Contenido

Introducción

1. Confusión entre derecho, ley y justicia

2. ¿Qué es la ley?

3. El inicio de la civilización

4. Derechos en las religiones

5. Kelsen y Keynes: perversión de sus teorías

6. Derecho: base de la ley justa

7. Bien común: invernadero del bien personal

8. Qué es y para qué sirve una constitución

9. Derechos humanos: ¿se otorga o se reconocen?

10. De la democracia a la demagogia

11. Democracia o república

12. Las premisas para impartir justicia

13. Sin propiedad no hay justicia ni desarrollo

14. Movilidad y títulos de propiedad

15. Justicia social contra justicia

16. Perversión del gasto social

17. La igualdad que se debe buscar

18. La expoliación legal

19. La justicia expedita

20 La justicia en los sistemas económicos

Conclusiones

Bibliografía

Acerca del autor

Créditos

A mi padre, que produjo más de lo que consumió,
pagó impuestos, creó empleos y les dio casa y medicinas a muchos de sus trabajadores, antes
de existir el Infonavit y el IMSS, y financió,
calladamente, obras de beneficencia.

A mis maestros, de quienes
aprendí mucho de lo poco que sé.

A mis alumnos, gracias a los cuales tengo
que seguir aprendiendo para seguir enseñando.

A Maritza, que ya no está.

Introducción

Todo gobernante o legislador que engendre leyes
que violen los derechos humanos básicos no es
demócrata ni republicano.

Durante décadas de impartir clases de Economía Política en la Escuela Libre de Derecho y de Teoría Económica en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), me percaté de que la mayoría de los alumnos (y no pocos profesores) usan varios conceptos básicos, como derecho, ley y justicia, sin definir claramente su significado ni considerar todas sus repercusiones en nuestra vida y en el progreso de la sociedad.

Cuando busco en libros el sentido de esos conceptos, me encuentro que en la mayoría se limitan a repetir lo que otros han dicho, pero no explican claramente el significado de la justicia, la ley y el derecho, ni las diferencias entre ellos.

En ocasiones enseñamos los conceptos jurídicos básicos en calidad de dogmas o axiomas, que no necesitan demostración. Hablamos de la ley, del derecho o la justicia sin aclarar que sus definiciones y la aplicación de esos conceptos cambian de acuerdo con la ideología o la escuela de pensamiento que trata de definirlos y del gobierno que los aplica, lo que tiene efectos importantísimos en la vida cotidiana de todos los habitantes de un país.

En este libro sostengo y demuestro que las leyes, los reglamentos y la justicia, basados en la protección de los derechos humanos, son la base del desarrollo económico, mientras que las leyes que bajo las más diversas excusas, como la preservación del “orden”, lograr la “justicia social” o alcanzar la igualdad económica, violan el derecho a la vida, a la propiedad y a la libertad, derechos humanos básicos, se convierten en un obstáculo al progreso a la vez que siembran la división entre los miembros de una sociedad.

El mal uso y la manipulación política del derecho, de las leyes y la justicia justifican gastos inútiles y excesivos por parte de los gobernantes para, teóricamente, reducir la pobreza y la desigualdad, pero esto solo genera inflación, pobreza, desempleo, baja productividad, odios y enfrentamientos entre los ciudadanos de diversos estratos sociales.

Los invito a examinar racionalmente las ideas y los datos que expongo en forma sencilla y lógica en este pequeño libro.

No tengo la verdad absoluta ni tacho de ignorantes a quienes critiquen mis tesis sobre la función social del derecho, la ley y la justicia. Comparto con el filósofo contemporáneo Karl R. Popper su afirmación de que la crítica racional es la base del progreso.

LUIS PAZOS

1. Confusión entre
derecho, ley y justicia

Normalmente se utilizan las palabras ley y derecho como sinónimos. Los estudiantes dicen indistintamente “estudio Derecho” o “estudio Leyes”, “asisto a la Facultad de Derecho” o “a la Facultad de Leyes”.

• ¿Es lo mismo un Estado de derecho que un Estado de leyes?

• ¿Regirse por cualquier ley, y no por la voluntad de un dictador, marca la diferencia entre un gobierno democrático y una dictadura?

• Si un dictador o una asamblea crean leyes que rijan la vida en sociedad, por ese solo hecho ¿deja de ser una dictadura?

• ¿Un gobierno es constitucional si se guía por una Constitución o ley máxima que le otorga poderes ilimitados a los gobernantes?

• Las constituciones ¿otorgan o reconocen los derechos de los ciudadanos?

La concepción de ley y derecho es diferente y hasta antagónica, entre un jurista que parte de los principios del Ius naturalismo y aquellos que se consideran Ius positivistas.

La idea de ley, derecho y justicia es distinta para un marxista-leninista, un socialista, que para un partidario de la democracia liberal y del sistema capitalista.

La finalidad de este libro es aclarar, con base en la lógica y la experiencia histórica, qué debemos entender por derecho, ley y justicia si queremos vivir bajo un sistema que proteja nuestra integridad física de actos violentos y nuestro patrimonio del robo o apoderamiento por otros sin nuestro consentimiento.

Quien se apodera de la propiedad ajena puede ser un vulgar ladrón o un gobierno que legaliza el robo mediante leyes amparadas en los conceptos de justicia distributiva o social.

La principal tesis de este ensayo es que solo se puede hablar de Estado de derecho cuando las leyes vigentes protegen mi vida y mis pertenencias, me garantizan la libertad de tomar decisiones, y de usar mi tiempo y mis ingresos según mis preferencias, siempre y cuando no perjudique a los demás.

Toda ley que atente contra mi vida, mis propiedades y mi libertad viola el Estado de derecho. No tiene más fundamento que la fuerza de quien la aplica.

2. ¿Qué es la ley?

El fenómeno social más antiguo en la vida del ser humano es la ley, considerada como una norma escrita u oral que por costumbre u orden de los que detentan el poder debe obedecerse, con la advertencia de que quienes no la cumplan serán castigados.

En la vida animal hay leyes. Eso lo saben quienes observan y estudian su comportamiento grupal. Unos animales deciden lo que hay que hacer y otros cumplen esas órdenes; si las desobedecen, los matan o los expulsan del grupo.

La llamada ley de la selva o ley del más fuerte, no escrita pero practicada, acompañó al Homo sapiens sapiens durante 95% de los miles de años de su existencia.

La ley del más fuerte predomina en la vida de todos los animales, los cuales, sin un raciocinio igual al del ser humano, rigen sus relaciones con los demás animales mediante leyes.

Las leyes de los animales generalmente no respetan la vida ni las propiedades de los demás. Un animal caza y otros más fuertes o numerosos le arrebatan su presa. Un ave construye un nido, y otra más grande la expulsa: la ley del más fuerte.

Durante milenios, el Homo sapiens sapiens, al igual que los animales, no respetó la vida ni las propiedades de otros hombres. Golpeaba o mataba para robarles alimentos o propiedades a los demás seres humanos. A veces hasta se los comía, pues por milenios fue común el canibalismo.

La forma predominante para adquirir lo que otro cazaba o recolectaba era el robo, no el intercambio voluntario o comercio.

El Homo sapiens sapiens vivió como animal la mayor parte del tiempo del que se tiene memoria de su existencia. Vivían al día, lo que cazaban se lo comían de inmediato, pues en cualquier momento otros se lo podían quitar.

Generalmente no guardaban ni acumulaban alimentos, más allá de los necesarios para sobrevivir unos días, e incluso estos debían esconderlos. Tener alimentos a la vista los convertía en presas de los demás. Por ello, durante milenios el ser humano no progresó.

Las leyes no escritas que imperaban en esos tiempos o quienes ejercían el liderato de las precarias sociedades humanas no consideraban un delito robar: era una forma normal de adquirir lo que otros tenían.

No castigaban per se quitarle la vida a otro ser humano, solo mataban al asesino como venganza si la víctima pertenecía a su grupo o clan y el victimario a otro distinto, igual que sucede entre los animales.

Con esas leyes no había justicia, pues no existía el reconocimiento generalizado del derecho a la vida ni a la propiedad.

El hombre, aunque ya dotado de una razón rudimentaria, vivió milenios bajo leyes que lo desalentaban a guardar o acumular. No había progreso. Esas leyes ordenaban y castigaban, pero no garantizaban la vida ni las pertenencias.

Vivir bajo el “imperio de la ley” no es sinónimo de justicia ni de progreso; es necesario que las leyes respeten y garanticen la existencia, el patrimonio y las decisiones de cada miembro de la comunidad.

Hablar del “imperio de la ley” como un presupuesto indispensable de progreso y armonía social sin valorar su contenido es un equívoco, lo importante es lo que se prohíbe o se ordena.

3. El inicio de la civilización

Las primeras huellas de la civilización se dieron hace aproximadamente 10 000 años, cuando el ser humano brinca, asciende, como dice J. Bronowski, de nómada a sedentario.1

En la vida nómada no había acumulación de bienes, no se construía ni guardaba nada a largo plazo. Llegaban a un lugar, cazaban, recolectaban frutos y semillas que ya existían en la naturaleza; cuando se acababan o el tiempo era malo, migraban buscando comida y un mejor clima, al igual que los animales.

En la época del nomadismo había leyes, no derecho. No se impartió justicia como la definió Ulpiano: “la constante y perpetua voluntad de dar a cada quien su derecho (lo suyo)”.

Por lo general, en esos tiempos no se reconocía la propiedad; no había castigo a quien tomara violentamente lo que no era suyo, sobre lo cual no tenía derecho. No existía la justicia en el sentido que se entiende a partir de que se inicia la civilización.

El gran salto se produce cuando el hombre deja de vagar constantemente, se asienta y no solo recolecta frutos, legumbres, verduras y granos, sino que los siembra. No solo caza animales, sino que los domestica y los reproduce.

A las tierras donde siembra y mantiene a “sus” animales, las considera propias, y los demás miembros del clan o de la tribu las respetan, de la misma manera en que piden respeto para las suyas. La agricultura no crea la propiedad, solo la reconoce sobre las tierras donde se siembra.

La primera manifestación social de la propiedad se dio con el Homo habilis —una especie más antigua que el Homo sapiens sapiens— cuya característica es la creación de herramientas. Junto a los restos del Homo habilis, que habitó la Tierra hace 1.6 millones de años, se encontraron herramientas, bienes de capital— como dirían los economistas modernos—, que indiscutiblemente eran propiedad de quien los creaba, de quien los fabricaba. Pero esa propiedad, como su vida, no era respetada; no había una autoridad que lo protegiera contra el robo de su capital o herramientas.

El cambio del nomadismo al sedentarismo y de la recolección de frutos a la siembra no se dio al mismo tiempo en todo el mundo. El progreso empezó en aquellos lugares donde se reconoció el derecho de propiedad de los instrumentos de producción y de la tierra, y donde hubo una autoridad que restituía a cada quien lo suyo, su propiedad. A esa acción se le llamó justicia.

Con la impartición de justicia se inició la civilización.

Al respetarse la vida y la propiedad, que dieron paso a la generalización de las siembras, la acumulación y el intercambio de semillas y la domesticación de animales, nace la civilización y el progreso.

El intercambio voluntario o comercio desplaza al robo como principal forma de adquisición de lo que otro tiene y yo quiero. Tengo que dar para recibir; ese intercambio libre y voluntario es la base de la convivencia pacífica.

El Homo sapiens sapiens, que “posee las características que definen a los humanos modernos”, solo ha vivido civilizadamente unos 10 000 años, es decir, el 5%, de su existencia. El 95% vivió con las mismas leyes de los demás animales: sin justicia, pues no se reconocían el derecho a la vida, a la propiedad y a la libertad, premisas indispensables para que exista la civilización y el progreso.

Notas:

1 Jacob Bronowski, El ascenso del hombre, México, Paidós, 2017.

4. Derechos en las religiones

En los albores de la civilización, Babilonia destaca por haberse convertido en la más adelantada de todas las regiones. Es la primera cultura que puso en vigor leyes escritas, conocidas, con vigencia para todos: el Código de Hammurabi.

Esas leyes castigaban severamente el asesinato y el robo, lo que implica reconocer el derecho a la vida y a la propiedad. También garantizaron el cumplimiento de los contratos y una mayor libertad económica a sus habitantes.

Según se difundió en aquel tiempo, ese cuerpo de leyes fue entregado por Dios al rey Hammurabi. Esa creencia llevó al pueblo a un mayor grado de obediencia, aunque lo que más influyó para no violar esas leyes fue la dureza de los castigos, basados en el principio de “ojo por ojo y diente por diente”: la Ley del Talión.

La religión babilónica (siglos vii y vi a.C.) condena el robo, el homicidio, el uso de moneda falsa, la corrupción del juez y la promesa ficticia, entre otras conductas.

En tabletas, como las de la serie surpu y áurpo, consideran pecado “derramar sangre del próximo” y “robar el vestido del próximo”. Había mandatos religiosos que condenaban la contaminación ambiental. Por ejemplo, decía una tableta: “No orinar ni vomitar en un arroyo” —en los arroyos bebía agua la población—. Varias religiones posteriores toman algunos de los criterios de la narrativa, liturgia y moral de la religión babilónica.

Los llamados mandamientos egipcios, 42, tomados del Libro de los muertos, reconocían el derecho a la vida y la propiedad, al condenar el asesinato y el robo: “No cometí homicidio, ni jamás ordené a nadie que matara por mí…”, “No he robado ni tomado lo que no me pertenece. No robé de los huertos; ni pisoteé los campos”.

Los diez mandamientos de la cultura hindú o normas de “los yogasutras de Patanjali” piden el respeto a la vida: i… “no violencia… no matar”, iii… “no robar, ausencia de codicia…”.

Los diez mandamientos entregados a Moisés por Dios, según el Antiguo Testamento, fueron influenciados por la religión babilónica, los mandamientos egipcios y la religión hindú.

Esos mandamientos, guía ética en las sociedades judeocristianas, dejan claro el derecho a la vida, cuando ordenan en el v mandamiento “No matarás” y reconocen la propiedad en el vii con el “No robarás”.

Los principios de la religión islámica dicen: “Evítense los siete pecados destructivos”. Entre ellos: “… matar a alguien y el robo…”. “¡Oh, creyentes! No os apropiéis los bienes injustamente. Pero sí comerciad de común acuerdo. No os matéis unos a otros”.

En las principales enseñanzas de Buda resaltan cinco compromisos, entre los cuales están: “Me comprometo a no tomar la vida de nadie” y “Me comprometo a no tomar lo que no me pertenece”.

Las principales religiones en la historia de la civilización reconocen el derecho a la vida y a la propiedad, y condenan el quitarle la vida o sus bienes a otro.

Pero no solo hay millones que no acatan esas normas éticas —convertidas en leyes en casi todos los países civilizados—, sino que hay gobiernos que, lejos de castigar su incumplimiento, son los primeros en violarlas.

Si en una sociedad humana todos los miembros respetaran la vida y la propiedad, que implica la libertad de disponer de mis bienes y mi trabajo, esa sociedad sería la más progresista del mundo.

Las sociedades que más se acerquen a ese entorno serán las que más se desarrollen, y las que más se alejen del respeto a la vida y a la propiedad serán las que se queden más atrasadas y pobres.

La sociedad que con mayor eficiencia castigue a quienes violen los derechos a la vida, a la propiedad y a la libertad mediante sus jueces, y hagan justicia, “den a cada quien lo suyo”, reducirán más rápido el atraso y la pobreza de la mayoría. Aunque estas afirmaciones son lógicas, hay muchos pensadores y políticos que las pasan por alto.

5. Kelsen y Keynes:
perversión de sus teorías

La definición más corta de la ley, que en realidad no la define, usada frecuentemente por policías, funcionarios y jueces, es “La ley es la ley”; no hay nada que discutir, solo cumplir.

En su concepción más general, podemos definir la ley como un mandato de hacer algo o la prohibición de hacerlo, lo que se acompaña de un castigo a quien no obedezca lo que la autoridad o el gobierno decida que se debe hacer o no hacer.

Los llamados positivistas o kelsenianos sostienen que la ley es la fuente del derecho y la justicia. Al derecho, en su teoría pura —dicen los kelsenianos—, hay que librarlo de elementos ajenos, entre ellos la ética: principios teóricos y filosóficos de nuestra conducta, y la moral: lo que consideramos bueno o malo en la vida en sociedad.

Las concepciones éticas y morales, así como los derechos naturales, no son científicos —dice Kelsen—, por lo tanto, son irrelevantes para el derecho positivo o las leyes vigentes.

Hay un paralelismo de los resultados reales entre las teorías de Hans Kelsen en el estudio de la ciencia jurídica y las de John Maynard Keynes en la ciencia económica.

Ambos, en su campo, se consideran entre los más influyentes en el estudio de la economía y el derecho por las ideas que aportaron en el siglo xx. Los dos presentan tesis teóricamente fundamentadas, difíciles de entender, aun para los versados en las materias jurídica y económica.

Lo grave de esas teorías y sus interpretaciones es que han servido de excusa para conductas antisociales de los gobernantes y legisladores, que no estaban previstas por esos grandes pensadores. Se han pervertido, entendido este término como no usar las cosas, en este caso las teorías, para lo que fueron concebidas o creadas.

Las teorías de Keynes justificaron los déficits presupuestales, que los gobiernos gastaran por arriba de sus ingresos, emitieran dinero o deuda para crear demanda e incentivar la economía.

Alcahuetean excesos en el gasto público, los que generan efímeras burbujas de crecimiento a corto plazo, pero llevan a la inflación o a la estanflación —inflación con desempleo y recesión— a mediano y largo plazo a la mayoría de los países donde se aplican.

El premio Nobel de Economía Friedrich Hayek, a quien tuve el privilegio de conocer en un curso que coordinó en la Universidad de Hartford, contó que en una plática con Keynes —a quien consideraba su amigo pese a tener puntos de vista muy diferentes— poco tiempo antes de su muerte, se mostró triste y preocupado por el mal uso que los gobiernos habían hecho de sus teorías.

En el caso del gran teórico del derecho Hans Kelsen, sus teorías han servido de excusa para la aplicación de leyes que pasan por alto los derechos naturales. Pueden hasta ordenar matar, robar o privar de la libertad a ciudadanos, por órdenes de déspotas y dictadores que tienen a su servicio legisladores que convierten sus deseos en leyes.

Las tesis de estos dos grandes teóricos de la economía y del derecho han causado más daños que beneficios. Las de Keynes sirven de excusa a funcionarios y legisladores para programar gastos por arriba de sus ingresos, y las de Kelsen, para justificar la aplicación de leyes injustas, al calificar como ajenos al derecho los juicios éticos y morales de sus contenidos.

Con base en las teorías kelsenianas, muchos jueces y juristas confunden ley con justicia, y consideran justos todos los actos a los que obliga o prohíbe cualquier ley que emana de la autoridad, ya sea representada por una sola persona o por varias, que se constituyen en legisladores o hacedores de leyes.

