Este libro, ganador del Premio Espejo de España 1982, tiene dos partes complementarias, pero muy distintas de contenido, enfoque y tratamiento.

La primera parte resume la situación política española entre enero y julio de 1936. El tono predominante es el de la violencia, que se manifiesta en cuatro aspectos que el autor analiza y estudia con todo detalle: violencia parlamentaria en debates cada vez más crispados, y uno de cuyos centros es el líder de las derechas Calvo Sotelo; extraordinaria violencia verbal en periódicos, mítines y discursos público; violencia física, con sangre, muertes, incendios y destrucciones, en una larga lista de tiroteos, atentados, asesinatos, saqueos de locales, incendios de iglesias y conventos, trágicos enfrentamientos con la Guardia Civil, etc., y por fin violencia larvada, oculta, de los preparativos de la conspiración de Mola, quién desde Pamplona anuda todos los hilos del levantamiento militar.

La segunda parte se ocupa del hecho mismo del asesinato de Calvo Sotelo y de su precedente inmediato, el del teniente Castillo, y recoge todos los datos que se han podido conocer acerca de sus circunstancias. A ello se dedica varios capítulos que se prolongan con la historia de los días siguientes, cuando todos esos focos de violencia llegan a su máxima exasperación, y el libro acaba en vísperas del 18 de julio.

Luis Romero

Por qué y cómo mataron a CALVO SOTELO

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lgonzalezp 06.07.17

Título original: Por qué y cómo mataron a CALVO SOTELO

Luis Romero, 1982

Editor digital: lgonzalezp

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Prólogo

Entre los temas relacionados con el final de la República, en el umbral mismo de la guerra civil, la muerte del líder monárquico Calvo Sotelo fue uno de los más controvertidos y quizá aquel sobre el cual se volcó más pasión. El conjunto de los hechos puede establecerse con bastante exactitud, obviando algunas dudas que persisten sobre circunstancias las más de ellas secundarias y sobre posibles actitudes inhibitorias que, dada la gravedad, cabría calificar de culpables por omisión. La documentación es abundante, pero las contradicciones muchas a partir de la raíz misma del hecho y de las personas que intervinieron, y, alcanzó tanta intensidad el desconcierto generado por la muerte en sí y por las circunstancias que la rodearon, que condujo a la mayoría de los españoles a una situación límite; unos días después iba a producirse el desencadenamiento de la cruel y fratricida guerra civil. Todo ello contribuye a que el estudio y selección de los datos se haga difícil y arriesgado. Solo una confrontación metódica y razonada de las informaciones que cabe seleccionar como más verdaderas —y también de las que rechazamos por falsas— permite una aproximación a la verdad con escaso margen de error, siempre que se tenga presente el apasionamiento que dominaba a la sociedad española en aquellos meses, y en los años, muchos, que les sucedieron.

Los documentos del sumario —el cual con una puntualidad que algunos autores regatean, comenzó a instruirse la misma mañana— desaparecieron a los pocos días (el 25 de julio) de iniciarse la guerra y la revolución que conmovió la zona dominada, a medias o menos que a medias, por el Gobierno constitucional. Aquella documentación sustraída por un acto de fuerza no parece que contuviera prueba alguna que demostrara, o dejara entrever, complicidades a niveles más altos de los conocidos. Se sabe quiénes declararon y cómo lo hicieron; de ello se trata en el texto. Si hubiera existido cualquier testimonio referente a persona o personas que pudieran aportar conocimientos de interés, algo se habría filtrado que autorizase a conjeturas o proporcionara evidencias.

En Burgos, durante la guerra, se pretendió reconstruir y llevar adelante un nuevo procedimiento, pero la pasión que dominaba entonces permitió que se incorporaran declaraciones que, por mitomanía, desmemoria, exceso de parcialidad política o por razones más oscuras, no resultan aceptables. Por ejemplo: hay un compareciente que afirma: «A raíz del último discurso que pronunció en el Congreso el Excmo. señor Calvo Sotelo (q.e.p.d.), y encontrándose el que declara de ordenanza en el Ministerio de Obras Públicas, al servicio inmediato del señor Casares Quiroga, llegó este a su despacho…». Mal comienzo para una declaración bajo juramento. Casares había desempeñado la cartera de Obras Públicas en el primer gobierno del Frente Popular, pero desde el 13 de mayo era ministro de la Guerra y presidente del Consejo. Aunque se refiera no al último discurso, sino al pronunciado en la sesión del 16 de junio, no es fácil admitir que Casares llegara a su despacho en el Ministerio de Obras Públicas, y tampoco que el ordenanza le quitara el abrigo, como declara que hizo, y si se refiere al último discurso —1 de julio—, menos creíble aún resulta que usara gabán. Testimonia el compareciente que Casares habló a cuatro diputados que estaban allí, «cuyos nombres no recuerda en este momento», pero que pertenecían a su minoría, y a «dos mecanógrafas que estaban a su servicio, cuyos nombres tampoco recuerda». Según el ordenanza, dijo Casares: «Hay que asesinar a Calvo Sotelo antes del martes…», y las mecanógrafas le hicieron coro. Aparte de que se echa de ver que todo es fantasía, no parece probable, aun en el caso imaginario de que fuese cierto, que empleara el verbo «asesinar», ni que hiciera tan comprometida manifestación ante tanta concurrencia. Y ¿a qué martes se refiere? Porque entre el duelo dialéctico y la muerte del jefe del Bloque Nacional transcurrieron varios martes. Añade que él avisó por teléfono al diputado de la CEDA, Dimas Madariaga, que cuando declaraba había muerto víctima de la represión revolucionaria. Esta deposición, que fue prestada en la Audiencia Provincial de Santander, se publicaba entre las pruebas de que Casares Quiroga estaba implicado en el aciago crimen político.

Otro ejemplo de que no se hilaba delgado, o de que se reprodujeron con escasa fidelidad las declaraciones de Andrés Amado, en aquellas fechas ministro de Hacienda del Gobierno Nacional, sería que, cuando él describe las gestiones que hizo aquella madrugada, y que no llegó a entrevistarse ni con el director general de Seguridad ni con el subdirector, hace constar: «Temían sin duda enfrentarse conmigo, porque en aquellos momentos debía vivir aún el señor Calvo Sotelo, y preferían descartarme para evitar cualquier complicación». Cuando Amado hace esta declaración debía saber que Calvo Sotelo había sido muerto inmediatamente después de arrancar el vehículo del portal de su casa; lo que podría suponerse es que lo ignoraran en la DGS, porque allí las primeras noticias —por lo menos de manera oficial— no llegaron hasta avanzada la mañana.

Dejo de lado las malintencionadas versiones que Vidarte pone en boca de un interlocutor y la que Benavides escribe en El crimen de Europa, por considerarlas historia-ficción. La fábula calumniosa de Benavides apareció publicada en La Publicitat del 1 de diciembre de 1937.

Me he desentendido después de leerlas y tratar de interpretar las intenciones o ignorancias que demuestran, cosas publicadas en el campo nacional, uno de cuyos ejemplos sería llamar la atención sobre la «sospechosa» conducta de Casares Quiroga durante la recepción y cena en la embajada de Brasil, que se había celebrado la noche anterior y no la de la muerte.

El análisis y la compulsación de las declaraciones de quienes fueron encarcelados durante la guerra o al término de ella y en especial de guardias que estuvieron en Pontejos y depusieron en 1939, resulta casi penoso; llegar a deducir verdades exige muchas comprobaciones y se bordea en todo momento el peligro de errar. Se leen acusaciones tristes y exculpaciones que se justifican por el natural deseo de eludir el pelotón. Los careos se revelan inútiles; cada cual se afirma en lo manifestado.

El citado Benavides escribe que la muerte de Calvo Sotelo fue la primera batalla ganada por la República, y se diría que fue todo lo contrario. Pero ocurrieron cosas que merecen considerarse porque se ha escrito que los autores fueron recompensados. Se dice, por ejemplo, que José del Rey, quien, a pesar de ser un simple número —o cabo— de Asalto, desempeña un papel destacado en el secuestro, fue ascendido a comandante con antigüedad del 18 de julio. A menos que fuera en las milicias, este dato no lo vio probado; Ramón Salas, muy exacto siempre en sus afirmaciones, le sitúa como sargento cuando los ataques contra el Alcázar y, solo en abril del 38, le hace figurar al frente de una brigada, creo que la 66. Es cierto que algunos de los activistas ocuparon después cargos importantes, pero ¿por qué establecer relación entre estos cargos y aquel hecho? Al capitán Condés se le hicieron señalados honores a su muerte, ocurrida el 29 de julio como consecuencia de las heridas recibidas en el Alto de León, y lo mismo al teniente Máximo Moreno, muerto poco después en accidente de aviación. Pero ¿acaso no se honró a otros oficiales antifascistas, y no se habían hecho solemnes entierros al teniente Castillo y al comandante Romero, como reseñamos en el texto? Burillo solo ascendió dos grados, que era el mínimo ascenso que lograron los militares que permanecieron leales al Gobierno.

Ni siquiera con la sustracción de los documentos se dio el sumario por concluso, y es que algunas instituciones republicanas seguían funcionando con independencia o en contraposición con lo que estaba ocurriendo. El sumario 286/1936 se intenta rehacer, si bien el juez especial, magistrado Iglesias Portal, reconoce el 8 de agosto de 1936 que, por haber sustraído los documentos y a causa de las circunstancias por las cuales atraviesa la nación, resulta difícil activar el sumario, si bien se continúan practicando algunas diligencias. El día antes se había puesto en libertad al guardia Bienvenido Pérez Rojo, que constaba oficialmente que se hallaba en la cárcel, y se le otorgaba la libertad provisional al teniente Alfonso Barbeta, que figuraba como arrestado en la Dirección de Seguridad, y al cabo Tomás Pérez. Aun careciendo de elementos para negarlo rotundamente, no es fácil de creer que Barbeta permaneciera arrestado. Hay noticias de que antes del 20 de julio estaban en la DGS, Máximo Moreno, y desde el 16 por la noche, Condés; probablemente también Del Rey. Pero no en calidad de detenidos, sino más bien como refugiados por temor a represalias y por eludir la acción de la justicia. De ser cierta esta noticia, que probablemente lo es, lo curioso consiste en que en la misma DGS figuraba expuesta la orden de busca y captura contra ellos. La información procede de uno de los declarantes en la Causa General.

A Máximo Moreno no vuelvo a localizarle hasta la noche del 19 al 20 en las inmediaciones del cuartel de la Montaña, concretamente en la plaza de España, de acuerdo con un antiguo testimonio personal de Orad de la Torre, que venía a corroborar lo escrito en La Cruzada. No parece ser verdad lo que cuenta Indalecio Prieto de una entrevista con el capitán Condés, quien, para empezar, era caballerista. Según testimonio reiterado del veterano socialista Justo Martínez Amutio, Condés buscó refugio en casa de Odón de Buen, y quien allí le visitó y convenció de que debía presentarse a las autoridades fue Wenceslao Carrillo, y cuenta que es cierto que sufrió una crisis de conciencia «y tenía la pesadilla de que había perdido su honor como militar al dar lugar a este drama…». (Amutio cree, sin embargo, que Condés ignoraba que fueran a matar a Calvo Sotelo). Supone que si Prieto vio a Condés, tuvo que ser el 16 por la noche, no antes, También es de la opinión de que Prieto conocía bien a Cuenca, que desde un año atrás le servía de escolta «pagado». Por supuesto que nadie sospecha que el hecho de conocerle presuponga la más lejana relación con los hechos. Vidarte relata también una entrevista con el capitán Condés, aunque la versión que este le cuenta parece inadmisible por pueril.

El sumario se cerró el 23 de febrero de 1937, en razón de que el 25 de enero se publicó una amnistía en la Gaceta que hacía inútil la continuación del mismo.

Sobre el atentado contra el teniente José Castillo, las cosas están bastante claras, salvo la identidad de quiénes lo cometieron. Entre las primeras noticias que se publicaron se deslizan algunos errores, que después quedan subsanados por la misma persona. Hay quienes atribuyen la muerte a Falange y quienes a la UME. No se puede partir de este atentado como de un hecho aislado e incluso la referencia que suele hacerse a la muerte del falangista Sáenz de Heredia cuando el entierro del alférez Reyes, es insuficiente. Durante los días anteriores a la muerte de Castillo había ocurrido el ametrallamiento de la terraza del bar Roig en la calle de Torrijos, el secuestro y muerte del joven José María Sánchez Gallego y del oficial de complemento —o retirado— Justo Serna Enamorado, muertes ambas, y en particular la de este último, con señales de un ensañamiento feroz. Igualmente, pero en sentido inverso, se cometió un sangriento atentado contra unos lecheros que salían de la Casa del Pueblo. Sobre estos hechos resulta hoy casi imposible averiguar nada; caben sospechas más o menos fundadas, suenan sin suficientes pruebas algunos nombres. Nadie se muestra propicio a hablar.

En el caso de Calvo Sotelo, la censura obró con irregular severidad y en muchos diarios no consta al principio que intervinieran guardias de Asalto. El cotejo de varios diarios y seguir las noticias a lo largo de los días siguientes proporciona informaciones bastante completas. No he dado cabida a unas declaraciones del conde de Arcentales sobre que vio aquella noche la fatídica camioneta. Existen versiones distintas de lo que contó a los periodistas, que es posible que no supieran interpretarle. Aquella mañana estaban los madrileños muy nerviosos.

Cuando el juez de guardia que instruyó las primeras diligencias depone en zona nacional en 1938, declara que la camioneta iba ocupada por una veintena de personas, unas de uniforme y otras de paisano. Los empleados del cementerio habían declarado que iban varios guardias, refiriéndose a los de uniforme, y los demás testimonios difieren aunque en escasa medida. Es difícil establecer el número exacto de unos y otros; en la camioneta había veinte plazas, además de las delanteras, que aquella noche ocuparon el chófer, Condés y Del Rey; pero, además de que la víctima ocupaba una de ellas, se sabe que algunas quedaron vacías. Conocemos el nombre y circunstancias de seis de los que vestían de paisano.

Hay que desechar la creencia de que hubo lucha dentro del vehículo, de que cubrieron la cabeza de la víctima con su propia americana y otros detalles que circularon en los primeros momentos y de los cuales algunos autores se hicieron eco. La autopsia, efectuada por personas competentísimas, no deja lugar a dudas: dos disparos en la nuca, uno de ellos con salida por el pómulo izquierdo; el otro proyectil quedó alojado en el interior del cráneo. Muerte instantánea. Los forenses hicieron constar que se trataba de un «cerebro desarrollado». El doctor Piga, que era forense, director de la Escuela de Medicina Legal y catedrático, redactó después un detallado informe dirigido al fiscal de la Causa General el 5 de julio de 1941. Están, además, las fotografías.

Rafael Sánchez Guerra, que profesaría en una orden religiosa, escribió antes un libro con el mismo título que Silvio Pellico, Mis prisiones, y narra que cuando el comandante Burillo, que estaba condenado a muerte, ingresó en capilla, fue a visitarle a su celda y que le aseguró que nada tuvo que ver con la muerte de Calvo Sotelo; aducía que aquella noche precisamente a él le tocaba estar de guardia en la Dirección de Seguridad. Son muchos los testigos que coinciden en afirmar que le vieron; y él era el jefe del 2.º grupo. Incluso hay quienes le señalan, junto a Barbeta, entre los más exaltados. Lo piadoso es dejar siempre abierta una rendija a la duda; por otra parte, no hay ninguna constancia de que él ordenara la muerte o de que diera siquiera su consentimiento, y quién sabe si su participación fue solo positiva, en el sentido de no poner la diligencia necesaria para evitar la muerte, y de esforzarse luego por encubrir a los responsables.

Que Sánchez Plaza, inspector general de la Guardia de Seguridad y Asalto, que Burillo, León Lupián, otros oficiales de Asalto, y Castillo entre ellos, que asimismo Alonso Mallol y Osorio-Tafall, que Juan Moles y hasta Casares Quiroga, fueran miembros de la masonería, no es prueba de que esta, como tal, participara en el hecho. No puede excluirse que algunas actuaciones ilegales y que determinadas actitudes inhibitorias tuvieran su origen en razones de hermandad. Y no hay que extrañarse ni escandalizarse porque después, o ya en seguida, esta coincidencia despertara sospechas que convirtieron en certidumbres afirmativas. Igualmente, los oficiales comprometidos pertenecían a la UMRA, y eso sí parece pudo ejercer mayores influencias.

Tuñón de Lara escribe que se detuvo a los capitanes de Asalto, Gallego y Maesa y a los tenientes Garrido, España y Artal; pero no creo que estas detenciones o arrestos tuvieran relación con la muerte de Calvo Sotelo; sus nombres no figuran entre los implicados de cerca o de lejos. Parece deducirse de los diarios de la época que Gallego, España y Artal fueron arrestados por protestar de la actuación después del entierro, y es posible que con los otros dos pasara algo semejante. Añade Tuñón que fueron detenidas ciento cincuenta personas, de lo cual no hallo antecedente alguno; quizá se refiere a los guardias de la 2.ª compañía que el juez Gómez Carbajo hizo presentarse en el juzgado, como en el texto se explica.

Aunque escapa a la época de la cual tratamos, deseo aclarar que a la carta que se reproduce en los extractos de la Causa General que se publicaron, dirigida por el ministro de la Gobernación, Julián Zugazagoitia a Mariano Ansó, que lo era de Justicia, no es oportuno atribuirle el significado siniestro que se sugiere. En la fecha aquella (enero de 1938), la etapa de los «paseos» quedaba atrás. Y eso no significa que el haber protestado del asesinato del dirigente monárquico no pudiera representar un antecedente negativo. Y, si la memoria no me falla, creo que en el Colegio de Abogados de Barcelona no había quedado constancia de quiénes firmaron, y que en tal sentido se contestaba.

Que la muerte de Calvo Sotelo tuvo una resonancia enorme y que iba a influir en los hechos posteriores resulta innegable y ha sido reconocido desde ambos bandos. Como único ejemplo, cito a un autor tan apasionado como Georges Soria: «Es evidente que este asesinato tuvo una resonancia considerable en la opinión de las derechas». En consecuencia, el atentado contra Castillo la tuvo también, aunque solo fuera por ser causa desencadenante de la muerte del dirigente derechista. Muchos españoles, y entre ellos no pocos militares a quienes se hacia duro participar en una rebelión armada, se decidieron bajo la emoción del momento. Según parece, Franco no estaba resuelto a sublevarse todavía, y tomó la determinación al conocer lo ocurrido en la fatídica madrugada del lunes madrileño. Influyó, sin duda, en el acuerdo final de Mola-Fal Conde. A partir del 13 de julio, las actitudes se radicalizaron más aún porque aquella muerte alevosa fue como piedra de toque. Ni Azaña, ni Martínez Barrio, ni Sánchez Román y Maura, ni los pocos que trataron de conjurar la catástrofe, pudieron hacer nada por evitarla.

Como este prólogo juega un poco también el papel de cajón de sastre, me permito dar cabida a algunos comentarios que no la han tenido en el texto y en las notas. En este sentido, hago constar que conviene atribuir escaso crédito a Hidalgo de Cisneros cuando explica que Alonso Mallol fue a visitar a Casares Quiroga y que le llamaron a él para mostrarle una lista, cogida a los falangistas, en la cual constaba el «nombre de catorce militares republicanos» a los cuales se proponían matar, y que entre esos nombres estaban los de Faraudo, Castillo, Moreno y González Gil, y que el suyo —de Hidalgo— figuraba en cuarto lugar. Tampoco le añade credibilidad que afirme que a Faraudo le habían matado aquella mañana cuando el atentado tuvo lugar a primeras horas de la noche. Ese propósito de colocarse en los primeros lugares de supuestas listas de víctimas no es exclusivo de este autor.

Un prestigioso historiador habla de una reunión de militares conspiradores en el monasterio de Irache el día 14 de julio, cambiando la fecha del 12 que da Lizarra. Y precisa que se reunieron allá con el general Mola los jefes de las guarniciones de Pamplona, Logroño, Vitoria, San Sebastián y Estella, y que fue aquella la ocasión en la cual el alcalde de Estella quiso detenerles. La versión de este episodio, que describe Lizarra (o Irujo), queda ampliamente comentada en el texto y en las notas. He estudiado con suficiente detenimiento la conspiración como para permitirme negar que esa reunión se produjera. Y eso por dos causas, la primera porque Mola no se movió aquel día de Pamplona, y la segunda y principal porque quien conozca los hábitos conspiratorios de «El Director», sabe que nunca se hubiese permitido tamaña imprudencia; además, esa supuesta reunión resultaba innecesaria. Y otro detalle, del mismo autor, si se quiere de escasa importancia: la cita de generales en Madrid que se explica ampliamente en el texto, se celebró en casa de José Delgado, sobre cuyas circunstancias personales doy detalles, y no en casa de Manuel Delgado Barreto, periodista de derechas que sería muerto en Madrid durante el período revolucionario.

Otra noticia: el general Cabanellas estuvo en Madrid el día 16 de julio, en cuya tarde se casó uno de sus hijos. Por la mañana visitó a Azaña y a Casares Quiroga y a ambos consiguió despistarles sobre la conspiración militar en la V División y sobre su propia participación en ella. De madrugada regresó a Zaragoza.

Pudieran parecer al lector reiterativas las citas de discursos, periódicos o documentos en los cuales se habla de la dictadura del proletariado; se trata de un término que se usaba mucho, demasiado, por boca y pluma de políticos que tenían vasto auditorio y gran número de lectores, y esa circunstancia debe quedar reflejada.

En razón del tema principal de esta obra, es posible que en algunas partes de ella nos hayamos inclinado a participar en pequeña medida de una óptica derechista; creemos que de otra manera no sería posible ver las cosas con la claridad que requieren, y menos explicarlas. Después de los años transcurridos, y ya que antes no resultaba fácil, es cada día más necesario enfrentarse con la verdad y asumirla. No es bueno complacerse en una historia que no fue lo que hoy desearíamos que hubiese sido.

Deseo referirme, por último, a las pocas páginas destinadas a dilucidar la otra historia, escritas en consideración a que el tema del libro transcurre por la línea catastrófica cuya trascendencia es inútil minimizar. Ese deseo de vivir que alentaba a la gran mayoría de los españoles, ese esfuerzo por disfrutar de la vida, dejó en recuerdo de ellos durante muchos años la ilusión de una edad de oro que se evocaba con la frase, «de antes de la guerra», que era utilizada como máximo e incontrastable elogio de lo que fuera.

El Frente Popular

Azaña en el Gobierno

Cuando en la tarde del 20 de febrero de 1936 los españoles oyeron por radio el discurso que pronunció el recién nombrado presidente del Gobierno, Manuel Azaña, experimentaron una sensación de alivio, primer momento de reposo después de unos días vividos en un frenético estado de ánimo en que la incertidumbre superaba al entusiasmo, aun entre muchos de quienes votaron a los vencedores de la jornada electoral del 16. La formación de un gobierno republicano de izquierda moderada presidido por Azaña —a quien, si las derechas habían venido considerando un monstruo, ahora se les aparecía como garantía, mínima si se quiere, pero garantía— era generalmente bien acogido; del mal el menos. Los desórdenes y los excesos a que se habían entregado socialistas, comunistas y anarcosindicalistas, que ensombrecieron el panorama postelectoral en jornadas, entre jubilosas y vindicativas, en las cuales asomaba aquí y allá el revanchismo violento, traían a las derechas asustadas[1]. Podían interpretarse como prolegómenos de una lucha armada, de una revolución que superara a la de octubre, tal como se venía anunciando por los líderes durante el período electoral.

Azaña, desde su actitud aparentemente arrogante, cruzando las manos a la espalda tal como le muestra la fotografía ante el micrófono instalado en el Ministerio de Gobernación, se había dirigido a todos los españoles «con palabras de paz»; según él mismo escribe, «lo habíamos acordado en consejo a fin de calmar el desordenado empuje del Frente Popular y aconsejar a todos la calma». Un discurso de hombre de gobierno que se propone gobernar, que ha llenado el vacío de poder que se produjo desde que en la noche del lunes al martes empezaron a conocerse los resultados de las elecciones del día 16, que habían dado el triunfo, aunque se ignoraba en qué proporción, a las candidaturas del Frente Popular en gran parte de España, y aseguraban a este el predominio en el Congreso. Con precipitación e impelido por las circunstancias —Portela Valladares ha dimitido, desertado de su puesto y obligación—, Azaña ha formado gobierno y, aunque los desórdenes continúan, su carácter no ofrece especial peligro, y él, afirmando su autoridad, declara que este gobierno «es el único ejecutor del programa político que ha servido de base a la coalición electoral». Su discurso es ponderado, conciliador en la medida que el Frente Popular y él mismo pueden serlo, más aún estando al corriente de las presiones que los días pasados han venido ejerciéndose sobre la vacilante voluntad de Portela, al cual han acudido algunos generales en demanda de que proclamara el estado de guerra para salvaguardar el orden público, pero, probablemente, por lo menos en la intención de alguno de estos militares, para invalidar por la fuerza el triunfo de la coalición izquierdista. En el ejército no se ha dado unanimidad y por ello nada ha sucedido, y mientras algunos generales se proponían dar un golpe de estado, otros se opusieron a que la ley marcial se proclamara, comprometiéndose a salvaguardar el orden. Franco se ha dirigido a Sebastián Pozas con alarmismos que este ha considerado injustificados, y las presiones inversas han equilibrado la balanza[2].

Tampoco puede nadie considerarse demasiado seguro, pues si la extrema izquierda del Frente Popular —caballeristas y comunistas— mantienen el estado de subversión y pretenden avanzar por caminos que pudieran desembocar en segundas ediciones, aumentadas y no corregidas, de octubre del 34, el ejército, con suficiente mayoría, pudiera dar respuesta contundente, y las derechas han demostrado que, aunque perdedoras, cuentan con apoyo muy considerable en el país, que, numéricamente, se aproxima al que sustenta a las izquierdas, y que lo que suele calificarse de centro es derechismo atenuado, incluso en las Vascongadas, donde la promesa de una autonomía inclinaría a los nacionalistas hacia lo que son, derecha-derecha. Azaña se propone tranquilizar a unos y a otros: a las masas del Frente Popular, por lo menos a los votantes no extremistas, les garantiza el cumplimiento de lo pactado y prometido: «las disposiciones necesarias para que se reinstalen los ayuntamientos suspendidos»[3], y «se han hecho las primeras gestiones para que en un plazo brevísimo sea una realidad el anhelo de amnistía».

Azaña sabe que las derechas, que confiaban en el triunfo, han quedado anonadadas y que en estos días de anhelantes y turbios manejos acaban de consumir sus últimas energías para conseguir lo imposible: Calvo Sotelo y Gil Robles han ejercido presiones sobre Portela, quien, al fin, ha entregado el poder al Frente Popular victorioso en las urnas; a él.

En este momento teme quizá más a sus partidarios con reserva, a las juventudes socialistas y a los caballeristas, a los comunistas, que con su reconocida habilidad se han colocado, en un alarde propagandístico que las circunstancias no permiten contrarrestar, a la cabeza del triunfo, siendo así que han aportado reducido número de votos, a los asturianos que han sufrido en carne propia las duras consecuencias del fracaso de su ensayo revolucionario, en menor medida a los catalanistas del 6 de octubre, a la CNT y a la FAI, que pueden aprovechar el desorden y el ambiente revanchista para promover cualquier desaguisado impolítico. «… El pueblo debe confiar en que aplicaremos puntualmente lo concertado, lo que ha aprobado por gran mayoría el pueblo, que ha de contribuir al restablecimiento de la paz en España, al aquietamiento de las pasiones, al olvido de las querellas, una vez restablecida la justicia, y a encauzar la República por vías de paz, tranquilidad, seguridad, que redundarán en beneficio del régimen mismo y de la prosperidad nacional».

Durante sus anteriores mandatos, en ninguna ocasión se ha distinguido Azaña por otorgar la mínima concesión a sus adversarios políticos, a los cuales —cuando los ha dejado de ignorar, ha sido para fustigarlos, pero ahora, sea porque la amenaza más directa proviene de la extrema izquierda, bien porque aunque se negará a reconocerlo aun en su fuero interno, la lección de octubre la ha asimilado— tiende la mano, ni siquiera desdeñosa, a sus peores enemigos de siempre, a los no republicanos, a los monárquicos: «Unámonos todos bajo esa bandera en la que caben los republicanos y los no republicanos, y todo el que sienta el amor a la patria, la disciplina y el respeto a la autoridad constituida». Es cierto que la autoridad constituida es él, pero en sus palabras advierten quienes las escuchan que el nuevo jefe de gobierno se propone gobernar, llevar adelante su programa sin extremismos ni propósitos de venganza, olvidando en la medida que resulta factible el pasado y tratando de abrir para la nación las posibilidades de un porvenir mejor, dentro de la ley y el orden.

Quienes peor reciben el contenido e intención de este discurso y los propósitos que en las palabras presidenciales se anuncian son los caballeristas, quienes, a través de su periódico Claridad, van a criticarlo negativamente. Por paradoja, en la derecha van a alzarse voces —palabras escritas que el viento no arrastra y confunde— que otorgan a Azaña un margen de crédito y se le erige en depositario de esperanzas más o menos sinceras.

La explicación de estas aparentes contradicciones dimana de la ambivalencia del programa del Frente Popular, que más que programa ha sido bandera bajo la cual se han agrupado fuerzas muy dispares, casi, o sin casi, antagónicas. Si esas uniones contra la política derechista, en favor de la amnistía de los presos de octubre, y para conseguir el restablecimiento de lo que todos coinciden en calificar de democracia, que admite interpretaciones dispares, han producido resultados electorales favorables y han dado a la conjunción un triunfo en el que no confiaban, a la hora de gobernar, de establecer un programa mínimo, hacen surgir dificultades y ponen de manifiesto las insoslayables discrepancias.

En la base misma del Frente Popular existe una dualidad, tanto en los propósitos como en las fuerzas políticas que lo integran: para los republicanos y los socialistas reformistas, el objetivo es gobernar con arreglo a la Constitución por el camino de las leyes que fueron promulgadas por las Cortes Constituyentes, avanzando con mayor rapidez en las cuestiones de índole social y en particular en la reforma agraria; para los socialistas de Largo Caballero, comunistas, sindicalistas y otros grupos que los han apoyado, el verdadero y único fin es la revolución y la implantación de la dictadura del proletariado, quizá tampoco de manera inmediata, pero sí con progresión dinámica hacia esos fines. Los demócratas burgueses y los reformistas más o menos proletarios son mayoría en el país, tanto por el número como por la representación parlamentaria; ocurre que los revolucionarios son más activos, están mejor organizados y manejan la propaganda con superior eficacia, hasta el extremo de que en ocasiones consiguen arrastrar a los socialdemócratas de Prieto, a quien obligan a hacer concesiones a la demagogia. Ambas tendencias, demócratas reformistas y revolucionarios, están dispuestos a liquidar las consecuencias de la revolución de octubre de 1934, a reponer en sus puestos a los sancionados, y a perseguir a quienes combatieron los alzamientos revolucionarios de Asturias, León y de los demás lugares y, en particular, a quienes se distinguieron en la represión, aunque esa persecución tendrá extraños e irregulares matices. Por lo que concierne a la sublevación maximalista catalana, se reintegrarán a sus puestos a las autoridades que se rebelaron contra el Gobierno entonces legítimo, y que el triunfo electoral legalice los nuevos poderes; no se producirán represalias o estas serán mínimas. En Cataluña, al margen de discursos, proclamas y alharacas, domina una soterrada sospecha —o certidumbre— de que se cometió un error. Al conseller Dencás, máximo culpable, aunque también chivo expiatorio, se le sustituye por José María España, cuyo solo apellido, aunque sea casualidad, ya parecería significativo. También queda de lado Miquel Badía, otro de los impulsores del golpe de octubre, capitán Araña quien, por añadidura, envenenaba más las conflictivas relaciones con la CNT, contra cuyos militantes utilizó la fuerza con descomedida rudeza.

Dentro del Frente Popular, estas posiciones tan netamente distanciadas han hecho que los socialistas no puedan participar en el Gobierno y que dejen la responsabilidad en manos de los republicanos burgueses, a quienes, si es cierto que apoyan con sus votos en el Congreso, pueden dominar en muchos aspectos, presionar sobre ellos de continuo, y conseguir impunidad para desmanes de sus masas que con frecuencia conculcan la legalidad. Azaña sabe que no puede enfrentárseles en ningún momento ni ocasión y que se verá obligado a transigir siempre. Y aún es consciente de algo peor: que socialistas y comunistas son los amos de la calle y que en ella imponen su ley.

Con toda la buena voluntad, con sinceros deseos de promover la unión, la andadura gubernamental del Frente Popular adolece de cojera incurable. Para empezar, la idea que dio origen al Frente Popular procede de dos corrientes distintas que provienen de fuentes no coincidentes. Las izquierdas republicanas detectaron la necesidad de constituir un frente único, y Azaña fue su primer portavoz; políticos moderados, como Felipe Sánchez Román, propugnaron la unidad electoral y aún contribuyeron a trazar las difíciles líneas del programa común. El otro origen hay que buscarlo en el Partido Comunista, como alternativa del Frente único que dimana de las consignas del VII Congreso de la Internacional Comunista, celebrado en Moscú en agosto de 1935.

El programa del Frente Popular se había dado a conocer el 16 de enero y en su redacción no se soslayaban las enormes diferencias que dentro del mismo existían entre los partidos republicanos y los proletarios. La inclusión de los comunistas fue impuesta por Largo Caballero, y esa inclusión hizo imposible que Sánchez Román, líder del influyente aunque poco numeroso Partido Nacional Republicano, firmara aquel programa en gran parte redactado por él.

Prescindiendo de las alternativas propuestas por los socialistas, comunistas y demás, el programa era moderado; obligada consecuencia de octubre en lo más radical. En su conjunto, resultaba positivo, si bien alguna de sus partes no iban más allá del enunciado de buenas intenciones, sin precisar de dónde sacar los medios para llevarlas a término. Su redacción era sincera y transparente: «Los partidos republicanos, Izquierda Republicana, Unión Republicana, y el Partido Socialista en representación del mismo y de la Unión General de Trabajadores; Federación Nacional de Juventudes Socialistas, Partido Comunista, Partido Sindicalista, Partido Obrero de Unificación Marxista, sin perjuicio de dejar a salvo los postulados de sus doctrinas, han llegado a comprometer un plan político común que sirva de fundamento y cartel a la coalición de sus respectivas fuerzas en la inmediata contienda electoral y de norma de gobierno que habrán de desarrollar los partidos republicanos de izquierdas, con el apoyo de las fuerzas obreras, en caso de victoria. Declaran ante la opinión pública las bases y límites de su coincidencia política…». Las discrepancias venían detalladas: «Los republicanos no aceptan el principio de la nacionalización de la tierra y su entrega gratuita a los campesinos solicitada por los delegados del partido socialista», y se exponían a continuación una serie de medidas conducentes a paliar la injusta situación en que se hallaba el proletariado campesino y los pequeños propietarios rurales, así como otras que supondrían la continuación de la reforma agraria. Segundo punto de discrepancia: «Los republicanos no aceptan el subsidio de paro solicitado por la representación obrera»; aunque no se reconociera de manera expresa, los republicanos no veían la manera de allegar los cuantiosos fondos necesarios, si bien justificaban la negativa en la confianza de que las medidas generales adoptadas vendrían a remediar la situación. En otro apartado: «No aceptan los partidos republicanos las medidas de nacionalización de la banca propuestas por los partidos obreros…», y enumeran algunas medidas financieras y legales que consideran suficientes. En el título VII se precisa: «La República que conciben los partidos republicanos no es una República dirigida por motivos sociales o económicos de clase, sino un régimen de libertad democrática, impulsado por razones de interés público y progreso social». Y tras una declaración de progresismo, acaban: «No aceptan los partidos republicanos el control obrero solicitado por la representación del partido socialista». Se habla también de impulsar la enseñanza, de desarrollar las autonomías hasta los límites que señala la Constitución, etcétera.

Cabrían hacer algunas observaciones cuando se declara la necesidad de reforma del Tribunal de Garantías Constitucionales, de cuyo redactado se deduce que se proyecta establecerlo de tal forma que les otorgue siempre la razón a ellos en caso de gobernar. Cuando se dice: «Los casos de violencia de los agentes de la fuerza pública, acaecidos bajo el mando de los gobiernos reaccionarios, aconsejan llevar a cabo la investigación de responsabilidades concretas…». ¿Olvidan Casas Viejas y otros muchos casos? ¿Se quiere significar que cuando «las violencias de los agentes de la fuerza pública» sucedan durante el mandato de gobiernos «no reaccionarios», estarán exentas de responsabilidad?

En Cataluña, paralelamente al Frente Popular del resto de España, se ha formado una coalición con fines electorales: el Front d'Esquerres, del cual ha sido eliminado el Partido Sindicalista de Pestaña, como gesto amistoso hacia la CNT, que tampoco se ha integrado en el Front, pero cuya colaboración en las urnas se desea. Faltando los anarcosindicalistas y estando socialistas y comunistas escasamente representados en el electorado catalán, el Front ha sido dirigido por la Esquerra Republicana de Catalunya y, en menor medida, por los moderados de Acció Catalana, aunque se han mostrado bastante generosos al ofrecer puestos en las candidaturas a partidos que van a aportar escaso número de votantes. En general, los conflictos van a ser menores en Cataluña; los problemas tampoco son tan agudos, y la CNT, dirigida en gran medida por los anarquistas, se mostrará menos agresiva que en otros períodos, salvo en cuanto a huelgas se refiere.

Las derechas —desánimo, miedo, oportunismo y quién sabe si un punto de mala conciencia— han acogido favorablemente el discurso programático del nuevo presidente. Mientras en distintos puntos arden edificios religiosos, se asaltan centros derechistas y las redacciones de varios periódicos, se persigue a personas y se invaden propiedades, las palabras de Azaña permiten presagiar el restablecimiento de un orden que, aunque resulte un tanto desfavorable para las derechas, ofrecerá garantías de supervivencia y, por tanto, ocasiones para reagrupar fuerzas, para el análisis de errores y preparación del desquite, que la mayoría de ellos desea y supone que vendrá por vías electorales. Y eso, a despecho de que durante el período de propaganda se han oído trompetas amenazadoras y justicieras, respuesta a redobles de tambor igualmente amenazadores que sonaban en el lado opuesto. En diarios como El Debate y ABC se escribían artículos conciliadores, aunque no exentos de reservas sobre el nuevo Gobierno, y políticos como Calvo Sotelo y Gil Robles y, lo que aún parece más extraordinario, Manuel Fal Conde, dieron muestras de templanza. José Antonio Primo de Rivera llevó las cosas más lejos: se congratuló del fracaso de los cedistas y su fanfarrona propaganda, de los del Bloque Nacional y de los republicanos radicales, y saludó a Azaña casi con entusiasmo, confiando en su capacidad para aprovechar esta ocasión para llevar a cabo «la revolución pendiente»[4].

La estrategia conservadora, más con sentido práctico que con maquiavelismo, advierte la necesidad de no crear, momentánea y transitoriamente, demasiadas dificultades al nuevo gobierno con el fin de evitar, cuando surja el conflicto con la izquierda proletaria, que se resuelva en comunes y descomedidos ataques contra la derecha.

Después del bienio que los izquierdistas calificarán de negro, la posición personal de Gil Robles quedó bastante debilitada, a pesar de que en las elecciones de febrero es la CEDA quien consigue en la primera vuelta mayor número de diputados. La figura de Calvo Sotelo conoce una señalada alza y acabará por erigirse en líder de las derechas, que irán inclinándose hacia el extremismo intransigente. Entre los muchos discursos correspondientes al período electoral, el más conocido y violento es el que pronunció en Madrid el 12 de enero, reproducido en el ABC del 14. Comienza proclamando que «la arrogancia y la videncia» los ha «preservado de todo acatamiento a la República, y de reverenciar sus jerarquías, y de convivir con sus instituciones, y de formar en sus cuadros de mando, y de saludar su enseña tricolor, secuestradora de la vieja bandera de la patria…». La actitud agresiva, no personal pero sí de la fracción monárquica que representa, no se esconde en ningún momento del discurso aquel —ni de los demás que pronuncia—, y así, dice: «Y cuando falta la legalidad en deservicio de la patria sobra la obediencia. Y si aquella falta en las alturas, no es que sobre la obediencia, es que se impone la desobediencia conforme a nuestra filosofía católica, desde santo Tomás hasta el padre Mariana. No faltará quién sorprenda en estas palabras una invocación directa a la fuerza. Pues bien, sí, la hay (…). Una gran parte del pueblo español, desdichadamente una grandísima parte, piensa en la fuerza para implantar una ola de barbarie y anarquía: aludo al proletariado. Su fe y su ilusión es la fuerza numérica, primero, y la de la dictadura roja, después. Pues bien: para que la sociedad realice una defensa eficaz, necesita apelar también a la fuerza. ¿A cuál? A la orgánica; a la fuerza militar, puesta al servicio del Estado…». Después de declararse militarista y que lo prefiere a ser masón, marxista, separatista, e incluso progresista, sigue: «Hoy el ejército es base de sustentación de la patria. Ha subido de la categoría de brazo ejecutor, ciego, sordo y mudo, a la de columna vertebral, sin la cual no se concibe la vida…». A pesar de que en este discurso hay claros requerimientos a las fuerzas armadas para que irrumpan en la política en favor de las derechas representadas por el Bloque Nacional, conviene dejar constancia de que, si por entonces algunos militares conspiraban a su manera sin apenas efectividad, la verdadera conspiración que iba a desembocar en el 18 de julio, tardaría aún más de tres meses en comenzar a vertebrarse.

Como consecuencia inmediata de la derrota en las urnas de las derechas, se genera una pausa o paréntesis, corto y significativo, en que estas voces que alcanzaron la máxima vehemencia durante el período electoral, se acallan.

LA III INTERNACIONAL TRAZA DIRECTRICES

Para comprender el período decisivo cuya inflexión situamos en el conciliador discurso de Azaña, se impone un salto atrás a fin de examinar las «resoluciones y acuerdos» del ya citado Congreso de Moscú, ateniéndonos a lo que fue impreso, y usando de la prudencia al conjeturar sobre acuerdos que no se hicieron públicos o sobre las órdenes e instrucciones reservadas, si es que se impartieron, a las delegaciones extranjeras —en este caso a la española, que es la que nos interesa—, y que fue nutrida, pues estuvo compuesta por José Díaz, Dolores Ibárruri, Jesús Hernández, Checa, Uribe, Mitje, Saturnino Barneto, Francisco Antón, Jesús Ambou, Zapirain, Larrañaga, Del Barrio, Delicado, Francisco Ortega y, probablemente, algunos más.

El VII Congreso de la Komintern comenzó por una discreta autocrítica de las líneas seguidas hasta entonces, en particular cuando venían dictadas por un exceso de dogmatismo y rigidez teórica; se aconsejaba una mayor descentralización, aleccionamiento de los dirigentes de cada país, y atención a los movimientos de juventud de carácter reformista y pequeño burguesa, y a las organizaciones de masas socialistas o creadas por los partidos burgueses, resaltando que había que «establecer el frente único tanto en un plano nacional como internacional». En el apartado 5.º de la resolución sobre el informe del alemán Guillermo Pieck, se dice que se «obligue a los jóvenes comunistas a ingresar en todas las organizaciones de masa de la juventud trabajadora creadas por los partidos democrático-burgueses, reformistas y fascistas, así como por las asociaciones religiosas (organizaciones sindicales, culturales, deportivas), y desplegar dentro de estas organizaciones una lucha sistemática por la influencia para las extensas masas de la juventud…». Más adelante se afirma que del predominio de los comunistas sobre las masas y de su energía y abnegación, «depende la transformación de la crisis política en maduración, en revolución proletaria victoriosa».

El búlgaro Dimitrof, secretario general de la III Internacional, planteó ante los concurrentes la situación del momento tal como él la veía. Comienza por no establecer distinción entre capitalistas y fascistas y, en ocasiones, tampoco con los demócratas burgueses, culpando a la socialdemocracia (el socialismo) de muchos de los males que aquejan a los pueblos. Se refiere a los países en crisis y a los países en período de depresión y acusa a la burguesía de que «pretendía salir [de la crisis] mediante la ruina de las masas, condenando al hambre y al exterminio a decenas de millones de obreros parados, rebajando hasta límites inauditos el nivel de vida de los trabajadores». Reconoce los peligros que el fascismo plantea y previene contra quienes lo menosprecian. Hace un elogio de la revolución española de octubre y culpa del fracaso «al sabotaje de los derechistas y a las vacilaciones de los jefes “izquierdistas” de la socialdemocracia (y también a la traición franca de la mayoría de los jefes anarcosindicalistas)». Con claridad expositiva propugna Dimitrof la unión lo más amplia posible del proletariado y aun de la clase media en un frente único, y da normas prácticas para lograr el predominio comunista dentro de ese conglomerado, creando estructuras nuevas adecuadas a cada plataforma reivindicativa —ayuda a los presos, pacifismo, cooperativismo, alianzas obreras, deportes, intereses de la juventud y de las mujeres, etc.—, manteniendo siempre la independencia de las organizaciones estrictamente comunistas, que permanecerán incontaminadas y vigilantes.

Para infiltrarse en el campo de lo que califica de socialdemocracia (que en España son el conjunto de los socialistas, el PSOE, la UGT y las Juventudes), y atraerse a una parte considerable de sus militantes, da instrucciones muy precisas: «Las acciones conjuntas con los partidos y las organizaciones socialdemócratas no solo no excluyen, sino que, por el contrario, hacen aún más necesaria la critica seria y razonada del reformismo, del socialdemocratismo, como ideología y como práctica de la colaboración de clase con la burguesía y la explicación paciente a los obreros socialdemócratas de los principios y del programa del comunismo». Y siguen las resoluciones sobre el informe Dimitrof, adoptadas el 20 de agosto de 1935: «Poniendo al desnudo ante las masas el sentido de los argumentos demagógicos de los jefes socialdemócratas derechistas contra el frente único; redoblando la lucha contra la parte reaccionaria de la socialdemocracia, los comunistas deben establecer la colaboración más estrecha con los obreros, militantes responsables y organizaciones socialdemócratas de izquierda que luchen contra la política reformista y aboguen por el frente único con el Partido Comunista. Cuanto más recia sea nuestra lucha contra el campo reaccionario de la socialdemocracia, que mantiene su bloque contra la burguesía, más efectiva será la ayuda que prestemos a la parte de la misma que se está revolucionando». Esos reaccionarios y derechistas de la socialdemocracia tienen nombres propios muy acreditados en el movimiento socialista: Besteiro, Prieto, Saborit…, y a los responsables que se están revolucionando también se les conoce nombre y apellido: Francisco Largo Caballero, Araquistain, Álvarez del Vayo…[5].

La exposición y las tácticas expuestas revelan una agudeza notable y, tanto en la propaganda electoral como en la situación que ahora va a iniciarse, tienen evidente reflejo práctico: «Trabajando en todas partes entre la pequeña burguesía urbana y entre los intelectuales, así como entre los empleados, hay que poner en pie a estos sectores…». En el apartado 9 va más lejos: «Bajo las condiciones de una crisis política, cuando las clases gobernantes no estén ya en condiciones de gobernar el potente despliegue del movimiento de masas, los comunistas deberán destacar consignas revolucionarias cardinales (como, por ejemplo, el control de la producción y de los bancos, la disolución de la policía, su sustitución por una milicia obrera armada, etc.) encaminadas a conmover todavía más el poder económico y político de la burguesía, a aumentar las fuerzas de la clase obrera, a aislar a los partidos conciliadores y que acerquen directamente a las masas obreras a la toma revolucionaria del poder». Presta asimismo atención el mencionado informe a las tácticas encaminadas a desplazar a los socialistas de la dirección sindical: «En los países donde existen pequeños sindicatos rojos hay que procurar que ingresen en los grandes sindicatos reformistas, reclamando libertad para defender las propias opiniones y la readmisión de los expulsados». No descuida la importancia del sentimiento nacionalista y, para aprovecharlo en su favor, imparte consignas: «… la clase obrera, al luchar contra todo lo que sea el avasallamiento y la opresión nacional, es el único verdadero campeón de la libertad nacional y de la independencia del pueblo», y aconseja a los comunistas que ingresen «en todas las organizaciones fascistas de masas»; al resaltar el interés de los movimientos juveniles, manda «… crear una asociación antifascista de las juventudes comunistas y socialistas sobre la plataforma de la lucha de clases». Igualmente se orienta para «movilizar a las organizaciones femeninas revolucionarias, socialdemócratas y progresivas». Los comunistas «deben apoyarse en la corriente cada vez más fuerte de los obreros hacia la unificación de los partidos o de organizaciones socialdemócratas aisladas con los partidos comunistas y de tomar en sus manos la iniciativa de esta unificación». Será naturalmente a condición de que los socialistas rompan con la burguesía y reconozcan la necesidad «de derrocar revolucionariamente la dominación burguesa e instaurar la dictadura del proletariado bajo la forma de soviets». Las últimas conclusiones son precisas; frentes únicos, partidos unidos y demás solo son escalones para el verdadero fin, «la dictadura del proletariado y el poder de los soviets». La lucha contra el fascismo es un episodio y casi aparece como mero pretexto.

En octubre de 1935, el PCE, consecuente con las instrucciones recibidas, hizo unas proposiciones a la izquierda socialista por medio de una carta dirigida al órgano caballerista Claridad. La primera de ellas, que acabaría aceptándose, era el ingreso en la UGT de una sindical de orientación comunista: la Confederación General de Trabajadores Unitaria (CGTU), que agrupaba un corto número de afiliados. Se propuso asimismo desarrollar las alianzas y crear el Bloque Popular Antifascista, dirigido por la clase trabajadora, que vino a frustrarse al nacer el Frente Popular, de carácter más amplio. Igualmente ofrecían los comunistas ir a la unidad orgánica de ambos partidos, cosa que se intentó en varias ocasiones sin llegar a realizarse, pero que sirvió para arrancar a los socialistas muchos militantes de base y aún no pocos cuadros. El gran éxito se lo apuntaría el PCE al «unificar» a las juventudes, atrayendo a su órbita y disciplina la casi totalidad de los numerosos y bien organizados jóvenes socialistas, con la mayoría de sus mandos incluidos.

En el informe del camarada Manuilsky, secretario del Comité ejecutivo y antiguo bolchevique, se entona un canto a la URSS, como gran nación promotora de todos los éxitos, como faro; se destacan las ventajas que el régimen soviético socialista supone para los obreros, los campesinos, la gente pequeñoburguesa de la ciudad, los intelectuales, para los pueblos de los países coloniales y dependientes, y pide que se imponga a todas las secciones de la Internacional Comunista como deber primordial el de «ayudar con todas sus fuerzas y todos los medios al fortalecimiento de la URSS y a luchar contra sus enemigos, al reforzamiento de su poderío», a colaborar en todos los campos, etcétera.

El Comité ejecutivo que se nombra consta de cuarenta y siete miembros, y entre ellos un español: José Díaz, secretario del PCE. Por orden alfabético figura Stalin, con el número 41, y entre otros están reseñados: Dimitrof, Duclos, Ercoli (Togliatti), Gotwald, Béla Kun, Manuilsky, Mao, Marty, Prestes, Stefanov, Thaelman, Thorez, Chu En Lai… Entre los treinta y tres suplentes, otro español, «Dolores», y ninguno en los veinte de la Comisión de Control Internacional, lo cual pone de manifiesto que en el verano de 1935 el PCE no era considerado demasiado importante en las altas esferas soviéticas. Una pregunta habría que plantearse: salvo los dirigentes comunistas, ¿quiénes y cuántos españoles de izquierda y de derecha conocían, y hasta qué punto, las conclusiones-órdenes de este congreso? ¿Lo conocían a fondo los caballeristas de buena fe? ¿Los republicanos de izquierda y de centro? ¿Los derechistas?[6].

Poco aclara Dolores lbárruri con respecto a este congreso, al cual no deja de atribuir la importancia que tuvo. Elogia a Dimitrof y dice que «representó un profundo cambio en los conceptos, en los métodos de lucha, en la táctica de los partidos comunistas, y repercutió favorablemente en el movimiento obrero internacional y en el desarrollo de las fuerzas democráticas en todos los países». Para aclarar conceptos y soslayar equívocos, conviene subrayar que esas fuerzas calificadas de democráticas aspiraban como fin primordial implantar la dictadura del proletariado. Cuenta que a ella y a José Díaz los acompañaron en el viaje los catalanes Arlandis y Sesé, cuyos nombres habría que añadir a la lista que hemos dado. Tuvieron que atravesar clandestinamente la frontera hispano-francesa tanto a la ida como a la vuelta.

REAJUSTES, DESAJUSTES Y DESBARAJUSTES

José Pla ha dejado escrito un inventario de los hechos violentos ocurridos en los días posteriores a las elecciones en distintos puntos de España, con lo cual ahorra el trabajo de una revisión en la prensa que, sometida a censura, no siempre reflejaba la totalidad de estos sucesos. Algunos de aquellos actos vandálicos revisten gravedad y no faltan los muertos: hay que considerar, sin embargo, que se producen en ciudades y pueblos esparcidos en toda el área nacional y que, por tanto, su auténtica importancia en el conjunto no es tan grande como parece. Mientras Azaña hablaba en tonos conciliadores, estaban quemándose templos e imágenes, pero más que catastróficos, estos actos hay que calificarlos de significativos y sintomáticos.

Uno de los problemas que se le había planteado a Azaña al asumir el poder eran las formalidades legales que había que cumplir antes de dejar en libertad a los presos políticos que en algunos lugares —Asturias en cabeza— estaban saliendo ilegalmente de las prisiones sin que la autoridad lo impidiera[7]. La ley de amnistía tenía que ser votada por el Parlamento y se calculaba que tardaría por lo menos un mes en constituirse.

El jefe del Gobierno enumera algunos de los puntos, no todos, donde se han producido desórdenes, y apostilla: «Esto me fastidia; la irritación de las gentes va a desfogarse en iglesias y conventos, y resulta que el gobierno republicano nace como el 31, con chamusquinas. El resultado es deplorable, parecen pagados por nuestros enemigos». Había cambiado impresiones con el ministro de Gobernación Amós Salvador y con Diego Martínez Barrio, de quien ya se sabía que iba a resultar elegido presidente del Congreso; llegaron a la conclusión de que lo mejor era que se reuniera cuanto antes la Diputación Permanente de la antigua Cámara y que aprobaran la ley de amnistía con la cual todos se ahorrarían muchos males. El inconveniente estribaba en que la mayoría de aquella Diputación era de derechas, pero Azaña supuso, y acertó, que estarían de acuerdo en hacerlo. Como consecuencia de unos pequeños tanteos de opinión se reunió aquella Diputación Permanente el 21 de febrero. Giménez Fernández, que dirigía provisionalmente la minoría de la CEDA, había dado ya su acuerdo a Martínez Barrio, siempre que no se incluyeran los delitos comunes, y la amnistía fue votada por unanimidad, conseguida más por la buena impresión causada por el discurso de Azaña, que por temor, como algunos autores, y Azaña entre ellos, suponen.

No tardaría en presentarse otro problema, esta vez relacionado con la autonomía de Cataluña. Luis Companys y los demás consejeros que estaban cumpliendo condena en los penales de Puerto de Santa María y Cartagena, al salir en libertad se resistían a regresar a Barcelona hasta que fueran repuestos en sus anteriores cargos y entrara de nuevo en pleno vigor el Estatuto. Ambas cosas requerían cierto tiempo y el cumplimiento de trámites indispensables para hacerlo legalmente. Aquí las dificultades fueron mayores: Goicoechea y Miguel Maura se oponían, este último por cuestiones de forma. Consiguió arbitrarse una fórmula, acomodaticia o política, y la Diputación aprobó la ley correspondiente con un solo voto en contra, el del monárquico Goicoechea. La parte dispositiva constaba de un solo artículo: «Se autoriza al Parlamento catalán para reanudar sus sesiones al efecto de designar gobierno de la Generalidad». La Lliga se había manifestado en favor de que se normalizara la situación autonómica. El 29 pudo reunirse en sesión extraordinaria el Parlamento catalán y eligió —reeligió— a Luis Companys como presidente de la Generalidad, con lo cual pudo él designar su gobierno.

Organizado por el Socorro Rojo Internacional se celebró un gran mitin en la plaza de toros de Madrid, en cuya presidencia tomaron asiento los amnistiados de Cataluña. Fue una apoteosis del octubre asturiano teñido del rojo comunista. Escasa, por no decir ninguna, era la relación de los hombres de la Esquerra con el comunismo, pero aquellos momentos no eran adecuados para establecer distingos.

El recibimiento que hizo Barcelona a los amnistiados fue una de las mayores movilizaciones de masas conocidas hasta entonces en la capital catalana; el entusiasmo conmovía a las multitudes y a los fatigados expresos. Companys pronunció un discurso apropiado a las circunstancias, de tono mitinesco y exaltado; pero el presidente de la Generalidad había aprovechado la lección. La llegada triunfal a Barcelona tuvo lugar el 2 de marzo.

Durante este período se practican por parte de algunos elementos derechistas débiles exámenes de conciencia o autocríticas, en un esfuerzo de comprender el porqué del fracaso electoral. No dejan de alzarse voces moderadas que achacan este fracaso a lo negativo de la política social que ha dominado en el bienio, cuando lo necesario era haber propiciado avances sustanciales, aunque ello comportara sacrificios para los grandes propietarios y para los económicamente poderosos. Nadie se había planteado con valentía verdad tan elemental; los dirigentes de las derechas defendían con encarnizado tesón intereses y privilegios de toda índole que mantenían al conjunto, o a grandes zonas del pueblo llano en el atraso y la pobreza. Nadie parecía capaz de comprenderlo y, si lo comprendía, de plantearlo y esforzarse en llevarlo a la práctica. La mejor y más directa manera de atraer votos de los que se inclinaban a la izquierda había estado en manos de las derechas mientras gobernaron: la implantación de una justicia social compatible con la economía y, con mayor urgencia, la aceleración de la reforma agraria, que el egoísmo de los latifundistas —y una cierta cerrazón mental, imprudente, terca y autoritaria— permitió que se convirtiera en principal bandera de las izquierdas. Prefirieron centrar su programa en proteger la religión y abanderarse como únicos defensores de la patria con expresa exclusión de quienes no la entendían a su manera. A la hora de las leyes y las votaciones cerraban contra cualquier disposición que consideraran lesiva para sus haciendas, que creían intangibles y de origen divino[8].

Para comprender este lamentable período de nuestra historia hay que considerar que el enfrentamiento entre derechas e izquierdas venía motivado en gran medida por causas económicas y que los derechistas —patronos, terratenientes, comerciantes, financieros, especuladores, profesionales y aún intelectuales— estaban tan firmemente convencidos de los derechos que defendían, de la legitimidad moral con que disfrutaban de sus bienes, que nada podía convencerlos de lo contrario; las ideas de justicia social eran para ellos meras palabras, proyectos inconcretos las más de las veces, emparentados con la caridad o con paternalismos dirigidos a un mejor funcionamiento de aquel modelo de sociedad que tanto los favorecía. Y ese convencimiento estaba tan arraigado, que de él participaban personas bienpensantes de la clase media y hasta obrera —pocos estos últimos, salvo en zonas atrasadas—, cosa que para Primo de Rivera era de lo más triste.

La calma relativa y la leve reflexión de las derechas, así como el «azañismo» de los falangistas, no duraría mucho. La dinámica de los hechos, la radicalización y las presiones de las organizaciones obreras y los partidos extremos, cuyo desacuerdo con la política gubernamental venía ya inscrito en el programa del Frente Popular, serían causas de continuadas tensiones que se traducían en desórdenes que las autoridades no podían reducir con la energía que hubiesen deseado.

En el órgano principal de la militancia anarcosindicalista, Solidaridad Obrera, aparece, con la firma de Máximo Sirio, un rudo artículo contra Azaña, contra la ley, contra cualquier forma de gobierno, contra cualquier clase de Estado. «¿Izquierdas? ¿Derechas? —se interroga—. ¡Qué más da! Dicen que a Cristo lo crucificaron entre dos ladrones. Derechas e izquierdas no les interesa otra cosa que la ley; cada uno la suya, pero en el centro siempre el pueblo crucificado… Azaña dijo que el que se saliera de la ley se encontraría con él; otro tanto decían Antonio Maura, Dato, Primo, Maura II y Gilito. Eso lo dicen todos…». Los hombres de la Soli, una parte numérica muy crecida del proletariado, que se distinguía por su capacidad de acción revolucionaria, no hacían distingos entre los dirigentes conservadores, Maura y Dato, el dictador Primo de Rivera, el ministro de la Gobernación del gobierno provisional de la República, Miguel Maura, o el derechista Gil Robles. «Nosotros no podemos acatar las leyes; nos las imponen por la fuerza; si acatáramos las leyes, sería tanto como acatar el Estado (…) ¡Leyes! ¡Estado! ¡Qué asco!». En este artículo, publicado el 6 de marzo, se recuerda que las sublevaciones libertarias del alto Llobregat fueron reducidas a cañonazos, se cita Casas Viejas como «una de las jornadas más ignominiosas del régimen, y el descrédito de Azaña como gobernante quedó sellado con una rúbrica de sangre». En otro párrafo se pregunta el articulista: «¿Qué diferencia puede haber para nosotros entre Casas Viejas y Asturias, si unos y otros son carne de nuestra carne?». «Para el trabajador consciente no debe, no puede haber más que dos caminos: o con la burguesía o frente a ella; si opta por lo primero, es que consiente ser esclavo, en no ser nada; pero si se coloca en su puesto, en el nuestro, vendrá con nosotros por el camino de la revolución, que es el más recto y en el que no caben engaños».

Azaña sentía hacia los anarcosindicalistas un desprecio que basculaba entre la ignorancia de sus reivindicaciones, en ocasiones muy justas, y la creencia de que cualquier operación que se emprendiera contra ellos era medida de profilaxis social; y empleó la mano dura cada vez que se lanzaban a alguna aventura de subversión totalitaria. Con los anarquistas no había compromiso posible; en ocasiones se producía un curioso fenómeno: a desórdenes o atentados provocados por los socialistas, respondía el Gobierno con la clausura de ateneos y sindicatos cenetistas y la persecución de sus militantes.

Paralelamente, el país asiste a un desarrollo del comunismo, que ha sabido capitalizar desde la propaganda, colocándose a la cabeza, lo que hizo y lo que hicieron los demás en octubre. El PCE está ahondando las diferencias que en las filas socialistas están abiertas, halagando al sector revolucionario, lo mismo dentro del PSOE que en la UGT y más directamente en la Federación de Trabajadores de la Tierra, que, en razón de las circunstancias, es el sector más revolucionario del socialismo, y va cumpliendo paso a paso la absorción de las juventudes. Además del socialismo izquierdista de Largo Caballero, Araquistain y Wenceslao Carrillo, que pugnan por mantenerse en la vanguardia extrema, emulando en determinadas actitudes a los anarcosindicalistas, existen dentro del PSOE y la UGT cuadros que después de la revolución de octubre fueron acogidos en la URSS, y allí, convencidos y adoctrinados, constituyen auténticos caballos de Troya; los más destacados son Álvarez del Vayo y Santiago Carrillo. El PCE aumenta el número de sus militantes, ha conseguido doce diputados, y su organización, que se ha perfeccionado, cuenta con numerosas ramificaciones y amplia audiencia para su eficaz propaganda, a la cual contribuye la derecha, atribuyéndoles poder y sabiduría superiores a los que en realidad tienen.

En la historia del comunismo español durante este período —y en el inmediato siguiente, la guerra— puede seguirse la traza de las consignas del VII Congreso de la III Internacional, y hay momentos en que parece que van a cumplirse todos los objetivos señalados. Ocurre que Largo Caballero, que en ocasiones se deja ganar en la conducta y en la palabra, conserva un fondo de prudencia y el buen sentido de su condición de socialista antiguo e insobornable.

José Díaz, secretario del PCE, escribe —o firma— una carta a la ejecutiva del PSOE; su texto se publica en Mundo Obrero el 5 de marzo, cuando apenas se han cumplido quince días de que Azaña haya formado un gobierno con aquiescencia del Frente Popular y con ministros de los dos partidos republicanos integrados en él. Entre otras consignas, de entrada figura esta: «¡Por el partido único del proletariado marxista-leninista!». Se refiere al triunfo obtenido gracias a la unión del proletariado, y manifiesta que el programa del Bloque Popular (que así lo llama) resulta insuficiente. «Con justa razón, los representantes autorizados del Partido Comunista, del Partido Socialista y de la UGT, en conjunto, han planteado desde el primer momento la necesidad de un programa más amplio (…) para la realización de las aspiraciones del proletariado y de las amplias masas campesinas». El Comité Central del PCE propone a los socialistas crear comités permanentes de enlace a todos los niveles, incluidos los provinciales, y en todas las localidades, y en fábricas, minas, empresas, barriadas obreras, cortijos, haciendas, aldeas… y reforzar las Alianzas Obreras y Campesinas, «solo así se podrán realizar las tareas ulteriores de la revolución democrático-burguesa y transformarla en revolución proletaria, socialista». Les propone luchar «por nuestro propio programa, por el programa del Gobierno Obrero y Campesino». Resume en trece puntos los objetivos «que fueron o no admitidos o disminuidos en el programa del Bloque Popular». Estos puntos constituyen un programa de total socialización de la propiedad agrícola —o, por lo menos, el cumplimiento a rajatabla de la consigna «la tierra para el que la trabaja»—, se propugna la nacionalización de las grandes empresas, que serán administradas por las Alianzas Obreras y Campesinas. El programa con respecto a lo que califica de pueblos oprimidos es radical: «Lucha por la liberación nacional de todos los pueblos oprimidos, reconociendo a Cataluña, Vasconia y Galicia el pleno derecho a disponer de sí mismos hasta la separación de España y la formación de Estado independiente». Liberación de Marruecos y demás colonias. «Lucha por la supresión de la Guardia Civil y de Asalto y de todas las fuerzas armadas de los capitalistas y terratenientes. Armamento general de los obreros y campesinos, liquidación de la burocracia hostil al pueblo y elección de los funcionarios públicos por las Alianzas Obreras y Campesinas». Igualmente, supresión del ejército, liquidación de los generales y del cuerpo de oficiales, «creación de un ejército rojo obrero y campesino que defenderá los intereses de las masas populares y de la revolución». Siguiendo al pie de la letra las consignas de la III Internacional: «Alianza fraterna con la Unión Soviética» y lucha por conseguir que las Alianzas se conviertan «en órganos revolucionarios del poder». Para alcanzar estos propósitos es necesaria «la constitución de un partido único del proletariado, del partido marxista-leninista dirigente de la revolución». Es igualmente necesaria —viene a declarar hacia el final, aunque sin nombrarlo— la ruptura del Frente Popular, ya que se hace imprescindible la «independencia completa vis a vis de la burguesía y ruptura completa del bloque de la socialdemocracia con la burguesía». Y como colofón, crear los soviets para la instauración de la dictadura del proletariado y edificación de un partido sobre la base del «centralismo democrático», templado por la experiencia de los bolcheviques rusos. Declara Díaz que tiene designado su representante para entenderse con la ejecutiva socialista, y no duda de que su ofrecimiento será atendido en razón de que «nadie que sea verdaderamente revolucionario puede escatimar esfuerzos en tal sentido».

En gran medida, esta oferta era una cuña introducida en el cuerpo del PSOE y de la UGT, y tendía a profundizar la división existente al contribuir a radicalizar las posturas.

LOS MILITARES

Una de las primeras medidas adoptadas por el Gobierno, cabe suponer que por iniciativa de Azaña, aunque el titular del ministerio fuese el general Carlos Masquelet, consistió en una reorganización de los mandos militares que tendía a corregir, o alterar, la labor de Gil Robles cuando ocupó la cartera, que correspondía a criterios derechistas. Las remociones, que después se han interpretado por unos pocos menos que como una persecución, mientras que los contrarios lo califican de imprevisión dolosa, eran justas y razonables. Al general Franco se le desplaza de la jefatura del Estado Mayor Central y se le destina a la Comandancia de Canarias; no es que fuera considerado desafecto a la República como régimen, pero su nombre se asociaba con las operaciones de Asturias en 1934; su demostrada prudencia, que llegaba al hermetismo, inspiraba desconfianza, y además, las gestiones que llevó a cabo en los días en que Portela Valladares creaba un vacío de poder, engendraban plausibles sospechas. Que el general Fanjul, que se había dado de baja del Partido Agrario cuando este se declaró republicano, era lógico que se le destituyera de la subsecretaría; lo extraño es que a un monárquico público y consecuente se le hubiese encomendado cargo de tal responsabilidad. A Goded, conspirador conspicuo, se le destinaba a la jefatura de la Comandancia de Baleares, separándole de la Dirección General de Aeronáutica. Y, por último, a Mola se le otorgaba el mando de la 12 Brigada, cargo que llevaba anejo la Comandancia Militar de Pamplona, nombrando en sustitución suya, como jefe superior de Alas fuerzas militares de Marruecos, a un general de ejecutoria republicana, Agustín Gómez Morato.

Quienes con posterioridad a la guerra han escrito sobre estos cambios de destino, lo han hecho con las cartas boca arriba: ni Canarias ni Baleares eran puntos como para dirigir una sublevación; antes al contrario, resultarían los más contraindicados (Franco partiría para Marruecos y Goded se trasladaría a Barcelona…). Y en cuanto al general Emilio Mola, considerado como liberal y nada monarquizante, era impensable que en Navarra pudiera conchabarse con la fuerza más antirrepublicana: los carlistas. Los mismos hechos iban a demostrar lo difícil que resultaría entenderse con ellos.

En cuanto a destituirlos, encarcelarlos y otras inepcias que se han repetido, solo pueden escribirse por quienes se olvidan que se vivía en un estado de derecho y que no había ninguna prueba contra ellos. Tanto menos podía haberla contra Mola o contra Franco, por cuanto no se habían mezclado en ninguna de aquellas conspiraciones de tertulia, y ninguno de los dos había estado ligado a la intentona del general Emilio Barrera de agosto de 1932, la que suele llamarse «sublevación de Sanjurjo» porque este jefe fue el único, entre los comprometidos, que llegó a sublevarse.

Durante la tarde del domingo 8 de marzo (algunos autores lo sitúan unos días después) tuvo lugar en Madrid una reunión de altos jefes militares, aprovechando la circunstancia de que tanto Franco como Mola estaban en la capital dispuestos a emprender viaje para incorporarse a sus nuevos destinos. Se reunieron en la calle del General Arrando, número 19, en casa del militante de la CEDA y oficial de complemento José Delgado[9]; no hay pleno acuerdo sobre quiénes concurrieron a esa reunión, porque en aquellos días los militares «conspiradores» se veían con frecuencia. Es probable que el promotor fuese el general Enrique Varela, y que, además de los susodichos Franco y Mola, estuvieran allí, Orgaz, González Carrasco, Fanjul, Villegas, el coronel Valentín Galarza, quizá Rodríguez del Barrio y Saliquet. No pudo asistir el general Manuel Goded por haber tomado ya posesión de su nuevo destino en Palma de Mallorca. Para algunos de los que concurrieron, los monárquicos, el estado conspiratorio era endémico e ineficaz. Estaban proyectando un movimiento para el 20 de abril, y es más que probable que pretendieran sumar a la intentona, que también iba a frustrarse, a Franco y a Mola, que se negaron. En obras de carácter franquista se ha pretendido que en la reunión se acordaron las bases de lo que sería la sublevación de julio, pero nada autoriza a suponer que así ocurriera, por lo menos de una manera seria y definitiva. Antes iba a fracasar ese golpe proyectado para abril, que daría como resultado los confinamientos de Varela en Cádiz y de Orgaz en Canarias.

Lo que parece demostrado es que sostuvieron cambios de impresiones sobre la situación política, el orden público y que comentaron la natural alarma que producía en ellos la actitud de los socialistas de izquierda en acuerdo de principio con los comunistas para implantar la dictadura del proletariado, y el estado perpetuo de subversión de los anarcosindicalistas; también el compromiso del Gobierno, que influido por sus votantes, se mostraba ineficaz a la hora de imponer su autoridad. El recuerdo de las revoluciones de octubre, de continuo evocadas y glorificadas, y la actitud de algunos generales y jefes afectos al Frente Popular, debió de preocuparlos, a pesar de que el general Sebastián Pozas, en los días críticos de la dimisión de Portela, le había garantizado a Franco que, de producirse un movimiento subversivo, la fuerza pública intervendría para restablecer el orden.

Entre las dos tendencias de los allá reunidos se llegó a unos vagos acuerdos de principio; consistían en mantener contacto entre ellos, que el coronel Valentín Galarza coordinara desde Madrid la eventual comunicación entre unos y otros y mantuviera un servicio de información centralizado sobre lo que pudiera suceder. A lo que sí dieron su aquiescencia, lo mismo Mola que Franco, fue a que el ejército tomaría la iniciativa en el caso de que, por un encadenamiento de circunstancias, se le entregara el Gobierno a Largo Caballero o a los comunistas, porque ello suponía un cambio radical y la implantación de lo que en mítines y periódicos se venía anunciando: una repetición más amplia de octubre de 1934, dirigida esta vez desde ese eventual, e improbable, gobierno proletario.

A Mola se le encomendó que fuera tanteando las guarniciones, primero de Navarra y luego del resto de la VI División Orgánica, para conocer la disposición de jefes y oficiales por si, al plantearse una situación revolucionaria, llegaba el momento de intervenir. También se aceptaba la jefatura suprema de Sanjurjo —eterno conspirador a distancia— si esa ocasión se presentaba. En aquellos días, como era preceptivo, el general Franco se presentó al jefe del Gobierno, y también visitó al presidente de la República; les expuso temores y quejas que ambos consideraron exagerados. En aquellos días madrileños, lo mismo Franco que Mola sostuvieron otras entrevistas: el primero lo hizo con Primo de Rivera en casa de Ramón Serrano Suñer, y la entrevista, más bien fría, no surtió efectos más allá de una toma de contacto; también habló con el coronel Aranda en una de las visitas protocolarias.

Mientras Mola viajaba a Pamplona, el general Franco se trasladó a Cádiz, donde tenía que embarcar en el Dómine. Coincidió en Cádiz con una huelga general desencadenada por la muerte de un socialista; durante aquellos días se produjeron nuevos incidentes con dos muertos más, heridos, incendios, saqueos y destrucciones.

FRANCISCO LARGO CABALLERO

Contaba entonces sesenta y seis años de edad y desde muy joven militaba en el socialismo. Su principal campo de acción había sido la UGT y fue desde principios de siglo uno de los dirigentes de mayor seriedad y empeño. Reformista relativamente moderado, aunque con firmeza en sus convicciones, estaba bien considerado incluso por sus adversarios. Se discute si colaboró o no con la dictadura de Primo de Rivera, lo cual resulta bizantinismo alrededor del significado del término «colaboración» y de las intenciones con las cuales se utiliza. En cualquier caso, su postura en aquellos años representó una positiva ventaja para el socialismo, que creció y se confirmó y, por añadidura, lograría que los obreros consiguieran ventajas y vieran mejorada su condición socioeconómica. Cuando cayó Primo de Rivera, el Partido Socialista y la UGT estaban sólidamente organizados y eran muy numerosos en cuanto a militantes y partidarios, lo que permitió el triunfo electoral del 12 de abril de 1931 primero, y, después de la proclamación de la República, llevar a las Constituyentes una minoría muy nutrida, la mayor.

Durante el primer bienio republicano, en su calidad de ministro de Trabajo, desempeñó una labor meritoria y positiva en favor de la clase obrera, si bien favorecía a los socialistas en toda ocasión, mientras que dejaba descontentos a los confederales que le consideraban parcial, y uno de sus peores enemigos. A pesar de ese partidismo innegable, el saldo resultó positivo. Después de abandonar el Gobierno inició una rápida evolución hacia posiciones radicales. El conjunto de su experiencia ministerial resultó decepcionante para él por lo que atañe al socialismo; quedó desengañado de que, siguiendo la vía política basada en procedimiento5 democráticos (entendiendo por tales aquellos que dimanan del sufragio universal y del cumplimiento estricto de las leyes), pudiera alcanzarse un nivel aceptable de equidad social.

El triunfo electoral de las derechas —la CEDA con mayoría inesperada y para él injustificada e injusta— aceleró y agudizó su extremismo. Hay quienes creen que la edad influyó también; aventajaba en años a Besteiro y más a Indalecio Prieto, a Araquistain y a los dirigentes comunistas; había nacido antes que los líderes del pujante anarcosindicalismo, sin excluir a Pestaña y a Peiró. Los componentes del ala revolucionaria de la CNT, Durruti, Ascaso, García Oliver y el madrileño Cipriano Mera, eran mucho más jóvenes y pudieron contribuir indirectamente al desplazamiento hacia las posiciones que adoptaría.

En la revolución de octubre de 1936 intervino, aunque resulta difícil dilucidar si las órdenes de huelga general que se impartieron desde Madrid a toda España fueron rebasadas en Asturias y en las cuencas mineras de León y Palencia por los dirigentes locales. Negaría después su participación ante los jueces, lo que no impidió que fuera encarcelado durante algún tiempo. Acostumbra decirse que en la cárcel tuvo ocasión de leer a Carlos Marx. Largo Caballero, más que un teórico, era un dirigente sindical, actividad en la cual poseía dilatada experiencia.

Que los militares reunidos en Madrid consideraran que la entrega del poder a Largo Caballero era motivo suficiente para justificar una inmediata intervención del ejército, no ha de resultar extraño, considerando sus puntos de vista; la misma medida se tomaría de ocurrir otro tanto con los comunistas, o más bien de unos y otros, caballeristas y comunistas aliados. Aquí hay que referirse a la actitud de Franco y de Mola, pues los militares monárquicos estaban dispuestos a sublevarse contra cualquiera, aunque esos golpes, proyectados de continuo y de continuo aplazados, estaban condenados al fracaso. Ni Franco, ni Mola ni otros muchos generales, jefes y oficiales, pensaron entonces en levantarse contra Azaña ni contra Prieto o Besteiro, porque sabía que, de formar gobierno estos últimos, lo harían de acuerdo con las leyes establecidas, a las cuales añadirían otras nuevas más progresivas, que serían aprobadas por votación respetando el juego democrático y que, pasado un período, las derechas y el centro podrían nuevamente ganar unas elecciones y, por tanto, volver a gobernar.

La campaña electoral había sido en extremo violenta, pero los discursos pronunciados, y publicados en los diarios, por Largo Caballero y los suyos y por los comunistas, no eran exageraciones propagandísticas, mera demagogia electoral; trasparentaban intenciones programáticas que estaban dispuestos a cumplir recurriendo a los métodos que fuera necesario emplear. Desde sus puntos de vista y sus creencias resultaba coherente que los militares, salvo aquellos de tendencia frentepopulista, y las derechas temieran una ruptura del equilibrio entre los componentes republicanos y demócratas del Frente Popular que se habían hecho cargo del Gobierno y los revolucionarios. Si los reunidos en casa de Delgado conocían, y cabe suponer que alguno de ellos la hubiera leído, la carta de José Díaz a la ejecutiva del PSOE publicada tres días antes, que ha quedado resumida y comentada, no era como para exigirles que permanecieran tranquilos sin proponerse tomar medidas, no solo para «la salvación de la patria, el orden, la propiedad…», sino hasta para salvaguardia de la propia supervivencia.

Los ataques verbales habían sido continuos y la revolución de octubre, en la cual el ejército y las fuerzas de orden público sufrieron trescientos muertos y casi un millar de heridos, era en cada acto y en cada escrito glorificada. El general López Ochoa, que por su condición de masón y por considerar que no había actuado con suficiente energía en la campaña de Asturias —y lo cierto es que empleó mano dura—, gozaba de escasas simpatías entre los militares de derechas, ingresó en las prisiones militares de Guadalajara el 10 de marzo.

A quienes, por ejemplo, leyeran Claridad del 25 de enero, lo mismo si se inclinaran a la derecha que a la izquierda moderada, no debió tranquilizarlos enterarse de que Largo Caballero en Linares, ante un público entusiasta que le jaleaba, había hablado en estos términos: «Llamarse socialista no significa nada. Para ser socialista hay que serlo marxista; hay que ser revolucionario». Y que en otro momento exclamaba: «Nuestro principal maestro, el fundador del socialismo científico, combatía otros socialismos, que era el socialismo utópico. Y ese fundador del socialismo científico, para diferenciarse de los socialistas de entonces, de los socialistas utópicos, tuvo que llamarse comunista». Afirmaba que no les separaba a ellos de los comunistas «una gran diferencia. ¡Qué digo! ¡Ninguna diferencia!», y seguía: «Lo fundamental: la conquista del poder no puede hacerse por la democracia burguesa». Dijo que en España «se considera la conquista del poder para implantar la dictadura del proletariado como una aberración y una enfermedad. Incluso hay socialistas que hablan en contra de todas las dictaduras[10]. Y nosotros, como socialistas marxistas, discípulos de Marx, tenemos que decir que la sociedad capitalista no se puede transformar por medio de la democracia capitalista. ¡Eso es imposible!». No era un mitin electoral, porque, a fin de cuentas, quienes salían beneficiados en estos actos eran los comunistas, que ganaban partidarios, votos y hasta afiliados, y las juventudes estaban iniciando el paso que las llevaría a la disciplina comunista.

En la segunda quincena de enero, cuando las elecciones distaban menos de un mes, se celebró lo que entonces se calificaba de «mitin monstruo», en el cual pronunciaron discursos Álvarez del Vayo (a quien tan duramente calificaría después de la guerra Largo Caballero), Jesús Hernández, del Buró Político del PCE y Largo. El discurso de Hernández se colocaba bajo la advocación, diríamos, de Dimitrof, y aceptaba el magisterio de la III Internacional, y aun proclamaba el orgullo que debía sentir el proletariado español «de estar dirigidos por hombres como Thaelman, Rakossi, por hombres, al fin, como el genial Stalin…». Se felicitaba de que hubiera comenzado la fusión de las juventudes socialistas y comunistas y pedía que se perfeccionaran e intensificaran las Alianzas Obreras y Campesinas. A la hora de alabar a Largo Caballero, lo hace en lo que más puede favorecer al PCE: «… y no voy a adjudicar glorias a nadie; voy a decir, simplemente, que la aspiración del Partido Comunista, el problema de la unidad sindical, encontraba un genial intérprete en el camarada Francisco Largo Caballero, que… (una estruendosa ovación corta la palabra del orador…)». Y sigue insistiendo en el tema: «Vemos en los compañeros que siguen a Francisco Largo Caballero el impulso que los guía a terminar con la división existente en el movimiento obrero español, la voluntad de acercamiento hacia el resto de sus hermanos, comunistas y sindicalistas (…). Nosotros siempre hemos aspirado a forjar un partido único, un partido que no tenga nada que ver directa ni indirectamente con las fuerzas de la burguesía; un partido que adopte como norma en su lucha la insurrección armada para la conquista del poder y la instauración de la dictadura del proletariado (…), partido que, rigiéndose por normas del centralismo democrático, asegure una voluntad única, una decisión unánime en todos los intentos. Este partido estamos en vías de lograrlo».

El día anterior a las elecciones publica Mundo Obrero los motivos por los cuales lucha el PCE, y va exponiéndolos, y entre aquellos que se relacionan con la amnistía, incluye a «los condenados por delitos clasificados como comunes, cometidos con ocasión del movimiento revolucionario de octubre», y también, «… delitos cometidos individualmente en defensa de sus ideales o por oposición a medidas arbitrarias y reaccionarias del Gobierno». Programa una serie de mejoras y avances de carácter social, si bien no se aclara de dónde van a salir los fondos necesarios, aunque se «lucha» igualmente por la nacionalización del Banco de España y la confiscación, tras su expulsión, de todos los bienes propiedad de las órdenes religiosas en beneficio de los parados; depuración del ejército y demás instituciones armadas, de la administración, etc. Cuando se refiere a elementos monárquicos y fascistas hay que entender cuantos no pertenecen a partidos del Frente Popular. Defiende la creación de una milicia popular armada; elección de los jueces y justicia por jurado popular; estrechar las relaciones con la URSS; autodeterminación de los pueblos.

Sin opinar sobre programas y razones, y sin enjuiciar los resultados históricos que hubiesen originado la implantación de aquellas medidas, ni insistir en la oportunidad o inoportunidad de aplicar parte de los postulados de índole social y económica, resulta comprensible que los militares y las fuerzas políticas situadas a la derecha del Frente Popular se mantuvieran alerta ante lo que para ellos era peligro de ascensión al poder de Largo y los comunistas. Igualmente hay que examinar, a la luz de estos programas reiteradamente expuestos, la reacción alarmada de elementos militares y civiles de derechas cuando los extremistas se echaron a la calle tras el triunfo del Frente Popular, comenzaron a poner en libertad a los presos sin atenerse a los trámites legales, y atacaron e incendiaron centros políticos y edificios religiosos, y se produjeron algunas muertes. Y como consecuencia se explica la calma que trajo a los espíritus el hecho de que los republicanos formaran gobierno y las palabras que Azaña pronunció por radio.

DESÓRDENES, ATENTADOS, VÍCTIMAS Y VICTIMARIOS

Durante los días 10 y 11 de marzo se produjeron alborotos en Cádiz primero y en Granada después, con huelga general, tiroteos y muertos. Ardieron numerosos templos y conventos, centros de la CEDA, fueron asaltados y saqueados periódicos de signo conservador, y ocurrieron otros desmanes. En Madrid hubo tumultos y enfrentamientos con la fuerza pública en el Puente de Vallecas, y, en la calle de Alberto Aguilera dos jóvenes estudiantes de derecho, Juan José Olano y Enrique Bersoley (Valsovel, le llama Jato) fueron muertos a tiros por unos desconocidos que se supone eran socialistas. Pocos días antes, en Almoradiel «resultaron muertos unos fascistas» y, como resultado de un tiroteo en Palencia, en un acto celebrado en el SEU en honor de santo Tomás de Aquino, el día 7, falleció Jesús Álvarez Barón.

Los diarios publicaban la noticia de que el general López Ochoa se hallaba encarcelado y lo mismo le ocurría al capitán de la Guardia Civil Nilo Tello. El escándalo del «Straperlo», desencadenado por razones de oportunismo político, en cuyo planteamiento tan extraño papel había desempeñado el presidente de la República, Alcalá Zamora, aquel triste enredo que con palabra francesa se calificó de affaire, seguía su curso, pero al público apenas le interesaba, pues conseguidos los fines políticos que se perseguían, había retrocedido a las páginas interiores de los periódicos. Se había procesado a Daniel Strauss, Joaquín Gasa, al boxeador Paulino Uzcudum, a Santiago Vinardell, Aurelio Lerroux y a Miguel Galante. En cuanto a posibles responsabilidades criminales, se decretaba la libertad sin fianza de todos ellos y, para hacer frente a eventuales responsabilidades pecuniarias, se les exigían 10 000 pesetas de fianza.

En el ABC y El Debate se cruzaron artículos polémicos entre Calvo Sotelo y Gil Robles sobre la política seguida en el bienio anterior.

El jueves 12 de marzo, hacia las ocho y media de la mañana, salía de su casa, en calle de Goya, número 24, el catedrático de derecho penal y eminente jurista, Luis Jiménez de Asúa, diputado por Madrid y una de las prominentes figuras del PSOE, que había tomado parte muy activa en la redacción del proyecto de Constitución de 1931. Le acompañaba un amigo y le seguía a escasa distancia el policía de escolta, Jesús Gisbert Urreta. Observó Jiménez de Asúa que delante del portal se hallaba estacionado un coche y junto al vehículo unos jóvenes, uno de ellos con la gorra inclinada sobre el rostro, cuya actitud le pareció sospechosa. En cuanto salieron a la calle, los desconocidos abrieron fuego; el policía desenfundó la pistola, pero no llegó a utilizarla y, mientras caía mortalmente herido, exclamaba: «¡Me han matado, don Luis!». Consiguió Jiménez de Asúa, que era corpulento y todavía joven, huir zigzagueando en dirección a Velázquez y doblar la esquina sin ser alcanzado por los proyectiles. El amigo que le acompañaba desapareció en el barullo, y los atacantes se dispersaron en varias direcciones, dejando el vehículo abandonado.

Disponiendo de una pista fácil, pues al parecer los agresores no pudieron arrancar el coche, desde cuyo interior planeaban disparar para retirarse más rápidamente, la policía no tardó en efectuar las primeras detenciones. El automóvil era propiedad del odontólogo José María Aníbal Álvarez, y con él fueron detenidos sus hermanos Pedro, que era aparejador, y Carlos, estudiante, más un criado del primero, llamado Ángel Martínez Agustín. Desde el primer momento se tuvo la impresión de que no se trataba de los autores materiales del atentado.

La tarde anterior se había reunido en casa de Guillermo Aznar un grupo de estudiantes del SEU (Sindicato Español Universitario), al cual pertenecía Olano (Bersoley era, al parecer, tradicionalista), y decidieron hacer un escarmiento, para lo cual, puesto que de un estudiante de derecho se trataba, se les ocurrió elegir al catedrático Luis Jiménez de Asúa, cuyas costumbres alguno de ellos debía conocer, si bien no hay que desechar la posibilidad de que le hubieran vigilado antes. Al parecer, el propio Guillermo Aznar, acompañado de Alberto Aníbal, José María Díaz Aguado y Alberto Ortega, que era tesorero de la Federación Deportiva de la Facultad de Derecho, llevaron a cabo el fallido atentado: ni el coche, un viejo vehículo propiedad del hermano de Aníbal, ni algunas de las pistolas funcionaron bien[11].

El atentado contra Jiménez de Asúa causó viva indignación entre la clase política y, como es lógico, más acentuada en los ambientes de izquierda y entre los compañeros de minoría y correligionarios. Se había atentado contra un político y nada bueno podía presagiar aquel golpe fallido. Ya en 1935, y en «acción de represalia», los falangistas habían asesinado en San Sebastián al ex director general de Seguridad Manuel Andrés Casaus, pero su personalidad no era en la político tan destacada como la del catedrático de derecho penal. La muerte de un agente de policía mientras cumplía con su deber ajeno a las cuestiones políticas que falangistas y socialistas dilucidaban a tiros, impresionó al público y aumentó la excitación general.

El entierro de Jesús Gisbert, celebrado al día siguiente, se convirtió en un acto político; asistió un público nutrido, parte del cual promovió disturbios. Aquella tarde fue destrozado e incendiado el local del diario La Nación, que durante la dictadura fue órgano oficioso de Primo de Rivera; en pleno centro de Madrid ardió la iglesia de San Luis hasta no quedar en pie más que los muros, y la también céntrica de San Ignacio; y estuvo a punto de morir linchado un militar, cuando ejercía las funciones de jefe de día. Como consecuencia de los motines perdieron la vida un guardia de Seguridad y un bombero, y otro guardia resultó herido de gravedad. El Gobierno, reunido, publicó una nota condenando los actos de violencia y, prometiendo una vez más, ponerles remedio. El propio Azaña, que conocía al jefe militar agredido, elogió su conducta en todo momento. La censura se ejerció con severidad, por cuya causa las noticias fueron conociéndose fraccionadas, y los bulos circulaban con insistencia y exageración, lo que contribuyó a aumentar la alarma. En la nota hecha pública por el Gobierno se decía: «… Los militares españoles, modelo de abnegación y lealtad, merecen de todos sus conciudadanos el respeto, el afecto y la gratitud que se debe a quienes han hecho el servicio de la patria y la República la ofrenda de su propia vida, como la seguridad y el honor nacional lo exigen».

Al día siguiente, sábado, José Antonio Primo de Rivera ingresa en los calabozos de la Dirección General de Seguridad. Fueron asimismo detenidos, Heliodoro Fernández Cánepa, Augusto Barrado Herrero, Rafael Sánchez Mazas, Julio Ruiz de Alda, Raimundo Fernández Cuesta, David Jato Miranda y Eduardo Ródenas Ussía; pertenecían a la Junta Política de Falange y del SEU. Tras instruir las correspondientes diligencias por parte del juez Ursicino Gómez Carbajo, todos ellos ingresaron en la Modelo el día 17. Y «se decreta la suspensión de la asociación Falange Española», se clausuran sus centros y el periódico. Como consecuencia del atentado contra Jiménez de Asúa fueron encarcelados Ramón de la Peña, Jesús Azcona y Luis Revuelta.

José Alonso Mallol, que había sido nombrado recientemente director general de Seguridad, en sustitución del capitán Santiago, fue quien dirigió estos servicios; igualmente comenzaron a detenerse falangistas en las provincias.

Pocos días habían transcurrido desde el artículo laudatorio de Azaña y de la difusión de las instrucciones contemporizadoras del jefe nacional de FE.

El mismo día en que los miembros de la Junta Política y los dirigentes del SEU ingresaban en la Modelo, era tiroteada la casa de Largo Caballero sin mayores consecuencias que la alarma y la indignación[12]. Y el día 14, el general Emilio Mola, acompañado de su ayudante Emiliano Fernández Cordón, llegaba a Pamplona y era bien recibido por aquella guarnición, en la cual había bastantes afiliados a la Unión Militar Española (UME).

En una nota de la Oficina Contra el Paro se daba la cifra de 748 810 obreros sin trabajo, que equivalía al 8,95% de la población activa. Probablemente el número de parados era mayor.

Arriba: Azaña, desde su actitud aparentemente arrogante, cruzando las manos a la espalda tal como le muestra la fotografía ante el micrófono instalado en el Ministerio de la Gobernación, se había dirigido a todos los españoles con «palabras de paz». (20 de febrero de 1936).

Abajo: José Antonio Primo de Rivera, tras las elecciones de 1936, se congratuló del fracaso de los cedistas y su fanfarrona propaganda, de los del Bloque Nacional y los republicanos radicales, y saludo a Azaña casi con entusiasmo…

Arriba: En Cataluña el Front d'Esquerres, paralelo al Frente Popular, fue dirigido por Esquerra Republicana y, en menor medida, por los moderados de Acció Catalana. (Cartel con la efigie del difunto presidente Francesc Maciá utilizado en la propaganda electoral).

Izquierda: La posición personal de Gil Robles quedó bastante debilitada, a pesar de que en las elecciones de febrero es la CEDA quien consigue en la primera vuelta mayor número de diputados.

Derecha: Primera página del semanario Arriba en la que se da cuenta del triunfo electoral de Azaña.

Arriba: Organizado por el Socorro Rojo Internacional se llevó a cabo un gran mitin en la plaza de toros de Madrid, en cuya presidencia tomaron asiento los amnistiados de Cataluña. (En la foto, Luis Companys y la viuda del periodista Sirval, marzo de 1936).

Abajo: Las últimas conclusiones del VII Congreso de la Internacional: frentes únicos, partidos unidos y demás solo son escalones para el verdadero fin, «la dictadura del proletariado y el poder de los soviets». La lucha contra el fascismo es un episodio y casi parece como mero pretexto.

General Franco, desplazado de la Jefatura del Estado Mayor Central y destinado a la Comandancia de Canarias; general Goded, separado de la Dirección General de Aeronáutica y destinado a la Jefatura de la Comandancia de Baleares; general Mola, cesado como jefe superior de las fuerzas militares de Marruecos y nombrado de la 12 Brigada, cargo que llevaba anejo la Comandancia Militar de Pamplona.

El Congreso, campo de batalla

A las siete de la tarde del domingo 15 de marzo se iniciaba en el palacio del Congreso un acto protocolario: la reunión preparatoria, para presidir la cual se constituyó la mesa de edad, que correspondía presidir a Ramón de Carranza, que había alcanzado el acta por minorías en Cádiz, donde en estas elecciones, al contrario que 1933, triunfaron las izquierdas. El almirante Ramón de Carranza, marqués de Villapesadilla, pertenecía a Renovación Española; en el acto le acompañaban como secretarios provisionales los cuatro diputados más jóvenes. Hizo Carranza que se leyeran los artículos relativos a la constitución de las Cortes, y después de preguntar si estaban de acuerdo en que las sesiones comenzaran al día siguiente, pronunció las palabras protocolarias: «Se levanta la sesión». El diputado de Izquierda Republicana y subsecretario de Trabajo, Bibiano Fernández Osorio-Tafall, le gritó: «¡Hay que dar un viva la República!», a lo que Carranza, un anciano de cabellos y barba cana, replicó con viveza: «No me da la gana». La crispación irrumpió en el Congreso y se inició un tremendo escándalo con intercambio de improperios; se vitoreaba a la República y al Frente Popular sin faltar los vivas a Asturias, que eran contestados por las derechas con algunos vivas a España. El presidente de edad se mantenía en pie, impertérrito, mientras diputados socialistas y comunistas se levantaron y puño en alto cantaron La Internacional. La confusión era grande y solo cuando el escándalo amainó algo, el cedista Dimas Madariaga aproximóse a Carranza y consiguió convencerle de que, como el acto podía darse por terminado, bajara del estrado; así lo hizo y abandonó lentamente el hemiciclo.

Este incidente fue lamentado por muchos, entre otros por Besteiro y Fernando de los Ríos, que no estuvieron entre quienes levantaron el puño y cantaron; también desagradó a un veterano parlamentario, el conde de Romanones. Largo Caballero declaró a los periodistas: «Eso va bien; ya se ha cantado una vez La Internacional en el Congreso. Según como van las cosas, no será la última». Más lejos fueron los comentarios que se escribieron en Mundo Obrero: «Por primera vez en la historia del parlamentarismo español ha retumbado con ecos de gloriosas llamadas a la lucha el himno revolucionario del proletariado universal. El himno oficial del país libre y feliz del socialismo, la marcha que orla la victoria de la inmensa Unión Soviética. El canto de guerra antifascista, el que cantaban los mineros asturianos cuando, fusil al hombro, se dirigían a conquistar Oviedo: La Internacional. Himno de guerra, afirmación de fe revolucionaria…». Hubo quienes interpretaron la intervención de Osorio-Tafall como provocación, conocido el monarquismo del almirante Carranza.

Este género de explosiones iba a producirse con bastante frecuencia y en ocasiones con mayor violencia y superior agresividad. Un portazo de las derechas fue el último acto parlamentario; después, la guerra civil.

Al día siguiente se celebró sesión, y como estaba previsto, Diego Martínez Barrio quedó proclamado presidente de las Cortes, cargo importante por cuanto llevaba anejo la calidad de sustituto del presidente de la República. Obtuvo 386 votos, entre otros los de los monárquicos. Como vicepresidente se eligió a Jiménez de Asúa, al republicano Claudio Sánchez Albornoz, a Casanueva, de la CEDA, y al centrista Rosado Gil. Ante un grupo de diputados y periodistas explicaba Calvo Sotelo que ellos habían votado a Martínez Barrio «porque el presidente de las Cortes no es presidente de una fracción, sino de todos los diputados. Las minorías son las que más necesitan el amparo de la presidencia, y no sería leal que buscáramos ese amparo y esa ayuda de un presidente al que no hubiéramos votado».

Las palabras de Martínez Barrio al tomar posesión del cargo fueron conciliadoras; llamadas a la concordia y a la labor común y positiva. No tardarían en presentársele conflictos.

El estado de alarma fue prorrogado por un mes. En los diarios iban apareciendo noticias que permitían conjeturar hechos que no habían sido publicados al producirse; por ejemplo, el entierro del guardia y el bombero muertos cuando los tumultos relatados. La Dirección General de Seguridad dio una nota explicando detalles del atentado contra Jiménez de Asúa, relacionándolo con la muerte de unos «fascistas» en Almoradiel, dos más en las obras de derribo de la plaza de toros vieja, y de dos estudiantes en la calle Alberto Aguilera, y añadía que, como consecuencia, «entre varios estudiantes de determinada filiación nació la idea de atentar contra una alta representación política…».

De malas palabras se pasó a peores hechos: en la sesión del 20 de marzo, antes de cumplirse una semana del incidente protagonizado por Carranza, se armó un barullo en el cual se distribuyeron mamporros, dando un espectáculo poco edificante. La pelea se inició entre el exjabalí Joaquín Pérez Madrigal, que del radicalsocialismo extremo había ido desplazándose hacia la derecha, y el diputado Escribano, del partido de Izquierda Republicana, elegido por la provincia de Madrid. Pronto se generalizó la pelea y menudearon los trompicones; muy activo se mostró el diputado socialista por Santander, Bruno Alonso. Otros, los más, intentaron poner paz hasta que al final lo consiguieron: entre estos, Julián Besteiro y Dimas Madariaga. Tanto Calvo Sotelo como Gil Robles protestaron por lo que consideraban una agresión contra la derecha.

Que las elecciones de febrero de 1936 fueron limpias y correctas es afirmación que solo puede aceptarse si se las compara con las que se celebraban durante la monarquía, cuando el caciquismo, el pucherazo, el voto de difuntos, las coacciones y falsificaciones, la compra de sufragios y demás prácticas viciosas eran moneda corriente, salvo en las grandes ciudades; pero si la comparación se establece con las que han venido celebrándose en los últimos años, aquellos calificativos laudatorios resultan excesivos. Con decir que el día de la votación hubo seis muertos y una treintena de heridos y que a nadie le escandalizó, queda explicada la diferencia. Irregularidades fueron cometidas por las derechas y las izquierdas; es probable que un punto más por aquellas que por estas, pues disponían de más dinero y de antigua experiencia. A ambas las superaron aquellos centristas que provenían de una asociación provisional entre los presidentes de la República y del Gobierno, quienes, fiados en la práctica electorera de ambos y en sus influencias caciquiles, confiaban en obtener una mayoría; se equivocaron al creer que tenían más partidarios de los que iban a votarles y en confiar en exceso en la habilidosa acción de los gobernadores civiles. El hecho de que fracasaran viene a demostrar lo que han señalado algunos autores: que el cuerpo electoral no estaba tan corrompido como creyeron.

LA PENOSA DISCUSIÓN DE ACTAS

Una vez funcionando las Cortes, se pusieron a discusión las actas, a cuyo efecto se nombró la comisión correspondiente, que presidía Indalecio Prieto. Lo debates fueron apasionados y en aquel frenético ambiente las izquierdas hicieron exhibición de sectarismo que en ocasiones rozaba lo irracional, como cuando algunos diputados declaraban que habían de anularse todas las actas derechistas, o rechazaban el acta de un diputado declarándose incompatibles con él, o acusaban a otros de asesinos de Asturias sin entrar a considerar el número de sufragios y la legalidad o ilegalidad de su procedencia y desdeñando analizar las pruebas que en favor o en contra se presentaran[1].

En los escaños se sentaban diputados que no aceptaban el juego democrático, según lo habían manifestado reiteradamente ellos mismos y, mientras los de la derecha —el Bloque Nacional— se veían acorralados, los que pertenecían a la mayoría —caballeristas, comunistas, más no pocos prietistas y otros— imponían su criterio ante la impotencia tolerante de los demás representantes del Frente Popular, aquellos para quienes la palabra «democracia» tenía su significado tradicional. Incluso estos diputados se veían constreñidos a guiarse por criterios políticos más que legales, cuando lo que estaba en discusión era la legalidad o ilegalidad de las votaciones, de los escrutinios, de las actas.

Como extremo que cae en la órbita de lo pintoresco, el diputado por Badajoz, Pedro Martínez Cartón, del PCE, pronunció estas palabras como remate de un discurso, en el cual sin más pruebas que su parecer y la antipatía que le inspiraba cierto diputado derechista, pretendía que se anulara el acta: «… Es preciso que en la comisión de actas no haya representantes que hablen tanto en latín, que en la cámara tampoco se hable tanto en latín, que se aplique la ley con un sentido menos de latín y más de ruso, porque, aunque parezca que esto no se entiende, lo entienden ya las masas populares».

Las discusiones eran tan violentas y apasionadas, que el propio Indalecio Prieto, que tampoco se había distinguido por su objetividad, acabó dimitiendo de la presidencia de la comisión, cuando se enteró de que se proponían anular las actas de Salamanca y Orense, para desposeer de sus escaños a Gil Robles y a Calvo Sotelo, y lo hizo asegurando formulariamente que se solidarizaba con lo acordado hasta entonces por la comisión.

Habían llegado demasiado lejos las cosas y Giménez Fernández, que se había distinguido por su moderación y que ahora era portavoz de la minoría de la CEDA, después de pronunciar un discurso enérgico, en el cual dijo entre otras cosas: «… Constituid el Parlamento como os plazca; no ya con nuestros discursos a con nuestros votos, pero ni siquiera con nuestra presencia, seremos un obstáculo a la libertad y a la rapidez de vuestras deliberaciones. De lo que hagáis dependerá que el Parlamento sea un conjunto armónico de posiciones contrapuestas, pero encaminadas al bien de la República en un juego normal de honesta convivencia o el imperio de una voluntad mayoritaria nutrido de esencias dictatoriales». Y añadió que al retirarse dejaba en manos de la mayoría «la suerte del sistema parlamentario». Aquella tarde del 31 de marzo estuvo a punto de hacer quiebra el sistema. A Giménez Fernández, que había hablado en republicano, siguieron Lamamié de Clairac, que se retiró con la minoría tradicionalista, y Goicoechea, que hizo lo propio con la de Renovación Española, no sin pronunciar palabras ásperas y antiparlamentarias: «¿Qué representan vuestras actas y vuestra investidura frente a la situación dramática, trágica en que se encuentra, en hora presente, España, en plena anarquía?». Todo ello se desarrollaba entre escándalos, insultos e imprecaciones. Martínez Barrio lamentó aquella retirada, expresando su confianza de que fuera provisional. En nombre de la Lliga Catalana, Juan Ventosa y Calvell declaraba: «No podemos participar en la discusión de las actas; no queremos compartir ninguna responsabilidad en los acuerdos que se tomen». Su discurso fue más ponderado y la Lliga y los agrarios permanecieron en la Cámara, aunque en calidad equivalente a la de testigos.

Indalecio Prieto, a quien la retirada de las derechas hería, respondió airadamente, quizá bajo los efectos de la indignación, quizá porque tampoco le convenía políticamente que comunistas y caballeristas explotaran en provecho exclusivo la revolución asturiana, a cada momento invocada; y acabó así su intervención: «… Actitud tan absurda, tan plenamente absurda como la adoptada hoy, sin esperar el examen del caso, sin aguardar su resolución, no puede tener más que una explicación; o que quieren alentar un complot existente… (en el Diario de Sesiones queda constancia de la ovación que impide oír las palabras del orador), o que quieren inducir a él. La gallardía de tal actitud, si obedece a esos móviles, no hemos de examinarla en esos momentos. Pero podían parangonarse actitudes. Nosotros, desde esos bancos, dijimos un día que íbamos a hacer la revolución. La hicimos con fortuna o sin ella; lo que no hemos hecho es pronunciar palabras por las que no se arrostra la responsabilidad directa de un movimiento subversivo, sino que constituyen a lo sumo una cobarde inducción».

En esta segunda fase «electoral» se cometieron abusos que hicieron que la representación parlamentaria de la derecha y el centro quedaran mermadas, mientras aumentaba el número de diputados izquierdistas. Sin embargo y, considerando que algunas anulaciones serían justas, cabe decir que la Cámara respondía, diputado más o diputado menos, a lo que, pasando por el irregular tamiz de aquella ley electoral, representaba la voluntad de los votantes. Quien desee informarse del resultado plebiscitario de aquella última consulta popular, mejor será que maneje los números de la primera vuelta. En la segunda, en Vizcaya y más en Guipúzcoa, a pesar de que las derechas habían obtenido una lucida votación, por recomendaciones del prelado de Vitoria, Mateo Múgica, muchos derechistas dieron el voto a los nacionalistas vascos para evitar que ganara el Frente Popular. En Soria, no muchos de los simpatizantes de la CEDA votaron a Miguel Maura como Gil Robles les había recomendado, pero del análisis de los números se deduce que sufragios derechistas permitieron a Maura alcanzar el acta. En Castellón, numerosos radicales con resabios blasquistas y anticlericales inclinaron el sufragio hacia la izquierda. Apoyándose en razones insuficientemente claras y no legales, se anularon las elecciones en Cuenca; las derechas habían copado todos los puestos con amplios márgenes de diferencia. Era aquella una provincia de raíz derechista, pero en su cuerpo electoral muy propensa a las prácticas caciquiles y a las trampas.

Como regla general, los comicios fueron correctos en las grandes ciudades y en las regiones más evolucionadas sociocultural y económicamente.

En Galicia, los métodos electorales habían mejorado desde los tiempos anteriores a la dictadura, pero poco. Allí, Portela Valladares pudo desenvolverse con mayor holgura, pero los propugnadores de ninguna candidatura dejaron de emplear métodos reprobables. A pesar de que determinadas maquinaciones de Portela parecen evidentes, la mayoría no tuvo empacho en aceptar las actas de Pontevedra, si bien es cierto que el Frente Popular había logrado diez diputados, entre ellos el galleguista Rodríguez Castelao, Bibiano Fernández Osorio-Tafall, dos más de Izquierda Republicana, tres del PSOE, un comunista… Las derechas solo dos; y el propio Portela, que fue el único elegido del Partido Centrista. El radical Guerra del Río establece comparaciones con Granada, donde ganaron las derechas y fueron anuladas sus actas, y en un alarde de humor negro electoral y refiriéndose a las acusaciones que se formularon en aquella provincia, exclama: «En Galicia no ha habido escopeteros, ni se han vendido por miles las armas (…). En Galicia no actúan los matones ni los valientes: actúan los prestidigitadores».

La sesión más larga y última se celebró el 2 de abril. Socialistas y comunistas quieren, lisa y llanamente, anular las elecciones de Salamanca porque es donde Gil Robles ha obtenido el acta. En definitiva, salvo en el caso del tradicionalista Lamamié de Clairac, contra quien se esgrimen argumentos a causa de determinada incompatibilidad, no concurre ninguna prueba que justifique la anulación. Gil Robles ha conseguido una lucida votación, pues supera en más de 15 000 votos a los demás de la CEDA, casi en 30 000 al socialista electo (Manso) y en 35 000 al resto de los candidatos del Frente Popular.

Por parte de la minoría comunista habla la Pasionaria y sostiene que en Salamanca se produjeron muertos durante la campaña electoral y «el compañero Manso demostraba los crímenes que han realizado los hombres que figuran en la candidatura. Y si no bastasen todas estas pruebas, están la estela que van dejando por dondequiera que pasan los elementos representativos de la CEDA, la minoría comunista y yo en su nombre, se levantaría a protestar contra las actas de Salamanca porque en ellas va el hombre que ha representado las torturas y la represión más salvaje de la historia del proletariado español (…). Nosotros impugnaríamos esas actas porque en ellas va Gil Robles, el jefe a quien desearía encontrar aquí para decirle en su cara que es un histrión ridículo salpicado con sangre de la represión (…), fue quien, con gesto que quería ser olímpico, pero que no era otra cosa que la mueca del payaso asalariado…». Y continuaba el discurso sin aducir una sola prueba contra la legitimidad de las actas: «Señores diputados, yo, que tengo el honor y el orgullo de representar a los mineros de Asturias, a los trabajadores revolucionarios, que en octubre del 34 se levantaron en armas no contra la República, sino para darle a la República un contenido social de que carece…». Y termina su intervención: «Cuando pido el encarcelamiento de Gil Robles y demás compañeros de fechorías, les hago un honor, porque ellos van a mancillar con su presencia las celdas de las cárceles y presidios que los revolucionarios de Asturias, los revolucionarios de Cataluña, los revolucionarios de Vizcaya, honraron con su presencia».

En una titulada «Nota política», un diario ponderado como La Vanguardia, comentaba desfavorablemente el estreno parlamentario de la Pasionaria, y decía: «… Oratoria de mitin. A las primeras palabras se desvió del asunto y se embriagó un poco hablando de Asturias, de la represión, del capitalismo, todo ello un poco incongruente con lo que se estaba discutiendo». La situación había llegado a tal extremo que los republicanos comenzaron a reaccionar; el discurso de Dolores Ibárruri pudo ser la gota que colmó la tolerancia, y por parte de la Comisión contesta uno de sus miembros, quien, haciendo distingos, concluye: «Mientras aceptemos el régimen parlamentario nos falta apoyo sólido para anularlas». Como no se llega a un acuerdo, se vota: la propuesta de los socialistas, sostenida por los comunistas, es rechazada por 134 votos contra 80.

Cuando tres días antes se retiraron las derechas, José Calvo Sotelo había declarado en los pasillos que si se pretendía anular las actas de Orense, él volvería personalmente a la Cámara. Y así lo hizo. En Orense, donde han ganado por muy amplio margen las derechas, más dos diputados centristas, mientras que el Frente Popular ha tenido votaciones muy bajas, va a repetirse lo de Salamanca, puesto que el propósito es dejar sin acta a Calvo Sotelo. Este se expresó en tono ponderado, aunque replicando con viveza a los interruptores, y probablemente causó una impresión favorable salvo a quienes, energuménicamente, insultaban en lugar de argumentar. No creía él que salvaría el acta; deseaba pronunciar aquel discurso ante la Cámara reunida para dejar constancia de lo que estaba ocurriendo: «Señores diputados, va a hacer uso de la palabra un diputado agonizante, en trance de carácter muy similar al de los condenados a última pena»[2]. Pedía a la presidencia que le dejara hablar «con aquella amplitud que suele otorgarse en ocasiones tales», y también solicitó de los adversarios políticos una «atención respetuosa». Tras el exordio entró en materia: «Y vengo a hablar de las actas de Orense, dicho sea con entera sinceridad, no en porfía, porque sobradamente sé que mis palabras no pueden influir en vuestro ánimo y que, por consiguiente, el pleito que aquí se ventila ya está fallado». En esto erraba Calvo Sotelo, y alguien comentaría después que, de no haber conseguido el acta, habría conseguido, a cambio, la vida. Expuso que si estaba hablando allí era por deber de lealtad hacia sus electores de Orense, «que, por tercera vez desde 1936, me han honrado con su confianza». Asimismo declaraba que lo que defendía era la totalidad de las actas de Orense, incluso las de aquellos que, por pertenecer a otra lista, habían reñido durante el período electoral, y eso porque sospechaba que él pudiera ser causa de aquella anulación. Advertía que de no mediar estas causas, «yo no hubiera venido en la noche de hoy a molestar vuestra atención, aunque para mí sea un honor el encontrarme aquí y ocupar, siquiera provisionalmente y además en instantes fugaces, este escaño (…) no pido ni favor, ni indulgencia, ni siquiera justicia; de pedir algo, pediría igualdad ante la ley». Con mesurada firmeza resaltaba las contradicciones en que se había incurrido al juzgar las actas con carácter político y aplicando criterios distintos para los de uno y otro color. «Y no lo dudéis —seguía—, el país, que siempre ve, que siempre oye y que siempre residencia, llegará a la convicción de que esta Cámara ha podido entrar en vías par ella equivocadas, sin necesidad de razón numérica de tipo político que la justifique…». Continúa argumentando y niega que el Gobierno anterior apoyara la candidatura de derechas, puesto que apoyaba la suya propia, la centrista. «No sé cuál será el porvenir político de España, que indudablemente ha de discurrir por uno de estos tres cauces: o un régimen marxista, o un régimen totalitario totalmente opuesto al marxista, o este régimen de libertad democrático-burguesa que representa la actual República (…). Si es por el primero, ¿qué importa mi acta ni los atropellos que contra ella se puedan realizar? Si es por el segundo, tampoco interesan las actas ni los sistemas ni vivir y progresar con las instituciones de tipo democrático parlamentario; entonces, sí, el hecho que se acaba de realizar, acompañado de otras aprobaciones contradictorias, puede constituir un precedente (…). Cuando Hitler, hace unos cuantos meses, se atrevió a anular de sopetón todas las actas de los diputados comunistas, en consideración tan solo a las ideas políticas de esos diputados, realizaba un hecho sin precedentes. Pensad vosotros ahora en que habéis realizado el hecho de anular unas actas por ideas políticas de quienes las han logrado». En general se le escuchaba con pocas interrupciones, a pesar de que en el último párrafo se dieron algunas: «Os digo que deseo y pido a Dios, a mi Dios, aunque no sea el vuestro, que os desee el máximo acierto en vuestras deliberaciones (…). Yo no salgo de aquí con odios, con rencores ni con enconos (…). Después de haber prestado —creo yo— un servicio al Parlamento, porque se ha demostrado que en este Parlamento, por ahora al menos, se pueden exponer, con alguna dificultad —lo reconozco, pero se puede exponer— ideas que pugnan con las de la mayor parte de sus componentes. Así pues, señores, conste que yo me creo, honradamente, diputado por Orense…». Y terminó su discurso, «cualesquiera que sean vuestras imprecaciones», con un triple viva España.

