CONTENIDO

Introducción

1. Hombre, sociedad y Estado

La teoría verdadera • La sociedad como parte de la naturaleza humana • La evolución del Estado • La autoridad como fundamento político de la comunidad • Teorías sobre el origen del gobierno • Nuestra tesis sobre el origen, funciones y fines del gobierno • La división de la persona • La concreción del bien común.

2. El origen de los impuestos

Del impuesto a las contribuciones • Los impuestos en Egipto y Grecia • La guerra • Los impuestos en Roma • La Edad Media • Las enseñanzas de la historia.

3. La naturaleza de los impuestos

La ley • La teoría teleológica • La confusión de los fines • La universalidad de los fines • El crecimiento del Estado • Nuestra tesis sobre la función del Estado • El mito de las necesidades colectivas • Las necesidades comunes • El Estado monopolista.

4. Las nuevas funciones de los impuestos

De la teoría a la práctica • Antecedentes • El fracaso del welfare • Los resultados concretos • ¿Mejor distribución del ingreso? • Los subsidios • El impuesto de la inflación • Los impuestos progresivos • Los efectos.

5. Los frutos de los altos impuestos

Mayor gasto público, menor crecimiento • Más impuestos, menor inversión • Bajas tasas de impuestos, mayor crecimiento • Altos impuestos frenan crecimiento en Iberoamérica • Mito de la igualdad económica justifica más impuestos.

6. Conclusiones generales

Bibliografía citada y consultada

Acerca del autor

Créditos

A los que pagan impuestos

A los que viven de los impuestos

INTRODUCCIÓN

Desde los tiempos más remotos, los impuestos son consignados por los historiadores como una de las principales causas de guerras, revoluciones y decadencia de grandes civilizaciones.

La decadencia de la civilización egipcia fue consecuencia, en parte, de intolerables impuestos que detuvieron el proceso productivo.

La decadencia del imperio romano tuvo entre sus principales causas la excesiva carga fiscal a los habitantes del imperio.

La Carta Magna, arrancada a Juan Sin Tierra, es producto de la inconformidad ante la excesiva y desigual carga tributaria.

La Revolución francesa surge también en gran parte como consecuencia de un descontento ante los excesivos impuestos.

La lucha por la independencia de las colonias inglesas en América del Norte tiene como causa problemas tributarios.

El impuesto es uno de los fenómenos que han existido en mayor o menor grado en todos los tiempos y bajo todos los sistemas de gobierno; sin embargo, cuando buscamos en los anales de la historia las explicaciones a ellos, vemos que gran parte de los políticos, sociólogos y economistas dan por sentada la necesidad de pagar impuestos, sin analizar el porqué se pagan los impuestos en sus raíces más profundas.

Y todavía se presenta una mayor confusión cuando nos hacemos las preguntas: ¿cuáles son los límites? ¿Es lícito no pagar impuestos cuando los consideramos excesivamente altos? ¿Bajo qué esquemas o guías podemos cuantificar un monto justo de impuestos?

Las teorías jurídicas y tributarias dan respuestas que dejan poco satisfecho al investigador que busca las causas últimas de las cosas.

Hay impuestos porque hay gobierno, dicen algunos, y para que el gobierno exista es necesario pagar impuestos.

¿Cuándo son altos los impuestos? ¿Cuando rebasan el 50 %, 70 % o 90 % sobre los ingresos del causante o cuando representan más del 25 % del Producto Interno Bruto o el 50 %? ¿Está su límite con relación a las necesidades del gobierno? ¿En cada tiempo y lugar son diferentes los límites de los impuestos al igual que las necesidades del gobierno?

De todos los estudios analizados sobre orígenes y límites de los impuestos, no hemos encontrado ninguno que nos satisfaga plenamente, y es por ello que pretendemos, mediante el presente trabajo, delinear una teoría que defina cuándo el impuesto es, llanamente hablando, un abuso por parte de los gobernantes, que sustentan el monopolio de la fuerza, hacia los gobernados.

Para delinear una teoría sobre la naturaleza y límites de los impuestos tenemos que partir de un concepto claro de Estado. Y para llegar a un concepto correcto de Estado es necesario analizar a la persona humana, que es la realidad sustancial dentro del fenómeno Estado.

Existe una relación directa entre los conceptos de persona humana, sociedad, gobierno, Estado e impuestos.

Sólo entrelazando íntimamente estas realidades, podemos ser capaces de dar una respuesta satisfactoria a la pregunta: ¿son los impuestos un fenómeno necesario para vivir en sociedad y poder realizarse el ser humano?, o ¿constituyen un abuso por parte de unos individuos que ostentan la autoridad y la fuerza en contra de otros que no tienen otra alternativa que pagar los impuestos o ser privados de sus bienes o libertad por parte de los gobernantes?

En el presente trabajo sostenemos como tesis fundamental que la justificación y límites de los impuestos están en relación con sus fines. La naturaleza de los impuestos es teleológica.

También sostenemos que la extracción de riqueza a los particulares por parte del gobierno en una forma coercitiva y unilateral, sólo se justifica en cuanto a que dichas riquezas se apliquen en la satisfacción de necesidades comunes a todos los miembros de la sociedad o bien común. Y dicho bien común consiste fundamentalmente en crear un ambiente de orden, justicia y seguridad que permita a cada ser humano alcanzar libremente sus metas personales tanto en el campo material como espiritual.

Toda extracción de riqueza que bajo el título de impuesto haga el gobierno a sus ciudadanos y que no sea destinada al cumplimiento del fin anteriormente mencionado, la consideramos injustificada y sostenida únicamente en la fuerza de quienes detentan el poder. Jurídicamente dichas extracciones por parte del Estado son equiparables al robo…

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HOMBRE, SOCIEDAD Y ESTADO

La validez, límites, funciones y justificación de todas las instituciones sociales dependen de la naturaleza de la persona humana, que es la causa por la cual existen dichas instituciones; por lo tanto es necesario analizar brevemente en qué consiste la naturaleza humana, quién es el hombre y para qué está en esta Tierra.

No pretendemos abordar en forma exhaustiva todas las teorías en relación con la naturaleza humana, que constituyen uno de los problemas fundamentales de todos los sistemas filosóficos, sino sólo partir de un concepto que nos sirva de apoyo a nuestra tesis sobre los impuestos.

Ante las preguntas ¿qué es el hombre?, ¿cuál es su naturaleza?, surgen un sinnúmero de teorías, que simplificándolas podríamos expresarlas en dos posiciones: el humanismo cristiano y el humanismo naturalista. A la vez, dentro del humanismo naturalista, que tiene en común limitar al hombre a la realidad existencial, se encuentran diversos tipos: racionalista, que descansa en la razón y en la naturaleza humana; el científico, que aplica los métodos de la ciencia (biología, psicología, etcétera) para descifrar la naturaleza humana; el psicoanalítico, que parte de las teorías freudianas para explicar al hombre; el evolucionismo biológico, que toma como punto de partida las teorías darwinianas; el neo-positivista, que niega toda realidad metafísica; el existencialista, que hace de la existencia y las experiencias de cada hombre su propia ética y moral y el materialismo dialéctico, fundamento de las teorías marxistas-leninistas, que conciben a la materia como única realidad en el hombre. 1

Al citar todas estas concepciones del ser humano pretendemos hacer ver al lector la variedad de definiciones que existen del hombre y de las cuales se derivarán un sinnúmero de teorías sobre las funciones de las diversas instituciones sociales existentes.

Una concepción materialista-marxista del ser humano nos lleva a una concepción diferente del Estado y de sus funciones que una concepción cristiana del ser humano. Es necesario partir de una concepción clara del ser humano para llegar a una tesis verdadera sobre la naturaleza, límites y función de los impuestos dentro de la sociedad.

La teoría verdadera

La concepción verdadera del ser humano es aquella que corresponde a lo que el ser humano es y no a la que un pensador quiere o le gustaría que fuera.

La teoría que refleja con mayor fidelidad la realidad o naturaleza del ser humano es la llamada personalista o de la persona humana, que también coincide en gran parte con el llamado humanismo cristiano; sin embargo, no pretendemos partir de esa teoría, pues también en ella hay diferencias entre sus exponentes, sólo tomaremos algunas ideas de sus seguidores para explicar claramente cuál es la naturaleza del ser humano.

La tesis sobre el ser humano es el cimiento o sustento primero de las tesis sobre el Estado y los impuestos, que más adelante esbozaremos.

Dice Antonio Caso: «Hay tres grados del ser: la cosa, el individuo y la persona». 2

Al partir una cosa, dice Antonio Caso, nos da cosas. Por ejemplo, si rompemos una piedra tendremos dos piedras, y precisamente una piedra es una cosa. Las cosas son el grado inferior de los seres.

Del mundo de las cosas pasamos al mundo de los individuos: seres dotados de vida cuya diferenciación con las cosas es precisamente que forman una unidad.

Individuo quiere decir que no se puede dividir. Y aunque existen seres orgánicos, que pueden dividirse y dan más seres orgánicos, la característica de individualidad se da en aquellos seres que forman una unidad diferente a los demás. De esta característica participan muchos animales, entre ellos el hombre, en el que ya encontramos como una de sus principales características que es individuo: unidad indivisa; sin embargo, la característica de individuo no es la principal en el ser humano, pues está contemplada únicamente desde el punto de vista biológico.

El ser humano, además de individuo, toma el nombre de persona, que es la concepción más elevada de un ser, por las características de racionalidad y de conciencia de su ser.

Manlio Severino Boecio, filósofo romano de fines del siglo V, fue de los primeros en definir al ser humano como persona.

Dice Boecio: «persona es una sustancia individual de naturaleza racional». Aquí tenemos el punto de partida de lo que consideramos persona humana, aunque la definición de Boecio necesite una mayor explicación.

Al hablar de naturaleza humana buscamos identificar las características que son propias y esenciales a todos los hombres de todo tiempo y lugar, es decir, aquello sin lo cual no serían hombres.

Las características de todo ser humano o los elementos propios de su naturaleza humana son:

1. INDIVIDUALIDAD. Cada ser humano es uno. No hay dos seres humanos idénticos, aun biológicamente hablando.

2. RACIONALIDAD. El ser humano es el único que puede analizar su esencia y la realidad que lo rodea, tiene capacidad de conceptualizar y universalizar la realidad que capta por medio de sus sentidos. Un acto racional, que no podría hacer ningún otro ser creado, es precisamente el análisis de las instituciones sociales que en estos momentos hacemos en el presente estudio.

3. LIBERTAD. La entendemos como la capacidad del hombre de dirigir sus actos hacia donde él crea conveniente y escoger entre varias alternativas tanto materiales como espirituales.

4. ESPIRITUALIDAD. Es la capacidad para crear valores: amor y amistad. (No confundir con las emociones: alegría y tristeza, que son también propias de los animales).

5. SOCIABILIDAD. El hombre necesita vivir en sociedad para alcanzar su plenitud de persona humana tanto biológica como espiritualmente.

6. FINALIDAD. El ser humano, a diferencia de los demás seres creados, no agota sus intenciones en la acción inmediatamente efectuada, sino que busca mediante acciones intermedias finalidades posteriores.

De estas características se derivan otras que, aunque algunas se encuentran implícitas en las ya citadas, creemos conveniente enumerarlas con el objeto de aclarar más la naturaleza del ser humano.

a) LA CONCIENCIA. El ser humano es el único ser creado que tiene conocimiento de sus actos y autoconciencia o conciencia refleja de su existencia.

b) IDENTIDAD. Sabe que él es yo «diferente a los demás, no hay otro idéntico a él».

c) CONTINUIDAD. Sabe que existe en un periodo de tiempo y aunque varía accidentalmente su conducta, sus actuaciones anteriores quedan como un residuo dentro de su actuar constante.

d) MORALIDAD. El ser humano es ético, como consecuencia de su espiritualidad y de su libertad escoge y diferencia entre varias alternativas.

Con base en estas características, podemos decir que el ser humano es un ser individual de naturaleza racional, compuesto de materia y espíritu, constituido en una unidad, capaz de ejercer su libertad, con valores éticos y una tendencia nata a vivir en sociedad para lograr realizar los fines que conscientemente se ha impuesto alcanzar.

La sociedad como parte

de la naturaleza humana

La sociabilidad es parte de la esencia del ser humano, ya que la convivencia con otros hombres es un medio que tiene para desarrollar las demás características propias de su ser.

De la necesidad de vivir en sociedad se van a derivar todas las instituciones sociales; sin embargo, si partimos de que las instituciones sociales son consecuencia del ser humano, tenemos que considerarlas accidentales y destinadas a satisfacer las necesidades de esa naturaleza propia de cada uno de los hombres.

Una institución «social» no puede considerarse en el estricto sentido de la palabra como social si va en contra de las características del ser humano aquí mencionadas.

El Estado es consecuencia de la vida en sociedad del hombre.

Y dentro del Estado aparece como coordinador del mismo la autoridad o gobierno; por lo tanto, el gobierno deriva su existencia de la naturaleza social del hombre.

La evolución del Estado

El hombre siempre ha tendido a vivir en sociedad como resultado de su propia naturaleza.

La forma de asociación básica y primaria en el hombre es la familia, que aparece en la historia como el antecedente más remoto de comunidad humana.

En la familia ya se da en forma muy simple lo que después se convertirá en las características de las comunidades complejas o estados: autoridad, territorio, población y fin.

La evolución del ser humano ha significado en gran parte una evolución de sus formas de asociación.

De la familia surge el clan o unión de familias y de los clanes se pasa a la sociedad tribal, comunidad sostenida en lazos étnicos, una misma moral, el reconocimiento de una misma autoridad, pero con precarias relaciones económicas.

El cambio de las formas de organización humana no tiene los límites bien definidos, por lo tanto las características de unas también pueden ser comunes a otras. 3

De la tribu o sociedad tribal, que según algunos es una comunidad social que carece de organización política, salta la comunidad humana hacia una nueva forma de asociación caracterizada por la organización política o de la autoridad, que se convierte en la principal impartidora de justicia en la comunidad.

La autoridad como fundamento

político de la comunidad

Desde las formas más simples de asociación, siempre uno de los miembros o un grupo de ellos ejerció la autoridad. En la familia fue el padre (patriarcado) o la madre (matriarcado). Todas las formas de vida comunitaria se han caracterizado por la existencia de una autoridad que coordina la vida social de un grupo de seres humanos. Actualmente a esa autoridad se le conoce con el nombre de gobierno, que se identifica también con la palabra Estado, en sentido estricto, pues Estado en sentido amplio implica al gobierno, el territorio, la población y los fines de la comunidad.

La autoridad, gobierno o Estado, en sentido estricto, desde el punto de vista sociológico, es consecuencia, según Adam Smith, de la división del trabajo.

Dice Smith que los depositarios de la seguridad y defensa del grupo en las sociedades atrasadas eran los mismos miembros que en determinados momentos de urgencia dejaban el arado o sus ocupaciones habituales y tomaban la lanza. Y cuando el conflicto había terminado regresaban a sus labores habituales.

Los encargados de impartir justicia lo hacían en sus ratos libres y trabajaban en otros haberes para obtener ingresos y poder subsistir.

Tanto la defensa, el mantenimiento del orden y la impartición de justicia eran ejercidas por ciudadanos que en sus tiempos libres o cuando la situación lo ameritaba, abandonaban sus ocupaciones habituales y se dedicaban a impartir justicia o a repeler alguna agresión del enemigo.

Cuando la sociedad se volvió más compleja —dice Smith— fue necesario que algunos ciudadanos se dedicaran de tiempo completo a impartir justicia o a garantizar la paz entre los miembros de la comunidad. Y si esos ciudadanos iban a dedicar todo su tiempo a impartir justicia a la comunidad y a garantizar su seguridad, surge la necesidad de proporcionarles los ingresos necesarios para que puedan vivir y a la vez llevar adelante las funciones de jueces, soldados o policías de tiempo completo.

