Luis Gasulla

El negocio político de la obra pública

De la patria contratista a Menem. De los noventa a Kirchner. De CFK a Macri

Con la colaboración de Alicia Panero y Juan Parrilla

Sudamericana

A los que aún sueñan con un techo digno, cloacas y agua potable en sus casas.

A mis hijos Joaquín y Camila. A mi mujer, que me acompaña donde vaya.

A mis padres, por las correcciones, los puntos de vista y los comentarios certeros.

A mi gran amigo Fabián Garbarino y al querido José Luis Zorzi.

A ustedes, que están del otro lado.

Cara de piedra

Todo el mundo me usó de forro. La Cámara Argentina de la Construcción y Cristina. Acá se limpiaron todos el culo conmigo.

LÁZARO BÁEZ al autor, único periodista
que lo entrevistó en prisión. Julio de 2016

Que se haga una auditoría de la obra pública realizada durante nuestro gobierno.

Ex presidenta CRISTINA FERNÁNDEZ
DE KIRCHNER. Julio de 2016

No quiero mala praxis en la obra pública.

ALICIA KIRCHNER, gobernadora de
Santa Cruz y hermana del ex presidente. 

30 de septiembre de 2016

A las 4.40 de la madrugada del 14 de junio de 2016, cuatro integrantes de la policía bonaerense sorprendieron a José Francisco López infraganti. El ex hombre fuerte de la obra pública durante los gobiernos kirchneristas estaba perplejo. Tenía la cara de piedra. Por esas horas, comenzaba a escribirse la historia más impactante de corrupción política de las últimas décadas. El convento Nuestra Señora de Fátima, en General Rodríguez, fue el escenario circunstancial para relatar una trama cinematográfica en la que participaron monjas con pasado guerrillero, obispos acomodaticios, abogadas candentes, extraños informantes, servicios de inteligencia especialistas en acción psicológica y la lúgubre postal de un conurbano bonaerense abandonado, víctima de interminables promesas incumplidas.

Al salir el sol, José López ingresó al penal de Ezeiza con la mirada perdida. El mismo destino había tenido, semanas antes, Lázaro Antonio Báez, empresario insignia de la era K. Nunca imaginó concluir su carrera política como una de las dos estatuas de piedra ubicadas en el antiguo edificio del Ministerio de Obras Públicas (MOP) —conocido como Evita— que tantas veces visitó creyéndose amo y señor.

Nacido en Italia en 1885, el escultor Troiano Troiani llegó a nuestro país veintinueve años después para diseñar los faroles de la Plaza de los Dos Congresos en Buenos Aires. Pero su obra más singular y polémica son dos estatuas de piedra ubicadas en los vértices del edificio mencionado: una de ellas lleva un cofre en una mano y extiende la otra hacia atrás, pegada al cuerpo, con la palma hacia afuera. Mira para abajo, distraída, picarona, como si simbolizase la “viveza criolla” que nos caracteriza como argentinos. A las estatuas se las llama, en voz baja, el monumento al soborno. El único que existe en el mundo. Vaya paradoja, las pintorescas figuras no aparecían en el proyecto original encargado al arquitecto José Hortal. Tal vez por esa razón el creador las escondió, a un costado, sin registrarlas en ningún plano ni archivo. Las “hermanas” fueron testigos mudos de coimas escandalosas, sobornos impensados, “cometas”, fraudes y centenares de negociados, coordinados a centímetros de sus miradas. Nadie se refiere —o tal vez nadie quiere saber— al monumento que habita en él. La estatua con la mano extendida no tiene precedentes en el mundo. La imagen de piedra, al acecho, en una esquina del segundo piso, simboliza el pago de coimas, una constante en la historia de la obra pública en la Argentina. Las estatuas representan una denuncia sutil, una alegoría de lo que pasaba en los años treinta con la obra pública y una profecía de lo que sucedería en el futuro.

Imponente, el viejo edificio de Obras Públicas distingue su silueta en la 9 de Julio. Hoy funciona allí el Ministerio de Salud. Fue concebido por el arquitecto Alberto Belgrano Blanco, pero llevado a cabo por su colega José Hortal, director nacional de Arquitectura, en 1933. Se creó por un proyecto del Poder Ejecutivo, convertido en ley 11.714 durante el ministerio de Manuel Alvarado, en la presidencia de Agustín P. Justo. Fue la primera construcción de altura financiada por el Estado nacional. El edificio del MOP fue transferido al Ministerio de Salud por el decreto 239 del 9 de marzo de 2010. Eran otros tiempos. Gobernaba Cristina Fernández de Kirchner. El 26 de julio de 2011, la misma presidente inauguró el Mural de Evita, tras la restauración de su fachada. Siete meses antes había convocado a los dos empresarios más cercanos a su difunto esposo para exigirles respuestas sobre sus patrimonios: “La plata de ustedes es nuestra”. En esa reunión en Olivos, relatada en detalle por Leonardo Fariña, comenzaba a gestarse el comienzo del fin de Lázaro Báez, el fiel amigo de Néstor —no de Cristina—. Los principales protagonistas de aquella historia fueron entrevistados para este libro.

Negocios son negocios

Cuando López escapó de su mansión “alquilada”, en Tigre, cargando cuatro bolsos deportivos con nueve millones de dólares, hacia el convento del obispo emérito de Luján, el fallecido Rubén Héctor Di Monte, no pensó en la emblemática historia del edificio de Obras Públicas. Las imágenes de la detención de Lázaro Báez, empresario símbolo del kirchnerismo, aún estaban frescas. “En Estados Unidos no entienden cómo Cristina Fernández le soltó la mano a ‘su’ empresario ni tampoco cómo el gobierno de Cambiemos no pareciese interesado en ir contra los funcionarios corruptos”, explica un emisario del FBI en la Argentina. “Por eso colaboramos en la caída de López”, concluye.

Báez no era la excepción sino la regla del manejo de la obra pública en la Argentina kirchnerista. Cambiar las condiciones en que se manejaron y gestionaron los fondos públicos, específicamente en los grandes proyectos, sería un enorme desafío del gobierno encabezado por Mauricio Macri. Su padre Franco había sido un símbolo de la patria contratista. Los vínculos comerciales y de negocios en la obra pública entre Julio De Vido, ex ministro de Planificación de los Kirchner, con empresarios como Ángelo Calcaterra, primo de Mauricio Macri, formaban parte de una historia sutilmente escondida por los protagonistas de esta obra. “El primer número en la lista de contactos del celular del Negro era Ángelo”, relató el mejor amigo de Lázaro Báez entrevistado para la presente obra. Ángelo es el primo del Presidente. Más aún, Pablo Schoklender me explicó que cuando Hebe de Bonafini alzaba demasiado la voz contra el, por aquel entonces, jefe de Gobierno Mauricio Macri, De Vido la mandaba llamar para calmarla: “No está bien que nos metamos en el tema viviendas ni inmobiliario”. Su hermano Sergio explica que “las solicitudes que atendía rápidamente Néstor Kirchner eran las de sus empresarios amigos, como Nicolás Caputo”. Todos formaban parte del club de la obra pública en el que el ex financista de Néstor Kirchner, Ernesto Clarens, era su “armador”. Pero para el establishment comunicacional, Nicky Caputo es solo un empresario amigo del actual presidente Macri, sin vinculaciones con el kirchnerismo. No es así. Caputo, a través de su empresa SES SA, en el año 2010, ganó la licitación para refaccionar el hospital Posadas. Lo hizo uniéndose con el Grupo Farallon, de Eduardo Gutiérrez, a quien el fiscal Federico Delgado apuntó como el posible testaferro de José López, tras su detención en el convento de General Rodríguez. Caputo recibió 1.400 millones de pesos en contratos con la Ciudad de Buenos Aires entre 2007 y 2015. A pesar de su amistad con el detenido López, el Grupo Farallon aportó a la Fundación SUMA, de la vicepresidenta Gabriela Michetti. Negocios son negocios. No existen ideologías a la hora de hacerlos.

El capitalismo argentino está viciado porque depende, en gran parte, del Estado. Por eso, muchos empresarios obedecen los caprichos de los gobiernos de turno. A veces, los capitalistas argentinos terminan siendo cortesanos de los gobernantes. En otras ocasiones, les marcan la cancha. Es una de las circunstancias que explican por qué la Argentina ha fracasado como proyecto colectivo de país. Durante el kirchnerismo, montándose en la debacle social y económica desencadenada en 2001, Néstor y Cristina Kirchner organizaron un sistema de expoliación basado en un falso relato, mediante el cual, directamente, edificaron empresarios de la nada (Lázaro Báez), conformando una asociación ilícita. Los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques, en el dictamen por el que pidieron la urgente inhibición de bienes de la familia Kirchner, advirtieron que existió “una canalización de fondos de origen ilícito provenientes de la concesión irregular de obra pública de parte de esos empresarios [Báez y Cristóbal López] a favor de la propia familia presidencial mediante la utilización de la actividad hotelera”.

La clase política de nuestro país encontró una manera de financiar sus campañas políticas a través de sus vínculos con el empresariado local, presuroso, en muchas ocasiones, para obtener jugosos y espléndidos beneficios.

Hubo dos grandes caminos para sustentar el proyecto político de perpetuación en Casa Rosada: 1) el método kirchnerista de acumulación de poder, basado en la experiencia soviética previa a la caída del muro de Berlín. Así se crea un sistema de empresarios “amigos” que son socios de la clase dirigente y que trabajan en un proyecto político autodenominado “revolucionario” que, según ellos, representa los intereses de la “clase trabajadora”. El kirchnerismo se quedó a mitad de camino en todas sus gestas “históricas”; 2) el sistema capitalista tradicional al estilo europeo y estadounidense en el cual la corrupción se combate, aunque, internamente, la clase política y empresarial es consciente de que está institucionalizada. En la primera opción, aparecen nuevos y prósperos empresarios que responden directamente a un gobierno determinado. Son los “nuevos ricos” como Lázaro Báez, Cristóbal López, las firmas Electroingeniería y Palma SA, en menor medida. En este caso, el gobierno se mete en todos los ámbitos de la vida pública regulándola con firmeza. Su ideólogo “nacional y popular” fue Carlos “Chino” Zannini. En la opción más tradicional, no aparecen nuevos ni repentinos empresarios. Los ganadores son los mismos de siempre: Techint, de Paolo Rocca; Bulgheroni, en los últimos cuarenta años; y la familia Macri, de la última dictadura militar al kirchnerismo, pasando por los años noventa. Todos fueron observados en silencio por las estatuas de piedra creadas por Troiano Troiani.

Atorrantes

Desde años treinta, prácticamente ninguno de los gobiernos que sucedieron a Justo se han diferenciado de la postura de la estatua del MOP. Una posible excepción fue el breve paso de Arturo Umberto Illia por la Casa Rosada entre 1963 y 1966.

El soborno, la coima, el sobreprecio, las empresas de los amigos y las creadas para y por la obra pública de otros amigos, fueron el denominador común de la desgracia política y social que nos expone hoy a la falta de infraestructura, a la ausencia de educación y de edificios escolares, a la escasez de vivienda, a la carencia de hospitales y a la indignidad en materia de salud pública. Allí radica la culpa que expresan los ojos de esa estatua, congelada en la piedra para sus contemporáneos y para todas las generaciones que los sucedieron.

Hasta la reforma constitucional de 1994, no existió el Ministerio de Obras Públicas tal como lo conocemos actualmente. Lo precedió una Comisión de Ingenieros, organizada por el ingeniero Pompeyo Moneta en 1860, en la órbita del Ministerio del Interior, que contaba con cuatro direcciones generales: Vías de Comunicación y Arquitectura, Obras de Salubridad, Contabilidad e Hidráulica.

La primera anécdota sobre la obra pública es la que habría dado origen al término “atorrante”. Corría el año 1883. En la Dirección de Obras de Salubridad, dependiente de la Comisión de Ingenieros, comenzaban las tareas de construcción de redes de agua y cloacales en la Ciudad de Buenos Aires. Los caños, fabricados en Europa, descansaban cerca del puerto, a la intemperie, mientras los obreros cavaban a pico y pala las zanjas donde serían emplazados. Gran cantidad de gente, producto de la aplicación de la Ley de Inmigración y Colonización de 1876, no tenía vivienda. Desesperados, decidieron vivir, temporalmente, en esos caños fabricados por una empresa llamada A. Torrent. Así fue como sus ocupantes comenzaron a recibir el apodo de atorrantes. Años después, ese término quedaría asociado con la vagancia.

A lo largo del siglo XX se fueron desarrollando las actuales empresas del Estado, privatizadas y reestatizadas según el signo político de los tiempos. Una de las primeras obras públicas argentinas fue el desarrollo de caminos, llevado adelante por la Dirección General de Vías de Comunicación y Arquitectura, perteneciente a aquella Comisión de Ingenieros articulada en 1860. Sería el origen de lo que más adelante conoceríamos como la Dirección Nacional de Vialidad.

La historia de las vías de transporte y comunicación en la Argentina es la de la continua deficiencia, falta de previsión y mantenimiento. Sin embargo, todos los gobiernos licitaron obras con ese fin. Se trata del limitado desarrollo de los caminos, que influye en la delicada situación que atraviesa la producción del interior del país y las economías regionales, así como en el desarrollo de los pueblos. La debacle del ferrocarril durante el menemismo lo confirma.

Desde las mensajerías en épocas del Virreinato, las postas, los caminos de fines del siglo XIX, los consolidados y las rutas, hasta las actuales autopistas, se han recorrido muchos kilómetros. Párrafo aparte merece la sanción de la Ley Nacional de Vialidad y la Ley de Reforma del Estado del 17 de agosto de 1989, que permitió la privatización de casi todas las empresas estatales, con la maldita frase “fallida” del entonces ministro de Obras y Servicios Públicos, Roberto Dromi: “Nada de lo que deba ser estatal permanecerá en manos del Estado”. Paradojas del destino, el mismo Dromi, símbolo de las privatizaciones, sería uno de los asesores estrella de Julio De Vido y Néstor Kirchner en las reestatizaciones de comienzos del siglo XXI.

Nociones básicas sobre la obra pública

Las obras públicas están formadas por una amplia gama de trabajos de construcción, desarrollo de la infraestructura de transporte (caminos, rutas, autovías, autopistas, puertos, vías ferroviarias y aeropuertos), hidráulica (represas, plantas depuradoras) o urbana (alumbrado público, parques), y la creación de edificios de interés social (hospitales, escuelas, bibliotecas).

En diversos lugares del mundo existen empresas únicamente especializadas en obras públicas, como en la Comunidad Autónoma de Andalucía, donde se encuentra la Agencia de Obra Pública de Andalucía. Por su intermedio el gobierno acomete todas las políticas de infraestructura, brindando así transparencia en las ejecuciones y garantía de terminación.

La puesta en marcha de la obra pública puede concretarse de diversas maneras. Una opción es que sea el Estado quien contrate trabajadores para que las ejecuten: esto es más común en los municipios. Otra opción es llamar a licitación para que las empresas privadas presenten ofertas de desarrollo y sea el Estado quien escoja la propuesta más conveniente. Así, los fondos públicos provenientes de los impuestos, o de créditos externos que finalmente también se pagarán con el aporte de los contribuyentes, se destinarán a la empresa ganadora.

El conjunto de operaciones o actividades promovidas por el Estado —construcción, demolición, sondeos, dragados— está enmarcado dentro de la denominada Ley de Obras Públicas. La Argentina tiene una ley promulgada en el año 1947 durante el primer gobierno de Juan Domingo Perón que no fue modificada por ningún gobierno de ese signo político, ni del radicalismo. En el gobierno de Cambiemos estudiaban reformarla en las primeras sesiones en el Congreso del año 2017.

Daniel Enrique Butlow, abogado y profesor titular honorario de arquitectura e ingeniería legal en la Universidad Nacional de la Rioja, sostiene que el constructor siempre debe tener en cuenta las novedades del Boletín Oficial y los cambios en la manera en que se contratan las obras públicas. Sin embargo, la ley, publicada en el Boletín Oficial del 28 de octubre de 1947, y que fuera producto de la posguerra, sigue conservando su vigencia. A pesar de todos los intentos por sustituirla y todas las modificaciones que sufrió, está vigente. Más aún, algunos de esos cambios la fortalecieron. Para Butlow, “puede afirmarse que la ley 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional promulgada parcialmente el 26 de octubre de 1992 fue el instrumento que inició el camino para efectuar las profundas modificaciones que más recientemente tomarían rango normativo. Esta ley tenía entre otros objetivos prioritarios el de garantizar la aplicación de los principios de regularidad financiera, legalidad, economicidad, eficiencia y eficacia en la obtención y aplicación de los recursos públicos (artículo 4° inciso a)”.

La reforma constitucional de 1994 estableció la prohibición de la delegación legislativa en el Poder Ejecutivo, salvo en materias determinadas de administración o de emergencia pública, con plazo fijado para su ejercicio, y dentro de las bases de la delegación que el Congreso establezca —artículo 76 de la Constitución Nacional—. La noche del 29 de marzo de 2001 se sancionó la famosa “ley de los superpoderes”, que delegó atribuciones especiales en el Poder Ejecutivo Nacional. Esa noche también se firmó el decreto 1.023/2001 sobre Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional, que modificó la Ley de Obras Públicas. Los cambios se distinguen entre superficiales y profundos. Lo extraño es que los superficiales parecen profundos y los profundos resultan difíciles de explicar. Las modificaciones superficiales surgen del mencionado decreto. Mediante el artículo 33, se produce una adecuación del viejo artículo 9 de la ley 13.064. Se trata de sustituir términos en desuso como “remate público” por “licitación pública” y aclarar que los límites de costos de obras y trabajos complementarios son fijados, de aquí en adelante, por el Poder Ejecutivo Nacional, en ejercicio de la función administrativa. Otro tanto sucede con las disposiciones que reemplazaron los términos “remates” y “subasta” por la expresión “licitación pública” en los artículos 4, 11 y 17 de la ley 13.064 —artículo 34, decreto 1.023/2001—. Las modificaciones sustanciales a la Ley de Obras Públicas surgieron de los artículos 35 y 36 del mismo decreto 1.023/2001. Por el primero, se declararon aplicables a los contratos de obras públicas las disposiciones del título 1º del mencionado decreto, con lo que, en definitiva, se cambió la Ley de Obras Públicas… sin cambiarla.

Muchos actores forman parte de la obra pública que ha sido y es en nuestro país la caja más importante para la política y para el enriquecimiento personal de los funcionarios. Entre esos actores fundamentales están la Dirección Nacional de Vialidad y la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco), que no escapan a la mirada de piedra de la estatua que sostiene el cofre en sus manos.

El 5 de octubre de 1932, se promulgó la ley 11.658, que creó la Dirección Nacional de Vialidad. Este nuevo ente se encargaría del estudio, proyecto, construcción, administración y conservación de la Red Vial Nacional. Las investigaciones judiciales efectuadas tras el cambio de gobierno, en diciembre de 2015, confirman que aquí se encontraba una de las cajas más aceitadas e importantes del sistema ideado para vaciar las arcas públicas durante el kirchnerismo. La obra vial es incontrolable, según explica Sergio Schoklender, quien estuvo al frente del programa de construcción de viviendas e inclusión social Sueños Compartidos. “Si en miles de kilómetros de rutas se ponen centímetros menos de compactación, de tosca, de movimiento de suelo, de concreto, de asfalto, esa diferencia se traduce en millones de pesos”, asegura en su libro Sueños postergados. Solo en Chaco se transfirieron 3.500 millones de pesos en ocho años para infraestructura vial. Sin embargo, durante la gobernación de Jorge Milton Capitanich no se construyó ni una sola autopista, y las rutas asfaltadas se cuentan con los dedos de una mano.

La Dirección Nacional de Vialidad es un ente autárquico. Para garantizar su funcionamiento, la misma ley establece la asignación de recursos que provienen de un impuesto fijo a los combustibles y otro adicional sobre el valor de los lubricantes. Esto está directamente ligado al boom del desarrollo del parque automotor, que necesita más y mejores caminos para transitar. En 1958, se dictó el decreto-ley 505, ratificado luego por una ley, que, entre otras medidas, disponía una nueva estructura para la Dirección Nacional de Vialidad. Se creó el Consejo Vial Federal —compuesto por las oficinas provinciales de vialidad— y se dividió la Red Caminera Argentina en Red Troncal Nacional, Red Primaria Provincial y Red Comunal, asignándoles responsabilidades y recursos específicos para el financiamiento y la construcción de las mismas a Vialidad Nacional, Vialidad Provincial y las comunas, respectivamente.

El 25 de enero de 2001, mediante el decreto 87/2001, nació el Órgano de Control de Concesiones Viales (OCCOVI), ente desconcentrado dependiente de la Dirección Nacional de Vialidad. El OCCOVI es el encargado de controlar el efectivo cumplimiento de las obligaciones contractuales asumidas por los concesionarios viales de los accesos a la Ciudad de Buenos Aires, los corredores viales nacionales concesionados y la conexión física Rosario-Victoria. Durante el kirchnerismo, por medio del decreto 1.915/2004, el organismo obtuvo facultades para realizar obras en de la jurisdicción comprendida en los contratos de concesión. Dentro de ese marco, el OCCOVI realizó un importante número de obras en la red vial concesionada. Claudio Uberti estuvo al frente de esa dependencia durante el primer gobierno kirchnerista. Dejó el cargo cuando Guido Antonini Wilson intentó ingresar al país proveniente de Caracas, Venezuela, con una valija con 800 mil dólares. Uberti lo acompañaba junto con su bella secretaria Verónica Bereziuk. En agosto de 2009, el decreto 1.020/2009 dispuso la transferencia del OCCOVI a la Dirección Nacional de Vialidad como órgano descentralizado, por lo que se derogó el anterior decreto 1.915/2004. La historia reciente de la Dirección Nacional de Vialidad, responsable de 40.193,72 kilómetros, está asociada con la corrupción.

Por sus vínculos con el gobierno de turno y por las sospechas permanentes de corrupción, la Cámara Argentina de la Construcción fue el actor fundamental de los últimos doce años. Su ex presidente Carlos Wagner dirige una de las empresas constructoras más beneficiadas por el kirchnerismo: Esuco SA. Gran parte de las obras de las que se hizo cargo las obtuvo en la provincia de Santa Cruz. El gobierno de Macri no parece interesado en destapar esa olla sucia del “club de la obra pública”, tal como lo definió el caído en desgracia Lázaro Báez. Cara de piedra ponen sus integrantes cuando responden que por un solo empresario corrupto —Báez— no se puede ensuciar al resto. La misma expresión que adopta Cristina Fernández de Kirchner cuando pide que se investigue toda la obra pública otorga da durante los últimos quince años o cuando asegura que es una perseguida política.

Fundada el 6 de febrero de 1936, la Cámara fue protagonista de importantes logros, como la sanción del la ley 13.064 de Obras Públicas, en 1947. También propició la sanción de la ley 17.258 de Fondo de Desempleo; en 1980 hizo lo mismo con la ley 22.250 de Régimen para Trabajadores para la Industria de la Construcción. En 1996 fomentó la firma del decreto 911/16, Reglamento de Seguridad e Higiene. Todos estos logros, que son reales, han sido superados por las sospechas y denuncias que recayeron sobre la ella y sus principales miembros. A pesar de todo, sigue siendo uno de los actores más importantes e influyentes del país. Sus fondos aumentaron de manera proporcional al vinculo con el ex ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, nexo con el gobierno nacional. Fue el mismo ex ministro que en la quincuagésimo séptima reunión anual de la Cámara Argentina de la Construcción dijo en el discurso inaugural que los fondos asignados al sector habían crecido, en el año 2009, cuarenta y cuatro veces más, comparados con 2002.

Roberto Lavagna dejó el Ministerio de Economía denunciando la cartelización de la obra pública. Las acusaciones más importantes que salpican a la Cámara son la de caso Skanska y la de Yacyretá, pero no son las únicas.

Otro miembro de la entidad es Ángelo Calcaterra, primo de Mauricio Macri, titular de la empresa familiar Calcaterra SA y propietario de Creaurban e Iecsa SA, otra de las sospechadas en el caso Yacyretá. Se cree que sus constructoras habrían aportado más de cuatrocientos mil pesos a la campaña de Cristina Fernández de Kirchner en 2011. A Calcaterra además se lo conoce por sus fuertes vínculos con Julio De Vido y con el ex secretario de Transporte, Juan Pablo Schiavi, condenado por la tragedia de Once. Calcaterra fue uno de los integrantes del consorcio del tren bala que nunca arrancó. Su número personal es el primero en la lista que posee el celular de Lázaro Báez.

El mensaje de las estatuas de Troiani ha trascendido aquella década de 1930. Plantadas en un lugar emblemático, enhiestas, con los ojos clavados en esa mano que espera el retorno. Son un signo de los tiempos y de los actores descriptos. Un término único abarca todo: corrupción, obscena en los bolsos de José López, en el éxtasis por la caja fuerte de Néstor, en las cajas de seguridad de su hija Florencia. Mortal en las tragedias de Cromañón, Once, Castelar o en las inundaciones de La Plata. Corrupción: irrespetuosa en los éxitos hoteleros de la familia Kirchner, en los aviones, los autos y las casas lujosas de los nuevos ricos funcionarios y empresarios. ¿Origen? El mismo: fondos públicos.

Un dato fundamental a tener en cuenta es que, más allá del inexorable paso del tiempo, la Ley de Obras Públicas se basa en un punto fundacional que el kirchnerismo incumplió sistemáticamente. La elección de un contratista del Estado se basa en licitaciones públicas y en la realización de concursos, que deberían ser transparentes. Allí radica la competencia del sistema capitalista. En economías débiles y/o en frágiles democracias, como la Argentina, las leyes no se cumplen. Eso aumenta el poder de inescrupulosos funcionarios y gobernantes que sueñan con perpetuarse en el poder. En ese sentido, la gestión del macrismo en la ciudad enciende luces de alerta que el lector descubrirá al recorrer la presente investigación. Por esa razón, la experiencia de Cambiemos en el gobierno nacional goza de buenas intenciones para transparentar el manejo de la cosa pública —fundamentalmente en materia de obras de esa índole— pero in curre en llamativas contradicciones.

Estatuas

Las estatuas siguen allí, impávidas. Desde 1933, ese inédito monumento al “retorno” sigue marcando una constante de la historia argentina: el negocio político de la obra pública. Como las enormes placas de mármol de ocho metros de altura que Cristina Fernández de Kirchner mandó colocar en el Centro Cultural Kirchner —ex Correo Central— para inmortalizarse. El titular del Sistema Federal de Medios Públicos, Hernán Lombardi, decidió mantenerlas en su sitio para testimoniar “una etapa superada de nuestra historia”. Allí también aparece grabado en la piedra el nombre de José Francisco López. Como las estatuas del Ministerio de Obras Públicas.

La Argentina es el único país del mundo en el que un funcionario es atrapado con millones de dólares en un convento y el único en el que existe un monumento al soborno en un edificio público. Pero la profecía de piedra no dimensionó los bolsos ni las bóvedas. Tampoco las cajas fuertes en dragones de tres metros, ni los agujeros en el piso de las casas de funcionarios o de los conventos de obispos amigos.

La corrupción será televisada

De la Basílica al convento

No es menor que los secretarios de obra pública de los dos distritos más importantes hayan terminado así. Uno preso [José López] y el otro suicidado [Alejandro Arlía]. Habla de un modelo.

PAULA OLIVETO LAGO, diputada

de la Coalición Cívica. Septiembre de 2016

La inteligencia es como el vuelo: largos momentos de tedio y un repentino instante de terror.

MIGUEL ÁNGEL TOMA, en referencia a la

supuesta intervención de los servicios

de inteligencia en la caída de José López.

Agosto de 2016

La Basílica

Cuando faltaban pocos minutos para despedir el martes 13 de junio de 2000, se caía la cruz de hierro desde las alturas de la Basílica de Luján. Como un presagio, el gobierno del radical Fernando de la Rúa comenzaba a transitar un calvario económico y social. Los dos mil kilos de la cruz caída en desgracia visibilizaban la crisis económica del país. Ni la Alianza ni el duhaldismo hicieron algo al respecto. Dos meses antes de esa profética caída, Rubén Héctor Di Monte fue elegido al frente de la Arquidiócesis Mercedes-Luján. Más tarde, con Néstor Kirchner en el poder, la refacción de la Basílica de Luján fue su carta de presentación en el negocio de la obra pública. Luego de modificar el presupuesto nacional de 2003, el presidente Kirchner destinó 4.550.000 pesos para restaurar su fachada.

La obra de reparación se dividió en etapas. Las dos primeras, durante el gobierno de Néstor, y la última y más onerosa, en el de Cristina. Los sobreprecios en la obra pública comenzaban en un lugar sagrado. En 2013, diez años después de comenzada la obra, el presupuesto seguía aumentando.

Declarada Monumento Histórico por Carlos Menem en 1998, la Basílica fue la excusa perfecta de los Kirchner para relacionarse con la Iglesia Católica y, de paso, hacer negocios. José López y el funcionario Abel Fatala —imputado en el manejo de fondos para viviendas sociales del programa Sueños Compartidos— fueron los operadores elegidos para la misión sagrada.

La refacción de la Basílica de Luján posicionó al obispo Rubén Héctor Di Monte con el kirchnerismo. Así empezó a hacer buenas migas con Julio De Vido y José López. Sus fieles, agradecidos. Los fondos seguían lloviendo del cielo. La obra, con sus sucesivas ampliaciones y redeterminaciones de precios al infinito, superaba los cien millones de pesos. Creaurban SA, propiedad de los hermanos Ángelo y Fabio Calcaterra, fue una de las ganadoras.

El hijo de Pía Calcaterra —hermana de Franco Macri— había participado del frustrado proyecto conocido como tren bala, propuesto por el condenado ex secretario de Transporte, Ricardo Jaime. En plena reforma de la Basílica, los primos de Macri apostaron por la continuidad del “proyecto nacional y popular” aportando casi 400 mil pesos para la campaña electoral de Cristina Kirchner y Julio Cobos en 2007. Calcaterra solía participar en uniones transitorias (UTE) con el dueño de Austral Construcciones, Lázaro Báez.

Pero había más. El 18 de noviembre de 2014, Cristina anunció “la inminente adjudicación”, con una inversión total de 158.076.540 pesos, de la remodelación del Descanso del Peregrino, la futura construcción del baptisterio y la realización de obras varias para la limpieza de la fachada principal y de las torres. La anunciada refacción de 2003 que debía concluir seis años después, continuaba sumando fondos y demoras. Las empresas —Teximco y Creaurban— no pudieron explicar las razones de ese retardo. El sacerdote Daniel Blanchou se apiadó de ellas. Para el religioso, la obra se había demorado porque a medida que se avanzaba se habían encontrado nuevos inconvenientes. Además, el templo no cerraba sus puertas en ningún momento —justificaba Blanchou—, por lo que las empresas “solo pueden trabajar en horarios nocturnos”.

En octubre de 2005, por orden de Néstor Kirchner, se destinaron quince millones de pesos más. El plazo de la obra estaba vencido. Las empresas a cargo eran una UTE formada por AC.SC SA, Teximco SA y Creaurban SA, que debían restaurar las fachadas laterales, la torre crucero y la aguja de bronce que se observa al frente. Presidida por el cordobés Marcelo Roca, Teximco nació el 14 de agosto de 1990 en la Ciudad de Buenos Aires. Fuentes consultadas sugieren que fue la empresa elegida por De Vido para quedarse con las grandes obras en la capital. Es un misterio si Mauricio Macri, por entonces jefe de Gobierno porteño, estaba al tanto de esa supuesta relación. Lo cierto es que el fiscal Carlos Stornelli denunció sobreprecios en la refacción del mural de Evita, en el antiguo edificio del Ministerio de Obras Públicas, por veintitrés millones de pesos. Cuando el papa Julio II le preguntaba a Miguel Ángel por la terminación de la Capilla Sixtina, el artista respondía, paciente: “Cuando la termine”. Pero en Luján nadie preguntaba nada.

Creaurban SA ganó la licitación de la tercera etapa y se le asignó un presupuesto de cuarenta y siete millones de pesos para terminar las reparaciones interiores que incluían luces, sonido y cámaras de seguridad. La obra tampoco se concretó en los plazos establecidos.

En el año 2007, el obispo Di Monte se retiró a su orden fundada en General Rodríguez y dejó en su lugar a su heraldo portaestandarte: el padre Jorge Oscar Bruno, vicario de Luján y ex director del diario La Verdad de Junín. Así es, el director del diario más antiguo de la provincia de Buenos Aires era un sacerdote, porque La Verdad es un medio de la Iglesia, como algunas radios FM que transmitieron durante años sin autorización, hasta que Martín Sabbatella, en sus tiempos al frente de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA), recibió la orden de darle a la Iglesia todos los medios y habilitaciones que pidiera. Gerardo Milman fue testigo del otorgamiento de esas licencias “singulares”. El padre Bruno es un hombre discreto, amigo de Wado de Pedro y más amigo de su vocero de prensa, Agustín Cufré, quien aceitó los mecanismos de relación entre la Iglesia y el poder político K. También se encargó de tramitar ante la AFSCA la habilitación de Radio LT20 de Junín, otro medio de la Iglesia.

Durante seis años, Luciano Canaparo fue jefe de Redacción de La Verdad. Conoce en detalle los movimientos de los “jefes” de Mercedes-Luján. El periodista reveló los secretos sobre el manejo del diario y confirmó las relaciones con la Iglesia expresadas en los párrafos anteriores. Fue Jorge Bruno, el hombre clave en las relaciones con el poder de la arquidiócesis, quien marcó una continuidad entre la gestión Di Monte y el actual titular, el obispo de las “homilías tibias” Agustín Roberto Radrizzani.

Más allá de los millones de pesos excedidos del presupuesto inicial para las remodelaciones de la Basílica de Luján, la pasión recaudadora del obispo Di Monte, de la que se habló tras la caída de José López en su convento, se mantuvo oculta durante treinta largos años. Pero antes de ello, el amigo de Di Monte y un sector conservador de la Iglesia Católica —enfrentado a Jorge Bergoglio— habían mantenido una prolongada batalla contra un descreído de los designios de Dios en la Tierra.

Schoklender o yo

En su libro Sueños postergados, Sergio Schoklender escribió: “Néstor nombró subsecretario de Obras Públicas a Abel Fata la, para mediar ante los reclamos de la Iglesia. El Estado provee millones de pesos para la refacción de capillas, catedrales e iglesias, le daban guita para mantener el bajo perfil en las críticas al gobierno. Fatala negociaba”. El hijo putativo de Hebe de Bonafini había conocido los oscuros manejos de López en la función pública.

El 16 de marzo de 2011, Sergio Schoklender le escribió una carta de puño y letra a la Presidenta de la Nación acusando a José Francisco López —a cargo de la Secretaría de Obras Públicas dependiente del Ministerio de Planificación— de demorar el envío de fondos para el proyecto de construcción de viviendas Sueños Compartidos. Cristina leyó los argumentos que esgrimía Schoklender, quien gritaba a quien quisiera escucharlo que su funcionario era un “hijo de remil putas”. Es más, se lo dijo en su despacho, poco después de la muerte de Néstor Kirchner, el 27 de octubre de 2010. “Mientras Cristina daba su discurso en la inauguración de las viviendas de Castañares, lo tuvimos que separar a mi hermano de José López. Lo quería cagar a trompadas”, recuerda Pablo Schoklender. Esa tarde, el “creador e impulsor de Sueños Compartidos”, tal como rezaba el graph de los videos institucionales que promocionaba la Fundación Madres de Plaza de Mayo, se le fue al humo a Josecito.

—¡Dejá de boquear con Cristina, hijo de puta! Vení que te cago a palos —le gritaba al funcionario de mirada socarrona un desencajado Sergio Schoklender. La pica entre ambos se había profundizado tras la muerte de Néstor Kirchner.

—Andá, andá, pedile ayuda a Hebe. Pero de esta no te saca nadie. ¡Ya vas a ver! —le respondió, amenazante, el número dos de Julio De Vido.

La historia es conocida. Hebe de Bonafini, por aquel entonces madre adoptiva del hombre que solía vestirse de negro tras recuperar su libertad en 1995 —luego de cumplir condena por el doble asesinato de sus padres—, escuchó los reclamos de Cristina, “su presidenta”. Le había pedido a Sergio que no le faltara el respeto a López pues era “como faltarle el respeto a Cristina”. Las discusiones entre ambos no dejaban de sorprender a sus empleados más cercanos. “Hebe, querida, sacate de encima a ese muchacho, haceme caso antes de que nos lleve puesto a todos”, le dijo telefónicamente la viuda que pedía “no hacerse los rulos” deshojando la margarita de su posible reelección. La histórica Madre de Plaza de Mayo accedió al pedido. La paranoia de Schoklender tenía sus razones. Luego de la muerte de Néstor Kirchner, José López había ganado terreno político y sumaba confianza con la ex presidenta. Es más, respondía directamente a ella y ninguneaba al todopoderoso ministro de Planificación. Quién habría dicho entonces que Schoklender, primero, y López, después, pasarían por el mismo pabellón de la cárcel de Ezeiza.

Sueños Compartidos había sido el proyecto de construcción de viviendas e inclusión social más ambicioso encarado durante el kirchnerismo. Un total de 1.296 millones de pesos pasaron por las manos de los hermanos Schoklender. El plan significaba una piedra en el zapato del Plan Federal de Viviendas de José López que había nacido en el año 2004. Según datos oficiales, desde la Secretaría de Obras Públicas se construyeron en doce años ciento cuarenta y ocho mil viviendas. En los discursos de Cristina Fernández y de sus funcionarios, la cifra se multiplicaba por diez. Sueños Compartidos financiaba el resto de los proyectos políticos, culturales, educativos y mediáticos de la fundación de Hebe. De allí salía el dinero para bancar la universidad, cursos, talleres, la radio y la revista, como así también los actos políticos. “Nosotros movilizamos más gente e hicimos más actos que La Cámpora y el Movimiento Evita juntos”, me dijo Schoklender años después. En su libro Sueños postergados, el hijo putativo de Bonafini recuerda que para el acto del fallecido ex presidente venezolano Hugo Chávez, en Mar del Plata, él mismo se encargó de la logística y la contratación de los micros para la militancia. Para el acto de la llamada “contracumbre” los fondos corrieron “por cuenta de la caja de Oscar Parrilli”, y se citó a los “representantes de todas las organizaciones sociales en una reunión en la biblioteca de la Universidad de las Madres”. Dos protagonistas del encuentro confirman la versión de Schoklender. Parrilli formó parte del Grupo Calafate junto con Julio Bárbaro. Doce años antes había conocido a Kirchner, de quien fue secretario general, al igual que de Cristina. En julio de 2015 fue designado director de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), que reemplazaba a la Secretaría de Inteligencia. En enero de ese año, el fiscal que había denunciado a CFK por encubrir el atentado a la AMIA aparecía muerto en el baño de su departamento en el complejo Le Parc de Puerto Madero, el barrio más seguro del país. Un mes antes, la Presidenta había “jubilado” al más famoso de sus espías: Antonio “Jaime” Stiuso.

La caja de Sueños Compartidos financió costosos favores políticos, como la inconclusa campaña a jefe de Gobierno de Abel Fatala en 2011. Fatala era subsecretario de Obras Públicas de la Nación y hombre de confianza de Sergio Schoklender dentro del gabinete nacional. “El apoyo a la candidatura de Fatala se materializó bajo la forma de aportes de fondos para afiches, plata para los gastos de sus locales y otros ítems”, asegura Schoklender, aunque aclara que “no se trataba de una coima directa”. Sin embargo, según ex empleados de la fundación, una mujer pasaba a buscar un “sobre” para Fatala todos los meses. Allí tenían sus oficinas los arquitectos Claudio Fredín y Carlos Castellano. La mujer, que había sido legisladora porteña, era mano derecha de Fatala y llevaba adelante su campaña política. Ambos estaban muy cerca de Amado Boudou. El vicepresidente se mostraba interesado en quedarse con un porcentaje de Meldorek, la empresa constructora de Schoklender. La gestora era la consultora preferida de Cristina: Doris Capurro. Había sido contratada para promocionar Meldorek y realizaba la prensa y la difusión de las actividades de Sueños Compartidos. Pablo Schoklender declaró ante la justicia que esos gastos costaron medio millón de pesos. La hijastra de Capurro dirigía el colegio Jean Piaget, donde estudiaba el hijo de Sergio Schoklender. Meldorek lo refaccionaba mientras le compraba dos aviones Lear Jet al financista Fernando Caparrós Gómez. En sus aviones se subían gobernadores como Jorge Capitanich, de Chaco, y Gerardo Zamora, de Santiago del Estero, y también sindicalistas como Pablo Moyano.

Los obradores de Sueños Compartidos se multiplicaban por el país. Los convenios eran cada vez más jugosos y el mayor de los hermanos creía que podía disputarle el poder a Gerardo Martínez en la Unión Obrera de la Construcción (UOCRA). “Tenemos seis mil quinientos tipos, en un par de años más, a este ritmo, le peleamos el gremio a ese impresentable de Martínez”, le confesó Schoklender a Oscar Natalichio en una cena a fines de 2009. Natalichio había traído de Cuba la idea del método de construcción por medio de paneles. Terminarían echándolo de la fundación en medio de falsas denuncias orquestadas por Bonafini y Felisa Miceli. La prensa celebraba las obras y José López preparaba el contraataque: “¿Este tipo se cree Néstor? El turro me cayó en la oficina a exigir más guita, nunca le alcanza”, le decía el funcionario a una persona de su entorno. Los rumores se difundían por la Casa Rosada. Más aún cuando el propio Schoklender se encargó de divulgar que se había animado a tirarle un pocillo de café por la cabeza en medio de una pelea. Cristina debía optar. Lo hizo sin dudar. Nunca le había caído bien el mayor de los Schoklender. “Me entregaron para salvar a las Madres”, sintetizaría.

El escándalo de Sueños Compartidos y las sucesivas entrevistas que Sergio Schoklender ofreció durante 2011 denunciando a funcionarios kirchneristas con nombre y apellido sacaron a José López del ostracismo. Ganó terreno dentro del gobierno. Sin embargo, ante la opinión pública comenzaba a conocerse su rostro. Durante la presidencia de Néstor Kirchner había operado en las sombras. Eran escasas las notas periodísticas en las que se profundizaba sobre su destacado rol dentro de ese gobierno y en el manejo de las obras públicas. ¿Por qué? Adrián Gómez es la respuesta que ofrecen ex dirigentes políticos del sur que conocieron a los protagonistas.

Gómez había sido vocero de Domingo Cavallo en los años noventa. Se reencontrarían en el regreso a la política del ex ministro de Economía de Carlos Saúl Menem. Fue a comienzos de 2005. En su momento, a Adrián Gómez lo había recomendado el ex gobernador cordobés José Manuel de la Sota. El vocero se dedicaba a la prensa y difusión de cada acto del superministro de Menem y de las figuras más importantes de la política de esa década. “No solo armaba las gacetillas y la difusión de las actividades sino que era un gran operador en las sombras de Cavallo”, explica una persona que integró el equipo del Ministerio de Economía del hombre que lloraría ante el reclamo de la jubilada Norma Plá.

José López sumó a Gómez a su equipo al llegar a la Casa Rosada. “Pasaban muchos periodistas de primer y segundo nivel por sus oficinas”, explica la fuente. “Es la única explicación posible de por qué José López estuvo protegido por grandes medios de comunicación en los primeros años de Néstor Kirchner”, asegura el ex funcionario santacruceño cercano a Gómez. La supuesta tarea de Gómez habría sido similar a la de Doris Capurro, según denunció Sergio Schoklender: “Gestionaba la pauta publicitaria en negro con medios y periodistas. Para hablar bien de un funcionario era una cantidad determinada de plata, para no mencionarlo en un escándalo de corrupción, era otra”. Gómez tenía otro amigo en común con López: el contador Andrés Galera, supuesto testaferro del funcionario. Su nombre cobró notoriedad cuando la ex mano derecha de De Vido cometió el desvarío de los bolsos en el convento de General Rodríguez.

Sin la competencia de Sueños Compartidos, López iba por todo. Durante el primer gobierno de Néstor Kirchner se habían institucionalizado las “tasas de retorno” y la obra pública estaba cartelizada. El ex ministro de Economía, Roberto Lavagna, así lo denunció en 2005 delante de los principales empresarios constructores. Uno de ellos, que forma parte de los quince hombres de negocios más ganadores del período 2003-2015, explica en estricto off: “Cuando llegó a la presidencia, Néstor nos apretó a todos nosotros. Decía que nos iba a denunciar en los medios y en la justicia. Que nos iba a hacer mierda. Que sabía todos nuestros secretos, nuestras miserias y negocios. En fin, que iba por nosotros”. Ante la pregunta de por qué no lo hizo, el empresario ríe y mira hacia la ventana que da al Río de la Plata, en su cómoda oficina: “Nos agarró de las pelotas, usó el látigo y nos incluyó a todos en su proyecto. Nos fue bien a todos, tuvimos más obra pública que nunca en la historia argentina”. El presidente de Corporación América, Eduardo Eurnekian, no es tan generoso al respecto: “Alrededor de Cristina todos robaban, la guita aparecía en bolsos”. En el esquema kirchnerista de acumulación de poder, “José López era fundamental pero era un tipo muy jodido, un maleducado capaz de hacer esperar a un gobernador como el de Santiago del Estero, o a empresarios de primer nivel, horas y horas mientras escuchabas cómo boludeaba con su secretaria”, recuerda otro de los hombres más poderosos del país.

Julio De Vido nunca lo llamaba por su primer nombre sino que se refería a él como Francisco. También solía mencionarlo entre sus amigos como el “neolopecito”, un mal chiste que remitía a un personaje nefasto de la historia argentina y del peronismo: José López Rega. A pesar de alternar entre Santa Cruz, Tucumán y Buenos Aires, José López tenía domicilio fiscal declarado en la calle 48 esquina Francisco Bo, localidad de Argüello, provincia de Córdoba. “Es un hombre sumiso aunque calentón, un cadete bien entrenado para recibir órdenes, tan fiel que lo incluyeron en la mesa privada de los Kirchner”, explica un periodista cordobés a la colega Alicia Panero. Del respeto se pasaba al terror. Héctor Horacio Di Tullio, ex intendente de Caleta Olivia, recuerda que le suplicaba por fondos públicos para garantizar la gobernabilidad. Le terminaba escribiendo al ex Señor 5 de la SIDE, Héctor Icazuriaga, que le reenviaba los correos. El mismo accionar hacía el ex gobernador de Chubut, Martín Buzzi, que le pedía por favor a Josecito que le reenviara sus correos a Cristina para que “me bajen los fondos antes de las PASO”. Buzzi temía perder la elección de agosto de 2015 si no llegaba la plata de la Casa Rosada. Discrecionalidad explícita, verticalismo y un modelo unitario de país más allá de discursos en los que se apelaba al federalismo y a la democracia.

Por sus características, entre la soberbia y la obediencia debida, es que muchos de los ex funcionarios consultados sospechan que López cumplía órdenes aquella madrugada del convento. Por esas horas, se rumoreaba que la justicia federal estaba por allanar a su ex jefe, Julio De Vido. El día anterior, López regresaba de una reunión del Parlasur junto con el ex diputado Agustín Rossi, y habría recibido un extraño mensaje del amigo de Máximo Kirchner, Javier Cuervo: “Los están vigilando a todos”.

Sin pasar por las tapas de los principales matutinos, José López aumentó su patrimonio personal un 600 por ciento en solo un lustro. Dueño de una finca en Concepción, provincia de Tucumán, que producía entre cuatro y cinco millones de kilos de caña de azúcar por año, había nacido allí el 20 de octubre de 1960. López ingresó a la función pública declarando 158.908 pesos. En 2010, tenía catorce veces más. Esos 2.274.895 pesos eran insignificantes en comparación con los nueve millones de dólares que llevaba en cuatro bolsos deportivos a un convento en General Rodríguez la madrugada del 14 de junio de 2016. En ese momento, los 8.982.000 dólares representaban 135.729.490 pesos. Al declarar ante el juez federal Daniel Rafecas, López explicó que esa plata era “de la política”. Rafecas lo investigaba desde 2008 por enriquecimiento ilícito. Su investigación estuvo estancada hasta que López apareció en el convento con un arma larga, relojes, bolsos repletos de dólares y ocho celulares. “No podíamos permitir que solo un empresario estuviese detenido por el desfalco de la obra pública. Por eso colaboramos en la caída de López”, me explicó un agente del FBI que opera desde hace años en el país.

Según Elisa Carrió, la gran caja política del kirchnerismo fue “la obra vial”. Rogelio Frigerio, ministro de Interior, Obras Públicas y Vivienda del gobierno de Mauricio Macri, cree que durante las administraciones kirchneristas había un sobreprecio de la obra pública que “rondaba el veinte por ciento”. Para Sergio Schoklender, la caja del gobierno de Néstor y Cristina Kirchner se dividió en tres áreas básicas: “La primera está sustentada en la necesidad real de fondos para sostener a funcionarios cuyos verdaderos sueldos no se blanquean. La segunda es la corrupción lisa y llana, y la tercera es la que mantiene a los organismos sociales que Kirchner ordenó financiar para poder construir una base social propia”. El arrepentido de la “ruta del dinero K”, Leonardo Fariña, declaró ante el fiscal Guillermo Marijuán que Kirchner había creado “un plan para vaciar las arcas del Estado”. Según el ex asesor financiero de Lázaro Báez, “el sobreprecio en las obras públicas rondaba el veinte por ciento”. El método consistía en “te doy la obra sobrevaluada a cambio de un retorno para la política”.

¿Qué rol tenía José Francisco López en esa estructura? “Era un elemento fundamental del engranaje. Junto con De Vido y Santiago Carlos Kirchner, el primo del ex presidente, direccionaban la obra pública”, sostiene la legisladora porteña Paula Oliveto Lago, ladera de Carrió en sus denuncias desde 2005 hasta la fecha. “Era un operador de Néstor”, sentencia Schoklender. “Era quien vehiculizaba la llegada de las partidas presupuestarias a los municipios. Estas operaciones se canalizaban a través de los institutos de vivienda de cada provincia”, explica el hombre que cree que la ex presidenta fue quien dio la orden de asesinar a Alberto Nisman.

En los institutos de vivienda suelen hacer lobby las empresas constructoras. A veces los nombres se cruzan, como en Chaco. José Valentín Benítez fue contador de varias empresas constructoras y, al mismo tiempo, presidente del Instituto de la Vivienda de esa provincia. En los tiempos en que gobernaba Jorge Milton Capitanich, se transfirieron 3.500 millones de pesos para infraestructura vial. “Se podría haber asfaltado hasta el Impenetrable”, ironiza Schoklender en su libro. Sin embargo, la autopista que une las dos principales ciudades de la provincia —Resistencia y Sáenz Peña— está demorada desde hace años. “López era quien cobraba ‘la cometa’ que se conocía como el anticipo financiero”, asegura Schoklender. Leonardo Fariña cree lo mismo.

El ingeniero civil José López había sido el hombre fuerte del Ministerio de Planificación de Julio De Vido durante doce años y medio. Bajo el cargo de secretario de Obras Públicas manejó 596 mil millones de pesos. Si De Vido era hombre de confianza de Néstor Kirchner, tras la muerte del ex presidente quedó claro que López podía entablar empatía también con la Señora. El electo diputado del Parlasur por Tucumán, provincia en la que nació y que siempre anheló gobernar, comenzó su carrera en la función pública a comienzos de los noventa en la municipalidad de Río Gallegos, Santa Cruz, como secretario de Obras Públicas y Urbanismo. En 1994, ingresó como vocal del directorio de la Administración General de Vialidad Provincial para alcanzar la presidencia del Instituto de Desarrollo Urbano y Vivienda de esa provincia.

Ya en el gobierno nacional comenzó a incursionar en los emprendimientos privados como La Araceliti, empresa de la familia López que primero se dedicó a la producción de tabaco y caña de azúcar y luego se diversificó en otros rubros, como el de construcciones viales. Increíblemente, según los registros oficiales, La Araceliti también se dedicaba a supervisar obras públicas. Su compañero del colegio secundario Gustavo Enrique Menocal era quien manejaba su empresa. Menocal trabajaba en el Órgano de Control de Concesiones Viales (OCCOVI). Había sido designado el 15 de julio de 2009 por decisión administrativa 565/2009. Su ex esposa, Graciela Bravo, cansada de que Menocal no cumpliese con el pago de las cuotas alimentarias, denunció en los medios que tenía varias propiedades no declaradas. En febrero de 2012, la Oficina Anticorrupción emitió una resolución informándole al Poder Ejecutivo que se abstuviese de contratar los servicios de La Araceliti ya que su encargado era quien adjudicaba y controlaba la obra pública.

En 2010, López declaró ser dueño de cuatro terrenos en El Calafate. Casado con María Amalia Díaz, le dejó el cincuenta por ciento de las acciones de su empresa radicada en Tucumán. Díaz fue empleada judicial de Santa Cruz durante veintiséis años. Se jubiló en 2006. Años después, el juez Daniel Rafecas investigaría si el detenido funcionario tenía compañías y/o sociedades radicadas en Brasil.

La polémica manera en que José López se desenvolvía entre el empresariado y con sus adversarios puede expresarse en el siguiente diálogo certificado por uno de sus protagonistas y un informante que estaba presente:

—Vos no podés venir acá a manejarme el presupuesto de la obra pública —le espetó José López a Sergio Schoklender delante de Felisa Miceli y del ex subsecretario de Vivienda de Kirchner, Luis Bontempo, fallecido en 2012—. Ustedes no saben un carajo de construcción —insistió López mientras Schoklender subía temperatura.

—Petiso hijo de puta, ¿quién carajo te creés que sos? Si no te gusta lo que hacemos, andá a llorarle a tu jefe —fue la dura respuesta del creador de Sueños Compartidos. El jefe era De Vido, “el diablo” según un hombre del submundo financiero que lo padeció.

Las represas de la discordia

En su época de esplendor, José López no perdonaba. No solo Sergio Schoklender lo padeció sino afamados empresarios como Hugo Dragonetti, presidente de la contratista del Estado, Panedile. En las altas esferas del mundo de la obra pública aseguran que la empresa de origen italiano fue el ganador real de la licitación en las represas Néstor Kirchner y Jorge Cepernic, en Santa Cruz. También Lázaro Báez se sintió vetado por Cristina. Los ganadores terminaron siendo la empresa china Gezhouba Group Corporation e Hidrocuyo. Pero en el millonario negocio de 4.714 millones de dólares —financiado supuestamente por bancos chinos— tenía que ingresar Electroingeniería, firma cordobesa de Gerardo Luis Ferreyra, compañero de militancia de Carlos Zannini. José López fue el artífice de la contratación más oscura e ilegítima de la era K.

Las empresas que habían manifestado interés en construir dichas represas sobre el río más importante de la cuenca hidrográfica provincial habían sido los consorcios Isolux-Corsan-Andrade Gutiérrez SA, Techint-Benito Roggio SA-Esuco SA-Supercemento SAIC, Electroingeniería SA-Iecsa SA-José Cartellone SA, Aluar-Hidroeléctrica Futaleufú SA-Odebrecht SA, Impsa-Camargo Correa-Corporación Americana SA, y Panedile Argentina SA. Panedile se consideró discriminada y preparó una demanda contra el gobierno nacional. La respuesta de José López no se hizo esperar: retrasó los pagos a esa empresa por más de un año. Ese apriete explica que no se concretaran las anunciadas presentaciones judiciales, como insinuaron hacerlo, además de Panedile, Austral Construcciones y Eduardo Eurnekian con su Corporación América. Los diputados Ricardo Gil Lavedra y Manuel Garrido no pudieron acceder al expediente de la licitación. Gobernaba el kirchnerismo y en el juzgado federal Nº 6 de Rodolfo Canicoba Corral hicieron oídos sordos al pedido.

Un soleado sábado de octubre, Leonardo Fariña, el primer y único arrepentido de la corrupción en la obra pública kirchnerista —al menos hasta diciembre de 2016— fuma su décimo cigarrillo mientras devora chocolate. Las conversaciones con el asesor “estrella” que tuvo Lázaro Báez, durante un corto pero intenso período de dieciocho meses, repasan sus años en el jet set, la farandulización de la política y los turbios negocios de la noche. Sobre las licitaciones de las represas Cepernic-Kirchner, Fariña coincide con la discriminación argumentada por el dueño de Austral Construcciones pero suma una razón trascendental: Jorge Lanata. “Periodismo Para Todos comenzó su segunda temporada con los informes conocidos como ‘la ruta del dinero K’. Lázaro Báez, Federico Elaskar y yo estábamos en boca de todos. Al poco tiempo se licitan las represas. ¿Lázaro pretendía que, en medio del escándalo, Cristina le diera una mano en las represas? No estoy diciendo que no haya sido injusto. El precio que presentó Austral Construcciones fue el mejor, pero a Electroingeniería le permitieron un reajuste de precios y ganó.” El 21 de abril de 2013, el equipo de Jorge Lanata presentó la supuesta cámara oculta con Leonardo Fariña y el testimonio exclusivo del dueño de la financiera SGI —conocida como La Rosadita—, Federico Elaskar. “Nunca tuve tantas pruebas de un acto de corrupción”, explicó Jorge Lanata. El público lo acompañó. Jamás volvería a medir picos de 33,4 puntos de rating.

Para las grandes obras públicas aparecía directamente el todopoderoso ministro de Planificación. En cambio, para la construcción de viviendas sociales, los planes hídricos y el servicio de agua potable y cloacas, aparecía José López. A Josecito lo acompañaba Carlos Santiago Kirchner, primo de Néstor y jefe de la Subsecretaría de Coordinación de Obra Pública. El cargo se había creado por decreto la última semana de agosto de 2005. En los once años de la gobernación de su primo, el Negro había ocupado un puesto en el directorio del Instituto de Desarrollo Urbano y Vivienda de Santa Cruz como representante del Poder Ejecutivo. De profesión arquitecto, el primo de Kirchner estuvo en la mira de la Auditoría General de la Nación por el descontrol en el manejo de la obra pública. A mediados del año 2013, el acusado respondió: “Más del cincuenta por ciento de las tramitaciones realizadas fue confeccionado y ordenado por personal a mi cargo y por los propios municipios que debían gestionar las obras. Las comunas no tenían personal idóneo para hacerlo”.

El ministerio del que formaba parte Carlos Santiago Kirchner seguía recibiendo denuncias de discrecionalidad en el manejo de los fondos y por acomodar empresas amigas. En ese contexto, el primo del Presidente se compraba en el condominio Oceanía, en Miami, un departamento de 450 metros cuadrados valuado en 650 mil dólares. El periodista Daniel Seifert recuerda que el ex funcionario había declarado ante la AFIP un patrimonio de 9.300.000 pesos. Quien había realizado la compra del departamento en “la ciudad del mal” —el ex jefe de gabinete Juan Manuel Abal Medina atacaba a la clase media porque “les preocupa más lo que ocurre en Miami que lo que ocurre en San Juan”— fue su esposa y socia empresaria Cecilia Catalina Saade, por medio de la firma K-Joro Real Estate Investments. En la conformación de la firma, publicó Seifert en BorderPeriodismo, el portal dirigido por María Julia Oliván, “la esposa de Carlos Santiago Kirchner se valió de los servicios de una firma registrada como agente, llamada sugestivamente ARG Corporate Services LLC, que pertenece al estudio dedicado al real estate González & Wermuth PL”. Eran los mismos abogados que aparecían en las operaciones financieras de Ernesto Clarens, un personaje clave del posible lavado de dinero de la corrupción de la obra pública durante el kirchnerismo.

Pánico y locura antes de llegar a Dios

Las horas previas a la inolvidable madrugada de los bolsos en el convento, José Francisco López escribió el capítulo más increíble de su vida, un thriller hollywoodense. El recorrido que realizó entre el 13 y el 14 de junio de 2016, con su Chevrolet Meriva dominio FEI 444, fue registrado por las cámaras del municipio de Tigre. El 12 de agosto de ese año, en su declaración frente al juez de la causa, Daniel Rafecas, López contó las setenta y dos horas previas a su detención en una suerte de relato de delirio y paranoia. Era su segunda visita al juez. En la primera, no había abierto la boca.

El comienzo de su extraña secuencia fue el domingo 12 de junio, cuando quiso contactar, vía WhatsApp, al director de “la maestría online” que cursaba este año. “Empezaron a intercalarse palabras, a ponerlas al revés, a ponerlas en inglés”, dijo. Ese primer episodio lo dejó “preocupado”. Al día siguiente, un mensaje llegó a su iPhone. “Era una frase incoherente: ‘Qué hacés leñador’. Era de un amigo, el Topo Devoto, que siempre me manda mensajes sobre la campaña”, dijo López. Jorge Devoto, ex integrante de Montoneros, fue publicista del kirchnerismo y productor de la película sobre Néstor Kirchner. Recibió jugosos subsidios del Instituto del Cine que dirigía su ex mujer, Liliana Mazure. López mencionó otro raro episodio en el estacionamiento de su oficina, donde —aseguró— lo siguieron de cerca: “Recuerdo clarito a una pareja que viene atrás mío y me dice: ‘¿Qué llevará en ese maletín? ¿Droga? ¿Dólares?’”. La noche del 13 de junio lo hostigaron “voces burlonas” del televisor en su casa de Dique Luján. “Le comenté a mi esposa que el único lugar donde hallaba paz era en el convento de la Madre Alba y le pedí que me comunicase con ella.”

“Te va a pasar lo mismo que al Lauchón”, aseguró López que decía un mensaje anónimo que recibió en su celular y que aludía a Pedro Viale, el espía de la ex SIDE asesinado en octubre de 2014 en su casa en Moreno por el Grupo Halcón, hecho que significó el comienzo de una interna feroz en los servicios de inteligencia. López agregó que subió a un lugar “que nadie sabía”, donde estaba el tanque de agua de la casa. “Ahí estaban los bolsos, tapados, como en un falso piso.” “Cuando salí de mi casa no tenía un destino fijo. Había un policía o un auto que me hostigaba, no digo que me seguían, pero eso parecía. Me perdí, y de repente ubiqué una calle que llevaba directo al convento.” Guiado por la fe, López tocó el timbre “varias veces con el auto en marcha, de repente agarré los bolsos y los arrojé del otro lado del portón. Arrojé la carabina y salté”. En su declaración dijo que “obviamente todas ellas no sabían qué había en los bolsos”. Aseguró que no había tomado ni drogas, ni alcohol, “solo Tranquinal, unos días antes”. Las explicaciones no sirvieron de mucho y José López terminó procesado por enriquecimiento ilícito. Le secuestraron nueve teléfonos, ocho pudieron ser desbloqueados. Algunos estaban en desuso y contenían fotos y videos con su esposa —también procesada— María Amalia Díaz, con Julio De Vido, con la madre Alba, superiora del convento a quien se la ve hablando por teléfono, y con el ex arzobispo de Mercedes-Luján, Rubén Di Monte. También había un video de una guitarreada con el dirigente de la UOCRA Gerardo Martínez, en medio de un asado en su casa de Tigre.

En cuanto a la residencia de José López, figuraba a nombre de los empresarios Andrés Galera y Eduardo Gutiérrez, titular de la empresa constructora Farallon, protagonista de la obra pública de Pilar y cercana a todos los oficialismos, de los Kirchner al PRO.

La noche en que fue detenido, López tenía en su poder una Sig Sauer 522LR, carabina semiautomática de origen suizo, calibre 5,5 mm, accionada por retroceso directo. Ese fue el motivo real de su detención. Lo imputaron por tenencia ilegal de armas de fuego. Un operativo judicial encontró en la casa de Dique Luján el cuartito rústico en la zona de los tanques de agua donde había escondido el dinero que llevó al convento entre la noche del 13 de junio y la madrugada del 14. Así lo reconoció el propio José en su declaración ante el juez Rafecas el 12 de agosto. “El dinero proviene de la política”, le dijo al juez, sin dar mayores precisiones. A fines de 2016, López enfrentaba otras once causas judiciales.

El negado convento

El caso López sacó a la luz la relación entre el poder político y la Iglesia Católica. Las explicaciones sobre este bochorno —y las precisiones sobre la relación entre el monasterio y los funcionarios más cuestionados de la “década ganada”— parecerían haberse perdido con la muerte, el 19 de abril de este año, del arzobispo emérito de Mercedes-Luján, Rubén Héctor Di Monte. Mientras se conjeturaba acerca de los motivos del acto de locura que había significado el traslado de bolsos con dinero, gran parte del periodismo repetía que las monjas no eran monjas. Como si fuese una verdad revelada, el Convento de las Hermanas Orantes y Penitentes de General Rodríguez habría sido un lugar clandestino al margen de los designios de Dios y, obviamente, de la Santa Iglesia. “No es un convento”, dijo la voz de un arzobispo atribulado intentando despegar a la Iglesia del resonante caso de corrupción. Una colectora de la ruta del dinero K, donde la obra pública es protagonista.

Pero las monjas sí eran monjas. El propio sitio oficial de la Iglesia Católica Argentina, AICA, han publicado datos sobre las monjas y el convento en cuestión. Fieles abatidos que confunden lo sagrado de la fe con lo humano de los hombres que forman las instituciones debieron conformarse con explicaciones titubeantes de arzobispos y obispos que impusieron verdades a medias, olvidando que la omisión también es un pecado. El silencio absoluto del Vaticano respecto del tema, sumado a que su cabeza sea un argentino, es ensordecedor.

El más sonado escándalo de la Iglesia en la era kirchnerista fue la historia de monseñor Oscar Sarlinga. El papa Benedicto XVI lo nombró obispo de la diócesis de Zárate-Campana y ocupó esa dignidad desde el 18 de febrero de 2006 hasta el 2 de noviembre de 2015. Al momento de su renuncia, era investigado por una comisión nombrada por el papa Francisco. Sarlinga estaba envuelto en denuncias por malversación de fondos, lavado de dinero, abuso de poder y comportamientos inapropiados. Aparecía involucrado junto al entonces jefe de gabinete, Sergio Massa, en una supuesta maniobra para desplazar al cardenal Jorge Bergoglio con el fin de ocupar su lugar. Es lo que Bergoglio, ni siquiera en su rol de Papa, no le puede perdonar a Massa. Menos a Sarlinga. El ex obispo de Mercedes-Luján fue acusado por sacerdotes y laicos de administración fraudulenta de las instituciones educativas diocesanas, de lavado de dinero en el seminario de San Pedro y San Pablo, y de desviar subsidios para comedores infantiles otorgados por el Ministerio de Desarrollo Social. También fue acusado de abuso de poder y comportamientos inapropiados. En este último punto se habla de un robo perpetrado por un taxi boy con el que el ex obispo compartía una noche en un departamento en el barrio porteño de Palermo, prestado por un alto funcionario del gobierno de Néstor y Cristina. Le habrían dado una paliza y fue ese mismo funcionario quien lo auxilió. Una de las denuncias tuvo sentencia firme. Bajo los expedientes 859/2013 y 2.473/2014, la ex directora de Cáritas Diocesanas, Silvana Bentancourt, declaró en el juicio que el motivo de su desvinculación fue “permanecer fiel a mis principios sin ser cómplice de situaciones indecentes, inmorales y fuera de los sacramentos de nuestra fe que comencé a vivir cotidianamente en mi ámbito de trabajo”. En la escuela donde era director, Sarlinga formaba a los alumnos en torno a la alfombra roja de la capilla mientras cantaba alguna canción. Luego obligaba a los menores a que le pidiesen autógrafos. Así lo recuerda un alumno que pasó por allí.

Consagrado a los 39 años, Sarlinga se transformó en el obispo más joven del país. Siempre fue un tipo particular, pero el fallecido obispo Di Monte lo quería. Se desempeñó como su obispo auxiliar siendo muy joven, y sobre todo, su soldado ejecutor. En 2006, cuando Sarlinga fue nombrado obispo de la diócesis de Zárate-Campana, Jorge Bergoglio comprendió todo. El kirchnerismo quería levantar la imagen de su oponente eclesiástico para acabar con sus planes en el Vaticano. La jugada no prosperó y Sarlinga se refugió en Di Monte y sus amigos de la política. Francisco esperó con paciencia la devolución de favores de lo ocurrido. Aguardó siete años. En 2013, pidió que se lo investigase. Sarlinga manejó subsidios de Cáritas por ochenta mil pesos mensuales y el presupuesto de dieciocho colegios dependientes de su diócesis. Lo mismo hizo Di Monte en Mercedes-Luján. Sarlinga ordenó que varios colegios dejaran de depender de las parroquias para hacerlo directamente de él.

Junto con el funcionario platense Mario Baudry, fundó la Asociación Civil Sapientia que utilizó como cortina para el manejo de fondos mientras prestaba sus instalaciones a funcionarios del Ministerio de Planificación. Baudry es un dirigente político de La Plata, enriquecido mágicamente y vinculado con el ex gobernador Daniel Scioli y con la sobrina de una monja del convento de General Rodríguez —hermana, a su vez, del sobrino de Celia Inés Aparicio, la monja que recibió a López aquella madrugada—. Un entramado con muchas ramificaciones, que se arma a partir de sus protagonistas.

Siguiendo con las denuncias contra Sarlinga en Cáritas, se adulteraron gastos que se registraban con el insólito rótulo de “gastos familiares”. Según el portal Infobae, “se usaron facturas apócrifas y fondos públicos” para las obras que se encargaron desde esa diócesis. “José López y Sarlinga se conocían muy bien, los presentó el obispo Di Monte”, aseguró para la presente investigación Fabián Cuervo, hermano del misterioso Javier Cuervo. “Mi hermano es amigo de Sarlinga.” Se trata de un hombre ligado directamente a Máximo Kirchner, protagonista del próximo capítulo de este libro.

Julio De Vido construyó su fortaleza con sus cientos de pájaros y loros en Zárate, localidad perteneciente a la diócesis de Sarlinga. Conocidos del obispo señalan que “se ponía el disfraz de obispo para recibir a amigos, usaba piedras preciosas y brindaba con champán; amaba los autos de alta gama por sobre todas las cosas”.

El sucesor de Di Monte en la arquidiócesis de Mercedes-Luján fue Agustín Radrizzani, otro hombre de la Iglesia vinculado con el poder político. Se erigió en cara visible de las explicaciones de la institución religiosa respecto de los hechos de la madrugada del 14 de junio en el convento. Intentó, con éxito, despegar del escándalo al ex arzobispo, a las monjas e incluso a la fundación fantasma Familia Misionera de Nuestra Señora de Fátima. Poca memoria y mala conciencia. El propio Radrizzani había despedido, sesenta días antes, los restos de Di Monte. Como en una mala imitación de las novelas de Dan Brown, asistimos a las incoherencias de miembros de la Iglesia, que, sumadas a las réplicas de algunos periodistas especializados, solo llevan confusión a fieles desorientados, agnósticos perplejos y ateos sorprendidos. Todos los caminos indican lo contrario. El conocimiento de las autoridades de la Iglesia es innegable. Monseñor Agustín Radrizzani pasó del reconocimiento público de la obra a desconocer como parte de su institución el Convento de las Monjas Orantes y Penitentes de General Rodríguez. Pero en su página web oficial, la Iglesia Católica Argentina publicó la carta de despedida de monseñor Radrizzani en las exequias de Di Monte: “El arzobispo mercedino afirmó que monseñor Di Monte ha regresado a Dios, a quien amó y a quien sirvió”, y detalla lo que consideró los “tres amores grandes” en la vida del prelado fallecido. El primero era un gran amor a la Iglesia a la que sirvió; esta Iglesia de la cual fue designado también secretario ejecutivo de la comisión de ministerios en el Consejo Episcopal Latinoamericano (CELAM); después fue presidente de Cáritas y de la Comisión de Asuntos Económicos. “Él vivió por la Iglesia y para la Iglesia”, aseguró. “El segundo amor que tuvo en su vida ha sido la Santísima Virgen. Y por eso, un gran tercer amor en su vida: la familia misionera, que cubrió tantos desvelos. Él, en cartas que me iba indicando todos los pasos que se iban dando, tuvo y tiene 8.500 miembros aproximadamente, 30 sacerdotes. Esta familia misionera que él fue acompañando a lo largo de treinta años y con este objetivo de ser todos misioneros, lo ha llevado a recorrer muchos lugares de nuestra Patria.”

La Familia Misionera de Nuestra Señora de Fátima nació en 1992, por iniciativa de un grupo de mujeres, en su mayoría uruguayas. Su primera acta es del 28 de abril de ese año. En diciembre de 1999 fue reconocida como una institución de la Iglesia por parte del gobierno, por la resolución de la Secretaría de Culto N° 229/1999 del 7 de diciembre. En el expediente, que se encuentra en dicho organismo, figuran los controles de la Inspección General de Justicia, pero no sus balances. Sí hay certificados de exenciones impositivas que habilita la ley para instituciones que dependen de la Iglesia Católica.

La Arquidiócesis de Mercedes-Luján es la única del país y una de las únicas en el mundo que reporta y depende directamente del Vaticano y no de alguna de las provincias eclesiásticas en que se dividen los territorios de la Iglesia. En Uruguay, existe una extensión de esta familia misionera, de la que forman parte muchos sacerdotes, por lo que debe haber una contraparte de la Iglesia uruguaya al respecto. El miembro laico de Montevideo, Guillermo Sosa, afirma que son muchos los devotos de la madre Alba y de monseñor Di Monte, cuyo último viaje al país vecino fue en enero de 2016. También asegura que hay muchos sacerdotes y laicos de vida consagrada en esa institución, pero al ser consultado por el lugar donde funciona, no quiso especificarlo “hasta que la justicia se expida sobre los hechos ocurridos en General Rodríguez”.

La noche de la detención de José López, en el convento había al menos cuatro monjas: la madre superiora Alba, la madre Inés y las hermanas Marcela Albín y María Casas. Según la declaración testimonial de las dos hermanas orantes y penitentes que estaban esa noche, realizada en el juzgado de Rafecas, Celia Inés Aparicio no es hermana sino madre de las monjas de vida activa, es decir, las que se relacionan con la comunidad. Alba Día de España Martínez Fernández, la madre Alba, procede de otra congregación. Era la reverenda madre superiora de la Clausura. Al respecto, el personal que atendía la casa de Luján de la hermana de monseñor Di Monte, Ana María Novara, dice que era “una monja vieja, que acompañaba a veces al monseñor y llevaba limones y rosas para la Virgen que tenían allí”.

La increíble historia de la monja guerrillera

Desde el día del descubrimiento de los hechos que llevaron a José Francisco López a la cárcel, mucho se habló del convento y de las monjas, que aparecían en las filmaciones acarreando bolsos con dinero. Casualmente, Julio De Vido y su secretario de Estado, José López, habían habilita do dinero para la ampliación del convento y asfaltado las calles aledañas, en el abandonado municipio de General Rodríguez. Es más, la hermana de la congregación de las Carmelitas Descalzas, María Luz, dijo que “ahí siempre iban funcionarios”. María Luz se fue de allí. Nunca más volvió al convento. Solo se permitió hablar por la sorpresa que le provocaron las imágenes de esa madrugada de junio. Otra hermana de clausura consagrada, de la que preservaremos el nombre, estuvo varios años en el convento de Fátima y afirmó: “No me gustó lo que vi, venía gente rara y armada”.

En Salto, provincia de Buenos Aires, todos comentan sobre el pasado guerrillero de la monja Celia Inés Aparicio, oriunda de esa ciudad. De allí desapareció por muchos años durante las décadas de 1960 y 1970: como toda la ciudad sabe, se incorporó a la organización guerrillera Tupamaros en la República Oriental del Uruguay. Allí realizaba tareas de logística de últimas filas tal como publicó Alicia Panero en el portal Periodismo y Punto, que dirijo. Tupamaros fue un movimiento que, luego de abrazar la lucha armada clandestina, sufrió un proceso de metamorfosis y se incorporó a la vida política de su país. El ex presidente José “Pepe” Mujica y su mujer proceden de esa organización. La vecina de Aparicio aseguró para esta investigación que, después de 2003 —año en que los Kirchner llegaron al poder—, gente de esa fuerza política comenzó a frecuentar el monasterio.

Infobae escribió que “la estrategia de nombrar como responsables a un obispo fallecido ‘que se cortaba solo’ y a una monja postrada de 95 años que atiende celulares y monitorea cámaras a las tres de la mañana se está por caer a pedazos. La verdad es mucho más compleja y más decepcionante”. Muchos días pasaron desde la detención de José López en Ezeiza, y poco se sabía de la reverenda madre, fundadora, rectora y alma del lugar. Desde su nombre, que es mencionado de distintas formas —para Rafecas es Alba Día de España Martínez Fernández, pero en algunas publicaciones aparece como Alba María Martínez, o simplemente Alba Martínez—, todo era una incógnita, como si fuese un fantasma. Hasta que Guillermo Sosa, miembro de la familia misionera, laico consagrado en la República Oriental del Uruguay, aportó luz a este misterio. Su pasado solo está vinculado con una vida consagrada a la Iglesia Católica por más de ochenta años. Nacida en Uruguay en 1921, a los 14 años entró en el noviciado de la Congregación de la Divina Misericordia. Fundadora de una escuela en Las Piedras, en el vecino país, llegó a superiora de esa Congregación de la Divina Misericordia y fue maestra de novicias. En la Argentina, trabajó como enfermera en distintos hospitales de la provincia de Buenos Aires, como el de Cañuelas y Baradero, y fue directora y representante legal de la Congregación en Lomas del Mirador. Hace treinta años, de la mano del obispo Di Monte, cumplió su sueño de fundar su propia congregación. Hoy tiene 95 años y su verdadero estado de salud es desconocido, pero su lucidez y su capacidad cognitiva y auditiva para prestar declaración están cuestionadas. Sin embargo, la noche de la detención de José López, se comunicó once veces con la esposa del ex funcionario, cuyo móvil termina en 0175, desde su propio celular, terminado en 6402. Dio una entrevista radial en la que se la escuchó segura, ubicada en tiempo y espacio y contundente: “López dijo que robó para terminar el convento”.

Un personaje que apareció y luego se esfumó tras bambalinas es Ana Pronesti. Se presentó ante el periodismo como “colaboradora” de las monjitas y gestora de automotores. Aseguró saber quién había hecho los trámites del Fatimóvil, según ella donado por la familia misionera. El vehículo en cuestión es una camioneta donada en 2011 al convento por el gobierno provincial. Datos consignados en la página de la red social del ex viceministro de Turismo de Uruguay y representante ante la ONU, Jorge Eduardo Azar, sugieren que en los numerosos viajes del Fatimóvil a Uruguay podría haberse llevado dinero. Pronesti también dijo conocer a Di Monte, para quien habría hecho trámites, y haberse ocupado de que a las monjas no les faltase nada para vivir. Con una actitud piadosa ante las cámaras, ocultaba su verdadera historia. Según Claudio Katz, abogado de víctimas de estafa de préstamos hipotecarios en dólares que otorgaba Ana Pronesti, la mujer es “una estafadora y embaucadora que se dedicaba a otorgar préstamos dinerarios de valores que superan los cinco dígitos en créditos hipotecarios para gente que se encuentra necesitada, para después ejecutarlos, rematar las propiedades y quedarse con ellas”. El abogado aseguró que la había conocido en 2005 a raíz de un juicio en la ciudad de Mercedes, “donde asumí el patrocinio de una señora que había adquirido un préstamo hipotecario con ella por 190.000 dólares y que al momento en que se estaba subastando la propiedad para llegar a un acuerdo la cifra era de 750.000 dólares”.

¿Quién es esta mujer que, según el abogado Katz, prestaba cifras inexplicables en dólares? Vecinos del convento señalaron que el dinero que Ana Pronesti entregaba tendría el mismo origen que el de los bolsos de López. “Era la mejor manera de reinsertarlo en el sistema financiero”, explican. Sin embargo, no hubo interés en indagarla ni en investigar las actividades que denunció Katz. Entrevistada para este libro, Pronesti negó las acusaciones. Su foto en WhatsApp es el rostro de la Madre Teresa de Calcuta.

Parte del periodismo reducía la corrupción en la obra pública a un funcionario desquiciado, un empresario inescrupuloso, una monja senil y un arzobispo ya muerto. Nada más alejado de la verdad. Nada más funcional a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner. El saqueo no se explica tan fácilmente. Cuervo lo confirmaría.

Cuervo, el monje negro

Nosotros colaboramos con la caída de José López. No podía estar solo un empresario [Lázaro Báez] detenido y el funcionario corrupto en libertad.

Agente encubierto del FBI en la Argentina al autor. Julio de 2016

El triunfo del kirchnerismo fue la creación de una burguesía nacional y popular que emulaba el apoyo a las clases populares con la mano izquierda para saquear las arcas del Estado con la mano derecha.

GRACIELA FERNÁNDEZ MEIJIDE

El misterioso Javier Cuervo fue uno de los nexos entre Sarlinga, Di Monte y las altas esferas del gobierno kirchnerista. Sin embargo, su nombre está guardado bajo siete llaves. El ex vicegobernador de Santa Cruz en tiempos de Néstor Kirchner, Eduardo Arnold, lo recuerda vagamente pero no sabe a qué se dedicaba con exactitud. Rafael Flores, ex diputado nacional por Santa Cruz y compañero de militancia de Arnold, ni siquiera lo conoce: “Me suena, el apellido era mencionado, pero nada más”. El periodista local Luciano Canaparo ha oído hablar de Javier Cuervo, pero en Junín, vinculado con La Cámpora y con la dirigente Rocío Giaccone: “Aquí es conocido como un asesor de La Cámpora”.

Los hilos invisibles de los vínculos de la Iglesia y la corrupción K van apareciendo. La fe nada tiene que ver con los pecados de los hombres.

Nacido en San Andrés de Giles, Javier Cuervo fue compañero de banco del ex obispo Sarlinga y es hijo de “Don José”, ex miembro de la Triple A y operador de Néstor Kirchner: hizo negocios con el plan Fonavi en los noventa en Santa Cruz. Estuvo al lado del ex presidente desde que fue intendente y le dejó a su hijo una herencia.

Javier actualmente es uno de los pocos hombres de confianza de Máximo Kirchner. Tiene dos hermanos: Fabián y Alejandra. Es un hombre sin rostro, que muta según el lugar donde esté. No se conocen fotografías de él, pero tiene una historia y un pasado como todo el mundo.

Se sospecha que fue él quien llamó a José López los días previos a su aparición en el convento de General Rodríguez. Para la diputada Oliveto Lago, “el que entregó a López fue De Vido, que se sacó de encima a sus secretarios para cuidarla a Cristina”. En la misma línea, un histórico dirigente radical que supo desempeñarse en los servicios de inteligencia apoya la hipótesis de la mujer que acompaña las denuncias de Carrió. Mientras se prepara para almorzar un sofisticado plato en el exclusivo hotel céntrico donde realiza sus reuniones de trabajo, el hombre agrega el nombre del operador de Julio De Vido en la operación “entregar al alfil para proteger a la Reina”: José María Olazagasti, ex secretario privado del ministro de Planificación. “Era necesario que uno cayera”, continúa la fuente. “A López le hicieron un trabajo de ‘acción psicológica’ y le hicieron creer que estaba al caer, por eso su desesperación”, asegura. Fariña también cree que “a López lo entregaron”.

Olazagasti era el “embajador en las sombras” con Venezuela y uno de los protagonistas con Claudio Uberti del escándalo de la valija de Antonini Wilson. Es más, lo reemplazó informalmente al frente del OCCOVI. El 17 de julio de 2007 viajó a Bolivia junto con Victoria Carolina Bereziuk —secretaria de Uberti—, el presidente de Energía Argentina SA (ENARSA) y De Vido. Utilizó el pasaporte diplomático 74.243, tal como descubrió el portal Sin Reservas, a pesar de no tener un cargo formal designado. El 1º de marzo de 2013, formó junto con Elsa Haydee Mesa la productora teatral Marmot Producciones SRL con un capital inicial de treinta mil pesos. En su paso por la Agencia Federal de Inteligencia, Olazagasti supo entablar relaciones con los históricos espías y acomodó, en puestos clave, a hombres de La Cámpora de su confianza.

¿Olazagasti entregó a López para protegerse judicialmente? En 2003, antes de llegar al Ministerio de Planificación, el “Vasco” Olazagasti fue candidato a legislador porteño en el puesto 47 de la lista de Mauricio Macri. Después compraría el inmenso pingüino inflable que acompañaba a Néstor y a Cristina a todas partes. En 2006 se reunió con Rudy Ulloa Igor —ex chofer de Néstor Kirchner y actual empresario de medios— y Marcelo Mallo —futuro líder de Hinchadas Unidas Argentinas detenido por estafas varias— para diseñar la agrupación Compromiso K. Sería la génesis de La Cámpora. Máximo, creador formal de esa agrupación juvenil, ya era asesorado por Cuervo, o al menos eso cree su propia familia.

Como anónimo operador en las sombras de la familia Kirchner, Cuervo le habría advertido a José López que “iban por él” y que debía sacar de su casa el dinero “de la política” y llevarlo al convento. Eso piensan los conocidos del abogado. Las razones pueden ser dos, opuestas: 1) para salvarlo de un posible allanamiento judicial, o 2) para entregarlo y salvaguardar a la Reina. En ese contexto se sucedieron los extraños movimientos en las cuentas bancarias de Cristina Fernández y sus hijos, efectuados después del 10 de junio de 2016. En esos días los dólares de las cuentas de Cristina fueron movidos a las cajas de seguridad de su hija Florencia, hoy embargadas por la justicia.

Según su familia, Javier Cuervo actualmente vive en Ramallo, pero aparece en el padrón provisorio de abogados de Río Gallegos, para la elección de los representantes de esa profesión en el Consejo de la Magistratura, con el mismo CUIT que registra domicilio fiscal en la ciudad de Ramallo. Una fuente de extrema confianza del ex presidente Néstor Kirchner lo ubica trabajando a su lado como el “hombre de Ramallo”. De lo que no hay ninguna duda es que se trata de la misma persona que, tal vez por sus vínculos con ex espías, gozaba de volatilidad. Hoy no mantiene relación con su hermano Fabián, a quien llevó a Santa Cruz en la época en que se construían los hoteles de la familia Kirchner. Allí se desempeñó como subcontratista de obra. En la actualidad, Fabián vive en San Andrés de Giles y no se le conoce trabajo alguno, al menos públicamente. Su hermana Alejandra es propietaria de una concesionaria de vehículos de alta gama en Olivos, Buenos Aires.

Con la muerte de Néstor, Javier Cuervo quedó perdido y a la deriva, buscando acercarse a Máximo Kirchner. Lo lograría. En su pueblo natal, se supo que entre 2013 y 2014 participó en la provisión de tomógrafos para la provincia de Santa Cruz, anuncio que hizo la entonces ministra de Desarrollo Social, Alicia Kirchner. El Estado nacional pagó con cheques diferidos. Los aparatos de alta complejidad nunca se instalaron.

En la inmensidad de la web, Cuervo solo aparece en tres publicaciones. En la primera se lo ubica llamando a López para que se dirija al convento. En las dos notas anteriores se habla de sus nexos con el kirchnerismo: una causa electoral del Partido Justicialista en Santiago del Estero y en una reunión con miembros de la ex Secretaría de Inteligencia, junto con el ya mencionado Eduardo “Wado” De Pedro, en el supuesto diseño de una contraofensiva judicial de Cristina para lograr un rápido arrepentimiento del empresario detenido Lázaro Báez. Meses después, está claro que el supuesto plan fue un fracaso.

Cuervo es conocido en San Andrés de Giles como un hombre asociado con el poder político y eclesiástico. Fue allí donde habría nacido su amistad con monseñor Sarlinga. Junto al entonces jefe de gabinete de Cristina Fernández, Sergio Massa, Sarlinga se habría comprometido en una maniobra para desplazar al cardenal Bergoglio del arzobispado de Buenos Aires y ocupar su lugar. De sus vínculos con monseñor Rubén Di Monte nacieron las relaciones con Julio De Vido. Allí apareció Cuervo, cercano a la cúpula de la Iglesia de Mercedes-Luján. Fuentes consultadas dicen que fue el propio Cuervo quien habría estimulado la amistad de Néstor con Rubén Di Monte. También han señalado relaciones de Cuervo con la ex SIDE, lo que explicaría la película de misterio de bajo presupuesto que se cierne en torno de su figura, en la que no faltan elementos de espionaje, oscuridad y ocultamiento de su identidad y de sus verdaderas funciones. Si según una publicación periodística y un ex miembro de La Cámpora, fuente reservada de este libro, Javier José Cuervo llamó a José Francisco López para que se dirigiera al convento de General Rodríguez donde fue detenido, lo más probable es que haya sido una entrega. El estallido mediático del caso no cumplió el objetivo de distracción de Cristina Kirchner para mover el dinero de sus cuentas.

Otra teoría es la que deja planteada un importante empresario de la zona de San Andrés de Giles, según la cual era sabido que Javier Cuervo era testaferro de López y, en ese caso, el llamado se habría producido para protegerlo. Sea cual fuere el plan del abogado, le salió mal. Si nos remitimos a la repetida frase de la propia Cristina Elisabet, “todo tiene que ver con todo”, es probable que comprendamos la participación de Javier José Cuervo en esta historia.

“Si supieras a quién tenés sentado enfrente”, me dijo con su habitual secretismo un ex integrante de los servicios de inteligencia en un bar en Palermo. “¡Este sabe todo de Néstor! Vos sí que estuviste en la mesa chica de Kirchner, desde ‘la gomería’ de Río Gallegos”, le dijo el hombre de inteligencia a ese misterioso personaje que se mantenía en silencio con una leve sonrisa en el rostro. Pero “el Cuervo”, como lo llamaba su interlocutor, no era un apodo sino un apellido. Pocos días después de ese café que compartí con él sin saber de quién se trataba, Javier Cuervo estaba de visita en Buenos Aires con el objetivo de reunirse con Máximo Kirchner. ¿Para qué? “Vino a resolver algunos asuntos”, deslizó esa tarde su amigo, que lo había conocido poco antes de la asunción de Néstor Kirchner como presidente de la Nación.

José Francisco López pensó en Cuervo la madrugada en que cayó detenido en el convento de General Rodríguez. “Cristina entregará a sus soldados de rangos medios, uno a uno, para distraer a la justicia y salvar a las cabezas del regimiento”, le aseguró un integrante de La Cámpora a la periodista Alicia Panero pocos días después de la aparición cinematográfica de José López y sus monjas.

Ningunos Giles

El empresario y político de San Andrés de Giles, Pablo Betarte Díaz, recuerda los cortes de ruta que protagonizaron en marzo de 2008 los productores agropecuarios de su pueblo: “Fueron los más complicados y duros”. La Pampa Húmeda se levantaba contra la resolución 125 del ministro de Economía de Cristina Kirchner, Martín Lousteau. En el pueblo apareció gente del Movimiento Evita de Emilio Pérsico y de Luis D’Elía para disipar las protestas de los agropecuarios. Por mediación de Orlando Ramos, un histórico vecino que fue amigo cercano del “Tío” Héctor Cámpora, Betarte estuvo a punto de juntarse con el hijo de la ex presidenta para apaciguar las aguas. “‘¿Y si hablamos con Cuervito?’, me propuso Orlando Ramos”, recuerda Betarte al autor. “Te armo una reunión con Máximo”, prometió Javier Cuervo por teléfono. Cuando aún el kirchnerismo era gobierno, Betarte quiso acceder a un subsidio para reactivar la producción de su campo. Supuestamente a Máximo lo sedujo el hecho de que el interesado fuese del pueblo de Cámpora, San Andrés de Giles. Finalmente, el subsidio nunca fue aceptado porque debía firmar que recibía una suma diez veces mayor que el importe que necesitaba. El diálogo con el hijo de la entonces presidenta jamás se concretó. El empresario se encontró con la AFIP de Ricardo Echegaray. A Cuervo no lo volvieron a ver por San Andrés de Giles.

En ese pueblo no solo nació y murió el hombre que inspiró a la agrupación juvenil encabezada por Máximo Kirchner. Durante la “década ganada” compraron sus campos varios protagonistas del negocio de la obra pública. Es el caso de la familia Chediack —ex presidente de la Cámara Argentina de la Construcción y uno de los empresarios más favorecidos en los últimos años—, que adquirió la estancia Las Liebres. Con el cambio de gobierno, su empresa se quedó con la licitación para construir la autopista en la actual ruta 7 que unirá las localidades de Junín y Chascomús.

Otro ejemplo es Sergio Taselli, quien estuvo al frente de Yacimientos Carboníferos Fiscales de Río Turbio durante ocho años (hasta 2002). El 18 de abril de 1998 se había producido la huelga más larga en Río Turbio, y ciento cincuenta mineros habían tomado el yacimiento. En 2004, un derrumbe provocó la muerte de catorce mineros. El gobierno de Néstor Kirchner no indagó las responsabilidades empresarias. Los trabajadores tenían jornales adeudados y trabajaban en condiciones precarias. Taselli también gestionó la línea Roca de los trenes metropolitanos. El empresario supo hacer negocios merced a un Estado “bobo”, como cuando compró a precio vil Altos Hornos Zapla, de Jujuy, a finales del menemismo, y a la proveedora ferroviaria Materfer. La concesión ferroviaria la perdió en 2007 luego de que la tradicional terminal porteña del Ferrocarril General Roca fuera destrozada por los enardecidos usuarios del ramal, hartos de viajar en condiciones infrahumanas. Faltaba mucho para la tragedia de Once.

Dueño de una estancia en Giles con pista de aterrizaje privada y lago artificial, Taselli compró en 2005 la endeudada Parmalat Argentina y rápidamente la concursó. Recibía jugosos subsidios estatales e invertía centavos. A través de Agrinar, empresa que se quedó con la ex planta Massey Ferguson en la ciudad santafesina de Granadero Baigorria, realizó ventas millonarias de maquinaria agrícola a Venezuela gracias a sus contactos con el ministro de Planificación. Según trascendió, para acceder al intercambio con la República Bolivariana era necesario antes acordar económicamente con De Vido. “Hablen con Julio”, decía el empresario. En 2007, la municipalidad de Rosario le ganó un juicio multimillonario a Taselli, ya que como propietario de la Usina Térmica Sorrento se había negado a pagar tributos destinados a obras de gas. En San Andrés de Giles, Taselli es vecino de la mano derecha de su amigo De Vido: Alberto Omar Luterotti fue su asesor y subsecretario de Coordinación y Control de Gestión en el Ministerio de Planificación.

Betarte Díaz supo entablar contactos con Renatea (Registro Nacional de Trabajadores y Empleados Agrarios) por su participación en la Federación Agraria: “Demasiada corrupción, todo manejado por La Cámpora, en 2015 funcionó como una caja para financiar la campaña política de Julián Domínguez”. Domínguez, otro supuesto amigo del papa Francisco, perdería la interna con el temido Aníbal Fernández. En San Andrés de Giles, La Cámpora pisaba fuerte aunque nadie recordaba las enseñanzas del Tío.

El padre de Cuervo y la reinvención de la historia

El 9 de abril de 2015, tres mil personas escuchaban atentamente la presentación de la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo en la Cumbre Mundial por la Paz realizada en Bogotá, Colombia. A Estela de Carlotto la acompañaba su nieto recuperado, Ignacio Montoya, y un referente de la lucha por el respeto a los derechos humanos, el cantante León Gieco, autor de éxitos como “Solo le pido a Dios”. Entre el público había cubanos, venezolanos, ecuatorianos y un puñado de argentinos, como el cura villero Eduardo de la Serna.

Para la Alcaldía Mayor de Bogotá, organizadora de la cumbre, la presencia de Carlotto era estelar. Se trataba de la máxima referente a la hora de dar ejemplo de reconciliación y paz. Pero sus declaraciones contradijeron la temática del encuentro: “Yo no perdono ni olvido, eso debería hacerlo mi hija Laura y está muerta”. Colombia estaba partida por una guerra que llevaba medio siglo de vida y que había provocado 220 mil muertes y seis millones de heridos desde 1958. En su discurso, Estela de Carlotto fue más allá. Sumó una cuota de rencor en su visión maniquea de la historia argentina al asegurar que “todos los militares argentinos fueron, son y serán genocidas” y la reinventó al decir que “Néstor y Cristina fueron presos políticos durante la dictadura”. La Patria Grande, presente en el auditorio, aplaudía de pie, mientras algunos, como la garganta desgañitada del cura De la Serna, gritaban “¡Vivan Néstor y Cristina!”.

Juan Domingo Maldonado, gremialista de Río Gallegos, recuerda haberle pedido a Néstor Kirchner, por su amistad con él, la redacción de un recurso de hábeas corpus que el ex presidente, que ejercía solo la abogacía en el año 1977, se lo negó “temeroso”. Recuerda que en otra ocasión, los “compañeros” asustados se presentaron a pedirle ayuda. Néstor Kirchner les mostró un arma y la levantó con manos inseguras: “No podría ni percutarla porque no tenía idea del manejo de armas, fue una situación graciosa, con la escena quiso demostrar que él se defendería de los milicos con eso”. Argumentando estar en riesgo él mismo, los despachó sin ayudarlos. “Era la época en que algunos abogados tratábamos de defender”, explica Marcelo Parrilli, “como se podía, a las víctimas y a sus familiares”. Para Néstor y Cristina, sin embargo, era la época de la circular 1.050 de Martínez de Hoz, la que permitió el remate de miles de viviendas que quedaron en poder de bancos, financieras y usureros particulares. En esos años de muertes, desapariciones, torturas y encarcelamientos, Néstor Kirchner comenzó a amasar su fortuna en inmuebles. No solamente no puso su profesión al servicio de las víctimas, peor aun, formó parte del coro de civiles que trataba de legitimar a los genocidas frente al resto de la población. Como dijera el ex candidato a diputado nacional del MST-Nueva Izquierda por la provincia de Santa Cruz, Daniel Osvaldo Gatti, en su libro Kirchner, el amo del feudo, este “se caracterizó por ser un interlocutor frecuente de las autoridades militares que la dictadura había destinado en la provincia patagónica”.

En ese sentido, ha sido muy difundida una fotografía publicada en el diario Correo del Sur, de Río Gallegos, el 9 de abril de 1982, en la que se ve a Néstor Kirchner y al ex ministro provincial de Gobierno, Daniel Varizat, secundando al general Oscar Enrique Guerrero, comandante de la XI Brigada de Infantería Mecanizada de Ejército. Guerrero, un discípulo directo de Ramón Camps, venía de conducir la Policía Bonaerense en 1981, época en la cual esa fuerza controlaba numerosos centros clandestinos de detención. El título de la nota que ilustra la foto es “Amplio apoyo de las fuerzas vivas a las Fuerzas Armadas”. Se combatía en las Islas Malvinas. Tras la difusión de la famosa fotografía, dos personas identificaron a Guerrero como uno de los integrantes del grupo de tareas que el 24 de marzo de 1976, a las dos de la mañana, irrumpió en el domicilio del mayor Bernardo Alberte, a quien Juan Domingo Perón definiera como “el único militar con valor civil del Movimiento”, y lo asesinó. A Alberte lo arrojaron por una ventana al vacío desde el sexto piso. El militar fue uno de los símbolos de la resistencia peronista al golpe de 1955 y a la represión paraestatal.

Antes del golpe militar del 24 de marzo, aparece el nombre de José Cuervo, el padre de Javier, amigo de Máximo Kirchner. Vinculado con la organización paraestatal Triple A, José Cuervo tenía una relación de amistad con Justo Alzua, que se desempeñaba como ministro de Gobierno de la provincia de Santa Cruz antes del derrocamiento del gobernador Jorge Cepernic. Luego sería asesor de algunos temas en la primera campaña de Néstor Kirchner. Justo Alzua es suegro de Carlos Zannini. A pesar de sus cercanías y simpatías con la Triple A, “Don José” hizo buenas migas con Kirchner. Según cuenta el gremialista de los trabajadores estatales Juan Domingo Maldonado, Cuervo aparece por Santa Cruz cuando el gobernador Cepernic, elegido por la voluntad popular el 11 de marzo de 1973, se enfrentó con la derecha peronista. Relacionado con el sindicato SMATA, poco se sabe sobre Cuervo.

La gobernación de Cepernic es singular: fue derrocado durante el gobierno de Isabel Perón, pero el kirchnerismo obvió esa parte de la historia y sus homenajes fueron póstumos. Pero es la figura de José Cuervo la que parece no encajar en los ideales pregonados a posteriori por Néstor. Cepernic era del ala izquierda del peronismo. “El proyecto de Perón de liderar una política de pacificación y ordenamiento institucional que consolidara el programa económico se vio obstaculizado por la profundización de la lucha entre fracciones antagónicas dentro del movimiento peronista”, relata la historiadora Alicia Servetto en su libro 73/76. Perón contra las “provincias montoneras”. También destaca que, si bien Perón apostó al restablecimiento del orden estatal, “no descartó los mecanismos extralegales para resolver el conflicto que representaba el peronismo revolucionario”. La suerte de los distintos gobernadores vinculados con la Tendencia Revolucionaria quedó sellada en el denominado “Documento Reservado”, leído en presencia de Perón durante una reunión del Consejo Supremo del Movimiento Nacional Justicialista el 1° de octubre de 1973 —seis días después del asesinato del sindicalista José Ignacio Rucci—. Ese texto también es considerado el acta fundacional de la Triple A, a la que, según señala Maldonado, José Cuervo perteneció inicialmente. Se trata de un antecedente documental de los decretos que en 1975 involucraron oficialmente a las Fuerzas Armadas en la lucha contra la guerrilla.

En uno de sus fragmentos, instaba a los “compañeros peronistas” en todos los niveles de gobierno —incluso provinciales y municipales— a poner en marcha “todos los elementos de que dispone el Estado para impedir los planes del enemigo y para reprimirlo con todo rigor”. De todos los gobernadores señalados de simpatizar o apoyar a los sectores más radicalizados del peronismo, “entrismo de la izquierda” al decir de Perón, Jorge Cepernic fue quien más estrechó esos vínculos. Manifestó de manera contunden te esa situación cuando presentó un proyecto de expropiación de tierras. Su objetivo era la estancia más grande de la Patagonia, que pertenecía a la compañía inglesa Sheep Farming Company, propiedad de la Corona británica y, por extensión, de Su Majestad Isabel II. Lázaro Báez aún no había comprado su primer automóvil. El proyecto fue abortado por el ala derecha del partido.

También ayudó, y mucho, al nacimiento de una película histórica: La Patagonia rebelde, sobre el libro de Osvaldo Bayer y con dirección de Héctor Olivera. El viejo ex gobernador contaba que el Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas de la época le hizo saber su deseo de que tal vez fuese mejor que no autorizara la filmación en su provincia. Cepernic viajó entonces al set a garantizar que Olivera siguiera con el rodaje. Es más, ofreció un jugoso préstamo de su gobierno al cineasta.

Ya para entonces, José Cuervo había estado en Santa Cruz. Cepernic era un gobernador coherente con lo que pensaba. Había sido capaz de enfrentarse a la presidenta Isabel Martínez de Perón, pero sobre todo a su alter ego, José López Rega. En noviembre de 1974 se dispuso la intervención del Poder Ejecutivo de Santa Cruz. Estos mecanismos fueron un instrumento político del gobierno nacional de aquel entonces para acallar la interna peronista. Augusto Pedro Saffores fue el primer interventor federal designa do. En esos días el diario La Opinión de Buenos Aires publicaba que la Policía Federal había realizado numerosos procedimientos en Río Gallegos, mediante los cuales fueron arrestados altos funcionarios de la provincia, secretarios privados de diputados y de la gobernación, entre otros. Se estimaba que el número de detenidos superaba los treinta. Desde entonces se sucedieron denuncias de los familiares de presos políticos por la situación de los detenidos, y de algunos sindicatos por la detención ilegal de sus afiliados.