Cuando se disponía a abandonar el salón de sesiones le pidió el presidente que se quedara a escuchar la respuesta de la Comisión. El encargado de esta respuesta era el diputado Ramón Nogués, veterano republicano de Mora de Ebro, muy afecto a Marcelino Domingo, que, por cuestiones de oportunidad electoral, había salido esta vez elegido por Barcelona capital, en vez de por Tarragona, como en otras legislaturas. Se daba la circunstancia de que, habiendo estudiado leyes en Zaragoza, Nogués había coincidido en aquella Facultad con Calvo Sotelo, a quien le unía cierta relación de amistad. De acuerdo, sin embargo, con la representación que tenía en la Comisión de Actas, fue describiendo una serie de irregularidades, coacciones a través de pistoleros y delegados gubernativos, mesas en las cuales ya se llevaba preparado el resultado… También Bibiano Fernández Osorio-Tafall, quien, asimismo, conocía personalmente a Calvo Sotelo, añadió nuevas irregularidades electorales, cuya mayor parte debían cargarse en cuenta de las candidaturas centristas-gubernamentales y no de las derechas.

Al rectificar, Calvo Sotelo utiliza buenos argumentos y afirma: «Que la fisonomía electoral gallega es sui generis, y que, a mi juicio, en el terreno de la equidad, en el terreno de la conciencia y en el terreno de la igualdad ante la ley, no podríais aprobar las otras actas gallegas con el criterio que severamente se aplica a las de la provincia de Orense, en las que nunca he negado yo que existan imperfecciones ni lagunas, pero sí he negado que sea autor, cómplice o encubridor de ninguna de ellas». Y advierte que cualquier irregularidad proveniente del Gobierno Civil, no puede achacárselas a las derechas, por cuanto contendían contra las que ellos propiciaban. Si se aplica el criterio severo que pretende la comisión, habría que anular muchas actas de toda España. «Yo no creo que ningún profesional del derecho, que ningún hombre con conciencia jurídica, después de anular las actas de Orense, pueda aprobar las de La Coruña (…). Lo creo así, sin agravio para nadie, sin proponerme semejante cosa».

Las palabras de Calvo Sotelo impresionaron favorablemente a los republicanos, y el presidente de la comisión, Emilio Baeza Medina, diputado por Málaga, de Izquierda Republicana y ex radical-socialista, que acababa de sustituir al recién dimitido Prieto, haciendo mil distingos, insuficientes para evitarle un discreto abucheo por parte de los socialistas, solicitó la venia presidencial para que se aplazara el debate sobre las actas de Orense. Por otro lado, Miguel Maura, siempre impulsivo y de rectos propósitos y, a pesar de que se sentía adversario de Calvo Sotelo desde años atrás, se puso en contacto con Azaña y con otros para ver si podía influirse para evitar que se cometiera aquel atropello que iba a repercutir en descrédito de la República y de aquel Congreso. Esta pausa y la consiguiente reflexión alivió a muchos, y entre ellos a Nogués, que tan ásperamente había atacado las elecciones de Orense, convencido de que en ellas concurrían irregularidades, pero no menos convencido de que otras idénticas se habían perpetrado en otras provincias, gallegas y no gallegas, en las cuales había triunfado el Frente Popular. Aquellas palabras «Yo no creo que ningún profesional del derecho, que ningún hombre con conciencia jurídica…» pronunciadas por Calvo Sotelo le sonaban a alusiones a su común asistencia a las aulas zaragozanas, a pesar de que en los escaños se sentaran una elevada proporción de abogados.

Como era de esperar, las actas de La Coruña pasaron sin dificultad[3], a despecho de las muchas irregularidades denunciadas. Por indicación del Gobierno, la sesión se suspendió durante tres horas. Tenía interés el Gobierno en que aquella misma noche quedara oficialmente constituida la Cámara para que al día siguiente dieran comienzo las sesiones. Por este motivo, los periódicos, que prestaban mucha atención a los temas que se estaban debatiendo, se vieron forzados a interrumpir la reseña parlamentaria para cerrar las ediciones, y la continuación de aquella sesión, que iba a prolongarse hasta las siete de la mañana, vino publicada en los matutinos del sábado 4 de abril, con las noticias correspondientes al viernes día 3.

Otro diputado de Izquierda Republicana, miembro de la Comisión de Actas, Mariano Ansó, fue también a informar a Azaña de lo que pasaba en la Cámara, y cómo la anulación de las actas de Orense, a despecho de las irregularidades que hubieran concurrido, no solo era injusticia, sino, peor aún, «una torpeza política de gran alcance». Le escuchaba Azaña atento y hacía signos con la cabeza, afirmando; luego comentó: «Ahora se explicará usted la dimisión de Prieto; ha sido siempre el rey de la evasión»; no quería arriesgarse ni enfrentarse con sus compañeros socialistas, ni quedar a la derecha de nadie. Por eso mismo, cuando iba a votarse se hallaba ausente del hemiciclo.

Durante el descanso, Azaña requirió a Ansó para encarecerle «la necesidad de obtener un dictamen aprobatorio de las actas de Orense…». Para evitar que se desposeyera de sus actas a Calvo Sotelo y a Gil Robles, también intervino Alcalá Zamora, a quien este atribuye miras interesadas en la gestión.

Al diputado Nogués le sentó mal que se cambiara el criterio cuando él ya se había comprometido, y abandonó el edificio. Fue Mariano Ansó el encargado de hacer público el nuevo dictamen de la comisión aprobado con el voto en contra de los socialistas y del comunista que formaban parte de ella. El nuevo dictamen era lo contrario del anterior. La exposición fue recibida con ruidosas protestas de los grupos extremos. Se llegó a una pequeña transacción a base de los votos válidos y no válidos, gracias a la cual salían diputados un miembro de Unión Republicana y otro de Izquierda Republicana, a expensas de un tradicionalista y a un portelista. El propio Ansó concedió, entre rumores y protestas, que aquella decisión «había costado grandes sacrificios a los miembros que integran esta comisión, sacrificios de tipo personal y sacrificios de tipo político (…), para que uno de los enemigos más encarnizados del régimen, de los gobiernos republicanos y del Parlamento, no pueda salir, con justicia, a la calle a decir que nos hemos entregado a una persecución sañuda e injusta —y añadía— conjugaba con un sentido de equidad y justicia».

Se produjeron nuevas tiras y aflojas y usó de la palabra el comunista Vicente Uribe, que durante la guerra sería ministro. En su discurso, agrio y de tonos violentos, quedó en evidencia lo que ya venía demostrándose, el desacuerdo entre los republicanos por una parte y socialistas y comunistas por otra. El problema que Prieto había eludido al dimitir.

Con sus intemperancias, Uribe volvió a politizar la cuestión: «… A los amigos republicanos no les puede asustar Calvo Sotelo con el espantajo de la revolución social, tantas veces esgrimida por el Frente Popular; ese espantajo que el fascista y reaccionario utiliza siempre, nosotros tememos de que en esta ocasión surta algunos efectos contraproducentes. Quienes tienen que temer la revolución social no son los republicanos ni los verdaderos demócratas, sino los fascistas de Calvo Sotelo y compañía…». En la cámara, los comunistas utilizaban idénticos argumentos que en los mítines, pero, salvo a quienes estaban dispuestos a aplaudirles lo que fuera, al resto del auditorio no les causaba efecto. «No hagamos caso de esos cantos de sirena de la convivencia que nos lanzan los mismos que en días antes de las elecciones amenazaban con ponernos un patíbulo en cada esquina para colgar a todos los trabajadores y a todos los republicanos». En su intervención, Uribe puso de manifiesto la discrepancia con los republicanos con respecto a las actas y, lo que es peor, la fragilidad estructural del Frente Popular. «Llevamos cinco años de República; examinad lo ocurrido durante esos cinco años; será suficiente para que comprendáis que con ellos no hay paz, ni tranquilidad, ni transigencia, ni convivencia…». Por último manifestó que ellos se mantenían fieles al pacto «en beneficio de los intereses del pueblo; pero cuando llegan situaciones de esta naturaleza, hemos de decir también que, lamentándolo, no podemos seguir el camino que han emprendido los republicanos, porque no es propio de nuestras normas de principio».

Hasta cierto punto le intimida a Ansó la repulsa de los aliados de la extrema izquierda y se esfuerza en aplacarlos, excusándose para hacerles comprender los motivos de la actitud adoptada por los republicanos. Insiste en el enorme sacrificio «para que no pueda decir el enemigo más caracterizado del régimen que le hemos tratado con una medida de rigor e injusticia». Ante las protestas declara que está dispuesto a hacer los mayores sacrificios «para coincidir con vosotros en esos anhelos que acabáis de exponer al explicar vuestros votos» y, continúa más adelante tratando de congraciarse con los extremistas: «Que no se sienta jactancioso el señor Calvo Sotelo ni los que le acompañan en su posición política porque si esta noche hemos llegado a hacer este sacrificio enorme…». En este punto le interrumpe González Peña: «¡Por el causante de muchos crímenes de Asturias!», pero Ansó sigue Ja frase «… Para evitar acusaciones e injusticias que iban a recaer en el régimen que tanto queremos, en el futuro estamos dispuestos a realizar otros sacrificios mayores para llevar adelante nuestro programa en su integridad e imponer la justicia de la República». Según el Diario de Sesiones, la señora Ibárruri grita «¡Viva la República del proletariado!», y la señora de la Torre[4]: «El mérito de ese señor es haber hecho cinco mil muertos en Asturias». Lo que el cronista de La Vanguardia escribe es que la señora Ibárruri ha gritado un viva a «la dictadura del proletariado». Cuando en su primera intervención Calvo Sotelo pronunciaba la frase: «… que los comunistas intentan derrocar el régimen capitalista…», un diputado comunista —siempre según el mismo cronista— chillaba «¡Lo que deseamos es decapitar a los capitalistas!».

Como las interrupciones se prorrogaban en demasía —González Peña se distinguía en ellas—, intervino el presidente pidiendo que dejaran hablar al orador «cuando trata de cumplir lo que en él es una obligación y un derecho».

Las expresiones más fuertes y las amenazas se daban por «no oídas», y no se incorporaban al Diario de Sesiones, lo cual suele originar equívocos, al inducir a creer que todo se desarrollaba por cauces más correctos. Tampoco resultaba siempre posible saber con certeza quién era el autor de la interrupción insultante o amenazadora. Los periódicos del momento, mejor aquellos de información bastante objetiva, como Ahora de Madrid y La Vanguardia de Barcelona, que tenían sus cronistas destacados en la tribuna de prensa, suelen ser buena fuente para llenar esas pequeñas lagunas. Este diario madrileño se hacía eco de un renacer de las esperanzas de diálogo, y reconocía que la actitud de los diputados republicanos podía interpretarse como «un prólogo de convivencia y pacificación dentro del régimen».

Aquel intercambio de opiniones a nadie convencieron: las resoluciones estaban tomadas de antemano. Se procedió a la votación, que se hizo nominal: a favor del último dictamen, o sea de la aprobación, 111 votos —republicanos y los centristas o derechistas moderados que asistían a las sesiones—, en contra: 79 votos —socialistas y comunistas—. La Pasionaria dijo al votar: «En nombre de los trabajadores de Asturias, ¡no!». Al terminar la sesión, los comunistas dieron vivas a Asturias, que se habían convertido en un latiguillo[5].

Todavía se continuó la discusión sobre las actas de Salamanca, que eliminó del Congreso a Lamamié de Clairac y a otros dos derechistas. Eran las siete de la mañana cuando se levantaba la sesión.

Después de los acuerdos de la mayoría sobre la discusión de actas, el Frente Popular salió muy beneficiado en cuanto a número de diputados; y más lo sería en la segunda vuelta. De ser la minoría más numerosa, la CEDA pasó al segundo puesto y el primero lo ocuparon los socialistas.

Cuenta Mariano Ansó que, después de la defensa que hizo de las actas de Orense, recibió un día la visita del general Luis Orgaz, a quien conocía personalmente, y que este le dio las gracias en nombre de Calvo Sotelo, con quien tuvo después una entrevista, en un lugar apartado de los pasillos de la cámara, y que el líder monárquico le expresó muy calurosamente su agradecimiento. «A partir de aquel momento —escribe Ansó en sus memorias—, Calvo Sotelo me tuvo todo género de atenciones. Cierta vez le interrumpí y él, al darse cuenta de que el responsable era yo, hizo un alto en su discurso para rogarme que no le interrumpiera porque conmigo no podía discutir. En lo sucesivo atendí su ruego».

DESORDEN PÚBLICO

El Gobierno se ve incapaz de controlar el orden, y los incidentes con sangre —muertes y heridos graves— salpican toda España. Templos, conventos, centros derechistas, imágenes en ocasiones con valor artístico más o menos grande, son quemados o saqueados en diversos puntos. A mediados de marzo en Yecla se desencadenó un ataque de furia iconoclasta que prendió fuego a las iglesias y en particular a un elevado número de imágenes; el día 22 del mismo mes, en Oviedo matan al que fue fugaz ministro liberal-demócrata Alfredo Martínez García-Arguelles, que había desempeñado la cartera de Trabajo, Justicia y Sanidad en el primer Gobierno de Portela. El 31 por la mañana, cuando salía de su domicilio de Madrid, Cava Baja, número 22, el estudiante de medicina Antonio Luna Espiñeira, de 19 años, de ideología «fascista», es agredido a tiros por tres o cuatro pistoleros que luego huyen; el mismo día, en Sevilla cuatro individuos mataron a tiros a Manuel Giraldez Mora, «afiliado al fascio», que cumplía el servicio militar, aunque la causa del atentado es que trabajaba en el muelle como capataz…

Algunos autores, y José Pla entre ellos, publican una larga relación de hechos sangrientos; no todos se reflejaban en la prensa, sobre la cual se ejercía la censura, pero basta un repaso de los periódicos para comprobar el elevado número de delitos de sangre de origen político-social. La escasa importancia que se les atribuye, salvo a los casos de mayor relieve, es indicio de que impresionaban escasamente a la opinión pública, a menos que ocurrieran en la misma ciudad o región. Comenta Pla: «La fórmula política imperante ¿permitía abrigar la esperanza de algún apaciguamiento? Era, a mi entender, imposible. En primer lugar, la fórmula política encubierta con las palabras Frente Popular, era la revolución misma. Significaba, como ya dijimos, la posibilidad de hacer la revolución con impunidad completa. Son los elementos del Frente Popular mismo, los aliados del Gobierno, las fuerzas que constituyen su mayoría parlamentaria, los que cubren, dirigen y mantienen la subversión. Todos los hechos señalados en la crónica negra, crónica que por sí sola alecciona y echa más luz sobre la realidad que todas las lucubraciones que pudieran hacerse, son llevados a cabo a ciencia y paciencia de las autoridades, cuando no están dirigidos por las autoridades mismas». Este texto quizá adolezca de una visión propia de posguerra, cuando este libro está escrito, lo cual hace que se generalice demasiado. Lo que ocurría es que los republicanos estaban obligados a pagar en mala moneda la victoria que el Frente Popular les había dado. Poquísimas veces los desmanes provienen de un elemento de Izquierda o Unión Republicana, los actores de los atentados como de los destrozos, incendios y demás, son socialistas y comunistas, y, en ocasiones, anarcosindicalistas. Y aunque se ha estado insistiendo en el extremismo político de los seguidores de Largo Caballero, a la hora de la acción los partidarios de Prieto no se quedaban atrás.

Las derechas tampoco demostraban ser mancas, aunque en este período, por lo general, actuaban —atacando cuando se terciaba— a la defensiva. En los pueblos principalmente, votantes y militantes de la CEDA recurrían a las armas con frecuencia; según quien redactara la noticia le colocaba la etiqueta de «fascista» (en calidad de matador o de víctima) y asunto concluido. En publicaciones de carácter derechista posteriores a la guerra, se ponen de manifiesto incendios, destrucciones y otros horrores sin citar cómo empezaron; en algún caso consigue averiguarse que fueron consecuencia de la «muerte de un socialista», o de dos… Los falangistas también actuaban, y a partir de estas fechas, más; sucede que entonces y después se jactaron de ello, lo cual ha permitido a otros elementos, que actuaban con mayor discreción política, aceptar que se carguen todas las culpas sobre Falange.

En los libros publicados durante la guerra o en el exilio se ha exagerado de tal manera, que acusar a los falangistas se ha convertido en un tópico sin valor demostrativo. Unos utilizaban la exageración como arma política, pero muchos lo hacían porque habían llegado a creerlo; más adelante fueron copiándose unos a otros y se olvidaban de los falangistas o no falangistas, que mataban los del propio bando, con lo cual la historia quedaba falseada. Sucede también que cuando la lucha alcanza los extremos paroxísticos a que llegó aquella primavera, solo los muertos propios duelen, los ajenos se justifican. Cualquier culpa siempre es del otro, del contrario[6].

Había venido hablándose de elecciones municipales, que no se habían celebrado desde aquel histórico 12 de abril de 1931. Durante el primer bienio republicano, en aquellos ayuntamientos en los cuales no se presentaron más candidaturas que las monárquicas, fueron sustituidos los consistorios por comisiones gestoras designadas a dedo. Eran bastantes numerosos esos municipios, si bien de escasa población e importancia. Cuando llegaron a celebrarse elecciones, el Gobierno solo consiguió un tercio de los concejales elegidos; fue aquella la señal de que el electorado se inclinaba hacia el centro y la derecha. Azaña encajó mal aquel fracaso, calificó a los lugares donde la derecha había triunfado de «burgos podridos», denominación que se hizo popular. Sin caer en exageraciones, la verdad es que eran lugares atrasados en lo político, en lo social, y más aún en lo cultural; pero sus habitantes, los que votaron, eran pueblo-pueblo.

En los diarios se habían anunciado las elecciones y cuando se aproximaba la fecha señalada, el 2 de abril, circuló el aviso de que, considerando la situación política, se suspendían. Las derechas presionaron para conseguir la suspensión en la creencia de que carecían de garantías suficientes y amenazaron con que no se presentarían. Debió el Gobierno reconocer la razón que les asistía, pues no le resultaba posible controlar la situación. Las comisiones gestoras que se habían nombrado estaban compuestas por elementos afectos al Frente Popular; en esas condiciones, tampoco les parecía necesario entablar una confrontación en la cual nada iban a salir ganando[7].

El día 3 de abril, en el juicio que se seguía por el atentado contra Jiménez de Asúa, presentó el fiscal las conclusiones provisionales: a Alberto Ortega se le acusaba de asesinato consumado (el del agente Gispert) y de otro frustrado y por tenencia ilícita de armas; como se hallaba en el extranjero, se solicitaría la extradición. Guillermo Aznar y José María Díaz también habían huido a Francia. El aviador Juan Antonio Ansaldo les cruzó la frontera en una avioneta de su propiedad.

AGRUPACIÓN SOCIALISTA MADRILEÑA SE DEFINE

En el órgano caballerista Claridad del 19 de marzo se publicaba lo siguiente: «Un documento trascendental. Proyecto de reforma del programa del Partido Socialista Obrero Español. Llamamos la atención a nuestros lectores sobre el magnífico documento que a continuación publicamos en toda su integridad, presentado a la Asamblea de la Agrupación Socialista Madrileña por su nuevo Comité, como proyecto de reforma del programa de nuestro partido a discutir en el próximo Congreso Nacional del mismo, y que, de prevalecer en él, elevaría al socialismo español al más alto nivel doctrinal y táctico que jamás haya alcanzado ningún otro partido socialista en el mundo». La presentación, que parece un tanto presuntuosa, podría interpretarse como respuesta afirmativa a la carta firmada por José Díaz el día 5 en Mundo Obrero. Se declara en el exordio que se trata de una puesta al día del socialismo español: «Hay que eliminar la ilusión de que la revolución proletaria socialista, o sea la transformación de la propiedad individual o corporativa de los instrumentos de trabajo en propiedad común de la sociedad entera y la consiguiente abolición de todas las clases, fundiéndolas así en una sola comunidad de trabajadores, podrá realizarse en el estado social vigente. No queda otro recurso que destruirlo de raíz». Afirmaban con seguridad dogmática: «El capitalismo está ya en su curva descendente. De la etapa expansiva ha pasado a la restrictiva o defensiva (…). La crisis económica actual ya no es cíclica o pasajera, como las anteriores, sino que se presenta con caracteres de permanencia, y ni siquiera con tendencia a estabilizarse, antes bien a agravarse de día en día». En esta exposición de motivos va desarrollándose una teoría que conduce a: «En el período de transición de la sociedad capitalista a la socialista, la forma de gobierno será la dictadura del proletariado, con objeto de reprimir toda resistencia de la clase explotadora, impedir todo intento de restauración del capitalismo privado y destruir toda la infraestructura y superestructura de la actual organización social» y argumentaba, «… aún tratándose de una dictadura, será la democracia más extensa y perfecta que haya habido jamás en la historia…». En este documento, en cuya redacción la influencia comunista queda traslúcida, se llega a idénticas condiciones que en el VII Congreso de la III Internacional (contra la II, que es la socialista), porque al seguir con las conclusiones, se decía: «Para ello es imprescindible la unidad inmediata de todas las acciones revolucionarias mediante la fusión política y sindical de todos los grupos obreros, y la ruptura completa del Partido Socialista con toda tendencia reformista o centrista».

A continuación se exponen una serie de considerandos, entre otros: «Que los privilegios de la burguesía están garantizados por el poder político, del cual se vale para dominar el proletariado». Considerando este que merece destacarse por cuanto el poder político en aquel momento lo está ejerciendo el Frente Popular y el ala izquierdista del socialismo ni siquiera dentro de él es mayoritaria. Las conclusiones son claras: «La conquista del poder político por la clase trabajadora y por cualesquiera medios que sean posibles». «La transformación de la propiedad individual o corporativa de los instrumentos de trabajo en propiedad colectiva, social o común. En el período de transición de la sociedad capitalista a la socialista, la forma de gobierno será la dictadura del proletariado, organizada como democracia obrera». Viene después la enumeración de una porción de aspiraciones de carácter político que entrañan contradicciones, como, por ejemplo, cuando se proclama la «libertad de prensa», el derecho de manifestación, la inviolabilidad de la correspondencia, sufragio universal con voto secreto y demás garantías verdaderamente democráticas, si en el país está gobernando una mayoría, recientemente contrastada por el sufragio universal, que ha arrojado en votos un resultado en el cual, si se suman las derechas, el centro, los partidos burgueses de izquierda y los «reformistas», forman un bloque numéricamente tan superior, después de esas «elecciones libres», solo cabría desconocer los resultados imponiendo la dictadura del proletariado por cualesquiera medios que sean posibles. Figuran como aspiraciones, la «retribución de los cargos electivos», que ya lo eran en aquel momento; «supresión de los ejércitos permanentes y armamento general del pueblo». No se comprende que los cargos de ministro no puedan ser desempeñados por militares, ¿por qué militares, si han suprimido el ejército? «Supresión del presupuesto del clero, confiscación de todos sus bienes y disolución de todas las órdenes religiosas». En otro de los apartados se reconoce el derecho a la autodeterminación, incluso a la independencia de las nacionalidades ibéricas, la supresión de la lengua oficial, etc. Vuelven a dictarse trabas contra los militares, a pesar de que los han suprimido. ¿O se trata de un período intermedio? En este último caso, la confusión a que induce el documento es notoria. Los proyectos de índole económica incurren en la frívola promesa o en la utopía, y no se basan en ningún análisis de posibilidades de la economía, una vez que los bienes de las órdenes religiosas y los demás de que pudieran echar mano, se hubiesen agotado. Más promesas: «jornada de cuarenta horas semanales». ¿Por qué no de treinta y cinco? «Descanso de dos días por semana…». «Casas para obreros», «Abolición de los impuestos indirectos», «Lavaderos y baños públicos gratuitos», «Cantinas, colonias y roperos industriales», «Asistencia médica y servicio farmacéutico gratuitos», «Albergue y alimentación a obreros transeúntes», «Casas de maternidad para los hijos de los obreros durante las horas de trabajo», «Creación de Casas del Pueblo». En su conjunto podían ser todas ellas aspiraciones legítimas, que contribuirían a dignificar al obrero: Por fin se entraba en el meollo de la cuestión: «el Comité de la Agrupación Madrileña ha sometido a la Asamblea la siguiente proposición, para, en su caso, presentarla al Congreso del Partido: Haciéndose intérprete de la gran corriente de opinión existente en la masa trabajadora española en pro de la unificación política del proletariado (…), propone al Congreso: la Comisión Ejecutiva concertará con el Partido Comunista, con el que ya hay iniciadas conversaciones al afecto, la unificación de ambos partidos en uno solo de clase sobre la base de los respectivos programas. Hecha esta unificación, se procurará hacerla extensiva a los demás partidos obreros».

En los últimos tiempos, las alabanzas comunistas a Largo Caballero eran continuas; en algunos casos provenían de gentes que, militando oficialmente en el socialismo, ya giraban en la órbita comunista —incluso afiliados reservadamente—, como ocurría con muchos que, después de la revolución de octubre, fueron acogidos —y adoctrinados— en la URSS. No es, pues, de extrañar que, madurada la maniobra comunista[8] en estos meses de la primavera, que La Cierva ha calificado de «trágica» y Stanley Payne de «ominosa», llegarán casi a confundirse las doctrinas y propósitos de comunistas y socialistas. A primeros de abril se hizo público un deseo, consigna, o la orden de formar milicias obreras y campesinas: «constituir en todas partes, conjuntamente y a cara descubierta, las milicias del pueblo». Esboza unos paralelos históricos en los cuales se acusa, ayer y hoy, al ejército, la judicatura, las fuerzas de orden público, a los técnicos y «al desecho de la burocracia, los secretarios de pueblo» de ser guardianes implacables de la aristocracia feudal, de los privilegios de la burguesía terrateniente y del capitalismo financiero. Y razona: «En estas condiciones, la consigna del Gobierno, o sea el desarme de todos los ciudadanos, constituye una burla. En realidad, eso equivale a entregarnos inermes a nuestros enemigos». A continuación se afirma: «De sobra sabemos que son los cedistas y demás terratenientes quienes pagan a las centurias de Falange». De lo cual se deduce que tenían frente a ellos «armados hasta los dientes a todos los señores de la tierra, a sus lacayos directos, a sus matones a sueldo, a la clerigalla trabucaire y, respaldando a todas esas fuerzas enemigas, a la Guardia Civil, a los jueces de la burguesía, a los técnicos desleales y a los chupatintas taimados». Propone que en cada pueblo se arme a un centenar de milicianos y que se integren en hermandades con los de otros pueblos vecinos, con lo cual se conseguiría una red que cubra toda España. «Esa fuerza debe estar bien organizada; disponer de elementos, obedecer a una disciplina y a mandos responsables». Las milicias «suplirán los fallos de los resortes del Estado que se hallan en manos de la burguesía latifundista y del capitalismo financiero…», Difícil se le ponía a Azaña gobernar con arreglo a las leyes y difícil se le hacía también imponerlas contra la voluntad pública y decidida de pulverizarlas recurriendo a la fuerza, que manifestaban sus propios electores, quienes en el Parlamento representaban un elevado número de votos con cuyo apoyo estaba obligado a gobernar. En ese documento se terminaba diciendo: «Sabe perfectamente el señor Azaña que las notas del ministro del Ejército, las seguridades del ministro de Gobernación y el llevarse la mano al corazón de los jefes supremos que garantizan el orden público, son pura literatura. La República no tiene más fuerza real que el pueblo, los obreros organizados de la ciudad y la tierra. Y a ese pueblo hay que organizarlo militarmente. Formando o ayudando a que se formen las milicias del pueblo»[9].

MANIOBRAS: LA VOZ DEL GOBIERNO Y SU ANTIECO

Al día siguiente de aquella sesión maratoniana en la cual se aprobaron las actas de Orense y Salamanca, pudo constituirse la Cámara, y Martínez Barrio fue elegido presidente definitivo de las Cortes. Se dirigió a todos con palabras esperanzadoras, y enseguida fue presentada una proposición firmada por representantes de los partidos del Frente Popular, encabezados por Indalecio Prieto, que era inicio legal —o mejor, legalista— de una maniobra dirigida a destituir al presidente de la República, Niceto Alcalá Zamora, que antes lo fue del Gobierno Provisional que se constituyó el mismo 14 de abril de 1931. El planteamiento era el siguiente: habiendo sido la disolución de las Cortes anteriores (las derechistas), la segunda vez que el presidente disolvía el Parlamento, tenía la propia cámara que determinar si la disolución estuvo o no justificada, ya que, de acuerdo a la Constitución, solo por dos veces puede el presidente usar de aquella prerrogativa.

Iba a producirse una increíble paradoja: el presidente de la República sería depuesto por disolver antes de tiempo unas Cortes de mayoría derechista, y, como consecuencia, haber dado ocasión convocando nuevas elecciones, a que triunfase el Frente Popular, cuyos miembros se erigían ahora en promotores de esta maniobra legalista. Muchos errores había cometido Alcalá Zamora y solía entrometerse en funciones que no le correspondían; era hábil y tenaz y, forjado a la antigua usanza, utilizaba cualquier medio o artimaña para lograr sus fines. Lo que deseaba Alcalá Zamora, a quien el acceso a la presidencia de la República colmó de satisfacción y tuvo la virtud de acallar sus escrúpulos religiosos, era gobernar y a ese propósito iban encaminadas todas sus intrigas, igual que sus legítimos esfuerzos. Esa pugna le enajenó amistades a la derecha y a la izquierda.

Se daba otra circunstancia: en lucha denodada, y admirable si se consideran sus fines humanitarios, que encubrían también miras políticas que ahora fracasaban, había conseguido contribuir, por lo menos en un caso de manera decisiva, a salvar vidas de algunos de los comprometidos en las sublevaciones de octubre. Y ocurrió que, cuando decretada la amnistía fueron puestos en libertad, solo aquel cuya vida corrió mayor peligro, el comandante de artillería Enrique Pérez Farrás, se presentó a él para agradecerle el beneficio recibido. Los miembros de la Generalidad ni siquiera le visitaron mientras permanecían en Madrid; tampoco lo hicieron los dirigen tes de la revolución asturiana. Y es que probablemente la destitución de Alcalá Zamora estaba pactada.

A Juan Ventosa, de la Lliga Catalana, no le parecía adecuado el procedimiento propuesto por Prieto y los demás; con la posición expresada por Ventosa se mostraban de conformidad las derechas, que, por lo menos en este caso, consideraban la institución presidencial con mayor respeto que las izquierdas, aunque tampoco defendían a Alcalá Zamora. La proposición encabezada por Prieto fue aceptada por 181 votos contra 88 negativos.

Aquella sesión subió de tono con la intervención del jefe del Gobierno: una vez más Manuel Azaña daba la medida de auténtico hombre de Estado, que sabía lo que deseaba y a dónde iba, aunque como presidente del Consejo el poder le resbalara de entre las manos. Y era el destino de la República y de la democracia lo que andaba en juego. Ante los diputados y ante el país no ocultaba Azaña las dificultades a las que se enfrentaba para llevar adelante la obra de gobierno. Había podido comprobarlas desde que en febrero se hizo cargo de su jefatura. Achacaba las culpas a la «indisciplina de masas o grupos no sujetos a la dirección ni responsabilidad de ninguna organización política», con lo cual aludía a los anarcosindicalistas y a otros grupos extremistas de menor entidad, a pesar de que las perturbaciones del orden en aquellos meses provenían de socialistas y comunistas en la mayor parte de los casos. Y añadía entre las causas «las reacciones ofensivas de los intereses lastimados por la política republicana». Al referirse a la izquierda del Frente Popular, reconocía: «Se ha alborotado mucho en algunos pueblos; se han cometido desmanes que el Gobierno manifestaría una simple ridiculez si dijera que los lamenta, una cosa innecesaria si dijera que los reprueba y una cosa obligada si afirma que trata de corregirlos». Decía, con razón, que cuando él se hizo cargo del poder, el gobierno anterior —Portela— había abandonado sus funciones, y que él sintió entonces cierto temor ante lo que pudiera ocurrir, porque: «… Hay que discurrir como hombres. ¿Es que se puede pedir a las multitudes irritadas o maltratadas, hambreadas durante dos años, a las muchedumbres saliendo del penal, que tengan la virtud que otros tenemos de que no transparezcan en nuestra conducta los agravios de que guardamos exquisita memoria?». Y en esta frase, quizá sin advertirlo, acusaba a la inoperante política del bienio centro-derechista y a la represión asturiana, y, al mismo tiempo, a quienes condujeron a sus partidarios a una lucha ilegal de la cual iban a resultar, además, derrotados. Se proponía desde el gobierno hacer «saber a todos que hay un modo honesto, honrado de entender la vida pública, dentro de la cual caben todas las competencias, todas las opciones; que hay un respeto a la vida y al derecho de los demás que nadie está autorizado a traspasar». Trazaba un diagnóstico de lo que en España sucedía, aunque restara importancia a las manifestaciones revolucionarias del ala izquierda de sus propios electores y de los parlamentarios que le apoyaban: «La pasión de las luchas políticas en que estamos envueltos los españoles desde hace años, propende demasiadas veces a resolver las cosas por la violencia y ha llegado a infundir en las gentes no militantes en los partidos una sensibilidad irritada que los inquieta y no los deja vivir en reposo. Por una parte, hay la corriente de pánico a supuestas subversiones del orden social que desalienta a mucha gente, imaginando que un día de estos España va a amanecer constituida en soviet. Que esto lo crea el vulgo no me sorprende, pero que lo crean y propaguen personas que conocen la política y militan en ella, pasa de los límites de lo lícito. A favor de esa corriente se crea la atmósfera necesaria para que los golpes de fuerza sobre el país prosperen. ¿Quién puede pensar que somos un gobierno claudicante? La otra corriente de pánico es a la inversa. Cuando se habla del orden público, los ministros suelen excederse en afirmaciones rotundas. Yo no diré nunca una bravata. No he venido a gobernar con una tranca ni con una bolsa de dinero para corromper. No somos ni verdugos ni títeres. Gobernamos con razón y con leyes». Veía con lucidez cómo se desarrollaba la espiral del miedo con su peligrosa dinámica, y si lo advertía a los demás, no resultó capaz de ponerle freno a la diabólica zarabanda. Reconocía, sin tapujos ni arrogancias, que de la política reformista que pensaba poner en marcha, que ya había puesto en marcha, se seguirían perjuicios inexcusables para los privilegiados: «Vamos a lastimar intereses cuya legitimidad histórica no voy a poner en cuestión, pero que constituyen la parte principal del desequilibrio que padece la sociedad española (…). Venimos a romper toda concentración abusiva de riqueza dondequiera que esté; a equilibrar las cargas sociales y a no considerar en la sociedad más que dos tipos de hombres: los que colaboran en la producción y los que viven del trabajo y a costa de la labor ajena. Para los privilegiados de España se presentará la opción entre acceder al sacrificio o afrontar los efectos de la desesperación». Una reforma agraria a fondo en las regiones en las cuales los ecos del feudalismo no se habían extinguido ni en la economía ni en las costumbres, se evidenciaba inaplazable; solo los interesados no lo comprendían, precisamente por una mentalidad fuera de época que casaba con sus intereses materiales y las formas más triviales de su vanidad; tampoco sus valedores, empeñados en la lucha y defendiendo la inmutabilidad de unos derechos caducados por obra de los tiempos, lo percibían con claridad porque, de otra manera, no alcanza a comprenderse su inmovilismo. Azaña no amenazaba a la derecha la advertía: «Si la reacción ofensiva de los intereses lastimados llega a producir lo que se produjo contra la política de las Cortes Constituyentes, habremos perdido la última coyuntura legal parlamentaria y republicana de atacar de frente el problema y resolverlo en justicia (…). Salvemos la institución republicana y hagamos todo lo posible para que por razón de ineficacia y esterilidad no naufrague también el último reducto donde se asienta la libertad civil. Yo no quisiera verlo perecer». Este discurso fue pronunciado en el Congreso el viernes 3 de abril.

Como si se tratara de desmentirlo o de destruir el buen efecto que en los más sensatos tuvo que producir aquella llamada del jefe del Gobierno, el domingo día 5 estaba convocado en la plaza de Toros de Madrid uno de los que solían calificarse de «mitin monstruo», organizado por las Juventudes marxistas, «para dar cuenta de la unificación de las dos ramas, socialista y comunista, que ahora se han fusionado». El acto lo presidía Largo Caballero. El lleno fue absoluto y en el ruedo formaron las «milicias uniformadas» y los «pioneros», también de uniforme, que exhibían «estandartes, banderas y carteles alusivos». Habló Largo Caballero: «Este acto tiene por objeto daros cuenta de la unificación de las fuerzas españolas comunistas y socialistas (…). Vengo como notario a tomar fe de vuestros propósitos, a comprobar por mí mismo el deseo de la juventud de unirse, de prepararse para el movimiento definitivo, que sospecho no tardará mucho en llegar», y dijo luego que «la clase trabajadora es la que tiene que apoderarse del poder político para dominar la clase burguesa». Habló Santiago Carrillo, artífice de aquella unificación que todavía no era del dominio público que se hacía en beneficio del PCE, pues a Largo Caballero se le destacaba y ovacionaba como a líder de aquella fusión y de las demás que estaban preparándose. Hizo Carrillo un llamamiento a los libertarios evocando la lucha común en Asturias, y aunque no obtuvo, ni entonces ni después, respuestas satisfactorias —la posibilidad de atraer a sus militantes a la disciplina comunista—, se originarían más adelante movimientos unificadores que no llegarían a cuajar. De nuevo tomó la palabra Largo Caballero, que, como si quisiera replicar a Azaña y atemorizar a las derechas, remachó: «… la clase trabajadora tiene que marchar hacia la dictadura del proletariado, que es la verdadera democracia». A la salida del mitin, las milicias marcharon en formación hasta la plaza de Manuel Becerra, escoltadas por la muchedumbre que admiraba su marcialidad.

Fue en esos días cuando el periódico Claridad se convierte en diario; el origen de los dineros conseguidos para aquella costosa operación dio lugar a enconadas controversias con El Socialista, que transparentaban las disidencias internas del PSOE y la UGT.

EL PRESIDENTE DESTRONADO

En la sesión del Congreso del martes día 7 de abril culminó la operación de destituir al presidente de la República[10], maniobra de índole suicida, aunque la pasión desenfrenada hizo que quienes la promovieron y llevaron a término —el Frente Popular en bloque— no lo advirtieran. Se había desembocado en una situación paradójica en la cual el presidente estaba incapacitado para disolver las nuevas Cortes, con lo cual estas pasaban a ser soberanas y aquel quedaba despojado de cualquier autoridad. Esta situación era transitoria, pues al declararse innecesaria la disolución de las Cortes, el presidente quedaba automáticamente destituido.

Lo que a continuación ocurrió estaba teñido de tonos mezquinos, personalismos agarbanzados disfrazados, por ambas partes, de legalismos.

En la sesión del Congreso defendieron no a Alcalá Zamora, a quien detestaban y a quien achacaban culpas reales e imaginarias, sino a Ja presidencia de la República, hombres como Gil Robles y Ventosa, los agrarios y Miguel Maura. La votación fue de 238 votos en favor de la destitución y 5 en contra; las derechas se abstuvieron. Aquellos cinco votos portelistas eran los que iban a ofender al suspicaz y puntilloso Niceto Alcalá Zamora, porque consideró fueron emitidos de mala fe con el único objeto de dar validez al juego que él consideraba ilegal.

Sin tomar en cuenta lo avanzado de la hora, las diez de la noche, como si tuvieran prisa por consumar la defenestración presidencial, la mesa de las Cortes se trasladaba al domicilio de Alcalá Zamora. Este se negó a recibirlos por considerar que no venía obligado a hacerlo, lo cual dio lugar a pequeñas pugnas entre un hijo del presidente y Jiménez de Asúa, que presidía la comisión. Hay quien afirma, y quizá no sea cierto, que Alcalá Zamora atisbaba desde detrás de una cortina. La mesa decidió trasladarse al Palacio Nacional (que así se llamaba el Real o de Oriente), residencia oficial de la presidencia, y allí, tras no pocas dificultades, fue recibida la notificación por el secretario de la presidencia, Rafael Sánchez Guerra. De regreso al Parlamento se leyó el acta: «… a pesar de insistentes requerimientos hechos por los señores vicepresidentes de las Cortes, se nos respondió que S. E. se hallaba descansando y que ningún precepto constitucional le obligaba a recibir personalmente la notificación…», y continuaban narrándose las incidencias.

En el Congreso se cumplió con lo que para casos semejantes preveía la Constitución: que interinamente se hiciera cargo de la presidencia el presidente de las Cortes. Entre aplausos fue, pues, promovido Diego Martínez Barrio. Con solemnidad procesional se trasladaron en landós al palacio de Oriente y en el mismo salón en que horas antes se había hecho la comunicación por la cual se destituía a Alcalá Zamora, fue oficialmente proclamado su sustituto interino, quien recibía la investidura con gran satisfacción. Estaba amaneciendo el nuevo día.

Los diarios harían los más diversos comentarios: ni en el Parlamento ni en la calle nadie defendía al depuesto presidente; y eran muchos los que tenían motivos de estarle agradecidos. Agrio e injusto era el juicio de Claridad, que se expresaba así: «Su mentalidad monárquica, su complejo de inferioridad y su conciencia católica explican todo lo sucedido desde diciembre de 1931. Solo buscaba el medro personal y por eso rompió con los partidos que le llevaron al sitio que ocupó». Alcalá Zamora formula acusaciones a derecha e izquierda con nombres y apellidos; y llegó a perder la mesura al afirmar en un diario francés —y luego lo repetirá en sus memorias— que tuvo ofrecimientos militares para mantenerle en el puesto por la fuerza —y la razón y la ley según su opinión personal— y que los rechazó por no desencadenar una guerra civil. Nadie creyó, ni ha creído después en semejante afirmación; aunque algún iluso pudiera habérsele ofrecido a título particular, estas manifestaciones solo cabe interpretarlas considerando que en su mente conturbada se originaron confusas amalgamas entre su propia destitución y el destronamiento de Alfonso XIII, en el cual, el neorrepublicano y exministro de la Corona, tomó parte tan activa y conminatoria.

ENTRE EL ATENTADO Y LA PROPAGANDA

Ese mismo día ocurrió un suceso, extraño por las circunstancias que lo rodearon y, como por fortuna no produjo víctimas, podría calificarse de pintoresco, a pesar de que la intención evidente de los autores era la de atentar contra el diputado de izquierdas Eduardo Ortega y Gasset, hermano del conocido filósofo, que vivía en la calle de Rafael Calvo. En el domicilio del diputado —que autores derechistas afirman que era abogado del Socorro Rojo Internacional—, se presentó un muchacho portador de una cesta de huevos sobre los cuales se asentaba una gallina, diciendo que se trataba de un regalo. La esposa del político, de nombre Adela González, introdujo el obsequio en la despensa. Al poco de salir de ella, una explosión destrozó parte del piso, con el susto y caídas consiguientes. Entre los huevos habían colocado un artefacto explosivo.

Las explicaciones que Ortega y Gasset facilitó a los periodistas eran confusas: que quince días antes se juntaron en su casa cinco personas, a alguna de las cuales él conocía, y que sostuvieron ante él una discusión sobre fascismo, por lo cual se vio obligado a hacerles abandonar su despacho. Después se averiguaría que el muchacho que llevó el explosivo obsequio era hijo de un tal Nicolás Ribagorda (parece que el chico encendió la mecha en la misma escalera) y que tanto este como su cómplice, Adolfo Burzate, habían pertenecido a la CNT, y que el primero de ellos fue detenido cuando la huelga de la Telefónica de 1931 por tenencia de explosivos y que dio con sus huesos en San Miguel de los Reyes. Eduardo Ortega Gasset, que mantenía relaciones con los extremistas, protegió durante algún tiempo a la mujer y a los hijos de Ribagorda hasta que, según explicó, un día dejaron de visitarle. Al parecer, los antiguos sindicalistas habían cambiado de campo de acción, pero no de actividades; pertenecían ahora a Falange o actuaban por cuenta de esta organización. Pocos días después ambos serían detenidos en una chocolatería de la calle de Alcalá. Se descubrió que escondían armas y explosivos.

Advertidos los comunistas del excelente resultado que, para la consecución de sus fines, les daban aquellos dirigentes políticos y sindicales, que, a raíz de la revolución de octubre fueron acogidos en la URSS, en particular los de filiación socialista, trataron de insistir en la jugada, aunque fuese a escala reducida. La maniobra para atraerse a Largo Caballero y, con mayores probabilidades, a muchos de sus seguidores, principió en Moscú a lo largo de 1935.

Esta vez la cosa se iniciaba anunciando un viaje a la Unión Soviética con motivo de las fiestas conmemorativas del 1 de mayo. Quien patrocinaba la gira propagandística era la asociación denominada Amigos de la Unión Soviética. Nuevamente se servían de las páginas de Claridad, que el 11 de abril publicaba un trabajo abiertamente publicitario en favor del modelo de vida soviético. La URSS quedaba muy distante y, debido a esa circunstancia, a la inmensidad del país, y que a los visitantes iban dirigidos con rigidez censoria, los auténticos fallos que el régimen presentaba, los bajos niveles de vida de todas las clases sociales, y las demás imperfecciones de aquella democracia, pasaban inadvertidos para unos turistas subvencionados, aleccionados y agasajados, a quienes se mostraba lo dispuesto al efecto, la cara espectacular, y los auténticos logros, que también se habían conseguido y no en corta medida, en el campo industrial, sociológico, militar, técnico-cultural, científico y en otros. Las personas seleccionadas estaban, salvo contadas excepciones, predispuestas a dejarse no solo convencer, sino entusiasmar.

Aunque en Claridad se afirmaba que los «trabajadores de todas las tendencias y de todas las regiones de España (…) serían los encargados de ejercer, en nombre de todos sus compañeros, la función de controladores respecto a si en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas está edificándose el socialismo», y que tendrían ocasión de comprobar sobre el terreno cómo vivían, la manera en la cual elegían sus delegados, el verdadero significado del Ejército Rojo, etc., ya estaban prejuzgados los resultados que aquella comprobación daría, y cuál iba a ser la misión de los invitados a su regreso: «Podrán comprobar la existencia de una democracia de trabajadores que no tiene igual en el mundo (…) y nada de mayor garantía para cuantos quieran saber la verdad de lo que allí pasa, que los informes que traigan los delegados obreros…».

Para contrarrestar esa propaganda bien montada y que, con alguna base de verdad, dada la magnitud del experimento iniciado en 1917, tenía que resultar eficaz en un país pobre y socialmente atrasado e injusto como lo era España, las derechas respondían con una contrapropaganda pobre, verbalista y defensiva, destinada a apoyar una política reaccionaria en los aspectos sociales. Esta contrapropaganda se mostraba ineficaz dentro de la clase trabajadora cuando no producía efectos negativos para quien la promovía.

El 13 de abril, los falangistas mataron al magistrado de la sala l.ª del Tribunal Supremo, Manuel Pedregal Luege, de sesenta años, natural de Villaviciosa (Asturias), que había actuado como ponente en la causa seguida con motivo del atentado contra Jiménez de Asúa y la muerte del policía Gisbert[11].

Ese mismo día fue conducido ante el juzgado de guardia, Marcelo Durruti, de veinticinco años, que en la prensa se identifica como hermano del líder anarcosindicalista Buenaventura[12], detenido junto a Sinforiano Moldes, ambos llegados de Barcelona. En el domicilio que ocupaban en la carretera de El Pardo, número 13, la policía, que los venía vigilando, halló «ficheros de FE y documentos sobre el ramo de la construcción en lo que se refiere a actividades de FE». Desde el juzgado pasaron ambos a la cárcel.

Arriba: Largo Caballero más que un teórico era un dirigente sindical, actividad en la que poseía dilatada experiencia.

Centro: Luis Jiménez de Asúa, catedrático de Derecho Penal y diputado del PSOE por Madrid, objeto de un atentado el 12 de marzo de 1936.

Abajo: José Antonio Primo de Rivera ingresa en los calabozos de la Dirección General de Seguridad con la mayoría de los miembros de la Junta política de Falange. (En la foto, con Ramón Serrano Suñer, diputado de la CEDA, y otros amigos personales).

Arriba: José Alonso Mallol, que había sido nombrado recientemente director general de Seguridad en sustitución del capitán Santiago, fue quién dirigió las investigaciones sobre el atentado contra Jiménez de Asúa.

Abajo: Calvo Sotelo en el Parlamento: «Señores diputados, va a hacer uso de la palabra un diputado agonizante, en trance de carácter muy similar al de los condenados a última pena».

Arriba: Cuenta Mariano Ansó que, después de la defensa que hizo de las actas de Orense, recibió un día la visita del general Luis Orgaz, y este le dio las gracias en nombre de Calvo Sotelo.

Abajo: Iba a producirse una increíble paradoja: el presidente de la República (Alcalá Zamora) sería depuesto por disolver antes de tiempo unas Cortes de mayoría derechista, y, como consecuencia, haber dado ocasión a que triunfase el Frente Popular.

De la calle al Parlamento, del Parlamento a la calle

El 14 de abril se celebraba el desfile conmemorativo del quinto aniversario de la proclamación de la República; tras intervalos de lluvia, el día se mostraba desapacible. Habían sido superadas algunas tensiones motivadas por los deseos manifestados por los socialistas de que participaran sus milicias uniformadas en la parada; el Gobierno consiguió evitarlo.

A poco de iniciarse el desfile, y cuando llegaba ante la tribuna presidencial situada en la Castellana el regimiento de Infantería número 1, sonó primero un disparo de pistola y después varias explosiones que espantaron a los caballos de la escolta presidencial y descompusieron el desfile. Habían colocado una traca bajo la tribuna que ocupaba Martínez Barrio, presidente interino de la República, Manuel Azaña y el Gobierno en pleno, los generales Batet y Miaja, el alcalde de Madrid, el cuerpo diplomático y otras personalidades. El desconcierto fue grande, nadie sabía lo que estaba sucediendo y la última de las explosiones fue más fuerte que las anteriores. El ministro de Estado, Augusto Barcia Trelles, se adelantó y, chistera en mano, dio un viva la República, que fue coreado por los presentes y por quienes se hallaban en las inmediaciones. Azaña, a quien parece que todos se han puesto de acuerdo en calificar de cobarde, se mantuvo tieso, inmóvil, superando quizá el miedo que pudiera afligirle para mantener la dignidad del cargo que ostentaba. El general Miaja dio las órdenes para que el desfile continuara y las unidades recompusieran sus filas. Continuó el desfile, pero inquietud y nerviosismo dominaban. Para los socialistas, aquel ejército, aún tratándose del republicano que desfilaba ante las autoridades en conmemoración de la proclamación de la República, no dejaba de ser el mismo que había aplastado a los revolucionarios asturianos por la fuerza de las armas y se había mostrado duro en los métodos de lucha y represión.

El incidente más grave se produjo al desfilar la Guardia Civil, que polarizaba los odios de los extremistas, que la consideraban como la fuerza represiva por excelencia, aunque actuara, como ocurría en este período, bajo las órdenes de un Gobierno emanado de las elecciones y apoyado por la totalidad del Frente Popular. La Guardia Civil, no ya a lo largo de toda su historia, sino de su más reciente historia republicana, había actuado con aspereza, en particular si era atacada por amotinados. Los muertos producidos como consecuencia de esas reacciones eran numerosos y, salvo una o dos excepciones, muy superiores a las bajas que ellos habían sufrido. Al acercarse la formación de guardias a la tribuna se oyeron los mueras y abucheos de unos, mientras que otros los aplaudían y vitoreaban. Se produjeron incidentes violentos, sonaron disparos y como consecuencia de ellos renovadas alarmas y carreras. Un paisano, que resultó que era oficial de la Guardia Civil, quedó malherido y murió. Hubo más heridos[1].

Aquel martes 14 de abril, el principal de los actos oficiales en cada provincia consistía en el desfile militar y se originaron incidentes en distintas capitales. En Zaragoza, un grupo de oficiales que se hallaban próximos a la tribuna reaccionaron con vehemencia ante los insultos con que un grupo de extremistas injuriaba al ejército y a las fuerzas de orden público, y sable en mano cerraron contra quienes gritaban y despejaron el lugar. La temperatura emocional entre los oficiales era elevada, pues de continuo sufrían vejaciones e injurias. El general Masquelet había emitido notas defendiéndolos y garantizando su lealtad a la República, la cual y hasta aquel momento era cierta en la gran mayoría de los casos, al margen de conflictos ocasionales, haciendo la salvedad de los conspiradores monárquicos e ineficaces y de la minoritaria Unión Militar Española. Había otros militares, más numerosos, cuya lealtad era precaria y venía debilitándose al comprobar la progresiva flaqueza del Gobierno frente a las amenazas y embates que sufría de los grupos extremistas, socialistas y comunistas en particular, que exhibían el espectáculo anticipado de sus milicias uniformadas. Otro motivo de descontento procedía de actitudes nacionalistas de catalanes y vascos, que ellos calificaban de separatismo y que los irritaban visceralmente.

Los hechos que iban a producirse dos días después en Madrid con motivo del entierro del alférez Anastasio de los Reyes, que así se llamaba el que murió al pie de la tribuna, se iba a iniciar el primer paso hacia el camino sin retorno que conduciría a la guerra civil. Faltaban aún cinco días para que Mola tomara contacto conspirativo con los oficiales afiliados a la UME en la guarnición de Pamplona.

Por la noche dominaba en Madrid un marcado nerviosismo y fuerzas de orden público patrullaban en vehículos por la ciudad. El nerviosismo procedía de los incidentes ocurridos durante el desfile, por el temor a las consecuencias que podían derivarse de los abucheos a la Guardia Civil y por la muerte violenta de uno de sus oficiales, por rumores que circulaban sobre un posible golpe militar, por la gravedad de la crisis del orden público que contribuía a esterilizar la política del Gobierno. A su obra, a sus ambiciosos proyectos a corto y largo plazo, se anteponía la incertidumbre de lo que pudiera acaecer a medida que los odios se acentuaban.

El jueves 16, las crispaciones no habían remitido; el día anterior, en el Congreso se produjeron enfrentamientos verbales iracundos y escándalos reiterados.

EL ENTIERRO SANGRIENTO

Deseosos de evitar los incidentes que se temían con motivo del entierro de Anastasio de los Reyes, se prohibió que en la esquela mortuoria se señalara el lugar y hora del entierro, e incluso, lo que parece pueril, la condición de miembro de la Benemérita del fallecido. Los más exaltados, compañeros de la Guardia Civil, militares, algunos oficiales de Seguridad y Asalto y elementos derechistas, no necesitaban el anuncio de donde estaba instalada la capilla ardiente y se dirigieron al cuartel, situado no lejos de los altos del Hipódromo. El Gobierno, asociando las autoridades al entierro, se esforzaba por evitar o reducir los previstos alborotos. Iban a presidirlo el subsecretario de Guerra, general Julio Mena, y el de Gobernación, representando a los ministros respectivos; el general Sebastián Pozas, director general de la Guardia Civil, y Alonso Mallol, que lo era de Seguridad, y el jefe superior de Policía y otras autoridades de reconocida adhesión al Gobierno. El hijo del difunto se negó a incorporarse a la presidencia oficial y trató de oponerse a que el entierro de su padre degenerara en manifestación política. Como era inevitable que sucediese, iban a concurrir representantes de la derecha: Gil Robles, Calvo Sotelo, Honorio Maura y Víctor Pradera, entre los más significados, que formarían otra presidencia de carácter informal. Habían sido enviadas gran número de coronas, a las cuales podían atribuírseles distintas significaciones, pues mientras unas eran oficiales y otras podían colocarse bajo el signo del compañerismo, no faltaban aquellas cargadas de intención política.

Desde primeras horas de la tarde y con antelación a la señalada para el entierro, los alrededores del cuartel de la Guardia Civil de Bellas Artes y toda la zona colindante estaban ocupados por gentes exaltadas, oficiales de uniforme, paisanos derechistas, guardias libres de servicio. Números de la propia Guardia Civil tuvieron que salir del cuartel para despejar los contornos. El trayecto que debía seguir el cortejo estaba vigilado por fuerzas de Seguridad y Asalto, policía y Guardia Civil.

En un ambiente tan tenso en aquel Madrid, donde además de los militantes políticos, los simples ciudadanos estaban sensibilizados, nadie dudaba de que iban a ocurrir incidentes. Si los compañeros del guardia muerto y los activistas de derechas iban dispuestos a lo que fuera —y muchos de ellos armados—, las organizaciones de extrema izquierda, entre los cuales figuraban los matadores de Reyes, se disponían a repeler agresiones o a atacar si convenía. Los confederales no se mantuvieron indiferentes y se prepararon para intervenir.

Nada más ponerse en marcha el cortejo; precedido por el clero parroquial con cruz alzada, brotó el primer incidente, al creer advertir algunos que un individuo sacaba una pistola, lo que al parecer hizo, y proponerse lincharle, cosa que las fuerzas de vigilancia lograron evitar. De la refriega salió contusionado el propio jefe superior de policía. En aquel ambiente enfurecido nadie conservaba la sangre fría; los altercados se encadenaban a causa del recelo y de una actitud de exaltación generalizada; parecería que los asistentes estaban impacientes por que «ocurriera algo». A cada instante se producían carreras; intervenía la fuerza pública de vigilancia y los miembros de las fuerzas armadas que asistían al sepelio. Compañeros del muerto conducían a hombros el féretro y no siguieron el itinerario que se les había señalado; desfilaron por la Castellana con propósito de atravesar el centro de Madrid en un acto de pública protesta y provocación.

De pronto sonaron unos disparos hechos contra la comitiva que generaron la alarma y la dispersión. Cayeron unos heridos por las balas y otros arrollados como consecuencia del pánico que provocaron los tiros. Se oyeron las series características de una o más pistolas ametralladoras y hubo quienes llegaron a creer que se trataba de una ametralladora de campaña. Nadie podía precisar de dónde partió la agresión, pero se supuso que de la parte de atrás de una obra cuya entrada estaba en Miguel Ángel, número 22. Guardias de Asalto y Civiles penetraron en la obra y detuvieron a los albañiles presentes, a pesar de que no les encontraron armas, pues parece que los auténticos agresores habían dispuesto de tiempo y ocasión para escapar. La Cruz Roja recogió a los heridos, uno de ellos tan grave que no tardó en fallecer. De nuevo el cortejo fue tiroteado en la calle de Lista desde unos tejados y pisos altos, pero tampoco los agresores fueron habidos. Se practicaban cacheos, detenciones, y los que formaban parte del entierro abrían fuego con arma corta contra los edificios o las obras desde las cuales suponían que eran atacados. En Recoletos se reprodujeron agresiones y tiroteos en el ambiente semibélico que testimonian las fotografías de los reporteros gráficos. Iban cerrándose los portales y los manifestantes, exaltados, muchos de ellos empuñando la pistola, avanzaban dando vivas a España, al ejército y a la Guardia Civil, en desquite de haber tenido que aguantar disciplinadamente improperios y abucheos a lo largo de la misma Castellana solo dos días antes durante el desfile.

Los incidentes no cesaron a lo largo del trayecto y tampoco los disparos; las ambulancias trasladaban a los heridos a los centros de asistencia. El cobrador de un tranvía que cruzaba la Castellana al paso del entierro alzó el puño; fue agredido, golpeado y resultó herido, aunque leve. La exaltación iba en aumento. Al llegar a la plaza de la Independencia, el féretro fue cargado en un furgón y conducido al cementerio del Este, donde se le dio sepultura. Muchos de los acompañantes, y entre ellos los más arrebatados, siguieron en tumultuosa manifestación. En la plaza de Manuel Becerra tuvieron lugar violentos choques con la fuerza pública, que cargó contra los manifestantes. La manifestación se disolvía al ser atacada y volvía a reconstruirse, en todo o en parte, en distinto lugar. Nuevas cargas se produjeron en la esquina de Alcalá y Claudio Coello y los grupos más enardecidos, que se proponían llegar al Congreso, hallaron una barrera de Seguridad y Asalto que se lo impedía, mientras que los disuadían algunos de los oficiales que participaron en el entierro. El ambiente en toda la capital era de extrema alarma y la vigilancia muy activa. Corrían bulos sobre el número de muertos y heridos, y cada cual, de acuerdo con sus puntos de vista, interpretaba quiénes eran los culpables de las agresiones. A primera hora de la noche se llevaban practicadas ciento setenta detenciones y estas continuaban. Incidentes de menor cuantía se desarrollaron en otros puntos de la capital.

Muertos hubo por lo menos cuatro, aunque no hay que descartar la posibilidad de que falleciera después alguno de los heridos más graves. Los heridos eran numerosísimos; entre ellos había guardias y un elevado porcentaje de jóvenes; de otros puede deducirse con fundamento su condición de transeúntes o curiosos. Uno de los fallecidos era primo hermano de José Antonio Primo de Rivera, el joven estudiante y falangista Andrés Sáenz de Heredia, alcanzado por un disparo en la cabeza en la plaza de Castelar.

Coinciden distintos autores —Gil Robles entre ellos— en que en la plaza de Manuel Becerra, el teniente José Castillo, que estaba de servicio, disparó contra el joven tradicionalista Luis Llaguno, que le increpaba en medio del alboroto[2]. En la lista de heridos publicada al día siguiente no figura este nombre. Por lo menos, otro de los muertos, Manuel Rodríguez Jimeno, también pertenecía a Falange, al SEU de Farmacia.

Los efectos de cuanto ocurría en el centro de Madrid iban reflejándose en el ambiente del Congreso cuando estaba a punto de comenzar la segunda parte de la sesión interrumpida el día antes, que se caracterizó por la agresividad tempestuosa con que se enfrentaron los parlamentarios y por el discurso de Azaña. A medida que los diputados llegaban a la carrera de San Jerónimo, hacían comentarios o traían noticias sobre lo que acababan de presenciar: algunas de estas declaraciones las recogían los periodistas, como las del ministro de la Guerra, general Masquelet, o las del diputado radical Guerra del Río, que en Las Palmas había salido elegido con solo cuatrocientos votos menos que el socialista Juan Negrín. Gil Robles hizo subir el termómetro de la expectación con el relato de los peligros sufridos durante el entierro[3]. Entre los diputados el ambiente era de confusión e inquietud, pues, aunque las noticias llegaban incompletas y fraccionadas, se conocía la gravedad de los incidentes y hasta qué punto la exasperación dominaba la calle. Prieto recomendó a Besteiro que acudiera al despacho de la Presidencia de las Cortes y se quedara allá junto a Jiménez de Asúa, y él se dirigió a recoger a Azaña en la Presidencia del Consejo.

No es aventurado conjeturar que por influjo de lo que viera durante el camino hasta la carrera de San Jerónimo o de las noticias que hubiese recibido, Azaña perdiera el tono de equidad que solía mantener en sus discursos y se dejara arrebatar por su carácter autoritario y desdeñoso, anulando, por efectos de una frase imprudente, el buen efecto que acostumbraban producir por polémicos que fueran.

DUELOS VERBALES

El presidente del Gobierno se veía a sí mismo entre la espada y la pared, y esta tarde, bajo la presión de los acontecimientos y de cuanto había ocurrido en el hemiciclo durante la sesión anterior, habló: «… Si bajo los efectos del terror producido, no por nuestras acciones y nuestro programa, sino por las acciones y las profecías de nuestros adversarios, ha podido parecer un momento que una determinada persona al frente del Gobierno podía ser un escudo protector de los atemorizados, yo no me quiero lucir sirviendo de ángel custodio de nadie. Pierdan sus señorías el miedo y no me pidan que les tienda la mano… ¿No querían violencia, no os molestaban las instituciones sociales de la República? Pues tomad violencia. Ateneos a las consecuencias…». Estas palabras no parecen las más adecuadas para ser pronunciadas por un jefe de Gobierno, a quien de sobra le constaba que si las acciones gubernamentales no aterrorizaban a la oposición, podían razonablemente temer las amenazas de fuerzas numerosas, organizadas y armadas, que estaban respaldadas por amplia representación parlamentaria que le «vendía» sus votos al propio Azaña. El efecto de la amenaza de pasividad por parte del jefe del Gobierno ante los atropellos, solo podía provocar reacciones defensivas en la derecha, reacciones cuyo resultado se manifestaría en forma ofensiva.

La sesión del día anterior había revestido en determinados momentos violencia verbal y aún se dieron intentos de agresión física. Azaña estaba en cierta manera continuando su discurso del día siete del mismo mes; exponía su programa de gobierno y las líneas políticas a las cuales atribuía mayor importancia. Mostraba su preocupación por la situación en el campo y por el paro obrero, por la crisis económica que afectaba al conjunto de la nación y por la penosa situación de la hacienda pública. Propugnaba una reducción de gastos, contención del nivel de vida, que, en las clases que podían permitírselo, superaba las posibilidades medias y se traducía por una disminución de las reservas y del nivel de vida de la mayoría. Hacía planes para impulsar la reforma agraria y destinar a ella más fondos para su normal funcionamiento y eficacia social, y se complacía considerando lo conseguido durante los últimos meses. Trazaba las directrices que pensaba seguir en política internacional, tan perturbada por la agresión italiana contra Abisinia y sus consecuencias negativas para el equilibrio europeo y mundial. Reconoció y recalcó un hecho: «El fenómeno a que asistimos en España es el acceso al poder político de nuevas clases sociales, fenómeno que localizamos en el primer tercio de este siglo. Nuestro deber de políticos y gobernantes es de acercarnos a ese fenómeno con el propósito de organizar de nuevo la democracia española». Expone su propósito de esforzarse por el desarraigo de la violencia, aunque no se le ocultan las dificultades con que va a tropezar, porque no «puede proscribirse por decreto, pero es conforme a nuestros sentimientos desear que haya sonado la hora en que los españoles dejen de fusilarse unos a otros». Y sigue: «Nadie tome estas palabras por apocamiento ni por exhalación de un ser pusilánime que se cohíbe o encoge delante de los peligros que pueda correr el régimen que está encomendado a su defensa. Nosotros no hemos venido a presidir una guerra civil; más bien hemos venido con intención de evitarla». Presenta a continuación una visión pesimista de España y del espíritu destructivo de los españoles, y se propone conseguir un mejor aprovechamiento de los bienes naturales y de tantos esfuerzos como se malogran. «Mientras vosotros queráis ayudarnos, aquí estaremos…»; si bien a continuación, como si se hubiera arrepentido de lo dicho, ya está el azañista Azaña amenazando con destemplada agresividad: «… Pero toda esta emoción y todo este empuje, sépase de una vez para siempre, que yo lo tengo colgado de un pelo y que estoy dispuesto a echarlo por el suelo en cuanto se tuerza en lo más mínimo nuestro propio respeto, la integridad de nuestra obra y la disciplina y devoción de la causa republicana que yo he venido aquí a defender y representar».

Ni Azaña ni las izquierdas moderadas —a los abiertamente revolucionarios no los afectaba ni interesaba— llegaron a comprender las diferencias fundamentales que separaban a los dos líderes de la oposición, Calvo Sotelo y Gil Robles, y menos a la relativa templanza a que hubiese podido conducirse, sin grandes renuncias y dificultades, a los demás opositores, como eran los agrarios, la Lliga Catalana y los republicanos no integrados en el Frente Popular. Predominaba una obcecación recíproca; unos influían negativamente sobre los contrarios, y era como echarse tierra a los ojos y avanzar a ciegas por el camino más negativo y arriesgado que podía darse en aquella situación, de la cual el país entero pudo salir reforzado y beneficiar a la mayoría de los españoles.

Era Gil Robles un poderoso líder conservador que se esforzaba por trabajar desde dentro del régimen, y que se proponía modificarlo en provecho de las amplias minorías que representaba porque le habían votado; era exponente de una fuerza conservadora a la cual se le cerraba el camino a cualquier colaboración, y se la combatía con saña, lo cual la obligaba a replegarse hacia posiciones extremas a las cuales se sentía tan predispuesto. Cuando la CEDA formó parte del gobierno, su eficacia fue nula —o casi nula, que tampoco es bueno exagerar—, y su labor en los terrenos sociales y económicos, negativa, pues negativa fue la política que se llevó a término durante el bienio derechista o negro. Pero al juzgar con severidad a los hombres de la derecha tampoco se debe ignorar que esa colaboración incondicional que exigía Azaña en su discurso del 15 de abril, no solo le fue negada al gobierno radical-cedista, sino que bastó la presencia en el gabinete de tres ministros de la CEDA para que sirviera de señal para desencadenar una revolución armada que iba a afectar a toda España. Si es cierto que Azaña, cuando lanza despectivas reconvenciones que entrañan amenazas, de que las derechas tendrán que sufrir atropellos en sus derechos, sus creencias, sus bienes y sus vidas por vías de ilegales revanchas, lo hace influido por el desorden que domina la calle y por el recuerdo de la persecución que sufrió, acusándole con manifiesta injusticia de participar en la sublevación de la Generalidad de Cataluña; también en esa rencorosa salida de madre olvida que los partidos de izquierda burguesa publicaron un documento en el cual quedaba evidenciado que, al perder las elecciones, no aceptaban sus resultados la voluntad del electorado, la voluntad del pueblo.

La otra cara de las derechas españolas lo constituía el Bloque Nacional; los monárquicos alfonsinos representados por Renovación Española y los tradicionalistas; su jefe indiscutible era José Calvo Sotelo, temible polemista y hábil parlamentario que en cada sesión hacía gala de coraje y de convicciones irreductibles. Aunque en ocasiones Gil Robles y él parecían obrar de consuno, y de hecho lo hacían impelidos por el cerco a que los tenían sometidos y los ataques que recibían, las diferencias que los separaban eran muchas, y una de ellas, fundamental: Calvo Sotelo hablaba desde fuera del régimen, se mostraba antirrepublicano más que monárquico, antiparlamentario y antidemócrata, entendiendo siempre por democracia el sistema en el cual, mejor o peor, se desenvolvía la República. Para Calvo Sotelo, el Parlamento era solo una caja de resonancia, no pretendía reformar las leyes ni corregir lo que en la marcha de régimen podía considerar lesivo para las ideas o intereses que defendía; su propósito era derribarlo. Lo que ocurría en las tempestuosas sesiones de la primavera de 1936 era que, obligados a defenderse espalda contra espalda, las posiciones de Gil Robles y de Calvo Sotelo iban aproximándose, y, por ende, las de sus votantes y seguidores, hasta confundirse en sus límites. Y eso ocurría cada vez más, hasta tal punto que en la última sesión —la de la Comisión Permanente—, muerto ya Calvo Sotelo, Gil Robles asume la voz, y consume el turno de toda la derecha española. Y hay algo más a considerar, y es que los seguidores de Gil Robles eran mucho más numerosos que los de Calvo Sotelo, como quedaba patente en las consultas electorales.

En la sesión parlamentaria del 15, día anterior al entierro del alférez Reyes, con los ánimos crispados dentro y fuera del Congreso, toma la palabra Calvo Sotelo: empieza por atacar al Gobierno —como hemos dicho, «desde fuera del régimen»— con razones que no dejan de ser poderosas y que, por eso mismo, irritan a sus oponentes y les hacen prorrumpir en denuestos, amenazas, y continuas interrupciones que, en el fondo, cabe interpretar que también se dirigen contra el Gobierno, que desaprueba y trata de combatir los atropellos, excesos y destrucciones, de los cuales, en el mismo hemiciclo, se ufanan diputados de la mayoría. Después de acusaciones genéricas pasa Calvo Sotelo a una enumeración detallada, y aunque quizá se dé algún punto de exageración, responde a la verdad, reconocida por el propio Azaña en público y en la intimidad de sus carnets. Entre el triunfo frentepopulista en las elecciones y el 2 de abril, día en que termina el tétrico inventario, fecha de la aprobación de las actas de Orense, contabiliza Calvo Sotelo los siguientes «asaltos y destrozos: en centros políticos 58; en establecimientos públicos y privados, 72; en domicilios particulares, 33; en iglesias, 36». La lista de los incendios es: centros políticos, 12; establecimientos públicos y privados, 45; domicilios particulares, 15; iglesias, 106, de las cuales 56 quedaron completamente destruidas; huelgas generales, 11; tiroteos, 39; agresiones, 65; atracos, 24, con un total de 345 heridos y 74 muertos.

Cita frases de Álvarez del Vayo y de un comunista apellidado Asín, que anuncian que los ataques van a continuar, y que además deben expropiarse los bienes de las cuentas privadas. Y cuando Calvo Sotelo exclama, «El desenfreno dura semanas y meses», la diputada Margarita Nelken le grita: «¡Y lo que durará!», lo que hace que el orador apostille, «Que el señor Azaña tome nota de esas palabras», frase que la interruptora le ha servido en bandeja, destinada a irritar al presidente, imposibilitado de ponerle freno a las destrucciones, y de conseguir que los inductores dejaran de vanagloriarse de serlo[4]. Calvo Sotelo continuaba denunciando los efectos negativos que los hechos vandálicos ejercían sobre la opinión extranjera, y la consiguiente baja de la bolsa y de la cotización de la peseta, la retracción del turismo y, como consecuencia de todo ello, el aumento de la circulación fiduciaria y el gradual empobrecimiento del país.

Los ataques que, por elevación, lanzaba Calvo Sotelo contra el Gobierno visaban a lo que más podía dolerles a los republicanos. Hizo referencia a las consignas del congreso de Moscú, a la progresiva bolchevización del socialismo español, al documento de la Agrupación Socialista Madrileña y repitió palabras de Largo Caballero pregonando la suprema finalidad hacia la cual se dirigían: la dictadura del proletariado. Al orador no le interesaba que el Gobierno corrigiera los defectos del sistema, impusiera el orden, mejorara la economía, aliviara el paro, hiciera en fin una España más habitable; los ataques iban dirigidos a debilitarle, a ponerle en evidencia, a derribarle si resultaba factible. Tampoco es válido argüir, como causa de lo que ocurrió en el salón de sesiones y de lo que después iba a suceder, que llevaba a la Cámara al paroxismo. Argumentaba con verdades que manejaba de acuerdo con sus posiciones políticas, y siempre con la finalidad de llevar el agua a su molino; anunciaba, dando al anuncio carácter de amenaza, con implantar un estado autoritario de signo contrario. Pertenecía a la derecha de la derecha con cuanto esa adscripción presupone.

Entre interrupciones requirió al Gobierno a que impidiera la entrada de armas y se opusiese al equipamiento de las milicias revolucionarias y a no mostrarse tolerante ante la propagación de la indisciplina en los cuarteles. Y siguió adelante: «Nos encontramos ante ciento diez diputados que quieren implantar el comunismo en España, que se llaman ministeriales y que influyen en el seno del Gobierno y en la política de este. ¡Ah! Pero si el Gobierno muestra flaqueza y vacila, nosotros estamos dispuestos a oponernos por todos los medios, diciendo que en España no se repetirá la trágica destrucción de Rusia». Declara hallarse de acuerdo con Azaña en que están viviendo el último ensayo parlamentario que se puede intentar en la política española, y se interroga —interroga al banco azul— sobre qué podría ocurrir si la democracia parlamentaria fracasa. Y en respuesta cita una frase de Largo Caballero: «Si eso ocurre no hay más que una salida, la dictadura del proletariado», para rematar su discurso con una réplica que entraña un desafío, no dirigido al Gobierno, salvo en el caso de que hiciera dejación de su autoridad, sino a socialistas y comunistas cuyo portavoz es Largo Caballero; y se ve forzado a alzar la voz para acallar denuestos y amenazas: «Yo quiero decir en nombre del Bloque Nacional, que si esto ocurre, no se irá fatalmente a la dictadura del proletariado, porque España podrá salvarse también con una fórmula de estado autoritario corporativo».

Estos discursos parlamentarios de Calvo Sotelo van a transformarse en los escalones que le llevarán a la muerte. Junto a sus discursos se alinean los de Gil Robles, que no pueden ceder en violencia porque los adversarios no se lo toleran, pero cuyos ataques tienen sentido distinto, pues en lo más profundo de ellos siempre alienta un ofrecimiento como alternativa de las amenazas que tampoco escatima. Sin embargo, los discursos de Gil Robles eran asimismo escalones que conducían a idéntico fin, que una feliz casualidad le permitió soslayar en el último instante. Porque el jefe de la CEDA era más odiado, que ya es decir, que el del Bloque Nacional, quizá porque venía apoyado por más votantes y, por consiguiente, por mayor número de diputados.

Comienza Gil Robles por aceptar las acusaciones que le ha formulado el jefe del Gobierno sobre la política social del bienio cedo-radical, y reconoce que hubo gentes conservadoras que incumplieron las leyes respecto a sus asalariados, excusándose con que no pudo evitarlo, pero «Para evitar injusticias sociales, para acabar con esos desniveles tan bruscos, nuestros votos estarán a disposición de su señoría…», lo que provoca que un diputado de la mayoría le interrumpa para advertirle que ellos no quieren esos votos.

Insiste Gil Robles en que las fuerzas de derecha son aproximadamente iguales en número a las que han votado al Frente Popular, y que ese equilibrio debe ser tenido en consideración. Denuncia que «en los momentos actuales en todos los pueblos y aldeas de España se desarrolla una persecución implacable contra las gentes de derecha; que se multa, se encarcela, se deporta por el mero hecho de haber sido interventor, apoderado o directivo de una organización de derechas», y agrega que los partidos «que actuamos en la legalidad[5] empezamos a perder el control de nuestras masas, en las que comienza a germinar una idea de violencia para luchar contra la persecución…». Y pasa a la amenaza, que no va dirigida contra el Gobierno, a quien solo considera culpable de inoperancia y tibieza, cuando dice «… Una masa considerable de la opinión española, que por lo menos es la mitad de la nación, no se resigna a morir, yo os lo aseguro. Si no puede defenderse por un camino, se defenderá por otro. Frente a la violencia que allí se propugna surgirá otra violencia y el poder público tendrá el triste papel de espectador de una contienda ciudadana en que se va a arruinar material y espiritualmente la nación». Hay en la voz de Gil Robles una llamada dirigida a aquellos con quienes, con dificultades o no, cree podría llegarse a un entendimiento antes de que la paz deje de ser posible; pero también sus palabras van cargadas de acentos que, para mal de todos, resultarán proféticas: «… Yo creo que su señoría va a tener dentro de la República otro sino más triste, que es el de presidir la liquidación de la República democrática. Cuando la guerra civil estalle…» y el Gil Robles autoritario, para terminar enseña los dientes: «… no aceptaremos la eliminación cobarde, entregando el cuello al enemigo: es preferible saber morir en la calle a ser atropellados por cobardía».

Dentro de esta legislatura es portavoz de los conservadores catalanes Juan Ventosa y Calvell, político relativamente moderado y, como buen catalán, de tendencia pactista. Se duele de los ataques a edificios, bienes y personas, de las alteraciones del orden, de la subversión en que se vive y de la incertidumbre paralizante que aqueja al país: exige al Gobierno hechos y no palabras. Los hombres de la Lliga estaban alejados de cualquier ensayo fascista, aunque fuese atenuado: eran burgueses, capitalistas, y más o menos demócratas y, aunque su situación en Cataluña los apartaba de la mayoría gobernante, de no sentirse acorralados no se hubiesen aliado a la extrema derecha española. Discutían en el Parlamento; aceptaron la lucha en campo abierto, y aun no todos, cuando esta ya había comenzado y ellos eran perseguidos en sus principios, en sus haciendas, para ellos muy importantes, y en sus personas.

Las minorías parlamentarias van definiéndose en favor o en contra del programa de gobierno expuesto por Azaña; no se dan sorpresas. Por los socialistas, Rodolfo Llopis atribuye la culpa de cuanto ocurre a las derechas; si arden iglesias es porque la Iglesia ha actuado como beligerante. El comunista disidente Joaquín Maurín exige mayores castigos para las derechas y cuanto representan. En nombre de la Esquerra, Tomás y Piera promete sus votos al Gobierno y lo mismo hace el representante de los nacionalistas vascos, a quienes el obispo de Vitoria que aconsejó votaran todos los católicos para evitar el triunfo del Frente Popular. Por el Partido Agrario, José María Cid lo hace en contra. Durante el discurso del secretario del PCE, José Díaz a quien en los papeles de la época se le suele designar como Díaz Ramos, surge un violento incidente. Reconoce que su partido aspira a la dictadura del proletariado, a pesar de lo cual en esta ocasión apoyará con sus votos al Gobierno. En un momento dado, dirigiéndose a Gil Robles, le dice que según afirmaba, «de una manera patética que ante una situación que se puede crear en España era preferible morir en la calle de no sé qué manera[6]. Yo no sé cómo va a morir el señor Gil Robles, pero sí puedo asegurar que, si se cumple la justicia del pueblo, lo hará con los zapatos puestos». Estas palabras provocan un gran escándalo y el presidente llama la atención al diputado Díaz, y como el griterío y las amenazas arrecian, exige con reiteración el restablecimiento del orden. Calvo Sotelo grita que acaba de hacerse una incitación al asesinato; gritan la Pasionaria y diputados de ambos lados, incluso los que piden calma. Declara el presidente que las palabras pronunciadas por Díaz no figurarán en el Diario de Sesiones, como así ocurre, pero serán impresas en Mundo Obrero. No se acallan protestas y vituperios; Martínez Barrio ha sido desbordado. Gil Robles afirma que él sabrá defenderse y termina por hacerse oír cuando exclama: «… ¡Moriré como sea, pero que conste que no soy un asesino como vosotros…!». Vuelven a oírse gritos y las izquierdas vociferan: «¡Asturias! ¡Asturias!». El escándalo ha invadido la tribuna de la prensa. González Peña se ha dirigido descompuesto hacia el escaño de Gil Robles con ánimo de agredirle, lo que evitan otros diputados que se interponen. Poco a poco, el presidente logra apaciguar a los diputados.

Cuando al día siguiente, mientras todavía no habían acabado los desórdenes consecutivos al entierro del alférez Reyes, se reanudaba la sesión, el ambiente se respiraba aún más enrarecido y la recíproca hostilidad estaba a flor de piel. Fue cuando Azaña soltó el exabrupto que a él mismo debió de dolerle, porque en el resto del discurso, si es cierto que combatía a la derecha que iba a votar contra su Gobierno, llamaba la atención sobre los peligros que comportaba la postura adoptada por los grupos extremos que iban a votarle. Estaba convencido de que no podía prescindir de ellos: «Lo que importa en la acción del Gobierno es no romper la cohesión. Y si no se quiere perder el poder, es preciso que no se abra en nuestra coalición ni una brecha. No seré yo quien la abra…». Replica a Gil Robles sobre la posibilidad de que sus huestes le abandonen para sumarse a otras que se entreguen al ejercicio de la venganza, y Azaña argumenta: «… La venganza es un instinto que no debe entrar, no solo en la vida personal, mucho menos en la vida pública. En ningún caso tiene nadie derecho a tomarse eso que llaman justicia por su mano». Estas frases no van dirigidas, por lo menos en exclusiva, a los escaños de la CEDA y del Bloque Nacional; habla a sus aliados comunistas y socialistas, que, de hecho, ya los había aludido: «… ¿Con qué autoridad increpa su señoría a esos hombres que un día por venganza o por despiste se han lanzado a una revolución?». Y si recibe de pésimo talante las imputaciones que le hacen los derechistas, no oculta los motivos que las originan ni la contrariedad que esos motivos le causan: «Nadie puede pintar con bastante crudeza y vigor, no digo con contrariedad, la repugnancia del Gobierno delante de ciertos hechos que se producen esporádicamente en España; nadie puede dudar de los desvelos del Gobierno por impedirlos y por reprimirlos; yo estoy persuadido de que las llamas son una endemia española; antes quemaban a los herejes, ahora queman a los santos, aunque sea en imagen. Las dos cosas me parecen mal, no solo por lo que tienen de violento e injusto, sino por lo que tienen de inútil…». Va replicando con acusaciones dirigidas a sus adversarios, a los argumentos con que el Gobierno ha sido atacado y, a su vez, amenaza, «porque creer que nosotros nos vamos a dejar agredir impunemente, es pensar en la locura». En todo momento da sensación de seguridad en sí mismo y de hallarse convencido de la licitud y justicia de la obra de gobierno que se propone llevar adelante contra los enemigos de la derecha y contra la acción demoledora de sus aliados de la izquierda; pero se ve forzado a echar pelotas fuera y a hacer afirmaciones que, por lo menos en parte, son cuestionables: «El Frente Popular no es la revolución social, ni es labor de entronizamiento del comunismo en España; es otra cosa más fácil, es la reinstauración de la República en su Constitución y en los partidos republicanos que la crearon». Al formular tal aseveración deja de lado, niega, olvida, la ambivalencia programática del Frente Popular, los textos que están publicándose a diario, los discursos que se pronuncian, las voces irresponsables que en el Congreso se alzan para solidarizarse en público con atropellos que él condena y que le consta están empujando hacia el fracaso sus acertadas y justas medidas de gobierno.

En su rectificación, Calvo Sotelo se muestra agresivo; trata de acorralar al jefe del Gobierno, acusándole implícitamente de haber sido elegido con votos comunistas y echándole en cara la práctica de una política vacilante. Entre vocerío y destemplanzas verbales, como ya se hacía costumbre, el líder monárquico ataca sin dejar el menor resquicio abierto al diálogo, que, tampoco por su parte, los del Gobierno admiten ni aceptarían.

De antemano está asegurada la votación de investidura; las discusiones y mutuas denuncias a nadie van a convencer; en el Congreso está desarrollándose un diálogo entre sordos, matizados por las calumnias, los insultos, las amenazas y los desplantes. El resultado es de 196 votos contra 78; ni siquiera votaron muchos diputados de uno y otro bando, que de bandos puede ya calificárselos, pues sus miembros están dispuestos al enfrentamiento violento.

Como consecuencia de los tumultos relacionados con el entierro del alférez Reyes, y a pesar de que la UGT se mostraba contraria, la CNT consigue imponer el paro: en Madrid se declara la huelga general.

POLÍTICA DE PASILLOS Y DE RECAMARAS

De un plumazo había sido eliminado el presidente de la República, quien, sin pena ni gloria, emprendía la ruta de los desvanes de la historia. Nadie lamentó su eliminación súbita ni nadie iba a echarle de menos; era necesario buscarle sustituto. Escarmentados por la compleja personalidad del primero de los presidentes y de sus politiquerías y afán de entrometerse, los prohombres republicanos pensaron en seleccionar a alguien con peso propio, significado por su republicanismo, y se barajaron los nombres de Unamuno y Ortega y Gasset; resultaba que el primero de ellos era un personaje conflictivo y su opinión sobre los caminos que seguía el régimen eran negativos; otro tanto sucedía con Ortega. Otro nombre, Felipe Sánchez Román, hubo de ser desechado porque no formaba parte del Frente Popular y se buscaba encubiertamente un presidente de bando o partido. Después de haber sofocado las revoluciones de octubre y de su defenestración política con pretexto del estraperlo, no podía ni pensarse en Lerroux. Con un historial impecable y categoría personal suficiente, Julián Besteiro fue excluido por su condición de socialista y lo mismo ocurría, a un nivel inferior, con Fernando de los Ríos. Los republicanos Marcelino Domingo y Álvaro de Albornoz no daban la talla necesaria… Y de eliminación en eliminación era forzoso desembocar en Azaña, aunque elevarle a la presidencia exigía hallarle sustituto en la cabecera del Gobierno en aquellos momentos complicados y difíciles.

Con posterioridad se ha hablado de una sutil maniobra ideada y dirigida por Araquistain, revelada por él mismo, sin que esa circunstancia signifique que sea rigurosamente cierta, o por lo menos que esa maquinación fuese la auténtica causa que privara a la República de la actividad de su mejor político y hombre de gobierno. Según Araquistain, la maquinación se inició con la destitución de Alcalá Zamora, y para ello utilizaron a Prieto, quien esperaba presidir un Gobierno de amplia concentración centro-izquierda que rompiera con la situación esterilizadora e insostenible en que se debatía la cuestión pública, un Gobierno, aceptado por la derecha moderada, que lograra imponer su autoridad. Fueron descartándose tras de poner sus nombres en circulación las diversas personalidades que pudieran presidir la República, y para ello se sirvieron de las páginas de Claridad, que dirigía el propio Araquistain. Por exclusiones sucesivas se llegaba a una sola persona, Manuel Azaña, que, por otra parte, era la única capaz de oponerse a los designios revolucionarios de Largo Caballero y de sus aliados comunistas mientras ocupara la jefatura del Gobierno[7].

Con la eliminación de Azaña de la escena política les quedaba el campo libre para hacer triunfar sus designios, claramente y con reiteración expresados. A la hora de formar gobierno se sabía que iba a designar a Prieto y para impedírselo bastaba que los socialistas se opusieran a participar. Este caería en manos de una persona incompetente, pues tampoco se vislumbraba otra expectativa ni la izquierda extrema habría aceptado a nadie con autoridad y moderación asociadas. A partir de ese momento, con el horizonte despejado, bastaba acechar la ocasión propicia; las derechas se cuidarían de provocarla. De ser cierto que existió la maniobra, se ejecutaba a favor de la corriente; sin semejante alarde de maquiavelismo, por desgracia y fatalidad, iba a desembocarse en un Gobierno débil. Fallaron algunos cálculos: Largo Caballero llegaría al poder, pero lo iba a hacer en medio de una guerra civil que daría al traste con la República.

Durante la segunda y tercera semanas de abril, las elecciones que iban a celebrarse para cubrir la más alta magistratura dieron lugar a una desusada actividad entre bastidores. Ni Azaña ni los republicanos, en particular los de Izquierda Republicana, deseaban aquella neutralización del dirigente máximo de su partido y jefe del gabinete. Ocurría que Azaña, que concibió grandes esperanzas después del triunfo del Frente Popular y se dispuso con entusiasmo a vigorizar la República del primer bienio sin desdeñar las lecciones recibidas en aquella corta experiencia gubernamental, estaba ahora asqueado y decepcionado. Los socialistas, y en particular su ala izquierda, aunque González Peña y otros prietistas no se quedaron atrás, apoyados por los comunistas, que acrecentaban su número, poder e influencia, le imposibilitaban cualquier obra de gobierno, pues mientras en el Parlamento le votaban, en la calle, en la prensa, en los mítines y en sus propósitos reiteradamente expuestos, estaban resultando sus peores enemigos. En esas condiciones no podía gobernar: Sánchez Román, Indalecio Prieto y Miguel Maura le aconsejaban que aceptara la presidencia y auguraban, quizá sin convicción, que desde la cúspide le resultaría factible ejercer una influencia moderadora, contando siempre con el gobierno de Prieto como telón de fondo.

Azaña aceptó en la compleja confluencia de tres corrientes: vanidad, confianza en sí mismo e inhibicionismo subalveolar. Reunida la ejecutiva de su partido los días 29 y 30 de abril, aceptaron el hecho consumado; la inocuización de Azaña, como la denomina uno de sus hombres, Mariano Ansó.

El nombramiento de presidente exigía la previa elección por sufragio de un número de compromisarios igual a la de los diputados, para votar mancomunadamente. Reunidos unos y otros el 10 de mayo procederían a aquella. Quince días antes, el también domingo, 26 de abril, estaba señalado para los comicios de compromisarios.

Con varios días de anticipación la CEDA, por medio de una nota a la prensa, anunciaba que se abstendría a causa de que «susbsisten íntegramente el espíritu de violencia y las normas de arbitrariedad que obligaron a la CEDA a decidir su abstención en las, al fin no celebradas, elecciones municipales. Continúan las comisiones gestoras gubernativas, suplantadoras de los ayuntamientos de elección popular ordenados reponer por el actual Gobierno. Siguen practicándose detenciones, encarcelamientos y deportaciones sin mandato judicial y sin otro motivo que la intervención activa en la política de las derechas. Son diarios los atentados contra la vida y contra la propiedad de nuestros afiliados, que se ven obligados a huir en masa de los pueblos. No hay día en que no se registren incendios, saqueos, atentados y asaltos que traen como única consecuencia en la mayoría de los casos, sanciones gubernativas o leyes de excepción contra las víctimas. En una palabra: a pesar de estar en pleno período electoral, la persecución contra nuestras fuerzas y la arbitrariedad gubernativa han alcanzado extremos tales que, no ya la libertad de sufragio, sino los más elementales derechos naturales del hombre no tienen, en regiones enteras, la más pequeña garantía». Continuaba la nota, silenciando que en ocasiones las derechas también se entregaban a la violencia, exponiendo motivos políticos que a nadie podían sorprender: «Ir a las elecciones en circunstancias tales equivaldría a reconocer como legítima y normal una consulta al pueblo que no va a ser más que una ficción, y exponer inútilmente a nuestros afiliados a persecuciones y represalias». Decía también que iba a ser elegido un presidente de partido, que «será la negación de la esencia del poder moderador»; y aquí cabe sospechar que influyeran las palabras pronunciadas por Azaña en el Congreso. Declaraba la CEDA su propósito de abstención y dejaba la responsabilidad plena a sus adversarios, y remachaba: «Una contienda que nace ya con los caracteres de ilegitimidad». La verdad es que no por culpa del Gobierno, pero sí de las fuerzas político-sociales que este no controlaba, las derechas no podían arriesgarse a concurrir a aquellas elecciones.

Como si fuera hecho con deliberado propósito de darles la razón, evidenciando hasta qué punto desde órganos directamente dependientes del Gobierno, en este caso el Gobierno Civil de Oviedo, se obraba al margen de la ley y de lo que debían ser normales, un republicano, procedente del radicalsocialismo, Fernando Bosque, hizo las siguientes declaraciones: «He nombrado delegados del Frente Popular en toda Asturias, los cuales realizan batidas antifascistas con buen resultado: meten en la cárcel a curas, médicos, secretarios de ayuntamiento y al que sea. Cumplen admirablemente su cometido. Algunos de los delegados son comunistas, e incluso, como Fermín López, de Irún, condenados a muerte por su intervención en los sucesos de octubre. Estoy sorprendido y admirado por el celo y mesura con que cumplen su papel y vigilan las maniobras del fascismo… y de la Guardia Civil. Con un sentido intachable, moderno y al mismo tiempo utilitario de la justicia. El de Taverga tiene en la cárcel al telegrafista y al secretario judicial; al primero le hace atender por el día el servicio telegráfico y por la noche lo encarcela. Entre los detenidos figuran dos canónigos de Covadonga»[8]. No es difícil imaginar lo que hubieran sido unas elecciones en Asturias si los «fascistas» de la CEDA se hubiesen atrevido a presentar candidatos.

Arriba: 14 de abril de 1936: desfile conmemorativo del quinto aniversario de la República.

Abajo: El general Masquelet, ministro de la Guerra, había garantizado en diversas ocasiones la lealtad de los oficiales a la República.

Arriba: En un ambiente tan tenso en un Madrid que además de los militantes políticos los simples ciudadanos estaban sensibilizados, nadie dudaba de que iban a ocurrir incidentes. (Entierro de Anastasio de los Reyes, 16 de abril de 1936).

Abajo: Para Calvo Sotelo, el Parlamento era solo una resonancia, no pretendía reformar las leyes ni corregir lo que en la marcha del régimen podía considerarse lesivo para las ideas e intereses que defendía. (A la izquierda del líder derechista, Andrés Amado; detrás de este, González Peña).

Para la presidencia de la República se barajaron los nombres de Unamuno y Ortega y Gasset; el primero era un personaje conflictivo y su opinión sobre los caminos que seguía el régimen era negativa; otro tanto sucedía con Ortega. Sánchez Román hubo de ser desechado porque su partido no formaba parte del Frente Popular.

El estado de la cuestión

Al margen de las manifestaciones, mítines, alocuciones, de los artículos periodísticos, los desfiles, la agitación en las calles y en los campos, al margen de los discursos y los improperios que resuenan en el Congreso, en los arrabales de la política está gestándose algo que va a desarrollarse hasta alcanzar inusitada trascendencia. Es todavía embrión o ni siquiera embrión todavía, pequeño puñado de nieve que formará bola e irá despeñándose hasta convertirse en imparable alud que en tres meses lo arrollará todo.

El 14 de marzo, el general Emilio Mola había llegado a Pamplona para hacerse cargo de su nuevo destino que, con respecto al anterior de jefe superior del Ejército de Marruecos, representaba un retroceso en su carrera profesional. Al poco tomó contacto personal con los oficiales de la guarnición que estaban en su mayoría descontentos por el ambiente político, por las vejaciones que se habían infligido a algunos compañeros en distintas guarniciones y por los propósitos revolucionarios que se hacían públicos, en contraposición con las garantías legales que el Gobierno ofrecía. No solo en Pamplona, sino en toda España, circulaban de boca en boca entre los militares no afectos al Frente Popular, lo mismo derechistas que apolíticos o republicanos no politizados hacia la izquierda, noticias que, basadas en discursos, escritos, manifestaciones públicas, proyectos expuestos sin recato, y aderezado todo ello por la fantasía engendrada por el temor, daba por hecho que existía una conjura general y bien estructurada de inspiración internacional, bajo influjo masónico, soviético —si convenía también capitalista, sin reparar en incompatibilidades—, con complicidades anarquistas y judaicas. Su objeto era hacer la revolución, asaltar el poder, suplantar a los republicanos e implantar los programas conocidos que desembocaban en la dictadura del proletariado, los soviets, la sustitución del ejército por milicias populares, etcétera. Esta revolución, que contaba con inhibiciones culpables en las esferas del Gobierno, sobre la cual se daban nombres y datos un tanto incongruentes, que revelaban cierto desconocimiento de ese enemigo, que aunque de otra manera existía iba a estallar muy pronto; se barajaron varias fechas y acabó aceptándose una de mediados de agosto[1].

La existencia de este plan concreto, posiblemente propagado por elementos derechistas interesados en radicalizar posiciones, en particular de los militares, era aceptada en altas instancias de la política y el ejército y acabó siendo creído por los mismos que lo pusieron en circulación y exageraron. A despecho de que respondiera a la desorbitación de una amenaza cierta, pero no inmediata y mucho menos a plazo fijo, actuaba como si de verdad demostrada se tratara y producía en la mayoría idénticos efectos[2].

Sobre las verdaderas posibilidades de éxito que esos propósitos revolucionarios podían tener en el contexto general de la situación histórica en que se vivía, tampoco se hilaba delgado; el miedo contribuía a enrarecer el ambiente, presionar en contra, y a que la espiral revolución-contrarrevolución se mordiera la cola ensangrentando el país, crispando los ánimos y violentando los propósitos.

EL GENERAL MOLA CRUZA AL SESGO EL RUBICÓN

El general Mola halló en la guarnición de Navarra y entre los elementos civiles con quienes fue estableciendo contacto y sondeando, con variables dosis de recelo y prudencia, el reflejo de lo que él mismo sentía. Empezó a cavilar sobre las posibilidades de organizar un golpe militar que, si la ocasión lo exigía, pusiera fin a una situación que consideraba insostenible y catastrófica a corto plazo. Llegaba a su nuevo destino después de haber cambiado impresiones con los generales conspiradores de Madrid, donde observó que los acuerdos entre ellos eran mínimos, lo que le convencía de la inoperancia de aquellas charlas conspirativas y de proyectos condenados de antemano al fracaso. Partían esos planes de bases inconsistentes, como la suposición de que a un pronunciamiento de ejecución audaz se sumarían jefes y oficiales que solo estaban acordes en un punto: el descontento y malestar que afectaba a amplios sectores del ejército. Si era cierto que los quejosos estaban en mayoría, no eran mayoría los que estaban dispuestos a arriesgarse a un acto tan contrario a la disciplina y a la esencia misma de la milicia como era el de sublevarse. Cosa distinta sería el efecto negativo que podía causar un movimiento revolucionario desencadenado contra un Gobierno que podía no gozar de simpatías, pero que representaba, mejor o peor, la legalidad establecida. Y la revolución era por el momento solo una amenaza; en Asturias y otros puntos se convirtió en un hecho real año y medio antes, y la reacción de los cuerpos armados fue unánime, con escasas excepciones, y aun estas no de apoyo activo sino de pasividad.

Con los demás generales, Mola se había comprometido a una misión de tanteo entre los oficiales de las guarniciones de la VI División, a la que correspondía la Comandancia de Pamplona, y en la cual estaba distribuida la 12 Brigada de Infantería, cuyo mando le había sido otorgado. Sin precisiones, utilizando términos ambiguos, había establecido contacto con los capitanes que en Pamplona conspiraban, con los miembros de la Unión Militar Española que, al igual que en otras capitales españolas, tenían constituidas células.

Entretanto, la junta de generales que actuaba en Madrid, a la cual estaba, o había estado, vinculado el general Manuel Goded, y que ahora dirigía el general Rodríguez del Barrio y de la que formaban parte Enrique Varela, como miembro más activo, Orgaz, Saliquet, González Carrasco, Ponte, Villegas, Fanjul, Kindelán, García de la Herrán y otros monárquicos, retirados en su mayor parte, se disponían a iniciar un pronunciamiento cuyo fin era alcanzar el poder y no tenían como objetivo inmediato la restauración de la monarquía. Herederos del fracasado golpe de agosto de 1932, carecían de los apoyos necesarios, y aun quizá de la convicción indispensable para tener éxito. Desde Lisboa, el general Sanjurjo ejercía una teórica jefatura. Mola y Franco no estaban comprometidos a colaborar con ellos porque creían que la situación no exigía aún recurrir a medidas tan extremas y desconfiaban de una aventura que iba a comprometer la unidad del ejército y a inutilizarlo para actuar en ocasiones de mayor peligro y urgencia, que probablemente iban a presentarse.

Entre los conspiradores servía de enlace y estaba considerado como jefe de su estado mayor el coronel Valentín Galarza, que ocupaba un destino en el Ministerio de la Guerra. Era uno de los convencidos de que aquellos proyectos, aquellas reuniones, estaban resultando estériles para los fines que se proponían.

En una reunión celebrada en el domicilio de González Carrasco el 17 de abril, se acordó sublevarse el 20, y los comprometidos se distribuyeron entre ellos las cabeceras de división que cada uno se proponía sublevar: a Madrid se le consideraba el punto clave de aquel alzamiento. El jefe de la Primera Inspección del Ejército, Rodríguez del Barrio, que iba a protagonizar la sublevación en la capital, padecía una afección cancerosa, que meses después acabaría con su vida, y en el último instante se echó atrás, suspendiendo el golpe. Como al Gobierno le llegaron algunas confidencias de lo tramado y, a pesar de lo impreciso de los informes, fue detenido el general Orgaz, que pasaría confinado a Canarias y al general Varela se le residenciaría en Cádiz.

El día anterior a ese frustrado pronunciamiento, los dirigentes de la UME de Pamplona se habían reunido con los de otras guarniciones limítrofes —Estella, Logroño, San Sebastián, Bilbao—, a la espera de recibir órdenes de Fanjul, que debía pronunciarse en Burgos. Con ciertas cautelas pidieron a Mola que se definiese; lo que no queda claro es si lo hicieron cuando todavía creían que el pronunciamiento iba a producirse o cuando, por haberles llegado la contraorden, habían comprendido, decepcionados, que tenían que encontrar un nuevo y verdadero jefe. Por mediación de sus ayudantes, Mola les hizo decir que mantuvieran el máximo sigilo sobre sus proyectos y les daba alguna esperanza al mandarles que confiaran en él.

Convencido de la inutilidad de los planes de la junta madrileña, decide ponerse a trabajar con sigilo y seriedad con el fin de articular una conspiración que aprovechara las estructuras que existen dispersas.

Pocos días antes había recibido la visita de Gonzalo Queipo de Llano, de quien personalmente estaba bastante distanciado. Queipo le había hablado de manera directa de la necesidad de poner fin a la situación en que el país se debatía. Sus antecedentes políticos y personales no eran los más a propósito para que Mola se confiara, pero, a pesar de que en el primer planteamiento negó cualquier propósito conspiratorio, antes de que Queipo, que en su condición de inspector general de Carabineros viajaba por toda España, se ausentara, celebró con él una segunda entrevista, en la cual, sin establecer compromiso alguno ni franquearse, le indicó la conveniencia de que se mantuvieran en contacto. Vino a reconocer que estaba de acuerdo en la necesidad de buscar soluciones a los problemas que el ejército y la nación tenían planteados.

El general Mola, a quien ni sus enemigos regatean dotes excepcionales de eficacia, habilidad y competencia, y condiciones de organizador, se había hecho una composición de lugar después de sus tanteos con el elemento militar y civil que le rodeaba, franqueándose con muy pocos, entre otras cosas porque aún no tenía tomadas resoluciones que merecieran ser divulgadas.

En estos días redacta y difunde[3] su primer manifiesto, anónimo, que es como toque de atención y exposición de un plan, al mismo tiempo que, desde sus puntos de vista compartido por otros muchos, la justificación de lo que se propone emprender: una aventura que exige tacto, esfuerzo y la mayor prudencia, y que entraña riesgos individuales y colectivos.

Este manifiesto es conocido y ha sido publicado en diferentes ocasiones: conviene analizarlo por separado de los distintos documentos de la conspiración que van sucediéndose. La «Instrucción reservada n.º 1» se anticipa a las demás que irá redactando y difundiendo. No la firma; todavía no es «El Director».

Es un plan insurreccional en toda regla. Se inicia, pues, la conspiración, aunque de momento solo se enuncien unos motivos y unos propósitos. El camino será largo —o corto, según se considere—, y los resultados hasta los primeros días de julio no comenzarán a ser satisfactorios, aunque quedarán obstáculos, y no pequeños, por superar. Quien tome como punto de arranque de la sublevación militar de julio de 1936, la visita de un grupo de monárquicos de ambas tendencias a Roma, o un viaje de Sanjurjo a Berlín, el movimiento de agosto de 1932, o la oposición de los derechistas, militares y civiles, a que Portela Valladares abandonara el poder antes de lo legalmente prescrito a un Frente Popular cuyas masas se habían desmandado, se equivocará en sus planteamientos. Esos episodios son síntomas, revelan estados de opinión y propósitos parciales; como máximo, pueden definirse como corriente de agua en escaso caudal (y en favor de la Comunión Tradicionalista podría hacerse excepción) que irán a engrosar el auténtico río, aquel que recogerá pequeños afluentes desde su nacimiento, para desembocar en el mar; en el mar de la sublevación, de la guerra civil, de la tragedia.

El documento, redactado y mecanografiado personalmente por Mola, comienza así: «Las circunstancias gravísimas por que atraviesa la Nación, debido a un pacto electoral que ha tenido como consecuencia inmediata que el Gobierno se ha hecho prisionero de las organizaciones revolucionarias, llevan fatalmente a España a una situación caótica, que no existe otro medio de evitar que mediante la acción violenta. Para ello, los elementos amantes de la patria tienen forzosamente que organizarse para la rebeldía, con objeto de conquistar el poder e imponer, desde él, el orden, la paz y la justicia. Esta organización es eminentemente ofensiva; se ha de efectuar en cuanto sea posible, con arreglo a las siguientes bases:»

El manifiesto, si así quiere calificársele, consta de nueve «bases», algunas de las cuales comprenden varios apartados designados por letras, de la a) hasta la k); en la más larga de ellas lleva además añadida una «nota». La importante es la base l.ª por lo definitoria y concreta: «La conquista del poder ha de efectuarse aprovechando el primer momento favorable, y a ella han de contribuir las fuerzas armadas, conjuntamente con las aportaciones que en hombres y material y elementos de todas clases faciliten los grupos políticos, sociedades e individuos aislados que no pertenezcan a partidos, sectas y sindicatos que reciben inspiraciones del extranjero, socialistas, masones, anarquistas, comunistas, etc.». Viene desde el primer momento definido el golpe como de derechas, aunque aparentemente no excluye a las izquierdas moderadas, si bien es sabido que entre los dirigentes de Unión Republicana y también entre los de Izquierda Republicana, existe un elevado porcentaje de masones. Junto a las derechas, que es a quien en verdad el manifiesto-convocatoria va dirigido, trata de alinear a republicanos como podrían ser los agrarios, los seguidores de Miguel Maura[4] y de Sánchez Román, los independientes, aquellos radicales que han quedado colgados y sin apenas peso político, y a las personas que no militan en partidos ni sindicatos, posiblemente a los portelistas, y desde luego a los de Melquiades Álvarez, regionalistas catalanes; y deja hasta el último momento la puerta abierta a los nacionalistas vascos. Sobre la admisión de masones, Mola se mostrará ampliamente tolerante y juzgará caso por caso cuando se le propongan adhesiones, en particular si se trata de militares. A los falangistas no se les consideraba como que recibieran inspiraciones fascistas del extranjero; eso está claro.

A través de estas bases va perfilándose un esquema de organización dividida en dos ramas: la civil, con ámbito provincial, y la militar, que será la predominante, y cuyo carácter territorial coincidirá con la demarcación de las divisiones orgánicas. Los elementos civiles se organizarán en comités, que irán desde los municipales a los provinciales; estos serán los superiores, pasando por los de partido judicial. A los comités provinciales les compete, entre otras misiones, nombrar a los agentes de enlace con las guarniciones. También se dispondrá de comités suplentes para en caso de detención de los principales. Otra de las misiones será la recluta de paisanos con instrucción militar que están dispuestos, conscientes del riesgo al cual se exponen, a reforzar los cuerpos armados. Cuando se refiere a milicias contrarrevolucionarias, hay que entender por tales a requetés y falangistas, y posiblemente a las juventudes de la CEDA (JAP) y las de Renovación Española, y algunas otras, como los legionarios de Albiñana, si bien ninguna en concreto se nombra.

Los comités civiles deben tener designado personal técnico y obrero para hacerse cargo en caso necesario de los servicios públicos si los sindicatos recurrieran a la huelga general revolucionaria, y personal «auxiliar de la policía gubernativa», sea para incrementarla o para sustituirla donde se hiciera necesario, y formar milicias ciudadanas para mantener el orden público. Será igualmente de su competencia preparar la requisa de medios de transporte, tener preparadas personas calificadas para hacerse cargo de los gobiernos civiles, si bien se considera preferible que estos, en caso de que la persona sea idónea, sean ocupados por el jefe de la Guardia Civil más caracterizado, y también de las alcaldías y de los concejales correspondientes.

Una vez iniciado el movimiento (que así lo denomina Mola), los comités deberán ocuparse de suministrar al ejército las tropas y el ganado que necesiten, y «los recursos que sean necesarios antes como después del movimiento», pero añade una salvedad, considerando que por recursos no hay que entender dinero o sus equivalencias: «Estos siempre han de estar justificados y ser lo más limitados posible, porque la esplendidez conduce al abuso»[5].

A partir de la base 4.ª se ocupa de las cuestiones más directamente militares, como son los comités, que estarán constituidos en cada división o guarnición por los jefes más caracterizados entre los comprometidos; no se alude, pero tampoco se excluye, al jefe de la División Orgánica. Estos comités tendrán dispuestos y redactados los bandos declarando el estado de guerra, los talonarios de requisición, la movilización, «en la inteligencia de que los cuerpos de ejército habrán de ser incrementados en un 25% a un 75% de su efectivo con el personal facilitado por los comités civiles». Da detalles bastante precisos sobre la movilización, medios de transporte, combustible, víveres, reserva de vehículos, etc. Deben estar dispuestos a los movimientos de avance o de defensa «con arreglo a las instrucciones que reciba de la dirección o de las que le dicte su propio juicio…», y asimismo «buscar el apoyo de la armada en los puntos en que esto sea conveniente, e incluso su colaboración». Este apartado permite comprobar que la conspiración no había aún comenzado de hecho ni se estaba en contacto que entrañara compromiso alguno con los altos mandos de la flota. Vuelve a insistir en la moderación al recabar fondos: «Solicitar de los comités civiles los auxilios necesarios que se indican expresamente en la base 3.ª, reduciendo a lo estrictamente necesario lo de orden económico». La base 5.ª es muy importante y ha sido resaltada por varios autores: «… Se tendrá en cuenta que la acción ha de ser en extremo violenta para reducir lo antes posible al enemigo, que es fuerte y bien organizado. Desde luego serán encarcelados todos los directivos de los partidos políticos, sociedades o sindicatos no afectos al movimiento, aplicándoles castigos ejemplares a dichos individuos para estrangular los movimientos de rebeldía o huelgas». Ni los militares como tales, ni los derechistas, se distinguieron nunca por usar de blandura con respecto a sus enemigos, y menos cuando la dureza de procedimientos —cuyo grado no queda claramente especificado, pero que puede interpretarse sin límites— estaba en la misma línea que la eficacia. Tampoco las izquierdas daban en aquellos momentos muestras de tolerancias o contemplaciones, y cuando llegó el momento usaron procedimientos igualmente expeditivos.

Que el «movimiento» iba a tener un carácter derechista o por lo menos de moderado conservadurismo, parece implícito en toda la proclama programática, pero su carácter momentáneamente apolítico se subraya en la base 6.ª: «Conquistado el poder se instaurará una dictadura militar que tenga por misión inmediata restablecer el orden público, imponer el imperio de la ley y reforzar convenientemente al ejército, para consolidar la situación de hecho, que pasará a ser de derecho». No se habla de formas de gobierno; a Mola, primordialmente por lo que se refiere a los militares, le interesa mucho no dejar al margen a los republicanos por convicción o por aceptación de la forma de gobierno que existe implantada. A los alféreces suboficiales, cabos y soldados se les ofrecen pequeñas recompensas dentro de la vida militar o la civil. Se señala un plazo de veinte días, «porque las circunstancias así lo exigen», para llevar a cabo la organización (plazo que, por supuesto, no se cumplirá en absoluto), y se deja constancia, por último, de que los comités civiles «solo han de tener conocimiento de su organización particular».

PAPELETAS, PALABRAS, PISTOLAS

En la última semana de abril se celebran las elecciones a compromisarios, paso previo para las de presidente de la República. La abstención de las derechas y una cierta indiferencia de la masa del electorado les resta apasionamiento y relieve. Los socialistas consiguen 104 compromisarios, y sumados los de los dos partidos republicanos que participan en el Gobierno, les superan, puesto que Izquierda Republicana obtiene 74 y Unión Republicana 71; o sea, 145 en conjunto; los comunistas, 24; la Esquerra, 40, y en otros pequeños grupos se distribuyen el corto número restante. Como los republicanos conservadores han concurrido, logran 25 puestos, con lo que aventajan a los comunistas. Lo importante es que los electores —diputados y compromisarios— se pongan de acuerdo sobre quién va a ser propuesto y elegido; la candidatura de Azaña está presente en el ánimo de todos.

El 26 de abril, José Calvo Sotelo debía pronunciar una conferencia en el Círculo Mercantil; la directiva decidió en el último momento suspenderla por temor a lo que pudiera ocurrir. El mismo día, ABC publicaba unas declaraciones de Calvo Sotelo sobre lo que pensaba exponer en aquella conferencia que, bajo el aparentemente inocuo título de Perspectivas económicas y sociales de la hora actual, entrañaba un ataque frontal contra el comunismo y contra el Gobierno, al que acusaba de dejarse dominar y de haber cedido la iniciativa en el ámbito económico-social a los sindicatos marxistas, que sojuzgaban a los obreros, patronos y al Estado. Declaraba que Rusia se proponía expandirse y que era España el único país en que podía hacerlo, gracias a que el régimen soviético «presiona la mentalidad de centenares de miles de compatriotas, como resorte mirífico de felicidad». Precisaba que no se implantaría un comunismo libertario, sino dictatorial, «dictadura más que del proletariado, sobre el proletariado y contra la nación». Hacía un llamamiento a las clases medias, propugnando la unidad ante el dilema de «comunismo o Estado nacional», y, para acabar la entrevista, afirmaba: «Yo creo que el avance comunista no será frenado por los instrumentos del régimen democrático parlamentario, que lo han impulsado y facilitado». Quedaba, pues, implícito que proponía otra alternativa.

El ministro de la Gobernación, Amós Salvador, había sido sustituido por Santiago Casares Quiroga, pero el orden público en nada mejoraba. Continuaban los incendios, ataques a iglesias y conventos, asesinatos o agresiones, asaltos a centros derechistas, agitación campesina. En ocasiones, algunas de estas acciones, evidentemente ilegales, estaban dirigidas por los alcaldes del pueblo en que ocurrían. Estos hechos violentos se distribuían por toda España, salvo en Cataluña, donde, exceptuando las huelgas y algunos incidentes por lo general no graves, la tranquilidad era mayor.

Causó gran impresión el asesinato en Barcelona de los hermanos Miguel y José Badía, ocurrido hacia las tres y media de la tarde, en la calle de Muntaner, frente al número 38, cerca del cruce con Diputación. Ambos hermanos acababan de abandonar su casa y marchaban confiados; no les dieron opción ni tiempo a defenderse. Su familia tenía en la misma calle de Muntaner una carbonería. El atentado iba dirigido contra Miguel Badía, que antes del 6 de octubre había desempeñado el cargo de secretario de la Comisaría General de Orden Público de Cataluña, cargo equivalente al de jefe superior de Policía, y en ese empleo se había distinguido por perseguir con saña, y aplicando métodos duros, a los militantes del anarcosindicalismo, hasta tal punto que muchos autores no dudan en comparar con manifiesta exageración el tándem Dencás-Badía[6] con Anido y Arlegui. Miguel Badía fue después uno de los fracasados protagonistas del 6 de octubre. El hermano cayó asesinado probablemente sin más motivo que el de acompañarle, aunque también había desempeñado algún cargo secundario.

