Luis Gasulla

El negocio de los Derechos Humanos

Humildes estafados, progres engañados, trampas

y corrupción: los verdaderos sueños compartidos

entre el gobierno y las organizaciones de DDHH

Sudamericana

A los que toleran el disenso y dan la vida por la libertad.

A los que no aceptan que todo tenga precio

en este mundo.

A los que no se callaron.

A los que luchan por defender los derechos

humanos ayer, hoy y siempre, más allá de cualquier

bandera política.

A mi hija Camila, por su paciencia, su amor y por

soportar extensas entrevistas e incontables horas de mi

presencia ausente frente a la computadora.

A mi pequeño Joaquín, quien ilumina mis ojos cuando

ríe y también cuando explota en llantos.

A vos, Micaela, por soportar mis idas y mis humores sin

dejar de acompañarme.

A mis padres, mis hermanos y a los amigos de siempre.

A los periodistas que aún confían en que investigar

es quitar y quitarse la venda de los ojos, más allá de

amenazas, escarmientos y de, en ciertas ocasiones, sentir

que son marginados por otros colegas.

A Karina Arce, por su valentía y su impunidad

para preguntar.

A la periodista Daniela Zárate, por su búsqueda

constante de información.

A Daniel Guebel, mi editor, por su paciencia, su tiempo

y por confiar en mí.

PRÓLOGO

Escribir es escuchar.

RODOLFO WALSH

Periodismo es difundir aquello que alguien no quiere

que se sepa. El resto es propaganda.

HORACIO VERBITSKY, ANTES DE 2003

El negocio de los derechos humanos no se puede entender sólo desde el punto de vista material. Menos aún se comprende limitándolo al plano simbólico. La alianza estratégica entre los principales organismos de derechos humanos y el gobierno nacional que asumió el poder el 25 de mayo de 2003 sintetiza la convicción y la conveniencia. Dinero y gestos, subsidios y leyes, auge económico y presencia mediática, planes conjuntos y abrazos públicos. En un gobierno en el que parecer es hacer y el relato va más allá de la historia, el símbolo puede prevalecer sobre el dinero, como en el caso de Estela de Carlotto, o el flujo de fondos públicos puede convencer a Hebe de Bonafini de que Néstor Kirchner era “un hombre de buena madera”.

Todo se mezcla y nunca queda del todo claro quién cooptó a quién ni cómo fue que los Kirchner terminaron aliados a los símbolos de la resistencia contra la dictadura militar. El santacruceño utilizó su fortuna para ingresar a la función pública pues, como solía decir su mujer: “Sin plata no se puede hacer política”. Ni en la intendencia de Río Gallegos ni más tarde en la gobernación de su provincia, Kirchner no recibió a ningún referente de los organismos, ni tampoco se preocupó por crear una Secretaría de Derechos Humanos. Es más, respaldó a las autoritarias fuerzas represivas locales, denunciadas por utilizar la tortura entre los aspirantes a ingresar a sus filas.

Pero luego de la debacle nacional en 2001, Kirchner se reinventó. Sepultó su pasado y, una vez instalado en el gobierno nacional, decidió apropiarse de la bandera de los derechos humanos para convertirla en fundamento de su hegemonía política.

Las reformas económicas, sociales y políticas de 2003 en adelante se realizaron apelando a los setenta. Los críticos y los opositores, pero especialmente quienes denunciaron los negociados realizados en nombre de las Abuelas o las Madres, fueron marginados o tildados de cómplices de la dictadura. La simplificación dividió las aguas entre buenos y malos, entre intachables y empleados de las grandes corporaciones socias de los genocidas.

El consenso sobre la importancia de la política de derechos humanos del gobierno nacional —apoyada en un supuesto pasado revolucionario del matrimonio gobernante y en la reconversión de funcionarios al progresismo— fue de la mano con la pretensión de sacralidad que implicaba que los gobernantes se rodeasen en los actos públicos de las Madres y de las Abuelas.

Las Madres, a su vez, aceptaron recibir del gobierno dinero que bien podría haberse destinado a los más humildes. CON LAS MADRES NO fue el mensaje del poder político y mediático, contra cualquiera que investigara y denunciara los desaguisados ejecutados en nombre de los derechos humanos. Sergio Schoklender, uno de los protagonistas de este libro, no hubiese podido transformarse en lo que llegó a ser sin la complicidad de un sistema conformado por los poderes ejecutivo, judicial y legislativo que decidieron mirar para otro lado. Se archivaron denuncias, se silenciaron protestas y se continuaron subsidiando obras sin importar cómo se usaba el dinero.

En la Argentina contemporánea, la política se transformó en una cuestión de fe y de obediencia. Los que se animaron a cuestionar el llamado “relato” se quedaron fuera de un supuesto y único proyecto nacional, popular y democrático. No hay lugar para los débiles ni para los tibios. La política de derechos humanos se transformó en un clisé utilizado tanto por gobernadores autoritarios que violan los derechos básicos de los ciudadanos del presente como por colaboracionistas de la última dictadura militar. El gobierno nacional se ocupó de mantener viva la memoria colectiva y se olvidó de la historia. Destinó millones de pesos a museos, charlas e inauguraciones sin preocuparse demasiado por las injusticias del presente. Por detrás, se sumaron oportunistas y arribistas para hacer grandes y pequeños negocios hasta convertir a los derechos humanos en una industria.

Bajo las banderas y los discursos se escondió un escandaloso negocio para lucrar con los momentos más siniestros de nuestro pasado, utilizando a las luchadoras de antaño. Sólo en la Fundación Madres de Plaza de Mayo llegaron a trabajar más de 6.000 empleados y la expansión de la Fundación sólo tuvo un límite cuando, en mayo de 2011, Schoklender abandonó la institución y se hizo pública su pelea con Bonafini, que acabó en el escándalo político más resonante de la era kirchnerista. Desde la salida de Schoklender, el desfile de despidos no ha cesado. Según describe una de las trabajadoras que acompaña a Hebe de Bonafini hace diez años: “La Presi no quiere más empleados acá adentro”. Hoy, la planta no supera los 400 empleados.

Este libro no es sólo la historia de relaciones entre una Madre que adoptó a un parricida o de otra histórica referente de los derechos humanos con su yerno. Intenta ser una radiografía del país del vale todo, donde los destinos de los fondos públicos dependen del llamado de un alto funcionario y de que los organismos de control hagan la vista gorda, un país donde la división de poderes se ha vuelto una utopía. Ésta es una historia de falsas licitaciones para construir viviendas sociales, de tasas de retorno, de lavado de dinero, de vínculos con la mafia de los medicamentos, el narcotráfico y el financiamiento espurio de la política.

La causa de los derechos humanos no debería mancillarse con dinero. El Estado no debería renunciar jamás a su obligación de controlar los fondos que son de todos. Los derechos de los pobres, los olvidados y los excluidos no deberían subordinarse a la presunta pureza de ningún símbolo. La batalla contra las injusticias, la búsqueda de la verdad y el juicio y castigo a los asesinos del pasado no deberían ir a contramano de la justicia y la equidad del presente. Cuestionar e investigar los delitos cometidos en nombre de las luchas de antaño y la memoria de “nuestros hijos” no significa impugnarlas sino defender a los miles de olvidados que no tienen voz.

En enero de 2011, el testimonio de una mujer que fue despedida de la Fundación Madres de Plaza de Mayo al quedar embarazada marcó la génesis de esta investigación que, al comienzo, fue tildada de “ridícula e inverosímil” por funcionarios, entrevistados y hasta por amigos que escucharon el relato. Pero la investigación no se detuvo. Y así se fueron encadenando testimonios hasta reunir más de 300 entrevistas realizadas en todo el país durante casi dos años.

El estallido del escándalo mediático en 2011 puso sobre el tapete cuestiones que se mantenían escondidas. Este libro cuenta esa historia y otras más, intentando comprender un juego perverso en el que el poder y el dinero están sobre cualquier otra cosa.

En las páginas siguientes se verá que Madres de Plaza de Mayo recibió más 1.265 millones de pesos en fondos públicos —una cifra sólo superada por la Fundación Eva Perón— pero no era legalmente una fundación. Saldrán a la luz gravísimas irregularidades merced a la confesión de un alto funcionario del gobierno del Chaco, la provincia en que el plan de viviendas Sueños Compartidos desembarcó con más fuerza.

Según la Inspección General de Justicia, una fundación es una institución creada para el bien común y sin fines de lucro. Además, debe poseer patrimonio propio, más allá de cualquier ayuda que pudiera recibir del Estado. En esta historia, los protagonistas confundieron los fondos públicos con los privados y olvidaron que el control es un valor moral. Con un presupuesto que aumentó cuarenta y cinco veces en siete años, la Fundación Madres de Plaza de Mayo llegó a ser la segunda constructora del país mientras violaba sistemáticamente la Ley 13.064 de obras públicas, que establece que los trabajos financiados por el Estado deben contratarse mediante licitaciones. Otro funcionario, en este caso del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, admitió que las obras de Sueños Compartidos se contrataban directamente, sin ningún tipo de licitación.

La relación de Hebe de Bonafini con Sergio Schoklender recorrió múltiples etapas. Es por ello que en la primera parte de la obra se indaga acerca de las conductas, hechos, discursos y pensamientos de ambos, basados en cientos de testimonios, entre ellos de los protagonistas, funcionarios, gobernadores, intendentes, diputados nacionales y provinciales, empleados de la Fundación, enemigos del pasado y del presente, como amigos de toda la vida y familiares.

Ésta es una historia en la que nadie es inocente, cada fuente guarda su propia versión de los hechos y defiende su propio interés, pero todos coinciden en lo obvio: una relación simbiótica de dos personas explosivas podía terminar de cualquier forma. La ruptura y el furioso desenlace, aún abierto, están relacionados con un contexto político surgido tras la muerte de Néstor Kirchner, con los tristes hechos ocurridos en la toma del Parque Indoamericano en diciembre de 2010, con las feroces peleas con funcionarios del Gobierno y las advertencias nacionales e internacionales acerca de movimientos financieros y de los vuelos a países limítrofes de Schoklender.

Al quedar enfrentado con el poder, Schoklender reveló ante la ciudadanía detalles íntimos y engranajes ocultos cuando el oficialismo ostentaba un nivel de popularidad sin parangón en la historia argentina reciente. Schoklender es un personaje fundamental de la trama pero no es el único que hizo negocios privados utilizando la bandera de los derechos humanos. Hay muchos más. Algunos sin prensa, escondidos en secretarías o ministerios. Esta historia recorrió el país y fue en el norte argentino donde los negocios, los vínculos con el narcotráfico, los aprietes y las amenazas alcanzaron su máxima expresión. Algunos involucrados inventaron su propio pasado revolucionario mientras dedicaban su tiempo a hacer caja. Otros, desde punteros a asesores de diputados, utilizaron la lucha por los derechos humanos para ascender políticamente negociando las necesidades de los más humildes. El atractivo discurso del juicio y castigo a los genocidas del pasado y la alegada recuperación de los derechos humanos del presente se convirtieron en el vestido de moda, aquel que todos querían lucir. Ésta es la historia de un negocio millonario basado en la cultura de la culpa, la reescritura del pasado y el engaño de los humildes.

PRIMERA PARTE
Sueños rotos

1. MADRE E HIJO

Preguntaba qué tenía de malo vender obscenidades

(…) Sergio tenía su moral propia.

PABLO SCHOKLENDER, 1982

Sergio es algo que me devolvió la vida. Sergio es el ser

más libre e inteligente que conozco. Tiene un montón de

cualidades pero, esencialmente, es una persona

que todo el tiempo se da a los demás.

HEBE DE BONAFINI, ABRIL DE 1995

Para condenar a los malditos, tienen que ir a la cárcel

para siempre, por eso estamos colaborando con la Justicia

y aceptando lo que la Justicia nos impone.

