Luis R. Aizpeolea

Licenciado en Ciencias Empresariales por la Universidad de Deusto. Formó parte de la primera redacción de Egin en 1977 en el País Vasco y del semanario Ere en 1979. Fue corresponsal político de El Diario Vasco de 1981 a 1989. Desde entonces a 2012 fue, primero, responsable de la sección de Nacional en El País y posteriormente corresponsal político. Colabora en El País. Ha participado en Los desayunos de TVE, en El Debate de La 1, el Canal 24 Horas, Radio Nacional de España, además de en la radio y televisión vascas (EITB). Ha escrito varios libros sobre temas vascos. En Catarata es autor de Los entresijos del final de ETA (2013).

Luis R. Aizpeolea

ETA

Del cese del terrorismo a la disolución

© Luis R. Aizpeolea, 2021

© Los libros de la Catarata, 2021

Fuencarral, 70

28004 Madrid

Tel. 91 532 20 77

www.catarata.org

ETA.

Del cese del terrorismo a la disolución

isbne; 978-84-1352-261-6

SBN: 978-84-1352-219-7

DEPÓSITO LEGAL: M-11.485-2021

thema: JPWL/1DSE-ES-R

impreso en artes gráficas coyve

este libro ha sido editado para ser distribuido. La intención de los editores es que sea utilizado lo más ampliamente posible, que sean adquiridos originales para permitir la edición de otros nuevos y que, de reproducir partes, se haga constar el título y la autoría.

Prólogo

El historiador vasco Juan Pablo Fusi decía en una entrevista al diario El País1 que hoy vivimos la excitación del momento y lo ocurrido hace un mes, por importante que sea, deja de ser relevante. Una noticia arrasa la siguiente y no da respiro para reflexionar sobre lo sucedido. Es lo que ha ocurrido con el terrorismo, particularmente el de ETA, que fue el gran desafío de la Transición del que se derivaron otros, subrayaba el historiador.

Es verdad que los periodistas escribimos mucho sobre ETA y sobre el desafío soberanista en Euskadi al calor de los acontecimientos que generaban. Pero creo que los periodistas, y también los políticos, no hemos extraído todas las conclusiones sobre lo sucedido. Pienso, por ejemplo, que si los principales responsables políticos que han dirigido en la segunda década de este siglo el Ejecutivo central y la Generalitat catalana hubieran extraído conclusiones claras de lo sucedido con el desafío soberanista en Euskadi, en el que ETA jugó un papel clave, habrían evitado, al menos, algunos de los errores que cometieron. Asimismo, son aún muchos los periodistas que siguen repitiendo los tópicos dominantes sobre el final del terrorismo en la prensa conservadora.

Este libro narra lo sucedido en Euskadi entre el cese definitivo del terrorismo el 20 de octubre de 2011 y la disolución de ETA el 3 de mayo de 2018, incluida la repercusión de la crisis catalana, y señala asimismo algunos cambios sociales y políticos acaecidos en la comunidad que sufrió como ninguna otra el terrorismo durante cinco décadas, la tensión territorial con el Estado y una grave fractura interna. Hoy, tras una década sin terrorismo, ha aminorado sus viejas tensiones; ha subordinado la cuestión identitaria a los problemas reales de la ciudadanía; ha aumentado la conciencia de que Euskadi vivió una radicalidad artificial y su desafío más serio y de difícil resolución consiste en abordar una paz con memoria que impida que la historia se repita.

El 20 de octubre de 2011 ETA anunció el cese definitivo del terrorismo. Fue realmente el final de ETA, pero en aquellos momentos la gran preocupación ciudadana era asegurarlo, consolidarlo. El Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero, que había gestionado dicho cese, sabía que aquel logro no estaba exento de riesgos porque en el mundo abertzale había disidencias sobre un cese de la violencia en el que ETA no había logrado contrapartidas políticas. No se descartaba una escisión.

Le sucedió Mariano Rajoy, que ganó las elecciones por mayoría absoluta justo un mes después, el 20 de noviembre. Zapatero pretendió convencer a Rajoy de que asegurara el desarme pendiente de ETA y abordara la situación de sus presos por la vía dialogada. Rajoy no le hizo caso. Suponía darle un giro de 180 grados a su política opositora al Gobierno de Zapatero, que hizo del rechazo al final dialogado del terrorismo una bandera, elevada a cuestión de principios democráticos.

Tampoco hizo caso a los líderes vascos del momento, el socialista Patxi López y el peneuvista Iñigo Urkullu, que le pidieron que activara la vía de reinserción de los presos etarras, con un acercamiento a cárceles vascas de los reclusos predispuestos a rechazar el terrorismo con el objetivo de aislar a los nostálgicos de la violencia, que contaban con un núcleo sólido en las prisiones.

Rajoy, en su libro Una España mejor2, publicado en diciembre de 2019, se ufana de no haber atendido ninguno de aquellos consejos elevando su actitud, una vez más, a la categoría de los principios democráticos. Podía haber activado la reinserción de los presos proclives al rechazo del terrorismo sin necesidad de hablar con ETA y debilitar de ese modo a los nostálgicos de la violencia. Podía haber dado esa batalla. Pero tampoco quiso hacerlo.

La actitud de Rajoy no se explicaba por cuestión de principios sino por algo más sencillo y nada épico: su temor a la respuesta del sector más intransigente de su partido y de su apoyo mediático si tomaba alguna iniciativa sobre los presos de ETA. Ese temor estaba por encima de los riesgos de una posible escisión de ETA. Algunos de esos intransigentes hoy están en Vox. Rajoy se lo reconoció al lehendakari Urkullu, con quien mantuvo una relación fluida durante su mandato.

Hubo riesgos, pero, finalmente, hubo suerte y, pese a algunos atentados aislados, la disidencia de ETA no llegó a consumar ningún asesinato —a diferencia de la del IRA en Irlanda del Norte— y la organización armada terminó desarmándose y disolviéndose un año después mientras la disidencia estaba bajo mínimos. Tardó mucho, pero sucedió.

Pero el inmovilismo de Rajoy acarreó unas consecuencias más allá del riesgo que corrió al no neutralizar a la disidencia con medidas políticas. Una es evidente: la enorme desafección del Partido Popular en Euskadi. Para una abrumadora mayoría de vascos, el PP fue el partido que desde la oposición obstruyó el proceso dialogado del Gobierno de Zapatero con ETA. Después, en el Gobierno, con Rajoy como presidente, fue el partido del inmovilismo político cuando ETA había cesado el terrorismo. Su ejecutiva nacional destituyó a tres presidentes del PP vasco por discrepancias con su estrategia inmovilista; el último de ellos, Alfonso Alonso, con Pablo Casado al frente del partido, que desde la oposición al Gobierno de Sánchez vuelve a oponerse al ministro Grande-Marlaska cuando decide acercar presos de ETA a cárceles próximas a Euskadi y flexibilizar la política penitenciaria tras la disolución de la organización terrorista.

Otra consecuencia es que la disolución de ETA no ha tenido un reconocimiento oficial ni se ha solemnizado en las Cortes, pese a ser una victoria de la democracia frente al reto más grave de la Transición democrática española, el terrorismo. Rajoy sostiene también en su libro que estuvo pensando en dejar pasar la jornada de la disolución de ETA en silencio para quitarle importancia porque, además, no quería apuntarse ningún tanto, pero que, al final, su entorno le convenció de lo contrario pensando en las víctimas del terrorismo.

Las víctimas del terrorismo, aunque tardíamente, han tenido un reconocimiento de la democracia española. Pero Francia, por ejemplo, ante un fenómeno de una envergadura como la disolución de ETA, no hay duda de que lo hubiera solemnizado, condecorando a todos los policías que contribuyeron a ella, a sus resistentes, empezando por los concejales que aguantaron durante años los ataques, y hubiera cerrado la conmemoración con un acto especial en las Cortes subrayándolo como una conquista de la democracia.

El Gobierno del PP no lo hizo cuando ETA se disolvió. Es un partido proclive a la exhibición de banderas españolas, pero poco consistente a la hora de reafirmar las conquistas democráticas auténticas. Para ello hay que tener sentido de Estado y ha carecido de él en el tratamiento histórico del terrorismo vasco. Lo ha manejado en clave partidista desde que José María Aznar, siendo presidente del partido, decidiera sacar el terrorismo del consenso e introducirlo como un elemento más de la política de oposición. El reconocimiento a los resistentes es una asignatura pendiente de la democracia española.

Rajoy raya la impostura cuando alardea de que el desarme y la disolución de ETA llegaron sin haberse contaminado en conversaciones con la izquierda abertzale o la organización terrorista. Lo hicieron otros por él: el Gobierno francés y el autonómico vasco que lo mantuvieron puntualmente informado. Ambos gobiernos tuvieron que conversar con la Comisión Internacional de Verificación (CIV) y con la izquierda abertzale —conectados ambos con ETA— para conseguir que el proceso de desarme llegara a buen puerto en suelo francés. No obstante, Urkullu está agradecido a Rajoy por no haber obstruido el desarme, algo que podía haber sucedido si al frente del Gobierno del PP hubiera estado José María Aznar con sus actuales posiciones.

La izquierda abertzale repitió su juego habitual. ETA hizo la declaración del final del terrorismo el 20 de octubre de 2011 cuando Sortu, el grupo de Arnaldo Otegi y Rufi Etxeberria, se hizo con el control de su dirección. Pero en ese momento no controlaba todo el mundo abertzale. Había disidencias dentro de ETA y en las cárceles. Con el aval del cese del terrorismo, pretendía que el Gobierno y la dirección de ETA negociaran un acuerdo sobre desarme y presos que ni siquiera llegó a esbozarse.

Era obvio que ETA pretendía por la vía del diálogo difuminar su derrota pues el terrorismo había cesado sin lograr ninguno de sus objetivos políticos: el derecho a la autodeterminación y la fusión de Navarra y Euskadi. A lo máximo a lo que podía aspirar, con aval internacional, era a aliviar la situación de sus presos.

Año y medio después del cese del terrorismo, Rajoy aclaró definitivamente que no habría proceso dialogado. Pero la izquierda abertzale y ETA siguieron confiando en que, dada la volatilidad política española, podía haber un cambio gubernamental que propiciase el final dialogado. Hasta 2016 no se convencieron de que esa etapa estaba agotada. También les costó varios años controlar las cárceles y convencer a una mayoría de presos que asumiera la legalidad penitenciaria. De este modo, retrasaron el desarme y disolución; sus presos fueron sus principales víctimas.

Fue un desarme unilateral, sin contrapartidas de ningún tipo, en el que colaboraron los gobiernos francés y autónomo vasco. El Gobierno de Rajoy no lo obstruyó. Hizo lo mismo que seis años antes, con el cese del terrorismo. No participó, pero lo validó. Los participantes —Zapatero en un caso y Urkullu en otro— se lo agradecieron porque otro líder más radical de la derecha lo podría haber bloqueado.

Hasta el final, ETA trató de camuflar su derrota con un escenario ilusorio. Entregó por mandato judicial su armamento en suelo francés a la policía y ante un pequeño grupo de gente que simbolizaba al “pueblo vasco”. Unos meses después se disolvió sin reconocer la injusticia de sus 854 asesinatos.

Capítulo 1

El inmovilismo de Rajoy

El 20 de noviembre de 2011, justo un mes después de la declaración de cese definitivo del terrorismo de ETA, se celebraron elecciones generales y, pese a que el socialista José Luis Rodríguez Zapatero era el presidente que había gestionado dicho final, las ganó el candidato del PP Mariano Rajoy por mayoría absoluta frente al candidato del PSOE Alfredo Pérez Rubalcaba, anterior ministro del Interior que había acompañado al presidente del Gobierno en aquella empresa excepcional. Ni Zapatero ni Pérez Rubalcaba ni Rajoy se sorprendieron. Zapatero sabía por el ex primer ministro británico Tony Blair que la gestión del final del terrorismo no rendía efectos electorales. Ya había sucedido en Irlanda. Además, los sondeos predecían unánimemente la derrota socialista por la intensidad de la recesión económica en España.

La confirmación de las predicciones facilitó un rápido traspaso de poderes de Zapatero a Rajoy y las tensas relaciones que ambos políticos habían mantenido por su diferente modo de concebir el fin de ETA se habían relajado al final. El reconocimiento de Rajoy, el mismo 20 de octubre, de la declaración de ETA del cese definitivo del terrorismo y de la inexistencia de pago de precio político por parte del Gobierno de Zapatero frente a la opinión de la mayoría de los medios conservadores aproximaron al presidente saliente y al nuevo inquilino de La Moncloa.

Rajoy había tensado mucho las relaciones con Zapatero por el tratamiento de la cuestión de ETA durante la primera legislatura del presidente socialista (2004-2008). Se opuso frontalmente al proceso de diálogo que Zapatero mantuvo con ETA, un diálogo de paz por presos, inspirado en los pactos de Ajuria Enea y de Madrid de 1988, respaldados entonces por todos los partidos democráticos, y ratificado por mayoría en el Congreso de los Diputados en 2006, con la única ausencia del PP.

De tal manera, Rajoy y su partido protagonizaron una decena de manifestaciones callejeras, la mayoría en Madrid, junto con las asociaciones de víctimas del terrorismo y un fuerte acompañamiento de los medios de comunicación conservadores contra el Gobierno de Zapatero, que tuvo que soportar una dura campaña desde la derecha política y mediática con una fuerte carga emocional al haber arrastrado el PP de Rajoy a algunas asociaciones de víctimas del terrorismo. Rajoy llegó a acusar a Zapatero en el Congreso de “romper España”, “traicionar a los muertos” y “resucitar” una ETA moribunda.

La tensión amainó cuando ETA rompió unilateralmente el diálogo con el Gobierno de Zapatero, en junio de 2007, y Rajoy comprobó que la organización terrorista no había obtenido ninguna cesión gubernamental. Ni siquiera un acercamiento de presos a cárceles vascas como el que había protagonizado José María Aznar en 1999 —120 reclusos— cuando abrió un proceso de diálogo con ETA. No obstante, Rajoy se opuso, también, a la decisión del Tribunal Constitucional en 2011 de legalizar a la coalición abertzale Bildu, pese a que en sus estatutos rechazaba el terrorismo, incluido el de ETA. El Gobierno de Zapatero había respaldado la decisión judicial porque un objetivo clave de los pactos contra ETA era que la izquierda abertzale, como expresión del independentismo, hiciera política y la organización terrorista desapareciera.

Rajoy cambió claramente de actitud hacia el final de ETA cuando, según todas las encuestas, se veía en La Moncloa en muy pocas semanas. Rajoy había sido informado puntualmente por Zapatero de la veracidad del cese del terrorismo de ETA. Le había contado que la única concesión a ETA era la Declaración de Aiete (San Sebastián), el 17 de octubre de 2011, que consistía en una escenificación de los partidos vascos, con la participación de personalidades extranjeras —el expresidente irlandés Bertie Ahern, la ex primera ministra noruega Gro Harlem Brundtland, el exministro francés de Interior Pierre Joxe, el líder del Sinn Féin Gerry Adams…—, encabezadas por el ex secretario general de la ONU Kofi Annan, que reclamaron a ETA el final del terrorismo para que la organización armada emitiera un comunicado unos días después, donde lo asumía.

La escenificación internacional era una manera de envolver el final del terrorismo que el Gobierno de Zapatero asumió para que su contenido, que ETA abandonara la violencia, se produjera de una vez por todas. Fue lo que sucedió tres días después con el comunicado del 20 de octubre de la organización terrorista. Fue la única concesión que el Gobierno de Zapatero hizo a ETA para que declarase el final del terrorismo y Rajoy la asumió.

También el presidente del PP vasco, Antonio Basagoiti, había sido informado por el lehendakari socialista Patxi López, cuyas relaciones eran estrechas porque los populares vascos sostenían al Gobierno socialista de Euskadi, tras desbancar dos años antes, en 2009, al lehendakari soberanista Ibarretxe del palacio de Ajuria Enea. Las buenas relaciones entre socialistas y populares vascos habían influido en el acercamiento de posiciones entre Zapatero y Rajoy en las cuestiones del País Vasco.

De modo que cuando Rajoy comprobó que el comunicado de ETA declaraba el cese del terrorismo sin contrapartidas políticas dio por válida la declaración etarra en contraposición con los sectores más radicales del PP —como Jaime Mayor Oreja— y buena parte de la derecha mediática que la calificaba, erróneamente, de nueva tregua trampa.

El final de ETA fue un elemento clave en el traspaso de poderes entre Zapatero y Rajoy, celebrado en sendas reuniones en La Moncloa el 23 de noviembre y el 16 de diciembre de 2011. Pero Zapatero le contó algo más a Rajoy. Le informó que tres representantes de ETA —Josu Urrutikoetxea (Josu Ternera), David Pla e Iratxe Sorzabal— permanecían en Oslo, protegidos por el Gobierno noruego, dispuestos a abrir un diálogo con el nuevo Ejecutivo para abordar el desarme de la organización terrorista y la situación de sus presos.

Josu Ternera era la figura más relevante de los tres interlocutores por sus pasadas responsabilidades al frente de ETA y por su trayectoria histórica. Tenía entonces 60 años. Había participado en el atentado mortal contra el presidente del Gobierno Carrero Blanco, en 1973, había sido dirigente de la organización terrorista durante años y había participado en el fallido proceso de diálogo entre el Gobierno y ETA. Se opuso a la decisión de ETA de romper el diálogo en 2007 y emergió cuando la izquierda abertzale controló la dirección de la organización terrorista para lograr el cese definitivo de la violencia.

David Pla e Iratxe Sorzabal pertenecían a una nueva hornada de ETA. A Sorzabal, militante de ETA en los años noventa, se le atribuían, al menos, tres asesinatos, mientras que Pla había sido miembro del aparato político de la organización terrorista y había puesto voz a la declaración de cese definitivo del terrorismo del 20 de octubre de 2011. Los tres compartían con la izquierda abertzale la decisión de acabar con la violencia.

Zapatero también informó a Rajoy de la existencia de la CIV, emergida de la Declaración de Aiete y constituida tras el anuncio del cese para comprobar la autenticidad del anuncio etarra de final del terrorismo. La constitución de la CIV fue propuesta por Jonathan Powell, exjefe de Gabinete de Tony Blair, participante en el proceso de diálogo del Gobierno Zapatero y ETA de 2005 y 2006, con el apoyo de la izquierda abertzale. Contaba con la cobertura política de los gobiernos noruego y suizo y fue asumida por el Ejecutivo socialista.

La CIV la integraban Ray Kendall, expresidente de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude y ex secretario general de Interpol; Chris Maccabe, ex director político de la Oficina de Irlanda del Norte, ex secretario adjunto de la Conferencia Intergubernamental Británico-Irlandesa y participante en el Acuerdo de Viernes Santo de 1998 que puso punto final al conflicto en Irlanda del Norte; y Ronnie Kasrils, miembro del Congreso Nacional Africano y participante en las conversaciones de paz en Sudáfrica. Su coordinador era Ram Manikkalingam, profesor de Ciencias Políticas de la Universidad de Ámsterdam y director del Dialogue Advisory Group, que había participado en las conversaciones de paz en Sri Lanka, Irlanda del Norte y Sudáfrica.

El punto fundamental de la Declaración de Aiete era la petición a la organización armada para que cesara la violencia unilateralmente, sin contraprestaciones, como confirmó el texto publicado días después. Fue un texto muy breve y preciso que contrastaba con la verborrea habitual de sus comunicados. Pero la Declaración de Aiete invitaba también al Gobierno de España a abrir un diálogo con ETA, limitado exclusivamente a abordar el desarme y la situación de los presos.

La Declaración de Aiete invitaba, pero no obligaba, al Gobierno. El cese del terrorismo de ETA había sido unilateral. La decisión correspondía al Gobierno entrante, que era el de Rajoy. Zapatero no tomó ninguna decisión en los dos meses que estuvo en La Moncloa hasta la entrada de Rajoy en diciembre; consideró que correspondía al nuevo presidente. Así se lo hizo saber también a Iñigo Urkullu, presidente del PNV y entonces líder de la oposición al Gobierno Vasco de Patxi López, en su encuentro pocos días después de la declaración del cese definitivo del terrorismo. Urkullu pretendía que Zapatero empezara a tomar medidas, como que los presos etarras enfermos graves cumplieran su condena en sus domicilios.

En sus dos encuentros con Rajoy, Zapatero le garantizó que no tomaría medidas en el periodo de transición, pero le animó a que él lo hiciera para consolidar el final del terrorismo, incluido el diálogo en Oslo entre delegaciones del Gobierno y de ETA. La gran preocupación política en aquel momento para el presidente saliente era, además de la recesión económica, hacer irreversible el cese definitivo del terrorismo. La declaración de ETA era inequívoca, pero conocía de la existencia de disidencias. Por ello, Zapatero pensaba que una manera de neutralizarlas era negociar el desarme y la situación de sus presos con la representación etarra en Oslo.

Tras las fiestas navideñas, el 8 de enero, el propio Zapatero acudió al Ministerio del Interior y se reunió durante dos horas con el nuevo ministro, Jorge Fernández, algo insólito en un presidente del Gobierno, para ofrecerle detalles sobre la consecución del cese del terrorismo, incluida la presencia de la representación etarra en Oslo a cuyo diálogo lo animó. Para Zapatero era más importante consolidar el final del terrorismo a que ETA tratara de disimular su derrota con un cierre definitivo —desarme, disolución y medidas para los presos— por la vía dialogada. Ni a Rajoy ni a Fernández ocultó sus preocupaciones.

En el mundo de ETA se había desatado una batalla interna durante el proceso de diálogo con el Gobierno de 2006. Tras romper ETA el diálogo el año siguiente, Rufi Etxeberria, líder de la izquierda abertzale al ingresar Otegi en la cárcel, aceleró la batalla interna a favor de las vías políticas y el rechazo a la violencia que culminó con éxito tres años después y fue reconocido por los tribunales con la legalización de Bildu. Poco después logró que una ETA muy debilitada declarara el cese del terrorismo. Pero contaba con disidencias en el grupo armado y a fines de 2011 no podía descartarse que aflorara una escisión.

En el momento en que ETA declaró el cese definitivo estaba muy debilitada. Contaba con unas pocas decenas de miembros en activo, la mayoría residentes en Francia. David Pla e Iratxe Sorzabal eran dirigentes de ETA en ese momento y disponían de armas: buena parte de las 350 pistolas robadas en Vauvert (Francia) en octubre de 2006. Pero la izquierda abertzale les había convencido de que no tenían ningún futuro ni apoyo político. La clave, en los años 2011 y 2012, eran los presos. La mayoría de la organización y muchos de sus históricos dirigentes estaban encarcelados.

Cuando declaró el cese definitivo del terrorismo, ETA tenía 700 presos, 559 en cárceles españolas y 140 en las francesas. Su objetivo principal en su pretendido encuentro con el Gobierno era abordar la situación de sus reclusos. Iba a ser la primera vez en la historia de los diálogos del Gobierno con ETA que la organización terrorista quería priorizar la situación de sus presos. En el pasado, siempre habían estado por delante las cuestiones políticas y las conversaciones habían fracasado.

Eran contados los políticos que conocían la presencia de la delegación etarra en Oslo. Fue Tony Blair quien lo apuntó sin llegar a desvelarlo dos días después del cese definitivo, en un artículo publicado en el International Herald Tribune. Blair, tras precisar que el cese del terrorismo de ETA era unilateral y sin contrapartidas, adelantaba, incluso, una agenda para el diálogo: desarme de ETA, reconocimiento a las víctimas del terrorismo y la cuestión de los presos.

Blair estaba informado por su exjefe de Gabinete, Jonathan Powell, de la presencia de la delegación de ETA en Oslo, amparada por el Gobierno noruego, para abordar con el Ejecutivo español la consolidación del final. Blair, curtido en el proceso de paz de Irlanda del Norte, había seguido de cerca el proceso de diálogo fallido del Gobierno y ETA entre 2005 y 2006 y había sido uno de sus animadores a través del Centro para el Diálogo Humanitario (CDH). Durante esa etapa mantuvo una estrecha relación con el presidente Zapatero y defendía que el Gobierno español dialogara con ETA para asegurar un final ordenado.

Durante los casi tres meses transcurridos entre el cese definitivo del terrorismo el 20 de octubre, la celebración de las elecciones generales el 20 de noviembre, la constitución del nuevo gobierno el 21 de diciembre y las fiestas navideñas, el Ejecutivo de Rajoy se limitó a informarse. Alfredo Pérez Rubalcaba, candidato del PSOE a la Presidencia del Gobierno, y Rajoy habían pactado aparcar la cuestión del final del terrorismo de la campaña electoral y ambos cumplieron.

Otros actores también fijaron sus posiciones durante esos meses. Algunas asociaciones de víctimas del terrorismo como la radical Voces contra el Terrorismo (VCT), de Ángel Alcaraz, y la mayoritaria Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), presidida por Ángeles Pedraza, estimuladas por los sectores más intransigentes del PP —como el exministro del Interior, Jaime Mayor Oreja, y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre— y el partido UPyD de Rosa Díez, así como buena parte de la derecha mediática, presionaron a Rajoy para que no escuchara a socialistas y peneuvistas, no hiciera nada y se limitara a exigir a ETA su disolución. Estos sectores nunca evaluaron los riesgos que conllevaba su intransigencia política. La elevaban a cuestión de principios.

Los partidos vascos también fijaron posiciones al margen de que pudiera abrirse un diálogo entre el Gobierno y ETA en Oslo, cuya hipótesis desconocía la inmensa mayoría. El lehendakari Patxi López sabía por su consejero de Interior, Rodolfo Ares, de la existencia de tensiones internas en el mundo abertzale entre los pragmáticos, que habían apostado por hacer política y estaban representados institucionalmente por Bildu y Amaiur, y los nostálgicos del pasado. La izquierda abertzale, dirigida por Rufi Etxeberria, con Otegi en la cárcel, controlaba la dirección de ETA, pero tenía disidencias que podían emerger y desestabilizar la paz recién lograda.

Ya había pasado en Irlanda del Norte. El Acuerdo del Viernes Santo de 1998 no trajo la paz de inmediato. El IRA tuvo una escisión, el IRA auténtico. La explosión de un coche bomba en la ciudad norirlandesa de Omagh, el 15 de agosto de 1998, que dejó 29 muertos y 220 heridos, obra del IRA auténtico, era una pesadilla que estaba en la mente de muchos políticos vascos.

Los gobiernos central y vasco no solo debían mantener la vigilancia policial, también debían contribuir a la irreversibilidad del terrorismo con políticas de distensión. Acudir o no a Oslo era una decisión del Gobierno central, de Rajoy, pero el Ejecutivo vasco podía contribuir a hacer irreversible el final del terrorismo con una política activa de reinserción de los presos de ETA. Esa fue la prioridad que fijaron el lehendakari socialista Patxi López y su consejero de Interior, Rodolfo Ares. Para activar una política de reinserción necesitaban al Gobierno de Rajoy y confiaban en que lo haría porque no hacer nada, en aquellas circunstancias, era, según pensaba Ares, una irresponsabilidad y una carencia de sentido de Estado por el riesgo que suponía.

El lehendakari López realizó una ronda con los partidos vascos en la que constató coincidencias con el PNV de Urkullu y el PP de Basagoiti sobre el reconocimiento a las víctimas del terrorismo y la exigencia a la izquierda abertzale de que reconociera el daño causado por el terrorismo. PSE y PNV compartían preocupaciones y coincidían, además, en agilizar la política penitenciaria. El cese del terrorismo propiciaba el acercamiento progresivo de presos de ETA a cárceles próximas a Euskadi para facilitar su reinserción, y su humanización con el cumplimiento de condena en su domicilio de los presos enfermos graves. El PP vasco mantenía una posición receptiva y prudente con la mirada puesta en el Gobierno de Rajoy, que era quien decidía.

También la izquierda abertzale fijó posición. Lo hizo con motivo de la manifestación anual de comienzos de año en apoyo a los presos etarras. En la edición de 2012 no reivindicó, como era habitual, la imposible amnistía. Optó por peticiones ambiciosas y difíciles, pero más asumibles por el Gobierno central: acercamiento de presos a cárceles próximas a Euskadi; libertad para los 175 reclusos —de los más de 500 condenados en cárceles españolas— que habían cumplido más de dos tercios de condena; la estancia en su domicilio de los enfermos graves, así como libertad para los 169 presos preventivos, pendientes de juicio.

Los partidos vascos, también, contemplaban con optimismo la próxima decisión sobre la legalización de Sortu por parte del Tribunal Constitucional porque en sus estatutos rechazaba el terrorismo, inclusive el de ETA, y, además, había participado sin problemas con otros partidos legales como Eusko Alkartasuna (EA), Aralar y Alternatiba en coalición —Bildu— en las elecciones municipales y forales de mayo, así como en las generales de noviembre como Amaiur.

Asimismo, el Tribunal Constitucional tenía que pronunciarse en los próximos meses sobre el mantenimiento o rechazo de la doctrina Parot, cuya abolición favorecería la excarcelación de 63 presos veteranos, un 10% del colectivo, algunos con importantes responsabilidades en la historia de ETA. El lehendakari López y la mayoría de los partidos vascos, a excepción del PP, consideraban que las medidas de distensión contribuían a hacer irreversible el final del terrorismo porque fortalecían el sector pragmático de la izquierda abertzale, que controlaba la dirección de ETA, frente a los nostálgicos de la violencia.

El Gobierno del PP empezó a enseñar sus cartas en la visita que el ministro del Interior Jorge Fernández realizó el 24 de enero al País Vasco —la primera fuera de Madrid desde la constitución del nuevo Gobierno— y que precedió en pocos días al encuentro entre el presidente Rajoy y el lehendakari Patxi López. Rajoy conocía la distinta actitud de los vascos y el resto de los españoles sobre las principales claves del final del terrorismo, que condicionarían su actitud y la de su entorno.

Una encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) del 10 de enero de 2012 señalaba que 69,9% de los vascos se creía el comunicado de ETA sobre el final del terrorismo frente a solo un 39,7% del resto de los españoles; un 75,4% de vascos creía en la desaparición del terrorismo frente al 59,4% del resto de los españoles. Reflejaban dos visiones políticas distintas, pero también el diferente tratamiento que la mayoría de los medios de comunicación vascos estaba ofreciendo del final de ETA respecto de la mayoría de los nacionales, domiciliados en Madrid.

El caso más llamativo se producía —y de algún modo aún hoy— en el grupo Vocento de comunicación al compaginar una fuerte implantación en Euskadi —a través de El Diario Vasco, en Gipuzkoa, y El Correo, en Bizkaia y Álava, los periódicos vascos más importantes de la comunidad— con el referente nacional del ABC. Es muy frecuente que estos medios, en cuestiones vascas clave, como el proceso de diálogo del Gobierno con ETA o el del final del terrorismo, mantengan posiciones muy diferentes e incluso antagónicas, tanto en el tratamiento informativo como en el editorial.

Una de tantas muestras en el diferente tratamiento del tema vasco fueron los titulares de la jornada del anuncio del cese definitivo del terrorismo de ETA. El periodista Iker Cortés lo comentaba en una crónica para El Diario Vasco firmada en Madrid el 21 de octubre de 20113, al día siguiente del anuncio del cese del terrorismo. Tras reseñar que “la noticia se ha tratado con especial sensibilidad en el País Vasco”, comentaba sobre los titulares: “El Correo ha exclamado ‘¡Por fin! ETA anuncia el final de la violencia’ y añade ’20 de octubre de 2011. Un día para la historia’. El Diario Vasco se ha quedado con la fecha 20 de octubre de 2011 y ha apostillado: ‘Un día para la esperanza’, colocando después un FIN a un tamaño considerable y con las huellas de dos manos blancas al fondo”.

El contraste con ABC era claro. Cortés señalaba: “El periódico nacional de Vocento ilustra su portada con dos etarras encapuchados y como titular principal señala: ‘ETA ni se disuelve ni entrega las armas. Destaca igualmente la ‘euforia’ con que el anuncio de la banda ha sido acogido por Zapatero y la ‘cautela’ con que lo ha recibido Rajoy y tilda de ‘insuficiente’ el paso dado por los terroristas”. También comentaba que el diario El Mundo titulaba que ETA “alardea de sus asesinatos”. Mientras los medios vascos certificaban el final del terrorismo, su importancia histórica y la esperanza de paz que se abría, ABC y El Mundo enviaban un mensaje de escepticismo e incluso desesperanza.

Estos comportamientos distintos de los medios vascos y nacionales permiten entender mejor la disparidad de opiniones en aspectos claves de la consolidación del final de ETA. Así, un 78% de los vascos defendía en enero de 2012 el acercamiento de los presos etarras a cárceles vascas frente al 44,3% del resto de los españoles; un 66,8% de vascos abogaba por igualar los beneficios penitenciarios de los presos etarras a los comunes frente a un 52,9% del resto de los españoles. También era revelador que un 73,2% de vascos defendiera el diálogo del Gobierno con ETA para consolidar el final del terrorismo frente al 48% del resto de los españoles.

La disparidad entre los vascos y el resto de los españoles se extendía a las causas del final de ETA. Los vascos lo atribuían por este orden: decisión de la izquierda abertzale, presión policial, movilización social y presión judicial. Para la mayoría de los españoles la clave fue la presión policial seguida de la judicial, la izquierda abertzale y la movilización social. En cuanto a las instituciones, los vascos otorgaban el protagonismo en un 28,8% al Gobierno Vasco y un 22,4% al Ejecutivo de España, mientras que el resto de los españoles lo atribuían al Gobierno de España, un 35,5%, y a la Guardia Civil, un 16,4%.

Este clima de opinión influyó en la actitud inmovilista de Rajoy y su entorno. Rajoy se convenció, en clave partidista, de que no obtenía ninguna ganancia y corría riesgos si flexibilizaba la política penitenciaria, más aún si abría un diálogo con ETA. Con esa visión le hicieron mucha mella las fuertes presiones del sector más radical del PP, de UPyD y de los medios de comunicación conservadores por encima, incluso, de las asociaciones de víctimas del terrorismo.

Estas presiones podían mucho más que la preocupación que le trasladaron Zapatero y los líderes vascos Patxi López e Iñigo Urkullu de consolidar el final del terrorismo que no estaba asentado al existir riesgo de escisión. Se lo acabaría reconociendo a Urkullu a lo largo de sus numerosos encuentros. Rajoy no abordaba la consolidación del final del terrorismo como cuestión de Estado sino en clave partidista. Fue una doctrina que instauró José María Aznar desde que fue elegido presidente del PP.

En la etapa anterior a Aznar, Alianza Popular, liderada por Fraga e interinamente por Antonio Hernández-Mancha, elevó la política antiterrorista a cuestión de Estado. Por esta razón, Alianza Popular suscribió, junto con los demás partidos democráticos, los pactos de Ajuria Enea y Madrid contra ETA de 1988. Aznar, sucesor de Fraga y líder de la oposición en 1990, decidió sacar la política antiterrorista de las cuestiones de Estado y la situó como parte de los asuntos de confrontación política con el Gobierno, entonces de Felipe González. Desde entonces, solo ha habido acuerdos en política antiterrorista o relacionada con ETA cuando el PP ha gobernado como el proceso de diálogo del Gobierno de Aznar con ETA de 1999, que respaldó Joaquín Almunia como secretario general del PSOE, o el Pacto Antiterrorista de 2000 que apoyó Zapatero, como líder de la oposición.

No obstante, hay que distinguir, también, el comportamiento del PP vasco respecto del PP nacional. El PP vasco ha respaldado reiteradas veces las políticas unitarias contra el terrorismo y contra el soberanismo. Mostró sentido de Estado y sacrificó su partidismo cuando su líder Antonio Basagoiti apoyó al Gobierno del socialista Patxi López para desalojar de Ajuria Enea al lehendakari soberanista Juan José Ibarretxe.

El expresidente Zapatero señalaría tiempo después del traspaso de poderes a Rajoy que “su situación interna [la de Rajoy] era delicada porque se había opuesto al proceso de diálogo de mi Gobierno con ETA”. En definitiva, Rajoy no se sentía con fuerzas suficientes para una empresa de ese tamaño pues tendría una dura respuesta en su propio partido, en medios de comunicación conservadores y en asociaciones de víctimas del terrorismo, y, además, su perfil no respondía al de un líder político con capacidad para afrontar un desafío interno como el que podía barruntarse. Prefería afrontar el riesgo de una escisión en ETA. En tal caso, siempre podía culpar a los terroristas. Rajoy era un conservador de manual.

Jorge Fernández hizo de avanzadilla de Rajoy en la rueda de prensa posterior al primer encuentro que mantuvo con el consejero de Interior socialista, Rodolfo Ares, el 24 de enero de 2012 en Euskadi. Fernández no quiso pronunciarse sobre la invitación de Ares de acercar a presos etarras a cárceles próximas al País Vasco y a que los enfermos graves cumplieran condena en su domicilio.

Su intervención tuvo, además, un toque surrealista. La semana anterior, el director general de la Policía, Ignacio Cosidó, conocido por sus vinculaciones con Mayor Oreja y sus posiciones radicales, había cuestionado la seriedad del cese de terrorismo, apoyándose en una información del periódico digital de ultraderecha, La Gaceta, que señalaba que ETA estaba reactivando su aparato logístico y había vuelto la extorsión durante las Navidades. El propio ministro Fernández desautorizó al director general de la Policía por hacerse eco de una falsedad informativa.

Pero en su viaje al País Vasco, Fernández dudó de la consistencia del cese definitivo del terrorismo, lo que además de contradecir su posición de la semana anterior le valió el desmentido de la Consejería de Interior del Gobierno Vasco, de la Ertzaintza y de la patronal vasca en lo que a la extorsión se refería. Ares se quedó perplejo. Confiaba en que la reunión serviría para encontrar alguna sintonía con el Gobierno central y trabajar conjuntamente en consolidar el final del terrorismo y se encontró con lo contrario. Le pareció una “gran irresponsabilidad” y una “carencia de sentido de Estado”, aunque no lo quiso verbalizar entonces porque no descartaba que el Gobierno de Rajoy pudiera alterar su posición más adelante.

Tres días después, Rajoy recibió en La Moncloa primero al lehendakari López y después al presidente del PNV, Urkullu. Rajoy fue receptivo con ambos, pero no se comprometió a adoptar medidas penitenciarias, ni siquiera un acercamiento de presos etarras a prisiones próximas al País Vasco, una competencia gubernativa y no judicial. López y Urkullu confiaron en que terminaría haciéndolo porque les reiteró su convicción de que el cese del terrorismo etarra era definitivo, no una trampa como señalaban los más radicales derechistas como Mayor Oreja. Pensaron que necesitaba tiempo para maniobrar.

Pero lo que verdaderamente mostró la reunión, como se confirmaría más adelante, es que mientras Rajoy se plegaba a las presiones de la derecha radical, los líderes vascos estaban acuciados por la presión existente en Euskadi de consolidar cuanto antes el cese definitivo del terrorismo. No había en aquel momento certeza de que la declaración de ETA de cese del terrorismo estuviera asegurada, porque se conocían disidencias.

El ministro de Interior Jorge Fernández fue muy claro un mes después. En una entrevista a El País el 26 de febrero aseguró que no habría acercamiento de presos a cárceles próximas a Euskadi hasta que ETA se disolviera y añadió, por vez primera, contraviniendo las posiciones de socialistas y peneuvistas, que la dispersión de presos seguía siendo útil. También rechazó a la CIV.

Lo único que asumía del legado de la etapa socialista era la legalización de Bildu y Amaiur, una vez que el Tribunal Constitucional los había legalizado. Cuando se le preguntó por qué había criticado tanto el PP, en la oposición en mayo del 2011, al Tribunal Constitucional cuando sentenció la legalización de Bildu, Fernández no tuvo empacho en reconocer que las cosas se ven de modo distinto cuando se está en el Gobierno que en la oposición. Aquella entrevista sirvió para constatar que Rajoy y Fernández se repartían los papeles. El presidente jugaba a no cerrar expectativas mientras su ministro del Interior hablaba claro.

Paralelamente, el coordinador de la CIV, Ram Manikkalingam, visitó Euskadi y se entrevistó con todos los partidos vascos, menos el PP, que se negó a recibirlo. Rajoy no solo rechazaba el diálogo con ETA, sino que tampoco reconocía el papel de la CIV como organismo internacional verificador del final del terrorismo que en aquellos momentos asumió, además, el papel de facilitador del desarme de la organización armada, también respaldado por todos los partidos vascos, menos el PP.

Manikkalingam traía un mensaje de ETA en el que aseguraba que la organización armada estaba cumpliendo su compromiso de cese definitivo del terrorismo y negaba la existencia de la extorsión con la que había intoxicado un medio de la derecha radical, La Gaceta. También reclamaba “gestos” al Gobierno de Rajoy, en alusión a la reclamación de diálogo en Oslo donde la representación de ETA esperaba a otra del Ejecutivo. PNV y PSE otorgaron su confianza a la CIV, al que no consideraban un satélite de ETA sino un organismo facilitador de la verificación y del desarme etarra.

Aunque Rajoy ya empezaba a mostrar públicamente su desinterés por comprometerse en medidas activas para la consolidación del final del terrorismo, tampoco quería retroceder en el reconocimiento de su final. Lo demostró el 21 de febrero cuando el partido UPyD de Rosa Díez presentó una moción en el Congreso para ilegalizar Bildu y Amaiur, las nuevas marcas de la izquierda abertzale, comprometidas en su rechazo a la violencia. Rajoy descartó ilegalizarlas y facilitó un acuerdo del PP y PSOE, apoyado por todos los partidos democráticos menos UPyD, que reafirmaba la apertura de una nueva etapa sin violencia en la que prevalecería el reconocimiento de la memoria de las víctimas del terrorismo y la búsqueda de la convivencia social en Euskadi. El PSOE y PNV interpretaron el acuerdo, de modo voluntarista, como un apoyo a las medidas de reinserción para los presos etarras.

La importancia del acuerdo radicaba en la reafirmación del compromiso de Rajoy de rechazar la ilegalización de la izquierda abertzale. También en la reiteración del reconocimiento del cese definitivo del terrorismo y en el señalamiento de que la democracia había derrotado al terrorismo. Esta expresión tenía una carga de profundidad contra el sector más radical del PP, encarnado por Mayor Oreja, Esperanza Aguirre y al que pronto se sumaría José María Aznar, que negaban que ETA hubiera sido derrotada porque Bildu había sido legalizada.

Pero Rajoy ya había enseñado sus cartas. Era reacio a tomar medidas a favor de la consolidación del final del terrorismo, como le pedían PSE y PNV, más pegados al terreno vasco que el Gobierno y que temían aún la desestabilización del mundo etarra. Pero tampoco estaba dispuesto a retroceder a la ilegalización de Bildu y Amaiur, como querían UPyD y el sector más radical del PP, porque ponderaba que esa ilegalización ponía en riesgo el logro del final del terrorismo.

Amaiur, la representación de la izquierda abertzale en el Congreso, una vez asegurada su legalidad, introdujo nuevas pautas. Sus siete diputados decidieron instalarse en Madrid y participar en las comisiones parlamentarias. Aquel partido, cuyos diputados no asistían al Congreso y si lo hacían era para realizar performances proetarras, pasaba a la historia. Se presentaron como portavoces de una nueva etapa sin violencia, defensores de un cambio en la política penitenciaria y del “derecho a decidir”. Su cambio fue tal que los diputados Ramón Jáuregui, del PSE, y Leopoldo Barreda, del PP vasco, felicitaron a Iñaki Antigüedad, portavoz de Amaiur, tras su primera intervención.

A su vez, la izquierda abertzale, presionada en Euskadi por el resto de los partidos para que tuviera gestos hacia las víctimas del terrorismo, escenificó el 26 de febrero en San Sebastián la Declaración del Kursaal. Rufi Etxeberria, número dos de Otegi, expresó, en nombre de la izquierda abertzale, su “profundo pesar” por la violencia de ETA y por su “insensibilidad hacia las víctimas del terrorismo”. Lo hizo en un contexto de rechazo genérico a todas las violencias, incluida la machista dirigida contra la mujer, con lo que diluyó el mensaje.