Esas leyes adquieren el carácter de obligatorias por el solo hecho de que un presidente o grupo de legisladores, que llegaron al poder por la fuerza o por el voto mayoritario, decidieron crear esa ley.

Llevada al extremo —mediante el principio lógico de reducción al absurdo—, obedecer la ley solo porque es ley y cumplir toda orden plasmada en una ley, podría justificar matar a niños menores de 2 años, o a todos los extranjeros, o a las personas de una raza determinada o de cierta religión, es decir, justificaría el genocidio.

Quien ejecute cualquier ley, según los partidarios de cumplir con la ley diga lo que diga, implica excusarlo de los crímenes que cometa al amparo de órdenes derivadas de una ley.

Muchos de los nazis que participaron en los asesinatos de cientos de miles o millones de judíos se defendieron en el juicio de Núremberg argumentando que, al obedecer una ley o una orden superior, cumplieron con el principio de “obediencia debida”.

La corte internacional de Núremberg desechó esa defensa diciendo que tenían “la opción moral”, pero los partidarios de “órdenes son órdenes” o “la ley es la ley” no aceptarían esa opción, dirían que la opción moral es extrajurídica.

Atrás de esa discusión están las posiciones derivadas del positivismo jurídico, cuyo máximo exponente es Hans Kelsen.

Los positivistas parten de la premisa de que la ley vigente o derecho positivo es fuente del derecho, mientras que los partidarios del ius naturalismo consideran que la ley debe partir del derecho o la defensa de los derechos humanos fundamentales, que son anteriores y superiores a la ley.

Paradójicamente, las teorías de Hans Kelsen, de origen judío, abonaron para que los nazis juzgados en Núremberg se defendieran de las acusaciones de la matanza de judíos, arguyendo que obedecían órdenes y leyes.

El profesor Kelsen sufrió en carne propia la persecución a los judíos. En 1936, estudiantes de ideología nacionalsocialista le impidieron, por ser judío, impartir la clase de Derecho Internacional en la Universidad Alemana de Praga —la misma en la que Albert Einstein dio clases por primera vez en su vida.

Podemos resumir la teoría de Kelsen de la siguiente manera: la ley es el continente, es decir, contiene, como un vaso, todos los contenidos, ya sean agua, champaña, cerveza u orines o excremento. La discusión de si es dañino o conveniente el contenido está fuera del ámbito del derecho, de la ley, para los positivistas.

La ley resulta de la aprobación de un parlamento, al que una previa ley o Constitución le confiere competencia para legislar. La ley es la única fuente del derecho y de la creación de derechos y deberes, que determinan lo que es justo o injusto —afirman quienes endiosan la ley.

Los gobiernos, según los positivistas, otorgan derechos; según los ius naturalistas los reconocen. De la concepción que tengamos de la ley y del derecho, se derivan los criterios para impartir justicia. El positivismo jurídico le da prioridad al vaso, que es el contenedor, y no a su contenido.

De esa concepción del derecho llegamos a un “imperio de la ley”, aunque los contenidos de esas leyes atenten contra los derechos fundamentales del hombre: vida, propiedad y libertad. Para los kelsenianos, esos derechos son relativos y no pueden ser base de la justicia, solo puede serlo la ley.

Si cambia la ley, cambia también lo que se debe proteger. Por ejemplo, si una reforma constitucional legaliza la expropiación de todas las propiedades privadas, hay que cumplirla en caso de haberse aprobado según el proceso que marca la ley vigente.

Obedecer la ley, siempre que haya cumplido los requisitos formales para aprobarse como tal, se convierte en una excusa para aplicar leyes que ordenan asesinar, expropiar o robar, al eludir la responsabilidad de valorar su contenido y sus consecuencias.

En la obra El mercader de Venecia, William Shakespeare plantea la disyuntiva de un juez entre dictar una sentencia obedeciendo la ley o preservar la integridad del acusado adaptando la ley a la justicia.

El caso aludido en el libro parte de un contrato que firmaron un prestamista y un comerciante que traía mercancías del extranjero a Venecia. En una de las cláusulas decía que si no cumplía con el pago de la deuda, debía darle un kilo de su carne.

El barco naufragó y el comerciante no tuvo dinero para cubrir su deuda. Por lo tanto, el prestamista podía exigir el cumplimiento de las cláusulas del contrato.

El juez pensó que si no cumplía con la cláusula comentada violaría el principio legal que dice que los “contratos son para cumplirse” (Pacta sunt servanda). Pero si ordenaba ejecutar esa cláusula, aunque cumpliera con la ley estaría cometiendo un acto injusto.

El juez, preocupado por la abusiva e inmoral cláusula, resolvió salomónicamente. Dijo que tenía que hacer cumplir el contrato, pues si no lo hacía dirían que los jueces de Venecia no cumplían con la ley. Pero para actuar con justicia buscó interpretar la ley y no solo cumplirla al pie de la letra.

Le dijo entonces al prestamista que el contrato le permitía tomar un kilo de carne, pero no hacía alusión al hecho de sacar sangre; así que en caso de derramar una sola gota de sangre lo castigaría con la confiscación de sus bienes y la cárcel, pues el contrato no consideraba el derramamiento de sangre.1

La solución que dio a ese dilema nos presenta la disyuntiva entre cumplir con una ley injusta o ser justo dándole la vuelta a una ley injusta.

Mi maestro de Filosofía del Derecho, Rafael Preciado Hernández, llama a las leyes injustas antijurídicos; en cambio, los positivistas consideran un antijurídico a toda conducta que viola la ley, independientemente de cual sea su contenido.

No es lo mismo ley que derecho, ni se hace justicia solo con aplicar la ley, como se deriva del razonamiento kelseniano.

Dice Mahatma Gandhi:

Si el hombre se diera cuenta de que es contrario a su naturaleza obedecer leyes injustas, ninguna tiranía haría presa de él… Una ley injusta es en sí misma una especie de violencia.2

Notas:

1 Para profundizar en esta tortuosa historia, recomiendo leer el artículo de Carlos Rodríguez Braun, “Dinero y contrato en el Mercader de Venecia”, Revista de Instituciones, Ideas y Mercados, núm. 51, octubre de 2009, pp. 7-40.

2 Mahatma Gandhi, La Marcha de la Sal, 05 de abril de 1930.

6. Derecho: base de la ley justa

En la Grecia clásica ya se hablaba de la existencia de un orden que debía respetar las leyes. El poeta Hesíodo, en el siglo viii a.C., denominaba a ese orden nomos y a las leyes que lo reconocían dike, que significa ‘derecho’.

• Sócrates llamó a ese orden ethos. Con base en esa concepción puso en duda la legitimidad de las leyes promulgadas por los tiranos.

• Platón calificó como “derecho aparente” o “falso derecho” a las leyes que se apartan de ese orden universal.

• Aristóteles señaló que ese orden es parte de la naturaleza humana, común a todos los hombres.

• El jurista romano Gayo lo llamó ius gentiun, ‘derecho de gentes’.

• La filosofía cristiana parte del derecho natural para explicar la dignidad del ser humano. Al derecho natural, que es base de la corriente jurídica llamada ius naturalismo, lo considera por arriba del derecho positivo o ley.

Condicionar el cumplimiento de la ley a los derechos fundamentales del ser humano ¿viola el principio de certeza jurídica y deja el cumplimiento de la ley al criterio o la interpretación del juez?

Para responder acertadamente a ese interrogante, debemos acudir a la noción de justicia, y partir de la premisa de que la función esencial del juez es impartir justicia y no solo hacer cumplir la ley. Si la función de los jueces fuera únicamente garantizar el cumplimiento de la ley, estos no serían necesarios, con la policía sería suficiente.

Los jueces deben castigar a quien viola los derechos naturales fundamentales de otro: vida, propiedad y libertad.

Los jueces que distinguen ley de justicia evitan aplicar leyes injustas que violan alguno de los tres derechos fundamentales del ser humano.

Una cosa es decir que “la ley es dura, pero es la ley” (dura lex, sed lex, decían los juristas romanos) y otra que aunque la ley sea injusta hay que cumplirla.

Hay regímenes que se dicen democráticos y presentan formalmente una división de poderes, pero en la realidad un pequeño grupo o un dictador disfrazado de presidente constitucional manipula la creación de leyes de tal forma que le dan poderes ilimitados sobre la vida, el patrimonio y el destino de los ciudadanos.

Muchos dictadores y gobernantes que se dicen fruto de una democracia engendran leyes que les permiten violar impunemente el derecho a la vida, a la propiedad y a la libertad.

7. Bien común: invernadero
del bien personal

Es frecuente escuchar en los discursos de los políticos y en las exposiciones de algunos maestros que el bien colectivo, bien común o bien social está por arriba del bien personal. ¡Falso! Y lo demostraré en los siguientes párrafos.

¡La patria es primero! ¿Quién se atreve a decir que eso es falso? Depende de qué entendamos por patria. Los organicistas consideran a la patria un ente vivo, orgánico, diferente a las personas que la forman; la hacen sinónima de Estado. La palabra patria viene de pater, ‘padre, jefe de familia’ y no constituye un ente diferente ni superior a cada uno de nosotros.

Quien muere por la patria, muere por nosotros, por proteger nuestras vidas, nuestras familias, nuestro patrimonio (palabra que tiene el mismo origen etimológico que patria) y nuestra libertad, por ello se les respeta y se les rinde tributo.

La patria la constituyen las personas que viven en un mismo país. Patriota es quien protege la vida de esas personas, sus patrimonios y su libertad. No nos confundamos, el gobierno no es la patria; lo son las personas, los ciudadanos.

¿Qué es más importante, el bosque o los árboles? ¿Es lógico afirmar que vamos a cortar todos los árboles para salvar al bosque? El bosque ¿constituye una realidad diferente de los árboles? ¿Se puede beneficiar al bosque si se perjudica a cada uno de los árboles?

Es falsa la dicotomía que parte de diferencias valorativas contrapuestas entre persona y sociedad, entre bien personal y bien común o colectivo. La sociedad no es un todo ni cada uno de nosotros una parte. Cada uno de nosotros somos un todo, y la sociedad es un concepto que se refiere a un conjunto de seres humanos, sin ser esencialmente diferente a cada uno.

Lo importante de este aparente juego semántico de términos es que la persona y la sociedad no pueden seguir caminos diferentes, porque parten de la misma esencia: la persona. Sacar las manzanas podridas de una caja no quiere decir que la caja sea más importante que las manzanas.

El llamado bien común es un concepto derivado de las enseñanzas aristotélico-tomistas. El cristianismo lo toma como el principal objetivo a cumplir por los gobiernos. El bien común no es diferente ni contrario del bien de cada persona.

Hay diferentes definiciones de bien común; la que considero correcta implica la creación de un ambiente social que facilite a cada persona alcanzar sus aspiraciones materiales y espirituales sin perjudicar a otras.

El bien común —decía mi maestro de Sociología Isaac Guzmán Valdivia— es equiparable a un invernadero, que crea un clima adecuado para que cada planta se desarrolle. El invernadero no es lo más importante: está al servicio de las plantas, no las plantas al servicio del invernadero.

Muchos políticos creen que encarnan al pueblo, a todos, a la sociedad, y por ello piensan que están por encima de las personas comunes. 

En las ideologías colectivistas, el Estado se encuentra por encima de la persona. La preponderancia del Estado tiene una de sus máximas expresiones en la frase de Mussolini: “Todo dentro del Estado, nada fuera del Estado, nada contra el Estado”.

En la filosofía personalista, el Estado, encarnado por los gobernantes, la burocracia, está para servir y facilitar la convivencia de las personas.

Dice mi maestro, el jesuita Héctor González Uribe, —quien me orientó en la elaboración de mi tesis doctoral— en su libro Teoría política:

El bien común, como un fin de la sociedad, es un fin secundario y subordinado al bien supremo de la persona humana. Es un instrumento para alcanzar los fines supremos del hombre, y cuanto más apto sea para ello tanto más cumplirá su genuina misión y se justificará ante la moral y el derecho…

En cuanto al papel del Estado señala:

… es puramente supletorio y subsidiario. Cuando pretende invadir los dominios de la persona humana e imponerle dogmas, ideologías y modos de conducta, comete el atentado más brutal e injustificable.

En relación con la igualdad, indica:

… el bien común no puede igualar a todos los hombres y nivelarlos con el mismo trasero. Sus diversidades individuales y de grupo son demasiado notorias para poder ser uniformadas, aun con los métodos de coacción violenta de los Estados totalitarios. El bien común más bien debe buscar la unidad en la diversidad.1

Los dictadores, que se sirven de las personas y violan sus derechos en nombre del pueblo, de la colectividad o de todos, son los que más acuden en sus discursos a los conceptos indefinidos de pueblo, colectividad o todos, entelequias que no existen en la realidad, pero que sirven a caudillos y dictadores para justificar el privar de la vida, de sus propiedades o de la libertad a los ciudadanos.

El profesor Pablo de Ballester, sabio obispo ortodoxo, contó en una plática que cuando Miguel de Cervantes regresó de la batalla de Lepanto, en la que perdió un brazo, y de su cautiverio, por servir a la patria, no encontró a la patria, solo a un burócrata que le negó todo tipo de ayuda. Le dijo que el reconocimiento se le da a los que mueren por la patria: “Usted no tiene derecho absolutamente a nada, usted para ser grande tenía que haber muerto en Lepanto”, le dijo el funcionario a Cervantes.2

Todo legislador que piensa que el Estado es más importante que los ciudadanos, terminará aprobando leyes que darán más poder a los gobernantes y limitarán más la libertad de los ciudadanos.

Notas:

1 Héctor González Uribe, Teoría política, México, Porrúa, 1972, pp. 562-563.

2 Pablo de Ballester, Grandes escritores (conferencias), México, Publicaciones Cruz O, 2012, pp. 54-55.

8. Qué es y para qué sirve
una constitución

Una de las formas para evitar los abusos legalizados por leyes injustas es mediante una ley máxima llamada Constitución, cuyo objetivo fundamental es limitar las acciones de los gobernantes.

Una verdadera Constitución les señala a los gobernantes las funciones a las que deben constreñirse y los derechos que deben proteger y garantizar.

El antecedente más directo de las constituciones modernas es la Carta Magna, que data del siglo xiii. El 15 de junio de 1215, nobles y terratenientes le obligaron a firmar este documento al rey Juan I de Inglaterra, conocido como Juan sin Tierra —hijo de Enrique II y hermano de Ricardo Corazón de León—, para que no decretara ningún impuesto ni confiscación de propiedades sin antes tener la anuencia de una asamblea constituida por ellos y otros sectores del pueblo.

La Constitución es un parteaguas entre los gobiernos absolutistas, la mayoría de reyes y emperadores en los siglos xvi y xvii, y los gobiernos con poderes limitados.

Los gobiernos absolutistas, como el del llamado Rey Sol, Luis XIV —famoso por haber pronunciado la frase L’Éat, c’est moi, ‘El Estado soy yo’—, representan a los gobernantes que hacían lo que querían con sus súbditos, mientras que los gobiernos republicanos limitan al presidente y a las autoridades en general.

La división de poderes en ejecutivo, legislativo y judicial, que implica “pesos y contrapesos”, y el reconocimiento y las garantías a los derechos fundamentales de los ciudadanos constituyen las bases de un régimen que presuma de republicano o democrático.

En la Constitución de los Estados Unidos, como en la mayoría de las constituciones modernas, hay dos grandes rubros: uno que describe las acciones que pueden desarrollar los gobernantes, y otro que se incorporó como complemento indispensable para evitar el absolutismo y las conductas de los funcionarios que violen los derechos humanos fundamentales: la Carta de Derechos.

La Carta de Derechos (Bill of Rights) deriva de la Declaración de Derechos impuesta en 1689 por el Parlamento inglés al príncipe Guillermo de Orange para que pudiera suceder en el trono a Jacobo I, y es de los primeros documentos en la historia moderna que antepone el derecho a la ley.

La Declaración de Derechos limita el contenido de las leyes dictadas por el rey, que actualmente sería equivalente al Poder Ejecutivo. El encargado de aprobar las leyes y de cuidar que estas no violen la Declaración de Derechos es el Parlamento, que originalmente estuvo formado por nobles y terratenientes.Más adelante, les correspondió a los jueces que formaban parte del Poder Judicial decidir sobre la constitucionalidad de una ley promulgada por el Ejecutivo o el Legislativo.

La Declaración de Derechos declara inválida toda ley emitida ya sea por un rey o por un presidente, que implique multas excesivas, castigos no contemplados en la ley y los considerados crueles, confiscaciones de la propiedad, impuestos no autorizados por el Parlamento, impedimentos a la libertad de expresión y el reclutamiento de un ejército sin la autorización del Congreso.

Un siglo después, en 1791, fue incorporada a la Constitución norteamericana una Carta de Derechos parecida a la de la Constitución inglesa mediante diez enmiendas.

Las diez enmiendas contenidas en la Carta de Derechos garantizan la libertad religiosa y la posesión de armas, prohíben los registros a los domicilios, la incautación de bienes sin procedimientos legales y las acusaciones sin un jurado indagatorio.

A nadie se le priva de la vida, la libertad o sus bienes sin un debido procedimiento, ni se le confisca una propiedad privada para uso público sin compensación justa. Ningún hecho juzgado se examinará de nuevo. No se exigirán fianzas ni multas excesivas, ni castigos crueles ni inusitados.

La Carta de Derechos termina con un sinnúmero de abusos configurados en leyes promulgadas por reyes y emperadores que violaban impunemente los derechos humanos fundamentales.

La Carta de Derechos, incorporada a las constituciones de Inglaterra y de los Estados Unidos, muestra claramente que el derecho no es lo mismo que la ley. En la Constitución mexicana de 1857 se incorpora 33 años más tarde que en los Estados Unidos una Declaración de Derechos con el título Los Derechos del Hombre, actualmente llamados derechos humanos.

Dicha Constitución dice en su artículo 1º:

El pueblo mexicano reconoce que los derechos del hombre son la base y el objeto de las instituciones sociales. En consecuencia, declara que todas las leyes y todas las autoridades del país deben respetar y sostener las garantías que otorga esta Constitución.

Ese artículo subordina claramente todas las leyes que se emitan a los derechos del ser humano e invalida las leyes que los violen.

Del artículo 2º al 29, se enumeran los derechos a garantizar. A continuación señalamos el derecho que protege cada artículo:

Art. 2o En México toda persona nace libre.

Art. 3o Libertad de enseñanza.

Art. 4o Libertad de elegir profesión.

Art. 5o Libertad de trabajo.

Art. 6o y 7o Libertad de manifestar ideas, de escribir y publicar.

Art. 8o y 9o Libertad de asociación y de petición.

Art. 10 Libertad limitada de portar armas.

Art.11 Libertad para salir y entrar de la República Mexicana.

Art. 12 El no reconocimiento de títulos de nobleza.

Art. 13 La generalidad de la ley, “nadie puede ser juzgado por leyes privativas ni fueros…”.

Art. 14 La no retroactividad de la ley.