El gobierno surge como consecuencia de la división del trabajo, en la que a ciertos ciudadanos les corresponde la función de impartir justicia y garantizar la paz en una comunidad, y la comunidad debe proporcionarles a cambio recursos para que puedan subsistir. 4

Existen en la actualidad varias teorías que difieren de la tesis de Smith tanto en la justificación de la existencia del Estado como en sus funciones.

Por lo tanto, es necesario que aunque sea ligeramente hagamos referencia a las más importantes teorías sobre la naturaleza, funciones y fines que tiene el Estado, pues un concepto correcto de Estado es fundamental para entender la naturaleza, justificación y límites de los impuestos en la sociedad.

Teorías sobre el origen del gobierno

La palabra Estado, como ya vimos, tiene dos acepciones. Una amplia que abarca todo el orden social y otra estricta que se refiere al gobierno o autoridad como parte del Estado.

Las teorías que aquí describimos hablan del Estado en el sentido de gobierno o autoridad.

Algunas teorías sostienen que el gobierno, caracterizado por su poder coactivo, es obra de la divinidad y por lo tanto sus acciones no están sujetas a discusión.

Esas teorías sirvieron a muchos gobernantes para cometer una serie de arbitrariedades. Los filósofos cristianos son quienes, ante el abuso que muchos gobernantes no cristianos y cristianos hacían del llamado poder divino de los reyes, precisaron la doctrina del origen divino del gobierno y aclararon que si bien Dios es la causa primera de todas las cosas y del gobierno, el hombre es la causa próxima de los gobiernos. Su fin es humano y temporal. 5

Las teorías denominadas contractualistas afirman que el gobierno es consecuencia de un pacto voluntario entre los miembros de la sociedad. Entre los principales exponentes de esas teorías se encuentran Tomás Hobbes, con su obra El leviatán, partidario de un Estado fuerte para garantizar las libertades de sus miembros; Juan Jacobo Rosseau, con su Contrato social, y John Locke, quien en su Ensayo sobre el gobierno civil, afirma que el gobierno se justifica en cuanto a que protege los tres derechos naturales del hombre: la vida, la libertad y la propiedad.

John Locke es uno de los pensadores del cual se nutren los políticos de la época de la independencia de Estados Unidos.

Para Hegel el Estado es una comunidad de ideas superiores al individuo. El Estado es un fin y no un medio.

La teoría del Estado de Hegel influyó en la creación del nacionalismo del siglo XIX y en la ideología totalitaria nacional socialista y fascista. Hegel veía al Estado como el mayor ente de justicia y de valores.

La concepción del Estado de Hegel no es tomada por Marx ni Engels, pues para Marx el Estado es un instrumento de opresión.

La concepción marxista del Estado es comparable a la de los anarquistas Kropotkin y Bakunin, quienes pedían la desaparición del Estado, pues lo consideraban como un medio de explotación de unos seres humanos contra otros.

Para Marx y Engels el Estado o gobierno nace como consecuencia de la lucha de clases. El Estado se convierte en el instrumento de la clase más poderosa y económicamente dominante.

El Estado está ligado a la lucha de clases, por lo tanto, una vez suprimida la lucha de clases —dice Engels—, el Estado inevitablemente desaparecerá.

Lenin busca conciliar la tesis de Engels y Marx sobre la desaparición del Estado y la realidad en los países socialistas con la teoría de la dictadura del proletariado. Lenin trata de justificar la existencia del aparato gubernamental en los países que teóricamente han puesto en práctica las doctrinas marxistas.

Para el famoso jurista Kelsen, el Estado es el centralizador del orden legal que regula la conducta de los habitantes de un territorio. Identifica Estado y derecho.

Existen un sinnúmero de teorías, que van desde la divinización y completa subyugación de todos los miembros de la sociedad al Estado hasta las teorías que niegan la necesidad de la existencia del Estado o gobierno.

Nuestra tesis sobre el origen,

funciones y fines del gobierno

El gobierno es una institución social espontánea, es decir, producto de la necesidad de coordinar la convivencia humana. Pero no constituye una realidad existencial diferente al hombre, su naturaleza es accidental y derivada. Y la justificación de su existencia está en razón de los fines que desarrolla dentro de la sociedad.

En otras palabras, el gobierno no tiene una naturaleza ni existencia por sí mismo, y justifica su existencia en tanto que cumple con la finalidad para la cual nació.

La naturaleza del Estado es teleológica, dependiente de sus fines. Lo más importante para comprender, justificar y ubicar al gobierno dentro de la sociedad es definir claramente cuáles son sus fines.

El problema de los fines del Estado está íntimamente ligado a la principal tesis de este trabajo: los impuestos.

Sobre los fines del Estado, coincidimos en gran parte con las tesis de mi profesor González Uribe que, a la vez, se basan en Jacques Maritain y en las teorías aristotélicas tomistas sobre los fines del Estado.

El hecho de que el hombre necesite vivir en sociedad para realizarse como persona humana está fuera de toda discusión, pero el problema surge cuando se tratan de limitar los deberes del hombre hacia la sociedad y los del gobierno, como representante de la sociedad, para el hombre.

Con mucha frecuencia se inicia la discusión con un planteamiento equivocado del problema, haciéndose las preguntas ¿qué es más importante, los fines personales o los fines de la sociedad?, ¿qué está por arriba, el bien individual o el bien social?, ¿qué es más importante, la parte o el todo?

Esos planteamientos están equivocados y han traído como consecuencia posiciones que van desde un individualismo mal entendido hasta un colectivismo totalitario que aprisiona al hombre.

Dichos planteamientos equivocados sólo han servido para iniciar interminables discusiones que nunca nos llevan a ninguna parte. El origen de estas discusiones está en concebir a la sociedad y al gobierno como entes con fines diferentes u opuestos a la persona humana.

El gobierno tiene como finalidad facilitar a todas y cada una de las personas humanas la búsqueda de su bien individual tanto material como espiritual.

La creación de un ambiente en el cual cada uno de los miembros de la sociedad, como seres racionales, individuales y libres busquen sus propios fines, sin interponerse u obstaculizar los fines de los demás. Ésta es la finalidad, en términos generales y esenciales, del gobierno. A esto le han llamado los filósofos aristotélicos-tomistas el bien común, que lo define González Uribe como:

Un conjunto de condiciones materiales y espirituales para el pleno desarrollo de los seres humanos, se orienta finalmente al valor supremo de la vida social: el bien total de la persona humana. Éste es el valor más alto en la escala axiológica política, al cual todos los demás deben estar subordinados. El Estado, con todo lo que es, tiene y puede, ha de estar al servicio del hombre, considerado en todas sus dimensiones: como persona, dotada de una eminente dignidad ontológica y moral; como ser racional y libre, con un fin individual, propio o intransferible; como sujeto autónomo de derechos y obligaciones, capaz de decidir, por sí mismo y en última instancia, su propio destino. 6

En otro de sus libros, González Uribe, reafirma este concepto al decir:

Hay, pues, un orden esencial que está escrito en la naturaleza íntima del bien común. Un orden teleológico, que supone una jerarquía de fines y de valores. El aparato material del Estado está al servicio de los bienes y valores del bien común, y éste, a su vez, al del bien supremo de la persona humana. En ese orden fundamental de fines existenciales, el bien común tiende a realizar el orden de la sociedad en un doble plano: el de la libertad y el de la proporcionalidad.

Debe promover y garantizar, en efecto, la libertad del hombre, que es el don más precioso y sin el cual no puede alcanzar su finalidad propia de ente racional. Una libertad que tiene múltiples aspectos: libertad de conciencia, de pensamiento, de palabra, de educación, de formar o no una familia, de cambiar de domicilio o de nacionalidad, de industria y comercio, y tantos otros más. Si el hombre no es libre para alcanzar su fin supremo, de nada sirve el bien común. Más bien crea una cárcel —como en los países totalitarios— que un hogar para los individuos. 7

Los fines del gobierno, dice González Uribe, deben ser:

Crear, mantener y proteger la atmósfera propicia para que individuos y grupos se desarrollen plenamente. Pero no sustituir la iniciativa privada, ni aplastarla con una concurrencia desleal, ni hacerla desaparecer. Por eso el número de leyes, decretos, reglamentos y medidas de autoridad deben reducirse al mínimo necesario, y en cambio ampliarse, en la medida de lo posible, la esfera de la libertad. No es el mejor régimen social y político el que tiene el mayor número de normas jurídicas, ni el ejército más poderoso, ni la policía mejor armada y más eficaz, sino el que sabe prudentemente rebajar la medida del orden coactivo para que resplandezca más la libertad ciudadana.

Será siempre, en suma, el binomio orden y libertad, en su armónica conjugación, el que dé la clave de la justificación de un régimen. Orden para la libertad; libertad dentro del orden. 8

Los fines del Estado no pueden ser ni diferentes ni superiores a la persona humana, considerada íntegramente. Y cuando hay un conflicto es porque la persona humana está invadiendo los derechos de otra persona y, por lo tanto, se hace necesaria la intervención del gobierno, o cuando el gobierno en lugar de intervenir para garantizar el bien común utiliza el poder coactivo y la autoridad para beneficiar a aquellas personas que directa o indirectamente forman parte del gobierno.

La división de la persona

El error de muchos pensadores cristianos, y también parece ser el de González Uribe, consiste en dividir los fines del hombre en mundanos o temporales y espirituales o eternos.

González Uribe critica a Maritain por hacer una diferencia entre individuo y persona, pero él, como casi todos los escolásticos, hace una diferencia entre fines temporales y espirituales para subordinar en los primeros el hombre a la sociedad y en los segundos la sociedad al hombre:

Dice González Uribe:

Hay que distinguir dos planos de los fines existenciales del hombre: el plano de los fines temporales, inmanentes, intramundanos, y el plano de los fines espirituales, trascendentes, ultramundanos. En el primero, el hombre se subordina a la sociedad, como la parte al todo.

En cambio, en el segundo plano, el de los entes y valores espirituales, es la persona la que priva sobre la sociedad, porque su naturaleza y sus valores son superiores, y van más allá de la esfera inmanente de la vida intramundana… 9

Y se fundamenta para lo dicho en los textos de Santo Tomás de Aquino. Más adelante dice:

Esto quiere decir que en el ámbito de la vida social ordinaria, cuando están en juego las exigencias del bien común, el hombre debe subordinarse a la sociedad y cumplir sus obligaciones sociales, sean cuales fueren los sacrificios personales que esto le imponga. Debe pagar contribuciones, someterse a las leyes y reglamentos, participar en las funciones públicas, prestar el servicio militar obligatorio. E incluso permitir la expropiación de sus bienes por causa de utilidad pública y dar su misma vida en legítima defensa de su patria amenazada o lesionada. Sus intereses de tipo material —industriales, comerciales, financieros, de trabajo— han de someterse a las normas que el Estado, sin mengua de la libertad de iniciativa, y de empresa que el propio Estado debe reconocerle. 10

Esta cita nos hace ver cómo aun los más versados en la materia no señalan un límite claro en las funciones del Estado, lo que da lugar, como se desprende de esta última cita de González Uribe, a que se desborde y se abuse por parte del Estado ante una supuesta subordinación de la persona humana al bien común.

El error consiste en situar a los valores espirituales por encima del Estado y a los materiales por debajo. En la realidad social no se puede seccionar al hombre en dos dimensiones, una subordinada al gobierno y otra por encima de él. Los valores materiales y espirituales son expresión de una unidad indisoluble que se llama persona humana y que tanto para la consecución de los fines materiales como espirituales se sirve del Estado como instrumento, pero no puede ser utilizado ni ser instrumento al servicio del Estado, pues el Estado no tiene fines propios, ni el bien común es un fin en sí mismo.

Es un error hablar del Estado como un todo y del hombre como una parte. El hombre no es parte ni desde el punto de vista material ni espiritual del Estado o gobierno ni tampoco el gobierno o la sociedad es un todo, el mismo González Uribe se da cuenta de esa verdad y dice:

La sociedad no tiene ninguna realidad sustancial fuera de los individuos humanos… no es un unum per se. Su unidad es meramente de orden en vista de un fin, es una unidad teleológica.

La razón de ser de la sociedad son los hombres que la constituyen, su razón de existir son también los hombres, o sea, que existe para ellos. Es una prolongación de la personalidad humana, una especie de superestructura personal. Por lo tanto, la sociedad no es un fin en sí, sino algo supletorio y subsidiario, subordinado a la persona humana, que es su origen y fundamento. La sociedad sólo se comprende y se justifica en la medida en que sirve a la persona para que alcance su último fin…

La sociedad no puede tener, en sí misma, un fin distinto y contrario al de las personas que la constituyen, sino que su fin radica en el bien de esas mismas personas tomadas colectivamente, o sea, en el bien común. 11

Estamos de acuerdo en general con la filosofía denominada humanismo existencial trascendente del doctor González Uribe, ya que, como él dice, es la filosofía desde el hombre y para el hombre; sin embargo, vemos que su planteamiento de subordinación de fines materiales al bien común es una puerta abierta al colectivismo y transpersonalismo que él mismo condena.

La concreción del bien común

No somos partidarios de la tesis laissez-faire que sólo se ha dado en la mente de algunos pensadores y que el mismo Adam Smith reprobaría; pero creemos que precisamente la falta del establecimiento de límites concretos y temporales sobre las funciones del Estado ha sido la principal falla en el orden teórico, que ha dado lugar en el terreno de los hechos a que los gobiernos hayan ido en sus funciones más allá de las que requiere un bien común rectamente entendido.

Mucho hace el Estado con lograr un orden y seguridad en la sociedad, lo que en la realidad implica una intervención, no un Estado policía o del laissez-faire, sino un gobierno que a través de un orden jurídico cree, mediante intervenciones, las condiciones sociales que garanticen un clima de libertades económicas, políticas, culturales y espirituales que hagan que cada hombre, de acuerdo con su capacidad y su inteligencia, deseos y hasta caprichos, busque lo que él considera su fin último y su felicidad; para ello, el Estado debe cuidar que nadie sea forzado a efectuar actos en contra de su voluntad.

Cuando el Estado se atribuye funciones como la de trasmitir riqueza de unos a otros, crear una mayor riqueza o garantizar empleos, seguridad social y un mínimo de subsistencia, funciones que aunque teóricamente son loables, terminan causando más daño que beneficio. Además, descuida sus propios fines y se convierte poco a poco en un enorme aparato burocrático para cuya existencia necesita grandes cantidades de recursos que son sustraídos de los pobladores por medio de los impuestos y del proceso inflacionario. Y al final causa mayores desequilibrios sociales que aquellos beneficios teóricos que se había propuesto alcanzar.

Nuestra tesis se basa en que el Estado debe limitarse a mantener el orden, la justicia y la seguridad de un país. Todos los gobiernos que se han adjudicado otros fines, como los estados providencia o welfare state y los estados socialistas, acaban convirtiéndose en gobiernos despóticos que benefician exclusivamente a quienes gobiernan, más que coordinar la convivencia la obstaculizan, y terminan, paradójicamente, convirtiéndose, como dijo Marx, en explotadores de los gobernados.

Si no definimos, concretamos y limitamos los fines del Estado, no podremos concretar, definir y limitar los impuestos que un Estado puede exigir con justicia a los ciudadanos.

Notas:

1 Véase Johannes Messner, Ética social, política y económica a la luz del derecho natural, Madrid, Ediciones Rialp, 1967, pp. 16-27.

2 Antonio Caso, La persona humana y el Estado totalitario, México, UNAM, 1941, p. 187.

3 Véase Enciclopedia Internacional de las Ciencias Sociales, vol. x, Madrid, Aguilar, pp. 66 y 69.

4 Véase Adam Smith, La riqueza de las naciones, vol. III, (libro V), Barcelona, Bosch Casa Editorial, 1954, pp. 8-12.

5 Véase Héctor González Uribe, Teoría política, México, Porrúa, 1972, p. 445.

6 Op. cit., p. 508.

7 Héctor González Uribe, Hombre y sociedad, México, Jus, 1979, p. 147.

8 Op. cit., pp. 162-163.

9 Op. cit., p. 153.

10 Op. cit., p. 153.

11 Op. cit., pp. 142-144.

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EL ORIGEN DE LOS IMPUESTOS

El fenómeno impositivo está ligado íntimamente al fenómeno estatal, pues los impuestos son consecuencia de la existencia del aparato estatal entendido como gobierno.