Además, se limitó a constatar el reconocimiento del daño causado como un hecho objetivo evitando la calificación de injusta a la trayectoria violenta de ETA. Los demás partidos consideraron la Declaración del Kursaal como una oportunidad perdida por la izquierda abertzale para autocriticarse por su pasado. Lo valoraron como un trámite burocrático para intentar neutralizar las exigencias de los demás partidos y de una opinión mayoritaria de una autocrítica por la injusticia del terrorismo etarra. Con la Declaración del Kursaal, la izquierda abertzale había tocado techo en la asunción de responsabilidades políticas por su pasada complicidad con ETA.

Capítulo 2

Patxi López toma la iniciativa

El Gobierno de Rajoy ya había dado para el mes de marzo pistas suficientes de que no tomaría ninguna iniciativa de consolidación del final del terrorismo. Según pasaba el tiempo se entendía mejor que ningún portavoz de La Moncloa hubiera comparecido ante los medios de comunicación tras los comprometidos encuentros que Rajoy mantuvo con el lehendakari Patxi López y Urkullu a finales de enero de 2012. Rajoy no envió a nadie a Oslo a entrevistarse con ETA ni tampoco atendió a las peticiones del Gobierno Vasco y de sus partidos más representativos.

La ausencia de compromiso de Rajoy obligó al Ejecutivo vasco a tomar la iniciativa en solitario. El 8 de marzo, el lehendakari Patxi López anunció la constitución de una ponencia parlamentaria para abordar las políticas de convivencia, memoria y presos, así como la creación de la figura del Comisionado para la Convivencia y la Memoria. Eligió para el puesto al dirigente socialista alavés Jesús Loza, que compaginaba su conocimiento de los problemas de las víctimas del terrorismo como vicepresidente de la Fundación Fernando Buesa con el de la situación de los presos etarras por su participación en la Vía Nanclares de reinserción.

López iba a ejecutar el plan que había presentado en septiembre de 2011, en vísperas del cese definitivo del terrorismo, centrado en políticas de memoria, convivencia y política penitenciaria, explotando las potencialidades que ofrecía la autonomía vasca. Confiaba en que una política activa de reinserción de presos etarras contribuiría a consolidar el final del terrorismo, la urgencia del momento, y pretendía complementarla con una política de paz con memoria para contribuir a unir una sociedad traumatizada por la violencia.

El lehendakari López quería coordinar su gobierno con el Ejecutivo de Rajoy para consolidar el final del terrorismo etarra como había hecho con el de Zapatero para lograr su cese. Aquella coordinación contribuyó al final del terrorismo. En 2009, justo al formar gobierno el PSE en Euskadi, su consejero de Interior, Rodolfo Ares, creó una unidad especial de lucha antiterrorista, un nutrido grupo de analistas de información a escala local, muy pegados al terreno. Paralelamente, aumentó la coordinación de la Ertzaintza con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado dirigidas por Pérez Rubalcaba. El resultado fue un incremento de la eficacia policial con el mayor número de detenciones de etarras en la historia de la Ertzaintza.

A la par impulsó una política de tolerancia cero y de eliminación de la impunidad del mundo etarra en los espacios públicos con la desaparición de los “muros de la vergüenza” —los carteles propagandísticos de ETA— en los municipios, acordados con los ayuntamientos. También comprometió a EITB (radio y televisión pública de País Vasco) en una mayor beligerancia contra la organización terrorista. Su expresión más clara fue la inédita retransmisión en directo de la manifestación en Bilbao contra ETA por el asesinato del inspector de policía Eduardo Puelles en junio de 2009, el último que la organización terrorista cometió en Euskadi. Este plan culminó en 2011 cuando se declaró el final del terrorismo.

Ares siempre ha defendido que el cese del terrorismo fue mérito del trabajo policial, judicial, internacional y de los movimientos sociales. Pero destaca, también, por ser mucho menos reconocida, la acción coordinada entre los gobiernos central y vasco que combinó el ataque a los rescoldos de ETA con inteligencia política para tender puentes con las posiciones pragmáticas del mundo abertzale y aislar, de ese modo, a los continuadores del terrorismo.

Aquella etapa ya había pasado en 2012, pero el lehendakari López pensó que algunas actividades que funcionaron con el Gobierno de Zapatero podían ser útiles para el de Rajoy en la consolidación del final etarra. La más importante era la Vía Nanclares de reinserción de los presos etarras que impulsó Pérez Rubalcaba en colaboración con Rodolfo Ares, tras el fracaso del proceso de diálogo del Gobierno con ETA y justo al constituirse el Ejecutivo de Patxi López. Consistió en el acercamiento y agrupamiento en la cárcel alavesa de Nanclares de una treintena de presos etarras, disidentes de la dirección, algunos de ellos referentes históricos en ETA como Joseba Urrusolo, Carmen Guisasola, Iñaki Pikabea y José Luis Álvarez Santacristina (Txelis).

Este grupo de presos aceptó la legalidad penitenciaria, lo que implicaba su rechazo a la violencia, su desvinculación de ETA y la petición de perdón a las víctimas. Su actitud le enfrentaba a la línea oficial del colectivo de presos que rechazaba la legalidad penitenciaria. En contrapartida, el Gobierno socialista facilitó su acercamiento a Nanclares de la Oca (Álava) y a otras cárceles próximas a Euskadi, así como el acceso a beneficios penitenciarios como permisos de salida. El plan cumplía el doble objetivo de reinsertar a presos etarras en la sociedad y debilitar el sector más nostálgico del terrorismo que mantenía su influencia en las cárceles.

El proceso de estos presos lo explica bien uno de sus líderes, Joseba Urrusolo. En su caso, se empezó a producir un distanciamiento de la dirección de ETA a finales de los años ochenta, tras la ruptura de las conversaciones en Argel entre el Gobierno de Felipe González y ETA. Urrusolo discrepó de la decisión de la dirección de ETA de romper las conversaciones, así como de la ausencia de información y participación interna. Pensaba ya entonces que ETA no tenía futuro, que debía aprovechar esa oportunidad. Su distanciamiento definitivo llegó con la estrategia de socialización del sufrimiento de 1995 de ETA, la extensión de los ataques a políticos, periodistas y no nacionalistas, en general.

Urrusolo precisa que otros exetarras se desmarcaron de ETA con el secuestro del funcionario de prisiones José Antonio Ortega Lara o el asesinato del concejal Miguel Ángel Blanco en 1997. Valora además que, en un primer momento, la crítica de los disidentes se centró en los errores estratégicos de la dirección de ETA, pero, posteriormente, vino la crítica de las armas, el rechazo ético a la violencia, a la utilización del terrorismo para lograr objetivos políticos.

Patxi López propuso a Rajoy en su encuentro de enero de 2012 en La Moncloa aplicar la política de reinserción de presos en la nueva etapa. La declaración del cese del terrorismo había creado un clima político favorable para ejecutarla. En aquellos momentos, ETA tenía 700 presos, 559 en cárceles españolas y 140 en francesas, una de las más altas de su historia. El Comisionado Jesús Loza conocía por los líderes de la Vía Nanclares, Joseba Urrusolo y Carmen Guisasola, históricos referentes en ETA, que la mayoría de los presos estaban desconcertados tras el cese del terrorismo y necesitaban un referente claro de actuación.

López, Ares y Loza tenían la certeza de que podía seleccionarse un grupo de presos proclives a la reinserción, dispuestos a la autocrítica y, como hicieron con el grupo inicial de Nanclares, acercarlos a cárceles próximas a Euskadi para otorgar credibilidad al proceso e impulsarlo. Pensaban que esta medida cuajaría entre los presos, rompería la disciplina impuesta por el colectivo controlado por los sectores duros —a través en buena parte de abogados que les visitaban regularmente y estaban adscritos a la línea dura—, aislaría al sector más peligroso de ETA y aceleraría la irreversibilidad del terrorismo. El antiguo lema de “paz por presos” se debía convertir en “autocrítica y convivencia por presos”, según señalaba Jesús Loza.

El Gobierno Vasco pretendía también mantener los llamados “encuentros restaurativos” entre víctimas y victimarios etarras. Tenían un alcance limitado al ser una experiencia de imposible generalización pues no son pocas las víctimas que son indiferentes a que les pidan perdón. No obstante, su fuerza simbólica publicitaba la convivencia. Por ejemplo, el encuentro entre un secuestrado de ETA, Emiliano Revilla, y uno de sus secuestradores, Joseba Urrusolo, en la cárcel de Nanclares ofreció la imagen de que era posible la recuperación de la convivencia al pedir perdón veinticinco años después de uno de los secuestros de mayor resonancia en la historia de ETA.

Tuvo un impacto superior el encuentro entre Maixabel Lasa, exdirectora de la Oficina de Víctimas del Terrorismo del Gobierno Vasco y viuda del socialista Juan María Jáuregui, ex gobernador civil de Gipuzkoa, con Ibon Etxezarreta, miembro del comando etarra que asesinó a su marido. La petición de perdón del exetarra y la respuesta positiva de Lasa ofrecen una imagen de esperanza en la reconciliación de una sociedad que había roto el terrorismo4.

Pero en marzo, tres meses después de constituido el Gobierno de Rajoy, las expectativas de los encuentros restaurativos y el plan de reinserción activa ya se habían desvanecido entre el rechazo contundente del ministro Jorge Fernández y el silencio de Rajoy. Joseba Segura, hoy obispo auxiliar de Bilbao, en una entrevista en El País en marzo de 20125, vaticinaba que si el Gobierno de Rajoy exigía la disolución de ETA como condición previa para activar la política penitenciaria, el proceso de consolidación del terrorismo se alargaría mucho tiempo. Así sucedió.

Segura había acompañado al entonces obispo de Zamora, y posteriormente de San Sebastián, Juan María Uriarte, como testigos a la reunión que en 1999 mantuvieron en Vevey (Suiza) delegaciones del Gobierno de Aznar —el secretario de Estado de Interior, Ricardo Martí Fluxá, el secretario general de la Presidencia, Javier Zarzalejos, y el asesor presidencial, Pedro Arriola— y de ETA —Mikel Albisu “Mikel Antza”, jefe del aparato político de ETA, y Belén González Peñalba—. Ambos religiosos acudieron a petición del Gobierno del PP. Segura, tras aquel encuentro, mantenía contactos con el mundo abertzale y conocía bien su opinión.

Lo mismo que Segura pensaba Idoia Mendia, entonces consejera de Justicia del Gobierno Vasco y hoy vicelehendakari del mismo y secretaria general del PSE: “Si el Gobierno de Rajoy, que tenía las competencias, se hubiera implicado en la reinserción de los presos de ETA el proceso final de desarme y disolución hubiera ido más rápido y ordenado”.

El cultivo de la memoria de las víctimas del terrorismo fue un elemento clave en Euskadi tras el final de la violencia etarra. Era una tarea específica de las instituciones vascas porque ETA no solo había cometido la mayoría de sus atentados en Euskadi. Era también la sociedad vasca, especialmente su sector no nacionalista, quien más había padecido sus agresiones y amenazas. Un botón de muestra era que en la etapa de socialización del sufrimiento de ETA, entre 1995 y 2004, toda la oposición política al Gobierno soberanista de Ibarretxe, los parlamentarios del PSE y PP, estaba amenazada de muerte y escoltada.

Pero, además, la influencia de la cultura totalitaria de ETA, propagada por su brazo político, había incidido especialmente en el sector nacionalista de la sociedad vasca. Prueba de ello es que tardó en reaccionar con contundencia contra el terrorismo etarra. No contribuyó a ello la confusión existente por la guerra sucia y los abusos de una policía que en la Transición no estaba adaptada a la democracia. Hasta 1988 no se produjo la primera respuesta contundente con el Pacto de Ajuria Enea. Hubo luego un retroceso con el Pacto de Lizarra de 1998 y la etapa de Juan José Ibarretxe como lehendakari.

La confusión y el miedo se tradujeron en indiferencia social ante los asesinatos de policías y militares. La sociedad vasca no reaccionó de forma notoria y permanente hasta que el terrorismo etarra atacó, con su estrategia de socialización del sufrimiento, a concejales, políticos, periodistas, profesores, hasta que asesinó a personas que consideró próximas.

El acuerdo del 12 de julio de 2012 en la recién creada ponencia parlamentaria de paz y convivencia sentó las bases de una paz con memoria. Los partidos vascos representados asumieron unánimemente una memoria compartida sobre el pasado terrorista, el reconocimiento de la pluralidad de Euskadi, el compromiso ético contra la violencia y la garantía de que no se repitiera. Los partidos que apoyaron las medidas fueron PNV, PSE, PP, Ezker Batua (Izquierda Unida), Eusko Alkartasuna, Aralar y UPyD. La unanimidad fue posible porque la izquierda abertzale no participó al carecer de representación en el Parlamento vasco por estar ilegalizada en las elecciones de 2009. Recuperó su presencia parlamentaria tras las elecciones vascas de septiembre de 2012.

Los principios acordados eran muy importantes porque significaban que, finalizado el terrorismo, las instituciones vascas no pasaban página sin más. Los partidos representados, todos menos Bildu, decidieron que había que leer bien la página de la violencia antes de pasarla. Sería una paz con memoria. Esas bases acordadas en 2012 han funcionado desde entonces en Euskadi en el discurso de los partidos gobernantes, el PNV y el PSE. Como también ha funcionado la distinción entre el tratamiento a las víctimas del terrorismo y la memoria.

Acordaron que todas las víctimas —fueran de ETA, de la guerra sucia o de los abusos policiales— tuvieran el mismo tratamiento. Pero, también, acordaron que se distinguiera la procedencia de las distintas violencias. Estaba la memoria de la Guerra Civil, del franquismo y de la democracia. Y, en esta última etapa, se distinguía la centralidad del terrorismo de ETA que, con sus asesinatos tras la muerte del dictador Franco, trató de destruir la democracia, respecto de la guerra sucia puntual, reactiva y limitada en el tiempo. “No se trataba de exigir responsabilidades y de utilizar la memoria como arma arrojadiza de unos contra otros. Se trataba de establecer una memoria de la verdad, basada en los hechos, para que la historia no se vuelva a repetir”, recuerda Rodolfo Ares.

Decidieron instituir la memoria con la creación de dos centros; uno de ellos, el Memorial de Víctimas del Terrorismo, dedicado exclusivamente a las víctimas del terrorismo de ETA y de los grupos contraterroristas como el GAL y el Batallón Vasco Español, así como del yihadismo, radicado en Vitoria y dirigido por el Gobierno central y participado por el vasco. Sería el memorial del terrorismo a escala española.

El segundo centro, el Instituto de la Memoria, la Convivencia y los Derechos Humanos, Gogora, radicado en Bilbao y dirigido por el Gobierno Vasco, se centraría en las políticas de convivencia y abarcaría, además, la memoria histórica de la Guerra Civil y el franquismo. Euskadi no ha estado exenta del abandono de la memoria sobre la Guerra Civil y el franquismo que ha caracterizado a la democracia española, de ahí que este centro lo recogiera.

Ha habido que esperar a 2019 para conocer, a través de iniciativas de Gogora, que 1.231 vascos están enterrados en el Valle de los Caídos, de ellos 917 identificados, y que 19.998 vascos murieron en la Guerra Civil y en el primer franquismo. De esa cifra, 5.887 fueron víctimas de crímenes de lesa humanidad por asesinato y desaparición forzosa, la gran mayoría cometidos contra republicanos. También en 2019 Gogora anunció la retirada de 1.523 símbolos franquistas de las calles vascas.

Patxi López, en la presentación del plan de paz con memoria, incidió en la guerra sucia desatada en el final del franquismo y prolongada con los gobiernos democráticos de la UCD y de la primera etapa del PSOE, y resaltó su “especial perversidad” por la participación de funcionarios del Estado. El reconocimiento de la “especial perversidad” de la guerra sucia, practicada por funcionarios del Estado y, además, en una de las etapas de Gobierno del PSOE, tuvo una inédita carga autocrítica procedente de un dirigente socialista.

También se instituyó que la principal violencia, desde 1968 hasta 2011, en número y repercusión social en Euskadi había sido la de ETA y que la democracia había derrotado al terrorismo, lo que confrontaba con la ultraderecha política y mediática que atribuía la victoria a la organización terrorista por la presencia parlamentaria de Bildu en las Cortes españolas. Un discurso que actualmente se escucha a Vox y a algunos representantes del PP.

La institucionalización de que la centralidad de la violencia en la etapa democrática es la de ETA también confrontaba con la izquierda abertzale, que pretendía una equidistancia entre la violencia etarra y la del Estado, enmascarada con la tesis del “conflicto”, heredada de las guerras carlistas y la Guerra Civil.

Además de los centros de la memoria, el Gobierno Vasco instituyó la continuidad en la celebración del Día de la Memoria, el 10 de noviembre, como homenaje a todas las víctimas del terrorismo, que aunque iniciada en 2010 sigue hoy rodeada de vicisitudes, y propulsó el mapa de la memoria en recuerdo a las víctimas en colaboración con los ayuntamientos. El mapa recogía los 854 asesinatos de ETA, los 62 de la guerra sucia y el centenar de abusos policiales.

Inspirada en la experiencia de otros países que habían padecido el terrorismo surgió la educación en la convivencia, cuya primera expresión fue la presencia de las víctimas del terrorismo en las aulas. Era una manera de empezar a abordar un problema ingente como el desconocimiento que los jóvenes vascos tenían sobre la historia del terrorismo en Euskadi y sus graves secuelas en la sociedad vasca. Una sociedad que había padecido hasta hacía muy poco tiempo la kale borroka (lucha callejera), precisamente protagonizada por jóvenes.

El Gobierno de Patxi López no esperó al cese del terrorismo para ponerlo en marcha. Encargó el plan a la consejera de Educación, Isabel Celáa, que desde la constitución del Gobierno Vasco en 2009, con el concurso de especialistas, buscó con las autoridades académicas y los partidos un acuerdo para incorporar a la enseñanza secundaria una educación en valores que deslegitimara la violencia. El plan contó con la participación de víctimas del terrorismo de ETA y de la guerra sucia. Le costó arrancar porque tuvo que salvar las reticencias nacionalistas de “adoctrinamiento”. En abril de 2010 logró el respaldo del Consejo Escolar, clave para su implantación, y justo un año después empezó su andadura.

La situación de olvido de las víctimas de abusos policiales producidas durante la singular transición vasca del franquismo a la democracia fue otra propuesta que el Gobierno Vasco osó abordar, con el apoyo de los partidos, tras el cese del terrorismo. Unas sesenta personas fueron asesinadas en manifestaciones, controles o altercados durante la Transición con actuaciones de unas fuerzas de seguridad no adaptadas a los usos democráticos. Al no ser víctimas del terrorismo sino de extralimitaciones de las fuerzas de seguridad, no cumplían los requisitos de la Ley de Víctimas del Terrorismo y carecían del reconocimiento y de la indemnización que recibían las víctimas de ETA o las de la guerra sucia.

Había casos como el matrimonio de Victoriano Aguiriano y María Ángeles Barandiarán, ametrallados y asesinados en Álava en un control de la Guardia Civil, que los confundió con etarras. Dejaron sin padres a tres hijos, que carecieron de reconocimiento e indemnización. O el caso de la gipuzkoana Isabel González, cuyo marido, Alberto Soliño, fue asesinado por un guardia civil de paisano en un altercado de circulación en Eibar en 1976. Isabel González, con 24 años y tres hijos, sin trabajo, no tuvo ni reconocimiento por el asesinato ni juicio.

El grupo incluía casos más conocidos como el de Roberto Pérez Jáuregui, un joven de 18 años asesinado a quemarropa por un policía de paisano en una manifestación en Eibar contra el Proceso de Burgos de 1970. El grupo fue calificado como “víctimas de sufrimientos injustos en un contexto de motivación política”. Fue impulsado por la consejera de Justicia Idoia Mendia, asesorada por la jurista Manuela Carmena, que cuatro años después sería alcaldesa de Madrid.

El decreto del Gobierno Vasco reconocía e indemnizaba a unas víctimas olvidadas durante treinta años y lo presentaba como expresión del espíritu integrador de la democracia y contributivo a la convivencia tras el final del terrorismo. El Gobierno Vasco dejaba implícito el mensaje de que no había podido abordar estas cuestiones de justicia que afectaban a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, hasta que finalizó el terrorismo.

Se constituyó un equipo técnico para calificar los casos. Su papel no consistió en juzgar a los autores de los asesinatos —la inmensa mayoría de los casos no fueron investigados por la policía en su momento ni juzgados por los tribunales, básicamente por falta de medios igual que los casos pendientes de ETA—, sino conocer la verdad de los hechos y reparar a las víctimas.

El plan abarcó, inicialmente, la etapa transcurrida desde el final del franquismo, en 1968, hasta la entrada en vigor de la Constitución española en 1978. La consejera de Justicia aclaraba que el reconocimiento a todas las víctimas de vulneraciones de derechos humanos, cualquiera que fuera su origen, no significaba que el Gobierno Vasco dejara de mantener que el principal terrorismo que hubo en democracia en Euskadi era el de ETA.

El Gobierno de Patxi López activó las materias de su competencia mientras quedaba en evidencia el inmovilismo del Ejecutivo de Rajoy. En marzo de 2012, el Ministerio del Interior redujo las escoltas en el País Vasco a más de la mitad de los efectivos, limitándolas a las altas magistraturas, a los consejeros del Gobierno Vasco y a algunos concejales residentes en zonas de fuerte implantación del nacionalismo radical.

La medida, que era un reconocimiento de la irreversibilidad del terrorismo etarra, fue criticada por Jaime Mayor Oreja, convertido en portavoz de la ultraderecha. Solo una semana antes, en una entrevista en el periódico ultra La Gaceta había vaticinado que ETA regresaría al terrorismo tras las elecciones vascas previstas para finales de año con el objetivo de frenar cualquier iniciativa gubernamental. No sucedió, pero Mayor Oreja jamás se disculpó por su dañino y malintencionado vaticinio. Sigue defendiendo la absurda tesis de que ETA tiene más poder que nunca por la presencia de Bildu en las instituciones, ignorando deliberadamente que si Bildu es legal es porque en sus estatutos rechaza el terrorismo.

La iniciativa de reinserción del Gobierno Vasco ejerció su influencia en el PP vasco. En su Congreso, celebrado el 3 y 4 de mayo de 2012 y clausurado por Rajoy, la ponencia sobre la gestión del final de ETA, presentada por Borja Sémper y aprobada, ofrecía como novedad el apoyo a una política de reinserción de los presos de ETA si asumían la legalidad penitenciaria. La ponencia de Sémper se aproximaba a la Vía Nanclares y a las reclamaciones del PSE y PNV.

Pocos días antes, dos líderes de la izquierda abertzale, Fernando Barrena y Joseba Permach, se habían dirigido a los presos de ETA pidiéndoles que asumieran la legalidad penitenciaria como ellos habían aceptado la Ley de Partidos para conseguir su legalización política. Era la demostración de que el núcleo que lideraba Rufi Etxeberria con Díez Usabiaga y Urko Aiartxa, al estar Otegi encarcelado, y al que pertenecían Barrena y Permach, no controlaba las prisiones. Rufi Etxeberria, al poco de declarar ETA el cese del terrorismo, envió una carta al presidente del PP vasco, Alfonso Basagoiti, pidiéndole un contacto, pero Basagoiti se negó hasta que la izquierda abertzale hiciera autocrítica por su pasada complicidad con el terrorismo.

En las mismas fechas, el ministro del Interior Jorge Fernández anunciaba un plan de reinserción individual, pero se convertía en papel mojado al condicionar el acercamiento de presos etarras a cárceles vascas a que ETA se disolviera. En Euskadi existía un clamor favorable al acercamiento de presos etarras y a la política de reinserción. El 70% de los vascos defendían el acercamiento y otro 72% la reinserción de quienes reconociesen el daño causado a las víctimas del terrorismo, según una encuesta del Gobierno Vasco publicada en abril de 20126.

Además de Jaime Mayor, las principales asociaciones de víctimas reaccionaron críticamente contra los tímidos anuncios gubernamentales y de los partidos vascos. Ángeles Pedraza, presidenta de la AVT, pronunció que “la Vía Nanclares tiene el riesgo de convertirse en la puerta a una amnistía encubierta”.

El 29 de marzo también fue tajante el Gobierno del PP contra Jonathan Powell, exjefe de Gabinete de Tony Blair cuando reclamó a Rajoy, desde el Parlamento Europeo, que abriese una vía de comunicación con ETA para abordar la cuestión del desarme, su disolución y los presos. “Entiendo que Rajoy pida la disolución de ETA, pero eso no puede lograrse sin más. Dejar a los presos en el limbo no es una respuesta satisfactoria”, señaló, tras apelar al reconocimiento a las víctimas del terrorismo. Powell defendió el papel de la CIV y aireó el temor a una escisión en ETA si el Gobierno no se comprometía en el proceso.

Los días 3 y 4 de mayo Ram Manikkalingam, representante de la CIV, acudió a Euskadi a una ronda de contactos con el Ejecutivo, los partidos y fuerzas sociales, incluida la Iglesia, en la que, además de confirmar que ETA estaba cumpliendo su compromiso de cese del terrorismo, recordaba su predisposición a dialogar con el Gobierno no solo sobre los presos sino también sobre el desarme.

El rechazo del Gobierno de Rajoy a la CIV volvió a ser tajante: “El Gobierno no necesita verificadores internacionales para comprobar si ETA se disuelve. Con la Guardia Civil y la Policía se ha derrotado a ETA y con ellos es suficiente para verificar la eventual disolución de la banda terrorista”, respondió el Ministerio del Interior. Al día siguiente, su titular, Jorge Fernández, reiteró: “El Gobierno no negocia ni negociará con ETA”.

Tras su visita al País Vasco y a España, Teresa Whitfield, asesora del CDH, implicado en el proceso final de ETA, hizo un certero análisis de las consecuencias de la insólita actitud del Gobierno de Rajoy de no querer hablar con ETA sobre su desarme: “Creo que no hay riesgo de que ETA vuelva a la violencia. Hay riesgo de que alguien se aparte y haga algo con las armas que están ahí o de que las vendan a otros grupos, algo que quizás no preocuparía mucho a España. El peor riesgo es político. Es el coste para la relación entre Madrid y el País Vasco, particularmente para el futuro del PP en el País Vasco. Acciones del Gobierno han hecho que muchos vascos se sientan alejados. Mucha gente querría que ETA abandonara las armas mañana, pero no va a ocurrir”.

Whitfield acertó en predecir el desgaste que supuso para el Gobierno de Rajoy y el PP vasco en Euskadi su rechazo no solo a sentarse con ETA sino a tomar ninguna iniciativa para acelerar y consolidar el final del terrorismo. Cuando hoy el PP de Casado se pregunta el porqué de su fracaso electoral en Euskadi, tiene una primera respuesta en la lejana, en el tiempo, reflexión de Whitfield.

No obstante, el Gobierno de Patxi López no se resignaba. Entre el 20 y 21 de mayo, en el marco del Congreso sobre Memoria y Convivencia, promovido por el Gobierno Vasco, el consejero vasco de Interior Rodolfo Ares intentó convencer, por última vez, al ministro Jorge Fernández del relanzamiento de la Vía Nanclares de reinserción. El ministro del Interior, en el marco del Congreso, muy proclive a las políticas de reinserción de presos, no se atrevió a rechazarlo.

Los presos de la Vía Nanclares también daban por perdida la continuidad de su vía con el Gobierno de Rajoy. Varios acontecimientos lo certificaron. Carmen Guisasola, presa etarra y referente de la Vía Nanclares, a la que el Gobierno Vasco invitó como ponente del congreso aprovechando un permiso penitenciario para que publicitara la reinserción social, fue vetada por el Ministerio del Interior. Al mismo tiempo, la Fiscalía recurrió la libertad condicional de dos presos de la Vía Nanclares que había decidido el juez por considerar cumplidos los requisitos legales. Asimismo, los encuentros restaurativos seguían paralizados.

Poco antes, el 10 de mayo, el Tribunal Supremo condenaba a Arnaldo Otegi por el caso Bateragune —la reorganización de Batasuna—, aunque rebajaba la pena de la Audiencia Nacional, sentenciada en 2011, de 10 a 6 años y medio. Una encuesta del Euskobarómetro señalaba que el 52% de los vascos consideraba que Otegi tenía que ser exculpado frente al 22% que defendía su continuidad en prisión. El rechazo de la opinión mayoritaria vasca a la condena a Otegi tenía lógica porque era público que el dirigente abertzale había contribuido al final de ETA desde que la organización terrorista rompió la tregua de 2006. Era un hecho objetivo que la reorganización de la izquierda abertzale se llamaba Sortu y era un partido que rechazaba la violencia y estaba legalizado.

La confirmación definitiva del inmovilismo en política penitenciaria la ofreció el colectivo de presos de ETA coincidiendo con un encuentro celebrado en Gernika el 3 de junio. Allí se publicitó el resultado del debate en las cárceles tras el cese definitivo del terrorismo. Se impuso el sector más radical, que mantuvo las exigencias tradicionales de amnistía para los presos y derecho a la autodeterminación con la consiguiente descalificación a los intentos de aceptación de la legalidad penitenciaria y de reinserción individual propuestos por dirigentes de la izquierda abertzale como Barrena y Permach y avalados por Rufi Etxeberria y Otegi.

Una minoría de unos setenta presos se impuso con el apoyo de los abogados alineados en posiciones contrarias a la reinserción y de miembros de las Gestoras Pro Amnistía, que controlaban las cárceles, a la mayoría silenciosa de un colectivo de 550, desorientada ante la ausencia de estímulos desde las instituciones. El grupo de Rufi Etxeberria perdió la batalla. Los propios presos etarras clausuraban los intentos del Gobierno Vasco y de los principales partidos de la comunidad de promover una reinserción activa y con ello le aliviaban al Ejecutivo de Rajoy la presión de los sectores más ultras de su partido y de la derecha mediática.

Finalmente, otro problema terminó de decantar al Gobierno de Rajoy en el inmovilismo penitenciario: el caso Uribetxeberria Bolinaga. El 1 de agosto de 2012 la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias trasladó al preso etarra Josu Uribetxeberria Bolinaga de la cárcel de León al Hospital Universitario Donostia de San Sebastián a causa de un cáncer de riñón con metástasis en el cerebro. El recluso rechazó el tratamiento e inició una huelga de hambre secundada por numerosos presos en exigencia de su libertad por ser enfermo grave. Las organizaciones de apoyo a los presos convocaron una manifestación en Bilbao, prohibida por el juez Ismael Moreno.

El caso Bolinaga, en pleno agosto, adquirió una notable presencia mediática porque el preso no detuvo la huelga hasta el día 23. Constatada su gravedad por un informe médico, el juez José Luis de Castro dictaminó su pase al tercer grado que implicaba el cumplimiento de la condena en su domicilio, una vez que saliera del hospital.

Pero Uribetxeberria tenía la particularidad de ser uno de los protagonistas del secuestro más largo de la historia de ETA, el del funcionario de prisiones José Antonio Ortega Lara, al que tanto él como los demás secuestradores estuvieron a punto de dejarlo morir. Estaba condenado, además, por tres asesinatos y era uno de los presos etarras que más rechazo originaba en las asociaciones de víctimas.

La decisión judicial asumida por el Gobierno de Rajoy originó una dura crítica de Mayor Oreja y de la presidenta de la comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, contra el Gobierno de Rajoy. Mayor Oreja llegó a acusarlo de fortalecer a ETA por asumir la decisión judicial. El ministro de Justicia Alberto Ruiz Gallardón se había excusado: “No ha habido ningún punto de cesión a presión externa ni voluntad de hacer con los terroristas de ETA cosas distintas a las que estamos obligados a hacer”. El Gobierno de Rajoy recibió, también, duras críticas de varias asociaciones de víctimas del terrorismo, así como la Fundación de Víctimas del Terrorismo y de buena parte de la derecha mediática. Rajoy era víctima de una campaña bastante similar a la que había protagonizado contra Zapatero cuando el Gobierno socialista dialogó con ETA.

En este clima, la Fiscalía de la Audiencia Nacional recurrió contra la decisión del juez y el presidente de la Audiencia, Fernando Grande-Marlaska, decidió en un pleno, en septiembre, ratificar el pase al tercer grado contra la postura de los fiscales. Hubo nuevos intentos de la Fiscalía de encarcelar a Uribetxeberria, pero chocaron contra la decisión del juez José Luis de Castro y de la propia Audiencia Nacional. Uribetxeberria murió en enero de 2015, convertido en un símbolo para las organizaciones de apoyo a los presos etarras.

En declaraciones posteriores, Rajoy reconoció que apoyó la excarcelación de Uribetxeberria porque no estaba dispuesto a que se le muriera un etarra enfermo en la cárcel. Pero, también, fue su mayor conflicto relacionado con la política penitenciaria y se prometió que no volvería a correr el riesgo de repetirlo.

Tras el verano, la atención política vasca se concentró en las elecciones autonómicas del 21 de octubre que el lehendakari López adelantó unos meses tras perder su Gobierno el apoyo de los populares vascos, que querían marcar distancias una vez logrado su objetivo principal: echar al soberanismo del poder político y contribuir al final del terrorismo. Las elecciones vascas eran importantes para conocer el pulso de la sociedad al ser las primeras autonómicas tras el cese definitivo del terrorismo.

Las municipales de mayo de 2011 y las generales de noviembre del mismo año ya habían reflejado una primera opinión de la sociedad vasca sobre el comportamiento de los partidos ante el proceso final de ETA. En las autonómicas se juzgaría específicamente el primer año sin terrorismo, aunque el factor económico también contaría porque se celebraban en plena recesión económica.

Durante la campaña electoral los principales partidos vascos evitaron polemizar sobre el proceso final del terrorismo. Los avances hacia la normalidad estuvieron muy presentes aquellas dos semanas de octubre. Así, por vez primera en su historia, un presidente del PP y líderes vascos del partido conservador, como Antonio Basagoiti y Borja Sémper, participaron en un acto público en la parte vieja donostiarra. Con su presencia consagraban el final del gueto en que la había convertido la izquierda abertzale en los años de terrorismo.

En las antípodas políticas, la candidata de Bildu Laura Mintegi fue invitada por vez primera por la dirección del diario El Correo a sus dependencias en Bilbao. Este diario lo mismo que El Diario Vasco, de la cadena Vocento, habían sido hasta hacía poco tiempo objeto de ataques de ETA y de la kale borroka. Uno de sus directivos, Santiago Oleaga, había sido asesinado por ETA en 2001.

La izquierda abertzale volvía a concurrir con la marca Bildu, que se había estrenado en las elecciones municipales, tras ser legalizada en el último minuto por el Tribunal Constitucional. En las elecciones de 2012 concurría reforzada legalmente porque en junio el Tribunal Constitucional había legalizado Sortu, partido matriz de Bildu.

El candidato del PNV Iñigo Urkullu hizo, también, la campaña menos nacionalista de la historia reciente de su partido. Priorizó las preocupaciones socioeconómicas por la crisis e insistió en buscar complicidades entre los proyectos nacionalistas y no nacionalistas. Anunció que el logro de un nuevo Estatuto vasco, tras haber sido rechazado el que planteó el anterior lehendakari nacionalista, Juan José Ibarretxe, se aplazaría al final de la legislatura, condicionado a un amplio acuerdo en Euskadi. El cambio de las prioridades de la política vasca de lo identitario a las preocupaciones cotidianas de la gente fue una de las improntas de la etapa de Gobierno de Patxi López que asumía Urkullu.

Los resultados de las elecciones vascas tuvieron una orientación similar a los anticipados en las municipales de mayo de 2011 y las generales de noviembre. Amplia victoria de los partidos nacionalistas —PNV ganador y Bildu, segundo— sobre los no nacionalistas, con PSE, tercero, y PP, cuarto. En las autonómicas de 2012, el PNV logró 27 escaños (34,16%), Bildu 21 (24,67%), PSE 16 (18,89%), PP 10 (11,59%) y UPyD 1. En las otras dos convocatorias, las municipales y generales de 2011, también ganó el PNV seguido de Bildu, PSE y PP, pero sus resultados tuvieron fluctuaciones.

El PNV, primera fuerza, logró su mejor resultado en las autonómicas (34,6%) seguido de las municipales (30,05%) y de las generales (27,41%). Bildu, segunda fuerza, tuvo unos resultados muy homogéneos: autonómicas (24,67%), municipales (25,45%) y generales (24,11%). El PSE, la tercera, tuvo, como partido de ámbito estatal, el mejor resultado en las generales (21,55%), seguido de las autonómicas (18,89%) y las municipales (16,34%). El PP tuvo, también, el mejor resultado en las generales (17,81%), seguido de las municipales (13,55%) y el 11,59% en las autonómicas.

La conclusión de las tres elecciones era que el nacionalismo —PNV y Bildu— capitalizaba políticamente el final del terrorismo de ETA y su recorrido posterior inmediato, aunque la recesión económica también influía desfavorablemente para los partidos de ámbito estatal, PSE y PP. El CIS ya había vaticinado que para 2011 y, sobre todo, 2012, el terrorismo había dejado de ser una preocupación prioritaria no solo para los españoles en general, sino también para los vascos en particular.

Las principales preocupaciones estaban en el desempleo y en la recesión económica. En 2011 los socialistas gobernaban Euskadi y el Estado, y en 2012 era el PP quien estaba en La Moncloa. Ambos partidos sufrieron un serio castigo electoral en las autonómicas vascas debido a la recesión económica. El CIS confirmaba, también, que las pérdidas de voto del PSE y PP no implicaban trasvases importantes de voto al bloque nacionalista. El depositario preferente fue la abstención.

La otra cara de la moneda era el importante ascenso de Bildu, que conseguía el mejor resultado de su historia en los tres comicios. Este procedía básicamente de la abstención y de algunos partidos, como Eusko Alkartasuna, Aralar y restos de Ezker Batua, que habían concurrido en su misma candidatura. Joseba Segura, obispo auxiliar de Bilbao que participó como testigo en las conversaciones entre el Gobierno de Aznar y ETA en Suiza en 1999, en una entrevista a El País en marzo, hizo un diagnóstico certero del alza de Bildu.

Segura no se extrañó de su crecimiento porque se benefició del voto reprimido por la ilegalización de la izquierda abertzale desde 2002; del malestar por el inmovilismo del Gobierno central en la consolidación del final del terrorismo; de la capacidad militante de la izquierda abertzale para recoger el voto juvenil antisistema y de la ilusión suscitada en el nacionalismo por la coalición de los partidos abertzales para las elecciones con la presencia de caras nuevas.

Los buenos resultados de Bildu tenían la contrapartida positiva del fortalecimiento de quienes en la izquierda abertzale defendían las vías políticas y debilitaba a la minoría con nostalgias de la etapa terrorista. Había sido premiada por ello. Pero la otra cara de la moneda de las elecciones era que no se le había pasado factura por su complicidad con el terrorismo hasta, al menos, 2006. Se debía al desconocimiento de los jóvenes de la historia reciente de Euskadi.

Los buenos resultados de la izquierda abertzale desde que desapareció el terrorismo de ETA suelen causar perplejidad en el resto de España, y está estrechamente ligada al distinto tratamiento informativo que le conceden la prensa vasca y la nacional. Mientras la prensa vasca ha solido narrar con detalle los esfuerzos de la izquierda abertzale por que el terrorismo de ETA acabara, sobre todo, tras el atentado de la T4 en Barajas en diciembre de 2006 hasta 2011, la prensa nacional —en líneas generales— ha incidido más en los orígenes etarras de los líderes de la izquierda abertzale, en sus pasadas responsabilidades y ha ignorado sus esfuerzos finales por que terminara el terrorismo. Este distinto comportamiento de la prensa explica la distinta percepción existente sobre la izquierda abertzale en el País Vasco y en el resto de España.

Los partidos que más habían sido atacados por el terrorismo de ETA, PSOE y PP, no tuvieron el reconocimiento de los partidos nacionalistas. Lo tuvo el PSE en las elecciones autonómicas de 2009 (30,36%), donde se premió su esfuerzo por contribuir al final de ETA. Pero ya en 2012, como señalaba el CIS, las motivaciones de los electores vascos habían cambiado. Lo que preocupaba era el desempleo y la recesión, y socialistas y populares eran quienes gestionaban aquella dramática situación tanto en Euskadi como en España.

Los resultados vascos ahondaron en la posición inmovilista del PP, el partido del Gobierno, ante el proceso de consolidación del final de ETA. Los sectores más reacios a activar las políticas de convivencia y penitenciaría, encabezados por Esperanza Aguirre y Mayor Oreja, se crecieron. La primera consecuencia fue la dimisión de Antonio Basagoiti como presidente del PP vasco, hastiado de los reproches de los sectores más ultras del PP.

En la reunión de la Junta Directiva del PP, al día siguiente de las elecciones vascas, Esperanza Aguirre reprochó a Basagoiti sus malos resultados comparándolos con los de Mayor Oreja y Carlos Iturgaiz. Era un reproche tramposo porque eran épocas totalmente dispares. Basagoiti fue candidato cuando el terrorismo hacía tres años que había acabado y Oreja e Iturgaiz lo fueron cuando ETA asesinaba a concejales del PP y su partido tuvo un apoyo solidario de una parte importante de la sociedad vasca. El PP nacional no quería ver que la sociedad vasca había cambiado porque las circunstancias eran otras. ETA ya no mataba y Bildu, pese al empeño del PP y de la derecha mediática, no era ETA.

El Gobierno de Rajoy no se reprimió y pocos días después de las elecciones vascas anunció la detención en Francia de la dirigente etarra Izaskun Lesaka e informó de que desde el cese del terrorismo había detenido a una treintena de militantes de ETA. La novedad no eran las detenciones —también las hubo, incluso en los procesos de diálogo de Aznar y Zapatero—, sino el mensaje que las acompañó. El ministro del Interior Jorge Fernández aseguraba que la disolución de ETA vendría por la detención de todos sus militantes ante el escepticismo y la perplejidad de las instituciones y los partidos vascos. Una perplejidad que no ocultaban quienes conocían a ETA como el consejero de Interior Rodolfo Ares.

Era evidente que seguir deteniendo militantes debilitaba aún más a una ETA ya muy exigua. Pero como confiesa Ares: “La disolución de ETA no llegaría por una sucesiva detención de militantes. Siempre habría quienes podrían relevarlos. Llegaría cuando quienes representaban a ETA se convencieran de ello y, en aquellos momentos, cuando la izquierda abertzale lo considerara mejor para sus intereses”.

Capítulo 3

Urkullu en Ajuria Enea

Iñigo Urkullu formó un gobierno del PNV en minoría el 10 de diciembre de 2012 y decidió dirigir personalmente la política de consolidación del final del terrorismo, que convirtió en prioridad junto con las medidas contra la recesión económica. Creó una Secretaría de Paz y Convivencia, adscrita a la Presidencia, dirigida por Jonan Fernández, promotor de Elkarri, movimiento vasco especializado en resolución de conflictos. Fernández, al proceder de Elkarri y no haber pertenecido a los movimientos sociales contra ETA, contaba con el recelo de las asociaciones de víctimas y los partidos no nacionalistas.

Urkullu planteó objetivos básicamente continuistas con el Gobierno de Patxi López en materia de desarme, disolución de ETA y nueva política penitenciaria. El discurso de Urkullu en el Gobierno, como el de López, defendió una paz con memoria del terrorismo, incluido el reconocimiento de la centralidad del terrorismo de ETA. Sin embargo, el desarrollo de algunas de las políticas públicas de memoria no tuvo el mismo acuerdo. Algunas de ellas fueron cuestionadas por los partidos no nacionalistas, incluido el PSE, e historiadores profesionales.