Este atentado causó cierta conmoción y el entierro dio lugar a que reaparecieran escamots uniformados. Era una represalia o venganza de los anarquistas, pero en la prensa deslizaron la sospecha de que fueran fascistas los autores, a pesar de que ni quienes lo propalaban podían creerlo[7].

EL ÚLTIMO PRIMERO DE MAYO

Con especial solemnidad y enorme concurrencia fue celebrado aquel primero de mayo. Al sentido proletario de la jornada se le superpuso un vago aire militar, y así se le llamó desfile en vez de manifestación. En formaciones uniformadas y con correaje, desfilaron hombres y mujeres y aquellos niños a quienes llamaban pioneros. La Fiesta del Trabajo se celebraba bajo el signo de la unidad entre socialistas y comunistas. La presidencia oficial estaba formada por Martínez Barrio, Largo Caballero, Albornoz, Pedro Rico, dirigentes del Frente Popular y los diputados madrileños.

En Barcelona, por temor a los cenetistas, se suspendió el desfile y en algunos lugares se produjeron incidentes y ataques contra personas de derecha. Las manifestaciones, desfilando por el centro de las ciudades paralizadas, constituían un alarde de fuerza disuasoria, pero el efecto que producían en la mayor parte de los enemigos era el contrario: en lugar de intimidar, provocaban reacciones defensivas —y ofensivas— y remachaba la convicción cada vez más extendida de que aquellas exhibiciones iban dirigidas a la implantación por la fuerza de la dictadura del proletariado.

El día 24 de abril había sido publicada la convocatoria para el desfile por la Agrupación Socialista Madrileña, el Radio Comunista de Madrid, Junta Administrativa de la Casa del Pueblo y el Comité de Unificación de Juventudes. Esta convocatoria apareció en los periódicos suyos. El texto comenzaba así: «Camaradas: celebra este año el proletariado madrileño su primero de mayo complacido de su triunfo sobre la reacción, alerta a los peligros que todavía se ciernen sobre él, firmemente resuelto a no ceder ni una sola pulgada de lo logrado y a proseguir su marcha segura hacia la realización del socialismo. Junto a la satisfacción del triunfo del 16 de febrero, la de ver cada vez más cerca la hora de la unificación proletaria. Unidas las Juventudes; en identificación creciente la tendencia socialista de izquierda con el Partido Comunista; votada por la Asamblea de la Agrupación Socialista Madrileña la unidad de los dos partidos, y con la voluntad inquebrantable de ambos de hacer cuanto esté de su parte por conseguir, en el terreno sindical, una inteligencia parecida con los camaradas de la CNT…». Hacía un rápido y pesimista análisis de la situación internacional y prevenía contra la guerra, exhortando a ponerse en pie por la defensa de la URSS y por la unidad de acción de las dos Internacionales en contra de la guerra. Abogaban por la lucha contra el paro, la jornada de cuarenta horas, la nacionalización de la tierra, la banca, los transportes y los monopolios, el castigo de la represión de octubre, de sus inductores y ejecutores y por conseguir que las víctimas fueran auxiliadas e indemnizadas. Solicitaba indultos para los presos comunes, «víctimas en muchos casos de la persecución política», reforma y depuración a fondo del ejército, magistratura y burocracia, y apertura inmediata de relaciones diplomáticas con la URSS.

El desfile en Madrid fue presenciado por el Gobierno en pleno y una representación subió a entregarle a Azaña, a quien toda aquella demostración tuvo que contrariarle profundamente, a pesar de que pronunció unas palabras de circunstancias, de las peticiones, o exigencias formuladas.

Este primero de mayo fue una fecha importante no solo por la gran manifestación de Madrid y las que se celebraron en provincias, también lo fue por dos hechos que marcaron el momento político. En Cuenca, donde las elecciones que habían ganado las derechas por mayorías y minorías fueron anuladas, probablemente con razón, pues Cuenca era provincia en que la tradición electoral del pucherazo, la coacción y compra de votos estaba aún demasiado vigente, iban a celebrarse nuevos comicios. Indalecio Prieto, quien por añadidura quiso quitarse de en medio de aquel primero de mayo de apoteosis caballerista-comunista, pronunció en Cuenca un discurso destinado a tener resonancia. Y otro hecho político de relieve; la CNT inauguraba el Congreso Nacional Extraordinario de Zaragoza, con elevado número de concurrentes, donde se iba a convenir la estrategia a seguir en adelante y a dejar definida la doctrina anarcosindicalista. En aquel congreso se darían fin a la prolongada escisión del grupo llamado de los treintistas. 97

ELECCIONES EN CUENCA Y DISCURSO DE PRIETO

Sobre las circunstancias que rodearon las elecciones de Cuenca se ha escrito mucho y, en general, se ha descendido a cuestiones de índole anecdótica. Lo cierto es que la provincia de Cuenca, agrícola, pobre, con elevado índice de analfabetos, influencia caciquil y clerical, era predominantemente derechista. Estas características y suma de circunstancias se presentaban a los manejos electorales. Aparte de esos evidentes manejos el enraizamiento popular del derechismo en un porcentaje importante de la población pudo comprobarse en los primeros meses de la guerra, a despecho de que quedara bajo dominio gubernamental; las memorias de Cipriano Mera, que luchó en aquellas tierras, son ilustrativas al respecto. En las elecciones de 1933, el triunfo de las derechas y del centro fue aplastante; en las del 36 salieron elegidos el general Fanjul, como independiente, Antonio Goicoechea, de Renovación Española, un candidato radical, dos de la CEDA y un derechista independiente; la candidatura contrarrevolucionaria en pleno. Quedaron sin actas todos los candidatos del Frente Popular, y los que figuraban en otra candidatura de significado centrista, uno de cuyos candidatos era el exministro José María Álvarez Mendizábal. Los resultados de la primera vuelta en esta provincia se anularon, y las derechas, que confiaban en un nuevo triunfo, pensaron incluir en su candidatura a José Antonio Primo de Rivera. De salir elegido era normativo que fuera puesto en libertad. Asimismo se decidió incluir al general Francisco Franco, según sus enemigos con la secreta intención de que pudiera conspirar con impunidad, olvidando quienes lo dicen que suelen ser ellos mismos quien más adelante afirman que Franco, a fuerza de astucia, se mantuvo al margen de la conspiración hasta el último momento y ello por motivos oportunistas o desleales.

Decidieron retirarse el general Fanjul y alguno de los otros diputados elegidos; continuaba figurando en la nueva candidatura Goicoechea, quien, de no salir elegido por Cuenca, se quedaba sin acta. Maniobró entonces Álvarez Mendizábal para conseguir que la Junta del Censo considerara aquellas elecciones como segunda vuelta, lo cual significaba que no podían presentarse los candidatos que no lo hubieran hecho en la primera.

Se ha escrito que José Antonio Primo de Rivera declaró que si Franco se presentaba como candidato, él se negaba a hacerlo por razones de personal antipatía o incompatibilidad. Los motivos fueron otros, con independencia de que al parecer no le tuviera especial simpatía. En su calidad de cuñado de Franco y de amigo de Primo de Rivera, Ramón Serrano Suñer hizo un viaje a Canarias para convencer al general de que retirara su candidatura, como así hizo.

Aquellas elecciones de Cuenca marcaron unos de los momentos de mayor confusión dentro de la confusa primavera de 1936. Estaba todavía en proyecto, inmaduro y rodeado de recelos y titubeos, la formación de un gobierno presidido por Prieto, como ya se ha dicho. Había depositadas esperanzas en ese posible gobierno fuerte, reformista pero no revolucionario, que impusiera el orden en el país y que… gobernara. El plan estaba condicionado a que Azaña accediera a la presidencia de la República, lo cual en aquel primero de mayo ya se perfilaba como seguro. Prieto estaba convencido de que la política de la izquierda socialista y su casi fusión con los comunistas iban a producir resultados nefastos, tanto para el socialismo español como para el propio país, que iría derecho al caos. En esa postura le acompañaba Azaña, a quien no le había sido posible gobernar, y otros republicanos; se hicieron sondeos con buena acogida inicial por parte de partidos derechistas, concretamente de la CEDA. Los grupos políticos situados más hacia el centro darían igualmente su conformidad, lo cual hacía que ese hipotético gobierno tuviera asegurada una holgada mayoría en el Congreso. Las dificultades procedían de que la posición de Indalecio Prieto dentro del socialismo era difícil; gran número de sus correligionarios le detestaban, y él no podía bajar la guardia ni ceder un punto sin temor a caer descalificado.

Las segundas elecciones de Cuenca son un episodio, que electoralmente puede calificarse de vergonzoso en el cual Prieto desempeñó un papel preponderante; las tomó a su cargo[8]. Toda clase de atropellos y abusos fueron cometidos, se recurrió a la violencia más extrema, a las ilegalidades más descaradas. El gobernador civil, la Junta del Censo, y para dar remate los muchachos de la «Motorizada»[9], pistola en mano, ganaron aquellas elecciones con ninguna gloria. A Primo de Rivera le despojaron de un acta que había ganado en votaciones, a pesar de que el gobernador anunció que sus papeletas no se computarían, como así se hizo en distintos colegios, y ese anuncio de la primera autoridad provincial retrajo a eventuales votantes[10].

Resulta trabajoso y arriesgado interpretar ahora los motivos que impulsaron a Indalecio Prieto a emprender acción tan descomedida e innecesaria. Pudo venir influida por un golpe temperamental, deseo vehemente de demostrar a los socialistas, amigos y contrarios, que él era capaz de solucionar a la brava una situación adversa y que no le creyeran blando y contemporizador. Algo semejante, aunque en menor escala, a lo que hizo cuando la revolución del 34. También cabría interpretarse como una advertencia dirigida a la derecha de lo que podría ocurrir si no se mostraba decidida a bajar las armas ante un Gobierno que él presidiera; mensaje secreto con ribetes de brutalidad para las derechas más extremas y ultimátum para conseguir colaboración de los grupos predispuestos a ella.

Que Prieto atribuía mucha importancia al discurso que pronunció en Cuenca el 1 de mayo, mientras sus seguidores tenían acorralados en un hotel a los derechistas que habían ido a hacer propaganda, y los de la «Motorizada» campaban por sus respectos y con sus pistolas aterrorizaban a los electores, apoderados y componentes de las mesas, y en muchos pueblos eran encarcelados los elementos de derechas, queda demostrado porque él mismo hizo que lo imprimieran por dos veces durante la guerra, y figura en los libros que ha publicado en el exilio. Es un discurso de difícil lectura por la complejidad de las circunstancias, en las cuales fue pronunciado y por la comprometida situación político-personal de Prieto. Sería necesario descomponer el discurso y analizar a qué auditorio iban dirigidas cada una de sus partes: al electorado conquense, a los caballeristas, a sus aliados comunistas, a la extrema derecha, al centro-derecha con quien se proponía pactar, a los republicanos. En ocasión en que el interés del auditorio decrece, no tiene inconveniente en lanzar el oportuno «¡Viva Cartagena!», que en el caso fue a Asturias, a la revolución de 1934, y a los hechos con ella relacionados; conseguido su objeto, que como hombre mitinesco no podía fallarle, el discurso siguió por los cauces previstos.

Es una perorata bien medida y dosificada en la cual pulsa las teclas que le interesan, razona con acierto porque no son argumentos lo que le faltan, sus enemigos se los han dado: la incongruencia de que se presente por la provincia, Primo de Rivera, y más que se haya intentado incluir a Franco en la candidatura. Del general Franco hace los elogios conocidos, que encierran una advertencia contra él, una denuncia casi y al mismo tiempo llama la atención sobre el peligro a quienes se han lanzado a una política alocada por demagógica, que puede provocar y está provocando reacciones violentas. Presenta un panorama sombrío, pero no exagerado, de la realidad española, y entona un canto lírico, dentro de las líneas del patriotismo tradicional, vigorizándolo al incluir en él la justicia y una prosperidad que alcance a todos los españoles: a los campesinos, obreros, mineros y pescadores; y niega el derecho al monopolio patriótico que se irrogan quienes lo esgrimen en provecho de sus intereses. Se refiere, con tintas aún más oscuras, a la situación por la cual atraviesa España y, si por un lado reconoce que el precio de la crisis económica debe ser pagado por los capitalistas que son los culpables, advierte que está históricamente comprobado que quienes terminan por padecer más en esas situaciones de estrechez generalizada son los más pobres y desheredados. Expone las muchas posibilidades que aún le quedan a España, donde todo está por hacer: y en el mismo tono regeneracionista del discurso gobernado por un sentido común irreprochable, en el cual esgrime verdades como puños, habla de las posibilidades de regadío y de electrificación, no solo para aumentar la riqueza y sacudirse de dependencias del extranjero, sino, asimismo, para disminuir las horas y la penosidad del trabajo.

A través de altos y bajos, de utilizar tonos líricos y tonos demagógicos, de cubrirse las espaldas contra posibles imputaciones y de solicitar encubiertamente la colaboración de todos en nombre de ese patriotismo optimista, desemboca por fin en algo que se proponía: formular acusaciones apenas veladas contra la política extremista, si bien, como cabe suponer, se abstiene de nombrar a Largo Caballero. Dice que él comprende, y solo a medias llega a disculpar, los desmanes a que se entregaron las masas a raíz del triunfo electoral, en consideración a lo extremo de las circunstancias que habían vivido y de la represión sufrida en carne propia, pero condena esa endemia revolucionaria que se manifiesta en ataques reiterados e incendios, que no conducen a ninguna parte y que son sangría para la nación.

Al discurso electoral que le sirve de esquema y pretexto superpone con habilidad dialéctica ataques a los caballeristas-comunistas, y la exposición de un programa de supergobierno: «Lo que procede hacer es ir inteligentemente a la destrucción de los privilegios, a derruir la cimentación en que esos privilegios descansan; pero ello no se consigue con excesos aislados, esporádicos, que dejan por toda huella del esfuerzo popular unas imágenes chamuscadas, unos altares quemados o unas puertas de templo ennegrecidas por las llamas. Yo os digo que eso no es revolución». Y acusa a quienes sostienen este frenesí de desorden, que califica de inútil y estéril, de «colaborar con el fascismo». Porque eso es lo que el fascismo necesita para desarrollarse, y el peligro está en que se le sumen las clases medias, la pequeña burguesía, «que, viéndose atemorizada a diario y sin descubrir en el horizonte una solución salvadora, pudiera sumarse al fascismo». Hace elogio y defensa de la democracia, de «una República democrática, que yo creo que nos interesa conservar (…). Nosotros tenemos que ofrecer un régimen nuevo que implante la justicia social, no un país en ruinas, sino una España floreciente y vivificada por nuestro amor».

No es raro que Prieto se sintiese satisfecho de este discurso, meses y aun años después de haberlo pronunciado; tampoco hay que extrañarse de que fuera elogiado desde la derecha, y que a José Antonio Primo de Rivera, muy receptivo hacia los programas fundados en un regeneracionismo patriótico, le dejara complacido.

En Claridad del día 4 se publica una áspera réplica al discurso de Prieto, que es palmetazo y condena de arriba abajo y de abajo arriba. Hace el articulista —probablemente Araquistain— un análisis implacable y lógico, y reprocha a Prieto que las cosas que ha dicho hayan sido dichas por un socialista. A los desórdenes que Prieto condenaba los calificaba de «lucha de clases», y acusa al líder reformista de defender las mismas teorías que los fascistas con respecto al desorden. Le echa en cara las manifestaciones de amor a España, y afirma que la nación es «un sistema de relaciones económicas, de formas de la propiedad, vinculadas en las cosas y determinando en los individuos, según las poseen o no, los nexos de dominio y sujeción en que viven y luchan mutuamente. Los grupos de individuos constituyen las clases de los dominadores y de los dominados. España es una sociedad de clases antagónicas que combaten entre sí desde el origen mismo de su historia, las unas por mantener su poderío económico y político y las otras por librarse de ese imperio». En otro punto escribe: «Pero el mayor error, si explicable en un republicano, inconcebible en un socialista, es pensar que una suspensión de la lucha de clases puede hacer el milagro de resolver ningún problema nacional».

Este artículo molestaría personalmente a Indalecio Prieto por el tono desabrido y de superioridad con que se le amonestaba; lo que es peor, le haría ver que un amplio sector del socialismo se iba a oponer a que se formara el pretendido gobierno de concentración. Las gestiones y tanteos continuaron entre bastidores y la esperanza de que un gobierno fuerte, progresista y mayoritario, que frenara el desorden y la arbitrariedad, y levantara la economía, animaba a no pocos españoles que creían en su viabilidad y lo deseaban. Nada se conseguiría; la marcha hacia la guerra civil seguía su curso ciego.

OTRA VEZ LOS CARAMELOS ENVENENADOS

El mismo día en que desde las páginas de Claridad se atacaba doctrinal, política y personalmente a Prieto, tenía lugar uno de esos motines que estallan provocados por un infame rumor que las crispaciones políticas y humanas hacen que se propalen y sean creídos, a pesar de su naturaleza disparatada.

Se hizo correr la voz de que damas catequistas, frailes y curas, monjas, lo que fuera —y, por supuesto, fascistas—, habían distribuido entre niños obreros caramelos envenenados; y al pasar el infundio de boca en boca, atizado por personajes turbios, se precisaba en qué centros médicos estaban siendo asistidos los afectados o en cuáles los habían internado[11].

Ante lo alarmante del ambiente, Wenceslao Carrillo propuso que una comisión de manifestantes inspeccionara la Casa de Socorro de la Glorieta de Ruiz Jiménez, donde se aseguraba que había víctimas. Como le constaba a Carrillo, que trataba de evitar el motín, pudieron comprobar que allí no había ningún afectado y que se trataba de una patraña. Entonces, en la calle, sonó un disparo, que algunos aseguraron que había partido de una iglesia, y esa fue la señal para iniciar los tumultos. Prendieron fuego a iglesias, conventos y oratorios, atacaron a religiosos, apalearon, vejaron y arrastraron a monjas y señoras. Aunque tardíamente, el Ministerio de Gobernación, la Casa del Pueblo, los diarios izquierdistas y hasta los comunistas desmintieron la distribución de los caramelos y la existencia de víctimas, y condenaron en tonos duros lo ocurrido, no sin que algunos dejaran de afirmar que había sido obra de agentes provocadores fascistas.

Estos sucesos no guardaban relación con la lucha de clases a que se había referido Claridad, y el caballerista Wenceslao Carrillo se esforzó para conseguir que el infundio quedara desmentido con la evidencia.

Costumbre bastante generalizada, entonces y ahora y más en la izquierda que en la derecha, es la de achacar culpas de hechos criminales o vergonzosos a misteriosos agentes provocadores que se presume pertenecen y obran por cuenta e instigación del bando opuesto. Obsérvese que esos agentes provocadores nunca son habidos, y que cuando alguna vez se da con los culpables y se los identifica, pertenecen a organizaciones propias o afines, no a las contrarias, y que acaban siendo defendidos con energía por los suyos. De abundar los auténticos agentes provocadores serían desenmascarados por el partido en el cual han conseguido infiltrarse, o por los promotores de la manifestación a la cual se han sumado con intención de crear desorden, y asimismo se los identificaría en caso de atentar contra la vida de personas de su propio bando con fines tenebrosos. Nunca sucede así. De existir esos agentes, actúan en contadísimas ocasiones y a niveles muy secretos. Lo que abunda son los individuos exaltados por naturaleza, que se dejan arrastrar por furias fanáticas que les privan de raciocinio, y los inducen a cometer actos impolíticos y torpes, que indignan y avergüenzan a sus correligionarios. El odio, el impulso de agresividad, la violencia cerril, se habían desarrollado con tal empuje, que España se asemejaba a aquellos bosques, abrasados por el sol y la sequía, que en los veranos arden con peligrosa facilidad.

EL CAPITÁN CARLOS FARAUDO

Manuel Tagüeña cuenta que el día 9 de mayo (pero se trata de un error de fecha, pues debió de ocurrir el día 8), con los dirigentes de las juventudes socialistas, Fernando de Rosa y Francisco Ordoñez, fueron a visitar en su domicilio del barrio de Salamanca al capitán de ingenieros Carlos Faraudo, «a quien Largo Caballero quería encargar el mando militar de las milicias socialistas». A ellos les causó excelente impresión este oficial, que era instructor de las milicias, pues a través de la conversación que sostuvieron con él pudieron apreciar su amplia cultura y que sostenía «opiniones muy claras y definidas sobre una futura España socialista».

Aquella misma noche, hacia las diez, regresaba el capitán Faraudo a su casa situada en la calle de Alcántara, número 43, acompañado de su esposa Elena Piloche, con la cual iba conversando distraído. En la calle de Lista, cerca de Alcántara, se hallaba estacionado el coche M-40 024, con varias personas dentro. Una de ellas se apeó del vehículo y esperó en la acera el paso del matrimonio y disparó por la espalda contra el capitán un solo tiro que le hizo caer mortalmente herido. Doce horas más tarde fallecía[12].

El entierro se celebró en el cementerio municipal, en una de cuyas dependencias se montó la capilla ardiente. Asistió un público muy numeroso que empezó a llegar una hora antes de la señalada para el sepelio. Milicianos socialistas y comunistas de uniforme daban guardia de honor. Figuraban entre los concurrentes Julio Álvarez del Vayo, Margarita Nelken, Carlos Baráibar, lndalecio Prieto, Jesús Hernández, Carlos Rubiera, Dolores lbárruri, Santiago Carrillo, Enrique de Francisco, José Díaz, González Tablas y el general Núñez del Prado, que era director general de Aeronáutica, a quien acompañaban sus ayudantes. Entre los portadores del féretro figuraban los tenientes de Asalto, Máximo Moreno y José Castillo y el de Artillería, Vidal. A continuación desfilaban las juventudes uniformadas y representaciones del Ejército, la Marina y la Aviación, con predominio de suboficiales. Ante la tumba volvieron a desfilar las milicias, con el puño en alto y cantando La Internacional, y también lo hicieron las representaciones militares.

En términos y con acento exaltados hablaron Jesús Hernández y Julio Álvarez del Vayo, que dijo que los trabajadores tenían el deber de vengar al caído y de exigir al Gobierno una enérgica intervención, «no debe perseguirse solo a los ejecutores —precisaba—, sino que hay que buscar a los inductores, a los que arman a hombres sin escrúpulos y cuyos nombres son de todos conocidos». Santiago Carrillo tomó la palabra en nombre de las Juventudes; y en último término lo hizo el coronel Julio Mangada, «visiblemente emocionado»; después de elogiar al muerto, exhortaba a los presentes, «debemos juramentarnos para hacer pagar ojo por ojo y diente por diente», y terminó con un viva al pueblo y gritando: «¡Arriba los corazones!».

El capitán Federico Escofet, condenado a muerte después de la sofocada sublevación de la Generalidad del 6 de octubre de 1934, y que se hallaba en Madrid por haber sido elegido compromisario para la elección del presidente que se celebraría al día siguiente, asistió al entierro; a su lado, un hombre joven a quien no conocía personalmente le comentaba que se imponía tomar represalias contra los más altos dirigentes políticos de la derecha; coincidía en la forma de expresarse con algunos de los que hablaron ante la tumba de Faraudo. Resultó ser el capitán de la Guardia Civil, Fernando Condés, con quien se había carteado durante su cautiverio, porque este cumplía condena en el penal de Cartagena, junto con el comandante Pérez Farrás. Inquietó a Escofet el frenesí que dominaba a los presentes, y en mayor grado a Mangada. Pensaba que, puesto que ellos se identificaban con el gobierno legítimo, les correspondía apoyarlo para que actuara con eficacia y energía, pero no podían emplear los mismos métodos que los enemigos.

NUEVO PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA Y UN GOBIERNO HUÉRFANO DE AZAÑA

En el Palacio de Cristal del parque del Retiro se celebraba el domingo 10 de mayo la elección presidencial. Se reunieron, entre diputados y compromisarios, 874 electores. Pronunció Jiménez de Asúa unas breves palabras y a continuación se iniciaron las votaciones que duraron largo rato.

Como ya se esperaba, Azaña obtuvo 754 votos; se escrutaron 88 papeletas en blanco, correspondientes a los diputados de la CEDA, pues los hombres de Gil Robles dejaban constancia de que votaban por considerarse dentro del régimen, pero que no querían hacerlo por un candidato de partido. Hubo votos sueltos para Lerroux, Primo de Rivera, González Peña, Largo Caballero y algún otro.

Hacia las dos de la tarde, Manuel Azaña Díaz fue proclamado segundo presidente de la República[13].

Mientras se servía un coctel en los jardines, después de terminada la elección, surgió una rápida y violenta discusión entre dos destacados representantes de las facciones que contendían en el seno del PSOE, Luis Araquistain, director de Claridad, y Joaquín Zugazagoitia, director de El Socialista; terminó con un trompicón que aquel le propinó a este. Fueron separados por diputados y compromisarios que se hallaban en las inmediaciones[14].

Un día después se celebraba en el Congreso con destacada solemnidad el acto de promesa del nuevo presidente. Afirma Gil Robles, que estuvo presente, refiriéndose a Azaña, que «la palidez del rostro era cadavérica» y, que «a todos nos impresionó también su nerviosismo». La fórmula de la promesa era: «Prometo solemnemente por mi honor ante las Cortes, como órgano de la soberanía nacional, servir fielmente a la República, guardar y hacer cumplir la Constitución, observar las leyes y consagrar mi actividad de jefe del Estado al servicio de la justicia y de España». Tenía entonces Azaña cincuenta y seis años y en aquellos momentos hay que pensar que le agitaban sentimientos contrapuestos y la natural emoción de verse instalado en la más alta magistratura del país, algo impensable solo seis años atrás. Si su orgullo debía hallarse satisfecho hasta la plenitud, le constaba que en el trance más difícil, él abandonaba, a sabiendas de que nadie era capaz de sustituirle, una nación a cuyo destino no se le veía salida. Cuenta Gil Robles que, «a pesar del extraordinario dominio de la palabra que tenía, vaciló varias veces al pronunciar la breve fórmula de promesa de fidelidad a la República (…). En su recorrido hasta el coche que le llevaría a palacio se mostró frío y esquivo. No sonrió ni aun pestañeó una sola vez». ¿Suponía Azaña que desde la presidencia podría influir con mayores probabilidades de éxito para conseguir la pacificación del país? ¿Aceptó la presidencia en un momento de desánimo y en razón del estado de impotencia con que se enfrentaba con sus enemigos de la derecha y la izquierda? En algunas de las fotografías correspondientes a la toma de posesión, aparece enchisterado y triste; su aspecto roza el ridículo. Desde los balcones del palacio de Oriente presenció el desfile de las fuerzas militares que le rendían honores. Rodeado de autoridades, diputados, altos cargos, ayudantes y diplomáticos, Manuel Azaña se había quedado solo.

De manera interina y formularia, el ministro de Estado, Augusto Barcia, asumía la presidencia del Gobierno; al ser nombrado nuevo presidente, Barcia presentó ante él la dimisión. Quedó, pues, planteada la crisis y Azaña inició las consultas. Los socialistas habían acordado que ninguno de ellos entraría a formar parte del Gobierno, con lo cual vetaban a Prieto, cuyos propósitos conocían[15]. Las consultas reglamentarias dieron el resultado que podía esperarse. Fueron los comunistas quienes manifestaron exigencias más radicales. Los nacionalistas vascos pidieron la pronta aprobación de su estatuto autonómico, que días antes habían presentado en las Cortes. Destaca Gil Robles, a quien Azaña incluyó entre los consultados, la corrección que casi llegó a amabilidad, con que le trató, y cómo le pidió que le dejara un respiro para que el país pudiera ser gobernado y que ya bastaban las dificultades que ponía la extrema izquierda.

Finalizadas las consultas, Azaña encargó a Indalecio Prieto la formación de un Gobierno, pero entonces ya se sabía que no era posible, conocida la actitud de la minoría socialista. Este acto formulario ofendió, sin embargo, a los caballeristas y a la UGT, que había amenazado con romper el pacto del Frente Popular si algún socialista entraba en el Gobierno, y consideraron la oferta como un desafío, que así se mostraban de susceptibles.

Al renunciar a la formación de Gobierno, Prieto entregó a la prensa la siguiente nota: «Los obstáculos verdaderamente extraordinarios con que a virtud de las circunstancias tropezaría cualquier socialista en la empresa de presidir el Gobierno, se acrecentarían mucho tratándose de mí, por la animosidad con que me distingue cierto sector del partido en que milito, animosidad que ahora, a efectos públicos, carece de transcendencia, pero que la tendría considerable si yo ocupara la jefatura del Gobierno, ya que se traduciría en entorpecimientos a la gestión ministerial y en quebrantamiento del Frente Popular, cuya integridad es indispensable mantener a toda costa». La minoría socialista en el Congreso había rechazado que Prieto formara Gobierno por 49 votos contra 19.

De manera también un tanto formularia ofreció el presidente a Martínez Barrio la ocasión de formar Gobierno, pero este la rechazó por preferir continuar en el cargo que ocupaba; tampoco su partido podía aportar soluciones. Los militantes de Unión Republicana estaban descontentos de la situación, del desorden público, de la actitud parlamentaria de las extremas izquierdas; su posición era crítica. La moderación que en todos los casos caracterizaba a este partido hacía que el descontento no se manifestara de manera ostensible y menos aún ruidosa.

No le quedó otro recurso a Azaña que tomar como base del Gobierno a su propio partido, y eligió a Casares Quiroga para que lo presidiera; le constaba que el resto del Frente Popular le apoyaría con sus votos en el Congreso. Esta elección de Casares se le ha criticado a Azaña, pues, dada la personalidad del político gallego y su completa devoción política por el actual presidente de la República, parecía que se dispusiera a repetir la conducta que tanto le reprochara a Alcalá Zamora; gobernar desde arriba utilizando una persona interpuesta, que al tiempo que fiel fuese débil de carácter. Pero ¿acaso se le ofrecieron a Azaña opciones mejores? ¿Quién tenía talla suficiente para gobernar en aquellas condiciones? Los deseos de Azaña, sus proyectos, habían consistido en la consecución de un Gobierno fuerte, de base amplia, con Prieto a la cabeza y la tolerancia o, mejor aún, el apoyo de la derecha moderada y del centro.

El nuevo Gobierno estaba presidido por Santiago Casares Quiroga, que asumía también la cartera de Guerra; Augusto Barcia, ministro de Estado; José Giral, de Marina; Enrique Ramos, de Hacienda; Francisco Barnés, de Instrucción Pública; Antonio Velao, de Obras Públicas; Mariano Ruiz Funes, de Agricultura; todos ellos de Izquierda Republicana; los ministros de Justicia, Manuel Blasco Garzón, el de Industria, Plácido Álvarez Buylla el de Comunicaciones, Bernardo Giner de los Ríos, pertenecían a Unión Repúblicana; Juan Lluhí Vallescá, a Esquerra, y el ministro de Gobernación, Juan Moles, figuraba como independiente, pero estaba próximo también a Esquerra. En general no era un Gobierno idóneo para enfrentarse con las difíciles circunstancias en que se debatía el país, ni la distribución de carteras resultó acertada. Fue aquel Gobierno de burgueses moderados —el caso de Casares Quiroga, era aparte— distanciados de los extremismos de la mayoría de la cámara en la cual debían de apoyarse, y de los partidos y sindicales, que si les asistían con sus votos, los combatirían en la calle, minando su autoridad y manteniéndolos en una posición falsa.

LA AMENAZA IMPRESA

La vida política se iba despojando de cualquier hábito civilizado o caballeroso; dominaban las actitudes más agrias y descorteses, las amenazas sin disimulo, el insulto; solo algunos conservaban a medias el buen tono y deseaban que el Parlamento fuese concierto de voces y opiniones, no de improperios y gritos. El odio saltaba de la calle al hemiciclo y del hemiciclo a la calle: muchos diputados iban armados y era preocupación de la presidencia que en uno de los tumultos que se sucedían, no ocurriera una auténtica y vergonzosa hecatombe.

Las libertades públicas se hallaban constantemente restringidas por las leyes de excepción, que se prorrogaban de mes en mes como era preceptivo. El 14 de mayo se celebró con este fin una reunión de la Comisión Permanente, puesto que las sesiones ordinarias estaban suspendidas. De este hecho protestó Calvo Sotelo; dijo que debía esperarse al pleno y discutirse en sesión normal, aún a sabiendas de que igualmente sería aprobada la prórroga; lo que se proponía era promover un debate sobre el orden público, pues por medio de la censura venía disimulándose en parte la precariedad en que se desarrollaba y las que para él eran causas directas del desorden. Se produjo el inevitable enfrentamiento con Casares Quiroga, y Calvo Sotelo hizo una defensa de los falangistas, a los que consideraba perseguidos sistemática e injustamente. Aunque el hecho no era público, o poco conocido, tiempo atrás Calvo Sotelo había mostrado intenciones de incorporarse a FE, pero Primo de Rivera se negó, pues no deseaba que el fascismo a la española derivara hacia posturas conservadoras y fuese utilizado —que de hecho lo era con frecuencia— como punta de lanza de la ultraderecha. En la discusión con Calvo Sotelo, el presidente del Consejo acusaba a los falangistas como a únicos perturbadores del orden público, y añadía que también se detenían en ocasiones a algunos que no estaban oficialmente afiliados. Añadió que en Gobernación tenían los ficheros de la entidad. Calvo Sotelo dio la cifra de doce mil detenidos de derechas, afiliados o no afiliados a FE, y se declaró ajeno a la organización fascista, pero dejando constancia de que «hablo en nombre de quienes sufren sanciones injustas y prolongadas», y afirmaba que lo que estaba sucediendo es que «los afectados las sufren con entereza y refuerzan sus convicciones».

La actitud de Calvo Sotelo hizo que al día siguiente publicara Mundo Obrero un suelto, bajó el titulillo «Sin careta», «Calvo Sotelo y el pistolerismo fascista», cuyo texto transcribimos por creerlo de interés y demostrativo de la crispación generalizada.

La defensa —ardorosa, provocativa, cínica— que ayer hizo Calvo Sotelo en la Diputación Permanente de los crímenes fascistas es toda una caracterización política de ese lacayo de dictadores, incubado bajo la bota del general majo y chulón, que tiranizó al país durante siete años, que sueña con el solio dictatorial.

Exaltó y justificó el terrorismo como instrumento de lucha.

Y esta defensa del fascista Sotelo, de sus pistoleros, tuvo como trampolín la derogación del estado de alarma.

Como pocas veces, representó su papel de cínico primero. Protestó de todo. Protestó de las detenciones de asesinos. Estos miserables, además de una buena pistola y un buen salario, cuentan en la Cámara con un buen abogado.

La organización es perfecta: cuentas corrientes en los bancos, cotizaciones en organismos de contratación, como Renovación, Jap y ese Bloque Nacional, cómplices en la Administración de Justicia, el Cuerpo de Vigilancia y en las cárceles.

Y hasta un caudillo con investidura parlamentaria para agitar un espantajo de martirologio con las actividades de unos asesinos.

La destrucción de todo esto es tarea inmediata del Frente Popular. Con ese miserable Calvo Sotelo a la cabeza.

No cabe duda que hay una amenaza explícita, pero, a la hora de los análisis finales del período y del hecho que se estudia en este libro, no puede dejarse de considerar quiénes fueron los que mataron a Calvo Sotelo; es decir, cuál era el matiz político de los ejecutores materiales del hecho delictivo, que no eran comunistas, en cuyo órgano se publica este suelto. Y al mismo tiempo, es notorio que una acumulación de acusaciones, insultos, amenazas, y de señalar a una víctima, llevan a que, en el momento de producirse un estado de exaltación máxima, cualquiera encuentre justificado el tomarse la justicia —lo que considera «justicia»— por su mano.

Con un mitin que reunió una gran muchedumbre, se clausuró en Zaragoza el Congreso de la CNT el domingo 10 de mayo. Era el mismo día que en el palacio de Cristal del Retiro se celebraba la elección de presidente de la República. Nada les importaba a los confederales quién resultara elegido, y, recíprocamente, y esto era más grave, nada importaba a diputados y compromisarios lo que acordaran los 649 delegados de la CNT, que llevaban la representación de 982 sindicatos y de más de medio millón de afiliados, y al valorar esta cifra había que considerar que millares y millares de obreros sin carnet obedecían ciegamente las consignas que emanaran de la CNT. Escasa importancia se dio, pues, fuera del amplio marco anarcosindicalista, a lo que se trataba en aquel congreso, cuya influencia iba a proyectarse con insospechado vigor en los sucesos de aquel verano de 1936 y en la guerra y la revolución que empezaría. Del Congreso de Zaragoza iba a derivar la puesta en práctica, de manera fraccionada e irregular y en condiciones de violencia extrema y guerra civil de uno de los experimentos económico-sociales más interesantes de la historia del proletariado mundial, y de la historia a secas. Fracasarían, y no solo por culpa de las circunstancias adversas, pero las energías que se movilizaron, se derrocharon si se quiere, y la conmoción, económica, política y hasta emocional que desencadenaron, hubieran exigido mayor atención de los políticos profesionales.

En el congreso aquel se plantearon muchas cosas: autocrítica de lo actuado hasta entonces, reconocimiento del infantilismo revolucionario que había presidido pasadas actuaciones, el posible error del absentismo electoral de 1933, el distanciamiento con la UGT, cortedad en la acción revolucionaria en 1934, y otros puntos. Uno de los propósitos que quedaron acordados fue poner en práctica una aproximación a la sindical socialista, pero se le exigirían tantos requisitos, el principal de ellos, abandonar cualquier colaboración con los republicanos burgueses, que no llegaría a cristalizar; antes al contrario, iban a producirse enfrentamientos enconados y sangrientos en diversos puntos, primero en Málaga y después en el ramo de la construcción de la capital de la República. Los congresistas criticaron la reforma agraria; proponía la expropiación, sin indemnizar a los amos, de todas las fincas superiores a 50 hectáreas, que llevaría aparejada la de ganados, enseres, instalaciones y demás; la supresión de rentas en dinero o especie, abolición de contribuciones, de hipotecas, etc. Se formulaban definiciones teóricas de lo que debía ser, en las circunstancias históricas que se vivía, el comunismo libertario; se hacían proyectos de un optimismo exagerado y se llegaba, como corolario, a la promesa de paraísos imposibles.

Los políticos derechistas, los militares, los burgueses, los españoles que no fueran revolucionarios a ultranza, que se enteraran de propósitos, formulaciones y conclusiones, que probablemente fueron pocos, debieron de asustarse, eso si no creían que eran inconsistentes locuras ácratas. En tal caso, no tardaría un buen número de ellos en sufrir las consecuencias. También tuvo que desasosegar a los políticos republicanos, y aun a los socialistas y comunistas que advirtieran que los anarcosindicalistas iban en sus propósitos mucho más allá que ellos, y que los desbordarían.

Arriba: El capitán Carlos Faraudo, según cuenta Tagüeña, «sostenía opiniones muy claras y definidas sobre una futura España socialista».

Abajo: Con especial solemnidad y enorme concurrencia fue celebrado aquel primero de mayo (1936). Al sentido proletario de la jornada se le superpuso un vago aire militar y así se le llamó desfile en vez de manifestación.

Arriba: Luis Araquistain, director de Claridad, y Joaquín Zugazagoitia, de El Socialista, protagonistas de un sonado incidente tras la elección de Azaña como nuevo primer magistrado.

Abajo: Manuel Azaña promete el cargo de presidente de la República el 11 de mayo de 1936.

Arriba izquierda: Indalecio Prieto, que tuvo que declinar el encargo de formación del gobierno por la actitud de la minoría socialista.

Arriba derecha: Santiago Casares Quiroga, nuevo primer ministro.

Abajo izquierda: Calvo Sotelo a Bruno Alonso en las Cortes: «Su señoría es una pequeñez, un pigmeo».

Abajo derecha: Bruno Alonso a Calvo Sotelo: «¡Su señoría es un chulo!».

Frente a frente

El 19 de mayo hizo su presentación ante el Congreso el Gobierno recién nombrado. La historia parlamentaria de este postrer período de la República Española, que dos meses más tarde desaparecerá, aunque su nombre siga usándose, se va a singularizar por la pugna constante, agria y personal entre el jefe del Gobierno, Santiago Casares Quiroga y José Calvo Sotelo, una de las dos cabezas de la oposición —la otra lo es Gil Robles—, en un diálogo de sordos de extrema violencia. Ambos son gallegos y se detestan; una enemistad antigua que halla ahora para manifestarse un palenque público. Física, política, temperamental y humanamente son opuestos y las posiciones de ambos en el Parlamento son igualmente distantes y distintas. Además de presidente del Consejo, Casares Quiroga, tiene como coro y escolta una mayoría agresiva, vociferante, amenazadora y pronta al insulto, lo cual le confiere cierta ventaja; diríamos que lucha en campo propio. Está Calvo Sotelo numéricamente menos asistido, pero no deja de disponer de coro y escolta, aunque muchos de los miembros que le apoyan se sienten, no diremos acobardados, pero sí cohibidos al verse en inferioridad. Ante la hostilidad con que sus palabras suelen ser acogidas, él se crece y se manifiesta desafiante. Ha llegado a la convicción de que la actitud de aquellos con quienes se enfrenta nada tiene que ver con razonamientos, con una idea abstracta de justicia en la cual pudieran momentáneamente coincidir, con lo que él considera el bien de la nación, y con todo lo que estima positivo en cuanto a creencias, derechos, economía, moral y patriotismo. Principia Calvo Sotelo por no creer, ni por consiguiente confiar, en soluciones que puedan proceder de la democracia al uso; y por estar convencido de que quienes se califican a sí mismos de demócratas lo son solo mientras ellos gobiernan. Y aún más: la fracción extrema llama democracia a la dictadura del proletariado, cosa que, dentro de su escala de valores, no es menos paradójico que si el término se aplicara al corporativismo autoritario que él preconiza.

Utiliza el Parlamento como caja de resonancia, a lo cual se considera autorizado por razones políticas y para que sus palabras se libren de pasar por el matiz de la censura que, con mayor o menor rigor, ha venido funcionando con muy escasas interrupciones desde la proclamación de la República. Lo que diga desde su escaño quedará reflejado en el Diario de Sesiones como en acta notarial. Defiende un régimen autoritario, pero sus ideas, aunque coherentes, no están bastante definidas en cuanto a lo que sería en la práctica. Su designio principal es derribar el Gobierno del Frente: Popular, y a ser posible, la República, si bien una restauración monárquica no parece, de momento, factible. A su perspicacia no le escapa que serán más numerosos e influyentes quienes se alinearían en apoyo de unas autoridades que ejerzan la autoridad, hagan cumplir con severidad las leyes y legislen de acuerdo con lo que él cree necesario para conducir el país hacia una prosperidad general —que evidentemente comienza por arriba—, que los que den primacía a la vuelta a una monarquía que desapareció sin pena ni gloria. Manifestarse monárquico es una manera de antirrepublicanismo.

Nada esperaba de la actividad parlamentaria, nada de un Gobierno que no le escuchaba si no era para atacarle, nada de los socialistas y comunistas que le zaherían, insultaban y amenazaban; y poco de los más afines, de aquellos que le apoyaban por un compañerismo que surgía de un peligro común que se mostraba al ser tratados por la izquierda con idéntica agresividad y desdén. Consciente o inconscientemente estaba convirtiéndose en un hombre-testimonio. ¿Confiaba en soluciones de fuerza provenientes del ejército, de la Guardia Civil, de somatenes ciudadanos? Su experiencia era mucha y le constaba que a los militares les faltaba unidad, fuerza real, que eran muy numerosos los que apoyarían al poder constituido, fuera el que fuera, y que muchos lo harían además por convicción y que entre estos últimos había desde cabos a generales.

Cuando, el 19 de mayo, Calvo Sotelo se alzó para contestar a Casares Quiroga, podía tener noticias de que Mola, allá en Pamplona, conspiraba. ¿Qué garantía podía merecerle aquella conspiración —siempre en el supuesto de que la conociera— después de tantas otras que habían fracasado?

El Congreso, con frecuencia escenario de actitudes abochornantes, era resumen y representación sonora y pública de las calles, los campos, los caminos, las aldeas, las casas de los españoles, los centros políticos, las tertulias, los sindicatos, los muelles, los conventos, las oficinas, las fábricas, las tiendas, los periódicos. La desunión, la enemistad entre unos y otros estaban enraizados con demasiada fuerza; más que por el éxito propio, se pugnaba por el fracaso del contrario. Del bienestar de los españoles poco se preocupaban, a menos que pasara por la ruina, vergüenza, lapidación y, si hubiese sido posible, desaparición, de los oponentes. Preferían que todo naufragara, antes de que los contrarios fueran artífices de un país más digno; preferían que estallara en pedazos la nación, antes de que los enemigos se apuntaran un éxito; el orden, la justicia, la prosperidad solo eran admitidos como propósitos de la propia acción, de la propia doctrina. Era el camino hacia la guerra civil: primero machacar al enemigo, humillarlo, aniquilarlo; después todo se daría por añadidura. Nunca un Caín bicéfalo se había instalado, mirando a la derecha y a la izquierda, con tanta fuerza y extensión en la cainita España; nunca, incluso las buenas intenciones, que tampoco faltaban, pasaban tan por el centro de la destrucción y la muerte. Y, sin embargo, en este martes 19 de mayo, todavía era posible la paz. Ni los socialistas de Largo Caballero y los comunistas tenían fijada fecha, ni próxima ni distante, para emprender una acción revolucionaria que mereciera el nombre de tal, ni Mola tenía organizado nada verdaderamente serio; ni siquiera estaba redactada aún aquella instrucción número 2, que una semana después iba a difundir con el título «El objetivo, los medios y los itinerarios».

Al iniciarse la sesión, el presidente del Consejo declaraba que su Gobierno era consecuencia y sería continuación del anterior, y con modestia, posiblemente sincera, expuso la inferioridad en que él se hallaría tras un período en que Azaña había ejercido la jefatura; el desnivel solo llegaría a superarlo con entusiasmo y con el espíritu que anima al Frente Popular. «Aunque circunstancias que no conviene ahora examinar —seguía, aludiendo a los socialistas— impiden que estén sentados en el banco azul el conjunto de los sectores políticos, puede afirmarse que están representados todos». Después de las naturales alabanzas a Azaña, de quien Casares era admirador incondicional y le debía aquel puesto, y de buscar la manera de congraciarse con socialistas y comunistas, vuelve a insistir en que el programa que va a exponer es idéntico al del Gobierno anterior, y que este comienza en el banco azul y termina en el último escaño de los integrantes del Frente Popular[1]. Manifiesta que, como alguien dijo que a la República se la estima o se la teme, y sentado que hay quienes no la respetan, proclama que ha llegado el momento de hacérsela temer. Ha terminado el período de defensa de la República y hay que empezar con el de ataque. «Mi espíritu republicano —dice— se encrespa e irrita al ver que en las últimas covachuelas de organismos del Estado hay funcionarios que boicotean a la República. Igualmente me siento irritado al ver que cuando se coge a un enemigo de la República y se le entrega a los tribunales, estos declaran la inculpabilidad del acusado».

La voz de Casares no era la de Azaña, y aunque ambos pudieran haber pronunciado «la República soy yo», en cualquier etapa de su gobierno Azaña se ha mostrado más amplio y Casares más excluyente, y así le vemos desde este su primer discurso en la cabecera del banco azul. «Hace algún tiempo yo dije que no estaba dispuesto a tolerar una guerra civil. Pues bien: cuando se trata de un movimiento fascista —digo fascista sin determinar esta o aquella organización, pues todos sabemos qué es el fascismo y cuáles son las organizaciones fascistas—, cuando se trata de atacar a la República democrática y las conquistas que hemos logrado junto al proletariado, entonces el Gobierno es beligerante». Esta frase le valió una ovación por parte de la mayoría, mientras que en los escaños opuestos la impresión fue penosa, no tanto porque declarara su beligerancia contra el fascismo, como por la interpretación que daba a la palabra, bajo cuyo concepto incluía a todos aquellos que no pertenecían al Frente Popular, es decir, a media España.

Aún se crítica a Casares por haber pronunciado aquella frase, pero que él se declarara beligerante contra un fascismo beligerante, no parece tan grave como que cerrara la puerta de la República, a cuantos quedaran a su derecha, y que ese apellido de democrática que le colocaba, excluyera incluso a quienes tenían derecho y opción a ganar unas próximas elecciones porque, de ocurrir tal cosa el sufragio universal dejaba de contar, no era válido como sistema y tendría que ser excluido.

Casares Quiroga, que estaba tratando de ganarse la benevolencia de quienes tenían que votarle desde el ala izquierda, que hablaba cara a la galería, sabía bien de dónde iban a provenir las mayores dificultades para llevar adelante una obra de gobierno tal como él la concebía, avanzando por sus pasos contados, aunque se propusiera acelerar al máximo esos pasos. Estaba convencido de que a todo el centro y a la derecha, que calificaba de «fascista», podía vencerla en cualquier votación, pues el Gobierno disponía de la mayoría. Los problemas vendrían de la otra parte, pero frente a esa otra parte usaba un tono distinto, amistoso: «… en los problemas fundamentales del Gobierno, o tengo el apoyo del Frente Popular, o ha terminado mi misión (…). Hagamos un máximo de esfuerzo para que se desarrolle la lucha económica de todas clases dentro de la más absoluta legalidad republicana. Fuera de ella no se puede pretender que el Gobierno trabaje coaccionado, y mucho menos dirigido desde abajo. No puedo admitir que para las conquistas que crean precisas para sus reivindicaciones de clase, las masas proletarias o republicanas se impongan huelgas políticas fuera de la ley, incautaciones que no pueden ser permitidas y actos de violencia que son un trágala o una coacción. El Gobierno, por dignidad, no puede trabajar en esas condiciones. Apelo a todos vosotros para que me ayudéis en colaboración leal y cordial». Estas frases condensaban lo más auténtico del espíritu del discurso; Casares hubiese deseado gobernar y suponía, con la ingenuidad que en breve demostrarían los hechos, que aunque se propusiera hacerlo contra los fascistas, como declaraba al presentarse ante la Cámara, no iba con eso, que era mucho, a ganarse la adhesión de los campesinos hambrientos, de los no hambrientos, de los obreros en paro, de los que trabajaban con mísero o discreto jornal, de los alcaldes que necesitaban votos, de los diputados que igualmente necesitaban votos, de los dirigentes políticos y sindicales que presionaban de abajo arriba, y no digamos de los anarcosindicalistas de Cataluña, de Aragón, de Valencia, de Andalucía, de Galicia y de Madrid, de donde los hubiera. El Frente Popular, esa entelequia nacida bifronte, se proponía, a través de sus representantes en el Congreso, votar la confianza al Gobierno, y en los pueblos, en los campos y ciudades, seguir imponiendo su voluntad, utilizando la fuerza como suprema razón y explotando la política del hecho consumado. En muchos lugares y casos, los campesinos obraban impelidos por la desesperación y la necesidad, azuzados por promesas demagógicas, difíciles cuando no imposibles de cumplir; en otros casos actuaban oscuras fuerzas vengativas que aspiraban a sustituir un poder por otro en beneficio de quienes las movían.

A los dirigentes más responsables, los hombres de las bases les habían desbordado, y no les resultaba posible frenarlos; quien les hablara con sensatez sería desplazado y declarado traidor, porque demagogos no era lo que faltaba en la escala ascendente que iba del último militante a los que se sentaban en el Congreso. En sus memorias, Gil Robles hace una cita del multipersonaje Azaña de La velada de Benicarló, pero Azaña —y quien esté libre de culpa que arroje la primera piedra— no había llevado tan lejos la intransigencia como lo estaba haciendo ahora Casares. La frase citada es: «Ninguna política puede fundarse en la decisión de exterminar al adversario. El sacrificio cruel suscita una emulación simpática, que puede no ser puramente vengativa y de desquite, sino elevada, noble. La persecución produce vértigo, atrae como el abismo. El riesgo es tentador. Mucho puede el error, pero su fallo consiste en que él mismo engendra la fuerza que lo aniquila». Y esta cita que traemos a colación, movidos por la intransigencia de Casares, sería válida cuando en circunstancias aún más extremas la escribiría Azaña, y con idéntico motivo podía haber sido pronunciada por cualquiera de los mismos en este momento ocupaban los bancos de la oposición; y mejor no hablar de sus herederos, los vencedores de la guerra.

El propio Gil Robles explica en qué condiciones inició su intervención: «Como consecuencia del clima creado con el discurso mitinesco del señor Casares[2], nada tuvo de extraño que al levantarme a hablar, para definir la posición parlamentaria de la CEDA, se alzaran violentamente contra mí las minorías que representaban el Frente Popular. Desde un principio, menudearon las interrupciones colectivas e incluso los gritos inarticulados, entre los cuales destacaba alguna palabra soez. Logré, sin embargo, imponerme al tumulto y decir todo lo que pensaba». Se había llegado a una hipertrofia de la función parlamentaria. Gil Robles fijó su posición diciendo que pensaba examinar los proyectos del Gobierno y combatirlos en aquello en que estuviera en desacuerdo y que no abandonaría su derecho a la fiscalización parlamentaria. Y con un fondo de amargura, comentó la imposibilidad de cualquier colaboración con un Gobierno cuyo jefe se negaba a aceptarla. Se mostró contrario al fascismo en nombre de su partido y por los principios que le informaban, pero reconoció que se estaba desarrollando, y achacó la culpa a la agresiva política que estaba llevando a cabo el Frente Popular. El discurso que pronuncia equivale a exponer ante el Gobierno, ante el auditorio, y ante el país, que mañana lo leerá en los periódicos, un resumen apasionado de su memorial de agravios. «Si no existe esa política de justicia, ese movimiento crecerá y llevará a España a una situación de guerra civil, en la cual todos aquellos partidos que se mueven dentro de la órbita legal no tendrán nada que hacer». El líder de la CEDA se esfuerza por representar el papel que se ha asignado a sí mismo: reformista republicano escorado a la derecha, dispuesto a alcanzar el poder en las urnas para mantener el orden con la ley en la mano, haciéndola cumplir bajo la vigilancia de la Guardia Civil.

Cuando Calvo Sotelo se levanta a hablar, presiente que va a descargarse la tormenta; tampoco hará nada por evitarla, pues para ello sería necesario callar. El discurso comenzó con estas palabras: «Señores diputados, en rigor, en la declaración formulada verbalmente por el señor presidente del Consejo, se han dicho muchas cosas de las que esperábamos. Se han omitido muchas de las que, a nuestro juicio, debiera haber expresado y se contiene alguna que, con sorpresa mayúscula, habrá de ser recogida en esta intervención, que de antemano encomiendo, no a la benevolencia, pero sí a la cortesía parlamentaria del señor presidente de la Cámara, del señor presidente del Consejo de Ministros y de la mayoría toda. Vaya por delante esta cuestión previa, que después de los episodios un tanto azarosos habidos en el curso de la intervención del señor Gil Robles, me parece inexcusable. Cuando el jefe del Gobierno, como cualquier otro ministro, habla desde ese banco, los diputados que ocupamos estos escuchamos con respeto absoluto. Pedimos reciprocidad, y antes que a los propios diputados de la mayoría, al jefe del Gobierno y a los ministros, que no creo que necesiten, ni menos todavía agradezcan, el esfuerzo que indirectamente puedan suponer esas interrupciones tumultuosas, en las cuales siempre falta la cortesía. Aquí estamos cumpliendo un deber (en este punto se produjo ya la primera interrupción, “palabras que no se perciben”, fórmula que solía emplearse para eludir lo desagradable). Cada cual administra su conciencia sin admitir interpretaciones por boca o por mano de tercera persona. ¡Qué más quisiera yo que poder permanecer sentado y silencioso!».

Este exordio es exponente del deterioro de la vida parlamentaria y, como se verá más adelante, no iba a dar resultado, porque los nervios de los presentes estaban a flor de piel. Con cierta mesura Calvo Sotelo siguió con discretos ataques hacia Azaña, de quien se había escrito en un diario, antes de su elección, que debía retirarse, o a la vida privada o al sitial presidencial; y precisaba Calvo Sotelo que lo primero hubiera sido hacerlo al Aventino, pero que Azaña prefirió retirarse al Palatino. Pasó luego a ocuparse de la renuncia del anterior ministro de Hacienda, Gabriel Franco, y de cómo la censura había tachado la nota en la cual exponía los motivos por los cuales no aceptaba la cartera que le ofrecía Casares. Y citaba una de sus frases: «La situación de la Hacienda pública española es la más grave desde la pérdida de las colonias».

Formulaba su desacuerdo con la política económica anunciada porque entendía que si las inversiones públicas son muy necesarias —y aprovechaba la oportunidad para hacer elogio de la dictadura y de su ministro de Obras Públicas, conde de Guadalhorce—, no puede favorecerse paralelamente «una política económica que proteja el desorden, que prohíje la anarquía, que fomente la disminución de los rendimientos, que intensifique exagerada y abusivamente los costos, y que, en definitiva, vaya socavando, mermando y desgastando las mismas bases impositivas de riqueza que han de servir de punto de apoyo y de arranque para aquella política estatal». Y de ese planteamiento pasaba al ataque: la política económica estaba paradójicamente «dirigida y controlada por sus adversarios más resueltos e irreconciliables»: los marxistas. Afirma que estos aspiran a controlar la mano de obra y a propósito de la admisión de los represaliados de Asturias, cita una serie de ejemplos de pequeñas y grandes empresas en las cuales no solamente se obligó a la readmisión, sino que se forzó al despido de los obreros que estaban trabajando, algunos de los cuales llevaban muchos años en las plantilla, a pesar de que las empresas deseaban conservarlos y se hallaban dispuestas a proporcionarles trabajo aparte. De los hechos sacaba consecuencias políticas: «… ¿Cómo, pues, no va a temblar una gran parte de la sociedad española ante la hipótesis de que el marxismo llegue a adueñarse de las palancas del poder en España? ¿De qué no seríais capaces vosotros frente a los que consideráis adversarios de clase, si ante esos hombres que son obreros, que son hermanos vuestros de clase, humildes como vosotros, os mostráis capaces de desarrollar tan desaforada política y llegáis a cercar por hambre a quienes no han cometido más delito que el de no pertenecer a los sindicatos marxistas?». Sostenía el orador que la política dirigida exclusivamente al bien del proletariado, a la larga vendría a perjudicarle porque cualquier política clasista era contraria al bien común y al progreso general. Hablaba de dos marxismos, el evolutivo y el revolucionario, y ponía como ejemplos un discurso de Léon Blum y la política de Largo Caballero; y para ello cita a ambos; de Blum, «que su primer objetivo va a ser la confección de un plan de utillaje a base de ahorro, y que como piensa hacer llamamientos al ahorro nacional, necesita naturalmente inspirarle confianza (…) y quiere movilizar toda la riqueza nacional para difundir el bienestar en el seno del régimen social en el cual aspira a vivir». Parecería que Calvo Sotelo, que se muestra dispuesto a la convivencia, transigiera con este tipo de marxismo —o socialismo—; pero a continuación cita unas palabras de Largo Caballero pronunciadas el mismo día que las de Blum, y lo hace literalmente: «Pero ¿qué concepto tienen de la clase obrera y de la lucha de clases los que dicen que seamos pacíficos, que no molestemos, que se desenvuelva la gobernación del Estado y, sobre todo, que se desarrolle la producción?». Sigue criticando la posición caballerista y la califica de socialismo utópico. Las consideraciones que formula el orador al respecto dan lugar a una breve y correcta interrupción de Largo Caballero. Sigue exponiendo que, después de la declaración de Casares Quiroga, queda evidenciado que esos criterios marxistas no son criterios privados, sino que «han de influir y están influyendo en la política económica en un sentido revolucionario», puesto que «el señor Casares Quiroga se ha amarrado voluntariamente con unas ataduras férreas, con unas ligaduras políticas que nadie podrá romper, a todas las fuerzas, incluso a las más extremistas, del Frente Popular». Calvo Sotelo está haciendo una hábil exposición; aprovecha las fisuras que el primer ministro ha dejado abiertas, coloca en ellas la palanca dialéctica y abre brechas. La Cámara escucha mientras la atmósfera va cargándose de electricidad; Calvo Sotelo es buen parlamentario, pero en ocasiones el pensamiento es más rápido que la palabra y le resta lucimiento oratorio. «Hay dos maneras de hacer la revolución, señores diputados, desde el punto de vista marxista: una en la calle, con la fuerza de las armas, otra en el seno de la economía, desarrollando una táctica de lucha contra todas las fórmulas de riqueza, contra todas las fórmulas de renta, incapacitando el desenvolvimiento normal de la economía que está en marcha, y dando lugar con ello a una situación de ruina progresiva que hundirá y aniquilará todos los órganos del régimen social en que estamos viviendo». Se muestra partidario de los salarios altos para fomentar el poder adquisitivo y elogia la política del New Deal, que está practicando Roosevelt; salta a la agricultura, que dice que en muchos puntos produce pérdidas en vez de beneficios, y remata: «Esta es la consecuencia de un régimen de política económica antiburguesa presidida por un Gobierno de estado burgués e influido por unas masas marxistas que han perdido toda visión clara de su horizonte».

Sobre los asentamientos obligatorios y otras medidas que se han adoptado legalmente o se han impuesto por la fuerza, explica: «El paro forzoso es una calamidad nacional, cuyo coste debe soportarlo la totalidad del país, y se debe esparcir y desparramar sobre los contribuyentes todos y debe afectar a la riqueza mobiliaria, a la riqueza consolidada, a la industria, a todo trabajo; que todas las formas de la riqueza nacional pechen, con su parte alícuota. Pero el paro agrícola hacerlo gravitar sobre los propietarios, y sobre todo los propietarios rurales, no es justo».

Salvo algunas alusiones políticas y el que mostrarse enemigo del socialismo revolucionario entrara en la lógica de su posición, el discurso de un economista como lo es Calvo Sotelo se ha desarrollado por unas vías razonables tendentes a resaltar errores económico-políticos y casi a proponer soluciones más equitativas y positivas, siempre con la intención subyacente de acusar a Casares de dejarse influir en exceso por los marxistas, siendo él presidente de un Gobierno burgués y representante de un partido cuyo programa también lo es dentro de una tendencia progresista. En un momento del discurso hace una pausa, y dice: «Y al llegar aquí quiero recoger alusiones que se han dirigido al fascismo por el jefe del Gobierno». En este punto exacto, las pilas se recargan, la atención, que en algunos diputados había disminuido, se tensa y cuantas palabras han estado a punto de provocar incidentes vuelven activas a la memoria de los miembros de la mayoría. Comienza Calvo Sotelo por recalcar que la declaración de beligerancia por parte del Gobierno es «concepto que jamás se ha expresado desde el banco azul; desde luego está en plena oposición con otros que no hace mucho profería el señor Azaña». Recuerda a un político que acusó al Gobierno de centro-derecha de ser beligerante en la represión de la revolución de octubre: «el Gobierno nunca puede ser beligerante; debe aplicar la ley inexorablemente y a todos (…), porque para castigar la delincuencia existen las leyes y un poder judicial, que es el encargado de aplicarlas y de sancionar a los que las infringen». En este momento un diputado, cuyo nombre no se precisa, interrumpe: «Luego les sueltan los jueces…». Continúa el orador sin replicar al interruptor, diciendo que no piensa entrar en dar opiniones políticas sobre el fascismo en sí, pero que va a hacerlo en lo económico y que lo hará no personificándolo en Mussolini y en Hitler. Habla de que el fascismo ha mutilado el capitalismo en mayor medida que en cualquier democracia de corte socialista —Bélgica, Holanda, Suiza, los países Escandinavos— y se refiere a la creación de bancos del Estado y a la socialización —o estatización— de las industrias de guerra y otras. El ambiente por momentos se rarifica y el diputado socialista por Santander, Bruno Alonso González, hombre —íntegro, de origen obrero y un tanto elemental, está llegando al límite de su personal paciencia y la frase acusatoria «¡Ya sabemos lo que es, su señoría» le surge espontánea entre alguna otra interrupción y rumores. Pero Calvo Sotelo continúa exponiendo que, aunque se tratara de industrias de guerra, operaban con capital privado y han sido expropiadas, y vuelve a recalcar que sobre los aspectos políticos del fascismo va a callarse. El Diario de Sesiones registra «que no se perciben» las palabras pronunciadas por un diputado, pero esta vez Calvo Sotelo, se dirige a él: «Hace falta ingenio para interrumpir, señor diputado». Bruno Alonso vuelve a la carga: «Ya sabemos lo que es su señoría; pero no tiene el valor de declararlo públicamente!». Esta segunda interrupción le hace perder la paciencia al orador: «Yo tengo valor para decir lo que pienso, y su señoría menos que nadie puede prohibirme la expresión legítima de mi pensamiento. Su señoría es una pequeñez, un pigmeo». Visiblemente excitado, Bruno Alonso se levanta de su escaño: «¡Yo soy tanto como su señoría, aquí y en la calle!». El diputado del Bloque Nacional, Juan Antonio Gamazo, tercia: «¡Cállese, hombre; cállese!». Pero Bruno Alonso exclama, desafiante: «Aquí y fuera de aquí. ¡Vamos fuera a verlo!». Desde la altura de su escaño, situado en las últimas filas, Calvo Sotelo calla; no puede aceptar un reto que le parece semiescolar o semitabernario; el presidente, que lleva un rato agitando la campanilla, reclama orden, la situación comienza a escapársele de las manos; pero Bruno Alonso, el obrero santanderino que al llegar a las Constituyentes por primera vez, y por ir sin corbata, cosa inusual entonces y jamás vista en el Congreso, los ujieres le cerraron el paso hasta que les mostró la credencial, no ceja en su empeño, que dentro de su ánimo se ha convertido en una cuestión personal entre el dirigente monárquico y él: «¡Su señoría es un chulo!». Interviene otro diputado: «¡Es que no se puede aguantar tanta chulería!», y Bruno Alonso continúa: «Yo voy solo a todas partes y su señoría lleva pistoleros». Desde la presidencia se intenta calmarle sin resultado: «¡Orden, señor Alonso González! Siéntese su señoría», pero él ya no consigue dominarse: «¡Estamos ya hartos de aguantar vuestras chulerías!». La sesión se ha paralizado; el presidente trata de restar dramatismo a la situación: «¡Orden! No interrumpa el debate, señor Alonso González», le amonesta con paternalismo porque le ve descompuesto. «¡Y vosotros tenéis el deber de callar, y debéis callar!». Vuelve el presidente: «Me voy a ver obligado a llamar a su señoría al orden por primera vez…», a lo cual responde: «Me callo por su señoría, pero no por esos individuos a los que no respeto aquí ni en ninguna parte. Estamos pecando de tolerantes». Ahora es desde los escaños de derecha y del centro de donde salen fuertes rumores. «¡Orden, orden! —insiste el presidente—. Siéntese su señoría, señor González». Compañeros de la minoría consiguen llevárselo fuera del hemiciclo. Solo en ese instante, retoma la palabra el orador: «Decía, señores diputados, que la política económica del Gobierno… está condicionada por partidos que, aunque temporalmente puedan parecer apaciguaros, tienen por consigna la destrucción de la esencia de ese mismo Estado burgués».

Pasa de inmediato a otro tema conflictivo: el orden público: «Una gran parte de España, unos cuantos millones de españoles viven sojuzgados por unos déspotas rurales, monterillas de aldea que cachean, registran, multan, se incautan de las fincas, parcelan y dividen la tierra, embargan piaras de ganado, centenares y millares de reses (…), individuos que realizan toda clase de funciones gubernativas, judiciales o extrajudiciales, con total desprecio de la ley, desacatando a veces las órdenes de la autoridad superior, pisoteando los códigos vigentes y no reconociendo otro fuero que el del Frente Popular, que lleva trazas de convertirse en una especie de derecho divino, ante el cual todos han de prosternarse de hinojos…». Enumera una serie de disposiciones tomadas por los alcaldes de los lugares que va nombrando, o de actuaciones que resultan singulares y constituyen otras tantas extralimitaciones y arbitrariedades, y afirma que es el principio mismo de autoridad el que está en quiebra. De nuevo es interrumpido, pero sigue relatando casos, y añade: «Trescientas iglesias, por lo menos, han sido incendiadas desde el 16 de febrero», lo que levanta protestas, pero él remacha: «Y sobran los dedos de la mano para contar las personas a quienes se les ha exigido alguna responsabilidad por estos hechos…». Calvo Sotelo penetra en un terreno peligroso, tal como está sensibilizada la izquierda de la Cámara y la opinión pública, y aun el propio Gobierno, cuando se pregunta, y pregunta, los motivos de que el general Masquelet haya sido sustituido en el Ministerio de la Guerra por el propio Casares; supone que un general sería siempre un dique para la anarquía; y termina el párrafo con una frase que levanta fuertes protestas: «… El deber militar que consiste en servir legalmente cuando se manda con legalidad y en servicio de la patria, y en reaccionar furiosamente cuando se manda sin legalidad y en detrimento de la patria…». Esta frase, cuyo verdadero sentido está ligado a interpretaciones, hace que reaccione no Bruno Alonso, sino el ponderado exlerrouxista y exministro Antonio Lara, que hoy forma en las filas de Unión Republicana: «¡El señor Calvo Sotelo está invitando a la indisciplina!». Y como Calvo Sotelo supone que puedan existir motivos secretos para que Casares haya ocupado la cartera de Guerra, este le responde que él no tiene secretos. El discurso se desliza por territorio resbaladizo y las interrupciones menudean, aunque desprovistas de violencia; y vuelve a levantar protestas cuando recuerda inútilmente lo que todos saben: «Yo aprendí el concepto de autoridad al lado de un maestro cuya memoria honraré siempre: el general Primo de Rivera». Continúa con los elogios a la dictadura y afirma que el socialismo español colaboró con la dictadura, y entre reprobaciones personaliza: «… como atestiguan los cargos desempeñados por el señor Largo Caballero, el señor Llaneza y otros». El presidente del Congreso, que está dando pruebas de tolerancia, teme que la situación se encrespe y el debate derive hacia el tumulto, recuerda al orador que ha usado con exceso del tiempo que le corresponde, a lo cual le replica Calvo Sotelo que si hubiera cortado las interrupciones, él ya habría terminado… Vuelve a referirse al principio de la autoridad y pide que se ejerza con todos por igual: «sobre el tricornio, sobre el fajín, sobre la espuela», pero también «frente los sindicatos, frente a los comités». Y vuelve a pormenorizar ejemplos de atropellos, que levantan protestas y rumores reiterados. Como alude a cosas ocurridas en Asturias, Dolores Ibárruri «pronuncia palabras que no se perciben». Sacan conclusiones de lo expuesto, conclusiones que son sombrías: decrecimiento de los ingresos presupuestarios, aumento del paro forzoso, contracción del consumo, «que producir un marasmo económico», dificultades para la emisión de Deuda. Siguen las protestas, y Calvo Sotelo dice: «Que conste que no soy burgués, gran propietario como muchos de los que me interrumpen», frase que hace crecer los reproches. Continúa la enumeración de las sombrías perspectivas que profetiza: depreciación de la peseta y aumento de la circulación fiduciaria, lo cual provoca una nueva intervención de «la señora Ibárruri, que pronuncia palabras que no se entienden», encarecimiento de la vida… Y el resumen del resumen: «… en el orden económico, depauperación; en el orden espiritual, odio; en el orden moral, indisciplina; en el orden nacional, disgregación». Y termina introduciendo de nuevo la palanca oratoria en las grietas que presenta el Frente Popular al dirigirse personalmente al presidente del Consejo: «… compadezco a su señoría por la empresa que tiene sobre sus hombros. Su señoría miraba a aquellos grupos (socialistas y comunistas) y suspiraba, pidiendo una sonrisa y reclamando aplausos. (Grandes risas). Y yo le digo que si su señoría les da todo lo que piden, logrará su colaboración: pero cuando se lo niegue, aunque sea por exigencias, por conveniencias de la patria, cosechará su ingratitud violenta, y si se lo otorga, entonces cosechará la maldición de la España inmortal». Los diputados de las minorías derechistas aplauden[3].

Después hablaron el exministro Ventosa y el agrario Cid, que, aunque en tonos más moderados, acusan al Gobierno de no mostrarse dispuesto a atajar la situación, y señalan la dualidad de programas y propósitos dentro del Frente Popular. Portela dice que los suyos votarán la confianza al Gobierno, y Vicente Uribe, por la minoría comunista, se queja de que en organismos del Estado haya incrustrada «carroña»; se queja de los tribunales que ponen en libertad a los fascistas y propugna porque aquellos sean depurados.

En la votación, el Gobierno gana la confianza por 217 votos a favor y 41 en contra, lo cual permite advertir que, a pesar de lo importante de la sesión, son numerosos los diputados que no concurren o no votan[4].

Si grandes eran las dificultades que se le planteaban al Gobierno presidido por Azaña relacionadas con las contradicciones que estaban en la base misma del Frente Popular, mayores se le presentarían a Casares Quiroga, a medida que la situación general se deterioraba; por otra parte, a Casares le faltaba la talla y autoridad de Azaña. Aquel martes en que se celebraba la sesión de investidura, los diarios daban cuenta de un acto político celebrado en Badajoz y del discurso pronunciado por el diputado comunista Mitje; uno entre los muchos que habían votado la investidura. «Yo supongo —dijo Mitje— que el corazón de la burguesía de Badajoz no palpitará normalmente desde esta mañana al ver cómo desfilaban por las calles con el puño en alto las milicias uniformadas; al ver cómo desfilaban esta mañana millares y millares de jóvenes obreros y campesinos, que son los futuros hombres del futuro ejército rojo obrero y campesino de España…». Pero el párrafo de mayor interés iba dirigido a los republicanos, a los que gobernaban, a aquellos a quienes dos días después otorgarían sus votos en el Congreso: «… Queremos también llamar la atención muy seriamente a los elementos republicanos, porque España carece de los recursos democráticos que Francia o que Bélgica, puesto que en España muy pronto las dos clases antagónicas de la sociedad han de encontrarse en el vértice definitivo en un choque violento, porque la historia lo determina así para cumplir el fin que tenemos determinado. Y si esa es la perspectiva que tenemos, es honrado y leal que hoy digamos con claridad, ante multitudes enormes, a los republicanos de izquierda, que la historia les depara un papel en este instante que ni lo saben aprovechar ni están demostrando saberlo cumplir, y que si no lo saben cumplir, que no se llamen a engaño, que nosotros no estamos dispuestos a hacernos de nuevo cómplices de una mascarada de la cual pagamos después…». Aquí las ovaciones cortaron la palabra al orador. Luego pide castigos y represalias con el fin de dar «cumplida satisfacción a lo que constituye un anhelo fundamental del pueblo español». Termina poniendo como ejemplo a la Unión Soviética, «atalaya luminosa que nos alumbra el camino (…), pueblo libre que no sufre ni explotación ni hambre, que se ha liberado por completo y que marcha a la cabeza de las muchedumbres de trabajadores». Y propugna que España entre en el concierto de los países soviéticos del mundo[5].

MOLA DIFUNDE SUS INSTRUCCIONES

Leyendo diarios políticos de la época, los libros de memorias, algunos de ellos escritos muchos años después, se llega a la conclusión de que la desinformación que existía, teñida de temor que se transformaba en provocativa arrogancia con frecuencia, en cada uno de los dos bandos con respecto al contrario. Así, por ejemplo, los conspiradores militares intercambiaban entre sí una serie de noticias que no correspondían a la verdad, sobre reuniones misteriosas, contubernios masónico-comunistas, planes de insurrecciones armadas para el 14 de abril primero y para agosto después, mientras que los contrarios suponían que la conjura militar y derechista se basaba en un entramado sólido y próximo a estallar.

Precisamente durante el mes de mayo, la eterna conspiración había hecho crisis. Rodríguez del Barrio, cuya salud estaba quebrantada, la había abandonado definitivamente, y en Madrid no se conseguía montar una estructura que autorizara mínimas esperanzas. En Pamplona, Mola seguía solitario en su laboratorio y hacía proyectos sin demasiada fe, aunque con firme esperanza de que la situación política y el descontento entre las guarniciones harían que la red, todavía rala, fuera tupiéndose. Mantenía contactos y trataba de ganar nuevos adeptos. El 25 de mayo, fechándolo por precaución en Madrid, dio a conocer a un restringido número de los comprometidos el segundo de sus documentos conspirativos, que tituló El objetivo, los medios y los itinerarios, y en el cual refleja su desconfianza de que en Madrid pudiera iniciarse un pronunciamiento con posibilidad de éxito. Comienza así: «La capital de la nación ejerce en nuestra patria una influencia decisiva sobre el resto del territorio, a tal extremo que puede asegurarse que todo hecho que se realice en ella se acepta como cosa consumada por la inmensa mayoría de los españoles. Esta característica tan especial tiene forzosamente que tenerse en cuenta en todo movimiento de rebeldía contra el poder constituido, pues el éxito es tanto más difícil cuanto menos asistencias se encuentren dentro del casco de Madrid. Es indudable que un hombre que pudiera arrastrar esta guarnición sería el dueño de la situación, y sin grandes violencias podría asaltar el poder e imponer su voluntad. Esta importante preponderancia de Madrid[6] hace que, mientras unos hombres sigan encastillados en los ministerios, sean os dueños absolutos del país». Afirmaba a continuación que: «En Madrid no se encuentran las asistencias que lógicamente eran de esperar entre quienes sufren, más de cerca que nadie, los efectos de una situación político-social que está en trance de hacernos desaparecer como pueblo civilizado, sumiéndonos en la barbarie. Ignoramos si falta caudillo o si faltan sus huestes; quizá ambas cosas a la vez». Tras de este palmetazo a los conspiradores madrileños, Mola, que tal vez utilizando por pasivo sus experiencias en la Dirección General de Seguridad o analizando los golpes revolucionarios contra el poder tan reiterados con éxito en los últimos veinte años en toda Europa, se ha convertido en conspicuo conspirador, extrae consecuencias de la situación española, y como la guarnición de Valencia, a través de los miembros de la UME, se muestra impaciente, aún sin nombrarles, le hace redactar esta frase: «… Es absurdo, por tanto, creer que la rebeldía de una población, por importante que sea, ni aún la de una provincia, es suficiente para derribar un Gobierno: los sucesos del 6 de octubre confirman cuanto decimos». Y en el párrafo siguiente demuestra tener en cuenta la importancia que atribuye a la huelga revolucionaria que puede desencadenar el proletariado, lo cual obligaría «… a distraer gran número de fuerzas en el mantenimiento del orden…» y considera «el momento político que da a las masas proletarias una moral y una fuerza ofensivas considerables…». Como consecuencia, estima que el movimiento subversivo tiene que ser amplio y para que pueda alcanzar completo éxito, lo planea así: «que las Divisiones Orgánicas 5.ª, 6.ª y 7.ª deben sublevarse para asegurar el orden en su territorio y caer sobre Madrid». Estas divisiones eran Zaragoza, Burgos y Valladolid; o sea, las situadas al norte de Madrid, salvo la VIII (La Coruña), a la cual se le señala un papel limitado en este plan. A la Comandancia de Asturias se le asigna el cometido de tener «a raya a las masas de la cuenca minera y del puerto de Musel», y que parte de la VIII División y guarnición de León «refuercen dichas tropas». A la III División (Valencia) se le asigna doble cometido: que forme una columna que remonte la costa hasta Cataluña, si fuera preciso, y una segunda que avance sobre Madrid. A la IV, que se haga cargo del mando y gobierno de la región catalana (lo cual significa, aunque no se diga de manera expresa, que desplace a la Generalidad) y que «tenga a raya a las masas proletarias de Cataluña (también, sin nombrarla, a la CNT)». Las fuerzas de Marruecos, Baleares y Canarias, que mantengan una actitud pasiva y vigilante, y que si el Gobierno quiere desplazar estas fuerzas a la península para «combatir a los patriotas (…), se sumen al movimiento con todos sus cuadros». De las Divisiones I (Madrid) y II (Andalucía) solo espera una actitud de neutralidad benévola y que «se opongan terminantemente a hacer frente a los que luchan por la causa de la patria». La Marina de Guerra «debe oponerse a que sean desembarcadas en España fuerzas que vengan dispuestas a oponerse al movimiento». Lo que permite suponer que la conspiración en Marruecos no estaba por entonces muy avanzada y que temía que de allí pudieran llegar tropas que en un apartado anterior ha calificado de «choque». Entre las condiciones que considera indispensables para el éxito, la 8.ª es: «La colaboración de las masas ciudadanas de orden, así como sus milicias, especialmente Falange y requetés». Termina estas instrucciones señalando las líneas, que son las naturales, que deben seguir las tropas de las Divisiones III, V y VII.

Sin fecha, pero en los días sucesivos, fue redactando Mola instrucciones más detalladas, bajo los números 2, 3 y 4, que enviaba por medio de enlaces al coronel Valentín Galarza. Los planes manifiestan una minuciosidad que parece testimoniar cierta confianza de que va a producirse unanimidad en las divisiones sublevadas y que la oposición que hallarán en las respectivas cabeceras y aún regiones va a ser poco importante, aunque también pudiera evidenciar un deseo de aplicación profesional un tanto al margen de lo que pueda ocurrir; y aun una tercera suposición atribuible a un espíritu previsor. Por ejemplo, se señalan las raciones exactas tanto de pan como de ración para la tropa, y el pienso para el ganado. La manera de combatir a los carros blindados con que se ha dotado a los guardias de Asalto —que dicen son veintiséis, y casi todos en Madrid—, teniendo en cuenta que el ejército no dispone de piezas antitanques. Dispone: «no se hará fuego sobre los aviones, nada más que en caso que estos bombardeen las tropas propias»; y que por las carreteras se circule solo después de la media noche para evitar la vigilancia, y los ataques aéreos. Prevenciones al encontrarse frente a otra columna, guardias durante los estacionamientos. Y otra que manifiesta desconfianza hacia los soldados de cupo: «Se evitará durante las marchas alojar las tropas en casas particulares. Serán preferidos locales en los cuales, por lo menos, pueda alojarse una compañía o unidad análoga»[7].

La «Instrucción reservada n.º 3» se refiere a que se tengan preparados bandos, telegramas, que no se atienda a requerimientos y órdenes verbales, «que no sean transmitidas por personas conocidas de antemano» y a otras medidas previsoras. Y la curiosa orden que ha dado origen a interpretaciones contradictorias: «Se ha de procurar por todos los medios, en el momento de declararse el estado de guerra, que el comité civil tenga preparada gente para que aplauda con entusiasmo a las fuerzas, para que estas se vean asistidas por el pueblo. Será conveniente que se den vivas al Ejército, a la Marina y a España Republicana»[8].

La «Instrucción reservada n.º 4» detalla los horarios en los cuales se irán desarrollando los planes del levantamiento.

Con fecha 31 de mayo, y fingiendo que emanan de Madrid, se dan nuevas instrucciones para la V División, a la cual se asigna un objetivo importante, que en la práctica iba a ser decisivo. «Inmediatamente después de declarado el estado de guerra y tan pronto se tenga conocimiento ha secundado la provincia de Navarra, se enviará, escoltado por un destacamento compuesto por una compañía de infantería, dos ametralladoras y una sección de la Guardia Civil, un convoy de camiones sobre Sangüesa, con 6000 fusiles y un millón de cartuchos». Llegado el momento, se elegiría otro camino y la escolta sería mucho menos importante; tampoco recogerá el armamento otro destacamento de igual composición que desde Pamplona pensaba enviarse a Sangüesa. Se preveía la manera de efectuar los enlaces de tropas entre la V y la VI Divisiones, y diversos caminos y horarios para marchar sobre Castejón, Almazán y Burgo de Osma, y dirigirse a Guadalajara y Madrid, con opciones alternativas. Se preveía asimismo transportes por ferrocarril, y que el ganado y la impedimenta que no pueda transportarse por este medio, lo haga por jornadas ordinarias por carretera, pero «se procurará llevar en camiones por lo menos los tiros de una pieza por cada batería transportada». Se otorga cierta libertad a los jefes de las divisiones para resolver sobre el terreno, «teniendo por premisa llegar cuanto antes a la capital de la República, lo que será su obsesión». Y por último, y por si el movimiento se frustrara, «el repliegue se hará sobre el Ebro, debiendo tener presente que en la línea Zaragoza-Miranda habrá de extremarse la resistencia y que Navarra será el reducto inexpugnable de la rebeldía».

Estas instrucciones y directrices vienen firmadas por «El Director», nombre conspirativo adoptado por Mola.

En las instrucciones especiales para la provincia de Navarra, las normas que se dictan son tan precisas que hubiese podido sugerir una pista de que «El Director» no residía en Madrid, sino en Pamplona, pero no hay noticia de que las normas de Mola fuesen conocidas. Las instrucciones para Navarra se complementan con las dedicadas a la VII División (Valladolid), que obrará en conexión directa con la VI (Burgos), cuya demarcación comprende la Comandancia de Pamplona. Como en Valladolid, con fuerte población proletaria, pudiera declararse la huelga general, dispone: «… Se comunicará a los obreros la orden de reintegrarse al trabajo, advirtiéndoles que, de no hacerlo, se ejercerán ejemplares castigos en los más destacados miembros de la directiva del sindicato correspondiente o del partido político. Puede asegurarse que con este enérgico sistema ninguna huelga durará más de veinticuatro horas…». Lo que aquí se concibe como amenaza que se considera eficaz, llegaría a ponerse en práctica porque la lucha desde los primeros días se planteó a muerte. Se regula la composición de las columnas, las horas, los itinerarios, los pasos que deben ocuparse, la coordinación con las fuerzas procedentes de Burgos, las maniobras de las distintas armas. Y para caso de fracasar se preceptúa: «(…) el repliegue se hará sobre el Duero primero y sobre el Ebro después…», añadiendo lo que ya conocemos sobre la última resistencia en Navarra y una postrer orden que merece ser conocida: «Caso de que en cualquiera de las provincias que integran la zona de la 7.ª División hubiese un levantamiento armado de carácter civil perteneciente a elementos de las milicias patriotas, las fuerzas del ejército no desobedecerán la orden de marchar contra ellos, sino que aprovecharán esta circunstancia para buscar su contacto y ponerse de su parte, pues hay que apoyar con toda decisión a los buenos españoles que se sublevan contra un estado de cosas que nos van a sumir en la ruina, la desolación y el descrédito». Es evidente que se refiere a las posibles y anunciadas sublevaciones de carlistas y falangistas que todavía no habían coordinado sus respectivos proyectos golpistas con Mola.

A resaltar, que el último día de mayo al general Franco no se le reserva ningún papel en el movimiento que se prepara con tan minuciosa precisión, aunque por el momento sea solo un esqueleto apenas sin músculos ni órganos.

En estos días, el general Sanjurjo, jefe teórico que ha presidido todos los movimientos conspirativos, nombra a Emilio Mola su «representante» en la península, lo cual dará mayor amplitud y unidad a cuanto se prepara, al tiempo que facilitará la labor de captación.

Arriba y centro: El general Sansurjo, jefe teórico que ha presidido todos los movimientos conspirativos, nombra a Mola su representante en la Península.

Abajo: Coronel Valentín Galarza, a quién Mola enviaba por medio de enlaces sus instrucciones como director de la conspiración. (En la foto —después ya de la guerra civil—, con Lorente Sanz, Antonio Tovar y Antonio Iturmendi).

Izquierda: Hacia finales de mayo, el día 27 (1936), ocurre uno de esos hechos sangrientos y feroces cuya raíz hay que buscar en la miseria y la injusticia; tuvieron como escenario el término albaceteño de Yeste. (En la foto, lugar donde se produjo el enfrentamiento entre los sublevados de Yeste y la Guardia Civil).

Derecha: «Si hoy podemos hacer desde la Gaceta, lo que ayer pudimos hacer con los fusiles, ¿por qué no vamos a hacerlo?». (González Peña en un mitin en Bilbao a finales de mayo del 1936).

Abajo: «Los anarquistas no han desertado de su puesto, y los trabajadores acabarán con los falsos directores que en Asturias, y cuando la revolución, se escondieron debajo de la cama para no aparecer responsables». (De la reseña del ABC a propósito del mitin en la plaza de toros de Sevilla de la CNT en el que participó entre otros Federica Montseny).

Las antesalas del caos

Hacia finales de mayo, el día 27, ocurre uno de esos hechos sangrientos y feroces cuya raíz hay que buscar en la miseria y la injusticia que aqueja a amplios sectores de la población campesina y en la imposibilidad de aportar soluciones urgentes y legales a problemas cuyo planteamiento tiene su origen en siglos remotos, que vienen agravados por la intransigencia y el egoísmo de quienes se creen amos de la tierra por derecho divino. A la solución de los problemas no ha contribuido la radicalización de posturas, que se manifiestan con violencias, amenazas y abusos y con respuestas en las cuales la venganza se confunde con la voluntad de justicia. En vez de acuerdos viables se ofrecen palabras exaltadas y obstinaciones antiguas.

Los sucesos tuvieron como escenario el término albaceteño de Yeste, y su reflejo en los diarios por culpa de la censura y de defectos de la información, fue tardío e incompleto. Tampoco la comisión parlamentaria que se trasladó sobre el terreno los aclaró de manera suficiente; se tendió a tergiversar y exagerar aquellos lamentables sucesos, con fines partidistas. En otro aspecto, lo ocurrido en Yeste recuerda lo de Casas Viejas, aunque en este caso lo protagonizara la Guardia Civil y no la de Asalto. Y obsérvese que en ambos casos gobernaban las izquierdas.

A causa de un pantano que se había inaugurado, quedaba interrumpido el curso de un río y la madera de la zona experimentaba dificultades para su tradicional salida, con merma para la pobre economía popular. También se afirmaba que un bosque comunal había sido vendido a un exdiputado, cosa que parece difícil que se llevara a término de manera ilegal sin que nadie interpusiera recurso.

Leñadores y campesinos de la comarca, con el beneplácito o por inducción de la Comisión Gestora socialista, empezaron a talar el bosque por su cuenta. La Jefatura Hidrológica Provincial presentó una denuncia que tuvo como efecto que se concentraran en Yeste varios Guardias Civiles. Se decía que se llevaban talados seis millares de pinos y que pretendían roturar a continuación los terrenos libres de arbolado. Fueron desalojados los que habían invadido el monte y quedaron detenidos unos catorce, los supuestos instigadores y los que se habían señalado como revoltosos. Al día siguiente, los detenidos iban a ser trasladados a la prisión provincial de Albacete.

Cuando se disponían a efectuar el traslado, la fuerza pública se vio rodeada por una multitud de campesinos que esgrimían armas blancas y herramientas. Todos estaban exaltados y los guardias temieron que se iniciara una matanza. Los amotinados los agredieron y causaron la muerte de uno de los números y varios heridos, lo que provocó una reacción en extremo violenta por parte de los guardias, que empezaron a disparar sus armas reglamentarias. El resultado fue una hecatombe: el número de muertos se cifró en catorce, si bien hay quienes lo hacen aumentar a quince y hasta dieciocho, y aseguran que la matanza continuó tras la huida de los amotinados.

Las primeras noticias llegaron confusas y tardías: en el diario republicano El Diluvio, de Barcelona, por ejemplo, no vienen publicadas hasta el 2 de junio, y aún reproduciéndolas de El Liberal, de Bilbao, del 30 de mayo; sin embargo, están fechadas en Hellín el 28. ¿Se trata de jugarretas de la censura? Parece lo más probable que las hubiesen retenido; el Gobierno deseaba completar la información antes de que el escándalo estallase. La libertad de prensa había quedado relegada a mero principio. En este periódico se dice que el monte es propiedad del diputado radical Edmundo Alfaro. Precisa que «algunos individuos se arrojaron sobre los guardias acometiéndolos con herramientas», que estos se replegaron y se hicieron fuertes en el edificio del ayuntamiento de Hellín, y que se entabló tiroteo. Ni el ministro Moles ni el subsecretario Osorio-Tafall, que estaba ausente, hicieron declaraciones.

Los diputados Prat, socialista, Martínez Moreno, de Unión Republicana, que lo era por la provincia, y Mitje, comunista, se trasladaron al lugar de los hechos y dieron una versión distinta: los obreros atacaron a la Guardia Civil y mataron a un número e hirieron a cinco o seis más, después de que los guardias abrieran fuego contra ellos. Parece difícil que los civiles abrieran fuego sin motivo y que, mientras disparaban, fueran atacados; el diputado José Prat, que basaba su informe en lo que le contaron los vecinos que intervinieron en el tumulto, dejaba entender que la agresión había partido de los guardias. Entre los muertos figuraban el secretario de la Casa del Pueblo y el máximo dirigente de los socialistas locales.

Las explicaciones eran confusas y en el debate que se promovió en el Congreso el comunista Antonio Mitje pidió castigos para los Guardias Civiles, pero aún más severos para los instigadores y auténticos culpables que él consideraban eran Guerra del Río, como abogado, y los hermanos Antonio y Edmundo Alfaro, «caciques que despojaron al pueblo de sus bienes comunales y que han utilizado a la Guardia Civil en la realización de estos crímenes». El exministro de Obras Públicas, Guerra del Río, asegura que conoció el pueblo durante una visita en ocasión que era ministro; y sobre los sucesos afirma que las primeras víctimas fueron los guardias. No deja de reconocer la crisis de trabajo que sufren los vecinos de Hellín. Las palabras del ministro de Gobernación, Juan Moles, fueron ponderadas; aclaró que la concentración de la Guardia Civil para evitar la destrucción de árboles no se hizo a solicitud de ningún particular, sino a requerimiento de la Jefatura Hidrológica Regional, «por el peligro que suponía la tala de pinos». Y aún añadió que la fuerza pública obraba de acuerdo con el alcalde, intentando primero convencer a los que talaban de los inconvenientes que se deducirían de hacerlo. El número de guardias presentes lo cifraba el ministro en veinticinco, de los cuales hubo uno muerto y catorce heridos. Precisaba que la justicia actuaba y que, de haberse producido extralimitaciones posteriores, los responsables serían castigados. Expresándose con mesura, lo que le valió al final de su intervención el aplauso de las minorías republicanas, expuso que había sostenido conversaciones con altos mandos de la Guardia Civil, que se mostraron de acuerdo con que se castigara a los culpables si se hubiesen cometido excesos represivos.

En los pasillos del Congreso, diputados de izquierda acusaron a Calvo Sotelo de haberse propuesto iniciar un debate escandaloso, que hubiese arrastrado a la CEDA. Los hechos, en sí mismos, ya eran escandalosos, y el debate demostraba que el Gobierno había querido mantener una actitud equilibrada, pero que era atacado por la extrema izquierda del Frente Popular. Claro que en este caso, los guardias actuaban por el Gobierno, no por mandato de las derechas.

GRIETAS EN EL EDIFICIO SOCIALISTA

Con frases que posiblemente adolezcan de cierta exageración literaria, Ricardo de La Cierva se refiere al interés que por entonces presta ABC a las disensiones que se daban, con manifiesta agresividad, dentro del socialismo: «Como el explorador aterrado contempla la lucha entre dos fieras, las derechas españolas privadas de toda iniciativa por su desconcierto y su falta de pulso político, observan, entre el temor y la esperanza, las dentelladas mutuas del socialismo…».

En el diario monárquico se comentan los conflictos públicos y se transcribe el documento que el diputado y miembro de la ejecutiva, Juan Simeón Vidarte, ha entregado a los periodistas, en el cual se pide a los afiliados la más estricta disciplina a fin de que pueda cumplirse el programa del actual Gobierno. El documento comienza con estas palabras: «El comité nacional, forzado por la gravedad de las circunstancias internas del partido, juzga su deber indeclinable dirigirse a todas las secciones exigiéndoles una participación inmediata y urgente en la empresa de restaurar la unidad y la disciplina, virtudes tradicionales del partido, hoy, por desgracia, muy quebrantadas, y sin las cuales la existencia de nuestra tradicional fraternidad sería imposible». Añade que va a soslayar los antecedentes de las disensiones por ser bien conocidos y que «ofrecen un matiz hiriente, personal, que cuidaremos aparezca totalmente eliminado de nuestros propósitos, y un aspecto esencialísimo, que importa más a la táctica que a la doctrina». Insiste en la llamada a la unidad y recalca que «el Frente Popular no nos pertenece enteramente» y que Ja opción no es «entre el capitalismo y el socialismo, sino, como ha definido Dimitrof, entre el fascismo y la democracia». En este documento se evidencia el temor a que el Frente Popular llegue a fracasar en su conjunto porque «una revolución democrática es, en tanto no se logre una revolución socialista, la única resistencia de que dispone el proletariado para garantizar su porvenir». Sigue el manifiesto que copia ABC: «Las alianzas y la unidad del partido afectan al problema de la democracia interna. Cuando se habla de dictadura del proletariado se origina a veces una confusión lamentable, que quiere pasar por disentimiento doctrinal. Es evidente que un movimiento revolucionario triunfante ha de actuar dictatorialmente. Pero esto no implica que la dictadura del partido sea al mismo tiempo dictadura sobre el partido…». Cuando el buen lector del ABC, a quien cabe suponer moderadamente, o muy conservador, leyera estas últimas frases en que sutilmente se debate la implantación de una dictadura sobre toda la nación, manteniendo la democracia interna de las organizaciones socialistas, hay que disculpar que se mostrara crédulo con respecto a las noticias que circulaban anunciando una revolución para plazo próximo, y supusiera la existencia de conjuras internacionales e internas dirigidas a aquel fin. Aun más, cuando se habla del acercamiento de las II y III Internacionales y de que la actual posición de Moscú «explica la ayuda apasionada de los comunistas al éxito del Frente Popular en España y Francia». A pesar de estas frases, en el último párrafo viene algo que pudiera tomarse como contradicción y que no pasa de advertencia y reproche dirigido a los caballeristas: «El verbalismo revolucionario no es, ni mucho menos, la revolución; pero puede ser la contrarrevolución si anticipa hechos de irremediable imprudencia, el peor de los cuales, camaradas de toda España, es el de la división del partido».

También cede amplios espacios el ABC a la agria polémica entre El Socialista y Claridad sobre cuestiones de fondo con las cuales se entreveran otras sobre el origen del dinero con el cual se ha financiado el órgano caballerista, y el 26 de mayo da cuenta de un mitin celebrado en Bilbao con reseñas de los discursos de González Peña y Prieto. Critica Peña lo que hoy está haciéndose por parte de los sectores extremos del partido y de la UGT, y como antes ha glorificado la revolución asturiana de la cual fue él principal protagonista, precisa: «Yo siempre he sido partidario de que en cada momento se empleen las armas oportunas. Si hoy podemos hacer desde La Gaceta lo que ayer pudimos hacer con los fusiles, ¿por qué no vamos a hacerlo?». Prieto toma la palabra y asegura ante el auditorio que el 16 de febrero triunfó la revolución y con ella se condenaba la represión, y que el Gobierno actual, como el anterior de Azaña, «simbolizan la victoria de Asturias», para añadir: «No se puede administrar la victoria con manifestaciones delirantes, llamando así a las gentes que viven fuera de la realidad (…), que quieren acreditar ante sí mismos el desfallecimiento, la debilidad de que dieron pruebas en octubre…». Y resume ABC otro de los párrafos de Prieto, con el cual, aunque no lo diga, cabe suponer que se muestra de acuerdo: «Al tratar del mejoramiento de la economía dice [Prieto] que cuando las aspiraciones del proletariado en la consecución de mejoras desbordan la capacidad de la economía capitalista, esas aspiraciones están condenadas al fracaso; y en vez de servir para aumentar la capacidad de compra de los obreros, se produce la contracción; y de la contracción, a veces; el colapso».

Continúa el diario conservador dando noticia de un mitin en la plaza de toros de Sevilla; donde se han concentrado miles de militantes de la región andaluza para escuchar al secretario de la Federación Local, Carlos Zimerman, a Falomir, de la del Centro; Domingo Torres, de Valencia y a los catalanes Federica Montseny y Juan García Oliver, miembro este último del Comité Nacional. Hablaron de los acuerdos del Congreso de Zaragoza y «combatieron los saludos marxistas del puño cerrado y las milicias uniformadas, y afirmaron que los anarquistas no han desertado de su puesto, y que los trabajadores acabarán con los falsos directores que en Asturias, y cuando la revolución, se escondieron debajo de la cama para no aparecer responsables». A pesar de que las alusiones van claramente dirigidas a los socialistas, de los cuales hay que añadir que nadie se escondió, en su momento, debajo de la cama, el mismo domingo se celebraba en Cádiz otro mitin que pudiera calificarse de confraternización; del cual también da cuenta ABC. Ante las siete mil personas que se calcula asistieron, Vicente Ballester, de la CNT, y Largo Caballero se abrazaron, cosa que no cuenta el ABC. En la plaza de toros de Cádiz se habló de la unificación proletaria como primer paso para el triunfo de la revolución. Largo, que fue muy ovacionado; declaró que las exigencias de los obreros no ponían en peligro la República y concedía que «siempre es preferible esta República al fascismo». «Nosotros queremos vivir dentro de la legalidad»; y acusaba a las instituciones del Estado de ser las que se mueven fuera, y a los gobernadores civiles de mostrarse siempre en contra de los obreros. «No duda el orador —explica el corresponsal de ABC— de la desaparición del Estado burgués, ya que; siendo este una organización de represión contra una clase determinada, cuando esta triunfe, el Estado, queriendo o sin querer, desaparecerá», y «expone que la dictadura del proletariado no es opresión contra el mismo proletariado; sino contra la clase capitalista. Afirma que en lo sucesivo hay que perfeccionar la táctica de octubre…».

Si es cierto que estas noticias que publicaba un diario de la derecha sobre las actividades, manifiestos y discursos izquierdistas, debían ser de difícil «lectura» para los suscriptores, hay que reconocer la incongruencia que dominaba en el Frente Popular, para quien lo considera un conjunto coherente. Pero una de las características de este período, que puede hacerse extensiva a casi toda la historia española, es el ensimismamiento en que viven los partidos y la ignorancia despectiva que demuestran hacia sus adversarios o enemigos, a los cuales, ni siquiera porque conocer las tácticas y organización de quien tenemos enfrente, es poderosa arma para combatirle y vencerle, se preocuparon nunca de estudiarle. La incomprensión era mutua: con respecto al contrario, menospreciarle, combatirle y aplastarle era lo único que cada cual se proponía. Ni las caricaturas ridiculizándole solían tener gracia, porque el humor es una deformación burlesca de la verdad, no una distorsión burda sin relación con aquella.

EL MITIN DE ÉCIJA

El conflicto interno entre socialistas alcanza su climax en el mitin del 31 de mayo, domingo siguiente a los celebrados en Sevilla y Cádiz. La convocatoria a este acto, que ya había despertado temores, no se anunció en Sevilla para evitar que se desplazaran los caballeristas o las Juventudes para perturbarlo. El diputado por la provincia, Manuel Barrios, lo presidía y estaban anunciada la participación de Belarmino Tomás y González Peña, los hombres de la revolución asturiana, y, como figura estelar, Indalecio Prieto. Habían llegado informaciones de que grupos de las Juventudes «de varios pueblos de la provincia se movilizaban en camiones (…) a cumplir la consigna previamente recibida de interrumpir el mitin; algo idéntico a lo que ocurrió el día 17 en Ejea de los Caballeros…»[1], según palabras de Prieto a un periodista de la agencia Febus, que serían publicadas.

Lo que ocurrió fue penoso, efecto y causa al mismo tiempo de la confusión que dominaba a la clase política y de la brutalidad en que el país se debatía. En la plaza de toros se veían jóvenes uniformados —camisas rojas y camisas azul claro— distribuidos en distintos puntos, que no tardarían en gritar a coro «¡Largo Caballero!» y «¡Claridad!». Intentaba Belarmino Tomás, que se hallaba en uso de la palabra, polemizar con los interruptores defendiendo su ejecutoria socialista y revolucionaria, y les recordaba a voces que él luchó en Asturias con el fusil en la mano, pero los interruptores apenas le dejaban hablar ni ser oído, a pesar de lo cual la mayoría del público le ovacionaba. En esta ocasión, el recurso de invocar a los obreros y campesinos de Asturias, y sus mártires, no impresionaba a quienes estaban presentes allí con el único ánimo y misión de reventar el mitin. Buscaba el orador congraciarse o por lo menos contemporizar con los que protestaban, y como estos vitoreaban a Largo Caballero, Belarmino no dejó de alabarle; se humillaba: «… Si me lo permitís cumpliré con mi misión de daros cuenta aquí de lo que fue el glorioso movimiento de Asturias…». Los caballeristas coreaban el UHP rítmicamente, y Belarmino, que conseguía hacerse oír gritando por el micrófono, exclamaba: «Este grito es el nuestro, pero hasta la consigna gloriosa de UHP la habéis desfigurado; no se pronuncia así compañeros, yo os traigo este saludo de Asturias y os digo: la clase trabajadora asturiana…». Imposible oír más; jóvenes socialistas han roto las conexiones y los altavoces dejan de funcionar; otros pugnan por hundir el tablado de los oradores, sin conseguirlo.

Resaltando el perjuicio que causan perturbando un acto público organizado por una de las agrupaciones socialistas más importantes de la provincia, Manuel Barrios se esfuerza por restablecer la paz. Prodiga palabras de alabanza a Largo Caballero y, con el decidido propósito de que el mitin continúe, anuncia alzando la voz: «El camarada González Peña, que se jugó la vida por la idea, va a hablaros en nombre de Asturias». Un sector mayoritario del público aplaude al líder asturiano: «Dos palabras, dos palabras nada más, camaradas…, es lo menos que podéis permitirme…». Sigue atronador el vocerío, y cuando parece van a tomarse un corto respiro y el orador empieza: «El 15 de febrero de 1935…», en los tendidos uno de los espectadores saca una pistola; se arrojan sobre él y todos se desplazan por el graderío abajo. El de la pistola es apaleado con furia y algunos proponen lincharlo. En medio de una excitación irrefrenable y el tumulto consiguiente, Barrios se ve constreñido a dar por terminado el acto.

Tampoco se calman los presentes; salen a relucir armas de fuego y un grupo de jóvenes que visten camisas rojas se sitúa frente a la tribuna de los oradores y los increpa mezclando insultos con amenazas, intercalados con vivas a Largo Caballero. Los oradores habían accedido a la tribuna atravesando los corrales y por allí se disponían a retirarse, pero en aquel momento se oyeron disparos procedentes de los corrales. Muchos correligionarios y, entre ellos jóvenes de la «Motorizada», rodearon a Prieto y a los demás oradores. A un herido lo trasladan en brazos por la plaza. Protegido por «compañeros muy significados de diversos pueblos, como Peñarroya, La Carolina, Carmona y Jaén» y de agentes de policía, inicia Prieto la huida pasando entre la barrera y las gradas «con grandes esfuerzos y evidente peligro», pues aparte de insultos e intentos de agresión, les arrojan piedras y botellas de gaseosa, una de las cuales rompe el brazo a uno de los acompañantes. Con apuros muy semejantes, pero por distinto camino, abandonaron la plaza González Peña y Belarmino Tomás. El motín se prolongaba de puertas afuera, y el coche al cual Prieto consiguió subir fue apedreado, y si hemos de creerle, tiroteado; se vieron obligados a abandonar Écija a gran velocidad. Otros vehículos tuvieron menos suerte y fueron alcanzados de lleno por las pedradas y por las sillas que les arrojaban desde las terrazas de los cafés.

La peor parte le tocó a Víctor Salazar, secretario de Prieto, que había ido a tomar en taquigrafía los discursos; le acompañaba un socialista de Puente Genil que fue herido al romperles el parabrisas de un cascotazo. Cuando, alejados unos kilómetros, detuvo el coche para lavarse la sangre, fueron sorprendidos por los ocupantes de camionetas que salieron en su persecución. Ni la intervención mediadora del diputado por Córdoba Gabriel Morón les sirvió de gran cosa: fueron vejados, agredidos y «hechos prisioneros». Salazar exhibía su carnet, que era antiguo, ya que desde muy joven militaba en el PSOE, y alegaba que cuando octubre fue condenado a doce años, y que estuvo en el penal de Burgos. De regreso a Écija, los «prisioneros» fueron liberados por una pareja de la Guardia Civil, que había decidido intervenir, pero se vieron obligados a refugiarse en el Ayuntamiento. La llegada de refuerzos, una camioneta de guardias de Asalto, puso fin al ominoso calvario.

Cronistas de entonces, no de ahora, registraron vivas a Santiago Carrillo por parte de los vehementes encamisados.

Aquel mismo domingo tuvo lugar en Zaragoza otro mitin en el cual participaron Largo Caballero, José Díaz y Santiago Carrillo. Se produjeron algunas interrupciones por parte de grupos de la CNT, que fueron acallados. El tono de los discursos reflejaba la convicción, lo mismo por parte de la izquierda socialista que de los comunistas, de que la situación de los obreros españoles y más aún la del infraproletariado campesino no podría remediarse sin pasar por un planteamiento revolucionario. No puede decirse que les faltara su parte de razón; las soluciones de los reformistas burgueses eran de gestación y ejecución lentas, tanto que alcanzar resultados satisfactorios podía preverse que requeriría el sacrificio de más de una generación, y eso en el caso de que no se produjeran interrupciones o retrocesos dentro del proceso evolutivo. Quedaba por probar si las soluciones marxistas y dictatoriales eran capaces por sí mismas de aportar remedios eficaces dado el estado económico de la nación, y si era factible plantear la solución revolucionaria sin pasar por la guerra civil, y por el riesgo de perderla. Si la conspiración de Mola avanzaba con lentitud, hemos visto cómo varios generales se hallaban dispuestos a lanzarse a cualquier aventura para evitar que el Gobierno cayera en manos de Largo Caballero y los comunistas.

MUERTES EN CADENA

La violencia, que se mantenía a flor de piel, en los españoles apasionados por la política se había convertido en práctica casi cotidiana, y las muertes y los heridos graves iban salpicando el mapa; con frecuencia se encadenaban y una agresión era consecuencia directa de la anterior, y no tardaría en acarrear otra. Esta primavera de 1936 señaló la cota más elevada del fanatismo homicida cuando se producían movimientos espasmódicos que hacían correr la sangre aquí y allí. No siempre se conseguía puntual información a través de la prensa, exceptuando casos importantes o los ocurridos en Madrid o en ciudades con proyección nacional; en los demás se silenciaban o había que averiguar lo sucedido interpretando las noticias locales con titulares poco vistosos. De algunos hechos de sangre no se aclaraba la filiación política de la víctima y los agresores; podían confundirse con riñas, conflictos entre vecinos o enfrentamientos personales. En los diarios de partido se destacaban asesinatos o agresiones cometidos por los contrarios como si de hechos aislados se tratara. El crimen pasional, aquellos que tenían como móvil la venganza o la locura, apenas atraían la atención del público, a menos que fuesen suficientemente escandalosos o se presentaran arropados por circunstancias misteriosas.

El día 3 de junio mataron en Santander al director del diario Región, Luciano Malumbres, socialista o afín al socialismo. El autor del atentado, un estudiante falangista, Amadeo Picó, de quien se dijo primero que se había suicidado, fue acorralado y muerto a tiros, y lo mismo ocurrió con otro joven de la misma filiación que le acompañaba, Pedro Cea. Y pocos días después cayeron dos falangistas —o supuestos falangistas— más, en el mismo Santander. En Madrid, el día 5, circulaban por la calle de Buenavista un muchacho de dieciséis años acompañado de su novia, Isabel Bermejo; en la esquina de la calle de Tutor un desconocido disparó contra ellos a quemarropa. El muchacho, de profesión empleado, que estaba afiliado a FE, recibió tres heridas muy graves; la novia un balazo en el muslo de pronóstico menos grave. Era la segunda vez en tres meses que atentaban contra este joven, apellidado Ortega, que en otra ocasión recibió heridas leves. Al día siguiente, viernes, muere, en el barrio Amate de Sevilla, Ricardo Panadero, que venía siendo amenazado. Era herrero de oficio y dejaba viuda y siete hijos; había sido atacado por un grupo de desconocidos. En Villamanrique, provincia de Sevilla, matan a Antonio Ramírez Pérez y dejan herido a un compañero que iba con él, ambos socialistas. En un registro efectuado en Madrid, la policía encuentra tres pistolas, tres revólveres, una escopeta de caza y munición; son detenidos José María Alonso Goya[2], José María Lemus, que es comandante médico, Cándido Moreno Calvo y Manuel Ergoyen Lastra, oficial de oficinas militares.

Cien uniformes de la Guardia Civil, que han sido transportados por una agencia desde Zaragoza a Madrid, son descubiertos e incautados por la policía. El asunto se presenta confuso, pero hay un hecho comprobado; la implicación de Aurelio González Gregorio, de filiación tradicionalista. En el Heraldo se comenta con amplitud este tráfico de uniformes y se atribuye a un complot contra la República; según el comentarista, agentes provocadores disfrazados de guardias se proponían atacar centros obreros, causar muertes, desencadenar alborotos, todo ello con el fin de provocar una reacción obrera y conseguir que los «elementos de orden» tengan pretexto para organizar grandes escándalos políticos o favorecer golpes de estado «con vistas a que surja el hombre tan esperado por ellos que intentase dar un golpe contra la República»[3].

En los postreros días de mayo fueron detenidos veintiocho falangistas, y se clausuraron en Madrid numerosos sindicatos de la CNT; dos medidas con que el ministro de Gobernación quería en vano atajar la crisis del orden público. Una veintena más de falangistas resultaron encarcelados el 9 de Junio.

El 10 de junio, los sangrientos sucesos que tuvieron Málaga como escenario saltaron a la primera página de los diarios. De tiempo atrás existía en aquella ciudad un conflicto intersindical; los saladores de pescado estaban en pugna con los pescadores. Porque los primeros se hallaban en huelga se oponían a que los pescadores descargaran y vendieran el pescado fresco. Los salazoneros estaban afiliados a la CNT, los pescadores a la UGT. Un concejal del PCE, apellidado Rodríguez, era de los que más se distinguían en la pugna por conseguir que el producto de la pesca fuese descargado y vendido. Atentaron contra él y lo mataron. La UGT convocó la huelga general, y un grupo de obreros de esta filiación hirió de mucha gravedad a un dirigente de la CNT. Los desórdenes se generalizaron y con ellos los choques a tiros; hubo heridos entre los grupos rivales y también los traseúntes sufrieron las consecuencias. Como consecuencia de esta lucha sorda, los socialistas asaltaron centros de la CNT. La fuerza pública intervino y patrullaba por las calles malagueñas, pero los tiroteos no cesaron.

Al concejal comunista se le enterró con toda pompa: guardia municipal a caballo, banderas rojas, milicias uniformadas y setenta y cuatro coronas fúnebres. La huelga general seguía en pie, y en la mañana del día 11 fue asesinado el presidente de la Diputación Provincial. De inmediato se ordena la clausura de todos los centros de la CNT, pero la UGT exige la detención de los sindicalistas malagueños y recomienda la vuelta al trabajo para lograr la normalización de la vida ciudadana. Los tiroteos no han cesado. Los confederales distribuyen octavillas protestando de que se los culpe de los sucesos y de que se los acuse de estar en connivencia con elementos fascistas. Desde Madrid se mandan a Málaga refuerzos de guardias y agentes para dominar la situación. En la Acera de la Marina cae muerto un militante de la CNT y otro herido. Hay trece heridos más por proyectiles. Policía, guardias de Asalto y Civiles practican numerosas detenciones de afiliados a la Confederación.

Con la solemnidad oficial que corresponde al cargo que desempeñaba es enterrado el presidente de la Diputación; flores rojas, muchachas uniformadas, cuatro miembros del Congreso… Socialistas y comunistas distribuyen hojas en las cuales se acusa a la CNT de servidores del «fascio» y de que actúan a sus órdenes. «El abismo que nos separa no se puede salvar. Esto sería el fascismo y este lo ha hecho posible la CNT». Sin embargo, para demostrar cierta equidad, el gobernador civil levanta la clausura de los centros de la CNT.