La historia de los impuestos es la historia de los gobiernos. Los impuestos en un pueblo son un reflejo o consecuencia de las formas políticas que adopta.

Al analizar en la perspectiva histórica los impuestos, vemos que presentan las más variadas formas e intensidades por medio del proceso histórico. El pago de los mismos va a depender del tipo de gobierno.

En las sociedades más atrasadas, debido a la falta de división del trabajo y a la sencillez de la sociedad, los impuestos no aparecen como una institución claramente delineada en el marco social.

Al pasar el tiempo, debido al crecimiento de las sociedades y a la división del trabajo, un grupo de personas se convierte en el depositario de la justicia, el poder y en guardián del orden. Hacen de esas funciones su actividad principal y al dejar a un lado la producción de bienes y servicios para satisfacer sus necesidades se plantea el fenómeno de los impuestos.

Podemos afirmar, grosso modo, que aquellos miembros de la sociedad que por diversas circunstancias (los más viejos, los designados por la mayoría o por la fuerza) asumen el gobierno de la sociedad, pueden obtener medios de la sociedad para vivir mientras se dedican a impartir justicia, mantener el orden y dar protección a los otros miembros, de dos formas:

1. La fuerza o

2. La cooperación voluntaria.

Cuando un gobierno se apodera mediante la fuerza de bienes y servicios de otros miembros de la sociedad para su propio provecho, dichos bienes, ya sea en especie o en dinero, aunque lleven el nombre de impuestos, son estrictamente hablando un robo.

Del impuesto a las contribuciones

Los impuestos también son conocidos como tributos o contribuciones.

Las palabras impuesto y tributo llevan implícitas la característica de extracción de riqueza de un grupo de individuos a otros por medio de la violencia, la fuerza o la intimidación. Para suavizar esta característica, a partir de la Revolución francesa, cambiaron el término tributo por el de contribución con el objeto de que se entendiera la aportación a los gobiernos como algo voluntario.

En la mayor parte de las sociedades, desde las épocas más remotas, el grupo de individuos que ha detentado el poder no ha utilizado el camino de las contribuciones en el estricto sentido, sino más bien el del tributo y del impuesto; es decir, un grupo de individuos que detenta el poder mediante la fuerza, la violencia, la conquista, la guerra o la intimidación, se apodera de la riqueza producida por otros.

Cuando hablamos en el capítulo anterior sobre las finalidades del Estado, dijimos que éstas son la justificación de su existencia, y en tanto el Estado o gobierno garantiza un ambiente de orden, seguridad o dirima las controversias entre los miembros de la sociedad está justificada su existencia.

Desgraciadamente, parece que algunos anarquistas tenían razón al decir que el Estado era la expresión de la fuerza de un grupo humano sobre otro.

Sin coincidir totalmente con el planteamiento social de los llamados anarquistas, que piden la desaparición del Estado, vemos que desde las civilizaciones más remotas que se conocen, casi siempre el grupo de individuos que detenta el poder gubernamental no lo ha usado para mantener el orden, la paz y la seguridad, sino más bien para enriquecerse con el trabajo y el esfuerzo de los demás.

En algunas sociedades como la egipcia, que fue de las primeras civilizaciones en las que se empezó a dar un gobierno con todas sus características, vemos que los grupos que detentaron el poder (los faraones y sacerdotes) vivían lujosa y ostentosamente a costa del trabajo de los demás miembros del pueblo.

Egipto es un claro ejemplo de cómo la centralización y acaparamiento del poder sin límites por el grupo gobernante, más que revertirse en un bien para la población se traduce en beneficio de una minoría.

Las famosas pirámides de Egipto son un monumento universal y perenne para demostrarnos cómo el excesivo poder en manos de los gobernantes lleva a sacrificar la vida de miles de seres humanos y los recursos escasos de un país, simplemente para satisfacer el capricho de un gobernante que quería un monumento excepcional que sirviera de marco a su cuerpo inerte.

Dice el historiador Lionel Casson sobre los impuestos en Egipto:

Todo Egipto, como cualquier otro Estado centralizado, estaba sujeto a tributación. El agricultor pagaba por sus cosechas; el ganadero, por sus rebaños; el artesano, por sus obras; aun el pescador tenía que pagar por la pesca y el cazador por la caza. Los impuestos requieren asientos contables. Había que hacer estudios topográficos para clasificar las extensiones de tierra y su productividad, censos que abarcaran todos los hombres y sus animales, libros donde se registraran los pagos debidos y las constancias de haberlos hecho. Como no se había inventado aún el dinero, los impuestos se pagaban en productos y trabajo, lo cual complicaba muchísimo. 12

Desde Egipto, primer antecedente de las economías centralmente planificadas o socialistas, ya formar parte del gobierno era una de las mejores alternativas para vivir mejor, tener poder y trabajar poco.

Dice Lionel Casson al respecto:

La aspiración máxima del aristócrata egipcio en esta vida era ganar en estima ante el faraón y merecer los favores reales. La clase alta formaba una sociedad cerrada y poco numerosa; una casta hereditaria de sacerdotes, soldados y burócratas que recaudaban impuestos y vigilaban las obras públicas, impartían justicia y se encargaban del enorme papeleo propio de los gobiernos centralizados. Algún ciudadano común, aunque muy raro, podía ganarse la merced del faraón y subir hasta aquel círculo encantado. Un hombre de modesta cuna llegó a ser arquitecto real; otro, encargado del almacén del gobierno, fue después gobernador de medio Egipto. Sin embargo, la instrucción literaria, el nepotismo y los matrimonios entre los nobles eran fuertes barreras contra la movilidad social. Dentro de las clases altas, el cargo y las posesiones pertenecían al noble por gracia del faraón. Hasta los grandes señores trataban al monarca como a un dios. Los reyes, sin embargo, adoptaron a veces una visión más mundana de su propia categoría. El faraón Achthoes II comentaba fríamente: «La realeza es una buena profesión». 13

Los jeroglíficos o dibujos de la antigua civilización egipcia también son testimonios de los castigos para quienes no pagaban impuestos. En algunos de esos dibujos se muestran funcionarios que azotan a agricultores morosos por no pagar los impuestos en especie a tiempo.

En general, todo gobierno de los tiempos antiguos, tanto en Egipto como en la región de Mesopotamia, donde floreció siglos antes la cultura sumeria, que posteriormente se convertiría en el imperio babilónico, al igual que en Asiria y en el imperio persa, basaron la grandeza de sus cortes en parte en su riqueza personal pero en una mayor proporción en los tributos o botines sobre los pueblos vencidos y en los impuestos en especie o en servicios personales que tenían que prestar los miembros de la sociedad a la minoría gobernante.

Los impuestos en Egipto y Grecia

Aunque no es el objetivo de este trabajo hacer un análisis cronológico y exhaustivo de los impuestos a lo largo de la historia, sí es necesario citar algunas características de los sistemas impositivos tanto griego como romano, ya que en ellos encontramos ideas interesantes que directa o indirectamente han influido en los sistemas impositivos contemporáneos.

A principios de la civilización griega se consideraba como una ofensa el pago de impuestos de un ciudadano al gobierno.

Los gobernantes vivían en parte de su patrimonio privado. Los ciudadanos en un principio tenían únicamente la obligación de cumplir con el servicio militar. En esta forma el rey no tenía que erogar dinero para pagar un ejército.

Otra forma de allegarse recursos de los reyes eran las llamadas liturgias, que constituían verdaderas contribuciones voluntarias de los ciudadanos al gobierno.

Aunque se sabe poco de las liturgias o contribuciones voluntarias, fueron durante los primeros tiempos de la civilización griega una de las principales fuentes para construir barcos y edificios públicos, y también para pagar las festividades religiosas.

Dice Sáenz de Bujanda:

El sometimiento del ciudadano a las cargas fiscales no constituía en Grecia una relación de servidumbre, sino un auxilio al Estado en la prosecución del bien público. 14

En la mente de los ciudadanos griegos no se concebía que un hombre libre estuviera sujeto por la ley a un pago de impuesto en contra de su voluntad.

En otras palabras, para los griegos los impuestos personales directos iban en contra de la dignidad y de la libertad de los ciudadanos. Los únicos impuestos que aceptaron fueron algunos indirectos, como aduanales, de mercado y algunas tasas judiciales.

Desgraciadamente, esa época pasa en Grecia y surgen posteriormente los impuestos personales, pero no como una necesidad del bien común, sino más bien como un resultado de los conflictos bélicos que, con las excepciones de la legítima defensa, casi siempre son causados por algún grupo gobernante para satisfacer su ego, sus aspiraciones de grandeza y aumentar su poder sobre otros individuos o pueblos.

La guerra

Los impuestos para la guerra, que en un principio eran extraordinarios y temporales, se fueron convirtiendo en ordinarios y permanentes.

Sáenz de Bujanda dice sobre la guerra como fuente de impuesto:

[…] cada conflicto bélico ha abierto los ojos de los gobernantes sobre fuentes inéditas de tributación y ha obligado a perfeccionar los métodos aplicativos de las figuras fiscales preexistentes. 15

Los grandes ejércitos formados para conquistar otros pueblos o la construcción de enormes monumentos públicos para dar satisfacción al afán de grandeza de los gobernantes, han sido la causa de la creación de nuevos y más fuertes impuestos que como corolario han tenido la destrucción de las civilizaciones y de la grandeza espiritual de los pueblos.

En los mejores tiempos de Grecia, los impuestos en su mayoría eran voluntarios y temporales, mientras que en la decadencia se caracterizaron por ser impuestos directos en contra de los ciudadanos que destruyeron su amor y su preocupación hacia la ciudad.

Dice Sáenz de Bujanda:

La decadencia griega coincidió justamente con el esplendor del efímero imperio macedónico, obra de Alejandro. Su gigantesca empresa bélica, animada por una ambición política —la fusión de los pueblos griegos y asiáticos— bajo la dominación macedónica no se alimentó siempre de los recursos financieros habituales. 16

Y aunque gran parte de la campaña de Alejandro fue financiada por los enormes tesoros arrebatados a los persas, otra parte importante provino de fuentes impositivas internas. Para mantener el gran aparato estatal se aumentó la presión tributaria que fue, como ya dijimos, causa importante de la desintegración de la civilización griega.

Los impuestos en Roma

Al principio de la civilización romana, como en Grecia, los impuestos directos a los ciudadanos eran considerados humillantes e indignos, sólo en casos de emergencia se acudía a la imposición directa.

Entre las cargas que tenían los ciudadanos romanos en un principio eran el servicio militar y la contribución con su trabajo a la construcción de edificios públicos.

Dice el historiador Mommsen:

No existían impuestos directos, puesto que no había presupuestos de gastos. No eran necesarios, por otra parte, para satisfacer las cargas públicas, pues el Estado no pagaba ni el ejército, ni las prestaciones ni los servicios públicos en general. 17

Pero conforme fue aumentando el aparato estatal en Roma fueron siendo necesarios más impuestos. Estos impuestos se procuraba que recayeran en los habitantes de las provincias y no en los romanos.

Durante la república se hizo famosa en Roma la función de los publicanos, personajes con quienes el gobierno celebraba contratos para que en su nombre cobraran los impuestos:

Constituye el ejemplo histórico más considerable de un Estado que pone en modo permanente a cargo de las poblaciones sometidas al peso de sus gastos con el fin de no gravar a sus ciudadanos o de reducir todo lo posible sus deberes fiscales. Los últimos césares comprendieron, demasiado tarde sin duda, que esa política tributaria, unida al despilfarro de los gastos, llevaba al imperio a la ruina, e intentaron remediarlo con reformas fiscales, como las de Caracalla y Dioclesiano, inspiradas en principios impositivos de signo diferente a los que habían imperado desde los primeros tiempos de la República. Pero esas reformas se acometieron en vísperas de un cambio político fundamental: cuando Roma iba a convertirse de pueblo conquistador en Estado vencido. 18

En Roma se contemplaron el equivalente a todos los impuestos modernos: sobre cosas y personas, derecho de licencias y marcas, derecho de puertas, artículos que salían o entraban a una población, derecho de consumo, al comprar, etcétera…

Pero, más que hacer un análisis de los diversos tipos de impuestos en Roma, nos interesa puntualizar cómo uno de los factores determinantes en la decadencia del imperio romano fue la excesiva carga tributaria debida a los enormes gastos injustificados de los gobiernos.

Dice el historiador Gerald Simons al respecto:

Los impuestos, por otra parte, eran agobiadores, y en ocasiones se llevaban más que efectivo y ganado. El agricultor podía verse obligado a pagar un precio terrible en su libertad personal. Incapaz a menudo de pagar los impuestos sobre sus tierras, eludía los castigos rigurosos, otorgaba en traspaso sus hectáreas a un gran terrateniente y trabajaba para él como arrendatario. Otros huían de sus hogares para vivir bajo la autoridad de los reyes bárbaros o unirse a grupos errantes de salteadores. Incluso los recaudadores de impuestos (a los que el historiador romano Salvio describió como «más terribles que el enemigo») fueron víctimas del sistema. La ley les exigía que entregaran una suma fija de ingresos; si no llegaban a ella debían completarla con dinero de su bolsillo. No podían abandonar sus empleos porque por ley eran servidores hereditarios del Estado. Algunos, llevados a extremos de desesperación, se convertían en funcionarios codiciosos de una burocracia tan enorme y corrompida que indujo a un romano a decir: «Los que viven a expensas de los fondos públicos son más numerosos que los que proveen».

Era evidente que el Occidente romano estaba fracasando en el aspecto mismo al que había hecho su aportación más noble el gobierno. El Estado romano y sus órganos administrativos habían dejado de servir para su propósito esencial, el mantenimiento del orden y de la justicia. Independientemente de si dicho Estado valía o no la pena de salvarse, el pueblo romano había perdido el instinto de lucha por él. 19

Otro historiador, Moses Hadas, comenta sobre el exceso de impuestos en la Roma imperial:

La parte occidental del imperio había sido exprimida casi por completo: un escritor gálico protestaba a Constantino diciendo que las valoraciones para impuestos «nos habían quitado nuestra misma vida». La antes gran ciudad de Roma no era ahora más que un símbolo, y su decadencia fue acelerada en 325 cuando Constantino decidió construir una nueva capital imperial en Oriente. Amiano, el último gran historiador romano, describe el imperio de Occidente como un país castigado por «la carga de los tributos y los repetidos aumentos de impuestos… aplastado por la severidad de los apremiantes recaudadores». 20

Es decir, como en Grecia, la excesiva presión tributaria producto de los desenfrenados gastos de los gobernantes, fue una de las principales causas de la decadencia del imperio romano. La decadencia del imperio bizantino también tuvo causas parecidas. Al respecto dice el historiador Philip Sherrard:

Durante siglos los granjeros fueron el principal sostén del imperio bizantino y lo son aún de las economías locales de los pueblos. Antiguamente las cosechas y el ganado que producían no solamente alimentaban a sus propias familias sino que también servían para la aristocracia y los cientos de establecimientos monásticos. Los fuertes impuestos que pagaban financiaban los grandes ejércitos permanentes que guardaban las fronteras de Bizancio y mantenían el despilfarro que representaba sostener la brillante y vana corte del emperador. 21

La enseñanza de lo sucedido, tanto en Grecia como en Roma, nos dice que cuando el aparato burocrático crece demasiado, el gobierno deja de ser un protector de los súbditos y se convierte en su principal explotador, lo que inevitablemente trae como consecuencia la destrucción de esa civilización, tal como pasó en Egipto, Grecia y Roma.