Entre el 28 y 31 de enero de 2013 Urkullu se reunió en Ajuria Enea con Jonathan Powell, representante del CDH, vinculado a la Fundación Henri Dunant, mediadora en el fallido proceso de diálogo del Gobierno de Zapatero y ETA de 2005 a 2007; con Ram Manikkalingam, coordinador de la CIV para informarse de la situación de ETA antes de encontrarse en La Moncloa con el presidente Rajoy. No era la primera vez que Rajoy y Urkullu se entrevistaban. Lo habían hecho dos veces siendo Urkullu presidente del PNV. Esta vez lo hacía como lehendakari.

Rajoy presentó a Urkullu como interlocutor preferente para cuestiones vascas, lo que suscitó alguna expectativa de que el cambio de Gobierno en Euskadi pudiera mover el tablero de la reinserción. También suscitaba expectativas el papel que podría jugar el Parlamento vasco en la nueva legislatura porque tras las elecciones vascas al recobrar su presencia la izquierda abertzale tradicional con la marca Bildu, la cámara vasca se convertía en lugar de encuentro de todos los partidos. Urkullu intentó convencer, una vez más, en aquel encuentro a Rajoy de tomar la iniciativa para un “final ordenado de la violencia”. Pero Rajoy, como había hecho con el anterior lehendakari, se limitó a escuchar sin comprometerse a nada.

Antes de un mes, Rajoy confirmó su nula disposición, ahora con Urkullu, a activar la consolidación del final del terrorismo por la vía dialogada. A mediados de febrero, el Gobierno de Noruega, presionado por el Ejecutivo de Rajoy, expulsó de su territorio a los tres dirigentes etarras allí instalados tras el cese definitivo del terrorismo —Josu Ternera, David Pla e Iratxe Sorzabal—. El Gobierno de Rajoy cerraba definitivamente la puerta al diálogo con ETA y los tres etarras se refugiaron en Francia en domicilios de gente de su confianza.

Pocas semanas después le seguía la clausura definitiva de la Vía Nanclares de reinserción de los presos, a lo que contribuía la posición maximalista del colectivo de reclusos etarras. A su vez, el Gobierno de Rajoy redondeaba su inmovilismo con una actitud beligerante en el mantenimiento de la doctrina Parot —un procedimiento nuevo de cómputo de las penas que las elevaba considerablemente y que numerosos juristas cuestionaban por su carácter retroactivo— para bloquear la salida de prisión de 63 etarras que, según la legislación por la que habían sido juzgados, ya habían cumplido su condena.

De tal modo que el ministro del Interior Jorge Fernández acudió en marzo a Estrasburgo durante la vista de la doctrina Parot en la Gran Sala del Tribunal de Derechos Humanos para influir en sus colegas políticos europeos en una resolución que mantuviera dicha doctrina.

ETA respondió con un comunicado alertando de las “consecuencias negativas” que podría acarrear la actitud del Gobierno de Rajoy, seguido de otro, semanas después, en el que llegaba a plantear “la preocupación y las dudas” sobre el cese definitivo de la violencia. La izquierda abertzale representada por Rufi Etxeberria, que controlaba la dirección de ETA, comunicó por cauces informales que no cabía temer a un regreso al terrorismo por parte de la dirección de la organización armada. Pero no descartaba el riesgo de escisión por el malestar de algunos sectores en su seno que discrepaban del cese de la violencia y que estaban exacerbados por la actitud del Gobierno de Rajoy. Un temor que compartían el Gobierno Vasco y los principales partidos de la comunidad autónoma.

Al Gobierno central no le importó correr el riesgo. Temió menos correr ese riesgo que suscitar las críticas de los sectores más radicales del PP y de la derecha mediática por abrir el diálogo con ETA. Rajoy se consolaba pensando que ETA estaba muy debilitada orgánicamente. Las fuerzas de seguridad calculaban que ETA podía disponer de unas decenas de militantes y estaba escasa de recursos porque hacía tres años que su caja no ingresaba al haber cesado el chantaje del “impuesto revolucionario”.

El representante de la CIV, Ram Manikkalingam, viajó con urgencia a Euskadi y el 20 de febrero comunicó al Gobierno Vasco y a los partidos, en nombre de la dirección de ETA, que la organización no regresaría al terrorismo y que él trataba de convencer a sus representantes que avanzaran hacia un desarme unilateral, en el reconocimiento del daño causado a las víctimas y en la reinserción social de sus presos. Pero tampoco ocultó su temor a un final desordenado y a la escisión. Ratificó que dentro de ETA había núcleos que discrepaban de la línea oficial que era la de la dirección de la izquierda abertzale.

La CIV pretendía que el Gobierno Vasco no renunciara a su papel activo en la consolidación del final de ETA, tras el desentendimiento del Gobierno de Rajoy, que seguía sin reconocerlo. En aquellas circunstancias, el portavoz del Gobierno Vasco, el peneuvista Josu Erkoreka, y el ex lehendakari socialista Patxi López protestaron, por vez primera, públicamente, por la actitud inmovilista del Gobierno de Rajoy.

Hubo un segundo encuentro discreto entre Rajoy y Urkullu en mayo, en el que el lehendakari insistió en su plan de activación de la política penitenciaria con el consiguiente silencio del presidente, enrocado en su mayoría absoluta y temeroso de las incesantes presiones de los sectores ultras de su partido y los mediáticos. El propio José María Aznar tomó partido en el debate en una entrevista en ABC el 30 de junio7 en la que pidió la ilegalización de Bildu y rechazó cualquier cambio en la política penitenciaria, pese al final del terrorismo.

Para Aznar, la legalización de Bildu y un acercamiento de presos etarras a Euskadi, como pretendían la mayoría de los partidos vascos, eran la derrota de la democracia contra el terrorismo. Llamaba la atención su actitud cuando siendo presidente del Gobierno acercó a 120 presos etarras al País Vasco para consolidar la tregua de ETA de 1998, que resultó fallida. Su posición enmendaba a la totalidad los pactos antiterroristas desde 1988, suscritos por todos los partidos, incluidos los populares, por los que un objetivo primordial era que el independentismo no se expresara a través de la violencia sino por la vía política y parlamentaria.

En esas condiciones, Urkullu, como Patxi López antes, decidió que la consolidación del final del terrorismo solo era posible trabajarla desde Euskadi. El 24 de junio, el lehendakari convocó en Ajuria Enea a tres dirigentes de la izquierda abertzale —Rufi Etxeberria, Urko Aiartza y Fernando Barrena— con representantes del CHD, que permanecía en contacto con ETA. En esa reunión, Urkullu hizo una triple propuesta: que ETA avanzara en el desarme, que la izquierda abertzale abriera un proceso autocrítico más allá de la Declaración del Kursaal de enero de 2012 y que los presos etarras asumieran la legalidad penitenciaria.

Ofreció el apoyo del Gobierno Vasco si las tres partes avanzaban en esa dirección. La izquierda abertzale coincidió en el diagnóstico y se comprometió a estudiar la propuesta. El CHD formalmente y la izquierda abertzale, informalmente, trasladarían a ETA la propuesta.

Pocas semanas antes, Lokarri —la misma organización vasca con vinculaciones con la izquierda abertzale que preparó la Declaración de Aiete, antesala del cese definitivo del terrorismo, junto con el Grupo Internacional de Contacto (GIC) de Brian Currin—, había escenificado un encuentro de organismos internacionales en Euskadi en cuyas resoluciones se animaba a ETA a que avanzara hacia un desarme unilateral y a los presos etarras a que asumieran la legalidad penitenciaria. Con esa escenificación, la izquierda abertzale trataba de vestir su apuesta por una nueva estrategia tras el diálogo nonato del Gobierno central y ETA.

Sortu, liderado informalmente por Rufi Etxeberria al estar Otegi en la cárcel, requería, además, ese adorno porque pasaba por horas bajas debido al malestar existente en las familias de presos y en sectores de la propia izquierda abertzale a los que se les había creado la expectativa, cerrada por el Gobierno de Rajoy, de que un proceso de diálogo con ETA propiciaría una solución para los presos.

El llamamiento no logró superar las tensiones internas en el mundo abertzale, sobre todo en las cárceles, donde Sortu no controlaba al colectivo de presos ni tampoco a algunos de los abogados radicales, como Arantza Zulueta, que las frecuentaban, lo que llevo a Sortu a descartar la propuesta del lehendakari Urkullu. ETA, dirigida por David Pla e Iratxe Sorzabal y coordinada con Sortu, lo confirmó con una carta enviada a Urkullu en la que desdeñó el apoyo que le había ofrecido en términos maximalistas.

Pero el tablero, inmóvil desde la política, se agitó desde el ámbito judicial. El 21 de octubre, el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo tumbó por unanimidad la doctrina Parot, por su carácter retroactivo, con lo que 63 presos veteranos de ETA de los 550 fueron puestos en libertad, algunos de ellos muy conocidos como José Antonio López Ruiz, Kubati, autor del asesinato de Dolores González Catarain, Yoyes, por haber abandonado la organización terrorista, o dirigentes históricos de ETA como Isidro Garalde, Mamarru, y Juan Lorenzo Lasa Mitxelena, Txikierdi. Fue la medida más impactante y beneficiosa para los presos de ETA desde el cese definitivo del terrorismo, con sus consiguientes secuelas políticas.

La resolución fue una derrota política para Rajoy y su Gobierno por la beligerancia que mantuvieron en la defensa de la doctrina Parot haciendo caso omiso tanto de Urkullu como de Patxi López que, entre otros, habían aconsejado al presidente del Gobierno que se limitara a acatar lo que el tribunal decidiera pues, como ya se vislumbraba, iba a sentenciar contra dicha doctrina. Su beligerancia fue tal, en fechas previas a la sentencia, que el ministro del Interior Jorge Fernández llegó a amagar con que el Gobierno podría realizar “ingeniería jurídica” para no acatar la sentencia en caso de que fuera desfavorable para el Ejecutivo.

Finalmente, Rajoy impuso que el Gobierno acatara la sentencia, una vez que el Tribunal de Estrasburgo tumbó la doctrina Parot como la acató el presidente de la Audiencia Nacional, Ángel Juanes, y su fiscal jefe, Eduardo Torres Dulce. Como consecuencia, el Gobierno de Rajoy tuvo que soportar las críticas más duras de los sectores ultras de la derecha, incluidos los mediáticos, desde que asumió la excarcelación del preso etarra terminal Uribetxeberria Bolinaga el verano de 2012.

El impacto fue superior, incluso, porque se produjeron movilizaciones callejeras animadas por las asociaciones de víctimas del terrorismo a las que el Gobierno había suscitado la expectativa de que la doctrina Parot no sería cuestionada. Covite, la asociación de víctimas más importante del País Vasco, reprochó a Rajoy que hubiera acatado la sentencia y no hubiera explotado todas las posibilidades legales para impedir la excarcelación de los etarras. Rajoy reconoce en su libro Una España mejor que fue el mayor revés que tuvo en su política relacionada con el final de ETA.

La excarcelación de los 63 presos también tuvo un impacto, en este caso positivo, para la izquierda abertzale al aliviar la presión de los familiares de reclusos y de sus sectores más ultras, descontentos por la ausencia de resultados tras el cese del terrorismo. El desenlace del caso Parot reforzó las posiciones legalistas y pragmáticas que la izquierda abertzale proponía desde hacía tiempo y aminoró el riesgo de escisión en ETA.

De tal modo que Rufi Etxeberria y su equipo lograron convencer al colectivo de presos de ETA y a sus organizaciones de apoyo de que no organizaran homenajes en el inmediato proceso de excarcelación de los 63 presos. El Ministerio del Interior avisó que habría “tolerancia cero” y que estaría vigilante si los recibimientos incurrían en enaltecimiento del terrorismo.

La izquierda abertzale sabía que con el grado de crispación existente, calentado por los medios de comunicación de la derecha, el Ministerio del Interior actuaría con contundencia y no quiso arriesgar el éxito logrado con la excarcelación de los 63 presos ni desfavorecer las posibilidades que podrían abrirse en el futuro. El ministerio ya les había lanzado un aviso un mes antes con la detención de 18 miembros de Herrira, organización de apoyo a los presos de ETA, a los que la Audiencia Nacional puso en libertad.

Pero no todo fue puro pragmatismo en la posición de la izquierda abertzale. Su principal líder oficial en aquel momento, Hasier Arraiz —en sustitución de Otegi— declaró que los homenajes no debían celebrarse para “no herir la sensibilidad de las víctimas”. Era un reconocimiento a la importancia que las víctimas del terrorismo estaban adquiriendo en Euskadi.

La izquierda abertzale aprovechó la ocasión para redoblar la presión sobre el colectivo de presos, al que no controlaba, para que asumiera la legalidad penitenciaria. El colectivo no había respondido a la petición que la izquierda abertzale le había dirigido siete meses antes, en mayo, en un acto público en Euskadi, con representación internacional incluida. Esta vez su presión, avalada por la excarcelación de los 63 presos, consiguió algún efecto.

De manera que el 28 de diciembre, el colectivo de presos de ETA reconocía en un comunicado, por primera vez, la legalidad penitenciaria y asumía la reinserción individual de sus presos. El comunicado suponía un cambio en la actitud histórica del colectivo que, al rechazar la reinserción social, había impedido a los presos etarras tramitar la solicitud de progresiones de grado, la redención de penas por el trabajo y el acceso a la libertad condicional de los mayores de 70 años. Incluso, para estimular a los presos, la dirección del colectivo enfatizó su decisión con un acto público en Durango (Bizkaia) el 4 de enero, con la presencia de la mayoría de los reclusos recientemente excarcelados tras la anulación de la doctrina Parot.

Tres días después, las fuerzas de seguridad detuvieron a una de las asistentes al acto de Durango: Arantza Zulueta, abogada de presos de ETA, acusada de integración en organización terrorista. Su detención en aquellos momentos fue interpretada por el Ejecutivo autónomo y los partidos vascos como una represalia gubernamental tras la anulación de la doctrina Parot. Pronto se conoció el papel obstruccionista de Zulueta a los intentos del grupo de Rufi Etxeberria de que los presos de ETA asumieran la legalidad penitenciaria. Su detención debilitó al sector más intransigente de los presos etarras.

Sin embargo, el Gobierno autónomo y los principales partidos vascos acertaron pocos días después en oponerse al torpe apoyo del Ejecutivo de Rajoy a la arbitraria decisión del juez Velasco de prohibir la manifestación anual, de primeros de año, de la izquierda abertzale de apoyo a los presos etarras. El Gobierno Vasco, como el PSE y el PNV, no entendían que una manifestación que se autorizaba cuando ETA asesinaba, se prohibiera cuando la organización armada había dejado de hacerlo.

La tensión llegó a tal grado que el PNV se sumó a la convocatoria de la manifestación para evitar la radicalización de la izquierda abertzale, que decidió mantenerla pese a la prohibición. Finalmente, con la presencia del PNV y el cambio de lema, el juez levantó la prohibición y se celebró una multitudinaria manifestación sin incidentes.

A fines de mes, Urkullu tuvo un nuevo encuentro con Rajoy en La Moncloa. No fue para zanjar una disputa que ya estaba amortizada. Urkullu ya había adquirido la experiencia de que las disputas con Rajoy eran puntuales, producto de la cuerda floja en que se movía, y que, finalmente, no dejaban huella. Aquel encuentro tuvo como objetivo el aviso de Urkullu a Rajoy de que esperaba un próximo gesto de ETA en materia de desarme y la petición de que no lo impidiera. A mediados de diciembre, el CHD había avisado a Urkullu de un “gesto importante” de ETA y le pidió su colaboración activa.

El 16 de enero y el 12 de febrero, Urkullu mantuvo sendas reuniones con la CIV en calidad de intermediario con ETA. A primeros de febrero, ETA, anunciaba crípticamente en un comunicado “aportaciones significativas para alimentar el proceso de paz sin tardar”, en referencia al gesto de desarme. ETA parecía reaccionar nueve meses después de que la izquierda abertzale, a través de Lokarri y con apoyo internacional, escenificara una petición de gesto de desarme. El 18 de febrero de 2013, solo tres días antes de que se escenificara el “gesto”, la CIV explicó a Urkullu el plan que había concertado con ETA: como órgano fiscalizador del desarme, estaría presente en Euskadi para comunicar el “paso importante” de la organización; la BBC emitiría en un vídeo el gesto de desarme y, posteriormente, ETA emitiría un comunicado en el que ratificaría el paso dado como una “decisión irreversible, inacabada y definitiva de un completo desarme”. La CIV pidió al Gobierno Vasco su colaboración activa, que Urkullu asumió. Ese mismo día, Urkullu se reunió con la izquierda abertzale.

Así, el 21 de febrero, los medios de comunicación fueron convocados a una rueda de prensa en el Hotel Carlton de Bilbao en la que Ram Manikkalingam comunicaría el primer acto de desarme de ETA, en medio de una gran expectación mediática. El acto fue totalmente decepcionante. Manikkalingam leyó un folio, que pasó a la prensa, en el que ETA inutilizaba un fusil, una pistola, dos revólveres y una cantidad exigua de material explosivo. El bochorno fue absoluto cuando, horas más tarde, se visualizaron las imágenes de la BBC, que los propios representantes del Gobierno Vasco, de modo informal, reconocieron que eran “grotescas”.

Manikkalingam trató de neutralizar el ridículo anunciando que le constaba la voluntad de ETA de proceder al desarme y que lo confirmaría en un próximo comunicado. Pero el ridículo fue aún mayor cuando se conoció que los etarras se habían llevado el armamento teóricamente inutilizado, tras exhibirlo ante las cámaras, delante de los verificadores internacionales en un local en Toulouse (Francia).

El fracaso del 21 de febrero no solo afectó a la credibilidad de la CIV, también a la del Gobierno Vasco, que había apoyado y levantado expectativas sobre el evento. No obstante, en un comunicado leído por el lehendakari, afirmó que mantendría su apoyo a la CIV. Pero el sainete no terminó ahí. El 23 de febrero, los representantes de la CIV tuvieron que comparecer en la Audiencia Nacional a instancias del juez Ismael Moreno, que los interrogó por haber mantenido contacto con miembros de una organización terrorista.

Para el juez Moreno fue una incomodidad interrogar a Ronnie Kasrils, exministro del Gobierno de Nelson Mandela y miembro del Comité Ejecutivo del Congreso Nacional Africano, que compareció acompañado del embajador de Sudáfrica en España, y a Chris Mccabe que, como ex director general de la Oficina de Irlanda del Norte del Reino Unido, había jugado un papel importante en el Acuerdo de Viernes Santo, pieza clave para la paz en el conflicto de Irlanda del Norte. O interrogar a Manikkalingam. El juez, tras tomar una declaración a cada uno de los citados que duró poco más de una hora en total, los puso en libertad sin cargos. Manikkalingam declaró que la CIV continuaría colaborando en el desarme de ETA porque contaba con un importante respaldo de la mayoría de las instituciones y partidos vascos.

Urkullu, que había declarado “incomprensible” la citación judicial, acudió a Madrid a apoyar a los representantes de la CIV. Pero lo sucedido tuvo consecuencias. En los días siguientes analizó con la CIV, con Jonathan Powell y con el GIC el fracaso, convertido en bochorno por los medios de comunicación, del minidesarme. Falló la información que los mediadores internacionales habían trasladado sobre la actitud de ETA y fue una desmesura la expectativa mediática que el Gobierno Vasco había contribuido a levantar. Esto fue aún más patente cuando, pasados los días, ETA ni siquiera emitió el comunicado sobre la irreversibilidad del proceso de desarme que había anunciado a los representantes internacionales.

El lehendakari, tras el fiasco, cambió de actitud. Reafirmó su desconfianza hacia ETA y su prevención hacia los facilitadores internacionales. En el caso de ETA y la izquierda abertzale estaba claro que la organización armada seguía soñando con un imposible diálogo con el Gobierno central para desarmarse y activar la solución a sus presos.

En consecuencia, Urkullu trasladó a los facilitadores internacionales que solo se implicaría en el futuro ante contenidos claros y calendarios precisos sobre el desarme de ETA. También se limitaron los movimientos porque tras la citación judicial a la CIV, sus representantes y los del CHD decidieron no regresar a España. Los contactos se siguieron celebrando en el exterior y la representación del Gobierno Vasco recayó en Jonan Fernández.

En ese marco, el Gobierno Vasco se plantó ante Powell cuando pretendió, a instancia de ETA, que en junio de 2014 se celebrara un encuentro similar al de Aiete de octubre de 2011 para salir de la parálisis. Urkullu reiteró que no habría nuevos eventos sin un avance “claro y definitivo” de ETA en materia de desarme. Powell tuvo que limitar su escenificación con un encuentro en Bilbao el 16 de julio con los partidos vascos, acompañado del exlíder del IRA, Martin McGuinness.

Con su presencia en Euskadi, Powell pretendía mostrar que, pese a la parálisis, seguía dispuesto a colaborar. La CIV, por su parte, mostraba su perplejidad ante el inédito caso español de que un Gobierno, el de Rajoy, se desentendiera de la disposición a desarmarse de una organización que en el pasado se le había enfrentado violentamente. La CIV recordaba, por ejemplo, que el Gobierno de Felipe González en los años ochenta había mediado entre el Ejecutivo colombiano y el grupo guerrillero M-19 para lograr su disolución.

En el verano de 2014, la izquierda abertzale y la dirección de ETA decidieron esperar a la celebración de las elecciones generales de 2015 en la expectativa de que un posible cambio de Gobierno —la recesión también había dañado a Rajoy como lo había hecho con Zapatero— facilitara la llegada a La Moncloa de otro Ejecutivo con el que poder entenderse para organizar el desarme. También necesitaban tiempo para que los presos de ETA avanzaran en la asunción de la legalidad penitenciaria. Las elecciones europeas de mayo de 2014 habían apuntado un cambio sensible en las preferencias electorales españolas con la caída espectacular del PP y también del PSOE, y el auge sorprendente de partidos nuevos como Podemos y los centristas de Ciudadanos.

Los resultados de las elecciones europeas habían arrastrado la dimisión de Alfredo Pérez Rubalcaba como secretario general del PSOE, que sería sustituido por Pedro Sánchez, elegido en unas elecciones primarias socialistas frente a Eduardo Madina y José Antonio Pérez Tapias. Antes, Pérez Rubalcaba había participado con Rajoy en otro acontecimiento de calado histórico: el proceso de sustitución en la Jefatura del Estado de Juan Carlos I por Felipe VI. Con una situación cambiante, Rajoy y el PP temían, a su vez, perder comunidades autónomas y ayuntamientos en las elecciones municipales de mayo de 2015 y hasta los propios comicios generales de ese mismo año se presentaban inciertos ante los posibles pactos de centroizquierda.

No obstante, ETA quiso mantener la atención sobre el desarme, con sendas notificaciones en julio y diciembre de 2014, en las que anunció que estaba procediendo al sellado de sus depósitos de armamento. La CIV emitió un comunicado el 21 de diciembre en el que validaba el sellado anunciado por ETA, lo que le implicó un desencuentro con el Gobierno Vasco, que rechazó la validez de un sellado genérico, sin precisiones. El Ejecutivo vasco, convencido de la maniobra propagandística de ETA, aprovechó la ocasión para presentar su propio plan de desarme, cuya clave radicaba en la constitución de un comité supervisor con presencia de una representación de la sociedad civil vasca, del Ejecutivo autónomo y de los verificadores internacionales al automarginarse el Gobierno central de Rajoy. Cuatro meses después, ETA descalificaba la propuesta del Gobierno Vasco.

El colectivo de presos de ETA tampoco respondió a las expectativas creadas en su comunicado del 28 de diciembre de 2013. A finales de 2014, el balance era exiguo. Algunos presos solicitaron su acercamiento a cárceles próximas al País Vasco sin acompañarlo de ningún reconocimiento a las víctimas del terrorismo o de rechazo a la violencia. Instituciones Penitenciarias no atendió las peticiones. El colectivo de presos mantuvo, incluso, una actitud desafiante con Instituciones Penitenciarias, a la que amenazó con denunciar ante el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo si no atendía a las reclamaciones de acercamientos.

No obstante, Urkullu trató de tomar la iniciativa, a la desesperada, ante el temor de que el ciclo electoral retrasara indefinidamente el proceso de reinserción de los presos etarras con el posible riesgo de escisiones. Lo anunció en una conferencia en El Escorial, en el marco de la Escuela Complutense de Verano el 1 de julio. En el otoño lo materializó en un plan de reinserción de presos, denominado Hitzman, que incluía el rechazo a la violencia y la autocrítica, y una propuesta para normalizar la situación de los presos etarras, basada en el derecho penal y penitenciario: Zuzen Bidean (‘en el camino recto’).

Los temores de Urkullu y de los partidos vascos sobre las disidencias en ETA se materializaron a finales de agosto con el incendio de cinco autobuses municipales en Loiu (Bizkaia). Era el ataque violento más grave tres años después de la declaración de ETA de cese del final del terrorismo. Sortu lo condenó rotundamente y precisó que el grupo actuante no procedía de una escisión de ETA sino de radicales, descontentos por la situación de los presos. Sortu redobló el avisó inicial tras un nuevo ataque posterior a unos autobuses en Derio (Bizkaia).

Pero los incidentes no tuvieron más secuelas. Los disidentes tomaron en serio las severas amenazas que les dirigió Sortu. El partido sucesor de la antigua Batasuna mantuvo la capacidad para imponer disciplina en el campo de la radicalidad vasca. Con ello logró evitar que la disidencia creciera hasta poner en riesgo el cese del terrorismo como sucedió en Irlanda del Norte. En este país, tras el Acuerdo del Viernes Santo de 1998, los disidentes del IRA y de los lealistas causaron 250 víctimas mortales. El Gobierno autónomo y los partidos vascos, especialmente Urkullu, recordaban a Rajoy, siempre que tenían ocasión, su temor de que pudiera producirse una escisión en Euskadi como sucedió en Irlanda del Norte.

Urkullu presentó sus nuevas propuestas a Rajoy en el otoño y el presidente, una vez más, mostró su comprensión hacia el lehendakari, pero no hizo nada. El Gobierno de Rajoy estaba plenamente informado del crecimiento de la disidencia en el mundo abertzale y la propia ETA por representantes del Ejecutivo vasco. No se inmutó. Su único criterio era que, en clave política, es decir, partidista, arriesgaba mucho y no ganaba nada con acercamientos de presos a cárceles vascas o una flexibilización de la política penitenciaria. En el Gobierno de Rajoy no había política de Estado, coinciden varios interlocutores del Ejecutivo vasco y de los partidos de la comunidad.

A su vez, el Gobierno Vasco dio a conocer a los presos etarras su propuesta de reinserción en cartas que envió entre finales de 2014 y primeros de 2015, que no fueron atendidas. Jonan Fernández, en representación del Gobierno Vasco, se entrevistó, incluso, en cárceles parisinas en enero de 2015 con los dirigentes etarras encarcelados, Mikel Antza y Soledad Iparraguirre, Anboto, como interlocutores del colectivo, para exponerles la iniciativa, que fue rechazada.

La propia izquierda abertzale se desentendió de la propuesta de Urkullu con calificativos de “viaje a la nada” o “maniobra de distracción”. El Gobierno Vasco reconocía el voluntarismo de su empresa, pero su iniciativa le servía, al menos, para demostrar ante la opinión pública su pretensión de culminar lo más rápido posible el capítulo etarra.

Se abría un periodo de parálisis hasta cerrarse el ciclo electoral de 2015, que se prolongaría hasta noviembre de 2016 al repetirse las elecciones generales de diciembre de 2015 por la imposibilidad de Rajoy de formar gobierno.

Capítulo 4

Las víctimas del terrorismo

Los dos primeros años posteriores el cese del terrorismo de ETA centraron el interés político y mediático en la consolidación de su final. El debate sobre la perspectiva del desarme y disolución de ETA y de la política penitenciaria de los presos etarras acaparaba el interés político e informativo. La prioridad de los políticos vascos era evitar que se malograra el cese del terrorismo con una escisión, pero las víctimas del terrorismo vivían otra realidad. Desde la celebración de las elecciones municipales y forales de 2011, Bildu, la marca que representaba a la izquierda abertzale, regentaba 58 de los 88 municipios gipuzkoanos, entre ellos, su capital, San Sebastián, además de la Diputación de Gipuzkoa, así como 30 de los 112 bizkainos. Resultó premiada en las primeras elecciones que se celebraron sin atentados, sobre todo en Gipuzkoa.

Bildu fue legalizada en vísperas de la campaña electoral de las municipales porque en sus estatutos rechazaba el terrorismo de ETA. Pero para muchas víctimas resultaba ofensivo que algunos de sus líderes, que habían sido cómplices políticos del terrorismo etarra y no habían pedido perdón por ello, se beneficiaran de la legalización. ETA había asesinado a 854 personas y herido a millares. Contemplar a Bildu al frente de la Diputación de Gipuzkoa, del Ayuntamiento de San Sebastián y de numerosos municipios vascos se convertía para muchas víctimas y ciudadanos que las apoyaban en una prueba muy difícil de asimilar.

Los hijos de José Ramón Recalde —que fue consejero de Educación del Gobierno Vasco e intelectual socialista, herido gravemente por ETA en 2000—, suelen relatar que en el juicio sobre el intento de asesinato a su padre, sus agresores no mostraron ninguna señal de arrepentimiento, pese a que ya había pasado un año desde el final del terrorismo. Eran vísperas de las elecciones vascas de 2012. A los dos días, Bildu resultó elegida segunda fuerza política de Euskadi, tras el PNV, y logró el mejor resultado de su historia en unos comicios autonómicos, récord que también había alcanzado en las elecciones municipales y generales de 2011.

La familia Recalde, antifranquista y caracterizada por su talante democrático, tolerante y comprensivo, vivió la situación con indignación y amargura. Unos sentimientos que se extendían a millares de familias que habían padecido el terrorismo, muchas de ellas residentes en el País Vasco.

El final del terrorismo etarra y la legalidad de Bildu tampoco normalizaron totalmente la vida municipal. En un reportaje, publicado en El País en octubre de 20148, tres años después del cese del terrorismo y de las primeras elecciones municipales sin atentados, los concejales no nacionalistas, del PSE y del PP, de varios municipios gipuzkoanos y bizkainos, reconocían que había desaparecido el miedo a los atentados de ETA, que ya no llevaban escoltas, pero que las relaciones con los ediles de Bildu no eran normales, que no se hablaba del pasado, que era tema tabú y que en sus posiciones políticas se percibía ausencia de empatía hacia las víctimas del terrorismo; más aun en localidades donde aún eran recientes los asesinatos de ETA y en quienes tenían familiares que habían militado en ETA. Esta situación era más patente en los ayuntamientos gobernados por Bildu.

Algunos concejales, como Maider Lainez, socialista de Andoain, se quejaban de que, en su ayuntamiento, gobernado por Bildu, las mociones relacionadas con los presos de ETA monopolizaban el interés político del equipo de gobierno. Jesús Zaballos, de Lasarte, relataba que los concejales socialistas reclamaron el despacho que había pertenecido a Florián Elespe, teniente alcalde del PSE asesinado por ETA en 2001, y Bildu colocó ahí a una concejal, familiar de un etarra encarcelado. Otros, como Javier Núñez, concejal del PP de Elgoibar, el pueblo de Arnaldo Otegi, resaltaba el aislamiento en que se encontraba por un temor ciudadano aún sin superar. Le habían votado 300 vecinos de Elgoibar, pero no consiguió que conectaran con él, pese a reclamarlo por varios cauces.

Hubo excepciones a esta situación general en los ayuntamientos gobernados por Bildu. La más relevante fue la del Ayuntamiento de Rentería que, además, había sido en los años setenta y ochenta un símbolo de la violencia, primero del franquismo, luego de los desmanes policiales y, finalmente, de ETA. En un municipio de 47.000 habitantes, ETA asesinó a 19 personas y fueron una decena las personas asesinadas por los grupos parapoliciales y los excesos de las fuerzas de seguridad. En 1981, la revista Time eligió Rentería para representar la violencia en Euskadi. Su alcalde, Julen Mendoza, un joven de Bildu que se había alejado de la izquierda abertzale en las etapas violentas, intentó convertir el pueblo de símbolo de la violencia a símbolo de la paz en la etapa posterior al terrorismo etarra.

Intentó realizar un ensayo de convivencia desde abajo. Empezó por acudir a la reinauguración de la Casa del Pueblo y a una conferencia del exdirigente socialista vasco Ramón Jáuregui. El PSE, que había gobernado Rentería en los años ochenta y noventa, recibió 27 ataques de la kale borroka en su casa del pueblo, y su alcalde, José María Gurruchaga, recibió una tremenda paliza en 1983 ante la indiferencia vecinal.

Mendoza, con su presencia, trató de mostrar su reconocimiento al grupo político que más había sufrido los ataques de ETA. Paralelamente, reunió a los concejales de todos los partidos representados en el ayuntamiento desde el PP a Bildu para generar un clima de colaboración y convivencia. Organizó unas jornadas cinematográficas en las que se exhibieron películas sobre el final de ETA, las víctimas del terrorismo y sobre los presos etarras a las que fueron invitadas víctimas de la localidad.

Fue especialmente reveladora la intervención del alcalde de Bildu dirigida a las víctimas de ETA, entre las que estaba la viuda de José Luis Caso, concejal del PP asesinado por ETA en 1996, a las que pidió perdón: “A aquellas a las que durante tiempo les he considerado los otros les traslado un profundo ‘lo siento’ de todo corazón por el sufrimiento causado. Por mucho que pretenda imaginarme nunca llegaré a vivir y dimensionar lo suficiente por su sufrimiento”.

En un artículo publicado por El País en febrero de 20139, José Manuel Herzog, concejal del PP de Rentería, dijo sobre esta experiencia “No vamos a olvidar lo que hemos pasado. Vamos a exigir a Bildu que reconozca el daño causado. Pero vamos a trabajar por una convivencia digna, para mirarnos a la cara y nuestros hijos no pasen lo que nosotros hemos pasado”. Las experiencias de convivencia entre concejales nacionalistas y no nacionalistas se extendieron hasta 15 de los 88 ayuntamientos gipuzkoanos. Sirvieron para mejorar la convivencia municipal, pero no jerarquizaron las responsabilidades del terrorismo en Euskadi donde ETA había centralizado el terror desde mediados de los años ochenta en el marco de una democracia y autogobierno desarrollados.

En clave política, el PSE y el PP vasco, cuyos militantes habían padecido el acoso de ETA y comprobaban que la vida no estaba normalizada, sabían que la convivencia no podía ser auténtica sin colocar en el centro de la atención a las víctimas del terrorismo, especialmente las de ETA. Desde 1999 existía una Ley de Víctimas del Terrorismo a escala estatal que, en 2011, al finalizar el Gobierno de Zapatero, amplió sus derechos. Pero lo que se planteaba en la nueva etapa no era una cuestión de legalidad, era una cuestión de convivencia.

Había un malestar extendido en muchas víctimas del terrorismo porque las instituciones políticas y los medios de comunicación hablaban más de los presos de ETA que de ellas, porque la izquierda abertzale gobernaba en numerosos ayuntamientos vascos, porque no reconocía la injusticia política del terrorismo y tenían la sensación de que los partidos y el Gobierno Vasco no se lo exigían. Ese malestar lo reflejaban las asociaciones de víctimas de ETA.

El Gobierno de Urkullu fue aún más consciente del malestar de las víctimas, tras la inesperada rebelión de algunas asociaciones contra el Gobierno del PP por la anulación de la doctrina Parot. Un partido, el PP, con el que habían actuado al unísono en su oposición al diálogo del Ejecutivo de Zapatero con ETA siete años antes. Urkullu había percibido, también, que la sociedad vasca había cambiado en su actitud hacia las víctimas del terrorismo. Las encuestas señalaban que el 83% de los vascos reclamaban su reconocimiento público, a lo que habían contribuido desde mediados los años ochenta los movimientos sociales —como Gesto por la Paz o el Foro de Ermua y Basta Ya— en su defensa y denuncia de las atrocidades del terrorismo, especialmente el de ETA.

Estas plataformas movilizadoras fueron disolviéndose una vez que ETA cesó la violencia. Pero antes de hacerlo reclamaron a las instituciones que atendieran las peticiones de verdad, justicia y reparación de las víctimas. Urkullu tampoco era un lego en el conocimiento de las víctimas y sus asociaciones pues había presidido la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento vasco de 1998 a 2008.

El Gobierno de Urkullu percibió que la desatención hacia las víctimas de ETA era más patente al haber concentrado los políticos vascos su atención política, justo después del cese del terrorismo, en consolidar su final. En aquellos primeros momentos, los gobernantes vascos priorizaron lo urgente —asegurar que la declaración de final del terrorismo de ETA no tuviera un retroceso— sobre lo importante, que eran las víctimas.

El Gobierno Vasco pretendió colaborar en la aceleración del desarme y de la reinserción de los presos de ETA, pero pasada una primera etapa comprobó que las tensiones internas en el mundo abertzale lo impedían. El grupo de Rufi Etxeberria dirigía el mundo abertzale sobre una ETA muy debilitada, pero no lo controlaba totalmente, sobre todo a los presos. Esas tensiones lo situaban en una burbuja. Las reivindicaciones de las víctimas tras el final del terrorismo le resultaban lejanas. La actitud de la izquierda abertzale, unida a la nula colaboración del Gobierno de Rajoy en culminar el desarme de ETA, empujaron a Urkullu y su Gobierno a concentrar su atención en las víctimas y fijar un discurso político adaptado a la etapa posterrorista en que había entrado el País Vasco.

Las víctimas del terrorismo son plurales políticamente; también las asociaciones de víctimas. Durante el intento del Gobierno de Zapatero de terminar con el terrorismo de ETA por la vía dialogada, entre 2005 y 2006, algunas asociaciones, entre ellas la AVT y Covite, las más representativas, se movilizaron en su contra junto con el PP, que hizo del terrorismo un arma política de desgaste del Ejecutivo socialista. El PP de Rajoy, en oposición al Gobierno de Zapatero, encabezó una docena de manifestaciones, casi todas en Madrid, en contra la legalización de la izquierda abertzale; contra cualquier planteamiento de acercamiento de los presos etarras a cárceles próximas al País Vasco o la anulación de la doctrina Parot —que permitía la excarcelación de presos veteranos con muchos años de condena cumplida— pendiente de resolución en el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo.

Tras la llegada del Gobierno de Rajoy a la Moncloa, algunas asociaciones de víctimas, especialmente Covite, la más representativa de Euskadi, le exigieron que mantuviera sus compromisos en la oposición y en las movilizaciones que había compartido con ellas. Cuando Rajoy se opuso a promover la ilegalización de Bildu, propuesta en el Congreso de los diputados por UPyD en 2012 y cuando facilitó la excarcelación del etarra gravemente enfermo Josu Uribetxeberria ese verano, algunas asociaciones de víctimas se revolvieron contra el Ejecutivo de Rajoy

El malestar se convirtió en movilización callejera cuando el Gobierno de Rajoy acató, sin recurrir, la sentencia del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo sobre la doctrina Parot que implicó la excarcelación de 63 presos etarras en el otoño de 2013. Las asociaciones de víctimas del terrorismo que apoyaron a Rajoy en la oposición contra el Gobierno de Zapatero se sintieron engañadas y utilizadas por sus intereses políticos. Covite rompió con él.

La percepción de las asociaciones de víctimas del terrorismo de ETA hacia el Gobierno Vasco también era muy crítica. Discrepaban de su disposición a flexibilizar la política penitenciaria de los presos etarras, de su apoyo a la decisión judicial de anular la doctrina Parot, así como de facilitar el desarme y la disolución de ETA por la vía dialogada. Pero reconocían, especialmente Covite, que, a diferencia del Gobierno de Rajoy, el de Urkullu, como anteriormente el de Zapatero, no los engañaba.

Covite reprochaba sobre todo al Gobierno Vasco de Urkullu que en su estrategia contra el terrorismo nunca las había tenido en cuenta y que el PNV en sus análisis tradicionales sobre el tratamiento de las víctimas y la memoria del pasado terrorista entremezclaba todas las violencias para difuminar la responsabilidad de la más grave e influyente en Euskadi: ETA.

El Gobierno Vasco conocía esas críticas y comprobó, también, que el comportamiento de al menos algunas de las asociaciones de víctimas del terrorismo era independiente del PP, que no eran su correa de transmisión e inició su acercamiento con un discurso más cercano a sus sentimientos y propuestas, destacando que ETA no tuvo ninguna justificación política y que tanto ella como sus cómplices políticos de la izquierda abertzale tenían pendiente una autocrítica ante la sociedad. El discurso del Gobierno nacionalista de Urkullu también había evolucionado: acercaba su visión sobre el terrorismo vasco a la de las asociaciones de víctimas de ETA y dejaba atrás el de la equiparación de todas las violencias.

Empezó la escenificación de su acercamiento a las víctimas de ETA el 20 de febrero de 2015 con una autocrítica del propio Ejecutivo autónomo por su comportamiento histórico, con motivo del 15 aniversario del asesinato de Fernando Buesa por parte de ETA. Urkullu revistió el acto de homenaje no solo a Buesa sino a José Ramón Recalde, el otro consejero del Gobierno Vasco atacado por ETA de la solemnidad de las grandes ocasiones, acompañado por el Ejecutivo vasco en pleno, en el palacio de Ajuria Enea.

Con esa escenificación singular reclamó a instituciones y partidos vascos “compartir” una “reflexión crítica” sobre “lo que no se ha hecho, se ha hecho de manera silente o se ha hecho tarde en el reconocimiento de ese daño radicalmente injusto causado a las víctimas”. Su visión de ETA fue, también, inequívoca, al calificarla de “estructura ideológica perversa” y denunciar su trayectoria porque “ninguna causa puede situarse por encima de los derechos humanos, las personas y la vida”, y reclamar a sus autores y sus apoyos políticos, a la izquierda abertzale, la deuda pendiente con la sociedad de “reconocer la iniquidad de dicha forma de pensar y la injusticia que padecieron sus víctimas”.

Urkullu, con este discurso nítido contra la singular perversión del terrorismo de ETA, rompía con la complacencia que el nacionalismo había mantenido con la organización terrorista al asumir la teoría del conflicto, la de dos violencias equiparables: la de ETA y la del Estado. Asimismo, el Gobierno de Urkullu reconocía, por vez primera, la falta de empatía histórica de las instituciones vascas, empezando por el propio Ejecutivo autónomo nacionalista, hacia las víctimas de ETA. De este modo, pretendía responder a las críticas que seguían acusándolo de mezclar las diversas violencias para difuminar la centralidad del terrorismo de ETA.

Urkullu dio el siguiente paso el 5 de junio con un acto dedicado expresamente a las víctimas de ETA. Unos días antes, las elecciones municipales y forales de mayo habían desalojado a Bildu de la Diputación de Gipuzkoa y de algunos ayuntamientos como el de su capital, San Sebastián. Su forma autoritaria de proceder y su falta de empatía con la sociedad le pasaron factura. El público asistente fueron 120 víctimas del terrorismo en el marco de una jornada dedicada a “Víctimas y sociedad” en la Cámara de Comercio de Gipuzkoa.

El acto estuvo precedido la víspera por un encuentro inédito, a puerta cerrada, del lehendakari con todas las asociaciones de víctimas del terrorismo de ETA. Algunos participantes del encuentro coincidieron en que la primera parte de las dos horas de reunión fue muy tensa. Consuelo Ordóñez, de Covite, rompió el fuego y criticó la desatención histórica del Gobierno Vasco hacia las víctimas de ETA. Pero también atacó la gestión que estaba haciendo en el posterrorismo con su respaldo a la decisión del Tribunal de Estrasburgo de anular la doctrina Parot y la primacía que otorgaba a un desarme y disolución dialogados con la participación de organismos internacionales como la CIV.