En octubre de 1975, Augusto Pedro Saffores presentó su renuncia. El sucesor fue Orlando Ludovico Parolín, que duró hasta el golpe de Estado de 1976. Durante su gestión se incrementaron los comunicados militares por los cuales las autoridades de la Guarnición Militar de Río Gallegos, conjuntamente con sus pares de la Jefatura de Área, reiteraban mensajes de prevención con motivo de los operativos antisubversivos. Los comunicados finalizaban diciendo: “¡Ciudadano de Santa Cruz: colabore con las fuerzas del orden!”. También explicaban que los operativos se realizaban en cumplimiento de las bases legales otorgadas por el Poder Ejecutivo Nacional: “La Patria está en peligro. Enfrentamos a un enemigo que reniega de nuestro pasado histórico, social y cultural y que además pretende imponernos, mediante el crimen, un régimen ateo, materialista y despótico”.

La dictadura le arrancó a Jorge Cepernic los pocos bienes que tenía. Más aún, lo llevó a la cárcel. Es que el derrocado gobernador había fundado el Partido Peronista Auténtico (PPA), vinculado con el Peronismo Revolucionario. A los militares, el audaz gesto no les había provocado ninguna gracia.

Entre 1976 y 1981 estuvo confinado con su familia en una estancia cercana a El Calafate. Custodiado por tres policías y con 60 años, supo y pudo escaparse por una ventana, tomar su caballo y llegar a la comisaría donde pidió ser detenido en otro lugar, ya que su familia no tenía por qué pasar por el escarnio de acompañarlo en tal calvario.

Se retiró de la política, apuntaló la carrera de su hijo Marcelo y fue un recuerdo vivo de toda una época. Integró los albores del Grupo Calafate, que impulsó la candidatura de Néstor Kirchner, con quien también mantuvo grandes diferencias. Cepernic no quiso flores en su adiós. Aconsejó invertir la plata en homenajes más rentables y destinar su herencia a la Escuela N° 33 “Eduardo Victoriano Taret”, fundada por su mujer. “Galopiador contra el viento”, dijo Atahualpa Yupanqui de él.

Murió el domingo 18 de julio de 2010 a los 95 años. Los medios de Santa Cruz redundaron en palabras en desuso. “Peronista de ley” o “Adiós a un revolucionario”.

Hoy Jorge Cepernic es evocado en el nombre de una de las represas más anunciadas y cuestionadas del gobierno kirchnerista, junto a su gemela, cuándo no, Néstor Kirchner. Finalmente serán construidas por una UTE conformada por la empresa china estatal Gezhouba, y las locales Hidrocuyo y Electroingeniería, esta última con fuertes lazos con Carlos Zannini. Cuando Mauricio Macri se sentó en el sillón de Rivadavia, nada cambió.

Lejos del legado de Cepernic, José Cuervo volvió a Santa Cruz poco tiempo después de los decretos de “aniquilamiento” firmados en 1975: el primero del 5 de febrero, firmado por Isabel Martínez de Perón, da comienzo al Operativo Independencia, y los otros tres, del 6 de octubre, llevan la rúbrica del presidente interino Ítalo Argentino Luder.

La dinastía Cuervo

José Cuervo, nacido en San Andrés De Giles, amigo de Héctor Cámpora, vive aún hoy en esa ciudad de la provincia de Buenos Aires y mantiene relación con la familia de los descendientes de Cámpora. Su hijo Fabián lo define como un peronista de la primera hora, siempre dispuesto a lo que le mandaran. Obediencia debida.

A Río Gallegos volvió, al decir de Maldonado, con un grupo de “canas y alcahuetes, entre los que estaba Candeiras, del SMATA. Habían aparecido ya antes del raje que le dieron a Cepernic, pusieron bombas y apretaron gente junto a Zenen, Castellanos y Américo Noir. Todos sindicalistas que se oponían a Cepernic. Luego volvieron como topos… espías”.

Posiblemente ese haya sido el motivo que impulsó a Néstor Kirchner a ignorar todo recordatorio alegórico, pues la historia demostrará que, desde su irrupción pública en 1987 y hasta 2003 —como intendente de Río Gallegos y tres veces consecutivas gobernador de Santa Cruz—nunca se acordó ni de los derechos humanos ni de los desaparecidos, como tampoco tuvo la delicadeza de realizar un humilde acto de recordación en los quince aniversarios del 24 de marzo que transitaron por su gestión santacruceña.

No es extraño el vínculo de un ex agente de la Triple A —como se señala a José Cuervo— con Néstor, teniendo en cuenta los abundantes antecedentes que acompañan su farsa sobre la lucha por los derechos humanos. Un amigo de su infancia, muy comprometido hoy en las luchas sindicales que atraviesan la provincia debido al terrible descalabro del gobierno de Alicia Kirchner, asegura: “Acá sigue siendo el reino de ellos, te persiguen y te joden la vida”. Su opinión sobre la relación entre Néstor y Cuervo es categórica: “A Lupín solo le importaba hacer plata, ahora dicen que era para la política; sí, eso también, pero la plata la quería para él. No le importaba con quién vincularse para obtener un beneficio”.

Una curiosa nota de Julio Ramos en Ámbito Financiero del 15 de septiembre de 2006 señala a favor de Néstor: “El hombre más duro —temido a veces por el gobierno— del grupo El General (ex duhaldistas), Eduardo Camaño, amenazó con ‘carpetas’ en Diputados si el oficialismo se lanzaba a la aventura de pedir la expulsión del legislador Juan José Álvarez por otra ‘carpeta’ difundida, mostrándolo como empleado de la SIDE desde 1981 a 1984. Trascendió que en las de Camaño figuraban los nombres de Felisa Miceli, ministra de Economía; Alicia Kirchner, tanto hoy como en Acción Social; Gabriela Ciganotto, presidenta del Banco Nación; Dante Dovena, diputado; Jorge Chávez; Hugo Muratore; Justo Alzua y algunos más. Salvo Miceli, que iniciaba su carrera y era funcionaria con Alfredo Martínez de Hoz, ministro de Economía desde 1976 a 1981, todos los demás son oriundos de Santa Cruz con actuación en diversos cargos durante el Proceso militar. En verdad, lo de Camaño era valiente pero también era poco en relación con el mazazo del gobierno contra Juanjo Álvarez. En una provincia que no alcanza los 200 mil habitantes, como Santa Cruz, raro que alguien directo o por parentesco haya quedado fuera del Estado durante la dictadura. Qué decir de provincias donde el empleo público llega a noventa por ciento de sus habitantes. Ni hablar de los sindicalistas que estuvieron con todos los gobiernos, civiles o militares”.

Fabián Cuervo cuenta que su padre comenzó a hacer negocios ya con Kirchner en la intendencia de Río Gallegos. Recuerda, porque estuvo involucrado, la ampliación de la primera hostería en El Calafate de su propiedad, donde su testaferro inicial fue nada más y nada menos que la madre de Cristina Fernández, Ofelia Wilhelm. A ese efecto, creó una empresa constructora, en 1989, para ampliar y remodelar treinta habitaciones de huéspedes y de uso administrativo en la hostería El Kalken. Uno de los dueños posteriores, ante todo kirchnerista, y por eso muy favorecido en la actividad turística de El Calafate por la ex familia presidencial, no da pistas ni responde a quién le compró la hostería. Está ubicada junto al hospital de la ciudad, en el que trataron de reanimar al ya difunto Néstor Kirchner la mañana del 27 de octubre de 2010.

José Cuervo hoy tiene 88 años, vive en San Andrés de Giles y prefiere guardar silencio. En su registro de AFIP figura como comerciante y asesor de empresas, dirección y gestión empresarial. Nunca tuvo un cargo político, su gestión empresarial debería entenderse como “operador” para SMATA y para Néstor Kirchner.

Su hijo Fabián, alejado de Javier, se radicó en El Calafate al cumplir 20 años. Trabajó en la hostería que sería de Ofelia, la madre de Cristina. El arquitecto, según recuerda, se llamaba Mariano Salleras, quien en la actualidad viviría en un country de la provincia de Buenos Aires. El arquitecto mantiene relación con José Cuervo.

Los materiales para la obra se encargaban en una ferretería en El Calafate, y los ladrillos portantes, directamente a Río Gallegos. Los pasajes para ir y venir de Río Gallegos a El Calafate se los proveía una empresa llamada Interlagos, propiedad de una de las familias que fue dueña de la primera hostería K, luego de que la vendieran en el año 1994: Alexis Simunovic. Fabián recuerda haber acompañado a su padre muchas veces a hablar con Arturo Puricelli, líder del PJ santacruceño. En la hostería original, mientras se remodelaba, Fabián dice haber almorzado con Néstor —el Flaco, como le decían—, un capataz de apellido Fernández, Cristina y su hermana Giselle.

La memoria de Fabián esclarece algunas partes de la historia: “Mi padre cobraba o recibía comisión del gobierno y de una empresa que traería unas turbinas para una represa hidroeléctrica, no sé bien cómo termino eso. Néstor ya era gobernador, algunos de sus negocios eran lícitos, otros no. [Kirchner y mi padre] eran muy amigos, los negocios fueron durante la intendencia y en sus períodos como gobernador”.

“La casa que mostró el periodista Jorge Lanata en Río Gallegos como la primera casa importante de los Kirchner es donde me hacían ir a cobrar. Un día discutí con el capataz de la obra y no volví más. Ahí se hizo cargo mi hermano Javier.” Para Betarte Díaz, “Javier cagó al padre en el negocio [pues] quería llegar bien arriba rápidamente”. Fue hasta entonces que su hermano “se hizo abogado” pues, según Fabián Cuervo, su hermano jamás terminó la carrera universitaria.

Más allá de las especulaciones sobre el título de Cuervo, Javier terminó la obra de la hostería después del enojo de su hermano Fabián con el capataz. Figura como abogado en la provincia de Santa Cruz y, en Ramallo se lo conoce como “el doctor Cuervo”. Incluso niega a un medio local todo vínculo con la familia Kirchner. Siempre fue amigo de Eduardo “Wado” De Pedro, y compañero de colegio del ex arzobispo de Zárate-Campana, Oscar Sarlinga. “Quiso ser como mi padre, un consejero, un asesor de compras para grandes obras y se quedó siendo una sombra, operando desde allí”, define Fabián a su hermano.

El periodista de El Calafate Héctor Barabino inició una pesquisa local para dar con los antecedentes de la hostería y de los Cuervo. Encontró un viejo empleado de Servicios Públicos que recuerda ese llamativo apellido. Pero de las turbinas no hay noticias, y en el caso de la hostería, una fuente le relata la siguiente historia: “Era de unos Fernández, que podían ser los de una estancia ‘quién sabe el nombre’, que se la vendieron a Alexis Simunovic y este, a su vez, a un tal Pedraza, dueño de una empresa de transporte”.

Fabián encuentra las fotos de la obra, las mira, las guarda y las vuelve a mirar. No puede creer que nadie diga contundentemente que quienes no les pagaron esa obra fueron los Kirchner. Asegura haberlos visto, pues cobraba en la casa de Río Gallegos. Busca en las web fotografías de la madre de Cristina Fernández y no tiene dudas de que si alguna vez vio “a la señora de Buenos Aires”, era ella. Todo es hermetismo y misterio en El Calafate. A pesar del cambio de gobierno, aún pocos quieren hablar de esa historia.

Miriam Quiroga, ex secretaria privada de Néstor Kirchner y su amante durante diez años, recuerda a Javier Cuervo: “Era del entorno de Néstor”. Quiroga explica que, como muchos, tras la muerte del ex presidente Cuervo quedó nadando en un limbo de incertidumbre, hasta que, gracias a Wado De Pedro, logró posicionarse nuevamente hasta alcanzar al heredero, Máximo. Sus vínculos con Wado, en cuya infancia y adolescencia contó con la cercanía y compañía de monseñor Di Monte y del padre Jorge Oscar Bruno como guías espirituales, lo ubicaron en un lugar importante en el nexo de los Kirchner con el arzobispado de Mercedes Luján.

La dinastía Cuervo, en el entramado kirchnerista, reviste la importancia de haber sido “Don José” quien efectuó en nombre de y para Néstor Kirchner los primeros negociados desde que fuera intendente de Río Gallegos. Cuervo escribió la génesis de una manera de hacer política, de hacer caja, recaudar para perpetuarse en el poder y para beneficio propio. Fabián, su descendiente, fue partícipe de la primera obra que marcó el inicio de la voracidad por la actividad hotelera. El otro, Javier, fue más allá. Alcanzó la figura de un operador en la sombra que habría “trabajado” en la caída de José Francisco López.

A fines de 2016, José Cuervo vive en su casa de siempre sobre la calle Sarmiento, en San Andrés de Giles. Fabián, en la que era de su abuela, siempre esperando de su hermano lo que le corresponde. Javier vive a lo grande, en una enorme casona de Ramallo. Según él, se la ganó gracias a su profesión. Otro “abogado exitoso”. Como Cristina. O como los contratistas de obra pública kirchnerista que representaron a la corrupción como nunca antes se la había visto. En televisión.

Fariña, el hombre que se reinventó a sí mismo

En la política no hay testaferros. Hay operadores.

FARIÑA en la supuesta cámara oculta

de Jorge Lanata. Abril de 2013

Querían ficción, les di ficción.

FARIÑA desmiente sus declaraciones ante

Lanata en el programa de chimentos

de Jorge Rial

Cuando me subí a una Ferrari pensé que era Dios, pero era un boludo.

FARIÑA desde prisión. Entrevista con el autor.

Febrero de 2016

Antes de abril de 2013, cuando se difundió la cámara oculta que el equipo del Periodismo Para Todos le hiciera a Leonardo Fariña, mil cosas se decían sobre el flamante marido de la mujer más deseada de la Argentina. Que era testaferro de un empresario inmobiliario, que era narcotraficante, que lavaba dinero, que financiaba a barrabravas o que era el hijo no reconocido del fallecido Néstor Kirchner. Fariña alimentó cada uno de los rumores para sustentar su propio mito. Nadie sabía si, realmente, ese joven platense a quien le faltó la tesina para recibirse de contador público jugaba al fútbol con el todopoderoso Néstor, giraba millones al exterior, compartía amenas charlas con financistas de la city o se juntaba a tomar el té en Rond Point con Antonio “Jaime” Stiuso. Tal vez solo se trataba de un charlatán encandilado por las cámaras, los flashes, los autos importados y las bellas mujeres. No conocí a ese Fariña.

Antes de mi primera charla telefónica con él desde la cárcel de Ezeiza, luego de convencer a su abogada de aquel entonces, Giselle Robles, de que no traicionaría a su defendido ni tergiversaría sus dichos, el personaje se había comido a la persona.

Seis años antes, la justicia lo tenía entre ceja y ceja. El mismo sistema de corrupción gubernamental que lo había necesitado para lavar dinero de la obra pública, lo descartaba. Con un sueldo apenas superior a los seis mil pesos, el poder sabía de dónde sacaba los millones de dólares con los que alimentaba su ego. Karina Jelinek fue su perdición y su salvación. Tras la muerte de Néstor Kirchner y los aprietes de Máximo al “jefe” Lázaro Báez, Fariña se sentía desprotegido. “Pasé un mes encerrado creyendo que me iban a matar.”

Cristina Kirchner creía que empresarios como Báez, Cristóbal López y la familia Eskenazi le habían “mexicaneado” dinero de su difunto esposo. El dueño de Austral Construcciones le echaba la culpa a Fariña. Fue cuando “el valijero” decidió salir de la oscuridad y comenzó a mostrarse, por recomendación del empresario Carlos Molinari, cercano al duhaldismo. Se compró un Peugeot 206, alquiló aviones privados, sumó las Ferrari a su flota y se mudó a un piso en un edificio de Barrio Parque. En sus ratos libres, regaló joyas de Tiffany, participó en fideicomisos con el Banco Nación y se casó en el Tattersall. Atrás habían quedado los partidos en El Fortín del Sur, su casa de clase media con su padre en un barrio típico de La Plata y el Colegio Nacional.

El joven nacido el año en que Diego Armando Maradona metía dos gloriosos goles contra los ingleses, se creía dueño del mundo. Sus socios en los negocios comenzaron a desconfiar de él, atosigados por Cristina. El país había cambiado tras la muerte del marido de la Presidenta. La exposición le salvó la vida. La ostentación lo llevó a prisión.

Sin alternativas, orquestó una confesión ante las cámaras del programa periodístico más visto del país. Según Ignacio Otero, el periodista que llevaba la cámara oculta, Fariña no sabía que lo estaban grabando. No se ex plica qué rol jugó el espía de apellido Brezano en la orquestación de tal entrevista. Los agentes orgánicos e inorgánicos de la ex SIDE suelen deambular por las causas judiciales que comprometen al poder político. No solo para “manejarlas”, apretar a jueces o extorsionar a fiscales, sino también para hacer negocios con la información. Nunca pagué por una nota, pero otros sí. A Fariña llegué por medio de su abogada, vinculada con el agente inorgánico Ramón Allan Bogado, quien habló únicamente en mi programa de radio luego de ser tapa de Noticias por sus conexiones con la dudosa muerte del fiscal Alberto Nisman. Tras extensas charlas telefónicas, a altas horas de la noche, Fariña accedió a realizar, desde prisión, tres entrevistas telefónicas: dos para Perfil.com y otra para el programa televisivo La mesa está lista, del que yo formaba parte en febrero de 2016.

Fariña visita a Báez

A mí no me asesoró nunca Fariña. Es una mentira.

LÁZARO BÁEZ, entrevista con el autor.

Agosto de 2016

El empresario inmobiliario Carlos Molinari le abrió media docena de puertas a Leonardo Fariña. Pero el portón de los grandes negocios lo consiguió por su desfachatez. A fines de 2009, se presentó en una de las casonas de Lázaro Báez en Río Gallegos a ofrecerle soluciones para acceder a un fideicomiso con el Banco Nación.

Ambos protagonistas de la historia accedieron a contar cómo se conocieron. Las versiones son coincidentes, aunque hay detalles mayúsculos que varían según quién la cuente. Según Báez, Fariña jamás fue su asesor, solamente hizo algunos trabajos de asesoría. La diferencia es mínima. Ante mi pregunta, el titular de Austral Construcciones, que transitaba su cuarto mes detenido en Ezeiza, respondió:

—¡No! ¡No! A mí no me asesoró nunca Fariña. Eso es una mentira. Él viajó y representaba a una empresa PlusCarga que nos vendía semis, cartones, y en ese momento daban un financiamiento de seis cuotas. Los productos los estábamos comprando con cheques. Él era el asesor financiero de esta gente —pide un segundo para buscar entre sus papeles el nombre de la empresa—. Ellos nos vendían a nosotros esas cosas. Con mucho criterio, Fariña nos dijo que no podía vender con los cheques si no tenía certeza de que no teníamos un requerimiento financiero. En ese momento, no existía financiamiento para las empresas argentinas y nosotros estábamos elaborando un fideicomiso. Lo autorizamos a ir a consultar. Lo que yo no sabía es que, dentro del fideicomiso, “el amigo” Fariña tenía a un contador amigo que trabajaba en el Banco de la Nación Argentina. Ellos verificaron todo eso [se refiere a las autoridades nacionales] y todo lo que estaba pendiente de modificar. Nos hicieron un requerimiento de las cosas que teníamos que presentar para cerrar el fideicomiso. Eso pasó, Luis. Y ese expediente también está con el juez Sebastián Casanello.

—¿Usted se sintió traicionado por Fariña?

—¿Por qué lo dice? ¿Por todo lo que hizo después?

—Sí.

—Yo creo que no nos merecíamos eso, porque nosotros nos hemos portado muy bien con él.

—Pero Fariña guarda un gran aprecio por usted.

—Mire, si me hubiera guardado un gran aprecio no habría hecho lo que hizo. Cuando uno tiene estima por alguien, no hace esas cosas.

En el momento de la entrevista, Báez estaba pasando por la misma situación que Fariña. Se sentía traicionado y solo veía la luz del sol, pocos minutos, cuando salía al patio de la cárcel de Ezeiza a caminar. Pasaba largas horas leyendo novelas que le llevaban sus abogados. Báez sentía que su hijo “adoptivo” lo había entregado para salvarse él y esperaba que “la política” viniese a rescatarlo. “Eso jamás pasará”, le decía Fariña mediante entrevistas periodísticas. “Ya pasé por eso, te conviene hablar”, agregaba el hombre que había estado detenido más de dos años sin condena —una situación ilegal— y que, a fines de 2015, nadie recordaba ni tomaba en serio. “Se va a pudrir en la cárcel. No va a hablar nunca más”, le decían desde el gobierno kirchnerista a Báez, que, antes de las elecciones de octubre de 2015, imaginaba un futuro tranquilo y sin problemas judiciales. Seis meses después, estaba pasando y sintiendo lo mismo que Fariña.

El titular de Austral Construcciones, el chaqueño Julio Mendoza, tampoco olvidará el año 2016. Sintió que el mundo se derrumbaba cuando allanaron en Río Gallegos su lujosa casa de dos plantas, con ducha escocesa, jacuzzi, gimnasio e hidromasaje. Cabeza de Sur Combustible con Fernando Butti —ex contador de Báez y ex yerno de Raúl Cantín, que fue intendente de Río Gallegos—, y de Fiduciaria Northeville SA, con Martín Báez y Fernando Cantín, señalada por Fariña por lavar dinero, en el entorno de Mendoza recuerdan el día en que se conocieron Báez y el “arrepentido”.

—¿Recuerda cómo y cuándo ingresó Leonardo Fariña a Austral Construcciones?

—Nadie dice la verdad. Me lo contaron Lázaro y Julio [Mendoza]. En el año 2009 les sale una obra y necesitaban veinte bateas; como siempre, teníamos problemas con el banco, por eso no conseguían comprar camiones ni bateas. Aparece un tipo golpeando la puerta de la casa de Báez y le dice: “Que tal, vengo a comprar bateas”, y el pibe se sentó. Lo atendió Lázaro… cosa rarísima. Apareció a la 13.30, en Río Gallegos, en la oficina de [la calle] Gregores, no la que está frente al aeropuerto. Contó que tenía un crédito en el banco y que podía hacer un leasing. “¿Y cómo se hace eso?”, preguntó Lázaro. Fariña le explicó todo; él conocía a Carlos Molinari, hizo el flujo de fondos y después le preguntó a Báez: “¿Quién te asesora financieramente?”. Ya no estaba más Fernando Butti, que le decía a Lázaro que el campo valía cinco palos pero valía cuatro y medio (le cagaba medio millón, se lo guardaba él. Cuando se enteró Lázaro, lo agarraron y lo hicieron renunciar).

Fariña apareció de la noche a la mañana. Cayó simpático de entrada. Báez tiene características similares a las que, dicen, tenía Néstor Kirchner: “O le caías simpático o le caías en desgracia. La primera vez se definía”. La fuente recuerda cómo Báez conoció a otro de sus grandes compañeros de ruta, Fernando Ruiz. “Fernando estaba sentado en Palma, no lo conocía personalmente a Lázaro. Se tenían que encontrar porque el tipo lo iba a asesorar contablemente con los hoteles y algunas obras. Lázaro lo llama y, cuando lo mira a los ojos, nota un dejo de tristeza. Le preguntó por qué tenía esa cara. ‘Me peleé con mi novia’, le contestó Fernando. ‘Te peleaste pero sos joven, vas a conseguir otras mujeres’, lo consoló el empresario, pero el contador continuó confesándose: ‘No es solo eso, hace veinte días murió mi madre’. Báez no dijo nada. Agarró su celular, llamó a su mujer Norma y le preguntó qué estaba preparando para el almuerzo. ‘¿Te gusta el pollo al horno? Venite a comer a mi casa.’” Ruiz entró en la intimidad de la familia el mismo día en que vio en persona a Lázaro Báez. Casi por casualidad, como le pasó a Fariña.

Jet set

Jet set, ¿por qué no puedo ser del jet set?

Jet set, yo solo quiero ser del jet set.

“Jet set”, SODA STEREO

El 7 de mayo de 2014, tres años después del lujoso casamiento entre Karina Jelinek y Leonardo Fariña, el juez federal Sebastián Casanello reveló detalles de los gastos que había realizado el llamado “valijero” de Lázaro Báez. A través de la empresa Real Investments Fiduciaria SA, de Carlos Molinari, “formalmente empleadora del procesado por lavado de dinero”, se emitieron facturas por 1.957.611 pesos. Por ejemplo, Fariña le pagó 79.255 pesos a la empresa Palbrid SA para que lo asesorase en su casamiento. La cara visible de la sociedad era Bárbara Diez de Tejada, organizadora de eventos y esposa del actual jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta. Esa noche en el Tattersall exigían que los presentes no sacasen fotografías, como relató el periodista de espectáculos Ángel de Brito, sentado en la mesa 21 junto con la vedete Silvina Luna. El hombre del rodete estaba nervioso y, poco después de pararse frente al atril, se le cayó la alianza. Hacía tres meses que se habían conocido. Esa noche tendrían su primera gran pelea por una cuestión de celos. Los periodistas de chimentos se preguntaban quién era el misterioso Fariña y por qué su familia no había asistido al casamiento. Cada botella de champán valía tres mil pesos, el mediático Fabián Rossi tomó varias con la estrella de la noche antes de darse un interminable abrazo en medio de la pista de baile. Fariña sentía que tocaba el cielo con las manos.

Ese 28 de abril de 2011, frente a la pantalla de uno de sus plasmas, Báez se preguntó si no había cometido un error al confiar ciegamente en el joven de 24 años que, cuatro años atrás, había sido padre.

El polémico financista Guillermo Greppi lo conoció a Fariña en Dandy, el bar ubicado en Avenida del Libertador y Bulnes. Sueltos y cancheros, el tercero en la mesa era Jacobo Winograd. “Es una buena persona, me quiere mucho”, dice Greppi. El fallecido Ricardo Fort también los frecuentaba. Por esas tardes, previas al casorio, Fariña estaba obsesionado con un departamento ubicado en Libertador 2423, a metros del citado bar. La historia de película la publicamos, hace tres años, con Andrés Ballesteros en Perfil.com. Valuado en 1.200.000 dólares, por el piso 23 había pasado la ex mujer de Carlos Menem, Cecilia Bolocco, adquirido a través de Diego SA, perteneciente a Armando Gostanián, ex director de la Casa de la Moneda. El ex director de esa sociedad anónima había sido Elías Aldo Fuad, sucesor en la Aduana menemista del “suicidado” brigadier Rodolfo Echegoyen. Ocho pisos más abajo vivía el relator del relato, Víctor Hugo Morales, que había tenido como vecino al difunto represor Emilio Massera. Casualidades permanentes. El procesado financista Greppi confirmó que ese lugar tenía una maldición. Greppi había tratado de adquirirlo, pero cuando estaba por firmar, un llamado desde su financiera Propyme lo obligó a salir raudamente. Habían asaltado a uno de sus custodios. En la segunda ocasión, otro imprevisto impidió finiquitar la transacción comercial. Greppi creyó que era una señal y desistió de quedarse con el codiciado departamento. La pareja mediática se mudó allí sin creer en maldiciones, a pesar de que el financista se lo había advertido delante de los mozos de Dandy. Poco después, Fariña era detenido por uno policía de la Federal que, a fin de año, intervendría en el recordado allanamiento de la financiera de Greppi. Pequeño mundo.

Antes de la mudanza al “maldito” departamento de Bolocco, Fariña compró un campo de 3.400 hectáreas en Tunuyán, Mendoza. El 16 de diciembre de 2010, puso sobre la mesa cuatro millones de dólares en efectivo, supuestamente, en representación de Lázaro Báez. Luego diría que lo hacía por Carlos Molinari. Horas después de la compra, lo revendió por el cincuenta por ciento de lo invertido a Roberto Jaime Erusalimsky, empresario de la salud dueño de la clínica Virreyes, en el barrio de Belgrano. Su nombre me sonaba pero no recordaba de dónde. Pablo Torres Barthe, padre estafado del colegio Jean Piaget, me llamó para refrescarme la memoria. Es que, tras la huida de Sergio Schoklender del tradicional colegio de Chacarita y el fallido desembarco de su empresa constructora Meldorek, los padres del colegio se preguntaban quién era el “salvador” Erusalimsky que venía a invertir en el Piaget. Su paso fue fugaz. En 2015 entrevisté en varias ocasiones al empresario de la salud en forma confidencial. Siempre insistió en que se trató de una casualidad. Mientras Fariña estuvo preso, algunos extraños personajes se acercaron a él para extorsionarlo. El ex hombre del rodete, ya en libertad, lo aclaró en televisión y pidió perdón por haberlo metido en problemas con la justicia.

Es que Fariña y Erusalimsky no solo se vincularon por un campo mendocino. El 22 de octubre de 2013, a pesar del escándalo mediático por la cámara oculta de Jorge Lanata, Fariña llamó a Erusalimsky y le propuso lavar “90 físicos”, que eran 90 millones de dólares. Lo hizo desde el teléfono de Juan Suris, pareja de la vedete Mónica Farro, detenido por lavar dinero por medio de su usina de facturas truchas en Bahía Blanca. Erusalimsky no entendía de qué le hablaba el joven que le había presentado Luis Malek Fara, dueño de una concesionaria de autos vip. Rápidamente entendió que Fariña estaba apretado por alguien y le siguió el juego.

Embrollo judicial

Durante los dos años y un mes en que Fariña estuvo detenido en Ezeiza, la causa judicial conocida como “la ruta del dinero K” se dividió en dos. Por un lado, la investigación por lavado de activos en la que Báez parecía intocable, hasta la aparición de los videos en La Rosadita con su hijo “contando plata”. Por otro, la evasión impositiva en la que únicamente Fariña fue procesado sin condena firme. En la segunda causa, pasaron cosas increíbles. La justicia federal de La Plata decidió subdividir la causa en dos. Una parte fue elevada a juicio y quedó radicada en el Tribunal Oral Nº 1 luego de un doble sorteo. La bolilla debía caer en un juzgado manejado por Justicia Legítima. Más aún, cuando Fariña habló por primera vez, desde la cárcel, a este periodista, dando a entender que podía llegar a arrepentirse, la justicia platense, fuertemente influenciada por La Cámpora, decidió extender la prisión preventiva por seis meses más.

El tiempo le dio la razón a Fariña, y el cuestionado juez que lo mantenía detenido renunciaría, acosado por denuncias judiciales. Su nombre: Carlos Rozanski. El expediente judicial sobre la compra-venta del campo en Mendoza tenía algunos puntos oscuros. En la causa se acreditó la compra en comisión de una Ferrari patente INP 622, un Audi R8 Spyder patente KEM 336, un departamento en la calle Echeverría 1333 en el barrio de Belgrano, una cuota-parte de un fideicomiso llamado Lumiere situado en Puerto Madero y otro auto, un BMW M3 patente KEN 330.

Fariña realizó todas esas operaciones en comisión al ex candidato a vicegobernador de la provincia de Buenos Aires, el empresario Carlos Molinari, según corroboró el juez Sebastián Casanello. Luego de que Molinari despidiese a Fariña, se presentaron ante el Servicio de Conciliación Laboral Obligatoria, tal como indica la ley. Como presidente de Red Fiduciaria SA, el empresario inmobiliario quiso cederle un terreno en el Parque Peralta Ramos en Mar del Plata, operación que no fue homologada. En el medio, Molinari se peleó con Fariña por trabajar para Lázaro Báez y le ofreció el famoso campo en Mendoza. Entre ambas operaciones, el campo se devaluó por una ley aprobada por la provincia de Mendoza (la Ley Acuífera, sancionada en marzo de 2011, prohibía la perforación por falta de agua, devaluando los campos de esa zona). Además se sancionó la Ley de Tierras, que prohibía la venta a ciudadanos extranjeros.

En 2010, tanto la justicia como los medios dijeron que la operación se había realizado en Mendoza. Pero no fue así, según acredita el propio expediente judicial. Las antenas del Nextel que Fariña tenía en ese momento acreditaron sus dichos. No estuvo en la provincia de Mendoza para realizar la transacción. ¿Por qué razón el escribano Martín Rosta habría faltado a la verdad? La escritura se firmó en Puerto Madero, Ciudad de Buenos Aires, en la financiera Maxinta SA Cambio Turístico y Bolsa. Un periodista llegó a decir que Fariña había viajado a Mendoza con una valija con cinco millones de dólares en cada mano. Luego de un análisis de estadía de los celulares de los protagonistas de la operación, cinco días antes y cinco días después de la venta efectuada el 16 de diciembre de 2010, se corroboró que todos los aparatos se habían utilizado en la financiera. Ese “barrido fino”, como se denomina la prueba, demostró que Rosta habría cometido el delito de falsedad ideológica y de falso testimonio. El dueño del campo —Schiappa De Acevedo—, Ana Luz Martínez —su esposa—, Maximiliano Vons Dávila —que trabajaba con Fariña—, Maximiliano Alejandro Acosta y Ricardo Dalmastro —director de la financiera— estuvieron presentes, junto con el citado escribano, en las oficinas de Maxinta. Es que una de las condiciones que Molinari había puesto para concretar la operación era que se hiciese en Buenos Aires. De esa manera, no debían trasladar semejante suma de dinero en efectivo a más de mil kilómetros de distancia. La justicia también obtuvo el registro migratorio que confirmó que Fariña no viajó a Mendoza y que los vendedores y su escribano sí lo hicieron, desde la provincia cuyana a la Ciudad de Buenos Aires. ¿Por qué el dueño del campo y su escribano mintieron en el juzgado de La Plata? El escribano no podía mover los libros contables y escriturar fuera de Mendoza. Igualmente lo hizo. No quiso perder una jugosa comisión por la venta. La operación debería haberse declarado nula pero los organismos de control hicieron la vista gorda. Eran otros tiempos en la vida de Molinari y Fariña. Nadie controlaba.

El 22 de diciembre de 2015, la Sala 2 de Apelación de Comodoro Py compuesta por Martín Irurzun, Horacio Cattani y Horacio Farah, dictó de oficio una resolución que obligaba al juez Casanello a unificar de manera inmediata las causas: la de lavado que investigaba a Báez y la de evasión fiscal contra Fariña. Existía prueba común y prueba mal valorada, alegó. Dijo que la separación de causas provocaba el “retardo en la administración de justicia” y exponía a Fariña “a una sentencia contradictoria”. Casanello envió la respuesta a La Plata pero allí habría aparecido Ernesto Kreplak, del Tribunal de Instrucción Nº 3, que investigaba la supuesta “insolvencia fiscal” de Fariña. Kreplak es integrante de La Cámpora y habría ascendido en la justicia merced a su cercanía política con Máximo Kirchner. En la Inspección General de Justicia habría sido ideólogo del “cepo informativo” para frenar el acceso a la causa Ciccone.

Tres años tardó la justicia en dictar la unificación de las causas. La denuncia de la AFIP era de 2013 y a Fariña lo detuvieron en marzo de 2014. ¿Por qué no se denunció en el mismo juzgado? Con este vericueto legal, pagó uno por todos. Mientras tanto, Báez, su hijo y Molinari seguían en libertad.

Según expertos contables, si Fariña hubiese comprado el campo no declarado en Mendoza, habría cometido una infracción fiscal, pero no un delito. El detenido presentó el Código de Oferta de Transferencia de Inmuebles (COTI) —un aviso electrónico que se tramita en la AFIP—. Esa información se ocultó adrede para que Fariña terminase preso y el resto de los involucrados, libres.

Años antes, Báez había sido denunciado por evasión fiscal en Río Gallegos. Jamás lo llamaron a declarar. La misma suerte tuvo Carlos Molinari en Buenos Aires. A pesar de que el destino de Fariña fue distinto —la prisión—, los abogados de la AFIP que investigaron a todos los involucrados fueron los mismos: Pablo Robledo y Emilio Candina. La denuncia fue unificada en la división AFIP de La Plata, casualmente, la ciudad donde vivía Fariña. En ese período, Báez pidió repatriar 24 millones de dólares de Suiza. Algunos más que los que Fariña necesitó para comprar el campo. En Comodoro Py, ese documento durmió una larga siesta.

La compra del campo de Fariña no fue ocultada a la AFIP, pero, llamativamente, su titular de aquel entonces, Ricardo Echegaray, accionó solo contra esa operación. El ex de Jelinek sería el único caso de una persona detenida dos años por evasión fiscal. La justicia comprobó que el escribano avaló la transacción comercial violando la ley. El escándalo mediático por “la ruta del dinero K” necesitaba un chivo expiatorio. Cristina entregó a Fariña. Kreplak habría obedecido. Luego, con el cambio de gobierno nacional, Cristina entregaría a Lázaro Báez.

Por las noches la soledad desespera

En prisión, Fariña pasó tardes interminables y noches de reflexión. Creyó que el gobierno nacional le daría una mano cuando Oscar Parrilli le enviaba mensajes por medio de sus abogados: “Ya vas a salir” y “Aguantá, falta poco” eran algunas de las frases más repetidas. Al único que le conviene que el detenido cierre la boca y no se arrepienta es a su abogado, que sigue cobrando, me explicó una letrada con experiencia en causas de corrupción. Durante su detención, Fariña conoció a Franco Bindi y a Giselle Robles, sus abogados, quienes, supuestamente, recibían información de parte de Parrilli para asesorar a Fariña. Ambos jóvenes abogados habían aparecido en el emblemático juicio a Cromañón cuando Aníbal Fernández se interesó en la causa. El resultado fue seducir a algunos familiares de las víctimas con jugosos subsidios a cambio de abandonar duras consignas contra el gobierno de Kirchner y asesorar a los músicos de Callejeros para que entregasen al gerenciador, Omar Chabán. “Fue la primera gran causa judicial [en la] que el gobierno y la SIDE se meten de lleno”, acusa un experimentado abogado que defendió a uno de los policías acusados de cohecho. “La cara la ponía Giselle, pero el cerebro era Franco Bindi”, me diría un año después Fariña tras apartar y denunciar a sus abogados que, según su relato, se reunían a sus espaldas con el otro gran investigado de la ruta del dinero K: Lázaro Báez.

Bindi había estado prófugo de la justicia por una causa de sustracción de menores y falsificación de documento público. Por ese motivo, Interpol libró una orden de captura en su contra en enero de 2013, según informó el portal Adelanto 24. Vinculado con la ex SIDE y con Gerardo Zamora cuando gobernaba la provincia de Santiago del Estero, Bindi trabajó durante un tiempo en el estudio de Héctor Luis Yrimia, denunciado por el fallecido Alberto Nisman. El ex juez Yrimia apareció en el tramo final del juicio por el atentado a la AMIA de forma similar a la que haría luego Bindi en Cromañón. Otro denunciado por Nisman, sospechado de tráfico de influencias, el supuesto espía Ramón Héctor Allán Bogado, era el amigo de Bindi que se encargaba de contarles a los periodistas los secretos del “valijero” Fariña. El arrepentido estaba convencido de que ese grupo ganó dinero con su detención e intentó influir para que se callara la boca. Ya en libertad, lo habrían “operado” mediante periodistas “amigos” para desprestigiarlo. “Extorsionaban en mi nombre y ya no les servía afuera”, diría Fariña. “Es un desagradecido, Robles le devolvió la libertad y así le pagó”, dicen en el entorno de los abogados vinculados con un sector de la ex SIDE cercana a Fernando Pocino y/o al radical Enrique Nosiglia. Guillermo Cherashny es un viejo amigo de Bindi. Los presentó el consultor Raúl Aragón, que trabajaba en el Senado. Cuando Bogado tuvo problemas con la justicia, Bindi le acercó a Robles. En la ruta del dinero K, los distintos sectores de la ex SIDE operaron para manejar la causa. Algunos para frenarla, otros para impulsarla, como Santiago Viola y su madre Claudia Balbín, defensora de los hijos menores de Lázaro Báez y del “Yabrán de los medicamentos”, Néstor Lorenzo. También de Fabio Calcaterra, hermano de Ángelo, primo de Mauricio Macri y dueño de San Fili SA.

Durante su estadía en Ezeiza, Fariña se divorció de Karina Jelinek. Carlos Linares, monotributista, le compró por 644.000 pesos su camioneta BMW, en otra operación extraña. Clarín publicó que una maestra de la localidad santacruceña de Los Antiguos tenía, a su nombre, la Ferrari de Federico Elaskar, el dueño de La Rosadita.

El 16 de julio de 2015, día del Servicio Penitenciario Federal, Fariña lo pasó mal. Ese mismo día asumió el nuevo jefe del penal de Ezeiza. Por la noche se escucharon fuegos artificiales mezclados con ráfagas cortas de ametralladora. Varios internos reclamaban seguridad a los celadores. Estaban asustados, porque los disparos iban hacia el interior del penal. Al lunes siguiente, la requisa fue a hacer una inspección de rutina al pabellón celular primero. Entraron golpeando a quien se pusiera frente a ellos. Un preso muy antiguo apodado Yankee reaccionó ante los golpes. Fariña vio pasar los golpes cerca de él. El gas pimienta se sentía en el ambiente. Los guardias rompieron todo. Muchos internos quedaron lastimados. A Yankee se lo llevaron al módulo tres. Esa semana, durante el rato de visita, los guardias permitieron que se cruzasen internos de distintos módulos, con los que, todos sabían, existía una profunda enemistad. Comenzó una feroz pelea. La requisa no custodió la visita ni tampoco armó un cordón de seguridad. Diez agentes golpearon al interno del pabellón 5 mientras las visitas femeninas pasaban a centímetros con sus hijos en brazos. Un recluso llamado Luna se quejó, pues su mujer había quedado en medio de la batahola. La respuesta fue la sanción y el aislamiento. Fariña estaba convencido de que eran señales que estaban dirigidas a él: “Me van a matar”.

Redención

No sé qué haré mañana. Por un lado me dicen que no hable, que no me conviene. ¿Qué harías vos?

LEONARDO FARIÑA al autor, el día

anterior a su declaración ante el fiscal

Guillermo Marijuán

A semanas de cumplir dos años en la cárcel, Leonardo Fariña accedió a hablar por primera vez con un periodista. A decir verdad, había mantenido una breve comunicación telefónica desde la cárcel con el colega Luis Majul. El histórico conductor de La Cornisa decidió cortar la comunicación cuando Fariña empezó a relatar una extraña historia que vinculaba al ex hombre fuerte de la SIDE Antonio “Jaime” Stiuso con todos los males que aquejaban al país. Majul no quiso ser parte de una operación y no se prestó al juego. Fariña tardó más de un año en reconocer que el periodista tenía razón. Argumentó que lo habían usado: “Me decían que haciendo esas cosas lograría que me sacaran de la cárcel, y lo hice”.

El contador de Lázaro Báez, Daniel Pérez Gadín, fue quien le exigió a Fariña que dejase de trabajar para su patrón. Su cara apareció en el video de la financiera SGI, conocida como La Rosadita, en la que brindaba con champán con Martín Báez mientras contaban millones de dólares sobre una mesa. La corrupción fue brutalmente televisada luego de que el kirchnerismo dejase el poder. Sin embargo, el hombre que puso en palabras y gestualizó el robo orquestado por un gobierno con el fin de saquear las arcas del Estado fue Leonardo Fariña al confesarle a Jorge Lanata, tres años antes, que era tal el volumen de dinero que manejaban que necesitaban pesarlo.

Con más vueltas que idas, Leonardo Fariña dudó has ta último momento si rompería el silencio ante la justicia. Sus abogados también daban vueltas. Cuando el fiscal Guillermo Marijuán comenzó a escuchar su extensa declaración, dictó el secreto de sumario. Su declaración comprometía seriamente al entorno del empresario Lázaro Báez y al gobierno de Cristina Kirchner. Ante el maratón de datos y la exactitud del relato, Marijuán ordenó que Fariña pasase a ser un imputado colaborador, esto es, un testigo protegido. No volvería a hablar con él durante un mes. A su entorno ya no le servía. Su declaración no llegó a la prensa por error del juez Sebastián Casanello —como se dijo— sino de su par Julián Ercolini, que recibió copia de la misma ya que Fariña involucraba a funcionarios de Vialidad Nacional, causa que había nacido con una denuncia de Elisa Carrió ocho años antes.

La declaración de Leonardo Fariña fue histórica. Marijuán no salía de su asombro por la precisión de datos del imputado colaborador que provocó un cimbronazo en la muralla de protección judicial que seguía manteniendo Cristina Fernández de Kirchner. Cada una de sus afirmaciones se terminó corroborando. Reimpulsó la causa y provocó la detención de Lázaro Báez, el intento de fuga del abogado Jorge Chueco, los allanamientos y las tasaciones en el sur patagónico de las empresas de Báez, el descubrimiento de nuevas propiedades y estancias del titular de Austral Construcciones y el repentino vaciamiento de las cuentas bancarias de la ex presidenta. Fariña dijo, entre otras cosas, que la obra pública había sido la caja primordial del gobierno de Néstor Kirchner. Habló de un plan sistémico cuyo objetivo fue el vaciamiento de las arcas estatales mediante la obra pública, como en los años noventa lo había hecho Menem por medio del PAMI o de la SIDE. Sistematizó la corrupción en cinco pasos: sobreprecio en la obra pública, adelanto financiero de la obra, facturación apócrifa, cohecho o coima, y el posterior lavado de activos. Repasó la conformación de Austral Construcciones y enumeró cómo se diseñó el robo por medio del Ministerio de Planificación y de la Cámara Argentina de la Construcción. Para Fariña, Kirchner “ordenó la designación de Carlos Wagner al frente de la Cámara”, a pesar de que ser el titular de una pyme lo imposibilitaba para asumir ese rol. Por ello se modificó el estatuto. Entre el ministerio de De Vido y la Cámara de Wagner “se digitaban las empresas adjudicatarias de la obra pública”. La SIGEN, controlada por Alessandra Minnicelli, la mujer de De Vido, miraba para otro lado. Otro dato importante: Kirchner modificó la Ley de Obras Públicas remarcando el acopio de materiales por el adelanto financie ro que oscilaba entre el 10 y el 20 por ciento del valor total de la obra asignada. “En Austral Construcciones estos preceptos no se aplicaban y el adelanto de obra o adelanto financiero era el retorno que se debía pagar por la adjudicación de las obras. Tengamos en cuenta el siguiente escenario: si el 82 por ciento de la obra pública de la provincia de Santa Cruz fue asignada al grupo Austral, significa que el 82 por ciento de la capacidad técnica de certificación de la totalidad de las obras corresponde a una empresa. Como tal ratio es imposible, se empezaron a comprar empresas de obra pública para aumentar la capacidad técnica de obra. Como así también, se debía generar el gasto ficticio para sacar del circuito o del giro comercial el dinero en efectivo, o en su defecto, pagarle a terceras empresas servicios o prestaciones simuladas.” Fariña recordó que Esuco, la empresa del titular de la Cámara de la Construcción de Kirchner, “pasó a facturar dos mil millones de pesos a partir del año 2006”.

Algunas anécdotas que aportó Fariña en su declaración siguen sorprendiendo: “Cuando inicio la auditoría en Austral Construcciones, yo estaba trabajando para un fondo de inversión que se llama Genevieve Financial Corporation de Argentina. Con dicha empresa estábamos gestionando la compra de Sofora (controlante de Telecom Argentina). Dicho negocio se lo ofrecí al señor Báez, el cual le fue comunicado por él al señor Néstor Kirchner en una comunicación telefónica cuya respuesta fue: ‘Que lástima, llegaron tarde; se la quedan los Werthein’”.

Según el relato de Fariña en la justicia, las tres personas esenciales que estuvieron detrás de los negocios en Austral Construcciones fueron César Andrés —contador personal de Báez—, el escribano Fabián Albornoz y Ernesto Clarens, dueño de Invernes SA.

Financistas

Lázaro decía textualmente: “Néstor era mi amigo desde siempre. Ella no. Esto lo hice con mi amigo y queda acá”, refiriéndose a su emporio.

LEONARDO FARIÑA ante la justicia

En la declaración de doce horas, Fariña aseguró que luego de la muerte de Néstor Kirchner, Báez accedió a realizar operaciones con parte de su caudal de dinero negro. Antes, el empresario lo guardaba, posiblemente, en bóvedas o enterrado en sus estancias, por si lo requería su amigo presidente. La viuda no tenía conocimiento de la real magnitud de la masa de dinero físico. Es en ese momento en que la vieja camada de financistas vinculados con Kirchner fueron echados, comenzando por Ernesto Clarens. Aparece SGI y Federico Elaskar, recomendado por el hijo de Carlos Molinari, Matías, con quien compartía salidas nocturnas. “La operación de compra-venta de SGI se estipula en 3.550.000 euros en efectivo. El dinero le fue entregado en el departamento de Elaskar en Madero Center y fue llevado a dicho lugar por dos personas de la custodia de Báez”, informó Fariña. ¿Por qué se compró La Rosadita? Según el arrepentido, “Austral tenía grandes problemas financieros, la idea de comprar la financiera y recapitalizarla para aumentar la línea de descuento era para que Austral les dijera a todos sus proveedores y contratistas, a los cuales les pagaba con cheque a plazo, que en vez de descontarlos en Santa Cruz, lo hiciesen en SGI, cuyo dueño iba a ser Báez. De tal manera, los proveedores se ahorraban un costo en el descuento del cheque. En ese momento, de un cheque en Santa Cruz se estaba descontando entre un ocho y un diez por ciento directo mensual, esto en un cheque a treinta días; mientras que en la city porteña, entre un tres y un cuatro por ciento. De tal manera, la diferencia de ese spread era recupero de costo para Austral o, en su defecto, ganancia para SGI”. La operación se realizó en los últimos días del año 2010. Según el relato, parte del dinero en negro se guardaba en la provincia gobernada por Jorge Capitanich. Llegaba por tierra o por aire. Pero algo salió mal. Daniel Pérez Gadín, la mano derecha de Báez, desconfiaba de Elaskar.

La llegada de Pérez Gadín, según el amigo íntimo de Báez, también se produjo casi por casualidad. Lázaro desconfiaba de todos. Creía que se estaban quedando con plata. Cristina lo apretaba, por medio de su hijo, y el empresario apuraba a su entorno. Pérez Gadín daba clases en la facultad y era consultor en hotelería cuando los dueños del hotel Colón vendieron en 4.950.000 dólares el hotel Alto Calafate —ese fue el monto real de la operación y no dos millones de dólares, como los medios difundieron—. Adrián Berni fue el encargado del asesoramiento. Berni no sabía qué hacer con el consultor Gadín, y el entorno de Báez lo terminó aceptando casi por cortesía. Cuando el contador descubrió dónde estaba metido se le hizo agua la boca: “Muchachos, ¿tienen idea de lo que hay acá?”. Había mucha plata y la posibilidad de incursionar en nuevos negocios. La ambición lo consumió. “Yo me puedo meter en todo.” Tanto fue así que, a las pocas semanas, echó a los anteriores asesores de Lázaro mientras le llenaba la cabeza al empresario para que se desprendiese de la financiera de Clarens. Así se quedó con todo. Su operativo “seducción” consistió en acercarse a la debilidad de Báez: sus hijos. “Se lo metió en el bolsillo”, aseguran en el entorno del empresario. Gadín se juntaba con Martín Báez para explicarle la potencialidad que tenía para los negocios. Al hijo mayor de Báez lo único que le importaba era jugar a la pelota. Había llegado a la tercera división del club Quilmes pero, finalmente, no había alcanzado el ansiado debut en primera. A Leandro le daba clases de administración. Conociendo los secretos, deseos y frustraciones de sus hijos, el contador envolvió al empresario, que confió ciegamente en él. Divorciado, con hijos, Gadín abandonó su humilde departamento de un ambiente, instaló una inmensa oficina, compró muebles y equipamiento. Cuando viajaba al sur por negocios, solo aceptaba hospedarse en hoteles de cinco estrellas. Luego exigió viajar en primera clase y, finalmente, quiso su avión privado. Atrás había quedado el asesor de hoteles y profesor de administración. Gadín iba por todo.

Sus modales no eran los mejores. Cuando negoció la compra de SGI apretó a Elaskar, que se asustó y provocó un cimbronazo de consecuencias imprevisibles. Fariña, mientras tanto, estaba disfrutando de su luna de miel. Elaskar decidió irse del país por un tiempo. Viajó a Miami con Molinari. Cuando regresó, enfurecido porque le debían el cincuenta por ciento restante de la venta de la financiera, visitó al sindicalista Luis Barrionuevo, a quien conocía por su padre, respetado en el ambiente de los negocios. “Hablá por tu seguridad”, le recomendó el hombre fuerte del sindicato gastronómico. La elección de SGI, a diferencia de lo que aseguró Elaskar, no fue por tener los papeles en regla. Todo lo contrario.

Cuando Elaskar reclamó la deuda, Gadín le contestó que venían los clientes a “tocar la puerta” y “aparecieron ochenta personas [a las] que les debías guita”. Elaskar rompió el silencio en televisión y después se desdijo en América TV. Pasó dos años sin volver a hablar, esperando revancha. En su poder tenía las entradas de los circuitos cerrados de televisión y de los mails que seguía controlando de manera remota.

El hombre que armaba las cuentas en el exterior era Santiago Walter Carradori, ex gerente administrativo de Enargas, en la Secretaría de Energía, dependiente de De Vido. “Lo que se había armado era la emisión de cien millones de dólares al exterior, para ingresar a lo que se denomina HYPP, High Yield Pleasure Program [Plan de Alto Rendimiento]”, explicó Fariña. La invitación había llegado a través del Credit Suisse. Carradori, de 59 años, platense como el arrepentido, había dirigido Argas Argentina y estaba vinculado con Néstor Marcelo Ramos, ex titular de Helvetic Group, a través de Juan Ignacio Macedo Moresi, que se desempeñó en Nación Fideicomiso del Banco Nación durante la presidencia de Juan Carlos Fábrega. La tarea de girar al exterior divisas sospechadas de corrupción no era sencilla. “Hay un sistema mundial de información que se llama WCI [World Check Information]. Tuve en la mano el WCI de Lázaro Báez; para el mundo, Lázaro Báez es testaferro de Néstor Kirchner, del ‘Pali’ Marcelo Mallo —ex titular de Hinchadas Unidas Argentinas y actualmente detenido— y del chofer de Néstor, Rudy Ulloa Igor.” Carradori compró un holding en España llamado Samber & Tarex. Fue Fariña quien acercó el pasaporte del ex funcionario de De Vido a Báez en sus oficinas de Carabelas 241. “Lo que Báez no quería nunca era cruzarse con gente”, argumentó el hombre del rodete que oficiaba de nexo.

“Entre 9 de Julio, Reconquista, Corrientes y Sarmiento, tenés cinco o seis financieras que te manejan todo el mercado”, dijo Fariña. Greppi asiente con la cabeza pero asegura que “el diablo está en otro lado; sin nosotros la rueda de la economía no avanza”. En la firma de Martín Báez, el nexo fue Provalor, de los hermanos Rabinovich. No solo se enviaba dinero al exterior a través de SGI sino también de Maguitur, Turimar, Cohen Sociedad de Bolsa y Forex Cambio, todas ellas ubicadas en el microcentro porteño. En la última cuenta, el titular era el mismísimo Lázaro Antonio Báez. “En un día llevamos tres millones de euros”, concluyó Fariña.

Pero no siempre los trámites bancarios salían correctamente. “Hubo un problema bastante grave con Santiago Punturo. Esa financiera estaba frente a la Casa de Santa Cruz. Punturo era el que menos cobraba, 0,5 por ciento para las transferencias, y el dinero se llevaba al banco HSBC. Ahí es donde actuaba la mesa negra del HSBC. Acá se han sacado dos o tres millones de dólares. Este Punturo un día no transfirió el dinero aduciendo que se había trabado el clearing, que no había impactado el cable, y en realidad, cuando pasaron los días fuimos a reclamarle. Había hecho una operación de compra de granos. Nos enteramos de que el tipo era socio de Rudy Ulloa”, continuó Fariña ante la atónita mirada del fiscal Marijuán. Rudy competía con Lázaro en quién era más amigo de Néstor. El diario La Nación publicaba una nota preguntándose qué había pasado con el dólar que, en dos horas, había bajado 37 centavos. Esa semana Báez lo llamó a Fariña con urgencia. Se tenían que encontrar en las oficinas de Carabelas. Todos los involucrados utilizaban celulares con números correlativos a nombre de Andrómeda SA. Lázaro estaba angustiado. La última charla con Cristina Kirchner había ter minado muy mal.

Encuentro con la Jefa

“Me preguntó si yo estaba sacando plata al exterior. Dice que la embajada de Estados Unidos le informó eso.” Báez estaba preocupado y necesitaba la ayuda de Leo, el joven asesor a quien quería como a un hijo. “Obviamente que le dije que no era así y me pidió prudencia, que nos cuidemos el culo.” Lo cierto es que Cristina, a través del heredero Máximo, lo había citado para apretarlo. La plata tuya es toda nuestra, parecía decirle. Pero Lázaro creía que no le debía nada. Sentía que la fidelidad era únicamente con su amigo muerto, Néstor. No con su viuda. Máximo Kirchner se había puesto al frente de los reclamos de su madre. Uno por uno, había visitado a los empresarios vinculados con su padre. Básicamente, Cristina quiso sacarle información al empresario. No quería que nadie la tomase por tonta, mucho menos por débil.

Cuatro días después de enterrar a su marido, Cristina mandó llamar a Rudy Ulloa Igor. En su casa de Río Gallegos sobre la calle Mascarello le pidió al ex chofer de su marido que le contase todo, incluso lo que nunca desearía saber. Todo. Ulloa había compartido la titularidad de una cuenta en el Banco de Santa Cruz con Néstor por 1.300.000 dólares. Era su otro hombre de confianza, además de Lázaro. Dueño de FM del Carmen, las revistas Actitud y Ka, sumadas a la nacional Debate, que había dirigido el ex canciller Héctor Timerman, y del diario El Periódico Austral, Ulloa sintió bronca por Lázaro Báez cuando empezó a comprar medios en el sur: “Los medios son míos, que se dedique a hacer esos puentes de mierda”.

Máximo fue el encargado de organizar el careo entre Lázaro Báez y Cristóbal López por la plata no declarada de su padre. Fue en enero de 2011 en la quinta de Olivos. Los empresarios fueron juntos. También se despreciaban. Máximo esperó en silencio pero los miró fijo cuando López le contestó mal a su madre. No fue una reunión amable. “Lo que había que arreglar, lo hice con Néstor”, habría respondido el zar del juego. Lázaro disfrutó de la escena pero tampoco la pasó bien. “Al que le cortaron el chorro fue a él”, dejaron trascender en el entorno de López.

Atrás habían quedado los fines de semana en que Néstor Kirchner lo llamaba a Lázaro para comer asado y jugar a la pelota en su residencia de El Calafate. Báez da a entender que Néstor le sugería en qué licitaciones meterse. Cristóbal asegura que el propio Kirchner le aconsejó que se metiera en el negocio petrolero.

Báez ya había visto a Cristina en la quinta de Olivos en noviembre de 2010. En aquella ocasión lo acompañaron su hijo Martín y Claudio Bustos. Necesitaban cerrar la licitación por la ruta interbalnearia para quedarse con la concesión de los peajes. La Presidenta ni se inmutó cuan do les dijo que no. Le pregunté a Fariña quién decidía sobre las licitaciones. Su respuesta fue terminante: “Se digitaban a dedo, de antemano”. El ex presidente de la Cámara Argentina de la Construcción, Carlos Wagner, lo niega. Por medio de esquivas respuestas por correo electrónico, el titular de Esuco dijo que se trataba de inventos de periodistas y de los medios. Excusas.

Fariña dio una imperdible entrevista televisiva —sin imágenes— en TN con Carlos Pagni, por recomendación de su amigo Franco Bindi, y otra con Luis Majul. En los últimos meses de 2016 revocó a sus abogados, “ya no me atendían el teléfono mientras visitaban a Lázaro Báez”; eso lo ponía paranoico. Denunció ante el fiscal Carlos Stornelli que había un grupo de abogados y agentes de inteligencia dedicados a apretar y extorsionar a empresarios, fiscales y jueces. Aseguraba que había un plan para apartar a Sebastián Casanello de la causa de la ruta del dinero K con la falsa excusa de que había mantenido una reunión con Cristina Kirchner en septiembre de 2015 en la quinta de Olivos. “Lo armaron ellos para sacarse de encima a un juez y poner a alguien de su confianza que lo tuviese atado a Macri con los Panamá Papers y la causa de la fiesta electrónica Time Warp.” Esas eran las otras dos causas “políticas” que habían caído en el juzgado de la ex tortuga. Luego, Fariña denunció que tenía el teléfono “pinchado” y que su correo electrónico personal había sido hackeado. Un extraño tiroteo entre sus custodios y dos malhechores en la puerta de la casa de su novia, en Devoto, fue la última noticia que tuve de él.

Su proyecto de escribir una autobiografía estaba detenido. Según él, sus ex abogados lo habían frenado. “¿De qué va a vivir? Es un paria. El tipo todavía no sabe dónde está parado. Le preocupa conseguir un canje de ropa. No cambió nada. Este pajarito se gastó 500 mil dólares en putas mientras vos no podías pagar el colegio de tus hijos. Vive en una nube de pedos. A nosotros ya nos sirvió, ya está, ya fue”, decía un ex agente de inteligencia cercano a los ex abogados del arrepentido. Los mismos que antes lo endiosaban. En la vida del hombre que se reinventó a sí mismo, todo es posible. El final está abierto.

Lázaro, el leal amigo de Néstor

Me tendría que haber ido en 2010. Me equivoqué en seguir con la vieja [Cristina Kirchner] después de que se nos murió el amigo.

LÁZARO BÁEZ en Ezeiza. Octubre de 2016

Lázaro es un auténtico peronista. Jamás traicionará la memoria de su amigo fallecido. De su amigo… Nada más.

Amigo de Lázaro al autor. Noviembre de 2016

Mientras hojeaba La razón de mi vida, el libro autobiográfico de Eva Duarte de Perón, y degustaba las mieles del poder, Lázaro Báez jamás imaginó que la corrupción sería televisada. Menos aún la suya. Su caída libre comenzó luego de la muerte de su amigo Néstor Kirchner. El día anterior habían compartido varios whiskys en su casa en El Calafate. Lo veía decidido a ser candidato a presidente en las elecciones de 2011. Todo cambió con su inesperada muerte. Cristina Kirchner y su hijo tenían otros planes para Báez. En su entorno están convencidos de que fueron los máximos responsables de su detención: “Luego de perder las elecciones de 2015, la gente quería ver presos a los kirchneristas. Después de Cristina, el símbolo de la corrupción era Lázaro. Era ella o el amigo. Cristina lo negoció”.

En abril de 2013, el programa televisivo de Jorge Lanata difundió una histórica investigación periodística denominada “la ruta del dinero K” en la que incluyó testimonios del financista Federico Elaskar y el “valijero” Leonardo Fariña; este último, en dos cámaras ocultas. La opinión pública comenzaba a tomar por válida la denuncia de Elisa Carrió —realizada en 2005— en la que aseguraba que Báez era un simple testaferro de Kirchner. “Si Lázaro y Néstor hubiesen tenido testaferros no habrían terminado así. La querían toda para ellos. La avaricia lo llevó a la cárcel”, concluye el confidente del empresario, contrariando a la líder de Cambiemos. “Lázaro nunca fue el testaferro. Eran socios con Néstor. Socios en todo”, afirma Leonardo Fariña. En la única entrevista que realizó Báez en prisión, a fines de julio de 2016 al autor de este libro, coincide en esa hipótesis, aunque para Lázaro se trataba de amistad y de “participación” en negocios.

El fiscal José María Campagnoli comenzó a investigar el envío al exterior de 55 millones de euros durante seis meses, tras la muerte de Kirchner, por parte de sociedades vinculadas con la familia Báez. Ya nos hemos referido al apartamiento del histórico financista de Néstor Kirchner, Ernesto Clarens, en beneficio del contador Daniel Pérez Gadín. Así se quebró la confianza entre los protagonistas y el sistema de acumulación de poder y dinero comenzó a derrumbarse. El 15 de abril de 2013, el juez federal Sebastián Casanello quedó a cargo de la investigación. La procuradora general Alejandra Gils Carbó inició una feroz embestida contra Campagnoli para apartarlo. Cristina comandaba el ataque desde las sombras. Los servicios de inteligencia obedecían, mientras un sector dirigido por Antonio “Jaime” Stiuso filtraba información al Grupo Clarín. Báez respondía con una conferencia de prensa desde una de sus estancias, realizando una visita guiada para mostrarles a los periodistas locales su flamante bodega, contrariando la denuncia de Mariana Zuvic, diputada de la Coalición Cívica, que aseguraba que allí se guardaba el dinero. En diciembre de 2014, la Cámara Federal cuestionaba el lento accionar de Casanello y pedía al juez realizar una investigación patrimonial de los sospechados. Lo haría luego del cambio de gobierno nacional y del recordado video en el que se vio al hijo mayor de Báez contando dinero en La Rosadita con Pérez Gadín. En 2016, el juez procesó a Lázaro Báez, a su hijo Martín, a su contador y a su hijo Sebastián, junto con el piloto Walter Zanzot, el abogado Jorge Chueco, Julio Enrique Mendoza, Claudio Fernando Bustos, César Fernández y el mediático Fabián Rossi. El 18 de abril, detuvieron al empresario en el aeropuerto de San Fernando ya que, según la justicia, existía peligro de fuga. No tenía plan de vuelo, dato que fue desmentido.

Cuaderno de almacenero

Nacido el 11 de octubre de 1956 en la provincia de Corrientes, a los seis años Lázaro llegó a Santa Cruz. Se casó con Norma Calismonte, con quien tuvo cuatro hijos: Martín, Luciana, Melina y Leandro. Su relación con Néstor Kirchner comenzó en 1990. Según el propio empresario, se conocieron realizando actividad deportiva: a los dos les encantaba jugar al básquet. Sin embargo, su amigo lo desmiente: “Lo del fútbol y el básquet es un mito total. Como hay tantos otros. Él era cajero del Banco de Santa Cruz, entró como cadete en Puerto Santa Cruz, con el padre, después se trasladó gracias a un favor de Raúl Cantín”, que sería intendente de Río Gallegos y que a mediados de 2015 tuvo que renunciar presionado por la presidenta Cristina Fernández y su hijo Máximo. Báez presenció la génesis del partido Movimiento Renovador Peronista (MRP) —donde militaban Rafael Flores y Eduardo Arnold, entre otros— y del Frente para la Victoria, que se unirían para ganar las elecciones. Lázaro tenía la información de todos los deudores del Banco de Santa Cruz y se presentó directamente con la lista en la unidad básica del joven Kirchner. “Fue directamente y les ofreció la información”, recuerda su amigo.

“¿Querés participar?”, le preguntó Néstor al simpático Báez, que venía a ofrecerle la llave para construir poder en la provincia con la sensible fuente de información que significaba la lista de clientes deudores provinciales.

Báez no lo dudó; aceptó inmediatamente. Kirchner le pidió que saliera de inmediato a recaudar fondos para la campaña en la que se postulaba como intendente de Río Gallegos. Rafael Flores, ex diputado nacional, recuerda que su padre —histórico funcionario del Banco de Santa Cruz y uno de los fundadores del mismo en 1960— tuvo como asistente al mismísimo Lázaro Báez, de 20 años aproximadamente, durante la última dictadura militar. “Cada vez que nos cruzábamos en la calle recordaba su paso por el banco y le enviaba saludos a mi padre”, rememora Flores.

Cuentan sus amigos que Lázaro fue el mejor recaudador de la primera campaña de Néstor. “Nada sucio ni ilegal, el tipo se quedaba día y noche, tocando timbres, hablando con los vecinos, le juntó diez mil pesos (cuando la moneda argentina valía lo mismo que el dólar) y se los llevó en un maletín”, recuerdan en el entorno de Rafael Flores. Kirchner ganó por 144 votos. La amistad tendría sus altibajos pero nunca se rompería. La lealtad peronista no era un eslogan para Lázaro. Pero su amor incondicional era únicamente hacia Néstor. La relación con Carlos Zannini era pésima, se celaba con Rudy Ulloa y desconfiaba de Julio De Vido. “Divide y reinarás”, escribió Maquiavelo. Kirchner lo entendió desde el primer día que comenzó su carrera política. Párrafo aparte merece la relación de Báez con Cristina. Ningún amigo de Néstor Kirchner la quiso. El amigo de Lázaro explica que ese sentimiento se daba por el pésimo carácter y la falta de carisma de Cristina, el maltrato hacia su esposo y su ausencia durante los años noventa: “Se la pasaba en Buenos Aires, en el Congreso de la Nación. A Florencia la crio el padre, la llevaba al colegio y le preparaba la comida. Ella no estaba, por eso Cristina desconocía muchas cosas de su marido, desde sus negocios hasta sus amoríos. Ella estaba en otra cosa”.

A comienzos de la década menemista, Báez seguía conduciendo un Ford Falcon modelo 72, con las cubiertas gastadas. Néstor tenía un Renault 12 que nunca supo conducir y Eduardo Arnold, su futuro compañero de fórmula, un Renault 9. Este último recuerda que en la campaña de 1991 salían a recorrer los pueblos del interior de la provincia como si fuesen una banda de rock and roll de gira. Una destemplada noche de invierno patagónico, los candidatos encontraron a Báez a diez kilómetros de Piedrabuena. Salía humo del motor de su Falcon y el empleado bancario demostraba que la mecánica no era lo suyo. “Nos amontonamos y viajamos todos juntos. No había autos de lujo ni mansiones; ese era Lázaro”, recuerda Arnold. Casualidades de la vida, la pavimentación de esa misma ruta 288, que une Piedrabuena con Tres Lagos, sería licitada veinticinco años después. Báez ganaría esa licitación. La ruta nunca se asfaltó.

Al llegar a la intendencia, Néstor recibía todas las semanas a Lázaro, que le reportaba las últimas estadísticas del manejo de la plata en el banco. Ya con Kirchner gobernador, Báez ascendió a adscripto en la gerencia general del banco y manejaba los fondos de crédito más jugosos. Néstor era un contador frustrado. En la Casa Rosada estaría, día y noche, con las anotaciones de entradas y salidas de dinero del país y personal, como si fuese un almacenero. Sigue sin saberse quién se quedó con los famosos cuadernos contables de Néstor. Se decía que Miriam Quiroga tenía dos de ellos. Otros señalan al fallecido secretario privado Daniel Muñoz como la persona que conservó los codiciados documentos. El amigo de Báez está convencido de que Lázaro guarda al menos dos en alguna de sus estancias. Como si fuesen un trofeo o un libro original del General.

Los libros del General

Por cada peso que recibió en obra pública, Lázaro Báez gastó 4,33. Santa Cruz fue la segunda provincia que más plata recibió, detrás de Buenos Aires (11,6 a 14 por ciento). De 83 obras en doce años, 53 fueron a las empresas de Báez. A pesar de recibir 16.386 millones de pesos, 23 obras no fueron terminadas. En el avión privado del empresario viajaban a Santa Cruz funcionarios de la AFIP que debían controlarlo. De la autovía que une Comodoro Rivadavia con Caleta Olivia se realizó el 30 por ciento, pero se cobró el total. Por la circunvalación de la ciudad santacruceña se pagó siete veces más. No alcanzaron los 146 millones presupuestados. Hicieron falta 1.075 millones de pesos más, según denunció Sergio Bucci, diputado por el radicalismo. Austral cobró dos mil millones de dólares en obras viales, asegura el titular de Vialidad Nacional, Javier Iguacel. La ruta provincial 9, que va de El Calafate a Luis Piedrabuena, obtuvo los certificados en solo siete días y por ella se pagaron nueve millones por kilómetro, récord absoluto. Según el fiscal Guillermo Marijuán, las empresas de Báez utilizaban las mismas máquinas en distintas obras al mismo tiempo.

El 25 de abril de 2016 se realizaron allanamientos en cincuenta propiedades para constatar con qué dinero habían sido comprados los bienes (artículos de lujo, vehículos, estancias y demás). Según el Tribunal de Tasación de la Nación, la suma de todas esas propiedades ascendía a 140 millones de dólares. El 12 de mayo de 2016, la Unidad de Información Financiera (UIF) le pidió a la justicia que dictase la inhibición general de bienes y el congelamiento de las cuentas bancarias de veintiocho compañías cuya propiedad se le atribuía a Lázaro Báez, y del resto de los acusados en la causa judicial.

En mayo de 2016, Leandro, hijo menor de Lázaro, pidió la recusación del juez federal Casanello, pero fue rechazada. El fiscal de la causa viajó al sur para ofrecerle declarar como “colaborador” en la causa en la que su padre estaba procesado y detenido por lavado de dinero. Sus abogados contrariaban la estrategia judicial de su hermano mayor y de su padre provocando una feroz pelea familiar. Circuló el rumor de que a Leandro lo habían llevado a la casa de los espías en la calle 25 de Mayo 11, a metros de la Casa Rosada, para convencerlo de que revelara todos los secretos económicos de su padre y sus vinculaciones con la ex presidenta. Habría estado presente el ex fiscal Eduardo Miragaya, actual jefe de la Dirección de Inteligencia sobre Delincuencia Económica y Financiera. Su abogado lo desmiente categóricamente: “Eso jamás sucedió”. En los noventa, Miragaya fue uno de los operadores preferidos del menemismo. En medio de un escándalo por “jubilaciones truchas” en la provincia de La Rioja, Miragaya les recordó a los denunciantes su histórica amistad con Servini de Cubría. La jueza federal es íntima de Claudia Balbín, madre del abogado de Leandro Báez. Su padre, rodeado de servicios de inteligencia, operadores y abogados que le cobraban fortunas, no estaba de acuerdo.

Sorprendió la aparición, en los allanamientos a las estancias de Río Gallegos y El Calafate, de libros de colección de Juan Domingo Perón, verdaderas reliquias. Una de las obras era La razón de mi vida, de Eva Duarte. El amigo de Báez, en estricto off, explica que Báez es un auténtico peronista y devorador de historias mitológicas del General. El asesor hotelero Fernando Ruiz solía contarle a Báez historias sobre Juan Domingo Perón, a quien había conocido en su residencia en Gaspar Campos 1065, en Vicente López. A Lázaro se le iluminaban los ojos al escuchar las anécdotas de uno de sus asesores predilectos.

Luego de decenas de lecturas, un día Báez le regaló a Ruiz un ejemplar de la primera edición de La razón de mi vida: “Guardalo, lo tenés que guardar vos”. Lo había adquirido en solo diez mil dólares. La semana previa a su detención, distanciado de su mujer, Báez invitó a pasar una semana en su chacra de El Calafate a su empleado preferido. “Vas a terminar en cana, ¿sos consciente?”, le habría dicho Ruiz, según relata el confidente del empresario. “La semana que viene estaremos comiendo un asado. ¿Vos te pensás que me van a tocar a mí?” Su empleado auguró que comerían… en prisión. Una costosa edición del Infierno de Dante Alighieri observaba el diálogo desde la biblioteca del empresario exitoso.

—Lo van a detener —le dijo un allegado de Báez a Daniel Rubinovich, uno de sus abogados, horas antes de que su avión aterrizara en San Fernando.

—No pasa nada. Está todo arreglado con el fiscal. Que se quede tranquilo —respondió, sentando en su despacho en Paraguay y Montevideo, el hombre que había defendido al ex juez Juan José Galeano en la causa AMIA y asesorado a directivos de TBA en la tragedia ferroviaria de Once.

—Algo huele mal, algo pasará —le advirtió el interlocutor a Rubinovich.

El 17 de marzo de 2016 le prohibieron la salida del país a todos los imputados. El 3 de abril llamaron a declarar a los hijos de Báez. Dos días después detuvieron a Lázaro tras descender de su avión privado en San Fernando. Lo acompañaban su hijo Martín, Walter Zanzot y Diego Navarro —el hombre que manejaba sus medios periodísticos en el sur y articulaba trascendidos con la prensa—. Báez negoció la libertad de su hijo y se entregó sin resistencia alguna. La imagen del empresario detenido, con casco, chaleco antibalas y esposas en sus muñecas, recorrió el mundo. Cinco días después, Leonardo Fariña pateó el tablero. El 14 de abril lo excarcelaron. Al día siguiente, desapareció el abogado Jorge Chueco. Dos semanas después, detenido en Ezeiza, Lázaro Báez leyó Facundo, de Domingo Faustino Sarmiento, y una biografía de Juan Manuel de Rosas. Ya no gozaba de las comodidades del living de su estancia ni la luz de la libertad. Una de las primeras noches lo obligaron a permanecer una hora y media completamente desnudo antes de permitirle ingresar en su celda. Los privilegios de antaño habían desaparecido. A pesar del “pescado podrido” que algunos operadores vendían a la prensa, el empresario no era un preso vip.

Cristina Fernández no quería saber nada del caído en desgracia. “No me vengan con historias. Era él o yo.” Ella no dudó. El interlocutor de Báez aún se pregunta si el abogado Rubinovich fue un inútil o jugó para Cristina.

Compre tierras. Salve a la Patria

Lázaro es un político. Un estratega. Compraba tierras improductivas para evitar que se las quedasen los ingleses.

Confidente de Báez al autor.

Noviembre de 2016

“Lázaro es un político. Su sueño era gobernar Santa Cruz. Tenía un proyecto. Un sueño. Hay cosas que la gente no conoce”, explica el confidente del empresario detenido. El periodista Sebastián Turtora fue el primero que publicó el nombre de la misteriosa Liliana Costa en el portal Periodismo y Punto. Según él, la trabajadora de AFIP en Comodoro Rivadavia mantendría una relación sentimental con Lázaro Báez. Con Liliana compartí varios cafés antes de coordinar una entrevista en las oficinas del diario Perfil, cuyo resultado no agradó a la entrevistada ni al detenido empresario. Fue Costa quien convenció a Lázaro Báez de que hablase conmigo. Su nombre aparecía en las empresas petroleras vinculadas con Austral Construcciones, pero la mujer estaba preocupada por el escarmiento público y quería proteger a su pequeña hija. Tenía razón. El periodismo parecía más interesado en su vida privada que en los negocios de Báez. Un grupo de ex agentes de inteligencia la extorsionaba y, como se dice en el ambiente, “la estaban caminando”. Costa confiaba en que Báez recuperara rápidamente la libertad. “Vos tenés que contar las cosas que hizo por la gente, él ayudó a las maestras, hizo escuelas, no creas en todo lo que dicen de él, y te aclaro que no soy kirchnerista. Pero es innegable que la Patagonia empezó a importar con Néstor. Ellos hicieron mucho por el país”, repetía Costa con insistencia. El tiempo pasó, Norma Calismonte viajó a Buenos Aires y se reencontró con su ex marido, Costa dejó de influir en el entorno de Lázaro, pero el empresario continuó en el mismo lugar en el que estaba cuando entablamos nuestra primer charla telefónica. En una celda.

Su confidente no es tan acrítico como la bella morocha Costa. “Lázaro se mandó varias, pero, en gran parte, tenía un proyecto de país como Néstor Kirchner.” A su manera, apostaban por la Argentina. Solo a su manera. Una noche, a comienzos de la presidencia de su amigo Kirchner, Báez ce naba en El Calafate con el intendente Néstor Méndez —recordado por vender a precios ridículos tierras fiscales a los familiares y amigos del poder santacruceño— y un amigo. Dos simpáticos señores que hablaban en inglés se acercaron y se sumaron a la sobremesa. Se trataba del embajador británico Robin Christopher y de un amigo suyo que tampoco hablaba castellano. Al retirarse, Báez preguntó extrañado qué hacía el mismísimo embajador del Reino Unido cenando en El Calafate. “No está de turismo, vino a controlar las tierras de su jefa.” La respuesta a la obvia repregunta sorprendió al correntino: la reina Isabel. Los reyes ingleses eran dueños de gran parte de la provincia austral a través de sociedades anónimas.

La contraofensiva de Báez sería una supuesta patriada. Su interés en las tierras era nulo. En gran parte de las que adquirió el empresario durante la “década ganada” no se podía plantar ni semillas transgénicas. Pura piedra. En invierno, se acumulaban dos metros de nieve formando una inmensa estepa comparable con la Siberia.

Al respecto, Fernando de la Rúa no es tan inocente. “Supongo que compraba las tierras para cobrar una fortuna de indemnización por las inundaciones que provocarán las represas que se construirán en la provincia”, confesó el último presidente radical que eligió el país. “Los campos de Báez no tienen valor”, coinciden los entrevistados. “Se hicieron perforaciones de diez mil metros” pero el petróleo no apareció. El fiscal Marijuán viajó al sur en busca de una hipotética riqueza enterrada en medio de la nada. No tuvo suerte.

Hijos

La tragedia de la corrupción kirchnerista es haber dejado pegados a sus hijos en los actos ilícitos. Tanto Néstor y Cristina Kirchner como el empresario insignia de su gobierno involucraron a su descendencia en extrañas sociedades anónimas, los participaron de firmas de dudosa confección y terminaron enchastrándolos en la avanzada judicial.

Báez tenía especial empeño en que su hijo mayor, Martín, fuese contador. Pero lo del joven era el fútbol. Antes de llegar a la presidencia del club Boca, de Río Gallegos, Martín había sido un excelente jugador de fútbol que alcanzó la tercera división en Quilmes, luego presidido por Aníbal Fernández. A los 14 años dejó Santa Cruz e hizo todas las inferiores. A pesar de las distancias, de extrañar a su familia y de padecer algunas necesidades económicas, la resistencia no alcanzó para cumplir con su anhelo de llegar a primera. Dicen en la familia que el mayor es el Báez que más sufrió, paradójicamente, los beneficios de la política. El padre lo convenció de inscribirse en la carrera de contador, pero los números no eran su fuerte. Luciana, que empezó la carrera de Administración de Empresas en una universidad privada en la Ciudad de Buenos Aires, pero abandonó rápidamente. A Melina le ocurrió lo mismo en Derecho. Leandro, el más rebelde y díscolo, intentó progresar académicamente y llegó a cursar tercer año de contador, pero también interrumpió los estudios. Tuvo que regresar al sur por un urgente problema personal.

Teegan Inc., sociedad constituida en Belice con una cuenta bancaria en el Lombard Odier de Suiza, integrado por Julio Collado Quiroz y Daysi Lorena Gil, fue el gran error de Martín Báez que terminará llevándolo a prisión. El gobierno de Cristina Fernández tapó el escándalo persiguiendo al fiscal que investigó el asunto —José María Campagnoli—, inventando cortinas de humo mediante periodistas cercanos a los servicios de inteligencia comandados por Fernando Pocino y obligando a los principales protagonistas a desmentirse. No solo eso. La cancillería de Héctor Timerman cajoneó los oficios judiciales enviados a Suiza. La justicia no tuvo más alternativa que sobreseer a Lázaro Báez.

En 2005 el empresario reconoció que había traído, desde la República Oriental del Uruguay, 1.800.000 pesos en efectivo por medio de la firma Badial SA. Su dirección fiscal coincidía con la sede legal y administrativa de Oil M&S del Grupo Indalo —de Cristóbal López—. Nueve años después, en octubre de 2014, Ricardo Echegaray denunció a 1.208 empresas por emitir facturas truchas. El escándalo en Bahía Blanca con el mediático Juan Suris ya había estallado. La banda de Adrián Gago y Miguel Ángel Lamparelli, que falsificaban certificados de la AFIP con la colaboración de Marcelo Mallo —ex titular de Hinchadas Unidas Argentinas y cercano al operador radical K Roberto Porcaro—, estaba acorralada por el juez Norberto Oyarbide. Austral Construcciones se encontraba entre las empresas investigadas pues utilizaba firmas ubicadas en Bahía Blanca para conseguir facturas apócrifas. Entre conferencias de prensa sin que los periodistas pudiesen preguntar, Echegaray cerró la rama regional de la AFIP en Bahía Blanca. Argumentaron que lo hacían por un conflicto gremial.

Los servicios residuales de inteligencia no solo “caminaron” a Liliana Costa, mujer de extrema confianza del detenido Báez, sino a sus hijos. Luego de la entrevista que le hice a Costa junto con Agustino Fontevecchia en el primer piso de la editorial Perfil, me llegó el rumor de un posible intento de suicidio del hijo mayor de Báez. Ese día, Costa tenía apalabrado al titular de Teegan Inc., que me daría una entrevista exclusiva. “Se asustó por la presencia periodística en la puerta de su casa”, me dijo la empleada de la AFIP. A un sector de la ex SIDE residual no le servía que el hijo de Báez rompiera el silencio. Estaban ocupados instalan do la idea de que estaba por quebrarse. Se basaban en un dato real. Durante tres días, el muchacho no había salido de su departamento de Belgrano. No se había bañado ni había comido. Algunos periodistas irresponsables difundieron el rumor en las redes sociales. El objetivo de los operadores estaba cumplido. Mantener el silencio, seguir sacándole plata a la familia y alimentar el suspenso; según ellos, la película debía continuar todo el año.

El momento más tenso de la entrevista con Lázaro Báez fue cuando quise saber qué sentía ante la posible e inminente detención de alguno de sus hijos —hecho que al cierre del libro no había ocurrido:

—¿Qué pasa si terminan deteniendo a sus hijos?

—No sabría qué decirle.

—¿Usted espera que eso no suceda?

—Es que mis hijos no tienen nada que ver. En realidad, me están apretando. Me están apretando para que no siga hablando.

En octubre de 2016, cuando volvió a verlo a Lázaro, se difundió que Norma Calismonte le había dejado un ultimátum: “Si tocan a los chicos, hablás, o lo hago yo”. Era la primera vez que veía a su ex mujer en la cárcel. Al empresario solo lo visitaban Diego Navarro, Liliana Costa —cuando la prensa divulgó su nombre, dejó de ir—, sus abogados —incluido Franco Bindi, letrado en las sombras de Leonardo Fariña—, Juan Manuel Campillo —señalado como el primer valijero del kirchnerismo— y, ocasionalmente, su hijo Martín, quien jamás le cuestionó en qué lo había metido. La versión del supuesto ultimátum de Calismonte parecía salida de una telenovela, pero era real. La mujer se comunicó conmigo por mensajes de texto, y su versión fue corroborada por dos fuentes cercanas al empresario detenido. “No es que no quiera hablar, es que yo no sabía nada, lo único que te aseguro, y te lo juro por mis hijos y nietos, es que NUNCA conocí a Kirchner ni a la ex presidenta, mucho menos a los funcionarios, siempre estuve alejada de todo eso”, explicó Calismonte en medio del supuesto pedido que habría realizado a la justicia por la división de bienes con su ex esposo. “Otra gran mentira que se dijo es que la noche que murió Kirchner habíamos cenado con él. Eso lo inventó un periodista de Noticias, Lázaro lo vio a Néstor por la tarde, yo nunca iba”, relató la mujer desde Río Gallegos. “Para que te des una idea, hoy estuve en la peluquería al lado de una periodista de Clarín que escribe sobre mí y ni me reconoció. Hablan, pero no me conoce nadie”, aseguró la mujer que conoció a Lázaro a los 16 años mientras cursaba en el Colegio Nacional de Río Gallegos, estuvo casada treinta y ocho años luego de cuatro de noviazgo y jamás salió del país, a pesar de los supuestos viajes a Europa que, según algunos periodistas, Calismonte realizó durante la “década ganada”.

Semanas antes, un avión embargado de Austral Construcciones habría trasladado al sur a los abogados Maximiliano Rusconi, Juan Manuel Campillo, Gonzalo Díaz Cantón —su hermano Fernando defendía al ex titular de Vialidad Nacional— y Walter Zanzot a buscar dinero en efectivo para pagar a los letrados. Lo increíble es que el juez Casanello habría autorizado que se utilizase la aeronave. Al año de su separación, Norma Calismonte le reclamaba a su ex marido setecientos millones de pesos, cuando el patrimonio declarado de Lázaro Báez no superaba los setenta millones. Calismonte estaba admitiendo que el empresario había acumulado, al menos, 1.400 millones de pesos. Pero para el fiscal, la cifra era superior: 3.600 millones. En un diálogo exclusivo para este libro, Calismonte pidió “tiempo para conversar” y solo aceptó responder sobre la relación de su ex marido con Liliana Costa: “Esa mujer no pertenece al círculo de confianza de nuestra familia”. En Pinamar allanaron seis nuevas propiedades adquiridas por el entorno del ex contador de Báez, Fernando Butti, y de Julio Mendoza, a nombre de Austral Atlántica. En 2003, Báez había declarado poseer únicamente una humilde casa en Río Gallegos y un patrimonio que ascendía a solo 5.439.641 pesos. Seis años después, se había multiplicado por mil doscientos por ciento.

Sus hijos eran el límite. Sobre todo Martín, su preferido, un muchacho más preocupado por el fútbol y los autos que por el dinero y el poder político. De hecho, en el recordado video de La Rosadita parecía más interesado en jugar con su celular que en controlar el dinero. Titular de cinco inmuebles y accionista de Hostería Petrel, Alucom, Epsur, Austral Agro, Valle Hermoso, Hyu Kar, Estrella del Sur, Valle Mitre, Loscalzo y Del Curto, Misahar, Northville, y Don Francisco, Martín habría lavado 32.800.000 dólares de origen ilícito, según la justicia. La operatoria se realizó mediante la compra de bonos argentinos en Suiza que luego fueron vendidos por Helvetic Service Group. El dinero terminó en cuentas de Austral. El encargado de realizar la operación final fue el abogado Jorge Chueco, en una clara simulación del verdadero origen de los fondos.

Pero más allá de la indisimulable bronca hacia Cristina Kirchner que expresó Lázaro Báez en la entrevista que publiqué en Infobae a comienzos de agosto de 2016, no tenía la intención de “entregarla”. En algún momento de las conversaciones que mantuvimos pensé que terminaría convirtiéndose en el próximo “arrepentido”. En un punto sigo creyéndolo. Pero Báez no apuntará a Cristina, como se suele decir. No. Si habla, lo hará contra “el heredero”, la persona que, tras la muerte de su amigo, no había tenido piedad en apretarlo y extorsionarlo para quedarse con todo lo que, a fines de 2010, el empresario creía haberse gana do en buena ley.

Corbata amarilla

El mediodía del 24 de junio de 2016, Lázaro Báez llegó a los tribunales de Comodoro Py custodiado por personal del Servicio Penitenciario Federal. Trasladado desde la cárcel de Ezeiza, el empresario debía declarar ante la Sala II de la Cámara Federal para aportar información sobre el supuesto encuentro, producido en septiembre de 2015, en la quinta de Olivos, entre el juez federal Sebastián Casanello y la ex presidenta. “Yo estaba y los vi”, me dijo un mes después Báez. Ese día lo recibieron los camaristas Eduardo Farah y Martín Irurzun. Horacio Cattani no asistió por un problema de salud. El fiscal de cámara Diego Velazco fue quien realizó las preguntas más incisivas al empresario. Según Báez, los camaristas lo escucharon atentamente ante la gravedad de sus denuncias.

La supuesta visita de Casanello a Cristina Kirchner en Olivos era la excusa perfecta para apartar al juez de esa causa. La historia era verosímil y le servía al Grupo Clarín —en el que, según el editorialista Julio Blanck, se había hecho “periodismo de guerra”— para desprestigiar a la ex presidenta. Lo cierto es que Báez creyó ver lo que nunca vio. Él sí estuvo en la quinta de Olivos. Ninguno de los testigos aportados por la defensa y presionados por sus abogados pudo corroborar la farandulesca versión de los hechos. El ex jefe de gabinete, Alberto Fernández, que conoce los pasillos de la quinta presidencial, me aseguró que con “los Kirchner solo entraba gente de su extrema confianza. En Olivos no entraba nadie. Por eso dudo que Casanello haya estado, porque eran muy recelosos. Para ellos, Olivos era su casa”. El juez federal vive en zona norte, en San Isidro, por esa razón la antena de su celular se activó al pasar por la puerta de la quinta en la que él, supuestamente, nunca estuvo.

Apartar al juez que, hasta diciembre de 2015, no había avanzado en forma constante y regular en la investigación, no implicaba la absolución del empresario. Había otros intereses, pues ese juzgado es clave para “controlar” al actual gobierno en dos causas clave como Panamá Papers y la fiesta electrónica de Time Warp, además de la supuesta influencia en la justicia del dirigente futbolístico amigo de Macri, Daniel Angelici.

¿Cómo ibas a confiar en un juez al que le pagabas para que no te investigara?, se preguntaban en el entorno de Báez. Si el empresario pagó por protección, la plata jamás le llegó a Casanello. Hubo dos abogados, vinculados con los servicios de inteligencia, que le dijeron al empresario detenido que tanto el juez como el fiscal Marijuán pedían dos millones de dólares para apartarlo de la causa. Si Báez pagó o no esa suma, es un misterio. Lo cierto es que hubo otro abogado que debió renunciar en medio de un fuerte cruce de acusaciones por un faltante de dinero.

Pablo Medrano fue el cerebro judicial en las sombras durante gran parte de la defensa de Báez. El ex hombre de confianza del suicidado Alfredo Yabrán era señalado por el entorno de Báez por haber elegido una estrategia demasiado pasiva en su defensa. El empresario quería otra cosa. Después de la dupla Rubinovich y Sal Lari, relacionados con Eugenio Zaffaroni, Liliana Costa convenció a Lázaro Báez de contratar a un abogado que lo instalara en los medios como una víctima y un perseguido político. Maximiliano Rusconi le ganó la pulseada a Fernando Burlando tras convencer a la familia de su futuro defendido de que él se había reunido con el juez que lo investigaba y que había negociado la prisión domiciliaria. Según las fuentes consultadas, el supuesto encuentro jamás existió, pero ese rumor y sus antecedentes en la increíble defensa de Diego Lagomarsino inclinaron la balanza en su favor frente a la mediática propuesta de Fernando Burlando. Sus peleas con los abogados defensores de los hijos de Báez resultaron antológicas. Los clientes son los verdaderos perdedores cuando los abogados pierden el tiempo peleándose entre sí. A esa altura, para los adláteres del ex poderoso empresario, Báez era “el preso del Grupo Clarín”.

Rusconi todavía no estaba en los planes de Báez aquel mediodía del 24 de junio de 2016. “Ese día iba a contar todo; aún nos preguntamos qué lo hizo cambiar de parecer”, revela una fuente de extrema confianza del empresario, y agrega: “Se había orquestado una reunión previa en la que Báez había pedido algunas condiciones para apuntar contra Cristina y, si estaba todo bien, él hablaría”. La señal que esperaba Báez —comunicarse con un detenido de sus características no es tarea sencilla ya que, en prisión, las llamadas se graban y están monitoreadas— era una corbata. Si Martín Irurzun acompañaba su elegante traje con una corbata amarilla, Báez tenía vía libre para ventilar todos sus secretos financieros y su verdadera relación con el saliente gobierno. La señal solo la conocían cuatro personas. Una de ellas aguardaba detrás de la puerta. La corbata era la acordada, pero Báez insistió en que no entendía por qué seguía detenido.

Vacaciones en Pinamar

El 11 de octubre de 2007, Lázaro Antonio Báez, Julio Enrique Mendoza y Fernando Javier Butti constituyeron Austral Atlántica SA, sin sede real y con un capital social de cincuenta mil pesos. Con ese sello, Butti fue el encargado de adquirir seis casas en la localidad de Pinamar por 1.040.000 dólares para alquilarlas mediante la firma Balmoral a través de Néstor Javier Elso por una comisión del cinco por ciento. A mediados de 2016, el fiscal Guillermo Marijuán allanó las propiedades Farola, Cia & Mill, Amarula, Más al Norte, Poseidón y Troya. Las tasó en un millón y medio de dólares. Sospechaban un posible delito de lavado de activos. Solo una casa, la ubicada en Troya 783, tenía pileta, y era la más codiciada por los inquilinos cercanos al kirchnerismo como José Francisco López, Daniel Álvarez —ex secretario personal de Cristina Kirchner— y Doña Pocha, pariente de Carlos “Chino” Zannini.

En el año 2006 comenzó la compra indiscriminada de inmuebles. El “Profesor” ordenó a sus hombres de confianza adquirir propiedades. Así fue como el despedido contador Fernando Butti acercó la propuesta de casas en Pinamar, muy bien ubicadas aunque notablemente abandonadas. El encargado de controlar la inmobiliaria era Fernando Ruiz, hasta que, en diciembre de 2015, irrumpió Liliana Costa, mujer que divide aguas en el entorno del detenido empresario y de quien su ex mujer no se cansa de aclarar que “no es amiga de la familia ni guarda relación con nosotros”. El negocio no dejaba ganancia. En la casa ubicada en la calle Troya veraneaba la familia del funcionario que debía controlar a Báez, José López. “Obviamente, no pagaba nada pues era muy amigo de Lázaro”, dicen en su entorno. En los registros de Alarmas IASSA figura que en los años 2007, 2008 y 2009, López solicitó los servicios. La palabra clave era “Profesor”, y la contraclave, “Lázaro”. En su detallada declaración judicial, Fariña afirmó que Lázaro Báez llamaba profesor a Néstor Kirchner, pero eran los empleados del empresario quienes utilizaban ese vocablo para referirse a Báez. “El tipo nos daba cátedra de construcción, balances, proveedores, aspectos contables y jurídicos. Lázaro siempre sabía de todo”, explica un hombre que trabajaba por aquellos tiempos con el titular de Austral Construcciones. El apodo se le ocurrió a su apoderado César Andrés. El otro apodo con el que los empleados de Báez se referían al jefe era “Laoshi” —que significa maestro en chino—. En la actualidad son los guardia cárceles quienes utilizan el mote de “Profesor” para referirse a Báez.

Cuando Leo Bastira —ex director de Personal de la Policía Bonaerense— alquilaba una casa de Báez en Pinamar, en la inmobiliaria se preguntaban de dónde sacaba el dinero un integrante de la cuestionada fuerza de seguridad. Lo hizo durante cinco años. Nadie hacía preguntas cuando llegaba Daniel Álvarez, secretario personal de la Presidenta de la Nación. Como Néstor Kirchner, Báez odiaba la playa. Una sola vez visitó Cariló. A ninguno de los dos les gustaba viajar. No se iban de vacaciones. Recluidos en el sur, investigaban a los funcionarios y/o empleados que osaban cruzar la frontera argentina buscando vivir la buena vida. En sus tiempos como gobernador, Kirchner ordenaba que cuatro empleados se instalaran en el aeropuerto de Río Gallegos para controlar qué funcionarios salían y con qué destino. Los buchones comenzaban el periplo cada 22 de diciembre. “Te tomabas el avión y al lunes Kirchner te llamaba para decirte: ‘Supongo que ya volvés, ¿no?’”, recuerda un ex funcionario kirchnerista. Lázaro aprendió de su maestro. A pesar de su fortuna, solo salió del país en tres ocasiones: una visita a Nueva York para hacer negocios con Sergio, el hijo de Gotti; las gestiones en China con su hijo y Franco Macri; y, por último, a Corea del Sur para sellar acuerdos con Hyundai Motor Company. Sus hijos tampoco se la pasaron recorriendo el mundo. Conocieron Disney y, en otra ocasión, visitaron Cancún.

Por eso es cierto que Báez no conoció sus casas en Pinamar. No tenía tiempo ni deseo de disfrutarlas. El que sí se quedaba más de lo debido era Ricardo Bruzzese, el empresario creador de Carne Para Todos, que veraneaba en Amarula e invitaba al ex secretario de Comercio, Guillermo Moreno, quien suponía que Bruzzese era el verdadero dueño de la casa. “Cuando detuvieron a Lázaro, gente del hombre de la carne quiso ocupar la casa, por suerte saltó la alarma.” Tuvieron que esperar al personal de Balmoral que tecleó la palabra clave: Profesor.

Cristina y Lázaro

No soy amiga ni socia de Báez.

CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER

en las puertas de Comodoro Py,

31 de octubre de 2016

“La pelea con Cristina empezó el mismo día en que murió su marido. ¿Sabés qué pienso que hizo ella? Miró al cielo, se rio y dijo: ‘Ahora hago lo que quiero’. Ella no sabía de los negocios concretos de Lupín. Nos despreciaba a todos nosotros.” El amigo de Báez y admirador del ex presidente sintetiza el momento exacto en que se rompió la relación entre el empresario y Cristina. Al economista Aldo Pignanelli, ex titular del Banco Central, no le sorprendió la caída en desgracia del empresario patagónico. Desconfía de los lugares comunes sobre el rol que tuvo Cristina en el manejo de los negocios espurios de su marido luego de su muerte: “No creo que estuviese totalmente informada de todo. Ella vivía en un tupper. Se fue enterando cuando se quedó sola. Se peleó con todos los amigos de él y eligió respaldarse en La Cámpora”. La agrupación juvenil era ideológica y pragmáticamente comandada por su hijo, el heredero.

Para uno de los diez empresarios más importantes del país, “el error de Kirchner fue elegir un socio tan poco preparado” como Báez. No duda en que “Cristóbal López y Electroingeniería estaban ligados con los gobiernos kirchneristas y, después de doce años, no pudieron volar solos”. El hombre, que conoce como pocos al establishment económico argentino, está convencido de que Cristina Kirchner “no era corrupta, pues no hay empresario que le haya puesto un mango”. Recuerda que, tras la muerte de su esposo, ella se encargó de hacerles llegar a los empresarios una frase suya: “El que viene a ofrecerme un peso, lo meto en cana”. Molesto con la “demonización de la obra pública”, el poderoso empresario me pregunta: “¿Por qué no se dedican a hablar de la cartelización de la industria farmacéutica?”.

Es posible que Cristina sospechase lo que hacía su marido cuando viajaba a las provincias. “Néstor iba a los actos y había que recaudar. Las empresas constructoras son lo más trucho que existe, siempre les falta algo para pagar el retorno. Néstor iba al Chaco, Corrientes, y les decía ‘pónganse al día con la cuota’”, revelan dos fuentes cercanas al ex presidente. Leonardo Fariña lo ratifica. “Si no lo hacías, te escrachaba en su discurso”, concluyen. El método era el siguiente: se organizaba una reunión previa y el “operador” avisaba a los empresarios más importantes del distrito que se necesitaba cierta cantidad de recursos para financiar actos, traslados de compañeros, carteles, presencia en los medios, en fin, la eterna campaña política. Quien conoce cada uno de estos secretos es Carlos Wagner. Por tal razón, es imposible imaginar que el ex titular de la Cámara Argentina de la Construcción rompa el silencio en la justicia. En marzo de 2016, el mani pulite parecía posible, pero la fiesta de los arrepentidos quedó en un amague y en Fariña.