HEBE DE BONAFINI, 16 DE JUNIO DE 2011

En septiembre de 1994, nacía en la cárcel de Devoto la relación entre Hebe de Bonafini, presidenta de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, y Sergio Schoklender, singular preso que en trece años pasó de ser el parricida más célebre de la historia argentina a convertirse en un luchador por los derechos humanos. En los ’90, Bonafini sorprendía a la opinión pública adoptando como hijo a Schoklender. El joven le recordaba, física e intelectualmente, a su primogénito de saparecido durante la última dictadura militar en 1977. Juntos compartieron sueños, proyectos y negocios. Habían ideado una fundación que, bajo el respaldo político y económico del kirchnerismo, mostraba un esplendor sin límites. Tenían un pequeño multimedio que soñaba con sumar un canal de televisión digital. Además, contaban con una imprenta, una universidad, un espacio cultural y una fábrica de paneles. Bonafini y Schoklender estuvieron a punto de exportar las modernas viviendas que crearon para el programa Sueños Compartidos a toda América Latina. Se trataba de la segunda empresa constructora del país. Sus Sueños Compartidos eran elogiados por la presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, por esas “casas que caminan… como el país”. El 16 de junio de 2011, después de casi diecisiete años, ese amor a prueba de todo se esfumó. De pedir la libertad de Sergio, Hebe pasó a exigir cárcel para los malditos, en alusión a quien había amado como a un hijo. ¿Qué cambió en ese tiempo entre estas dos almas gemelas y en pena que parecían inseparables? La trama de lealtades y engaños, convicciones y conveniencias, amores y odios se empezó a gestar, mucho antes de que la madre encontrara a su hijo adoptivo, producto del tortuoso pasado de ambos protagonistas.

El pasado

A Hebe Madre le dolía verme preso.

SERGIO SCHOKLENDER, FRASE FINAL DE SU LIBRO

INFIERNO Y RESURRECCIÓN

Sólo somos Madres, no vamos a formar parte de un

partido político y no somos candidatas a nada.

HEBE DE BONAFINI, AGOSTO DE 1997

Hebe Pastor nació en el barrio El Dique, partido de Ensenada. A los catorce años conoció a Humberto Alfredo Bonafini, con quien se casó en 1949, luego de seis años de noviazgo. Tuvieron tres hijos. El 8 de febrero de 1977, Jorge, el mayor, fue secuestrado en su casa de City Bell. El 6 de diciembre de ese mismo año, le ocurrió lo mismo a Raúl Alfredo, su otro hijo varón, en Berazategui. Hebe nunca especificó en qué partidos militaban. Según fuentes de la época, lo hacían en el PRT (Partido Revolucionario de los Trabajadores), brazo político del ERP (Ejército Revolucionario del Pueblo) que consideraba a la lucha armada como la estrategia central para tomar el poder. Según Remo, el hijo mayor de Estela de Carlotto, uno de los hijos de Bonafini militaba en el Partido Comunista Marxista Leninista (PCML), una rama escindida del Partido Comunista, la organización prosoviética que apoyó el golpe militar del 24 de marzo de 1976. EL PCML, en cambio, comulgaba con la doctrina del líder chino Mao Zedong (entonces Mao Tse Tung), quien creía firmemente que “el poder nace de la boca del fusil”. El PCML se relacionaba con el anarquismo a través de la amistad del hijo de Hebe con los tres hermanos Tello, que pertenecieron al movimiento anarquista Resistencia Libertaria y desaparecieron entre 1976 y 1977, al igual que los hijos de Bonafini. ¿Por qué Hebe de Bonafini jamás habló de la militancia de sus hijos? En 1996 dijo: “No quiero embanderar el movimiento con lo que yo pensaba, aunque sea cuando tenía dieciocho años. Quiero cuidar eso, y no digo adónde pertenecían ellos ni a quién votaba yo”.

Un año después de conocer a Azucena Villaflor, en abril de 1977, y comenzar a marchar con ella alrededor de la Pirámide de Mayo, desapareció su nuera, María Elena Bugnone Cepeda, la esposa de Jorge. Toto, el marido de Hebe, murió en 1982. Veinte años después, Bernardo Neustadt entrevistó en su programa radial a un supuesto esposo de Bonafini, quien declaraba desde España que sus hijos estaban vivos en Europa. Allegados a la Fundación explican que nadie contestó aquella infamia pues hubiese significado darle entidad. El periodista Jorge Boimvaser, autor de Los sospechosos de siempre, que investigó los servicios de inteligencia en la Argentina, está convencido de que se trató de una operación de la ex SIDE para desprestigiar a Hebe. El 22 de agosto de 1979, las Madres se constituyeron como asociación. Bonafini fue elegida al frente de la Comisión Directiva como presidenta. En el “acta de principios”, la entidad proclamaba “evitar la influencia de factores políticos o sectoriales”. El 10 de diciembre de 1981, las Madres se concentraron en Plaza de Mayo durante 24 horas. Fue la primera Marcha de la Resistencia, esa que realizarían, ininterrumpidamente, hasta 2006.

Seis meses y diez días antes de aquella primera Marcha de la Resistencia, los hermanos Sergio y Pablo Schoklender asesinaron a sus padres, según dictaminó posteriormente la justicia. El 31 de mayo de 1981, luego del parricidio más escalofriante de la historia argentina, los hermanos Schoklender pasaron la tarde con sus novias, Nancy Plecel y Juana Gillert. A ellas les comentaron lo sucedido. Juana, la novia de Sergio, declararía que Pablo le dijo textualmente: “Terminamos con los viejos”. En junio de 2011, desde su departamento en la capital cordobesa, Gillert decía que no quería saber nada del asunto. Sin embargo, su hermano Daniel formó parte del entramado de negocios que conformaría su ex novio a partir de 2003 y hasta estuvo presente en la inauguración de 68 viviendas en Santiago del Estero, en septiembre de 2010, junto con el ex presidente Kirchner.

El día en que Sergio cumplía 23 años, aparecieron los cuerpos sin vida de sus padres en el baúl del Dodge Polara de la familia. Cuando la policía llamó a la casa de los Schoklender, los hermanos ya habían escapado. Aún no eran sospechosos y los uniformados sólo querían notificarlos del terrible hallazgo. Por la tarde, cuando se enteraron por radio del descubrimiento del Dodge, los hermanos decidieron poner rumbo a Brasil. Huyeron juntos hasta Mar del Plata y allí se separaron. A Sergio lo atraparon en la localidad de Cobo. A Pablo, cinco días después en Ranquillo, Tucumán, donde había comprado un caballo con el que imaginaba cruzar la frontera hacia Bolivia. En la primera indagatoria luego del doble asesinato, Sergio señaló que su hermano tenía la fantasía de matar a sus padres. Luego se desdijo y confesó el asesinato. En 1985, luego de la condena, lo negó. Su estrategia se basó entonces en vincular a la empresa de su padre con el tráfico de armas y drogas. El 7 de julio de 1986, al revocarse la sentencia que había dejado en libertad a Pablo, la Cámara de Apelaciones, se refirió a la alevosía con la que habían actuado los hermanos, en especial con el padre. La Cámara describió al menor como dueño de una personalidad conflictiva, con signos de inmadurez e infantilismo, mientras que a Sergio lo pintó como un psicópata frío y calculador. Nada se pudo comprobar de los supuestos escarnios sufridos en el seno familiar, pues, según los asesinos, Cristina Silva, la madre, acosaba al menor, Pablo, desde los doce años. Ana Valeria, la hermana del medio, negó conocer esos detalles íntimos en su declaración ante la justicia. Al dictarse la sentencia, Pablo se fugó. Lo encontraron el 14 de mayo de 1994 en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, involucrado en un caso de cheques irregulares con el falso nombre de Jorge Velásquez. Cuatro días después, Sergio dijo ante los periodistas: “Asumí toda la responsabilidad en la causa, mi hermano es absolutamente inocente. De todas maneras, ya está”.

Las fuentes que hablaron sobre el pasado de los protagonistas tienen una versión distinta de los hechos. Marta, quien no quiso revelar su apellido, trabajó con los Schoklender desde 1978 hasta finales del año siguiente. En las oficinas centrales del Grupo Pittsburgh and Cardiff, se desempeñó como secretaria de Jorge Díaz —el gerente que reportaba directamente con Mauricio Schoklender—. Díaz tuvo un romance con Marta que se prolongó durante cuatro meses. Luego, tras romper su matrimonio, se casó con Valeria Schoklender, a pesar de duplicarla en edad. Marta tenía un trato cotidiano con Mauricio y sus hijos. Por ello, niega que el padre de los hermanos fuese homosexual (luego del parricidio, los hijos dieron a entender que mantenía una relación paralela con un gerente de la empresa). Laura De Palermo, profesora universitaria, trabajó a comienzos de los ochenta en Pittsburgh bajo la órbita de Mauricio Schoklender. Conoció a sus hijos porque todos, en distintas épocas, trabajaron en la empresa del padre. “Ellos no fueron”, sentenció categóricamente al referirse a la autoría del famoso parricidio. Luego de la guerra de Malvinas, el grupo Pittsburgh and Cardiff desapareció de la faz de la tierra. Se esfumó como si nunca hubiese existido.

En 1995, Sergio Schoklender dijo que hablaría de lo ocurrido cuando Pablo estuviese libre. Las Madres de Plaza de Mayo ya lo escoltaban para ese entonces. El amor entre Hebe y Sergio parecía indestructible.

La adopción

Yo parí tres hijos y te puedo asegurar que con Sergio tuve

las mismas sensaciones.

HEBE DE BONAFINI, 2004

Me costó entenderla porque a mí me parecía que

podíamos hacer muchas cosas juntos desde el punto

de vista social y político, ¿para qué teníamos que

enrollarnos con los sentimientos?

SERGIO SCHOKLENDER, 2004

Sergio Schoklender se había cruzado con Hebe de Bonafini en la cárcel de Devoto en 1983. En esa época, las Madres visitaban a los presos políticos. Un día, Hebe conoció a Schoklender y le preguntó qué podía hacer por él. Su lucha es otra, le contestó Sergio. Pero la historia no terminó ahí. Pronto volverían a cruzarse.

Bonafini nunca quiso conocer los detalles del parricidio. Cuando supo que los presos tenían una publicación impulsada por la Universidad de Buenos Aires en la que planeaban incluir columnas de los organismos de derechos humanos, le escribió una carta a Sergio. Luego lo fue a visitar al Centro de Información Aplicada —CINAP— en la cárcel de Caseros. En ese entonces, Schoklender ya era reconocido entre los círculos intelectuales por haber creado el Centro Universitario de Devoto —CUD—, aunque no fue exactamente así. Es cierto que gracias a él, el CUD adquirió prestigio dentro y fuera del país y, de esta manera, obtuvo importantes donaciones y destacados profesores se sumaron al proyecto. Pero Sergio no creó el CUD. Sólo se unió al descubrir que era conveniente hacerlo. Más tarde, cuando sus compañeros no quisieron continuar bajo su supuesta protección, Sergio intentó destruirlo. Cuando hubo elecciones, perdió pero no aceptó la derrota y reinventó la historia diciendo que se había alejado por decisión propia. El Estado era él. Sergio no admitía frenos en su carrera. Tenía contactos fuera de la cárcel con el rector de la Universidad de Buenos Aires, Oscar Shuberoff, con Eugenio Zaffaroni, con el ex procurador general de la Nación, Esteban Righi, con Torcuato Di Tella y hasta con la Fundación Bunge y Born, con Techint y Cáritas. Los organismos de derechos humanos también se interesaron en ese hombre que había resistido supuestas torturas e injusticias y había sobrevivido a un pasado familiar tortuoso. Schoklender era la muestra viviente de que, a pesar de todo, siempre se podía empezar una nueva vida.

En los ’80, se lo consideraba un preso político. Sin embargo, en 1995, en libertad, confesó que recién en la cárcel había descubierto que había muchos pobres. Se consideraba un revolucionario aunque, antes de su reclusión, jamás se había interesado ni por la política ni por las atrocidades que cometía la dictadura. Sin embargo, sus denuncias y su bandera de que el marginal podía reinsertarse en la sociedad a través de la educación fueron tomadas por los organismos de derechos humanos. Esto ocurría en la época de la creación de la Conadep y el Juicio a las Juntas Militares. Los organismos de derechos humanos no estaban tan solos.

En septiembre de 1994, se produjo el instante mágico. Sucedió en la cárcel. Hebe se resistía a la requisa de la guardia y Sergio la defendió sin temer las represalias. Luchó contra todos los que lo enfrentaban gritando como un salvaje que no la tocasen.

Así fue como nació una relación simbiótica entre estas dos almas con personalidades extremas, sin grises ni matices, en donde el amor podía transformarse en odio de la noche a la mañana.

