, en nombre de sus reyes, el cumplimiento de todos los acuerdos, pero los jóvenes monarcas respondieron despectivamente; atronaba los aires el chirrido de los cañones que marchaban hacia Italia y ellos no podían olvidar que eran franceses. Fernando tuvo motivo para creer que Juan y Catalina no obraban por cuenta propia. De acuerdo con los pactos signados en noviembre de 1493, la comisión mixta hispano-francesa para fijar las condiciones a que debía atenerse la neutralidad de Navarra tenía que reunirse el 1 de abril. Como en el caso de Perpiñán, los españoles acudieron a la cita pero los franceses no. Y ahora Catalina estaba tan crecida que envió procuradores para reclamar la entrega de los señoríos aragoneses y catalanes que pertenecieran a la abuela, Leonor. El conde de Lerin fue juzgado y condenado por delito de felonía y se pasó a Lautrec la orden de confiscar todas sus posesiones. En otras palabras, mercenarios franceses ejecutaban la ocupación militar de Navarra. De los acuerdos nada quedaba en pie. Los Foix no podían apreciar la situación ni imaginar que estaban dando los primeros pasos para la decisión, todavía lejana, de incorporar Navarra a la Corona de Castilla.

La pequeña guerra de Navarra

Fue como un ensayo para lo que vendría después y demostró que Fernando no se amilanaba ni dejaba a sus amigos en la hora difícil. Los beamonteses trataron de resistir y Navarra quedó nuevamente dividida en dos bandos que se acechaban con las armas en la mano. El monarca español hizo, por medio de Hontañón, una propuesta: que se declarase el alto al fuego y se le permitiese a él, como en otras ocasiones, formular un arbitraje pacificador. La propuesta fue rechazada y entonces soltó las riendas al duque de Nájera para que ayudase a los beamonteses a recobrar el terreno perdido en tres áreas, Tudela, Olite y Viana. Los vecinos de Viana enviaron mensajeros directamente al rey pidiendo que los tomara bajo su protección, y entonces pudo cursar la orden al mariscal García de Herrera para que entrase en Navarra y, una vez restablecido el orden, cediera el mando a Juan de Ribera, que tenía a su cargo la seguridad de la frontera. De todos estos movimientos se dio cuenta a la reina Catalina de Foix: no estaba haciendo otra cosa que cumplir los acuerdos pactados manteniendo los territorios en paz, orden y obediencia a sus reyes. A Fernando se había atribuido ya entonces la protección del conde de Lerin y todos los suyos.

Puebla, que acababa de regresar de Inglaterra, fue enviado a Pau para reforzar las gestiones de Hontañón, desde el conocimiento que le proporcionara la experiencia de largos años en su primera etapa como embajador. Mientras tanto el mariscal Herrera desplegaba en aquella frontera las cuatro compañías —Pedro de Castrillo, Juan de Silva, Bernal Francés y Luis de Mudarra— que formaban el núcleo inicial de la que llegaría a ser formidable infantería española. Las encontraremos luego combatiendo en el Rosellón e Italia. Cumplió las órdenes recibidas y, después, pasó el mando a Juan de Ribera. Se vivieron horas de fuerte tensión. En octubre de 1494, Miguel del Espinal llegó a Madrid, para protestar en tonos muy destemplados: ¿cómo podía prestarse ayuda a un vasallo rebelde a sus legítimos reyes? Nuevas instrucciones a Puebla: seriamente tenía que recordar a Juan y Catalina que los reyes están obligados a cumplir los acuerdos que firman. Llegaban refuerzos al campamento de Juan de Ribera, que pudo disponer de mil lanzas.

Los Albret, sin duda, confiaban en que la guerra, que juzgaban inevitable, iba a tener un escenario también en Navarra, lo que les daría la oportunidad de arrojar de allí a los castellanos. Lleno de asombro, Puebla comunicaba que en Pau «dieron por traidores al condestable y a sus hijos y parientes». Ante esta noticia, Fernando, el 28 de octubre cursó la orden a Juan de Ribera: forzar las fronteras de Navarra y restablecer a los beamonteses en su antigua posición. En el último instante, cuando las chispas saltaban por doquier, Juan y Catalina se detuvieron; no había noticias de que Carlos VIII estuviera dispuesto a enviar refuerzos y la campaña de Italia estaba elevando la influencia y poder del vizconde de Narbona.

El 11 de noviembre de 1494 —ese día Carlos VIII estaba ya en Roma— llegó a Madrid un correo urgente comunicando que los Foix querían tregua y negociación. Fernando e Isabel aceptaron; de nuevo la influencia de la reina, pacificadora, se hizo sentir. Pero Fernando no estaba dispuesto a conformarse con buenas palabras. Los documentos que han llegado a nosotros permiten reconstruir su argumentación: harían bien Catalina y su marido en recordar que gracias a la intervención española habían podido tomar posesión de la Corona superando el voto contrario de las Cortes y las demandas del vizconde de Narbona; no estaba defendiendo al conde de Lerin sino a lo que declaraba «su seguridad» consistente en que los franceses no se instalasen en Navarra; de este modo, si sus reyes no confiaban en la fidelidad de los Beaumont no quedaba otro remedio que volver al antiguo sistema instalando guarniciones castellanas en las fortalezas del reino; en todo caso, no toleraría la presencia de un solo soldado francés en este reino.

La muerte de la princesa de Viana (23 de enero de 1495), y nuevas dificultades entre Alain d’Albret, que monopolizaba ahora la política, y los consejeros de Carlos VIII, permitieron un cambio en la situación. Pedro de Hontañón comprobó que el tono con que a él le recibían había cambiado por completo: parecían anhelantes de escuchar las condiciones que reclamaba en nombre de su rey. Eran fundamentalmente dos: retirada de todas las tropas extranjeras, es decir, francesas, y establecimiento de un sistema de seguridad. De todas partes llegaban noticias alarmantes. La ocupación de Nápoles hacía surgir una Liga que amenazaba a Francia con una guerra grande en la que, caso de intervenir, Navarra podía pagar los platos rotos. Y así Albret aceptó las condiciones y envió a Miguel del Espinal a firmar en Madrid un nuevo tratado (4 de marzo de 1495) que sustituía a los anteriores. Cesaba el tono altanero y en su lugar aparecían veinticinco cláusulas sumisas.

Juan y Catalina garantizaban la salida de las tropas francesas de su territorio, neutralizaban Navarra y obligaban a todos sus oficiales a prestar juramento de obediencia a Fernando e Isabel en el caso de que incumplieran sus compromisos. Una comisión mixta se encargaría de evaluar las diferencias entre los bandos. La heredera de Navarra, una niña, Magdalena, como su abuela, pasaría a residir en la Corte castellana donde Isabel se haría cargo de su educación. Juan de Ribera y sus hijos Juan y Pedro de Silva serían comandantes de las tropas castellanas instaladas en Navarra donde contarían con dos fortalezas principales, Viana y Sangüesa. El conde de Lerin fijaría su residencia fuera de Navarra evaluándose las pérdidas que con esto experimentase, a fin de compensarlas.

El precio pagado por los monarcas españoles, desmantelamiento del partido beamontés, era, sin duda, muy alto, pero seguramente el Rey Católico pensó que valía la pena: la neutralización protegida de Navarra se convertía en vasallaje. Formando parte de la nación española, sus reyes, en cuanto tales, reconocían la superior soberanía de Fernando e Isabel, como, por sus dominios de la Casa de Foix ya eran vasallos directos de la Corona de Francia. Doce fortalezas, además de las de Viana y Sangüesa, iban a recibir guarniciones castellanas. Al conde de Lerin compensó Fernando con el marquesado de Huéscar y una renta de casi dos millones de maravedís, la misma que tenía en Navarra. En octubre de 1495 —las noticias que venían de Italia anunciaban ya el fracaso de Francia— Catalina se personó en la Corte de los Reyes Católicos que la acogieron afectuosamente. Pero esta vez no se trataba de intercambiar juramentos por medio de procuradores sino de que la reina titular de Navarra hiciera homenaje de rodillas y tomando las manos de su señor, Fernando. De acuerdo con la mentalidad de la época, Navarra se convertía en feudo vasallático de la Corona de Castilla.

La marcha sobre Roma

Volvamos atrás, para situamos, en julio de 1494, en la ciudad de Lyon aturdida por el mido de armas. Alfonso de Silva, que había recibido instrucciones directas de Fernando, muy reservadas, llegó al campamento y pidió a Carlos VIII que le concediera una audiencia privada porque las cosas que habría de decirle no necesitaban divulgación. Pero el monarca francés se negó y así el embajador hubo de pronunciar su discurso ante una Corte poblada de impacientes capitanes. Comenzó diciendo, en nombre de su señor, que era loable el empeño en hacer la guerra a los musulmanes pero no debía comenzarse destruyendo un reino cristiano. Fernando estaba dispuesto a ceder la reserva sobre una parte de la Berbería de Levante para que en ella operasen aquellos aguerridos caballeros. Concluyó diciendo que los derechos al trono de Nápoles debían ser previamente probados ante la autoridad del Papa, en su doble condición de soberano feudal del reino y vicario de Cristo.

Respondió a este discurso el presidente del Parlamento de París que dijo no consideraban a Alejandro VI persona fiable; por eso se había apelado de su autoridad ante el Concilio. Silva pasó entonces a exponer la segunda parte de su misión: dar cuenta de las negociaciones para el doble matrimonio con la Casa de Austria, solicitando el visto bueno francés de acuerdo con las cláusulas del tratado de Narbona, a cuya demanda no hubo entonces respuesta. Unos días más tarde, el 27 de julio, Carlos llamó al embajador para decirle que, de acuerdo también con el mencionado tratado, España debía enviar una fuerza auxiliar que colaborase en la conquista de Nápoles. A esto, Silva no dio respuesta. Intercambiados los silencios, el ejército francés inició su marcha sobre Roma. Al llegar a Vienne el rey concedió a Silva una audiencia de despedida, pero éste no se dio por aludido y siguió en la Corte.

Fernando, que mantenía contactos con Nápoles sin aclarar del todo su postura, había encontrado aquí el hombre de confianza para capitanear un partido españolista, Pablo Siscar, conde de Aiello, a quien proporcionó recursos. Evitaba una ruptura con Francia, a la espera de nuevos acontecimientos. Como ya indicamos, Florencia, Roma y Nápoles habían concertado una Liga, siempre alegando la defensa contra el turco, que contaba con fuerzas suficientes para detener a los franceses ejecutando dos acciones preventivas, una sobre Génova y la otra sobre Milán, a fin de ganar ambas posiciones para la resistencia. Pero sus soldados eran mercenarios al viejo estilo, dispuestos a cambiar de bando si alguien les pagaba, y muy poco inclinados a arriesgar su vida. Se supo que el 3 de setiembre de 1494, Carlos estaba ya en Susa. Alejandro VI avisó a los españoles pero se limitó a solicitar envío de víveres desde Cerdeña y Sicilia. Bastaron pocos días para que cambiaran las cosas. Los Colonna, instalados en Ostia, amenazaban a Roma por la espalda, obligando al Papa a retirar sus tropas del ejército de la liga y a solicitar de Fernando que, cuanto antes, enviara fuerzas para defender el Patrimonio de San Pedro (19 de setiembre). Los correos anduvieron deprisa: el 6 de octubre pudo Fernando decir que ya estaba movilizando aunque, en la misma carta, pretende hacernos creer que la invasión le había sorprendido.

Se han cometido algunos errores de juicio en esta campaña, aclarados por Piero Pieri, como el de atribuir a Francia superioridad numérica abrumadora. La ventaja para ella no procedía de la cuantía de combatientes sino de la estructura. Los italianos eran mercenarios, profesionales de la guerra, celosos cuidadores de sus vidas y por ello inclinados a preferir la maniobra al choque. Carlos VIII contaba ya con un ejército moderno, entrenado e imbuido de ese espíritu militar que es heredero de los sentimientos de la caballería. Fue éste, además, quien tomó la iniciativa para una ruptura: el 8 de setiembre, al llegar a Asti, ordenó a Alfonso de Silva que se fuera. El embajador, antes de hacerlo, mostró el breve del 24 de junio; era Francia la que se apartaba de los términos del derecho negándose a presentar sus demandas por la vía jurídica correcta. En otras palabras venía a decir que no era de aplicación el compromiso del 28 de agosto porque los derechos estaban sin probar.

Ante estas noticias, Fernando estaba asumiendo algunas importantes decisiones como enviar a Sicilia un ejército a las órdenes de Gonzalo Fernández de Córdoba, segundón de la Casa de Aguilar que se había distinguido mucho en la guerra de Granada, remitir nuevas instrucciones a Silva y Garcilaso de la Vega para que intentasen detener la guerra recurriendo a un arbitraje del Papa, y revigorizar las negociaciones con Inglaterra y la Casa de Austria sin prescindir de los aspectos militares. No se hablaba de otra cosa que de defender la libertad e independencia del Romano Pontífice.

Pero las previsiones estaban cambiando, pues la campaña francesa se estaba convirtiendo en simple paseo militar derrumbándose las posibilidades de resistencia italiana. Llegado a Pavía, el 14 de octubre de 1494, Carlos VIII recibió a Juan Galeazzo tranquilizándole. Apenas habían abandonado los franceses la ciudad cuando se dio la noticia de que el joven duque había fallecido repentinamente y ahora Ludovico Sforza se titulaba duque de Milán. Maximiliano prometió reconocerle afirmándose así que el ducado era señorío dentro del Imperio. Y el Moro, consumada la traición, se apartó de la alianza francesa declarando su neutralidad. Esta conducta fue imitada por Venecia. El 23 de octubre los franceses entraron en Toscana, derribaron a los Médicis, y fueron aclamados por el pueblo. A finales de noviembre, desbordado por todos los flancos, Alejandro VI abandonó toda voluntad de resistencia, refugiándose en Santángelo: era previsible que pronto capitulara. Para Fernando el Católico la situación se tornaba difícil. Si se hablaba de los derechos angevinos, ¿quién podía garantizar que no se intentaría la revisión de Caltabellota, afectando a Sicilia? Pues la permanencia de todo el Realme en una sola mano era indispensable para asegurar el Mediterráneo.

El Papa se rinde

Puestas las cosas al borde de ruptura, Fernando formuló un primer proyecto para detener a los franceses: lo expusieron ante el Colegio el cardenal Carvajal y Garcilaso de la Vega en torno al 27 de noviembre, cuando los franceses ya estaban en Viterbo: debía invitarse a todos los príncipes cristianos a constituir una alianza que garantizase la libertad del Papa, el equilibrio pacífico en Italia y la lucha contra el peligro turco que se tornaba amenazador. Demasiada teoría que nadie pareció dispuesto a escuchar. Alejandro VI dijo en esta oportunidad a los cardenales que estaba decidido a permanecer en Roma, resistiendo hasta poner su vida en juego, ordenó la prisión de Próspero Colonna y del cardenal Ascanio Sforza y pidió a Alfonso II de Nápoles que enviara tropas que se encargaran de la defensa de Roma.

Fernando necesitaba ahora dejar las cosas muy claras: no iba a entrar en guerra para defender los derechos del antiguo duque de Calabria, que le traicionara en su honor, sino en defensa de la autoridad del Papa o, en caso extremo, de sus propios derechos a aquel reino. Envió a Nápoles al poco escrupuloso Juan Ram Escrivá de Romaní, depuesto virrey de Cerdeña, con nuevas instrucciones: si Alfonso pretendía lograr una intervención de los españoles en su favor, tendría que pagar un alto precio entregando aquellas fortalezas de Calabria que completasen el dominio de Sicilia sobre las dos orillas del estrecho llamado normalmente Faro de Mesina.

Poseemos un documento de importancia capital, conservado, como tantos otros, en el archivo de Simancas, lo que implicaba a Castilla; se trata de las meditadísimas instrucciones que, el 1 de diciembre de 1494, Fernando entregó a Antonio de Fonseca. Algunos párrafos aparecen redactados en lamentable francés para que el mensajero no tuviera que hacer otra cosa que leerlos evitando errores en la traducción. Debía comenzar recordando que Carlos no podía emprender la conquista de Nápoles sin previo reconocimiento de los mismos por parte del Papa, cosa que hasta entonces no había sucedido. Debía continuar diciendo que sus soberanos estaban absolutamente decididos a prestar auxilio a Alejandro, con tanto mayor motivo cuanto que se trataba de un español. Pero si, al llegar al campamento francés, Fonseca comprobaba que Carlos VIII y Rodrigo Borja habían firmado la paz, debía cambiar su discurso, reclamando ante todo la libertad del segundo, mantenido en opresión militar, ya que de otro modo no estaba en condiciones de decidir en la cuestión de derechos. En este punto debía introducir la novedad: los derechos sobre Nápoles correspondían a Fernando en cuanto heredero del Magnánimo, los cuales no había reclamado para no causar quebranto en la Cristiandad. Pero si el francés persistía en su actitud no le quedaba otro recurso que hacerlo ahora.

Ultimo punto, pero capital. Cuando Fonseca hubiera sido certificado de que Alfonso II aceptaba la entrega de las fortalezas calabresas que se le reclamaban estaría en condiciones de presentar el ultimátum que equivalía a una declaración de guerra. Los franceses serían conminados a interrumpir su conquista de Nápoles porque este reino pertenecía a Fernando, que estaría en condiciones de defenderlo.

Los preparativos españoles discurrían a un ritmo muy lento: al finalizar el año 1494 la flota de Requesens estaba todavía en Alicante y los soldados de Gonzalo acampaban en Cartagena. Alejandro celebró las Navidades en Santángelo, mientras los franceses desfilaban por las calles de Roma (27 de diciembre) en medio de aplausos que revelaban el descontento contra el Papa. No tardaron mucho en cambiar los ánimos; aquellos soldados trataban a la ciudad como si fuera tierra de conquista. Pero cuando, el 6 de enero de 1495, se reunió un consistorio fueron muchas las voces de protesta y alarma que se alzaron. Los consejeros de Carlos VIII insistían en la idea de reunir un Concilio. Ante esta situación, el Papa capituló, plegándose a las demandas del rey y entregando los dos más preciosos rehenes de que disponía: su hijo Carlos y Djem Pachá. Se le consintió sin embargo permanecer en Santángelo, cuya guarnición, fundamentalmente española, estaba mandada por Garcilaso de la Vega, el de la hazaña del Ave María, clausura de la guerra de Granada.

Declaración de guerra

Fernando, que completaba en 1494 la incorporación de los Maestrazgos de las Órdenes Militares a la Corona, había incrementado entre tanto sus recursos, en especial castellanos, y estaba decidido a emplearlos. En 1494 se había creado un segundo Consejo Real, llamado de Aragón porque se ocuparía específicamente de los asuntos de esta Corona. Hasta la segunda quincena del mes de enero de 1495 no consiguieron llegar a Roma Fonseca y Juan de Albión. Garcilaso les explicó cómo habían rodado los asuntos, la capitulación del Papa y cómo Carlos VIII marchaba ya sobre Nápoles, de modo que debían prescindir de la primera parte de las instrucciones.

Fonseca decidió seguir la ruta del francés, al que dio alcance en Velletri. Se redujo a exponer un solo punto: los derechos de Fernando sobre Nápoles eran superiores a los de Carlos y así podría probarlo ante cualquier tribunal. Las réplicas francesas han servido de base para la opinión de astucia y malevolencia en el Rey Católico; éste, dijeron, había procedido con dolo al hacer excepción del Papa y al negociar secretamente una alianza con Nápoles. Fonseca replicó que la excepción era norma en todos los tratados, ya que ningún príncipe puede dejar de prestar ayuda al vicario de Cristo y que, ante todo, se trataba del reconocimiento de unos derechos. Fue entonces cuando Carlos VIII cortó la conversación diciendo que ahora iba a posesionarse de Nápoles y que cuando estuviera allí, sería ocasión para hablar de derechos. Fonseca rasgó el documento del tratado de Narbona, despertando la cólera de los presentes.

Alfonso II, considerando que era más un obstáculo que una ayuda, decidió abdicar el 21 de enero de 1495 en su hijo Ferrante, con la esperanza de que cesasen los motivos de odio que contra él se alzaban. Aunque contaba con uno de los mejores generales de su tiempo, Bartolomeo d’Alviano, la superioridad francesa se había hecho, ahora, abrumadora. Se iniciaban además movimientos de revuelta instigados por aquella parte de la nobleza napolitana que se consideraba angevina. Ferrante hizo de Ischia un refugio mientras en la capital se producían saqueos organizados por el populacho. El 22 de febrero Carlos VIII entraba en la capital, asumía las funciones reales y restablecía el orden. Muy pocos lugares enarbolaban todavía el estandarte del aragonés que, dejando a sus soldados en la isla, bien atrincherados, se trasladó a Sicilia esperando la llegada de las tropas españolas.

CAPÍTULO XII

LA PRIMERA GUERRA: ATELLA

Dos alianzas en paralelo

La calata de Carlos VIII sobre Italia había terminado; con ella se dejaba a Nápoles fuera de combate, de modo que la suerte del Realme iba a ser decidida por otros. Piero Pieri llama la atención sobre un hecho relevante; la superioridad militar francesa no se había probado. Una desbandada de sus enemigos permitió una victoria demasiado fácil. Pero de las noticias que le llegaban de Italia el rey Fernando extrajo una conclusión: no se podía confiar exclusivamente en una liga de príncipes italianos para mantener la paz en la Península. El sistema de Lodi necesitaba del respaldo de la gran alianza occidental porque sólo ella estaba en condiciones de superar en recursos a los franceses. También Portugal, aunque desde una dimensión de amistad diferente. Desde 1495 las embajadas en los puntos claves se tornaron en representaciones permanentes: Puebla en Londres, Rojas en Bruselas, Lorenzo Suárez de Figueroa en Venecia, Juan Manuel en Génova, Juan Deza en Milán y Fonseca, Garcilaso y Albión en Roma constituían el que podríamos llamar primer equipo diplomático. La tarea más importante pasaba a ser, en su caso, recoger y transmitir noticias. También se ocupaban directamente de negocios menudos.

Se trataba, evidentemente, de rodear a Francia, aunque no parece que hubiera la intención de encender la guerra en todas las fronteras. La principal ventaja para Carlos VIII, aparte la superioridad de recursos, es que podía operar por líneas interiores, más rápidas, mientras que Fernando dependía de vías marítimas que, en determinadas estaciones del año, se tornaban impracticables. Por eso, dentro de instrucciones minuciosas que se les enviaban, podían gozar de cierta iniciativa.

Prescindiendo ahora del compromiso adquirido en el tratado de Narbona, el 20 de enero de 1495 se firmaron los compromisos matrimoniales con Maximiliano, que actuaba en calidad de duque de Borgoña y no de rey de Romanos. Por eso Nassau, Chièvres y Berghen fueron los principales negociadores. Se establecía una continuidad con la vieja política de Carlos el Temerario. Quedó entendido que a Juan, para esta oportunidad, se haría entrega del Principado de Asturias. Felipe ya ostentaba el título y condición de archiduque. Puebla, que volvía a Londres sustituyendo a Jofre de Sasiola, fue encargado (25 de febrero) de comunicar a Enrique VII el resultado de esta negociación que, entre otras cosas, permitía poner límite a los resentimientos de Margarita de York. No pasaría mucho tiempo sin que los monarcas españoles transmitiesen las noticias detalladas acerca de la identidad y proyectos de Perkin Warbeck, el falso duque de York. Para hacer más rápidas las comunicaciones, los Reyes Católicos, que empleaban ya abundantemente la cifra, pudieron contar con los servicios de un empresario burgalés de origen converso, Diego de Soria.

Fueron estos correos los que, en un plazo muy corto, llevaron a Inglaterra la noticia de que se había concertado en Italia una nueva versión de la Liga Santa. Ludovico el Moro trató de convencer a los embajadores españoles de que nada había tenido que ver con la entrada de los franceses; simplemente no había podido resistirlos. Resultó oportuno y conveniente aceptar esta versión. En el fondo las preocupaciones del duque iban por otro camino. Carlos VIII había encomendado a Luis, duque de Orleans, el mando de la guarnición de Asti y de todas las fuerzas instaladas en el norte de Italia. Pero el duque, casado con Valentina Visconti, quería reivindicar los derechos de esta familia sobre Milán, de modo que el Moro suponía que él sería víctima propiciatoria en cualquier arreglo que dejase a los franceses dueños del campo. Sus temores no carecían de fundamento. Fadrique, hermano de Alfonso II, que se inclinaba en favor de un convenio con Francia, había acudido al campamento francés con una propuesta: su sobrino, Ferrante, estaba dispuesto a aceptar la ocupación militar del territorio si se le permitía seguir ostentando el título de rey; en otras palabras, convertirse en vasallo de Francia aunque con título regio.

Carlos había respondido que si renunciaba a la lucha, entregando las fuerzas que en Ischia y otros lugares aún se mantenían en fidelidad, él acogería en Francia a Ferrante, casándole con una hija de los duques de Borbón, su sobrina y señalándole rentas que le permitiesen vivir con holgura. Entre estas duras condiciones y las españolas, que no lo eran tanto, el joven Ferrante optó por las segundas. En Sicilia firmó el acuerdo que anexionaba a este reino cinco plazas de la mayor importancia: Crotone, Reggio di Calabria, Squillace, Tropea y La Amantia (30 de abril); una cabeza de puente para cerrar el círculo.

Tensas negociaciones, en cuyo detalle no hemos de entrar, se desarrollaron durante los primeros meses del año hasta desembocar en el anuncio que se hizo en Venecia el 31 de marzo de 1495. Maximiliano, los monarcas españoles, el Papa, Milán y la Serenísima República habían decidido unir sus fuerzas en una Liga que era santa por los dos objetivos propuestos: preservar la paz en Italia y organizar la defensa de la Cristiandad frente a los turcos. Se invitaría a Francia, Inglaterra y Portugal a adherirse porque debía estar abierta a todas las fuerzas de la Cristiandad. Se invertían los términos de la argumentación que empleara Carlos VIII: no era Nápoles, sino toda Italia, en segura paz, el bastión imprescindible para defensa de la Cristiandad.

Alejandro VI pidió a los embajadores venecianos que entregasen a Carlos VIII un ejemplar del tratado, junto con un breve que constituía un verdadero ultimátum: se le invitaba a evacuar Nápoles, sumarse a la Liga y sumar las grandes fuerzas de que disponía a las que iban a desplegarse contra los otomanos. Un cronista de Gonzalo de Córdoba dice que, al recibir este comunicado, el rey, presa de gran indignación, respondió «que él procuraría, con todo su poder, romper aquella cadena, aunque fuese más fuerte que el diamante».

Fornovo

Fue una situación en cierto modo anormal porque no hubo declaración de guerra ni se suspendieron las relaciones diplomáticas entre España y Francia. El clima de violencia ganaba espacio. La guardia española de Alejandro VI dio muerte, sin figura de juicio, a los quince suizos que entregaran Civitavecchia a los franceses y, como respuesta, alguien clavó con un cuchillo un papel en la puerta del castillo de Santángelo diciendo que «vendría un tiempo en que todos serían puestos a cuchillo». Carlos VIII decidió regresar a Francia, antes de que las fuerzas de Ludovico y Maximiliano pudieran cerrarle el paso, dejando desde luego en el reino fuerzas suficientes para su defensa. Desde el 10 de abril Roma se convirtió en ciudad cerrada para sus fuerzas. Llegaban, con lentitud, sin duda, los refuerzos españoles. Rodrigo Dávalos, con sus vizcaínos, se instaló en Ischia, haciendo cesar la amenaza sobre la isla. Galcerán de Requesens, que no tardaría en contar con setenta y cinco barcos, estaba en Mesina. Finalmente llegó Gonzalo Fernández de Córdoba. Estos cambios provocaron, en el interior del reino, la aparición de nuevos focos de resistencia contra Francia. Llegaban noticias de que Génova, sumándose a la Liga, había conseguido una victoria sobre la flota francesa.

Fernando, con más de cuarenta años de edad, había decidido no tomar parte en la guerra. La presentaba como una cuestión específicamente italiana y no como un enfrentamiento entre Francia y España, lo que calmaba algunos de los escrúpulos de Isabel. El 20 de mayo, habiendo otorgado título de virrey al duque de Montpensier, Carlos abandonó Nápoles, dispuesto a repetir el despliegue de fuerza que ejecutara a la ida. Alejandro VI no se atrevió a permanecer en Roma, donde los franceses permanecieron tres días, y se refugió en Civitavecchia, negándose a otorgar una audiencia al monarca francés que la solicitaba; luego continuó viaje hasta Perugia. Se repetían jornadas ya vividas.

El 13 de junio los franceses entraban en Siena. Ese mismo día el duque de Orleans conquistaba Novara poniendo en serio aprieto a Ludovico Sforza. Acudieron tropas desde Venecia y con los refuerzos allegados intentaron por primera vez hacer frente al enemigo cerrando el paso a los que regresaban desde Nápoles.

El 6 de julio de 1495 tuvo lugar finalmente la batalla, en Fornovo, sin que los españoles participaran. Carlos se abrió paso. Pero no se trataba de una victoria, pues Carlos VIII hubo de abandonar gran parte de su impedimenta y, también, una parte de su artillería. Tras él, los caminos volvían a cerrarse. Al no disponer de un poder naval suficiente, la única posibilidad de enviar refuerzos a Nápoles, donde pronto serían necesarios, consistía en disponer de fuerzas suficientes para abrirse camino por tierra.

Enrique VII escoge la neutralidad

La Liga Santa no se convirtió en alianza europea porque el monarca británico decidió que en nada le afectaban los asuntos de Italia. Quería reforzar una alianza bilateral con España, como la que ya tenía con Portugal. Respecto a Carlos VIII y Maximiliano, sentía dudas de quien ofrecía, para él, peores perspectivas. La noticia de los conciertos matrimoniales no le complacía. La Casa de Borgoña le adelantaba porque Juan y Juana podían celebrar sus respectivas bodas en plazo muy corto, mientras que Catalina y Arturo se verían obligados a esperar varios años. Fernando decidió entonces ahuyentar estos escrúpulos desvelando los informes que acerca de Perkin Warbeck obtuviera en Setúbal, que no dejaban duda de que se trataba de una superchería. Enrique podría utilizarlos para desarmar a Maximiliano. Probablemente el falsario tuvo noticia de estas cosas. Con dinero flamenco intentó un desembarco en Inglaterra. Fue fácilmente ahuyentado, pero entre los soldados que figuraban en aquella partida había algunos españoles. Lo que sirvió para embrollar un poco más las cosas.

Antes de que llegara a España noticia alguna de la batalla de Fornovo, el Consejo Real castellano, que sequía teniendo principal iniciativa en los asuntos internacionales, redactó un largo memorial que fue enviado a Puebla conteniendo la verdad oficial que Fernando quería que se mantuviese. Portaba el documento el comendador Gutierre Gómez de Fuensalida que, con atención preferente a los Países Bajos, se incorporaba al equipo diplomático. Al monarca español importaba, ante todo, dejar bien sentado que su intervención en la guerra no se debía a que tratara de defender al rey de Nápoles. Al producirse la rebelión de Ostia y la demanda de auxilio por parte del Papa no había tenido más remedio que prestarlo cumpliendo así un deber que alcanza a todos los reyes cristianos.

Circulaba en Francia —continuaba diciendo el memorándum— una versión acerca de la restitución de los condados que no se ajustaba a la realidad: no se trataba de una concesión que hubieran hecho a cambio de consentir que los franceses se apoderasen de Nápoles sino de cumplir un deber de restitución de bienes ajenos como recordara Luis XI en su testamento. A Carlos VIII se le había recordado con insistencia que antes de reclamar derecho sobre un determinado territorio es necesario probarlo ante los tribunales competentes. No dudaban los españoles de que en los propósitos del monarca francés entraba el incumplimiento del tratado de Narbona, ya que no había hecho entrega de los juramentos a que ciertas ciudades y villas estaban obligadas ni habían acudido a las comisiones arbitrales previstas. Fernando había ofrecido a Carlos dos cosas: reconocerle una reserva en la costa norteafricana para hacer la guerra contra el Islam, y prestarle ayuda en la empresa de Nápoles si el Papa dictaba sentencia a su favor.

Por encima de esta versión oficial había otras cosas. Durante diez años el comendador Fuensalida, de quien conservamos abundante correspondencia, iba a desempeñar un papel importante, y difícil, en las relaciones entre los tres aliados del norte, Inglaterra, Borgoña y Austria, cuyas relaciones estaban sembradas de espinas. En el viaje de 1495, a su paso por Londres, tenía que entregar nuevas y precisas instrucciones a Puebla, en cuya discreción no confiaban los reyes demasiado, activar las relaciones con Escocia y, de una manera especial, abreviar plazos en la doble boda. Si era posible verían los monarcas españoles con gusto que Margarita embarcase en la flota mercantil que aquel otoño regresaba; en todo caso, en la primavera de 1496 ellos enviarían barcos suficientes y cómodos para que condujesen a Juana y, al retorno, trajeran consigo a su cuñada. Toda esta política, en palabras del rey Fernando, se sintetizaba en una sola frase: «impedir que el rey no se haga muy grande». Partiendo del hecho de que la Liga Santa no duraría, Fernando pensaba que si las tres Casas, Trastámara, Tudor y Habsburgo, mezclaban su sangre, se habría creado un linaje conjunto capaz de dominar en Europa impidiendo a Francia imponer su hegemonía.

Retrasos en el viaje acortaron la estancia de Fuensalida en Inglaterra. Pudo informar sin embargo que las cosas iban por buen camino y que parecía próximo a lograrse el entendimiento con Escocia. En Bruselas encontró toda clase de facilidades para el matrimonio, aunque, eso sí, dejando a cargo de los españoles todo el gasto que significaba el traslado de las novias. El comendador contactó con Maximiliano y dijo luego a sus reyes que era un poder vacío que ocultaba su impotencia tras una retórica grandilocuente. Los paseos por los jardines de Innsbruck fueron especialmente provechosos; allí el rey de Romanos se despachaba a gusto. La Dieta de Worms se había negado a otorgar subsidios y sin dinero no es posible emprender una guerra. El 25 de agosto, Margarita y Francisco de Rojas en nombre del príncipe de Asturias renunciaron a cualquier derecho que a una y otro pudieran corresponderles en el Imperio. En cambio, Juana no renunciaba a nada. Al llegar el mes de setiembre se intercambiaron, entre los novios, misivas llenas de afecto. No hemos de olvidar que se estaban empleando los sentimientos como resortes políticos.

En Malinas, el 5 de noviembre, se celebraron los desposorios por palabras de presente. Francisco de Rojas representaba a Juana. De acuerdo con el protocolo hubo de desnudarse, es decir, abandonar su atuendo exterior, para tomar posesión del lecho conyugal; hubo risas y burlas al descubrirse una ropa interior pobre que contrastaba con las blondas e hilados que usaban los flamencos. Una ceremonia semejante para unir a Juan con Margarita tuvo lugar en Valladolid. En esta ocasión la novia estaba representada por el bastardo Balduino, Signos claros para un tiempo nuevo en que Fernando y su esposa se disponían a desplegar el lujo que corresponde a una monarquía de primer rango. Todo deliberado aunque tal vez no demasiado prudente, pues el boato despertaba también apetitos. Se comenzó a preparar la flota de veintidós naves, entre ellas dos grandes carracas —hoy las llamaríamos transatlánticos por la comodidad que reinaba a bordo, compensada con la lentitud en el desplazamiento que ha dado origen a una calificación— y una verdadera muchedumbre de 4.160 personas. Nunca se había visto nada semejante. Se estaba comenzando a repartir una serie de prebendas entre los consejeros flamencos a fin de crear en ellos compromisos en favor de España. El tiempo demostraría lo errónea que resultaba tal conducta. Los cortesanos de Felipe descubrieron en España una mina de oro.

Todo ello, de momento, parecía a Fernando buena política. Tiempo llegaría en que se arrepintiese. En setiembre de 1495, estando la Corte en Tarazona, tuvieron lugar las negociaciones finales con Escocia; el obispo de Glasgow había acudido al frente de una embajada. No se trataba de incluir este reino en el bloque de alianzas sino de lograr un acuerdo que permitiera desplazar a Francia de aquel lugar eminente en que hasta entonces los escoceses la colocaran. Las ventajas que a los comerciantes de ambos países se ofrecían bastaban para hacer muy deseable la ampliación del espacio, acercándose además a las tierras lejanas del norte y Escandinavia.

Éxito a medias la neutralidad inglesa. Más importante el compromiso con la Casa de Borgoña. Fracaso, en cambio, en los esfuerzos que Fernando venía haciendo para lograr un entendimiento cordial entre Enrique VII y Maximiliano, porque el rey de Romanos no parecía dispuesto a dejar de respaldar las maniobras de Margarita de York, que mantenían inquietud en Inglaterra. Aunque Alejandro VI (17 de diciembre de 1495) cursó por medio de los Reyes Católicos una invitación formal para que entrase en la Liga, pero Enrique VII se negó.

Primeras campañas de Gonzalo Fernández

La guerra había pasado a dividirse en dos frentes, ambos italianos: el del norte (Asti) con el duque de Orleans, y el del sur (Nápoles) a cargo de Montpensier. La parquedad en las movilizaciones de los otros aliados obligó a Fernando a tomar sobre sí la principal responsabilidad, dándonos la sensación de que se trataba de un enfrentamiento ende Francia y España. El ejército expedicionario, que comenzó a constituirse en octubre de 1494, aunque contaba con duros veteranos de la guerra de Granada, adolecía de serios defectos, especialmente en el armamento y en la disciplina. Se trató de compensar el excesivo número de infantes vizcaínos procediendo a reclutas en Asturias y en Galicia. Faltaban cañones y caballería pesada. Gonzalo tuvo la suerte de poder contar, allí, con dos buenos maestros, Próspero Colonna y Bartolomeo d’Alviano, pero a sus enseñanzas aportó algunas cualidades decisivas como la inteligencia despierta, el pragmatismo y la frialdad, todo lo cual le permitía obtener ventajas incluso de los sucesos más desfavorables. La calidad del soldado español, endurecido en la guerra de Granada, era muy superior, en el momento del combate, a la de los mercenarios reclutados por Francia. El fracaso inicial en la primera batalla de Seminara le enseñó que frente a la potencia de choque de la caballería francesa tenía que esgrimir la de tiro —cañones y ballestas de torno— de su propia infantería. Todo ello significaba, como han señalado los expertos, un cambio decisivo en la táctica.

Algo más de la mitad del ejército francés había permanecido en Nápoles. Junto a las lanzas, masa de caballeros encubertados —cada una significaba seis combatientes— irresistible en el choque, estaban las unidades de infantes suizos, con lanzas de tres a cinco metros de largo, que permitían cerrar un «cuadro» casi inexpugnable. Antonio de la Torre ha podido demostrar cómo los infantes españoles, organizados en compañías, habían recibido instrucción de los suizos, pero la menor estatura había obligado a proporcionarles lanzas más cortas. Ahora las compañías se habían dividido por mitad, la clásica de piqueros y la nueva de espingarderos y ballesteros. La capacidad de penetración de las saetas igualaba a la de las primeras armas de fuego. Gonzalo partía de una idea que supo aprovechar: iba a enfrentarse con un ejército muy superior al suyo; no debía descuidarse.

Hasta el 24 de mayo de 1495 no pudo llegar a Mesina. No era él sino Fernando, desde España, quien tomaba las grandes decisiones estratégicas: reordenar las defensas de Sicilia y concentrar a sus importantes oficiales, Vilamarí, Juan Ram, Franci de Pau y Fernández de Heredia, en torno a su hermana la reina Juana, cuya seguridad parecía preocuparle más que cosa alguna. Escribió a Gonzalo que, si al llegar a Sicilia se encontraba con que toda la resistencia había cesado, debía permanecer en la isla, asegurándola a la espera de recibir nuevas órdenes. Si Ferrante era capaz de defender su reino, se abstendría de intervenir. Caso de hacerlo, tomaría posesión de los castillos y ciudades que se le rindiesen, en nombre de Juana y no de Ferrante. Una vez declarada la guerra por parte de la Liga, las conquistas que hiciese serían señaladas por pendones castellanos y aragoneses. Expliquémoslo mejor: en la mentalidad del Rey Católico no era Nápoles un aliado en cuyo auxilio se acude sino el escenario de una guerra entre la Liga Santa, en nombre del Papa, y Francia.

En Mesina supo Gonzalo que Ferrante II estaba iniciando una contraofensiva y, también, que Galcerán de Requesens, conde de Trivento, al tomar posesión de Reggio había alzado la senyera. Aquí se instaló el Gran Capitán, procediendo a ocupar Crotone, La Amantia y Tropea, que eran ya reino de Sicilia. Supo que los venecianos se habían instalado en Monopoli, a orillas del Adriático. Ferrante, que atraía a su servicio directo a soldados españoles ofreciéndoles mayor sueldo, insistió en liberar toda Calabria a fin de disponer de un territorio propio. El 6 de junio se instaló en Seminara. Acudió contra él Robert Stewart, señor de Aubigny, y el rey rechazó el consejo del español consistente en evacuar la plaza y plantear una batalla de desgaste. Arriesgó un choque frontal que terminó en derrota (21 de junio de 1495). A duras penas pudo escapar Gonzalo de aquel campo. Pero tampoco los franceses pudieron sacar partido de su victoria. El régimen de ocupación por parte de aquellos soldados profesionales sembraba el descontento y así los sentimientos, cambiando de rumbo, se dirigieron a Ferrante, que pudo hacer su entrada en la capital el 7 de julio en medio de aclamaciones. La guerra comenzaba a cambiar de signo.

Gonzalo, que estaba recibiendo constantes refuerzos desde España, tomó para sí la responsabilidad de librar de enemigos a toda Calabria, imponiendo un desgaste al enemigo. Montpensier estaba ahora prácticamente reducido a los Abruzzos y Basilicata, provincias consideradas como muy rentables. Llegó noticia, para ánimo de unos y desánimo de otros, de que Alejandro VI había emitido un breve amenazando a Carlos VIII con la excomunión si no devolvía Nápoles, que era posesión de la Sede romana. Mermaban las fuerzas francesas que no eran capaces de reponerlas. Aquel verano de 1495 se había hecho un intento de enviar refuerzos a Montpensier, pero la columna fue detenida y derrotada en Velletri. Carlos VIII perdió los ánimos y el 9 de octubre firmó un acuerdo con el duque de Milán suspendiendo las hostilidades en todo el frente norte. Y mientras tanto, haciendo uso de la experiencia que le proporcionara la guerra de Granada, Gonzalo iba tomando, una a una, las fortalezas calabresas arrinconando de este modo a Stewart, que no tenía modo de recibir refuerzos.

Equilibrio de fuerzas

En los últimos meses de 1495 el prestigio francés conseguido en la primera fase de la guerra se habían disipado. Pero Fernando, que estaba siendo puntualmente informado, aunque con retraso, por sus propios capitanes y por los embajadores de Milán y de Venecia, no las tenía todas consigo. Los italianos deseaban que la guerra concluyera cuanto antes. Fernando no quería que se extendiese a otros frentes; por eso coincidían todos en desear la apertura de negociaciones.

Navarra volvía a hallarse en el punto de mira, pues la fama adquirida por el vizconde de Narbona en la batalla de Fornovo le abría paso hacia el favor de Carlos VIII, con peligro de que se reabriese el camino para sus pretensiones; la sentencia del Parlamento era provisional y podía, por tanto, ser modificada.

Fernando no contaba con recursos suficientes para la defensa de su extensa y frágil frontera norte. Hasta el mes de agosto de este año no habían comenzado los preparativos para una acción en Cataluña, donde se temía que los franceses intentasen apoderarse de los condados pirenaicos. Dos meses habían durado las ásperas disputas con las Cortes de Tarazona hasta conseguir que éstas otorgasen subsidios muy medidos que permitirían alzar 200 hombres de armas y 300 jinetes. También en esta coyuntura el principal respaldo venía de Castilla.

Entre los miembros de la Liga sólo el Papa mostraba empeño suficiente para continuar la guerra hasta la total recuperación de Nápoles. Todos los demás preferían negociar cuanto antes. Esto dio ánimo al monarca francés para preparar nuevas fuerzas e intentar la ruptura del bloqueo marítimo. El 4 de octubre el duque de Montpensier, que había permanecido encerrado en la ciudadela de Nápoles desde la entrada de Ferrante en esta ciudad, firmó una tregua que le permitió salir, asumiendo la dirección de las operaciones: Gaeta, Salerno, Tarento eran, en su opinión, los tres principales puntos de apoyo. Una flota francesa había conseguido burlar el bloqueo impuesto por Requesens, llevando refuerzos, de modo que la situación parecía equilibrarse. Se acercaba una acción resolutiva, por vía diplomática o militar.

El 21 de enero de 1496 Ferrante firmó un acuerdo con Venecia, a la que entregó Trani, Brindisi y Otranto, a cambio de los recursos que debían permitirle abrir un tercer frente y bloquear a los franceses en la Basilicata. Entre los refuerzos que a ellos estaban llegando se hallaban los príncipes de Salerno y Bisignano que, a su paso por Génova, rechazaron la mano española que se les tendía. De modo que Gonzalo decidió volcar su esfuerzo, y con notable éxito, en la conquista de ambos señoríos. Sus soldados de a pie estaban demostrando, en aquellas breñas, lo mucho que habían aprendido en Granada. El cerco y conquista de Castrovillari resucitaban el éxito de Baza. Y, a partir de este momento, comenzaron los soldados a llamarle Gran Capitán; lo hacían en ambas lenguas. En toda Calabria no había otro poder que el suyo. Y todo se había conseguido con sus solas fuerzas, sin que Ferrante hubiera de enviarle ni un soldado.

Atella quebranta la negociación

Demasiado joven, Ferrante II permanecía aún soltero. Esto abría incógnitas para el futuro. Mientras no hubiera de él descendencia, la sucesión en el trono correspondía a su tío Fadrique, que seguía insistiendo en la necesidad de llegar a un acuerdo con Francia, mediante las condiciones que él mismo llevara a Carlos VIII, es decir, hacer de Nápoles un señorío de la Corona de Francia conservando título real como sucedía en ciertos señoríos alemanes. En definitiva se mostraba enemigo de Fernando el Católico, en quien veía el más peligroso. Pero Ferrante rechazó al principio tales consejos porque suponía que la única garantía para su seguridad estaba en permanecer dentro de la Corona de Aragón. Por eso en diciembre de 1495, por medio de Hector Pignatelli, persona de toda su confianza, hizo al monarca español una propuesta: casar con su prima Juana, la hija del segundo matrimonio de Ferrante I, para lo que contaba con que Alejandro VI otorgaría la correspondiente dispensa. Si la propuesta era aceptada se cerraba el círculo, ya que significaría una renuncia, por parte del Rey Católico, a presentar sus propios derechos.

Nuevo factor inesperado: la muerte del heredero de Carlos VIII convertía en Delfín, en razón de la ley sálica, a Luis, duque de Orleans, que reclamaba para su esposa el ducado de Milán, pues la exclusión de mujeres funcionaba en Francia pero no fuera de ella. Esta noticia llegó junto con otra: en mayo de 1496 Carlos VIII había repasado los Alpes instalándose en Avignon, lo que hizo temer al Rey Católico que proyectara lanzar todas sus fuerzas sobre la frontera del Rosellón. Hubo, en consecuencia, de enviar sus recursos de soldados, fundamentalmente castellanos, a esta línea y a la de Navarra. Se demostraba que la Unión de reinos permitía al monarca aragonés disponer de recursos más poderosos que los de ningún antecesor suyo. Pero, al mismo tiempo, como ha podido demostrar Ladero, se iniciaba un desfase económico. No eran suficientes los recursos disponibles y, en consecuencia, el fantasma de la deuda pública volvía a aparecer.

Instalado en Almazán, desde donde podía atender a todas las fronteras, Fernando vino a coincidir con Carlos VIII en los deseos de negociación. Los conocía bien porque los contactos entre ambas Cortes databan de las primeras semanas de 1496. Participaron, además de los españoles, Fernán Duque de Estrada y el abad de Montserrat, algunos procuradores de Maximiliano. En Avignon pudieron recoger dilectamente de Carlos VIII una propuesta que era retorno a las posiciones que antes rechazaba, es decir, la cuestión de los derechos. Ahora el monarca francés reconocía que se trataba de algo muy difícil pero seguía eludiendo la decisión del Papa; lo mejor era que ambos reyes se pusiesen de acuerdo para fijar la indemnización que debía darse a cambio de la renuncia, bien entendido que sería Fernando el destinatario de ella. Las cosas parecían encaminarse por esta vía cuando llegaron de Italia noticias que parecían significar un cambio radical.

Por tercera vez Ferrante había cometido el error de aceptar una batalla en campo abierto, siendo nuevamente derrotado. Los franceses había preparado, en Atella, campo fortificado y bien abastecido, una base contra la que los soldados napolitanos se estrellarían, desgastándose. Es prácticamente la estrategia que, cinco años más tarde, empleará el Gran Capitán en Barletta. El monarca napolitano envió a Gonzalo, que se preparaba para ir contra Tarento, un mensaje perentorio: que viniera a hacerse cargo del asedio de Atella; sólo él podía conducir la operación a buen puerto. Y el general español llegó con fuerzas que eran poco significativas al lado de las francesas y napolitanas: 60 hombres de armas, 400 jinetes y 2.000 peones. El 19 de junio Alejandro VI le envió una carta personal que era como un ruego: impedir a los franceses escapar de aquella trampa.

Y así lo hizo Gonzalo Fernández. Usando muy brillantemente la maniobra italiana, y los golpes de mano, experiencia granadina, comenzó privando a Atella de comunicaciones y suministros, cerrando el cerco e impidiendo cualquier salida. Virginio y Jordan Orsini lo intentaron, fueron capturados y conducidos con todo honor y eficacia a Nápoles. El 14 de julio Montpensier envió parlamentarios con bandera blanca, con propuesta de la que podía considerarse rendición completa. Capituló el día 27 del mismo mes. Y nadie dudó ni en Italia ni en España: esta victoria decisiva era debida al segundón de la Casa de Aguilar elevado ahora al nivel donde se situaban los mejores generales de Europa. Había conseguido la destrucción completa de aquel ejército que en 1495 todos consideraban invencible. Con título de virrey gobernaba ahora toda Calabria. Los franceses conservaban todavía dos únicos reductos: Gaeta y Tarento. Gonzalo había comenzado a habituarse a las costumbres italianas. Sus soldados no compartían ese aprecio hacia los hombres y las tierras conquistados. Comenzaban acostumbrados actos de violencia.

El fin de la Liga Santa

De pronto saltó la noticia: el 7 de octubre de 1496 murió Ferrante II antes de contraer matrimonio, de modo que la corona de Nápoles pasaba a su tío Fadrique, bien conocido por sus deseos de negociación sumisa con Francia. Para Fernando se trataba de una pésima coyuntura. Zurita, que dispuso de documentación más abundante que nosotros, sostiene que, a partir de este momento, el Rey Católico superó sus vacilaciones decidiendo presentar sus derechos a Nápoles como base de toda negociación. Es cierto que disponía de argumentos escritos suficientes. Pero esta negociación era directa, entre él y Carlos, sin que le conviniese mezclarla con los intereses de la Liga, donde las discordias surgían amenazadoras.

Toscana, que fuera en tiempos plataforma sustancial para la paz de Lodi, era ahora una manzana de discordia. Un dominico, Jerónimo de Savonarola (1452-1498), había aprovechado el paso de las tropas de Carlos VIII para imponer en Florencia una especie de dictadura religiosa, en desobediencia al Papa y propugnando una reforma demasiado radical que, lógicamente, dividió la ciudad. Y entonces Pisa reclamó el retomo a la independencia solicitando de Venecia una ayuda que ésta le prestó con soldados y barcos. La Señoría florentina se negó a reconocerla entrando abiertamente en conflicto con Venecia. Todo esto era para Fernando un mal signo: paz en la Iglesia, respaldo de la Banca Médicis y Toscana unida le parecían datos indispensables para el equilibrio peninsular; pensaba que podía admitirse una fórmula intermedia de autonomía, como la que Génova disfrutaba en relación con Milán. Un desajuste entre la Banca veneciana y la florentina era, para él, grave perjuicio.

Fue entonces cuando el Moro, Alejandro VI y la Serenísima, sin contar con Fernando, decidieron invitar a Maximiliano a que descendiera a Italia, haciéndose coronar emperador y ordenando, desde su alta autoridad, un plan de convivencia que incluiría la legitimación de Sforza y también de las nuevas fronteras de Venecia. Desde Worms, Antonio de Fonseca y Juan de Albión dieron noticia de todo esto al Rey Católico pero advirtiéndole también que, como de costumbre, carecía de recursos, de modo que sus amenazas eran pura fantasía. Si se decidía a emprender el viaje sería con el designio, únicamente, de obtener dinero sacando a subasta prebendas y legitimaciones. Así sucedió. Alejandro otorgó al cardenal Bernardino López de Carvajal poderes de legado y éste viajó a Monza, colocándose a la derecha de Ludovico el Moro cuando se hizo la recepción del futuro emperador que llegaba acompañado de una discreta fuerza, ocho mil hombres, a los que tenía que pagar.

Los embajadores españoles informaron a su rey de que no había motivos de preocupación. Todo iba a quedar en meros gestos.

El rey de Romanos intentó dirigirse a Florencia para acabar con el régimen de Savonarola que se había colocado en abierta desobediencia al Papa, negándose a acudir a su presencia en Roma, pero las tropas francesas le cerraron el paso y desistió. Apoyó desde luego a Ludovico Sforza legitimando su usurpación mediante el embolso de una buena suma. Y entró en algunas negociaciones confusas. Fracasado en todos sus proyectos, Maximiliano reunió, el 2 de diciembre de 1496, a los procuradores de la Liga en una especie de Consejo que, en el fondo, sólo procuraba su disolución. En nombre de España asistieron Antonio de Fonseca y Gutierre Gómez de Fuensalida, que pudieron informar a su rey de cómo sus previsiones se habían cumplido. Culpó a los italianos del fracaso de su expedición por no acudir con los recursos necesarios y, aunque Carvajal, desde su posición de legado, ofreció nuevos recursos si permanecía en la península, él los rechazó. Sin haberse celebrado la ceremonia de coronación, regresó a su país. Había rey de Romanos, pero no emperador; una situación que se prolongó basta 1529 en que, en Bolonia, se realizaría la última de dichas ceremonias.