Art. 15 La no extradición de reos políticos.

Art. 16 Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles y posesiones, sin mandamiento escrito de autoridad competente.

Art. 17 “Nadie puede ejercer la violencia para recobrar su derecho”.

Art. 18 Solo habrá prisión para delitos que merezcan pena corporal.

Art. 19 Ninguna detención puede exceder de tres días sin justificar.

Art. 20 Enumera las garantías en el proceso de juicios criminales.

Art. 21 La aplicación de penas es exclusiva del poder judicial.

Art. 22 Prohíbe leyes que impongan penas de mutilaciones, azotes, multas excesivas y confiscaciones de bienes.

Art. 23 Limita la pena de muerte y la prohíbe por delitos políticos.

Art. 24 Limita a tres las instancias de los juicios.

Art. 25 Prohíbe el registro de la correspondencia.

Art. 26 Limita la actuación de los militares en tiempos de paz.

Art. 27 Garantiza la propiedad privada y limita expropiaciones a causas de utilidad pública y previa indemnización. También limita la propiedad de asociaciones civiles y religiosas a sus fines propios.

Art. 28 Prohíbe las leyes que establezcan monopolios y la protección a la industria. Exceptúa la acuñación de moneda, de correos y los derechos intelectuales y marcas sobre innovaciones e invenciones.

Art. 29 Señala los casos en que el Presidente y el Congreso pueden suspender las garantías otorgadas por la Constitución.

Una verdadera Constitución obliga a que todas las leyes, reglamentos, prohibiciones y acciones de los gobernantes respeten los derechos del hombre, humanos o naturales, propios de su dignidad de ser humano.

Esos derechos los reconoce una Constitución, no los crea. Los derechos humanos fundamentales no cambian sustancialmente con el tiempo, solo se adecuan a nuevos fenómenos sociales, innovaciones y tecnología, mediante las interpretaciones de los tribunales supremos de cada país. En México es la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y en los Estados Unidos, la Supreme Court of the United States.

En los Estados Unidos, la Carta de Derechos no ha sufrido reformas: es la misma desde hace 227 años. En México, la Declaración de Derechos ha sido modificada varias veces, a partir de la consignada en la Constitución de 1857, hace 161 años.

En la Constitución de 1917 se reconocen básicamente los mismos Derechos del Hombre que en la Constitución de 1857, pero se han modificado constantemente.

En 2011 se cambió el nombre de Garantías individuales por el de derechos humanos y sus garantías como parte de la “reformitis” constitucional en la que han caído los legisladores mexicanos, lo que acarrea inseguridad jurídica, entre otros males. Han incorporado párrafos que deberían estar en leyes secundarias o reglamentos, complicando innecesariamente la Carta Magna mexicana.

La Constitución de los Estados Unidos ha estado vigente por 229 años. La misma Constitución durante toda su vida independiente. Solo ha tenido 27 enmiendas, una de las cuales fue la incorporación, al poco tiempo de su entrada en vigor, de la Carta de Derechos. Es la Constitución más breve y con más años de vigencia en el mundo actual.

La ausencia de cambios en la Constitución de los Estados Unidos es uno de los cimientos de su seguridad jurídica.

En el México independiente hemos tenido tres constituciones, la de 1824, 1857 y 1917; esta última con 101 años de vigencia. La Constitución de 1917 ha sido impactada por 229 decretos, que modificaron 699 artículos hasta el año 2017. Muchos de esos cambios son innecesarios y están fuera de lugar, pues no deberían estar en la Constitución; son fuente de inestabilidad e inseguridad jurídica.

La actual Constitución Mexicana contiene casi nueve veces más palabras que la de los Estados Unidos, pero no por ello brinda más seguridad y protección a los derechos fundamentales de los ciudadanos.

La función básica de una Constitución es limitar las acciones de los gobernantes y el contenido de las leyes, decretos, reglamentos y órdenes emitidas por los miembros del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial.

En un gobierno constitucional, los gobernantes, legisladores y jueces solo pueden hacer aquello que les está expresamente permitido por la Constitución, y los ciudadanos, todo lo que no les esté explícitamente prohibido.

No todo ordenamiento legal al que le llamen Constitución es una verdadera Constitución, solo aquel que limite y describa las acciones que pueden y deben realizar las diversas autoridades del gobierno, y enumere los derechos que deben ser reconocidos y garantizados por la Constitución. Todo lo demás que se incorpore a una Constitución que no se relacione con esos rubros no debe estar en ella.

Una Constitución que en lugar de limitar a los gobernantes les da poderes discrecionales para hacer lo que quieran no es una Constitución. Tampoco se le puede llamar Constitución a un ordenamiento que en vez de garantizar los derechos fundamentales de los ciudadanos les da poder a las autoridades para violarlos.

Una Constitución que otorgue un poder a los gobernantes para quitarles la vida, las propiedades o las libertades a los ciudadanos, aunque sea aprobada por una asamblea constituyente elegida por la mayoría de los ciudadanos, no es, estrictamente hablando, una Constitución, ni se le puede llamar constitucional al régimen que gobierna amparado en esa falsa Constitución.

9. Derechos humanos:
¿se otorgan o reconocen?

En los gobiernos absolutistas europeos y en los despotismos orientales y africanos, reyes, emperadores, maharajás, sultanes y faraones, entre otros títulos, se consideraban los dueños de “vidas y haciendas”, del aire, de los mares, de las tierras y del destino de sus súbditos.

Ellos, descendientes o enviados de Dios o de los dioses, podían condenar a muerte, al destierro o despojar de sus bienes a cualquiera de sus vasallos. Al ser considerados de origen divino, se sentían con derecho a conceder la vida a sus súbditos o una esposa, tierras, a esclavizarlos, acostarse con sus hijas (derecho de pernada) o expropiarles tierras.

Esos reyes, faraones, jeques o emperadores eran, en nombre de Dios o por su supuesta sangre noble, quienes otorgaban el derecho a vivir, a poseer bienes, y decidían el futuro de sus súbditos. Los derechos los otorgaban ellos.

Cuando una Constitución dice “…los derechos otorgados por esta…”, es una remembranza del gobernante todopoderoso, que concesiona tierras o servicios, como si fuera el dueño original de todo.

La concepción del gobernante divino, fuente primera de leyes y castigos, fue reemplazada en el siglo xx por gobernantes que ya no ejercían el poder absoluto en nombre del dios, sino del “pueblo”.

En el siglo xx nace un nuevo totalitarismo. En nombre del “pueblo”, un grupo de gobernantes, de un partido, concentraron durante el siglo pasado tanto o más poder sobre la vida, la propiedad y el destino de las personas que los gobernantes absolutistas.

Gobernaron en nombre de “todos”, del “pueblo” o de la clase trabajadora, pero los resultados fueron los mismos: la concentración del poder y la propiedad en manos de una élite.

Presidentes, primeros ministros, caudillos, jefes de la Revolución han tenido en la mayoría de los países con gobiernos marxistas-leninistas, como la China de Mao, la urss y los gobernantes de izquierda en Europa del Este, de Corea del Norte, Cuba y Venezuela, por poner algunos ejemplos, el mismo o más poder, de hecho, que reyes y emperadores.

Un ejemplo claro lo encontramos al comparar las ejecuciones, expropiaciones, concentración del poder y restricción a las libertades entre los gobiernos de los zares y los de Lenin y Stalin.

Lo que llamo la paradoja marxista se refiere a que Marx contemplaba la desaparición del Estado, al que consideraba parte de una superestructura explotadora de los trabajadores, que debía extinguirse. Pero paradójicamente, en nombre del marxismo, interpretado por sus seguidores, crecieron los estados en tamaño y en poder.

Si los bolcheviques, una vez en el poder en Rusia, hubieran seguido al pie de la letra la teoría de Marx —quien era anarquista—, deberían haber desaparecido el Estado y trasladado el poder a los trabajadores.

Lenin, al darse cuenta que, de seguir puntualmente a Marx, debería irse a su casa, inventa la teoría de la dictadura del proletariado, dizque para acabar de terminar con los capitalistas.

Esa teoría contradice a Marx, pues en lugar de desaparecer el Estado lo hace crecer, suprime libertades al pueblo e introduce el trabajo forzoso para el Estado.

Las teorías de Marx, manipuladas y complementadas por Lenin, Stalin y sus sucesores, después de cien años de existencia tuvieron resultados contrarios a los buscados por Marx donde se aplicaron.

El marxismo-leninismo no redujo ni desapareció el gobierno, sino lo agrandó. Se engendraron gobiernos con más poder y represión a los derechos humanos fundamentales que en los absolutismos de los zares o de los luises en Francia.

En todos los gobiernos absolutistas, el otorgamiento o concesión de derechos en nombre de Dios o del pueblo dependía del gobernante en turno.

Entre esos regímenes y las llamadas democracias constitucionales la diferencia es que, cuando son de verdad, los derechos se consideran inherentes a las personas; son parte de la dignidad del ser humano, su vida, sus propiedades y su libertad.

El gobierno reconoce y garantiza esos derechos básicos a los ciudadanos, que son parte de su naturaleza; algunos los llaman derechos del hombre, otros derechos naturales o derechos humanos.

La primera Constitución socialista proclamada en la República Socialista Federativa Soviética de Rusia (rsfsr) en 1918 deja claro cómo la propiedad y la libertad de trabajo queda al arbitrio y a las órdenes del gobernante en turno.

Aunque esa “Constitución” dice que las empresas y las riquezas estatizadas pasarán a manos de las “masas de trabajadores”, cien años después se comprueba que nunca se transfirió nada de lo expropiado a los trabajadores; todo se quedó en poder de los gobernantes, dándoles un control económico y político ilimitado, mayor al que tenían los zares.

La pseudoconstitución socialista, que entró en vigor hace un siglo, es un documento que enseña cómo atrás de una fraseología hueca se implantó un “absolutismo-constitucional”, lo que es una contradicción de términos.

Dicen textualmente algunos párrafos de la primera Constitución socialista:1

Capítulo II

a) Con el fin de realizar la socialización de la tierra, queda anulada la propiedad individual sobre la tierra y todas las propiedades rústicas son declaradas del dominio público y transferidas sin indemnización a las masas trabajadoras, sobre la base de la igualdad en el usufructo de la tierra.

Comentario: Se termina con la propiedad privada de la tierra, la que se transfiere de hecho a los funcionarios del Estado, no a “las masas trabajadoras”.

b) Todas las aguas y bosques, suelo y subsuelo, que ofrezcan interés público, así como material y herramienta, el ganado, las granjas modelos y las explotaciones agrícolas, son declarados bienes públicos.

Comentario: En la realidad se convierten en propiedad de los funcionarios que detentan el poder del Estado, no en “bienes públicos”.

c) Con objeto de asegurar el poder de los trabajadores sobre los explotadores, quedan ratificadas las leyes de inspección obrera y la Ley del Consejo Superior de la Economía Nacional, como primeros pasos hacia la transferencia de las fábricas, industrias, minas y ferrocarriles y otros medios de producción y de transporte, en plena propiedad, a la república obrera y campesina de los Soviets.

Comentario: Expropiación de las empresas a favor del Estado, con el nombre de República Obrera y Campesina, que nunca se formó con obreros ni campesinos, sino con miembros del partido comunista.

e) El Congreso ratifica la nacionalización de los bancos en provecho del gobierno obrero y campesino como una de las condiciones de la liberación de las masas del yugo del capital…

Comentario: Estatización de la banca. Sus nuevos dueños, la alta burocracia.

f) Con el objeto de destruir todas las clases parasitarias de la sociedad y para organizar el régimen económico, ha sido instituido el trabajo obligatorio para todos.

Comentario: Trabajo obligatorio es un trabajo forzado.

Capítulo V

14. Con el fin de garantizar a los trabajadores la verdadera libertad de expresión de sus opiniones, la rsfsr suprime la dependencia de la prensa respecto del capital; pasando a manos de la clase obrera y de los campesinos pobres todos los recursos técnicos y materiales necesarios para la publicación de periódicos, libros y otras publicaciones de imprenta, garantizando su libre difusión en todo el país.

Comentario: Pasan los medios de comunicación al Estado, no a la clase obrera ni a los campesinos pobres. De hecho, este artículo suprime legalmente la libertad de expresión: expropia imprentas, periódicos y panfletos e instituye la censura gubernamental.

18. La rsfsr declara el trabajo como obligación de todos los ciudadanos de la república y proclama esta consigna: ¡El que no trabaja, no come!

Comentario: Trabajo forzado para el Estado, único patrón y distribuidor de alimentos, que se les niegan a quienes desobedezcan y no trabajen en lo que les ordenen. En la realidad ese precepto de la Constitución soviética se traduce en ¡El que no obedece, no come!

Cien años después de la proclamación de esa pseudoconstitución —pues no limita, sino da un poder ilimitado a los gobernantes sobre la vida, propiedades y libertades de los ciudadanos—, los resultados fueron una reducción de los niveles de vida y de las libertades del pueblo ruso y en los países que mantuvieron los gobernantes rusos mediante la fuerza como parte de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas.

El régimen marxista-leninista violó los derechos humanos fundamentales con la excusa de liberar a las masas de trabajadores y a la gente pobre de la explotación capitalista, pero estos no recibieron en cien años ningún beneficio del régimen socialista.

La Constitución soviética le otorgó de hecho toda la propiedad agrícola, industrial, de bancos y medios de comunicación a los funcionarios del gobierno y del partido.

El marxismo-leninismo, fundamento ideológico de gran parte de la llamada izquierda, engendró un Estado monstruoso, donde no tuvo cabida el reconocimiento ni el respeto a los derechos fundamentales del ser humano: vida, propiedad y libertad.

A un siglo de la primera Constitución socialista en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, basada en las teorías marxistas-leninistas, el resultado fue un Estado con una mayor concentración del poder económico y político que el de los reyes y emperadores absolutistas, poder que ya no se ejercía en nombre de su ascendencia divina o de su linaje, sino “en favor” de la masa de trabajadores y de los pobres, que nunca participaron en la toma de decisiones sobre el uso de los bienes confiscados por los gobernantes y directivos del partido en el poder.

La primera Constitución socialista les transfirió a los funcionarios públicos, a la burocracia, a los miembros del partido todas las propiedades. Prohibió la propiedad personal, la libertad de decidir en qué trabajar y la libertad de opinar y diferir, la que abolió al entregar los periódicos y publicaciones al Estado.

La orden “¡El que no trabaja [para el gobierno], no come!”, se convirtió, como ya comentamos, en “¡El que no obedece, no come!”, e hizo de los habitantes esclavos del Estado. La “anticonstitución” socialista creó un capitalismo monopólico de Estado para que lo usufructuaran los miembros del partido que monopolizó el poder.

No garantizó los derechos humanos en su ley máxima, sino que legalizó su violación por la vía de esa falsa Constitución, a la luz del derecho natural y válida desde la óptica de los partidarios de la “teoría pura del derecho” o positivistas.

La Constitución Soviética, la primera Constitución socialista, basada en el marxismo-leninismo, es ejemplo de una anticonstitución, pues da atribuciones ilimitadas al partido gobernante y le entrega un poder por encima de los derechos humanos de los gobernados.

Notas:

1 Traducción de la Comisión del Centenario de la Revolución Socialista, octubre de 2017.

10. De la democracia
a la demagogia

Un país no es democrático porque le pongan el nombre de república o democrática, como fue el caso de la República Democrática Alemana, de la República Democrática del Congo y de Corea del Norte, país que funciona con una dictadura aunque su nombre oficial sea República Popular Democrática de Corea.

Una nación no tiene un gobierno democrático solo porque el presidente sea elegido mediante una votación donde obtenga más votos que los demás candidatos, el 30%, 40% o el 51 por ciento.

Las elecciones representan un proceso para escoger gobernantes, pero no son la esencia de la democracia. Un dictador puede ser elegido democráticamente, como en el caso de Hitler, y no por ello su gobierno adquiere la categoría de democrático.

En la clase de Economía Política les pregunté a los alumnos si les parecía que le cortáramos el pelo a los compañeros que medían más de 1.90 cm. Como los que tenían esa altura eran minoría, la mayoría levantó la mano. Después les pregunté si esa decisión era democrática, ya que más del 80% había aprobado cortarles el pelo a los altos. Respondieron que sí.

Entonces les expliqué que esto violaba la dignidad y los derechos humanos de quienes fueron condenados a ser rapados sin su consentimiento. Una mayoría no tiene derecho, por su superioridad numérica, de cortarle el pelo, o un brazo o de matar a una minoría por el solo hecho de serlo.

Si los gobernantes no respetan la integridad personal, el patrimonio y la libertad de decidir de cada persona, aunque hayan ganado una elección, no se les puede calificar de democráticos o republicanos.

En Venezuela, Hugo Chávez fue elegido mediante un proceso electoral, pero no respetó la integridad personal ni el patrimonio de los gobernados. Durante su gobierno se expropiaron arbitrariamente miles de empresas.

En un video que me impresionó, el presidente Chávez iba caminando por las calles de Caracas cuando señala con el dedo una plaza comercial y pregunta a uno de sus ayudantes: “¿Y este edificio?”. “Es un edificio que tiene comercios privados de joyería”, le responde. Él exclama en voz alta: “¡Exprópiese, exprópiese!”. Así, seguía preguntando, y si le decían que había empresas en algún edificio, repetía la sentencia “¡Exprópiese!”.1 Sus palabras se convertían en ley.

Ningún jurista ni persona sensata puede decir que el gobierno de Chávez fue democrático por el hecho de haber llegado al poder por la vía electoral.

Hay quienes remontan el origen de la democracia a Grecia. En Atenas se originó la democracia o gobierno del pueblo, donde los habitantes elegían a sus gobernantes. Eso es relativamente cierto. En la Atenas de entonces, con aproximadamente 500 000 habitantes, solo unos 50 000, el 10%, tenían derecho a votar; otros datos calculan una población de poco más de 300 000, de la cual votaban 40 000, como el 13 por ciento.

Esclavos, metecos (comerciantes y trabajadores extranjeros) y libertos (esclavos liberados) no votaban. En la democracia griega, alrededor de 90% de los habitantes no participaban en las elecciones.

Es un error, como ya lo comentamos, considerar la elección de gobernantes por el “pueblo” el fundamento de la democracia.

Es ambiguo definir a la democracia con base en sus raíces etimológicas de gobierno del pueblo. ¿Qué porcentaje de ciudadanos “hacen pueblo”, 51%, 90%, 25% o el 10 por ciento?

¿A partir de qué edad se es parte del “pueblo” que puede votar? ¿Solo cuentan para la democracia quienes votan? Cuando una persona, como resultado de su trabajo y sus ahorros, se convierte en alguien rico, ¿deja de ser pueblo? ¿La clase media es pueblo o solo los que las estadísticas consideran pobres? ¿Mis partidarios son el pueblo y la oposición son reaccionarios y antirrevolucionarios, como eran calificados quienes no apoyaban a Fidel en Cuba?