Los primeros encuentros entre Hebe y Sergio no fueron como ella los había imaginado. A Sergio le costaba abrirse. Analizaba las preguntas de Hebe mientras estudiaba su personalidad. Le molestaba el interés de Hebe sobre sus gustos, preferencias y hobbies. “Ella no podía entender que yo me hubiera olvidado de qué es lo que me gusta comer o cómo uno se siente. En la cárcel uno se olvida de todo (…) Si una persona te quiere, vos también la tenés que querer”, decía Sergio en esos tiempos. Al cabo de varios encuentros, un día Hebe le dijo que, a partir de ese momento, ya no lo visitaría más como presidenta de la Asociación Madres de Plaza de Mayo sino a título personal, simplemente como una madre. Que deseaba adoptarlo.

Sergio creyó que la mujer del pañuelo blanco se había vuelto loca. Él pensaba que “podíamos hacer muchas cosas juntos desde el punto de vista social y político, ¿para qué teníamos que enrollarnos con los sentimientos?”. Pero Hebe insistía y él la aceptó. La hipnotizó. Ella rápidamente cayó a sus pies. Le obsequió las llaves de su casa para recibirlo cuando recuperara la libertad. Para ella, Sergio, más allá del amor sincero que sentía por él, significaba una forma de rebeldía, de romper, otra vez, las reglas establecidas por una sociedad conservadora. Se necesitaban mutuamente. Hebe se dejó llevar como una madre enamorada del hijo al que estuvo esperando durante años. Pero no le pasó sólo a ella sino también al resto de las Madres, un grupo minúsculo de mujeres, muchas de ellas ancianas, obedientes de las directivas de Hebe, que fue disminuyendo su número por discrepancias internas. El 19 de agosto de 1997, en un taller de escritura, Hebe Mascia, Madre de Plaza de Mayo, escribía que se había enterado de que un grupo de vecinos estaba cortando una ruta para reclamar trabajo y atención sanitaria para la villa. Y que cuando la policía estaba a punto de reprimir intervino Sergio en la situación: “Cuando sentí que estaba Sergio me dije: no están solos, están nuestros hijos y estamos nosotras las Madres con ellos y éste es el único camino para llegar a algo mejor”.

El 2 de mayo de 1995, doce días antes de que Carlos Menem ganara su segunda elección presidencial, Sergio aún estaba preso. Privado de su libertad, creaba la asociación civil sin fines de lucro Rebeldía y Esperanza, en homenaje a un libro de Osvaldo Bayer. Desde esa asociación, que funcionaba en la cárcel de Caseros, manejaba la imprenta que vendía apuntes a los estudiantes de la FUBA.

En la misma época en que comenzó su relación con Bonafini, Schoklender descubrió a otra mujer que le cambió la vida, la psiquiatra Viviana Sala, que trabajaba para el Servicio Penitenciario. Schoklender le demostró sus dotes de seductor. La conquistó con una rosa, su mirada y sus palabras. Un año más tarde, se casaron y adoptaron a Alejandro.

En 1995, en un impasse en la relación con Viviana, y mientras presentaba su libro Infierno y resurrección, Sergio conoció a la joven tucumana María Belén Schneer, con quien tuvo una hija, Madeleine, a quien no reconoció como propia hasta 2010. Según Schneer, Sergio no cumplió con la correspondiente cuota alimentaria y no volvió a verle la cara excepto en una conciliación obligatoria en que lo acompañó su abogado, Sergio Gandolfo, quien sucedería a los hermanos Schoklender, brevemente, en el manejo de la Fundación. Por su parte, Pablo también tenía una relación cercana con Gandolfo quien lo había acompañado en uno de los momentos más complicados de su vida, cuando fue detenido en Santa Cruz de la Sierra.

En septiembre de 1994, los hermanos Schoklender comenzaron una huelga de hambre exigiendo mejores condiciones para los reclusos. Pedían, entre otras cosas, la creación de una Comisión Bicameral para investigar el estado de las cárceles, la finalización de las requisas a las esposas, amigas e hijas de los presos y la reforma al régimen penitenciario. Hebe apoyó las medidas de Schoklender. Se publicaron cartas denunciando al ministro de Justicia menemista Rodolfo Barra. Como consecuencia de la huelga de hambre, el estado de salud de Pablo era preocupante. Lo derivaron al Hospital de Clínicas. A su vez, también se habían alzado los penales de otras cárceles como Devoto, Ezeiza y Chaco. El presidente Menem pedía informes diarios de la situación penitenciaria y del estado de los Schoklender, y declaraba que el episodio estaba politizado. Hasta la Madre Teresa de Calcula se comunicó con Pablo. Los hermanos recibían mucha atención de la opinión pública y así iban armando una red de contactos que les sería útil en el futuro para traspasar información sobre el sistema penitenciario a los organismos de derechos humanos que investigaban a ex represores reciclados como guardiacárceles.

En noviembre de 1994, se aprobó la Ley 24.390 conocida como del dos por uno que había sido impulsada por el ex diputado Claudio Mendoza, presidente de la Comisión de Derechos Humanos y Garantías, médico y hermano de la ex ministra de Salud chaqueña, luego diputada nacional, Sandra Mendoza, ex mujer del gobernador Capitanich. Claudio Mendoza —fallecido en mayo de 2006— visitaba asiduamente a los Schoklender en la cárcel y, junto con su abogado defensor, Jorge Goodbar, fueron artífices de la libertad de Sergio, quien en mayo de 1995 comenzó a salir transitoriamente de la cárcel para ir a trabajar en el Centro de Cómputos de la Fundación Madres de Plaza de Mayo. Allí, Hebe le armó un dormitorio para descansar y le obsequió las llaves de su casa en La Plata.

El 28 de noviembre de ese año, Sergio salió definitivamente en libertad, nunca más habló del asesinato de sus padres y rompió la relación con Goodbar, con quien había comenzado a compartir un estudio jurídico. Fuera de la cárcel, presentó Infierno y resurrección, aunque en la contratapa señalaba que la obra era una novela, que los sucesos eran ficticios y sólo inspirados en algunas circunstancias de la vida del autor. Este recurso podría deberse a razones de prudencia, para que al flamante escritor no se le agregaran más causas judiciales que pudieran perjudicarlo.

Mientras tanto, se dedicaba de lleno a la Fundación gracias a la cual viajaba por el mundo acompañando a Hebe. La aconsejaba y le daba ideas tales como la realización de un mega festival en la cancha de Ferro con las bandas de rock del momento, como Caballeros de la Quema o La Renga. No sólo se realizaron dos shows a cancha llena, sino que se grabó un disco doble que vendió más de quince mil ejemplares.

En los años finales de la década menemista, los discursos públicos de Hebe y Sergio se radicalizaron. Rechazaron las leyes reparatorias del gobierno y criticaron a los organismos que recibieron indemnizaciones, acusándolos de prostituirse ante el poder político. En agosto de 1997, Hebe dijo en La Habana, Cuba, que “sólo somos Madres, que no vamos a formar un partido político, que no somos candidatas a nada, que la mejor candidatura no nos la dio el voto, nos la dieron nuestros hijos cuando se hicieron revolucionarios”.

Sergio se desempeñaba como abogado, aunque no atendía todos los casos que le llegaban pues “siempre había sentido repugnancia por las leyes de este sistema y el ambiente”. Hebe fue quien le entregó su diploma en una ceremonia marcada por los aplausos de amigos y curiosos.

El lunes 3 de junio de 1997, Sergio debutó como conductor de radio en FM Palermo, a la medianoche, en un programa llamado La realidad. Lo acompañaban Ariel Bermani y Pablo Goodbar, hijo de su ex abogado. El nombre del magazine estaba inspirado en un pequeño pueblo perdido en la selva de Chiapas, México, lugar que había conocido con Hebe al entrevistar al subcomandante Marcos, principal ideólogo del movimiento armado indigenista denominado Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Los zapatistas habían aparecido públicamente el 1º de enero de 1994, cuando lanzaron una ofensiva militar en la que tomaron seis cabeceras municipales del estado sureño de Chiapas. Demandaban democracia, libertad, tierra, pan y justicia para los indígenas. En su programa de radio, Schoklender mencionaba sus posiciones políticas a las que definía como antisistema y denunciaba la corrupción del sistema político. Fue un adelantado del “que se vayan todos”. Hablaba de otro poder posible mucho antes de que Naomi Klein lo hiciera en No Logo. Descreía de las estructuras partidarias y levantaba la bandera de las Madres porque “las viejas son pioneras en ese tipo de lucha apartidaria”. Criticaba a los militantes de izquierda que “se cierran en sí mismos”. Su gran desafío era construir cuadros políticos desde las clases humildes, de los olvidados.

Como afirma el periodista Herman Schiller, en una relación simbiótica entre dos personas con un ego inmenso como Sergio y Hebe, no se sabe quién inspiró a quién. Hacia 1998, ambos hablaban maravillas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Las FARC eran tema de estudio desde 2001 en la Universidad Popular de las Madres en cursos en los que colaboraban integrantes de las mismas. Según Schoklender, las FARC eran las financistas de esas actividades y comenzaron a aportar importantes caudales de dinero, fundamentalmente, cuando las donaciones provenientes de España se cortaron luego de que Hebe reivindicara públicamente el accionar de ETA. En 2004, en una entrevista con Bonafini en la Casa de las Madres realizada junto a mi colega, Sebastián Turtora, éste le preguntó sobre su apoyo acrítico a las FARC, vinculadas con el tráfico de estupefacientes. Hebe primero se enojó y luego, al comparar la lucha de las fuerzas “revolucionarias” colombianas con la de sus hijos desaparecidos, no pudo contener las lágrimas. Pero en aquel instante, no fueron sus lágrimas las que me conmovieron, sino la mirada amenazante de Sergio Schoklender, que se presentó repentinamente a abrazar a su protectora. Sus ojos se desencajaron tras unos gastados lentes de color gris y nosotros supimos que la entrevista había concluido.

2. EL ESPLENDOR DE SUEÑOS COMPARTIDOS

Nosotras sabemos que lo que hacemos es bien político,

pero no es partidista, y no tenemos ninguna relación

especial con ningún partido político.

HEBE DE BONAFINI, 9 DE ENERO DE 1984

Para el gobierno de Raúl Alfonsín, las Madres fueron siempre un problema. Junto con el regreso de la democracia, el gobierno radical había anunciado un paquete de medidas para encarar “los horrores del pasado”, pero sus integrantes consideraban que las Madres “pedían lo imposible” al reclamar la aparición con vida de sus hijos. La relación de Alfonsín con Bonafini fue tirante desde el primer momento. En los primeros días de noviembre de 1983, el presidente electo recibió a las Madres en las oficinas del Hotel Panamericano. Allí, ellas le plantearon que no debía recibir los símbolos de mando de manos del dictador Reynaldo Bignone. Alfonsín las escuchó; sin embargo, el 10 de diciembre, Bignone entregó la banda presidencial.

Bonafini se opuso a la Comisión Nacional sobre la Desa parición de Personas (Conadep) incluso antes de que se formara: creía que las investigaciones que se estaban llevando a cabo no diferían de lo que las Madres habían hecho anteriormente, sin apoyo de ningún tipo. Como presidente de la Comisión, el escritor Ernesto Sabato las recibió para intentar sumarlas a la investigación. La reunión duró apenas unos minutos. Cuando el autor de Sobre héroes y tumbas mencionó la creación de un posible monumento en homenaje a sus hijos desaparecidos, Bonafini lo interrumpió y le dijo amenazante que ellas se encargarían de demoler, “ladrillo por ladrillo”, cualquier monumento que implicara dar por muertos a los desaparecidos. El 6 de agosto de 1984, las Madres fueron recibidas por Alfonsín en Casa Rosada. Hebe tomó el control de la conversación y le recriminó que los asesinos de sus hijos siguieran en libertad. A la salida de ese encuentro, Bonafini declaró que las Madres se sentían descorazonadas y que Alfonsín defendía a los militares.

Hasta la llegada del kirchnerismo, a Hebe de Bonafini nunca le tembló el pulso a la hora de criticar y aun denostar a los gobernantes democráticos. Pero todo cambiaría en 2003. Ni Néstor ni Cristina Kirchner recibieron alguna vez una crítica pública de parte de Hebe de Bonafini. Por el contrario, las Madres de Plaza de Mayo se convertirían en un escudo frente las críticas y las denuncias contra el oficialismo. El monumento a las víctimas del terrorismo de Estado erigido durante el gobierno de Néstor Kirchner sería celebrado por el grueso de las organizaciones de derechos humanos.

Sergio Schoklender también cambió su posición con la llegada de los Kirchner al poder. En sintonía con Hebe, cambió su postura intransigente de antaño por la militancia partidaria. Abandonó los sentimentales discursos de barricada y su desconfianza en los partidos políticos para transformarse en un amigo del poder y en un encendido orador que apoyaba al Gobierno. “Se construyeron más casas con Néstor que en doscientos años”, llegaría a decir. Para entonces, ya sería también uno de los principales contratistas del Estado.