Los diarios de toda España piden medidas enérgicas, y que se acelere el proceso legislativo para evitar situaciones que arrastran a estos conflictos. Mundo Obrero exige unión frente al fascismo, que es el verdadero enemigo. El Diluvio, de Barcelona, del día 12, publica con grandes titulares: «Lucha fratricida en Málaga», y siguen los titulares: «En la capital andaluza se han desarrollado gravísimos sucesos entre afiliados a la CNT, UGT y comunistas», «Han sido asesinados el concejal comunista don Andrés Rodríguez González y el presidente de la Diputación don Tomás Reina, de filiación socialista», «Las derechas estarán contentas de ver cómo se derrama sangre del pueblo». Al día siguiente en sus columnas acusa a agentes provocadores fascistas sin fundamentar ni argumentar la denuncia. Ahora protesta contra las huelgas políticas, contra la acción directa, contra la «epidemia de huelgas, porque somos legión los españoles que no hacemos pacto con la destrucción de valores morales y materiales». Con las siguientes palabras termina un párrafo El Liberal: «… que los republicanos, socialistas y comunistas y sindicalistas no hagan el juego a los agentes provocadores; que seamos, en fin, hombres y no muñecos movidos por resortes invisibles». El órgano azañista Política se refiere a «ciertos detritus sociales, gentes ajenas a las organizaciones obreras que, mezclándose agresivamente en las luchas de carácter social, las orientan por derroteros de irresponsabilidad»; y La Libertad insiste en que se den al Gobierno plenos poderes para defender la República, aunque sea al precio de forzar algún artículo de la Constitución. Claridad se manifiesta disconforme con el Gobierno, que debería mostrarse más duro con las derechas porque se alegran de los conflictos sociales, «en cuya provocación y extensión ponen tantas esperanzas los enemigos del Gobierno y de la República». A toda página proclama Mundo Obrero, que «si se quiere acabar con el desorden y la intranquilidad hay que atacar de firme a los patronos que fomentan las huelgas y se niegan a admitir toda solución justa».

La crispación ha llegado al extremo; nadie acepta sus propias responsabilidades en unos hechos lamentables y suficientemente claros en su origen y desarrollo. Tratar de disculparse achacando la culpa a agentes provocadores, a infiltrados, a los patronos, a las derechas; y eso, a pesar de que en los sucesos de Málaga les consta que los agresores y los agredidos eran miembros de las organizaciones sindicales[4].

En Olmedo, en una reyerta, hay dos heridos de bala; ambos son socialistas. Uno de ellos, Toribio Fernández, murió; el otro también fallecería después. En Barcelona, el día 13 detuvo la policía a Víctor Gómez Goiri y a Jaime Parés, portadores de unas bombas y varias pistolas con munición. Pertenecían al Sindicato Metalúrgico de la CNT. Alegaron que las bombas las llevaban para «arreglar» un asunto del ramo metalúrgico, y las pistolas «porque los fascistas preparan un golpe y hay que estar alerta». En las inmediaciones de Rute (Cordoba) es detenido Matías Soria Jiménez, autor de la muerte del guardia civil Manuel Cance, en Palenciana. Por motivos políticos se enfrentan en un bar de Nájera diversas personas con armas blancas y de fuego. Fallece Victoriano Manzanares; hay dos heridos muy graves. «Según el gobernador civil las tres víctimas son de tendencia fascista y habían sido ya sancionados por hacer ostentación pública de sus ideales». Y atribuye el hecho a «la excitación que produce la presencia de los diputados Ortiz de Solórzano y Gil Albarellos, que el día anterior estuvieron en Nájera». Ni al muerto ni a los heridos se les encontraron armas. Los agresores, que fueron además quienes provocaron el choque, eran sindicalistas; uno de ellos había sido amnistiado después de las elecciones. En Valladolid, el día 19 se plantea la huelga general. Un agricultor afiliado a la CEDA, llamado Juan Sainz, pasaba por delante de un grupo de huelguistas cuando uno de estos gritó: «¡A ese, que es cavernícola!». Dispararon contra él y murió. Cuando el hijo del finado, Juan, de diecisiete años, salía del hospital de ver el cadáver de su padre, recibió heridas gravísimas de arma de fuego. En Albacete se celebra el día 20 el entierro del obrero Francisco Gabaldón Martínez, «fallecido a consecuencia de unos disparos que le hicieron unos fascistas», concurrieron al sepelio el presidente de la Diputación y el municipio. Fueron detenidos muchos elementos fascistas. En Rentería se apresó a cuatro carlistas a los que les fueron ocupadas quince armas cortas; se los trasladó a Madrid. Miembros de la Agrupación Socialista de Orihuela, que habían salido de gira y estaban jugando al fútbol, fueron atacados por falangistas. Resultó un muerto: José Gómez Hernández y, como consecuencia, se practicaron detenciones. En Pola de Gordón, un joven de derechas agredió a un miembro de la Juventud Socialista, que quedó gravemente herido de un disparo.

El lenguaje que se empleaba en los diarios no era el más a propósito para serenar los ánimos. Dos ejemplos tomados al azar: en el Heraldo del 24 de junio se escribe: «Curas y monjas pululando por toda la superficie del país como moscas sobre un pueblo con olor a cadaverina (…) presidiendo el panorama nacional, como trinidad suprema: un bonete, un tricornio y una horca…». El 5 del mismo mes, en Claridad, y recordando el segundo aniversario de la fracasada huelga campesina de 1934, se escribía: «Se lanzó contra los campesinos toda la fuerza represiva del Estado, se los persiguió como fieras, se los mató como alimañas, se los encarceló como criminales. Por millares y millares sin distinción de edad ni sexo, sin trámite judicial alguno. Un ministro cuyo nombre nos repugna escribir asoció con las torturas de lo más sano que tiene España —sus masas trabajadoras— el sadismo de su temperamento de degenerado. No hubo pueblo donde no se maltratara, donde no se vejase de la manera más inicua a los campesinos…»[5].

LOS TENTÁCULOS DE LA CONSPIRACIÓN AVANZAN

La clase militar estaba profundamente dividida, y aunque pudiera objetarse que ya lo estuvo durante el siglo pasado, lo que sucedía ahora no era consecuencia de las luchas dinásticas, causa principal de aquellas guerras civiles, a pesar de la carga política y religiosa que las provocó, el conflicto actual era reflejo de la crisis que corroía a la sociedad y la conturbaba hasta el extremo de que la mayoría creyera que la única salida era la violencia, a la cual por naturaleza se inclinaban con superior ímpetu y convicción las gentes de la derecha, mientras los izquierdistas, aun los más iracundos y agresivos, confiaban en que, desde el Gobierno o sus aledaños, les resultaría factible imponer sus criterios y métodos, y eliminar a los contrarios hasta borrarlos del mapa político, sin cuya condición cualquier triunfo no les parecía satisfactorio.

La quiebra del orden público, la irracionalidad de muchos de los acontecimientos que se sucedían, los excesos verbalistas, la agresión a los símbolos de sus creencias, el temor a perder privilegios y riquezas entre quienes disfrutaban de unos y otras, y el miedo físico, unidos a la imposibilidad de iniciar cualquier negociación o poner esperanzas, aunque fuesen lejanas, de ganar en futura consulta electoral, hacía que muchos no vieran otra salida, a una situación que los angustiaba, que un golpe de fuerza. De estar el país bien o medianamente gobernado, de acuerdo con sus criterios básicos, aceptando que por medio de leyes progresivas y económicamente viables hubiesen ido corrigiéndose y remediando las injusticias que nadie podía negar, y promoviendo nuevas bases de relación económicas y laborales, si la coalición electoral ganadora hubiese actuado con mayor coherencia y los perturbadores del orden, claramente identificados, se pudieran aislar, combatir y castigar fuera cual fuera su color político, la conspiración no hubiese hallado suficiente respaldo. Si a la Iglesia se le hubiese obligado a respetar el poder civil, sin recurrir a incendios y persecuciones que favorecían un clima exaltado de cruzada o catacumbas, si el trágala no se hubiese convertido en principal objetivo, el clero más intransigente e integrista hubiera acabado desprestigiado ante la mayoría de los católicos. De existir un Gobierno y un Parlamento capaces de imponer un clima en el cual cupiera entenderse en cuestiones fundamentales con amplios e influyentes sectores de la oposición, ni los escasos monárquicos, ni los latifundistas y terratenientes, ni financieros y agiotistas, ni los más poderosos industriales y comerciantes, ni los fanáticos temperamentales, hubiesen reunido fuerzas suficientes para respaldar una sublevación militar con probabilidades de éxito.

El régimen republicano estaba arraigando en la mayoría de los españoles y la legalidad suele gozar de prestigio. En circunstancias distintas, auténticamente democráticas, de izquierda o de derecha, conservadora o socializante, cualquier intento militar se hubiese reducido a un nuevo fracaso, como aquel de agosto de 1932, que, de rechazo, vino a reforzar y prestigiar el poder dimanante de la voluntad popular. Y esto no supone imaginar un Gobierno utópico por ideal y perfecto, pero sí distinto al que ejercía el poder aquella primavera de 1936. La mejor prueba la hallamos en cómo iban a desarrollarse los hechos.

Entre los militares, los descontentos de la situación en que se vivía eran muchos, demasiados. La actitud que frente a ellos había adoptado Azaña y que ahora continuaba Casares Quiroga, empujaba hacia posturas subversivas a quienes antes se hubiesen negado a dejarse tentar, considerándolo falta grave a la lealtad y a la disciplina. Militares republicanos estimaban que el Frente Popular abandonaba la legalidad, y ellos se mostraron dispuestos a restablecerla a su manera, que no era otra que un alzamiento ilegal.

Mola desarrolló durante el mes de junio constante actividad; todavía no se hallaba estructurada la conspiración, si bien se habían establecido numerosos contactos, no todos con éxito, pues los tanteos indiscriminados se hacían indispensables, y se había atraído a jefes militares y entrado en relación con organizaciones civiles; se disponía de auxiliares muy adictos y entusiastas. La amplitud que Mola aspiraba a dar al movimiento insurreccional, y la dispersión política de los que podían colaborar, dificultaban las gestiones por lo que a los paisanos se refería.

Carlistas y falangistas, las dos fuerzas que necesitaba atraerse, jóvenes dispuestos a la acción, tenían sus propias aspiraciones y, con esas aspiraciones, exigencias. Habían incluso planeado sublevarse ellos solos, malgastando energías en quiméricos proyectos, en los cuales no se valoraba la limitación del número ni la escasez de la fuerza, ni que el Gobierno, en semejante coyuntura, se vería asistido por una inmensa mayoría contra lo que sería reputado como loca aventura de extremistas.

Mola estaba convencido de que resultaba necesario atraer a la conspiración a aquellos militares que tuviesen mando directo de tropas y que la base política de la recluta tenía que ser muy amplia. Jugaban, asimismo, sus propias convicciones; quizá no fuese republicano en el sentido estricto de la palabra, lo que no era, monárquico, ni tampoco se hallaba ideológicamente próximo a los carlistas, ni menos aún, a los falangistas. Los monárquicos que formaban en la antigua Junta de Generales no exigieron que restableciera la monarquía. Tampoco los de la UME pensaban en restauraciones inmediatas, aunque entre ellos los hubiera monárquicos, porque lo que predominaba eran los enemigos de la izquierda, y hasta antirrepublicanos.

Queipo de Llano habló a Mola del general Cabanellas, que estaba al frente de la V División Orgánica, en cuyas guarniciones tenía Mola decididos partidarios y colaboradores. Se había entrevistado y puesto de acuerdo con el general De Benito, comandante militar de Huesca. Por medio de emisarios y tras prudentes tanteos se comprobó que Miguel Cabanellas se hallaba bien dispuesto[6]. Para Mola era importante contar con el jefe de la V División y con todas las fuerzas dependientes de él; en el Parque de Zaragoza se guardaban 40 000 fusiles y abundante munición, mientras que la comandancia de Pamplona estaba desprovista. Si es cierto que las relaciones con los tradicionalistas experimentaban altibajos, Mola estaba convencido de que llegarían a establecer acuerdos y que, de no conseguir pactos expresos con los mandos superiores, los requetés se le sumarían una vez iniciada la rebelión; no podían dejar de hacerlo. Para armarlos, necesitaba fusiles, porque con pistolas no puede combatirse en campo abierto. La V División se convertiría en muro defensivo si en Barcelona fracasaba la sublevación, y también podría organizar una columna —otra columna— para marchar sobre Madrid de acuerdo con los planes ya difundidos.

Mola fecha el 5 de junio, simulando hacerlo desde Madrid, y ya como «Director», un importante documento que titula El directorio y la obra inicial. Lo mismo que los planes militares, tan estudiados, serían modificados por presión de circunstancias imprevisibles, como la fuerte reacción del enemigo, va a ocurrir con las directrices políticas tan pronto como el golpe de estado se convierta en guerra; surgirán poderosas influencias internas y externas y las posiciones —y eso en ambos bandos— se radicalizarán. El documento de Mola al cual nos referimos ha sido publicado ya en alguna ocasión, pero creemos útil reproducirlo íntegro para que el lector forme su propio juicio (véase apéndice 1).

Queda claro que en los propósitos de Mola y de quienes hasta ese momento estaban comprometidos no entraba el de sustituir la República por otra forma de gobierno. Igualmente queda claro que se pensaba en una dictadura de componente predominantemente militar con colaboraciones civiles. Esa dictadura sería de carácter derechista, pero con ciertas limitaciones, como las especificadas en los apartados j) y o), y en la primera parte del último párrafo. Nada permite dudar de que pensara imponerse un gobierno autoritario y de que se exigirían responsabilidades; el componente democrático, dando a esta palabra su auténtico valor, sería mínimo, y queda en blanco cómo iban a ser «elegidas por sufragio en la forma en que oportunamente se determine», las Cortes que vendrían a sustituir las que se proyectaba disolver. Socialistas, comunistas y anarcosindicalistas, por lo menos, y los masones, cuya posible persecución podría ejercerse con criterios acomodaticios, iban a quedar excluidos de la vida pública. Otros enunciados cabía interpretarlos como meros propósitos de carácter regeneracionista: absorción del paro, extinción del analfabetismo, obras públicas y riegos, saneamiento de la Hacienda, etc., y se inscribían en planes dirigidos al futuro. La creación de milicias era un proyecto de intención parafascista.

Que era preciso destituir al presidente de la República parece evidente, pues no solo podía considerarse a Azaña el enemigo número uno, es que además, aún en el caso imposible de que le ofrecieran mantenerse en su puesto, él no podía aceptarlo. Y esto plantea dos interrogantes: ¿Cómo sería «elegido» el sucesor? ¿En quién se había pensado para ejercer este cargo? Pudiera ocurrir que se imaginara que provisionalmente la República quedara sin presidente. Nadie ha comentado este confuso asunto: Sanjurjo sería algo así como «presidente del directorio», pero no de la República. Quienes han escrito desde las proximidades de Mola tampoco aclaran nada; es cierto que escriben después de que la República pasara a convertirse en institución y hasta en palabra nefanda. En sus memorias inéditas, Fernández Cordón nada comenta al respecto; él no era ni republicano ni monárquico, sino incondicional de Mola, que aceptaría sin discusión lo que el general dispusiera.

En el pueblo de Murillo de Río Limas se entrevistaron los generales Mola y Cabanellas el 7 de junio. Y se pusieron de acuerdo: uno de los pactos esenciales consistía en que tan pronto como se iniciara el movimiento se enviarían, de Zaragoza a Pamplona, diez mil fusiles y un millón de cartuchos.

Días después, en otro apartado lugar de Navarra, Mola conferencia con Kindelán, uno de los generales monárquicos que supone que el triunfo del movimiento llevará aparejado la restauración, si bien no antepone a su ayuda esta exigencia, pues los monárquicos están convencidos que estas cuestiones no irán de prisa. Como resultas de lo tratado con Kindelán, en la «Instrucción reservada núm. 5» se incluyen referencias al papel de la aviación, y es significativa la manera en que se hace. «Por información reservada recibida» se sabe que el Gobierno, para oponerse al movimiento que está organizándose, utilizará fuerzas que le son muy afectas: La Aviación (de Getafe y Alcázares) y las Fuerzas de Asalto. Resulta curioso que solo se nombren estas dos bases aéreas, como si las noticias provinieran directamente de ellas, o como si las otras no le fueran afectas al Gobierno. En esta «instrucción» se tiende a tranquilizar a los comprometidos, o en tranquilizarse a sí mismo, restándole importancia a la posible intervención de los aparatos, que lanzarán «… primero proclamas con falsedades y luego el bombardeo de mucho ruido y poco efecto». Y añade más adelante: «Que no contando nuestra aviación con otras bombas que las de once kilos, y siendo este proyectil de escasa potencia destructora, aunque de gran efecto moral, convendrá advertir a la tropa y personal paisano militarizado no se deje impresionar por las detonaciones»; y llega a afirmarse que los aviones son inofensivos durante la noche. Se alecciona sobre la mejor manera de hacer frente a los blindados de que disponen los guardias de Asalto y sobre las precauciones a adoptar con respecto a las fuerzas que «se pasen a nuestras filas». Hay una advertencia de no atender a las falsas noticias que se den por radio o cualquier otro medio de divulgación, «con objeto de hacer decaer la moral de las fuerzas y organizaciones de patriotas». De súbito, se intercala la frase que, por significativa, en tantas ocasiones se ha citado: «Ha de advertirse a los tímidos y vacilantes que aquel que no está con nosotros está contra nosotros, y que como enemigo será tratado. Para los compañeros que no son compañeros, el movimiento triunfante será inexorable». Palabras que eran réplica y amenazadora advertencia a contestaciones tibias o evasivas que de generales, jefes y oficiales, a quienes se proponía incorporarse al movimiento, estaban recibiendo los encargados de las gestiones de captación.

La «Instrucción reservada núm. 5», como la siguiente dirigida a los marinos, estaba fechada en Madrid el 20 de junio. Las «instrucciones» para la Armada son un breve esquema: expresan la confianza de que la Marina, en momentos tan difíciles para la patria, se pondrá al lado de sus hermanos del ejército. Establece la necesidad de colaboraciones en las diversas bases navales. En El Ferrol, que destaquen algunas unidades a Bilbao, Gijón y Santander, además de vigilar las costas y de cooperar en la plaza con las tropas de la guarnición. Desde la base de Cartagena se destacarán dos naves a Barcelona, una a Valencia, etc. Y lo más importante, que evidencia la alteración de los primitivos planes es que, tanto las fuerzas navales de Cádiz como las de África, se pondrán inmediatamente en contacto con Marruecos para «facilitar los embarques, transportes y desembarques en los puertos que les indique el jefe de las fuerzas de tierra».

El 24 de junio se difunden las «Directivas para Marruecos». Mola las fecha, en un rasgo de personal humor, en «Peloponeso». En ellas se percibe con claridad que el plan ha sido cambiado. Es probable que en ese cambio tuvieran influencia observaciones hechas por Franco, que ha mantenido con Mola relaciones que suponen un acuerdo de principio, y aunque no estaba conforme con la oportunidad de sublevarse, bien podía colaborar en el perfeccionamiento de los planes. Alusión a Franco es la frase que subrayamos: «Jefe de las fuerzas de todo Marruecos será, hasta la incorporación de un prestigioso general, la persona a quien va dirigida esta instrucción», que sabemos que era Yagüe.

En estas «directivas» se perfila mejor cómo van a desarrollarse los movimientos y que, si no se preveía quizá una auténtica guerra, se contaba con realizar una vasta serie de operaciones que iban a comprender la casi totalidad del territorio, Marruecos incluido, aunque solo lo fuera como base y matriz de las tropas que iban a trasladarse a la península. Se nombra a la Legión como principal componente de dos columnas de operaciones, y nada se dice aún de las tropas indígenas. En cuanto al jefe (Yagüe), «tendrá tomadas las disposiciones convenientes para inutilizar la aviación que no sea afecta». El optimismo de Mola peca aquí de excesivo —o se trataba de comunicar confianza a los demás— y, por encima de excesivo, contradictorio, cuando afirma que «el embarque y traslado de fuerzas a los puntos indicados» de la península «se tiene casi la seguridad absoluta de que este solo hecho será suficiente para que el Gobierno se dé por vencido». Una vez desembarcadas esas fuerzas marroquíes, marcharán sobre Madrid, y deben ir abastecidas, municionadas y dotadas del «numerario para satisfacer en el acto los gastos que convenga no dejar pendientes». Y añade, subrayado: «No olvidarse que el dinero abre todas las puertas». Después vienen instrucciones para el momento y para la comunicación y coordinación. Se pide inmediato acuse de recibo y conformidad. Y se añade una nota: «De estas instrucciones solo tienen conocimiento: el destinatario, el Director y una tercera persona que ejerce de coordinador: son, por lo tanto, absolutamente reservadas». Las tres personas son: Yagüe, Mola y Valentín Galarza. Franco solo podía saber de ellas en la medida en que fuera, si es que lo era, inspirador.

El Gobierno tenía barruntos de la conspiración que estaba tramándose, pero le faltaban certezas y desconocía el verdadero alcance y extensión que, poco a poco, iba adquiriendo. Sometía a discreta observación a varios de los presuntos jefes: recelaba de Mola y de Cabanellas, de los generales monárquicos y conspiradores, de Goded y de Franco, pero el alejamiento geográfico de estos últimos le tranquilizaba. La desconfianza que le inspiraban los miembros de la UME hacía que tuviera vigilados a muchos de ellos. A los falangistas los había desbaratado y FE estaba descabezada. No es cierto que el Gobierno permaneciera totalmente inactivo; había situado en las cabeceras de división a generales que le merecían confianza y otro tanto ocurría con los mandos de la Guardia Civil. En la oficialidad de Asalto se efectuaron numerosos cambios que aseguraban la lealtad de la mayor parte; los más seguros eran los miembros de la UMRA. Al juzgar los hechos desde después, suele perderse de vista el carácter secreto de toda conspiración y las sorpresas que ese secreto pueden ocultar.

Habla Vidarte de un bien organizado servicio de escuchas telefónicas a que se tenía sometido a los dirigentes de la derecha —Calvo Sotelo, Gil Robles, Primo de Rivera, Ruiz de Alda, Onésimo Redondo, Hedilla, Herrera Oria…— total, unos veintitantos, aunque cabe admitir que algunos nombres se han añadido con posterioridad y que el servicio no fuera tan perfecto. Estaban igualmente intervenidos los teléfonos de las Divisiones Orgánicas y los de militares sospechosos. De este servicio precautorio cuenta Vidarte que le informó un socialista y masón, «entre la escuadra y el compás», «es decir, dentro del más absoluto sigilo». Al informante le atribuye un nombre, que puede responder al verdadero o tratarse de un seudónimo o de un personaje comodín para exponer algunas cosas que él desea incluir en el libro.

Estos servicios —siempre según Simeón Vidarte— fueron instalados por Blasco Garzón y continuados por Bernardo Giner de los Ríos —ambos ministros de Comunicaciones— y recalca que eran tan secretos, que ni se mencionaban en los consejos de ministros. En sucesivos turnos, varios escuchas recogían los informes y los pasaban a la superioridad para que fueran interpretados; colaboraban diputados socialistas con conocimiento de lenguas para el caso de que se intervinieran conversaciones en idiomas extranjeros, y cita entre los escuchadores al políglota Marcelino Pascua. También escribe Vidarte que aquel amigo le comunicó que tenía noticias de una amplia conspiración y de que existía un «director» y un «técnico». Hay fundamento para suponer que estos últimos detalles los conocería después y que el orden cronológico se le confundiría en la memoria, porque en los muchos escritos contemporáneos sobre estos temas, no han sido citados con esos nombres.

Que se sospechaba de Mola es evidente, lo mismo que el Gobierno tenía avisos de que a Navarra llegaban armas de contrabando. Si es cierto que las gestiones conspirativas se llevaban con discreción, se había hecho necesario tantear a jefes y generales muy afectos al Gobierno. Existen sospechas de que el titular de la 3.ª Inspección General, Juan García Gómez Caminero, después de una visita a la Comandancia de Pamplona, recomendó al Gobierno que diseminara a los oficiales de aquella guarnición y que cambiara de destino a Mola; alguna razón tendría que alegar. También Mola había escrito cartas a antiguos compañeros suyos y, aunque se expresaba con discreción, sus intenciones quedaban más o menos claras.

Como a consecuencia de esas sospechas, el director general de Seguridad, Alonso Mallol, hizo un espectacular viaje a Navarra, acompañado de agentes de policía y de guardias de Asalto, que reforzaría con otros de la plantilla de Logroño, que recogió a su paso; el objeto era descubrir armas que se suponían ocultas en distintos lugares de Navarra, y parece ser que los tiros iban dirigidos contra Mola. Entre las personas de plena confianza con que este contaba en Madrid estaba el comisario de policía Santiago Martín Báguenas, cuyas relaciones amistosas provenían de la época en que el general ejerció el cargo de director general de Seguridad, en el último período de la monarquía. Alertado Mola desde Madrid por una contraseña convenida, envió un enlace[7] a que se entrevistara con Martín Báguenas, quien, por estar destinado en la Dirección General, pudo prevenirle de que al día siguiente, 29 de junio, Alonso Mallol se presentaría en Pamplona con una fuerte escolta y que, comprometer a Mola y hallar evidencias de que conspiraba, podían ser los verdaderos fines de la expedición. Gracias a esa confidencia le fue posible a Mola tomar todo género de precauciones; desde alertar a los requetés para que cambiaran las armas de escondrijo hasta quemar documentos, distribuir otros para ser ocultados en lugar seguro y dar instrucciones a sus capitanes. Según Maiz, dispuso para el día siguiente, con pretexto de una revista, que formaran en los glacis de la ciudadela dos batallones del regimiento de América, a manera de réplica y amenaza para las fuerzas que acompañaran a Alonso Mallol. Los registros en Pamplona, Sangüesa y Estella no dieron el resultado esperado. Y Mola, que se presentó inesperadamente en el Gobierno Civil para cumplimentar a Alonso Mallol, con el pretexto de que él ocupó antes el cargo que este desempeñaba ahora, le puso difícil una eventual visita a la Comandancia[8].

DIFICULTADES ENTRE «EL DIRECTOR» Y LA JUNTA SUPREMA CARLISTA

Las relaciones entre el general Mola y los carlistas ni eran fáciles ni podían serlo; resultaba complicado concitar ideas y principios tan divergentes como podían ser los que animaban a los tradicionalistas, a los militares republicanos, a los falangistas, a los de Renovación, a los cedistas desengañados, a los militares más exaltados y a aquellos otros que creían que solo justificaba un golpe militar el hecho de que tomaran el poder los comunistas.

En mayo visitó a Mola un destacado miembro de la Junta Carlista de Navarra, Ignacio Baleztena. Después de unos tanteos comenzó a hablarse con mayor claridad; Mola necesitaba hombres de probada confianza para nutrir las filas de las unidades militares, si llegara o, cuando llegara, la ocasión, y evitar así deserciones de soldados procedentes de quintas, algunos de los cuales, como los asturianos, inspiraban desconfianza. Llegó Baleztena a ofrecerle cinco mil requetés.

En junio se entrevistó el general con Antonio de Lizarza, jefe de los requetés navarros, quien le señaló que tenía encuadrados a ocho mil cuatrocientos «boinas rojas», a lo que Mola respondió que para sus fines le bastaban con cuatro mil. El 11 de este mes le visitó en la Comandancia el delegado nacional de Requetés, José Luis Zamanillo, que venía de parte del jefe nacional, Manuel Fal Conde, y le entregó las condiciones que debían cumplirse para que la Comunión Tradicionalista se sumara al movimiento que se preparaba. Estas condiciones, desde la óptica carlista, eran moderadas: disolución de todos los partidos políticos, directorio compuesto por un militar y dos consejeros civiles designados por los carlistas, bandera bicolor, etc. A Mola le parecieron excesivas e incompatibles con sus propósitos, hasta el punto de que las rechazaría. El 15 de junio se entrevistó con Manuel Fal Conde en el monasterio de Irache: hablaron de la acción militar en sí misma y de la posible colaboración, pero el general le entregó a Fal Conde copia de la proclama que ya conocemos, El directorio y su obra inicial. Si en algunos puntos coincidía con las aspiraciones carlistas, en el conjunto las diferencias eran insalvables: Parlamento constituyente elegido por sufragio, aunque se le añadiera la frase ambigua, «en la forma que oportunamente se determine», defensa de la dictadura republicana, separación de la Iglesia y el Estado; libertad de cultos y respeto para todas las religiones, no cambiar en la nación el régimen republicano, y en general un claro predominio de la autoridad del ejército. Las relaciones entre Mola y los carlistas no tardarían en romperse: las aspiraciones y propósitos de unos y otros resultaban incompatibles.

Esto no obsta para que Mola mantuviera relaciones con otras personalidades carlistas dispuestas a ofrecer colaboraciones a cambio de moderadas exigencias, como lo eran, por ejemplo, el conde de Rodezno y José María Oriol. Igualmente sostuvo tratos directos con el teniente coronel retirado Alejandro Utrillas, instructor de los requetés navarros. Entre estas relaciones puede incluirse la del periodista Raimundo García, que firmaba «Garcilaso», director del Diario de Navarra.

Uno de los momentos más bajos de la conspiración podría fijarse en el día 2 de julio (solo quince días antes de que estallara la sublevación en Marruecos), cuando Mola celebró en Echauri una nueva entrevista con Zamanillo, a quien acompañaba Lizarza. Fal Conde ni siquiera se desplazó desde su residencia de San Juan de Luz. Era portador Zamanillo de una nota de aquel en la cual se fijaban, razonándolas, las condiciones mínimas, que estaban claramente orientadas a conseguir un predominio político por parte de los tradicionalistas, una vez que triunfara el golpe militar, tanto en la instrucción pública como en la «reconstrucción orgánica y corporativa». Tampoco se mostraban dispuestos a ceder en el asunto de la bandera. Viniendo de los carlistas no es de extrañar que se propusieran erradicar cualquier vestigio de republicanismo y de sufragio universal, ni de que exigieran que «la futura política responda a los dictados de la religión». En respuesta manifestada por Mola de establecer un amplio abanico de colaboraciones, la nota se expresaba con dureza: los carlistas se inclinaban a que se prescindiera de colaboraciones «de dudosa eficacia práctica, pero de segura pérdida de altura moral», que podía interpretarse como alusión a Queipo, Cabanellas y otros jefes republicanos, quienes no tardarían en demostrar la «eficacia práctica» de su cooperación.

Durante el mes de junio, enlaces de Mola habían recorrido las guarniciones con variada fortuna y las impresiones generales no podían calificarse de optimistas: en las Vascongadas, en Andalucía y, en particular, en Madrid, los resultados eran desalentadores. En Barcelona, la colaboración de elementos civiles prometía ser muy escasa, y las noticias de la Guardia Civil, dominada por Pozas y por los jefes de las comandancias, casi todos ellos adictos al Gobierno, inclinaban al desengaño. El movimiento insurrecciona no llegaba a articularse, si bien entre los comprometidos el entusiasmo no decaía. En Pamplona mismo, o en citas reservadas en otros puntos de Navarra, Mola se había entrevistado con Kindelán, González Carrasco, y por segunda vez, con Cabanellas el día 21; el 23, con Queipo de Llano, a quien se encargaría definitivamente que sublevara Andalucía, la región que ofrecía mayores dificultades por estar en ella la conspiración tan deficientemente articulada que se disponía de pocos oficiales comprometidos. Y de Canarias no llegaban noticias. ¿Vacilaba Franco? ¿Creía no haber llegado aún el momento decisivo? ¿Se reservaba? Aquel silencio desasosegaba a Mola acuciado por demasiados problemas y sabiéndose vigilado, él y los demás en su mayoría, por los servicios del Gobierno y por la mitad de los españoles por lo menos. Hasta la Comandancia de Pamplona llegaban rumores fantásticos sobre conspiraciones masónicas, rojas, separatistas, anarquistas, todas ellas unidas a nombres, apellidos, propósitos, fechas de reuniones misteriosas dentro o fuera de España[9]. Cabe suponer que no creyera demasiado en la inminencia de un golpe revolucionario, pero era evidente que las izquierdas algo tramaban y que, si no asaltar el poder, como los informantes aseveraban, tenían que disponerse a la defensa, y eran muchos y bien organizados, y el Gobierno por añadidura con todo su aparato militar, civil y de orden público; y la indiscutible autoridad de quien ejerce el mando.

Arriba y centro: Queipo de Llano le había hablado a Mola del general Cabanellas, que estaba al frente de la V División Orgánica, en cuyas guarniciones tenía Mola decididos partidarios y colaboradores.

Abajo: Kindelán, uno de los generales monárquicos que supone que el triunfo del movimiento llevará aparejada la restauración.

Arriba: Manuel Fal Conde, que negoció las condiciones para que la Comunión Tradicionalista se sumaba al movimiento que se preparaba. (En la foto, con don Javier Borbón Parma).

Abajo: Antonio de Lizarza y José Luis Zamanillo, dos jefes máximos de los requetés.

Arriba izquierda: Las huelgas se siguen unas a otras y la economía se resiente. La huelga más importante es la del ramo de la Construcción en Madrid.

Arriba derecha: En sus artículos en El Sol, Miguel Maura emplea un lenguaje claro y rotundo para condenar la política izquierdista (…) Una de las principales acusaciones que formula contra las derechas es haber gobernado ignorando que las organizaciones obreras sumaban tres millones de afiliados cotizantes.

Abajo: Largo Caballero no era hombre de medias palabras; se había colocado —o lo habían colocado— al frente de las masas revolucionarias y convertido en su más calificado intérprete y portavoz.

Arriba: Batet, que había sido distinguido con a Laureada por su actuación en Barcelona cuando la sublevación de la Generalidad, gozaba de prestigio en amplios sectores del Ejército. (En la foto, junto al general López Ochoa y los capitanes Sevillano y Moyano).

Abajo: El 23 de junio, el general Franco, gobernador militar de las Canarias, escribe una carta, auténtico memorial de agravios, dirigida al ministro de la Guerra, Casares Quiroga, quien cometerá el error de no contestarla ni tomarla en consideración.

En las vísperas

El 16 de junio se celebró una sesión en el Congreso en la cual se debatía una proposición no de ley, presentada por las derechas y firmada en primer término por Gil Robles, en la que pedía al Gobierno la adopción de las medidas necesarias para poner fin al estado subversivo en que vivía España. A esta sesión, muchos autores la califican de dramática, y lo fue por muchas causas, entre otras, porque era una demostración más de la imposibilidad de diálogo entre aquellos sordos hostiles, que representaban las dos, o tres, o cuatro Españas. Hay quienes creyeron —y quizá algunos lo creen todavía— ver en aquella sesión, en la cual insultos, improperios, retos y amenazas se prodigaron, el antecedente, la causa y hasta la sentencia de muerte de Calvo Sotelo. Por mi parte no considero que fuera exactamente así, pero sí creo que la exaltación dominante, muchas de las frases que se pronunciaron y de las amenazas e injurias que saltaron sobre los escaños y que el presidente de las Cortes hizo que no constaran en el Diario de Sesiones, contribuyeron a crispar los ánimos, exaltados de suyo, dentro y fuera de la Cámara, y, en consecuencia, a crear el clima demencial apropiado para que ocurriera lo que ocurrió.

Excluyendo a los interruptores, que fueron numerosos, participaron en el debate: José María Gil Robles, Enrique de Francisco, José Calvo Sotelo: el presidente del Gobierno y ministro de la Guerra, Santiago Casares Quiroga; Dolores Ibárruri. Benito Pabón, Juan Ventosa y Calvell, Joaquín Maurín, José María Cid; de nuevo, Gil Robles, Calvo Sotelo y de Francisco; y a continuación, Angel Galarza y Marcelino Domingo. Cada uno de ellos se expresó con mayor o menor agresiva claridad, aceptando el desafío de los contrarios y desafiándolos a su vez no solo dentro de la Cámara, sino dondequiera que se encontraran.

De Francisco habló en nombre de la minoría socialista; Cid era del Partido Agrario; Benito Pabón, sindicalista independiente; Joaquín Maurín pertenecía al POUM. Unos y otros expresaron y defendieron sus propias convicciones y rebatieron los argumentos del enemigo sin dejar de recurrir a argucias cuando la ocasión se prestaba a utilizarlas. Los diputados de izquierdas, y en particular La Pasionaria, que hablaba en representación del Partido Comunista, echaban mano de recursos mitinescos que implicaban graves y crudas acusaciones relacionadas con el octubre asturiano, y fueron precisamente esas frases las que hacen, como testimonia el Diario de Sesiones, que «los señores diputados de la mayoría, puestos en pie, aplauden durante largo rato». El argumento de la represión de Asturias, silenciando expresamente que era consecuencia de la insurrección contra un Gobierno y contra una cámara que obtuvo mayoría en unas elecciones, lo emplearon casi todos los representantes del Frente Popular, que, al responder con otra acusación, no justificaban la imputación derechista contra el menoscabo del orden público.

Desde su posición conservadora, que estaba acentuándose, quien se expresó con relativa ponderación fue Juan Ventosa y Calvell, que no por eso dejó nada en el tintero, pero consiguió que su discurso no fuera interrumpido. La diferencia esencial entre los discursos de Gil Robles y de Calvo Sotelo consistía en que, aunque igualmente violentos ambos en sus ataques al Gobierno, como lo hemos resaltado en otras ocasiones, aquel hablaba, hasta cierto punto, desde dentro de un régimen que le excluía, mientras que el líder del Bloque atacaba desde fuera, y no lo ocultaba. Joaquín Maurín atribuía todas las muertes y desórdenes y ataques al «fascismo», y como ello era falso, según le constaba al propio orador, solo cabía interpretar que las muertes, desórdenes y ataques contra quienes él englobaba bajo el término «fascistas», le parecían justicieros y, por tanto, justificados.

Las posiciones eran irreconciliables. Incompatibles entre sí, los diputados ni razonaban ni discutían; las derechas argumentaban contra el desorden, del cual culpaban en exclusiva a un Gobierno que disponía de poderes excepcionales, y los contrarios, que no dejaban de reconocer la existencia de excesos, abusos y desbarajustes, los achacaban a la injusticia dominante (injusticia que, por su parte, las derechas reconocían), y a la represión de Asturias como argumento supremo. Benito Pabón llegaba a disculpar los atracos, que atribuía a los obreros en paro, de cuyo desempleo inculpaba al régimen capitalista que personificaban las derechas, excluyendo, más o menos, a los burgueses de izquierda, que eran quienes gobernaban.

A lo largo de la sesión quedaron al descubierto las grietas internas del Frente Popular y se formularon veladas amenazas contra el Gobierno por parte de representantes de la izquierda, que le apoyaba y condicionaba al mismo tiempo.

Hay que aceptar que las cifras de muertos, nada menos que 334, heridos, incendios, asaltos a centros políticos, bombas, atracos y huelgas, que dio Gil Robles, respondieran a la verdad, pero hoy todavía cabe preguntarse algo que ya fue planteado en aquella memorable sesión. ¿Acaso no se incluirían en aquel inventario, como en el anterior, acciones, en particular muertos y heridos, no imputables a la extrema izquierda? ¿No entraban en el cómputo muertos y heridos miembros precisamente de esa extrema izquierda, o ni siquiera tan extrema?

Calvo Sotelo confirmó en aquella sesión lo arraigado de sus convicciones y la solidez de su postura de militante intransigente, avalada por sus dotes de parlamentario, un valor personal a toda prueba y una notable capacidad de reacción y respuesta. Aquel día se agudizó el duelo entre el líder monárquico y Casares Quiroga, quien, tanto como ministro y presidente del Consejo, se expresó como hombre de partido. Y fue en este enfrentamiento dialéctico cuando se pronunciaron aquellas palabras que tantas veces se han repetido. Además de improperios y de exageraciones, además de hechos particulares ante los cuales no llegaron a ponerse de acuerdo los oponentes, se dijeron cosas profundas y se aportaron razones que no eran entendidas, que no querían ser entendidas, por los contrarios.

En atención al valor histórico de esta sesión y con objeto de que el lector pueda juzgar mejor por sí mismo, damos en apéndice resúmenes y fragmentos de los principales discursos, extendiéndonos más en los de Calvo Sotelo y Casares, como protagonistas del diálogo más tenso, y en los de Gil Robles, Dolores Ibárruri y Ventosa, que consideramos los principales. Queremos dejar constancia de que Aurelio Joaniquet, biógrafo de Calvo Sotelo, ha escrito, ignoramos con qué fundamento, que las palabras de Casares «enmendadas después por el autor en el Diario de Sesiones, eran una instigación al asesinato». No aclara en qué consistieron las enmiendas, y si es cierto que se corregían, limaban y retocaban algunas expresiones, este autor defiende la posición de que se trató de un crimen de Estado y tampoco tenemos noticia de que él asistiera personalmente a aquella sesión. Reproducimos lo que consta en el Diario de Sesiones, que contienen las palabras generalmente aceptadas y publicadas por autores de distintas ideas.

El 16 de junio, salvo la CNT, que no tenía ni voz ni voto en el Parlamento (el sindicalista Pabón no los representaba), miembros de todas las minorías manifestaron sus respectivas posturas; hablaron los portavoces de quienes un mes después iniciarían una lucha con las armas en la mano[1].

El día anterior había tenido lugar en…, el monasterio de Irache la entrevista entre Mola y Fal Conde, que ha quedado explicada, y dos días más tarde se iniciaba en El Sol la publicación de los seis artículos de Miguel Maura. En estas fechas, la polémica entre El Socialista y Claridad, sobre el origen del capital que había permitido al órgano caballerista pasar de semanario a diario, alcanzaba la máxima virulencia; las palabras que empleaba Claridad iban dirigidas a camaradas del mismo partido, y eran, entre otras: indecente, libelo, vil insidia, canallada, nauseabunda campaña, zascandil, innoble faena, inmundicia, infamia, villanías…

La República estaba descomponiéndose; los enemigos desde la derecha conspiraban, todavía con escasa fortuna, pero con tesón afanoso; desde la izquierda trataban de arrollarla y sustituirla por una dictadura de clase que conservaría su nombre; los gobernantes, que eran minoría, se autoconsideraban los únicos y legítimos republicanos, con lo cual el espacio natural de la joven República quedaba reducido; los anarcosindicalistas, si se exceptúan los escasos seguidores de Pestaña, se hallaban fuera del juego: contra.

UN REPUBLICANO, MIGUEL MAURA, SOMETE LA SITUACIÓN A EXAMEN

Un político destacado, Miguel Maura Gamazo, hijo de don Antonio, quien por unos meses, los primeros y esperanzadores, formó parte del Gobierno provisional, y había desempeñado un papel importante en la conspiración previa y decisivo en el momento mismo de la proclamación, hizo examen de conciencia republicano, y resumió y puso por escrito aquello que durante años venía observando y rumiando. En un último esfuerzo por salvar al régimen que él consideraba en riesgo de perderse, y asimismo con propósito de dejar testimonio de su posición personal, publicó en El Sol seis artículos en los cuales dictaminaba con lucidez el origen de los males y proponía el único remedio, quirúrgico, que él consideraba posible, para ponerles momentáneo remedio: una dictadura republicana o, mejor explicado, una dictadura ejercida, temporalmente, por verdaderos republicanos, que iba desde socialistas no revolucionarios hasta derechistas conservadores identificados con el régimen. Articulaba en ellos un esquema mínimo de salvación in extremis; la publicación se inició el 18 de junio. Sus títulos eran: «Una política de suicidas», «Subversión y definitivo desprestigio del sistema parlamentario», «Los comités jacobinos del Frente Popular», «El fascismo español y la gravedad de los problemas nacionales», «Nos equivocamos…, la salvación está en una dictadura nacional republicana», «Los plenos poderes» y «Gobierno Nacional». En su conjunto eran un ataque brioso contra el Frente Popular, contra el Gobierno de Casares y contra la política que el campo y en la calle ponían en práctica los socialistas y comunistas, todo ello sin dejar de reconocer lo negativos que fueron los gobiernos del bienio negro[2].

Maura, no se muestra moderado y emplea un lenguaje claro y rotundo para condenar la política izquierdista desde que en las Cortes Constituyentes se dejó arrastrar hasta la total intransigencia y llegaron a imponer un monólogo arbitrario y caprichoso, que llevaría a una Constitución parlamentaria ultraliberal, cuando el sistema «solo puede vivir y ser eficaz a base de la convivencia y el diálogo dentro de las dispares tendencias de la opinión», y exige respeto, tolerancia, transacción. El mal ejemplo lo siguieron las derechas —escribe Maura— cuando dispusieron de la mayoría, y en el error recaerían, con previsible fatalidad, las izquierdas del Frente Popular al llegarles el turno del triunfo y el ejercicio del Gobierno. Una de las principales acusaciones que formula contra las derechas, añadida a la ambigüedad que dominó la política del bienio y el no haber legislado a fondo en materia social ni administrado auténtica justicia a raíz de octubre, fue gobernar ignorando que las organizaciones obreras sumaban tres millones de afiliados cotizantes. Y volviendo a manejar esta cifra, supone que los votos del Frente Popular fueron en su casi totalidad de este carácter. Se duele de que se mirara rencorosamente el pasado en vez de a construir el futuro, y deja constancia de que en la vida rural, «con idéntico coraje busca el obrero el desquite de lo que él considera explotación indigna, cuando su patrono pertenece a las anémicas y cloróticas organizaciones de los partidos de izquierda, que cuando forma en las filas de los partidos de derechas. El choque, el vejamen, el atropello, el asalto y hasta el crimen, que una vez desatada la pasión en la embriaguez del triunfo habían de ser el pan nuestro de cada día en villas y lugares…», no se paraban a distinguir el color político de las víctimas. Acusa al Gobierno de no cumplir con sus obligaciones más elementales y de que los gobernadores están «sometidos a los comités jacobinos del Frente Popular (…), a través de los alcaldes y presidentes de gestoras, verdadera plaga bolchevique que está asolando España». Declara que se ha llegado a un estado de anarquía sin precedentes y que ningún atropello, incendio o crimen son castigados si se alega la condición de socialista o comunista por parte de quienes lo cometen. En opinión de Maura, la reacción fascista es consecuencia de esta situación, porque «el exceso del desmán, lo desaforado del libertinaje, lleva Ja reacción al límite máximo de la defensa por cuenta propia». Junto a una desaprobación expresa del fascismo, habla de «una juventud magnífica de espíritu y de patriotismo, llena de abnegación y rebosante de valor personal, que llega hasta el desprecio temerario a la muerte». Como consecuencia del «definitivo descrédito de las instituciones democráticas (…), repudiadas con idéntico encono por los fanáticos del Estado totalitario que por los partidarios de la dictadura del proletariado», se han formado los dos bandos irreconciliables, y siguiendo con sus acusaciones al Gobierno, añade que ha dejado sin resolver los auténticos problemas nacionales e internacionales.

Fue un error, del cual él mismo no se excluye, convocar con tanta urgencia las Constituyentes, sin advertir la inexperiencia política de todos y las tensiones revolucionarias de aquel momento. Y el fracaso lo resume en tres causas: 1.ª Insinceridad en el incumplimiento y observancia de los preceptos constitucionales, por la imposibilidad material de cumplirlos como consecuencia de sus propios defectos. 2.ª Postergación del auténtico interés nacional altamente concebido, al interés de partido o clase. Y 3.ª Inexperiencia de las funciones de gobierno y falta de preparación en los encargados de ejercerlo. De todo ello deduce la siguiente conclusión: «Somos los republicanos y aquella parte del socialismo no contaminado de la locura revolucionaria quienes hemos de asumir la tarea de rectificar el rumbo de la República, so pena de vernos en el trance de soportar que de fuera venga, por la derecha o por la izquierda, no solo la rectificación, sino el barrido integral de todas las instituciones republicanas…». Propugna un retorno a la situación virgen del 14 de abril de 1931; dejar en suspenso la Constitución y clausurar el actual Parlamento. En otro de aquellos artículos de El Sol insiste en denunciar que los revolucionarios preparan un asalto al poder y que no lo ocultan, sino que lo anuncian en público, y se queja de que, a quienes no son marxistas, se los acusa de fascistas, e incluso se los encarcela «a instancias de los dirigentes de las Casas del Pueblo». De no defenderse la República, «España se verá asolada por calamidades aún desconocidas en la historia porque ninguno de los adversarios está capacitado para asentar un régimen político y social humano y habitable». En cuanto a realizaciones inmediatas, lo que propone es un Gobierno distinto a los habituales en que se atienda al prestigio, a la capacidad y a la ética personal de quienes lo compongan, que se muestre capaz de imponer las leyes a unos y a otros, que «desarme, castigue, reprima y recompense, y administre justicia, remedie los males, proporcione trabajo, y que no tolere que sin él, y menos contra él, pueda nadie imponer su voluntad por la fuerza…». El restablecimiento de la disciplina debe comenzar por los órganos del propio Estado y entre las obligaciones que debe imponerse están la de «levantar la economía de la postración en que se halla», la de mejorar los salarios sin provocar un colapso en la vida económica nacional, llevar a cabo una auténtica reforma agraria, «renunciando al mito y al engaño espectacular y populachero de los asentamientos indotados e indotables»[3].

La exposición de Miguel Maura adolece de reiteraciones que demuestran qué problemas le obsesionan y permiten suponer que la redacción ha sido un tanto precipitada. El público los acogió con interés y los juzgó de acuerdo con sus posiciones personales del momento. Ponían el dedo en la llaga y la prensa de izquierdas le atacó, llegando a calificarle de «fascista», lo que equivalía a descalificación doblada de insulto. La mayoría, que se atribuía en exclusiva la representación del republicanismo, estaba formada por hombres demasiado seguros de sí mismo y dominados por la soberbia y el miedo; su intransigencia iba a perderlos. Nadie hizo caso a Miguel Maura[4].

LARGO CABALLERO HABLA Y FRANCO ESCRIBE

En este mes de junio merece resaltarse el discurso que pronunció Largo Caballero en Oviedo, y que, por su especial resonancia política, destacó la prensa de toda España. No se trataba de propaganda electoral; era afirmación de posiciones y un programa, o, por mejor decir, la exposición reiterada de un propósito. El acto, organizado por las Juventudes, se celebró el 14 de aquel agitado mes. Estaba convencido Largo Caballero de que la única salida del estancamiento político y de la confusión que conmovían al país había que buscarla en la dictadura de la clase trabajadora y que el Gobierno estaba incapacitado para aportar soluciones válidas y justas. El poder había que conquistarlo por la fuerza, y la revolución asturiana era el modelo, si bien a la futura revolución había que imprimirle mayor rigor. No era Caballero hombre de medias tintas ni de medias palabras; se había colocado —o le habían colocado— al frente de las masas revolucionarias y convertido en su más calificado intérprete y portavoz. Tampoco era un solitario arbitrista como Miguel Maura; sus seguidores eran muy numerosos y entusiastas y, desde otros supuestos y provisto de otras armas, al igual que Mola y los suyos, se proponía imponerse por la fuerza.

Largo Caballero distinguía en aquel discurso las diferencias que existen entre los actos de fuerza, o asalto al poder, y la revolución social que es su consecuencia inmediata. «El acto de fuerza es el paso indispensable para hacer después la revolución social, que es desarraigar todos los privilegios que hay en el mundo y transformar el régimen, creando una sociedad en la que exista la igualdad social. El acto de fuerza es el medio; no el fin». Creía él que la clase capitalista, en la cual incluía al Gobierno, había agotado sus posibilidades: «Y nosotros decimos a los gobernantes: si vosotros, por vuestro método, no podéis ni tratáis de dar solución a estos problemas en la forma que deseamos, es un deber de los gobernantes aprovechar la mejor ocasión que se presente para dejar paso a la clase trabajadora, que todavía no ha tenido —ni se le puede acusar de eso— ocasión de demostrar que con sus métodos y procedimientos pudiera darles solución». Y en esa incapacidad capitalista coloca en idéntico plano a «conservadores reaccionarios», «gobernantes liberales» y «republicanos», con cuyo calificativo designa a los que fueron elegidos en las candidaturas del Frente Popular y ahora gobiernan apoyados con los votos socialistas. La coalición está resquebrajada por la izquierda: «… Teníamos nosotros razón cuando decíamos que el programa del Frente Popular no era suficiente para resolver los problemas de España y que era preciso que la clase trabajadora tuviera el poder en sus manos para implantar lo que llamamos la dictadura». El discurso lo terminaba así: «… Esta masa obrera no va individualmente contra nadie; va contra el régimen. Triunfará no por ser razonables, no por tener razón, sino porque seremos los más y los más fuertes y tendremos las fuerzas en nuestras manos. No es suficiente la razón, ¡compañeros! ¡A adquirir la fuerza, que la fuerza será lo que hará triunfar la razón!».

Como las ondas que se transmiten en el agua, el mismo diario y en la misma página de los cuales hemos entresacado el discurso, venían estas gacetillas: «Graves sucesos en un pueblo de la provincia de Zaragoza». El pueblo es Uncastillo, donde a la salida de un mitin «de las Juventudes de Unificación Marxista (…), sin que se sepan concretamente las causas», se produjo un tiroteo y resultó muerto Jesús Moreno Loise y recogido en grave estado José Frago Bueyo, «ambos parece que están afiliados a Acción Popular»; otra, que llevaba como titulillo, «Disgusto por unas bases», refiere que en Alcázar de San Juan, al ser conocidas las bases para la siega «redactadas mediante laudo del Ministerio de Trabajo, los obreros campesinos exteriorizaron su disgusto y se han declarado en huelga», y se completa así: «En la puerta de la Casa del Pueblo ha sido fijado un gran cartel, en el que el comité de huelga alienta a los obreros para que sigan en su actitud». Las demás noticias que se publican en la misma columna hablan de la huelga en Madrid del ramo de sastrería y de los incidentes que ha provocado, y del «choque sangriento» que ocasionó un muerto y dos heridos muy graves en Nájera (suceso al que nos hemos referido), añadiendo la nota del Gobierno Civil de Logroño, que considera que son culpables las propias víctimas por hacer ostentación de sus ideas derechistas.

A pesar de estas actitudes —palabras, huelgas, atentados—, el Gobierno procuraba —o se veía obligado— a congraciarse con quienes se le insubordinaban… En Almería falleció —de muerte natural, que hay que advertirlo— el comandante Pedro Romero, militar con un historial republicano y revolucionario antiguo, y organizador e instructor de milicias; unos creen que militaba en el socialismo caballerista y otros le hacen comunista, lo que parece más cierto. Trasladado el cadáver a Madrid, asisten al entierro el presidente del Gobierno y cuatro ministros más. Desfilan las milicias uniformadas, los pioneros, numerosas banderas de organizaciones proletarias, y se cubre el féretro con una que lleva la hoz y el martillo.

Si la crisis en el campo y los desórdenes consiguientes son totales en comarcas y aun regiones enteras, tampoco las ciudades se libran de perturbaciones; las huelgas se siguen unas a otras y la economía se resiente. Entre estas huelgas, la más importante es la del ramo de la construcción en Madrid, que es reforzada, por solidaridad de las sindicales y la influencia de los piquetes, con el paro de otras actividades industriales y mercantiles relacionadas con el mismo ramo. Afecta a unos ciento cincuenta mil obreros y crea un semicaos urbano. Cuando el ministro, Lluhí Vallescá, dicta un laudo, aceptado por los patronos y por casi la totalidad de los afiliados a la UGT, se produce una fuerte reacción de los cenetistas, que no solo se niegan a reintegrarse al trabajo, sino que obligan por la fuerza de las pistolas a que la huelga continúe. Ello da ocasión a enfrentamientos entre ambas sindicales con los consiguientes muertos y heridos. Efectos secundarios del paro son los asaltos a tiendas y almacenes de víveres por parte de las familias hambrientas de los huelguistas. El Gobierno se ve impotente y el orden público es sistemáticamente quebrantado. Esta huelga se prolongará hasta el mismo 20 de julio. Destaca en Barcelona la de la dependencia mercantil, que casi paraliza el comercio. Pero en Cataluña la situación general es distinta: el gobierno de la Generalidad, compuesto como el de Madrid por demócratas burgueses, disfruta de mayor respaldo popular para solucionar los problemas sociales, lo que solo consigue en contadas ocasiones.

El general Francisco Franco, gobernador militar de las Canarias, el 23 de junio escribe una carta, auténtico memorial de agravios, dirigida al ministro de la Guerra, Casares Quiroga, que cometerá el error de no contestarla ni tomarla en consideración. Franco mantiene contacto con los conspiradores, y concretamente con Mola, pero todavía no está decidido a sublevarse a fecha fija; cree que antes deben ser agotados todos los medios pacíficos y legales, o esperar a que la situación acabe de corromperse, para que, llegado al límite extremo, el golpe se justifique y reciba mayores apoyos militares y civiles. Esta carta ha sido interpretada de distintas maneras; hay quien, por odio personal contra Franco, la considera una traición, o denuncia de sus compañeros conspiradores, y hay quienes, por el lado opuesto, la han reputado de hábil finta para desconcertar al Gobierno. Leyendo el texto, no parecen justificadas ni razonables ninguna de las dos interpretaciones; se trata de una advertencia, hecha a la máxima autoridad, del descontento que domina a amplias capas del ejército y de los peligros que ello comporta. Una llamada —más llamada que ultimátum— destinada a corregir una situación que el firmante considera injusta, vejatoria e insostenible, con referencias concretas a la confusión política y social. Es posible que, como se ha dicho, esta carta fuese antirreglamentaria, pero las vías que se emplearon fueron estrictamente privadas. Asimismo, cabría interpretarla como insinuación encaminada a que el ministro le convocara para celebrar una entrevista. Su verdadero alcance e intención nunca llegarán a ser conocidos.

El mismo día en que Franco redactaba esta misiva, el general Domingo Batet Mestres se hacía cargo de la VI División Orgánica, y es creencia generalizada que uno de los motivos de este nombramiento era neutralizar y vigilar a Mola, de quien se desconfiaba. Batet, que había sido distinguido con la laureada por su actuación en Barcelona cuando la sublevación de la Generalidad, gozaba de prestigio en amplios sectores del ejército; y a pesar de que su actuación en la noche del 6 de octubre fue enérgica y resolutiva, las izquierdas no le habían acusado ni combatido. A Batet y a Mola, compañeros en la guerra de Marruecos, los unía cierta amistad, y sus posiciones políticas —o apolíticas— no parecían distanciadas. Solo unos meses antes, al hacerse Mola con las riendas de la conspiración, se habrían iniciado las divergencias, que irían acentuándose, y que en la noche del 18 al 19 de julio se convirtieron en insalvables, tras los últimos intentos de uno y otro por atraer al contrario a su propio campo.

El 29, lunes, se inaugura en Madrid el Congreso Nacional de Unión Republicana, partido que tenía tres ministros en el Gobierno, un elevado número de diputados y estaba, además, presidido por el presidente de las Cortes, la segunda autoridad en la jerarquía del Estado. Este partido era producto de una escisión del Radical, continuación ortodoxa del lerrouxismo con pequeñas adaptaciones, y había incorporado a sus filas a antiguos radicales socialistas; el hecho de pertenecer al Frente Popular le hacía inclinarse hacia la izquierda. Sus componentes, entre los cuales abundaban los masones, se mostraban en desacuerdo con las actitudes de los socialistas de izquierda, con la subversión general y con los atentados y agresiones. Llegó a plantearse en este congreso la posibilidad de abandonar el Gobierno si no se restablecía la autoridad y el orden público.

ÚLTIMO DISCURSO PARLAMENTARIO DE CALVO SOTELO

A propósito de la política agraria del Gobierno, y sus implicaciones económicas, sociales y políticas, se celebró en el Congreso el 1 de julio un debate que degeneró en una sucesión de escandalosos incidentes. Este día hizo uso por última vez de la palabra José Calvo Sotelo; ni él ni sus amigos, ni quienes le insultaban y amenazaban, podían saber que así era. Como venía ocurriendo, los debates se convertían en no diálogo, disputas entre sordos cuyas posiciones ya irreconciliables se distanciaban más cada día, si es que ello era posible.

Las minorías de derechas defendían posturas extremas, apegadas como se hallaban a privilegios atávicos, a la inmutable legitimidad de cualquier título de propiedad, aunque muchos dirigentes y hasta algún terrateniente latifundista, no dejaran de comprender que se hacía necesario afrontar unos cambios que tendrían que desarrollarse a expensas de sus privilegios. Sentado que se imponía corregir una situación injusta, que ellos no habían sabido, o deseado, enmendar, estaban dispuestos, por lo menos los mejores entre los políticos, a ceder en determinados puntos, pero les tenían asustados los desórdenes, las ocupaciones ilegales, las amenazas y las exigencias, en ocasiones arbitrarias. Y aún más les espantaban las agresiones y los encarcelamientos irregulares, lo que provocaba que algunos propietarios abandonaran las fincas y los pueblos, no para sabotear la economía (que solo en casos extremos pudo ser cierto ese móvil), sino para salvar la vida o escapar a vejatorias humillaciones.

Los diputados de la izquierda, muchos de ellos abogados y señoritos de pueblo, se hallaban predispuestos a una agresividad que, en algunos, respondía a la indignación que despertaba el espectáculo del hambre, el desamparo y la secular sumisión de los campesinos y muy señaladamente del peonaje eventual. En otros casos, la agresividad tenía su origen en envidias, rivalidades familiares o caciquiles y en el deseo de eliminar a quienes habían ocupado escalones más altos en aquella sociedad jerarquizada y esclerosada. En cualquier caso, lo mismo diputados (socialistas y comunistas, se entiende), que alcaldes o presidentes de gestoras y de las Casas del Pueblo, se proponían implantar una situación revolucionaria que eliminara la autoridad del Gobierno burgués y les otorgara a ellos poderes omnímodos en las distintas áreas de su autoridad. En consecuencia, se desinteresaban con demasiada frecuencia de que las exigencias salariales y horarias, el escaso rendimiento de los trabajadores, los asentamientos sin apoyo económico, las huelgas injustificadas, la muerte de animales de labor y otros desmanes, se produjeran en detrimento de todos, pero con repercusiones peores para los menos dotados, en razón de su propia debilidad. Obreros y peones, a quienes se les habían hecho concebir legítimas esperanzas, no admitían los fracasos, y la frustración los empujaba a la cólera y la destrucción.

Lo que a nadie preocupaba en este período prerrevolucionario era encontrar y gestionar soluciones mixtas más amplias que la reforma agraria, que, a largo plazo, podían mejorar la situación de aquellas masas paupérrimas asentadas en tierras pobres, o en tierras ricas, y en otras que podían llegar a serlo. Ningún partido, y menos ningún Gobierno, se preocupó de manera seria y continuada de sacar adelante planes generales en los cuales, junto a una reforma agraria económicamente viable, se considerara el mejoramiento de la economía agrícola y ganadera, la industrialización aunque fuera rudimentaria por el momento de las áreas más deprimidas, una comercialización racional de los productos, movilización de créditos, enseñanza agrícola, aumento del rendimiento de los braceros por unidad de esfuerzo y sufrimiento… Quizá porque rozaba alguno de estos extremos tiene mayor interés el último discurso de Calvo Sotelo, que no defendía directamente a los necesitados, pero que, al proponer algunas líneas orientadoras que permitieran mejoras económicas para el campo, pudieran ser aprovechadas, o tomadas en consideración, por sus enemigos. Pero en aquellas Cortes solo se escuchaba al contrario para abuchearle, rebatirle, insultarle y terminar votando contra lo que fuera. Y la intransigencia y las actitudes negativas eran idénticas en la derecha que en la izquierda.

La sesión se inició con retraso a las siete de la tarde, y la temperatura emocional podría calificarse de altísima. La minoría socialista había tratado de yugular esta interpelación, sustituyéndola por un debate en relación a la amnistía, en vista de lo cual las derechas han amenazado con abandonar el Congreso. Tanto el presidente de las Cortes como al Gobierno les ha molestado la actitud socialista, pues, aunque se prevé que el debate será tumultuoso, hay que afrontarlo, y después de muchas gestiones y negociaciones se ha logrado que la minoría socialista retire su proposición.

El día anterior, mientras se discutían los presupuestos y estando en uso de la palabra el diputado de la CEDA Bermúdez Cañete, Belarmino Tomás, que estaba cerca de su escaño, le espetó: «¡Su señoría se cree un estadista y no es más que un clown!», a lo que aquel replicó: «¡Y su señoría, un imbécil!». Como consecuencia de este cambio de insultos pronunciados sin apear el tratamiento de «señoría», Belarmino se alzó de su escaño y empujó a Bermúdez Cañete, lo que hizo que este reaccionara con violencia semejante; de inmediato una veintena de diputados se lían a mamporros, y según uno de los cronistas: «el socialista Moya se distingue por su combatividad». Como resultado de los esfuerzos pacificadores de Martínez Barrio y de diputados sensatos de ambos bandos, se consigue reanudar la sesión. Reemprende su discurso Bermúdez Cañete y lo hace con la frase: «Segundo round», que volvió a desencadenar la trifulca. Con todo ello, al día siguiente los ánimos de los más enardecidos estaban a punto de saltar. Y si se considera que el Parlamento reunía a los representantes más calificados de los partidos y que la misión para la cual se los había delegado era para legislar y dirigir al país, y que de la mayoría dependía la obra del Gobierno en un régimen parlamentarista como lo era aquel, no es exagerado decir que cuanto estaba ocurriendo en el Congreso no era ciertamente ejemplar.

Habían hablado el diputado agrario Cid y otros, y ya se produjo el primer choque cuando Zabalza y Sánchez Cabezudo se levantaron e intentaron agredirse, dando ocasión a que se arremolinaran diputados de ambos bandos, unos para participar en la melée y otros para calmarlos. Calvo Sotelo empezó precisando que, puesto que otros habían ya planteado los problemas sociales y jurídicos, él deseaba referirse a las cuestiones económicas. Los precios —dijo— suben de continuo, mientras que los de los productos agrícolas, y en particular los del trigo, son intocables por motivos políticos, con lo cual se llega al resultado de que el campo está manteniendo a la ciudad. Y en esa situación sería inútil que la propiedad cambiara de manos porque la agricultura produce pérdidas. Reclama que se aumenten los precios de los productos agrícolas y que los obreros, que reconoce deben estar bien remunerados, rindan en su trabajo. Al no resultar rentable Ja explotación agrícola, teme que se produzca una situación de atonía: «Vamos a pasar de los jornales de hambre, al hambre de jornales». El discurso, que transcurría por vías plausibles, en un momento deriva hacia la polémica, cuando Calvo Sotelo, desviándose del tema principal, denuncia que se ha entregado por parte del Gobierno un millón de pesetas al periódico Avance, de Oviedo. El socialista asturiano Belarmino Tomás interrumpe: «¡Se ha pagado lo que vosotros destruisteis!», y el incidente se generaliza. Calvo Sotelo se hace oír: «¡Por fortuna no implantaréis vuestras especulaciones fantasmagóricas!», a lo que responden voces socialistas: «¡Las implantaremos!». Y Calvo Sotelo, en tono imprecatorio, replica: «¡No os dejaremos!», con lo cual el griterío se hace mayor y cualquier asomo de serenidad se disipa. En medio de la crispación general, el orador reemprende el discurso: «El campo español no encontrará su remedio ni en este Gobierno, ni en el Frente Popular, ni en la República, si…». El escándalo cubre las palabras de Calvo Sotelo, y el presidente, haciendo sonar la campanilla, repite por tres veces en tono admonitorio: «¡Señor Calvo Sotelo, señor Calvo Sotelo, señor Calvo Sotelo…!». Y este, que ha quedado un instante en suspenso, grita: «¡Bueno, pues me siento y no hablo!». Y mientras los diputados de la derecha le aplauden, los de la mayoría le abuchean.

El diputado Bernardo Aza grita y protesta y varios socialistas y comunistas abandonan sus escaños y se dirigen hacia los de la CEDA, tras de González Peña y Romero Solano, que podría decirse que los capitanean. Centristas y republicanos gubernamentales se interponen, mientras el cedista Aza grita desaforadamente con ademanes descompuestos. Martínez Barrio le llama al orden por tres veces, y al no ser atendido, expulsa al diputado del salón de sesiones. Gil Robles le indica que obedezca y Aza sale del hemiciclo. El escándalo continúa, lo cual hace que, al comentar esta sesión, un periodista escriba: «Ha habido más gritos y denuestos que buenas razones…».

Se entabla un diálogo cortés, pero violento, entre Gil Robles, que defiende a Aza, y Martínez Barrio y, como la defensa del cedista expulsado comporta acusaciones contra la presidencia, Martínez Barrio hace el gesto de que va a marcharse, y los de la mayoría le instan a que no se vaya. En medio del griterío, Álvarez Mendizábal llama «canallas» a los de la CEDA, y estos le acusan de que está allí de prestado y por casualidad, aludiendo a que consiguió el acta en la segunda vuelta electoral de Cuenca. Martínez Barrio, que se esfuerza por mostrarse ecuánime, reprende a Álvarez Mendizábal, y a continuación manifiesta que, al no hallarse presente ninguno de los vicepresidentes, va a suspender la sesión por unos instantes. El escándalo se reproduce y los ministros hacen señas a los diputados de la mayoría de que se sienten y se callen. Gil Robles da explicaciones a la presidencia, Martínez Barrio las recoge y todos se calman un tanto. La sesión continúa y hacen uso de la palabra otros diputados.

Cuando finaliza su intervención el socialista Angel Galarza, «… se extraña el orador —según un corresponsal— de que venga a hablar al Parlamento en favor de la independencia de la justicia quien, como el señor Calvo Sotelo, ha participado en los siete años de dictadura, que su partido y, en general, todas las agrupaciones socialistas son enemigas de la violencia personal. Pero contra quien pretende ser jefe del movimiento fascista español y conquistar el poder por la violencia, para llevar a quienes militan en los partidos de izquierda a los campos de concentración o a las cárceles, la violencia es legítima, y se puede llegar en tal caso hasta el atentado personal», lo cual hace que los socialistas le aplaudan, pero hiere a Martínez Barrio, que le replica que la violencia no es legítima en ninguna parte, pero «si en algún sitio es imposible aconsejarla, es desde este lugar». Y deja constancia de que esas palabras no figurarán en el Diario de Sesiones. Galarza, que ha perdido el sentido de la contención, exclama: «Aunque no consten en el Diario de Sesiones, las conocerá el país».

A las tres y veinte de la madrugada la sesión continúa, pero los periódicos se ven obligados a cerrar las ediciones de la mañana. El diario liberal-conservador La Vanguardia dirá al día siguiente: «El verdadero discurso de oposición lo pronunció el señor Calvo Sotelo. Fue quien trató la cuestión agraria en sus más variados aspectos y quien dedujo mayores y más intencionadas consecuencias políticas. Por esto fue también quien dio lugar a incidentes más ruidosos».

LA SANGRE SALPICA A TODOS

Si aquel era el ambiente en el Congreso, en la calle los primeros días de julio se caracterizaron por el estallido de furores sangrientos que, en ocasiones, se ensombrecían con añadidos de crueldad y ensañamiento que agravaban el hecho, por sí mismo cruel, del asesinato alevoso. La censura procuraba ocultar o retardar la información, pero, con retraso o sin él, acaba por asomarse a la prensa, mientras las noticias circulaban de viva voz, lo cual contribuía a difundir exageraciones.

En medio de aquella confusión a nadie debió extrañarle que en la prensa del 1 de julio se publicara que el Premio Nobel de la Paz había sido solicitado para el presidente de la República Dominicana, doctor Leónidas Trujillo.

A las diez de la noche del día 2, en la terraza del bar Roig de la calle Torrijos, que, dada la hora y la estación, estaba muy concurrido, se produjo un sangriento atentado. Desde el interior de un automóvil se hicieron descargas con pistola ametralladora contra una tertulia de «fascistas» que solía reunirse allí[5]. Hubo un muerto y un herido tan grave que falleció en seguida, más otros heridos de variado pronóstico. Uno de ellos era exjugador del Real Madrid Félix Quesada, todavía popular entonces. Como consecuencia de la agresión se produjeron escenas de pánico y huida. El muerto, que debió fallecer como consecuencia de la impresión recibida, puesto que no se le apreciaron orificios de bala, era un electricista, Aquilino Fuster Iglesias, de 28 años de edad. En una clínica de la calle de Castelló moría, a poco de ingresar, Miguel Arriola, estudiante de 19 años, afiliado a FE, y también fallecería otro estudiante de 18 años, también falangista, llamado Jacobo Galán. Herido de gravedad resultó el barquillero Santiago Lucio Hernández, y de pronóstico leve, Josefina Izaguirre, una joven que estaba en la terraza del bar en compañía del futbolista Quesada.

La respuesta no se hizo esperar y fue igualmente sangrienta. Desde un pequeño Fiat, del modelo llamado «Balilla», abrieron fuego en la calle de Hortaleza contra unos vaqueros —dos de ellos empleados de la Granja Poch— que salían de una reunión en la Casa del Pueblo. Dos quedaron muertos, otro gravísimo, dos más de pronóstico grave, y el otro leve. Pertenecían a la UGT, ramo de lechería.

Los periódicos de aquel día 2 de julio bombardeaban a los lectores con noticias intranquilizadoras que llegaban desde todos los puntos cardinales. En Villanueva de San Juan (Sevilla), dos heridos graves que no pudieron declarar, parece que fueron víctima de una agresión consecuencia de una disputa política. Cuando se encontraba a la puerta de una taberna de la malagueña calle de la Cruz Verde, Manuel Mesa Ruiz recibió un balazo en la ingle de carácter gravísimo por un disparo que le hicieron dos desconocidos, y a la noticia se añade el siguiente comentario: «Miguel no estaba afiliado a ninguna organización política, ignorándose, por tanto, los motivos de la agresión». En el domicilio de Pío Alonso García, cura de Argallo (León), explotó una bomba que solo causó desperfectos; fue detenido Salvador Rodríguez, de 26 años. Y otro artefacto hizo explosión en el almacén de Telesforo Hurtado. En Valvevimbre, de la misma provincia, cayó muerto a tiros el gestor del Ayuntamiento, Herencia Mateo Martínez, de 38 años y golpearon con una piedra en la cabeza a Pedro Miguel Pérez; se detuvo a siete personas. En Ciudad Real fueron detenidos Amadeo Mayor, «jefe de Falange», y tres más, acusados de hacer propaganda con sellos. No se les encontró ninguno, pero quedaron encerrados en la cárcel.

En Barcelona, donde, a la huelga de transportes se había sumado la de gasolineras, descargadores del muelle y otras de menor relieve, se produjo un hecho que, destacado por los diarios, conmovió a la opinión pública con mayor intensidad que otros semejantes. «Alrededor de las ocho y cuarto de la mañana se cometió un atentado, al parecer de carácter social, a consecuencia del cual falleció Joe Mitchel, director gerente de la fábrica de blondas y visillos La Escocesa, resultando herido un sobrino suyo que la acompañaba». Una esquela mortuoria de gran tamaño aparecía en la primera página de La Vanguardia. El difunto tenía cincuenta y cinco años; cuando se dirigía a su industria situada en la confluencia de Pedro IV con Almogávares, desde un taxi que se había colocado junto al coche que conducía su sobrino, Joe Mitchel Hood, dispararon con pistola ametralladora del 9. «Algunos transeúntes trataron de perseguir al taxi y entonces descendieron del mismo tres individuos, los cuales empuñando pistolas…». El atentado procedía de la CNT, pues a Mitchel se le plantearon conflictos sociales en la fábrica y había recibido anónimos con amenazas.

El mismo día 2 de julio y sin relación con el hecho anterior se produjo en plena plaza de Cataluña, frente al casino militar, un atentado contra el coronel Críspulo Moracho, afiliado a la UMRA. Le tiraron una bomba Laffite, pero resultó ileso, lo mismo que un capitán, el hijo de Moracho, y el cabo conductor. Por milagro, dada la intensa circulación del lugar, solo recibió heridas de poca consideración un transeúnte. La granada de mano era de las usadas por el ejército, y el atentado se atribuyó a miembros de la UME.

Ante el Tribunal de Urgencia de Barcelona se vio la causa seguida contra José Pérez Tamarit e Isidro Bataller, que se hospedaban en una pensión. En sus habitaciones se había encontrado una bomba como resultado de la denuncia de otro de los huéspedes, guardia de Asalto. A pesar de que la petición fiscal era de seis años y un día, el tribunal los absolvió. Los acusados saludaron al público con el brazo en alto «a la manera fascista, saludo que fue contestado por la mayor parte del público que acudió a la vista». La prensa dejó constancia de que vestían camisa y corbata negras[6].

También el día 2, en Tarrasa, unos pistoleros entraron en casa de Magín Rodó Coll y dispararon contra él, causándole graves heridas, a consecuencia de las cuales falleció. Y el día 4, en un portal de la barcelonesa calle de Gravina, donde había un local de la UGT y también un centro federal, se halló una bomba de fabricación casera que, de momento, no se sabía contra cuál de los dos locales iba dirigida.

En los periódicos del domingo se publican fotografías de la toma de posesión del nuevo jefe de Servicios de la Comisaría de Orden Público de la Generalidad, comandante Vicente Guarner, que aparece junto al comisario Federico Escofet y el comandante jefe de los guardias de Seguridad y Asalto, Alberto Arrando.

En Madrid, el 2 de julio, varios huelguistas del ramo de la madera entran en un almacén de muebles de la calle de San Cayetano y obligan a salir a la dependencia; apalean al dueño, Manuel Mencíbar y se dan a la fuga. En Hervás (Cáceres) son detenidos diversos afiliados a la CEDA. En los puertos andaluces se producen diversos incidentes violentos, y en el Ferrol «fallece un patrono», Mariano Piñeiro Zulaica, dueño de los Talleres Piñeiro; «el agresor, Mariano Méndez, se dio a la fuga». Cuando pasaba cerca de Talavera la Real el gobernador de Badajoz, señor Granados, acompañado del capitán de Asalto, Manzano, su coche fue tiroteado por unos desconocidos. El doctor Isidro Sánchez Covisa, catedrático de la Facultad de Medicina de Madrid, salió casi milagrosamente ileso de los disparos que le hicieron cuando iba en coche con su esposa y el chófer. El 6 de julio, en la colonia Rubio de Madrid, hacia las 22 horas, los vecinos oyeron disparos, de resultas de los cuales resultó muerto un obrero electricista, Benito Serrano López, afiliado a la CNT, quien, a pesar de la huelga, había efectuado algunas reparaciones en las obras del antiguo hipódromo. «Se trata —escribe el periodista a manera de epitafio— de una represalia de tipo social».

Al siguiente día, en La Coruña, al guarda de unas obras del Ayuntamiento le pegaron dos tiros unos individuos que al parecer se proponían robar explosivos. El jefe regional de Falange de Aragón, Jesús Muro, es detenido en Alcañìz con otros falangistas. En Ciudad Real, y presidido por el alcalde, el diputado Maestro, se celebra el entierro del obrero socialista Antonio Estrada, muerto en Miquelturra por los disparos que hizo contra él un fascista, Francisco León López. El acto tuvo lugar el 7 de julio, y el féretro iba envuelto en la bandera roja.

Las noticias llegan a la prensa con retraso, o incompletas cuando se habla, por ejemplo, del entierro y no del asesinato, o si se eliminan las circunstancias en que los hechos se produjeron. La censura actúa con arbitrariedad y escaso criterio.

Un crimen, quizá más repugnante por las circunstancias que lo rodearon y del cual venían hablando los periódicos desde algunos días antes, llegó a conocimiento del público gracias a una carta, escrita por el padre de la víctima, que leyó en el Congreso el diputado del Bloque Nacional Juan Antonio Gamazo. La triste información, sacada del formulario contexto periodístico, la escuchaban los diputados llegándoles desde el profundo dolor de un padre desolado. La primera noticia se había publicado en los matutinos del día 5: «Comunican de Pozuelo de Alarcón que esta tarde se detuvo un coche en la carretera de Húmera y se apeó un individuo; le dispararon desde el coche que se dio a la fuga. Murió en seguida, cuando acudieron varios testigos. Presentaba dos balazos en la cara, uno en la nuca y ocho en la región dorsal. Parecía tener 23 o 24 años y no ha sido identificado». El martes, 7, se decía que agentes de la Dirección General de Seguridad habían identificado al muerto: José Sánchez Gallego, de 18 años, domiciliado en Luchana, número 29, hijo del empresario del Price. Había desaparecido de su domicilio unos días atrás. En las muñecas presentaba señales de haber estado largo tiempo atado con cuerdas.

La prensa del martes, día 7, daba cuenta de otro hecho sangriento que, por sus connotaciones sádicas, superaba Ja crueldad específica del crimen político. En la noche del sábado, día 4, en la carretera de Toledo, poco más allá de Carabanchel, fue encontrado por algunas personas el cadáver de un hombre joven y bien vestido atado a un árbol. «El espectáculo era realmente impresionante, pues el cuerpo del hombre asesinado ofrecía señales de haber sido maltratado inhumanamente». La autopsia señalaba que había recibido treinta y tres puñaladas. Identificado, se supo que se trataba del capitán de infantería retirado Justo Lerena Enamorado, soltero, de treinta años de edad; estaba afiliado o era simpatizante de Falange Española[7].

Como tiene por costumbre, Indalecio Prieto publica en El Liberal, de Bilbao, un artículo que tiene cierta resonancia y es reproducido por la prensa española o comentado. Este trabajo, que aparece el 9 de julio, lleva por título, «Hombre prevenido». Comienza así: «A cuantos estas líneas leyeren, correligionarios y amigos, exhorto a vivir precavidos, conviene estarlo siempre, pero mucho más en determinadas circunstancias que exigen hallarse alerta…». Prieto está ya convencido de que va a producirse una sublevación y abandona la política seguida hasta este momento que, si se manifestaba en ocasiones con agresividad que venía engendrada por su carácter y por no ser acusado de contemporizador por miembros de su propio partido, dejaba una puerta, abierta o entreabierta, al diálogo con sus adversarios del centro y la derecha. Exhorta a la unión entre las fuerzas izquierdistas y a mantenerse vigilantes, y argumenta que si un hombre prevenido vale por dos, «no estorbará duplicar nuestra fuerza por si llega el momento de emplearla». Dentro de un tono voluntariamente sibilino, la intención y la advertencia son transparentes. Termina: «Hombre prevenido vale por dos y el Gobierno prevenido por lo menos vale por cuarenta».

El sábado, día 11, los diarios de la tarde reproducen o extractan una entrevista con Largo Caballero publicada en el News Chronicle, firmada por J. Langdon Davis, cuyo titular es el siguiente: «Interviú con uno de los hombres más importantes de la España actual, que acaso llegue a alcanzar tanta fama como Lenin», y también en el Daily Express viene otra entrevista, en la cual se califica al dirigente socialista de «Lenin español». Las declaraciones de Largo Caballero son más prudentes que las de costumbre, pero no deja de recalcar que el Gobierno, sin el apoyo de ellos, no se sostendría.

Durante las fiestas de san Fermín, que comienzan el 7 de julio, la actividad conspirativa en Pamplona se intensificó, pues, dada la afluencia de forasteros, quienes iban a hablar con Mola pasaban más inadvertidos en su presencia o en el desplazamiento. Entre otros visitaron Pamplona o se encontraron con Mola en sus inmediaciones, Kindelán, Fanjul, González Carrasco, González de Lara, López Varela y Manuel Hedilla, que por entonces se desplazó a Madrid.

Continúan sin resolverse satisfactoriamente las relaciones entre el general y la Junta Nacional Carlista, que reside en San Juan de Luz; y la tirantez lleva al rompimiento. Así, el día 9, Mola escribe a Fal Conde: «Al recibir su carta de ayer he llegado al convencimiento de que estamos perdiendo el tiempo. El precio que ustedes ponen para su colaboración no puede ser aceptado por nosotros. Al ejército solo le interesa la salvación de España; nada tiene que ver con la ambición de los partidos (…). El tradicionalismo va a contribuir con su intransigencia de modo tan eficaz como el Frente Popular al desastre español. Allá ustedes con su responsabilidad histórica. De cuantos han actuado en esta aventura, la única víctima voy a ser yo. Será el pago de mi buena fe. Quizá tenga que arrepentirse algún día de la actitud de hoy». Esta carta, de intención efectista, causó impacto, pues, como dice Lizarza, para los carlistas era cuestión capital conjuntar su acción con la del ejército. El mismo día mandó Fal Conde a Lizarza que se desplazara a Portugal para buscar la mediación —o más bien la presión— de Sanjurjo para solucionar el pleito. El día 11 regresó con dos cartas, una dirigida a Mola y la otra, que era copia de la anterior, a Fal Conde. O los ánimos de Sanjurjo estaban muy predispuestos o la gestión de Lizarza fue sumamente hábil, porque la carta recomienda a Mola que se pliegue a las exigencias carlistas, utilizando algunos argumentos que ponen de manifiesto hasta qué punto desconocía la verdadera realidad de la situación española y aún del ejército, y que su pensamiento era elementalmente conservador, reaccionario. En Portugal solo se había relacionado con elementos monárquicos y estaba influido por ellos; veía por sus ojos[8].

El mismo día en que Lizarza viaja a Lisboa, Fernando Primo de Rivera, que obra como delegado de su hermano, va a visitarle a Alicante y acompaña a su tía María Primo de Rivera Orbaneja, a su hermana Carmen y a Margarita Larios, casada con Miguel, que también se halla preso en la prisión alicantina. Las mujeres permanecerán en Alicante y Fernando, tras de recibir órdenes de José Antonio, regresará al día siguiente a Madrid.

Manuel Hedilla ha viajado desde Pamplona a Madrid en un Cadillac con que habían obsequiado a la Falange vizcaína, por considerar que su uso va a ser más necesario en la capital. La noche del sábado cena con Pilar Primo de Rivera, con su hermano Fernando, que acaba de regresar de Alicante y con la mujer de este. Fernando Primo de Rivera le comunica que la sublevación es inminente y que se espera la orden para plazo muy próximo, probablemente entre el 15 y el 20; y que es voluntad de José Antonio que Hedilla se desplace a Galicia y tome allí contacto con los falangistas y en la medida de lo posible con militares, y que espere allí el alzamiento. La idea de encontrarse en Galicia en esos momentos no le resulta grata a Hedilla, pues desconoce la región y no está relacionado con la Falange gallega, que adolece de defectos organizativos; pero acata lo que para él es una orden. Del Cadillac le entrega unas llaves a Fernando y quedan en que lo dejará en el garaje del hotel Palace.

Ese mismo sábado, hacia las nueve de la noche, ocurre en Valencia un suceso que conmueve a la ciudad y acarrea graves consecuencias. Mientras el locutor Llopis Piquer se halla ante el micrófono de Radio Valencia, en los estudios de la calle de Juan de Austria, el jefe de las milicias de Falange, Manuel Ortuño, dejó en las inmediaciones una pequeña guardia y, penetrando en la emisora con tres falangistas armados, encerraron en una habitación a los presentes. Con gran sorpresa por parte de los valencianos, que a esas horas estaban a la escucha, oyeron las siguientes palabras: «Aquí Falange Española de Valencia que habla desde los estudios de Unión Radio, tomada militarmente por ella, así como las manzanas próximas. Españoles, dentro de breves días se llevará a cabo la revolución nacionalsindicalista que nos redimirá a todos. ¡Arriba España!». Los falangistas se retiraron antes de que los guardias de Asalto se presentaron en la emisora[9]. En ausencia del gobernador, que lo era el periodista Braulio Solsona, habló por los micrófonos el alcalde José Cano Coloma, que le sustituía: tranquilizó a los oyentes, afirmó que el ejército estaba con el Gobierno e invitó a manifestarse masivamente en las calles. A continuación se dirigió al público desde el balcón del Gobierno Civil, y lo mismo hizo un representante obrero, recomendando calma. Pero la muchedumbre asaltó el local de la Derecha Regional Valenciana, hicieron grandes destrozos, arrojaron por los balcones muebles y papeles y los quemaron. De la misma manera asaltaron la Federación Industrial y Mercantil (la patronal), el restaurante Vodka; y, por último, en el Diario de Valencia, que era órgano de la Derecha Regional de Luis Lucia, ya se habían prevenido y dispararon, ahuyentando a los que iban a prenderle fuego. El general de la División, Martínez Monje, mandó que saliera un escuadrón de caballería y dispersara a los que, aprovechando la hoguera, trataban de incendiar el edificio de la Derecha, que estaba próximo a la Capitanía General y también al Gobierno Civil.

En los periódicos de ese día vienen informaciones confusas sobre las diligencias practicadas por el comisario Lino en relación con la muerte de José Sánchez Gallego. Se deduce de ellas que un muchacho de quince años, Rafael Pelayo, metalúrgico y vendedor de periódicos, y que se decía comunista, conocido de la víctima, le había amenazado. Él negaba toda participación en el secuestro y la muerte y se extendía en explicaciones oscuras en las cuales se implicaba a otras personas. Rafael Pelayo quedó a disposición del Tribunal Tutelar de Menores. También fueron puestos a disposición del juez de Navalcarnero, que estaba encargado de las diligencias, cuatro detenidos más, tres de ellos muy jóvenes.

Arriba izquierda: Unión Republicana, encabezada por el presidente de las Cortes, Diego Martínez Barrio, llegó a plantearse la posibilidad de abandonar el Gobierno si no se restablecía la autoridad y el orden público.

Arriba derecha: Lo que a nadie preocupaba en este periodo prerrevolucionario era encontrar y gestionar soluciones mixtas que, a largo plazo, podían mejorar la situación de aquellas masas paupérrimas asentadas en tierras pobres, o en tierras ricas, y en otras que podían llegar a serlo.

Abajo: José María Álvarez Mendizábal y Bonilla, exradical y diputado independiente en la Cortes de 1936.

Arriba: Ángel Galarza dirigiéndose a Calvo Sotelo: «… contra quien pretende ser jefe del movimiento fascista español y conquistar el poder por la violencia, la violencia es legítima, y se puede llegar en tal caso hasta el atentado personal». (Según síntesis periodística del discurso de Galarza, que aparece en la foto con Felipe Sánchez Román).

Abajo: Vicente Guarner, nuevo jefe de Servicios de la Comisaria de Orden Público de la Generalidad, a las órdenes del comisario Federico Escofet.

Arriba izquierda: «Uno de los hombres más importantes de la España actual, que acaso llegue a alcanzar tanta fama como Lenin». (J. Langdon Davis, en el News Chronicle, a propósito de Francisco Largo Caballero, en julio de 1936).

Arriba derecha: Fernando Primo de Rivera, en quien su hermano José Antonio, por hallarse encarcelado, delega funciones de mando. (En la foto familiar, a la izquierda de su padre).

Abajo: Manuel Hedilla, que aparece en la foto en un mitin con José Antonio, se desplaza a Galicia y toma allí contacto con falangistas y militares a la espera del alzamiento.

Arriba izquierda: Joaquín Ortiz de Zárate, con quien Calvo Sotelo coincide el domingo 12 de julio, a la salida del templo de la Concepción.

Arriba derecha: Calvo Sotelo, con su esposa Enriqueta Grondona, sus hijos Conchita, Enriqueta, José y Luis Emilio y su cuñada Concha.

Abajo: Velázquez 89, esquina Maldonado. La segunda planta, con cuatro aberturas a Velázquez —una de ellas en el chaflán, tal como indica el retrato— y seis balcones a Maldonado, es la vivienda de Calvo Sotelo y su despacho.

Intermedio para dilucidar la otra historia

Tratamos de explicar la historia política de este corto período tan agitado de la historia general de nuestra nación, pero tememos que para muchos lectores resulte esta enumeración de hechos violentos y esta exposición de discursos y escritos, origen de confusión y que las tintas negras, negativas, parezcan dominantes en la vida española de aquella primavera. En cualquier país y época una cosa es la sucesión de los acontecimientos que se califican de «históricos», y otra el fluir de la vida misma, aunque los límites resulten imprecisos y la política y sus consecuencias irrumpan, en unas épocas más y en otras menos, en la cotidianidad de los ciudadanos, y lleguen a perturbarla, originando problemas, destruyendo amistades, azuzando conflictos íntimos, agrupando o desagrupando a los hombres de acuerdo con actitudes, creencias o convicciones.

La exaltación política, que tiene su envés negativo, participa de aspectos positivos cuando esa exaltación induce a desarrollar cualidades y energías que de otra manera permanecerían estancadas o soterradas, sin traducirse en acción, en creaciones, en corrientes vitales de probada efectividad. Es cierto que la existencia de los españoles en proporción superior a otros períodos se hallaba influida por la pasión política y que las discusiones, muchas veces agrias, se instalaban en el centro mismo de las familias, en las tertulias y lugares de trabajo, en el deporte y hasta en cualquier diversión, que incidía con ímpetu en el quehacer universitario, en las actividades literarias y artísticas y hasta en las científicas, en las relaciones amorosas, y en la manera, individual y colectiva, de encarar el porvenir. Se vivía con riesgo y los hombres se habituaban al riesgo, porque la vida no se detenía y su corriente era, como siempre, impetuosa e irrefrenable.

Nadie crea que cuando se habla de manifestaciones, de choques, de tiroteos, incendios, enfrentamientos e incertidumbres, que las ciudades y pueblos se paralizaran, o que los españoles vegetaron acoquinados por lo adverso, difícil y peligroso de las circunstancias. Excepciones se daban en momentos en que la tristeza, el dolor, la rabia o la incertidumbre exigían o imponían un alto a las víctimas de los sucesos, a sus familiares más próximos, a quienes se veían directamente amenazados en sus personas o bienes, a los que tenían que abandonar sus casas, sus pueblos, sus lugares de nacimiento, residencia o trabajo, a quienes sufrían humillaciones o acoso. Y aun así, el poder de recuperación de los afectados, en la mayor parte de los casos, se manifestaba rápido y eficaz, porque en los momentos adversos la capacidad de reacción acrece. Hubo también quienes, en las regiones pobres, atrasadas e injustas, subsistían por debajo de los niveles tolerables, los que padecían hambre o amenaza de hambre; para ellos tampoco aquella existencia precaria era novedad, y buscaban compensaciones en la familia, el amor, la ensoñación o la aventura; y estaban los obreros en paro, los pequeños empresarios arruinados, lo comerciantes comidos de deudas, los funcionarios infrarretribuidos o cesantes, los profesionales sin trabajo ni amparo legal, los campesinos sin tierra y aquellos que no encajaban en ninguno de los marcos sociales establecidos. Pero la gran mayoría de los españoles y las españolas se divertían de acuerdo con su condición, edad, gustos, posibilidades y preferencias. Las calles estaban animadas, los comercios concurridos, los espectáculo llenos; se bailaba, se amaba y fornicaba, se paseaba, las gentes reían el chiste fácil o ingenioso, político o procaz. Se viajaba en ferrocarril y por carretera, en barco y en avión. En los cafés y bares, en las tabernas y restaurantes, se reunían las gentes en busca de compañía y auditorio, y los cabarets de todo tipo y categoría cerraban las noches con risas, músicas y aturdimiento. Los deportes se practicaban con vigoroso impulso, y el fútbol-espectáculo reunía muchedumbres entusiastas y llenaba páginas de diarios y revistas, encumbrando ídolos de barro. Se celebraban matrimonios, nacían niños, se enterraba a los muertos, se construían casas, barrios, puentes, carreteras. Una gran variedad de periódicos y revistas —literarias, humorísticas, de arte, de actualidad, de toros y deportivas, de modas y técnica, de ciencias, irreverentes y salaces— se ofrecían a la curiosidad colgando o apiladas en los quioscos y voceadas por las calles. Los libros se escribían, traducían, editaban; eran exhibidos en escaparates y se vendían, se leían y engrosaban en las bibliotecas. Las modas para mujeres y hombres, para niños, para todos, preocupaban a muchos y eran motivo de alegrías pueriles, de presunción irreflexiva, de admiraciones, emulaciones y envidias. Dos sesiones de teatro se celebraban cada día: drama, comedia, vodevil, revistas alocadas, variedades, ópera. Y las salas de cine tejían una red que se tupía en las grandes ciudades y abarcaba el conjunto de la piel de toro. El atletismo, las carreras de bicicletas y el boxeo gozaban del favor del público. Y como siempre, los toros, la fiesta del sol y la sombra; y el circo. Valencia festejaba las fallas; Sevilla y las ciudades andaluzas, sus ferias; Madrid, verbenas con ecos castizos; en Zaragoza, el Pilar; en Cataluña, las fiestas mayores; en Castilla y en el Norte, ferias y romerías, carnavales en todas partes; y las madrugadas turbias de Barcelona gozaban de fama en todo el Mediterráneo. En villas y aldeas, festejos populares, bailes, corridas, capeas, folklore, juegos florales y batallas de flores, charangas, comparsas, gigantes y cabezudos, fuegos artificiales. Había público para conciertos, para el ballet, para bailar muñeiras, sardanas, zortzicos, jotas, sevillanas…; para las funciones religiosas y hasta para las procesiones, que en ocasiones topaban con dificultades. Regatas, concursos de belleza, de mantones de Manila, de partir leña o levantar piedras, de baile, de ajedrez, de mus, de comer o de beber. Se celebraban carreras de automóviles, de caballos, de galgos; y también ferias de muestras. Se dibujaba, pintaba y esculpía, se gravaba, se fotografiaba y filmaba. Excursiones, alpinismo, concursos de esquí, y billar, de bolos, de pelota vasca, a mano, a pala, a cesta; baños de mar y carreras de natación, comilonas en el campo o en la playa, goce de cuanto la naturaleza ha dado al hombre para gozar: lo que se come, lo que se huele, lo que se ve, lo que se acaricia. Canciones, discos, gaitas, guitarras, acordeones, guateques, saraos, festivales, conferencias.

Los hombres y las mujeres se amaban en la intimidad de las alcobas, sobre los divanes, en los hoteles y fondas, en las calles oscuras, en los portales, sobre la hierba de los prados o la arena de las playas, en los bosques, en la orilla de los ríos, bajo el sol o las estrellas, en los automóviles, en los trenes, en los antepalcos, en las últimas filas de los cines, en graneros y pajares, en las casetas de baño, en los burdeles.

Los sucesos, muchas veces trágicos, que surgían del fondo de la pasión política y del fanatismo religioso o anticlerical, no bastaban a detener el curso vital de un pueblo, que apostrofaba al enemigo y lanzaba mueras estentóreos, pero que se complacía en vivir la vida.

Desde muchos años atrás no había tantos y tan excelentes escritores de dos o tres generaciones, filósofos, pensadores, ensayistas, historiadores, pintores, escultores, científicos, músicos y musicólogos, bailarines y bailaores, actores y autores de teatro, eruditos, profesores, médicos, pedagogos, arquitectos. ¿Podría afirmarse que el cambio de régimen estimulaba la floración de intelectuales y artistas? Tampoco era solo eso; muchos escritores, los de mayor talento y audiencia pertenecían a la generación del 98; los mejores poetas se manifestaron durante la dictadura, o mucho antes, como Juan Ramón Jiménez y Machado; Picasso se hallaba en la plenitud y estaba dejando atrás una dilatada e inquietante obra; Pau Casals era famoso; Menéndez Pidal, Ortega, Marañón, D'Ors, Ramón Gómez de la Serna, ocupaban la cima; Miró era apreciado en los círculos minoritarios en que se movía, y la estrella de Dalí había iniciado el ascenso; Zuloaga, Benlliure, Solana, Sert, Manuel de Falla, García Morente, Rey Pastor, Duperier, La Cierva, Clarà, Guillermo de Torre, Carles Riba, Carner y hasta Buñuel… El espíritu de libertad que se avivó con el advenimiento de la República, con el cambio total y esperanzador que el hecho suponía, fue como la entrada de un aire vivificador, un estímulo. Empezaba en 1936 a nacer y a desarrollarse una nueva generación, más amplia y abierta, que hubiese tomado el relevo de las anteriores con ventajosa preparación y renovado brío, de no producirse la catástrofe. Y ese desarrollo y esa renovación alcanzaban por igual la cultura en lengua catalana y, en menor proporción, en la gallega. Se multiplicaban las escuelas, se aplicaban nuevos métodos y alimentaban nuevas esperanzas. La cultura y las artes se extendían a zonas hasta entonces periféricas; y la enseñanza mucho más.

Así fueron las cosas y así conviene entenderlas también, aunque no puedan hacerse constar en cada párrafo, página o capítulo. Entre mitin y mitin, entre manifestación y desfile, entre algarada y tiroteo, entre incendio y atentado, entre discurso y discurso, los españoles comían, bebían, amaban, cantaban, se divertían, holgaban, trabajaban, estudiaban, hacían proyectos, se refocilaban, viajaban: vivían.

Ahora sigamos.

El día en que mataron a Calvo Sotelo

AQUEL DOMINGO 12 DE JULIO DE 1936

José Calvo Sotelo ha decidido no salir de casa y dedicar íntegro este domingo a su familia; mucha es la fatiga y mucha la inquietud acumulada durante los últimos meses. La actividad parlamentaria ha resultado agotadora debido al elevado número de informaciones que se hacía indispensable recoger y contrastar, a la preparación de los discursos, y al hecho de pronunciarlos en un clima mayoritariamente hostil que se manifestaba con tanta aspereza y violencia, que exigía réplicas oportunas y rápidas. Todo ello llevaba a una tensión continua, a mantenerse alerta y despierto, a dominar los nervios, al temor, la incertidumbre. Y, por añadidura, los calores del verano agobian a medida que julio avanza.

Leer los diarios da pena, pero al tiempo abre la esperanza al permitir pronosticar que la situación está tocando fondo y que, en consecuencia, la reacción es imparable; los militares ni parecen estar suficientemente unidos ni se deciden a actuar; algo tendrán que hacer, y muy en breve, o habrán perdido la ocasión, y España arderá por los cuatro costados sin que nadie sea ya capaz de ponerle remedio. En las primeras horas de la noche de ayer unos falangistas asaltaron la radio de Valencia y pronunciaron por el micrófono palabras que eran al tiempo réplica y provocación, anunciando, es de suponer que sin demasiado fundamento, que en pocos días iba a estallar la revolución nacional-sindicalista. La audacia de estos muchachos es inagotable, y si muchos están encarcelados, los que andan todavía libres no se acobardan. La reacción de las izquierdas ha sido violenta: saqueo e incendio del local de la Derecha Regional Valenciana y de la patronal, asaltos a periódicos y al café Vodka y desmanes en toda la ciudad hasta que intervinieron fuerzas de caballería. La situación es insostenible; el Gobierno está desbordado, atrapado, los mismos que le sostienen con sus votos, se entregan a todo género de tropelías.

En la última semana se han presentado nuevos motivos de inquietud que, aunque no van a hacerle alterar los planes, se suman a la intranquilidad con que se vive. Le han cambiado los agentes de la escolta, sustituyéndole dos hombres a los que se había acostumbrado y le inspiraban confianza, a uno de los cuales ha hecho además un importante favor, por desconocidos cuyas palabras han alarmado a sus amigos y correligionarios, a quienes le quieren bien y por eso les desazonan las dudas sobre su seguridad personal. Uno de ellos, el agente que se llama Rodolfo Serrano de la Parte, le ha comunicado a su vecino y amigo, Joaquín Bau, diputado tradicionalista por Tarragona, que en la Dirección General de Seguridad les habían dicho que los policías de escolta no están para proteger a aquellos a cuyo servicio se adscriben, sino para informar de sus pasos, y ha añadido algo que parece exagerado, que en caso de atentado no es necesario que se esfuercen en detener a los agresores, y aun mucho peor, que si el ataque ocurre en despoblado, más bien tienen que colaborar[1]. Todo esto le parece un tanto disparatado: un funcionario de la Dirección General de Seguridad no puede dar por sentado que todos los agentes sean criminales y se hagan cómplices de algo tan contrario a su obligación. Prueba en contrario sería que al primero a quien dan tan singulares órdenes —de ser ciertas—, lo primero que hace es prevenir a un amigo de la supuesta víctima; bien es verdad que lo más lógico es que la confidencia se la hubiese hecho a él directamente. ¿Qué razón justifica el rodeo que supone contarle la historia a Bau?

Él ha ido a hablar con el ministro de Gobernación, y Moles se ha picado; y, como es obvio suponer, lo ha negado. Las cosas están sacándose de quicio, aunque en política no puede desdeñarse ningún arma. La escolta que le han nombrado ahora tampoco le merece confianza. Ha sido creado un nuevo servicio, y de la vigilancia de los políticos, lo mismo gubernamentales que de la oposición, se encargarán guardias de Asalto vestidos de paisano, lo cual permite maliciar que son hombres de confianza… del Gobierno[2]. Los anteriores agentes han sido transferidos a la escolta de Largo Caballero; y todo este trajín no contribuye a la seguridad.

En los diarios de la mañana se escribe sobre el negus, un déspota medieval, a quienes las democracias, porque les conviene para sus propios fines, han erigido en portaestandarte de la libertad. Al decir democracias se entiende los países que dominan y explotan medio mundo, sea en régimen colonial o recurriendo a presiones económico-militares, a las cuales los pueblos débiles y atrasados no pueden resistirse. «Debido al malestar económico-financiero, que parece va alcanzando a todos los signos representativos de la riqueza nacional», la bolsa está paralizada. La esterlina se ha cotizado a 36,75; el dólar a 7,32; el marco, a 2,96; el franco francés, a 0,4845, y el suizo, a 2,39; la peseta continúa en baja. El conflicto de la construcción, más virulento y confuso cada día; las sindicales no se entienden y sus afiliados andan a tiros. En todo el país, conflictos sociales, choques sangrientos, detenciones. El propio Alonso Mallol dirigió en persona el registro de los locales de Falange Española, que ya estaban clausurados; ha asegurado a los periodistas que encontraron armas, si bien no facilita detalles, los promete para el futuro. El Gobierno asiste a una cena de gala en la embajada de Brasil en honor de Azaña[3].

En la casa están su esposa Enriqueta Grondona; sus dos hijas, Conchita, que tiene diecisiete años y Enriqueta, de quince; y los dos varones, José y Luis Emilio de doce y nueve años. Viven con ellos la cocinera, Margarita Martín, y la doncella, Martina Sánchez: y el hermano de esta, Francisco, de quince años, que desempeña las funciones de mandadero o botones. En el domicilio de la familia Calvo Sotelo también reside una institutriz francesa, Renée Pelus, que se vino con ellos de París cuando finalizó el período de exilio. El chófer, Domingo, solo de día presta servicio, y conduce y cuida un viejo Nash de color guinda; habita con su propia familia; y hoy es domingo.

El fin de semana anterior, Calvo Sotelo y su esposa fueron a Galapagar, a casa de un amigo, Dimas Adanez, mientras que las hijas pasaban unos días en Toledo en casa de Luis Barber y Carmen Grondona, sus tíos carnales, que tienen hijos de parecida edad que ellas[4]. Como Enriqueta había caído enferma con un leve proceso febril, la madre, acompañada de su hermano Paco y de los dos niños, fue a recogerlas y regresaron todos juntos a Madrid en un magnífico y veloz Buick negro recién adquirido. Ese Buick, que el mismo día ha sido entregado para su blindaje, es un regalo que le hacen a Calvo Sotelo los amigos políticos preocupados por su seguridad. Un coche rápido y blindado podría frustrar un atentado. La intranquilidad es general; otro amigo, Marcial Campos, le ha telefoneado desde Portugal para recomendarle que abandone Madrid, y ya le tenía reservada habitación en un hotel de Lisboa. Calvo Sotelo le ha agradecido el interés, pero no piensa abandonar la capital hasta que se inicien las vacaciones parlamentarias; su familia sí que adelantará el veraneo. Estas noches ha dormido fuera de casa, sin avisar siquiera dónde lo hacía, hasta telefonearles por la mañana; pero ese deambular nocturno resulta incómodo y se ha manifestado innecesario.

El cambio de escolta, la denuncia de Serrano de la Parte y la hostilidad que contra él manifiestan en el Congreso y en la prensa, le han preocupado. Su actitud en familia es en todo momento y ocasión serena, y bromea con la posibilidad de que algo malo pudiera ocurrirle: un día se arrojó al suelo exclamando entre aspavientos: «¡Me han pegado un tiro!». Mientras él y los hijos reían, Enriqueta Grondona permanecía seria, acongojada; en ocasiones y a manera de saludo decía al llegar a casa: «Un día más que regreso sin que me hayan matado»[5].

Como hoy es domingo, de acuerdo con la costumbre familiar, oyen misa juntos en la iglesia de la Concepción. Enriqueta, que tiene unas décimas, es la única que se queda en casa. Abandona el templo por la puerta lateral que sale a Núñez de Balboa; allí se encuentran con el coronel Joaquín Ortiz de Zárate, que, con su esposa Mariana Sánchez de Movellán, ha asistido también a la misa. Los dos hombres aprovechan la oportunidad del encuentro, se apartan del grupo para cambiar impresiones; a pesar de la amistad que los une, no consideran prudente que los vean juntos en público ni comunicarse por teléfono, pues ambos suponen que pueden tenerlos intervenidos. La charla dura cosa de un cuarto de hora y, al darla por terminada, se incorporan al grupo familiar y prolongan la conversación general unos momentos más antes de despedirse[6].

La familia Calvo Sotelo se dirige a casa del padre de él, Pedro Calvo Camina, que padece una úlcera de estómago que le retiene en el lecho. Vive en la misma calle Núñez de Balboa, con la madre de Calvo Sotelo y con los dos hermanos solteros, Luis y Joaquín. Permanecen un rato haciéndoles compañía y regresan a la calle de Velázquez número 89, esquina a Maldonado. El inmueble consta de semisótano y cuatro plantas. La segunda planta, con cuatro aberturas a la calle de Velázquez, una de ellas en el chaflán, y seis balcones a Maldonado, es la vivienda de los Calvo Sotelo, y su despacho. En el último piso habita Joaquín Bau, que ayer salió de vacaciones, lo mismo que en días anteriores hicieron los demás vecinos.

El calor es fuerte y seco, pero el domingo transcurre apacible para esta familia que se complace en su propia intimidad. Los acompaña Concha Grondona, quien, por estar soltera, pasa muchas horas reunida con la familia de la hermana. A una sola persona recibe Calvo Sotelo, al padre Pérez, misionero del Corazón de María, amigo de la casa, pero que hasta ahora nunca había estado en ella a visitarlos[7]. Por teléfono ha preguntado si podía recibirle para un asunto urgente y, al llegar, Calvo Sotelo se ha encerrado con él en el despacho durante un rato. La intención de este sacerdote era prevenirle a causa de los rumores alarmantes que se han propalado a propósito del cambio de escolta; los comentarios hechos en los pasillos del Congreso han saltado a la calle y eso, unido a la visita al ministro de Gobernación, ha aumentado el recelo que domina en los círculos derechistas.

El matrimonio Morales come hoy con su hija Consuelo y el marido de esta, el teniente José Castillo y Sáez de Tejada, que hace unos meses solicitó y obtuvo el traslado del arma de infantería al cuerpo de Asalto, en el cual la remuneración es mayor y le garantizaba un destino en Madrid. El teniente Castillo es andaluz, y ha cumplido treinta y tres años, mientras que Consuelo, que solo cuenta veintitrés, ha nacido en la capital; hace hoy cincuenta y dos días que se casaron. El principal motivo de esta pequeña celebración familiar es el cumpleaños del padre de los recién casados[8].

Castillo, que usa gafas, es un hombre serio y su aspecto, salvo, obviamente, cuando viste el uniforme, no es el que convencionalmente suele atribuirse a los militares[9]. Sus convicciones políticas son de gran solidez, lo cual, unido a su condición castrense, le inclinan a la mano dura para mantener la disciplina y el orden público, de cuya función es uno de los oficiales encargados. Desde que tuvo que emplearse con energía en la represión de los tumultos que se originaron con motivo del entierro del alférez Anastasio de los Reyes, están llegándole anónimos insultantes y amenazadores. Sin poner en ello demasiado empeño, ha intentado averiguar el origen directo de esos anónimos; no lo ha conseguido. Pueden proceder de distintos grupos, todos de la derecha extrema. Murieron aquel día en las refriegas varios agitadores, entre ellos un primo hermano del jefe de los falangistas, y fue herido de gravedad un carlista apellidado Llaguno[10]. En los motines también participaban oficiales afiliados a la UME.

Él es socialista y ha instruido y organizado para la acción a las milicias juveniles; paralelamente pertenece a la UMRA. Al capitán Faraudo le asesinaron hace poco más de dos meses por motivos semejantes. Está convencido de que las derechas tienen contratados pistoleros y cuentan con cómplices entre la policía y los jueces. La situación ha llegado a un extremo que se impone emplear métodos expeditivos; los muchachos socialistas los están llevando a la práctica. Es una lucha de exterminio.

Consuelo Morales, Castillo también de segundo apellido, sin que exista parentesco entre los cónyuges, es alta, rubia y bien plantada; supone, con fundamento, que está embarazada. A las diez de la noche, el teniente Castillo entra de guardia en el cuartel de Pontejos, con la 2.ª compañía, llamada de Especialidades, una de cuyas secciones tiene a su mando.

Los domingos, Madrid se transforma en una ciudad silenciosa, y más cuando aprieta el calor. Circulan escasos vehículos, las oficinas y comercios permanecen cerrados, las gentes salen al campo, a la Sierra, van a las piscinas, a los espectáculos; o se quedan en casa esperando que al anochecer la temperatura ceda algo. Una placidez perezosa se apodera de los madrileños, y en ese asomarse al aburrimiento consiste para muchos de ellos el mejor descanso, la fiesta.

Han pedido al bar de en frente que les suban horchata fresca y bocadillos. Enriqueta, sin atender a que persisten las décimas, se ha levantado; Conchita ejecuta al piano algunas piezas que el padre acompaña con la bandurria que le regalaron en sus años estudiantiles zaragozanos y que ha conservado desde entonces. Entre otras cosas, tocan el Momento musical de Schubert. No vendrán esta tarde los amigos que suelen visitar a Calvo Sotelo en las horas que anteceden a la cena. Andrés Amado, Arturo Salgado Biempica, Jesús Marañón y algunos otros respetan el descanso del día y la intimidad familiar, pues para un hombre público disfrutar de ambas cosas es aún más necesario.

Son algo más de las nueve y media de la noche; el teniente Castillo y su mujer regresan a casa. Deseaba ella acompañarle hasta el cuartel de Pontejos, ya que la noche es apacible y el calor ha remitido un punto, pero él, que como andaluz es celoso, no gusta de que su esposa sea vista por los compañeros que se divierten gastando bromas y con el chicoleo. El matrimonio vive en la calle de Augusto Figueroa; se despiden junto al portal de la casa y el teniente sigue por la misma calle en dirección a Fuencarral con el propósito de continuar por Montera hasta la Puerta del Sol y pasar a la plazuela de Pontejos para tomar el servicio a las diez.

Tras una prolongada espera, Fernando Cruz, que ha conseguido tomar el tranvía en la glorieta de Quevedo, se apea en la esquina de Fuencarral y Augusto Figueroa; al pasar frente a la capillita que hay allí mismo, se descubre según tiene por costumbre y devoción, mientras observa a un viejo extravagante que, arrodillado en la acera, se santigua con ostensible reiteración. En dirección contraria a la que él lleva, camina un oficial de Asalto; en ese momento abandona la acera y comienza a cruzar en diagonal la calle. Detrás del teniente aparecen cuatro hombres, uno de los cuales grita: «¡Ese, ese es…!». Suenan varios disparos. El oficial de Asalto se sobresalta, vacila y dando traspiés viene a derrumbarse junto a Fernando Cruz, a quien arrastra en su caída. Se produce un momento de confusión y un joven, también herido por uno de los disparos, se desploma. Los agresores huyen. Fernando Cruz se ha lesionado el codo y ha perdido las gafas; el teniente agoniza junto a él. Fernando Cruz, a tientas, encuentra en el suelo las gafas y se las coloca; tan gran excitación le domina y altera que todo lo ve confuso, y a esa alteración atribuye el trastorno. Alguien que se aproxima, le entrega sus gafas que ha recogido; se las cambia y ve con claridad; las había confundido con las de la víctima que las ha perdido en la caída. Algo hay que hacer, y como se ha detenido un taxi en Fuencarral, entre él y el transeúnte Félix Terán, acomodan al moribundo en el vehículo. Las últimas palabras que ha pronunciado son: «¡Llévenme junto a mi mujer, que acaba de separarse de mí…!». No saben si estará vivo o muerto, sangra en abundancia por la espalda y por el brazo que tiene roto. El taxi, al cual suben también los dos, arranca a toda velocidad en dirección al Equipo Quirúrgico de la calle de la Ternera.

Consuelo Morales ha oído unos disparos no muy lejanos; y se ha inquietado.

Cuando el taxi llega al Equipo Quirúrgico, el teniente Castillo, que ha recibido un balazo en el corazón, acaba de fallecer. Los médicos de guardia, Moreno Butragueño y Tamames, reconocen el cadáver. El proyectil ha penetrado por el quinto espacio intercostal y no existe orificio de salida; la herida es mortal de necesidad. Un segundo proyectil, que ha entrado por la cara posterior del brazo izquierdo, a la altura de su tercio inferior, produce fractura conminuta del húmero.

Los dos facultativos y el ayudante Martín asisten a Fernando Cruz, lesionado en el brazo de pronóstico reservado; padece fuerte excitación nerviosa. Traen en una ambulancia al joven de dieciocho años José Luis Álvarez, que vive en Malasaña, número 29, y es dependiente de farmacia; presenta fractura conminuta del fémur causada por herida de arma de fuego; la bala ha penetrado por la parte posterior del muslo izquierdo y no hay orificio de salida. El estado de este herido es grave[11].