Fernando refuerza su estrategia

Una idea se había abierto finalmente camino: Europa carecía de esa autoridad superior que, en otro tiempo, significara el Imperio. De modo que la cuestión radicaba ahora en saber a quién correspondería ejercer la hegemonía. No parece que Fernando aspirara a ello; su atención se dirigía, con vehemencia, a consolidar el dominio mediterráneo, algo que se había retrasado a causa de la cuestión napolitana, que todavía no se había resuelto. Conociendo bien las intenciones de Fadrique se abstuvo de formular un reconocimiento positivo de su legitimidad y comenzó a preparar el regreso de sus tropas a la Península. Gonzalo, que carecía de instrucciones precisas, sí le había reconocido, pero sufrió una profunda decepción cuando solicitó la libertad de Virginio Orsini, que él mismo capturara, y le fue negada. Fadrique había conseguido completar el dominio de su reino apoderándose de Gaeta y Tarento, lo que le colocaba en una condición más fuerte para sus proyectos de negociación. Pero también Francia había conseguido un valioso rehén frente a España: el 8 de octubre de 1496, en un golpe de sorpresa, se apoderó de Salsas.

Al concluir el año 1496, Fernando seguía firmemente convencido de que, pese al fracaso de la expedición a Italia, Francia era la primera potencia de la Cristiandad: seguía siendo el país más rico, poblado y homogéneo. En consecuencia tenía que evitar un enfrentamiento bilateral. Necesitaba, a toda costa, un refuerzo de la gran alianza occidental para compensar deficiencias y, sobre todo, negociar un tratado de paz. Atella no significaba un desastre, como algunos pudieran inclinarse a creer, sino el mal resultado de un plan erróneamente trazado. Los historiadores franceses, sobre todo, nos han acostumbrado a decir que lo que España practicaba en estos años era una especie de cerco en torno a Francia pero es muy probable que Fernando no lo viera así. La amplia documentación rescatada por las dos generaciones últimas permite comprender algunas cosas. Por ejemplo, que el mantenimiento de la estrecha amistad con Portugal, definitivamente consolidada con los ejemplares tratados de Tordesillas, ocupaba el primer plano de atención. Las fronteras eran ahora firmes sin que hubiera roces ni disputas. Ambos reinos participaban en espacios distintos, en esa misma empresa que significa la ruptura del horizonte geográfico. Los acuerdos firmados desde 1479 se cumplían escrupulosamente y las relaciones comerciales eran un eje esencial.

Hubo un plan español de refuerzo de la triple alianza que no parece enderezarse hacia una agresión o guerra contra Francia. Inglaterra y Borgoña no tenían más remedio que admitirlo porque no les quedaba otra alternativa. Los Tudor lamían las heridas dejadas por las últimas guerras y necesitaban apoyos firmes. Y Maximiliano precisaba de algunas vigas para sostener el castillo de naipes que era el Imperio y para sujetar a los consejeros flamencos que trataban de poner enemistad entre hijo y padre a fin de reforzarse ellos mismos en el poder. En el plan de Fernando descubrimos dos componentes esenciales:

Un espacio común de comercio libre, abarcando desde el mar del Norte hasta el estrecho de Gibraltar, en el que entraban las comunicaciones mediterráneas, el golfo de Vizcaya, el Gran Sol y el mar del Norte. Todos los súbditos de los cuatro países implicados eran admitidos con una igualdad en los impuestos sobre las mercancías que evitaba desleales competencias. Se estaba eliminando, poco a poco, el procedimiento de las cartas de marca represalia.

Los matrimonios concertados, y los que permanecían en perspectiva para las nuevas generaciones, debían conducir a que las cuatro dinastías se fundiesen hasta constituir una sola familia. Lazos de afecto podrían superar deficiencias y permitir acuerdos más allá de los que la fría diplomacia proporciona. Hubo, sin duda, un error de cálculo. El ejemplo de Portugal convenció a los reyes a creer que el sistema podía dar resultado en otros países. Se reservaban derechos que podían conducir a uniones territoriales no siempre convenientes.

Inglaterra en 1496

Repasemos lo acaecido hasta entonces en este escenario. En el invierno de 1495 a 1496, siendo muy difíciles las comunicaciones, el doctor Puebla tuvo que moverse por propia iniciativa, atendiendo a los tres objetivos básicos que se le señalaran en sus instrucciones: alianza militar defensiva más eficiente, matrimonio entre los príncipes, incrementando incluso la dote de Catalina si era preciso, y libertad de comercio. No podían los Reyes Católicos sospechar, ni de lejos, las consecuencias que de este empeño de situar a su hija en Inglaterra iban a derivarse. Un argumento al que recurrieron los españoles en aquella coyuntura fue que se estaba tratando del equilibrio y defensa de la Cristiandad: el Papa era, por eso, cabeza de la Liga.

En enero de 1496, estando en Tortosa, Fernando trató con su Consejo de una manera especial esta cuestión de las relaciones con Inglaterra. Se decidió ya entonces recurrir a los correos de Diego de Soria, mezclando la correspondencia diplomática con la mercantil y asegurándose una velocidad en las comunicaciones hasta entonces imposible de alcanzar. Se hizo uso amplio del breve de Alejandro VI, que ya hemos mencionado, porque de este modo se justificaba la postura española: estaba en juego la seguridad del Papa y de la Cristiandad. También se debía insistir en que se había invitado a Francia a entrar en la Liga, pues ésta no buscaba otra cosa que la paz sólida entre los príncipes cristianos. Por esta misma razón, habiéndose concluido los matrimonios con la Casa de Austria, debía Puebla insistir en el de Catalina, pues Inglaterra debía quedar en el mismo nivel de compromiso. Pero se le prohibía mencionar el nombre de la última infanta, María, en las negociaciones con Escocia; era una reserva de la que Fernando no estaba dispuesto a prescindir por ahora.

La alianza militar con Inglaterra era punto esencial en la política del Rey Católico, pero conviene aclarar sus intenciones. No se trataba de comprometerse en cualquier guerra sino en dos coyunturas determinadas, la de ahora en que «concurre mandamiento del Papa y es en su ayuda» o la defensa del territorio de cada aliado frente a una agresión venida de fuera. Por eso Puebla estaba autorizado a incluir el nombre de Perkin Warbeck en la lista de posibles enemigos. Sin duda los españoles ignoraban en aquellos momentos que el falsario, tras su fracasado intento, había hallado refugio en Escocia. Pero de cualquier modo entendían que una reconciliación entre los dos reinos británicos, sustrayendo a los Estuardo a la influencia francesa, era algo que convenía mucho a sus propósitos y en este sentido trabajaban.

En Escocia tenían situado los Reyes Católicos a un procurador, Martín de Ferreira. Habían invitado al deán de Glasgow y a sir Robert Foreman a permanecer más tiempo en su Corte a fin de continuar las negociaciones. El esquema matrimonial montado descubría ahora una de sus fisuras: una alianza sin parentesco parecía de rango inferior en cuanto a los vínculos. No queriendo disponer en este caso de la infanta María, deslizaron a sus embajadores dos ideas: una hija ilegítima de Fernando, Juana, o un enlace entre los Tudor y los Estuardo. Había que sustraer Escocia a la influencia francesa y, al mismo tiempo, abrir nuevos mercados a los comerciantes españoles.

Puntualicemos. Si Fernando se mostraba cada vez más impaciente con la neutralidad británica era porque muchos intereses económicos estaban en juego. La guerra había dificultado y, en ocasiones, impedido a los españoles el acceso a los puertos de Francia. Carlos VIII, que estaba efectuando fuertes desembolsos para conservar sus vínculos con Inglaterra, había autorizado y hasta estimulado la presencia de los súbditos de Enrique VII en sus dominios. Así, los comerciantes británicos, que gozaban en España de grandes ventajas, podían cargar en Francia trigo, vino, hierro y otras mercancías para venderlas después en España en óptimas condiciones. Trataban de sacar luego sus ganancias en oro o plata, eludiendo las prohibiciones. El 12 de mayo de 1496 el Consejo Real tomó a este respecto una medida: el importe de las ventas así efectuadas debía invertirse en productos españoles para la exportación. Sólo a comienzos del verano, ante las noticias que llegaban de Italia, se decidió Enrique VII a pasar de la neutralidad a la no beligerancia: despidió a los embajadores franceses y les entregó cartas conminando a Carlos para que, en bien de la paz, evacuase Nápoles y devolviese Ostia al Papa.

Se fija el destino de Catalina

Enrique VII invitó a Puebla y a los embajadores de Milán y Venecia para que asistiesen a las sesiones de su Consejo los días 11 y 12 de junio de 1496. Se trataba, por su parte, de tomar una decisión. El embajador español se limitó a repetir las instrucciones que, desde España, se le enviaran: sus reyes no pretendían otra cosa que prestar ayuda al pontífice, como ya hicieran con Inocencio VIII y volverían a hacer cuando fuesen requeridos, pues estaban convencidos de que la libertad de éste, dentro del Patrimonium Petri, era garantía para toda la Cristiandad. Enrique asintió a este razonamiento, pero alegó que necesitaba disponer de un poco de tiempo, a fin de que sus embajadores regresasen de Francia. El 2 de julio un agente confidencial británico lo explicó directamente a Fernando. Por los mismos días Puebla era invitado a un tedioso fin de semana en una casa de campo no lejos de Londres. El rey explicó que estaba plenamente de acuerdo con los objetivos fijados, pero con una advertencia: si se trataba de crear un amplio espacio de mercado libre, Flandes y las otras provincias borgoñonas significaban un serio obstáculo porque el archiduque, a punto de convertirse en yerno de los reyes, no parecía dispuesto a renunciar a las elevadas tasas que se cobraban a los comerciantes ingleses. Ahí se señalaba un nuevo ámbito de gestión.

Uno tras otro, Fernando parecía conquistar los objetivos señalados. A finales de julio Inglaterra se adhirió, en efecto, a la Liga Santa sin asumir por ello compromisos militares directos: se trataba de advertir a Francia su soledad. No debemos hablar de una cuádruple alianza: España tenía vínculos firmes con Portugal, Gran Bretaña, Borgoña y la Casa de Austria pero sin que esto incidiese en las relaciones horizontales entre ellos. En la gran flota que, en agosto, emprendió viaje para llevar a Flandes a la archiduquesa Juana, embarcaron también el deán de Glasgow y don Pedro de Ayala, los cuales continuaron viaje a Edimburgo. Pero el español tenía orden de instalarse en Londres, reforzando las gestiones de Puebla en ese punto concreto que consistía en lograr la concordia entre ingleses y escoceses. Desde Laredo, unos días más tarde, Isabel despachó nuevas instrucciones a Puebla enviándolas en una carabela que iba a recalar en Southampton. Acababa de saber que en Roma se había pregonado la adhesión británica a la Liga Santa. Enrique VII debía ser advertido de que, si participaba en la guerra, el Papa le concedería privilegio de cruzada; una tercera parte de sus rendimientos sería remitida a Roma, pero todo lo demás ingresaría directamente en el tesoro del rey. Una buena oferta, sin duda, para un rey obsesionado por el dinero.

El 1 de octubre de 1496 el obispo de Londres, que actuaba como plenipotenciario británico y el doctor Puebla, firmaron el acuerdo matrimonial. Se adelantaban las fechas: cuando Arturo cumpliese los doce años de edad podían celebrarse los desposorios por palabras de presente aunque la consumación se retrasaba hasta que hubiera alcanzado los catorce. La dote se fijaba finalmente en 200.000 escudos de cuatro chelines y dos peniques cada uno, creyendo los Reyes Católicos, con error, que su precio en el mercado no superaría los 350 maravedís. Suma enorme, de cualquier modo, suficiente para pagar treinta y cinco viajes como el de Colón. No tardaría Fernando en descubrir que, por incompetencia o ligereza de Puebla, se trataba de una cifra mucho más elevada. No cabe duda de que Enrique VII había hecho un excelente negocio. Pero también los Reyes Católicos podían felicitarse por los resultados de su política, pues si aquél compensaba deudas del tesoro público, lograba pacificar su frontera norte y consolidaba las relaciones mercantiles con España, éstos conseguían que hasta mediados del siglo XVI la gran ruta de Flandes quedara al abrigo de cualquier sobresalto.

Ayala, cuyas relaciones con Puebla serían verdaderamente tormentosas, no tardó en presentar una denuncia en toda regla contra este tratado: el embajador habría traicionado los intereses de sus reyes vendiéndose a los favores del británico. Recogía especialmente las quejas de los comerciantes españoles, pues no había querido o podido conseguir, como ellos esperaban, la anulación de las customs que pesaban sobre las mercancías procedentes del extranjero. De modo que las esperanzas se diferían hasta el momento en que una infanta española se convirtiera en princesa de Gales. El destino de Catalina quedaba definitivamente fijado.

Las decepciones que acompañan al viaje de Juana

Las intensas negociaciones con Inglaterra que absorbieron gran parte de la atención del Consejo Real durante el año 1496 no impidieron que se trabajara intensamente en otros sectores de la política. Había, tras la firma de los acuerdos con Maximiliano, noticias inquietantes: los embajadores presentes en Bruselas e Innsbruck comenzaron a enviar a Fernando informes acerca de las radicales disensiones entre los consejeros que rodeaban y dominaban a Felipe el Hermoso, y el padre de éste. Las razones eran claras. Mientras que la Casa de Habsburgo tenía que dedicar su atención preferente a la conservación del Imperio y la defensa del Danubio, lo que implicaba también una presencia en Italia, Felipe era presentado únicamente como el continuador de la Casa de Borgoña, en donde era el tercer duque del mismo nombre. Una parte de los dominios de ésta estaba formada por señoríos que se movían dentro del vasallaje francés y por eso los consejeros flamencos, que formaban un fuerte y cerrado círculo en torno a su persona, que hablaban también la lengua de Francia, entendían que el interés de su señor radicaba en la conservación de fuertes vínculos con Carlos VIII, renovando incluso los compromisos de vasallaje.

También había entre los consejeros de Maximiliano personas que compartían tal opinión. Por ejemplo, el 9 de enero de 1496 el embajador en España, Gaspar de Lupian, trataba de poner en guardia a Maximiliano: la política de Fernando el Católico consistía en envolver a Inglaterra y al Imperio en una guerra con Francia, pues de este modo él tendría las manos libres para operar en Italia. Y esta versión no parecía demasiado errada. En la Corte española se tomó nota de otras circunstancias. Todas las ceremonias que acompañaran, el 11 de abril de 1496, la confirmación de los compromisos matrimoniales, en Bruselas, habían sido presididas por el archiduque, operando tan sólo a su nombre. Era el duque de Borgoña quien se casaba.

Los preparativos para el viaje de Juana convirtieron a éste en uno de los grandes acontecimientos del siglo. Se reclamaron también los servicios de Cristóbal Colón, que redactó un informe con instrucciones al respecto. Enviar a una infanta por mar mientras se mantenían relaciones hostiles con Francia constituía sin duda un grave riesgo, lo que obligaba a tomar precauciones. Los responsables de la inmensa flota, García de Cores y Juan de Arbolancha, eran sin duda expertos en la navegación por aquellos mares, que habían recorrido ejerciendo también el corso. Isabel, en un alarde de afecto hacia aquella hija, se separó de su marido en Almazán, decidida a acompañarla hasta que quedara instalada en la carraca de Juan Pérez, que había fondeado en la bahía de Santoña, frente a la playa del Puntal. Comenzado en la noche del 21 al 22 de agosto, el viaje fue azaroso, pues la tormenta obligó a una arribada forzosa a Portsmouth de modo que hasta el 8 de setiembre no pudo desembarcar Juana en Bergen-op-Zoom, puerto holandés.

Le aguardaba una profunda decepción, a la que se iría sumando Fernando a través de los minuciosos informes de los embajadores. Nadie importante había acudido a recibir a la princesa, de modo que el primer contacto que ésta tuvo con la Corte de Borgoña fue por medio de Margarita de York, la viuda de Carlos, que manejaba bien los resentimientos. Tres largas semanas de soledad y desvío se cerraron el 1 de octubre con la llegada de la nieta, Margarita, que podía ser titulada princesa de Asturias. Juntas fueron a Lille en donde, el 12 de octubre, las recibió finalmente Felipe. De modo que el marido había tenido siempre la iniciativa. El matrimonio fue celebrado y consumado el 18 del mismo mes. No es posible fijar el momento en que los monarcas españoles se percataron de la difícil situación sentimental que se estaba creando: Juana había concebido un amor apasionado hacia su marido, el cual, acorde con las costumbres borgoñonas, se mantenía a cierta distancia sin sentirse obligado a una estricta fidelidad. Esto despertaba la irritación en el séquito de la archiduquesa, acostumbrado a las costumbres españolas.

También fue informado el rey de que no se había hecho la asignación de las rentas que figuraban en los acuerdos, de modo que las damas que se encargaban de la casa de Juana comenzaron a verse en dificultades a la hora de pagar las cuentas. Era evidente que Felipe tenía el propósito de sustituirlas en el servicio, a fin de rodear a su esposa de una servidumbre borgoñona y adicta. Roces y desconfianza que se acentuaron en los meses siguientes. De acuerdo con los hábitos de aquella Corte, tan distintos de los que Isabel había procurado introducir en Castilla, la función de la esposa, contractual y política, proporcionando hijos para la sucesión no incluía el amor conyugal. El amor se reservaba para esas otras mujeres a las que, precisamente, se daba el calificativo de «amantes».

La gran flota consumía enormes sumas de dinero. Estaba previsto, en consecuencia, que regresara de inmediato, trayendo a Margarita. Pero la Corte de Bruselas había tomado la decisión de demorar el viaje hasta la primavera siguiente. Un tiempo conveniente por dos razones: se estabilizarían las relaciones con Francia permitiendo el viaje por tierra, y maduraría un poco el príncipe don Juan, joven y de escasa salud. Ahora, de un modo sistemático se estaba construyendo, en torno a Juana, esa pequeña Corte de damas y caballeros flamencos que sustituían a la influencia española. Al menos, entre todas estas noticias, saltaba una que Fernando hubo de considerar favorable: se afirmaba el trato fraternal entre las dos cuñadas. Margarita, prometida de Carlos VIII, había sido educada en Francia, permaneciendo en aquella Corte hasta que aquel joven monarca optó por casarse con Ana de Bretaña. En España era una incógnita el carácter de la nueva princesa de Asturias; cualquier acercamiento a Juana era bien recibido.

La archiduquesa no había hecho renuncia de los derechos que en España pudieran corresponderle. Felipe los consideraba como una aportación esencial a su matrimonio. De momento esto no era motivo de preocupación, ya que por delante de Juana estaban su hermano Juan y también la primogénita Isabel, aunque esta última parecía decidida a permanecer en un estado religioso, lo que impedía contar con su posible descendencia. He aquí, entre otras, una de las razones de impulsarla a un nuevo matrimonio.

Las circunstancias de una segunda boda

Volvamos a aquel día, 12 de julio de 1491, en que murió Alfonso, el heredero de Portugal. Muchos de los proyectos elaborados por los titulares de ambos reinos quedaban ahora en el vacío. Don Joao, «o principe perfeito», carecía de hijos legítimos de modo que la herencia pasaba a don Manuel, superviviente de la Casa de Braganza. Esta circunstancia favorecía a los Reyes Católicos, pero arrojaba sombras sobre la situación interna de Portugal, ya que la muerte del duque de Viseo se convertía en fuerte contradicción. Llegaron noticias de que el monarca portugués pretendía ahora legitimar a un bastardo y los españoles no dudaron en intervenir para impedirlo. Isabel, la viuda desconsolada, había regresado a España. Ganada por las corrientes de la reforma religiosa y por su propia piedad, idéntica a la de su madre, explicó a sus padres que no quería volver a casarse sino permanecer en una especie de beguinaje, entregada al servicio de Dios. Y en principio éstos se inclinaron a respetar su voluntad. Esto explica que Fernando e Isabel reservaran a su hija María, de corta edad; ella podía resolver, con el tiempo, el problema al que dedicaban más atención: la amistad estrecha con Portugal.

Durante cuatro años se mantuvieron, a pesar de esta circunstancia, las relaciones amistosas. Al firmar las capitulaciones con Colón se obligaban los Reyes Católicos a cumplir estrictamente las condiciones de Alcaçobas, navegando siempre al norte del paralelo de Bojador. Aunque, al regreso, el almirante, que había recibido ayuda portuguesa, hizo su primera escala en Lisboa, no se tomó esto como signo desfavorable. Acudiendo al Papa Alejandro VI para que expidiera las bulas que legitimaban las exploraciones españolas, Fernando consiguió que los portugueses aceptaran la reunión de una comisión mixta en Tordesillas, fijando cuidadosamente los respectivos espacios, reflejados en los acuerdos del 7 de junio de 1494 que ambas partes declararon satisfactorios. Portugal se aseguraba una parte del continente americano, del que surgiría Brasil. El 27 de julio del mismo año, y como una consecuencia del clima creado, Fernando e Isabel recordaron a los guipuzcoanos que, en la mar, los portugueses debían ser tratados con el mismo afecto y respeto que se reservaban para los naturales de sus reinos. Portugal no se adhirió a la Liga Santa, y los españoles no hicieron ningún esfuerzo en tal sentido.

En lo que se refería a las relaciones con Portugal, Isabel intervenía más intensamente que su esposo. Hay dos razones que lo explican: se trataba de mantener unas relaciones de íntima amistad entre ese reino y el de Castilla anteriores a la Unión, y ella, hija de portuguesa, se sentía vinculada a la Casa de Braganza. Esto no significa que Fernando dejara de concederles la debida importancia. Cuando Juan II murió, el 25 de octubre de 1495, pasando a Manuel la corona, ella se adelantó a ofrecer a éste todo su apoyo, recordándole cómo los partidarios de su difunto hermano, el duque de Viseo, habían hallado confortable refugio en Castilla. Se movilizaron tropas hacia la frontera para el caso de que el nuevo rey requiriese alguna clase de auxilio.

Fue uno de los refugiados, Alfonso de Silva, que estaba ahora al servicio de los Reyes Católicos, quien recibió el encargo de viajar a Portugal para exponer a Manuel los deseos y preocupaciones que sentían. En primer término mostraría los deseos de intensificar la amistad existente, con tanta mayor razón ahora en que aquel muchacho a quien conocieran y trataran ceñía la corona. Luego, que se cumpliesen las condiciones pactadas acerca del estatus de la Excelente Señora, pues habían llegado noticias de que vivía fuera del convento, rodeada de una pequeña corte de servidores. Por último le ofrecían matrimonio con María, que a la sazón contaba trece años, exactamente la mitad de su presunto esposo. Manuel respondió que nada deseaba tanto como la unión dinástica, pero quería que le diesen la mano de la viuda, Isabel, que tenía veintitrés años, era una belleza blanca y rubia y contaba, desde años atrás, con la adhesión ferviente de sus súbditos.

Eran muy serias las razones que, aparte de la edad, justificaban dicha preferencia. Isabel ya había ejercido funciones como princesa y con muy buena fortuna; significaba un refuerzo para ese cambio en la línea dinástica. Además, en la línea de sucesión se colocaba por delante de Juana e inmediatamente después del príncipe de Asturias. No se trata de meros supuestos pues cuando Juan falleció, cortando los alborozos de la boda de Isabel, el archiduque reclamó para sí la sucesión castellana y hubo que disuadirle. Isabel estaba delante y ningún impedimento se oponía a que reinara.

Las dificultades venían de otra banda. Fernando e Isabel habían prometido respetar la voluntad religiosa de su hija y ahora se trataba de forzarla a un cambio de opinión. No era oportuna una simple orden; era preciso ganar su voluntad. La tarea requirió varios meses, durante los cuales Manuel se mantuvo firme en su propósito. Estamos en condiciones de suponer, con fundamento, que se convenció a la princesa con un argumento, en el que intervino directamente Cisneros: ese matrimonio era la vía mediante la cual podía alcanzarse en Portugal la misma unidad religiosa que se había alcanzado ya en el resto de la Península, incluyendo la expulsión de conversos y judíos. Los preliminares del acuerdo, que se firmaron en Burgos el 30 de noviembre de 1496 por el propio Cisneros y Álvaro de Portugal, responden plenamente a estos planteamientos. Pero eran también una victoria para los esquemas políticos trazados por Fernando. Todos los tratados vigentes quedaban automáticamente confirmados y se darían a Manuel, en Castilla, las mismas prerrogativas que a los infantes, hijos de rey. La dote se mantenía en las 100.000 doblas de oro, parte de las cuales estaban desembolsadas, mientras que a Isabel se asignaban otras 17.000 en concepto de arras y todos los señoríos que en Portugal correspondían a las reinas. En este punto fue donde ella tuvo uno de los gestos que acrecían su popularidad: dijo que mientras viviera Leonor, viuda de Juan II, a ésta correspondería el disfrute de tales señoríos. Verdadera reina.

Hubo una condición de la que Manuel no tuvo más remedio que quejarse con cierta sorpresa: se daba un plazo de seis meses para que la desposada se trasladara a Portugal. ¿A qué se debía la desacostumbrada demora? Es difícil para el investigador moderno, que se mueve en medio de la documentación conservada, penetrar en las secretas motivaciones de una persona tan profundamente religiosa, que renunciaba a su vocación para cumplir un deber que juzgaba más imperioso. En cierta ocasión había llegado a comentar que la muerte de su primer marido, dolorosa pérdida para ella, era seguramente castigo del cielo por la gran cantidad de herejes a los que se diera acogida en Portugal. En mayo de 1497, límite del plazo, sin dar cuenta de ello a sus padres, escribió una carta confidencial a su marido: haría efectivo su matrimonio cuando estuviese certificada de que todos los que, escapando a la Inquisición fijaran su residencia en Portugal, habían sido expulsados. No quería seguir la suerte de Sara. Aunque ambas partes presionaron —Fernando se mostró sinceramente sorprendido por aquella iniciativa de su hija que rompía el curso de las relaciones diplomáticas—, sólo fue posible convencerla mediante un protocolo adicional que implicaba la expulsión de Portugal de todos los conversos.

Fernando y Manuel acordaron reunirse en algún lugar de la frontera para relanzar la política ultramarina común. Primero se pensó en la pequeña aldea de Ceclavin, pero luego se decidió cambiarla por Valencia de Alcántara que ofrecía mejores condiciones para una estancia mayor y más acorde con el nuevo aire familiar que las cosas tomaban. El 12 de setiembre de 1497 el Rey Católico comunicó a sus colaboradores que estaban negociando ya la paz con Francia, que debían seguir con este asunto, ya que él se encaminaba a este otro lugar donde la estancia, previsiblemente, sería larga. Con él viajaban la reina y los príncipes de Asturias que vivían con vehemencia su luna de miel. Aunque se había advertido al joven Juan que no le convenía abusar de los deleites sexuales, no hubo un cambio de conducta. En Madrigal, donde tantas cosas tuvieran comienzo, la comitiva se dividió. Los príncipes iban a tomar posesión de su señorío de Salamanca y los reyes, con la infanta reina continuaron a Valencia de Alcántara. Pero las vistas, tan decisivas para el futuro de Europa, se vieron interrumpidas por un correo que, a galope tendido, trajo la noticia de que el príncipe se hallaba gravemente enfermo en Salamanca. Un rayo terrible iba a descargar sobre el futuro de la monarquía española. Sobre esto tendremos que volver.

Fernando presenta sus derechos a Nápoles

Era el mes de noviembre de 1496 y estaba la Corte española en Burgos cuando se recibieron cartas de Bernat de Vilamarí anunciando la muerte de Ferrante II y la proclamación de Fadrique. Esta noticia se acompañaba de otra: algunos barones napolitanos, que formaban el bando que podríamos llamar españolista, quisieron aprovechar la oportunidad para reconocer a Fernando como rey, pero la viuda, Juana y el embajador Domingo Ram lo habían evitado. Los informadores decían que Fadrique los había ganado a su causa con la promesa de casar a uno de sus hijos con la hija de la reina que usaba su mismo nombre. Esta vez la documentación no permite dudas. El Rey Católico decidió no reconocer al nuevo titular presentando sus propios derechos. Largas instrucciones a Garcilaso de la Vega le conminaban a visitar al Papa solicitando de él la investidura, ya que la otorgada a Ferrante I debía considerarse nula: en modo alguno corresponde a un bastardo ser rey coronado. Por esos mismos días el obispo de Catania era enviado a Flandes para ordenar al almirante Enríquez que regresara porque se requerían sus servicios en otra parte.

Alejandro VI había tenido sus dudas; era evidente que la inclinación francesa de Fadrique no le convenía, pero acabó decidiendo que resultaba peor para sus intereses la ampliación del dominio aragonés y el 11 de junio de 1497 otorgó el reconocimiento con las condiciones que ya conocemos. Una copia de esta bula fue enviada a España por medio de fray Bernardo Boyl, que tenía encargo de apoyar las gestiones del nuncio Desprats. Previamente y como una adecuada compensación, el Papa otorgó a los monarcas españoles el título de Católicos (solemne bula del 19 de diciembre de 1496) que ostentarían hasta 1931.

Ni Venecia, ni Milán ni el propio Papa veían con buenos ojos la presencia del monarca español en Nápoles. Compartían este pensamiento los demás príncipes italianos. De modo que, ante la nueva situación creada, los miembros de la Liga Santa consideraban necesario activar las negociaciones para una paz con Francia que devolviese a la península la independencia en todas sus gestiones. Demasiado prudente, y apoyado en esta línea por su esposa, Fernando no insistió. Pero, reforzando una postura ya insinuada en el comienzo de la guerra, decidió emplear los derechos, que apoyaba en documentación a este fin encargada, como una moneda de cambio sobre la mesa de las negociaciones. Aun dentro del silencio, una cosa quedaba bien clara; no haría ningún gesto positivo que significara el reconocimiento de Fadrique como legítimo rey.

Ahora la guerra, evidentemente, podía darse por concluida. Pero a los ojos de muchos podía hablarse de un empate. Cierto que la expedición de Carlos VIII a Nápoles había terminado en fracaso y capitulación, pero las batallas campales libradas daban un balance favorable y sus posiciones seguían siendo fuertes en el norte de Italia y a lo largo de la frontera de los Pirineos. La ventaja de Fernando se apreciaba en otro terreno, el de la gran alianza occidental, de la que Borgoña era una pieza clave. Pero los expertos enviados a Bruselas, Rojas, el almirante y el obispo de Catania, coincidían en sus informes: allí estaba el talón de Aquiles de todo el sistema. Felipe, desviándose radicalmente de las opiniones de su padre y de sus suegros, se estaba mostrando «muy francés». La tregua de Lyon, de que vamos a ocuparnos, suspendiendo las hostilidades, iba a ser considerada como un éxito por parte de Carlos VIII: las cosas volvían a estar en el punto de partida y la Liga Santa se disolvía en el aire. Los reyes de Navarra volvían, como siempre, al afrancesamiento. Y en relación con Maximiliano se confirmaba la primera visión: el Imperio era un nombre, un gran honor si se quiere, pero nada más.

Entre 1497 y 1499 asistimos a una especie de repliegue en la política europea del Rey Católico. La clave del mismo podemos situarla en el enfriamiento de relaciones con el Papa y el cambio de actitud de la peligrosa familia de éste. César había manifestado su decisión de volver al estado laical, desvelando las falsificaciones que antes se hicieran para inventar una legitimidad. Su primera idea era instalarse en Nápoles contrayendo matrimonio con alguna infanta de aquel reino. Los monarcas españoles protestaron; demasiados escándalos en el umbral de la Sede romana. Una situación que traería consigo consecuencias muy graves para la Iglesia. Y al repudio español no tardaría Borja en responder con un cambio de bando, empujando a su padre.

Conviene, sin embargo, no cometer errores. Estos años de retroceso en Europa son, precisamente, los que marcan el término de una expansión que se hace en nombre de la Corona de Castilla pero en la que Fernando sigue teniendo el principal protagonismo. Nuevos viajes de Colón, simultaneados con los de otros navegantes permiten comprobar que se ha hallado un Nuevo Mundo y no, simplemente, un término de etapa. Un italiano, Américo Vespuccio, inserto en el vasto mundo de negocios de la Casa Médicis, es quien por primera vez hace pública dicha conciencia y transmite su nombre. Se completa la conquista de las islas Canarias. Una población militar se instala en el peñón de Melilla, abandonado. Se refuerzan los lazos con Egipto e indirectamente también con los Santos Lugares. Se intensifica la llegada del oro africano y Cádiz va camino de convertirse en uno de los principales puertos del mundo. Las relaciones con Portugal se estrechan y, un día de estos, Fernando e Isabel reciben la información que a ningún otro rey se comunica: está abierto el camino de la India.

Se recobra Ostia

Pongamos orden en los sucesos, que son muy complejos. Desde diciembre de 1496, sin bajar ni por un momento la guardia, amparado por pequeñas treguas, Fernando había reanudado sus contactos con la Corte francesa, tratando de abrir alguna vía de entendimiento. Ahora que Fadrique había conseguido recobrar todo el territorio, salvo Rocaguillerma y desde luego las plazas cedidas a España y a Venecia, Gonzalo Fernández, que mandaba las tropas que garantizaban la seguridad del reino, se mostraba perplejo y así lo dijo en una carta a Miguel Pérez de Almazán: había dejado de recibir instrucciones que le indicasen lo que tenía que hacer. Probablemente el propio rey tampoco estaba muy seguro de la conducta que le convenía seguir. La negativa de Alejandro VI a tomar ni siquiera en consideración su demanda de derechos le había dolido. Y ahora escribía a Bernardino López de Carvajal que, desde luego, no iba camino de hacer el buen Pontificado que prometiera.

Una razón de fondo puede servirnos de explicación en ese desvío que acabaría traduciéndose en ruptura. Esos dos hijos, Juan y César, empeñados en medrar, se sentían profundamente defraudados. El ducado de Gandía parecía ahora compensación modesta y al antiguo arzobispo de Valencia se cerraban las puertas. Maduraba la reforma en España pero ¿cómo culminaría si el Papa daba tan mala cuenta de sí mismo? Al término de la guerra, Alejandro no controlaba ni siquiera los Estados Pontificios: en Ostia se mantenía una guarnición rebelde a las órdenes de un terrible vizcaíno, Menaldo Guerri, y los señoríos de los Orsini seguían rebeldes, mandando sus tropas uno de los mejores generales, Bartolomeo d’Alviano, cuya relación con el Gran Capitán ya conocemos. El Papa hizo venir de España al duque de Gandía y le encomendó el mando del ejército romano. No tardó en demostrar su falta de capacidad militar sufriendo la derrota de Soriano que obligó al Papa a capitular con los Orsini devolviéndoles su antiguo poder (25 de enero de 1497).

Entonces Alejandro se decidió por pedir ayuda a Gonzalo, encomendándole la captura de Ostia, precisamente la fortaleza que justificara el comienzo de la guerra. El Gran Capitán llegó a Roma el 19 de febrero y envió mensajeros a Menaldo para que se rindiera. Respondió con una bravata —«que se acuerde que todos somos españoles y que no lo ha con francés sino con español y no castellano, sino vizcaíno»— pero al cabo de dos semanas pidió tregua para consultar al rey francés si se le iba a prestar auxilio o debía rendirse, de acuerdo con la costumbre. El Papa se negó a confirmar la tregua que Gonzalo aceptara y el 9 de marzo Ostia fue tomada al asalto. Vizcaínos había en los dos lados de la línea. El Gran Capitán recibió en premio la Rosa de Oro y él pidió, a su vez, un favor: la libertad de Menaldo Guerri. Tras la victoria, Alejandro hizo a su hijo Juan duque de Benevento y puso en marcha medios para crear, en su favor, un señorío tan potente como los que ostentaban Orsini y Colonna.

Maximiliano había vuelto a Innsbruck, residencia favorita, donde construía el monumento funerario que no llegaría a ocupar pero que aún nos impacta por la sombría representación de la trayectoria europea. Había renunciado a la lucha y los franceses también. Alejandro aprovechó la oportunidad para enviar a Bernardino López de Carvajal, con poderes de legado a latere a proponer a Carlos VIII la negociación de una paz, que él aceptó. Movido por los consejos del duque de Orleans y de Julian della Rovere, aceptaba que en el desarrollo de su programa italiano había cometido un error: debía comenzar por Milán, pues la posesión firme de Lombardía garantizaba a continuación la de Nápoles. Y en este sentido, una paz con los miembros de la Liga dejaba sin apoyos a Ludovico el Moro.

La tregua de Lyon

Clima de paz. Pero los informes que a Fernando llegaban le impedían dar órdenes para un desarme. Se señalaban focos de resistencia en todas partes y un ataque ejecutado sobre la ciudad de Novi en el Milanesado le hacían desconfiar. Había una gran concentración de tropas en Lyon. En cambio, las guarniciones concentradas en Rosellón y Cerdaña, en donde ya predominaban los castellanos, se hallaban muy lejos de alcanzar los niveles que sus consejeros militares juzgaban indispensables, esto es 2.000 hombres de armas, 12.000 jinetes y, como mínimo, 20.000 peones. Aquí surgía la cuestión capital. ¿De dónde sacar tanto dinero? Las finanzas desempeñaron un papel esencial en esta guerra.

En consecuencia, hemos de tener en cuenta que no eran las fuerzas militares las que debían servir de fundamento para aquella monarquía que escalaba peldaños en la creación de poder. El modo de mantener a Francia por debajo no podía ser otro que el refuerzo de las alianzas hasta convencerla de que podía hallarse enfrentada con fuerzas tan superiores que sería inútil para ella pretender superarlas. Portugal y Borgoña estaban bien sujetas por la vía de los matrimonios. Por eso, en el año 1497 los mayores esfuerzos se volcaron en Inglaterra. Las instrucciones enviadas a Puebla, después de la firma del contrato que afectaba a Catalina, nos da bien la medida de lo que pretendía Fernando. Mediante vínculos recientemente establecidos, Inglaterra y Escocia parecían dar al olvido viejos resentimientos e iniciaban un camino de coordinación con buen futuro. Ahora se podían incrementar las relaciones mercantiles, pues nada tan provechoso como el buen dinero para fortalecer la amistad. Los monarcas españoles prometieron a Enrique que intercederían con el Papa para que también a él se hiciera llegar una parte de las rentas del clero, como estaba ya sucediendo en España. El inglés invitó a Margarita de Austria para que, en su viaje a España, se detuviera también en Inglaterra comprobando de hecho los signos de amistad.

Así estaban las cosas cuando Fernán Duque de Estrada consiguió en Lyon la firma de una tregua (25 de febrero de 1497) prolongada hasta el 1 de noviembre del mismo año, un plazo que se consideraba suficiente para que pudieran culminar las negociaciones de paz. Ambas partes proporcionaban una lista de príncipes y señorías a los que la suspensión de hostilidades debía extenderse. La presentada por Fernando era muy precisa: Manuel de Portugal, Alejandro VI, Maximiliano, Enrique VII, Felipe el Hermoso, Nápoles, Navarra, Escocia, Venecia, Milán, Génova y Pisa. Coincidía en gran medida con la propuesta por Francia, permitiendo comprender que se trataba de dar carácter general a la suspensión de hostilidades. Pero es muy significativo que los franceses no mencionasen Milán, Génova y Pisa, como si se tratara de objetivos que se hallaban en el punto de mira. Figuraban, en cambio, muchas otras señorías italianas.

En Nápoles la tregua comenzaba el 25 de abril, por razones de reajustes de fuerzas. Antes de esa fecha los españoles tomaron Rocaguillerma por asalto, dejando claro que ya no había ningún reducto francés en todo el reino. En cierto modo esto favorecía a Fadrique, que podía considerarse como rey sin disputa. Había, sin embargo, un hecho: salvo la presencia de los soldados del Gran Capitán, ningún vínculo se detectaba entre Fadrique y la Corona española.

El Moro estaba convencido de que a él iba a corresponder pagar la factura. Bien es cierto que, para muchos, era la consecuencia de los pecados que cometiera para llegar a apoderarse del ducado. Un día, hablando con Luis Claver, levantó la punta de sus preocupaciones; podía estar seguro de que su interlocutor las comunicaría puntualmente a Fernando. Dijo que él era duque por haberle otorgado la investidura Maximiliano, a quien correspondía, por ser Milán una parte del Imperio. Ahora temía ser víctima de las negociaciones que se anunciaban porque sabía muy bien a dónde apuntaba el duque de Orleans. Proponía como remedio que se firmase un acuerdo entre Carlos VIII y Maximiliano, en el que se garantizase la permanencia de Milán dentro del Imperio. Para todo esto juzgaba muy necesario que el rey de Romanos fuese coronado emperador, ya que este nuevo rango le garantizaría el dominio sobre Lombardía; en este momento Felipe el Hermoso podría ser reconocido por los príncipes electores como rey de Romanos. No tenemos noticia de que Fernando haya formulado opinión alguna sobre estos extremos.

El 7 de mayo de 1497 se cursaron desde España las órdenes disponiendo el regreso de Gonzalo Fernández. Terminaba la guerra con un resultado tangible, beneficioso para la Corona de Aragón, pues el reino de Sicilia incrementaba su espacio con la cabeza de puente calabresa. El cambio más importante se refería, sin duda, a la persona del Gran Capitán. Había recibido el título de duque de Terranova, lo que le instalaba en la primera nobleza napolitana, aunque todavía no de la española. Se había dejado ganar por los hábitos italianos. No era extraño; a muchos ocurría lo mismo: a fin de cuentas era Italia modelo de toda gentileza y fantasía. Había establecido estrecha amistad con los Colonna y ahora pretendía hacer lo mismo con los Orsini. Actuaba en todas partes con benevolencia, como un mediador que, fiel al espíritu de la caballería, muestra afecto y respeto al adversario vencido. Indirectamente había prestado grandes servicios a Fadrique, contribuyendo a consolidarle en el trono.

La boda de los príncipes de Asturias

Las instrucciones que se enviaron a Rodrigo González de Puebla el 28 de marzo de 1497 reproducen fielmente los debates que tuvieron lugar en el Consejo Real, respecto a las consecuencias que había que extraer de la tregua de Lyon. Y llama la atención un punto que no debe, desde luego, sorprendernos. Lo importante a juicio de los consejeros era la consolidación del espacio mercantil hacia el mar del Norte; por eso se consideraba necesario lograr un entendimiento entre Inglaterra, Escocia y Borgoña. Las quejas de los comerciantes españoles contra la que consideraban mala gestión de Puebla, demasiado «inglés», encontraban eco. El falso duque de York, comprendiendo que la red se cerraba, abandonó su refugio de Escocia y buscó otro en Irlanda; la fuga tuvo lugar precisamente en una nave de Pedro de Guevara.

Sin embargo, las noticias que llegaban de aquellos ámbitos y, en especial de Flandes, no podían alimentar el optimismo del rey. Juana no estaba consiguiendo el afecto e influencia política que sus padres esperaban y la flota que aguardaba a Margarita se deterioraba incrementándose el gasto. A mediados de enero de 1497 comenzaron los Reyes Católicos a preparar un barco especial, pero no hubo oportunidad de enviarlo pues llegó la noticia de que la princesa, aceptando la invitación de Enrique VII, había cruzado el Canal y estaba en Inglaterra, desde donde podría hacer más tranquila travesía. En efecto llegó a Santander el 8 de marzo. Fernando, que se apresuró a salir al encuentro de su nuera, halló la comitiva en el valle de Toranzo, cerca de Reinosa. El clima se había mostrado en este caso favorable. Juntos fueron a Burgos en donde les esperaban la reina y el príncipe. Sin perder tiempo, el domingo de Ramos, que aquel año era 19 de marzo, se celebraron los desposorios; la liturgia de la Iglesia obligaba a retrasar las velaciones hasta el mes de abril. Pero no la consumación que se hizo ya entonces, mientras brillantes fiestas se celebraban. Juan contaba entonces 18 años y había la esperanza de lograr pronta descendencia. Deliberadamente se procuró rodear de atenciones a Margarita.

Pero a pesar del tono cordial con que se redactaban las cartas enviadas a Flandes, era evidente, por otros datos recogidos, la profunda decepción de Fernando ya desde el primer momento. No se permitía a Juana desempeñar ningún papel político; incluso se le había impedido recibir la visita de un secretario de Enrique VII, que llevaba una carta para ella. Sólo el 23 de mayo hallamos una carta, dictada sin duda, en que ella aseguraba que su marido le había pedido cierta colaboración.

La oferta de Navarra

En marzo o abril de 1497, estando en el monasterio de Fresdelval, no lejos de Burgos, Fernando el Católico celebró una larga entrevista con dos embajadores franceses, Guillermo de Poitiers, señor de Clérieux, y Ricardo Lemoine. Estuvieron de acuerdo en separar las dos cuestiones pendientes, una paz general que afectaba a las cuatro grandes monarquías europeas y el debate sobre Nápoles, que era cosa de Carlos y Fernando, exclusivamente.

El monarca español insistió en su idea: ningún derecho asistía a Fadrique para ser rey de Nápoles, de modo que si él y Carlos llegaban a una fórmula satisfactoria para el entendimiento, se habrían removido los obstáculos para la paz. Los franceses entendieron que se trataba de llegar a una renuncia con indemnización, pero es probable que el español estuviera pensando ya en un reparto, pues tenía a un agente especial, Álvaro de Montenegro, trabajando intensamente en Nápoles para conseguir que se restituyesen todos los señoríos que Alfonso V otorgara a sus colaboradores, los cuales podían organizarse ahora como un partido aragonés.

En la última semana de mayo, como se había acordado, dos delegaciones, presididas por Clérieux y por Juan Daza, obispo de Catania, respectivamente, se encontraron, como estaba previsto, en el castillo de Caladruer. Aquí el obispo precisó cuál era la propuesta de su rey: si Carlos VIII renunciaba a sus derechos se podría conseguir una indemnización adecuada, como eran Avignon y el condado Venaisin, propiedad de la Sede romana, compensando a ésta con dominios para ella más convenientes, tomados del Realme. Los franceses no respondieron; necesitaban consultar con su señor. En una segunda entrevista —las dos delegaciones se habían instalado en lugares muy próximos, Cijas y Ribasaltas— Clériéux hizo la contrapropuesta que fue inmediatamente comunicada a Fernando, que se hallaba en Medina del Campo: era él quien debía renunciar; veladamente se dijo que la compensación adecuada en este caso sería Navarra. No olvidemos que la yuxtaposición de los dominios Foix/Albret con esta corona también resultaba inconveniente para Francia.

Para entender las razones de esta propuesta hemos de retroceder en el tiempo. Los servicios prestados por el vizconde de Narbona eran acreedores a una compensación, pero éste no podía reivindicar Navarra y sí sólo el patrimonio de la Casa de Foix. Un poco tarde, Carlos VIII había descubierto que con su inhibición en los asuntos navarros había permitido a Fernando apuntarse un tanto y cerrar esta frontera, atrayendo a Navarra a la esfera de acción española. Tomó entonces dos decisiones: otorgó a Alain d’Albret y al señor de Lautrec mandos militares importantes en aquella zona y propuso a Juan y Catalina resolver el pleito entre las dos ramas del linaje casando a Magdalena, rehén ahora en manos de los Reyes Católicos, con el hijo del vizconde a quien se había puesto el nombre de Gaston de Foix. Conviene no olvidar ahora que la hermana de este muchacho era Germana de Foix. La propuesta significaba romper el tratado de Madrid y entregar a los descendientes de Gaston y Leonor toda la herencia.

Los Estados Generales reunidos en Pau decidieron apoyar la propuesta pero las Cortes de Navarra se opusieron radicalmente y enviaron al prior de Roncesvalles, Fernando de Egüés, a recordar a sus reyes que Navarra quería y estaba decidida a seguir siendo parte de la nación española y que para ello necesitaban la garantía de que Magdalena sólo contraería matrimonio con un príncipe español. Los sucesivos conflictos que hemos venido registrando aclaraban el fondo del problema. Por aquel malhadado matrimonio que Juan II, en circunstancias tensas, había escogido, se había producido la yuxtaposición en una sola mano de dos entidades absolutamente opuestas: un conjunto de señoríos franceses que querían seguir siéndolo y un reino español. Pronto o tarde, los Foix tendrían que elegir entre esas dos alternativas. Si se medía la importancia por el volumen de rentas, las francesas tenían la superioridad.

Menos que antes, Fernando demostró en estos años que no tenía aspiraciones personales: le bastaba con conseguir que Navarra siguiera siendo un miembro más dentro del conjunto de reinos hispánicos. De modo que la alusión a Navarra vino únicamente del lado francés y no fue tomada en consideración. Parece que el proyecto de Carlos VIII se encaminaba a conseguir que los Albret aceptasen un ducado importante, el de Normandía por ejemplo, a cambio de la entrega de Navarra. Ésta sería puesta en la mesa de negociaciones como una alternativa a Nápoles. Fernando e Isabel instruyeron a Pedro de Hontañón: tal propuesta no debía de ser ni siguiera oída. Pues el destino que hubiera de darse a Navarra era sólo competencia de los propios navarros. Un criterio que el rey, siendo ya el esposo de Germana, pondría en práctica para lograr la incorporación del reino.

También el Papa estaba informado de estas componendas, tan mal ajustadas a normas de derecho. Fue entonces cuando extendió la bula en forma solemne, antes mencionada (11 de junio de 1497) notificando a toda la Cristiandad que Fadrique gozaba de la investidura del reino por parte del vicario de Cristo. Un ejemplar de la misma fue enviado a España con la intención, sin duda, de hacer cesar los acuerdos. Ya hemos dicho que Fernando recibió muy mal este anuncio, pero no cesó en sus propósitos. La guerra en suspenso, que no permitía sin embargo el desarme, se estaba convirtiendo en una carga económica cada vez más pesada capaz de perturbar algunos de los logros esenciales del reinado. Era preciso concluir. Por otra parte, las noticias que llegaban de los preparativos turcos elevaban las cotas de inquietud en el Mediterráneo.

La voluntad de Juan de Albret y Catalina de Foix se inclinó en el sentido propuesto por los Estados de Bearne haciendo caso omiso de las Cortes navarras. Había que volver al buen redil de la poderosa Francia. En este punto no tardaron en encontrar un inesperado colaborador. El 15 de junio de 1497, en una calle oscura de Roma, el duque de Gandía fue asesinado; la voz pública señaló a César, que de este modo asumía la jefatura total del linaje. No pudiendo disponer del apoyo español —eran demasiados los escándalos— decidió reorientar su política hacia la amistad con Francia, buscando precisamente un enlace matrimonial con los Foix. Una tarde, pocos días después del 3 de julio, el aya de Magdalena, María Gual, llamada madame Duffort por su matrimonio, llegó a presencia de los Reyes Católicos para decirles que había recibido instrucciones de su señora para poner fin a la estancia de Magdalena en Castilla porque a esta niña el clima sentaba muy mal. Isabel se encargó de responder de modo suave pero negativo, ya que lo que se pedía era el abandono del tratado de Madrid. Aquel verano, en el viaje que Catalina hizo a Pamplona remachó el quebranto de los acuerdos llevando consigo una escolta exclusivamente francesa. De modo que no podía quedar duda: los Albret desatendían los compromisos que dichos acuerdos significaban.

No podía sorprender a nadie que el 7 de setiembre de 1497 Catalina, faltando a su palabra, firmase el compromiso matrimonial de Magdalena con Gaston de Foix, quien desde aquel momento podría titularse heredero de todos los dominios que correspondían a la familia. De este modo se ponía fin a los litigios largos. Una señal evidente del repliegue que, en estos momentos, ejecutaban los monarcas españoles, lo hallamos en que no se produjo ninguna protesta oficial ni medida fuerte. Se cursaron a Pedro de Hontañón instrucciones para que hiciese en Pau dos advertencias que parecían señalar la línea última de su repliegue: ningún alcaide o gobernador de castillo o fortaleza en Navarra podría ser cambiado sin que ellos dieran su consentimiento, y que los reyes estaban muy sorprendidos de que circulara el rumor —sólo podían reputarlo de falso— de que se pretendía cambiar Navarra por Normandía. En silencio, mucho silencio, se comenzó a ejecutar el relevo y refuerzo de tropas en aquella frontera.

Dimensiones de un cambio de bando

Dos factores pueden ayudarnos a comprender las razones de este repliegue de Fernando en la política europea. La muerte del príncipe de Asturias proyectaba hacia Isabel y la descendencia que ésta esperaba las esperanzas sucesorias que abarcaban a Castilla y Portugal. Los crecidos gastos que suponía el mantenimiento de soldados en pie de guerra obligaba, por su parte, a llegar a cualquier cíase de arreglo hacia la paz. Mucho retraso estaba además significando para el primordial objetivo mediterráneo. Llegaban además noticias de que Alejandro VI se disponía a ejecutar un cambio de bando. No olvidemos que toda la legitimidad de la guerra partía de un punto: se había acudido a prestar ayuda al Papa.

La primera noticia fehaciente de dicho cambio, impulsado por César Borja, llegó a Fernando por una vía marginal. Una hija de Ferrante de Nápoles, Beatriz, había sido casada a muy corta edad con Ladislao de Hungría, buscando de este modo una reconciliación con esa rama de los Anjou. No había hijos. Pero en 1493, cuando la muerte del emperador Federico III abrió la herencia compleja de los Habsburgo, Ladislao, que ya era rey de Bohemia y de Hungría, pensó que un matrimonio con alguna de sus descendientes podía abrirle el acceso a Austria, reunificando dominios que ya estuvieran unidos. Triple corona que podía considerarse como la mejor garantía en la defensa danubiana frente a los turcos. Solicitó, en consecuencia, del Papa una anulación de su boda. Beatriz acudió a Fernando el Católico en busca de protección, que él otorgó, y el proceso había sido frenado. Maximiliano y la República de Venecia también se oponían al divorcio porque la constitución de una triple monarquía danubiana era amenaza directa para sus propias aspiraciones. Por razones de parentesco y afinidad política, Carlos VIII defendía las pretensiones de Ladislao. Siguiendo instrucciones recibidas de España, Garcilaso de la Vega había propuesto a Alejandro el envío de un legado que, junto con embajadores españoles, austríacos y venecianos, ordenase a Ladislao hacer vida marital con Beatriz.

Todo parecía encaminado en esta dirección hasta el verano de 1497. Ahora llegaba el cambio. En la mañana del 15 de junio de este año comunicaron al Papa el asesinato de su hijo Juan. Cayó en un dolor tan profundo que nombró una comisión de seis cardenales para que sin perder tiempo emprendiesen la reforma, y escribió a Ludovico Sforza y a Fernando que estaba decidido a abdicar; su conciencia le acusaba de que el desarreglo en su vida moral era la causa última de aquel drama. El arrepentimiento fue breve. César tomaba las riendas y llegaba a un acuerdo con Francia que, en la nueva fase de la política europea, iba a poder contar con lo que en principio faltara, respaldo del Papa. Por medio de Francia, Alejandro, que dio al viento los proyectos de reforma, estableció una aparatosa reconciliación con Julian della Rovere. César estaba decidido. De acuerdo con las instigaciones de Carlos, se acogieron de buen grado las propuestas de Ladislao. En junio de 1498, ante la Dieta de Friburgo se anunció de manera oficial que se iba a otorgar el divorcio. Un golpe a las aspiraciones de Maximiliano que quería reforzar los dominios de la Casa de Austria.