Un temor prioritario y común de las víctimas de ETA era que, junto con la izquierda abertzale, lograran su propósito de difuminar su responsabilidad en la injusticia del terrorismo con la coartada del “conflicto vasco” y las diversas violencias que habían existido en Euskadi. Urkullu respondió a las intervenciones y les adelantó el compromiso que asumiría en el discurso del día siguiente.

Urkullu empezó con una petición de perdón a las víctimas del terrorismo porque a las instituciones vascas les faltó “inteligencia emocional” y porque “llegamos tarde a la sensibilidad y respuesta que necesitaban las víctimas”. “Debimos reaccionar antes y hacerlo mejor”. Pero en este discurso profundizó en la autocrítica, solo apuntada en febrero en Ajuria Enea. Se refirió críticamente al “vacío de atención a las víctimas del terrorismo en los años setenta y ochenta” por parte del Gobierno Vasco. E incluyó, también, el primer acuerdo de todos los partidos democráticos vascos contra ETA, el Pacto de Ajuria Enea, firmado en 1988, que no hacía referencia a las víctimas del terrorismo.

Fue clara y rotunda su referencia a la etapa gubernamental de Ibarretxe y a sus rescoldos en 2015, al señalar que “a partir de los años noventa ocurrió que la intensidad de la división política desdibujó la unidad en la solidaridad con las víctimas y el rechazo a la violencia, algo que de manera injusta e inaceptable hoy todavía sucede”. Cerró la primera parte con una apelación a mantener viva la memoria contra el terrorismo etarra: “Que la memoria y el dolor de las víctimas no queden relegados por una mirada al futuro que olvide el pasado”. Recuperaba el compromiso de una paz con memoria alcanzado en el Parlamento vasco en julio de 2012.

En la segunda parte se comprometió a abrir una nueva etapa con las víctimas del terrorismo y fijó tres pautas: reflexión autocrítica sobre el pasado, defensa de un mínimo ético y voluntad de unir las víctimas a la sociedad. Explicó así su compromiso: “El fin del terrorismo no puede suponer pasar página sin clarificación, reconocimientos ni crítica explícita sobre lo sucedido. El Gobierno Vasco se opondrá a cualquier historia de justificación de la violencia o de las vulneraciones de derechos humanos. Este es el mínimo ético indispensable para construir el futuro”.

El compromiso que adquirió Urkullu era importante para un líder nacionalista. Aclaraba que incorporaba a su discurso político que el terrorismo etarra no tuvo justificación política y la exigencia permanente a la izquierda abertzale de reconocer dicha injusticia. Rechazaba las coartadas de la izquierda abertzale de justificación del terrorismo por el “conflicto histórico” del País Vasco o la de la “respuesta a la violencia del Estado”. Su compromiso político le acercaba a las posiciones defendidas por las asociaciones de víctimas en su exigencia de reconocimiento del daño injusto provocado por ETA y en mantener viva esa memoria.

Su intervención provocó que la presidenta de la AVT, Ángeles Pedraza, señalara que “había marcado un antes y un después” en su relación con las víctimas del terrorismo. Consuelo Ordóñez, de Covite, fue más crítica porque Urkullu no renunció a seguir intentando un desarme y la disolución de ETA de la mano de organismos internacionales como la CIV. Covite quería la disolución de ETA con la detención policial de todos sus miembros.

Tras el discurso político de Urkullu sobre las víctimas de ETA había una reflexión de fondo sobre el fenómeno terrorista en Euskadi que el lehendakari venía abordando con su núcleo duro tras el final del terrorismo. Era inaceptable el modelo de emulación de Irlanda del Norte que la izquierda aberzale y ETA querían aplicar en Euskadi, que los presos centraran la atención en la etapa posterrorista como sucedió en Irlanda del Norte con los del IRA y los unionistas. En Irlanda del Norte, 447 presos norirlandeses fueron puestos en libertad tras el Acuerdo de Viernes Santo.

Pero la situación de Irlanda del Norte era distinta a la de Euskadi. En Irlanda del Norte se enfrentaron dos organizaciones terroristas, con fuerzas equilibradas, que supuso 3.700 víctimas mortales. En Euskadi fue diferente. Hubo una guerra sucia limitada numéricamente. Sus asesinatos representaron el 7% frente al 92% de ETA; también temporalmente. La guerra sucia cesó a mediados de los años ochenta y el terrorismo de ETA continuó hasta 2011, en que atacó indiscriminadamente a los sectores de la población que no compartían su ideología.

Para Urkullu y su núcleo duro, el modelo vasco se aproximaba más al de las comisiones de la verdad de Argentina, Guatemala o El Salvador en el sentido de que las víctimas centraban la atención, tras el final del terrorismo. En cuanto al tratamiento de las víctimas, su planteamiento fue el que acordaron los partidos vascos, con la excepción de Bildu, tras el final del terrorismo: todas las víctimas, las de ETA y las de la guerra sucia, tenían los mismos derechos. Pero como las causas del terrorismo no eran las mismas, había que distinguirlas y la más grave, la de mayor calado social, fue la de ETA. Lo que comportaba un discurso político activo contra la influencia ideológica del terrorismo y el autoritarismo.

Urkullu y su núcleo duro asumieron, también, la necesidad de abordar de frente la cuestión de las víctimas de ETA porque si no se cerraba bien, reaparecería. Estaba pasando con las víctimas del franquismo y estaba empezando a pasar, transcurrido el tiempo, con las víctimas del IRA en Irlanda del Norte. Cerrar bien el sufrimiento injusto de las víctimas era, finalmente, la mejor garantía de que la tragedia vivida no volviera a repetirse en la historia.

El discurso autocrítico del Gobierno Vasco con las víctimas del terrorismo tuvo mucho calado social en Euskadi. Una de las instituciones clave afectadas por la autocrítica fueron los medios de comunicación. Habían vivido una paradoja. Durante los años setenta y ochenta, igual que el Gobierno Vasco, no habían sido sensibles con las víctimas del terrorismo. La proliferación de crímenes de ETA, singularmente en los años 1979, 1980 y 1981, cuando se acercaron al centenar de media anual y se centraron en policías y militares, provocó una errónea banalización del asesinato. Pasó a formar parte del paisaje vasco.

Hoy no hay duda de que los medios de comunicación también contribuyeron a fomentar la indiferencia de la sociedad vasca ante los asesinatos de ETA. Pero los periodistas también fueron víctimas de ETA. Ya en los años ochenta sufrieron acosos desde Herri Batasuna como el veto a algunos periodistas o señalamientos críticos en el diario Egin, controlado por la izquierda abertzale. Su situación se agravó desde mediados de los años noventa cuando la organización terrorista, en su campaña de “socialización del sufrimiento”, los situó como objetivo.

ETA les llegó a dedicar una ponencia específica, Txinauriak, en la que los declaró “agente del enemigo” y tuvieron sus víctimas mortales. Fueron asesinados José Luis López de Lacalle, colaborador de El Mundo, y Santiago Oleaga, directivo de El Diario Vasco. Gorka Landaburu, director de Cambio 16, fue herido de gravedad. Fueron, al menos, una veintena los periodistas que tuvieron que abandonar el País Vasco por amenazas directas de muerte y al menos medio centenar tuvo escolta permanente durante una docena de años de media, especialmente los que permanecieron en Euskadi.

En mayo de 2015, el diario El País publicó un reportaje10 en el que se pronunciaron los directivos de los principales medios vascos sobre el tratamiento mediático del terrorismo y primó la autocrítica en el tratamiento a sus víctimas. Juan Carlos Martínez, director de El Correo, el principal diario vasco, señaló: “Reaccionamos con tibieza con las víctimas. Las portadas de los periódicos eran frías, confusas, deslavazadas, empujadas por el ritmo infernal de ETA. Verlas hoy te deja boquiabierto. Un asesinato de ETA no era la noticia más importante. Algunos periódicos no escribían editoriales. La prensa era un reflejo de la sociedad que miraba con perplejidad, cuando no con indiferencia, lo que sucedía. Los periódicos no supieron acercarse a la realidad con la contundencia necesaria, sobre todo, a las víctimas”.

El director de El Correo atribuía ese comportamiento al clima de confusión existente durante la Transición en Euskadi, con varias organizaciones terroristas operando y actuaciones abusivas de unas fuerzas de seguridad, inadaptadas aún a la democracia. “Esta situación, unida al miedo que provocaba una ETA muy poderosa y con mucho arraigo social, tuvo un efecto paralizante”, remataba Martínez. Solo entre 1979 y 1980, las diferentes ramas de ETA asesinaron a 177 personas.

El director del diario nacionalista Deia, Bingen Zupiria, reconocía que las víctimas del terrorismo no contaron nada en los años setenta y ochenta porque “en el debate político, al que seguía la prensa, primaba buscar soluciones al problema de la violencia”. “El propio Pacto de Ajuria Enea, que supuso el primer aldabonazo del Gobierno y los partidos vascos contra ETA, apenas dedicó atención a las víctimas. Pero, a su vez, influyó en los medios de comunicación al pedirles colaboración contra el terrorismo. Por ejemplo, en el lenguaje. Hasta entonces al referirnos a las acciones de ETA las calificábamos de violencia y a partir de entonces las calificamos de terrorismo”.

El director de El Correo situaba el cambio de la prensa vasca de “la tibieza a la contundencia” en el tratamiento a las víctimas con el asesinato de ETA a Gregorio Ordóñez en 1995, como primer aldabonazo, y con el del concejal del PP de Ermua, Miguel Ángel Blanco, en 1997. “Lo horrendo de aquel crimen y sus circunstancias desbordaron la indignación con múltiples manifestaciones espontáneas, con la Ertzaintza teniendo que proteger las sedes de HB. Se perdió el miedo. Los medios, entonces, estuvimos a la altura de las circunstancias y la consecuencia fue que ETA redobló sus ataques contra nosotros”, señala Martínez. Entre 1992 y 2002, la prensa vasca sufrió 140 ataques de ETA y su kale borroka.

El director de Deia subrayó que “la actitud más beligerante de la prensa se produjo cuando ETA atacó a políticos y periodistas con su estrategia de socialización del sufrimiento iniciada en 1995. No pasó lo mismo con los ataques a los policías y militares”. Alberto Surio, director de Opinión de El Diario Vasco, rubricó: “Nuestra conciencia fue paralela a la de la sociedad vasca, indignada con el terrorismo que amplió sus límites hasta la persecución y el ataque a la libertad de opinión, algo insólito en el corazón de Europa”.

Aquella catarsis culminó en compromisos. El director de El Correo asumió: “Nos faltó humildad, capacidad para distinguir que las víctimas eran lo primero. En esta etapa, tras el cese del terrorismo, es prioritario recordar que no se hicieron bien las cosas con ellas. Nos van a ocupar mucho. Tenemos que atenderlas y rendirles homenaje, evitando utilizaciones partidistas, venganzas y climas de persecución. Se lo debemos”. El director de Deia, a su vez, señaló: “Maltratamos a las víctimas al no prestar la debida atención a su dolor. Fuimos observadores y nos equivocamos porque ante el dolor hay que tener una atención especial”.

También alcanzó cierto nivel de autocrítica al director de Berria, el único diario redactado exclusivamente en euskera, cuyo director, Martxelo Otamendi, se situaba en posiciones próximas a la izquierda abertzale. En 2003, durante el Gobierno de Aznar, la Audiencia Nacional cerró Egunkaria, antecesor de Berria, y sus dirigentes fueron detenidos, acusados de pertenencia a ETA. Otamendi denunció torturas y el Tribunal de Estrasburgo condenó a España por no investigarlas. En 2010, la Audiencia Nacional le absolvió.

Otamendi también asumió alguna autocrítica en el terreno corporativo: “Estábamos atrincherados. Informábamos de los atentados de ETA, pero no hacíamos el despliegue de otros medios ni seguíamos su misma línea. No lo hicimos bien. Cuando mataron a trabajadores de prensa como López de Lacalle y Santiago Oleaga no visitamos a sus familias”. Y asumió que tuvo que pagar las consecuencias: “Con el cierre de Egunkaria recibimos la misma medicina. Los demás medios no se solidarizaron con nosotros. Se limitaron a decir que asumirían lo que dijera la justicia. Como no actuamos bien y no fuimos solidarios, no me quejo”.

El director de Berria coincidió en que percibió el cambio en los medios de comunicación cuando ETA empezó a atacarlos: “Hasta entonces coincidíamos en actos públicos y la relación era normal. Cuando ETA empezó a atacar a periodistas, algunos dejaron de hablarnos. Incluso periodistas que en sus artículos habían denunciado torturas o abusos policiales dejaron de hacerlo”.

El empresariado, otro de los estamentos más afectados por el terrorismo de ETA, también abrió su proceso de reflexión. Fueron objetivo de ETA prácticamente desde que la organización inició el terrorismo. Ochenta de ellos fueron secuestrados; la inmensa mayoría fueron liberados tras pagar el rescate sus familiares. ETA, también, asesinó a algunos que se resistieron a ceder a su chantaje. José Legasa, empresario irunés, fue el primero al que ETA mató mientras inspeccionaba una obra, e Ignacio Uría, el último en 2008, cuando se dirigía a reunirse con sus amigos en su localidad, Azkoitia.

El empresariado fue víctima, pero, también, algunos de los que cedieron al chantaje económico de ETA se sintieron culpables por haber contribuido a financiar sus actividades terroristas. En 2014, un equipo interdisciplinar del Centro de Ética Aplicada de la Universidad de Deusto investigó sobre la extorsión de ETA y empezó a iluminar un mundo muy oscuro. Lograron que 60 de 220 víctimas de extorsión identificadas accedieran a ser entrevistadas y otras 130 respondieran anónimamente online, lo que mostró que aún existía miedo a hablar con claridad de un fenómeno tan perverso. Los altos directivos de las grandes empresas, al sentirse más protegidos, fueron más accesibles que los pequeños empresarios.

Los investigadores concluyeron que, en los cincuenta años de actividad terrorista de ETA, las personas chantajeadas fueron entre 10.000 y 15.000. De ellos, entre el 5% y el 6% de los extorsionados en Bizkaia, Álava y Navarra cedieron al chantaje, mientras en Gipuzkoa la cifra subió al 13%. Los años de apogeo de la extorsión terrorista fueron los setenta y ochenta, años en los que los presupuestos anuales de ETA se situaron entre 4,5 y 6 millones, que bajaron a 2 millones en la primera década de 2000. También calcularon en 100 millones los ingresos por los ochenta secuestros a empresarios.

ETA sufrió el primer declive en el cobro del chantaje entre 1992 y 1993 cuando fue desarticulado el aparato de extorsión al trasladarlo al interior, y una decadencia rotunda tras la detención del jefe político de ETA Mikel Antza y su compañera Soledad Iparraguirre, Anboto, en 2004.

La extorsión etarra se caracterizaba por su ocultismo. Los investigadores de Deusto concluían que a ETA le interesaba que se conociera la existencia de la extorsión, pero no quería que se identificara a sus víctimas. Lo mismo les sucedía a sus víctimas, que se sentían avergonzadas. El Estado tampoco investigaba un problema muy complicado de resolver y trataba de ocultar su fracaso porque era incapaz de amparar a las víctimas. El único caso de empresarios que cedieron al chantaje de ETA y acabó en los tribunales, el de las hermanas Bruño, se zanjó con su libertad sin cargos con la calificación judicial de “miedo insuperable”. Los investigadores del Centro de Ética de Deusto concluyeron que a las víctimas de la extorsión de ETA se les debía reconocer como víctimas, hubieran pagado o no.

El final del terrorismo logró que se abrieran debates estancados en la sociedad vasca durante decenas de años, empezando por los sectores más afectados.

Capítulo 5

La crisis catalana irrumpe en Euskadi

Las primeras elecciones del ciclo abierto en Euskadi tras el fiasco del desarme de ETA, la paralización de la política penitenciaria y la reivindicación de las víctimas del terrorismo fueron las municipales de mayo de 2015. El PNV fue claro ganador en las tres provincias vascas apeando a Bildu de su hegemonía en Gipuzkoa y al PP en Álava. Fue reconocido el intento del Gobierno peneuvista por consolidar el final del terrorismo y su adaptación a las ansias vascas de moderación. Bildu y el PP no solo retrocedieron respecto a las anteriores elecciones municipales, sino que perdieron la presidencia de las diputaciones, así como sus capitales respectivas, San Sebastián y Vitoria, a favor del PNV. Irrumpió en el mapa electoral vasco una nueva fuerza, Podemos, que perjudicó a Bildu y al PSE, que también retrocedió.

La consecuencia política más relevante de las elecciones municipales de 2015 fue el pacto entre el PNV y el PSE para gobernar en coalición ayuntamientos y diputaciones. Para el PSE, que atravesaba una crisis tras haber gobernado en plena recesión económica, unido a la disputa por el liderazgo entre Pedro Sánchez y Susana Díaz que había dividido al PSOE, el pacto de gobierno municipal con el PNV le ofrecía una visibilidad política, idónea para fases depresivas.

El PNV, por su parte, enterraba la etapa de los gobiernos soberanistas de Ibarretxe de tan infausto recuerdo, culminada con su salida de Ajuria Enea por primera vez desde la constitución de la autonomía, y regresaba a la de los ejecutivos transversales con los socialistas de 1987 a 1997. Volvía la normalidad política a una sociedad vasca que aspiraba a ella.

Respondía a una lógica política que se venía conformando desde el final del terrorismo en la que todos los sondeos apuntaban que la prioridad ciudadana era afrontar la crisis y el desempleo, desaparecida la amenaza terrorista de ETA. Una prioridad en la que las coincidencias políticas entre el PNV y el PSE eran notorias como lo eran sus distancias con Bildu, de quien les separaba, además, su actitud ante la consolidación del final del terrorismo. Las distancias entre el PNV y Bildu se acrecentaron desde que Rufi Etxeberria y su equipo no cumplieron su compromiso con Urkullu, en junio de 2013, sobre la manera de afrontar el desarme y la política penitenciaria.

El pacto de gobierno municipal y foral PNV-PSE tuvo un recorrido previo. En septiembre de 2013 se produjo la primera convergencia reseñable entre el Gobierno de Urkullu y el PSE con un pacto de colaboración para afrontar la salida de la crisis económica que otorgó cierta estabilidad al Ejecutivo peneuvista, que no disponía de mayoría. Este primer acuerdo tuvo, además, una importancia simbólica al coincidir con las vísperas de la Diada, en la que el presidente de la Generalitat, Artur Mas, al frente de CiU, enfiló decididamente hacia el soberanismo al propugnar la primera consulta sobre el independentismo.

Para septiembre de 2013 el reto soberanista catalán ya se había situado en el centro de la agenda política española; en realidad desde que un año antes el Parlamento catalán aprobara la celebración de un referéndum de autodeterminación y en los medios políticos y periodísticos españoles se instalara el temor de que el PNV se sumara al desafío soberanista catalán. Pero ni Urkullu ni el núcleo duro del PNV, capitaneado por su presidente Andoni Ortuzar, estaban por esa labor. Los discursos de Urkullu y Ortuzar, en los primeros momentos del procés catalán, diferenciaban las situaciones de Euskadi y Cataluña. Euskadi acababa de salir del terrorismo y tenía pendiente un proceso de desarme y disolución de ETA, así como el reto de la convivencia en una sociedad traumatizada por muchos años de violencia. Euskadi también tenía pendiente la reforma del Estatuto de Gernika de 1979 porque el Congreso de los Diputados había rechazado en 2006 la reforma confederal propuesta por el lehendakari Ibarretxe y apoyada solo por los partidos nacionalistas. Pero en 2013 la situación interna de la comunidad vasca no estaba como para afrontar un desafío al Estado, tal como planteaba el nacionalismo catalán.

En mayo de 2014, Urkullu había intentado convencer a Artur Mas de la promoción conjunta ante Rajoy de una reforma constitucional pactada que reconociera a España como Estado plurinacional en línea con los acuerdos de Galeusca —entre nacionalistas catalanes, vascos y gallegos— de finales de los años noventa y canalizar, de ese modo, la tensión entre Cataluña y el Estado, avivada tras la sentencia del Tribunal Constitucional que recortó el Estatuto catalán votado en referéndum. Pero Mas lo rechazó porque ya se había comprometido con ERC en la apuesta unilateral hacia el soberanismo.

Precisamente, en septiembre de 2014, pocas semanas antes de la primera consulta catalana celebrada en noviembre, Urkullu aprovechó el debate de política general del Parlamento vasco para distanciarse de la apuesta soberanista del nacionalismo catalán. Frente a ella, Urkullu propuso una reforma pactada del Estatuto entre los partidos vascos, de carácter transversal, que posteriormente se acordaría con el Gobierno central y refrendaría legalmente. “El debate no es tanto sobre el derecho a decidir como sobre la manera de extender el autogobierno”. Esta frase de Urkullu resumía la doctrina de su Gobierno que redondeó con una significativa escala de prioridades: reactivación económica, creación de empleo, consolidación de la paz y convivencia y, en último lugar, la reforma pendiente del Estatuto. Su diferencia con la política del nacionalismo catalán ya era clara.

La consulta sobre la independencia de noviembre de 2014, promovida por los partidos soberanistas catalanes, no reconocida por los tribunales, se saldó con una participación del 37% de la población. Su resultado fallido confirmó a Urkullu y al PNV en sus tesis pragmáticas y contribuyó, en clave interna, a alejarse de Bildu que persistía en tentar a los peneuvistas para emular la vía catalana. Bildu trataba de atacar al PNV por el flanco soberanista para crearle contradicciones pues parte del peneuvismo, sobre todo en Gipuzkoa, incluido su líder el soberanista Joseba Egibar. Además, al desplazar la agenda política hacia el debate identitario, Bildu ocultaba sus problemas internos en el tratamiento de la cuestión de los presos y en la manera de abordar el desarme.

El instrumento que Bildu utilizó para atraer al PNV a posiciones soberanistas fue la plataforma Gure Esku Dago (‘en nuestras manos’), creada en 2014 por soberanistas vascos, que pretendía emular la experiencia catalana. Empezó en junio de 2014 con la celebración de una cadena humana entre Durango y Pamplona en reivindicación del “derecho a decidir”. Su pretensión era colocar urnas tal como siete años antes había iniciado el soberanismo catalán en Arenys de Mar, para pronunciarse, de modo informal, sobre la independencia, empezando por los municipios más soberanistas.

Pretendía crear un clima favorable al “derecho a decidir” —vocablo inventado por el soberanismo vasco en la etapa de Ibarretxe como lehendakari para atraer a los no nacionalistas al ejercicio del derecho a la autodeterminación— con el objetivo de que, en seis años, Euskadi se pronunciara sobre su soberanía.

En la edición de junio de 2015, el presidente del PNV Andoni Ortuzar, cuyo partido había dado libertad de participación a sus militantes e incluso había asistido él mismo a la concentración de Gure Esku Dago, aclaró que rechazaba un “derecho a decidir impuesto” y que Europa no aceptaría una vía soberanista unilateral como la catalana. “Un país no se declara independiente. Lo es si los demás te lo reconocen. Y la Unión Europea no lo va a aceptar. Es difícil que Cataluña sea independiente”, señaló públicamente Ortuzar, que reiteró que Euskadi tenía otras prioridades, como “cerrar heridas aún abiertas”, con lo que defendió el pacto PNV-PSE.

En junio de 2016, en las primeras votaciones organizadas por Gure Esku Dago en 34 municipios marcadamente nacionalistas del interior de Gipuzkoa y Bizkaia, la participación fue solo del 29,16%. En las gipuzkoanas Goierri y Debagoiena obtuvieron respectivamente el 27 y el 30,2% de participación. La experiencia soberanista desde la base fracasaba en Euskadi. A diferencia de Cataluña, no existía una plataforma soberanista transversal agrupada en torno al derecho a decidir; solo estaba comprometido Bildu. Ni PNV ni Podemos se implicaron seriamente. El PNV estaba por la reforma estatutaria pactada y no ocultaba su distancia de Gure Esku Dago. Tampoco el “derecho a decidir” tuvo en Euskadi el respaldo mediático de Cataluña y, finalmente, el independentismo, como reflejaban las encuestas, estaba a la baja en la Euskadi posterrorista.

A su vez, el lehendakari Urkullu no se limitó a marcar distancias con el soberanismo catalán con el argumento de las diferentes situaciones de Euskadi y Cataluña. Empezó a criticar los comportamientos políticos de CiU por ceder el liderazgo de sus reivindicaciones políticas a plataformas soberanistas apartidistas que no rendían cuentas de su actuación en el Parlamento como hacían gobiernos y partidos. Esa confusión sobre la democracia representativa se la había manifestado Urkullu a Mas en un encuentro en mayo, solo cuatro meses antes de las elecciones catalanas de 2015. Su resultado, en septiembre, confirmó los temores de Urkullu cuando Mas tuvo que dimitir porque la CUP, que le vetó, se convirtió en decisoria para decidir la formación del gobierno catalán al no lograr Junts pel Sí, la coalición nacionalista catalana, la mayoría absoluta.

A Urkullu le recordaba lo vivido en Euskadi hacía menos de diez años con el mandato de Ibarretxe. Tras el fracaso de su plan soberanista, Ibarretxe convocó elecciones y lejos de mejorar, retrocedió. A Mas le había sucedido lo mismo e incluso le costó la salida del Gobierno, igual que le acabó pasando a Ibarretxe. La diferencia estribaba en que Cataluña no padecía la violencia de una ETA, pero asomaban tensiones sociales preocupantes.

De ahí que Urkullu, al referirse a Cataluña, dejó de ocultar su preocupación por la división de la sociedad y su pérdida de cohesión. Sus mensajes críticos con el soberanismo catalán también contenían un mensaje interno, el distanciamiento de Bildu que se inspiraba en la apuesta soberanista catalana. Y al esgrimir el discurso político de construcción de una sociedad vasca entre diferentes, con un acuerdo sobre el autogobierno, reafirmaba su pacto con el PSE, culminado tras las elecciones municipales de mayo de 2015.

Urkullu, que volvió a entrevistarse durante la Navidad con Mas, tras perder la Generalitat a favor de Carles Puigdemont, adaptó su discurso a lo que reflejaba el sociómetro del Gobierno Vasco de diciembre de 2015. Otorgaba al independentismo una aceptación de solo el 21% de la población vasca. Reflejaba, también, que el rechazo del 63% a la vía rupturista catalana subía al 80% tras el pacto de Junts pel Sí con la CUP.

La gran sorpresa de las elecciones generales de diciembre de 2015 en Euskadi fue la irrupción de Podemos, que las ganó desbancando especialmente a Bildu, que perdió el 36% de su electorado, 100.000 votos y bajó de seis a dos escaños. Pero también desplazó al referente tradicional de la izquierda vasca, el PSE. Triunfaba una nueva fuerza de izquierda, que situaba los problemas sociales por delante de los identitarios, que rechazaba el independentismo, pero defendía una consulta de autodeterminación. Recogía votos de procedencia nacionalista y no nacionalista, y su radicalidad contra un Gobierno muy impopular en Euskadi como era el de Rajoy, por su inmovilismo ante la consolidación del final del terrorismo y sus recortes sociales para salir de la recesión, le otorgaba un atractivo especial.

Los resultados tuvieron consecuencias. El PNV seguía liderando el nacionalismo, pero Urkullu reforzó su discurso integrador y se alejó aún más del identitario. En el Aberri Eguna de 2016 disertó sobre un “nacionalismo cooperativo, colaborativo e inclusivo”, pactista con el Estado, con la “autoridad de haber colocado la lucha contra la crisis en el centro de la política”. Había en Urkullu un esfuerzo camaleónico por ofrecerle al nacionalismo un contenido que, teóricamente, no se correspondía con sus señas de identidad: solidaridad, colaboración, inclusión, más propios de la doctrina socialista que de la nacionalista.

Pero Urkullu siempre ha hecho gala de tener como referencia política al lehendakari José Antonio Aguirre. Este fue el líder carismático que presidió el Gobierno Vasco durante la Guerra Civil y el exilio, europeísta y marcado por la doctrina social de la Iglesia. Urkullu suele, también, recordar una frase característica de Aguirre: “Antes que nacionalista, soy demócrata”.

Paralelamente, el PNV rechazó comprometerse con Pedro Sánchez, que acababa de pactar con Ciudadanos un acuerdo de gobierno al no haber alcanzado Rajoy la mayoría absoluta en las elecciones generales de diciembre de 2015. Quedó a la espera de lo que hiciera Podemos que, finalmente, decidió no sumarse al pacto de Sánchez con Ciudadanos. Al no existir alternativa, Rajoy convocó nuevas elecciones para junio. Bildu entró en crisis tras el batacazo electoral que le propinó Podemos en las generales de diciembre y esperó la salida de la cárcel de Otegi en marzo para intentar resolver su evidente crisis de liderazgo.

En la repetición electoral de las generales, en junio de 2016, Rajoy volvió a ganar, también sin mayoría absoluta, pero mejoró su situación respecto del PSOE que, a su vez, superó el riesgo de que Podemos cumpliera su pretendido sorpasso. La política española entró en un nuevo parón que se alargaría hasta noviembre, momento en que Rajoy logró formar gobierno gracias a la abstención del PSOE, lo que le derivó en una grave crisis socialista.

Su secretario general, Pedro Sánchez, contrario a la abstención, fue cesado y sustituido por una Comisión Gestora, presidida por Javier Fernández, presidente del Principado de Asturias, y apoyada por los críticos al líder socialista destituido, entre los que cabía destacar su principal rival, la presidenta de la Junta de Andalucía Susana Díaz, así como los expresidentes del Gobierno Felipe González, José Luis Rodríguez Zapatero y buena parte de la tradición socialista.

En Euskadi se repitieron los resultados de diciembre. Podemos ganó, otra vez, en escaños y el PNV en votos. Bildu aumentaba su agujero con la pérdida de 32.000 votos más y los partidos de ámbito estatal, PSE y PP, estancados, sufrieron las consecuencias de los avatares de sus sedes centrales de Ferraz y Génova, respectivamente. Los resultados de los partidos vascos de ámbito estatal han estado siempre muy condicionados por la situación de sus direcciones centrales. Esta vez no fue una excepción.

La consecuencia política más inmediata en Euskadi fue el acercamiento progresivo de Rajoy al PNV que, inicialmente, se desentendió porque Urkullu convocó elecciones vascas para septiembre y no quería verse contaminado por la relación con un PP en pleno cuestionamiento por su desprestigio en Euskadi.

La política de Rajoy en Cataluña, su ausencia de diálogo, la beligerancia de su Gobierno con el nacionalismo, las formas provocativas de algunos de sus ministros, como el de Educación, José Ignacio Wert —“Vamos a españolizar a los niños catalanes”— y la ruidosa campaña mediática de la derecha contribuían a incendiar aún más una situación que el independentismo más radical ya había exacerbado suficientemente en Cataluña. Así contemplaban el PNV y la mayoría de los partidos vascos la política de Rajoy en Cataluña a la que se sumaba sus escándalos de corrupción, lo que complicaba la relación del PNV con Rajoy. Sucedía un año después de que PNV y PSE pactaran gobiernos conjuntos en ayuntamientos y diputaciones.

Las elecciones vascas iban a ser un nuevo test sobre el cambio de la sociedad vasca tras el final del terrorismo. Las elecciones municipales y, sobre todo, las dos elecciones generales, habían alterado el mapa político con la irrupción triunfadora de Podemos a costa, fundamentalmente, del inédito debilitamiento de Bildu. A su vez se rompió la regla de que en las elecciones generales al menos uno de los partidos de ámbito estatal, el que triunfaba a escala española, se imponía sobre el PNV. En las elecciones de 2015 y 2016 no sucedió. PSE y PP se estancaron frente a un PNV ganador en votos y muy superior en escaños. Se trataba de comprobar si las elecciones vascas, pegadas aún más al territorio, confirmaban esas tendencias o no. En caso de hacerlo, se estaba ante un profundo cambio en la sociedad vasca.

La precampaña no empezó bien para Bildu porque Podemos fichó como candidata a lehendakari a Pili Zabala, hermana de un presunto militante de ETA asesinado por los GAL en 1983, José Antonio Zabala. Podemos consiguió penetrar en un mundo, el de las víctimas de la guerra sucia, que la izquierda abertzale consideraba su monopolio. Arnaldo Otegi, recién excarcelado en marzo y nombrado candidato a lehendakari para las elecciones vascas por Bildu —los tribunales lo inhabilitaron antes de empezar la campaña electoral— percibió el peligro que Podemos suponía para Bildu e inició un atisbo de autocrítica política. Empezó por reconocer el fracaso de la gestión municipal de Bildu, que le había llevado a perder la Diputación de Gipuzkoa y San Sebastián, entre otros ayuntamientos, aunque trató de justificarlo porque su irrupción coincidió con la “protesta por la crisis económica de 2011”.

Pero más importante aún fue su reconocimiento de que “no supimos leer bien que la crisis económica había cambiado las prioridades de la gente”. Reconocía que el debate sobre los problemas pendientes tras el final del terrorismo —presos, desarme de ETA— había quedado desplazado por las preocupaciones por el empleo, la desigualdad social y la lucha contra la corrupción. Y aunque no lo dijo, era evidente que Podemos había capitalizado esas preocupaciones en las últimas elecciones porque, además de priorizarlas en su programa, no tenía las ataduras del pasado de Bildu con la violencia de ETA. Este último aspecto, acelerar las cuentas pendientes del pasado —desarme y presos—, se convertiría en una prioridad política para Otegi tras el ciclo electoral.

Sin embargo, Otegi no hizo lo mismo con la reivindicación del “derecho a decidir”, pese a que ya se empezaba a percibir el fracaso de Gure Esku Dago. Para Bildu esa reivindicación seguía sirviendo como instrumento electoral contra el PNV y no le creaba problemas con Podemos —como sucedía con su pasada complicidad con ETA— porque también mantenía la ambigüedad del “derecho a decidir”.

Además, se iban a celebrar unas elecciones vascas, más propicias para otorgar protagonismo a la cuestión territorial cuando, por otra parte, ese debate en Cataluña estaba al rojo vivo. De tal manera que Otegi planteó la independencia como la solución mágica a los problemas sociales y económicos de Euskadi, ofreciendo a Podemos un pacto sobre el “derecho a decidir” que rechazó, y retó al PNV al señalar su disposición a sumarse a su propuesta de un pacto de Estado con Rajoy sobre la España plurinacional si le fijaba un plazo.

En vísperas de la campaña de las elecciones vascas del 25 de septiembre, los sociólogos Ander Gurrutxaga, Braulio Gómez, Jon Urreisti y David Díez, en un artículo en El País11, fijaron las claves del cambio que se venía produciendo en Euskadi desde el final del terrorismo. Sus estudios coincidían en que ni el soberanismo ni el contagio independentista catalán estaban en el horizonte político vasco. Lo basaban en que el autogobierno no constaba entre los diez primeros problemas de los vascos; el independentismo no superaba en ninguna encuesta el 30% y en la mayoría se aproximaba al 20%; los gobernantes nacionalistas vascos no habían utilizado el soberanismo como vía de escape, a diferencia de los catalanes, al no sufrir la economía vasca la gravedad de la catalana; en Euskadi, además, no había habido la mutación de sentimientos de Cataluña donde, incluso, algunos socialistas se habían convertido en independentistas. Finalmente, el poso de ETA había contaminado al independentismo al utilizarlo como objetivo de su violencia.

En definitiva, en Euskadi se producía un rechazo al frentismo y a la unilateralidad que reinaba en la Cataluña nacionalista. Los sociólogos coincidían, también, que en la Euskadi del posterrorismo la gran batalla estaba y estaría en la gestión de la economía y las políticas sociales. Los estudios sociológicos coincidían en que la mayoría de los vascos vinculaba autogobierno con políticas de bienestar.

En clave política, las mayores interrogantes se suscitaban en torno a Podemos que, incubado en la recesión económica de 2011, había irrumpido victoriosamente, desde la nada, en las elecciones generales de diciembre de 2015 y en su repetición de junio de 2016. Los sociólogos coincidían en que Podemos había entrado en Euskadi para quedarse, pero también en que en las elecciones vascas de junio no lograría la proeza de ganarlas. Había unanimidad, según los estudios, en que el PNV ganaría las elecciones vascas por haber priorizado desde el Gobierno las políticas sociales frente a la crisis, por haber impedido que Euskadi se contaminara con la crisis soberanista catalana, por su experiencia y prestigio como gestor, así como por haber recuperado la centralidad política en sus alianzas y en el tratamiento de la consolidación del final del terrorismo y por la cuestión territorial. En definitiva, por haber sabido adaptarse al terreno y no tener las cargas de otros partidos como los de ámbito estatal y Bildu.

Las dudas se centraban en si Podemos lograría la segunda posición, si superaba a Bildu o no. Podemos tenía a su favor que era más creíble que Bildu en la denuncia de las condiciones laborales, además de en la reivindicación de las políticas sociales. Pero tenía en contra el carácter de las elecciones autonómicas donde el peso de lo territorial, aunque a la baja, era superior a otras elecciones, lo que beneficiaba a Bildu. Esta también se beneficiaba de la inhabilitación de Otegi, que una mayoría de vascos consideraba injusta porque no se reconocía su papel en el final del terrorismo de ETA, especialmente desde que la organización terrorista rompió la tregua de 2006 con el atentado de la T4 de Barajas. Sin embargo, para una mayoría de españoles, Otegi era la imagen personificada de ETA por su papel como portavoz de Batasuna desde finales de los años noventa. Hoy no se ha alterado esta percepción tan antagónica en un único personaje político. Otegi se ha convertido en la máxima expresión de la distinta percepción que una mayoría de vascos y españoles tenemos sobre Euskadi.

También se apuntaba, y las elecciones vascas lo confirmaron, que las exigencias doctrinarias de Podemos que dificultaron el pacto con Sánchez para desalojar a Rajoy de La Moncloa perjudicaron sus resultados electorales en Euskadi. Podemos, en ambas elecciones generales, había obtenido en Euskadi su mejor resultado a escala española. Ese apoyo extraordinario estaba vinculado al rechazo que generaba el Gobierno de Rajoy. No solo por sus recortes sociales con la recesión económica. También por los escándalos de corrupción de su partido, por su ausencia de diálogo en Cataluña, derivada de su anterior mayoría absoluta, y por su inmovilismo en la consolidación del final del terrorismo. Perjudicó a Podemos al no utilizar el voto extraordinario que obtuvo para despedir al Gobierno de Rajoy de La Moncloa.

La campaña electoral de las autonómicas de 2016 rompió los moldes de las anteriores y reafirmó el cambio en Euskadi. La cuestión territorial apenas tuvo presencia y eso que su inicio coincidió con la celebración de la Diada catalana. Solo Bildu centró su discurso en el “derecho a decidir”. Incluso las cuestiones pendientes tras al final del terrorismo, como el desarme de ETA y la situación de sus presos, tampoco estuvieron en el centro del debate. La gran cuestión fueron las alternativas socioeconómicas para afrontar la crisis.

El PNV gobernante exhibió cifras económicas que situaban a Euskadi por encima de la media española: 13% de desempleo frente al 21% de la media española; 2% de I+D frente al 1,2%; 25% PIB individual frente al 20%; gasto social por habitante/año de 3.000 euros frente a 2.200, y 3 de cada 4 euros de presupuesto para política sociales. Incluso, recordó que dirigentes de Podemos como Alberto Garzón y Pablo Iglesias habían alabado las políticas industriales y sociales del Gobierno Vasco en la campaña de las generales para contraponerlas a las del PP. A su vez, el PSE se presentó como pionero en las políticas sociales y muro contenedor de las pulsiones soberanistas del PNV gobernante.

Pero el llamado “oasis vasco” tenía sus sombras. Un estudio del Centro de Documentación y Estudios SiiS señalaba el severo crecimiento de la pobreza y el envejecimiento de la población, además de reseñar que la desigualdad social era una de las grandes preocupaciones de los vascos y que un 80% consideraba que la crisis continuaba. Asimismo, una mayoría vasca opinaba que había bajado de estatus y que sus hijos vivirían peor. El estudio proponía actualizar el modelo de lucha contra la exclusión y los servicios sociales. También reclamaba ampliar el gasto para políticas de familia, un tercio de la media europea, cuya deficiencia incidía en la natalidad.

Otra cuestión sobre la que los partidos vascos alardearon en la campaña, sobre todo los de izquierdas, fue que el Parlamento vasco, en la legislatura saliente, había cumplido los baremos en igualdad de género: 37 mujeres frente a 38 hombres. No sucedía lo mismo con la brecha salarial, que ascendía al 25,83%.

Las elecciones vascas se celebraron mientras España seguía sin gobierno. Rajoy ejercía casi un año de presidente en funciones al no lograr una mayoría para investirse. La corrupción, en el caso del PP, y la intransigencia en los partidos nuevos, Podemos y Ciudadanos, impedían un nuevo gobierno. La anómala situación de la política española se reflejó en las encuestas y en la campaña. Un sondeo de El País otorgaba a Rajoy un rechazo del 86% de los vascos; a Sánchez, un 72%; a Rivera, un 67%, y a Iglesias, el 60%. Las encuestas vascas eran también demoledoras para la imagen de España en Euskadi: el 94% de los vascos valoraba la situación política española como “mala”.

Un 62% de vascos decía que en ningún caso votaría al PP por la corrupción y su ausencia de diálogo. PSE y Podemos también bajaban su expectativa por su “incapacidad” para formar gobierno en España. Nunca se había producido un rechazo similar en Euskadi. El enorme rechazo hacia la gestión de la política española, incluso en el bloque no nacionalista, se convertía en otro dato de la nueva situación vasca. Mientras existió el terrorismo, el bloque no nacionalista veía en la España democrática un contraste positivo respecto a Euskadi. Esta visión se perdió en 2016. España ya no era un ejemplo; había mucha corrupción, especialmente en el partido gobernante; había una crispación política que hacía recordar a la Euskadi de Ibarretxe. Los partidos eran incapaces de pactar un gobierno. Se daban todas condiciones para que el principal beneficiario en las elecciones vascas de septiembre fuera el PNV. Fue lo que sucedió.

El PNV casi duplicó a Bildu, que se situó como segunda fuerza, y triplicó a Podemos, tercera. Los partidos de ámbito estatal, PSE y PP, tuvieron resultados pésimos y los socialistas, los peores de su historia en unas autonómicas. Pagaban las consecuencias de su crisis interna, de la lucha fratricida por el liderazgo entre Pedro Sánchez y Susana Díaz que impedía visibilizar un proyecto alternativo a escala nacional. El PNV vio reconocida su adaptación a la nueva situación vasca con su apuesta por la centralidad y la pluralidad, por haber primado las cuestiones socioeconómicas sobre las identitarias y mostrar una actitud dialogante dentro de Euskadi y con el Estado.

En esa época, el PNV arrastraba, también, un caso de corrupción, destapado en 2009 y centrado en Álava, donde algunos dirigentes del partido, a escala provincial, como Alfredo de Miguel, fueron acusados de percibir comisiones ilegales. Los afectados pertenecían al sector soberanista del PNV. Este caso, que fue sentenciado diez años más tarde, con condenas de prisión para algunos de los componentes de la trama, entre ellos De Miguel, reveló un comportamiento diferente al que mostró el PP a lo largo de la trama Gürtel, con la negación sistemática de los hechos y la destrucción de pruebas.

El lehendakari Urkullu y el presidente del PNV Andoni Ortuzar pidieron perdón a la sociedad cuando la sentencia confirmó los hechos denunciados. “Nuestro rechazo no tiene matiz ni duda. El auto rechaza actitudes y actos que no tienen que ver con el PNV. Al contrario, siempre lo tendrán enfrente. Pedimos perdón con sencillez y sinceridad al conjunto de la sociedad porque en nuestro seno haya habido quienes hayan realizado estas prácticas”, dijo Ortuzar. Esta actitud, tan distinta a la del PP con el caso Gürtel, explica, al menos parcialmente, que el PNV no haya sufrido desgaste por la corrupción en sus filas.