La Edad Media

Al desintegrarse el imperio romano surge lo que históricamente se conoce como Edad Media y se extiende del siglo V al XV.

Las relaciones económicas durante ese periodo se dan básicamente por medio de los feudos. Los feudos nacen en un principio como convenios voluntarios de protección entre campesinos y grandes terratenientes; pero al pasar los años, dichos convenios se vuelven obligatorios para los descendientes de los campesinos. Las obligaciones hacia los grandes terratenientes o señores feudales se crean por encima de la voluntad de los llamados vasallos. A su vez, muchos señores feudales efectúan convenios de vasallaje con otros más poderosos y entre esas obligaciones, además de la ayuda mutua, se establecen varios tipos de impuestos en dinero, especie y servicios.

Si bien durante la Edad Media existen impuestos, como los peajes o derechos de paso, no es sino hasta finales de ese periodo y con el nacimiento de las grandes monarquías cuando los impuestos empiezan a causar malestar y problemas sociales.

Una de las características del pago de los impuestos en la Edad Media fue la falta de generalidad de los mismos, ya que en muchas partes la Iglesia y los nobles estaban exentos de pagarlos.

Con el advenimiento de las grandes monarquías, tanto en Inglaterra como en Francia y España, se hizo necesario aumentar los impuestos para pagar los gastos de la corte y los grandes lujos en que vivían los reyes, al igual que sus aventuras bélicas. Y vemos que durante esa época, como en casi todas, los gastos excesivos de las cortes, que obligan al aumento de impuestos, provocaron gran parte de los conflictos sociales de la época.

Las protestas contra las monarquías absolutistas y sus abusos, como fue el caso de la Carta Magna arrancada a Juan Sin Tierra por un grupo noble, tuvieron su origen en el descontento por los impuestos que en especie y servicio exigían los reyes a los nobles y a las clases humildes.

Una de las causas de la Revolución francesa fueron las elevadas tasas impositivas.

Las enseñanzas de la historia

Las enseñanzas que nos brinda la historia en relación a los impuestos son:

1. En muchas épocas, los impuestos, como en el caso de Grecia y Roma, se consideraban como algo indigno y en contra de la libertad de los ciudadanos.

2. El crecimiento excesivo del aparato burocrático ha llevado necesariamente al aumento de los impuestos para costear principalmente la pompa, viajes y gastos superfluos de los gobernantes.

3. Muchos pueblos, como el azteca en México, vivieron de los tributos o impuestos que hacían pagar a los pueblos conquistados.

4. La decadencia de las grandes civilizaciones e imperios, como fue el caso de la griega y la romana, coincidieron con los altos impuestos.

5. Muchas de las rebeliones, sublevaciones y revoluciones fueron motivadas por el descontento producido por el pago de altos impuestos.

6. Los impuestos en la mayor parte de las sociedades han descansado en la fuerza de quienes ejercen el poder y no en la voluntad de quienes los pagan.

Esta panorámica histórica de los impuestos nos ayuda a entrar al análisis del fenómeno impositivo en la edad contemporánea y también a establecer en una forma más clara y objetiva los límites de los impuestos; los cuales, como ya habíamos expresado, están íntimamente ligados al papel que le adjudiquemos al gobierno en la sociedad y al valor que le demos al aparato llamado gobierno o autoridad ante el valor de la persona humana.

Notas:

12 Lionel Casson, Egipto antiguo, Estados Unidos, Time-Life International, 1965, p. 99.

13 Op. cit., p. 103.

14 Fernando Sáenz de Bujanda, Hacienda y derecho, Madrid, Instituto de Estudios Políticos, tomo I, 1975, p. 139.

15 Op. cit., p. 142.

16 Op. cit., p. 146.

17 Theodor Mommsen, Historia de Roma, tomo I, Madrid, Aguilar, 5ª edición, 1960, p. 111.

18 Op. cit., pp. 153-154.

19 Gerald Simons, Orígenes de Europa, Estados Unidos, Time-Life International, 1968, p. 20.

20 Moses Hadas, La Roma imperial, Estados Unidos, Time-Life International, 1965, p. 146.

21 Philip Sherrard, Bizancio, Estados Unidos, Time-Life International, 1966, p. 123.

3

LA NATURALEZA DE LOS IMPUESTOS

Los impuestos o tributos durante mucho tiempo fueron una situación de hecho sin más explicación que la fuerza o la divinidad de los gobiernos que los cobraban, pero conforme fueron aumentando, se empezaron a esbozar diferentes teorías que trataron de analizar su naturaleza y función en la sociedad.

En general hay tres corrientes que tratan de explicar la naturaleza de los impuestos: las económicas, las sociológicas y las políticas.

Las teorías económicas tienen como común denominador el identificar al impuesto con un fenómeno económico que se manifiesta en el pago de un precio por parte de los particulares en espera de una prestación del Estado.

Esta teoría fue esgrimida por los sofistas en la época griega y posteriormente formulada por Montesquieu.

De esa teoría parten algunos tratadistas como Deviti de Marco para afirmar que el impuesto «es el precio que todo ciudadano paga al Estado para cubrir toda aquella parte del costo de los servicios públicos generales de que él se beneficia». 22

Al asimilar los impuestos a un precio y a un intercambio, muchos autores afirman que dada la posición monopólica del Estado, el servicio prestado por esta institución siempre tiende a ser de mala calidad y el precio muy alto.

La principal crítica a quienes pretenden limitar el fenómeno impositivo al campo económico es que una de las características de los servicios del Estado consiste en la imposibilidad de evaluar el beneficio económico que cada ciudadano recibe de los mismos.

Es cierto que los impuestos constituyen un fenómeno económico, pero rebasan el campo de la economía y entran al campo de la sociología y la política.

Sin caer tampoco en el error de quienes consideran al impuesto un fenómeno político, nosotros afirmamos que es un fenómeno que abarca los campos de la economía, la política, lo jurídico, lo cultural y hasta lo religioso y, por lo tanto, viene a ser un fenómeno que tiene que ser visto integralmente desde el punto de vista social o sociológico.

Antes de esbozar nuestra teoría, cabe hacer alguna alusión a las teorías de la soberanía y de la ley, que de hecho son en las que más apoyan el cobro de impuestos los gobiernos.

Algunos autores afirman que el impuesto nace como un acto de soberanía por parte del Estado. La teoría de la soberanía viene a ser una versión moderna de la teoría de la divinidad de los reyes, mediante la cual se pretendía justificar todo acuerdo del rey con base en su origen divino; desobedecerlo no era tan sólo violar la ley, sino también desobedecer a Dios.

La teoría de la soberanía pretende simplemente afirmar que el tributo nace como un acto soberano del Estado sobre los ciudadanos.

En el fondo el sustento de la teoría de la soberanía es el poder soberano o la fuerza que el Estado ejerce.

La ley

Para otros, lo que justifica al tributo es la ley, es decir, el impuesto emana de una ley y en tanto que es ley hay que pagarlo.

El pensamiento positivista no se preocupa del porqué de la ley o si la ley es justa, simplemente es ley, y ese mismo hecho confirma su naturaleza y fundamenta su cumplimiento.

Esa explicación formalista, que sólo satisface a los partidarios de las teorías kelsenianas y positivistas, no constituye, a nuestra forma de ver, una justificación de los impuestos; sin embargo, tanto la teoría de la soberanía como la de la ley son las más invocadas en casi todos los países para justificar nuevos y mayores impuestos y son también las que se oponen a quienes se niegan a pagar algún impuesto.

La teoría teleológica

La teleología se ocupa de las causas finales de las cosas. Y, según nosotros, los impuestos, como el Estado, se justifican únicamente en tanto que cumplen con su finalidad.

La naturaleza y justificación de los impuestos está íntimamente relacionada con la naturaleza y justificación del Estado.

No podemos explicar la naturaleza de los impuestos sin ligarla y justificarla por medio de la naturaleza y fines del Estado.

Independientemente que de manera formal definamos lo que es un impuesto, éste deja de serlo y se convierte llanamente en un robo cuando no es utilizado para los fines propios del Estado.

La naturaleza del impuesto está condicionada y ligada a sus fines. Tratar de llamar impuesto a la extracción que hace el Estado, independientemente de los fines para los que la utilice, es simplemente darle otro nombre a lo que comúnmente conocemos como robo.

Si justificamos al Estado en tanto que cumpla con el llamado bien común y lo condenamos cuando efectúa actos diferentes o en contra de ese bien común, también tenemos que condenar los impuestos en tanto no se apliquen para alcanzar el bien común.

La única diferencia entre el robo (apoderamiento indebido de un bien ajeno) y los impuestos no destinados al bien común, es que en el robo la ley castiga y persigue al autor y en el caso de los impuestos lo legitima. En el primer caso la ley protege a la víctima y en el segundo al ladrón.

Santo Tomás claramente afirmó que el impuesto no utilizado para lograr el bien común es injusto y comparable al robo.

Dice en la Suma Teológica:

Si los príncipes exigen a los súbditos lo que conforme a justicia se les debe para la conservación del bien común, no cometen rapiña aunque empleen la violencia, Pero, si indebidamente les arrancan algo por la fuerza, incurren en rapiña y también en latrocinio. Por esto exclama San Agustín: «Sin la justicia, ¿qué son los reinados sino grandes latrocinios? ¿Y qué son los grandes latrocinios sino pequeños reinados?». Y el profeta Ezequiel escribe: «Sus príncipes están en medio de ella como lobos que arrebatan la presa». Por consiguiente, están obligados a la restitución lo mismo que los ladrones; y pecan tanto más gravemente que los ladrones, cuanto más peligrosos son sus actos y más quebrantan la justicia pública, de la que han sido constituidos guardianes». 23

La justificación del tributo se encuentra en su absoluta necesidad para el bien común.

Sobre la desobediencia a leyes o tributos injustos dice Santo Tomás:

El hombre debe obedecer al poder secular en tanto lo exija el orden de la justicia. Por consiguiente, los súbditos pueden desobedecer cuando el poder es ilegítimo o manda cosas injustas, exceptuando algunos casos para evitar el escándalo o algún mal mayor. 24

Ezio Vanoni, uno de los grandes tratadistas italianos, considerado clásico del pensamiento financiero, dice al respecto:

El deber del Estado de emplear el producto de los tributos en servicios públicos es un deber hacia sí mismo, mientras que, por otra parte, es impensable un tributo que no se destine a fines públicos. En realidad, la identidad entre el interés del Estado e interés general determina también los límites de la actividad financiera del Estado. Los sacrificios que el Estado pide al particular deben solicitarse en nombre del interés general: es inconcebible un tributo cuyo producto no se destine a fines públicos, constituyendo una contradicción en sus mismos términos. Como ya enseñaba Romagnosi, repitiendo un precepto sobre el que habían insistido los tomistas, el sacrificio que se pide al individuo debe basarse sobre una verdadera necesidad del Estado y debe imponerse dentro de los límites de tal necesidad.

Y concluye:

Una carga impuesta a los ciudadanos por cualquier abuso de la fuerza pública y que no sirva a fines de pública utilidad, sino que se diluya en ventaja de ciertos individuos, será indemnización, confiscación o despojo, pero nunca tributo. 25

La confusión de los fines

Aun entre los que aceptan la teoría teleológica y del bien común, el problema surge al tratar de concretizar cuáles deben ser las funciones del Estado para cumplir con sus fines, ya que bajo los nombres de bien común, justicia social, redistribución de la riqueza y creación de empleos, se pretenden legitimar una amplia gama de funciones del Estado y los necesarios impuestos para cumplirlas.

El siguiente punto obligado a tratar es la concreción de las funciones del Estado para lograr sus fines y las diferentes teorías al respecto.

En los estados absolutistas y socialistas, el gobierno es no tan sólo quien dirige sino quien posee la propiedad de la mayor parte de bienes y, por lo tanto, el fenómeno impositivo carece de relevancia o es meramente una fórmula, pues al estar las principales unidades económicas en manos del Estado y ser el único patrón es de hecho el dueño de la riqueza producida.

En ese tipo de Estado, como en la Edad Media, se da el llamado Estado patrimonial, donde como todo pertenece al gobernante, la principal fuente de riqueza está en sus propios bienes.

La universalidad de los fines

Hay quienes afirman que los sistemas ideales para los países en desarrollo no lo son para aquellos que viven en el subdesarrollo y que los sistemas sociales solamente son válidos en determinado tiempo y lugar.

Si partimos de que un sistema político y económico va a servir de marco social a un ser que esencialmente es el mismo en todo tiempo y lugar, dicho sistema tiene por tanto que partir de ciertas premisas marcadas por la naturaleza universal y esencial del ser a quien va a servir de marco: la persona humana.

En otras palabras, no aceptamos la posición de que los fines del Estado van a depender básicamente de las circunstancias y que son dichas circunstancias las que hacen que los fines del Estado se expandan o se constriñan.

Los fines del Estado son esencialmente los mismos en todo tiempo y lugar, ya que la naturaleza individual, racional, libre y social del hombre no varía con el tiempo ni con las circunstancias geográficas, climatológicas, de desarrollo o subdesarrollo.

Si despojamos de toda la palabrería semántica y diferencias accidentales a los diversos sistemas económicos y políticos que presentan los gobiernos como alternativas para organizar la vida social, tenemos que los podemos reducir a dos:

1. Quienes utilizan la posición de monopolio de fuerza del gobierno para lograr riquezas materiales, poder y reconocimiento por parte de quienes tienen que obedecer a los que les gobiernan, y

2. aquellos que utilizan el monopolio de la fuerza y la facultad de establecer reglas de convivencia social para lograr una convivencia pacífica, armónica y que garantice las libres decisiones de los miembros de la sociedad.

La función de un gobierno es crear las condiciones y el ambiente para que el hombre desarrolle tanto sus potencialidades materiales como espirituales, pero muchas veces, quizás en algunas ocasiones de buena fe, los gobernantes toman decisiones que corresponden a los gobernados y buscan suplir deficiencias, consecuencias de la diversidad accidental entre los hombres, que hacen que todos, aunque esencialmente iguales, seamos diferentes en nuestro actuar social.

El gran error de muchos políticos, sociólogos y gobernantes es atribuir al gobierno o Estado, en sentido estricto, poderes por encima de los que en realidad puede tener.

También es un error pensar que por medio de acciones directas del gobierno y leyes, se puede terminar con la desigualdad y la miseria en una sociedad.

El atribuir poderes mágicos al Estado lo designa el filósofo Ernest Cassirer como «los mitos políticos modernos». 26

El crecimiento del Estado

Marx partió de la premisa de que el Estado era un instrumento de explotación y servía a los intereses de una clase social para explotar a otra. La implantación del comunismo —dice Marx— llevará a la desaparición del Estado.

Sin embargo, en los países que dicen seguir las teorías marxistas y se nombran comunistas es donde el Estado ha crecido en proporciones quizá no comparables con ninguna otra época histórica.

Otras teorías pretenden que el Estado solucione directamente las carencias económicas. Pero la realidad nos muestra que la única consecuencia de atribuir más fines al Estado, como es el caso de los llamados estados del bienestar o welfare state, ha sido la creación de una enorme burocracia y de un sector parasitario de la sociedad que vive a expensas de los demás. El costo social de atribuir fines de nivelación y desarrollo económico al Estado han sido los procesos inflacionarios, que terminan causando más desigualdades y presiones sociales que aquellas que se trataron de solucionar mediante la mayor participación del Estado en la vida social. (Véase capítulo 4).

Nuestra tesis sobre la función del Estado

Del anarquismo al totalitarismo encontramos una serie de posiciones intermedias de los fines que debería cumplir un Estado en la sociedad.

Nuestra tesis quizá coincida en algo con las propuestas por Adam Smith, John Locke, la escuela llamada liberal y también se identifique en algunos aspectos con el pensamiento aristotélico tomista. Pero nuestro objetivo no es calcar ninguna de esas teorías, sino señalar los fines del Estado con base en la naturaleza perenne, esencial e inmutable del ser humano.