La paz de Marcoussis

Ahora, sin la menor duda, el monarca francés había recobrado la primacía que en Atella pareciera mermada. En noviembre de 1497 una delegación de cinco personas, que presidía el señor de Clérieux, llegó a Medina del Campo para hacer una propuesta concreta: repartir Nápoles, conservando Carlos título de rey pero dando a su interlocutor toda Calabria, con la salvedad de que podía sustituirla por Navarra y una renta anual de 30.000 ducados, extremo que, según el francés, contaba «con la voluntad de Catalina y de los naturales del reino». El monarca español rechazó la propuesta. Ni la parte ofrecida era suficiente ni estaba dispuesto a recibir Navarra en tales condiciones. No podemos descartar los aspectos morales que a los Reyes Católicos importaban mucho en esta negociación. Desde luego que Fernando buscaba, como ya intentara en otras ocasiones, defender la hispanidad de Navarra y dar los pasos oportunos para que, por vía de matrimonio, pudiera este reino incorporarse a la Unión, que ahora parecía perfilarse aún más lejos por la existencia de un heredero común con Portugal. Pero todo esto resultaba incompatible con esta línea marcada por la diplomacia francesa en donde Navarra, comunidad humana bien definida, que invocaba en su Fuero la memoria de Pelayo y Covadonga, era tratada como una simple propiedad inmobiliaria que se intercambia o vende en el mercado. Por otra parte, ¿qué garantía podía creerse que había para el caso en que Albret entregara su reino al francés? ¿No trataría de quedarse con él?

Ritmo lento en las negociaciones. Es posible que Carlos pensara que, tras la salida de las tropas españolas de Nápoles, la nobleza angevina en este país se alzara en armas contra Fadrique y le llamara. Esto no se produjo. Tampoco el distanciamiento de Inglaterra. El 23 de octubre de 1497 Enrique VII llamó a Puebla para comunicarle la buena noticia: Perkin Warbeck estaba en su poder; había intentado otra vez la aventura con un puñado de hombres y no encontró el menor apoyo. Aumentaban los intercambios mercantiles. Puebla seguía insistiendo en que se suprimiesen los derechos aduaneros, customs, sin conseguirlo; se trataba de un tributo que ingresaba directamente en las arcas reales y del que Enrique no estaba dispuesto a prescindir. Pero en cambio estaba dispuesto a reconocer que la alianza española significaba para él grandes ventajas. Las cartas que en diciembre de 1497 enviaron Enrique y su esposa desbordaban de entusiasmo y complacencia.

Antes de despedirse, a principios de diciembre de este año, Clérieux recomendó a los Reyes Católicos que enviasen sus embajadores para seguir discutiendo los puntos de su propuesta, y Fernando accedió. Esta vez los reyes informaron a Maximiliano (6 de diciembre), que seguía en Innsbruck, acerca de estos detalles, sin ocultar los recelos que esta negociación en ellos despertaba. Ese empeño que ahora el monarca francés mostraba por conseguir una paz con España, dejando al margen todos los asuntos italianos, no podía significar otra cosa que su deseo de disponer de manos libres en Italia. Pero aclaraba que estaba dispuesto a negociar y recomendaba a su consuegro que escogiese también la misma vía. La paz era una necesidad apremiante. Había que tomar un respiro en los cuantiosos gastos.

Tres embajadores españoles, fray Antonio de la Peña, Fernán Duque de Estrada y el doctor Martín Fernández de Angulo, estaban en la Corte francesa cuando se produjo el prematuro fallecimiento de Carlos VIII (8 de abril de 1498) a quien sucedía Luis, duque de Orleans y de Milán, como a sí mismo se titulaba. Le acompañaron en su viaje por Blois, Orleans, hasta París y durante él fueron informados de que, dejando aparte Milán, ninguna cuestión parecía al nuevo rey que no pudiera solucionarse por vía de negociación. También desde Innsbruck llegaban noticias halagüeñas; Maximiliano estaba dispuesto a preferir la negociación.

Las desconfianzas iniciales pronto quedaron resueltas. Por distintas razones, Luis XII necesitaba ante todo la paz. Fernando escribió también a sus aliados de Inglaterra y de Borgoña que a todos convenía concluir un acuerdo; la Liga Santa debía considerarse un capítulo cerrado. Para reforzar y enaltecer la misión diplomática fue enviado a Francia Alfonso de Silva, que era clavero de la Orden de Calatrava. Muchas cosas estaban cambiando en desfavor del Rey Católico. Luis y César Borja se necesitaban recíprocamente. El primero porque necesitaba disolver su propio matrimonio para casarse con Ana de Bretaña, viuda de su antecesor, y no perder por esta causa el ducado. Y el segundo porque, cerradas las puertas, sólo podía confiar en Francia para cumplir sus anhelos. Y así, sin parar mientes en el escándalo y los precedentes que se establecían, Alejandro VI accedió, poniendo al pairo su autoridad espiritual en aquellos años que marcaban el final de su Pontificado. Se declaró la falsedad de los documentos anteriores, lo que llevaba al reconocimiento de que el Papa era su padre. Y César dejó de ser cardenal pasando al estado laical. Al mismo tiempo se declaraba la nulidad del matrimonio de Luis XII usando argumentos menos plausibles que los que, años más tarde, serían rechazados a Enrique VIII.

Los monarcas españoles, por razones morales, se abstuvieron de participar en este programa. Con ello perdieron lo poco que aún quedaba de amistad con el Papa que se colocaba al lado de Francia. De modo que no era posible repetir el gesto de 1495. Durante las negociaciones Fernando dejó bien claro que no iba a renunciar a los compromisos militares con sus aliados. El tratado de paz que Francia y España firmaron en Marcoussis el 5 de agosto de 1498 restablecía la amistad como en los viejos tiempos, obligándose a recíproca ayuda contra los enemigos, exceptuándose, de acuerdo con la norma de toda la Cristiandad, al Papa. Cada uno de los contratantes formulaba una lista de cinco aliados a los que, en cualquier caso, prestaría ayuda para su defensa. Coincidían en tres nombres, Enrique VII, Juan de Albret y Felipe el Hermoso, pero diferían en los otros dos, pues Fernando e Isabel incluían a Maximiliano y a su yerno Manuel de Portugal, mientras que Francia introducía al rey de Escocia y al duque de Lorena. Se restablecían, desde luego, las generosas condiciones mercantiles con libertad para todos sus súbditos. Pero sobre Italia se guardaba espeso silencio: era, sin duda, algo que se dejaba para negociaciones posteriores.

Fernando entregó la confirmación del tratado, estando en Zaragoza el 30 de setiembre del mismo año. De este modo se cerraba, sin excesivos traumas, la que podemos llamar primera guerra de Italia. Como una consecuencia de su política había llegado a situarse en un nivel semejante al de Francia y, sin duda, superior al de los otros reyes de Europa.

CAPÍTULO XIII

RUPTURA DEL ORDEN SUCESORIO

Fernando refuerza su autoridad

Hemos puesto mucha atención en este gran conflicto, entre 1494 y 1499, porque en él correspondió a Fernando un protagonismo mayor. Estaba en juego el futuro de la Corona de Aragón que constituía su directo patrimonio. Si Francia hubiera conseguido la victoria, el daño principal habría sido precisamente para ésta, teniendo en cuenta las dificultades económicas en que todos sus reinos se movían. Esto no quiere decir que Castilla no hubiera tenido que pagar su precio. Ahora con el éxito obtenido, los progresos en el comercio y la lucha contra la piratería podían seguir adelante, ofreciendo mejores perspectivas para la recuperación. La presencia castellana había resultado esencial para el logro de los buenos resultados y éstos permitían al rey ir incrementando las dimensiones de su autoridad y, también, de su poder. No se trataba de ir al absolutismo, como Sanpere y Soldevila suponían, sino de romper las pequeñas oligarquías reforzando los principios de autoridad. Había que cumplir la ley, haciendo que todos la cumplieran. El programa de Fernando, que tendía al autoritarismo —refiriéndose a Castilla él la llamaba «su ventura» por esta causa—, tropezaba con las dificultades que en capítulos anteriores hemos podido señalar. Pero al doblar el siglo el prestigio del monarca había crecido.

Debemos puntualizar: la costumbre de hablar de la Corona de Aragón puede hacer pensar que el sistema se ordenaba en torno a este reino. Recordemos que el nombre oficial de donde dichos términos han salido era de «Corona del Casal d’Aragó», reflejándose así el carácter dinástico. La Unión de Reinos en torno a una Corona se había conseguido, objetivamente, en el reinado de Pedro IV, quien, como sus descendientes, otorgaba preferencia al Principado de Cataluña haciendo de Barcelona una ciudad distinta y por encima de las otras. Fernando no modificó esta manera de pensar. La Corona asumía la soberanía, poder supremo, pero respetaba la administración de cada uno de sus miembros de acuerdo con los respectivos Fueros. Esa primacía de Barcelona no se había debido a razones políticas sino económicas. Y ahora las cosas habían cambiado, pues Valencia, por donde salían al mar los productos castellanos, se había adelantado.

La guerra se cerraba además con una experiencia: tanto en Nápoles como en la frontera pirenaica las aportaciones castellanas habían sido abrumadoramente superiores. En consecuencia, en la misma medida en que las Cortes, defendiendo sus privilegios, cerraban los cordones de la bolsa, estaban otorgando a los castellanos el peso decisivo en el futuro de la monarquía. Llegaba el momento de hacer un balance.

Aragón había sido el reino que con más éxito resistió las nuevas normas de gobierno que Fernando propugnaba. Se ha llegado a la conclusión, razonable, de que contaba con mayores medios que los otros reinos, para defender sus «libertades». Pero la razón de esta superioridad radicaba en la mayor abundancia de nobleza, que aquí alcanzaba el 22 % de la población; algunos linajes eran especialmente poderosos y, en las Cortes, el estamento disponía de dos de los cuatro brazos. Frente a los simples ciudadanos y a la población no englobada en los estamentos, la nobleza defendía los privilegios, leyes privadas, a las que llamaba «libertades». Este éxito tenía, también, dimensiones muy negativas en cuanto al mantenimiento de la estructura social. Veamos el caso de Celada, situada dentro de la baronía de Guillermo de Palafox. En 1497 los campesinos elevaron una protesta porque seguían sometidos a los que podían bien llamarse como en Cataluña malos usos. Pero esta vez la sentencia no fue en favor de los siervos, considerados libres, sino de los señores, ya que reconocía a éstos el derecho a cobrar rentas, imponer trabajo, percibir tributos y hacer otras cosas que provenían de antiguo. Comentando este caso, concluye Belenguer, aquí, a diferencia de lo sucedido con los remensas, la victoria era para los dueños de la tierra. Las dimensiones cuantitativas del problema permitían este tipo de soluciones.

Ello no obsta para que se reconozca que también en Aragón obtuvo Fernando algunos avances en la afirmación de su autoridad. La guerra con Francia obligó a las Cortes a contribuir con ayudas a la defensa del Rosellón. También se procedió a reclutas de soldados que se enviaron a Nápoles. Desde 1490 las Cortes habían aceptado que el rey pudiera escoger cinco especialistas en derecho, de una lista por ellas mismas redactada, que actuarían como una especie de tribunal capaz de revisar las sentencias que se dictasen en delitos de homicidio y otros similares. Se trataba de un sistema va ensayado con éxito en Castilla por parte del Consejo Real, en sus dimensiones de administración de la justicia. Y en las Cortes de Tarazona de 1495, como ya indicamos, se amplió el abanico de linajes que podían proporcionar candidatos para la Diputación.

Los progresos del poder real en Cataluña se debían, sobre todo, como ya queda indicado, a que el rey pudo encontrar un colaborador de gran talla, Jaume Destorrent. Demostró, con ello, que no hacía distingos entre la Busca y la Biga, tratando de superar los viejos enfrentamientos. Tampoco pretendió desmontar el poder social del patriciado sino de ponerlo al servicio de los intereses económicos. De acuerdo con el privilegio de 1493, el Consejo de Ciento estaba formado por 48 ciutadans honrats y 32 miembros de cada uno de los otros tres brazos, es decir, mercaders, artistes y menestrals, lo que significaba que ninguno de ellos podía, aisladamente imponer su opinión. Pero esta opinión era dirigida desde la conselleria de cinco miembros, tres de los cuales eran ciutadans, uno mercader y el otro, por turno, artista o menestral. Este predominio social del patriciado fue puesto por Destorrent al servicio de una colaboración estrecha con la Corona, empeñada a su vez en devolver a Barcelona el papel de cabeza que ya desempeñara en la monarquía.

Muchas cosas habían cambiado en aquellos veinte años de reinado. La puesta en marcha del redreç permitió alcanzar un equilibrio social. Mercaders, artistes y menetrals tendieron a unirse frente a los grandes empresarios porque no querían que se pusiese límite a las exportaciones: les beneficiaba el libre mercado hacia fuera. Por otra razón, como era el mantenimiento de la dignidad en las costumbres, Fernando enalteció y defendió al patriciado elevando a muchos de sus miembros al rango de cavallers. Así pudo decir que, en el primer brazo, 16 eran caballeros equiparándose así los ciudadanos a los otros brazos en el número 32. La insaculación obligaba a rotar entre las familias. Se abría de este modo la sociedad. En más de una ocasión el rey dejó su testimonio escrito: ninguna ciudad era para él tan importante como Barcelona. De ella dependía la prosperidad del comercio mediterráneo y, en definitiva, la de todos los demás reinos. En aquellos momentos América no pasaba de ser una incógnita entre nubes.

Valencia se había beneficiado sucesivamente de tres circunstancias: el declive económico de Barcelona, las facilidades que la unión matrimonial proporcionó para el comercio con Castilla, y, ahora, la guerra. Mal gobierno, que suscitaba quejas continuas como hemos señalado, pero que el rey no quería cambiar porque le favorecía. Al mismo tiempo una gran prosperidad. Se decidió que había que dotar a la ciudad de un gran puerto con muelles de piedra, adecuado para respaldar el crecimiento económico. Los primeros fondos recaudados con este fin fueron entregados a la Corona para sufragar la guerra de Nápoles. Pero en 1497 Fernando, que contaba ahora con un maestre racional de confianza, Gaspar Amat, resolvió el problema asignando a la obra una renta de 100.000 sueldos anuales tomándolos de los peajes de todo el reino. Por este medio la autoridad real incrementaba su presencia.

Parece, en cambio, que fue muy escaso el éxito que pudo apuntarse el Rey Católico en Mallorca, donde la situación económica tendía a agravarse por dos o tres circunstancias muy singulares: los efectos de la piratería sarracena a la que las islas estaban más expuestas, la estructura política menos adelantada —decían los mallorquines que no necesitaban Cortes— y el crecimiento de la deuda pública favorecida por los privilegios de los poderosos. En 1495 el Grande y General Consejo, dominado por la oligarquía, elevó una protesta al rey: el redreç de Cataluña les perjudicaba porque concedía a los mercaderes del Principado ciertos monopolios. En el fondo el patriciado temía que acabaran aplicándose allí medidas semejantes que les perjudicasen. Fernando no hizo caso de la protesta y nombró un virrey, Joan Aymerich, más enérgico y con instrucciones para buscar el enjugue de la deuda. La ciudad ofreció 6.000 libras para la guerra de Nápoles pero con la condición de que ninguna reforma sería intentada. El rey declinó la oferta y encomendó al virrey y al provincial de los franciscanos, Francés Segarra, que presidiendo una comisión, buscara el modo de corregir la deuda, no por medio de impuestos indirectos, que reclamaba la oligarquía sino poniendo fin a los privilegios de los adinerados.

Las tensiones fueron tan fuertes que el reino de Mallorca no participó en la guerra de Nápoles con dinero ni tropas. Un beneficio —lo era en más de un sentido— que debía venirle del esfuerzo de los castellanos. De nuevo Fernando recurrió a un verdadero golpe de Estado: en 1499 publicó, estando en Granada, la Pragmática que disponía una amortización de la deuda a razón de 8.000 libras por año, suma que debía salir de los bolsillos de los poderosos suprimiendo las inmunidades fiscales de que gozaban y rebajando en un 20 % los intereses devengados por los títulos de la deuda, que ellos principalmente poseían. La Pragmática no fue, sin embargo, obedecida. Hasta la muerte de Isabel los proyectos de Fernando sobre las islas no adelantaron ni un paso. Como en los otros reinos de la Corona la resistencia se atrincheraba tras la defensa de las «libertades».

Muerte del príncipe de Asturias

La monarquía estaba ahora consolidada como una unión —es erróneo acudir al término de confederación— de siete reinos, dos de los cuales ni siquiera eran españoles. Aunque algunas veces, desde fuera, se les llamase reyes de España, Fernando e Isabel no podían asumir este título: dos reinos estaban fuera de la nación y otros dos, hispanos, fuera de esa unión constituida por la Corona. Los hábitos sucesorios también marcaban diferencias preocupantes. Quedaba firmemente establecido en Castilla que las mujeres podían reinar, pero en la Corona de Aragón predominaba la costumbre que reconocía a éstas la función de transmitir derechos. Y ahora la pervivencia hereditaria de dicha monarquía descansaba sobre los cinco frutos del matrimonio de los que solamente uno era varón. Por este orden: Isabel (1470), Juan (1478), Juana (1479), Catalina (1482) y María (1485).

Todo esto significaba que la estabilidad sucesoria se hallaba pendiente de un hilo. Si éste fallaba, un príncipe «de extraño país y extraño lenguaje», como dice el Fuero de Navarra, en calidad de esposo o hijo de una de las infantas, sería encargado de asumir el poder ínsito en la monarquía. ¿Significaba esto la «desvertebración» de España? (Ortega y Gasset). No cabe duda de que ideas y preocupaciones cruzaron por la mente de Fernando en estos años que suceden a 1497 y conducen a decisiones posteriores a 1504 que parecían indicar una ruptura. Comencemos recordando que las dos personas que cuidaban de la educación del príncipe don Juan, fray Diego de Deza y Juan Zapata, advirtieron a sus padres que el muchacho no gozaba de buena salud. Al iniciarse la vida conyugal con Margarita de Austria —¡qué gran esperanza, lograr aquí nietos!— algunos consejeros recomendaron un freno en la actividad sexual, pero Isabel rehuyó el consejo: lo que Dios ha unido que no lo separe el hombre.

Volvamos a aquel mes de setiembre de 1497 en que los príncipes se separaron de la comitiva regia que iba a la boda de Isabel para dirigirse a Salamanca. El 1 de octubre un correo llegó a Valencia de Alcántara para comunicar que Juan se hallaba en punto de extrema gravedad. Fernando montó a caballo y pudo llegar a tiempo para recibir de su hijo la triste y definitiva despedida. Nuestras fuentes dicen que recibió la muerte en la noche del 3 al 4 de octubre con gran entereza y profunda religiosidad. Iguales sentimientos expresó Isabel, para quien comenzaba ya un declive de siete años: «Dios me lo dio, Él me lo ha quitado, bendita sea su Voluntad.» Pedro Mártir de Anglería, refiriéndose al monumento sepulcral que aún guarda sus cenizas en Santo Tomé de Ávila, escribió: «Ahí queda enterrada la esperanza de España entera.» La última esperanza también se vio truncada: Margarita, embarazada, sufrió un aborto al llegar a Alcalá con la Corte; el feto era varón.

Felipe, demostrando escasas noticias, trató de titularse príncipe de Asturias y hubo que advertirle. La dinastía Trastámara tocaba a su fin. De acuerdo con la costumbre castellana, que Isabel defendiera con tanto empeño, la primogénita y su marido Manuel «el Afortunado» debían ser instalados en la sucesión. En medio del drama una nueva perspectiva: Portugal podía incorporarse a la Unión de Reinos. Había que superar el obstáculo que significaba la costumbre aragonesa, pero en este caso Fernando confiaba en convencer a sus súbditos porque la unidad era preferible a la división. Una noticia capaz de sembrar inquietud: Fuensalida, paseando por los jardines de Innsbruck, recogió una confidencia de Maximiliano que le decía que ahora el archiduque, contando con el apoyo de Francia, podría reclamar sus derechos.

Miguel: la esperanza

En enero de 1498 los Reyes Católicos instaron a Isabel y su marido a que acelerasen el viaje para ser jurados herederos por las Cortes. Algunos temores venían también de Portugal porque podía alzarse, desde el lado opuesto, la sombra de Aljubarrota. Los recelos fueron vencidos: era muy fuerte la amistad entre ambos reinos y muy provechosa la ganancia. De modo que entre los días 29 de abril y 13 de mayo se celebraron Cortes en Toledo y allí Isabel y Manuel fueron jurados. Se entendía que, mientras vivieran Isabel o Fernando, este derecho y condición no sería reclamado. Pasaron entonces a Zaragoza. Se pretendía convencer a los aragoneses, invocando la memoria de la reina Petronila, que también optasen por la misma fórmula. De nuevo la terquedad en la defensa de sus costumbres causó la irritación de los reyes.

Probablemente había, tras esta resistencia, una cuestión de fondo. Si Portugal se incorporaba a la Unión, con sus vastos dominios y su economía en desarrollo, la parte porcentual del reino aragonés en el conjunto de la monarquía sufriría un repliegue. Carente de costas, Aragón nada podía ganar con la ruptura del horizonte. Todos los esfuerzos para convencerles fallaron. Al final se llegó a la decisión de esperar el parto de la princesa porque si nacía varón ningún inconveniente habría para que, junto con sus padres, fuera jurado. El 24 de agosto de 1498 nació Miguel. La madre —segundo golpe— murió a consecuencia del parto. Manuel regresó a Portugal, pero el niño, que fue jurado el 22 de setiembre, permaneció en Castilla para ser educado convenientemente. No sería, ni en estos reinos ni en Portugal, un príncipe extranjero.

Tampoco este niño gozaba de buena salud. La reina Isabel soportó mal este segundo golpe y enfermó, causando por primera vez preocupación seria. Dos años para un sueño que parecía cumplir todas las aspiraciones. Instalado en Granada para mejores cuidados, en Miguel recaía la herencia de los dos mundos delimitados en Tordesillas. Había nacido en Zaragoza y los aragoneses no podían poner reparos. Tenía fijada su residencia en Castilla. Así hasta el 20 de julio de 1500.

El matrimonio de César Borja

Desde enero de 1498 el comendador Gutierre Gómez de Fuensalida se instaló en la Corte de Maximiliano, que estaba en Innsbruck a la sazón, e iniciaba el envío de los largos despachos que constituyen una de nuestras más valiosas fuentes de información. El rey de Romanos, que no había podido convertirse en emperador coronado, estaba furioso y decepcionado por su viaje a Italia. El español comentó con agudeza sus primeras impresiones. No era, desde luego, un aliado fuerte en quien se pudiera confiar. Alardeaba de grandes proyectos políticos para, enseguida, descubrir que carecía de los recursos más elementales para llevarlos a cabo. Un momento hablaba de paz para, en el siguiente, propugnar el recurso a la guerra. Dos cosas estaban apareciendo suficientemente claras: sus esperanzas de obtener en Italia recursos económicos y apoyo habían desaparecido; era, además, consciente de que Felipe el Hermoso, guiado por sus consejeros, se había desentendido completamente de su política buscando el apoyo de Francia por la vía de sumisión. A pesar de la decepción que tal conducta le producía, tenía que resignarse a aceptarla, pues carecía de medios para oponerse a ella. Los electores y la Dieta también le negaban apoyo, considerando que sus planes poco tenían que ver con el interés de Alemania. Cuando llegó la noticia del aborto de Margarita no hizo el menor comentario, ya que este desdichado suceso permitía al archiduque dar un paso. En resumen: prescindiendo de su padre y de sus suegros, Felipe se estaba preparando a asumir el protagonismo de una política; su francofilia era eje fundamental.

Fernando e Isabel pusieron el mayor cuidado en ganarse la simpatía agradecida de Margarita; se le abonaron todas las rentas acordadas y que como a princesa le correspondían. Buscaban de este modo que lijara su residencia en España hasta que llegara el momento de concertar un nuevo matrimonio, pues de este modo intervendrían en la negociación evitando que pudiera causarles perjuicio. No olvidaban que el primer compromiso había sido precisamente con Francia. A pesar de la firma de la paz de Marcoussis, los conflictos, tanto en Italia como en Navarra seguían presentes. Y la alianza occidental, dada la actitud de los consejeros de Felipe, se resquebrajaba.

Una hermana de Luis XII era ahora la vizcondesa de Narbona, de modo que el relevo en el trono de Francia perjudicaba los intereses de los Albret. Fue entonces cuando intervino César Borja. Ya hemos visto cómo había conseguido un cambio de actitud radical de su padre el Papa en la cuestión del divorcio del rey. Ahora este importante servicio tenía que ser pagado en la forma prometida: un matrimonio y un alto señorío que le insertase en la primera nobleza de Francia. Se le ofrecieron dos posibles esposas, Carlota de Albret, hermana del rey de Navarra, y Germana de Foix, hija del vizconde de Narbona. Los Albret se adelantaron, ganando seguridad. Y como señorío se le otorgó el ducado de Valence (Valentinois). Podían gastarse bromas en torno al nombre, que siempre era Valencia: alguien dijo que ni siquiera había necesidad de borrar la V en la ropa bordada del antiguo arzobispo.

La triple alianza entre Luis XII, los Borja y los Albret despertó en éstos de nuevo la encendida francofilia. A fin de cuentas, todos eran ahora franceses. En agosto de 1498, al recibirse noticia del tratado de Marcoussis, Juan y Catalina llamaron a Pedro de Hontañón y le dijeron que, una vez establecida la paz, no había razones para que siguieran las guarniciones castellanas en su reino. Fernando ordenó al embajador dar respuesta recordando que aquellas guarniciones estaban allí no en razón de la guerra sino como garantía de los antiguos señoríos de los Beaumont.

Por su parte, Alejandro VI tuvo un gesto significativo: aquel año envió la Rosa de Oro a Felipe el Hermoso. Podía interpretarse de muy diversos modos. Haciendo una distinción al hijo de Maximiliano y yerno de los Reyes Católicos parecía muestra de afecto a ellos. ¿O estaba premiando y estimulando la francofilia de que alardeaba el archiduque?

Repercusiones en Londres

Las noticias que desde Londres, Bruselas e Innsbruck llegaban a los monarcas españoles en estos meses que rodean a las negociaciones de paz levantaron serias preocupaciones. Por desgracia, Fernán Pérez de Ayala, al que se destinaba para refuerzo de Puebla, pereció en un naufragio. Entonces decidieron montar una misión itinerante, a Londres y a Bruselas, destinando a ella a Sancho de Londoño y a fray Tomás de Matienzo, dominico de Santa Cruz de Segovia y hechura de Torquemada. Eran varios los asuntos de que debían ocuparse, pero entre ellos destacaban para nuestro objeto dos. Había que explicar a Felipe con detenimiento hasta dónde alcanzaban los derechos que en España correspondían a su esposa Juana y, también, los inconvenientes que con su postura estaba causando a su padre y a sus suegros, unidos en estrecha alianza. Habían llegado las primeras noticias de irregularidades en la conducta de la archiduquesa de quien se decía que descuidaba sus deberes religiosos.

Las instrucciones se sellaron el 7 de marzo de 1498, cuando aún vivía la reina de Portugal. A su paso por Londres, Londoño tenía que cumplir algunas delicadísimas tareas. Se sospechaba, por denuncias presentadas por los mercaderes españoles, que Puebla, ganado por el rey de Inglaterra, se había excedido en las concesiones otorgadas a éste en los tratados. Si esto se comprobaba sería conveniente formular algunas reclamaciones. También debían comunicar que la dispensa para el matrimonio de Catalina había sido otorgada por el Papa. Aquí surge en el investigador la suspicacia: ¿qué motivos cautelares explicaban que se hubiese solicitado tal condición si no había parentesco ni siquiera lejano entre los contrayentes? La última princesa británica que reinara en España, Catalina de Lancaster, se remontaba al origen de los tiempos. ¿Se pretendía asociar al Papa también en esta combinación?

Acababa de llegar Gaspar de Lupián con el encargo de acelerar el regreso de Margarita a Flandes, y esta prisa despertó suspicacias. Acaso estaba pretendiendo Felipe sustituir a Catalina por su hermana en el lecho del príncipe de Gales. En Londres se podrían rastrear, con habilidad, noticias más fehacientes. De este asunto, por los mismos días, hablaba Maximiliano a Fuensalida. El rey de Romanos estaba contento y agradecido, especialmente a Isabel, por el cariño que demostrara a su hija, pero también se mostraba deseoso de que regresara. A fin de cuentas, coincidía el embajador, de lo que se trataba era de impedir que los monarcas españoles tuvieran parte, o conocimiento siquiera, de los nuevos compromisos que para Margarita se procuraban.

Ante las noticias que, desde Bruselas y desde Innsbruck le llegaban, Fernando reflexionó hondamente comprendiendo —no tenemos que esperar a 1505— que necesitaba tomar ciertas precauciones. No le afectaba la grandilocuencia de Maximiliano, a quien seguiría tratando como pariente y fiel aliado; todos esos proyectos de que hablaba, colocándose al frente de un ejército para devolver las glorias al Imperio, eran apenas luminarias fugaces. Pero le parecían muy serias las maniobras que ensayaban, directamente en contra suya, los consejeros de Felipe. Querían hacer de éste un vasallo fiel de Francia y, en consecuencia, aliado de ésta. De este modo, un matrimonio de Margarita con el príncipe de Gales significaría arrebatarle a él un aliado.

Tras un viaje accidentado, por vientos contrarios y mal estado de la mar, Londoño y Matienzo consiguieron desembarcar en Inglaterra el 22 de junio, aunque no llegaron a Londres hasta el 2 de julio de este año. Aquí Puebla les comunicó cómo, en las últimas semanas, había mantenido conversaciones directas con Enrique VII, que se mostraba sorprendido porque, desde Francia, le llegaban noticias acerca de las negociaciones que estaban en curso; el embajador añadió que él le había recomendado que siguiera la misma conducta porque, contando ahora con los dos poderosos aliados, España y el Imperio, estaba en mejores condiciones que nadie para obtener ventajas. Londoño se abstuvo de comunicar al embajador las gestiones que, en cartas muy reservadas, se le encomendaran: averiguar cuál iba a ser la actitud de Enrique VII en relación con el escándalo significado por la secularización de César Borja; descubrir cuáles eran las razones ocultas que impidieran progresar más en la liberalización del comercio, y aclarar las peleas entre Puebla y don Pedro de Ayala. Se decía que, en cierta ocasión habían dialogado a bastonazos.

Los informes que recogieron en relación con Puebla, procedentes sobre todo de los comerciantes españoles afincados en aquel país, no podían ser peores. Le retrataban como un personaje corrupto, que aprovechaba sus buenas relaciones con el palacio de Westminster para cometer cohechos, beneficiando con ello a los ingleses y perjudicando a sus connaturales. La ascendencia conversa relativamente próxima era apuntada como otro dato negativo. Los informes de don Pedro de Ayala, su enemigo personal, eran todavía más desfavorables: se trataba de un avaro —es cierto que sus emolumentos llegaban tarde y mal— que, para evitar gastos, se alojaba en una casa en donde habitaban también mujeres de mala nota.

En un alarde de precauciones, Londoño y Matienzo no consintieron a Puebla hallarse presente en la entrevista privada que celebraron con Enrique VII, en la cual comunicaron al soberano inglés que había noticias de que fugitivos de la Inquisición estaban siendo acogidos en Inglaterra. No tuvieron motivo de queja respecto a la acogida que se les dispensó. De acuerdo con los hábitos británicos, fueron invitados a un fin de semana en la casa de campo de Shene, y aquí sentados a la mesa del rey, que proporcionó a cada uno de ambos una bolsa de monedas de oro. También Puebla estuvo presente; formaba normalmente parte de la Corte británica en sus desplazamientos. Enrique aprovechó esta oportunidad para pedir a los españoles un favor. Puesto que se dirigían a Flandes podían solicitar que se diera a los mercaderes británicos un trato mejor que el que estaban recibiendo.

Matienzo y Juana

Nuevas dificultades ralentizaron el viaje. La estancia en Londres y Shene había sido breve y el 31 de julio los embajadores estaban en Bruselas. De este modo Fernando no pudo tener en cuenta las noticias, que de allí salieron el 8 de agosto, a la hora de concluir las negociaciones de Marcoussis. Esto hizo que Felipe el Hermoso no se sintiera afectado. También Maximiliano, que en junio de 1498 había ido a Freisingen para discutir con la Dieta sus planes, pudo sentirse en cierto modo marginado. Fuensalida, que no se separaba de su lado y mantenía frecuentes e indiscretas conversaciones, pudo alzar una parte del velo que ocultaba ciertas decisiones como aquella de Felipe cuando reclamó para sí, aunque por poco tiempo, el Principado de Asturias. Una tarde tediosa, en un monasterio de las afueras de Freisingen, el rey de Romanos hizo al embajador la confidencia de que, siendo hijo de Leonor de Aviz, se consideraba con más derechos que Manuel para ceñir la corona de Portugal. No quería estorbar ni contrariar la política de los Reyes Católicos pero sería conveniente que éstos hiciesen una declaración en el sentido de, caso de morir Manuel sin hijos varones, él —en definitiva Felipe— debía ser reconocido como sucesor.

Podemos imaginar el sobresalto que en Fernando, y desde luego en su esposa, causaban estas noticias que les comunicaba el embajador. Maximiliano hacía confidencias para que se comunicaran luego a sus consuegros. Pero era evidente que la Casa de Austria estaba orientando sus apetitos hacia alguna parte del patrimonio real castellano. Por caminos distintos, Felipe y Maximiliano, abandonado este último por sus propios súbditos, buscaban el apoyo de la alianza española para servirse de ella. El 7 de julio, Fuensalida recibió de su regio interlocutor otra confidencia: los consejeros flamencos, consumada su traición, habían firmado, por medio de Felipe de Nassau, una alianza con Luis XII. De modo que, al fin y al cabo, debía mostrarse satisfecho con la paz de Marcoussis, en que se le incluía; conseguía escapar de una trampa.

La presencia de fray Tomás en aquella embajada obedecía a otras circunstancias muy específicas: tenía que comprobar si se estaba dando refugio a fugitivos del Santo Oficio y averiguar qué había de ciertos rumores que señalaban que doña Juana incurría en algunas rarezas y había abandonado sus hábitos religiosos tan profundos. La condesa de Camiña fue a informar a la archiduquesa: viene en calidad de juez inquisidor. En consecuencia, cuando el 1 de agosto llegó a la presencia de Juana, ésta le recibió con voces tan destempladas e injurias de tal calibre que hubieran debido poner sobre aviso acerca del comienzo de su enfermedad. Matienzo explicaba a los reyes: «le respondí que no venía a hacer inquisición sobre su vida ni para escribir ni decir cosa que no saliera de su boca». El fraile no tardó en descubrir la que él creía causa fundamental de sus desvíos: las relaciones matrimoniales, de las que se esperaba un primer fruto, iban por muy mal camino. A Felipe molestaban las solicitudes de su esposa porque quería disponer de la libertad que era normal en la Corte de Borgoña. Ella sufría tremendamente a causa de los celos. El hecho de que naciera una niña, Leonor (16 de noviembre de 1498), acentuó el desvío. Felipe necesitaba un varón para los planes que acariciaba. Los malos tratos se hicieron extensivos a los miembros, ahora muy escasos, del séquito español que conservaba la archiduquesa.

Londoño, por su parte, comunicaba a su rey otros aspectos igualmente graves. Felipe se había sometido por completo al cerrado círculo de consejeros borgoñones y se sentía, pura y simplemente, conde de Flandes y duque de Borgoña con los señoríos a ambos títulos agregados. Quería recobrar toda la herencia que perteneciera a su abuelo, continuando la trayectoria de consolidación de este dominio, pero estaba convencido de que sólo podía lograrlo por el camino que marcaban los Albret, es decir, buscando la estrecha vinculación con Francia. En general, aquellos consejeros se sentían, ante todo, franceses. El 12 de agosto de 1498 regresó a Bruselas el conde de Nassau, portador del acuerdo que acababa de firmar, en nombre de su señor: Luis XII devolvía Artois pero con la condición de que Felipe prestaría homenaje solemne por este condado y el de Flandes. El resto de la herencia borgoñona quedaba a resultas de una comisión arbitral que se constituiría.

En pocas palabras: Fernando era informado por el embajador de que su suegro se convertía en vasallo de Francia. El 15 de agosto, tras la misa solemne, festividad de María, el archiduque hizo público acto de homenaje. Juana, que estuvo presente, se negó. Una actitud que mantendría posteriormente. Era hija de reyes y no otra cosa. Londoño pidió audiencia al archiduque pero éste, que sospechaba que se proponía hacerle dura advertencia en nombre de sus suegros, la demoró hasta que el acto estuvo consumado. Por estos mismos días el príncipe de Chimay enviaba a España a uno de sus servidores, Enrique de Mericourt, con cartas de Felipe a su hermana Margarita ordenándole regresar. Se la necesitaba en Flandes. Maximiliano era directamente desplazado de la dirección del linaje.

De este modo, en el momento de firmarse la paz de Marcoussis, Fernando, que estaba logrando éxitos en otros sectores, pudo convencerse de que en la política europea tocaba sus horas más bajas. Excelentes las relaciones con Portugal; Manuel ordenó a sus embajadores en Roma que en todo obrasen de acuerdo con los españoles. Buenas con Inglaterra. Desastrosas en cambio las de la Casa de Austria, con esas dos vertientes. Mientras su hijo montaba la negociación que arriba hemos explicado, Maximiliano preparaba una apertura de hostilidades en Borgoña a fin de proveerse de prendas para intercambiar. Se vio sorprendido cuando, pocos días después del 15 de agosto, uno de los hombres de Nassau, Tanteville, vino a decirle que la paz estaba firmada y el homenaje rendido. La cosa ya no tenía remedio. El rey de Romanos tuvo que aceptar la humillación. Ni los príncipes del Imperio ni las Señorías italianas tenían el menor deseo de respaldar su proyecto. Sólo le quedaba la angustiosa demanda de ayuda de Ludovico el Moro, porque sabía muy bien que todo este tejido diplomático anunciaba su próxima caída.

Al concluir el año 1498 Fernando, ahora en paz con Francia, sin victoria, estaba en condiciones de comprender que aquella estrecha alianza y doble matrimonio con la Casa de Austria constituía un muy serio error. Ninguna descendencia de príncipe de Asturias. Y en la página en blanco que dejaba este vacío, Juana estaba siendo conducida a un desorden emocional y en las costumbres, mientras que el marido de ésta se alineaba entre los primeros y más firmes vasallos del adversario francés. Estaba convencido de que él tenía razón y acierto, mientras que su padres y sus suegros erraban.

Desposorios de Catalina

Esta experiencia no apagó en los Reyes Católicos la decisión de conservar y reforzar la alianza inglesa. Desde nuestra experiencia posterior pensamos que hubieran hecho bien apartándose: un triste destino se reservaba para Catalina. Pero en 1498 parecía que era el medio mejor de compensar las debilidades y fracasos que se anotaban en la cuenta de los Habsburgo. Pidieron a don Pedro de Ayala que permaneciera más tiempo en Londres, porque era muy conveniente lograr el estrechamiento de relaciones con Escocia. El embajador español hacía grandes elogios de Jacobo Estuardo. El Rey católico, sin embargo, no quería traspasar los límites de un simple acuerdo de amistad.

Después de que Londoño y Matienzo salieran de Inglaterra, Enrique VII convocó a Puebla para una entrevista personal; pensó que se trataba de hablar del tema escocés y de la opinión de Ayala que se inclinaba a recomendar que sacrificaran a María, la última infanta, en el altar de la deseable alianza escocesa. Pero el monarca tenía cosas más delicadas e importantes que tratar. Un genovés, Juan Caboto, que conocía Sevilla y Lisboa, había llegado a Inglaterra después de un viaje en que anunciaba que había descubierto tierras nuevas más allá de los límites fijados por las bulas papales que confirmaban los acuerdos de Tordesillas. Enrique le hizo entrega de una copia del mapa que el navegante levantara, en el cual se demostraban estos puntos. Era abrir la primera y angosta puerta para una penetración inglesa en el Nuevo Mundo. Desde Bristol —completó la noticia— habían salido ya barcos que tratarían de confirmar las aseveraciones del genovés. No tenemos noticia de que Fernando protestara por esta intrusión.

Desde España habían ordenado a Puebla proporcionar copia autentificada de dos documentos: el texto de la paz de Marcoussis y la bula de dispensa de Alejandro VI que autorizaba el matrimonio de Arturo y Catalina sin tener en cuenta los límites de edad. Era evidente que los Reyes Católicos tenían prisa en cerrar el concierto para impedir que fuera desbaratado por otros. Puebla señaló cómo, en el tratado, Inglaterra había sido puesta en primer lugar por los españoles, y Enrique respondió aceptando el acuerdo e indicando lo mismo en relación con España. Contó al embajador cómo, capturado Warbeck y sometido a tortura, había explicado hasta qué extremos llegaba el odio de la duquesa Margarita y cómo, en sus azarosas aventuras, el falsario había estado apoyado y servido por marinos vascos, aunque ellos ahora lo negaran. Esto significaba recelos. Por eso Puebla decidió acompañar a los embajadores que, presididos por el obispo de Cambrai, enviaba Felipe el Hermoso para garantizar las buenas relaciones. Aprovechó esta oportunidad para demostrar ante los enviados cómo era fiel servidor del monarca británico. Propuso a los Reyes Católicos incluir en el texto de la alianza inglesa una cláusula que obligase a prestar ayuda contra las conspiraciones.

A pesar de las denuncias que de muy diversas partes se recibían, los Reyes Católicos no retiraron nunca a Puebla su confianza, aunque a veces las advertencias por sus errores tomaban categoría de rapapolvos. Éstos se referían de una manera especial a la cuantía de la dote, que favorecía demasiado a los británicos. Catalina había cumplido ya 16 años y estaba en condiciones de celebrar y consumar matrimonio. Pero sus padres, que estaban muy interesados en anudar los lazos definitivos, trataban de retrasar su viaje a Inglaterra hasta tener la seguridad de que Arturo había superado los 14 y estaba en condiciones de consumar la unión. Temían que pudiera repetirse el triste caso del príncipe de Asturias. En consecuencia la boda, por poderes, se celebró con toda solemnidad el 12 de mayo de 1499 en Londres. Puebla representaba a la novia en virtud de poderes especiales que desde España se le enviaron. Ahora Catalina era ya princesa de Gales.

Margarita emprende el regreso

Al producirse la declaración abierta de francofilia por parte de su yerno, Fernando se inclinó a conceder especial importancia a la influencia que su hija Juana pudiera ejercer sobre el marido y en general sobre los asuntos de Estado en aquellos dominios. Fue informado de la negativa que opusiera al vasallaje francés y de cómo defendía la política de sus progenitores. En la práctica su influencia estaba estrechamente ligada a las disponibilidades económicas que se le reconocieran. Y éstas eran muy escasas. Maximiliano había prometido en varias ocasiones que fuesen asignados y pagados los 50.000 escudos de renta que figuraban en el contrato matrimonial, pero esto nunca se produjo. De modo que el archiduque, por medio de sus tesoreros, controlaba todos los ingresos y los servidores de la archiduquesa tenían que acudir a ellos para que abonasen las facturas justificándolas. En la Corte flamenca no se ocultaba la decepción porque hubiera nacido una niña y no un varón.

El 29 de setiembre de 1498 Felipe, de acuerdo en esta ocasión con su padre, decidió enviar a España al señor de Sapin y al deán de Dole para reclamar el envío, sin más demora, de Margarita. También debían reclamar la entrega de ciertos beneficios eclesiásticos que se hicieran a algunos flamencos de su propio servicio. La respuesta que a esto último recibieron fue bastante áspera: no entraba en las costumbres españolas dar obispados a extranjeros y, menos aún, a personas que no tenían intención de servirlos. La gran batalla que se estaba librando en la Curia romana reaparecía también en este terreno aunque con matices distintos. Todo ello envuelto en fórmulas amables. La muerte de la reina de Portugal y la condensación de las perspectivas sucesorias en aquel único niño, Miguel, obligaba a ser prudentes.

La documentación permite conocer bien el disgusto que a Fernando producían estas iniciativas borgoñonas, pero trataba de disimularlas, venciéndose. Comprendió que necesitaba reforzar los vínculos de relación con Felipe haciéndolos más personales. Por eso, antes de que comenzara el verano de 1499, escogió para esta misión al cuñado de Balduino, don Juan Manuel, que ya había desempeñado misiones diplomáticas. Probablemente estaba muy lejos de imaginar que estaba dando medios a uno de sus peores enemigos. Don Juan Manuel aprovecharía el lejano parentesco para introducirse en la confianza de Felipe y estimular sus ambiciones. Pasando por Londres, el embajador tuvo la oportunidad de firmar un nuevo protocolo para agregarlo a la alianza vigente (10 de julio de 1499); se trataba de decir que la ayuda a Inglaterra se colocaba por delante de las excepciones señaladas en Marcoussis en favor de Luis XII, Maximiliano y su hijo. Al mismo tiempo se ampliaban las recíprocas concesiones mercantiles. Desaparecían los salvoconductos y cartas de marca y se introducía también una importante novedad: los despojos de un naufragio no serían para el que los cogiese sino para los propietarios del navío, aunque éste se hubiera quedado sin tripulación. En esta oportunidad, don Juan Manuel pudo entregar cartas de Catalina para quien ya era su esposo y recoger otras de Arturo; se volcaban en ellas sentimientos de afecto, casi declaraciones de amor. Unos detalles que podían interpretarse como que la amistad con Inglaterra se elevaba al mismo nivel que la ya existente con Portugal.

Matienzo seguía enviando informes confidenciales: no había esperanzas de que Juana sirviera la política de su padre, pese al afecto que hacia él demostraba. Día a día se iba revelando su entrega al marido, al que parecía dispuesta a seguir en todo. Don Juan Manuel llegó enseguida a la misma conclusión, y también a otra, en cuanto que a él afectaba muy de cerca: sin la primogénita y pendiente la sucesión de un hilo tan delgado como Miguel, el futuro pertenecía a los archiduques, a los que convenía adherirse para medrar. Por esta vía su linaje, postergado durante años, aunque grande en el nombre, podía elevarse.

En julio de 1499, estando en Granada, los Reyes Católicos se rindieron a las apremiantes llamadas: Margarita debía regresar. Felipe se impacientaba: el 10 de setiembre consiguió que su padre firmase una carta ordenando a la princesa poner fin a las demoras. Pero antes de que tal carta llegara a su poder, Fernando e Isabel habían hecho entrega a su nuera de los copiosos bienes que en España lograra —entre otras cosas mil quinientas perlas, cuatro collares de oro con diamantes, ocho sortijas y una vajilla del dorado metal— y la despidieron con cariñosos abrazos (28 de setiembre). Hizo el viaje por tierra, cruzando la frontera de Hernani el 20 de diciembre. Llegó a Gante el 5 de marzo de 1500. La primera noticia que recibió fue la del nacimiento del ansiado varón. En un gesto de nostalgia, la princesa pidió que se llamara al niño Juan, como su difunto marido, pero Felipe se negó en redondo. Se llamaría Carlos porque era la herencia de Borgoña la que debía primar. Se trata del futuro emperador. Había nacido a las tres de la madrugada del 25 de febrero en aquella misma ciudad. Iba a considerarse a sí mismo como el «hombre del siglo».

Una seria advertencia al Papa

El tratado de Marcoussis dejaba pendiente aquella cuestión que se hallaba en el origen mismo de la guerra: ¿qué estructura política debía escogerse para Italia? Pues Luis XII y Fernando el Católico habían manifestado claramente su intención de dirigir hacia ella su ambición de poder. Razones económicas, culturales y religiosas daban a la península primacía en Europa; esto la tornaba más apetecible. Los nuevos gobernantes franceses llegaron a la conclusión de que el fracaso de 1496 era debido a no haber contado con la colaboración del Papa: la Liga Santa justificaba su existencia como defensa de la libertad del Patrimonio de San Pedro. Pero ahora las cosas habían vuelto a su cauce y el Cristianísimo tenía, como en 1282, enteramente a su favor a Alejandro. En cuanto a Fernando el Católico, quedaba al descubierto que su interés por Nápoles, del que no estaba dispuesto a desistir, era debido a la necesidad de completar el sistema defensivo cerrando, frente al Turco, los dos accesos, al Tirreno y al Adriático. La nueva empresa que se preparaba a asumir el Gran Capitán iba enderezada precisamente a este escenario. En varias ocasiones había insistido en resolver el conflicto entre las dos grandes monarquías por vía de negociación.

El caso planteado por César Borja, a que nos hemos referido con insistencia, tuvo mayores repercusiones de las que en un principio se creyera. Luis XII se mostró dispuesto a pasar por encima del escándalo porque necesitaba ineludiblemente la colaboración del Papa en sus propios proyectos. Fernando e Isabel mostraron públicamente su actitud de rechazo en el comprometido discurso que Garcilaso de la Vega pronunció delante del Papa. Las posturas se endurecieron, pues Alejandro llegó a decir que lo que los monarcas españoles hubieran debido ejecutar era un nuevo matrimonio de María Enríquez, duquesa viuda de Gandía, con su cuñado César. Recordemos que eran muchos los que acusaban a éste de instigador del asesinato de su hermano. La documentación no nos permite dudas: en aquella coyuntura y puesto en la necesidad de elegir entre sus intereses políticos coyunturales y la defensa de la moralidad frente al escándalo, Fernando escogió, sin la menor duda, la segunda opción. Es algo que no debemos olvidar cuando intentamos comprender su persona y su obra.

El 17 de agosto de 1498 un consistorio aceptó oficialmente la renuncia de César, apoyada en el argumento de que los documentos aportados para su promoción eran falsos, ya que se trataba de un hijo bastardo y no legítimo. Muchos movieron la cabeza asintiendo: era como si el Papa hubiese decidido reconocer su paternidad. Ese mismo día entró en posesión del ducado de Valentinois recogiendo el título de manos del embajador francés. Antes de que transcurriera un mes, una bula, refrendada por una comisión de expertos en derecho canónico, declaraba nulo el matrimonio de Luis XII con Juana de Francia y le permitía casarse con la viuda de su antecesor. El 17 de setiembre, en premio a sus servicios, Jorge de Amboise, obispo de Rouen, bien conocido en España por sus misiones diplomáticas, recibía el capelo. Todavía más: el Papa estaba proyectando la fragmentación del Patrimonio de San Pedro entregando a su hijo los señoríos de Ímola, Forli, Faenza y Pesaro, que se preparaba a someter con la ayuda de mercenarios franceses.

Se había llegado a extremos antes nunca alcanzados en el nepotismo. Fernando decidió que entraba dentro de las obligaciones de los monarcas cristianos formular un acto de protesta: la Curia no podía hacer caso omiso de los deberes morales. Los precedentes podían llegar a extremos imprevisibles. Invitó a sus aliados a constituir una embajada conjunta que solicitase de Alejandro una rectificación. Felipe el Hermoso se encogió de hombros: ¿ir él contra los intereses de su rey? Enrique VII dijo que le parecía muy bien, pero se abstuvo de participar. Con Maximiliano no era posible contar. Y Luis XII mostró cuál era su intención estrechando los lazos con César, a quien ofreció enviar refuerzos; un modo de tener soldados dentro de los Estados de la Iglesia. De modo que, al final, la embajada conjunta estuvo formada por castellanos y portugueses.

Con este objeto el Papa señaló dos audiencias sucesivas, el 27 de noviembre y luego el 20 de diciembre del mismo año. Los portugueses llegaron a un extremo que Fernando no quería, en modo alguno: aludieron, como tantos teólogos reclamaban, a la necesidad de convocar un Concilio que estableciera el orden en la Iglesia dañada. Los españoles llegaron a decir que el asesinato del duque de Gandía era una especie de castigo del cielo por tantos pecados. Y entonces el viejo Rodrigo Borja estalló: «Más castigados por Dios han sido vuestros reyes puesto que no tienen descendencia». Algo que, ominosamente, circulaba por medio de ciertos ambientes, en especial judíos. Se dieron pasos que indicaban ya una posible ruptura; hablando ante los cardenales, uno de los embajadores llegó a referirse, indirectamente, a la posible ilegitimidad de Alejandro VI.

El 23 de enero de 1499 se comunicó a los beneficiados en Portugal y España que residían en Roma la orden de incorporarse a sus puestos; corrían peligro de verse privados de sus rentas. Aquella era ya señal evidente de una próxima ruptura. En Londres, Enrique VII, no poco satisfecho, habló con Puebla para comentarle que de Roma llegaban noticias de que Alejandro y los monarcas españoles ya no estaban en buena relación; en consecuencia pensaba que había llegado el momento de preparar una reforma de la Iglesia, cosa en que todos estaban de acuerdo en aquella visión negativa. Durante un breve tiempo pudo parecer que los Reyes Católicos se asomaban al borde del precipicio. Caer en él resultaba inconcebible para el equipo de reformadores que les rodeaba.

Por eso, en el último instante, ambas partes retrocedieron. Alejandro VI devolvió Benevento al Patrimonio, justificando así la pérdida de las cuatro ciudades que, de todas maneras, seguirían siendo un señorío dentro del mismo, prometió acometer enseguida un programa de reformas como se venía anunciando desde tiempo atrás, y alejar a sus hijos de Roma paliando el escándalo. Fernando moderó el lenguaje y trató de demostrar que sus relaciones con Francia entraban por los viejos cauces de la amistad. Se abrieron los mercados españoles más ampliamente a los mercaderes franceses y se volvió a negociar el sistema de las compensaciones como si hubiese la intención de aplicar allí el mismo criterio que se empleaba con los aliados. Pero había una grieta profunda que resultaba urgente reparar: Navarra.