Antes del cambio del gobierno, gran parte del empresariado argentino estaba convencido de la victoria del ex gobernador de Buenos Aires. “Scioli me va a dar una mano”, aseguraba Lázaro Báez a sus amigos luego de las elecciones internas. “A vos no te quiere nadie”, le respondió alguien con su sinceridad habitual. Lázaro confiaba en que su situación judicial se mantendría estable. Seguía conversando con Ángelo Calcaterra; es más, el primer número de su agenda telefónica era el del primo del futuro presidente. Lázaro tenía un refrán que decía que “para comer, hay que dejar comer”. Al igual que Néstor Kirchner, más allá de diferencias políticas, repartía entre todos. No deseaban hacerse de enemigos. A Cristina, en cambio, le encantaba tenerlos. Los dos amigos entendieron que la obra pública era la caja ideal para hacer política y construir un proyecto de perpetuación en el poder. Pero Néstor no inventó nada. Llevó al extremo las prácticas de su maestro, Carlos Saúl Menem.

Por una cuestión estratégica, Báez no se metió nunca en la Ciudad de Buenos Aires: “Ahí está Ángelo”, les decía a los que le llevaban seductoras propuestas de armar empresas para salir a pelear licitaciones en el distrito gobernado por el PRO.

Socios y hoteleros

Los abogados de Cristina y de Lázaro no saben cómo hacer para quemar los papeles que confirman la relación entre las empresas del grupo Báez y Néstor Kirchner. Repasemos. Austral Construcciones se creó días antes de la asunción presidencial de Néstor. Poco después, se convirtió en una de las empresas con mayor adjudicación de obra pública, principalmente en las viales de Santa Cruz. Así introdujo Kirchner a su amigo en el negocio de la obra pública. Según Leonardo Fariña, Báez “evitaba el pago de todos los retornos reconociéndole a su amigo su porcentaje en la empresa”. El arrepentido llegó a tan osada conclusión al recordar que fue el propio Báez quien le confesó que parte de su dinero era de Néstor y que él se lo guardaba, como una suerte de custodio. Pero el control de la obra pública no solo era una forma de rédito económico sino que servía para controlar el territorio.

Fue el propio Kirchner quien posibilitó que la constructora de Báez se expandiera más allá de Santa Cruz. Fue él quien gestionó la compra de Sucesión de Adelmo Biancalani e Hijos, en la provincia de Chaco gobernada por Jorge Capitanich. Por todo ello, Báez fue uno de los principales perjudicados con la inesperada muerte de Néstor. Máximo le reclamó la titularidad de Austral Construcciones y empezó a auditarlo mediante la AFIP de Ricardo Echegaray y la UIF de José Sbattella. Como grupo de choque, Rudy Ulloa fue el encargado de presionar al empresario mandando a su gente a sabotear obradores. Desesperado, Báez tomó la pésima decisión de empezar a girar fondos al exterior. El empresario no imaginó que Cristina se enteraría tan rápidamente.

Los meses siguientes a la muerte de Kirchner tampoco fueron los mejores para Cristóbal López, que también sintió la lupa de la AFIP kirchnerista sobre su espalda. López, el mismísimo socio de la constructora Talares de Posadas con Osvaldo Sanfelice —a su vez, socio de Máximo en Negocios Inmobiliarios SA, la empresa que se encarga de administrar las propiedades de la familia—, sentía el escarmiento. Entre las propiedades de la ex presidenta estaba el departamento de Uruguay 1306, Recoleta, donde Osvaldo de Souza, hermano de Fabián, mano derecha del zar del juego, tenía un inmueble.

Hotesur es la prueba palpable de los negocios compartidos entre el poder político y sus empresarios amigos. En la declaración jurada de la ex presidenta correspondiente a 2012 aparecía una participación accionaria de nueve millones de pesos en esa firma, con la que había contraído además una deuda de cuatro millones. Hotesur no presentaba balances ante la Inspección General de Justicia (IGJ) ni pagaba las correspondientes tasas anuales. En algún momento la situación iba a explotar. El 10 de noviembre de 2014, la diputada Margarita Stolbizer presentó una denuncia penal ante el juzgado federal Nº 11 de Claudio Bonadío. Norberto Carlos Berner, titular de la IGJ entre mayo de 2012 y marzo de 2013, miembro de La Cámpora, frenó la investigación imposibilitando el accionar de la justicia. Sus sucesores, Rodolfo Tailhade y Martín Cormick, mantuvieron la misma postura.

Hotesur, la empresa que administra los hoteles de la familia Kirchner en Santa Cruz, había sido creada en el año 2003 por Jorge Antonio Giovanakis y José Carlos Amil López —dueño del hotel Colón—, dos históricos empresarios del rubro. Al poco tiempo de su constitución, Hotesur se hizo cargo del hotel Alto Calafate. Con 103 habitaciones, supuestamente el hotel operaba de manera comercial todo el año. En noviembre de 2008, Kirchner compró el 98,05 por ciento de las acciones por 4.950.000 dólares. El 1,95 restante era de su hijo Máximo. Los presidentes designados del directorio eran Osvaldo Sanfelice y su esposa, María Alcira Leiva. Sanfelice es el apoderado de CFK y titular de la inmobiliaria Sanfelice, Sancho y Asociados, de la que también es socio Máximo Kirchner. Romina de los Ángeles Mercado, abogada e hija de Alicia Kirchner, era su vice. En 2015 publiqué en Perfil.com que Patricio Pereyra Arandía, esposo de Natalia Mercado, es sobrino político del juez federal Eduardo Freiler y director titular de IDEA SA. Freiler suele votar a favor de los deseos de la ex presidenta. En noviembre de 2008, dos meses antes de que Kirchner comprara Hotesur, Báez adquiría Valle Mitre SA, operadora turística de Santa Cruz. Ambas empresas firmaron un contrato de locación de servicios por el cual Valle Mitre administraría por un año el hotel Alto Calafate. El contrato se pactó en ochenta mil dólares mensuales. El director de Valle Mitre era Adrián Berni, mientras que Osvaldo Sanfelice hacía lo propio con Hotesur. Al año siguiente, gracias a los convenios suscriptos con las empresas de Báez y con Aerolíneas Argentinas, pasó a facturar más de 21 millones de pesos. En cuatro años, Báez desembolsó a favor de los Kirchner, 22 millones de pesos por el alquiler de Alto Calafate. En 2009, pagó 5.460.000 pesos y en 2010 Valle Mitre desembolsó 5.595.000 pesos. Siguió pagando hasta 2013, cuando la relación se rompió.

En diciembre de 2014, los Kirchner cambiaron el directorio: Romina Mercado pasó a figurar como presidenta, Giselle Fernández —hermana de la ex jefa de Estado—, directora titular, al igual que la mujer de Máximo: María Rocío García. En noviembre de 2014, el juez Bonadío se animó a allanar la oficina de Lavalle 975, piso 4º, departamento A, en Buenos Aires. La noticia fue un cimbronazo político.

Actualmente, el juez Julián Ercolini investiga las causas más graves que pesan sobre la ex presidenta: asociación ilícita, Hotesur y los supuestos sobreprecios en la obra pública por medio de Vialidad Nacional. Aquí aparece la vinculación de Cristina con Báez. Como ya se señaló, el otro juez clave es Sebastián Casanello, que instruye la causa contra el empresario por lavado de dinero. Para la Cámara Federal —integrada por los jueces Irurzun, Cattani y Farah—, el juez Casanello debería haber investiga do los delitos precedentes, pero para la ex tortuga el lava do es un delito autónomo. Los fiscales Pollicita y Mahiques comprobaron que Báez se quedó con el 80 por ciento de la obra pública de Santa Cruz. Durante la “década ganada”, esa provincia recibió la misma cantidad de dinero para obras públicas que ocho provincias juntas: Tierra del Fuego, La Pampa, Tucumán, San Luis, Jujuy, Neuquén, Misiones y Catamarca. Báez tenía la coronita de ser el amigo del campeón: Néstor. Por eso se le prorrogaban los contratos automáticamente y los avances de obra no eran verificados.

Custodios de mitos, relatos y negocios

El rengo era el preferido de Néstor. Lo llevaba a todos lados, era su chofer, porque Néstor nunca aprendió a manejar. Era capaz de todo por él.

Amigo de Lázaro Báez. Octubre de 2016

Es un rengo mafioso. Cuando perdí las elecciones de 2007 me aflojó las ruedas del auto. Mi hijo me decía: “Papá nos van a matar”.

EDUARDO ARNOLD, ex vicegobernador de

Néstor Kirchner. Octubre de 2016

Rudy Fernando Ulloa Igor nació el 1º de abril de 1960 en el pueblo chileno de Puerto Natales, un caserío de pescadores con viviendas de chapa pintadas de colores. Puerto Natales estaba habitado por “chilotes” —el término alude a los habitantes de la isla de Chiloé— acostumbrados a los vientos marinos y al frío. En búsqueda de mejores oportunidades económicas, la familia de Ulloa decidió mudarse a Río Gallegos cuando Rudy era apenas un niño. Allí existía un importante asentamiento de chilenos. Según los últimos censos, el cuarenta por ciento de la población de Río Gallegos es chilena o tiene ascendencia directa de aquel país. Se instalaron en Barrio El Carmen, en una casa de chapa en la periferia de la capital santacruceña, donde se concentraban los inmigrantes. Nunca imaginaron que sus vidas cambiarían cuando se cruzaron con un incipiente abogado, nieto de un usurero.

Por ese entonces, Rudy, de cabello oscuro muy ensortijado, ya sufría de cojera y estaba claro que sería esmirriado. Pasó su infancia entre partidos de chueca, alguna changa como canillita para el diario La Opinión Austral, pues el dinero no alcanzaba en el hogar, y aventuras en toscos trineos que en invierno se deslizaban por las lagunas heladas. En la adolescencia adquirió el hábito de beber ginebra, aunque con el paso del tiempo, cuando su suerte financiera mejoró, descubrió el whisky, sin soda y sin hielo.

A los 17 años, Rudy ya era Rudy: joven inmigrante chileno, sin fortuna personal alguna, de 1,65 metros de estatura, con alguna facilidad para entrar en sobrepeso, sin otros argumentos para triunfar en la vida que inteligencia práctica y audacia sin límites. A fines de los años setenta, Rudy alcanzó su mayoría de edad. En 1978 conoció a un joven abogado tan alto como flaco, harto reservado y que también cargaba con una dificultad en su físico. En su caso, era bizco. El abogado era diez años mayor que él. Le decían Lupín, o Lupo. Su documento señalaba que se trataba de Néstor Carlos Kirchner. Tenía un estudio jurídico con Domingo Ortiz de Zárate. Su padre, Néstor, funcionario de Correos, era respetado por todo el mundo. Había logrado borrar el peso negativo para el apellido Kirchner que suponía la memoria de Carlos, el patriarca, un inmigrante eslavo que instaló un almacén de ramos generales y logró diversificar sus negocios. Algunos dicen que fue el primer usurero de la estirpe, antes que Néstor Carlos, quien instaló su estudio jurídico en la calle 25 de Mayo 264 de la ciudad de Río Gallegos.

Cadete todoterreno

Rudy fue el cadete del estudio y muchas otras cosas más. Rápidamente se ganó la confianza de su jefe. Así nació una sociedad trascendente para la historia política santacruceña. Estaba escrito en cualquier manual de relaciones humanas que Cristina, siempre ampulosa, aspirante a reina de belleza y universitaria, no congeniaría con el joven inmigrante de familia humilde, modales toscos, lenguaje básico y educación elemental. Pero hay que reconocerle mérito a Ulloa para, a fuerza de lealtad, convertirse en irreemplazable para Kirchner y, tras su muerte, en el bastión del heredero Máximo. Para ellos, Rudy es una suerte de “ahijado” del ex presidente, o un hermano menor.

Según Eduardo Arnold y otras dos fuentes que prefirieron el anonimato, habría sido Rudy quien envenenaba el ganado y quemaba las cosechas de deudores de los créditos otorgados por su patrón en la financiera Finansur, para poder quedarse con las propiedades inmuebles, lo que habría acrecentado incalculablemente la fortuna de su jefe. Kirchner decidió retomar sus raíces justicialistas, que todos ubican en la ciudad de La Plata, al amparo de una de las vertientes de la Juventud Universitaria para la Liberación Nacional, o sea, la Juventud Peronista. Lo hizo mediante reuniones con Ramón Salazar, José Ángel de Dios, Daniel Varizat, su hermana Alicia y su fallecido ex marido, Armando Mercado, alias “Bombón”. Se autodenominaron Ateneo Juan Domingo Perón. Ulloa fue el encargado de encontrar el local. El 18 de abril de 1982, inauguraron la unidad básica Los Muchachos Peronistas. Aún funciona. Su presidente, como el de todas las unidades básicas que organiza Rudy, es Carlos Zannini. Carlos Sancho, Pablo Noguera, Héctor Fernando Aburto y Juan Carlos Villafañe, entre otros “notables”, surgieron de Los Muchachos Peronistas. Para entonces, Rudy ya había ascendido en la escala social santacruceña: era más que un mero cadete. En el interior profundo, la única forma de ascenso social es la política partidaria. En 1987, Rudy acompañó a Kirchner en la gira por los barrios de Río Gallegos. El abogado buscaba votos para convertirse en intendente, y Rudy se hizo cargo de algo fundamental para su jefe/amigo: la logística y la seguridad.

Su vida personal no fue afortunada. Se le atribuyen hijos no reconocidos, serios problemas de violencia contra sus ex mujeres —Ulloa estuvo en pareja con cinco, actualmente convive con Jessica Uliarte— y excesos con el alcohol. Su actual mujer es socia de varias de sus empresas, como Cielo SA y Sky Productions.

Néstor ya era una figura pública santacruceña, luego de su tan controvertida como breve intervención en la Caja de Previsión Social, en la que Ulloa debutó como secretario privado. Kirchner, con la ayuda de Rudy, “convenció” a los habitantes de las barriadas El Carmen, Evita, San Martín, El Puerto y Náutico —tradicionales bastiones del radicalismo— de que votaran por el Frente Municipal, alianza del Frente para la Victoria Santacruceño con la Democracia Cristiana y el Partido Intransigente. Ganaron.

El flamante intendente desembarcó en la sede municipal para descubrir que el denominador común era la escasez de recursos financieros. Por lo tanto, había que lograr que quedara superávit en la “caja”. Para equilibrar las cuentas debía demostrar coraje, decisión y fortaleza. Se trataba de reducir los salarios y postergar los pagos. Los sindicatos de empleados municipales se declararon en alerta y movilización, plantearon el conflicto y las huelgas comenzaron a reproducirse. Pero Kirchner estaba dispuesto a demostrarles con quién se estaban metiendo. Mientras los trabaja dores realizaban una manifestación en el corralón municipal, desembarcó una “barra” comandada por Ulloa. A fuerza de puñetazos, garrotazos y empujones, lograron que los manifestantes “reflexionaran” acerca de la necesidad de desalojar el lugar. Fue la carta de presentación del “cadete” en su cargo de secretario privado del intendente. Su nueva actividad alcanzó cierta periodicidad y virulencia. Cristina aconsejaba que le cambiaran el rol en la estructura. Nunca lo quiso. Máximo, en cambio, comenzaba a admirarlo.

Así fue como Rudy fue reprivatizado. Los Kirchner iban por la gobernación provincial, creían posible profundizar la debacle del gobernador Ricardo Jaime Del Val, y así impedir el regreso de Arturo Puricelli, quien dirigía el PJ santacruceño. Para sumar voluntades, Rudy no era el hombre indicado. Lanzada la candidatura de Kirchner para gobernador, el 12 de abril de 1991 se realizó un acto en el cine Carreras. Rudy, como conductor de los “punteros” del Frente para la Victoria Santacruceña, movilizó a más de mil personas, toda una proeza para una fría noche patagónica. Dirigió los cánticos contra Puricelli, líder opositor dentro del PJ; aunque en el fondo era un aliado, pues ya existía la Ley de Lemas. Kirchner buscaba un sucesor en la intendencia. Su candidato era uno de sus subalternos, el arquitecto Julio De Vido. Kirchner asumió en la gobernación pero Rudy no estuvo en la primera línea. Fue designado en la Secretaría Técnica, a las órdenes de Jorge Chávez. La relación entre Kirchner y Ulloa seguiría creciendo. En Barrio El Carmen, Rudy armó una cooperadora y empezó a distribuir planes asistenciales de la provincia de Santa Cruz que le enviaba Alicia Kirchner. En las elecciones de 1995, Néstor fue reelegido gobernador pero el FPV volvió a perder en Río Gallegos, que continuó en manos de la UCR. El gobernador y su amigo decidieron aumentar la presión. El 1° de agosto de 1997, en presencia de Kirchner, se inauguró la FM comunitaria Estación del Carmen. En 1998, continuó su carrera mediática lanzando El Comunitario, un semanario de escasa calidad pero que, al igual que la radio, recibía importantes pautas de publicidad oficial. Mientras tanto, Rudy se convirtió en el protector de Máximo, pues sus padres vivían para la política. Pero Ulloa no fue el mejor modelo.

En las elecciones de 1999, Kirchner cumplió su objetivo: el PJ recuperó el control de Río Gallegos. Lo hizo a través de Héctor Aburto, un personaje surgido de la unidad básica Los Muchachos Peronistas, en Barrio El Carmen, incondicional a Rudy. Ulloa no ocupó cargos públicos, pero influyó hasta en el manejo del presupuesto del municipio, donde se recuerda la gestión de Aburto como una de las más corruptas. Ese año se conoció que Ulloa tenía un depósito en el Banco de Santa Cruz por más de 1.300.000 dólares. Pero quería más. Era el turno de un canal de televisión para diseñar su grupo multimedio. Llegó durante el tercer período de su amigo como gobernador. Kirchner le otorgó el control de Canal 5 Comunitario, disponible en televisión abierta. Recientemente, luego de varios vaivenes económico-financieros que involucraron a Claudio Minnicelli, el cuñado de De Vido, y a José Luis Manzano y Daniel Vila, por Supercanal, el Canal 2 de Río Gallegos, o Canal 2 Producciones Sociedad Anónima, pasó a manos de Ulloa.

Con Kirchner presidente, Rudy lo frecuentaba los fines de semana en la Casa Rosada, donde disponía de una tarjeta magnética para entrar sin que nadie lo controlase. Pero a Ulloa no le gustaba la gran ciudad, no quería caer en las tentaciones de su conocido, el prófugo Claudio Minnicelli, alias “Mono”, ex pareja de la chica Playboy Celina Rucci. Siempre en las sombras, Rudy mantuvo su influencia después de la muerte de su amigo. Se mantuvo fiel al heredero. Su próxima aventura es conseguir que Cristina arrase en las elecciones legislativas de 2017 en Santa Cruz para alcanzar los deseados fueros que le permitan demorar las investigaciones judiciales en su contra.

Muere Néstor. Nace el cristinismo

El 20 de octubre de 2010 cambió la historia del kirchnerismo y del país. La muerte de Néstor provocó el cambio de paradigma y la conformación de un nuevo orden político dentro del gabinete de Cristina Kirchner. Su hijo adoptó un rol fundamental en el armado societario de la familia gobernante rompiendo con las viejas alianzas con empresarios amigos: Lázaro Báez, Cristóbal López y la familia Eskenazi. Los propios Kirchner creían que los mencionados eran meros testaferros y que debían rendir las cuentas correspondientes.

El núcleo de confianza de Néstor Kirchner fue desplazado. La agrupación juvenil La Cámpora se erigió como columna vertebral del período 2011-2015 y la posterior “resistencia” al macrismo en el poder. El rol de Rudy Ulloa como enlace de los intereses de la Familia fue trascendental, como el de su socio Marcelo Mallo, a través del ex jefe de gabinete Aníbal Fernández. Pero para someter a los díscolos ex socios, era necesario desembarcar en la justicia. El elegido fue el camporista Julián Álvarez, quien debía controlar el Consejo de la Magistratura y disciplinar a los jueces federales mientras se nombraban nuevos y fieles magistrados. Cristina tomó el Ministerio Público Fiscal al nombrar a Alejandra Gils Carbó como procuradora general de la Nación, luego del operativo “distracción” de Daniel Reposo. El ex titular de la SIGEN fue noticia por adulterar su currículum vitae. Los tibios opositores, con excepción de Elisa Carrió, votaron a favor de Gils Carbó interpretando que el desplazamiento de la candidatura de Reposo había sido una victoria.

Pero el cristinismo no solo fue por la justicia sino también por los servicios de inteligencia. El general de Cristina, César Milani, obtuvo el presupuesto más grande de la historia de la inteligencia del Ejército para espiar a las fuerzas de seguridad por temor a un posible levantamiento. Los ideólogos de “la grieta” social aseguraban que los nuevos golpistas eran policías y gendarmes que pedían mejores condiciones laborales. Citaban el ejemplo de lo sucedido en octubre de 2010 en el Ecuador gobernado por Rafael Correa, cuando la policía protagonizó un intento de golpe de Estado. De la policía se pasó a la inteligencia ilegal contra los empresarios y el periodismo crítico. Una de sus víctimas fue el extorsionado Sebastián Eskenazi que, según Fariña, le manifestó en Punta del Este cómo Cristina Kirchner le había exigido que le devolviese las acciones de YPF. Ante la negativa, la ex presidenta envió el proyecto de expropiación al Congreso y decretó la inmediata intervención de la compañía. El cada vez más influyente Axel Kicillof apareció en escena.

Una situación similar sufrió Gerardo Werthein con relación a las acciones de Telecom. La ex presidenta le reclamaba el pago de ochenta millones de dólares por ese negocio. Leonardo Fariña intervino en la operación de compra de Telecom a través de la empresa Genevieve Financial Corporation Argentina, pues Lázaro Báez también estaba interesado. “Llegaron tarde, boludo”, asegura Fariña que le dijo Kirchner a Báez. El CEO de Telecom sufrió inexplicables situaciones de inseguridad que, en su entorno, vincularon con los desencuentros con el poder político posterior a la muerte del contenedor Kirchner. Otros empresarios que sufrieron “extraños” hechos de inseguridad fueron Daniel Hadad y Cristóbal López. Casualmente, el primero se vio obligado a venderle el canal de noticias C5N al zar del juego, a pesar de que la ley prohíbe que un contratista del Estado sea dueño de un canal de televisión. En abril de 2010, la esposa del empresario periodístico, Viviana Zocco, festejaba su cumpleaños 48 en Lizzie’s, restaurante ubicado en la localidad de Pilar, cuando tres disparos efectuados desde la autopista Panamericana impactaron en los ventanales del establecimiento. Luego se caería un helicóptero del canal de noticias de Daniel Hadad en Villa Martelli y un incendio destruiría la torre de 210 metros de altura en la que se ubicaban las antenas de sus radios Pop y Mega.

A su vez, Cristóbal López fue amenazado con un proyecto de ley frustrado de La Cámpora para estatizar el juego. Solo quedó en una amenaza. Mientras tanto, en junio de 2012, su planta de aceite de oliva en Valle de Pomán, Catamarca, sufrió un misterioso incendio. Al quedarse con C5N, varias gerencias clave del canal fueron ocupadas por gente de extrema confianza de Máximo Kirchner.

Lazos comerciales

Todas estas acusaciones de lavado de dinero llegan cuando él no está acá para defenderse.

RUDY ULLOA IGOR, acerca de Néstor Kirchner.

El País de España, enero de 2011

Además de una serie de sociedades dedicadas nominalmente al transporte, los negocios inmobiliarios, turísticos y hoteleros en Santa Cruz, el círculo de confianza de los custodios del relato, representados por Rudy Ulloa, tenía su pata más importante en la AFIP. Fue el propio Ricardo Daniel Echegaray el que constituyó, en 1999, la sociedad Echegaray SRL, cuyo objeto era la prestación y explotación del servicio de radiodifusión. La firma se asoció con Rudy Ulloa para utilizar la señal 104.9 FM del Carmen, fundada el 1º de agosto de 1997 como emisora comunitaria dependiente del Ministerio de Asuntos Sociales, a cargo de Alicia, la hermana del gobernador. Así comenzó la compra de medios de Ulloa. Allí también empezaron los nexos con la gente de confianza de Echegaray en la Aduana y en la AFIP. Tiempo después, Ulloa le cedió su parte a Miguel López. El 3 de noviembre de 2000, Echegaray hizo lo propio cediendo sus cuotas accionarias a Héctor Luján León, el sobrino de Rudy. Por eso, en el sur aseguran que Ulloa es el verdadero padrino político de Ricardo Echegaray.

Un alto funcionario dependiente de Echegaray aparecía en una empresa constructora y una agropecuaria fantasma, ambas tenían el mismo domicilio y tan solo seis días de diferencia en su constitución. Se trata del quilmeño Julio César Nieto, ex jefe del Departamento de Servicios al Ciudadano de la AFIP. Según Diario Hoy, de La Plata, Nieto integró las firmas Gut Morgen SA y Verbundene Familie SA, creadas en marzo de 2012, también con seis días de diferencia y el mismo domicilio: Lafuente 873, departamento 3, Bajo Flores. Nieto habría sido uno de los principales cajeros en la AFIP. Oriundo de Quilmes, el padrino político de Nieto es el ex candidato a gobernador de Buenos Aires, Aníbal Fernández. Según periodistas del diario mencionado, fue el bigotudo ex jefe de gabinete quien habría recomendado a Echegaray repatriar a Nieto “desde las Islas Canarias, donde se había refugiado luego de un fallido paso por el municipio Quilmes durante la gestión como intendente de Sergio Villordo, el ex chofer de Aníbal que se hizo tristemente célebre por la denominada ‘causa freezer’. Villordo estuvo salpicado en un escándalo, que en su momento tuvo impacto nacional, a partir de la muerte de un dirigente político local cuyo cadáver apareció en un congelador”. Nieto fue candidato a concejal en Quilmes en 2011 y estuvo al frente del Grupo Realizar, encargado de recaudar fondos para las campañas políticas del kirchnerismo.

Otro peso pesado dentro de la estructura bonaerense de la AFIP fue Jorge Gustavo Arce, ex jefe interino de la División de Fiscalización Nº 1 de La Plata. En Quilmes, Arce tuvo una empresa constructora que, según fuentes consultadas, no tuvo desarrollo conocido. También fue candidato por la lista que encabezó Nieto. Lo curioso es que Arce ya era funcionario de la AFIP cuando creó la constructora Conarsa del Sur con un capital de doce mil pesos. Lo hizo en 2012 con José Mario Sacchi, a quien en Quilmes se lo relaciona con los corralones de materiales de la construcción y con el polémico Marcelo Mallo. Arce y el ex titular de Hinchadas Unidas Argentinas, detenido por sus vínculos con una banda de estafadores que falsificaban certificados de la AFIP, serían como hermanos de la vida. Otro dato curioso: en el acta de conformación de Conarsa, Arce se olvidó de declarar que era funcionario de la AFIP. Solo informó su rol de “comerciante”. El domicilio fiscal informado es el piso 10 del edificio ubicado en Sarmiento 580, en Quilmes. Supuestamente, era Laura Lorena Muzzioli quien vivía allí. No se sabe cuál era la relación de la mujer con Arce. Es socia de la empresa Ciadea SA, ubicada en Juan Cruz Varela 603, también en Quilmes. Casualmente, el otro domicilio declarado por Arce. ¿Tenía relación Mallo con Conarsa del Sur?

En la única entrevista que concedió Rudy Ulloa, aseguró que no le perdonaban el éxito. Lo hizo en 2011 al diario español El País: “No me perdonan que empecé limpiando zapatos y repartiendo periódicos y ahora tengo unos doscientos empleados y una linda casa”. Habló a pocas semanas de la muerte de su amigo Néstor, a quien aseguró extrañar “cada día más”.

Heredero

El jefe de Ulloa era el heredero. Nacido el 16 de febrero de 1977, Máximo Carlos Kirchner, fanático de Racing, nunca pudo cumplir su sueño de ser periodista deportivo. Estudiante frustrado de abogacía, no tuvo trabajos registrados hasta que comenzó su actividad comercial en 2005 con Negocios Inmobiliarios junto a Osvaldo Sanfelice, Carlos Sancho y María José Fernández Clark. En ese entonces, su padre era el presidente de la Nación. En el papeleo para registrar su primera cuenta bancaria informó el piso 3 de la avenida Belgrano 265, en Capital Federal, como su dirección. En esa misma oficina figuraba el primer accionista de Hotesur, Jorge Giovanakis. Su candidatura fue la expresión de la búsqueda desesperada de fueros. El heredero pasó de tener cuarenta y seis mil pesos en 2007 a casi un millón en 2010, lo que representa un aumento patrimonial de 1.916 por ciento. Tras la muerte de su padre, pasó a ser cotitular de veintiocho inmuebles y se sumó a las sociedades de Los Sauces, Hotesur y Coma. Al año siguiente, su patrimonio ascendía a 18.780.698 pesos. En 2015 siguió acumulando dinero: casi treinta y seis millones de pesos, lo que significaba un nuevo aumento, esta vez de 44,61 por ciento. A fines de 2016, ante el feroz golpe que significó para la ex presidenta la denuncia de Elisa Carrió a su madre Ofelia Wilhelm por fraude en su cooperativa El Aldabón con el manejo de fondos públicos del Correo Argentino, Cristina temía por Máximo: “Van por vos”. Sospechaba que la venganza —según su forma de ver la vida— llegaría de la persona menos esperada: Lázaro Báez.

El club de la obra pública.
Ayer, hoy y siempre

Macri. Del otro lado del mostrador

Mauricio llegó a presidente para quedar en la historia. No tiene problema en entregar a quien sea, incluso a su propio padre o a su primo Calcaterra, que tuvieron relaciones con Cristina. No tiene problemas en que la justicia investigue a un familiar suyo.

ELISA CARRIÓ. Mayo de 2016

Kirchner no inventó nada. Acaso, ¿qué pasó con las cloacas de Rousselot y Mauricio Macri? ¿O ustedes no escribieron sobre los negociados de la basura de su padre?

ALBERTO FERNÁNDEZ. Octubre de 2016

El escribano y su esposa volvían de su casa de fin de semana de González Catán. La noche cubría todo. Elvio Nerea Cigarroa conocía los acuerdos firmados entre el intendente de Morón, Juan Carlos Rousselot, y el joven empresario. A Cigarroa el Concejo Deliberante lo llamaba “testigo clave”. Sabía mucho del tema de las cloacas y podía demostrar el “ilícito”. Pero esa trágica noche, dos individuos interceptaron su vehículo y, sin mediar palabra, lo acribillaron. No se llevaron el auto. A su esposa no le hicieron nada. Ni la miraron. Solo les importó matar a una de las personas que más detalles conocía sobre uno de los contratos de obra pública más escandalosos de la historia argentina. Poco se sabe de los autores materiales e intelectuales del crimen. Sus familiares fueron contactados para este libro y precisaron que Cigarroa y su mujer no tenían hijos ni contacto con sus hermanos. “La mujer que estaba con él zafó, pero jamás habló y a los pocos años murió. Nunca nadie encabezó una investigación seria. Como no te nía familia, la justicia, que actuó de oficio, no esclareció nada”, recordó uno de sus sobrinos.

Corrían los primeros meses de 1989. El gobierno de Raúl Alfonsín comenzaba a ahogarse en la hiperinflación. Se aceleraba la llegada del primer y único riojano de la historia argentina en sentarse en el sillón de Rivadavia. Pero a comienzos de ese año, el acuerdo firmado por el entonces intendente del municipio bonaerense de Morón, Rousselot, con un joven de 29 años llamado Mauricio Macri era el preludio de la década de los noventa. El escribano era un estorbo para el poder político de Morón.

Rousselot era un afamado locutor, conductor y relator deportivo. Su recordada voz brillaba en los tiempos en que el noticiero del viejo Canal 11 encabezaba la transmisión de la llegada del hombre a la Luna, el 20 de julio de 1969. Rousselot relató, en vivo, ese momento histórico. Cinco años después, con el retorno de Juan Domingo Perón al país y al poder, lo nombraron director general de Canal 7. Tenía un respaldo importante: José López Rega, el Brujo. Al poco tiempo fue designado secretario de Prensa del Ministerio de Bienestar Social. En noviembre de 1974, reemplazó al periodista Jorge Conti como coordinador general de prensa y difusión de esa cartera. Se había convertido en el vocero de López Rega, el primer Lopecito, bautizado por él como “el hijo pródigo de Perón”. Cuando López Rega cayó en desgracia, Rousselot fue detenido.

Nacido en Árbol Solo, en el departamento chaqueño de Tapenagá, el locutor se refugió en su provincia natal durante la dictadura militar. Allí había comprado Diario de Chaco con un crédito del Ministerio de Bienestar Social. En 1977, el periódico fue intervenido por las autoridades militares, que además le prohibieron a Rousselot ejercer el periodismo en su provincia y los alrededores, hasta 500 km de distancia. El castigo no era por su identidad peronista sino porque era hombre de la Armada en un territorio donde el Ejército pisaba fuerte. La dictadura lo encarceló durante un mes. Tras su liberación se refugió, primero en Rosario y luego en Mar del Plata, donde trabajó como portero del edificio de Corrientes 1620, hasta que Carlos Cañón, apoderado del Partido para la Democracia Social de Emilio Eduardo Massera, le dio trabajo en el diario El Atlántico.

Mar del Plata le sirvió a Rousselot para tender un puente con otro exiliado interno que se había acogido al régimen de “domicilio forzado”. Se trataba de un grupo de dirigentes obligados por la dictadura militar a vivir fuera de sus provincias, para que no ejercieran la actividad política. Cuando el 29 de julio de 1978, el dictador Jorge Rafael Videla liberó a Carlos Saúl Menem por decreto, el riojano se refugió en La Feliz. Allí, Rousselot se reencontró con Menem, a quien en 1975 había ayudado a coordinar una reunión con el dictador paraguayo Alfredo Stroessner. Ambos se vieron más de una vez en el Viejo Pop, donde también se cruzarían con reconocidas figuras artísticas y deportivas como la vedete Susana Giménez, el boxeador Carlos Monzón y el comediante Alberto Olmedo. De ese entorno surgió la relación con Mario Caserta, un personaje central en los años que vendrían. Caserta sería director del Consejo Federal de Agua Potable durante el primer gobierno de Menem y protagonista del Yomagate, escándalo de lavado de dinero del narcotráfico por el que sería condenado a cinco años de cárcel —que jamás cumplió—. Ahí conoció a los hermanos de Alberto Samid. Caserta y el empresario frigorífico —conocido como “el rey de la carne”— acompañarían a Rousselot en uno de los días más importantes de su carrera política: cuan do asumió la intendencia de Morón en 1987. El distrito incluía los actuales municipios de Hurlingham e Ituzaingó, además del partido actual de Morón. Después de La Matanza, constituía el segundo distrito electoral más fuerte.

Aunque su discurso era ortodoxo, Rousselot estuvo a la vanguardia: fue el primer mediático devenido en político. La más importante de sus faraónicas propuestas de campaña, de las que hacía gala subido a un banquito en las plazas del distrito, fue sintetizada con el eslogan: “Agua + Cloacas = Salud”.

Macri, por su parte, empezaba a abrirse camino en el mundo empresarial. La carta de presentación que significaba su apellido le daba una enorme chapa. Sin embargo, la relación con su padre era oscilante. Mauricio buscaba forjar un estilo propio. Recibido de ingeniero civil en la Universidad Católica Argentina, tras un breve paso por el Citibank desembarcó en las empresas del grupo. Su padre lo había rodeado de hombres de confianza para que lo formasen en el mundo empresarial: Gregorio Chodos, Jorge Haiek, Ricardo Zinn y Carlos Grosso, entre los más notables. El grupo Socma fue una cantera de políticos y dirigentes argentinos integrantes, todos ellos, del Partido Justicialista: el citado Grosso —la gran apuesta del grupo empresario—, José Manuel de la Sota y José Octavio Bordón. En sus tiempos como intendente de la Ciudad de Buenos Aires, Grosso devolvería gentilezas: la recolección de residuos la ganaría sistemáticamente Manliba, de Franco Macri, quien se quedaría también con la informatización del sistema de Rentas. Jorge Haiek era el nexo entre la empresa y los diferentes candidatos justicialistas. Chodos, al igual que Grosso, fue secuestrado durante la última dictadura militar. Franco Macri movió sus contactos y les salvó la vida. Para su hijo Mauricio, Gregorio Chodos era especial, como un segundo padre. “Creo que la mejor definición de mí mismo me la dio él, que me dijo: ‘Mauricio, en la vida están los que eligen tener y los que eligen ser. Vos elegiste ser’”.

El 30 de diciembre de 1988, en el Salón Mariano Moreno ubicado en el primer piso de la municipalidad de Morón, el joven Macri firmó como vicepresidente de Sideco Americana SA un contrato para empezar a poner fin a una de las grandes deudas de la zona: el sistema cloacal. Trescientos cincuenta mil vecinos de Hurlingham, Villa Tesei, El Palomar y parte de Haedo Norte serían los beneficiarios. Mientras el gobierno de Alfonsín se caía a pedazos, se acordó el monumental Plan Cloacal Morón. Existen diversas conjeturas para explicar por qué uno de los tres empresarios más grandes del país confió ciegamente en el carismático intendente. No hay documentos ni testimonios que vinculen a los Macri y a Rousselot antes de este fangoso capítulo de la historia de la obra pública. Sin embargo, en la década de 1970, ambas familias tenían los mismos vasos comunicantes y conocidos en común. Frecuentaban idénticos círculos sociales, ligados con los militares, el peronismo de derecha y, fundamentalmente, con José López Rega, Emilio Massera incluso, y fundamentalmente, la logia P2.

La Logia

Apenas entendían algunas palabras en castellano. Junto con su hermano Antonio, habían gastado las últimas doscientas liras en una muñeca de juguete para que María Pía, su hermana más chiquita, dejara de llorar. Su padre, Giorgio Macri, los esperaba en el puerto de Buenos Aires. Poco tiempo antes había conseguido la tenencia de los tres hermanos. Era el 7 de enero de 1949 y Francisco Diego Macri, más conocido como Franco, llegaba a la Argentina. Tenía 18 años y había nacido en Roma, Lacio, Italia, el 15 de abril de 1930. Se nacionalizó argentino a los 43 años.

Giorgio, de origen calabrés, fue el primero de la familia en emigrar, luego de divorciarse de la madre de sus hijos, Lea Lidia Garlani. Posiblemente, el motivo de la separación fue la expansión de su empresa por África. Según la versión oficial, allí es donde quiso llevar su compañía constructora. Giorgio había logrado millonarios contratos en Túnez, Libia y la actual Etiopía. El abuelo de Macri escogió la riqueza y la ambición personal por encima de la familia. Franco lo definió, alguna vez, como “un socialista europeo moderno que creía que el progreso debía basarse en una mejor distribución de las ganancias y en la incorporación de la tecnología”. Para sus detractores, la frase no guarda relación con la realidad. Lo indiscutible es que Giorgio estaba politizado y mantenía una relación con la sociedad, más allá de su empresa. En 1947, escapando de la desolada Roma de posguerra, arribó a la Argentina y empezó a trabajar en la Sociedad Anónima de Dragados y Obras Portuarias (Sadop), de la que llegó a ser accionista.

En 1951, Franco Macri formó su primera empresa, Urbana SA, pero la firma no prosperó y al poco tiempo se retiró pensando en su siguiente paso. Su oportunidad llegó cuando la Empresa Argentina de Cemento Armado (Eaca) lo aceptó como subcontratista. En 1955 se asoció con Juan Carlos Vivo, un ingeniero civil con el que había compartido viajes a Italia acompañando a su padre. Anteriormente, el ingeniero Vivo había formado Vimac SA, junto a Giorgio Macri. Tuvieron varios vaivenes hasta su consolidación. En el ínterin, comenzaron a obtener trabajos vinculados con la obra pública, como las pistas del aeropuerto de Tandil, construido por la empresa Marengo; la estación de subte de la línea E ubicada en la esquina de San Juan y Boedo, para la firma Panedile; y varios caminos bonaerenses con la Compañía General de Obras Públicas. Hugo Dragonetti, presidente de Panedile, otra empresa de obra pública de origen italiano, valora la figura de Franco Macri: “Lo conozco, claro que sí. Es un hacedor como lo era Carlos Bulgheroni [presidente de Bridas]. Un creador. Es la persona que trajo la telefonía móvil al país, el que inventó el Pago Fácil, no se lo puede discutir. Esos empresarios hoy no tienen herederos”.

La obra pública en la Argentina está muy influenciada por la colectividad italiana que llegó al país en las primeras décadas del siglo pasado. Como los Macri, el abuelo de Dragonetti era un humilde peluquero que emigró de Bari, el sur italiano, pobre y olvidado, buscando su destino en nuestras tierras. El capocantiere —capataz— influyó durante años en la Argentina. Por esa razón, un avezado empresario asegura: “La base del éxito de la obra pública es el capataz. Su responsable. La obra la hacen ellos”. Por estos antecedentes, en cierta forma, la visión que Lázaro Báez me describió sobre los orígenes de los grandes empresarios del país es creíble: “¿Y cómo se cree que empezó Cristóbal [López]? ¿Usted sabe cómo empezó? ¡Con cuatro camioncitos de mierda! Como empezó Carlos Wagner [de Esuco], y como empecé yo. Así fue todo el mundo”. Pero a diferencia de Báez y su nave insignia —Austral Construcciones—, Socma, Panedile, Techint, Bringas, construyeron un imperio que trasciende a sus creadores y a los circunstanciales amigos del poder político.

Nace el hijo de Franco: Sideco

Los primeros contratos que firmó Franco Macri se relacionaron con la fábrica de cemento Loma Negra, en Barker, cerca de Tandil. También con las obras del gasoducto Comodoro Rivadavia-Buenos Aires. Pero el padre del actual presidente sintió que empezaba a jugar en las grandes ligas cuando acompañó el tendido del gasoducto de la compañía italiana Agip. Su firma se encargó de los edificios para la obra, las bombas de presión y las llaves maestras del gasoducto. Fue justamente en la ciudad de Tandil donde conoció a su primera esposa, Alicia Beatriz Blanco Villegas, que venía de una familia de terratenientes. Con ella tuvo a cuatro de sus cinco hijos: Mauricio, Sandra, Gianfranco y Mariano.

En su ambicioso camino, Franco sabía que en algún momento tenía que dejar de ser subcontratista y convertiste en el actor principal de la película. Para eso, se asoció con la empresa De Ambrosi, que ofició de financista y ofreció su experiencia. En 1959 formó Demaco SA, una empresa que mantuvo durante muchos años. El nombre es un acrónimo de De Ambrosi, Macri y Compañía. “Con aquella sociedad comenzó a aplicarse mi concepto, el de asociarme con el capital y la tecnología, pero sin yo perder el control del negocio”, recordó en una entrevista con la revista Noticias. La empresa se especializó en la construcción de silos subterráneos y elevados, con una tecnología sueca de avanzada. También hizo elevadores de granos para el Ministerio de Obras Públicas en Buenos Aires y en La Pampa, canales de riego en Viedma e instalaciones petroleras en Mendoza.

Faltaba más. “Siempre me propuse objetivos y los fui cumpliendo. Primero me planteé ser contratista hasta tener un equipo de gente capaz. Y después, crecer hasta ser una empresa constructora que pudiera calificar en las licitaciones, que es muy difícil. En Mar del Plata gané una obra para hacer el muelle y sus silos. Eso lo hice con Demaco. Aquella obra podría haber sido mi tumba, pero fue lo que preví: mi ingreso al mercado de las licitaciones.” En realidad, se trataba de un contrato por catorce millones de dólares que había ganado su principal competidora, Tomagra y Sastre, pero que finalmente se lo cedió a Demaco porque había subestimado el costo de la obra y los números no le cerraban. “Conseguí terminar la obra —recuerda Franco Macri—, sacarla a flote, no perdí plata pero probé a mis hombres, mi estructura, mi capacidad, y por fin pude seguir la trayectoria normal para una empresa de licitar, ganar obras y hacerlas. En una de las crisis, cuando mi socio —De Ambrosi— decidió retirarse, convencí a la Fiat, que entonces tenía una empresa constructora importante —Impresit—, para que me apoyara. Entonces formamos Silos, Demaco y Cía., es decir Sideco. La sociedad se hizo con el cincuenta y uno por ciento para Fiat y cuarenta y nueve por ciento para mí.”

Corría el año 1969. Franco Macri se asoció con Fiat para fundar Impresit Sideco, que en 1982 cambió su nombre a Sideco Americana. La historia demuestra que el monstruo empresarial de los Macri no nació durante la última dictadura militar, aunque sí su empresa insignia: Socma. También es cierto que, durante esos años, su poder se multiplicaría por siete. Franco Macri supo acariciar la relación con el peronismo, cuyo retorno a la Casa Rosada en los años setenta lo encontró metiéndose de lleno en la senda de la obra pública. En esos años, entre 1973 y 1976, sumó las constructoras Supercemento y Dycasa, que le compró al grupo Vianini. El líder del clan familiar pasaba horas hablando de esoterismo con José López Rega, también miembro de la logia P2, en su afán de colocarse cualquier camiseta política que le allanase el camino a sus empresas.

El periodista Damián Nabot, que investigó las relaciones de la P2 con la Argentina, entrevistó al jefe de la logia, Licio Gelli, quien confirmó que durante varios años mantuvo una relación fluida y cordial con Franco Macri. Lo definió como “un hombre decente, muy inteligente y muy capaz”. En síntesis, “un buen hombre”. Aunque Franco y Mauricio Macri lo nieguen, no es una locura pensar que el vínculo que tenían con varios miembros de la P2 los haya acercado a Gelli. Franco admitió la relación con la logia: “Hice negocios con gobiernos militares, democráticos, con José López Rega, con la P2, con la Cosa Nostra, con Carlos Menem, con Osvaldo Cacciatore [intendente de la Ciudad de Buenos Aires durante la última dictadura militar], con Carlos Grosso, con los de izquierda y con los de derecha”. Luego los haría con los Kirchner.

La idea de que los empresarios tienen que ser oficialistas no es exclusiva de Franco. En el micromundo de las obras y servicios públicos todos lo creen. Macri la aplicó al pie de la letra. Un empresario de renombre —que prefiere resguardar su identidad— lo explica claramente: “Hacer lobby es lícito y normal. Lo ilícito es si ofrecés guita”.

Quizá la mejor lección de Macri la obtuvo de sus socios italianos, los Agnelli, dueños de la Fiat, que tenían una estrecha relación con Gelli y la P2. Nieto de Giovanni Agnelli, fundador de la automotriz, Gianni fue quien convirtió la empresa en un verdadero emblema del capitalismo italiano. Para Franco, fue el mejor ejemplo de que en los negocios no existen colores políticos. Conocido como il Avvocato —el Abogado—, Gianni supo combinar su amistad con los Kennedy y banqueros neoyorquinos con los convenios que firmó con la Unión Soviética. A fines de los años sesenta creó VAZ —más conocida por su marca Lada—, y potenció Seat, que se había establecido en 1950 en la España del general Francisco Franco.

Socma nació en enero de 1976, dos meses antes del desembarco violento de Jorge Rafael Videla en la Casa Rosada. Fue el primer holding del país. El nombre lo había sugerido Jorge Fortunato Haiek, a quien Franco conoció porque sus esposas eran amigas y con quien se reencontró durante un fallido proyecto de López Rega para construir miles de viviendas en Benavídez. Haiek era un ingeniero industrial que había tenido algunos cargos políticos, entre ellos, la titularidad de la Secretaría de Energía durante el gobierno de facto de Roberto Marcelo Levingston. Era peronista, como otros miembros del grupo luego satirizado como “Los montoneros de Manliba”. Fue el cerebro de la creación del holding, del que se convirtió en vicepresidente, y autor del acrónimo Socma, que simplifica la expresión Sociedades Macri. El grupo, en total, facturaba unos cien millones de dólares cada doce meses. Al año siguiente, Franco Macri parió Iecsa por la necesidad de poner un pie en la electromecánica, donde estaba el negocio que le había permitido a Sade, de los Pérez Companc, ser la empresa de mayor facturación.

Fue Haiek el que acercó a Franco a un sector del peronismo. En 1962, el socio de Macri había fundado su propia consultora junto a Federico Frischknecht, que fue vocero de Juan Carlos Onganía, y Ricardo Zinn, el verdadero padre del feroz ajuste que pasó a la historia como Rodrigazo. Ambos se sumaron al holding. También lo hicieron tres jóvenes con los que había creado la Fundación País para la formación de cuadros políticos: Carlos Grosso, José Octavio Bordón y José Manuel de la Sota. En 1979, el holding pegó otro salto cuando se asoció con la empresa más grande del mundo en recolección de basura, Waste Management International Limited, con la que formó Mantenga Limpia Buenos Aires (Manliba), una sociedad anónima que finalmente ganó la licitación convocada por la Coordinación Ecológica del Área Metropolitana Sociedad del Estado (CEAMSE). También con el CEAMSE, Socma consiguió, durante la dictadura, la construcción de los veintitrés kilómetros del Camino del Buen Ayre, que unió los accesos Norte y Oeste de la ciudad. La obra, que costó 131 millones de dólares, comenzó en 1982 y terminó en 1989. El contrato de la basura era por cinco años, prorrogable automáticamente por otro lustro.

Uno de los que participó de esas gestiones fue el chaqueño Carlos Grosso, militante peronista nacido en 1943 que había fundado, junto con Rodolfo Galimberti, la Juventud Argentina para la Emancipación Nacional y luego había sido asesor del Ministerio de Trabajo. Entre 1973 y 1975 estuvo a cargo de la Dirección Nacional de Educación para Adultos (DINEA) de la que participaron cientos de militantes de la Juventud Peronista alfabetizando a niños y jóvenes por todo el país. “Grosso, Carlos Alfredo. Ex jesuita. Marxista. Impuso en dicha dirección una orientación basada en las teorías educativas de Paulo Freire, marxista brasileño que actuó como asesor del ex presidente chileno Salvador Allende”, alertaba un legajo con su nombre que habían diseñado los servicios de inteligencia en el área de Recursos Humanos del Ministerio de Cultura y Educación. ¿Su mayor pecado?: “Educar analfabetos e infiltrar ideas marxistas”, consignaban en aquel entonces. Nada de eso horrorizó a Franco Macri. “Cuando yo seleccionaba gente, los antecedentes políticos no me interesaban”, dijo en una entrevista en 2004 publicada en la revista Debate. No son pocos los que creen que incorporar peronistas fue parte de una estrategia basada en una hipótesis: la dictadura iba a caer y el PJ, en algún momento, volvería al gobierno. Grosso era gerente de Promoción y Desarrollo la noche que lo secuestró un grupo de tareas. A horas de la final del Mundial 78, que se jugó el 25 de junio, Grosso fue privado de su libertad. Permaneció detenido durante diez noches. Franco recuerda que “afortunadamente logré convencer al entonces ministro del Interior, general Albano Harguindeguy, quien bajo mi responsabilidad lo hizo liberar. Grosso ya había sido torturado y condenado a muerte. Yo firmé un papel haciéndome responsable por él. Una vez libre, tardó muchos meses en recuperarse y reincorporarse al trabajo”.

No fue a la única persona que salvó Franco Macri de formar parte de la lista de desaparecidos durante los años más oscuros de la historia argentina. Gregorio Chodos, por entonces gerente de Socma, volvía una noche a su casa de la calle avenida Luis María Campos, cuando lo secuestró un comando militar. Lo metieron en el baúl de un auto. Su esposa vio la escena y llamó a Franco que, a su vez, se comunicó con el general Roberto Viola. Poco después, el auto regresó por donde se había ido y dejó al empresario en su casa. El llamado había dado resultado.

Apenas un año después, Manliba lograba el suculento contrato en Capital Federal. Durante esas negociaciones, el joven Mauricio Macri conoció al brigadier Osvaldo Cacciatore, intendente porteño de facto, quien lo fascinó desde el minuto cero. Se convertiría en su referente político. Años más tarde, a fines de los noventa, Macri se topó con Cacciatore. Lo saludó cordialmente y le recordó su admiración y su respeto. Su opinión sobre la gestión del intendente de la dictadura no le cayó nada bien a periodistas que lo entrevistaron, años después, en su carrera política. Allí entendió que lo políticamente incorrecto no siempre va de la mano de una carrera exitosa. Lo que pensaba no tenía que coincidir necesariamente con lo que decía.

Ese contrato entre Manliba y el gobierno rigió desde 1980 hasta el final de la dictadura. Sin embargo, el gobierno democrático de Raúl Alfonsín lo extendió hasta 1990. El escándalo en torno a Manliba refiere a su renegociación, por diez años más, en 1989, a los pocos días de que Grosso fuera designado intendente de la Ciudad de Buenos Aires. El ex titular de la DINEA había retornado a la actividad política pese a los consejos de Franco Macri, que años más tarde también desalentaría a su hijo Mauricio a encarar esa senda. Aunque al principio se negó (“Pibe, yo no soy Rousselot”, le aclaró en un tenso momento de negociación), cedió a las pretensiones de Socma, que procuraba que no se le aplicara el dieciséis por ciento de desagio, como habían intentado hacer los intendentes radicales Julio Saguier y Facundo Suárez Lastra. Fue un caso cargado de especulaciones y rumores de sobres, pero nunca se pudo probar nada, más allá de que el entonces concejal Carlos Maslatón reconoció que lo habían tentado. Está probado que tres concejales participaron de una reunión con directivos de Manliba: el mencionado Maslatón, de la Ucedé, Roberto Azaretto y Federico Pinedo —que luego sería uno de los principales aliados políticos de Mauricio Macri—, ambos por el Partido Demócrata. Los tres lo reconocieron, aunque no se pusieron de acuerdo sobre sus interlocutores, la fecha ni el lugar de los encuentros.

Según el entonces concejal porteño por el socialismo, Norberto La Porta, las reuniones se celebraron quince días antes de aquella recordada sesión, en una suite del City Hotel alquilada ad hoc. Participaron ejecutivos de Manliba, concejales y funcionarios de Carlos Grosso. También habría participado el propio Franco Macri. “Se hablaba de un total de aproximadamente tres millones de dólares [de coima]. No es mucho si usted piensa que al aprobarse el proyecto la municipalidad debía indemnizar a Manliba con cincuenta millones de dólares”, explicó el edil denunciante.

Lo que apasionaba a Franco —y años después provocaría una pelea con su hijo Mauricio— eran las grandes obras. Cuando se repasa la historia del grupo, los servicios parecerían ser su fuerte. Pero si hay algo que se mantuvo firme a lo largo de los años, sin vaivenes, fueron las construcciones. Tanto Mauricio como Franco contaron más de una vez las discusiones internas que tuvieron sobre la resistencia del padre a preparar a Socma para las privatizaciones de los noventa y los argumentos del hijo para alejarse de una de sus debilidades.

Oscar Armando Quihillalt fue huésped habitual de Franco Macri en la quinta Los Abrojos, en un extremo del barrio Los Nogales, en Los Polvorines, provincia de Buenos Aires. Se trata del contraalmirante que presidió casi sin interrupciones entre 1956 y 1973 la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA). El presidente Juan Domingo Perón la había creado en 1950. Era una relación estratégica para un sector en auge. Tal es así que, aunque es evidente que la asociación con Fiat fue fundamental en el crecimiento de Sideco, Macri dio un salto cualitativo de la mano de la llamada Revolución Argentina con el contrato para realizar Atucha, la primera central nuclear del Sudamérica. Franco admitió haber sentido miedo de encarar ese proyecto por la inseguridad jurídica que implicaba hacerlo. Pero en rigor de verdad, su primera huella la dejó con la central termoeléctrica de Luján de Cuyo, en la que Socma realizó todas las obras civiles e hidráulicas, y el oleoducto de alimentación. Se las adjudicó Agua y Energía Eléctrica SE por más de cincuenta y tres millones de dólares, pero los trabajos comenzaron en 1967.

El siguiente año, el grupo comenzó a participar en Atucha I para Siemens AG, que lo contrató por 16,5 millones de dólares para realizar las obras civiles de los edificios nucleares, de los edificios de la central convencional y del circuito hidráulico de refrigeración, en cuya descarga había una central hidroeléctrica de emergencia. Las gestiones estuvieron a cargo del auditor de Impresit Sideco, Alfredo Lisdero, que era amigo personal y socio del representante de la firma alemana en la Argentina. Cuentan que organizaba grandes agasajos en su casa de Punta Chica para aceitar las relaciones entre los Macri y sus posibles aliados. En 1972, el grupo Macri consiguió de Aluar SA un contrato por 86 millones de dólares para levantar la planta industrial de Puerto Madryn. En 1974, comenzó a trabajar en la construcción de la central nuclear Embalse de Río III, en Córdoba, por medio de una licitación de la CNEA, por 143.629.748 dólares. Se encargó de casi todos los edificios del proyecto, asociado con la canadiense AECL y la italiana Italimpianti, las empresas más grandes del sector a nivel mundial. En 1981 confeccionó una de sus calderas.

También en 1974 se iniciaron los trabajos para levantar la presa de hormigón de la central hidroeléctrica de Salto Grande, sobre el río Uruguay, entre Concordia —Argentina— y la localidad de Salto —Uruguay—. Tuvo una participación del siete por ciento en un contrato global de 555 millones de dólares. Entre 1975 y 1985 construyó, a su vez, la represa de la central hidroeléctrica Alicurá, sobre el río Limay, por medio de un contrato con Hidronor SA por 297 millones de dólares del que le correspondía el dieciocho por ciento; y Embalse La Huertita, que se empezó a edificar en 1975 en San Luis, por 122 millones de dólares.

Mientras Franco Macri se acercaba al Primer Cuerpo del Ejército para que le allanara el camino hacia las obras públicas, el espaldarazo que esperaba se lo terminaría otorgando el comodoro Juan José Güiraldes. Se habían conocido en una cena en la casa del director de Fiat Argentina, Oberdan Sallustro (secuestrado y asesinado por el Ejército Revolucionario del Pueblo el 10 de abril de 1972). Güiraldes encaminó su ingreso al consorcio Eriday, que realizó la primera parte de la represa de Yacyretá. Al principio se quedó con el tres por ciento de los 1.235 millones de dólares para realizar la represa de gravedad, lo que le representó ingresos por 37,5 millones de dólares; como se verá más adelante, fue solo un piso de sus haberes. Participaron varias firmas del holding, como Iecsa, Dycasa, Supercemento y Sideco Americana.

Entre 1984 y 1985, Socma levantó en Yacyretá un monoblock de 72 pabellones con una superficie de 37.882 metros cuadrados destinados a viviendas, por un valor de 14.898.920 dólares. En 1987, se encargó del 33 por ciento de las tomas de agua por otros cuatro millones de dólares. Luego, en 1993, Socma alzaría la primera línea de conexión entre Yacyretá y el Sistema Interconectado Nacional, que recorre el norte de Corrientes hasta el este de Chaco. Además, le fue adjudicada la extensión del tendido de Yacyretá desde Corrientes a Salto Grande, Entre Ríos. Lo hizo con sus empresas Litsa y Yacilec.

Empresa, eterna ganadora. Estado bobo

El balance de Socma en veinte años, durante las décadas de 1960 y 1970, es sorprendente. En 1973, el grupo Macri tenía siete empresas. Cuando concluyó la dictadura militar, ya eran cuarenta y siete. Había pasado de ser una compañía mediana a un grupo diversificado que incluía uno de los contratistas más grandes del país, Sideco Americana. Las empresas que integran el holding construyeron tres puentes sobre el río Paraná. El puente Nuestra Señora del Rosario, que con sus 60 kilómetros une las ciudades de Rosario (Santa Fe) y Victoria (Entre Ríos), fue montado entre 1997 y 2003 por un consorcio integrado por Sideco, Iecsa, Impregilo, Iglys, Hochtief, Techint y Benito Roggio. La obra es recordada porque, a poco de ser estrenada, aparecieron baches y fisuras. Al año siguiente, se tuvieron que renovar 47 de los 59 kilómetros de capa asfáltica, con una inversión de 15 millones de pesos adicionales. El puente tampoco tenía defensas para protegerse del eventual choque de un barco, lo que podría haber sido una tragedia si el Red Azalea —cargado con 17 mil toneladas de aceite— terminaba colisionando contra una columna el 19 de octubre de 2003, cuando sufrió una falla técnica y debió hacer una maniobra brusca para evitar el impacto, antes de terminar fondeado.

Los otros puentes son el General Belgrano, que vincula la provincia de Chaco con la de Corrientes y se construyó entre 1967 y 1973, y el Puente Internacional San Roque González de Santa Cruz, que une las ciudades de Posadas, en la Argentina, con Encarnación, en Paraguay. Ese fue el primer puente colgante de Sudamérica. Se empezó a erigir en 1981, en plena retirada de la dictadura militar, y terminó en lo que fue la primera polémica de envergadura en torno al holding de Franco Macri y la obra pública. Se trata de uno de los capítulos menos divulgados de la historia de Socma, al punto que Franco anotó en un portfolio sobre su vida que la construcción “se resolvió con una alta calidad técnica y en los plazos previstos, sin renegociaciones”. El acuerdo se hizo en 1977 entre los dictadores Alfredo Stroessner y Jorge Rafael Videla como una suerte de indemnización que la Argentina pagaría para compensar el territorio paraguayo que iba a resultar inundado por la construcción de Yacyretá. Una UTE integrada por Eaca SA, Saiuge Argentina SA (actualmente Girula Argentina) e Impresit Sideco ganó la puja. Las obras comenzaron a mediados de 1981 y debían concluir tres años después, pero al poco tiempo se frenaron por una crecida histórica del río Paraná. En febrero de 1984, el consorcio le reclamó al Estado una nueva determinación del precio de la obra, porque se habían modificado las condiciones de importación de la maquinaria requerida. Seis meses más tarde, solicitó que el Estado reconociera que la demora no era culpa de la contratista —lo que implicaba no multar a las empresas— y que se fijaran nuevos plazos de finalización de obra y un nuevo plan de inversiones; o sea, más dinero.

La Dirección General de Construcciones del extinto Ministerio de Obras y Servicios Públicos (MOSP) aceptó el pedido, pero puso como condición para renovar el contrato que Impresit Sideco y compañía renunciara a una “indemnización por gastos improductivos”. Al final, hubo acuerdo. Se firmó el 14 de marzo de 1985 durante el gobierno de Raúl Alfonsín. El Estado accedió a extender el plazo de ejecución del contrato sin aplicar multas y las empresas renunciaron a todo tipo de reclamo. ¿Todos contentos? Al año siguiente, la UTE impugnó el acuerdo y pidió reajustar el precio del contrato en virtud del artículo 5 de la ley 12.910, el artículo 14 del decreto 3.772/64 y el artículo 1 del decreto 3.247/76, que contemplaban la posibilidad de modificar las condiciones de los contratos de obra pública en caso de paralización total o parcial de los trabajos por causas ajenas al contratista. Alegó que el convenio de 1985 había sido firmado bajo la amenaza de que el contrato no sería renovado y las empresas, multadas. En definitiva, que no lo había suscripto en libertad. Ese argumento, que podría parecer ridículo, dio lugar a un reclamo que recorrió un sinuoso y extenso camino que terminó dos décadas después en la Corte Suprema de Justicia. Veintitrés años más tarde, Franco Macri derrotó al Estado, que le tuvo que pagar un resarcimiento millonario.

Pero no fue el único escándalo. Uno de los primeros anuncios del gobierno de Carlos Saúl Menem fue el saneamiento del río Matanza. Tres consorcios presentaron ofertas: Italgenco SA, Techint y Sideco Americana; Impregilo y Albanosalini; y Torno SA, Termomecánica SA y Supercemento. Socma estaba presente en dos de los tres grupos. El 7 de diciembre de 1989, el proyecto se adjudicó a la oferta más cara: la de Supercemento, de Julián Astolfoni (en la actualidad, puesto 16º del ranking K de la obra pública). El ministro de Obras Públicas bonaerense bautizó al proyecto “la obra del siglo”. Los ganadores incluyeron, en su facturación final, 25 mil dólares que Roberto Dromi cobró como asesor. Además, se sumó el abono mensual que Torno SA pagaba por el servicio de Cablevisión. El total de los servicios adicionales del asesor ascendía a 3,4 millones de dólares en un rubro tipificado como “gastos por licitación”. El problema no solo fue de costos: las obras nunca solucionaron las inundaciones. Además, hubo una maniobra para inflar el precio a partir de la conversión de libras a pesos. La discusión se dirimió en la justicia. El expediente recayó en la Sala II de la Cámara Federal, que no fue muy original: “Aquí no ha pasado nada”. Socma, en tanto, siguió levantando puentes, incluidos los giratorios de Puerto Madero. Hasta el día de hoy, Supercemento participó en más de cien construcciones.

El colorado Macri

En junio de 2016, en medio de un debate por la corrupción antes y durante el kirchnerismo, el diputado radical provincial Hugo Escalada declaró públicamente que si en Misiones levantas una piedra, aparece Socma. Esa provincia fue clave en la vida de Mauricio Macri. En la tierra colorada, las empresas de su familia ganaron las obras más importantes, y él estuvo a punto de saltar del empresariado a la política desde Posadas. Durante años, tuvo su domicilio registrado en una estancia llamada Iporá ubicada a unos 30 kilómetros de la capital misionera, propiedad de su amigo personal y ex gobernador Ramón Puerta. En esa estancia encontraron, años más tarde, a sesenta y un trabajadores en condiciones infrahumanas, viviendo en carpas y sin agua potable; seis de ellos eran, además, menores de edad. La finca estaba a nombre de Puerta y la administraba Yerbatera Misiones SRL, de su familia. El ex mandatario reconoció ante la justicia que tercerizaba los trabajos rurales de sus empresas, pese a que el artículo 12 de la ley 26.727 dispone que “quienes contraten o subcontraten con terceros la realización de trabajos o servicios propios de actividades agrarias” son también responsables de las condiciones laborales de los trabajadores.

Macri y Puerta se conocieron en la Universidad Católica Argentina cuando cursaban la carrera de Ingeniería. Al misionero le decían “Door” (puerta, en inglés). Además de viajes y negocios, compartían el amor por Boca. En su chacra El Cruce, Puerta era anfitrión habitual. Macri solía viajar en avión privado a la estancia, que tenía pista de aterrizaje propia. Jugaban al golf, alternaban diversión y negocios, y compartían su debilidad por las mujeres jóvenes. Los primeros viajes de Macri a Misiones fueron durante la construcción de Yacyretá, ideada por el peronismo, adjudicada por la última dictadura militar y terminada veinticinco años después, en 1998. Macri había cambiado su domicilio a Misiones para poder pujar en las licitaciones que exigían residencia en esa provincia. Desde 1995, viajaba allí para votar en las elecciones. Para Puerta, que gobernaba Misiones desde 1991, era una especie de cábala.

Al igual que Macri, Puerta también fue víctima de un secuestro en el que mostró sus dotes de negociador. El 21 de julio de 1984, miembros de una guerrilla haitiana y dominicana tomaron, durante 36 horas, el avión McDonnell Douglas DC-9 venezolano de Aeropostal con ochenta y dos pasajeros a bordo, en el que Puerta viajaba de Caracas a Curazao. Exigían cinco millones de dólares, armas y un helicóptero para liberarlos. La historia, mito o realidad, cuenta que Puerta fue clave en las negociaciones y que él mismo descendió del avión en Curazao para buscar, supuestamente, 1.200.000 dólares. En ese momento, gracias a la habilidad del futuro gobernador, un comando táctico copó el avión, asesinó a los asaltantes y rescató a los rehenes, que habían sido rociados con nafta por los secuestradores.

Sin embargo, el sueño de Macri era conquistar la Ciudad de Buenos Aires. Luego de que Carlos Rovira arrasara en las elecciones de 1999 en Misiones, Puerta le aconsejó que compitiera por un asiento en la Cámara Alta del Congreso antes que por la Jefatura de Gobierno. Le ofreció que usara como plataforma de despegue su provincia y el sello del PJ, en lugar de lanzarse por la candidatura del justicialismo porteño. Las encuestas lo justificaban: Puerta era el único dirigente con mejor imagen que Macri en Misiones. Eran días en que “el mejor alumno del modelo”, como lo había llamado Menem, soñaba con ser el canciller de Duhalde y sucederlo cuatro años más tarde.

La carrera política de Mauricio Macri había dividido a su familia y la empresa insignia, Socma. Su padre estaba disgustado con la decisión de Mauricio. No solo creía que no tenía chances, sino que le machacó una de sus frases preferidas, la misma que le había dicho, diez años antes, a Carlos Grosso: “El negocio no está en la política”. Los empresarios no tenían que ser políticos sino aliados de los políticos. La contracara era liderada por Jorge Aguado, entonces vicepresidente de Socma, que había sido ministro de Agricultura y Ganadería y gobernador bonaerense durante los gobiernos de facto de Roberto Viola y Reynaldo Bignone, respectivamente.

En Socma, en cambio, había una serie de gerentes dispuestos a “meterse en política”, pero sabían que lo principal era defender el negocio. Sin embargo, Macri ya había reclutado a varios en su fundación y una buena cantidad le respondía, como Ángelo Calcaterra —su primo—, Néstor Grindetti, Leonardo Maffioli o Andrés Ibarra.

La victoria de Néstor Kirchner marcó un antes y un después en esa pelea. La estrategia del peronismo había sido, hasta ese momento, vincular a Mauricio con Franco y con lo peor de la patria contratista. Franco felicitó en una carta al presidente Kirchner por la victoria. El equipo de prensa del gobierno nacional se encargó de divulgarla en los medios. “Claro que estoy molesto e incómodo. Pero esto es una muestra más de que no tengo nada que ver con mi padre. El padre de uno es el padre de uno, estoy muy agradecido de la educación que recibí, pero no tengo la misma visión sobre lo que pasa en nuestro país”, se desligó Mauricio. Por ese entonces, Macri ya había decidido pelear por la ciudad. Lo haría por fuera de las estructuras tradicionales de la política. No iba a competir desde Misiones. Allí hacía negocios; varios de ellos, cuestionables, como las mencionadas polémicas en torno a Yacyretá, el Puente Encarnación-Posadas y la cantera de Iecsa.

Hay otras dos obras que, por su envergadura y controversia no pueden pasarse por alto: la central hidroeléctrica Norberto Velozo, conocida como Uruguaí —que aporta el 75 por ciento de la energía que se usa en Misiones—, y la costanera Monseñor Kemerer en Posadas.

La represa se construyó en el último lustro de los años ochenta, a 8 kilómetros de la desembocadura del arroyo Uruguaí en el río Paraná. Es la obra pública más grande de la provincia. Allí, Sideco repitió lo que Eriday hizo en Yacyretá: el mismo modelo de generación de energía y de tramitación de reembolsos. Se pasó de un presupuesto de 80 millones de dólares a un costo de 340 millones de dólares, pese a que la obra fue entregada con demora. El gerente administrativo del consorcio constructor entre 1987 y 1989 fue Néstor Osvaldo Grindetti, luego ministro de Hacienda de Macri en la ciudad entre 2007 y 2015 y, posteriormente, intendente de Lanús. Por el supuesto pago de sobreprecios en la construcción de Uruguaí fue acusado de defraudación y estafa. Grindetti trabajó en distintas empresas del grupo Macri entre 1979 y 2001, en una ascendente carrera que empezó como cadete de Iecsa. Fue directivo de Creaurban, Iecsa, Manliba y Autopistas del Sol y presidente de Uruguaí SA. En plena crisis de 2001, abandonó sus puestos en varias empresas de Socma para presidir la Fundación Creer y Crecer. A pesar de que es hincha de Independiente, Grindetti se acercó a Diego Leandro “Fanfi” Goncebate, ex jefe de la barrabrava del club Lanús, con quien no dudó en compartir actos durante su primer intento por gobernar su municipio natal. A Fanfilo mataron el 26 de mayo de 2011, durante una pelea entre dos facciones de la barra.

En 1992, durante su primer mandato como gobernador, Puerta le concedió a una UTE encabezada por el grupo Macri la operación de Uruguaí por once años, entre 1993 y 2001. El consorcio estaba integrado por Sideco (50,2%), Petrobras (29,3%), Impsa (17,1%) e Iecsa (3,4%). Era la primera vez que un grupo argentino operaría una central de esa magnitud. La empresa de energía provincial Emsa firmó un contrato en virtud del cual tenía que pagarle 340 mil pesos-dólares al mes, generara o no electricidad para ser usada en el territorio misionero. Fue un contrato global de casi 45 millones de dólares. En 2004, Rovira desplazó al consorcio, cumpliendo así una promesa de campaña justificada en el supuesto ahorro de dinero, pero que también presentó como un acto de soberanía. Por detrás, aparecía la naciente disputa de poder entre Néstor Kirchner y un Mauricio Macri que empezaba a abrirse camino en el peligroso terreno de la política.

La causa contra Grindetti no fue el único expediente penal que se abrió por Uruguaí. En noviembre de 2005, el fiscal federal Jorge Taiano pidió que se investigase si detrás de la UTE que había construido la represa existía una asociación ilícita para defraudar al Estado de la misma forma que había intentado hacerlo la Entidad Binacional Yacyretá (EBY), a través de reembolsos indebidos. De hecho, la Cámara Federal había ordenado un año antes que las dos causas se tramitasen en el mismo juzgado.

El periodista Jorge Kurrle, autor de la publicación electrónica “Duele la deuda”, sobre los pasivos provinciales de Misiones, cuenta que hubo un intenso lobby en el interior del Banco de la Provincia de Misiones (BPM) a favor del consorcio constructor. Agrega que hubo una mano amiga en el Poder Ejecutivo, pues una de las primeras iniciativas de Puerta en el poder fue gestionar ante la Nación, en una negociación directa con Domingo Cavallo, el pago de 311 millones de dólares del Banco Central a la UTE liderada por Socma, con dinero nacional, pero con intermediación del BPM como “operador”. Pese a esas condiciones, el banco provincial terminó haciéndose cargo de la deuda.

La costanera, en tanto, fue parte de las obras complementarias de Yacyretá. Incluía una infraestructura para proteger la costa de Posadas, la avenida costanera, la parte estética, un sistema de riego y desagües pluviales. La obra encargada en 1998 por el EBY a Iecsa fue un éxito turístico y se convirtió en un símbolo de la capital misionera. Pero por el primer tramo, que debía costar 12,5 millones de dólares, se pagó casi el doble y con ganancias por encima de lo normal. En las siguientes etapas se sumó la constructora JCR de la familia Relats. Cerca de Rovira creen que los tentáculos de los Macri en Misiones van mucho más allá de Sideco e Iecsa. Por eso, cuando el diputado provincial radical Gustavo González, de Cambiemos, presentó un proyecto de ley para investigar la obra pública entre 2003 y 2015, su par Hugo Escalada redobló la apuesta y pidió que se auditen todas las construcciones estatales desde 1983. Sobre Macri, en particular, opinó: “Él hábilmente estableció, desde muchísimo tiempo antes, romper en una especie de puzzle de un montón de empresitas chicas que se presentan para obras y a priori no tenés ni idea de que termina siendo una compañía de los grupos del Presidente”.

En este pasaje de la vida de Macri en Misiones, el otro personaje central es el abogado Humberto Schiavoni, ex jefe de gabinete de Puerta en su brevísimo paso como presidente de la Nación —a quien conoció en la Asociación de Productores de Misiones—, ex ministro de Economía provincial, interventor del Banco de Misiones, subsecretario de Industria y titular del Comité de Privatizaciones. Luego se desempeñó como presidente de la Corporación Buenos Aires Sur, jefe de campaña de Macri y titular de Yacyretá antes y después del kirchnerismo. Como ministro de Economía de Misiones, Schiavoni redactó el contrato y condujo la licitación de la costanera Monseñor Kemerer, adjudicó el mantenimiento de Uruguaí y la construcción de la ruta 103.

En la primera semana de abril de 2008, la Corporación Buenos Aires Sur, que comandaba Schiavoni y que tenía como misión promover el desarrollo de la zona sur de la Ciudad de Buenos Aires que piloteaba Macri, llamó a una licitación para la construcción de 552 viviendas distribuidas en tres complejos habitacionales en Villa Lugano y Villa Soldati. La primera convocatoria fue para montar 168 casas en Lugano. Se presentaron cinco ofertas, cuatro con domicilio en la Ciudad de Buenos Aires (Tala-Riorca, Bricons, Vidogar y Emaco) y una misionera, Ingeniero Mercado. El presupuesto oficial de 21 millones de pesos fue superado por todas las empresas. El más cercano fue el de Ingeniero Mercado, que se quedó con las obras al ofertar 23 millones de pesos. En la segunda licitación para hacer 205 viviendas en Villa Soldati también hubo cinco empresas (dos de ellas misioneras): Teximco, Vidogar, Emaco, Mercado y Carlos R. Nosiglia. Mercado, otra vez, hizo la oferta más baja: 22.680.000 pesos. En la última licitación, por 204 viviendas, también en Villa Soldati, los postulantes cayeron a tres: Bricons, Vidogar y, de nuevo, Mercado. Todas las firmas se pasaron del monto oficial de 25,7 millones de pesos. Tanto Bricons como Vidogar ofertaron cerca de 40 millones de pesos, mientras que la compañía misionera propuso hacer el trabajo por 27,5 millones. Ingeniero Mercado se quedó con las tres licitaciones.

Hasta la actualidad, nadie explicó cómo es capaz de construir por menos que sus competidoras. No es usual. Tampoco lo es que una compañía con sede en otro distrito y nula experiencia en la Ciudad de Buenos Aires se presente, repentinamente, en tres concursos y los gane. Schiavoni argumentó que había invitado a algunas empresas a participar. ¿La excusa? “Romper con la cartelización de precios”, que en realidad es un delito que los funcionarios deberían haber denunciado. Pero en los papeles solo se presentó Mercado y, en un caso, Carlos R. Nosiglia SRL. Ambas eran empresas familiares para Schiavoni. Cuando tuvo su primer mandato como director del EBY, durante el gobierno de Eduardo Duhalde, contrató a Mercado para que construyera viviendas para familias reubicadas por Yacyretá. Eran 164 viviendas y una escuela en el municipio de Garupá, donde Macri fijó su residencia. La otra empresa es de la familia del histórico operador del radicalismo Plácido Enrique “Coti” Nosiglia, que vivía en la misma manzana que los Puerta en la ciudad de Apóstoles. Actualmente, Schiavoni está imputado por la megacausa Sueños Compartidos.

De regreso a Morón

Aunque envió a varios de sus colaboradores a Morón para afinar la letra chica del contrato —redactado, en su mayoría, en las oficinas de Sideco—, Mauricio Macri estuvo varias veces en el distrito para negociar con Mario Caserta, a quien Rousselot había conocido en Mar del Plata y que luego sería secretario de Recursos Hídricos y miembro de la conducción del PJ. En el año 2003, a Caserta lo condenaron por el Yomagate, un caso de lavado de dinero proveniente del tráfico de drogas en Estados Unidos. Parte de las reuniones entre Macri y Caserta se celebraron en la actual Casa de la Memoria y la Vida, en Castelar, ubicada a metros del demolido centro clandestino de detención conocido como Mansión Seré. El predio había sido del Estado porteño hasta que, durante la presidencia de facto de Juan Carlos Onganía, fue cedido a la Fuerza Aérea para que allí funcionase el Casino de Oficiales de la VII Brigada Aérea de Morón. Luego Cacciatore, quien había participado como piloto en el bombardeo a Plaza de Mayo el 16 de junio de 1955, dio el visto bueno para que se montara un centro clandestino de detención en la casona en la que había vivido el empresario Jean Sère, un inmigrante vasco francés que, entre otras cosas, había instalado la primera fábrica de bolsas de arpillera del país. En 1985 se levantó allí el polideportivo Gorki Grana. La casa del horror fue demolida y convertida en una cancha de fútbol.

A Rousselot no le gustaba mantener reuniones en su despacho. Solía elegir bares de la zona. Cuando descubrió el predio donde habían torturado personas, el político-mediático construyó, con dinero municipal, una pequeña réplica de la quinta de Olivos, para organizar sus encuentros privados. Ahí se acordó el contrato con Sideco Americana. El convenio incluía la construcción de la red cloacal domiciliaria y una planta de tratamiento de efluentes. En su afán de gobernar la provincia de Buenos Aires, el locutor devenido político aseguraba que descontaminaría el arroyo Morón, afluente del río Reconquista, lo cual beneficiaría a 2.200.000 vecinos de los partidos de San Martín, Tres de Febrero, General Sarmiento (hoy dividido en San Miguel, Malvinas Argentinas y José C. Paz), Tigre, San Isidro y San Fernando. Una vez concluida, la planta sería entregada a la ex Obras Sanitarias de la Nación.

Pero el problema no radicaba en la obra en sí, que era necesaria y deseada, sino en las condiciones del contrato y en la forma en que se elaboró, lo que derivó en un escándalo con mucha presencia en la escena mediática nacional y que le costó el mandato a Rousselot.

Se decía que el ex locutor era un fabulador. Como cuando les aseguró a José Lusito y Pascual Turano, titulares de la Federación de Industrias del Conurbano Bonaerense y de la Unión Industrial de Morón, respectivamente, que la convertibilidad era una idea suya. La conferencia de prensa que convocó en su despacho para anunciar el visto bueno de los vecinos al plan cloacal no fue la excepción. La prueba del apoyo se basaba en una nota que le acababan de enviar y que tenía en su mano, en la que le manifestaban su asentimiento. Un periodista desconfiado quiso saber los detalles.

—¿Quién firmó la nota?

—La Federación de Sociedades de Fomento.

—¿Y dice que está a favor?

—Sí, sí. Me dicen acá que están a favor.

Al final de la conferencia, la hoja quedó apoyada boca abajo sobre el escritorio de Rousselot, hasta que a algún curioso se le ocurrió darla vuelta. Apuntaba: “Sería muy importante para los vecinos de Morón tener las cloacas, pero los precios son abusivos y no las vamos a pagar”. En el fondo, Rousselot entendía que lo importante era lo que dijera en público y se comunicara en los medios. Fue, sin dudas, un adelantado. Pero no le bastó. Cuando trascendieron los detalles del pacto, la oposición puso el grito en el cielo. Sideco Americana había sido la única oferente de un proceso exprés que redujo el plazo legal de 30 a 18 días y cuya licitación, en la que no intervino ningún funcionario de carrera, no había sido aprobada por el Concejo Deliberante. Los edictos no se publicaron en medios locales sino nacionales. No se informó ni el lugar ni la fecha para abrir las ofertas. Además, las obras eran excesivamente costosas (unos 400 millones de dólares, que escalaban a los mil millones con la financiación). Pero lo que más enfureció a sus detractores fue que el municipio garantizaba la rentabilidad del negocio al comprometerse a pagar mes a mes, por adelantado y durante veintidós años, un 20 por ciento de la deuda de los vecinos morosos. El contrato ni siquiera aclaraba cuánto dinero tenía que desembolsar Sideco Americana, pese a que en varios artículos periodísticos se hablaba de unos 138 millones de dólares de ganancia sobre una inversión de 20 millones.

Presionado, Rousselot rescindió el contrato que acababa de firmar sesenta días antes, pero no pudo frenar el escándalo. El 1º de marzo de 1989, a las nueve de la noche, empezó su descargo ante el Concejo Deliberante en medio de un clima tenso. Afuera, en la plaza San Martín, confluían militantes, funcionarios y dos canales de televisión. Había hasta pantallas instaladas para seguir la sesión desde la calle. El secretario de Obras Públicas, Adalberto Luis Orbiso, organizó una movilización de obreros municipales que llenó la plaza con maquinaria pesada. Él mismo manejó una topadora. Orbiso había dirigido un grupo de tiradores durante la “masacre de Ezeiza” y participado del “botonazo”, el golpe de Estado que la policía de Córdoba realizó en 1974 contra el gobernador Ricardo Obregón Cano. Otro de los secuaces de Rousselot que se sumó a la protesta en la plaza San Martín fue el secretario de Gobierno, Carlos Bonicalzi, que se había aliado al ya fallecido empresario de medios Julio Ramos, creador del diario Ámbito Financiero, en su aventura política de 1985 y había retornado al peronismo para acompañar a Rousselot. Ese día, asistió armado a la plaza pero regresó a su casa sin su .44 Magnum. Dos militantes a los que apuntó y amenazó le terminaron sacando la pistola a pura cachetada. Un papelón.

La manifestación, organizada por los funcionarios de Rousselot, ingresó al Concejo Deliberante pero la policía desalojó el edificio. En ese ambiente enrarecido, el Concejo suspendió del cargo al intendente y creó una comisión investigadora que presidió Alberto Descalzo, que lo sucedería varios años después.

Menem no tardó en apoyar al ex locutor. “Juan Carlos es uno de mis mejores amigos, es un hombre que quiere al país y no tengo dudas de que va a salir bien de esto”, se esperanzó. En cambio, Duhalde fue al grano. “Los corruptos y los ladrones tienen que estar presos”, anticipando la feroz batalla de poder que protagonizaría con el Presidente de la Nación. Los medios especulaban con que el gobernador Antonio Cafiero iba a disponer la intervención del municipio. El diario Crónica definía un “clima de guerra” entre el peronismo renovador y los seguidores de Rousselot. Incluso se especulaba con que la SIDE seguía de cerca el caso por temor a que la situación fuese un caldo de cultivo aprovechado por grupos extremistas. Tanto fue así que el propio Rousselot se encargó de agitar ese fantasma al ligar a la concejal radical Margarita Stolbizer con el Movimiento Todos por la Patria (MTP), que unos meses antes había protagonizado el malogrado copamiento de los cuarteles militares de La Tablada. La violencia no solo era verbal. En abril de 1989 balearon la casa del concejal Felipe Insaurralde. Los ediles opositores fueron llevados a una casa del interior provincial con custodia del grupo GEO.

Mientras la oposición denunciaba amenazas y agresiones, el escribano del municipio que había actuado en la firma del contrato y se había negado a protocolarizarlo, El vio Nereo Cigarroa, era asesinado en González Catán. El crimen trasladó la tensión hasta la cima. Cigarroa era un testigo clave con el que la Comisión Investigadora del Concejo Deliberante esperaba demostrar que el contrato que habían firmado Rousselot y Macri era un fraude con mayúscula. El crimen no hizo más que echar leña al fuego. Ya no había marcha atrás. El 19 de abril de 1989, luego de seis horas de una picante sesión en la legislatura municipal, el Concejo Deliberante puso fin al mandato del intendente. Había gobernado solo un año y medio. Pero Menem estaba encaprichado con el carismático locutor. En medio de un lobby feroz, en los siguientes meses fue repuesto en su cargo por la Corte Suprema y destituido otras dos veces.

La batahola que se armó no terminó con su carrera y menos con la de Macri ni la de Socma. Como se dijo, al intendente le salvó las papas la Corte Suprema de Justicia menemista —la misma que dejaría prescribir la causa por contrabando contra Franco y Mauricio Macri—. Menem convirtió a Rousselot en uno de sus “Doce apóstoles” y, rápido de reflejos, lo ubicó como agregado cultural en la embajada argentina en Paraguay, para garantizarle inmunidad.

Sin embargo, “todo pasa”. Dos años después, Rousselot volvió a ser intendente de Morón y en 1995 ganó la reelección. En esta última ocasión, con la ayuda de Menem intentó retomar el plan cloacal, pero el distanciamiento del gobernador Duhalde —a esa altura, enfrentado con el riojano— enfrió sus aspiraciones.

Rousselot llegó a tener veintiocho causas penales abiertas. En 1998, tras la derrota legislativa del Partido Justicialista del año anterior, volvió a ser suspendido por el Concejo Deliberante, que lo investigaba por malversación de fondos públicos en tres contratos, dos de servicios y uno de obra pública: las concesiones por el estacionamiento medido y la recolección de basura, y la construcción de la autopista Camino del Arroyo Morón. Se trataba de una ruta de ocho kilómetros, por la que municipio había pagado 120 millones de dólares y se había comprometido a entregar un avión y un polvorín y dar otras concesiones a la Fuerza Aérea, que donó unas pocas hectáreas de tierra. Esa obra casi se la quedan el empresario italiano Massimo Dal Lago, vinculado con la P2 y recordado por regalarle una Ferrari 348 roja de 120 mil dólares a Carlos Menem. Su socio era Mario Perel, que antes de aparecer muerto de un disparo casi a quemarropa le entregó a un grupo de diputados opositores información sobre el lavado del dinero proveniente de la venta de armas.

No obstante, cuando finalmente fue detenido, varios días después de su pedido de renuncia y 24 horas más tarde de la que fue su última destitución, fue por otro caso: el traslado del hospital municipal Ostaciona de Lavignolle a la ex Brigada Aérea de Morón Sur. El intendente destinó 400 mil dólares para una obra que jamás se concretó. El arresto de Rousselot fue solicitado por el fiscal José Andrés de los Santos, quien sufrió un atentado. Lo habían seguido varias cuadras y, aunque intentó escapar, el Ford Escort en el que se trasladaban los tres atacantes fue demasiado para el Volkswagen Gol gasolero con el que el fiscal había partido desde su casa en Merlo. Se dirigía hacia su fiscalía en Morón cuando fue interceptado en Martín Rodríguez entre Famatina y Aconquija, contra el paredón del country Los Pingüinos, en una zona despoblada y a diez cuadras de la Dirección de Investigaciones de la policía departamental en donde Rousselot estaba privado de su libertad. Del Escort se bajaron dos sujetos que, sin mediar palabra, empezaron a disparar. “¡Vení, doctorcito, te vamos a enseñar quién manda en Morón!”, le gritó uno, antes de que comenzase otra ronda de balazos. El fiscal atinó a defenderse e hirió a uno de los atacantes, quienes lograron escapar. En el Gol quedaron los rastros de la balacera. Los agujeros en el apoyacabeza y el asiento del conductor son una prueba fehaciente de que le habían tirado a matar.

“Soy un preso político por apoyar a Menem”, se victimizaba Rousselot en esos días. Años después, Milagro Sala y Cristina Fernández de Kirchner repetirían el libreto. El 22 de marzo de 1999, el Concejo Deliberante aceptó su renuncia. A las tres semanas lo liberaron. Había pagado una fianza millonaria.

La mañana del 5 de enero de 1999 el secretario de gobierno Bonicalzi levantó el teléfono: “Sos un hijo de puta. No te metas con mi gente. Si quieren tiros, van a tener tiros. Yo voy a ir con mi gente para allá y van a tener tiros”, escuchó del otro lado. Era la voz de Juan Carlos Rousselot, que había sido suspendido de sus funciones por noventa días debido a “numerosas irregularidades administrativas”. Había terminado enfrentado con él, como el resto de sus colaboradores. Bonicalzi optó por hacer la denuncia. Ante el tribunal que enjuició a Rousselot por amenazas y peculado, dijo al año siguiente: “Tuve miedo por los antecedentes del ex intendente, sus supuestos vínculos con la Triple A y el clima de violencia que imperaba en Morón”. “¿Cree usted que Rousselot llevaría adelante una amenaza así?”, le preguntó a Bonicalzi el abogado defensor Luis Deuteris. Contestó con un ejemplo: “Cuando por divergencias políticas yo formé en el Concejo Deliberante un bloque aparte de la conducción de Rousselot, a un asesor mío [Ricardo Celano] le pusieron una bomba en la casa. Fue un tiro por elevación hacia mí. Poco después, hubo un muerto”. Se trataba del empresario Roberto Pettinari, dueño de la empresa de recolección de basura Lawn Care. El vecino Roberto Mendive había denunciado un pacto entre Petinari y Rousselot que terminó bloqueando el contrato. El propio Petinari fue a poner una bomba en la casa de Mendive, que lo agarró in fraganti y le disparó. Murió al instante.

En septiembre de 2000, Rousselot fue declarado culpable. Lo condenaron a un año de prisión. El caso cruzó los destinos de varios protagonistas de los años que vendrían; empezando, naturalmente, por Macri. Hasta su condena por el Yomagate, Mario Caserta jugó un rol central en la administración menemista: el riojano lo nombró secretario de Recursos Hídricos. Desde allí condujo la controvertida privatización de Obras Sanitarias. Al igual que Rousselot, terminó condenado.

Pero también hubo varios nombres destacados en la oposición, como los mencionados Descalzo y Stolbizer. Más tarde, durante el último mandato de Rousselot, el horror uniría a Juan Zabaleta y a Martín Sabbatella, opositores hasta entonces y también después. Ambos sufrieron la violencia: Sabbatella fue amenazado de muerte en más de una oportunidad y a Zabaleta le dejaron en la puerta de su casa un ataúd blanco con un muñeco con el apodo de su hijo Facundo, a quien le decían Cabezón. “Me veo obligado a vivir en un búnker: rejas altas, cámaras de video, alarmas y una camioneta policial frente a mi casa todo el día”, declaró Juanchi a la revista Gente. Ambos terminaron siendo intendentes. Zabaleta, de Hurlingham, y Sabbatella, de Morón. Los dos se sumaron al kirchnerismo, al igual que Descalzo, pero muy lejos de Stolbizer. Ambos fueron investigados por hechos de corrupción y, en el caso de Sabbatella, denunciado por abuso de autoridad y de poder.

El 7 de abril de 2015, la ex presidenta Cristina Kirchner visitó Morón. Allí pidió no olvidar el escándalo que tuvo a su rival Mauricio Macri como protagonista. El refrito indignó a Stolbizer, que escribió una carta de una carilla y media en la que le espetó a la ex presidenta su pasado: “Por esa época, Mauricio, Daniel Scioli y usted misma eran los aplaudidores de la década y del gobierno menemista, de la depredación social y del inicio de nuestra degradación moral”. En aquella oportunidad y de forma excepcional, Cristina optó por el silencio.

El club del peaje

En el país de Nomeacuerdo doy tres pasitos y me pierdo.

“El país de Nomeacuerdo”,

MARÍA ELENA WALSH, 1967

El asalto a los organismos de control de gestión independientes es causa y efecto de una concentración de poder que premia y castiga con prescindencia del mérito de cada caso.

Robo para la Corona,

HORACIO VERBITSKY, 1991

Según el testimonio de varios legisladores —entre ellos, el diputado nacional Alberto Natale— las concesiones de autopistas fueron repartidas a dedo en la Cámara Argentina de la Construcción.

Argentinos, tomo II, JORGE LANATA, 2003

A mediados de los años noventa, el programa periodístico Tiempo Nuevo promediaba 40 puntos de rating. El fenómeno de audiencia que generaba Bernardo Neustadt los martes por la noche en Telefe jamás fue superado. En un recordado programa, el creador de “Doña Rosa” entrevistó a Mauricio Macri y a su padre Franco. El futuro presidente de la Nación le dijo al periodista que había que empezar a asumir el riesgo empresario al hacer una obra pública. Neustadt miró a cámara entre risas: “¡Me hablan de riesgo empresario! Pero, ¿qué son, caraduras? ¿Riesgo empresario en la Argentina?”. “Por supuesto”, le respondió seriamente Franco Macri con su característico tono italiano. El fallecido periodista miró a cámara y pidió que un doctor le tomara la fiebre.

Aldo Pignanelli, titular del Banco Central durante el gobierno de Eduardo Duhalde, resume la historia reciente de la obra pública en la Argentina: “Hasta 1976, la hacía el propio Estado a través de Agua y Energía y Vialidad, básicamente. A esas dependencias del Ejecutivo se sumaba la Dirección de Puertos. Ellos contrataban la obra y la administraban. Después del golpe militar nació lo que se conoce como la patria contratista”.

El concepto nació a mediados de la década de 1970 para englobar a un grupo de grandes empresas, todas ellas proveedoras del Estado, que se volvieron millonarias gracias a dudosos contratos e increíbles negociados, fundamentalmente con la obra pública. Años después, el ex titular de la Unión Industrial Argentina (UIA), Héctor Méndez, reconoció que los empresarios llamaban a la obra pública Movicom, “porque va con el 15 adelante”. El “15” era el porcentaje de coima que los privados debían pagar a funcionarios públicos para ser beneficiarios de las licitaciones. El porcentaje aumentaría considerablemente durante la década kirchnerista.

Pignanelli enumera a los nuevos jugadores empresariales que surgieron durante la dictadura militar y que se consolidarían hasta, incluso, formar parte del gobierno durante los años noventa. Se trata de las empresas de Gregorio Pérez Companc; el grupo Techint de Paolo Rocca; Socma, con Sideco Americana de la familia Macri; Bridas, del fallecido Carlos Bulgheroni; y, más tarde, Carlos Wagner, que “se queda con la Cámara de la Construcción”. El Estado pasa a ser un simple contratista.

Así cambió el paradigma de la obra pública. El modelo se mantuvo durante el alfonsinismo, “vino la hiperinflación y cambió el eje —no había obras— porque se impedía administrar”, explica Pignanelli. “Con el menemismo vino una etapa superadora, porque llegaron las privatizaciones. Muchas de esas empresas se metieron en el proceso, como el caso de Techint, que compra Somisa, o Macri, que se queda con el Correo Argentino y con la privatización de la recolección de residuos a través de Manliba.” Así transcurrió la Argentina hasta el día de hoy. Durante el menemismo, algunas empresas como Techint y Pérez Companc se diversificaron e incursionaron en el negocio energético y petrolero.

El eterno negocio de las rutas

Voté a Menem en 1989 y en 1995 y creo que no me equivoqué.

CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER,

Noticias, 15 de junio de 1996

Menem fue un gran transformador.

MAURICIO MACRI a Luis Majul, 2000

El primer gobierno de Carlos Saúl Menem estuvo signado por escándalos de corrupción. El “club del peaje” fue, en menor escala, una práctica similar al “club de la obra pública” de los gobiernos kirchneristas. En ambos períodos históricos, con mayor o menor visibilidad, Roberto Dromi estuvo presente. Según Guillermo Laura, conocido como “el inventor de las autopistas en la Argentina”, cuando Dromi era ministro de Obras Públicas del gobierno de Menem, cobró siete millones de dólares para favorecer a determinadas empresas, que se quedaron con la concesión de las rutas 2, 3 y 205 por peaje. Laura, ex presidente de Autopistas del Sol, había estado ligado con Franco Macri pero dejó su cargo en 1996 abruptamente. Según él, “ponían todos”, o sea, los de siempre: Aldo Roggio, Techint, Pérez Companc y Dycasa, de Fernando José Bolinaga Hernández y Javier Balseiro. Veinte años después, la firma española Dycasa figuró en el puesto 27º en el ranking de la obra pública presentado por Cristina Fernández de Kirchner y Julio De Vido para desmitificar la idea de que Lázaro Báez había sido el gran triunfador de la “década ganada”. Dycasa había recibido 1.510 millones de pesos en doce años, lo que representaba el 0,45 por ciento del total de la inversión realizada por los gobiernos kirchneristas. Dos décadas después, Dycasa seguía controlando sus sociedades asociadas como Autopistas del Sol, Autovía 2, Covisur y Aunor. El club del peaje, denunciado por los periodistas Jorge Lanata y Luis Majul en los noventa, continuaba su camino. El 4 de abril de 2016, Guillermo Dietrich, ministro de Transporte de Mauricio Macri, invitó al escenario a Balseiro para que certificara que, con el nuevo gobierno, se terminaba la cartelización de la obra pública. En el Seminario Internacional de Comercio Español, Dietrich habló de un “30 por ciento de sobreprecios en las obras viales”. Contó que otra empresa española OHL había invertido 70 millones de dólares en la autopista Ezeiza-Cañuelas y Cristina Kirchner le había congelado durante diez años las tarifas. Solo a ellos. El gobierno anterior había hecho lobby para que le vendiesen la empresa a Cristóbal López. Balseiro no habló del “club del peaje”. Tal vez, como admitió un empresario muy importante de la obra pública para este libro, “si jugás, tenés que respetar algunas reglas, aunque no te gusten”.

“Techint no pagaba coimas pero se ocupaba de ciertos favores”, cuenta en el lobby del hotel Panamericano un ex secretario del gobierno de Carlos Menem. El empresario anteriormente citado rechaza esa idea: “Rocca es incorruptible y por eso tuvo tantos problemas con los Kirchner”. Lo cierto es que, a pesar de las altísimas tarifas, en septiembre de 1990, Dycasa se quedó con las concesiones de las rutas 2, 3 y 205. Las empresas se dedicaron a cuidar las rutas que ya estaban hechas, mejorar algunas banquinas y, aunque llueva, truene o salga el sol, cobrar el bendito peaje. La facturación fue exorbitante. Solo en el año 1995, Servicios Viales SA, del grupo Macri, tuvo una ganancia de 102 por ciento. La fiesta se mantuvo durante la revolución nacional y popular de los Kirchner.

Al igual que el kirchnerismo, los funcionarios menemistas cercanos a Franco Macri también confundieron lo público con lo privado. El ex intendente de la Ciudad de Buenos Aires, Carlos Grosso, luego de su paso por Socma designó a Miguel García Moreno en el cargo de secretario general de la municipalidad. Había trabajado en la empresa de la familia Macri como él y como su esposa, Cristina López, su secretaria en Socma. Rubén Fontana abandonó el grupo empresario para sumarse a la función pública como subsecretario de Finanzas de Grosso. Era quien decidía cuánto y cómo pagar a los contratistas de la ciudad.

Durante el gobierno de Menem, Roberto José Dromi era quien mantenía una estrecha relación con Franco Macri. El ministro de Obras y Servicios Públicos había asesorado, como abogado administrativo, a las empresas de Macri. Luego fue consultor externo de los gobiernos kirchneristas. Funcionarios de su ministerio que se encargaron de controlar a los concesionarios de las rutas argentinas, como Carlos Ramallo y Roberto Righini, habían pasado por Socma. El primero fue subsecretario de Concesiones y Proyectos Especiales luego de ser director en la empresa de Macri. El segundo se desempeñó como director de Concesiones y venía de ser gerente administrativo en Sideco. Pero el rol clave fue el de Guillermo Fanelli Evans, subsecretario de Políticas y Legislación del ministerio de Obras y Servicios Públicos de Dromi y su ex socio en varios juicios contra el Estado.

El club del peaje

Franco Macri tenía razón. En algún momento, el peronismo iba a volver a gobernar. De allí su estrategia de sumar jóvenes de la Juventud Peronista. Pero en los años noventa la lógica cambió. Fue el propio menemismo el que impulsó la idea de sumar a la patria contratista al Estado. Para que el derrame llegase a la sociedad, a las empresas más grandes del país les tenía que ir bien. Para ello, qué mejor idea que ponerlas a decidir las políticas públicas a tomar. El abogado especialista en derecho administrativo Roberto José Dromi, que había sido asesor legal de Dycasa Dragados y Construcciones SA, fue el elegido para ocupar el estratégico Ministerio de Obras y Servicios Públicos que, además de manejar la cartera más importante en términos presupuestarios, se encargó de llevar a cabo las privatizaciones de las empresas de servicios públicos. Apenas asumió, invitó a las compañías a incorporar nombres para el organigrama gubernamental. Fue un pacto que debía permanecer en secreto, algo difícil de sostener en el tiempo.

Socma había crecido durante la década anterior. En la senda opuesta a una economía que se iba deteriorando, había diversificado sus actividades en los años setenta. Sobre el final de la dictadura, en 1982, se quedó con la producción de Fiat y de la francesa Peugeot. Poco después de la caída de Alfonsín, una encuesta entre decenas de hombres de negocios eligió a Franco Macri como el empresario de la década.