Las elecciones vascas de 2016 supusieron, también, el repunte de Bildu, tras su fracaso de las generales, frente a Podemos. Además de mantener a su base militante muy movilizada y de seguir aglutinando todo el voto nacionalista que no era PNV, supo adaptarse a la nueva situación. Así, se benefició de la renovación de su imagen, del protagonismo femenino en sus candidaturas, la dosificación de sus reivindicaciones clásicas, como el derecho a decidir o la situación de los presos de ETA, y una relevante introducción del discurso social para conectar con los jóvenes, además de la inhabilitación de Otegi, que le permitió presentarse como víctima de un Gobierno del PP, totalmente desprestigiado en Euskadi por su inmovilismo, prepotencia y sus escándalos de corrupción.

A Podemos, que perdió la mitad de los votos logrados en las elecciones generales, le perjudicó su intransigencia en las negociaciones para la formación del Gobierno central que impidió echar al PP de La Moncloa. Los expertos coincidían en que su triunfo espectacular en 2015 se había debido a las ansias existentes de echar a Rajoy del Gobierno central. Tampoco le ayudó su débil estructura en Euskadi, especialmente notoria en unas elecciones autonómicas. Podemos no volvería a lograr los espectaculares resultados de las generales de 2015 y 2016.

El PNV descartó inmediatamente un acuerdo con Bildu, segunda fuerza, basado en el “derecho a decidir”, como planteó Otegi. Con ello reiteraba su rechazo a la vía soberanista unilateral catalana que en Euskadi tenía a Bildu como único patrocinador. Enseguida miró hacia el PSE. Compartían como prioridad afrontar la situación socioeconómica, así como la manera de consolidar el final de ETA. Además, el regreso al gobierno PNV-PSE era la opción preferida por los vascos, según las encuestas, y contaban con el precedente cercano del pacto de los gobiernos municipales acordado el año anterior y el histórico de 1987-1997.

Al PNV le interesaba, además, el pacto de gobierno con el PSE porque Bildu y Podemos sumados le superaban en un escaño —28 escaños frente a 27— y si negociaban con los socialistas en el Parlamento podían obstruir sus iniciativas socioeconómicas. Pero el principal obstáculo para el acuerdo PNV-PSE era la reforma pendiente del Estatuto vasco y, más concretamente, la pretensión del PNV de introducir el “derecho a decidir”. Finalmente pactaron en materia territorial el reconocimiento de Euskadi como “nación cultural”, sin derecho a la secesión; el blindaje de competencias y una reclamación de traspasos pendientes al Estado. La reforma del Estatuto se delegó en una comisión parlamentaria de reforma del autogobierno y el PNV se comprometía a considerar el “derecho a decidir” de acuerdo con “el ordenamiento vigente en este momento”.

El PNV moderaba su pulsión soberanista y Urkullu lo aclaró aún más en una entrevista en El País en diciembre12: “El concepto de independencia es del siglo XIX. Nuestro nacionalismo del siglo XXI es solidario. Pretende más autogobierno para desarrollar las potencialidades del país con una solución compartida. En un mundo globalizado, la independencia es prácticamente imposible”.

Sobre la consolidación del final de ETA pactaron el acercamiento de presos a las cárceles vascas, la adaptación de la política penitenciaria al final del terrorismo y reclamaron a ETA un compromiso sobre su disolución para facilitar la implicación del Gobierno de Rajoy en su desarme, ya que imponía esa condición para implicarse.

La Comisión Gestora, que gobernaba el PSOE cuando se cerró el pacto de gobierno PNV-PSE y la presidenta socialista de la Junta de Andalucía Susana Díaz tuvieron recelos sobre el acuerdo en materia territorial. Además de Idoia Mendia, secretaria general del PSE, tuvo que intervenir el ex secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, para tranquilizar a los recelosos. El propio lehendakari Urkullu llamó también al presidente de la Gestora socialista, Javier Fernández, al que conocía como presidente de la comunidad asturiana, para garantizarle la legalidad del acuerdo.

La negociación del Gobierno PNV-PSE coincidió con la constitución del Gobierno de Rajoy tras la abstención del PSOE en su investidura. Rajoy necesitaba al PNV para completar la mayoría en sus presupuestos y le ofreció una negociación que se saldaría con una importante concesión económica del Gobierno del PP al vasco: una nueva ley de cupo que mejoró la situación financiera del Ejecutivo autonómico.

El PNV se sentía tan fortalecido que su pacto con Rajoy no le provocó tensiones internas ni apenas reproches exteriores, pese a la mala imagen del PP en Euskadi. Urkullu lo vendió como un acuerdo histórico al desbloquear una partida financiera estancada durante años. El acuerdo completaba, a su vez, la mayoría que necesitaba el Gobierno PNV-PSE al faltarle un escaño en el Parlamento vasco. El PP vasco la completaría una vez que el PNV apoyó los presupuestos del Gobierno de Rajoy en las Cortes. El PNV no solo se adaptaba camaleónicamente a la nueva situación vasca para liderarla; también batía un récord de pragmatismo al pactar a varias bandas en Euskadi, donde gobernaba con el PSE; en Madrid, donde apoyaba los presupuestos del Gobierno del PP, y en Navarra, donde Geroa Bai, coalición en la que participaba el PNV, gobernaba con apoyo de Podemos y Bildu.

Capítulo 6

El desarme de ETA

El ciclo electoral, que empezó con las municipales de mayo 2015 y culminó con las elecciones vascas de septiembre de 2016, no cambio el poder político. Rajoy siguió en La Moncloa y en Euskadi siguió gobernando Urkullu, coaligado con el PSE. Las expectativas de la izquierda abertzale de una llegada del socialista Sánchez al gobierno que pudiera facilitar un desarme pactado se escabulleron definitivamente. Paralelamente, la acción policial seguía mermando los restos de ETA.

En julio de 2015 fueron detenidos en Francia dos de sus representantes, Ignacio Reta y Xabier Goienetxe. Dos meses después, en septiembre, lo fueron David Pla e Iratxe Sorzabal, sus principales dirigentes en ese momento, que, junto con Josu Ternera, integraron la delegación de ETA que esperó sin éxito en Oslo a una representación del Gobierno de Rajoy desde octubre de 2011 hasta que fueron expulsados en 2013. Hasta su detención habían sido los interlocutores de la CIV en representación de ETA.

El ministro del Interior Jorge Fernández pretendió realzar las detenciones de Pla y Sorzabal como si fueran el final de ETA. Incluso las publicitó como Operación Pardines, en homenaje simbólico a la primera víctima de ETA, el guardia civil José Pardines, asesinado en junio de 1968. Pero su intento publicitario no caló. Los expertos coincidían en que Pla y Sorzabal serían sustituidos por otros en la dirección de ETA, como efectivamente sucedió.

En 2016 también sería detenido su sucesor, Mikel Irastorza. ETA llegaría a reconocer en un comunicado en abril el “importante daño” sufrido y, debido a las detenciones, paralizó su anunciado sellado de depósitos de armamento, que era el primer paso para proceder a su desarme siguiendo el modelo del IRA en Irlanda del Norte. Inicialmente, no pretendía entregar las armas, sino destruirlas.

El final del año 2016 y 2017 fueron importantes para la izquierda abertzale. Fue su relanzamiento después de una seria crisis, manifestada en la caída del apoyo electoral de Bildu, la marca de la izquierda abertzale, en las municipales de 2015, en las que perdió la Diputación de Gipuzkoa y la capital, San Sebastián. Su caída electoral había tenido repercusiones internas. Su debilitamiento político, unido a su pretensión de que los presos de ETA asumieran la legalidad penitenciaria, espoleó a su disidencia interna.

En la primavera de 2015, 93 expresos de ETA encabezados por Juan Luis Yurrebaso —exmilitante de ETA que acompañó a Josu Ternera en las conversaciones con el Gobierno de Zapatero en Suiza en 2005— publicaron una carta crítica con la dirección de la izquierda abertzale por renunciar a la amnistía.

Era un desafío en toda regla a Rufi Etxeberria, el líder real de la izquierda abertzale, con Otegi en la cárcel, que cristalizó con la constitución de ATA (Amnistía y Libertad) y logró reunir a mil manifestantes en Bilbao el 29 de agosto a favor de la amnistía como réplica a otra marcha de Bildu, convocada el día anterior por la excarcelación de los enfermos graves. Dos meses después, en noviembre, ATA aumentó su poder de convocatoria al reunir a cuatro mil con una reivindicación similar. Sus críticas a Sortu la extendieron a su “burocratización”. “Menos militantes y más profesionales liberados que nunca”, decía su comunicado.

Las alarmas se encendieron en la izquierda abertzale. Le urgía parar la disidencia y quitarse de encima la pesada herencia de ETA. El cálculo del Gobierno Vasco era que ATA influía en un 20% de los presos de ETA, pero condicionaba al colectivo de 450 que seguía sin cumplir el anunciado compromiso de diciembre de 2013 de asumir la legalidad penitenciaria. La baza principal con la que contaba la izquierda abertzale era la próxima salida de la cárcel de su líder, Arnaldo Otegi, prevista para marzo, cuya autoridad podía frenar la disidencia.

Previamente, en enero de 2016, Rufi Etxeberria, número dos de Otegi, se enfrentó a ATA con un llamamiento al colectivo de presos al que reprochó que “no se había adaptado a la realidad” y animó a que se acogiera a las vías legales y a la reinserción individualizada porque la salida de los presos de la cárcel no iba a ser por la vía negociada con el Gobierno central. Rajoy iba a seguir en La Moncloa previsiblemente para otros cuatro años.

Al día siguiente se conoció que 35 dirigentes de la antigua Batasuna, entre ellos Rufi Etxeberria, habían logrado eludir la prisión tras llegar a un acuerdo con la Fiscalía sobre un caso judicial pendiente a cambio de rechazar la violencia, admitir el daño causado a las víctimas, reconocer su contribución política a la estrategia de ETA y asumir la legalidad penitenciaria. En abril fueron cinco los dirigentes de Ekin —una organización abertzale que había estado vinculada a ETA—que eludieron la cárcel por el mismo procedimiento. En mayo fue Hasier Arraiz, líder de Sortu durante el encarcelamiento de Otegi, quien pactó con el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco para eludir la prisión con una declaración similar a la de los 35 de la antigua Batasuna, resaltando el deber de reconocimiento y reparación a las víctimas del terrorismo.

La dirección de la izquierda abertzale, preocupada por la disidencia de ATA, recurrió a exhibir su poder interno para neutralizarla. En marzo de 2016 celebró una concentración de 700 expresos de ETA en Usurbil en la que volvió a animar al colectivo de presos de ETA a que asumiera la legalidad y el reglamento penitenciario porque “no lastra el carácter militante ni la dignidad de su trayectoria”. Mantuvo su presión sobre el colectivo de presos y logró que el 27 de diciembre anunciara la apertura de un proceso de debate y votación en las cárceles sobre la legalidad penitenciaria y la reinserción individual de los presos, tres años después de que dicho colectivo lo hubiera anunciado y hubiera sido frustrado por las divisiones internas.

A la par, la izquierda abertzale impulsó el proceso desarme de ETA. En enero de 2016, Rufi Etxeberria ya había anunciado, junto con el llamamiento a los presos, que habría un proceso de destrucción de armas, amparado por la CIV. En marzo, Otegi salió de la cárcel, seis meses antes de las elecciones autonómicas vascas, en las que no pudo presentarse como candidato, pero participó en la campaña y contribuyó a que Bildu resurgiera electoralmente y recobrara autoridad en el mundo abertzale.

En el verano de 2016, la dirección de ETA y la izquierda abertzale, que iban al unísono, conectaron con un grupo de personalidades de Iparralde (País Vasco francés), lideradas por Michel Berhocoirigoin y Jean-Noël Etcheverry, y apoyados por el expresidente de la Liga de Derechos del Hombre, Michel Tubiana, que asumió la responsabilidad técnica y política del desarme de la organización. Lo harían en nombre de la “sociedad civil” y se autodenominarían Artesanos por la Paz, según consta en el cruce de cartas con ETA del otoño de 2016 que ellos mismos publicaron el 16 de diciembre.

Pretendían comprometer al Gobierno francés en el desarme —algo imposible con el Ejecutivo español de Rajoy—, con el señuelo de que la inmensa mayoría del armamento de ETA se ubicaba en territorio galo. El plan inicial de los “artesanos” consistía en grabar un vídeo con la inutilización de parte del armamento que los propios “artesanos” enviarían al Gobierno francés para que se hiciera cargo del proceso completo de desarme. Si en el plazo de quince días el Ejecutivo galo no respondía, los “artesanos” ofrecerían una rueda de prensa en París en la que mostrarían el vídeo y notificarían a las autoridades francesas los puntos de localización del armamento inutilizado. Pero la policía francesa impidió el plan al detener al grupo el 16 de diciembre, al que puso en libertad cuatro días después.

Las detenciones y la revelación del plan de los “artesanos”, que ellos mismos publicitaron, tuvieron un importante eco mediático del que la izquierda abertzale y ETA tomaron nota. Lo sucedido les corroboró que los “artesanos” podían jugar un papel crucial en el desarme como depositarios de la entrega de armas en nombre de la “sociedad civil”. De este modo, al entregar las armas a la “sociedad civil” y no a ETA difuminaban su imagen de derrota. Tras la puesta en libertad de los artesanos, la izquierda abertzale les pidió que continuaran su labor y que presentaran el desarme como un desenlace sin vencedores ni vencidos.

Paralelamente, la izquierda abertzale incorporó a la CIV como supervisor internacional del desarme, que aceptó, pese a su malestar por no haber sido informado de los movimientos de los “artesanos”. Entre enero y febrero de 2017, los “artesanos” trataron de comprometer sin éxito al Gobierno francés en el desarme y en febrero la izquierda abertzale conectó con el Gobierno Vasco porque la CIV impuso como condición necesaria para su participación la presencia del Ejecutivo autónomo.

Los “artesanos” pretendían desarrollar el proceso de desarme con o sin el Gobierno francés, según notificaron al Ejecutivo vasco. En Ajuria Enea dedujeron, a través de sus contactos con la CIV y la izquierda abertzale, que los “artesanos” y ETA habían acordado en febrero la fecha del desarme, para el 8 de abril, la víspera del inicio de la campaña de las elecciones presidenciales galas. Pretendían realizar el desarme antes de las elecciones para evitar interferencias políticas que complicaran su materialización.

La ausencia de compromiso de los gobiernos español y francés otorgaba al Ejecutivo vasco una importancia decisiva en el proceso. Era el único gobierno dispuesto a avalarlo y la CIV, como organismo internacional, solo estaba dispuesta a verificar el desarme si el Gobierno Vasco participaba. Urkullu aprovechó esa oportunidad para tratar de imponer sus condiciones.

Notificó a la CIV y a los “artesanos” que solo colaboraría si se cumplían las condiciones anticipadas en diciembre de 2014: que el desarme fuera legal, es decir, que las armas no fueran destruidas ni colocadas fuera de control; que fuera definitivo y no se realizara a plazos, y que fuera incondicional y unilateral. Reiteró su ofrecimiento como garante institucional de la legalidad del desarme e interlocutor de los gobiernos español y francés ante la entidad a la que ETA entregara el inventario del armamento, así como su localización.

Los “artesanos” aceptaron las condiciones del Gobierno Vasco, aunque pidieron que no se hablara de “entrega de armas” para que ETA no ofreciera imagen de derrota. ETA no aceptó, por su parte, la oferta del Gobierno Vasco como interlocutor del Ejecutivo francés ni le permitió participar en su plan de desarme que quería compartir solo con los “artesanos”. ETA quería ofrecer la imagen ilusoria de una entrega del armamento a la “sociedad civil”.

El 12 de marzo, los “artesanos”, previo acuerdo con ETA y la izquierda abertzale, informaron al Gobierno Vasco de que pretendían emplazar al Ejecutivo francés a que ofreciera cobertura al desarme y en caso de no pronunciarse el día 17, cinco días después, publicarían la fecha y algunos detalles del mismo. Los “artesanos” relataron al Gobierno Vasco las líneas principales del plan de desarme: habría un acto de entrega de la geolocalización de los depósitos de armamento a la CIV —que lo traspasaría a su vez a las autoridades francesas— en el Ayuntamiento de Baiona en presencia de su alcalde y presidente de la Mancomunidad de Iparralde, Jean-René Etchegaray, del lehendakari ñigo Urkullu y de la presidenta de Navarra Uxue Barkos.

Los “artesanos” convocarían a cientos de voluntarios a los puntos de localización del armamento, así como medios de comunicación como observadores de la actividad policial. La jornada se completaría con una movilización festiva y masiva en la que se comunicaría que ETA se había convertido en una organización desarmada y la CIV verificaría que el desarme se había consumado.

El Gobierno Vasco discrepó de varios aspectos de la propuesta. Se opuso a que el 17 de marzo, con tres semanas de antelación, los “artesanos” anunciaran la fecha del desarme, el 8 de abril, por la presión que tendrían que soportar todos los agentes implicados en la operación, especialmente los gobiernos. También rechazó la presencia masiva de voluntarios en los puntos de localización de los depósitos donde la policía francesa tenía que efectuar su trabajo de rescate del armamento por los incidentes que podrían producirse. Y rechazó, asimismo, que ese mismo día se celebrara un acto festivo para no ofender a las víctimas de ETA.

La preocupación del Gobierno Vasco se acrecentó más aún porque a tres semanas del desarme, los “artesanos” planteaban la escenografía, pero no abordaban las cuestiones de fondo como el inventario del armamento a desarmar y si se cumplirían las condiciones mínimas que había fijado para colaborar, especialmente, que la jornada del desarme fuera definitiva, que no estuviera sometida a plazos.

En Ajuria Enea estaban convencidos de que todo estaba decidido entre los “artesanos”, la izquierda abertzale y ETA y que los demás, los gobiernos vasco y navarro, así como la CIV, eran convidados de piedra. Pero Urkullu, que mantenía su confianza en que el desarme podía ser efectivo, no quiso marginarse y trató de aprovechar el margen de que disponía. En esas condiciones, el mismo 12 de marzo llamó a Rajoy y concertaron en La Moncloa un encuentro secreto que celebraron dos días después.

Urkullu, tras informar a Rajoy detalladamente de la inminencia del desarme y de sus posibilidades de éxito, le pidió que no se opusiera al mismo y tratara de establecer con el Gobierno francés algunas reglas de juego para acordar con los “artesanos”. Dos días después, Rajoy informó a Urkullu telefónicamente que el presidente francés, François Hollande, se había mostrado huidizo y poco conocedor del plan de desarme de los “artesanos” y que tendría en cuenta su petición de que no obstaculizara el desarme.

El 17 de marzo, los “artesanos”, como habían advertido, anunciaron a la opinión pública, en una entrevista en Le Monde, que ETA los había responsabilizado del desarme y que se efectuaría el 8 de abril. Al día siguiente el ministro francés de Interior Bruno Le Roux estableció la posición de su Gobierno: no se involucraría ni en la escenografía ni en la operativa del desarme, con lo que descartaba a la policía como receptora de la entrega de las armas; no impediría la operación si se canalizaba por vía judicial y advirtió que se evitaran movilizaciones de voluntarios para evitar incidentes.

Dos días después, el primer ministro francés Bernard Cazeneuve confirmó que la entrega de armamento se haría respetando las reglas judiciales. El Gobierno francés no se implicaba directamente en el desarme —sería la justicia la receptora—, pero tampoco obstaculizaba la operación.

Rajoy atendió a la petición de Urkullu de no obstaculizar el proceso de desarme y que el Gobierno francés lo facilitara al celebrarse en su territorio, en el sur, cerca de la frontera con España. El Gobierno francés no canalizaría el desarme por la vía policial, sino por la judicial. Sería la Judicatura la receptora del armamento.

El principal problema en los días previos al desarme fue consecuencia de la fijación de la fecha con tres semanas de antelación, decidida por ETA y los “artesanos”. Se tradujo en fuertes presiones policiales y mediáticas conservadoras sobre los gobiernos francés y español a los que se les reprochaba su decisión de tolerar el desarme de ETA.

El Gobierno francés decidió que el depositario del inventario y la localización de los depósitos de armas sería el Procurador de la República frente al Tribunal de París, encargado del terrorismo, François Molins, que disponía de una delegación judicial en Baiona. Así se lo comunicó a los “artesanos” y les facilitó la conexión con la policía para ordenar conjuntamente el operativo de localización de los depósitos y la participación de voluntarios.

El Gobierno Vasco tuvo que enterarse a través del Gobierno francés por vía diplomática y judicial porque la izquierda abertzale, que dirigía los pasos de ETA y de los “artesanos”, no quería otorgarle ningún protagonismo.

A esas alturas, las discrepancias entre el Gobierno Vasco y los “artesanos”, apoyados por la izquierda abertzale, eran notorias. A partir del 30 de marzo desaparecieron las reuniones y los contactos se limitaron a conversaciones telefónicas. El Gobierno Vasco discrepaba de la sobreexposición de los “artesanos” que en las tres semanas que transcurrieron entre la notificación de la fecha del desarme y el día D prodigaron los actos públicos y la presencia mediática.

También discrepaba del mantenimiento en el plan de la participación de voluntarios-observadores en la operación de localización de los depósitos y de la movilización festiva por su insensibilidad hacia las víctimas de ETA. Y más aún, de la ausencia de información sobre el inventario del armamento que ETA iba a entregar. Estaba claro que a los “artesanos”, a la izquierda abertzale y ETA, solo les interesaba el Gobierno Vasco como comparsa, por la imposición de la CIV, pero sin capacidad de decisión sobre el procedimiento de entrega de las armas que ellos habían planeado y que habían acordado con la policía francesa.

Pese a que su margen de maniobra era limitado, el Gobierno Vasco persistió en apoyar el proceso de desarme para garantizar que fuera legal, definitivo e incondicional y para paliar las pretensiones propagandísticas y de sobreexposición de los “artesanos”. Urkullu pensaba que su presencia, pese a sus limitaciones, podía ser efectiva para cerrar, con mejores garantías, un capítulo que se había prolongado excesivamente y que pesaba como una losa para la normalidad en Euskadi. Con ese objetivo mantuvo un contacto permanente con la CIV, así como con Rajoy y con sus interlocutores del Gobierno francés durante los días previos al desarme.

Pero Urkullu se negó a participar en los actos protocolarios programados por los “artesanos”. Decidió no acudir al acto del Ayuntamiento de Baiona en la mañana del 8 de abril en el que los “artesanos” entregarían a la CIV el inventario y la localización de los depósitos y en el que estaba programada su presencia con la presidenta de Navarra Uxue Barkos y del alcalde de Baiona y presidente de la Mancomunidad de Iparralde, Jean-René Etchegaray.

Lo anunció en una reunión, convocada por él, con Etchegaray, Barkos y Ram Manikkalingam, en nombre de la CIV, celebrada en Arkaute, en las proximidades de Vitoria, solo tres días antes de la fecha del desarme. Urkullu rechazó su participación porque ignoraba el inventario del armamento que ETA estaba dispuesta a entregar.

En la reunión, Manikkalingam, en nombre de la CIV, dijo algunas generalidades, pero no pudo precisar el armamento que ETA entregaría a la justicia francesa. Urkullu discrepó, también, del procedimiento. Consideró que la entrega de armas debía hacerse discretamente, previo al acto de Baiona y en un día distinto, sin la participación de los voluntarios-observadores y sin movilización festiva. Fue una reunión tensa, que se prolongó cuatro horas por la insistencia del presidente de la Mancomunidad de Iparralde de que Urkullu asistiera. Este contó con el apoyo de la presidente de Navarra, que también anunció que no acudiría al acto del Ayuntamiento de Baiona, y la comprensión de la CIV. Urkullu no supo el inventario del armamento que ETA iba a entregar hasta una hora antes de que se produjera la operación de desarme, cuando la CIV se lo dio a conocer.

Tanto Urkullu como Barkos aclararon, en la reunión, que mantenían el apoyo a la CIV y al proceso de desarme legal, definitivo e incondicional en el que estaban comprometidos los verificadores internacionales. Su compromiso lo hicieron público en un comunicado conjunto el 7 de abril, la víspera de la fecha del desarme. Lo firmaron los gobiernos vasco y navarro, la mancomunidad de Iparralde y la CIV. El comunicado pretendía recordar que el desarme solo contaría con su apoyo en esas condiciones.

Urkullu comprobó la distinta sensibilidad entre los representantes de las comunidades vasca y navarra que habían padecido las consecuencias del terrorismo etarra y las de la representación de la Mancomunidad de Iparralde, incluido su presidente. Iparralde era un territorio en el que ETA no había actuado, donde apenas existían víctimas del terrorismo y la organización armada no provocaba las divisiones y tensiones existentes en Euskadi.

Los medios de comunicación fueron aquellos días un reflejo de esa situación. La sobreactuación mediática de los “artesanos” apenas tuvo repercusión en Iparralde y Francia, pero sí la tuvo en el País Vasco y España, con críticas muy negativas de los medios conservadores por la actitud de los gobiernos que toleraban el desarme tutelado por los “artesanos” y su aparato propagandístico. Los medios conservadores presentaron las actuaciones gubernamentales como una agresión a las víctimas del terrorismo.

El 8 de abril se realizó el desarme siguiendo las pautas marcadas por los “artesanos”, acordadas previamente con la izquierda abertzale y ETA, con algunas variantes. A primera hora de la mañana, los “artesanos” entregaron a la CIV un texto informativo sobre la localización de los depósitos de armamento en el Ayuntamiento de Baiona en presencia del presidente de la Mancomunidad de Iparralde, al que acompañaron el obispo de Bolonia y de la Comunidad de San Egidio, Matteo Zuppi, y el cura protestante norirlandés, participante en el desarme del IRA, Harold Good, con la ausencia de los gobiernos vasco y navarro. A continuación, la CIV entregó la información sobre la localización de los depósitos en la sede judicial de Baiona, dependiente del Tribunal de París.

Los puntos donde estaban situados los depósitos en los que ETA había colocado el armamento fueron ocho, repartidos en diversas localidades de Iparralde. Un grupo de “artesanos” señalizó los puntos con conos de tráfico, cintas y carteles con la indicación de “zona de desarme” y esperaron unas horas la llegada de la policía, enviada por la justicia de Baiona para que se hiciera cargo del armamento. Los “artesanos” cedieron ante la presión policial y no acudieron centenares de voluntarios a cada depósito, sino un grupo muy reducido de personas que observaron a distancia la operación policial. No hubo ningún incidente.

El armamento entregado, según el inventario, contenía 118 armas cortas y 25.500 millares de unidades de munición; 3.017 kilos de explosivo y 712 metros de cordón y cable; 111 dispositivos para explosivos más 28 dispositivos diferentes; 387 detonadores; 390 temporizadores; 4 dispositivos de fabricación de bombas lapa y 100 placas de matrícula.

La cifra de armas entregadas por ETA no fue espectacular. Cabía recordar que dos años antes, en julio de 2015, la policía francesa había logrado la mayor incautación de armamento de ETA desde 2004: 87 armas cortas, 27 fusiles y subfusiles, y 100 kilos de explosivos. Y en diciembre de 2016, con la detención de los “artesanos” comprometidos con el desarme de ETA, incautó 22 pistolas, 36 revólveres, un subfusil, dos escopetas de caza y 100 kilos de explosivo.

Las autoridades francesas validaron el desarme y valoraron que ETA había entregado el material que controlaba la dirección de la organización. No descartaba que hubiera una parte no controlada de material perteneciente a direcciones anteriores de ETA. También lo corroboraría el Gobierno Vasco según los cálculos realizados por la Ertzaintza.

El resto de la jornada del 8 de abril siguió la pauta marcada por los “artesanos” con mesas redondas y encuentros variados por la mañana. Por la tarde, millares de personas acudieron a una concentración en la que se anunció que ETA era ya una organización desarmada. Estos actos tuvieron el respaldo de la Mancomunidad de Iparralde, que asumió las líneas marcadas por los “artesanos”, incluido el desconocimiento del inventario del desarme hasta última hora.

Los gobiernos vasco y navarro no estuvieron presentes ni en el acto oficial de Baiona ni en las convocatorias que lo acompañaron. La CIV no acudió a las convocatorias complementarias. Urkullu había pretendido conocer dos días antes del desarme en sendos encuentros con Manikkalingam en Baiona, los días 6 y 7 de abril, el contenido del inventario y adelantar, al menos, un día la entrega de las armas a la justicia francesa, previa al acto oficial del Ayuntamiento de Baiona del día 8. Al resultar imposible por el rechazo de los “artesanos” a modificar su plan, decidió ausentarse definitivamente.Lo mismo hizo Barkos.

Urkullu, pese a todas las discrepancias con el procedimiento de desarme seguido por los “artesanos”, no se desentendió de la operación. Tenía garantías por sus contactos con el Gobierno francés y la CIV de que cumpliría los requisitos básicos de desarme legal, unilateral, incondicional y definitivo, como así fue. Incluso consiguió que se cumplieran algunas de sus observaciones procedimentales a los “artesanos”, como que las armas no fueran destruidas sino entregadas como estaban y que la presencia de voluntarios-observadores fuera muy reducida. La policía francesa convenció decisivamente a los “artesanos” de estos extremos.

El principal representante de la CIV, Ram Manikkalingam, acudió el mismo día 8 a primera hora de la tarde a San Sebastián, donde acompañó al lehendakari en la declaración de respaldo del desarme de ETA con el significativo titular “De la épica a la ética”. Urkullu marcó claras distancias con ETA al señalar que el terrorismo no debía haber existido y no debía haber provocado una sola víctima. Tras expresar su apoyo a la labor de la CIV, reconoció el desarme como “paso fundamental” en el proceso de “final ordenado de la violencia y de la desaparición de ETA, en el objetivo fundamental de normalizar la convivencia”.

Era abril de 2017. ETA había tardado cinco años y medio en materializar su desarme desde su cese definitivo del terrorismo. La pasividad del Gobierno de Rajoy explicaba en parte lo sucedido pues no solo evitó reunirse con ETA para propiciar el desarme, sino que tampoco inició una política de reinserción de los presos que hubiera agilizado el proceso. Pero la actitud del Gobierno de Rajoy ya estuvo clara en 2013 y ETA, que despreció la colaboración que le ofreció el Ejecutivo vasco, jugó a que un hipotético cambio de gobierno en España propiciara la negociación del desarme.

Cuando confirmó que no habría cambio de gobierno, como se percibió en el fracaso de las conversaciones entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias tras las elecciones de diciembre de 2015, optó por materializar un plan de características muy similares al que el Gobierno Vasco le ofreció en diciembre de 2014: creación de una entidad —fueron los “artesanos”— que ejerciera de receptora del desarme y en presencia internacional —la CIV— y con cobertura institucional —los gobiernos vasco y navarro— lo depositara en las instancias legales —la justicia francesa—.

ETA entregó las armas sin conseguir su sueño de lograr un desarme similar al del IRA o las FARC. Para entonces, era una organización muy debilitada, desprestigiada y aislada, que no disponía del potencial del IRA y de las FARC y que tuvo que resignarse a una entrega unilateral de las armas en contraste con las organizaciones armadas irlandesa y colombiana, que pudieron negociar el desarme con sus gobiernos.

El procedimiento fue, consecuentemente, distinto. ETA entregó las armas a la justicia francesa, en presencia de la CIV, para que las analizase la policía, mientras el IRA y las FARC constituyeron un Comité de Desarme con presencia de ambas partes en conflicto y con el amparo de la ONU, y sus armas fueron destruidas. El desarme de ETA fue completo, definitivo y en un acto único, mientras que los del IRA y las FARC se produjeron en varios plazos.

La CIV se disolvió el 6 de julio. Ram Manikkalingam, su coordinador y experto en otros procesos, en una entrevista en el diario El País13 señaló que las ensoñaciones de ETA y la ausencia de compromiso del Gobierno de Rajoy, del que admitió su sorpresa por la singularidad de no haberse implicado activamente con el desarme, retrasaron el proceso.

En contraste, valoró la implicación de las instituciones vasca —el Gobierno autónomo, los partidos, agentes sociales, la Iglesia— y navarra que permitieron cubrir el espacio abandonado por el Gobierno central, del que admitió que, finalmente, no obstruyó el desarme. A su vez, la opinión más generalizada de los medios y los partidos españoles fue considerar el desarme como preámbulo de una próxima disolución de ETA.

Capítulo 7

Entre el olvido y la memoria

“Un alto porcentaje de jóvenes vascos tienen un gran desconocimiento del pasado terrorista en Euskadi”. Fue el titular de un estudio de la Universidad de Deusto, encargado por el Gobierno Vasco y realizado sobre un millar de universitarios del área social y de humanidades cuando solo habían transcurrido seis años del cese definitivo del terrorismo de ETA. Era septiembre de 2017 y el 50% de los universitarios —pertenecientes a la Universidad del País Vasco (UPV), a la de Mondragón y a Deusto— desconocían qué ocurrió en el Hipercor de Barcelona en junio de 1987, escenario de la mayor matanza de ETA: 21 muertos tras el estallido de una bomba colocada por la organización terrorista. Otro 44% solo supo decir que fue un atentado con “muchas víctimas”, e, incluso, un 2% lo atribuyó al yihadismo.

También resultó sorprendente que un 40% de los universitarios respondiera con un “no sabe/no contesta” a la pregunta sobre Miguel Ángel Blanco, concejal de Ermua del PP, cuyo secuestro y asesinato por ETA en 1997 originó la mayor rebelión ciudadana contra la organización terrorista solo veinte años antes, así como que un 38% de los alumnos no supiera nada de los GAL, grupo terrorista parapolicial que actuó en Euskadi en la primera mitad de los años ochenta. Otro 32% ignoraba, también, otro caso que tuvo un enorme eco mediático, también veinte años antes, como fue la aparición de los cadáveres de los jóvenes José Antonio Lasa y José Ignacio Zabala, presuntos militantes de ETA, secuestrados y asesinados por guardias civiles en 1983, dirigidos por el general Rodríguez Galindo y el gobernador civil de Gipuzkoa Julen Elgorriaga.

Los autores del estudio concluían que, “además del desconocimiento”, los jóvenes “mostraban mucha confusión” y, añadían como atenuante que “cuando cesó el terrorismo en Euskadi tenían 10 o 12 años de edad”. El aspecto positivo del estudio era que el 98% de los jóvenes rechazaba el terrorismo de ETA cuando un estudio anterior de 2009 lo situaba en el 85%.

El estudio tuvo un precedente en la primavera del año 2016, también en los tres centros universitarios pero con una muestra más reducida de trescientos alumnos y menor profundidad. Tras la proyección de documentales sobre la experiencia de encuentros entre víctimas de ETA y del GAL, inspirada en el precedente Glencree de Irlanda del Norte, se les preguntó a los alumnos sobre el terrorismo en Euskadi y los educadores captaron su enorme desconocimiento sobre la kale borroka, muy potente en los años noventa y a comienzos del siglo XXI, o sobre los casos Lasa y Zabala, entre otras cuestiones.

Los profesores atribuyeron el desconocimiento juvenil a que el terrorismo no se había abordado en las aulas y a que las familias lo consideraban un tema tabú, inabordable, como había sido la Guerra Civil para la generación anterior. También les preocupó el desinterés y la escasa participación de los alumnos en los debates.

El aspecto positivo de los debates fue la empatía de los jóvenes con el sufrimiento de las víctimas y el rechazo de la violencia. También que sus principales preocupaciones estaban en el empleo y su futuro laboral. Los jóvenes no entendían que el terrorismo fuera posible. Pero en los profesores se instaló la preocupación porque la vacuna contra la violencia solo es efectiva después de aprender las lecciones del pasado y eso no sucedía, porque los alumnos lo desconocían.

De los resultados inquietantes de esta experiencia surgió la iniciativa del profesorado de desarrollar un estudio más profundo en la universidad vasca como fue la mencionada encuesta publicada en septiembre de 2017 que corroboró el desconocimiento de los universitarios vascos sobre el terrorismo. Entonces, las autoridades universitarias decidieron trasladar a la universidad la experiencia de las víctimas educadoras: los encuentros de las víctimas del terrorismo, tanto de ETA como de la guerra sucia y de los abusos policiales, ensayados con alumnos de enseñanza media. No era la panacea para cubrir la enorme laguna del desconocimiento, pero había ofrecido resultados positivos.

En 2011, cuando se inició la experiencia de los encuentros de las víctimas educadoras con los alumnos de la ESO, buena parte del profesorado temía que hubiera incidentes si se implantaba en la universidad. Pero que solo un 2% de los universitarios, según la encuesta de Deusto, apoyara a ETA ofreció a los profesores suficientes garantías para llevarla a cabo.

El estreno universitario fue en el campus de Mondragón en diciembre de 2017 ante cincuenta alumnos y las víctimas educadoras fueron Sara Buesa, hija del dirigente socialista vasco Fernando Buesa, asesinado por ETA en 2000, y Asun Lasa, cuyo hermano José Antonio fue secuestrado y asesinado a causa de la guerra sucia en 1983. En febrero de 2018 hubo un segundo ensayo ante 188 alumnos en la UPV con la participación de Iván Ramos, hijo de Maite Torrano, militante socialista asesinada por un grupo abertzale radical, y Dori Monasterio, hija de un taxista asesinado por ETA.

Las víctimas educadoras, que siguen acudiendo a los centros educativos, suelen iniciar los encuentros con el relato de su vivencia, de media hora duración, centrada en la deslegitimación de la violencia y la superación del odio, a la que sigue otra media o una hora de coloquio. En sus relatos señalan la preocupación prioritaria de protección a sus familias sobre los sentimientos de odio y autodestrucción que genera la tragedia. Iván Ramos, hijo de una militante socialista asesinada, confiesa que no hace distinciones políticas en sus intervenciones; condena el terrorismo de ETA, pero también el del GAL y los abusos policiales, y aclara que la violencia fue injusta, que no tuvo justificación política.

Según relatan los profesores, los alumnos suelen escuchar a las víctimas en silencio y con expectación y cuando finalizan apoyan su esfuerzo con aplausos. Las preguntas de los universitarios a las víctimas suelen centrarse en la posibilidad y procedimiento de superación del odio, las pruebas que han superado para rehacer su vida o si es posible vivir en la misma ciudad que el asesino del familiar. Las preguntas de los alumnos de enseñanza media suelen ser más directas e ingenuas: ¿qué haría usted si portara una pistola y tuviera delante al asesino de su ser querido?, por ejemplo. Los profesores, antes del coloquio, proyectan a los alumnos documentales para contextualizar el relato.

Los encuentros, según los profesores, son una lección de convivencia y de superación personal por parte de las víctimas. En su ensayo universitario valoraron la ausencia de incidentes, el rechazo del terrorismo, la capacidad de empatía hacia las víctimas y el respeto a los derechos humanos como rasgos característicos de la generación joven que la diferencian de la anterior, en la que estaba más implantada la idea de que las luchas de liberación de los pueblos justificaban la violencia.

También confirmaron que era un instrumento útil en la prevención de la violencia para evitar su repetición, en el aumento de la conciencia crítica del pasado y en la defensa de los derechos humanos por encima de las reivindicaciones políticas. Desde 2017 a 2020, 4.649 universitarios vascos han asistido a las sesiones de víctimas educadoras, según datos del Gobierno Vasco.

Cuando se estrenó en la universidad, la experiencia de las víctimas educadoras tenía un rodaje de seis años entre alumnos de cuarto de la ESO. Su implantación fue dilatada. Fue una iniciativa del Gobierno de Patxi López que dirigió su consejera de Educación, Isabel Celaá. Empezó en el colegio público San Pelayo de Ermua y en las Mercedarias de Leioa en abril de 2011, seis meses antes de la declaración del cese definitivo del terrorismo. El objetivo fue educar a los alumnos en el respeto a los derechos humanos, la deslegitimación de la violencia y el rechazo de la cultura del odio para evitar que la historia se repitiera.

El 30 de diciembre de 2011, dos meses después del cese del terrorismo, Celaá logró un acuerdo con las tres universidades, el consejo escolar, ikastolas, partidos y los sindicatos UGT y CC OO. Su implantación en las aulas fue lenta, pues existía el recelo de los profesores y padres abertzales a un relato partidista, pero a la vez no eran pocos los que reconocían que era positivo que los jóvenes se educaran en la paz. No querían que sus hijos siguieran el camino de Josu Ternera. El plan tuvo también que superar los recelos del PP sobre la participación de víctimas de la guerra sucia en las aulas. El Gobierno de López contó con 15 víctimas educadoras, predominantemente de ETA.

Urkullu impulsó el plan a su llegada a Ajuria Enea. Mantuvo el grupo de víctimas educadoras de la etapa de Patxi López, pero introdujo a víctimas de los abusos policiales y aumentó las de la guerra sucia. Aun así, heredó la filosofía anterior de educar a los estudiantes en el rechazo al terrorismo para evitar su repetición y en la defensa de los derechos humanos sin politizarlo. También asumió que el relato de las víctimas incidiera en la superación del odio, la recuperación de la autoestima y la desaparición del victimismo. En 2020 eran 25.545 alumnos, repartidos en 172 centros y 322 sesiones, quienes habían asistido en seis años a encuentros con las víctimas educadoras.

Los implicados en la experiencia, profesores y víctimas educadoras son unánimes en valorar su impacto en los alumnos. Pero algunos subrayan su limitación. Al depender de la voluntad de los centros educativos son bastantes los que, sobre todo públicos, no se acogen a esta experiencia, que tiene mayor desarrollo en los concertados. La desconfianza hacia el relato de las víctimas educadoras pervive en un sector del profesorado nada desdeñable. Su impacto es limitado en el conjunto de la comunidad vasca.

Con la misma orientación a principios de 2016, el Instituto Gogora —dependiente del Gobierno Vasco, dedicado a la convivencia, a la memoria de la Guerra Civil, el franquismo y también el terrorismo— desarrolló la exposición itinerante Memoria Plaza, con textos e imágenes, centrada en el recuerdo de las vulneraciones de derechos humanos infringidas por las distintas violencias. Consistía en una carpa de 450 metros cuadrados que hasta 2020 visitó 23 municipios, entre ellos las tres capitales vascas, donde se instalaba de cinco a diez días. Su instalación era aprovechada por los centros educativos para que sus alumnos la visitaran y para la implantación de talleres educativos. Según sus organizadores, ha tenido 43.284 visitas.

Algo antes de la iniciativa de Memoria Plaza, en la primavera de 2015 irrumpió en el debate sobre la memoria del terrorismo un grupo de historiadores de la UPV con la publicación de un dictamen, encargado por el Parlamento vasco a iniciativa del Gobierno anterior, el de Patxi López, cuya conclusión principal era que Euskadi no fue víctima de un conflicto con el Estado, como sostenía la izquierda abertzale, sino de un intento de imposición totalitaria de ETA.

El grupo de historiadores de Antonio Rivera, Raúl López Romo, José Antonio Pérez y Luis Castells recogía el legado de historiadores vascos reconocidos como Juan Pablo Fusi, Javier Corcuera, Antonio Elorza, etc. Su dictamen, titulado Informe Foronda14, no era el relato oficial sobre el terrorismo en Euskadi, aunque su publicación coincidió con la autocrítica del lehendakari Urkullu por el comportamiento pasado del Gobierno Vasco con las víctimas de ETA y la exigencia a la izquierda abertzale de reconocimiento crítico por su pasada complicidad política con el terrorismo. Primaba la información sobre la opinión y tuvo considerable eco mediático.

Los historiadores de Foronda valoraban el discurso político de Urkullu, de reconocimiento de la centralidad del terrorismo de ETA sobre las demás violencias en la sociedad vasca, así como la exigencia a la izquierda abertzale de reconocimiento del daño injusto de ETA. Pero pensaban que ese discurso debía trasladarse a las políticas públicas de memoria, ir más allá de la denuncia de las vulneraciones de los derechos humanos y de todas las violencias habidas en Euskadi que centraban la actividad del Gobierno Vasco sobre memoria y convivencia como los encuentros en las aulas con las víctimas educadoras y la exposición Memoria Plaza.