Los nuevos acuerdos con Navarra

Dueño de Melilla desde 1497 y habiendo reforzado sus relaciones con los reyes norteafricanos, Fernando trabajó durante el año 1498 en la preparación del gran proyecto de cierre de las defensas del Mediterráneo que la guerra de Italia le obligara a posponer. Respondía a una de las necesidades apremiantes de la Corona de Aragón. Para ello necesitaba contar con la estrecha alianza de Venecia, ya que una de las primeras operaciones a emprender consistía precisamente en bloquear la entrada del Adriático. De modo que, aprovechando la paz de Marcoussis —ahora los amigos de Francia son mis amigos—, insistió en establecer con la Serenísima una eficaz y provechosa colaboración. Ofreció de inmediato dos ventajas: suministros de la sal de La Mata a un precio inferior al del mercado —recordemos que no era de muy buena calidad— e incrementar el número de naves venecianas incorporadas a la flota de Flandes. El 1 de enero de 1499 Gonzalo Fernández de Córdoba fue nombrado gobernador de la Calabria siciliana: se trataba de convertir a Reggio, Tropea, Crotone, Squillace y La Amantia en bases de partida para las operaciones que se desarrollarían al año siguiente. Al mismo tiempo se anudaron con Venecia lazos de colaboración. Resultaba peligroso engolfarse en estos proyectos mediterráneos mientras permanecieran abiertas otras brechas, como la de Navarra, susceptibles de reanudar la guerra. La noticia del matrimonio concertado por César Borja con Carlota de Albret despertó lógicamente la alarma del Rey Católico. La boda se celebró el 12 de mayo de 1499 y trajo, como especial regalo, un cambio en la política francesa en relación con Navarra. Al confirmar el acuerdo de Tarbes, Luis XII introdujo una condición que los Albret reputaron de muy favorable: podían dejar de cumplir el compromiso de Magdalena con Gaston de Foix pagando una indemnización de 1.000 marcos de oro. El vizconde de Narbona no tuvo tiempo de definir su posición; falleció en octubre de 1500. Los servicios que prestara no habían sido tomados en consideración.

Se explica bien que, desde el verano de 1498, seguros de contar con el apoyo francés, Juan de Albret y Catalina de Foix ensayaran caminos para librarse de la tutela castellana. En setiembre de dicho año presentaron tres exigencias: que Magdalena fuera devuelta a sus padres, se pusiera término a la custodia de los bienes beamonteses que debían ser integrados en el patrimonio real, y que les indemnizase por daños sufridos en Olite y en la frontera de Sangüesa. Y, por primera vez, la respuesta fue blanda: se restituyó Olite, comenzaron negociaciones acerca del incidente de Sangüesa y se hicieron manifestaciones de amistad. Los reyes de Navarra pudieron llegar entonces al convencimiento de que las nuevas circunstancias en las que se apoyaban —Luis XII y César sobre todo— provocaban una debilidad en los monarcas españoles que convenía aprovechar. En consecuencia, el 5 de mayo de 1499 —seis días antes de la boda de Carlota— entregaron poderes a dos franciscanos, fray Juan de Vadero, guardián de Orthez, y fray Juan Erro, de Tafalla, para presentar tres reclamaciones sin posible respuesta como si se tratara de provocar una ruptura. Eran las siguientes:

En las capitulaciones matrimoniales que Juan de Aragón, padre de Fernando, firmara con Blanca de Navarra para su matrimonio, que databa de 1420, se especificaba que todos los dominios del contrayente quedaban vinculados a la descendencia que naciera de dicha unión. En consecuencia Catalina, descendiente y heredera de Blanca, reclamaba para sí los señoríos de Medina del Campo, Olmedo, Peñafiel, Cuéllar, Gandía, Montblanch, Balaguer y Ribagorza.

Aprovechando las discordias entre el príncipe de Viana y su padre, y la sentencia arbitral dictada por Luis XI, Enrique IV había tomado posesión de San Vicente, Laguardia, Los Arcos y Miranda, que no eran suyas. Debían por consiguiente ser restituidas a Navarra. En el momento de la muerte de Enrique IV, la reina Leonor había enviado embajadores a reclamar tal restitución que Fernando prometiera en documento firmado y sellado —no hace falta decir que no existe prueba alguna de tal hecho— e Isabel también.

Los depósitos hechos en garantía del conde de Lerin carecían ahora de sentido, puesto que había una paz firme entre Castilla, Navarra y Francia. Por consiguiente se reclamaba también la entrega de Viana, Sangüesa, Santacara, Monjardin y de todas las villas y castillos que custodiaba el duque de Nájera.

Fernando e Isabel recibieron a ambos frailes en Ocaña y respondieron tan sólo a la tercera demanda, dejando pasar en silencio las otras dos, a la que no reconocían contenido. Su intervención —recordaban— en orden a procurar la paz y hacer salir de Navarra al conde de Lerin, tenía también como objeto defender las posesiones de éste, de las que no podía ser legítimamente despojado. Pues aquellos dominios eran de señorío, no de patrimonio real. De este modo, si se planteaba su devolución, ésta debía hacerse a los Beaumont y no a sus reyes. Lo que recomendaba, en consecuencia, era que se reconciliasen con el conde de Lerin, devolviéndole sus oficios de canciller y condestable y, con ellos, todos sus señoríos.

Juan y Catalina respondieron a esta propuesta con una segunda embajada de Miguel del Espinal, a quien acompañaba Pedro de Hontañón. Conformes: ellos reconocerían el derecho del conde de Lerin a sus señoríos a cambio de que éstos les fuesen entregados cambiando guarniciones y alcaides en todos los castillos; pasado un año, si veían que no había motivos para seguir desconfiando, podrían nombrar condestable al hijo del conde, que se llamaba Luis como su padre.

Ambas propuestas, centradas ahora en un solo punto, el destino y calidad de los beamonteses, obligaban a tomar el hilo de los asuntos como se hallaban en 1488. Los beamonteses podían ser definidos como partido españolista —su inclinación hacia los reyes castellanos databa de mucho tiempo atrás— y por eso los Albret, optando por Francia, necesitaban eliminarlo. Fernando e Isabel estaban dispuestos a reconocer que en la contienda entre bandos todos habían cometido actos reprobables. Pero no había duda de que el conde de Lerin había sido perseguido y maltratado; ellos intervinieron en el asunto para protegerle y, al mismo tiempo, garantizar la paz interna en Navarra; por eso habían aceptado el exilio del conde de Lerin convirtiéndose a su vez en garantes de sus dominios y rentas, patrimonio del linaje. Si los reyes de Navarra querían ser justos tendrían que retornar a la situación existente en el mencionado año reponiendo a los Beaumont. En todo caso y cualquiera que fuese la solución a este problema, había un compromiso de neutralidad que no estaban dispuestos, en modo alguno, a alterar.

En opinión de Fernando, que no se equivocaba, el ostensible cambio de actitud observado en los Albret era consecuencia de la opinión, generalizada allí y en otras partes, de que Francia había conseguido recobrar su poder hegemónico y acertarían los que se sometiesen a ella colaborando, como ya hacían César Borja y Felipe el Hermoso. Años más tarde Juan y Catalina llegarían a decir que Juan de Ribera les había amenazado con una guerra porque se habían atrevido a cambiar algunos de sus alcaides. No tenemos fuentes documentales que nos permitan comprobar esta afirmación. Lo único que sabemos con certeza es que el monarca español no estaba dispuesto a consentir un alejamiento del reino pirenaico de su ámbito de influencia; nunca más una cabeza de puente semejante al sur de los Pirineos. Esteban de Garibay es el único cronista que nos da la noticia de que el Rey Católico hizo al conde de Lerin una oferta de compra sobre sus señoríos. Hay demasiada distancia entre su texto y los acontecimientos a que nos referimos.

Diego de Muros, deán de Santiago y alumno brillante en tiempos de la Universidad de Valladolid —es el primer colegial de Santa Cruz—, fue enviado a Pamplona y Pau en los primeros meses de 1500. Llegaban noticias confusas acerca de los acuerdos que Fernando y Luis XIII acababan de firmar en Chambord y en Granada, para un arreglo definitivo de sus querellas sobre Nápoles. Los Albret debieron temer que el arreglo se hacía a costa suya, como se había propuesto. El rey Juan tomó una decisión: se plantó en Sevilla el 30 de abril. El rey Fernando salió a recibirle con todo afecto, velando siempre sus sentimientos, y le acompañó hasta dejarle bien alojado en los reales alcázares. No podemos dudar de que en este momento no se albergaba ningún proyecto de anexión sobre Navarra.

Muy al contrario, los tres acuerdos que se firmaron en Sevilla el 14 de mayo podían ser considerados por los Albret como un paso adelante y de buenas proporciones. Fernando retiraba sus tropas del reino, conservando tan sólo Los Arcos, Sonsierra y Miranda, a cambio de un restablecimiento del conde de Lerin en sus señoríos devolviéndosele la espada de condestable. Juan y Catalina, restablecida la unidad del reino, podían nombrar libremente los alcaides de las fortalezas aunque imponiendo a éstos la obligación de un homenaje que les comprometía a no hacer la guerra a los Reyes Católicos. Ambas partes se prometían recíprocamente a casar entre sí a sus descendientes a fin de que fueran miembros de una misma dinastía. En los meses siguientes y, como consecuencia de este repliegue, Fernando presionó a beamonteses y agramonteses para que llegaran a una reconciliación; siempre con la idea de disponer de un partido afín.

Vistas de Calais

La escandalosa alianza entre Luis XII y los Borja señalaba dos indudables víctimas: Milán y Nápoles; hacia estos dos países se orientaban las reivindicaciones francesas. Ludovico Sforza y Fadrique trataron de conseguir apoyo fuera de Italia pero fracasaron. El embajador español, Juan Gralla, que en la primavera de 1499 se había incorporado a la Corte de Luis, carecía de instrucciones acerca de Milán, pero eran muy precisas las que se referían a Nápoles: nada podía admitirse en este caso sin un previo acuerdo. Libres las manos, los franceses entraron en Génova el 6 de setiembre de este mismo año y un mes más tarde, Luis se proclamaba a sí mismo duque de Milán, enviando procuradores a Maximiliano para que le otorgase la investidura. La brevedad de la campaña fue un argumento innegable en favor de la superioridad del ejército francés.

Fernando ponía ahora especial atención en conservar o ampliar, si era posible, el dominio que poseía en Calabria imponiendo, como ya varias veces insistiera, una solución negociada con Francia. Todos los embajadores de los países amigos que formaban círculo en torno a Francia estaban informados de tales propósitos. Aunque no se habían interrumpido las relaciones con Nápoles, en ningún momento se había deslizado la posibilidad de reconocer la legitimidad de don Fadrique; se le trataba, simplemente, como un poder fáctico. Así, por ejemplo, cuando a principios del año 1500 Juan Claver viajó a Nápoles para reclamar ciertas sumas debidas a comerciantes españoles se le advirtió que debía defender los intereses de la reina Juana sin cuidarse de nada más. En este momento la decisión estaba tomada: Diego Pérez de Sanlúcar y Miguel Juan Gralla habían propuesto a Luis XII un reparto del reino, dando algún trozo a Alejandro VI, ya que a fin de cuentas era el soberano feudal y asegurando a Sicilia la posesión de toda Calabria. En nombre del rey, el cardenal Jorge de Amboise había declarado aceptable la propuesta.

Por razones ajenas a la voluntad de los negociadores hubo cierta demora. César Borja, que se había apoderado de Ímola y Forli, reclamaba más ayuda porque estaba encontrando resistencia mayor de la por él esperada. Y, en enero de 1500, con mercenarios reclutados en Alemania, Ludovico Sforza había intentado el recobro de Milán obligando a los franceses a retirar las tropas que operaban en los dominios de San Pedro. El 10 de abril el Moro fue derrotado y preso en Novara. Coincidieron estos sucesos con los acuerdos de Sevilla antes mencionados, referidos a Navarra y con un gesto de condescendencia por parte de Fernando que anunciaba la reconciliación con el Papa: aceptó que Luis de Borja, a quien en la bula se designaba como «Il nostri secundum carnem nepotis», fuera investido de la sede de Valencia. Parecía que esta mitra era parte del patrimonio de aquella familia.

La llegada de Margarita de Austria a Flandes y los emotivos abrazos que ella y Juana se dispensaron no consiguieron disipar las aprensiones de Fernando hacia su yerno: siempre el temor, fundado en noticias que hasta él llegaban, de que se intentase sustituir a Catalina por su cuñada en Inglaterra. Por doble vía, ninguna oficial, supieron los españoles que Felipe el Hermoso había propuesto a Enrique VII solventar las diferencias que les separaban por medio de una vista personal. El 27 de enero de 1500 se enviaron a Puebla nuevas instrucciones: debía vigilar de cerca tal entrevista, averiguando lo que en ella trataban y proponer a Enrique VII un estrechamiento en las relaciones mediante la inclusión de Manuel de Portugal en la alianza y reducción de los plazos para el viaje de Catalina. Pedro de Ayala, que seguía en Londres ocupado de los asuntos de Escocia y amargando la vida al otro embajador, lanzó una noticia más alarmante: habían llegado embajadores franceses ofreciendo una dote más elevada si Arturo accedía a casarse con una princesa de aquel país.

Al comendador Fuensalida, que volvía a su embajada, se le indicó que, esta vez, debía viajar por tierra para hallarse «casualmente» en Calais cuando tuviera lugar la concertada entrevista. Conocía personalmente a los interlocutores y esto podía facilitar su gestión. El proyecto no pudo realizarse. Fuensalida no había cruzado aún la frontera cuando Enrique VII cruzó el Canal y se instaló en Calais, que era entonces ciudad inglesa (8 de mayo). Puebla le acompañaba, apuntándose un éxito, ya que logró la firma para los documentos de alianza antes de la entrevista. Portugal y Dinamarca se incluían en ella. Las dimensiones vitales del espacio económico aumentaban. Un temporal inoportuno impidió al obispo de Málaga, enviado por Juana, llegar a tiempo. Los embajadores franceses se instalaron en Calais aunque sin participar en la negociación. El 9 de mayo, Enrique y Felipe se retiraron a una ermita de los alrededores de Calais y guardaron secreto de lo que allí trataron. De modo que lo único que pudieron saber los expectantes diplomáticos venidos de fuera fue una comunicación oficial: había buena amistad y perfecto entendimiento. Tras esta afirmación había sin duda una realidad: las veleidades de la abuela Margarita de York estaban enterradas.

Desde las etapas del camino, Fuensalida iba informando. Aquellas noticias acerca de la sustitución de Catalina carecían de fundamento; era la propaganda francesa la que las propalaba, empeñada en conseguir enemistad entre el archiduque y sus suegros. Por lo demás, viajando de Dover a Londres, en el mes de junio de 1500, podía comprobar los preparativos caballerescos que se hacían a la espera de la princesa española. A fin de cuentas, era Arturo quien se casaba y podían evocarse todos los sueños de la Mesa redonda. Pero mientras el comendador viajaba, el Consejo Real, desde un talante muy distinto, examinaba los documentos enviados por Puebla, descubriendo, de nuevo, cuánto había favorecido el embajador al monarca británico. El ajuar de la princesa, que equivalía a la cuarta parte del total de la dote, sería imputado al mismo tiempo que se abonaba el primer plazo y esto significaba que la mitad de la suma acordada se habría entregado antes de la boda. También se había suprimido, en los nuevos textos, la mención de la tercera parte de las rentas de Gales que correspondían a la princesa, de modo que podrían darse sorpresas desagradables como en Flandes. Había, sobre todo, una inquietante cautela a la hora de fijar la fecha de consumación del matrimonio.

Los consejeros recomendaron ganar algunos meses antes de disponer el viaje de Catalina, porque habría ocasión de aclarar algunos de estos puntos, y así se hizo. Puebla recibió una reprimenda pero permaneció en su puesto. Hasta el último instante afirmó que había operado con gran inteligencia y destreza y que era merecedor de un premio. Entendía que su baja calidad social explicaba las prevenciones. Por su parte, Fuensalida, que llegó a Londres el 25 de junio, ausente don Pedro de Ayala, habló con él y le dio la razón. Eran muchos —así lo explicaba a los reyes— entre los consejeros de Enrique que preferían una alianza con Borgoña o con Francia, sumándose a este bando de importancia creciente. De este modo, si el embajador insistía demasiado corría el riesgo de echarlo todo a rodar.

Enrique VII recibió en audiencia solemne al comendador, el 5 de julio, y explicó éste su cometido: acercándose los plazos previstos era conveniente que, en cuanto Arturo cumpliera los 14 años, una embajada fuese a España para confirmar solemnes desposorios y, de este modo, la ya princesa de Gales podría emprender el viaje. Los ingleses se decepcionaron ante este retraso. La boda de Catalina no sería el año 1500 sino el de 1501. De camino, Fuensalida pudo informar también que a sus oídos llegaba noticia fehaciente de que Felipe negociaba ya el matrimonio de Carlos, recién nacido, con Claudia, hija de Luis XII. Madrugaba demasiado en sus proyectos.

Cierta desazón registramos en estos años. Desvío borgoñón, ascenso poderoso de Francia, desconfianza en Inglaterra por el retraso. Las horas se estaban tornando bajas.

CAPÍTULO XIV

EL ACUERDO DE CHAMBORD-GRANADA

El Gran Capitán vuelve a Sicilia

La primera guerra de Italia no había conseguido interrumpir los proyectos mediterráneos del Rey Católico, aunque sí despojarle de una parte esencial de los recursos. Como ya hemos indicado, el objetivo principal estaba en conseguir un incremento en los recursos mercantiles, que afectaba en primer término a Cataluña y en no menor medida a Granada: trigo, pasas, atún en conserva, hierro y manufacturas constituían los principales elementos en este comercio. Alejandría, en donde Jacobo Fontenelles consiguió poner en marcha el consulado, y la Tierra Santa, respondiendo a objetivos religiosos, constituían las que podríamos llamar una meta. El 13 de junio de 1490, considerando terminada la guerra de Granada, consiguió Fernando una bula que permitía el comercio con los musulmanes; pudo abrir tres puertos, Málaga, Motril y Almería y reforzó los convenios existentes en Bugía y Túnez. En 1492 un enviado especial, Martín Díaz de Aux, que contaba con salvoconducto egipcio, recorrió Tierra Santa.

A Alejandría tendríamos que sumar Chipre y Rodas. Las reservas de trigo andaluzas y sicilianas permitían a los españoles controlar los precios de este recurso que se cambiaba por otro en todo el espacio oriental. En 1495, al tiempo que se producía un relevo en el consulado, donde Miguel Marques sucedía a Fontenelles, el baile general de Cataluña, Juan Sarriera, hacía una especie de visita de inspección por estos puntos extremos, precisando las posibilidades que ofrecían para el desarrollo catalán. Rodas era la sede maestral de la Orden de San Juan, mientras que Chipre, tras la muerte de Catalina Cornaro, había pasado a formar parte del Imperio veneciano, que ponía grandes dificultades a lodos los comerciantes extranjeros. La muerte de Kayt bey provocó disturbios y con ellos perturbaciones al comercio catalán. Se prolongarían hasta la primavera de 1501.

En 1497 pudo Fernando proceder a dos operaciones militares de gran alcance: la instalación en Melilla, tierra vacía, de una fortaleza para el control de Occidente, y el acuerdo con el jeque de Djerba, Yahya ben Sait, que también temía ser víctima de la expansión otomana. Este último aceptó que una guarnición española, más en funciones de vigilancia que de defensa, se instalara en el castillo. Desde Sicilia el virrey Margarit advirtió al rey que la isla era muy difícil de defender; por ejemplo, el castillo carecía de agua y no era capaz de resistir un asedio largo. A pesar de todo, Fernando decidió permanecer allí.

La desaparición de Djem Pachá, entregado a los franceses, abrió un vacío. Los turcos decidieron en agosto de 1499 emprender la guerra simultáneamente en los Balcanes y en el Peloponeso, tratando de apoderarse de aquellas plazas que cerraban la entrada en el Adriático. Venecia se defendió pero era indudable que necesitaba de fuerzas mayores. Pidió ayuda a Francia y España, que trataron del problema como una parcela marginal de sus negociaciones. Francia envió dos naves de las que sólo una llegó a entrar en combate. Fernando decidió enviar a Gonzalo Fernández con un gran ejército. Salió de Málaga el 5 de junio de 1500. Esta vez las fuerzas eran muy diferentes de las de la primera guerra. Ballesteros y espingarderos formaban unidades propias y no eran tan sólo un complemento para los hombres de armas. Ballestas de tres tornos y armas de pólvora tenían el mismo poder de penetración. Contaba también con treinta piezas de artillería, un número que sería aumentado después. Por consiguiente, se trataba de sustituir el choque a la francesa con la potencia de fuego. Además estaban allí los valientes capitanes que se harían famosos: Mendoza, Pizarro, Zamudio, Villalba, Diego García de Paredes y Pedro Navarro, el que se proyectaría a un primer plano. El pago de todas estas fuerzas iba a hacerse a través de los grandes banqueros italianos. Esto daba evidente seguridad.

Salidos antes de que se conociera el tratado de Chambord-Granada se había asignado a estas fuerzas dos misiones: asegurar el dominio de Calabria que era base para las operaciones contra el Turco, y ayudar a Venecia a despejar la entrada del Adriático. Llegado a Mesina el 18 de julio, Gonzalo se encontró con grandes dificultades. Durante dos meses estuvo recluido en las atarazanas de la ciudad porque las autoridades temían los desmanes de la tropa, y no querían vaciar sus almacenes para aprovisionar al gran ejército. Fue entonces cuando, ante la cólera del rey, Gonzalo propuso una solución que podía calmar los ánimos de los sicilianos: autorizarles a vender trigo en el norte de África obteniendo con ello recursos. Fernando respondió que para ello necesitaba de una licencia del Papa de la que no disponía.

Los éxitos de Zankle (octubre de 1500), la retirada de los turcos del asedio de Nauplia, y la conquista de Cefalonia al asalto, en la víspera de Navidad, elevaron la fama de Gonzalo Fernández y de sus capitanes. Mucho más que en Nápoles, éste era el futuro. Se había demostrado a la Cristiandad, por primera vez desde la defensa de Belgrado, que era posible obtener una victoria sobre los otomanos. Pero la campaña no continuó. En enero de 1501 Gonzalo iba a recibir nuevas órdenes para ocuparse de Nápoles. La segunda guerra iba a detener nuevamente estas operaciones forzando a la defensiva. Gonzalo recibió honores cumplidos en Venecia.

Legatio babilónica

Aunque durante las negociaciones de 1499 y 1500 españoles y franceses aludieron alguna vez al problema que la amenaza turca significaba, no llegó a producirse nunca una decisión en tal sentido. En consecuencia Fernando, arrastrado nuevamente a un conflicto en Nápoles, hubo de adoptar, en este frente, una línea defensiva. Una coyuntura le pareció favorable. El 20 de abril de 1501 las contiendas intestinas en Egipto concluyeron con la victoria de Khansu al-Ghuri, destinado a ser el último en la lista de soldanes de Babilonia. Sabía que la Sublime Puerta le consideraba como uno de los principales enemigos: Egipto y el Próximo Oriente eran ahora más necesarios que nunca para hacer líente al peligroso enemigo que se dibujaba. Los Reyes Católicos decidieron restablecer las relaciones de amistad que tuvieran con Kayt bey y escogieron para ello un singular embajador, Pedro Mártir de Anglería, a quien se entregaron credenciales el 8 de agosto de 1501. Mártir nos ha dejado una memoria detallada de esta embajada.

Se trataba de explicar al soldán, a quien obedecían entonces los lugares Santos de Palestina, que los cristianos, como los musulmanes, tienen el imperativo religioso de viajar a Jerusalén. Esto no significaba, sin embargo, que aspirasen a ejercer un dominio político sobre la ciudad y los otros escenarios de la vida de Jesús; bastaba con que pudieran contar con las condiciones de seguridad que precisamente el sultán de Egipto podía garantizar mediante un acuerdo. En éste debía incluirse también una autorización para que los monarcas españoles pudiesen atender a la reparación de las iglesias y santuarios. Por otra parte debía dejar claro que, en contra de lo que propalaban algunos judíos y musulmanes, se hubiese impuesto por la fuerza a nadie la fe cristiana. Allí estaban los documentos para probarlo; incluso a los rebeldes de las Alpujarras se les había ofrecido la opción de marchar.

Mártir, que se alojó en la casa del cónsul catalán, Parets, fue recibido por Khansu el 1 de febrero de 1502. El soldán acabó rindiéndose a los argumentos españoles. Era bueno que los monarcas españoles ejerciesen esa especie de patronato sobre los Santos Lugares, proporcionando a los franciscanos los medios que necesitaban. Lo importante, a su juicio, era prestarse ayuda recíproca frente a los turcos. Fernando era el único poder capaz de hacer tal cosa.

Muerte de Miguel

Al alborear el nuevo siglo algo quedaba absolutamente claro: de todo el sistema de alianzas dinásticas, únicamente la de Portugal respondía a las esperanzas que en ellas se depositaran.

Se aplicó en Borgoña e Inglaterra pero con resultados bien diferentes. Ahora, la muerte prematura de Isabel también abría una brecha en Lisboa. No quedaba otro recurso que sacrificar la última reserva, María, a fin de evitar que Manuel volviera a casarse en otra parte alterando el equilibrio peninsular. Portugal no podía seguir dependiendo para su estabilidad de aquel niño que se educaba en Granada y era, además, de salud frágil. Álvaro de Portugal, al servicio ahora de los Reyes Católicos, hizo en 1499 un viaje a Lisboa, con el fin de concretar la oferta, y trajo a su vuelta algunas noticias que debían tomarse en cuenta. Manuel mostraba especial afecto hacia Jorge, el bastardo de Juan II, que le mostraba por su parte fidelidad y, reconociéndole como un miembro más del real linaje, le había otorgado el ducado de Coimbra. De esta donación había protestado Jaime, duque de Braganza, recordando que a él correspondía, inmediatamente detrás de Miguel, un derecho a ostentar la sucesión. De modo que viejas querellas parecían tornar a la superficie.

Todo ello nos conduce a una fácil explicación de la rapidez con que se llevaron a cabo las negociaciones. El 22 de abril de 1500 Manuel extendió los poderes que necesitaba Ruy de Sande para celebrar la boda en Castilla y traer a la nueva reina de Portugal, que sólo tenía quince años. Las condiciones pactadas nos permiten conocer cuánta importancia se otorgaba a este matrimonio: la dote se elevaba a 200.000 doblas de oro y a María se señalaban en Castilla rentas de cuatro millones y medio anuales. Ítem más: los hijos que de ella naciesen serían tratados como infantes también en Castilla. Estamos ante un nudo esencial para el futuro. Una de estas hijas, Isabel, es la emperatriz, madre de Felipe II y fundamento para que éste llegara a coronarse, ochenta años más tarde, rey de Portugal. Actos y documentos se completaron en Sevilla el 20 de mayo. Por estos días se concertaba otro matrimonio, el del duque de Braganza con una hija del duque de Medinasidonia, un señorío esencial para las relaciones con Portugal, ya que, desde él, se enviaban los suministros que necesitaban las plazas fuertes portuguesas en África, es decir, Tánger, Arcila y Alcazarquivir.

Imprescindible en este caso la dispensa: Manuel y María, además de otros vínculos más lejanos, eran cuñados. Ya hemos indicado con anterioridad cuál fue el precio que se pagó para disponer de la buena voluntad de Alejandro VI: Luis de Borja fue admitido como arzobispo de Valencia. Pero los caballos y los barcos tuvieron que moverse muy deprisa a fin de que, el 24 de agosto, en Granada, se celebrase el matrimonio. La nueva reina de Portugal salió de esta ciudad el 23 de setiembre, acompañada de un nutrido séquito. El 20 de octubre cruzó la frontera hacia Alcaçer do Sal donde la esperaba su marido. Allí tuvieron lugar las velaciones. Es importante decir que María fue, entre las hijas de los reyes, la más afortunada.

En el intervalo, aquella pequeña luz se había extinguido: Miguel murió el 20 de julio de 1500 en Granada. Felipe el Hermoso podía culminar ahora su ambición de llegar a ser rey de Castilla; no entraba en distingos cuando se le advertía que la herencia correspondía a su esposa. Esta vez el cambio de dinastía se consumaba, pues los nuevos príncipes contaban con dos hijos, Leonor y Carlos, a los que seguirían con puntualidad otros cuatro. La política de Fernando no experimentó ningún cambio en esta coyuntura. Siempre la misma serenidad y sumisión al imperativo de la ley. De acuerdo con los principios confirmados en la sentencia arbitral de Segovia, Juana era la nueva heredera y de esto no se permitía dudar. Podemos sin embargo decir que pisó el acelerador, en Portugal, en Inglaterra y, sobre todo, en las negociaciones con Francia.

En relación con los archiduques cabe decir que se extremaron las muestras de afecto, a las que desde luego Felipe no correspondió, al menos en la medida que se esperaba. Podemos asegurar, por muchos indicios, que los Reyes Católicos, ya que no podían conseguir que los príncipes fijasen su residencia en España, consintieran a los hijos hacerlo, evitando de este modo que Carlos, o luego su hermano, pudieran convertirse en extranjeros. Hubo varios intentos en este sentido durante los últimos años de la vida de la reina. Halagos y concesiones resultaron, sin embargo, de poca utilidad. El distanciamiento y francofilia, que databan de años atrás, no se enmendaron.

Plan para el reparto de Nápoles

La mayor celeridad fue aplicada, sin duda, en el caso de Francia. Una partición de Nápoles estaba en principio acordada, según propuesta de Fernando, pero no era fácil que ésta resultara equitativa. En el último instante Fadrique trató de salvar su trono proponiendo negociaciones matrimoniales ventajosas en ambas Cortes. En setiembre de 1500, estando en la mar, Gonzalo Fernández recibió una petición de auxilio a la que el Gran Capitán respondió que si quería una eficaz defensa debía entregar Gaeta e Ischia a guarniciones españolas, pues ellas eran la mejor garantía. Por su parte, el Rey Católico exigió, para autorizar el matrimonio de su sobrina Juana con el duque de Calabria, condiciones que, desde luego, no eran aceptables. Entre otras, un mayor número de plazas en Calabria. Antes de embarcar en Málaga, Gonzalo Fernández había recibido una carta de Miguel Pérez de Almazán dando mucha importancia al fortalecimiento del gobierno y defensa de Calabria.

En Francia el rey de Nápoles había contactado con Ana de Bretaña; le ofrecía casar a su hija con alguno de los parientes de ésta, dando una dote de 100.000 francos que los franceses consideraron escasa. Sin embargo, tanto la reina como el cardenal de Foix y el obispo de Amboise recomendaban aceptar. Pero Luis, aleccionado por los rápidos resultados logrados en Milán, rechazó la opción. No había duda: se preparaba la acción final. Así lo reconoció el cardenal Ascanio Sforza cuando dirigió a Fernando una súplica para que cuidase de la conservación de sus rentas. En último extremo, Fadrique ordenó a su embajador Antonio Genaro que aceptase todas las condiciones que el español quisiera imponerle. Y éste reclamó una dote, 400.000 escudos que, desde luego, era imposible reunir.

Así, con engaños se llegó a la firma del tratado del 10 de octubre de 1500, en una sala del castillo de Chambord en donde Luis residía. Los historiadores españoles prefieren llamarlo de Granada porque en esta ciudad lo suscribieron Fernando e Isabel el 11 de noviembre del mismo año. La guerra que en estos momentos se sostenía en el Adriático obligaba a los reyes de Francia y España a operar de acuerdo en beneficio de la Cristiandad. Por eso decidían cesar en los debates que sostenían en torno a Nápoles y acordaban repartirlo, consumando de este modo los derechos que sobre él les correspondían. Así Luis XII, con título de rey tendría la capital, la Tierra de Labor y los Abruzzos. Fernando, que ya era rey de Sicilia, asumía título de duque en Calabria y Apulia. Se haría un minucioso recuento de las rentas a fin de que ambos reyes recibiesen la misma cantidad. Una declaración posterior, publicada en Blois el 5 de febrero de 1501, anunciaba que Francia y España unirían sus fuerzas contra todas las amenazas del exterior. Hemos reproducido la explicación que se dio a través de los documentos para justificar algo tan pernicioso como la partición de un reino, tratando la tierra y sus habitantes como meros objetos de negociación. El acuerdo teórico reclamaba una puesta en práctica llena de problemas.

Primeras consecuencias de la muerte de Miguel

Ignoraba la triste noticia el comendador de Fuensalida cuando llegó a Bruselas el 2 de agosto. Desde el primer momento los cortesanos flamencos se sintieron profundamente defraudados: las prebendas que desde España se les ofrecían no alcanzaban, ni de lejos, a cubrir sus esperanzas. Estaba discutiendo estos extremos, harto desagradables, cuando el 11 de agosto llegaron los correos desde España. Todo había cambiado: era urgente convencer a los archiduques de que, sin demora, debían viajar a España a fin de ser reconocidos por las Cortes. En cuanto a la conducta de Juana, los primeros informes, en que Fuensalida y Matienzo coincidían, llegaba a indicar un cambio favorable de situación: no había desarreglos en la conducta, de modo que la princesa estaba haciendo vida completamente normal. Ahora que las circunstancias habían cambiado de un modo tan radical, Filiberto de Vere, señor de Berghen, vino a entrevistarse con Fuensalida tratando de descubrir qué propuestas traía. Quedó profundamente defraudado pues el embajador le explicó que su misión había sido a Londres para concluir el matrimonio de Catalina. Se le había ordenado seguir a Bruselas donde recibiría nuevas instrucciones pero que tales instrucciones aún no habían llegado.

El comendador comenzó a tomar notas de aquel ambiente, las cuales pasaban luego a sus despachos. En primer término que Felipe procuraba mostrarse desabrido con los españoles que, como Matienzo y el obispo de Málaga, estaban al lado de su esposa por encargo de los padres de ésta. El archiduque había decidido viajar a Holanda y Zeelanda para proveerse de fondos para el viaje, pues aunque se pensaba imputar sus gastos a la hacienda española, se preparaban tales despliegues que se requerían sumas muy cuantiosas. Fuensalida permaneció en Bruselas para tener así la oportunidad de hablar con Juana, y descubrió que a ésta nada se le consultaba; carecía incluso de noticias sobre las cuestiones más fundamentales. Supo, también, que los consejeros de Felipe procuraban retrasar el viaje hasta que el acuerdo entre Carlos y Claudia fuese firme, pudiendo presentarse allí con el respaldo rectificador de una sólida alianza con Francia; estaban, por otra parte, convencidos de que dicho matrimonio molestaba a los Reyes Católicos, pero la documentación que poseemos no nos permite confirmar o negar tal supuesto.

Para ganar tiempo se había pensado enviar una embajada a España a discutir los detalles del viaje. Hubo agrias disputas entre los consejeros, pues estaban convencidos de que los que en esta ocasión vinieren obtendrían las primeras y mejores prebendas. En medio de estos debates y de las gestiones para obtener dinero llegó a Bruselas, el 10 de octubre de 1500, la carta que los reyes enviaban a su hija. Ella la leyó y se la pasó luego a su marido, el cual la hizo traducir al latín porque no conocía el castellano. El desciframiento tuvo lugar en presencia del obispo de Besançon. Decían en ella que puesto que «por voluntad de Dios» se habían convertido en sucesores, era preciso que acelerasen el viaje, ya que el juramento ante las Cortes no podía hacerse por medio de procuradores. El obispo de Málaga y Fuensalida instaron a los archiduques para que hicieran lo que se les pedía, pero los consejeros de Felipe decidieron no modificar una línea la conducta trazada. Antes de acabar el mes de octubre habían cesado las peleas: no sería uno sino dos los embajadores, Filiberto de Vere y el obispo de Besançon.

Es importante conocer todos estos detalles para comprender lo que luego ocurrió. Se había decidido no emprender la marcha antes de que los embajadores regresaran de su misión. Ésta, sospechaba Fuensalida, debía ser tan importante que Felipe había presionado a su esposa hasta conseguir que firmara unos poderes de cuyo contenido no estaba cerciorada. Sólo se le dijo que se negociaba el matrimonio de Carlos —hasta este momento no se le había dado cuenta— pero que no debía preocuparse porque sus padres estaban de acuerdo. Era cierto que Fernando había sido informado y que, guardando silencio, parecía conformarse.

Los cambios producidos en la sucesión, coincidiendo con las noticias que a Francia llegaban de la peligrosa rebelión morisca, hicieron pensar a Luis XII que se había precipitado al firmar el acuerdo de Chambord. Envió a Fernando una embajada cuyo mensaje venía a anunciar un posible cambio en la política. Para ejecutar el reparto era imprescindible que también Maximiliano entrara en el compromiso, ya que él debía otorgar la investidura de Milán que aún no se había producido; si Fernando no podía o no quería conseguir esta condición, más valía dejar las cosas como estaban obligando a Fadrique a pagar un pesado tributo a repartir. El Rey Católico respondió a los embaja dores que no le parecía mal esta segunda alternativa y que ella le daba la posibilidad de casar al duque de Calabria con su sobrina Juana, asegurando de este modo la amistad. Era una respuesta hábil que el rey de Francia no podía aceptar.

Una discordia conyugal

Fue éste el momento que escogió don Juan Manuel para presentarse ante Felipe ofreciéndole su apoyo: descendiente de aquel Enrique Manuel, conde de Cascaes, antiguo emperegilado, y, más lejos, de la propia estirpe real, estaba muy introducido entre la nobleza castellana y podía crear un partido afín a los intereses de Borgoña. De él partía la idea de aprovechar el resentimiento de los que se sentían vencidos o mal pagados a causa de la guerra civil de 1475. Por otra parte, los poderes que Juana firmara para Vere y el obispo eran bien claros. Se condicionaba el viaje a una previa aceptación de su política de amistad con Francia. Así los procuradores emprendieron viaje el 30 de noviembre y, llegados a la Corte de los reyes, consiguieron que Fernando cursara órdenes a Miguel Juan Gralla para que colaborara con los embajadores borgoñones en lo del matrimonio. Se pudo llegar a la conclusión de que, finalmente, la línea de acción borgoñona triunfaba.

No podemos dejar a un lado aquellos aspectos que afectaban a la relación matrimonial. Los intercambios conyugales, intensos en la primera etapa del matrimonio, habían impulsado a Juana a una profunda afección hacia su marido, llegando a producirse una conducta desequilibrada cuando comprobó que éste, de acuerdo con las costumbres que imperaban en aquella Corte, no le guardaba la fidelidad que su educación reclamaba. Al mismo tiempo era consciente de que se la mantenía alejada de las decisiones políticas. Juana era inteligente y en los períodos de lucidez llegaba a sorprender a sus interlocutores. En este aspecto también contribuían a su irritación los embajadores españoles. Llegó un momento en que Felipe le presentó a la firma un papel que le otorgaba poderes en blanco para fijar las condiciones del matrimonio de Carlos. Y ella se negó: firmaría lo que sus padres acordasen porque no podía olvidar sus deberes como sucesora. Y entonces el archiduque le dijo que él era el marido y el padre, no necesitando por tanto su asentimiento; si lo había pedido era en un gesto de cortesía.

La princesa comentó esta escena con Fuensalida. Y el embajador, irritado y de muy malos modos, acudió a la presencia de Felipe para decirle, según sus propias palabras, que «he tolerado esto hasta ahora, de no decir el desagrado que tengo del poco amor que mostráis al rey y a la reina mis señores y a sus cosas, creyendo que poco a poco lo iríades enmendando, y nunca he escrito a Sus Altezas lo que de razón les había de haber escrito. Mas de hoy sepa Vuestra Alteza que no les dejaré de escribir la verdad». El archiduque se excusó: también él estaba empeñado en cumplir la voluntad de sus señores, pero ni Fuensalida ni don Juan Manuel le creyeron. Sabían ahora que los consejeros flamencos le recomendaban un viaje rápido y sin su esposa; de éste modo él podría ser reconocido directamente como sucesor obteniendo poderes de la archiduquesa, que era el objetivo fijado. Pero esta propuesta ni siquiera fue llevada a negociación. Se volvió al sistema de retrasos. Un nuevo embarazo de Juana permitió uno nuevo en la marcha. Juana fue obligada a pasar de Gante a Bruselas en malas condiciones porque esta ciudad había ofrecido buena compensación si en ella tenía lugar el nacimiento. El 15 de julio de 1501 allí dio a luz a una niña. Esta vez se le puso nombre de Isabel.

Viaje de Catalina

Cinco días después de la muerte de Miguel, el Consejo Real enviaba nuevas instrucciones a Puebla y a Fuensalida que suponía todavía en Inglaterra. Convenía darse prisa en la conclusión de aquel matrimonio. La flota estaba preparada para llevarse a la novia y una comisión estaba trabajando para allegar los dineros que se necesitaban de modo que era posible que la princesa estuviese en Inglaterra antes del 22 de setiembre, día en que cumplía años Arturo. Demasiado tarde para una rectificación de tal calibre. Enrique VII, a instancias de los embajadores había aceptado una nueva prórroga hasta el día de San Juan de 1501 y Fuensalida había planteado el espinoso tema de la dote, originando con ello debates y negociaciones. Pues Puebla había ajustado cada corona en 12,5 maravedís cuando en el mercado de Londres se pagaban únicamente a 12. Por otra parte, las rentas de Gales eran tan escasas que la princesa se vería reducida a estrechez, si bien el monarca británico había tratado de aliviarla otorgando a Catalina la nuda propiedad de su ajuar, estimado en otras 50.000.

Fernando e Isabel dejaron las cosas como estaban y reiteraron a Puebla su confianza. Una prueba más de la importancia que otorgaban a aquella alianza. Nuevas instrucciones, despachadas el 3 de octubre de 1500, nos parecen reveladoras. Ahora que había cumplido 14 años, Arturo debía confirmar su matrimonio, no fuera que alguien pudiera alegar que al celebrar los esponsales el año anterior era menor de edad y, sin tener en cuenta la dispensa, los declarase nulos. También debían recordar el compromiso adquirido de que las joyas que llevaba Catalina, estimadas en 25.000 coronas, debían quedar en su poder. Desde la experiencia borgoñona también insistían en que la princesa pudiera conservar a su servicio a cuantas personas de su séquito le conviniera. Y en cuanto los príncipes se reunieran se harían velaciones y consumación sin más demora.

Usando los poderes que Catalina le enviara a los que puso fecha de 20 de octubre, Puebla pudo representarla en la boda que ofició el obispo de Lincoln. Todo estaba ya atado, al parecer. Arturo era el príncipe en cuyo honor se movilizaron los 230 caballeros que entonces formaban la Mesa Redonda. El conde de Suffolk afirmó que quebraría tres lanzas en honor de la dama de sus pensamientos lo que, pese a todo, no era obstáculo para que anduviera conspirando de nuevo en favor de la marchita Rosa Blanca. A Isabel, conforme iba recibiendo estas noticias, nada gustaban los alardes, pues, de acuerdo con su sentido de la existencia, la moderación en los gastos y la seriedad en el semblante eran signo cabal de que ambos reinos y también ambos esposos ponían su amor en uno.

Algunos detalles deben quedar en la memoria para un futuro que nadie imaginaba tan amargo pero que, de todas formas, se apreciaba en su dureza: aquella infanta se alejaba definitivamente de su tierra para echar raíces en un país lejano, de áspero clima, separado de la Península por un mar que siempre ponía dificultades. Y todo ello sirviendo los intereses de la monarquía hispana. Había sufrido fiebres y por eso hubo de viajar despacio hasta llegar a Compostela, ganando el jubileo como deben hacer los peregrinos para enderezar su existencia. Embarcó en La Coruña para llegar a Southampton. Formaban su séquito 57 personas que tenían el propósito de instalarse en Inglaterra. Tiempos difíciles que anunciaban las noticias que venían del continente. Había comenzado a ejecutarse el reparto de Nápoles y se temía, en consecuencia, una guerra como la de cinco años atrás.

En la Corte inglesa, sin que tuvieran carácter oficial, tales noticias se presentaban de la siguiente forma, que a Fernando, desde luego, convenía. El Rey Católico no había tenido más remedio que aceptar el reparto para frenar la ambición de Luis XII y castigar la traición de Fadrique que había llegado a aliarse con los turcos. Fernando hubiera podido añadir algo más: se plegaba a las imposiciones francesas para salvar una parte, al menos, de sus derechos que comportaban el dominio del extremo meridional de Italia.

Catalina embarcó en La Coruña, pero el tiempo adverso no le permitió hacer la travesía, de modo que el 2 de setiembre estaba todavía en Laredo, adonde llegó un experto piloto enviado por Enrique VII. Casi cinco días hubo de emplear en un viaje, ahora directo, que le permitió desembarcar en Plymouth el 1 de octubre de 1501. Pisaba la tierra que ya nunca abandonaría. El monarca británico le dispensó una acogida cordial, que formaba contraste con la que a Juana dispensaran en Flandes. Las velaciones se celebraron en Londres el 14 de noviembre. No parece que llegara a consumar el matrimonio: la frágil salud de Arturo recomendaba una demora. Pero Inglaterra tenía ya princesa de Gales.

Ejecución del tratado

Los dos reyes, al negociar el tratado de reparto de Nápoles habían buscado argumentos que les permitiesen cohonestar una acción que muy difícilmente podría justificarse. Por debajo de ellos aparecía una lucha por el poder que significaba diferencias de estructura en Europa. Luis XII, dueño ya de Milán, entendía que si lograba instalarse en Nápoles tendría en su poder toda Italia, incluyendo esa presencia militar que César aseguraba en el Patrimonio de San Pedro y que significaba la sumisión del Papa. Y esto, sin la menor duda, podía considerarse hegemonía sobre Europa. Cediendo, por ahora, Calabria y Apulia, podía dar de lado al posible enemigo. Fernando estaba atento, sobre todo, a consumar el cierre del Tirreno, objetivo al que varias veces nos hemos referido. Algo había de verdad en la justificación esgrimida ante Enrique VII: la amenaza turca volvía a presionar. A este respecto no cabe dudar de la importancia que tuvo la brillante campaña de Gonzalo de Córdoba en Zankle y Cefalonia.

César Borja fiaba todo al apoyo francés. Cuando, el 29 de junio de 1500, sufrió Alejandro VI un colapso en su salud que hizo que se temiera por su vida, pidió a los capitanes de Luis XII que entrasen en Toscana y controlasen la situación en Roma. Pasó la alarma y el 18 de agosto del mismo año Alejandro señaló audiencia a Lorenzo Suárez de Figueroa, que le había dicho que un mensajero especial, Portocarrero, había traído noticias que tenían que ser comunicadas sin demora. Estas noticias se referían a la muerte de Miguel y a la necesidad perentoria de abreviar los trámites para la dispensa matrimonial a María y Manuel. En esta oportunidad el Papa se refirió al disgusto que le causaban las malas relaciones entre César, cuyas tropas acampaban a las puertas de Roma y el marido de su hermana Lucrecia, Alfonso, príncipe de Bisignano y bastardo del rey de Nápoles. Aquella misma tarde Alfonso moría asesinado y el señor de la bandera del Toro pudo hacerse dueño de Pesaro, Rímini y Faenza, núcleos esenciales para aquel buen pedazo del Patrimonio que en abril de 1501 sería convertido en ducado de Romagna.

Negociado en el más absoluto secreto, el acuerdo para la ejecución del reparto se firmó el 11 de noviembre de 1500. No podemos precisar el tiempo que tal secreto fue guardado. En todo caso, antes de enero de 1501 algunas noticias se filtraron a causa de que Miguel Juan Gralla estaba discutiendo las modalidades: fecha del comienzo de la operación (1 de mayo), fuerzas que cada parte debía enviar y comunicación oficial al Papa para que otorgara a ambas partes la investidura. En cualquier caso, en febrero de 1501 la noticia era suficientemente conocida, si bien Gonzalo Fernández no recibió la orden, mediante un despacho enviado por Miguel Pérez de Almazán, hasta el 1 de marzo. El desencadenamiento de la acción quedó señalado por dos nombramientos firmados por el Rey Católico: el de lugarteniente general en Calabria y Apulia, en favor del Gran Capitán (22 de marzo) y el de su hermana Juana para Valencia, Aragón y Cataluña (27 de marzo). Como todos o casi todos los aprovisionamientos iban a llegar de Sicilia, Fernando recordó a Gonzalo que no era otra cosa que comandante de las tropas; para todo lo demás dependía de los sicilianos; los pertrechos debían ser pagados.

El Gran Capitán hubo de realizar un gran esfuerzo para recuperar sus mercenarios, que se hallaban dispersos y, muchos de ellos, a las órdenes de César Borja. Pero el 4 de mayo de 1501 pudo decir que las órdenes estaban cumplidas y que se hallaba acampado con sus tropas en Milazzo, cerca de Mesina. Pocos días más tarde, junto con Juan de Lanuza, procedió a examinar el texto del tratado, cuya copia le fuera enviada, y experimentó una gran sorpresa: en él no figuraba la Basilicata, en donde precisamente se hallaba la aduana de los ganados que era la renta principal del reino. A continuación envió a Fadrique un documento renunciando al ducado de Terranova y poniendo fin, en consecuencia, al vasallaje que le había prestado. El 25 de junio el Papa legitimó el reparto otorgando a cada uno de los reyes investidura de la parte asignada, y el 29 se hizo pública en Roma la noticia de que Alejandro VI, Luis XII y Fernando II habían firmado una alianza contra los turcos. César Borja figuraba entre los capitanes del ejército francés.

Disgusto y escándalo se registraron en muchos ambientes italianos. En esta oportunidad el cardenal Caraffa, napolitano, a quien el reparto de su reino hería vivamente, ordenó fabricar una estatua representando al muñeco burlesco que llamaban «maese Pasquino» y la colocó en un rincón cerca de la plaza Navona. En su pedestal se fijaban los epigramas que criticaban en tono de broma la situación. De ahí viene el término pasquín que seguimos utilizando. No parece que preocuparan mucho estas cosas a César. Ya estaba preparando el matrimonio de su hermana Lucrecia con Alfonso de Este, lo que la convertiría en duquesa de Ferrara, permitiéndole además un cambio completo en su conducta.

Los embajadores enviados a España por el archiduque, Francisco Busleyden, arzobispo de Besançon y Filiberto de Vere, estaban de regreso en Bruselas el 10 de junio de 1501, muy satisfechos por la acogida que se les dispensara y por las ofertas de dádivas que habían recibido. La victoria de la política pro-francesa parecía completa. Ahora, nacida Isabel, aceptada por los Reyes Católicos la propuesta de matrimonio entre Carlos y Claudia y retiradas las reservas que opusiera Maximiliano para una boda de Margarita con el duque de Saboya, no había motivos para que se retrasara la toma de posesión del principado ni la ejecución del tratado de Chambord. A Fuensalida explicaron los archiduques que, al principio, habían pensado en un viaje marítimo pero que ahora, al recibir la invitación de Luis XII, habían decidido ir por el camino de tierra. Una enorme caravana de cien carros se encargaría de llevar la impedimenta. De todas formas no se dio la orden de marcha basta que hubo llegado la noticia de que Maximiliano y Luis XII habían concertado el acuerdo de Trento (3 de octubre de 1501) que reconocía los derechos del primero sobre Bohemia y Hungría y otorgaba al segundo la investidura de Milán.

Entre los primeros días de julio y el 2 de agosto de 1501, los franceses pudieron llevar a cabo con tanta facilidad como la vez primera la ocupación de la parte asignada a ellos en el Realme: las violencias acostumbradas en estos casos no produjeron mayor resistencia por parte de la población. Gonzalo, que desembarcó en Calabria la tarde del 5 de julio, recibió algunas noticias capaces de sembrar en él dudas. Se hablaba de un posible movimiento en favor de Fernando por parte de los partidarios de España en la zona francesa, los cuales estaban siendo maltratados. Cuando la capital fue tomada, ni d’Aubigny ni César Borja le pasaron la correspondiente información. Él respondió con una maniobra que Fernando el Católico confirmaría plenamente: brindar a los Colonna ayuda y respaldo en sus señoríos si reconocían al soberano español. Próspero Colonna era el mejor capitán de su tiempo, de modo que se trataba de una ganancia muy considerable.

Primeras dificultades

Las noticias que iban llegando a España eran poco tranquilizadoras. A diferencia de lo que ocurriera en la paite francesa, hubo resistencia, fuerte en Consenza y mucho más en Tarento, que no pudo ser tomada hasta el 1 de marzo de 1502. Con ello sufría el prestigio de los soldados españoles y de su general, creándose la impresión de que eran inferiores en todo punto a los franceses. Fadrique y sus deudos tomaron la decisión de entregarse a Luis XII, aceptando las promesas de indemnización que éste les hiciera. Gonzalo Fernández iba lento porque, obedeciendo instrucciones precisas de Fernando, procuraba frenar los desmanes de sus tropas impidiendo así que despertasen hostilidad en la población.

La prolongada resistencia pudo ser interpretada por los franceses como una señal de que eran preferidos a los españoles, tal vez por la brillante fuerza que habían sido capaces de desplegar. Conocían, además, las dificultades internas que afectaban al Gran Capitán: los emolumentos, escasos, se retrasaban y esto permitía a César Borja tomar a muchos de estos soldados a su servicio. Era difícil la coyuntura: de un lado la dureza de aquellos mercenarios de probado valor, del otro las insistencias del rey para que se evitara un crecimiento de la hostilidad. El argumento inicial —se trataba de preparar la guerra contra el turco— no fue creído. Había un hecho: pese a las concesiones del Papa, el vasallaje de Nápoles hacia la sede de San Pedro había desaparecido.

Luis XII, que se titulaba rey, no pisó nunca el suelo de Nápoles; se hizo representar por el virrey Luis de Armagnac, duque de Nemours, caballero de alta cuna. Fernando tampoco pensó por ahora en hacerlo; confirmó a Gonzalo en su oficio pero encargando al despensero mayor la percepción y administración de todas las rentas. Apulia y Calabria no eran reino sino ducado, prolongación de Sicilia. Resultaba, en la práctica, muy difícil establecer límites precisos entre las dos obediencias. El tratado de Chambord, a diferencia del de Tordesillas, adolecía de una falta de referencias específicas al espacio, un descuido que acaso no fuera tan indiferente. No se mencionaban Capitanata y Basilicata, aunque eran, administrativamente, pequeñas provincias. Algunos de los barones que se sometieran a Luis XII tenían dominios en Apulia, lo que obligaba a establecer indemnizaciones, una tarea en extremo delicada. Por otra parte, la administración de las rentas fundamentales, basadas sobre todo en el trigo y la lana, no permitía una separación a priori: debían cobrarse en unidad y repartirse después.

Muy pronto se registraron roces e injerencias. Los oficiales inferiores, en directo contacto con los soldados, se mostraban muy poco escrupulosos a la hora de buscar medios de vida. Tanto los de un bando como los del otro daban por sentado que tenían derecho a vivir sobre el país. Los dos altos responsables, es decir, Nemours y Gonzalo Fernández, acudieron a sus respectivos reyes para pedirles que, tomando sobre sus hombros la responsabilidad, llegasen a una solución que permitiera liquidar las diferencias. Pero la atención de ambos estaba puesta ahora en un acontecimiento: la toma de posesión de la herencia española por parte de Felipe el Hermoso. Éste deseaba intervenir en la gran política y sus consejeros le empujaban a ello: podía ser el gran éxito de la línea francófila.