La Universidad Popular, ideada por Vicente Zito Lema, había nacido el 20 de noviembre de 1999, inspirada en valores revolucionarios y estaba abierta a todo el mundo. Su acto inaugural consistió en un ciclo de jornadas, “Seminario de análisis crítico de la realidad argentina”, en el que Sergio Schoklender se llevó todos los aplausos. Habló del derecho a la violencia. Fue el más aplaudido por los jóvenes presentes. Elogió a las FARC, destruyó al menemismo y desmitificó que la violencia fuese algo malo por naturaleza: “Tenemos que lograr transformar esa violencia individual en una violencia organizada”, dijo.

Aunque cuando Bonafini apoyó al ETA y manifestó su alegría por el ataque terrorista de Al Qaeda a las Torres Gemelas los apoyos europeos de las Madres mermaron, las Madres continuaron recibiendo aportes de todas partes del mundo. Al mismo tiempo, el rol más activo de Schoklender en la asociación atraía gente interesada en sumarse al proyecto y a clientes que querían contar con sus servicios como abogado. Hasta un grupo de víctimas del atentado a la fábrica militar de Río Tercero, en la provincia de Córdoba, se acercó para pedirle que los representara.

El 20 de diciembre de 2001 marcó un antes y un después en la Argentina. La feroz represión en Plaza de Mayo, que comenzó el 19 de ese mes y continuó contra las Madres durante su tradicional marcha de los jueves, fue el final de un gobierno que se había quedado sin reflejos y el radical Fernando de la Rúa huyó en helicóptero desde la terraza de la Casa Rosada. La crisis económica, social y política había generado, en el marco del “que se vayan todos”, una unión entre ricos y pobres, progresistas y conservadores, pocas veces vista en la historia reciente del país. Piqueteros, desempleados, organismos de derechos humanos debían volver a ser tenidos en cuenta para construir poder luego de diez años de menemismo. Los sucesivos y breves gobiernos interpretaron que el viento soplaba en otra dirección.

Cuando Néstor Kirchner asumió la presidencia el 25 de mayo de 2003, Schoklender ya no se conformaba con dirigir el Centro de Cómputos de la Casa de las Madres e impulsar el periódico de la asociación. Quería más. Y Hebe también. La relación estaba en su mejor momento.

Al comienzo, Hebe decía que Kirchner era igual que todos. Pero eso cambió a partir del día mismo de la asunción. El 25 de mayo, el presidente venezolano Hugo Chávez estaba presente en el Congreso durante la asunción de Kirchner. Ese día, visitó a Hebe en la Casa de las Madres. Chávez y Bonafini se reunieron en una pequeña oficina donde el venezolano le transmitió un mensaje de Fidel Castro, quien no había podido asistir por cuestiones de salud: “Querida Hebe, a usted es imposible pedirle algo porque es la Madre de las Madres, pero en este caso, me animo a solicitarle paciencia con este muchacho Néstor pues sé que es de buena madera”. Chávez le dijo que él también lo creía y en fatizó que Néstor Kirchner no era más de lo mismo. La Madre se levantó de su silla y llamó a Sergio a los gritos. Le pidió a Chávez que repitiera el mensaje de Fidel. El venezolano miró a ese hombre vestido de negro, con barba tupida y estatura promedio: “Así es, Sergio. Éste es el mensaje del Comandante quien pide paciencia con el muchacho Néstor Kirchner”. Hebe estaba ansiosa y le exigió a Sergio que gestionara de inmediato una audiencia con el flamante presidente. Ese mismo día, Schoklender recibió la respuesta afirmativa y al día siguiente, las Madres fueron recibidas por Kirchner en la Casa Rosada. El ex apoderado las acompañó hasta la puerta del despacho principal, donde permaneció de pie hasta que concluyó la reunión. Minutos después, Hebe tuvo la primera gran discusión con su hijo adoptivo en tiempos kirchneristas.

—Hebe, ¿no te estarás equivocando?

—¿En qué? —le recriminó una extasiada Bonafini que sonreía como hacía tiempo no lo hacía. Por segunda vez salía contenta tras reunirse con un presidente. Con Raúl Alfonsín, los encuentros terminaron en malos términos. Con Carlos Menem no se produjeron. Y, por último, con Adolfo Rodríguez Saá el único encuentro había sido fructífero, pero como su presidencia duró tan sólo siete días no hubo tiempo de concretar nada.

Esta vez, Bonafini salió enamorada de la Casa Rosada. Nada volvió a ser igual. Años después, en varias entrevistas para este libro, Schoklender aseguraría que jamás sintió celos del ex presidente pero que, a partir de aquel momento, Hebe lo desplazó del pedestal para colocar en su lugar al nuevo hijo: Néstor.

Pero a medida en que la confianza y el cariño entre Néstor y Hebe crecía, también lo hicieron los negocios amparados o protegidos por el Gobierno. Bonafini aparecía en las fotos y, lejos de los flashes, los Schoklender firmaban cheques y sellaban convenios.

La Fundación Madres de Plaza de Mayo, creada para poder operar económicamente, les permitió a Bonafini y a Schoklender crecer exponencialmente, aunque operaran a veces al margen de la ley y desoyendo las críticas internas y externas. Ni a Hebe ni a Schoklender les importaba en lo más mínimo si los inspectores querían auditar la fundación o si la señal de la radio de las Madres alteraba otra frecuencia. La práctica se apoyaba en la teoría de un discurso construido entre ambos: no somos legales, somos legítimos. Schoklender diseñó una estructura de poder que las Madres de Plaza de Mayo jamás habían soñado alcanzar. Aplicó lo aprendido en la cárcel y diseñó una Fundación a imagen y semejanza de la Universidad de la Cárcel de Devoto y del Centro de Información Aplicada de Caseros. Viajaron por el mundo, afianzaron las relaciones internacionales y engrosaron las arcas de la Fundación con los fondos que recibían de un gobierno “revolucionario” y que escuchaba y apoyaba los planes también “revolucionarios” de la Madre y del Hijo. La Fundación se transformaba en una empresa. Habían sellado una alianza que parecía eterna.

El combate contra el campo

Otro gobierno ya los hubiera desalojado a los palos

y con gases, como se lo merecen.

HEBE DE BONAFINI, OCTUBRE DE 2008

La Misión Sueños Compartidos nació y creció amparada por los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner. El proyecto permitió construir viviendas en la Ciudad de Buenos Aires, en los partidos de Ezeiza, Tigre y Almirante Brown, en Rosario, Posadas, Santiago del Estero, Río Negro, Salta y en el Chaco, provincia donde su expansión fue sorprendente. En el año 2006, la propuesta de construcción de viviendas e inclusión social de Bonafini y Schoklender fue tomada como propia por el jefe de Gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Jorge Telerman, e inmediatamente sedujo a Néstor Kirchner. Así fue como la Fundación empezó a recibir más y más fondos del Estado. Y cuantos más fondos públicos recibían, más aumentaba la virulencia de Hebe en sus discursos contra toda persona o institución que osara enfrentarse con el oficialismo. Año a año, el proyecto de construcción se volvía más ambicioso y se diversificaba. Pero no era para todos. Y en el camino glorioso de los Sueños Compartidos iban quedando muchos defraudados. Las voces disidentes, los empleados estafados y las familias engañadas eran la cara oculta de una inclusión social diseñada sólo para aquellos que no cuestionasen ni el proyecto ni a sus ejecutores.

Año 2008. El conflicto con el sector rural recorría su tramo final y más álgido. Se avecinaba el voto “no positivo” del vicepresidente Julio Cobos. Por ese entonces, Bonafini ya había denunciado a los dirigentes rurales por “asociación ilícita” y pedido que reprimieran con gases la protesta. Según el diario La Nación del 28 de junio de 2008, la Fundación Madres de Plaza de Mayo se beneficiaría como nadie con lo recaudado por la famosa resolución 125: “Convenios firmados en las últimas semanas con ministros y gobernadores la colocan en un privilegiado lugar para la anunciada construcción de casas, escuelas y hospitales. El respaldo al Gobierno le fue productivo en 2007, cuando el 65% de los subsidios entregados por la Secretaría General de la Presidencia fue derivado a Madres de Plaza de Mayo y Abuelas de Plaza de Mayo. (…) Más de 4.500.000 pesos recibió en subsidios directos en los últimos doce meses”. Por esos días, Bonafini compartía un acto con el ministro de Planificación, Julio De Vido, en Ciudad Oculta, donde las Madres contra el Paco peleaban por la vida de sus hijos. Allí se habían realizado las pruebas piloto de construcción de viviendas sociales del plan Misión Sueños Compartidos en 2006. Bilma Acuña, referente del barrio y símbolo de la lucha contra el paco, no fue consultada acerca de las necesidades del barrio y, a pesar de que intentó infructuosamente entrevistarse con Hebe y con las Madres, nunca la recibieron. Con Sergio Schoklender otra fue la historia. Con él tuvo algunos encuentros en los que le pidió trabajo para los chicos que estaban en tratamiento para recuperarse del paco. La respuesta fue negativa: “No quiero enfermitos en las obras”, dijo el ex apoderado. La llegada de las Madres de Plaza de Mayo revolucionó el barrio y lo dividió. En su discurso público, Hebe habló de urbanizar la villa y prometió que las obras comenzarían en el corazón de la Oculta que se rebautizaría como Ciudad Luz. En ese encuentro con De Vido, Bonafini había obtenido la promesa del ministro de edificar un hospital con los fondos que se les retendrían a los ruralistas con la venta de granos.

El ingreso formal de Madres de Plaza de Mayo a los asentamientos de la Capital Federal se había producido el 10 de octubre de 2006, cuando Jorge Telerman, entonces jefe de Gobierno, entregó 1.900.000 pesos para un plan de capacitación de construcción de viviendas en Ciudad Oculta, cifra que incluyó 100 becas de 1.100 pesos mensuales para cada uno de los que ingresaron en el programa. El barrio fue creciendo económicamente, decía en mayo de 2011 Alejandro “Pitu” Salvatierra, dirigente de Villa 15 que se hizo famoso durante el violento conflicto de la toma del Indoamericano. Bilma Acuña coincide en parte con esta apreciación, pero no estuvo de acuerdo en que se le otorgara el manejo del dinero a ex convictos y presidiarios que aumentaron las divisiones internas en el barrio entre los beneficiados y los excluidos de la ayuda social. Para el dirigente social del Frente Darío Santillán, Diosnel Pérez, el trabajo de la Fundación fue un negocio.

En los primeros meses de la Fundación —que ya no era la asociación que nació en plena dictadura militar en el año 1979—, los fondos provenían de la Secretaría General de la Presidencia, a cargo de Oscar Parrilli. Según los registros de esa dependencia, el 2 de febrero de 2006 fueron entregados 45.000 pesos para la Fundación; otro monto igual fue dado el 6 de marzo de 2006 y el 10 de mayo de ese año se derivaron otros 100.000 pesos. En 2007, quedó registrada una sola asignación, pero bastante más elevada: 1.680.000 pesos, con fecha 28 de marzo. Según el periodista Daniel Gallo del diario La Nación, quien investigó la asignación de recursos, “cada fecha de entrega de un subsidio coincide prácticamente con una declaración de Bonafini en favor del Gobierno”. Telerman, que nunca fue bien visto por el gobierno nacional, también entregó 1.600.000 pesos a la Funda ción para apoyar el emprendimiento en la Villa 15. Tres días antes, Telerman y la senadora Cristina Fernández estuvieron acompañados por las Madres en un acto de campaña en ese lugar. Diez días antes, el presidente Néstor Kirch ner había visitado dicho barrio en compañía de Bonafini. A Bilma Acuña apenas la dejaron presenciar el acto. Estaba invitada pero Hebe no dejó que ella le entregase un ramo de flores a la senadora Fernández. A Bilma poco le importó, el vedettismo no es lo suyo. Mientras que la referente de Ciudad Oculta se esforzaba por conseguir el dinero para dar dos comidas diarias a los cientos de niños que asistían al comedor, Bonafini obtenía fácilmente, en el Ministerio de Desarrollo Social, 944.000 pesos para alimentar a los trabajadores de las obras de la Fundación. Un monto similar le daba el ministro de Trabajo, Carlos Tomada. Hebe también había firmado acuerdos con los gobernadores del Chaco, Jorge Capitanich, y con Maurice Closs de Misiones. El 6 de junio de 2008, el gobernador Closs declaró que no tenía dudas de que con el dinero de las retenciones “haremos miles de viviendas en Misiones”, mientras firmaba el compromiso con Bonafini para edificar las primeras 250 casas de un emprendimiento que contaría con 30 millones de pesos en presupuesto. Ese dinero lo manejó la ex ministra de Economía, Felisa Miceli, que pasó a ser tesorera de la Fundación luego de que debiera abandonar el gobierno tras encontrarse en su despacho un paquete con dinero cuya procedencia nunca explicó.