Con base en la natural tendencia de la persona humana a vivir en sociedad para desarrollarse como tal, nace la necesidad de organizar esa convivencia.

La principal función del gobierno como institución social espontánea o producto de la necesidad de convivencia entre los hombres, es la de dirimir las controversias que surgen entre quienes viven en sociedad, para evitar que mediante la violencia cada miembro reivindique sus derechos que a su juicio han sido violados por otros.

Los primeros gobiernos, como fue el caso de Israel, fueron de jueces. 27 Junto con la función de jueces o de impartir justicia nace la necesidad de ejercer una fuerza para hacer cumplir las decisiones de los jueces, pero dicha fuerza es para garantizar y proteger los tres derechos fundamentales de la persona humana: la vida, la propiedad y la libertad. Estos tres derechos están íntimamente relacionados, pues sin libertad no puede haber propiedad y sin propiedad el ser humano no puede realizarse integralmente como persona humana. Sin propiedad y libertad el hombre queda reducido a la esclavitud.

Un gobierno que garantiza la impartición de justicia y los derechos fundamentales del hombre cumple en su totalidad con lo que nosotros llamamos bien común. Y todo aquello que pretenda hacer más allá de estas funciones, queda fuera del bien común.

Hay quienes menospreciando o ignorando la complejidad y dificultad de esas funciones, hablan despectivamente de que caeríamos en un Estado policía o en un laissez-faire (dejar hacer).

¡Cuánta ignorancia hay sobre la impartición de justicia y la dificultad de mantener la paz entre quienes se atreven a hacer tales afirmaciones!

Esos críticos olvidan que los lugares donde se ha dado un mayor progreso económico y social no es en aquellos países donde el Estado ha tomado a su cargo directamente la mayor parte de las actividades económicas y sociales, sino en los que se ha limitado a garantizar la paz y la justicia para que los miembros de la sociedad sean los que creen el bienestar y el progreso.

Para garantizar la vida, la propiedad y la libertad de los miembros de una sociedad se necesita un Estado fuerte y que intervenga, pero que intervenga únicamente para hacer justicia y garantizar la paz.

El papel del gobierno es comparable al de un árbitro en un partido de futbol. Los partidarios de laissez-faire limitarían al árbitro a estar en una esquina sin intervenir, dejando que cada uno de los miembros de los equipos hicieran lo que quisieran, pero nosotros pensamos que el gobierno, como el árbitro en un partido de futbol, debe impedir que uno empuje a otro, le dé patadas y en general utilice la violencia para meter goles. El gobierno, como el árbitro, debe cuidar que los participantes obren conforme a las reglas establecidas.

¿Es importante el papel de un árbitro en un partido de futbol? ¿Qué pasaría si el árbitro empieza a favorecer a uno de los equipos porque va perdiendo? Si en aras de igualar el marcador comienza a meter goles hacia un lado. Automáticamente dejaría de ser el árbitro y provocaría el caos y la confusión.

Esto mismo pasa cuando el Estado, pretendiendo resolver algunas carencias económicas, abandona su papel de árbitro y se convierte en productor o comerciante. A la larga provoca un caos mayor y no resuelve los problemas que originalmente lo llevaron a asumir tales funciones y termina descuidando su papel de árbitro, y viola el principio de justicia elemental que afirma: «No se puede ser juez y parte a la vez».

En principio, los impuestos se justifican cuando van a ser utilizados por el gobierno para impartir justicia y garantizar los derechos fundamentales de los miembros de la sociedad: la vida, la propiedad y la libertad.

El mito de las necesidades colectivas

Para muchos tratadistas, como Federico Flora, el gasto público se justifica en tanto va a satisfacer una necesidad colectiva que se caracteriza por a) «ser sentidas por la totalidad o la mayoría de los consociados» y b) inasequible a la industria privada o asequible solamente con un dispendio de fuerzas económicas superiores al gasto o dispendio del Estado y como ejemplo da Flora la defensa y administración de justicia.

Sobre esas necesidades dice Flora:

Las necesidades colectivas, históricamente variables no vienen ni predeterminadas por la ciencia ni discutidas, sino simplemente tomadas como premisas de la actividad financiera ó de su extensión, á la manera que la Economía no determina si la necesidad es moral ó inmoral, higiénica ó nociva, sino que lo asume como génesis de la actividad económica. 28

Como vemos, el término necesidades colectivas da lugar a imprecisiones, y la causa es que no existen necesidades colectivas o públicas.

El único ser que en último término es sujeto de necesidades es la persona humana. Lo correcto es señalar que por medio del gobierno se satisfacen en mejor forma una serie de necesidades individuales, comunes a todos los miembros de la sociedad. Las necesidades individuales comunes a todos los miembros de la sociedad no están determinadas por una asamblea mayoritaria ni son históricamente variables o quedan al juicio del gobernante, sino que se desprenden de la naturaleza del ser humano.

Estas necesidades se limitan a que todos los seres humanos necesitan un ambiente de paz para desarrollarse como tales y, dada la tendencia propia de su naturaleza a ejercer violencia y a suscitar controversias, se hace necesario alguien que las dirima. Las únicas necesidades comunes a todos los miembros de la sociedad son la impartición de justicia, la defensa de la vida, la propiedad y la libertad.

Las necesidades comunes

La característica del impuesto es que, además de ser una extracción de la riqueza personal por parte del Estado, no existe una contraprestación cuantificable o divisible en relación con el impuesto pagado; pero hay otro tipo de servicios, como la construcción de calles, carreteras o puertos que, en determinado momento, los miembros de una sociedad juzguen conveniente que estén a cargo del Estado.

En ese caso, aunque puede haber una mayoría interesada en la construcción de una carretera o un puerto, no son todos los miembros de la sociedad los que se van a beneficiar, y tampoco se justifica que con la excusa de la construcción de alguna carretera, escuela o puerto se establezca un impuesto de tipo permanente a toda la comunidad.

En esos casos se debe cuantificar el costo de la obra a realizar por el Estado y buscar el mecanismo mediante el cual costeen dicha obra aquellos que directa, indirecta y proporcionalmente se van a beneficiar de esa construcción.

En algunos casos, como en el de las carreteras, a través del pago de un peaje se pueden cubrir los costos. En otros, como los puertos y aeropuertos, deben ser los importadores, exportadores o viajeros, quienes deben pagar su costo a través de un precio por su uso.

La realidad es que modernamente el Estado trata de reunir por medio de cuotas el costo de muchas de las obras que realiza. Por ejemplo, en México se cobra una cuota por circular en algunas supercarreteras y una cuota por el derecho de uso del aeropuerto.

Sin embargo, conjuntamente a esos ingresos del Estado, se aumentan los impuestos generales poniendo como excusa la construcción de obras de infraestructura.

Sostenemos que si hacemos a un lado la impartición de justicia y la defensa de la paz, cualquier obra o función que emprenda el Estado no debe ser amparada ni costeada por los impuestos de tipo general sino por ingresos provenientes de quienes se beneficien por dicha obra.

De hecho, muchos gobiernos, como es el caso en México, piden «cooperaciones» a los vecinos para pavimentar la calle, dotarla de alumbrado, vigilar el barrio o efectuar cualquier mejora.

Las obras llamadas de infraestructura o de servicios públicos no deben alimentarse de los impuestos generales sino de ingresos lo más directamente relacionados con los usuarios de esos servicios.

Toda otra función que se adjudique el Estado, aun aquellas que según la opinión de la mayoría no pueden ser cumplidas más que a través del gobierno: construcción de calles, puertos, carreteras, etcétera, no forman parte, estrictamente hablando, del bien común.

En el caso de las llamadas obras y servicios públicos, dado el carácter aleatorio y cambiante de cada uno de esos servicios, sostenemos que cada comunidad debe decidir en el preciso momento y en una forma transitoria las cantidades destinadas para la construcción o mantenimiento de las obras que se consideran de interés común para dicha colectividad. Y más que un impuesto de tipo general se debe buscar, ahí sí, basados en la teoría del cambio, que la obra sea costeada por aquellos que se van a beneficiar con ella.

Son muchos los ejemplos en diversas partes del mundo donde han sido los mismos particulares quienes han construido presas, puentes, carreteras, puertos y en muchas ocasiones en forma más eficiente y de mejor calidad que las construidas por los gobiernos.

Los gobiernos deben, en su caso, coordinar, facilitar y, en último término, guiar la construcción de obras de infraestructura, pero sin que la construcción de esas obras sirva como excusa para implantar impuestos permanentes.

Y lo mismo decimos de la educación. En ese sector, en los países donde han sido los particulares los que se han dedicado a prestar el servicio educativo es donde en mayor proporción han resuelto dicho problema, y hay educación para un mayor número y de mejor calidad, como fue el caso de Estados Unidos a principios del siglo XX.

El grave error de los gobiernos de muchos países es que han educado a los pueblos bajo la creencia de que muchas mejoras y servicios los deben esperar «gratuitamente» del gobierno, y hacen olvidar a los miembros de la comunidad que todo lo que les da el gobierno, previamente se los ha quitado. No hay nada gratis, y existen formas alternativas para crear muchas de las obras sin que el gobierno las haga directamente.

Hay quienes piensan que si el gobierno no construyera universidades u hospitales, nadie lo haría: las mejores universidades y hospitales del mundo son particulares.

La existencia de un gobierno es indispensable para el funcionamiento de la sociedad, pero sostenemos que el grave peligro en una sociedad y obstáculo para el desarrollo, han sido precisamente las políticas económicas y sociales puestas en práctica por muchos gobiernos.

El Estado monopolista

El gobierno, más que un ser, es un conjunto de funciones ejercidas por un grupo de personas por motivos circunstanciales.

Esas funciones, que implican una concentración de autoridad y de fuerza, son necesarias en tanto que permiten y facilitan la convivencia social bajo un clima de orden y armonía que la escuela aristotélica tomista ha denominado «bien común».

Desgraciadamente, como la historia lo demuestra, ese conjunto de personas con frecuencia aprovechan las circunstancias de ser depositarias de una autoridad sobre los demás miembros de la sociedad para obtener privilegios, riquezas y poder.

A este fenómeno le han llamado diversos autores el «Estado monopolista», del cual, dice Fasiani:

[…] la clase gobernante gobierna en el propio y exclusivo interés, sin preocuparse ni de las necesidades ni de los intereses de los dominados.

Estas necesidades e intereses son tomados en consideración sólo en cuanto sean necesarios para conservar el poder y para conseguir los propios fines, y son satisfechos sólo en la medida a ello necesario. 29

Cuando no había leyes ni autoridad que mantuviera el orden, el robo, la rapiña y la violencia no tenían más límites que la resistencia o la fuerza que oponían las víctimas a esos actos.

El gobierno teóricamente tiene como finalidad reprimir los actos de violencia y robos que se den en una sociedad. Sin embargo, dice Fasiani, esa autoridad que se supone va a reprimir la violencia y la rapiña se convierte muchas veces en el principal grupo que bajo la justificación de necesidades públicas y en nombre de la ley extrae riqueza del pueblo gobernado para beneficio de la clase gobernante:

A la rapiña y a la expoliación violenta sustituye el parasitismo legal, más o menos pacífico o más o menos larvado. Y el fenómeno financiero viene a ser óptimo instrumento de disfrute.

Declarar públicas cuantas más se puedan de las propias necesidades es obtener impuestos de los dominados para proveer al costo de sus satisfacciones y será el óptimo procedimiento y el sistema de las clases dominantes. 30

A ese tipo de Estado, que bajo diferentes concepciones sigue existente, se opone el modelo de Estado democrático que no consiste únicamente en la participación de los miembros de la sociedad en la elección del gobierno, sino en la limitación de las funciones de los gobernantes a mantener la paz y el orden social.

Sin embargo, bajo los Estados llamados democráticos se da la «Ley del crecimiento de los gastos públicos», señalada por Adolfo Wagner, según la cual, las funciones y los gastos del Estado tienden a ampliarse.

La causa de este fenómeno, según nosotros, es lo que llamó Puviani «La ilusión financiera», y que consiste en hacer creer a los miembros de una sociedad que mediante los gastos del sector público se pueden solucionar las graves carencias sociales. 31

La teoría de la ilusión financiera se ha visto alimentada por los gobernantes que para no tener la fuerza como único fundamento de los impuestos que cobran, tratan de justificar los impuestos al decir que buscan una mejor distribución de la riqueza, evitar desequilibrios económicos, fomentar el crecimiento económico, la creación de empleos, ejercer una función subsidiaria o satisfacer una necesidad pública o colectiva.

Notas:

22 Citado por Ezio Vanoni, Naturaleza e interpretación de las leyes tributarias, Madrid, Instituto de Estudios Fiscales, Ministerio de Hacienda, 1973, p. 116.

23 Santo Tomás de Aquino, Suma Teológica, tomo VIII, B. A. C, Madrid, Biblioteca de Autores Cristianos, 1961, p. 509 (2-2q. 66a. 9).

24 Op. cit., tomo IX, p. 164 (2-29, 104a. 6).

25 Op. cit., p. 104.

26 Véase Ernest Cassirer, El mito del Estado, México, Fondo de Cultura Económica, 1972, pp. 327-352.

27 Yavé se enojó con los judíos cuando le pidieron un rey, y les advirtió de las grandes cargas o impuestos que tendrían que soportar. (I Samuel: 8, 6 al 18).

28 Federico Flora, Ciencia de la hacienda, tomo I, Madrid, Librería General de Victoriano Suárez, 1906, p. 25.

29 Mauro Fasiani, Principios de la ciencia de la hacienda, Madrid, Aguilar, 1962, p. 57.

30 Op. cit., p. 58.

31 Puviani, Teoría de la ilusión financiera, Palermo, 1903. Citado por Mauro Fasiani en Principios de la ciencia de la hacienda, Madrid, Aguilar, 1962, p. 59.

4

LAS NUEVAS FUNCIONES

DE LOS IMPUESTOS

Tradicionalmente los impuestos han tenido como objetivo, independientemente de su justificación, el financiar los gastos del gobierno.

En la actualidad se habla de otros fines de los impuestos. Muchos tratadistas afirman que por medio de la hacienda pública se puede lograr una mejor distribución del ingreso, estabilizar una economía, estimular la producción y fomentar la creación de empleos.

Bajo los términos welfare o Estado de bienestar y el concepto de justicia social, se busca instrumentar sistemas impositivos mediante los cuales se transmitan recursos de los sectores con mayores ingresos hacia los de menores ingresos.

En otras palabras, se le ha atribuido al Estado la misión de lograr una distribución más igualitaria del ingreso mediante los impuestos.

Dichas metas son justificadas en muchas ocasiones con el término justicia social, del cual dice Friedrich Hayek, Premio Nobel de Economía:

El término «justicia social» suele usarse hoy como sinónimo de lo que antes fue la «justicia distributiva», y quizá esta segunda expresión pueda darnos una idea más clara de lo que se pretende decir, pero al mismo tiempo demuestra por qué el concepto carece de aplicación a los resultados de una economía de mercado: no puede haber justicia distributiva donde nadie distribuye.

La inanidad de la expresión «justicia social» se demuestra tanto porque no existe el menor acuerdo sobre lo que esa justicia social exige en los casos particulares como por no haber prueba conocida que nos permita decidir quién tiene razón cuando hay desacuerdo, y porque ningún plan de distribución preconcebido podría ser llevado a la práctica en una sociedad en la que los individuos sean libres, en el sentido de permitírseles utilizar su propio saber y entender para sus propios fines. El ser, el hombre responsable moral de sus actos es incompatible con la aplicación del tan deseado modelo general de distribución.