En el Equipo Quirúrgico se presentan el director general de Seguridad, José Alonso Mallol, el teniente coronel Sánchez Plaza, inspector general de las fuerzas de Seguridad y Asalto, el comisario general de la Brigada Criminal, Antonio Lino, a quien acompañan el comisario Juan García Grande y varios agentes. Asimismo, desde el primer momento han acudido el comandante jefe del 2.º grupo de Asalto, acuartelado en Pontejos; Ricardo Burillo; el también comandante, jefe del 3.er grupo, Sánchez de la Parra; el capitán Isidro Ávalos, de la 1.ª compañía de Locales; el de la 5.ª, Antonio Puig Petrolani, y los tenientes, Alfredo León Lupión, Alfonso Barbeta y su hermano, el teniente Máximo Moreno y algunos más[12]. Entre los oficiales de Asalto, compañeros y amigos del muerto, domina la excitación. El director general de Seguridad se esfuerza por calmarlos y les pide que desde este momento se pongan a trabajar para descubrir a los autores del atentado; alguno de los presentes, con anuencia de la mayoría, le replican que no es necesario, porque ellos mismos van a encargarse de vengar al compañero. El más exaltado es el teniente Alfonso Barbeta, que arroja la gorra a los pies de Alonso Mallol, que permanece inalterable, como si no advirtiera el desacato y la amenaza; y un instante después insiste en recomendarles calma.

Mientras los compañeros están agrupados junto al cadáver, Consuelo Morales se presenta en el Equipo Quirúrgico, lo que da lugar a una «escena desgarradora»[13]. Los oficiales consiguen detenerla a la puerta misma del quirófano y le dicen que el estado de su marido es efectivamente gravísimo, pero que no está muerto, como ella supone; Consuelo Morales, entre sollozos, continúa insistiendo, pero logran convencerla de que se retire. La ausencia de la viuda nada soluciona; demorar la mala noticia un breve espacio de tiempo, pero están tan irritados y desconcertados que obran con torpeza. Los obsesiona una idea: vengar al compañero «haciendo una sonada».

Hacia las once y cuarto, por iniciativa de Alonso Mallol[14] se dispone el traslado en ambulancia del cadáver a la Dirección General de Seguridad, situada en la calle de Víctor Hugo, entre Reina e Infantas. En el llamado salón rojo va a instalarse la capilla ardiente. El cadáver es llevado provisionalmente al despacho del coronel Sánchez Plaza, donde se le amortaja con la guerrera de la cual había sido despojado en el quirófano. No tardan en traer un ataúd de caoba, flores y lo necesario, y el difunto queda colocado en dicho salón.

Acude al velatorio el subsecretario de Gobernación, Bibiano Fernández Osorio-Tafall, y un ayudante del ministro de la Guerra. A la viuda no se le puede ocultar por más tiempo la verdad de lo sucedido; se presentan también los padres de ella, hermanos del difunto y otros parientes. Forman una guardia de honor compañeros de Asalto que se relevan, y comienzan a desfilar por la capilla ardiente diputados, dirigentes sindicales, simpatizantes políticos, numerosos oficiales de Asalto, del Ejército, de la Guardia Civil, y mucho público.

El cadáver está expuesto semicubierto por una bandera roja y abundantes flores.

El matrimonio Calvo Sotelo y sus dos hijas escuchan La Bohème, que transmite la radio; se han quedado a oscuras para mejor disfrutar de la música y compartir la emoción; los alumbra solo la luz que entra de la calle por el balcón abierto. En un momento, Calvo Sotelo acciona con ambas manos como si dirigiera la invisible orquesta. En ocasiones ha dicho a su familia que su verdadera vocación fue la de director de orquesta, pero lo mismo él que los demás saben que bromea al exagerar, y que es político hasta la médula.

Cuando el concierto termina, se pone en pie y se aproxima a su hija para arrimarle la mano a la frente: «Parece que ya no tienes fiebre». Se agacha y la besa, y hace lo mismo con la mayor de las hermanas. El matrimonio se retira a su alcoba para acostarse; antes lo han hecho los niños y el servicio. Se apagan las luces y la casa queda en calma. A primera hora proponía a su esposa salir a pasear en coche y ella le ha contestado: «En ningún sitio estás tan seguro como en casa».

Enrique Puente, secretario del Sindicato de Artes Blancas de la UGT, y organizador y jefe de los grupos de acción de la Juventud Socialista, que se conocen con el nombre de la Motorizada, después de visitar la capilla ardiente del teniente Castillo en compañía de otros camaradas, se ha ido con ellos a tomar unas cervezas en la plaza de Santa Ana. Uno de los que está con él es Victoriano Cuenca, un joven bajo de estatura y de complexión fuerte, que lleva el cabello corto, casi rapado. Nacido en La Coruña, emigró con su familia a Cuba y allí anduvo metido en las revueltas estudiantiles; regresado a España después de la proclamación de la República, ingresó en las Juventudes Socialistas; hábil en el manejo de la pistola, ha servido en numerosas ocasiones de escolta para proteger a Indalecio Prieto; como amigo del teniente Castillo, su muerte le ha impresionado[15]. Asimismo, del grupo forma parte Santiago Garcés, madrileño, antiguo panadero, cuyo oficio ha abandonado por la acción política y sindical; también él ha prestado servicios de protección —y de ataque cuando se tercia— y de escolta de dirigentes políticos. Ni Puente ni sus acompañantes forman parte de las Juventudes Socialistas Unificadas, creación de caballeristas y comunistas, que han dejado en cuadro a las antiguas y auténticas juventudes socialistas.

En la Dirección de Seguridad han estado hablando con oficiales de Asalto conocidos de ellos; están decididos a hacer un escarmiento que termine de una vez con muertes como la de Faraudo y Castillo, que en opinión de los más exaltados es solo el principio de los muchos oficiales antifascistas que las derechas se proponen eliminar.

Se aproxima la medianoche, la hora en que los han citado en el cuartel de Pontejos, donde varios oficiales se hallan reunidos. El grupo de la Motorizada es de tendencia prietista, pero hoy no les resulta posible consultar con Indalecio Prieto, que saben se halla ausente, enfrentados como están a una situación límite como la que acaba de planteárseles hace un par de horas.

Agustín García, exguardia de Seguridad, un hombre enjuto, alto y medio calvo, después de entornar el portal del inmueble de la calle de Velázquez número 89, y de cambiar breves palabras con la pareja que presta servicio de protección ante el domicilio de Calvo Sotelo, inquilino de la finca, se retira a dormir. Estando la casa vigilada por una pareja de Seguridad, acostumbra no cerrar el portal; no hay mejor cerradura que las armas. Su hija Emilia ya se ha acostado. La calor ha cedido algo de su agobiante presión, pero en Madrid las noches de julio son cálidas.

Pasean, si pasear puede llamarse a montar este servicio de rutina, por la acera de la calle de Velázquez, en la cual vive el líder monárquico Calvo Sotelo, que fue ministro de Hacienda durante la dictadura, siendo todavía muy joven. Cuando llegan a la calle de Maldonado, dan media vuelta con calculada lentitud, y de nuevo para arriba. Esta guardia resulta descansada; nada anormal suele ocurrir, y ahora que se aproxima la medianoche, el barrio queda encalmado. La noche es calurosa y el correaje aprieta sobre el paño del uniforme; como no va a comparecer por aquí ningún oficial, deciden aflojárselo para aliviar la molestia y librarse del sudor. A esta pareja le ha correspondido el servicio de vigilancia y protección. Calvo Sotelo está arriba y el agente de policía de escolta no se presentará hasta mañana hacia el mediodía. El nombre de estos guardias de Seguridad es Antonio Oñate Escribano y Andrés Pérez Moler.

Desde que a las diez de la noche, hora en que la 2.ª compañía tenía que tomar el relevo, han llegado las primeras noticias de que al teniente José Castillo le han asesinado a tiros en la calle de Fuencarral; el trastorno y la indignación dominan a cuantos están presentes en el cuartel de Pontejos, lo mismo oficiales, que suboficiales, cabos y números. El desorden es tanto, que ni siquiera se han nombrado a su hora los servicios.

Pasadas las once, el teniente Alfonso Barbeta, que llegaba del equipo quirúrgico, ha hecho formar a la 2.ª compañía en el dormitorio situado en el segundo piso. Una vez reunidos, ha pronunciado unas palabras arrebatadas, acusando a la canalla fascista del asesinato del compañero y ha expresado con brío la obligación que les corresponde a ellos de vengarle, haciendo un escarmiento gordo. Cuando pregunta quiénes están dispuestos a seguirle, la mayoría responde con afirmaciones más o menos apasionadas, más o menos sinceras.

El capitán de la 2.ª compañía, Antonio Moreno Navarro, el mismo Barbeta, el teniente Andrés León Lupión, Ricardo Burillo, su ayudante, Merino y otros, han celebrado entrevistas en el cuarto de banderas y como consecuencia de ellas han abandonado el cuartel en dos ocasiones, regresando al poco tiempo. Las protestas, acompañadas de la exigencia de inmediato castigo para quienes ellos acusan de culpables, las han hecho de manera poco disciplinada al director general y ante el propio ministro, quien les ha dicho, sin suficiente energía ni convicción, que se consideraran arrestados. En el cuartel se comenta que, para acallarlos, les han entregado listas con el nombre y dirección de elementos de Falange y de otras organizaciones derechistas, y que les otorgaban carta blanca para hacer registros y detenciones[16].

En las inmediaciones del cuartel se están congregando cierto número de afiliados a las Juventudes Socialistas, y activistas de los radios comunistas madrileños; varios de ellos, otros no, entran en el cuartel y cambian impresiones con los oficiales. Dentro del cuartel, entre los que visten de paisano, está el guardia José del Rey, natural de Villalón de Campos, miembro de las Juventudes Socialistas desde 1931, que había sido condenado a doce años tras la intentona de octubre de 1934, y que en virtud de la amnistía se ha reincorporado al cuerpo; figura ahora entre los escoltas de la diputada Margarita Nelken. Están presentándose más paisanos, algunos armados. Por su actitud airada destaca Fernando Condés, que, reingresado en la Guardia Civil después de la amnistía, acaba de ascender a capitán y se halla pendiente de destino; es un hombre flaco, de aspecto nervioso y mirada melancólica, a quien se supone de tendencias caballeristas y revolucionarias. Amigo de Castillo, ambos de la UMRA, ambos son instructores de las milicias y partidarios de la acción. Con el jefe de estas milicias juveniles, Fernando de Rosa, han comparecido en Pontejos, Manuel Tagüeña y Francisco Ordóñez, licenciado en ciencias aquel y estudiante de los últimos cursos de derecho este; se conocen desde las épocas de la FUE y sus trayectorias han sido paralelas. Gracias a la amistad que le une con el ayudante del general Sebastián Pozas, director general de la Guardia Civil, Ordóñez dispone de licencia de armas.

Poco antes de las doce llega Federico Coello García, que acaba de terminar la carrera de medicina con bastante retraso, achacable a sus actividades primero dentro de la FUE y después en las Juventudes. Identificado en lo político con Castillo, conoce a Condés y ya empezaron a actuar juntos cuando octubre de 1934, y aun antes. Van llegando los que aguardaban en la plaza de Santa Ana por haber sido citados a esta hora: Victoriano Cuenca, que viste un traje marrón, Santiago Garcés, y con ellos otro afiliado al Sindicato de Artes Blancas, apellidado Pastor. Todos se conocen y participan de idéntico furor, que cada cual exterioriza según su carácter. Cuando entra el capitán de aviación, Arturo González Gil de Santibáñez, se acercan a saludarle. Es el jefe de las milicias de la Juventud Socialista y, al igual que Condés, viste de paisano. Compañero y amigo de Castillo, lo era por partida doble, pues está afiliado a la UMRA. Se halla en situación de retirado y, como ingeniero aeronáutico, dirige los talleres de la AISA[17].

Desde las nueve de la mañana que ha entrado de servicio, y excepción hecha de alguna salida que le han mandado, permanece en Pontejos el conductor Orencio Bayo Cambronera; tiene a su cargo la camioneta número 17, una de las que se emplean para el traslado de los guardias. Esta camioneta, que está diseñada y carrozada para estos servicios, dispone de tres puertas a cada lado, además de la delantera, para uso del conductor y del oficial, o suboficial, que manda a los números. Los asientos, salvo el del chófer y el último, son dobles, unidos por el respaldo; la capota suele ir recogida y plegada en la parte trasera y solo se cubre con ella el vehículo cuando llueve o lo desapacible del tiempo obliga a ello. Mientras realizaba uno de los desplazamientos, Orencio Bayo se ha enterado del atentado contra el teniente Castillo y, al regresar a Pontejos, se ha dirigido al cuarto de oficiales a recibir órdenes. Varios de estos estaban reunidos con el comandante Burillo; la orden recibida es que no se mueva del cuartel, por lo cual, y ante la imposibilidad de hacer una escapada, ha cenado unos bocadillos en la cantina.

El teniente Barbeta llama al cabo Emilio Colón Pardo, uno de los que más se ha distinguido por su actitud vindicativa y se ha ofrecido con entusiasmo después de la arenga del dormitorio, y le requiere para que prepare ocho o diez guardias de confianza para salir a un servicio reservadísimo. No transcurre mucho tiempo antes de que Colón, que es amigo de Barbeta y se tutea con él, le anuncie que ya está hecha la selección.

COMIENZA LA LARGA NOCHE DEL LUNES

Pasada la medianoche, empiezan a salir de Pontejos guardias y paisanos, algunos de estos últimos pertenecen al servicio de Vigilancias Políticas, y los más, miembros de las Juventudes Socialistas. Quien organiza las salidas es el teniente Andrés León Lupión; entrega a quien toma el mando de la expedición un papel con precisiones sobre la misión a cumplir y lista de las personas que deben arrestar.

No tardan en estar de regreso algunos de los primeros que han salido, y traen detenidos; por lo común, gente joven; elementos de derechas o afiliados a Falange que figuraban en las nóminas sacadas de los ficheros[18]. En algunos de los registros han encontrado escopetas de caza o armas en desuso; pocas pistolas.

A los más enardecidos entre los activistas y los oficiales les parece que cuanto está haciéndose resulta inútil; detener aristócratas y señoritos, así al tuntún, y requisarles escopetas de caza, es perder el tiempo; no es esta la manera de vengar a Castillo ni de hacer un escarmiento. La mayor parte de estos a quienes ahora meten en los calabozos, mañana estarán en libertad; todo habrá quedado reducido a un pequeño susto. Los más responsables y peligrosos no van a estar durmiendo tranquilamente en su casa; habrán tomado precauciones, y más después de lo sucedido. Saben que los militares están preparando una sublevación en connivencia con los reaccionarios, y esa conjura debe ser descabezada. En su confianza suicida de que nada grave va a ocurrir o de que dispondrá de fuerzas suficientes para dominar lo que venga, como ocurrió en agosto de 1932, el Gobierno no se decide a adoptar medidas drásticas, sean o no legales. Ellos tomarán la iniciativa; es preciso salvar la República, incluso contra la voluntad de un Gobierno burgués, débil, irresoluto, claudicante.

Hacia la una y media es requerido en voz alta Orencio Bayo Cambronera, «uno de los guardias de Asalto más bajos, moreno de tez, de labios gruesos», y se le ordena que se disponga a prestar servicio en la camioneta número 17. Los tenientes León Lupión y Barbeta son quienes van designando a los guardias que han de encargarse de la misión, a los cuales se añaden los paisanos Cuenca, Garcés, Ordóñez y Coello, además del guardia José del Rey y del capitán Condés, que visten ropas civiles. Salen juntos del cuartel y van subiendo a la camioneta. Entre los guardias que ocupan asientos están Bienvenido Pérez, Ricardo Cruz Cousillos, Aniceto Castro Piñeira, un número del Escuadrón de Seguridad que es asistente del hermano de Barbeta, y algunos más. En conjunto, entre guardias de uniforme y paisanos, son unos dieciocho o diecinueve; van armados con pistolas o pistolas ametralladoras[19].

Dirigiéndose a todos el teniente Lupión, les comunica que la camioneta va al mando del capitán Fernando Condés y que deben obedecerle. Que un oficial de la Guardia Civil tome el mando de una de estas camionetas, representa una irregularidad patente, y más si ese capitán viste de paisano.

La camioneta número 17, que está en la plaza de Pontejos, arranca hacia la Puerta del Sol y sigue por la carrera de San Jerónimo hasta la calle de Sevilla, por la cual vira para continuar por Alcalá; al llegar a Velázquez dobla a la izquierda, para ascender por la calzada derecha hasta que alcanza Diego de León; allí maniobra con el fin de colocarse en la calzada descendente. Poco antes de la calle Maldonado, frente al portal del número 89, frena y se detiene.

El capitán Condés distribuye a una parte de los guardias y de los activistas con orden de que registren los coches que pasen por allí; y también a los transeúntes, y que a unos y a otros les alejen sin explicaciones.

La pareja de Seguridad que vigila el portal no recela de quienes acaban de presentarse en una de aquellas camionetas grises, Hispano-Suiza, tan conocidas no solo de los guardias, sino de cualquier madrileño. Para disipar si hubiera duda, que no la hay, sobre la primera de las portezuelas figura bien legible un letrero: Dirección General de Seguridad —el número 17 en grande— y, Compañías de Asalto. Por añadidura, el conductor no les es desconocido. Sin embargo, cuando Condés, al frente de un grupo en el cual hay algunos paisanos, se dispone a entrar en el portal, los guardias de la pareja se interponen hasta que les muestra su carnet de oficial de la Guardia Civil. El sereno, que se hallaba en las inmediaciones, se aproxima al grupo y les pregunta si es que van a detener a Calvo Sotelo; uno de los paisanos le recomienda en tono amenazador que no haga preguntas, que se mantenga alejado y que se abstenga de meterse donde no le llaman.

Con Fernando Condés suben los paisanos que ya habían convenido que lo harían, y entre ellos Victoriano Cuenca y José del Rey[20], más unos cuantos guardias de uniforme. Los demás quedan abajo, distribuidos, con las armas prestas, tanto para intimidar a los transeúntes como por prever la posibilidad de que, por cualquier imprevisible filtración o sospecha de los propósitos que allí los llevan, puedan presentarse amigos de Calvo Sotelo, militares o paisanos.

Son poco más de las dos y media; en el domicilio de Calvo Sotelo todos duermen hasta que llaman al timbre de la puerta con apremiante energía. Martina, la doncella, que es la primera en despertarse, avisa a su compañera Margarita Martín; ambas son jóvenes y se espantan al no adivinar quién pueda llamar a hora tan intempestiva. A Martina la aterroriza acudir sola a la puerta, a pesar de que está bien cerrada. Los timbrazos arrecian y las dos, que se han vestido con prisas, preguntan sin abrir, qué quieren y quién llama. Les responden voces masculinas que mandan que abran a la autoridad, que son policías y traen órdenes de hacer un registro. Como Martina responde que ella no abre, le gritan que si no les dejan pasar, derribarán la puerta.

Corren horrorizadas por el pasillo a despertar al dueño de la casa; Calvo Sotelo se echa encima del pijama una bata y se asoma a uno de los balcones que dan a la calle de Velázquez. En voz alta pregunta a los guardias que custodian el portal si son policías los que llaman a su puerta; los guardias le responden afirmativamente. Comprueba además que, estacionada frente al portal, hay una de las camionetas de Asalto, lo cual acaba de decidirle a abrir la puerta. Con cierta precipitación entran mezclados guardias y paisanos y se distribuyen por la vivienda observando a las personas que, atemorizadas, van apareciendo; todos los de la casa, salvo los hijos. Pregunta Calvo Sotelo qué desean y responden que la Dirección General de Seguridad ha dado orden de practicar un registro. Calvo Sotelo expone su extrañeza por la hora y la forma de presentarse, pero Condés reitera que ese es el mandato que llevan.

Cuando Calvo Sotelo se dirige a la alcoba para tranquilizar a su esposa, que ha quedado muy inquieta después de despertar con aquel sobresalto, le sigue uno de los guardias sin perderle de vista. Los demás recorren salas, pasillos y habitaciones mirando y registrando por encima, de manera formularia, pues poco les interesa lo que puedan encontrar. En el despacho y colocada sobre un pequeño pedestal de sobremesa tiene Calvo Sotelo una bandera monárquica; la arrancan y arrojan al suelo. Cuenca da un fuerte tirón del hilo telefónico y deja inutilizado el aparato del despacho. Como en el pasillo hay un segundo teléfono, se coloca para vigilarlo un guardia de plantón. Cuando advierten los intrusos que, aparte del dueño en la casa no hay más varón que Francisco, el muchacho, se sosiegan un tanto. Lo demás son mujeres espantadas, pero no por eso dejan de mantenerse alerta para que nadie abandone el apartamiento ni use el teléfono que queda útil.

El capitán Condés, pretextando que la casa es demasiado grande, da por terminado el registro y, dirigiéndose a Calvo Sotelo le comunica que tiene orden de conducirle detenido a la Dirección General de Seguridad. El tono que emplea es frío y correcto, pero deja entrever una gran firmeza. Protesta Calvo Sotelo, a quien todo aquello le parece irregular e ilegal; alega su derecho a la inmunidad dada su condición de parlamentario, y alega igualmente que la inviolabilidad del domicilio está reconocido por las leyes vigentes; se muestra indignado y califica de atropello cuanto están haciendo. No deja de observar con inquietud la terca resolución que demuestran los que han ocupado su hogar, y que no disimulan las armas. Con machacona obstinación, Condés y los dos paisanos que parecen dirigir la patrulla insisten en la necesidad de conducirle, a la Dirección de Seguridad. Cada momento le resulta más sospechoso e inquietante lo que está sucediendo, y les responde que si han de conducirle, como dicen, a la Dirección de Seguridad, él exige comunicar antes con el director; ellos le niegan ese derecho.

Están ahora en la habitación conyugal; Enriqueta Grondona se angustia, no comprende cómo a aquellas horas, sin escrito del juez ni otra formalidad, pueda ser detenido un diputado de la nación. La desconfianza acrece, vuelve a exigir que le dejen en casa hasta que amanezca, y vuelve a insistir en que necesita telefonear, a cuyo efecto manda a Francisco que le traiga la guía telefónica. Le tienen acorralado en la alcoba y cuando el muchacho regresa con el listín, se lo arrebatan. Aunque consciente de la situación de aislamiento y desventaja en que se halla, empieza a exasperarse; ha comprobado que la calle está vigilada, tampoco del exterior puede llegarle auxilio. Con la excusa de que en pocos minutos va a estar en presencia del Director General de Seguridad, Condés intenta convencerle de la inutilidad de telefonearle y como advierten que ha hablado con Francisco en voz baja, le impiden a este abandonar la alcoba. Reiterando que la manera que tienen de conducirse es un atropello, Calvo Sotelo les expone con resolución que, sin confirmación del director general, no conseguirán que él abandone la casa.

Condés, lo mismo que Victoriano Cuenca y del Rey, se dan cuenta de que para lograr su propósito de sacar al líder monárquico de su domicilio van a tropezar con obstáculos difíciles de salvar. Emplear la fuerza complicaría la situación y Condés decide cambiar de actitud. Entonces le muestra a Calvo Sotelo su carnet, que es auténtico, de oficial de la Guardia Civil, con su correspondiente fotografía, al tiempo que le manifiesta que espera que será suficiente para que confíe en que cumple una misión oficial y disipe cualquier duda que le hubiese podido asaltar. Comprobar que quien manda el grupo es un capitán de la Guardia Civil, tranquiliza un tanto a Calvo Sotelo, quien recuerda ahora que los encargados de la custodia del portal han asegurado que se trataba de guardias y policías, y que el vehículo es oficial.

En la decisión que va a tomar pesa algo más, de manera decisiva; está acorralado y no le queda más salida que seguirlos. Una actitud de violencia física dentro de la casa, en presencia de la mujer, a quien enterarse de que se trata de un oficial de la Guardia Civil ha tranquilizado, y pared por medio de los cuatro hijos, va a resultar para él y para la familia mucho más penoso. Cualquier postura o palabra, que ellos se empeñen en interpretar como agresiva o irrespetuosa contra la autoridad, puede desencadenar acciones vejatorias que hay que recelar que, a lo peor, alcanzarían a la familia.

Pide a su esposa que le prepare un maletín con lo más indispensable para el aseo personal y que añada unas cuartillas y una estilográfica. Enriqueta Grondona, al deducir de esto que su marido se propone abandonar la casa, le ruega conmovida que no lo haga, mientras que, influida por la confianza que siempre le han inspirado las decisiones de él, se dispone a cumplir el encargo que acaba de hacerle. Temiendo que al abandonar la habitación pueda dar la alarma por cualquier medio imprevisto, un guardia la acompaña hasta que regresa con el pequeño maletín con lo indispensable para el caso de que en la Dirección de Seguridad le retuvieran más tiempo del previsible.

Un nuevo forcejeo se produce cuando Calvo Sotelo exige a los guardianes que abandonen la alcoba, mientras él se viste, y Condés arguye que ha recibido instrucciones de no perderle de vista en ningún momento. A quien ya se considera un preso y como tal se siente tratado, le resulta difícil contener la irritación; sabe que es preciso dominarse, pero tampoco le resulta fácil; de golpe abre la puerta que comunica con el cuarto de baño y les muestra que, por allí, no le es posible escapar. Ni Condés ni dos guardias presentes se dan por aludidos ni se mueven y él vuelve a decirles que hará constar su protesta por esta intolerable falta de consideración personal. Tiene que vestirse ante testigos, y como Enriqueta sigue rogándole que no abandone el hogar, él le pide que se calle; teme una reacción descortés de los intrusos, y la aflicción que manifiesta no contribuye a tranquilizarle, ni a ella tampoco.

Escoltado en todo momento, entra en el cuarto de los niños y los besa sin que se despierten. Lo mismo hace con las chicas, y si Enriqueta, aletargada por la fiebre, no se espabila, a Conchita la sobresalta ver la silueta de un guardia destacándose en la puerta de la alcoba; el padre procura sosegarla sin ocultar que le llevan detenido.

Se dirige con decisión hacia la puerta; hay que poner fin a esta situación insostenible y afrontar lo que venga. Pide a la institutriz un vaso de agua, y lo hace en francés, idioma en el cual acostumbra hablarle. Mientras le abraza, Enriqueta Grondona le interroga sobre cuándo va a tener noticias suyas. Con el único fin de calmarla, puesto que él lo ignora, responde que cinco minutos después la llamará por teléfono desde la Dirección de Seguridad. Hace una pequeña pausa y, mirando a los que le rodean, añade, mientras inicia el descenso de las escaleras: «Si es que estos señores no me llevan a pegarme cuatro tiros».

Junto a él desciende Renée Pelus, que le lleva deferentemente el maletín; Calvo Sotelo, de nuevo en francés, le recomienda que avisen de lo ocurrido a sus hermanos, pero no a su padre, a quien por la edad y mala salud pudiera impresionarle en exceso. Uno de los paisanos que escucha la conversación, le manda destempladamente que hable en español, a lo cual él replica con rapidez, que habla en lo que le da la gana[21].

Al portero y a su hija, que se habían levantado al oír el ruido de los que entraban en el portal, los han retenido sin permitirles moverse ni, por tanto, avisar a nadie. Ahora ven atravesar el vestíbulo a Calvo Sotelo, junto a la institutriz, rodeados de guardias y de los paisanos que ellos suponen policías de la secreta; los sigue el joven Francisco Sánchez, quien, a fuerza de dominar el miedo y el desconcierto, acompaña a su señor.

La calle permanece vigilada y desierta; de nuevo comprueba que se trata de una de las camionetas de la Dirección General de Seguridad que utilizan los de Asalto. Los asientos son dobles; le indican que ocupe el tercero de estos asientos de cara a la marcha. Paisanos y guardias van subiendo y sentándose; no puede prestarles atención, preocupado como está por enterarse de lo que hace el capitán de la Guardia Civil. A ambos lados de él se sitúan guardias uniformados. Renée Pelus le ha entregado el maletín, que coloca sobre las rodillas; la institutriz y Francisco, que salen hasta la calle, se despiden. Como todos han ocupado ya sus puestos, interroga a Condés sobre si va a venir en la camioneta, y este le tranquiliza y toma asiento entre el chófer y uno de los paisanos que es muy alto[22]. Queda desocupado el asiento situado frente a él.

Detrás mismo de Calvo Sotelo se coloca Victoriano Cuenca. La camioneta arranca; el portero, su hija, Renée Pelus y Francisco se retiran hacia la portería. Los guardias de la pareja, un tanto confusos, no hacen comentarios.

A Enriqueta Grondona, que ha quedado anonadada, la asaltan inquietudes y malos presagios; parecía seguro de sí mismo, pero sospecha que podía esforzarse para aparentar tranquilidad ante ella misma y el servicio, incluso ante quienes de manera tan extraña han ido a detenerle.

Vencido el estupor que le ha producido despertarse y ver a su padre que se despedía de ella y al fondo la silueta del guardia, Conchita se ha echado una bata sobre los hombros y se asoma al balcón; el coche ha desaparecido, la calle de Velázquez ha quedado desierta. No comprende lo ocurrido, pero un agudo malestar le atenaza la garganta.

La institutriz y Francisco entran en el piso nerviosos y turbados; todo parece un sueño, una pesadilla de la cual no consiguieran despertar.

De inmediato hay que tornar determinaciones, pedir auxilio; despertar de esta pesadilla.

Al subir el capitán Fernando Condés, la camioneta ha arrancado y marcha por la calle de Velázquez en dirección Alcalá. Al ponerse en movimiento, un aire fresco alivia el bochorno de la noche[23]. Las calles transversales pasan aprisa: Juan Bravo con su bulevar, Padilla, Don Ramón de la Cruz… Colocado detrás mismo del detenido, Victoriano Cuenca saca un Astra del 9 largo, apoya una rodilla sobre el asiento que tiene respaldo común con el que ocupa Calvo Sotelo y, en el momento que cruzan Ayala, aproxima la boca del cañón a la nuca y dispara dos veces, con tal rapidez que los que van en el camión creen oír un solo tiro. La víctima hace un movimiento convulsivo y se derrumba hacia adelante, inclinándose a la derecha. Como al caer el cuerpo se reclina contra el guardia del Escuadrón de Caballería, este se sobresalta y pasa sobre el respaldo para ocupar el asiento de atrás. Aniceto Castro Piñeira, sentado a la izquierda, ve cómo el cuerpo se desploma hasta el piso de la camioneta y queda encajado entre los asientos; sobrecogido, apenas se atreve a moverse, pero gira el rostro y descubre que Cuenca empuña todavía la pistola[24].

El vehículo continúa su marcha Velázquez abajo; cuando se aproxima a Alcalá divisan un coche con varios oficiales de Asalto que parecen hallarse a la espera; es el vehículo ocupado por Máximo Moreno, Barbeta y tres más. Cuando ven que la furgoneta número 17, al desembocar en Alcalá gira hacia la izquierda y sigue hacia Manuel Becerra, y al no distinguir a Calvo Sotelo, comprenden que «la misión está cumplida». Entre los del coche y algunos de los que van en la camioneta se intercambian sobrios saludos que encierran turbios sobrentendidos[25].

Es el capitán Condés quien ha dado a Orencio Bayo la orden de dirigirse al cementerio del Este. El cadáver del líder monárquico a quien acaban de asesinar se convierte en una presencia inquietante y turbadora para todos. El conductor pisa a fondo el acelerador; apenas hay circulación en estas horas tardías de la noche.

Frente a los arcos que forman la entrada del cementerio de la Almudena, que los madrileños suelen llamar del Este, en una pequeña dependencia se hallan de guardia Esteban Fernández Sánchez, de cincuenta y seis años de edad, y Ramón Tejero Cabello. Todavía no han tocado las cuatro de la mañana y la noche transcurre tranquila. A estas horas la temperatura es menos agobiante; se soporta[26].

En la verja de entrada suenan fuertes golpes, y cuando Tejero acude a averiguar quién llama, responden desde fuera que son guardias de Asalto de servicio. Al ruido acude Esteban Fernández y entre ambos abren Ja gran verja; entra en el recinto una de las camionetas pintadas de gris, ocupada por guardias y paisanos. El que desciende de junto al chófer y parece mandar a los demás se identifica como capitán, y les comunica que traen un cadáver. Estacionan la camioneta frente a la puerta del depósito; bajan algunos de los ocupantes y abren las portezuelas. De la tercera de ellas tratan de sacar a un muerto, pero al parecer no les resulta fácil. Un paisano alto y autoritario, que también iba en el primer asiento, requiere con malos modos la colaboración de uno de los guardias que escurría el bulto. El cadáver corresponde a un hombre corpulento, vestido con traje gris que aparece desordenado a causa de los tirones que dan para conseguir descargarlo: en el rostro y en la ropa se advierten manchas de sangre. Entre cuatro de los recién llegados introducen el cadáver en el depósito y lo dejan en el suelo, junto a la mesa de mármol, sobre la cual deberían haberle colocado. Otro guardia entra detrás con un sombrero flexible arrugado, y lo arroja encima.

Cuando Esteban Fernández reclama los papeles reglamentarios, el que dice ser capitán replica que se trata de un transeúnte indocumentado que han recogido muerto, al parecer en un incidente con un sereno, y que los papeles en regla les serán entregados por la mañana. A Fernández no le satisface esa demora; sus superiores se muestran puntillosos en cuanto a documentación, pero se trata de un capitán de agentes de policía de guardias de Asalto, y ante toda esta gente lo prudente es callar, porque, y aún más en circunstancias como estas, suelen recurrir a malas palabras.

Uno de los que ha colaborado en la descarga del difunto saca un librillo de papel de fumar y la petaca. Mientras lía el pitillo observa que los dedos, temblorosos, los tiene manchados de sangre y han ensuciado el papel, que, por manchado y pegajoso, no puede utilizar. Deshace el cigarrillo, mantiene el tabaco en la palma de la mano; con la derecha hace una bolita con el papel de fumar y lo arroja[27]. La camioneta se retira dando una curva cerrada y abandona el cementerio.

Regresan hacia la portería de la Almudena; no están tranquilos, pues acaban de hacerse cargo de un cadáver sin acompañamiento de documentación, que, además, por su indumentaria pertenece a un señor de la clase alta. Estos días están ocurriendo tantas cosas y se mata a gente por las calles o en las afueras, que no siempre los trámites se cumplen con la diligencia debida. Pero ¿cómo hacerse el exigente ante los de uniforme? Si hay bronca, caerá sobre ellos. Deciden avisar a Germán Castaño, sepulturero mayor, y le dan cuenta por teléfono de lo ocurrido para que él decida. No les presta suficiente atención; si el cadáver no es identificado, por la mañana se hará lo necesario. Fernández y Tejero terminan su jornada a las ocho; ya se arreglarán los que los releven[28].

Enriqueta Grondona no se deja vencer por el abatimiento; lo urgente es actuar con firmeza y, aparte de poner las cosas en claro, luchar para preservar a su marido de cualquier peligro que pudiera acecharle. Lo inmediato es acudir en busca de ayuda de amigos fieles que se muevan con interés y diligencia. Francisco sale a la carrera para avisar a Arturo Salgado Biempica, secretario y amigo de Calvo Sotelo, que vive cerca, y también a Conrado Espín. Antes de transcurridos veinte minutos, Salgado y su esposa Rosita ya están en la casa. Enriqueta Grondona ha ido contando con impaciencia los minutos transcurridos; lo de «cinco minutos», como plazo real para avisarla por teléfono, lo ha desechado considerándolo como una frase. Solo en bajar la escalera, subir al coche, llegar a la Dirección de Seguridad, representa más tiempo. Y hay que añadir que tiene que ser recibido por el director general, que puede estar ocupado en ese momento, hablar con él, que le permita telefonear. Es de suponer que ellos dos deseen antes poner en claro la situación, porque de algo han tenido que acusarle… Lo cierto es que ha pasado bastante más de media hora y él también se hallará impaciente al recordar la angustia en que la ha dejado sumida. Y si no llamara, ¿qué puede hacer?

Margarita Martín, la cocinera, va reponiéndose del susto y comienza a inquietarse por la tribulación que domina a la señora. Quiere convencerla de que nada malo ha podido ocurrirle al señor; se lo han llevado guardias y policías y son ellos, precisamente, los encargados de la seguridad y defensa de todos; sería un disparate imaginar que pudieran causarle algún daño.

Se decide a telefonear; casi tres cuartos de hora es un plazo excesivamente largo. Da su nombre y recalca que quiere hablar con Alonso Mallol en persona. Cuando le tiene al otro lado del hilo, pregunta, con la natural ansiedad, si a su marido le han conducido allá. La respuesta es tajante: no solo no está en la Dirección, sino que tampoco ha dado orden alguna de detenerle. A ella se le queda el ánimo en suspenso y siente que sus leves esperanzas se desmoronan; Alonso Mallol está expresando su extrañeza de que un hombre tan inteligente y avisado haya permitido que le engañaran. A ella se le resiste la palabra y el aparato está a punto de escurrírsele de entre las manos. Lo recoge Rosina Salgado, que permanecía a su lado atenta a la conversación, y le reprocha a Alonso Mallol la manera cómo acaba de contestar a una señora que se halla en situación tan dramática. Insiste él en que nada puede aclarar porque nada sabe de este asunto.

AMANECE EL LUNES

Apenas rompe el alba, las dos sirvientas se dirigen a la casa de la familia Calvo Sotelo, en Núñez de Balboa, para alertar a los hermanos Luis y Joaquín, y que vayan en ayuda del señor. Caminan aprisa, temerosas, como si las calles fueran en sí mismas una amenaza, una cita con el peligro. En pocos minutos, Luis y Joaquín Calvo Sotelo se presentan, alarmados, en la calle de Velázquez, a enterarse de los detalles y dispuestos a actuar. Simultáneamente, el diputado Andrés Amado, amigo y colaborador de Calvo Sotelo, a quien en el período de la dictadura nombró delegado del Gobierno en la CAMPSA, junto con Salgado Biempica, se ha dirigido a la Dirección General de Seguridad. No ha conseguido entrevistarse con Alonso Mallol, a pesar de haber hecho constar aquel su condición de diputado, y de que está informado de la detención ilegal del jefe del Bloque Nacional por fuerzas de orden público y en un vehículo de la Dirección General. Solo el secretario los ha recibido, excusándose de que tampoco pudiera hacerlo el subdirector, y se ha limitado a comunicarles que el hecho ha sido denunciado y se han cursado órdenes de que se busque al diputado Calvo Sotelo.

A estas horas están funcionando muchos teléfonos que se transmiten la noticia y con ella la inquietud e indignación, que se comunica de unos a otros. A Pedro Sáinz Rodríguez le despiertan y se viste apresuradamente, requerido por un enviado de Andrés Amado y otro de la familia de Calvo Sotelo, que le recogen en un coche. Por teléfono es avisado Eugenio Vegas Latapié, joven monárquico, alma de la revista Acción Española, a la cual ha dedicado sus mejores esfuerzos. Vegas Latapié ha intervenido en todas las conspiraciones antirrepublicanas, y en los primeros días de este mismo mes ha llevado un encargo que le ha dado Jorge Vigón al capitán de fragata Salvador Moreno Fernández, de carácter conspiratorio; ahora, acompañado por el periodista Juan Pujol, se encaminan, con intranquilidad que los obliga a apresurarse, a la casa de Calvo Sotelo. Poco después, Juan Pujol, enterado de más detalles sobre lo ocurrido, se traslada a la cárcel Modelo para averiguar si el líder monárquico ha sido conducido allí; no ha ingresado y nada pueden aclararle.

La camioneta número 17 regresa a Pontejos y sus ocupantes se apean. Cuenca, que lleva en la mano el maletín de Calvo Sotelo, llega con Condés, Del Rey y algunos de los activistas; los guardias se dispersan en silencio. En compañía del comandante Burillo, que estaba abajo esperándolos, suben las escaleras y se encierran en el despacho de este, con el capitán Moreno y los tenientes Alfonso Barbeta, Merino, León Lupión y Máximo Moreno.

El cuartel ha ido quedando casi desierto, se diría que a través de sus anchurosas naves cruza el presentimiento de que ha ocurrido algo que traerá malas consecuencias. Ya nadie grita, protesta ni amenaza; solo se habla en voz baja. Manuel Tagüeña, al abandonar el despacho donde hacía las listas, ha observado un cambio que resultaba sospechoso; nadie da explicaciones y parece que a los presentes, que son pocos, los domine el recelo. Los oficiales han recomendado a los paisanos que abandonen el cuartel y se retiren a sus domicilios. La madrugada empalidece los rostros fatigados y desencajados, huidizos.

Los guardias que iban en la camioneta, al salir del cementerio han recibido órdenes severas, acompañadas de amenazas, de guardar absoluto silencio; todos están impresionados, temerosos. A Orencio Bayo le ha mandado Condés que esperara en la plazuela, junto al vehículo; al poco sale del cuartel un guardia con orden de que limpie las manchas de sangre, lo cual le obliga a desplazarse con el vehículo al Parque Móvil. En el piso quedaba sangre extendida entre las tablas y en el estribo. Cuando más tarde vuelve a Pontejos, el cabo Tomás Pérez, que le revisa la limpieza, dice que es indispensable lavarlo mejor; ambos han ido otra vez al Parque para insistir en el intento de borrar las manchas delatoras.

No por bien guardada, la noticia deja de circular. Antes de salir del cuartel, la expedición ya se comentaba en voz baja. Ahora, de madrugada, el cabo de la 6.ª compañía Alfonso Ramírez, a quien los compañeros apodan el Chocolate, ante un grupo del cual forma parte Maximiliano Herrero Alonso, cuenta que esta noche ha sido muerto Calvo Sotelo, y, como los oyentes demuestran diversos grados de incredulidad, el Chocolate les advierte: «Os lo dice un hombre que se afeita».

Hacia el amanecer se presenta en el cuartel el teniente coronel Sánchez Plaza, que pasa a conferenciar con Burillo y los oficiales que con él están encerrados; temen que la misma resonancia del hecho obligará a que se exijan responsabilidades. No es arriesgado tampoco prever que los derechistas busquen blancos para ejercer represalias y que lo hagan entre personalidades políticas destacadas; en ese caso, se los achacará a ellos —a los de Pontejos— las culpas directas de lo que ocurra. Cambian impresiones sobre la situación tal como ahora queda planteada, y quienes opinan que, de estallar una sublevación militar, Calvo Sotelo hubiese sido su jefe político, sacan la conclusión de que la primera batalla se ha ganado.

Los hermanos de Calvo Sotelo, acompañados de Andrés Amado, de un hijo de este, de Salgado Biempica y de Sáinz Rodríguez, se trasladan al Ministerio de Gobernación, que a estas horas tan tempranas todavía no tiene abiertas las puertas. Recelan que pudieran tenerle secuestrado —o retenido— personas afectas al Gobierno, y los anima el propósito de hablar con el ministro y forzar la situación hasta que las autoridades lo busquen con auténtico afán y obliguen a quien sea a ponerlo en libertad. Va recordando Sáinz Rodríguez las tumultuosas sesiones de Cortes de esta primavera y la arrogante y digna actitud del jefe del Bloque ante los insultos, amenazas y griterío que levantaba con sus intervenciones. Como la amenaza era factible que se convirtiera en agresión física por parte de los más energuménicos, él llevaba consigo un bastón que disimulaba en su interior un ingenioso dispositivo de escopeta capaz de disparar diminutos perdigones de los llamados mostacilla, y que, por añadidura, produce gran estruendo. Cuando los ánimos se encrespaban y socialistas y comunistas avanzaban en actitud agresiva hacia los bancos de la derecha, apoyaba su bastón-escopeta sobre el respaldo del escaño de delante y le decía a Calvo Sotelo, señalando tres filas anteriores a la suya: «Si pasan de esa línea, hago fuego…». Y Calvo Sotelo intentaba disuadirle sin dejar de bromear: «No seas bestia; eso sería una barbaridad…».

Por la puerta que da a la calle del Correo llaman a Gobernación; un guardia les abre y Sáinz Rodríguez y Andrés Amado exhiben el carnet de diputado y manifiestan su común deseo de hablar con el ministro. Los pasan a un despacho central y les advierten que tendrán que hacerlo con el subsecretario, porque el titular de la cartera no está en la casa. Se sientan a esperar, empequeñecidos por las dimensiones del salón; para entretener la impaciencia Sáinz Rodríguez se asoma al balcón. Ha amanecido y sobre la capital, aún dormida, se levanta una nueva jornada: la del 14 de julio, lunes.

Tampoco Bibiano Fernández Osorio-Tatall, que además de subsecretario es diputado de Izquierda Republicana por Pontevedra, puede darles noticias tranquilizadoras: en Gobernación no hay antecedente alguno, ni de que se haya ordenado la detención de Calvo Sotelo ni de que se encuentre arrestado en ninguna dependencia oficial. No se dan por satisfechos con la respuesta y se hacen fuertes; se trata de una personalidad importante, diputado y jefe del Bloque Nacional, y ha sido arrancado a la fuerza de su domicilio, con nocturnidad, por agentes uniformados y conducido en un vehículo oficial. La autoridad no puede inhibirse, está en la obligación de buscarlo, hallarlo y rescatarlo sano y salvo. El tono de la conversación se hace inamistoso por parte de los visitantes que no perciben en su interlocutor el interés que el caso creen que debería despertar en él, pero la entrevista se corta porque el subsecretario es requerido desde el despacho contiguo. No tarda en presentarse con expresión preocupada; acaba de llegar al ministerio una noticia, que duda un instante antes de comunicársela a los presentes, a quienes no desearía alarmar más. De regreso de los servicios de esta noche, en una de las camionetas que utilizan los de Asalto se han observado manchas de sangre. No puede responder a las preguntas que le hacen; los guardias que la ocupaban, una vez terminados los servicios, se han dispersado; van a iniciarse inmediatamente averiguaciones.

No se muestra más explícito; él mismo teme lo peor, conociendo como conoce la actitud de los guardias, y, lo que es más inquietante, de los oficiales, durante la pasada noche.

En un estado de ánimo en el cual se entremezclan indignación y pesimismo, los hermanos de Calvo Sotelo y sus amigos abandonan el edificio de la Puerta del Sol; las promesas de que en el ministerio van a ocuparse con urgencia de poner todo en claro para remediar, si aún es posible, la situación del diputado secuestrado, apenas contribuye a tranquilizarlos.

A Pilar Luca de Tena de Fagalde la despierta el timbre del teléfono que, a hora tan desusada, suena con insistencia alarmante. Quien llama es el capitán de caballería Manuel Fernández, hijo del general Fernández Silvestre, amigo de la familia, y del cual se sabe que está metido en la conspiración. Es un hombre de gran simpatía y dilatadas relaciones; familiarmente le llaman Bolete. Es él quien comunica a Pilar Luca de Tena la irregular detención de Calvo Sotelo, los temores que ha despertado en todos, y que en los centros oficiales no dan noticia de su paradero. El motivo de haberla despertado es que los teléfonos de ABC no contestan, y desea saber Bolete si ella tiene manera de entrar a estas horas en contacto con alguien que pueda estar de guardia en la redacción… A Pilar Luca de Tena la noticia del secuestro le causa una viva impresión, que los malos presagios convierten en dolorosa; a su hermano Juan Ignacio y a Calvo Sotelo los une una fraterna amistad, y a ella misma también, y hay además la comunidad de ideales. No puede ayudar a Bolete; si el teléfono no responde es que no debe haber nadie en ABC, pero en cuanto lleguen se ocuparán de la noticia como es de suponer. Cuelga el aparato y tarda en serenarse; cuando lo consigue, comienza a componer números y transmite la alarma, y con ella el desasosiego a conocidos y amigos.

Hacia las siete de la mañana en el mostrador del bar Montaña de la Puerta del Sol están tomando café juntos el teniente coronel Pedro Sánchez Plaza y el teniente Máximo Moreno; a ambos se les advierte cansados y con la expresión preocupada.

Los dirigentes monárquicos y el resto de los diputados de Renovación y tradicionalistas han sido avisados por la familia de Calvo Sotelo, o lo van siendo, a medida que los localizan, por otros amigos. Poco después de las cinco de la madrugada, Fernando Suárez de Tangil, conde de Vallellano, telefonea al presidente de las Cortes, Diego Martínez Barrio. Es la esposa quien toma el recado; su marido regresó ayer muy tarde de una finca de la provincia de Valencia, y no le despertará hasta un poco después en atención a que estaba muy fatigado[29]. Vallellano se esfuerza en localizar a Luis Jiménez de Asúa, vicepresidente primero, pero no consigue localizarle a horas tan tempranas. El presidente de Renovación Española, Antonio Goicoechea, tan pronto como ha sido prevenido se ha puesto en movimiento. Lo cierto es que ninguna de las gestiones ha dado resultado y que la inquietud y el desasosiego acrecen. La noticia de la desaparición o secuestro ha llegado a conocimiento de los periodistas. La casa de Calvo Sotelo se va llenando de conocidos y amigos, de personas de la misma filiación política, de simpatizantes; vienen a inquirir noticias, a solidarizarse con la familia, con los demás presentes, vienen a contar lo que han oído, lo que imaginan, lo que temen.

A medida que van enterándose de lo ocurrido, reporteros y fotógrafos entran en acción, buscan informes, sin conseguirlos, en los medios oficiales a los cuales se dirigen en primera instancia. Los pertenecientes a diarios más afines tienen entrada en el domicilio del político; otros se quedan en el portal, y otros aún se esfuerzan por recordar a algún amigo que, por cualquier, circunstancia, pudiese estar enterado de algo, o facilitar una pista.

Al juzgado de Primera Instancia e Instrucción n.º 3 le ha correspondido la guardia: su titular, Ursicino Gómez Carbajo[30], el mismo que intervino cuando la detención de la Junta Política de Falange Española, poco después de las nueve de la mañana de hoy, recibe un comunicado de la Dirección General de Seguridad denunciándole que el diputado y exministro José Calvo Sotelo ha sido sacado de su casa durante la noche por unos desconocidos y que la Primera Brigada Criminal hace investigaciones para esclarecer los hechos y el paradero de la víctima. Poco después, y procedente del mismo organismo, le llega una segunda comunicación: que posiblemente ha sido secuestrado y que la pareja de Seguridad encargada de vigilar la casa pasa a presencia judicial. La noticia no le coge desprevenido; desde poco antes del primer comunicado de la Dirección de Seguridad, se han registrado llamadas telefónicas interrogando al juzgado si tienen alguna noticia sobre el paradero de Calvo Sotelo, o de que haya ocurrido alguna desgracia que pudiera afectarle.

Las declaraciones de los guardias Antonio Oñate y Andrés Pérez ponen de manifiesto la gravedad del caso: la detención se hizo a altas horas de la noche utilizando una camioneta de Asalto, cuyo número no recuerdan los guardias, en ella iban números de uniforme y paisanos; antes de franquearles la entrada, uno de los paisanos se identificó como capitán de la Guardia Civil y les mostró su documentación en regla. A ellos les dijeron que iban a cumplir con una diligencia encargada por la Dirección de Seguridad, y el dirigente monárquico, asomándose al balcón, les preguntó si en verdad eran agentes de la autoridad, a lo que ellos contestaron afirmativamente. Añaden que conocen de vista al chófer de la camioneta y que cambiaron con él algunas palabras.

Ambos guardias quedan provisionalmente detenidos y Gómez Carbajo abre inmediatamente sumario. Advierte que se halla ante un delito insólito, grave y de imprevisible trascendencia, dada la calidad de la víctima y la condición de quienes aparecen como presuntos autores. Al juez le asisten el secretario Pedro Pérez Alonso y el oficial habilitado Emilio Macarrón.

Enterados de que del cuartel de Pontejos salieron durante la noche pasada varias camionetas, aparte de otros vehículos ligeros, para efectuar servicios, ordena a la Primera Brigada Criminal que requiera, para ser interrogados, a los guardias y agentes que realizaron esos servicios. Para prevenir cualquier anormalidad y evitar que siga infringiéndose el fuero parlamentario, hace que se averigüe si en alguna comisaría de policía o en la Modelo, se halla detenido Calvo Sotelo. Manda también que sea citado el portero del inmueble de la calle de Velázquez, número 89, y a todos los testigos que hubiera en la casa, excluyendo por el momento a los familiares. Empieza a plantearse Gómez Carbajo la necesidad de tomar declaración a todos los guardias de la compañía en la cual prestaba sus servicios el teniente José Castillo, de cuya muerte también le ha correspondido a él abrir sumario, haciendo abstracción de las dificultades y trabajos que semejante medida llevará anejas y del tiempo que requerirá cumplirla.

Poco después llegará conducido Orencio Bayo Cambronero, quien declara que la noche pasada no prestó servicio alguno porque la camioneta número 17, que tenía a su cargo, había sido sustraída, y que esta mañana ha aparecido en lugar distinto de donde él la dejó en la tarde de ayer[31]. El juez manda que Bayo quede a su disposición y que se le mantenga incomunicado con la pareja de Seguridad.

AFANES, DOLOR, INQUIETUDES, DESCONCIERTO Y MIEDO

Los servicios normales del cementerio se reanudan a las ocho de la mañana, y en cuanto llega el director se le comunica que hacia las cuatro ha sido abandonado en el depósito un cadáver indocumentado, conducido hasta allí en una camioneta de guardias; y que no ha sido entregada la correspondiente hoja de filiación. Los funcionarios del cementerio se movilizan y empiezan por colocar al difunto sobre la mesa de mármol, tratando de no modificar la postura ni la posición desordenada de la ropa. El cadáver corresponde a una persona de mediana edad, bien trajeada, cuya camisa de color rosado con leves rayas es de fina calidad, y lleva alrededor del cuello una cadena de oro con medalla de la Virgen del Pilar. Todo hace suponer que no puede ser un noctámbulo cualquiera que haya protagonizado una pelea con un sereno, y menos de un sereno como ha creído entender a los de Asalto uno de los guardas nocturnos, ya que, de serlo, no iría así vestido y llevaría además documentos[32]. La dirección del cementerio decide que se desplace un funcionario al Ayuntamiento y dé cuenta de la presencia en el depósito de este cadáver y de las circunstancias en que ha ingresado. Delante del concejal socialista Muiño, el empleado de la necrópolis explica lo que antecede al alcalde Pedro Rico, quien dispone que se personen en el cementerio los concejales Aurelio Regúlez e Isidro Broceta. Están corriendo noticias sobre un posible secuestro de Calvo Sotelo y se impone comprobar con urgencia si es el suyo ese cadáver.

Alarmado el director del cementerio, al tiempo que despachaba al funcionario al Ayuntamiento, ha telefoneado a la Dirección de Seguridad comunicando que en una camioneta de guardias fue conducido durante la noche el cadáver de un desconocido y que están esperando les sea entregada la documentación que prometieron y que ellos necesitan a efectos legales.

Con rapidez, Alonso Mallol ordena al comisario Aparicio que vaya a identificar el cadáver, puesto que la coincidencia entre las sospechas que tiene, esta reclamación de documentos y la sangre que han lavado en una camioneta estacionada en Pontejos, le parecen una evidencia.

Pedro Rico telefonea a Alonso Mallol y, con voz alterada, le comunica, que ha sido hallado el cadáver del «desaparecido», que así califica a Calvo Sotelo para eludir nombrarle.

El comisario Aparicio comprueba de visu que los restos corresponden al político secuestrado, lo mismo que hace un momento han verificado los concejales.

También el capellán del cementerio, que ha oído rumores en la calle que pueden coincidir con lo sucedido esta noche en la necrópolis, se ha presentado en el depósito y ha reconocido en el cadáver sangriento y abandonado al dirigente de los monárquicos.

Casi al mismo tiempo, como si lo infructuoso de la búsqueda llevara a conjeturar la peor de las realidades, los dos hermanos de Calvo Sotelo, Arturo Salgado, Paco Grondona, cuñado del desaparecido, Andrés Amado y Sáinz Rodríguez se personan en el cementerio.

Poco después se inicia el alud de periodistas; profesionalmente interesados, se sienten de alguna manera conmovidos, porque entre ellos los hay de derechas, como los de El Debate, ABC, La Época, El Siglo Futuro, Informaciones… , y los hay de izquierdas, como los de Claridad, El Socialista, La Libertad, Política, El Heraldo… Y están los de Ahora, y los de las agencias, y corresponsales de diarios de Barcelona y otras provincias, y reporteros de semanarios. A ninguno se le oculta la trascendencia y significación del suceso. Pero Alonso Mallol ya ha telefoneado dando órdenes de que el depósito del Este y sus alrededores sea vigilado por la Guardia Civil y que se impida el acceso a cualquier persona ajena a la familia o a la intimidad de la víctima o a quien vaya con representación oficial[33].

Una de las pocas personas que en Madrid conoce el paradero de Indalecio Prieto, que descansa en Pedernales, pueblo de la costa vizcaína, es Julián Zugazagoitia, diputado a Cortes por Bilbao. Esta mañana le han despertado para comunicarle algo importante. Una de las personas que iba en la camioneta número 17 se ha presentado en su casa para contarle lo sucedido con acopio de detalles. «Ese atentado es la guerra», ha sido el primer comentario que le ha venido a las mientes, y así se lo ha declarado al visitante en medio de la profunda impresión recibida. Después que el confesante ha abandonado su domicilio, «una sensación de repugnancia y malestar» le ha ganado el cuerpo, y se ha interrogado «sobre qué circunstancias» le podían «correlìgionar a quienes se autorizaban un proceder semejante», y no ha descubierto ninguna[34]. Sin embargo, considerando «que estos análisis estaban fuera de ocasión», ha decidido prevenir a algunos compañeros para que tomaran las precauciones que creyeran convenientes por si se desencadenaba una oleada de represalias.

Telefonea a Prieto para comunicárselo y recomendarle que, con las indispensables medidas precautorias, regrese a Madrid, donde puede hacer falta. Consciente de la gravedad del momento, Indalecio Prieto se dirige a la capital, y esta vez no rehuirá la escolta, como suele hacer cuando le resulta posible.

A las nueve de mañana, Geminiano Carrascal, secretario de la CEDA, telefonea a Gil Robles, que se halla en Biarritz, a donde ha ido a pasar el fin de semana, con intención de prolongarlo hasta el día 16, santo de su mujer, Carmen. Al enterarse de lo ocurrido, se pone en camino y solo se detiene en San Sebastián a recoger al conde de Peñacastillo, quien le da la noticia de que el cadáver ha aparecido y que acaban de comunicárselo desde Madrid, donde el suceso está difundiéndose a toda prisa. Ambos viajan en coche hacia la capital y en previsión llevan dispuestos y cargados dos rifles Winchester y un par de pistolas Parabellum. Los políticos se sienten amenazados y Gil Robles con mayor razón que otros.

La evidencia de la muerte del ser querido se les oculta de momento a la viuda y a los hijos de Calvo Sotelo, que permanecen en sus habitaciones. La casa está llenándose de personas que desfilan para dar el pésame y a protestar por el asesinato. Los más íntimos se quedan pero solo unos pocos tienen acceso a la familia. En la calle empiezan a formarse corrillos y se establece una protección policial para evitar incidentes y agresiones[35].

Dejando de lado familiares, amigos y correligionarios, a una de las personas que más ha afectado lo sucedido y las circunstancias que han venido a agravarlo, es a Diego Martínez Barrio; a pesar de que entre el difunto y él las distancias políticas fueran insalvables, Calvo Sotelo era un miembro de la cámara que él preside, diputado en plenitud de sus derechos constitucionales, y ha sido muerto por agentes de la autoridad. Hasta ser comprobado que el cadáver correspondía a Calvo Sotelo, se ha afanado cerca de diversas autoridades para que, de tratarse de una detención ilegal, fuese puesto en libertad, y si era un secuestro de origen partidista y vindicativo, que se movilizaran los recursos necesarios para dar con su paradero.

No ignora Martínez Barrio que con este torpe asesinato, a la nación entera va a planteársele un problema de tal envergadura y riesgo que puede ser la gota de agua que rebase la copa llena hasta los bordes. Si desde el punto de vista humano este crimen es lamentable e indignante, considerado desde ángulos políticos hay que calificarlo de catastrófico.

A la conmoción que la noticia le produce, ha tenido que añadir el verse forzado a soportar las duras palabras que le ha dirigido por teléfono Suárez de Tangil, que poco menos, que le acusaba a él de responsable del hecho, Moles le había telefoneado antes para garantizarle que del Gobierno no ha partido ninguna orden, y que, en consecuencia, buscarían el paradero del jefe de la minoría monárquica. Y ahora, conocido lo irremediable, hay que esperar peores consecuencias, enfrentamientos resonantes y peligrosos, y escándalos que contribuyan a quebrantar más aún el prestigio del Congreso; no queda, pues, otro remedio que suspender las sesiones. Ocurre que Geminiano Carrascal, después de comunicar por teléfono con Gil Robles, ha dicho que la CEDA va a oponerse a esta suspensión. Se propone convocar a los periodistas; hay que condenar lo sucedido públicamente y sin reservas, con mayor motivo atendiendo a las disparidades ideológicas y a la condición de quienes han cometido la fechoría.

A las diez y media de la mañana se reúne en el edificio de la Presidencia el pleno del Gobierno. Los informes que van a manejar son todavía imprecisos, puesto que las diligencias apenas han comenzado a instruirse y los datos proceden de diferentes organismos o de referencias privadas que requieren mayor comprobación.

Casares Quiroga considera imprescindible suspender las sesiones del Congreso por lo menos una semana, para dar tiempo y ocasión a que los ánimos se sosieguen; acaba de comprobar al entrevistarse con Martínez Barrio, que este se muestra de acuerdo. Ha consultado con su partido y lo mismo ha hecho con representantes de las distintas minorías del Frente Popular; en principio, y a reserva de la consulta que tienen que hacer a sus respectivos grupos, todos dicen estar conformes. Más dificultades van a presentársele a Martínez Barrio, que ha de convencer a las minorías de la oposición.

La actividad política se ha intensificado durante la mañana. Las ejecutivas y las minorías parlamentarias, lo mismo de los partidos de izquierda como de derecha, alarmados por la crispación que perciben y que a ellos mismos alcanza, están celebrando reuniones. La mala nueva, que se transmite por vía telefónica y oral, desencadena reacciones violentas y contradictorias. Lo mismo ocurre en las provincias, donde lo sucedido empieza a hacerse público.

Los diarios de la tarde han entrado en máquina y la censura se apresta a intervenir con cautelosas intenciones y criterios vagos.

Ursicino Gómez Carbajo lleva a cabo en el cementerio una inspección ocular. El cadáver está colocado boca arriba y con las ropas en desorden sobre la mesa de mármol del depósito. La pernera izquierda del pantalón remangada deja al descubierto una herida a lo largo de la tibia. En la nariz se descubre una contusión y en general la sangre mancha el rostro y la vestimenta. A oídos del juez han llegado rumores de que la víctima ha sido muerta a machetazos, y también de que sostuvo una porfiada lucha con los agresores. A simple vista solo descubre dos orificios en la nuca y otro en la parte alta del pómulo izquierdo, junto a la región orbital. Los forenses en la autopsia determinarán la naturaleza de las heridas y la causa inmediata de la muerte. Que la americana aparezca levantada y le cubra, o le cubriera, parte de la cabeza, no indica necesariamente que hubiera forcejeo; puede derivar de la manera trabajosa con que ha sido bajado de la camioneta; también que se haya pretendido dificultar una casual e inmediata identificación de los porteros de turno.

A la salida, los fotógrafos retratan al juez y a los reporteros que le rodean, lanzándole preguntas. Se muestra muy parco en palabras, pero comienza a ver claros algunos aspectos que se le presentaban confusos. Para acudir al cementerio ha tenido que abandonar el interrogatorio de los guardias; ahora, lo que se impone es inspeccionar la camioneta.

Después de concluir el segundo lavado y limpieza de la camioneta número 17, Orencio Bayo volvió con ella a Pontejos para dejarla estacionada en la plaza junto a las otras.

Gómez Carbajo pronto la localiza: es la que presenta señales de haber sido limpiada y además ya ha averiguado su número. Allí mismo, en presencia del comandante Burillo, requerido al efecto, verifica la primera inspección. Entre las tablas del suelo descubre manchas de sangre que no han desaparecido. Inmediatamente ordena que sea trasladada al Juzgado de Guardia, no sin aparente sorpresa de Burillo, quien, sin embargo, no se opone a la práctica de la diligencia. Al mismo tiempo le solicita el libro de servicios de la 2.ª compañía y se incauta del mismo. La camioneta número 17 queda delante del juzgado y, de realizar los oportunos análisis, son encargados los doctores Piga y Águila Collantes, ambos forenses.

La camioneta quedará depositada en los sótanos del Juzgado de Guardia a disposición de Ja autoridad.

El Gobierno ha interrumpido la sesión después de varias horas de celebrar consejo y de haber solicitado la presencia del subsecretario de Justicia, Gomáriz, y del fiscal general, Paz Maroto. Los ministros salen del Consejo —y son fotografiados— con semblantes cuya gravedad acentúa su circunspecta tristeza. El primero que aparece es el de Gobernación, que intenta eludir a los periodistas, que le abordan, y a los que anuncia que Casares les facilitará la referencia de lo tratado: como le interrogan sobre la muerte de Calvo Sotelo, declara que el Gobierno está enterado y que él se dirige precisamente a inquirir las últimas noticias. Los ministros esquivan a los reporteros y el de Hacienda, Enrique Ramos, les proporciona de viva voz la referencia oficiosa: «Como comprenderán ustedes, hemos examinado los execrables sucesos que todos lamentamos y que, desde luego, han dado lugar a la adopción de diversas medidas y a la actuación judicial, que ya ha comenzado, designándose dos jueces especiales». A la pregunta de en quiénes van a recaer estos nombramientos, contesta que compete hacerlos a la sala de gobierno del Supremo; y añade que empezarán a actuar enseguida.

Hacia las dos y veinte abandona la presidencia su titular, Casares Quiroga; se muestra impenetrable y afirma que el ministro de Gobernación les ampliará referencias sobre extremos que ha ido a averiguar. Uno de los acuerdos del Consejo ha sido reanudarlo a las seis de la tarde.

Esta misma mañana han estado deliberando los diputados de la minoría comunista y redactado una proposición dirigida a la mesa del Congreso, cuya parte expositiva comienza: «Ante las continuas provocaciones de los elementos reaccionarios y fascistas, enemigos declarados de la República, que llevan su atrevimiento y criminal descaro al asesinato de los mejores del pueblo y del régimen…». A continuación piden la disolución de todas las organizaciones de carácter reaccionario y fascista, y sus afines, y la incautación de sus bienes, así como los de sus dirigentes e inspiradores. El procesamiento y encarcelamiento sin fianza de todas las personas conocidas por sus actividades reaccionarias, fascistas y antirrepublicanas. Y la confiscación de Ya, Informaciones, Debate y ABC, y de toda la demás prensa reaccionaria de provincias.

Los restos del teniente José Castillo yacen en capilla ardiente instalada en el salón rojo de la Dirección de Seguridad; la afluencia de público ha remitido, pero son muchos los pliegos que se han llenado con las firmas. Ante el féretro descubierto han ido desfilando, entre otras muchas gentes, soldados que sirvieron a sus órdenes en el ejército, y la presencia de socialistas se renueva sin cesar. Consuelo Morales pierde la noción del tiempo; poco o nada le reaniman las frases apasionadas o formularias que le dirigen para confortarla. De los familiares permanecen en el velatorio o se turnan; un primo del difunto, Carlos Castillo, abogado del Socorro Rojo Internacional, y su esposa, Carmen Manso; los hermanos, que han ido llegando, se muestran conmovidos por lo brutal del suceso; son cinco: Pedro, Francisco, Brisalda, Lola y Atocha. De un momento a otro se espera la llegada de la madre que hace unos días se trasladó a Alcalá la Real. También llegará el sexto hermano, Valeriano, que se hallaba en Cádiz dispuesto a embarcarse para Canarias, a donde acababa de ser destinado en su calidad de ministro togado del Cuerpo Jurídico de la Armada.

El reportero gráfico Santos Yubero se ha presentado en la Dirección de Seguridad para sacar algunas placas de la capilla ardiente; desearía una fotografía del difunto para publicarla en el diario de la tarde, Ya, para el cual trabaja; es más de media mañana y el tiempo apremia. Los periódicos serán arrancados de las manos de los vendedores, pues ha advertido en los madrileños, empezando por los profesionales, una avidez de noticias que es la misma que él experimenta. En un extremo del salón hay un grupo de personas que dan señales de aflicción y fatiga, lo cual le hace suponer que son los familiares del teniente muerto. Se aproxima a ellos y les pregunta si pueden facilitarle algún retrato para publicarlo en el diario Ya; a pesar de que se trata de un periódico afecto a la CEDA, no le cohíbe decírselo; tampoco la familia le recibe por eso con signos de hostilidad o frialdad descortés. Como no disponen allí de ninguna fotografía, le proponen que acompañe a dos de ellos a su casa y podrán satisfacerle. Salen juntos y en la Gran Vía toman un taxi que los lleva a las proximidades de la colonia Iturbe. Por el camino comentan que alguien les ha dicho que a Calvo Sotelo le han secuestrado y quizá muerto; condenan el hecho que califican de salvajada. Otra vida no podrá devolverles la del hermano. Le entregan la fotografía y regresan en el mismo taxi a la calle de Víctor Hugo, donde Santos Yubero se despide y queda a la espera de la oportunidad de conseguir nueva y sensacional información gráfica.

En el Juzgado de Guardia no se ha recibido por ahora ninguna noticia de la policía con respecto a quiénes puedan ser los autores de la muerte del teniente José Castillo.

Después de un breve descanso, que Gómez Carbajo se ha dado para almorzar cuando ya eran las tres de la tarde, continúa instruyendo las diligencias; todas son por igual urgentes y están ligadas las unas con las otras. Ha ampliado las declaraciones de los guardias de Seguridad, ha interrogado al portero de la finca, a la institutriz Renée Pelus, al mandadero Francisco Sánchez; las declaraciones de todos ellos coinciden, salvo las diferencias naturales de las distintas actuaciones de cada cual o de los hechos que han presenciado. Tiene citados a los tenientes Alfonso Barbeta y Máximo Moreno, cuyos nombres han sonado en los diversos interrogatorios de algunos guardias[36]. También ha mandado que traigan a dos de Asalto de los que parece iban en la camioneta. Está resuelto a realizar un reconocimiento en rueda en el que participen obligatoriamente todos los integrantes de la 2.ª compañía, porque ni el portero ni las personas que viven en la casa pueden dar indicios suficientes para identificar a los presuntos culpables, puesto que nunca los habían visto antes.

Al teniente Alfonso Barbeta le han llegado confidencias de que el juez está metiendo las narices en este asunto y que se propone un reconocimiento en rueda de toda la compañía de Especialidades. Como primera medida preventiva requiere a Aniceto Castro Piñeira, a Bienvenido Pérez y a Ricardo Cruz Cousillos y les advierte que se mantengan serenos, que no hay motivos de preocupación, pues nada va a esclarecerse. De lo ocurrido anoche son responsables todos desde ellos para arriba, «hasta el Gobierno en pleno». Para eludir compromisos y situaciones embarazosas, acomoda a los tres en el despacho del capitán Cuevas, de la 6.ª compañía; hará constar que estos y algún otro se encuentran de servicio; por el momento evitará que declaren.

Decide el comandante Burillo que los tenientes Moreno, Barbeta y otro, además de él, acompañen a los guardias al juzgado; en lo posible necesitan controlar la situación, frenar los reconocimientos y fomentar cierto grado de oscuridad que entorpezca las diligencias.

La sala de los secretarios, que es la más amplia, ha sido destinada por el juez para la práctica de esta diligencia que dispone se haga en grupos de diez, con el mismo orden en que aparecen en el Libro de Servicios. La revisión de este libro no ha proporcionado pistas esclarecedoras; los servicios correspondientes a la noche de ayer no figuran anotados.

De la declaración de los tenientes nada ha sacado en claro; no le pasa inadvertido que se ciñen a hacer manifestaciones formularias y elusivas. Ninguno de ellos, según aseveran, ha hecho guardia la noche anterior, ni saben quién la hizo, pues era tan grande la confusión emotiva que causó la noticia del atentado contra Castillo, que ni siquiera se montaron los servicios reglamentarios; de ahí que no consten en el libro. La noche transcurrió, según coinciden, en reuniones entre ellos, visitas a la Dirección de Seguridad, a la capilla ardiente y al ministerio.

Tan pronto como Orencio Bayo se presenta en la rueda, es reconocido. Con respecto a otros guardias, se producen dudas y vacilaciones. A los que reunidos esperando turno, se impacientan y agitan, Burillo trata de calmarlos. Por su parte, Francisco Sánchez está poniéndose nervioso, y ante la monotonía y la inutilidad de la diligencia, manifiesta con vehemencia que para que ellos puedan reconocer a alguno, hay que presentar a los que, de verdad, iban en la camioneta y subieron a la casa.

Burillo, a quien la tensión y el cansancio le comunican una palidez exagerada, entra a exponerle a Gómez Carbajo que los guardias se muestran irritados, y que él teme que se produzcan incidentes desagradables que no se siente capaz de dominar. La actitud de Burillo le parece al juez un intento de coacción y le contesta que les restituya al cuartel, que los desarme, y que vuelvan a comparecer sin armas; que él mismo hallará quién se encargue de mantener la disciplina. La discusión ha sido bastante viva, y Burillo, con demostraciones de desagrado, abandona el despacho, pero al poco rato regresa y para dar cuenta de que el orden ha quedado restablecido; la diligencia continúa. Dos guardias más han sido reconocidos, pero Bayo se obstina en mantener su negativa, lo cual hace que el juez ordene su ingreso en el calabozo.

La tarde transcurre con lentitud y la fatiga afecta a todos; no le quedan horas suficientes al día para que la totalidad de los guardias convocados cumplan la diligencia; tampoco los resultados son los que había confiado que rendiría. Antes de las nueve dará por concluida la diligencia y mañana se continuará por la mañana. A última hora se trasladará él a casa de la víctima; tiene que practicar allí una inspección ocular, y con el debido miramiento interrogar a la familia.

Los periódicos de la tarde son arrebatados de las manos de los vendedores y desaparecen a poco de llegar a los quioscos; en el público la curiosidad se manifiesta avivada por las dudas, porque están circulando numerosos bulos que después no suelen confirmarse. Ya, que ha lanzado una edición extraordinaria, destacando en primera página y con grandes titulares la muerte de Calvo Sotelo, está siendo recogida por la policía, a pesar de que había sido autorizada telefónicamente. En la redacción se están apresurando para que otra edición, la normal, revisada por la censura, pueda salir a la calle lo antes posible. En ambas se publica una fotografía de la víctima, numerosos detalles recogidos por los reporteros, declaraciones oficiales, referencia del Consejo de Ministros, una entrevista con el portero de la finca, detalles facilitados por Luis Calvo Sotelo, gestiones llevadas a cabo por familiares y amigos, más una amplia nota biográfica. Junto a noticias verdaderas se publican otras que, al no serlo, no tendrán confirmación posterior. Entre las primeras personas que acudieron al cementerio da los nombres del marqués de las Marismas, el doctor Albiñana, el marqués de la Eliseda, «El Caballero Audaz», Salort, Salcedo, Bermejillo… Los diputados monárquicos han solicitado que el féretro sea expuesto en el Congreso, y por su parte, la Academia de Jurisprudencia, de la cual era presidente, solicita que sea instalada en su sede la capilla ardiente.

En los diarios de izquierda se da preferencia a las noticias relacionadas con la muerte de Castillo, de quien sin excepción hacen muchos elogios.

La confusión de los censores en Barcelona se refleja de manera tan extrema que linda con el ridículo. En la calle Lauria los repartidores de El Noticiero Universal cargan bajo el brazo los paquetes, hoy más voluminosos que otras tardes, y corren hacia las Ramblas voceando la noticia del día. Tienen que irse deteniendo para cambiar el ejemplar por los quince céntimos, que los más de los clientes tienen ya preparados. Los números del Siero se agotan antes de que los vendedores lleguen a la mitad de las Ramblas; solo los rezagados, hombres o mujeres de mayor edad, alcanzarán más despacio hasta el cruce con Fernando o Conde del Asalto. La mayor parte de los lectores quedan defraudados. Después de las amplias referencias y pormenores de la página 23, al pasar a la siguiente se encuentra con cuatro columnas y media en blanco, censuradas; abajo, en letras grandes, pueden leer: «Este número ha sido visado por la censura». Holgaba la aclaración; salta a la vista. Los espacios en blanco se inician a renglón seguido de relatar las escenas de dolor en el velatorio del teniente Castillo. A continuación de los blancos, un titulillo, «Los amigos de la víctima», y el lector queda perplejo al comprobar que se trata de otra víctima: el jefe del Bloque Nacional. Los cortes son arbitrarios; la noticia queda truncada y en la página siguiente se prodigan detalles sobre el asalto a la emisora de Valencia por parte de unos falangistas y de la violenta respuesta izquierdista.

L'Instant y Última Hora ambos en catalán, destacan el luctuoso hecho. En los titulares no consta que los secuestradores fueran guardias y los califica de individuos, pero en el texto escriben guàrdies i paisans. El asesinato de Castillo se presenta como noticia secundaria. En L'Instant se comenta que hay que suponer el carácter feixista del atentado porque Castillo se había distinguido en la persecución de elementos de esta ideología, que le habían amenazado de muerte. En una editorial enérgica, condena los hechos porque hay que poner fin al desorden y conseguir que el Gobierno sea el único amo de la calle, pues ahora de lo que se trata es de salvar a la República[37].

Desde primeras horas de la tarde, tal como lo tenía acordado con Casares, Martínez Barrio ha ido citando en su domicilio a los jefes de las minorías parlamentarias de la oposición. En ausencia de Gil Robles, ha recibido a las cinco a Geminiano Carrascal. Le ha planteado la conveniencia de que se suspendan las sesiones hasta que los ánimos se calmen; de otra manera se corre el riesgo de que ocurran incidentes. Carrascal, que conoce el criterio de Gil Robles, que le ha comunicado por teléfono, se niega; la CEDA desea arrostrar de inmediato los debates en el Congreso. Discuten unos minutos y Martínez Barrio cede a condición de que los diputados sean cacheados, aunque se encarguen de ello miembros de la propia minoría. Continúa el desacuerdo, pues Carrascal alega que la medida es denigrante y que los diputados de derechas, que están en acentuada inferioridad numérica, en caso de ser agredidos se verían obligados a defenderse. Teme el presidente que, dada la pasión reinante, podría la sesión acabar a tiros y que ello daría al traste con el menguado prestigio de la Cámara. En el momento de despedirse sin llegar a ningún acuerdo, Carrascal comunica a Martínez Bario que Gil Robles se halla en camino y que tan pronto llegue se pondrá en contacto directo con él.

Por el domicilio de Martínez Barrio desfilan los demás jefes de minoría: Cid, por los agrarios; Badía, en sustitución de Ventosa; el conde de Vallellano, por los monárquicos, y Fernández Mato, con la representación de los centristas. Excepto el conde de Vallellano, los demás han dado su conformidad con más o menos distingos; y la negativa de los monárquicos tampoco es rotunda.

LUNES, EN TODA ESPAÑA

El general Emilio Mola Vidal carece de motivos para sentirse optimista esta mañana del 13 de julio de 1936. Ha trabajado sin escatimar esfuerzos, incluso de índole diplomática; está sacrificando sus horas, arrostrando peligros, poniendo en grave riesgo el porvenir suyo y de su familia para estructurar y coordinar la organización que dirige, una conspiración cuya red ha tomado una extensión prometedora, pero insuficiente todavía para asegurar el éxito inmediato. Un largo camino se ha recorrido en tres meses y no ha sido fácil; él es el principal comprometido y, de fracasar, muchos se echarán atrás, y podrán hacerlo, como ha ocurrido siempre en la historia de conspiraciones y pronunciamientos. Junto a cada éxito que ha venido apuntándose, en contrapartida surgía un fracaso. No ha logrado su primera y principal aspiración: la unidad entre todos los enemigos del régimen político que se ha propuesto derrocar. Imposible conciliar de manera lógica, equitativa y que no cree hipotecas para el inmediato porvenir, la colaboración entre tradicionalistas, monárquicos alfonsinos, falangistas, conservadores y republicanos de orden; cada fracción, aun dentro del ejército, aunque entre los militares en escasa medida, pretende imponer condiciones que hieren a los demás. El pueblo español se siente republicano y un levantamiento cívico-militar no puede hacerse en contra del sentir de la mayoría que, aunque en distinta proporción, tiene su reflejo en el estamento militar. El alzamiento proyectado ha de recibir la asistencia casi unánime del cuerpo de oficiales, aunque sea con distintos grados de entusiasmo; y es sabido y esperado que han de oponerse los afiliados a la UMRA y unos cuantos más que alientan idénticos propósitos. Pero ni él ni quienes le ayudan en la labor de captación han conseguido el número de adhesiones que creía obtener; las resistencias han sido demasiadas y algunas de ellas decepcionantes por imprevisibles.

En el Informe Reservado que ha redactado el 1 de este mes, destinado a tener menor difusión que los otros para no contagiar el pesimismo que a él está influyéndole, se queja de la intransigencia de los carlistas, de las condiciones que pretendían imponer los de Falange, de reticencias cedistas y radicales y, por último, de la actitud desmoralizadora ejercida en Barcelona por Rodríguez del Barrio, cuya mala salud y su reciente apartamiento del armazón conspirativo no son justificaciones suficientes.

Su hermano Ramón, que ha venido de Barcelona a pasar con él los sanfermines, se muestra pesimista, no solo por lo que a las guarniciones catalanas se refiere, sino respecto al conjunto. Ramón es portador de malas noticias, que habrá que evaluar considerando su carácter y el temor que le influye de que él pueda fracasar en esta empresa en la cual está metido hasta los codos.

A los dirigentes de Barcelona se les ha ocurrido ahora presionar sobre Goded y a este ceder a esas presiones; y ha notificado que una vez sublevado Palma, él irá a hacerse cargo de la IV División.

Los contratiempos se acumulan y desde la visita de Alonso Mallol parece que las cosas se hayan torcido. El Gobierno, a través de todos sus órganos, presiona; a las distintas autoridades les falta la certeza pero sospechan de él. El general Emilio Batet, el Gobernador Civil y más que los otros, Rodríguez Medel, que trabaja para hacerse con la voluntad de la Guardia Civil de Navarra, a cuyo mando le ha colocado el Gobierno. Con ser malas, las noticias que se reciben quizá sea la peor, el relevo de García Escámez, su brazo derecho en la conspiración, cuyo relevo pudiera hallarse relacionado con los tanteos que, por indicación suya, ha realizado cerca de Rodríguez Medel. Por fortuna, y aunque solo sea por el momento, García Escámez permanece en Pamplona en espera de destino, y no se le ha nombrado sustituto.

El andamiaje conspirativo se tambalea: presiones y prisas de los valencianos, inoperancia en Madrid, mal las Vascongadas, inciertos Alicante, Alcoy, Murcia, Castilla la Nueva, confuso Galicia, pesimismo en Barcelona. Y, como ya preveían algunos, acosado por la indecisión, en espera de que la ocasión sea óptima, Franco, que allá en Canarias no percibe lo crítico de la situación. Hace un mes que no tiene noticias concretas de Canarias; su cautela es decepcionante, porque si él no se pone al frente, Marruecos pudiera no responder a las esperanzas que despierta. El triunfo exige condiciones previas: unidad en el ejército y en las fuerzas civiles antimarxistas y antidisgregadoras que coadyuven, y avenencia disciplinada en el esfuerzo común, a fin de lograr plena coordinación. Aun en el peor de los casos, al Gobierno le quedan grandes recursos: el poder en sí mismo, la organización, la inercia de quienes no se rebelen, los medios de difusión, las comunicaciones, desenvolverse a plena luz y no en la clandestinidad, la legalidad vigente. Son quienes se sublevan los que se ven obligados a conquistar cosa a cosa.

La sensación de ilegalidad, clandestinidad y riesgo permanente contribuye a inclinar a Mola a propugnar que se respete el orden jerárquico en el ejército y el orgánico dentro de las fuerzas civiles que le den apoyo. Sus deseos se han visto reiteradamente frustrados, pero su ideal sería que las divisiones se alzaran con su jefe natural al frente; solo ha conseguido, encaminarlo, hasta el momento, en la V y en la Comandancia de Baleares. Confía que, llegado el caso, ocurrirá lo mismo en Canarias y en la Comandancia Exenta de Asturias. Desearía que brigadas, regimientos, batallones, compañías, salieran a las calles o al campo mandados por sus generales, coroneles, comandantes, capitanes: no va a conseguirlo en muchas, en demasiadas. Provocar la subversión en el seno mismo de la milicia, convertir un golpe militar en una cadena de insurrecciones parciales minará la esencia misma del ejército al quebrar su columna vertebral. Igual va a suceder con la Guardia Civil. Sebastián Pozas ejerce una influencia sobre muchos de los mandos superiores que puede ser decisiva. Ni Madrid ni Barcelona han respondido, y otro tanto ocurre en muchos tercios y comandancias.

Y, a semejanza de las fuerzas armadas y de orden público, que serán el eje y brazo derecho de la sublevación, las fuerzas civiles que cooperan, conviene que lo hagan de manera oficial, de acuerdo con lo establecido en sus propios reglamentos. Los monárquicos aportarán influencia, apoyo financiero, organización y la enorme fuerza político-social de que todavía disponen, y le proporcionarán hombres de cuyo valor no duda; pero esa extrema derecha, con cuya riqueza y dominio él no está siquiera de acuerdo, pasará factura, y a poco que las circunstancias le fueran propicias, se alzarán con el poder. Los falangistas son escasos en el conjunto de España; sus cuadros han sufrido quebrantos devastadores y se hallan encarcelados, dispersos y perseguidos; confía en que aportarán combatientes aptos, no el elevado número de que alardean, pero sí suficientes para reforzar las unidades militares, para formar algunas de milicias y constituir una base que garantice el orden en pueblos y lugares en donde no haya guarnición. El conflicto con los tradicionalistas está al rojo vivo. Si la sublevación se produce, sabe Mola que cuenta con la adhesión de la Junta Carlista de Navarra, con el conde de Rodezno y otros dirigentes, que en Aragón, Jesús Comín cooperará, y que los catalanes, entre la espada y la pared, se echarán al monte; y es de esperar apoyos en las Vascongadas, Valencia, Andalucía y otros lugares. Lo deseable sería que la movilización carlista viniera ordenada desde la cúspide; que la voz de mando parta del pretendiente romántico y lejano, a quien ellos llaman rey, pasando por el supuesto regente, y hasta por el sevillano Fal Conde, que se muestra tan intransigente que se atreve a imponer condiciones, y que resalta su incompatibilidad con grupos militares y civiles muy estimables y necesarios.

Por mediación de Javier de Lizarza, que ha viajado a Estoril, comisionado por la Junta Suprema de San Juan de Luz, le ha sido transmitida una carta de Sanjurjo fechada el día 9. Contiene un esbozo de programa que, de aceptarlo, le enemistará con otros comprometidos que tienen poder de movilización y mando de tropas. En Portugal no está informado Sanjurjo de lo que aquí ocurre y de cuáles son los ánimos de los comprometidos; se halla rodeado de una camarilla y le visitan emisarios de un solo color. Entre frases halagüeñas para edulcorar la imposición, Sanjurjo acepta el programa carlista; solo aflojan en lo del rey, es decir, en nada porque el anciano ese que reside en Viena poquísimo representa para la inmensa mayoría de los españoles de derechas; para los demás, solo puede ser motivo de befa.

Para ganar tiempo, y como resulta evidente que la carta venía firmada por Sanjurjo, ha pretextado que él duda de que el texto lo hubiese redactado el marqués del Rif. Apoya esta sospecha, y nadie mejor que él para reconocer su fragilidad, en que la misiva no venía acompañada de la contraseña convenida; la mitad del recordatorio de unos funerales. Esta respuesta extravagante, que ha hecho llegar a Lizarza por medio de Fernández Cordón, ha ofendido a aquel, pues equivale a dudar de la honorabilidad de los carlistas y acusarlos poco menos que de falsificación.

Lizarza, que se ha trasladado el mismo día 11 a San Juan de Luz, ha dado cuenta de la actitud de «El Director» al príncipe Javier, a Fal Conde y a la Junta Central. La respuesta ha sido unánime y terminante: «que se diera por terminada toda relación con Mola». Ayer, domingo, Lizarza ha regresado a Pamplona y transmitido la consigna a los requetés: se rompe con Mola; si se sublevan, lo harán ellos solos.

Mola, que ha tomado nuevo contacto con la Junta Carlista de Navarra, consigue que tres de sus miembros se trasladen a San Juan de Luz y soliciten del regente y de Fal Conde autorización para movilizar los requetés navarros en apoyo del ejército, ya que la sublevación parece inminente. A las observaciones entreveradas de reproches que les hacen de conformarse solo con que los requetés luchen bajo su bandera y de que los ayuntamientos navarros los constituyan carlistas, concesiones que parecen insuficientes a los de San Juan de Luz, los de la Junta regional insisten con firmeza. El regente les propone que él escribirá al rey, que es a quien corresponde la última decisión. Acuerdan que los de la Junta navarra regresen dentro de tres días para conocer la respuesta, pero ellos plantean una última consulta: «¿Y si el movimiento se iniciara antes de transcurrir esa fecha?». En tal caso se los autoriza para que secunden a Mola.

Cuando la tarde del domingo Lizarza regresa a Pamplona, se encuentra con que todos dan por sentado que se va al movimiento sin cuidarse de la respuesta de Viena, que no dudan será afirmativa. Indignado, Javier de Lizarza vuelve una vez más a San Juan de Luz durante la mañana del lunes; allí recibe la orden de que se suspendan los preparativos de movilización. Solo él queda autorizado para difundirla, y así tiene que hacerlo saber en Navarra.

Hoy, hacia mediodía, el periodista Raimundo García telefonea al general Mola y le comunica que va a pasar a visitarle, lo cual permite suponer que algo importante quiere decirle. No tarda en presentarse en la comandancia con una noticia trascendente: Calvo Sotelo ha sido asesinado. El director de El Diario de Navarra, que sabía que el líder monárquico había sido secuestrado, ha telefoneado al Congreso de Madrid y le han informado de que el cadáver ha aparecido y que rumores públicos que parecen fundamentados señalan como culpables a agentes uniformados del Gobierno. «Garcilaso» regresa a la redacción, donde piensa instalarse para recabar y recibir más aclaraciones.

No era Calvo Sotelo pieza principal de la conspiración; se sabía que en cualquier momento podía contarse con él, como ahora Mola está convencido de que seguirá contando con sus seguidores. En la medida de lo posible ha procurado mantener a Calvo Sotelo y a los demás políticos fuera de la conspiración, sin que ello obstara para recurrir a determinados servicios cuando resultaba conveniente e imprescindible. Cuando necesite algo de ellos, está persuadido de que no pueden fallarle. Lo más inquietante de esta dolorosa nueva es que demuestra que el enemigo toma la iniciativa y que este puede ser el inicio de un ataque en regla. La importancia de la muerte de personalidad tan destacada se acentúa al considerar que los enemigos no han retrocedido a la hora de apuntar muy alto.

No puede esperar más ni frenar el ímpetu de los impacientes; están de sobra recelos y pequeñeces. Presiente que van a sucederse acciones dictadas por el paroxismo que la noticia va a desencadenar entre los exaltados; habrá que aconsejarlos, pedirles, exigirles, serenidad y disciplina, pero no cabe prolongar más esta situación.

Acaba de recibir carta de Yagüe anunciándole que en Marruecos están preparados, pues terminan las maniobras. El capitán Gerardo Ymaz, de la segunda Legión del Tercio, se halla de permiso en Pamplona. Le mandará llamar para entregarle la orden destinada a Yagüe: que Marruecos inicie el alzamiento el próximo jueves, el 16. Que Ymaz emprenda de inmediato el camino de Ceuta; el ferrocarril hasta Madrid y de allí a Algeciras para embarcar.

En opinión del general Francisco Franco, la conspiración, de cuyos avances ha estado informado, no ha alcanzado el punto de madurez y extensión que garantiza el éxito; no es prudente, pues, precipitar el estallido. De acuerdo con este criterio ha cursado un telegrama a Valentín Galarza, encargado de la comunicación con Mola, con el siguiente texto: «Geografía poco extensa», que, en el lenguaje convenido, significa que no ha llegado aún el momento.

La primera noticia de lo ocurrido en la madrugada de hoy se recibe en Tenerife en la redacción de La Tarde. El director, alarmado por el hecho y las circunstancias que parecen rodearlo, estima conveniente ponerlo en conocimiento de la Comandancia Militar. El jefe de Estado Mayor, coronel Peral, es quien se lo transmite al general Franco, que en ese momento trabaja en su despacho. No se turba ni emociona en apariencia; medita un instante y, como hablando para sí, dice: «No se puede esperar más; esta es la señal».

Cualquier reserva que induzca a nuevas dilaciones ha terminado; ha sonado la hora de la decisión. ¿Le esperan en Marruecos para ponerse al frente de aquel ejército? Se trasladará a Marruecos. Lo importante es que allí sepan que él va. Redacta un mensaje en clave para Valentín Galarza, que rectifique y anule el anterior de «Geografía poca extensa», que probablemente habrá llegado a su destino. El doctor Gabarda es el encargado de transmitir a Madrid estos mensajes que ni siquiera sabe qué significan[38].

En vuelo por etapas y bastante accidentado que tiene mucho de aventura, ha aterrizado en Casablanca un aparato De Havilland, modelo Dragon Rapide, y matrícula G-ACYR, que despegó de Groydon el sábado 11 de julio, hace dos días. Lo pilota el capitán Cecil W. H. Bebb, contratado para este viaje cuyos objetivos desconoce. Son los pasajeros el mayor retirado Hugh Pollard, su hija Diana y una amiga norteamericana de esta, la joven Dorothy Watson. Dirige la expedición Luis Bolín, corresponsal de ABC en Londres. Con ellos ha compartido las últimas etapas de tan inusual viaje el marqués del Mérito, que desde Casablanca seguirá por sus medios a Tánger.

Hace unos días el financiero mallorquín Juan March habló con Juan Ignacio Luca de Tena de la posibilidad de alquilar un avión —primero se pensaba en un hidro— capaz de trasladar al general Franco desde Tenerife a Ceuta. Y él se ofrecía a financiar la operación. Los organizadores de esta empresa son los monárquicos, con excepción del «mecenas», Juan March, que es solo rabioso antigubernamental, tanto a causa de la persecución, que él por supuesto considera injusta, de que fue objeto por parte de las izquierdas republicanas, como porque, además, están interfiriéndose en la amplia y complicada gama de sus particulares y pingües negocios. Los conspiradores conocen las posibilidades del ejército africano y saben que, para que rinda al máximo, necesita estar mandado por un hombre competente y del mayor prestigio, dos cualidades que se dan reunidas en Franco[39]. Hasta el propio Indalecio Prieto le reconoció, desde el bando opuesto, cualidades excepcionales. El teniente coronel Yagüe puede capitanear el golpe, pero si esas unidades de élite quedan inmovilizadas, su utilidad bélica se anula; su sola presencia en la península es capaz de ejercer efectos intimidatorios resolutivos. Trasladar persona tan notoria desde Canarias a África no es empresa sencilla; de hacerlo en barco podría despertar sospechas y sería previsible su interceptación por parte de agentes del Gobierno.

Luca de Tena ha pasado el encargo a Juan de la Cierva, el inventor del autogiro, que, por vivir en Londres y estar relacionado en los círculos aeronáuticos, podía servir de agente y asesor. En colaboración con Luis. Bolín han hallado el aparato (la idea de un hidro ha sido rechazada por inadecuada), encontrado el piloto y, por añadidura estos esforzados amigos, que servirán de cobertura, y que se prestaron sin apenas formular preguntas a participar en el vuelo.

El marqués del Mérito y Luis Bolín leen con emocionada consternación en un diario francés la muerte de Calvo Sotelo, cuyas consecuencias políticas se esfuerzan en valorar. El marqués tiene que buscar en Tánger una avioneta para que el viaje de Franco pueda prolongarse hasta donde convenga y no terminar necesariamente en Larache, Tetuán o Melilla, únicos aeródromos, aparte del internacional de Tánger, donde puede tomar tierra el Dragon Rapide. Está convenido que Bolín y los pasajeros han de esperar en Casablanca la presencia de un emisario o enlace de Canarias, con la consigna pactada, portador de instrucciones concretas[40]. El plazo es impreciso y largo: hasta fin de mes. Si para entonces no se ha presentado el emisario, deben todos regresar a Inglaterra.

La muerte de Calvo Sotelo altera la situación; la misión se vuelve peligrosa y urgente, y eso se percibe aquí, a pesar del aislamiento. Bolín decide confiarse a Pollard y, usando de cautelas que le impiden revelarle el verdadero objeto del viaje, le explica la manera de tomar contacto en Tenerife con el doctor Gabarda, que es el encargado de darle instrucciones o presentarle a otras personas. Ha de comparecer en clínica Costa, y dar al citado médico la consigna, «Galicia saluda a Francia». Pollard, que gusta de la intriga y la aventura, acepta la misteriosa misión y continúa viaje con las dos muchachas en el Dragon pilotado por Bebb; aterrizarán en las Palmas y desde allí deben embarcar en el transbordador a Tenerife. Al piloto no le dan explicaciones y desde luego ignora la consigna; debe esperar.

En la determinación que toma Bolín de permanecer en Casablanca, pesan por igual el riesgo a ser reconocido en Tenerife, como el temor de que, dada la nueva situación que va a plantearse, no le resultará fácil llegar a Casablanca al desconocido enlace. En caso de que todo funcione, Pollard, su hija y Dorothy, se quedarán a descansar unos días en una playa isleña y regresarán por mar a Inglaterra, posibilidad de la cual están advertidos, mientras Bebb traerá como pasajero al general Franco. Dejándole sano y salvo en uno de los tres aeródromos militares, Bolín habrá cumplido, no sin sobresaltos, la misión a la cual se ha comprometido.

Ramiro Ledesma Ramos, distanciado de Falange y firme en sus ideas y posturas, ha conseguido no sin apuros sacar el primer número de Nuestra revolución, una revista de combate de escasa tirada. Hoy lunes se halla en la calle del Príncipe, número 14, trabajando para el segundo número en la modesta redacción. Con él está, compartiendo la misma tarea, el jonsista Guillén Salaya. Suena el timbre y Ledesma se pone al aparato: Calvo Sotelo —le comunican— ha sido secuestrado en una camioneta de guardias de Asalto esta madrugada, su cadáver ha sido encontrado en el cementerio del Este. Las autoridades afirman no saber nada, quieren inhibirse. Hay gran agitación. Cuelga el teléfono y queda callado y meditando, mientras Salaya le observa con curiosidad e inquietud. Con voz pausada le dice: «Puedes dejar de escribir; el número dos no se publicará. Acaban de comunicarme que el Gobierno ha hecho asesinar a Calvo Sotelo. Hay que dejar la pluma y tomar las armas, cambiar la teoría por la acción»[41].

El diputado tradicionalista Jesús Comín acaba de sentarse a la mesa en su casa de Zaragoza para almorzar con la familia. Su esposa que atiende a una llamada telefónica, se presenta demudada en el comedor; de la redacción del periódico carlista La Tarde, comunican que ha aparecido el cadáver de Calvo Sotelo. Se afana Comín por conseguir conferencia con casa de Andrés Amado, pero el teléfono no cesa de comunicar; pide a la central que cambien de número y llamen al del también diputado Fuentes Pila y tampoco logra línea. Para ganar tiempo, telefonea a la familia de Linares Rivas; una de las chicas descuelga en Madrid el aparato. «¡Qué horror!», exclama, y resume algunos de los muchos rumores que circulan por la capital, pero confirma el hecho cierto de la muerte. Suspende el almuerzo y mientras en pie come apresuradamente algo, hace que le preparen la maleta; si se apura, conseguirá alcanzar el rápido de día que al anochecer le dejará en la estación del Mediodía. Calvo Sotelo es, era, además de amigo, el jefe de su minoría parlamentaria.

Al presidente de la Generalidad de Cataluña le acosan los periodistas; la noticia le ha impresionado y prevé los peores males. En los últimos días el atentado, seguido de muerte, contra el gerente de La Escocesa, la agresión a bombazos contra el automóvil del coronel Críspulo Moracho, y la huelga de transportes que afecta a la ciudad, al puerto y a muchas otras actividades, han reavivado las tensiones. No le es posible negar a los reporteros que está enterado de la muerte del jefe del Bloque Nacional, pero se resiste a formular cualquier opinión hasta conocer la referencia oficial del Gobierno.

La noticia ha saltado muros, rastrillos y rejas; los dieciocho falangistas que desde la prisión de Valladolid han sido transferidos a la de Ávila, se han enterado de que Calvo Sotelo ha sido secuestrado y muerto con alevosía. Onésimo Redondo, jefe territorial de Castilla, se deja arrebatar por la vehemencia de su temperamento, y reúne a los camaradas para advertirles que se proponen hacer lo mismo con todos ellos, que el Gobierno mandará eliminarlos si el momento en que estalle el movimiento militar los sorprende encerrados; no tendrán salvación. En consecuencia, hay que preparar la fuga.

Jesús Artola, gobernador civil de San Sebastián, ha telefoneado al diputado Mariano Ansó, que acaba de llevar a su familia de veraneo a Zarauz, con indicación de que se presente en su despacho lo más de prisa que pueda. Cuando Ansó se persona ante él, le comunica la muerte de Calvo Sotelo y la necesidad de que salga para Madrid. El comentario del diputado de Izquierda Republicana es que, después de las sublevaciones de Asturias y Cataluña en 1934, este crimen es el peor atentado cometido contra la República. Como muchos otros diputados, desde toda España, tomará esta noche el expreso para ir a la capital.

Indalecio Prieto, que no ha conseguido alcanzar en Vitoria el rápido de Madrid, se detiene a almorzar en el restaurante El Frontón. Entre los comensales encuentra al diputado tradicionalista José Luis Oriol, en compañía de unos oficiales. Prieto confirma a Oriol el hallazgo del cuerpo en el cementerio, y este formula las más amenazadoras predicciones. Con la escolta, que se le ha incorporado en Vitoria y cuya compañía acepta, el líder socialista sigue viaje hacia Madrid. Esta acción irreflexiva ha dado definitivamente al traste con las escasísimas posibilidades que subsistían de establecer pactos que evitaran el choque inminente; hay que prepararse para una lucha encarnizada de resultados imprevisibles. Cualquier consideración política hay que arrumbarla; un grupo de insensatos ha cortado el precario hilo de la última posibilidad.

Al capitán jurídico Tomás Garicano, que disfruta su permiso en Pamplona, le ha requerido el general Mola para que se persone en la comandancia. En alguna otra ocasión ha realizado servicios de enlace con Galicia por estar destinado en La Coruña. Esta vez le entrega órdenes escritas que debe poner en manos de Rafael Garcerán en Madrid. Garcerán enlaza con Primo de Rivera y con los falangistas de la capital. Otro mensaje va dirigido al teniente coronel Valentín Galarza, y, como ha de seguir viaje a La Coruña, allá debe hacer llegar el papel al coronel Martín Alonso, y en El Ferrol a los capitanes de fragata Salvador Moreno y Manuel Vierna. El peligro es cada vez mayor, pues la tensión política ha alcanzado cotas paroxísticas y la vigilancia se ha intensificado sobre las personas que se desplazan, con aumento de la suspicacia si son militares. Aquella misma noche hace que una tía suya le cosa las misivas en las hombreras; y en Madrid, donde también tiene familia, otra tía se las descoserá mañana.

En la prisión provincial de Alicante, Primo de Rivera recibe de boca de su cuñada Margot Larios, que cada día visita a su marido, Miguel, detenido con José Antonio, la noticia de que han matado a Calvo Sotelo. Él nunca ha sentido mucha simpatía por el dirigente monárquico ni por las personas que le apoyan a quienes, por razones familiares y aún políticas, conoce tan de cerca. En una ocasión llegó a vetar el ingreso en Falange de Calvo Sotelo, porque estaba convencido de que el solo hecho de su afiliación desvirtuaría los principios que él se ha esforzado en mantener y preservar contra viento y marea, contra las estrecheces económicas, y contra haberle resultado imprescindible en ocasiones aceptar ayudas financieras provenientes de la derecha monárquica. José Antonio Primo de Rivera contiene un movimiento de furor; no es ocasión de incompatibilidades ideológicas, de simpatías y antipatías, de matices; se contrae un instante y arrastrando las sílabas, exclama: «¡Le vengaremos!».

Al capitán de caballería Federico Escofet, condenado a muerte después de la sublevación catalanista de 1934, y que ha sido nombrado comisario general de Orden Público de la Generalidad, le llegan primero rumores y después la confirmación de lo ocurrido en Madrid. Cree él que, sean quienes sean los culpables, han cometido un tremendo error político; matando a Calvo Sotelo nada habrán solucionado y multiplican la ira de los enemigos que atraerán a su bando nuevos adeptos entre los airados y los espantados. Recuerda que en Madrid asistió al entierro del capitán Faraudo y las palabras que oyó pronunciar a Mangada; y recuerda que se le acercó el capitán Condés, a quien solo conocía por correspondencia, y lo que le dijo. El sábado mataron al teniente Castillo y a partir de ese momento los que pensaban como Mangada y como Condés, han tomado la iniciativa. Y, sin embargo, la única y mejor arma del Gobierno es la legalidad.

A derecha e izquierda la noticia, que ya se ha difundido por toda España, es causa de profunda conmoción; y las consecuencias de una acción imprevisible, imprevisibles son. El Gobierno, a quien se le ha ido de entre las manos el dominio de la situación y que es consciente de su propia debilidad, no acierta a recuperar la iniciativa. Por el momento se ha descargado en el juez de guardia y ahora nombrarán un juez especial que entienda del caso y, para establecer el equilibrio y dejar sentado que la muerte de Calvo Sotelo ha sido consecuencia de la del teniente Castillo, designarán otro magistrado para esclarecer este crimen. Han ordenado se adopten precauciones en ciudades, pueblos, caminos, carreteras y estaciones; a través del general Sebastián Pozas se controla a la Guardia Civil y se temen nuevas reacciones de los de Asalto. Sobre el hecho en sí, los informes que hasta el momento han recogido no aparecen suficientemente diáfanos; los verdaderos responsables permanecen en la sombra y, por razones de oportunidad política, no puede extremarse la investigación del tanto de culpa que a cada cual corresponda. Las derechas acusan al Gobierno, y ello es consecuencia directa tanto de la exaltación dominante como de las circunstancias en que el suceso se produjo; es una baza en contra que hay que asumir. La irritación remitirá y las circunstancias han de irse poniendo en claro; cuando las aguas vuelvan a su cauce habrán de sustanciarse las responsabilidades, y que caigan los más comprometidos. En sentido inverso llegan hasta los ministerios enormes presiones, exigiendo que se ataque a la derecha con rigor y, aunque parezca parcialidad, el Gobierno no puede cruzarse de brazos ante el clamor popular de sus partidarios. Y, como la huelga de la construcción ha desembocado en el caos y han vuelto a reproducirse enfrentamientos intersindicales con derramamiento de sangre, y como la CNT dificulta cualquier solución, se procede también contra ella, con lo cual se dará impresión de firmeza y equidad. Lo importante es evitar desórdenes, y para no dar motivo a la publicidad que llevan anejas las sesiones del Congreso, urge suspenderlas. Si Gil Robles se niega a dar su conformidad a la suspensión, se hará por decreto. El Gobierno no puede responder a quienes le acusan, ni exculparse de un crimen que no ha cometido, y en el cual no ha tenido la más pequeña intervención. El mero hecho de formular excusas presupondría alguna dosis de mala conciencia.

A la salida del Consejo, a primeras horas de la noche, el mutismo de los ministros se mantiene, y si Casares explica con brevedad que se tomarán serias medidas, se niega a aclarar en qué consisten. El titular de Hacienda, Enrique Ramos, facilita la referencia: una nota de circunstancias en la cual se barajan generalidades. La sesión ha finalizado a las nueve menos cuarto. Se condenan ambos hechos y se promete firmeza y energía dentro de la ley. De algunas alusiones, cabría deducir una condena severa de los agentes y de los activistas, pero se soslaya entrar en el fondo del problema: «No hay idea, principio ni doctrina que merezca respeto cuando quienes dicen profesarlas acuden a procedimientos reñidos con la más elemental consideración hacia la existencia de los ciudadanos…». Anuncia que se atacará el mal «allá donde el mal se produzca y sea cualquiera la filiación de los autores o de sus inspiradores». Lo anodino de la nota oficial no responde a la gravedad de los hechos, y en Madrid ya se comenta que el ministro de Gobernación debe dimitir. Ramos amplía la referencia y precisa que el juez especial designado para entender en el caso de Calvo Sotelo es el magistrado del Supremo Enrique Iglesias Portal, y en el de Castillo, el también magistrado Sánchez Orbeta.

Mientras el Gobierno no acierta a salir de su perplejidad, los partidos y organizaciones de la extrema izquierda, a los cuales pertenecen los que han perpetrado y ejecutado el crimen, no lo desaprueban ni siquiera por fórmula; consideran a las derechas y a la propia víctima únicos responsables de lo ocurrido. Desde su óptica, la muerte del teniente Castillo es un punto de arranque y no establecen ninguna relación con las otras muertes recientes, precedidas de secuestro; la del joven José Sánchez Gallego y de Justo Serrano Enamorado. Se han reunido y, de madrugada, darán una nota conjunta que publicarán los diarios del martes; «Conocidos los propósitos de los elementos reaccionarios enemigos de la República y del proletariado, los elementos políticos y sindicales representados por los firmantes se han unido y han establecido una coincidencia absoluta y unánime en ofrecer al Gobierno el concurso y la ayuda de las masas que les son afectas para cuanto signifique defensa del régimen y resistencia contra todo lo que pueda hacerse contra él». Lo firman: Manuel Lois, por la UGT; Santiago Carrillo, por la Juventud Socialista; por el PCE, José Díaz; Edmundo Domínguez, por la Casa del Pueblo; y por el PSOE, Luis Jiménez de Asúa. La CNT ha quedado excluida de las reuniones y de la firma. Esta nota causará sensación: los partidos y organizaciones proletarias expresan su apoyo al Gobierno ante las agresiones que pueden producirse, pero esa solidaridad, espontáneamente manifestada, ata un poco las manos de los ministros frente al esclarecimiento de los hechos y condiciona, en alguna medida, su actuación frente a los mismos.

En el Ateneo de Tarragona, cuya presidencia ostenta el diputado Ramón Nogués, ha dado una conferencia política Carlos Pi y Suñer. Durante el acto ha llegado a conocimiento de los presentes que los restos de Calvo Sotelo han sido hallados en el cementerio. La confirmación de la muerte llena a Nogués de amarga preocupación en lo político y en lo personal. Recuerda que ambos estudiaron juntos derecho en Zaragoza y que, a despecho de las trayectorias políticas opuestas que siguieron, sus relaciones particulares, no intensas pero sí largas en el tiempo, nunca se enturbiaron. Durante la dictadura coincidieron en el expreso de Madrid que él tomaba en Mora la Nueva; se saludaron y Calvo Sotelo le preguntó con campechanía a manera de saludo: «¿Qué, tú tan republicanote como siempre…?». Y recuerda que al discutirse las actas en el Congreso, le encargaron, precisamente a él, de oponerse a las de Orense y, en consecuencia a la de Calvo Sotelo.

Esta misma noche ha de partir para Madrid; la minoría de Esquerra ha sido convocada con urgencia. La memoria se confunde y todo parece lejano y un tanto irreal, como irreal parece esa muerte, que agrava una situación que ya es demasiado peligrosa y confusa.

Durante la noche se fijará en las paredes de la capital, según es norma y costumbre, un bando que acaba de redactarse: «Don Francisco Carreras Roure, gobernador civil de esta provincia. Hago saber…». Comienza por hacer presente a los ciudadanos a quienes va dirigido que se halla en vigor el estado de alarma en todo el territorio nacional, con referencia expresa a la legislación vigente, y lo que «se hace saber» es que serán detenidos quienes intenten perturbar el orden; que quienes lo hagan con armas o usando de la violencia serán disueltos tras un solo toque de atención; que se clausurarán los centros cuya actividad se considera peligrosa; que se prohíben en la calle los grupos, las reuniones al aire libre, etc. Y, por último, que la censura previa afecta a toda clase de impresos; que las sanciones previstas se aplicarán con todo rigor, pero que espera que el buen sentido de los ciudadanos no hará necesaria la aplicación de estas medidas. El bando es un tanto anodino y casi innecesario, pero el Gobierno no se atreve a proclamar el estado de guerra, que equivaldría a entregar el poder en manos de los militares; y en muchos de ellos no confía y menos en circunstancias como las que hoy concurren. Acaba de mandar que se entregue el texto para que lo impriman según costumbre y con toda urgencia. No le gusta la colocación de estos carteles en los muros; nunca falta un chusco que añade a la palabra «Bando» la partícula «lero», imitando incluso el tipo de imprenta. Y al público, cuya malicia es infinita, le divierten esas bromas fáciles y tontas.

En el portal de Velázquez, número 89, han sido colocados pliegos de firmas que se llenan uno tras otro. Las personas que se presentan son cada vez más numerosas; unos suben a la casa y otros se limitan a dejar tarjeta o a estampar su nombre. Los periodistas montan guardia en el portal, en la calle, y permanecen atentos a cuanto ocurre. Fuera se han formado grandes grupos que comentan o discuten, en ocasiones han prorrumpido en gritos y se han producido incidentes de escasa monta. Acuden exministros, como Yanguas Messía y Eduardo Callejo, ambos compañeros de gabinete del difunto cuando la dictadura: Rafael Salazar Alonso, republicano radical, que ha ido evolucionando hasta posiciones más conservadoras; Leopoldo Matos, y muchos diputados y exdiputados. A los periodistas que toman notas les parece estar a veces redactando las de sociedad: barón de Rualla, condes de Gamazo y de Ganello, Romualdo de Toledo, Honorio Riesgo, Alfonso de Orleans, Narciso Puig de la Bellacasa, los marqueses de Córdoba y los de San Juan de Buenavista, José Canalejas, Ortiz de Solórzano, Antonio Alfaro, Alfredo Zabala, Geminiano Carrascal, Bernardo de Aza, Félix Avia, Mariano de Muntadas. En tarjetas y pliegos se escriben encendidas frases que reflejan el estado de ánimo de los presentes: «¡Tu sangre salvará España!», «Ahora más que nunca ¡viva Calvo Sotelo!», «¡Arriba España!», y María Neira de Basalba, que escribe: «¡Todo lo mío, hijos, vida y hacienda, por mi Patria!». Cuando Rafael Sánchez Guerra se ha presentado en la portería con ánimo de firmar, ha sido abucheado y rechazado por muchos de los que allí estaban.

No hay avenencia posible, o se firma aquí, o en los pliegos del salón rojo de la Dirección de Seguridad; dos actitudes antagónicas y definitivas. Quien firma con entusiasmo, lo mismo que el que lo hace un poco forzado, por cumplido, sabe que no hay retroceso y que manifestarse en público es arriesgado.

Ursicino Gómez Carbajo ha llevado a cabo una inspección ocular en el domicilio del difunto, y lo ha hecho con carácter más bien formulario. Al tomarle declaración a la viuda observa que coincide en todo con lo manifestado por la institutriz y las personas de servicio; si le hubieran quedado dudas sobre algún extremo, estas se habrían disipado. Mañana a primera hora se practicará la autopsia y supone que nada importante va a deducirse de esta diligencia. Si al Gobierno le interesa identificar a los asesinos, al ministro es a quien corresponde adoptar actitudes enérgicas y forzar a la policía a que los busque, encuentre y detenga.