La palabra pueblo es un término que forma parte de los conceptos denominados indefinidos que muchos políticos usan en sus discursos. Se pueden incluir en cualquier conferencia y nadie pregunta a quiénes se refieren, pues cada quien los define, les pone límites y los manipula según le convenga.

Hablar de que hay democracia porque el pueblo participa en el nombramiento de sus gobernantes no es suficiente para calificar de demócrata a un gobierno.

El elemento fundamental de un sistema democrático es la preservación de los derechos fundamentales de cada persona —vida, propiedad y libertad— por los gobernantes, no su elección por el pueblo.

En una verdadera democracia, una mayoría no tiene derecho, aunque represente el 90%, de cortarle el pelo sin su consentimiento a un pequeño grupo, como ya lo dijimos. Si lo hace, no se trata de un acto democrático, sino de un abuso propio de un dictador, de una dictadura de partido o dictadura del proletariado, pero no de una democracia.

Ganar una elección no da derecho al triunfador de hacer lo que se le dé la gana con los perdedores, ni con ningún ciudadano. Tiene que limitar sus decisiones a lo descrito en una Constitución, que además de marcarle concretamente lo que puede hacer, el ámbito de su competencia, y establecer una división real de poderes (ejecutivo, legislativo y judicial), debe dejar claro cuáles son los derechos humanos o naturales que debe respetar mediante las garantías individuales.

Un gobierno democrático es aquel que respeta por igual los derechos fundamentales de una sola persona que los de mil personas, agrupadas en un sindicato de trabajadores o en una asociación de empresarios.

Un elemento fundamental de la democracia es una Constitución, con vigencia cotidiana, que garantice los derechos de cada persona. Esos derechos no implican dar algo a los ciudadanos, sino respetar y garantizar su vida, su propiedad y su libertad, así como los derechos derivados de esos derechos fundamentales.

Aristóteles dijo que la degeneración de la democracia es la demagogia. Ese estado de descomposición de la democracia consiste, entre otras características, en darles privilegios y dádivas disfrazadas de derechos a grupos de ciudadanos para ganar popularidad. La mayoría de las dádivas prometidas son insostenibles, porque alguien las tiene que costear.

Se politizan y se deforman los derechos humanos con el objetivo de ganar votos para quienes ofrecen privilegios y servicios gratuitos, argumentando que satisfacen derechos humanos.

El derecho al trabajo, correctamente entendido, significa que tenemos la libertad de trabajar en lo que decidamos, o de no trabajar. Ni el Estado ni ninguna empresa o patrón nos pueden obligar a trabajar contra nuestra libre voluntad.

Enfatizo la palabra libre puesto que no basta con que el trabajo sea voluntario; puede ser coaccionado y sigue siendo voluntario, lo que no es suficiente para no asimilarlo al trabajo de un esclavo.

Un principio jurídico dice: voluntas coacta voluntas est (la voluntad coaccionada sigue siendo voluntad); por lo tanto, para que un intercambio tenga validez en un país civilizado, no solo debe ser voluntario sino libre, sin coacción por parte de terceros.

En un asalto, si me amenazan con una pistola para que les dé mi reloj, se lo entrego voluntariamente, pero no libremente. Esa falta de libertad es la diferencia entre un intercambio y un robo, que constituye un delito.

Al igual, si yo rubrico un contrato, aunque lo haya firmado voluntariamente, pero no libremente, un juez puede invalidar el contrato. En la ceremonia de matrimonio, el sacerdote les pregunta a quienes van a contraerlo: “¿Han venido aquí a contraer matrimonio por su libre y plena voluntad y sin que nadie los presione?”.

El derecho y la justicia garantizan y defienden en los intercambios y contratos la libertad de decidir, Free to Choose, como tituló uno de sus libros el premio Nobel de Economía Milton Friedman.

La libertad es uno de los valores fundamentales que hace que un intercambio comercial, un matrimonio, un testamento y otras acciones sociales sean calificadas de justas o injustas, de válidas o inválidas.

En un país democrático las personas tienen la libertad de no trabajar, pero deben asumir las consecuencias, no esperar que los mantenga el Estado.

Hay políticos populistas que interpretan el derecho al trabajo como la obligación del Estado de darle trabajo digno a cada habitante del país. Eso es imposible. ¿De dónde va a obtener un gobierno recursos para emplear y pagar un salario a todos los que no tienen trabajo?

El derecho a una casa digna para todos, entendido ese derecho como la obligación del gobierno de dársela, es una mentira.

El Estado no tiene los recursos ni la capacidad para proporcionar casa gratuita o subsidiada a cada uno. La demagogia de unos, la ignorancia de otros y el abuso de los grupos organizados de presión, que consiguen que les asignen habitaciones gratuitas o subsidiadas, con las que especulan, son los impulsores de ese engaño.

Los demagogos utilizan programas gubernamentales que prometen hacer realidad la promesa de “casa digna para todos” para ganar popularidad y votos.

Los beneficiados de una errónea interpretación de derechos incorporados a las constituciones de varios países son activistas, quienes, junto con candidatos, funcionarios o legisladores demagogos, justifican la inclusión de esos falsos derechos en las constituciones.

Así, la lista de derechos humanos se vuelve infinita: derecho a recibir una pensión digna, derecho a viajar, derecho a vacaciones dos veces al año, derecho a una parcela de terreno, derecho a vestir bien, derecho a recibir agua potable gratuita, sin decir de dónde van a obtener los recursos de esos costosos “derechos”.

Por cierto, en la Unión Europea hay un precepto que prohíbe a los gobiernos suministrar agua gratuita, pues consideran la gratuidad del agua una fuente de desperdicio, y el agua es un bien escaso en Europa. 

Sería maravilloso que un gobierno pudiera darle gratuitamente o por abajo de su costo todo a todos, pero es imposible que reúna los recursos suficientes para cumplir con los falsos derechos sin causar graves desequilibrios sociales.

El alto precio de esa engañosa interpretación de los derechos hace imposible que los financie el Estado sin tener que recurrir a más impuestos, deuda o emisión de dinero, acciones que culminan en inflaciones, devaluaciones y escasez.

Fenómenos que hacen a los pobres más pobres, reducen la inversión, el empleo y el crecimiento; pero permiten a los gobernantes demagogos y populistas ganar simpatías entre quienes ignoran cómo funcionan los mecanismos económicos.

El gran peligro de las democracias son las promesas de gobernantes populistas que, desde el tiempo de los griegos y los romanos, las prostituyen con ofrecimientos de igualdad y de una mayor riqueza para todos.

Normalmente los políticos no dicen de dónde van a tomar los recursos para implementar sus promesas. Esos recursos salen del mismo pueblo al que le ofrecen falsos derechos como un regalo de sus gobernantes.

El populismo no es un fenómeno nuevo, ya existía en la antigua Roma. En los famosos discursos, llamados catilinarias, del gran orador y jurista romano Marco Tulio Cicerón, quedó grabada la existencia de los populistas, uno de cuyos líderes era Lucio Sergio Catilina, del Partido Popular Romano, a quien Cicerón dirigió sus palabras en algunos debates en el Senado.

Una de las frases pronunciadas por Cicerón contra el populista más conocido en aquella época (año 63 a.C.), recordada para la posteridad, es “Hasta cuándo Catilina, abusarás de nuestra paciencia”.

La función correcta del Estado es proteger los derechos humanos fundamentales y crear las condiciones socioeconómicas que faciliten la creación de empleos, viviendas y mejores salarios.

Esos avances únicamente se logran en un ambiente de seguridad jurídica sobre la vida, la propiedad y la libertad de comprar, vender, ahorrar, invertir, gastar, comerciar y consumir.

Sin seguridad jurídica no hay aumentos de los niveles reales de ingresos ni de salarios para la mayoría de los habitantes.

Notas:

1 El video se puede ver en Youtube: “Así expropia Chávez”, https://www.youtube.com/watch?v=jOjvJAfIMSI [última consulta, octubre 2018].

11. Democracia o república

La palabra democracia significa ‘gobierno del pueblo’ y república, ‘cosa pública’. Los orígenes etimológicos no nos sacan de dudas sobre las diferencias y el significado de esos términos, que se usan indistintamente o que se dan diversas definiciones de cada uno.

Para algunos, la democracia pone énfasis en la participación del pueblo en el gobierno a través de votaciones, mientras que la república lo pone en limitar a los gobernantes mediante una Constitución, que no solo restringe el poder del gobernante sino lo obliga a respetar los derechos de los ciudadanos.

En Grecia se distingue el período de la república del de la monarquía. La historia de Roma se divide en tres períodos: monarquía, república e imperio. La república era lo contrario de la monarquía o del imperio. Pero esa diferencia se diluye si actualmente comparamos la república con la democracia.

Durante la colonia, México se llamó Reino de la Nueva España; en la Constitución de 1824, Nación Mexicana; en la de 1857, República Mexicana, y en la de 1917, Estados Unidos Mexicanos, imitando a los Estados Unidos, donde se unieron originalmente 13 estados independientes.

En México no se unió nada. Era un régimen centralista con provincias y se instituyeron artificialmente estados, que separaron más al país y crearon gobernadores reyezuelos, con aparatos gubernamentales que duplican leyes con el gobierno federal, aumentan innecesariamente los costos burocráticos y generan más corrupción.

Los Estados Unidos de América nacen como una república, más que como una democracia. Los fundadores de Estados Unidos (the Founding Fathers) hablaron de república, cuyos gobernantes tendrían un poder limitado por leyes que respetarían los derechos de las personas.

La democracia, para Benjamin Franklin, era un gobierno de las mayorías, mientras que la república, un gobierno de leyes que protegen las propiedades y la libertad de los ciudadanos. Cuando le preguntaron qué tipo de gobierno creaba la Constitución de los Estados Unidos, contestó: “Una república, si la pueden mantener”.

Thomas Jefferson señaló: “La democracia no es más que un gobierno de las masas, donde un 51% puede lanzar por la borda los derechos del otro 49 por ciento…”.

En la Constitución de los Estados Unidos no aparece la palabra democracia. Y en el artículo IV de la Constitución, sección cuarta, dice: “Los Estados Unidos garantizarán a todo Estado de esta Unión una forma de gobierno republicana…”.1

Actualmente los principales partidos en los Estados Unidos, el republicano y el demócrata, no reflejan diferencias sustanciales en los programas emanados de sus legisladores o presidentes como para que nos permitan decir que los republicanos buscan una república y los demócratas, una democracia.

La urss era oficialmente Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, pero de hecho nunca tuvo un gobierno limitado, ni sus leyes respetaron la propiedad ni la libertad de sus ciudadanos.

Si partimos del concepto de república de los fundadores de Estados Unidos, resulta más conveniente para un país que la democracia.

Lo más importante de un gobierno republicano, además de surgir de un proceso electoral transparente, es una Constitución que obligue a los gobernantes a respetar los derechos de sus habitantes y limite su actuación.

En la república se considera al funcionario un servidor público, incluyendo al presidente, quien a diferencia de reyes y emperadores no debe confundir su patrimonio con el patrimonio del Estado ni vivir como un rey, sino en la llamada austeridad republicana.

En un régimen republicano existe división de poderes. Hay contrapeso del Poder Legislativo al Ejecutivo, y un Poder Judicial que mediante una Suprema Corte de Justicia invalida leyes que violan los derechos de los ciudadanos, ya sea por leyes emanadas del Congreso o reglamentos del Ejecutivo.

Lo más importante de un gobierno, se le llame república o democracia, es que ningún gobernante, so pretexto de que ganó unas elecciones por mayoría, viole lo derechos fundamentales de uno o mil ciudadanos y decida quitarles su libertad o sus propiedades en nombre de la mayoría, del pueblo o del bien de todos.

Notas:

1 Véase David J. Shestokas, Why the United States was Designed as a Republic, Illinois, octubre de 2015, http://www.shestokas.com/constitution-educational-series/why-the-united-states-was-designed-as-a-republic/ [última consulta, octubre 2018].

12. Las premisas
para impartir justicia

La obligación de los jueces es aplicar la ley, dicen algunos juristas. Si no la aplican, cometen una injusticia, y si la imponen, son justos. Si una persona viola la ley, comete un acto ilegal, injusto, y si actúa conforme a la ley, es legal y justa su actuación.

¡Falso! No es lo mismo justicia que legalidad, ni la aplicación de la ley implica necesariamente actuar con justicia.

La seguridad jurídica no supone la aplicación de cualquier ley sino de la justicia. El gobierno de un dictador, déspota o tirano generalmente se basa en leyes injustas, que van contra la justicia.

La legalidad o ilegalidad no convierte un acto en justo o injusto. En 1920 en los Estados Unidos, si la policía detenía a una persona con monedas de oro en una bolsa y una botella de licor en la otra, la podía arrestar por la posesión de la botella de licor, pues el alcohol estaba prohibido, pero no por las monedas de oro, cuya tenencia era legal.

Si lo mismo ocurría en 1934, la detenían por llevar oro, cuya posesión prohibió Roosevelt en 1933. Le imponían una multa de 10 000 dólares o hasta diez años de prisión por encontrarle monedas de oro, y no le hacían nada por encontrarle licor, sobre el cual ya se había levantado la prohibición.

Lo que varía en este ejemplo es la legalidad, no lo justo o injusto. El juez decide en cada caso castigar la ilegalidad y tolerar la conducta legal, pero lo justo no sigue exactamente a lo legal, aunque es deseable que coincidan.

La legalidad no es el único campo en que deben actuar los jueces, pues actuar de forma legal no significa necesariamente juzgar de forma justa. Lo ideal es que lo legal sea lo justo, pero en la realidad, y más en regímenes corruptos y despóticos, no coinciden.

La justicia, no la legalidad, es el valor supremo de una sociedad.

Ulpiano, uno de los más grandes jurisconsultos de la historia (170-228 d.C.), profesor de Derecho en Roma, nos lega la más sencilla y profunda definición de justicia (mencionada en páginas anteriores), que nos da la clave para entender el derecho y la justicia como las bases para el progreso.

En la Roma del siglo iii, Domiciano Ulpiano, uno de los más grandes juristas de toda la historia, dice: “La justicia es la constante y perpetua voluntad de dar a cada quien lo suyo” (Justicia est constans et perpetua voluntas ius suum cuique tribuendi).

Esa sabia y sencilla definición de justicia, que ha perdurado por siglos, es fácil de aprender, pero difícil de aplicar. La justicia no existió en más de 95% de la presencia del Homo sapiens sapiens, pero cuando empezó a impartirse justicia, se inició el progreso, la civilización.

La civilización comienza hace aproximadamente 10 000 años debido a que se empieza a “… dar a cada quien lo suyo”, como lo explicamos en las primeras páginas de este libro. Y dar a cada quien lo suyo implica el reconocimiento y la protección de los derechos humanos fundamentales, entre ellos el de propiedad. Para dar a cada quien lo suyo tenemos que reconocer, aunque parezca obvio, qué es lo suyo de cada quien. La función del buen juez es determinar en caso de controversia quién es el verdadero propietario.

Decidir a quién pertenece la cabra y el terreno donde pastorea implica la identificación de qué es lo suyo de cada quien. Sin reconocer la propiedad no se tienen los elementos necesarios para dictar una sentencia justa. Sin autoridad que proteja y restituya la propiedad, no hay justicia.

El reconocimiento de la propiedad, la vida y la libertad son premisas sin las cuales es imposible impartir justicia en la mayoría de los casos en que se pide justicia.

Dice Jean-Jacques Rousseau en el Discurso sobre el origen de la desigualdad: “… una vez reconocida la propiedad, dio pie a las primeras reglas de la justicia; pues, para que cada hombre pudiera asegurar lo suyo, tendría que ser posible que cada uno tuviera algo”.1

La función de los jueces como impulsores de la civilización y el progreso implica reconocer el derecho a la vida y condenar como homicida a quien prive de la vida a otro, restituir la propiedad y considerar como ladrón a quien tome lo que no es suyo y castigar a quien prive de la libertad a cualquier persona sin un juicio previo por autoridad competente, según una verdadera Constitución.

Eso es fundamentalmente la justicia, y la falta de ella impidió el progreso por siglos. Y aún ahora existen regímenes donde no hay la “constante y perpetua voluntad de dar a cada quien lo suyo”.

El derecho identifica y protege los derechos fundamentales del ser humano. Aunque estos son los mismos en esencia desde el inicio de la civilización, la tecnología, las invenciones y la mayor complejidad de las relaciones humanas vuelve más difícil su identificación y cumplimiento.

Una ojeada a la historia nos confirma que en los diez milenios de civilización, los países en donde hubo mayor progreso y un nivel de vida más alto son aquellos donde imperó no la ley sino la justicia, que implica proteger y garantizar el derecho a la vida, a la propiedad y a la libertad.

El derecho o los derechos, convertidos en normas o leyes que reconocen los derechos del hombre, son indispensables para impartir justicia. Sin derechos reconocidos no hay justicia, y sin justicia los derechos no son vigentes ni exigibles.

Dice al respecto Javier Hervada, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Navarra, en el libro Introducción crítica al derecho natural:

Si el acto de la justicia consiste en dar a cada uno lo suyo, en darle su derecho (ius suum cuique tribuere), es evidente que la justicia solo podrá ejercerse allí donde los sujetos tengan cosas suyas. La justicia no atribuye las cosas, sino que sigue al hecho de que ya están atribuidas…

… la justicia sigue al derecho. No puede haber un acto de justicia allí donde no haya un título sobre una cosa, allí donde la cosa no sea —en virtud de un título— algo debido, un derecho. La justicia es la virtud de cumplir y respetar el derecho, no la virtud de crearlo.2

Sin reconocimiento de los derechos humanos o naturales no puede haber justicia, aunque sí leyes para oprimir, esclavizar y expropiar, pero en esos casos no habrá progreso ni un mayor nivel de vida para la mayoría.

Notas:

1 Great Books of the Western World, Chicago, Encyclopedia Britannica, Libro 35 Inc. The University of Chicago, 1990, p. 353.

2 Javier Hervada, Introducción crítica al Derecho Natural, 6ª ed., Pamplona, Universidad de Navarra, 1990, pp. 24-25.

13. Sin propiedad no hay
justicia ni desarrollo

La civilización, como comentamos al inicio de este estudio, se inicia cuando el ser humano da el salto del nomadismo al sedentarismo. Paralelamente a ese fenómeno, empieza la acumulación de bienes de consumo y de capital, es decir, herramientas, y en consecuencia se da el crecimiento económico.

Las sociedades sedentarias al comenzar a sembrar, a domesticar animales y a reproducirlos, tuvieron la necesidad de proteger el derecho de propiedad de las tierras y los bienes.

La generalización de la propiedad hace necesario que, en caso de controversia, una autoridad decida quién es propietario de las tierras, de las herramientas, la tecnología y los sistemas que sirven para producir más. Y quien lo decide es al que hoy llamamos juez, quien imparte justicia y restituye a cada quien lo suyo, lo que es de su propiedad.