La encuesta más somera nos demuestra que, aunque muchas personas están insatisfechas con el modelo de distribución vigente, ninguna de ellas tiene realmente una idea de cuál sería lo justo. Sólo encontramos acusaciones intuitivas de ciertos casos concretos como injustos, pero nadie ha dado con una sola regla general de la que podamos deducir qué es lo «socialmente justo» en todos los casos particulares a los que resulte aplicable; salvo la norma de «igual salario por igual trabajo» que, por supuesto, la libre competencia tiende a hacer cumplir, pero que excluye las consideraciones de mérito-necesidad y otras semejantes en las exigencias de justicia social.

Si la mayor parte de la gente sigue creyendo a machamartillo en la «justicia social» aun después de haber descubierto que no saben realmente lo que esa expresión significa, es porque piensan que, cuando todo el mundo cree en ella, algo bueno tendrá. 32

Coincidimos con Hayek en que dicho término es vago y equívoco. Muchos autores más que explican el término justicia social lo utilizan como justificación para la instrumentación de políticas que teóricamente buscan mejorar los niveles de vida de grupos marginados o desposeídos.

De la teoría a la práctica

La ayuda al desposeído es una virtud que se conoce con el nombre de caridad, y es aconsejable que los hombres la practiquen. La novedad de los planteamientos del Estado de bienestar o providencia es que convierten al Estado en el ejecutor de una caridad «a fuerzas», y castigan con impuestos progresivos a aquellos que obtienen mayores ingresos con el teórico fin de lograr la «justicia social» o la elevación de los niveles de vida de los marginados y de los pobres.

En muchas ocasiones, quienes abordan estos temas hacen a un lado la objetividad y el rigor académico con que deben ser tratados, y dejándose llevar por posiciones sentimentales o dogmáticas, aceptan políticas de seguridad social o ayuda a los pobres por los aparentes fines altruistas y caritativos que dicen buscar, sin cuestionarse si dichos fines realmente se cumplirán en la realidad, ni cuáles son los efectos en la producción que provocan los impuestos progresivos y los altos impuestos.

Antecedentes

A partir de la década de los treinta se empezaron a popularizar las teorías del welfare state, Estado de bienestar o providencia, y algunos países como Suecia, Inglaterra y Estados Unidos, las adoptaron. Los resultados no tan sólo han sido diferentes a los deseados, sino contraproducentes.

El aumento y la progresividad en los impuestos con el objetivo de transmitir ingresos, sólo ha traído como consecuencia la creación de una gran burocracia que vive teóricamente de hacer el bien a los demás con el dinero de los contribuyentes, pero que se queda con la mayor parte de ese dinero.

Éste es el caso de los programas de ayuda a los indígenas en casi todos los países.

Sobre el Departamento de Asuntos Indígenas en Australia, que tuvo gran incremento en sus gastos durante el gobierno de tendencia socialistas de 1972 a 1976, comenta el periodista australiano Peter Samuel: «Si todo el presupuesto del departamento fuera pagado a los aborígenes, cada hombre, mujer y niño, recibiría 1 800 dólares. En lugar de esto, cada aborigen recibió un promedio de 96 dólares».

Y lo mismo que sucede en Australia pasa en México, donde los organismos que teóricamente protegen al indígena, absorben en sueldos y viáticos más del 90 % de lo que reciben y sólo una pequeña parte se traduce en una ayuda real a los indígenas. 33

El gran educador, filósofo e historiador mexicano, José Vasconcelos, decía que una de las causas de la marginación de los indios en Estados Unidos ha sido el trato especial que han recibido por parte de las autoridades norteamericanas. Si en México se busca integrar al indígena a la sociedad moderna mexicana —dijo Vasconcelos— no se le debe dar un trato especial ni crear instituciones de tipo paternalista, pues los condenarían a mantenerse atrasados.

La experiencia en varios países demuestra que entre los organismos gubernamentales creados con el objeto de distribuir la riqueza a los sectores más atrasados, se cumple el viejo dicho que dice: «El que parte y reparte se queda con la mejor parte». Los integrantes de esos organismos se han convertido en los principales interesados en que los sectores a los que teóricamente ayudan nunca salgan de pobres, para perpetuar la existencia de la institución. El pobre es su materia prima.

El fracaso del welfare

Estados Unidos nos ofrece el más claro ejemplo de la imposibilidad de utilizar la hacienda pública como un medio para nivelar las diferencias de ingresos entre los diversos sectores de la población y transmitir ingresos de unos sectores a otros.

En 1935, bajo el programa del «New Deal», puesto en práctica por el presidente Roosevelt, se empezaron a instrumentar los primeros programas de seguridad social que tenían como objetivos teóricos, entre otros, el garantizar un mínimo de ingresos a los sectores más humildes, transferir ingresos entre generaciones —de los trabajadores jóvenes a los viejos— y, en general, procurar una sociedad más igualitaria y justa.

Para lograr estos objetivos, de 1935 a la fecha, el gobierno norteamericano ha instrumentado más de noventa programas de ayuda: compensaciones, indemnizaciones, préstamos, asistencia educativa, seguros de vejez, desempleo, desayunos escolares, timbres para obtener alimentos, ayuda médica, subsidios para rentar casas, programas de construcción de casas, servicios a los pobres, etcétera.

Desde el punto de vista teórico, todos los programas han tenido una justificación, pero en la práctica, además de ser pocos los resultados obtenidos, cada día son mayores los impuestos que se tienen que pagar para que operen dichos programas.

En 1977, el presidente Carter decretó el mayor aumento de impuestos en tiempos de paz, con el objeto de garantizar ingresos suficientes hasta el año 2030 para cumplir con los programas de seguridad social.

Cuatro años más tarde, el gobierno del presidente Reagan demostró que de mantenerse los mismos beneficios de seguridad social, a finales de 1982 ya no habría fondos para cubrir dichos programas, y el gobierno iría a la bancarrota. La única forma de poder afrontar los pagos que requerían esos programas, afirmaron los asesores de Reagan, sería mediante nuevos aumentos de impuestos, que ya no aceptaría el pueblo norteamericano, o por medio de una inflación más alta, que traería como consecuencia mayores males que aquellos que teóricamente solucionarían los programas de seguridad social.

Los resultados concretos

Son varios los autores que han demostrado en diferentes estudios el fracaso, desde todos los puntos de vista, de los programas de welfare o bienestar social.

El profesor George Hilder, director del Centro Internacional de Estudios de Política Económica y editorialista de The Wall Street Journal, demuestra en su libro Wealth and Proverty, que además de que los programas de welfare destinados a ayudar a los pobres no los han sacado de pobres, han provocado una pérdida de autorrespeto entre quienes reciben esa ayuda. Los índices de drogadicción, divorcios y criminalidad han aumentado entre los grupos que reciben ayuda de los programas gubernamentales.

En el capítulo denominado «The Coming Welfare Boom», concluye que la única beneficiada con los programas de welfare es una nutrida y costosa burocracia que desde los gobiernos federales y estatales manejan los programas de ayuda. 34

El doctor Martin Anderson, investigador de tiempo completo de la Hoover Institution en la Universidad de Stanford, llega a conclusiones parecidas en su libro Welfare, donde demuestra con datos, estadísticas y estudios al respecto, que los programas de ayuda a los pobres, lejos de terminar con los pobres han aumentado el número de ellos, 35 y que dichos programas han provocado que un gran número de personas dejen de trabajar y se incorporen, sin necesitarlo en realidad, a los programas de welfare.36

Uno de los fenómenos interesantes, que pone en evidencia Anderson en su libro, es la incongruencia de muchos sectores de la opinión pública ante los programas de bienestar social, pues en diversas encuestas muchas personas se mostraron partidarias de los programas de ayuda a los pobres, pero esas mismas personas criticaban el aumento de impuestos para solventar dichos programas. Concluye Anderson que es necesario que los miembros de una sociedad se den cuenta de que son ellos quienes pagan esos programas, y que el gobierno es únicamente un mediador, y no quien por sí mismo o por medio de magia genera recursos para hacer posible la ayuda a los demás.

¿Mejor distribución del ingreso?

Uno de los fines teóricos de los programas de bienestar social promovidos por el Estado es lograr una mejor distribución del ingreso.

En el libro Who Bears the Tax Burden? (¿Quién soporta la carga impositiva?), se demuestra que la distribución del ingreso antes y después de aplicar impuestos progresivos a los ciudadanos de más altos ingresos, con el objeto de transmitirlos a los de menores ingresos, no resulta en la práctica.

Dicen claramente los autores de dicho libro, Pechman y Okner: «El sistema impositivo tiene muy pequeño efecto en la distribución relativa del ingreso» y demuestran que debido al fenómeno de la traslación, a pesar de los impuestos progresivos, al final dichas políticas no varían en casi nada la distribución del ingreso. 37

En otro estudio, el doctor Lawrence J. Kotlikoff, del Departamento de Economía de la Universidad de UCLA, concluye que debido al fenómeno de la traslación, quienes pagan en realidad los impuestos de seguridad social son los trabajadores.

Dice Kotlikoff:

Asumiendo condiciones competitivas a cantidades fijas de capital y trabajo el incremento de impuestos para la Seguridad Social en trabajadores o patrones, reducirá el salario neto recibido por el trabajador; en terminología económica la carga o indicencia del impuesto recaerá sobre el trabajador. 38

Más o menos los mismos resultados observados en Estados Unidos se han dado en Suecia e Inglaterra con los programas de ayuda social. Los que a lo largo del tiempo han producido mayores desajustes sociales que beneficios.

Con base en las citas anteriores, concluimos que los nuevos fines adjudicados a la hacienda pública como instrumentos de una mejor distribución del ingreso y medio para garantizar ingresos a los más pobres, son un fracaso. El único resultado ha sido la creación de un sector parasitario que vive de lo que otros producen, y que además de no solucionar el problema de la pobreza, lo agudiza.

El error de esas políticas está en atribuir poderes al Estado por encima de los que en realidad tiene. El Estado es un ente que carece de recursos propios para solucionar las carencias sociales. La única forma en que puede ayudar a solucionar dichas carencias es creando un ambiente de paz, estabilidad y seguridad que permita que cada uno de los miembros de la sociedad busque la forma de mejorar sus niveles de vida. Pero es un grave error pensar que el Estado directamente puede procurar mejores niveles de vida a los miembros de la sociedad.

El resultado de estos experimentos ha sido la entrada a la época de la inflación y la creación de una clase social, como ya dijimos, parasitaria. El Estado no posee recursos ilimitados para garantizar ingresos mínimos y una vejez sin ningún problema a todos los miembros de la sociedad; qué bueno sería que esto sucediera, pero no es posible, como los hechos nos lo demuestran.

Los subsidios

Otro de los caminos mediante el cual un gobierno teóricamente puede lograr una mejor distribución de la riqueza es por medio de la política de subsidios.

Esta política consiste básicamente en mantener los precios por abajo del costo de ciertos artículos de consumo popular o de un gran peso dentro del gasto de las clases más pobres de la sociedad.

Aparentemente los subsidios provienen de impuestos pagados por los ricos y benefician a los pobres, ya que al mantenerse los bajos precios de los artículos que consumen los de menores ingresos, hará que sus niveles de vida mejoren o que en todo caso no disminuyan.

Este tipo de políticas es una de las más socorridas en los países subdesarrollados. En México, por ejemplo, existieron organismos como la Compañía Nacional de Subsistencias Populares, cuyo principal fin era instrumentar los subsidios.

Para darnos una idea de la importancia de los subsidios dentro del gasto público del gobierno mexicano, diremos que mientras en 1970 se destinaron a subsidios la cantidad de 16 mil 100 millones de pesos, que significaron 14.7 centavos de cada peso gastado por el sector público, en 1980 la cantidad destinada ascendió a 613 mil millones de pesos, aproximadamente 35 centavos por cada peso gastado por el sector público en México. 39

Los subsidios son alimentados básicamente con impuestos que en realidad no pagan los ricos, sino que, por medio del fenómeno conocido como traslación impositiva, repercute en el grueso de la población mediante el consumo de bienes y servicios. Otra de las formas de hacer frente a los subsidios es por medio de la emisión de circulante o inflación, que debido al alza general de los precios que producen se revierte también en contra de los sectores a los que teóricamente buscan beneficiar dichos subsidios.

El mismo presidente de la República Mexicana durante el periodo 1976-1982, bajo cuyo gobierno se incrementaron enormemente los subsidios, dijo sobre los resultados de éstos:

[…] En general, los subsidios siguen propiciando una economía de engaño y despilfarro, que ha sesgado el enorme sacrificio del Estado en su voluntad de ser justo […].

Durante una temporada, el procedimiento funciona (los subsidios); pero tarde o temprano el subsidio se deforma; se aumenta el gasto público improductivo; se impacta el déficit y por ese camino se alimenta también la inflación. Se teje, además, una maraña confusa e ineficiente, porque el subsidio no llega exclusivamente a quien lo merece o lo necesita, sino también, y en abundancia, a quienes no lo requieren y, lo que es peor, se propicia la creación de una casta de parásitos muy hábiles que se aprovechan del esfuerzo que la sociedad hace para ser justa, y se enriquecen con maniobras, exportaciones, especulaciones y abusos. 40

En concreto, los subsidios no funcionan como distribuidores de riqueza, pero una vez iniciadas estas políticas, al igual que las de welfare o bienestar social, son muy difíciles de frenar o de extraer de la economía. Aun y cuando algunos políticos tienen conciencia de los desequilibrios que causan, utilizan esta política, pues a muy corto plazo les permite evitar aumentos de precios que pueden causarles trastornos políticos; pero a largo plazo empantanan un sistema económico e institucionalizan los procesos inflacionarios que, como anteriormente anotamos, perjudican en mayor proporción a los de menores ingresos y terminan provocando una peor distribución de los ingresos que la que existía antes de iniciarse las políticas de subsidios.

El impuesto de la inflación

Uno de los recursos más socorridos por los gobiernos contemporáneos para dar la impresión a los pueblos de que tienen capacidad para crear empresas, programas de bienestar social, viviendas, hospitales, escuelas, pensiones de retiros y crear miles de empleos, sin necesidad aparente de aumentar los impuestos, es la inflación.

Hay quienes definen la inflación como el aumento sostenido y generalizado de los precios, lo cual estrictamente hablando es confundir el principal efecto de la inflación con el fenómeno en sí, tal como si confundiéramos la calentura con la enfermedad.

La inflación, estricta y académicamente hablando, es la emisión de circulante sin respaldo en la creación de bienes y servicios, casi siempre con el fin de financiar los gastos de un gobierno.

Dice el profesor Sennholz:

La inflación acrecienta los ingresos del gobierno y permite a los políticos gastar más dinero del que pueden reunir mediante impuestos… Acrecienta el poder del Estado para efectuar gastos y, concomitantemente, reduce el poder de compra del pueblo. Sólo el Estado es estrictamente responsable de la inflación, porque sólo él determina el quantum de moneda… 41

La inflación es equiparable a un impuesto, al respecto dice de este fenómeno Keynes en su libro Las consecuencias económicas de la paz:

Se pone en boca de Lenin la afirmación de que la mejor manera de destruir el sistema capitalista es corromper su moneda. Los gobiernos pueden confiscar, en secreto y sin ser observados, mediante un proceso constante de inflación, una parte importante de la riqueza de sus ciudadanos. Recurriendo a este método, no sólo confiscan, sino que confiscan arbitrariamente… no se equivocaba Lenin, desde luego, no existe recurso más sutil ni más seguro para echar abajo las actuales bases de la sociedad que el de corromper su moneda. Ese proceso emplea todas las fuerzas ocultas de la ley económica en la tarea de la destrucción, y lo hace de una manera que sólo una persona entre mil es capaz de diagnosticarla. 42

Paradójicamente, las tesis de Keynes difundidas en su libro Teoría general de la ocupación, el interés y el dinero son el principal sustento teórico de las políticas inflacionarias puestas en práctica por los gobiernos contemporáneos.

Para medir la presión tributaria real en un país es necesario que además de todos los tipos de impuestos directos o indirectos que existan, tomemos en cuenta el impuesto inflacionario, y la deuda que es un impuesto diferido.