Luego de escuchar la invitación de Dromi, Franco y Mauricio Macri volvieron extasiados a sus oficinas y convocaron a un selecto grupo de empleados para contarles que iban a dejar el sector privado para trabajar en el Estado. Uno de los puestos clave se lo dieron Horacio Escofet, que se había instalado en Guatemala para representar a Sideco. Lo convencieron de regresar al país. Lo esperaba un despacho para dirigir la Subsecretaría de Planeamiento. Carlos Manuel Ramallo, director de Sideco, donde trabajaba desde 1983, y el gerente administrativo Roberto Righini, se quedaron con la Secretaría de Concesiones y Proyectos Especiales y la Dirección de Concesiones, respectivamente; Osvaldo Pérez Cortes fue ubicado cerca de Raúl Granillo Ocampo, en la Secretaría Legal y Técnica de la Presidencia; y el abogado apoderado de Socma, Guillermo Fanelli Evans, se hizo cargo de la Subsecretaría de Políticas y Legislación. Evans había representado a Fibraca Constructora, una de las firmas que hizo obras en la represa de Salto Grande, y según Gabriela Cerrutti, había llevado adelante juicios de Sideco contra Vialidad Nacional a mediados de los años ochenta. Luego fue miembro del tribunal arbitral del caso Meller en representación de las empresas.

Los Macri también se sintieron cómodos con otros ex ejecutivos en puestos clave. Ricardo Zinn, aunque no se había ido en buenos términos de Socma, recaló en la empresa a cargo de liquidar Entel. Carlos Carballo, acusado por más de ochenta fraudes en su paso por el directorio del Banco de Italia, se sumó al equipo que se sentó a negociar con los acreedores externos. Además, el holding tenía fluidos contactos con algunas figuras importantes, empezando por Grosso, designado intendente porteño, y con Bordón, que gobernaba la provincia de Mendoza y que en 1991 sería electo senador. Ambos habían trabajado en Sideco. Franco, además, tenía una relación aceitada con José Luis Manzano. Mauricio, a su vez, había intimado con Rousselot y Caserta durante la negociación por las cloacas de Morón.

En 1989, Luis Barrionuevo, uno de los encargados de recaudar fondos para Carlos Menem en las elecciones presidenciales, confesó que el empresariado había aportado ocho millones de dólares para la campaña. Según el sindicalista gastronómico, el grupo Macri había “invertido” 600 mil billetes verdes, además de una docena de autos Fiat. Otros 600 mil dólares habían llegado a través de Supercemento. Pero el financiamiento del PJ triunfador también tuvo otra vía.

El periodista Horacio Verbitsky desnudó, en Robo para la Corona, el pago de retornos efectuado en el gasoducto Loma de la Lata, que une Neuquén con Buenos Aires. Se había contratado al Consorcio Neuba, que nucleaba a los grupos Techint, Sade y Socma. Los sobornos estuvieron a cargo de la financiera Santa María, que juntaba los aportes de los tres grupos en proporción a su participación en el proyecto. Los incluía en sus balances internos bajo el rótulo de “prestaciones en sede”. En 1987, la UTE pagó 11,5 millones de dólares, que se distribuyeron entre dirigentes y funcionarios radicales y peronistas. Pero también recibieron su tajada las empresas que habían quedado fuera del negocio. Un ejemplo más de la cartelización de la obra pública que se convertiría en habitual durante el kirchnerismo. A esos retornos, las propias empresas los llamaban “peajes”. Paradójicamente, la adjudicación de obras a pagar con concesiones de peaje en las rutas es uno de los tantos capítulos negros del menemismo. Allí fue el mismo Estado el que promovió la cartelización.

El MOSP estuvo a cargo de la concesión, durante el menemismo, de 9.800 kilómetros de rutas de manera cartelizada. Fue un caso de falsa obra pública. Si bien los pliegos se hicieron a partir de la ley 17.520 —que regulaba el cobro de tarifas o peajes a favor de los contratistas de obra pública desde la época del gobierno de facto del general Juan Carlos Onganía—, parte de las rutas “privatizadas” prácticamente no necesitaban arreglos. La ruta 205, por ejemplo, aún tenía el asfalto caliente. La generosa Dirección Nacional de Vialidad cedió sus maquinarias para el mantenimiento. En 2013, el diputado Carlos Comi denunció que la historia nunca había cambiado y que las empresas todavía seguían cobrando por rubros absurdos, como un millón de dólares diarios por cortar el pasto dentro de los terrenos concesionados y/o por tapar baches.

La estafa se basaba en un dato real que desnudaba el ausentismo estatal durante el alfonsinismo: el mantenimiento de las rutas había brillado por su ausencia. El sombrío panorama aislaba a la Patagonia, pues sus caminos, por los que había transitado parte de la maquinaria bélica que las Fuerzas Armadas trasladaron a las islas Malvinas durante la breve aunque intensa guerra contra los ingleses, estaban abandonados. De un presupuesto de 800 millones de dólares, durante el corto tercer gobierno de Perón, se había descendido a 150 millones de dólares en 1988. El dinero recaudado de impuestos a los combustibles se destinaba a gastos corrientes de otras áreas para paliar el déficit presupuestario del Estado. Por eso, la cartelización de la obra pública no estaba mal vista: había que oxigenar a la patria contratista para que proveyese la infraestructura necesaria para que el país volviese a caminar.

La también llamada “patria peajera” acordó que la mitad de los kilómetros se los repartirían entre Roggio (22%), Socma (17%) y Techint (11%). El resto se dividió, equitativamente, entre las otras empresas. Por eso la victoria de la oferta más baja en las rutas no fue la regla ni la excepción.

Casi cincuenta empresas unidas en una docena de consorcios se repartieron los diecinueve corredores que se licitaron. Socma fue una de las grandes ganadoras. El grupo había logrado que sus ex directivos Escofet, Ramallo, Fanelli Evans y Righini integraran la comisión vial del MOSP, cuyo secretario adjunto —supuestamente ad honorem— era el ingeniero Rodolfo Perales, directamente interesado en la maniobra. Perales había sido asesor de Rodolfo Terragno, antecesor de Dromi durante el alfonsinismo, quien a su vez negoció con Menem la renuncia anticipada de Alfonsín.

A través de Servicios Viales SA, inscripta ad hoc en 1990, Socma consiguió la mayor concesión de rutas por peaje: más de mil kilómetros de las rutas 9, 11 y 33, un 11 por ciento del total, unos puntos por debajo del 17 por ciento acordado originalmente. Tres años más tarde, Socma se asoció con Impregilo y Dycasa, y constituyó Autopistas del Sol, que se quedó con la licitación para reconstruir el Acceso Norte a la Ciudad de Buenos Aires. En los papeles, se invirtieron 424 millones de dólares para una construcción veloz que demoró apenas dos años. El presidente de Autopistas del Sol fue, hasta 1996, Guillermo Domingo Laura, un personaje clave en esta historia.

Un testigo de aquellos días relató la manera en que Socma y sus socios obtuvieron ese dinero. Dromi lo negoció en persona con el “dos” del Citibank, Guillermo Stanley, padre de la actual ministra de Desarrollo Social, Carolina. “Willy” luego sería titular de la entidad y uno de los principales accionistas del fondo de inversión DyG, controlante de marcas como Havanna y Fenoglio. El ministro obligó al banco a prestarle el dinero al consorcio. No le quedó otra. ¿La garantía? El peaje que, a futuro, le cobraría. Dromi fue claro. Lo miró a Stanley y le dijo que todo estaba acordado. “La ganancia está asegurada, será monumental, acá ganamos todos.”

El sistema que diseñó el menemismo fue único en el mundo. Las inversiones se recuperarían en dos años, en la mayoría de las rutas no había caminos alternativos. Se pagaba por ruta, no por tramo. Con esas ventajas, la UTE entre Roggio, Aragón y Supercemento llegó a recaudar 73.112 dólares al año por cada uno de los 332 kilómetros de la ruta 9 con los que se quedó. Pero también recibió subsidios, como las otras compañías.

El propio Juan Alemann, ex secretario de Hacienda de José Alfredo Martínez de Hoz y ex director del diario La Razón —publicación que apoyó las políticas de Menem—, cuestionó la forma en que fueron implementadas las concesiones. “Los contratos fueron mal hechos. No previeron el aumento explosivo del parque automotor y de la consiguiente utilización de las rutas a partir del año 1990. Al no haberse previsto esto, se comprometieron subsidios que, a la luz de la evolución posterior, son absurdos […], y se fijaron tarifas que se aumentaban automáticamente cada año, generando una rentabilidad absolutamente desproporcionada para un negocio tan sencillo y sin riesgo […] como este. Hay empresas que ganan anualmente más del ciento por ciento de su capital. Y encima tienen derecho a un subsidio”, escribió el 22 de julio de 1998 en la columna que mantuvo en el periódico que dirigió luego de su venta al Grupo Clarín.

Para aplacar las sospechas, Carlos Menem le pidió la renuncia a Ramallo, de Socma. También hizo lo propio con Perales, cuyo caso era paradigmático, ya que Perales Aguiar y Dycasa había ganado juntas —bajo el sello de Semacar— las concesiones de las rutas 3, 205 y 252, pese a que la firma del asesor ad honorem estaba a punto de fundirse. Apenas tuvo que pedir un crédito por 5,3 millones de dólares para poner a punto las autovías. La ganancia fue diez veces superior: 50 millones de dólares en tres años. El fiscal Mariano Ciafardini lo denunció por conflicto de intereses, al igual que a los ex Socma, Righini y Fanelli Evans. Los salvó el juez de la Corte Suprema y ministro de Justicia durante el segundo mandato de Menem, Rodolfo Barra, que era viceministro de Obras y Servicios Públicos y había sido subgerente de la Sociedad Argentina de Electrificación (Sade), vendida al grupo Pérez Companc a mediados de los setenta.

Dycasa, la firma a la que había asesorado Dromi, también fue de la partida de los grandes ganadores. A su contrato con Perales Aguiar y su inclusión en Ausal hay que agregarle una ruta clave: la 2, que une Buenos Aires con Mar del Plata y que consiguió en 1990, en sociedad con Roggio y Esuco, denominada Covisur. La jurisdicción de la carretera fue transferida al año siguiente a la provincia de Buenos Aires, que renegoció el contrato, concediéndole subsidios por 172 millones de dólares y un incremento del precio del peaje que sumaría 105 millones de pesos adicionales a sus arcas. Antes de inaugurar las obras por 170 millones de dólares, el grupo ya había cobrado 277 millones de dólares y esperaba ganar, hasta 2010, otros 400 millones. La ganancia total fue del 667 por ciento, según la investigación de Verbitsky.

El malestar entre los usuarios fue enorme. Domingo Cavallo cedió a la presión y el 26 de febrero de 1991 confirmó, en una reunión con representantes de las entidades agropecuarias, que el sistema de peaje había llegado a su fin. Luego lo plasmó en un decreto. Pero a los pocos días deshizo lo hecho. Es que Carlos Menem había decidido seguir adelante, luego de reunirse con Vittorio Orsi, fundador de Sade, ex secretario de Planificación y representante del “club del peaje”. La anécdota de color es que Orsi le gritó de todo al ministro Cavallo. En una de las primeras reuniones de gabinete de ministros se enfrentaron ante la negativa de Cavallo para avalar el modelo de peaje. El superministro de Economía les había dicho a los representantes del sector agrario que anularía el sistema de peajes que el campo repudiaba. Había otra cuestión de peso: Pedro Brandi, dueño de su empresa familiar y socio de Chediack SA, había amenazado con hacer valer la onerosa cláusula por recesión que Dromi, Barra y su gente habían incluido en los pliegos. Se trataba de la llamada “cláusula Edcadassa”, que se inventó para Alfredo Yabrán y que establecía que, en caso de rescisión, había que pagarle al contratista el 50 por ciento del lucro cesante hasta el vencimiento de la concesión. Las gestiones las completaron el CEO de Techint, Roberto Sammartino, y su par de Socma, Franco Macri, presidente y vice —respectivamente— de la Unión Argentina de la Construcción, organismo surgido tras un cisma en la Cámara Argentina de la Construcción. Otra vez, la patria contratista salía airosa de la contienda.

En las discusiones previas se había hablado de un peaje de un dólar cada cien kilómetros: se llegó a pagar 2,50 dólares. Con el supuesto objetivo de bajar el precio del peaje (para aplacar el disgusto de los usuarios), el Estado les reconoció a las empresas una compensación por 64 millones de pesos eliminando el canon que debían pagar para quedarse con la concesión. En resumen, cobraron más de lo pautado y, para que bajasen el precio, les pagaron. Luego se agregaron otras ventajas: más indemnizaciones, aumentos en las tarifas y la extensión de los plazos del contrato. En ninguna de esas instancias se puso en la mesa de discusión algo básico: la rentabilidad.

La ciudad arterial

Como suele ocurrir, el denunciante más temido surgió de las entrañas del sistema. Se trató de un ex empleado de Sideco y Dycasa, Guillermo Laura, autor de La ciudad arterial, un libro esencial publicado en 1970 y galardonado por la Academia Nacional de Ciencias. Laura era el hijo de Lauro Olimpio Laura, proyectista de los principales accesos urbanos del país y jefe de inspectores de Vialidad Nacional durante la construcción de la avenida General Paz, en 1937. Guillermo nació al año siguiente. Con un título de abogado y una maestría en Economía en el bolsillo, fue asesor en las obras de las represas El Chocón y Salto Grande. Su libro se convirtió en una fuente de inspiración de Cacciatore para trazar el Plan de Autopistas Urbanas, que originalmente abarcaba unos cien kilómetros repartidos en nueve autopistas, de las que solo hicieron dos. Laura fue el secretario de Obras Públicas de Cacciatore.

La obra quedó a cargo de la UTE Autopistas Urbanas SA (Ausa), que construyó la Perito Moreno y la 25 de Mayo a partir de un crédito que consiguió con el aval del municipio. Se garantizó la operación por 973,9 millones de dólares, convirtiendo automáticamente a la firma en la tercera que más dinero debía fuera del país.

No está claro cuánto costaron las autopistas. En 1981, los proyectistas calcularon que el costo era de 220 millones de dólares, más 60 millones de dólares de expropiaciones, con lo cual ascendía a 280 millones. Pero dos años antes, Cacciatore había hablado de 20 millones de dólares por kilómetro, o sea, 370 millones en total. En los países desarrollados se pagaba un promedio de ocho millones por kilómetro. El sucesor de Laura, Roberto Ramallo, fijó el monto en 630 millones de dólares más 90 mil millones de pesos a valor de 1977 y 1978, según lo que declaró en el diario La Prensa el 17 de agosto de 1981. En aquel momento, Ramallo no especificó el año. En 1977 y 1978, el dólar fluctuó de 297 pesos a casi mil en menos de doce meses. El 14 de mayo de ese mismo año, el secretario de Hacienda, Juan Alemann, afirmó que solo la autopista 25 de Mayo significó “un endeudamiento externo de unos 600 millones de dólares”. Alemann no solo arrojó más confusión, sino que confirmó que las autopistas habían aumentado la deuda externa nacional. El costo final habría sido de 630 millones de dólares.

Pero el gran negocio estuvo en los avales. Pese a que Laura y otros funcionarios se habían encargado de dejar en claro que los gastos correrían por cuenta de los concesionarios, el pliego de condiciones disponía que los “compromisos financieros que el concesionario contraiga en el exterior para la ejecución de las obras” iban a contar con una garantía de 160 millones de dólares brindada por la municipalidad a través del Banco Ciudad. A su vez, ese aval tenía una contragarantía del Banco Central de la República Argentina que, además, refrendaba la adquisición de dólares contra la entrega de moneda argentina para pagar esos créditos. Todo eso, con un piso de 85 mil vehículos diarios garantizados por el municipio, que se encargaría de saldar la diferencia, en caso de existir, y la exención de los impuestos a la construcción y al valor agregado. Finalmente, cinco meses antes de la adjudicación y en solo 48 horas, el consorcio consiguió avales por 450 millones de dólares y un crédito de 150 millones de pesos del Estado argentino. La cifra se asemeja al costo de la operación, que debería haber cargado sobre Ausa; a su vez, la adjudicataria debía recuperarlo con creces mediante el cobro de los peajes. Pero el modelo resultó ser, en realidad, una descomunal transferencia de recursos hacia el consorcio constructor.

Ausa obtuvo dos créditos por medio del nipón The Long Term Credit Bank of Japan Limited y del londinense Libra Bank Limited, que actuaron como agentes. En ambos casos, los otorgaron consorcios de firmas extranjeras. Como era esperable, con la excusa de que los ingresos por peaje no les alcanzaban para financiarse, exigieron nuevos subsidios. Ausa alegó estar al borde de la quiebra y dejó de cumplir con sus obligaciones. No debería haber sido una sorpresa: en virtud de los números que se manejaban, la ganancia estimada no llegaría a cubrir ni la mitad de los 94,5 millones de dólares anuales de interés. Menos iba a alcanzar para amortizar el capital. Pero al consorcio no le interesaba. El negocio ya estaba hecho.

Las autopistas, al menos para el volumen de autos que circulaban a comienzos de 1980, no eran rentables, lo cual, sumado a las expropiaciones, contradecía de punta a punta la soflama eficientista y respetuosa de la propiedad privada de la buena prensa con la que contaba Martínez de Hoz. La empresa alegó que no podía perder plata, como si asumir riesgos no fuera parte del negocio. El Estado municipal tuvo que hacerse cargo de las deudas y Ausa siguió recaudando dinero de los automovilistas que pasaban por sus casillas de peaje. Fue el propio Estado el que anuló el riesgo empresario, posiblemente porque era insuperable frente a los números que se manejaron, sobre todo cuando el precio por kilómetro le sacó, justamente, kilómetros de distancia al precio que pagaban otros países.

Tanto fue así que, de los cinco consorcios preseleccionados, cuatro decidieron no presentar oferta. Sencillo: la obra no era rentable. La observación fue explícita. Todos estaban conformados por empresas de probada solvencia económica, e incluían firmas como Impresit Sideco, Sade y Techint, en un caso; Dyopsa y Supercemento, en otro; Conevial y Ecofisa, en el tercero; y Sánchez Granel y Brown & Root, en el último. La obra se la quedaron Huarte y Cía. SA, Viales y Estacionamientos SA, Polledo SAICyF, y Empresa Argentina de Cemento Armado de Construcciones SA.

La deuda de Ausa se judicializó. La jugada le salió bien a la UTE. En su dictamen de 1985, la Procuración General porteña evaluó que el costo del juicio demandaría sumas millonarias —estimó que solo en pericias se gastarían unos 160 millones de dólares—. Recomendó que el municipio se sentara a negociar. Rodolfo Barra, que tenía miles de acciones en el consorcio, fue quien negoció, en nombre de las empresas, un convenio que dejaba a la ciudad endeudada y a Ausa, con una concesión por otros cinco años. La deuda terminó siendo transferida a la Nación, que no encontró documentación sobre los créditos, en medio de fuertes sospechas —nunca probadas— de que el dinero había sido desviado hacia la Fuerza Aérea a la que pertenecía Cacciatore. Ese contrato venció luego de un lustro. No importó. Fue renovado en 1991, sin pasar por licitación, con el aval de Carlos Grosso y con un nuevo socio en el grupo: Sideco. Años más tarde, Mauricio Macri diría que Cacciatore era su referente como un político que apostó por la infraestructura. Seguiría sus pasos al hacer de Ausa una importante caja política.

La gran pirámide

Mario Guaragna, el hombre que hizo los pliegos en 1976, fue el encargado de las licitaciones en los años noventa. Se trató de un proceso saturado de irregularidades. Una de ellas grafica la ligereza con la que se encaró el tema: las reglas para decidir qué empresa sería ganadora fueron presentadas, en el expediente, después de las adjudicaciones. Sucede que se plantearon una serie de obras prioritarias en cada tramo, que debían hacerse antes de instalar las casillas de peaje, y luego una serie de mejoras que las empresas podían proponer libremente, lo cual daba lugar a una absoluta arbitrariedad al momento de adjudicarlas, ya que era imposible establecer el sistema de puntaje. Ese mecanismo permitió digitar los ganadores y repartir las obras. Para que nadie se quejara, entre los parámetros a tener en cuenta se excluyeron como condición de evaluación los índices de liquidez y endeudamiento de las empresas licitantes. Ya no importaba contratar compañías con una contabilidad estable. La inclusión de los ítems anteriormente descriptos posibilitó que Perales Aguiar compitiese. Así se concedió la obra a una empresa que ofreció asfalto de mala calidad.

Luego de que se abrieran los sobres, Guaragna fue al Congreso a entrevistarse con la comisión de seguimiento de las privatizaciones que encabezaba Alberto Natale. Entonces se produjo el siguiente diálogo:

—¿Cuántos puntos asignarán a cada uno de estos ítems en los que ustedes han repartido la merituación de las ofertas? —preguntó Natale.

—Esta es una tarea muy compleja y delicada que será resuelta en los próximos días por un comité formado por funcionarios de varias áreas —respondió Guaragna.

—Pero si ya han abierto los sobres con las ofertas.

—No importa, porque al haber muchos corredores las licitaciones son muchas y el criterio del puntaje es el mismo para todas.

—Esto es como jugar al truco, repartir las cartas y después de verlas decidir que el as de espadas mata al as de bastos, y el as de bastos, al siete de espadas.

El auditorio estalló en una carcajada. Guaragna se defendió:

—Hay tres o cuatro consorcios en condiciones de quedarse con todas las concesiones, pero la capacidad de obra comprometida tal vez los exceda, y nosotros queremos que los contratos se repartan entre la mayor cantidad de empresas posible. De modo que en algunos corredores descalificaremos al que salió primero, o al primero y al segundo, para que haya una distribución amplia.

—Pero el que ganó no se va a quedar conforme si lo descalifican —retrucó Natale.

—Las empresas no tienen interés en plantear litigios administrativos y saben sus limitaciones financieras. Aceptarán la decisión y así podremos diversificar el riesgo contractual —se confesó Guaragna.

Lo que siguió fue lo esperado. Pese a que Francisco Paolini, de Paolini Hermanos SA, estaba dispuesto a pagar dos millones de dólares por algunos tramos de las rutas 9 y 34, estas fueron concedidas por 350 mil dólares a una UTE conformada por Grupo Roggio, Supercemento, Aragón, Dyopsa y Nazar. Con el objetivo de extinguir un posible foco de conflicto, los ganadores sumaron a Paolini al consorcio. Para montar el negocio, se desmanteló Vialidad Nacional, que debía controlar. La dependencia perdió su edificio. Sus técnicos se mudaron al sector privado, como el titular en la provincia de Buenos Aires, Roberto Santangelo, a quien Techint le pagó medio millón de dólares para que los asesorase.

Guillermo Laura explotó. Acusó a la Cámara Argentina de la Construcción de haberse “manejado en base al soborno sistemático de funcionarios y al silencio de la mafia”, con el sello de Techint, Pérez Companc, Roggio y Dycasa, empresas a las que apuntó sus dardos. En 1999, tres meses antes de la salida de Carlos Menem, Laura denunció en el capítulo 8 de su libro 10.000 kilómetros de autopistas por 10 centavos que el mismísimo José Dromi había cobrado, personalmente, cinco millones de dólares para conceder los corredores viales de las rutas 2, 3 y 205, y otros dos millones de dólares por la red de accesos a la Ciudad de Buenos Aires —un contrato que iba a ser para treinta y dos empresas, pero que finalmente se cayó—. No solo eso. El secretario de Obras Públicas, Raúl Costamagna (cuyo cargo había “descendido” a secretaría en 1991, cuando fue fusionado con el Ministerio de Economía), habría pedido a los concesionarios 200 millones de pesos para financiar la campaña del peronismo, a cambio de la renegociación anticipada de los contratos que vencían en 2003. Laura prometió aportar como testigos a empresarios arrepentidos. Ratificó todo lo dicho en una declaración de casi siete horas ante el fiscal Gerardo Di Massi.

Los accesos metropolitanos son un caso aparte. Todo el proceso se mantuvo en el más absoluto silencio. Se escondió al Congreso, a su comisión bicameral y, por supuesto, a la opinión pública. Natale contó en su libro Privatizaciones en privado que se enteró debido a la consulta de una periodista, casi por casualidad, de que había dos iniciativas privadas repartidas en dos consorcios que prácticamente no tenían quién les disputase ese proyecto, ya que Pescarmona en soledad no pudo con Techint, Sideco, Sade, Benito Roggio, Aragón y Kokourek, de un lado; y Conevial, Codi, Dycasa, Eaca, Huarte, Iglys, Castellone, Novolia, Panedile, Perales, Aguiar y Sollazo, del otro. “Como los dos grupos se habían asociado, prácticamente no compitieron con nadie”, recuerda Natale. Pero solo se llegó a la preadjudicación. La mayor resistencia no fue la de los usuarios sino la de los intendentes que sufrirían la furia de aquellos.

Tras la denuncia de Laura, Dromi reaccionó con dureza. Dijo que se trataba de “una difamación solemne” y que si fuera real, se trataría de “una mafia, una asociación ilícita en delitos no excarcelables” de la que Laura era “un encubridor”. A fines de 1997, Laura le había presentado a Menem su “Proyecto 10”, con el que proponía construir 10 mil kilómetros de autopistas por año, financiados con una suba del impuesto a los combustibles. El proyecto significaba una estocada en el corazón de los concesionarios, ya que su modelo contemplaba rutas gratis para todo el mundo. Al proyecto lo calificaron “de interés nacional”. Sin embargo, según Laura, la Cámara Argentina de la Construcción le dio 4,5 millones de dólares a la agencia de prensa de Marcos Victorica y Urquiza para que “compraran” periodistas y consultores, como Juan Luis Bour y Daniel Artana, economistas de la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas (FIEL). Bour escribió el 16 de abril de 1998, en una columna en el diario BAE, que “gastar en autopistas es un desperdicio” y que “sería más rentable construir una Pirámide de Keops para ganar plata con los turistas que vengan a ver la locura del loco al que se le ocurrió hacer una gran pirámide”. Seis meses después, la Cámara Argentina de la Construcción financió un trabajo de FIEL en el que, entre otras cosas, se mostraban las ventajas del sistema de peajes. Por intermedio de la delegada del Fondo Monetario Internacional, Teresa Ter-Minassian, el “club del peaje” logró que, desde Washington, el director ejecutivo del FMI, Michel Camdessus, argumentara en contra del proyecto, ya que recalentaría la economía, pese a que el país estaba ingresando en la que sería su peor recesión económica.

Dromi arremetió, nuevamente, contra Laura. Era un hombre despechado, adujo. En última instancia, agregó, él era corresponsable. “Esa denuncia es producto de un desquiciado. Si las cosas fueran como él las plantea, es un encubridor, un partícipe necesario de los delitos que denuncia. ¿Por qué lo calló durante diez años? ¿Por qué fue empleado de los corruptos que pagaron coimas? Él trabajó para Macri y durante su gestión en Autopistas del Sol la tarifa aumentó de 1,00 a 1,30 pesos”, contraatacó el ministro de Menem. “Las concesiones de rutas por peaje ya fueron analizadas entre 1990 y 1994 por el respetable juez Martín Irurzun”, añadió.

—¿No cree que las condiciones tan ventajosas en las que usted concesionó las rutas hacen que las acusaciones de Laura suenen creíbles?

—La Argentina de los noventa era otra. Había que buscar inversores.

Dromi también recordó que Laura estuvo “procesado por las irregularidades en la contratación de Parque Interama SA”, otro capítulo negro de la Ciudad de Buenos Aires durante la última dictadura militar. En 1978, Cacciatore y Laura convocaron a una licitación para construir un Disney argentino, el “Parque Zoofitogeográfico y de Diversiones” en Villa Soldati, en un baldío plagado de basura y algunas casillas que, como era costumbre, fueron barridas por topadoras. La idea era construir un gran parque temático con juegos de punta, incluida la montaña rusa de doble carril más grande de Latinoamérica, “Vertigorama”, que nunca llegó a funcionar. Para eso se contrató al ingeniero estadounidense Richard Battaglia, representante de Disney. Incluso se levantaron los cimientos de lo que debería haber sido una de las primeras salas Imax del mundo. Pero de las sesenta atracciones proyectadas en 1982, solo doce funcionaban cuando el parque abrió sus puertas. El intendente radical Julio César Saguier lo estatizó al año siguiente y rompió el contrato con Parque Interama. El argumento: la Procuración General porteña había detectado varias irregularidades, como la presentación de balances falsos. La rescisión del convenio terminó con la quiebra de la firma y los reclamos de sus acreedores. Pero la sociedad, a su vez, demandó a la ciudad y consiguió fallos favorables en primera y segunda instancia. Cuando la Corte Suprema lo trató en el año 2011, el monto reclamado llegaba a los cuatro mil millones de pesos. Para tranquilidad de Macri y sus conciudadanos, el máximo tribunal sentenció a favor del Estado porteño. Un fallo opuesto hubiese fundido a la ciudad.

Laura no fue el único que acusó a Dromi de actos de corrupción. En marzo de 1999, con las firmas de Roberto Azaretto, ex concejal metropolitano y titular de la Asociación Civil de Defensa del Usuario de Servicios Públicos, y Luis Montes de Oca, miembro del Comité de Defensa del Usuario Vial, denunciaron penalmente al ex funcionario menemista por el contenido de los contratos. “Tengo testigos de que hubo coimas”, advirtió Azaretto. Prometió más denuncias, entre ellas, por la ruta 2, “que ya fue pagada totalmente por el gobierno bonaerense, que por recaudación de peaje ya se pagó otra vez y durante la vigencia del contrato se va a pagar dos veces más”. Según la acusación, Rodolfo Perales se habría encargado de reunir el dinero de cada empresa y de juntar cinco millones de pesos-dólares para dárselos a Dromi. Se los habría hecho llegar a un country cercano a la autopista Panamericana, el 18 de diciembre de 1990. Laura dijo que se lo contó en junio de 1998 Víctor Pellegrino Testoni —asesor de una de las empresas—, durante un almuerzo en el Jockey Club, y que le detalló que al momento de contar la plata, faltaban 50 mil dólares. “Te quedaste con el vuelto”, habría bromeado Dromi con Perales.

El vicepresidente de Techint, Eduardo Baglietto, se habría encargado de juntar los otros dos millones de dólares, que fueron entregados a Dromi el 28 de diciembre de 1990, una semana antes de que dejara el gobierno y les desease a las empresas “que la inocencia les valga”. Cuando le preguntaron a Laura por qué denunciaba a Dromi una década después de ocurridos los hechos, recordó que existían acusaciones previas y citó el libro de Alberto Natale.

Lo cierto es que el lobby que había frenado el proyecto de Laura, poco antes de la denuncia del 29 de febrero de 1999, forzó la renegociación de los contratos con dieciocho concesionarios viales y la firma de Costamagna, pero sin licitación. Con la excusa de saldar una supuesta deuda del Estado con las empresas en concepto de subsidios por 200 millones de dólares, se concedió una prórroga automática hasta el año 2006. Pese a ello, las empresas habían incurrido en numerosos incumplimientos. Por ejemplo, un estudio de FLACSO concluyó que en el 79 por ciento de las concesiones, las compañías habían aumentado los precios de los peajes por encima de lo pautado. Con excepción de Techint, las firmas, a su vez, habían empezado a cobrar desde que se instalaron, es decir, antes de hacer las obras, en contra de lo que establecían los pliegos.

La consecuencia es que el sector vial fue el más rentable de los privatizados, superando incluso a las telefónicas. Únicamente durante el año 1996, Servicios Viales SA, de Socma, obtuvo una rentabilidad del 37 por ciento.

Luego de la denuncia de Laura, Menem llamó a Dromi por teléfono. Le pidió serenidad. Unos días más tarde, dictó el decreto 1.001/99 por el cual mandó al procurador general del Tesoro, Rodolfo Díaz, a constituirse como querellante en la causa. Fue un giro copernicano. Hasta ese entonces, el Presidente había rechazado todas y cada una de las denuncias por corrupción contra él y su entorno. Para algunos, era una maniobra para hacer caer el expediente. (El kirchnerismo no fue original. El ex menemista Aníbal Fernández asesoró en las sombras a Hebe de Bonafini para que su fundación fuera querellante en la causa por malversación de fondos públicos en Sueños Compartidos.) La denuncia fue archivada en marzo del año siguiente por el juez federal Rodolfo Canicoba Corral. Falló que “no pudieron advertirse irregularidades en el proceso licitatorio”, pese a que Laura había aportado nueve grabaciones de conversaciones telefónicas con ejecutivos de dos empresas: Pablo Leclerq, coordinador de la empresa estadounidense Bell Atlantic (una telefónica interesada en las privatizaciones), y Carlos Spadone, ex asesor de Menem interesado en la concesión de la ruta 5. Ambos reconocieron que Dromi había pedido coimas.

Spadone había sido protagonista de un escándalo denunciado por Susana Viau en Página/12. En noviembre de 1991, el Ministerio de Salud Pública y Acción Social ordenó recuperar una partida de 47 toneladas de leche en polvo vencida y contaminada con Escherichia coli, distribuida en la zona oeste del Gran Buenos Aires. El caso fue denunciado por el socialista Simón Lázara, ex vocero de Alfonsín. La investigación arrojó la existencia de una única oferente en la licitación, la empresa Summum, cuyo dueño era Spadone, absuelto en primera instancia y condenado por la Cámara Federal a dos años y medio de prisión en suspenso. Pero la vida le sonrío: pese a que pagó una multa de 90 mil dólares, el hombre del riñón del vicepresidente Carlos Ruckauf tuvo una exitosa carrera como empresario: fue socio de Carlos Ávila, de Carlos Menem y de la empresa Boeing. Spadone compró varios teatros en Buenos Aires y en Mar del Plata, incluido el Lola Membrives.

Uno de los involucrados en el caso de la leche contaminada rescindió el contrato un año después. Se trataba de Néstor Osvaldo Lorenzo, gerente de Summum, que fue arrestado y acusado de suministrar medicamentos adulterados en el año 2009. La ex ministra de Salud Graciela Ocaña lo había bautizado “el Yabrán del sistema de salud”. Lorenzo estaba íntimamente ligado a Sebastián Forza, uno de los empresarios asesinados en el triple crimen de General Rodríguez que terminó desnudando una red de tráfico de efedrina para financiar al kirchnerismo. Entrevistado para Periodismo y Punto, Esteban Pérez Corradi —supuesto autor intelectual del triple crimen— aseguró que Lorenzo aún le debe dos millones de dólares por varios negocios que realizaron en conjunto. La abogada Claudia Balbín y su hijo Santiago Viola representan al hijo menor de Lázaro Báez, Leandro, en la causa conocida como “la ruta del dinero K”. Son los mismos abogados de Néstor Lorenzo.

Spadone, Leclerq, Dromi y todos los involucrados negaron los pedidos y pagos de coima ante el juez Rodolfo Canicoba Corral, que sostuvo que el contenido de las cintas había sido desvirtuado y que ni siquiera valía la pena investigar. Es el mismo juez que tomaría la misma resolución en decenas de causas contra el kirchnerismo. Una semana antes, el juez Carlos Liporaci había procesado a Laura por falso testimonio, por denunciar que Dromi había hecho lobby para que la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares destinara el 85 por ciento de su presupuesto a la editorial Ciudad Argentina que administraba Laura Sanmartino, su esposa, y que compró material “por cuatro millones de dólares sin respaldo documental”.

Sin embargo, la Sala II de la Cámara Federal revocó el procesamiento por falso testimonio y ordenó que se sortease un nuevo juzgado para volver a investigar el caso, porque Canicoba Corral le había dado relevancia a los testimonios de los acusados pero desestimado las transcripciones de las grabaciones.

Aprendices del riojano

El que inventó el negocio fue Menem. Néstor lo multiplicó.

Confidente de Lázaro Báez.

Noviembre de 2016

“En Santa Cruz había comenzado el vacío de las arcas del Estado, pero no nos dimos cuenta, porque Néstor era muy pícaro en el manejo de los números”, afirma, ni más ni menos, que Eduardo Arnold, ex vicegobernador de Néstor Kirchner durante el período 1991--1999.

Como ocurría en el gobierno nacional de Carlos Menem, una de las cajas políticas de la gobernación estaba en el manejo de las rutas. Pero al comienzo de la gestión Kirchner, no todas eran buenas noticias. Lupín debía conducirse con cautela ya que al frente de Vialidad Provincial estaba Carlos María Laffitte, un hombre correcto y de carrera. Laffitte pertenecía al espacio político de Arnold y de Rafael Flores, el Movimiento Renovador Peronista, que se había aliado con el Frente para la Victoria para ganar las elecciones de 1991. Durante ese período, las obras estuvieron paralizadas. A Kirchner le molestaban los desplantes de Laffitte. Al funcionario poco le preocupaba y presentó un ambicioso proyecto para construir un nuevo edificio de Vialidad en Río Gallegos. “Antes era un edificio de chapa, una toldería”, explica Arnold en septiembre de 2016 mientras prepara sus valijas para asumir como embajador en Costa Rica. Vialidad era una empresa muy querida por todos los santacruceños. El nuevo edificio tendría ocho pisos. Laffitte se lo presentó al gobernador por medio de su jefe político, Arnold: “Tengo ciento cincuenta planes trabajar al pedo, rascándose las bolas, con esta gente dirijo la obra, tomamos un arquitecto y un ingeniero y lo hacemos perfectamente”, argumentó el gobernador evitando las correcciones políticas. Kirchner inventaba excusas. El supuesto ahorro en el gasto público no lo seducía. Levantó el teléfono y llamó a su ministro Julio De Vido, que había asumido en 1989, como Director General de Obras Públicas del Instituto de Desarrollo Urbano y Vivienda (IDUV) de la provincia. Al año siguiente, ocupó el cargo de presidente de la Administración General de Vialidad Provincial. Sería el paso anterior a llegar al Ministerio de Economía y Obras Públicas de Santa Cruz por ocho años. El último período de Kirchner como gobernador —entre 1999 y 2003— fue ministro de Gobierno.

La intervención de De Vido en el proyecto de Laffitte molestó al funcionario. “¡Hasta acá llegamos, me rompí el culo haciendo esto!”, le gritó Laffitte a Arnold, que no lo podía controlar. “Te dije que se podía realizar perfectamente con la gente que tenemos al pedo acá, ¡y por la mitad del precio que quieren ellos!” Arnold no salía de su asombro. “Si me dan una oportunidad, les demostraré que se puede construir el edificio a la mitad de precio”, le dijo desafiante el funcionario de Vialidad al vicegobernador. Arnold llamó a Kirchner: “Hermano, renuncia Laffitte. No acepta lo que están haciendo. No sé qué decirle”. El gobernador se preguntó extrañado cómo alguien podía renunciar a un cargo público tan trascendente. “Ya lo llamo a Julio y arreglamos las cosas”, concluyó Kirchner. El proyecto salió al cuarenta por ciento del valor presupuestado por el futuro ministro de Planificación de la Nación, y en tiempo récord.

Pero el día de la inauguración del edificio, Laffitte se tomó la revancha por los meses de sufrimiento. Evitó colocar el nombre de De Vido en la placa de la inauguración. Cuando le informaron al gobernador, Néstor llamó a su vice para que interviniera: “Che, el francés —así lo llamaban a Laffitte— metió la pata con Julio. ¡El boludo no lo puso en la placa de la inauguración! ¿Por qué no averiguas qué pasó? Porque si no va Julio al acto, no va el Frente para la Victoria”. La discusión duró unos minutos y acordaron que no habría placa. Sin nombres. Pero Laffitte no tenía ánimos de negociación.

Arnold debió llamar nuevamente a su gobernador: “Mirá, a Laffitte le importa tres carajos que no vaya De Vido, no pone la placa pero se va al diablo”. La cita era a las siete de la tarde. Con quince minutos de demora, cayeron todos. El salón explotaba. De Vido aplaudía con cara de pocos amigos. Poco después, Kirchner echó a Laffitte. Lo reemplazaría Nelson Periotti, un funcionario que ocupaba un cargo menor en el directorio de la empresa estatal. “Después comenzaron a hacer rutas en la provincia y manejaron todo centralizado”, concluye Arnold quince años más tarde. “Fue la venganza del boludo.”

Hoy Periotti está imputado por sobreprecios en la obra pública. En esos años, él era quien “manejaba realmente Vialidad”. No así José López. Es lo que cree Arnold. Periotti es otro caso de un funcionario pobre que, una década después, amasa una fortuna personal. Su mujer actualmente asesora a la gobernadora Alicia Kirchner. Mientras Periotti manejaba Vialidad como si fuese su estancia, José Francisco López estaba por desembarcar en el Instituto de Desarrollo Urbano y Vivienda (IDUV). José Luis Porto, un exitoso ingeniero, estaba al frente del instituto hasta que un frío domingo de 1994 un cartel luminoso cayó en su cabeza. El infortunio le costó la vida. Al lunes siguiente, Arnold visitó en su despacho a Kirchner, que estaba conversando con José López.

—Josecito, tenés que ir al IDUV —le exigió el gobernador al joven funcionario que años después concluiría su carrera política en un convento revoleando bolsos repletos de dinero.

—No, Néstor, estoy tranquilo en Vialidad, dejame ahí por favor.

—Pero es que el Proyecto te necesita. Dale, Josecito, dejate de hinchar los huevos. El Proyecto te precisa ahí. No te lo estoy preguntando… Vas ahí o nada —Kirchner solía quedarse con la última palabra.

—Está bien pero solo te pido una cosa. Sacame esa banda de delincuentes que está metida adentro del Instituto De Vido —José López, como gran parte del gabinete provincial, detestaba al funcionario bigotudo.

—Lo hablo con Julio, pero quedate tranquilo, reubicamos a los que vos no querés. Imaginate que yo no tengo conocimiento de que haya delincuentes, como vos decís —concluyó el gobernador.

El único que se fue de allí fue el arquitecto Carlos Infante, funcionario de rango intermedio de Vialidad provincial. Arnold pensó que López representaba el futuro político de la provincia. Alguien tenía que animarse a decirle al gobernador que De Vido era un mafioso. “Se hicieron corruptos con él. No eran así. Kirchner lo corrompió. Quien no era corrupto, no podía estar con Kirchner. O eras corrupto o eras partícipe necesario”, asegura Arnold. Corría el año 1994 y José López comenzaba a transformarse en lo que antes criticaba.

La desproporcionalidad de la inversión en la obra pública se acentuaría durante la llegada del kirchnerismo al gobierno nacional. El 11,3 por ciento del presupuesto de Vialidad Nacional, durante los doce años del kirchnerismo en el gobierno nacional fue a Santa Cruz. La estrategia judicial de la ex presidenta Cristina Kirchner argumenta que el elevado monto fue producto del “tamaño con relación al territorio nacional de Santa Cruz, que es del 10,5 por ciento”. Al igual que Lázaro Báez, para Cristina no existieron acomodos ni empresarios amigos de su gobierno.

Cemento para todos

Durante el kirchnerismo se anunciaron miles de kilómetros de autopistas que se construirían en el mediano plazo. La Auditoría General de la Nación verificó si se había cumplido con las obligaciones contractuales en el órgano de control de concesiones viales. El OCCOVI dependía de Vialidad Nacional. Su titular más tristemente célebre fue Claudio Uberti, quien dejó el cargo el 9 de agosto de 2007 tras el mencionado escándalo de la valija del ciudadano venezolano Antonini Wilson.

A Claudio Uberti se lo solía ver en el café Volta, sobre Avenida del Libertador, donde “gestionaba” ciertos arreglos con empresarios, supuestamente por orden de José López. Tras su caída en desgracia, lo reemplazó Gustavo Gentili. Su mujer, Laura Andino, ocupó la intervención de Autopistas del Sol. Casualidad. Según Paula Oliveto Lago, legisladora de la Coalición Cívica, no es accidental que Uberti haya sido quien controlase las Uniones Transitorias de Empresas que se dieron específicamente en los corredores viales.

La historia de la Dirección de Vialidad se remonta a 1932, durante la presidencia de Agustín Pedro Justo, que financiaba al nuevo organismo con un impuesto fijo por cada litro de nafta. En 1958, un decreto presidencial de Arturo Frondizi reemplazó el monto fijo por un porcentaje (el 35 por ciento). Mediante la ley 15.274 de 1960 se creó el Fondo Nacional Complementario de Vialidad, que gravaba las ventas de cubiertas y vehículos y serviría para construir o reconstruir 15 mil kilómetros de caminos en un plazo no mayor de diez años. En 1979, durante la dictadura militar, la Dirección Nacional de Vialidad perdió poder, ya que las carreteras pasaron a depender de las provincias. Menem, en 1990, eliminó los fondos específicos para los caminos, con lo cual la Dirección Nacional de Vialidad comenzó a recibir dinero a partir de asignaciones indicadas en el Presupuesto General de la Nación de forma directa y arbitraria. Comenzaba a reformarse el Estado, y las principales rutas pasaban a manos de concesionarios privados. En 2003, Kirchner lanzó un plan vial nacional que nunca se cumplió. El ex presidente aseguró que la ruta 9 se transformaría en autopista hasta la capital salteña, lo mismo sucedería con la ruta 7 hasta San Luis, o con la 8 hasta Pergamino. El proyecto de la autopista de las rutas 22 y 23 en Río Negro sigue siendo una utopía, como la 14 hasta Posadas, Misiones. El Chaco de Jorge Capitanich inauguró pequeños tramos de autovía de la 11 hasta Resistencia pero nunca la concluyó; igual suerte corrió el tramo que va desde la capital hasta la localidad de Sáenz Peña. En el informe presentado por la Auditoría General de la Nación del año 2015 que consta de ciento cuarenta carillas, el equipo de Leandro Despouy registró los innumerables incumplimientos en el mantenimiento de las carreteras.

Los ganadores continuaron siendo los mismos del menemismo. Veintiséis años después de su creación, Caminos del Río Uruguay (Crusa) sigue a cargo del denominado Corredor Nº 18 que incluye el puente Zárate-Brazo Largo y las rutas 12 y 14, y recorre las provincias de Entre Ríos, Corrientes y el norte de Buenos Aires. Su presidente es el ingeniero Juan Guillermo Insúa, titular también de Covimer SA y El Rabón SA. En 1999, le aseguraba al diario La Nación que uno de los motivos de los constantes accidentes de tránsito producidos en las rutas bajo su concesión era el santuario clandestino levantado a un costado de la ruta en el kilómetro 129: el 7 de septiembre de 1996, moría en ese lugar la cantante tropical conocida como Gilda. El tiempo pasó y el cine argentino estrenó, en 2016, la vida de la cantante, interpretada por Natalia Oreiro. Aún hoy cientos de personas siguen visitando el santuario de Gilda. Lo único que cambió fueron los aranceles en los puestos de peaje.

En 2014, hubo una discrepancia entre el OCCOVI y la Unidad de Coordinación de Fideicomisos de Infraestructura (UCOFIN) respecto de la liquidación que debía abonársele a Crusa. La UCOFIN también fue creada durante la presidencia de Fernando de la Rúa, el 21 de noviembre de 2001, poco antes de su renuncia. Duhalde transfirió, mediante el decreto 373, sus actividades al ámbito del Ministerio de Economía. Kirchner se la dio a De Vido. Dentro de este marco legal, la responsabilidad de UCOFIN es “la planificación financiera, afectación y administración eficiente de los recursos de los fideicomisos de infraestructura de transporte e infraestructura hídrica”. La discrepancia era millonaria y provocó la falta de pago, por lo que el con cesionario detuvo el avance del plan de repavimentaciones. Según la cláusula 15 del acta de acuerdo, el no pago del 50 por ciento permite a la empresa la paralización de los trabajos sin que deba desembolsar una penalidad por incumplimiento. Eso pasó. Otra postal de un Estado bobo. El corredor se deterioró. Durante el gobierno de De la Rúa, para mantener la rentabilidad de la concesionaria se redujeron los montos de las obras. Kirchner, en el año 2006, directamente eliminó las obligaciones de Crusa. Las obras de repavimentación las ejecuta directamente el concesionario, sin licitación alguna ni concurso de precios. Por otra parte, la repavimentación de la autovía 14 costó 220 por ciento más que el precio original. Cada kilómetro debía totalizar 5.485.391 pesos, su precio unitario fue de 12.086.879 pero la redeterminación de precios lo llevó a 16.587.954.

Producto de la falta de obras viales, la seguridad del rubro empeoró durante la “década ganada”. La Argentina ocupa el segundo lugar en muertes en carretera por cada diez mil vehículos. Solo lo supera Chile.

En su primer año como presidente, Néstor Kirchner aumentó 41 por ciento el presupuesto a cargo de De Vido. Sin embargo, mantuvo la inversión en función social —solo aumentó tres millones—, así como la inversión en agua potable —de 357 millones a 380—. No ocurrió lo mismo en infraestructura: pasó de 2.000 millones a 7.400 millones en veinticuatro meses —cuatro veces más—. Casi la mitad de los fondos eran para tres distritos: Santa Cruz, Buenos Aires y Córdoba. Kirchner incumplió con el Sistema Nacional de Obra Pública que exige que las obras que superen los 5.500.000 pesos deben tener un dictamen técnico previo. El 85 por ciento no lo tuvo. Licitó obras no previstas en su primer presupuesto por 284 millones de pesos. La mitad de esa plata iba a Santa Cruz. El Congreso no lo debatió. Más aún, ignoró la denuncia judicial presentada por las diputadas del ARI Elisa Carrió y Fabiana Ríos.

El presupuesto total de Planificación durante 2004 fue de 3.227 millones de pesos. El 32,03 por ciento correspondía a Vialidad Nacional y el 28,45, a Vivienda, a cargo de José López. Gran parte de la plata para Vialidad debía utilizarse para terminar los trabajos de asfalto de la ruta 40, adjudicada, en Santa Cruz, a Equimac, Gotti y Esuco. Esas empresas habían incumplido contratos durante el menemismo, pero volvieron a quedarse con jugosos negocios durante el gobierno de Kirchner. Las rutas 3, 205, 226, 252 fueron adjudicadas a Coarco y Equimac. Ambas habían operado la ruta 226 e incumplido el 30 por ciento de lo convenido contractualmente. Lo mismo pasó con Homac, que resultó ganadora de las rutas 5 y 7. La UTE Decavial-Vialco también ganó licitaciones a pesar de los incumplimientos en los que había incurrido durante los años noventa. A Eduardo Eurnekian, dueño de Corporación América, también le fue muy bien con el kirchnerismo. Se quedó con la licitación de las rutas 7, 8, 33, 36, 38 y 193. Su historia con los aeropuertos es conocida. Covico ganó las rutas 9 y 34 pero nunca terminaron lo pactado en la ruta 188. La ruta 2 quedó a cargo de Covisur, UTE conformada por Esuco y el grupo Macri.

En los primeros dos años de gestión de Néstor Kirchner, la obra pública invertida en vialidad en la provincia de Santa Cruz se concentró en seis compañías: Gotti SA (28,57%), Petersen, Thiele y Cruz (28,57%), Kank y Costilla (14,28%), Contrera Hermanos (14,28%), Equimac (14,28%) y Esuco SA (14,28%). Con los años, Lázaro Báez compró empresas competidoras como Gotti y se terminaría quedando con el 80 por ciento del total de la obra pública de su provincia. En los fondos para rutas provinciales, aparecen otros nombres como Decavial, Eleprint SA y Palma, con porcentajes del 10 por ciento.

Eleprint SA es copropietaria de Edefor SA junto con el empresario Sergio Taselli, ya mencionado en este libro. Ambas empresas participaron en los primeros años de la explotación de Yacimientos Carboníferos Fiscales. También fueron socias de varias obras públicas en Formosa durante la gobernación de Gildo Insfrán, junto con JCR Construcciones, del fallecido Juan Carlos Relats. Kank y Costilla, en cambio, solía asociarse con el fallecido empresario Vittorio Gotti. Luego de su dudosa muerte en un accidente de tránsito, Kank y Costilla explotó el corredor vial de la ciudad de Cipolletti —Río Negro— junto con Contreras Hermanos y Esuco, de Carlos Wagner. A comienzos del gobierno de Néstor Kirchner, la AFIP denunció a la firma por evasión fiscal y por emitir facturas truchas, una constante de la obra pública durante el kirchnerismo. La maniobra permitía el lavado de dinero y el pago de comisiones no declaradas —las famosas coimas o retornos—. De Vido estuvo involucrado como el supuesto facilitador en los procesos licitatorios en Santa Cruz. En las investigaciones que realizó el equipo de diputados del ARI, se mencionó a Oscar Azpillaga y a su hijo Hernán como partícipes de la operatoria ilegal. Antes del allanamiento de la AFIP a la constructora, Hernán Azpillaga comenzó a trabajar en Casino Club. La directora de la empresa, Myriam Costilla, estaba casada con el vicepresidente primero de Casino Club, Ricardo Benedicto, socio de Cristóbal López en el juego. Casino Club es una de las empresas concesionarias de las máquinas tragamonedas del Hipódromo de Palermo. Los Azpillaga eran parientes de Ernesto Azpillaga, que había sido gerente de la pesquera Conarpesa, denunciada por Cacho Espinoza por financiar la campaña de 2003 de Néstor Kirchner y Daniel Osvaldo Scioli. Espinoza fue asesinado en enero de 2004 en la puerta de su casa en Puerto Madryn.

Durante los primeros dos años del kirchnerismo, la justicia sobreseyó, en tiempo récord, a los funcionarios denunciados, a pesar de los dichos de la socia fundadora de la constructora, Estela Kank. Años después, la jueza federal de Comodoro Rivadavia, Eva Parcio, desmintió a la mujer: “Jamás sobreseí a De Vido porque nunca lo imputé de nada”. Fundida y ahogada financieramente por el gobierno, en 2005 la constructora fue vendida. Lázaro Báez la recibió con los brazos abiertos. Kank y Costilla pasaba a formar parte del naciente imperio patagónico de Austral Construcciones. Otra de las empresas asociadas a Kank y Costilla durante los primeros años del kirchnerismo en el gobierno nacional fue Gotti SA. Hasta la muerte de su fundador, era la principal beneficiaria de obra pública junto con Esuco. A pesar de los seis embargos por más de cuatro millones de pesos y de los 712 cheques rechazados, Gotti solía ganar las licitaciones incumpliendo las normas establecidas. En noviembre de 2003, la situación alcanzó su punto de mayor intensidad cuando noventa trabajadores despedidos tomaron el edificio de Vialidad en Río Gallegos. Los dueños de la constructora los habían echado tras un piquete en la puerta de Gotti SA. El fallecido empresario creía que lo estaban saboteando para obligarlo a vender. Su representante legal Carlos Algorry era miembro de Diagonal Sur Comunicaciones SA junto con Lázaro Báez.

En sus tiempos como gerente del Banco de Santa Cruz, Báez había sido uno de los encargados de gestionar los créditos a las constructoras. La deuda del banco creció de manera exponencial obligando al gobernador Kirchner a privatizarlo. Allí apareció Enrique Eskenazi, presidente de la otra constructora preferida de los Kirchner: Petersen, Thiele y Cruz.

Diego Palleros es el hijo del coronel Diego Emilio Palleros, supuesto intermediario en la venta de armas a Ecuador y Croacia durante el menemismo. Diego se casó con la hermana de Báez, Irene Beatriz, que en la actualidad viviría en Australia. Es por eso que Báez intercedía ante Néstor Kirchner para que Palma SA, su empresa constructora, fuera beneficiada con la obra pública de la provincia. A pesar de 134 cheques rechazados por medio millón de pesos, ganó el 10 por ciento de las licitaciones en Santa Cruz entre 2003 y 2005.

Vale la pena recordar la historia del padre del titular de Palma SA. Escapó de la Argentina en 1996, cuando la justicia ordenó su detención por operar como “intermediario” del contrabando de armas a Ecuador y Croacia. Primero desde Singapur, en Asia, y más tarde desde Sudáfrica, el supuesto traficante de armas acusó a altos funcionarios del gobierno de Carlos Menem de haber forzado la falsificación de los decretos oficiales que autorizaban esa venta ilegal. Pero Palleros se cuidó de nombrar específicamente al ex presidente de la Nación. A pesar de los acalorados discursos contra los años noventa, Kirchner jamás mencionó el tema.

La incursión de Báez en las empresas constructoras de Santa Cruz comenzó con la caída en desgracia de Gotti, muy endeudada durante la gobernación provincial de Kirchner. El Banco de Santa Cruz le había dado préstamos con avales truchos. Allí apareció el oportunismo del gobernador para colocar gente de confianza, como su amigo Báez, en las principales constructoras. Por esta razón, Lázaro no necesitaba tener una constructora propia. Él mismo manejaba las obras públicas que conseguían Palma y Gotti, desde las sombras. Aunque todo cambiaría tras la muerte del fundador de Gotti.

Otro nexo de Báez con Palma, además de su propia hermana, fue Fernando Butti. El contador Butti trabajó para Austral Construcciones desde septiembre de 2003 hasta julio de 2007, cuando el empresario lo echó acusándolo de haberse quedado con cinco millones de dólares. “La plata nunca apareció”, recuerda el amigo de Báez, que no se sorprende por la traición pues “le pasó con otros como Leonardo Fariña y Daniel Pérez Gadín”. El detonante de la pelea fue la compra de unas estancias en Santa Cruz. Antes de conformar la naciente Austral Construcciones, Butti se había ocupado de las finanzas de la constructora Palma SA. Por esta empresa, Butti fue llamado a indagatoria por una presunta evasión fiscal de seis millones de pesos. Butti y Báez habían formado parte de la compra de seis propiedades, y el contador fue el responsable de la operatoria de “origen dudoso” con el principado de Liechtenstein por la cual la justicia le dispuso un embargo de diez millones de dólares a Don Lázaro. En 2015, Fernando Butti comenzó a trabajar en el Centro Articulador de Políticas Sanitarias que dirigió Rocío García, la pareja de Máximo Kirchner, responsable del escandaloso programa de salud “Argentina sonríe”. Butti supo mantener su relación con el intendente de Río Gallegos, Raúl Cantín, tío político del Báez. Estuvo casado muchos años con Andrea, la hija del ex intendente. Liliana Costa, confidente de Báez, incursionó en política de la mano de Cantín. Fue el propio intendente quien convenció a la ex mujer de Báez, Norma Calismonte, de sumar a un abogado de su confianza en la defensa de su ex marido. Se trataba de Germán Mozzi, que lo visitó en septiembre de 2016 en Ezeiza acompañado por el contador Juan Manuel Campillo, señalado como el primer valijero K.

Eleprint SA saltó a los medios cuando Cristina Kirchner dejó el poder, al difundirse la información de que había sido la adjudicataria de la remodelación del chalet de huéspedes de la quinta presidencial de Olivos. Ocurrió en el último tramo del gobierno de Cristina Fernández. El objetivo era que su hija Florencia se sintiera cómoda. Costó 28 millones de pesos. La página de Eleprint omite informar que estuvo a cargo de la edificación de la hostería del Mirador del Indio o Mirador de Los Antiguos y de la remodelación del chalet presidencial. Eleprint contaba, entre sus antecedentes, haber sido adjudicataria en 2008 de la refacción de los accesos a las estaciones ferroviarias del conurbano bonaerense, en tiempos en que Ricardo Jaime dirigía la Secretaría de Transporte de la Nación. Diputados de la Coalición Cívica denunciaron entonces que Gustavo Weiss, propietario de esa empresa y ex protesorero de la Cámara Argentina de la Construcción, tenía facturas apócrifas por más de seis millones de pesos. Eleprint ya tenía otra denuncia en su contra por sobreprecios en la construcción de cárceles. También fue investigada por supuestos sobreprecios en la construcción del techo del Estadio Único de La Plata, que se rompió con la primera tormenta que lo azotó. Eleprint y Contreras Hermanos fueron beneficiadas con el 14,5 por ciento del total de la obra pública otorgada por el ex ministro De Vido. Weiss no quiso hacer declaraciones sobre ninguno de estos temas. Actualmente su empresa es investigada en el juzgado de Javier López Biscayart.

La Kámara

La Cámara Argentina de la Construcción es un club que dirigió un señor llamado Carlos Wagner que, aunque no esté, siempre es su hombre fuerte.

ALDO PIGNANELLI. Septiembre de 2016

Durante los primeros años del kirchnerismo, el grueso de la obra pública debía “ponerse al día con Ernesto Clarens”. “Era el recaudador de la cometa de Vialidad”, asegura uno de los hombres que manejó los negocios de Lázaro Báez.

Desde su pequeña oficina en Maipú y Sarmiento, Clarens llamaba a cada empresario nacional y popular para coordinar los “negocios”: “¿Qué hacés, vieja? ¿Cuándo me vas a venir a ver?”. Los empresarios obedecían. En 1992, había creado su financiera Invernes —falsamente se dijo que su nombre correspondía a “Inversiones Néstor”; Clarens la creó antes de conocer al ex presidente—. Inversiones Ernesto luego crea Firmat y viaja al sur en búsqueda de un sueño. Gracias a su íntimo amigo, el banquero Jorge Brito, Clarens pudo acceder al gobernador de una de las provincias más australes del país. A mediados de los noventa, el financista le ofreció a Kirchner microcréditos a tasas ventajosas para los empleados públicos —llamados Créditos Sol— por medio del banco de la provincia. Los empleados obtenían el crédito, que era descontado, mes a mes, de sus sueldos. El banco terminaría fundido y Kirchner, eternizado en el poder. El gobernador confiaba ciegamente en Clarens. Es más, juntos formaron parte de negocios en el mercado del fútbol. Allí apareció Lázaro Báez para comprar el pase del Roberto Carlos “Pampa” Sosa cuando lo vieron en las inferiores de Gimnasia de La Plata, el club de los amores de Cristina Kirchner, y lo vendieron en 5.800.000 dólares al Udinese de Italia. También participaron en la compra de otros futbolistas como Ricardo Matías Verón, Emiliano Rey y Fernando Navas.

Kirchner vinculó a Clarens con el empresario Vittorio Gotti y lo convenció de que se ocupase de sus finanzas. Mientras tanto, Clarens armaba su financiera, vulgarmente conocida como “cueva”, en Río Gallegos. La otra sede funcionaba en la Ciudad de Buenos Aires, a pocas cuadras de Vialidad Nacional, en Roque Sáenz Peña 971, piso 9°. En la misma oficina operaba la consultora Economía y Regiones, del actual ministro del Interior, Rogelio Frigerio.

Con la llegada de Kirchner al poder y la muerte de Gotti, Clarens se quedó con los cheques por los certificados de obra de dicha empresa, que luego compraría Báez. Familiares de Clarens se sumaron al directorio de Austral Construcciones. Según Fariña y la investigación judicial de Sebastián Casanello, Clarens comenzó a transferir dinero al exterior a través de un entramado de sociedades que operaban en paraísos fiscales. El modelo era exitoso, pero la ambición los enceguecería. Daniel Pérez Gadín, el ascendente contador de Báez, quería más. Buscaba armar su propia financiera. Cuando Clarens se enteró, encaró al contador preguntándole sencillamente si lo estaba “cagando”. El empresario patagónico parecía embelesado con Pérez Gadín. Grave error.

De acuerdo con la recopilación de Clarín, entre 2006 y 2013, Clarens movió 700 mil dólares desde cuentas del Citibank de Nueva York y el Standard Chartered Bank del Reino Unido, con sede en Londres, al banco Pictet de Suiza. Lo más llamativo fue un giro de 400 mil dólares a una empresa bursátil de Uruguay llamada PT BEX, firma relacionada con el caso Ciccone.

Fariña explicó al autor que Clarens obtuvo por medio de su financiera contratos con la provincia de Santa Cruz cuando Néstor Kirchner era gobernador, tal como relató el amigo de Báez. Como ejemplo de uno de los negocios que llevaban adelante, mencionó que cambiaba los cheques oficiales de la provincia que se pagaban a treinta o sesenta días por efectivo. Según el periodista Hugo Alconada Mon, “todos los viernes, un grupo de empresarios” se reunía a comer. “Asado, por lo general. Para ‘ciertas licitaciones’, el ‘armado’ es a través de la Cámara de la Construcción, pero para los de Vialidad es la ‘camarita’ la que juega, cuenta un veterano con más de treinta años en el sector. Se trata de la Cámara Argentina de Empresas Viales, con sede en Piedras al 300, frente a Vialidad Nacional.”

Los empresarios consultados, algunos con mayor énfasis y otros con culpa, no niegan las maniobras expresadas por el colega Mon. “Pero esto fue siempre así, ¿cómo hacés para controlar a dos empresarios privados que se ponen de acuerdo en qué licitación se presentará cada uno?”, pregunta Alberto Fernández.

El presidente de la “camarita” es Rodolfo Perales, que negó la cartelización. Sin embargo, prácticamente todos los empresarios consultados que forman parte de la Cámara Argentina de la Construcción admiten el pago de retornos, obligatorios, al gobierno de turno. La tasa fue en aumento. Si durante el menemismo el porcentaje no superaba el dos por ciento, con Kirchner habría llegado al 15. “No era un corrupto, la quería toda para él, era un desquiciado”, explican dos empresarios que recibieron decenas de obras durante su gobierno. En las negociaciones, el jugador clave era el titular de Invernes. “Clarens te recibía y adelante tuyo llamaba a Kirchner para reportarle las novedades”, le contó un ejecutivo a Alconada Mon. “Lo llamaba y le decía: ‘Lupín, anotá’, y le pasaba las novedades.”

Un histórico “operador” de la obra pública se sorprende de la “negligencia periodística” para encontrar el quid de los negociados. Al preguntar por qué dos empresarios supuestamente enfrentados como Lázaro Báez y Ángelo Calcaterra podían compartir uniones transitorias y ganar licitaciones juntos, la fuente, que conoce el paño empresarial desde los años ochenta, responde: “Eso no es lo importante. Deberías preguntarte por qué otros grandes e históricos contratistas se bancaban quedarse afuera de los negocios más jugosos”. El testigo de los manejos dentro de la Cámara Argentina de la Construcción mira a su alrededor y señala el grabador, para que el periodista, Juan Parrilla, lo apague.

—¿Por qué? —insiste el colega.

—No te quedes en el hecho de que Báez y Calcaterra hacían obras juntos. Eso no importa. Lo que realmente importa es la pasividad de tipos históricos de la obra pública. ¿Por qué? En la Cámara tenés las respuestas pero nadie te lo va a blanquear. Hacé memoria. En los años noventa, Verbitsky descubrió que gran parte de las coimas en la obra pública terminaban en los bolsillos de los perdedores de las licitaciones para mantener el statu quo. Lo mismo pasó con el recordado “club del peaje”. Es imposible pensar que ese modelo no se haya repetido durante el kirchnerismo. ¿Vos pensás que los ganadores de siempre se habrían quedado de brazos cruzados? Acá ganaron todos. Por eso el modelo fue exitoso y nadie denuncia a nadie.

Otros operadores ante el mundo empresarial eran el contador Andrés Galera —supuesto testaferro de José López— y Guillermo “Ñoqui” Fernández. Hablaban en nombre del individuo que arrojó bolsos en un convento. Uno de los empresarios que durante años asistió a las citas establecidas por López recuerda que era “un maleducado que te dejaba horas esperando mientras se chamuyaba a las secretarias, Galera le llevaba las minas [sic]”. La cita era en una oficina sobre la calle Tucumán, frente a la plaza Roma. Quien acompañaba quincenalmente a Galera era Calcaterra, según el relato de un testigo de esos encuentros.

Galera, actualmente defendido por el mismo abogado que patrocina a Lázaro Báez, Maximiliano Rusconi, nació en Mar del Plata como Amado Boudou. Allí tenía un canal de cable que vendió por una alta suma de dinero al Grupo Clarín cuando la grieta no estaba en los planes de nadie. Junto con otros integrantes de la Cámara de la Construcción, Galera diseñaba la distribución de las licitaciones para construir viviendas en distintas localidades. “Pedían coimas fabulosas”, recuerda el testigo. “Por esa razón tantas casas quedaron abandonadas con el fin del ciclo K, ya que terminaron siendo una pérdida económica para los empresarios”, argumenta. La inflación negada por el INDEC de Guillermo Moreno y las altas tasas de retorno generaban un riesgo empresario que solo era tomado porque la vivienda social era la puerta de entrada a otras licitaciones más jugosas. Los contadores de las empresas constructoras tenían que hacer magia a la hora de liquidar. Es más, la Cámara Argentina de la Construcción contrató un equipo contable para diseñar un instructivo que ayudara a los empresarios. De los personajes mencionados se cuentan anécdotas increíbles. De Galera, por caso, se dice que solía hacer negocios en el casino de Mar del Plata, el mismo que visitaba Néstor Kirchner en sus tiempos como gobernador. Lupín se retiraba creyéndose un ganador, pero en realidad, “su secretario Valerio Martínez le cambiaba las fichas y, al día siguiente, le decía a su vicegobernador, Eduardo Arnold, la repetida frase: ‘El tipo volvió a perder’”.

Sin embargo, no todas las noticias eran color de rosa. Galera abandonó su ciudad por una urgencia financiera. Las deudas se pagan, le habrían informado con dudosa diplomacia. Galera era un viejo conocido del ex presidente de Racing Club, Juan De Stéfano. Se reunían y comentaban las desbocadas puteadas de Néstor y Máximo Kirchner por el interminable mal momento del club de sus amores.

La Cámara y el negro del sur

Nacida el 6 de febrero de 1936, la Cámara de la Construcción surgió con el supuesto objetivo de propender al desarrollo armónico del sector. Participa activamente en la redacción de los instrumentos legales que regulan las relaciones convencionales entre las empresas y los trabajadores, y posee delegaciones en todas las provincias y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Nuclea a las cien empresas más poderosas e influyentes del país. A pesar de los cambios de gobierno, nunca perdió su poder de lobby. Más allá de su “salvaje” corrupción, como afirma en off un importantísimo empresario del rubro, el sistema la respaldó y apoyó ya que, durante el kirchnerismo, “hubo más obra pública que nunca y a todos nos fue bien”. La Cámara fue el lugar clave para ordenar el sistema y negociar las obras. Como un club al que solo acceden los socios acreditados, Carlos Wagner la manejó con firmeza durante muchos años. Tenía llegada directa con Julio De Vido y se mantuvo impune a pesar de las denuncias públicas del caído en desgracia Lázaro Báez.

Durante una serie de conversaciones realizadas en julio de 2016 (sus llamadas a mi celular personal eran imprevistas), Lázaro Báez se refirió a la Cámara y, en particular, a Wagner. “El juez Casanello jamás quiso investigar la obra pública porque eso está ligado directamente con el gobierno nacional. ¿Por qué le digo esto? Porque nosotros no fuimos adjudicados, vuelvo a repetir, como sucede en la Ciudad de Buenos Aires, con obras que se hacen por invitación. Lo nuestro fueron licitaciones públicas nacionales. Otro tema: nosotros no fijamos el monto de la obra porque el gobierno licita con un anteproyecto y fija el precio anticipadamente. ¿Por qué toda esa gente que salió a decir que había un sobreprecio de un 15, un 10 o un 5 por ciento fue para atrás? Porque tienen que decir dónde dice que fueron ese 5, 10 o 15 por ciento.”

Rápidamente le pregunté a Báez, que estaba cumpliendo su tercer mes detenido en Ezeiza, si hablaba de la Cámara Argentina de la Construcción.

—Sí. Exactamente. Y otro tema que le voy a decir. Toda la obra pública que se licitó del Plan Federal del gobierno de Cristina, se manejó con la Cámara Argentina de la Construcción. Ellos saben perfectamente. Se regionalizó la distribución de la obra pública porque no querían que empresas como las nuestras vinieran a competir a Buenos Aires. Ellos mismos fijaban empresas con la UTE. Eso pasó. Y el señor Casanello no quiere investigar estas cosas. Esa imputación de sobreprecio no está en el expediente. Eso lo hizo en los medios porque así nos condena socialmente. Ahí dice que nosotros robamos, ahí dice que tenemos sobreprecio en la obra pública, ahí dice que hubo redeterminaciones de precios y nosotros no fuimos los que lo aplicamos, lo hizo el Estado.

—Lo que pasa es que la obra pública la manejaba un tipo que hoy aparece tirando bolsos de dinero en un convento como José López…

—Pero ese no era el que lo manejaba… Discúlpeme.

—¿Julio De Vido?

—Ehh... —Báez mantiene un silencio de pocos segundos—. Escúcheme. Nadie quiere investigar esto. El presupuesto nacional, ¿quién lo aprueba?

—¿El Poder Ejecutivo Nacional?

—¿Quién propone el presupuesto? El Ejecutivo Nacional… ¿Quién participa en eso? Ministerio de Planificación. ¿Quién dice dónde se tienen que construir las cosas? ¡El gobierno! Nosotros no somos los que elegíamos. ¿Tanto poder tiene Báez que pidió: “Vamos a licitar esto y le pongo tal precio”? Lo aprueba el gobernador, la Nación lo acepta, lo manda a las cámaras de Diputados y de Senadores. Y después lo firma la señora Presidenta de la Nación en la Ley de Presupuesto Nacional.

—¿Usted siente —imagino y lo entiendo— que Cristina lo entregó?

—Pero no solo Cristina. Todo el mundo me usó de forro. La Cámara Argentina de la Construcción también me usó de forro. Acá se limpiaron todos el culo conmigo porque el hilo se tiene que cortar en Báez. Porque no puede seguir para arriba. Porque a mí no me dieron el volumen de dinero que dicen que me dieron. ¿Por qué no se publicó la auditoría que mandó a hacer Vialidad Nacional en la que dicen que todas las obras son correctas?

—Pero, ¿y la famosa ruta que no terminaba en ningún lado?

—Esa es otra mentira. Una ampliación de cinco kilómetros en una obra como la que tenemos nosotros, ¿usted piensa que yo iba a construir cinco kilómetros de mierda para que vaya a un lugar en el que, supuestamente, no tiene destino? ¡No! Ese destino era un parque industrial para Puerto Deseado. Tenía hasta decreto. No se terminó de firmar porque el gobernador se peleó con la Presidenta en aquel momento.

—¿Daniel Peralta con Cristina?

—Los antecedentes están en el Concejo Deliberante de Puerto Deseado y en su intendencia. Y eso, a nosotros como empresa, el gobierno de Santa Cruz no nos lo pidió por escrito. Pedimos que llamaran a declarar a los presidentes de Vialidad Nacional, a los gobernadores. No citaron a nadie, ni a los intendentes ni a los diputados. Al único boludo que citaron es a mí.

—Cuando dicen que usted era testaferro de los Kirchner, ¿qué responde?

—¡Eso [dicen] porque no lo conocen a Néstor! No te soltaba una moneda. No pagaba un café. ¿Usted piensa que me van a dar la plata de ellos para manejar? No me haga reír. No conocen a la gente…

—Pero, ¿la fortuna de los Kirchner existe o es un mito?

—Pero la fortuna de los Kirchner no la hicieron conmigo ni tampoco me la dieron a mí para que la maneje. Usted vio las declaraciones de bienes de cada uno de ellos.

—¿Usted era hombre de confianza de Néstor, amigo personal de Néstor pero no así de Cristina?

—Eso es todo verdad. En eso tiene ciento por ciento la razón. Cuando ella llegó dejamos de tener una participación activa en todo.

—¿Por qué?

—Porque pensamos distinto. Yo soy de los que piensa como Néstor. Este país necesitaba generar una reserva de 100 mil millones para tener independencia económica. Néstor en cuatro años junto 57 mil millones. Cristina, en ocho, no pudo juntar ni 20 mil. Algo pasó. Por lo contrario, se gastaron todo lo que tenían.

—¿No sabía de economía, estaba mal asesorada, era ladrona?

—Póngale el nombre que quiera. Lo que pasa es que Cristina nunca aceptaba sugerencias, ella era la dueña de la verdad.

—Cuando se dice que los abogados lo asesoran mal, que lo operan…

—¿Quién dijo que me asesoran mal? Si tuviera mal asesoramiento, ya habría sido condenado hace rato.

Semanas después, Lázaro Báez echó a sus abogados Rafael Sal Lari y Daniel Rubinovich acusándolos de estar más preocupados por defender a Cristina que a él. En el futuro, el entramado de abogados, espías y servicios de inteligencia merecerá un capítulo especial, pero ahora volvamos a Wagner.

Un íntimo amigo de Lázaro Báez coincide con su teoría: “Lázaro nació como empresario de la obra pública como una especie de dador, facilitador. Ahí estaban Palma SA, Eleprint y Esuco, entre otras. Después armó su empresa”. Pero el encono de Báez con Wagner es personal. “Siempre le tuvo rencor porque no lo dejó entrar en la Cámara. Él era el negrito del sur. Allá era Dios, hacían fila para pedirle un trabajo o lo que sea, y en el fondo se sentía más importante que el gobernador”, recuerda el hombre de confianza de Báez con quien conversamos media docena de veces en estricto off. “‘Don Lázaro’ de acá y de allá. Así sería en Austral Construcciones, que replicaba lo que había hecho Lupín en la gobernación. La gente hacía fila para pedirle algo, preguntarle por el papel higiénico o la obra tal”, explica su amigo en un bar del microcentro porteño. Lázaro copió ese sistema paternalista y personalista. “A todos escuchaba y a todos les daba bola… A todos”, concluye.

Consultado sobre la influencia real o mitológica de la Cámara Argentina de la Construcción en el gobierno de Néstor y Cristina Kirchner, su ex jefe de gabinete durante los cinco primeros años de gestión, Alberto Fernández, lo confirma a su manera: “No presionan. No lo hacen porque la obra está cartelizada. Lo resuelven entre ellos”, explica, deseando que sus palabras formen parte de un libro serio y no del “periodismo sensacionalista que no entiende cómo funciona la obra pública”.

“Lázaro Báez subcontrataba con Esuco, con Ángelo Calcaterra y hasta con Nicky Caputo, pero no sé si es verdad o no. Es un acuerdo entre ellos. No es un acuerdo con el Estado”, explica el hombre que dejó el gobierno luego de la recordada crisis con el campo y la famosa resolución 125 ideada por Martín Lousteau. “Cuando fui jefe de gabinete me cansé de preguntarle a todos los empresarios si alguien pedía coimas. Todos me lo negaban. Me llegaba un rumor y ellos lo negaban sistemáticamente. Entonces iba y les preguntaba directamente a ellos”, recuerda Fernández, actualmente aliado de Sergio Massa en el Frente Renovador.

El arrepentido

Cuando nadie le prestaba atención ni creía en su palabra, Leonardo Fariña accedió a conversar conmigo. Comenzaba 2016 y nadie esperaba que ese hombre de la farándula, amante de los autos y de las bellas mujeres, se convirtiera en el primer y hasta ahora único arrepentido de la corrupción K. La serie de entrevistas en el portal Perfil.com fue muy comentada por muchísimos lectores y provocó cierta empatía con el entrevistado. Allí Fariña dijo que le había arruinado la vida a su padre, que le pedía perdón a su ex mujer, la vedete Karina Jelinek, y que extrañaba ver a su pequeño hijo de ocho años. Horas antes de su declaración ante el fiscal Guillermo Marijuán, anticipé que el frustrado contador rompería el silencio tras dos años y dos meses en prisión. No me equivoqué. Cada uno de sus dichos terminó confirmándose. Su rol fue clave para acelerar la causa conocida como “la ruta del dinero K”. Meses después, en otra extensa entrevista para este libro, Fariña habló de la Cámara Argentina de la Construcción y del plan sistemático que, según él, ideó Néstor Kirchner para saquear las arcas del Estado:

—¿Escuchó que en sus últimas declaraciones Cristina Kirchner pidió auditar la obra pública?

—Eso es cinismo. Cristina dijo que investiguen al inspector de obra. ¿Qué tiene que ver el inspector con la asignación de presupuesto de obra pública o con que una obra pública se licite con sobreprecio? No estoy defendiendo al inspector, que es culpable por certificar un avance de obra que no existe ni está a la vista de él. El sistema kirchnerista indica que al de abajo hay que darle toda la responsabilidad y que ellos no sabían. O sea, Cristina no conoce a José López. Julio De Vido no conoce a José López. Por lo tanto, suponemos que José López hizo un negocio del cual sus superiores directos no sabían nada. ¿La firma de un subsecretario tiene más peso que la de un ministro y que la del Poder Ejecutivo? Claramente es un plan sistémico. En cierta manera es el requerimiento de indagatoria que armaron los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques.

—En ese plan sistémico de corrupción, ¿qué rol jugaba José López?

—A José López lo nombré en mi indagatoria del 8 de abril pasado. Luego amplié la indagatoria explicando cómo funcionaba ese plan sistémico de obra pública y cómo la Cámara de la Construcción hacía una suerte de arreglo entre los empresarios conocidos para la asignación de las obras. Todo eso venía con una orden previa. De hecho, cuando a Carlos Wagner lo colocan al frente de la Cámara Argentina de la Construcción tienen que reformar el estatuto. La estructura de Santa Cruz se traspasó a la Nación y el cambio que ellos [los Kirchner] hacen es la reforma de la Ley de Obras Públicas. Ahí se reemplaza el acopio de materiales por el adelanto financiero. Ese adelanto empezó a ser la coima y empieza a existir el delito de cohecho entre las partes. Lo que habría que explicarle a la señora [ex] presidenta es que la función del inspector es certificar la veracidad de la obra. El presupuesto nacional, como bien lo dijo Báez, sale y tiene la firma del Poder Ejecutivo. Lo que hizo el kirchnerismo es aumentar el cupo de obra pública en distintas provincias.

—¿Recibió mensajes de ex funcionarios en aquel entonces?

—En un momento, sí. Es lo que le digo que le pasa a Báez. Siempre con la mentira: “Ya salís, ya salís, presentá esto, quedate callado, no nos olvidamos de vos”. Pero mientras tanto pasa el tiempo y pasa la vida. Eso no está bien.

—¿Cuándo se quebró usted?

—Tuve un montón de sufrimiento. Mi quiebre se dio cuando renovaron mi prisión preventiva. ¿Cómo, después de tres años de proceso, todos los juzgados de La Plata pasan a ser incompetentes? La situación siempre estuvo igual.

—¿Hasta dónde llegaba el poder de Ricardo Echegaray?

—A todo. Las aduanas de los aeropuertos, ¿de quién dependen? ¡De la AFIP! Si tanto se habla de bolsos en aviones, de vuelos y planes de vuelo, de salidas del país, los aeropuertos privados también tienen Aduana. ¿Cómo hacía Báez para transportarse de Río Gallegos a San Fernando? Se necesita que te encubran. El responsable de esto, Echegaray, dice: “A Báez no lo conozco pero terminará preso”.

—¿Lo hizo por imprudente o fue un mensaje mafioso?

—Era un mensaje. Porque todos se creen intocables. Si nos vamos a la realidad, sacando a Ricardo Jaime, ¿qué funcionario cayó?

—¿Escuchó las declaraciones de Lázaro Báez diciendo que todos lo usaron de forro?

—Todos tenemos que asumir las responsabilidades. Báez tiene una responsabilidad. Pero Báez no manejaba el presupuesto de la obra pública, no disponía qué obras le iban a dar o no. La relación con los Kirchner era cierta y, entrelíneas, es lo que confirma: “Investiguen la obra pública y a los funcionarios”. Creo que cuando dice: “Me usaron de forro”, es porque cuando cae detenido se empieza a destapar la olla, se deja un poquito de lado de dónde viene el dinero. La plata viene de las arcas públicas, y un empresario no las manejaba. Para que a Báez le hayan asignado 25 mil millones de pesos en obra pública tienen que estar la Cámara de Construcción en el medio, el Ministerio de Planificación y el Poder Ejecutivo. El sistema kirchnerista utilizó a las personas en el momento en que eran funcionales. Ante el problema, las desconoció. Ricardo Echegaray dijo en televisión que no lo conocía a Báez pero que iba a terminar preso; lo hizo antes de que quedase detenido. Alicia Kirchner y Cristina dijeron que por poco no conocían a Báez. Tienen relación comercial en común.

—¿Qué cree que debería hacer Lázaro Báez a la luz de lo que hizo usted?

—Cuando yo trabajaba para ellos ganaba un montón de guita y no me importaba nada. Necesité un gran golpe para darme cuenta de lo que es la vida. El tema es que mientras estas personas no se den un golpe, no se darán cuenta. Báez empezó a darse cuenta, me parece, por cómo habla, pero le hacen llevar una mala estrategia. Tiene que hacer autocrítica y colaborar.

La sinfonía de Wagner

Su constructora Esuco SA fue socia de Contreras Hermanos y de Kank y Costilla en el corredor vial de la ciudad de Cipolletti, en la provincia de Río Negro. Cierto es que Esuco tenía experiencia previa, pero el grueso de sus obras las realizó en la Santa Cruz de los Kirchner y durante la gobernación de Sergio Acevedo. Participó en la pavimentación de la ruta 27 en Gobernador Gregores, en el empalme de la ruta 11, y en varios tramos de la ruta 40, y construyó cuarenta y dos viviendas para los gendarmes en la Patagonia. Fue el adjudicatario del aeropuerto de El Calafate y socio de la empresa del padre de Macri en la ruta 2 con un 25 por ciento en Covisur SA. También participó en Caminos del Valle, Aguas de Campana, entre otras.

La prueba de la vinculación entre Esuco y Julio De Vido quedó expuesta en 1997 cuando el responsable de la obra pública en Santa Cruz desobedeció al Tribunal de Cuentas de la Provincia, que observó un contrato mediante el cual la policía de la provincia y, por ende, el Estado provincial, absorbían un contrato de comodato entre YPF GAS SA y Esuco SA, a sabiendas de que perjudicaba sus intereses. Pero el Instituto de la Vivienda, bajo la influencia del ex ministro de Planificación, lo aceptó. El Tribunal dejó asentado que “como podrá advertirse la presente contratación no solamente se compone de cláusulas que sin dudas son desventajosas para la administración pública, sino, lo que es más importante, también implica la concertación de una contratación directa en tanto que se ha elegido mediante el trato directo al proveedor de tal servicio, sin concurrencia, puja u oposición de oferentes cuando, en realidad, hubiera correspondido que tal contrato se suscriba mediante un proceso de contratación directa”.

Fue De Vido quien en la quincuagésimo séptima convención anual de la Cámara Argentina de la Construcción dijo que los fondos destinados a ese sector habían crecido “44 veces más que en 2002”. Era el año 2009 y había más cemento para todos y todas. Los beneficios de pertenecer al club de la Cámara Argentina de la Construcción se expresaron en los jugosos contratos de la “década ganada”.

Esuco también operaba en las direcciones de Vialidad de las provincias de Neuquén y San Luis, y en la Unidad de Gestión del Programa de Infraestructura Vial de Santa Fe. La firma tenía como principales clientes a la Dirección Provincial de Vialidad, el Instituto de Vivienda y el Ministerio de Economía y Obras Públicas de esa provincia. A nivel nacional, Wagner operó con la Dirección Nacional de Vialidad, el Poder Judicial y Aeropuertos Argentina 2000. En la provincia de Buenos Aires, lo hizo con Vialidad Provincial, el Ministerio de Infraestructura y Obras Públicas, la Unidad Ejecutora Reconstrucción del Gran Buenos Aires, y en la Ciudad de Buenos Aires, con la municipalidad y la legislatura porteña.

Esuco sumó concesiones y ganó licitaciones para la conservación de rutas provinciales, peajes, sistemas de interconexión eléctrica, transporte de gas, plantas potabilizadoras, depuradoras y transportadoras de efluentes cloacales, obras de vinculación, derivación y regulación de cursos de agua, acueductos, protecciones costeras y obras de infraestructura de transporte, entre otras.

En el mercado energético participó en la ampliación de la capacidad de transporte firme de gas de plantas compresoras en la provincia de Buenos Aires durante 2010; la interconexión Recreo-La Rioja en Catamarca y La Rioja, en 2008; la modificación de la planta compresora de gas Ordoqui, junto con la constructora brasileña Odebrecht. Su presidente, Marcelo Odebrecht, está detenido desde comienzos de 2016 en una cárcel brasileña en la causa conocida como Lava Jato —operación de autolavado de dinero— que arrastró al ex presidente Lula Da Silva, provocó la destitución de su sucesora Dilma Rousseff e involucra al actual presidente Michel Temer. Odebrecht admitió haber pagado sobornos por 349 millones de dólares en Brasil. En la Argentina pagó coimas por 35 millones de dólares durante los gobiernos de Cristina Kirchner para quedarse con contratos por 278 millones de la moneda estadounidense. No solo conformó uniones transitorias de empresas con Esuco sino que se asoció a Iecsa en el soterramiento del tren Sarmiento, construyó plantas de agua con AySA, gasoductos con Techint y refaccionó la refinería de YPF en Ensenada.

Semejante cantidad de obras ganadas llevó a Esuco al top ten de empresarios ganadores de la década K. Según el dudoso ranking elaborado por De Vido, la firma de Wagner ocupó el noveno lugar con el 2,06 por ciento del total de la obra pública 2003-2015, por 6.926 millones de pesos. Sin embargo, la empresa nació, de acuerdo con el relato oficial, en Uruguay, en 1995, cuando ganó su primera licitación para repavimentar los muelles comerciales de Montevideo.

Esuco fue parte del grupo de empresas que reformó el Correo Argentino, rebautizado CCK. Allí, Wagner tocaría la sinfónica de la obra pública.

Wagner-De Vido. La respuesta oficial

A Carlos Wagner todos lo conocían por su segundo aunque oculto nombre: Enrique. El titular de Esuco, antiguo empleador del arquitecto De Vido en las obras del sur argentino, era —según la segunda declaración de Leonardo ante la justicia— el encargado de la recolección y cobranza entre las distintas empresas beneficiadas con esas obras, asociadas, fundamentalmente, con la Dirección Nacional de Vialidad.

Fue el mismísimo Julio De Vido quien gestionó en la Cámara Argentina de la Construcción la inclusión de Wagner como presidente a poco de llegar Kirchner a la Casa Rosada. Para eso tuvieron que modificar el estatuto, ya que Esuco era una pyme y, por lo tanto, su titular no podía quedar al frente de la Cámara. De Vido dio esa orden. Sedujo a los empresarios con la promesa de que las partidas de obra pública se multiplicarían exponencialmente y que el reparto se centraría en su ministerio. El ex empleador del arquitecto De Vido no solo manejaba Esuco, también controlaba Safuco —Sociedad Anónima Fueguina de Construcciones—, Decavial y Contrera Hermanos, especializadas en pavimentación. En Safuco trabajó el ex ministro de Planificación a cargo de la ampliación del aeropuerto de Ushuaia.

Según el testimonio de Fariña, “la cercanía entre De Vido y Wagner era tal que —en 2013— cuando le otorgaron a los chinos los terrenos en Neuquén a cincuenta años en concesión, libres de impuestos, para construir la ‘estación aeroespacial’, la encargada de efectuar la obra era la empresa China Harbour Engineering Company Ltd. (CHEC). Esa empresa necesitaba un subcontratista local. Fue De Vido quien ‘acercó’ a las partes presentando al ingeniero Wagner para que fuera el subcontratista asociado de CHEC”. Era una obra de 50 millones de dólares.

Consultado para este libro, Wagner no quiso responder preguntas puntuales. Tampoco accedió a conversar, ni cara a cara ni telefónicamente. En cambio, envió dos correos electrónicos en los que recordó que tiene “cincuenta años de ejercicio profesional y empresario”, aunque está un “poco alejado de la actividad profesional y de la conducción de la Cámara Argentina de la Construcción”. El consultado empresario quiso dejar en claro que “no contesta agravios ni opiniones infundadas” pues “cuando el periodismo expresa una opinión determinada, de fuentes que dice reservar, es muy difícil que si se le demuestra errónea, rectifique la misma. Además el daño a la institución o a la persona en esa instancia ya está hecho”. Finalizó confirmando lo que es de público conocimiento: “Camarco es una cámara empresaria que tiene ochenta años de existencia y su tarea fundamental es trabajar por el cumplimiento y el mejoramiento de las leyes que regulan las relaciones del sector con sus trabajadores y comitentes públicos y privados. No sé si es de su conocimiento que la Cámara tiene veinticuatro delegaciones en todo el país; se gobierna con treinta y seis consejeros electos al Consejo Ejecutivo, por cada delegación y región, que todos los años eligen una mesa ejecutiva que a su vez designa al presidente”.

Wagner y Benito Roggio, su segundo en la Kámara, son dueños del grupo que controla Metrovías, concesionarios de autopistas y obras viales, como la extensión de la línea E del subte, y participaron en adjudicaciones secretas de obras vinculadas con la represa Yacyretá, como se verá más adelante.

El Número 2: Roggio

Uno de los esquemas predilectos de la Cámara Argentina de la Construcción para la cartelización de las obras —denunciada a fines de 2005 por el ministro Roberto Lavagna— era subdividirse en “camaritas” o “comisiones”. “Estos subgrupos empresarios se reunían en horarios y días específicos para consensuar sus reclamos, organizar los llamados ‘clubes’, que no era otra cosa que el armado previo de las licitaciones estableciéndose quién ‘iba al frente’, con qué precio, y quiénes comprarían pliegos para presentarse y ‘acompañar’, obviamente con ofertas exorbitantes, haciendo así ‘aconsejable’ adjudicarle al que iba al frente”, relató Fariña. Estos subgrupos se dividían en los llamados “vivienderos”, “viales”, “obras del conurbano” —se reunían en la sede de La Plata, no en el edificio de Paseo Colón e Independencia—, “obras públicas”, “concesiones y privatizaciones”, “legales”. De esa forma funcionaban al momento de hacer las dos grandes obras públicas del kirchnerismo en la Capital Federal: el Centro Cultural Kirchner y la extensión de la línea E de subtes desde Plaza de Mayo hasta Retiro. En la reforma del Correo Argentino, la empresa ganadora fue Esuco cuyo titular era, al mismo tiempo, presidente de la Cámara. Se impuso junto con Riva Construcciones. De la prolongación de la línea E se hizo cargo el Grupo Roggio, cuyo titular, Aldo Roggio, era el vicepresidente de la Cámara. Ambas obras se tomaron con sobreprecios extraordinarios, adicionales de obra ingentes, con muchas prórrogas que generaban nuevas determinaciones de precios y gastos improductivos. Las dos tuvieron régimen de anticipos financieros para abonar los “retornos”. En un ca so, vía el arquitecto Marcelo Gustavo Cufré, titular de la Dirección Nacional de Arquitectura que dependía de De Vido; en el otro, mediante Ricardo Jaime, el condenado ex secretario de Transporte que reportaba directamente a Néstor Kirchner.

Según Fariña, las redeterminaciones de precios en la obra del Centro Kirchner eran tan burdas que el director general de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Planificación, Pablo Campi, se negaba a dictaminarlas, y optó por pedir licencia para que otro funcionario se hiciera responsable de firmarlas. El caso de la línea E fue aun peor, porque para las redeterminaciones se utilizó el recurso de “correr la coma una cifra”, con lo cual el importe se multiplicaba por diez. Esta operatoria espuria recién fue detectada a fines de la gestión del ministro Florencio Randazzo.

Tanto Carlos Wagner como su segundo, Benito Roggio, y otros integrantes de la Cámara Argentina de la Construcción están envueltos, desde el año 2008, en un grosero caso de corrupción en torno a adjudicaciones secretas de obras en la represa Yacyretá, con un sobreprecio promedio del 90 por ciento sobre el presupuesto original. Los pliegos de las licitaciones estaban listos el 26 de diciembre de 2006, pero fueron abiertos recién el 31 de julio de 2007. La convocatoria y las sucesivas prórrogas del acto de apertura de sobres fueron publicadas por el Boletín Oficial, pero a la hora de las adjudicaciones se ingresó en un cono de silencio. El organismo encargado de ejecutar las obras y controlar la represa era el EBY, que respondía al ex ministro de Planificación, Julio De Vido. La obra adjudicada a las empresas de los titulares de Camarco era la 338, “de protección costera de las localidades de Posadas, Garupá y Candelaria, en la provincia de Misiones”, por un monto de 437.762.172,46 pesos. La contratista era una UTE formada por Benito Roggio e Hijos, Esuco SA y Supercemento SAIC.

Esuco, a su vez, forma parte de otra UTE, Caminos del Valle SA, sospechada en escandalosas causas de corrupción e integrada por otros actores de la Cámara Argentina de la Construcción. Por ejemplo, Burgwardt y Cía., la constructora perteneciente a Juan Carlos Burgwardt, suplente de la comisión revisora de cuentas de Camarco. El gerente general era Ricardo Benedicto, socio de Cristóbal López en el juego.

Kank y Costilla SA es otra de las grandes beneficiarias de la obra pública en Santa Cruz e integrante de Caminos del Valle. Según un informe elaborado en el año 2005 por la ex gobernadora de Tierra del Fuego por la Coalición Cívica, Fabiana Ríos, esta empresa “fue penalmente denunciada por la AFIP de Comodoro Rivadavia por una importante evasión fiscal, facturas y sellos apócrifos, maniobra que permitiría el lavado de dinero y el pago de comisiones”, en una causa que involucraba, nuevamente, a Julio De Vido como facilitador en los procesos licitatorios. La cuarta empresa integrante de Caminos del Valle era Contreras Hermanos, investigada por supuesto lavado a raíz de un reporte de operación financiera sospechosa elevado por el Banco Francés en 2007. La justicia advirtió que dos empleados de la firma, que ganaban un sueldo promedio de 4.500 pesos, depositaron 1.143.967 pesos en efectivo en la sucursal neuquina del Banco Francés e, inmediatamente, fueron retirados por otro empleado en la sucursal de Río Gallegos. Contreras Hermanos tuvo el “14,28 por ciento de las obras públicas de Santa Cruz”, según la denuncia de Elisa Carrió contra Néstor Kirchner por supuesta asociación ilícita.

Skanska

Esos antecedentes se suman a una de las denuncias más resonantes de la era kirchnerista, en la que también está involucrada Caminos del Valle: el caso Skanska. La investigación empezó a fines de 2006, cuando la casa matriz de la compañía sueca admitió “irregularidades” en el pago de impuestos de su filial argentina, lo que dio lugar a un proceso por evasión tributaria por medio de facturas de empresas fantasma, y luego a otro por cobro de sobre precios y presuntos sobornos. La maniobra sospechada consistía en que uno de los gerentes encabezaba una compañía que se encargaba de emitir facturas falsas, con las que Skanska disimulaba los pagos para la ampliación del Gasoducto del Norte, durante el gobierno de Néstor Kirchner. Con la conjetura de que podían haberse llevado a cabo maniobras similares a las de la compañía sueca, el ex fiscal anticorrupción Manuel Garrido averiguó qué otras empresas registraban operaciones por más de 30 mil pesos con las firmas fantasma que había usado Skanska. Luego determinó cuáles tenían o habían tenido contactos con el Estado. El resultado fue un grupo de nueve empresas, que reconocieron operaciones con las firmas consideradas fantasma por más de 15 millones de pesos en total. La cifra en juego es justo la misma cantidad que, según la justicia, pagó Skanska. Caminos del Valle estaba en esa lista.

El caso Skanska y los sobreprecios en Yacyretá no son las únicas denuncias que salpican a integrantes de la Cámara Argentina de la Construcción. Hay más. Antes de renunciar al cargo de titular de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas, a principios de 2009, Garrido denunció escandalosas irregularidades en la prórroga de la concesión del corredor 29, que une Cipolletti con Neuquén. La acusación vinculaba a la Unidad de Renegociación y Análisis de Contratos de Servicios Públicos (Uniren) con Caminos del Valle. Garrido detectó que en la renegociación se otorgaron a la firma “ventajas indebidas que han resultado perjudiciales para los intereses del Estado nacional”. “Es un resultado que se parece demasiado a una concesión de obra pública por peaje, pero sin obra pública”, sostuvo el fiscal en la denuncia.

La lista de las conexiones entre los integrantes de la Cámara Argentina de la Construcción, las firmas que presiden, las adjudicaciones de obra pública para el Estado que obtienen esas empresas y las vinculaciones con causas de sobreprecios y corrupción en las que están implicadas, resulta interminable.

Chediack, el sucesor

Por supuesto que sabía que había coimas en Vialidad.

JOSÉ CHEDIACK

A fines de 2014, José Chediack reemplazó a Gustavo Weiss en la presidencia de la poderosa e influyente Cámara Argentina de la Construcción. A pesar de que los mandatos eran anuales, Wagner había sido reelecto incontables veces y Weiss, en tres ocasiones. Su vicepresidente, Carlos Wagner, había sido el anterior titular de la entidad. Chediack le había ganado la pulseada a Aldo Roggio, cabeza del histórico Grupo Roggio, y al ex titular de la Cámara en la provincia de Buenos Aires, Diego Buracco. Chediack no solo tenía excelente relación con el kirchnerismo sino también con Felipe Solá en el Frente Renovador y con el intendente de San Isidro, Gustavo Posse, cercano a Cambiemos. Cuando a fines de 2005, el ex ministro de Economía, Roberto Lavagna, denunció la cartelización de la obra pública, Kirchner respaldó a Julio De Vido y a su espadachín en la Cámara, Wagner. Lavagna supo entonces que tenía los días contados. Durante la etapa final del kirchnerismo, la Cámara jugó abiertamente por Daniel Scioli. Ante la derrota, rápidamente supo acomodarse a los nuevos tiempos.

Subido a la moda de las denuncias retroactivas contra la corrupción, su titular José Chediack admitió coimas y afirmó que “Cristina, De Vido y José López sabían perfectamente que había empresas que cobraban antes que otras”. Y agregó: “Por supuesto que sabía que había coimas en Vialidad”. A esa altura, López ya había tirado los bolsos repletos de dólares en el convento. Cuando el fiscal Federico Delgado lo citó a declarar, Chediack miró para otro lado y relativizó sus declaraciones en los medios. Con su empresa constructora, había recibido el 1,50 por ciento del total del dinero invertido por el kirchnerismo en obra pública. Ocupaba el puesto 14 en el ranking de De Vido y Cristina, con 5.049 millones de pesos; superaba a Weiss, ex presidente de la Cámara, con su Eleprint —puesto 42— pero caía ante el poderoso Wagner —puesto 9—. Chediack había participado en la polémica licitación para las represas Cepernic-Kirchner en una UTE integrada junto con Lázaro Báez, Ángelo Calcaterra, Sinohydro y Esuco, por casi cinco mil millones de dólares.

Al igual que Wagner, Chediack tampoco quiso responder preguntas puntuales para este libro. Por medio de su equipo de prensa afirmó: “No tengo intención de juntarme para hablar de la obra pública, [pues] la Cámara tiene dos mil empresas y se ha puesto el foco, lamentablemente, en cuatro o cinco, estigmatizando a todo el sector, que es vital para el desarrollo del país. No es mi intención meterme en gestiones anteriores”. En su entorno explican que “es posible que haya habido un puñado de empresarios que probablemente hayan tenido complicidad con un sistema que para trabajar te exigía cometer desprolijidades. Eso no lo podemos negar”. Otro de los involucrados que se mantuvo en silencio fue Gerardo Martínez, líder de la UOCRA, que solía compartir jugosos asados con José López en la casa alquilada por el Grupo Farallon.

Cuando Lázaro Báez en su entrevista apuntó a la complicidad de la cámara, los empresarios evitaron la polémica. “No vale la pena contestarle a Báez, la justicia pondrá todo en su lugar.” Lo cierto es que el recelo con “el negro del sur” no se apagaba. “Siempre fue un outsider”, dijo otro empresario histórico de la construcción. “En la cámara nos nucleamos las grandes empresas, con trayectorias de más de cincuenta años. Se hicieron obras con todos los gobiernos. Los sospechosos son los que llegan y se van con el presidente de turno”, señalaron al diario La Nación desde la entidad. En el entorno de Chediack agregaban: “Él se presenta como una víctima del sistema y, en ese sentido, nos arrastra a nosotros para salvarse”.