La impartición de justicia crea las condiciones para el crecimiento económico, que implica, en primer lugar, la existencia de excedentes, lo que presupone producir más de lo que se consume. Segundo, esos excedentes, si se destinan a producir más, como es el caso de las semillas que en lugar de consumirse se siembran, constituyen la inversión. Y a mayor inversión, mayor crecimiento económico.

Pero para que se dé ese proceso, que es la base de mejores salarios y de la generación de más bienes y servicios para un mayor número de personas, es necesario un entorno que garantice la propiedad y se encargue, en caso de controversia, de dar a cada quien lo que le corresponde: su propiedad y el producto de su inversión.

Pocos economistas tienen conciencia de que el proceso de crecimiento económico necesita un entorno jurídico que garantice la propiedad y jueces que hagan justicia en caso de que alguien robe o invada la propiedad de otro y que restablezcan al propietario lo que es suyo.

Sin justicia, entendida como la definió Ulpiano, dar a cada quien lo suyo, no hay ahorro, inversión, innovaciones, aumento de productividad, crecimiento económico, progreso ni un mejor nivel de vida para un mayor número de personas.

Al profesor Friedrich Hayek, premio Nobel de Economía 1974, no le gustaba usar el término desarrollo, pues se puede interpretar que por el solo paso del tiempo, al igual que sucede con las plantas y los animales, se crece y se desarrolla.

Los seres humanos —unos más y otros menos, dependiendo principalmente de su nutrición— crecerán biológicamente más rápido y se desarrollarán más sanos. Pero en las sociedades humanas el paso del tiempo no necesariamente implica mejor nivel de vida, ni tampoco un mayor crecimiento económico.

Hay sociedades muy antiguas, como las que se asientan en la India, Irak y Pakistán, con mucho menor ingreso por habitante que otras de relativa nueva creación, como la canadiense o la australiana.

La historia nos enseña que hay sociedades que al pasar de los siglos redujeron su nivel de vida. El desarrollo no se da de manera automática y no necesariamente es progresivo.

El crecimiento económico, que es parte del desarrollo, se extendió a un mayor número de países después de la Revolución Industrial. Se detonó en Inglaterra por una ley de patentes y marcas que protegía la propiedad intelectual y la incorporación al código civil del respeto y garantías a la propiedad.

Douglass North, premio Nobel de Economía 1993, en el libro El nacimiento del mundo occidental demuestra que los países que lograron un crecimiento constante fueron los que garantizaron en sus leyes el derecho de propiedad, cimiento de la Revolución Industrial. Dice Douglass North:

Hacia el año 1 700 el contexto institucional de Inglaterra constituía ya un medio favorable para el desarrollo. La menor influencia de las reglamentaciones industriales y la disminución del poder de los gremios permitieron la movilidad de la mano de obra y la innovación en las actividades económicas; posteriormente, la institución de una regulación de las patentes en el Statute of Monopolies fomentó aún más esta tendencia. La movilidad del capital aumentó gracias a las sociedades anónimas, los orfebres, los coffee houses y el Banco de Inglaterra, factores todos ellos que abarataron los costos de transacción en el mercado de capitales, y, lo que tal vez sea lo más importante, la supremacía del Parlamento y la incorporación de los derechos de propiedad al derecho civil puso al poder político en manos de hombres deseosos de explotar las nuevas oportunidades económicas, proporcionando las condiciones necesarias para que protegiera y fomentara la actividad económica.

Tras unos comienzos poco prometedores, Inglaterra experimentó hacia 1 700 un crecimiento económico sostenido. Había desarrollado un conjunto eficaz de derechos de propiedad incorporados al derecho civil. Además de eliminar los obstáculos que se oponían a una eficaz asignación de los recursos en los mercados de productos y factores, Inglaterra había comenzado a proteger la propiedad privada intelectual mediante una ley sobre patentes. El terreno estaba abonado para la Revolución Industrial.1

Las innovaciones, que elevaron el nivel de vida de los trabajadores, fueron la base del progreso económico que se dio en Inglaterra durante y después de la Revolución Industrial.

Los hechos que nos permiten afirmar que hubo avances en el nivel de vida en esa época —contrariamente a lo que sostienen los marxistas— fue una mejor alimentación y mejores condiciones relativas de vida, es decir, comparadas con las existentes antes de la Revolución Industrial.

Las estadísticas de esa época muestran una reducción de los fallecimientos y un incremento de los nacimientos viables, que repercutieron en un aumento constante de la población.

Se venció el ciclo maltusiano en que las hambrunas y las enfermedades reducían periódicamente la población por insuficiente producción de alimentos, de vestidos, por falta de higiene y de viviendas adecuadas para protegerse del frío.

Las innovaciones en las maquinarias para sembrar, cosechar y producir textiles aumentaron la productividad: la producción por hora. Creció en el mercado la oferta a menores precios relativos de alimentos, vestidos, viviendas y transportes.

En tanto, en casi todos los países donde se instrumentaron políticas que violaban el derecho de propiedad hubo estancamiento o retroceso económico.

Durante el siglo xx, en varios países de Iberoamérica las reformas agrarias, con el argumento de lograr una distribución igualitaria de la tierra, promulgaron leyes que permitían su expropiación e incentivaban las invasiones a las propiedades privadas por el solo hecho de ser consideradas grandes (latifundios).

El entorno jurídico de inseguridad en la tenencia de la tierra, que prevaleció en México durante casi todo el siglo pasado (1915-1994), fue la principal causa del atraso del campo mexicano y de la migración de campesinos a las grandes ciudades —donde formaron cordones de pobreza— y a los Estados Unidos.

La falta de respeto y de garantías a la propiedad es uno de los principales obstáculos al crecimiento. Un principio del crecimiento es que entre más garantías a la propiedad —sin que otras condiciones cambien—, mayor crecimiento económico; menos garantías a la propiedad, menor crecimiento económico.

Señala el profesor y periodista francés Henri Lepage en el libro Por qué la propiedad:

Una sociedad será cuanto más innovadora y ofrecerá tantas más posibilidades de crecimiento cuando su sistema de derechos de propiedad defina en forma más clara y precisa los derechos de exclusividad de cualquier ciudadano y cuanto más protegidos se encuentren dichos derechos y se reduzca el grado de incertidumbre y de riesgo asociado a toda innovación.

A la inversa, una sociedad tendrá tantas menos posibilidades de progreso y de crecimiento cuanto mayor sea la imprecisión de su régimen de derechos de propiedad.

La sobreexplotación de las especies marinas [dice Lepage] tiene su origen en la ausencia de derechos de propiedad sobre esas especies, víctimas de la Tragedia de lo Común, un principio ecológico ignorado por muchos ecologistas.

Continúa Lepage:

La verdadera razón del agotamiento de los mares hay que encontrarla fundamentalmente en el hecho de que el mar es un “bien libre”, una propiedad típicamente colectiva. En tal sistema, si yo soy un hombre prudente, si limito voluntariamente mis capturas para no agravar la explotación del medio marino, no tengo ninguna garantía de que los demás van a hacer lo mismo. Trataré todo lo que pueda de pescar lo más posible, con el fin de evitar que lo que yo no pueda capturar lo capturen, por mí, los demás.

La “mano invisible” de Adam Smith del mercado funciona al sentido inverso descrito por Adam Smith: al perseguir cada uno su propio interés personal está contribuyendo, en detrimento de todos, al agotamiento del propio recurso que todos desean. Pero eso sucede así porque ese sector se caracteriza por la ausencia de un derecho de apropiación exclusiva; juega en él el mecanismo que el ecologista Garret Hardin se refería como “The Tragedy of the Commons”: “Un bien de acceso libre es un bien en que nadie tiene interés en garantizar ni el mantenimiento ni la renovación, ya que se trata de unas iniciativas que, por el principio de libre acceso, no pueden tener ningún valor en el mercado; es por ello, un bien que está condenado a ser sobreexplotado y rápidamente agotado”.2

Hardin toma el ejemplo de los pastizales comunes, expuesto antes (1833) por el matemático William Foster.

Ese ejemplo nos lleva a una conclusión aritmética: Cuando un bien es común, con libre acceso, generalmente se destruye, pues el beneficio que a cada uno de los usuarios da depredarlo es mayor a corto plazo que el perjuicio que posteriormente recibirán al destruirse el área común y quedarse sin comida los animales.  

En la propiedad privada, casi al mismo tiempo que sobreexploto mi propiedad o copropiedad, advierto cómo me perjudica el mal uso del bien.

Si hay cien campesinos que pueden pastorear en terrenos comunes, con que uno introduzca más animales, los otros harán lo mismo y se llegará al sobrepastoreo: los animales se comen el pasto de raíz, terminan con los pastizales y mueren de hambre.

A corto plazo, cada animal extra que ingrese al área común solo perjudicará en un pequeño porcentaje a quien lo introduce; el perjuicio se diluye por un tiempo entre los cien que acceden a esas tierras, mientras que el aumento del beneficio es inmediato.

Al principio, el perjuicio parece menor para cada uno que el beneficio; todos parecen ganar al solo contabilizar el beneficio personal sin tomar en cuenta el daño total a las tierras comunes. Pero cuando ya es notorio ese daño para cada uno, suele ser demasiado tarde para remediar el mal.

Eso pasa en los bosques donde cualquiera puede talar: se acaban los árboles. En los mares se reducen las especies de peces que cualquiera puede pescar. Lo mismo sucede con los animales en “libertad” que cualquiera puede cazar.

El razonamiento sobre el uso de los recursos naturales a los que todos tienen acceso es así: lo que yo no talo, pesco o cazo hoy, otros lo talarán, lo pescarán o lo cazarán mañana.3

El deterioro del medioambiente es mayor, como la experiencia lo demuestra, en las tierras o aguas de acceso libre, común, que donde hay propiedad y su acceso y uso es restringido por sus propietarios.

La depredación de la propiedad privada recae totalmente desde el principio en el propietario. La búsqueda de un beneficio propio en la propiedad privada implica generalmente cuidar que el bien, árboles o animales, no se corten o cacen en exceso, pues resulta en la extinción de la fuente de ganancias.

Por eso es frecuente ver basura en los terrenos baldíos, que no tienen dueño o a los que cualquiera puede entrar, pero no es habitual que tiren basura en una propiedad privada, pues el riesgo para el infractor es mayor que si lo tira en un lugar sin dueño visible.

Es importante la educación para cuidar un bien común, pero más allá de que cada vez exista un mayor porcentaje de personas conscientes y educadas que preservan los mares y los bosques, hay una tendencia natural y general de cuidar más lo propio que lo ajeno, que lleva a descuidar o a hacer mal uso de lo que es de “todos” o no tiene un propietario identificado que pierda con la depredación de ese bien.

Aristóteles, basado en la misma naturaleza humana que existe hoy, dijo hace 2 300 años:

La propiedad que es común a un mayor número de poseedores es objeto de una menor atención; los hombres se preocupan lo más posible de sus propiedades privadas, y mucho menos de lo que poseen en común, a lo más solamente en la medida en que ello cae en su relación con su parte individual.4

La única forma de reducir la tragedia de lo común, que perjudica a la ecología y pone en peligro de extinción a muchas especies de animales y de plantas, es lograr que los bosques, selvas y arrecifes, donde se busca preservar las especies existentes, que tienen un libre acceso, se manejen como en una propiedad privada: que quienes entren observen las reglas, como cuando ingresan a un parque o una reserva privada.

Los costos de la sobreexplotación deben ser mayores que los beneficios que cause la destrucción del bien, como acontece en automático en la propiedad privada.

Eso solo es posible cuando hay reglas claras que limiten el acceso al bien público, que den un beneficio a quienes cuidan de ese bien e impongan un castigo a quien viole las reglas.

No es solución cerrar completamente esas zonas a las personas, sí lo es volverlas atractivas para ser visitadas —con límites que eviten su depredación— por turistas e interesados en la naturaleza.

En algunas reservas de la biosfera o en parques ecológicos, cuyo objetivo es preservar especies de animales terrestres y marinos o plantas en peligro de extinción, se ha logrado reducir la depredación, dándoles incentivos económicos a los habitantes de esos lugares si entre ellos los conservan, haciéndolos partícipes de los ingresos cobrados a personas que visitan esas zonas o dándoles trabajo como vigilantes o en el mantenimiento de la reserva.

En África hay varios ejemplos de éxito económico y ambiental de esas zonas. El punto básico es que dejen de ser “tierra de nadie” o “de todos” y se controle el ingreso, que ya no sean bienes comunes de libre acceso.

Generalmente esas reservas son dirigidas por un patronato o asociación civil, del que forman parte profesionales o empresarios distinguidos que tienen resuelto su problema económico, muchos de los cuales aportan su trabajo gratuitamente, consiguen donadores y administran con criterios parecidos a los de una propiedad privada.

Esas reservas o parques, agregan algunos ambientalistas, deben ser sustentables y sostenibles, en los que convivan animales, plantas, arrecifes, peces y seres humanos, y a la vez obtengan un trabajo o provecho quienes viven a su alrededor y les surja un interés en conservar y no en depredar la fauna y la flora.

En las empresas estatales también se engendra la tragedia de lo común, pues no está definido claramente quiénes son sus propietarios.

Legalmente la empresa estatal petrolera de México (Pemex) es propiedad de todos los mexicanos o del Estado, pero los funcionarios que directamente manejan y toman decisiones en esa empresa en nombre del Estado no se benefician si gana ni reducen su patrimonio si sufre pérdida.

Esos pseudodueños temporales reales de Pemex toman las decisiones diarias de compras, ventas, contratación de personal y endeudamiento. Y no ganan más si toman esas decisiones correctas ni pierden si compran al doble del precio de mercado, si contratan más personal del necesario o se sobrendeudan.

Ni sus directivos ni los miembros de su consejo de administración, generalmente altos funcionarios, arriesgan un centavo de su patrimonio a los buenos resultados de la empresa estatal. Eso da lugar a que, generalmente —aunque haya sus excepciones— vean con indiferencia los robos, excesos y malos manejos, pues no pierden un centavo con los desvíos de la empresa estatal que dirigen.

Tuve la experiencia de fungir como director de un banco estatal en México. Lo dejé ganando dinero, pero mi patrimonio no aumentó por ello, solo la satisfacción personal de actuar éticamente. Si lo hubiera dejado perdiendo dinero, mi patrimonio no habría disminuido.

Algo parecido me sucedió en otra institución gubernamental que presidí, en la que incrementé la productividad. En ambas instituciones mejorar las finanzas fue tarea cuesta arriba. Se crean enemigos por despedir a personal en demasía y evitar acciones deshonestas y desvíos de recursos.

La deshonestidad genera ganancias y la honestidad es ignorada o hasta castigada. Hay casos que para un funcionario honesto significan la pérdida del empleo, por ejemplo, no prestarse a confirmar o dejar pasar las corruptelas de sus compañeros o superiores.

De esas experiencias organicé una plática que titulé Los incentivos perversos de la burocracia, cuya principal tesis se asemeja a la del premio Nobel de Economía James Buchanan, quien ganó esa distinción por su investigación conocida como public choice o elección pública.

La tesis es que los burócratas, como los empresarios, buscan su propio interés, pero ese interés, en el caso de las empresas estatales, generalmente no implica bajar costos, aumentar productividad, calidad, ganancias para la empresa y mejorar el servicio a usuarios.

Las ganancias de los directivos de las empresas gubernamentales, a diferencia de las empresas privadas, no están alineadas con las ganancias de la empresa. Muchas veces, en las empresas estatales sus pérdidas y la lentitud en atender y resolverle problemas a los usuarios son fuente de ganancias para los funcionarios.

Los directivos de empresas estatales habitualmente ven solo a corto plazo, pues a mediano o largo plazos generalmente los despiden. Los cambios de gobierno normalmente implican cambios de directivos de empresas paraestatales, aunque hayan trabajado bien y generado ahorros y ganancias.

La sobreexplotación y la descapitalización en la mayoría de las empresas estatales no se nota hasta el mediano o largo plazos, como pasa en los campos con el sobrepastoreo de los pastos, según narra el matemático William Foster para explicar la tragedia de lo común.

En las empresas petroleras privadas difícilmente se roban combustible, pues con esos robos sus directivos inmediatamente pierden su empleo, y los accionistas o dueños pierden dinero.

En las empresas estatales, como en los mares, hay más posibilidades de ganar con la sobreexplotación. Los robos de mercancías, las compras a sobreprecios y la contratación excesiva de trabajadores y de deuda generalmente no perjudican a los responsables.

En las empresas privadas generalmente ganan más los directivos y dueños si tienen mayores ganancias, y no suele haber robos tolerados de materias primas, mercancías, ni excesos en las compras, deuda o en la contratación de personal.

Notas:

1 Douglass C. North y Robert P. Thomas, El nacimiento del mundo occidental, Madrid, Siglo XXI, 1978, pp. 245-246.

2 Henri Lepage. Por qué la propiedad, Madrid, Instituto de Estudios Económicos, 1986, pp. 94, 260-261.

3 Garret Hardin, “The Tragedy of the Commons”, Science, diciembre de 1968, núm. 162.

4 Aristóteles, “La política”, Obras completas, Libro II, Madrid, Aguilar, 1977, p. 1429.

14. Movilidad y títulos
de propiedad

La movilidad social o posibilidad de cambiar de estrato social, sin más límites que la capacidad propia, es una de las características de las sociedades libres y abiertas.

En las sociedades cerradas, el estrato en que nace una persona generalmente lo conserva toda su vida. El que nace pobre, en casi todos los casos, muere pobre.

Ejemplo de una sociedad abierta son los Estados Unidos en los siglos xix y xx. Millones de pobres que inmigraron a ese país encontraron muchas oportunidades de cambiar el estrato social con el que llegaron.

En lo económico, millones de inmigrantes que arribaron sin nada se convirtieron en propietarios de casas, tierras y negocios, y algunos llegaron a ser millonarios.

En lo político, numerosos inmigrantes perseguidos en su país de origen por sus creencias o a causa de su raza, llegaron a ocupar altos puestos en el gobierno, y sus descendientes hasta lograron convertirse en presidentes del país.

Uno de los fenómenos básicos en el proceso de movilidad social en los Estados Unidos ha sido el libre intercambio de bienes y servicios, del cual formó parte fundamental la institucionalización del derecho de propiedad y la facilidad para intercambiar ese derecho en el mercado.

Obtener una propiedad no dependía de los favores de un gobernante o de la pertenencia a un partido político, sino en la mayoría de los casos de los esfuerzos y ahorros de cada ciudadano.

Para identificar, proteger e intercambiar en el mercado los derechos de propiedad y utilizarlos como garantía para obtener préstamos, se tuvo que crear un registro de la propiedad para saber qué era lo suyo de cada quien.

En los países que progresan no solo hay paz y respeto al derecho de propiedad y una relación entre las decisiones como propietario y las ganancias, también hay instituciones que documentan la propiedad y sus intercambios.