A última hora de este día que parece no tener fin, Diego Martínez Barrio, rendido por la fatiga y desolado, recibe a los periodistas; no sabe qué decirles; tiene que esforzarse por retirar leña de la hoguera que a todos amenaza. La palidez del rostro se ha acentuado y sus ojos velados y tristes le convierten en la imagen misma del desconsuelo. Principia por darles cuenta de que ha comunicado al secretario de la Academia de Jurisprudencia que el Gobierno ha denegado el permiso de establecer la cámara mortuoria en la sede de la institución, «por tratarse de un paso peligroso, pues, aunque se tomaran todas las precauciones que el Gobierno tiene en su mano, puede haber siempre elementos interesados en perturbar la normalidad». Se expresa con premiosidad, dando rodeos; declara que se autorizará la celebración del entierro entre el depósito donde yacen ahora los restos y la sepultura; dentro, pues, del recinto del cementerio. El ministro Casares en persona le ha manifestado que, una vez lavado el cadáver, se ha comprobado que la muerte fue producida por arma de fuego y no por arma blanca, como se había dicho. Formula una leve y disimulada crítica al Gobierno, con cuya actitud en cuestiones de orden público los miembros de su minoría se han mostrado disconformes: «No es posible que los ciudadanos vean que el Estado no garantiza su seguridad. Todos hemos de poner cuanto esté de nuestra parte para acabar con la situación que este suceso revela (…). El tiempo es un sedante y puede contribuir a que todos recobremos la calma». Insiste en la condenación del hecho y, como si insinuara una cierta imprudencia en la propia víctima, dice que no comprende que Calvo Sotelo, «que era un hombre siempre sereno, se hubiese dejado sorprender», porque a las tres y media de la mañana no debe abrírsele la puerta a nadie, extrañándose asimismo de que no hiciera ninguna llamada telefónica a cualquier centro oficial, y lo atribuye al deseo de no alarmar a su esposa y a la familia, y a que, precisamente por ser un hombre sereno, descartara la idea de que pudiera ocurrirle algo. Se lamenta de que, «si hubo un acuerdo preliminar de realización, no hubiese habido uno solo de los cómplices con mayor finura de sensibilidad que hubiese dado un aviso que permitiera su frustración». Después, y siempre colocando el acento sobre lo triste de la situación a que se ha llegado, hace ante los periodistas elogios del muerto como hombre y como político. Algo más tarde volverá a recibir a los reporteros para expresar su esperanza de que las sesiones de Cortes se suspendan y dar cuenta de las gestiones que ha realizado para conseguirlo. En la larga entrevista sostenida con los reporteros no ha establecido parangón, ni siquiera relación de causalidad, entre las muertes de Castillo y Calvo Sotelo, quizá porque para él, como presidente de las Cortes, lo importante y grave es el secuestro y muerte de un parlamentario que goza de inmunidad, y más cuando el hecho es imputable a la fuerza pública, porque en este caso todo desemboca en el absurdo.

En estas últimas horas le ha acudido a la memoria que hoy hace doce días, al terminar la última intervención parlamentaria del líder monárquico, le produjo cierta irritación la actitud que adoptó y que la relación entre ambos que logró mantener buena y aún correcta, con gran acopio de paciencia y no poco esfuerzo, a lo largo de todas las sesiones, quedó ese día precisamente afectada de subterránea, y solo leve, hostilidad.

Diputados y periodistas comentan con pasión los sucesos de estos días en los pasillos y en el bar del Congreso. Los de derechas, más numerosos, se muestran agresivos de palabra, mientras que los de izquierda que se han descolgado por aquí aparecen en su mayoría reservados y esquivos. Badía, de la Lliga, afirma que tanto por este crimen como por el fracaso gubernamental en la huelga de la construcción, hay que considerar que la crisis se ha abierto. El diputado cedista y sacerdote, Molina Nieto, deja correr libre su indignación, y cuando le preguntan si las derechas deben continuar en el Parlamento, replica que es al pleno de la minoría a quien compete decidir, pero que, si por él fuera, se ausentaría, negándose a discutir más con una gente de quienes le separa una laguna de sangre. Los de izquierda suelen condenar el hecho sin extenderse en comentarios; algunos, como Martínez Pedroso, acusan a las derechas de las provocaciones y agresiones que se reiteran: «El domingo murió asesinado el teniente Castillo, y también era un hombre».

Uno de los periodistas, comentando que las posiciones divergentes e irreductibles se acentúan, ha recordado a los compañeros que en fecha muy próxima en el tiempo, ya que ha sido el jueves cuando se celebraba la última sesión, se firmaba una solicitud al Gobierno para que acudiera en auxilio de los damnificados por las recientes galernas del Cantábrico, al tiempo que expresaban su pésame. Y que esta proposición la firmaban el republicano Fernández de la Vega, el tradicionalista Comín, Ceballos, de la CEDA, Rodríguez de Viguri, por el Partido Agrario, Pedregal, como independiente, Romero Solano, socialista, Jané, por la Esquerra y Valls y Taberner, de la Lliga, el comunista Bolívar y el nacionalista vasco Irujo.

Negándose a hacer las declaraciones que le solicitan, se ha presentado Indalecio Prieto, que en este momento llega del Norte. Ha permanecido muy escaso espacio de tiempo en los corrillos, porque han venido a requerir su presencia en algún sitio que no ha aclarado cuál era y se ausenta dando muestras de contrariedad.

En todas las redacciones de Madrid y de las provincias se trabaja con apasionada intensidad, manejando noticias oficiales, declaraciones, novedades o rumores recogidos en la calle, en las antesalas, en las mismas redacciones, a través del teléfono. Se comenta que ha sido retirado el extraordinario de Ya, y que el director de La Época se ha negado a sacar su diario a la calle a causa de las presiones recibidas y de que le prohibieran utilizar el término «asesinato». Los comentarios guardan estricta relación con la ideología de quien los hace[42].

Por eludir la censura han sido suspendidos, El Día, de Alicante, y El Lunes, de Oviedo. Este último ha agotado rápidamente la edición; los ejemplares han llegado a venderse con sobreprecio.

Hasta las once de la noche no ha recibido Alfredo Kindelán el telegrama que le ha transmitido Valentín Galarza, cursado anoche desde Santa Cruz de Tenerife. Su texto «Geografía poco extensa», de acuerdo con las claves convenidas, significa que Franco considera que no es momento todavía para un alzamiento, y hay que interpretar que, de producirse en fecha inmediata, como todos esperan, él no va a apoyarlo. La situación que plantea es gravísima y puede comprometer el éxito. Sin reparar en lo avanzado de la hora, convoca a una joven amiga, Elena Medina Garvey, que en otras ocasiones se ha prestado a servirle de correo, para que con la máxima premura se desplace a Pamplona y entregue el mensaje al general Mola. Elena Medina descose el cinturón, pliega el telegrama de manera que abulte lo menos posible, vuelve a coserlo, y se dispone a emprender el viaje; sabe que es vehículo de noticias de mucho interés, y aunque ignora de qué tratan, se ha dado cuenta de que no son buenas.

Tan pronto como Gil Robles llega a Madrid se presenta en el domicilio de Calvo Sotelo para expresar el pésame a la familia. Todavía queda mucho público en el portal y en la calle, y en la casa abundan las personas conocidas. Están recibiéndose telegramas de España y del extranjero, de personalidades, de entidades políticas, jurídicas o culturales, de cuantos desean dejar constancia de su protesta, su dolor o su solidaridad.

Considerando la negativa para instalar la capilla ardiente en el Congreso o en la Academia de Jurisprudencia, los diputados Fuentes Pila y Suárez de Tangil se han personado en el juzgado para solicitar, en nombre de la familia, que les sea entregado el cadáver. Hasta mañana por Ja mañana, después de efectuada la autopsia, no podrán complacer la petición. La capilla ardiente será instalada en una dependencia del depósito judicial habilitada al efecto. La hora del entierro se ha señalado para las cinco de la tarde de mañana.

Poco antes de las doce de la noche se presenta en el Ministerio de la Guerra una comisión integrada por representantes de los partidos comunista y socialista, de la UGT, de la Federación de Juventudes Socialistas y de la Casa del Pueblo madrileña. Vicente Uribe, Indalecio Prieto, Manuel Lois, Santiago Carrillo, Edmundo Domínguez y Juan Simeón Vidarte forman parte de esta comisión[43]. Al ministro Casares Quiroga, que los ha recibido, le exponen la decidida voluntad de apoyo al régimen de las fuerzas que ellos personifican, para el caso de que se presentara cualquier peligro. Casares se ha limitado a agradecerles el ofrecimiento y la solidaridad que demostraban en estos difíciles momentos, y a hacerles patente que, de plantearse esa situación que ellos temen, el Gobierno está preparado y prevenido para hacer honor a la confianza que le testimonian.

Considerando terminada una áspera jornada de trabajo y emociones, Ursicino Gómez Carbajo se dirige al Juzgado de Guardia para dejar todo en orden y preparar las primeras diligencias que mañana van a ponerse en práctica. Está esperándole el magistrado del Tribunal Supremo Eduardo Iglesias Portal, que le comunica ha sido designado juez especial en el Consejo de Ministros. A partir de ese momento se hace cargo de la documentación, pues, según manifiesta, desea estudiarla antes de continuar mañana las actuaciones. Gómez Carbajo, de palabra, le amplía lo que consta por escrito y le transmite sus impresiones por si pudiera servirle de alguna utilidad.

Mañana se efectuarán los trámites oficiales. Cuando se despiden son las doce de la noche.

Arriba izquierda: Bibiano Fernández Osorio Tafall, subsecretario de Gobernación en los días del asesinato del teniente Castillo y José Calvo Sotelo.

Arriba derecha: José Castillo es un hombre serio y su aspecto, salvo obviamente cuando viste el uniforme, no es el que convencionalmente suele atribuirse a los militares, Sus convicciones políticas son de gran solidez, lo cual, unido a su condición castrense, le inclinan a la mano dura para mantener a la disciplina y el orden público.

Abajo: El cadáver de Castillo es llevado provisionalmente al despacho del coronel Sánchez Plaza, donde se le amortaja con la guerrera de la cual había sido despojado en el quirófano.

Calvo Sotelo durante su actuación en diversos mítines.

Arriba: Con los diputados de Renovación Española Goicoechea, Sáinz Rodríguez y otros monárquicos depositando una corona en la tumba de los héroes en Roma, en 1934, con motivo de la boda.

Abajo: Diversos momentos en la vida política de José Calvo Sotelo.

Abajo izquierda: En las Cortes contestando las preguntas de diversos periodistas.

Abajo derecha: En un banquete presidido por la marquesa de Pelayo.

Arriba: En un almuerzo político en el que son reconocibles, entre otros, Albiñana, Yanguas, Honorio Maura, Goicoechea, Delgado Barreto, Callejo, conde de Rodezno, Maeztu, conde de los Andes…

Abajo: En el Parlamento con diversos amigos y correligionarios.

Arriba izquierda: Fernando Condés es un hombre flaco, de aspecto nervioso y mirada melancólica, a quien se supone de tendencias caballeristas y revolucionarias.

Arriba derecha: Andrés Amado, amigo y colaborador de Calvo Sotelo, quien en la madrugada del 13 de julio se dirige a la Dirección General de Seguridad inquiriendo noticias sobre la detención de Calvo Sotelo.

Abajo izquierda: A Pedro Sáinz Rodríguez le despiertan y se viste apresuradamente…

Abajo derecha: Por teléfono es avisado Eugenio Vargas Latapié, joven monárquico, alma de la revista Acción Española.

Arriba: Calvo Sotelo con el periodista Juan Pujol, quien en la madrugada del 13 realiza diversas gestiones para localizar el paradero del jefe de la oposición.

Centro: … es indispensable lavarlo todo mejor; insistir en el intento de borrar las manchas delatoras. (Camioneta en la que fue asesinado Calvo Sotelo).

Abajo: Pedro Rico, alcalde de Madrid, telefonea a Alonso Mallol y con voz alterada le comunica que ha sido hallado el cadáver del «desaparecido», que así califica a Calvo Sotelo para eludir nombrarle.

Arriba izquierda: Diego Martínez Barrio, una de las personas a las que más le ha afectado el suceso (asesinato de Calvo Sotelo) y las circunstancias que han venido a agravarlo.

Arriba derecha: … dos orificios en la nuca y otro en la parte alta del pómulo izquierdo, junto a la región orbital.

Abajo: Hacia las dos y veinte abandona la Presidencia del Gobierno su titular, Casares Quiroga; se muestra impenetrable y afirma que el ministro de Gobernación les ampliará referencias sobre extremos que ha ido a averiguar.

Arriba: Urcisino Gómez Carbajo, titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción, a quien ha correspondido las diligencias sobre la desaparición de Calvo Sotelo.

Abajo izquierda: Detalle de una página del diario barcelonés El Noticiero Universal correspondiente al lunes 13 de julio.

Abajo derecha: «No se puede esperar más; esta es la señal». (El general Franco al tener conocimiento del asesinato de Calvo Sotelo).

Arriba izquierda: Juan March, financiador de la operación que trasladará a Franco desde Tenerife hasta Ceuta.

Arriba derecha: «Hay que dejar la pluma y tomar las armas, cambiar la teoría por la práctica». (Ramiro Ledesma Ramos a Guillén Salaya al enterarse del asesinato de Calvo Sotelo).

Abajo: Primo de Rivera recibe de boca de su cuñada Margot Larios, que cada día visita a su marido Miguel —detenido con José Antonio—, la noticia de que han matado a Calvo Sotelo.

Arriba: José Antonio vetó el ingreso en Falange de Calvo Sotelo porque estaba convencido de que el solo hecho de su afiliación desvirtuaría los principios que él se había esforzado en mantener y preservar contra viento y marea. (Homenaje en el hotel Ritz de Madrid al jefe de Renovación Española; de pie, en el grupo de la extrema izquierda, José Antonio; son reconocibles, entre muchos otros, Sáinz Rodríguez, Goicoechea, Rodezno, Albiñana, Maeztu, Pemán, Serrano Suñer…).

Abajo: El Gobierno quiere dejar sentado que la muerta de Calvo Sotelo ha sido consecuencia de la del teniente Castillo.

Arriba: En las primeras horas de la mañana del 14 los doctores Piga Pascual y José Águila Collantes proceden a la autopsia del cadáver de Calvo Sotelo.

Izquierda: Moles, ministro de la Gobernación, se halla desbordado; desde todos los lados le presionan y su ánimo está conturbado y desaprueba lo ocurrido en el ámbito mismo de su autoridad.

Derecha: El cadáver amortajado con hábito franciscano tal como él tenía dispuesto.

El despeñadero

MARTES, 14 DE JULIO

A las cuatro de la mañana, en un coche estufa se han trasladado los restos del teniente José Castillo desde la Dirección de Seguridad al cementerio civil, próximo al recinto general del Este. El sepelio está anunciado para las diez de la mañana y se espera que acuda mucha concurrencia. Las autoridades han dispuesto que los dos entierros de hoy se celebren en el interior de la necrópolis, con lo cual confían en que no se altere el orden público, por lo menos en las calles madrileñas.

Durante la noche pasada se ha procedido a la clausura de numerosos centros de derechas, en particular los de Renovación Española, y han seguido los registros y las detenciones. Ayer ha sido encarcelado Fernando Primo de Rivera. Igualmente se ha clausurado el Comité Regional de la CNT, en la calle de la Luna número 4, y numerosos Ateneos Libertarios.

En las primeras horas de la mañana, los doctores Antonio Piga Pascual y José Águila Collantes han procedido a la autopsia del cadáver de Calvo Sotelo; son los mismos forenses que ayer, ante el juez, examinaron los restos, y ordenaron los análisis de sangre. Se ha procedido al afeitado de la región occipital, con lo cual los dos orificios de las balas se distinguen con entera claridad y puede apreciarse que los disparos se efectuaron a muy escasa distancia. La sangre hallada en la camioneta pertenecía al grupo serológico ABMN, el mismo que la del difunto. Uno de los proyectiles quedó alojado en el cerebro y el otro ha salido por la región orbital izquierda, lo cual ha dado lugar a que se creyera por quienes primero vieron el cadáver que el disparo se hizo de frente. Las erosiones del rostro y de la pierna se produjeron a la caída o al ser arrastrado el cuerpo para sacarlo de la camioneta. Queda descartado que se produjera lucha. La muerte fue instantánea y su causa inmediata «síncope bulbar de origen traumático».

Terminados los trámites de la autopsia, ha podido procederse al amortajamiento, y se ha hecho con hábito franciscano, tal como él lo tenía dispuesto. Está acondicionándose esta dependencia del depósito para que sirva de capilla ardiente hasta las cinco de la tarde, hora que se ha fijado para la ceremonia de la inhumación. Con el fin de evitar que se produzcan tensiones y alejar las posibilidades de incidentes, se ha dispuesto que sea la Guardia Civil la encargada de la vigilancia en el interior y exterior del cementerio; los de Asalto permanecerán alejados.

Los diarios de la mañana publican amplias informaciones de los trágicos sucesos del domingo por la noche; toda la prensa ha pasado por la censura. Todavía aparecen en sus columnas noticias erróneas que, más tarde, serán corregidas o rectificadas; que quien mostró el carnet era un oficial de Asalto, que en la camioneta hubo lucha, silenciar que en ella iban guardias de uniforme… Las informaciones de los sucesos en sí suelen ser objetivas. Amplios espacios se han destinado a la actividad política que paralelamente se ha desencadenado: Consejo de Ministros, reuniones de partidos y sindicales, ambiente ciudadano, declaraciones de hombres públicos, efectos de la noticia, suspensión de las sesiones del Congreso, reacciones en provincias, bando del gobernador… Los diarios de información y los de izquierda dedican mayor espacio que los de derechas al atentado contra Castillo; pésames, capilla ardiente, declaraciones de testigos, la familia y otros pormenores. En El Socialista se escribe «que el sistema de los atentados personales se le antoja hoy como ayer bárbaro e impropio de una colectividad medianamente organizada». Acusa a las derechas por ser a ellas a las que puede favorecer la merma de la confianza colectiva. «Aún es tiempo de reaccionar contra el pistolerismo y sacar la política del atolladero sangriento en que le vienen metiendo quienes especulan con el atentado». El órgano de Izquierda Republicana, Política, estima que la nota del Gobierno es lo que podía esperarse. Ataca a los residuos feudales, al fascismo, y declara que es al Gobierno a quien compete inutilizar la subversión de los reaccionarios, a la par que recomienda a las masas que se mantengan alerta contra los agentes provocadores. La Libertad trata de la lucha entre la libertad y la reacción y condena a quienes se han tomado la justicia por su mano contra «un jefe reaccionario, enemigo del pueblo»; y solicita medidas enérgicas. La primera página de Ahora está ocupada por las fotografías de las dos víctimas y en los titulares del interior se califican ambos de «crímenes abominables». En toda la prensa se utilizan grandes titulares y la efigie de Calvo Sotelo aparece en la mayor parte de los diarios[1]. A la prensa de derechas se la ha prohibido cualquier comentario. ABC publica a toda página la fotografía de la víctima, y en el interior una amplia biografía; también reproduce artículos que, con el seudónimo de «Máximo», enviaba a este diario durante su exilio en París. Algo semejante, al vedarle el comentario, se ve obligado a hacer El Debate.

La emoción que el luctuoso acontecimiento ha producido en Barcelona se refleja en la prensa de la mañana, que aparece con muchas tachaduras por culpa de la forma caótica con que ha actuado la censura. Solidaridad Obrera, portavoz de la CNT, le dedica amplios espacios y la información es de notable objetividad. La condena de La Vanguardia es dura, a pesar de las restricciones y del tono mesurado que caracterizan a este diario; «o se alza por fin en España —escribe— un Gobierno guía, un Gobierno que gobierne de veras, imponiéndose y desarmando a todo el mundo, o las aguas torrenciales de la anarquía irán engrosando y subiendo hasta sumergirnos en una ola de barbarie». Los conservadores de distintos campos, como Diario de Barcelona, El Matí y La Veu de Catalunya, critican al Gobierno, a quien consideran responsable de la inestabilidad en que se vive, abominan de la violencia y en especial cuando se dan en ella circunstancias tan reprobables como las que concurren en este caso. También La Publicitat califica de inadmisible que los encargados de garantizar el orden se tomen la justicia por su mano y conculquen tanto este orden como la ley. La Humanitat, de la Esquerra, muestra viva indignación, relaciona y compara las dos muertes, y reclama autoridad con prestigio y suficiente energía para imponerse. Aunque la conmoción en Barcelona no es tan intensa como en Madrid, la prensa refleja la palpitación ciudadana, pues, si es cierto que los seguidores de Calvo Sotelo no son numerosos, son fieles e influyentes, y toda la derecha se siente herida y amenazada. Se recogen firmas en el Colegio de Abogados y se anuncia la celebración de funerales que, forzosamente, estarán cargados de carácter político.

En San Sebastián, ayer al mediodía, en la redacción de La Noticia se daba razón en una pizarra, primero del secuestro y después de la muerte de Calvo Sotelo; el gobernador de Guipúzcoa mandó retirar sucesivamente ambas pizarras. El de Vizcaya declara a los periodistas: «Dadas las circunstancias, he extremado los servicios de vigilancia, porque no estoy dispuesto a tolerar que nadie se adueñe para nada de la calle». La penosa impresión producida por los sucesos de la noche del domingo ha sido general en toda España. En Santander, donde las derechas han ganado las elecciones, y Renovación cuenta con dos diputados, Fuentes Pila y Sáinz Rodríguez, los comentarios son más apasionados: además, Calvo Sotelo y su familia solían veranear en Comillas, lo cual creaba un vínculo con la provincia. En las principales ciudades gallegas se recogen firmas en los locales del Bloque Nacional, y se cursan a Madrid numerosos telegramas. En las sedes de los partidos derechistas de ciudades y pueblos y en muchas capitales de provincia se colocan crespones negros y se anuncian misas.

Muy poco antes de su muerte había hecho Calvo Sotelo unas declaraciones en las cuales denunciaba que —de acuerdo con su criterio— el referéndum para el Estatuto Gallego había sido una gigantesca falsificación; la votación real, dijo, no pasaría del 15%. Afirmaba la personalidad bien definida de Galicia con reconocimiento de sus legítimas aspiraciones en cuanto a la gestión privativa de ciertos intereses propios. Pero rechaza el acaparamiento propagandístico estatutario por parte de la izquierda, y señala que en este momento en Galicia y en toda España existen problemas más urgentes por resolver: el orden público y la crisis económica. Todo se ha supeditado, dice, «a la locura de montar una maquinaria parlamentaria y presidencialista de mucho coste y ninguna eficacia, en lugar de ir derecho a una forma autonómica económico-administrativa; o sea, un concierto como el vasco».

En toda España los periódicos de la oposición solo pueden publicar noticias, semblanzas del difunto y generalidades sobre la violencia y su condena. Los afectos al Frente Popular acusan a la derecha con unanimidad. El artículo más significativo, por amenazador, lo publica Indalecio Prieto en el periódico de su propiedad, El Liberal, de Bilbao; y al día siguiente se reproducirá, en todo o en parte, en la prensa gubernamental de Madrid y en muchas provincias. Se titula «Apostillas a unos sucesos sangrientos». Comienza por referirse a la traca que estalló durante el desfile del 14 de abril bajo la tribuna presidencial, y pasa a los sucesos que dieron como resultado la muerte del alférez Reyes, dejando entrever que en aquellos sucesos «se perseguían finalidades más hondas y más dramáticas». Recuerda que durante el entierro, «en contraste con la lenidad que caracterizó la conducta de algunas autoridades superiores con motivo de los bochornosos incidentes ocurridos durante la conducción del cadáver, hubo autoridades subalternas que procedieron con energía. Una de esas autoridades subalternas fue el teniente de Asalto don José Castillo». Explica que por esa causa recibió muchos anónimos amenazadores y se hace eco de que «Madrid viene siendo escenario de constantes crímenes políticos, entre los cuales descolló el asesinato del capitán Faraudo, significado por su devoción a las ideas socialistas». Se refiere al ataque contra la terraza del bar de la calle de Torrijos, donde dice que se reunían fascistas y personas pertenecientes a los cuerpos armados, y cómo, a la noche siguiente, cuando salían de la Casa del Pueblo unos «pacíficos trabajadores», se abrió fuego contra ellos y resultaron cuatro muertos. Relata el atentado contra Castillo, y que horas después varias personas, «unas uniformadas y otras no», se llevaron preso a Calvo Sotelo, cuyo cadáver apareció por la mañana. Establecida la correlación entre unos y otros atentados, y después de precisar que considera casi ocioso condenarlos, añade: «Digo simplemente que, por el honor de todos, esto no puede continuar». El artículo de Prieto, que impresiona a los lectores de ambos bandos y al público en general, recoge los rumores de que la muerte de Calvo Sotelo servirá para provocar el alzamiento de que tanto se viene hablando, y que, en consecuencia, se han reunido representantes de los partidos socialista y comunista y de la UGT y otras organizaciones proletarias, poniéndose rápidamente de acuerdo sobre lo que tendrá que ser una acción común si el movimiento subversivo se lleva a cabo. «Todas las discordias quedaron ahogadas. Frente al enemigo, la unión». El último párrafo es el más significativo: «Si la reacción sueña con un golpe de estado incruento, como el de 1923, se equivoca de medio a medio. Si supone que encontrará al régimen indefenso, se engaña. Para vencer habrá de saltar por encima del valladar humano que le opondrá las masas proletarias. Será, lo tengo dicho muchas veces, una batalla a muerte, porque cada uno de los dos bandos sabe que el adversario, si triunfa, no le dará cuartel. Aun habiendo de ocurrir así, sería preferible un combate decisivo a esta continua sangría». Cuando Prieto ha redactado este artículo, que dicta telefónicamente a Bilbao, conocía la identidad de quienes han organizado el secuestro y la muerte, y estaba al corriente de que eran hombres muy afectos a su política y a su persona, de los que solían escoltarle a él.

El entierro del teniente Castillo se ha retrasado debido a la necesidad de cumplir ciertas formalidades administrativas y a las muchas personas que concurren al cementerio donde va a celebrarse la ceremonia de inhumación de los restos.

Desde primeras horas de la mañana están llegando numerosos miembros de organizaciones políticas, sindicales y paramilitares. La representación del ministro de Gobernación la ostenta el subsecretario Bibiano Fernández Osorio-Tafall; figuran en la presidencia el director de Seguridad, Alonso Mallol y los concejales socialistas Cordero y Muiño, que acompañan al alcalde Pedro Rico. El más significado de los políticos presentes es Indalecio Prieto, y entre otros diputados están, Ramón Lamoneda, Simeón Vidarte y Margarita Nelken. En representación de la presidencia de las Cortes asiste Figueroa Rojas, de Unión Republicana. El duelo familiar lo presiden los hermanos Valeriano, Pedro, Francisco y Dolores, el primero de ellos coronel del Cuerpo Jurídico de la Armada. Concurren numerosos oficiales de Asalto y del ejército. Y milicias uniformadas de la Juventud Socialista. El coronel Julio Mangada pronuncia unas frases vibrantes en elogio del muerto y de los ideales que ha defendido, y de condena para sus asesinos. Están presentes otros instructores de milicias: Francisco Galán entre ellos. Desfilan puño en alto las milicias uniformadas y su saludo es el que se impone en este entierro. Las coronas fúnebres son muy numerosas y el ataúd va envuelto en la bandera roja. Quienes asisten a este entierro son ya combatientes de uno de los bandos; no se darán excepciones.

La viuda de Calvo Sotelo decide visitar en la improvisada capilla ardiente los restos de su marido, y el padre, que estaba con ella en la casa, a pesar de sus achaques, la acompaña. La madre no se ve con fuerzas suficientes para ver los restos maltrechos de su hijo. Al cementerio van también Pilar Grondona y el doctor Canalejas, amigo de la familia, que lleva dispuesta una inyección por si fuera necesario asistir al padre.

El cadáver yace en el ataúd, amortajado y semicubierto de flores. La viuda y el padre del muerto forman una patética pareja enlutada y un poco ajena a la multitud que van atravesando en casa, en el portal, en la calle, a la entrada del cementerio y en la misma capilla ardiente. En el tempestuoso océano político en que se halla convertida España, batida por el temporal, agitadas por un dolor más íntimo y lacerante, dos mujeres coinciden, sin coincidir, en la vastedad de estos dos cementerios separados y juntos, abrasados ambos por el sol de julio: Consuelo Morales y Enriqueta Grondona.

Vicente Gállego y Joaquín Arrarás se han presentado en el Ministerio de Gobernación para procurar que se levante la suspensión que le ha sido impuesta al Ya; y han conseguido ser recibidos por Juan Moles. Alegan que él mismo había autorizado telefónicamente a sacar el número extraordinario con noticias sobre la muerte de Calvo Sotelo. El ministro no puede negarlo, pero, acorralado contra la pared, se excusa diciéndoles que no les otorgó permiso para que escribieran que los autores fueran los guardias. A los periodistas les resulta fácil responder a la objeción; no podían ocultar que fue detenido por guardias, que se utilizó una camioneta de la Dirección General de Seguridad, que dejaron el cadáver en el cementerio, ni que la pareja de servicio en el portal les permitió pasar porque se trataba de un servicio oficial. Moles se siente desbordado; desde todos los lados le presionan; y su ánimo conturbado desaprueba lo ocurrido en el ámbito mismo de su autoridad.

Hacia las diez de la mañana llega al pabellón que ocupa el general Mola, en la Comandancia Militar de Pamplona, Elena Medina Garvey, quien, contra su costumbre, se muestra hoy nerviosa e impaciente. En el cuarto de plancha a donde, como en otras ocasiones le han hecho pasar, se presenta el general tan pronto le avisan de su presencia. Elena abre el cinturón con unas tijeras que le entregan, y se lo pasa a Mola con el mensaje que anoche le entregó el general Kindelán en Madrid. Mola coge el cinturón, extrae el papel y lee el texto: «Geografía poco extensa»; su rostro se contrae, arroja con rabia al suelo el papel que ha arrugado entre los dedos y el cinturón que sostenía en la otra mano. Al instante se domina, recoge el cinturón y se lo entrega a Elena Medina, al tiempo que se disculpa por el arrebato. Sin pronunciar más palabras, abandona la habitación. Por la manera en que anoche reaccionó Kindelán y por la escena de Mola, comprende que algo malo ocurre; alguna grave contrariedad. A Mola le ha irritado enterarse que Franco, en el último instante, cuando todo está dispuesto, se echa atrás. Toma una determinación: enviará a Ansaldo a Lisboa, que recoja allí a Sanjurjo y lo traslade a Marruecos; y que sea Sanjurjo quien tome personalmente el mando de las tropas africanas. Su actual capacidad militar será inferior a la de Franco, pero su prestigio allí linda con el mito. No es momento de dilaciones y cambios, ni les queda tiempo de meterse en discusiones o de esforzarse en convencer a Franco, cosa más que difícil si se considera lo complicado de la comunicación con Canarias. Redacta otro mensaje y regresa a su pabellón. Elena Medina dobla el papel y lo introduce en el cinturón, que vuelve a coser. Recibe la orden de partir de inmediato, sin descansar, para Madrid, donde el billete ha de serle entregado a Valentín Galarza.

A lo largo de este largo día, Javier de Lizarza, jefe de los requetés navarros, y los capitanes Barrera, Lorduy y Vázquez, a través de diversas entrevistas, van a solucionar el conflicto existente entre el general Mola y la Junta Suprema Carlista de San Juan de Luz. Deshaciendo malos entendidos y con el ánimo predispuesto a zanjar las diferencias, ya que tanto Lizarza como los capitanes saben que le sublevación está a punto de estallar, aceptan una sugerencia de Lizarza: que Mola dé por escrito la conformidad a la carta de Sanjurjo.

Está convencido Mola de que dispondrá de fuerzas suficientes para dominar Navarra, pero eso no basta para tranquilizarle, porque las malas nuevas procedentes de otras guarniciones han ido acumulándose; desde Pamplona él tendrá que acudir a donde le necesiten. Y las Vascongadas presentarán puntos débiles si los nacionalistas vascos, aunque todavía no lo tengan decidido en firme, se vuelcan en favor del Gobierno, como cabe considerar probable; el flanco oeste lo tiene amenazado. Los tradicionalistas son una fuerza aguerrida, organizada, con mandos eficientes; le conviene su incorporación incondicional y plena.

La misma tarde del martes, 14, regresará Lizarza a San Juan de Luz con una escueta misiva: «Conforme con las orientaciones que en su carta del día 9 indica el general Sanjurjo y con las que el día de mañana determine él mismo, como jefe del Gobierno». No sin contrariedad la ha firmado; a la fuerza ahorcan.

Unos paños negros cuelgan de las desangeladas paredes, y las coronas de flores se amontonan en los extremos de la cámara. Comienza el desfile de quienes han acudido a rendir el último homenaje a Calvo Sotelo. Entre cirios encendidos, el féretro de caoba con aplicaciones de plata permanece abierto. La parte baja del ataúd se halla cruzada por una bandera monárquica. Entre las manos pálidas y engarfiadas del difunto, un crucifijo; y junto a la cabeza han colocado otro Cristo de mayor tamaño, el que presidía la alcoba matrimonial.

Con anticipación a la hora señalada van llegando personalidades políticas, amigos, gentes de toda condición que se asocian al homenaje y a la iracunda protesta que este acto supone. Quienes a esta hora concurren al cementerio han escogido bando y asumen el riesgo de declararlo en público. Están presentes, ya desde la mañana, los hermanos, cuñados, sobrinos y otros familiares. Se reza el rosario, mientras el desfile del público continúa. Gil Robles, Goicoechea, Cid, Melquíades Álvarez, Ventosa, Martínez de Velasco, Juan de la Cierva, y muchos diputados de las minorías derechistas, algunos radicales y entre estos varios que lo fueron en otras legislaturas, periodistas, sacerdotes, aristócratas, abogados, terratenientes, financieros, jóvenes de la JAP y Renovación, tradicionalistas, falangistas, y miles de personas más: sin faltar mujeres de todas las edades.

Un escuadrón a caballo de la Guardia Civil y una compañía de a pie, distribuidos en parejas o pelotones, cuidan de que el orden no sea alterado. Salvo excepciones individuales, la actitud de estos guardias no es de simpatía o solidaridad, como algunos esperaban, sino de severidad y distanciamiento; cumplen con su deber y nada más.

Al llegar a la puerta del cementerio, la mesa de las Cortes, única representación oficial, al frente de la cual figura el vicepresidente segundo, diputado de Izquierda Republicana, Luis Fernández Clérigo, es recibida con insultos y con hostilidad tan activa que linda con la agresión. Los que integran esta comisión, a pesar de que intentan sosegar los ánimos más exaltados, se ven obligados a abandonar el cementerio. El propio Gil Robles ha comparecido para calmar el pequeño tumulto y para recordar a los presentes que no es lugar ni ocasión de gritos ni desorden.

La comitiva se pone en marcha a las cinco de la tarde: van en cabeza las coronas porteadas por jóvenes; una de ellas ha sido encargada por Alfonso XIII. A continuación, un sacerdote revestido de negro y, tras un espacio, el féretro que llevan a hombros Joaquín Calvo Sotelo, José María Albiñana, Santiago Fuentes Pila, Andrés Amado, José María Valiente, Mariano Serrano Mendicute, Antonio Bermúdez Cañete, Jesús Comín y Pedro Sáinz Rodríguez. Detrás marchan, destacados, Gil Robles y Goicoechea, y con ellos el secretario del difunto, Salgado Biempica, Ramiro de Maeztu, Eugenio Vegas Latapié, Manuel Senante, que lleva la representación de Fal Conde, el marqués de la Eliseda, Romualdo de Toledo, Salazar Alonso, Emiliano Iglesias, el conde de Vallellano, Pérez Laborda, José María Cid, Cruz Conde, Herrera Oria, el «Caballero Audaz», Yanguas Messía, Eduardo Callejo, el conde de Gamazo, Antonio Maseda, Araúz de Robles, Jorge Vigón, Pablo Garnica, Juan Pujol, Rodríguez de Viguri, Ventosa y Calvell, Pedro Rahola, Luis de Urquijo, Juan de la Cierva, Villalobos, Jesús Pabón, Pérez Madrigal, Delgado Barreto, Martínez de Velasco, el marqués de Valdeiglesias, Miralles, los marqueses de Santa Cruz, de Villaviciosa, del Real Tesoro y de Berna, los duques de Pinohermoso, de la Victoria, y la duquesa de Dúrcal, condes de San Luis, de Canga Argüelles, de la Florida, de Gondomar, de Haro, de Villada y de las Infantas, el general Losada, y el también general Milans del Bosch, Alfredo Kindelán, Avelino Parrando, el comandante Verde, el conde de Peñacastillo, una representación de la Academia de Jurisprudencia, presidida por Melquíades Álvarez, y muchos más[2]. En el último momento se han agregado José Félix de Lequerica y José María de Areilza, que acaban de llegar de Bilbao. El entierro avanza entre preces y silencio[3].

El cortejo se dirige, entre silencio y preces, hasta llegar al cuartel 9, manzana II, letra A, donde ya está abierta la sepultura. Al paso del féretro, los falangistas y algunos otros de los presentes saludan brazo en alto. Después del último responso y en el momento de darle tierra, Antonio Goicoechea, jefe de Renovación Española, sube a un pequeño montículo y habla ante los presentes que se han ido agrupando entre las tumbas: «No te ofrecemos que rogaremos a Dios por ti; te pedimos que ruegues tú por nosotros. Ante esa bandera colocada como una cruz sobre tu pecho, ante Dios que nos oye y nos ve, empeñamos solemne juramento de consagrar nuestra vida a esta triple labor: imitar tu ejemplo, vengar tu muerte y salvar a España, que todo es uno y lo mismo; porque salvar a España será vengar tu muerte, e imitar tu ejemplo será el camino más seguro para salvar a España».

Muchos de los asistentes van exaltándose; han oído las palabras de Goicoechea como un hilo tendido entre la muerte, Dios, y un compromiso de venganza. Al salir del cementerio se desfila brazo en alto y se prorrumpe en gritos, la emoción contenida se desborda; se canta desafiante el Cara al sol, cuando gran parte de los asistentes se han alejado en los vehículos, que forman una impresionante caravana, otros muchos, entre los que predominan los jóvenes, se dirigen en manifestación tumultuosa hacia el centro de Madrid. En las Ventas y en Manuel Becerra chocan con los guardias de Asalto, que están frenéticos; son conscientes de la agresividad de los manifestantes contra ellos, temen ser acometidos, y desean demostrar la superioridad de su fuerza. Hay cargas, carreras e incidentes. Cuando los manifestantes, que se han disuelto y reorganizado, marchan por la calle de Alcalá, suena un disparo hacia la desembocadura de Pardiñas. Guardias que ocupan una camioneta descienden y hacen fuego rodilla en tierra contra los manifestantes. Dos muertos y un herido muy grave es el resultado; y quedan más heridos que son evacuados. Los ánimos no se aplacan, los incidentes se prolongan, aunque decreciendo en intensidad, hasta el mismo centro de la capital. En la calle de Montera, nuevos disparos; y otro herido gravísimo[4].

Dentro del cuerpo de Asalto se han producido en las últimas horas reacciones contradictorias: mientras la mayoría vive obsesionada por aplicar medidas de suma violencia, otros guardias se sienten y se muestran descontentos por verse acusados de manera indiscriminada de participar en la muerte de Calvo Sotelo; y esta reacción es más fuerte entre un corto número de los componentes de la 2.ª compañía y del grupo de Pontejos. Por protestar ante los oficiales los han desarmado y arrestado.

Entre los arrestos —otros arrestos— que se han producido cuando regresaban los manifestantes del entierro, son significativos los del capitán Gallego y de los tenientes España y Artal, que han reprobado ostensiblemente la actuación de la fuerza pública, que consideraban en excesiva violenta.

Las sesiones de Cortes han sido suspendidas por decreto, pero al Gobierno se le plantea un problema: expira el plazo para prorrogar el estado de alarma, y para conseguir la nueva prórroga no le cabe otro recurso que reunir a la Diputación Permanente; y recela que el debate sea borrascoso y degenere en escándalo político.

En las obras de reparación de la carretera de Chamartín tiene lugar una refriega entre obreros afiliados a la UGT y a la CNT. Mientras los heridos eran conducidos a la casa de socorro, se reaviva la pelea y se disparan armas de fuego. Teodoro Pérez Martín, de la CNT, muere sobre el terreno, y hay que atender a seis heridos, tres de ellos graves.

La detención de derechistas, y también de anarcosindicalistas, continúa en Madrid y en provincias. En Cartagena se declara huelga general. La minoría parlamentaria socialista se reunió en el Congreso, y ha habido una novedad que a muchos ha irritado: cachear a los informadores. La impresión recogida por estos es que la sesión no ha sido plácida, puesto que han oído, a través de las puertas, gritos destemplados y vocerío. De Francisco, que presidía la reunión, ha redactado una nota que les ha leído el diputado Acuña: que rendida cuenta de las gestiones de estos días cerca del Gobierno, han sido aprobadas. También —añade— se han ocupado de otros problemas; como si tratara de restarse importancia al principal.

En nombre de la minoría de Unión Republicana, convocada por la mañana, José Moreno Galvache facilitaba la referencia; se condenan a muertes, que hay que considerarlas como prueba de la situación de violencia en que se vive y del exacerbamiento de las pasiones partidistas, que han conducido a una situación a la que urge poner inmediato fin.

La minoría comunista se ha reunido igualmente; sus diputados proponen el «fortalecimiento del Frente Popular y política de combate contra la reacción y sus agentes».

Los de la Esquerra escucharon el informe del ministro de Trabajo, Lluhí Vallescá; son los puntos de vista del Gobierno, al cual los reunidos prometen apoyo. Se decide aconsejar al «pueblo un severo recogimiento y una severa disciplina a fin de no dispersar la unidad de acción…».

Marcelino Domingo ha presidido la reunión de la minoría de Izquierda Republicana. A pesar de la declaración de apoyo al Gobierno y del rechazo a la violencia, se deduce que reprueban la conducta de los socialistas. Se exige que «cesen para siempre las pugnas extremistas por procedimientos reprobables y punibles», por considerarlos contrarios al régimen.

Los deseos del Gobierno son interrumpir las sesiones parlamentarias hasta octubre, pero Martínez Barrio se apresura a declarar que él solo acepta la responsabilidad de los ocho días de suspensión que ha propuesto; en adelante, que el Gobierno, si lo desea, actúe de acuerdo con las facultades que le otorga la Constitución.

Procedente de París, regresa a media tarde, en el expreso de Irún, Francisco Largo Caballero, que ha concurrido al Congreso Sindical Internacional celebrado en Londres; le acompañan dirigentes socialistas, entre los cuales están Álvarez del Vayo, Hernández Zancajo, Pascual Tomás, Wenceslao Carrillo, Amaro del Rosal, Martínez Cartón, Petrel. En la estación de Villalba le esperaba Carlos Baráibar, para recomendarle que, en atención a la vehemencia que domina en la capital, mejor es que no llegue hasta la estación del Norte[5]. Atendiendo al consejo, Largo Caballero y Carrillo han regresado en automóvil con Baráibar, quien por el camino les explica los pormenores de los sucesos acaecidos estos días y les informa de la situación tal como en este momento está planteada[6].

Eugenio Vegas Latapié es uno de los más activos y entusiastas conspiradores monárquicos; aún no ha cumplido los treinta años, pero los desvelos y sacrificios por la causa que defiende han sido muchos. Ha pertenecido al Cuerpo Jurídico Militar y más tarde al de Letrados del Consejo de Estado. Formó parte del grupo que visitó al cardenal arzobispo de Toledo, Isidoro Gomá, para someterle el libro del canónigo Aniceto Castro Albarrán, El derecho a la rebeldía, publicado en 1934. En aquella ocasión iba en compañía de Ramiro de Maeztu, Víctor Pradera, Sáinz Rodríguez, Jorge Vigón, los marqueses del Quintanar y las Marismas, y de José Luis Vázquez Dodero, Buscaban la tranquilidad de las propias conciencias tratando de hallar equilibrio entre su catolicismo y sus actividades conspiratorias. Solo a medias les resolvió las dudas el cardenal; si la doctrina era aceptable en sí misma, la elección de la oportunidad y momento podía plantear serios problemas de conciencia.

De regreso del entierro, Vegas Latapié se ha ido a la redacción de Acción Española, en el número 9 de la plaza de las Cortes. Los hijos del portero, ambos sargentos de Ingenieros, destinados en Capitanía, le han dicho que deseaban hablar reservadamente con él. Según ellos, han sorprendido y escuchado desde la centralita telefónica una conversación entre el ministro y el general de la l.ª División. Le advertía aquel a este que el ejército debería mantenerse tranquilo en caso de que se produjeran acciones de represalia contra políticos de la derecha. Y aseguran que esa conversación se sostuvo la noche misma del asesinato. Estos días circulan por Madrid noticias de todo género y las de carácter alarmistas son aquellas que más se prodigan; el estado de exaltación es tan extremado, que se ha convertido en serpiente que se muerde la cola; además, cualquier cosa es posible y, en consecuencia, cualquier cosa se acepta como posible.

Algo más preocupa a Vegas Latapié; su hermano José, oficial del ejército, que ha concebido e iniciado un plan para secuestrar a Azaña. Recurre a Eugenio porque necesita disponer de una ametralladora y de granadas de mano. Y aún más, para la buena ejecución del proyecto cree indispensable que un jefe de Ingenieros se ponga al frente del grupo. El golpe consiste en asaltar de improviso el palacio del Pardo y apoderarse de Azaña. El teniente Vegas cuenta con la colaboración de oficiales del Regimiento de Transmisiones de guarnición en el Pardo. A Eugenio la idea le parece excelente: un golpe contra la República, bueno será que se inicie asestándoselo a su presidente. Se presenta en casa del coronel Ortiz de Zárate, con quien le une amistad y le consta que es persona decidida y capaz para la misión que su hermano le propone. En el recibidor observa sombreros en la percha y algún bastón en el paragüero, de lo cual deduce que el coronel tiene visitas; lo que confirma el hecho de que la sirvienta le pase al comedor. Una vez que le expone el plan, Ortiz de Zárate no lo juzga descabellado, ni siquiera irrealizable, pero le previene de que en la sala hay personas, que la discreción le impide nombrar a quienes ahora mismo se puede consultar sobre la conveniencia o inoportunidad de emprender semejante acción. No tarda en regresar al comedor con respuesta tajante: prohibición rotunda de embarcarse en esa aventura, y de tomar cualquier otra iniciativa. El propio Ortiz de Zárate se muestra decepcionado, y le dice a Vegas que, como tarden demasiado en decidirse, él se embarcará en lo que sea. Al abandonar la casa, supone Vegas que, a pesar de los sombreros flexibles y los bastones, los reunidos eran militares situados en los más altos grados de la conspiración madrileña. Los dos hermanos quedan desencantados del resultado de la gestión, pero hay que acatar órdenes. El teniente Vegas regresa al Pardo.

Sin preocuparles que en el Congreso no haya sesión, muchos diputados y más periodistas se han dejado arrastrar por la costumbre, y charlan en los pasillos y salones, y en el bar. Por lo común se condenan los hechos y se lamenta, con mayor o menor viveza según el color político, la situación a que el país ha llegado. El diputado de la Lliga, Trías de Bes, se manifiesta con vehemencia desacostumbrada; lo que está ocurriendo es impropio de un país civilizado y, de continuar por este camino, no habrá que extrañarse de que se produzca una invasión extranjera, pues no sería este el primer país contra quien se adoptara tan deplorable medida. El nacionalista vasco, diputado y periodista, Rafael Picavea le da la razón, y añade como apéndice irrisorio: «Lo mejor sería que trajéramos al negus para que nos gobernara». Varios de la CEDA, entre los cuales lleva la voz cantante Fernández Heredia, culpan muy directamente al Gobierno por la conducta partidista con que actúa desde que empezaron a ocurrir hechos de esta naturaleza.

MIÉRCOLES, 15 DE JULIO

Durante la noche que va del 14 al 15 se extreman las precauciones en la capital; piquetes de guardias, movimiento de camionetas de Asalto, más detenciones y más registros; incertidumbre, desconfianza, miedo.

Los periódicos de derechas siguen dominados por la censura, que se muestra mucho más tolerante con los de izquierda. El Socialista publica en primera página tres artículos sin firma. El principal de ellos, que se supone escrito por Zugazagoitia, lleva el doble título, «La sangre del domingo. Contra la amputación de vidas inútiles». En esta editorial se declaran incompatibles con el terrorismo, incompatibilidad que dicen está en la raíz misma del socialismo y es una de las causas de que el movimiento obrero se escindiera y se separaran socialismo y anarquismo. De ninguna forma pueden recibir alegría de la desaparición de un enemigo. Pero, a continuación, pasa el editorialista a afirmar que sobre la muerte del líder derechista se proyectan las sombras del capitán Faraudo y del teniente Castillo. Con el terrorismo no se puede pactar, pero muchos lo han hecho —se refiere a políticos de derechas— y acusa a estos porque ahora sufren una crisis de desesperación. El artículo, que no es ciertamente bueno, termina tras una serie de zigzagueos con un ataque encubierto: hay que cerrar contra «el terrorismo que pistoleros y contratistas de pistoleros tratan de aclimatar en Madrid». Este editorial no podía estar escrito con suficiente garra por cuanto a Zugazagoitia, o a quien lo escribiera, le consta que quienes han matado a Calvo Sotelo son socialistas y del grupo más afín al periódico. Otro de los artículos es más claro; también lleva doble título: «Por el presente y por el porvenir. La solidaridad de un día debe ser de todo un año». Se congratula el autor de que, al primer síntoma de peligro, han desaparecido las disensiones internas y de que hasta los comunistas hayan estado de acuerdo; acaba exigiendo que, por el bien de la clase obrera, hay que ofrecerle este acuerdo permanente. A lo que se refiere de manera directa es a la gestión capitaneada ayer por Prieto en apoyo del Gobierno.

El periódico azañista Política lanza ataques contra la CNT y la FAI, que imponen la huelga de la construcción contra el laudo dictado por el Gobierno y la voluntad de la UGT. Y opina que los anarcosindicalistas, por estar en decadencia en Barcelona, «quieren compensarlo irradiando su influencia a Madrid, a cuyo fin se trasladó aquí el Comité Central» (quiere decir, Nacional), y después de otros comentarios, continúa, «Agrava la responsabilidad de la CNT, la facilidad con que se ingieren elementos no turbios, sino inequívocos profesionales de la violencia, en evidente cohesión con fuerzas derechistas. Se han visto ejemplos flagrantes».

La primera página de ABC viene ocupada por una esquela mortuoria de Calvo Sotelo, «exministro de Hacienda y diputado a Cortes. Murió asesinado en la madrugada del 13 de julio de 1936. RIP. Su familia, las fuerzas nacionales que representaba, sus amigos y correligionarios, ruegan una oración por el eterno descanso de su alma».

Los diarios incluyen relación de los dos entierros y referencias de las actuaciones policiales y judiciales y comentarios sobre la actualidad política. En ABC y otros diarios afines se publican noticias sobre la resonancia del hecho en toda España, y se reseñan actos en diversas provincias y localidades, y se da cuenta de telegramas recibidos con los nombres de muchos de los firmantes.

Unas declaraciones que el sábado anterior hizo el político desaparecido al corresponsal de La Nación, de Buenos Aires, Cacho Zabalza, son como la voz del difunto haciendo acto de presencia. Respondiendo a las preguntas del entrevistador, Calvo Sotelo presenta un panorama sombrío de la agricultura española y afirma que lo que pronto va a faltar en el campo son jornales. El precio de la recolección va a superar este año el del producto que se obtenga; de ahí que los agricultores van a carecer de dinero para la siembra de la próxima temporada, y otros van a negarse a trabajar a pérdidas. Habla de la caída de los precios agrícolas que a nadie beneficia, pues hace que, añadida esta nueva calamidad a la situación general, pierda valor la riqueza agraria, y, como consecuencia, la propiedad urbana y también la industrial, cuya principal clientela está en el mercado interior. Desde 1930, todos los presupuestos se han liquidado con déficit y está agotada la capacidad fiscal de los españoles. Él se siente optimista por cuanto confía en la vitalidad española y aclara que, con respecto a febrero último, comienza a producirse una reacción nacional «que sacude todas las zonas y organismos (…), y que solo por la traición de algún partido gobernante podría encaramarse al poder el marxismo. Y aún, sería fugaz el éxito». Muchos lectores interpretan como profecía esta voz que les llega desde el otro lado de la tumba. Columna y media del ABC de este patético 15 de julio viene ocupada por los apellidos y títulos de las señoras y señoritas que mañana, festividad del Carmen, celebran su onomástica. Las notas de sociedad no se interrumpen.

A las once de la mañana están citados los componentes de la Diputación Permanente de las Cortes; la convocatoria ha despertado enorme expectación. Alrededor del Congreso se toman medidas de seguridad extraordinarias. En el interior del edificio está encargado de mantener el orden el comisario Antonio Lino, jefe de la brigada de investigación criminal. Muchos diputados y periodistas permanecerán en salones y pasillos para poder seguir de cerca la sesión, que se celebra sin ninguna clase de público.

A las once y media, los miembros de la Diputación Permanente se encierran en la sala de la sección séptima, que preside un retrato de Mariana Pineda. El Gobierno está representado por el ministro de Gobernación Juan Moles y por el de Estado, que lo es Augusto Barcia Trelles. No concurre Casares Quiroga. En sustitución de Calvo Sotelo se presenta el vocal suplente, Fernando Suárez de Tangil, conde de Vallellano. Los demás diputados asistentes son: Gil Robles, Carrascal, Cid, Aizpún y Ventosa, por el centro y la derecha, y de izquierdas: Prieto, Fernández Clérigo, Álvarez del Vayo, Araquistain, Pedro Rico, Pérez Urría, Corominas, José Díaz, Marcelino Domingo, Palomo y Vargas; y Portela Valladares, cuya posición política se mantiene un tanto indefinida dentro del centrismo. Despachadas las cuestiones de trámite y leída la proposición de prórroga del estado de alarma por treinta días más, que es el objeto de esta reunión, Diego Martínez Barrio, que actúa de presidente, cede la palabra al conde de Vallellano, quien, en nombre de la minoría monárquica, lee un documento, que ha sido redactado por Pedro Sáinz Rodríguez, y cuyo texto es el siguiente:

«No obstante la violencia desarrollada durante el último período electoral y los atropellos cometidos por la Comisión de Actas, creímos los diputados de derechas en la conveniencia de participar en los trabajos del actual Parlamento, cumpliendo así un penoso deber en aras del bien común, de la paz y de la convivencia nacional».

«El asesinato de Calvo Sotelo —honra y esperanza de España— nos obliga a modificar nuestra actitud. Bajo el pretexto de una ilógica y absurda represalia ha sido asesinado un hombre que jamás preconizó la acción directa, ajeno completamente a las violencias callejeras, castigándose en él su actuación parlamentaria perseverante y gallarda, que le convirtió en el vocero de las angustias que sufre nuestra patria. Este crimen, sin precedentes en nuestra historia política, ha podido realizarse merced al ambiente creado por las incitaciones a la violencia y al atentado personal contra los diputados de derechas que a diario se profieren en el Parlamento. “Tratándose de Calvo Sotelo, el atentado personal es lícito y plausible”, han declarado algunos».

«Nosotros no podemos convivir un momento más con los amparadores y cómplices morales de este acto. No queremos engañar al país y a la opinión internacional aceptando un papel en la farsa de fingir la existencia de un Estado civilizado y normal, cuando, en realidad, desde el 16 de febrero vivimos en plena anarquía, bajo el imperio de una monstruosa subversión de todos los valores morales, que ha conseguido poner la autoridad y la justicia al servicio de la violencia».

«No por eso desertamos de nuestros puestos en la lucha empeñada, ni arriamos la bandera de nuestros ideales. Quien quiera salvar a España, a su patrimonio moral como pueblo civilizado, nos encontrará los primeros en el camino del deber y del sacrificio».

Terminada la lectura del documento, Suárez de Tangil lo entrega a la mesa y se dispone a retirarse.

El presidente le ataja: «Un momento, señor Suárez de Tangil. Quiero hacer unas manifestaciones respecto al contenido del documento que acaba de leerse».

A lo que el conde de Vallellano responde: «Las atenciones y deferencias que oficial y particularmente debemos en este trágico caso al señor presidente me obligan a cumplir sus indicaciones».

Entonces Martínez Barrio se dirige a todos: «Comprenderán los señores diputados que el estado de dolor del señor Suárez de Tangil y de la representación parlamentaria en cuyo nombre acaba de leer ese documento fuerzan a la presidencia a tener un criterio de amplitud que de otra manera no hubiera tenido. Todas las manifestaciones hechas por el señor Suárez de Tangil, que corren a cargo de su exclusiva responsabilidad, han podido producirse sin que las ataje la campanilla presidencial, habida cuenta del estado singular de la conciencia personal y política de esos grupos; pero no extrañará el señor Suárez de Tangil —cuando transcurra algún tiempo me hará la justicia de rendir tributo a mi previsión y a mi obligación— que todo lo que no es sustancial en el cuerpo del escrito que acaba de leerse, todo lo que significa inculpaciones que pueden estar justificadas por ese estado de dolor, pero que no las justifica ciertamente la realidad, no pase al Diario de Sesiones. Llegado el momento de que el documento leído por el señor Suárez de Tangil sea estudiado por el presidente, este procurará y cree que conseguirá, que quede libre y expedito el derecho del señor Suárez de Tangil y de los grupos que representa a que manifestaciones de su estado de conciencia política tengan constancia oficial; pero aquellas otras que suponen una exacerbación de las pasiones, unas acusaciones sobre las que no quiero entrar, pero que en estos instantes solo el enunciarlas contribuiría a envenenar los ánimos aún más de lo que se hallan, el presidente de la Cámara, cumpliendo un deber que cualquier otro en mi lugar cumpliría también, impedirá que tengan paso. No lo tome el señor Suárez de Tangil ni la representación de sus grupos a descortesía, a falta de atención y, en lo que tienen de humano, a ausencia de colaboración y solidaridad con el dolor que experimentan, que nos es común, sino a previsión obligada, mucho más en quien en estos instantes las circunstancias le han deparado obligaciones tan amargas como las que sobre mí pesan».

Por un instante, el presidente, que se expresa con cortesía no exenta de firmeza, ha conseguido retener al representante de las minorías de Renovación y tradicionalista. Interviene Gil Robles y polemiza con la presidencia sobre el derecho que se irroga de alterar las manifestaciones de los diputados, no tratándose de insultos o expresiones malsonantes, o de incitaciones a la rebelión. De nuevo hace uso de la palabra Suárez de Tangil, para manifestar con palabras medidas que él ha venido, como vocal suplente, a sustituir a su amigo Calvo Sotelo, y que deja la interpretación de los reglamentos a los diputados afines y a la conciencia del presidente, pero que no le interesan las discusiones sobre ese punto. Por primera y probablemente por última vez —dice—, ha hecho uso de la palabra ante esta Diputación Permanente y se ha esforzado en dominarse y cumplir con su deber con el máximo respeto. Martínez Barrio se esfuerza de nuevo por ejercer una influencia calmante sobre la Asamblea: «Espero y deseo que la retirada parlamentaria de los grupos de Renovación Española y tradicionalista, que han delegado su derecho en su señoría, sea transitoria y que circunstancias bonancibles para todos nos permitan contar de nuevo dentro de la Cámara con la cooperación de sus señorías». Suárez de Tangil, que se ha detenido a escucharle, abandona el salón en medio de la confusa y contrapuesta exaltación que domina a todos los presentes[7]. El ministro de Estado, que toma a continuación la palabra, hace hincapié por dos veces en que ha tenido que contenerse para no replicar, dada la natural situación emocional en que ha hablado el conde de Vallellano por causas que él, y el Gobierno, lamentan profundamente; ataca a Gil Robles como si a este le considerara obligado a usar de mayor mesura. Los ánimos van calentándose pasado el efecto de la corriente fría que ha recorrido a los presentes el tambalearse el edificio parlamentario por efecto del abandono, que se considera definitivo, de una minoría poco numerosa, pero con influencia en el país y representativa de un poderoso sector de opinión.

El discurso de Gil Robles es agresivo y acusatorio; parlamentariamente hablando ya no se complementa con Calvo Sotelo, se ha fundido con él. Arremete contra el Gobierno en toda la línea; pregunta para qué necesita el estado de excepción si es impotente para remediar la situación de violencia. Continúa la lista interrumpida el 16 de junio, y enumera que, hasta el 13 de julio, en un plazo de veintisiete días, han ardido 10 iglesias, se han producido 61 muertos, 244 heridos, numerosos asaltos a centros, invasiones de fincas y diversas tropelías que va inventariando[8]. Rechaza la equiparación de los dos atentados, dejando sentado que condena con igual energía el que le ha costado la vida al teniente Castillo, pero afirma que no guarda relación alguna con el de Calvo Sotelo, en cuyas circunstancias especiales insiste al explicarlas y vuelve a condenar al Gobierno, que se ha limitado a ponerlo en manos de un juez, siendo así que las características particulares que lo diferencian de cualquier otro atentado son evidentes y públicas. Repite las palabras que pronunció Calvo Sotelo en la sesión del 16 de junio frente a Casares Quiroga, y dice que, aunque no arroje la responsabilidad criminal directa ni indirecta contra el Gobierno, este la tiene por patrocinar una política de violencia. Todos los días —sigue— en los periódicos de la mayoría se publican amenazas, como «hay que aplastar al adversario» o «practicar con él una política de exterminio», y que la CEDA está planteándose muy seriamente si debe o no continuar en las Cortes. Y en un momento, dirigiéndose de manera directa a los diputados de la mayoría, los increpa: «… Vosotros, que practicáis la violencia, seréis las primeras víctimas de ella… Ahora estáis muy tranquilos porque veis que cae el adversario. ¡Ya llegará un día que la misma violencia que habéis desatado caerá sobre vosotros!». A lo largo del discurso se producen interrupciones, y Gil Robles termina: «Y dentro de poco vosotros seréis en España el gobierno del Frente Popular del hambre y de la miseria, como ahora, lo sois de la vergüenza, del fango y de la sangre».

El ministro de Estado vuelve a imponerse un tono mesurado frente a las imputaciones de Gil Robles, dirigidas contra la mayoría, pero cargando la responsabilidad sobre el Gobierno. Principia por dejar constancia de que hay que buscar un eximente a lo dicho por Gil Robles en atención al apasionamiento que le conturba el ánimo y la reflexión. Va rebatiendo las imputaciones, y le reprocha haber dejado libres las riendas de la pasión, y haberse expresado en términos «verdaderamente monstruosos». Achaca el desorden actual, que no puede negar existe, a la triste herencia recibida de los gobiernos de centro-derecha, y se proclama defensor de la legalidad y enemigo de la violencia. Protesta contra las pretensiones de Gil Robles de establecer cualquier tipo de relación entre lo que se dijera en el Parlamento el 16 de junio y la dolorosa realidad de lo que ahora haya sucedido, que el Gobierno condena y reprueba. Considera que este ha hecho cuanto debía para esclarecer los sucesos y, entre ataques a fondo contra las expresiones vertidas por el jefe de la CEDA, acaba por reconocer que el Gobierno acepta cualquier responsabilidad que pudiera alcanzarle, pues ni todos los hombres ni todas las instituciones son perfectas; al Estado mismo le interesa que donde haya que poner el cauterio, se ponga.

Martínez Barrio expresará su deseo de que las sesiones se reanuden lo más pronto posible; pero los presentes saben que las hostilidades han quedado rotas de manera definitiva, que allí hay dos bandos y que son enemigos. Uno de los más conscientes de esta ruptura total es Indalecio Prieto, quien, salvo en algunos casos en que se había dejado arrastrar por su carácter inclinado a la violencia verbal, se vino esforzando durante los últimos meses por conseguir acuerdos mínimos que garantizaran la convivencia. Ahora está convencido de que se han diluido las escasas probabilidades de acuerdo, y cuando dictaba por teléfono su artículo para El Liberal bilbaíno, su postrer argumento iba dirigido a influir sobre sus enemigos, llevándolos a la convicción de que habrá guerra, sin ofrecerles una alternativa aceptable; tampoco podía hacer otra cosa. En el discurso que pronuncia esta mañana ante la Diputación Permanente no trata de convencer a nadie, se limita a acusarlos. Argumenta que no es admisible partir de una fecha —la toma del poder por el Frente Popular— para iniciar la cuenta de las alteraciones del orden público, y replantea la polémica sobre Asturias. Prieto responde a la acusación con acusaciones y compara lo ocurrido a Calvo Sotelo con lo que le ocurrió al periodista Luis Sirval: «Vosotros no tuvisteis el valor de corregir aquellos terribles excesos, sino que, en realidad, los aprobasteis, porque llegasteis, indirecta o directamente, al encubrimiento…». Con la sucesión e intercambio de mutuas acusaciones no consigue más que aumentar la irritación del contrario y que sus oídos permanezcan cerrados a palabras más ecuánimes: «¡Ah! Pero mirémonos por dentro, aceptemos cada uno nuestra responsabilidad moral mediante sincera confesión; vosotros, en el templo de vuestra fe, nosotros en el santuario de nuestra conciencia. Y no os sintáis vosotros tan indulgentes con vosotros mismos para creeros limpios de lo que actualmente afrenta a España». Prieto está dolorido porque sus hombres son reos de un tremendo desafuero que, políticamente hablando y con frialdad de estratega, sabe que va a favorecer al enemigo; y al no poder exculparse, se revuelve contra el acusador, Gil Robles, cuyos pies también son de barro: «Ninguno de nosotros aprueba los hechos que se están ahora realizando; los condenamos y los deploramos: sabemos que nos duelen dentro y nos afrentan fuera; pero para una liquidación profunda y honrada de esta situación, su señoría no tiene derecho a creer sus manos totalmente limpias y pulcras de responsabilidad, mientras porfía por enfangar a los demás».

A pesar de que por obvio resulta innecesario resaltarlo, la sesión está convirtiéndose en una definición de los bandos desde los cuales va a entrarse en guerra. José Díaz habla en nombre del Partido Comunista. Empieza por atacar a Gil Robles y achacar a su discurso la intención de agravar más la situación; culpa a las derechas de cuanto está ocurriendo y alude a una lista de Mundo Obrero, en la cual se dan números sobre las víctimas que han causado los «fascistas» en el último período. «La represión de Asturias —dice—, en su conjunto, aparte de los muchos martirios por todos conocidos, ha sido algo que yo creo muy difícil tenga comparación en ningún otro país del mundo, ni siquiera en aquellos dominados por gobiernos fascistas, como Alemania, Italia, etc. Entonces, con el consentimiento del Gobierno, se llevaron a aquella región tropas moras para que pasaran por el filo de sus gumías a los mineros españoles. Nosotros, de la misma manera que protestamos entonces, lo hacemos ahora…». Sigue acusando a Gil Robles, que se ha convertido en centro de todos los ataques, y a las derechas en general, de estar organizando un complot, y los advierte y recuerda complacido que un par de días atrás se han reunido las organizaciones obreras, y en diez minutos se pusieron de acuerdo para ofrecer su apoyo al Gobierno. «¡Tened cuidado! Todos nos hallamos vigilantes a fin de que no podáis llevar a cabo vuestros intentos…». Según el orador, Gil Robles es partidario de una dictadura absoluta que, en gran medida, ha practicado cuanto participaba del poder, y repite una vez más lo que esta mañana todos manejan como argumento, que la responsabilidad hay que atribuírsela a las derechas y también a la tibieza del Gobierno, al «quedarse corto, al no meter mano a fondo a los elementos responsables de la guerra civil que hay en España». Defiende la proposición que han presentado los comunistas de que se «declaren ilegales todas las organizaciones que no acaten al régimen en que vivimos, entre ellas Acción Popular, que es una de las más responsables del estado de guerra civil creado en el país…» y, en consecuencia, hay que aplicarles las mismas medidas que se aplicaron a socialistas y comunistas cuando octubre, y suspender sus períodos como se hizo con El Socialista y con Mundo Obrero. Y cuando los acusa de los atentados que se cometen, les grita, «por tales actos vuestro puesto no debiera estar aquí, sino en la cárcel». Para terminar su intervención, expone sus deseos, propósitos y aspiraciones políticas: «Haremos lo posible para que la República no desaparezca de España. Queremos una República progresiva, donde haya bienestar y cultura para los obreros y para todas las fuerzas democráticas, un verdadero país democrático, y no consentiremos, de ninguna manera, que se pierda lo que ha costado mucha sangre y mucho trabajo conquistar. Por muchos discursos que se pronuncien en la Diputación Permanente y en el Parlamento, por muchos complots que se organicen en la calle, tengo la seguridad de que el noventa por ciento de los españoles arrollará cuanto intentéis hacer. Aquí estamos, las fuerzas obreras en primer término, para apoyar al Gobierno, y después para impedir que vuestros intentos de llevar a España a la catástrofe, sean logrados».

Portela Valladares acabará denegando su voto para aprobar la continuación del estado de excepción, a causa de que el Gobierno se ha declarado beligerante, «y con esa cualidad, el recurso extremo de la suspensión de garantías», no puede ser ejercido «con serenidad, con mesura y sin pasión». Primero se ha defendido de una observación de Prieto; y dice que él entregó el poder «con orden y paz, y en plenitud de las garantías constitucionales, y ocupando cada uno su puesto». Plantea la imposibilidad de continuar así, y predice que después triunfará la fracción del otro lado y que nunca habrá paz en España. Es quizá el único de los oradores que se mantiene neutral, sin dejar de mostrarse en desacuerdo con la situación, y por tanto con el Gobierno, y condenando lo que está ocurriendo.

El representante de la Lliga Catalana, el atildado financiero Juan Ventosa y Calvell, ha ido radicalizando su postura política: «En la situación presente y en el ambiente de violencia que existe, yo no hago más que anunciar una verdad que está en la conciencia de todos: que si hay alguna persona que no sea adecuada para restablecer la convivencia civil entre los españoles y para poner término a la guerra civil que existe, ese es el presidente del Consejo de Ministros, señor Casares Quiroga. Por su pasión, por su espíritu, por las características de su personalidad, es más bien hombre apto para encender la guerra civil y la discordia que para restablecer la normalidad». Rechaza los argumentos basados en que en Asturias se cometieran o no extralimitaciones y atropellos, en cuya discusión ni siquiera entra, y hace constar que traerlo ahora al discurso nada justifica e induce a la confusión y que como argumento es inadmisible. Recuerda «los tumultos [parlamentarios] producidos por elementos que forman parte de la minoría gubernamental, de la cual han partido insultos, injurias, ataques e incitaciones al atentado personal constantemente». Contestando al ministro, dice que es inaceptable que, sabiendo como se sabe que los que cometieron el crimen iban vestidos de guardias de Asalto, todavía no se haya definido el Gobierno sobre si lo son o no. Participa de la opinión de que este hecho no admite comparación con otros, por tratarse de un diputado del Parlamento con una actuación destacada, «del representante de una fuerza de opinión en pugna con la que está en el Gobierno, que es asesinado por quienes aparecen como agentes de este Gobierno». En consecuencia, Ventosa declara que no concederá su voto para que la situación de excepción se prorrogue.

Interviene con brevedad el ministro Moles para corroborar que, a petición del interesado, le fueron cambiados los agentes de su escolta. Y añade que por el momento lo único que puede precisar es que hay varios individuos de Asalto detenidos y separados del servicio.

Hacen uso de la palabra en tonos más moderados Marcelino Domingo y Pedro Corominas, y a continuación el agrario y exministro José María Cid, que en un párrafo de su discurso condena «por igual todos los crímenes, guardo mi repulsa y execración para los autores morales y materiales, y mi conmiseración para quien en un momento de inconsciencia pudo declarar lícito y plausible el atentado personal contra el señor Calvo Sotelo». La alusión causa malestar entre las izquierdas, por cuanto a quien se alude es al diputado socialista Ángel Galarza.

Vuelve Gil Robles a hacer uso de la palabra, y, en turno de rectificación, lo hace con renovada fogosidad, enfrentándose con Prieto en relación a Asturias para mostrar su extrañeza, porque después de tantos meses de gobernar el Frente Popular no se haya planteado oficialmente. Y pasa al contraataque: «Decía el señor Prieto que había que medir las responsabilidades de cada uno. Yo tengo ganas de que se hable aquí de todo, para que se midan también las responsabilidades de su señoría y la de todos aquellos que prepararon el movimiento revolucionario y desencadenaron la catástrofe sobre España, sobre la República, sobre Asturias, para que se ponga en claro las crueldades tremendas que en la revolución se produjeron…». No deja de reconocer, sin embargo, que en la actuación de la fuerza pública pudieran concurrir «extralimitaciones». Sigue acusando: en conversaciones, mítines y en los órganos periodísticos, las extremas izquierdas manifiestan continuamente intenciones dictatoriales, y los partidos obreros hablan de la dictadura del proletariado. Afirma que ellos, la CEDA, participaron en las elecciones de febrero con un sentido plenamente democrático; y que por culpa de los gobiernos se han desengañado.

Al hacer uso de su segundo turno insiste Prieto en que no puede considerarse el 16 de febrero como fecha en la cual se inicien los desórdenes; y se queja de que un partido de amplia historia parlamentaria como lo es la Lliga, por primera vez niegue el voto a un Gobierno para facilitarle el mejor cumplimiento de sus fines.

La votación es la prevista: en favor de la continuación del estado de alarma, 13 votos; en contra, 5; Portela Valladares se abstiene[9]. Martínez Barrio vota afirmativamente y los dos ministros no tienen derecho a voto. En la sala de conferencias los comentarios son muy vivos.

Gil Robles marchará esta misma tarde en coche para Biarritz, pero antes, y a pesar de lo tardío de la hora, ha dejado encargado a periodistas amigos que le llevan las galeradas de los discursos «corregidos» por Martínez Barrio para el Diario de Sesiones[10] Almuerza en la Granja del Henar con su suegro, el conde de Peñacastillo y Geminiano Carrascal. Allí mismo le entregan el discurso, y él lo corrige rápidamente en un alarde de memoria, y lo devuelve tal como lo pronunció poco antes. Desde la Granja del Henar las galeradas van a parar a la Agencia Logos, y se distribuyen a periódicos de toda España.

Para las seis y media de la tarde se ha convocado Consejo de Ministros en la Presidencia.

Circulan por Madrid bulos relacionados con la detención de unos individuos armados que han entrado subrepticiamente en el Congreso para atentar contra Gil Robles. A preguntas de los periodistas, la policía los desmiente, pero el público se muestra propicio a dar por bueno cualquier rumor que se relaciona con hechos de esta naturaleza.

Lo que sí es cierto, y ha provocado un pequeño malestar en algunos de los presentes, y más aún en el interesado, es que por dos veces Indalecio Prieto, durante su intervención, ha sustituido el nombre de Calvo Sotelo por el de Gil Robles, dándole en consecuencia por muerto; y el mismo «acto fallido» lo ha cometido otra vez Portela Valladares.

Entre los políticos, cada día son menos los que creen que esta honda crisis que sacude el país pasará sin dejar huellas de sangre. Muchos hombres de la derecha están abandonando la capital o decididos a hacerlo porque el ambiente es intranquilizador y se percibe la amenaza de que acabe por convertirse en una ratonera. Las milicias socialistas patrullan por las noches; se habla de una inminente sublevación y lo mismo comentan los alarmistas, los pusilánimes, los poseedores de atisbos fundados; certezas nadie las tiene en este momento en que el porvenir es incierto, aun cuando, después, esos atisbos les harán suponer a muchos, que su información era más veraz de lo que es en rigor. Los españoles viven las vísperas de un combate que va a ser más largo, trágico y terrible de lo que ahora creen los que están alineándose en un bando o en el contrario, y de lo que suponen quienes, con simpatías más o menos acentuadas hacia uno de los bandos, confían en que desempeñarán un papel de meros espectadores.

Los hilos de la conspiración se tensan y la actividad se vuelve febril; todo está a punto de ganarse o perderse. Pero nadie imagina que los españoles se hallan a las puertas de una larga y devastadora guerra. Félix Maiz se traslada el 15 por la mañana a San Juan de Luz y allí se entrevista con Fal Conde, a quien acompañan otros dirigentes carlistas: Lamamié de Clairac, Juan Olazábal y el general Musiera. Entregan estos una carta a Maiz con el siguiente texto: «La Comunión Tradicionalista se suma con todas sus fuerzas en toda España al Movimiento Militar para la salvación de la patria, supuesto que el Excmo. Señor general director acepte como programa de gobierno el que en líneas generales se contiene en la carta dirigida al mismo por el Excmo. Señor general Sanjurjo, de fecha 9 último. Lo que firmamos con la representación que nos compete. Javier de Borbón Parma. Manuel Fal Conde». Los miembros de la Junta Suprema guardan en su poder copia de la carta firmada por Sanjurjo y dirigida a Mola, cuyo contenido les sirve de garantía. Este documento pasa la frontera cosido en el forro de la boina con que Maiz se cubre la cabeza; en Pamplona él mismo se lo entrega en mano al general Mola.

Lo más importante de la jornada, para Mola, es que, vía Galarza, le ha llegado de Madrid Ja rectificación o anulación del telegrama, «Geografía poco extensa», lo que significa que Franco está dispuesto a sublevarse, circunstancia que el «Director» considera vital para conseguir el éxito. Ello le obliga a adoptar con la mayor urgencia algunas medidas: una de ellas, que resuelve por teléfono, consiste en comunicar a Lisboa que ya no es necesario que Sanjurjo se traslade a Marruecos. En el plazo que transcurre entre mensaje y mensaje cabría situar Ja frase que se Je atribuye al marqués del Rif de que se iría a la sublevación «con Franquito o sin Franquito», de cuya veracidad tampoco hay constancia irrefutable. Mola envía también una misiva al coronel Yagüe, y lo hace «por los medíos más rápidos posibles porque las horas están contadas»; le comunica la incorporación segura de Franco al movimiento, pero, en el mismo documento, pospone la fecha del alzamiento aplazándolo al sábado 18, en sustitución del día 16 que constaba en el papel del cual había sido portador el capitán Ymaz. En Madrid se encargará a Luisa Belloqui de llevar la orden a Yagüe, y Luisa, «con lo puesto», sale disparada camino de Algeciras para embarcar allí hasta Ceuta.

Asimismo, Valentín Galarza notifica a Pamplona que el coronel Ortiz de Zárate y el teniente coronel Gabriel Pozas Perea, se disponen a trasladarse a Pamplona. Y este mismo día 15, las familias de Mola y de Fernández Cordón cruzan la frontera para establecerse en Biarritz, acompañadas por dos hermanos apellidados Liquiniano. En Francia los recibirá y cuidará de su comodidad y estancia el industrial Artiach, que obra por cuenta de Juan March.

Tras una escala imprevista e ilegal para repostar en el aeródromo militar de cabo Juby, el Dragon Rapide aterriza en Gando, que es el mejor de las islas; allí queda Bebb, mientras que Pollard y las chicas alcanzan a embarcarse en el transbordador que los lleva a Tenerife. Pretextando una visita médica se presentan en la clínica del doctor Gabarda, y cuando Pollard se halla ante él, en su mal pronunciado español, le espeta: «Galicia saluda a Francia», frase y actitud que son mal recibidas por el médico, que replica con cierta sequedad no comprender lo que le dice. Una vez solo, Gabarda informa de la frase, que ha pronunciado ante él un recién llegado extranjero, a los jóvenes oficiales que sí comprenden el significado; estos se lo comunican al general Franco.

Manuel Azaña se halla instalado en el palacio de El Pardo en espera de que le terminen de acondicionar la residencia de veraneo de Santander, a donde piensa trasladarse para pasar la temporada. Aunque se esfuerza en hacer la vida habitual y que la oficial dé sensación de normalidad, los sucesos de estos días le han afectado; provocar al enemigo es un error político, y lo ocurrido le sirve para diagnosticar un mal profundo: que el Gobierno ha sido desbordado por las formaciones del Frente Popular situadas a su izquierda. Sin ejercer una autoridad firme, y segura de sí misma, la República ha entrado en vías de fracaso. Entre las audiencias de hoy recibe al diputado José Tarradellas, un joven con visión política y juicio equilibrado, y a dos militares, ambos coroneles, Moisés Serra Bartomeu y Aureliano Álvarez Coque[11]. ¿Qué piensan en verdad los militares de lo que está ocurriendo? ¿Será cierto que conspiran con la amplitud y eficacia que los alarmistas pretenden? ¿Resulta posible un pronunciamiento y sublevación cuando un Gobierno está prevenido y dispone de los resortes del mando?

El director de Seguridad recibe a la prensa y notifica a los informadores que se han efectuado ciento ochenta y cinco detenciones «y algunas más», que corresponden a los jefes y subjefes de Falange de toda España, «que habían recibido instrucciones concretas para provocar un movimiento subversivo uno de estos días», y añade Alonso Mallol que esta noche han sido también detenidos jóvenes de FE cuya presencia por las calles en grupos no estaba justificada. De igual manera se han producido arrestos de afiliados a otros partidos de derechas. Respecto a la muerte de Calvo Sotelo, les dice que se siguen las gestiones y que él, personalmente, tiene mucho interés en que se haga pronto justicia. En esta entrevista no se hará ninguna alusión, pero por Madrid se murmura que Alonso Mallol va a ser sustituido, puesto que ha fracasado en sus funciones.

Con el fin de acompañar a su madre, Enriqueta duerme en la cama que ocupaba el padre, pues la familia, tan pronto como se queda sola, se siente sumergida en la tristeza, la soledad y el miedo. Las visitas continúan y se han presentado a darles el pésame personas de distintas clases sociales y diferente grado de amistad, lo mismo de Madrid que de fuera de la capital. Sus palabras suelen traer consuelo, pero a través de ellas se filtran noticias que alarman, amenazas veladas que flotan en el ambiente, un letrero que han visto pintado en cualquier pared, en el cual se anuncian ataques contra la familia. No pueden confiar en la protección de quienes debieran protegerlos. Policías y los del juzgado acuden al domicilio para formular preguntas que con frecuencia son repetición de otras que ya hicieron, con lo cual contribuyen a reavivar dolorosas impresiones. Junto a un montón de pliegos con firmas van colocando telegramas que llegan de todos los puntos de España y de muchas ciudades extranjeras, Algunos de estos telegramas destacan por lo enérgico de su redacción, como el del Colegio de Abogados de Zaragoza: «Consternados monstruoso asesinato insigne, glorioso español, virtuoso compañero toda su vida, protesto indignación intensa, impía, cruel vergüenza nacional. Dios acoja misericordioso alma mártir patria que sirva ejemplo sus últimos defensores»; dirigido a la viuda viene firmado por el decano, Monterde.

Los hermanos del difunto y los amigos de la familia temen por la seguridad de los que quedan, convencidos de que el salvajismo de cualquier fanático no admite límites, e influidos por lo ocurrido, que les ha privado del sosiego; coinciden en aconsejarles que se alejen de Madrid. Enriqueta Grondona se resiste, pero un miedo insidioso y sutil va apoderándose de los moradores de la casa de Velázquez, y una llamada telefónica comunicando la visita de alguien del juzgado a hora desacostumbrada, hace que disponga que los hijos abandonen inmediatamente la casa y se refugien en la de los abuelos. Ella se queda sola con el servicio y con un hombre, llamado Emilio, portero de la casa de unos amigos, que ha ido de visita a dar el pésame, que se ofrece a hacerla compañía y defenderla si llega el caso. Resulta que se trata de una falsa alarma, y que el secretario del juzgado es quien se presenta para practicar una diligencia de trámite. Algo queda demostrado: que la angustia y la incertidumbre los atenaza a todos.

Obreros afiliados a la UGT, que trabajan en las obras de la nueva plaza de toros, han sido agredidos por huelguistas confederales. Como consecuencia del tiroteo, un socialista, Ángel Moreno Mora, se halla en estado de suma gravedad.

La vida política en toda España y, con mayor intensidad en Madrid, gira alrededor de la sensación general de estar viviendo el preludio de un enfrentamiento armado que la mayoría cree inevitable, que casi desean, influidos por la pasión que los domina y por escapar de una vez, aunque sea de mala manera, de la ansiedad que los aflige. La política oficial, si se deja al margen la reunión de la Comisión Permanente, late con pulso débil e inseguro, y así, cualquier hecho, por importante que en ocasión distinta hubiera parecido, no arranca a los ciudadanos de la indiferencia con que se acogen cuanto no se refiera directamente a las pugnas más inmediatas.

Con el objeto de visitar el Congreso y entregar al presidente la ponencia del Estatuto gallego recién redactado, llegan a Madrid el presidente de la Gestora de la Diputación coruñesa, López Bouzas, y el de la de Lugo, Ángel Casas, los alcaldes de las cuatro capitales de provincia y los de Santiago, Vigo, El Ferrol y Vivero; con ellos vienen los que forman el comité central del Estatuto, su secretario, Enrique Rajoy, Arturo Cuadrado, el secretario del Partido Galleguista, y los diputados Rodríguez Castelao, Viana, Villaverde, Peñamaría, Fernández de la Vega, Beade, Somoza, Celestino Pozas y Pampín. El propósito que los animaba días atrás era haber dado solemnidad a este viaje, formando un tren especial de gallegos autonomistas para que los acompañaran; las circunstancias han desaconsejado desarrollar aquel propósito.

El encarcelamiento de muchos falangistas, y entre ellos de un buen número de jefes provinciales, y la necesidad de otros de ponerse en franquía, ha descabalado en gran medida la organización, que ya lo estaba desde que Primo de Rivera y la Junta Política fueron apresados. A despecho de esta persecución y de que también el jefe de milicias Agustín Aznar se encuentra en la cárcel de Vitoria, los que quedan en libertad no pierden el contacto entre ellos. El último golpe que les han asestado ha sido la detención de Fernando Primo de Rivera, que había asumido el mando y preparaba un plan de fuga para que su hermano saliera de la prisión provincial de Alicante.

José Antonio Primo de Rivera ve que se aproxima la fecha del alzamiento y su ánimo bascula entre la exaltación pasional y el desasosiego; está preso, indefenso, casi aislado e inmóvil, como a un matador a quien a la hora de la verdad le ataran a un burladero. Lo que va a suceder no es lo que él soñaba y se proponía; los militares serán el esqueleto y nervio de la sublevación a punto de estallar —nunca se sabe con precisión cuándo—, y ese predominio, que tiene un significado, acarreará unas consecuencias previsibles y no deseables. Sus hombres irán —tienen que ir— con los militares y él está esforzándose porque les resulte posible mantener cierta independencia y que Falange no quede excluida, en alguna medida, del protagonismo. Su obsesión es conseguir la libertad para colocarse desde el primer momento al frente de sus escuadristas. Personalmente, por medio de enlaces de confianza, mantiene contacto con algunos militares jóvenes de Madrid, de Alcoy, de Alicante; y le interesa, porque la considera fundamental, la actitud que en definitiva adopte el general García Aldave, comandante militar de la plaza, que se ha comprometido a sublevarse. De él, tanto o más que del arrojo de los camaradas, depende que pueda salir de entre las rejas.

A primera hora de la mañana ha recibido la visita del conde de Mayalde, que ha llegado de Madrid[12]; le traía la mala noticia de que su hermano Fernando ha ingresado en la Modelo, y también era portador de informaciones inconcretas, porque otras no hay, de la situación. Primo de Rivera le entrega una carta que ha dirigido al general Mola, urgiéndole para que no se demore más el golpe, porque recuerda estos días que su padre le dijo que el éxito dependía de decidirse en el momento justo, y que el retraso de una sola hora pudo hacer fracasar el pronunciamiento de Barcelona en 1923. Hoy, la oportunidad viene dictada, más que dictada impuesta, por el asesinato de Calvo Sotelo, que ha conmovido al país de punta a punta. Cambiante en sus ideas y posiciones relativas de acuerdo con el momento político, Primo de Rivera, que hace unos meses saludó con esperanza la toma del poder por parte de Azaña y que aceptaba después la posibilidad de un gobierno Prieto, considera ahora que la última alternativa ha caducado; en este instante preciso le horroriza la perspectiva de una solución Maura-Prieto, pues la «dictadura republicana», que días atrás resultaba factible, solo conseguiría hoy aplazar el problema, no resolverlo. Y no es que le complazca la solución que puedan aportar Mola, Sanjurjo y los demás militares; lo considera el mal menor, operación quirúrgica inaplazable aplicada a un paciente que está en grave riesgo de expirar. Nunca le satisfizo la dictadura paterna y ahora, con mayor motivo, rechaza la idea de una repetición de la misma. Por eso desea, cuando llegue el momento, situarse en el centro mismo de los acontecimientos para influir en su curso.

José Finat, conde de Mayalde y diputado de la CEDA, regresa a Madrid, se entrevista con Serrano Suñer, que le entrega unos documentos para Mola y, sin apenas descansar más que lo indispensable, se traslada a Pamplona.

José Antonio —que en la prisión de Alicante disfruta de un régimen de tolerancia potenciada, porque entre los oficiales de prisiones cuenta con partidarios, y otros desean congraciarse o, por lo menos, no indisponerse con él, porque nadie sabe qué va a ocurrir— recibe ese mismo día una nueva visita: la de su pasante Manuel Sarrión, a quien confía instrucciones para Rafael Garcerán, dirigidas a la movilización de los falangista de cara a los acontecimientos que se consideran inminentes. Encarece a los suyos para que se esfuercen en conseguir que un aparato de la LAPE vaya a recogerle a Alicante[13]. Entre las instrucciones para Madrid están incluidas disposiciones de carácter militar, y también entrega a Sarrión un manifiesto que ha redactado, con fecha del día 17, que considera será víspera de la sublevación[14].

La Dirección General de Seguridad ha cursado orden urgente de que todo el personal de Vigilancia y los pertenecientes a los cuerpos de Seguridad y Asalto, que disfruten de permiso o vacaciones, se reintegren de inmediato a sus puestos. Y, en consideración a la tensión que domina la vida pública, el teniente coronel Sánchez Plaza se dispone a recorrer las capitales castellanas para disponer que las fuerzas de Seguridad y Asalto se concentren en Madrid.

En Barcelona, la actividad policial, dirigida por el comisario general d'Ordre Públic, Federico Escofet, y por el cap de serveis, comandante Vicente Guarner, está desarrollándose con éxito. Habiendo llegado a su conocimiento que en un gimnasio de la calle del doctor Dou se reunían elementos derechistas, ha irrumpido en el local la policía y detenido a treinta y cinco personas; de inmediato se comienzan las comprobaciones, interrogatorios y registros. En el domicilio de José Delgado encuentran una pistola ametralladora Máuser y documentos de Falange Española. En relación con estas medidas, una ronda volante arresta en la esquina del paseo de San Juan, que ahora llaman de la República, con la calle Mallorca, a un grupo de sospechosos, entre los cuales está Juan García Ramal; con los demás pasan a los calabozos del palacio de Justicia. Algunos de los reunidos en el gimnasio han quedado libres de sospecha; Guillermo Reina, Juan Guitart, Miguel Alemany y ocho más quedan a disposición del Juzgado de Guardia; se les acusa de estar afiliados a Falange. La policía busca a Roberto Bassas, jefe territorial de Cataluña, pero no da con su paradero y se sospecha que se haya trasladado a Madrid.

Al mediodía regresa en avión de la capital el consejero de Gobernación de la Generalidad, José María España; acuden al aeródromo a recibirle, el comisario Escofet, el general Aranguren, jefe de la Guardia Civil de la 5.ª Zona (Cataluña), el jefe de los Mozos de Escuadra, comandante Gabarri, y altos funcionarios del departamento. El conseller España les explica que viene de asistir a una reunión convocada por la Junta de Seguridad, lo cual le ha dado ocasión de cambiar impresiones con otros miembros de la junta: Moles, Osorìo-Tafall, Carlos Esplá y Alonso Mallol, En Madrid existe general preocupación, pero están practicándose numerosas detenciones y se han previsto medidas enérgicas. Otro motivo de inquietud para el Gobierno es el anunciado paro de los ferrocarriles, que agravará la difícil situación social que ha provocado la huelga de la construcción, y dará lugar a nuevas dificultades para la maltrecha economía. Escofet comunica a España lo que se ha hecho en Barcelona; las detenciones últimas y los registros que están llevándose a cabo. Comenta con el consejero la extensión y virulencia de la huelga de transportes, los petardos que colocan en las gasolineras que causan la natural alarma, la actuación agresiva de los piquetes que le han obligado a un despliegue de fuerzas de orden público. Y un nuevo y evitable problema: el malestar que domina a la prensa barcelonesa por la actitud arbitraria de la censura que, en determinados periódicos, La Rambla, El Diluvio y algunos más, no de derechas, sino de tendencia gubernamental, se ha manifestado con descomedida violencia verbal.

Ha despertado interés y ha sido objeto de comentarios el artículo del escritor nacionalista Joan Rovira y Virgili, aparecido en el órgano de Esquerra Republicana L'Humanitat, porque coincide con el pensamiento de muchos barceloneses: «Que los gobernantes impongan con energía el cumplimiento de las leyes. Pero que haya orden en la calle, en los lugares de trabajo y en los hogares. Que haya una República auténtica y no un desbarajuste con violencia y con sangre de crímenes». En opinión de Rovira y Virgili, el Gobierno debe frenar la orientación equivocada, cosa que hace meses era fácil y que hoy es todavía posible. De aquí a unas semanas ya no lo será. La opinión catalana en general desaprueba las transgresiones de la ley que ponen en peligro el equilibrio, y las personas de izquierda moderada, que son mayoría, rechazan la violencia, aunque proceda de organizaciones de las que apoyan al Frente Popular.

El diario Claridad sale esta tarde a la calle reflejando en sus páginas la beligerancia dominante. En uno de sus artículos comienza por dar la razón a Gil Robles, pues, en efecto, el Gobierno, con el estado de alarma no ha conseguido frenar la espiral de la violencia ni controlar el orden público; y añade que, en ese caso, lo lógico es que emplee medidas drásticas y que para ello se le concedan plenos poderes. Propugna, como siempre, una dictadura del Frente Popular: «dictadura por dictadura, la de izquierda. ¿No quieren este Gobierno? Pues sustitúyalo un gobierno dictatorial de izquierdas. ¿No quieren estado de alarma? Pues concedan las Cortes plenos poderes. ¿No quieren la paz civil? Pues sea la guerra civil a fondo. ¿No quieren el Parlamento? Pues gobiérnese sin Parlamento. Todo menos un retorno a las derechas. Octubre fue su última carta y no volverán a jugar más». Este artículo, en el cual se reitera la palabra dictadura y se les niega a las derechas la posibilidad de un triunfo electoral en el futuro, no ejerce el efecto intimidatorio que se proponía Araquistain o quien lo haya escrito. Los que se mantienen a la espera de que estalle la sublevación y tienen cualquier tipo de contacto con los organizadores, interpretan este artículo como una amenaza más de los enemigos y temen que el golpe comunista con el cual se especula en sus medios, se anticipe, y los propósitos expresados les refuerzan sus razones y propósitos. Y quienes, centristas o derechistas, creen y desean que la democracia aún puede salvarse con un enérgico golpe de timón que restablezca el orden y la paz civil, se sienten decepcionados; y al revés que Claridad, piensan que, en todo caso, dictadura por dictadura, mejor la de derechas.

El hecho ya divulgado de que en la noche del 13 acompañaran a los guardias en los servicios policiacos miembros de las Juventudes Socialistas y Comunistas, y que estas noches circulen patrullas de milicianos colaborando con las fuerzas dependientes del Gobierno, aviva la convicción de que las extremas izquierdas preparan un golpe de fuerza con la complicidad del Gobierno o, por lo menos, con alguno de sus miembros. No es así; pero desmentirlo tampoco convencería a nadie.

JUEVES, 16 DE JULIO

El ambiente político dominado por el furor se degrada de día en día; el foso que separa a los españoles, agrupándolos en dos bandos, es cada hora un poco más profundo. Son muchos ya los que han tomado partido, pero a nadie va a ahorrársele tan doloroso trámite, porque a quien pretenda mantener cierto grado de ecuanimidad o le gane la indiferencia, unos u otros van a considerarle «contrario», «enemigo», y como a tal van a tratarle.

Emplea Zugazagoitia en la editorial de El Socialista un lenguaje al cual las derechas con su prensa amordazada no podrán responder. Bajo el doble título de: «El otro terrorismo. El flanco inatacable del Gobierno», escribe: «Conviene no conceder ningún crédito a las versiones que se hacen circular en orden a los atentados del domingo. La táctica de las derechas, paridoras de las versiones que nos ocupan, se concreta en producir la mayor confusión política (…). El cadáver del señor Calvo Sotelo ha acabado por convertirse en manos de quienes le hacen el duelo, en un instrumento político». Y más adelante: «… Tan delictuoso es acabar violentamente con una vida como intentar destrozar una honra mediante el empleo de una mentira grosera». Formula consideraciones negativas sobre la «moral» católica para concluir con que hay que poner fin al terrorismo de las armas y al de las lenguas, y reputa este último como cien veces más condenable que el otro. Escribe que las derechas (sin nombrarlas) creen que el atentado contra Calvo Sotelo no es uno más entre los hasta ahora cometidos, «y de los que hasta este instante solo resultaban muertos obreros y militares de significación izquierdista», y pretenden que este atentado se ha cometido obedeciendo órdenes superiores, poco menos que por decreto ley. Semejante actitud la califica de terrorismo moral, infinitamente más condenable, insiste, que el material. Después de referirse a Asturias, asevera que «ha cambiado el aire de la calle» y que «resulta difícil conmover a la opinión con un solo muerto, cuando se le puede mostrar una larga nómina de socialistas y republicanos acribillados a balazos por pistoleros con uniforme o sin él».

Se refiere este editorial a las versiones que circulan en los medios conservadores de que la muerte de Calvo Sotelo ha respondido a una orden del Gobierno o, por lo menos, a una maquinación urdida por Casares Quiroga con la complicidad de la Dirección de Seguridad, y en connivencia de quienes cada cual añade por su cuenta. Lo que parece ignorar Zugazagoitia es que no se trata de una maniobra política, sino de una convicción. La torpeza del Gobierno, la intervención de guardias de uniforme y la camioneta empleada, la lenta reacción de Alonso Mallol, los equívocos anteriores relacionados con el cambio de escolta, y aquellas palabras impolíticas e imprudentes de Casares en la sesión del 16 de junio, añadido todo ello a la manera desconcertante de ejercerse la censura, la ocultación física de los responsables y otras causas coadyuvantes, han llevado a aquella convicción no solo a los correligionarios de Calvo Sotelo y demás militantes de la derecha, sino a amplias zonas de la opinión escasamente politizada. Es cierto que las derechas explotan el desgraciado suceso, pero también es verdad que creen con firmeza que el impulso —la orden— procedía de más arriba; y cada cual sitúa el vértice de la pirámide homicida allá donde sus antipatías se hacen más ostensibles. Hay quienes llegan hasta involucrar a Azaña. El hecho en sí y las circunstancias que lo han rodeado son políticamente graves; no es, pues, extraordinario que el impacto emocional desborde los naturales diques de la ponderación y hasta de la sensatez.

En el mismo diario se reproduce un artículo de Indalecio Prieto publicado ayer en El Liberal, de Bilbao. Lo dictó telefónicamente desde el Congreso, tomando como base y motivo las referencias que le proporcionaba Federico Angulo. Está construido con habilidad literaria y dirigido a impresionar a los lectores. Hace hablar ante la tumba de Castillo, «mientras la tierra lanzada a azadonazos cae sobre el ataúd…», a dos mineros que se encuentran por primera vez después de haber permanecido encarcelados por lo de Asturias. Prieto compara la muerte de Calvo Sotelo con la de Luis Sirval, y muestra su extrañeza porque los autores de aquella siembra de odios se escandalicen ahora de que los resultados los alcancen a ellos, cuando fueron los que glorificaron el crimen y premiaron a los asesinos. Personifica la España de hoy en unos obreros que, con la chaqueta al hombro, regresan del entierro de Castillo y, al pasar ante los arcos de entrada al cementerio, ven la barrera que forma la Guardia Civil y grupos de fascistas que custodian el cadáver de Calvo Sotelo.

El total de la primera página está escrita en tonos semejantes. En otra de las columnas se ataca a Ventosa y Calvell, y vuelve a nombrarse, como se hace en todos los artículos de hoy, a Sirval, a Juanita Rico, Faraudo y Castillo. Hay también en primera plana un trabajo que se titula «Soberbia y falta de autoridad»: un ataque contra la actitud de los representantes de las minorías derechistas en la sesión de la Diputación Permanente. Solo la sexta parte de una de las siete columnas aparece en blanco, censurada. No se escatiman arremetidas contra la CNT bajo el epígrafe: «La contumacia en el desvío».

La barcelonesa Solidaridad Obrera, que es periódico de gran tirada, influencia y difusión, aparece con los titulares de la primera página censurados y la editorial tachada en más de una tercera parte. «¡Basta ya —escribe el editorialista—: solo los locos y los agentes provocadores pueden establecer puntos de contacto entre el fascismo y el anarquismo!». Formula una declaración de principios dando prioridad al antifascismo, pero afirmando a renglón seguido que la Confederación está en contra de la burguesía en general, de los partidos políticos y de las formas y sistemas autoritarios. Protesta con energía contra una campaña que consideran han organizado en desprestigio de la CNT, y escribe: «… No se puede permitir este juego indigno e innoble que debilita las fuerzas de resistencia y ataque al fascismo coincidentes en la lucha contra el enemigo común». Para el editorialista, las izquierdas carecen de voluntad de hacer la revolución y el pueblo que votó al Frente Popular está desengañado. «… Vigilen los socialistas y comunistas el panorama de España, y ellos verán si les conviene denigrar, insultar y desprestigiar a la CNT». Cada obrero detenido, cada sindicato clausurado, equivale a restar luchadores en este instante en que existe el peligro de un golpe fascista. Los lectores habituales de la Soli, que no son solo los afiliados a la CNT, interpretan que los párrafos más sustanciosos deben ser aquellos que la censura ha suprimido.

El conde de Mayalde entrega a Mola la misiva que en Alicante le encomendó Primo de Rivera. Dos cartas le llegaron al general Mola de José Antonio y de ambas tuvo que deshacerse, quemándolas, con ocasión de las precauciones adoptadas cuando la visita de Alonso Mallol. Después de leer esta, igualmente acabará destruyéndola; los últimos momentos son los más comprometidos y el «Director» no se siente seguro[15]. A Mayalde le comunica de palabra que de Pamplona ha salido camino, de Valencia, un enlace con órdenes para las guarniciones de la III División.

De la Comandancia están partiendo emisarios para Francia, para Madrid, Bilbao, San Sebastián, Zaragoza, para todas partes; y de continuo llegan los mismos u otros enlaces en demanda de instrucciones o siendo portadores de noticias. El general Saliquet ha preguntado qué debe hacer; se le responde que se dirija a Valladolid, tome allí contacto con los enlaces locales, y se retire a Mucientes, donde recibirá la orden definitiva. Preocupa a Mola el cambio instado por Goded, que viene a alterar los planes establecidos. A él le intranquiliza Barcelona, porque su hermano asegura que la Generalidad está armando a varios miles de anarcosindicalistas; asimismo le informa de que no existe unidad entre los comprometidos, pues entre ellos los hay monárquicos y los hay republicanos y otros sin filiación política determinada, cuyo único deseo es poner fin a esta situación. Tal disparidad de actitudes y objetivos políticos compromete la eficacia del apoyo que pudieran prestar los paisanos.

Está completándose el estudio de la composición de la columna que, al mando de García Escámez, saldrá para Madrid: dos tenientes coroneles, un comandante, tres capellanes, y varios de los capitanes que han colaborado en la conspiración.

La actividad que a ambos lados de la frontera desarrolla Javier de Lìzarza es continua. Ayer por la tarde trasladó desde San Juan de Luz a San Sebastián al general Muslera y al coronel Baselga, afectos ambos al carlismo, que van a reforzar a los comprometidos de aquella guarnición. Hoy, de nuevo en San Juan de Luz, está realizando gestiones apresuradas para alquilar un avión que le conduzca a Lisboa. En Toulouse ha conseguido uno cuyo piloto se compromete a recogerle mañana en el campo de aviación de Biarritz. El pretexto de esta nueva gestión cerca del general Sanjurjo es entregarle la conformidad firmada por Mola, pero en realidad se trata de poner en marcha una maniobra de largo alcance, decidida por Fal Conde con la anuencia del regente, y que, el propio Lizarza, tomando al pie de la letra y aún exagerando palabras del propio Sanjurjo, ha sugerido. Consiste la misión en recoger al marqués del Rif en Lisboa y trasladarle a San Juan de Luz; y una vez iniciado el movimiento, acompañado de Fal Conde, se presentará en Pamplona «para ponerse así al frente de los requetés y dar carácter especialmente carlista al alzamiento». Organizar en Pamplona una apoteosis carlista no resultará difícil y menos en momentos en que la emoción estará a flor de piel en el ánimo de los navarros.

A las merindades está llegando la orden de movilización que viene firmada por el teniente coronel retirado Alejandro Utrilla, en su calidad de inspector jefe de los requetés del reino de Navarra. Esta orden, que queda pendiente de la confirmación, en la cual se señalará el día y la hora, es aceptada con general entusiasmo, como si no fuera una cita con la guerra.

Continúan desarrollándose en Barcelona los trabajos policiales, dirigidos a prevenirse contra un golpe que se espera va a producirse en breve por parte de elementos de la guarnición con el apoyo de jóvenes afiliados a las organizaciones de extrema derecha. Esta madrugada, guardias y policías se han presentado en el número 7 de la calle Unión, en el local de los disueltos Sindicatos Libres, que estaban ya clausurados. En el registro han aparecido unas pocas pistolas, y diversos papeles que han conducido las pesquisas hacia una dirección que los agentes consideraron sospechosa. En Erasmo, número 17, después de forzar la puerta, ha sido detenido Daniel Atadill Vidal, que tenía en depósito las llaves. El botín aquí ha resultado más copioso, pues en una caja se guardaban una treintena de armas cortas de distintos tipos y calibres y, a decir verdad, bastantes de ellas en mal estado. Los hombres del Libre son veteranos luchadores, gente bragada, con historial de violencia, y decisión a la hora de apretar el gatillo. La policía busca a su presidente, Ramón Sales Amenós, cuya nombradía, siniestra para los de la CNT y en general para las personas de izquierda, hace que se le deteste y se le tema. A última hora de hoy se dará con su paradero y será conducido a los calabozos de jefatura, de donde pasará a la Modelo. Se han practicado más detenciones.

Los anarcosindicalistas se agitan: disponen de armas, incluso de armas largas. Un número no desdeñable de rifles Winchester, un par de fusiles ametralladores checos pasados de contrabando por la frontera; y, lo que les da más confianza, dos ametralladoras Hotchkiss, que pieza a pieza han ido sustrayendo de la Maestranza los sargentos Gordo y Manzana, afiliados en secreto a la Confederación. De municiones también se hallan abastecidos; y pistolas, bombas y dinamita es algo que poseen individualmente muchos militantes. El «arsenal» importante se guarda oculto en un piso de la calle de Pujadas, número 276, en la proletaria barriada de Pueblo Nuevo, donde habita Gregorio Jover, uno de los miembros del Consejo de Defensa Confederal. Consideran los dirigentes que si la lucha se plantea en las calles, contra los sublevados primero y a continuación contra los políticos, hasta dominar la ciudad entera, necesitan más armas, muchas más, y se desviven por conseguir fusiles. En la Generalidad, a donde se han dirigido ofreciendo a cambio de armas su colaboración activa en cuanto estalle la sublevación, se las han negado con rotundidad, tanto porque entregarles armas sería conculcar las leyes, porque a la CNT y a la FAI los temen casi tanto como a los militares y fascistas.

Con quienes la Generalidad, a través del conseller España y de Federico Escofet, mantiene tratos es con el general y los coroneles de la Guardia Civil. Y con idéntico propósito de yugular la rebelión, si acaso llega a producirse y tan pronto como se inicie, Escofet ha sondeado la actitud del general Llano de la Encomienda, jefe de la IV División Orgánica. Como reacción a las advertencias del comisario de Orden Público de que está en gestación muy avanzada un alzamiento militar que arrastrará a gran parte de la guarnición, Llano se muestra escéptico y se obstina en que, de producirse cualquier movimiento subversivo, es al propio ejército a quien compete sofocarlo.

La policía clausura el llamado Centro Cultural Obrero, de la barriada de Sans, entidad derechista cuyo presidente es Emilio Juncadella. Y con carácter definitivo se han sellado las oficinas centrales de la Derecha de Cataluña, en Vía Layetana, número 57; y a continuación, el local de Renovación Española de la calle de Pelayo, y todavía otro local de la Derecha de Cataluña en el distrito VIII. En la nota oficial se dice que en este último han encontrado algunas pistolas. Las detenciones y registros domiciliarios no cesan, pues van dirigidos a desbaratar el plan subversivo. En Pueblo Nuevo, la noche pasada un grupo de sospechosos, al parecer de la CNT, han disparado contra un oficial de la Guardia Civil, apellidado Roselló, que ha resultado herido, al igual que uno de los números que le acompañaban de ronda.

El juez especial Iglesias Portal se reúne con el fiscal de Ja República Paz Mateos, con el teniente fiscal Vallès y con el comisario Lino. Las actuaciones continúan con resultados mediocres; se toman declaraciones a distintos testigos y se ha dictado auto de procesamiento contra Orencio Bayo, que estaba ya detenido.

El comandante militar de Las Palmas, general Amado Balmes, esta mañana, como otras muchas, ha ido al polígono de tiro de la Isleta; buen tirador, es además muy aficionado a este ejercicio que su condición de militar le da facilidades para practicar. Suele utilizar varias pistolas, y una de ellas se le acaba de encasquillar, lo que le produce una viva contrariedad. Por no perder tiempo, y poniendo en obra una imprudente costumbre que sus amigos y compañeros le reprocharon, apoya la boca del cañón en la parte derecha del vientre y hace fuerza con la mano que empuña el arma para conseguir amartillarla, sin advertir que la bala ha pasado a la recámara. El estampido queda amortiguado; el general Balmes se contrae y al rostro le aflora una mueca de dolor. Doblándose sobre sí mismo, cae a tierra. Los que están con él apenas se han percatado de lo que acaba de ocurrir. Cuando se apresuran a recogerle, se dan cuenta de la extrema gravedad de la herida. Mientras le conducen para ser asistido, exclama dominando el dolor: «Esa maldita pistola…». Una hora después expira en una clínica[16].

La noticia le llega a Franco por telégrafo; a pesar de la amistad que le unía con Balmes y de la pesadumbre que por este motivo le causa el accidente en sí, no deja de considerarlo providencial en otro terreno. Acaba de recibir un informe, transmitido por encargo del general Luis Orgaz, que desde hace unos meses reside confinado en Las Palmas, de que en el aeródromo de Gando hay un avión que, con toda evidencia, es el que le envían para trasladarse a Marruecos en el momento oportuno, que ahora parece ya inminente. Una de las dificultades que había que superar y aún no se había decidido cómo, era el traslado desde Tenerife a Las Palmas, un viaje corto pero que, dadas las circunstancias, ofrecía riesgos y dificultades.

Franco se pone en comunicación con el Ministerio de la Guerra y solicita autorización para desplazarse a Las Palmas con el fin de presidir el entierro. No tarda en llegarle la respuesta afirmativa, que le trasmite el subsecretario al general Cruz Boullosa. No se demora, y dispone lo necesario para poder embarcar esta misma tarde en el pequeño transbordador Vieira y Clavijo, y previene, para que le acompañen, a su esposa y a su hija Carmencita. Decide tomar esta precaución porque es imprevisible lo que pueda suceder en el momento decisivo. Entre la documentación personal lleva oculto un pasaporte diplomático que le ha prestado el monárquico José Antonio Sangróniz durante una visita que le hizo en Tenerife, por si se veía forzado a servirse de él en un viaje que podía preverse azaroso. El parecido físico entre ambos no es mucho y, para acortar diferencias, Franco en su momento se afeitará el bigote.

La llamada recibida ayer por teléfono en la Comandancia de Pamplona ha originado malestar y despertado inquietud en el ánimo de Mola y de quienes le rodean. El general Batet desea entrevistarse con él; se propone revistar la guarnición de Estella; según sugiere Mola, se acuerda la cita en el monasterio de Irache, a las 10 de la mañana. Los más exaltados sospechan que es una celada que le tiende Batet, que se presentará acompañado de una fuerte escolta, y que le arrestará; domina cierto nerviosismo a medida que se aproxima la hora del alzamiento. Mola mantiene una prudente discreción, a pesar de que tampoco está tranquilo y recela de los propósitos de Batet. En el coche le acompañan su jefe de Estado Mayor, el comandante Esparza y el ayudante Fernández Cordón. Ambos van provistos de alguna bomba de mano, además de la pistola reglamentaria: y varios oficiales los siguen en otro vehículo y mantienen una discreta vigilancia, dispuestos a intervenir en caso necesario. Con objeto de reforzar las precauciones, se ha prevenido al teniente coronel Pablo Cayuela, que manda el batallón de Arapiles de guarnición en Estella, quien, por su parte, reúne otra escolta de militares y civiles de confianza, para proteger al «Director».

El jefe de la VI División y el general Mola pasan al interior del monasterio. Batet ha llegado acompañado del jefe de su Estado Mayor, el coronel Moreno Calderón, y de su ayudante, el teniente coronel Arturo Herrero Companys. Este último ha tratado de sonsacar algo sobre las actividades de Mola a su ayudante, que se ha mostrado hermético, pues, además, desconfía de él por considerarle muy adicto al Frente Popular y alto grado de la masonería.

Dentro de la celda del monasterio, que el prior les ha cedido, y desde cuya ventana se ve el Montejurra, el general Batet intenta, por su parte, sondear los propósitos de Mola, pues le llegan continuos informes sobre la posibilidad de que esté entregado a actividades conspiratorias. Carece de evidencias tanto sobre la verdadera extensión de la conjura, como de que Mola ande metido en ella. Consigue ir eludiendo las preguntas que Batet le dirige, y cuando le interroga abiertamente, exigiéndole por añadidura palabra de honor de que no conspira, Mola, a quien después le dolerá haber tenido que mentir a su jefe, responde: «Le doy a usted mi palabra de que no me lanzo a una aventura».

Entretanto, fuera del monasterio está a punto de desencadenarse una colisión a tiro limpio entre ambas escoltas, que, con disimulo, montan guardia en los alrededores, por suponer cada uno de los grupos que los del otro urdían un atentado, o se proponían detener al general Mola. Al reconocerse en el último instante, y ya con las pistolas desenfundadas, se evita un choque que hubiese provocado consecuencias imprevisibles[17].

Acogiéndose a su condición de militar, el comandante retirado José Moreno, jefe regional de Falange, se constituye preso en la Ciudadela, con lo cual elude ingresar en la cárcel como les ocurre a algunos falangistas, que han sido detenidos. Los dirigentes más afortunados logran ocultarse.

Terminada la entrevista de Irache, y mientras Mola regresa a Pamplona, el general Batet pasa revista en Estella al batallón de Arapiles; después almorzará con el teniente coronel Cayuela, a quien ha invitado.

A mediodía se ha reunido en palacio el Consejo de Ministros que preside Azaña; la duración ha sido corta, apenas dos horas. Entre los ministros existe cierto grado de desconcierto y el presidente de la República está espantado y decepcionado por el giro que advierte en la situación, que a los republicanos y demócratas se les escapa de las manos. Tratan entre todos de valorar las noticias y los rumores que circulan sobre un próximo levantamiento militar, al cual apoyarán formaciones parafascistas de derecha, contrastándolos con los informes de mayor credibilidad que ellos poseen. Frente al peligro, que no dejan de reconocer que supondría un pronunciamiento más o menos extenso, existe otro peligro, que se manifiesta con pública agresividad; el que proviene de las organizaciones revolucionarias que predominan en los pueblos y aun en las ciudades, y que en muchos puntos avasallan a las autoridades legítimas. Les preocupa a los ministros lo que ocurre en Madrid, donde se han producido infiltraciones sumamente peligrosas en la maquinaria del Estado, como ha dejado al descubierto la muerte de Calvo Sotelo. Organizaciones sociopolíticas, que manejan milicias y disponen de hombres de acción, han venido perturbando el orden público desde el mismo día en que triunfaba el Frente Popular, provocando reacciones violentas por parte de los extremistas de la derecha, siempre prontos a la algarada y al atentado. En este clima asfixiante que se ha creado, personas de orden, conservadores y hasta reaccionarios, si así se quiere denominárseles, que de ordinario hubiesen repudiado la acción violenta de los fascistas, llegan a aprobarlas o, por lo menos, a justificarlas.

El Gobierno viene obligado a hacer fracasar cualquier intento subversivo, que, de producirse, cabe confiar en que será minoritario, por cuanto las divisiones orgánicas, las comandancias y hasta los regimientos, tienen al frente militares de confianza en su mayor parte; y lo mismo ocurre con las fuerzas de orden público. Pero con igual rigor cualquier gobierno legítimo está obligado a resistirse a entregar armas a las milicias revolucionarias que se mantienen al acecho de una ocasión favorable para asaltar el poder, y buen pretexto sería, para ellos, la quiebra del ejército y del orden constituido.