Circunstancias de un viaje

Fernando e Isabel estaban en Valladolid en diciembre de 1501, preparando los detalles de su encuentro con los príncipes de Asturias, cuando llegó a sus manos una carta del obispo de Málaga fechada el 15 de noviembre, en que les anunciaba que la larga comitiva había emprendido el viaje, esta vez por tierra, aceptando la invitación de Luis XII, lo que resultaba muy significativo. Se detuvieron algunas semanas en Blois, residencia del rey, que aprovechó esta oportunidad para firmar la confirmación del acuerdo de Trento (13 de diciembre) y agasajar a sus jóvenes invitados. En aquella estancia se tuvo la sensación de que Felipe mostraba un gran empeño en aparecer como el más importante de los vasallos del rey de Francia. En la misa de la noche de Navidad depositó en la bandeja del ofertorio las monedas de oro que Luis, como su señor feudal, le entregara. Juana permaneció firme negándose a imitar el gesto de su marido: ella era la princesa de Asturias y no debía vasallaje a nadie.

Se abría con el viaje una incógnita en relación con el futuro de la monarquía española, pues Felipe parecía absolutamente decidido a colocarla al lado de Francia reconociendo a ésta una especie de primacía sobre toda la Cristiandad. Sus consejeros se movían dentro de esta línea. Juan de Albret y su esposa volvieron a los temores de antaño, pues una alianza de este tipo podía significar para ellos una amenaza. El tratado de Sevilla de 1500 afirmaba en cierto modo la dependencia de Navarra, reino, en relación con los titulares de la Corona de Castilla. Pero la parte fundamental de su patrimonio era francesa. Tras la muerte del vizconde de Narbona, Luis XII había tomado la protección de Gaston y Germana de Foix, que eran también sus sobrinos, y reclamaba para ellos algún derecho sobre la herencia de este linaje, estando el pleito todavía pendiente ante el Parlamento de París. Los Albret-Foix no tenían recursos suficientes para defenderse de tan poderosos vecinos. Ahora la amistad con el archiduque podía brindar una buena solución.

En consecuencia, Juan y Catalina salieron al encuentro de los príncipes y les invitaron a detenerse en Dax (enero de 1502). Trataban de cimentar con ellos una alianza y por eso un posible matrimonio entre la recién nacida Isabel y el primogénito de Navarra, Andrés —que morirá en febrero de 1503—, el cual entraba en los presupuestos de los acuerdos de Sevilla. Adelantemos un poco los acontecimientos. La nueva guerra entre España y Francia destruyó algunas de estas perspectivas que el archiduque juzgaba positivas. Luis XII nombraría a Alain de Albret su lugarteniente en Guyena con el mando militar de esta frontera y así comprometió a su linaje. Al mismo tiempo hizo caer la espada de Damocles, pues el Parlamento de París dictó una sentencia (12 de abril de 1503) que fijaba en 3.000 libras las rentas que debían abonarse a Gaston y Germana, en tanto se sustanciaba la partición del patrimonio. Cuando, el 23 de enero de 1503, el rey Juan de Albret compareció ante las Cortes navarras se mostró francamente pesimista: ni Luis ni Fernando podían ser considerados amigos. El 19 de enero de este año, Felipe el Hermoso pisaba por primera vez tierra española.

La cuestión de Basilicata

Las noticias que a la Corte española iban llegando acerca del viaje de los príncipes no eran, por consiguiente, buenas. El 5 de setiembre de 1501 Fernando había enviado instrucciones precisas a Gonzalo Fernández para las negociaciones con Nemours acerca de las fronteras. Estaba seguro de que la Capitanata le pertenecía pero, de momento, le quedaban dudas acerca de si la Basilicata podía considerarse una parte de Apulia. Llegaban de Italia noticias de frecuentes enfrentamientos, en especial por el ajuste de los señoríos: los nobles angevinos, es decir, pro-franceses, querían reclamar dominios en la zona española, creando de este modo una especie de foco de resistencia. Al Gran Capitán advertía el Consejo que en aquellas provincias, parte ahora de la monarquía española, eran de aplicación las disposiciones que afectaban al conjunto, como por ejemplo la exclusión de los judíos y el funcionamiento de la Inquisición. Tras una larga deliberación, reclamados informes, el Consejo Real elevó un memorándum a Fernando en que llegaba a la conclusión de que tanto la Capitanata como la Basilicata pertenecían a su Corona.

En este caso correspondía a los españoles cobrar la opulenta aduana de los ganados a su paso por Foia, entregando después a los franceses la parte correspondiente. Además, uno de los capítulos de los acuerdos firmados señalaba que los bienes confiscados a sus nobles por los reyes de Nápoles debían ser restituidos a sus legítimos dueños: esta condición beneficiaba sobre todo a la aristocracia angevina perjudicando en cambio a algunos españoles que fueran entonces beneficiados. Esto obligaba a negociar detalles a menudo espinosos. Nemours y Gonzalo se esforzaban por guardar las formas, intercambiando gestos y regalos muy acordes con el espíritu de la caballería, pero en el fondo las tensiones no hacían más que aumentar.

En enero de 1502 Luis XII envió un mensajero a Sevilla para proponer a los Reyes Católicos el nombramiento de una comisión arbitral con poderes para ajustar las diferencias; en el fondo lo que pretendía en aquellos momentos de afirmación de su poder era una revisión de los tratados, pues consideraba que había cedido más terreno del que le convenía. En aquel entonces, el duque de Nemours tenía ocupada la Capitanata y se negaba a entregarla. Entre los días 1 y 12 de abril de 1502, instalados en Atella el virrey y en Melfi el lugarteniente español, mantuvieron conversaciones, alternándolas con fiestas, pero no llegaron a conclusión alguna. Los franceses no confiaban en el reparto de rentas y querían una ampliación del territorio que les permitiese cobrarlas. No se avanzó ni un paso hacia el acuerdo.

Se estaba revelando una circunstancia que aparece en esta clase de debates: por tradición lejana el Realme constituía unidad y no era posible partirlo sin que surgiesen graves daños. Casi simultáneamente los Reyes Católicos y Luis XII llegaron a la conclusión de que el mejor modo de resolver el problema estaba en recurrir a un arbitraje: los españoles sugirieron que se encomendase a Maximiliano en su calidad de rey de Romanos; los franceses, por las mismas razones aunque con mejor lógica, proponían al Papa, dada su condición de soberano feudal de Nápoles. En sus instrucciones a Gonzalo Fernández, el monarca español insistía, una y otra vez, que se buscara el camino de la negociación: en modo alguno ni «por cosa del mundo rompáis las hostilidades». No hay motivos para suponer que mentía. La guerra, en aquellas circunstancias, tenía que parecerle la peor solución. Todavía el 13 de julio, cuando se habían roto las hostilidades, aunque los Reyes Católicos lo ignoraban, se despacharon nuevas órdenes al Gran Capitán; estaban dispuestos a aceptar la mediación del Papa, como sus rivales proponían.

Ultimo esfuerzo para salvar la situación. El 22 de junio, Nemours y Gonzalo se reunieron en una pequeña ermita, de ambos bien conocida, a mitad de camino entre Atella y Melfi acordando una tregua, que dejaba casi toda la Basilicata en poder de los españoles. Pero el español supo que, pese a este acuerdo, los franceses se preparaban para instalarse en Atripalda y entonces envió al capitán Escalada para que con sus trescientos hombres se le adelantasen. Llegaron los franceses y se entabló un combate. Sin declaración de guerra las hostilidades se sucedieron a lo largo de toda la línea.

El juramento

En este momento los príncipes se hallaban en España. Al cruzar la frontera, la pesada impedimenta hubo de ser transportada a lomos de mulos para afrontar caminos no carreteros. Viniendo de Sevilla, los reyes salieron a su encuentro por el viejo camino de Guadalupe. Fernando creía contar en estos momentos con el apoyo importante del arzobispo de Besançon a quien se había consentido acumular las rentas del obispado de Coria. Pasando por Llerena se cursaron las cartas de convocatoria a Cortes en Toledo (15 de abril). Una novedad hubiera debido preocupar; por primera vez iba a ser jurado y reconocido un príncipe que no sabía hablar castellano. Alfonso de la Cavallería explicó a los reyes las dificultades que les esperaban en los reinos de la Corona de Aragón, donde no estaba previsto jurar a mujeres, si bien, en este caso, había ya descendencia masculina.

Estaba previsto que se encontrasen todos en la ciudad del Tajo, a la que Fernando e Isabel llegaron el 22 de abril. Pero Felipe no pudo hacerlo hasta el 7 de mayo; había contraído una enfermedad que le obligó a demorarse en casa del marqués de Villena, al que veremos más tarde adherido a su causa. Los que rodeaban al archiduque no ocultaban sus opiniones favorables a un entendimiento con Francia. El rey hizo un primer intento para cimentar en amistad las futuras relaciones: cuando Felipe llegó a su presencia no quiso que le besase las manos y le dio en cambio un gran abrazo. Todo inútil. Por lo demás, desde mayo de este año comenzó a abrirse paso en la percepción de los monarcas una dura realidad: Juana mostraba desvíos extraños en su conducta y no era fácil conocer dónde estaba la raíz ni hasta dónde alcanzaba este mal.

El 22 de mayo de 1502 los príncipes de Asturias fueron reconocidos como tales por las Cortes de Toledo; se prestaron los recíprocos juramentos; ellos se comprometieron a cumplir las leyes y costumbres del reino y a dar todos los oficios a naturales del mismo: Juana era la titular y su esposo el consorte. Inmediatamente se hizo convocatoria de Cortes en Zaragoza para el 23 de julio. Fernando se adelantó a su esposa y sus hijos que permanecieron en Toledo mientras él, después del día 8 emprendía viaje con la confianza de resolver los problemas serios que le esperaban. Las noticias que llegaban de Italia no eran nada tranquilizadoras. Estando en Toledo se invitó a los príncipes a confirmar las capitulaciones entre María y Manuel, precaución necesaria, pues se comprometían importantes rentas castellanas.

En el camino hacia Zaragoza tuvo el rey noticias acerca de la casi inevitable ruptura en Italia y despachó a Gonzalo de Ayora como embajador ante Maximiliano para proponerle reactivar la triple alianza como en 1496; había la posibilidad de atraer a Alejandro VI si se decidía pagar el precio: investidura imperial del ducado de Toscana para el inevitable y polifacético César Borja. A Lorenzo Suárez de Figueroa se encomendó la misión de atraer a Saboya y Venecia, no a una comprometida alianza militar sino a una amistad benevolente, a fin de disponer de buenas fuentes para los suministros.

Fueron muy fuertes las discusiones con los procuradores; el rey quería que se le otorgaran subsidios para defensa del Rosellón, pero ellos los negaban; las circunstancias económicas eran difíciles. Al final accedieron a jurar a los príncipes en cuanto que eran padres de un varón pero haciendo la salvedad de que si, más adelante, llegara Fernando a tener descendencia masculina ésta sería la preferida. Una cautela que entonces pudiera parecer vana pero que cuatro años más tarde cobraría realidad.

Primer revés: la guerra

Las Cortes de Zaragoza concluyeron en medio de fuertes tensiones. Volvían las preocupaciones financieras. Llegaban noticias de Italia que parecían indicar un repliegue español hacia la derrota y los consejeros de Felipe insistían en la necesidad de regresar a Flandes, reforzando al pasar los lazos con Francia. Pero Juana estaba nuevamente embarazada y era peligroso para ella un viaje en invierno. Se recibió en este instante un aviso desde Madrid, donde había permanecido Isabel: la reina estaba enferma y, esta vez, la dolencia era seria. Decidido a regresar al lado de su esposa, el rey nombró a Felipe y Juana lugartenientes para que en su nombre presidieran las Cortes. Pero ni el archiduque ni la princesa cumplieron su cometido: primero Felipe, que veía nuevas perspectivas de cambio en la dolencia de Isabel, y luego Juana, en la querencia hacia su marido, entregando el poder en manos de la reina viuda de Nápoles, también llamada Juana, abandonaron Zaragoza. Las Cortes no se clausuraron; sencillamente se interrumpieron.

Las malas noticias de Italia respondían a una realidad. Al comenzar las hostilidades, siendo muy superiores las fuerzas francesas, Gonzalo hubo de ceñirse a una estrategia defensiva, dejando guarniciones en los puntos fuertes con posibilidad de resistencia y estableciendo él mismo un campo atrincherado en Barletta, a orillas del Adriático. El duque de Calabria, que se había negado a capitular, era ahora un prisionero. Se había vuelto a la estrategia de desgaste del enemigo, acudiendo mucho al sistema de golpes de mano ya ensayado. Mientras tanto, Lorenzo Suárez de Figueroa en Venecia, y Garcilaso de la Vega en Génova, habían conseguido que las dos Repúblicas garantizasen su amistosa no beligerancia, lo que significaba prácticamente un apoyo, pues Venecia era la sede de los bancos por donde circulaba el dinero que se enviaba a Gonzalo de Córdoba.

En estos meses de noviembre y diciembre de 1502 se prescindió por completo de Alejandro VI, buscando en cambio el acercamiento a las dos grandes familias, Colonna y Orsini, que eran enemigas de los Borja. La población de Barletta fue evacuada a la cercana Trani y puesta bajo el amparo de las banderas venecianas. A los franceses convenía mucho provocar una batalla en campo abierto, ahora que gozaban de absoluta superioridad y por ello tantearon las defensas de Barletta pero no consiguieron que Gonzalo respondiera al envite. La correspondencia conservada demuestra que el rey Fernando apoyaba esta estrategia defensiva.

Desde Madrid, superada la enfermedad de Isabel, Fernando tomó la decisión de abrir un segundo frente por el faro de Mesina, encomendando la dirección de este ejército a Luis Portecarrero, señor de La Palma. Probablemente esto disgustaba a Gonzalo Fernández, quien se veía privado del mando único y podía temer una sustitución por uno de los miembros de la grandeza castellana. Las primeras tropas que llegaron a este escenario, a las órdenes de Manuel de Benavides, consiguieron al principio lo que de ellas se esperaba: el duque de Nemours hubo de retirar parte de las suyas para cubrir la defensa. Pero fue entonces cuando d’Aubigny, repitiendo escenario, consiguió sorprender a Benavides, cerca de Seminara, causándole seria derrota. Todavía estaba Felipe en España cuando llegó la mala noticia. Los consejeros flamencos insistieron: la política hostil a Francia era una completa equivocación. Era urgente estrechar los lazos con Francia. Esta tercera batalla de Seminara tuvo lugar en diciembre de 1502.

Segundo revés: la muerte del príncipe de Gales

A principios de mayo de 1502 llegó a Toledo noticia de que había muerto Arturo, príncipe de Gales. No parece que hubiera llegado a consumar el matrimonio con Catalina. Un nuevo golpe al que los Reyes Católicos reaccionaron enviando a Fernán Duque de Estrada a Londres (12 de mayo) con el encargo de devolver a Catalina con la parte de la dote ya pagada o negociar para esto un nuevo matrimonio con Enrique, hermano y sucesor del difunto. Estos detalles no se explicaron a Puebla; simplemente se le enviaron órdenes para que se pusiera a las de Estrada para lo que éste pudiera necesitar. Parece que Isabel tenía en estos momentos más interés que su esposo en conseguir el segundo matrimonio para su hija. Se supo que Enrique VII había comentado que, de acuerdo con las leyes inglesas, él no estaba obligado a devolver la dote. Ante esta noticia se cursaron nuevas instrucciones a Estrada, para que antepusiera el retorno de Catalina a cualquier otra consideración.

Todo esto sucedía a mediados de junio, cuando comenzaban a llegar las noticias desfavorables de Italia. Isabel, sin esperar la firma de su marido, envió entre los días 12 de julio y 10 de agosto mensajes perentorios a Duque de Estrada y a Puebla: había que conseguir a toda costa el refuerzo de la amistad inglesa, no para involucrarla en la guerra sino para hacer posible con su ayuda el mantenimiento de la paz. Y el matrimonio era pieza esencial en dicha alianza. Entonces se enteraron los españoles de que Puebla había embrollado de tal modo las cosas que Enrique VII, de acuerdo con los pactos firmados, tenía derecho a quedarse con los 100.000 escudos y otras cosas que había cobrado. Eran tan malas las comunicaciones en invierno que las cartas cifradas que Fernando despachó desde Zaragoza el 1 de setiembre no llegaron a su destino hasta el 14 de febrero de 1503. En aquéllas se mostraba francamente pesimista y bastante claro en sus temores: «Y si el rey de Francia aquel reino ganase, lo que Dios no quiera, sería entero señor de toda Italia con Francia».

Coincidieron en Londres todos los esfuerzos diplomáticos: Pedro de Ayala, capellán de Catalina y, ahora, canónigo de San Pablo de Londres, Fernán Duque de Estrada y, transitoriamente también, Gutierre Gómez de Fuensalida, en una de sus etapas en el camino de Flandes. Puebla seguía siendo, a pesar de todo, embajador permanente. Falleció entonces la reina Isabel, esposa de Enrique VII y llegó este último a consultar la que los Reyes Católicos consideraron idea disparatada: casar a Catalina con el padre y no con el hijo. Todo quedó en salvas, como lo eran también las que acompañaban a la noticia de Ceriñola que iba a cambiar el panorama europeo (27 de abril de 1503). Cesaron los obstáculos y se impuso el optimismo. El 23 de junio se firmaron en Richmond las nuevas capitulaciones matrimoniales que permitían a Catalina seguir llamándose princesa de Gales. Además de los 100.000 escudos ya entregados, se enviarían de inmediato otros tantos.

Apurando cautelas se hizo una gestión en Roma cuyas consecuencias resultaba imposible prever. Aunque «en el dicho capítulo dice que el matrimonio fue consumado, pero la verdad es que no fue consumado y la dicha princesa nuestra hija quedó tan entera como antes que se casase y esto es muy cierto y muy sabido donde ella está», sin embargo «ha parecido a los letrados de Inglaterra que según los escrúpulos y dudas que la gente de aquel reino suele poner en las cosas, que aunque es así verdad que la dicha nuestra hija quedó entera», «que por quitar toda duda para adelante en la sucesión de los hijos que, placiendo a Nuestro señor, nacerán deste dicho casamiento que ahora se ha asentado, se debe decir en la dispensación —que ambas partes se comprometían a solicitar del Papa— que consumaron el matrimonio». Una de las muchas piedras sillares que habrían de emplearse para levantar el edificio de la Iglesia anglicana.

Concesiones que se hicieron por ambas partes significaban la importancia que se quería otorgar a este matrimonio. Las relaciones familiares parecían encontrar menos escollos que en Borgoña. Isabel confirmó los acuerdos el 13 de setiembre de 1503 y Fernando, que estaba en Barcelona, lo hizo el 24 del mismo mes y año. Simultáneamente el rey firmaba un documento que equiparaba a los comerciantes ingleses con los españoles en todos los reinos de él dependientes. Nuevo Papa, Julio II accedió sin dificultad a otorgar la dispensa y, para mayor seguridad, quiso datarla en una fecha muy anterior a la verdadera (26 de diciembre de 1503). El 3 de marzo, el contrato y la amistad británica quedaban definitivamente cerrados. Isabel estaba notando ya los síntomas graves de una enfermedad que acabaría finalmente con su vida. Las últimas noticias que recibió de Inglaterra eran tranquilizadoras.

Felipe regresa, solo, por el camino de Francia

Los príncipes, que con desaire trataran a las Cortes aragonesas, no viajaron tampoco a Barcelona y Valencia, como era norma, para recibir y prestar los correspondientes juramentos. El archiduque, ante la noticia de la enfermedad de la reina, había mostrado mucha prisa en acudir a Madrid, atento al desenlace. Y pronto le siguió su esposa, que mostraba cada vez mayor voluntad de no separarse de él. Se sosegaron las cosas y los consejeros flamencos volvieron a insistir en sus prisas por el regreso, repitiendo la estancia en Francia. Estaban en contacto con los embajadores de Luis XII que continuaban en la Corte española y discutían alguna fórmula de arreglo para el problema de Nápoles manejando dos posibles soluciones: otorgar a Fadrique el oficio de lugarteniente real o convertir el reino en dote de Claudia cuando llegara el momento de casarse. Una y otra significaban la retirada de las tropas españolas y la ocupación de lodo el territorio por los soldados franceses. Se explica que Fernando no estuviera dispuesto a aceptar ninguna de ambas. Se mantenía dentro de los límites en principio acordados: una comisión arbitral que hiciese el reparto con la precisión que en el acuerdo de Chambord faltaba.

Felipe llegó a una solución: impuso a Juana la obligación de quedarse, hasta que naciera el hijo que de ella esperaba, y decidió hacer solo el viaje. Es fácil imaginar el trastorno anímico que esta separación, prolongada y de incierta duración, causó en el alma de Juana. Desde su boda nunca había estado alejada de su marido tanto tiempo. El príncipe se despidió de ella el 10 de diciembre de 1502 y tomó la vía del Rosellón. Fernando envió órdenes estrictas a Sancho de Castilla, que mandaba las guarniciones en los condados, que extremase su vigilancia, no fuera que los franceses aprovechasen el paso de su yerno para montar algún golpe de mano.

Venían noticias difíciles del frente napolitano, referidas a la derrota de Seminara. Por eso Fernando accedió a entregar a su yerno poderes (12 de enero de 1503) para que pudiera negociar con Luis XI, tomando como base de partida el matrimonio de Claudia. Negociar no quería decir en este caso concluir, sino escuchar y debatir propuestas que serían enviadas a España para su conclusión. Bien significativo es que, pocos días antes de la entrega de los mencionados poderes, se enviasen a Gonzalo Fernández instrucciones muy precisas: no debían obedecer ninguna de las órdenes que el archiduque enviase desde Francia y sí únicamente las que le viniesen por el camino español. Fernando, no hay duda, temía que su yerno, tan rodeado de consejeros «muy franceses», hiciera concesiones indebidas. El documento que contenía los poderes no fue entregado a Felipe ni a ninguno de sus consejeros, sino a fray Bernardo Boyl, que no debía mostrarlo mientras no tuviera ocasión de comprobar que el acuerdo conseguido era correcto.

El fraile alcanzó al príncipe en Perpiñán, donde había tenido que detenerse hasta que, el 26 de febrero de 1503, tuvo confirmación de que los rehenes para su seguridad estaban ya en Flandes. Desde este momento no se separó de él. Llegaron a Lyon el 22 de marzo. No hubo lugar a la que podríamos llamar una negociación sino a la firma de un acuerdo que los procuradores de Felipe habían convenido. La falta de noticias de Italia explica que todo se concluyera dentro de un clima de victoria francesa.

Fernando había permanecido en Zaragoza retomando la presidencia de las Cortes que la enfermedad de Isabel y la malversación de sus hijos interrumpiera. Ante ellas explicó cómo necesitaba ayuda para la defensa del Rosellón, que era operación muy costosa. Esta vez obtuvo algunos subsidios. También se comprometió a permitir la estancia de los mudéjares en Aragón, como la nobleza de este reino le pedía e hizo algunas concesiones que no afectaban al principio de autoridad por él establecido. Siguió luego viaje a Cataluña. Al llegar a Poblet, un correo le entregó la carta de fray Bernardo en que éste comunicaba que el 5 de abril de aquel año, Felipe había firmado el tratado de Lyon que el fraile entendía ajustado a las instrucciones. Faltaban dieciséis días para Ceriñola. El rey tomó el documento, lo leyó y dijo que era tan sólo el medio de expulsar a los españoles de Nápoles.

Se mantenían las condiciones de reparto anteriormente establecidas, pero Felipe con sus oficiales sustituiría a Gonzalo Fernández y sus tropas, que debían salir del país. También el duque de Nemours sería relevado, para guardar las formas. Todo ello justificado con el aserto de que Nápoles sería la dote de Claudia para su matrimonio con Carlos. Dada la edad de los niños esto significaba sólo un paréntesis, medio de cohonestar que los franceses iban a tener la custodia de todo el Realme. ¿Y después? Cuando el archiduque viajó a Saboya para ver a su hermana Margarita, poco faltó para que ésta le llamara tonto. Daba, con engaños, una victoria a Francia. Por su parte, Fernando, cuya opinión ya conocemos, no rechazó completamente el tratado. Guiso considerarlo como una posible base para ulterior negociación.

Felipe se despidió de Luis XII en Lyon y continuó viaje. Comenzaban a difundirse las noticias que hablaban de una inversión de la superioridad militar. La infantería española, durante siglo y medio iba a convertirse en reina de las batallas.

CAPÍTULO XV

LUCES DE CERIÑOLA, SOMBRAS DE MEDINA DEL CAMPO

De Seminara a Ceriñola

En sus cartas a Gonzalo de Córdoba descubrimos la satisfacción que a Fernando producían las medidas que iba tomando: conforme se desgastaban las fuerzas francesas iba surgiendo un ejército formado por españoles, italianos y suizos con incremento de la infantería y las armas de fuego. Nacían, pues, los tercios de Italia, que trataban de mantenerse fieles al espíritu de la caballería. Guerra de contrastes, entre el pillaje y la defensa del honor. El 13 de febrero de 1503, respondiendo a ciertos insultos del señor de La Motte, Héctor Fieramosca y otros once caballeros italianos, empujados por Íñigo López de Ayala, ganaron la fama derrotando a otros doce franceses. Pero no todas las lentas jornadas de prolongado asedio de Barletta discurrían del mismo modo. Los soldados de Gonzalo destruían los ganados para aprovisionarse causando daño a sus enemigos, aunque con ello asolaban el país circundante. Nunca faltaron ni el dinero ni las provisiones, aunque nos asaltan serias dudas acerca de los modos empleados para conseguirlos. Absteniéndose de librar una batalla abierta, pero menudeando los pequeños golpes, Gonzalo había conseguido inmovilizar a Nemours frente a Barletta. El francés no disponía de medios suficientes para intentar el asalto.

Mientras tanto, a pesar de la tercera batalla de Seminara, Hugo y Juan de Cardona habían conseguido mantener la cabeza de puente de Calabria, obligando a Nemours a enviar constantemente pequeños refuerzos que a él le debilitaban. El virrey no había podido librarse de este segundo frente. Y, mientras tanto, los de Barletta se reforzaban. Lograron apoderarse de Castellaneta y, en el asalto a Ruvo, hicieron prisionero al señor de La Palisse y destruyeron la primera de las unidades enemigas. Nemours estaba siendo empujado sobre Canosa esperando, con menos entusiasmo que al principio, una próxima batalla en campo abierto. Esto era cierto: en su carta al rey del 29 de marzo, el Gran Capitán le anunciaba que muy pronto podría comunicarle la victoria. Esperaba la llegada pronta de los dos mil lansquenetes alemanes que viajaban por la línea de Venecia.

Antes de que tales noticias se confirmaran, Luis de Portocarrero llegó a Calabria con sus refuerzos y asumió el mando de todas las tropas establecidas allí pasando a la ofensiva. De este modo obligó a d’Aubigny a pedir más soldados a Nemours. Murió en este momento el señor de La Palma y Fernando de Andrade, conde de Villalba, que asumió el mando, tomó la decisión de arriesgar la batalla precisamente en aquel escenario, Seminara, que contemplara anteriores derrotas. Pero esta vez, 21 de abril de 1503, la ganó: ahora los franceses, lejos de procurar refuerzos a Nemours, tuvieron que solicitar de éste nuevos envíos. Demasiado tarde: d’Aubigny, encerrado en Roca de Angitola, capituló.

En la tarde del 27 de abril, tras haber anunciado su intención de presentar batalla por medio de heraldos enviados al campo francés, Gonzalo Fernández salió de Barletta y pasando por Cannas, lugar de la victoria de Aníbal, fue a desplegar sus fuerzas en Ceriñola. En el último correo que despachó, ya de camino, decía a sus reyes: «vuestras altezas habrán entera victoria y más presto de lo que allá se creen ni de acá se escribe». No vamos a entrar en detalles, expuestos en otros trabajos. Basta, para el objeto que aquí perseguimos, que todo sucedió en la tarde del 28 y en el desastre francés la muerte de Nemours fue una demostración de su gravedad. Combinando la potencia de fuego con el choque, el ejército francés, su poderosa caballería, quedó desarbolado. Más de dos mil muertos enemigos contaron los exploradores al recorrer el campo. También estaba aquí la señal del cambio: las batallas iban a hacerse cada vez más sangrientas, una línea de progreso destinada a durar siglos.

Las dudas de Fernando

Poco más de un año separa estos acontecimientos, «luminarias» como se las llamó entonces, de la muerte de la reina Isabel. Durante este tiempo, recaída ésta en una enfermedad que avanzaba de modo inexorable, Fernando hubo de prepararse para asumir solo las grandes responsabilidades. Ya no se trataba de prestar atención preferente a sus reinos patrimoniales sino de ocuparse de toda la monarquía. Yvo d’Alegre, que había asumido el mando de las tropas francesas tras la muerte del duque de Nemours, las concentró en Gaeta y otros pequeños puntos, tratando de mantener una defensa a ultranza en ellos hasta que un nuevo ejército viniera. De este modo pudo Gonzalo Fernández ocupar todo el reino, incluyendo desde luego la capital. Comenzaban para él serias dificultades económicas. Los envíos de España se tornaban perezosos y las rentas napolitanas se revelaban como deficitarias. En esta coyuntura le llegó copia del tratado de Lyon que decidió no tomar en cuenta, siguiendo en esto las instrucciones de Fernando.

Surgían, en el rey Católico, grandes dudas acerca del destino que convenía dar a Nápoles. En sus instrucciones insistía en que se diese buen trato a sus moradores pero, al mismo tiempo, que se aplicaran allí las normas unificadoras que regían en todos los reinos de la monarquía católica, en especial las referidas a la unidad religiosa. Oficialmente no había judíos pero, como sucedía en Venecia y otros lugares de Italia, había bastantes personas que, aun figurando como cristianos, practicaban su religión y esto era algo que Fernando recomendaba vigilar. Estaba recibiendo noticias del favor que Gonzalo mostraba hacia algunos barones y, también, de los desmanes cometidos por los soldados. Circunstancias que podían traer desvíos en las relaciones entre el rey y su general.

Aunque pudiera alegar derechos tantas veces mencionados, ahora el monarca español se encontraba en una situación incómoda. Reino vasallo de Roma, no podía contar por ahora con la aceptación del pontífice. La administración del país tropezaba con grandes dificultades: era imprescindible mantener en él un ejército más numeroso del que con sus recursos era posible sostener. Por eso no había querido denunciar radicalmente el tratado de Lyon. Por eso y porque necesitaba llegar a alguna clase de modus vivendi con Felipe, ahora que la vida de Isabel poco a poco se apagaba. Comenzaba a surgir en su mente otro proyecto. Al nacer un nuevo varón a Juana, el cual, bautizado en España, fue muy significativamente llamado Fernando, Nápoles podía ser empleado como indemnización que se entregara al archiduque a cambio de que aceptara una división en el enorme patrimonio: para Carlos, el mayor, la herencia de Borgoña, y para Fernando, el menor, la de la monarquía española. No hay duda que la inteligencia de Fernando percibía que colocar a España y Borgoña en una sola mano traería más inconvenientes que ventajas.

Ahora la situación militar se había invertido. Gonzalo de Córdoba ocupaba todo el reino e Yvo d’Alegre se mantenía en el campo fortificado de Gaeta. Podía, desde aquí, comunicar a su rey que no todo estaba perdido, pues disponía de una cabeza de puente que sus adversarios no eran capaces de conquistar. Por su parte, el 11 de mayo, probablemente en el mismo momento de recibir noticia de Ceriñola, Felipe el Hermoso escribió a sus suegros que debían cumplir el tratado de Lyon porque esto era lo justo. Tal demanda constituía un contrasentido, ya que consistía en reconocer a Luis XII como único señor legítimo de Nápoles, sirviéndole el archiduque de medio para conseguir que las tropas españolas, ahora radicalmente victoriosas, abandonasen la tierra. Naturalmente, Fernando no estaba dispuesto a aceptarlo.

Paso a la guerra

Luis XII parecía decidido ahora a abandonar la postura inicial, un conflicto lejano y limitado al escenario concreto de Nápoles, para pasar a una guerra abierta. A principios de agosto de 1503 Fernando hubo de deliberar con sus consejeros sobre las noticias que llegaban: tres ejércitos franceses se preparaban para operar, al parecer, en otros tantos frentes distintos: Navarra, Rosellón e Italia, respectivamente. Organizar la adecuada defensa significaba un terrible incremento en los gastos, algo que la deuda existente no permitía afrontar. Al enterarse de que Alain d’Albret había sido nombrado capitán general de las tropas de Gascuña, el Rey Católico entendió que esto significaba un compromiso directo de Navarra y, con ello, aumento de las obligaciones militares. Había que parar la guerra. Por eso, precisamente después de Ceriñola, hizo una propuesta que puede sorprendernos pero que era repetición de la que antes le hicieran los franceses: restaurar a Fadrique como un vasallo, bien que en esta oportunidad bajo la ocupación militar española.

Momentos difíciles a pesar de la brillante victoria. Si se comparaban los recursos de ambos rivales era indudable que Francia gozaba de absoluta superioridad. Una guerra abierta en el Pirineo, con operaciones de cerco y resistencia, podía resultar agotadora para Castilla que soportaba el peso principal en los gastos. A esta condición se agregaba otra: la crisis cerealista, especialmente grave en Andalucía, ponía las cosas todavía más difíciles. E Isabel estaba prácticamente fuera de juego desde su grave enfermedad, remitida, pero no curada. En julio de 1503 hizo Fernando un esfuerzo para poner nuevamente en pie la Liga Santa, centrando en Italia las operaciones, pero Maximiliano, Venecia y el Papa evitaron comprometerse. Afirmaban una benevolente neutralidad, pero de ahí no estaban dispuestos a pasar.

Aunque el principal esfuerzo francés estuvo orientado a lograr la recuperación de Nápoles, el monarca español tuvo que mantener la defensa en los tres escenarios: el mariscal de Rieux se encargó de preparar el ataque al Rosellón. El frente de Navarra no estalló: Juan y Catalina enviaron al conocido prior de Roncesvalles a garantizar que no entrarían en guerra ni permitirían que el suelo navarro se emplease como base beligerante. Fernando no confiaba mucho en tales compromisos y ordenó a Pedro de Hontañón y Francisco Muñoz que pusieran de nuevo en pie el bando beamontés y de los demás partidarios de España. En este momento murió el heredero de Navarra, Andrés Febo y los monarcas españoles propusieron que, de acuerdo con los pactos en Sevilla, fuese mantenido el compromiso matrimonial de su nieta Isabel con Enrique, que sucedía a su hermano en la primogenitura. Los monarcas navarros trataron de ganar tiempo pero cuando, en el invierno, comprendieron que la victoria se inclinaba otra vez del lado español, accedieron a firmar el convenio de Medina del Campo (3 de marzo de 1504) que garantizaba los vínculos y, en cierto modo, la continuidad de la Casa de Albret en Pamplona.

Un Papa de transición

Por tercera vez un gran ejército francés partía de Lyon, camino de Nápoles. Iba a las órdenes del mariscal La Tremouille. Zurita nos transmite una anécdota muy al gusto del tiempo, cuya exactitud no podemos certificar. Estando en Venecia, un emisario del mariscal se jactó ante Lorenzo Suárez de Figueroa de que su señor daría con gusto veinte mil ducados por hallar a Gonzalo Fernández en su camino; el embajador español respondió que mucho más habría dado el duque de Nemours por no encontrarle en Ceriñola. La noticia o la presencia de estas fuerzas militares movieron voluntades en Florencia, en Roma y hasta en Nápoles, donde despertaba la resistencia de los antiguos nobles angevinos. Algunos alzamientos en el interior del reino parecían anunciar que cambiaban las tornas. César Borja, asentado en el Patrimonio, estaba nuevamente decidido a colocarse en el bando francés arrastrando consigo al Papa.

En este momento, siendo muy caluroso aquel verano, Alejandro VI, con setenta y dos años de edad, falleció (18 de agosto de 1503). César metió a sus soldados en Santangelo y preparó una resistencia a fondo; temía una fuerte reacción de los romanos. Un cónclave en aquellas circunstancias era difícil y peligroso para la seguridad de la Iglesia. Desde el punto de vista español los dos datos, lanzas afiladas en Santangelo y tropas francesas llegadas a Parma, podían significar la elección de un enemigo. De acuerdo con los cardenales, el embajador español, Francisco de Rojas, llegó a un acuerdo con César: saldría con toda libertad del castillo, evacuaría Roma para que ésta quedase libre de soldados e iría a reunirse con Gonzalo de Córdoba, teniendo garantía de su seguridad y de sus dominios. Así lo hizo, con una variedad notable: el 12 de septiembre salió de Santangelo, saludó cordialmente al embajador y cruzó las puertas de Roma. Pero en lugar de reunirse con Gonzalo, dio media vuelta y fue a ofrecer sus servicios al mariscal de La Tremouille. Para el Gran Capitán una afrenta. Para Fernando un descanso: en adelante no tendría que preocuparse por la remuneración que debía al linaje a causa de los beneficios obtenidos de su padre.

Los cardenales procedieron, en buena lógica, a elegir un Papa de transición, Francisco Piccolomini, que tomó el nombre de Pío III, dando de lado, de momento, a candidaturas políticas como Julian della Royere, el napolitano Caraffa o el francés Amboise. No fue, en modo alguno, una solución, pues reinó sólo veintiséis días, entre el 22 de septiembre y el 16 de octubre de 1503. Un tiempo justo para suspender la prohibición que pesaba sobre César Borja para que pudiera regresar a Roma. Jaime de Conchillos, que tuvo ahora la oportunidad de conocerle, le definió con solas dos palabras: «Infernal diablo». En la nueva vacante, della Rovere podría esgrimir un argumento para la propaganda: Roma necesitaba un Papa italiano para hacer efectivo el aserto que ahora esgrimía: «Fuora i barbari». Bárbaros eran todos, franceses, alemanes, españoles, incluyendo también a César y a los que usurpaban tierras del Patrimonio.

De nuevo la victoria

Los temores de Fernando respecto a la suerte de las armas no se cumplieron. Se había instalado en Barcelona para seguir de cerca el ataque francés sobre el Rosellón, que Luis XII ahora reclamaba como algo suyo que no debiera haberse devuelto. Como las tropas y el dinero eran preferentemente castellanos, se dio al duque de Alba el mando. Hubo de librar una batalla muy dura, de varios meses, teniendo como escenario principal la gran fortaleza de Salsas, que defendía, como sabemos, Sancho de Castilla. El rey se adelantó hasta Gerona y el 19 de octubre llegó a Perpiñán con refuerzos, una presencia suficiente; el día 22, transido de entusiasmo, pudo comunicar a la Diputación que los franceses se retiraban. Isabel había ejecutado un gesto muy suyo: puso a rezar de rodillas a las damas de su entorno para que Dios evitara aquella guerra entre cristianos. El duque de Alba pudo hacer una breve entrada en territorio enemigo causando daños hasta Leucate.

La Tremouille había tenido que ser sustituido por el marqués de Mantua en razón de su enfermedad. Cuando aquel enorme ejército de 2.400 hombres de armas, 4.600 jinetes, 5.000 lanceros suizos y 12.000 infantes atravesó las calles de Roma haciendo resonar los ejes de los carros que transportaban más de cincuenta cañones, muchos de los espectadores llegaron a creer que la derrota española era inevitable. Pero Gonzalo Fernández tenía a sus órdenes expertos soldados con los mejores estrategas y tácticos del tiempo, Prospero Colonna, Bartolomeo d’Alviano, Mendoza y García de Paredes, servidos por duros capitanes del temple de Pedro Navarro, Pizarro, Villalba, Zamudio, Mercado o Troilo Despés. La terrible batalla sobre la línea del Garellano duró más de un mes (6 de octubre a 7 de noviembre de 1503) y terminó en algo que era mucho más que una simple victoria. El marqués de Mantua resignó el mando convencido de que la superioridad militar había cambiado su rumbo.

El 28 de diciembre, bajo la nieve y el frío, pudo el Gran Capitán pasar a la ofensiva. Apenas cuatro días bastaron para desmantelar al enemigo. La cuenta pendiente estaba cerrada y ahora, al hacer el balance, se veía que Atella y Ceriñola no eran sólo consecuencia de un azar o coyuntura favorables. Así lo explicó el 3 de enero Próspero Colonna al embajador Fernando de Rojas. Y entonces Jaime de Conchillos, saltando de gozo, escribió a su primo Miguel Pérez de Almazán, estas contundentes palabras, con la seguridad de que iba a leerlas al rey Católico: «Es tan gran nueva, a mi ver, que nos hace estar en libertad de hacer a nuestro modo absolutamente las cosas con Francia como se nos antojare.» Las dudas podían terminar, ya que Nápoles quedaba sin discusión posible en manos españolas para dos siglos.

Julio II, Papa

No se habían disipado completamente las incógnitas: ahora Fernando era dueño de Nápoles no en virtud de transmisión legítima sino por una ocupación militar que necesitaba de la confirmación del Papa. Mientras franceses y españoles se hallaban enfrascados en la dura batalla del Garellano, un brevísimo cónclave, en la tarde del 31 de octubre elevaba al solio pontificio al cardenal della Rovere, que no quiso cambiar su nombre y pasó a llamarse Julio II. Despejando dudas en torno a su anterior francofilia, el 2 de noviembre, sin esperar el momento de su consagración, extendió un breve en que confirmaba todos los privilegios otorgados a Fernando e Isabel por sus predecesores, ampliando además sus poderes «pro reformatione monasteriorum el ordinum ac pro officio Inquisitionis hereticae pravitatis». Esto podía interpretarse como una voluntad de apoyarse en los monarcas españoles.

Partiendo de posiciones muy diferentes, el nuevo Papa y el monarca español llegaron a coincidir en un punto: era preciso lograr una paz definitiva entre Francia y España, la cual podía y debía conseguirse por medio de un arbitraje o intervención pontificia. Julio veía la necesidad de restablecer el equilibrio en Italia, porque se había fijado como objetivo primordial la recuperación de todo el Patrimonio de San Pedro, insistiendo en esa vieja noción de que constituía la plataforma de su independencia. Fernando, por su parte, necesitaba poner fin al conflicto napolitano, desde luego en forma satisfactoria para sus intereses, a fin de volcar los esfuerzos en la política mediterránea. Antes de conocer el resultado final de la dura batalla del Garellano, siendo 4 de noviembre de 1503, encomendó a Francisco de Rojas que solicitara la mediación. Lo más difícil, al parecer, era alcanzar una solución equitativa en Nápoles, que ambos rivales pudiesen aceptar.

Parece que, en estos dos años que preceden a la ruptura franca con Felipe el Hermoso, Fernando estaba dejando al margen la solución sencilla del conquistador victorioso: declarar que Nápoles, como Sicilia y Cerdeña, era parte de la Corona de Aragón. De modo que en las instrucciones a Rojas encontramos la alternativa entre dos posibles soluciones, ambas relacionadas con los intercambios diplomáticos anteriores y, especialmente, con el tratado de Lyon:

Manteniendo en esencia lo que Felipe el Hermoso negociara, aunque barriendo la presencia francesa en Nápoles, se podía asignar este reino a la dote de Claudia para su matrimonio con Carlos, si bien se mantenía todo el poder político y administrativo en manos de los españoles. La rectificación esencial propuesta contaba con el apoyo de Maximiliano y del duque de Saboya, los otros parientes a quienes disgustaran las concesiones excesivas de Felipe.

Respondiendo a las amenazas de Francia y a las dudas de la Corte romana, reponer a Fadrique, pero permaneciendo el Realme su defensa y su administración en manos de los españoles. En este caso tampoco podía decir que se quebrantara el tratado de Lyon, ya que esta propuesta había sido formulada por Francia antes de su firma.

De un modo regular, en el curso de éstas y otras negociaciones surgía la referencia al problema turco. Nos hemos acostumbrado a recluirlo en el rincón de las simples justificaciones teóricas incurriendo de este modo en un error. En aquellos años, que prolongaban los efectos del tiempo en que Djem sirviera de rehén, se estaba viviendo una especie de tregua que había hecho que los afanes expansionistas de Estambul se orientasen hacia Asia construyéndose el gran Imperio unificador de los países islámicos. Egipto estaba también entre los objetivos y de ahí el interés puesto por Fernando en su defensa. Pero no era posible engañarse: los Balcanes y el Mediterráneo estaban dentro de los objetivos. El Rey Católico pensaba que sólo una fuerte alianza entre las tres potencias que ocupaban la primera fila, es decir, Austria, Venecia y la Corona de Aragón, sería capaz de hacer frente con éxito a la amenaza. Pero necesitaba de modo imprescindible el respaldo francés.

En consecuencia hemos de admitir que Ceriñola y el Garellano traían consigo, refuerzos en primer lugar y, sobre todo, perspectivas nuevas en la política española. De esto habían hablado ya, en diciembre de 1503, mientras se libraban los combates, el cardenal de Amboise y el embajador Francisco de Rojas. Se podría lograr un arreglo, explicó el francés, si Luis y Fernando aceptaban la fórmula de renunciar a sus derechos sobre Nápoles en Felipe. Aunque esta propuesta no fue, por ahora, frontalmente rechazada, el monarca español sabía muy bien dónde estaba el engaño: pues se trataba dar Nápoles, ahora firme en manos españolas, a un vasallo del rey de Francia. Por eso envió a Rojas instrucciones, dentro de un riguroso secreto: no podía aceptarse ninguna fórmula que significara sacar a Nápoles del ámbito de la Corona de Aragón. Tampoco era ya de recibo la candidatura de Fadrique; había demostrado hasta la saciedad su francofilia.

El fin de César Borja

La amistad que en otro tiempo dispensara Fernando a los Borja había terminado con la muerte de Alejandro VI y la traición de César. La rama del linaje instalada en Gandía se había reforzado, pero en torno a la madre; María Enríquez, que venía de sólidas raíces castellanas. No había inconveniente en la procuración de fuertes relaciones con Julio II reconociendo como adecuada la política asumida por éste en el recobro de todo el Patrimonio de San Pedro. La política africana que el monarca español se preparaba a reasumir necesitaba forzosamente de las concesiones pontificias. Por otra parte seguía pensando que era de gran necesidad volver a la situación de equilibrio en Italia, y esto sólo Julio podía lograrlo.

Consumada la guerra, aunque sin la posibilidad de ejecutar un desarme, Nápoles pasaba a ser una verdadera carga: sus rentas no bastaban para sostener una administración sobrecargada además por los gastos militares. Sobre ellas incidía también la creación de una nueva nobleza, encabezada por Gonzalo Fernández. Éste, guiándose en cierto modo por el modelo de las Cortes españolas, había convocado una Asamblea de barones y procuradores de los municipios, pero de ella no salieron las decisiones que se esperaban en orden a obtener nuevos fondos de tributación. De modo que, al menos desde febrero de 1504, hubo de plantearse el Rey Católico la cuestión en términos muy crudos: el Realme constituía una pesada carga financiera. Por ejemplo tuvo que prohibir las exportaciones de sal ibicenca, para entregar a La Mata el monopolio; recordemos que estas últimas salinas eran de propiedad real. Gonzalo Fernández, que se identificaba plenamente con sus colaboradores italianos, no estaba en condiciones de comprender las dudas y vacilaciones del rey; siendo ya el primer general de Europa, esperaba que se le permitiera retomar la iniciativa que en Zankle y Cefalonia diera tan buenos resultados.

De hecho, Fernando seguía demorando la solución en apariencia más lógica: insertar a Nápoles en el conjunto de la Corona de Aragón, conservando además la calidad de reino como estaba reconocida a Sicilia y a Cerdeña. A principios de marzo de 1504 el Consejo Real de Castilla, que seguía ocupándose de las cuestiones generales que afectaban a la monarquía, redactó los tres primeros documentos que apuntaban a una estructuración del nuevo régimen. En primer término la fuerza militar presente en Nápoles debía seguir siendo española, pudiendo utilizarse desde luego la colaboración de jefes italianos pero al mando de unidades subsidiarias. Todos los prisioneros de guerra debían ser liberados y el Gran Capitán instruido para que en ningún caso se pretendiera cobrar un rescate. Por último, en la ayuda que debía prestarse a Julio II para el recobro del Patrimonio se emplearían únicamente soldados italianos, dando así al asunto el aire de una cuestión interna peninsular.

El rey fue informado de un serio error que, a su juicio, había cometido Gonzalo Fernández, movido, como en otras muchas ocasiones, por su espíritu generoso: ofreció asilo en Nápoles a César Borja poniendo en riesgo las buenas relaciones con el Papa. En aquellos momentos Isabel, recaída en su enfermedad, no podía ocuparse de los asuntos públicos, de modo que Fernando hubo de tomar, a solas, una de las más delicadas decisiones: enviar a Italia a Alfonso de Deza con instrucciones rigurosas, desautorizando al Gran Capitán y ordenándole disponer la prisión de César «porque demos de ese reino a Nuestro Señor la cuenta que le debemos y por que de no hacerlo así no cargue sobre nuestras conciencias y almas». Deza portaba, además, una carta personal, en los siguientes y durísimos términos:

Hemos sabido que en ese reino y en los pueblos de él se hacen de continuo muchos malos tratamientos que franceses ni otra ninguna gente los hizo, y que padecen con nuestra gente lo que nunca padecieron, y en lo secreto que son más enemigos de españoles que de turcos. Ciertamente hemos tenido mucho pesar y enojo de oír tales nuevas de ese reino, que aquellos que tanto deseaban venir a nuestra obediencia y esperaban ser bien tratados de nos, se vean ahora mucho peor tratados que nunca, y que siendo tenidos por franceses por malos gobernadores y conservadores de estados, que se pierda y trueque ahora ese nombre, siendo tenido en más el saber conservar que el ganar; y que la honra que con tanto trabajo se ganó conquistando, se pierda mal gobernando. Y lo que mucho peor de todo es ver que en reino que Nuestro Señor tan milagrosamente nos ha querido dar, donde más obligados somos de le servir en la administración de la justicia y buen gobierno, haya ninguna justicia sino muertes y robos y malos tratamientos de pueblos, sin duda es para nos causa de muy gran enojo. Porque creemos que la principal causa de este mal tratamiento es ser la gente de guerra mucha y mal pagada y tenerla vos mal mandada.

No es, por tanto, leyenda gratuita la que se ha tejido en torno a las malas relaciones entre Gonzalo, hacia quien se vuelcan las principales simpatías, y el rey. Para comprender bien la mentalidad de este último es preciso anotar que los monarcas españoles se encontraban profundamente amargados por la experiencia negativa de los familiares de Colón en La Española. Y ahora Fernando se encontraba con el mal resultado de la operación de Nápoles. La guerra ofrece brillo de luminarias en el campo de batalla, pero se torna sórdida y terrible cuando el victorioso se convierte en ejército de ocupación. Hasta que la paz no estuviese suficientemente asegurada no sería posible reducir el número de mercenarios. Italia era, entonces, esplendor, magia y corrupción, los tres encantos a los que había sucumbido Alfonso V, negándose a volver a la Península, y sucumbía ahora Gonzalo. Fernando, que tendría que viajar a Nápoles en 1506, permanecería indemne y, en consecuencia, arreglaría los asuntos.

Desde jubo de 1504 no fue posible contar para nada con Isabel. Meses, hasta noviembre, para una agonía en sombras. Mientras tanto, Fernando y Gonzalo llegaban a muy serios enfrentamientos. Juan Bautista Spinelli y Luis Peix, alcaide del Castilnuovo, con independencia recíproca aunque cumpliendo órdenes, revisaron las cuentas y llegaron a la misma conclusión: Nápoles consumía más de lo que reportaba. Tampoco era posible reducir los gastos; había tregua desde el 23 de enero pero hasta octubre no pudo firmarse un acuerdo de paz; en tales circunstancias sería locura prescindir de los mercenarios.

Julio II, que intervino muy directamente en las negociaciones, parece haber llegado a una conclusión con fuertes concesiones: Milán para Francia, Nápoles para España y, en medio, como garantía suprema, el Patrimonio unido e independiente. Pero en este caso una de las cuestiones clave estaba en la restitución de los dominios que usurpaba César Borja. Éste, que permaneciera como rehén en Ostia, había conseguido liberarse y llegar a Nápoles el 28 de abril de 1504, gracias al salvoconducto que le envió Gonzalo Fernández. Fernando sospechaba que se le responsabilizara de una especie de juego malévolo. Por eso sus órdenes, en mayo de este mismo año, fueron perentorias: César debía entregar de inmediato al Papa la Roca de Forli, y ser enviado luego a España en calidad de prisionero.

Tales órdenes se enviaron por medio del servicio «de postas y a toda furia» para ser cumplidas. El 27 de mayo, el que ya era «Nada» según la divisa de su escudo, fue llevado al Castilnuovo de Nápoles y allí obligado, usando amenazas muy duras, a firmar la entrega de la Roca. Inmediatamente Antonio Cardona y Juan de Lezcano le trajeron a España. Fue primero huésped del castillo de Chinchilla, desde donde pasó a La Mota de Medina del Campo, a muy escasa distancia del palacio en que fallecía Isabel. En el otoño de 1506 pudo recobrar la libertad —la fuga que se le atribuye es un relato de leyenda— pero sólo para morir en Mendavia de Navarra en una escaramuza que tuvo lugar en febrero de 1507.

Cómo se plantea la urgencia de la sucesión

Había que aceptar un hecho: se acercaba el momento del relevo en el trono de Castilla porque la enfermedad de Isabel seguía un curso irreversible. La herencia había sido reconocida por las Cortes a Juana, insistiéndose en los reinos de Aragón en la presencia de un vástago varón, Carlos. Pero el 10 de marzo de 1503, la princesa, que no había podido acompañar a su marido en el viaje de retorno a Flandes, dio a luz otro varón al que se llamó Fernando. Juana insistió inmediatamente en volver al lado de Felipe, que se hallaba en Francia. Tuvo, el 18 de junio, una entrevista tormentosa, al respecto, con su madre. Fernando, que ignoraba este detalle, escribió al archiduque que, habiéndose producido la guerra, no podía dejar a su hija que emprendiera viaje mientras no hubiera la seguridad de que él se hallaba a salvo en Flandes. Juana se instaló en la Mota de Medina haciendo extremosas manifestaciones de su vehemencia como negarse a comer o dirigir insultos a sus servidores. Sus padres trataban de sosegarla prometiéndole que en cuanto se firmase una tregua se organizaría el viaje.