El ex jefe de gabinete Alberto Fernández se despidió de su entrevista con el autor formulando una declaración que confirmaba su escepticismo ante los supuestos aires de cambio del gobierno de Macri: “¿Qué decían ustedes de los hermanos Gualtieri con Eduardo Duhalde o de la patria contratista durante el menemismo? En cada provincia argentina hay un Lázaro Báez”, concluyó.

Amigos del poder habrá, hubo y hay. A mediados de 2016, la Cámara Argentina de la Construcción desmintió al titular de Austral Construcciones con ese mismo argumento. Para ellos, en algunas provincias “hubo empresarios cercanos a los gobernantes de turno y por eso ganaron licitaciones”. Durante doce años compartieron uniones transitorias de empresas con esos supuestos corruptos. Nadie levantó la voz para quejarse.

Más allá de su empresa constructora, Chediack es titular de las siguientes firmas. Unión Agraria SA oficialmente comenzó a operar el 14 de noviembre de 2005, con Eduardo Luis Kennel como vicepresidente y Vicente Faustino Messina como director titular. En Samtra SA, inaugurada el 9 de marzo de 2006, Chediack invirtió los roles: Vicente Messina era vicepresidente y Eduardo Kennel, director titular. En la minería incursionó mediante Servicios de Minería SA, que comenzó a funcionar el 9 de marzo de 2009, con los mismos integrantes que en las otras dos firmas y su hermana Anita como vicepresidenta, aunque mantuvo a Kennel en un cargo importante: director titular.

A seis meses de su asunción como subsecretario de Coordinación de la Obra Pública Federal, Ricardo Delgado aceptó una entrevista para el libro. El economista que había coqueteado con Sergio Massa era uno de los funcionarios preferidos del ministro del Interior, Rogelio Frigerio. Según sus datos, “se gastaron unos 130 mil millones de dólares en la obra pública” durante el kirchnerismo. A diferencia del ranking de De Vido, Báez había sido el más beneficiado con su grupo Austral y las empresas satélites Kank y Costilla, Gotti Hnos. y Sucesión de Adelmo Bancalari. El grueso de esos fondos provenía de Vialidad Nacional.

“El nexo de Clarens para recaudar en Vialidad era Sergio Passacantando”, confiesa el amigo de Báez al autor. “Se conocían de Invernes.”

De hecho, Passacantando era quien liberaba los pagos anticipados a favor de los empresarios de la obra pública en concepto de certificaciones de obra. El ex gerente de Vialidad Nacional había trabajado en la financiera de Clarens. De perfil bajo y poca exposición mediática, pasó inadvertido durante estos años, pero fue clave para facilitar los pagos de excepción que recibió Lázaro Báez. Se trataba de anticipos, en algunos casos, de hasta el 37,5 por ciento en contratos recién otorgados —superando el porcentaje estipulado por ley que es del 30 por ciento—. Sergio Passacantando recibía órdenes directas de José López, quien le indicaba cuánto dinero debía pagarle al empresario cercano a Kirchner. Gracias a De Vido y a López, Passacantando se convirtió en gerente de Administración. En la actualidad, está sumariado y apartado de sus funciones “hasta que se resuelva su situación en la justicia”, indicaron en el ente público.

Lo más llamativo es su vínculo con la financiera Invernes. Esta “cueva”, de la que habría sido empleado el ex funcionario de Vialidad, está relacionada con varias empresas de Báez que fueron favorecidas por Passacantando cuando llegó a Vialidad: habilitaba pagos “por fuera de los circuitos ordinarios”, anticipos de certificaciones de obras que, en muchos casos, ni siquiera se realizaron. En este mecanismo montado, según el gobierno actual, para favorecer “discrecionalmente a Lázaro Báez”, se investiga un contrato en el que Passacantando avaló el pago de adelantos de certificaciones por más de 90 millones de pesos —37,85 por ciento— superando el 30 ya mencionado permitido por la Ley de Obras Públicas. Se lo acusa ante la justicia también de avalar inconsistencias y “falta de adecuación entre las certificaciones y el plan de trabajo”, circunstancias que posibilitaron “el cobro de importantes y desproporcionadas sumas de dinero” a favor del socio comercial de los Kirchner.

Passacantando fue citado a indagatoria por los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques, que investigaban el plan “criminal” de la obra pública durante el gobierno de Cristina Kirchner. Además de la ex presidenta, los fiscales llamaron a Julio De Vido, José López, Carlos Santiago Kirchner, Graciela Elena Oporto, Raúl Víctor Rodríguez, Hugo Manuel Rodríguez, Abel Fatala, Nelson Periotti (ex titular de Vialidad Nacional), Lázaro Báez, su hijo mayor, Julio Mendoza (presidente de Austral Construcciones), Fernando Javier Butti (ex socio de Austral), Myriam Costilla y una veintena de funcionarios de la Dirección de Vialidad Nacional.

En abril de 2016, con la detención de Lázaro Báez y el cambio de gobierno, gran parte del empresariado argentino y un sector del establishment comunicacional temían que se produjese un mani pulite en nuestro país. En aquel entonces, no solo se investigaba a Austral Construcciones sino también a Electroingeniería, la empresa de Osvaldo Acosta y Gerardo Ferreyra que ganó la licitación de las represas Néstor Kirchner y Jorge Cepernic, en Santa Cruz, por unos 4.800 millones de dólares. La empresa amiga de Carlos Zannini había ganado la licitación sin incorporar en el presupuesto el tendido de la red de alta tensión que une las represas con el Sistema Eléctrico Nacional. “Esto significa que si hoy estuviesen terminadas, esas represas no servirían para nada”, explicó Ricardo Delgado para este libro.

Otras firmas investigadas por la justicia debido a los jugosos contratos obtenidos durante el kirchnerismo eran Iecsa, la constructora de Ángelo Calcaterra, primo del presidente Mauricio Macri; Corporación América, de Eduardo Eurnekian con su constructora Helport; la empresa extranjera Odebrecht —filial local de la constructora brasileña—, cuyo dueño y presidente, Marcelo Odebrecht, está en prisión preventiva en su país como consecuencia de una investigación por el Lava Jato que desplazó a Dilma Rousseff de la presidencia de su país. No estaban exentas de polémicas Cartellone; Rovella Carranza, vinculada con José López y con el poder político de San Luis; JCR, de Cristóbal López; el Grupo Roggio y el Grupo Pescarmona. Los ex presidentes de la Cámara Argentina de la Construcción podían tener problemas con la justicia: Gustavo Weiss con Eleprint y Carlos Wagner, además del actual presidente Juan Chediack, con su constructora homónima.

En la misma línea, el titular de Vialidad Nacional del gobierno de Cambiemos, Javier Iguacel, detectó que el grupo Austral cobraba rápidamente en comparación con sus competidores: “A los 25 días de emitido el certificado de obra, cuando el promedio era de 160 días desde que se emitían estos certificados”.

A pesar de las investigaciones periodísticas y de algunas denuncias de los nuevos funcionarios de Cambiemos, el mani pulite quedó en el olvido. El año terminó con los mismos empresarios haciendo negocios con el nuevo gobierno, con excepción, claro está, del hombre que se siente un “forro” de la Cámara, de los empresarios y de Cristina: Lázaro.

Respuesta oficial

Ricardo Delgado es uno de los flamantes funcionarios que más conoce la herencia kirchnerista en materia de obra pública. Rodeado de expedientes, tablas de Excel y estadísticas varias, impulsa una reforma de la Ley de Obras Públicas mientras recibe a este periodista. “Estamos trabajando en una ley de transparencia y buenas prácticas. Le dará a la SIGEN y a la Auditoría General un rol más activo al igual que a la sociedad civil.” Según Delgado, la ley tratará básicamente sobre la publicidad y difusión de los actos administrativos de las obras.

Según Delgado, la herencia fue “compleja ya que había expedientes que no estaban, trámites y certificados de obra incompletos, sin la información básica para pagarle al empresario. Existía un enorme desorden administrativo, burocracia en el mal sentido del término, para opacar a una industria que ya tiene antecedentes en su historia de serlo pero, fundamentalmente, en los últimos años”. La heredera de la constructora de Juan Carlos Relats, Silvana, coincide: “Durante 2015, el Estado incumplió en todos los pagos, lo hizo prácticamente con todos nosotros. La situación era terminal”. Durante el primer semestre del gobierno de Macri, la obra pública se paralizó. Su ejecutor le echa la culpa a la herencia recibida: “Nos llevó cuatro meses ordenar el tema. Heredamos una deuda importante. En nuestras áreas [Obras y Vivienda], la mitad de las cinco mil obras en ejecución no había recibido un peso en todo el año 2015. Eso impactaba en la curva de la inversión. El empleo, en el sector, entonces cayó, sistemáticamente, desde julio, y [la caída] se acentuó en septiembre de 2015”. En 2016 se perdieron, según datos del INDEC, 60 mil puestos de trabajo en el ámbito de la construcción. En los últimos meses del año, solo cinco mil personas recuperaron su trabajo. Se calcula que esa industria emplea 420 mil trabajadores.

La deuda que asumió el gobierno de Cambiemos fue de diez mil millones de pesos. Se pagó con el presupuesto de 2015. Desde el Ministerio del Interior se impulsaron auditorías y denuncias penales, como el caso de la Dirección Nacional de Vialidad presidida por Javier Iguacel. Según el ministro Rogelio Frigerio, el sobreprecio, durante el kirchnerismo, alcanzó el 20 por ciento. Delgado explica que “las licitaciones nuevas se están ganando a precios inferiores que los del año pasado a pesar de la inflación superior al 30 por ciento. Evidentemente, había un número de corrupción”. Consultado sobre el famoso ranking de la obra pública de Julio De Vido, Delgado asegura que “no es creíble”. El problema, explica el funcionario, es que se violó el Registro Nacional de Constructores de Obra Pública, el organismo que tiene que dar la capacidad de contratación de las empresas para hacer cada una de las obras. “Si Vialidad convocaba para construir una ruta por cien millones de pesos y la firma no tenía esa capacidad, no debía ingresar a esa licitación.” Eso no sucedió durante el kirchnerismo.

Delgado va más allá: “Las empresas como Austral Construcciones no presentaron balances desde 2011 y, sin embargo, hicieron las obras sin problemas. El resto cumplía con esa formalidad”. Las provincias que más fondos nacionales recibieron en obra pública fueron Santa Cruz —como se vio en capítulos anteriores— y el Chaco de Jorge Milton Capitanich. Las provincias discriminadas, según los registros oficiales, fueron San Luis, Córdoba, Capital Federal y Corrientes, cuatro distritos gobernados por opositores. La meta de Macri es aumentar el dos por ciento del PBI en obra pública a seis por ciento en los próximos cuatro años. Alcanzar el ciento por ciento de agua potable para los argentinos y el 75 por ciento de cloacas en un plazo no superior a diez años. Un primer semestre perdido y las idas y vueltas en la gestión generaron escepticismo en los opositores e incluso en aliados de la coalición de gobierno.

La confesión de Lázaro

En una de las charlas que posibilitó el único reportaje que Báez ofreció a un periodista durante su detención, Lázaro echó luz sobre la forma en que se manejó la obra pública en el país durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner. Veamos.

—Fuera de su caso particular, ¿durante el kirchnerismo existía tasa de retorno o corrupción en la obra pública?

—Si estos señores hablan de retorno, está puesto en el precio en el cual se licitó.

—¿Hay que ir a la licitación y al precio que se puso allí, entonces?

—Cae de maduro. Se dice que cobraba en blanco, después lo pasaba al negro y lo volvía al blanco. Si yo ya cobraba en blanco, supongamos que se licitaba por 100 pero se necesitaba 90, esos 10 ya estaban en el presupuesto. ¿Por qué necesito generar negro si tengo el blanco?

—¿Usted siente que ya está juzgado?

—¿Usted cree que no? Si nadie quiere hablar conmigo. Nuestra verdad está prohibida en todos lados. Ningún medio la quiere tomar. Nadie la quiere escuchar. Todos los que formaron parte de la Cámara Argentina de la Construcción participaron en ese esquema. Nadie cuestiona ni condiciona el monto de la obra que ya está presupuestada a través de un preproyecto. Nadie miró eso. Nadie miró. Nadie quiso mirarlo.

—O sea que en las mismas condiciones estarían, según usted, otros empresarios como Calcaterra, Cristóbal López, Electroingeniería…

—Si bien yo tengo gran parte de la obra en Santa Cruz, ahí construyeron Carlos Wagner, Eleprint, Equimac, Decavial, el dueño del Banco Santa Cruz [se refiere a Eskenazi], construyó todo el mundo. ¿Qué me están diciendo?

—Lo que pasa es que usted fue un gerente bancario y de repente tuvo…

—Pero es como decirle que usted estudió periodismo y después le fue muy bien en lo suyo y nadie se lo perdona. Lo que pasa es que yo soy un negrito de Santa Cruz y nadie me perdona que venga a discutir las cosas que quiero discutir con ellos. La condición social es excluyente. No le permiten ser inteligente. ¿Eso es lo que me quiere decir usted?

—No…

—Pero es lo que me dice todo el mundo.

—Pero se dice que Cristóbal López era empresario antes de los Kirchner…

—¿Y cómo cree que empezó Cristóbal? ¿Usted sabe cómo empezó?

—¿Con una relación con el poder?

—Y… Con cuatro camioncitos de mierda. Como empezó Wagner y como empecé yo. Así fue todo el mundo. Toda mi ganancia la invertí en la empresa. Si usted investiga el registro de constructores, que es oficial, encontrará grandes empresas que son simplemente tarjetas. En la declaración de activos —máquinas, camiones— están vacíos, pero son las grandes empresas las que fijan las reglas. Ellas ganan las obras y después contratan a las empresas chiquitas que ponen los equipos. Es vergonzoso.

El amigo de Báez le da la razón: “Las licitaciones estaban infladas de entrada. Con el verso del precio internacional se compara una autopista argentina con otra de Estados Unidos. No podés comparar. Son distintos materiales y tiempos. Allá no podés tardar cinco años en una ruta, la hacen en meses. Eso es más plata. Pero acá la cobrábamos como si estuviésemos en Estados Unidos. La hacíamos a nuestro estilo. Ahí estaba el negocio de la política”.

Tal como afirman tres empresarios entrevistados para el libro y un ex jefe de gabinete, “Néstor no inventó nada. El que lo inventó fue Menem. Kirchner lo copió. Para hacer política necesitás plata. ¿Cómo hacés? Yo te doy la obra por un precio determinado que, de antemano, ya sabés que es más caro que el real, ajustás tus costos y devolvés la diferencia. Así crecieron Paolo Rocca y Techint, como también el Grupo Roggio”. La diferencia con Lázaro Báez, según su propio confidente, es que “ellos tenían historia, cuentan con un equipo profesional, grandes estudios de abogados, contadores importantes, dan la cara y no generan odios. Nosotros dejamos muertos en el camino, gente herida”.

Pero las primeras traiciones fueron entre los empresarios y financistas que habían posibilitado que Néstor Kirchner llegase a la Presidencia de la Nación. Así lo sintió Aldo Ducler, el financista vinculado con los fondos de Santa Cruz y, también, el empresario constructor que se quedaría con parte de YPF.

Eskenazi: ladrillos, bancos, oro negro y los fondos de Santa Cruz

Eskenazi era socio de Lupín.

Confesión del mejor amigo de Lázaro Báez.

Octubre de 2016

Antes de comprar el Grupo Petersen, Enrique Eskenazi fue un alto ejecutivo de Bunge y Born. Llegó a ser presidente de la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (Copal). Su conocimiento del negocio de los commodities, sumado a su capacidad para hallar nichos rentables, hizo que la idea de tener un banco que uniese las finanzas, el campo y la exportación, cobrase vida. En 1980, Eskenazi era un simple directivo de la empresa constructora Petersen, Thiele & Cruz, muy beneficiada en los años en que el país era gobernado por la Junta Militar. La firma fue la encargada de construir el edificio de Argentina Televisora Color sobre la avenida Figueroa Alcorta junto con el Grupo Roggio. En ese momento, los arquitectos tomaron el modelo de la televisión pública de Tokio. También se encargó del estadio en la capital mendocina que se inauguró durante el Mundial de Fútbol de 1978 y el departamento de policía de esa provincia. Un año después, la firma construyó la embajada de Japón en Buenos Aires. Durante el alfonsinismo, las obras mermaron. Las más destacadas fueron el edificio del Banco Ciudad y el complejo de 1.028 viviendas conocido como Covipol, en San Antonio de Padua. Los tres fundadores de la firma habían sido los artífices del edificio original de YPF en 1936, del puente sobre el río Atuel en la provincia de Mendoza durante el primer peronismo y de parte de Ciudad Universitaria en 1973.

Ya con Eskenazi como dueño, en los noventa, la empresa se diversificó y asumió compromisos como la central nuclear Atucha II, Yacyretá, la ruta 3, el saneamiento y la planta cloacal en San Juan, y continuó en el área urbanística con el aeropuerto de Ezeiza. Con la llegada de Néstor Kirchner a la Casa Rosada, Eskenazi ganó múltiples licitaciones, como el Centro Cívico de San Juan, el aeropuerto de San Miguel de Tucumán, el puerto de Santa Cruz, el edificio anexo del banco de esa provincia en Río Gallegos y el centro cultural de Las Heras, también en la provincia patagónica. Según el ranking de la obra pública de De Vido, Petersen ocupó el puesto décimo octavo con el 0,79 por ciento, lo que representó la erogación de 2.658 millones de pesos en doce años.

Del ladrillo al banco

Eskenazi mantuvo su crecimiento e incorporó el área de servicios con sus firmas Mantenimiento y Servicios, por un lado, y Estacionamientos Buenos Aires (Esbasa), por el otro. Abrió su compañía agrícola con Santa Sylvia y compró diez mil hectáreas para plantar viñedos en San Juan. También compró cuatro bancos provinciales. En 1995, se estrenó en el mundo financiero en el Banco de San Juan con la adquisición del 51,4 por ciento del paquete accionario. Cuando el banco estaba por quebrar, Nélida Martín, ministra de Economía de la provincia, se hizo cargo de la administración del directorio. Tres años después, se privatizó el 75 por ciento del paquete accionario. Fue la funcionaria quien acercó al Grupo Petersen, que venía de construir el barrio Aramburu en la capital sanjuanina. Según la versión oficial, Martín casi obligó a Eskenazi a participar de la licitación. El ingeniero dudaba de incursionar en el mundillo financiero. El Banco Piano acercó el respaldo y la experiencia pero, meses después, fue apartado por maniobras, supuestamente, desprolijas.

Al año siguiente, Eskenazi conoció a Kirchner. En 1998, se quedó con el 51 por ciento del fundido Banco de Santa Cruz. En el siglo XXI llegaría el turno de los bancos de Santa Fe y Entre Ríos. La amistad entre Néstor Kirchner y el empresario-banquero comenzaba a dar sus frutos. Eskenazi no tenía intermediarios en su relación con Néstor, y sus pedidos de audiencia eran aceptados al instante. Cuando Kirchner privatizó el banco provincial, la oposición denunció “un proceso de vaciamiento, pues para venderlo, se pasó a una cartera residual una pérdida de 160 millones de pesosdólares, que los oferentes no aceptaban”, denunció el diputado provincial por el radicalismo, Roberto Gibetich. El Banco de Santa Cruz maneja, en forma exclusiva, las cuentas sueldo de los empleados de la administración pública local y las de los jubilados, la liquidación a los proveedores, los fondos por regalías, la coparticipación federal y el dinero de los municipios. A fines de 2016, esa entidad bancaria tenía diecinueve sucursales —incluida la de la Ciudad de Buenos Aires— y contaba con depósitos por 300 millones de pesos.

Cuando Eskenazi desembarcó en el fundido Banco de Santa Cruz, Néstor Kirchner se sacó de encima a Vittorio Gotti, que tenía una deuda de ocho millones de dólares con la provincia, recuerda el vicegobernador Arnold. Según el ex candidato a intendente radical de El Calafate, Álvaro de Lamadrid, “la venta de YPF a Enrique Eskenazi, quien se había quedado con el Banco de Santa Cruz privatizado, pareció servir, extrañamente, de fachada para los verdaderos negocios que los Kirchner tenían en mente”. Esconder 600 millones de dólares de su pueblo y utilizarlos en beneficio de su proyecto político.

Sentado en el café del hotel Panamericano, Julio César Aráoz, ex secretario de Energía durante el primer año del gobierno de Menem, asegura que el Banco de Santa Cruz “pertenecía en un 75 por ciento a los Eskenazi y el resto, directamente, a Néstor Kirchner”. Allí aparece la figura de Carlos Corach. “Fue Corach quien los presentó.” Aráoz recuerda que el octogenario empresario esperaba horas en los amplios pasillos de la Casa Rosada para ser atendido por el riojano más famoso, pero Menem no lo recibía. “A mediados de los noventa, Corach había afianzado su relación con algunos gobernadores, como Kirchner, y fue quien le acercó al empresario”, asegura Aráoz —que pasó por distintos cargos durante la gestión menemista, desde el Sedronar hasta el Ministerio de Salud—. “Eskenazi figuraba como insolvente en el Banco Central y Menem no le prestaba atención.” Kirchner vio en el presidente de Petersen una puerta de acceso a la usura. El financista Guillermo Greppi recuerda con cariño al ex presidente: “Fue el mejor en nuestro mercado”. Un maestro de las finanzas, desde los remates de propiedades de clientes endeudados, durante la dictadura militar, a la compra del 25 por ciento de YPF en sus primeros tiempos como presidente de la Nación. ¿Kirchner compró una parte de YPF, de forma solapada, escondido detrás de la figura de Eskenazi, con la plata de los fondos de Santa Cruz? ¿O las millonarias regalías mal liquidadas por Repsol-YPF durante su privatización de 1993, que recibió la provincia de Santa Cruz, terminaron financiando la campaña presidencial de Kirchner en 2003, como cree Álvaro de Lamadrid?

Lo cierto es que ese dinero se colocó en una cuenta en el Credit Suisse que generó intereses: según se calcula, habrían derivado en una suma total de mil millones de dólares. Cuando el dinero fue repatriado, los saldos indicaban un monto infinitamente menor. Más aún, el gobernador ponía la cuenta a su nombre. Desde 1996 a 2002, no hubo rendición de sus activos. El 10 de diciembre de 2003, Clarín tituló: “Sergio Acevedo asumió la gobernación y vino la promesa de la repatriación”.

Ducler y los fondos

El destino de los fondos de Santa Cruz lo conoce Eduardo Caffaro.

Entrevista a Aldo Ducler. Septiembre de 2016

Veinte años después del silencio más extremo, Aldo Luis Ducler se enfrenta a una entrevista periodística. Su hijo Juan Manuel fue el gestor de un extenso encuentro en la oficina de sus abogados, en el barrio de Recoleta. Casado hace cincuenta años y padre de cuatro hijos, Aldo Ducler ingresó al despacho de sus letrados con papeles, fotocopias de una causa judicial en la que terminó sobreseído y cuadros sinópticos sobre los misteriosos fondos de Santa Cruz. Esa semana, el diario Clarín había publicado que el mismísimo Ducler era el hombre que los había manejado y que conocía su paradero. Tanto Rafael Flores como Eduardo Arnold creen que la persona clave en esta historia es Eduardo Caffaro. Media docena de fuentes consultadas aportan otro nombre fundamental: Juan Manuel Campillo, el primer valijero K que, a fines de 2016, terminaría visitando a Lázaro Báez en la cárcel de Ezeiza en un encuentro que en la prensa pasó inadvertido.

Ducler estaba ansioso. Decía que se sometería a todas las preguntas para el libro. A mediados de septiembre de 2016 se había presentado espontáneamente en los tribunales de Comodoro Py —ante el juez Marcelo Martínez di Giorgi— para ser investigado por los benditos fondos. Paradojas del destino, a finales de los noventa, la clase política solía visitarlo en Mercado Abierto. Veinticinco años después, era demonizado en los medios y nadie decía conocerlo. ¿Por qué? En su entorno miraban con desconfianza a Héctor Magnetto por el manejo periodístico de su figura, y a los Kirchner: “Para ensuciarnos a nosotros, protegieron a los verdaderos responsables de la estafa más grande de la democracia”. Repasemos la historia de Aldo Ducler.

Mercado Abierto era una institución nacional constituida por gente que lideraba el mercado de capitales argentinos. Con sesenta empleados, fue pionera en emisión de títulos públicos y llegó a tener sucursales en todo el país. El Banco Central la ponderaba. “Nunca conversé con Néstor ni con Cristina Kirchner”, sentencia Ducler. “Eduardo Caffaro era el apoderado del gobierno de Santa Cruz, era quien operaba en nombre del gobernador Kirchner y de la provincia a través de Mercado Abierto. Los fondos los manejó Caffaro”, sostiene Ducler. “Yo no lo hice. Nosotros éramos agentes de referencia, muy común en aquella época. Teníamos referentes internacionales como Din Winter, les acercábamos clientes y ellos actuaban.” Por esa razón, los resúmenes de las cuentas continuaron llegando a las oficinas de Mercado Abierto después de que Ducler se alejó del negocio.

—¿Qué pasó con los fondos de Santa Cruz?

—La plata, mientras estuvo bajo la jurisdicción de Din Winter, estuvo bien guardada. Estaban colocadas en un buen lugar. Esa es la actuación de Mercado Abierto desde 1994 a diciembre de 1999, cuando aparecen las denuncias de lavado de dinero [las famosas cajas de Elisa Carrió, Daniel Scioli y Cristina Fernández de Kirchner]. En ese momento, la provincia de Santa Cruz le ordenó a Din Winter [tras su fusión en 1997 con Morgan Stanley ya se llamaba Reynols] que sacase los fondos. Luego aparecieron los bancos suizos. A Caffaro le perdí la pista. No hablé nunca más. No sé dónde está.

—El financista que aparece tras su caída en desgracia es Ernesto Clarens, ¿lo conoció?

—Sí. A Ernesto Clarens lo conocí en la época en que funcionaba la Cámara Argentina de Mercado Abierto, de la que yo era presidente y él, uno de sus directores.

—¿Usted lavó dinero del narcotráfico?

—¡No! ¡Claro que no! A fines de 1999 se presentó una falsa denuncia del gobierno de México. Fue en los tribunales federales del país y empezó una campaña mediática en mi contra. Los que tenían relación con las empresas retiraron los fondos, como fue el caso de la provincia de Santa Cruz. No lavé dinero del narcotráfico. La operación Casablanca fue secreta, del gobierno de Estados Unidos, que había infiltrado agentes en los carteles de Colombia y de México para hacer el seguimiento de esos fondos. Esa operación produjo rispideces entre ambos gobiernos. Se abrieron cuatro cuentas por agentes encubiertos del gobierno de Estados unidos [no es un relato sino la información que el Departamento de Justicia de ese país le envío a la justicia federal argentina]. Me sobreseyeron en mayo de 2008.

—¿Por qué usted se ve involucrado?

—El dinero enviado por los agentes encubiertos pasó al Citibank, donde teníamos las cuentas, y de allí a Mercado Abierto, a un cliente nuestro [Nicolás Di Tullio, quien falleció en 2011 en un accidente de tránsito]. Nosotros les decíamos a nuestros clientes que los aceptábamos con el respaldo de una institución importante. El Citibank limpió sus antecedentes y aceptamos casi 11 millones de dólares. Significaba el 0,5 por ciento de lo que operamos ese año. No infectamos con dinero sucio el sistema financiero argentino sino que fue el gobierno de los Estados Unidos, a través de agentes encubiertos, quien lo hizo. Eso pasó en 1997 y la denuncia llegó en 1999 a través de México. El origen de los problemas de lavado de dinero en el país comenzó ahí. Un periodista del New York Times supo la verdad. Era un tema complejo. Lo mantuvimos en silencio para colaborar con los Estados Unidos. Es más, firmamos la confidencialidad. La falsa denuncia implicó extensos exhortos a Norteamérica. El Departamento de Justicia de ese país informó, diez años después, lo que había pasado.

”El objetivo era sacar una ley de lavado de dinero por parte de Estados Unidos. Por eso se infiltró con esos agentes. Escúcheme, lo decían abiertamente en la embajada. El diario Clarín publicó el tema en tapa, presionaron al parlamento argentino, al Senado, para que sancionasen esa ley el 4 de abril de 2000. A la semana enviaron un embajador, James Wells. Involucraron a Mercado Abierto por el paso del dinero de agentes encubiertos que estaban viendo dónde terminaba esa plata sucia.

”Mercado Abierto desapareció del mapa, en medio de campañas políticas. Es que, en las finanzas, cualquier relación complicada ahuyenta a los inversores.

—¿Se arrepiente de algo?

—Me arrepiento de no haber hablado del tema en su momento. Lo hago ahora porque se da otra ofensiva mediática en mi contra. A los Kirchner no los conocí, pero sí manejamos el envío de fondos al exterior de su provincia.

—¿Qué es Aldyne? ¿Se trata de las iniciales de Aldo y Néstor?

—Lo desconozco. Falsamente dijeron que era una institución que armé con Néstor Kirchner. Nunca tuve relación con esa supuesta sociedad. No tengo causas judiciales abiertas, menos que menos de narcotráfico [sic].

Arnold recuerda los chistes que le hizo Kirchner cuando le sugirió al gobernador conformar una comisión para velar por el destino de los fondos de Santa Cruz. “Sos como Perón, cada vez que no querés hacer un carajo, proponés una comisión.” “Le contesté que esa plata representaba seis presupuestos provinciales y con eso podíamos transformar la provincia, industrializarla, quedábamos en la historia pero teníamos que evitar gastarla en la coyuntura”, explica Arnold. A la semana de esa discusión “armamos la comisión con la representación parlamentaria de la oposición, las cámaras empresarias, la brigada del Ejército, con el señor de la bragueta larga [el Obispo], o sea, estaban todos. Kirchner tomaba una idea y la transformaba en una iniciativa propia. Era tan egoísta que no te daba ni la razón. Ahí decidimos comprar las acciones de YPF por una moción mía y apoyada por Arturo Puricelli, que era representante del PJ disidente cercano a Menem”. En este fragmento del relato, Arnold aporta un dato que apoya la versión de Ducler: “En principio, se puso la plata en Mercado Abierto, pero el que manejaba los activos era Eduardo Caffaro, que nunca aparece mencionado en los medios. Él nunca fue del sur, era compañero de facultad de Eduardo Labolida, el que fue presidente del banco”. Casualidades permanentes.

Le pregunto a Arnold por el rol de Ducler: “No hizo demasiado. Participó en la primera parte con Caffaro pero el que marcaba las líneas de qué hacer con la plata era Kirchner”. ¿Se la gastaron en la campaña de 2003?: “No. Lo que sí es muy probable es que la plata de la campaña haya salido de las pesqueras, acordate de Cacho Espinoza y Conarpesa. También con los gremios. Todo lo que recaudaban para campañas se lo guardaban. Le metía mucho esfuerzo personal”.

El círculo se cierra. Para el ex vicegobernador de Kirchner, Eduardo Arnold, además de Caffaro, Eskenazi es el otro personaje central en la misteriosa desaparición de los fondos de Santa Cruz. “Tiene mucho que ver con los fondos. Le vendimos el banco en 100 millones de dólares cuando en dos años se nos habían ido 75 palos en pelotudeces: en el amigo de Kirchner que se compraba una playa de estacionamiento y en otro tipo que le daba crédito prendario. La plata del banco provincial la manejaba acá en Buenos Aires en mesas de dinero con Jorge Dominichetti, que era el gerente de la sucursal Buenos Aires. Pero el que digitaba todo era Francisco ‘Paco’ Larcher” (después sería uno de los hombres fuertes de los servicios de inteligencia). “La negociación de la venta del banco la manejó directamente Zannini. Ni Julio De Vido ni Lázaro Báez, como ahora nos quieren hacer creer. Kirchner no centralizaba el robo. Tenía separadas las bandas de chorros.”

La versión según la cual Lázaro Báez conocía el destino de los fondos de Santa Cruz fue instalada por el diario Clarín en septiembre de 2016, mientras Aldo Ducler rompía el silencio. ¿Por qué? Detrás de los famosos fondos había una historia de venganza y ambición. “Si investiga un fiscal, realmente, qué pasó con los fondos de Santa Cruz después de Mercado Abierto, abrirán una caja de Pandora”, explica Juan Manuel Ducler, hijo del financista. “Muchos creen que Báez sabe dónde están, pero en este negocio no entró”, aseguran desde su entorno sin esquivar las críticas al empresario detenido por lavado de dinero. “Esto lo hizo Néstor Kirchner en vida y por eso quedó fuera del radar de los impresentables como Leonardo Fariña y Federido Elaskar”, insisten desde el entorno de Ducler.

En aquellos años en los que Kirchner delineaba su candidatura presidencial, en la Ciudad de Buenos Aires se montó una oficina en la calle 25 de Mayo, a metros de la Casa de Santa Cruz. Allí iba con frecuencia Eduardo Caffaro, quien ya manejaba los fondos de la provincia y una contaduría propia. Fue el asesor financiero del Banco de Santa Cruz entre 1994 y 2000. Luego dirigió el Banco Central hasta el año 2007. Frecuentaba Mercado Abierto y controlaba los bonos de parte de Néstor. Caffaro terminaría en la SIDE, por poco tiempo. Aseguran que no le gustó el ambiente. Se asustó y se retiró de los círculos habituales de la política vernácula. Luego murió Néstor.

Nueve años antes, en 1999, Eskenazi se sumó a la historia de los fondos de Santa Cruz. Sebastián viajó a Suiza, se quedó con el banco de la provincia y empezó a operar financieramente, según los designios de Kirchner. Era él quien controlaba todos los negocios, los de la Nación y los privados. Cuando muere el ex presidente, Báez se distancia del “cerebro financiero”, que era Ernesto Clarens. Comienzan las mexicaneadas a Cristina Kirchner, de quien estaba distanciado, cansado de sus maltratos. Aparecen nuevos financistas, como Edgardo Levita y Fernando Caparrós Gómez, este último más proclive a la exposición pública, los fierros y las bellas mujeres. Dos de los protagonistas de esta historia se preguntan las verdaderas razones por las que Cristina Fernández viajó a las islas Seychelles en los turbulentos meses en que estaba por explotar la llamada “ruta del dinero K”. ¿Quería averiguar qué era realmente Aldyne? ¿Necesitaba saber cómo se conectaba su dinero con FPB Bank Panamá y el nombre de la ex pareja de la vedete Iliana Calabró, Fabián Rossi? Cristina tenía la certeza de que le estaban robando su fortuna. Pero no sabía cuánto.

Como siempre, hay una historia real y otra de ficción, en la que se mezclan intereses, poder y dinero.

YPF. La estafa más grande del siglo

En marzo del año 2008, el país festejó la compra del 25 por ciento de YPF por un grupo empresario argentino, a través de la supuesta garantía otorgada por los fondos de Santa Cruz —que estaba depositada en el Credit Suisse de Zúrich, en el área de banca privada—, lograda mediante un fideicomiso instrumentado por el banco de esa provincia, propiedad del mismo empresario. El monto fue del orden de los mil millones de dólares. Casualmente, esa compra del 14,9 por ciento de YPF hecha por Eskenazi es por un monto notablemente cercano a lo que se supone era la suma correspondiente a los fondos, con sus respectivos intereses, de la provincia de Santa Cruz, desaparecidos por los Kirchner.

Según el ex secretario de Energía Julio César Aráoz, cuando Kirchner descubrió la estafa de los españoles en YPF, tentó al empresario Sergio Szpolski para sumarse al negocio. No prosperó. Al empresario de medios no le dieron las garantías que habría solicitado y apareció Eskenazi. Su ex socio Matías Garfunkel asegura que Szpolski jamás le comentó esa supuesta conversación. Lo cierto es que Enrique Eskenazi asoció a sus hijos armando una sociedad anónima en Melbourne, Australia. La supuesta argentinización de una porción de YPF se realizó con una sociedad creada fuera del país. Por tal razón, Aráoz está convencido de que, desde su nacimiento, la operación fue “la estafa más grande de la historia argentina del siglo XXI”. Al año siguiente, el grupo obtuvo un 0,1 por ciento más de YPF y, en 2011, compró un 10 por ciento adicional, financiando la operación con otro préstamo garantizado de 700 millones de dólares de un grupo de bancos liderado por Itaú y Credit Suisse. Pero la historia cambiaría inesperadamente. La familia, como otros empresarios cercanos a los Kirchner, se sorprendió con la muerte de Néstor pero, más aún, con los reclamos posteriores de su heredero Máximo.

La historia de idas y vueltas de Néstor y Cristina Kirchner, en relación con la política energética, merece un párrafo aparte. El kirchnerismo hizo negociados en tiempos de abundancia de petróleo y gas, tanto en su apoyo explícito a la privatización de YPF y su venta a la empresa española Repsol, como en el posterior ingreso de la familia Eskenazi a su grupo accionario.

La producción de petróleo alcanzó su punto más elevado en 1998, año del ingreso de Repsol a YPF. Desde entonces, la declinación productiva no cesó. El país pasó de ser exportador neto a no alcanzar su autoabastecimiento. YPF redujo su producción a un ritmo más elevado que el resto de las compañías, del 40 al 35 por ciento. Con la producción de gas pasó lo mismo, a partir del año 2004. En 1995, YPF SA representaba el 35 por ciento de la producción nacional y en 2008, solo el 27 por ciento. La explotación petrolera se paralizó: de un promedio de 116 pozos exploratorios por año durante el alfonsinismo, se pasó a 39 en el primer gobierno kirchnerista. La YPF de la “década ganada” monetizó reservas sin reponerlas, minimizó inversiones y maximizó sus beneficios.

El mercado petrolero argentino

YPF, la británico-argentina Pan American Energy y la francesa Total manejan aproximadamente el 60 por ciento de las reservas y la producción petrolera del país. Total opera desde hace treinta y cinco años, fundamentalmente en la Cuenca Austral. Duplica la inversión declarada en exploración y desarrollo frente a YPF. Ha tenido inconvenientes para evacuar su producción por el atraso que tuvo el loop del gasoducto transmagallánico que sería construido por la empresa estatal Enarsa.

Pan American Energy es una empresa mayoritariamente británica. El 40 por ciento de sus acciones, en la Argentina, es de la familia Bulgheroni. Operan en la Cuenca del Golfo San Jorge (Cerro Dragón) y en el noroeste argentino. En 2008, facturó 2.822 millones de dólares y controla entre el 15 y el 20 por ciento del mercado.

Petrobras no ha invertido en el país en materia de exploración de riesgo. Su producción se ha contraído notablemente en la última década.

En 1990 comenzó a definirse el proceso de desregulación petrolera. YPF se transformó, imponiéndose el modelo de José Estenssoro —presidente de la empresa desde 1991 hasta su muerte en 1995, en un accidente de avión en Ecuador—. En cambio, los proyectos promovidos por algunas provincias y por los sindicalistas impulsados por el SUPE y sus aliados de las empresas contratistas no prosperaron.

La nueva YPF era una sociedad anónima con conducción muy profesional y estable, designada por el Estado. Tenía una participación accionaria limitada con una acción de oro para las decisiones estratégicas. El 10 por ciento de las acciones era de los trabajadores y el 13 por ciento, de las provincias petroleras. El resto cotizaba en las Bolsas de Buenos Aires y Nueva York. El ingeniero Roberto Monti ocupó la presidencia de la empresa tras la extraña muerte de Estenssoro. El lobby de funcionarios deseosos de apropiarse de una inmensa caja creció exponencialmente. Su interlocutor local sería Repsol, empresa española dedicada únicamente a la refinación y comercialización de combustibles. La firma no tenía conocimientos en exploración ni explotación de hidrocarburos. Para disimular tal falencia, adquirió una pequeña empresa local llamada Astra SA. Repsol estaba comandada por un banquero español llamado Alfonso Cortinas, directivo del Banco Santander. Carlos Saúl Menem dejó intervenir a su ministro de Economía, Domingo Cavallo, y a Roque Fernández, que sucedería a Cavallo en el ministerio. La letra chica del acuerdo estuvo a cargo de Tomás Liendo y de los doctores Alejandro Quiroga López y Luis Tombeur. Ellos defendieron tan exitosamente los intereses nacionales que Repsol los premió con cargos de directores en la empresa. Tres fueron los operadores de la negociación: Hugo Anzorreguy, Carlos Corach y Roberto Dromi. Otra vez aparece Dromi en dudosos negocios para el país.

A comienzos de 1999, Repsol SA compró el 90,04 por ciento de las acciones de YPF y tomó su control. Las acciones se vendieron en 13 mil millones de dólares. En los diez años posteriores, los españoles invirtieron 1.400 millones (el 10 por ciento). Durante ese período, el Estado no controló la reposición de reservas ni vigiló la falta de inversiones. De este modo, Repsol giró 13.600 millones de dólares a su país de origen en concepto de dividendos. En diez años, la empresa dejó caer las reservas de petróleo en 40 por ciento y las de gas en 25 por ciento. Julio De Vido no dijo esta boca es mía.

En 2002, poco antes de la llegada de Néstor Kirchner a la Presidencia, Repsol cambió de manos. Asumió otro banquero, Antonio Brufau. La reunión del flamante presidente Kirchner con el Rey de España estuvo acompañada por la atenta mirada del banquero. “Kirchner nos hizo parir y metió a su gente en la empresa”, recuerda un testigo de la reunión. El mensajero oficial del gobierno argentino era el embajador Carlos Bettini, un ex montonero vinculado históricamente con la vida sentimental de Cristina Kirchner.

En ese encuentro, Kirchner le confesó a Brufau sus intenciones de ingresar en el paquete accionario de YPF. Merced a los buenos oficios del Rey, se avanzó confidencialmente en el tema. El arreglo se resolvió en un viaje en el catamarán ALM con la bella vista del Lago Argentino de fondo. Así fue gestándose la argentinización prebendaria de YPF, como la califica Aráoz. Enterada por sus informantes —los grandes empresarios contratan servicios de inteligencia privados que suelen ser mano de obra desocupada de la SIDE—, la familia Bulgheroni quiso ingresar en el negocio. Las mismas pretensiones tuvieron Eduardo Eurnekian, pasando por Lázaro Báez y Cristóbal López. En ese rompecabezas se metió el primer menemista devenido kirchnerista: Carlos Corach. Néstor Kirchner lo conocía desde los tiempos en que gobernaba Santa Cruz como un feudo y Corach era el ministro del Interior del presidente Menem. La relación se mantuvo hasta comienzos del siglo XXI, cuando Kirchner sedujo al estudio de la ex mano derecha del riojano con contratos de pesca con empresarios japoneses y coreanos. Allí también aparecían empresarios españoles. Corach solía asistir al gobernador Kirchner con abultados aportes del Teso ro Nacional, por ejemplo, los que permitieron el “salvataje” del privatizado Banco de Santa Cruz. También fue quien le presentó a Eskenazi. Los favores se sucedían.

Brufau y Sebastián Eskenazi se hicieron amigos y compartieron decenas de encuentros e intereses. Mientras tanto, Repsol seleccionaba los bancos que organizarían los créditos que tomarían los compradores. La propuesta fue aceptada raudamente. Se trataba de los bancos Santander, HSBC, Credit Suisse International, Goldman Sachs y el Banco de Nueva York. Los hermanos Eskenazi —Sebastián y Matías— se apoyaron en el soporte legal del reconocido estudio americano Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP. El abogado delegado en España fue el argentino Andrés de la Cruz, ligado directamente con los fondos desaparecidos de Santa Cruz.

En relación con la gestión internacional en paraísos fiscales y la constitución de sociedades especiales, tuvieron un rol fundamental el doctor Julio Lipsis, con oficinas en el principado de Liechtenstein, y Claudio Adolfo Cánepa, que tenía su despacho en Melbourne, Australia. El resto del equipo legal se conformaba con Mauro Renato José Dácamo e Ignacio Cruz Morán, ambos futuros directores de YPF.

El armado financiero y legal de la compra por la familia Eskenazi del 25 por ciento de las acciones de la privatizada YPF estuvo supervisado por el propio presidente Kirchner. El acuerdo fue sugestivo. Con solo 295 millones de dólares —que representaban menos del 10 por ciento de la operación— los Eskenazi se aseguraron la compra del 25 por ciento del paquete accionario y tomaron la conducción de la empresa. Como contraprestación, Brufau solicitó que el gobierno y sus flamantes socios le asegurasen dividendos no menores a los 1.200 millones de dólares por año. Lo imposible fue posible gracias a la cercanía entre sus nuevos socios con el gobierno kirchnerista. Repsol logró garantizar dividendos que, en ese entonces, parecían insostenibles a largo plazo. Por si fuera poco, nadie impidió que girasen al exterior sus extraordinarias ganancias, año tras año. Mes a mes. Semana a semana.

Las acciones adquiridas por la familia Eskenazi se dividieron de la siguiente manera: Sebastián y Matías, 80 por ciento; su padre Enrique, el 19 por ciento; y el restante uno por ciento testimonial fue para Ezequiel, el hijo menor. El resto de los hermanos no participaron de la operación. Cada familia es un mundo.

En los balances oficiales, el Grupo Petersen de Eskenazi informó un patrimonio de 145 millones de dólares, menos del 5 por ciento de la operación exigida en YPF (3.850 millones de dólares). En la compra del 25 por ciento de YPF, los Eskenazi no involucraron a su empresa constructora ni al Grupo Petersen. Constituyeron una empresa holding con un capital inicial de diez mil dólares australianos en Melbourne. Así nació Petersen Energy PTY LTD, compañía constituida bajo las leyes australianas y registrada en la Comisión de Valores e Inversiones con el Nº 128.147.419. Sus apoderados son el citado Claudio Adolfo Cánepa y Matías Eskenazi. Al mismo tiempo nacía, en España, Petersen Energía SA (Pesa), cuyo dueño era Petersen Energy PTY LTD. Pesa tuvo un único fin: la compra del 25 por ciento de Repsol-YPF. Ubicada en el piso 28 de la torre Plaza Pablo Ruiz Picasso en Madrid, Pesa nació con un capital de cien mil pesetas y tres socios “españoles”: el ingeniero Enrique y sus hijos Sebastián y Matías, que utilizaron cédulas de identidad españolas para extranjeros. Dos empresas sin patrimonio se quedaron con el 25 por ciento de un gigante petrolero. Solo Kirchner y el Rey de España podían hacerlo posible.

Todo estaba encaminado hasta que apareció Luis del Rivero, nuevo socio de Repsol y titular de la constructora española Sacyr Valle Hermoso. Rivero había adquirido el 20,1 por ciento de la petrolera argentina a través de un crédito de 6.400 millones de euros otorgado por un sindicato de multibancos que solo podía pagar si se cumplían los “dividendos” prometidos por Brufau. Corría noviembre de 2007. El español viajó a nuestro país en busca de una solución. Lo esperaba ansioso Néstor Kirchner, que se estaba despidiendo de la Casa Rosada. “Los Eskenazi quedarán al frente de la empresa y no se les pide un peso”, le ordenó Kirchner a Brufau, quien regresó a su país con las manos vacías. Lo aguardaba la dura tarea de resolver el escollo “Rivero”. El secretario de Comercio Guillermo Moreno actuó. El 11 de enero de 2008 se rebajó el precio de los combustibles en el mercado interno en 18 por ciento. A su vez, se prometió 10 por ciento de ajuste para el mes de febrero. En España comprendieron que el parto sería forzado: nacería otra YPF y Eskenazi sería su padre.

El embajador Bettini le recordó a Brufau la advertencia de Kirchner. Acababan de perder el 52 por ciento de los beneficios esperados para el ejercicio 2008. La historia recién comenzaba. Si Guillermo Moreno cumplía con el prometido 10 por ciento de rebaja restante, la empresa no recibiría ni el 80 por ciento de los beneficios esperados. El acuerdo no se hizo esperar. El 21 de febrero se firmaron en Madrid dieciséis documentos entre Repsol, los Eskenazi y los bancos. El precio de las naftas comenzó a subir lenta aunque persistentemente. La clase media se preguntaba cuál había sido el negocio de argentinizar la petrolera. Los accionistas concordaron en la política de girar divisas al exterior y en no invertir ni asumir riesgos. Pero nada es para siempre. La crisis internacional de 2009 aceleró la idea de Brufau y de José Luis Rodríguez Zapatero, por aquel entonces presidente español. Muerto Kirchner, el plan de Cristina sería tapar los negociados de su difunto marido. La mejor manera era vestirlo con pompa nacional y popular.

La nacionalización de Cristina fue para tapar la estafa. Como lo hizo con la fábrica de hacer billetes, Ciccone, o con la estatización de la Universidad de Hebe de Bonafini para tapar el desfalco en Sueños Compartidos. Los hijos del empresario discutieron el tema con Máximo Kirchner. Triunfó el heredero. En los primeros meses del gobierno de Mauricio Macri, el Presidente dio la orden de no meterse en el tema ni abrir esa caja de Pandora. “Hay intereses de amigos”, me confesó un testigo de las reuniones en el nuevo directorio de YPF. A Miguel Gallucio, director de YPF de Cristina Kirchner, se le pagó la suma 5.500.000 dólares bajo el concepto de “indemnización paracaídas” cuando Macri decidió apartarlo. Todo su equipo cobró lo que reclamó. La plata se habría girado a paraísos fiscales en Panamá a nombre de esos directores. En este caso, el macrismo no quiso denunciar la herencia recibida.

El ocaso

A mediados de 2011, unos meses después de la muerte de Néstor Kirchner, un ladero de Máximo en la floreciente agrupación La Cámpora citó a Sebastián Eskenazi en el hotel Hilton de Puerto Madero. Supuestamente quería transmitirle las inquietudes de la familia Kirchner sobre la estatizada YPF. “Ni Cristina ni Máximo permitirán que sigas girando la plata afuera”, le advirtieron. “Ponela acá”, dándole a entender al empresario petrolero que debía invertir el dinero en la Argentina. La conversación subió de tono ya que, según la argumentación de Sebastián Eskenazi, eso jamás se había acordado con Néstor Kirchner, pues la firma estaba asociada con los españoles de Repsol y no deseaba comenzar una guerra sin sentido. Fue la primera vez que el ex aliado y socio de los Kirchner escuchó la palabra expropiación. Fue el anticipo de la feroz campaña callejera y mediática de La Cámpora de la mal llamada estatización de YPF. Eskenazi se quedaba fuera de todo. Axel Kicillof era la cara del patriotismo K. Aún hoy la familia Eskenazi no comprende qué pasó. Lo cierto es que la advertencia de Máximo de que si chistaban tendrían problemas judiciales no quedó allí.

En abril de 2012, los directivos de la constructora tuvieron que deambular por los tribunales de Comodoro Py. Los acusaron de haber entregado facturas falsas por un total de 5.999.320 pesos para justificar gastos en obras públicas. Esos comprobantes habían sido emitidos por empresas fantasma que no podrían haberle prestado ningún servicio. Sin embargo, las facturas se habían usado para justificar parte de los gastos por subcontrataciones hechas por Petersen. La citación se daba en un contexto complejo para la familia Eskenazi: Cristina embestía contra su ex aliado en YPF. No era algo personal. Simplemente, negocios.

Todos los amigos de Néstor le tuvieron que rendir cuentas a su heredero, Máximo, que reclamaba mayor participación en la “torta”. Según un amigo de Báez, no fue una conversación amistosa sino un apriete: “Cuando murió Néstor, nos vinieron a exigir todo y algunos nos plantamos”. Por esa razón, cuatro meses después del 27 de octubre de 2010, día en que murió Néstor Kirchner, Báez, Cristóbal López y Eskenazi tuvieron problemas con la AFIP de Ricardo Echegaray por evasión de impuestos y facturas truchas. Casualmente, los tres venían de reunirse, cara a cara, con Cristina y con Máximo Kirchner. Ninguno de ellos salió airoso de aquel encuentro. El juez Sergio Torres parecía ir a fondo contra los Eskenazi. Pero las apariencias engañan y la causa hoy duerme el sueño de los justos.

Todo el mundo tiene un Báez

Cada gobernador tenía su Lázaro Báez. No sé de qué se sorprenden. Es una historia repetida en la obra pública argentina.

ALBERTO FERNÁNDEZ, ex jefe de gabinete

de Néstor y Cristina Kirchner.

Septiembre de 2016.

El modelo de acumulación de poder durante el kirchnerismo —también utilizado por gobiernos opositores como el macrismo en la Ciudad de Buenos Aires— fue favorecer a empresarios amigos para garantizar retornos económicos que solventaran las costosas y permanentes campañas políticas en una década en la que implosionaron los partidos. Lázaro Báez es el ejemplo más conocido. Hay más. El ex jefe de gabinete Alberto Fernández dice una verdad conocida en el ambiente empresario de la construcción que jamás será reconocida por sus protagonistas. La singular relación entre el gobierno kirchnerista y la provincia de San Luis tuvo un vaso comunicante: Rovella Carranza. Pero como en los negocios no existen las ideologías, el dueño de esa empresa fue parte del universo Macri: de los Panamá Papers al Metrobús porteño. ¿Por qué?

El Báez puntano

La empresa contratista del Estado más beneficiada de San Luis durante el kirchnerismo fue Rovella Carranza. Ubicada en el puesto Nº 12 de la obra pública según Cristina Kirchner, Mario Ludovico Rovella supo enlazar una relación estrecha con Andrés Galera, supuesto valijero de José López. Los hermanos Rodríguez Saá, Alberto y Adolfo, fueron suaves críticos de los Kirchner. En materia de obra pública se llevaban muy bien con el Ministerio de Planificación. Lo hacían por medio de Galera. De Vido aceptaba que el empresario favorito de la provincia se quedase con importantes licitaciones, como la construcción del parque La Pedrera en Villa Mercedes —con un valor de dos mil millones de pesos—, diques, planes de vivienda, puentes, rutas —como la 3, en Buenos Aires— y el conjunto formado por la casa de gobierno y el parque cívico puntano conocido como Terrazas del Portezuelo. Construyeron una de las pistas de aterrizaje del aeropuerto internacional de las Cataratas del Iguazú en Misiones, represas y diques en San Luis y tramos de las rutas 40 y 71, en el recorrido que atraviesa el Parque Nacional Los Alerces, en Chubut. También ganaron la licitación para la pista con estándares de seguridad de la Federación Internacional del Automóvil (FIA) diseñada en Villa Mercedes para la Fórmula 1.

Según las investigaciones del diputado provincial Alejandro Cacace, opositor a los Rodríguez Saá, la firma amiga del poder se “caracterizaba por la falta de competencia”, que el propio José López se encargaba de propiciar. Fuentes políticas sospechan que el secretario y algunos de sus colaboradores habrían utilizado esta empresa para hacer sus propios negocios, asegurándole los mencionados concursos como pagos de certificados realizados, incluso, antes de su vencimiento. Las otras empresas más beneficiadas fueron Green y Alquimac.

El nombre de la empresa remite a sus dos creadores. Sin embargo, Carranza se alejó a fines del siglo XX para crear Premoldeado San Luis. Rovella es oriundo de La Toma. Incursionó en el mercado de la obra pública con el monumento puntano a la Independencia. Según Cacace, es un “protagonista de la cartelización de la obra pública de San Luis”. El salto económico de su firma se dio con la privatización de la distribución eléctrica en su provincia. Entre Exxel Group y Pan American Energy, Rovella terminó ganando gracias al lobby de los Rodríguez Saá en su favor. Según fuentes consultadas, “del tema se conversó en la Casa Rosada con Néstor Kirchner, que acababa de asumir la Presidencia”. Adolfo y Alberto se caracterizan por negociar a corto plazo, no practican la “obediencia debida ni se oponen fuertemente a ningún gobierno”. Para Cacace, los dueños de la empresa “no son testaferros de nadie sino que demuestran la relación política que existió entre el kirchnerismo y los hermanos Saá”. En 2016, la empresa fue allanada, justamente, por estas sospechas.

Uno de los motivos era la investigación por la repavimentación de la ruta 7, que es de jurisdicción nacional pero, mediante un convenio entre Cristina Kirchner y los Saá, la provincia se hizo cargo mientras que la Nación le pagaba los certificados de obra. El precio por kilómetro cuadrado superó los estándares normales. En la firma del convenio participó el Estudio Barra —del ex ministro de Justicia de Carlos Menem, Rodolfo Barra— junto con Carlos Cernese, “un todoterreno de Saá”, según Cacace. Cernese fue secretario de Inteligencia durante el breve período de Adolfo Rodríguez Saá en la Casa Rosada. Habría cobrado como gestor honorarios por el cuatro por ciento del total de la obra, o sea, 25 millones de pesos.

Veamos otro caso de posible fraude. En el año 2010, Alberto Rodríguez Saá dispuso el pago de 285 millones de pesos a Rovella Carranza para hacer dos diques con fondos nacionales, pese a que cuatro años antes la empresa Merco Vial, adjudicataria inicial de la obra, había ofrecido realizarlos por 130 millones de pesos. La adjudicataria empezó las labores pero, más tarde, el gobierno provincial desfinanció la obra. Los sobreprecios solo pueden ser razonados por un fuerte vínculo político. Cuando la empresa Merco Vial realizó presentaciones judiciales para reclamar su indemnización, el gobierno provincial la denunció y, por si fuera poco, el gobierno nacional se hizo cargo de los platos rotos. ¿Por qué los hermanos Rodríguez Saá pagarían el doble por una obra? ¿Por qué el gobierno nacional, supuestamente enfrentado con la provincia, aceptaría el sobreprecio y avanzaría con esa obra?

En 2006, Rovella Carranza figuraba entre las treinta empresas más importantes de las obras públicas otorgadas por el gobierno de Néstor Kirchner. Ascendería hasta el puesto 11. El 1º de noviembre de 2015, entre las propuestas políticas de Cambiemos se habló específicamente de la obra pública y de José López. Los diputados radicales de San Luis sospechaban de sus vínculos con la empresa puntana, investigación judicial que dormía el juez Daniel Rafecas. En once años, recibió contratos por casi 17.000 millones de pesos. En los últimos tiempos de ese período, Rovella Carranza salió de San Luis y construyó en Formosa, La Rioja, Neuquén, Chaco, Entre Ríos y Chubut, provincias gobernadas por el FPV. Una de las obras más polémicas de la actualidad es la ruta La Rioja-Chilecito, con un valor de 5.700 millones de pesos. El fiscal Federico Delgado sospecha que la relación Rovella-López no solo es de amistad. Cree que López podría haber sido quien, en las sombras, manejaba la firma.

De Panamá al Metrobús porteño

Cuando dejó el poder, el kirchnerismo festejó la aparición de los Panamá Papers. Era la excusa perfecta para enlodar a todos y equiparar la supuesta evasión impositiva de la familia Macri con los sobreprecios en la obra pública, los bolsos voladores y los videos en La Rosadita. Pero en la fiesta panameña también aparecían dos empresarios puntanos: Mario Rovella y Carlos Arroyo, de la constructora Green, ambos con sociedades offshore a partir de la información filtrada de Mossack Fonseca & Co.

Rovella es propietario de la empresa Bohemian Victory LLC, con domicilio en Florida, más precisamente en 1.000 Brickell Avenue, Suite 400, Miami, FL 33131. Arroyo es director de la empresa Compañía Skyros SA, donde Julián y Víctor Adrián Arroyo tienen el mismo cargo de director. Como agente figura el estudio Mossack Fonseca & Co. La diferencia con el Presidente es que en las empresas de Rovella ellos fueron accionistas. Corresponde recordar que Mario Rovella no solo es dueño de la constructora que lle va su nombre sino también de Edesal Holding, la distribuidora que brinda el servicio eléctrico a la provincia de San Luis. Edesal fue la primera empresa de energía eléctrica privatizada en el interior del país. Rovella tiene el 78,44 por ciento de las acciones de la distribuidora eléctrica, mientras que el resto está en manos de la ANSES y de otros grupos inversores. Actualmente, Rovella Carranza ya no se presenta como una simple constructora sino como holding de empresas dedicadas al petróleo, la energía, la cría de ganado bovino, el agro y el negocio inmobiliario, merced a la gran cantidad de torres y edificios levantados en la capital puntana. El vicepresidente de la firma es León Zakalik. Sus directores son Nidia Valeria Arena Gómez, Diego Omar Gerlo, Guillermo Luzza, Miguel Ángel Jeanmaire y Fabricio Cattaneo. Su génesis empresarial se remonta al año 2001, cuando realizaron las primeras obras de bacheo y repavimentación en San Luis. Luego llegaría la construcción de una planta de efluentes y del sistema cloacal en La Punta.

Hoy, la supuesta protección política al empresario es denunciada por Cambiemos en la Cámara de Diputados local. Durante esas sesiones el Frente Para la Victoria permaneció en silencio. La misma actitud tuvo el partido Compromiso Federal, de los Saá. Tras la caída en desgracia de Báez, Rovella se quedó con Gotti SA, la constructora que supo manejar el empresario amigo de Néstor Kirchner. Entrevistado para este libro, Alejandro Cacace, jefe del bloque de Cambiemos, recuerda la reticencia del poder político de su provincia para responder a su pedido de informes para que se diera a conocer quiénes eran, realmente, los miembros del directorio de Rovella Carranza. Ese escrito provocó que los hermanos Rodríguez Saá aumentasen sus críticas contra el gobierno de Macri generando una inocultable tensión entre ambas gestiones.

Cacace está convencido de que “la expansión económica de esta firma en los últimos años no hubiera sido posible sin contar con estrechos e interesados vínculos con los hermanos Rodríguez Saá, que manejan la provincia de San Luis. Lo hicieron con el consentimiento del kirchnerismo”. Para Walter Oio, diputado nacional del PRO, la ruta 7, que va de la ciudad de Fraga a Desaguadero, incluye 120 kilómetros en los que debían realizarse “mantenimientos que costaron 900 millones de pesos. Implicaban un fresado de la superficie asfáltica y la colocación de cinco centímetros de carpeta asfáltica. Ese trabajo, en el peor escenario, podía valer dos millones de pesos el kilómetro”. Costó mucho más. Agrega que “con esos 600 millones de diferencia podríamos haber construido 1.200 viviendas a lo largo de la ruta”.

La información oficial dice que en total son más de cuarenta y tres los proyectos aprobados y llevados a cabo por Rovella Carranza en San Luis. A la lista de obras se agregan el aeropuerto regional Santa Rosa, el puente colgante sobre el dique Paso de las Carretas, el puente carretero sobre el Río V, la presa en boca del río Sierra de los Comechingones, el acueducto Nogolí, el canal revestido Paso de las Carretas y el complejo penitenciario de seguridad mixta Pampa de las Salinas. El negocio pudo construirse durante años por la complicidad necesaria en Vialidad Nacional.

Actualmente, Alberto Rodríguez Saá tiene su casa en el barrio El Durazno. Cuentan sus vecinos que decidió expropiar 200 hectáreas para crear la municipalidad de Estancia Grande. Así, construyó una escuela y un hospital ubicado a 20 kilómetros de la capital de San Luis. La familia del ex diputado nacional Rafael Flores tenía unos terrenos en la zona y acudió a la justicia. Recuerdan que apareció un emisario de parte de Rovella Carranza para comprar sus tierras. “Nos querían arreglar.” Tuvieron que vender. “Nunca supimos a nombre de quién estaba ese campo”, recuerda Flores. Rovella lo habría comprado a nombre de un tercero.

La influencia de Rovella fue tan grande que llegó a la Ciudad de Buenos Aires gobernada por el opositor Mauricio Macri. Su holding participó en el Metrobús porteño construido sobre la avenida 9 de Julio, por un monto de 26.171.151 dólares y usó 3.020 toneladas de concreto asfáltico, según el testimonio de su dueño.

En el Metrobús se suben todos

Así como la refacción del Teatro Colón obsesionó al PRO hasta el Bicentenario, la campaña de marketing de cara a la reelección de Mauricio Macri en la ciudad, en el año 2011, se basó en dos obras públicas menores pero que fueron vendidas como verdaderas pirámides de Keops: el Metrobús y las bicisendas.

Hasta ese momento solo se había inaugurado el Metrobús que circula por la avenida Juan B. Justo. Aunque, en ese tramo, construir un subterráneo hubiera sido una empresa difícil debido al curso soterrado del arroyo Maldonado, priorizar un servicio que no quita volumen de tránsito en superficie y usa combustibles fósiles en lugar de energía eléctrica, constituía todo un desafío retórico, multiplicado en el caso del Metrobús del último tramo de la avenida Cabildo —antes de llegar a la General Paz—, donde nadie discute la necesidad de prolongar la línea D de subte. Por eso, la oposición levantó el dedo acusador, recordando la famosa pregunta retórica que Mauricio Macri espetó en el segundo y último debate en el que participó como candidato en el año 2007, con Jorge Telerman y Daniel Filmus en los otros andariveles. Ocurrió en el programa A dos voces del canal Todo Noticias (TN). “La gente cada día viaja peor porque el transporte está cada vez peor. Tenemos un plan que aprobamos en 1999 y 2001 de todos los subtes que hay que hacer, y los construimos a razón de 1,6 kilómetros por año mientras Santiago de Chile lo hace a 14 kilómetros por año”, introdujo. “¿Qué somos nosotros, idiotas que no podemos construir 15 kilómetros por año?”, lanzó. Cerró su alocución con una propuesta a la que muy poco después daría la espalda y terminaría argumentando en su contra: “Nosotros tenemos que construir por lo menos lo que hicieron los chilenos, 44 kilómetros en tres años. Resolverle el problema a la gente. Pero para eso hay que romper el clientelismo, hay que saber contratar, hay que saber construir, hay que saber dirigir, hay que saber administrar, no se puede seguir anunciando y anunciando”.

El fracaso fue estrepitoso. En los siguientes tres años se construyeron menos de 300 metros de subte, pese a que la legislatura aprobó, en diciembre de 2009, una toma de deuda por 500 millones de dólares para financiar, entre otras cosas, la finalización de la línea H y las cocheras de cuatro nuevas estaciones de las líneas A y B. La tasa a cinco años fue del 12,5 por ciento, pero de ese monto, 280 millones de dólares terminaron en un plazo fijo al seis por ciento en el Banco Ciudad, y otros 150 millones en Letras del Banco Central (Lebacs), con una tasa de entre el 11 y el 12,8 por ciento. No se construyó y se perdió plata. Luego la ciudad sumó líneas de Metrobús en lugares que, de acuerdo con los planes de 1999 y 2001, habían sido pensados para líneas de subte. Desde el PRO, con la ayuda de un grupo de lobbistas con experiencia en esta discusión, se intentó instalar la increíble idea de que el subte era cosa del pasado y estaba “sobredimensionado”. El Metrobús remozó una incumplida promesa de campaña.

El arquitecto y urbanista brasileño Jaime Lerner fue pionero en la instalación de sistemas de Metrobús en Curitiba, ciudad de la que fue alcalde. Aunque el primer Metrobús de la región fue, justamente, el Bus Rapid Transit (BRT), como ejemplo siempre se suele tomar el Transmilenio de Bogotá, inaugurado en 1998 y considerado el más grande del mundo. Además de ser parte de ese primer grupo de metrobuses, el sistema porteño fue impulsado por el gran lobbista que tienen los BRT: el alcalde bogotano Enrique Peñalosa. La idea la acercó a Bolívar 1 el Institute for Transportation and Development Policy (ITDP), una fundación con sede en Nueva York, de la que Peñalosa es su histórico presidente. La ONG factura unos diez millones de dólares al año a partir de donaciones de organizaciones como la Fundación Clinton, la Fundación Rockefeller y la Fundación Hewlett. ¿Su misión? Cada vez que una ciudad se propone hacer un subte, alguien del ITDP se acerca a desaconsejar la idea y propone un Metrobús. También les explica cómo “venderlo” a la sociedad. Es una oferta “llave en mano”.

No se sabe cuánto pagó el gobierno porteño para contratar al ITDP ni cuáles fueron las condiciones de ese acuerdo, que no aparece en el Boletín Oficial. La única certeza es que hubo un convenio, según confirmó en un viaje a Bogotá en 2009 la coordinadora general de la Unidad de Proyectos Especiales Transporte Masivo de Buses Rápidos de la Ciudad, Manuela López Menéndez. El primer paso fue un acuerdo por más de medio millón de dólares no reembolsables entre la ciudad y la Corporación Andina de Fomento (CAF) para estudiar el proyecto. Pero la CAF, a su vez, subcontrató a ITDP y a tres empresas: Ingeniería en Relevamientos Viales (IRV) —la pata local del ITDP y que, como se verá, también estuvo vinculada con el gobierno kirchnerista—, la filial brasileña de Logit, y la colombiana GSD Plus, que tiene entre sus clientes al Banco Mundial y al BID. La conexión con el ITDP era anterior, ya que los viajes de funcionarios de transporte a su sede neoyorquina se repitieron en la previa a la ley 2.992, que en 2008 dispuso la implementación del Metrobús. La norma se gestó en esas visitas y tuvo la impronta de Peñalosa. Pero el lobby había empezado antes de que Macri cumpliese dos meses como jefe de Gobierno. El almanaque marcaba el 31 de enero de 2008. El representante del instituto en la Argentina, Andrés Fingeret, era nombrado miembro de la Comisión Asesora de Expertos de Monitoreo de la Calidad de Aire de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que depende de la Agencia de Protección Ambiental. El ingeniero Fingeret era representante, también, de la Clinton Climate Initiative, otra ONG de Bill Clinton, que, según se desprende de su página web, colaboró en la implementación del Metrobús porteño. Parte de la política de seducción incluyó invitaciones de funcionarios a seminarios y reuniones en Nueva York, Colombia y México, lugares donde el ITDP pisa fuerte. Esos viajes se prolongaron hasta 2009 y fueron incluidos en el Boletín Oficial. Las cenas en restaurantes de primera sumadas a los alojamientos en hoteles de lujo funcionaron a la perfección: el acuerdo con la CAF se firmó.

GSD Plus fue otra de las consultoras que trabajó en el proyecto, fundamentalmente por medio de uno de sus directivos, Oscar Edmundo Díaz, que asesoró al gobierno en la estrategia comunicacional, entre otros aspectos. Esa táctica incluyó una falacia repetida hasta el cansancio por el lobbista Fingeret: el Metrobús es un medio de transporte sustentable. El objetivo era ambicioso. Díaz insistía en que Buenos Aires era clave en la promoción regional del Metrobús, pues es una ciudad referente para el resto. Tenía que salir.

En 2012, Buenos Aires terminó entre las cuatro finalistas del Sustainable Transport Award, que premia el transporte sustentable. Lo curioso es que el galardón es organizado por la ITDP, lo que implica reconocer su propio trabajo. El 6 de noviembre de ese año, Fingeret se presentaba en la audiencia pública sobre el Metrobús de la avenida 9 de Julio como un “vecino”. En febrero de 2013 y enero de 2014 ITPD le entregó dos premios más a Guillermo Dietrich por el Metrobús. Sin embargo, cuando la institución elaboró en 2013 un ranking de sesenta y cuatro corredores en treinta y cinco ciudades, la conclusión fue que el Metrobús porteño estaba entre los tres peores del mundo. Fue una estrategia de presión para seguir vendiendo consultorías. También organizó otras actividades con el ministro, como la entrega de premios por el “compromiso de difundir el uso de la bicicleta entre sus empleados”, con un espíritu ecofriendly, a empresas que han mostrado desinterés por el medio ambiente como YPF, IRSA o Loma Negra. El lobby no logró neutralizar el debate de fondo ni la desconfianza que despertó en la oposición. En la actualidad, los únicos que todavía siguen resistiendo con virulencia el Metrobús son los comerciantes.

La diferencia de los precios entre el Metrobús y el subte es enorme, aunque las cifras no están claras. Macri dijo que “un kilómetro de subterráneo cuesta entre 15 y 20 millones de dólares, mientras que el del Metrobús no pasa de los dólares millones de dólares”, pero Dietrich aseguró que el costo del subte es cincuenta veces mayor. Si se tiene en cuenta la amortización, el subte puede durar casi un siglo, mientras que a las unidades del Metrobús hay que renovarlas cada diez años y el asfalto dura dos, sin contar con que los accidentes en el subte son excepcionales. Se necesitan hasta quince metrobuses para lograr la capacidad de una sola formación de subte. La capacidad de un ómnibus, en promedio, es de setenta pasajeros, mientras que en un tren subterráneo ingresan mil personas. Por otra parte, las ventajas para el que gobierna no solo están vinculadas con los costos y los plazos de ejecución más breves. Fue uno de los grandes argumentos de los lobbistas: los gobiernos no tienen que preocuparse por los servicios que brindan, ya que de eso se encargan empresas que ya funcionan, quienes pagan el costo si lo que ofrecen no es bueno. Por eso, el Ejecutivo porteño eligió mirar Bogotá y no Europa, donde proliferan los subtes. En general, el Metrobús es la gran alternativa para ciudades erigidas sobre suelos montañosos, que no pueden construir bajo tierra. Finalmente, el subte es más saludable para el medio ambiente. En principio, no genera emisiones; mientras que el Metrobús usa combustible y provoca polución.

Pero lo importante es que el Metrobús porteño cumplió con dos requisitos que buscaba la mesa chica del PRO: obras fáciles de hacer y relativamente baratas. Prevaleció el cortoplacismo. El 11 de diciembre de 2008, la legislatura aprobó la ley 2.992, que implementó el “Sistema de Tránsito Rápido, Diferenciado y en Red para el Transporte Público Masivo por Automotor de Pasajeros”, denominado Metrobús de Buenos Aires. Parte de los costos iniciales incluyeron los 565 mil pesos que cobró la Corporación Andina de Fomento para proyectar dónde ubicar las líneas, como si ninguna dependencia del Estado pudiese haberlo hecho. A fines de mayo de 2011, se inauguró el primero, el de la avenida Juan B. Justo, que por ahora une los barrios de Liniers y Palermo. El primer tramo lo ganó Riva SA, por casi 47 millones de pesos, pero la obra terminó costando 67 millones, 28,71 por ciento más.

Parte de las obras fueron adjudicadas a American Traffic SA (AT) y a IRV, que, como se dijo, está vinculada con ITDP de Peñalosa. El director de ambas compañías es Horacio Blot, que entre los años 2000 y 2004 fue subsecretario de Tránsito y Transporte porteño, mientras que su presidente era Guillermo Yampolsky, asesor en materia de tránsito durante la última etapa de Aníbal Ibarra y director de Transporte en la gestión de Jorge Telerman, donde respondía al condenado Juan Pablo Schiavi. Cuando Schiavi asumió en la secretaría de Transporte de la Nación, un consorcio integrado por IRV y las empresas Global Infrastructure SA, Iatasa SA y González Fischer y Asociados se hizo con el millonario contrato para supervisar el Sistema Único de Boleto Electrónico (SUBE), a pesar de que hizo una oferta casi diez millones de pesos más cara de la que presentó una prestigiosa consultora internacional. Además de la relación con Juampi, había otra vía de contacto entre el Estado y las firmas ganadoras: la directora nacional de Coordinación y Planificación del Transporte, que participó del tribunal que intervino en la licitación, Nora Turco; y su secretaria era Cristina Irusta, la esposa de Horacio Blot, quien actuó como representan te legal del consorcio. Yampolsky dejó su cargo en la ciudad en diciembre de 2007, cuando asumió el macrismo, pero siguió vinculado mediante sus empresas. Solo en el año 2008, IRV le facturó al gobierno porteño dos millones de pesos por una decena de consultorías, ocho de ellas por licitación privada, que incluyeron la evaluación del plan “Mejor en bici”, que antecedió a la implementación de las bicisendas, en las que en 2011 se colocaron los delineadores “reflectivos y retráctiles” a partir de una licitación por otros dos millones de pesos.

Entre 2008 y 2012, IRV y AT sumaron dieciocho contratos por seis millones de pesos con la ciudad, que abarcaban pequeñas obras, asesoría y compra de materiales para las ciclovías y los contracarriles, y la obra más importante: el Metrobús. Pero la relación con su construcción es anterior: como ya se mencionó, IRV también asesoró al gobierno de Macri en la factibilidad de realizar una red de BRT y, una vez decidido, AT sumó dos licitaciones para proveer materiales por 1,5 millones de pesos. Luego ganó otro concurso para proveer sesenta carteles digitales a razón de 12.550 pesos cada uno, en un acuerdo que fue denunciado en la justicia por el legislador porteño Marcelo Parrilli. Además, instaló los dos mil delineadores del primer Metrobús, por los que le pagaron 837.400 pesos. A otro socio de AT le fue bien con los planes de transporte de Macri. Se trata de Augusto Salomón Peña Niño, que también es dueño de Movilidad Inteligente SA, una firma que en una UTE con la empresa Serttel captó la licitación para instalar 200 estaciones de bicicletas automáticas, y el software que van a usar 1.500 unidades. Al poco tiempo, varios de los rodados fueron sacados de circulación, repentinamente. El gobierno porteño dijo que era para mejorar el sistema antirrobo, que al parecer no era suficiente.

El misterioso Riva

Una de las polémicas más grandes dentro y fuera del PRO giró en torno al Metrobús 9 de Julio. Los críticos creen que habría bastado con convertir las calles laterales de la avenida más ancha del mundo en carriles exclusivos para colectivos, aunque esa decisión hubiese tenido algunos conflictos, como la circulación de taxis y la carga y descarga de mercadería. Como sea, la obra fue adjudicada, otra vez, a Riva SA, una empresa con presencia en trece provincias, que no discriminó entre kirchneristas y macristas a la hora de hacer negocios. Por sus obras en el Hipódromo de Palermo se suele decir que detrás de Riva está el zar del juego, Cristóbal López. Sin embargo, debido a sus construcciones en la ciudad, se argumenta que Riva sería una fachada de Nicolás Caputo, el empresario amigo del Presidente. Nada de eso. El imperio que construyeron los Riva comenzó antes de que López y Caputo nacieran.

La firma fue fundada en 1926 por el ingeniero Amadeo Ángel Riva, egresado con medalla de oro de la Universidad de Buenos Aires, quien creó con sus socios una constructora que llevaba sus apellidos: Gilardón, Córdoba y Riva. En 1967, tomó la posta su hijo, Amadeo Riva, que en los años setenta convirtió a Riva en una sociedad anónima. En la actualidad, es Santiago Riva quien lleva las riendas de los negocios. Se trata de un millonario que forma parte de la Cámara Argentina de la Construcción. Por debajo de Caputo y Roggio, es uno de los grandes constructores del país, aunque de escasa visibilidad. En 1978, con una buena experiencia en obras para la estatal Agua y Energía Eléctrica, Riva dio un paso importante al incursionar en el interior del país con una obra de envergadura: la villa permanente de Yacyretá, en Corrientes, pegada a la ciudad de Ituzaingó. Allí levantó una escuela, un hospital, el pabellón de alojamiento y una hostería, el centro cultural, la guardería y el vivero, con todos los servicios, las calles y la parquización. Todo el proceso de construcción de villas en Yacyretá estuvo regado de sobreprecios. En 1980, Riva, junto a Pescarmona, construyeron la Terminal de Ómnibus de Retiro, en Buenos Aires. La estación fue entregada sin sillas y, a los pocos días, se inundó. Eso no impidió que, varios años después, levantara las terminales de ómnibus de las capitales de Córdoba y Santiago del Estero. A mediados de los años ochenta, construyó el supermercado Carrefour de la avenida La Plata, en el barrio porteño de Boedo, donde había estado (y regresará) el Gasómetro del club San Lorenzo de Almagro. En 1982, construyó el estacionamiento subterráneo de plaza Lavalle, frente a los tribunales porteños, en una iniciativa cargada de polémica hasta la actualidad. Es que la firma Plaza Lavalle SA obtuvo una concesión por treinta años, pagando un canon irrisorio que, hace dos años, no superaba los 90 mil pesos al mes. En su directorio hay varios miembros de la familia Riva. A fines de esa década, Riva sumó a su currículum el Balneario Benito Carrasco. En los años noventa, Riva encaró grandes obras públicas y privadas: viviendas sociales por 70 mil metros cuadrados, la reforma de La Rural, torres, McDonald’s, más supermercados, el ex Hotel Internacional Ezeiza, parte de la infraestructura de Puerto Madero y de las obras para los Juegos Panamericanos de Mar del Plata, el centro cívico de Neuquén. En 1998, terminó la mezquita King Fahd, en el barrio porteño de Palermo, en los terrenos que tres años antes el entonces presidente Carlos Menem le había regalado a la embajada de Arabia Saudita luego de que Carlos Grosso las declarara “innecesarias para la acción de gobierno”. El único senador que se opuso a la polémica donación fue Fernando de la Rúa. Esa etapa estuvo marcada por la privatización de Aerolíneas Argentinas, de la que Amadeo Riva fue personaje central.

En abril de 2008, Aeropuertos Argentina 2000, que encabeza su amigo Eduardo Eurnekian, eligió una UTE integrada por Riva, Helport e Ingeniería y Obras Sudamericana para encarar el plan maestro de Ezeiza. En esos días, Amadeo Riva tenía un pequeño porcentaje que no llegaba al uno por ciento de la empresa concesionaria de treinta y dos aeropuertos del país. Ese mismo año, fue citado a declarar por la oscura e innecesaria privatización de Aerolíneas Argentinas, que marcó definitivamente un antes y un después en la vida de la empresa. Aumentaría considerablemente su facturación gracias al enorme apoyo crediticio que recibió. En simultáneo a Entel, Aerolíneas fue la primera empresa privatizada, pese a que en comparación con otras compañías del Estado era la más prolija. Muchos añoran los días en los que la línea de bandera ofrecía asado en su menú. En noviembre del año siguiente, Amadeo Riva fue nombrado presidente de la empresa porque el Código Aeronáutico exigía que el titular fuera argentino y ninguno de los socios que había aportado la española Iberia lo era. Pescarmona se quedó con el 17 por ciento de las acciones y otro 17 por ciento se lo repartieron entre Riva y Devi construcciones, de Francisco De Vincenzo. La Argentina cambió su burocracia por la del Estado español. Detrás de la privatización existió una maniobra para que Iberia disimulara su dominio en la empresa, que no podía tener mayoría accionaria extranjera. De hecho, es recordado el caso del médico argentino Alfredo Otalora, que vivía en España y, de un día para el otro, apareció con el dos por ciento de las acciones. El diputado que presidía la comisión bicameral de seguimiento de las privatizaciones, Alberto Natale, sugirió en su momento que Riva y De Vincenzo podían ser parte de esa maniobra, pues no tenían capacidad financiera para quedarse con semejante porción de la aerolínea que dejaría de ser de bandera. Amadeo Riva fue parte de esas negociaciones, incluida la de la histórica noche del 20 de noviembre de 1990, con funcionarios menemistas y representantes de Iberia. Al otro día, Menem firmó el decreto por el que nació Arsa: Aerolíneas Argentinas Sociedad Anónima.

El lustro en el que Riva siguió al frente de la empresa le trajo severos dolores de cabeza, siempre en medio del presidente de Iberia, Miguel Aguiló, y del ministro de Economía, Domingo Felipe Cavallo. Los españoles dejaron de cumplir con sus obligaciones de pago a los tres meses de ingresar en la firma y, pese a los beneficios, los conflictos por ese tema fueron una constante, en medio de las denuncias de vaciamiento que arreciaron entre los trabajadores y la oposición política. Como operadora, Iberia solo tenía el 20 por ciento de la participación accionaria, pero fue sumando poder a medida que se retiraron los socios argentinos. En 1996, alcanzó el 83,5 por ciento. Fue el momento en el que cedió sus papeles a la estatal Sociedad Española de Participaciones Industriales (SEPI), que a su vez le dio el 10 por ciento a American Airlines. Esta última se abrió en 1999 y dos años más tarde la SEPI llamó a concurso preventivo. Cuando, en 2002, las españolas Air Comet y Marsans se quedaron con el 99,207 por ciento de las acciones de Interivest, la firma que controlaba Aerolíneas Argentinas, el único socio del consorcio original que seguía con un pie adentro era… Riva, con el 0,793 por ciento de los papeles. Las riendas de la empresa las tomó Antonio Mata, que luego fue socio de Jorge Lanata en su desafortunado paso por el diario Crítica, que terminó dejando en la calle a cientos de trabajadores. Mata terminó preso en su país por evasión fiscal.

Pero la impronta en Aerolíneas Argentinas le permitió a Amadeo Riva y a su constructora sumar obras vinculadas con la aeronavegación. La primera fue el aeropuerto de Bariloche, en 1997. Hasta entonces, solo había montado la infraestructura del simulador de vuelo de Aerolíneas Argentinas en 1981, y la aerostación de Chapelco siete años después. En el comienzo del milenio, siguió en franco ascenso, añadiendo a su experiencia la ampliación del nuevo centro de courier de la terminal de cargas del Aeropuerto de Ezeiza, los edificios y el estacionamiento del Aeroparque Jorge Newbery, el aeropuerto de Merlo, San Luis, el de Neuquén, y la primera etapa del de Córdoba. En 2014, agregó otro hangar para alojamiento y mantenimiento de aviones de Aerolíneas Argentinas en Ezeiza. Al año siguiente, sumó la construcción de una nueva torre de control. Más allá de las obras aeronáuticas, el siglo XXI fue muy fructífero para el grupo. En esos años, levantó el nuevo edificio del Banco Central, el campus de la Universidad de San Luis, la terminal de ómnibus y una planta de tratamiento de efluentes en Neuquén. Mientras participaba de licitaciones en Panamá, Costa Rica, Uruguay y Perú, construía cárceles en Neuquén, Salta y Santiago del Estero, el acueducto Los Barreales, el Centro de Convenciones de Rosario, que incluye un hotel y un casino, el nuevo edificio de YPF en Berisso —provincia de Buenos Aires—, la cárceles en Senillosa —Neuquén— y Santiago del Estero. Además, participó en numerosos desarrollos inmobiliarios, cientos de viviendas sociales —un sector de la empresa que sería coronado con varios proyectos del plan Procrear—. En su página web, Riva se congratula de terminar en 2006, en La Pampa, “la construcción de la Ciudad Judicial en el tiempo récord de quince meses”. También hizo la de Neuquén, una provincia en la que levantó una gran cantidad de obras, gracias a su excelente relación con algunos dirigentes del Movimiento Popular Neuquino de la familia Sapag. Pero fue otra ciudad judicial, la de La Pampa, la que le provocó dolores de cabeza. La obra costó casi 30 millones de pesos más que lo pautado, sobre un presupuesto inicial de 53 millones de pesos. En el año 2011, uno de los dos edificios se inundó por las pérdidas de agua que la empresa se negó a enmendar.

Aunque la familia Riva vivía en el exclusivo Barrio Parque, en la zona más cara de la ciudad, Santiago Riva hizo el secundario en el elitista colegio Belgrano Day School, en Belgrano. A la hora de cursar una carrera eligió la educación pública: Ingeniería Civil en la Universidad de Buenos Aires. Cultor de un bajísimo perfil, Santiago ha sabido mantenerse fuera de la escena pública, pese a que tiene fluidas relaciones con dirigentes de todo el espectro político y se maneja con naturalidad en los despachos de funcionarios de alto nivel. Casi no hay fotografías de él.

“Amadeo es uno de los tipos más difíciles que hay para negociar, aunque no llega al nivel de Castellone, uno con el que nadie quería sentarse a armar un club”, cuanta un empresario que lo tuvo cerca, y que asegura que Santiago, el hijo del empresario, comprendió las mejores lecciones del padre. Aprendió de él a encarar, personalmente, hasta las discusiones más pequeñas y a no relegar los presupuestos a los cuadros técnicos de las empresas.

El polo audiovisual de Cristina

Aunque tiene peso propio y un enorme currículum vitae, plagado de grandes obras, el nombre de Riva se hizo fuerte en la escena mediática en el año 2014, cuando Cristina Kirchner anunció la construcción de un polo audiovisual en la Isla Demarchi, en el barrio porteño de Puerto Madero. La obra había sido adjudicada a Riva por más de 2.500 millones de dólares, pese a que figuraba en los registros del Banco Central por haber emitido dos cheques fantasma por 430 mil pesos. “Muchas veces —cuenta un empresario ligado a la Cámara de la Construcción— deseé que no me pagaran por una obra. No es cierto que los Riva hayan hecho una industria de este tema. O mejor dicho, no creo que sean una excepción.” La definición tiene que ver con varias versiones periodísticas que surgieron luego de que su nombre quedara en primer plano por las obras en la Isla Demarchi. “Tiene un ejército de abogados, como se dijo, por supuesto, como tiene mi empresa, como tiene Techint y como tiene Roggio. De nuevo, no es la excepción”, lo defiende el mismo hombre de negocios.

En 2014, el abogado Ricardo Monner Sans denunció que Riva había ganado, cinco años antes, una licitación para construir juzgados civiles en Uruguay 722, en un proceso irregular y con sobreprecios. Afirmó que se llegaron a pagar 70,5 millones de pesos por una obra que se suspendió diez días después de la entrega de los terrenos para su desarrollo. El trabajo se había vuelto a encarar, en el año 2013, con el precio cuadruplicado. Riva reaparecía pero integrando una UTE. La acusación dio lugar a un allanamiento en el Consejo de la Magistratura ordenado por el juez Rodolfo Canicoba Corral, en el que se localizó documentación adulterada. El proceso de compras, contrataciones y licitaciones fue completamente viciado, e incluyó la apelación a normas derogadas y a la firma de un funcionario que no cumplía con los requisitos mínimos para ejercer su cargo. Según reveló la legisladora Paula Oliveto Lago, el administrador general del Poder Judicial, Germán Krieger, no tenía título habilitante al momento de la adjudicación. Finalmente, el Consejo de la Magistratura rescindió el contrato, lo que dio lugar a un reclamo realizado por el abogado de Riva, nada menos que Rodolfo Barra, el mismo que años antes había negociado por Ausa, el mismo que durante el menemismo había ocupado la cartera de Justicia, el mismo que en tiempos kirchneristas había sido jurado de varios de los concursos más delicados del Consejo de la Magistratura. Y el mismo que aparecía vinculado con Rovella Carranza.

Riva ya contaba en su haber con la construcción de los hospitales de Villa María (Córdoba) y Bariloche (Río Negro), y centros de salud en Moreno (Buenos Aires), Santiago del Estero, Rosario y Mendoza, además de las remodelaciones de los hospitales porteños Durand y Gutiérrez, entre otros, cuando se vio envuelta en un escándalo a raíz de la realización del hospital Néstor Kirchner en Cañuelas. La obra fue licitada por 258.981.639,74 pesos, pero su último monto contractual verificado, a febrero de 2016, era de 421.278.934,17 pesos. La obra no estaba concluida durante su inauguración, de la que Cristina Kirchner fue el número principal. La olla la destapó el macrismo, que denunció que la UTE conformada por Riva y Tecma había pedido otros 70 millones en concepto de reembolso. Tenía antecedentes: el retraso en las obras que hizo en el Tobar García fue denunciado por sus propios trabajadores, que llegaron a hacer un paro de 24 horas, y el nuevo edificio del SAME en terrenos del Hospital Muñiz, también en la ciudad, que se retrasó y costó más del triple de su valor original. La Coalición Cívica acusó en el año 2006 a Tecma porque suponía que la empresa era miembro de una red de firmas que aportaron a la campaña legislativa de 2005 y que eran retribuidas con favores por el oficialismo de ese entonces. También fue denunciada, en la provincia de La Pampa, por una serie de irregularidades en la construcción de otro hospital en una UTE con Eleprint. Riva, en tanto, aportó a la campaña presidencial de Mauricio Macri y también a la Fundación SUMA, de la vicepresidenta Gabriela Michetti.

La empresa llegó a la Ciudad de Buenos Aires durante la gestión de Fernando de la Rúa pero siguió creciendo con Macri, a quien conocía desde hacía años. En 1996, la firma construyó la nueva tribuna de la Bombonera (años después hizo lo propio en el estadio de Salta, “Padre Martereana”, inaugurado en el año 2001), y se hizo cargo de otras obras en el club que presidía Macri, como el foso perimetral de la cancha y una sala para recibir a los periodistas. La firma ganó la licitación y Macri aceptó sin chistar, a pesar de que Amadeo Riva estaba peleado con uno de sus hermanos. Luego, la relación entre Amadeo y Mauricio circuló por los carriles normales. En la ciudad, por ejemplo, hizo el foyer y el Salón Dorado del Teatro Colón (pese a que casi no tenía experiencia en el rubro) y trabajó en la remodelación del Centro Cultural San Martín, por 38 millones de pesos. También hizo una bajada de la autopista Illia. Con esos antecedentes, Riva reincidió en el Metrobús. Luego de la construcción del de Juan B. Justo, encaró el de la 9 de Julio. Curiosamente, los trabajos comenzaron un mes antes de que se firmara el contrato. La obra terminó costando 220.355.144,40 pesos, casi el doble de los 115 millones de pesos del presupuesto inicial. ¿Por qué el mayor precio? Hubo cinco obras adicionales que añadieron 92 millones de pesos y una redeterminación por otros 13,3 millones de pesos. Todo eso, para hacer apenas tres kilómetros, lo que quiere decir que por cada mil metros de Metrobús se pagaron 73,3 millones de pesos. El precio solo incluyó las diecisiete paradas y la playa subterránea para combis. No abarcó los túneles que se hicieron bajo la avenida San Juan ni los costos de la infraestructura vial; mucho menos, la remoción de árboles, que corrió por cuenta del Ministerio de Ambiente y Espacio Público. El auditor general de la ciudad, Eduardo Epszteyn, se quejó por la falta de publicación de la adjudicación en el Boletín Oficial y habló de sobreprecios, al igual que el senador Fernando “Pino” Solanas, quien denunció sobrecostos de hasta 200 por ciento. Al respecto, existe un dato fundamental: Riva cobró 5,36 millones de pesos por kilómetro en el Metrobús de Juan B. Justo y 73,3 millones de pesos en el de la 9 de Julio. Si bien las obras fueron distintas (en el segundo se incluyó el centro de trasbordo) y la inflación creció, las diferencias no dejan de ser siderales. El auditor Epszteyn cree que, si se tienen en cuenta las obras adicionales, el costo del Metrobús 9 de Julio fue, en realidad, todavía mayor que el de Juan B. Justo en 427 millones de pesos.

El auditor resaltó que las cinco partidas por gastos adicionales se usaron para costear trabajos que deberían haber sido sometidos a otra licitación, puesto que se trató de obras distintas, sobre todo las referidas al centro de trasbordo para las combis, que se adjudicó a Riva por contratación directa, pese a que superaba largamente los montos estipulados para esquivar la licitación. A su vez, hubo circunstancias que dejaron al desnudo problemas de planificación. El proyecto original no incluía, por ejemplo, desagües o medidas de seguridad contra incendios, lo que se terminó arreglando con las partidas adicionales, sin puja entre empresas. Se gastaron 20 millones de pesos extra para plantar árboles en el boulevard central, luego de que lo ordenara la justicia, y otros 19 millones de pesos para levantar la altura de las estaciones y aumentar la cantidad de paradas de catorce a diecisiete. Esas partidas adicionales representaron un 78 por ciento del presupuesto y superaron los 78 millones de pesos que se habían previsto en el del año anterior.

“El Metrobús se ha convertido en el Yacyretá porteño por su generalizado daño ambiental y patrimonial y los sobrecostos para su construcción”, sentenció, en agosto de 2013, el abogado ambientalista Enrique Viale, quien presentó una denuncia en la justicia penal junto al legislador Facundo Di Filippo por los costos de la obra. “Con el valor de cada parador se podría haber comprado una mansión en los barrios más caros de la ciudad, un verdadero disparate para una estructura metálica”, graficó. Viale y Di Filippo lograron frenar la obra por un tiempo, debido al impacto ambiental. Forzaron el debate y la revisión de los planes del gobierno porteño de talar los árboles que, a fines del siglo XIX, habían sido plantados en base al diseño del paisajista Carlos Thays, que pensaba la vegetación de la avenida, de manera tal que hubiese flores durante todo el año.

El palacio y el correo

El Palacio de Correos, ubicado en Sarmiento y Leandro N. Alem, se comenzó a construir en 1888, mientras en París se inauguraba la Torre Eiffel. Alexandre Gustave Eiffel tardó dos años, dos meses y cinco días en levantar la torre de 300 metros. En cambio, el palacio se hizo desear y no se inauguró hasta el 28 de septiembre de 1928. Su preceden te fue un modesto edificio en la calle Perú donde se prestaba el servicio. En ese entonces, la consolidación territorial, es decir, la soberanía estatal en todos los puntos del enorme territorio argentino, era una tarea central. El correo era una herramienta fundamental de ese proceso.

Durante la presidencia de Miguel Juárez Celman, la obra fue asignada al francés Norbert Maillart. La construcción estuvo marcada por marchas y contramarchas que parecieron determinar el destino, más de un siglo antes, de convertirse en el Palacio de Versalles del kirchnerismo, una remodelación sospechada de robo. El Palacio de Correos es una de las grandes obras académicas de Buenos Aires y luego de su construcción se transformaría en el modelo más observado. La crisis de 1890 y la salida de Juárez Celman del gobierno, las revoluciones radicales sumadas al inestable clima político de comienzos del siglo XX, retrasaron el proyecto de Maillart, que terminó siendo dado de baja por los costosos contratos del arquitecto francés. La obra fue concluida por la Dirección de Arquitectura.

En 1997, casi cien años después, fue declarado Monumento Histórico Nacional. En 2002 dejó de prestar el servicio de distribución de cartas desde o hacia el país, y hasta 2009 solo funcionó parcialmente como Centro de Atención al Cliente y venta de filatelia. En el año 2005, el gobierno nacional llamó a licitación para convertirlo en un centro cultural. El kirchnerismo decidió convertir el Palacio de Correos en la catedral del relato. El objetivo era festejar el Bicentenario de la Revolución de Mayo. Los periodistas José María Stella e Ignacio Montes de Oca llevaron a cabo varias investigaciones sobre la remodelación, sus presupuestos y los cambios que estos fueron sufriendo. La adjudicación inicial a la unión transitoria de empresas entre Esuco y Riva SA fue refrendada por la resolución 1.517/2008, firmada por el ministro Julio De Vido. Allí proponía un presupuesto total para el reciclaje de 925.799.108 pesos, muy lejos de los 710 millones iniciales pautados en noviembre de 2007.

En la fecha estipulada de inauguración, el Centro Cultural estaba rodeado por un montón de andamios y de obras apenas iniciadas. Tampoco se pudo inaugurar durante los años siguientes. Mientras tanto, las cifras desembolsadas por el Estado siguieron incrementándose. Desde los 56.278.048 dispuestos por presupuesto en 2008 hasta los 657.006.000 de 2014, el número destinado, anualmente, a esa obra creció 1.167 por ciento. Durante 2015, año de la supuesta inauguración definitiva, la cifra destinada fue de 502 millones de pesos.

“La coreografía de postergaciones y nuevas partidas millonarias del edificio cultural incluye, en las escenas finales del gobierno de Cristina Kirchner, la adquisición de los pianos de cola y una celesta a la firma Yamaha. Llegarán en al menos un año o quizá tarden un poco más. Es que, según relatan los fabricantes, cada piano será fabricado a mano por artesanos, que usarán para su tarea madera de la más alta calidad importada desde sitios selectos del mundo”, señalaba el recordado José María Stella en una de sus investigaciones. La compra de esos instrumentos representaba la ostentación kirchnerista en su máxima expresión, histórica costumbre de reyes y cortes de la edad moderna, que encargaban de manera personalísima la construcción de instrumentos musicales para el palacio. El precio de las arpas, de acuerdo con la página de Lyon & Healy, fue de 33 mil dólares por unidad. El pago, según el artículo 9 de la convocatoria que autorizaba la operación, se hizo en dólares y en territorio estadounidense. Con ese nuevo gasto y tomando como referencia el dólar oficial, se sumaron 561 mil pesos a la orquesta del Centro Cultural. Las millonarias compras estuvieron en línea con la urgencia de cumplir la orden presidencial; todo debía estar listo para ser “parcialmente” inaugurado el 25 de mayo de 2015, tras siete años de obras y un total “oficial” de 2.322.612.956 pesos, a los que habría que agregarle, por partidas presupuestarias adicionales, unos 1.500 millones de pesos.

Para el día de la inauguración, desde el Correo Argentino se gastaron cerca de 500 mil pesos en tazas, llaveros y suvenires de sellos postales, para entregar a los invitados. El ministro de Medios Públicos de Cambiemos, Hernán Lombardi, denunció sobreprecios de más del 400 por ciento. En el Centro Cultural se encuentran aún hoy las placas conmemorativas de la remodelación, con los nombres de Cristina Fernández, Julio De Vido y José Francisco López, junto a las que se fotografió la hija del ex presidente radical Arturo Illia. El fiscal Carlos Stornelli hizo una denuncia sobre la reconstrucción y remodelación del Centro Cultural Néstor Kirchner, que quedó a cargo del juez Marcelo Martínez de Giorgi, con la intervención del fiscal Franco Picardi, de Justicia Legítima. El abogado Denis Pitté Fletcher, por su parte, argumentó que la obra tuvo un costo final de 2.541 millones de pesos y un plazo de obra de 78 me ses, contra los 40 meses originalmente previstos en los contratos y un costo total estipulado en la licitación de 925.799.107,96 pesos. “Ya no está Oyarbide (que archivó todas mis denuncias desde 2005 en adelante). De modo que tal vez algún juez haga algo”, sostuvo el letrado. Ninguna de las empresas que componen la UTE Esuco-Riva ofreció precisiones sobre la obra del Centro Cultural del Bicentenario Néstor Kirchner.

Los Báez de la Ciudad de Buenos Aires

El 95 por ciento de las acciones de Ausa pertenecen a la Ciudad de Buenos Aires y el resto a Subterráneos de Buenos Aires Sociedad Estatal. Históricamente, ese porcentaje de la recaudación era entregado al gobierno porteño, pero a partir de la ley 3.060, de mayo de 2009, la empresa empezó a “pagarle” con un cinco por ciento, destinado a la construcción del subte y un piso del 55 por ciento para obras públicas. Esto permite eludir controles, ya que las contrataciones no las hace el Ministerio de Desarrollo Urbano sino la empresa, que tiene auditorías externas mucho más relajadas y menos visibles que una licitación.

La Auditoría General de la Ciudad (AGC) denunció que Ausa se endeudó desmedidamente durante la gestión macrista. De hecho, sumó compromisos por el equivalente de su capital social multiplicado por siete. La oposición acusó al macrismo de usar a la empresa como caja política, lo que podría ser una explicación del aumento astral de los peajes en la ciudad, que durante los mandatos de Macri subieron mil por ciento en el caso de las autopistas 25 de Mayo y Perito Moreno, y dos mil por ciento en la Illia.