El 1º de abril de 2008, Bonafini le entregó su emblemático pañuelo blanco a Cristina Fernández de Kirchner en un acto contra el sector agrario, luego de que su Fundación recibiera 2.780.000 pesos sólo en 2007, sin contar los beneficios económicos de su empresa constructora. En esos meses conflictivos, la alianza estratégica entre el gobierno y las organizaciones de derechos humanos se afianzaba para contrarrestar el creciente descontento. Las cámaras de la productora oficial La Corte mostraban sin cesar la imagen de Estela de Carlotto sentada en primera fila junto con Hebe de Bonafini, y ambas cerca de Cristina. Mientras que la primera aludía a los intentos desestabilizadores del sector rural y pedía defender la democracia, Hebe, fiel a su estilo, clamaba por palos y represión. Las líderes, enfrentadas durante muchos años, dejaban de lado sus diferencias para mostrarle a la sociedad su unión en defensa del modelo “nacional y popular”.

Chaco fue la provincia con mayor inversión y obras realizadas por la Fundación merced a un acuerdo con su gobernador, Jorge Capitanich. No todo el mundo estaba feliz con esos arreglos. En 2010, el representante de la delegación chaqueña de la Cámara Argentina de la Construcción, Ricardo Siri, cuestionó la adjudicación de obras públicas a Madres de Plaza de Mayo, ya que representaban una “competencia desleal (…) avalada por el poder político”. La queja que interpusieron las constructoras puso el foco en el presupuesto que el Estado destinaba a planes habitacionales y otros emprendimientos mediante contratos que se adjudicaban en forma directa, cotizándolos por encima de lo que se abonaba a los privados por proyectos similares. El tema era tabú y el periodismo chaqueño, al igual que Siri, prefirió callar para evitar presiones, pérdidas laborales y la quita de la pauta oficial. En off, tanto el propio Siri como periodistas decían: “Las empresas estamos en total desacuerdo con este tipo de organizaciones que construyen, porque desde hace veinte o treinta años pagamos impuestos. No sé si tienen a los obreros en blanco como los tenemos nosotros, y así se hace muy difícil competir. Y cada vez se les dan más obras para hacer, no sé con qué capacidad técnica tampoco”. Eso declaró el presidente de la CAC chaqueña al diario Clarín el 12 de mayo de 2010. Las viviendas que construía la Misión Sueños Compartidos en el Chaco les costaban al Estado 210.000 pesos mientras que “por las nuestras, que son las mismas, nos pagan 81.000, a lo sumo 100.000 si se hace alguna ampliación a la obra”. El gobernador del Chaco le dijo a Siri que la decisión venía de Buenos Aires como un paquete cerrado. Un año después, el ingeniero chaqueño se mostró temeroso pero reafirmó sus dichos: “Con ese tema tuve problemas políticos y me llamó el gobernador para bajar la mano”.

Los anuncios, los subsidios y las adjudicaciones directas se sucedían de manera vertiginosa y no sólo tenían lugar en el Chaco. En enero de 2007, en la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Telerman, adjudicó 32.070.320 pesos a la agrupación de Bonafini en el marco de una licitación que debía construir 432 casas en Los Piletones, en un lapso de seis meses. El costo de la construcción de cada hogar estaba valuado en 74.074 pesos. La obra aún se estaba realizando bajo la intendencia de Macri cuando estalló el escándalo entre Bonafini y Schoklender, como lo indicaba la página oficial de Sueños Compartidos. En mayo de 2012, se cumplieron sesenta y cinco meses de la adjudicación de fondos para la obra por parte de Telerman, o sea, cinco años más de lo esperado. Hartos de falsas promesas, los trabajadores habían tomado el obrador. Las casas en cuestión están hechas sobre la base de una plancha de telgopor protegida por dos mallas de alambre y cubierta por dos capas de cemento. Según el arquitecto Siri, era imposible competir con la Fundación dado que se le permitía utilizar materiales que la ley prohibía al resto de las constructoras. Las planchas de telgopor se fabricaban en una planta inaugurada en Barracas en septiembre de 2007. Había sido gestionada por la Fundación y la Corporación Buenos Aires Sur. El consorcio compró maquinaria de tecnología italiana por un valor de dos millones de euros. El poliestireno expandido (conocido como telgopor) se recubría por mallas de alambre de acero de 2 milímetros de espesor. Al cubrirlo de cemento, se convertía en una pared o en un techo.

Antes de mayo de 2011, ya existían denuncias de la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda contra las casas de Sueños Compartidos. Una auditoría señalaba el mal diseño de la carpintería en el 16,5% de las viviendas auditadas, deficiente aislamiento térmico de los muros exteriores en el 14,5% de los casos y desprolijidades en la ejecución de la mampostería. El informe de la Sindicatura General de la Nación de 2007 seguía la misma línea: “La Dirección Nacional de Políticas Habitacionales no posee estructura aprobada, ni manuales de procedimientos. La dotación del personal es escasa y el equipamiento escaso y desactualizado”. “Del análisis de los anticipos financieros pagados a los contratistas, se observan en varias jurisdicciones prolongadas demoras en el inicio de las obras. Se detectaron —seguía la SIGEN— incumplimientos en los estándares mínimos de calidad para viviendas de interés social: en las ventanas, aleros, veredas, zócalos y solados.” Pero ni al gobierno de la ciudad ni al nacional les interesó escuchar las advertencias previas. Desde el año 2004, el Gobierno de la Nación anunciaba, todos los años, la construcción de viviendas sociales. Amado Boudou, durante la campaña porteña, anunció la construcción de más de 17.000 viviendas en un plazo de dos años en la ciudad. “Debe ser un chiste para Marcelo Tinelli”, le respondió el diputado del PRO Cristian Ritondo, quien afirmó que si “Boudou logra construir 17 mil viviendas en sólo dos años, me convierto al budismo”. De las 300.000 viviendas anunciadas en 2005 hasta abril de 2008, en la ciudad de Buenos Aires, se habían construido 3.398, lo que representaba un 1,13% de lo prometido.

3. EL NEGOCIO DEL SUFRIMIENTO

Tienen la palabra de las Madres de Plaza de Mayo.

Nadie va a tener que pagar un centavo por su vivienda.

Todos van a tener su vivienda (…) Me chupa un huevo

el que diga lo contrario.

SERGIO SCHOKLENDER A LOS VECINOS DE

VILLA EL CARTÓN, EN JUNIO DE 2007.

EL VIDEO ESTÁ EN PODER DE LA JUSTICIA

Según la Encuesta Anual de Hogares del INDEC, en la ciudad de Buenos Aires el 5,6% de la población habita en una vivienda de tipo precaria: un inquilinato, conventillo, hotel o pensión, un rancho o una casilla. El 10,4% de los hogares se encuentra en situación de hacinamiento. El 38,9% de las viviendas de la ciudad no son propiedad de quienes las habitan, el 27,2% (casi un tercio) son inquilinos y el 11,7% reside en una vivienda de manera irregular o precaria. Existen dieciséis villas de emergencia y la cantidad de habitantes de las mismas se ha duplicado en los últimos diez años. A pesar de los incontables anuncios de obras públicas, luego de nueve años de gobiernos kirchneristas, la falta de vivienda sigue siendo preocupante en Buenos Aires y en el resto del país.

Bilma Acuña en Ciudad Oculta, Margarita Barrientos en Los Piletones y Marcela Leiva en el Chaco conocieron de cerca el manejo de una política de adjudicación de viviendas que implicaba carencias, engaños y cinismo. La historia de Miriam Aquino, líder de la desaparecida Villa El Cartón, es emblemática. Aquino logró que el reclamo de los vecinos de su asentamiento llegara a la Legislatura porteña y consiguió que se aprobase una ley, inédita en la historia de la ciudad, que permitiría la expropiación de terrenos para construir viviendas. Sergio Schoklender, con el guiño del gobierno de Jorge Telerman, utilizó ese triunfo de los vecinos para montar una fantástica operación y firmar el convenio más jugoso de la historia de la Fundación, por más de 151 millones de pesos, basado en dicha Ley 1.987/06. Pero por falsificarles la firma a Miriam Aquino y al resto de las delegadas del asentamiento, funcionarios del gobierno nacional y de la ciudad podrían terminar presos. El testimonio y las pruebas presentadas por Aquino ante el juez Norberto Oyarbide, una semana antes de que Sergio Schoklender se presentara a indagatoria, determinó aparentemente el regreso a prisión del ex apoderado.

—Usted es muy valiente. Muchos denuncian ante las cámaras pero pocos se animan a hacer lo que hizo —le dijo, en los tribunales de Comodoro Py, Oyarbide a una Miriam Aquino emocionada hasta las lágrimas. Días después, el 15 de mayo de 2012, el juez decidió encarcelar a los hermanos Schoklender y al contador Alejandro Gotkin por conformar una asociación ilícita y desviar fondos del Estado y de la Fundación Madres de Plaza de Mayo. En la causa, Aquino figura como querellante.

La aparición del hombre de negro

Cuando lo vi llegar, tuve la sensación

de que el mal existía.

YOLANDA BARRAGÁN, QUIEN ESTUVO PRESENTE

LA MADRUGADA EN QUE SCHOKLENDER PISÓ

EL PARQUE DE LA CIUDAD POR PRIMERA VEZ

Los vamos a quemar como ratas.

VECINOS DE LOS MONOBLOCKS DE SOLDATI

A LOS VECINOS DE VILLA EL CARTÓN

Villa El Cartón surgió durante el menemismo debajo de la autopista AU7, en la intersección de las avenidas Lacarra y General Roca, y creció exponencialmente durante el gobierno de los Kirchner. En 2005, los vecinos del asentamiento eligieron como delegada del barrio a Miriam Aquino, una mujer elocuente y de enorme valentía. Por entonces, Aníbal Ibarra era el jefe de Gobierno de la Ciudad. Las 550 familias que vivían en Villa El Cartón reclamaban por mejores condiciones de vida. Las autoridades municipales ignoraban estos pedidos aduciendo que no encontraban dónde ubicar a sus habitantes. Además, los cada vez más frecuentes cortes de las vías del Premetro molestaban a los vecinos de Soldati y a los gobernantes. Aquino tenía una hija de dos años a quien le habían detectado un tumor y los médicos no creían que pudiera salvarse. En ese momento, las autoridades del Gobierno de la Ciudad se acercaron al barrio a negociar y le ofrecieron a Aquino un departamento en comodato atendiendo a su historia personal.

Junto con el legislador Tomás Devoto, del partido Movimiento por un Pueblo Libre, un desprendimiento de Autodeterminación y Libertad de Luis Zamora, las delegadas comenzaron a elaborar el primer proyecto de ley para que el Gobierno de la Ciudad reconociese a Villa El Cartón. Además, las líderes conocieron a los asesores de Devoto, Alberto Castillo y Yolanda Barragán. Devoto y la diputada ibarrista Laura Moresi les hablaron de un inédito proyecto de ley para expropiar los terrenos vacíos de la avenida Cruz y Varela, y otro en Castañares y General Paz, donde luego se levantarían los monoblocks de la Fundación. El artículo 3 del proyecto de ley decía que la prioridad la tendrían los vecinos de AU7. Entre julio y octubre de 2006, el jefe de Gobierno porteño, Jorge Telerman, que había asumido el 13 de marzo de ese año “sobre las cenizas de Cromañón”, inauguró obras y realizó gran cantidad de actos en la zona sur de la ciudad. En particular, el 10 de octubre de 2006, fecha en que ingresaron formalmente las Madres a la construcción de viviendas, Telerman estuvo en Los Piletones. Ernesto Selzer, presidente del IVC (Instituto de la Vivienda de la Ciudad), les contó a las delegadas que lo reemplazaría el arquitecto Claudio Freidín. Freidín tenía un rol activo e impulsaba la construcción de las prometidas viviendas. Fue uno de los gestores del acuerdo con la Fundación en la obra de Castañares y dejó su cargo en noviembre de 2007, con la llegada de Mauricio Macri. El funcionario acompañó la ruta del dinero de los fondos pues rápidamente asumió en la Subsecretaría de Obras Públicas de Abel Fatala, controlando la adjudicación de partidas a la Fundación. Freidín tenía incluso un despacho dentro del edificio de la Fundación (primer piso, oficina 3), junto con el arquitecto Carlos Castellanos.