Muchos gobiernos han justificado el impuesto inflacionario aduciendo que con ese nuevo dinero van a lograr una mejor distribución del ingreso o que dicho dinero les va a permitir llevar adelante obras de interés social o de beneficio a los de menores ingresos y crear empleos.

Sin embargo, como es un hecho comprobado tanto estadística como vivencialmente por quienes han sufrido los periodos inflacionarios, dichos procesos empobrecen a los de menores ingresos y abren la posibilidad de aumentar sus ingresos reales a los de mayores ingresos y enriquecen a quienes desde el gobierno se constituyen en distribuidores del ingreso.

La inflación produce el fenómeno denominado por los economistas «distribución regresiva del ingreso», los ricos se hacen más ricos y los pobres más pobres.

El impuesto inflacionario, al igual que los programas de welfare state o bienestar social, no cumplen con el bien común, sino al contrario perturban el ambiente de paz y convivencia entre los hombres.

En muchas sociedades se ha roto el orden social por procesos inflacionarios iniciados desde el gobierno.

Los impuestos progresivos

Otra política fiscal que tiene como objeto lograr una mejor distribución del ingreso es la de impuestos progresivos, que se contrapone a la de impuestos proporcionales.

Un impuesto es proporcional cuando independientemente del ingreso: 1 000, 10 000 o 100 000 pesos se paga la misma tasa de impuesto. Un impuesto es progresivo cuando aumenta la tasa de impuesto a mayor ingreso o riqueza del causante.

El teórico objetivo de estas políticas es gravar con mayores impuestos a los que obtienen más ingresos o detentan una mayor riqueza, y por medio del gobierno traspasar esa riqueza a los de menores ingresos y lograr una sociedad más igualitaria y justa.

En la práctica los resultados de esas políticas están muy lejos de lograr una sociedad más igualitaria, pero sí se han convertido en un desincentivo para la producción y la formación de capitales, que son un requisito para elevar los niveles de vida de las mayorías.

Dice sobre estas políticas John Stuart Mill:

Deseo tanto como el primero que se tomen medidas para que disminuyan esas desigualdades, pero no de manera que alivien al pródigo a expensas del prudente. Imponer sobre los grandes ingresos un porcentaje más elevado que sobre los pequeños es imponer una contribución a la actividad y a la economía; imponer un castigo a los que han trabajado y han ahorrado más que sus vecinos. 43

Son varios los estudiosos en la materia que señalan el peligro de los impuestos progresivos y de cómo al traducirse en un desincentivo a la producción pueden tener efectos contraproducentes.

Dice Gladys Bing en su libro The Fraud of Taxation (El fraude de los impuestos):

No hay forma de hacer pagar un impuesto al rico sin hacer al pobre más pobre…

Los impuestos no remedian la mala distribución del ingreso aun en los casos de la más notoria discrepancia. 44

Gladys afirma que los ricos trasladan los impuestos como un costo de producción en el precio de los productos a los consumidores y que, al final, como la mayoría de los consumidores son trabajadores, son ellos y no los capitalistas o grandes propietarios en quienes recaen los impuestos.

El fenómeno de la repercusión del impuesto hace inoperantes en la práctica los impuestos progresivos como distribuidores del ingreso. Y en los pocos casos en que dicho impuesto realmente lo tenga que pagar el productor o capitalista, se traduce en una menor producción y formación de capital.

Sobre los resultados de los impuestos progresivos en Inglaterra, nos dice el economista Barry Bracewell Milnes:

La racionalidad del impuesto progresivo es una mezcla de falacia y paradoja…

El nombre de redistribución de la riqueza es un equívoco. La riqueza tomada del rico no es distribuida al pobre, sino apropiada por el gobierno; y aun en el caso hipotético de que fuera para uso del pobre, tampoco sería riqueza, sino gasto de dinero en las manos de sus receptores. 45

Según Bracewell Milnes las desigualdades sociales pueden aumentarse en lugar de reducirse debido a los impuestos progresivos.

Sobre los impuestos progresivos dice el profesor Von Mises:

Los impuestos ciertamente son necesarios. Ahora bien, la política fiscal discriminatoria —aceptada universalmente hoy bajo el equívoco nombre de tributación progresiva sobre las rentas y las sucesiones— dista mucho de constituir un verdadero sistema impositivo. Más bien se trata de una disfrazada expropiación a los empresarios y capitalistas más capaces. Es incompatible con el mantenimiento de la economía de mercado, digan lo que quieran los turiferarios del poder. En la práctica sólo sirve para abrir las puertas al socialismo. 46

Más adelante señala Mises otros efectos de dichos impuestos:

El progreso técnico se paraliza; la cuota de capital invertido por obrero en activo disminuye; el incremento de la productividad se detiene y se impide la elevación real de los salarios. Obvio resulta, por tanto, que la tan difundida creencia de que la política fiscal confiscatoria sólo daña al rico —o sea a la víctima inmediata— es errada. 47

Los impuestos progresivos son una forma mediante la cual el Estado obtiene mayores ingresos para solventar sus gastos o confiscar riqueza, sin que en realidad logre una mejor distribución del ingreso. Lo grave es que independientemente de que no logra ese teórico objetivo, los altos y progresivos impuestos se han convertido en el principal factor que impide una mayor actividad económica, formación de capital y productividad. En consecuencia, habrá menos productos y servicios disponibles para la mayoría del pueblo consumidor.

La llamada Escuela de la Oferta, que en gran parte sustentó las políticas del presidente Ronald Reagan de reducir impuestos, y cuyos principales expositores son Arthur Laffer y Jude Wannisky, sostienen que los altos impuestos nos llevan a menores incentivos y niveles de actividad económica y que bajos impuestos implican mayores incentivos y actividad económica.

La ahora famosa Curva de Laffer demuestra que en determinado momento los aumentos de impuestos ya no se traducen en una mayor recaudación por parte de las autoridades fiscales, debido a los desincentivos que producen en la actividad económica. Bajos impuestos, demuestra Laffer en su curva, se traducen en una mayor actividad económica que puede llegar a generar mayores ingresos al Estado.

Un impuesto del 100 % sobre el ingreso se traduciría en que nadie estaría interesado en producir nada, si partimos de ese supuesto, vemos que entre más altos sean los impuestos habrá una menor producción y, por lo tanto, menos riqueza que gravar.

Según Jude Wanniski, las causas de la falta de actividad empresarial y de que a pesar de los altos impuestos sea poca la recaudación fiscal en los países subdesarrollados, se puede explicar utilizando la Curva de Laffer. 48

El problema de la Curva de Laffer es que es muy difícil saber en qué momento específico los impuestos empiezan a desincentivar la producción y viceversa. Pero la tendencia que señala Laffer en su curva ha sido confirmada por la realidad en varios países. 49

En conclusión, los impuestos progresivos o progresividad fiscal son nocivos socialmente hablando y si bien permiten a corto plazo disponer a un gobierno de mayores recursos o llegar al socialismo o capitalismo de Estado por la vía fiscal, producen a largo plazo una menor formación de capital y de riqueza, y hacen más difícil que los de escasos recursos mejoren sus niveles de vida.

Los efectos

No existe justificación para aumentar los impuestos con el teórico objetivo de mejorar los ingresos de los de menores recursos, pues no se logra este fin. Y además se provoca una disminución en los incentivos para aumentar la producción, ya que los de mayores ingresos son generalmente los que mayores bienes y servicios producen para la sociedad, y cuando el obtener un mayor ingreso es castigado, a muchos productores ya no les interesa producir más o sólo producen más en tanto que pueden trasladar los nuevos o más altos impuestos a los precios de los bienes y servicios que producen.

Los niveles reales de vida en un pueblo aumentan cuando hay mayor producción disponible para sus miembros. Y los programas de welfare state o de función distributiva del ingreso por parte del Estado, provocan una disminución en la producción de bienes y servicios, que se traduce en una menor disponibilidad de bienes para la sociedad, y en concreto, para los de menores ingresos.

Aunque es deseable y aconsejable la ayuda a los de menores ingresos, como de hecho lo hacen muchas instituciones caritativas particulares, el convertir al Estado en un distribuidor coercitivo del ingreso vía altos y progresivos impuestos, tiene efectos contraproducentes y termina causando una mayor pobreza y mayores diferencias de vida entre los miembros de la sociedad, que aquellos que existían antes de iniciarse ese tipo de políticas.

Notas:

32 Friedrich A. Hayek, Democracia, justicia y socialismo, México, Diana, 1978, pp. 38-40.

33 Véase Luis Pazos, EPN: El retroceso, México, Planeta, 2017, gráfica p. 57.

34 George Hilder, Wealth and Poverty, Nueva York, Basic Book in Publisher, 1981, capítulo 2, pp. 9-20 y capítulo 11, p. 114.

35 Véase Martin Anderson, Welfare, California, Hoover Institution, Stanford University, 1978, p. 67.

36 Op. cit., p. 87.

37 Véase Joseph A. Pechman y Benjamín A. Okner, Who Bears the Tax Burden?, Washington, D.C., The Brookings Institution, 1974, pp. 6 y 55.

38 Federal Tax Reform: Myths and Realities, Michael J. Boskin editor, recopilación de varios estudios, Institute for Contemporary Studies, 1978, p. 123.

39 Datos tomados del Cuarto y Quinto Informe de Gobierno que rindió ante el H. Congreso de la Unión, José López Portillo, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos.

40 José López Portillo. Cuarto Informe Presidencial, septiembre de 1980, Presidencia de la República, México.

41 Hans F. Sennholz, Problemas económicos de actualidad, Buenos Aires, Centro de Estudios sobre la Libertad, 1977, pp. 73-80.

42 Citado por Luis Pazos en Ciencia y teoría económica, México, Diana, 6ª impresión, 1980, pp. 330-331.

43 John Stuart Mill, Principios de economía política, México, Fondo de Cultura Económica, 1943, pp. 691-692.

44 Gladys Bing, The fraud of taxation, Londres, King Little Wood and King Limited, 1943.

45 Barry Bracewell Milnes, Capital Taxation and Political Conformity, Fredom under Siege, Londres, Duckworth, 1964.

46 Ludwig von Mises, La acción humana, Madrid, Sopec, 1968, p. 968.

47 Op. cit., p. 969.

48 Véase Jude Wanniski, The Way the World Works, Estados Unidos, Simon and Schuster, 1978, p. 238 y ss.

49 Véase Arthur B. Laffer, The Economics of the Tax Revolt, Nueva York, Harcourt Brace Jovanovich, Ing., 1979.

5

LOS FRUTOS DE LOS ALTOS IMPUESTOS

Francis Bacon consideró al método inductivo, que de la observación y experimentación llega a leyes generales, el fundamento de las ciencias. Ese método se complica en las ciencias sociales, pues los resultados de la observación de una política económica se deforman por visiones subjetivas impregnadas de dogmas, ideologías y de intereses de partidos o gobiernos que presentan datos amañados sobre los resultados de sus políticas económicas.

Muchos gobernantes falsean las cifras macroeconómicas, en tal forma que puedan presentar datos de reducción de la pobreza cuando en realidad aumentó. Exageran el crecimiento para que califiquen a su administración como un éxito aunque en esencia sea un fracaso.

Con estas advertencias, relatamos algunas experiencias en diversos países, principalmente en el siglo XX y la primera década del XXI, que dejan claras las relaciones entre los impuestos, el gasto público, el empleo, la desigualdad, la distribución del ingreso y la pobreza.

Mayor gasto público, menor crecimiento

Hay muchos mitos que a fuerza de repetirlos se consideran verdades y se convierten en premisas para recomendar políticas económicas que tienen efectos contrarios a los pregonados. Crean burbujas de crecimiento a corto plazo, pero inflación y recesión a mediano o largo plazo.

En instituciones tan importantes como la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), varios de sus directivos, al igual que muchos medios de comunicación y miembros del ambiente académico, dan por hecho que aumentar impuestos para lograr un mayor porcentaje de gasto público y transferencias de recursos a los pobres y desempleados, con relación al Producto Interno Bruto (PIB), son indicadores deseables para alcanzar un mayor desarrollo y mejores niveles de vida.

Pero hay datos de la misma OCDE que nos dicen todo lo contrario: mayor gasto público se refleja en una menor inversión, que es la detonadora del empleo productivo, la productividad y el crecimiento.

Al terminar el siglo XX, el gasto público en Estados Unidos representó el 29.9 % de su Producto Interno Bruto (PIB), mientras el promedio en los principales países de Europa: Austria, Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, Italia, Países Bajos, Noruega, Portugal, España y Suecia, fue del 44.9 por ciento.

El mayor gasto público en relación con el PIB con que terminó Europa el siglo XX fue una de las causas, et ceteris paribus, de su baja inversión bruta, 2.5 % del PIB, menor a la de Estados Unidos, que alcanzó el 3.3 por ciento. Estados Unidos creció más y redujo en mayor proporción la pobreza con menos impuestos, subsidios y transferencias a los pobres, 10.6 % del PIB, que Europa, 17.6 por ciento. 50

Estados Unidos fue el país que durante el siglo XX creó más empleos, tuvo las mejores condiciones de vida relativas y absorbió más migrantes pobres y desempleados de todo el mundo, aunque destinó menos impuestos para combatir la pobreza y el desempleo que los países europeos.

Más impuestos, menor inversión

La presión fiscal total en una sociedad es generalmente igual al total del gasto público. Los gobiernos habitualmente consumen más de lo que producen, no generan riqueza neta, la toman por diversos medios: impuestos a los ingresos, al consumo, prediales, a las importaciones, multas, derechos, deuda y emisiones monetarias, principalmente.

El factor que actualmente es el mayor obstáculo al progreso en casi todos los países es el desmedido crecimiento de los gastos gubernamentales, que dejan cada día menos recursos para la inversión productiva.

La observación de lo sucedido en el siglo XX y la aritmética elemental, sin necesidad de sofisticadas ecuaciones y modelos matemáticos, nos permite llegar a las siguientes conclusiones: a mayor gasto público, menor gasto privado y a mayores impuestos menor inversión privada.

La inversión de los empresarios y los impuestos salen de la misma bolsa, la de las ganancias. Si hay diez pesos de ganancias y se pagan cinco de impuestos, quedan cinco como máximo para invertir, y decimos como máximo, pues de ahí toman sus dividendos los inversionistas.

Sin que varíe el porcentaje de retiro de dividendos, a mayores impuestos menos recursos disponibles para la inversión, que es la detonadora del empleo y del crecimiento.

Aritméticamente podemos afirmar que a mayores impuestos, sin que otras condiciones cambien, menor inversión, menos empleos productivos y un menor crecimiento estructural y sustentable.

Aunque los impuestos no son el único factor que estimula o inhibe el crecimiento, sí son de los más importantes. Sin que otras condiciones cambien, con base en la experiencia, generalmente a mayores impuestos, menor crecimiento y menores niveles de vida de la mayoría.

Cuando una persona destina sus ahorros o una empresa sus ganancias, a la compra de maquinaria, tecnología o a la capacitación, llamados bienes de capital, en contraposición a los bienes de consumo, se capitaliza.

A los recursos con que se inicia este proceso se les llama inversión, indispensable para aumentar la capitalización de las empresas que hace posible una mayor productividad, es decir, más producción en un determinado tiempo, y crea las condiciones para que por medio del mercado se incrementen los salarios reales y el crecimiento económico.

Los salarios reales son más altos en aquellos países donde hay más bienes de capital disponibles por trabajador, instrumentos indispensables para incrementar la productividad, de la cual dependen en gran parte los niveles de salarios reales.

Aunque la inversión privada ha sido la base en los países con mayores grados de desarrollo, también se puede hablar de inversión pública, cuando el destino de los recursos públicos, generalmente impuestos, se traducen en una infraestructura que baja los costos de producción y comercialización: vías de comunicación que reducen los tiempos del traslado de las mercancías, sistemas electrónicos que envían información, datos financieros y comerciales más rápido o estudios que aumentan la capacitación técnica de las personas.