A principios de noviembre de 1503 se firmó una primera tregua por medio de la reina Ana y la duquesa Margarita de Saboya. Y Juana lo supo antes de que sus padres se lo comunicaran. Desde Flandes se presionó para acelerar el regreso enviándose al mayordomo Claude de Sully con una carta de Carlos, que contaba tres años, pidiendo a su madre que volviera. Ella apresuró el retorno por Francia y cuando Isabel envió al secretario Pedro de Torres a decirle que en marzo podría realizarse el viaje, por mar o por tierra según hubiera o no paz, ella reaccionó con violencia, saliendo a la barbacana del castillo en pleno invierno, ligera de ropa, obligando a Isabel, pese a la fiebre que le acometía, a acudir allí desde Segovia. Y entonces la reina se vio obligada a reconocer, «por la disposición en que ella estaba», que la sucesión, dramáticamente, iba a recaer en una demente. Tras el retorno de doña Juana a Flandes, los informes que de allí llegaban aumentaron esta convicción. Juana no estaba en condiciones de reinar y Felipe trataba de conseguir de ella la firma de un documento que le entregase todos los poderes. La voluntad del archiduque de alterar la vía política seguida era evidente. Anotemos que nos hallamos exactamente a la distancia de un año de la muerte de Isabel.

La Unión de reinos, concebida en 1469 y trabajosamente perseguida durante más de treinta años, se hallaba en peligro. Es difícil establecer la parte que corresponde a Fernando o a su esposa en las decisiones cautelares que se tomaron. La documentación del Consejo Real nos permite conocer que se preparó una pragmática, anudando cuidadosamente las cosas para impedir que se quebrantasen los usos y costumbres de la tierra o se diesen oficios a no españoles. Luego se proyectó traer a Carlos a España para establecer en su nombre una regencia para su abuelo. En los primeros días de febrero de 1504 Fuensalida transmitió a Felipe la propuesta: entregarle el gobierno de Nápoles, en nombre de Carlos y Claudia, a cambio de que el príncipe fuese enviado a España para asumir aquí la posición y preparación convenientes. Podía sustituirle en Flandes su hermano Fernando. El archiduque, que tuvo en este momento noticia de lo sucedido en el castillo de la Mota —pluguiera a Dios que yo no hubiera salido de Castilla—, se mostró satisfecho. A sus consejeros se les iba a compensar con rentas muy granadas.

La propuesta entraba dentro de los acuerdos de Lyon, de modo que su realización dependía en gran parte de la aquiescencia de Luis XII, con quien negociaban en Blois en aquellos momentos Miguel Juan Gralla y Antonio Agustín. Era evidente que Fernando había decidido mantener a Nápoles dentro de la monarquía española de modo que la designación de Carlos era semejante a la que él mismo poseyera en cuanto rey de Sicilia, esto es, heredero a quien se otorga la titularidad de uno de los dominios que, completos, va a recibir. Intervinieron en este momento dos personas, nefastas para la causa de los españoles: el preboste de Utrecht, «la más mala bestia que hay en el mundo», y don Juan Manuel, que llegaba de la Corte de Maximiliano con una nueva propuesta francesa de devolver territorios borgoñones a cambio de Nápoles. Juego de engaños en que es difícil descubrir quién mentía mejor. Juan Manuel, desde este momento, se convierte en la mano derecha del archiduque para los asuntos españoles, un valido al viejo modo. La documentación nos da preciosos detalles a los que no tenemos más remedio que atenernos. En Blois dijeron a los embajadores que el matrimonio de Carlos y Claudia se hallaba condicionado a la circunstancia de que el rey tuviera un hijo varón, pues si no era así, tendría que casarse con el pariente al que, de acuerdo con la ley sálica, correspondiese la sucesión, pues éste era el modo de garantizar que Bretaña y Milán, donde dicha ley no regía, se mantuviesen dentro de la Corona.

Supo entonces Fernando que Luis XII hablaba también de restaurar a Fadrique, dándose a Francia Ischia y Gaeta y casando el duque de Calabria con Germana de Foix, la sobrina del rey, lo que le introducía en el linaje francés. Los consejeros flamencos también desconfiaban: no querían que Carlos fuese enviado a España y recomendaban a su señor que primero tomara posesión de Nápoles prometiendo ese envío después. Fuensalida hubo de explicar al archiduque que Nápoles estaba en posesión de España y que nada se entrega sin previo cumplimiento de condiciones. El Rey Católico sospechaba que Luis XII trataba de atraer a Felipe, Maximiliano y al propio Papa a una alianza contra Venecia a la que se acusaba de pactos con los turcos. Pero una presencia francesa en Venecia significaba el dominio sobre toda Italia. Desde España llegaban a Bruselas noticias graves: Isabel, prácticamente, se había recluido en Medina del Campo, donde se acondicionaron las habitaciones del palacio de la esquina de la plaza mayor. Era, sin duda, el fin.

Aquel verano de 1504 también Fernando atravesó un período breve de enfermedad. Por vez primera tenía que tomar decisiones por sí solo, moviéndose en la disyuntiva de defender a todo trance la Unión de Reinos o buscar el interés de la Corona de Aragón. Luis XII había encontrado el modo de romper las buenas relaciones posibles entre suegro y yerno valiéndose de Nápoles. Pues la entrega de este reino a Felipe dependía de que se hiciera la paz, y el monarca francés se negaba a firmarla mientras no se devolviese a los barones de su obediencia, especialmente los príncipes de Salerno, Bisignano y Melfi y el marqués de Bitonto, los dominios que les fueran confiscados. A los embajadores del archiduque en su Corte trataba de convencerles de que todo era un engaño enderezado a privar a su señor de los derechos que por matrimonio le pertenecían. Es curioso constatar que cuando se trataba de conseguir sus objetivos se dejaban a un lado los principios de la ley sálica. En Francia se hizo circular la noticia de que, muerta Isabel, su marido ceñiría la corona.

Conocemos muy bien el pensamiento del rey Fernando, a través de las instrucciones reservadas que se enviaron a Fuensalida el 6 de julio. Hablando en primera persona negaba rotundamente que, en caso de muerte de Isabel, pretendiera asumir el poder real en Castilla. Juana sería reina sin duda alguna como ante las Cortes que la juraron como heredera se había explicado. Siendo Nápoles vasallo del Papa, consideraba indispensable que Julio II tuviera alguna intervención en la fórmula de arreglo que era la que ahora se proponía, cesión de los derechos invocados por ambas partes en Carlos y Claudia. Si Luis XII tuviera en su poder Nápoles en modo alguno lo cedería. En cambio, él, por amor a la paz y al archiduque estaba dispuesto a cederlo, pero no a cualquiera sino al heredero al que todos los reinos de la Corona española estaban reservados, pues se le consideraba inseparable de la Corona de Aragón. Felipe, de modo inmediato, salía ganando, pues sus rentas se incrementaban. Como muestra de buena voluntad estaba dispuesto a hacer la entrega antes del envío de Carlos, aunque con el compromiso jurado de efectuar éste en plazo de cuarenta o cincuenta días.

La decisión final de Isabel

Pocos días antes de que se enviaran las instrucciones, Luis XII había convocado a Antonio Agustín y Miguel Juan Gralla en el gran salón del castillo de Blois para darles respuesta mediante un discurso leído. Proponía, dando sólo treinta días de plazo para obtener respuesta, que se entregase todo en manos de Julio II, cuya francofilia parecía ahora retomar; a él correspondería decidir si se restauraba a Fadrique o se entregaba el reino a Claudia como dote para su matrimonio. A Fernando la propuesta pareció, y no podía ser de otra manera, una vía para expulsar a los españoles del reino. Esta mala noticia coincidía con otra. Desde Flandes advertían que las relaciones entre Juana, quien en mayo de 1504 estaba de regreso, y su marido se calificaban de «descontentamiento y desamor» según los términos empleados por Isabel. Felipe, además, comentó con Fuensalida que el cardenal de Rouen le había revelado que el Rey Católico había optado por restaurar a Fadrique casándose al heredero con su sobrina Juana. Algo de esto era cierto. El 18 de agosto, Gralla y Agustín, replicando a las argucias francesas, habían dicho que acaso lo mejor fuera, para salir del embrollo, anular el tratado de Chambord-Granada y poner nuevamente a Fadrique en el trono.

Felipe se encolerizó. Luis XII despidió a los embajadores suspendiendo ulteriores negociaciones. Y en la Corte de Flandes se tuvo la sensación de que habían intentado engañar a su señor. Sin hacer caso de las rectificaciones propuestas desde España —todo eran palabras que se emplean normalmente en los debates para descubrir y desarmar al adversario—, Maximiliano y su hijo tomaron la decisión, definitiva, de concertar el 22 de septiembre de este año una alianza, secretamente dirigida contra Venecia y colocando públicamente a los Habsburgo al lado de Francia. Cuatro días más tarde, ignorando esta decisión, Fernando encargaba a Juan Manuel, al obispo de Catania y a Fuensalida que advirtieran a los príncipes, con la mayor reserva, que estuviesen preparados para venir a España, pues la salud de Isabel ya no ofrecía esperanzas.

A Felipe quedaba una opción decisiva: conseguir de Juana la firma de un documento que le entregara el poder. Tarea ardua porque las relaciones se habían hecho difíciles. La princesa, «como una brava leona» se enzarzó con una amante de su marido y éste «dicen haber puesto las manos en ella». Recurrió sin embargo a toda clase de presiones para conseguir dicha firma y no pudo conseguirla. De todo ello estaba Isabel informada, aunque es posible que ciertos detalles de crueldad, con una persona desequilibrada como era el caso de su hija, se le ocultasen. Bajo estas noticias, Isabel decidió completar su testamento del 12 de octubre con un codicilo que lleva la fecha del 23 de noviembre, tres días antes de su fallecimiento. Disponía, sin mencionar para nada a Felipe, que si Juana estaba ausente o, hallándose en Castilla, no pudiera o no quisiera ejercer las funciones, Fernando, como habían solicitado las Cortes de 1502 y 1503, se hiciese cargo del gobierno del reino. En todo lo demás, el orden sucesorio permanecía inalterado.

Fue en estas horas dramáticas que preceden a la madrugada del 26 de noviembre cuando la reina, reflexionando en voz alta delante de Gaspar de Gricio, explicó que el mejor regalo que Dios le había hecho en este mundo era precisamente el marido que tuviera, «el mejor rey de España». A las pocas horas Fernando, comunicando al reino la triste nueva, dijo que «su muerte es, para mí, el mayor trabajo que en esta vida me pudiera venir y el dolor de ella… me atraviesa las entrañas». Así se cerraba un capítulo decisivo en la Historia de España. Sombras de Medina del Campo.

CAPÍTULO XVI

SEGUNDO MATRIMONIO DE FERNANDO II

Puesta en marcha del testamento

Amanecía tristemente, en Medina del Campo, aquel día 26 de noviembre de 1504. Era llegado el momento de comenzar a ejecutar lodos los puntos de aquel testamento, última voluntad de la reina soberana y, como tal, ley del reino, que se firmara, como ya dijimos, en dos fechas, 12 de octubre —se cumplían exactamente doce años desde la llegada de Colón al Nuevo Mundo— y 23 de noviembre, codicilo en que se fijaban dos extremos importantes: el ejercicio de la potestad real en el interregno y el reconocimiento de plena calidad humana a los habitantes de las islas y tierras recién descubiertas. Fernando, después de haber despachado las cartas a que nos hemos referido, comunicando a los reinos la triste nueva, tomó dos decisiones muy singulares que conviene no olvidar. Allí mismo, en la plaza de Medina del Campo, delante de la casa en que yacía el cadáver de su esposa, hizo proclamar a Juana reina de Castilla, repitiendo el protocolo que se usara en Segovia el 13 de diciembre de 1474. En nombre de la nueva reina, y usando los poderes que el testamento le otorgaba, convocó a las Cortes para una reunión en Toro mes y medio más tarde. Pues la legitimidad exigía que un nuevo soberano fuese reconocido y jurado por los procuradores del reino.

Ignoramos absolutamente qué parte había tenido el rey en la elaboración de aquel codicilo que se presentaba como decisión unilateral de la reina. A él no se ocultaban las dificultades que podían sobrevenir; las relaciones con el archiduque, ahora rey consorte, se hallaban en un punto casi de abierta ruptura. La monarquía instaurada mediante el matrimonio no pasaba de ser Unión de Reinos. Y ahora Fernando II era titular de la soberanía en los que formaban la Corona del Casal d’Aragó y gobernador, en nombre y ausencia de su hija, en los de Castilla. Había, además, una diferencia en los usos y costumbres que podía dar al traste con aquella Unión, pues mientras que Castilla reconocía derecho de las mujeres a reinar, los seis que se incluían en su patrimonio reducían la función femenina a una transmisión de derechos. Juana, jurada por las Cortes y proclamada ahora como reina, asumía la plenitud de funciones. Pero las que pudieran corresponder a su marido dependían de la delegación de poderes como la que Isabel, en 1475, otorgara a Fernando y, años más tarde, a la recíproca.

Felipe, como la documentación nos ha permitido comprobar, era consciente de esta situación: él, que no había querido otorgar a su esposa parte alguna en el gobierno de los territorios borgoñones, venía, como antes indicamos, sometiéndola a fuertes presiones para que le firmara el documento. Con ello causaba daño mayor a la salud mental de Juana, sin conseguir su propósito. Algunas veces se jactaba de no necesitarlo: era el varón, cabeza de familia y todo debía quedarle supeditado. Apenas tuvo noticia del fallecimiento de Isabel cambió radicalmente de conducta, reanudando las relaciones conyugales, de las que nacería, el 15 de septiembre de 1505, la infanta María. La precisión en las fechas es altamente significativa. Para algunos de los españoles que seguían en el séquito de Juana —varios meses antes se había forzado un alejamiento hasta de las esclavas que la servían— entendieron que la reconciliación era falsa. Felipe necesitaba asegurarse la colaboración de la reina, ganando su voluntad. Desde diciembre de 1504 se titulaba rey de Castilla, pero sin renunciar por ello al vasallaje que tenía prestado a Luis XII y que, por los acuerdos de Trento, se había visto fortalecido. Una anomalía, pues: la reina de Castilla estaba casada con un vasallo del rey de Francia, aunque ella había rechazado con energía compartir esta condición.

Ahí están, como ya indicamos, las razones de fondo que explican el codicilo. En 1475, la alternativa con la que jugaban los enemigos del reconocimiento de la capacidad femenina para reinar había consistido en reconocer que Fernando, como varón más próximo, tenía derecho al trono. Pero la sentencia arbitral, convertida en ley, había cerrado esta alternativa y no cabía ya la rectificación. La documentación de que disponemos resulta unívoca. En ningún momento operaron los reyes sobre el supuesto de que Juana no fuese titular de la Corona. Hay vagos indicios, tan escuetos que nos impiden considerarlo seriamente, de que, en algún momento, acariciaron el propósito de separar las dos herencias, borgoñona y española, reservando esta última para el infante Fernando, a quien con toda intención se puso este nombre. Mero supuesto o simple elucubración, que ni siquiera llegó a ser propuesta formal.

Ahora Felipe el Hermoso, a quien don Juan Manuel ofrecía apoyar en un partido de resentidos del gobierno de Fernando, antiguos protagonistas de la guerra de sucesión o simples descontentos porque no habían obtenido las ganancias que esperaban, estaba dispuesto a prescindir del codicilo haciendo cuanto fuera necesario para ejercer el gobierno de Castilla: la insania de Juana permitía su incapacitación. Pero en este caso había que declarar nulas las últimas disposiciones de Isabel, porque los tres supuestos, ausencia, renuncia o incapacidad, bloqueaban todas las salidas. Maximiliano, por interés familiar, Luis XII porque veía en ello una disyunción de la monarquía española, y los Albret de Navarra, se mostraron dispuestos en todo momento a defender el plan borgoñón.

El sentido de una herencia

En esencia, Fernando era el receptor del testamento de su esposa, una pieza excelente en donde se hacía la recapitulación de un reinado dual, que terminaba. La Unión de Reinos en una sola monarquía constituía una meta lograda a la que no era posible renunciar. Y éste era el encargo que se le hacía: junto a Juana y, más todavía, en el caso de que ésta «no quisiere o no pudiere gobernar», el Rey Católico tenía que asumir la defensa y conservación de ese conjunto político al que faltaba muy poco para convertirse en la «tota Hispania» a que se referían los humanistas. Isabel obraba sobre la base de noticias dramáticas que habían traído los correos de Flandes. Sabía bien lo que quería y ordenaba. Probablemente desconocía en cambio, los extremos a que ciertos sectores de la alta nobleza estaban dispuestos a llegar para sacudirse el régimen de autoridad que en tales reinos se hallaba establecido. El testamento se refiere a la Corona de Castilla exclusivamente. Podemos destacar cuatro aspectos, que deben ser explicados para comprender bien hasta dónde llegaba la herencia.

La monarquía hispana aparece definida como unión solidaria de reinos, meta alcanzada con el término de la centenaria empresa de recobro de un territorio perdido. Tal unión debía conservarse porque significaba un logro, beneficio y progreso hacia el futuro. En esa misma línea, la conservación de relaciones amistosas con Portugal y Navarra se recomiendan de una manera especial, pues también ellos compartían la condición de formar la «nación» española. No aparece, sin embargo, formulada la idea de que dicha monarquía llegue a conformarse como Estado nacional. Parece que esto quedaba más allá de las aspiraciones de los Reyes Católicos.

Para Isabel resultaba esencial la fe católica, pues ella, que se asienta sobre la Verdad indiscutible —éste es un aspecto esencial aunque resulta difícil de entender desde la perspectiva actual—, garantiza la unidad entre los súbditos, la sumisión de los poderes políticos y de las leyes a los principios morales objetivos, y asegura la obediencia en libertad. Un siglo más tarde, Tommasso Campanella, ante la pregunta de cómo definir ese conglomerado político, español, italiano y americano al mismo tiempo, la llamó monarquía católica española. En el testamento se ordenaba a Fernando y a los sucesores prestar especial apoyo a la Inquisición y a todos los sectores de la reforma, incluyendo las Órdenes Monásticas y las Universidades.

La reina hacía suyo el programa de expansión por el norte de África y el Mediterráneo, que Fernando hiciera suyo, demostrando de este modo que no había discrepancias al respecto. De ahí la insistencia en conservar Gibraltar, llave del Estrecho, dentro del realengo y la referencia a los acuerdos de Alcaçobas y Tordesillas, que garantizaban esta política y la de América, que seguía siendo de cometido castellano.

Muchas veces se ha destacado la importancia del hecho de que en el codicilo se recordase que los moradores de las islas y tierras recién descubiertas eran seres humanos y, como tales, estaban dotados de los derechos naturales que la doctrina cristiana reconoce, esto es, libertad personal, vida y propiedad. Sin duda la reina no ignoraba que tales derechos habían sido conculcados con frecuencia y por eso necesitaba, en el trance supremo, recordarlos. Esto no disminuye su importancia.

Cortes de Toro de 1505

Hasta bien avanzado el año 1506 la idea de Fernando fue, sin duda, partiendo de la incapacidad de Juana para asumir funciones de gobierno, sustituir a ésta asumiendo la plenitud de gobierno que el testamento le otorgaba. En consecuencia, también, cumplir las líneas maestras de esa última voluntad. Para ello le resultaba imprescindible reunir Cortes en Castilla, ya que sólo ellas podían legitimar el proceso. Como Juana ya había sido proclamada reina, las cartas de convocatoria fueron despachadas a su nombre, aunque faltando la firma o una dispensación de poderes. Para algunos investigadores de nuestros días, como Fernández Álvarez, hubo en ello un signo de precipitación. También puede interpretarse como una voluntad firme de mantenerse dentro de los usos y costumbres del reino. Iba a asumir funciones de gobierno en nombre de su hija y tenía que tener cuidado con las suspicacias y denuncias que, sin duda, vendrían.

Las sesiones de Toro, entre enero y marzo de 1505, parecieron lomar el hilo institucionalizador de las de Toledo de 1480 especialmente en lo que se refiere a definir el papel y funciones de la nobleza. Los procuradores, reconociendo el testamento, procedieron a confirmar que a Fernando correspondía la «gobernación» del reino, lo que le daba derecho a recibir subsidios y a dar respuesta a los cuadernos que allí se presentaron. Fueron aprobados ochenta y tres capítulos que, de este modo, pasaron a convertirse en leyes. Las más importantes, reunidas para formar una Pragmática, se dedicaron a la consolidación del eje más importante en el sistema señorial: los mayorazgos, unificadores de un patrimonio que se declaraba inalienable y se vinculaba a la herencia. Hasta muy avanzado el siglo XIX estas vinculaciones se conservarían.

De acuerdo con las leyes de Toro, sólo la potestad regia podía otorgar la constitución de un mayorazgo, a instancia de parte o por iniciativa. De este modo se le reconocía como elemento estructural de la monarquía. Una vez establecido, el titular del mismo no podía introducir modificaciones sin la licencia regia. No es fácil aclarar las razones que movieran a los procuradores a solicitar y al rey a conceder esta legislación. Pero no hay duda de que, garantizando de este modo la estabilidad de la nobleza, Fernando estaba convencido de que procuraba ventajas para la Corona y para el reino. El mayorazgo, indispensable a la alta nobleza, se extendía poco a poco a niveles un poco inferiores a los de aquélla. No debe olvidarse que, en el siglo XVI, significaba un modo de ser y de conducirse, conformando una mentalidad, que sería trasplantada a América.

Dos aspectos que afectaban a la conducta de Fernando en estos meses difíciles, que marcaban el término de la dinastía nacida en la guerra civil de 1368: los Trastámara iban a ser sustituidos por los Habsburgo. De un lado venía la magnificación de la memoria de Isabel —el embajador de Venecia, Baltasar Castiglione, que la trató de cerca, dijo a los suyos que no tenía duda de que, por su modo de vivir, estaba en el cielo— y del otro las preocupantes noticias que llegaban de Flandes por medio de minuciosos informes de los embajadores. Fernando conocía bien los extremos a que acudiera Juana, como en el episodio de la amante a la que trató de agredir tijera en manos, y también las presiones a que Felipe trataba de someterla para que le hiciese transmisión de sus poderes. Es indudable que ambas cosas le preocupaban mucho porque podían alterar las condiciones de la «gobernación» que había asumido.

Las Cortes, solicitadas por el Consejo Real, decidieron despachar a Flandes algunos procuradores para comunicar los acuerdos adoptados, en especial la confirmación del testamento. Era una seria advertencia: si Felipe trataba de conseguir la incapacitación de su esposa, los poderes de ésta pasaban íntegramente a su padre pero no a su marido. Ésta era la posición en que se colocaban los colaboradores de Fernando. Pero ellos significaban tan sólo una parte de la opinión del reino. Entre los altos linajes se estaba iniciando un movimiento de rechazo hacia el monarca aragonés. Las razones esgrimidas eran muy variadas y no todas gratuitas. Entraba en primer término el repudio hacia el autoritarismo que se atribuía especialmente a Fernando y que había mermado considerablemente su poder de otro tiempo. Una especie de retorno a 1475.

Factores negativos

Ante todo hay que tener en cuenta el viejo resentimiento por el resultado de la guerra de sucesión, que anidaba en el ánimo de la nueva generación. Los Pacheco o los Stúñiga figuraban entre los vencidos. Pero los Guzmán o los Manrique, que no compartían esta condición, se sentían disminuidos en aquel poder que hubieran debido compartir. Se reprochaba a Fernando el papel que estaban desempeñando los secretarios, muchos de los cuales como Conchillos, Gricio o los Cavallería procedían de la Corona de Aragón, lo que podía considerarse como detrimento de los derechos de los naturales. Muchos aspectos resultan difíciles de captar; se involucraban en la nostalgia del pasado.

Fuertes dificultades económicas se habían sumado al peso que sobre el tesoro castellano hacían gravitar guerras que no eran de aquel reino sino al servicio de la Corona de Aragón. Las campañas del Pirineo resultaban fuertemente perjudiciales para esos mismos intereses. Las disposiciones adoptadas en favor de la Mesta, especialmente en 1501, que se atribuían preferentemente al rey, favorecían a los comerciantes, pero perjudicaban a los agricultores, que quedaban en muy malas condiciones para defenderse de los rebaños trashumantes. Fuertes alteraciones climáticas, registradas desde 1502, habían producido la pérdida de cosechas que afectaban especialmente a las reservas trigueras de Andalucía, provocando saltos bruscos en los precios. Los reme dios aplicados, consistentes sobre todo en el establecimiento de tasas, no habían conseguido otra cosa que fomentar indisciplina y mercado negro, con daños que afectaban de manera especial a los sectores modestos de población.

Fernando, desde su nueva posición, tenía que enfrentarse, en con secuencia, a circunstancias desfavorables. Por ejemplo la disolución de la Hermandad General en 1498 —subsistían la Santa Hermandad de Toledo, Talavera y Ciudad Real y algunas otras poco importantes recibida al principio con gratitud, ya que suponía un ahorro para las ciudades, había tenido consecuencias muy desfavorables para éstas, cada vez más dominadas por pequeñas oligarquías de tendencia aristocrática. Un memorial presentado al Consejo, bajo el título «De lo que convendría hacerse para evitar abusos en el gobierno», analizado profundamente por el profesor Carretero Zamora, nos permite penetrar en las principales quejas que entonces se formulaban. Las elites urbanas, que nada tienen que ver con el patriciado de las grandes ciudades mercantiles, se habían consolidado, supeditando a la defensa de sus intereses a los propios corregidores, que ya no eran letrados, como antes, sino preferentemente hidalgos, vinculados a aquéllas. Se descuidaban los juicios de residencia, medio único para remediar injusticias. Y eran, precisamente, estas ciudades las que prestaban su principal apoyo a Fernando el Católico.

Iniciativa de la alta nobleza

Uno de los asuntos que influyó en la actitud favorable al rey en las Cortes de Toro fue la constancia de los desarreglos en la vida de la reina, que eran calificados de signos de locura. Había en estas noticias detalles a los que se debería haber prestado más atención. Aceptemos o no la gravedad de su dolencia, el hecho comprobado es que se hallaba sometida a su marido, por sentimientos a veces radicalmente encontrados. Desde el comienzo de su matrimonio, Felipe despertó en ella una vehemente pasión sexual, que el archiduque, ahora rey, podía utilizar en su favor. Terrible fogosa la calificaban los cortesanos flamencos habituados a una conducta frívola e indulgente. Los castellanos, educados en otras costumbres insistían en sus temores de que don Felipe consiguiera imponerle su voluntad también en el orden político. En diciembre de 1504 Fernando había tenido en cuenta estos extremos a la hora de fijar su conducta. En un orden político, la alianza con Francia y con Navarra podían invertir los términos de las relaciones europeas, invirtiendo los presupuestos de la victoria en la segunda guerra de Italia. Felipe, instalado como rey en Castilla, podía convertirse en un obstáculo serio para la Corona de Aragón.

El testamento de Isabel y su codicilo habían sido presentados en Toro como respuesta a las demandas que los procuradores formularan en 1502 y 1503, ante la experiencia que se había tenido de la conducta de Juana durante su estancia en la Península. Algunos de los que asistieran a aquéllas estaban ahora en las nuevas sesiones. El gobierno reconocido a Fernando parecía entonces la adecuada solución para el problema de ruptura de la unidad. Eran muchos los que consideraban que de ella se habían obtenido beneficios, lo que obligaba a salvaguardarla. Los que iban a oponerse a ese gobierno partían de un supuesto de separación aunque sin procurarla: Juana y Carlos estaban llamados a suceder en todos los reinos.

El duque de Nájera (Manrique) tomó la iniciativa de protestar de los acuerdos adoptados en Toro y de que Fernando hubiera asumido la gobernación. A esta actitud se sumaron el conde de Benavente (Pimentel), el duque de Béjar (Stúñiga), el marqués de Villena (Pacheco) y la Casa de Medinasidonia (Guzmán). Otros grandes permanecieron en actitud ambigua. Según ellos, ninguna decisión podía considerarse como legítima hasta que Juana y su marido hubieran llegado a Castilla, pues a ellos correspondía el poderío real absoluto y la facultad de reunir Cortes. Parecía que se estaba volviendo a los viejos tiempos de la Liga. Por encima de estas cuestiones relacionadas con la titularidad del poder se podían manejar otros argumentos relacionados con el bien público.

Es cierto que, sin aumentar los servicios votados por las Cortes, que se hallaban en los 50 millones de maravedís al año, las rentas de la Corona habían experimentado un crecimiento debido en especial a los impuestos indirectos. Según la precisa estimación documentada de Ladero, se había pasado de los 150 millones de maravedís en 1481, a 315 en 1504. Ahora bien, tan abultada cifra no permitía hacer frente a los gastos generados por la guerra en Italia y en el Rosellón, de modo que desde 1496 se venía generando una deuda pública cuyos intereses, en aquellos momentos, consumían el 35 % del presupuesto del Tesoro público. Más de la cuarta parte de los ingresos castellanos se consumían en la Corona de Aragón.

La carta de mayo de 1505

No estamos muy seguros hasta dónde alcanzaba el interés recíproco de Felipe y su suegro en una declaración de incapacidad de la reina Juana. La documentación es muy poco precisa a este respecto. Parece claro, sin embargo, que se trataba de dos opciones políticas muy diferentes. El primero pensaba asegurarse la posesión de Castilla incorporándola al sistema de alianzas con Francia —algunos en este reino podían sentir la nostalgia de los antiguos tratados—, mientras que el segundo daba primacía a los intereses de la Corona de Aragón. En el momento de comenzar las sesiones de Cortes, el Rey Católico, además de la abundante correspondencia de Fuensalida, contaba con un documento de extraordinaria importancia, el memorial secreto que el maestresala de Juana, Martín de Mújica, había remitido con los detalles fehacientes de la operación iniciada en Flandes por Felipe para lograr esa incapacitación. Es muy probable que tales testimonios fuesen utilizados en aquellas circunstancias, moviendo la voluntad de los procuradores, que no tuvieron inconveniente en reconocer y proclamar a Fernando como titular de la gobernación, a pesar de que la reina no presidía ni había firmado la procuración correspondiente.

Fue entonces cuando don Juan Manuel, señor de Belmonte, intervino con sus consejos que significaban una rectificación. Felipe debía buscar el apoyo de la alta nobleza y de algunos obispos castellanos, abandonando de momento la incapacitación. Con ellos se podía invalidar los acuerdos de unas Cortes ilegítimas porque Juana no las había convocado ni presidido. A continuación, unas Cortes reunidas con los requisitos precisos, en presencia del rey y de la reina, podrían confirmar la transmisión de poderes desde ésta a su marido. El consejo incluía, desde luego, la plena reconciliación entre ambos esposos, que de hecho, como ya dijimos, habían reanudado sus relaciones conyugales. Conviene adelantarse un poco en el tiempo para señalar que nunca se conseguiría la renuncia de Juana. Pero en aquellos momentos esto parecía factible.

De acuerdo con estos planes, los reyes debían preparar su viaje a España porque aquí era en donde debía ejecutarse la acción, pero antes una persona de confianza, provista de cartas y poderes adecuados, debía encargarse de contactar con los grandes, obispos y ciudades, ofreciéndoles las grandes ventajas que para ellos significaría el nuevo régimen. Fernando había jugado también su partida. Al mismo tiempo que viajaban a Flandes los procuradores de las Cortes, lo hacía también uno de sus hombres de confianza, Lope de Conchillos. Llevaba el encargo de entrevistarse con Juana y solicitar su firma en el acuerdo de Cortes que reconocía la entrega de la «gobernación». Y ella, confiando como siempre en su padre, firmó. Lo supo Felipe, ordenó a sus soldados encerrar a Conchillos en prisión, le arrebató el documento y lo destruyó.

Fue entonces cuando se decidió que Filiberto de Veyre, señor de Chièvres, partiese para España con la misión sugerida por don Juan Manuel. Pero además de los documentos y poderes destinados a lograr las adhesiones, era portador de una carta, firmada por Juana (8 de mayo de 1505) que Fernández Álvarez entiende que fue dictada por el propio Felipe, aunque Pérez Bustamante la sitúa dentro de las iniciativas de la reina. En aquellos momentos, según revelaba Felipe el Hermoso, Conchillos, sometido a tormento, había revelado cosas muy interesantes sobre los proyectos de su suegro. Las cosas habían ido lejos en la ruptura: se trataba de un enfrentamiento político que no reconocía límites. Prescindiendo de simpatías hacia uno u otro, se hallaba en juego el futuro de la monarquía.

La carta de Juana estaba dirigida a Veyre y se había redactado como un pliego de instrucciones: se descubre en ella la iniciativa de Felipe antes que la de su poco lúcida esposa. Ante todo —es increíble que pudiera decir esto de sí misma— negaba que hubiera perdido el seso, como algunos pretendían. Había sido víctima de ataques muy fuertes de celos, cosa nada extraña si se tiene en cuenta que también su madre Isabel los había padecido en relación con Fernando. Pero todo esto había pasado y ahora las relaciones conyugales estaban en su mejor momento. Continuaba diciendo que estaba convencida de que su padre no tenía intención de gobernar en Castilla, siendo titular de la Corona de Aragón. Y concluía diciendo que nadie imaginara que ella pretendiera arrebatar a su marido Felipe el poder porque era, además, la vía que conducía directamente a sus hijos, a los que pertenecía la sucesión.

Este documento apuntaba a una meta: separar, por ahora, el reino de Castilla de los que formaban la Corona de Aragón, en donde Fernando era titular indubitado. Con él se trataba de convencer a la nobleza castellana de que esto era lo que le convenía, pues la devolvería a su antiguo poder y a la cabeza de la monarquía. Se anunciaba además que durante el próximo viaje, demorado por razones de política exterior, se haría el reconocimiento de los poderes que a Felipe correspondían, porque el marido toma la vez de la esposa. En sus conversaciones con los grandes, Veyre iba a manejar todos estos argumentos, haciendo ver la nulidad de las decisiones de Toro. La Corona pertenecía a Juana y ésta estaba decidida a entregar a su esposo su ejercicio.

Primer tratado de Blois

Volviendo atrás, para recobrar el hilo de los sucesos, recordemos que, desde noviembre de 1501, en que hizo público su vasallaje con Luis XII, Felipe venía decidiéndose en favor de una estrecha alianza con Francia. Fernando nunca negó validez a tratado de Lyon de abril de 1503 aunque lo redujo a ser un simple preacuerdo que permitiera emprender negociaciones. Tampoco rechazó la idea de que fuera Nápoles la prenda matrimonial entre Carlos y Claudia mostrándose incluso dispuesto a delegar en el archiduque el gobierno de este reino, al que, con notable abuso de lenguaje, calificaba de «todo oro». Ya hemos explicado las vacilaciones que de hecho existieron, después de la pacificación y la victoria acerca del destino que debía darse al Realme. Hasta el verano de 1504, cuando menos, se le consideraba como prenda de negociación, más que otra cosa.

Las últimas noticias llegadas a Castilla desde aquella Corte, antes de la muerte de Isabel, revelaban que el 22 de septiembre de 1504 se había firmado el que llamaremos «primer tratado» de Blois, mencionado en nuestro capítulo anterior, con cláusulas públicas y secretas que comprometían tanto al archiduque como a su padre. Mediante este acuerdo, Luis XII se comprometía a respaldar las demandas que Felipe iba a hacer sobre el trono de Castilla, deshaciéndose así la Unión de Reinos con gran ventaja para Francia y procurándose un enfrentamiento abierto entre yerno y suegro, que, en efecto, se produciría. Se mantenía el compromiso matrimonial de Carlos y Claudia, siendo Nápoles la dote señalada, pero correspondiendo al monarca francés su gobierno. De forma menos clara se prometía una restauración del antiguo ducado de Borgoña en sus límites. Una cláusula establecía que, de acuerdo con la ley sálica, si Luis fallecía sin hijos varones, debiendo pasar su corona al pariente masculino más próximo, Milán pasaría a ser propiedad de Claudia y de su esposo, Carlos.

El compromiso adquirido en Blois de otorgar la investidura de este ducado por parte de Maximiliano se ejecutó el 6 de abril de 1505, en medio de grandes fiestas, en Haguenau. Estuvo presente Felipe el Hermoso y también los embajadores españoles, que pudieron informar cumplidamente a su rey. Era el reconocimiento de la hegemonía de Francia sobre Europa. Para el marido de Juana la gran oportunidad de asumir las nuevas funciones. Regresando de Haguenau, al llegar a Estrasburgo cursó la primera orden en calidad de rey de Castilla: el 15 de abril suspendió las sesiones de las Cortes de Toro anunciando que se reanudarían cuando él y su esposa estuviesen en sus reinos.

En pocos meses don Juan Manuel, utilizando rumores que le llegaban desde España, como aquel tan peregrino que hablaba de proyectos de Fernando para casarse con Juana, la Excelente Señora, que alcanzaba ahora los 47 años, había conseguido dar un vuelco completo a la situación. Creando una nueva Liga nobiliaria dentro del reino, y estrechando sus relaciones con Francia, la Casa de Borgoña colaboraba en la destrucción de Fernando el Católico. Nápoles podía perderse. Las tropas y el dinero que sostenían la posesión del reino eran castellanos. Con toda probabilidad, en esta coyuntura, Fernando tomó la decisión de incorporarlo a la Corona de Aragón, rehuyendo cualquier otra solución.

Segundo tratado de Blois

Así se llega al sorprendente «segundo tratado» de Blois que puede considerarse obra maestra de la habilidad política del rey Fernando y, al mismo tiempo, deterioro muy grave de la elevada rectitud política de la que tantas muestra diera en los años anteriores. Puesto que Felipe y su padre, en medio del jolgorio de Hagenau, habían hecho saltar por los aires la gran alianza occidental y preparaban, con el respaldo de Luis XII, el viaje a Roma para la coronación de Maximiliano, el cual habría permitido a Luis XII, vencedor de Venecia, erigirse en árbitro supremo, no le quedaba otro remedio que responder del mismo modo logrando un entendimiento con el monarca francés, que desbaratase la jugada. La cuestión sucesoria era también delicada allí porque las esperanzas de descendencia masculina se iban esfumando.

Fueron negociaciones muy largas y difíciles, entre mayo y octubre de 1505, y en ellas correspondió el papel principal a fray Juan de Enguera. La documentación de que disponemos permite asegurar que las condiciones fueron minuciosamente estudiadas. Se firmó el 12 de octubre, exactamente un año más tarde de la fecha del testamento de Isabel. También los investigadores de hoy deben examinar con detenimiento las cláusulas para llegar a entender las razones que movieron al Rey Católico a dar un paso tan grave. En primer término, Luis XII renunciaba a sus derechos sobre Nápoles, que, de este modo, podía incorporarse a la Corona de Aragón, aunque exigiendo a cambio dos condiciones: una indemnización de un millón de ducados, a pagar en diez años, y el matrimonio de Fernando con una pariente de la Casa Real francesa, cuyos descendientes, con independencia de otros derechos, pudiesen recibir en herencia aquella Corona.

Fue elegida, para este segundo matrimonio, Germana de Foix que, regordeta y festiva, contando ahora 18 años, estaba en condiciones de generar descendencia. Sobrina de Luis XII por su madre, María de Orleans, era también hija del vizconde de Narbona, cuyo pleito con los Foix de Navarra seguía pendiente ante el Parlamento de París. De modo que se trataba, también, de esgrimir una amenaza contra Juan de Albret y su esposa. No se puede dejar a un lado esta posibilidad. Los desposorios se celebraron aquel mismo mes de octubre pero las velaciones se reservaron a marzo y la consumación a julio de 1506. Esto hace pensar, como apunta Belenguer, que «no hay que creer que (Fernando) estuviera demasiado dispuesto a cumplir tales cláusulas más que en la medida en que las circunstancias le obligasen a ello». De ahí que las demoras hayan podido obedecer a un propósito determinado.

Germana fue una mujer discreta y afectuosa, como demostró en su trato con Juana, hijastra aunque de mayor edad. Pero su papel, como reina de la Corona de Aragón, fue políticamente irrelevante. Para muchos, en Castilla, aquel matrimonio parecía una especie de traición a la memoria de Isabel, ejemplo para todos. Constituía, además, una amenaza de ruptura para la Unión de Reinos: como advirtieran las Cortes de Zaragoza, los derechos de Carlos allí cesaban en el caso de que Fernando tuviera un hijo varón.

Concordia de Salamanca

La noticia del segundo tratado de Blois, que invalidaba prácticamente el primero, hizo que muchas opiniones en Borgoña se volviesen contra Luis XII sosteniendo que había traicionado a su señor. Maximiliano y, con más énfasis, Margarita, princesa viuda de Asturias y ahora duquesa de Saboya, presionaron a Felipe. Ahí estaban las consecuencias de su error, al provocar una ruptura con su suegro fiándose de los que tenían más interés en la destrucción de la poderosa herencia. Don Juan Manuel y el duque de Nájera mantuvieron, sin embargo, sus tesis en favor de tal ruptura: el matrimonio con alianza no era sino clara demostración de la mala voluntad de Fernando. Una tesis que la historiografía francesa ha recogido. Resultaba, además, demasiado tarde para impedir aquella segunda boda que podía arrebatar a Felipe parte de sus derechos.

Llegaban las noticias. Como arriba anotamos, el 12 de octubre, don Juan de Silva, conde de Cifuentes, Tomas Malferit y Juan de Enguera, firmaron el tratado y una semana más tarde, el día 19, en virtud de los poderes de que disponían, celebraron matrimonio por palabras de presente. Luis XII se encargó de comunicar directamente tales sucesos a Felipe, justificándose al decir que no había podido resistir las presiones y deseos de los grandes de Francia que de este modo lograban la paz. Por otra parte, a pesar del alborozo que significara el nacimiento de la infanta María, llamada a ser última hija del matrimonio, el archiduque no había conseguido arrancar a Juana la firma con el traspaso de poderes.

Por esta causa, a pesar de las dificultades que estaba encontrando en Güeldres, el Hermoso, sin alterar por ahora las órdenes que diera de desconocer y desobedecer la autoridad de Fernando, el pasado mes de septiembre, comprendió que necesitaba alguna clase de acuerdo que le permitiera acelerar el viaje a España; aquí debía librarse la batalla suprema. Luis XII le invitó a repetir el viaje por tierra, brindándose a ejercer como mediador entre ambos reyes, pero esta vez, con mejor acuerdo, don Felipe decidió emplear la vía marítima. Dio a los suyos la orden de tener dispuesta la flota en Middlebourg para el 6 de diciembre. Su primera idea era dejar a Juana con sus hijos en Flandes, esperando un tiempo mejor que el del invierno; él se proponía hacer una estancia en Inglaterra para atraerse la alianza de Enrique VII. Las noticias que venían de España le movieron a ejecutar una rectificación.

Los procuradores de don Felipe, es decir, Veyre y Andrés del Burgo, moviéndose dentro de España, conseguían ganar importantes adhesiones entre los nobles y descubrir algunos aspectos nuevos en el problema. Los poderes que ahora ejercía Fernando eran consecuencia de aquellos que, tras la sentencia arbitral de Segovia, de enero de 1475, Isabel le otorgara; de modo que el testamento ratificaba una postura para la que no existía solución de continuidad. Parecía, por tanto, necesario establecer ahora una definición que, sustituyendo a aquéllos, proporcionase nueva claridad. Noticias e informes que, estudiados en Flandes, dieron origen tanto a la decisión de rechazar la invitación de Luis como a incluir a Juana y remitir nuevas instrucciones a los embajadores para que concertasen un acuerdo.

Así, el 24 de noviembre de 1505 se concertó la que llamamos «concordia de Salamanca» porque en esta ciudad se hizo pública. Juana y Felipe eran reconocidos como reyes y Fernando como gobernador, lo que significaba un escalón más bajo. Si Juana era incapaz de reinar —había que prescindir de la carta a Veyre fabricada el 8 de mayo—, yerno y suegro se encargarían conjuntamente de la administración del Estado, supliendo el uno las ausencias del otro. Belenguer entiende que esta referencia no constituía una mera formalidad, sino que Fernando tenía decidido un viaje a Nápoles a fin de consumar la incorporación de este reino a la Corona de Aragón. En todo caso se debe insistir en el hecho de que entre padre y marido había un punto de coincidencia: la enfermedad mental de la reina iba a impedirle el ejercicio de las funciones reales.

Funcionaron los correos tan rápidamente, en esta ocasión, que el 10 de diciembre, desde Gante, Felipe pudo enviar la confirmación de la concordia, prometiendo trabajar para conseguir también la de Juana: «y digo trabajaré en ello porque ya sabe VA que es menester trabajarse». Aunque a don Juan Manuel y a los otros partidarios de la ruptura pareció muy mal la concordia, la mayor parte de los investigadores de nuestros días la consideran un gran éxito para Felipe: ahora ya no había duda de que era rey dotado con poderes necesarios para gobernar. Comenzaba el repliegue del Rey Católico que nos conduce a Villafáfila. Germana de Foix viajaba ya hacia España.

Vicisitudes de un viaje

Pérez Bustamante y Calderón Ortega recomiendan a los historiadores poner mucha atención a las circunstancias que acompañaron el traslado de los reyes a la Península; en primer término debemos insistir en la larga duración del mismo. Tras la firma de la concordia de Salamanca, Fernando mostró una actitud en extremo afectuosa para sus hijos. Tenemos la impresión de que la consideraba término de llegada y fin de una etapa. Estaba legalizada su gobernación. Claro es que todo dependía de la ausencia y de que Juana no firmara la renuncia que se le seguía «trabajosamente» pidiendo. Felipe tenía ahora prisa y estaba decidido a navegar aunque fuera tiempo de invierno. Vendió piezas de su patrimonio para allegar los cuantiosos recursos que necesitaba, entre otras cosas, para pagar a los mercenarios alemanes que iba reclutando. Varias veces, en el mes de diciembre se dio la orden de salida, desde Middlebourgh, en donde ya estaba Juana esperando la hora de embarcar. Olas y vientos impusieron retrasos. Al fin, el 8 de enero de 1506, calmada la mar, se pudo abandonar el puerto.

La flota estaba a punto de rebasar las costas inglesas cuando estalló otra terrible tormenta; en la nao capitana todos se sintieron presa del pánico. Todos menos Juana, que demostró con su impavidez lo lejos que se hallaba de la realidad. Todos compartieron la promesa que se hizo de peregrinar a Guadalupe para dar gracias a la Virgen María si les libraba de aquel trance; desarmados y confusos, los barcos llegaron a Portland en arribada forzosa. Pasado el peligro, Felipe el Hermoso hubo de otorgarse un largo descanso en Windsor, invitado por Enrique, hasta tener la seguridad de que la navegación podía hacerse sin peligro. Fue ésta la última oportunidad en que las dos hermanas, Catalina y Juana, abocadas a trágicos destinos, permanecieron juntas.

La larga demora en Windsor tuvo importantes consecuencias. Los tratados de amistad y alianza se transferían de Fernando a Felipe, que los firmó el 20 de marzo, otorgando a los mercaderes ingleses ventajas mayores de las que les fueran reconocidas en 1496. Pese a los esfuerzos de Catalina, que mostraba el mayor afecto, la salud de Juana estaba acusando un empeoramiento. Su incapacitación parecía relativamente fácil. Hasta el 22 de abril, llegada al fin la calma, no pudieron los reyes abandonar Inglaterra. Esta vez las circunstancias fueron muy favorables: en sólo cuatro días pudieron los barcos alcanzar el puerto de La Coruña.

Llegaban noticias que, sin duda, alegraban a Felipe porque le permitían acercarse a su objetivo, que era desplazar a Fernando del poder. Germana había llegado finalmente a España, celebrando, en marzo de 1506, su matrimonio con el rey en Dueñas, desafortunada elección, porque esta villa estaba ligada al recuerdo de su primer matrimonio, lo mismo que el paso siguiente, la consumación en Valladolid. Tales coincidencias podían ser interpretadas como un desvío de la memoria de aquella ejemplar reina que fuera Isabel. Fernando hizo llamar a un notario y, ante tres testigos, todos ellos aragoneses, levantó un acta en que decía que aquella boda le fuera impuesta por razones políticas y no pensaba, en modo alguno, renunciar a sus derechos sobre Nápoles, de tal modo que, cuando él falleciera, no le sucedería Germana en aquel reino sino el príncipe que ostentara la Corona de Aragón. No cabe duda de que, en aquellos momentos, la decisión estaba tomada y Nápoles pasaba a integrarse en la monarquía.

Peligro de guerra civil

El Rey Católico pasó a Burgos, esperando allí la noticia de que la flota de Flandes había llegado a Laredo, término de etapa normal en la vía de Flandes. Pero Felipe había desviado el camino y estaba ahora en La Coruña. Mientras daba la vuelta para ir al encuentro de sus hijos, despachó a Pedro Mártir de Anghiera, que pudo dar la bienvenida al nuevo rey en aquella ciudad, incorporándose después a su séquito porque era el nuevo sol que caldeaba el horizonte. Fernando decidió entonces enviar a Cisneros con poderes para establecer alguna concordia. Examinando la correspondencia del cardenal, el P. Fernández de Retana descubre que éste se hallaba asustado ante la posibilidad de un retorno a la guerra civil y que trataba de impedirla mediante un acuerdo. El clima que se respiraba en la Corte del nuevo rey, que vestía armadura y desplegaba sus mercenarios, nos lo descubre la propia reina Juana que, sin inhibiciones, preguntó al embajador de Venecia, Vincenzo Quirini, si sabía que su padre «les quería mal».

No cabe duda: Felipe llegaba con la intención de apoderarse de la Corona de Castilla que por su matrimonio le correspondía desembarazándose primero del padre y luego de la hija y ejecutando el cambio de dinastía. Cisneros propuso, por carta, una entrevista entre ambos reyes en Santiago, pero esta intención llegó tarde. Fernando, que había hecho pública ya su decisión de hacer una visita a los reinos de la Corona de Aragón, que necesitaban de su presencia, avanzó hasta Villafranca del Bierzo, pensando encontrar aquí a sus hijos; llevaba un séquito poco numeroso y sin alarde bélico. Pero los borgoñones rehuyeron este camino y por la vía de Orense se encaminaron a la Puebla de Sanabria. Anghiera recoge la noticia de que la boda con Germana había llenado de indignación al archiduque: le había sido arrebatada la alianza con Francia. Comenzaban a llegarle adhesiones y mesnadas de modo que era un verdadero ejército el que entraba en Castilla. Se avivaban nostalgias de la guerra de sucesión.

Pedro Mártir, en su correspondencia con el conde de Tendilla, insiste en que la mayor parte de los nobles castellanos se estaban adhiriendo a la nueva situación. No otra cosa había hecho él mismo. El propio inquisidor Diego de Deza, que habría de ser castigado por sus desaciertos, también se sumó. Al final, sólo el duque de Alba permaneció al lado de Fernando: los tiempos de la defensa del Rosellón pesaban en su ánimo. De modo que cuando se instaló en Puebla de Sanabria, Felipe contaba con una Corte numerosa y podía decir que la elite aristocrática, cuerpo social, le había aceptado. Cisneros, que había alcanzado al nuevo rey en Orense en junio de 1506, también estaba en ella, aunque su intención seguía siendo alcanzar la concordia, evitando la guerra, supremo daño en aquellas circunstancias.

Es indudable que si Fernando hubiera querido imponer la obediencia al testamento de Isabel, no tenía otro recurso que el de las armas. Y a esto, desde luego, nunca estuvo dispuesto. En tal coyuntura, su principal deber consistía en salvaguardar los reinos de su patrimonio, evitando la repetición de errores. Iba a seguir siendo el rey de la Corona de Aragón, incrementada ahora con el séptimo reino. Cisneros insistía en lograr la entrevista pero don Juan Manuel, aquel antiguo obediente embajador de segunda fila elevado al poder por el favor del nuevo rey, fijó tres condiciones que eran como un ultimátum: no se tratarían en ella cuestiones políticas sino sólo de la gobernación del reino, que correspondía a Felipe; éste acudiría a ella con los suyos, con todo el boato que proporciona la soberanía quedando clara su superioridad jerárquica; no se consentiría la intervención de Juana, con cuya mente no era posible contar.

Villafáfila

Cisneros seguía insistiendo pero pasaban los días y la debilidad de Fernando se acentuaba mientras crecían las fuerzas del nuevo rey. Finalmente, el 20 de junio, pudieron yerno y suegro entrevistarse en la aldea de Remesal, que está muy cerca de Sanabria. Para llegar allí el Rey Católico hubo de cruzar tierras del marqués de Astorga y del duque de Benavente, los cuales ordenaron a los vecinos cerrar puertas y ventanas, repitiendo así la escena literaria del Cid camino del destierro. La política ofrece muchos y muy frecuentes modelos semejantes. En cuanto a los aspectos materiales de la escena, éstos no podían ser más significativos: Felipe era el monarca poderoso, rodeado de sus fieles, y Fernando el vencido que aguarda a conocer las compensaciones que pueden merecer los servicios de casi medio siglo. En un momento no pudo contenerse y dijo al conde de Benavente que le encontraba más gordo que la última vez, aludiendo a la armadura que vestía bajo la ropa.

La guerra civil se había evitado con victoria para Felipe. Trató de alto en bajo a Fernando, ordenándole que se retirara a Villafáfila hasta que se hubieran concluido las negociaciones que sus procuradores ultimaban con Cisneros. Don Juan Manuel entendió que se había vuelto al viejo sistema de los validos, y que esta posición era la que le correspondía. Castilla y la Corona de Aragón formaban ahora reinos separados y si de Germana de Foix nacía un hijo varón, a éste debía corresponder la sucesión en esta única. De modo que todo lo logrado en 1475, Unión de Reinos y monarquía dual, parecía ahora disipado.

La nueva concordia, que sustituía a la de Salamanca, y que Fernando juró en la iglesia de Villafáfila, el 25 de julio de este mismo año, significaba su expulsión de Castilla en unos términos que recordaban mucho a los impuestos en 1428 por don Álvaro de Luna a los infantes de Aragón. A cambio de una renuncia expresa al gobierno general, anulación, en consecuencia, del testamento de Isabel, recibía como indemnización las rentas de los tres Maestrazgos de las Órdenes Militares y una promesa de reparto por mitad de las que vinieran de Indias. La noticia que circulaba ahora de la muerte de Colón en Valladolid, el 20 de mayo anterior, en la soledad y desamparo, puede ayudarnos a comprender los niveles bajos en que la herencia de Isabel estaba cayendo. La reina había sido, siempre, el asidero firme para el almirante en sus desventuras. Muchos, que no aparecen en la documentación, debieron sentir entonces el mismo desamparo.