En ese marco se construyeron los túneles de 400 metros para garantizar la llegada del Metrobús a la zona porteña de Constitución. Con una oferta de 127 millones de pesos, ganó la licitación la mendocina José Cartellone Construcciones Civiles SA, cuyo director titular y presidente era el ingeniero José “Tito” Biagini, yerno del entonces presidente de Ausa, Gustavo Matta y Trejo, también ingeniero, que desarrolló su carrera en varias empresas del grupo Techint hasta que Rodríguez Larreta lo ubicó en la firma que administra las autopistas porteñas y buena parte de la obra pública. La revelación de que Matta y Trejo estaba en pareja con una hija de Biagini hizo trastabillar un crédito del Banco Interamericano de Desarrollo que el ministro de Hacienda, Néstor Grindetti, había conseguido en Nueva York. Es to enfureció a Nicolás Caputo, un enemigo que nadie querría tener dentro del PRO. Ambos, Grindetti y Matta y Trejo, tuvieron que viajar de apuro a los Estados Unidos para retener el financiamiento. Lo consiguieron, pero no bastó para el titular de Ausa: el escándalo pesó en la interna que tenían el ministro de Desarrollo Urbano, Daniel Chaín, y Rodríguez Larreta por el control de la empresa, que implicaba dominar obras de todo tipo en la ciudad. Un año después, Macri reemplazó a Matta y Trejo por Daniel Capdevilla, entonces director general de Infraestructura del Ministerio de Desarrollo Urbano. No obstante, Rodríguez Larreta lo ubicó al poco tiempo como vicepresidente de Sutecba, la obra social de los empleados municipales, por cuyas arcas pasan 900 millones de pesos al año.

Los túneles fueron inaugurados el 30 de mayo de 2015, casi un mes antes de la primera vuelta electoral del 5 de julio en la que se terminó imponiendo Rodríguez Larreta. Dos años antes, también en plena campaña, el 24 de julio de 2013, Macri había presentado en sociedad el Metrobús 9 de Julio y, veinte días después, el 14 de agosto, los dos ramales del Metrobús Sur, pese a que no se había hecho la recepción provisoria del total de la obra. Los carriles exclusivos fueron, de nuevo, un instrumento de campaña en plena senda hacia las legislativas. Del presupuesto total del Metrobús 9 de Julio, 27 millones de pesos fueron destinados a publicitar la obra. Una minuciosa investigación del integrante de la Coalición Cívica Hernán Reyes demuestra cómo Macri aumentó y bajó las partidas publicitarias de acuerdo con el calendario electoral y que, muchas veces, como en el caso del Metrobús, usó dinero de la obra pública para promocionar su gestión y a sus candidatos. La partida que usó, en este caso, equivalía a seis presupuestos de la Secretaría de Hábitat para obras en villas y asentamientos.

En el Boletín Oficial no se había publicado la resolución mediante la cual se adjudicaron las obras del Metrobús Sur, que quedaron a cargo de la UTE formada por Bricons SA y Miavasa SA. La AGC contabilizó veintisiete irregularidades, entre las que se destacan treinta planos del proyecto ejecutivo que fueron presentados fuera de término, la falta de control de la obra reflejada en la ausencia de información relevante en los Libros de Obra y la realización de trabajos adicionales antes de ser autorizados, lo que sugiere connivencia entre funcionarios y empresarios. Pero lo que más llamó la atención es que como la obra fue más pequeña que lo previsto (se hicieron nueve paradas y 130 columnas menos), se pagaron 15 millones de pesos más que lo esperado. Dos años después de que trascendiera esa denuncia del auditor, se presentó un nuevo certificado final de obra en el que se hizo constar que se desembolsaron 1,2 millones de pesos por encima de lo que correspondía, por una supuesta equivocación. Errar es humano.

La supina falta de planificación se volvió poner en evidencia con dos adicionales. El primero fue para ejecutar un cordón recto de 35 centímetros de ancho por 60 de largo y 17 de altura para separar los carriles exclusivos de los comunes, una cuestión básica que no fue incorporada al pliego porque no estaban hechos la totalidad de los estudios de impacto ambiental, lo cual en sí constituye otra falta. Pero esos pequeños cordones, que costaron 14 millones de pesos, eran similares a los del corredor Juan B. Justo, por lo que no se podía desconocer su necesidad. A su vez, hubo una redeterminación de precios por 10,7 millones de pesos. La AGC probó que se usaron índices no contemplados en la licitación, lo que terminó inflando la cifra final, que fue de 223 millones de pesos, llegando a 245 millones si se suman esos adicionales, muy por encima de los 118 millones presupuestados. Esto quiere decir que se pagaron 10 millones de pesos por kilómetro o 4,5 millones de pesos por parada.

Los materiales costaron casi ciento por ciento más que el Metrobús 9 de Julio, lo cual fue justificado por el gobierno porteño: “¿Por qué hay diferencias de precios? Cada uno tiene acuerdos distintos con los proveedores. A veces, tienen acuerdos con un fabricante para que les venda más barato”, contestó Juan José Méndez, jefe de gabinete del subsecretario de Transporte, Guillermo Dietrich. Las vigas del Metrobús 9 de Julio costaron 2.262 pesos y las del Metrobús Sur, 3.613 pesos, mientras que las baldosas guía de 40 x 40 centímetros se pagaron 176 pesos cada una en el centro de la ciudad y 364 pesos en el sur; lo mismo sucedió con las baldosas amarillas de precaución: se abonaron 232 pesos y 424, respectivamente.

En octubre de 2014, la Jefatura de Gabinete convocó a la licitación 640 para construir un centro de trasbordo que integrara la línea H del subte con el Metrobús Sur. La obra, por 40 millones de pesos, fue adjudicada a Bricons, que para realizarla tuvo que demoler dos de las estaciones que se habían inaugurado un año antes. En 2014, sumó más obras millonarias, entre ellas, el centro de transbordo subterráneo de Plaza Constitución, por 90 millones de pesos, en una UTE con Miavasa.

No fue la primera vez que el gobierno porteño iba tras sus pasos: se sumó a la plaza seca Voluntarios Héroes de la Reconquista del barrio porteño de Chacarita, hecha en 2011 y demolida en 2014. También, el 4 de noviembre de 2011, el entonces ministro de Ambiente y Espacio Público, Diego Santilli, anunció la finalización de la plazoleta ubicada en la unión de las avenidas Corrientes y Federico Lacroze, en Chacarita, por la que la empresa Cunumí cobró 800 mil pesos. Allí funcionaban treinta y un locales, y durante medio siglo hubo una boca de acceso a la línea B de subte. Todo fue demolido para hacer un supuesto organizador de tránsito que hasta la publicación de este libro funciona como estacionamiento informal. Nueve de cada diez vecinos no entienden su utilidad.

Pero también había un antecedente casi calcado en el caso del Metrobús: el boulevard de la avenida Cabildo, que fue tirado abajo poco después de su debut para montar el Metrobús Norte. Los crecientes costos de los carriles terminaron siendo astronómicos y por primera vez traspasaron las fronteras de la ciudad penetrando en dominios del partido bonaerense de Vicente López, a lo largo de la avenida Maipú hasta la esquina de la quinta de Olivos. Son 4,9 kilómetros repartidos a razón de 2,5 kilómetros en territorio porteño y 2,4 kilómetros del otro lado de la avenida General Paz. La polémica no tardó en instalarse, porque además de que el gobierno macrista priorizó el tránsito sobre tierra en un lugar en el que, desde hace años y por ley, se espera que se extienda la línea D de subte, funcionó como un instrumento para que los porteños le financiasen la campaña al intendente de Vicente López, Jorge Macri, primo de Mauricio. El presupuesto que figura en la licitación es de 219.746.343 pesos, pero se adjudicó por 269.785.051, más de 50 millones por encima de lo planificado. A eso todavía faltaba sumarle, como mínimo, los gastos por la repavimentación de los carriles exclusivos. La obra se la quedó nuevamente Bricons, aunque esta vez junto a Construcciones Ingevial SA.

Bricons es otro coloso de la obra pública. Fue fundada en 1966 por una serie de familias ligadas a la industria de la construcción. Desde el comienzo su presidente es Mario Ángel Raspagliesi. Su hijo Daniel y sus nietos Guido, Agustina y Francisco se sumaron más tarde a la empresa. El domingo 3 de junio de 2007, Bricons fue noticia a raíz de la caída de un cielorraso en el aula en la que cursaban los alumnos de cuarto grado del tradicional colegio Mariano Acosta, en el barrio porteño de Once. El techo de Durlock se había instalado para achicar el tamaño del aula y que se calentase más fácilmente en invierno. El obrero que trabajaba allí en ese momento era empleado de una subcontratista que estaba instalando una red de alarmas contra incendios. El coordinador de ambas obras era un arquitecto de la Dirección de Infraestructura, Mantenimiento y Equipamiento, Jorge La Greca, a quien le iniciaron un sumario administrativo. Sigue trabajando como gerente operativo en el gobierno porteño.

Once días después, se produjo una pérdida de monóxido de carbono en el colegio Normal N° 7 de Almagro, lo que derivó en la evacuación de sus trescientos alumnos. Una veintena de estudiantes, docentes y auxiliares tuvieron que ser derivados a distintos centros de salud porque experimentaron nauseas y mareos.

Aunque ya había hecho gran cantidad de obras durante la gestión de Aníbal Ibarra, Bricons fue una de las grandes ganadoras de la gestión macrista en la ciudad. En 2009, el Ejecutivo le adjudicó la licitación para ampliar el Museo de Arte Moderno y el Museo del Cine Pablo Ducrós Hicken, en una obra cargada de críticas y especulaciones por el estado del material fílmico y las demoras. Ganó con otras tres empresas y pidió 131 millones de pesos, incluido un adelanto del 26,4 millones. La UTE se completó con Emaco SA, uno de cuyos socios es Federico Bensadón, también dueño de la concesionaria del Centro Costa Salguero y de Telemetrix SA, la cual cuenta entre sus accionistas a Fernando Adolfo Polledo Olivera, esposo de la diputada macrista Carmen Polledo. Ambos fueron eje de una polémica cuando en la fiesta Time Warp, en un boliche de Costa Salguero, cinco jóvenes murieron por el supuesto consumo de éxtasis adulterado. La tragedia sacó a la luz la cuestión de los irrisorios cánones que se pagan en la ciudad, incluidos los 263 mil pesos que Telemetrix abona por el alquiler de las 17 hectáreas de Costa Salguero, a razón de 1,5 pesos por metro cuadrado, lejos de los hasta 250 pesos que se podría cobrar.

Bricons también hizo el Parque Ciudad Universitaria, refacciones en los hospitales Borda, Moyano y Rawson, la Escuela de Danzas Nº 1 “Nelly Ramicone” y una enorme cantidad de obras vinculadas con la Policía Metropolitana, como la construcción del Instituto Policial de la Ciudad en el ex predio del club Deportivo Español y su polígono de tiro, el llamado Precinto —la cárcel de fuerza porteña en la manzana que forman las avenida Roberto Goyeneche y las calles Correa, Holmberg y Ramallo— y las comisarías 4 y 5. En el año 2014, el Instituto de Vivienda de la Ciudad (IVC) le adjudicó por contratación directa, por poco más de un millón de pesos, la demolición de 66 viviendas de la villa 26. También con el IVC hizo 153 viviendas en el complejo Casa Amarilla de La Boca.

Aunque la obra del Metrobús, supuestamente, solo tenía como objeto realizar las estaciones, Construcciones Ingevial SA fue parte de la UTE ganadora junto a Bricons. La empresa fundada en 1992 por Daniel Eduardo y Aníbal Ángel Aragón se especializa en obras viales y, en particular, en la elaboración y colocación de mezclas con cemento asfáltico modificado. La firma también participó del Metrobús 9 de Julio en la rehabilitación de las calles y el mantenimiento periódico por dos años de todo el tramo, por 106 millones de pesos. En ese caso, sí trabajo sobre su especialidad. Ingevial quedó en el centro de la polémica porque fue adjudicataria por 36 millones de pesos de una obra en el Parque 3 de Febrero criticada por la ONG Basta de Demoler, ya que se destruyeron las veredas históricas que estaban en buen estado de conservación y en su lugar se colocó una capa de cemento.

El Metrobús Norte finalmente se inauguró el 17 de junio de 2015, en plena campaña electoral, cuando todavía faltaban carteles, luces, asientos y otras instalaciones en las paradas, que ni siquiera quedaron al nivel de la altura de los colectivos. Al poco tiempo, el macrismo anunció su extensión hasta la calle Santos Dumont por 140 millones de pesos, en una obra que volvió a ganar Bricons. Esta vez, en soledad.

El último en inaugurarse fue el Metrobús San Martín, que corre por la avenida homónima, entre General Paz y Juan B. Justo, en el corazón de la ciudad. Su construcción dejó al descubierto los sobreprecios del Metrobús Norte, ya que costó 12,6 millones de pesos por kilómetro, contra los 50 millones aproximados del de las avenidas Cabildo y Maipú, ambos de condiciones similares. La licitación la había ganado, en abril del año 2015, una UTE conformada por Teximco, Ema SA y Dal Construcciones, que propusieron un contrato por 70 millones de pesos con el que le ganaron, entre otras, a empresas de la talla de Riva y Bricons, con experiencia en el rubro. Aunque no era su primer obra en la Ciudad, no deja de llamar la atención la presencia de Teximco, una firma sospechada de ser beneficiada por Julio De Vido para refaccionar el edificio que tiene los murales de Evita, en un contrato por 87 millones de pesos que se terminó pagando 110 millones. También se quedó con la construcción de 288 viviendas del Plan Procrear en Ciudad Evita, La Matanza, por 197 millones de pesos.

En la ciudad de Macri, Teximco ya había ganado pujas importantes, como la que le permitió acceder a la construcción del techo retráctil del estadio de Parque Roca por 95 millones de pesos. Además, había conseguido en 2012, en una UTE con Dal Construcciones, la adjudicación del Centro Cívico de Barracas, donde se iban a alojar la Jefatura del Gobierno y varios ministerios, pero que fue frenado por una orden judicial y finalmente desechado y entrega do para que fuera usado por el Banco Ciudad. Por ese trabajo se hizo el histórico desalojo y represión a médicos y pacientes del hospital psiquiátrico Borda, quienes resistieron la demolición de un edificio en el que funcionaba un taller protegido. Esa balacera irracional con municiones de goma terminó con treinta y seis heridos, incluidos varios periodistas. Cuando el proyecto fue trabado, Macri mandó construir el Centro de Exposiciones y Convenciones (CEC) en Recoleta, en una obra que conquistaron, por 336 millones de pesos, Criba SA y Mejores Hospitales SA, una empresa dedicada al mantenimiento de centros de salud.

El plan de Macri de carriles exclusivos vendidos bajo el mote de Metrobús incluyó varios contratos paralelos, como el bacheo y la limpieza. El que centró más miradas fue el que derivó de la resolución 1.617 del Ministerio de Espacio Público, que se publicó el 18 de septiembre de 2014 en el Boletín Oficial y que tercerizó por dos años los servicios de mantenimiento de las paradas. LX Argentina SA se quedó con el ramal Juan B. Justo por 18.722.280 pesos; Cunumí SA, con el corredor Sur, por 24.864.000 pesos; y la UTE conformada por Planobra SA y SES SA, con el Metrobús 9 de Julio, por 15.446.667 pesos. Esto quiere decir que si se suma el total, la limpieza de cada una de las 78 estaciones en cuestión es de unos mil pesos por día. El gobierno porteño emitió tres circulares precisando los alcances del contrato. La primera es la más discutible: aclararon que las empresas solo se hacen cargo de la mano de obra, mientras que los materiales los paga el Estado; y que solo se le compra a las contratistas, que paradójicamente son las que avisarán cuando se necesite reponer una baldosa o cambiar un tubo de luz. Esta podría ser la explicación de por qué el presupuesto original era de 83,5 millones de presos y, al sumar las tres ofertas, terminó siendo de 59 millones de pesos.

Las sospechas crecen si se tiene en cuenta que el 50 por ciento de una de las empresas beneficiadas, SES, pertenece a Caputo Construcciones, de Nicolás Caputo y comparten presidente: Teodoro Argerich. Pese a que Macri juraba que su mejor amigo no había hecho negocios con la ciudad mientras había sido gobernada por él, SES ganó licitaciones por tres pasos a nivel y la refacción y mantenimiento de cinco hospitales, 67 escuelas y los espacios verdes de las comunas 7 y 8.

Nacida en 1978, la socia de SES en esta aventura es Planobra SA, una compañía que pertenece al Grupo Rhuo, a cuyo presidente, Patricio Farcuh, se lo suele vincular con la familia Moyano, con la que mantiene una aceitada relación. En efecto, Farcuh viajó al Mundial de Fútbol de 2010 en Sudáfrica junto con los hijos del ex jefe de la CGT, el camionero Hugo Moyano, y vio el partido contra Grecia al lado de ellos y de la hinchada del club Independiente, en un sector de la tribuna en el que se desplegaron banderas sindicales. Alguna vez, el propio Hugo Moyano recomendó contratar a las empresas de Farcuh, que incluyen los servicios de recolección de residuos, logística y el correo privado OCA. Todos sus empleados aportan el 3,5 por ciento de sus salarios a Camioneros. Pero es justamente la relación con Moyano lo que llevó a Caputo a rechazar la oferta que Farcuh le hizo por sus acciones en SES. “No le vendas un carajo a esa tránsfuga, que va a terminar preso”, le sugirió Macri a su mejor amigo, quien aceptó el consejo.

La empresa más importante del Grupo Rhuo es Guía Laboral SA, que en 2014 entró en concurso de acreedores. Ese mismo año, Planobra sumó el contrato con la ciudad por el Metrobús, pese a sus antecedentes. Por incumplimiento, le habían rescindido los contratos de mantenimiento de los hospitales porteños Durand e Iriarte, y el bonaerense Gonnet. También en la Capital, en el año 2004, desestimaron su oferta en la licitación pública 95 por falsear información en su declaración jurada. Además, la firma había sido denunciada por retrasos en obras en Viedma y Bariloche. Tuvo problemas en las construcciones que realizó a fines de los noventa en los cementerios de Chacarita y Recoleta.

En los primeros días de 2013, Planobra volvió a ser denunciada. La enfermera Mercedes Méndez, del Hospital de Pediatría Garrahan, dijo que una UTE conformada por Planobra e Indaltec SA había usado glifosato para desmalezar un terreno lindero al centro de salud y la Casa Garrahan. De hecho, la investigación de la Defensoría del Pueblo demostró que para el control de malezas de los senderos y caminos del parque se usó el herbicida marca Daargus que, efectivamente, contiene glifosato. Al año siguiente, la comunidad educativa del Normal Nº 7 porteño denunció que Planobra había entregado, en 2011, la remodelación de la escuela completamente maquillada, lo que incluía paredes rajadas al poco tiempo, problemas con las luces y la calefacción, un sistema de agua mal instalado y numerosos problemas estructurales que ponían al alumnado en peligro. Nada importó. Dos años después, ambas empresas ganaron una licitación por casi 600 millones de pesos para realizar el mantenimiento de los hospitales Santojanni, Pena y Muñiz. Los directivos de Planobra e Indaltec se enteraron en la cena de gala que hizo el PRO en marzo de 2015 para recaudar fondos para la campaña. Ese día, Macri juntó 215 millones de pesos de un tirón.

También recibió el visto bueno la firma Mejoramiento Hospitalario (la compañía que intoxicó a diez alumnos de una escuela de Villa Crespo por no retirar a tiempo los cebos para ratas), además de SES y Riva (en una UTE con Lesko). Asimismo ganaron contratos Sadmitec SA-Constructora Lanusse UTE, Sehos SA y Mig SA. Las ocho adjudicatarias fueron denunciadas por el Sindicato de Obreros de Maestranza, que las acusó de evasión previsional por más de 20 millones de pesos y “sospechosas prórrogas de contratos sin mediar licitación”. Juntas, en febrero de 2015, Planobra e Indaltec se hicieron con una licitación por 118.833.992 pesos para el mantenimiento de espacios verdes. En abril de 2016, Planobra consiguió la preadjudicación de un contrato de 52,7 millones de pesos para hacer mantenimiento en escuelas, cifra que supera en casi 30 por ciento el presupuesto oficial. Su socia SES tenía antecedentes en el tema educativo. La rectora del colegio Mariano Acosta había denunciado a la empresa por demorar los trabajos en los baños de la escuela, que finalmente debieron ser pagados por la cooperadora.

Nada de esto impidió que, cuando el ex presidente francés Nicolas Sarkozy visitara el país, el Grupo Rhuo consiguiera que Macri le prestara la Usina del Arte para llevar al mandatario a dar una charla para 370 invitados especiales del holding.

LX, en tanto, sí está especializada en servicios de limpieza y, de hecho, tiene a cargo desde el año 2010 el mantenimiento del ministerio de Seguridad porteño que entonces conducía Guillermo Montenegro. A partir de 2014, prácticamente cuenta el monopolio del mantenimiento en los edificios de la Policía Metropolitana. Ese contrato, por 11,5 millones de pesos, lo ganó en una licitación en la que fue única oferente, lo que despertó más de una suspicacia. La empresa tiene un antecedente negro. Es el caso de Daniel Ayala, un trabajador de 18 años que estaba fuera de convenio, y que murió al caer por el hueco de un montacargas ubicado detrás del escenario del Teatro Colón durante su refacción. Todos esos contratos los consiguió pese a que, en el año 2006, la Jefatura de Gabinete la había suspendido de las eventuales contrataciones del gobierno nacional.

Al Colón

El Teatro Colón fue otra de las obsesiones de Macri no exenta de polémicas. El gobierno de la ciudad destinó 348 millones de pesos para su restauración, cifra equivalente al presupuesto que destinó en 2010 a infraestructura escolar. El doble de lo que se usó ese año para infraestructura hospitalaria: 153 millones de pesos. Macri necesitaba opacar el monumental festejo de Cristina Kirchner por el Bicentenario de la Revolución de Mayo. Las obras se habían iniciado en 2006. Sin embargo, durante las gestiones de Ibarra y Telerman, se ejecutaron únicamente dos millones de pesos. Solo en el mes previo a la reinauguración, del 24 de mayo de 2010, se usaron 27 millones de pesos. En esa ocasión debutó un nuevo modelo de gestión de obra pública. Ahora la puja no sería por quedarse con los trabajos sino por su auditoría externa y por su gerenciamiento. En el caso del Teatro Colón, se contrató a Seminario y Asociados Argentina SA (Syasa), empresa que luego se hizo cargo del “diagnóstico, seguimiento y control de las obras pertenecientes al Instituto de la Vivienda de la Ciudad”, cuyo presupuesto fue sistemáticamente subejecutado. “Es una empresa que se especializa en auditoría de obra. Esa especialidad no la teníamos en la gerencia técnica. Nos trajo reducción de costos”, alegó en declaraciones a Página/12 el entonces titular del IVC, Emilio Basavilbaso, actualmente a cargo de la ANSES. El titular de Syasa es Rodolfo Seminario, un ingeniero septuagenario inscripto en la AFIP como monotributista, que vive en Puerto Madero. Seminario fue empleado del Grupo Roggio. Allí comenzó como cadete y terminó como director. Para gerenciar las obras en el Teatro Colón le pagaron 7.644.945 pesos. Nadie le acercó una calculadora al jefe de Gobierno porteño cuando, en el año 2008, estimó que la refacción del edificio no superaría los 100 millones de pesos. Syasa se incorporó dos años más tarde del inicio de las obras. En esos días, Daniel Chaín llevó a Seminario a una reunión de gabinete. Macri se mantuvo en silencio, tomando nota de lo que escuchaba mientras comía una manzana cortada en trozos que le acercó una moza. Tenía plena confianza en Seminario, a quien conocía de antemano. “A mí me mataron, pero me pagaron ocho millones de pesos y les hice ahorrar 80 millones, esa obra era un desastre cuando asumí”, se defendió Seminario. La remodelación terminó costando 350 millones de pesos, obviamente, más que los 100 millones originales.

En el ínterin, desaparecieron documentos históricos, cartas, partituras, autógrafos, programas del teatro de fines del siglo XIX y principios del XX, libros y objetos valuados en torno al millón de dólares, algunos de los cuales fueron ofrecidos a la venta en sitios web de los Estados Unidos. También se robaron la empuñadura de oro del bastón perteneciente al compositor italiano Giacomo Puccini. Hasta se ofrecieron catorce radiadores en MercadoLibre. No dejaron nada, recuerda un trabajador, se llevaron hasta parte del piso. Las obras estuvieron repartidas. Dycasa, sin experiencia alguna en el rubro, se encargó de las reformas del escenario, por 22 millones de pesos. El grupo español San José restauró la sala principal por el doble de dinero. En la Argentina, su representante es Basilio Pertiné, el cuñado del ex presidente Fernando de la Rúa, acusado por el militar arrepentido Adolfo Scilingo de ser responsable de los vuelos de la muerte que partían desde la ex ESMA. El colmo fue cuando trascendió que el piso de petiribí del escenario del teatro había sido convertido en un regalo institucional. Una parte estaba arruinada, pero no toda. Los encargos de la restauración le permitieron a la empresa Patagonia Flooring & Decks llevárselo. Su CEO, Daniel Saramaga, no tuvo mejor idea que convertirlo en un suvenir y ofrecer, como obsequio, un trozo de madera de 40 por 27 centímetros, de tres centímetros de espesor. Lo envolvió en una caja con un cartelito que rezaba: “Este tablado es un fiel testigo del sublime arte que nos brindaron personalidades como Julio Bocca, Mijail Barishnikov, Rodolf [sic] Nureyev, Leonard Bernstein, Herbert Von Barajan [sic], Zubin Mehta y grandísimos artistas”. También acompañó una foto de Julio Bocca con un leyenda: “Bailé sobre los mejores escenarios del mundo, por eso elegí para mi casa a quienes renuevan el Teatro Colón”.

Las críticas al nuevo piso no tardaron en llegar. Luego de la función de reestreno, el Ballet Estable cuestionó su calidad. Al poco tiempo, se suspendió la temporada de ballet. “Los pisos no están en condiciones, ni los del escenario ni los de las salas de ensayo, están llenos de irregularidades en la densidad, tienen desniveles y el escenario es muy duro”, lamentó la bailarina Miriam Coelho, primera figura del Ballet Estable del Colón. Julio Bocca y Marcos Mundstock habían hecho publicidad para la empresa. Ambos tienen en su casa pisos colocados por Patagonia Flooring. Pero Bocca se despegó. “Del piso no puedo hablar porque yo no bailo más; así que no sé. Ahí ya no tengo nada que ver”, alegó. Patagonia Flooring trabajó bajo las órdenes de Dycasa y el Ministerio de Desarrollo Urbano. Finalizó la obra con severas demoras. Aseguran que perdieron casi 50 mil dólares. En su relato, no mencionan que el Colón les abrió muchas puertas, incluso a nivel internacional. Nadie se preocupó en buscar los antecedentes del CEO Saramaga, condenado a dos años de prisión en suspenso por fraude en 1998 por su actividad en la empresa Jorsar SA.

Otro de los ganadores fue Riva SA, igualmente sin antecedentes en la restauración de monumentos históricos. Hizo el foyer y el Salón Dorado, que luego el gobierno porteño alquiló para eventos privados como si fueran salones de fiesta. La obra costó 18 millones de pesos. Pero Riva también ganó otro tramo: La refuncionalización de las áreas laterales del edificio histórico, las salas de ensayo y mejoras en los talleres, por 54 millones de pesos, siete por ciento por encima de lo presupuestado. Pidió más de dos meses de prórroga. Rol Ingeniería SA restauró las fachadas por 5,3 millones pesos; Autotrol SA hizo el nuevo sistema de control de maquinarias y la modernización del telón cortafuego por 16,4 millones de pesos. El aire acondicionado del Salón Dorado lo instaló Termair SA; la sala de experimentación estuvo a cargo de Conaral SRL, y el sistema de extinción de incendios quedó en manos de la experimentada Emaco. El incumplimiento de los plazos fue regla. El arquitecto Fabio Grementieri se atrevió a criticar el Master Plan y tildar de “soberbios y necios” a los encargados de las obras y terminó siendo amonestado por el Tribunal de Ética del Consejo Profesional de Arquitectura y Urbanismo. Básicamente, le dijeron que se callara la boca.

A fines de 2009, la AGC denunció que “el 100 por ciento de las 924 obras analizadas presentaban atrasos respecto al tiempo planificado” y que “cinco de [las empresas], el 56 por ciento, ya cuentan con el Acta de Recepción Provisoria”. También detectó que 70 por ciento de las adjudicaciones había sido otorgadas por encima de lo presupuestado. Cuestionó la falta de planificación. Hubo tres conclusiones lapidarias:

En el 70 por ciento de diez casos aplicables se verificaron adicionales por tareas no previstas en los pliegos licitatorios, lo que denota una falta de relevamiento previo y exhaustivo.

En el 90 por ciento de diez casos aplicables se verificaron deficiencias en la elaboración del proyecto motivadas por diferentes causas.

En el 100 por ciento de diez casos aplicables se verificó falta de cumplimiento de lo solicitado en los pliegos de especificaciones técnicas.

C’est fini.

Tano constructor

Cunumí SA merece unas líneas aparte. Cada vez que se le pregunta, en confianza, a algún funcionario de primera o segunda línea de la ciudad, por esta empresa, la respuesta es exactamente la misma: Cunumí, con domicilio en Quilmes, es de Daniel Angelici.

Angelici es empresario, abogado, presidente del club Boca Juniors, amigo de Mauricio Macri, denunciado por la diputada Carrió como operador en la justicia y uno de los hombres fuertes del juego en el país. Esa versión está fuertemente instalada. Sin embargo, el nombre del Tano no aparece en documento público alguno. El titular formal de Cunumí es Raúl Nicolás Orsini, el mismo que en el caso Skanska habría emitido cinco facturas truchas por 314 mil pesos por las que habría cobrado 10 por ciento de su valor y con las que la constructora sueca escondió el pago de retornos. La maniobra era sencilla. Se facturaba el ciento por ciento, que se retiraba en cheques de la Banca Nazionale del Lavoro, y luego se depositaba el 90 por ciento a nombre de Conalbe SA y Communications & Business. Orsini fue imputado por el juez federal Guillermo Montenegro, luego reconvertido en ministro de Justicia y Seguridad de la ciudad con Macri.

Los periodistas Ignacio Damiani y Julián Maradeo, biógrafos de Angelici, sugieren que hay una relación con Cunumí, a partir de un dato sobre el italiano naturalizado argentino Ángel Guidoccio, a quien definen como “un apoderado de Angelici en distintas empresas del juego y, a la vez, el contador de la Cámara Argentina de Salas de Casino, Bingo y Anexos”, a quien el Tano Angelici ubicó como secretario de Economía y Presupuesto de la comisión directiva de Boca Juniors. Dicen: “Según una fuente calificada, Guidoccio se habría presentado, en 2015, como el contador en las sombras de la empresa Cunumí SA, contratista en numerosas obras en la Ciudad de Buenos Aires. Sin que se refleje en los papeles, esto habría marcado el pase de manos de la empresa de su fundador Raúl Nicolás Orsini a Daniel Angelici luego de que los manejos turbios del primero no le permitiesen cumplir con obras por las que ya habría cobrado”.

La facturación de la empresa a la ciudad creció de la mano del supuesto ingreso de Angelici a la firma, a fines de 2014: 42 millones de pesos en 2012; 57 millones en 2013; 93 millones en 2014, y 128 millones en 2015, lo que arroja un total de más de 320 millones de pesos durante el último mandato de Macri. Cunumí es la empresa que hizo el boulevard que se tuvo que destruir para construir el Metrobús Norte, en una licitación en la que la oposición denunció sobrecostos. La firma hizo el último tramo por 1.637.843 pesos.

No es la única obra de Cunumí en la ciudad durante la gestión del PRO. Cuando se firmó el contrato por la obra en la avenida Cabildo, en 2013, ya había sumado 200 millones de pesos en contratos con el gobierno porteño desde la llegada de Macri a Bolívar 1. Según su propia web, entre 2011 y 2015 logró obras en nueve escuelas de la ciudad, incluida la construcción y ampliación de varias; hizo la puesta en valor de la costanera frente al aeroparque Jorge Newbery y de la margen izquierda del Riachuelo; el paseo peatonal Belgrano; el reacondicionamiento del acceso a la ciudad por la avenida Donado; la polémica explanada de ingreso al cementerio de la Chacarita, que costó 10 millones de pesos y tapó la entrada histórica; la refacción de edificios en los cementerios de Recoleta y Chacarita; la construcción de un pabellón del Instituto de Oncología “Ángel H. Roffo”; tres edificios con viviendas sociales en Villa Soldati; la rehabilitación de las aceras en las comunas 8 y 13, y obras en dos plantas de tratamiento de residuos orgánicos y forestales. También consiguió la tercerización de los Puntos Verdes en los que los vecinos pueden dejar las bolsas con productos reciclables, pese a que eso nada tiene que ver con una empresa constructora. Todo eso lo consiguió en un período (2011-2015) en el que apenas hizo una obra fuera de la ciudad: la construcción de una escuela en Berazategui para el Ministerio de Educación nacional.

Al inaugurar las sesiones de la legislatura en 2009, Macri anunció la reparación de 800 mil metros cuadrados de veredas, en medio de una industria del juicio que estaba liquidando a la ciudad por caídas reales y ficticias por baldosas rotas. Macri puso baldosas de calidad en los barrios más ricos del norte metropolitano y una capa de cemento, sin decoración, en las zonas de menor poder adquisitivo. Una de las beneficiadas fue Cunumí. Según el mensuario pampeano Lumbre, facturó “entre 195 y 220 pesos por metro cuadrado de vereda, precio que no incluye los baldosones, cuando en cualquier constructora de barrio se paga como máximo 150 pesos por un trabajo similar”. Y añadió: “No realizó los trabajos, sino que los derivó a otras empresas, muchas de las cuales utilizan como mano de obra —sin contrato de ningún tipo, ni obra social— a personas sin experiencia en la construcción, pagan 30 pesos diarios al trabajador, cuando el convenio de la UOCRA establece para el peón un jornal de 92,50 pesos. Eso sí: a cada uno se le proveía un chaleco amarillo con la leyenda “Haciendo Buenos Aires”.

En 2015 sumó parte de una de las obras que encarará Horacio Rodríguez Larreta: la villa para los Juegos Olímpicos de la Juventud de 2018. Ganó la puja por la construcción de tres tramos de viviendas por 123.691.183,12 pesos. Con un presupuesto de 13,7 millones de pesos, Cunumí también ganó las obras para adecuar el sistema de calefacción, reemplazar la carpintería metálica e impermeabilizar la terraza y los patios del colegio Bernasconi, pero las abandonó en los primeros meses de 2014, dejando el trabajo por la mitad y materiales peligrosos en el patio en el que los chicos juegan en los recreos. Hubo niños lesionados y se cayó un pedazo de mampostería del techo de la dirección y de la base de una ventana que daba a la calle Cátulo Castillo. En noviembre, el subsecretario de Gestión Financiera del Ministerio de Educación, Carlos Regazzoni, alegaba que “Cunumí tuvo problemas financieros que repercutieron en las tareas”. En esos días prometió que la obra sería retomada en breve y finalizada en marzo de 2015, pero recién comenzaron a mediados de ese año, después del receso invernal. Ya no figuraba Cunumí, cuyo contrato fue rescindido, dato que no fue un obstáculo para sumar nuevas obras en el distrito gobernado por el macrismo. En el caso del mantenimiento del Metrobús fue más fácil: solo tuvo que ganar la obra, porque tercerizó los trabajos a otra empresa, Rex Argentina SA.

Fantasmas en las villas

Rubén Octavio Calderón, asesor del secretario general de la Presidencia, Fernando de Andreis, no supo qué contestarle al periodista de Página/12 Werner Pertot cuando este le preguntó sobre sus vínculos con Aparo Construcciones. En agosto de 2009, De Andreis era legislador porteño y su asesor en la Comisión de Viviendas, Calderón, había patrocinado a Pablo Gustavo Aparo, titular de la constructora. Actualmente, el ex asesor de De Andreis es legislador porteño.

Aparo Construcciones SA se especializa en la instalación de servicios públicos —gas, cloacas y agua— y en la construcción de viviendas sociales. Durante años se ha cansado de ganar obras que no suele concluir, pero aun así sigue imponiéndose en las pujas, pese a que la ley porteña prohíbe la adjudicación de obras y servicios a quien haya incumplido un contrato con la ciudad. Su dueño, Pablo Aparo, también es propietario de Kopar SA, que brinda los mismos servicios.

Así como —incluso dentro del PRO— se asocia con Cunumí con Daniel Angelici, cuando se menciona a Aparo Construcciones surge el nombre del sindicalista Hugo Moyano. Nadie aporta un papel. Lo que sí está probado es su relación con Fernando de Andreis por medio de su ex asesor en la Comisión de Vivienda. El actual secretario general de la Presidencia es una suerte de cuñado político de Mauricio Macri. La hermanastra de De Andreis es Ivonne Bordeu, la primera esposa de Macri, con quien tuvo tres de sus cuatro hijos, Agustina, Gimena y Francisco. De Andreis y Bordeu se criaron juntos, cuando la madre del funcionario se casó con el padre de la ex de Macri, el automovilista Juan Manuel Bordeu.

Los contratos de Aparo con la ciudad se firman a través del IVC, con lo cual la situación del ex asesor Calderón para intermediar con su anterior cliente y la función pública se complica. El ex diputado porteño Facundo Di Filippo denunció la relación. Pero el historial de obras sin terminar de Aparo empieza antes de la llegada de Macri a la ciudad. Por ejemplo, ganó una licitación para hacer las cloacas e instalaciones de agua del barrio Calaza, pero a poco de empezar paralizó la obra y solicitó 66,75 por ciento más del dinero licitado, pedido que fue rechazado por la Procuración porteña. Aparo Construcciones abandonó las obras y el IVC, finalmente, firmó un acta en la que aceptó dejar las cosas como estaban: Aparo con los adelantos en el bolsillo y el gobierno porteño teniendo que empezar de cero.

Al año siguiente, el IVC le concedió un contrato directo para realizar 105 refacciones de viviendas. El pacto no pasó por licitación. Nadie revisó que el pliego aclaraba que el contratista no podía ser una empresa que hubiese incumplido acuerdos con la ciudad. Pero Aparo volvió a ganar. La historia se repitió. Otra vez, no cumplió. Las obras debían estar terminadas para la Navidad del año 2008, pero en mayo de 2009 solo se había cumplido el 12,63 por ciento de lo licitado. Pese a todo, entre ambas firmas de Aparo —Aparo Construcciones y Kopar— se repartieron tres licitaciones para hacer las conexiones de agua y las cloacas de las villas 3, 15 y 1-11-14.

Luego llegaron cuatro obras para instalar gas en sendas escuelas, en medio de la polémica que sacudió el primer invierno del macrismo en el poder. Es que en la Escuela Nº 10 (114.255,46 pesos) y en la Nº 12 (105.099,98 pesos) se suspendían los trabajos alegando que el gobierno porteño no liquidaba los fondos, mientras que en la escuela Pedro Esnaola (428.399,27 pesos) y en el colegio José Mármol (124.195,15 pesos) había quejas de docentes y alumnos por la calidad de los trabajos.

En 2015, Aparo Construcciones ganó las obras para la polémica escuela-conteiner en el barrio de la Boca. La empresa tenía que hacer la red de gas de alta presión, pero terminó perforando un caño de acero de cuatro pulgadas que corría bajo la avenida Almirante Brown al 300 y por el que circulaba gas. Nadie había pedido los planos de la red a la empresa Metrogas, tal como establece la ley, algo que también había pasado durante las obras del Metrobús 9 de Julio. Pudo ser una tragedia.

En la conversación con el periodista de Página/12 que mencionamos, De Andreis se había comprometido a echar a Calderón si se comprobaba su vínculo con el constructor. Seis años después, Calderón fue candidato a legislador por la lista Unión PRO. Y si bien se ubicó muy lejos de los puestos con chances, la triple victoria electoral de Cambiemos en Nación, ciudad y provincia lo depositó en una banca.

La relación del PRO con las villas es un mundo aparte. Porque si bien los montos de las obras son menores, fueron el puntapié inicial para que el macrismo empezara a insertarse en los territorios más pobres de la ciudad, donde apenas había podido construir algunos puentes en dos zonas: Los Piletones y la villa 20. Las obras funcionaron como instrumento publicitario y herramienta de cooptación de punteros, quienes en muchos casos se quedaron con las construcciones mediante cooperativas “fantasma” que, en realidad, funcionaban como empresas dirigidas por los que tenían el poder político de facto en los barrios de emergencia.

La urbanización de las villas es una de las grandes deudas de Macri en la ciudad. Luego de seis años de gestión, la única “chapa” que podía mostrar era la urbanización del pequeño barrio INTA, que se creó en Villa Lugano en torno a lo que fue la fábrica Industria Textil Argentina. Miguel Ángel Rodríguez, uno de los impulsores de la primera toma del parque Indoamericano, es un personaje central de esta historia. Nunca quedaron claras las motivaciones e internas de la toma más violenta en lo que va del siglo XXI, aunque muchos coinciden en que, por detrás, hubo una feroz disputa en el interior del IVC. Mientras en público se quejaba por la ocupación de terrenos, por lo bajo la promovía. Rodríguez asegura que fue miembro de Montoneros y que se exilió durante la última dictadura militar. Cuando su nombre fue mencionado en los medios relató que mantenía vínculos con Mario Perdía y que no descartaba escribir para la fugaz revista Pensar, que publicaba un grupo de ex guerrilleros.

Durante la gestión de Carlos Grosso, Rodríguez fue director de Tránsito de la ciudad. En 1991, terminó preso por vender licencias truchas de taxis por las que cobraba entre 1.500 y 2.000 dólares en tiempos de convertibilidad. Llegó a ser invitado al programa A la cama con Moria, donde le prometió a la vedete luchar contra la mafia de los taxis. Con el dinero recaudado creó Splay SA para adquirir cien Fiat Duna de Sevel, la empresa manejada por la familia Macri. Aunque a Rodríguez lo filmaron con una cámara oculta mientras vendía las licencias truchas, en la intimidad siempre dijo que pagó con la cárcel para salvarle el pellejo al intendente que protagonizaba una interna con José Luis Manzano. Sin embargo, nada indica que Grosso haya sido su padrino político en el PRO. Rodríguez fue representante de Petróleos de Venezuela SA (PDVSA), la empresa estatal venezolana, en nombre de la cual abrió estaciones de servicio. La relación de Rodríguez con el macrismo fue pragmática. Necesitaba favores políticos y el flamante partido precisaba punteros de peso para afianzarse en la zona sur.

En 2006, regresó a la función pública, cuando Jorge Telerman gobernaba la ciudad. Ingresó al IVC de la mano de Karina Leguizamón, quien junto al legislador porteño Enzo Pagani lo acercaron al PRO, donde se convirtió en uno de los pilares de la relación con algunas villas. Mientras Pagani decía en público que el PRO no tenía punteros, él mismo era uno de los que negociaba el apoyo de los referentes sociales en las villas para realizar las obras y enfriar cualquier posibilidad de protestas. El propio Rodríguez aceptaba ese lugar. “Si Macri me da para los pobres, me da la luz, el asfalto, bienvenido. Perón nos decía: ‘Muchachos, agarren el sándwich de chorizo, coman bien, y agarren una alpargata, y después adentro de su local, cuando van a votar, saben lo que tienen que hacer’. El yuppie este [Macri] fue una vez a la Unidad de Gestión de Infraestructura Social cuando yo trabajaba en el gobierno, y no saludó a nadie. Vos cuando entrás en una casa tenés que saludar. Entonces yo agarré y le dije: ‘Buenos días señor’, porque así tiene que ser; no podés estar distante”, alegó hace unos años en una entrevista con el diario Perfil. “Hubo gente de este gobierno (no, Macri) que entendió que si no comenzaban a hacer obras iban a tener problemas. ¡Tienen que poner la platita! Nuestra paciencia tiene fecha y hora”, añadió.

Una denuncia del entonces legislador Facundo Di Filippo lo terminó dejando fuera de la gestión pública. El diputado del partido Afirmación para una República Igualitaria (ARI) desempolvó su pasado corrupto y, si bien al principio el gobierno macrista le dio un espaldarazo, al poco tiempo lo eyectó de su cargo. En 2007, Mauricio Macri, pocos días antes del balotaje que lo depositó en la Jefatura de Gobierno, prometió construir entre ocho mil y diez mil viviendas por año para urbanizar las villas. Si hubiese cumplido, en sus dos mandatos habría quedado cerca del déficit habitacional cero. Apenas hubo obras menores en las villas realizadas por cooperativas. Algunas las controlaba el “Comandante” Rodríguez.

Otro personaje fundamental para comprender la inserción del PRO en los barrios más carenciados es Maximiliano Sahonero, nieto de inmigrantes bolivianos de Chochabamba e hijo de un carpintero formado en la villa 31 bajo el ala del padre Carlos Mugica, que luego dejó su raigambre peronista para militar en las filas de La 24, una agrupación juvenil que respondía a María Eugenia Vidal. Di Filippo también lo denunció. En la Juventud del PRO recuerdan el día en que Sahonero se presentó en el local que el partido tenía en Bolívar al 400, en San Telmo. Maxi habló sobre el final, después del plato fuerte de la velada, los discursos de Marcos Peña y Humberto Schiavoni. Se presentó como “lo que le falta” al espacio político e invitó a militar en los barrios. El silencio se apoderó del ambiente. Peña alcanzó a agradecerle por sus palabras. Muchos “nenes bien”, algunos con traje y corbata, vieron a Sahonero romper la lógica imperante en el macrismo de ir a buscar a los jóvenes solo a las universidades, en su mayoría privadas.

El sector juvenil del PRO era dominado por Marcos Peña, pero menos de un año después se lo arrebató Sahonero, que para entonces pertenecía al riñón de Vidal y Rodríguez Larreta. Peña dijo alguna vez que correrse a un costado fue una decisión estratégica. Sahonero no paró de crecer. Vidal le consiguió un cargo en la ciudad y lo hizo escalar hasta ubicarlo en el décimo puesto de la nómina de Cambiemos en las elecciones legislativas de 2015, cuando se quedó con una banca.

Desde 1999 Sahonero presidía la cooperativa 25 de Mayo. Durante la gestión de Ibarra, esa institución firmó un contrato para que sesenta vecinos construyesen sus propias viviendas, germen de lo que sería Sueños Compartidos de Sergio Schoklender y Hebe de Bonafini. Hubo crónicas en los medios de comunicación del ambicioso proyecto, celebrado incluso en los años siguientes. Tiempo después, la AGC informó que solo quince de esas viviendas habían sido entregadas. Pero el puntero aún insiste en que entregó doscientas escrituras. Como Franco Macri, Aldo Roggio y tantos empresarios, Sahonero padre también entendió que hay que ser oficialista para recibir beneficios. Abandonó el Frente para la Victoria y se mudó al PRO. Fue pragmático, como su hijo, que se sumó a La 24 luego de ver que Vidal se manejaba de una forma distinta que los políticos tradicionales: no le pedía que movilizara gente. Por eso a Maxi le molesta el mote de “puntero”.

Sin embargo, la madre de las polémicas en torno a los Sahonero fue la que sucedió tras la toma de un predio en Villa Lugano: se quedó con el contrato por 890 mil pesos para demoler las viviendas de sus vecinos a través de la otra cooperativa que dirige, La Solidaridad Ltda. Según una investigación de Tiempo Argentino, también se le encargó realizar un cerco, que al final completó por 4,5 millones de pesos Infraestructura Urbana SA, presidida por el abogado Hernán Matías Picot Pervieux, director suplente de Kopar SA, perteneciente a la firma Aparo Construcciones, vinculada con el asesor de Fernando de Andreis. El círculo se cerraba.

Relats

A Julio [De Vido] no se lo molesta excepto que sea urgente.

Carta de JUAN CARLOS RELATS a su familia.

En Los Sauces, a los Relats les impusieron las condiciones. Con los Kirchner no se negocia, se obedece.

Confidente de Lázaro Báez al autor.

Noviembre de 2016.

La heredera del imperio de Juan Carlos Relats, Silvana, se agarra la cabeza al escuchar el apellido Kirchner. En sus oficinas, ubicadas en el primer piso del hotel Panamericano de Buenos Aires, Silvana recuerda con orgullo a su padre y niega favoritismos con el gobierno anterior. “En 1966, durante el gobierno de Arturo Illia, ganamos la primera licitación y un año después —recuerdo que era niña— no podíamos creer que hubiésemos vencido a Techint en otra obra.” Ingeniera constructora, casada, con dos hijos, Silvana Relats se mudó a Buenos Aires a pesar de lo que le decía su marido Alejandro. Su ingreso en la industria hotelera fue casi casual: “Estudiá hotelería —le dijo su esposo a los 26 años—. Es como una casa grande con mucamas”, pero la tarea no era tan sencilla. Una de las claves en el negocio sentencia “si hay pobreza, que no se note, todo es una gran escenografía”. El sector hotelero es el único que nunca para: “Jamás hicimos una huelga de almohadas”, sintetiza la entrevistada con humor.

Pero la historia no le quitará al fallecido Relats el karma de haber quedado asociado con la familia Kirchner. Su empresa gerenció el hotel boutique Los Sauces, en El Calafate, hasta comienzos de 2016 cuando decidió terminar el contrato. “Echaron a todos”, explica un gerente del grupo empresario, incluido al jardinero Ricardo Barreiro. Es que, por orden explícita de Cristina, el gerente del hotel era “el jardinero”, titular de la empresa turística RP Transportes. Barreiro fue otro de los nuevos empresarios que sufrió la paranoia de Cristina tras la muerte de su marido: en 2011, le cayó una auditoría de Presidencia de la Nación. Su hijo Pablo siguió trabajando como secretario privado del Poder Ejecutivo. Barreiro controló hoteles de categoría como Altos de Amaicha, en la provincia de Tucumán. En Santa Cruz, en la localidad de Los Antiguos, manejaba otro hotel, de ocho mil metros cuadrados, con vista al lago Buenos Aires. Mientras tanto, Barreiro siguió trabajando en el hotel boutique Los Sauces que los Kirchner le alquilaban a Juan Carlos Relats. A pesar de su extenso currículum exprés, el confidente de Lázaro Báez describe a Barreiro sin medias tintas: “Lo único que sabía era regar las plantas, ni el pasto sabe cortar”.

Sentado en el bar del hotel de Relats, el ex secretario de Energía de Carlos Menem, “Chiche” Aráoz, recuerda que ahí mismo “se reunían para coordinar los negocios Juan Carlos Relats con Julio De Vido y se repartían la obra pública en el segundo piso”. Su hija asegura que se veían una sola vez al año: “Lo hacíamos para insistirles que nos pagasen los certificados de obra que ellos [por el gobierno kirchnerista] solían demorarnos”. “Durante 2015 no pagaron nada, recién ahora Macri se está poniendo al día”, sintetiza el apoderado de la firma, Fernando Alexis Sananez. Aldo Pignanelli le da la derecha a la heredera de la constructora: “Ya existían de antes, pero los Kirchner lo reimpulsaron”. Con 5.000 empleados en el holding y 2.500 solo en la constructora JCR, Silvana ofrece los balances, información del grupo y fotografías de cada una de las obras que ganaron en los últimos treinta años: “Acá no vas a encontrar nada raro”.

Relats falleció en diciembre de 2013 a los 78 años. Antes de morir dejó una carta a su familia: “A Julio no se lo molesta excepto que sea urgente”. Por entonces, Julio era el megaministro de Planificación de Cristina Kirchner. Actualmente, la relación con el kirchnerismo está rota. A pesar de los problemas judiciales y mediáticos que le generó a la familia Relats gerenciar Los Sauces a través de la firma Panatel, Silvana es optimista: “Nos abrió las puertas del turismo internacional. Nos fuimos porque se mezcló nuestro negocio con la política”. Recuerda que llegaban clientes de Estados Unidos, Brasil y Europa. Incluso se hospedó el dueño del hotel Faena y Andrew Carnegie, empresario ruso conocido como “el rey del acero”, que le pagó a Silvana Relats ocho mil dólares para que le consiguiese un Papa Noel que les hablase en ruso a sus hijos. Como exitosa hotelera, la heredera lo consiguió, gracias a sus contactos con la embajada rusa en nuestro país.

Con treinta y ocho habitaciones, ocho meses de temporada y un nivel de ocupación promedio del 50 por ciento, la justicia todavía se pregunta cómo la familia Kirchner se llevaba diez millones de pesos anuales en alquileres. El confidente de Báez se despega de la versión de la familia Relats: “Al hotel iba poca gente. Además de caro no era bueno, nadie tenía experiencia en hoteles, tampoco Adrián Berni, que estaba al frente de Valle Mitre, quien tras un brote paranoico abandonó su profesión, que era brindar servicios de logística en los pozos petroleros”. El amigo de Báez es terminante: “Con los hoteles hubo siempre retornos. No lo pueden negar”. Su amigo y Cristóbal López estaban en una situación similar en Hotesur. “Los retornos se pagaban con room nights. Así se mueve la industria hotelera, es la capacidad de venta que podés tener en función de los cuartos y el índice promedio de ocupación de la zona y de cada hotel. Se saca el valor del canon y se le agrega, después, un 20 por ciento más que es la utilidad que da el servicio, mes a mes.” El canon tiene un componente fijo y otro variable. Los Relats alquilaban el hotel entero y pagaban por todas las habitaciones a tarifa full. Pero la familia tiene otra versión de la historia: “Para el contrato en Los Sauces llamamos a distintas consultoras para coordinar el precio con los Kirchner y que no hubiese nada raro”. “Les impusieron las condiciones en Los Sauces. Con los Kirchner no se negocia, se obedece”, concluye el hombre que conoce cada uno de los detalles de Báez en Austral Construcciones.

En el pedido de embargo de los bienes de los Kirchner, los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques son terminantes. Además de que la ex presidenta habría intentado “sustraer los bienes del alcance de la justicia”, los fiscales describen las maniobras de “retornos” a los Kirchner a través de “la matriz de corrupción creada en torno a la obra pública” y a “la falsa contratación de habitaciones”. En la investigación judicial queda expuesto cómo el ex presidente Kirchner decidió “invertir parte de su patrimonio personal y ganancial en la adquisición de una serie de hoteles, Los Sauces, Alto Calafate, Las Dunas y La Aldea, a los que se sumó, en 2013, la locación del fondo de comercio del hotel El Retorno en Bariloche con el presunto propósito de que dichos empresarios [Báez, Relats y Cristóbal López] deriven flujos dinerarios producto de las ganancias surgidas de la renta derivada de dichas obras públicas y concesiones estatales”.

La constructora

Oriundo de Rufino, provincia de Santa Fe, Juan Carlos Relats siempre simpatizó con el partido radical a pesar de que con el peronismo le fue muy bien. Las primeras obras constituyeron emprendimientos privados en la ciudad de Corrientes, donde la familia se instaló rápidamente. Además de la carta mencionando a Julio De Vido, el constructor se preocupó por llamar a uno de los hijos del ex presidente Raúl Alfonsín para que no descuidase el Museo de Calcos y Escultura Comparada de Buenos Aires. A pesar de que “los radicales no son de hacer obra pública”, se identificaba con ellos.

Relats era ingeniero civil egresado de la Universidad Nacional del Litoral. En 1971 se asoció a Clebañer y constituyó una sociedad comercial colectiva. Fue jefe de Obras Públicas de la ciudad de Corrientes e ingeniero jefe de la Dirección Provincial de Vialidad, entre otros cargos públicos, mientras dictaba clases de Hidráulica Aplicada, Hidráulica General y Hormigón I en la Universidad del Litoral. En 1959, en misión oficial de esa universidad, realizó un viaje de estudios por Europa. En la República Federal de Alemania le ofrecieron trabajo pero decidió regresar al país. En 1981 conformó Necon SA —continuadora de Relats-Clebañer—, con la que incursionaría en el negocio del juego. Por todo ello, a Silvana le molesta cuando asocian a su padre con el kirchnerismo: “Ya en los setenta su empresa había ganado muchas obras públicas en vialidad en todo el Litoral”. El dato es verdadero. Relats participó en los primeros trabajos de asfaltado de rutas en Chaco, Formosa, Misiones y Corrientes. Con dos mil máquinas y utilidades, JCR tiene la planta de construcción más grande del país. “Mi padre no giró plata al exterior, siempre creyó en la Argentina e invirtió cada año de su vida”, asegura su heredera. Durante la dictadura, la empresa estuvo hipotecada y al borde de la quiebra.

En la “década ganada”, JCR resurgió con fuerza y formó uniones transitorias de empresas con todo el mundo. Con Kank y Costilla, empresa de Lázaro Báez, cobró dos adelantos financieros de 34 millones de pesos por obras de pavimentación de la ruta 86 —por entonces recién adjudicadas—, que comenzaron a ser ejecutadas mucho tiempo después. Los medios formoseños denunciaron a Relats por ser el empresario preferido de Gildo Insfrán. JCR se asoció con Iecsa, de Ángelo Calcaterra, en un tramo de la autopista Rosario-Córdoba; con Juan Chediack en la ruta 6 y la avenida Perón en el municipio de Avellaneda; y con Corporación América, de Eduardo Eurnekian, en la ruta 40. La UTE con Iecsa ganó sin rivales y recibió 545,9 millones de pesos para la alternativa en hormigón.

Del área de vialidad, el holding pasó a la energía y al saneamiento, sin dejar de lado la industria hotelera ya que, además del gerenciamiento de Los Sauces, la familia Relats maneja el hotel Panamericano de Bariloche y el de la Ciudad de Buenos Aires, y el hotel Guaraní en Corrientes, desde los años sesenta. El fallecido empresario llegó a comprar dos bancos, pero el negocio no prosperó: “No era lo suyo”, dice su hija. Su fortuna había comenzado con la herencia recibida por su padre de un corralón en Corrientes y dos canteras de piedra en esa provincia, fundamentales para abaratar costos.

El ex diputado de la Coalición Cívica, Juan Carlos Morán, enumera los negocios que obtuvo Relats en los últimos quince años: “Opera con Trésor Casinos en Ingeniero Jacobacci [provincia de Río Negro]; opera Necon SA en las petroleras en Salta y en otros lugares; opera con JCR Construcciones asociado con Iecsa y otras empresas formando pooles de obras que inauguró Cristina Kirchner con sospechas de sobreprecios, como el caso de la ruta en Villa María, Córdoba [la autopista Rosario-Córdoba]. Tiene obra pública en la ruta que va paralela a la zona del Pilcomayo. Corredores viales en las rutas del Litoral y del sur. Tiene hidroeléctricas y gaseoductos que reciben reajustes de parte de la ex presidenta”. Es que el 9 de junio de 2008, por decreto 902, Cristina Kirchner reajustó el contrato de obras públicas concesionadas a la empresa Rutas del Litoral Relats. Para Morán hubo un retorno. Silvana, en cambio, asegura que los “los dichos sobre los sobreprecios son una maldad, la inflación le quitaba rentabilidad a las obras, el gobierno no te reconocía la inflación, se manejaba la obra con las tablas del INDEC, era una locura. Además, con los hoteles no teníamos el beneficio de Aerolíneas Argentinas que otros sí tenían”. Se refiere al acuerdo que firmó la ex presidenta con el camporista Mariano Recalde —ex presidente de Aerolíneas Argentinas— por siete años, que representó un beneficio patrimonial de prácticamente tres millones de dólares por el alquiler de habitaciones. En los vuelos de Aerolíneas a El Calafate, los pasajeros pasaban la noche en los hoteles de Cristina.

Mientras la hija de Relats fuma cigarrillos Capri, en las oficinas del mismo hotel en el que su padre conoció a Julio De Vido, la investigación por la obra pública avanza tras ocho años de parates. “En el Panamericano se solían alojar los funcionarios de Formosa, en su paso por la ciudad”, recuerda un funcionario nacional. Fue el ministro de Planificación quien presentó a Relats y Néstor Kirchner cuando nadie creía que sería presidente. La crisis de 2001 estaba aún presente. Luego llegarían millonarias obras viales, la construcción de acueductos, pozos petroleros, 130 mil hectáreas de campo —la mayoría en Formosa—, 80 mil cabezas de ganado y una porción de la codiciada Cuota Hilton. El 15 de mayo de 2003, luego de que Carlos Menem se bajara del balotaje, Kirchner eligió el hotel de Relats para dar una conferencia de prensa en la que, por primera vez, sintió que instalarse en la Casa Rosada era posible.

El aliado formoseño de Relats fue Pedro Doval Vázquez, ex titular de la Dirección Provincial de Vialidad durante el gobierno de Vicente Joga. Con su empresa Industrial y Constructora SA, Vázquez se asoció a JCR. Con él, Relats se afianzó en el corazón económico de una provincia pobre como Formosa. Insfrán medió para que ambos se repartiesen la pavimentación de la ruta provincial 9 hasta El Colorado. Un tramo por 75 millones de pesos fue para Doval y otro, por 95 millones, para JCR.

Durante el gobierno de Cristina Kirchner, el ex intendente radical de Formosa, Gabriel Hernández, denunció al gobernador Insfrán por presuntos sobreprecios en la licitación de la pavimentación de la ruta nacional 81: “Casi todas las firmas que resultaron ganadoras en la licitación están vinculadas entre sí o con empresas que a su vez están asociadas con una o varias de las que participaron de esa licitación”. Por ejemplo, Relats estaba asociado con el empresario Sergio Taselli —protagonista de un capítulo en es te libro— con Iate-Edefor en la empresa Hidroeléctrica de Tucumán. Rovella Carranza —el Báez de los Rodríguez Saá— se presentó en la licitación de la ruta 81 asociada con Eleprint, y el tercer tramo se lo quedaron Alquimac SRL y Green, de Carlos Arroyo. Doval Vázquez, asociado con Eleprint, JCR por su lado y Rovella Carranza trabajaron en la pavimentación de la ruta provincial 28 en el tramo Las Lomitas-Posta Cambio Zalazar. Antes le bajaron el pulgar a la empresa del bonaerense Victorio Gualtieri, caído en desgracia como su padrino político Eduardo Duhalde. Según Hernández, la orden del cambio de planes había llegado desde la Casa Rosada.

Así se maneja la obra pública en la Argentina. Los contactos políticos son la llave principal para abrir un negocio. Por lo tanto, aunque los empresarios las nieguen, esas relaciones son vitales para sus intereses. En su primer año en el poder nacional, Kirchner le dio la espalda a Relats. Lo dejó sin dos corredores viales que controlaba, las rutas 5 y 7. Las cosas cambiarían gracias a De Vido. Las empresas de Relats terminaron recibiendo 558 millones de pesos de UCOFIN, una de las fuentes de financiación de la obra pública. Pero la plata no solo llegaba de la obra pública sino también del juego. Allí son igualmente necesarios los amigos de la política.

Juego y obra pública

Relats ingresó en el negocio hotelero luego de construir el Gran Hotel Guaraní. La incursión en los servicios lo llevó al juego. La expansión ocurrió durante el menemismo, como sucedió con los bingos. Su cadena Trésor Casino se expandió más allá de la geografía del Litoral. Llegó a San Carlos de Bariloche e Ingeniero Jacobacci, en la Patagonia. Daniel Bernz conoce como pocos el negocio, ya que se ocupa del equipamiento electrónico en los casinos y les vendió máquinas a los principales jugadores del mercado, incluido Cristóbal López, por medio de su firma Azartron SRL. Su relato nos ayuda a elaborar una breve historia del juego y la participación del empresario Relats en el mismo.

En la licitación de Casinos del Litoral sus socios fueron, además de Relats —a través de Necon—, el griego Antonio Zaimakis —poderoso empresario correntino—, Raúl Goitia —dueño de una constructora— y Carlos Raúl Intra —que había ocupado el cargo de contador en la Lotería de Corrientes—. Intra empezó con el tres por ciento del paquete accionario de la licitación, pero aprobaba los pliegos. La expansión de Goitia cruzó el charco. En Uruguay, fue protagonista de un escándalo mayúsculo cuando, en 2012, comenzó las tratativas para construir un casino en Paysandú. Antes había conocido al por entonces presidente uruguayo José “Pepe” Mujica. El empresario argentino se había ganado la confianza del organismo de casinos uruguayos que dirigía Javier Chá, del partido Nuevo Espacio, a quien le presentó un aval por 7.700.000 dólares expedido por un banco de las islas Bahamas. El problema con las autoridades del vecino país se produjo cuando, en medio del escándalo de los campos de Lázaro Báez cerca de Punta del Este, el dinero de Goitia no estaba declarado ante el fisco argentino. “Esto es una prueba de que en Uruguay se blanquea dinero y de que se lo hace con cierto descaro. Porque no son dos empresarios privados los que se arman un negocio. Es un empresario que negocia directamente con el Estado uruguayo”, denunció al periódico El Observador el diputado Jorge Gandini, quien había presentado un pedido de informes al Ministerio de Economía de su país sobre el caso. Goitia no se daría por vencido.

Ricardo Guillermo Leconte gobernó la provincia de Corrientes entre 1987 y 1991, luego de que el Partido Autonomista Liberal le ganara las elecciones al radicalismo. En ese entonces, a comienzos del menemismo, se armaban las licitaciones entre los contratistas del Estado volteando a la competencia. En los primeros años de esa década, fueron el grupo más grande del juego en el país. Cristóbal López solo era un pichón de empresario del rubro, en el alejado y ventoso sur patagónico. Casinos del Litoral se quedaba con el casino de Paso de los Libres y el de Goya, dos de las más importantes localidades correntinas. Después desembarcaron en Santiago del Estero, gobernada por Carlos Juárez. Lo que les abría las puertas, además de los contactos políticos, eran sus constructoras. Pero en la provincia mediterránea el negocio duró poco. Luego de un cortocircuito con el gobernador, seducido por un nuevo e inesperado jugador, Gustavo Ick, Casinos del Litoral tuvo que huir de la provincia perdiendo mucho dinero.

La familia del empresario lácteo Néstor Ick manejaba los medios de comunicación locales, incluido el diario El Liberal, el banco privatizado, la popular tarjeta Sol, la compañía de seguros, la distribución de energía eléctrica (Edese), el cable local, el cementerio, el correo privado Coprisa y una cadena hotelera. Temidos por su supuesto grupo de inteligencia paraestatal, los Ick fueron demasiado para los empresarios correntinos, que perdieron la concesión y terminaron pagando un millón de dólares para irse en paz. Insólito. El hombre que habría llevado la valija para “arreglar el problema” fue —según tres fuentes del negocio del juego— Juan Carlos Aquino, ex gerente del Casino de Litoral. Su hermano es Porfirio Aquino, hijo de un conocido abogado de Corrientes a quien apodaron, significativamente, “Turbinita”, ex interventor de Yacyretá durante el menemismo. Aquino terminó siendo socio minoritario del Casino del Litoral. Le vendía las máquinas.

Los socios de Relats no se dieron por vencidos y al poco tiempo se sentaron a hacer negocios en el Chaco del radical Ángel Rozas. Allí se sumó Jorge Alberto Laffue. Su familia es dueña de la empresa de sepelios más antigua de Buenos Aires. Se había iniciado en la industria del esparcimiento a los 25 años, cuando instaló un metegol en la recepción de un hotel exclusivo para los empleados de la empresa Somisa. El 17 de abril de 1985, Laffue fundó su empresa Slots Machines SA, que comenzó a fabricar e instalar las primeras tragamonedas en el país. En 1986, llegó a la provincia de San Luis para proveer esas máquinas al casino ubicado en el Hotel Internacional Potrero de los Funes. Tras su muerte, el 15 de noviembre de 2000, su familia continuaría el negocio con los Casinos Gala.

En el Chaco de Rozas, el poder político solicitó el ingreso de un nuevo socio que era contratista del Estado: Juan Alberto García, alias “Tito”. Así nace el nombre Gala: García-Laffue. Se sumó con unos puntos el empresario Emilio Blanque, que no podía aparecer en los papeles porque había estado preso por falsificación de cheques y por pirata del asfalto. También aparecía la familia Abraham: Alejandro era presidente del Banco de Corrientes y también había presidido la Lotería local. Cuando Laffue se enteró de que García era un jugador compulsivo, decidió darle crédito hasta fundirlo. El cheque en blanco terminó comiéndoselo. Actualmente, García solo es dueño de una panadería en la ciudad de Resistencia. Perdió el 50 por ciento de sus casinos y su constructora. Con el exitoso Casino Gala llegaron a la Formosa de Gildo Insfrán. Ganaron, mágicamente, la licitación.

En Córdoba, no pudieron con el poderoso Grupo Roggio, dueño de la empresa Concesionaria de Entretenimientos y Turismo (CET). A los Roggio no les importó asociarse con Miguel Ángel “Gordo” Caruso, que en Tucumán manejaba el juego con los hermanos Alé, vinculados e investigados por la justicia por causas de asesinatos, robos, estafas y trata de mujeres, entre ellas, Marita Verón, y el gerenciamiento de una red de prostíbulos en La Rioja. Por esa alianza, Roggio evitó que en Córdoba desembarcasen Codere, Boldt y los amigos de Relats. Córdoba es una provincia especial. Allí tampoco pudo ingresar Cristóbal López luego de intentar sobornar, según Luis Juez, a políticos locales garantizándoles el costo de veinte años de campañas políticas. Aldo Roggio, líder del grupo, “supo que quería tener hoteles con casinos cuando participó de la construcción y administración del Conrad, a metros de las suaves olas de La Mansa, en Punta del Este, que comenzó a operar en 1997, tras casi cuatro años de obras”, relatan los periodistas Federico Poore y Ramón Indart, autores del libro El poder del juego.

Roggio no es el único contratista del Estado asociado al negocio del juego. Además de Relats, Cristóbal López —merecedor de su propio capítulo—, Daniel Angelici e Ick, el grupo Soldati también incursionó en las “fichitas” cuando asoció su Sociedad Comercial del Plata con Trilenium, de Antonio Tabanelli. Santiago Soldati fue uno de los empresarios símbolo del menemismo, fundamentalmente en la zona norte del Gran Buenos Aires, por su participación en media docena de privatizaciones. Como Menem, hoy son pocos los que lo recuerdan. En Córdoba, Roggio se asoció con un empresario vinculado con el tráfico de drogas que tiene casinos en Neuquén, titular de Video Drome SA, firma que tenía concesión del juego en Salta, junto con Enjasa, empresa austríaca titular de Casinos Austria International. Salta fue la primera provincia en privatizar la lotería. Lo hizo su ex gobernador, Juan Carlos Romero, y el ganador resultó Enjasa. Su sucesor Juan Manuel Urtubey echó a la empresa, a pesar de los diecisiete años que le quedaban de concesión. Enjasa no se quedó de brazos cruzados y demandó a la provincia por 150 millones de dólares. Urtubey alegó que, detrás del juego, había lavado de dinero. Lo decidió el día siguiente de las elecciones primarias de 2013. El litigio está a la espera de resolución por un tribunal internacional. La compañía austríaca siguió operando en Mendoza, en el casino de Las Leñas.

Negocios entre caballeros

En el sur argentino, en 1994 se licitó el casino de Bariloche junto con el de La Pampa. Ahí chocaron, por primera vez, los intereses de Casinos del Litoral, de Relats y sus socios, con los de Cristóbal López. En La Pampa se vieron las caras Raúl Goitia y el futuro zar del juego. Pactaron dividirse el país: el norte sería para Casinos del Litoral y el sur para Casino Club, de Cristóbal López. La Pampa se la obsequiaron a este último mientras fumaban la pipa de la paz. “Quedate acá, pero al norte no subís.” Hoy ya no existen áreas vírgenes en el juego. El pacto duró poco. Se rompió cuando Casinos del Litoral se presentó a la licitación del casino de Bariloche. En ese momento aparece, por vez primera, Carlos “Cacho” Ferrari, empresario que gozaba de las simpatías del ex gobernador rionegrino Horacio Massaccesi. Varsa SA, la empresa de Cacho, solía ganar las licitaciones antes de que abriesen los sobres.

La historia de Ferrari es dantesca. Fue condenado a cuatro años de prisión por coimas —cohecho activo— tras una investigación que nació en las páginas del diario Río Negro. En 1995, Ferrari apostó e “invirtió” por el gobernador radical que perdió en primera vuelta ante el riojano más famoso. Cacho hizo buenas migas con el flamante gobernador Verani y siguió expandiéndose en Las Grutas y Cipolletti. Antes de su condena, Ferrari seguía propagándose como un “águila” en cuatro provincias argentinas, incluida la Santa Cruz de Néstor Kirchner. Cuando la justicia comenzó a investigarlo, le embargó sus tragamonedas, que fueron a parar a un depósito en la provincia de Entre Ríos. No las podían mover. Al ganar la licitación en el casino de Bariloche, donde Relats era propietario del hotel Panamericano sobre la avenida Mitre, Ferrari se comprometió a traer las máquinas. Firmaron un convenio, pero Cacho no tenía las fichas para sus máquinas. Como sus socios desconfiaban del “águila”, le robaban las fichas con ayuda de los otros socios en Entretenimientos Patagonia —formada por Relats, Carlos Intra y Raúl Goitia—. Ferrari estaba desesperado. Sus virtuales socios, que habían necesitado de sus contactos políticos, le dieron un ultimátum sabiendo que Ferrari no podría seguirles el ritmo. De esta forma se lo sacaron de encima y evitaron el posterior escándalo del zar del juego en Río Negro. Ferrari terminaría admitiendo que había pagado coimas al presidente de Lotería de su provincia. Lo condenaron en noviembre de 2015.

El hermano de Alfredo Yabrán, José, alias “Toto”, apareció en el manejo de las máquinas de Entre Ríos. Armaron la licitación durante el gobierno radical del entrerriano Sergio Montiel. “No pueden participar porque es una licitación privada”, les dijeron a los competidores. Ganaron y se quedaron con las salas de Entre Ríos. La firma New Tronic, de Marcelo Carmona, era su cara visible. Yabrán solo era un fantasma. Con el gobierno de Montiel, la firma construiría un casino temático en Gualeguaychú y otro en La Paz, por nueve millones de pesos en total. Atrás había quedado el intento de Toto Yabrán de instalar, por medio de Yabcar SA, tragamonedas en el hotel Aguay.

Con el kirchnerismo, aparecieron nuevos jugadores, los hermanos Mario y Claudio Cirigliano, en una supuesta compra de acciones por 140 millones de dólares. Mientras descuidaban las finanzas en las concesiones ferroviarias, los Cirigliano empezaban a fabricar los conversores satelitales y las computadoras del Ministerio de Educación para el plan Conectar Igualdad. El negocio del juego jamás descansa. Al concluir el presente libro, en el Chaco de Domingo Peppo se anuncia el nacimiento del primer casino en Quitilipi. En uno de los pueblos más pobres de esa provincia, los chicos mueren por un plato de comida, pero muchos de sus padres ahora tienen dónde ir a ahogar sus penas.

El amigo del Presidente

Según Bernz, el negocio de los bingos comenzó en 1994. Ese fue el año en que conoció personalmente a Daniel Mautone, entonces presidente de la Cámara de Bingos. Ocupó ese cargo hasta 2015, cuando fue reemplazado por un representante de Casino Club, grupo de Cristóbal López. Mautone, oriundo de La Matanza, de chico no tenía zapatillas para jugar a la pelota. Las malas lenguas dicen que dio sus primeros pasos en el negocio levantando juego clandestino, pues se lo conocía como un “pasador” —aquel que levanta dinero para llevárselo al banquero—. Como suele suceder, tuvo la fortuna —no es un juego de palabras— de relacionarse con Jorge Omar Rossi, a cargo de Lotería durante la corta gestión presidencial de Eduardo Duhalde. Rossi luego sería intendente de Lomas de Zamora. Renunció en el año 2009, traicionado por su ex socio, Martín Insaurralde. Rossi habría sido el impulsor de la idea que Mautone llevó a la práctica: firmar contratos con los bingueros para poner tragamonedas. Lo hicieron todos. Es que en la primera parte de los noventa, los bingos no contaban con esas máquinas. Según la Constitución de la provincia de Buenos Aires, en su artículo 37, la banca —el respaldo financiero— debía ser del Estado, no de un privado. Duhalde quiso privatizar el juego pero los senadores provinciales lo evitaron. Para instalar las tragamonedas apareció un hombre que recorre, una y otra vez, las páginas de este libro: Rodolfo Barra, ex ministro de Justicia de Menem.

Los bingueros se asesoraron con él para formular un dictamen. Alegaron que las tragamonedas eran un juego “programado” y no de azar. Con ese argumento creyeron que sí se podían instalar “las maquinitas” en los bingos. Así comienzan a armarse las actuales mafias del juego. El primero en ingresar al negocio, desde España, fue Codere, vinculada con Eduardo Duhalde. Tanta es la rentabilidad de Codere en el país, que la Argentina representa el mercado internacional más grande para la firma española. Gana más plata que en ningún lado.

El socio de Mautone era el “Tano”, Daniel Angelici, un humilde radical nacido en Villa Lugano el 3 de mayo de 1964. En 1985, después de vender un Renault 12 que le había regalado su padre, compró acciones en el Bingo San Bernardo. Solo tenía 0,5 por ciento. A los pocos días, el gobierno de sus queridos radicales lo clausuró. Quince años después tenía bingos en Mendoza, las principales ciudades de la provincia de Buenos Aires, centros turísticos y el conurbano. Fue titular de la Cámara Argentina de Salas de Bingos y Anexos hasta que lo reemplazó su amigo Mautone. Corría febrero de 2009. Jorge Macri lo acercó al futuro Presidente de la Nación para meterlo en la política interna del club de sus amores: Boca Juniors. Le veía pasta de líder.

Angelici era tesorero de Boca Juniors en el mejor momento de Mauricio Macri en el club. La expansión en el juego había llegado a su techo. Del otro lado estaba Daniel Osvaldo Scioli. Angelici fue el verdadero artífice del armado político del PRO en la provincia que parecía estar destinada a ser gobernada por el peronismo. Junto con el primo del actual presidente, acercó a Francisco De Narváez al espacio que le ganaría las elecciones al mismísimo Néstor Kirchner en 2009. Un problema de polleras los separó.

Ese año, el Tano ya era uno de los dueños del juego en la Argentina. Mientras tanto, Daniel Bernz viajó a Italia para homologar un software de juegos con la idea de hacer máquinas que no fuesen tan adictivas. El proyecto que presentaron en la provincia de Buenos Aires era innovador. Se trataba de terminales con agencia de quiniela, similares a las raspaditas, que dejarían mucho dinero a la provincia. Años después, el 9 de mayo de 2014, Bernz logró llegar al director provincial de juego y explotación de Daniel Scioli: “Veo que tenés esperanza de que esto salga, pero nunca pasará eso”. Bernz preguntó las razones de la negativa. “Todo bien, no va a salir porque la Cámara del Bingo no lo va a permitir.” El empresario insistió: “¿Qué tiene que ver? ¿La Cámara de Bingo te maneja?”. El funcionario de Scioli fue sincero: “¿A vos qué te parece? Yo estoy acá por Peluso. No te puedo mentir porque me da ternura”. Mautone, Angelici y Luis “Chiche” Peluso juegan para el mismo equipo: el propio. Peluso fue director de Lotería Provincial y es uno de los funcionarios de Scioli que Elisa Carrió y el fiscal Álvaro Garganta tienen en la mira pues creen que manejaba una de las cinco cajas negras con las que el ex gobernador financiaba sus campañas políticas. Las otras eran la jefatura de gabinete de Alberto Pérez, los puertos, IOMA, ABSA (Aguas Bonaerenses SA) y la obra pública.

Lo increíble de los sucesores de Scioli es que mantuvieron al Nº 2 de Peluso en Lotería: Jorge “Piedrita” Rodríguez. Con el récord de cincuenta causas judiciales abiertas, María Eugenia Vidal aceptó el pedido de Angelici y del presidente Macri de no hacer cambios bruscos en el juego de la provincia. La estructura de Lotería quedó intacta. A las pocas semanas de asumir, el joven Eugenio López Melitón, oriundo del partido de Escobar y representante de futbolistas, reconoció públicamente que no tenía gran conocimiento del juego. Bernz se reunió con Melitón, acompañado por su esposa y socia comercial. El empresario había enviado extensas cartas a los principales referentes de Cambiemos explicando sus argumento de por qué era una locura mantener al “corrupto” de Piedrita Rodríguez. Así recuerda Bernz ese encuentro con Melitón:

—¿Qué hacés con Piedrita al lado? Vas a chocar como una locomotora. Fue el director de Hipódromos, estuvo durante el gobierno de Scioli, te va a hacer una cama y te va a voltear. Te va a arrastrar —le dijo el empresario al flamante funcionario de Vidal.

—Pero… te lo aclaro. Yo sé quién es Piedrita… pero no tiene firma. Lo tengo para que me cuente todo —le respondió al empresario el ex candidato a concejal cercano a Francisco De Narváez que estaba ingresando en el cuarto mes de gestión.

—¿Qué vas a hacer con el contrato entre Lotería y la Universidad de La Plata? —el empresario contaba con información de un negociado mensual de tres millones de pesos entre la alta casa de estudios por unos informes sobre el juego que nadie leía, por los que Lotería pagaba una fortuna.

—Mirá, Daniel. Acá tengo los sobres cerrados. No los abría nadie. Acá venía Alberto Pérez, directamente, y de los tres palos, se llevaba dos. Venía él mismo.

—¿Y el otro palo? —insistió el empresario, que no podía creer lo que estaba escuchando.

—El decano de la facultad. Pero no tengo idea de qué hacían con esa plata.

—¿No hicieron la denuncia? Estamos a marzo, pasaron cuatro meses y quién se la está llevando ahora…

—Estamos analizándolo —habría sido la seca respuesta del funcionario ante la incredulidad del empresario, que terminó enviándole la información a la aliada política de Cambiemos, Elisa Carrió, quien tomó cartas en el asunto. Poco después, el contrato con la Universidad de La Plata fue dado de baja.

Eugenio López Melitón llegaba al cargo después de representar al técnico de la Selección argentina Alejandro Sabella y al futbolista Ángel Di María. “Me río de que digan que estoy acá por el Tano”, le confesó al empresario del juego. Melitón le había ganado la pulseada al socio de Angelici, Daniel Mautone. A partir de las denuncias de Carrió en Lotería de la Provincia de Buenos Aires, habría comenzado una estratégica cruzada de Vidal contra el juego clandestino. Pero las apariencias engañan.

En 1997, Bernz conoció personalmente a Cristóbal López cuando le vendió las primeras máquinas que instalaría en Ushuaia, Tierra del Fuego. Tiempo después, lo llamaron para visitar las nuevas oficinas que ese ascendente empresario estaba armando en el Hipódromo de Palermo. Había cinco tragamonedas. Estaban probando cuánto tiempo funcionarían ilegalmente. En 2016 ya sumaban 4.500, únicamente allí. A ese número hay que sumarle otras 1.570 que operan desde el Casino Flotante de Puerto Madero. Según los órganos de control, las máquinas recaudan 310 millones de pesos por día en apuestas. No se fueron más.

El film Casino, de 1995, está inspirado en hechos reales. Robert De Niro interpreta al dueño de un casino que tiene que hacer malabares para cumplir con la ley, al igual que los socios de El Padrino, la inolvidable película de Francis Ford Coppola inspirada en el libro homónimo de Mario Puzo. No pasa lo mismo en nuestro país. Emilio Blanco estuvo preso por pirata del asfalto mientras era el titular del casino de Resistencia. No pasó nada. Los ejemplos de empresarios del juego que manejan la obra pública son múltiples. “El juego corrompe, te compra”, sentencia un empresario vinculado con el sector entrevistado para el libro. Su zar es Cristóbal López.

El socio de Kirchner en el juego

Cuando Cristóbal puso el casino en el hipódromo, arrancó con una salita de diez máquinas. Cuando le dieron la autorización se alquiló un jumbo cargado con mil máquinas que se trajo desde Las Vegas.

DANIEL BERNZ, empresario del juego

Moe Greene, protagonista ficticio de la película, está inspirado en el gánster “Bugsy” Siegel que ayudó al nacimiento de Las Vegas.

FRANCIS FORD COPPOLA, en una entrevista

periodística en 1973 respecto de su film

El Padrino

El 28 de febrero de 1906, nació en Nueva York, Benjamin “Bugsy” Siegel, uno de los gánsteres más célebres de Estados Unidos asociado con el desarrollo de la ciudad del pecado: Las Vegas. Flamingo, su primer gran hotel, fue inaugurado al día siguiente de la navidad de 1946. Serían doce hectáreas de jardines, fuentes y lujo por doquier. Mario Puzo se inspiró en su figura para retratar a un empresario del juego que acabaría asesinado por su socio mayoritario que le reclamaba terreno libre pues no quería repartir las ganancias. Ese otro hombre de negocios, aún más poderoso, era el mismísimo jefe de la mafia italiana. “Bugsy” —término del argot sajón para designar a alguien loco, trastornado— ideó su imperio tras la finalización de la llamada “ley seca” que prohibía la venta de alcohol en su ciudad natal. Había integrado la pandilla de Meyer Lansky, uno de los financistas de la cosa nostra. En medio del desierto, encontró la riqueza. Allí diseñó una de las ciudades más lujosas y luminosas del mundo entero. Necesitó una pequeña ayuda de sus amigos políticos de Nevada para que las leyes permitiesen lo que entonces era ilegal. Para acceder a la alta sociedad, se casó con la actriz Virginia Hill. Un año después de inaugurar su majestuoso hotel, un balazo le voló el ojo derecho. Ocho fueron los tiros que recibió. Los empleados de su hotel se enteraron de la noticia mientras su jefe cenaba. Alguien les había avisado que, a la mañana siguiente, otro sería el patrón.

Máximo Kirchner no necesitó armas de fuego para darles a entender a Cristóbal López y a Lázaro Báez que las relaciones comerciales habían cambiado tras la muerte de su padre. Solo utilizó la AFIP y envió algunas señales mediante serviles comunicadores. En enero de 2011, poco después de la muerte de Néstor Kirchner, tanto Cristóbal como Lázaro comenzaron a padecer los cambiantes humores de la ex presidenta de la Nación.

A esa altura, Cristóbal ya era el zar del juego.

Cristóbal no es Lázaro

Cristóbal nunca fue empleado de nadie. Sus amigos, allegados y empleados lo reconocen como un trabajador constante, inteligente y astuto para los negocios. Con un increíble sentido de la oportunidad.

Sus padres llegaron de España a fines de la década de 1950. Cristóbal nació en Buenos Aires el 27 de octubre de 1956. Muy pequeño se trasladó a Comodoro Rivadavia, Chubut. Allí cursó sus estudios primarios y secundarios, antes de conocer a su esposa, Muriel Lucía Sosa. Allí nacieron sus hijos, Emiliano y Nazareno, y también todas sus empresas. Pero ¿nació rico? En 1966, sus padres fundaron una forrajera y avícola que al cabo de pocos años se convirtió en la más grande de la región. Desde los 15 años trabajó a la par de ellos. Sus padres murieron en un accidente automovilístico cuando Cristóbal tenía 18 y desde ese momento se hizo cargo del negocio familiar. “Al que le tocaba hacer ese viaje era a mí”, le confesó López al periodista Luis Majul. La herencia ascendía a un millón de dólares. No era rico pero tenía mucho más que casi todos los mortales que habitan la pobre Patagonia argentina. Su suegra es Dolly Acevedo, hermana del padre de Sergio, quien sería gobernador de Santa Cruz. A pesar de estar separados, Muriel sigue formando parte de muchos de los directorios de sus empresas, igual que sus hijos.

A diferencia de Lázaro Báez, que me aseguró que ambos comenzaron de la misma manera, “manejando un camión de mierda”, Cristóbal nunca fue empleado en relación de de pendencia. Siempre fue su propio empleador. Familiero, ambicioso, buen amigo, cultivó vínculos en su juventud que perduran hasta la actualidad. Por ello, muchos de esos amigos forman parte de los directorios de sus empresas. Juan Carlos Begovic fue uno de sus grandes amigos. Falleció en 2011 en el accidente de la empresa aérea Sol ocurrido en Neuquén. El ingeniero Gustavo Lupiano, socio y amigo de López desde los comienzos, dijo sobre ese trágico accidente: “Más que un amigo, era casi un hermano. Particularmente a mí me toca muy de cerca. Hace veinte años que estaba en la empresa Clear. En el Grupo Indalo estamos destruidos. Begovic era la cabeza de Clear, después del directorio. Había ido a Mendoza a firmar un convenio y venía a Comodoro para una reunión de directorio. Lamentablemente, la vida de él era así, estar todo el día arriba de un avión”. A pesar de sus amigos del alma, Cristóbal López se volvió, con los años, un poco obsesivo con algunas cosas, empezando por el temor de ser estafado o engañado. Lo mismo le pasó a su contrincante Lázaro Báez.

Tanto en Comodoro Rivadavia como en la villa Rada Tilly, ciudad balnearia pegada a la anterior, es visto como un “dador” de empleo y de obras. En su mejor momento llegó a tener en el país cerca de 50 mil empleados, como se afirmaba en el video institucional de la fiesta de fin de año en 2009. Solo en la Patagonia, 17 mil personas trabajaban para él, lo que explica, a pesar de todo, el respeto que le tiene la gente en el sur.

La primera empresa de López, creada para el negocio del petróleo a comienzos de los ochenta, fue Almería Austral SA. Su nombre es un homenaje al municipio de la Comunidad Autónoma de Andalucía, España, donde nacieron sus padres. Aunque la existencia de la empresa fue breve, le ocasionó problemas legales, ya que la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia lo citó a indagatoria en el año 2008 por la importación ilegal de maquinaria proveniente del Perú.

Durante la crisis del petróleo de los noventa, cuando el precio del barril estuvo por debajo de los nueve dólares, demostró su sentido de la oportunidad cuando se negó a vender su empresa. Esperó, paciente. Terminó vendiéndola a la internacional Pride a un precio mucho mayor del que le habían ofrecido inicialmente.

Cristóbal nunca quiso trabajar entre cuatro paredes. En cualquier esquina firmaba cheques, prefinanciaciones, contratos o lo que fuera. Durante muchos años fue el único firmante de todas las cuentas de sus empresas. Por esa obsesión y ese temor a la estafa, los puntos que separaban las unidades de mil en los cheques debían ser un microcírculo, un redondel pequeño, y el final de la cifra debía estar bien rematado. La raya que rellena el espacio libre en la franja donde se escribe el monto en letras debía estar bien pegada al texto, para evitar que pudiera agregarse algo.

En el año 1989, creó Indalo SA, derivada de la empresa Cristóbal López SRL Transportes. Como todas las empresas de transporte público de pasajeros de la ciudad de Neuquén, la suya contó con el apoyo del combustible subsidiado por el Estado. En 2012 la cedió a Autobuses Santa Fe, cuyos dueños son familiares del ex ministro de Defensa de Cristina Kirchner, Agustín Rossi. En 1991 ganó la licitación para la recolección de residuos urbanos de la ciudad de Comodoro Rivadavia. Ese mismo año nació Clear SRL, que es hasta la actualidad la única empresa que licita el servicio en el municipio. A la par, adquirió los primeros terrenos en la Villa de Pomán, ubicada a 160 km de la ciudad de Catamarca, donde plantó los primeros árboles de olivo que dieron origen al aceite Indalo. Con ese fin, constituyó la empresa Promet SA, a la que luego se sumarían las agropecuarias Gispa SA, Olivares del Sol SA, Olivetto SA, Camino a un Nuevo Sol SA, Solares del Tala SA, Cortijo del Sol SA y Aerotur SA. Dos mil trescientas hectáreas de olivares propios, sumados a la planta industrial de Promet. En Pomán todo gira alrededor del sol López. Sus aceites se publicitaban en la fórmula TC de automovilismo con un auto pintado de verde. Nunca tuvo un buen desempeño, teniendo en cuenta que los autos verdes son mufa en ese rubro. Una famosa cocinera utilizaba aceite de oliva Indalo hasta que se cansó de que no le pagasen en término.

Sus empresas no nacieron para realizar los negociados de un presidente determinado sino que respondieron a las ambiciones de su creador, que supo hacerse amigo de cada uno de los políticos con poder que gobernó este país. Dueño de una personalidad enigmática, alto, delgado, inspira respeto en sus empleados y en quienes lo rodean. Aunque algunos prefieren utilizar la palabra temor. Solidario para algunos empleados por prestar sus aviones privados en caso de alguna emergencia; avaro para otros, ya que en la mayoría de sus empresas los sueldos se pagaban tarde, y en muchos casos los aportes y las cargas sociales se evadían. En marzo de 2016, le reclamaban una deuda de 300 millones de pesos por falta de pago de aportes y contribuciones de cargas sociales.

Es con la llegada de Néstor Kirchner al gobierno nacional que los negocios de López dan un salto estratégico. Crea Oil M&S SA para prestar servicios a la industria del petróleo y, en 2005, obtiene las primeras áreas para la explotación petrolera. Luego surgirá la empresa Oil Construcciones. Menos de tres años después, compra la constructora CPC Ingeniería e Infraestructura SA, dedicada a obras viales, civiles e industriales. Petrolera Cerro Negro SA se constituye como la compañía productora de petróleo y gas del Grupo Indalo. Funda Urbanizadora Gea SA. Adquiere Paraná Metal SA, productora de piezas para la industria automotriz ubicada en la provincia de Santa Fe. Luego de la muerte de Néstor Kirchner, las empresas de López comienzan a operar Oil Combustibles y su red de estaciones de servicio. La firma La Salamandra, dedicada a la producción de dulce de leche y quesos, se suma al holding Indalo. Empieza su incursión en el mercado audiovisual al comprar FM 98.7 Radio del Mar, de Comodoro Rivadavia. Luego se quedará con la revista Noche Polar y la empresa IGD, integrada por el diario El Patagónico y FM 90.3. En 2012 pega el salto al quedarse con C5N, del periodista Daniel Hadad, y la AM líder: Radio 10.

Pero el gran empujón económico lo recibió del ex presidente Kirchner, aunque niega que hayan sido socios o que haya recibido algún favor. Fue cuando, cinco días antes del final de su mandato, Néstor firmó un decreto que le permitió prorrogar su negocio del juego en el Hipódromo de Palermo hasta el año 2032. Es más, lo “obligó” a comprar más de tres mil tragamonedas. Casi al mismo tiempo, el gobernador de Santa Cruz, Daniel Peralta, le otorgaba siete de las quince áreas petroleras que licitaba la provincia.

Según Eduardo Arnold, Cristóbal López y el gobernador Néstor Kirchner se conocieron en el casino de Comodoro Rivadavia. “Cada vez que Néstor iba al norte dormía en Caleta y a la noche viajaba al casino. Ricardo Jaime le llevaba las minas, le hacía el aguante. ¡Es mentira que Lupín era asexuado! ¡Era un sucio de mierda! Se comía a todas. A Miriam Quiroga, su primera noche con él, yo le dejé la suite. [Ella] le hacía la locución en los actos. Una noche se la entregaron. Tuve que pedir otra habitación. Al día siguiente, Néstor Kirchner me contó quién era la mina. Siguieron años así. Después, cuando era presidente, la encontraba ahí y la miraba para decirle: ‘¿Qué hacés, Mónica Lewinsky?’. Tenía una oficina al lado del Presidente, siendo directora de Correspondencia. La loca [Cristina] lo sabía. Demostró su hipocresía cuando lloraba al pie del cajón de Néstor y a su otra mujer la echó a los cinco días. Yo lo agarraba a Néstor y le decía: ‘¡Te va a agarrar la bruja y te va a hacer mierda! ¿Cómo la vas a tener a Lewinsky acá? ¡Tan cerca!’. Él decía: ‘Callate, boludo’. Pero con Cristóbal se conocieron en un casino; es que a Néstor le encantaba el juego, aunque la suerte no estuviese de su lado”, evoca Arnold.

A pesar del cambio de gobierno, Cristóbal López recibió en concepto de pauta en el primer semestre del macrismo en la Casa Rosada 67.253.208 pesos, lo que representaba el 8,39 por ciento del total de la pauta publicitaria oficial.

Tiros en la noche

López camina con dificultad. Una de las leyendas que se tejen en torno a su figura es la de su vínculo con Diego Ibáñez. El periodista Diego Genoud cuenta: “La leyenda repite que el origen de su fortuna lleva la marca de la traición. Y que por eso, un día el ex custodio de Alfredo Yabrán, Carlos ‘Coco’ Mouriño, fue a La Nicolasa [el campo de López ubicado a veinte kilómetros de Buenos Aires] y le pegó un tiro en una pierna en nombre de Diego Ibáñez, el cacique del sindicato petrolero con el que López entabló una temprana relación”. Otras fuentes dicen que la relación con Ibáñez consistía en que el sindicalista mantenía a nombre de Cristóbal algunas propiedades suyas, que tras su muerte, luego de un accidente automovilístico, el zar del juego no habría devuelto.

Otra fuente que conoce al empresario aporta una versión más arriesgada de la misma historia. El episodio se habría producido en otra de las estancias de López, La Begonia. Ese día, Mouriño se habría tomado un avión; el jefe de bomberos de la ciudad, de apellido Pagano, lo habría llevado desde el aeropuerto, directo a la estancia; Mouriño habría descargado muchos tiros sobre una camioneta que aún hoy se encontraría en ese campo y habría herido a Cristóbal y a uno de sus socios de entonces en las piernas. La venganza mafiosa se habría producido por querer entrar con la empresa de recolección de residuos Clear en Mar del Plata, donde Mouriño y Yabrán tenían intereses.

La familia, en cambio, explica que la herida en la pierna del magnate ocurrió mientras practicaba rafting en el lago Buenos Aires, versión mucho más edulcorada que las que el patrimonio oral popular hace circular en la ciudad.

Cuenta el mismo Genoud: “La basura es el primer gran negocio que consiguió en Comodoro, con su compañía Clear SRL. La manera en que lo obtuvo alecciona sobre sus dotes para las apuestas. En 1991, López enfrentó a la empresa Malvinas, que tenía la concesión de la recolección de residuos. Como para demostrar que él podía hacerse cargo de ese servicio, un día estacionó cincuenta camiones Scania [es el dueño de la concesionaria local a través de su firma Feadar] en la puerta de la municipalidad. Lo mismo hizo a principios de 2000, cuando pretendió quedarse con el transporte público en la ciudad. Ese recurso, que ahora se le critica a Hugo Moyano, fue suficiente para que López se quedara con el contrato que quería. Clear es una empresa que se expandió y diversificó de manera sorprendente, hasta abarcar varios rubros del negocio de la logística y de la explotación petrolera. Los camiones con el logo de Clear se pueden ver en Cerro Dragón, el yacimiento petrolero más grande del país, que opera Pan American Energy, la sociedad de British Petroleum con Bridas, del grupo Bulgheroni”.

Cristóbal López es un hombre supersticioso, cabulero, futbolero, fanático de San Lorenzo, donde comenzó a hacer aportes alrededor del año 2004 y donde entabló su relación con Marcelo Hugo Tinelli, de quien luego sería socio. Su hijo Emiliano fue miembro de la comisión de fútbol del club. Antes de 2010 compró su primer avión, un De Havilland inglés de ocho plazas, en el que estaba prohibido que el número de pasajeros fuera impar. Amante de las carreras de autos, contrató a José María “Pechito” López durante un tiempo para que preparase a sus hijos para correr en TC. Por esa capacitación desembolsó una cifra cercana al millón de pesos. Mientras tanto, Cristóbal acumulaba una deuda de ocho mil millones de pesos con la Administración Federal de Ingresos Públicos en concepto de ITC (impuesto a la trasferencia de combustibles), que su empresa Oil M&S retenía en el precio del litro de combustible pero no transfería a las arcas del Estado. Consultado por la deuda, uno de sus amigos de confianza señala que “la pagará con trabajo; acá se rumorea que eso ya está arreglado con Macri”, y agrega, “en sus anteriores gobernaciones, Mario Das Neves lo ayudó mucho consiguiéndole préstamos a tasa cero y refinanciando permanentemente impuestos provinciales. El tipo le da trabajo a mucha gente, no tienen idea de todo lo que tiene, no será fácil terminar con él o reducir su imperio. Cuando me preguntan por las comparaciones con Lázaro Báez, siempre digo lo mismo, le proveo insumos hace veinticinco años a López, Lázaro era un chilote pobre, a este gallego siempre le fue bien con los negocios y con los políticos”.

Penalmente, el primer dolor de cabeza de López llegó, sorpresivamente, de su lugar en el mundo, Chubut. Allí se lo investiga por desobediencia judicial, mientras su ex mujer, Muriel Sosa, su secretaria Violeta Baamonde y dos colaboradores están involucrados en una causa por robo en zona de bosques y usurpación de tierras.

Por la tala de una especie única en el mundo, irrecuperable, los vecinos denunciaron a Baamonde, así como la construcción de una pista de aterrizaje clandestina por la que la Fuerza Aérea hizo un informe que permaneció en sobre cerrado sin conocerse jamás el dictamen. Los puestos gerenciales y directorios de Indalo no son alcanzados por mujeres, salvo el caso de Muriel Sosa, madre de los hijos de Cristóbal, o la experimentada Baamonde, que integró el directorio de Oil, entre otras sociedades de López.

Lo primero es la familia

El 11 de noviembre de 2008 nace Talares de Posadas SA, cuyo objeto es realizar obras de ingeniería en Misiones. Sus integrantes son Cristóbal Manuel López y Osvaldo José Sanfelice, socio a su vez de Máximo Kirchner y amigo de Carlos Zannini. En la provincia gobernada entonces por Maurice Closs, López ya tenía ocho casinos y miles de tragamonedas. El propósito de la nueva empresa era acceder a la obra pública y su objetivo principal, una represa hidroeléctrica sobre el río Uruguay, promovida por Argentina y Brasil, en la frontera entre Misiones y Corrientes. La represa Garabí contó con un presupuesto de tres mil millones de dólares. Talares de Posadas SA fue una de las beneficiarias. El proyecto hidroeléctrico Garabí forma parte de las obras incluidas en el Grupo 5 Energético del llamado Eje Mercosur-Chile de integración, ostentando el código MCC63. Para 2010 los montos de la obra anunciada aumentaron a cuatro mil doscientos millones de dólares.

El 27 de abril de 2016, el secretario de Energía misionero, Sergio Lanziani, recordó que la justicia de Brasil había paralizado la licencia ambiental y otros procesos del proyecto de la represa Garabí. “No podemos analizar un proyecto que en la realidad no existe”, afirmó.

Como Cristóbal no es Lázaro, creó y transfirió empresas a sus hijos, que están a salvo de sospechas por parte de la justicia. Tsuyoi, representante de la marca Toyota, es una de ellas. Integran los directorios de empresas como Inversora CRD SA, constituida con el objeto de hacer inversiones, asesoramiento y administración de inversiones propias y/o de terceros. Nazareno y Emiliano, junto a sus padres, constituyen el directorio de Agroalmería SA. El 13 de julio de 2012, López y sus dos hijos conformaron Los Notros SA, dedicada a las actividades hoteleras, turísticas y gastronómicas, ubicada en El Calafate. Otras empresas que López creó junto a sus hijos son Administración Austral SA, Lejano Sur SRL e Inversiones Indalo SA, en la que aparece Carlos Fabián de Souza. También forman parte del directorio de Ganadera Victoria SA y de Oil Construcciones SA, sociedades en las que, además de Nazareno López, figuran Muriel Lucía Sosa y Osvaldo Manuel de Souza.