Los analistas más serios que pronostican las variaciones del Producto Interno Bruto de un país, toman como uno de los factores básicos de referencia el aumento o la reducción de la inversión.

La seguridad, la estabilidad jurídica, el respeto y la documentación de la propiedad, una reducida y clara reglamentación y bajos costos de transacción, son variables que influyen en el aumento de la inversión directa, tanto nacional como extranjera, pero probablemente el factor más importante son bajos impuestos que permitan canalizar un mayor porcentaje de recursos a la inversión.

Aumentar los impuestos puede elevar la captación fiscal a corto plazo pero, como lo comentamos en el capítulo anterior al hablar de la Curva de Laffer, reducen la inversión, el crecimiento y bajan la captación fiscal a mediano y largo plazo.

Aumentar los precios en una empresa puede incrementar sus ingresos a corto plazo, pero generalmente los reducen a mediano y largo plazo al bajar sus ventas. También impuestos altos, que reducen inversión, crecimiento e incentivan salida de capitales, que se facilita en un mundo globalizado, se traducen a mediano y largo plazo en una menor captación fiscal.

Contrariamente, al bajar los impuestos puede descender la captación a corto plazo, pero a mediano y largo plazo aumenta, al incentivar la inversión y el crecimiento. El problema es que a la mayoría de los gobernantes sólo les interesa el corto plazo, no las políticas que mejoran la situación económica de su país a mediano y largo plazo.

Bajas tasas de impuestos, mayor crecimiento

Hay ejemplos en diversas partes de mundo en que las bajas tasas de impuestos impulsaron el crecimiento, la creación de empleos y mejores niveles de vida para un mayor número, y los altos impuestos redujeron la inversión, el crecimiento y la creación de empleos.

En Asia tenemos varios casos de progreso económico donde uno de los principales ingredientes es la baja tasa de impuestos a las empresas: Hong Kong, con un impuesto a las empresas del 16.5 %, Singapur, del 17 %, y China, en sus más de 2 700 Zonas Económicas Especiales y Zonas Francas Industriales, con un 15 por ciento.

En Europa encontramos ejemplos como Irlanda, donde el impuesto a las empresas es del 12.5 por ciento. Esa baja tasa ha sido determinante para convertir a ese país en el de mayor crecimiento en Europa y de los más altos del mundo.

En cuanto a los efectos negativos del alza de impuestos, encontramos el ejemplo de Francia, donde basados en las teorías de la nueva izquierda, popularizadas por Thomas Piketty, se aumentaron los impuestos a los ricos al 75 % de sus ingresos, para teóricamente redistribuir la riqueza y lograr una mayor igualdad de ingresos.

Ese aumento de impuestos (2013-2014) desató en Francia la mayor salida de empresarios e inversionistas en el mundo. La emigración de grandes capitales de Francia generó desempleo, menor crecimiento y llevó al gobierno a derogar al poco tiempo ese impuesto confiscatorio. 51

A los países nórdicos: Suecia, Noruega, Dinamarca, Islandia y Finlandia, los ponen frecuentemente de ejemplo de altos impuestos que redujeron la pobreza y la desigualdad. Eso fue parcialmente cierto y creíble por un tiempo, hasta que los altos impuestos, en un mundo globalizado, generaron la salida de capitales, desincentivaron la inversión, el trabajo, el ahorro interno y redujeron el crecimiento.

Ante esos resultados los gobiernos de los países escandinavos empezaron a bajar su gasto público y los impuestos para reducir déficits presupuestales e incentivar el crecimiento. Suecia, de una tasa de impuestos a las empresas del 60 % en 1985 la redujo al 22 % actualmente (2017). El gasto público como porcentaje del PIB lo bajó del 70 % en 1993 al 50.1 % en 2016. 52

Altos impuestos frenan

crecimiento en Iberoamérica

Si tomamos todos los tipos de impuestos, al ingreso, al consumo, prediales, a las importaciones y en los diferentes niveles de gobierno, que salen de las utilidades de las empresas, en Brasil son del 68 %, en México del 52 %, en Suecia del 49 % y en Estados Unidos del 44 por ciento. En Brasil y en México las empresas pagan más impuestos sobre sus utilidades que en Suecia y en Estados Unidos.53

Chile se convirtió en el país iberoamericano con el mayor crecimiento y mejora de los niveles de vida de la región en las décadas de los 80 y 90, al reducir los impuestos a las empresas al 20 %. Pero en 2014 la presidenta socialista Michel Bachelet los aumentó gradualmente hasta llegar a 27 % en 2018, con el teórico objetivo de obtener más recursos para reducir la desigualdad económica. El resultado fue un menor crecimiento y una baja relativa de los niveles de empleo y bienestar. De 2010 a 2013, con un impuesto del 20 % a las empresas, la economía chilena creció un 5.2 % promedio anual, y de 2014 a 2017, con el aumento de los impuestos, bajó el crecimiento promedio anual a 1.7 % (datos del Banco Central de Chile y proyección 2017 del FMI).

En México, los altos impuestos, que arrancan a las empresas más de la mitad de sus ganancias, mayor al porcentaje pagado en Estados Unidos, restó atractivo a la inversión directa y tendió a reducir el crecimiento estructural sustentable, que es diferente al crecimiento transitorio y artificial, generado por déficits, emisión monetaria o deuda pública.

Los incrementos de impuestos y el aumento de la corrupción en su uso, que equivale al 9 o 10 % del PIB, son las principales causas de la baja inversión, precarización de los salarios y de una creciente deuda pública en México, que no se tradujo en una mejor infraestructura, seguridad o justicia, y cuyo destino es en gran parte incierto.

Altos impuestos, su derroche y la corrupción en el sector gubernamental, son los principales factores que mantienen en el atraso a México y a varios países de Iberoamérica.

Mito de la igualdad económica

justifica más impuestos

No confundir pobreza con mítica búsqueda de la igualdad económica por parte de partidos, intelectuales y activistas que se dicen de izquierda o populistas. Mejores niveles de vida para un mayor número no implican igualdad de ingresos. Normalmente en un país donde la mayoría progresa y aumenta la clase media, se incrementa la desigualdad económica, que es mejor que una igualdad en la pobreza. 54

La igualdad que se debe buscar en un país democrático y con libertades económicas, es ante la ley y la de oportunidades. El exceso de reglamentaciones para crear empresas y empleos, y la baja calidad de la educación que imparte el gobierno, son factores que dificultan crear un ambiente social que se acerque a la igualdad de oportunidades y educativa.

La búsqueda de la igualdad económica ha sido una excusa para aumentar impuestos destinados teóricamente a combatir la pobreza mediante el llamado gasto social, que se prostituye al convertirlo en un instrumento político para captar votos a favor del partido en el poder.

De 1990 a 2015 se triplicó el gasto público destinado a combatir la pobreza, pero el porcentaje de pobres, a pesar de nuevas metodologías que manipularon las cifras de pobreza, se mantuvo más o menos en el mismo nivel de hace veinticinco años, aproximadamente la mitad de la población (estimaciones con base en datos del Coneval).

El llamado gasto social, que consideran muchos gobernantes un instrumento fundamental de la lucha contra la pobreza y la desigualdad, ha sido un caldo de cultivo de multimillonarios desvíos y corrupción, que se presentan como ayuda a los pobres en México.

La principal fuente de desequilibrios de las finanzas públicas en México no es un bajo ingreso fiscal con relación al PIB o un gran sector informal que no paga impuestos, o la evasión fiscal, sino el gasto público deficitario, la enorme deuda pública, las pérdidas de las empresas estatales, sus pensiones privilegiadas, el robo de impuestos y la impunidad a los funcionarios que se los roban.

Notas:

50 A. Alesina y E. Glaeeser, Fighting Poverty in the US and Europe a World of Diference, Oxford University Press, 2004, tabla 2.1. (Cálculos de los autores con base en datos procedentes de la OCDE).

51 New World Wealth, Millionaire Migration in 2015, publicada en marzo de 2016.

52 «La receta nórdica para acabar con el déficit: menos gasto y menos impuestos», Ángel Martínez, Libre Mercado, 7 de noviembre de 2016, Madrid, y santandertrade.com

53 santandertrade.com y Doing Business, 2017.

54 Véase Luis Pazos, Desigualdad y distribución de la riqueza, México, Planeta, 2016.

6

CONCLUSIONES GENERALES

1. Para determinar el monto, límites y naturaleza de los impuestos es necesario partir del concepto de ser humano, ya que todas las instituciones sociales tienen como principio y fin a la persona humana; por lo tanto, toda institución social, como el gobierno, se justifica y cumple su función en tanto que contribuye tanto material como espiritualmente a la realización del ser humano.

2. Con base en la tendencia natural del hombre de vivir en sociedad es necesaria la existencia de un gobierno o autoridad que mantenga la paz, regule y resuelva los conflictos producto de la convivencia social entre los hombres.

En tanto los miembros de la sociedad que hacen el papel de autoridad o gobierno mantienen un clima de paz, seguridad y justicia, los demás miembros del grupo social, que se ven beneficiados con el clima creado por el grupo gobernante, tienen la obligación de proporcionarles los medios para subsistir y contar con recursos materiales para instrumentar una organización que les permita garantizar la paz, la seguridad y la impartición de justicia a los miembros de la sociedad.

3. Los impuestos o contribuciones son el medio por el cual se cubren las necesidades financieras del grupo de personas que desempeñan la función de gobernantes o autoridad.

4. Los fines del gobierno no pueden ser diferentes ni contrarios a los fines de los individuos. El gobierno o autoridad tiene como objetivo primordial crear un ambiente de paz, justicia y seguridad, bajo el cual cada miembro de la sociedad logre las aspiraciones y fines tanto materiales como espirituales que se ha propuesto.

5. El Estado tiene como objetivo crear un ambiente de paz y seguridad que los aristotélicos tomistas llaman bien común, el cual no varía sustancialmente con el tiempo y el lugar, sino que está determinado por la naturaleza inmutable y perenne del ser humano.

6. La experiencia histórica nos muestra la constante tendencia de los grupos gobernantes a extralimitarse en sus funciones y utilizar la fuerza y el poder que reciben como autoridad, no para mantener un clima de paz y seguridad en la sociedad, sino para lograr ellos mismos un mayor poder y riqueza con base en la autoridad que detentan.

7. Los abusos por parte de los gobernantes del monopolio del poder físico y de la autoridad que gozan como miembros del gobierno, dio nacimiento al proceso político llamado «constitucionalismo», que consistió básicamente en limitar el poder de los gobernantes y el garantizar la participación de los gobernados en cuanto al monto y el destino de los impuestos por medio de una ley suprema llamada «Constitución».

8. La justificación de los impuestos es teleológica, es decir, su justificación radica en el fin para el cual sean utilizados. Y, de acuerdo con la naturaleza y fines del Estado, sólo se justifica un impuesto en tanto sea destinado a lograr un ambiente de paz, justicia y seguridad entre los miembros de la sociedad.

9. Los servicios públicos o las obras de infraestructura que circunstancialmente crea o financia el Estado, no forman parte esencial del bien común y, por lo tanto, no deben ser financiados por medio de impuestos, sino mediante el pago de derechos por aquellos que directa o indirectamente se benefician con la construcción o prestación por parte del Estado de un bien o servicio.

10. Las nuevas funciones atribuidas a los impuestos como crear empleos, promover el crecimiento económico, subsidios y redistribuir mejor el ingreso entre los miembros de la sociedad, no han dado los resultados esperados y, según se ha comprobado empíricamente en varios países, en muchas ocasiones los resultados han sido contraproducentes.

11. Para los mismos fines citados en el punto anterior, los gobiernos han recurrido a la emisión de grandes cantidades de circulante o inflación, que fiscalmente es considerado un impuesto disfrazado, y de deuda, que es un impuesto diferido.

Los resultados de los procesos inflacionarios, desatados por los gobiernos al financiar una cantidad importante de sus gastos por medio de la emisión de dinero y de deuda, que a corto plazo pueden crear un aparente auge económico, han sido los aumentos generales de precios y devaluaciones, que se traducen a la larga en menores crecimientos económicos, mayor desempleo y en una peor distribución del ingreso.

12. Los altos y progresivos impuestos, además de no contribuir a una mejor distribución del ingreso, se convierten en el principal desincentivo a la producción eficiente y capitalización de los sectores más progresistas de la sociedad, reflejándose estos hechos en una menor disponibilidad de bienes y servicios para las clases de menores ingresos, y también en una menor recaudación fiscal, debido al freno que provoca en la actividad económica y en la creación de nuevas fuentes gravables los altos y progresivos impuestos.

13. Para que un gobierno logre crear un verdadero ambiente de paz, seguridad y justicia, que permita a cada uno de los miembros de la sociedad alcanzar la plenitud de su ser de acuerdo con sus capacidades y aspiraciones tanto en el terreno físico como espiritual, debe instrumentar las siguientes políticas:

a) Reconocer como sus funciones el mantenimiento de la paz, el orden, la seguridad y la impartición de justicia.

b) Limitar sus gastos a los ingresos recibidos por impuestos aprobados previamente por una asamblea, cámara o parlamento, que representen a aquellos que los van a pagar.

c) Adoptar el sistema conocido como hacienda neutra, es decir, que los fines de los impuestos sean únicamente los de financiar los gastos del gobierno y no utilizarlos para fines extrafiscales, como la redistribución del ingreso o la creación de empleos.

d) Adoptar el sistema de impuestos proporcionales que, contrariamente a los progresivos, no desalientan a los más capaces y permiten mayores márgenes de reinversión que se traducen en una creación adicional de riqueza. Así, de hecho y no sólo de palabra puede ayudarse a mejorar los niveles de vida de los sectores más pobres de la sociedad.

e) Mantener las tasas impositivas lo más bajo posible para que los impuestos no se conviertan en un obstáculo a la creación de nuevas empresas y, por lo tanto, de adicionales fuentes de impuestos para el gobierno.

Mayores impuestos no siempre significan mayores ingresos para el gobierno y menores tasas impositivas pueden significar a la larga mayores ingresos para la hacienda pública.

14. La utilización por parte del gobierno de los impuestos en fines que no sean lograr el llamado bien común vuelven ilegítimas esas extracciones de riqueza a los ciudadanos, y se equiparan al robo; por lo tanto, en conciencia ningún ciudadano está obligado a pagar impuestos que no sean utilizados para crear un ambiente de paz, seguridad, orden y justicia que permita a cada persona realizarse como seres de naturaleza individual, racional y libre dentro de la sociedad en que viven.

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Acerca del autor

LUIS PAZOS estudió Economía y Administración en el ITESM. Es abogado por la Escuela Libre de Derecho y realizó estudios de Administración Pública en la Universidad de Nueva York. Cursó la especialidad de Finanzas Públicas, y maestría y doctorado en la División de Estudios Superiores de la Facultad de Derecho de la UNAM.

Tiene el doctorado Honoris Causa en Ciencias Sociales por la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala. Ha sido profesor titular por oposición de Teoría Económica en la Facultad de Derecho de la UNAM, profesor titular de Economía Política en la Escuela Libre de Derecho y profesor Honorario de la Universidad Francisco Marroquín. Durante más de cuatro décadas ha sido editorialista sobre temas económicos y financieros en varios periódicos y revistas de México, Centro y Sudamérica; también comentarista de radio y televisión. Autor de más de 40 libros sobre economía, historia y política, destacan Los ricos del gobierno (Temas de hoy, 2012), Políticas económicas (Diana, 2014) y Desigualdad y distribución de la riqueza (Diana, 2016). Actualmente es director del Centro de Investigaciones Sobre la Libre Empresa, A.C.

Diseño de portada: Estudio la fe ciega / Domingo Martínez

Diseño de interiores: Andrea Lehn

© 1982, Luis Pazos

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Primera edición impresa en México: enero de 2018

ISBN: 978-607-07-4678-9

Primera edición en formato epub: enero de 2018

ISBN: 978-607-07-4679-6

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