Cabe aceptar como posible que llegaran a sublevarse alguna división o algunos regimientos. En Marruecos resultaría más difícil de controlar el estallido y su difusión, pero bastaría con bloquear a los rebeldes utilizando la flota y la aviación. A la postre, se convertiría en la segunda parte de lo que ocurrió en agosto de 1932. Los militares que conspiran en el último momento se echarán atrás; ninguno desea arriesgar su sueldo, el lugar que ocupa en el escalafón, ni la vida regalada de la paz. Las formaciones civiles más peligrosas, como lo es Falange Española, tienen a sus dirigentes y cuadros en la cárcel y, en consecuencia, la organización desbaratada; y muchos de sus hombres de base tras las rejas. Lo mismo ocurre con monárquicos y carlistas. Navarra pudiera convertirse en un foco peligroso; sobre la eventual actitud de Mola no existe unidad de criterios, y allí los carlistas son belicosos, muchos y bien estructurados. Pero no es probable que Mola pueda entenderse con ellos. Desde Burgos, Batet mantiene su autoridad vigilante sobre Mola; y sobre la Guardia Civil navarra, Rodríguez Medel ofrece plenas garantías. El general Sebastián Pozas tiene en mano al conjunto de la Guardia Civil. El peligro estaría en que elementos revolucionarios se obstinaran en atacar puestos aislados, casas cuartel, como ocurrió en Asturias, porque en ese caso se provocarían reacciones defensivas capaces de inclinar el ánimo de muchos indecisos. Tan peligroso resultaría, que se ampliara en extensión e intensidad una repetición de agosto de 1932, como de octubre de 1934.

Cataluña es caso a considerar aparte; allá, las derechas permanecen más tranquilas y entre ellas son menos los elementos de acción que en otras zonas. Apenas se ha desarrollado la Falange, los supervivientes de los Sindicatos Libres están siendo puestos a buen recaudo, los carlistas andan desconcertados y en la región autónoma el somatén no está en manos de la burguesía derechista, sino de la Generalidad; los componentes de la minoría catalana en el Congreso coinciden en que se dominaría la situación aun en el caso de que algún regimiento intentara un golpe. En cuanto a Companys, no existe temor de que repita un 6 de octubre; por ese lado no cabe desconfiar. Más que en el resto de España, en Barcelona, Zaragoza, en Sevilla y Valencia, el peligro puede venir de que se desmanden los anarcosindicalistas, prontos siempre a los movimientos de rebeldía.

Los ministros llegan a la conclusión de que las autoridades deben permanecer en constante estado de vigilancia y mantener la serenidad hasta que se desvanezca la amenaza; y en caso de que ocurriera algo, que los halle dispuestos a reprimirlo, recurriendo a los medios constitucionales, que no son flojos, y a mantener bajo disciplina a las organizaciones obreras, que, en caso de necesidad extrema, pudieran colaborar activamente, o ir a la huelga general, pero solo acatando órdenes del Gobierno.

Cuando los ministros abandonan la reunión, son acosados por los informadores, que estos días multiplican su actividad, pero no consiguen más que respuestas evasivas o silencio.

Los ministros de Unión Republicana y algunos de los de Izquierda Republicana coinciden con Azaña en que quizá habría que empezarse a plantear la conveniencia de una ampliación de la base del Gobierno, dando entrada a alguna personalidad del centro, que contribuyera al apaciguamiento. Terminado el Consejo de Ministros, el presidente de la República regresa a su residencia del Pardo.

Al piloto Cecil W. H. Bebb, luego de aterrizar en Las Palmas en la mañana del 14, le dejaron solo, no sin recomendarle el hotel en el cual debía alojarse. Después de proteger el aparato de Olley en un hangar, se dirigió al hotel para instalarse y descansar. Desde ese momento le están sucediendo cosas que superan, en intensidad y misterio, a cuanto había sospechado desde que en Londres fue contratado por aquel cliente español y tuvo la impresión de que el vuelo que iban a emprender estaba más o menos relacionado con la inestabilidad política peninsular, impresión que ha ido confirmándose a lo largo del viaje. Al poco de aposentarse en el hotel, se le presentó un desconocido que le interrogó sobre los motivos del vuelo; poco después fue de nuevo visitado y conducido ante una persona que le dijeron era un general, quien otra vez estuvo haciéndole preguntas; todo ello le induce a sospechar que tienen dudas sobre su identidad, y que la intriga en la cual él se halla embarcado no está bien tramada[18]. Permanece la mayor parte del tiempo en el hotel, porque le han advertido que recibirá órdenes de reemprender el vuelo, si bien no le precisan cuándo. Por el momento no se han presentado conflictos con la policía y, sin embargo, las personas con las cuales se entrevista parecen recelosas y esas reservas contribuyen a acentuar lo misterioso de la situación. De los escasos datos que posee, deduce que su misión va a consistir en trasladar a «determinada persona» a un punto geográfico que tampoco con certeza sabe cuál es. Le han recomendado, exigido, la máxima discreción.

Cuando el conseller España ha recibido a los periodistas, se hallaba en compañía del general José Aranguren Roldán. En sus declaraciones se refiere al nerviosismo que se ha apoderado de la gente y a los rumores alarmistas que circulan de boca en boca, que califica de infundados. Ni pasa nada —les dice— ni se tolerará que pase nada absolutamente. Cualquier intento subversivo será reprimido al instante; y añade que la tranquilidad es absoluta en Cataluña y en el resto de España. En parecidos términos hicieron ayer declaraciones el presidente de la Generalidad y el comisario d'Ordre Públic.

El joven activista monárquico Carlos Miralles, que, junto con sus hermanos Manuel y Luis, fue encarcelado en mayo de 1931, y permaneció dos años en la cárcel, se ha presentado en Pamplona y ha sido recibido por el general Mola. De manera informal le nombra capitán honorario, con autorización para mandar una compañía en campaña, y le transmite las últimas instrucciones para la misión que le encomienda: que en cuanto reciba la señal, con las armas de que puedan disponer, él y sus hombres se dirijan a Somosierra y cierren el paso a las fuerzas gubernamentales que envíen desde Madrid; y que resistan en las alturas hasta que lleguen tropas del Norte. Carlos Miralles partirá esta tarde; en Madrid reunirá a sus amigos, muchos de ellos deportistas y miembros de familias conocidas de la aristocracia, de las finanzas o de lo que se califica de «alta sociedad», con objeto de constituir en firme una guerrilla. Les faltan armas largas, pues solo han reunido ocho mosquetones, un par de rifles y de alguna escopeta; pistolas no les faltan, pero resultan poco adecuadas para la lucha en el campo[19].

Al general González Carrasco, encargado por el «Director» de sublevar la guarnición barcelonesa, le sorprende la noticia de que va a hacerlo en su lugar el general Goded. Busca en seguida a Valentín Galarza y este le confirma que acaba de recibir órdenes en tal sentido y que, con respecto a él, no tiene por el momento instrucciones de Mola. Pero cuando los conspiradores de Valencia se enteran de que Goded no irá allí, según estaba previsto, a sublevar la III División, piensan en que González Carrasco ha quedado sin misión específica, y le envían un enlace que le encuentra en el Casino Militar madrileño, y le propone que se ponga al frente de los conjurados de aquella división. Por considerarse preterido, González Carrasco se niega a atenderlos y a manera de pretexto les dice que la aviación le es adicta y que, en consecuencia, él se trasladará al aeródromo de Getafe, donde el Gobierno está concentrando la mayor parte de sus efectivos aéreos. Una vez serenado, irá reaccionando, y la misma noche del 16 se reunirá con los generales Saliquet, Fanjul y García de la Hcrrán. En vista de que Saliquet ya ha recibido la orden de trasladarse a Valladolid y aconsejado por los tres generales, acepta ir a Valencia: si la voz preventiva ha sido dada, poco tardará la ejecutiva.

El comandante retirado de artillería Arturo Menéndez, que era director de Seguridad cuando los sucesos de agosto de 1932, y que desempeñó un importante papel para reducir a los sublevados de Madrid, quedaría después políticamente en entredicho a causa de la represión ejercida contra los anarquistas de Casas Viejas; y hasta fue procesado. En octubre de 1934 se hallaba en Barcelona y, como jefe del Somatén, actuó como asesor militar extraoficial cerca del consejero Dencás, cuya conducta fue tan poco brillante aquella aciaga noche. Menéndez fue uno de los pocos que lograron escapar y colocarse en franquía. Esta sucesión de actuaciones adversas le han mantenido alejado de la política activa, sin hacerle abjurar de sus convicciones. Mantiene estrecha relación con los miembros de la UMRA, a la cual pertenece, y por idéntico motivo, con los afiliados a la masonería. En la policía le ocurre otro tanto, y conserva amistades desde su época de director general. Estos días se halla en Barcelona, donde en la primera etapa republicana ejerció el cargo de jefe superior de Policía; ha visitado al comisario Escofet, y ha establecido, de manera particular, diversos contactos. Va provisto de una clave de la cual ha dejado copia a oficiales de plena confianza y probada discreción. Las informaciones que ha ido juntando provenientes de compañeros serios le convencen de lo que ya estaba casi convencido; que va a producirse una sublevación militar de carácter derechista y que ese golpe tiene probabilidades de imponerse en diversas guarniciones y, con mayor motivo, en regiones o ciudades donde la coalición de derechas ganó la pasada contienda electoral. En previsión de lo que pudiera suceder, Menéndez está recorriendo distintas capitales de provincia y, a través de militares de su confianza, establece acuerdos y distribuye las claves para no perder contacto con ellos en el caso de que, por imperativo de las circunstancias, tengan que someterse o fingir que lo hacen. De igual manera actúa con los comisarios de policía, de quienes le consta su adhesión sin fisuras a cualquier partido del Frente Popular, y mejor aún si se trata de hermanos masones. En Barcelona está terminando su labor, que mantiene semisecreta, y se propone trasladarse a Madrid; allá el Gobierno cuenta con medios suficientes para que nada suceda y, de suceder algo, sofocarlo de manera inmediata. Para todos sería preferible que los fascistas y los monárquicos se sublevaran de una vez, porque ello daría ocasión de machacarlos primero y de emprender una amplia depuración del ejército, de la policía, de la judicatura y del funcionariado, y, por supuesto, de la Guardia Civil y de los muchos elementos desleales que aún quedan enquistados en Seguridad y Asalto.

Uno de sus hermanos, Leopoldo, manda el batallón de la guardia presidencial, y en Barcelona, Emilio, capitán de Asalto, está al frente de la 3.ª compañía del grupo 16; aún tiene otro hermano artillero, Luis; y la hermana está casada con el comandante Mariano Gómez Zamalloa.

A las ocho y cuarto de esta tarde, Federico García Lorca tomará en la estación de Atocha el expreso de Granada, para el cual ya ha adquirido el billete en una agencia de viajes. El sábado 18, día de san Federico, se propone pasarlo en familia. A su cuñado Manuel Fernández Montesinos le han nombrado una semana atrás alcalde de Granada. García Lorca ha comido en casa de su amigo Rafael Martínez Nadal, quien ahora está ayudándole a preparar el equipaje en su piso de la calle de Alcalá número 102.

El capitán Ramón Mola Vidal, que había regresado a Barcelona después de recibirse en Pamplona la noticia de la muerte de Calvo Sotelo, ha confirmado en la capital catalana las impresiones pesimistas que tanto le conturbaban, y que contrastan con la actitud de buen número de oficiales jóvenes, quienes, recordando lo ocurrido el 6 de octubre, confían en que el golpe va a triunfar con extrema facilidad. Él ha llegado a la convicción de que no es lo mismo reprimir una sublevación que sublevarse; y ha recibido confidencias que cree fidedignas de que grandes masas de la CNT van a presentar batalla y que, para hacerlo, disponen de numerosas armas facilitadas subrepticiamente por la Generalidad. Tampoco le parece idóneo el plan insurrecciona para dominar la ciudad, y su hermano, «El Director», ha sido el primero en juzgarlo desacertado. Y, por último, y en la misma línea alarmista, ha dado crédito al soplo con que le han prevenido: que cuatro pistoleros barceloneses se dirigen a Pamplona para atentar contra la vida de su hermano. Sin avisar a sus superiores ni solicitar el permiso reglamentario, en un vehículo que le han prestado se desplaza nuevamente a Pamplona. Le gustaría convencer a su hermano de que aplazara el alzamiento; teme que en el último instante van a dejarlo poco menos que solo.

En Pamplona coincide con el teniente coronel Gabriel Pozas[20], y las noticias que este trae de Madrid tampoco inclinan al optimista. La desorganización es la nota predominante en la capital, y el número de comprometidos en las altas esferas militares, escaso. La aviación está siendo concentrada y obedece en su casi totalidad al general Núñez del Prado, director general de Aeronáutica; la guardia de Asalto es fiel al Gobierno, y su hermano, Sebastián Pozas, confía en que la mayoría de la Guardia Civil mantendrá su lealtad al poder constituido.

Cuando Ramón Mola se presenta a su hermano en el despacho de la Comandancia, están presentes el comandante Fernández Cordón, Gabriel Pozas y el oficial de Oficinas Militares, Guillermo Urías. La escena entre ambos hermanos se desarrolla, pues, en presencia de estos testigos ocasionales. Emilio Mola disimula su emoción y le hace presente a su hermano menor que él tiene contraído un compromiso, que la orden de iniciar la sublevación ya ha sido dada, y que no retrocederá. Con afectuosa firmeza le recomienda que, después de tomarse un descanso en el pabellón, regrese a cumplir con su deber en Barcelona, que es el lugar que el destino le ha señalado. El capitán Mola vive en la capital catalana con su mujer y su hija; también con el padre, que es coronel retirado. Al tiempo que se abrazan, el general le dice a manera de despedida: «¡Que Dios nos ampare a todos!».

En el Protectorado y en las plazas de soberanía, la proporción de jefes y oficiales dispuestos a sublevarse es más elevada que en las guarniciones peninsulares, aunque la unanimidad, como va a demostrarse en pocas horas, no es total. Aparte del comandante superior de las Fuerzas de África, general Agustín Gómez Morato, del general Manuel Romerales Quintero, y del alto comisario, Arturo Álvarez Buylla, que, aunque el destino que desempeña sea de carácter civil, es capitán de artillería al servicio de aviación, hay un número importante de militares, sin excluir algunos de la Legión y de Regulares, a quienes no se los ha requerido para incorporarse a la conspiración, porque se los considera leales a este Gobierno, sea por convicciones políticas, sea porque su sentido de la lealtad y la disciplina les impide contraer cualquier compromiso que las conculque[21].

Las maniobras que entre el 5 y el 12 se han celebrado en el Llano Amarillo, en las cuales participaban unidades de ambas circunscripciones, han proporcionado ocasión de cambiar impresiones entre los jefes y oficiales comprometidos, y para atraer voluntades de otros a quienes se suponía predispuestos. Unos dieciocho mil hombres de todas las armas han tomado parte en estas maniobras, y las diversas unidades acaban de demostrar su buena preparación y disciplina. La impresión del alto comisario y de los militares franceses expresamente invitados ha sido excelente. El día 13, las unidades se dispersaron para regresar a los respectivos acuartelamientos; ese mismo día, Yagüe participó a Mola que a partir del 16 todas las tropas estarían dispuestas para actuar desde sus bases.

Las tensiones político-sociales en Marruecos se manifiestan con virulencia: las organizaciones obreras no ocultan, antes lo demuestran en cualquier ocasión, su repulsa hacia el ejército y, en particular, la antipatía que profesan a los legionarios. Después de octubre de 1934, la hostilidad se hizo más patente. A lo largo de los últimos meses se vienen produciendo incidentes que, por parte de las autoridades civiles y de las militares, han sido dominados: pero la enemiga es recíproca, y no es exagerado calificarla de odio.

En cada una de las circunscripciones existe un delegado gubernativo, y estas autoridades, representantes del poder civil, han ido creciendo en importancia y recibiendo mayores atribuciones en unos territorios en los cuales, por haber padecido una guerra endémica, era tradicional la preponderancia del estamento militar. La obligada sumisión al poder civil, cuyo carácter es marcadamente político, ha contribuido a dificultar la armonía y crear recelos que desembocan en sordas hostilidades.

Por medio del delegado gubernativo en Melilla, Fernández Gil, le llegan al general Manuel Romerales avisos más concretos que en otras ocasiones de que está tramándose una sublevación militar. Al exponerles estas sospechas a algunos de sus subordinados, estos consiguen despistarle, alegando que si es cierto que en los cuarteles se toman algunas precauciones, el objeto de esas medidas es precaverse contra un posible golpe de carácter revolucionario, en el cual pudieran estar secretamente implicados oficiales y en mayor proporción suboficiales, clases de tropa y soldados. A Romerales, que conoce la existencia de células clandestinas, parece convencerle la explicación, mientras que a los conspiradores les consta que ha llegado la orden de alzarse en Melilla, Ceuta, Tetuán y Larache, y que cada jefe se apresta a mantener dispuestas las unidades a su mando y a coordinar los planes para dominar los resortes del poder antes de que reaccionen el Gobierno y sus partidarios, y antes de que las organizaciones proletarias se prevengan y actúen.

El comandante Ríos Capapé, que manda el 3.er tábor del Grupo de Regulares de Alhucemas n.º 5, recibe a las nueve de la noche un enlace enviado por el teniente coronel Juan Bautista Sánchez, interventor del Rif, destinado en Villa Sanjurjo y delegado de la conspiración en esa zona. Le ordena que se ponga en marcha con el tábor y pernocte en la alcazaba de Snada; al día siguiente, el tábor tiene que estar dispuesto a entrar en acción si se le manda hacerlo. El 3.er tábor está de guarnición en Villa Jordana, frente al Peñón de Vélez de la Gomera; y un par de horas después, acatando órdenes que no proceden de su jefe natural, abandona su acuartelamiento, y en una marcha de otras dos horas se plantará en la alcazaba, donde los hombres acamparán en espera de nuevas órdenes. El 3.er tábor del Grupo de Regulares de Alhucemas está, pues, sublevado.

VIERNES, 17 DE JULIO

En horas muy tempranas, Félix Maíz cruza la frontera y se planta en San Juan de Luz; entrega allí un mensaje del general Mola a Fal Conde y continúa viaje a Bayona. En este último trayecto le acompaña Javier de Barbón Parma. La misión encomendada a Maiz por el general Mola, consiste en cursar tres radiogramas en la central telegráfica de Bayona: uno, para Franco dirigido a Tenerife; otro, para el general Sanjurjo en Lisboa, y el tercero, para el coronel Juan Seguí, jefe de la conspiración en Melilla. En ellos se confirma la fecha del 18 para sublevarse. Los radiogramas están redactados en un lenguaje convenido y es el regente quien abona su importe en la ventanilla.

Una confidencia, que despierta el mayor interés, se ha recibido en la Comisaria General d'Ordre Públic de Barcelona: el capitán Pedro Valdés, de la 8.ª compañía de Seguridad, insta a otros oficiales a que, llegado el momento oportuno, se unan a él, que dice tener órdenes secretas en relación al movimiento militar que va a estallar. Se sabe también que en alguna ocasión ha mostrado a otros oficiales un sobre azul lacrado. En atención a la gravedad del caso y por si pudiera conducir más lejos, se dispone que se abra expediente y se designa para instruir las diligencias correspondientes al comandante Vicente Guarner, jefe de Servicios de la Jefatura. De inmediato se cita a declarar al capitán y a los tenientes Conrado Romero y Manuel Villanueva, implicados en la misma denuncia. Y, aprovechando la oportunidad de obrar por sorpresa, se ordena a la misma hora un registro en casa de Valdés. En la bocina de un gramófono se halla escondido lo que se buscaba: un sobre azul que lleva escrito «Secreto. Una compañía. No abrirlo hasta la salida del cuartel». En su interior hay dos documentos: el texto de un bando proclamando el estado de guerra firmado por el general Manuel González Carrasco y un manifiesto dirigido al país en el cual se justifican las causas que inducen a esa proclamación. En ambos documentos aparece estampado el sello del Estado Mayor de la IV División.

Provisto de estos comprometedores escritos, Escofet visita de nuevo al general Llano de la Encomienda. Delante de él y del jefe del Estado Mayor, cuya presencia ha sido requerida, se comprueba en el sello pequeñas variantes que lo diferencian del oficial. El jefe de la división no modifica su criterio; si algo llegara a ocurrir, será un levantamiento en algún cuartel que no le resultará difícil reprimir. El capitán Valdés y los dos tenientes pasan detenidos al castillo de Montjuic, y se les instruye sumario.

Escofet, que durante la campaña africana sirvió en Regulares a las órdenes del entonces teniente coronel González Carrasco, y en una operación ambos resultaron heridos, cursa requerimiento de busca y captura contra él.

A las ocho de la mañana, el general Andrés Saliquet Zumeta espera en su domicilio de Madrid que pase a recogerle su amigo y militante monárquico Luis Zunzunegui. Ambos son puntuales a la cita. Zunzunegui, concejal derechista del municipio madrileño, veranea en San Rafael y se ha encargado de trasladar al general hasta el lugar en que está citado con el teniente coronel Uzquiano: el objetivo final es Valladolid. El punto de cita, una ermita próxima al Espinar. A pesar de las precauciones que el Gobierno ha tomado, que afectan en gran medida al desplazamiento de los militares, el viaje se realiza sin demasiados sobresaltos. Cumplida su misión, Zunzunegui regresa a Madrid, donde recogerá a Antonio Goicoechea, para llevarle a una finca en la provincia de Salamanca, cerca de la frontera portuguesa. Los dos militares prosiguen su aventura y, en las proximidades de Olmedo, entran en contacto con las personas que los conducen a la finca Monte Mucientes, donde permanecerán ocultos hasta que los enlaces de Valladolid les señalen el momento de sublevar la VII División Orgánica. En Monte Mucientes esperan la venida del general Miguel Ponte y Manso de Zúñiga, que se les incorporará.

A Sevilla ha llegado el general Gonzalo Queipo de Llano, inspector general de carabineros. Después de descansar unas horas, se ha entrevistado con el comandante José Cuesta Monereo; a la entrevista asiste el ayudante de Queipo, el también comandante César López Guerrero. Las impresiones de la situación en Sevilla no son favorables para los que piensan sublevarse: el general de la II División, Fernández de Villa-Abrille, se viene negando a sumarse a la conspiración; tampoco hay que contar con el general de artillería López Vieta, a pesar de sus tendencias derechistas; y los jefes de las distintas unidades, o se muestran abiertamente contrarios, como el coronel Mateo, del regimiento de caballería, o no se definen y, por tanto, no hay que confiar en su colaboración. Las unidades están en cuadro debido a los permisos de verano que afectan a la mitad de la tropa y a elevadas proporciones de la oficialidad, entre cuyos miembros solo los comprometidos permanecen en Sevilla a la espera de acontecimientos. La Guardia Civil está dispuesta a incorporarse al movimiento, pero los de Asalto se sabe con certeza que se opondrán con las armas. Queipo de Llano no se deja ganar por el pesimismo, y da a Cuesta las últimas instrucciones: Sevilla se sublevará y hay que apoderarse de Andalucía, que debería servir de cabeza de puente al ejército de Marruecos en su marcha hacia Madrid. Poco después se presenta en el hotel José García, conocido por su nombre de torero, el Algabeño, que viene en representación de la maltrecha Falange sevillana. Tampoco puede aportar nuevas que inclinen al general al optimismo. El jefe provincial, Joaquín Miranda, un exbanderillero, y los principales dirigentes se hallan encarcelados; muchos de los escuadristas, que son estudiantes, residen ahora que el curso ha terminado, en otras provincias o ciudades, o se hallan dispersos con motivo de las vacaciones; solo podrá reunir un puñado de jóvenes. En las filas del ejército hay un número reducido de jefes y oficiales entusiastas, dispuestos a colaborar de manera activa, y a lanzarse a la aventura; en ellos habrá que confiar. En la guarnición sevillana pesa todavía el recuerdo del fracaso de la sublevación de Sanjurjo en 1932, que acarreó malas consecuencias para muchos jefes y les hizo sentirse abandonados por los comprometidos del resto de España.

Por la tarde va a celebrarse en Isla Cristina, en el extremo occidental de la provincia de Huelva, la entrega de una bandera a las fuerzas de carabineros. Queipo se trasladará a Isla Cristina para presidir el acto; y en Huelva se mantendrá próximo a Sevilla para cuando llegue la señal, que sabe no puede demorarse.

Habían llegado advertencias a Madrid de que uno de los puntos que presenta mayor peligrosidad es Burgos, capital de raigambre conservadora, en cuya guarnición se conspira a espaldas de Batet. El general de brigada Gonzalo González de la Lara, el comandante Luis Porto Real y los capitanes Nicolás Murga y Luis Moral son, según nuevas y concretas informaciones, los más sospechosos o aquellos contra quienes se han conseguido pruebas; del general se sabe que está destinado a sustituir a Batet en caso de que se produzca el golpe y tenga éxito. Acordada la detención fulminante de estos militares, se encarga al director de Seguridad que la lleve a efecto.

Entretanto, en Burgos, los preparativos para la sublevación se hallan avanzados, y en una imprenta está tirándose el bando de proclamación del estado de guerra.

A las once de la mañana, Javier de Lizarza, que esperaba en Biarritz el avión contratado, ha conseguido calmar su inquietud al verle aterrizar. Al tomar tierra y descender de la carlinga el piloto, requerido por la policía, ha permanecido reunido con los agentes franceses durante casi una hora. El tiempo es espléndido, pero un viento que sopla con fuerza del sur hace que la velocidad del aparato sea lenta. Cuando ya se ha adentrado bastante en la península ibérica, el aviador advierte a Lizarza que, habiendo consumido más gasolina de la prevista, resulta imprescindible repostar en Gamonal, aeródromo de Burgos. A Lizarza le desagrada este aterrizaje imprevisto, pues había contratado el vuelo directo a Lisboa sin escala alguna en territorio español: tampoco le parece que el viento opuesto justifique tan desproporcionado gasto de combustible.

El gobernador Fagoaga le comunica a Alonso Mallol, cuando este llega a Burgos, que ha aterrizado en Gamonal un avión francés con un solo pasajero a bordo, y que este es Antonio de Lizarza, prominente carlista navarro, a quien retiene en le cuartel de Asalto; y añade, para demostrar su diligencia, que nada de particular se ha encontrado en los registros practicados tanto en el aparato como en poder del interesado[22]. Decide Alonso Mallol el traslado de Lizarza a Madrid y se propone interrogarle él mismo durante el trayecto.

Con la complicidad del piloto, Lizarza ha conseguido ocultar el documento que llevaba a Lisboa y, a pesar de que el avión ha sido cuidadosamente escudriñado, no han dado con el papel.

La misión que ha traído a Burgos al director de Seguridad, la detención del general González de Lara y los demás conspiradores identificados, ha quedado cumplida. Arrestados esta noche, mañana serán trasladados a Guadalajara con el fin de mantenerlos alejados de la capital castellana. Con esta medida y la presencia de Batet, el Gobierno cree solucionada la situación en Burgos. Mallol conducirá a Lizarza a Madrid en su propio vehículo.

Poco después de mediodía ha llegado a Salamanca Joaquín Maurín, que viene de Madrid, donde anoche ha pernoctado. Pasó el día de ayer en la capital y estuvo en el Congreso a cobrar las mil pesetas que le corresponden mensualmente en su calidad de diputado por Barcelona, de donde procede. En la estación de Salamanca le espera un compañero del POUM, Manuel Sánchez, en cuya casa almuerza. Maurin es de elevada estatura y cuenta cuarenta años de edad. Nacido en un pueblecillo de Huesca, su historia es la de un revolucionario integral. Inició su trayectoria en la CNT de Lérida y fue de aquellos que en 1921 enviaron a Rusia, al primer Congreso de la Internacional Roja, con el fin de observar de cerca el fenómeno de la revolución bolchevique. Después de militar algunos años en el Partido Comunista, fue expulsado por considerársele trotskista. Es iniciador del combativo periódico La Batalla, ha fundado el Bloque Obrero y Campesino y, en época reciente, al fusionarse este con la Izquierda Comunista, que dirigía Andrés Nin, quien también había regresado de la URSS, han dado nacimiento al POUM, Partido Obrero de Unificación Marxista, que representa una considerable fuerza político-revolucionaria en Cataluña, Valencia, Baleares, y menor en otros puntos de España. La oposición que contra el POUM ejercen los comunistas, que ellos califican de estalinistas —sus peores enemigos por hallarse tan próximos—, ha hecho que sea él el único diputado de su partido, puesto que a los demás candidatos les han puesto la proa en toda la línea del Frente Popular.

La vida de Joaquín Maurín ha sido asendereada: persecuciones, cárceles, destierros, pobreza, nada le fue ahorrado. Esta tarde se propone improvisar una conferencia en un salón de baile próximo a la Alamedilla, alquilado por Sánchez con este fin. No están seguros de que llegue a celebrarse el acto, porque los del PCE, si pueden, se esforzarán por impedirlo. En Salamanca se halla de paso; esta misma noche, terminada la conferencia y después de cenar y cambiar impresiones con los camaradas salmantinos, se propone tomar el tren para Santiago de Compostela. Allí pronunciará una conferencia política; después emprenderá una gira por todo Galicia.

El domingo 19 de julio va a inaugurarse en Barcelona la llamada Olimpiada Popular, réplica antifascista de los Juegos Olímpicos que este año se celebran en Berlín. Están llegando delegaciones y atletas de muchos países de Europa, América y África, y también folkloristas, pues a esta olimpíada se le quiere dar más amplio sentido, doblándola de festival folklórico. Han sido resueltos muchos problemas relacionados con el alojamiento, puesto que entre españoles y extranjeros se esperan a unos cinco mil deportistas y a tres mil participantes en manifestaciones populares, a los cuales, salvo a los barceloneses, hay que buscarles, y encontrarles, ubicación. Asimismo, se calcula en unos veinte mil los forasteros que acudirán en calidad de público. A esta olimpiada se le ha dado un carácter predominantemente político, y a través de organizaciones políticas y obreras se hizo la convocatoria. El presidente del Comité Ejecutivo es el diputado de Esquerra Republicana Francesc Trabal y el secretario Jaume Miravitlles; aquel ha detectado con desagrado la presencia de un agente de la Komintern que actúa por su cuenta y pretende mangonear y dirigir los réditos políticos en beneficio de los comunistas.

Paul Winzer, el principal agente de la Gestapo destacado en España, que pertenece al mismo tiempo al servicio de seguridad del partido nazi, camuflado con un cargo en la embajada alemana de Madrid, se ha trasladado a Barcelona, donde van a reunirse emigrados de los países fascistas —muchos alemanes entre ellos—, judíos, comunistas y otros enemigos del régimen que domina Alemania[23]. Esta Olimpiada Popular, a su juicio y al de sus superiores, es el principal suceso que va a producirse en España durante estos días; y él se erige en observador directo[24].

El primer ministro consejero de la embajada del III Reich en Madrid, Hans Hermann Völkers, se desplazó ayer a San Sebastián para pasar sus vacaciones.

Dos agentes de la Abweher, que figuran como cónsules, Sauermann y Clasen, disfrutan de sus permisos veraniegos en Alemania.

La viuda y los hijos de Calvo Sotelo han vivido los últimos días bajo la opresiva sensación del terror sumado a la inmensa pena que les ha causado la tragedia sufrida. Ayudados por familiares y amigos, que se desviven por aliviar los males que los afligen, esta noche han dormido en casa de unos parientes, porque Enriqueta Grondona está obsesionada por el miedo a que le maten también a los hijos. Nadie se siente seguro de lo que pueda ocurrir, siendo tanto lo que ha ocurrido y, lo mismo a los hermanos de ella como a Luis y Joaquín Calvo Sotelo, les parece que lo mejor es que abandonen Madrid y se refugien en Portugal. Pueden momentáneamente hospedarse en Lisboa, en el Hotel Americano, donde se alojaron con el padre cuando inició el destierro y antes de radicarse en París.

A lo largo de hoy se ocupan en disponer un equipaje ligero, que incluye las escasas ropas de luto que tienen; lo que puedan llevarse en el ferrocarril, y se afanan en preparar otras maletas mayores que, pasados unos días, el chófer trasladará a Lisboa en el automóvil. A primera hora de la noche tomarán el expreso; han de abandonar esta casa, esta ciudad.

En uno de los edificios de la Alcazaba de Melilla están instaladas las oficinas de la Comisión de Límites, y en ellas se reúnen algunos de los conspiradores para acordar las últimas medidas para el alzamiento militar[25]. Los asistentes a esta junta son los tenientes coroneles Darío Gazapo, Maximiliano Bartomeu y Juan Seguí Almuzara, este último en situación de retiro, el capitán Carmelo Medrano, y los de la Guardia Civil, Cano y García Alled, más varios tenientes, entre los cuales el joven legionario Julio de la Torre; también participa en la reunión Antonio Cuadrado, de Falange Española.

Por la mañana se ha distribuido una caja de pistolas con abundante munición y algunas bombas de mano entre los falangistas, poco numerosos, comprometidos a colaborar en el golpe. Uno de estos falangistas, teniente retirado, ha denunciado el hecho al delegado gubernativo y, para eliminar el riesgo de que creyera se trataba de una fantasía, le ha entregado en prueba tres pistolas y quinientas balas que le encargaron de repartir. El delegado, Fernández Gil, con autorización oral que ha recabado del general Romerales, ordena un registro en el edificio de la Comisión de Límites, y encomienda se ocupe del mismo al teniente Zaro de la guardia de Seguridad. Aduce este que los guardias no hacen registros y, en consecuencia, son designados cinco agentes de policía al mando del comisario Benet; Zaro, con su pelotón, los acompaña y escolta.

Sorprendidos los conspiradores, acumulan pretextos y dificultades con el fin de ganar tiempo, porque en el interior del edificio guardan armas y documentación comprometedora. El teniente coronel Gazapo les dice a Zaro y al comisario Benet que, sin orden del general Romerales, no puede registrarse un edificio militar. Telefonea Gazapo al general con la esperanza de convencerle de que el trámite se suspenda o demore, ya que ignora la denuncia de que han sido objeto, pero Romerales responde que él ha autorizado el registro porque no desea que caigan sospechas sobre dependencias del ejército. Todavía ensayan los reunidos nuevos pretextos para dilatar la labor de los policías, pero, agotadas las trabas, estos comienzan a actuar. Consciente de la gravedad del instante, Gazapo manda a Julio de la Torre telefonear a la Representación del Tercio, que ocupa unos locales muy próximos dentro del mismo recinto de la alcazaba. La Torre logra ponerse al habla con el sargento Joaquín Sousa y le pide que reúna a unos cuantos legionarios y que, con las armas prontas, se presenten a la carrera en la Comisión de Límites. Todo sucede con enorme rapidez; Sousa llega a la explanada que hay ante el edificio con una veintena de legionarios, que quedan sorprendidos al verse entre los guardias, sobre cuya presencia no los habían prevenido. En esto, sale a la puerta el teniente De la Torre y dirige a los legionarios breves y enérgicas palabras, pidiéndoles confianza en sus oficiales y dando a continuación la orden de «¡Carguen, armas!» y «¡Apunten!». Obedecen los del Tercio y su actitud decidida y el golpe de los cerrojos desconciertan a los guardias que se hallan en situación tan inesperada como peligrosa. El teniente Zaro, que conserva la serenidad, declara que ni él ni sus guardias están contra el ejército; los números sé apresuran en arrojar al suelo los mosquetones. Los oficiales que permanecían en el interior con las pistolas amartilladas y granadas de mano se tranquilizan al ver dominada la situación. Zaro y De la Torre se estrechan las manos y aquel declara ante Bartomeu y Gazapo, que han salido a la explanada, que se une a la actitud del ejército. El movimiento rebelde se ha iniciado, pues, en Melilla, sin que nadie, fuera de los presentes, se haya enterado. Son las cuatro y veinte de la tarde del 17 de julio de 1936.

Arriba: El féretro es llevado a hombros por Joaquín Calvo Sotelo, José María Albiñana, Santiago Fuentes Pila, Andrés Amado, José María Valiente, Mariano Serrano Mendicute, Antonio Bermúdez Cañete, Jesús Comín.

Centro: Al salir del cementerio se desfila brazo en alto y se prorrumpe en gritos, la emoción contenida se desborda; se canta desafiante el Cara al Sol.

Abajo: Fernando Suárez de Tangil, conde de Vallellano, que sustituye a Calvo Sotelo como representante de Renovación Española en la reunión de la Diputación permanente de las Cortes.

Arriba: El discurso de Gil Robles en la Diputación permanente de las Cortes es agresivo y acusatorio: «Vosotros que practicáis la violencia seréis las primeras víctimas de ella». (En la foto, con Vallellano, Ventosa y Cid).

Izquierda: «Toda la responsabilidad hay que atribuírsela a las derechas y también a la tibieza del Gobierno, al quedarse corto al no meter mano a fondo a los elementos responsables de la guerra civil que hay en España». (José Díaz, secretario general del PC.).

Derecha: Juan Ventosa y Calvell, representante de la Lliga catalana, declara que no concederá su voto para que la situación de excepción se prorrogue tras el asesinato de Calvo Sotelo.

Izquierda: Conde de Mayalde, a quien José Antonio entrega una carta para el general Mola instándole a que no demore más el golpe.

Derecha: «Cualquier intento subversivo será reprimido al instante; la tranquilidad es absoluta aquí y en el resto del país». (José María España, conseller de Gobernación de la Generalidad de Cataluña a los periodistas).

Abajo: Franco se pone en comunicación con el Ministerio de la Guerra y solicita autorización para trasladarse a Las Palmas con el fin de presidir el entierro del general Balmes.

Arriba: Las maniobras militares en el Llano Amarillo (5-12 de julio) han proporcionado ocasión de cambiar impresiones entre los jefes y oficiales comprometidos en la conspiración y para traer voluntades de otros a quienes se suponía predispuestos.

Abajo: El movimiento rebelde se ha iniciado en Melilla. Son las cuatro y veinte de la tarde del 17 de julio de 1936.

Apéndices

APÉNDICE 1

EL DIRECTORIO Y SU OBRA INICIAL

Tan pronto tenga éxito el movimiento nacional, se constituirá un Directorio, que lo integrará un presidente y cuatro vocales militares. Estos últimos se encargarán precisamente de los ministerios de la GUERRA, MARINA, GOBERNACIÓN Y COMUNICACIONES.

EL DIRECTORIO ejercerá el poder con toda su amplitud; tendrá la iniciativa de los decretos-leyes que se dicten, los cuales serán refrendados por todos sus miembros.

Dichos decretos-leyes serán refrendados en su día por el Parlamento constituyente elegido por sufragio, en la forma que oportunamente se determine.

Al frente de los ministerios no consignados anteriormente figurarán unos consejeros técnicos, quienes ejercerán las funciones que hoy tienen los ministros.

Los Consejos que celebre el Directorio podrán ser ordinarios y plenos.

Los primeros los integrarán el presidente y vocales; los segundos, los citados y los consejeros técnicos.

Los primeros decretos-leyes serán los siguientes:

a) Suspensión de la Constitución de 1931.

b) Cese del presidente de la República y miembros del Gobierno.

c) Atribuirse todos los poderes del Estado, salvo el judicial, que actuará con arreglo a las leyes y reglamentos preestablecidos que no sean derogados o modificados por otras disposiciones.

d) Defensa de la dictadura republicana. Las sanciones de carácter dictatorial serán aplicadas por el Directorio sin intervención de los tribunales de justicia.

e) Derogación de las leyes, reglamentos y disposiciones que no estén de acuerdo con el nuevo sistema orgánico del Estado.

f) Disolución de las actuales Cortes.

g) Exigencia de responsabilidades por los abusos cometidos desde el poder por los actuales gobernantes y los que les han precedido.

h) Disolución del Tribunal de Garantías.

i) Declarar fuera de la ley todas las sectas y organizaciones políticas que reciben su inspiración del extranjero.

j) Separación de la Iglesia y del Estado, libertad de cultos y respeto a todas las religiones.

k) Absorción del paro y subsidio a los obreros en paro forzoso comprobado.

l) Extinción del analfabetismo.

m) Creación del carnet electoral. En principio no tendrán derecho a él los analfabetos y quienes hayan sido condenados por delitos contra la propiedad y las personas.

n) Plan de obras públicas y riegos de carácter remunerador.

o) Creación de comisiones regionales para la resolución de los problemas de la tierra, sobre la base del fomento, de la pequeña propiedad y de la explotación colectiva donde ella no fuere posible.

p) Saneamiento de la Hacienda.

q) Ordenación de la industria de guerra.

r) Restablecimiento de la pena de muerte en los delitos contra las personas, siempre que produzcan la muerte o lesiones que ocasionen la inutilidad para el ejercicio de la profesión de la víctima.

EL DIRECTORIO se comprometerá durante su gestión a no cambiar en su gestión el régimen republicano, mantener en todo las reivindicaciones obreras legalmente logradas, reforzar el principio de la autoridad y los órganos de la defensa del Estado, dotar convenientemente al Ejército y a la Marina para que tanto uno como otra sean suficientes, creación de milicias nacionales, organizar la instrucción premilitar desde la escuela y adoptar cuantas medidas estimen necesarias para crear UN ESTADO FUERTE Y DISCIPLINADO.

Madrid, 5 de junio de 1936.

EL DIRECTOR

APÉNDICE 2

Extractos de la sesión de Cortes celebrada el 16 de junio de 1936

Proposición no de ley presentada a la mesa: los diputados que suscriben ruegan a la Cámara se sirva aprobar la siguiente proposición no de ley.

Las Cortes esperan del Gobierno la rápida adopción de las medidas necesarias para poner fin al estado de subversión en que vive España.

Palacio de las Cortes, a 11 de junio de 1936. José María Gil Robles. Andrés Amado. Ramón Serrano Suñer. Geminiano Carrascal. Antonio Bermúdez Cañete. José María Fernández Ladreda. Jesús Pabón. Juan Antonio Gamazo. Pedro Rahola. Siguen las firmas, hasta 34.

Párrafo del discurso de Gil Robles:

(…) Habéis ejercido el poder con arbitrariedad, pero, además, con absoluta, con total ineficacia. Aunque os sea molesto, señores diputados, no tengo más remedio que leer unos datos estadísticos. No voy a entrar en el detalle, no voy a descender a lo meramente episódico. No he recogido la totalidad del panorama de la subversión de España, porque, por completa que sea la información, es muy difícil que pueda recoger hasta los últimos brotes anárquicos que llegan a los más lejanos rincones del territorio nacional.

Desde el 16 de febrero hasta el 15 de junio, inclusive, un resumen numérico arroja los siguientes datos:

Iglesias totalmente destruidas, 160.

Asaltos de templos, incendios sofocados, destrozos, intentos de asalto, 251.

Muertos, 269.

Heridos de diferente gravedad, 1287.

Agresiones personales frustradas o cuyas consecuencias no constan, 215.

Atracos consumados, 138.

Tentativas de atraco, 23.

Centros particulares y políticos destruidos, 69.

Idem asaltados, 312.

Huelgas generales, 113.

Huelgas parciales, 228.

Periódicos totalmente destruidos, 10.

Asaltos a periódicos, intentos de asalto y destrozos, 33.

Bombas y petardos explotados, 146.

Recogidas sin explotar, 78. (Rumores).

Diréis, señores diputados, que esta estadística se refiere a un período de agitación y de exacerbación de pasiones, a la cual, en su discurso primero en esta Cámara, se refería el señor Azaña cuando presidía el Gobierno. Podréis decir que posteriormente, al calmarse el fervor pasional, al actuar los resortes del poder, al acabar los primeros momentos, ha venido un instante de tranquilidad para España. Me va a permitir la Cámara que brevemente haga una estadística de cuál es el desconcierto de España desde que el señor Casares Quiroga ocupa la cabecera del banco azul.

Desde el 13 de mayo al 15 de junio, inclusive:

Iglesias totalmente destruidas, 36.

Asaltos de iglesias, incendios sofocados, destrozos e intentos de asalto, 34.

Muertos, 65.

Heridos de diferente gravedad, 230.

Atracos consumados, 24.

Centros políticos, públicos y particulares destruidos, 9.

Asaltos, invasiones e incautaciones —las que se han podido recoger—, 46.

Huelgas generales, 79.

Huelgas parciales, 92.

Clausuras ilegales, 7.

Bombas halladas y explotadas, 47.

¿Será necesario, señores diputados, que a la vista de esta estadística aterradora yo tenga que descender a detalles? (…)

(…) Pero, además, señor Casares Quiroga, permítame que se lo diga, es que esas medidas que ha anunciado y esa energía verbal que despliega, no han servido absolutamente para nada. El viernes pasado ha hecho el Gobierno esa declaración categórica; ese mismo día, o el siguiente, nos ha dicho la prensa que el Gobierno ha cursado órdenes enérgicas a las autoridades dependientes de él. Pues bien, en las últimas cuarenta y ocho horas han ocurrido en España nada más que los siguientes incidentes: unos heridos en Los Corrales (Santander); un afiliado a Acción Popular herido gravemente en Suances; un tiroteo al polvorín de Badajoz; una bomba en un colegio de Santoña; cinco heridos en San Fernando; un guardia civil asesinado en Moreda; un dependiente muerto por las milicias socialistas en Villamayor de Santiago (El señor Almagro: Al guardia Civil y al obrero los habéis matado vosotros). (Rumores y protestas.); dos elementos de derechas muertos en Uncastillo; un tiroteo en Castalla (Alicante); un obrero muerto por sus compañeros en Suances; unos fascistas tiroteados en Corrales de Buelna (Santander); varios cortijos incendiados en Estepa; un directivo de Acción Popular asesinado en Arriondas; un muerto y dos heridos gravísimos, todos de derecha, en Nájera; un muerto y cuatro heridos, también de derecha, en Carchel (Jaén); insultos, amenazas, vejámenes a las religiosas del Hospicio de León; cuatro bombas en varias casas en construcción, en Madrid. He aquí, en las últimas cuarenta y ocho horas, el producto de la energía puramente verbal de las órdenes del señor Casares Quiroga.

¡Ah!, señores diputados, pero ya frente a estos argumentos, en una interrupción de la mayoría, se dibujaba otro, tentador por lo fácil, que yo espero se ha de esgrimir esta tarde contra nosotros: de todo este estado de subversión, de todo este estado de anarquía quienes tienen la culpa son las derechas con sus provocaciones. (Rumores). Bueno será, señores diputados, que para dar todas las facilidades posibles a la discusión, dejemos a un lado determinados ejemplos inequívocos de que han sido las derechas las que han traído ese estado de subversión. Me refiero a lo ocurrido en los tiroteos de Málaga entre socialistas, comunistas y sindicalistas. Allí todo ha obedecido, pura y simplemente, a la intervención de los elementos de derecha. (Rumores). (El señor Lorenzo: Hay agentes provocadores). Le recomiendo a su señoría que lea el artículo de Solidaridad Obrera, en donde decía «¡Alto el fuego!», dirigiéndose a sus camaradas, y advirtiéndoles que no es lícito asesinar obreros. Tome nota su señoría para sucesivas interrupciones.(…)

(…) Desengañaos, señores diputados, un país puede vivir en monarquía o en república, en sistema parlamentario o en sistema presidencialista, en sovietismo o en fascismo; como únicamente no vive es en anarquía, y España hoy, por desgracia, vive en la anarquía.

Señores del Gobierno, nosotros os pedimos determinadas medidas para acabar con la situación en que se encuentra España, situación que no puede prolongarse por mucho tiempo. Estáis contrayendo la tremenda responsabilidad de cerrar todos los caminos normales a la evolución de una política. Nosotros, que no hemos sido nunca obstáculo para ello, tenemos que decir hoy que estamos presenciando los funerales de la democracia. Hay una teoría política (permitidme, señores diputados, que modestísimamente os la recuerde) del ciclo evolutivo de las formas de Gobierno. Según ella, existe un momento en que la democracia se transforma en demagogia; pero como eso no puede subsistir, contra la demagogia surgen, por desgracia, los poderes personales. Cuando habláis de dictadura y de plenos poderes, quizá sin daros cuenta, por un aliento patriótico que salta por encima de las pequeñeces de la disciplina de partido, estáis haciendo la condenación más firme de un sistema, de una política y de un Gobierno. (Grandes aplausos).

El señor De Francisco:

(…) Nos ha relatado su señoría aquí algunos hechos que ya he manifestado que no me han impresionado poco ni mucho, porque, aun conociendo la realidad de algunos de ellos y lamentándolos de una manera sincera y leal, era necesario hacer previamente una averiguación para saber si en gran parte esas cifras de asesinatos, de atracos y de incendios, manejadas por el señor Gil Robles, pueden ponerse en el haber de las fuerzas que acaudilla su señoría, si los autores de tales hechos han sido inducidos por determinadas fuerzas. (…)

(…) Inculpáis a este Gobierno —él se defenderá— de no haber realizado todo aquello que vosotros queríais que realizase; podréis inculparle; pero para tener razón y para tener esa fuerza moral que yo echaba de menos cuando empezaba a pronunciar estas deslavazadas palabras, era preciso que exhibierais vosotros el cartel de vuestras obras, que todavía están inéditas, inéditas en cuanto a perfeccionamiento en cuanto a elevación de la economía del país, en cuanto a engrandecimiento de la importancia de nuestra industria, de la producción nacional y que en algunas ocasiones hemos oído al señor Gil Robles, todavía de su distribución racional y, a pesar de esos alardes pintorescos, estamos esperando a que saque el dinero de donde lo haya para resolver el paro obrero. (Muy bien.) (…)

El señor Calvo Sotelo:

Señores diputados, es esta la cuarta vez que en el transcurso de tres meses me levanto a hablar sobre el problema del orden público. Lo hago sin fe y sin ilusión, pero en aras de un deber espinoso, para cuyo cumplimiento me siento con autoridad reforzada al percibir de día en día cómo al propio tiempo que se agrava y extiende esa llaga viva que constituye el desorden público, arraigada en la entraña española, se extiende también el sector de la opinión nacional de que yo puedo considerarme aquí como vocero a juzgar por las reiteradas expresiones de conformidad con que me honra una y otra vez.

España vive sobrecogida con esa espantosa úlcera que el señor Gil Robles describía en palabras elocuentes, con estadísticas tan compendiosas como expresivas; España, en esa atmósfera letal, revolcándose todos en las angustias de la incertidumbre, se siente caminar a la deriva, bajo las manos, o en las manos —como queráis decirlo— de unos ministros, sin duda inteligentes, yo eso lo reconozco, que, sin embargo, son reos de su propia culpa, esclavos, más exactamente dicho, de su propia culpa, ya que para remediar el mal que el acaso les ha puesto delante, han de tropezar con la carencia de la primera de las condiciones necesarias, que es la de no haberlo procreado. Vosotros, vuestros partidos o vuestras propagandas insensatas, han provocado el 60 por 100 del problema del desorden público, y de ahí que carezcáis de autoridad. (…)

(…) Lo que esto quiere decir es que el Parlamento está roído por el gusano de la mixtificación. España no es esto. Ni esto es España. Aquí hay diputados republicanos elegidos con votos marxistas; diputados marxistas partidarios de la dictadura del proletariado, y apóstoles del comunismo libertario; y ahí y allí hay diputados con votos de gentes pertenecientes a la pequeña burguesía y a las profesiones liberales que a estas horas están arrepentidos de haberse equivocado el 16 de febrero al dar sus votos al camino de perdición por donde nos lleva a todos el Frente Popular. (Rumores). La vida de España no está aquí, en esta mixtificación. (Un señor diputado: ¿Dónde está?). Está en la calle, está en el taller, está en todos los sitios donde se insulta, donde se veja, donde se mata, donde se escarnece; y el Parlamento únicamente interesa cuando nosotros traemos la voz auténtica de la opinión. (Aplausos). (El señor Galarza: La voz de Martínez Anido.) (…)

(…) Porque, la verdad sea dicha: si bien en su virulencia actual la responsabilidad del calamitoso desorden público en que España vive es patrimonio exclusivo de ese Gobierno —exclusivo porque es intransferible—, y de esa responsabilidad dará el Gobierno cuenta ante Dios, ante la Historia y ante los hombres, no es menos cierto que hay un fondo endémico en el desorden nacional en que desde hace años se desarrolla la vida del país. Desde hace mucho tiempo, apenas han transcurrido unas cuantas semanas sin que los ciudadanos españoles sintieran inquietados sus tranquilos afanes, su cotidiano vivir, por los percances y episodios de desorden que se registran por la derecha, por la izquierda, por arriba, por abajo, por el Este y por el Oeste. (El señor Álvarez Angulo: Sobre todo por el «Este»). (…)

(…) Yo, que reconozco que, en algunas ocasiones, en el campo español se han satisfecho jornales inferiores al mínimo de justicia (Rumores.), he de deciros que esto supone económicamente —y no entro en el problema para no apartarme de aspectos más importantes— una cuestión fundamental, porque un aumento de salario en la industria puede, mejor o peor, repercutir en los precios, y, por consiguiente, puede compensarse con relativa facilidad; pero un aumento de salario en el campo, cuando sea superior a los márgenes de provecho industrial que existen, no tiene compensación posible, porque los precios agrícolas están por tierra y no hay posibilidad de levantarlos, sobre todo en economías herméticas, a no ser que empecéis por arruinar en parte al mismo proletariado de la ciudad, única manera de mejorar al proletariado del campo.

No sé si habréis contemplado alguna vez la distribución injusta que se hace de la renta nacional, que va, en su mayor parte, a la ciudad, a pesar de que la mayor parte de la población no está en la ciudad, sino en el campo: un 30% de la población de España, que es la ciudad, consume el 60 o 70% de la renta nacional, y el 70% de la población de España, que es el campo, percibe y consume el 40 o 30% restante. Esta desigualdad no se corrige más que con una redistribución económica, no entre obreros y patronos, sino entre la ciudad y el campo, y ello supondría la elevación de los precios agrícolas, o sea, que el habitante de la ciudad pague más caro el pan, el vino, las legumbres y las patatas y todos los demás productos. (La señora Álvarez Resano: Quitaremos los intermediarios). Lo que yo quería señalar —y perdonadme esta digresión inesperada— es que la política económica desarrollada por esta impulsión marxista, que dijérase encaminada, haya o no posibilidad, a legalizar una especie de paraísos artificiales, forzosamente destruirá nuestra riqueza y producción. Frente a esto, ¿qué hace; qué puede hacer el Estado? (…)

(…) Frente a ese Estado estéril, yo levanto el concepto del Estado integrador, que administre la justicia económica y que pueda decir con plena autoridad: «no más huelgas, no más lock-outs, no más intereses usurarios, no más fórmulas financieras de capitalismo abusivo, no más salarios de hambre, no más salarios políticos no ganados con un rendimiento afortunado, no más libertad anárquica, no más destrucción criminal contra la producción, que la producción nacional está por encima de todas las clases, de todos los partidos y de todos los intereses». (Aplausos). A este Estado le llaman muchos Estado fascista, pues si ese es el Estado fascista, yo, que participo de la idea de ese Estado, yo que creo en él, me declaro fascista. (Rumores y exclamaciones). (Un señor diputado: ¡Vaya una novedad!) (…)

(…) No voy a entrar en el fondo del problema desde el punto de vista militar, aunque tampoco quisiera desaprovechar la ocasión de decir a su señoría que le pueden acechar diversos peligros: uno, el del paniaguadismo, cuyos brotes serían lamentables; otro, el de incurrir en preferencias de tipo extremista, huyendo de posibles vinculaciones republicanas o antirrepublicanas, a las que se viene haciendo referencia muy frecuente en estos últimos tiempos en la prensa y aun en los discursos de los personajes republicanos. Sobre el caso me agradaría hacer un levísimo comentario. Cuando se habla por ahí del peligro de militares monarquizantes, yo sonrío un poco, porque no creo —y no me negaréis una cierta autoridad moral para formular este aserto— que exista actualmente en el ejército español, cualesquiera que sean las ideas políticas individuales, que la Constitución respeta, un solo militar dispuesto a sublevarse en favor de la monarquía y en contra de la república. Si lo hubiera, sería un loco, lo digo con toda claridad (Rumores.), aunque considero que también sería loco el militar que al frente de su destino no estuviera dispuesto a sublevarse en favor de España y en contra de la anarquía si esta se produjera. (Grandes protestas y contraprotestas).

El señor presidente: No haga su señoría invitaciones que fuera de aquí pueden ser mal traducidas.

El señor Calvo Sotelo: La traducción es libre, señor presidente; la intención es sana y patriótica, y de eso es de lo único que yo respondo. (…)

(…) Quiero decir al señor presidente del Consejo de Ministros que, puesto que existe la censura, que puesto que su señoría defiende y utiliza los poderes que supone el estado de alarma, es menester que su señoría transmita a la censura instrucciones inspiradas en el respeto debido a los prestigios militares. Hay casos bochornosos de desigualdad que probablemente desconoce su señoría, y por si los desconoce y para que los corrija y evite en lo futuro, alguno quiero citar a su señoría. Porque, ¿es lícito insultar a la Guardia Civil (y aquí tengo un artículo de Euzkadi Rojo, en que dice que la Guardia Civil asesina a las masas y que es homicida) y, sin embargo, no consentir la censura que se divulgue algún episodio, como el ocurrido en Palenciana, pueblo de la provincia de Córdoba, donde un guardia civil, separado de la pareja que acompañaba, es encerrado en la Casa del Pueblo y decapitado con una navaja cabritera? (Grandes protestas). (Varios señores diputados: Es falso, es falso). ¿Que no es cierto que el guardia civil fue internado en la Casa del Pueblo y decapitado? El que niegue eso es… (El orador pronuncia palabras que no constan por orden del señor presidente y que dan motivo a grandes protestas e increpaciones).

El señor presidente: Señor Calvo Sotelo, retire su señoría inmediatamente esas palabras.

El señor Calvo Sotelo: Estaba diciendo, señor presidente, que a un guardia civil, en un pueblo de la provincia de Córdoba, en Palenciana me parece, no lo recuerdo bien, se le había secuestrado en la Casa del Pueblo (Se reproducen las protestas). (Varios señores diputados: Es falso, es falso) y con una navaja cabritera se le había decapitado, cosa que por cierto acabo de leer en Le Temps, de París, y que ha circulado por toda España. (Exclamaciones).

El señor presidente: Su señoría ha pronunciado más tarde unas palabras que yo le ruego retire.

El señor Calvo Sotelo: Y al afirmar esto se me ha dicho: eso es una canallada; entonces yo… (Grandes protestas).

El señor presidente: La Presidencia no ha oído otras palabras que las de que era falsa la afirmación que hacía su señoría, y como las personas que a grandes gritos estaban acusando a su señoría de decir una cosa incierta son diputados por Córdoba, la Presidencia no tuvo nada que corregir. Su señoría ha respondido de una manera desmedida a lo que no era un ataque.

El señor Calvo Sotelo: Si el señor presidente del Congreso estima desmedido contestar como contesté a la calificación de que era una canallada lo que yo decía, acato su autoridad. Puede su señoría expulsarme del salón, puede su señoría retirarme el uso de la palabra; pero yo, aun acatando su autoridad, no puedo rectificar unas palabras… (Grandes protestas).

El señor presidente: ¡Orden! ¡Orden! Yo no quiero hacer a su señoría, señor Calvo Sotelo, el agravio de pensar que entra en su deseo el propósito de que le prive de la palabra ni de que le expulse del salón.

El señor Calvo Sotelo: De ningún modo.

El señor presidente: Pero sí digo que se coloca en plan que no corresponde a la posición de su señoría. Si yo estuviera en esos bancos, no me sentiría molesto por ciertas palabras, porque agravian más a quien las pronuncia que a aquel contra quien van dirigidas. De todas suertes, existe al pronunciarlas y al recogerlas un agravio general para el Parlamento, del que su señoría forma parte.

El señor Calvo Sotelo: Yo, señor presidente, establezco una distinción entre el hecho de que niegue la autenticidad de lo que yo denuncio y el que se califique la exposición de ese hecho, efectuada por mí, como una canallada. Son cosas distintas.

El señor presidente: No es eso. Basta que los grupos de la mayoría lo nieguen para que su señoría no pueda insistir en la afirmación.

El señor Calvo Sotelo: Señor presidente, a mí me gusta mucho la sinceridad, jamás me presto a ningún género de convencionalismos, y voy a decir quién es el diputado que ha calificado de canallada la exposición que yo hacía; es el señor Carrillo. Si no explica estas palabras, han de mantenerse las mías. (Se reproducen fuertemente las protestas).

El señor presidente: Se dan por retiradas las palabras del señor Calvo Sotelo. Puede seguir su señoría.

El señor Suárez de Tangil: ¿Y las del señor Carrillo? (El señor Carrillo replica con palabras que levantan grandes protestas y que no se consignan por orden de la Presidencia).

El señor presidente: Señor Carrillo, si cada uno de los señores diputados ha de tener para los demás el respeto que pide para sí mismo, es preciso que no pronuncie palabras de ese jaez, que, vuelvo a repetir, más perjudican a quien las pronuncia que a aquel contra quien se dirigen. Doy también por no pronunciadas las palabras de su señoría. (…)

(…) Yo digo, señor presidente del Consejo de Ministros, compadeciendo a su señoría por la carga ímproba que el azar ha echado sobre sus espaldas… (El señor presidente del Consejo de Ministros: Todo menos que me compadezca su señoría. Pido la palabra). (Aplausos). El estilo de improperio característico del antiguo señorito de la ciudad de La Coruña… (Grandes protestas). (El señor presidente del Consejo de Ministros: Nunca fui señorito). (Varios señores diputados increpan al señor Calvo Sotelo airadamente).

El señor presidente: ¡Orden! Los señores diputados tomen asiento.

Señor Calvo Sotelo, voy pensando en que es propósito deliberado de su señoría producir en la Cámara una situación de verdadera pasión y angustia. Las palabras que su señoría ha dirigido al señor Casares Quiroga, olvidando que es el presidente del Consejo de Ministros, son palabras que no están toleradas, no en la relación de una Cámara legislativa, sino en la relación sencilla entre caballeros. (Aplausos).

El señor Calvo Sotelo: Yo confieso que la electricidad que carga la atmósfera presta a veces sentido erróneo a palabras pronunciadas sin la más leve maligna intención. (Protestas).

Señor presidente del Consejo de Ministros, cuando yo comenté, con honrada sinceridad, que me producía una evidente pesadumbre comprender la carga que pesa sobre sus hombros (no importa ser adversario político para apreciar cuándo las circunstancias de un país pueden significar para el más enconado y resuelto de esos adversarios una pesadumbre y cuándo pueden significar, por el contrario, una holgura, regocijo y una tranquilidad), su señoría me contestó en términos que parlamentariamente yo no he de rechazar, claro está, pero que eran francamente despectivos, diciendo que la compasión mía la rechazaba de modo airado, y entonces yo quise decir al señor Casares Quiroga, al cual, sin haberle tratado, he conocido de lejos en la capital de La Coruña como un… —Ya no encuentro palabra que no moleste a su señoría, pero conste que no quiero emplear ninguna con mala intención— sportman, como un hombre de burguesa posición, un hombre de plácido vivir, pero acostumbrado, sin embargo, que es lo que yo quería decir, al estilo de improperio, porque su señoría, siendo hombre representativo de la burguesía coruñesa, sin embargo, era el líder de los obreros sindicalistas, de los más avanzados, y con frecuencia les dirigía soflamas revolucionarias; quise decir, repito, que no me extrañaba que, en el estilo de improperio de su señoría, tuviera para mí palabras tan despectivas. ¿Intención maligna? Ninguna. (Rumores). Si la tuviera, lo diría. (Más rumores). Pero ¿adónde vamos a parar, señores? ¿Me creéis capaz de la cobardía de rectificar un juicio que yo haya emitido aquí? Si hubiera querido ofender, lo diría, sometiéndome a todas las sanciones. (Grandes rumores y protestas). (El señor presidente reclama orden).

Lamento que se haya alargado mi intervención por este último incidente y concluyo volviendo con toda seriedad y con toda reflexión a lo que quisiera que fuese capítulo final de mis palabras, y es que anteayer ha pronunciado el señor Largo Caballero un nuevo discurso, uno nuevo, porque el señor Largo Caballero —y esto es en elogio de su consecuencia política— cambie de ideales, sino porque es el último, y en él, quizá con mayor estruendo, con mayor solemnidad, con mayor rotundidez, ha acentuado su posición política. El señor Largo Caballero ha dicho terminantemente en Oviedo —aquí tengo el texto, pero no es cosa de leerlo y os evito esa molestia— que ellos van resueltamente a la revolución social, y que esta política, la política del Gobierno del Frente Popular, solo es admisible para ellos en tanto en cuanto sirva el programa de la revolución de octubre, en tanto en cuanto se inspire en la revolución de octubre. Pues basta, señor presidente del Consejo; si es cierto eso, si es cierto que su señoría, atado umbilicalmente a esos grupos, según dijo aquí en ocasión reciente, ha de inspirar su política en la revolución de octubre, sobran notas, sobran discursos, sobran planes, sobran propósitos, sobra todo; en España no puede haber más que una cosa: la anarquía. (Aplausos).

El señor presidente del Consejo de Ministros (Casares Quiroga): Señores diputados, yo tenía la decidida intención de esperar a que tomaran parte en este debate todos los oradores que habían pedido la palabra e intervenir entonces en nombre del Gobierno; pero el señor Calvo Sotelo ha pronunciado esta tarde aquí palabras tan graves que antes que el presidente del Consejo de Ministros quien ha pedido la palabra diré que, impulsivamente, ha sido el Ministro de la Guerra.

Yo no voy a descender al terreno a que suavemente quería llevarme el señor Calvo Sotelo, terreno de polémica personal, personalísima, al cual me está vedado acudir porque yo no puedo olvidar que aquí soy el presidente del Consejo. Ocasiones ha tenido en la vida el señor Calvo Sotelo para encontrar a Santiago Casares. Hoy no encontrará aquí más que al jefe del Gobierno. (Muy bien). Pero el señor Calvo Sotelo —perdóneme el señor Gil Robles que deje el examen de su discurso para después, en gracia a lo interesante que resulta refutar inmediatamente las afirmaciones del señor Calvo Sotelo—, con una intención que yo no voy a analizar, aunque pudiera hacerlo, ha venido esta tarde a tocar puntos tan delicados y a poner los dedos, cruelmente, en llagas que, como español simplemente, debiera cuidar muy mucho de no presentar, que es obligado al Ministro de la Guerra el intervenir inmediatamente para desmentir en su fundamento todas las afirmaciones que ha hecho el señor Calvo Sotelo.

Que el Ministro de la Guerra ha tomado determinadas medidas porque se las ha impuesto el Frente Popular de tal sitio o la comisión de tal otro, exigiéndole hasta plazo y tope de fecha. ¡Pero, señor Calvo Sotelo, cuándo me conocerá su señoría! ¡Aceptar yo ni como particular ni como ciudadano que se viniera a ingerir nadie en las funciones de un Ministerio tan delicado como el que represento, porque se me pusiera una condición, o un tope, o una fecha por parte de los elementos políticos que fuere, aunque fueran los más afines! De ninguna manera, señor Calvo Sotelo. Y por eso, contestando a lo que su señoría decía cuando afirmaba que tal traslado se había hecho por imposición y tal otro se había ordenado incluso marcándoseme el número de horas en que se había de realizar, digo a su señoría que eso es absolutamente inexacto.

Yo no quiero incidir en la falta que cometía su señoría, pero sí me es lícito decir que después de lo que ha hecho su señoría hoy ante el Parlamento, de cualquier caso que pudiera ocurrir, que no ocurrirá, haré responsable ante el país a su señoría. (Fuertes aplausos).

No basta por lo visto que determinadas personas, que yo no sé si son amigas de su señoría, pero tengo ya derecho a empezar a suponerlo, vayan a procurar levantar el espíritu de aquellos que pueden creerse que serían fáciles a la subversión, recibiendo a veces por contestación el empellón que los arroja por la escalera; no basta que algunas personas amigas de su señoría vayan haciendo folletos, formulando indicaciones, realizando una propaganda para conseguir que el ejército, que está al servicio de España y de la República, pese a todos vosotros y a todos vuestros manejos, se subleve (aplausos); no basta que después de habernos hecho gustar las «dulzuras» de la dictadura de los siete años, su señoría pretenda ahora apoyarse de nuevo en un ejército, cuyo espíritu ya no es el mismo, para volvernos a hacer pasar por las mismas amarguras; es preciso que aquí, ante todos nosotros, en el Parlamento de la República, su señoría, representación estricta de la antigua dictadura, venga otra vez a poner las manos en la llaga, a hacer amargar las horas de aquellos que han sido sancionados, no por mí, sino por los tribunales; es decir, a procurar que se provoque un espíritu subversivo. Gravísimo, señor Calvo Sotelo. Insisto: si algo pudiera ocurrir, su señoría sería el responsable con toda responsabilidad. (Muy bien. Aplausos).

Yo había agradecido a la discreción del señor Gil Robles que hubiese eludido en el debate de esta tarde tocar temas tan delicados. El señor Gil Robles, que tiene un cierto marcado sentido de la responsabilidad, se daba cuenta de que era perfectamente injustificado, y más que injustificado, censurable, el traer aquí temas, algunos de los cuales en este momento aún están sometidos a la acción de los tribunales; pero el señor Calvo Sotelo, sin sentido ninguno de responsabilidad, sin más espíritu que el que le lleva a deshacer todo aquello que ha construido la República, todo aquello que pueda servir de base a la República, sea el ejército, sea el Parlamento, viene aquí hoy con dos fines: el de buscar la perturbación parlamentaria, para acusar una vez más al Parlamento de que no sirve para nada, y el de buscar la perturbación en el ejército, para, apoyándose, quizá, en alguna figura destacada, volver a gozar de las delicias de que antes hablábamos. No sueñe en conseguir éxito, señor Calvo Sotelo: ni el Parlamento, cualesquiera que sean los improperios de su señoría, ha de rebajarse un ápice en su valía, en su actividad, en su fecundidad, ni el ejército, no solo mientras esté yo al frente de él, sino mientras esté persona de responsabilidad y con sentido de ella, hará en España otra cosa que cumplir con su deber, apoyar el régimen constituido y defenderlo en cualquier caso. Téngalo por seguro su señoría, aunque la risa le retoce. Me pareció notar un gesto irónico en su señoría. Quizá estemos bajo los auspicios de la suspicacia. Ni el ejército, ni mucho menos ese cuerpo de la Guardia Civil, a quien su señoría quería traer también al palenque para erigirse en su único defensor, como si no estuviera aquí yo dos años defendiéndole constantemente y haciendo lo que no habéis hecho vosotros ni con monarquía, ni con dictadura, ni con nada: darle algo más que palabras, apoyo moral y apoyo material. Inútil, señor Calvo Sotelo. Todos esos juegos no servirán más que para revelar una cosa: que algunas actividades van poniéndose al descubierto. (Muy bien.) (…)

(…) ¡Que el Gobierno ha fracasado en cuanto a las medidas de orden público que haya tomado (y al hablar del Gobierno, hago como su señoría cuenta desde el 16 de febrero, haciéndome totalmente solidario de la tremenda responsabilidad de la persona que ocupaba la cabecera del banco azul y de todos los demás que con él formaban parte del Gobierno de la República), que ha fracasado en todas las manifestaciones de orden público! Vosotros sabéis bien que no. ¿Verdad, señor Calvo Sotelo? ¿Cuándo se ven ahora por las calles aquellas manifestaciones fascistas alargando las manos, injuriando a los ministros, rodeando los centros públicos, gritando, disparando tiros, etc.? Pero ¿dónde está todo eso? En algún sector parece que hemos impuesto un poco la serenidad. No es ahí, ciertamente, donde ha fracasado el orden público. ¿Se trata de actos, reprobables siempre, de otro tipo que producen una inquietud extraordinaria (no sé si era el señor Gil Robles o el señor Calvo Sotelo quien se refería a ello), causando una impresión increíble de inquietud? Yo declaro que esta inquietud, que no tendría justificación por los escasos actos de violencia que se han producido, no existe. Los espectáculos públicos abarrotados, las calles pletóricas, la gente por todas partes sin preocuparse de que pueda pasar nada extraordinario, y a pesar de esa inmensa fábrica de bulos que tenéis preparados para lanzar todas las noches, el ministro de la Guerra y el ministro de la Gobernación tan tranquilos, sabiendo que no ha de pasar nada. ¿En dónde están, pues, esos terribles límites de inquietud a que sus señorías querían llevarnos, como presentando a todo el país en plena anarquía?

¡Ah! ¿Es que hay paz? No; sería insensato que yo viniera a decir que existe una paz absoluta en España. No; hay la relativa paz, la suficiente para que algunas regiones españolas estos días hayan visto abarrotados sus hoteles con extranjeros que venían a buscar un poco de tranquilidad en España; hay la suficiente para que sus señorías y todos nosotros podamos andar por ahí adelante sin que nadie nos perturbe, (…)

(…) Importaba también señalar un caso que quizá no esté de más dejar bien marcado ante la atención de la Cámara. Se habla constantemente —vosotros os habéis hecho eco de ello— que todas las perturbaciones que se producen hoy en las ciudades y en el campo españoles son causadas, cabalmente, por los elementos integrantes del Frente Popular, y aun por otros que, no formando parte de él, son afines y pertenecen a la gran masa del proletariado. También habría que examinar esto muy de cerca, señor Gil Robles. También en esa larga lista de su señoría habría que ir estudiando caso por caso para ver cuáles son las actitudes de aquellas gentes, que no quiero llamar burgueses en contraposición de los proletarios, que por tener una cierta afinidad con vosotros, no digo que tengáis un control sobre ellas, pero sí que tenéis una bastante y consecuente comunicación. Me refiero concretamente a la clase patronal. ¿Es que estos patronos son siempre las víctimas? ¿No ponen nunca dificultad ninguna? ¿No son muchas veces los que encienden la yesca que ha de producir la llamarada de la indignación en las clases populares? (…)

(…) En suma, estamos en que no solo por un lado, sino por el otro, se van agriando estos problemas y en que se está tratando de provocar convulsiones constantes a las que el Gobierno no puede asistir con los brazos cruzados. El Gobierno, en cada caso, acude con sus medios, intervienen los órganos de él a quienes competen estas cuestiones y, en resumen, está dispuesto a sancionar dura y rápidamente a todos aquellos que no acaten sus disposiciones, llámense patronos o llámense obreros. Sépanlo todos. (El señor Gil Robles pide la palabra).

¿Qué España no nos va a creer? ¿Cuál España? ¿La vuestra, ya que, por lo visto, estamos dividiendo a España en dos? ¿Qué España no nos va a creer? Señor Gil Robles y señor Calvo Sotelo, no quiero incurrir en palabras excesivas; a los hechos me remito. Ya veremos si España nos cree o no. (Prolongados aplausos de la mayoría).

La señora Ibárruri: Señores diputados, por una vez, y aunque ello parezca extraño y paradójico, la minoría comunista está de acuerdo con la proposición no de ley presentada por el señor Gil Robles, proposición tendente a plantear la necesidad de que termine rápidamente la perturbación que existe en nuestro país; pero sí en principio coincidimos en la existencia de esta necesidad, comenzamos a discrepar enseguida, porque para buscar la verdad, para hallar las conclusiones a que necesariamente tenemos que llegar, vamos por caminos distintos, contrarios y opuestos.

El señor Gil Robles ha hecho un bello discurso, y yo me voy a referir concretamente a él, ya que al señor Calvo Sotelo le ha contestado cumplidamente el señor Casares, poniendo al descubierto los propósitos de perturbación que traía esta tarde al Parlamento, con el deseo, naturalmente, de que sus palabras tuvieran repercusiones fuera de aquí, aunque por necesidad me referiré también en algunos casos concretos a las actividades del señor Calvo Sotelo. (…)

(…) y mientras, también, por la frontera de Navarra, señor Calvo Sotelo, envueltas en la bandera española, entran armas y municiones con menos ruido, con menos escándalo que la provocación de Vera del Bidasoa, organizada por el miserable asesino Martínez Anido, con el que colaboró su señoría (muy bien) (grandes aplausos), y para vergüenza de la República Española, no se ha hecho justicia ni con él ni con su señoría, que con él colaboró. (Prolongados aplausos). (El señor Calvo Sotelo: Protesto contra esos insultos dirigidos a un ausente). (El señor presidente agita la campanilla reclamando orden). Como digo, los hechos son mucho más convincentes que las palabras. Yo he de referirme no solamente a los ocurridos desde el 16 de febrero, sino un poco tiempo más atrás, porque las tempestades de hoy son consecuencia de los vientos de ayer. (Varios señores diputados: Exacto.) (…)

(…) Se produce, como decía antes, el estallido de octubre; octubre glorioso, que significó la defensa instintiva del pueblo frente al peligro fascista; porque el pueblo, con certero instinto de conservación, sabía lo que el fascismo significaba: sabía qué le iba en ello, no solamente la vida, sino la libertad y la dignidad, que son siempre más preciadas que la misma vida. Fueron, señor Gil Robles, tan miserables los hombres encargados de aplastar el movimiento, y llegaron a extremos de ferocidad tan terribles, que no son conocidos en la historia de la represión en ningún país. Millares de hombres encarcelados y torturados; hombres con los testículos extirpados; mujeres colgadas del trimotor por negarse a denunciar a sus deudos; niños fusilados; madres enloquecidas al ver torturar a sus hijos; Carbayín; San Esteban de las Cruces; Villafría; la Cabaña; San Pedro de los Arcos; Luis de Sirval. (Los señores diputados de la mayoría, puestos en pie, aplauden durante largo rato). Centenares de millares de hombres torturados dan fe de la justicia que saben hacer los hombres de derechas, los hombres que se llaman católicos y cristianos. Y todo ello, sobre Gil Robles, cubriéndolo con una nube de infamias (el señor Marco Miranda: Y negándolo él), con una nube de calumnias, porque los hombres que detentaban el poder no ignoraban en aquellos momentos que la reacción del pueblo, si este llegaba a saber lo que ocurría, especialmente en Asturias, sería tremenda.(…)

(…) Conclusiones a que yo llego: para evitar las perturbaciones, para evitar el estado de desasosiego que existe en España, no solamente hay que hacer responsable de lo que pueda ocurrir a un señor Calvo Sotelo cualquiera, sino que hay que comenzar por encarcelar a los patronos que se niegan a aceptar los laudos del Gobierno. (…)

El señor Pabón (don Benito):

(…) Hay que proclamar con las organizaciones obreras y hay que proclamar con los elementos del Frente Popular una verdad formidable. Aquí se ha hablado, confundiendo las cosas, de desorden huelguístico y de atracos, y he de decir que condenados hoy, en plan teórico, por todas las organizaciones obreras los atracos, sin embargo, esos 600 000 obreros en paro forzoso tienen razón en todas sus rebeldías contra la sociedad y contra el Estado organizado. Un hombre a quien se le niega el trabajo y los medios de vida, para mí tiene toda la razón rebelándose contra el Estado y contra esa sociedad injusta que no le proporciona medios de subsistencia, y para mí, aunque sea un atracador, es mucho más respetable ese hombre que se defiende bravamente contra esta sociedad y contra el Estado, que todos los demás que quieren, por medio de las bayonetas y de la fuerza y la reacción formidable de los tribunales, apagar esta rebeldía de esos 600 000 parados españoles. Por ello, porque reconozco que, no por la razón, sino por la fuerza, se quiere ir contra esos hombres y resolver estos problemas, tengo que votar en contra de la proposición no de ley presentada por el señor Gil Robles y los suyos.(…)

El señor Ventosa:

(…) Yo no quiero saber lo que ocurrió. Por mi situación, soy ajeno a ello. Yo no quiero entrar a juzgarlo; pero quiero admitir, por vía de controversia, como hipótesis, que, realmente, los que ocuparon el poder en el bienio pasado hubieran cometido excesos o injusticia. Pero ¿es que los excesos y las injusticias de unos pueden justificar el atropello, la violencia y la injusticia de los demás? ¿Es que estamos condenados a vivir en España perpetuamente en un régimen de conflictos sucesivos, en que el apoderamiento del poder o el triunfo de unas elecciones inicien la caza y la persecución y el aplastamiento del adversario? Si fuera así, habríamos de renunciar a ser españoles, porque ello sería incompatible con la vida civilizada en nuestro país. (Muy bien.) (…)

(…) Llamáis republicanizar la justicia someter a la justicia a vuestro pensamiento, olvidando que por muchas que puedan ser las desviaciones que pueda tener la justicia, los errores que puedan cometer los magistrados y los tribunales, indudablemente serán muchos más los errores, las violencias y las arbitrariedades que habrá de cometer el poder público si desaparece la independencia del poder judicial. (…)

No hay más que una solución posible para poner término a esta situación. No puede consistir la solución en combinaciones políticas ni parlamentarias, sino que la única solución consiste en que el Gobierno realice uno de los puntos fundamentales del programa del Frente Popular: que afirme en todo su vigor el principio de autoridad, el principio de autoridad que es indispensable en todos los regímenes, izquierdas o derechas, cualquiera que sea el matiz político, si el régimen quiere subsistir, porque sin autoridad no puede haber más que la anarquía o un régimen de dictadura o de fascismo. Y habéis de convenceros de que todas las amenazas y todas las supuestas o reales provocaciones del fascismo y todos los intentos de subversión, no obedecen a ninguna convicción doctrinal; no son más que el producto del desorden que se proyecta sobre la sociedad española y que promueve un movimiento de irritación, que no responde a ninguna convicción política, sino que busca simplemente oponer una violencia a otra violencia. (…)

El señor Maurín: Muy brevemente para fijar la posición de mi partido.

El señor Ventosa, en su intervención, se quejaba de que el Gobierno es beligerante ante el problema del orden público. Discrepo completamente de lo manifestado por el señor Ventosa. Yo tengo que hacer una crítica del Gobierno precisamente porque después de haber afirmado hace aproximadamente un mes que él sería beligerante ante el problema del fascismo, el Gobierno no es verdaderamente beligerante. El hecho de que en esta Cámara puedan producirse discursos de tipo fascista, como el pronunciado por el señor Calvo Sotelo, hace unas semanas y esta misma tarde demuestra que el Gobierno da, incluso en el propio Parlamento, toda clase de facilidades, al menos de manifestaciones, a las hordas fascistas, a esas hordas a que antes en sentido negativo se refería el señor Calvo Sotelo. (…)

(…) Hay una situación prefascista en el país, ello es innegable; existe el fascismo; ataca el fascismo; lanza bombas el fascismo; ametralla el fascismos; dispara las pistolas el fascismo; es absuelto por los tribunales el fascismo; habla desde los bancos de la contrarrevolución el fascismo; existe el fascismo, y toma en este momento en España las posiciones que adopta el fascismo cuando nace en determinados países. (…)

(…) Ese Gobierno, así formado, debería nacionalizar las tierras, los ferrocarriles, la gran industria, las minas, la banca y adoptar medidas progresivas, como las que ha adoptado en Francia Blum; ese Gobierno podría acabar con la amenaza fascista.

De otro modo, dentro de dos meses veremos cómo la contrarrevolución es más intensa, y tal vez entonces sea ya tarde para contener los desmanes del fascismo, más peligroso de lo que tal vez nosotros nos lo figuramos desde estos escaños. El fascismo es hoy un peligro real en España, y hay que acabar con él con medidas represivas y con medidas políticas, como las que acabo de señalar.

El señor Cid:

(…) Son muchos los gobernadores civiles que no obedecen al ministro de la Gobernación, los alcaldes que no acatan a los gobernadores, los presidentes de las Casas del Pueblo que se ríen de los alcaldes y los asociados que incumplen las órdenes de los presidentes de las Casas del Pueblo y demás organizaciones. Existe una perfecta anarquía, de arriba abajo. (…)

En el turno de rectificaciones vuelve a hacer uso de la palabra el señor Gil Robles y, a continuación, el señor Calvo Sotelo:

(…) Voy a contestar ahora, rapidísimamente, unas palabras y conceptos concretos del señor Casares Quiroga. Su señoría ha querido darme una lección de prudencia política, y yo, que soy modesto, jamás desdeño las lecciones que se me puedan dar por compatriotas míos, en quienes reconozco, por regla general y a priori, una superioridad, y cuando no se la reconozca por sus dotes personales me basta con que desempeñen una función pública para que yo, disciplinado siempre, estime a priori, repito, que tienen derecho a fulminarme un anatema, a señalarme un camino o a imponerme una rectificación.

Ahora bien, señor Casares Quiroga, para que su señoría dé lecciones de prudencia, es preciso que comience por practicarla, y el discurso de su señoría de hoy es la máxima imprudencia que en mucho tiempo haya podido fulminarse desde el banco azul. ¿Imprudente yo porque haya tocado el problema militar y hablado concretamente del desorden militar? Y esto lo dice un orador, un político que se vanagloria —lo ha declarado con reiterada solemnidad esta tarde— de demócrata y parlamentario. Se ha dicho del Parlamento, con referencia al inglés, que no es soberano, que todo lo puede hacer menos cambiar un hombre en una mujer, y si un Parlamento lo puede hacer todo, ¿no va a poder servir para hablar de todo (rumores) con tal que la intención sea —y en este caso la mía lo era plenamente, y no admito dudas o torcidas interpretaciones sobre este punto— patriótica y responde a una preocupación nobilísima de orden público y de interés nacional?

Esta es la deducción que obtengo de las palabras de su señoría, señor Casares Quiroga, y por eso las comento y por eso las repudio. Yo he aludido al problema militar, al desorden militar en cumplimiento de un deber; de un deber objetivo político y de un deber temperamental. Yo no me presto a faramallas, no me sumo a convencionalismos. Yo, que discrepo, honradamente lo digo, del sistema parlamentario democrático, como tengo una representación con que mis electores me han honrado en los tres parlamentos de la República, vengo aquí en aras de esa representación, a decir honradamente lo que pienso y lo que siento, y sería un insensato insincero y faltaría a los más elementales deberes de veracidad, si en una especie de rapsodia panorámica sobre el problema del desorden público, como la que he hecho esta tarde, fuera a omitir lo que dicen, piensa y sienten millones de españoles acerca del desorden en todas sus magnitudes y en especial en cuanto concierne a las instituciones militares. Para mí el ejército (lo he dicho fuera de aquí, y en estas palabras no hay nada que signifique adulación), para mí el ejército —y discrepo en esto de amigos como el señor Gil Robles— no es en momentos culminantes para la vida de la patria un mero brazo, es la columna vertebral. Y yo agrego que en estos instantes en España se desata una furia antimilitarista que tiene sus arranques y orígenes en Rusia y que tiende a minar el prestigio y la eficiencia del ejército español. ¿Que su señoría ama al ejército? No lo he negado. ¿Qué se trata de servir al ejército? No lo he puesto en duda; lo que sí he advertido en su señoría es la necesidad absoluta de que se evite que el ejército pueda descomponerse, pueda disgregarse, pueda desmedularse en virtud de la acción envenenadora que en torno suyo se produce y en virtud también del abandono en que muchas veces se deja su prestigio corporativo, frente a la acción cerril de las masas que, como antes explicaba, no son mayoría, sino minoría.

Hace unos momentos el señor Gil Robles se quejaba, con razón, del silencio que hasta ahora ha reinado en torno a manifestaciones vertidas aquí por la señora Ibárruri. En unión de otros muchos documentos, entre los cuales procuro andar siempre, que es buena compañía, tengo un recorte de un periódico ministerial. Mundo Obrero (risas y rumores), en el cual se comenta el episodio de Oviedo a que yo aludía en mi intervención de esta tarde, y en ese recorte, la censura (que no hace ocho días había prohibido que a un militar se le llame heroico y, en cambio, ha permitido que se pida su encarcelamiento en un periódico que se publicaba el mismo día en que se tachaba el calificativo de heroico), en ese recorte la censura ha consentido íntegramente, sin tocar una tilde, sin tachar una coma, estos dos párrafos:

«Han quedado en Asturias fuerzas del odio, fuerza del crimen, fuerzas represivas que tienen el regusto de los crímenes impunes. Esas mismas fuerzas que, al margen y en contra de las órdenes que reciben, aún promueven conflictos y cometen atentados y provocaciones indignantes. Si no se pone remedio a lo que es mal que hay que cortar de raíz, no podrá el Gobierno quejarse de la falta de asistencia de las masas.

»El problema de Asturias es especialísimo. Debería comprenderlo el Gobierno. Allí se ha asesinado por centenares a hombres indefensos. Allí se ha torturado a la población. Allí se ha robado, se ha incendiado. Ni uno solo de los individuos que componían las fuerzas represivas está libre de culpa. Entonces, ¿por qué han de seguir en Asturias los que en cada momento —y la prueba es bien reciente— provocan y disparan contra el pueblo cuando se divierte pacíficamente en una verbena?».

Esto es lo que la censura del Gobierno de la República consiente que se publique sin tachar una tilde, sin suprimir una coma, y encuentro, por ello, muy acertadas y pertinentes las palabras del señor Gil Robles, que las echaba de menos en su señoría. Nada de adulación al ejército; la defensa del ejército ante la embestida que se le hace y se le dirige en nombre de una civilización contraria a la nuestra y de otro ejército, el rojo, es en mí obligada. De eso hablaba el señor Largo Caballero en el mitin de Oviedo, y por las calles de Oviedo, a las veinticuatro o a las cuarenta y ocho horas de la circular de su señoría, que prohíbe ciertos desfiles y ciertas exhibiciones, han paseado tranquilamente, uniformados y militarizados, cinco, seis, ocho o diez mil jóvenes milicianos rojos, que al pasar ante los cuarteles no hacían el saludo fascista, que a su señoría le parece tan vitando, pero sí hacían el saludo comunista, con el puño en alto y gritaban: ¡Viva el ejército rojo!; palabras que no tenían el valor… (Un señor diputado: No es cierto) lo dice Claridad. (El mismo señor diputado: No han desfilado por delante de ningún cuartel). Esos vivas al ejército rojo quieren ser, quizá, una añagaza para disimular ciertas perspectivas bien sombrías sobre lo que quedaría de las instituciones militares actuales en el supuesto de que triunfase vuestra doctrina comunista. Pero no caben despistes. De los jefes, oficiales y clases del ejército zarista, ¿cuántos militan y figuran en las filas del ejército rojo? Muchos murieron pasados a cuchillo; otros murieron de hambre; otros pasean su melancolía conduciendo taxis en París o cantando canciones del Volga. (Risas). No ha quedado ninguno en el ejército rojo.

Yo tengo, señor Casares Quiroga, anchas espaldas. Su señoría es hombre fácil y pronto para el gesto de reto y para las palabras de amenaza. Le he oído tres o cuatro discursos en mi vida, los tres o cuatro desde ese banco azul, y en todos ha habido siempre la nota amenazadora. Bien, señor Casares Quiroga. Me doy por notificado de la amenaza de su señoría. Me ha convertido su señoría en sujeto, y por tanto no solo activo, sino pasivo, de las responsabilidades que puedan nacer de no sé qué hechos. Bien, señor Casares Quiroga. Lo repito, mis espaldas son anchas; yo acepto con gusto y no desdeño ninguna de las responsabilidades que se puedan derivar de actos que yo realice, y las responsabilidades ajenas, si son para bien de mi patria (exclamaciones) y para gloria de España, las acepto también. ¡Pues no faltaba más! Yo digo lo que santo Domingo de Silos contestó a un rey castellano: «Señor, la vida podéis quitarme, pero más no podéis». Y es preferible morir con gloria a vivir con vilipendio. (Rumores). Pero a mi vez invito al señor Casares Quiroga a que mida sus responsabilidades estrechamente, si no ante Dios, puesto que es laico, ante su conciencia, puesto que es hombre de honor; estrechamente, día a día, hora a hora, por lo que hace, por lo que dice, por lo que calla. Piense que en sus manos están los destinos de España, y yo pido a Dios que no sean trágicos. Mida su señoría sus responsabilidades, repase la historia de los veinticinco últimos años y verá el resplandor doloroso y sangriento que acompaña a dos figuras que han tenido participación primerísima en la tragedia de dos pueblos: Rusia y Hungría, que fueron Kerensky y Karoly. Kerensky fue la inconsciencia; Karoly, la traición a toda una civilización milenaria. Su señoría no será Kerensky, porque no es inconsciente, tiene plena conciencia de lo que dice, de lo que calla y de lo que piensa. Quiera Dios que su señoría no pueda equipararse jamás a Karoly. (Aplausos).

El señor presidente: Se va a dar lectura a la proposición incidental que ha llegado a la mesa y de que antes di noticia.

El señor secretario (Trabal): Dice así:

«A las Cortes. Los diputados que suscriben, como resultado del debate producido al discutirse la proposición no de ley, firmada por los grupos de oposición, proponen:

»Que el Congreso declare no haber lugar a votar la proposición indicada y en su lugar se vote la confianza de la Cámara al Gobierno para la realización del programa del Frente Popular».

Palacio del Congreso, 16 de junio de 1936. Marcelino Domingo. Luis Fernández Clérigo. Enrique de Francisco. José A. Trabal. Emilio Palomo. José Andrés y Manso. Leandro Pérez Urria. Ángel Galarza. José Tomás Piera. Domingo Palet y Barba. José Díaz.-Siguen las firmas hasta veinte.

Con motivo de esta proposición incidental se produce una corta discusión en la cual interviene Gil Robles, que termina con estas palabras.

No tengo interés más que en poner de manifiesto esta anomalía. Por lo demás, podéis votar la confianza. Sobre todo, los grupos republicanos de la mayoría van a marchar completamente satisfechos. En sus circunscripciones se lo contarán a partir del día próximo. (Rumores. El señor Gil Robles y los señores que ocupan los escaños próximos abandonan el salón).

Como primer firmante de la proposición, hace uso de la palabra:

El señor Domingo: Señores diputados, con motivo del problema del orden público se ha promovido un debate al que todos hemos asistido; por algunos de los discursos pronunciados en el debate, precisamente por quienes lo han promovido y últimamente por la actitud que acaban de adoptar, cabe pensar que, sin duda, no contribuirán en lo más mínimo al restablecimiento del orden público en España en aquellas zonas donde el orden público esté alterado. No hay duda alguna sobre que, si en el problema de orden público hay un sector que tenga interés fundamental en mantenerlo y defenderlo, este sector es el Gobierno y la fuerza que asiste parlamentariamente al Gobierno, en todo momento, en toda ocasión, pero principalmente en que el Gobierno y la fuerza política que le sostiene tienen un compromiso solemne ante el país, que es el de cumplir una obra fundamental para el desenvolvimiento de la historia política de su patria.

Cuando se los ve, se advierte con verlos y oírlos, que no tienen nada que hacer en la República, que no la han sentido jamás. La República es un régimen para hombres, para hombres que sienten su deber sin apocamientos, sin histerismos; para hombres que no vengan al régimen con reservas mentales; para hombres que se entreguen plena y fervorosamente al sentido creador de las instituciones republicanas; para hombres que adviertan el momento magnífico que vive España, aun con todos estos trastornos, aun con todos estos episodios dramáticos, aun con todas estas alteraciones, el momento magnífico que vive España, entrada en cauces nuevos, señora de sus destinos, con fuerte emoción histórica, con afán de horizontes y con impulsos en su alma para llegar al horizonte donde mira su afán. Quien no tenga este espíritu creador no está en la República. No están en la República esos hombres que se van del Parlamento cuando en el Parlamento se debaten, con altura, temas republicanos. (Muy bien). No están en la República y es preferible que por estas actitudes se vayan descubriendo, y que se vayan descubriendo en momentos como este, en que, con invocación del orden público, se advierte que los fomentadores del desorden público son ellos, tan fomentadores, que uno de los discursos pronunciados por uno de estos hombres que aspiran a tener una mayor representación dentro de las fuerzas conservadoras españolas, es uno de los discursos más demagógicos que se han pronunciado ante un país convulso, sensible, en que todo está dentro de un cauce nuevo. Si el discurso de uno de estos hombres tuviera el efecto que posiblemente él ha aspirado a producir, todos los actos realizados en la calle, los de mayor desmán, los más insultantes, los más violentos, los más demagógicos, todos los actos cometidos en la calle no representan para el desorden público un acto de mayor gravedad que el realizado por ese hombre con su discurso. (Aplausos). Y nada más. (Muchos aplausos).

El señor presidente: ¿Aprueba la Cámara la proposición incidental defendida por don Marcelino Domingo?

Varios señores diputados: Votación nominal.

El señor presidente: Será nominal. (Al retirarse del banco azul el Gobierno, los señores diputados le tributan una ovación clamorosa). Comienza la votación.

Verificada esta, fue aprobada la proposición incidental por 207 votos.

Observaciones: En el turno de rectificaciones volvió a hablar el socialista De Francisco.

A lo largo de la sesión se produjeron un sinnúmero de interrupciones, incidentes, diálogos vivos y palabras que no registraba el Diario de Sesiones.

Habló también el diputado Ángel Galarza.

El «señor Carrillo» es Wenceslao Carrillo, socialista del ala de Largo Caballero.

Bibliografía

ABAD DE SANTILLÁN, DIEGO, Memorias (1897-1936), Planeta, Barcelona, 1977.

ABELLA, RAFAEL, Julio de 1936: Dos Españas frente a frente, Plaza & Janés, Barcelona, 1981.

ALBA, VÍCTOR, Historia de la Segunda República Española, Libro Mex. Editores, México DF, 1960.

ALCALÁ-ZAMORA, NICETO, Memorias, Planeta, Barcelona, 1977.

ALCÁZAR DE VELASCO, ÁNGEL, Los siete días de Salamanca, G. del Toro, Editor, Madrid, 1976.

ALCOCER, SANTOS, … Y Madrid dejó de reír, G. del Toro, Madrid, 1974.

AMETLLA, CLAUDI, Memòries Politiques, Barcelona, 1979.

ÁLVAREZ DEL VAYO, JULIO, Les batailles de la liberté, Maspero, París, 1963.

ANSÓ, MARIANO, Yo fui ministro de Negrín, Planeta, Barcelona, 1976.

Archives secrétes de la Wilhelmstrasse, Les, vol. III, Pion, París.

AREILZA, JOSÉ MARÍA DE, Así los he visto, Planeta, Barcelona, 1974.

ARRARÁS, JOAQUÍN, Historia de la II República Española, 4 tomos, Editora Nacional, Madrid, 1956-1968.

AUNÓS, EDUARDO, Calvo Sotelo y la política de su tiempo, Ediciones Españolas, 1941.

AZAÑA, MANUEL, Memorias políticas y de guerra, 2 tomos, Crítica, Madrid, 1978.

BELTRÁN GÜELL, FELIPE, Preparación y desarrollo del Alzamiento Nacional, Santarén, Valladolid, 1939.

BENAVIDES, MANUEL D., El crimen de Europa, Sopena, Barcelona, 1937.

BENET, JUAN, Qué fue la guerra civil, Gaya Ciencia, Barcelona, 1936.

BENTURA, BENJAMÍN, Por quién fue asesinado Calvo Sotelo, Ediciones Antisectarias, Burgos, 1938.

BERNARD, INO, Mola mártir de España, Prieto, Granada, 1938.

BOLÍN, LUIS, España los años vitales, Espasa-Calpe, Madrid, 1967.

BOLLOTEN, BURNETT, La revolución española: las izquierdas y la lucha por el poder, Jus, México DF, 1962.

BOWERS, CLAUDE G., Misión en España, Grijalbo, México DF, 1966.

BRAVO, FRANCISCO, Historia de la Falange de las JONS, Edit. Nacional, Madrid, 1943.

BRENAN, GERARLD, El laberinto español, Ruedo Ibérico, París, 1962.

BROUÉ Y TÉMIME, La revolution et la guerre d'Espagne, Ed. Minuit, París, 1961.

BULLEJOS, JOSÉ, España en la Segunda República, Impresiones Modernas, México DF, 1967.

CABANELLAS, GUILLERMO, Cuatro generales, 2 tomos, Planeta, Barcelona, 1977.

CARR, RAYMOND, y MALEFAKIS, ROBINSON, PAYNE, BOLLOTEN, RAMÓN SALAS, LA CIERVA, WHEALEY y THOMAS, Estudios sobre la República y la guerra civil, Ariel, Barcelona, 1973.

CASADO, SEGISMUNDO, Así cayó Madrid, Guadiana, Madrid, 1968.

CASTILLO, JOSÉ DEL y ÁLVAREZ, SANTIAGO, Barcelona objetivo cubierto, Timón, Barcelona, 1958.

CASTRO DELGADO, ENRIQUE, Hombres made in Moscú, Caralt, Barcelona, 1963.

CIERVA, RICARDO DE LA, Los documentos de la primavera trágica, Secretaría General Técnica del Ministerio de Información y Turismo, Madrid, 1967.

—Historia de la guerra española, L. San Martín, Madrid, 1969.

—Francisco Franco, un siglo de España, Ed. Nacional, Madrid, 1973.

Cincuenta años de vida política española, Ediciones Giner, Madrid, 1975.

CORDÓN, ANTONIO, Trayectoria, Col. Ebro, París, 1971.

CORTÉS CAVANILLAS, Sinfonía Heroica, Madrid s/f.

CRUELLS, MANUEL, La revolta de 1936 a Barcelona, Galba, Barcelona, 1976.

DÍAZ DE VILLEGAS, JOSÉ, Guerra de Liberación, AHR, Barcelona, 1957.

ESCOBAR, JOSÉ IGNACIO, Así empezó…, G. del Toro, Madrid, 1974.

DÍAZ-PLAJA, FERNANDO, La preguerra española en sus documentos, Ediciones GP, Barcelona, 1969.

Dominación Roja en España, Buenos Aires, 1946.

ESCOFET, FREDERIC, Al servei de Catalunya i de la República, 2 tomos. Edicions catalanas, París, 1973.

Estado Mayor Central del Ejército, Historia de la guerra de Liberación, Servicio Historia Militar, Madrid, 1945.

FERNÁNDEZ ALMAGRO, MELCHOR, Historia de la II República española, Biblioteca Nueva, 1940.

GARCÍA OLIVER, JUAN, El eco de los pasos, Ruedo Ibérico, París-Barcelona, 1978.

GARCÍA VENERO, MAXIMILIANO, Madrid, julio de 1936, Tebas, Madrid, 1973.

GARRIGA, RAMÓN, Nicolás Franco, el hermano brujo, Planeta, Barcelona, 1980.

—Los validos de Franco, Barcelona, Planeta, 1981.

GAULE, JACQUES DE, y colaboradores, La política española y la guerra civil, Círculo Amigos de la Historia, Madrid, 1974.

GEORGES-ROUX, La guerre civil d'Espagne, Fayard, París, 1963.

GIL ROBLES, JOSÉ MARÍA, No fue posible la paz, Ariel, Barcelona, 1968.

GÓMEZ CASAS, JUAN, Los anarquistas en el gobierno, Bruguera, Barcelona, 1977.

—Historia de la FAI, Editorial Zero, Bilbao, 1977.

Guerra y Revolución en España, dirigida por Dolores Ibárruri, vol. I, El Progreso, Moscú, 1967.

GUZMÁN EDUARDO DE, La Segunda República fue así, Planeta, Barcelona, 1977.

HEDILLA, MANUEL, Testimonio, Acervo, Barcelona, 1972.

HIDALGO DE CISNEROS, IGNACIO, Memorias 2, La República y la guerra de España, Librairie du Globe, París, 1964.

Historia de la Cruzada Española, Ediciones Españolas, Madrid, 1941, varios volúmenes.

HURTAOO, AMADEU, Quaranta anys d'advocat, Ariel, Barcelona, 1967.

IBÁRRURI, DOLORES, El único camino, Ed. En lenguas extranjeras, Moscú, 1963.

IRIBARREN, JOSÉ MARÍA, El general Mola, Bullón, Madrid, 1963.

JACKSON, GABRIEL, La República española y la guerra civil, Princenton University Press, México DF, 1967.

JATO, DAVID, La rebelión de los estudiantes, Cíes, Madrid, 1952.

KINDELÁN, ALFREDO, Mis cuadernos de guerra, Plus Ultra, Madrid, s/f.

—La verdad de mis relaciones con Franco, Planeta, Barcelona, 1981.

JOANIQUET, AURELIO, Calvo Sotelo, Espasa-Calpe, Santander, 1939.

LARGO CABALLERO, FRANCISCO, Correspondencia secreta, Nos, Madrid, 1961.

LERROUX, ALEJANDRO, La pequeña historia, Cimera, Buenos Aires, 1945.

LIZARZA, ANTONIO DE, Memorias de la conspiración, Gómez, Pamplona, 1969.

LIZARRA, A. DE, Los vascos y la República española, Ekin, Buenos Aires, 1944.

LÓPEZ BARRANTES, Mi exilio, G. del Toro, 1974.

LLARCH, JOAN, La muerte de Durruti, Plaza l,& Janés, Barcelona, 1976.

MADARIAGA, SALVADOR DE, España, ensayo de historia contemporánea, Espasa-Calpe, Madrid, 1979.

MAESTRE ALFONSO, JUAN, Hechos y documentos del anarco-sindicalismo español, Castellote, Madrid, s/f.

MAIZ, FÉLIX, Alzamiento en España, Gómez, Pamplona, 1952.

—Mola, aquel hombre, Planeta, Barcelona, 1976.

MÉNDEZ LUENGO, Tempestad al amanecer, G. del Toro, Madrid, 1977.

MIRAVITLLES, JAUME, Episodis de la guerra civil espanyola, Pórtic, Barcelona, 1972.

—Los comunicados secretos de Franco, Hitler y Mussolini, Plaza & Janés, Barcelona, 1977.

MODESTO, JUAN, Soy del Quinto Regimiento, Ebro, París, 1969.

MONTES AGUDO, GUMERSINDO, Vieja Guardia, Aguilar, Madrid, 1939.

NENNI, PIETRO, La guerre d'Espagne, Maspero, París, 1960.

PEIRATS, JOSÉ, Los anarquistas en la crisis política española, Alfa, Buenos Aires, 1954.

PLA, JOSÉ, Historia de la II República, volumen IV, Destino, Barcelona, 1941.

PRIETO, INDALECIO, Cartas a un escultor, Losada, Buenos Aires, 1961.

—Convulsiones en España, Oasis, México, 1967.

PRIMO DE RIVERA, JOSÉ ANTONIO, Obras Completas, Delegación Nacional Prensa y Propaganda, Madrid, 1942.

RAMA, CARLOS, La crisis española del siglo XX, Fondo Cultura Económica, Méjico DF, 1969.

RAMOS OLIVEIRA, ANTONIO, Historia de España, vol. III, Compañía General de Ediciones, México DF.

REGUENGO, VICENTE, Guerra sin frentes, AHR, Barcelona, 1955.

RIVAS CHERIF, CIPRIANO, Retrato de un desconocido, Oasis, México DF, 1961.

ROBINSON, RICHARD A. H., Los orígenes de la España de Franco, Éxito, Barcelona, 1978.

ROJAS, CARLOS, La guerra en Cataluña, Plaza & Janés, Barcelona, 1979.

ROMERO, LUIS, Tres días de julio, Ariel, Barcelona, 1967.

—Cara y cruz de la República, Planeta, Barcelona, 1980.

ROMERO SOLANO, Vísperas de la guerra de España, El libro Perfecto, México DF, 1947.

SABORIT, ANDRÉS, Julián Besteiro, Impresiones Modernas, México, DF, 1961.

SÁINZ RODRÍGUEZ, PEDRO, Testimonios y recuerdos, Planeta, Barcelona, 1978.

SALAS LARRAZÁBAL, RAMÓN, Historia del Ejército Popular de la República, 4 vols. Ed. Nacional, Madrid, 1973.

SÁNCHEZ, MANUEL, Maurin, gran enigma de la guerra y otros recuerdos, Cuadernos para el Diálogo, Madrid, 1975.

SÁNCHEZ DIANA, JOSÉ MARÍA, Ramiro Ledesma Ramos, Edit. Nacional, Madrid, 1975.

SÁNCHEZ GUERRA, RAFAEL, Mis prisiones, Claridad, Buenos Aires, 1946.

SECO SERRANO, CARLOS, Historia de España, vol. VI, Gallach, Barcelona, 1971.

SERRANO SUÑER, RAMÓN, Entre el silencio y la propaganda, Planeta, Barcelona, 1977.

SORIA, GEORGES, Guerra y revolución en España, tomo I, Grijalbo, Barcelona, 1978.

SUERO ROCA, MARÍA TERESA, Militares republicanos en la guerra de España, Ed. Península, Barcelona, 1981.

TAGÜEÑA, MANUEL, Testimonio de dos guerras, Oasis, México DF, 1973.

TAMAMES, RAMÓN, La República. La era de Franco (Historia de España Alfaguara VII), Alianza Universidad, Madrid, 1973.

Temoignages complementaires pour l'histoire de l'Espagne, Madrid, 1961.

THOMAS, HUGH, La guerra civil española, diversas ediciones y Urbión, Madrid, 1981.

TORRE GALÁN, JULIO DE LA, ¡La legión! Esa novia…, Horizonte, Madrid, 1969.

TUÑÓN DE LARA, MANUEL, La España del siglo XX, vol. II, Laia, Barcelona, 1974.

—dirigida por, y MALERBE, GARCÍA-NIETO, MAINER, Historia de España, tomo IX. Labor, Barcelona, 1981.

TUSELL, JAVIER, Las elecciones del Frente Popular, 2 tomos, Cuadernos para el Diálogo, Madrid, 1971.

VEGAS LATAPIÉ, EUGENIO, El pensamiento político de Calvo Sotelo, Cultura Española, 1941.

VIDARTE, JUAN-SIMEÓN, Todos fuimos culpables, 2 tomos, Grijalbo, Barcelona, 1977.

VIÑAS, ÁNGEL, La Alemania nazi y el 18 de julio, Alianza Universidad, Madrid, 1974.

ZUGAZAGOITIA, JULIÁN, Historia de la guerra de España, La Vanguardia, Buenos Aires, 1940.

Documentos

Dictamen de la Comisión sobre ilegitimidad de los poderes actuantes el 18 de julio de 1936, Editora Nacional, 1939.

Causa General informativa de los hechos delictivos…

Resoluciones y acuerdos del VII Congreso de la Internacional Comunista celebrado en Moscú en agosto de 1935, Madrid, s/f.

Diarios de la época

Los citados en el texto.

Además, diarios y revistas posteriores o actuales; entre las revistas, en particular Historia y Vida, Tiempo de Historia y Nueva Historia.

Y el archivo personal del autor; más medio centenar aproximado de entrevistas y otras tantas cartas relacionadas con el tema principal del presente libro.

En esta nota biográfica se han incluido también títulos de muy escaso interés y otros cuyas evidentes inexactitudes o tergiversaciones solo se han utilizado a manera de contraste. Se han examinado otras muchas obras que no merece la pena reseñar.

LUIS ROMERO PÉREZ (Barcelona, España, 1916-2009). Como escritor, se dio a conocer con la novela La noria, ganadora del Premio Nadal en 1951. Con El cacique, consiguió ganar el Premio Planeta en 1963. Parte de su producción fue en catalán, como es el caso de La finestra (1956), El carrer (1959) y Castell de cartes (Premi Ramon Llull, 1991).

También destacó como ensayista. En este campo, la guerra civil española y Salvador Dalí fueron dos de los temas que centraron en mayor medida sus trabajos. En el caso del conflicto armado, publicó Tres días de julio, aparecida en 1967. A esta le siguió Desastre de Cartagena (1971), El final de la guerra (1976), Cara y cruz de la República (1980) y Por qué y cómo mataron a Calvo Sotelo (1982).

Sobre la figura del pintor catalán Salvador Dalí, a quien el autor conoció personalmente en Cadaqués en 1952, su gran obra es Todo Dalí en un rostro (1975), que realizó en colaboración con el propio artista que, incluso, realizó varios esbozos e ilustraciones para esta obra. Completan el tema daliniano: Aquel Dalí (1984), Dedálico Dalí (1989) y Salvador Dalí (1992).

Notas

[1] Las amenazas eran constantes; elegimos por significativa Ja pronunciada por Largo Caballero el 2 de febrero en Valencia: «… Cuando nos lancemos por segunda vez a la calle, que no nos hablen de generosidad y que no nos culpen si los excesos de la revolución se extreman hasta el punto de no respetar cosas y personas…». <<

[2] Quien desee más amplia información sobre estas gestiones la hallará en Cara y cruz de la República, del propio autor. <<

[3] Se refiere a los elegidos el 12 de abril de 1931, salvo los de composición monárquica, muy numerosos, que fueron sustituidos por comisiones gestoras nombradas a dedo. <<

[4] En el número de Arriba correspondiente al 23 de febrero, se publica un artículo de Primo de Rivera que suele ser citado solo parcialmente; su título es «Aquí está Azaña», y revela aspectos de la paradójica personalidad del jefe del fascismo a la española que, aunque conocidos, no suelen ser resaltados ni siquiera considerados. Comenta el triunfo del Frente Popular: «Hay que reconocer que, pese a todos sus grandes defectos, el sufragio universal ha dado esta vez considerables señales de tino y justicia; por Jo pronto, ha desautorizado de manera terminante la insufrible vacuidad del bienio estúpido…». Falange se había presentado en solitario y no obtuvo ni una sola acta, y muy escaso número de votos. En el mismo artículo se dice: «… en estas horas está en el poder un ministerio presidido por el señor Azaña. He aquí “la segunda ocasión” de este gobernante (…), grave ocasión y peligrosa, pero llena del sabroso peligro de lo que puede dar resultados felices (…). Esto de ahora es peligroso, pero está tenso y vivo; puede acabar en catástrofe, pero puede acabar en acierto. Aquí se juega una partida arriesgada y emocionante; allí todo estaba perdido de antemano». Otorgaba su confianza a un Azaña ni marxista ni separatista, autoritario y nunca conservador, capaz de llevar adelante Ja revolución pendiente. «Y si no la hace, ya no habrá más que una solución: la nuestra. Habrá sonado redonda, gloriosa, madura, la hora de la Falange nacional sindicalista». Queda claro en este artículo que, para él, la solución fascista a la española era el último recuerdo, después que la democracia hubiese fracasado. Cuando escribe Primo de Rivera este artículo no se habían cumplido todavía dos años y medio de la fundación de Falange Española, y el número de falangistas muertos era muy elevado; el 10 de abril de 1934 habían atentado en Madrid contra él, y desde el 10 de junio del mismo año, día en el cual es muerto a navajazos, en la Casa de Campo, Juan Cuéllar y herido otro falangista, inician ellos las represalias matando a Juanita Rico e hiriendo gravemente a su hermano, ambos socialistas.

Consecuente con el contenido de este artículo, el mismo 23 de febrero el jefe nacional de FE transmitía a las jefaturas territoriales y provinciales unas instrucciones que empezaban: «El resultado de la contienda electoral no debe, ni mucho menos, desalentarnos (…). Planteada prácticamente la lucha entre derechas e izquierdas, su resultado nos era extraño (…). Las derechas, como tales, no pueden llevar a cabo ninguna obra nacional porque se obstinan en oponerse a toda reforma económica y con singular empeño a la reforma agraria…». Insiste en que cabe esperar del brío que pueden desarrollar las izquierdas un signo «venturoso para nuestra patria». Entre las instrucciones figuran las siguientes: «Los jefes cuidarán de que por nadie se adopte actitud alguna de hostilidad hacia el nuevo Gobierno ni de solidaridad con las fuerzas derechistas derrotadas…», «Nuestros militantes desoirán terminantemente todo requerimiento para tomar parte en conspiraciones, proyectos de golpe de Estado, alianzas de fuerzas de orden y demás cosas de análoga naturaleza». En la 3.ª se dice: «Se evitará todo incidente, para lo cual nuestros militares se abstendrán en estos días de toda exhibición innecesaria. Ninguno deberá considerarse obligado a hacer frente a manifestaciones extremistas…» añade, como excepción, que se intentaran asaltos a los centros o se agrediera a «nuestros camaradas».