Defendían, como historiadores profesionales, que no podían limitarse a narrar el dolor de las víctimas del terrorismo. Querían responder a la pregunta de por qué había víctimas de este y explicarlo en su complejidad. Algunos de ellos pusieron como ejemplo de política fallida de memoria la aplicada en 2016 a San Sebastián como Capital Europea de la Cultura.

Fue concebida en 2008 por el alcalde socialista Odón Elorza como un instrumento de reflexión y transformación desde el ámbito de la cultura contra la barbarie de ETA. No hay que olvidar que San Sebastián acumula el mayor número de asesinatos terroristas en España, especialmente de ETA, solo superada por Madrid con la masacre del 11M del año 2004 perpetrada por el yihadismo.

Cuando el proyecto de San Sebastián ganó el concurso europeo y se le otorgó la capitalidad cultural, acababa de ser elegido alcalde Juan Carlos Izaguirre, de Bildu, al que le sorprendió una iniciativa que no estaba en condiciones de liderar y no le prestó la debida atención. Pocos meses antes de su celebración fue elegido alcalde Eneko Goia, del PNV, que le dio a la capitalidad cultural un sesgo vaporoso, sin referencias precisas a la reciente historia del terrorismo en Euskadi, según el historiador Luis Castells. A su juicio, fue una ocasión perdida de hacer pedagogía.

El dictamen Foronda era la primera respuesta colectiva de los historiadores vascos, con eco mediático, a la pregunta de las causas del terrorismo en Euskadi. Y su respuesta fue que en Euskadi hubo varias violencias, pero no hubo dos bandos igualados enfrentados como en Irlanda del Norte. El terrorismo no había sido un conflicto entre vascos; había habido un totalitarismo de ETA que había querido imponer su proyecto a la sociedad y las generaciones jóvenes debían saberlo para que no se repitiera.

Las conclusiones del dictamen argumentaban esa tesis. La primera conclusión desmontaba la presentación de ETA como movimiento liberador al recordar que solo el 8% de los asesinatos de ETA se produjeron durante la dictadura franquista. La segunda demostraba que ETA había sido objetivamente una organización terrorista que combatió la democracia española. El 37% de sus asesinatos los realizó entre 1975 y 1982, durante la Transición, cuando la democracia estuvo amenazada por un golpe de Estado al que los atentados de ETA estimularon, y otro 46% con la democracia consolidada, entre 1982 y 1994. La tercera fue que no hubo dos bandos. La guerra sucia finalizó en 1986. No solo sus atentados fueron cuantitativamente muy inferiores; sus actuaciones fueron puntuales y sin ningún apoyo social, a diferencia de ETA, que contaba con un notorio respaldo y, además, asesinó en España hasta 2009. Nunca hubo en Euskadi una manifestación convocada a favor del Batallón Vasco Español o los GAL y, sin embargo, hubo innumerables de respaldo a ETA o a sus presos.

El Informe Foronda, de un centenar de páginas plagadas de datos y cuadros informativos, mostraba, además, la perversión de la actuación terrorista de ETA: de sus 80 secuestrados, salvaron la vida los empresarios cuyas familias pagaron el chantaje. Pero las víctimas de los secuestros “ideológicos” fueron asesinadas, un drama del que se salvó el funcionario de prisiones José Antonio Ortega Lara porque fue liberado por la Guardia Civil. Recordaba, también, que el mayor número de víctimas de ETA lo sufrieron la Guardia Civil y la Policía Nacional. El tercer colectivo, con 116 fallecidos, era el de las “víctimas colaterales” en la jerga terrorista —pero “errores”, hablando claro—. Además de 2.533 heridos, 709 con graves secuelas.

Los historiadores recordaban que una asunción crítica del pasado favorece el desarrollo de actitudes democráticas y tolerantes en el presente, como señala José Álvarez Junco en el epílogo del libro Los amnésicos de la investigadora franco-alemana, Géraldine Schwarz15. La tesis de Schwarz es que los países apoyados en una visión simplista y autocomplaciente del pasado son hoy los menos europeístas y más proclives al auge de la ultraderecha, como Hungría o Polonia. Francia e Italia, que tampoco hicieron una autocrítica suficiente de su pasado colaboracionista con el nazismo y el fascismo, han visto crecer el populismo de extrema derecha de Le Pen, Berlusconi o Salvini. Desgraciadamente, hoy puede añadirse España a la lista, pues el auge de la extrema derecha con Vox está vinculado a la ausencia de una severa crítica de la dictadura franquista, especialmente en el ámbito de la derecha.

Por ejemplo, la exhumación de los restos del dictador Franco del Valle de los Caídos, aunque muy tardía, debía haber sido una ocasión para deslegitimar la dictadura, pero la derecha lo convirtió en motivo de confrontación con el Gobierno. Otro ejemplo, relativamente cercano, fue el alarde público del presidente Rajoy de dedicar “presupuesto cero” a la partida de inhumación de los restos de las víctimas del franquismo. Los intentos de dignificar a las víctimas de la dictadura franquista los convierte la dirección del PP sistemáticamente en motivos de confrontación.

Por el contrario, la autocrítica profunda en Alemania occidental en los años setenta sobre su pasado nazi ha impedido el afloramiento de la extrema derecha que, sin embargo, ha sucedido en la antigua Alemania del Este, donde predominó una visión complaciente del comportamiento de su población, tal como señala Schwarz.

Algunos de los historiadores que redactaron el dictamen de Foronda trabajan o colaboran en el Centro Memorial de Víctimas del Terrorismo de Vitoria, todavía no inaugurado oficialmente en abril de 2021, que ha elaborado aportaciones importantes en la línea de una paz con memoria. El Memorial, producto de la Ley de Víctimas del Terrorismo de 2011, que depende del Gobierno central y cuenta con un amplio consenso, pretende responder a una política de Estado, apartidista y reivindicativa de todas las víctimas del terrorismo: las de ETA, de la guerra sucia y del yihadismo.

El Centro Memorial sufrió cierto perjuicio de imagen en la etapa de Gobierno del PP por su ensimismamiento y la presencia del ministro de Interior Jorge Fernández, encausado por su gestión sectaria. La visión parcial del final de ETA del Gobierno del PP ha dejado alguna huella, pero no ha afectado a la inmensa mayoría de las investigaciones históricas de sus profesionales de alto nivel de calidad. La “Historia y memoria del terrorismo vasco”, promovida por el centro en 2016, es una de sus principales muestras.

El actual Gobierno de Pedro Sánchez pretende acercarlo a la sociedad y hacer de Vitoria el punto de referencia museístico de la memoria del terrorismo sufrido en España. Para que sus deseos de apertura e influencia social, nacional e internacional sean una realidad, necesita reforzar su carácter apartidista y transversal con una amplia participación institucional, incluidos el Gobierno Vasco y el Ayuntamiento de Vitoria, además del mantenimiento de su rigor histórico.

El Memorial de Vitoria convive con Gogora, el centro, dependiente del Gobierno Vasco, dedicado a impulsar las políticas de memoria de todas las víctimas y especializado en la Guerra Civil y el franquismo, temas trascendentales que no aborda el Memorial. Ambos centros necesitan, en la nueva etapa, aumentar su coordinación, sumar energías y evitar el riesgo de una lucha competencial.

El problema de la falta de consenso sobre la memoria del terrorismo en Euskadi viene de tiempo atrás y se reveló claramente al poco de conocerse el Informe Foronda en septiembre de 2015. Fue con motivo del encuentro que Urkullu organizó en Bilbao con 114 alcaldes vascos de distintos partidos, convocados por regir municipios donde hubo víctimas mortales, bien sea de ETA, de la guerra sucia o de los abusos policiales entre 1960 y 2010. Urkullu continuaba su política de acercamiento a las víctimas del terrorismo trasladándola a los municipios. Además, tras las recientes elecciones municipales que habían desbancado a Bildu en plazas importantes como San Sebastián, Pasajes, Lasarte, etc., el lehendakari contaba con un terreno más favorable para avanzar hacia un consenso.

Urkullu entregó a los regidores retratos de memoria personalizados de las víctimas. Fueron 707. De ellos, 572 de ETA, 61 de la guerra sucia, 58 de abusos policiales y 16 de autoría confusa. El lehendakari se dirigió predominantemente a los alcaldes de la izquierda abertzale: “Habremos dado un gran paso cuando todos coincidamos en el reconocimiento integrador de las víctimas al margen del signo de la violencia” y “tenemos el deber ético de reconocer ante la historia, las víctimas y sus familias y los jóvenes que matar a otra persona es la mayor de las injusticias”. Algunos alcaldes socialistas, que habían sido perseguidos por ETA, fueron más precisos y reclamaron a los regidores presentes de la izquierda aberzale que trabajaran desde abajo en la deslegitimación del terrorismo etarra”. Pero no hubo respuesta.

Evidentemente, la convivencia, e incluso el reconocimiento a todas las víctimas del terrorismo, mejoraba en Euskadi desde que cesó la violencia. Pero Euskadi estaba lejos de compartir una mínima memoria de lo sucedido. Lo aclaraba aún más un artículo publicado en El País16 a los pocos días que reunió a Carlos Totorika, alcalde socialista de Ermua, el municipio que simbolizó la rebelión contra ETA tras el asesinato de su concejal Miguel Ángel Blanco en 1997; Julen Mendoza, alcalde abertzale de Rentería, la localidad que ostentó el récord de kale borroka, con 500 ataques y 30 asesinatos, una veintena de ETA y una decena de guerra sucia y abusos policiales, con solo 40.000 habitantes, y el peneuvista Eneko Goia, alcalde de San Sebastián, la ciudad con mayor número de asesinatos políticos: 107 de ETA, 4 de grupos ultraderechistas y 11 de abusos policiales. Goia acababa de desbancar en las elecciones municipales de 2015 al alcalde de Bildu, Juan Carlos Izaguirre.

El alcalde de Ermua admitía que el final del terrorismo había permitido la desactivación del odio y mejorar la confraternización con los concejales de Bildu, pero aclaraba que era imposible hablar con ellos del asesinato de Miguel Ángel Blanco y la rebelión de Ermua y expresaba su consternación porque un abertzale conocido suyo había osado decirle que el asesino de Blanco también había sufrido. “¿Cómo puede equiparase al asesino con la víctima?”, se preguntaba y respondía: “La izquierda abertzale no quiere reconocer el totalitarismo de ETA. Se atrinchera en la tesis del conflicto porque le cuesta reconocer su error”.

Su conclusión era que “al ser una cuestión ideológica es muy difícil la convergencia con Bildu sobre la memoria del terrorismo, lo que impide la transmisión unánime a nuestros jóvenes del mensaje de la deslegitimación de ETA, de su pretensión totalitaria de imponer su ideología por la fuerza”. Totorika aclaraba que Ermua no rebajaría su denuncia del totalitarismo de ETA para lograr la participación de Bildu en los homenajes que realizaba a Miguel Ángel Blanco.

El alcalde abertzale de Rentería, a su vez, recordaba la relación distendida con los concejales de todos los partidos en su localidad y algunos actos de encuentro con las víctimas de todas las violencias realizados en común. “Se trata de reconocer todo lo ocurrido y que las víctimas tengan igual tratamiento con las mismas vulneraciones de derechos y de acercarnos al sufrimiento de quienes llamábamos los otros”, señalaba Mendoza. Se resignaba a admitir que “no habrá acuerdo en el relato de lo sucedido”, aunque consideraba que “puede lograrse un mínimo ético que logre cohesión social y eso se produce desde abajo”. Mendoza apostaba por realizar testimonios individuales de las víctimas locales por temor a que los distintos relatos hicieran fracasar los actos conjuntos.

El alcalde peneuvista de San Sebastián admitía que sin la presión del terrorismo las relaciones con los concejales de Bildu eran distendidas, pero constataba que “están presos de su estrategia”. “Les cuesta reconocer su equivocación. Se atrincheran en la tesis del conflicto cuando está claro que ETA tenía la estrategia de atacar a quienes no pensaban como ellos. Tendrían que reconocerlo”. Goia, no obstante, defendía “buscar espacios de encuentro empezando por el reconocimiento de las víctimas y de la verdad, avanzando hacia una revisión crítica del pasado y mirando hacia adelante”. En la práctica, la apuesta de Goia se ha centrado en colocar placas de homenaje individuales, “con nombres y apellidos”, a las víctimas locales en los lugares de la ciudad en que fueron asesinadas.

La falta de consenso ha sido, también, una constante en la celebración anual del Día de la Memoria, el 10 de noviembre, instituida por el Gobierno de Patxi López en homenaje a las víctimas como “contribución a la convivencia en paz y libertad y a la deslegitimación total y radical de la violencia”. La primera celebración, en 2010, contó con la ausencia de Aralar y Eusko Alkartasuna —partidos que un año después constituirían con Sortu la coalición Bildu— por no figurar en la declaración el homenaje a las víctimas de la guerra sucia y de los abusos policiales. En 2011, siendo lehendakari el socialista Patxi López, el PNV se sumó a las ausencias por razones similares.

Con Urkullu como lehendakari, además de no comparecer Bildu, tampoco lo hizo el PP al incluir en el homenaje a las víctimas de los abusos policiales. En 2015, Bildu decidió asistir, por lo que el PP añadió otro argumento a su ausencia: la presencia de la izquierda abertzale. El Día de la Memoria sigue sin unir a los partidos. Su primer patrocinador, Patxi López, reconoce su frustración y señala: “La memoria debe ser un pilar fundamental sobre el que construir la convivencia de la sociedad vasca porque el reconocimiento de las víctimas sirve de muro para impedir que nadie pueda matar a quien piensa diferente. Cuando uno hace memoria lo hace a través de valores éticos y democráticos. Si lo olvidamos, nos arriesgamos a construir una sociedad amoral”.

Pese a las desavenencias partidistas, la presencia de las víctimas había tomado tal cuerpo en la sociedad vasca que ya no era posible olvidarlas como sucedió en los años setenta y ochenta, tal como subraya el filósofo Reyes Mate. Las instituciones y los medios de comunicación mantenían viva la memoria del terrorismo vasco. También la cultura. La noticia del desarme de ETA ya no eclipsaba el protagonismo adquirido por la memoria de las víctimas del terrorismo.

A comienzos de 2017 la novela Patria, del donostiarra Fernando Aramburu, que sitúa a las víctimas de ETA en el centro de la narración, se convirtió en un inédito fenómeno editorial tanto en Euskadi como en toda España. No son pocos los literatos vascos que han abordado históricamente el terrorismo de ETA con sentido crítico —Ramón Saizarbitoria, Bernardo Atxaga, Anjel Lertxundi, Harkaitz Cano…—. Algunas de sus novelas alcanzan altos niveles de calidad, pero no están suficientemente reconocidas fuera de Euskadi.

Aramburu tuvo el don de la oportunidad. Publicó su novela cuando las instituciones habían colocado a las víctimas del terrorismo en el centro del interés público, tras el cese del terrorismo. Aramburu ofreció una visión de la tragedia vasca desde la óptica de las víctimas. Tuvo un importante apoyo editorial y una acogida política y mediática espectacular.

Entre los políticos vascos, nacionalistas y no, hubo acuerdo general en considerar Patria como una contribución a la construcción de una memoria democrática sobre el pasado, a leer la página del terrorismo vasco antes de pasarla. En la encuesta que hizo El País17 fue interesante la opinión de la joven dirigente de Podemos Euskadi, Nagua Alba, al reconocer que “hay una generación joven que desconoce el pasado y Patria se lo trae a la memoria”, y la del socialista Eduardo Madina que se lamentaba de que Patria fuera tan necesaria por la ausencia de la historia del terrorismo en el sistema educativo vasco. Con ello apuntaba a la cuestión de fondo que sigue pendiente de resolverse: la incorporación del fenómeno terrorista vasco como asignatura en la enseñanza.

Paralelamente, algunos historiadores de Foronda anunciaban la elaboración de Historia y memoria del terrorismo en el País Vasco (1968-1981)18 sobre su incidencia en la vida cotidiana y en las víctimas, que profundiza en la pauta marcada por el Informe Foronda. Luis Castells, uno de sus autores, adelantó que resultará incómoda porque las instituciones vascas tienden a suavizar el relato por la tardía respuesta política y social que tuvo el terrorismo y porque la izquierda abertzale enfatiza la existencia de otras violencias para justificar los asesinatos de ETA cuando, como adelantó el Informe Foronda, el 92% de ellos los cometió ETA muerto el dictador Franco.

Los meses de junio y julio de 2017 se conmemoraron el treinta y veinte aniversario, respectivamente, de la matanza del Hipercor de Barcelona y de Miguel Ángel Blanco, concejal del Ayuntamiento de Ermua, del PP. El Gobierno, la Generalitat y el Ayuntamiento de Barcelona organizaron homenajes a las 21 víctimas mortales y 45 heridos del Hipercor. El clima creado en torno al aniversario de Hipercor fue tal que Arnaldo Otegi declaró que aquel atentado “jamás debía haber ocurrido” y que hacía suyo el dolor de las víctimas. Añadió que en Bildu habían planteado la posibilidad de acudir al homenaje, pero que desistieron para evitar tensiones.

El clima político en torno a las víctimas del terrorismo estaba obligando a la izquierda abertzale a ofrecer gestos, pero seguían manteniendo la ausencia de autocrítica en su discurso. Al homenaje de Ermua a Miguel Angel Blanco acudió una representación de Bildu que tuvo que escuchar la exigencia de autocrítica que les dirigió Totorika, el alcalde que guio la rebelión cívica por el asesinato etarra.

Bildu ya había asistido en 2014 al homenaje al empresario José María Korta, asesinado por ETA en 2000 y al año siguiente al del también empresario Ignacio Uría. E, incluso, unas semanas antes del veinte aniversario del asesinato de Blanco, el alcalde de Rentería, Julen Mendoza, de Bildu, homenajeó a los tres concejales de la localidad asesinados por ETA —José Luis Caso, Manuel Zamarreño, ambos del PP, y Vicente Gajate, del PSE—, delante de sus familias y el ayuntamiento colocó una placa en su memoria en la sala de plenos.

Mientras Bildu adolecía de la grave carencia de la autocrítica, el PP reincidía en su utilización política de las víctimas. Lo volvió a poner de relieve en el veinte aniversario del asesinato de Miguel Angel Blanco. En Madrid atacó a la alcaldesa, Manuela Carmena, por negarse a colocar una pancarta de Miguel Ángel Blanco en el ayuntamiento por evitar distinciones entre víctimas, aunque la alcaldesa estuvo presente en los actos de homenaje realizados en la capital. En Euskadi, el PP no contó los demás partidos para su celebración.

El PP convirtió a Miguel Angel Blanco en patrimonio partidista. El PP nunca ha reconocido públicamente el papel fundamental del Ayuntamiento de Ermua y su alcalde, el socialista Carlos Totorika, en la rebelión de Ermua ni el del Pacto de Ajuria Enea, unitario, que convocó la multitudinaria manifestación, sin precedentes, celebrada en Bilbao pocas horas antes del asesinato de Blanco. Una manifestación que contribuyó a expandir la movilización en toda España cuando ETA lo asesinó.

La pretensión del PP de monopolizar a las víctimas del terrorismo, de utilizarlas como arma arrojadiza para atacar a sus rivales políticos, han contribuido a deteriorar la causa de las víctimas. Afortunadamente cada vez son más las víctimas del terrorismo que denuncian públicamente sus intentos de manipulación, incluidas algunas asociaciones como Covite.

Pocas semanas antes de que ETA proclamara su disolución, San Sebastián, la ciudad más castigada por sus atentados terroristas, fue escenario del homenaje en el Teatro Victoria Eugenia, el viejo escenario de las galas del festival de cine internacional, a la Librería Lagun, convertida en símbolo de la resistencia cívica contra el terrorismo, el de la extrema derecha y el de ETA, que la habían atacado sistemáticamente durante el franquismo y la democracia.

La iniciativa del socialista Denis Itxaso, titular del Departamento de Cultura de la Diputación de Gipuzkoa, gobernada por la coalición PNV-PSE, con motivo del cincuentenario del nacimiento de la librería, el mítico año 1968, contó con una participación masiva de gipuzkoanos, que llenaron el viejo teatro, y un importante eco mediático, lo que resultaba especialmente significativo que sucediera, precisamente, cuando ETA estaba en vísperas de anunciar su desaparición. Era un índice del cambio político y social en Euskadi.

Capítulo 8

La disolución de ETA

En febrero de 2017, durante el proceso de preparación del desarme, David Pla, interlocutor de ETA, encarcelado en Francia, en una entrevista al diario Gara anunció un “proceso de reflexión crítica entre toda la militancia” sobre el futuro de la organización a partir de la primavera y reconoció que con esa iniciativa pretendía “dar otro impulso a la estrategia de la izquierda abertzale”. Ese reconocimiento tenía su importancia porque admitía que era Sortu, el núcleo duro de Bildu, quien llevaba las riendas del proceso final de ETA y que se ajustaría a sus intereses como partido.

El debate interno de ETA se centró en tres alternativas: Poner fin al ciclo de ETA como organización armada y mantener la sigla como un agente político más; la permanencia de un núcleo reducido que velara por su legado y una desmovilización paulatina. A finales de 2017 se desconocía la alternativa por la que optaría ETA, según desvelaría el Foro Social —integrado por personas próximas a la izquierda abertzale—, convertido en su interlocutor, una vez disuelto, tras el desarme, la CIV.

Entre junio y septiembre de 2017, el Gobierno Vasco adoptó una posición muy activa entrevistándose con todos los organismos de interlocución con ETA, como el CHD, cuyo representante seguía siendo Jonathan Powell, el GIC de Brian Currin, la Comunidad de San Egidio, que había sido testigo del desarme de ETA en Francia, además del Foro Social, cuya cabeza visible era Agus Hernan, procedente del ámbito abertzale. A todos los interlocutores, Urkullu les planteó que el proceso final de ETA debía ser una disolución unilateral, efectiva y definitiva porque la presencia de la sigla ETA era incompatible con una memoria crítica del pasado terrorista.

Urkullu también se entrevistó con Rajoy en La Moncloa el 19 de julio con quien coincidió en la exigencia a ETA de su disolución. En aquel encuentro, pasados tres meses del desarme de ETA, Rajoy accedió, por primera vez, a realizar algún movimiento limitado en política penitenciaria. Rajoy no estaba dispuesto a modificar la legislación penitenciaria, pero sí a estudiar acercamientos a cárceles próximas a Euskadi de algunos presos enfermos o muy vulnerables. Fijaron una línea de comunicación permanente entre el secretario general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Yuste, y el de Paz y Convivencia del Gobierno Vasco, Jonan Fernández.

Tres semanas antes, el colectivo de presos de ETA cerraba el debate interno abierto en diciembre de 2016 sobre la aceptación o rechazo de la vía de reinserción individual. Con un 87,2% de participación, el resultado fue de un 73,4% favorable a abrir la nueva vía. Esta predisposición de los presos etarras, unida al desarme de ETA, parecía que iba a desbloquear la política penitenciaria del Gobierno. Pero no fue así.

En un encuentro en octubre, Yuste comunicó a Jonan Fernández que el Gobierno aplazaba la aplicación de la nueva política penitenciaria por la crisis en Cataluña. Acababa de celebrarse el referéndum soberanista en Cataluña y el Gobierno central había intervenido la autonomía catalana. En el siguiente encuentro, celebrado en enero de 2018, la disolución de ETA ya había entrado en la agenda política, y Yuste decidió aplazar cualquier movimiento a la espera de que la disolución se materializase.

Desde finales de diciembre, el Foro Social y la izquierda abertzale sondearon a las instituciones a través de los medios de comunicación con un proceso de desmovilización de ETA que seguía el esquema DDR (desarme, desmovilización y reintegración), aplicable en países con conflictos entre guerrillas y gobiernos no democráticos, principalmente en África. Afectaban a decenas de millares de personas movilizadas y auspiciado por la ONU. También circuló un texto “Ciclo y final histórico de ETA. Propuesta política” en el que abogaba por que la dirección de ETA creara una comisión de veinte personas para atender a los presos, exiliados y tuviera un papel interlocutor, lo que preocupó al Gobierno Vasco por la confusión que podía generar sobre la disolución.

El Gobierno Vasco aclaró, públicamente, que el esquema DDR no era aplicable a ETA. Expresó a todos los interlocutores nacionales e internacionales que ETA debía disolverse unilateralmente, sin contrapartidas, de manera clara, y que debía evitar una semántica que por su confusión generara desconfianza ante quienes debía acreditar su disolución. Urkullu mantenía un contacto puntual con Rajoy. A diferencia del desarme, que implicaba una entrega de armas, la disolución de ETA no requería una participación gubernamental. Bastaba con que la disolución de ETA fuera creíble y para ello tenía que ser clara.

Hasta fines de marzo de 2018 hubo dudas sobre la fecha y sobre el procedimiento de desmovilización de ETA. La organización sometió a debate y votación su propuesta entre militantes, presos y huidos. El resultado, conocido públicamente en mayo, arrojó, según el diario Gara, 997 votantes favorables a la disolución, 258 abstenciones, 47 en contra y 33 en blanco. La mayoría aprobó una disolución clara. Los medios abertzales dijeron que la mayoría quiso que no hubiera dudas sobre la decisión de disolución.

Una clave fundamental de la decantación de ETA por una disolución clara fue la posición del GIC, convertido en el referente internacional de la etapa final de ETA, tras la retirada de la CIV, culminado el desarme. El GIC, para implicarse como referente internacional, exigió a ETA una desaparición clara y el reconocimiento del daño causado. Se hacía eco de las exigencias de las instituciones vascas, empezando por el Gobierno PNV-PSE y de una mayoría de la población vasca, según las encuestas.

El 18 de abril, la izquierda abertzale y el Foro Social filtraron que la disolución sería el primer fin de semana de mayo. Dos días después, ETA publicó el penúltimo comunicado de su historia, centrado en sus víctimas y titulado “Declaración sobre el daño causado”. El comunicado asumía su responsabilidad al reconocer su “pesar por el dolor causado”. Tenía el valor de la novedad de que ETA se hubiera visto obligada a acceder al terreno de sus víctimas, que siempre había eludido. Se podía interpretar como cierta victoria de las víctimas.

Pero, evidentemente, con esta declaración quería cubrir el expediente y responder a las exigencias del GIC porque el comunicado se desentendió de su responsabilidad al tratar de justificar la violencia por el “conflicto político e histórico” del País Vasco que no había contado con “una solución democrática justa”. El comunicado se retrotraía a las guerras carlistas y presentaba a ETA como heredera de la violencia generada como respuesta al bombardeo nazi-franquista de Gernika, en 1937, durante la Guerra Civil. Reconocía que “algunos podían considerar injusta nuestra violencia”, para señalar, a continuación, que para ETA, también, fueron violentas “las acciones del Estado”. En definitiva, ETA terminaba su trayectoria sin reconocer la injusticia de su actividad terrorista en la etapa democrática. Dejaba la responsabilidad de la autocrítica a la izquierda abertzale y a su núcleo duro, Sortu.

Además, el comunicado distinguió entre víctimas inocentes y no inocentes, lo que provocó malestar entre los colectivos de víctimas. Las inocentes eran las que “no tuvieron participación directa en el conflicto”, en referencia, entre otras, a las de la bomba del Hipercor de Barcelona de junio de 1987. Para las “no inocentes” pidió “respeto a los muertos, heridos y víctimas que han causado las acciones de ETA”.

La escenificación de la disolución de ETA fue mucho más sencilla que la del desarme porque no requería la participación de los gobiernos. La organizaron el Foro Social y la izquierda abertzale y les bastó con el apoyo del GIC. Escenificaron la disolución en dos jornadas. La del 3 de mayo tuvo dos partes; en la primera, David Harland, director del CHD, anunció en un breve comunicado el fin de ETA.

La elección del CHD tenía el simbolismo de también elegir el escenario donde se habían celebrado las conversaciones entre el Gobierno de Zapatero y ETA de 2005 y 2006, que se truncaron tras el atentado terrorista de la T4. Harland resaltó que aquellas conversaciones fueron útiles para el final de ETA porque, además, citó a uno de sus participantes, Jesús Eguiguren, y a su impulsor, José Luis Rodríguez Zapatero, además de a Arnaldo Otegi y a Iñigo Urkullu.

Un cuarto de hora después, a las 14:15, los diarios Gara y Berria emitieron un vídeo con las voces grabadas de los etarras históricos Josu Urrutikoetxea (Josu Ternera), entonces en paradero desconocido, y Soledad Iparraguirre (Anboto), encarcelada en Francia. Leyeron el último comunicado de la historia de ETA en el que dejaban clara su disolución unilateral y definitiva. Los términos de la disolución eran nítidos: “ETA ha desmantelado totalmente sus estructuras” y “da por concluida su actividad política. No será más un agente que manifieste posiciones políticas, promueva iniciativas o interpele a otros actores”. Era la parte positiva.

Pero, a su vez, justificaba su historia terrorista. “ETA nació cuando Euskal Herria agonizaba” y “hoy es un pueblo vivo que quiere ser dueño de su futuro gracias al trabajo realizado en distintos ámbitos y la lucha de diversas generaciones”. Terminaba llamando a los militantes y a los jóvenes a “materializar el derecho a la autodeterminación”. Lejos de algún atisbo de autocrítica por su actividad terrorista, la justificaba. El lehendakari Urkullu, en una entrevista publicada en El País19 el mismo día de la disolución, dijo que el principal temor de ETA era que el terrorismo no hubiera valido para nada.

Al día siguiente, en Villa Arnaga, en Cambo-les-Bains, País Vasco francés, el Foro Social y el GIC escenificaron la lectura de un comunicado similar al de la víspera, leído por una joven en presencia de algunas de las personalidades internacionales que estuvieron presentes en 2011 en la Conferencia de Aiete, previa a la declaración de cese definitivo del terrorismo de ETA.

El acto de disolución de ETA, pese a su calado histórico, tuvo menos presencia y eco que el de Aiete, en el que la organización anunció el cese del terrorismo. Lo relacionado con ETA había perdido interés. Estaba muy interiorizada la idea de que la escenificación de Cambo-les-Bains era una iniciativa de la izquierda abertzale para vestir la derrota de ETA. Una ETA que terminaba unilateralmente, obligada por las instituciones nacionales e internacionales y, lo que era aún mucho peor: dejaba un reguero de 854 personas asesinadas y miles heridas. No había nada que celebrar.

No obstante, acudieron el expresidente irlandés Bertie Ahern, el dirigente del Sinn Féin Gerry Adams, el exjefe de Gabinete de Tony Blair, Jonathan Powell, el ex director gerente del Fondo Monetario Internacional, Michel Camdessus, de origen vascofrancés y el expresidente de la ONU Koffi Annan envió un mensaje. Invitaron a los partidos vascos, pero no acudieron ni el PSE ni el PP, que no quisieron ser convidados de piedra en un acto organizado por la izquierda abertzale en el que ETA no iba a reconocer la injusticia de su pasada actividad terrorista.

El Gobierno Vasco tampoco acudió. Dos semanas antes de las jornadas de disolución, Agus Hernan, en nombre del Foro Social, pidió al secretario de Paz y Convivencia, Jonan Fernández que el Gobierno Vasco acudiera a Cambo-les-Bains. Pero el Gobierno Vasco rechazó la invitación por haber sido marginado de su organización y desconocer el contenido que ETA pretendía dar a su disolución.

El comunicado de ETA sobre las víctimas del terrorismo había sido un mal precedente para el Gobierno Vasco y era impensable que ETA hiciera autocrítica de su actividad terrorista. Los seis años y medio transcurridos entre el cese del terrorismo y su disolución no habían pasado en vano. El compromiso con las víctimas del terrorismo por parte de las instituciones vascas era una evidencia y no estaba dispuesto a desairarlas.

El 4 de mayo por la tarde, en un acto conjunto en el Señorío de Bertiz, en Navarra, Urkullu, en nombre del Gobierno Vasco, y Barkos, en nombre del Ejecutivo navarro, leyeron un comunicado conjunto en el que, como contrapunto al comunicado de ETA, realizaron un balance crítico de su historial terrorista, haciéndose eco de la opinión mayoritaria de las dos sociedades que más habían padecido el terrorismo etarra, la vasca y la navarra. El comunicado resaltó que la disolución “llega muy tarde” y que “el final de ETA no puede suponer pasar página sin una valoración crítica” de su historial.

Los gobiernos vasco y navarro trataron de marcar pautas para la etapa posterior a la disolución de ETA. El documento tenía mucho calado político; iba dirigido a la izquierda abertzale, a los presos de ETA, al Gobierno central y establecía sus compromisos con las víctimas del terrorismo.

Aclaraba a la izquierda abertzale que la desaparición de ETA no podía suponer pasar página sin una valoración crítica y explícita de lo sucedido. Vinculaba la normalización de la convivencia en las sociedades vasca y navarra al rechazo público de la injusticia cometida a las víctimas por las organizaciones terroristas, singularmente ETA, y apelaba a una memoria plural y compartida en términos, también, de rechazo a su legitimación y a su injusticia.

Respecto a la política penitenciaria, precisó que la disolución de ETA abría una etapa nueva al desaparecer definitivamente la amenaza de la organización terrorista. Hicieron un llamamiento a los presos etarras para que desarrollaran las vías legales individuales, la reinserción social y reconocieran el daño causado. Y al Gobierno central para que iniciara acercamientos de presos a cárceles próximas a Euskadi, fijara criterios humanitarios para los casos de enfermos graves, madres con menores a su cargo y presos ancianos.

El Gobierno Vasco se comprometía, por su parte, a mantener viva la memoria de las víctimas, a no relegarlas al olvido y a defender el valor moral de que la vida y la dignidad de las personas están por encima de cualquier causa política o patriótica.

Un año después de la disolución de ETA, en octubre de 2019, la Secretaría de Paz y Convivencia del Gobierno Vasco publicó una valoración de los años transcurridos entre el cese definitivo del terrorismo y su disolución. Su balance es interesante por proceder de la única institución del Estado, el Gobierno Vasco, participante en todo el proceso y que agotó todas sus posibilidades legales en lograr el desarme, disolución de ETA, así como el cambio en política penitenciaria cuando el Ejecutivo de Rajoy decidió abstenerse de participar activamente.

Su conclusión fue que “el final de ETA se produjo por agotamiento, tras empecinarse en prolongar, contra toda lógica, su existencia”. El autor del texto, Jonan Fernández, sostuvo en su rendición de cuentas que hasta septiembre de 2013 existió una esperanza compartida entre el Gobierno Vasco, los agentes internacionales —el CHD, la CIV y el GIC— y la izquierda abertzale de que ETA asumiría unilateralmente el proceso de desarme, disolución y de asunción de sus presos de la legalidad penitenciaria y reinserción individual.

Precisó que en la reunión mantenida en Ajuria Enea en junio de 2013 con el lehendakari Urkullu, los representantes internaciones y la izquierda abertzale —una vez que el Gobierno de Rajoy confirmó con la expulsión de Noruega de los dirigentes de ETA que se desentendía de cualquier proceso relacionado con la organización etarra— confiaban en un rápido desarme y disolución por la vía unilateral.

En aquellos momentos, la izquierda abertzale controlaba la dirección de ETA, pero existían disidencias en su seno y no influía decisivamente sobre el colectivo de presos, donde habitaba un núcleo reacio a asumir la legalidad penitenciaria, lo que le impidió asumir la propuesta de Urkullu. También contaba la rivalidad política. La izquierda abertzale no quería que el PNV, su principal rival vasco, jugara un papel protagonista en el desarme y disolución de ETA.

En consecuencia, el Gobierno Vasco pasó de una situación de “predisposición abierta” a otra de “colaboración exigente” ante los organismos internacionales y la izquierda abertzale en lo relacionado con ETA a la vista de las “promesas incumplidas” como el fiasco de desarme de 2014. “Les dejamos claro que no apoyaríamos ninguna iniciativa que no contuviera avances claros en el desarme y la disolución definitivas de ETA y de asunción de sus presos de la legalidad penitenciaria y su reinserción social”, señala Fernández en su informe.

Jonan Fernández resaltó que los facilitadores internacionales y la izquierda abertzale argumentaban los retrasos de ETA en la necesidad de realizar los avances a medida que se superaban las divisiones internas. A su juicio, era una explicación insuficiente. “La ausencia de un liderazgo sólido y valiente es otra explicación muy importante”. La tercera, según Fernández, es que ETA tuvo la tentación de utilizar políticamente su final. “Al no poderlo negociar con el Gobierno central, lo quiso hacer con los facilitadores internacionales y con las instituciones vascas, los partidos y la sociedad”.

También arrojó un juicio crítico hacia los facilitadores internacionales: “Actuaron con ambivalencia y fueron aceptando de uno u otro modo los pretextos de ETA para retrasar sus decisiones, lo que no obstaculizó los procesos de desarme y disolución y dejó margen de actuación al Ejecutivo vasco”.

Su crítica al Gobierno de Rajoy se centró en su rechazo a activar la política penitenciaria, empezando por el acercamiento de presos a cárceles vascas, que alargó innecesariamente hasta seis años y medio el proceso entre el cese del terrorismo y la disolución de ETA con el consiguiente costo social. Rajoy, que solía señalar al lehendakari que comprendía sus propuestas sobre la activación de la política penitenciaria, reconocía que las fuertes presiones de su propio partido le inmovilizaban.

Jonan Fernández precisa que ofrecía datos puntuales a los representantes del Gobierno de Rajoy del aumento de la disidencia en ETA y las cárceles, en los años 2013 y 2014, y que le reconocían que no tenían interés en comprometerse con una política penitenciaria activa pues, en clave partidista, no ganaban nada y arriesgaban mucho. No había visión de Estado.

Jonan Fernández concluyó que el Gobierno Vasco supo aprovechar su principal activo: ser la única institución dispuesta a apoyar el proceso final de ETA. “Los facilitadores internacionales necesitaban la colaboración del Gobierno Vasco como única institución dispuesta a apoyar el proceso y les obligaban a la izquierda abertzale y a ETA a contar con nosotros lo que nos permitió imponer algunas condiciones”.

Fernández precisa las aportaciones claves del Gobierno Vasco en el desarme y disolución de ETA: “En el desarme, el Gobierno Vasco fue clave en las relaciones con el Gobierno central y las autoridades francesas. Francia implicó a la justicia y a la policía. En la disolución configuramos un marco de apoyo institucional claro y condicionado a contenidos nítidos. La colaboración exigente contribuyó a que el desarme y desaparición de ETA fueran definitivos y no se dilatasen en maniobras tácticas de dosificación y escenificación del final de ETA”.

Paralelamente, el Gobierno Vasco constató que “ni ETA ni la izquierda abertzale estaban maduras para ofrecer a las víctimas y a la sociedad vasca una lectura mínimamente crítica de las vulneraciones de derechos humanos de ETA”. Su actitud fue manifiesta con la escenografía que montaron en el desarme y la disolución para difuminar su derrota. “Quisieron representar un gran gesto cuando ETA estaba prácticamente desmantelada”. Fernández, subrayó finalmente, que el Gobierno Vasco no participó en los actos por “respeto a las víctimas”, tras haber colaborado en facilitar el desarme y la disolución.

José Luis Rodríguez Zapatero, presidente del Gobierno cuando ETA cesó el terrorismo, no se mostró sorprendido del retraso de seis años y medio hasta su disolución. En una entrevista en El País, en mayo de 202020, señaló: “ETA debía haberse disuelto antes. Pero no es infrecuente que pase tiempo desde el fin de la violencia de una organización armada hasta el final auto declarado de su existencia. Ese retraso tuvo una importancia relativa porque lo importante, el cese del terrorismo finalizó en 2011”.

Respecto al papel pasivo de Mariano Rajoy ante el proceso final de ETA, Rodríguez Zapatero, señaló: “Su situación era delicada porque se había opuesto al proceso de diálogo de mi Gobierno con ETA. Era prisionero de su conducta anterior y no tenía margen de maniobra. No intervino activamente en el proceso de desarme ni en la disolución, pero toleró que lo hicieran el Gobierno Vasco y los agentes internacionales. También fue importante que en 2011 validara la declaración del final del terrorismo de ETA y reconociera que mi Gobierno no le hizo concesiones políticas”.

Los socialistas vascos son más críticos con Rajoy. Rodolfo Ares, consejero de Interior del Gobierno Vasco cuando ETA cesó el terrorismo, acusa a Rajoy de “irresponsabilidad y carecer de sentido de Estado” por su inmovilismo, sobre todo en las primeras semanas y meses. “Sabíamos que la declaración del cese del terrorismo de ETA tenía sus críticos internos. Había disidentes y temíamos que hubiera escisiones. Pese a todo ello, Rajoy no hizo nada por consolidar el cese del terrorismo”. Lo tuvieron que hacer otros.

Pero no obstruyó la fase final del desarme y de la disolución de ETA. Repitió la misma pauta que marcó en el fin del terrorismo de ETA. Desde la oposición criticó que los tribunales legalizaran a la izquierda abertzale, pese a que sus nuevos estatutos rechazaban el terrorismo. Pero cuando llegó a La Moncloa, pocos meses después, no promovió ninguna iniciativa para ilegalizarla de nuevo, pese a las críticas de los sectores más radicales del PP. Rajoy no promovió, pero tampoco obstruyó.

Capítulo 9

Tras la disolución de ETA

La disolución de ETA el 3 de mayo de 2018 no tuvo el eco mediático del cese definitivo del terrorismo. En esos años transcurridos, una ETA que ya no cometía atentados dejó de ser noticia. Euskadi también había cambiado y en las jornadas de la disolución tuvo mucho más protagonismo el recuerdo de las 854 personas asesinadas por la organización terrorista que sus entonces 293 presos, 242 en cárceles españolas, 51 en las francesas y un 90% en primer grado, la calificación penitenciaria más dura. El dato de que solo un 2% de los jóvenes vascos apoyaban a ETA en 2018, según el Euskobarómetro de la UPV, era revelador.

ETA, además de haberse convertido en la principal herencia envenenada del franquismo, haber atacado la democracia española y la autonomía vasca, volvió a llegar tarde. En los procesos de diálogo de 1989 con Felipe González, de 1999 con José María Aznar y en 2006 con José Luis Rodríguez Zapatero perdió la oportunidad de lograr un acuerdo favorable a sus presos a cambio del cese del terrorismo. En 2011, tras el cese unilateral, el nuevo Gobierno de Rajoy desistió de cualquier diálogo y exigió su disolución como condición para revisar la política penitenciaria del Ejecutivo central.

La izquierda abertzale necesitó seis años y medio para convencerse, primero a sí misma, de que el Gobierno de Rajoy no iba a dialogar con ETA para el desarme y disolución, y luego a los presos —la mayoría de sus miembros más relevantes estaban en la cárcel— de que su única mejora de su situación carcelaria pasaba porque asumieran la legalidad penitenciaria. En la resistencia de los presos contaba su desencanto por las expectativas de una solución rápida a su situación que los líderes de la izquierda abertzale habían suscitado cuando ETA cesó el terrorismo en 2011. Los presos de ETA resultaron perjudicados por su desconocimiento de la realidad.

El final de ETA nada tenía que ver con el de su inspirador, el IRA en Irlanda del Norte, concluido pocos años antes, tras el Acuerdo de Viernes Santo, en el que la situación de los presos estuvo en el núcleo del pacto. Fueron 447 los presos norirlandeses que salieron de prisión tras dicho acuerdo. Pero las circunstancias, tanto las de Irlanda del Norte como las del IRA, eran muy diferentes a las de Euskadi y ETA.

En Irlanda del Norte la comunidad católica había estado discriminada por la protestante y el IRA era un ejército que luchó contra otro ejército, el de los unionistas. En Euskadi, ETA no representaba a una comunidad oprimida ni era un ejército paramilitar enfrentado a otro ejército de características similares. La guerra sucia contra ETA fueron respuestas puntuales parapoliciales sin respaldo político ni social, que procedían del franquismo y culminaron en la mitad de los años ochenta.