Hernando de Soto señala en su libro El misterio del capital que la ausencia de un registro eficiente de las propiedades de los sectores humildes en Iberoamérica es una de las principales causas por las que se les dificulta salir de la pobreza:

… las casas de los pobres están construidas sobre lotes con derechos de propiedad inadecuadamente definidos, sus empresas no están constituidas con obligaciones claras y sus industrias se ocultan donde los financistas e inversionistas no pueden verlos. Sin derechos adecuadamente documentados, estas posesiones resultan activos difíciles de convertir en capital, no pueden ser comercializados fuera de estrechos círculos locales donde la gente se tiene confianza mutua, no sirven como garantía para un préstamo ni como participación en una inversión…

Los habitantes pobres de estos países [se refiere a los subdesarrollados] la gran mayoría sí tienen casas. Pero la mayoría de ellos no cuenta con los medios de utilizar su propiedad como garantía para obtener créditos y capitalizar su empresa. Tienen casas pero no títulos, cosechas pero no certificados de propiedad, negocios pero no escrituras de constitución ni acciones que permitan a sus activos llevar una vida paralela en el mundo del capital… Este es el misterio del capital.1

La propiedad documentada de los bienes facilita su transmisión, división y utilización como garantía. Es una de las grandes diferencias entre los países pobres que no tienen bien documentada la propiedad —como México en el campo— y los ricos, donde la propiedad rural está claramente documentada, lo que facilita su mejor uso social y su intercambio en el mercado. Normalmente el que vende tiene un menor interés o recursos para hacer producir la tierra que quien la compra.

La ausencia de propiedad documentada junto con la “redistribución” de la propiedad mediante reformas agrarias que violan el derecho de propiedad son causas, en muchos países, como México, del atraso en el campo y la baja producción de alimentos.

La mayor producción de alimentos se ha dado en países donde la propiedad agraria no es limitada por leyes, se encuentra documentada y se puede hipotecar, comprar o vender dentro del mercado, es decir, puede cambiar de propietario mediante una compraventa, como en los Estados Unidos, donde el gobierno nunca “redistribuyó” la tierra entre los pobres.

Paradójicamente, a Estados Unidos, país sin reforma agraria, donde se respeta la propiedad de la tierra y no hay invasiones ni expropiaciones, llegan a trabajar en el campo campesinos pobres y desempleados de países donde instrumentaron reformas agrarias expropiatorias y distributivas de las tierras, en teoría en beneficio de los campesinos pobres.

En Argentina, al igual que en Estados Unidos, con una gran producción y exportación de productos del campo, no ha habido una reforma agraria que expropie y redistribuya la propiedad.

Estados Unidos y Argentina, países sin reformas agrarias contra la propiedad privada, son de los principales exportadores de maíz en el mundo, mientras que México, con una reforma agraria distributiva, importa maíz y exporta campesinos al agro de los Estados Unidos.

En países como la urss y México, donde el gobierno expropió y repartió la tierra para su explotación colectiva bajo la tutela del Estado, violando el derecho de propiedad, bajó la producción de alimentos, aumentó la pobreza y la migración de campesinos a las ciudades o a otros países.

La propiedad implica lo que los juristas llaman ius utendi, ius fruendi y ius abutendi: derecho a usar, disfrutar y consumir un bien. La propiedad es la facultad de decidir el destino de un bien. En la medida en que las leyes limitan el destino de un bien, restringen el derecho de propiedad.

Si no tenemos la libertad de usar, disponer y consumir un bien, no somos realmente su propietario, aunque tengamos un documento que ampare su propiedad; en tanto un funcionario gubernamental que usa, disfruta y consume los bienes de una empresa estatal sin dar cuentas es de hecho el propietario temporal de esa empresa, aunque no tenga ningún documento que acredite su propiedad y en la Constitución aparezca que son propiedad de todos o del pueblo.

Las innovaciones aplicadas al proceso productivo son la base de la productividad, y producir más en un determinado tiempo es el único camino para elevar estructuralmente los salarios reales. Ese proceso sucede donde se garantiza legalmente la propiedad.

El aumento de la productividad, que apuntala el crecimiento económico, se da con mayor fuerza en aquellos países donde rige un sistema de justicia que cumple sus principales objetivos: garantizar la vida, la propiedad y la libertad a sus habitantes y castigar a quienes violen esos derechos.

El juez, entendido como “quien indica, dice o decide un derecho”,2 que cumple expedita y correctamente con su objetivo, es una institución indispensable para el desarrollo socioeconómico de toda sociedad y, en especial, para garantizar el derecho de propiedad, que implica “dar a cada quien lo suyo”.

Notas:

1 Hernando de Soto, El misterio del capital, México, Diana, 2001, pp. 32-33.

2 Véase www.etimologías.dechile.net

15. Justicia social
contra justicia

Los socialistas utilizaron en principio el concepto de justicia distributiva y posteriormente acuñaron el de justicia social, que suena más bonito y pocos se atreven a cuestionar. Esa expresión forma parte de los discursos de muchos funcionarios, académicos, periodistas y moralistas de buena fe, que dicen estar preocupados por la pobreza y la desigualdad de ingresos.

Hay políticos que, por motivos ideológicos, porque implica más poder o justifica gastos, convierten al Estado en un repartidor de riqueza. Esos políticos son los principales usuarios del término justicia social.

El premio Nobel de Economía Friedrich Hayek en el volumen 2 de su obra Derecho, legislación y libertad aborda el tema con el nombre del espejismo de la justicia social.

Hayek sostiene que dicho término no tiene un significado concreto. Es una palabra de las llamadas indefinidas, que justifica la intervención del gobierno en una redistribución de la riqueza por la vía fiscal o de las expropiaciones.

Dice Hayek sobre el éxito popular del concepto justicia social:

… se ha convertido, sin embargo, en el argumento más manido (manoseado) y eficaz en la discusión política. Casi siempre que se pide la intervención del gobierno a favor de determinado grupo, se hace a su nombre…

Es indudable que, desde el principio, esta expresión recogió las aspiraciones del socialismo… el apuntado ideal se trasladó poco a poco desde el movimiento socialista a los restantes movimientos políticos e incluso a la mayor parte de los pensadores morales. Fue también adoptado por un amplio sector del clero de la mayor parte de las confesiones cristianas…

La generalizada fe en la “justicia social”, probablemente, constituye hoy la más grave amenaza que se cierne sobre la civilización libre.1

El término justicia social no considera a la justicia como garantizar a cada quien lo suyo y regresarle lo que le roben, sino quitarle a los que tienen para, teóricamente, darles a los que no tienen a través del Estado.

El concepto parte de la división de la sociedad en ricos y pobres, y de la legalización de las expropiaciones y los altos impuestos, mediante los cuales se les quita a los ricos ingresos y bienes para dárselos al Estado, cuyos funcionarios los reparten por medio de programas “sociales”, teóricamente, entre los pobres.

Para los defensores de la “justicia social” es injusto que unos sean ricos y otros pobres, por lo que justifican apoderarse de las propiedades de unos, considerados ricos, y repartirlas, en teoría, entre los que no tienen propiedades, considerados pobres, para reducir la desigualdad.

Decimos considerados pues no hay, ni puede haber, un límite exacto o división objetiva de cuándo una persona se encuentra en tal pobreza que se vuelva candidato a que el Estado le dé bienes de otros, ni el momento en que alguien entra al grupo de ricos a los que se les debe quitar parte de lo que tienen. Además, esa clasificación olvida a la clase media, que complica aún más la división entre ricos y pobres.

El sistema de planificación estatal y el de mercado parten de distintas concepciones de justicia: la justicia social, por un lado, y por el otro, la justicia sin adjetivos, concepto que me recuerda al libro Democracia sin adjetivos de Enrique Krauze, publicado en 1984.

Esos dos conceptos de justicia que están detrás de cada uno de los principales sistemas económicos, no solo son diferentes sino, en algunos aspectos, antagónicos.

El socialismo o capitalismo de Estado, en la búsqueda de una igualdad económica entre ricos y pobres, viola la justicia sin adjetivos al distribuir a través del Estado lo que considera riqueza en exceso, tierras, empresas y ahorros de los ricos, hacia los que considera pobres.

El capitalismo o libre mercado parte del respeto y garantías al derecho de propiedad, que hace posible la impartición de la justicia sin adjetivos: “… dar a cada quien lo suyo”.

El sistema de mercado pone énfasis en la producción de riqueza más que en la distribución, la que deja a las fuerzas de la oferta y demanda de bienes, servicios y empleos, supervisadas por el Estado.

El sistema basado en la justicia social normalmente aterriza en una planificación estatal de la economía. Ahí los gobernantes, teóricamente, parten y reparten “igualitariamente” la riqueza producida, como sucedió el siglo pasado en la urss, Europa del Este y China.

En el sistema dominante en los Estados Unidos, Alemania o Singapur se aplica fundamentalmente una justicia sin ningún adjetivo adicional. Los ciudadanos obtienen sus ingresos, generalmente, de las retribuciones que reciben a través de salarios, la venta y renta de bienes y servicios o del ahorro en instituciones financieras en el mercado.

Los precios se fijan mediante un intercambio de acuerdo con la calidad, la oferta y demanda de los productos, servicios y empleos que entran a ofrecerse en un comercio libre y voluntario.

En un sistema, los funcionarios públicos, el Estado, fijan los precios; en el otro, el mercado, productores (oferentes) y consumidores (demandantes).

En los sistemas donde predomina la “justicia social” crece el sector burocrático repartidor de riqueza y el de ciudadanos que prefieren vivir de lo que les reparte el Estado, en lugar de trabajar y producir riqueza. Esos sistemas terminan con una igualdad en la pobreza, pues se estimula la repartición de riqueza a costa de desmotivar la producción.

Cada día, donde prevalece la “justicia social”, aumentan los que viven de lo que otros producen y de repartir riqueza, y disminuyen los interesados en producir la riqueza.

La desigualdad de ingresos en los sistemas que funcionan principalmente con el criterio de “justicia social” solo se reduce al disminuir el número de ricos productivos y la clase media, y aumentar el número de burócratas distribuidores de riqueza y la cantidad de pobres con bajos ingresos que esperan ayudas del gobierno para salir de la pobreza.

La mayor igualdad del ser humano se dio en tiempos de las cavernas, cuando todos vivían en lo que ahora llamamos miseria extrema. La civilización y el progreso generan desigualdad.

Los chinos eran mucho más iguales hace cuarenta años con el socialismo real. Más del 95% vivían en la pobreza y menos del 5%, funcionarios y miembros del partido, vivían mejor. No había clase media.

En 2018, China ya contaba con cientos de millonarios, cientos de millones de clase media y todavía millones de pobres. Abandonar el capitalismo monopólico de Estado y permitir inversión y empresas privadas mejoraron el nivel de vida de millones, pero crearon más desigualdad que antes.

Con la desestatización de la economía, la apertura a la inversión extranjera, la legalización de la propiedad privada y los bajos impuestos, emergió en China una nueva clase media que ya tiene casa, empleo, carro y puede salir a viajar al extranjero.

No se veían en Europa, Asia o América, hasta los años ochenta, turistas chinos; solo viajaban fuera de su país los altos funcionarios públicos. Ahora observamos “manadas” de chinos de una nueva clase media, con buena ropa y finas cámaras fotográficas, que llenan museos y tienen poder adquisitivo para hospedarse en buenos hoteles y visitar centros turísticos en todo el mundo.

En ningún país de Iberoamérica la llamada justicia social, administrada por los funcionarios gubernamentales, redujo la miseria. Sin embargo, fundamentó acciones, reglamentos y leyes hasta el nivel constitucional que, en nombre de la mítica justicia social, debilitaron la justicia a secas y justificaron el despojo a ciudadanos productivos para beneficiar principalmente a la burocracia que administra los recursos a repartir.

El pequeño remanente que reparten de lo tomado por la vía de expropiaciones o impuestos, después de descontar los costos de distribución, lo hacen generalmente con criterios populistas y electorales.

La mal llamada justicia social es injusta, pues no da a cada quien lo suyo, y da lugar a que los funcionarios que toman lo de otros para repartirlo se queden con la mayor parte.

En mi libro Desigualdad y distribución de la riqueza2 doy datos históricos y estadísticos que demuestran claramente que donde el Estado se convierte en distribuidor de la riqueza, con la excusa de la búsqueda de la igualdad, es donde hay más pobreza y menos crecimiento.

Demuestro, con cifras y experiencias en diversos países, que no son los ricos productivos los responsables de la pobreza. Al contrario, la pobreza se reduce donde hay más ricos productivos que invierten, y crece el número de pobres donde hay pocos inversionistas, que generalmente son los empresarios ricos.

La característica de los países pobres es la escasez de empresarios productivos ricos. Los pocos que viven como ricos en esos países son los gobernantes y los que llamo empresarios cortesanos, que hacen sus fortunas a la sombra de los funcionarios públicos.

Expropiarle dinero a empresarios productivos para que el gobierno lo reparta no ha reducido la pobreza en ningún país, solo ha generado una nueva clase de pseudoempresarios parásitos, quienes asociados con funcionarios corruptos han engendrado enormes fortunas con el dinero de los impuestos que, teóricamente, es para repartir entre los pobres.

La caridad, que es una virtud superior a la justicia y que consiste en ayudar libre y voluntariamente a quien no tiene, no es obligatoria por ley. Esa virtud, fruto de la empatía con los pobres, es la que debe facilitar y estimular el Estado.

La solidaridad, al igual que la caridad, es otra virtud que deben promocionar las iglesias y el Estado, pero no instrumentar programas estatales caritativos y solidarios mediante la burocracia que, como la experiencia demuestra, no reducen la pobreza y aumentan inútilmente el gasto público y la corrupción.

Es muy fácil ser caritativo y solidario con dinero ajeno. Hay que estimular fiscalmente a los particulares que tienen más para que ayuden a los que menos tienen, sin lastimar su dignidad ni hacerlos dependientes de la ayuda, no que los ayude el Estado directamente con el dinero de los particulares.

Los más solidarios con los pobres es la misma gente pobre, que sabe de las penurias de vivir en la pobreza. Esas microayudas de personas a personas no se registran en las estadísticas. Otras sí, como las remesas que envían los trabajadores legales e ilegales desde Estados Unidos a sus familiares en México y Centro y Sudamérica, que ayudan más a los pobres que los miles de programas sociales gubernamentales.

Las ayudas, mediante donaciones de particulares de clase media y de empresarios millonarios, son apoyos más eficientes en auxiliar a los pobres que las dádivas oficiales, justificadas con la “justicia social”.

Mediante las ayudas gubernamentales se disfrazan de caritativos y solidarios muchos políticos y funcionarios al prometer dar dinero o comida a los pobres, pero ni cinco centavos provienen de sus bolsillos. “Todos somos socialistas con dinero ajeno”, reza un dicho.

Cuando el Estado, por motivos populistas y electorales, se convierte en un caritativo Robin Hood, utilizando el concepto de “justicia social”, termina aumentando el número de pobres y desvirtúa los conceptos de justicia, caridad y solidaridad.

En muchos países, como es el caso de México, se destinan más recursos a la llamada justicia social que a la justicia a secas. Se crean secretarías, como la de Desarrollo Social, cuyo objetivo, teóricamente, es combatir la pobreza. Y con la excusa del combate a la pobreza y a la desigualdad se engendran miles de programas en todos los niveles de gobierno: federal, estatal y municipal, con una gran opacidad en la disposición de los recursos.

Notas:

1 Friedrich Hayek, Derecho, legislación y libertad, Vol. 2, Madrid, Unión Editorial, 1979, pp. 116-119.

2 Luis Pazos, Desigualdad y distribución de la riqueza, México, Planeta, 2016.

16. Perversión del gasto social

Hay cifras y ejemplos en Europa y América que confirman que a un mayor gasto, mal llamado social, mayor pobreza, no solo por la mayor corrupción, sino porque los altos impuestos para financiarlo reducen los márgenes de las empresas para invertir en generar más producción y empleos.

En España, la justificación legal del gasto social la encuentran los políticos socialdemócratas españoles en el artículo primero de su Constitución, que dice: “España se constituye en un Estado social y democrático de derecho…”.

El término Estado social se introduce a mediados del siglo xix en Alemania como una alternativa teórica para evitar una revolución social violenta, vaticinada por Marx.

Los políticos socialdemócratas, que buscan instaurar el socialismo por la vía pacífica electoral, consideran que si el Estado gasta en reducir la pobreza y la desigualdad de ingresos, se evitará la revolución violenta de trabajadores contra patrones, de pobres contra ricos, debida a la pobreza y a la desigualdad creadas —dicen ellos— por el capitalismo.

El gasto social amplía el abanico de sectores que se deben atender por el Estado: salud, enseñanza, desempleo, vivienda, pensiones, migrantes, desigualdad de ingresos, entre otros.

Todos queremos que más ciudadanos tengan acceso a hospitales, doctores, medicinas, a una mejor educación, a empleos bien pagados, y que disminuya la pobreza, pero ¿es el Estado la mejor o la única vía para lograrlo?

En el capítulo 5 de mi libro Por qué los impuestos son un robo, aporto cifras que prueban que a finales del siglo xx los países con un menor gasto social en relación con su pib terminaron con menos pobreza y desempleo que aquellos que destinaron una mayor proporción del pib al llamado gasto social.1

El primer problema real a resolver por los socialdemócratas es cómo financiar todos los gastos sociales. La solución a ese problema, según ellos, es por la vía fiscal: “Hay que aumentar los impuestos a los ricos”.

Los socialistas socialdemócratas y los neosocialistas no toman en cuenta los efectos colaterales de aumentar impuestos, ya sea a los ingresos o al consumo, para financiar el gasto social.

Pasan por alto la Curva de Laffer, que muestra cómo en determinado nivel de impuestos la recaudación fiscal empieza a disminuir. Aunque no se puede determinar a priori con exactitud matemática en qué momento la tendencia o curva de la recaudación fiscal se torna negativa, es un hecho lógico que se empiece a recaudar menos cuando la progresividad es muy alta.

Si el porcentaje de impuestos es del 0%, no se recaudaría nada, pero si alcanza el 100%, tampoco se recaudaría nada, pues nadie en su sano juicio produciría para que le quiten todas sus ganancias. Esa curva explica en parte los bajos crecimientos en los países con altos porcentajes de impuestos a ciudadanos y empresas productivas. 

Otro efecto fiscal que resulta de los incrementos de impuestos es la traslación fiscal, que implica que un alto porcentaje de los impuestos a los ricos los pague en realidad la clase media o los pobres vía precios, menores salarios o menor oferta de empleos, según la elasticidad o inelasticidad en la demanda del bien, del servicio, los ingresos, los ahorros o las ganancias, castigadas con más impuestos.

El pago de impuestos de las empresas sale de la misma bolsa que la inversión. Mediante una simple operación aritmética llegamos a la conclusión de que a mayor porcentaje de ganancias destinadas a pagar impuestos, menos recursos asignados a la inversión, que es precursora del crecimiento, de la creación de empleos, de la compra de maquinaria y de la implementación de programas de capacitación, requisitos para incrementar la productividad y empujar al alza los salarios reales.