Pero la firma más importante vinculada con la obra pública es CPC Ingeniería e Infraestructura SA, que se dedica a obras viales e industriales. Con ella, a mediados de 2016 López se quedó con el tramo —inconcluso por Austral Construcciones— de la autovía 3 que va desde Comodoro Rivadavia hasta Caleta Olivia. Recibió 1.974 millones de pesos. Los hermanos De Souza integraron su directorio desde 2010. Con dicha empresa adquirió, en 2013, parte del paquete accionario de la concesión de la autopista Buenos Aires-Ezeiza. Lo hizo separada del Grupo Indalo, ya que la ley impide que quien explote servicios públicos posea también medios de comunicación audiovisual. Sin embargo, CPC mantiene el management y la administración formal dentro del grupo. Las concesiones a la autovía 2 y la ruta 11 que obtuvo CPC durante el kirchnerismo están siendo investigadas por el juez federal Sebastián Casanello en la causa Nº 2.884/16. Se sospecha de estrafalarios retornos para hacerse con esos manejos. Misteriosamente, la gobernadora Vidal no hizo nada al respecto. Tal vez, aún no tuvo tiempo.

En mayo de 2016, el gobierno nacional anunció junto con el gobernador Mario Das Neves que se reactivarían las obras para Comodoro Rivadavia. Entre ellas, la remodelación del aeropuerto, la finalización de la autovía Comodoro-Caleta Oliva —cuya licitación ganó CPC SA—, la terminación del puerto y la continuidad de la obra del aterrazamiento del cerro Chenque (licitación obtenida por una UTE) donde interviene CPC SA. La inversión total sería de dos mil seiscientos millones de pesos.

La obra del cerro Chenque, que estuvo paralizada los dos últimos años, siempre tuvo conflictos con la UOCRA y el gremio de Camioneros. Entre los vecinos nació una nueva leyenda popular: la venta ilegal por parte de la empresa de la tierra excavada para realizar las distintas terrazas del cerro, que abarca dos millones de metros cúbicos.

Fichitas

El primer casino de Cristóbal López no nació en la Santa Cruz gobernada por los Kirchner sino en Comodoro Rivadavia, Chubut. En 1991, su impulsor fue uno de sus socios y futuro vicepresidente de Casino Club, Ricardo Benedicto. López lo conoció en Italia durante el Mundial de Fútbol de 1990. Cristóbal siempre viajaba a los países en los que se desarrollaban eventos deportivos importantes. Benedicto es clave para entender el desarrollo comercial de Cristóbal López. En los años noventa estaba en pareja con Myriam Elizabeth Costilla —antigua dueña de la constructora Kank y Costilla—, y sus nexos y contactos con el gobernador chubutense Carlos Maestro resultaron fundamentales. El 30 de agosto de 1991, fundaron Casino Club SA. Poco después, abrieron sus primeras salas de juego. Héctor José Cruz era socio minoritario, con el 10 por ciento de las acciones. Cruz venía de ser interventor del casino de La Pampa durante la última dictadura militar. Fue quien les llevó la propuesta a López y a Benedicto: “Hay un negocio para hacer en el sur”. El suboficial retirado de la Armada no tenía el poderío económico para hacerlo so lo. Así nació la alianza estratégica de Casino Club, a la que se sumó el cuarto socio: Juan Castellano.

En 1998, firmaron un acuerdo en Misiones con Ramón Puerta. Dos años después, Rubén Marín, gobernador de La Pampa, les concedió la explotación del casino de Santa Rosa. Las salas de juego en Santa Cruz con K, Casino Club las obtuvo por licitación directa de Néstor Kirchner: el Casino de Gallegos, inaugurado junto con el intendente radical Héctor Roquel el 1º de febrero de 2003 en un terreno comprado en el centro de la ciudad por dos millones de dólares, y el casino de Caleta Olivia, inaugurado el 19 de diciembre de ese año por el intendente Fernando Cotillo. El tercero fue en El Calafate, que abrió sus puertas el 18 de noviembre de 2005, con la presencia del intendente Néstor Méndez.

El primer casino que comenzó a operar López en la provincia de Buenos Aires fue Trilenium, el jueves 25 de enero de 2014, tras quedarse con el 50 por ciento de la firma. Daniel Scioli se metió de lleno en la compra e intercedió a favor de López tras una reunión con Antonio Tabanelli. Se vieron en NH Gran Hotel Provincial de Mar del Plata. El testigo era Jorge “Piedrita” Rodríguez.

En la Ciudad de Buenos Aires el macrismo no fue inocente: intercedió en el negocio del juego manteniendo los acuerdos con la firma de Cristóbal López a través del ex director de Asuntos Jurídicos, José Torello, íntimo amigo de Nicky Caputo y muy cercano a Federico de Achával, titular del Hipódromo Argentino de Palermo SA, sociedad que controla junto con el zar del juego. Sin embargo, fueron los únicos que llevaron a la justicia los reclamos para que el zar del juego pagase una millonaria suma en impuestos adeudados.

Pero el casino más grande del país se construyó en Rosario. Rodeado de villas miseria, es un canto a la opulencia. Según un operador político cercano a Cristina Kirchner, de allí salió gran parte de la plata con la que se construyó el casino de Rosario: “Fue un acuerdo entre Nicky Caputo, Macri, Cristóbal López y los socialistas de Binner”. Hermes Binner jugó tibiamente con Elisa Carrió en las elecciones de 2007 en las que no pudo alcanzar el balotaje por el supuesto fraude electoral en la provincia de Buenos Aires y por los votos que sus socios socialistas “no controlaron en Santa Fe”. Las máquinas y fichitas clandestinas en las oficinas del Hipódromo de Palermo eran un vago y risueño recuerdo cuando, el 15 de octubre de 2009, Cristóbal López inauguró con la estrella televisiva Susana Giménez, quien lanzó la primera bola, el flamante City Center de Rosario que albergaría a nueve mil jugadores. El zar del juego se sentía como “Bugsy”, el creador de Las Vegas.

Electroingeniería y el escándalo de las represas

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Respuesta de Electroingeniería ante la consulta periodística.

Septiembre de 2016

Lázaro Báez no lo podía creer. Las represas Cepernic-Kirchner eran su gran sueño, en el que había puesto tiempo, dinero y energía durante dos años. Él y su hijo mayor, Martín, habían convencido al primer ministro chino Wen Jiabao de venir a la Argentina e invertir millones de dólares en nuestro país. Jiabao visitó a Cristina Fernández de Kirchner en la Casa Rosada el 24 de junio de 2012. Ese día, Báez recordó a su fallecido amigo: “Mirá hasta dónde llegamos”. El empresario que acompañó a Lázaro al otro lado del mundo y convenció a la plana mayor del gobierno chino de invertir en el país fue Franco Macri.

En momentos de tirantez entre el gobierno nacional y el de la Ciudad de Buenos Aires, en manos de su hijo Mauricio, Franco Macri priorizaba las cordiales relaciones con Cristina y los negocios con Julio De Vido. Franco había sido un visionario. En los años setenta, tras la muerte de Mao Zedong, advirtió el potencial de China. Comprendió que, inexorablemente, el país asiático comenzaría su inserción en el mundo capitalista de la mano de Deng Xiaoping. Entonces comenzó a hacer negocios con ellos e, incluso, pasaba allí gran parte del año. Con China se firmaron millonarios acuerdos vinculados con el sector ferroviario, como la rehabilitación del Ferrocarril San Martín entre Retiro y Mendoza, y la electrificación parcial de la sección local del Ferrocarril Roca entre Berazategui y La Plata. Franco siempre estuvo presente.

A pesar de la pelea entre el kirchnerismo y Franco Macri por la estatización del Correo Argentino, el empresario no salió mal parado: la justicia ordenó resarcirlo por 800 millones de pesos. Las gestiones de Macri con los chinos confirmaban que las relaciones nunca fueron malas. Hacen como que se pelean. Sin embargo, la comisión del cuatro por ciento confirmaría que tampoco eran gratuitas. El ex ministro de Economía Roberto Lavagna recuerda que se ofuscó cuando vio esos papeles. Pero De Vido volvió a ganar la pulseada. Había pasado lo mismo con la estatización del Correo Argentino. Su ministerio se quedó con el 99 por ciento de las acciones y el de Economía, con el uno por ciento restante.

Lázaro Báez sentía que las represas serían su carta de presentación ante el mundo empresarial. El viaje a China había sido un éxito. Era la segunda vez que salía del país. Antes lo había hecho con el hijo del fallecido Vittorio Gotti, Sergio, cuando en 2003 lo acompañó a Nueva York para expandir la empresa constructora que terminaría manejando Báez. Paradojas del destino, el proyecto por el que más trabajó acabó en manos de una empresa competidora: Electroingenería.

Con una ayuda de los amigos

Carlos “Chino” Zannini conoció a su amigo Gerardo Ferreyra, militante del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), en una cárcel en la que estuvieron detenidos ilegalmente durante la dictadura. En 2003, la vida les sonreía. La firma de Ferreyra y su socio Osvaldo Acosta participó de los consorcios que construyeron la central nuclear Atucha II y la interconexión eléctrica Comahue-Cuyo. Ganó la licitación de la represa Chihuido en Neuquén, por más de 1.560 millones de dólares. La ayuda de los amigos también se hizo sentir en la escandalosa compra de radio Del Plata, el 50 por ciento de Transener, los negocios con Venezuela en tiempos de Hugo Chávez y obras de la Empresa Provincial de Energía de Córdoba.

Según consigna en su propia página web, Electroingeniería SA es una empresa dedicada a la ingeniería, construcción, operación y mantenimiento de grandes obras y servicios electromecánicos, civiles, de arquitectura, viales, de saneamiento, de conducción de fluidos y otras especialidades asociadas. Fundada en 1977 por un grupo de empresarios cordobeses, Electroingeniería incursionó, inicialmente, en los mercados de comercialización de materiales y equipos eléctricos con gran éxito. Luego fabricaría celdas y tableros mientras comenzaba a construir obras electromecánicas. La firma cordobesa es, en rigor, un entramado de sociedades que forman una red “celular” difícil de controlar.

En Córdoba fueron los “mimados” de los gobiernos de Juan Schiaretti y José Manuel de la Sota, y ganaron las licitaciones más importantes para la construcción de obras monumentales en esa provincia, entre ellas, el nudo vial El Tropezón, el Centro Cívico, la red de Gas Sur y el saneamiento del dique San Roque. Luis Juez, tras la detención de José López en junio de 2016, relató su experiencia con el Ministerio de Planificación de De Vido y la empresa cordobesa. Recordó que discutió por la “licitación” para construir un barrio de viviendas sociales en la ciudad de Córdoba en tiempos en que él era intendente. Juez gobernó la capital de la provincia mediterránea entre 2003 y 2007. La propuesta, según el relato del actual embajador en Ecuador, llegó de la mano del por entonces presidente Kirchner, quien se ofreció a conseguir los terrenos para construir las casas. Todo venía bien hasta que De Vido advirtió, telefónicamente, que la condición para realizar las obras era que Electroingeniería ganase la supuesta licitación. No se levantó ni una pared.

No era la primera vez que la empresa de Ferreyra y Acosta quedaba en el ojo de la tormenta. Elisa Carrió y el ex titular de la Auditoría General de la Nación, Leandro Despouy, denunciaron que la empresa había ganado una licitación sobrefacturando 159 millones de pesos en una obra de interconexión entre Puerto Madryn y Pico Truncado en el año 2011. El juez Ariel Lijo archivó la causa en tiempo récord. Para Carrió, el cordobés Ferreyra sería un testaferro del ex candidato a vicepresidente y compañero de fórmula de Daniel Scioli: Carlos Zannini. Electroingeniería no había salido de Córdoba, antes de 2003, cuando facturaba 65 millones de dólares por año. Luego de la asunción de Néstor Kirchner, el 25 de mayo de ese año, se quedó con la mitad de Transener, importantes obras eléctricas y así cuadruplicó su facturación. En el ranking de obra pública de Cristina, figuraba en el segundo lugar, solo superada por Techint. Pero las matemáticas no parecen ser un punto fuerte de la ex presidenta ya que, según sus propias estadísticas, Electroingeniería había ganado licitaciones por 15.494 millones de pesos cuando los empresarios cordobeses ofrecieron construir las represas Jorge Cepernic y Néstor Kirchner por 18.947 pesos. A esta millonaria suma hay que añadirle 5.803 millones de pesos en gravámenes. No es muy difícil darse cuenta de que 24.750 millones de pesos es más dinero que los 15.494 millones que, según De Vido y Cristina, manejó en obra pública la firma cordobesa durante sus doce años en el gobierno.

En febrero de 2008, Electroingeniería y Siemens se hicieron cargo de la obra de repotencialización de la usina Zanichelli, en Córdoba. El contrato era de 537 millones de dólares, 19 por ciento más que el presupuesto original. La provincia se quedó sin dinero para hacerla. La ANSES apareció para auxiliar la obra prestando 300 millones de billetes norteamericanos. Mientras ganaba esa obra, Electroingeniería estaba a cargo de construir las centrales de Campana y Timbúes en Santa Fe. El gobierno vetó una firma estadounidense para que la mitad de Transener —que vendía Petrobras— fuera para Electroingeniería, junto con Enarsa. Luego se mencionó que la empresa estaba interesada en Edesur y en Metrogas, compañías privatizadas que tuvieron relaciones conflictivas con el Poder Ejecutivo durante el kirchnerismo. Asociada con la venezolana Inelectra y la local Sener, Electroingeniería se quedó con la construcción de la usina de ciclo combinado Termozullia III, para la cual el gobierno de Hugo Chávez pautó un presupuesto de 750 millones de dólares.

El principal activo que tiene hoy la empresa es la futura construcción de las represas Jorge Cepernic y Néstor Kirchner. Con el cambio de gobierno nacional, comenzaron a circular rumores de venta de la empresa. Según periodistas especializados en el mundo empresarial, los números de la firma cordobesa estaban en rojo, a pesar del enorme crecimiento durante la era kirchnerista. Sin embargo, los voceros de la empresa negaron categóricamente esa situación. Mucho menos, la posibilidad de vender la empresa. El propio Ferreyra rechazó ese rumor. Pero Transener, la transportadora eléctrica en la que el grupo cordobés tiene alrededor del 25 por ciento de las acciones y que constituye uno de sus principales activos, ya habría sido negociada.

El viernes 19 de agosto de 2016, Disvol Investment, controlante de la distribuidora eléctrica Edelap, realizó una oferta para quedarse con la parte que puso en venta Electroingeniería por 27 millones de dólares. La compañía pertenece al ex presidente de Edenor, Alejandro Macfarlane. El radical y ex secretario de Energía, Jorge Lapeña, que preside Transener, le llevó la idea de la compra a Ernesto Sanz, y tuvo el visto bueno del presidente Macri. El ministro de Energía, Juan José Aranguren, acompañó la iniciativa, pero pidió que se respetasen los procedimientos habituales para esta clase de operaciones. En marzo de 2016, Electroingeniería puso en venta su señal televisiva, creada nueve años atrás: 360 TV. Pedía nueve millones de dólares. Según sus números, es apenas un tercio de lo que invirtieron por tener un canal que transmitía en alta definición. Entre los interesados estaban Infobae, Perfil y un empresario mendocino que no es Daniel Vila. Una fuente con llegada al directorio de la empresa reconoció que si Electroingeniería tuviese más caja, no habría puesto en venta el canal, que hoy emite la mayor parte del tiempo la programación de radio Del Plata, también propiedad de Electroingeniería. Uno de sus mayores problemas fue la negativa de Cablevisión a sumarla a su grilla. Hoy transmite por la Televisión Digital Abierta, Telecentro, Cablevisión Digital, DirecTV y otros cableoperadores.

El Chino derrota a Lázaro

Lázaro estaba confiado. En el juzgado de Sebastián Casanello veían por televisión cómo vaciaban la financiera SGI. El fiscal solo parecía interesado en Federico Elaskar y en Leonardo Fariña. Ni siquiera el mediático Fabián Rossi parecía tener problemas con la justicia. Pero el escándalo de “la ruta del dinero K” sumaba picos de rating. Jorge Lanata había masificado los casos de corrupción y el primer empresario del kirchnerismo en sentirlo era el correntino que de niño se instaló en Río Gallegos. Fue la excusa perfecta de Cristina y Máximo para dejar afuera a Lázaro Báez del gran negocio que él se había ocupado de gestionar en su viaje a China con Franco Macri.

Todo comenzó el 20 de abril del año 2012 cuando el gobierno nacional llamó a licitación para construir dos grandes represas en la provincia de Santa Cruz. Las obras saldrían cinco mil millones de pesos más caras que el presupuesto original. Como los problemas de financiamiento se habían agravado, los oferentes debían conseguir el 50 por ciento del dinero. Hubo cinco consorcios que ofertaron: Cristóbal López y José Cartellone, que se retiraron rápidamente por sugerencia de Julio De Vido —confirmando la cartelización de la obra pública—. En segundo lugar, Pescarmona se presentó con Odebrecht y Alstom con financiamiento del Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES) de Brasil. Por su parte, el empresario Eduardo Eurnekian se juntó con Panedile —de Hugo Dragonetti—, Isolux, Eleprint y los capitalistas rusos de Power Machines e Inter Rao. Gerardo Ferreyra, de Electroingeniería, formó un grupo con los chinos de Gezhouba, con un financiamiento muy similar a la propuesta que se sentía ganadora de antemano. Báez, que había comprado tierras cercanas a las futuras represas, se unió a José Chediack, a su odiado Carlos Wagner, de Esuco, a su respetado colega Ángelo Calcaterra, de Iecsa, y a la china Sinohydro. El financiamiento llegaría desde el Banco Comercial de China, gentileza de Franco Macri.

Las propuestas técnicas de Báez, Pescarmona, Eurnekian y Ferreyra fueron aprobadas. Hubo impugnaciones, pero el Estado no las contestó. El 11 de junio de 2013, se pasó a la segunda etapa: la oferta económica. Increíble. Báez ofertó menos que el resto: 20.479 millones de pesos. Le siguió Eurnekian, con 21.817 millones de pesos; tercero resultaron Ferreyra y su empresa Electroingeniería, con 22.948 millones. Por último, Pescarmona realizó una oferta para quedarse con las codiciadas represas por 23.992 millones. Para sorpresa de todos, Ferreyra comenzó a saltar y gritar que había ganado, mientras exigía a los funcionarios que leyeran una inesperada Carta de Descuento. En esa carilla, Electroingeniería reducía su precio un 17,4 por ciento, de modo que su oferta quedó primera, con 18.947 millones de pesos. La documentación fue remitida al ministro de Economía, Hernán Lorenzino, para su análisis económico. En solo 24 horas, el ministro descubrió que la presentación más ventajosa era la de Ferreyra. Veinte días después, el Ministerio de Planificación convalidó la opción del amigo de Zannini al consignar que la oferta de Pescarmona ni siquiera había sido evaluada porque carecía de financiamiento firme. Era tan cierto como que Electroingeniería había presentado apenas un borrador de sus supuestos inversores: una banca china similar a la de Austral Construcciones. Nada firme. Los orientales aclaraban que se trataba de un cálculo aproximativo y no vinculante.

El triunfo sorpresivo de Electroingeniería hizo que los concursantes pidieran ver las ofertas de sus competidores. Apareció otra excentricidad. En su Carta de Descuento, el ganador especificó que parte de la obra se pagaría en dólares en el exterior. Era insólito: por lo menos tres veces, ante consultas de los concursantes, los responsables de la licitación establecieron que la cotización y los pagos se harían en pesos. Es decir que, por fuera del trámite formal, la firma de Acosta y Ferreyra consiguió una ventaja fundamental: sus proveedores chinos, fabricantes de turbinas, estarían a salvo de la inflación y de la expectativa devaluatoria que encarecía cualquier operación en el país. A pesar de creerse ganador, de sus viajes a China para coordinar el financiamiento, Austral Construcciones ya no parecía amigo del campeón. Néstor yacía en un panteón construido por un amigo que, preocupado por las causas judiciales en su contra, se animaba a reclamarle los gastos a su viuda. El heredero, Máximo, le habría enviado matones y lo habría apretado para que se pusiera al día con una supuesta deuda. Báez se quejaba de la familia y añoraba las charlas con Lupín, a quien, según confesó, “ni sus hijos visitaban en el mausoleo”. Las represas de la discordia —según Fariña— fueron “la sentencia de muerte para Lázaro Báez”, a quien también dejaron afuera de las millonarias obras en el monumento a la corrupción: Yacyretá.

El auge de la causa —que en ese momento solo avanzaba en los medios— conocida como “la ruta del dinero K”, sumado al desplante en las represas de Santa Cruz, eran la confirmación de que Austral Construcciones comenzaba a transitar un camino hacia ninguna parte. Como las rutas que el kirchnerismo había prometido construir.

Algo más que un primo

A Ángelo lo atacan injustamente. Es un señor empresario. No es un delito hacer lobby.

Empresario de la Cámara Argentina de la

Construcción. Julio de 2016

Contratistas amigos existieron siempre. Calcaterra es muy serio. El origen de la empresa es Mauricio. No se puede negar.

ALDO PIGNANELLI. Agosto de 2016

Mauricio Macri será un gran presidente y tiene buena fe, pero también tiene un pasado.

ELISA CARRIÓ. Noviembre de 2016

Antes de que pasara un mes como diputado nacional, Mauricio Macri confesó que no le interesaban los debates legislativos. “Si no te aburre una sesión del Congreso, sos un anormal”, arrojó en una entrevista con Clarín en enero de 2006. Luego de la derrota en las urnas en las elecciones de 2003 ante el reelecto jefe de Gobierno Aníbal Ibarra, Macri compitió por una banca en las legislativas de 2005. No se ponía colorado al afirmar públicamente que “ser diputado es un trabajo part time” y que no le importaba el cargo para el que se postulaba. Cumplió con sus ideas: no participó de 277 de las 321 votaciones que hubo en 2006. Con la excusa de que el Congreso era “un sitio en el que no se debaten ideas” faltó el 86 por ciento de los días en que se levantaba la mano. El sufrimiento fue corto. El año siguiente sería su año.

El 27 de febrero de 2007, Mauricio Macri eligió un basural como el escenario perfecto para anunciar su candidatura a jefe de Gobierno. Lo acompañaba una niña indigente para completar la escenografía ideal. Los políticos se desviven por tocar pobres, abrazarlos, compartir un mate en una casa de clase baja con las paredes saturadas de rajaduras y humedad. Cada segundo de contacto, piensan, es un voto. En un acto con el sello del consultor ecuatoriano Jaime Durán Barba, el entonces diputado, de pie sobre unas precarias tablas de madera, dijo que volvería a competir por el gobierno porteño. “Salgo con los tapones de punta contra los problemas. Mis enemigos no son los otros candidatos sino los problemas de la ciudad”, vociferó. Y le arrojó un dardo al kirchnerismo. “Uno ve la película Happy Feet [film de animación que acababa de recibir un premio Oscar] y los ve a todos contentos. A nosotros nos tocó el único pingüino que está siempre de mal humor”, ironizó. Iba a competir en la ciudad, pero apuntó contra la Casa Rosada, su verdadera meta.

Ese mismo 27 de febrero, Franco Macri anunciaba la venta de Iecsa y Creaurban a su sobrino, Ángelo Calcaterra, hijo de María Pía, la hermana a la que, en el barco en el que cruzó el océano Atlántico a los 18 años, le había comprado una muñeca para que dejara de llorar. La idea de la operación de venta se pensaba desde un año antes, pero se concretó con el anuncio de Mauricio Macri. Las dos cuestiones iban de la mano.

Arquitecto de profesión, Calcaterra se había iniciado en Calcaterra SA, la empresa que fundó su padre en 1964. Fue, durante seis años, gerente general de Sideco, recomendado por su tío Antonio y gestionado por su primo Mauricio. María Pía siempre fue una suerte de “protegida” de “Tonino”, con quien entabló una relación mucho más cercana que con Franco, ya que el jefe de Socma fue pupilo en la escuela y eso lo alejó de sus hermanos.

El apuro de Franco tenía un motivo: su hijo. La constitución de la Ciudad de Buenos Aires prohíbe al jefe de Gobierno ser “propietario, directivo, gerente, patrocinante o desempeñar cualquier otra función rectora, de asesoramiento o el mandato de una empresa que contrate con la Ciudad o sus entes autárquicos o descentralizados”. Esta incompatibilidad, que dura hasta dos años después de cesado el mandato, habría dejado a Macri fuera de la carrera. Pero también estaban en juego las obras que tenían a nivel nacional, una situación incómoda para su perfil opositor. Al final, la venta en realidad fue más amplia: Sideco, a su vez, transfirió a Iecsa sus tenencias accionarias en Profingas, Minera Geometales, Iecsa Chile y Rocio.

Uno de los que primero denunció la posibilidad de irregularidades en la venta de las empresas de la familia Macri fue el ex jefe de Gobierno porteño Aníbal Ibarra, primer enemigo político de Mauricio Macri. Se basó en las condiciones de la operación: una prenda por 61 millones de dólares a cancelar en cómodas cuotas con una entrega inicial de apenas 15 millones. De aquí se desprenden varias consecuencias con posibles contradicciones legales y éticas. Mientras fue jefe de Gobierno, Mauricio Macri fue —como mínimo— dueño potencial de las dos empresas que tienen intereses directos con la ciudad, porque si la prenda se caía, Socma se quedaba con sus acciones, que retuvo a modo de garantía. Macri sigue siendo dueño de Socma, que tiene dentro de su estructura a Sideco, la empresa que se había quedado con esos papeles.

Luego de la venta, el directorio de las empresas enajenadas no se modificó. Su presidente siguió siendo Calcaterra y su vice, el contador Santiago Ramón Altieri, el hombre clave de Mauricio Macri en esta estructura. Altieri ingresó a Socma en 1977, en un cargo menor. Lo hizo en el área de contaduría hasta que, luego de ejercer diversas funciones, lo nombraron gerente administrativo de la UTE Iecsa-Sideco-VM Contreras, en 1989. Al año siguiente, manejó el consorcio Sade-Techint-Iecsa. A principios de los noventa, fue responsable de la unidad administrativa que protagonizó una de las mayores decepciones del grupo Macri: la licitación por la privatización de Obras Sanitarias, una apuesta de Socma en aquellos años. Se terminaron conformando con las obras cartelizadas en las rutas y con la privatización del Correo Argentino. Altieri también trabajó codo a codo con el primo de Macri en Uruguaí, Litsa e Iecsa, de la que era presidente antes y después de su pase a Calcaterra, al igual que de Profingas.

Otro dato que llama la atención en la citada venta es que la prenda venció sin ser cancelada, al menos según los balances de Sideco. No apareció ingreso de dinero. También despertó sospechas el hecho de que Iecsa había comprado, unos meses antes de su venta, el 19 de marzo, la mitad del paquete accionario de Calcaterra SA. O sea que en menos de un año hubo un curioso pase de manos que nunca se terminó de explicar. Lo que finalmente agigantó las dudas fue una investigación del portal de Gabriela Cerruti, que descubrió que Calcaterra cobraba un sueldo como director de casi un millón de pesos al mes, una rareza entre los dueños de las empresas. La biógrafa de Mauricio Macri asegura que Franco le habría confesado que Calcaterra es testaferro de su hijo, algo así como un “testaprimo”. Cerruti es una de las dirigentes más activas del cristinismo en la Ciudad de Buenos Aires.

Testaprimo

Ángel Jorge Antonio Calcaterra nació el 29 de marzo de 1958. En 1986, a los 32 años, se graduó de arquitecto en la Universidad de Belgrano. Tres años antes había empezado a trabajar en Calcaterra SA, de la que fue gerente general, gerente operativo y director de obra. El primo de Mauricio supo tender su influencia en dos instituciones clave en torno a la obra pública: la Cámara de Empresarios Argentinos de la Energía, de la que fue uno de sus fundadores y vicepresidente, y la Cámara Argentina de la Construcción, de cuyo consejo ejecutivo es miembro desde 2000. Ese año fue clave en su carrera, porque a partir de su salida como gerente general de Calcaterra empezó a sumar cargos en las empresas de Socma, iniciándose como gerente general de Iecsa. Al año siguiente pegó el salto: lo nombraron presidente de Autopistas del Sol y Servicios Viales, en ambos casos, hasta 2002; y en Uruguaí y Minera Geometales ocupó el mismo cargo hasta 2004. Asimismo, fue director ejecutivo de Creaurban hasta 2007, director titular de Puentes del Litoral y Litsa hasta 2004 y 2006, respectivamente. Y como frutilla del postre, fue gerente general de Sideco Americana.

Iecsa y Creaurban terminaron siendo parte de Obras, Desarrollos y Servicios (ODS). Según la información que consta en la Comisión Nacional de Valores, ODS, la sociedad anónima del holding Grupo ODS, se constituyó el 20 de junio de 2007 bajo la denominación ACSC SA, que no es otra cosa que la ex Calcaterra. El 16 de agosto de ese año, mutó a su nombre actual, con las acciones repartidas entre Ángel Jorge Antonio Calcaterra, Lorenzo Ghella y la española Latina de Infraestructura, Ferrocarriles e Inversiones SL (Latifer), que forma parte del Grupo Ghella de Italia, nucleado en torno a Ghella SA. A principios de 2007, Calcaterra adquirió la mayoría del capital social de Iecsa. El 16 de agosto de ese año, hizo un aporte de acciones de Iecsa a ODS SA, por lo que la empresa ingresó al grupo. ODS controla el 94,75 por ciento de las acciones, mientras que el resto lo tienen Calcaterra y Latifer en partes iguales. Ese año, Creaurban también se sumó a ODS luego de la adquisición de la mayoría de su capital perteneciente a Sideco por parte de Ángelo Calcaterra y Latifer. En 2009, se produjo la fusión por absorción de ACSC por Creaurban. ACSC es la ex Calcaterra, de la que, como se dijo, Iecsa había adquirido el 50 por ciento entre junio y agosto de 2006. Al año siguiente, se quedó con el 50 por ciento que le faltaba, un mes antes de que Calcaterra comprara Iecsa.

Sintetizando, Iecsa compró la empresa de Calcaterra y, al poco tiempo, él mismo le compró sus acciones en Iecsa a Sideco. Como consecuencia de todo ese complejo pase de empresas, en 2007 el capital social de ODS quedó conformado de la siguiente manera: 50 por ciento de Calcaterra, 49 por ciento de Latifer y uno por ciento de Lorenzo Ghella. Según Cerruti, Franco Macri siempre sospechó que su propio hijo acomodó a Ghella cerca de Calcaterra para quedarse con la empresa de su padre. “No tengo idea de quién compró Iecsa”, le confesó. Sin embargo, con el tiempo, Calcaterra pasó a tener el 51 por ciento de las acciones de ODS, y Latifer, el resto.

ODS ganó obras en la ciudad. Muchas. Pero mientras las miradas apuntaban a ese pequeño rincón de país llamado Santa Cruz por el conflicto de intereses que emanaba y por las características de sus protagonistas, ODS empezó a sumar contratos a lo largo y a lo ancho del territorio, incluso en distritos gobernados por el Frente para la Victoria, donde estuvo asociada, muchas veces, a Lázaro Báez y otros empresarios ligados con el kirchnerismo. Así pasó en la autopista Rosario-Córdoba. Iecsa inició, en diciembre de 2008, la construcción de 48 kilómetros paralelos a la antigua ruta nacional 9 por 1.248 millones de pesos en sociedad con JCR SA, que pertenecía a Juan Carlos Relats. La obra estuvo cargada de sospechas de sobreprecios. Iecsa ya había ganado, en mayo de 2006, una licitación para hacer otro tramo de casi 63 kilómetros entre las localidades de Leones y Ballesteros por 903 millones de pesos. Más tarde, en 2010, Iecsa sumaría —dentro de ODS— el primer tramo del Camino del Buen Ayre por 483 millones de pesos.

Como se anticipó, Socma había tenido una relación estrecha con Yacyretá, que siguió a través de sus empresas cuando pasaron a ODS. En efecto, Iecsa también se asoció con la firma de Relats para realizar obras en Posadas necesarias para la elevación de la cota de la represa, como el tratamiento costero, que fue denunciado por sobreprecios. En 2014 sumó, juntó con JCR, la duplicación de la calzada de la ruta nacional 12 por 2.847 millones de pesos. Además, ODS completó en 2013 —año en que se acogió a un plan de regularización ante la AFIP—, la construcción de la tercera línea de transmisión de la central hidroeléctrica por medio de la sociedad vinculada Líneas Mesopotámicas SA. También hizo interconexiones con sus empresas vinculadas Líneas de Comahue Cuyo SA y Líneas del Norte SA. En Esperanza, Santa Cruz, realizó con la sociedad controlada Compañía Americana de Transmisión Eléctrica la estación transformadora correspondiente a la interconexión entre Pico Truncado, Río Turbio y Río Gallegos por 123 millones de dólares, el 95 por ciento de los cuales correspondía al holding de Calcaterra. Ganó por 174 millones de pesos la construcción de las estaciones transformadoras de Los Antiguos y Perito Moreno, y la línea de interconexión de alta tensión, a través del joint venture Iecsa-EDVSA. Pero la demora en hacer la obra fue enorme, y se realizó luego de la renegociación del contrato.

Sin embargo, la relación del primo de Macri con el kirchnerismo es anterior a la creación de ODS. A partir de los balances negativos que presentó en 2005, algunas fuentes aseguran que Calcaterra SA no atravesaba una buena situación económica en aquel 2007 en que Ángelo se quedó supuestamente con las empresas de su tío, pero no es menos cierto que la compañía había ganado importantes licitaciones. Por ejemplo, en febrero de 2006 encaró la restauración de la Casa Rosada, en una obra simbólicamente importante a cargo de la Dirección Nacional de Arquitectura, que dependía de la Secretaría de Obras Públicas que conducía José López. El año anterior ya había realizado la restauración de las fachadas del Palacio San Martín, sede de la Cancillería.

Tanto Calcaterra SA como Iecsa aparecen en un informe desarrollado en octubre de 2008 por la Coalición Cívica bonaerense sobre las cinco empresas que concentraban las construcciones a nivel provincial. El grupo lo completaban Martínez y de la Fuente, Ingenor y Eduardo Colombia. La investigación estipuló que el primo de Macri se quedaba con el 20 por ciento de las adjudicaciones. El caso que más despertó la atención en territorio bonaerense fue el de las 1.990 viviendas que una UTE entre Calcaterra e Iecsa construyó en Monte Grande, partido de Esteban Echeverría, en el marco del Plan Federal de Vivienda. Las obras por casi cien millones de pesos comenzaron en 2005 y tenían un plazo de dieciocho meses. En 2008, cuando se publicó el informe de Elisa Carrió, algunas casas todavía no habían sido entregadas. El barrio ni siquiera tenía nombre, supuestamente iba a ser bautizado al finalizar su construcción. Sus habitantes no sabían cómo explicar dónde vivían. Las paredes de sus hogares temblaban, porque las edificaciones se habían hecho sobre un humedal, y como pusieron solo cinco combinaciones de cerraduras, cientos de desconocidos podían abrir sus viviendas. Lo terminaron bautizando barrio Malvinas. Esos terrenos eran parte de un lote de 350 hectáreas del humedal Laguna de Rocha que Sideco había comprado durante la década de 1990 con la intención de construir tres barrios privados. Los permisos fueron solicitados en 1996, el mismo año en el que la zona fue declarada “reserva histórica”. El primer y único proyecto que se llegó a desarrollar fue el barrio Los Mirasoles. El grupo vendió 50 hectáreas para el Plan Federal de Vivienda. Cuando los terrenos pasaron a ODS, los proyectos de los barrios ya se habían caído. Pese a que el humedal es clave en la mitigación de las inundaciones en una zona donde estas son moneda corriente, Calcaterra se propuso hacer un parque industrial de 122 hectáreas. Pero el plan nuevamente naufragó y la empresa empezó a plantar soja y regar de glifosato la zona, sin atender las quejas de los 4.500 vecinos, incluidos los de Los Mirasoles y Malvinas. A fines de 2011, estalló la bronca cuando fumigaron las medianeras y las cucarachas invadieron Los Mirasoles. La asamblea barrial intentó calmar los ánimos con un mensaje que renovó la bronca: “Para tranquilidad de todos: ¡No han tirado pesticidas! Sí utilizaron glifosato, un herbicida aparentemente habilitado para este uso”. Al año siguiente, la laguna fue protegida por una ley que la convirtió en reserva protegida, pero a los pocos meses le desafectaron 64 hectáreas para que los clubes Boca y Racing hicieran un predio privado. Finalmente, la justicia bonaerense frenó la iniciativa.

Como vimos en el caso de la cantera de Iecsa en Misiones, no fue la primera vez que un emprendimiento vinculado con el grupo Macri quedó enredado en críticas por la falta de cuidado del medio ambiente y las comunidades locales. Pero hay más. En 2014, Greenpeace denunció que El Yuto SA, propiedad de Sideco hasta hoy, había obtenido la rezonificación de su finca homónima en Salta, lo que le permitió arrasar con seis mil hectáreas de bosques nativos protegidos por ley, lo que además afectaba las comunidades indígenas y criollas cercanas La Chirola, La Corzuela, Algarrobito, Asamblea de Dios, Las Llanas, La Mina y El Campamento.

Otro funcionario clave dentro del gobierno de Cambiemos que tiene conflictos con el medio ambiente y los humedales y vínculos con la obra pública es Rogelio Frigerio. Antes de llegar al Ministerio del Interior fue interventor del PRO en Entre Ríos. Allí era socio del diputado local, Martín Anguiano, en el Barrio Náutico Sagastume. Según denunció a fines de 2015 el ex diputado provincial Lisandro Viale, “tiene un emprendimiento privado donde el Estado le llevó asfalto hasta la puerta, le está dragando el paso y se le puso energía eléctrica con el 50 por ciento de un transformador que pagaron la provincia y el municipio con dos millones de pesos”. La filial local de la Federación Agraria Argentina cree que ese ha sido uno de los desarrollos que fomentaron las inundaciones, como la que en marzo de 2016 convirtió a Villa Paranacito en la Venecia del delta.

Otro informe del partido de Carrió en la provincia de Buenos Aires similar al mencionado se refiere a la concentración de obras para reacondicionar el acceso a las estaciones de trenes en el marco del Proyecto de Transporte Urbano de Buenos Aires, financiado con 132 millones de dólares que aportó el Banco Mundial. Según el ex diputado provincial Walter Martello, hubo sobreprecios de hasta 160 por ciento. En concreto, el legislador denunció grandes diferencias entre los valores anunciados y los reales, y que las licitaciones fueron ganadas por un puñado de empresas.

En julio de 2007, el ENARSA convocó a una licitación pública, nacional e internacional para ampliar la capacidad de generación de cinco centrales eléctricas. Iecsa ganó en una UTE con la española Isolux la adjudicación para convertir dos de esas usinas de ciclo abierto en ciclo combinado, un cambio de tecnología que permite usar en una segunda turbina los gases de la combustión que son liberados a la atmósfera, lo que implica producir más energía. Con una inversión inicial de 1.529 millones de pesos, la obra en la central termoeléctrica Brigadier López, en Sauce Viejo, Santa Fe, comenzó a erigirse en enero de 2010 y debía demorar dos años, pero al finalizar la edición de este libro no había sido concluida debido a una sumatoria de problemas, entre los que se cuentan la crecida del río, una interna dentro de la UOCRA que llegó a paralizar la construcción y un sinfín de conflictos contractuales, sumados a las dificultades para importar producto de un dólar que multiplicó varias veces su valor. La otra construcción es la de la central Ensenada de Barragán, en Buenos Aires. Adjudicada en 2010, debía estar lista a fines de 2014. Al comenzar 2015, fue paralizada, lo que provocó que no se les pagara a los proveedores ni a los subcontratistas. El costo inicial fue de 850 millones de pesos pero terminó saliendo 1.500 millones. En el famoso informe “El estado del Estado” elaborado por Presidencia de la Nación, ENARSA denunció un costo por megavatio hasta 70 por ciento mayor que en otros lugares del país.

Un detalle: Iecsa e Isolux habían sido designadas para construir el “tren bala” en un consorcio denominado Veloxia, que incluía a Emepa, de Gabriel Romero; la francesa Alstom (a través de Alstom Argentina SA, Alstom Transport SA y Alstom Transporte SA); y, de nuevo, el grupo Isolux-Corsan SA. La UTE fue creada bajo la coordinación de un asesor de Ricardo Jaime, Manuel Vázquez, ex directivo de Bunge y Born, fanático de las corbatas Hermès y ex consultor de Alstom y Emepa, cuyos mails revelaron que con su socio español Miguel Ángel Lorente habían creado parte de la ingeniería financiera del grupo. De prosperar la obra, habrían cobrado una comisión cercana al millón de euros. Un chisme: Vázquez y Jaime eran clientes predilectos de Macair, la empresa de taxis aéreos del grupo Macri —beneficiada por Mauricio a poco de asumir como presidente—, cuyo titular, Carlos Benjamín Colunga López, los ayudó a comprar el avión que finalmente sería parte del escándalo en torno al ex secretario de Transporte de Kirchner.

Báez y el pacto de impunidad K

La relación de Calcaterra con Báez es un caso aparte. Fue la excusa predilecta de los periodistas afines al kirchnerismo para eludir los desaguisados de Cristina y Néstor mientras enlodaban a la actual gestión. Esos periodistas que disfrutaron de los beneficios de un acrítico apoyo a un proyecto político perdieron credibilidad ante la opinión pública para denunciar supuestas incongruencias en el manejo de la cosa pública por el macrismo. Sin embargo, la relación es cierta. El mejor amigo de Lázaro Báez cuenta que el primer número en la lista del celular del titular de Austral Construcciones era el de Ángelo. Esto no significaba que fuesen amigos, pero mantenían una relación cordial, de mutuo respeto, y podían compartir un café y algunos negocios.

Báez intentó, sin suerte, pegar a Calcaterra en la causa en la que lo investiga el juez Casanello por lavado de dinero, confirmando así que en los negocios pocos son los hombres leales. Al cambiar el gobierno y reencauzarse las causas judiciales contra funcionarios del kirchnerismo, Julio De Vido levantó el teléfono de su despacho en la Cámara de Diputados y llamó a un empresario muy cercano a Macri, con el que mantuvo una intensa relación y que oficiaba habitualmente de interlocutor. “Si me mandan al muere, me los llevo a todos conmigo, incluso a Calcaterra”, advirtió el ex ministro. El empresario hizo de puente y le trasladó las amenazas al Presidente. “Que se lo lleven”, respondió Macri. La situación había variado radicalmente. En Cambiemos, la voz de Carrió se escuchaba con fuerza y el video de La Rosadita había impactado en la opinión pública. En ese momento, no había chances de pactar impunidad con los derrotados.

Según esa versión, un Calcaterra despechado, y hasta entonces muy lejos de los medios, organizó algunos off the record con periodistas. Los que lo conocen aseguran que estaba dolido. Además, irrumpió en escena el hermano de Ángelo, Fabio Calcaterra, quien brindó una entrevista al diario Perfil en la que anunció la venta del 50 por ciento de la empresa agropecuaria San Fili a la estadounidense Simplot y una inversión de 1.500 millones de pesos en Mendoza. “Parece que si sos pariente no podés trabajar, y no es así”, se quejó. Su primo leía el diario sentado a su habitual mesa en Rond Point, donde lo visitan colegas empresarios y conocidos financistas como Guillermo Greppi.

Báez y Calcaterra se conocieron a mediados de 2009. En esos días, comenzó una relación que, según distintas fuentes, no es amistosa pero sí sumamente cordial y repleta de intereses comunes. Las negociaciones, no obstante, las manejarían los cuadros gerenciales de sus empresas. En la Cámara Argentina de la Construcción defienden al primo del Presidente y explican los negocios compartidos con Báez en la conveniencia mutua. “A Calcaterra lo atacan y critican injustamente. Se asoció con Lázaro Báez para ganarse beneficios del gobierno nacional. Ese es su pecado. Pero es un caballero. Hacer lobby es lícito y normal. Lo ilícito es si ofrecés guita. Calcaterra, a lo sumo, tomó una mala decisión. Pero eso no lo convierte en un corrupto”, lo defiende un importante empresario de la Cámara Argentina de la Construcción que prefiere el anonimato. “El tercer lugar en el ranking de la obra pública es un dato menor. Ese ranking es una mentira. ¿Techint primero? Supongo que será contando sus negocios internacionales. Los principales ganadores de estos años fueron Cristóbal López; Rovella Carranza, que debe tener cuarenta proyectos; Esuco; Cartellone y, obviamente, Báez”, concluye el empresario.

Un operador cercano a Cristina Kirchner tiene una visión menos transparente. “La alianza entre Báez y Calcaterra fue porque Iecsa, como también Caputo, pagaban la ‘cometa’. Se la ponían a De Vido. Obviamente, se sobrefacturaba y Macri no tenía problemas.” La fuente asegura haber sido testigo de una negociación entre Mauricio Macri como jefe de Gobierno con el ministro de Planificación, Julio De Vido. “El ministro quería traspasar el subte a la ciudad pero sin recursos. Macri lo visitó y le dijo: ‘Yo lo quiero con recursos’. ‘¿Lo querés con recursos?’, le respondió De Vido. ‘Está bien… Pero a tu viejo lo saco como comisionista de los negocios con China’, chicaneó el hombre de Planificación al futuro presidente”. El gobierno de la ciudad se hizo cargo de los subtes sin recursos. La ley fue promulgada en diciembre de 2012, luego de catorce horas de debate en la legislatura porteña.

Según el operador, los contactos entre De Vido y Calcaterra existieron, al igual que entre José López y Nicky Caputo. Todo cambió cuando Macri firmó la alianza con Elisa Carrió, enemiga pública Nº 1 del gobierno de Cristina Kirchner. “Creían tener garantías de que no los iban a joder; es más, creo que si a José López no lo agarraban con los bolsos… ¡no pasaba nada!” Aldo Pignanelli reconoce que los contratistas amigos de Macri son los italianos de la firma Ghella —que hizo el túnel del Maldonado y ganó el soterramiento asociada con Calcaterra— y el mismísimo primo del Presidente. “Hicieron la obra más cara de la ciudad, pero es una gran obra, muy bien hecha, 1.200 millones de dólares con financiamiento del Banco Mundial. Ángelo es un tipazo, lo quiero mucho, son tipos serios, ellos hacen las obras y las hacen bien. Después, si está el negocio…”

Para el financista Guillermo Greppi, es un mito que Calcaterra haya compartido negocios, durante el kircherismo, con Julio De Vido. “Calcaterra es millonario desde chico, participó de alguna virtud con Cristina, tuvo afecto, pero lo dejaron comer muy poco. Calcaterra padre iba casi a la par de Techint, sin coimear a nadie, no le sacás un sope ni ordeñándolo.” Empleados de Propyme, de Greppi, recuerdan que alguna vez compraron cheques de la empresa de Calcaterra y se encontraron con que no tenían fondos.

“El primer número del celu de Báez era el de Ángelo.” El primero, remarca su amigo. La relación era excelente. “Lázaro tenía un refrán que decía que hay que comer y dejar comer. No podés llevártela toda para vos. Como Néstor, Lázaro repartía. No querían tener enemigos. Después llegó Cristina, a quien le encanta tener enemigos. Lupín daba algo para que no hablasen mal. Era un encantador de serpientes, ibas para putearlo y te ibas contento. Tenía esa cosa de saber todo de tu vida privada. Se acordaba del cumpleaños de tu hija, del bautismo de un pariente y te preguntaba si necesitabas algo para tu pareja, hermanos o padres.” Un ex integrante de los servicios de inteligencia coincide con el amigo de Báez. Sin embargo, explica que lo de Néstor Kirchner no era únicamente memoria: “Cinco días antes de que te reunieses con él, pedía información reservada de la persona en cuestión. Sus secretos, sus deseos y preocupaciones. Le armábamos todo. Sabía hasta el color de los calzoncillos que usabas y lo que pensabas plantear o pedir en la reunión con el Presidente”. Por esa razón, Kirchner estaba un paso adelante. Siempre. Cuando salían de la reunión “le hacíamos el trabajo de inteligencia una semana más. Néstor sabía qué pensaba realmente su virtual interlocutor de la reunión que habían tenido”.

Amigos en las obras

Ángelo y Lázaro, entre otras cosas, hicieron juntos la planta terminal de Petrobras en Caleta Paula (15 millones de dólares), dos rutas en Entre Ríos por 33 millones de dólares y una obra en Paso de los Libres en el Complejo Terminal de Cargas. También realizaron infraestructura vial en Yacyretá por más de 68 millones de dólares, y obras de infraestructura en Atucha II por 40 millones de dólares. Además, ganaron, en el año 2013, la licitación por el Hospital Pedro Insfrán, en la localidad formoseña de Laguna Blanca, Pilcomayo, pero le transfirieron los derechos a Mateo-Covasa SRL Asociados, de Moisés Salón, supuesto socio de Stella Maris Manzur, la encargada de adjudicar la obra pública en Formosa en pleno escándalo por The Old Fund y Ciccone Calcográfica.

En el caso del tramo de la ruta nacional 18 que va desde el empalme con la ruta nacional 20 hasta el arroyo Sandoval, en Entre Ríos, Iecsa solo figuró en los papeles y pasó completamente inadvertida en la prensa local porque subcontrató a Austral Construcciones. El pacto se celebró por 174 millones de pesos, pero costó no menos de 355 millones. Báez también acompañó como subcontratista a Iecsa en el tramo Armstrong-Villa María de la ruta nacional 9, por 118 millones de dólares.

Pero lejos del relato que idealiza sus negocios, el de Báez y Calcaterra no fue un consorcio exitoso. Iecsa y Austral Construcciones se presentaron a licitaciones por más de nueve mil millones de dólares. Sin embargo, solo lograron contratos por cerca de 500 millones y perdieron las dos obras más importantes que intentaron conseguir: el tramo Ibarreta-Formosa, del Gasoducto del Noreste Argentino (GNEA), por más de mil millones de pesos, en 2013, junto con Conta e Isolux; y su lance más osado: la construcción de las represas hidroeléctricas Jorge Cepernic y Néstor Kirchner en la provincia de Santa Cruz. Fue la excusa preferida del kirchnerismo y de un Báez preso, que aseguraban que la obra pública no se había manejado como la cosa nostra. Fue Cristina Kirchner, directamente, quien vetó a Báez de las represas. La investigación de Jorge Lanata sobre “la ruta del dinero K” medía 30 puntos de rating y Báez y Fariña eran los apellidos más mencionados entre la opinión pública. No fueron los principios sino el instinto de supervivencia lo que evitó que Lázaro y Ángelo se quedaran con las represas.

Esa iniciativa desembocó el 31 de julio de 2012 en la firma del memorándum de entendimiento entre Iecsa, Austral Construcciones y la china Sinohydro Corporation Limited para presentar una propuesta en los proyectos. El 10 de diciembre se confirmó el contrato, que incluía otros dos actores que, en la obra pública, jugaban en primera: Esuco y Chediack. Fijaron su domicilio en el octavo piso de Manuela Sáenz 323, justo arriba del domicilio legal de The Old Fund. La puja la ganaron juntas Electroingeniería, Hidrocuyo SA y la china Gezhouba Group Company. Pero la sociedad Báez-Calcaterra atrajo todas las miradas. O mejor dicho, Báez logró que la atención se posara en ese acuerdo, cuando presentó un escrito judicial en el que admitió haber recibido 209 millones de pesos de Helvetic Group para financiar ese proyecto, y sacudió el tablero. Fue un puñal para un Calcaterra de bajo perfil y pocas palabras en público. Había sido mal asesorado por integrantes de los servicios de inteligencia que comenzaban a despegarse de Cristina Kirchner.

Báez también cuestionó el proceso licitatorio de las represas, del que dijo que “no quedó exento de irregularidades” y que les permitieron modificar su cotización sin que se enteraran los otros oferentes.

En venta

Tras la victoria de Macri en las elecciones presidenciales de 2015, Calcaterra anunció la venta de Iecsa para evitar un conflicto de intereses. Dejó trascender que le encargaba la operación al banco de inversión internacional MBA Lazard. Dijo que, con Macri presidente, iba a ser muy difícil trabajar y todas sus obras iban a quedar en la mira de la oposición y los medios no alineados. En ese entonces, aseguraron que se estaba terminando de pagar la compra a Franco Macri, aunque hasta diciembre de 2016 los balances de Sideco que figuran en la Comisión Nacional de Valores no lo reflejaban.

A pesar de que el anuncio de venta de su parte en Iecsa fue altamente divulgado, en marzo la Comisión Nacional de Valores autorizó a Calcaterra a comprar el 49 por ciento de las acciones que Latifer tenía en ODS, por lo que al ser el propietario del holding que controla Iecsa, seguiría estando al frente de la empresa si es que se confirma su venta a un conglomerado chino.

Seis meses después de asumir como presidente, Macri anunció su plan de obras por 98.674 millones de pesos, concentradas fundamentalmente en la Capital Federal y el Gran Buenos Aires. Entre ellas se destacan, por 12 mil millones de pesos, la creación de la Estación Central Obelisco, un proyecto que busca conectar las principales líneas ferroviarias de la ciudad con el subte, el Metrobús y las EcoBicis, en el marco de la ambiciosa Red de Expresos Regionales; la construcción de una estación subterránea en Constitución por tres mil millones de pesos, y la puesta en valor del viaducto San Martín y Tercera Vía, por otros tres mil millones. Pero la obra que se destacó, ya que acaparó casi la mitad del presupuesto, fue el postergado soterramiento del Ferrocarril Sarmiento, que se perfila como el caballito de batalla de Macri en las elecciones de 2019, si es que consigue sacarlo a flote. Como había ocurrido con los aliviadores del arroyo Maldonado, la primera gran obra que Macri decidió encarar fue adjudicada a su primo. Dos días antes, Iecsa había dejado de cotizar en bolsa, por lo que sus balances dejaron de ser públicos. Copió la estrategia de Sideco, que hizo lo mismo a los tres meses de la asunción de Macri.

No obstante, el soterramiento del ferrocarril Sarmiento venía de la época de Néstor Kirchner, que lo anunció el 21 de febrero de 2006. El 2 de agosto de 2007, junto a un Daniel Filmus rival de Macri en las elecciones porteñas, el entonces mandatario presentó la apertura de sobres, y el 20 de septiembre se conocieron los consorcios que iban a disputarse la millonaria obra. Fue Cristina Kirchner quien finalmente firmó la adjudicación, a poco de asumir, en enero de 2008, a favor del consorcio Nuevo Sarmiento, integrado por Iecsa, Ghella, la brasileña Constructora Norberto Odebrecht SA y la española Comsa SA. Pero en julio de 2008 se suspendió la firma del contrato, y el 15 de diciembre, Cristina Kirchner anunció en la quinta de Olivos un “Mega Plan de Obras Públicas”. Ocho días más tarde, hizo el cuarto anuncio sobre el soterramiento: la adjudicación de las obras a Nuevo Sarmiento. Sí, lo mismo que había hecho seis meses antes. Pero el contrato nunca se rubricó. El problema de fondo siempre fue el mismo: la falta de financiamiento.

Cuando el presidente Mauricio Macri anunció, otra vez, el soterramiento del Sarmiento, Iecsa ya había ganado la licitación para una obra informada en enero por él y adjudicada en febrero por el gobernador cordobés Juan Schiaretti. Se trataba de la construcción de 2.330 kilómetros de gasoductos troncales en Córdoba. El propio mandatario provincial la definió como “la mayor obra pública encarada por algún gobierno provincial en todos los tiempos”, con un costo inicial de 855 millones de pesos y un total que superará los 8.636 millones. Asociada con China Communications Construction Company Ltd., Iecsa montará los ductos del este y del centro de la provincia por 3.660 millones de pesos. Los otros tramos de la obra se los quedaron Electronigeniería con China Petroleum Pipeline Bureau, por 2.745 millones de pesos, y la brasileña Odebrecht (socia de Iecsa en el soterramiento del Sarmiento), por 2.231 millones de pesos. Al principio, Iecsa estaba fuera del proyecto, pero un llamado personal de Macri al gobernador cordobés puso a la empresa en carrera.

La obra había sido originalmente adjudicada en 2008, durante el primer gobierno de Schiaretti, para la construcción de 1.770 kilómetros de gasoductos por 257 millones de dólares, con financiamiento del Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social, de Brasil. La licitación la ganó una UTE integrada por Andrade Gutierrez, de Brasil, Iecsa y Britos SA, del ex funcionario delasotista Horacio Miró. Pero todo quedó en el olvido en medio de denuncias de corrupción y ante la muerte, el 19 de julio de 2013, del ingeniero Marcelo Arias, que trabajaba en las obras y apareció sin vida en el río Suquía, frente a la Casa de Gobierno. La causa fue archivada como un suicidio, pese a que le habían dado una paliza. La licitación fue anulada por De la Sota. Arias trabajaba en las empresas del mendocino Roberto Marín —ex funcionario de Schiaretti—, las cuales eran parte de la construcción de los gasoductos de Sierras Chicas y rutas 8, 7 y 2, montada con fondos nacionales, provinciales y municipales. Esta obra fue demorada hasta el cansancio en medio de rumores de que las empresas trabajaron a paso de tortuga a propósito y estuvo rodeada de denuncias por falta de control y tráfico de cheques de certificación de obra. La familia de Arias, sin dudar, sostuvo: “Lo asesinaron por el gasoducto”. “Mi hipótesis es que él era una persona muy resolutiva, que estaba en una obra importante y que esta obra del gasoducto de la ruta 8 no debía concluirse, no debía terminarse por algún motivo”, denunció su hermana al periodismo local.

El presidente Macri viajó a Córdoba a mediados de enero de 2016 para firmar un acta en la que se comprometió a aportar un tercio del financiamiento y confirmar la garantía del crédito externo en dólares con el pago de la coparticipación de impuestos y el fondo para gasoductos troncales. La obra es un 148 por ciento más cara que en 2008: se pasará de pagar 145 mil dólares por kilómetro a 350 mil.

Cuando promediaba el primer año de su mandato, Macri hizo otro anuncio que benefició a ODS: le adjudicó a Creaurban la refacción de la basílica de San Francisco de Asís por 93 millones de pesos, pese a que no había superado la propuesta de Consupler, que ofreció 89 millones de pesos. El otro que quedó en el camino fue Teximco, que al igual que Iecsa, es viejo conocido de las obras en la Basílica de Luján. La Iglesia, presente con el kircherismo y con el macrismo.

Arroyos

Los principales puentes eran los de la avenida Santa Fe y las calles Lope de Vega, Segurola y Warnes. Hasta la anexión de los barrios de Belgrano y Flores, en 1887, al otro lado del arroyo Maldonado estaban los suburbios. Como el resto de los arroyos de la Ciudad de Buenos Aires, cuando las torrenciales lluvias veraniegas colmaban sus inofensivos cauces, el agua inundaba los alrededores en una verdadera pesadilla para los porteños. Los denominaban “terceros” en alusión a los tenientes terceros, cobradores de impuestos que “se llevaban todo”. Entonces hablaban de tercero Vega, tercero Medrano, tercero Maldonado.

A comienzos del siglo XX, en las zonas inundables de la ciudad se radicaron, como suele suceder, los sectores más pobres, ligados con la inmigración. El arroyo Maldonado terminó convirtiéndose en un gran basurero a cielo abierto, lo cual adicionó un condimento extra al problema que provocaban las inundaciones: la contaminación y la propagación de enfermedades. En 1919 se pensó en convertirlo en un curso navegable, pero el proyecto fue abortado y se decidió entubarlo: una ordenanza municipal del 25 de agosto de 1924 así lo dispuso. Era una de las obras públicas más importantes de la historia de la ciudad.

Hacia fines de los años veinte comenzaron las primeras excavaciones. Los 21,3 kilómetros del arroyo Maldonado, desde la localidad bonaerense de San Justo hasta el Río de la Plata, terminaron de ser canalizados a mediados de la década de 1930. Pero las obras continuaron. Se necesitaron 20 mil toneladas de cemento, 55 mil toneladas de arena, otras 70 mil de pedregullo y 5 mil de hierro en barra. Sobre su traza se inauguró, unos años después, el primer tramo de la avenida Juan B. Justo, que atraviesa diez barrios porteños. Recién al final del primer peronismo, en 1953, la obra fue completada en toda su extensión. En 1950, la avenida había sido rebautizada 17 de Octubre, pero en 1955, la autoproclamada Revolución Libertadora le devolvió el nombre original.

En 1908, el 40 por ciento del agua de lluvia drenaba a través de la tierra de las plazas y los jardines. Un siglo después, solo lo hacía el cinco por ciento. La obra quedó chica. Durante la gestión del radical Enrique Olivera, se tomó la decisión de construir los llamados “aliviadores”, túneles que captan y derivan parte del caudal del arroyo.

El 2 de diciembre de 2004, el entonces jefe de Gobierno porteño, Aníbal Ibarra, envió a la legislatura un proyecto de ley para aprobar un convenio con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento por 130 millones de dólares y para declarar de utilidad pública una serie de terrenos que serían usados en las obras. Un año después, Cromañón mediante, Ibarra fue destituido. Lo sucedió Jorge Telerman, que cumplió el resto del mandato hasta fines de 2007. Para entonces, y habiendo perdido las elecciones porteñas a la Jefatura de Gobierno, Telerman decidió suspender la ejecución de muchas obras públicas mediante la ley 2.407, que modificó el Presupuesto. Sin embargo, le dio un adelanto de siete millones de pesos a Iecsa por obras que todavía no habían comenzado (los pasos bajo nivel de la avenida Mosconi y la calle Punta Arenas, ambos debajo de las vías del Ferrocarril Urquiza, la primera por 22 millones de pesos y la segunda, por 26 millones) y que demandarían mucho más tiempo que el pactado. Un mes antes de abandonar el cargo, Telerman firmó otro decreto que benefició a Iecsa: la adjudicación de los canales aliviadores de la Cuenca Erézcano, en el sur porteño, por casi 90 millones de pesos. A un año de adjudicada la obra, el ministro de Desarrollo Urbano, Daniel Chaín, aprobó la resolución 873/08 con la que avaló una redeterminación provisoria del valor del contrato.

Meses después de asumir como jefe de Gobierno en diciembre de 2007, Mauricio Macri adjudicó la obra correspondiente al Maldonado. Aunque en el gobierno porteño aclararon que Calcaterra no tenía nada que ver, a esa altura Ghella era parte de ODS, cuyo presidente era el primo de Mauricio. Ghella había propuesto un costo total de 279.353.720,73 pesos más 56.874.225 dólares, lo que arrojaba un total de unos 150 millones de dólares. En el camino quedaron dos UTE de peso en la obra pública: Odebrecht-Supercemento, por un lado, y Seli-Dycasa, por otro. La primera había ofertado 280 millones de dólares y la segunda, 202 millones. Los montos, como se verá, son fundamentales, porque la obra terminó costando bastante más de lo estipulado, lo que desvirtuó la licitación. La maniobra que infló el precio fue denunciada en la justicia.

El 13 de mayo de 2008, Macri firmó el decreto 542 por el cual aprobó una licitación de “servicios de consultoría” para inspeccionar y controlar la obra. La ganó un consorcio entre la italiana Geodata y la argentina Cadia. Esta última tenía una vasta experiencia realizando estudios y controles de calidad en el país, pero era su primera (y hasta ahora, única) obra en la ciudad. Sí había tenido relación con el grupo Macri, al haber participado del proyecto de construcción del puente que une Posadas con Encarnación. Sin embargo, el conflicto de intereses giró en torno a Geodata, una firma con sede en Torino, que ya había supervisado obras de Ghella en Italia, pero que además integraba con la empresa que tenía que controlar el directorio de la Sociedad Italiana de Tunelería y habían participado juntas de algunas licitaciones en su país. Habían sido socias. La forma en la que se contrató a la UTE Geodata-Cadia también forjó el bullicio opositor, porque se pagó por horas trabajadas, algo imposible de controlar, sobre todo si esas horas se trabajaron en Italia.

El proyecto original de los aliviadores del Maldonado fue diseñado por un consorcio internacional y probado en un modelo a escala elaborado por el Laboratorio Hidráulico de la Universidad de La Plata. Por eso, el contrato incluía una serie de especificaciones técnicas, en particular, la construcción de tres “pozos de ataque” circulares de 14,40 metros de diámetro y tres metros de profundidad, unidos por paredes comunes. Sin embargo, el gobierno porteño le pidió a Ghella que formule “alternativas para acelerar los pasos de ejecución”. La empresa demoró apenas un mes para presentar una variante al plan original: propuso cavar un solo pozo circular de 40 metros de diámetro por 35 de profundidad, que permitiría ganar cinco me ses de tiempo. Los expertos internacionales contratados se manifestaron en contra. Dijeron que era una solución costosa e ineficaz. El costo se infló entre 50 y 100 millones de pesos. La obra fue detenida dos veces por la justicia, entre otros motivos, por falta de estudios ambientales y por mayores costos. También hubo quejas porque Ghella no contrató antropólogos y paleontólogos, como estaba previsto en los pliegos. El entonces legislador Milcíades Peña, uno de los impulsores de las sucesivas denuncias junto a Facundo Di Filippo y Sergio Abrevaya, reveló que se robaron 160 fojas del expediente que estaba en poder del juez en lo Contencioso Administrativo Vicente Cataldo en las que había información remitida por el Poder Ejecutivo que incluía el compromiso de la empresa de no modificar el proyecto original y de no exigir compensaciones por gastos adicionales si la obra lo requería.

Sin embargo, el gobierno porteño nunca acató esas disposiciones. El 8 de abril de 2010 murió el buzo Rodrigo Ojeda luego de intentar en vano reparar la máquina tuneladora a unos 22 metros de profundidad. El hecho fue ocultado; apenas se publicaron un par de notas alejadas de la realidad en Miradas al Sur. Al parecer, habría sido un error de cálculo en la descompresión por parte del médico especialista en tratamiento hiperbárico contratado por Ghella, de apellido Sequeira, y que les podría haber costado la vida a los tres buzos que estaban con Ojeda: un técnico italiano y los argentinos Víctor Moreno y Alberto Almirón, quienes padecen secuelas. En la Asociación de Buzos Profesionales intentaron impulsar el expediente. Todo quedó en la nada. Bárbara Ulman, la viuda de Ojeda, habría cobrado una indemnización extrajudicial antes de “desaparecer del mapa”, como respondieron en la organización ante la requisitoria periodística.

Por entonces, solo se había realizado una inspección de la Dirección General de Protección del Trabajo, que dirigía el contador Ángel Rodríguez (sin título en Higiene y Seguridad, como exige la ley), quien había detectado la ausencia de medidas de control. También había pericias que cuestionaban varios aspectos, como filtraciones entre los bloques de concreto que forman el túnel y falta de control sobre la calidad de los materiales, dos cuestiones fundamentales a largo plazo. Ghella encaró buena parte de los trabajos sin seguro ambiental. Recién lo contrató cuando se lo exigió la justicia, en el marco de un recurso de amparo impulsado por el legislador Eduardo Epszteyn. Pero un año después decidió no renovar el contrato, porque eran “costos adicionales excesivos”. El Ministerio de Desarrollo Urbano terminó haciéndose cargo del pago del seguro, en un insólito subsidio al contratista de obra pública.

Uno de los funcionarios heridos por esas presentaciones fue Roberto Klix, director de Obras de Ingeniería, quien perdió peso dentro del organigrama. Eso no afectó a su hijo, elegido candidato a comunero. En cambio, el principal responsable no pagó costo alguno. Aunque, en virtud del pliego de licitación, el director de la obra debía ser un ingeniero civil, el gobierno porteño designó a Eduardo Samuel Cohen, ingeniero eléctrico. Era como poner a un dermatólogo a asistir un parto. Aun así, Cohen fue nombrado el 30 de junio de 2008 para actuar “en representación del GCBA para la supervisión de la inspección y de la ejecución de las obras, lleve a cabo el seguimiento y control de las mismas, así como visar los certificados de obra y de inspección y colaborar para la aprobación de eventuales cambios a su ejecución”. Para ello no se tuvieron en cuenta sus antecedentes. En 1997, Cohen era director general de Instalaciones Eléctricas de la ciudad cuando los vecinos del boliche El Reventón denunciaron en la Defensoría del Pueblo y otros organismos que el local tenía deficiencias técnicas. Con su firma, había dado su aval al plano electromecánico pese a haberse confeccionado a partir de un diagrama con medidas que no eran las reales. Sus detractores creen que debería haber realizado inspecciones y exigido que hubiera extractores y un sistema de energía auxiliar. No lo hizo. Unos años después, El Reventón fue reinventado como República Cromañón. La historia es tristemente conocida. En un expediente paralelo a la causa principal, Cohen fue absuelto. Los familiares de las víctimas no lo podían creer.

Amigos son los amigos

Caputo SA no licitó una sola obra en mi gestión.

MAURICIO MACRI a Jorge Lanata,

días antes del balotaje presidencial

del 22 de noviembre de 2015

Ayer pregunté qué cuernos es Farallon.

GABRIELA MICHETTI. Julio de 2016

Hay que hacer un mundo protegido de la hipocresía.

TOM WOLFE

Amigos y socios. Hay quizá dos hechos que pintan de cuerpo entero la importancia de Nicolás Caputo en la vida de Macri, quien lo quiere como a “un hermano”. Número 1: a bordo de un Peugeot 205 blanco, Nicky comandó, junto al chofer de Macri, Roberto Osvaldo Pascual, el pago de seis millones de dólares durante el secuestro de su amigo, quien les había dado a los captores su número de teléfono. Mauricio pensó en su amigo antes que en su padre. Número 2: en el juicio de divorcio de su segunda esposa, Isabel Menditeguy, la bella mujer pidió que se incluyera en la división de bienes las empresas de Caputo, ya que se repartían las ganancias con Mauricio. Eran socios. La separación terminó con un acuerdo extrajudicial y un eterno silencio de la ex modelo sobre el patrimonio de su ex.

Mauricio y Nicky se conocieron cuando tenían seis años, en el colegio Cardenal Newman, cantera de varios dirigentes del PRO. Compartieron primaria y secundaria. Iniciaron al mismo tiempo la carrera de ingeniería, que Caputo terminó abandonando. La confianza es absoluta: Caputo fue el padrino de boda de los tres matrimonios de Macri. A la luna de miel de Caputo en Grecia, con su primera esposa, Verónica Stegmann, Macri viajó con Ivonne Bordeu, su pareja en esos tiempos. Los viajes juntos continuaron, hasta el ingreso de Mauricio en la política. Ahora, Caputo viaja con más frecuencia y por más tiempo debido a problemas cardíacos: a los 37 años sufrió su primer infarto y desde entonces fue operado tres veces a corazón abierto.

Ambos eran hijos de dueños de grandes constructoras: Nicolás Caputo SA y las empresas de Socma. Por impulso de Caputo y con el objetivo de forjar un destino propio más allá de sus familias, en 1983 fundaron junto al hermano de Nicolás y Leonardo Maffioli su primera empresa, Mirgor SA, que comenzó fabricando equipos de aire acondicionado para autos y obtuvo contratos con firmas como General Motors, Chrysler, Peugeot y Renault. En el año 2004, empezaron a producir para Whirlpool. Luego se diversificaron y comenzaron a ensamblar celulares para Nokia y televisores para LG. Hicieron un gran avance al conseguir un contrato con la Sevel que dirigía Mauricio; poco después, Franco obligó a Mauricio a desprenderse de su parte con el argumento de que les robaba a sus hermanos.

Como era esperable, Caputo acompañó a Macri en su aventura en Boca. Llegó a poner los dos millones de dólares que el club le pagó al Villareal de España por el préstamo de Juan Román Riquelme, que retornó por seis meses al club —durante la campaña electoral— y ayudó a la conquista de la Copa Libertadores en 2007, dos días antes de los comicios porteños.

Caputo se enganchó en el tren que depositó a Macri hijo en Bolívar 1. Macri intentó blanquearlo y para ello firmó el decreto 144/07 en el que lo designó asesor ad honorem del Ejecutivo. No cobraría, pero participaría de las decisiones. Sin embargo, los contratos preexistentes que tenía con la ciudad, como los convenios para desarrollar el Centro Metropolitano de Diseño y el Parque Mujeres Argentinas, en Puerto Madero, provocaron la crítica opositora, encabezada por la legisladora Gabriela Cerruti, autora de la biografía de Mauricio. Nicky terminó fuera de la estructura legal, aunque nunca se fue de la mesa chica. La misma oficina en Paseo Colón al 200 que en el año 2000 había sido escenario de las negociaciones para llevar a Alfio “Coco” Basile a Boca sería la sede de las reuniones con el sindicalista Amadeo Genta para descomprimir, a poco de la asunción de Macri en la ciudad, las protestas del SUTECBA, el sindicato de los empleados municipales. El propio Caputo fue el nexo con Cristóbal López —una de sus peleas más grandes con Macri fue por rechazar el acuerdo que había alcanzada por el juego— y con Julio De Vido. Si Ángelo Calcaterra mantenía una excelente relación con Lázaro Báez, De Vido tenía la propia con Nicky. El peso de Caputo es tal que el escritor Jorge Asís redefinió al macrismo como “macricaputismo”.

Caputo SA nació en enero de 1939. La fundó don Nicolás Caputo como Nicolás Caputo Sociedad Anónima de Edificación, con el objetivo de ejecutar obras públicas y privadas. A partir de 1944, sus hijos empezaron a incorporarse a la dirección de la empresa. En 1955, comenzó a cotizar en bolsa y a mediados de los sesenta cambió su nombre por el actual. Nicky pertenece a la tercera generación al frente de la constructora. Asegura que él nunca tuvo peso en la estructura de la empresa y que apenas trabajó un corto período en la parte comercial. Dice que sus caballitos de batalla son Mirgor, de la que aún conserva más de la mitad de las acciones, y la generación de energía a través de Sadesa, con la que controla Edesur —beneficiada por el presidente Macri—, La Plata Congeneración, Centrales Térmicas Mendoza, Hidroeléctrica Piedra del Águila y Central Puerta. Esta última tiene participaciones de entre el 30 y el 56 por ciento en otras ocho distribuidoras de gas y centrales termoeléctricas, y una pequeña porción de Operating SA. Por otra parte, Caputo es dueño de RPM Gas y RPBC Gas, que controlan, respetivamente, Gas Investment (56 por ciento) y Distribuidora de Gas Cuyana, que a su vez son propietarias de Transportadora de Gas del Norte (TGN). Al 11 de noviembre de 2016, Nicolás tenía el 20,39% de las acciones de Caputo SA. El resto se lo repartían entre Mónica María Caputo (14,38%), Jorge Antonio Caputo (22,06%) y María Verónica Olivera e Hijos (20,60%), además del 9,59% de Roberto Gustavo Vázquez —también presidente de Mirgor— y otros inversores bursátiles.

La diversificación de Caputo SA no deja de llamar la atención. La misma empresa que construye pasos bajo nivel en la ciudad, se volcó al mantenimiento, concede créditos, cultiva soja y ofrece servicios contables. Caputo, en cambio, lo justifica: “Es una forma de minimizar el riesgo”. Las pocas veces que se lo preguntaron, Macri negó que Caputo haya sido beneficiario de obras públicas durante sus mandatos. “Caputo SA no licitó una sola obra en mi gestión, porque yo se lo pedí”, le dijo en campaña al periodista Jorge Lanata. En principio, no mintió. Pero fue un embuste: Caputo SA no intentó quedarse con ninguna obra, pero sí lo hicieron otras empresas en las que su amigo participa. Tal es el caso de SES SA. Según el auditor porteño Eduardo Epszteyn, la ciudad gobernada por el PRO le adjudicó a SES contratos por 1.380 millones de pesos, muy lejos de los 120 millones que tenía adjudicados hasta diciembre de 2007.

En la ciudad de Macri, SES obtuvo contratos para el mantenimiento de hospitales, escuelas y espacios verdes. Pese a que no está entre sus actividades declaradas, por la limpieza de los hospitales Ramos Mejía, Tornú, el de Odontología “José Dueñas”, Moyano y Ameghino, obtuvo contratos por 414 millones de pesos. También consiguió la limpieza de ochenta y un escuelas en distintos contratos, por cerca de 150 millones de pesos, incluida una adjudicación para el mantenimiento de colegios sin detallar cuáles. Además, tiene a cargo la limpieza del microcentro y de un tramo del Metrobús.

Caputo SA posee el 50 por ciento de SES, por lo que se podría inferir que a Nicolás Caputo le corresponde algo así como el 10 por ciento. Es su argumento principal: “Mi parte es menor y no participo de la empresa, pues no me interesa”. Sin embargo, la sinergia entre ambas compañías es tal, que el director de SES es Teodoro José Argerich, presidente de Caputo SA. Siempre se especuló con que sería el dueño del otro 50 por ciento de SES, cuya titularidad se desconoce. Caputo y SES también apelaron al mismo estudio contable: Urien & Asociados.

En 2011, SES consiguió el mantenimiento de los espacios verdes en dos comunas. Dos años más tarde, la auditoría porteña advirtió que los aportes mensuales habían aumentado de 5,2 millones de pesos a 17,9 millones, muy por encima de la inflación. Ese contrato lo logró en una UTE con Mantelectric, una de las grandes ganadoras de contratos de mantenimiento de espacios públicos y habitual aportante de las campañas del PRO. Su dueño es Carlos Pérez San Martín, quien negó en 2009 conocer a Caputo, cuando se rumoreaba que podría ser un testaferro. Entre otras cosas, el ministro Chaín le concedió el recambio de vías del ramal ferroviario de José León Suárez. Ausa le concedió tres pasos bajo nivel. Ese dinero se consiguió luego de que la legislatura votara el traspaso de cien millones de pesos del Bono Tango, que originalmente debían ser destinados a realizar obras en el subte, pero que terminaron en lugares totalmente distintos, como un plazo fijo y Letras del Banco Central. Con Jorge Telerman había conseguido un contrato por 54 millones de pesos para construir la sede de la Filarmónica. Recién la entregó, con demora, en el año 2013. Si bien la adjudicación no la hizo Macri, las redeterminaciones que llevaron el precio a cien millones de pesos, casi el doble de lo previsto, se decidieron durante la gestión del PRO. Lo mismo ocurrió con la puesta en valor del teatro 25 de Mayo. También realizó obras en los hospitales Borda y Moyano. Otro dato que llama la atención es que solo opera con el Banco Ciudad, una rareza en el mundo empresarial. La compañía le debía, en mayo de 2015, 4,2 millones de pesos a esa entidad financiera. Entre junio y noviembre, durante la campaña, llevó estas deudas a 25,6 millones de pesos.

Pero sus beneficios no solo fueron con la ciudad. En marzo de 2014 el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Alimentaria (Senasa) le adjudicó la construcción de un laboratorio de casi seis mil metros cuadrados. En una UTE con Grupo Farallon Desarrollos Inmobiliarios y Eleprint logró una adjudicación para hacer seis edificios sociales por 210 millones de pesos en el barrio porteño de Nueva Pompeya, en el marco del plan Procrear. También realizó remodelaciones en edificios de la AFIP.

A nivel nacional, Caputo obtuvo dos obras simbólicamente significativas. En primer lugar, el Sitio de la Memoria en lo que fue el Casino de Oficiales de la ex Escuela de Mecánica de la Armada. De los 30 millones de pesos que costó, SES realizó la obra civil por 16 millones de pesos, en un contrato con la Universidad Nacional de San Martín. Para aceptar el traspaso de la ciudad a la Nación necesitaron los votos del PRO en el Congreso. Los más suspicaces sugieren que esa negociación incluyó el contrato con la firma vinculada con Caputo. La otra obra de envergadura es el Museo de Malvinas, originalmente presupuestada en 70 millones de pesos, pero cuyos costos treparon por la inflación. Hubo cinco ofertas, la más baja la presentó una UTE integrada por Caputo, SES y Farallon. La adjudicó la Secretaría de Obras Públicas que conducía un tal José Francisco López. El funcionario de los bolsos repletos de dólares usaba como casa de fin de semana una propiedad del dueño de Farallon, Eduardo Gutiérrez, sobre el río Luján, en Tigre. Gutiérrez amagó a hablar para el libro y, finalmente, desistió. ¿El motivo alegado? La necesidad de volver a ser lo que extrañaba: un ciudadano anónimo, común y corriente. Farallon es uno de los aportantes de la Fundación SUMA de la vicepresidenta Gabriela Michetti.

SES también participó de una de las decisiones más controvertidas de Macri: la mudanza al Palacio Lezama (ex fábrica Canale), en La Boca, de la Sindicatura General y cuatro ministerios (Modernización, Desarrollo Urbano, Espacio y Ambiente Público y Desarrollo Urbano). El ejecutivo citadino pagó casi 198 millones de pesos por tres años. El alquiler promedio era de 5,5 millones de pesos por mes, pero la primera cuota era menor y la cifra iba creciendo. Lo curioso es que la firma Toribio Achával ofrecía el inmueble por 300 mil dólares mensuales, es decir, menos del 50 por ciento de lo que pagó la ciudad al dueño de la propiedad, la empresa Swap Shop, de Gustavo Adolfo Fernández y Bernardo Ángel Fernández, vecinos del entonces jefe de gabinete, Horacio Rodríguez Larreta. A un paso de partir hacia la Casa Rosada, en noviembre de 2015, Macri le preadjudicó a SES una serie de obras en el Ramal Caaguazú, uno de los veintiún ramales del arroyo Cildáñez, por 69 millones de pesos, en un consorcio con Construere Ingeniería SA, la misma empresa con la que hizo el paso bajo nivel de la avenida Donado por 21,8 millones de pesos.

Bernardo fue socio y trabajó en varias empresas con el ex subsecretario de Administración de Sistemas de Salud porteño, el poderoso empresario Rodolfo Antonio Kirby. “Ralph” es un hombre de Macri, a quien conoció a través de Puerta: el misionero era el principal proveedor de Cruz de Malta, una de las marcas que comercializaba Kirby dentro del Grupo Estrella, que incluye desde el arroz Gallo hasta pañales, y que empezó a partir de la diversificación de Química Estrella. Kirby se hizo fuerte tras la renuncia del ministro de Salud de la ciudad, Jorge Lemus, con quien tenía una pésima relación. Dicen que se volvió una suerte de ministro de Salud en las sombras, a pesar a su pasado empresarial en Massalin Particulares y Philip Morris. No tardó en quedar envuelto en polémicas, como un contrato con droguería Progen, cargado de sobreprecios y cuyos medicamentos eran entregados en cajas de pizza, o la compra directa de cuatro Citroën C4 para el ministro y algunos subsecretarios de Salud, por 125 mil pesos cada uno.

El cambio de Macri por Rodríguez Larreta en 2015 no modificó el panorama de las empresas de Caputo. En marzo del año siguiente, en apenas cinco días SES recibió preadjudicaciones por 280 millones de pesos, al sumar mantenimiento y obras en las escuelas de las comunas 1B, 1A y 5.

Con Macri en el Poder Ejecutivo de la Nación, Caputo fue designado vicepresidente del Merval. No fue el único premio: la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) le adjudicó a Caputo SA una contratación para hacer los edificios del Reactor RA-10 por 796 millones de pesos, que había ganado durante la gestión de Julio De Vido en el Ministerio de Planificación Federal.

Hay un hecho que todavía no se explica del todo: Mauricio Macri reconoce en su declaración jurada que le prestó varios millones de pesos a Caputo. La rareza tiene dos facetas. Primero, que el monto equivale a casi el 20 por ciento del patrimonio declarado por el Presidente en su primera presentación como tal —que duplica lo que había dicho que tenía cuando gobernaba la ciudad—. Segundo, que Caputo es millonario. Otra rareza: el monto de la deuda fue ascendiendo. Mientras que en la declaración jurada de 2015 era de 18,5 millones de pesos repartidos en dos préstamos, llegó a los 22 millones de pesos en 2016, muy por encima de los 450 mil dólares que Macri dice que le prestó también a Grindetti.

La versión que intentaron instalar funcionarios y periodistas afines al actual oficialismo es que, en realidad, el dinero que Macri le dio a su amigo no es un simple crédito sino que, para evitar guardar la plata en una cuenta bancaria, Caputo la tiene para “laburarla”. Esto deja en evidencia las deficiencias del fideicomiso ciego que Macri prometió crear con sus bienes luego de ganar la presidencia. En una incómoda situación ética, Elisa Carrió ya no sabe cómo disimular su desilusión.

Caputo nunca contó, por ejemplo, que muchas veces ofició de nexo entre Macri y De Vido, con quien siempre mantuvo una cordial relación. Hay diferentes versiones sobre los motivos de ese vínculo. Una fuente consultada lo comparó con otro pasaje de la historia: “Si un gobierno quiere hacer negocios con la obra pública, hay que dejar a todos contentos, como ocurrió con las rutas en los noventa. Una empresa despechada puede ser muy peligrosa”, evaluó. En ese contexto, desde el entorno de Nicky le contaron una versión a la revista Noticias de lo que habría sido el primer encuentro entre Carrió y Caputo, el mismo día del histórico balotaje de 2015.

—De vos y de mí depende que Mauricio siga por la senda del éxito —le dijo Carrió a Caputo.

—Mauricio hace tiempo que ya viene por esa senda —respondió el empresario.

—Yo te digo, nomás —remató la diputada.

Al otro día, durante un almuerzo en la quinta Los Abrojos y, siempre según ese relato, Caputo le ofreció a su amigo dar un paso al costado. “No quiero ser tu Lázaro Báez”, lanzó.

Hace rato que el macrismo trataba de instalar en los habituales off the record con periodistas que Caputo, efectivamente, se había corrido. Falso. Lo único que cambió es que los amigos no se ven al menos una vez por semana, como ocurrió durante los mandatos de Macri en la ciudad. Tampoco la relación con Carrió es color de rosa. Hace ocho años, la diputada de la Coalición Cívica aseguró que Caputo había negociado con Alberto Fernández un acuerdo para que Macri no compitiese por la presidencia en el año 2007. Lilita cree que Caputo, por ser el amigo del Presidente, debería vender todas sus empresas. No solo lo cree sino que lo dice. Pero, ¿debería hacerlo solo por su amistad? Paradojas del destino, un ex empleado de la empresa del amigo del Presidente aparecería mencionado en dos grandes escándalos de corrupción de 2016: los bolsos de José López y los desprolijos aportes económicos a la fundación de la vicepresidenta de la Nación.

El novio

En julio de 2016, el diario Tiempo Argentino reveló que el 22 de noviembre de 2015, mientras Gabriela Michetti festejaba el triunfo de la fórmula que integraba junto con Mauricio Macri, uno de sus custodios le robaba —hasta donde ella reconoció— 245 mil pesos y 50 mil dólares. El dinero estaba en sobres de papel madera que su pareja, habitualmente, escondía en un placar. Michetti dio distintas versiones en público, en privado y en la justicia. Alegó que los billetes norteamericanos se los había donado su pareja para que su hijo realizara una maestría en la que no se había anotado. Agregó que los pesos estaban divididos: 45 mil iban a ser destinados a una serie de reformas en su casa y el resto eran donaciones con las que se iba a costear la cena de gala de la Fundación SUMA que ella preside.

“Hago relaciones gubernamentales”, dijo alguna vez. Podría haber dicho “hago cabildeo”, o directamente, lobby. Pero Juan Tonelli Banfifue más sutil. La pareja de la vicepresidenta de la Nación es un relacionista gubernamental, tal como él mismo señaló, pero de la industria farmacéutica y de algunas empresas multinacionales, como Coca-Cola, cuyos lazos con el macrismo le habrían servido para conseguir beneficios y jugosos contratos con el gobierno porteño. Como titular de la Cámara Argentina de Medicamentos de Venta Libre (Capemvel), conquistó el veto de Macri a la ley por la cual la ciudad adhería a la prohibición de oferta de medicamentos de venta libre fuera de las farmacias. También fue el hacedor del inmenso cartel de Coca-Cola frente al Obelisco que terminó en una batalla legal con el polémico juez Roberto Gallardo. Tonelli conoció a Michetti cuando era asesor de la Fundación Crecer y Creer, de Mauricio Macri. Para evitar suspicacias, ellos suelen decir que empezaron a salir en 2010, cuando Michetti era diputada.

Luego del robo, Tonelli quedó en la mira, ya que además de ser el novio de Michetti y el supuesto donante de los 50 mil dólares, tenía una relación comercial con la ciudad gobernada por el macrismo. Michetti dijo sobre su pareja: “Cuando Juan tuvo, o sea, cuando la empresa en la que Juan participaba en un 20 por ciento, tuvo esa contratación, que no es contratación directa, son servicios de publicidad, no es contratación directa; son servicios de un… este… ¿cómo se llama? Mercado. Ese Buenos Aires Market que es de productos orgánicos y qué sé yo, o sea, la ciudad posiciona su stand en el mercado, o sea son servicios que no se pueden licitar, porque hay un mercado, no hay setecientos como para licitar”. La vicepresidenta hablaba de Tough Match SRL, propiedad de Juan Tonelli Banfiy de su hermano Carlos. La empresa es dueña de la revista JOY. Su página web recibió 823.628 pesos de publicidad oficial del gobierno porteño en dos años y medio. La ciudad pautó, en la sección sobre salidas nocturnas, una publicidad sobre la línea 102 de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, pegada a un artículo sobre la cerveza.

Como dueño de la idea original del Buenos Aires Market, cobró, por cada fin de semana, 169.400 pesos en 2012, 338.800 en 2013 y 350 mil al año siguiente. También se vio beneficiada la cámara de medicamentos que dirige Tonelli. En los últimos años, el Ente de Turismo porteño le pagó con dinero de su “caja chica especial” entre 300 y 500 mil pesos a la firma Castropol Comunicaciones por la organización del evento. La firma es una famosa “bolsera” dedicada a intermediar pauta estatal. Entre otras cosas, publica suplementos de salud para diarios del interior del país que cuentan con el auspicio de la Capemvel. Hay más. Ese no es el único vínculo de Tough Match SRL con el gobierno porteño. También organizó las “Sparkling Nights”, ferias sobre vinos espumantes en hoteles de lujo auspiciadas por el gobierno macrista en las que recibieron, por ejemplo, 455.280 pesos del Ejecutivo porteño por poner un stand durante el año 2014.

Más allá de Tonelli, luego del robo a Michetti, parte del periodismo puso la lupa en la Fundación SUMA, que según consta en la denuncia judicial, no estaba inscripta en la AFIP ni figuraba en la Inspección General de Justicia.

Sin embargo, la ONG se había creado en 2009. A pesar de los objetivos solidarios que alegó Michetti, el nombre completo de la Fundación señalaría otra cosa: “Fundación SUMA para el diseño de políticas públicas con visión estratégica”. Según fuentes consultadas, el objetivo era influir sobre las decisiones del Estado. Esa era la verdadera y principal actividad de Tonelli.

Dinero amigo

Luego de que el tema estallara en la prensa, Gabriela Michetti envió los balances a la IGJ. Así se conoció que, durante 2015, había recibido donaciones por 4,1 millones de pesos, más que los tres millones que la ONG reportó en su escueto “informe de transparencia” de ese mismo año. Tampoco figuraba en la AFIP como empleadora, pese a que la propia Michetti admitió que tenía una directora y dos empleados a los que cada mes les pagaba un sueldo. Trabajaban en negro. Todo esto le permitió a Michetti alejarse del brazo controlador del Estado. Porque, además, las donaciones deben ser bancarizadas, justamente con el objetivo de que puedan ser controladas. Esa circunstancia irregular impide saber a ciencia cierta cuánto dinero recibía. Con la ONG lejos de los organismos de control y fuera de la atención mediática, un dato pasó inadvertido. La fundación recibía donaciones de una treintena de empresas contratistas del Estado nacional y del porteño. En este último caso, y en los que se refiere puntualmente a obra pública, se destacan varias firmas, grupos y uniones transitorias —muchas, con cuestionadas adjudicaciones mencionadas en este libro—. Es el caso de Riva SA, Grupo Rhuo, Grupo Petersen, Criba, Grupo ODS, Propymes, Vialmani, Eleprint y Roggio.

Uno de los nombres que más llamó la atención de la lista es el del Grupo Farallon. Pero Michetti se hizo la desentendida. “Ayer pregunté qué era Farallon”, dijo el 21 de julio de 2016, en medio del escándalo, en una entrevista con una radio porteña. El dueño de Farallon es el ya mencionado ingeniero Eduardo Ramón Gutiérrez, ex empleado de Caputo Construcciones. Hoy es socio de Caputo y de Jorge Brito, con quien comparte Vizora Desarrollos Inmobiliarios.

Gutiérrez aportó por lo menos 200 mil pesos a la Fundación SUMA durante 2014, según datos oficiales. Podría ser una cifra mayor. También tiene su propia ONG, Fundación Grupo Farallon, de la que no hay siquiera un mínimo registro de actividades en internet. En la ciudad ganó la licitación para renovar el Teatro General San Martín, pese a que no presentó la oferta más baja. Lo hizo en una UTE con Bricons. El contrato original fue por 161 millones de pesos. Conorvial SA había propuesto realizar el mismo trabajo por 153 millones de pesos, pero la ciudad respondió que había trabajado en una obra menos compleja en el mismo teatro (la remodelación de una sala) y que no había cumplido con los plazos correspondientes. Esa vez —a diferencia de otras tantas— el gobierno porteño decidió respetar la ley y priorizar las empresas, supuestamente, cumplidoras.

Seis meses más tarde, la ciudad le adjudicó la construcción de refugios para las líneas ferroviarias San Martín, Mitre y Sarmiento por 31 millones de pesos. Ausa le concedió una línea de Metrobús a Farallon en una UTE con Rovella Carranza SA, empresa que el fiscal federal Federico Delgado pidió investigar en la causa por enriquecimiento ilícito de José López, quien según ese dictamen podría ser el verdadero dueño de la firma. Del consorcio también fue parte Vialme SA. Una curiosidad: Ausa había estimado el costo en 60 millones de pesos, pero la UTE ganadora ofreció 46 millones, mucho menos que los 75 millones que propusieron Coarco y Ecas, y de los 100 millones que ofertó Supercemento. La AGC constató una serie de irregularidades. Por ejemplo, la modificación del anteproyecto que desvirtuó el pliego o la realización de obras en el lugar antes de la firma del contrato. Hubo más convenios con la ciudad. El 29 de julio de 2015, Macri le otorgó el mantenimiento de las calles de una zona de la ciudad por 80 millones de pesos.

Con Caputo SA, Farallon conformó una UTE —de la que también fue parte Eleprint— para levantar en la ciudad seis edificios del plan Procrear por 210 millones de pesos. Sus antecedentes en ese plan de viviendas no son buenos: Farallon logró el mayor proyecto de desarrollo del país, en San Nicolás de los Arroyos, y lo paralizó para sentarse a renegociar sus costos, algo que ya había hecho cerca de allí, en la remodelación de la ruta de acceso a San Pedro. Las otras dos obras que hizo con Caputo SA fueron en consorcios de los que SES también formó parte, y fueron las únicas en las que intervino la Secretaría de Obras Públicas que conducía José López: entre las tres empresas construyeron el Museo de Malvinas, por 70 millones de pesos, y remodelaron el Hospital Posadas, en El Palomar, partido bonaerense de Morón. La participación de Farallon fue del 35 y 40 por ciento, respectivamente. En el caso del Hospital Posadas, la obra fue adjudicada en 2010 con un plazo de tres años, pero sufrió grandes retrasos, al punto de que cuando llegó al gobierno nacional, Macri le concedió una ampliación del ya vencido plazo de ejecución por otros dieciséis meses. Además, le otorgó 4,4 millones de pesos adicionales de manera retroactiva con la excusa de que el retraso en los trabajos había sido por “importantes precipitaciones”. La obra pautada en 176 millones de pesos ya costó 275 millones.

Pero antes de las uniones transitorias de empresas, Eduardo Gutiérrez ya tenía una relación con la compañía del amigo del Presidente. Fue en Caputo SA donde empezó su carrera. Corría el año 1976, tenía 27 años y, menos de doce meses antes, se había recibido de ingeniero industrial. Lo primero que le encomendaron fue la planificación de una obra en Italia. Ese viaje, del que retornó en 1978, le cambió la perspectiva de la vida. Al regresar, fundó su propia empresa, que comenzó dedicándose a la construcción de viviendas sociales. Durante el menemismo, con gran parte de la obra pública destinada a viviendas sociales paralizada, comenzó a comprar casas antiguas para demolerlas y construir edificios. Un gran negocio. Exitoso, mudó sus oficinas y negocios al partido de Pilar, en pleno boom de los countries. Como las expensas eran muy caras, Gutiérrez empezó a hacer barrios privados. Él se vanagloria de haber hecho el primero de la zona, llamado Pueyrredón. También dice que fue el primero en hacer un edificio de oficinas en Pilar, adelantándose al auge de esos emprendimientos en la zona.

Gutiérrez fue funcionario de Pilar y presidente de la filial local del Partido Justicialista. Sergio Bivort lo nombró ministro de Gobierno durante su intendencia, que terminó, abruptamente, cuando renunció en mayo de 2002 luego de decir: “Me cansé de sostener lo insostenible”. Durante su gestión se rezonificaron los terrenos que compraba para hacer countries, la mayoría de ellos sobre humedales que dejaron de inundarse porque se rellenaron y elevaron los terrenos, lo que provocó desmanes en los alrededores. En 2000 se asoció con la constructora Pulte Homes para traer su modelo de viviendas. El primer barrio en el que se utilizó ese sistema fue La Lomada. Cinco años después, Gutiérrez terminó comprando Pulte Argentina.

Tras la llegada del polémico Humberto Zúccaro a la jefatura comunal de Pilar, Gutiérrez consiguió excelentes relaciones políticas y fue nombrado secretario de Hacienda. Pero su relación con Zúccaro tuvo idas y vueltas, y hubo acusaciones cruzadas. Gutiérrez hizo circular el rumor de que el intendente pedía “su parte” —retorno o cometa— a los constructores, y el intendente le devolvió la gentileza declarando públicamente que quería controlar las obras en su municipio. El motivo de la pelea era un gran negocio: un proyecto para hacer un edificio de oficinas en el kilómetro 50 de la Panamericana.

Farallon también fue uno de los grandes beneficiarios de la obra pública. Obtuvo la pavimentación de la ruta 34, el camino de circunvalación del partido, el pavimento para 565 cuadras y otras 78 en el marco de un plan de caminos para las escuelas, la repavimentación y el ensanche de la ruta 26. La remodelación del ex Instituto Carlos Pellegrini para la nueva UBA, y varios planes de viviendas en el marco del Plan Federal de Viviendas también fueron obras encaradas por Farallon, así como la red cloacal del barrio Villa Verde.

Con Jorge Brito —titular del Banco Macro— y con funcionarios de la provincia de Salta gobernada por Juan Manuel Urtubey, Gutiérrez se asoció en Vizora Desarrollos SA, una firma conformada por su empresa Farallon, Pulte y el citado banco. La titular de Vizora Desarrollos es Milagros, la hija de Urtubey. Así, Gutiérrez llegó a ser socio temporal del grupo Macro, aunque el proyecto no prosperó. En 2005, Creaurban formó un joint venture con Vizora para invertir 53 millones de pesos en el desarrollo de las Torres Mulieris, en Puerto Madero. Pero hubo desacuerdos comerciales entre Gutiérrez, Brito y el ingeniero Juan Garrone, presidente de Creaurban, y el proyecto naufragó.

La denuncia periodística y las estrafalarias explicaciones de Michetti terminaron judicializadas. Uno de los más fervientes laderos de Máximo y Cristina Kirchner, el “dipuespía” Rodolfo Tailhade, que venía de apretar trabajadores en la IGJ, denunció a Michetti en medio de sospechas de que SUMA y otras seis fundaciones usaban sus contactos e ingresos económicos para financiar al flamante oficialismo por medio de empresas y directivos de compañías vinculadas con las obras y los servicios públicos. En el ambiente quedó instalado que el dinero que estaba en la casa de Michetti se usaba, en realidad, para financiar actividades políticas.

Adoquines, baches y aportes

El Ente de Mantenimiento Urbano Integral, que depende del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, quedó sumergido en la polémica por una denuncia de 2014 a partir de una auditoría porteña. Durante el primer año de gestión del PRO en la ciudad, se retiraron de las calles 42 millones de adoquines, pero seis años más tarde en los galpones municipales solo quedaba alrededor del 10 por ciento. Habían desaparecido unos 38 millones. Entre tanto, en internet empezaron a aparecer decenas de ofertas de “adoquines antiguos de calle”, que se vendían en alrededor de un dólar cada uno.

La obra pública siempre estuvo muy presente en la vida del PRO, un partido que combinó la extraña fórmula de “más Estado” y “más mercado” a la vez. La campaña de 2011 se basó en buena parte en la promoción del Metrobús (y prometer la construcción de otros dos) y las bicisendas. Si bien estaban lejos de ser obras grandes, también llegaría la del arroyo Maldonado, aunque todavía no era promovida como “la” obra. En ese contexto, el macrismo lanzó a mediados de 2012 el plan Bache Cero.

Oficialmente, se calcula que en la ciudad se generan más de cuarenta y cinco baches por día. En el PRO siempre se argumentó que existen cuatro mil permanentes y que las obras no logran ni lograrán llevarlos a cero. En su momento, Jorge Telerman había hablado de 17 mil. En ese momento, los agujeros en las calles era un tema recurrente de conversación, fundamentalmente entre los taxistas, que hablaban de “cráteres”. Ibarra puso a correr la maquinaria tapabaches antes de la campaña, como luego haría Macri. El presupuesto fue creciendo año a año, muy por encima de la inflación.

La licitación de 2012 fue distinta. Las obras se repartieron entre trece empresas, algunas de ellas muy grandes: Rovella Carranza SA; una UTE compuesta por Grupo Farallon Desarrollos Inmobiliarios, Fontana Nicastro Construcciones SA y Marcalba; y otra unión entre Eleprint e Ilubaires SA. Para que la obra fuera visibilizada durante la campaña de 2013, el macrismo apeló a una estrategia habitual de los oficialismos: se ejecuta más de lo presupuestado en los primeros tres trimestres y se subejecuta en el último. En plena campaña, ese año se destinó para bacheo 918.852.313 de pesos, lo que representó un aumento del 306 por ciento con respecto al año anterior.

Poniendo estaba la gansa

La gala para recaudar fondos de campaña que el macrismo realizó en marzo de 2015, en el pabellón amarillo de La Rural, provocó controversias. Ese día se dispusieron 240 mesas con lugar para diez comensales, los que pagaron 50 mil pesos por cubierto. Aunque el PRO lo presentó como una forma de transparentar el origen de los gastos electorales, todo terminó con una denuncia penal, porque entre los que dieron el presente (y el dinero) había decenas de contratistas de la ciudad. Un ejemplo: el Grupo Roggio. Benito Roggio e Hijos posee un contrato de recolección de residuos y tiene alrededor del 90 por ciento de las acciones de Metrovías, la firma que opera el subte porteño, uno de los grandes nichos de obra pública de la ciudad. También participaron de la gala Tecsa —de Ángelo Calcaterra—, Criba, Techint y Odebrecht, entre otras empresas contratistas, además de Impsa, Ecohabitat, Urbaser e Irsa.

En 2014, el PRO recibió —en blanco— para financiar sus actividades 12 millones de pesos. En 2015, año electoral, esa cifra se multiplicó más de diez veces: donaron 124.175.670 pesos de manera oficial. De ese total, más de 84.285.918,05 fueron cedidos por unas 290 empresas, al menos cincuenta de las cuales están habilitadas como proveedoras del Estado porteño y varias de las cuales son adjudicatarias de obra pública. Como la ley de financiamiento electoral prohíbe que las empresas realicen donaciones, ese dinero no fue declarado como aporte de campaña sino que se anotó como “gastos de desenvolvimiento institucional”. En el PRO aseguraron que todo el dinero salió de la gala. Ese mismo día habían confesado que lo recaudado sería usado para la campaña. En el listado oficial aparecen nombres como Riva, Raghsa, Isolux, Vialmani, Irsa y Caputo Hermanos.