Entretanto, los vecinos de los monoblocks de Soldati se movilizaron para evitar que los habitantes de Villa El Cartón consiguiesen los terrenos. A las dirigentes del barrio les mandaban mensajes a sus celulares y les escribían que pronto morirían carbonizadas. Las delegadas creían que la política, de alguna forma, estaba metida para quedarse con los terrenos y sacarlas de allí. El 8 de febrero de 2007, las delegadas tenían una reunión programada con los dueños de los terrenos de Cruz y Varela para coordinar una venta que no pudo concretarse. Esa madrugada, antes de las seis de la mañana, el marido de Miriam estaba llegando al Parque Roca donde trabajaba alisando las canchas de tenis. Un rato más tarde, la despertó a Miriam por teléfono, para decirle que estaba viendo cómo se prendía fuego la villa y que no sabía qué hacer. Ella ya estaba levantada. Había recibido dos extraños llamados desde el IVC preguntándole si sabía algo de un posible incendio en El Cartón. La guardia del IVC llamó a la delegada que pasaba la noche en un departamento ubicado a 35 cuadras de la villa, en lugar de comunicarse con los bomberos.

Villa El Cartón se prendió fuego rápidamente, excepto la manzana que estaba pegada al destacamento de la policía. La versión oficial señaló que una mujer había puesto a calentar una tetera con agua y, al pelear con el marido, se le había caído al piso. Una versión señala que el asentamiento habría sido rociado con nafta desde la Autopista. Esta hipótesis surgió por el relato de dos vecinas —una de ellas llamada Alicia y otra que prefirió el anonimato— en el que contaron que después de las cuatro de la mañana, sintieron que caía agua del cielo. Al sentir el ruido, se despertaron para descolgar la ropa por la supuesta lluvia y, al ver que era una falsa alarma, se volvieron a acostar tranquilas.

La ministra de Desarrollo Social, Gabriela Cerruti, dijo que el incendio de Villa El Cartón tuvo un “origen político” y recordó que, en 2006, el titular de la Comisión de Cascos Blancos, el kirchnerista Gabriel Fucks, le advirtió que si echaba a un empleado del Gobierno de la Ciudad, les “iban a quemar las villas”. Y así fue.

Cerruti señaló al diputado Devoto como el responsable del incendio. Tomás Devoto, a su vez, calificó a Cerruti como una “cretina” y le inició una causa por calumnias e injurias que no prosperó.

Freidín, el presidente del IVC, se acercó a El Cartón y se diseñó un plan para armar viviendas transitorias. Telerman dijo en los medios que había estado con los vecinos, pero en el barrio aseguran que no lo vio nadie.

La tarde del incendio, Freidín se presentó con los papeles que acreditaban la compra de los terrenos. Molestos, los vecinos de los monoblocks le rompieron el auto y le dieron una paliza. Mientras tanto, Telerman decidió que las viviendas transitorias se levantasen en el Parque Roca. Juan Pablo Schiavi, ministro de Obras Públicas de la Ciudad, en aquel entonces, y secretario de Transportes de la Nación hasta la tragedia del ferrocarril Sarmiento en Once, les consultó a las delegadas cuál podía ser el mejor lugar para instalar a los evacuados mientras las viviendas transitorias se instalaban en el Parque Roca. Pero los vecinos no estaban de acuerdo con la mudanza. Como señal de protesta cortaron la avenida Cruz hasta que llegó un funcionario de tercera línea que llevó a las delegadas al Centro de Gestión y Participación Nº 8 para definir las acciones a seguir. Claudia Carabajal también subió al vehículo. Claudia era una vecina que se había ido del barrio seis meses atrás y que se acercó al asentamiento cuando vio las imágenes del incendio por televisión. El número de infiltrados y oportunistas aumentaba.

Mientras el gobierno ofrecía un subsidio de 15.000 pesos a los damnificados, las delegadas y muchas vecinos luchaban por conseguir que se les diera una solución real a su problema habitacional. Querían conseguir una vivienda digna, no una indemnización.

Volviendo a la reunión del día del incendio, Carabajal interrumpió el reclamo de las delegadas por las viviendas y preguntó a los gritos: “¿Y por qué, en vez de hacer tanto lío, no nos dan 15 mil y nos vamos a la mierda?”. Cerruti le contestó con sarcasmo que si el problema era la plata, que hubiesen empezado por ahí. Entonces, Aquino retomó la palabra y le contestó que su lucha era por la vivienda, no por un subsidio. Sin embargo, muchos vecinos aceptaron el dinero y se quedaron en el barrio. Dos semanas después, una tormenta eléctrica hizo volar las carpas que constituían las viviendas transitorias. Una de ellas cayó sobre una vecina que murió al instante, dejando huérfana a una beba de seis meses. Un periodista le informó a Aquino de la muerte de la mujer. Mientras tanto, oficialmente negaban el dato. La beba de seis meses estaba internada en el Hospital Álvarez y ningún familiar se había acercado a buscarla. La habían encontrado envuelta en una carpa a doscientos metros del Parque. El negocio de la desdicha se profundizó. El subsidio de los quince mil pesos comenzó a repartirse y se profundizaron las discusiones entre los que “se vendían” y los que mantenían la lucha por la vivienda.

En esas circunstancias tumultuosas, haría su irrupción Sergio Schoklender. Roberto Occhiuto era uno de los vecinos que se oponía a que sus compañeros aceptasen el dinero del Gobierno de la Ciudad. En noviembre de 2011, después de ser despedido de la Fundación, todavía recordaba el momento en el que vio llegar a Sergio, a las dos de la madrugada, vestido de negro y acompañado de cinco matones vestidos del mismo color. Se habían bajado de un lujoso auto oscuro. Llegaba aparentemente como emisario del gobierno, que suponía que los vecinos tenían secuestrado a Freidín. Allí les propuso a los vecinos construir viviendas en Cruz y Varela, y hacerlo por las buenas o por las malas. Los vecinos le contaron de la golpiza que le dio a Freidín la gente de los monoblocks. Schoklender respondió que, la próxima vez, irían todos juntos con palos y que, si era necesario, se utilizaría la violencia. El discurso logró su efecto y la inmensa mayoría de los vecinos quedaron extasiados. Antes de retirarse, Schoklender se presentó ante los vecinos como el apoderado de la Fundación de las Madres de Plaza de Mayo. El nombre les sonaba conocido pero aún no sabían exactamente frente a quién se encontraban.

Al día siguiente, Schoklender volvió con una maqueta de viviendas. El 20% del presupuesto lo pondría la Ciudad y el 80% restante, la Nación, según el texto de la Ley 1.987/06 que finalmente se había aprobado el 1º de junio con la oposición de los trece diputados del PRO.

Schoklender les habló de construcciones veloces y aseguró que se les daría un curso para que ellos mismos aprendiesen a construir sus propias viviendas. Miriam Aquino dijo que ellos habían peleado por tener un dúplex. Desilusionada, la delegada agarró la maqueta del barrio y le dijo al ex apoderado que eso parecía una cárcel. Schoklender lo sintió como una provocación.

Cuando Aquino salió en televisión, contando las magras condiciones en que vivían, Schoklender la mandó a llamar. Quería reunirse a solas con ella. Aquino se negó. Yolanda Barragán, ex asesora del ex diputado Devoto, intentó convencerla. Pero Miriam desconfiaba de su insistencia y de sus intenciones. Pasó el tiempo y en el campamento ya no se hablaba de Schoklender. Nadie lo nombraba. Sin embargo, estaba haciendo un formidable trabajo de hormiga. Tiempo después, Claudio Freidín le confirmaba a Miriam Aquino lo que se sospechaba, que Telerman había firmado un convenio con las Madres de Plaza de Mayo para construir viviendas en el barrio. Los vecinos se mostraron indiferentes e incrédulos. Freidín les sugirió a las delegadas que conformasen una asociación civil para ser respetadas y así posibilitar la construcción de las postergadas viviendas. De vuelta al Parque, más de cincuenta vecinos apoyaron la iniciativa; el resto no estuvo presente. En la Inspección General de Justicia, Aquino y las hermanas Pacheco presentaron los papeles correspondientes. El pedido de la creación de la Asociación Esperanzas de un Cambio ingresó con el número de nota 1.257 lo que significaba que podían acceder al programa de adjudicación de vivienda. El arquitecto a cargo por parte del IVC era Osvaldo Fraimovich, quien luego sería socio de Pablo Schoklender en un complejo de dúplex armado con materiales y obreros de la Fundación, ubicado en Yapeyú 842, barrio de Almagro y en la construcción de cabañas en Exaltación de la Cruz, provincia de Buenos Aires, bajo la empresa Docamer S.R.L.

En el asentamiento, el juez Roberto Gallardo —en ese entonces director de la carrera de Abogacía de la Universidad Popular de Madres de Plaza de Mayo— verificaba si era cierta una denuncia por la inexistencia de un puesto sanitario. Los denunciantes habían recibido una retribución económica para realizarla con el fin de debilitar la gestión de Freidín. Pero no confesaron de parte de quién. Miriam y sus compañeras intentaron hablarle al juez y explicarle la situación. Aquino comenzó a sospechar que el juez también estaba con las Madres para que las viviendas las construyese la Fundación, olvidándose de la Ley 1.987. Con la asociación, supuestamente, aprobada por la Inspección General de Justicia, se firmó el convenio por 25 millones de pesos para construir 220 viviendas. Los departamentos se pagarían en treinta años, en cuotas no superiores al 10% de la entrada familiar y los beneficiarios serían aquellos vecinos que no habían aceptado los subsidios. El plazo para la construcción era de 120 días. Los mismos vecinos trabajarían en la obra de Castañares y General Paz. Las delegadas, como representantes de la Asociación Esperanzas de un Cambio, firmaron el convenio que luego fue llevado a un piso superior del IVC para que lo firmasen Schoklender y Claudio Freidín, al frente del IVC. Schoklender no quiso firmar en el mismo recinto que las delegadas. No dio explicaciones. ¡Qué importa!, pensaron las delegadas, que regresaron felices al Parque Roca donde leyeron el convenio a los vecinos. Pero los murmullos apenas permitían escuchar la voz de Aquino. “A vos, gorda, te vamos a matar”, gritó Omar, un peruano yerno de la familia Alfonso, los pesados del barrio. Schoklender les había dicho que las viviendas serían gratuitas y que todos los que habían recibido los subsidios también tendrían acceso a las mismas. “Nosotros le creemos a Sergio”, decían los vecinos. En el barrio, corrían miles de rumores, hasta se decía que Schoklender era novio de la hija de Hebe y que por eso tenía la plena confianza de la Fundación. Las delegadas quedaron solas. Omar le dijo a Aquino que la mataba ahí mismo si no se iba del barrio. La sacaron arrastrándola mientras ella se preguntaba quién las había mandado a crear esa maldita asociación. Seis años después, las viviendas aún no están terminadas.

El peligro de firmar

¿Cómo que hay otro convenio? ¿Tu firma está?

Ése fue el pelotudo de Sergio.

CLAUDIO FREIDÍN, EN RESPUESTA A LA PREGUNTA DE

MIRIAM AQUINO SOBRE SU FIRMA APÓCRIFA EN UN

CONVENIO ENTRE LA NACIÓN, LA FUNDACIÓN, EL IVC Y

LA ASOCIACIÓN ESPERANZAS DE UN CAMBIO.

No creo que haya dicho eso [pelotudo],

si mi relación con Sergio era excelente.

CLAUDIO FREIDÍN, EN UNA ENTREVISTA PARA ESTE

LIBRO, EL 28 DE DICIEMBRE DE 2011

Lo que dijo Freidín está en el expediente y si no fuera así,

ya me habrían citado por falso testimonio.