Como decían algunos de los disidentes etarras más cualificados, como Joseba Urrusolo o Carmen Guisasola, ETA, desde que se consolidaron la democracia y la autonomía vasca, representaba una “radicalidad artificial” en una sociedad próspera, que nada tenía que ver con situaciones de evidente injusticia como las que se vivían en Irlanda del Norte, Latinoamérica o África. Al final, ETA se había convertido en sombra de lo que fue en los años setenta. Era la última organización terrorista europea en disolverse de la hornada de los años sesenta y pagó su retraso y su artificialidad, la continuidad de una “guerra” en una comunidad europea y privilegiada como la vasca. La izquierda abertzale tardó en reaccionar. Hubo mucha inercia y gente que ha vivido cómodamente alrededor de la violencia, como señala Urrusolo.

Los gobiernos vasco y navarro emplazaron el mismo 3 de mayo a la izquierda abertzale a que, desaparecida ETA, asumiera la autocrítica por el daño injusto causado por el terrorismo. Era una reclamación clave para lograr una convivencia plena en la sociedad vasca y erigir una memoria democrática sobre la injusticia del terrorismo como enseñanza para las generaciones nuevas. Correspondería a Sortu responder a este emplazamiento porque ETA, en su declaración de disolución, lejos de realizar una autocrítica sobre su actividad terrorista, la justificó.

Asimismo, tras la disolución de ETA, la situación de sus presos dejaba de formar parte de la política antiterrorista y se convertía en cuestión de convivencia. Los gobiernos vasco y navarro emplazaron a los presos de ETA a que desarrollaran las posibilidades legales de la política penitenciaria, pero también al Gobierno de Rajoy, que se había comprometido a revisar la política penitenciaria si ETA se disolvía. Existía en la sociedad vasca un amplio rechazo a la amnistía a los presos de ETA, de un 48% frente a un 26%, según el Euskobarómetro de 2018. Pero, también, el 73,8% de los vascos se mostraba favorable al acercamiento de presos a cárceles próximas a Euskadi frente al 9,9%.

Urkullu, la víspera de la disolución de ETA, había asegurado que Rajoy estaba predispuesto a revisarla, tras rehuirla con el cese del terrorismo y haber buscado excusas, tras el desarme, en la proximidad de la disolución. Sin embargo, no le dio tiempo a hacer nada. Antes de un mes, y justo después de haber logrado aprobar los Presupuestos Generales del Estado por la mínima, la Audiencia Nacional condenó al PP por el caso Gürtel, un caso de corrupción muy grave que afectaba a la espina dorsal del partido.

Pedro Sánchez, secretario general del PSOE y líder de la oposición, promovió una moción de censura que aunó a la mayoría de los partidos en el Congreso, excepto PP, Ciudadanos, UPN y Foro Asturias, y desbancó a Rajoy de La Moncloa, tras ganarla. Era el 1 de junio de 2018. Sánchez había recuperado el liderazgo del PSOE un año antes al ganar las elecciones primarias internas a la presidenta de la Junta de Andalucía Susana Díaz, que contaba con el respaldo del aparato tradicional del PSOE. Y cuando Sánchez ganó la moción de censura había pasado menos de un mes de la disolución de ETA.

En el mismo mes de junio, el nuevo presidente, se reunió en La Moncloa con Urkullu. Sánchez tuvo el gesto de recibir con urgencia a Urkullu por el decisivo apoyo del PNV a la moción de censura con el mérito añadido de que había dado un giro de ciento ochenta grados a su política de alianzas pues una semana antes había apoyado los presupuestos de Rajoy. El giro del PNV se explicaba porque no podía marginarse de una moción de censura promovida tras una sentencia que condenaba al PP por corrupción cuando, además, los partidos nacionalistas catalanes habían decidido respaldarla. Además, aunque en ese momento no fuera lo decisivo, tenía mayor complicidad con el PSOE que con el PP; gobernaban juntos la autonomía y los municipios en Euskadi y había una trayectoria histórica de colaboración.

Sánchez reconoció al PNV como “socio preferente” y tras casi siete años, favorecidos también por la disolución de ETA, él y Urkullu acordaron desbloquear la política penitenciaria, traspasar competencias a Euskadi, como los centros penitenciarios y la gestión de la Seguridad Social sin romper la caja única, recogidas en el pacto de gobierno PNV-PSE, así como el levantamiento del recurso interpuesto por el Gobierno de Rajoy a la ley de víctimas de abusos policiales.

El levantamiento del recurso a dicha ley fue el primer gesto del cambio de orientación del Gobierno tras la disolución de ETA. Con ella se pretendía el reconocimiento de las víctimas de abusos policiales ocurridas entre 1978 y 1999. Era la continuidad de otra ley similar, aprobada tras el final del terrorismo en la etapa de Patxi López, que reconoció e indemnizó a víctimas resultantes, no del terrorismo, sino de excesos policiales que abundaron en Euskadi con una policía acosada por ETA e inadaptada a las maneras democráticas. La ley aprobada abarcaba de 1968 a 1978, el final del franquismo y la primera parte de la Transición.

El segundo tramo, de 1978 a 1999 —con este tope temporal para no interferir en procesos judiciales vigentes— reconocía a víctimas de excesos policiales en la etapa democrática, lo que la hacía más polémica aunque aclaraba que su comisión calificadora no se erigía en tribunal. Se limitaba a reconocer a las víctimas e indemnizarlas a ellas o a sus familias. Comprendía entre 300 y 400 casos, incluidos unos cuarenta muertos.

El listado incluía casos muy conocidos como el de Mikel Zabalza, joven presuntamente fallecido en 1985en el cuartel de la Guardia Civil de Intxaurrondo (San Sebastián) por torturas, pero cuyo caso no fue juzgado por ausencia de pruebas contundentes y la nula colaboración del general Enrique Rodríguez Galindo, que regía el cuartel donde se practicó la tortura. Posteriormente, Rodríguez Galindo fue condenado por el secuestro, tortura, asesinato y desaparición de los presuntos miembros de ETA José Antonio Lasa y José Ignacio Zabala. La retirada del recurso interpuesto por el Ejecutivo de Rajoy fue el primer gesto de distensión hacia la política vasca del nuevo Gobierno socialista.

El Gobierno de Sánchez tomó, también, la iniciativa de agilizar la política penitenciaria, prácticamente bloqueada durante los casi siete años de Rajoy. Sorprendió que nombrara ministro del Interior a Fernando Grande-Marlaska, pues como juez de la Audiencia Nacional había sido inflexible en el cumplimiento de la legalidad durante el proceso de diálogo entre el Gobierno de Zapatero y ETA. De tal manera que contó con el apoyo del PP para presidir tiempo después la Audiencia Nacional.

Pero Grande-Marlaska era no solo por su cargo, también por su origen vasco, buen conocedor de ETA, de la política penitenciaria y estaba bien relacionado con las asociaciones de víctimas del terrorismo. Había redactado autos de referencia sobre reinserción de presos etarras y tenía claro que el final del terrorismo y la disolución de ETA abrían una etapa diferente en la política penitenciaria. Prueba de ello fue su auto favorable a la excarcelación del etarra gravemente enfermo Uribetxeberria Bolinaga, siendo presidente de la Audiencia Nacional. Grande-Marlaska nombró director general de Instituciones Penitenciarias a Ángel Ortiz, defensor de la política de reinserción.

En junio, el Parlamento vasco apoyó el acercamiento de presos de ETA a las cárceles vascas, recogido en el pacto de gobierno PNV-PSE. Lo respaldó el 85% de la cámara, excepto el PP. El Euskobarómetro de junio de 2018 señalaba que el 66% de los vascos frente al 15% estaban a favor de la reinserción individual de los presos etarras; otro 55% por que se acogieran a beneficios penitenciarios frente al 18%, y un 73,8% por el acercamiento a cárceles próximas al País Vasco frente al 9,9%. El acercamiento no solo se planteaba como un cumplimiento de la legalidad, sino como contribución a la convivencia. Los familiares de los presos dejaban de recorrer centenares de kilómetros para las visitas, lo que contribuía a rebajar la tensión y a favorecer la reinserción.

Durante el verano, Grande-Marlaska empezó, paulatinamente, los acercamientos de etarras a cárceles próximas a Euskadi. Previamente se reunió con las asociaciones de víctimas del terrorismo y se comprometió a informarlas de los acercamientos.

Covite, la asociación más importante del País Vasco, asumió el acercamiento de los presos a condición de que solo trasladara a las cárceles dentro de la comunidad vasca a los etarras arrepentidos. Quería evitar que presos no arrepentidos se beneficiaran con permisos carcelarios para cuando la comunidad vasca asumiera la competencia de prisiones, como sucedería en Cataluña con los presos del procés. Grande-Marlaska lo aceptó.

Su compromiso con las asociaciones de víctimas del terrorismo originó un hecho inédito. Respaldaron, especialmente Covite, por vez primera a un Gobierno socialista y criticaron el intento del PP de utilizarlas contra la decisión de Grande-Marlaska de acercar presos de ETA a cárceles próximas a Euskadi. Pablo Casado, convertido en julio en nuevo líder del PP tras desbancar a Soraya Sáenz de Santamaría en las elecciones primarias del partido, gracias al apoyo de María Dolores de Cospedal, decidió volver a utilizar la política antiterrorista contra el nuevo Gobierno socialista, como lo hizo Rajoy en su oposición al Gobierno de Zapatero, con la diferencia de que ETA se acababa de disolver.

Como en los viejos tiempos del PP, Casado arengó a las asociaciones de víctimas a que se movilizaran contra los acercamientos de presos del Gobierno socialista y experimentó una política de tierra quemada en Euskadi, con un discurso incendiario, para tratar de ganar votos en el resto de España.

La utilización del caso Alsasua fue otro ejemplo de ello. En Alsasua, localidad navarra, un sábado por la noche de octubre de 2016 un grupo de jóvenes propinaron en un bar una paliza a una pareja de guardias civiles que iban acompañados de sus parejas. Los jóvenes fueron acusados inicialmente de terrorismo. La Audiencia Nacional, primero, y el Tribunal Supremo, después, rechazaron la calificación de terrorismo y rebajaron sensiblemente las penas de prisión. Era un hecho grave, que fue utilizado por la derecha mediática radical como un ejemplo de la persistencia del terrorismo y el odio en Euskadi, pese al final de ETA.

Casado, dos años y medio después de los hechos, utilizó el caso Alsasua para representar una performance electoral —fue en vísperas de las elecciones de abril de 2019— consistente en presentar lo que había sido un hecho grave, pero puntual, como una expresión de que Euskadi y Navarra seguían siendo sojuzgadas por el terrorismo callejero. El objetivo final del reproche era Sánchez, cuya moción de censura a Rajoy había contado con el apoyo de Bildu, presentada como cómplice de los matones. Casado tomó la parte por el todo, lo que generó un amplio sentimiento de rechazo contra él en las comunidades vasca y navarra por su representación caricaturesca de la realidad.

El nuevo presidente del PP ha mantenido esta línea de actuación, un discurso bronco en sus referencias a Euskadi, sin ningún reconocimiento de sus avances en la normalidad, apoyado por un ruidoso aparato mediático. Sus mentores debían de desconocer la enorme aversión que provoca las manipulaciones frívolas en sociedades, como la vasca, que sufrieron el terrorismo de verdad.

Casado, que había trabajado a las órdenes de Aznar en FAES, el laboratorio ideológico del expresidente conservador, estaba más próximo a la ideología intransigente de este que al pragmatismo de Rajoy. Con un PP desorientado y dividido tras la moción de censura de Sánchez y las primarias que enfrentaron a rajoyistas con aznaristas, intentó salir de la depresión política con el regreso a la estrategia de la crispación política para erosionar al Gobierno de Sánchez, al que trató desde sus inicios como ilegítimo en vez de afrontar severamente la autocrítica por la corrupción del partido.

Covite y la AVT replicaron a Casado que los acercamientos de presos etarras a cárceles próximas a Euskadi se ajustaban a la legalidad y que los gobiernos del PP, sobre todo con Aznar, los había realizado masivamente. Acercó de una vez a 120 presos etarras en septiembre de 1999. Defendieron que Grande-Marlaska les informaba de sus decisiones a diferencia de los gobiernos anteriores. Consuelo Ordóñez, portavoz de Covite, insistió en que impediría que el PP los utilizara en su política de oposición al Gobierno socialista como había sucedido en la etapa de Zapatero. Afloraba el resentimiento por todas las promesas de Rajoy en la oposición a las asociaciones de víctimas que incumplió en el Gobierno como la ilegalización de Bildu, el mantenimiento de la doctrina Parot y un final de ETA por la vía de la detención de todos sus miembros.

Grande-Marlaska empezó lentamente con la política de acercamiento de presos etarras a cárceles vascas, pero a finales de 2020 había acercado a 153 —de un colectivo actual de 197— a algunos a centros penitenciarios de la propia comunidad. La pandemia retrasó los acercamientos por el temor de Instituciones Penitenciarias a realizar movimientos carcelarios que pudieran expandirla. Paralelamente, agilizó los cambios de grado, aunque a ritmo más lento que los acercamientos. Si en mayo de 2018, cuando ETA se disolvió, 209 de los 245 presos de la organización encarcelados en España (88%) estaban en primer grado, el más duro que les impide solicitar permisos, a finales de 2020 eran el 45,7%, 90 de 197, que es la cifra actual de reclusos que continúan en primer grado.

Asimismo, de los 90 etarras que se mantenían en primer grado penitenciario, a 39 se les ha comenzado a aplicar el artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario que les permite disfrutar de un régimen más suave y algunos beneficios penitenciarios. A su vez, los 96 presos etarras en segundo grado o régimen ordinario han acatado por escrito la legalidad penitenciaria, lo que les permite solicitar permisos de hasta 24 días al año, una vez que hayan cumplido un cuarto de condena.

Instituciones Penitenciarias señala que solo 20 de los 197 presos actuales de ETA mantienen posiciones irreductibles, por lo que mantiene un amplio margen de maniobra en la nueva política penitenciaria. El actual porcentaje de presos etarras en segundo grado es cuatro veces mayor que en febrero de 2018, tres meses antes de la disolución de ETA. Entonces, solo el 11,8% (29 internos) de los 245 presos habían pasado al régimen ordinario. Asimismo, 17 presos etarras han accedido, desde la disolución de ETA, al tercer grado penitenciario —o semilibertad— y 6 de ellos han sido excarcelados tras haber cumplido la condena. Los otros 11 siguen en este régimen penitenciario.

La actual cifra de 197 presos de ETA en España es la más baja desde hace cuatro décadas y bajará en los próximos tres años en cerca de medio centenar. Los que restan, unos 150, tardarán bastante más tiempo en cumplir la condena al haber sido juzgados por el Código Penal de 2003, que elevó el cumplimiento efectivo de penas hasta los 40 años.

El próximo traspaso de la competencia de prisiones de la Administración General del Estado al Gobierno Vasco no alterará esta situación. La competencia que se traspasa no es la política penitenciaria, que sigue ejerciendo el Gobierno central, sino la gestión. Además, la inmensa mayoría de los presos etarras trasladados no lo están siendo a cárceles de la comunidad vasca, sino próximas. Con ello, Grande-Marlaska quiere evitar las tensiones que se están produciendo en Cataluña con motivo de las excarcelaciones de los presos del procés.

Grande-Marlaska está desarrollando el giro en política penitenciaria con mayor sosiego que como lo inició. La disolución de ETA, la actitud de las asociaciones de víctimas y la aparición de problemas de mayor incidencia como la pandemia y sus consecuencias socioeconómicas han cambiado los ejes de la política de oposición al Gobierno PSOE-Podemos de Pablo Casado, aunque no ha revisado su actitud ante la Euskadi posterrorista.

Por su parte, la izquierda abertzale, particularmente Sortu, en los casi tres años transcurridos desde la disolución de ETA no ha hecho autocrítica por su complicidad política con el daño injusto de la organización terrorista, que le pidió el arco parlamentario de Euskadi. Sortu ha hecho suyo el legado esencial de ETA en su disolución: la justificación de su historia terrorista como respuesta al conflicto vasco con el Estado. Parece temer que si no justifica el pasado se queda sin discurso para el presente, lo que ha impedido que exista un mínimo acuerdo entre los partidos vascos sobre la memoria del pasado y ha bloqueado la comisión parlamentaria de paz y convivencia por tiempo indefinido. Su consecuencia más grave es que impide una plena convivencia y un relato común mínimo que legar en la educación de las futuras generaciones.

Nada más disolverse ETA, Arkaitz Rodríguez, secretario general de Sortu que estuvo encarcelado con Otegi por el caso Bateragune, fue el encargado del discurso oficial, repetido periódicamente: “Es falso que los militantes de ETA sean meros terroristas. Quieren hacernos creer que ETA ha sido un accidente meteorológico. Quieren un relato único de la sociedad que niegue el conflicto. Es inaceptable que afirmen el discurso de buenos y malos, justos e injustos, vencedores y vencidos. Sobre esta base no habrá una paz justa, estable y duradera”.

Este discurso inmovilista de la izquierda abertzale está incidiendo negativamente. Pocas semanas antes de la disolución de ETA, algunas plataformas abertzales iniciaron homenajes públicos a etarras excarcelados en sus lugares de origen, lo que no había sucedido en octubre de 2013 cuando el Tribunal Europeo de Derechos Humanos anuló la doctrina Parot y salieron de la cárcel 63 presos etarras.

Inicialmente, Bildu reaccionó con reticencia y reconoció el malestar de las víctimas del terrorismo de ETA. El Euskobarómetro de 2018 señalaba que el 58,1% de los vascos rechazaba los recibimientos públicos a los etarras excarcelados frente a un 15,9%. No obstante, han seguido produciéndose y el propio Otegi los justificó en el verano de 2019 con la coartada de la lentitud del Gobierno de Sánchez en el desarrollo de la nueva política penitenciaria: “250 presos que saldrán, y 250 recibimientos que tendrán”, dijo.

Con su actitud cortó la petición del Foro Social, próximo al mundo abertzale, de celebración de los recibimientos a puerta cerrada y la de posición de Etxerat —organización de apoyo a los presos etarras— que había reconocido su ausencia de empatía a las víctimas del terrorismo de ETA coincidiendo con el aval de las asociaciones de víctimas de ETA a la política de acercamientos de Grande-Marlaska.

A la par, la izquierda abertzale mantiene la política de gestos hacia las víctimas del terrorismo de ETA como su presencia en sus homenajes cuando los familiares la toleran. El alcalde abertzale de Rentería, en el otoño de 2018, organizó un homenaje a Antonio Cedillo, un policía nacional asesinado por ETA en la localidad en 1982, en presencia de su familia y de la portavoz de Bildu en el Parlamento vasco. Era la primera vez que la izquierda abertzale homenajeaba a un miembro de las fuerzas de seguridad. Pero no se ha vuelto a repetir.

Mendoza, pionero en Bildu en el acercamiento a las víctimas de ETA y artífice del homenaje al policía nacional Antonio Cedillo, no volvió a optar por la alcaldía en las elecciones municipales de 2019. Alegó cansancio. Su sucesora, Aizpea Otaegi, se ha desentendido de la posición vanguardista de Mendoza.

Bildu rehúye los homenajes a las víctimas de ETA cuando el mensaje se centra en exigirle que reconozca el daño injusto causado por la organización terrorista. Desde las elecciones autonómicas de 2016, en que recuperó el terreno que le había arrebatado Podemos, y desde que las urnas le han convertido en 2019 en interlocutor del Gobierno de Navarra y del Ejecutivo socialista en las Cortes españolas, se ha sentido fortalecida. Lo que ha frenado el paso que más le incomoda a su núcleo duro, Sortu: la autocrítica por su pasada complicidad con ETA.

No obstante, algunos de sus representantes ven cada vez más complicado compatibilizar la normalidad política con la anomalía de justificar lo injustificable: un terrorismo ejercitado en una sociedad democrática. Por eso, a finales de 2020 el diputado de Bildu Jon Iñarritu pidió perdón en una comisión parlamentaria a un diputado de Vox: el padre del guardia civil Diego Salvá, asesinado por ETA en julio de 2009 en Palma de Mallorca. El gesto reconfortante de Iñarritu es el que debe protagonizar Sortu, como heredera de Batasuna, pues Iñarritu procede de Aralar, un partido abertzale crítico con el terrorismo desde sus orígenes.

El exdirigente de ETA y disidente Joseba Urrusolo argumenta también que Sortu debe protagonizar la autocrítica pendiente por el terrorismo de ETA y no legarlo exclusivamente a los presos de ETA. Fue la izquierda abertzale la que apoyó el terrorismo, la que fijó objetivos políticos y presionó durante muchos años a los presos y sus familiares para evitar que se acogieran a los beneficios penitenciarios y en los últimos tiempos les aleccionan para que lo hagan sin que les suponga “deshonor”. “Pero no les facilitan lo imprescindible a los presos, la reflexión crítica y ética sobre todo el sufrimiento injusto que causamos desde el mundo de ETA. No solo sus militantes”, señalaba recientemente Urrusolo.

Uno de los argumentos de la izquierda abertzale para eludir su autocrítica pendiente es que el Estado no ha reconocido oficialmente la existencia de torturas y de funcionarios que protagonizaron la guerra sucia. Sin embargo, ha habido discursos claros de condena de ambas aberraciones por parte del lehendakari Patxi López como representante del Estado y de la hoy vicelehendakari y exconsejera de Justicia del Gobierno Vasco, Idoia Mendia, así como del expresidente Rodríguez Zapatero. López y Mendia suelen destacar que la ley de víctimas de los abusos policiales del Gobierno Vasco es la mejor prueba del reconocimiento de la injusticia en que incurrieron algunos funcionarios y representantes del Estado.

Grande-Marlaska destaca que suele omitirse que el Estado aportó su condena de la guerra sucia y de los abusos policiales con las sentencias judiciales contra altos mandos de la lucha antiterrorista tanto políticos como de las fuerzas de seguridad que violaron la legalidad y algunos cometieron atrocidades, en referencia a las condenas penales al exministro José Barrionuevo, al ex secretario de Estado Rafael Vera, al ex gobernador civil de Gipuzkoa Julen Elgorriaga, al exdirigente del PSOE bizkaino Ricardo García Damborenea, al exgeneral Rodríguez Galindo, al exinspector José Amedo, etc.

Grande-Marlaska cree también que si la disolución de ETA político-militar en 1982 hubiera sido la de toda ETA hubiera sido razonable un reconocimiento autocrítico de la guerra sucia por parte del Estado. Durante la Transición, la guerra sucia fue muy activa. Pero desde mediados de los años ochenta, prácticamente desapareció y, sin embargo, la rama militar de ETA continuó asesinando hasta 2010.

No obstante, en la sociedad, especialmente en la vasca, sigue existiendo la percepción de que hay un déficit por parte del Estado en el reconocimiento de su pasada permisividad sobre las torturas y la escasa investigación de la guerra sucia, señala José Antonio Rodríguez Ranz, viceconsejero de Derechos Humanos y Memoria del Gobierno Vasco. La falta de autocrítica de Sortu sobre la injusticia del terrorismo etarra bloquea una iniciativa de este tipo por parte de las autoridades del Estado.

A otro nivel, el PP de Casado tiene un déficit con la ausencia de reconocimiento a las víctimas de la guerra sucia y con su reticencia a reconocer a las de los abusos policiales. A su vez, su justificada exigencia del reconocimiento a las víctimas de ETA —que comparte con la mayoría de los partidos vascos— contradice con su absoluta frialdad hacia las víctimas del franquismo.

El franquismo no justificó el terrorismo etarra, pero las víctimas del franquismo tienen el mismo derecho a ser reconocidas que las de ETA. La imagen de Rajoy, siendo presidente del Gobierno, ufanándose del cero presupuestario para las víctimas del franquismo en contraste con su generosidad con las víctimas de ETA es reveladora de la distinta vara de medir del PP y demuestra que el partido de la derecha española tiene un serio déficit. Le pesa su origen y la presión hoy de Vox, que no tiene empacho en defender el legado del dictador.

Desgraciadamente, Pablo Casado, del que su juventud permitía pensar una visión más atinada de la evolución de Euskadi tras el final del terrorismo, ha defraudado una vez más. La utilización que hizo del apoyo de Bildu a los Presupuestos Generales del Gobierno de Sánchez, en noviembre de 2020, no solo fue oportunista sino que perjudicó el objetivo de que la izquierda abertzale reconozca el daño injusto causado por ETA.

Casado, en su afán por descalificar a Sánchez, llegó a identificar a Bildu con los terroristas yihadistas en París en la sesión de control del Gobierno cuando sus estatutos rechazan el terrorismo y acababan de condenar el ataque en Amurrio (Álava) al establecimiento de la familia de Santiago Abascal, líder de Vox, por unos incontrolados. Ignora que en Bildu se está produciendo una positiva participación en la vida parlamentaria española en la que cada vez prima más la preocupación por los problemas cotidianos sobre los asuntos identitarios.

La desmesura de Casado, obsesionado con el cortoplacismo electoral de su rivalidad con Sánchez, impide el debate racional sobre el déficit pendiente de la izquierda abertzale. Casado debe dejar de instrumentalizar el terrorismo en función de sus intereses partidistas y de su obsesivo temor a Vox, que es tan notorio que no hace más que favorecerle, algo cada vez más preocupante. Perjudica a las víctimas del terrorismo y ofrece coartadas a la izquierda abertzale para afianzar su inmovilismo.

El tardío reconocimiento de la democracia española a las víctimas del franquismo —siguen aún millares de cadáveres en las cunetas— no debe ser excusa para que la izquierda abertzale intente hacer lo mismo con las víctimas de ETA. Si algo ha demostrado el maltrato a las víctimas del franquismo es que cuando se entierra mal un cadáver, este acaba regresando, como está pasando en España y también en Irlanda del Norte con su atormentada historia.

Tampoco actúa correctamente Pablo Iglesias. En su afán táctico por contar con un núcleo de presión, con ERC y Bildu, sobre el presidente Sánchez, ha exonerado totalmente a la izquierda abertzale de su falta de reconocimiento de la injusticia del terrorismo etarra. Lo hizo, también, en la campaña electoral vasca, donde Podemos defendió un gobierno de izquierdas con Bildu y PSE como alternativa al PNV. La secretaria general del PSE Idoia Mendia estableció doctrina al señalar que con Bildu estaba dispuesta a participar y pactar en el Parlamento, pero que no gobernaría mientras no reconociera el daño injusto de ETA porque gobernar es liderar y no es posible liderar sin haber aprobado esa asignatura.

Tras la disolución de ETA, en Euskadi ha habido algunas pretensiones, especialmente en el mundo abertzale, de crear una Comisión de la Verdad, como en Sudáfrica o países latinoamericanos, tras la disolución de las organizaciones armadas. El Gobierno Vasco y los principales partidos lo han desechado con el argumento de su oportunidad en un país democrático donde no hubo dos bandos sino que predominó un terrorismo desestabilizador de la democracia. El Gobierno Vasco lo ha suplido con la realización de informes sobre las víctimas de la guerra sucia y de los abusos policiales que han culminado en leyes reguladores de reconocimiento e indemnización.

El más polémico fue el referente a las torturas policiales, presentado en diciembre de 2017, que señalaba 4.113 casos, de ellos 336 de la Ertzaintza. El informe, encargado a la Sociedad Aranzadi, especialista en memoria histórica, estaba ratificado por 2.446 víctimas. Los socialistas, socios del Gobierno del PNV, no asumieron el informe con el argumento de que suponía reconocer la generalización de la tortura. La admitieron en algunos casos. Los sindicatos de la Ertzaintza argumentaron que los casos no contaban con el respaldo de ninguna sentencia judicial. En todo caso, las torturas existieron y es un asunto muy grave, pendiente de resolución.

Pocas semanas antes de la disolución de ETA, un informe del Euskobarómetro de la UPV señalaba que el 43% de los vascos quería abordar la memoria del terrorismo frente a un 44% que quería pasar página. El amplio porcentaje de partidarios del olvido había sido habitual en países con un pasado violento, como la comunidad vasca. Pero lo que preocupaba al jefe de Investigación del Centro Memorial de Víctimas del Terrorismo, el historiador Gaizka Fernández Soldevilla, era que ese porcentaje de casi la mitad de partidarios del olvido otorgaba un campo de maniobra a la industria editorial existente en torno a la izquierda abertzale.

La Euskal Memoria Fundazioa, constituida en 2009, y sus medios periodísticos y editoriales sostienen el discurso justificativo de la historia de ETA, presentada como adalid de la resistencia vasca frente a la ocupación exterior y como respuesta a un conflicto histórico, que equipararía al País Vasco con Sudáfrica o Irlanda del Norte. Fernández Soldevilla asegura que esa industria editorial, que maneja bien las redes sociales, sirve de aglutinante ideológico a la izquierda abertzale. Genera, en buena parte, productos de autoconsumo. Pero algunos de sus trabajos documentales tienen presencia fuera de su ámbito interno, como ETB, y alguna penetración en sectores nacionalistas radicales en Cataluña y en parte del radicalismo español.

Fernández Soldevilla considera crucial disponer de una memoria democrática compartida, hoy inexistente en Euskadi para que la historia no se repita. También reivindica la tesis de Géraldine Schwarz por la que los países en los que existe una memoria democrática compartida sobre el pasado violento nazi-fascista están más vacunados frente al resurgimiento de la extrema derecha que los que no la tienen.

En el caso de Euskadi sigue sin existir esa memoria compartida. Tras la disolución de ETA y la experiencia de las víctimas educadoras, el Gobierno Vasco decidió activar una experiencia-piloto en la enseñanza para alumnos entre 16 y 18 años sobre historia del terrorismo vasco con el objetivo de incorporarla a las aulas. Se trataba de cubrir el vacío histórico patente tras la publicación de las encuestas que denotaban un enorme desconocimiento del tema en la juventud vasca y que no lo podían cubrir íntegramente las víctimas educadoras. Fue el proyecto Herenegun (‘anteayer’).

Jonan Fernández encargó el proyecto a Mari Carmen Garmendia, exconsejera de Cultura del Gobierno PNV-PSE, presidido por José Antonio Ardanza; Mariano Ferrer, periodista veterano y exjesuita, bien relacionado con el mundo abertzale, y el historiador vasco y catedrático emérito de la Complutense, Juan Pablo Fusi. La pretensión del proyecto era lograr unas bases mínimas de acuerdo sobre las que sustentar una narrativa sobre el terrorismo en Euskadi.

Juan Pablo Fusi, en una entrevista en El País21 en septiembre de 2018, se mostraba relativamente optimista sobre la validez del acuerdo de mínimos que había alcanzado la comisión de la que formaba parte: “ETA fue una organización ultranacionalista de nueva generación. Fue la reacción angustiada por temor a que el desarrollo socioeconómico arrollara la identidad vasca. Se incorporó a los movimientos de liberación nacional de los años sesenta. No fue antifranquista porque, tras morir Franco, atacó la democracia y el autogobierno vasco. Se impregnó de deficiencias morales que deben ser objeto de rectificación”. Fusi pensaba que un 80% de la población vasca podía asumir esas bases y a medio-largo plazo acordar una memoria común. Se basaba en su experiencia como historiador y específicamente en lo sucedido con la Guerra Civil.

El plan piloto, presentado por la Secretaría de Derechos Humanos y Convivencia, dependiente del lehendakari Urkullu, se materializó en cinco horas lectivas con vídeos y textos sobre el terrorismo vasco que se incorporarían a la asignatura de Historia Contemporánea. Una vez mostrado el trabajo histórico concitó el rechazo frontal de las asociaciones de víctimas del terrorismo, incluida la Fundación Fernando Buesa más moderada, así como de una mayoría de historiadores vascos. En clave política, el rechazo fue frontal en el PP y Bildu por razones antagónicas. Las entidades universitarias fueron más complacientes con el proyecto.

El PSE, socio del PNV en el Gobierno Vasco, presentó una crítica matizada. Destacó que el material propuesto no dejaba clara la deslegitimación del terrorismo de ETA porque no quedaba nítido que la organización armada había asesinado injustificadamente a quienes pensaban diferente. Censuraba, también, la escasa presencia de resistentes y víctimas de ETA respecto a la presencia de exetarras en los vídeos. En definitiva, pedía reforzar la deslegitimación del terrorismo de ETA por su centralidad en Euskadi. “La historia del terrorismo debe estar en el currículo educativo y debemos ser capaces de contar una memoria de la verdad, narrar los hechos como fueron”, explica hoy Idoia Mendia.

A la vista de las reacciones, la Secretaría de Derechos Humanos y Convivencia abrió un periodo de consultas con distintas instituciones para reformar el proyecto. Jonan Fernández expresó su disposición a modificarlo con dos condiciones inamovibles: se mantendría la deslegitimación del terrorismo y estarían presentes todos los terrorismos. Casi dos años después, el proyecto ha estado paralizado a causa de la cadena de elecciones y de la pandemia.

Tras la experiencia, el historiador Juan Pablo Fusi se mostró más pesimista que cuatro meses antes: “es difícil alcanzar memorias compartidas sobre hechos históricos gravísimos, dolorosos”. Entendía su dificultad por la gravedad del terrorismo de ETA, por los problemas morales que plantea la interpretación de los hechos y por su proximidad. La conclusión del veterano historiador vasco era certera: “Bajo el paisaje de la estabilidad, después de 2011, buena parte de las cuestiones morales que la reflexión sobre ETA plantea no han sido aún resueltas. ETA es el lado oscuro de nuestra historia y nos obliga a replantearnos cuestiones esenciales sobre nuestra propia conciencia moral y colectiva”. Fusi terminaba reclamando la necesidad de un proyecto educativo sobre el terrorismo en las aulas con las reformas necesarias.

El Gobierno Vasco lo volverá a intentar. Lo relanzará en el curso 2021-2022 a través de una nueva experiencia piloto en ocho centros educativos, según asegura el viceconsejero de Derechos Humanos y Memoria e historiador José Antonio Rodríguez Ranz. Su pretensión es aumentar el peso del testimonio de las víctimas sobre los de naturaleza política respecto del proyecto anterior de Herenegun. Se plantea, también, establecer vasos comunicantes entre las unidades didácticas y los testimonios de las víctimas educadoras en las aulas. La experiencia evaluará sus resultados para corregir posibles errores en su aplicación.

En paralelo, el Gobierno central presentará próximamente un plan de unidades didácticas relativas a la prevención y memoria del terrorismo, que encargó al Centro Memorial de Vitoria para los alumnos de enseñanza secundaria. El plan aborda el terrorismo en asignaturas como Valores Éticos, Geografía e Historia, Historia del Mundo Contemporáneo, Filosofía, Historia de España y Psicología. Son varias las comunidades autónomas, entre ellas Navarra, que se han acogido al plan.

“El Gobierno Vasco comparte con el central la pretensión de lograr una memoria compartida sobre la historia del terrorismo, pero seguiremos nuestro propio plan”, señala Rodríguez Ranz. “Hace once años que el Gobierno Vasco empezó con la experiencia de las víctimas educadoras en las aulas. Tenemos un largo recorrido de explicación del terrorismo en las aulas. Tenemos un plan propio elaborado a través de nuestra experiencia y nuestros contactos y estamos abiertos a colaborar con otras experiencias”, añade el viceconsejero vasco.

Tanto el Gobierno central como el vasco valoran la gran importancia que tiene que los jóvenes conozcan en las aulas la historia del terrorismo, especialmente la de ETA por su enorme calado en la sociedad vasca. Es importante que así sea después de tantos años de silencio familiar y educativo para que la historia no se repita. La clave está ahora en su aplicación y en la recepción en su profesorado, muy plural, y en su alumnado.

Capítulo 10

Los nacionalismos se adaptan

Un año después de la disolución de ETA, en la primavera de 2019, el Euskobarómetro de la UPV presentó un macroestudio que abarcaba la opinión de los vascos acerca de la polémica cuestión identitaria y territorial. Sus conclusiones eran reveladoras. Predominaba en los vascos el sentimiento no nacionalista (50%) sobre el nacionalista (46%) en una sociedad que votaba mayoritariamente a los nacionalistas moderados; de tal modo que un tercio de los votantes del PNV se declaraban no nacionalistas, lo que encajaba con que la mayoría de Euskadi se pronunciara por una doble identidad vasco-española (66%), con fuerte sesgo vasquista, frente al exclusivismo vasco (26%) y exclusivismo español (4%).

Era también revelador que solo la cuarta parte de los vascos mostraba interés por el proceso pendiente de reforma del Estatuto. También había decaído sensiblemente la preocupación por la violencia, la pacificación y la situación de los presos mientras crecía la sensación de libertad de expresión ciudadana, atenazada en la etapa terrorista. Los vascos, tras la disolución de ETA, estaban más preocupados por los problemas de empleo y crecientemente por la desigualdad económica y social.

La visión estable de la sociedad vasca que ofrecía el estudio se traducía en una percepción crecientemente favorable del Gobierno PNV-PSE y sus pactos municipales. Pero tenía como contrapunto una progresiva desafección hacia la política española, tras el espectáculo de corrupción del PP, la inacción del Ejecutivo de Rajoy en Euskadi y Cataluña y el largo bloqueo para la formación del gobierno central. El PP vasco pagaba las consecuencias al ser el partido menos valorado por sus propios votantes.

En un terreno estrictamente político, el estudio precisaba que una gran mayoría de vascos oscilaba entre el autonomismo vigente (37%) y un escenario federal (34%) frente a un planteamiento soberanista o confederal (28%) y la recentralización (4%). Asimismo, salía reforzada la mayoría satisfecha con el vigente Estatuto de Gernika que lo compatibilizaba con el deseo de ampliar el autogobierno (83%) frente a una minoría insatisfecha (12%). También superaba en cuatro puntos el apoyo que tuvo el Estatuto cuando se aprobó en 1979, hasta el 57%, mientras los deseos de independencia se situaban en un 27% frente a un 67%. El apoyo a la Constitución española también salía reforzado.

Eran datos muy reveladores para una comunidad que tenía pendiente la renovación de su Estatuto de Autonomía al haber sido rechazado en el Congreso de los Diputados la propuesta confederal del lehendakari Ibarretxe en 2006. Además, el perfil sociopolítico que reflejaba el estudio encajaba con los resultados de las tres consultas electorales del año 2019 en Euskadi: las generales del 28 de abril, las municipales de mayo y la repetición de las generales el 10 de noviembre.

Ese perfil mayoritario de “vasquismo moderado y centro-izquierda”, que señalaba la macroencuesta, se reafirmó tras la etapa convulsa que vivió Euskadi y España entera con el intento secesionista en Cataluña, la intervención de su autonomía por el Gobierno central, la moción de censura contra Mariano Rajoy tras la sentencia judicial de corrupción por el caso Gürtel, la irrupción en la escena política de la extrema derecha, Vox, y la constitución del primer gobierno de coalición de la España democrática postfranquista.

Las tres elecciones de 2019, incluidas las dos generales, las ganó en Euskadi por amplia mayoría el PNV, el nacionalismo moderado de Urkullu-Ortuzar. La segunda fuerza en las dos elecciones generales fue el PSOE, el partido de ámbito estatal que ganó a escala española y cogobernaba la autonomía vasca con el PNV desde 2016. Bildu desplazó al tercer puesto al PSOE en las elecciones municipales e incluso a Podemos a la cuarta posición en la repetición electoral de las generales de noviembre.

La irrupción triunfadora y fulgurante de Podemos en 2015 fue flor de una legislatura —su crisis general de identidad le afectó de lleno en Euskadi— mientras el PP se hundía, víctima de la corrupción del partido a escala estatal y de la inacción del Gobierno de Rajoy tras el final del terrorismo en 2011.

El inicio de las conversaciones entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias en noviembre de 2019 para conformar el primer gobierno de coalición de la España democrática postfranquista coincidió con el aparcamiento por tiempo indefinido de la polémica renovación del Estatuto vasco que había corrido paralela con el proceso soberanista catalán. Antes de su aparcamiento, que se prolongará durante unos años debido a la celebración de las elecciones vascas de julio de 2020 y la prioridad de la pandemia, tuvo un recorrido trufado de tensiones.

Tras la formación del Gobierno de coalición PNV-PSE, surgido de las elecciones vascas de septiembre de 2016, Arnaldo Otegi y Bildu trataron de desestabilizarlo arrastrando a Euskadi a un proceso soberanista similar al catalán, que en 2017 entraba en su fase más álgida. Otegi quería crear un “segundo frente” en Euskadi y utilizar Gure Esku Dago, el remedo vasco de la Asamblea Nacional Catalana, como instrumento de movilización y arrastre políticos.

Así, en febrero de 2017, Artur Mas pronunció en San Sebastián la conferencia “El derecho a decidir. El proceso en Cataluña” presentada por el exlehendakari soberanista Juan José Ibarretxe, del PNV, con la presencia de Otegi y de nacionalistas de ambos partidos. Ni el lehendakari Urkullu ni el presidente del PNV,Andoni Ortuzar acudieron, aunque este último se reunió al día siguiente con Artur Mas. Dos semanas antes, Gure Esku Dago había organizado, también en San Sebastián, un acto de solidaridad con Mas y las exconsejeras catalanas Joana Ortega e Irene Rigau, procesadas por desobediencia y prevaricación. Al acto asistieron Otegi y Ortuzar. En marzo, el diputado general de Gipuzkoa Markel Olano, del ala soberanista del PNV, se entrevistó en la Generalitat con el presidente Carles Puigdemont, a quien estimuló en su apuesta autodeterminista catalana.

Mientras los peneuvistas soberanistas realizaban estos gestos, el PNV gobernaba con el PSE en Euskadi y negociaba los Presupuestos Generales del Estado con el Gobierno de Rajoy que se zanjaría con un acuerdo financiero de calado, favorable a la comunidad vasca con la renovación al alza de la ley del cupo e inversiones en infraestructuras. Fue un acuerdo estrictamente económico, sin contenido político.

Urkullu había tranquilizado tanto a Rajoy como a la secretaria general del PSE Idoia Mendia —con quienes hablaba casi diariamente por la gestación del desarme de ETA—, sobre el mantenimiento de su compromiso y de su distanciamiento de un proceso que había partido en dos a la sociedad catalana y no contaba con el respaldo europeo. Su posición quedó más patente tras entrevistarse en mayo en Bruselas con Jean Claude Juncker, presidente de la Comisión Europea, un privilegio político que no tuvo otro presidente autonómico del Estado español. Juncker felicitó a Urkullu por su contribución a la estabilidad política española por su apoyo presupuestario al Gobierno de Rajoy en contraste con el nacionalismo catalán y le expuso con detalle su oposición al proceso soberanista que lideraba Puigdemont. La Unión Europea no estaba dispuesta a introducir a su cúmulo de graves problemas —la política exterior de Donald Trump y el Brexit— el proceso soberanista catalán.

Urkullu estaba satisfecho de ocupar el espacio de interlocutor político del poder estatal español y europeo que en el pasado había ocupado CiU, su homólogo nacionalista en una comunidad como Cataluña, tres veces más numerosa que la vasca. Pero la política vasca no pudo eludir la sacudida soberanista catalana cuando su Parlamento aprobó por mayoría simple, en septiembre de 2017, la desconexión con España y la celebración de un referéndum de autodeterminación. Bildu, convertida en correa de transmisión del independentismo catalán, junto con los sindicatos nacionalistas ELA y LAB, convocó una manifestación de apoyo al proceso soberanista en Bilbao y reclamó al PNV que rompiera con el Gobierno de Rajoy y su coalición gubernamental vasca con el PSE.

El Gobierno Vasco marcó distancias. Su portavoz, el peneuvista Josu Erkoreka, denunció públicamente que el procedimiento de aprobación de las leyes de desconexión catalanas no había sido “precisamente modélico”. Y el propio Urkullu, siempre parco públicamente sobre las cuestiones catalanas, apuntó que la convocatoria del referéndum no contaba con las “debidas garantías legales” y que Euskadi disponía de su propia vía: la negociación de un nuevo estatuto pactado entre diferentes siguiendo procedimientos legales.