Pero no solo hubo empresas que aportaron el necesario dinero para hacer política. Uno de los mecanismos que usó el PRO para eludir las restricciones legales fue apelar a las donaciones a título personal de propietarios o funcionarios jerárquicos de empresas con intereses en la ciudad. Por ejemplo, Pablo Elías aportó 500 mil pesos. Elías es presidente de Desobstructora Argentina SA, que ganó licitaciones del Ministerio de Ambiente y Espacio Público. La misma cantidad de dinero desembolsó Mario Ángel Raspagliesi, titular de Bricons, una de las constructoras más importantes de la Capital. También donó medio millón de pesos Antonio Gómez, titular de Maquivial, otra gran ganadora con el plan de bacheo del gobierno porteño y vinculada con la construcción de la famosa pista de aterrizaje del Anillaco de Carlos Menem, hoy abandonada y llena de pastizales.

Otros empresarios que, vaya casualidad, aportaron 500 mil pesos, son:

Eduardo Elsztain, el dueño de Irsa.

Gerardo Bonetto, miembro de LX Argentina, que entre otros contratos tiene el mantenimiento de todos los edificios de la policía porteña.

Gustavo Quiroga, titular de Quiroga Agencia de Medios. Entre sus clientes están el gobierno porteño y el Banco Ciudad.

Héctor Pilla, presidente de una compañía que tiene a cargo el mantenimiento de las villas, Serbeco SA.

Teresa Zampino, la esposa de Nicolás Maccarone, presidente de Coinsa Construcciones. La firma es parte del Grupo Maccarone.

Construmex aportó por medio de su titular, Juan Manuel Saavedra Vertiz, y su vicepresidente, Carlos Alberto Dellagiovanna. Alberto Andrenacci y María de los Ángeles Andrenacci son padre e hija y tienen a cargo Marcalba y Fontana Nicastro, respectivamente; entre los dos pusieron medio millón de pesos. Santiago Bayazbakian, uno de los dueños de Naku Construcciones, aportó un cuarto de millón de pesos. Otros empresarios que sumaron por vía indirecta son los Tarasido, dueños de Criba: Mariano, Eduardo, Gonzalo y Alberto desembolsaron entre 25 mil y 125 mil pesos cada uno. Lo mismo hizo EVA SA, por medio de siete de sus integrantes.

La auditoría que hizo la Cámara Nacional Electoral sobre el financiamiento de las primarias de 2015 encontró varias irregularidades en torno al PRO. Por caso, no aparecen los gastos por la contratación de Jaime Durán Barba. ¿La explicación? Trabaja gratis. También hay noventa y cinco monotributistas de las categorías más bajas que donaron hasta 60 mil pesos. Pero lo que más llamó la atención fue que los 36 millones de pesos que Cambiemos destinó a las PASO para fogonear a sus tres candidatos —Macri, Elisa Carrió y Ernesto Sanz— fueron manejados, en los papeles, por Stella Maris Sandoval, de 68 años, y María Armanda Inza, de 82, dos jubiladas que no militan en ningún espacio político y que se enteraron varios meses después de que sus nombres estaban en las planillas del flamante oficialismo.

El financiamiento de la política sigue siendo la gran discusión pendiente en la Argentina.

Fueron todos. La interminable historia de Yacyretá

Yacyretá es el monumento a la corrupción.

CARLOS SAÚL MENEM, 3 de abril de 1990

Además de la corrupción, [Yacyretá] fue el símbolo del fracaso y la frustración.

CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER,

10 de marzo de 2011

Menem lo dijo

Martes 3 de abril de 1990. Carlos Menem regresaba de Paraguay, donde había mantenido un encuentro con su par Andrés Rodríguez Pedotti. Muchos periodistas fueron testigos de una de sus frases célebres: “Si aquí hay un monumento a la corrupción, es Yacyretá”. A renglón seguido, blanqueó sus intenciones: “Por eso vamos a procurar, en caso de que sea posible, una paralización por seis meses, un año, pagando los sueldos, por supuesto, pero poniéndole coto a esta situación”, precisó. Fue el puntapié inicial para el intento de privatizar la represa.

Aunque el ex presidente tatuó el estigma de la corrupción en el corazón de Yacyretá, a principios de esa década, recién se empezaba a esbozar el capítulo sobre las represas más polémicas de la historia nacional. Años más tarde, las palabras de Menem se transformaron en un augurio: Transparencia Internacional ubicó a Yacyretá entre los diez “monumentos a la corrupción más grandes del mundo”. Fue en 2005.

En plena crisis del petróleo, el 3 de diciembre de 1973 se firmó el acuerdo con Paraguay que creó el Ente Binacional Yacyretá (EBY). La rúbrica fue de los cancilleres, con la presencia del dictador Alfredo Stroessner y de María Estela Martínez de Perón, que había viajado en su calidad de vicepresidente a raíz de una bronquitis que aquejaba a su esposo, Juan Domingo Perón. El último paso lo dio la dictadura. Siete días antes de la asunción de Raúl Alfonsín, el general Reynaldo Bignone firmó la concesión de las obras, que empezaron al año siguiente y terminaron en 1998. Ambos países soñaban, a principios de los setenta, con invertir 1.800 millones dólares en obras civiles para tener la represa en funcionamiento en 1979. Cuando en 2011 empezó a operar en plenitud, había demandado entre 11 mil y 13 mil millones de dólares, según quien cuente la historia. Habían pasado casi cuatro décadas de sobreprecios, obras, licitaciones, paralizaciones, nuevas obras, anuncios, cortes de cinta, retornos, reembolsos debidos e indebidos, adjudicaciones y más cortes de cinta. Un menjunje de esas palabras clave en torno a las cuales se desmembra la corrupción. La enorme mayoría del dinero no fue destinada a la construcción propiamente dicha. Unos siete mil millones se usaron para financiar la obra. Otros mil millones se esfumaron en consultoras y estudios externos. Se llegaron a pagar cien mil dólares para que una consultora paraguaya evaluara cómo refuncionalizar las oficinas de Puerto Madero: aconsejó sacar una mampara y poner luces dicroicas, entre otras cosas. Los más pesimistas estiman que hay unos 1.800 millones de dólares que alguien “se los quemó”. El Estado es bobo para diseñar, pero se convierte en un generoso mecenas a la hora de sacar la billetera que le presta el pueblo. El resultado fue escasa energía. Y cara.

La construcción no se suspendió, como pretendía Menem. Tres años más tarde se terminaron las obras civiles. El 2 de septiembre de 1994 fue habilitada la primera turbina, aunque los veinte generadores empezaron a funcionar recién el 7 de julio de 1998, pero con el 62,77 por ciento de la potencia total, ya que el caudal del dique no era suficiente. La central había sido proyectada con una cota de 83 metros sobre el nivel del mar, pero tenía 76 metros, lo que provocaba una pérdida de 7.345 GWh, casi lo que producen tres centrales de El Chocón, equivalentes a unos 220 millones de dólares al año, además del posible deterioro precoz de las turbinas por operar de una manera distinta de la que fueron concebidas.

Si la obra estaba preparada para funcionar con una cota de 83 metros, ¿por qué no se cerraban las esclusas y se aumentaba el caudal? Sencillo: para poder realizar cualquier dique se necesita inundar tierras. En el caso de Yacyretá, fueron unas 170 mil hectáreas. Pero para la segunda etapa faltaba adquirir las tierras de las 38 mil hectáreas sobre un total de 56 mil a anegar, cuyo costo estimado era de 38 millones de dólares, un vuelto si se compara con el dinero que se estaba perdiendo en energía no generada. El problema de las tierras tiene varias facetas. Porque además del conflicto social y cultural que provoca la reacomodación de decenas de miles de personas, estimadas en 80 mil solo en la primera etapa, en Yacyretá se montó un verdadero negocio inmobiliario de grandes políticos a pequeños especuladores. Lo habitual en estos casos es negociar con los dueños o expropiar las tierras antes de encarar el proyecto. Así, por ejemplo, ocurrió a fines de los setenta con la represa de Salto Grande, que inundó el 82 por ciento de la ciudad de Federación, cuyos pobladores fueron reubicados, la enorme mayoría contra su voluntad, aunque en plena dictadura el margen de disenso fue prácticamente nulo. En Yacyretá, en cambio, la resistencia fue feroz, y aún hoy existe.

Paga Dios

El desprecio de Yacyretá por el medio ambiente fue absoluto. Una anécdota lo representa. Ocurrió una mañana, a principios de los ochenta. Dos ecólogos, horrorizados por lo que estaba por acaecer, se entrevistaron con uno de los directores, el ingeniero Ricardo Egaña, para convencerlo de que el medio ambiente es vital. Hasta un niño de cuatro años lo comprendería. Estaban explicándole la importancia de la diversidad, de las especies en extinción, de las tierras a inundar, el peligro de las enfermedades y de todo lo que efectivamente terminó ocurriendo, cuando el ingeniero los interrumpió, se puso de pie y habría arrojado la siguiente conclusión: “Estos temas me dan ganas de orinar”.

En el caso de Yacyretá, las tierras que iban a ser inundadas sufrían constantes ocupaciones. Luego del censo, para su eventual reubicación e indemnización, se contaron tres mil nuevos vecinos que se mudaron especulando con el pago. En efecto, la cuestión de las tierras fue el primer negociado en torno a Yacyretá. La relación entre la represa y la corrupción es tan paradigmática que tuvo su primera denuncia antes de que siquiera se colocara la piedra fundamental, cuando salió a la luz que algunos dirigentes políticos y funcionarios del EBY a ambos lados del Paraná habían comprado tierras que iban a ser inundadas para ser indemnizados con su expropiación. En Paraguay, la aparición en 2000 del libro De Morínigo a Cubas, del ex consejero del EBY, Víctor Segovia Ríos, provocó revuelo, ya que en varios capítulos se despliega la trama de personajes que vendieron sus tierras a precios que llegaron a ser hasta diez veces mayores que su valor de mercado.

Una de las primeras bombas estalló en 1990, cuando el contador Antonio Roque Casabona denunció que el consorcio Empresas Reunidas Impregilo-Dümez Asociados a Yacyretá (Eriday), a cargo de la construcción de la represa, cobró la friolera de dos mil millones de dólares en concepto de reembolsos indebidos. En otras palabras, dijo que el grupo de empresas se había llevado ilegalmente un plus equivalente al ciento por ciento de lo que conformaba el presupuesto original para la obra. Eriday estaba encabezado por la italiana Impregilo y la franco-germana Dümez, que habían protagonizado una escandalosa puja que resolvieron uniéndose en sociedad y quedándose con el control del grupo y el 25,50 por ciento de las acciones cada una. Muy lejos de lo que había pasado con la represa binacional de Itaipú, entre Brasil y Paraguay, el pliego de las obras civiles de Yacyretá no solo no exigía un porcentaje mínimo para capitales locales, sino que en su afán de destruir la industria nacional, Martínez de Hoz decidió que el consorcio ganador fuera internacional y estuviera liderado por una empresa extranjera. Habría sido una gran oportunidad para las empresas argentinas, como ocurrió con Impsa, de Pescarmona, que logró exportar turbinas luego de la experiencia que ganó en Yacyretá.

Impregilo y Dümez pudieron repartirse el botín sin objeciones, y sumaron a varias empresas argentinas. Con excepción de Benito Roggio, que tuvo el 3,03 por ciento de la participación, las demás se quedaron con el 1,63 cada una. No obstante, la mayor tajada la sacó Socma, ya que sumó dos empresas: Sideco Americana y Supercemento. Los otros integrantes del consorcio fueron Techint, Sade, Conevial, Impsa, Eaca, Codi, José Cartellone, Petersen, Thiele y Cruz, Polledo, Sollazo y Tecnomatter. También era parte de la sociedad Iglys, que pertenecía a Impregilo, lo que convertía a la poderosa constructora de Fiat en el mayor tenedor, con el 27,13 por ciento de las acciones. El consorcio incorporó, asimismo, tres empresas paraguayas, Conempa, Cie y Cepaya, todas propiedad del ex presidente Juan Carlos Wasmosy, cada una con el cinco por ciento de participación. El grupo lo cerraban las italianas Cogefar-Impresit, Italstrade, Recchi y Torno; la alemana Dyckerhoff & Widmann; y la uruguaya Álvaro Palenga. Eran unos 1.800 millones de dólares a distribuir para empezar.

El contador Casabona había sido contratado por Sade, de Pérez Companc, y Sideco y Supercemento, de Macri, para conseguir los reembolsos que correspondían a todos los insumos y bienes de origen nacional en virtud de la ley 20.852. Había estimado que conseguiría un 2,5 por ciento del total del valor de las obras, pero, de manera intempestiva, decidieron poner fin a su contrato y lo reemplazaron por la empresa Dicmar SA, cuyo director, Guillermo Arturo Henin, se había comprometido a gestionar el cobro de reembolsos equivalentes al 15 por ciento del total. “Henin debe tener mejores contactos que usted”, le dijeron antes de despedirlo. Despechado, el 26 de julio de 1990, Casabona presentó una denuncia por defraudación al fisco que terminó sumándose a otro expediente que ya estaba abierto, impulsado por el ex director del EBY, Alberto Aseff, crítico de la forma en la que se encararon las represas desde el minuto cero. Aseff había denunciado sobreprecios y otras irregularidades en la construcción de los campamentos, y pagos indebidos al consorcio constructor.

Las primeras 182 viviendas se hicieron en Ituzaingó, la ciudad más cercana a la central, para un pequeño grupo de afectados. Según denunció Aseff, el costo del metro cuadrado fue similar al que se pagaba en la Capital Federal, sobre la coqueta Avenida del Libertador. Pero con la construcción de las primeras 300 casas de la llamada “villa permanente para los trabajadores y sus familias”, lo precios escalaron a 136 mil dólares en el caso de las más baratas y llegaron a 470 mil dólares por las casas destinadas a los seis directores argentinos. Por otra parte, para las 2.800 viviendas a realizar en Corrientes se había estipulado un costo de 94,5 millones de dólares, pero se desembolsaron 503,6 millones. El total del costo de las villas en 1982 era de 750 millones de dólares.

A grandes rasgos, el contador detalló que se habían ejecutado dos maniobras. Una de ellas fue el “uso de posiciones arancelarias incorrectas”. Se explica con el ejemplo ya conocido: para hacer hormigón, se mezcla cemento, arena y agua con grava; pese a que ninguno de esos elementos ameritaba un reembolso por su escaso valor agregado, el hormigón fresco fue incluido como un producto de la industria química y recibió un reintegro del 15 por ciento. La otra táctica fue la “certificación de bienes que pertenecían al ente”. Dicho de otro modo, Casabona sostuvo que Eriday cobró reembolsos equivalentes al 25 por ciento del valor de la maquinaria que había pagado… el EBY. Lo consiguió sin presentar una factura. Originariamente, el expediente por la denuncia de Aseff estaba en poder del juez federal Ricardo Wechsler, pero cuando lo nombraron fiscal de la Cámara de Casación Penal, la causa pasó a manos de su par Néstor Luis Blondi, quien ordenó una pericia clave que detectó 136 anomalías. La causa iba camino a una sentencia condenatoria, pero a Blondi lo ascendieron a la misma cámara que Wechsler, en este caso, como magistrado. La decisión quedó en manos de un “amigo de la casa”: Carlos Liporaci, uno de los nombres que aparecía en la famosa servilleta donde Carlos Corach había listado para Domingo Cavallo los jueces que respondían al menemismo. Liporaci, en efecto, había sido nombrado de la mano de Corach, con ayuda del ex jefe de la SIDE, Hugo Anzorreguy, y la cúpula de la Policía Federal. Se tomó vacaciones para ocuparse del tema. Un año después, absolvió a Henin basándose en una interpretación de la pericia.

Según Liporaci, los peritos habían dictaminado que la Secretaría de Industria había autorizado los reembolsos. Pero a esa conclusión había arribado la representante del EBY, no el resto de los peritos. Por eso, la Cámara Federal le ordenó volver a investigar. Casabona lo denunció por incumplimiento de los deberes de funcionario público. Pero Liporaci sobrevivió. En enero de 2000, cinco años después, declaró que la acción penal estaba prescripta. Hasta entonces, nunca se había citado a declarar a ningún responsable de Eriday. El consorcio quedaba libre de culpa y cargo. Otra vez, el tribunal de alzada frenó parcialmente la sentencia. Consideró que solo estaban prescriptos los delitos cometidos hasta 1990. Ordenó seguir con las pesquisas a partir de esa fecha y hasta la finalización de las obras civiles en 1998. En ese período los reembolsos por el hormigón alcanzaban los 640 millones de dólares. El desenlace no debería sorprender al lector.

En 1983, en paralelo con los pedidos de reembolso, Eriday empezó a reclamar, a poco de empezar las obras, compensaciones por una serie de rubros que iban desde la inflación (luego, hiperinflación), hasta el desagio y los cambios monetarios, los índices de actualización y la ley de convertibilidad, que año a año habían desvirtuado los 1.800 millones de dólares pensados para las obras civiles a valores de 1980. Luego de varias idas y vueltas, reclamos y un acuerdo en 1987 para aplicar una tasa de descuento, en 1995 Eriday reclamó el pago de 753,9 millones de dólares a partir de cincuenta y cinco “asuntos contractuales pendientes”. Pero la cifra en realidad trepaba a los 1.578 millones de dólares, más del costo original previsto. E incluía reclamos que rozaban el ridículo, como la comida del personal de la obra, que según Eriday había tenido que pagar porque “la UOCRA lo exigió con huelga y a punta de pistola”. Los diarios no tardaron en titular que el consorcio quería que le pagasen los sándwiches de mortadela de sus empelados. Nunca quedó claro el monto. Los directivos de Eriday siempre especularon con ello y jugaron al misterio. Lo mismo hicieron los argentinos y paraguayos a cargo de las negociaciones. Lo cierto es que para forzar el pago y presionar a la opinión pública, el director del consorcio, Gianfranco Rizzo, decía que la Argentina perdía un millón de dólares cada dos o tres días por los intereses que generaba la mora. Del total de la deuda, el secretario de Energía, Carlos Manuel Bastos, reconoció 115 millones de dólares, mientras que un informe de la Sindicatura General de Empresas Públicas (SIGEP), conducida por Héctor Masnatta, rechazó cuarenta y cuatro reclamos y dejó apenas diecisiete en suspenso. Corría junio de 1988. Según esa auditoría, Eriday usó para todos sus pedidos una “tasa de interés groseramente abusiva”. La gran mayoría de los reclamos por trabajos adicionales se relaciona con aspectos que “ya estaban comprendidos en los precios contratados”, o cuyo “costo influyó en la elaboración de los índices posteriores que potenciaron los precios del contrato”, o “impuestos cuya exención fue otorgada al contratista”. En tanto, la Jefatura de Gabinete informó que había treinta y tres reclamos reconocidos por 228 millones dólares, según los cálculos de Eriday, aunque nada dijo de los intereses que elevaban la cifra a sumas cósmicas. A esa altura, la población ni siquiera sabía de cuántos pedidos se hablaba.

Desde Paraguay sumaban incertidumbre al reclamo. El titular del EBY, Joaquín Rodríguez, declaró en diciembre de 1998 que solo era válido entre el 20 y el 30 por ciento de lo reclamado, lo que llevaba la deuda a 450 millones de dólares. En ese marco se apeló al mecanismo de arbitraje que contemplaba el tratado bilateral.

Bronca paraguaya

El día que Menem dijo que Yacyretá era “el monumento a la corrupción” se ganó el odio de Juan Carlos Wasmosy, por entonces empresario paraguayo dueño de las empresas guaraníes que formaban parte de Eriday, y que entre 1993 y 1998 sería presidente del vecino país. Wasmosy también tenía bronca porque quería su parte de ese millonario reclamo, un 15 por ciento del cual correspondía a sus firmas. Un día se cobró. Fue el jueves 23 de abril de 1998 y no se pudo contener: “En la Argentina hay diez veces más corrupción que en Paraguay”, declaró. Se armó la batahola. Tuvo que viajar a Buenos Aires, visitar la quinta de Olivos, sentarse frente a Menem y dar las explicaciones de su exabrupto: “No te pido una, sino mil disculpas”, afirmó el Presidente. Luego de fumar la pipa de la paz, retomaron los temas comerciales.

A pesar de sonrisas y chistes ocurrentes, Menem se la cobraría unos meses después. En esos días, Yacyretá había sido bautizada como BMW, una sigla creada con las iniciales de Bush, Menem y Wasmosy, los hombres que, realmente, tenían la última palabra en el EBY. El director ejecutivo de la entidad era Jorge Pedreira. Entre 1996 y 1998, el hombre dedicó buena parte de su tiempo a ordenar la ruina administrativa en la que estaba sumida. Logró elaborar un dictamen sobre todos los reclamos del contrato llamado YC-1, es decir, la primera parte, de los cuales rechazó treinta y ocho y mostró sus reparos sobre otros diecisiete. Solo aceptó pagar 101 millones de dólares y revisar otros 155 millones. Además, demostró que si se hubiesen aplicado las tasas del mercado mientras duró el contrato, la ganancia de Eriday habría sido menor de lo que fue. Sus propios balances detallaban una utilidad que superaba el 12 por ciento. También advirtió que solo reconocía el 20 por ciento de la supuesta deuda que reclamaba Eriday. Se convirtió en uno de los grandes detractores de los reclamos. Como consecuencia, tuvo que resistir un intenso cabildeo en su contra, que incluyó al ex secretario de Estado estadounidense Henry Kissinger, a Gianfranco Rizzo y al verborrágico Wasmosy. Rizzo había llegado al país en 1974 y tenía una vasta experiencia en lobby y obra pública. Su empresa había participado en la construcción de las represas de Salto Grande, El Chocón, Planicie Banderilla, Alcurá, Piedra de Águila y Casa de Piedra, y los puentes Resistencia-Corrientes y Encarnación-Posadas. En julio de 1997 le dio una entrevista a La Nación en la que admitió haber pagado sobornos. “En el 90 por ciento de las empresas públicas de nuestro país hubo corrupción”, confesó. Admitió ser parte de ese grupo. “La coima que se hacía era para lograr algo debido, no algo indebido. Era para conseguir la certificación que estaba cajoneada hacía meses o apurar una habilitación. La empresa privada debía sobrevivir”, se justificó. Pasaron décadas y, prácticamente, no hubo otros empresarios que sintieran la necesidad de sincerar sus pecados.

Fue Rizzo quien le sugirió a Wasmosy que aprovechase el viaje a la Argentina, en julio de 1998, para reunirse con Menem, con quien tenía una relación tirante. A Wasmosy le quedaban dos meses de mandato, por lo que aterrizó en Buenos Aires con el doble rol de jefe de Estado y representante de las empresas de su país que esperaban quedarse con el 15 por ciento del valor reclamado. En ese clima, Wasmosy llegó junto con su canciller y con el director paraguayo del EBY, Joaquín Rodríguez. Menem lo recibió diez minutos. No le alcanzó para trasmitirle sus quejas, que finalmente le presentó al canciller Guido Di Tella. Al ministro de Relaciones Exteriores le pidió que apartaran del cargo a Pedreira. Según una de las versiones, el propio Wasmosy propuso en su lugar a Raúl Reali, aunque no es probable que haya sido así: lo curioso de esa parte del relato es que Reali terminaría siendo acusado por el senador paraguayo Juan Carlos Galverna de financiar el asesinato, en marzo de 1999, del vicepresidente Luis María Argaña y el intento de golpe supuestamente promovido por el general Lino Oviedo en mayo de 2000 con la “caja negra” de Yacyretá. Hasta hubo un planteo concreto del ingreso ilegal de armas desde Misiones.

La tensión entre Wasmosy y Menem llegó a su punto culminante cuando el paraguayo reprochó en duros términos que la Casa Rosada aceptase asilar al golpista Oviedo, su peor enemigo político. Ocurrió el 29 de marzo de 1999 cuando ya no era presidente de Paraguay. Ese día, el avión en el que viajaba el militar paraguayo aterrizó en el aeropuerto bonaerense de San Fernando con 350 mil dólares en su valija. Lo primero que hizo Oviedo fue presentar un pedido de asilo político, con el argumento de que su esposa era argentina. La Alianza y el duhaldismo se mostraron en contra del alojamiento al general golpista, pero algunos dirigentes y políticos, incluido el propio Raúl Alfonsín, consideraron que era una instancia que ayudaba a la estabilidad paraguaya. Como sea, tras 18 horas de incertidumbre y gestiones, el asilo fue concedido. Menem y Oviedo mantenían una larga amistad desde mediados de los ochenta, cuando el ex presidente gobernaba La Rioja. Más aún, en septiembre de 1999, el senador paraguayo Luis Alberto Mauro, que presidía la comisión que investigaba el supuesto magnicidio de Argaña, denunció que Menem y Oviedo eran socios, a través de testaferros, de “dos empresas proveedoras de bienes y servicios del EBY”. El militar paraguayo terminó alojado en Haras La Madrugada, en Chenaut, partido de Exaltación de la Cruz.

Pese a todo, lo cierto era que Pedreira constituía un obstáculo. Se trataba de un hombre del ministro de Economía argentino, Roque Fernández, quien también sufría presiones de sus superiores. Terminó dando el brazo a torcer y la obra pasó del Ministerio de Obras y Servicios Públicos a la Secretaría General de la Presidencia, que manejaba Alberto Kohan. Además de ganarse el odio del consorcio, Pedreira no había logrado destrabar, en Washington, un crédito para elevar la cota.

El 1º de febrero de 1999, se publicó en el Boletín Oficial el decreto que nombraba a Reali en lugar de Pedreira. “Cachito” Reali no solo había sido sugerido por Wasmosy, sino que era una persona de confianza de Menem, fundamental en la vida del ex mandatario. Cuando Menem salió de la cárcel en plena dictadura, tras pasar por Mar del Plata y Tandil, Reali le ofreció compartir su estudio jurídico en Quilmes. Día a día, Menem disfrutaba el viaje en tren, mirando por la ventanilla, soñando con la caída de los militares para volver al ruedo. Estuvieron juntos hasta que el riojano fue encarcelado otra vez en la yerma Las Lomitas, Formosa. Reali suele recordar que recibió una carta desde ese penal que decía que los militares se habían equivocado, que no les convenía, que acaban de encarcelar a un futuro presidente. Reali fue diputado nacional pero, apenas llegó Menem al poder, dejó la banca y asumió como director en Yacyretá, en plena disputa por los reclamos de Eriday. El Presidente quería que formase parte del “monumento a la corrupción”.

Aparece Kissinger

El contrato entre el EBY y Eriday estipulaba la posibilidad de designar un tribunal de amigables componedores. Para solucionar sus pedidos de reembolso por treinta y siete rubros diferentes, Eriday había elegido a Henry Kissinger, que logró inflar los 900 mil dólares de honorarios establecidos para los árbitros. Su socio en la consultora Kissinger Associates, el estadounidense William Rogers, ex secretario de Asuntos Latinoamericanos durante la gestión de Richard Nixon en la Casa Blanca, viajó a Buenos Aires y logró llevar la paga hasta el millón y medio de dólares. Rizzo declaró que lo habían elegido porque “Kissinger es un hombre que sabe soportar las presiones y al que es muy difícil decirle que no”.

En la vereda de enfrente —pero en la misma calle—, el EBY optó por el abogado menemista Mariano Cavagna Martínez y Lagos, ex ministro de la Corte Suprema y ex embajador en Italia. Pedreira propuso al jurista Héctor Masnatta como negociador, el mismo que había hecho el in forme crítico de los reclamos como director de la SIGEP. Reali, que en público decía que el reconocimiento de la deuda “institucionalmente es cero”, optó por alguien de extrema confianza y lealtad con el Presidente. A pedido de Wasmosy y sus socios, dio un paso más al aumentarle los honorarios y las facultades, puesto que decidió que el laudo que dictara junto a Kissinger iba a incluir su propio salario e iba a ser inapelable. Se había extralimitado. Si bien el acuerdo original hablaba de “árbitro”, le asignaba una función de “amigable componedor”, es decir, de mediador, no de juez.

La incertidumbre sobre el monto del reclamo permanecía. Cuando en 1995, Domingo Cavallo amagó con privatizar Yacyretá, Eriday advirtió que su reclamo era mucho mayor. Roberto Dromi admitió que la deuda podía frenar la estrategia del menemismo. El consorcio propuso perdonarle al Estado 500 millones de dólares de la supuesta deuda y quedarse con la empresa. O sea, pretendía hacerse de la represa sin poner dinero y con una deuda en su haber de 300 millones de dólares. La viveza no es solo criolla.

En el comunicado del EBY de febrero de 1999 en el que se anunciaron los nombres de los árbitros —la primera nota de prensa de la gestión de Reali—, se encendió una bomba sobre la mesa de diálogo: Eriday había duplicado sus pretensiones. Ahora quería más de 1.500 millones de la moneda estadounidense. No se trataba de versiones; era una gacetilla oficial. Kissinger, Rizzo, Wasmosy y compañía se habían salido con la suya. El terreno ya había sido preparado para que las topadoras de Eriday arrasasen con las arcas públicas. Unos meses antes, en diciembre de 1998, Kissinger había viajado a Anillaco, La Rioja, para reunirse con Cavagna Martínez y con el presidente Menem en su residencia, llamada La Rosadita (el kirchnerismo no inventó nada). El reloj corría. Menem quería resolver el problema sin generar otro ni quedar mal parado. Por eso llegó a decir: “No vamos a pagar la enormidad que pide el contratista y si es necesario iremos a la Corte de La Haya”.

En abril de 1999, se organizó un panel en el Consejo Profesional de Ingeniería Mecánica y Electricista para debatir sobre Yacyretá. Cuando el diputado Ricardo Vago pronunciaba su alocución, alguien entre el público pidió la palabra: “Yo soy Gianfranco Rizzo, gerente de Eriday, actualmente el malo de la película”, se presentó. “Consideran amorales nuestros reclamos cuando durante diecisiete años absorbimos la peor inflación de la Argentina, mientras facturábamos 20 millones de dólares mensuales. Jamás paramos la obra. Fue el gobierno el que ‘bicicleteó’ los pagos, hasta ahora nos aplica el desagio y nos obligó a recurrir a este arbitraje.” E insistió: “Tenemos derecho a actualizar nuestros reclamos”.

Menem y Rizzo contaban, a su vez, con otras cartas en juego. Los integrantes del consorcio querían ganar la concesión de las obras proyectadas para elevar la cota, que se calculaban en 800 millones de dólares (finalmente se presentarían repartidas en distintas UTE), mientras que Menem buscaba impulsar esas obras para desarticular la polémica en torno a los reclamos y anotarse un poroto con una lejana mirada proselitista. Antes de dejar el poder, había contratado al publicista brasileño José Eduardo Cavalcanti de Mendonça, “Duda”, quien se había instalado en Puerto Madero para diagramar su retorno al centro de la arena política cuatro años después. Yacyretá era uno de los eslabones de esa estrategia.

Elevar la cota implicaba anegar miles de kilómetros adicionales. Pero la mirada política estaba puesta en el litigio con Eriday. “Este reclamo será uno de los graves problemas que el próximo presidente, sea quien fuere, va a encontrar al asumir. Un bache muy grande en un año que de por sí se prevé muy complicado”, le dijo Domingo Cavallo a un grupo de empresarios la tarde del 6 de julio de 1999.

Para el nuevo contrato, el EBY le había encargado la licitación a la consultora inglesa Parsons Brinckerhoff International. Una posibilidad era que el financiamiento corriese por cuenta del contratista, que recuperaría la inversión explotando la energía. O sea, privatizar Yacyretá, opción que más tarde fue descartada. Pero ni el Banco Mundial ni el Banco Interamericano de Desarrollo se sentarían a negociar con Menem: querían saber quién sería el próximo presidente. El problema no era el reclamo de Eriday sino el EBY y, fundamentalmente, los conflictos sociales y ambientales, en medio de dos gobiernos que ni siquiera tenían las leyes de expropiación aprobadas por sus respectivos congresos.

Entre el 18 y 19 de junio de 1998, una misión del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), que integra el Banco Mundial, llegó a la zona de Yacyretá. Luego de un primer informe crítico, deseaban estudiar la situación in situ. Entre otras actividades, participaron de una audiencia pública que dejó atónito al vicepresidente de la entidad, Shahid Burki: “Nunca vi tanta pobreza, ni siquiera en mi propio país, Pakistán, que es uno de los más pobres del mundo. Yacyretá ha producido gran cantidad de sufrimiento. Vine a hablar con la gente y estoy aquí para asegurarles que el Banco Mundial hará todo lo que esté en sus manos para ayudar a los afectados”, confesó.

Uno de los testimonios que más lo sensibilizó fue el de una humilde mujer a la que le costó subir al estrado de la audiencia y se dirigió a los presentes en guaraní. Los miró a los ojos, llamó su atención con un “señores bancarios”, dijo que “todos en el EBY son unos bandidos”, y escupió su bronca contenida: “Somos los dueños de los recursos, pero Yacyretá nos sacó todo lo que teníamos. Nuestra tierra, nuestra casa, nuestro trabajo y ahora muchas madres tienen que sacar a sus hijos de las escuelas, pues ya no tienen ni siquiera para subsistir”. Las voces de los que habían perdido sus puestos de trabajo en los talleres de ladrillos que funcionaban en las orillas también se hicieron oír. Al igual que los pescadores que ya no tenían de qué subsistir, los que padecieron las inundaciones; en fin, los que habían perdido todo y no habían recibido nada a cambio. Los banqueros alegaban incredulidad. Tres años antes, el Banco Mundial había entregado 900 millones de dólares para realizar obras en Posadas y, literalmente, no se había puesto ni un ladrillo. El primo del ex presidente, César Edil Menem, había estado a cargo de las obras complementarias de la represa. El macrismo tampoco inventó nada.

La Alianza y después

A esa altura estaba claro que Eriday había acumulado cincuenta y cinco reclamos contra el EBY por 1.580 millones dólares, algo así como el presupuesto de dos años de la provincia misionera en cifras de entonces. La SIGEP solo reconocía el ocho por ciento de esos pedidos, unos 140 millones de pesos. En mayo del año siguiente, una auditoría encargada por el ente binacional concluyó que “los reclamos fueron exageradamente mensurados” y que “la enorme mayoría de ellos son improcedentes hasta llegar al absurdo”. También dijo que la mayoría estaban quintuplicados, por lo que muchos advirtieron que había una deuda real en torno a los 300 millones de dólares. La auditoría se conoció mientras el flamante presidente Fernando de la Rúa viajaba a Paraguay, a mediados de mayo de 2000. Poco después, se producía un intento de golpe de Estado en el vecino país. Tropas leales a Oviedo buscaron desplazar al presidente Luis González Macchi. Justamente, el asilo del ex general había dañado la relación bilateral que De la Rúa y González Macchi buscaban recomponer. Ambos presidentes firmaron una declaración de cuarenta y ocho puntos, tres de ellos referidos a Yacyretá. Se dejó constancia de la voluntad de elevar la cota a los 83 metros y se aclaró que no se iba a privatizar. Los reclamos seguían siendo un obstáculo para materializar ese acuerdo.

El arbitraje siguió un interminable camino de compromisos, impugnaciones, demandas, contrademandas, cambio de sedes, denuncias en la Oficina Anticorrupción, resoluciones del juez federal Sergio Torres, idas y vueltas. Es una deuda que no se saldó. El kirchnerismo metió un corte de cinta atrás de otro y logró elevar la cota, no sin antes despertar sospechas. En mayo de 2008, otra denuncia salió a la luz. Jorge Lanata, desde el fallido diario Crítica, informó que “las tres últimas adjudicaciones de obras en la represa duplican el presupuesto original, con un sobreprecio promedio del 90 por ciento”.

Pausa. A esa altura, el control de De Vido sobre el EBY era total, de punta a punta. La orden era no difundir nada de lo que pasaba. No había gacetillas de prensa ni para celebrar los avances. Los ojos públicos tenían que mirar hacia otros rincones del Estado. Lanata difundió un informe reservado. Se lo había preparado a De Vido el director ejecutivo del EBY, el arquitecto Oscar Thomas, que ocupó ese cargo durante los gobiernos kirchneristas. Thomas se había recibido con medalla de oro en 1991 en la Universidad Nacional del Nordeste. Antes de anclar en Yacyretá había sido subsecretario de Planeamiento Urbano de Carlos Rovira durante su gestión como intendente de Posadas y subsecretario de Gestión Estratégica de Misiones, ya con el propio Rovira como gobernador.

El 17 de diciembre de 2003, los presidentes Néstor Kirchner y Nicanor Duarte Frutos manifestaron en una declaración conjunta la voluntad de elevar la cota del dique y unos días antes de fin de año, los ministros de obras públicas de ambos países firmaron un acuerdo que instruía al EBY a elaborar un plan de acción, que fue presentado en mayo del año siguiente. El dinero lo pondrían, como estaba previsto, entre el BIRF y el BID, que ratificaron la financiación. El embalse se empezó a llenar en abril de 2006 hasta los 78 metros sobre el nivel del mar. El 27 de febrero de 2011, la cota llegó a los ansiados 83 metros. El informe reservado que Thomas presentó el 29 de abril de 2008 se refería a tres licitaciones cuya apertura fue realizada, en secreto, en el piso 21 del edificio ubicado en Madero 942, las tres con sobreprecios que alcanzaban juntos los 160 millones de dólares, lo que superaba en 90 por ciento el monto estipulado en los pliegos.

Lanata marcó tres licitaciones. La obra 338, de “Protección costera de las localidades de Posadas, Garupá y Candelaria”, por 437.762.172,46 pesos, para las que se contrató una UTE conformada por Benito Roggio e Hijos, Esuco y Supercemento. La siguiente, “Obras viales entre Posadas y Corpus”, que quedó en manos de la UTE Cartellone y Eleprint, por 132.799.690,55 pesos. Por último, “Obras de nexo internacional: By Pass Arco-Garita, Nodo Vial Garita, Multitrocha Ruta 12 Garita Garupá, Acceso Sur y Tratamiento Costero en Franjas de Transporte Norte y Sur”, en manos de la UTE que formaron Iecsa con JCR, con un monto de contrato inicial por 420.829.525,62 pesos. Las tres, con un anticipo del 15 por ciento.

De todo este brebaje de corrupción y negociados, reembolsos, reclamos, sobreprecios y desprecio por el medio ambiente y los pueblos que vivían en torno a Yacyretá, a pesar de la pesada mochila de causas penales con las que carga la represa, solo un expediente, el del llamado “Caso Ansaldo”, terminó con condenas a funcionarios políticos. Salió en abril de 2013, horas antes de que la causa prescribiera. Una empresa resentida había encendido la mecha.

Poco después de asumir, a fines de 1999, como director ejecutivo del EBY, Rafael Martínez Raymonda había recibido en su oficina de Puerto Madero una solicitud de reembolso de la japonesa Mitsubishi por la construcción de cinco generadores. Como pensó que se trataba de una estafa, la rechazó, y eso enojó a la firma nipona. “Entonces, ¿por qué le pagaron subsidios a Ansaldo?”, quisieron saber desde Japón. En 1997 y 1998, la italiana Ansaldo Energía SpA —un gigante dedicado a energía, electromecánica, seguridad y transporte—, había conseguido la adjudicación del diseño, la fabricación, el transporte, el montaje y la puesta en operación de cinco turbinas; uno de los contratos más jugosos de todo el proyecto. La empresa se había quedado con la licitación a partir de una compleja serie de fusiones. La historia del contrato es la historia de Yacyretá. En 1976, el EBY convocó a una amplia licitación pública internacional para la adjudicación de las primeras veinte turbinas hidráulicas tipo Kaplan. Cuatro años después, el 8 de julio de 1980, el consorcio Yacyretá-Apipé-Siemens-Energomachexport-GIE presentó una propuesta por las últimas diez máquinas y un año más tarde se quedó con la puja. Posteriormente, el grupo sufrió una serie de complejas recomposiciones, hasta que en 1989 presentó una nueva oferta actualizada a nombre del consorcio Yacyretá-Apipé-Siemens-GIE, conformado por la alemana Siemens AG y el italiano Gruppo Industrie Elettro Meccaniche Per Impianti All’Estero (GIE). El consorcio firmó el 26 de diciembre de 1990 un contrato con el EBY a partir del cual las dos empresas iban a construir cinco turbinas cada una: Siemens las impares y GIE, las pares. Ese mismo día, Siemens AG le cedió parte de sus derechos a su filial brasileña, Siemens SA. Los cambios de denominación del otro grupo continuaron. El 6 de diciembre de 1990, la empresa italiana cambió su nombre a Ansaldo GIE SpA y el 8 de septiembre de 1993 lo simplificó en Ansaldo Energía SpA.

Recién el 29 de julio de 1994, se firmó el acta acuerdo mediante la cual se puso en vigencia el contrato con el EBY. El monto era de 93,5 millones de dólares, más otros 13.182.243 para contratar empresas argentinas y paraguayas, y 2.636.000 por los mayores gastos que pudiera generar. Hasta 1998, Ansaldo Energía SpA le facturó al ente binacional casi 71 millones de pesos. A partir del 1º de octubre de ese año, la sucursal local Ansaldo Argentina SA, que ni siquiera tenía el mismo nombre, le empezó a pedir a la entidad los certificados de cincuenta y un facturas proforma por unos 68,5 millones de dólares para solicitar reintegros por más de 17 millones, es decir, el 25 por ciento, a partir de una serie de beneficios estipulados en la ley 20.852. La norma, vigente desde 1974, contempla una serie de reintegros y drawbacks, desgravaciones y exenciones impositivas aplicables a las empresas argentinas que intervienen en las licitaciones internacionales de obras con financiamiento del BID.

Entre 1999 y 2000, el contador Horacio Seligra y Luciano Di Paolo retiraron ocho cheques del Banco Nación y los depositaron en dos cuentas corrientes del Banco Sudameris. Una a nombre de la empresa italiana y otra, de Ansaldo Argentina SA. El dinero almacenado luego fue transferido a una cuenta de esa empresa en la Banca Commerciale Italiana. En efecto, Ansaldo Argentina era un sello de goma. Ni siquiera había sido adjudicataria de la obra. Pero además, la Oficina Anticorrupción, que se convirtió en denunciante y querellante en el expediente, detectó que solo el nueve por ciento de las partes de los generadores eran de fabricación nacional. Los pedidos de reembolso decían que se habían confeccionado íntegramente en el astillero Río Santiago. Lo cierto es que habían sido producidos en Via Lorenzi 8, Génova, Italia, e importados mediante Paraguay. Con ese pesado morral de pruebas sobre sus hombros, el titular de la Oficina Anticorrupción, Abel Fleitas Ortiz, le pidió al Ministerio de Economía que recuperase el dinero. Tenía 17.144.220,80 de dólares y razones para hacerlo.

Las autoridades del ente binacional habían pasado por alto un dictamen que advertía que Ansaldo Argentina era una empresa fantasma. Lo había redactado la consultora externa Consorcio Internacional de Yacyretá (CIDY), que luego protagonizaría uno de los escándalos más grandes de la represa. El CIDY es la consultora que tuvo a cargo, entre 1979 y 2003, la “dirección, supervisión y coordinación técnica” de las obras de la central hidroeléctrica. Es decir, es la empresa que manejó casi toda la obra, desde la preparación de los pliegos de las licitaciones hasta la decisión de cada paso a seguir. En 1971, el consorcio Harza, Lahmeyer y Asociados (que luego sería parte de CIDY junto con el Consorcio Argentino de Yacyretá, (COADY) y el Consorcio Paraguayo ETIC, se había adjudicado el estudio de factibilidad técnica, económica y financiera del aprovechamiento de Yacyretá. El EBY tuvo una unidad técnica recién en el año 1994, cuando se creó para supervisar, justamente, el trabajo del CIDY. O sea, la empresa supervisaba a la consultora que había contratado. Paradojas de la obra pública. El grupo CIDY, en torno al cual se unieron varias las consultoras privadas encabezadas por la estadounidense Harza y la alemana Lahmeyer, se hizo con unos 500 millones de dólares a lo largo de casi un cuarto de siglo en Yacyretá. Hasta 1998, su director fue Jorge Carretoni, que había sido tesorero de la campaña que llevó a Raúl Alfonsín a la Presidencia, y suegro de Gianfranco Rizzo. El gerente de Eriday controlaba al director de la consultora “externa”.

Cuando en 2002 venció su contrato, el entonces director ejecutivo del EBY, Humberto Schiavoni, se lo renovó por seis años y dolarizó una parte —por los trabajos que hacía en los Estados Unidos y Alemania—, llevándolo a 42 millones de dólares anuales. Debía diagramar un plan estratégico para concluir Yacyretá, pese a que la consultora CIO (Consultoría Integral Operativa) ya había diseñado uno. Schiavoni alegó que era un pedido del BID. CIDY se tenía que encargar de bosquejar una serie de cuestiones clave para poder elevar la cota y que incluían viviendas para los nuevos desplazados, cloacas y alcantarillado en Encarnación y la primera parte del canal de Aguapey, una monumental obra de 12,5 kilómetros, que en su momento fue la más grande de América del Sur.

El personaje clave es Oscar Thomas, que asumió apenas cuarenta días después de aquel 25 de mayo de 2003 en el que Néstor Kirchner llegó a la Casa Rosada. Una de sus primeras tareas fue revisar la gestión de su antecesor, cuyo contrato autorrenovado había caducado. En el fondo, había una interna política en pleno desarrollo en Misiones. Thomas era hombre de Rovira y Schiavoni respondía a Ramón Puerta, padre político de Macri.

La situación era compleja. Para Thomas, desde mediados de los noventa el EBY estaba en condiciones de afrontar la tarea por la que se le pagaban millones a CIDY. Pero no es sencillo rescindir un contrato recién renovado y luego de un cuarto de siglo de relación. A su vez, la nueva gestión había recibido las facturas de la consultora sin hacer observaciones, lo que indirectamente era un reconocimiento de los trabajos realizados y de sus costos. Por último, CIDY era garante de los créditos externos con los que el ente binacional pensaba levantar la cota. Al final, el 11 de noviembre de 2003, Thomas rescindió el contrato. Fue una de sus primeras medidas de peso. El caso de Ansaldo, en cambio, siguió latente. Mientras se sustanciaba el juicio por el pago indebido de reembolsos a Ansaldo, en agosto de 2012 la empresa acordó con el vicepresidente Amado Boudou la devolución de 31 millones de pesos de los 50.465.724 que le reclamaba el Estado al sumar los intereses. Eso le permitió seguir haciendo negocios en el país, pero no logró eludir las condenas de dos de sus empleados.

Como se dijo, cuando la acción penal estaba al borde de la extinción, fueron condenados a cuatro años de prisión efectiva por “defraudación y administración fraudulenta” al Estado el ex subsecretario de Industria Miguel Ángel Cuervo, el apoderado de Ansaldo, José Luis Álvarez, y el contador Seligra, mientras que el ex jefe del departamento financiero de Yacyretá, Luis Manzo, recibió una pena de tres años y medio de cárcel. A todos se los inhabilitó para ejercer cargos públicos. El ex director de Industria, Alfredo José Valle, y un ex funcionario de esa cartera, Eduardo Esteban, recibieron una pena de tres años de prisión en suspenso. A su vez, hubo cuatro absueltos: el ex subsecretario de Industria, Martínez Mosquera, el ex director de Legales de la secretaría, Guillermo Llauradó, el ex director de Aplicación de Política Industrial, Alberto Vaena, y la contadora Norma Fernanda Fehleisen, quien certificó las declaraciones juradas presentadas por el apoderado de Ansaldo.

Pero ninguno terminó preso, porque la causa no estaba firme. Un estudio presentado en 2014 por el Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica concluyó que en la Argentina había 750 causas por corrupción cometida entre 1986 y 2014 (hoy son muchas más). El promedio de cada causa, hasta su resolución, es de catorce años. Esa es la explicación de la impunidad en torno a Ansaldo, que a su vez requiere otra explicación que supera los límites de este libro: el porqué de la demora.

Las otras diez turbinas de Yacyretá tampoco estuvieron exentas de polémica. El caso se conoció en 1998 y lo reveló Osvaldo Torres, ex director del EBY, quien acusó directamente al cuñado de Menem, Emir Yoma, algo así como un jefe de gabinete en las sombras. Él mismo solía decir que Menem era un “hermano de la vida” y siempre fue un componedor en las crisis del ex presidente con su mujer de entonces, Zulema, hermana de Emir. “Un día se me apareció Emir con una clásica servilleta de café escrita de puño y letra con una nómina y una cantidad al costado que sumaba dos millones de dólares. Era el beneficio que percibiría si firmaba el contrato para la compra de generadores Siemens para Yacyretá. Decía: ‘El Jefe, Vicco, Emir, Blas Medina’. Yo no quise preguntar quién era el jefe por prudencia”, confesó Torres en 1996, sobre un episodio que habría ocurrido en noviembre de 1989. Pero luego de la adjudicación al consorcio que formó Siemens junto con GEC y Alstom, “no se depositó la garantía de ejecución” y se “alteró la oferta original”, según Torres. El testigo se negaba a firmar el contrato porque, además, el ente binacional ya se había comprometido a pagar 22 millones de dólares adicionales. En esos días, luego de varias reuniones con Yoma y Vicco en su oficina de Florida y Paraguay, Torres visitó a Menem en Balcarce 50 para pedirle apoyo. En el preciso momento en el que el Presidente le preguntó quién lo presionaba, Yoma ingresó en el despacho presidencial, como si cada movimiento hubiera estado guionado. Torres entendió el mensaje. Ya en su oficina, sonó el teléfono. Del otro lado escuchó una voz que sería la de Yoma. “Negro, el caballo tiene sed”, escuchó. Sobre su escritorio había una carta de Roberto José Dromi que decía que el propio Menem le ordenaba mantener el contrato con la firma alemana. Al poco tiempo, Torres renunció. Le colgaron el mote de corrupto.

Blas Medina, uno de los que supuestamente se llevó una rebanada de la coima que habría pagado Siemens, fue el único testigo de una pelea que Zulema tuvo con Carlos Menem en la residencia de Olivos, en medio de reclamos por la muerte de su hijo Carlitos. Años después, el propio ex presidente confesaría que fue un asesinato. Ese día, el Presidente le explicó a su esposa cómo era el pago de sobornos en Yacyretá: “El promedio de coimas oscila entre el 10 y el 15 por ciento, que se reparte la mitad para cada país”. Zulema Yoma se lo contó al diario La Nación. Pero, como el día en el que denunció que a su hijo lo habían asesinado, las palabras de Zulema no resultaron creíbles. Nadie les cree a los locos.

EPÍLOGO

Todo pasa. La batalla por la impunidad

Un Estado donde queden impunes la insolencia y la libertad de hacerlo todo, termina por hundirse en el abismo.

SÓFOCLES

¡Contra la injusticia y la impunidad! Ni perdón ni olvido.

BERTOLT BRECHT

En septiembre de 2015, el empresario insignia de la obra pública kirchnerista estaba convencido de que no tendría problemas con la justicia. Sabía que su sobreseimiento por la causa que lo investigaba por lavado de dinero moriría en dos perejiles: Federico Elaskar y Leonardo Fariña. Carlos Zannini había diseñado su estrategia de defensa, por medio de Rafael Sal Lari y Daniel Rubinovich. El primero había pasado por el juzgado de garantías Nº 3 de San Isidro envuelto en polémicas por la liberación de violadores. Lo defendía el estudio del “garantista” miembro de la Corte Suprema de Justicia, Eugenio Zaffaroni. El segundo daba clases en la Universidad de Buenos Aires con un abogado que respondía al ideólogo del proyecto de “Cristina Eterna”. Báez dormía tranquilo. Sebastián “Laucha” Bringas, el secretario del juez que lo investigaba, Sebastián Casanello, estaba por firmar su sobreseimiento. Bringas, militante de La Cámpora, conocía al diputado Eduardo “Wado” de Pedro del colegio.

Apartado el díscolo fiscal José María Campagnoli de la ruta del dinero, anestesiada la causa de la obra pública en el juzgado de Julián Ercolini y paralizada la investigación de José Francisco López por enriquecimiento ilícito por el amigo de Maximiliano Rusconi, el juez afín al kirchnerismo Daniel Rafecas, Cristina también dormía en paz. Solo la desvelaba proteger a su hijo Máximo, el heredero, seriamente comprometido en sus empresas y las causas relacionadas con sus hoteles. El candidato a pelear por una banca en las trascendentales elecciones de ese año sería el líder de La Cámpora. El ideólogo del cerco de protección judicial, Carlos Zannini, debía escoltar a Daniel Osvaldo Scioli en la fórmula presidencial, en caso de que ganase las elecciones, hecho que gran parte de la opinión pública y el establishment comunicacional daba por cierto.

Pero más allá del resultado electoral, ni Sergio Massa en sus ocho años en el gobierno kirchnerista —al frente de la ANSES, de la intendencia de Tigre y como jefe de gabinete— ni Mauricio Macri habían denunciado la corrupción en la obra pública en los juzgados federales de Comodoro Py. Eran meros comentaristas de la realidad según los circunstanciales ánimos de la sociedad. Julio De Vido contentaba sus distritos “bajando” recursos a través de empresarios que estaban en buenas relaciones con todos. El titular de Austral Construcciones, Lázaro Báez, se llevaba muy bien con el titular de Iecsa, Ángelo Calcaterra. Por esa razón, no deseaba competir con él en la Ciudad de Buenos Aires: “La ciudad es de Ángelo”, les respondía a sus asesores cuando lo invitaban a armar una empresa constructora para salir a pelear supuestas licitaciones en los pagos de Mauricio. Los aportantes de campaña del PRO y del Frente para la Victoria se cruzaban como en el caso de Farallon, otro contratista del Estado.

Nadie es inocente a la hora de hacer negocios con la administración pública. En la presente investigación queda demostrado. Pero no es lo mismo construir un imperio económico aprovechándose de las ventajas de un Estado bobo que inventar a un empresario para desviar fondos públicos conformando una asociación ilícita ideada para saquear las arcas públicas.

Con los organismos de control desguazados, el Congreso Nacional convertido en una escribanía, gran parte de la oposición electoral socia de jugosos negocios con el gobierno kirchnerista, la justicia federal y los servicios de inteligencia ocupados en una feroz pelea interna tras la desaparición física del fiscal que había denunciado a la Presidenta, Cristina se sentía ganadora, incluso, aunque perdiese su candelero, Daniel Scioli.

El “círculo rojo” ninguneó los cacerolazos y los reclamos ciudadanos hartos de la corrupción. Más aún, los reclamos contra la impunidad. Elisa Carrió, la gran armadora del espacio Cambiemos, presionó al único dirigente con posibilidades reales de derrotar al kirchnerismo, Mauricio Macri, para que su discurso de campaña fuese más combativo. El periodismo de investigación hizo un aporte innegable con las denuncias de Jorge Lanata y Luis Majul a la cabeza. Cristina se boicoteó a sí misma con la soberbia que caracterizaba a los líderes demagogos y autoritarios del siglo XX. Los planetas se alinearon. El pacto no escrito de impunidad se desdibujó con la victoria electoral de Cambiemos, basada en combatir el narcotráfico, la corrupción, unir a los argentinos y la idealista “pobreza cero”. Un año más tarde, el gobierno de Macri, tutelado por parte del radicalismo y de la explosiva Elisa Carrió, se vio obligado por la coyuntura a dar pasos importantes en ese camino, fundamentalmente, combatir la corrupción. Aun prometió más de lo que no pudo y, en otros casos, no quiso cumplir.

El saqueo mediante la obra pública

Los Kirchner fueron aprendices de Menem en el manejo de la cosa pública, tratando al Estado como si fuese la cosa nostra. El club del peaje, que marcó las concesiones de rutas durante el menemismo, alcanzó, con la llegada de Néstor Kirchner al gobierno nacional, todos los niveles, merced a la conformación de un megaministerio de Planificación. No solo se cartelizó la obra pública. Kirchner ideó un sistema de aprietes y extorsión a los empresarios díscolos para penetrar sus negocios, quedarse con paquetes de acciones de sus empresas e inventar, de la nada, nuevos jugadores de la obra pública, con Lázaro Báez como máximo exponente. Luego de extorsionar a los históricos empresarios de la Cámara Argentina de la Construcción con que los denunciaría en la justicia, tal como reconocen varios de ellos para este libro, el flamante presidente Kirchner los contentó con la promesa de jugosos contratos para obras de todo tipo. Cumplió. Pero parte de esas obras fueron de mala calidad, no se concluyeron o, directamente, no se hicieron. El PRO también se basó en la obra pública para financiar sus campañas electorales, aportando a la caja política y al enriquecimiento personal de algunos funcionarios. Pero, mientras Austral Construcciones realizaba movimientos de suelos sin terminar las rutas, Iecsa, Caputo y Riva, en cambio, concluían obras prometidas en las sucesivas campañas de Macri en la ciudad que “le cambiarían la vida a los porteños”. Tal fue el caso del entubamiento del arroyo Maldonado, el Metrobús o las decenas de pasos a nivel que aliviaron parte del tránsito en Buenos Aires.

Cuando Macri comenzaba a soñar con incursionar en la carrera política, Néstor Kirchner ideaba su ambicioso plan para quedarse veinticinco años en la Casa Rosada, alternándose con su esposa. Se basó en pilares rudimentarios pero efectivos. Replicó el modelo santacruceño en el Estado nacional. Eso quedó plasmado en el manejo discrecional de la Dirección de Vialidad Nacional, la conformación del megaministerio de Julio De Vido, que decidía sobre transporte, recursos hídricos, vivienda, minería, energía, comunicaciones, series de televisión y, por supuesto, concesiones viales. Además, Kirchner diseñó la cooptación de la Cámara Argentina de la Construcción colocando a un viejo conocido de su fiel ministro: Carlos Wagner. Los vínculos quedarían expuestos en el caso Skanska. Los negocios se multiplicaron, todas las áreas aportaban a la recaudación, trabajando mancomunadamente en el Proyecto Nacional y Popular, que implicaba la necesaria perpetuación en el poder de sus creadores.

Al comenzar su mandato, Kirchner modificó la ley 13.064 de Obras Públicas, para obras de alta complejidad, precio y larga duración. El sistema de acopio de materiales le permitía al contratista almacenar e ir congelando el precio de insumos como calderas, equipos de aire acondicionado y material de carpintería. El Presidente reemplazó “acopio” por “anticipos financieros” que hacían que el contratista recibiera al firmar el contrato un pago inmediato de entre el 10 y el 20 por ciento del valor total con el fin “de ayudarlo financieramente con la puesta en marcha de la obra”. Para el arrepentido Leonardo Fariña, “ese era el retorno”. De allí salía el dinero que los contratistas dibujaban en sus balances para que regresasen a los bolsillos de los secretarios de Estado, encargados de cuidar las espaldas de los ministros y de reportarse, disimuladamente, con la cabeza del Estado: Néstor.

El sistema necesitaba la vista gorda de los organismos de control y, fundamentalmente, la complicidad de la AFIP. Así proliferaron las usinas de facturas truchas protegidas por el propio Estado. Ricardo Echegaray fue el hombre clave para ese flujo de dinero “negro”, y también resultó esencial para presionar a los antiguos socios de Néstor Kirchner luego de su muerte. Lo hizo por pedido expreso de su viuda y de su heredero en los negocios, Máximo. Ante las cámaras de TN, presagió el destino carcelario de Lázaro Báez sin ponerse colorado, en un claro mensaje cuasi mafioso. Esa noche, el fiel amigo de Néstor sintió que los rumores de que Cristina lo entregaría podían concretarse.

Ante el fiscal Marijuán, el arrepentido Fariña aseguró que “Echegaray, luego del pago de un ‘retorno’ a una importante constructora que debía utilizar facturas apócrifas para poder ‘sacar’ el adelanto financiero, le realizó una inspección con la AFIP teniendo que arreglar la empresa por el cinco por ciento del valor de la obra”. Ejemplos sobran. La familia Eskenazi, los Relats, Austral Construcciones y Cristóbal López sufrieron los aprietes de la AFIP luego del fatídico 27 de octubre de 2010.

Antes de que La Cámpora, comandada por Máximo Kirchner, cambiara las condiciones de juego en la Argentina, los contratistas del Estado se sentían cómodos. Armaban su club con las empresas que participarían en la licitación, incorporaban el sobreprecio y, de esta forma, se digitaban las compulsas, siempre a cambio de un porcentaje, o de ser subcontratista, o a sabiendas de que las adjudicaciones podían distribuirse en el futuro.

Los cerebros jurídicos del Ministerio de Planificación eran dos: Carlos Zannini y Alessandra Minnicelli, la esposa de De Vido, encargada de controlar la transparencia de los contratos que acordaba el gobierno con las empresas privadas desde la SIGEN. Ambos participaban del diseño de decretos y resoluciones referidos a las licitaciones.

En la recolección de los “retornos”, Ernesto Clarens era un personaje central. Algunos secretarios de Estado como Roberto Baratta o José López solían manejarse con mayor prudencia que Ricardo Jaime, que le pedía a su secretaria personal que le preparase su bolso para ir a jugar al tenis, pero regresaba del hotel Faena sin muestras de cansancio, sin polvo de ladrillo en sus zapatillas y con su bolso raquetero al hombro repleto de billetes. Para justificar en sus balances el egreso de tanto dinero, los empresarios contaban con facturas truchas. Ahí aparecía Echegaray para garantizar protección.

Entre los empresarios, Carlos Wagner era quien orquestaba el club a través de su presidencia en la Cámara Argentina de la Construcción. Wagner es el titular de la contratista Esuco, una de las firmas más beneficiadas durante el kirchnerismo. Él habría recolectado el dinero y lo habría distribuido según los acuerdos alcanzados. Como intermediario, Wagner le evitaba a De Vido el contacto con los empresarios. Pero era el mismísimo De Vido el encargado de arreglar los porcentajes de las grandes obras. Los contratistas le rendían pleitesía y le tenían miedo. Recordemos la carta de Relats: “A Julio no se lo molesta excepto que sea urgente”.

Ahora bien, aunque casi todos los empresarios participaban en las licitaciones y gran parte de ellos se sometía a los designios de los funcionarios, algunos tenían privilegios extra. Era José Francisco López quien se relacionaba directamente con las empresas “amigas” o “las aportantes” que cobraban, sin mayores problemas, obteniendo una ventaja adicional sobre el resto de los contratistas, quienes indefectiblemente debían ingresar en este circuito para subsistir, pagando hasta un cuatro por ciento sobre el monto de los certificados. López veraneaba en las casas que Báez había comprado en Pinamar en 2007. Según Fariña, “con relación a los certificados de obra pocos quisieron quedarse afuera y fue sobre las redeterminaciones donde cayeron Roberto Baratta [ex subsecretario de Coordinación y Control de Gestión del Ministerio de Planificación] y Rafael Enrique Llorens [jefe de Legales del ministerio en cuestión], quienes se quedaban con un uno por ciento cada uno del valor total del certificado. Pero con el tiempo el dependiente de Llorens, Pablo Campi [titular de la Dirección General de Asuntos Jurídicos] vio comprometida su firma sin nada a cambio y así logró que le asignaran también a él un puntito en estos trámites, caso contrario muchas veces Campi no suscribía los dictámenes y dejaba que el Director de Asuntos Judiciales [Javier Suarez Benito] lo hiciera en su lugar o directamente se prescindía de dictamen legal en algunos trámites y con la intervención del señor subsecretario legal parece que alcanzaba para darle ‘legalidad’ al asunto”.

El pago de los certificados dependía de los cambiantes climas políticos y relaciones estratégicas de Néstor Kirchner con gobernadores e intendentes, como así también de los aún más cambiantes humores de su esposa cuando llegó al sillón de Rivadavia. Así se expresa la discrecionalidad. “A veces pasaban meses sin pagar nada —recuerda uno de los hermanos Schoklender— y de repente te pagaban.” A pesar de todo, el sistema funcionaba. La muerte de Kirchner alteró todo. Se rompieron acuerdos y Cristina se sintió libre, sin ataduras, para ir por todo, incluso por los socios de su difunto esposo. Wagner presentó la renuncia en la Cámara Argentina de la Construcción para evitar confrontar con la todopoderosa Cristina. El ingeniero Gustavo Weiss —titular de Eleprint, otra firma muy beneficiada en Santa Cruz— fue su sucesor transitorio antes de la llegada de Juan Chediack.

El esquema legal de Macri y los contratistas del Estado

Fastidio es lo que sintió el ex empleado de Socma, Andrés Ibarra, cuando empezó a descubrir las trabas burocráticas para manejar el Estado nacional. “Antes, para cambiar una estufa tardaba dos días y ahora, con suerte lo hago en dos meses.” Ante la confianza de sus amigos, el ministro de Modernización se quejaba de las piedras que debía sacarse de sus zapatos en la gestión nacional en contraste con sus tareas en la ciudad. La supuesta eficiencia empresarial que el macrismo planeaba mudar a la Casa Rosada se topaba con la realidad. Es que en el Estado hay —al menos, teóricamente— una serie de controles que deberían destinarse para combatir la corrupción. La burocracia no debería implicar una cualidad negativa sino que tendría que servir para frenar a funcionarios inescrupulosos.

El fastidio de Andrés Ibarra se tradujo en una serie de medidas impulsadas por otro ex asesor legal de Socma, Pablo Clusellas, devenido en secretario legal y técnico de Presidencia de la Nación. En pocos años, el PRO convirtió a la Ciudad de Buenos Aires en el distrito con los topes más elevados a la hora de poder celebrar contrataciones directas y licitaciones privadas, lo que implica controles más relajados. Al asumir en la ciudad, Macri autorizó las licitaciones privadas por hasta un millón de pesos. Son aquellas en las que el Estado invita a un puñado de empresas a disputarse una obra. La elección es discrecional. Sin embargo, solo debían participar empresas con antecedentes técnicos y que no hubiesen incumplido con obras anteriores. A lo largo del libro, se detallaron decenas de ejemplos en los que la ley sirvió para limpiar el piso.

Macri aumentó sistemáticamente ese monto, lo que llevó el tope de las licitaciones privadas a tres millones de pesos en 2014. ¿La excusa? “La evolución de los precios de la construcción”, informó en el último decreto. En ese entonces, el límite en la provincia de Buenos Aires era de 1.751.867 pesos; en Santa Fe, de 500 mil; y en Córdoba, de 1.200.000. A nivel nacional, no se podía superar los 800 mil pesos. Lo mismo ocurrió con las contrataciones di rectas, más arbitrarias todavía. En 2014, llegaron a los dos millones de pesos en el territorio porteño, muy lejos de los 200 mil autorizados a nivel nacional, los 875 mil en Buenos Aires y los 60 mil en Entre Ríos. Las consecuencias las resumió en un interesante trabajo la entonces comunera del Frente para la Victoria, Julieta Costa Díaz. En 2014, el 69 por ciento de las adjudicaciones del gobierno porteño no fueron por licitación pública. El año anterior, el 43 por ciento de las contrataciones habían sido directas, sin siquiera atravesar una licitación.

Tampoco se respetaron los topes. Por ejemplo, el Ministerio de Espacio Público adjudicó la obra por los pasajes Obelisco Norte y Obelisco Sur tras una licitación privada por 3.411.800 pesos. ¿Cómo hicieron? Fijaron un presupuesto oficial por debajo del tope, que no fue respetado por ninguna de las empresas invitadas participar. Costa Díaz encontró un caso paradigmático en la Secretaría de Gestión Comunal, a cargo de Eduardo Macchiavelli, un hombre del riñón de Horacio Rodríguez Larreta. Entre febrero y julio de 2015, se hicieron veinticuatro contrataciones directas por unos 47 millones de pesos que se repartieron entre dos empresas, a razón de doce cada una, con una simetría absoluta. Las beneficiadas fueron Derby Eland SA y Ecomlat SA.

Derby Eland SA fue creada en 2013 para reformar edificios residenciales y no tenía empleados registrados en la AFIP. El 80 por ciento pertenece a Héctor Cristian Santander, que figura como monotributista con ganancias mensuales por hasta 15 mil pesos. Con su hermano Gustavo, creó Santabros SA, una firma de marketing que también tiene contratos con la ciudad. Santander se diversificó. Actualmente repara veredas y hace aplicaciones. También tiene un bar en Palermo y un local multimarca. ¿Una casualidad? Su socio es Gonzalo Cayo, quien estudió en el elitista St. Brendan’s College con Alejandro Monti, el director de Ecomlat, la otra ganadora de las licitaciones para reparar veredas. Ecomlat se creó en el año 2006 para proveer a las Fuerzas Armadas de todo tipo de elementos, con excepción de armas y explosivos. En 2013, el año en el que se creó Derby Eland, modificó su objeto social: mutó a puesta en valor de obras públicas, lejos de su función original. Monti, para la AFIP, es un monotributista que tampoco gana más de 15 mil pesos por mes.

Para evitar llamar a licitación pública, Macchiavelli convocó a cuatro licitaciones privadas por 1.999.948 pesos, cuando el tope para evitar la publicidad era de dos millones de pesos. En otras palabras, se desdoblaron contrataciones sobre un mismo objeto para forzar las condiciones que habilitarían a una contratación directa, algo que la ley prohíbe. Derby Eland SA y Ecomlat SA se alternaron la victoria y la derrota sistemáticamente con una sincronización envidiable. El año anterior, le habían facturado a la misma dependencia 12 y 16 millones de pesos, respectivamente. Según Costa Díaz, alcanzaron treinta y ocho licitaciones en un año para reparar veredas. Se hicieron con 64 millones de pesos entre 2014 y 2015.

El esquema legal de la ciudad lo completó el decreto 556/10, que permitió evitar las licitaciones por montos mayores, siempre y cuando se alegasen razones de urgencia. Es un mecanismo de contratación alejado de la transparencia enunciada en campañas electorales. Ni siquiera se publican en el Boletín Oficial. En principio, podría tener sentido para casos puntuales. Solo en el año 2015, hubo 700 compras de urgencia. Se usó, por ejemplo, para adjudicar la logística de un recital de la cantante conocida como Violetta. También se utilizó para justificar los 193 contratos con la productora La Usina, del periodista y comentarista deportivo Fernando Niembro, el mismo que encabezó la boleta como candidato a diputado de Cambiemos en la provincia de Buenos Aires pero terminó apartado tras una denuncia judicial y mediática en su contra.

Hubo otro aspecto controvertido. Las resoluciones 243 y 276 que en 2008 emitió el Ministerio de Desarrollo Urbano y que llevaron hasta 25 por ciento el monto de los anticipos financieros que puede otorgar la ciudad. Para Clusellas, de esta forma se permite cuidar mejor los fondos públicos, porque en un contexto inflacionario el rendimiento podría ser mayor. Pero lo que evita decir es que también se alivian las cargas sobre las contratistas, permitiendo que empresas con poca solvencia se presenten y aumente el riesgo que corre el Estado, sobre todo cuando una obra se paraliza por diversos conflictos. Macri completó esas resoluciones con el decreto 948 del año 2008 por el que autorizó a sus ministros a “aprobar en los contratos de obras públicas y/o servicios de mantenimiento regidos por la ley 13.064, un pago especial a cuenta del precio total de la obra, de hasta el treinta por ciento”. Además, aclaró que “no será necesario certificar el grado de avance de la obra” siempre que se tomen unos mínimos recaudos. Según denunció el diputado porteño por Nuevo Encuentro Gonzalo Ruanova, las primeras empresas que se beneficiaron fueron Naku Construcciones, Giro Construcciones, Paleco, Grape Constructora, Caramian, Cunumí, Altote, Mantelectric, Miavasa, Equimac, Salvatori, Instalectro, la UTE Bricons-Emaco, Caputo, Indaltec y Planobra.

Cuando llegó al gobierno nacional, Macri repitió la historia. A través del decreto 690/16, firmado cinco meses después de asumir, elevó 650 por ciento el tope establecido para llamar a licitaciones públicas, con el argumento —de nuevo— de que “los distintos organismos estatales puedan cumplir con mayor celeridad y eficacia sus objetivos en aras del bienestar general”. Argumentó que “por medio de esta decisión se facilita a los funcionarios de rangos inferiores la realización de contrataciones, descentralizando la toma de decisiones y contribuyendo a una mejor política de compras y contrataciones del Estado nacional”. Esa misma semana, Nicolás Caputo acumuló 377 millones de pesos en licitaciones en la ciudad.

El tope para llamar a una licitación privada, a nivel nacional, era de 800 mil pesos y pasó a seis millones. A su vez, elevó el piso para las contrataciones directas de 200 mil pesos a 1.300.000, lo que representa 550 por ciento de aumento. Incluso se permitió que funcionarios sin rango de directores firmasen contrataciones de hasta un millón de pesos. Pequeños cambios que no colaboran con la supuesta búsqueda de la transparencia en el manejo de la cosa pública.

El sueño trunco de Lázaro Báez

El 5 de abril de 2016, Lázaro Báez todavía creía que se convertiría en el Paolo Rocca del siglo XXI. “Voy a hacer de Austral Construcciones la nueva Techint”, decía entre sus amigos. En pleno esplendor de Sueños Compartidos, Sergio Schoklender le decía a su hermano que estaba decidido a pelearle mano a mano a Gerardo Martínez el sindicato de la construcción: “Con 6.500 tipos sindicalizados nos quedamos con todo”. Ambos se dieron la cabeza contra la pared. Ese 5 de abril, Báez descendió de su avión privado en el aeropuerto de San Fernando convencido de que las advertencias de sus pocos amigos eran exageradas: “¿A mí me van a detener? La semana que viene nos comemos un asado”, le dijo a su contador. Ante el rumor periodístico, uno de sus abogados, Daniel Rubinovich, ofrecía confianza y seguridad: “Está todo hablado, no pasa nada”. Pero el juez Sebastián Casanello decidió detener al empresario basado en un supuesto peligro de fuga —alegaron que no había un plan de vuelo, lo cual era falso— y en que Báez había entorpecido la causa judicial ofreciéndoles dinero a testigos para que no dijesen nada relevante en el fuero judicial. La justicia se basó en una nota periodística cuya veracidad nunca fue comprobada. El mismo día que detenían a su ex marido, Norma Calismonte recibió en su domicilio a uno de los inquilinos preferidos de Báez en sus casas de Pinamar. Daniel Álvarez golpeó la puerta de la chacra en Río Gallegos pocos minutos antes de que todos los canales de televisión informasen sobre la detención más esperada por gran parte de la opinión pública.

—Norma, ¿Lázaro ya salió para Buenos Aires?

—Sí —respondió escuetamente la mujer.

—No tendría que haber ido.

—¿Por qué? ¿Lo van a detener? ¿Es eso?

—Sí.

—Pero… ¿vos ya lo sabías? ¿Desde cuándo lo sabías?

A Lázaro Báez lo “caminaron” los servicios de inteligencia de todas las ramas políticas. Su estrategia judicial la diseñó Carlos Zannini, mientras Oscar Parrilli hacía lo propio en la supuesta defensa a Leonardo Fariña. El único fin real que tenían era mantenerlos en silencio y en prisión. El arrepentido recuerda que uno de los escritos que presentó en su larga detención se lo entregó Franco Bindi —otro abogado vinculado con los servicios de inteligencia— de parte de Parrilli. En el momento en que Fariña decidió romper todos los pactos y silencios, sus abogados defensores comenzaron a frecuentar a Lázaro Báez en Ezeiza. Cuando Leandro Báez y sus dos hermanas decidieron nombrar al joven Santiago Viola como encargado de defenderlos ante la justicia, Bindi y la abogada Elizabeth Gasaro se presentaron en su estudio —ubicado en la avenida Córdoba y 9 de Julio— para exigirle conocer su estrategia defensiva. Viola los echó de su estudio. Gasaro representa a Báez en la causa judicial que investiga el financiamiento del mausoleo levantado por Austral Construcciones para homenajear a su amigo Néstor. La única explicación de cómo llegó la abogada de los hermanos Martín y Christian Lanatta —condenados por el triple crimen de General Rodríguez— a Báez se encuentra en el espionaje vernáculo. El empresario echó a Gasaro luego de la difusión de una llamada telefónica entre ambos, pero poco después la reincorporó. Hasta los Lanatta se dieron cuenta de que Gasaro solo los visitaba para sacarles información y que su estrategia defensiva estaba condenada al fracaso. Pero Báez la mantuvo mientras sumaba a Gonzalo Díaz Cantón en otra causa penal tributaria.

Antes de asumir la defensa de Báez, Maximiliano Rusconi visitó el estudio de Viola para pedirle un trabajo para su hermana. Después de eso, acusó a Viola de estar vinculado con los servicios de inteligencia. Tres fuentes que formaron parte de las conversaciones aseguran que Rusconi regresaba de Santa Cruz en un avión de Austral Construcciones, junto con otros abogados de Báez, trayendo el dinero que el empresario detenido les había pedido que buscasen en el sur. El astuto abogado intentó convencer a Norma Calismonte de lo inconveniente que era para su ex marido que a sus hijos menores los defendiese Viola. Varios periodistas cercanos a Bindi aseguraron que el ex fiscal Eduardo Miragaya, nombrado director de la Dirección de Inteligencia sobre Delincuencia Económica y Financiera de la AFI, estaba digitando la causa de la ruta del dinero K. Consultado sobre esa relación, Viola responde que conoce a Miragaya e incluso “estuvo en el casamiento de mi hermana en 2012. Es amigo de mi vieja. Pero mezclan todo. No estuvo ni cerca de la causa ni, mucho menos, de Leandro Báez”. Su madre es prima segunda del actual Procurador del Tesoro, Carlos Balbín.

En medio de un enredo de operaciones cruzadas, Lázaro Báez deshojaba la margarita de hablar o quedarse callado, y Carlos Zannini disciplinaba a los ex funcionarios kirchneristas en sus visitas, cada vez más prolongadas, por los tribunales de Comodoro Py. No dejaban de sorprender las presentaciones judiciales, prácticamente calcadas. De la persecución política y la victimización a la apelación a vericuetos técnicos y legales para ganar tiempo. En ese sentido, Cristina disfrutaba su nuevo papel de “víctima” dejándose filmar en los tribunales federales de Río Gallegos. Es que otra de las ideas maquiavélicas del cristinismo fue trasladar al sur todas las causas de supuestos ilícitos cometidos en Santa Cruz por la ex presidenta y sus principales ministros. El plan de Zannini era entendible. Lo incomprensible, que el oficialismo se sentaba a escuchar la propuesta. ¿Negligencia o complicidad?

El favor que Báez le hizo a Angelici

En la dirigencia política argentina, calificada como swinger por el sobresaliente escritor Jorge Asís, vale todo. Antes de asumir Macri la Presidencia de la Nación, Daniel Angelici llamó a Lázaro Báez. Le pidió que intercediera con el juez Sebastián Casanello para que sobreseyese al presidente electo en la causa de las escuchas ilegales, supuestamente armada por Antonio “Jaime” Stiuso cuando obedecía a Néstor Kirchner. En medio de los festejos de fin de año, el sobreseimiento exprés de Macri pasó casi inadvertido. “Lázaro obedeció; en esa época, estaba todo bien con el juez”, relata su confidente.

Santiago Viola, abogado del hijo menor de Báez, visitó cinco veces a Lázaro en Ezeiza. Más allá de putear a la ex presidenta, el empresario detenido estaba obsesionado con el juez a quien acusaba de traidor. “¿Te sentarías a confesar con el tipo que sabés que responde a la persona que vas a delatar?” La respuesta es obvia. Sin embargo, Báez no quiso hablar delante de la Cámara —tal como estaba acordado— ni ante otro juez. Viola escuchó el relato de Báez y le sugirió escribirlo, pero “si no se puede comprobar, no sirve para nada. Es más, complicará las cosas”. La defensa de Viola también pide la recusación de Casanello, pero no se basa en una supuesta reunión difícil de comprobar sino en hechos: “Ese mismo juez planteó la falta de mérito en diciembre. Cuatro meses después, en abril, lo detuvo. Hizo una determinada cantidad de cosas para que la causa vaya para un lado, existe una denuncia penal en la que está la procuradora Alejandra Gils Carbó y están procesados dos fiscales por direccionar el expediente. Actualmente, se hace lo mismo, pero en otra dirección”. Para Viola, no era necesario que el juez y Cristina se juntasen para idear una estrategia en común.

Cuando entrevisté a Báez, se planteaba seriamente hablar en la justicia. Pero los aprietes a sus hijos, expresados en la llamativa ola de insultos de tres personas a Leandro y a sus hermanas en Aeroparque, mientras Máximo Kirchner descendía sonriente, pudieron más. Esa madrugada les gritaron “ladrones, vendepatria, devuelvan la plata que se robaron”. Báez lo sintió como un mensaje de Cristina. Tenía razón. Parecía orquestado por el heredero Máximo más que por espontáneos pasajeros.

“Si tocan a los chicos, hablo”, dijo un periodista en televisión citando supuesta información de “alguien” cercano a Norma Calismonte. La ex mujer de Báez comenzaba a visitar en Ezeiza al empresario luego de un largo distanciamiento durante el que Liliana Costa fue una de las pocas personas en las que se respaldó el detenido. “Dejó vacante el lugar que le correspondía —explican en su entorno—, Liliana le llevaba comida, le dejaba unos pesos a los guardias, pero ¿qué va a contar Norma? Si no sabe nada.” Consultada para este libro, Calismonte agrega irónicamente: “¿Me imaginás tomando mate con Cristina? Jamás la vi. Tampoco es cierto que hubiésemos cenado con los Kirchner la noche anterior a la muerte de Néstor. Eso fue un invento”. Tiene razón. “¿Qué puede contar Norma? —insiste la fuente—, no tiene ni idea de qué empresas son, ni los nombres ni cuántas son.” Un contador de Báez visitó la quinta de Olivos, al menos en cinco oportunidades, para acompañar al empresario junto con su chofer, José Sofo. La rutina consistía en caminar por la quinta, saludar a Lupín, comer en el comedor de servicio con custodios y mozos, mientras que en la casa principal los dos amigos degustaban las exquisitas milanesas de peceto que compraban en un pequeño mercado sobre la calle Juramento, en pleno barrio de Belgrano. “Jamás me sentó Lázaro en una reunión con Néstor. Eran mano a mano, la tenían muy clara. Tampoco creo que Fariña haya estado en una de esas reuniones. Quizá jugó al fútbol, pero ahí no se hablaba de negocios”, asegura el confidente de Báez.

En el mundo de los negocios todos se conocen. Daniel Angelici se relacionó con Lázaro Báez por medio del actual presidente del club Estudiantes de La Plata, Juan Sebastián Verón, y de su amigo, el representante de futbolistas Miguel Ángel Pires. Martín Báez estuvo detrás de la compra de los futbolistas Pablo Lugüercio y de la mitad de los pases de Gabriel Mercado, Gastón Fernández y Leandro González, en sociedad con Pires.

En el mundo de la noche también se conocen todos. Angelici jugaba al póquer con Leonardo Fariña. Lo hacían a metros del estudio de Santiago Viola y su madre, Claudia Balbín. Allí funcionaba el “garito” más prestigioso de la Ciudad de Buenos Aires. Las iniciales de su dueño eran MM, pero nada tenía que ver con el futuro presidente. Custodiado por gente de confianza del barrabrava de Boca Juniors Rafael Di Zeo —socio del negocio en un porcentaje menor—, por allí pasaron jueces, políticos, dirigentes, mujeres de la noche y Leonardo Fariña. Luis Alberto “Chiche” Peluso —el hombre de Daniel Scioli en el juego— también era de la partida. En la casona de tres plantas, la base para entrar en el juego era de 40 mil pesos. Fariña y Angelici eran imbatibles. Otro de los que “jugaban de local” era Gustavo Klein, empresario platense titular de las empresas de seguridad privada y limpieza Goya Corrientes SRL, Cooperativa de Trabajo San Martín, Cooperativa Aluminé, Riki SA, Martín y Cía., entre otras. Fue el más importante proveedor de seguridad y limpieza en la provincia de Buenos Aires en las dependencias oficiales durante el sciolismo, merced a sus contactos con el ex jefe de gabinete Alberto Pérez —actualmente con serios problemas judiciales— y con Peluso. De hecho, fue Chiche quien dispuso que Klein se hiciera cargo de la seguridad privada de Loterías y Casinos, por un monto superior al que cobraba la policía. Según el diputado provincial Walter Martello, la empresa embolsaba 28 pesos la hora por cada empleado y la Policía Bonaerense lo hacía por 12.

Como en el juego y en los negocios todos se conocen, en el entorno de Lázaro Báez creen que su silencio es conveniente tanto para Cristina Kirchner como para funcionarios y empresarios cercanos al actual presidente Macri. “Si Lázaro habla, hace un desastre. No solo con los Kirchner sino con Nicky Caputo, con Ángelo Calcaterra, los hace pelota —de hecho fueron socios a través de Epelco SA—. El de Ángelo era el primer número que aparecía en el celular de Lázaro. No se metía en Capital por eso. El teléfono de Lázaro lo tenían todos. Lo dejan adentro porque tienen ganas de castigarlo”, concluye. Era Cristina o era Báez. Como una María Julia Alsogaray del siglo XXI, ningún juez se animaría a firmar una excarcelación para el empresario patagónico en el momento económico y social que atraviesa el país, más allá de lo que diga ante la prensa su abogado Maximiliano Rusconi. El tiempo corre. Por eso Santiago Viola, abogado de Leandro Báez, cree que la situación cambiará en 2017: “Rusconi prometió sacar a Lázaro en diciembre. Eso no pasará”. A fines de noviembre de 2016, dos informaciones circulaban sobre su situación judicial: un inminente traslado a la cárcel de Marcos Paz y la detención de su hijo, Martín, antes de Navidad. El joven que soñó ser jugador de fútbol también tenía un doble procesamiento confirmado por la Cámara Federal. Acompañaba a su padre en el avión que descendió en San Fernando aquella fatídica tarde del 5 de abril. Por esa razón, su abogado se pregunta por qué detuvieron solo a Lázaro y no a padre e hijo: “¿El juez creería que Lázaro saltaría en paracaídas para fugarse?”.

Todo pasa

“ ‘Todo pasa’ puede tener dos apreciaciones: aquel que la usa porque no le interesa nada o aquel que dice ‘todo pasa’ pensando en que lo bueno tiene que quedar”, respondió Julio Humberto Grondona, el fallecido ex dirigente del fútbol, cuando le preguntaron sobre el lema inscripto en su anillo de oro. A fines de 2016, la gran batalla que enfrenta el gobierno de Cambiemos es contra la impunidad. El panorama es complejo. Del otro lado, hay empresarios corruptos que extorsionan a través de medios de comunicación para que les perdonen millones de pesos por evasión fiscal, como Cristóbal López —de hecho el juez Ercolini se declaró incompetente—; gobernadores del norte argentino que voltean la reforma electoral para garantizar los “fraudes patrióticos”; y una ex presidenta que hace de la persecución política y de las listas negras, la más canalla de las frivolizaciones sobre los fantasmas del pasado dictatorial. A pesar de la supuesta lucha contra la impunidad, y después de los años más corruptos de la historia reciente de la Argentina, en 2016 solo hay tres presos de renombre por defraudación al Estado. Ricardo Jaime, que pidió el juicio abreviado por lo que dio por sentada su culpabilidad. Lázaro Báez, en cuyo caso la justicia necesitó que apareciese el video de La Rosadita con su hijo y su contador contando billetes para detenerlo. Por último, el secretario de Obras Públicas, José López, que se encarceló solito cuando se mostró en un convento revoleando bolsos acompañado de monjas y una ametralladora. Julio De Vido, a pesar de sus cien causas judiciales, se mantiene al frente de la Comisión de Energía en el Congreso Nacional sin ponerse colorado, y Cristina aceita su candidatura a senadora por Santa Cruz —mientras engañaba a sus fanáticos y al gobierno de Cambiemos con una postulación en la provincia más populosa del país—.

La impunidad no es solo una palabra más. Es lo que provoca que Leandro Báez no quiera arrepentirse delante de un determinado juez: Sebastián Casanello. El joven aún recuerda cuando Norberto Oyarbide llamó a su casa para agradecer, vaya a saber qué, luego de que archivase la causa por enriquecimiento ilícito contra el amigo de su padre.

Como si tuviesen temor a la vendetta de la mafia siciliana, el abogado de Leandro describe su primer encuentro con la familia Báez: “Estaban muy preocupados por el padre. Por otro lado, no sabían qué pasaría con ellos. Pensaban que terminarían presos. La madre estaba tan preocupada por Martín que ya no lo dejaban viajar al sur. Me hablaron mucho de Casanello. No entendían qué estaba pasando: ‘Con él estaba todo bien y de repente cambió todo’. Sospechaban que gente que los protegía ahora los estaba complicando”. Al hacerle la misma pregunta que le había hecho a Lázaro Báez —si sentía que Cristina Kirchner le había soltado la mano—, Viola responde que es innegable que “hubo un alejamiento, no sé si le soltaron la mano pero, si en algún momento hacían algo por la familia, Cristina lo dejó de hacer. Empezó a preocuparse por su situación y no por el resto”. El resto lo integraban los socios de su difunto esposo.

La codicia

La avaricia es un deseo de adquirir o poseer más de lo que se necesita. Ese afán excesivo de riquezas socavó el proyecto político conocido como “kirchnerismo”. La codicia los enterró. Tanto Néstor Kirchner como su amigo, a quien convirtió en un próspero empresario, no confiaban en nadie. Por esa razón, el titular de Austral Construcciones terminó en una celda de 2 x 2 en Ezeiza. No tuvieron testaferros directos. Para ellos, la vida era una constante búsqueda de nuevos y ambiciosos negocios, de proyectos históricos en los que, ellos y solo ellos, eran los predestinados para cambiar el país. Un proyecto basado en la acumulación del dinero por el dinero mismo. No tuvieron ni tiempo ni ganas de disfrutar de la plata. Ninguno de los dos salía de la Patagonia. Eran uranios. Sus empleados más cercanos no les podían confesar que vacacionaban en Punta del Este porque se convertían en antipatria. “Iré a Punta el día que esa provincia argentina vuelva a ser nuestra”, le decía el empresario a sus amigos. Seis años atrás, a fines de 2010, Lázaro cenó fuera de su casa por última vez. Lo acompañaba Juan Pablo Biondi, la persona que llamó a Crónica TV y a Samuel “Chiche” Gelblung para confirmarles la muerte de Néstor Kirchner. A comienzos de 2016, Báez convivía con un amigo en la chacra 39 en San Benito, Río Gallegos, quien se quejaba de las minutas que solían pedir para comer. Ni el ex presidente ni el próspero empresario disfrutaban del cine, el teatro o la música. Es cierto que Lázaro se divierte mirando El zorro en prisión, porque “fue el único americano que se enamoró de la Argentina y se vino a morir acá”. Se conoce los treinta capítulos de memoria. Pequeños gustos de un multimillonario caído en desgracia.

El modelo cayó por su codicia. Lázaro se derrumbó por la misma razón. Quería ser el Paolo Rocca del siglo XXI pero se preocupaba porque su contador ganaba 20 mil pesos al mes. Por pagar el cinco por ciento en la usina de facturas truchas, del inexperto Juan Suris, empezó a estar bajo la lupa de la AFIP, incluso cuando Echegaray jugaba en el mismo equipo. Para aumentar sus ingresos, aceptó la idea de Daniel Pérez Gadín, de tener su propia cueva financiera. Para hacerlo, no tuvo reparos en traicionar al ideólogo de gran parte de los negocios financieros del kirchnerismo: Ernesto Clarens. A la bicicleta financiera le soltaron la cadena, en La Rosadita, Federico Elaskar, Fabián Rossi y Leonardo Fariña. A pesar de sus siete meses de detención, sigue creyéndose impune y firma cheques que le envía Contenidos Milenium SA. Pone su firma, a pesar de estar preso. Así lo hizo con cheques fechados el 21 y 23 de septiembre por 38.720 pesos cada uno. El edificio de la conocida radio FM, ubicada en Franklin Roosevelt 1815, pertenece a Austral Construcciones. Conserva un pequeño terreno en Pilar, frente al hotel Sheraton, en el que planeaba construir un complejo de oficinas a través de su firma Atria. Festeja que aún la justicia no lo encontró, como tampoco su casa en el country Ayres del Pilar, sumado a dos terrenos a nombre de Badial. Todo ello, como si fuese un gran triunfo. Tanto él, como Néstor y Cristina, sacrificaron a sus hijos que deberán deambular por los tribunales federales de Comodoro Py por muchos años. El error fue incluirlos en sus negocios. ¿Por qué? “Para que tengan algo, para que les quede algo porque no tuvieron la suerte que tuvieron otros.” Lo tuvo todo, hoy Báez solo confía en Federico Cortés, el único ladero que aún le responde y que es el encargado de tapar los agujeros económicos que su propio imperio sigue generando. Ni siquiera confía en Diego Navarro, pues creía que vendía información al periodismo. En su entorno lo llaman “la niñera” ya que “solo cuida a Martín”. Como Kirchner, Báez siempre desconfió de todo su entorno, porque conoce la facilidad del ser humano para cometer una traición. En una ocasión encontró en el cajón de la oficina de una de sus empresas en el sur juguetes sexuales. Lázaro reunió a los empleados y les dijo: “Son todos putos con el culo mío”.

Luego de leer este libro, el lector comprenderá que el problema de la corrupción argentina y del negocio de la obra pública no se solucionará encarcelando, únicamente, a uno de sus símbolos. Con los mismos argumentos por los que está detenido Báez, podrían quedar tras las rejas otros empresarios protagonistas de los principales capítulos de esta obra. Así también, los funcionarios que los utilizaron. Sin embargo, en un país en recesión económica y en el que la “fiesta” no ha concluido —a pesar de que en la actualidad no veamos a Cristina Kirchner en cadena nacional—, el show debe continuar. A los hijos de la impunidad no se les mueve un pelo cuando le reclaman a la justicia 95 mil pesos por mes para subsistir. Monto superior al que un senador nacional como Federico Pinedo asegura necesitar para llegar a fin de mes.

La falta de infraestructura ha provocado tragedias en este país. Las imágenes en la estación ferroviaria de Once y las inundaciones en la ciudad de La Plata aún están frescas en nuestras retinas. Báez obtuvo el 80 por ciento de las obras de Santa Cruz. Solo la ruta 47 costó 2.345.994.614 pesos por 200 kilómetros. Según la revista El Constructor, el costo promedio por kilómetro en nuestro país es de 1.018.624,78 pesos, pero en la citada ruta 47 el costo fue de 6.349.594, seis veces más. Como diría Alberto Fernández, cada provincia tuvo su Lázaro Báez.

Es el país en el que un ex vicepresidente procesado se ríe de todos mojando las patas en la fuente de Plaza de Mayo como si estuviese emulando el 17 de Octubre, y uno de los dirigentes que salía a comprar voluntades como si fuesen figuritas de colección, se pone las plumas con una sexagenaria vedete. Es el país que gobernó una mujer que apeló a la historia y a la grandeza de la Patria para disfrazar una de las mayores estafas en la obra pública a través de los descontrolados Fondos del Bicentenario, y que hoy maneja un presidente que prefirió no dar explicaciones, para la presente investigación, por su pasado en Socma, por su familiar contratista del Estado o por las relaciones con su amigo empresario Nicky Caputo.

“¿Por qué no se sentó a negociar Báez?”, le insisto a una de las personas que mejor lo conoce. “Porque nadie le dio las garantías de hacerlo. Porque a este gobierno tampoco le interesa que se avance, realmente.” El sistema no quiere un mani pulite. Nadie quiere otro Brasil. Pero si aceptamos del gobierno de Cambiemos lo que repudiábamos del kirchnerismo, los que no cambiamos fuimos nosotros como sociedad.

1º de diciembre de 2016

Fuentes

Entrevistas

Abogados de Lázaro Báez

Álvarez, Alberto “Tito”

Aquino, Miriam

Aráoz, Chiche

Arbit, Marcelo

Arnold, Eduardo

Aseff, Alberto

Azzaretto, Roberto

Báez, Lázaro

Baravino, Héctor

Bernz, Daniel

Broitman, Carlos

Buzzi, Martín

Cacace, Alejandro

Calismonte, Norma

Calleja, Gustavo

Campagnoli, José María

Canaparo, Luciano

Carrió, Elisa

Cassese, Marina

Cerruti, Gabriela

Cherashny, Guillermo

Clusellas, Pablo

Comi, Carlos

Contadores y ex empleados de Austral Construcciones 

Conti, Jorge

Copplet, Ignacio

Costa, Eduardo

Costa, Liliana

Cuervo, Fabián

Damiani, Ignacio

De Lamadrid, Álvaro

Delgado, Ricardo

Di Filippo, Facundo

Dillenberger, Diego

Directores de la AGN

Ducler, Aldo y su hijo Juan Manuel

Empresarios de la construcción, contratistas del Estado, financistas de la city porteña 

Entorno de Cristina Fernández de Kirchner y de sus hijos 

Entorno de Rudy Ulloa 

Epszteyn, Eduardo 

Erusalimsky, Roberto 

Falicoff, Héctor 

Fariña, Leonardo 

Fernández, Alberto 

Ferrari, José Luis 

Figueroa, Hernán 

Flores, Rafael 

Gaggero, Jorge 

Garrido, Manuel 

Gerchovsky, Mario 

Greppi, Guillermo 

Herrera, Fernanda 

Katz, Claudio 

Laura, Guillermo 

López Rega, Norma 

López, Alicia 

Lozano, Claudio 

Magioncalda, José 

Maldonado, Juan Domingo 

Manfroni, Carlos 

Martínez, Silvina 

Mercado, Silvia 

Navarro, Diego 

Oliveto Lago, Paula 

Paz Herrera, Ricardo 

Penisi, Víctor 

Pérez, Adrián 

Personal de Presidencia de la Nación, de la Dirección de Vialidad Nacional y del Ministerio de Seguridad 

Pignanelli, Aldo 

Pintos, Omar 

Pitté Fletcher, Denis 

Pontaquarto, Mario 

Pronesti, Ana 

Quiroga, Miriam 

Relats, Silvana 

Reyes, Carmen 

Reyes, Hernán 

Rinaldi, Carlos 

Romero, Javier 

Rotundo, Mario 

Sabbatella, Martín 

Schoklender, Sergio y Pablo 

Seminario, Rodolfo 

Stolbizer, Margarita 

Tailhade, Rodolfo 

Toma, Miguel Ángel 

Valdez, Beto 

Viale, Enrique 

Viola, Santiago 

Wagner, Carlos 

Yofre, Juan Bautista 

Zabaleta, Juan 

Zárate, Carlos

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Otras fuentes

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Centro de Información Judicial.

Dirección de Patrimonio de la Quinta Museo “17 de Octubre” de San Vicente.

Medios gráficos y digitales: Ámbito Financiero, Clarín, Infobae, La Nación, La Política Online, La Verdad (Junín), Medios y Opinión, Opi Santa Cruz, Perfil, Periodismo y Punto, Semanario de Junín.

Tiempo Nuevo, programa televisivo conducido por Bernardo Neustadt, década del noventa.

La investigación periodística en la que se basa este libro contó con la colaboración de Alicia Panero y Juan Parrilla. Alicia es profesora de Historia, periodista e investigadora. Escribe en el portal Periodismo y Punto y es docente de la Universidad Nacional de la Defensa (UNDEF), sede zonal Córdoba. Juan es periodista especializado en minería y medio ambiente. Escribe en Infobae.com y es autor del blog Maldita Nicotina.

Agradecimientos

A los periodistas que investigan, ayer, hoy y siempre. Caiga quien caiga.

Al inolvidable José María Stella.

A mis compañeros en esta aventura: Alicia Panero y Juan Parrilla.

A los que confiaron en mí y a los que no.

A Juan Boido, Roberto Montes, Mercedes Sacchi y el equipo de Random House Mondadori.

A los periodistas amigos que me aconsejaron durante el agitado 2016: Silvia Mercado, Ceferino Reato, Camilo Cagnacci, Facundo Chaves; a Martín Liberman, por las oportunidades y la confianza.

A los que se animaron a contar sus historias, romper pactos de impunidad y confesar sus avivadas, negociados y delitos varios.

A los cobardes empresarios y funcionarios que se sienten al margen de la ley y creen que no le deben explicaciones a nadie.

“Todo el mundo me usó de forro: la Cámara Argentina de la Construcción y Cristina. Acá todos se limpiaron el culo conmigo.”

LÁZARO BÁEZ AL AUTOR, DESDE LA CÁRCEL DE EZEIZA, 2 DE JULIO DE 2016

“Cuando me subí a una Ferrari pensé que era Dios, pero era un boludo.”

LEONARDO FARIÑA AL AUTOR, DESDE LA CÁRCEL DE EZEIZA, 12 DE FEBRERO DE 2016

La figura de Lázaro Báez, los bolsos repletos de dólares de José López, el conteo frenético de dinero en “la Rosadita”, los hoteles fantasma de la ex presidente… La corrupción durante el kirchnerismo tiene símbolos varios pero un eje principal: el negocio de la obra pública. Esta investigación de Luis Gasulla explica en detalle la matriz de los negociados relacionados con la infraestructura de nuestro país y revela por qué esa matriz –que vincula a empresarios corruptos con políticos coimeros a la vista de una justicia garante de impunidad– sigue activa en tiempos de Cambiemos.

 Los testimonios de funcionarios con las manos sucias, intermediarios clave, parejas o confidentes despechados dispuestos a todo antes y ahora, y millonarios siempre amigos del poder configuran un panorama en el que quedan expuestos con claridad los mecanismos fraudulentos de licitación en distintos niveles del Estado, el financiamiento non sancto de la política, el rol de la Cámara Argentina de la Construcción, la conexión entre los negocios de la construcción y del juego, y hasta el vaciamiento de YPF. 

Eso no es todo: aquí están Cristóbal López, los Eskenazi, Rudy Ulloa, Electroingeniería, Austral Construcciones, pero también IECSA (la empresa de Ángelo Calcaterra, a quien los medios llaman “el testa-primo de Macri”) y el selecto grupo de empresarios cercanos al PRO en la Ciudad de Buenos Aires.

Por primera vez, el verdadero “club de la obra pública” al desnudo.

LUIS GASULLA

Es periodista. Licenciado en Comunicación Social por la UBA, es director del portal Periodismo y punto, conductor de Ahora es nuestra la ciudad –programa de radio con trece años de trayectoria–, columnista de Infobae y Adelanto 24, y panelista en Intratables (América), Liberman en línea (Canal 26) y La quinta pata (TV Pública). Condujo y produjo el documental Illia. Ciudadano Presidente para la TV Pública y escribió en Perfil.com durante seis años. Es autor de Relaciones incestuosas (Biblos, 2010), El negocio de los derechos humanos (Sudamericana, 2012) y El negocio de la impunidad. La herencia K (Sudamericana, 2014).

Foto: © Alejandra López

Gasulla, Luis

El negocio político de la obra pública / Luis Gasulla. - 1a ed. - Ciudad Autónoma de Buenos Aires : Sudamericana, 2017.

(Investigación Periodística)

Libro digital, EPUB.

Archivo Digital: descarga y online.

ISBN 978-950-07-5802-4

1. Investigación Periodística. I. Título.

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Edición en formato digital: marzo de 2017

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