Aunque se mantuviera una corriente de cordialidad a fin de salvar las apariencias, las relaciones se hicieron muy tensas. Ante tres hombres de confianza, Malferit, Cabrera y Miguel Pérez de Almazán, el Rey Católico hizo levantar acta notarial declarando que, contra su voluntad, se le obligaba a la renuncia de sus poderes. Ésta es la verdad real, que quedó cubierta por otra, oficial, que más tarde explicaría el propio rey al conocer las críticas que Cisneros y algunos otros importantes personajes le dirigían porque, con su sometimiento, dejaba a Castilla en el más completo desamparo, en manos de validos codiciosos, muchos de los cuales, además, eran extranjeros. Si había firmado la capitulación —no merece otro nombre— de Villafáfila era porque no quería convertirse en un obstáculo para sus hijos.

El duque de Alba extremó su fidelidad hasta el extremo acompañando a su rey en el triste desfile. Fernando pidió a Cisneros que permaneciera: Castilla necesitaba de sus servicios más que nunca. Tras despedirse de Felipe y de sus alborozados partidarios en Renedo, emprendió el viaje a Aragón, primera etapa apenas de su viaje a Italia, en donde tenía que tomar medidas fuertes: Gonzalo Fernández, yerno del duque de Nájera, podía estar entre los adheridos a Felipe. Por otra parte, Nápoles era de Aragón y no de Castilla. No se le había permitido ver a Juana ni, ahora, despedirse de ella. Los nuevos árbitros del poder la tenían prácticamente secuestrada. Y, sin embargo, don Juan Manuel sabía que seguía siendo la pieza más importante. Villafáfila era tan sólo un primer paso: la ratificación en esa entrega de poderes correspondía, en Castilla, a las Cortes.

CAPÍTULO XVII

CIERRE COMPLETO EN LA CORONA DE ARAGÓN

Fernando viaja a Nápoles

El Rey Católico, pese al acuerdo de Villafáfila, no podía permanecer indiferente a los graves problemas que estaban surgiendo en Castilla, los cuales afectaban de manera directa al porvenir de su hija. Parecían repetirse muchos de los conflictos que él y su primera esposa consideraran resueltos y que, de modo indirecto, involucraban también a la Corona de Aragón y a Navarra. La difícil situación económica de los últimos años del reinado conjunto era consecuencia de unas guerras esencialmente aragonesas y resultaba dudoso que pudiera seguir manteniendo su gran política a falta de los recursos castellanos. Sin embargo, la documentación nos asegura que, en 1506, la atención preferente del rey se dirigía a conseguir que Nápoles quedara incorporada a la Corona de Aragón. A esto se dirigía el protocolo notarial que hemos mencionado, invalidando los derechos que sobre este reino pudieran corresponder a Germana de Foix. Tal programa no sería alterado ni siquiera al producirse la muerte imprevista y temprana de Felipe el Hermoso.

Había pedido a su yerno la entrega de César Borja, prisionero en el castillo de La Mota, pero Felipe el Hermoso la negó. Sin duda quería servirse de él para forzar unas negociaciones con Julio II que seguía demorando el reconocimiento de la investidura de Nápoles. Tras el fallecimiento del rey, el duque consiguió huir (octubre o noviembre de 1506) probablemente después de sobornar al alcaide de la fortaleza. El conde de Benavente que, como muchos de los felipistas, temía represalias, le ofreció asilo seguro en sus dominios pero él prefirió refugiarse en Navarra, junto a su cuñado, Juan de Albret, que le encomendó el mando de las tropas que combatían a los beamonteses. Desde este puesto de capitán general de Navarra, entró en negociaciones con otros nobles castellanos de la misma línea, pero no pudo llegar a parte alguna pues murió inesperadamente, el 11 de marzo de 1507, en una batalla de calles, en Viana.

Viniendo de Renedo, donde se despidió de su yerno, aunque no de Juana, don Fernando pasó, en jornadas cortas, a Zaragoza, para recoger a Germana de Foix y, juntos, continuar hasta Barcelona, donde había cursado órdenes para que tuviesen aparejada una flota. Embarcó aquí a principios de setiembre, haciendo escala en Génova, donde le esperaba Gonzalo Fernández para darle cuenta de que la pacificación de Nápoles era completa. Ni uno ni otro podía tener noticia de lo que acababa de suceder en Castilla ni de que un mensajero de plena confianza de Cisneros, Luis Ferrer, quemaba las etapas para advertir a Fernando de que Juana era viuda y resultaba imprescindible su regreso, ya que sólo él podría resolver la angustiosa situación. Fernando acogió al Gran Capitán con toda clase de muestras de afecto y confianza, sin revelar las aprensiones que algunos de sus consejeros sentían: le nombró virrey, le otorgó el ducado de Terranova, que le elevaba a la primera nobleza y le transfirió señoríos suficientes para el redondeo de sus rentas. Hasta aquí todo correcto.

Durante esta primera etapa en Italia, gozando de la interesada hospitalidad genovesa, tuvieron lugar, entre los días 1 y 5 de octubre, conversaciones que condujeron al establecimiento de un programa. En ellas tomaron parte algunos castellanos que salieran de la Península acompañando al rey, especialmente Fernando Álvarez de Toledo, hermano del duque de Alba, y Diego de Mendoza, que podía considerarse como muy experto en aquellos negocios. Todos habían vivido muy de cerca el episodio de Villafáfila y conocían las divisiones que se habían producido en la nobleza. La segunda esposa de Gonzalo Fernández, María Manrique, era hija del duque de Nájera que se había manifestado como arriscado enemigo de Fernando, lo mismo que otros parientes del Gran Capitán. En sus ambientes familiares había sentado mal el matrimonio con Germana de Foix. No es posible olvidar que el famoso general se había sentido siempre muy vinculado a Isabel. Además, el tratado de Blois parecía destinar a la nueva reina y sus descendientes el reino que con tanto esfuerzo él conquistara. Y rectificaba toda su política de recompensas.

Las divergencias, puramente políticas —me parece un error hablar en este caso de ingratitud, ya que Gonzalo fue generosamente recompensado—, llegaban más lejos. Había que cambiar radicalmente las condiciones aplicadas hasta aquel momento en Nápoles, restableciendo en cierto modo el régimen anterior. Fernando se había hecho acompañar en este viaje de las dos reinas viudas, Juana, madre e hija, hermana y sobrina suyas respectivamente. Se trataba de enlazar con la época de Alfonso V, de quien el Rey Católico se consideraba directo heredero. Por eso necesitaba un acuerdo con el Papa, del cual Nápoles era reino vasallo, y restablecer a la nobleza del Realme, tanto la aragonesa como la angevina, logrando un equilibrio. El tratado de Blois significaba por parte de Luis XII una renuncia a sus derechos. Ahora había que atraer a su partido devolviendo sus miembros a la disciplina. Pero una parte de sus despojos habían sido repartidos por Gonzalo de Córdoba entre sus partidarios.

En definitiva se trataba de enmendar algunas páginas, una sobre todo. Pues el ejército que llevara a cabo la conquista y sobre el que se apoyaba la nueva administración, en sus soldados y en sus oficiales, era netamente castellano. Ahora la Corona de Aragón estaba nuevamente separada de la de Castilla. Era imprescindible «descastellanizar» la empresa napolitana. Por esta causa no había querido que el duque de Alba participara en el viaje. Y a Diego de Mendoza le hizo conde de Mélito, integrándolo de esta manera en la nueva nobleza napolitana.

La muerte de Felipe el Hermoso

Batiendo todos los récords de velocidad, Luis Ferrer pudo entregar al rey en Portofino la carta de Cisneros en que se explicaba en grandes líneas lo que había sucedido en esos apretados meses de julio a setiembre de 1506. Tiempo de tristeza y, para muchos, de decepción. En aquello había concluido la política de la gran alianza: un extranjero ceñía ahora la corona de Castilla y, con él, se producía el retorno de las facciones de la nobleza; los grandes esperaban, con el despojo de Juana, obtener algunas nuevas ganancias en sus señoríos. Don Juan Manuel, que medraba mucho entre los consejeros flamencos, confiaba sin duda en emular lo que don Álvaro de Luna o el marqués de Villena consiguieran en otro tiempo. Cerrado un tramo para la Historia. El propio Fernando cruzó la frontera convencido, sin duda, de que no iba a volver. Pero en las ciudades, un espíritu larvado, que veremos retornar con las Comunidades, guardaba memoria de su gobierno, al que adornaban con la palabra justicia. Se produjeron tumultos en Segovia y otros lugares contra el hábito borgoñón de reparto de prebendas, que ahora se trataba de instalar en Castilla. No eran pocos los que guardaban su adhesión al testamento de Isabel que recomendaba guiarse en todo por el consejo y parecer de Fernando.

Felipe necesitaba de los grandes y también de los procuradores de las ciudades para que le ayudasen a franquear el último paso, con dos alternativas: un poder firmado por Juana que, pese a su empeño, nunca había podido conseguir, o un acuerdo adoptado por las Cortes declarando la incapacidad de la reina y reconociéndolo a él mismo como rey en funciones. Las Cortes fueron convocadas en Valladolid para el mes de julio, con calor. Pero entonces el almirante Enríquez, el condestable Velasco y otros grandes, precisamente aquellos que apoyaran a Isabel durante la guerra de sucesión, cerraron filas negándose a incapacitar a Juana y arrastrando en pos de sí a los procuradores de las ciudades. Recurriendo a una medida extrema, el rey y sus consejeros flamencos, el 12 de julio, procedieron a reunir a unos cuantos procuradores, los más fáciles de presionar, en una sala del palacio del marqués de Astorga y les pidieron un juramento de fidelidad. Pero ellos, como explicarían más adelante, se limitaron a reconocer solemnemente a Juana como reina propietaria y a don Felipe como su esposo. De modo que el golpe en las Cortes había fracasado.

La reina comenzó a temer un encerramiento o secuestro a fin de dejarla fuera de escena. Este temor fue creciendo a lo largo del mes de agosto, conforme se apresuraba el relevo de los altos oficiales a fin de someterlos al imperio de la nueva situación. Todos aquellos de los cuales se podía sospechar alguna fidelidad a Fernando fueron destituidos. A la hora de buscar sustitutos no se tuvieron en cuenta los compromisos adquiridos en favor de los naturales. Los marqueses de Moya fueron arrojados del alcázar de Segovia cuya custodia, junto con la del castillo de Burgos, fue encomendada a don Juan Manuel. Charles de Poupet, señor de La Chaulx, asumió la alcaidía de Simancas, fortaleza en donde residía el infante Fernando, futuro emperador. En algunas ocasiones, como la destitución del inquisidor Rodríguez Lucero, las despedidas respondían a buenos motivos de justicia. Entre otras cosas, Lucero había proyectado procesar a fray Hernando de Talavera; normalmente, sin embargo, se trataba tan sólo de desmontar un régimen para implantar otro. La continuidad, que constituye esencia de una sucesión normal, era sustituida por la ruptura. Siguiendo costumbres muy arraigadas en el país de donde procedían, los nuevos detentadores del poder aprovechaban cumplidamente la oportunidad para enriquecerse.

La opinión pública, empezando por algunos de los grandes que contribuyeran al cambio, comenzaba a volverse contra Felipe. Sólo Cisneros, dentro de la Corte, conservaba su vieja influencia. Permanecía siempre muy próximo a la reina, que había sido despojada de todas las funciones que pudieran corresponderle. Ella se sentía sujeta a tan es trecha vigilancia que no albergaba dudas de que estaban a punto de secuestrarla. Cuando Felipe dio la orden de pasar de Valladolid a Burgos, sus temores aumentaron. El 6 de setiembre el cortejo real tenía previsto pernoctar en Cojeces, una pequeña aldea provista de un castillo. Ella, convencida de que aquel era el encierro escogido, se negó a penetrar en él y pasó la noche al raso, justificando de este modo las noticias de su extravagancia. Según la costumbre, los reyes se alojaron en la Casa del Cordón, perteneciente a los Velasco, que se ausentaron para dejarla libre en manos de Felipe. De este modo se evitó también cualquier relación de la reina con la duquesa de Frías, Juana, que era hija ilegítima del Rey Católico.

Los celos volvieron a aparecer, incrementados por la circunstancia de un último embarazo, del que nacería Catalina el 10 de enero de 1507. Inesperadamente llegó el final. Estando en Burgos, al acabar un partido de pelota, Felipe, sudoroso, tomó una bebida excesivamente fría y se le presentó una fiebre que en pocos días acabó con él. Los testimonios de su médico, La Parra y de Pedro Mártir que se hallaba presente, no nos permiten dudar del hecho: el rey falleció el 25 de setiembre de 1506 a consecuencia de una neumonía infecciosa. Desde 1502 esta epidemia se venía desarrollando en Castilla, siendo Burgos uno de los lugares más afectados. No faltaron rumores, como era costumbre de la época, referidos a un envenenamiento, pero el cronista flamenco Antonio Lalaing los desmiente y otorga, en cambio, importancia a los desórdenes en la vida del monarca que le debilitaban frente a la enfermedad.

Vacío de poder

Se produjo, como consecuencia de este inesperado suceso, un tremendo vacío de poder en Castilla. Primera víctima, sin duda, don Juan Manuel, cuyas desmedidas ambiciones pasaron a convertirse en sueños. Contando Carlos, el heredero, sólo seis años, no quedaba otra solución que reconocer en Fernando aquella gobernación que se le negara. Por eso Cisneros había enviado a toda prisa a Luis Ferrer con el ruego imperativo de que regresara. Para llenar el intervalo, el arzobispo, el condestable —yerno de Fernando, no lo olvidemos— y el duque de Nájera, cabeza del partido filipino apenas unos meses atrás, decidieron ponerse de acuerdo para mantener el orden interno. Con Juana era imposible contar: tenía momentos de lucidez, pero cada vez más breves y espaciados. En uno de ellos, al despedir a Ferrer, comentó con el mensajero que grande era el mérito de su padre si aceptaba regresar después de cómo se le había tratado. Punto clave: Fernando hubiera tenido motivos sobrados para no responder al llamamiento; pero ello hubiera significado la disolución de la Unión de Reinos.

Desdichada Juana, a quien un golpe terrible cerraba la puerta. Descuido en el vestir y desaseo en su persona se presentaban ahora como señales exteriores muy evidentes de la dolencia que avanzaba incontenible. Quienes la rodeaban en el día aciago de 25 de setiembre necesitaban varias horas para conseguir separarla del cadáver del esposo, que fue embalsamado y enviado a la cartuja de Miraflores, donde yacían los abuelos y el tío, memoria de una generación pasada. Pero el 20 de diciembre de 1506, la reina ordenó la exhumación, pues, encerrado convenientemente en un sarcófago, no estaba dispuesta a apartarle de su lado. Ni siquiera la muerte tendría potestad para separarlos. Guardias reales, alumbrados con antorchas, rodeaban el féretro, pasando de un lugar a otro.

Abandonando las funciones reales —Cisneros disponía de poderes otorgados por Fernando—, la reina y su marido deambularon por Castilla. En Torquemada estaban cuando nació Catalina, el 10 de enero de 1507. Ni siquiera un breve de Julio II pudo conseguir que se procediera a la inhumación. En esta villa, como luego en Hornillos, donde estuvo a punto de perecer por un incendio, el féretro fue instalado en la iglesia frente al altar mayor, en donde, cada día, se celebraba el oficio de difuntos. Luis Ferrer y más tarde Hernán Duque de Estrada, por mandato de Fernando, se encargaron de organizar el servicio de su casa, tarea sumamente difícil, ya que doña Juana se negaba a hacer vida normal. Un dato significativo: fue Germana de Foix quien, con mayor frecuencia y muestras de afecto, acudiría a visitar y consolar a la triste loca. También que Juana siempre tuvo palabras de amor y confianza para su padre. Conviene prescindir de leyendas siniestras. Los desplazamientos con el cadáver no fueron tan largos y continuados como a veces se nos indica.

Política napolitana de noviembre a julio

Volvamos a Portofino, aquel 6 de octubre en que Luis Ferrer puso en manos de Fernando la misiva de Cisneros. De nuevo estaba en pie el testamento de Isabel: la propia Juana reclamaba su presencia. Aceptó el envite, pero no quiso suspender los proyectos que sobre Nápoles tenía. Devolvió al mensajero a la Península haciéndole portador de poderes para que, en su nombre, el arzobispo, el condestable Velasco y el duque de Alba tomaran las medidas oportunas para la gobernación del reino. Pero él permaneció en Italia hasta consumar el gran proyecto que, a juicio de Fernández Álvarez, no consistía en otra cosa que poner fin a la ocupación militar en el Realme, poniendo nuevamente las cosas en el punto en que se hallaban a la muerte de Alfonso V. El disgusto visible de Gonzalo Fernández ante esta decisión es fácil de comprender. Él había llegado allí en 1500 con un encargo de enorme importancia, la guerra contra el Turco, que comenzara en Corfú y en Cefalonia brillantemente y ahora que disponía de la base oportuna se le obligaba a regresar a España sin permitirle continuar la gran empresa.

Un Parlamento, reunido en Nápoles, reconoció a Fernando como legítimo rey. Estando él presente cesaban las funciones correspondientes al virrey. Compensó la pérdida agregando a Gonzalo un nuevo título, duque de Sessa, lo que le confirmaba en el nivel más alto de la jerarquía. Pero esta decisión significaba también el retiro definitivo para el Gran Capitán, que regresaría a España formando parte del séquito del monarca, fijando su residencia en Loja, fortaleza por él reconquistada, ocupándose además de ordenar los asuntos de su patrimonio que tenía muy descuidados. Cumplía ahora cincuenta y seis años. Hasta su muerte, en 1516, albergaría la esperanza de retomar el mando supremo en la lucha contra el Islam. Pero la decisión de Fernando era lógica y, por ello, incontrovertible. Nápoles era un reino más dentro de la Corona de Aragón y debía ser gobernada por naturales de ella. Las curiosas leyendas como la de las «cuentas» no deben ser tomadas en consideración.

La estancia en Nápoles fue, para la persona y la política del Rey Católico, de gran valor. No se separaba de Germana de Foix, demostrándose de este modo que la joven reina ocupaba un importante lugar en sus afectos. De entonces procede el nuevo régimen administrativo, que duraría hasta principios del siglo XVIII y cuya nostalgia permitiría luego a los Borbones retornar y afincarse allí. El viaje y las noticias que al cabo recibiera le permitieron reflexionar, introduciendo una modificación al tratado de Blois, al parecer no muy significativa: la herencia de Nápoles no correspondería a Germana sino a los hijos que ésta pudiera tener o, en su defecto, a los nietos de Fernando. Lo cual iba a significar que la monarquía española se completaba con un octavo reino.

Era imprescindible operar una reforma sobre la economía del Realme: la curiosa historia de las «cuentas» del Gran capitán esconde una punta de realidad: los gastos superaban abundantemente a los ingresos. Con ayuda de los consejeros napolitanos se procedió a una regulación de los impuestos directos, que estaban formados por tres dimensiones: una tasa sobre cada fuego, es decir, cada familia; un porcentaje sobre las rentas de cada uno de los súbditos a partir de cierta cuantía; y las ayudas que el Parlamento, copiando la actitud de las Cortes españolas, otorgaría. Naturalmente, esto no bastaba para atender a los gastos. Nápoles, como los otros reinos de la Corona, dependía de los rendimientos que proporcionaba el comercio mediterráneo. Instalado en la línea de comunicaciones hacia Oriente, podía y debía progresar. A pesar de la proximidad del espacio turco, así sucedió.

Antes de abandonar el país, Fernando estableció una nueva administración. El modelo hispánico, que no hacía coincidir la monarquía con una nación, sino que la estructuraba como Unión de Reinos, fue de gran utilidad en este caso. Un reino reclama que a su frente, estando el rey ausente, se coloque, por delegación de éste, un virrey. El primero, que actuó entre 1507 y 1509, fue don Juan de Aragón, que era sobrino de Fernando. Junto a él, además del Parlamento y de la Justicia, aparece un Consejo en el que grandes juristas, como sucedía en España, llevaban el peso principal. Todos los miembros de dicho Consejo eran napolitanos, como también los linajes que formaban la línea superior de la nobleza, Caraffa, Pignatelli, Spinello. Sin tardar mucho tiempo se creó en Nápoles una sensación de dualidad: la soberanía o poder supremo correspondía a la Corona, pero la administración era ejercida por el propio reino.

En este programa las relaciones con el Papa adquirían una significación muy esencial. Fernando partía de un hecho: Julio della Rovere había sido siempre un enemigo, pero convertido en Papa no podía prescindir de su amistad. Para el español, un estrechamiento de relaciones con el vicario de Cristo, fuera cualquiera su nombre, resultaba esencial; entre otras cosas porque no convenía alterar el vasallaje. En 1507 envió una importante embajada, presidida por el maestre de Montesa y contando con la presencia de Francisco de Rojas y Jerónimo Vich, muy avezados en aquellos asuntos. Tenían varios encargos que cumplir, aclarar relaciones amistosas, lograr un derecho de presentación a los obispados semejante al que tenían en la península Ibérica, y un documento otorgando el vasallaje. Julio II no podía de momento indisponerse con Francia, y de momento dejó en el aire la cuestión del vasallaje. No pasarían muchos años sin que lo concediese, movido por la urgente necesidad que significaba la colaboración española para la recuperación del Patrimonio.

Se invocaba siempre el peligro turco para justificar acuerdos y alianzas, aunque nunca sirvió para que las potencias europeas se decidieran a constituir un bloque defensivo. De momento servía para mantener relaciones de amistad entre los tres principales protagonistas, Luis XII, Julio II y Fernando II. Haciendo honor al compromiso adquirido en el tratado de Blois, el aragonés ayudó al rey de Francia, que poseía firmemente Milán, a someter Génova a su autoridad. De modo que todo parecía entonces pacificado. Al comienzo del verano, dejando a su sobrino a cargo del reino, Fernando pudo emprender el regreso a la Península. Viajó sin prisa.

Al pasar, en Savona, los dos reyes celebraron una larga entrevista. Había un clima recíproco de colaboración y entendimiento. Hubo un gran banquete en que figuraba un invitado muy singular: Gonzalo Fernández pudo, en esta ocasión, recibir testimonios de admiración que le tributaban amigos y enemigos. No era absoluta la novedad, ya que, después de Ceriñola, él había ofrecido un banquete a los capitanes prisioneros del ejército vencido. El 11 de junio de 1507 la flota llegaba a Cadaqués, pero no se detuvo allí. Siguió a Valencia, en donde el rey otorgaría a su esposa la lugartenencia general del reino, que seguiría ostentando todavía muchos años después. Hasta el 11 de agosto del mismo año no se impartieron las órdenes para pasar a Castilla.

Primera regencia de Cisneros

Muchas cosas habían ocurrido en este reino durante los once meses que siguieron a la brusca muerte de Felipe I. La primera sensación que pudieron tener las ciudades llevaba a pensar que se había vuelto a los peores años de las guerras que esmaltaran el reinado de Enrique IV. No había rey ni tampoco autoridad legítima que pudiera ser obedecida. Cada uno de los grandes constituía sus mesnadas, levando soldados en sus tierras o contratando mercenarios y las usaba para recuperar aquellas parcelas sobre las que creía tener derecho. El duque de Medinasidonia, embistiendo contra el testamento de Isabel, quiso apoderarse de Gibraltar pero sus habitantes se lo impidieron. Los marqueses de Moya recuperaron el alcázar de Segovia arrojando de allí a los que lo custodiaban en nombre de Juan Manuel. El conde de Lentos pudo apoderarse de Ponferrada.

A estas dificultades, producto ciertamente de la política desarrollada por Felipe el Hermoso para despojar a Fernando de partidarios, se sumaban otras de distinta naturaleza, a las cuales nos hemos referido con anterioridad. Las graves deficiencias que la agricultura venía padeciendo desde 1502 se agravaron en 1505 por las muy fuertes lluvias, que ocasionaron avenidas y destrucciones, a las que, en 1506, iba a seguir una muy pertinaz sequía. Como era habitual en tales ocasiones siguió a la escasez alimenticia una fuerte epidemia, especialmente acusada en Andalucía. El cronista Andrés Bernáldez traza un cuadro de desolación y muerte.

Cuando Cisneros tuvo en su poder los poderes que desde Italia le envió el Rey Católico, inició la que podríamos llamar su primera regencia, colocándose al frente de una especie de equipo de cuatro miembros en el que entraban los duques de Alba y del Infantado, que se mostraban muy adictos a Fernando, pero también el duque de Nájera, considerado como cabeza de lista entre los antiguos partidarios del Hermoso. Los consejeros flamencos trazaron un plan que gozaba de escasas perspectivas de éxito: consistía en apoderarse de Simancas, cuyo castillo había conseguido recobrar el clavero Pedro Núñez de Guzmán, a fin de hacerse cargo del infante Fernando reclamando de Maximiliano, el abuelo, que acudiera a Castilla para ejercer la tutela de los dos nietos que quedarían de este modo bajo su custodia. La Chancillería de Valladolid intervino y consiguió impedir la maniobra. También en Burgos hubo un amago, sin éxito, para apoderarse de la Casa del Cordón, expulsando a Cisneros y creando allí una nueva regencia. Los borgoñones y sus partidarios no renunciaban en modo alguno al ejercicio del poder.

El arzobispo hubo de acelerar la recluta de tropas para asegurar su gobierno, enviando nuevos correos al rey con ruego de que acelerase su retorno, pues los asuntos podían complicarse o torcerse. El golpe moral que significara para Juana la muerte de su marido había acabado con su capacidad de gobierno. Aunque muchas veces comprendía bien los problemas, se sentía incapaz de tomar resoluciones, dejando las cosas para mañana. Ello no obstante, algunas de las decisiones que en aquel otoño tomó cobraron gran importancia hacia el futuro. Tomó la decisión de despedir a los consejeros flamencos a los que consideraba responsables de su desdicha al justificar las desviaciones de su marido. Conocía probablemente los planes que, en la lejana Gante, se estaban urdiendo para, en nombre de Carlos, de seis años de edad, montar un sistema que les permitiera seguir detentando el poder. A fin de cuentas, ahora ese niño era sucesor indubitado en Castilla.

Juana se negó a firmar documento alguno. Mostraba en público que sólo deseaba que su padre volviera a tomar las riendas. No confiaba en ninguna otra cosa. En definitiva, gracias a las acciones, no coordinadas, de la reina y el arzobispo cuando Fernando desembarcó en Valencia y pudo tener noticias fehacientes el partido flamenco había sido desmantelado. Podía, en consecuencia, felicitarse por los buenos resultados de la lentitud en sus movimientos. Esta primera y breve regencia, pese a las dificultades que Cisneros hubo de superar, se cerró con un notable éxito para él, permitiéndole desplegar tres rasgos de su carácter: prudencia, energía y lealtad, volcada esta última en la persona del rey Fernando. Cuando el duque de Nájera apareció con tropas, dispuesto seguramente a imponerse por la fuerza, el arzobispo se le plantó delante y le expulsó. Con la preciosa ayuda del duque de Alba, obligó al conde de Lemos a abandonar Ponferrada volviendo a sus tierras.

Sin embargo, al prolongarse la ausencia de Fernando y descubrirse los primeros manejos de los consejeros flamencos, Cisneros estuvo a punto de repetir el error de Toro, en 1505: propuso hacer una convocatoria de Cortes antes de que concluyese el año 1506 a fin de que las ciudades reconociesen la legitimidad del pequeño consejo de regencia. Juana salvó el bache negándose a firmar la carta de convocatoria, como estaba haciendo con cuantos documentos se le presentaban. A cuantos en aquel momento la rodeaban supo dejar muy clara su intención. De acuerdo con el testamento de su madre, de cuya vigencia no dudaba, a Fernando correspondía la gobernación del reino, y ella no quería otra cosa salvo que, cuanto antes, volviera a asumirla. Porque cuando él estuviera allí podría tomar todas las decisiones. Los datos de que disponemos no permiten albergar dudas al respecto.

Algunos consejeros insistían en que, dada la incapacidad declarada de la reina, era posible y aun conveniente seguir con la convocatoria de Cortes. Fueron avisadas las ciudades y algunos procuradores llegaron a reunirse en Burgos. Pero el duque de Alba, que mantenía contacto con Fernando, recibió de éste una advertencia: no precipitarse reuniendo Cortes sin la firma de la reina. El duque despachó a toda prisa a Juan Rodríguez de Portocarrero para convencer a Cisneros de que no cometiese tal equivocación; para los fines del Rey Católico, a quien el futuro cardenal representaba, era imprescindible impedir que pudieran deslizarse sospechas de ilegalidad. Habría Cortes, desde luego, pero presididas por el rey y una vez que doña Juana hubiese firmado los documentos pertinentes.

Tórtoles de Esgueva

Durante estos largos meses, Fernando no había perdido el contacto con los asuntos castellanos, absteniéndose sin embargo de tomar decisiones. Pacificado Nápoles y confirmada la amistad con Luis XII en las vistas de Savona, las fronteras eran seguras, aunque no debía hacerse muchas ilusiones en relación con Francia. Eran, en cambio, excelentes las relaciones con Portugal e Inglaterra. Con la excepción del duque de Nájera y de don Juan Manuel, todos los grandes parecían ahora dispuestos a aceptar el retorno del rey. Iban a cumplirse tres años desde la muerte de Isabel y los desórdenes registrados en Castilla se tornaban preocupantes. No se trataba únicamente de una cuestión política. La deuda contraída durante la guerra, aunque aliviada al suspenderse las hostilidades, se arrastraba. Una plaga de langosta arrasó las cosechas aquel año. Hay que esperar hasta 1509 para que la situación alimentaria pudiera considerarse normalizada. A pesar de todo, las alteraciones en los precios iban a continuar.

En el aire nos queda una duda muy seria. ¿Proyectó verdaderamente don Fernando, en algún momento, deshacer la unidad de la monarquía? Sus relaciones conyugales con Germana eran suficientemente intensas para que se pudiera esperar en cualquier momento la llegada al mundo de un varón. En este caso los reinos orientales podían reclamar la aplicación de sus usos y costumbres que le otorgaban prioridad. De hecho, en los breves meses del reinado de Felipe I la separación se había producido. Por otra parte, el Rey Católico, que sentía claro apego hacia su segundo nieto, Fernando, nacido y educado en Castilla, tenía que experimentar fuertes dudas en relación con Carlos, que seguía viviendo en Flandes y era educado a la usanza borgoñona. Cabe dentro de lo posible que se haya contemplado esta fórmula a fin de asegurar la pervivencia de la Corona de Aragón, ahora acrecentada con la anexión de Nápoles y que constituía entonces un complejo entre dos naciones, española e italiana.

Saliendo de Valencia, el rey tomó, por la vía de Teruel, la dirección de Calatayud, entrando de nuevo por tierras sorianas. Las noticias que había venido cosechando en el camino le obligaban a enfrentarse con cuestiones importantes. Era indudable que Cisneros había conseguido triunfar en la misión a él el encomendada. Fernando se había preocupado de obtener para él capelo cardenalicio y el breve de Julio II que lo otorgaba viajaba en su equipaje. El arzobispo contaba con la sumisión de los nobles pero no podía decir lo mismo de las aspiraciones y demandas de algunos de ellos. Gracias a la presencia de don Manuel «el Afortunado» en el trono de Lisboa se contaba absolutamente con la amistad y respaldo de Portugal, de modo que no podría repetirse la maniobra de 1475. Pocas dudas quedaban ahora de que, más allá de las islas del Caribe, había un Mundo Nuevo con culturas indudablemente superiores a la de los primitivos habitantes de aquéllas. Esto obligaba a tomar una decisión seria en relación con las exploraciones y conquistas. Cisneros no se había planteado este tema: su atención estaba centrada sobre todo en dos proyectos: el salto al litoral africano empleando en ello sus cuantiosas rentas, y establecimiento, en Alcalá de Henares, de un Estudio General ajustado al nuevo modelo de ser suma de Colegios. Como buen franciscano, daba en él entrada eminente al pensamiento de Duns Scoto.

Luego estaba el problema de Juana, a la que no veía desde 1503. ¿Hasta dónde podía llegar a la sazón su locura? No debe extrañarnos que, en el recuerdo de su salida, asaltasen a Fernando preocupaciones: ¿cómo le recibirían en aquellos reinos? Fue para él agradable sorpresa comprobar, entrando en Monteagudo, que la gente estaba en la calle y le aclamaba. Iguales muestras de afecto recogió al paso por las villas, Burgo de Osma, Aranda y Roa, que jalonaban sus etapas en el camino a orillas del Duero, aquel verano: allí estaba finalmente el rey que todos esperaban, con el que tornaban el orden y la paz. En Roa supo que su hija había salido a su encuentro, llevando siempre el féretro de Felipe sobre un carro del que tiraban cuatro caballos. Llegaba en aquellos momentos a Tórtoles de Esgueva, una docena de kilómetros aproximadamente, desde allí.

En este tranquilo lugar se vieron, finalmente, el 29 de agosto de 1507. Tenemos un testigo para nosotros bien conocido y no hay razones para suponer que mienta o se engañe: Pedro Mártir de Anghiera. Juana tuvo un momento de plena felicidad. Allí estaba el padre al que tanto quería y que venía a librarla de las congojas que sobre ella pesaban, permitiéndola dedicarse a lo que más quería: guardar la compañía del esposo difunto. Viajaba de noche en trayectos muy cortos y no quería la compañía de mujeres, aunque de monjas se tratara. Juntos, reina, rey y féretro, tomaron el camino de Burgos donde estaba prevista la entrega del capelo, título de Santa Balbina, a Cisneros, en el momento de efectuar el relevo.

Al llegar a Santa María del Campo, Juana se negó a seguir; Burgos despertaba recuerdos demasiado amargos. Desvió el camino para instalarse en Arcos durante quince meses, siendo recluida después en Tordesillas, residencia definitiva.

La pacificación interior

La situación no estaba absolutamente controlada. Siendo Carlos de Habsburgo sucesor reconocido sin disputa, y residiendo en Flandes con su tía Margarita, Maximiliano reclamaba una parte, al menos, en su tutoría. Y esto daba alas a los que seguían recordando el gobierno de Felipe. Don Juan Manuel, ante la noticia de la llegada del rey, había huido de Burgos, pero dejando en el castillo una fuerte guarnición con órdenes de no entregarlo. Fernando no se detuvo en consideraciones: ordenó a Pedro Navarro, el mejor veterano de Italia, que lo tomara, cosa que hizo sin dificultad, y luego, aposentándose en la Casa del Cordón, morada de su otra hija, hizo salir de allí con cajas destempladas a Andrés del Burgo, que se titulaba embajador de Maximiliano. Aquel era palacio real y no alojamiento para el representante de un soberano extranjero.

Las mismas tropas que, con tal contundencia, se adueñaran de la ciudad extirpando los últimos brotes del borgoñismo, marcharon al encuentro del duque de Nájera. Éste no se atrevió a resistir enviando un acto de sumisión y una demanda de perdón. Fernando había cambiado de actitud: era verdadero rey de Castilla, por cesión de su hija, y estaba decidido a hacer sentir esta condición a los recalcitrantes. Pacificada Castilla en 1507, y enfocado de nuevo el problema de América, en la forma que luego indicamos, dedicó su principal actividad al sometimiento de Andalucía donde el duque de Medinasidonia se estaba mostrando enemigo. En Sevilla y en Córdoba habían reaparecido los bandos.

El rey comenzó enviando un juez pesquisidor a la segunda de ambas ciudades, con instrucciones para restablecer el orden en la sumisión, pero el marqués de Priego, un sobrino de Gonzalo Fernández, miembro de la Casa de Aguilar, se apoderó de su persona y le alojó en una celda del castillo de Montilla. El rey acudió con un grueso ejército, decidido a demostrar que con estas cosas ya no era posible seguir jugando. Advertido por su tío del peligro que corría, el marqués se sometió. Se le hizo comprender que los tiempos habían cambiado: fue castigado con una multa de veinte millones de maravedís, la pérdida del gobierno de Antequera y de las demás fortalezas, y condenado a destierro. Para el Gran Capitán era un golpe muy duro: su suegro y su sobrino pagaban con dureza las veleidades del antifernandismo: sus grandes méritos de guerra no servían para poner a cubierto a los parientes. La fortaleza de Montilla fue arrasada y muchos de los soldados que se atrevieran a hacer armas contra los pendones del rey sufrieron serios castigos.

Murió entonces el duque de Medinasidonia, dejando como heredero a un niño. El conde de Urueña, que era hijo del antiguo maestre de Calatrava, don Pedro Girón, se apoderó de este niño proclamándose su tutor y organizando la boda con una de sus hijas. El procedimiento despertó la cólera del rey de tal modo que ambos, suegro y yerno, hubieron de buscar refugio seguro en Portugal. En diciembre de 1508 las tropas reales iniciaron la sistemática ocupación del ducado. Allí en donde se tropezaba con una resistencia, como fue el caso de Niebla, se emplearon las duras tropas que contaban con experiencia en las guerras exteriores, las cuales no trataron con más miramientos a los peninsulares. Saqueos y violencias se sucedieron. A fin de que sirvieran de ejemplo, ocho hombres, a los que se consideraba principales responsables de la resistencia en Niebla, fueron colgados de sus muros. No cabe duda: el rigor estaba estableciéndose nuevamente en el gobierno de Castilla.

La decisión de Indias

Al tomar nuevamente las riendas de la monarquía castellana, Fernando hubo de enfrentarse también con el problema que ofrecían las islas recién descubiertas, desde una disyuntiva: ¿debía continuarse la empresa o detenerse allí habida cuenta de los resultados negativos? El testamento de Isabel apuntaba desde luego a la primera opción. Las noticias fehacientes que se recogían ya no daban lugar a dudas. Más allá de las islas aparecía tierra firme, aunque todavía era dudoso si se trataba del antemural de Asia. Colón había fallecido en 1506 sin que sus ideas al respecto resultaran claras. No cabe duda; tras las oportunas consultas —nunca había procedido de otra manera—, la decisión fue permanecer allí y continuar las exploraciones, como estaban reclamando los marinos castellanos.

Hasta 1509 ejercería el gobierno de tales islas Nicolás de Ovando, pero en dicha fecha sería sustituido por Diego Colón, el hijo del almirante, con título de virrey. De modo que en este punto también se cumplían las condiciones de Santa Fe. Pero los informes proporcionados por los procuradores enviados por Ovando, Serrano y Nicuesa, eran pesimistas: la población indígena en las islas disminuía rápidamente porque los indios eran víctimas de las enfermedades traídas por los conquistadores y, como sucede en todos los fenómenos de aculturación, se reducía el número de nacimientos; eran muchas las mujeres que los colonizadores reclamaban para sí, atrayéndolas con una promesa de mejora en su estatus social. También habría que contar con los abusos cometidos por estos últimos. En conjunto algo dramático. Aunque los abusos no hubieran existido, el cuadro vendría a ser el mismo.

A pesar de todo, la decisión del Rey Católico y de sus consejeros fue bien clara. La empresa debía continuar. Seguían esperando que se produjera el hallazgo de metales preciosos, lo que haría de las Indias una verdadera panacea. De estos años, que parten de 1508, datan las primeras medidas legislativas. Se trataba de instalar, allende el mar, dos instituciones tomadas de la Península: las encomiendas, es decir, sometimiento a tutela de los indígenas a fin de educarlos en la forma de vida de los campesinos europeos, y los municipios para los colonizadores, siguiendo un consejo que ya Isabel diera, favorable al mestizaje. El día en que se hubiesen borrado las diferencias étnicas entre los indígenas y los recién llegados, muchos de los problemas quedarían resueltos o injertados en los intereses de las familias. Era todavía muy pronto para que se midiera la importancia que habría de tener la Tierra Firme: su exploración se hallaba todavía en los comienzos.

Durante su estancia en Burgos, en 1508, se creó la Junta de Navegantes. Dos años más tarde Fernando confirmó la existencia y prerrogativas de la Casa de Contratación, destinada a unificar todo el comercio transatlántico. Al frente de la Junta, con título de piloto mayor, se hallaba Américo Vespuccio a quien Martin Waldseemüller, en su Cosmographiae Introductio consideraba como el primero que había lanzado la idea de que la Tierra Firme era un continente al que, por esta razón, se daría el nombre de América con que aún le conocemos.

Fuera o no continente, los descubrimientos dejaban bien claro que las Antillas, con su población y el litoral circundante, constituían un espacio político suficiente, un verdadero reino a sumar a los otros. Así lo reconoció Fernando cuando, haciendo honor a las capitulaciones, permitió a Diego Colón que usara título de virrey. En 1511 se creó la Audiencia de Santo Domingo, iniciándose así el proceso de ordenación judicial y, en consecuencia, también legislativa. Se iban a cumplir veinte años desde el primer viaje, los cuales habían tenido consecuencias muy dolorosas para la población indígena, nunca muy abundante, pero ahora radicalmente quebrantada. El sueño de una nueva cristiandad al otro lado del mar se esfumaba.

Los dominicos tomaron la defensa de los desdichados caribes, pero atribuyeron el desastre a un solo factor, el mal trato de los colonizadores, prescindiendo de los otros dos que eran importantes. Comenzó a elaborarse de este modo una tesis de «destrucción». En sus predicaciones en el Adviento de 1511 —es decir, tres años antes de que se produjera la «conversión» de fray Bartolomé de Las Casas—, fray Antonio de Montesinos hizo la denuncia de los malos tratos, destapando uno de los problemas fundamentales que habría de afrontar la monarquía española en el siglo XVI.

Fueron muchos los que, en España, se unieron al concierto de voces. Fernando el Católico se vio enfrentado, como en 1508, ante una disyuntiva. De un lado contaba con la propuesta de Matías de Paz, afamado maestro en Salamanca: era justo suspender la colonización dejando que los indios se rigieran de acuerdo con sus viejas y primitivas costumbres. Del otro la de Palacios Rubios: adoptar desde la Corona las medidas necesarias para que, de acuerdo con el testamento de Isabel la Católica, los indios fuesen bien tratados. Con buen criterio, el Rey Católico escogió la segunda: consumado el descubrimiento, sólo un poder fuerte como el de la monarquía podía evitar que los indios fuesen saqueados y esclavizados. Marcharse, en tales momentos, constituía un daño para ellos. El año 1512, en Burgos, se publicaron los primeros Ordenamientos, base para las futuras Leyes de Indias.

Ahora ya no era posible dudar: la Tierra Firme no era Asia ni un antemural de China. Fin 1513, Vasco Núñez de Balboa, cruzando el istmo de Panamá, contemplaba admirado el nuevo e inmenso océano al que se iba a dar el nombre de Pacífico. Había llegado el momento de comprobar, en la práctica, esa posibilidad, para muchos inaudita, de navegar alrededor del mundo.

La Liga de Cambrai

Los problemas y preocupaciones interiores, que fueron verdaderamente abrumadores durante el año 1508, no conseguían distraer a Fernando del que era su principal cometido político, es decir, la consolidación del poder de la Corona de Aragón y de su dominio sobre el Mediterráneo. Las vistas de Savona, en el verano de 1507, parecieron marcar el término definitivo de la primera guerra, con una especie de reparto de influencias sobre Italia: Milán y el norte para los franceses, Nápoles y la punta de la bota para la Corona de Aragón. Pudo entenderse que los tratados de Blois entonces consolidados, coincidiendo con la desaparición de Felipe el Hermoso y la reunión de los reinos españoles, marcaban un cambio decisivo para el futuro de la Cristiandad. Se podía ahora abordar la gran guerra de defensa contra el Turco, que volvía a mostrarse amenazador, y del proceso de instalación en el norte de África, que importaba mucho a los españoles. La amistad entre Francia, España y Alemania, a la que se sumaban también Inglaterra y Portugal, parecía cerrar completamente un cuadro sin fisuras.

Tras la grandilocuencia de estas expresiones, que hallamos en los documentos diplomáticos, abundaban las pequeñas cuestiones. Una de manera especial. Venecia había aprovechado los recientes conflictos para ampliar el espacio de su Tierra Firme, a costa de los vecinos, Milán, Austria, los dominios de San Pedro y hasta dos posesiones en la costa de Nápoles, Brindisi y Trani, precio interesado de una ayuda. No hay duda de que Fernando aspiraba a conseguir su evacuación. Luis XII reclamaba Bérgamo, Brescia y Cremona y Maximiliano reclamaba Trieste, con Friul y la Goritzia. El más interesado de todos era, en aquellas fechas, Julio II, ya que el recobro de los dominios de la Iglesia, profundamente alterados por las malaventuradas ambiciones de los Borja, le parecía indispensable para el recobro de la independencia en sus acciones: Ravenna, Rimini y Faenza, ahora en manos venecianas, formaban una parcela sustancial del Patrimonio.

La muerte de César fue un alivio para todos. La de Felipe, señal de cambio con sentimientos encontrados. Ahora Fernando, por su segundo matrimonio entraba en el linaje de los reyes de Francia. Contra Venecia era muy fácil lanzar la acusación: mantenía sólidas relaciones económicas con Estambul y esto podía considerarse como una traición a la causa común. Estaba Fernando en Cáceres cuando le llegó la noticia de que en Cambrai (diciembre de 1508) se había concertado una Liga entre Francia, España y el Imperio que, al adherirse a ella Portugal e Inglaterra, cerraba completamente el bloque. Oficialmente se trataba de emprender la acción contra los otomanos. En el fondo, de reducir a Venecia a sus límites anteriores y de arrebatarle sus últimas ganancias.

Propaganda engañosa, sin duda, la que se estaba tejiendo en torno a encontradas ambiciones. En este momento, Germana de Foix, que había recurrido a muy variados auxilios médicos, pudo comunicar al rey la gran noticia: esperaba un hijo previsiblemente para el próximo mes de mayo. Un cambio completo en la situación que obligaba a Fernando a tomar ciertas decisiones políticas, especialmente la de alcanzar un acuerdo con Maximiliano que pusiera fin a las últimas veleidades. La alianza de Cambrai propició negociaciones que tuvieron lugar nuevamente en Blois. El emperador, que necesitaba de recursos y manos libres para ejecutar su coronación, que consideraba próxima, aceptó entonces abandonar a sus partidarios flamencos o castellanos y reconocer la legitimidad del gobierno de Fernando en Castilla hasta que se produjera uno de estos dos eventos: muerte de Juana o mayoría de edad de Carlos. En todo caso, éste sería el heredero sin disputa, silenciándose cualquier proyecto que hubiera podido abrigarse en torno a Fernando. Se enviarían desde España al príncipe para sostenimiento de su casa 20.000 escudos anuales y se abonarían a Margarita las rentas que como viuda de Juan le correspondían. Una incógnita quedaba flotando, la de los derechos del vástago de Germana, si nacía varón.

El 3 de mayo de 1509 se despejó la incógnita: nació un niño, Juan de Aragón, a quien, durante unas pocas horas, aquellas que duró su existencia, algunos consideraron como el legítimo heredero de esta Corona. No hubo más nacimientos de este segundo matrimonio. De este modo, el acuerdo final con Maximiliano devolvía a la Unión de Reinos su existencia y a Fernando la indiscutible autoridad sobre el conjunto. Gobernaba en Castilla en nombre de su hija, la reina Juana, que no es taba en condiciones de ejercer personalmente funciones, y era además tutor de Carlos, reconocido en todas partes como su heredero. A los ojos de sus súbditos, los posibles distingos desaparecían. Fernando era simplemente el rey y lo seguiría siendo otros cinco años, hasta principios de 1516.

Llegaban ahora, de Italia, noticias inquietantes: Luis XII había tomado la iniciativa en la guerra contra Venecia y la estaba ejecutando con notable éxito: de nuevo la potencia militar francesa cobraba protagonismo. Pero evidentemente sus objetivos no eran tan limitados como los que se expusieran en las negociaciones de Cambrai. Dueño de Milán, aspiraba a someter a su influencia a la vencida Venecia, ampliando poco a poco su dominio sobre el norte de la Península, como si aspirase a reconstruir el antiguo reino lombardo. En este proyecto le molestaba la consolidación de los Estados de la Iglesia que Julio II procuraba.

Cisneros, inquisidor general

Es preciso recordar que la existencia de una nueva Inquisición general era considerada por los consejeros de Fernando y por el propio rey como una de las condiciones esenciales para la unidad de la monarquía. Para ello necesitaba de alguien semejante a Torquemada que, si bien comenzó a distancia de su persona, había acabado convirtiéndose en uno de los ejes sustanciales. Fray Diego de Deza, arzobispo de Sevilla, que le había sucedido, no era en modo alguno la persona adecuada: sus errores y desaciertos culminaron con el nombramiento del doctor Lucero para Córdoba, en donde llegó a abrigar incluso el propósito de someter a proceso a fray Hernando de Talavera. Felipe el Hermoso había tenido que adoptar algunas disposiciones correctoras. Pero fue en junio de 1507 cuando Fernando tomó la decisión final: pedir a Cisneros que se hiciera cargo del oficio. Era duro pero, al mismo tiempo, inteligente y lleno de prudencia. Rectificando opiniones que en años anteriores formulara en relación con el cardenal, en las primeras instrucciones que le envió, el monarca le decía que había dispuesto se le rodeara de amplio apoyo porque sería necesario el ejercicio de gran autoridad para corregir los desmanes que se habían producido. De hecho, las actuaciones del doctor Lucero habían sido cumplidamente aprovechadas por el marqués de Priego, que ya conocemos, para provocar motines en Córdoba, asaltando la cárcel inquisitorial, liberando a los presos y cometiendo otros actos punibles.

La muerte de fray Hernando de Talavera en 1507 removió el único impedimento que hubiera podido presentarse a esta meta de colocar a Cisneros, gozando ya de la plena confianza del rey, en la cúspide de la Iglesia en España. Imponiéndole el capelo cardenalicio, respaldando sus empresas africanas, consolidando las tareas de reforma y entregándole el gobierno de la Inquisición como mayor apoyo todavía del que Torquemada disfrutara, Fernando había demostrado que le reconocía una dimensión de poder. José García Oro, que es seguramente el mejor conocedor del personaje, entiende que su obra al frente del Santo Oficio, prolongada por un tiempo de más de ocho años, iguala y en algunos aspectos supera la de Torquemada. Se movió siempre entre estos dos extremos: mayor rigor en la vigilancia sobre los delitos religiosos y al mismo tiempo mayor clemencia hacia los que se mostraban arrepentidos. Pues lo importante para él era desarraigar el vicio y no castigar la persona. La mayor parte de los huidos de la prisión de Córdoba fueron perdonados, devolviéndoseles su honor. Algunos fueron, sin embargo, condenados.

Julio II aceptó la verdad oficial de que Diego de Deza había renunciado espontáneamente y otorgó a Cisneros una bula, Dudum postquam (19 de abril de 1507), en que le otorgaba los poderes correspondientes como inquisidor general. Cisneros pudo contar con la confianza del rey y también con el respaldo del Papa.

Lucero se había retirado a Sevilla acogiéndose a la protección de Diego de Deza, arzobispo en aquella ciudad, pero a pesar de esto fue procesado y condenado a prisión por un tribunal que le juzgó en San Pablo de Valladolid (1 de agosto de 1508). Pero entonces Fernando intervino en su favor para conseguir que la pena fuese atenuada, de modo que al cabo de tres años el inquisidor pudo recobrar su libertad. Es un dato a tener en cuenta que bajo el mandato de Cisneros las víctimas de los procesos inquisitoriales disminuyeron.

El cardenal estaba bien informado de los abusos que se cometían: los procesos daban origen a secuestro de bienes y también a arreglos económicos con los acusados para beneficio de los jueces. Y esta corruptela no se remediaba cuando el acusado reconocía su culpa y se acogía a la penitencia, ya que ésta conllevaba condiciones económicas. Cisneros creyó que el único medio para atajar el mal estaba en el establecimiento de una vigilancia más estrecha sobre los tribunales reduciendo el número de éstos: Durango, Valladolid, Llerena, Toledo, Cuenca, Murcia, Jaén, Córdoba, Sevilla y Canarias serían en adelante los diez reconocidos. Pero de este modo la presión se aliviaba, sobre todo en determinadas regiones.

El contrapunto: Alcalá

Riguroso e intolerante, de eso no cabe duda. Pero al mismo tiempo convencido de que la Iglesia estaba necesitada de una reforma que permitiera un paso adelante. Su «conversión» personal había sido a la observancia franciscana y en todas sus acciones hasta entonces tal era el objetivo propuesto. Durante años Fernando no había ocultado sus recelos hacia este rigor. En 1500, en una conversación directa con Isabel los había expresado en términos muy duros. Pero las nuevas circunstancias habían provocado un cambio en la postura del rey que reconocía en Cisneros uno de los más sólidos apoyos de que disponía. Y así, a diferencia de Isabel, que siempre defendiera la primacía de sus queridas y viejas universidades de Salamanca y Valladolid, apoyó el proyecto reformista de Alcalá de Henares. Sólo después de la muerte de la reina se convirtió en realidad.

La idea era dar mayor importancia a la formación que a la instrucción abriendo además caminos a corrientes que no fuesen exclusivamente tomistas. El modelo lo daban los Colegios, de modo que el nuevo Estudio General era tan sólo una suma de ellos. Las clases se iniciaron en 1508. Sobre todo se trataba de dar una enseñanza receptiva de las distintas corrientes del pensamiento cristiano, tomista, escotista y, en cierto modo, también nominalista. En consecuencia, la institución complutense, que quedaba dentro del arzobispado de Toledo, llegó a convertirse en una especie de avanzada.

Fue en Alcalá en donde gracias a la presencia de conversos procedentes del judaísmo —Alfonso de Zamora regresó en 1506 del exilio y se convirtió en catedrático de hebreo en Salamanca— pudo acometerse la gran empresa de proporcionar a los estudiosos un texto completo y radicalmente fiable de la Biblia en las diversas lenguas que entonces se empleaban. Esto explica que en 1511 se introdujeran, como ejes muy fundamentales, el estudio y enseñanza de las tres lenguas clásicas, latín, griego y hebreo, esenciales para la doctrina cristiana. En más de un aspecto se adelantaba al Humanismo centroeuropeo, desde el interior de la Iglesia católica, no contra ella. Cisneros, buen franciscano, aspiraba a conseguir que tomismo y escotismo no se presentaran como opciones contrapuestas, sino en colaboración. La Biblia políglota Complutense fue «fortín doctrinal» para el catolicismo de la modernidad (García Oro).