MIRIAM AQUINO, 29 DE DICIEMBRE DE 2011

Entretanto, las delegadas se sintieron abandonadas y llamaron a Freidín. “Lo llamo ya mismo a Sergio y te vuelvo a llamar, pero quedate tranqui Miriam que ahora mismo mando patrulleros para allá.” Freidín las había tranquilizado. La serenidad duró veinte minutos. El teléfono celular de Aquino sonó. Era Schoklender. “Hola, Miriam, qué tal, ¿cómo andás? Me dijo Freidín que hay quilombo, ¿cómo puede ser que la gente no se conforme con lo que firmamos nosotros?” “No sé”, le respondió sarcásticamente Miriam y agregó que “dicen que usted les prometió la vivienda gratis”. “No, hay una confusión, quedate donde estás, dame la dirección, mañana a las 10 de la mañana te paso a buscar y aclaramos las cosas en las precarias.” Pasaban los minutos, las horas y Schoklender no aparecía. Pasadas las 12.15, Rosana Pacheco la llamó y le pidió que fuera al Parque, lo antes posible, porque Sergio estaba reunido con la gente y les estaba contando algo distinto de lo que habían firmado. Aquino juntó los comprobantes, el convenio, las notas periodísticas que archivaba en una bolsa de supermercado y salió corriendo a tomar un taxi que la dejase en su destino. Tenía miedo. Rosana, su marido y algunos amigos la recibieron en el comedor de Mabel Occhiuto donde Sergio, dos arquitectos y cinco matones (entre ellos, Rubén “Pocho” Brizuela, el de rulos le decían) estaban exponiendo su plan frente a la gente. Cuando la vieron llegar, Pocho lo codeó a Sergio quien disimuló sus nervios y continuó como si nada hubiese pasado. Un vecino, con una visión periodística envidiable, filmó con su celular ese encuentro que, visto lo sucedido en los años venideros, fue histórico. Sergio ninguneó a la asociación de Aquino y les sugirió a los vecinos que se sacaran de encima a Miriam y que conformaran otra asociación, aunque, aclaraba, no era un requisito indispensable para construir viviendas pero sí para recibir donaciones. Según Aquino, Schoklender mintió al afirmar que habría viviendas para todos y que serían gratuitas y negó la importancia que la asociación tenía para el convenio aunque más tarde sería imprescindible: Mauricio Macri, inminente jefe de Gobierno, pondría como condición que la Fundación mantendría las obras únicamente si existía el respaldo de asociaciones civiles. Cuando Macri asumió, ante el temor de que se cortara el chorro de recursos, los obreros de Sueños Compartidos enviados por Schoklender y Bonafini le hicieron un piquete en Plaza de Mayo y pintaron la Catedral a pocas horas de su asunción. Barragán dice que ese día estuvo presente con la estricta orden de Schoklender y Hebe de hacer “quilombo” en la Catedral para lograr la atención mediática pero su grupo no obedeció y se metió en las oficinas del Gobierno de la Ciudad. Esperaron horas hasta que los recibió Enrique Rodríguez, el hombre fuerte de la Corporación Buenos Aires Sur y futuro socio de los Schoklender. Pasadas las 21 horas, Rodríguez liberó fondos para las obras.

El día de la reunión en el comedor, Aquino tembló de bronca y de temor. El hombre a quien funcionarios del Gobierno de la Ciudad y empleados del Poder Judicial señalaban como intocable porque “Schoklender es Cristina” le declaraba la guerra delante del barrio. Sergio decía textualmente: “Hay vecinos que ayer me decían que la querían a Miriam, otros que no la querían, a ver… con lo que tiene que ver con el trabajo en el barrio, acá, ella es una vecina más. (…) Miriam, lamentablemente, digamos, se atiene a lo que ella sabe, a lo que ella conoce. Digamos, no tiene más remedio que atenerse a lo que ella conoce. El estado y el IVC, especialmente, tienen la fantasía de recuperar dinero de las obras para un fondo fiduciario de fideicomiso para otras cosas. La realidad es que, hasta la última vivienda que nosotros hemos entregado y vamos a entregar va a ser absolutamente gratuita. Eso es así y me chupa un huevo el que diga lo contrario”. Él mismo había firmado lo contrario.

Schoklender continuó su alegato sin conceder la palabra a nadie diciendo que “si no se firmaba eso, no se empezaba la obra” y había que empezar antes de que llegara Macri porque “después son las licitaciones de las empresas constructoras, con grandes negociados y… olvídense. Entonces, tienen la palabra de las Madres de Plaza de Mayo, yo soy el apoderado penal de la Fundación”. Una vecina, que sí tuvo el permiso de los matones, preguntó qué pasaba si la asociación de Miriam los quería dejar sin vivienda. Schoklender le respondió que sabía que los vecinos no querían a esa asociación pero que, igualmente, no tenía peso en el barrio. La vecina insistió con su deseo de disolver la asociación presidida por Aquino. Schoklender se contradijo una vez más, al decir que era necesaria para evitar una licitación pública: “No fue lo más prolijo pero era la única forma de empezar la obra. Si la obra no se empezaba, y… esto se iba hasta después de que asuma Macri”.

Según Miriam, Yolanda Barragán, la ex asesora de Devoto, había echado a correr el rumor de que ella se había quedado con los 25 millones de la obra mientras que negociaba con Schoklender, quien se asociaba con “el peruano”, el vecino más pesado del barrio. Con él como respaldo, Sergio se reunía con Devoto para exigirle que la terminase con las asambleas pues detestaba a “los trotskistas”. La imagen de ladrona de Aquino se esparció como pólvora. Miriam se presentó a la Inspección General de Justicia para dar de baja a la asociación. Pero allí les informaron que la asociación estaba observada y aún no tenía el poder para funcionar como tal. Para dar formalmente la baja había que comprar unos formularios y no tenían efectivo. El empleado les dijo que la presentación se archivaba. Aquino, furiosa, se juró terminar sus estudios y que, cuando fuera abogada, demandaría a Schoklender. El convenio se había firmado el 21 de septiembre de 2007 y a mediados de octubre, la asociación, que en realidad nunca había sido dada de alta, no existía más.

En marzo de 2008, otro llamado irrumpió la calma familiar de los Aquino. Desde el IVC le pedían presentarse a firmar un segundo convenio para que la Fundación recibiese más dinero. Miriam se negó. Pocos días después, según relata Aquino, el propio Schoklender la llamó a un celular que acababa de comprar y le preguntó cómo estaban sus hijos. Miriam no sabía quién hablaba. Habían pasado seis meses desde aquel último encuentro. “¿Cómo? ¿No sabés quién habla?”. Cuando Miriam reconoció la voz del interlocutor, Schoklender le preguntó si tenía los papeles de la asociación porque quería terminar bien con ellas y le pidió que fuera a visitarlo a la Fundación. Aquino les contó todo lo hablado con Schoklender a las hermanas Pacheco delante de su hermano, Nicolás Barraza, “el Tucu”, quien trabajaba en la obra de Castañares. El Tucu explicó que habían cortado la General Paz porque no les pagaban en tiempo y forma los sueldos. La respuesta de Sergio era que no tenían plata. El Tucu agregó que habían intentado cortar la calle frente a la Fundación, en Congreso, pero antes, cuando la gente de Sergio los vio, los metieron en un aula de la Universidad, donde los esperaban “unos monos y unas monas con palos, re carceleras” y que les habían dicho que “en la Fundación no se jode”. Esa charla convenció a Miriam de encararlo a Sergio. Se fue para Congreso acompañada por las hermanas Pacheco, Agustina Díaz y el Tucu. Pocho Brizuela le avisó a Sergio de la repentina visita. El ex apoderado sabía que vendrían al pie. Era jueves. Recuerdan las delegadas que las Madres pasaron delante de ellas, en fila india, e ingresaron en una pequeña sala mientras Schoklender les indicaba que lo siguiesen hacia un aula del primer piso. Sergio se acercó al pupitre de Miriam e intentó manotear los papeles de la asociación, “¿son éstos?”, preguntó. “No, ésos son los papeles del secundario, ¿vio que tengo buenas notas?”, respondió con sarcasmo Aquino. Schoklender arrojó la carpeta con los papeles violentamente. Se sinceró: “Ustedes, ¿qué hicieron con la asociación civil? La necesito”. Aquino volvió a contestarle: “Usted no tiene idea de nada, lo que a nosotros nos costó ser delegadas, de sacar plata de cualquier lado y de dejar tirados a nuestros hijos mientras peleábamos por los vecinos”. Sergio interrumpió con una mueca soberbia: “Bueno, se me pudieron haber escapado algunas palabritas, nada más, no seas tan melodramática”. El Tucu le recordó el corte en la avenida General Paz y le exigió saber si el ex apoderado necesitaba la asociación para recibir dinero del Gobierno de la Ciudad. Schoklender le tocó disimuladamente el hombro mientras hablaba una de las hermanas Pacheco y le hizo seña para que saliera del aula. Al regresar, el Tucu no volvió a participar de la conversación. En un momento, las delegadas quedaron solas. Pocho Brizuela abrió la puerta e ingresó un abogado que, por la descripción y por una foto encontrada en facebook, habría sido Omar Hugo Gallardo, socio de los hermanos en empresas privadas y quien quedó como delegado de la Fundación luego del escándalo. Schoklender regresó, ofreció plata y abogados de la Fundación para que las delegadas resolviesen el estado de la asociación que estaba en el limbo. Aquino se levantó, lo señaló con un dedo y le dijo que no lo quería volver a ver más en su vida. Y se fueron. Durante el regreso, le preguntaron al Tucu si se sentía mal: “Salí y el tipo me dijo que bajara un cambio, que me deje de joder porque lo iba a arreglar de otra manera. Me miró fijo de una forma que me cagué todo”. Miriam cayó en un profundo pozo depresivo y no quiso saber más nada de sus vecinos de la desaparecida Villa El Cartón.