Los desórdenes no cesan y se distribuyen irregularmente por distintas provincias: las más de las veces son quemas, o asaltos a edificios de carácter religioso, pero hay desórdenes y atentados contra personas de significación derechista —principalmente de la CEDA— y también ataques a militares o a guardias. Se producen bastantes muertos de uno y otro lado con desventaja para las derechas. En las obras de derribo de la plaza de toros madrileña, el 6 de marzo serán muertos a balazos cuatro obreros (en nota oficial posterior se da el número de dos) afiliados a la CONS, sindicato falangista. <<

[5] De Álvarez del Vayo se suele afirmar, y Largo Caballero es uno de los acusadores, que se había convertido en agente directo de los comunistas de dentro del PSOE. Esta aseveración tan difundida no está documentalmente demostrada, si bien la conducta de quien después desempeñaría la cartera de Estado (Asuntos Exteriores) da motivos para creer que así fuera. <<

[6] Durante el mes de enero de 1936, con anterioridad al 16, día en el cual se publica el programa del Frente Popular, en ABC —también en Ya— se hacen comentarios sobre las consignas para España del VII Congreso. De esos comentarios se deduce que las noticias que se tienen son imprecisas o que, con objeto de polemizar, se interpreta a conveniencia su alcance y significado. Tampoco queda claro si se refieren a los acuerdos oficiales o a instrucciones especiales que pudieron darse en Moscú a la representación española. Aunque en general se advierte que han llegado informes bastante fieles de lo tratado, se comprueba otro error cuando dice que fueron elegidos tres representantes de España, cuando solo fueron dos. El primero de estos trabajos, publicado el día 3, es un ataque contra la unión en un frente electoral de las izquierdas moderadas —Azaña, Martínez Barrio, y Sánchez Román—, con socialistas de izquierda y comunistas. Se escribe que Álvarez del Vayo estuvo en Moscú cuando se celebraba el congreso y cita palabras que ha pronunciado en Málaga en un mitin reciente: «Una etapa intermedia de labor común, en la que los republicanos disuelvan los focos fascistas y depuren los institutos armados, para que luego los socialistas instauren la dictadura del proletariado». Se da como dato el ingreso en la UGT de la CGTU, y se adelanta que el bloque va a llamarse como en Francia, Frente Popular, y lo califica de contubernio. En el segundo de estos artículos, publicado el 11 de enero, se citan noticias aparecidas en un diario alemán. Una versión de las resoluciones sobre el informe Dimitrof y la acusación de traición a quienes se pongan a las órdenes del comunismo, que pudiera interpretarse como velada alusión a los republicanos. <<

[7] Cuenta La Pasionaria en El único camino que al día siguiente de las elecciones se sublevaron los presos de la cárcel de Gijón y luego también los de Oviedo, y cómo desde la cuenca minera llegaban familiares y camaradas dispuestos a ponerlos inmediatamente en libertad. Quizá con un punto excesivo de dramatismo narra sus gestiones y que las autoridades se negaban a dejar salir a los condenados hasta cumplir los trámites legales, lo cual se sirve para hacer comentarios despectivos sobre estas autoridades. Deja en mal lugar a Álvaro de Albornoz, diputado electo por Oviedo, que se negó a colaborar para conseguir que los presos fueran liberados de las cárceles antes de que se dictaran las disposiciones necesarias. Explica que se desplegaron en actitud amenazadora las fuerzas de orden público y hasta tropas con ametralladoras por orden del comandante Gerardo Caballero, de quien dice era gobernador militar del principado. Erigida ella en protagonista —y probablemente lo fuera— logra, desafiando riesgos, que la totalidad de los presos salgan a la calle antes de que se forme siquiera el gobierno Azaña, por tanto sin esperar a la reunión de la Diputación Permanente de las Cortes, que acordó la amnistía el 21 de febrero, es decir, un par o tres días después. También cuenta que los presos comunes abandonaron, por añadidura, la prisión.

Como suelen darse algunas confusiones sobre «Asturias la Roja», facilitamos resultados de las votaciones de aquel febrero. Las más elevadas correspondieron a los diputados de Izquierda Republicana (los que ella califica de «Magdalenas republicanas» en el mismo libro). Entre ellos, quien aventajó a los demás siquiera fuese por escasa diferencia, fue Álvaro de Albornoz, y a continuación, Laredo, Menéndez, Maldonado y Fernández Vega; el primero consiguió 171 241 sufragios. De los siete diputados socialistas, seis fueron más votados que Dolores Ibárruri, que tuvo 170 497. Salieron elegidos cuatro de la CEDA; Fernández Ladreda con 151 480 papeletas. Los demás, tanto los que lograron acta como quienes se quedaron sin ella, entre los últimos, cinco melquiadistas, tuvieron más de 150 500 votos. En las elecciones de 1933 ganaron las derechas y, la suma de sus votos añadidos a los del centro aliado, daban aproximadamente la misma ventaja —unos 20 000 sufragios— sobre el total acumulado de los partidos de izquierda. <<

[8] En épocas más apasionadas si cabe, puesto que era durante la guerra civil, se redactó el Dictamen de la Comisión sobre la ilegitimidad de poderes actuantes el 18 de julio. Sin dejar de ser un documento de circunstancias con finalidades políticas definidas, las personas que lo redactaron, aunque parciales, eran de reconocida capacidad. Y en este dictamen puede leerse: «Y tan pronto como al anochecer del 16 de febrero se empezaron a conocer los datos de la votación en diversas capitales de primer orden —que por el indicado ambiente de terrorismo y por disponer en sus censos de grandes masas obreras, daban el triunfo al Frente Popular—…». Al lector le asalta cierta perplejidad porque, a despecho de cuanto está sucediendo desde el 18 de julio en campos y ciudades, nadie se haya planteado con lucidez por qué las masas obreras tenían que votar al Frente Popular. Los tópicos esgrimidos de que los trabajadores se hallaban envenenados por doctrinas disolventes no parecen válidos; mucho más claro resultaba comprobar —y de tan evidentes ni siquiera exigían comprobación— los injustos desniveles socioeconómicos y culturales, el desamparo de los proletarios en la mayor parte del país, y cómo las derechas obstaculizaban cualquier legislación que tendiera a aliviar la condición de los menos favorecidos por la sociedad. Menos favorecidos por Dios, eran capaces de afirmar, si se terciaba, tomando «Su santo nombre en vano». El mismo calificativo de contrarrevolucionarios que los derechistas se adjudicaban (en las elecciones figuraron las candidaturas como del Frente Nacional Contrarrevolucionario) indican un error de nomenclatura que lo es de posiciones básicas. Aunque fuera por el camino de reformas enérgicas y urgentes, lo que exigía España era una auténtica revolución que había de ser conducida, a ser posible, por caminos incruentos y compatibles con la supervivencia económica general. Cuando se habla de las derechas y se hacen recuentos de fuerzas, suele, sin embargo, partirse de un error de concepto. Monárquicos, latifundistas, curas y frailes, monjas, militares, «señoritos fascistas», falangistas y carlistas, financieros y ricos, no podían sumar el crecido número de votos que llevaron a las urnas las derechas y el centro conservador en las elecciones de 1933 y 1936. La defensa de la religión y la patria, tal como ellos la entendían, el apoyo a la familia, y otras cuestiones de orden tradicional que proclamaban defender, explican aquellos elevados números, que, de otra manera y utilizando enumeraciones arbitrarias y despectivas, no se comprenden. Las izquierdas cometieron un error político: no saber apartar de las derechas económico-sociales a quienes no tenían razones materiales para defenderlas hasta el sacrificio. <<

[9] José Delgado se había presentado como candidato de la CEDA por la provincia de Madrid, Tuvo 73 724 votos, frente a los 99 655 que alcanzó el candidato más votado del Frente Popular. <<

[10] Las tensiones muy fuertes que dividían a los socialistas se asomaban a su prensa y en ocasiones daban lugar a disgregadoras polémicas: «Hay que contribuir con energía a la liquidación del problema —escribían en Claridad— de la lucha de tendencias en el seno del partido. El socialismo es el centro de gravedad del movimiento triunfante el día 16, y esto sin menoscabo para nadie (…). El futuro próximo de las clases depende por entero de que el partido esté o no a la altura de su misión de vanguardia directora del proletariado consciente». En otros casos personalizaba, como en el artículo publicado el 27 de febrero en el mismo órgano caballerista, bajo el título «El caso del profesor Besteiro». En este trabajo se escribe: «… hemos visto cómo la Agrupación Socialista Madrileña, sometida en absoluto al marxismo, ha sufrido la vergüenza de haber sido llevado al congreso al antiobrerista Besteiro, cabeza visible del reformismo de toda España». Después atribuye al socialismo revolucionario ser el auténtico forjador de las victorias de octubre de 1934 y febrero de 1936, y, dirigiendo la puntería hacia Prieto, continúa: «Y es preciso que estas victorias no sean desnaturalizadas por el reformismo, que hoy detenta la dirección suprema» (se refiere a la ejecutiva, de tendencia prietista).

Cabría apostillar que el calificativo de victoria aplicado a octubre del 34 sería más que discutible; en cuanto a la electoral del 16 de febrero, hay unos números que no dejan de tener interés: Besteiro es quien más votos obtiene en Madrid dentro de la candidatura del Frente Popular, 224 540 y el segundo en número fue Manuel Azaña, que consiguió 223 826; quienes menos votos lograrían en esta candidatura, que ganó por mayoría, fueron precisamente Largo Caballero 220 310 y, ligeramente detrás, José Díaz, con 220 195 sufragios. Como término comparativo consignamos que de los cuatro de la CEDA, que obtuvieron el acta por minorías, Ramón Marín Lázaro consiguió 186 422, y ya sin salir elegidos, Gil Robles obtuvo 186 115 y Calvo Sotelo 185 114; estos últimos ganaron actas por Salamanca y Orense respectivamente. <<

[11] Los nombres de los implicados en este atentado no los he hallado en la prensa de entonces; los copio de La rebelión de los estudiantes, de David Jato. <<

[12] Hay autores que lo sitúan unos días después. <<

[1] El 20 de marzo se escribe en El Socialista, en nota editorial: «… Rigurosamente examinada la cuestión, ni un solo diputado de derechas puede afirmarse que alcanzó limpiamente su acta». Con lo cual ya estaban todos juzgados. <<

[2] Esta frase se destaca no porque se supongan en ella elementos premonitorios, sino por la casualidad de la coincidencia con lo que pasaría ciento dos días después. En el Diario de Sesiones queda registrado que entre los diputados que la oyeron provocó risas y rumores; las risas vendrían determinadas porque Calvo Sotelo daría a la exagerada semejanza de situaciones una entonación humorística, pero estas sutilezas no quedaban reflejadas. <<

[3] Escribe Gil Robles que la Esquerra estaba decidida a impugnarlas. <<

[4] Matilde de la Torre Gutiérrez, diputada socialista por Oviedo. <<

[5] Juan Simeón Vidarte, joven diputado socialista por Badajoz, que desempeñaría diversos cargos dentro del PSOE y del Estado, ha dejado escritas unas interesantes memorias, basadas en el recuerdo y en notas que tomó en su día. La distancia en el tiempo y el hecho de que probablemente en México no dispuso de documentación suficiente para consultar, obligan a considerar con reserva muchas de las afirmaciones que escribe, tocadas, a su vez, de cierto partidismo que parece excesivo si se relaciona con la fecha en que fueron publicadas. Como suele ocurrir con las memorias, la información es incompleta en ocasiones, porque se tiende, más que a explicar la historia, a interpretarla subjetivamente. En cualquier caso, proporciona datos valiosos. Así explica Vidarte este asunto de las elecciones en Galicia y su repercusión en el Congreso: «… La discusión fue a cuenta, principalmente, de las actas de Lugo, Orense y La Coruña. Galicia, tierra de viejo y legendario caciquismo —Montero Ríos, Bugallal, etc.—, no se había curado de sus vicios y se habían cometido toda clase de trampas y atropellos. Todos los candidatos, excepto los nuestros, estaban incursos en ello. Prieto, con un gran sentido de justicia, había propuesto que se anulaban todas las actas o se aprobaban también todas, en contra del deseo de Casares Quiroga de que se aprobara la suya y la de sus amigos y se anularan las de Calvo Sotelo y los suyos. Todos nosotros estábamos convencidos de que Prieto tenía razón, pero Casares se empeñaba en la anulación del acta de su rival. Nuestro sentido del decoro y del deber no lo consintió y fueron aprobadas, después de muchas intervenciones y grandes broncas, lo mismo el acta de Casares Quiroga que la de Calvo Sotelo…». Aquí la memoria debe fallarle, cuando habla en primera persona del plural: los socialistas y los comunistas votaron en contra de la aprobación de las actas de Orense. También es posible que la memoria le sea infiel cuando afirma lo que he subrayado: excepto los socialistas en cuanto a irregularidades electorales. Más adelante, escribe que en la reunión de la minoría socialista que celebraron aquella misma mañana, Prieto había declarado: «Yo no puedo decir que cuando se hacen cochinadas para sacar a Calvo Sotelo, son cochinadas, y cuando las hace Casares, están bien hechas. Además, políticamente, nos conviene que lo mismo Calvo Sotelo que Primo de Rivera vengan al Parlamento. Ellos son la verdadera oposición al régimen y es mejor que se desfoguen en el Parlamento que no conspirando por los cuarteles (…). En fin, ustedes resuelvan lo que les parezca, que yo, de todas maneras, voy a mandar la presidencia de la comisión a hacer puñetas». Aquí también se desliza un pequeño error: ese día Prieto ya había dimitido; lo hizo cuando supo que querían aprobar las actas de La Coruña y desposeer de su acta a Calvo Sotelo. En cuanto a lo de Primo de Rivera y su presencia en el Congreso, Prieto cambió de opinión, pues, ya veremos que fue él quien dirigió y mangoneó las segundas elecciones de Cuenca, y de qué manera y con qué fines. <<

[6] Para comprender mejor el significado de las noticias y poderlas interpretar con la máxima equidad, hay que considerar que las derechas consideraban las agitaciones obreras, y más aún las campesinas, como cuestiones de orden público, sin parar mientes que especialmente en la agricultura eran casi siempre esfuerzos por la simple supervivencia y por mantener la maltrecha dignidad. Si es cierto que la sociedad estaba basada en el principio de la propiedad privada, y la economía en el estímulo de la ganancia, a las razones de supervivencia hubiera sido necesario darles prioridad. Entre unos y otros debieron buscar soluciones equitativas, en vez de enfrentarse dialécticamente o atacarse en los campos a estacazos y a escopetazos. Y aún más: los hombres de la izquierda burguesa que ahora gobernaban participaban del mismo criterio, aunque como tales gobernantes se esforzaran por dirigir sus esfuerzos por vías legales, y aceptaban los hechos consumados cuando desbordaban su autoridad.

En cuanto a las explosiones de ira antirreligiosa o anticlerical, venían determinadas por la postura histórica de la Iglesia, que, a su vez, estaba influida por los ataques que de las izquierdas recibía; ataques de palabra y obra. Y esa agresividad, de la cual se consideraban víctimas inocentes, los hacía arrimarse cada vez más a las derechas conservadoras, que, mejor o peor, los defendían y amparaban. Que algunos párrocos o religiosos trataran por convicción, o conveniencia, de contemporizar con las situaciones límite y se mantuvieran próximos al pueblo, tampoco les servía de gran cosa y sus templos o instituciones no siempre se salvaban de la quema o del ataque. Ante los incendios, las destrucciones y profanaciones, la reacción de las derechas era de indignación, miedo y escándalo, sí bien al mismo tiempo aprovechaban tan calamitosos sucesos en favor de su propaganda y para ganar adeptos, que los ganaban y muchos. La tolerancia del Gobierno, que reaccionaba con retraso y escasa energía frente a los desmanes, atrajo a la derecha a muchos españoles que, en razón de su débil economía, de la precariedad de sus ingresos, del desamparo sociocultural en que se debatían, carecían de otras razones si no eran las religiosas para unirse a quienes eran sus «enemigos» naturales. La izquierda burguesa, gobernante en este momento, rabiosamente anticlerical y con elevado porcentaje de masones entre sus dirigentes, creía ver una válvula de escape en los ataques a la Iglesia. Casi podría decirse que se complacían en ellos, al considerarlos un desquite histórico y justiciero. No iban ellos por defender a la Iglesia, la religión o los curas, a enfrentarse con los socialistas, o los extremistas iconoclastas del color que fuera. <<

[7] El número de municipios a los cuales afectaban aquellas elecciones, luego frustradas, fue de cerca de dos mil quinientos. <<

[8] Aun a riesgo de pasar por reiterativo y que parezcan excusas, que no lo son, hay que enfrentar al lector con los hechos proporcionándole el máximo de información posible. «Maniobra comunista» no está escrito con ánimo peyorativo, sino porque la maniobra aparece transparente; los mismos comunistas reconocerían, por ejemplo, haber «convencido» a muchos socialistas, y así ocurrió ciertamente. Al hablar de este tipo de operaciones políticas, tampoco hay que negar que en muchos casos se mezclaban en ellas quienes actuaban de mala fe, con doblez, movidos por rivalidades personales, apetencia de mando o poder, por intereses materiales. En este caso, la mayoría de quienes intervinieron en estas operaciones —Santiago Carrillo, José Laín, Virgilio Llanos… y posiblemente Álvarez del Vayo y Margarita Nelken, por seleccionar unos pocos ejemplos— cabe suponer que obraban por convicción, porque creían que trasvasar cuadros y militantes, y dirigentes cuando resultaba posible, desde las filas socialistas a las comunistas, era lo mejor que podía hacerse. Que en ocasiones se emplearan medios reprobables hay que admitirlo, pero esas actitudes no eran privativas de los comunistas, ni de las izquierdas, ni de la CEDA, ni de los monárquicos; eran procedimiento común. Comunistas y procomunistas criticaban acremente a Prieto y a Besteiro, mientras halagaban a Largo Caballero: los monárquicos arremetían contra Gil Robles; los falangistas se enfrentaban con monárquicos y cedistas. Todos combatían contra todos. <<

[9] En aquel momento ocupaba la cartera de Guerra el general Carlos Masquelet Lacaci; la de Gobernación, Amós Salvador Carreras; era director general de Seguridad, Alonso Mallol, y de la Guardia Civil, el general Sebastián Pozas. Para quienes conozcan la historia de esta época y de la inmediata posterior, no es necesario añadir comentarios. La mayor parte de los altos mandos militares, de la Guardia Civil y de Asalto los desempañaban jefes seleccionados entre los más fieles al Gobierno. Un análisis superficial o partidista permitiría deducir que los hechos, tal como se desarrollaron en julio, venían a dar la razón a la Agrupación Socialista Madrileña o a quienes desde Claridad o Mundo Obrero ejercían de portavoces de las tendencias extremas, sin embargo, de haberse seguido la política propugnada por Azaña y respetando la Constitución y las leyes, de haberse dominado la subversión y no seguir amenazando de manera constante, si no se hubiesen organizado y exhibido las milicias, de no anunciarse como inminente la revolución social y la dictadura del proletariado con todo lo que ello suponía, de no producirse de continuo incendios, agresiones y violaciones de la ley, no habría estallado el «Glorioso Movimiento Nacional». Ni los militares monarquizantes y golpistas disponían de fuerza real y prestigio suficiente, ni los monárquicos tenían influencia, audiencia ni poder que bastara a la empresa, ni los falangistas eran capaces de subvertir el orden más que en pequeña proporción (y ya quedó patente que unas palabras alentadoras de Azaña resultaron suficientes para atraer alabanzas y frenar la violencia), ni los carlistas se hubiesen echado al monte. En cuanto a Gil Robles, deseaba permanecer dentro de la legalidad y abrirse un hueco en la República, arrimando, eso sí, el ascua a su sardina y con la esperanza de desquitarse en futuras elecciones. De gobernar Azaña con el apoyo de todo el Frente Popular se pudo avanzar por vías de progreso social y es posible que también de prosperidad material y desarrollo cultural. Las heterogéneas fuerzas conservadoras que empezaban a agruparse no lo hubiesen conseguido a] desaparecer los motivos que las indujeron a actuar mancomunadamente contra alguien y bajo los impulsos del miedo. El juego político y el progreso social podían continuar. Que quienes creían en la eficacia de la dictadura del proletariado y en las excelencias del modelo de sociedad impuesto en la URSS se esforzaran en aplicarlo en España, hay que aceptarlo. El error radicó en la convicción de que podía hacerse sin apenas resistencia, sin guerra civil y que, de llegar a desencadenarse, la ganarían aplastando al enemigo. En cuanto a la Iglesia, que resultó factor importante para inclinar a la beligerancia a varios millones de españoles, nunca se habría decidido a predicar la «Guerra Santa», sin comprobar en carne propia que estaba en peligro su propia supervivencia. Los curas trabucaires, que los hubo, eran minoría; los más eran de condición pacífica más o menos acostumbrados a confundir su misión espiritual con atribuirse poderes temporales y preponderancias caciquiles. Dado lo adverso de las circunstancias, el clero estaba dispuesto a ceder mucho; no estaban tampoco, como hombres que eran, a dejarse aniquilar ni a perderlo todo. <<

[10] Alcalá Zamora la consideró tan ilegal que la califica de «golpe de Estado». <<

[11] En La rebelión de los estudiantes, David Jato puntualiza que «en el atentado (…) tomaron parte dos destacados afiliados al SEU de derecho, uno de ellos hijo de un juez». <<

[12] En la relación que en La muerte de Durruti hace Juan Llarch de los siete hermanos Durruti, no figura ningún Marcelo. La noticia que doy en el texto procede de la prensa. ¿Puede tratarse de un error de Marcelo por Manuel? Lo que parece cierto es que dos de los hermanos del líder anarcosindicalista militaron en Falange: Manuel, que moriría en León en circunstancias no bien aclaradas, y Pedro, ejecutado por los republicanos. <<

[1] Tagüeña, que es uno de los autores a los cuales puede otorgársele confianza, por cuanto, a pesar de haber intervenido en los hechos, no suele perder cierto grado de ecuanimidad al relatarlos, hace algunas precisiones a propósito de la muerte del alférez Reyes, de la cual pocos detalles se conocen: «… en el desfile militar del aniversario de la proclamación de la República, fue muerto junto a la tribuna que ocupaba Azaña, un alférez de la Guardia Civil, que estaba allí vestido de paisano y en actitud sospechosa. Este alférez era muy conocido por sus ideas derechistas y fue reconocido por alguno de sus compañeros republicanos, que daban escolta al presidente, y ejecutado sobre el terreno. Todos ellos pertenecían al grupo motorizado, cuyo cuartel de la Prosperidad debíamos haber asaltado en octubre del 34, guiados por el teniente Condés». Los milicianos socialistas de verdadera acción eran menos numerosos de lo que aparentaban por la concurrencia a mítines y desfiles, pero estaban formadas por jóvenes resueltos y que disponían de armas y de impunidad. El mismo Tagüeña explica cómo uno de los dirigentes, Francisco Ordóñez, estudiante de derecho y antiguo militante de la FUE, y que en los días que precedieron a octubre del 34 fue detenido custodiando un importante arsenal clandestino, tenía licencia de armas, como otros muchos de las juventudes socialistas, y cuando una noche guardias civiles detuvieron a varios compañeros en los alrededores de Madrid, «que habían salido a vigilar los cuarteles», «una simple llamada telefónica que hizo Ordóñez al ayudante del general Pozas consiguió no solo la libertad inmediata de los arrestados, sino que les devolvieron sus armas». Atando cabos, puede conjeturarse que pudiera tratarse del capitán, o comandante, Naranjo. Entre los oficiales más caracterizados por sus tendencias izquierdistas dentro de la Guardia Civil destacaba el teniente Fernando Condés Romero, que en octubre desempeñó un papel de cierto relieve en la frustrada sublevación madrileña.

García Venero, en Madrid, julio de 1936, lo explica así: «Asistió como espectador al desfile un alférez de la Guardia Civil del Parque Móvil con cuatro números (…), se dirigió a quienes más vociferaban cerca del lugar donde estaba la escolta presidencial para exigirles que cesaran en sus insultos. Lo consiguió, sin violencia, y al volver al lugar en que presenciaba el desfile, fue agredido por la espalda y murió sobre el asfalto. Asimismo, cayeron malheridos dos de los guardias que le acompañaban». <<

[2] Diversos autores y yo mismo dábamos por muerto a Luis Llaguno. Con posterioridad a la publicación de Cara y cruz de la República y, después de comprobar que no figuraba este nombre entre los muertos y heridos, he averiguado que no es cierto que falleciera; ignoro por qué tampoco figuraba entre los heridos. La muerte de Rodríguez Jimeno se la atribuye David Jato a los guardias que estaban al mando del teniente Castillo. <<

[3] Gil Robles y sus acompañantes estuvieron a punto de ser alcanzados por los proyectiles durante el tiroteo iniciado desde una casa en construcción en la calle de Miguel Ángel. Se dijo que el líder de la CEDA se negó a tirarse al suelo y que él y los otros aguantaron el tipo en pie protegidos por la carrocería de un coche allí estacionado. <<

[4] Ese debatirse en la impotencia fue una de las causas que empujarían a Azaña a cambiar la jefatura del gobierno por la presidencia de la República. De rechazo, daría lugar a que Santiago Casares Quiroga le sustituyera. <<

[5] Gil Robles no deja de mantener cierta distancia entre la CEDA y el Bloque Nacional, aunque son distingos que desde la izquierda ni se entienden ni se admiten. <<

[6] En este punto, un diputado grita: «¡En la horca!». <<

[7] Sin contradecir a Araquistain, puesto que así lo dejó dicho, era evidente para cualquier contemporáneo que ni Ortega ni Unamuno podían presidir la República; tampoco Marcelino Domingo o Albornoz. Y como se consideraba que un socialista no era elegible para ese puesto, Besteiro quedaba excluido sin necesidad de maquinaciones subterráneas. Para llegar a esas conclusiones no era preciso leer Claridad. <<

[8] En los diarios del 11 de marzo se había publicado la noticia de la designación de Rafael Bosque para gobernador civil de Asturias; hasta ese momento lo había sido de Huesca. La cita la tomo de Arrarás, que dice proceder de Mundo Obrero del 20 de abril. Estas declaraciones y otras que formularía después, sumadas al telegrama que envió a Calvo Sotelo y fue leído en el Congreso, le obligarían a dimitir, no sin que en Oviedo se produjeran manifestaciones de protesta. Durante la guerra iba a ser detenido y permaneció en la cárcel de Zaragoza hasta que una noche él y otros presos, entre los cuales estaba el gobernador civil, fueron sacados y ejecutados sin formación de causa. El delegado de Orden Público fue destituido, pero hay quienes suponen que recibió órdenes. <<

[1] Desde posiciones posteriores y serenadas, cuando estudios más serios han venido a demostrar la inexistencia de esa conspiración comunista-socialista a plazo fijo, parece difícil aceptar que fuese creída, a pesar del precedente de octubre. Hay que situarse en aquella época y circunstancias para comprender que las cosas fuesen distintas. Venimos reproduciendo mínimas muestras de lo que se publicaba y lo que se decía en público. Y es evidente que los propósitos de una parte muy considerable del pueblo español, compuesto por gentes numerosas, resueltas, convencidas y organizadas, con influencias que llegaban hasta las puertas mismas del Gobierno, poseedores de algún armamento o de probabilidades para procurárselo, con la colaboración de jefes militarse, oficiales y la complicidad de suboficiales, clases y soldados, con protección y ayuda de organizaciones extranjeras, y en un estado de exaltación favorable para emprender cualquier empresa, es evidente, insistimos, que sus propósitos eran que triunfara la revolución, cuyos fines, niveles y consecuencias no estaban suficientemente dibujados, pero se confundían con los esquemas de la revolución bolchevique. Que los planes fueran inconcretos, las alianzas precarias, que no se pensara ni en abril ni en agosto, y que las noticias que circulaban entre los contrarios no coincidieran con los planes inmediatos de socialistas y comunistas, no significa que en cualquier circunstancia propicia esa revolución pudiera haber estallado. Y lo paradójico es que su desencadenamiento iba a ser consecuencia directa de la sublevación militar y derechista. Porque el hecho se produjo y, con el pretexto de ayudar al Gobierno, se desbordó su autoridad y sin destituirlo se le reemplazó, y en gran medida sus funciones fueron usurpadas.

Las interpretaciones y explicaciones simplistas hechas en aquel entonces y después, y formuladas ahora, adolecen de parcialidad y resultan inexactas por incompletas. Entonces —como ahora—, los problemas eran complejos y la subjetividad desempeñaba un papel principal; las culpas no pueden cargarse en exclusiva sobre los contrarios. Eran muchas y complicadas las causas del desorden, de la frustración política y aun humana, y la incomprensión y el encadenamiento de los enfrentamientos a ultranza, dificultaban por no decir imposibilitaban las soluciones posibles. Más que a lo positivo de cualquier proyecto o propósito o a su realización práctica, se atendía al trágala, y como tal se recibían y rechazaban iniciativas que en beneficio del común debían haber sido aceptadas. <<

[2] Más adelante, y a manera de pruebas, se llegaron a falsear documentos. Ricardo de la Cierva ha dado precisiones sobre esta falsificación. <<

[3] Parece que fue el 25 de abril. <<

[4] Anticipando hechos, precisaremos que tanto Cabanellas, que lo aceptaba, como Maura, que lo repudiaba, estuvieron convencidos de que el movimiento que se preparaba no iba destinado a derrocar la República, sino, en cierta medida y a la larga, a consolidarla. A mediados de los años sesenta, Miguel Maura contaba al autor que, dada la amistad que los unía, ambos generales, por separado, le habían visitado en Madrid durante el período conspiratorio y le proponían unirse a ellos para esos fines. Suponían que el pronunciamiento sería incruento, pues aseguraban que con una compañía de soldados se dominaba una ciudad. Maura, que no lo tomaba demasiado en serio, rechazaba esas proposiciones; ellos no insistían ni le dieron nunca detalles ni se aludió para nada a Mola. <<

[5] Conocida es la austeridad en cuanto a gastos conspiratorios con que actuó Mola y sus subordinados directos. Pero él debía estar informado de que, siendo muchos los derechistas adinerados, se habían hecho en otras ocasiones recaudaciones con fines paralelos, que no siempre fueron bien administradas al no estar sometidas a contabilidad ni control. <<

[6] José Dencás había sido conseller de Governació. <<

[7] De los autores de este atentado se tienen informaciones imprecisas. Por dos fuentes distintas he averiguado noticias que aproximadamente coinciden. Al parecer estuvieron implicados unos hermanos apellidados Ruano, hijos de un anarquista emigrado a Argentina, o quizá argentino de nación, que protegió allí a Durruti. Al venir a Barcelona, ellos gozaron, a su vez, de cierto favor por parte de este. Durante la guerra se distinguieron por actividades «incontroladas» que les produjeron beneficios económicos. Estas actividades fueron denunciadas a Escorza, quien convenció al propio denunciante de que la única manera de salvar él la vida era matándolos. Se les preparó una trampa en un garaje colectivizado del Sindicato de Transportes situado en la calle Casanova; allí fueron acribillados a balazos, junto a la compañera de uno de ellos. Otro de los autores materiales del atentado contra los Badía parece que murió en la Modelo de Barcelona después de terminada la guerra, y alguien opina que fue fusilado. José Castillo y Santiago Álvarez en Barcelona objetivo cubierto dan el nombre de un tal Blanco como autor del hecho. También Joan Llarch se ha referido al mal fin de quienes atentaron contra los hermanos Badía. Confirma Abad de Santillán la filiación anarquista de este atentado, del cual da amplias noticias. <<

[8] lndalecio Prieto no se recata: «Cuando llegué a la puerta del teatro Cervantes humeaban cerca las cenizas de la hoguera en que habían ardido los enseres de un casino derechista asaltado por las masas populares. En un céntrico hotel hallábanse sitiados desde la víspera significadas personalidades monárquicas…». Y escribe a continuación: «Las elecciones parciales que motivaron aquel acto las ganó el Frente Popular. A la victoria cooperaron de manera decisiva los de la Motorizada…», que se trasladaron a Cuenca «a batirse a tiros con los facciosos…». <<

[9] La llamada Motorizada era una fuerza de choque de la cual se servía Indalecio Prieto, pues los componentes le eran muy afectos. Estaba formada por obreros del sindicato de la UGT de Artes Blancas (panaderos) y miembros de las Juventudes. La mandaba Enrique Puente Abuín; iban todos armados de pistolas. El nombre les venía de que solían trasladarse en autocares, y un día, al subir a uno de ellos, un miembro de las Juventudes, a quien llamaban Gilito, dijo en broma «¡Somos la motorizada…!», y la expresión cayó en gracia, pues estaba de moda la jerga militar. En las elecciones de Cuenca, y para que pudieran actuar a su guisa, se les extendieron nombramientos de delegado gubernativo. Participó en la expedición Victoriano Cuenca; a Santiago Garcés le enviaron a resolver las papeletas que presentaran en Tarancón. Hablando recientemente con uno de aquellos jóvenes madrileños que hicieron que el Frente Popular ganara las elecciones de Cuenca, reconocía que el episodio, desde el punto de vista democrático, no fue glorioso. Como antecedente de la Motorizada, señala Viciarte, que cuando Puente y otros se dieron cuenta de que iban a la unificación con los comunistas, fundaron un supuesto club «Júpiter Sporting Madrileño», cuyas iniciales, JSM, eran las mismas que Juventud Socialista Madrileña. Y fue entonces cuando Puente, Tejeda, Máximo de Dios, Frade, Salazar y algunos más, crearon una milicia exclusivamente socialista que pasó a llamarse la «Motorizada». <<

[10] Álvarez Mendizábal consiguió un acta por Cuenca, a pesar de lo escasamente lucido de su votación en febrero. Los falangistas debieron tomárselo a mal y le consideraron responsable, con razón o sin ella, de que se desposeyera de la que creían que en justicia Je correspondía a Primo de Rivera, que además al quedarse sin acta seguiría en la cárcel. El 8 de mayo fueron detenidos cinco individuos que rondaban la casa del exministro y que, al parecer, llevaban armas. Eran los siguientes: José Bediana, Eduardo Forabanti, Antonio Jiménez, Manuel Palao y Alfonso Estefanía; fueron puestos a disposición del juzgado. <<

[11] Este rumor era secular, como el timo de la estampita o el del entierro y, sin embargo, daba siempre el resultado esperado por los que lo ponían en circulación. <<

[12] El agresor, que huyó en el vehículo, lo abandonó en la calle de Rafael Calvo. A la mañana siguiente fueron detenidos Ramón Laguna López y Manuel Arranz Ayudo, que habían ido a cambiar de lugar el coche. Detuvieron, asimismo, a Romualdo Ramón Vidosa y a Antonio Valera, que en breve plazo serían puestos en libertad por no hallar en ellos responsabilidad; por considerarlos encubridores se pedirían para los dos primeros siete años de prisión menor, accesorias y costas, más 7S 000 pesetas de indemnización a los familiares de la víctima. Se ignoraba quién fuera el autor del disparo. <<

[13] Escribe Juan Simeón Vidarte: «Al conocerse el resultado, estalla una clamorosa ovación y muchos vivas a la República y al presidente Azaña. Cuando cesan los aplausos, socialistas y comunistas en pie cantamos La Internacional; a nosotros se nos unen gran número de personas en las tribunas de invitación y de la prensa. Cuando hemos terminado de cantarla, se oyen grandes vivas a Asturias, a Peña y a Largo Caballero; los catalanes, puestos en pie, cantan Els segadors, y cuando ellos terminan cantan los vascos el Gernikako Arbola. Los himnos de Cataluña y Vasconia son también muy aplaudidos». <<

[14] La enemistad entre ambos órganos socialistas era tan acentuada que en Claridad del día anterior se había publicado la nota que transcribimos íntegra, cuyo tono inamistoso consideramos pudo estar en el origen del incidente o actuar como detonador:

UNA BIOGRAFÍA ORIGINAL

Ha muerto Spengler. Y El Socialista, periódico atento a todo, tenía que hacerle una biografía. De ella resulta que Spengler era un gran geólogo de Austria, que se distinguió «en muchísimas exploraciones en los Alpes suizos» y que se dedicó especialmente al estudio «de la estratigrafía de las formaciones mesofeicas». Original biografía de Osvaldo Spengler, en verdad. Hasta demasiado original, tal vez. ¿Quiere El Socialista que le hagamos una advertencia para que no le resulten las biografías demasiado originales? Se la brindaremos.

No siempre el personaje muerto con cuya biografía tratamos de ilustrar a los lectores es el que figura en el primer lugar entre los de su apellido en la Enciclopedia Espasa. El orden alfabético, sobreponiéndose a los grados de la fama, pone geólogos desconocidos para El Socialista encima de filósofos, por lo visto desconocidos para El Socialista también; pues resulta asimismo original ver un título ditirámbico para Spengler en un periódico socialista.

Biografíe, pues, el colega más despacio. No se trata de coger un Spengler cualquiera, sino el que es; el que empieza con O, no con A, para poner las cosas en términos verdaderamente comprensibles para aquellos compañeros. Nunca le recomendaremos bastante que tenga cuidado con esos apresuramientos. Podría ocurrirle que mañana —no lo permita la suerte— ocurriese algo a Prieto (I.) y saliera El Socialista diciendo a los lectores que Prieto era un matador de toros nacido en Coria del Río, por haberlo encontrado delante en el Espasa.

(Claridad, 9 mayo 1936). <<

[15] Largo Caballero se había adelantado declarando a la prensa: «… No será posible la formación de un gobierno republicano-socialista para sustituir al de Azaña. Los republicanos han contraído el compromiso de ser ellos quienes lleven a cabo el programa del Frente Popular y para ello los socialistas dieron los votos para que ellos fueran la fracción más numerosa de la Cámara». Aclara Vidarte: «Realizado este programa o agotadas las fuerzas republicanas en su mandato, entendía que debía darse paso a un gobierno socialista que tuviera el apoyo de los republicanos como ellos tenían ahora el nuestro». En ese punto es donde los generales se hallaban de acuerdo para intervenir: si el gobierno se le entregaba a Largo Caballero, cuyos propósitos sobre lo que él creía que había de hacerse en España eran públicamente reiterados. <<

[1] Según el comentarista de Mundo Obrero, Gil Robles y Calvo Sotelo, «se hallan en el hemiciclo. Al pronunciar el señor Martínez Barrio las palabras de protocolo “el presidente del Consejo tiene la palabra”, se disponen a escuchar a este. Su gesto se arruga al decir el señor Casares Quiroga que el Bloque Popular comienza en la cabecera del banco azul y termina en el último banco de sus minorías parlamentarias». <<

[2] Lo mismo que existía una marcada recíproca antipatía entre Calvo Sotelo y Casares, parecida aversión separaba a este y a Gil Robles. Se refiere el jefe de la CEDA a la animosidad con que siempre era tratado por Casares y para resaltarla elogia a otros adversarios políticos, como Marcelino Domingo y Amós Salvador. Enumera Gil Robles algunos síntomas en que fundamenta su opinión: sabiendo que él no acostumbraba trasnochar, cuando pedía audiencia le citaba a las dos de la madrugada. De ser cierto, y encontrarle a Casares las costumbres de su oponente, el hecho parece de una mezquindad impropia de un presidente del Consejo. Si, por el contrario, Casares desconocía los hábitos de Gil Robles, que este suponga que le citaba tan tarde movido por el ánimo de fastidiarle, sería asimismo índice de una mezquindad injustificable. Casares no gozaba de muchas simpatías personales; los verdaderos motivos son ahora difíciles de precisar. He hablado con gran número de personas que le trataron, y entre ellos la mayor parte personas políticamente afines o próximas; son pocos los que le defienden. Puede influir que se le haya considerado responsable de que la sublevación militar llegara a producirse. Y es que a Casares le han convertido en chivo expiatorio, y del árbol caído todos hacen leña. <<

[3] Nos hemos extendido, quizá en demasía, al reseñar esta sesión del 19 de mayo, y en particular el discurso de Calvo Sotelo. Dado el tema central del presente libro, considero indispensable hacerlo aún a riesgo de perjudicar su ritmo narrativo. Salvo en el Diario de Sesiones, no han sido publicadas la totalidad de las intervenciones. En Documentos de la primavera trágica, de La Cierva, viene el discurso de Calvo Sotelo y en los periódicos de información —volvemos a La Vanguardia— se hallan amplias recensiones matizadas con impresiones personales. Fragmentos o frases de los discursos andan impresos en numerosos libros. La actuación parlamentaria de Calvo Sotelo durante este período es de capital importancia; de ahí que nos hayamos extendido también en las sesiones del 15 y 16 de abril. <<

[4] En vista de la deteriorización que experimentaba Ja estabilidad política del país, después de esta sesión parlamentaria, los miembros del Partido Nacional Republicano, presidido por Sánchez Román, celebraron unas reuniones, en las cuales se llegaron a conclusiones, que extracto de Payne (La revolución española), quien a su vez copió de García Venero, que afirmaba haber visto el documento original y estar convencido de su autenticidad. Empezaba el PNR por reconocer Ja gravedad del momento y el fracaso del Frente Popular; subrayaba la necesidad de salvar al país y a la República. Había que comenzar por el restablecimiento del orden público y de la autoridad. Proponía un concierto entre Izquierda Republicana, Unión Republicana de ellos, para la reconstrucción económica, política y social. Y una de las condiciones era: «Se pondrán en práctica aquellas medidas necesarias para evitar que las fuerzas políticas y sociales principalmente interesadas en la ejecución del plan político representen el obstáculo más fuerte para su realización». El PNR proponía: el desarme general, reprimir con severidad la excitación a la violencia revolucionaria, prohibición de las sociedades uniformadas y militarizadas, responsabilizar a los jefes políticos, y «se exigirán responsabilidades a las autoridades locales por las infracciones de las leyes cometidas en el ejercicio de sus funciones. Se podrá privar, en donde las circunstancias lo exijan, a los alcaldes del ejercicio de la política de Orden Público…». Cuando los tres principales partidos republicanos —concluía— hayan trazado un programa común, se ofrecerá a los socialistas compartir las responsabilidades de gobierno de acuerdo con este programa y, de negarse, se aconsejará al presidente de la República que forme un gobierno de concentración republicana con los centristas incluidos. Se gobernará por decreto y, en caso necesario, se suspenderán las sesiones de Cortes de acuerdo con los preceptos constitucionales. <<

[5] En aquellas fechas, ese concierto estaba formado exclusivamente por las repúblicas integradas en la URSS. <<

[6] Este centralismo conspirativo estaba tan arraigado en Ja mente de los sublevados que condicionaría toda la primera fase de la guerra civil: ataque de Mola desde el norte sobre Madrid; y Franco, partiendo de bases lejanas —Marruecos—, atacar a su vez por el oeste y otros puntos. Al no lograrse ese objetivo —Madrid—, la guerra se prolongó dos años y medio. Una frase de Mola, incluida en este documento, resume la importancia excesiva que atribuía a la capital: «… el poder hay que conquistarlo en Madrid». <<

[7] La desconfianza podría igualmente orientarse hacia la población civil. <<

[8] El 19 de julio, en Barcelona los vivas a la República de los militares sublevados se interpretarían por Jos gubernamentales como traidora añagaza. En cambio, la noche anterior, en los cuarteles se produjeron incidentes con los voluntarios civiles de carácter monárquico que se iban presentando, porque estos manifestaban que no estaban dispuestos a arriesgarse para defender a la República con las armas. <<

[1] Se hallaba Prieto todavía dolido por la negativa de la minoría socialista parlamentaria a que él formara Gobierno; por otra parte, deseaba capitalizar en beneficio propio y de los suyos, la popularidad que disfrutaba entre las masas el octubre asturiano. En Ejea de los Caballeros hablaron Manuel Albar, González Peña y Prieto; los acompañaron entre otros, Negrín y Simeón Vidarte. Cuenta este último que la crítica de Prieto a Largo Caballero «fue dura, lo que hizo que fuese interrumpido varias veces por protestas, a causa de que gran número de los oyentes pertenecieran a las Juventudes Socialistas Unificadas». Transcribe Vidarte unas palabras que atribuye a Prieto en aquel mitin: «Evidentemente, las preocupaciones de los socialistas españoles convergen en la convenencia de mantener la unidad de nuestro partido. Y el hecho de que converjan nuestras preocupaciones hacia ese punto, demuestran que esa unidad está en peligro». En otro lugar del discurso dijo: «Oyense por todas partes gritos exhortadores a una inmediata revolución social. Y esos gritos —por lo menos así lo pretenden muchos de los que se deciden a proferirlos— quieren ser una evocación de carácter totalmente socialista o comunista que se asigna al movimiento revolucionario de 1934. Pues bien, ante la muchedumbre aquí congregada me siento en la obligación de declarar públicamente que la revolución de octubre no tuvo esa finalidad…». Y entonces, en un alarde de oportunismo que pudiera estar entreverado con la ignorancia de lo que ocurrió en Asturias y en los demás lugares en los cuales estalló el movimiento revolucionario, leyó parte del programa elaborado por las comisiones ejecutivas del PSOE y la UGT para el caso de que el movimiento triunfara. ¿Acaso ignoraba Prieto —y creerlo no es posible— que en Asturias los comités locales actuaron por su cuenta con métodos y objetivos absolutamente revolucionarios sin atenerse a directivas llegadas de Madrid ni que procedieran de ejecutivas lejanas, y que los propios dirigentes habían sido desbordados por las bases armadas que empujaban por su cuenta? ¿Podía Prieto ignorar que en Asturias se ensayó una revolución totalitaria semejante a la que ahora, teóricamente, solo propugnaban los sectores caballeristas? «Y me parece preferible realizar, o hacer realizar desde el Gobierno, el mismo programa que convinimos en octubre de 1934, u otro idéntico, sin nuevos sacrificios cruentos de la clase trabajadora a una nueva aventura más terrible que aquella, por aspiraciones que hace año y medio, incluso se consideraron irrealizables si el triunfo coronaba nuestra empresa». Si los aplausos al final del acto y en algunos puntos del discurso fueron mayoritarios, no faltaron —según Vidarte— vivas a Largo Caballero, al Lenin español. Los muchachos de la Motorizada actuaron en Ejea más bien con carácter de claque, pues los caballeristas gritaron pero no se mostraron agresivos. <<

[2] José María Alonso Goya se convertiría con su muerte en uno de los principales protagonistas de los hechos de Salamanca de 1937. <<

[3] El Socialista, sin cuidarse de que el asunto este de los uniformes está todavía sin aclarar, de que interviene el juzgado y hay varios detenidos, publica que, con aquellos uniformes —que eran solo un centenar— iban a disfrazarse mil pistoleros «en el pasado complot de las derechas», y que con ello se pretendía complicar también al cuerpo de la Guardia Civil. Esta jugada, que el encadenamiento posterior de los hechos hizo que no llegara a ponerse en claro, era repetición, o imitación, de la que al iniciarse en Madrid los sucesos de octubre de 1934, pretendió poner en práctica el entonces teniente de la Guardia Civil, Fernando Condés, vistiendo de guardias a jóvenes socialistas; fracasó al ser descubiertos los uniformes. <<

[4] Resulta menos explicable que muchos años después, cuando escribe Juan Simeón Vidarte sus memorias, despacha los luctuosos sucesos con estas palabras: «Continuando su política de sembrar el desorden por toda España, Falange asesinó a un concejal comunista de Málaga y en la ceremonia de su entierro asesinaron también al presidente de la Diputación Provincial». <<

[5] Sin entrar a considerar las razones —y de la razón— que asistieran a los trabajadores de la tierra, y la Federación que les representaba, las cosas no fueron como las explicaba Claridad. Aunque sea dar un salto atrás en la cronología, creemos de interés transcribir lo que cuenta de aquella huelga campesina, que fue muy importante, un autor ponderado como lo es Stanley G. Payne, en su libro La revolución española:

El programa básico de la FNTT estipulaba que el empleo rural sería llevado a cabo únicamente por turno riguroso (contratando cada zona únicamente aquellos obreros inscritos en la lista local de trabajo), que la maquinaria agrícola sería proscrita a fin de incrementar el empleo y que se establecerían en cada distrito comités supervisores especiales de obreros agrícolas a fin de fiscalizar el cumplimiento de los contratos. La respuesta del gobierno radical fue hasta cierto punto conciliatoria, pero en algunas regiones los propietarios despidieron a obreros de la UGT y CNT. El sueldo de obreros agrícolas descendió, en cierto modo, aunque no tanto como pretendía la izquierda.

Cuando el Gobierno se negó a atender a sus demandas, la FNTT convocó una huelga general agraria que, en algunas zonas, duró del 5 al 20 de junio. La huelga comenzó en 153 distritos municipales y se extendió a casi toda España, aunque fue más efectiva en las regiones latifundistas. Resultaron afectados la mitad de los pueblos de las provincias de Ciudad Real, Córdoba y Málaga, y una cuarta parte de las provincias de Badajoz, Huelva y Jaén. En la provincia de Sevilla, la huelga fue apoyada por la CNT y duró más que en todas las demás zonas. La confrontación fue llevada con prudencia por ambas partes, y no se llegó a declarar la ley marcial. Resultaron muertas 13 personas en total, pero la mayor parte de ellas no en encuentros con la autoridad, sino en luchas entre huelguistas y no huelguistas. Se produjeron daños a la propiedad, especialmente en la provincia de Sevilla. El principal ejercicio de la autoridad por parte del Gobierno consistió en la detención de huelguistas con la más mínima excusa de infracción de la ley; 7000 detenidos en un período de dos semanas fue el resultado. Gran cantidad de prisioneros fueron enviados provisionalmente a cárceles a cientos de kilómetros de distancia, si bien la mayoría de ellos fueron puestos en libertad antes de fines de julio.

El resultado de todo el esfuerzo no fue sino un fracaso para la FNTT. El apoyo recibido fue amplio, pero no tan completo como se esperaba. Los recursos no permitieron continuar la huelga el tiempo necesario para que fuera eficaz, y no llegó a provocar desórdenes en otros sectores de la sociedad. En lugar de aportar moral y entusiasmo para un enfrentamiento revolucionario con los terratenientes, la huelga estuvo a punto de desarticular a la FNTT. Muchos campesinos se dieron de baja, fueron clausurados muchos sindicatos, y la Federación resultó gravemente debilitada en las zonas donde había sido más fuerte.

De este modo fracasó el primer intento de los socialistas en el extremismo, pero no consiguió, sin embargo, el efecto de moderar a los incendiarios, quienes acusaban del malogro de la huelga al carácter «reaccionario» del Gobierno, a la utilización de la policía y al fallo de la FNTT en coordinar sus esfuerzos con los otros grupos revolucionarios. El clima del socialismo español se hizo más febril todavía durante el verano de 1934.

La huelga agraria señaló el comienzo de una preparación concreta para la insurrección revolucionaria por parte de los socialistas. El día 6 de junio, la comisión ejecutiva del partido envió instrucciones a las secciones locales para organizar la acción directa. Todos los hombres sanos miembros de la Juventud Socialista debían reunirse en una milicia paramilitar… <<

[6] Cumpliendo una de esas servidumbres amistoso-electorales a que los diputados están obligados, Ramón Serrano Suñer, que lo era de la CEDA por Zaragoza, tuvo que hacer una visita al general Cabanellas para pedirle un favor a propósito de un quinto. Le recibió el general con el ánimo bien dispuesto, casi con campechanía, y le mostró su extrañeza porque no le hubiera visitado antes, manifestándole que hasta Jesús Comín, jefe de los tradicionalistas aragoneses y, por tanto, más a la derecha que Serrano, lo había hecho. En muestra de su buena disposición, sin leer apenas la nota de recomendación, la entregó a su ayudante con indicación de que fuese atendida. Cuando se quedaron solos, le preguntó: «¿Qué hacen sus amigos?», y como Serrano fingiera extrañeza, concretó: «Me refiero a su cuñado, a Mola, a los demás…». No deseando Serrano Suñer hablar de este asunto, se escabulló con el pretexto de que estando Franco en Canarias no tenían ocasión de hablar, ni podían escribirse sobre según qué cosas… Al despedirse, Cabanellas insistió: «Si preparan algo, dígales que cuenten conmigo…». Él hizo que llegara a conocimiento del general Mola lo que le dijo Cabanellas. <<

[7] Este enlace fue B. Félix Maiz y el lugar del encuentro el kilómetro 60 de la carretera de Madrid a Soria. <<

[8] Al llegar a Pamplona, Mallol se instaló en el Gobierno Civil, y las fuerzas que le acompañaban quedaron en los alrededores. El gobernador, Menor Poblador, tenía confianza en Mola. Citaron al capitán Tejero Saurina, del Regimiento América n.º 23, a quien sabían afecto al Gobierno y al Frente Popular. Este capitán, a quien Mola había salvado la vida en Marruecos en una arriesgada operación de ayuda, dio excelentes referencias de la labor del general Mola en Navarra, y además le previno. La entrevista entre Mallol y Mola fue correcta y no se produjo ni la menor fricción. Sobre algunos detalles secundarios de la visita del director general de Seguridad, no coinciden las versiones de Maiz y Fernández Cordón. <<

[9] B. Félix Maiz proporciona muchas noticias sobre este período, algunos de cuyos aspectos él vivió de muy cerca. El análisis de ciertas cosas que cuenta lleva a la conclusión de que sea por conveniencias de adaptación a las circunstancias de la época en que se publicó la primera edición —o versión—, por la fuerza de las convicciones, o por la confusión con lecturas posteriores a los hechos, se le escapan bastantes errores. Cabe suponer que para colmar algunas lagunas o extremos sobre los cuales no le llegó información directa, ha mezclado con los datos verídicos, que son los más, otros que no comprobaba con el debido rigor. Todo ello no empece que el libro sea muy interesante y fiel reflejo de hechos, personas y ambientes, de aquella etapa histórica. <<

[1] La prensa de izquierdas condenó el discurso de Calvo Sotelo y su actitud. El Heraldo decía: «Ya se ve en qué tesitura espiritual se muestran las derechas: ensoberbecidas, fieras, galleantes. A fuerza de provocaciones parlamentarias como la de ayer se hace cada vez más imperativo el densencadenamiento de la gran ofensiva republicana». La Libertad elogiaba el discurso de la Pasionaria, uno de los más violentos. En Claridad se escribe que desgraciadamente en España hay poca guerra civil y poca revolución, «en el sentido que a estas palabras atribuyen las izquierdas». Si hubiese un nuevo orden social, «las derechas no irían al Parlamento a enjuiciar al Gobierno, porque no estarían en el Parlamento». Sin reconocer —como no se reconocía entonces— el hecho fehaciente de que las izquierdas y el centro-derecha estaban equilibrados en cuanto a número de votos, como quedó demostrado en las elecciones, es imposible comprender la historia de aquel período. <<

[2] El autor de este libro tuvo noticia de estos artículos de boca del propio Miguel Maura, en conversaciones sostenidas con él muchos años después. Estudiados detenidamente resulta difícil conocer los auténticos móviles que impulsaron al político republicano conservador a escribirlos. ¿Intento utópico y desesperado, o el deseo de justificar su posición personal en momentos que le constaba eran decisivos? ¿Confiaba en que Azaña iba a escucharle y se esforzaría en llevar a la práctica el Gobierno que él promovía? Y otra interrogante que hay que plantearse: ¿resultaba viable la salvación de la democracia recurriendo temporalmente a la dictadura ejercida por republicanos demócratas? <<

[3] Primo de Rivera leyó estos artículos y redactó una contestación que envió al diario derechista Informaciones: la censura prohibió su publicación. Con fecha 28 de junio escribió una carta a Miguel Maura, fechada en la Prisión Provincial de Alicante. Le agradece algunas partes de los escritos y discrepa de otras; se expresa de manera muy amistosa y declara que son pocas las diferencias que lo separan. Termina así: «Pero ya verás; ya verás cómo la terrible incultura, o mejor aún la pereza mental de nuestro pueblo (en todas sus capas) acaba por darnos o un ensayo de bolchevismo cruel y sucio o una representación flatulenta de patriotería alicorta a cargo de algún figurón de la derecha. ¡Que Dios nos libre de lo uno y de lo otro!». Esta carta escrita en seis cuartillas manuscritas se publicó por primera vez, facsimilada, en el libro Tres días de julio. <<

[4] Sabido es que después del 20 de julio, Maura fue perseguido y que su vida peligró seriamente en aquel Madrid convulso del verano de 1936. Consiguió distribuir a su familia y él se refugió primero en casa de un amigo, Ortiz de Zugasti, en la calle de Espalter y después en casa del doctor Rueda, en la calle de Lista. Indalecio Prieto, con anuencia de Largo Caballero, se presentó en este último escondite, y con una escolta de coches del Ministerio del Aire, le acompañó personalmente hasta un campo situado en las proximidades de la carretera de Alcalá, en el cual tenía discretamente preparado un bimotor Douglas, que conduciría a Toulouse, y al exilio, al exministro republicano. Prieto quería evitar que Miguel Maura figurara entre los muertos y solo pudo conseguirlo trasladándole más allá de la frontera. <<

[5] Poco se sabe y poco se sabrá con respecto a quiénes ejecutaban, organizaban y toleraban esta batalla cruel y turbia de los atentados, que solo en pocos casos quedaba más o menos aclaradas a sus niveles más bajos gracias a la labor de policías y jueces. <<

[6] Los falangistas usaban corbata negra, pero la camisa era azul oscuro. Puede tratarse de un error del periodista, o de que los acusados no pertenecieran a FE y se vistieran a la manera de los fascistas italianos. <<

[7] No se hace, ni se pretende hacer, relación exhaustiva de los actos de violencia, que eran muy numerosos; hemos espigado noticias de la prensa a manera de muestreo. Los ataques a iglesias, edificios religiosos, imágenes o personas fueron continuos, y estos procedían siempre de la extrema izquierda. Fueron objeto de numerosas denuncias en los diarios y en el Congreso, aparte de los discursos más conocidos en los cuales se omitían detalles. <<

[8] Este es el texto de la carta:

Querido Emilio: Enterado de su noble y patriótico trabajo de organización y de unión de pareceres, tanto para la preparación del movimiento como para la estructuración del país, una vez que hayamos triunfado. Ratos desagradables son estos, pues siendo varios los que intervenimos, y más siendo españoles, es difícil el empeño de aunar, pero no imposible, dado el patriotismo de todos. Mi parecer sobre la bandera debía, por lo tanto, solucionarse, dejando a los tradicionalistas usen la antigua, o sea la española, y que aquellos cuerpos a los que hayan de incorporarse fuerzas de esta comunión no lleven ninguna. Esto de la bandera, como usted comprende, es cosa sentimental y simbólica, debido a que con ella dimos muchos nuestra sangre y envuelto en ella fue enterrado lo más florido de nuestro ejército, y se dio el caso de que en nuestra guerra civil entre carlistas y liberales, unos y otros llevaron la misma enseña. En cambio, la tricolor preside el desastre que está atravesando España. Por eso me parece bien lo que me dicen de que usted ha prometido que el primer acto de Gobierno será la sustitución de la misma.

Ya veo que hay alguno de nuestros compañeros a quienes no agrada esta solución, pero no dudo que han de convencerse, y en todo caso habrán de someterse, teniendo en cuenta esta razón y que la inmensa mayoría de los oficiales desea este cambio.

Comprendo, desde luego, que en el ejército debe buscarse el mayor número de adhesiones, pero no quiere esto decir que todos los adheridos tengan el derecho de hacer cambiar la opinión de la mayoría de nosotros, pues usted bien sabe que a alguno de ellos se les han hecho indicaciones, no porque el movimiento dejase de triunfar sin ellos, sino por presentar al ejército más unido y hasta más disciplinado dentro de sus jerarquías.

En la organización del ejército volverán los teniente generales.

El Gobierno tiene que constituirse en sentido puramente apolítico por militares y ha de procurarse que el que lo presida esté asesorado por un consejo de hombres eminentes, no pudiendo formar parte de él aquellos que no hubiesen cooperado de una manera decisiva en la acción del movimiento.

Desde luego e inmediatamente habrá que proceder a la revisión de todo cuanto se ha legislado, especialmente en materia de religión y social hasta el día, procurando volver a lo que siempre fue España.

Como ya indico antes, es necesario que cesen las actividades de los partidos políticos para que el país se encalme, tomando para desempeñar los cargos a aquellos señores que sean idóneos y patriotas.

Ir a la estructuración del país, desechando el actual sistema liberal y parlamentario, que es en definitiva el que ha llevado a la patria, como a otros países, a los trastornos que hoy lamentamos y tratamos de remediar, adoptando las normas que muchos de aquellos están siguiendo, para ellos modernas, pero seculares en nuestra patria.

La duración del Gabinete Militar ha de ser la necesaria hasta encauzar el país por las normas indicadas. Le reitero mi felicitación por lo bien que lleva su cometido, lo que no me extraña nada conociendo su patriotismo y su inteligencia.

Ya sabe usted que iré en cuanto me llame. Un poquito de paciencia, pues tenga la seguridad de que el triunfo será nuestro. Comprendo que no desarrollo toda una política a seguir, pero sí creo que son puntales muy fundamentales para la dirección de ella el día de mañana.

Parecido a esto escribo al amigo Fal, esperando lleguen a un acuerdo tan necesario y que no debe demorarse.

Un fuerte abrazo.

JOSÉ SANJURJO (Rubricado).

Me permito recomendar la lectura atenta de esta carta cuyas directrices Mola se vería obligado, contra su voluntad, a aceptar. La promesa de restablecer el grado de teniente general ahorra muchas páginas de explicaciones. <<

[9] Parece que dentro de la Falange valenciana existían disensiones y que algunos dirigentes habían visitado a Primo de Rivera en la cárcel, y que este les reprochó su desunión, que mermaba la eficacia. La respuesta fue aquel acto impolítico, una hombrada juvenil e irreflexiva, que fuera de Valencia hizo creer a algunos que estuvo movida por agentes provocadores. Se desconoce la identidad de los que participaron en el asalto, pero se sabe que fueron detenidos: José María Pérez Laborda, de quien se dijo que llevaba una pistola ametralladora; Eusebio Díaz y Juan Bautista Carles Contells. <<

[1] Que la escolta que se le puso a Calvo Sotelo, y a otros políticos de derechas, tuviera por misión vigilarlos y ayudar al asesinato de los mismos, siempre he considerado que se trata de una exageración, de una inexactitud. Causó cierta alarma entre los dirigentes de la oposición, y admito que llegara a inquietar al propio Calvo Sotelo, a quien no le faltaban motivos para desconfiar en medio de aquella situación política confusa e insegura. La importancia que se atribuye a este cambio creció después, a causa de lo que sucedió, que nada tuvo que ver con la actitud de la escolta. Si se analiza cuanto sobre este asunto se ha escrito, puede comprobarse que todo procede de la confidencia que un policía, Rodolfo Serrano de la Parte, que solo estuvo en la escolta de Calvo Sotelo durante once días, le hizo al diputado tradicionalista Joaquín Bau. He tenido la oportunidad de leer las declaraciones hechas por este agente, una vez terminada la guerra, en septiembre de 1939. Era natural de La Coruña y en 1936 tenía cuarenta y siete años y prestaba servicio en la Comisaría del Hospicio de Madrid. Un compañero suyo, llamado José Garriga Pate, le propuso entrar a formar parte de la escolta de Calvo Sotelo, a lo cual él accedió. Días después —declara— fueron requeridos a presentarse en la DGS ante un tal Aguirre, al parecer jefe de personal (debe ser Lorenzo Aguirre Sánchez), quien dijo que les hablaba en nombre del director general. Este funcionario —siempre según la declaración de Serrano— les informó de «que su misión cerca del señor Calvo Sotelo no era de protección, sino de espionaje, debiendo dar cuenta diaria y minuciosa de las gentes con quien tratara». Dos o tres días más adelante fueron de nuevo convocados por Aguirre, y «después de tratar inútilmente de pasarles a presencia del director, les hizo saber en su nombre que, de ocurrir un atentado contra el señor Calvo Sotelo debían, si sucedía en sitio céntrico, simular una protección, pero, en realidad, de abstenerse de ayudar en nada, y si era en descampado, no solo de defenderle, sino rematarle o asesinarle caso de que la agresión fracasara». El mismo Serrano gestionó su traslado, no fue, pues, trasladado por orden superior, como se ha escrito.

Hay en el sumario una declaración de este Aguirre, que estaba encarcelado, que niegan las afirmaciones de Serrano de la Parte. Lo mismo ocurre en el careo con el agente Garriga Pate, igualmente en prisión después de la guerra. Acepta Garriga que pudiera ser verdad que se ejerciera sobre las actividades políticas una discreta vigilancia, pero no que se les mandara hacer la vista gorda en caso de ataque, y mucho menos ayudar a un crimen. Como era de suponer, nada se aclaró en los careos; cada cual mantuvo sus declaraciones anteriores. Parece imposible que se dieran semejantes órdenes a agentes de policía tanto más que era impensable que se mantuvieran secretas. Nadie podía suponer que todos los agentes fueran unos asesinos potenciales ni que aceptaran misiones tan contrarias a su deber y a la ética más elemental. Hay que considerar dos puntos: que la escolta de Calvo Sotelo no intervino, ni activa ni pasivamente, en su asesinato, ni se ha establecido la más remota relación entre quienes la ejercieron en los últimos períodos y el hecho: y que ni un solo personaje público sufrió atentado mientras iba escoltado. La única salvedad es Jiménez de Asúa, cuyo agente de escolta murió; pero Jiménez de Asúa era socialista y los que dispararon miembros de FE. En estos días no se habían efectuado atentados contra personas relevantes de la derecha; sí contra Largo Caballero, Eduardo Ortega y Gasset y el ya citado Jiménez de Asúa. <<

[2] Acababa de crearse una sección dentro de la guardia de Asalto que se llamaba de Vigilancias Políticas. Guardias vestidos de paisano estaban empezando a cuidarse de los servicios de vigilancia de los políticos que la necesitaban o requerían. Esta sección funcionaba en la comisaría de Leganitos y la dirigía el comisario Cristino Jalón. José del Rey, encargado de la vigilancia de Margarita Nelken, pertenecía a este nuevo servicio. <<

[3] Contrariamente a lo que después, con evidente malevolencia, escribieron algunos autores, esta recepción y cena de gala en la embajada de Brasil se celebró durante la noche del sábado al domingo, como he podido comprobar en distintos periódicos correspondientes al 12 de julio. Es, pues, fantasía que a Casares Quiroga le llamaran varias veces al teléfono, y en caso de que le llamaran, ninguna relación con la muerte de Calvo Sotelo puede establecerse. <<

[4] En todos los periódicos se situaba este desplazamiento a Galapagar el domingo día 12, y la misma fecha ha sido recogida en algunos libros. Me atengo a las noticias facilitadas directamente por la familia. <<

[5] Estas frases han cobrado importancia trágica a causa de la muerte; de otra manera hubieran ido olvidándose entre las anécdotas familiares. <<

[6] Ortiz de Zárate había estado destinado en la Legión. Se distinguió por su energía contrarrevolucionaria durante los sucesos de octubre en Vizcaya. En junio de 1936 se había entrevistado con el general Mola en Logroño con fines conspiratorios. <<

[7] Andrés Amado, en declaraciones a los periódicos en los días siguientes a los hechos, y más adelante en Burgos, afirmaba que él estuvo la tarde del domingo en casa de Calvo Sotelo, en compañía de Salgado Biempica y Modesto Fernández Román. Y en Burgos, añadía: «La conversación versó principalmente acerca del Movimiento Nacional, por cuyo triunfo trabajaba sin cesar el señor Calvo Sotelo». <<

[8] En El País Semanal correspondiente al domingo 23 de enero de 1977 se publicaba una entrevista con Consuelo Morales hecha por el periodista Ricardo Cid Cañaveral. De lo que cuenta la viuda del teniente Castillo hemos sacado datos que figuran en esta página, y en particular lo que los esposos hicieron aquel domingo en el cual el teniente Castillo iba a caer víctima de un atentado, quizá de rutina, que desencadenaría consecuencias inesperadas. Leyendo la entrevista, queda de manifiesto que Consuelo Morales es uno de esos muchos personajes patéticos, triturados por la guerra, hoy resignada, domesticada, como ella misma dice, que han permanecido apartados y que, mientras unos los perseguían, los otros los marginaban. <<

[9] Las fotografías más conocidas o difundidas del teniente José Castillo —o del Castillo, como escriben algunos— provienen de la que publicó Ahora el 14 de julio, y ocupaba la mitad de la primera página y la otra mitad por la de Calvo Sotelo; resultarían desconcertantes, pues mejor que a un militar y militante enérgico, que no cabe duda que lo era, parecen de un profesor o funcionario de mirada lúcida y voluntariosa. Existen, y han sido también publicadas, otras fotografías que revelan aspectos distintos de su carácter. <<

[10] Yo mismo, inducido por otros autores, caí en el error (en Cara y cruz de la República) de creer que Luis Llaguno había muerto durante el entierro del alférez Reyes; aprovecho la ocasión para rectificarlo. Al no dar con este nombre al repasar la prensa del siguiente día, hice más averiguaciones que me han llevado a la conclusión de que Luis Llaguno fue gravemente herido, pero no falleció y, según parece, vive todavía. Ignoro los motivos por los cuales su nombre tampoco fue publicado entre los heridos. <<

[11] La versión y los detalles de la muerte del teniente Castillo están casi en su totalidad entresacados de lo que entonces se publicó en la prensa; hemos consultado varios diarios de Madrid y Barcelona y coinciden plenamente. En algún diario barcelonés aparecen errores: que hicieron fuego desde un coche que circulaba por Ja calle de Fuencarral, que cuando Castillo acudió le dispararon… Pero a continuación se dan las versiones que hemos de suponer son las auténticas. También hay vacilaciones sobre el nombre del testigo: Fernando Cruz, Fernán Cruz y Fernández Cruz.

Sobre quién mató a Castillo ha corrido bastante tinta. La identidad de los agresores no está, que yo sepa, públicamente aclarada. Perpetrado por la derecha, formaba parte de una cadena de atentados y represalias. Instructor de las milicias socialistas, afiliado a la UMRA y masón, aunque esto último quizá no significa gran cosa, El Socialista dice de él, «militar probado por razones que nosotros conocemos mejor que nadie en su adhesión al régimen republicano». ¿Cuáles eran esas razones? ¿Las que hemos anotado o alguna más? Se ha escrito que los ejecutores fueron falangistas, pero no faltan quienes lo atribuyen a la UME. Un militar sevillano se trasladó en esos días a Madrid; estaba afiliado a FE y bien podía estarlo, al tiempo, a la UME. Me refiero a la misma persona a la cual se refería, sin nombrarla, un trabajo cuya primera parte se publicó en la revista Nueva Historia de marzo de 1977, y que luego quedó suspendido, sin continuación. Alcázar de Velasco ha escrito sobre aquel lamentable hecho; da nombres de quienes se habían propuesto matar a Castillo, y explica cómo fracasó otro atentado anterior y deja entender que conocía a los autores materiales que dice que fueron paseados al comenzar la guerra. También afirma que los «proyectos eliminatorios» del teniente Castillo comprendían un centenar de falangistas, número que parece extraordinariamente exagerado. Después del 20 de julio pasaron muchas cosas, pero Castillo ya no vivía entonces y las circunstancias eran distintas. Además de los periódicos de la época, hemos leído —o repasado— numerosos libros y trabajos que tratan del asunto, incluso un panfleto editado en Burgos durante la guerra en el cual se atribuye el atentado contra Castillo al capitán Condés y a otros oficiales de Asalto y pistoleros, a causa de que aquel, después de haberse prometido a matar a Calvo Sotelo, se negó a llevarlo, a cabo por escrúpulos de conciencia. Esto parece pura y malévola fantasía o deliberada tergiversación histórica. <<

[12] En declaración fechada el 9 de agosto de 1939, uno que era entonces teniente de Seguridad y estaba destinado en la 9.ª compañía, añade algunos nombres: él mismo y su capitán, Eduardo Serna Larios, que fueron comisionados por Sánchez Plaza para trasladarse a la funeraria y encargar el féretro, el capitán de Seguridad, Ángel Ramírez Rull, el del 1.er escuadrón, Moisés Crespo, el de la 4.ª compañía de Asalto, Demetrio Fontán Cadarso, el del Parque de Asalto, Manuel Moloix, el de la 6.ª compañía, Eduardo Cuevas, y el teniente de la l.ª compañía de Seguridad, Miguel de la Fuente. Cita, además, a los que ya figuran en el texto y coincide en esencia con lo relatado en cuanto a gritos, nerviosismo, y el incidente de Barbeta. <<

[13] Heraldo de Madrid. <<

[14] José Alonso Mallol tenía entonces cincuenta y un años y procedía del radical-socialismo, republicano de izquierdas de igual tendencia que Carlos Esplá, entonces subsecretario de la Presidencia, y que otros políticos alicantinos. Durante el primer bienio había ocupado los cargos de gobernador de Sevilla y Oviedo. Era masón, de la logia de Alicante y respondía al nombre simbólico de Rizal. Había sucedido en la DGS al capitán de la Guardia Civil Vicente de Santiago Hudson, nombrado por Portela Valladares, y también masón. Aunque es posible que la influencia de la masonería se ha exagerado, no deja de ser interesante la observación que hace Vidarte de que las elecciones republicanas estuvieron dirigidas por un Gobierno presidido por un masón del más alto rango de la orden: Martínez Barrio primero y Portela después. Asimismo era elevado el porcentaje de masones que se reunieron alrededor de los restos de Castillo: Burillos Sánchez Plaza, León Lupión «y gran número de capitanes y tenientes pertenecientes a este cuerpo». La actuación de Alonso Mallol en la noche del domingo al lunes ha sido muy discutida: algunos le consideran cómplice, pero no conozco ninguna prueba seria que lo demuestre. Pudo adoptar, en cambio, una actitud un tanto inhibitoria ante hechos ilegales que debía haber supuesto iban a producirse, aunque quizá ignorara contra quién, o contra quiénes, iban dirigidos. <<

[15] Su verdadero nombre de pila era Luis; su segundo apellido, Estevas. Victoriano debía ser su nombre de guerra. Había estudiado bachillerato y hecho oposiciones, que no ganó, al cuerpo de Aduanas. Esta dualidad de nombres para una misma persona ha dado lugar a confusiones. <<

[16] Se ha escrito que los ficheros le fueron entregados a Burillo y a los oficiales que le acompañaban por el ministro Moles, o por orden suya, y en este sentido declaran en la Causa General algunos funcionarios. Cuenta Manuel Tagüeña que Ordóñez se había apoderado de unos ficheros de FE, que fueron sustraídos durante una mudanza, y que aquella noche él fue a buscarlos acompañado por un oficial que no nombra. Parece mucha coincidencia que se manejaran dos ficheros distintos. Hay autores que, por su parte, afirman que Moles, ante la actitud levantisca de quienes les visitaron, los reprendió y les dijo que se constituyeran arrestados en el cuartel. Ni le hicieron caso, si la cosa es cierta, ni se ocupó de comprobar si era obedecido. No me parece que este asunto esté aclarado como para hacer afirmaciones rotundas. <<

[17] González Gil, que padecía asma, después del asalto al cuartel de la Montaña, formará una columna —Batallón Octubre— a base de los obreros de los talleres aeronáuticos de la Maestranza de Aviación. En Navacerrada se incorporó con sus hombres al grupo de Asalto que mandaba Burillo. Muere en la Sierra el 25 de julio. Al frente del batallón le sucede Fernando de Rosa. Tagüeña le llama Pedro, en vez de Andrés, pero parece la misma persona. En el momento que nos ocupa se le señala como jefe máximo de las milicias. <<

[18] De nuevo recurrimos a Tagüeña. Cuenta que aquella noche él trabajó en una pequeña oficina del cuartel con el capitán de la 4.ª compañía Demetrio Fontán, seleccionando nombres de las listas que guardaba Ordóñez. Como curiosidad consignamos que elegía a quienes voluntariamente cotizaban más alto, y a quienes figuraban como obreros porque sospechaban que estos últimos pudieran ser pistoleros profesionales. <<

[19] Estos nombres son los que parecen más seguros, pero es evidente que iban más guardias y, probablemente paisanos, en la camioneta. Distintos autores añaden otros nombres y lo mismo ocurre con los guardias presos después de la guerra en sus declaraciones. Algunos nombres, como Julio Robles y Antonio Herencia, que recoge La Cruzada procedentes de la versión de Manuel D. Benavides, pueden desecharse. Los más comprometidos, después, trataban de aminorar o rehuir las acusaciones que se les hacían, para lo cual daban nombres de personas que sabían fallecidas o a salvo en el extranjero, posiblemente inventaran algún apellido y se escudaban tras la falta de memoria. Existen coincidencias en varios nombres: Amalio Martínez Cano, Enrique Robles Rechina, Sergio García, Ismael Bueso Vela, Godofredo Labarga Caballero, Esteban Seco Alonso, Ángel Casas Cuevas, Tomás Perea, San Miguel (o San Andrés), José Suárez… Dejamos constancia de estos porque todos han aparecido escritos en libros o documentos. <<

[20] Del Rey, en sus declaraciones posteriores, negó siempre haber subido al domicilio de Calvo Sotelo y ser uno de los dirigentes de la expedición. En un libro titulado Tempestad al amanecer, de E. Méndez Luengo, se cita a un teniente Martino, del cual no he hallado otro antecedente. <<

[21] Cuanto queda escrito y se refiere a lo que ocurrió en el interior del domicilio de Calvo Sotelo, está de acuerdo con el testimonio pormenorizado que me han facilitado los hijos, a quienes desde aquí deseo mostrar mi más vivo agradecimiento, y en particular a Enriqueta, que ha servido de portavoz. He compulsado la extensa relación con lo que fue publicado en la prensa de entonces y en libros posteriores; las fuentes necesariamente tienen que ser las mismas, la esposa y el servicio. Las variantes que he observado son escasas y carentes de relevancia. Debo hacer constar que en el testimonio, que se me ha dado por escrito, existe algo que no he recogido en el texto; que entre los que subieron y entraron en la casa se encontrara el teniente Máximo Moreno. Esta exclusión no significa que niegue rotundamente su presencia, pero sí que no he hallado confirmación; todas las versiones que conozco, salvo la biografía de Aurelio Joaniquet, publicada en 1939, que relata estos hechos de manera muy semejante a la versión que he utilizado, están de acuerdo en que Máximo Moreno no formó parte de aquella triste expedición, y sí le señalan y destacan como uno de los organizadores. La desesperada situación en que tuvo que quedar la esposa, igual que en distintas medidas Renée Pelus y la servidumbre, seria suficiente motivo para justificar cualquier error frente a una posible identificación posterior por fotografías. En el sumario, ninguno de los declarantes confiesa haber entrado en el domicilio de Calvo Sotelo, ni siquiera Del Rey, que parece que lo hizo. Pero las noticias que nos han llegado, tampoco cabe suponer que en las primeras declaraciones sumariales, que fueron sustraídas, alguien explicara lo que ocurrió en el hogar de la víctima. <<

[22] Del Rey negará que ocupara aquella posición, que, tratándose de un simple guardia, le destaca como a quien representaba un papel importante en aquellos actos. Igualmente niega que, después de oír los disparos, cambiara una mirada de inteligencia con Condés, que se interpretaba como que ellos sabían Jo que iba a ocurrir. Atribuye toda la responsabilidad a un muerto: Cuenca. No consta en los documentos examinados, pero creo que Del Rey fue fusilado. <<

[23] En algunas obras se dice que la orden que dio Condés al arrancar, fue «¡A la Dirección de Seguridad!», y el conductor, Orencio Bayo, así lo declara, si bien a continuación cuenta, que cuando él le interrogó sobre si lo que acababa de oír era un disparo (iban junto al motor), Condés le respondió que no era nada y le mandó dirigirse al cementerio. Sin entrar en que sea verdad o no que diera orden de dirigirse a la DGS, pues Calvo Sotelo, todavía vivo, le escuchaba, hay motivos para dudar que la intención fuera de dirigirse a la calle de Víctor Hugo. Condés sabía que la detención de un diputado era ilegal y que carecía de orden de hacerla. Si entregaba a Calvo Sotelo en la Dirección de Seguridad, se verían obligados a soltarle inmediatamente y de sancionarle a él por no corresponderle aquel servicio, por llevar milicianos armados en un coche oficial, por el hecho de detener a un diputado. Que su intención no era conducirle a la DGS lo confirma el haber impedido al líder monárquico comunicar con ese organismo, llegando a inutilizar el aparato. Tampoco resulta fácil creer que un capitán de la Guardia Civil hubiese tolerado, sin hacer siquiera comentarios, que un pistolero matara a una persona que él llevaba detenida, incluso secuestrada ilegalmente. Es igualmente increíble que Alonso Mallol autorizara que en la propia DGS se tuviese oculto —secuestrado— a una persona de relieve como lo era el jefe de la minoría parlamentaria monárquica. A Orencio Bayo le favorecía declarar que él daba por cierto que a donde iban era a la DGS. En cambio, José del Rey declara que la orden de Condés fue «¡A Pontejos!». Escriben algunos autores —ignoro con qué fundamento— que las últimas palabras que pronunció Calvo Sotelo, ya subido al vehículo, creyendo que a donde le llevaban era a la DGS, aunque no sin un fondo de desconfianza, fueron: «Vamos a ver qué quieren esos señores».

Condés conocía a Cuenca, y no se opuso a que este se colocara detrás de Calvo Sotelo, en el supuesto de que no estuviera convenido de antemano. <<

[24] En las declaraciones posteriores, alguno de los detenidos dice que fue primero un solo disparo en la nuca, y que el segundo fue hecho cuando la víctima se hallaba ya caído. Del detalladísimo informe del doctor Piga y del certificado de autopsia parece deducirse que los disparos fueron casi simultáneos y la fotografía muestra los orificios muy próximos entre sí. <<

[25] Aquí vuelve a plantearse la cuestión del teniente Moreno. Me guío por numerosos testimonios escritos, incluyendo los del sumario reconstruido. Este coche, ocupado por oficiales, ¿fue con objeto de cubrir la «operación» por si surgía algún imprevisto? ¿O se trata del vehículo que había ido a buscar a Gil Robles a su casa, y al no hallarle se dirigió a comprobar que el secuestro y muerte de Calvo Sotelo se habían cumplido? Uno de los guardias de la 2.ª compañía, precisamente de la sección que mandaba Castillo, y que parece haber reingresado en el cuerpo, puesto que figura como policía armada, declara, meses después de terminada la guerra, que este coche ligero salió de Pontejos unos diez minutos después que la camioneta 17, y que él oyó cómo el teniente Máximo Moreno (también iba en este vehículo el capitán Antonio Moreno Navarro), gritaba al conductor: «¡Písale [el acelerador], que ya hace un rato que la camioneta ha salido y no le vamos a dar alcance!», lo cual parece abonar la primera de las hipótesis. Sin embargo, lo escrito por Gil Robles es una afirmación rotunda, y dice que el coche con Máximo Moreno y «algunos activistas y guardias de Asalto» —no cita a otros oficiales, y en aquellos Fiat ligeros no cabían más de cinco personas—, después de dar unas vueltas por Madrid con el fin de despistar a un posible seguidor, fueron a buscarle a su casa y preguntaron a los guardias que, como en la de Calvo Sotelo, vigilaban el portal, y al enterarse de que estaba ausente, fueron a buscarle al local de Acción Popular; que solo entonces se convencieron de que no se hallaba en Madrid, y que Moreno decidió unirse a los que habían ido a casa de Calvo Sotelo. En relación con lo sucedido aquella noche, se le deslizan algunos errores, y asimismo aventura suposiciones no confirmada por pruebas convincentes. <<

[26] Gil Robles y otros autores creen que los organizadores del secuestro y eliminación de Calvo Sotelo contaban con la complicidad de los sepultureros para que enterraran clandestinamente el cadáver (unos dicen en la fosa común y otros en un nicho), y añaden que, por haberse emborrachado los comprometidos, tuvieron que relevarlos. En el sumario no he hallado datos, ni siquiera indicios que lo confirmen. Tampoco parece posible que entre el asesinato de Castillo, la decisión de matar a Calvo Sotelo y la hora en que llevaron los restos al cementerio, hubiese tiempo para urdir el plan, conseguir la complicidad, que los sepultureros se emborracharan, de relevarlos, etc. Es posible que al decir esto, pretenda demostrarse que el asesinato estaba premeditado desde días atrás. <<

[27] No se trata de una invención: la bolita de papel manchado fue hallada, y la sangre se analizó. <<

[28] Solo he tenido ocasión de hablar, a lo largo del tiempo, con una de las personas que ocuparon la camioneta: estaba entre los que quedaron en la calle vigilando. Al disponerme a escribir este libro, he hecho gestiones para localizar a otro de los ocupantes que vive en América; no lo he conseguido. Hace años me llegó noticia de que uno de los guardias que iban de uniforme habitaba en Barcelona y averigüé quién podía presentármelo; andaba entonces metido en demasiados trabajos y dejé pasar la ocasión. La persona que, recomendada por otra, tenía que presentarme a aquel guardia, por motivos económicos, se halla hoy en paradero desconocido. Ni siquiera sé el nombre de aquel guardia que tal vez ya no esté siquiera en Barcelona. En todo lo que queda escrito me he guiado principalmente por la abundante bibliografía que existe sobre el hecho y por periódicos de distintas tendencias, tanto de Madrid como de Barcelona, y en pequeña medida, de provincias, los principales son: El Socialista, Ya, Claridad, Heraldo de Madrid, Informaciones, La Vanguardia, Solidaridad Obrera, El Mati, Última Hora, Noticiero Universal, El Diluvio, Día Gráfico, L'Humanitat… Un pormenorizado análisis de las noticias que se publican, interpretando, antes de rechazarlas, muchas inexactitudes, siguiendo el hilo de diferentes versiones y sacando consecuencias que una vez dominado el tema no son difíciles, puede aproximar a la verdad con escaso margen de error. Las declaraciones que se incluyen en la llamada Causa General han de ser cautamente valoradas, en atención a las circunstancias extremas en que fueron hechas; contienen valiosos datos. Hasta la grafía de las firmas merece atención. Numerosos testimonios orales o escritos recogidos, cotejados y valorados, que añaden detalles complementarios, han venido a orientar, enriquecer o servir de comprobación a lo publicado en letras de molde. <<

[29] En algunos periódicos se dijo que Martínez Barrio dormía en una finca de la provincia de Valencia próxima a la de Cuenca; en otros, que cuando le telefonearon estaba en camino de regreso. Igualmente se dijo que el conde de Vallellano despertó al gobernador de Valencia para que localizara al presidente de las Cortes, y aún se han escrito otras versiones. Lo comprobado es que Diego Martínez Barrio se puso en movimiento bastante temprano y que desarrolló mucha actividad; y que la noticia le conmovió. En publicaciones partidistas antiguas se consideraba que la compunción era hipócrita; nada autoriza a sospechar que así fuera. Al margen de consideraciones de orden ético y personal, Calvo Sotelo era un diputado y aquel hecho brutal le afectaba a Martínez Barrio como presidente que era de las Cortes. <<

[30] Creemos que el nombre correcto de este juez es el que utilizamos: Ursicino Gómez Carbajo. En los periódicos de la época y en publicaciones posteriores se le llama también Pérez Carbajo, y hasta Pérez Carbajosa. Arrarás, bastante cuidadoso con los nombres, en el índice onomástico de Historia de la Segunda República Española, le hace figurar con dos apellidos distintos, Gómez y Pérez. <<

[31] Orencio Bayo negó con insistencia haber conducido la camioneta durante la noche del domingo al lunes, y siguió negándolo, a pesar de haber sido reconocido por los guardias de la puerta del domicilio de la víctima, por el portero, la institutriz y el joven Francisco Sánchez. Explica él años después que, cuando hubo lavado por segunda vez las manchas de la camioneta, y hacia las seis o seis y media de la mañana, se presentó en el despacho del comandante Burillo, que «le desarmó». Que Burillo se hallaba en compañía del teniente Barbeta, que en ese momento escribía a máquina. Le preguntó Burillo si la noche anterior había prestado algún servicio y él contó lo ocurrido, a pesar de que el teniente Barbeta le hacía señas de que contestara negativamente. En tono amenazador Burillo le gritó que aquello no debía decirse, e inmediatamente redactaron una declaración haciendo constar que durmió desde las once de la noche hasta las seis de la mañana; y él la firmó. Al ser, algo más tarde, convocado en la DGS por el comisario Aparicio, por el temor que le inspiraba la advertencia de Burillo, que era su jefe, insistió en declarar que no prestó ningún servicio. Y lo mismo iba a manifestar ante el juzgado. Y siguió negando en los careos.

Lo que cuenta el chófer puede ser cierto, y coincide con la amenaza que también se afirma que fue formulada por Del Rey al abandonar el cementerio (que quien dijera algo moriría como un perro, o, más desagradable aún, «como ese perro»): sin embargo, podría ser un medio de autoprotegerse contra eventuales responsabilidades propias, tanto cuando se instruía el primitivo sumario, como, con mucho mayor motivo, en la Causa General. <<

[32] Que quienes abandonaron el cadáver dijeron que se trataba de un sereno se publicó en algunos diarios y después ha sido recogido en libros. Habrá que atribuirlo a la confusión del momento, lo mismo que la muerte se achacaba a un incidente con un sereno. Las ropas del difunto, como también el sombrero flexible, no se prestaban a equívocos; los serenos usaban modesta gorra de plato y un guardapolvos basto de color gris. Tampoco la condición de sereno se cita en la declaración de los guardianes nocturnos del cementerio. <<

[33] La primera identificación de los restos mortales, tanto en la prensa como en los libros, es atribuida a distintas personas en exclusiva, y es imposible que así sucediera. En un corto espacio de tiempo fueron varios quienes identificaron el cadáver y quizá unos ignoraban que lo acababan de hacer otros. Entre la sospecha y la incertidumbre existen matices a considerar. El periodista Santos Alcocer, de la redacción de Ya, en un libro que publicó hace unos años, relata que fue el primero que de manera clandestina y en circunstancias novelescas descubrió el cadáver y lo identificó. Las fotografías que hizo el reportero gráfico Santos Yubero no aparecieron publicadas y se perdieron en posterior registro. Sin negar, por supuesto, la veracidad de los hechos que explica Santos Alcocer, al no haberme sido posible comprobarlos, ni hallar otro testimonio que los acredite tal como él los narra, he preferido no incorporarlos al texto; dejo constancia en esta nota. <<

[34] He leído varias veces las páginas que Zugazagoitia dedica a este asunto. Parece que quiere dar a entender que quien le visitó fue el capitán Condés, y así lo han interpretado algunos. Personalmente creo que no le visitó. Puede referirse a Cuenca, puesto que dice que días después moriría en la Sierra; también podría referirse al teniente Máximo Moreno, incluso a Arturo González Gil, que no participó, pero que morirían a los pocos días. Pero igualmente a cualquiera de los activistas, y no ser cierto lo de que muriera. En su relato hay algunos errores: a las ocho de la mañana no se había descubierto el cadáver en el cementerio; Condés acababa de ascender a capitán, no era, pues, comandante; tampoco, cuando entró en casa de Calvo Sotelo, vestía uniforme. <<

[35] En estas páginas y en las siguientes continúo utilizando principalmente las mismas fuentes a que me refiero en distintas notas y en particular en la 28, procurando armonizar las contradicciones que existen entre quienes escriben sobre las gestiones que se hicieron ante las autoridades. Resulta difícil, guiándose por noticias de prensa, libros de memorias y otros testimonios personales, establecer el orden exacto de esas diligencias y la identidad de todas las personas que intervinieron en cada una de ellas; nada esencial se modifica, sin embargo, y, de haber algún error, no sería importante. Los testigos difieren en cosas de poca monta. Sobre lo que ocurre en el domicilio de Calvo Sotelo sigue privando el testimonio de la familia. Basándome en las declaraciones judiciales, en lo que han publicado algunos autores (dando preferencia a los que estuvieron presentes), en libros y trabajos de distinto signo, reconstruyo lo que ocurrió en Pontejos después de regresar la camioneta. El juez Gómez Carbajo depuso, en 1938, ante quienes reconstruían lo sucedido; sus declaraciones coinciden con lo publicado en la prensa. El certificado de autopsia y la ampliación posterior del doctor Piga, con el complemento de las fotografías que se hicieron del cadáver, parecen documentos irrefutables. Se han utilizado para precisar algunos detalles. Los testimonios personales de quienes estuvieron próximos a los hechos han servido para ampliar detalles y cotejar otros testimonios. <<

[36] Alude el juez a un tercer oficial y cuyo nombre no recuerda y que pudiera ser el teniente León Lupión. <<

[37] El máximo absurdo corresponde al diario republicano de centro, La Noche, del lunes 13 también. Entre titulares censurados, queda uno de menor tamaño e importancia que da cuenta de la muerte —«fue matado»— del teniente Castillo; sin embargo, dentro, entre grandes espacios en blanco, aparece una fotografía de Calvo Sotelo. En otras páginas se da cuenta del nombramiento de dos jueces especiales para «investigar los antecedentes de las muertes del teniente Castillo y de Calvo Sotelo». En varios puntos hay referencias a un hecho cuya noticia ha sido suprimida. Al día siguiente, con grandes titulares que ocupan media página, se protesta contra la censura. <<

[38] Cuando se trata de saber, comprender o explicar lo que hizo o dejó de hacer Franco en una situación histórica determinada, se tropieza con no pocos inconvenientes, y que los testimonios reunidos no concuerdan. Acomodar los hechos a lo que el adulador o el denostador de turno pretenden demostrar, sumar alabanzas o acumular injurias con desprecio de la verdad, o dejarse arrebatar por la ciega admiración o el odio encegador, son las actitudes más corrientes; en otros casos intervienen la cautela, la pereza, o una interpretación personal a la cual los acontecimientos tenían que adaptarse. Esta última vacilación de Francisco Franco, postrer resistencia a sumarse a la rebelión, no por estar en desacuerdo con lo que pretende, sino por considerar que aún no se ha alcanzado la plena madurez conspirativa y no se dan las circunstancias indispensables para que la sublevación comience en las mejores condiciones, era desconocida o silenciada en las historias franquistas hasta hace pocos años. De este telegrama en clave, «Geografía poco extensa», no hace mucho que se habla y se le atribuye un significado concreto. Nada decía La Cruzada, tampoco Iribarren, ni Fernández Cordón; en cuanto a Maiz, en su primera obra (1952), relata el episodio, pero no cita el texto del telegrama ni, por supuesto, nombra a Franco. La escena queda confusa, aunque cabe deducir que ha surgido una contrariedad grave, que alguien propone una demora, y que eso Je irrita y hace exclamar a Mola: «No son posibles nuevos aplazamientos; nunca llegaría el momento oportuno». En su nueva versión, la de Planeta (1976), y entretanto Franco ha muerto, Maiz se muestra muchos más explícito. También Kindelán afirma la existencia de ese telegrama que pasó por sus manos en Madrid, y Ramón Serrano Suñer, además de escribir sobre el episodio, lo amplió de palabra en conversación con el autor de este libro, resaltando la influencia que ejerció la muerte de Calvo Sotelo sobre la decisión de Franco. Después de haber estudiado este asunto me decido, por creerlo ajustado a verdad, a relatarlo tal como lo hago en el texto. De no producirse el atentado, no sabemos cómo Franco hubiese reaccionado si Mola se decidía a sublevarse y Sanjurjo se trasladaba a Marruecos; probablemente se hubiera incorporado al movimiento.

El hecho de que el Dragon Rapide estuviera en vuelo, no significa que Franco estuviera decidido. Es creencia común que la conspiración era algo bien estructurado, y no fue así. Basta pensar en las muchas personas que intervenían, en las distancias geográficas, en Ja vigilancia a que estaban, o creían estar, sometidos, en la desconexión entre unos grupos y otros de los que cooperaban. El avión había recibido orden de esperar hasta el final de julio si no se presentaba antes el enlace de Canarias. El envío del avión por parte del grupo monárquico, con Mola al fondo, podía tener por objeto forzar a Franco al ofrecerle facilidades. Las noticias que conocían en Canarias de la llegada de un avión eran tan imprecisas, que el general Orgaz gestionó, cerca del representante de la Lufthansa, la posibilidad de fletar un aparato de linea; no lo consiguió. El l3 de julio, la conspiración está muy avanzada, a punto de estallar el movimiento rebelde, pero la conmoción que produce la muerte de Calvo Sotelo ejerce definitiva influencia en la fijación final de la fecha, en decidir a vacilantes, y en los acontecimientos posteriores. <<

[39] No se conoce con certeza de quién parte la iniciativa. March pone el dinero y los monárquicos la organización. Hay que suponer que fue de Mola. <<

[40] Este emisario no llegó nunca ni hay noticia de quién podía ser, ya que nadie ha reivindicado, para sí, haber tenido reservado ese papel. <<

[41] Ramiro Ledesma Ramos. Biografía política, de José María Sánchez Diana. <<

[42] La Época, que como consecuencia de su actitud fue suspendida indefinidamente, se publicaba desde el 1 de abril de 1849. Su director y propietario, José Ignacio Escobar, marqués de las Marismas, era íntimo amigo de Calvo Sotelo, y políticamente estaban identificados. Dada la situación, y no sintiéndose en seguridad, aquella misma noche se instaló en otro domicilio. <<

[43] Dolores Ibárruri añade los nombres de José Díaz, José Cazorla, Lamoneda, Cruz Salido, De Gracia, Albar y Bugeda, como que formaron parte con los demás de una reunión previa. Sitúa todo ello, con manifiesto error, antes de la muerte de Calvo Sotelo o de que el hecho se conociera. <<

[1] La prensa de izquierda se mostraba acusadora y agresiva: seguimos con citas de aquellos periódicos: «Sepamos de una vez quiénes fomentan atentados y qué oscura finalidad anhelan». (El Socialista). «Aquí hay un sector social que vive latente la rebeldía, aguardando la ocasión para dar un asalto al poder», y reconoce que aún tienen fuerza porque le quedan algunas raíces dentro del Estado y dispone de cuantiosos medios económicos. Y dice que los exaltados, que aplican la ley del talión, «contribuyen a facilitar banderas a los enemigos del régimen, que, sin cesar en su táctica de error, se presentan como víctimas de la persecución que no existe». Estos comentarios los publica el mismo día Política. Y, «No aceptamos la violencia, pero tampoco toleramos que se cometan asesinatos del pueblo, ahogándole en oleadas de tiranía y miseria (…). El pueblo español arrastra una agonía de cerca de un siglo». (La Libertad). <<

[2] Debieron ser más los políticos derechistas que asistieron al entierro, pero sus nombres no los hemos hallado en las referencias periodísticas ni hemos creído necesario empeñarnos en su busca. Es posible también que asistieran más militares. No figura en las listas Joaquín Bau, amigo y vecino del muerto y de su familia, que la noche del suceso no se hallaba en su domicilio por haber marchado de veraneo. Hay que creer que tan pronto como supo la muerte regresara a Madrid. En Solidaridad Obrera del 15 de julio se publica esta gacetilla con el título «La muerte le cogió confesado»: «El diputado señor Bau, amigo íntimo del señor Calvo Sotelo, ha manifestado a los periodistas que un día de la semana pasada habían salido ambos del Congreso para confesarse con una iglesia próxima…». No se añade ningún comentario mordaz o irreverente. <<

[3] Es curioso lo que José María de Areilza relata en su libro Así los he visto, y es que el 12 de julio, domingo, Lequerica telefoneó desde Madrid a Areilza, citándole para el día siguiente a las diez de la mañana; iba a viajar desde la capital a Bilbao en el tren de la noche. Ambos vivían en Algorta en casas muy próximas entre sí. Cuando a las diez Areilza le visitó, halló a Lequerica muy impresionado; durmiendo en el coche-cama le había asaltado una pesadilla: «Lo tremendo del caso es que he visto a Calvo Sotelo, moribundo, que me hablaba en términos ininteligibles como de hombre que agoniza. Era una sensación tan vívida, que me inundó un sudor frío, angustioso, que me duraba al despertar…». A la hora del almuerzo, Jorge Vigón llamaba desde Madrid a Areilza para darle cuenta de que habían matado a Calvo Sotelo. <<

[4] Resulta difícil precisar el número de muertos y heridos de aquella tarde; los periódicos y otros testimonios proporcionan cifras distintas. Santos Alcocer, que era periodista de los diarios de Editorial Católica, presenció los hechos, y, en cuanto a averiguar el número de víctimas, tuvo mejor acceso a informaciones que otros contemporáneos; sin embargo, no puede descartarse que su condición derechista le incline a manejar números sin las debidas comprobaciones, que ya no tuvo a tiempo de llevar a término. Explica que, al llegar a las Ventas, los guardias irrumpieron a vergajazos, y que desde un coche con el motor en marcha se hicieron disparos de pistola contra los manifestantes. Los de Asalto abrieron a su vez fuego, y precisa Alcocer que allí hubo dos muertos y catorce heridos por arma de fuego. El fotógrafo Santos Yubero, que va en coche, adelanta la cabeza de la manifestación, que se ha rehecho pasada la plaza de Manuel Becerra. Se detiene la calle de Alcalá y oye los disparos y el silbido de las balas. Dos camionetas de Asalto desde el centro de la calzada tiran a mansalva contra los manifestantes, que se dispersan; precisa que algunos guardias tiran puestos en pie en las camionetas. Las puertas se cierran, las tiendas bajan los cierres metálicos, y guarecerse resulta difícil. Desde el interior de una panadería, Santos Alcocer telefonea al Equipo Quirúrgico, pidiendo una ambulancia para que recoja a un joven que yace muerto o malherido. De regreso a la redacción, averigua que en este segundo choque ha habido tres muertos más, y una veintena larga de heridos. En unas notas que recogí hace varios años —doce o quince antes de proponerme escribir este libro—, leo ahora que un antiguo falangista me contó que aquella tarde vio al teniente Máximo Moreno disparando a quemarropa contra los manifestantes, y que allí murió un falangista. Nunca he tenido confirmación de la eventual presencia de Moreno. Santos Alcocer no rechaza la posibilidad de que alguno de los que iban en la manifestación disparara, aunque afirma que él no lo vio; tampoco los diarios publicaron que ningún guardia fuera alcanzado. <<

[5] El Noticiero Universal habla de algunos elementos de las milicias uniformados y con correaje que, es de suponer, le darían escolta hasta la capital. <<

[6] Largo Caballero, cuando años después se refiere a estos hechos, equivoca las fechas. Dice primero que, al llegar a París desde Londres, se enteró de la muerte de Calvo Sotelo, y sigue: «Me invitaron a quedarme en París algunos días y me negué porque quería llegar pronto a Madrid. Cuando entré en él ya había estallado la rebelión militar en Marruecos». Y más adelante: «Si no recuerdo mal, el 17 de julio llegué a Madrid…». La noticia de la llegada la publicaron los periódicos del 15, y dan detalles que no admiten duda. <<

[7] El conde de Vallellano ya había anunciado a los informadores que leería una nota; estuvo reunido en un ángulo del salón de conferencias con Gil Robles, Cid y Ventosa, sentados en el mismo sofá, como los vemos en una conocida fotografía. Cuando a las doce y cinco abandonaba la sesión, explicó brevemente a los periodistas lo que había ocurrido de puertas para adentro, y que él encomendaba la defensa de su derecho parlamentario (consistía en que sus palabras pasaran íntegras al Diario de Sesiones) al presidente de la Cámara y a la representación de las minorías derechistas. Les entregó copia del documento leído y afirmó que no volvería a las Cortes. Y antes de separarse de los reporteros, «manifestó que tenía que rendir un tributo de gratitud al presidente de las Cortes, pues en cuanto tuvo noticia de lo ocurrido al señor Calvo Sotelo hizo cuanto estuvo en su mano, y después, al conocer la irreparable tragedia, reiteró manifestaciones tan sinceras que llegaron a emocionarle». <<

[8] Como dejamos dicho al comentar la sesión del 16 de junio, en estos números se incluían probablemente los muertos y heridos atribuibles a las agresiones de la derecha, algunas de las cuales, más en pueblos que en las ciudades, procedían de miembros de la CEDA. <<

[9] En escritos que tratan de esta sesión, al hacer el recuento de votos, incluyen entre los afirmativos el de Largo Caballero, que no acudió a la sesión, como tampoco lo hicieron Luis Lucía (CEDA), ni Pascual Leone (UR). Sobre la presencia o no de Largo a la hora de votar, hay bastantes contradicciones, y en un periódico se escribió que Álvarez del Vayo le había telefoneado. Que votara o no carece de importancia; de antemano el Gobierno tenía garantizado el triunfo por amplio margen. Algún autor, como Arrarás, computaron su voto y otros se han limitado a copiarlo y, para que casen, suprimen al diputado de IR Pérez de Urría, que sí sabemos asistió a la sesión. <<

[10] Desde la muerte de Calvo Sotelo, y, aun con mayor precisión, desde este discurso pronunciado ante tan restringida audiencia, Gil Robles se erige en fugacísimo único líder de la derecha española. Conocía, y no desaprobaba, que iba a producirse una sublevación, para cuya preparación había entregado medio millón de pesetas, cifra bastante importante entonces, que eran los sobrantes de los fondos recaudados para la campaña electoral. Aceptaba el hecho, pero no lo deseaba, si bien no veía salida distinta para la situación a la cual se había llegado, después de que él intentara en vano hacerse un hueco dentro de la República. Según se ve en una fotografía, Gil Robles abandonó el Congreso en compañía del conde de Peñacastillo, de Ángel Herrera (futuro obispo de Málaga) y de Bermúdez Cañete, sin excluir que pudiera estar presente algún otro que quedara fuera de la fotografía. <<

[11] Moisés Serra se suicidaría cinco días después, tras el fracaso de la sublevación en el cuartel de la Montaña. Álvarez Coque se iba a distinguir en la defensa de la capital al frente de la columna que llevaría su nombre. <<

[12] Algunos autores sitúan este viaje del conde de Mayalde el día anterior. Cuando ciertas actuaciones individuales no ha quedado testimonio en la prensa, fijar la fecha con exactitud resulta muy difícil, pues hay que basarse en manifestaciones personales que, en ocasiones, se contradicen por referirse a hechos ocurridos muchos años atrás y con una guerra por medio. Afirma también Mayalde que fue en esta ocasión cuando entregó a José Antonio dos pistolas, que este escondió en la celda. En cuanto a los proyectos de fuga no hay que imaginar que tuvieran demasiadas probabilidades de éxito, y prueba de ello es que se frustraron; a ello hemos de atenernos. <<

[13] Líneas Aéreas Postales Españolas, antecedente de Iberia. Un avión civil de pasaje, pues. <<

[14] Este manifiesto, que empieza: «Un grupo de españoles, soldados unos y otros hombres civiles, no quiere asistir a la total disolución de la patria. Se alza hoy contra el Gobierno traidor, inepto, cruel e injusto, que le conduce a la ruina…», ha sido muchas veces reproducido y se ha incorporado a las «obras completas». Hay quienes ponen en duda su autenticidad y lo consideran apócrifo. Es difícil juzgarlo por el estilo, que, por otra parte, era bien conocido por sus camaradas y, por tanto, susceptible de imitación. Cuando sobre un hecho o sobre un documento existen dudas, lo más honesto es decirlo y no jugar a cara y cruz, que es a lo que equivale definirse aceptando una u otra versión, o negando o afirmando la autenticidad. <<

[15] Hay quienes aseveran que Primo de Rivera le comunicaba a Mola que solo esperaría hasta el día 20 y que, de no recibir orden de levantamiento, lo haría él con los falangistas y militares de las guarniciones de Alicante y Alcoy. Otros autores acortan el plazo hasta hacerlo vencer el día 17; o sea, al siguiente de la entrega. De ser absolutamente cierto que señalara estos plazos, nos inclinamos más por el primero, y lo achacamos al nerviosismo que se estaba apoderando de todos los comprometidos. <<

[16] Sobre la muerte del general Balmes se hicieron, y se siguen haciendo, especulaciones a mi entender carentes de fundamento, que autores proclives a la credulidad aceptaron como buenas y utilizaron para construir teorías tremendistas, como si las cosas tal como ocurrieron no fueron suficientemente tremendas. Hace algunos años en conversación con un coronel de artillería que en 1936 estaba destinado en Las Palmas y era teniente, me explicó cómo ocurrió este accidente y me informó también de la imprudencia de que hacía gala el general Balmes, a quien, respetuosamente, reprochaban los subordinados. Al caer herido de muerte, Balmes echaba la culpa, casi personalizando, a «esa maldita pistola». En la confluencia de millares y millares de acontecimientos que en aquellos días se precipitaban con velocidad imprevisible, hay que reservar un hueco a la casualidad, al accidente loco e inesperado. <<

[17] En el libro Los vascos y la guerra española, editado en Buenos Aires en 1944, y que viene firmado por A. de Lizarza, que algunos creen seudónimo de Manuel de Irujo, se hace una curiosa referencia a esta entrevista, silenciando que Batet era el personaje principal. Se cuenta que el alcalde de Estella, Fortunato de Aguirre, tuvo confidencias sobre esta reunión, si bien —añadimos nosotros— la información era deficiente, puesto que ignoraba la presencia del jefe de la VI División y que con él concurrieron su ayudante y su jefe de Estado Mayor. En cambio, hace participar en la entrevista a militares retirados, falangistas y requetés, que no participaron en la conferencia de los generales. Se dice que el alcalde de Estella distribuyó guardias a prudente distancia y que propuso al gobernador detener a todos aquellos conspiradores, medida a la cual no fue autorizado. Para juzgar la viabilidad de aquella propuesta sería necesario conocer con qué fuerzas contaba el alcalde, porque no es de creer que ni el jefe de una División orgánica ni el comandante militar de Pamplona se dejaran arrestar por unos guardias municipales; ni tampoco los escoltas que estaban armados y prestos a entrar en acción. La negativa de aquella hipotética detención procedía, según el autor de aquel libro, del ministro de la Guerra y se cursó por intermedio del gobernador civil de Navarra, quien después se lo refirió en San Sebastián a Irujo. La presencia de Menor Poblador en San Sebastián, después de iniciada la guerra, sería una prueba más, innecesaria por otra parte, para desmentirlo, que aún hay quien sigue afirmando; que Menor Poblador «fue de los primeros que mandó fusilar» Mola, cuando lo que hizo en ocasión del levantamiento fue expulsarle de Navarra y trasladarlo a Guipúzcoa. <<

[18] Bolín había transmitido la consigna a Pollard, pero no a Bebb; de aquí que Orgaz tuviera dudas, puesto que el piloto no pronunciaba la frase: «Galicia saluda a Francia». <<

[19] La noche del 12 al 13, uno de los vehículos que salieron de Pontejos con guardias de Asalto se dirigió a la casa donde los hermanos Miralles vivían con su padre, en Velázquez número 21. Carlos y Luis no estaban en su domicilio y Manuel consiguió escapar por una ventana trasera que comunicaba con un patio. <<

[20] Simeón Vidarte se erige con demasiada frecuencia en portavoz de rumores que circularon durante la guerra, sin excluir algunos un tanto disparatados que las circunstancias del momento podrían justificar y que saltaban de boca en boca —o de boca a periódico y folleto— por motivos propagandísticos, deficiencia de información, o por un esfuerzo de acomodar los hechos a los deseos de quienes los propalaban. Se hace eco, aunque dejando el beneficio de la duda, de lo que años después le contó en México el general Sebastián Pozas: que su hermano fue «falangista por razones geográficas, que había quedado en el norte de España, prefiriendo servir a los rebeldes que morir fusilado», y que «le había mandado una vez un recado por persona de toda su confianza, diciéndole que no se amargara por verlo frente a la República; que cuando él pudiese acabaría con Mola». Y, en consecuencia, se pregunta Vidarte si la ocasión se le presentó el 3 de junio de 1937, a costa de sacrificar su propia vida. Es posible que Pozas le contara esa piadosa mentira sobre su hermano, pero las cosas no ocurrieron así. El teniente coronel Gabriel Pozas Perea, antiguo ayudante de Mola, se presentó voluntariamente a este, trasladándose de Madrid a Pamplona, al parecer el 16 por la noche, cuando, después de lo ocurrido, sabía que iba a producirse la rebelión a muy corto plazo. No fue, pues, «geográfico» y tampoco se conocen antecedentes de que fuese «falangista». Y hay más: cuando en la primera quincena de junio el comandante Fernández Cordón, ayudante de Mola y uno de sus dedos de la mano derecha en la conjura, se desplazó a Madrid con misiones conspirativas, llevaba encargo de Mola de entrevistarse con Gabriel Pozas, a quien tenía que encomendar una gestión de confianza. Se entrevistó con él en su propio domicilio, Argensola, número 3, y a Ja reunión asistieron caracterizados militares: Álvarez de Rementería, Sáinz Vinajeras y el capitán Lozano. Se trataba de vigorizar las débiles estructuras del «movimiento» en Ja capital. Al presentarse Gabriel Pozas en Pamplona, expuso ante Mola impresiones pesimistas. Y al iniciarse la sublevación, el general Mola, que podía tener más de un ayudante, designó inmediatamente a Pozas; morirían juntos. <<

[21] Entre los más destacados cabría señalar al inspector del Tercio, el coronel Luis Molina Galano, al jefe de la 2.ª Legión, Luis Blanco Novo, a los tenientes coroneles Juan Caballero y Luis Romero Bassart, que mandaban sendos grupos de Regulares, y a bastantes jefes, coroneles inclusive, y oficiales, entre los cuales son más conocidos los aviadores, como el comandante La Puente Bahamonde. El teniente coronel Fernando Barrón, que mandaba otro grupo de Regulares, era, al parecer, de ideas contrarias a las que sostenían la mayor parte de los conspiradores, y solo se decidió, libremente, en los últimos días; después sería uno de los jefes más brillantes del ejército nacionalista. <<

[22] El episodio de la detención de Antonio de Lizarza, cuya principal importancia, aparte de la personal, consistió en que frustrara los propósitos de influir sobre Sanjurjo con el fin de inclinar el movimiento hacia una significación predominantemente carlista (que se hubiese conseguido o no, es otro cantar), es una de las incógnitas no resuelta y que probablemente nunca quedará aclarada. Parece evidente que el piloto francés era portador de instrucciones, quizá de órdenes, de aterrizar en Burgos con el pretexto que fuera; y parece que las autoridades de Burgos sabían que el aterrizaje iba a producirse. ¿Actuó la policía francesa de acuerdo con la española? ¿Quién hizo saber a la policía gala que el pasajero era portador de un importante documento relacionado con la conspiración? ¿Obraban mancomunadamente miembros del Frente Popular de ambos lados de la frontera? ¿Entró en juego la masonería? ¿Cualquier tipo de soborno? Existe otra posibilidad: que Lizarza, cuando escribe en Navarra y después de terminada la guerra civil, insinúa de manera discreta, pero clara, citando a un autor nacionalista vasco emigrado. Que Mola pudiera haber intervenido, por medio de un agente suyo, en este oscuro negocio. Las causas de esta intervención, en el caso improbable de haberse producido, cabría suponerlas dobles: haberse enterado de que el principal objeto de este vuelo era llevar a Sanjurjo junto a Fal Conde, y la otra, la irritación que Mola sentía aquellos días contra la Junta Carlista de San Juan de Luz, uno de cuyos componentes era Fal Conde, y otro, precisamente, Lizarza. Como es lógico suponer, este no se define sobre la sospecha, pero deja constancia de que en cuanto Mola se informa de su detención, envía a Ansaldo a buscar a Sanjurjo con orden expresa de trasladarle a Burgos. Existe una pequeña contradicción entre el testimonio personal de Lizarza y la Cruzada, pues mientras aquel habla de un solo piloto francés, que es quien, un tanto avergonzado de aterrizar en Burgos, esconde el documento, en la Cruzada se dan los nombres del aviador Henri Rozes y del mecánico que le acompaña, llamado Henri Segnier. <<

[23] Aunque parezca extraño, dado el prestigio de que, en favor o en contra, ha solido investirse a los agentes secretos alemanes, y cuanto se ha escrito sobre la intervención nazi anterior al 18 de julio de 1936, lo cierto y probado es que no solo no existió tal intervención, sino que ni siquiera se enteraron de que un alzamiento militar iba a producirse en aquellos días, y eso a pesar de que la discreción de los conspiradores no fue rigurosa a todos los niveles. Es de suponer que les llegarían confidencias y que debieron atribuirlas al carácter exaltado de los españoles, propensos a la exageración. Más bien los agentes alemanes parecían preocupados por un viraje a la izquierda revolucionaria que podía producirse aquel mismo otoño. Los escasos datos que aquí constan son sacados del documentadísimo estudio de Ángel Viñas, La Alemania nazi y el 18 de julio, al cual remito a quienes el tema interese. A las mismas conclusiones a que ha llegado Viñas a través de un exhaustivo estudio de fuentes documentales que abarcan amplios períodos históricos, la guerra incluida, había llegado el autor de esta obra por caminos distintos, basados en la literatura histórica, y aun menos histórica, en los diarios, memorias y en conversaciones sostenidas a diversos niveles con personas de ambos bandos con actuaciones destacadas en los días cruciales de julio. En el libro de Maiz se alude a misteriosos agentes —luego a uno solo—, pero en este libro hay bastantes imprecisiones, errores, e incluye también alusiones a tenebrosas conspiraciones de la anti-España, que más que como datos deben ser clasificadas como rumores recogidos antes, durante y aun después de la guerra. <<

[24] Cuando Tuñón de Lara habla de contactos previos entre Bernhardt y los conspiradores, basándose en Ángel Viñas y su documentadísima obra, se trata, a mi entender, o de una lectura apresurada o de un error de interpretación. No hay tales contactos previos de carácter conspirativo; fueron posteriores a la sublevación. En cuanto a Jaume Miravitlles en Los comunicados secretos de Franco, Hitler y Mussolini, escribe que Franco envió a Bernhardt a Alemania el 2 de julio. Hay que considerar esta fecha como una simple y no advertida errata. Esta historia se conoce con exactitud a través de la documentación nazi. <<

[25] Así cuenta el entonces teniente Julio de la Torre de qué trataban los reunidos: «El teniente coronel Seguí dispone el plan definitivo de actuación, conveniencia de incautarse de las radios de los barcos anclados en el puerto, tanto nacionales como extranjeros; de apagar sus calderas; modo de apoderarse de la Delegación Gubernativa, Ayuntamiento, Telégrafos; la urgencia de cortar el cable de amarre». <<