CAPÍTULO XVIII

BALANCE FINAL

Campañas africanas

La alianza concertada en Cambrai otorgaba manos libres a Francia, pero no sólo a ella. Cerrándose un capítulo molesto, de las dos guerras de Italia, aunque con un éxito que desbordaba todas las esperanzas, Fernando pudo creer que había llegado el momento de volcar sus recursos en aquel escenario que más le importaba en cuanto rey de la Corona de Aragón: sometimiento del litoral norteafricano. En su testamento, Isabel había insistido en dos puntos: ocuparse de los indígenas americanos, seres humanos como ya indicamos, y continuar la empresa contra el Islam, ahora en el lado de enfrente. En las reuniones de Burgos a que nos hemos referido, el Rey Católico se ocupó de ambas cuestiones. Era indudable que los dominios del Caribe amenazaban convertirse en una carga. El quebranto de la población despejaba los sueños acerca del rendimiento. Las autoridades de las islas culpaban a los caribes: eran demasiado débiles para ocuparse del trabajo que allí se requería. No siendo posible modificar el codicilo de su esposa, se acudió al expediente de autorizar el envío de esclavos negros para el trabajo de las minas.

El argumento que se empleaba, una falacia, consistía en recordar que no se «hacían» esclavos, simplemente se los «compraba» en condición de tales en los mercados africanos. Eran producto abundante de las guerras ocasionadas por la expansión bantú y, apurando las cosas, se podía incluso decir que se les proporcionaba un destino menos malo del que les aguardaba en manos de sus vendedores. La práctica se inició en 1511. Al principio el quebrantamiento de la norma pasó bastante desapercibido porque fueron pocos los que se enviaron. Pero el acceso a estos dos mercados, el del oro y el de los esclavos, presionaba sobre los proyectos de expansión. Isabel pensaba en el avance de la Cristiandad sobre el Islam. Sus súbditos en otra cosa muy distinta.

El fin de la guerra en Italia permitió disponer de recursos que antes faltaban. El 1505 el alcaide de los Donceles consiguió apoderarse de Mazalquivir, aunque falló en su propósito de crear una amplia cabeza de puente, pues fue derrotado. En otros lugares se apuntaron éxitos. En 1506 sería tomada Cazaza y en 1508, persiguiendo a una flota de piratas berberiscos, Pedro Navarro se apoderó del peñón de Vélez de la Gomera. El objetivo formulado inicialmente consistía en privar de bases a los piratas. Por eso la diplomacia era tan importante como las armas.

Cisneros, que disponía de las abundantes rentas del arzobispado de Toledo —su austeridad personal contribuía mucho a consolidarlas—, convino con el rey en asumir la principal responsabilidad en las operaciones que se enderezaban a subyugar el Oranesado. Él podía adelantar los fondos necesarios que más tarde le serían restituidos desde el Tesoro Real. El cardenal hubiera preferido que la dirección general de las operaciones fuese asumida por Gonzalo Fernández, regresado a la Península, pero, por razones que sería muy difícil precisar, Fernando prefirió encomendarlas a Pedro Navarro, que había demostrado cumplidamente sus dotes poliorcéticas en la campaña contra los turcos en 1500. Cartagena fue señalada como la gran base de partida. En ella se concentraron diez mil infantes, cuatro mil caballos y una considerable cantidad de piezas de artillería. Parecían haber retornado los grandes tiempos de la guerra de Granada. Se estableció un servicio de correos por etapas entre Cartagena y Valladolid. Cada jinete trasladaba la bolsa a su relevo en intervalos cortos y, de este modo, en sólo cuatro días, el Consejo Real tenía noticia cabal de los sucesos y de las decisiones que se tomaban.

Orán, Bugía, Tlemcem

La gran flota partió rumbo a Mazalquivir (Mers-el-Kebir), la gran base ya ocupada, en el mes de mayo de 1509 y el día 17, tras un combate de dos horas, pudo apoderarse de Orán. La superioridad absoluta quedaba demostrada. Aquellos mercenarios, endurecidos con la experiencia de las campañas italianas, aspiraban, sencillamente, a repartir se el botín de los infieles. Pero sus capitanes iban más lejos aunque mu viéndose en posiciones contrapuestas. Cisneros, que se apoyaba en el hecho de que había garantizado el pago inmediato de las soldadas, Ira taba de crear allí un núcleo desde donde pudiera lograrse la expansión del Cristianismo, que tan sólido fuera en Alt ira hasta el siglo VII. Orán sería diócesis sufragánea de Toledo y las dos mezquitas existentes en la ciudad se convirtieron en iglesias cristianas. La conquista mostraba, ante sus ojos, una ciudad desolada.

Pedro Navarro, por su parte, mandando la ahora fuerte guarnición, quería que la ciudad se convirtiese en base militar y, sobre todo, en un centro comercial, que pudiera establecer comunicaciones con África profunda. Y a este criterio se inclinó también Fernando, que encomendó al duque de Medinasidonia la capitanía general. El rey demostraba que sabía prescindir de resentimientos. Cisneros pudo recoger en las mezquitas una buena colección de libros árabes que pasaron a engrosar los fondos de la biblioteca complutense.

Durante dos años, hasta 1511, el Rey Católico pudo vivir bajo la impresión de que sus sueños mediterráneos iban a convertirse en realidad: los peces del Tirreno serían obligados a portar en sus lomos las barras de la Corona de Aragón. Orán, convertida ahora en municipio castellano, en contacto con Cartagena y Alicante, admitiendo, por excepción, mercaderes judíos, comenzó a crecer superando la ruina. Los aprovisionamientos muy diversos hacia otros lugares del andén africano permitían obtener, en contrapartida, oro y esclavos. Una parte de ese oro retornaba a su lugar de partida para pagar rescate de los cautivos cristianos. Mientras no se consiguiera erradicar la piratería sería muy difícil modificar esta situación. Pero en 1510 Pedro Navarro dio un nuevo paso adelante al apoderarse de Bugía, desde donde consiguió un acto de sumisión de Argel, que hubo de aceptar la presencia de una guarnición española. Los musulmanes lanzaron el contraataque sobre Bugía y sufrieron seria derrota. Entonces también el reino de Tlemcen —Tremecén preferían decir los castellanos— se sometió. También se confirmaron los estrechos acuerdos con el emir de Túnez. En consecuencia, toda la costa, desde Ceuta hasta Túnez parecía abierta a la presencia de los españoles. Fernando cuidaba de mantener la alianza con los mamelucos de Egipto.

En las largas Cortes de Monzón (abril-agosto de 1510) de las que hemos de ocuparnos a continuación, y que fueron a modo de un acto de presencia de todos los reinos de la Corona de Aragón, Fernando dibujó este vasto programa que apuntaba a Jerusalén. Los gastos iban a ser elevados pero valía la pena porque garantizaban el futuro de aquella monarquía: extendiendo el dominio sobre el norte de África, hasta enlazar con Egipto, no sólo se abría el camino hacia Jerusalén, sueño siempre presente en las leyendas, sino que se invertían los términos de la relación con los turcos. Se demostraba que éstos podían ser detenidos en su expansión y hasta rechazados. Llegó en aquel momento la noticia de que Pedro Navarro había conquistado Trípoli (25 de julio de 1510) y las Cortes, contagiadas de entusiasmo, llegaron a la conclusión de que valía la pena otorgar abundantes subsidios. La liga de Cambrai garantizaba el equilibrio en Italia consolidando así la retaguardia.

Un sueño que no tardaría mucho tiempo en disiparse. Dos fueron los acontecimientos negativos. El primogénito del duque de Alba, don García de Toledo, había recibido la orden de establecer una fuerte guarnición en la isla de Djerba; pero en agosto de 1510 acudieron los turcos y la aventura terminó en desastre; sólo una parte de la guarnición consiguió escapar de aquella trampa y esto merced a los esfuerzos y peligros que Pedro Navarro fue capaz de afrontar. Se estaba llegando a una situación de equilibrio frío. Por lo menos Bugía, gracias a la ayuda que estaba recibiendo desde Mallorca por medio de un empresario muy rico de origen converso, Ramón Vidal, pudo sostenerse, recobrando parte de su prosperidad, lo que beneficiaba también a Baleares. Cuando, en 1515, en el último tramo del reinado de Fernando, el renegado Haruj Barbarroja intentó recobrar Bugía para restablecer la gran coalición de corsarios, el virrey de Mallorca, Miguel Gurrea, lo impidió. Pero las cosas no seguirían por el mismo camino tras la muerte del rey.

De todas formas, 1510 señalaba el tramo final de aquella política que Blois, Savona y Cambrai marcaran, en un entendimiento entre las grandes monarquías. Francia volvía a sus guerras de expansión en Italia forzando al Papa a reclamar ayuda. Y Fernando tuvo que transferir sus recursos a este otro frente.

Julio II pide auxilio

El año 1509 es el que marca un nuevo cambio en la trayectoria política de Europa. Tras un quinquenio en que se tuvo la impresión de que las grandes monarquías optaban por un entendimiento en paz, reservando sus fuerzas para cometidos señalados fuera de esa Europa de cinco naciones que se definía aún como Cristiandad, de nuevo se presentaban rigurosos conflictos internos. Fernando parece haber sido el más convencido de la eficacia de los acuerdos. Aceptó entrar en la Liga de Cambrai, sin participar en operaciones militares, porque esperaba que Francia se conformase con esa tarea de afirmación en el ducado de Milán y apertura de rutas comerciales por la vía de Venecia, consintiendo en el refuerzo del Patrimonio de San Pedro, que era una especie de garantía de paz entre Nápoles y los dominios galos. No le parecía mal eso de frenar las ansias expansivas venecianas. Tras la entrevista de Savona se sintió en condiciones de consolidar su gobierno en Castilla y de volcar recursos en la empresa africana que ya hemos explicado. Hasta el verano de 1509 no tuvo oportunidad de pensar otra cosa.

El verdadero autor de la Liga de Cambrai había sido Julio II. Partía de la idea de que una verdadera restauración de la Cristiandad debía venir acompañada de una transformación de Roma en la ciudad brillante, la más opulenta y fastuosa de las capitales. Encomendó a Bramante que hiciera de San Pedro, en el pleno sentido de la palabra, la más grande de las iglesias cristianas. Naturalmente, esta función de cabeza se vinculaba a la posesión de un Estado amplio, fuerte, de radical independencia. Vistió la armadura y tomó directamente el mando de las tropas que recuperaban Ravenna, Rimini y Faenza. Volvió a Roma como un capitán vencedor. Publicando indulgencias trataba de obtener el dinero necesario para pagar los trabajos que Miguel Ángel, Rafael y una muchedumbre de artistas estaban realizando, cuya herencia causa todavía placer y admiración. Identificaba autoridad y poder. No pretendía ser únicamente el más fuerte de los príncipes italianos, sino que esta fuerza sirviese de plataforma para restablecer al Pontificado en aquel conjunto de funciones quebradas por el Cisma de Occidente y las doctrinas del conciliarismo. Una reforma desde el refuerzo de las estructuras jerárquicas de la Iglesia.

Fernando nada tenía que oponer a estos proyectos: el crecimiento eclesiástico que se estaba logrando en sus reinos se apoyaba precisamente en la autoridad del vicario de Cristo. Tras la muerte de Felipe el Hermoso y el fallo sucesorio de Germana de Foix volvía a los proyectos de unidad en la amplia monarquía. Pero en mayo de 1509 Luis XII logró una espectacular y decisiva victoria en Agnadello sobre Venecia, y sus proyectos se modificaron. Volvía de nuevo la conciencia de que nada podía oponerse a la fuerza militar francesa. Estaba en condiciones de llevar a buen término la reconstrucción del reino lombardo, punto de partida para los carlovingios, reduciendo Venecia a poca cosa y sometiendo a su dominio el Patrimonio de San Pedro. No hacía tantos años que Julio della Rovere se mostrara obediente a la influencia gala. La incógnita para el Papa era otra: ¿qué actitud estaría dispuesto a adoptar Fernando el Católico, absorto como estaba en los brillantes logros de su política africana?

Julio II comenzó reconciliándose con Venecia: a fin de cuentas, las flotas y colonias de la Serenísima constituían la mejor garantía frente a los turcos. Previamente el dux había llegado a un acuerdo con Fernando devolviendo Brindisi, Otranto y las puertas de salida del Adriático. De este modo consiguió Venecia la firma de la paz (15 de febrero de 1510) que disolvía prácticamente la liga de Cambrai, reclamando una reorientación defensiva frente a los turcos. Francia no se adhirió a esta paz: las condiciones que necesitaba imponer a Venecia eran más onerosas. El Papa denunció entonces la continuación de la guerra como si fuese un atentado a la libertad de Italia y, dentro de ella, también a la Sede romana. «Fuora i barbari» pasaba a ser ahora el grito de combate. Además dirigió un llamamiento a las otras potencias para que acudiesen en socorro de los venecianos amenazados. Luis XII consideró este gesto como una declaración de hostilidad. Y comenzó a pensar que un retorno al concilianismo podía ser un arma excelente para quebrar las pretensiones de Julio.

Las Cortes de Monzón

En marzo de 1510, reforzando una costumbre que tendía a trasladar a los reinos orientales el modelo unitario de las Cortes castellanas, Fernando había convocado a los procuradores de los tres reinos en Monzón. Y esta vez acudieron, incluyendo a los catalanes. Insistamos en que el emplazamiento geográfico permitía considerar a Monzón como un punto equidistante entre los tres reinos. Como arriba hemos indicado, la propuesta, desde la Corona, se refería al programa africano. Con Mazalquivir, Gomera, Orán, Bugía y Melilla como fuertes bases, la sumisión de Argel y Tlemcen y los pactos de amistad con Túnez y el Magreb, parecía consumarse el gran programa que cerraba el espacio de la Corona de Aragón como tierras que se asoman a un fecundo mar interior. A este respecto no se registraron quejas ni disidencias: todos los reinos estaban acordes en la oportunidad de tal programa que iba a permitir, ante todo, una erradicación del corso, que tantos daños causaba. Las noticias que llegaban entonces acerca de la ocupación de Trípoli y el establecimiento de la guarnición en Djerba incrementaban los ánimos: las defensas frente a los turcos se estaban situando en líneas suficientemente apartadas.

Se garantizaba, desde luego, esa especie de mare nostrum que formaba el Tirreno. Pero desde el punto de vista de los procuradores era aquella la gran oportunidad para hacer el gran repaso que se necesitaba acerca del estatus otorgado a la Corona. La Unión era más fuerte que las diferencias entre los reinos y el poder del monarca, incrementado —la celebración de esta Asamblea así lo demostraba—, garantizaba una situación que a todos parecía ventajosa, como ya lo fuera en Caspe, y por ello irrenunciable. Pero había problemas y algunos muy serios. Las malas cosechas y el fuerte desequilibrio de los precios consecuencia de aquéllas incrementaban las tensiones en el interior de cada reino. Directa o indirectamente, todos estaban afectados por la deuda pública. El segundo matrimonio y la separación temporal entre las dos Coronas obligaba a replantear las cosas desde el principio y, de manera especial, definir la persona y aptitudes de Carlos de Habsburgo que, llegado a los diez años de edad, se perfilaba como futuro rey. Los procuradores valencianos no podían ocultar su disgusto. Se había dispensado a Cataluña una política de protección que alcanzaba ya la meta de superar el «desgavell»; no se había aplicado el mismo criterio en su país. Mallorca estaba en dificultades y Aragón no mucho mejor que los otros dos socios.

a) Valencia

Las Cortes celebradas en este reino en 1495 y 1498, últimas en la serie, no habían dado respuesta satisfactoria a las quejas y agravios. De modo que continuaban las irregularidades en la administración que en su debido lugar hemos señalado. Se tenía la sensación, fundada seguramente, de que en este caso el rey no aplicaba las reformas que se necesitaban para no poner en peligro los préstamos, créditos y donativos que allí obtenía y que un gobierno menos corrupto tal vez habría estorbado. En todos estos años la deuda pública había seguido creciendo. En 1499, Fernando había permitido que cien mil sueldos, extraídos de las rentas aduaneras, se empleasen en amortizar algo de dicha deuda pero ninguna mejora se había advertido desde entonces. Como sucediera anteriormente en Barcelona y otros lugares, la ciudad había recurrido al procedimiento de emitir títulos de la deuda, atrayendo así dinero privado, pero ahora se encontraba con la desagradable sorpresa de que no estaba en condiciones de abonar los réditos asignados.

En los últimos años del reinado de Isabel, tránsito hacia ese programa de consolidación de la Corona de Aragón, coincidiendo con la segunda guerra, la más costosa, la situación financiera de Valencia empeoró. Las sumas requeridas por el rey, que no se devolvieron, rondaban ya los tres millones de sueldos; y la cifra seguiría creciendo en años sucesivos hasta alcanzar los cuatro y medio en 1509. Esto significaba necesidad de recurrir a nuevos impuestos. Obligada siempre a comprar trigo, Valencia se enfrentaba, desde 1501, con el problema de las alteraciones en los precios, con tendencia al alza. Aunque la situación no llegó a ser tan dura como en Andalucía, se produjeron disturbios: en mayo de 1503 las casas del maestre racional Gaspar Amat y del jurado Juan Albert fueron asaltadas. El rey no tuvo más remedio que dedicar parte de su atención a este problema disponiendo el cese del racional y la apertura de una investigación que tampoco dio resultados.

Las Cortes de Monzón de 1510, precisamente porque en ellas se estaba afrontando el gran problema, vital para Valencia, de asegurar el dominio sobre el mar controlando sus costas, vio plantearse con toda su crudeza la cuestión valenciana. La ciudad y su entorno gozaban de cierta prosperidad, en crecimiento, pero los síndicos allí acreditados denunciaron el gobierno como un caso de corrupción. La oligarquía dominante se mostraba favorable a la concesión de créditos al rey porque de este modo se mantenía en el poder. Citaban el caso del maestre racional Bartolomé Cruilles, que sucediera a Amat; habiéndose negado a otorgar nuevos préstamos, fue simplemente depuesto y sustituido por Juan Figuerola (1505), que había accedido a las demandas incrementando la deuda. Era imprescindible un cambio en el sistema de gobierno. Los consejeros de Fernando dijeron a los síndicos que tenían razón pero nada hicieron. Cada vez que se hablaba de reformas, eran palabras que llevaba el viento.

Se permitió que los síndicos pudieran volver a casa con cierto aire de triunfo. Además de las promesas, lograron que la ayuda reclamada para la guerra de África se redujera, en su caso, a sólo 110.000 libras. A fin de cuentas, la gran política mediterránea permitía una ampliación de los negocios mercantiles y Valencia era el puerto más favorecido en esta coyuntura: salida corta al mar para todos los productos de la Meseta. La oligarquía dominante, consolidada precisamente por esta coyuntura, invertía su ganancia en censales, considerándolos un fondo seguro: en cualquier caso, en sus manos estaba el poder que los garantizaba. Siempre era posible reclamar ayudas y servicios extraordinarios garantizando de este modo los réditos.

En 1510, inmediatamente después de las Cortes, se produjo el escándalo: quebró la Banca de Baltasar Fores y Jerónimo Torres al conocerse el descubierto de una deuda que los comerciantes genoveses Calvo y Grimaldi dejaron de pagar. Y al revisarse las cuentas se vio que los banqueros, con la complicidad de Figuerola, habían podido emplear en sus negocios privados el dinero de la deuda pública causando un descubierto de casi 90.000 libras. Esta vez el rey tuvo que destituir al maestre racional y ordenar una investigación a fondo. Probablemente hubiera debido entonces provocar un cambio en la administración. Pero ya no había tiempo. Además, la investigación había dado resultados optimistas. Se detectaban casos de corrupción, ciertamente, pero éstos no afectaban al desarrollo económico de la ciudad y del reino. Consolidar a éste en sus usos y costumbres era la mejor medida. En 1515 se hizo una recopilación completa de los Fueros, Aureum Opus, que Carlos V y la lugarteniente general, Germana de Foix, emplearían en su gobierno.

b) Aragón

En Monzón los procuradores aragoneses, con mayor predominio nobiliario, trabajaron intensamente entre los meses de abril y de agosto. Curiosamente mostraron más entusiasmo que los de los otros reinos, al apoyar el programa formulado por Fernando en el discurso regio. Por eso se mostraron más generosos a la hora de votar los subsidios: 219.000 libras. A cambio consiguieron la supresión de la Hermandad —para el rey ya no era ésta importante— devolviendo a las universidades (concejos) la competencia en las labores de policía. La autoridad del monarca fue utilizada en esta ocasión para el ajuste del problema de la deuda. La mayor parte de los inversores en censales eran catalanes. Fernando dispuso que las cifras de título e intereses no pudieran ser en modo alguno modificadas, pero otorgó a la Diputación poderes para que estableciesen demoras en la devolución del capital invertido. De este modo se evitaba la quiebra.

Fernando se había decidido, finalmente, a aceptar las estructuras institucionales aragonesas que incluían un cargo hereditario, el de justicia mayor, en la familia Lanuza. Esto no significaba que renunciase al incremento del poder real, sino que debía buscarse por líneas indirectas. Así, en las Cortes de Monzón se dieron dos pasos importantes que afectaban al ejercicio de la justicia: una comisión de cinco expertos, naturales del reino desde luego, se encargaría de resolver aquellos casos en que el Fuero y las Leyes generales entrasen en contradicción; se crearía también un alto tribunal para causas criminales con cinco nombres, insaculados de una lista confeccionada por el rey. De este modo se introducía un principio que ya estaba vigente en Castilla: la justicia civil corresponde a los tribunales ordinarios, pero la penal corresponde a la Corona. La Inquisición, a este respecto, era única para todos los reinos.

Las Cortes de Monzón se cerraron, para los aragoneses, con buen tono: era su reino el que menos se veía afectado en sus usos y costumbres por el incremento del poderío real. Circunstancia que se arrastraría a lo largo del siglo XVI permitiendo a Antonio Pérez montar todo un proyecto de resistencia. Cuando Fernando tomó la decisión de incorporar Navarra a la Corona de Castilla se produjo en Aragón un gran disgusto; siempre se había visto el vecino reino como una posibilidad de expansión. Las Cortes de Calatayud (1515), últimas del reinado, se mostraron por esta causa agrias contra el monarca.

c) Cataluña

Las medidas adoptadas por Fernando, en una larga trayectoria que partía de los comienzos del reinado —respetar los usos y costumbres y al mismo tiempo aplicar los medios oportunos para conseguir el redreç—, habían tenido como consecuencia la superación de la larga crisis que arrastraba Cataluña desde hacía un siglo. Barcelona volvía a crecer y el Principado era ya comunidad de personas libres. El desarrollo económico era fruto, desde luego, de la amortización de la deuda pública, pero sobre todo de la política seguida por el rey en Italia y el norte de África, frenando las piraterías y garantizando las comunicaciones con todos los puertos de ese Mediterráneo occidental. Las dos principales quejas que se presentaron en Monzón iban referidas a los escasos resultados de la insaculación —no había conseguido desmontar el poder de la Biga, ni Fernando lo había pretendido— y la actuación de los tribunales inquisitoriales, dirigidos antes por Torquemada y ahora por Cisneros, en definitiva, castellanos. En ninguno de ambos casos estaba dispuesto el monarca a ceder. Las listas de insaculación favorecían a los deztorrentistas, que eran abundantemente criticados. Pero nadie podía negar que Barcelona había salido de la postración a que sus errores la condujeran.

Una causa de queja estaba indudablemente más justificada. Las estancias del rey en Barcelona se reducían. Fernando podía alegar que las circunstancias se lo impedían, pero era un hecho comprobado que las esperanzas de los primeros años no se habían cumplido. Fue muy breve la estancia en agosto de 1506, cuando se dirigía a Italia y, al regreso, su galera se dirigió a Valencia sin escalas, conversando con los procuradores de la Diputació que le acompañaban. Se produjeron claros signos de malestar y la causa no era otra sino la ausencia del soberano. Fernando envió instrucciones al virrey, Juan de Luna, recomendándole apretar las tuercas en el ejercicio del poder.

Cuando, en Monzón, se presentaron las demandas de ayuda para la gran política africana, los procuradores barceloneses se excusaron diciendo que la veinticuatría —es decir, esa cuarta parte del Consell de Cent a la que correspondía entonces el gobierno— no les había dado los poderes necesarios. Fernando no dudó: envió sus órdenes expresas al virrey para que suspendiera a aquélla en sus funciones advirtiendo a todos los miembros del Consell que sus nombres serían borrados de las listas de insaculación si no obedecían. Y ellos se sometieron.

Esta política se mostraba respetuosa con los usos y costumbres heredados pero, al mismo tiempo, dejaba bien claro que la Corona estaba en condiciones de cambiarlos. Por ello no debía interpretarse como conciencia de debilidad sino, al contrario, de fortaleza. Naturalmente creaba cierto malestar. Pero no podía negarse que era factor esencial en la conquista de prosperidad para Cataluña, algo que las viejas estructuras no eran capaces de conseguir. Se estaban tomando, al fin, medidas para la extinción de la plaga del bandolerismo tan arraigado. A diferencia de lo que sucedía con la Mesta, se daba protección a los agricultores frente a los ganaderos. Se autorizaba a los mercaderes catalanes a operar en todas las plazas ocupadas o simplemente protegidas en el norte de África. No mentía, por tanto, el rey cuando, en el discurso inaugural ante las Cortes de Monzón afirmó que su política mediterránea, consolidación de la Corona de Aragón, beneficiaba especialmente al Principado. Las sesiones de éstas se cerraron el 31 de agosto precisamente con una disposición que fijaba objetiva y definitivamente la matrícula de los ciudadanos honrados; en ella se incluía no sólo al patriciado sino también a los caballeros, que no pertenecían a linajes de nobles pero disfrutaban de los mismos privilegios que éstos.

Según Jaime Vicens Vives, que la juzga favorablemente, el balance final de la obra de Fernando el Católico en el Principado arroja cuatro aspectos positivos que iban a consolidar el papel que, en el siglo XVI, llegaría a desempeñar. Ante todo debemos colocar la eliminación de la servidumbre hasta en sus últimas reliquias, de modo que ahora era Cataluña una comunidad de personas libres. No menos importante era haber conseguido la recuperación económica, aunque las guerras con Francia, que recurría al corso como un procedimiento más, significaban un gran perjuicio; los provenzales no se diferenciaban mucho de los berberiscos en sus métodos. En tercer lugar aparece la reforma de las instituciones, modernizándolas y acrecentando así el poder real; en las Cortes de 1515, últimas e incompletas, nadie se extrañó de que presidiera Germana de Foix. Por último, hubo una recuperación religiosa, fruto, en gran medida, de la reconstrucción de Montserrat que llevaba a Cataluña la reforma y su espíritu. En Manresa nacen de mano de un guipuzcoano, Ignacio de Loyola, los ejercicios espirituales. Aunque Fernando nunca accedió a que la Inquisición fuese apartada del poderío real, sí aceptó que se nombrara un inquisidor general para Cataluña, Joan Enguera, obispo de Lérida, lo que podía considerarse como un parcial retorno al antiguo sistema procesal.

Carlos, una clave para la sucesión

En 1510, mientras Fernando se ocupaba de tomar estas decisiones que constituían una especie de culmen para su reinado, Francia, que había conseguido controlar Saboya, Génova y el Milanesado, devolviendo a éste sus antiguos límites, volvía a dibujarse como poder hegemónico sobre Europa. La monarquía española tenía una franja de incertidumbre en la sucesión. Pues la nobleza flamenca, que custodiaba estrechamente al heredero de ambas Casas, Carlos, que hablaba corrientemente en francés, seguía la misma línea que predominara en tiempos del archiduque-rey, es decir la francofilia rigurosa. Aunque el partido que llegara a formarse en la Península se había dispersado, quedaba en el aire la pregunta: ¿cuál de los dos abuelos debía ser reconocido como principal custodio de este niño que acababa de cumplir diez años? Fernando nunca le había visto, pero ya no había signo alguno de vacilación respecto a sus derechos sucesorios.

Julio II había hecho una advertencia seria: si el poder de Francia sobre Venecia se afirmaba, Luis XII no se detendría en sus propósitos de dominar toda Italia, de modo que el peligro afectaba a los Estados de San Pedro y, también, a los aragoneses. El Papa necesitaba disponer de un ejército más allá de los recursos que pudiera proporcionar la población del Patrimonio. En marzo de 1510, Mateo Schinner, obispo de Sion, delegado del Papa, logró un importante acuerdo con la Confederación Helvética. Ésta suprimía todos los contratos militares con Francia y se comprometía, en cambio, con el pontífice: a cambio de la suma de 1.000 ducados anuales para cada cantón, éstos se comprometían a proporcionar una fuerza permanente de seis mil hombres. Al Papa y a nadie más. Tal es el origen de la guardia suiza que ha permanecido hasta hoy. Miguel Ángel se encargó de diseñar los pintorescos uniformes que aún se usan.

Fernando sentía análogas preocupaciones, pero no quería romper su tratado de amistad con Luis XII. Por estas fechas todavía estaba inmerso en el gran programa africano. De modo que mantuvo sus compromisos e incluso comunicó al rey de Francia los recelos que desde Roma se le hacían conocer; añadía siempre a estos avisos que la ayuda al pontífice, como se había reiterado en más de una ocasión, se hallaba por delante de cualquier otro compromiso. Sin embargo, en su correspondencia, muy secreta, con Jerónimo de Vich, embajador en Roma, le comunicaba que había dado orden a sus capitanes de no precipitarse. No entraba en sus planes una nueva guerra. Seguía dando importancia primordial a las alianzas con Portugal, Inglaterra y el Imperio, y confiaba en detener una guerra que, por tercera vez, sería capaz de sus planes. Así lo explicaba en sus cartas a Pedro Navarro.

El Papa sabía muy bien que sin el apoyo español sus perspectivas de éxito eran insignificantes. Pero los embajadores del Rey Católico no le ocultaban que si quería contar con él era imprescindible otorgar la investidura de Nápoles que venía sistemáticamente retrasando y, también, buscar el apoyo de Inglaterra y Maximiliano. En 1509 se había celebrado y consumado el matrimonio entre Enrique VIII, que en este momento subía al trono, y Catalina de Aragón. Sólo una hija, María Tudor, conseguiría sobrevivir a los seis que de él nacieron. Se empleó una bula de dispensa de Julio II para disipar posibles dudas acerca de si la unión con Arturo había sido consumada o no. En julio, el mismo Papa comunicó a Fernando que le otorgaba la investidura de Nápoles y en noviembre tuvo lugar la ceremonia solemne.

Desde Monzón, el 2 de julio de 1509, se habían cursado las cartas de convocatoria para una magna Asamblea, más que Cortes, a celebrar en Madrid como culminación del mismo programa. Concurrirían a ella las ciudades y villas con voto en Cortes, pero también nobles y eclesiásticos, formando los otros dos estamentos, y debía hallarse presente el canciller de Borgoña, Mercurino de Gattinara, porque se trataba de despejar toda clase de dudas respecto a la sucesión: un rey único para una monarquía unida es lo que se iba a ofrecer a Carlos. De este modo se despejaban todas las incógnitas: no habría separación entre el patrimonio español y el borgoñón, ni entre Castilla y la Corona de Aragón. Juana sería reina de todo, Fernando rey y lugarteniente, Carlos soberano universal.

Las Cortes de Madrid

Las Cortes de Madrid fueron importantes; se desarrollaron entre el 29 de agosto y el 3 de noviembre del mismo año. Todas las deliberaciones discurrieron como si las perspectivas de guerra en Europa estuviesen ahora lejos de toda consideración. En la zona más alta de la sala donde tenían lugar las sesiones, presididas unas veces por el rey y otras por el cardenal Cisneros, se había colocado un sitial de especial distinción a fin de instalar en él al infante Fernando, que entonces cumplía siete años. En la jornada del 6 de octubre, cuando se ejecutó el juramento solemne de Carlos, que de este modo entraba en la sucesión, se advirtió que, de acuerdo con las costumbres de los reinos hispanos, si Carlos llegaba a fallecer sin hijos, su hermano le sustituiría. El 3 de noviembre Fernando viajó a Tordesillas para recoger allí la firma y el reconocimiento de Juana. De este modo el proceso de sucesión se cerraba definitivamente. Los asuntos ordinarios que se abordaron en estas Cortes, referidos al desajuste de los precios y a la administración de la justicia, nos permiten insistir en que, avanzado el otoño de 1510, no entraba en las previsiones de don Fernando desviarse de su empresa africana. Le fueron otorgados cien millones de maravedís pero indicando que se destinaban a este mismo objetivo. De haber seguido las cosas según aquella marcha, ninguna variación se habría registrado. Hubiera significado también un cambio importante para el porvenir de Europa.

A estas Cortes de Madrid siguen otras dos, en 1512 y en 1515, en Burgos. El optimismo del rey —podrá en la segunda de ellas confirmar la incorporación de Navarra a la corona de Castilla— se veía claramente contrapesado por las quejas que presentaron los procuradores y que, en sus diversos aspectos, recordaban que las cosas no iban tan bien como se creyera. Los concejos protestaban porque al afirmarse el poder de los señoríos eran muchos los bienes de propios que sufrían invasión y pérdidas. Los eclesiásticos se quejaban de que continuaba la concesión de beneficios a extranjeros, muchas veces en complicidad con las autoridades y, también, de que se produjesen abusos en la predicación de la bula de cruzada, un negocio rentable en manos de profesionales con pocos escrúpulos. Los procuradores segovianos presentaron un problema de gran alcance que el rey no supo o no quiso abordar. El incremento de privilegios a la Mesta, con daño para los cultivadores, había conseguido, de hecho, aumentar la producción de lana. Esto beneficiaba a los ganaderos, generalmente nobles, y también a los comerciantes que gozaban de medios para la venta en el exterior, pero no a los fabricantes de tejidos que no podían competir con los extranjeros.

Un gran problema en el que vale la pena detenerse un tanto. La política sistemáticamente seguida por los monarcas castellanos en el siglo XV daba ventajas a los mercaderes y transportistas que dominaban ya el golfo de Vizcaya y estaban extendiendo sus actuaciones al Mediterráneo. Para la Corona era un medio seguro y cómodo de obtener rendimientos, sin necesidad de presionar más con impuestos directos. El consulado de Burgos, ahora el de Bilbao y la universidad de genoveses en Sevilla se habían desarrollado hasta alcanzar niveles de verdadero monopolio. De esto es de lo que protestaban los empresarios textiles segovianos. Los altos precios de la materia prima y los acaparamientos de lana les perjudicaban. Pero los comerciantes preferían enviar la lana fuera, ya que con la venta se disponía de medios para comprar manufacturas que proporcionaban al retorno mejores ganancias que a la ida.

Los industriales pañeros presentaban la cuestión en términos correctos: sólo la manufactura permite conseguir beneficios sólidos y duraderos. Las Ordenanzas que se dieran en Medina del Campo demuestran que los reyes no eran inconscientes en el planteamiento de este problema, aunque, acaso, carecían de medios eficaces para su remedio. Los procuradores advertían que la opción abrumadora en favor del comercio favorecía únicamente a unos pocos y no todos eran castellanos. En cambio, la industria, que en aquellos momentos daba trabajo a veinte mil personas, hubiera debido ser opción hacia el futuro. Fernando falleció sin haber tomado medida alguna al respecto.

Conciliábulo de Pisa

Luis XII estaba dispuesto a ir tan lejos como fuera necesario para doblegar el ánimo de Julio II. Sus consejeros le recomendaron aprovechar ese clima que registraban amplios sectores de la Cristiandad reclamando una reforma de la Iglesia «in capite et in membris». La deuda pendiente desde el Concilio de Basilea no se había cerrado. La conducta militar asumida por Julio II proporcionaba asimismo una buena ocasión; para muchos dignatarios incurría en ilegitimidad de ejercicio al favorecer la guerra y no la paz. Algunos cardenales se declararon en favor de la propuesta del rey de Francia. Es oportuno recordar que, en 1510, por encargo de su Orden agustiniana, Martín Lutero viajó a Roma, antes de integrarse, al año siguiente, en el claustro de la Universidad de Wittenberg. Muchas de las duras denuncias que, pocos años más tarde, formularía contra el Pontificado pueden tener raíces en este ambiente. En Constanza y en Basilea la «nobleza» de la nación alemana había sido defraudada.

Luis XII comunicó con su aliado, Fernando el Católico: nueve cardenales, número considerable, se mostraban dispuestos a apartarse de la obediencia al Papa y, repitiendo el gesto de la Universidad de París en 1409, convocar en Pisa un Concilio donde Julio II fuese juzgado y, eventualmente, depuesto. El punto de apoyo era el mismo de las reuniones anteriores: superioridad del Concilio sobre el Papa. Esta propuesta puso fin a las vacilaciones del Rey Católico, anulando sus compromisos del tratado de Blois. Respondió a ella que a ningún príncipe cristiano es lícito emplear la fuerza contra el vicario de Cristo, de modo que las enmiendas necesarias deben venir por vía de negociación. A pesar de todo, el monarca francés decidió seguir adelante.

Durante el año 1511 se tuvo la impresión de que Fernando trataba únicamente de ganar tiempo comunicando sin embargo a Julio II que acudiría en su auxilio en el caso de que llegara a producirse una situación de peligro. Desde enero se hallaba instalado en Sevilla, haciendo toda clase de preparativos militares porque parecía dispuesto a emprender una gran campaña contra los turcos. Poco a poco fueron llegando noticias alarmantes. No se trataba de un simple amago: el Concilio de Pisa estaba convocado y sus sesiones comenzarían el 1 de noviembre con la asistencia de siete cardenales, dieciséis obispos y cierto numero de teólogos. Iba a servir de respaldo a ese empujón militar que Francia preparaba. Se trasladó luego a Milán y finalmente a Asti, es decir, dentro de la custodia francesa.

Vino la ruptura. El 4 de octubre el Papa, Venecia y España concertaron una Liga Santa a la que se adhirió Inglaterra; el nombre recordaba que se trataba de una defensa de la Cristiandad. Ramón Cardona se encargaría del mando de las tropas conjuntas. Al frente de un reforzado ejército francés se hallaba Gaston de Foix, duque de Nemours, que era hermano de la reina Germana. Una vez instalados en Milán los conciliaristas procedieron a declarar depuesto a Julio II. Éste respondería convocando el V Concilio de Letrán (mayo de 1512), breve, poco concurrido pero muy contundente: declaraba herética la doctrina de la superioridad del Concilio.

Aquel invierno, Venecia y el Patrimonio de San Pedro llegaron a encontrarse en gran peligro. Las fuerzas del duque de Nemours avanzaron impetuosamente apoderándose de Brescia y de Bolonia, rompiendo el frente. Ramón Cardona desplegó sus fuerzas ante Ravenna y arriesgó una batalla (abril de 1512) que perdió. Sin embargo, el brillante logro francés venía acompañado de una mala noticia, la del fallecimiento del joven duque de Nemours cuando cargaba con los suyos. Al tener noticia de la derrota, Fernando ordenó a Jerónimo de Vich que garantizase al Papa: estaba dispuesto a sacar a Gonzalo Fernández de su retiro o, incluso, a trasladarse él mismo a Italia. No fue necesario tanto. Los lanceros suizos de la guardia pontificia obligaron a los franceses a retroceder. De nuevo se entraba en un equilibrio de fuerzas.

La incorporación de Navarra

Esta guerra tuvo una consecuencia inesperada aunque decisiva. Ella nos obliga a volver atrás. Los reyes de Navarra, Juan de Albret y Catalina de Foix, habían aprovechado su alianza con Felipe el Hermoso, el apoyo de los nobles castellanos adictos al partido borgoñón, y las gestiones de Maximiliano en torno a la regencia en Castilla, para eliminar lo que quedaba del antiguo partido beamontés. El conde de Lerín hubo de refugiarse en Aragón, donde falleció. Pero en las vistas de Savona de 1507 Fernando pudo descubrir que había un proyecto francés referido a aquel reino. Según él, todo el patrimonio de los Foix, incluyendo a Navarra, debía ser entregado a Gaston VI de Foix, a quien acababa de promover duque de Nemours. Fernando no podía aceptar ninguna fórmula que liquidase el protectorado que Castilla estaba ejerciendo sobre Navarra.

En las vistas de Cambrai (diciembre de 1508) con Maximiliano, el monarca francés destapó un poco más el naipe que llevaba escondido bajo la manga, pues dijo al emperador, empeñado en defender a los Albret, que estaba dispuesto a reconocer a éstos como reyes de Navarra, pudiendo retener los señoríos que les pertenecían en España, pero todos los dominios franceses, incluyendo Bearne y Bigorre, debían pasar a Gaston, aplicándose en este caso los usos franceses acerca de la sucesión. Una propuesta que los Albret tampoco podían aceptar, pues para ellos las rentas y dominios ultrapirenaicos eran verdaderamente importantes, mucho más que el reino, aunque éste les servía para ceñir una corona fuera del ámbito de vasallaje a que estaban obligados. Pau, no Pamplona, era la capital de sus estados.

Por vez primera Juan y Catalina sentían que la situación se había tornado favorable para ellos: desmantelada la sólida oposición beamontesa que se les enfrentara desde el principio, se sentían, al fin, dueños de Navarra. Fernando vio transcurrir los años de 1508 y 1509 ocupado en el sometimiento de la nobleza castellana y en los grandes proyectos africanos sin tomar decisiones en relación con este asunto; los documentos de estos años dan por supuesto que seguía considerando vigentes los pactos suscritos con anterioridad. Pero ya en 1509 comenzaron a llegarle requerimientos de algunos nobles navarros, descontentos de la situación creada con predominio francés, en que le invitaban a tomar para sí la corona de Navarra, recordándole que era hijo de Juan II. Tomó entonces dos decisiones: encargar una investigación documental que le permitiese justificar su demanda de aquel reino, y formar un partido pro-castellano en el que entraban también algunos miembros del linaje de Agramunt. Se trataba de enfrentar dos opciones, la de una incorporación a España y la de una sumisión a Francia.

En abril de 1509 Pedro de Hontañón volvió a tomar su viejo camino de Pau. Llevaba el encargo de solicitar que, en cumplimiento de los acuerdos garantizados por Castilla, se devolviesen a Luis III de Beaumont, primogénito del conde de Lerín, sobrino de Fernando, todos los señoríos que fueran arrebatados a su linaje. Aunque nos faltan documentos, podemos precisar que en un segundo viaje, siguiendo instrucciones, el mencionado embajador advirtió a los Albret que si no cumplían esta parte debía entenderse que quebrantaban en su raíz los pactos existentes. Los beamonteses, que habían recibido todos los señoríos que en tierras castellanas o aragonesas pertenecieran a la reina Leonor, estaban ahora en condiciones de reclutar tropas, acantonándolas entre Calahorra y Alfaro. No se produjo ruptura de hostilidades pero sí una amenaza en tal dirección. El 31 de diciembre de este mismo año Maximiliano escribió a Fernando: con toda vehemencia le instaba a que prestase apoyo a Juan y Catalina. Podía entenderse que en ellos se apoyaba el interés borgoñón.

La primera ruptura vino del lado de Francia. En 1509 el Parlamento de París dictó sentencia en aquel viejo pleito que, con altibajos, se venía arrastrando desde la muerte de Francisco Febo reconociendo que en los dominios de la Casa de Foix, como parte de Francia, era de aplicación la Ley sálica; en consecuencia, Gaston VI era legítimo señor. Luis XII, en el momento en que preparaba el envío de sus tropas a Italia bajo las órdenes del duque de Nemours, ordenó al tribunal de Toulouse que procediera a su ejecución. Como los Albret se negaron a acatar la sentencia, el Parlamento de Toulouse les declaró incursos en felonía, disponiendo el secuestro de todos sus dominios (7 de enero de 1510). Por un momento Juan y Catalina, entre enero y marzo de 1510, parecieron dispuestos a enfrentarse con Francia, cerrando filas con las Cortes de Navarra y con los Estados generales del Bearne; temían que, cuando se hubiera resuelto la situación en Italia, las tropas francesas serían enviadas contra ellos.

Embajadores navarros, Bernardo de Santa Coloma (setiembre) y Ladrón de Mauleón (octubre), llegaron a Monzón, donde se liquidaban las Cortes, solicitando una negociación. Y Fernando, en principio, aceptó pero exigiendo un retorno a las condiciones en otro tiempo acordadas y que los Albret quebrantaran, esto es, restauración de los beamonteses, presencia de guarniciones castellanas y prohibición radical del paso de tropas francesas por su territorio. Los resultados de esta iniciativa fueron profundamente decepcionantes para el Rey Católico. Juan de Jasu, Ladrón de Mauleón y Martín de Jaureguizar regresaron a Castilla con poderes efectivamente para llegar a un acuerdo. Pero las condiciones de los monarcas navarros eran las que correspondían a una conciencia de debilidad para los españoles: no restituirían sus señoríos al conde de Lerín, nada hablaban de guarniciones castellanas, afirmaban que no aceptarían ninguna clase de acuerdo que comportase renuncia a cualquier señorío de los Foix y resucitaban las antiguas demandas sobre San Vicente Laguardia y Los Arcos.

Esta actitud sólo puede explicarse desde la perspectiva de una pronta victoria francesa. Las relaciones entre Castilla y Navarra estaban prácticamente rotas mientras, en febrero de 1512, estaban llegando noticias de las victorias que lograba el duque de Nemours. Podía creerse que Luis XII iba a cerrar, en breve, con éxito, su campaña italiana. En dicho mes, Juan y Catalina enviaron a fray Martín de Eulate, un religioso de toda conlianza, a título privado para preguntar a Fernando cuáles serían las condiciones necesarias que permitiesen restablecer la amistad. La respuesta fue simple: aquellas mismas que en 1494 y 1500 se establecieran, que los castellanos habían cumplido y los Foix no. El heredero de Navarra, Enrique, destinado a casarse con una de las infantas, Isabel o Catalina, sería enviado a la Corte castellana para recibir la educación correspondiente a un monarca español. Se darían también garantías suficientes acerca de la neutralidad de Navarra. En suma se exigía, como siempre, una sumisión a verdadero protectorado.

Fernando, que había llegado a Burgos, había combinado con su yerno Enrique VIII de Inglaterra una operación, por Gascuña y el Bidasoa, que obligase a los franceses a retirarse de Italia. De pronto vino la noticia de la batalla de Ravenna y la muerte de Gaston de Foix (11 de abril de 1512) no dejando otra heredera que a su hermana. Ésta, que recibió una carta de condolencia de Luis XII el 30 de abril, envió inmediatamente al abate Philippon para explicar al rey de Francia que ahora eran suyos los derechos sobre la herencia de los Foix, tal y como había sido establecido en la sentencia del Parlamento de París. El Rey Católico, por su parte, envió instrucciones a los embajadores en Roma: consideraba indudable que los franceses iban a utilizar Navarra como frente de ataque y, por consiguiente, el Papa Julio debía dar bula de excomunión contra todos aquellos que se atreviesen a ir contra la Liga Santa. Una advertencia seria, en este caso, a Juan de Albret y su esposa. Las instrucciones son del 5 de junio de 1512.

Las cosas fueron rodando del modo siguiente: Luis XII se veía privado del instrumento principal para aquel plan de separación entre los señoríos franceses y el reino de Navarra. No tenía otra opción que colocar a los Albret ante esta disyuntiva: conmigo o contra mí con todas sus consecuencias. Había llegado para ellos la hora decisiva que desde mucho tiempo atrás se anunciara. Ellos trataron de ganar tiempo enviando a nuestros conocidos embajadores, Jasu, Mauleón, Jaureguizar, a parlamentar con Fernando, que estaba dando órdenes a don Fadrique de Toledo, duque de Alba, que se hallaba en Vitoria con las tropas que iban a participar en la operación del Bidasoa. Hallaron al rey en Burgos y no tuvieron más remedio que reconocer que tenían facultades para negociar, pero no poderes para concertar ningún acuerdo. Fernando hizo una propuesta que era en realidad un ultimátum. Navarra debía declarar su neutralidad permitiendo a guarniciones castellanas garantizarla. Lo mismo podían ofrecer los Albret a su rey en los señoríos de Francia.

La decisión fue tomada en Blois, escenario de tantos sucesos. El 23 de junio, Luis XII despidió a Philippon sin respuesta. El 17 de julio, los embajadores navarros, que estaban dotados de poderes, firmaron un tratado de alianza que comprometía a declarar la guerra a Castilla y Aragón; a cambio, el monarca francés retiraba la sentencia del Parlamento y reconocía a Juan y Catalina señores de todos los dominios de Foix, Bearne y Bigorre. Puestos en la imprescindible necesidad de elegir, escogieron la que sin duda era para ellos mejor opción: rentas y poder en los señoríos franceses superaban a lo que les ofrecía Navarra, causa de tantos quebraderos. Muchos, en Navarra, la consideraron decisión equivocada, pues Navarra es España y no Francia. Sus Fueros invocan la memoria de Pelayo.

El 19 de julio el duque de Alba dio la orden de marcha y no encontró resistencia apreciable. En la tarde del día 23 Juan de Albret abandonó Pamplona refugiándose en Lumbier y entonces las autoridades de la ciudad tomaron la iniciativa de reconocer a Fernando como rey de Navarra, exigiendo de él dos condiciones: juramento de los Fueros y reconocimiento de que no perdería la calidad e instituciones de reino. Antes de aceptar, Fernando, que quería contar con todas las justificaciones posibles, envió una última oferta a los Albret: que le entregasen al heredero y autorizasen la presencia de los soldados castellanos en Navarra pudiendo conservar de esta manera sus derechos. Pero los Foix ya no estaban en condiciones de elegir: eran ante todo vasallos de Francia y debían obedecer sus órdenes.

La incorporación de Navarra a la Corona de Castilla no lúe fruto de una conquista sino de un acuerdo que las Cortes, reunidas en Pamplona, confirmaron el 23 de marzo de 1513. Los dos reinos se unían para formar una sola corona pero conservando enteramente su condición de tales. Naturalmente, los Fueros era jurados y conservados. Cortes castellanas, en 1515, confirmaron también este acuerdo que es base para la situación administrativa todavía hoy.

El fin de una vida

Las Cortes de Monzón y de Madrid señalan el momento de maduración de un reinado, el de Fernando, que había conseguido superar el trauma de la muerte de Isabel, la ruptura con Felipe el Hermoso que parecía devolver los reinos al estado en que se hallaban antes de 1475 y también sus propias y razonables dudas en relación con la herencia, reconociéndola completa en Carlos, para él un príncipe extraño, a diferencia de Fernando, que estaba siendo educado en España. Tiene razón el profesor Belenguer cuando recurre al término «optimismo» para definir el estado de ánimo del Rey Católico en esos cinco últimos años de su vida. Durante ellos hubo de tomar algunas decisiones importantes. Ninguna tan importante como esa: en Carlos, heredero universal, iban a unirse los dominios de ambas dinastías, asegurándole un predominio indiscutible sobre Europa.

Para que no hubiera duda respecto al tono deliberado de dicha decisión, Fernando hizo tres cosas sobre las que es necesario insistir. Las Cortes tomaron la decisión de reconocer y jurar a Carlos. Luego viajó hasta Tordesillas para que Juana fírmase, lo que hacía con todos los documentos que su padre le presentaba. Por último comisionó a uno de sus hombres de confianza, Pedro de Quintana, para que viajara a la Corte de Maximiliano certificando a éste de la decisión tomada que concurría con la anterior del emperador, referida al patrimonio de la Casa de Borgoña.

En la carta que a Quintana se entregó el 1 de enero de 1512 figuran expresiones que, aunque hayan sido incorporadas a muy diversas obras, conviene siempre repetir porque con ellas penetramos en la conciencia que, de sí mismo, tenía el rey en aquel doblar final de su existencia. Era el momento en que Maximiliano preparaba su monumental tumba en Innsbruck —que sin embargo no llegaría a ocupar— mostrando en una larga estela de personajes la trayectoria de la Historia europea. No iba a faltar en ella la imagen de Fernando. A las cuestiones que en aquella Corte se le planteasen «una sola cosa habéis de responder: que hace más de setecientos años que nunca la Corona de España estuvo tan acrecentada ni tan grande como ahora, así en Poniente como en Levante y todo, después de Dios, por mi obra y mi trabajo». Al incorporarse Navarra, el título de «reyes de España» que en la Baja Edad Media asumían los titulares de los cuatro reinos peninsulares pasaba a pertenecer, con mayor sentido, a aquel que asumía la Unión de Reinos, seis peninsulares, más los tres italianos y la incógnita de las tierras nuevas al otro lado del mar. Respetando siempre la independencia de Portugal, aunque la fusión dinástica era mantenida de modo constante, se entendía que la España perdida del 711 había sido finalmente restaurada.

Todo ello habría de pasar a manos de Carlos, que se acercaba a la edad en que, de acuerdo con las costumbres del tiempo, se le reconocía la madurez. Y no tenía que renunciar a nada en Borgoña o en Alemania. Pero España era lo importante: penetrando en un continente del que comenzaban a llegar las primeras remesas de metales preciosos, y asentado el dominio sobre el Tirreno, parecían abundantes los motivos para la vanagloria. Francia, repetidamente derrotada, se vería obligada a ceder el paso a esa nueva monarquía católica que se preparaba para ejercer dominio o preeminencia sobre tres de las cinco naciones que formaban Europa de acuerdo con la definición trazada en Constanza y Basilea. Además, las relaciones con Inglaterra, donde se esperaba que Catalina diese vástagos capaces de asegurar a la dinastía Tudor, eran excelentes.

Sin embargo, los últimos meses de la vida de Fernando el Católico desmienten en parte tal visión. Francisco I, que había sucedido a Luis XII, casándose con la hija de éste, Claudia, prometida en tiempos a Carlos, pudo obtener en setiembre de 1515 la victoria de Marignano que volvía a poner sobre la mesa la cuestión de la superioridad militar de Francia. Nuevamente se dibujaban las aspiraciones sobre Italia. El monarca español trató entonces de hacer más vigorosa su alianza con Enrique VIII y de convencer a Maximiliano de que debía prescindir de aquellos consejeros borgoñones que seguían insistiendo en la francofilia. La suerte de la monarquía española, que era la pieza principal en el patrimonio del joven príncipe, no podía supeditarse al predominio de Francia.

Demasiado tarde, al parecer, pues desde el 24 de marzo de 1515 existía un acuerdo entre la Corte de Borgoña y Francisco I, renovando el vasallaje y estableciendo un compromiso matrimonial de Carlos con Renata, hermana de la reina Claudia. Fernando había decidido emprender un viaje a Andalucía, pero, llegado a una aldea cercana a Trujillo, Madrigalejo, falleció el 23 de enero de 1516. Último gesto fue la orden a Cisneros para que se encargara de hacer eficaz el testamento que todo lo entregaba a Carlos, que cumplía entonces dieciséis años.

BIBLIOGRAFÍA

En el capítulo introductorio hemos mencionado las obras capitales en que se apoya el presente trabajo. Ahora vamos a dar la lista de aquellos que, de un modo u otro, han sido tenidos en cuenta. Faltan seguramente algunos, que, por defecto sin duda, no han llegado a manos del autor.

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