Urkullu estaba cada vez más alejado del soberanismo catalán por su desprecio a la legalidad; por su rebeldía frente a las advertencias de la Unión Europea y, en definitiva, por la pérdida del control político por parte de sus antiguos homólogos de CiU, inmersos en Junts pel Sí, dirigidos por una plataforma soberanista independiente, la Asamblea Nacional Catalana, y dependientes parlamentariamente de la CUP.

Pero su partido, el PNV, sobre todo en Gipuzkoa, no eludió los ecos soberanistas catalanes. De modo que su líder, Joseba Egibar, pidió a Urkullu la ruptura con el Gobierno de Rajoy, presionado por parte de sus bases en la provincia vasca más soberanista. La dirección del PNV no se pronunció por la asistencia a la manifestación soberanista y dio libertad a sus bases. Urkullu hizo caso omiso a la petición de ruptura con Rajoy, pero temía que si la situación catalana se descontrolaba le sería muy difícil apoyar sus próximos presupuestos, pues Rajoy tampoco había propiciado una vía de diálogo con la Generalitat como el propio Urkullu se lo había pedido reiteradas veces. Había practicado el inmovilismo ante la cuestión territorial en Cataluña como lo había hecho en Euskadi con la consolidación del final del terrorismo.

La situación catalana terminó descontrolándose y además Urkullu fue testigo de excepción al actuar como mediador entre Rajoy y Puigdemont a petición del presidente de la Generalitat. La celebración del referéndum ilegal en Cataluña el 1 de octubre, con una dura intervención policial en algunos centros de votación, tensó aún más el conflicto entre la Generalitat y el Gobierno de Rajoy. Entre el 26 y 27 de octubre, el presidente Puigdemont tuvo la opción de convocar elecciones autonómicas y regresar a la legalidad, evitando proclamar la independencia. De ese modo, el Gobierno de Rajoy, apoyado por el PSOE, no intervendría la autonomía catalana.

Puigdemont pidió a Urkullu, con quien había conversado durante cuatro horas en la Generalitat en junio, que mediara con Rajoy por sus buenas relaciones con el presidente del Gobierno central. Urkullu trató de convencer a Puigdemont de que volviera a la legalidad con la convocatoria de elecciones y a Rajoy de que no interviniera la autonomía catalana. En la mañana del 27 de octubre Puigdemont le llegó a confesar que había decidido convocarlas, pero finalmente no lo hizo por las presiones radicales que recibió desde ERC y su propio partido y la falta de garantías claras de Rajoy de que no intervendría la autonomía, según reconocería el propio Puigdemont. La historia terminó con la autonomía de Cataluña intervenida, las elecciones autonómicas convocadas por Rajoy y el autoexilio de Puigdemont a Waterloo (Bélgica). Desde entonces, Urkullu no ha vuelto a hablar con Puigdemont.

La intervención de la autonomía catalana por el Gobierno central la aprovecharon Bildu y los sindicatos nacionalistas ELA y LAB para relanzar su ofensiva soberanista, arrastrar al PNV y exigirle la ruptura con el PSE en Euskadi y con Rajoy. Gure Esku Dago convocó dos manifestaciones en protesta por la suspensión de la autonomía catalana y logró arrastrar al PNV y Podemos. Los tres partidos aprobaron, asimismo, una moción conjunta en el Parlamento vasco en protesta por la suspensión. El PSE, socio de gobierno del PNV en Euskadi, protestó por eludir las críticas a los partidos soberanistas, responsables de la vía unilateral de ruptura, la división de la sociedad catalana y limitar sus reproches a la falta de diálogo de Rajoy con la Generalitat catalana.

Urkullu reconoció estar “preocupadísimo” porque “se han desbordado límites que no hubiese imaginado”, de modo que, incluso, envió una carta al presidente de la Comisión Europea pidiendo su intervención. Era un simple gesto, pero no rompió ni con Rajoy ni con el PSE, que además fue crítico con la intervención policial del 1 de octubre. Más allá de los gestos, el núcleo duro del PNV se aferró a su pragmatismo. La suspensión de la autonomía, el descabezamiento de la Generalitat, la detención y la huida de sus principales líderes nacionalistas fue considerada por el pragmático PNV como un auténtico desastre.

Un desastre que pudo haber ocurrido en Euskadi en 2008 si Ibarretxe hubiera desobedecido al Tribunal Constitucional y hubiera convocado la consulta soberanista. La huida de empresas, el choque entre dos bloques sociales, la división entre los independentistas y la vulnerabilidad del presidente Puigdemont, que Urkullu vivió de cerca como mediador, y finalmente el rechazo de la Unión Europea eran las consecuencias de la fallida aventura soberanista del nacionalismo catalán que el PNV no estaba dispuesto a emular.

El PNV tenía claro que nunca tomaría una iniciativa soberanista que no tuviera apoyo en la Unión Europea y sabía, también, el terreno que pisaba, que en Euskadi existe una mayoría vasquista, pero no soberanista, que no está dispuesta a secundar una aventura rupturista como en Cataluña. Tenía, además, la reciente memoria de que Ibarretxe intentó una iniciativa de ese corte, sin llegar tan lejos como Cataluña, y le costó al PNV perder el Gobierno Vasco.

Este balance crítico le animó a enfrentarse a la reiterada ofensiva del soberanismo vasco encabezada por Bildu, respaldado por ELA y LAB. De tal modo que el PNV no acudió a la manifestación que convocaron el primer domingo de noviembre en protesta por la detención de consejeros catalanes y ante el reproche de los soberanistas convocantes, el presidente del PNV fue claro: “Al socaire de lo catalán están intentando una movilización permanente en Euskadi. ELA quiere ejercer el papel de la CUP y Euskadi no es Cataluña, donde las entidades sociales son más fuertes que los partidos políticos”. Otro dato revelador del alejamiento de Euskadi de Cataluña fue que ese fin de semana, cuando entraban en prisión dirigentes soberanistas catalanes, Gure Esku Dago convocó consultas informales en localidades vascas medianas —Getxo, Galdakao…— que obtuvieron de media un 13% de participación.

Las elecciones catalanas del 21 de diciembre las ganó Ciudadanos, jugando a la polarización con un fuerte acento nacionalista español, a costa del desplome del PP y los resultados mediocres del PSC, pero los partidos soberanistas lograron la mayoría parlamentaria. Los partidos vascos se abstuvieron de participar en la campaña. Bildu también sacó conclusiones de lo sucedido en Cataluña. No tardó en reconocer que el Estado español exhibió la fuerza del Estado de derecho contra el desafío soberanista y contó con el apoyo de la Unión Europea, que hizo caso omiso a todos sus llamamientos. En definitiva, reconoció el fracaso de la vía unilateral catalana.

A la vista de que Europa no asumía la vía unilateral, Bildu concluyó que su reivindicación estrella, el “derecho a decidir”, tenía que canalizarla por la vía del diálogo y la negociación bilateral para lograr mayorías más amplias. Consideraba, también, que el soberanismo catalán se apoyaba en mayorías parlamentarias muy ajustadas. Entonces, Bildu decidió centrar la batalla por el “derecho a decidir” en la renovación del Estatuto vasco que entraba en la fase de propuestas.

Los sucesos de Cataluña también afectaron a las formas de Bildu que forzó un encuentro con la patronal Confebask, que unos meses antes le había marginado del acto de homenaje a los empresarios vascos que habían sido víctimas del terrorismo. Arnaldo Otegi logró la foto con Roberto Larrañaga, presidente de Confebask. Quería presentar en Euskadi una cara de normalidad frente a la imagen caótica del soberanismo catalán. Bildu se moderaba a la vista del desastroso resultado de la estrategia del soberanismo catalán de confrontación con el Estado.

La crisis catalana no solo provocó movimientos en Bildu; también en el PNV, que entre la primavera y el verano de 2018 asistirá a un ejercicio insólito de encaje de bolillos en todos los frentes políticos. Algo antes, el PNV, en la fase de propuestas para la renovación del Estatuto, ya introdujo el “derecho a decidir”. No quería dejar expedito a Bildu el terreno del soberanismo, pese a los recelos de su socio, el PSE, así como del PP, que en el País Vasco acababa de votar los presupuestos del Gobierno presidido por Urkullu.

Este, en la presentación de su proyecto de renovación estatutaria, reiteró que, pese a introducir el “derecho a decidir”, el proceso vasco no tenía nada que ver con el catalán. Insistió en que Euskadi seguiría la vía de la negociación bilateral con el Estado, dentro de la legalidad, previo acuerdo transversal entre partidos. También, a diferencia de Cataluña, no habría propuesta presidencial. Se reservaba el papel de garante del acuerdo transversal.

El PNV, durante las semanas posteriores a la implosión de la crisis catalana, aumentó el distanciamiento con el soberanismo catalán al que acusó de “falta de clarividencia y liderazgo” y discrepó del papel protagonista que seguía jugando Puigdemont desde Waterloo obstaculizando el proceso de normalización en Cataluña y al que acusó de “situar sus intereses personales por encima de los de su país”.

Pese a ello, el PNV se había comprometido a no apoyar los presupuestos del Gobierno del PP si seguía intervenida la autonomía catalana. Pero avanzado mayo, tras muchas discusiones internas, venció el pragmatismo y el PNV apoyó los presupuestos sin que Rajoy retirara la intervención de la autonomía catalana. Su apoyo decisivo a las cuentas de Rajoy, que le permitió continuar la legislatura, le supuso una jugosa inversión del Estado en Euskadi en infraestructuras; la vinculación de las pensiones al IPC, una reivindicación del movimiento de los pensionistas muy arraigado en Euskadi que le aportaba una imagen solidaria para compensar los ataques de Ciudadanos y medios de comunicación capitalinos que le acusaban de “rapiña”.

En clave política, se aseguraba el apoyo del PP a los presupuestos de la comunidad autónoma vasca, necesario porque el gobierno PNV-PSE carecía de ella, y evitaba el adelanto electoral de Rajoy, pues temía que, de producirse, Ciudadanos mejoraría de posición. Ciudadanos se había convertido para el PNV en su “bestia negra” por su política beligerante contra los nacionalismos sin distinción e incluso contra el concierto económico vasco. A los sectores más soberanistas de su partido les había compensado con la introducción del derecho a decidir en su propuesta de proyecto estatutario. Además, la lucha interna entre las familias soberanistas catalanas no facilitaba la defensa de su causa por los soberanistas del PNV.

Pocos días después, el 1 de junio de 2018, el PNV dio otra cabriola más espectacular con la que mostró su capacidad de desenvoltura política. Volvió a ser decisivo, pero esta vez para asegurar la moción de censura de Pedro Sánchez contra el Gobierno de Rajoy como consecuencia del caso Gürtel. El PNV justificó su cambio de alianzas en que el PP no le había avisado de la sentencia durante la negociación presupuestaria.

Urkullu y Ortuzar, que habían tenido serias dificultades para convencer a sus sectores más soberanistas del apoyo a los presupuestos, percibieron que no tenían alternativa, sobre todo cuando supieron que los independentistas catalanes e incluso Bildu apoyaban la moción de censura contra Rajoy y además como consecuencia de la corrupción.

Además, quien entraba en La Moncloa era el socialista Sánchez, con quien el PNV y Urkullu mantenían buenas relaciones. Gobernaban con los socialistas en Euskadi y, además, el PNV no solo tuvo garantías del nuevo presidente del Gobierno de mantener lo acordado con Rajoy, sino que vislumbró que podía lograr avances en las cuestiones aparcadas por Rajoy en materia territorial y en el proceso de consolidación del terrorismo. Perdían el apoyo del PP vasco a los presupuestos en Euskadi, pero podía ser viable la alternativa de Podemos que apoyó con entusiasmo la moción de censura contra Rajoy. Sánchez saldría reforzado al ganar en abril de 2019 las elecciones generales, tras haberlas convocado en febrero al retirarles los independentistas catalanes el apoyo a los presupuestos.

Mientras Sánchez trataba de formar gobierno, lo que no lograría hasta después de la repetición de las elecciones en noviembre, el PNV sorprendió al pactar con Bildu un proyecto estatutario soberanista que incluía el derecho a decidir, una consulta habilitante en Euskadi previa al acuerdo con el Gobierno central y la distinción entre nacionalidad y ciudadanía, que indignó no solo al PP sino también al PSE y a Podemos. Urkullu, como garante, aseguró que solo era una propuesta y que había un año para lograr un acuerdo transversal porque ese era el plazo concedido a una comisión de expertos, nombrada por cada partido, que trataría de alcanzar un consenso.

Los socios de gobierno del PNV, los socialistas vascos, estaban convencidos de que la propuesta PNV-Bildu no tenía futuro. Ni el Gobierno central ni la Unión Europea la aceptarían; tampoco la sociedad vasca estaba en esa sintonía como mostraban los sondeos. Los socialistas estaban convencidos de que el PNV pensaba lo mismo y que había decidido realizar una maniobra táctica para descolocar a su rival soberanista, Bildu, presentando su ilusorio programa de máximos. Además, Urkullu y Ortuzar, al sacar hacia fuera su debate entre pragmáticos y soberanistas, lo paliaba internamente.

Las tensiones internas en el PNV eran evidentes y la visita que el presidente de la Generalitat Quim Torra, elegido en mayo de 2018 en sustitución de Puigdemont, hizo a Urkullu en noviembre las hizo aflorar. Torra se reafirmó en la vía unilateral y Urkullu en la bilateral y transversal en el encuentro que mantuvieron en Ajuria Enea. Su discordancia contrastaba con la conferencia que Torra leyó en San Sebastián a la que asistió Otegi, por Bildu, y el sector soberanista del PNV, con Egibar y Olano, presidente de la Diputación de Gipuzkoa. Olano acababa de declarar que sentía “mucha envidia por Cataluña porque ejerció el derecho a la autodeterminación”. La frivolidad de Olano tuvo su réplica dentro del PNV. “No queremos para Euskadi la fractura social que se vivió en Cataluña”, le respondieron Unai Rementeria, diputado general de Bizkaia, y Juan María Aburto, alcalde de Bilbao.

Durante toda esta época, el soberanismo ha estado agazapado, sobre todo en Gipuzkoa. Los excelentes resultados del tándem pragmático Urkullu-Ortuzar han silenciado al sector soberanista del PNV. Su principal líder, el dirigente gipuzkoano y veterano Joseba Egibar, ejerce alguna influencia en el Parlamento vasco al ser el portavoz parlamentario del partido. Pero su influencia no se nota en la labor del Gobierno Vasco que preside Urkullu, apoyado, además, en su coalición con el PSE.

Los zigzags han seguido marcando la política de los partidos nacionalistas vascos. En febrero de 2019, Bildu, que había apostado por llevar el “derecho a decidir” a la renovación estatutaria, decidió suprimir las votaciones soberanistas organizadas en los municipios por Gure Esku Dago, tras su fracaso palmario. Las últimas votaciones, celebradas en San Sebastián e Irún arrojaron el 13,1 y el 9,1% de participación. Su balance era demoledor. De 208 citas, la media de participación había sido del 25%. Pero en los municipios de más de 25.000 habitantes los resultados bajaban al 12 y el 8%. Sus organizadores temían hacer el ridículo si lo intentaban en Bilbao y en los municipios de la margen izquierda del Nervión, que concentraban la mayoría de Euskadi. Los resultados reflejaban la realidad de una sociedad mayoritariamente autonomista, con deseos de mayor autogobierno, pero totalmente reacia a aventuras soberanistas.

Simultáneamente, Bildu rompía el acuerdo estatutario con el PNV por la decisión de los peneuvistas de buscar acuerdos con PSE y Podemos en la comisión de expertos que en diciembre de 2019 terminó su trabajo sin lograr un texto común. El derecho a decidir era la clave de la discordia. Era una línea roja que ni PP ni PSE rebasarían y en el caso de que lo hiciera el PNV, el gobierno de coalición PNV-PSE saltaría por los aires. Tampoco la aceptarían el Gobierno central —gobernara PSOE o PP— ni la Unión Europea.

En consecuencia, Urkullu y los partidos le pegaron otra patada adelante a la renovación estatutaria y pasó a debate en la comisión parlamentaria por tiempo indefinido. La cercanía de las elecciones autonómicas, por un lado, y luego la irrupción de la pandemia por otro, con un absoluto cambio de prioridades, han dejado enfriar la patata caliente al margen de la política real. En mayo de 2020, en vísperas de las elecciones vascas, según el Euskobarómetro solo se declaraba independentista en Euskadi el 14% de la población frente a un 67,5% de autonomistas. Asimismo, la preocupación por la cuestión territorial ocupaba el octavo puesto en la clasificación de preocupaciones de los vascos a 40 puntos de la sanidad y el paro.

La evolución de la pandemia aumentaría aún más la cotización de valores contrarios al aislacionismo soberanista como la salida social a la crisis, el prestigio de lo público y la colaboración entre las distintas comunidades autónomas, el Estado y Europa.

Las elecciones vascas de julio de 2020 lo confirmaron. Fue la campaña electoral en la que los problemas reales de la sociedad vasca tuvieron aún mayor presencia que en las anteriores. Nunca los partidos nacionalistas habían subordinado tanto las cuestiones identitarias a las preocupaciones por la salud, el paro, la desigualdad de las mujeres o los problemas medioambientales. La preocupación prioritaria de los problemas cotidianos sobre los identitarios, una de las aportaciones claves del Gobierno de Patxi López a Euskadi, había cuajado hasta en las formaciones nacionalistas tras el cese del terrorismo.

Quedaba muy atrás aquella etapa en que terrorismo y soberanismo caminaron juntos. Cuando el PNV de Arzalluz y el lehendakari Ibarretxe, en 1998 con el Pacto de Lizarra, y en la primera década de 2000, pensaron ilusoriamente que podían resolver de un plumazo el reto terrorista y la cuestión territorial vasca pactando los partidos nacionalistas con ETA el derecho a la autodeterminación e imponiéndoselo al Gobierno central. Arzalluz estaba influido por la eclosión de naciones nuevas en Europa tras la caída del bloque comunista de finales de 1989 en adelante.

El experimento fracasó porque la sociedad vasca no es mayoritariamente soberanista y cuando le pretendieron imponer un marco no asumido, se rebeló. Pero una parte de la sociedad vasca asumió artificialmente que la autodeterminación era útil para que el terrorismo acabara y, en consecuencia, el apoyo al independentismo en Euskadi alcanzó en 1998 la cifra récord del 36%.

Trece años después y en adelante, el final del terrorismo mostró la artificialidad soberanista de una Euskadi que es autonomista, pero no independentista, como las encuestas han mostrado —el independentismo está en cotas del 20% o menos— y las sucesivas elecciones vascas lo han confirmado y lo reafirmaron las últimas autonómicas de julio de 2020.

Los partidos nacionalistas hicieron un ejercicio camaleónico de adaptación con una campaña centrada en los problemas cotidianos. El claro ganador fue el PNV con 31 escaños frente a 21 de Bildu, que revalidó su segunda posición en unas elecciones vascas. El PNV rentabilizó su centralidad política al haber priorizado el Gobierno Vasco y el lehendakari Urkullu la gestión de los problemas reales de la sociedad sobre los identitarios; haber alejado a Euskadi del caótico soberanismo catalán, así como su distanciamiento de la crispación de la política española donde contrastó su perfil pactista a diestra y siniestra. No le pasaron factura sus cabriolas tácticas ni sus concesiones, también tácticas, al sector más soberanista de su partido. Ni siquiera la sentencia judicial de corrupción en 2019 contra algunos dirigentes del PNV en Álava, vinculados a su sector soberanista.

El PSE, sin embargo, como socio segundo del Gobierno Vasco, no capitalizó su papel de contenedor de las pulsiones soberanistas del PNV ni tampoco su contribución a las políticas socialdemócratas del Ejecutivo vasco. Su trabajo en la sombra y su discreto papel de enlace con La Moncloa de Sánchez no tienen reconocimiento ni mediático ni electoral. En una estructura de poder muy presidencialista como es la vasca, la figura del lehendakari es clave. Y Urkullu ha sabido aprovechar su presencia mediática para ofrecer un perfil nacionalista moderado que sintoniza muy bien con el ciudadano medio de Euskadi que es vasquista moderado, orgulloso del autogobierno y con tendencia de centro-izquierda. En clave electoral, perjudica mucho al PSE.

Sin embargo, el PSE declara sentirse satisfecho por haber contribuido a normalizar Euskadi. “Hemos hecho lo que teníamos que hacer. Hemos rebajado la inflamación independentista. Gestionamos los problemas cotidianos. No abordamos las cuestiones teológicas del pasado. Hasta Otegi prioriza los problemas sociales. No esperamos que nos lo agradezcan. Tampoco los británicos agradecieron a Winston Churchill su liderazgo al finalizar la Segunda Guerra Mundial”, señala Idoia Mendia.

Pero el principal ejercicio camaleónico lo hizo Bildu. Acertó en su estrategia electoral y tuvo un buen resultado: 26.000 votos y tres escaños más que cuatro años antes con una abstención del 48%. Presentó nuevas caras. Primó el discurso social sobre el identitario nacionalista, pese a su intento en la legislatura de emular al soberanismo catalán, y concentró todo el voto nacionalista que no era PNV. Contribuyó a elaborar esta estrategia el éxito inédito del Sinn Féin en Irlanda —su principal referente político exterior— solo unos meses antes, en febrero, con una cara nueva, la de una mujer, Mary Lou Mcdonald, que giró su discurso hacia las preocupaciones sociales de los jóvenes y de las mujeres sobre las tradicionales reivindicaciones territoriales. Todo un vuelco en el nacionalismo radical.

Un estudio del Observatorio Vasco de la Juventud de 201922 ya anticipaba que Bildu y Podemos eran los partidos con mayor atracción entre los jóvenes al presentar una identidad ecologista, feminista y social sin que apenas cuente el pasado. Lo hizo Bildu al borrar cualquier vestigio del pasado; se presentó ajeno a ETA. Lo facilitó la disolución de la organización armada ocurrida dos años antes. Asimismo, mantuvo una fidelidad de voto por su militancia activa ante una abstención récord que no lograron otros partidos como Podemos, perdiendo claramente la batalla contra Bildu, que le adelantó en doce escaños. La ausencia de un proyecto claro y sus crisis internas, que en Euskadi se tradujo en cuatro líderes en cuatro años, le pasaron factura.

Pero también se benefició, igual que el PNV, del efecto reactivo que provoca en Euskadi la estrategia de crispación de la derecha. La política de tierra quemada del PP de Pablo Casado y de Vox contra el Gobierno, que se percibía en las sesiones del Congreso sobre un problema que angustiaba a mucha gente, como la pandemia, contrastaba con la actitud colaboradora no solo del PNV, sino también de Bildu. Era una novedad la disposición de los abertzales a colaborar con el Gobierno central en una grave situación de crisis, a ser políticamente útiles. Tuvo su reconocimiento.

Lo que favoreció a los partidos nacionalistas en Euskadi perjudicó al PP, que obtuvo el peor resultado de su historia tras presentarse en coalición con Ciudadanos. Solo obtuvo seis escaños y Vox entró con uno en el Parlamento vasco. La destitución de su líder moderado Alfonso Alonso, que había logrado nueve escaños en las elecciones anteriores, y su sustitución por Carlos Iturgaiz, un vestigio del pasado y vinculado a Mayor Oreja, muy próximo a Vox, fue la última arbitrariedad de Casado. No hay que olvidar que su líder Santiago Abascal es vasco y fue parlamentario antes de trasladarse a Madrid, Esperanza Aguirre lo llamó cuando era presidenta de la comunidad. Antes de que Casado cesara a Alonso, Rajoy ya había cesado antes a Alfonso Basagoiti y a Arantza Quiroga por discrepar en su diagnóstico sobre el País Vasco.

El PP vasco es el partido que sufre más rechazo, incluso, entre sus propios votantes, según el Euskobarómetro. La explicación desde el observatorio del País Vasco es clara. El Gobierno de Rajoy se opuso de forma muy beligerante, con un fuerte y agresivo apoyo mediático de la derecha, al proceso de final dialogado con ETA de Zapatero. Cuando gobernó Rajoy tampoco fue activo en consolidar el final del terrorismo mientras su actitud inmovilista se observaba con mucha preocupación en Euskadi ante el temor de que la disidencia del final del terrorismo repitiera una tragedia como había sucedido en Irlanda del Norte.

Después del inmovilismo de Rajoy, Casado trató de obstruir la política de distensión penitenciaria del ministro Grande-Marlaska tras la disolución de ETA. Y empeoró aún más la imagen del PP con su sobreactuación, presentando a Euskadi en sus campañas electorales como una comunidad en riesgo de abandonar España y sojuzgada por un terrorismo desaparecido hacía casi una década.

Esa imagen deformada de la realidad provoca un enorme rechazo ciudadano. Su explicación es electoral: la utilización de Euskadi como parque temático para atacar desmesuradamente no tanto al PNV o a Bildu sino al PSOE porque gobierna con uno y pacta puntualmente con el otro. Su desmesura alimenta a Vox que ya ha entrado en el Parlamento vasco.

Ni Rajoy ni Casado han hecho política de Estado en Euskadi. No han querido pactarla. Hicieron cuestión partidista de la política antiterrorista y actualmente de la política de convivencia. Como el PP no aprendió la lección en Euskadi ha cometido los mismos errores en Cataluña, contribuyendo con la confrontación a alimentar el soberanismo, con la diferencia de que los vascos, salidos de una larga experiencia traumática, han impedido a sus dirigentes políticos nacionalistas seguir la deriva de los líderes soberanistas catalanes que se han aprovechado de los errores de la derecha española para crecer. Hoy, además, esa política que denota la ausencia de un proyecto sólido de centro-derecha en España está contribuyendo a alimentar a Vox.

Capítulo 11

¿Ha cambiado Euskadi?

Casi dos años después de la disolución de ETA y poco antes de la declaración oficial de la pandemia visité la localidad de Hernani (Gipuzkoa), inspiradora de la novela Patria, para escribir un reportaje para El País. Hernani, municipio natal del poeta Gabriel Celaya y del cineasta Elías Querejeta, fue un símbolo de la violencia en Euskadi. Durante la Transición, la guerra sucia asesinó a cinco vecinos de la localidad y en democracia fue escenario de además de seis crímenes de ETA, de una de las kale borroka más activas, con centenares de ataques. Uno de sus principales objetivos fueron los concejales de los partidos EA, PSE y PNV que, entre 1991 y 1998, gobernaron unidos y enviaron a la oposición a la izquierda abertzale.

Hernani me deparó algunas sorpresas. Una de ellas fue que las percepciones de los concejales socialistas, los más atacados durante los años de plomo, presentaban matices diferentes entre los veteranos y los jóvenes. Los veteranos resaltaban la libertad recobrada, la recuperación de cierto nivel de convivencia, incluso con gentes de la izquierda abertzale, y su satisfacción por vivir hoy en Hernani. El prototipo de esta versión era José Morcillo, exconcejal agredido brutalmente por la kale borroka en 1995. También lo fue su hija Estefanía al año siguiente.

Sin embargo, los concejales socialistas más jóvenes eran más críticos con la izquierda abertzale, hoy representada en Bildu, porque mientras ellos respaldaban las mociones municipales de condena a la guerra sucia, los abertzales nunca lo hacían con las de rechazo al terrorismo etarra. Los socialistas jóvenes también valoraban la libertad recobrada, pero se quejaban del respaldo del ayuntamiento gobernado por Bildu a los presos locales de ETA, así como de la ausencia del reconocimiento del daño injusto causado por ETA y la kale borroka. Un silencio sobre el pasado que bloqueaba una auténtica convivencia. Este panorama de claroscuros volvía a hacer de Hernani un símbolo de Euskadi, sobre todo de la vida en los municipios gobernados por Bildu.

La Euskadi de hoy no es la anterior al 20 de octubre de 2011 en que ETA anunció el cese definitivo del terrorismo y mucho menos aún la de los años de plomo. El rechazo a la violencia es tajante hoy entre los jóvenes —no llega al 2% quienes justifican a ETA—, como lo es la alta valoración de los derechos humanos. Hoy sería impensable, por ejemplo, que en una celebración como fue la jornada de aprobación del Estatuto de Gernika, el 25 de octubre de 1979 en La Casilla de Bilbao, con presencia de los líderes de los partidos democráticos vascos, se cantase masivamente el “vals de Carrero”, que evocaba el atentado de ETA de 1973, sin que ello signifique que haya disminuido el rechazo a la figura del delfín del dictador Franco, el almirante Carrero Blanco.

Quedan lejos los tiempos —no solo en Euskadi, pues es un fenómeno global— en los que las luchas sociales y las de liberación de los pueblos oprimidos estaban por encima del respeto a los derechos humanos, a la vida y la dignidad de las personas.

También ha aumentado sensiblemente en Euskadi el reconocimiento a las víctimas del terrorismo, inexistente durante los años de plomo. Hoy el 83% de los vascos reclama su reconocimiento público sin distinciones. En los años setenta y ochenta sucedía que las víctimas de ETA carecían de reconocimiento social en Euskadi e incluso tardaron en tenerlo de las instituciones del Estado. Sin embargo, las de la guerra sucia y de abusos policiales, reconocidas socialmente en Euskadi, carecían de apoyo institucional.

Hoy existe en el País Vasco un reconocimiento generalizado a todas las víctimas más necesario si cabe si se tiene en cuenta que quedan entre 200 y 300 asesinatos sin resolver, tanto de ETA como de la guerra sucia. Al haberse cometido la inmensa mayoría de estos asesinatos pendientes de resolver durante la Transición y primeros años de la democracia, la solución es muy difícil, según confirman hoy las fuentes policiales y judiciales. Los años inmediatamente posteriores a la muerte de Franco fallaron las investigaciones policiales y judiciales; hubo carencia de medios adecuados policiales y judiciales ante un terrorismo desbocado y, en algunos casos de guerra sucia, desinterés por averiguarlos.

La política vasca también ha cambiado su escala de prioridades. Los debates sobre la identidad, el derecho a decidir y la soberanía, que protagonizaron la vida política vasca hasta el final del terrorismo, se han subordinado a los problemas cotidianos —empleo, desigualdad, sanidad y vivienda—. Lo han impuesto realidades sangrantes como la recesión económica y la pandemia, pero también la conciencia de buena parte de los políticos vascos de que Euskadi vivió una radicalidad artificial, como hoy la vive el soberanismo catalán.

Otra consecuencia de la desaparición del terrorismo y de la marginación del debate identitario ha sido la normalización de las relaciones políticas. Las fuertes tensiones del pasado entre Euskadi y el Estado y entre los propios partidos de la comunidad se han reducido al mínimo. Contrasta hoy la distensión del debate político vasco con la crispación existente en Cataluña y en las Cortes Generales.

Hace años sería impensable que hubieran acudido a un lehendakari desde fuera de Euskadi para mediar en un conflicto entre el Gobierno central y la Generalitat, como sucedió con Urkullu en la crisis de 2017, tras el referéndum soberanista en Cataluña. “Hoy somos una comunidad autónoma más. Ya no somos noticia. Gestionamos los problemas cotidianos de la gente”, señala Idoia Mendia, que cogobierna con Urkullu.

Euskadi no tiene los graves problemas de desigualdad, de inseguridad, climáticos, de avalanchas migratorias incontroladas de otros países, aunque lo tiene, y serio, de envejecimiento. Es una comunidad próspera y europea que, sin embargo, tuvo que soportar una presión terrorista incomprensible cuando había recuperado la democracia y el autogobierno. Fue una radicalidad artificial que el terrorismo trasladó a la política nacionalista en su conjunto haciéndola soberanista.

En la Euskadi de 2021 es impensable que pueda repetirse una historia soberanista gubernamental como tuvo a la entrada del siglo XXI. No solo porque la Unión Europea no lo toleraría como se ha visto con el desafío soberanista catalán. Hay otra razón de fondo menos reconocida: en Euskadi hay una mayoría vasquista, orgullosa de un marco autonómico con aspiraciones de mayor autogobierno, pero no soberanista.

Cuando el PNV de Arzalluz y el lehendakari Ibarretxe intentaron romper ese marco e imponer un plan soberanista, con la mirada puesta en la independencia de algunos países europeos tras la caída del bloque comunista, provocó una rebelión contra el independentismo y una parte de sus votantes le abandonaron. Hay que tener en cuenta que un tercio de los votantes actuales del PNV no se declara nacionalista.

El PNV tiene capacidad de liderazgo en Euskadi y si agitara el avispero soberanista aumentaría la inflamación independentista. Pero Urkullu y Ortuzar aprendieron de la experiencia de Ibarretxe y conocen los límites a escala vasca, estatal y europea a sus legítimas aspiraciones nacionalistas a aumentar el autogobierno. La renovación del Estatuto vasco de 1979 sigue pendiente, pero el PNV no hará nada que Europa no asuma. Es un partido con vocación de poder y no está dispuesto a sacrificarlo por un dogma ideológico.

Los discursos de Urkullu y Ortuzar de estos últimos años están plagados de referencias a avances por la vía del acuerdo transversal en Euskadi, bilateral con el Gobierno central y por los cauces legales. “La independencia es un concepto del siglo XIX. Nuestro nacionalismo del siglo XXI es solidario. En un mundo globalizado, la independencia es prácticamente imposible”, dijo Urkullu en 2016 en una entrevista a El País23. “Hoy respiramos. Los vascos nos hemos quitado una losa de encima. Queremos vivir”, señala Idoia Mendia. Y como señala el historiador vasco Juan Pablo Fusi: “Me resulta muy difícil creer que se vuelva a focos identitarios de la realidad. Vamos a otro universo de referencias abiertas sin renunciar a focos simbólicos de identidad propia de los partidos nacionalistas”.

El principal problema pendiente hoy en Euskadi es el ajuste de cuentas con el pasado, la ausencia de una memoria compartida. Casi una mitad de la sociedad vasca quiere olvidar sin haber extraído consecuencias del pasado terrorista. Es el resultado de una mala conciencia por haber mirado a otra parte cuando ETA quiso imponer su proyecto independentista por la violencia y la izquierda aberzale se ampara en ella para eludir su autocrítica por su pasada complicidad con la organización terrorista. Un silencio y un vacío que obstruyen la convivencia.

Incluso siguen produciéndose homenajes públicos a presos etarras excarcelados tras cumplir condena. Algunos ayuntamientos como Hernani, Oiartzun y Rentería, gobernados por Bildu, introducen en los espacios públicos municipales informaciones referentes a los reclusos etarras locales como ha denunciado recientemente un grupo de víctimas de ETA.

El pasado enero, en vísperas de cumplirse el 25 aniversario de los asesinatos de ETA del socialista Fernando Múgica y del expresidente del Tribunal Constitucional, Francisco Tomás y Valiente, la portavoz de Bildu en el Parlamento vasco, Maialen Iriarte, desvinculada del historial de la antigua Batasuna, dio por cumplido el recorrido ético de la izquierda abertzale al señalar que “el daño causado por ETA está reconocido” y sobre su injusticia añadió que “cada uno tendrá su relato que hacer”.

Iriarte ratificaba la declaración de febrero de 2012 de Sortu sobre el reconocimiento del daño causado. Admitía la obviedad de que ETA había dañado a quienes había atacado y a sus familias. Pero la injusticia del terrorismo etarra, que asesinó en democracia —el 92% de sus crímenes— a quienes discrepaban de su proyecto político la consideraba opinable. Quienes podían renovar la izquierda abertzale con una seria revisión del pasado se limitan a remozar la fachada. La izquierda abertzale sigue en el inmovilismo.

Urrusolo, exdirigente de ETA y disidente, suele recordar que las bases de Batasuna —hoy Sortu— votaron la estrategia de socialización de sufrimiento que respaldó los asesinatos de ETA contra quienes no pensaban como ellos. También recuerda que sus dirigentes civiles, hoy en Sortu, marcaron la estrategia política que los militares tradujeron en actividad terrorista. Desaparecida ETA, Sortu tendría que reconocer ante las víctimas y la sociedad el daño injusto causado, concluye acertadamente Urrusolo. Es necesario para que la historia no se repita.

Hoy, la ausencia de autocrítica de Sortu sobre su pasada complicidad con el terrorismo es el principal obstáculo para una completa convivencia en Euskadi. Impide que toda la representación política, y con ella toda la sociedad vasca, comparta una visión común de la etapa terrorista en Euskadi. Y al no compartirla no es posible concluir que todos exigen que esa historia no deba repetirse.

La construcción de una paz con memoria pasa necesariamente por la educación. Desde hace ya diez años las víctimas del terrorismo están pasando por las aulas para que las generaciones jóvenes conozcan el pasado terrorista y evitar que se repita. Sus intervenciones son limitadas, no todos los centros las reclaman. No tardará en implantarse la historia del terrorismo en la educación reglada. Será clave para combatir la desmemoria.

El reconocimiento pendiente de Sortu de la injusticia causada por el terrorismo etarra debería completarse con el de una autoridad del Estado por una guerra sucia insuficientemente investigada y una aplicación de la tortura escasamente controlada, sobre todo, en los años de plomo. Varias sentencias del Tribunal de Estrasburgo han acusado a España de no haber investigado casos de tortura. Las recientes peticiones por unanimidad del Parlamento de Navarra y de los ayuntamientos de Pamplona y San Sebastián para que se reabra el caso de Mikel Zabalza, un joven oficialmente ahogado tras su detención en el cuartel de la Guardia Civil de Intxaurrondo (San Sebastián) en 1985 y sobre el que se sospecha que murió por torturas, muestra que aún no existe una reconciliación con la historia pasada.

No obstante, sería injusto no admitir que se han producido avances importantes como el reconocimiento, por vía legal, de las víctimas de la guerra sucia; de la existencia de una ley autonómica de víctimas de los abusos policiales y de sentencias judiciales condenatorias a políticos y funcionarios del Estado que las practicaron.

Aunque con retraso, el Estado —y con él las instituciones vascas— ha sabido colocar en el centro de la escena a las víctimas del terrorismo. El terrorismo generó víctimas, pero también resistentes, y algunos tuvieron la doble condición. Le queda pendiente al Estado el reconocimiento público a quienes resistieron al terrorismo, como los concejales y las organizaciones que movilizaron a la sociedad contra la violencia como Gesto por la Paz, Foro de Ermua y Basta Ya. E incluso la condecoración a los policías que combatieron lo que fue una herencia perversa de la dictadura, el terrorismo.

Hace ya seis años, al cumplirse el cuarto aniversario del cese definitivo del terrorismo, lo reivindicó Jesús Eguiguren, expresidente del PSE e interlocutor del Gobierno con ETA en el proceso dialogado de 2006: “No ha habido una resolución del Parlamento reconociendo el final del terrorismo. Es una mezquindad del Estado hacia los miles de héroes anónimos que contribuyeron al final del terrorismo. Parece que el Gobierno del PP quiere mantener la ficción de que el terrorismo sigue cuando el País Vasco es el territorio más pacífico de España. No solo ha desaparecido la violencia. También la crispación y los insultos”.

Junto al problema de fondo de la ausencia de autocrítica de la izquierda abertzale se une la crisis de identidad por la que atraviesa el PP, el principal partido de la derecha. El PP de Casado, presionado por Vox, no ha erigido un proyecto claro de centro derecha lo que afecta a su visión del País Vasco. En sus líderes y en su ámbito mediático sigue identificándose a Bildu con ETA. Algunos de sus comentaristas escriben el disparate de que ETA nunca ha tenido tanta influencia como hoy en el Gobierno de España. Esa radicalidad política impide un consenso nacional para cerrar el capítulo etarra con una paz con memoria.

Se puso de manifiesto el pasado cuatro de marzo cuando el Gobierno de España intentó escenificar la derrota de ETA en un acto simbólico en el cuartel de la Guardia Civil de Valdemoro (Madrid). El Gobierno se precipitó en su convocatoria. Cometió claros errores organizativos ante un acto tan sensible que necesitaba de un amplio consenso. Pero la disposición del PP a colaborar con él fue nula. Casado mantiene la tradición de seguir utilizando el terrorismo etarra —hoy su memoria— como elemento de confrontación con el Gobierno aprovechando el apoyo parlamentario y puntual que recibe de Bildu y así no es posible construir una paz con memoria.

Tampoco Podemos, aunque ha dejado claro su rechazo al terrorismo, parece sensible a construir una memoria compartida cuando no exige a la izquierda abertzale una autocrítica por su pasada complicidad con el terrorismo. Podemos, que reivindica un patriotismo democrático, debería incluir junto al justo reconocimiento a la memoria de las víctimas del franquismo el de las de ETA porque la organización terrorista fue un enemigo declarado de la democracia y la libertad en Euskadi y en España.

No se trata de ajustar cuentas con el pasado sino de construir el futuro, se trata de leer la página antes de pasarla. Como dice el historiador José Álvarez Junco, en el epílogo de Los amnésicos: “Una aceptación honesta y crítica del pasado permite el desarrollo de actitudes democráticas y tolerantes en el presente… El honesto reconocimiento de todo lo ocurrido y no solo de lo que ennoblece nuestra imagen o refuerza nuestra posición política y la ecuanimidad —que no es equidistancia— son las claves de bóveda para una convivencia libre; y los imperativos éticos para un historiador”.

NOTAS

1 . Puede leerse en https://elpais.com/politica/2016/07/20/actualidad/146903672 6_587271.html

2 . M. Rajoy (2009): Una España mejor, Plaza & Janés, Barcelona.

3 . Véase https://www.diariovasco.com/rc/20111021/mas-actualidad/nacional/prensa-20111021.html

4 . Su efecto social lo ponen de manifiesto dos documentales (El fin de ETA y El final del silencio) y una película dirigida por Icíar Bollaín (Maixabel) hasta el momento de escribir este libro.

5 . En https://elpais.com/politica/2012/03/12/actualidad/1331579698_611188.html

6 . Véase https://www.euskadi.eus/contenidos/documentacion/sociometro_vasco_48 /es_soc48/adjuntos/12sv48_es.pdf

7 . Véase https://www.abc.es/espana/20150629/abci-entrevista-jose-maria-aznar-201506272114.html

8 . En https://elpais.com/politica/2014/10/17/actualidad/1413559737_250046.html

9 . Puede consultarse en https://elpais.com/ccaa/2013/02/03/paisvasco/1359893458 _766881.html

10 . En https://elpais.com/politica/2015/05/05/actualidad/1430853441_737112.html

11 . Puede leerse en https://elpais.com/politica/2016/08/28/actualidad/1472411890 _576525.html

12 . Véase https://elpais.com/politica/2016/12/03/actualidad/1480788650_407743.html

13 . Puede leerse en https://elpais.com/politica/2017/04/24/actualidad/1493059143_ 478550.html

14 . Puede consultarse en http://www.pensamientocritico.org/raulop0415.pdf

15 . G. Schwarz (2019): Los amnésicos, Tusquets Editores, Barcelona.

16 . Puede leerse en https://elpais.com/politica/2015/10/12/actualidad/14446739 27_231659.html

17 . En https://elpais.com/cultura/2017/02/10/actualidad/1486755429_676936.html

18 . J. A. Pérez Pérez (coord.) (2021): Historia y memoria del terrorismo en el País Vasco (1968-1981), Editorial Confluencias, Almería.

19 . En https://elpais.com/politica/2018/05/02/actualidad/1525283788_079330.html

20 . Puede consultarse en https://elpais.com/espana/2020-05-02/zapatero-el-final-de-eta-fue-politico.html

21 . Véase https://elpais.com/politica/2018/09/23/actualidad/1537720289_908274.html

22 . Puede consultarse en https://www.gazteaukera.euskadi.eus/contenidos/noticia/diagnostikoa_19/eu_def/adjuntos/diagnostico_2019_c.pdf

23 . Véase https://elpais.com/politica/2016/12/03/actualidad/1480788650_407743.html