Una de las causas de los bajos crecimientos de varios países europeos son los altos impuestos para financiar en gran parte el llamado gasto social.

Hay legislaciones fiscales, con una alta progresividad en el pago de impuestos, que son expropiatorias, reducen gradualmente el derecho de propiedad e inhiben una mayor producción.

La llamada nueva izquierda o neosocialismo, basada en las teorías del economista francés Thomas Piketty, abandona la expropiación como principal camino para lograr la mítica igualdad económica.

En su lugar propone la vía fiscal, de altos y progresivos impuestos, para que los gobiernos distribuidores de riqueza se apoderen gradualmente de los activos de la población “rica” y, teóricamente, los distribuyan igualitariamente entre los pobres.

El neosocialismo ya no expropia abiertamente, sino que pone a trabajar a los capitalistas para los burócratas. Expropia gran parte de las ganancias vía impuestos. Se convierte en el principal socio de los capitalistas. Es el socio que menos beneficios retribuye en relación con lo que toma de empresas y ciudadanos que pagan impuestos.

Un análisis de Santander Trade y Doing Business, que utilizan muchas grandes empresas para decidir dónde invertir, arroja que el total de los diversos impuestos que pagan las empresas sobre las ganancias en México representa más de la mitad (52%), superiores a los que pagan las empresas en los Estados Unidos (44%).

La izquierda radical logró que en Francia se aumentaran aún más los ya altos impuestos a los ricos. Ese incremento de impuestos, que entró en vigencia a finales de 2013, gravó hasta un 75% los ingresos de las grandes empresas.

Estuvo vigente solo un año, por la fuga de capitales y desempleo que causó.2 En la vía fiscal para avanzar hacia la mítica igualdad de ingresos, Piketty incluye el impuesto a las herencias, que también, por presiones de la nueva izquierda o neosocialistas, se puso en práctica en Francia. En ese impuesto hay doble tributación, pues lo que se hereda ya pagó impuestos sobre ingresos, que constituyen generalmente el origen de los bienes o ahorros que se transmiten a los hijos o en caso de quienes no tienen hijos, a las sociedades de beneficencia.

En los Estados Unidos, uno de los principales ingresos de las universidades y las instituciones así como de los fondos privados de ayuda a los pobres provienen de herencias de empresarios ricos.

El impuesto a las herencias tiene consecuencias sociales negativas: desincentiva el ahorro, impulsa la salida de capitales —facilitada por un mundo financieramente globalizado—, disminuye la inversión y el crecimiento, contradice la natural tendencia de ayudar a los hijos y reduce la libertad de decidir el destino del fruto de mi trabajo.

Es un impuesto regresivo, no solo perjudica a los ricos, sino a la clase media: reduce la oferta de empleos y aumenta la pobreza, aunque teórica y transitoriamente aporta recursos para la lucha contra la “injusticia social” mediante el “gasto social”. Y decimos que “transitoriamente proporciona recursos” pues con el tiempo disminuye la base gravable y la recaudación por ese impuesto.

De acuerdo con el International Tax Competitiveness Index 2017, publicado por la Tax Foundation, con sede en Washington D.C., el sistema fiscal francés resulta el menos competitivo entre 35 países analizados. Su sistema fiscal, entre ellos el impuesto a las herencias, convierte a Francia en el país menos atractivo para la inversión, que es la principal fuente de crecimiento y empleo, y en gran parte debido a ese sistema fiscal Francia tiene de los crecimientos más bajos en Europa.

Como los altos impuestos no alcanzan para enfrentar el gasto social, mediante el cual los neosocialistas y socialdemócratas buscan reducir la desigualdad económica, justifican un mayor déficit en las finanzas públicas e incrementos en la deuda pública, que generan periódicamente recesiones con inflación (estanflación), que resultan en más desempleo, pobreza y en la justificación de un mayor gasto social para enfrentarlos.

El gasto social crea un círculo perverso en el cual, como dice un refrán mexicano, “sale más caro el caldo que las albóndigas”, es decir, el costo es mayor que el beneficio social.

Para conocer algunos resultados concretos del gasto social en España, basados en cifras y no solo en sus teóricas bondades, buenos deseos o promesas electorales de sus instrumentadores, recomendamos leer el artículo “Mucho gasto y pocos resultados”, de Luis F. Quintero.3 También la investigación del profesor de economía de la Universidad ceu San Pablo de España, Gonzalo Sanz-Magallón, “Más gasto no implica mejores resultados. La educación no solo es cuestión de gasto”.4

De esos dos estudios sobre los resultados reales del gasto social en España en algunos sectores que lo constituyen, podemos concluir que un mayor gasto público no necesariamente conlleva mejores resultados ni en educación ni en salud, que son los renglones donde un mayor número de ciudadanos considera justificada la intervención directa del Estado; tampoco un menor gasto social lleva irremediablemente a una peor educación y salud de los habitantes.

En España el gasto social destinado a cubrir los seguros de desempleo se ha triplicado, pero hay un número considerable de quienes reciben esas ayudas gubernamentales, oficialmente desempleados, que obtienen ingresos no declarados en el sector informal, que les permiten viajar más y tener un mejor nivel de vida que muchos pequeños empresarios o profesionistas de más de 70 años, que trabajan en sus comercios, microempresas u oficinas más de ocho horas diarias.

Parte de los impuestos que pagan esos empresarios y profesionistas, los utilizan para viajes de placer españoles relativamente jóvenes, oficialmente desempleados, que además del seguro de desempleo reciben por diversas vías informales más recursos que quienes a través de sus impuestos les están pagando ese seguro de desempleo.

Ese fenómeno, que acontece en España y también en Francia, aunque no aparece en las estadísticas oficiales, confirma que un gran porcentaje del gasto social, justificado con la “justicia social”, es injusto.

Daniel Lacalle, doctor en Economía y profesor de Economía Global, considerado uno de los mejores economistas de España, en una visita a México para presentar su libro La gran trampa (Deusto, 2017), comentó que el llamado gasto social en España es la principal justificación de gastos inútiles e indebidos por parte del Estado, que hacen necesario aumentar impuestos, generan déficits, inflación y reducen el crecimiento.

En una investigación del profesor argentino de teoría macroeconómica y economía aplicada, Roberto Cachanosky, titulada “A mayor gasto ‘social’, más pobreza en Argentina”,5 se encuentran cifras que permiten apreciar las consecuencias perversas del gasto social —que teóricamente sería el principal instrumento en la lucha contra la pobreza en Argentina.

Dice en su estudio el profesor Cachanosky:

… cada vez se destina más dinero en pesos constantes a pagar jubilaciones, subsidios, educación, viviendas, etc. [pero] la gente es cada vez más pobre […] Es falso que los gastos en programas sociales mejoren la vida de la gente. Claramente la gente vive cada vez peor a pesar de incrementar brutalmente los recursos destinados a planes sociales […] los gastos sociales son un negocio político y no una manera eficiente de ayudar a la gente.

Los presupuestos gubernamentales etiquetados como gasto social en México se destinan en su mayoría al pago de nóminas, viáticos, construcción de edificios y mantenimiento de las instalaciones, que alojan a una numerosa y costosa burocracia, que generalmente desvía o aplica políticamente los presupuestos para darle votos al partido en el poder.

Por ejemplo, del presupuesto del Instituto Nacional Indigenista publicado en 2014, solo el 6% llegó como ayuda neta a los indígenas pobres, lo demás se quedó en sueldos, gastos de administración o no se sabe a dónde fue a parar.6

Aumentan los gastos para ayudar a los pobres y no disminuye el número de pobres, como sucedió de los años 2012 a 2014 en México.

En 2012, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) contabilizó 53.3 millones de pobres; en 2014, 55.3 millones, es decir, 2 millones más, pese a que el gasto social en combatir la pobreza aumentó en 22% en ese período.

En los datos de 2016, mediante una manipulación del método para clasificar a los pobres, el Instituto de Geografía y Estadística (inegi) de México, de donde se nutre de datos el Coneval, desapareció mediante cambios en los métodos de medición, los 2 millones adicionales de pobres que había contabilizado en las cifras de 2014, para que el gobierno pudiera afirmar que había reducido el porcentaje de pobres en relación con la población total.

En 2016, en el papel, no en la realidad, disminuyó la cantidad de pobres de 55.3 millones contabilizados en 2014 a 53.4 millones, prácticamente el mismo número de pobres que reportaron en 2012, 53.3 millones, a pesar de los miles de millones adicionales gastados durante ese tiempo para combatir la pobreza.

Aun con las burdas manipulaciones estadísticas, podemos afirmar que en México aumentó el gasto social para combatir la pobreza y no disminuyó el número de pobres.

La Secretaría de Desarrollo Social, encargada de implementar en gran parte el gasto social y la lucha contra la pobreza, contó en 2018 con aproximadamente un 50% más recursos que el Poder Judicial Federal, el cual ya recibe un enorme gasto y no obstante ha tenido pocos avances reales en relación con lo gastado, y cuyo objetivo es impartir la justicia a secas.  

Mientras se destinan más recursos al gasto y justicia social, que no resuelven estructuralmente ningún problema social, pasa a segundo plano mejorar la impartición de la justicia a secas, que implica dar seguridad a los ciudadanos sobre su vida y su patrimonio, castigar a quien asesine y robe y lograr que devuelvan lo robado a su propietario.

Los robos, asesinatos y la impunidad ante la justicia aumentaron en México a niveles récord durante el gobierno 2012-2018, período en que se ejerció el mayor gasto social en la historia moderna de México.

La palabra social se prostituyó al agregarla al concepto de justicia y a un gasto que se califica de “social”. En principio todo gasto público debe ser social, es decir, en beneficio de la sociedad, y el gasto que no sea social es antisocial, como ocurre paradójicamente con gran parte del gasto etiquetado como social.

Notas:

1 Luis Pazos, Por qué los impuestos son un robo, México, Planeta, 2018, pp. 114-115.

2 Véase la historia y los datos en el libro de mi autoría Desigualdad y distribución de la riqueza.

3 Publicado por Libre Mercado (29/9/2013).

4 Publicado en El Debate de Hoy, medio informativo de la Universidad San Pablo (11/2/2017).

5 Publicada en el Diario Exterior de España (22/5/2018)

6 Véase gráfica y fuente en la p. 57 del libro Epn: El retroceso, México, Diana, 2017, p. 57.

17. La igualdad que
se debe buscar

La igualdad que debe ser un objetivo en una sociedad libre y democrática es la de derechos. A principios del siglo xx, prácticamente ningún país permitía el voto a las mujeres. En Estados Unidos, la mujer no tuvo derecho al voto hasta 1920; en España, en 1931, y en México se plasmó en la Constitución en 1953.

En algunos pueblos indígenas las mujeres no podían heredar los bienes de sus esposos, sino que pasaban a sus hermanos, tampoco tenían derecho a decidir en qué trabajar, e incluso hay algunos casos en que se daba al hombre el derecho de golpear a su esposa tres ocasiones durante el matrimonio, según sus usos y costumbres, muchos de los cuales son violatorios de los derechos humanos. Y aún hoy en día hay países en que a las mujeres se les prohibe el acceso a la educación y a ocupar cargos públicos.

En Estados Unidos la lucha por abolir la esclavitud desencadenó, entre los estados de norte y los de sur, la única guerra civil padecida en ese país (1861-1865).

Los esfuerzos de Abraham Lincoln por abolir la esclavitud fructificaron legalmente en la mayoría de los estados de la Unión Americana hasta 1865, cuando en la decimotercera enmienda se incorpora a la Constitución la prohibición de la esclavitud.

Dice la enmienda:

Sección 1. Ni en Estados Unidos ni en ningún lugar sujeto a su jurisdicción habrá esclavitud ni trabajo forzado, excepto como castigo de un delito del que el responsable haya quedado debidamente convicto.

Sección 2. El Congreso estará facultado para hacer cumplir este artículo por medio de leyes apropiadas.

La esclavitud, que implica obligar a una persona a trabajar en contra de su libre voluntad, fue una institución normal durante muchos siglos, pese a que viola la libertad, derecho humano fundamental.

Poco después de que llegaran los españoles a lo que ahora es México, en 1537, el papa Paulo III redactó la bula Sublimis Deus para dejar claro que los indígenas eran seres humanos, racionales, con alma, para que les reconocieran los mismos derechos y les dieran el mismo trato que a los españoles.

Dice la encíclica en relación con los indígenas:

… aunque vivan fuera de la fe cristiana, pueden usar, poseer y gozar libre y lícitamente de su libertad y del dominio de sus propiedades, que no deben ser reducidos a la servidumbre y que todo lo que se hubiere hecho de otro modo es nulo y sin valor…

En ese documento la Iglesia manifestó su posición, la que disminuyó entre los creyentes el maltrato y expoliación de los indígenas.

La institución de encomiendas en la época de la Colonia no era esclavitud. Consistía en que la corona ponía al cuidado de españoles a un grupo de indígenas, quienes eran libres de abandonar al encomendero, que les cobraba un tributo a cambio de que los evangelizaran y los cuidaran. La esclavitud no se permitió legalmente en la Colonia, aunque de hecho algunos la practicaran.

La igualdad justa, deseable, es la de derechos, que se debe manifestar socialmente en leyes que garanticen a todas las personas, independientemente de su sexo, edad, raza y color, los derechos a la vida, a la propiedad y a la libertad.

Todos deben ser juzgados por las mismas leyes, en los mismos tribunales y gozar de las mismas oportunidades. Esa es la igualdad que se debe instrumentar en una sociedad que se diga democrática y justa.

La igualdad de ingresos, de nivel económico, en cambio, es un mito cuya búsqueda fundamenta el convertir al gobierno en el igualador de patrimonios mediante la redistribución de la riqueza, lo que implica justificar expropiaciones o altos impuestos para que todos puedan tener lo mismo.

Aunque en ningún país se ha logrado alcanzar la igualdad económica, su búsqueda ha llevado a una concentración de los medios de producción en los gobernantes y a la legalización del poder de la burocracia de dar y quitar propiedades arbitrariamente.

Los gobiernos que basan sus políticas económicas en las teorías marxistas-leninistas o en las de la nueva izquierda, que implementan sistemas fiscales confiscatorios, legitiman el darle o quitarle la propiedad a cualquier ciudadano con el objetivo de lograr la igualdad económica, lo que tan solo ocurre teóricamente.

Esa igualdad en las sociedades humanas existió antes de la civilización, cuando todos vivían en cuevas o al aire libre, casi todos comían lo mismo y la mayoría andaban semidesnudos. En esas condiciones de vida, que ahora se calificarían de pobreza extrema, es cuando se dio la igualdad de bienes económicos. Pero esa igualdad la rompió la civilización y el progreso.

18. La expoliación legal

La palabra expoliación significa apropiación injusta, hurto o robo. La palabra legal se refiere a una actuación basada en la ley. Un ciudadano actúa legalmente cuando lo hace conforme a ley, y una autoridad, cuando interviene dentro del marco de la ley. De ahí muchos infieren que lo justo es lo legal.

Y eso es totalmente falso, pues no todo lo legal es justo ni todo lo justo es legal.

La frase expoliación legal, usada por el filósofo, escritor y economista Frèdèric Bastiat —quien fue legislador durante la Asamblea Constituyente en Francia en 1848—, parece una contradicción de términos. Implica que hay acciones legales de la autoridad que son injustas: robos y despojos que no son sancionados, sino protegidos por la ley.

Dice Bastiat en su escrito La ley:

Ninguna sociedad puede existir si no impera en algún grado el respeto a las leyes; pero es el caso que lo que da más seguridad para que sean respetadas las leyes es que sean respetables. Cuando la ley y la moral se encuentran en contradicción, el ciudadano se sitúa en la cruel disyuntiva de perder la noción de lo moral o de perder el respeto a la ley, dos desgracias tan grandes la una como la otra y entre las cuales es difícil elegir.

Hacer reinar la justicia está tan en la naturaleza de la ley, que ley y justicia es uno en el espíritu de la gente. Todos tenemos una fuerte inclinación a considerar lo legal como legítimo, hasta el punto de que son muchos los que falsamente dan por sentado que toda justicia emana de la ley. Basta pues que la ley ordene y consagre la expoliación, para que esta aparezca justa y sagrada para muchas conciencias. La esclavitud, la restricción, el monopolio, encuentran defensores no solamente entre los que de ello se aprovechan, sino aun entre los que por ello sufren…

Esa perversión de la ley puede desviar a la ley de su misión verdadera, que pueda violar los derechos de propiedad en lugar de garantizarlos, cada clase querrá hacer la ley, sea para defenderse contra el despojo, sea para organizarlo en provecho propio. La cuestión política prevalecerá sobre la justicia, será dominante y absorbente; en una palabra, se luchará en las puertas del palacio legislativo. La lucha no será adentro menos encarnizada…

¿Hay necesidad de probar que esa odiosa perversión de la ley es perpetua causa de odio y de discordia, que puede llegar hasta la desorganización social?1

El siglo xx se llenó de legislaciones que expoliaban a unos, como señala Bastiat, para “compensar” las debilidades de otros. Se partió de la premisa marxista de la lucha de clases, presentada con diferentes palabras: oprimidos contra opresores, explotados contra explotadores, proletarios contra burgueses, pobres contra ricos o trabajadores contra patrones.

Esa lucha de los contrarios, basada en la dialéctica de Hegel, quien la refería a las ideas, la adaptó Marx a la economía, y pasó a ser parte fundamental de las políticas marxistas-leninistas.

Karl R. Popper (1902-1994), considerado uno de los filósofos más profundos e influyentes del siglo xx, en su famoso libro La sociedad abierta y sus enemigos señala que las tesis de Hegel, en las que se inspiró Marx para predicar la lucha de clases, y sus seguidores para conformar políticas estatistas, son un fraude intelectual que sirvió de excusa a la concentración del poder en los gobiernos totalitarios, como el prusiano al que quería dejar contento Hegel.

Dice Popper:

Hegel marcó el comienzo de la deshonestidad […] y de la edad de la irresponsabilidad intelectual y más tarde como consecuencia de irresponsabilidad moral: el comienzo de una nueva edad controlada por la magia de las palabras altisonantes y el irresistible poder de la jerigonza.

… tanto el ala marxista de extrema izquierda como el centro conservador y la extrema derecha fascista basan sus filosofías políticas en el sistema de Hegel […] Así se les ha enseñado a adorar al Estado, la historia y la nación.

Cita Popper textualmente a Hegel para mostrar su adoración del Estado: “El Estado es lo que existe realmente, es la vida moral materializada”.2

Los socialistas utilizan en su lucha por obtener el poder y crear simpatías y votos, con diversos matices, la teoría marxista de la lucha de clases.

Esa teoría justifica expropiaciones y altos impuestos a los que ellos presentan como explotadores y opresores para, teóricamente, entregar a los pobres y a los trabajadores explotados y oprimidos lo expoliado a ciudadanos productivos, que incluye a muchos trabajadores que pagan impuestos.

Lenin, al llegar al poder, no les entregó nada significativo de lo expropiado a los pobres y trabajadores explotados, como ya Imagen hemos comentado.

Los socialistas, que se hacen llamar socialdemócratas en España, Italia, Francia, Grecia y en casi todos los países de América, adoradores del Estado, siguen prometiendo expropiar, mediante altos impuestos, parte de los ingresos y los ahorros de los ciudadanos productivos, para repartirlos, a través del gasto social administrado por el Estado, a los trabajadores explotados y a los pobres oprimidos, con lo que pretenden reducir o terminar, dicen ellos, con la desigualdad.

A pesar del claro fracaso de esas políticas distributivas para reducir la pobreza, actualmente no solo los marxistas siguen quitándoles a unos para darles a otros, vía quienes detentan el poder, sino que casi todos los gobernantes, de casi todos los partidos, incluso los que critican a los populistas, practican en mayor o menor grado esas políticas.

La razón es que resulta muy rentable económica y políticamente expoliar legalmente a los ciudadanos productivos mediante más impuestos, y justificar déficit, deuda y más gasto con la teórica finalidad de repartir dinero a los pobres mediante el llamado gasto social.

Notas:

1 Frèdèric Bastiat, La ley, México, Cisle a.c., 2013, pp. 10, 11, 14, 15.

2 Karl R. Popper, La sociedad abierta y sus enemigos, Barcelona, Paidós, 2006, pp. 245-250.

19. La justicia expedita

La Constitución mexicana dice que la justicia debe ser expedita —es decir, sin trabas ni obstáculos—, pronta y gratuita. En la realidad tiene muchas trabas, obstáculos, y es lenta y costosa.

Ante un robo, lo primero que nos encontramos es que en la mayoría de los casos la policía no detiene al responsable. Después, si la víctima quiere que se investigue el robo, tiene que acudir a un Ministerio Público, donde pasan horas a la espera de recibir atención para levantar un acta que describa el hecho de que fue víctima la persona o mandar la denuncia vía internet, y con frecuencia no se tiene ningún avance ni noticia de su caso.

Esa acta generalmente la meten en un cajón o en el disco duro de una computadora sin que nadie investigue. Si la víctima no contrata un abogado que le dé seguimiento al caso, este no avanza.

Muchas víctimas prefieren aceptar que perdieron parte de su patrimonio que enfrentar un proceso burocrático ante el Ministerio Público, que en más del 95% de los casos que maneja no termina en restitución de lo robado ni en castigos al culpable. No arrojan ningún resultado favorable para las víctimas.

Si acaso se logra que se arme un expediente, la Procuraduría de Justicia, que en teoría debe procurar que se imparta justicia, consignará, es decir, enviará el expediente a un juzgado, donde dicho expediente esperará dentro de un cajón o en la nube de un disco duro a que los jueces tengan tiempo de analizarlo. Muchos de esos expedientes son desechados por falta de pruebas.

Todo ese viacrucis debe vivir un ciudadano que busque que le hagan justicia, que pretenda que castiguen a quien lo agredió físicamente o a quien tomó de forma indebida sus bienes y que intente que le regresen lo suyo.

En Japón, más del 90% de quienes cometen un delito son identificados y pagan con cárcel o multas su delito. En México es al revés, más del 90% de los delitos quedan impunes.

El problema social más grave en los países atrasados no es la falta de justicia social, sino de justicia a secas.

La inseguridad en la vida y en las propiedades, además de los altos impuestos, está entre las principales causas del bajo ahorro, de la insuficiente creación de empleos y la escasa inversión.

En muchos países donde los gobernantes se llenan la boca al presumir los aumentos de gastos en programas de justicia social —que en nada reducen la pobreza— se descuida la impartición de justicia, fundamental para lograr un mayor desarrollo y bienestar ciudadano, y una reducción real de la pobreza.

20. La justicia en
los sistemas económicos

Desde el inicio de la civilización se perfilaron dos sistemas básicos de organización socioeconómica, alrededor de los cuales giran las leyes que regulan la producción y el intercambio y consumo de bienes y servicios económicos, que son aquellos que se pueden valuar en dinero y están sujetos al intercambio.

Solo hay dos formas en que puede organizarse la economía, dice el profesor Murray N. Rothbard, con libertad —el mercado— o con fuerza y órdenes —el Estado—. Con distintos nombres esas formas de organización socioeconómicas se han adoptado a lo largo de la civilización con diferentes matices o mezcladas entre sí.

En una misma cultura, como en el caso del Antiguo Egipto, predominó a veces el mercado; otras, el Estado.

Ese fenómeno social lo describe magistralmente Jacques Pirenne en su Historia Universal, cuando retrata al Antiguo Egipto. En esa cultura desfilan el feudalismo, el estatismo, la monarquía, el absolutismo, el colectivismo y la libertad comercial, que coincide, según Pirenne, con las mejores épocas del Antiguo Egipto.

Entre las condiciones que crearon un mayor crecimiento en Atenas, en cuya cultura se apoya gran parte del pensamiento del mundo occidental, estuvo un acuerdo que, además de concertar una defensa mutua, estableció un libre intercambio de mercancías entre cerca de doscientas ciudades-Estado (liga de Delos, el año 476 a.C.), lo que ahora llamaríamos un tratado de libre comercio. Dice Pirenne:

Atenas conoció una época brillante de liberalismo económico […] creó a los extranjeros, en materia de negocios, una situación igual a la de los ciudadanos, y la modicidad [o moderación] de los derechos de aduanas, nunca superiores al 2.5%, atrajo hacia El Pireo [el puerto de Atenas] un tráfico importantísimo.

Al mismo tiempo que triunfaban la libertad económica y el libre cambio, triunfaba también la democracia, gracias a la cual había de alcanzar Atenas su período de apogeo, bajo la sabia dirección de Pericles (462-429).1

Las diversas formas de organización socioeconómicas se pueden reducir a dos básicas: la planificación gubernamental de la economía o economía de mando y la economía libre o de mercado. En esos sistemas los derechos, la justicia y la ley desempeñan diferentes roles.

Las legislaciones, leyes y el papel de las autoridades en ocasiones son antagónicos en esos sistemas. En la mayoría de los países, se instrumentan políticas con ambas formas de organización: mercado y planificación central, lo que resulta en las llamadas economías mixtas. Esas economías se acercan, según las tendencias de los gobernantes en turno, a uno u otro de esos sistemas socioeconómicos.

En donde predominan las economías centralmente planificadas o de mando, el Estado tiene un papel directo y protagónico. A través de planes, leyes y decretos decide qué se va producir, cómo y para quién.

El cumplimiento de los planes centrales requiere una numerosa burocracia: inspectores, supervisores y policías, entre otros funcionarios, que vigilen y obliguen a las personas y las empresas a producir lo que el gobierno considera necesario, a que cumplan con los precios “oficiales” y, en algunos casos, les ordenan hasta a quién venderlos y en qué cantidad. Si no lo hacen, los multan, clausuran sus comercios o confiscan sus empresas por desobedecer la ley.

En las economías estatizadas, las leyes consideran que en materia económica actúa legalmente quien trabaja, produce y vende conforme a los planes y las órdenes gubernamentales, y opera ilegalmente, fuera de la ley, quien produce y comercia algo distinto de lo que ordena el gobierno.

Lo justo es hacer lo que el gobierno dicta en sus planes, y lo injusto e ilegal es producir y vender a quienes queramos y a los precios que consideremos, sin obedecer los planes y objetivos del gobierno.

Surge así el mercado negro o paralelo, que produce y vende a precios diferentes a los marcados por el gobierno. Esas actividades son consideradas un delito, ilegales y sujetas a penas, que van desde multas, confiscación y cárcel, hasta la pena de muerte en el pasado.

La aparición de un mercado negro o subterráneo es una prueba de que hay escasez y mala distribución de los productos que ordena vender el Estado a un precio “oficial”, que se convierte en el precio “legal”.

En las economías estatistas se considera ilegal, un delito, toda venta a un precio diferente al impuesto por la burocracia.

En la economía centralmente planificada acato órdenes del gobierno sobre dónde trabajar, qué producir y a qué precio vender, si no quiero caer en la ilegalidad y violar las leyes que obligan a todos los ciudadanos a cumplir los planes gubernamentales, como aconteció a inicios del siglo iv en Roma.

La decadencia del Imperio romano se inicia con la reforma absolutista del emperador Dioclesiano. El historiador italiano Indro Montanelli, en su ameno y documentado libro Historia de Roma, comenta sobre esa reforma: “… fue un experimento socialista, nacionalización de la banca, de las industrias y multiplicación de la burocracia…”.

Ese sistema, afirma Montanelli:

… no podía funcionar sin un severo control de precios, que fue instituido en su famoso edicto (de Dioclesiano) en 301 después de Jesucristo, el cual representa una de las obras maestras de la economía dirigida. Todo en él está previsto y dirigido, salvo la natural tendencia de los hombres a las evasiones y su ingeniosidad para tener éxito en ellas. Para combatirlas, Dioclesiano tuvo que multiplicar al infinito su tributaria (impuestos y burócratas que los cobran). En nuestro imperio —rezongaba el librecambista Lactancio—, de cada dos ciudadanos uno suele ser funcionario. Pululaban confidentes, superintendentes e inspectores…

Por primera vez en la historia de la Urbe [Roma] viéronse ciudadanos romanos cruzar a escondidas los límites del Imperio para buscar refugio entre los bárbaros. Hasta aquel momento habían sido los bárbaros quienes buscaban refugio en las tierras del Imperio, cuya ciudadanía codiciaban como el más preciado de los bienes. Ahora acontecía lo contrario. Era precisamente el síntoma del fin [del Imperio Romano].2

En las economías planificadas o dirigidas, el gobierno se convierte en el principal o único capitalista. Monopoliza los rubros básicos de la producción y del comercio, en los cuales prohíbe la competencia. Se configura el llamado capitalismo monopólico de Estado.

En el socialismo real no desaparece al capitalista, como vaticinaba Marx y creen aún los izquierdistas de buena fe, sino que se convierte a los gobernantes y funcionarios públicos en los únicos capitalistas.

La justicia en materia económica ya no es principalmente el dar a cada quien lo suyo, sino hacer cumplir lo que el gobierno manda en sus planes económicos. Se aplica, teóricamente, la justicia social o distributiva, que implica directa o indirectamente violaciones al derecho de propiedad y de libertad.

En los países donde prevalece la economía libre o de mercado, los ciudadanos realizan mayoritariamente la producción y distribución con base en sus propios objetivos: vender y ganar más.

En el mercado cada uno de los participantes es libre de comprar y vender lo que quiera al precio más rentable o al que cada productor o comerciante decide. El consumidor, por su parte, en un ambiente de competencia, busca el menor precio y la mayor calidad posible.

El papel principal de las autoridades en un sistema de libre mercado es que los intercambios sean libres y voluntarios, y que estén sujetos a la competencia. Que no se engañe u obligue a vender o comprar un artículo en determinadas cantidades a un precio contrario al libre arbitrio del productor, condicionado solo por el consumidor.

Cada compra de un consumidor equivale a un voto de lo que se debe producir. En la economía planificada, los gobernantes deciden qué se debe producir; en la economía de mercado son millones de consumidores de todos los sectores sociales quienes orientan e influyen en qué producir.

El papel de las autoridades es evitar fraudes en las compraventas y que ninguno de los participantes obstaculice a otros vendedores o comerciantes en la producción o venta de lo mismo que ellos producen o comercializan.

En ese sistema, las autoridades cuidan que toda transacción sea libre y voluntaria y nadie se apodere de lo que no es suyo. Que se cumplan los contratos.

En el sistema de mercado el gobierno vigila a productores y comerciantes para que no engañen y que cumplan lo pactado. Supervisa a los capitalistas, pero no se convierte en capitalista; vigila a los comerciantes, pero no se mete a comerciar. El hacerlo lo llevaría a violar el principio jurídico de que “no se puede ser juez y parte”.

La libertad de decidir en qué trabajar, qué producir y a qué precios vender recae en cada persona. El gobierno cuida que exista un ambiente de paz y competencia, y evita los monopolios. Se aplica principalmente la justicia a secas, que parte del respeto a los derechos humanos fundamentales de propiedad y libertad.

El profesor Robert Heilbroner deja claro el entorno jurídico necesario para que funcione el mercado:

Una sociedad de mercado no podía coexistir, por ejemplo, con una forma de organización legal que no reconociera la libertad del individuo para celebrar un contrato de trabajo según sus deseos. Ni podría existir con un código de leyes que apenas reconocía la “propiedad privada” tal como la conocemos.3

Los ejemplos más significativos donde han predominado las economías centralmente planificadas o de mando en el siglo xx son la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la República Popular China y Europa del Este. Y aquellos donde han prevalecido las economías de libre mercado son los Estados Unidos, Singapur, Alemania y Suiza.

Notas:

1 Jacques Pirenne, Historia Universal, Vol. I, México, Cumbre, 1978, pp. 16-25 (Egipto) y 146 (Atenas).

2 Indro Montanelli, Historia de Roma, Barcelona, Planeta, 2008 (véase capítulo sobre Dioclesiano).

3 Robert L. Heilbroner, La formación de la sociedad económica, México, Fondo de Cultura Económica, 1955, p. 122.

Conclusiones

1. “El paso más grande en el ascenso del hombre es del nomadismo al sedentarismo”, ya que el descubrimiento de la agricultura y la domesticación de animales dio paso a la civilización. Ese avance fue posible gracias al reconocimiento de la propiedad de las tierras sembradas, de las herramientas de producción y de los animales domesticados.

2. El castigo al asesinato y al robo, plasmado en las leyes del Código de Hammurabi, hizo posible que el comercio o intercambio libre y voluntario se conviertiera en la principal forma de adquisición de lo que otros producen, y convirtió a Babilonia en la cuna de la civilización.

3. Las religiones que norman la moral de la mayoría de los seres humanos a partir del inicio de la civilización, las tabletas de la religión babilónica, los 42 mandamientos egipcios, los diez mandamientos de la cultura hindú, los diez judeocristianos, el islam y las enseñanzas de Buda, todos ellos condenan el homicidio y el robo, lo que implica tácitamente que reconocen y protegen el derecho a la vida y a la propiedad.

4. Sin identificación y protección a los derechos humanos básicos, vida, propiedad y libertad, no puede haber derecho ni justicia.

5. El imperio de la ley no garantiza el progreso. La ley del más fuerte predominó en el 95% de los años de existencia del Homo sapiens sapiens, nuestra especie, que vivió como los demás animales, sin progresar, por miles de años. Lo que desencadenó el progreso fue el imperio de la justicia, entendida como “la constante y perpetua voluntad de dar a cada quien lo suyo”.

6. Para impartir justicia, fenómeno social que nace con la civilización, se necesita el reconocimiento previo de la propiedad. No puede dar un juez “… a cada quien lo suyo”, que es el fin de la justicia, si no hay propiedad que identifique y proteja al dueño de cada bien.

7. Las leyes que no protegen los derechos humanos básicos, que normalmente ponen en práctica los déspotas y dictadores, son órdenes, leyes, pero no derecho, y prostituyen a quienes en su nombre dicen hacer justicia.

8. La aplicación de la ley no es el principal objetivo de los jueces, sino impartir justicia. Hay leyes injustas, que es injusto aplicar.

9. Una Constitución tiene como principales objetivos limitar a los gobernantes e impedir la aprobación de leyes que violen las garantías individuales y los derechos humanos básicos, rectamente entendidos.

10. Todo código de leyes que se diga Constitución pero que viole los derechos humanos, no es estrictamente hablando una Constitución.

11. Los derechos humanos no los crean los gobernantes, sino que ellos los reconocen y los garantizan. Son parte de la naturaleza humana.

12. Demagogos y populistas manipulan los derechos humanos, haciendo pasar las promesas de dar casa, trabajo y dinero a todos como derechos humanos.

13. Los verdaderos derechos humanos implican respetar la vida, la propiedad y la libertad de cada uno de los ciudadanos, no prometer dar a todos de todo gratuitamente. Si eso se llevara a cabo, conduciría, inevitablemente, a una crisis económica: inflación, desempleo, deuda impagable, más pobreza y recesión.

14. La democracia es peligrosa si se considera que una mayoría triunfadora en una elección puede hacer lo que quiera con la minoría perdedora.

15. La república, que además de elecciones libres implica un gobierno limitado, división de poderes y protección a la libertad y la propiedad, es mejor opción que la democracia. La organización republicana dificulta que la democracia se convierta en demagogia. Se puede optar por un régimen republicano-democrático, para no perdernos en discusiones semánticas.

16. Sin documentación de los derechos de propiedad de las tierras y de las pequeñas empresas, que permita su utilización como garantía y su fácil compra-venta en el mercado, es difícil que millones de campesinos y de microempresarios generen más producción y crecimiento económico.

17. La justicia distributiva, que cambió de nombre a justicia social, y que implica quitarles a los que más tienen para darles a los que menos tienen, con la excusa de lograr una mítica igualdad económica, viola el derecho humano a la propiedad.

18. La justicia social, que implica el reparto de la riqueza a través del gobierno, se contrapone a la justicia sin adjetivos, que se basa en garantizarle a cada quien lo que es suyo.

19. La expoliación legal se da cuando un gobierno, en lugar de proteger el derecho a la propiedad, legaliza su robo con la excusa de ayudar a los pobres y de igualar el nivel de vida de todos.

20. Hay una forma de organización socioeconómica cuyas políticas económicas se basan en leyes que parten de la justicia distributiva o social. Esas leyes implican dar poder a los gobernantes para que planifiquen la economía, distribuyan la propiedad, decidan en qué debe trabajar cada uno y cuál es la remuneración para cada quien.

21. La otra opción es un sistema donde productores, comerciantes y consumidores deciden libremente qué producir, vender o comprar, vigilados por el gobierno para que esas acciones se den en un contexto voluntario, sin violencia y en un ambiente de libre competencia.

22. Jurídicamente, el entorno del sistema llamado libre mercado prospera alrededor del concepto de justicia, entendido como “la constante y perpetua voluntad de dar a cada quien lo suyo”.

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Acerca del autor

LUIS PAZOS (Veracruz, México, 1947). Estudió Economía y Administración en el ITESM. Abogado por la Escuela Libre de Derecho, realizó estudios de Administración Pública en la Universidad de Nueva York. Es doctor honoris causa en Ciencias Sociales por la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala. Ha sido profesor titular de Economía Política en la Escuela Libre de Derecho y profesor honorario de la Universidad Francisco Marroquín.

Durante cuatro décadas ha sido editorialista sobre temas económicos y financieros en publicaciones de México, Centro y Sudamérica, y también comentarista de radio y televisión. Es autor de ¿Por qué los impuestos son un robo?; Los ricos del gobierno; EPN: El retroceso; Desigualdad y distribución de la riqueza, entre otros libros.

Fue presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública en la Cámara de Diputados, director general del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos y presidente de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros. Actualmente es director del Centro de Investigaciones Sobre la Libre Empresa, A.C.

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