Pasaron largos y solitarios meses en que lo único que hacía Miriam era dormir mirando el techo de su cuarto. Un día sonó el teléfono de su casa y Miriam escuchó llorar desconsoladamente, como si fuese una criatura, al grandulón de Marcelo Carrizo, el revisor de cuentas de la asociación. Le contó que Schoklender lo había ido a buscar al obrador de Castañares donde trabajaba. Le dijo a Miriam que estaba encerrado en un aula con Yolanda Barragán y que lo querían obligar a firmar un papel porque ella lo había dejado como presidente. “Si no firmo, me dicen que termino preso”, explicó Carrizo a los gritos. Las delegadas se tomaron un taxi y regresaron a la Fundación pero antes pasaron por un locutorio y llamaron a Freidín quien ahora trabajaba en la Secretaría de Obras Públicas de la Nación con Abel Fatala. “¿Para qué mierda nos hiciste hacer la asociación civil y para qué firmamos ese puto convenio? ¿En qué nos metiste?”, le escupió Aquino. Freidín respondió, según la denuncia efectuada por Miriam Aquino en la causa Nº 32.999/08, que no sabía qué carajo estaba haciendo el pelotudo de Sergio y les pidió serenidad, que se calmaran, que él mismo lo iba a llamar para que liberase a Carrizo. También les dijo que le iba a decir a Sergio que hiciese una nota donde quedase asentado que las delegadas no tenían más relación con la asociación. Llegaron a la Fundación. En la puerta de la Universidad Popular estaban Zulema Ríos —otra vecina— y Carrizo con Barragán y Schoklender. Carrizo estaba serio pero no parecía secuestrado. Sergio ni siquiera las saludó, sólo les indicó que pasasen. En el recorrido hasta el aula, Sergio puteaba al aire con toda su fuerza. Las Madres, otra vez, ingresaban en fila india a un pequeño cuarto. Miriam creyó estar viviendo un déjà vu y pensó que el tiempo era inamovible al ingresar a ese lugar. Barragán hablaba en un tono inaudible con Sergio. Irma Pacheco le dijo a Miriam que Yolanda estaba pidiéndole plata a Sergio. Aquino no puede asegurarlo pero todavía se pregunta cuál era el motivo por el que la ex asesora de Devoto estaba allí presente. Barragán explica que fue a la reunión porque había sido invitada por Carrizo, pero no recuerda los detalles exactos. En la mesa del aula, los papeles originales de la asociación los tenía Sergio. “¿Cómo los consiguió si están sólo en la IGJ?”, interrogó Miriam. Sergio, parado frente a ellas, se rio y les dijo que tenía sus contactos. Aclaró que lo de Carrizo era una confusión, vaya a saber de quién, contó que Freidín estaba al tanto y que se habían puesto de acuerdo en que las delegadas firmasen un papel donde se desvinculaban de la asociación civil. Aquino accedió a firmar con la condición de no volverlos a ver nunca más. Listo, dijo Sergio, y se retiró, supuestamente, rumbo a la Legislatura porteña. Estaba todo listo cuando alguien aclaró que faltaba una de las fundadoras, Roxana Pacheco. Sergio volvió y llamó a Pocho para que trajese inmediatamente a la delegada ausente. Según los testimonios recogidos, entre ellos de las delegadas, recuerdan que con Sergio entendieron lo que era el poder y vieron la cara de la impunidad. “Acuérdense, chicas, en el barrio mando yo”, dijo Schoklender al cerrar la puerta del aula. El papel no decía que la asociación dejaba de existir sino que quedaba a cargo de la Fundación y del gobierno nacional. Era una trampa. Se negaron a firmar. Pocho, desesperado, llamó a Sergio quien regresó a los gritos y le ordenó que metiese a las delegadas en una camioneta. Bajaron por un pasillo infinito. Schoklender estaba más furioso que nunca. Salieron para el barrio. Llegaron en veinte minutos. En las transitorias, Sergio le dijo a Pocho: “Ponele cuatro guardaespaldas y que nadie se acerque a Miriam”. Le prohibieron la palabra. En el comedor del barrio, Schoklender les dijo a los presentes que las delegadas tenían que firmar un acta para que la Fundación siguiese construyendo. Los vecinos no entendían para qué habían sido citados ni cuál era el problema real. Aquino levantó la mano y pidió permiso para leer el papel y explicar por qué no quería firmarlo. A los vecinos no les importó. Schoklender se los dejó bien clarito: “Miren, gente, yo la hago fácil, si Miriam y las chicas no firman, todos se quedan ya mismo sin trabajo y sin vivienda”. El caos era absoluto pero se clarificó con el grito de un vecino: “Nos afanó Telerman, nos roba Macri, total, que nos afanen las Madres de Plaza de Mayo o vos Miriam, que te llevaste los veinticinco millones, firmá y listo”. Firmaron. Sergio las llevó para la Escribanía General de la ciudad con Carlos Víctor Gaitán, el mismo profesional que sería citado en declaraciones periodísticas por el ex apoderado como el testigo de sus pruebas contra el gobierno nacional. En el viaje hacia la escribanía, ya derrotada, Miriam le preguntó a Sergio si, finalmente, algún día los vecinos tendrían un techo digno. [Todo lo que sigue está grabado y figura en la denuncia judicial. Es más, Oyarbide tomó este testimonio como creíble.] Según Aquino, a Schoklender su inocencia le causó gracia. “¿Pero vos te creés que nosotros le vamos a andar regalando casas a la gente? ¿Pero qué se piensan estos ignorantes? ¿Que vamos a trabajar para ellos?”. Luego del encuentro con el escribano, en el ascensor, Schoklender sacó un manojo de billetes de cien pesos y les ofreció pagarles el taxi de regreso. No aceptaron. Las hermanas Pacheco y Aquino entraron en un banco, usaron la tarjeta del Plan Jefas y Jefes, sacaron unos pesos, se abrazaron y lloraron. Sintieron que, desde el primer día de lucha, todo había sido en vano. Regresaron a sus casas. Intentaron seguir adelante con sus vidas, a pesar de los temores y el odio hacia esa persona que aparecía en los medios con funcionarios del gobierno nacional inaugurando obras en todo el país.

Los días siguientes, Miriam y las Pacheco los recuerdan como extraños. Camionetas seguían cada movimiento de las delegadas y de sus hijos. Un día, un hombre le dijo a Miriam, por la calle, que tenía que ser cuidadosa, no vaya a ser cosa que le secuestren un hijo. Nunca más lo vio. A su marido lo despidieron de la constructora por reducción de personal. Nunca más consiguió un trabajo estable. En julio de 2008, Schoklender parecía ser un mal recuerdo. La Fundación de las Madres, también. Pero, inesperadamente, las hermanas Pacheco la visitaron para mostrarle un papel con una denuncia donde el juez Gallardo fallaba a favor de la asociación, del Gobierno de la Nación y de la Fundación por un recurso presentado por dos vecinos: Occhiuto y Esprujo. Miriam preguntó en voz alta cómo podía ser que el juez no supiese que la asociación no existía más. No le dio tanta importancia, hasta que leyó la segunda carilla y, en el anexo, encontró un convenio entre la Fundación, el Gobierno de la Nación, Ministerio de Obras Públicas, y la Asociación Esperanzas de un Cambio por más de 151 millones de pesos en concepto de 780 viviendas. “Chicas, ¿ustedes firmaron esto?”. Aquino no conocía quiénes eran los arquitectos Luis Bontempo ni tampoco Roberto Apelbaum, flamante presidente del IVC. Pero allí estaba su firma al igual que la de las Pacheco. El convenio mostraba distintas incongruencias, como dos firmas distintas con un mismo sello, el de Bontempo. Estaba rotulado desordenadamente. Nos falsificaron la firma, pensó. Los peritos de Gendarmería le darían la razón. Habían modificado un convenio por otro, se preguntó las razones y llamó a Claudio Freidín. En la comisaría del barrio no quisieron tomarles la denuncia pues “era para quilombo meterse con las Madres y De Vido”. En Tribunales, la respuesta fue idéntica y les aconsejaron que se consiguiesen un abogado. Freidín se confesó: “Bontempo es mi jefe, yo ahora trabajo en Gobierno de Nación”. Miriam le dijo que había una firma idéntica a la suya con el sello de ese tal Bontempo pero Freidín negó haber firmado ese papel. Seguramente, Freidín firmó antes de que se colocara su sello y algún empleado, en el apuro de sacar el convenio, colocó el sello de Bontempo quien también firmó. En la Comisión de Vivienda de la Legislatura, tenían el mismo convenio pero sin las firmas de las Pacheco y Aquino. En el IVC estaba el convenio pero con una fecha distinta. En la Defensoría del Pueblo sacaron fotocopias de todos los papeles, prometieron hacer la denuncia pero nunca las llamaron. El juez Gallardo jamás les respondió, mientras que en Derechos Humanos de la Ciudad les consiguieron un abogado. Roberto Apelbaum, presidente del IVC, no las quiso atender. Regresaron a DDHH donde les tomaron una declaración formal de la denuncia. Grabaron la declaración y les pusieron a las mujeres una consigna policial en la puerta de sus casas. Nadie quería saber nada porque decían que se trataba de funcionarios muy importantes y cuando escuchaban sus relatos, lo primero que señalaban era que Schoklender estaba amparado por la Presidenta. Cuando salieron del IVC, trabajadores del obrador de Castañares cortaban el tránsito a la altura de Plaza de Mayo porque no les pagaban sus sueldos. Lo fueron a buscar a Freidín sin contarle que lo habían denunciado. Le pidieron el convenio original. No lo quiso mostrar. Admitió que había estado en la reunión y les contó que, seguramente, el tema de las firmas truchas había sido idea “del pelotudo de Sergio” porque Apelbaum no aprobaba el convenio si no estaban sus firmas. Freidín les dijo que todo tenía solución y que, si querían, llamaba a Sergio para aclarar los tantos. Roxana Pacheco le respondió que no era necesario. Se fueron repentinamente. No esperaron que llegase el ascensor, corrieron por las escaleras pensando que, detrás de una puerta, en el corredor de un pasillo, aparecería nuevamente Sergio Schoklender. El 6 de agosto de 2008 fueron citadas en la fiscalía por su denuncia. Frente a las hermanas Pacheco y a Miriam Aquino, un hombre de traje gris preguntó si alguna de ellas ya se había presentado a declarar. El hombre del juzgado dijo que no. Nunca supieron quién era esa persona ni quién lo había mandado. En el juzgado tomaron el cuerpo de escritura de las tres firmas. El primer fiscal se declaró incompetente al igual que el juez. La causa terminó en la Secretaría Nº 11 de Comodoro Py, en los mismos pasillos que tres años después recorrería Schoklender. La investigación judicial se dilataría hasta 2010, año en que se les tomó una nueva declaración, esta vez, a cada una por separado. Ese día les informaron que, según las pericias caligráficas, se había demostrado que tenían razón. No pasó nada. Las tres mujeres volvieron a saber algo de Freidín por la televisión cuando estalló el escándalo. Las obras en Castañares aún no habían concluido. Ese convenio viciado, desde su origen, seguía vigente. En el barrio, muchos vecinos aún creen que Miriam Aquino se quedó con 25 millones de pesos. Roberto Occhiuto, uno de los “pesados” del barrio, confirmó la versión de los hechos de las delegadas. Occhiuto negoció un trabajo en Castañares con la gente de Schoklender donde llegó a tener trato directo con él y con Bonafini, fundamentalmente, tras realizar una denuncia que “le pidieron que haga” contra el Gobierno de la Ciudad para que liberase fondos para el obrador. “Me encontré con Hugo Gallardo y me hizo firmar unos papeles por ese trámite”, recuerda. Posiblemente, Occhiuto recibió una retribución por haber puesto la firma ante esa denuncia, presentada ante el juez Gallardo, que posibilitó destrabar los fondos que Macri no quería liberar. Ninguno de ellos volvió a hablar ni a ver a Freidín. Tampoco “al pelotudo de Sergio”, excepto en televisión.

El 3 de julio de 2011, un día después de que el diario Perfil entrevistara a Miriam Aquino con relación a estos hechos, su hija de quince años sufrió un intento de violación, en un hecho confuso que aún no fue esclarecido. La mujer declaró ante el juez Oyarbide todo lo que vivió desde que conoció a Sergio Schoklender.

Schoklender en la Legislatura

Los enfermitos no me sirven.

SERGIO SCHOKLENDER EN RESPUESTA AL PEDIDO

DE TRABAJO A ADICTOS AL PACO POR BILMA ACUÑA,

A COMIENZOS DE 2008

En Ciudad Oculta, pudimos erradicar el paco,

la droga y las cocinas.

SERGIO SCHOKLENDER EN SU EXPOSICIÓN EN LA

LEGISLATURA PORTEÑA, 29 DE SEPTIEMBRE DE 2008

Sólo se entiende el encono de Sergio Schoklender con Miriam Aquino por la fuerza de 151 millones de pesos y los vericuetos legales que hacían necesaria la firma de la humilde mujer en el convenio. Al no poder persuadirla, el ex apoderado, en complicidad con funcionarios del gobierno nacional, decidió falsificar las firmas de las integrantes de la asociación. Mientras tanto, Schoklender daba cátedra en la Legislatura porteña, donde los representantes del gobierno nacional, fuera por conveniencia económica o por el peso del símbolo que encarnaba, evitaban tanto cuestionar su accionar como también indagar sobre los costos de las obras y el real destino del dinero.

Según el régimen de la Ley 341 de la Ciudad de Buenos Aires, sólo pueden realizar obras, en forma directa, asociaciones cooperativas de vecinos. En cualquier otro caso, incluidas las fundaciones, deben ingresar en un proceso licitatorio. Mediante el convenio citado se desplazó a una asociación civil, con el fin de asignar a la Fundación, la construcción directa, evitando así una licitación pública. Como confiesa Freidín, nunca existieron licitaciones en la Misión Sueños Compartidos, al menos, en Capital Federal. El convenio estaba incluido en el programa plurianual de construcción de viviendas de Presidencia de la Nación. Se basaba en la Ley 1.987 por la que los vecinos de Villa El Cartón obtendrían una vivienda digna. En el nuevo convenio se mencionaba el precedente del 21 de septiembre de 2007 por la construcción de 220 departamentos en el plan de viviendas denominado “Barrio Padre Carlos Mujica” y el del 8 de noviembre de ese mismo año cuando se obtuvo el financiamiento para esa obra. Sin embargo, la Subsecretaría, dependiente del ministro Julio De Vido, incluyó las obras para la ejecución de 780 viviendas, en ese mismo predio, y resolvió rescindir el contrato anterior de común acuerdo —aunque una de las partes jamás estuvo presente—. La Fundación se comprometió a adjudicar las 780 viviendas en un plazo de seis meses a partir de la firma del nuevo convenio. Esto no se cumplió. Tampoco se cumplió el anterior acuerdo que no había sido respetado en tiempo y forma. El costo total de la obra era solventado por la Subsecretaría de la Nación y ascendía a 151.944.695,76 pesos a través de un financiamiento no reintegrable. El pago se hacía por intermedio del IVC. O sea, pagaba el gobierno nacional, entregaba el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, anticipando un 15% del monto total a la Fundación si entregaba los certificados de obra y se hacía cargo del pago de impuestos, gravámenes, inspecciones y demás.

En la cláusula 22, se informaba que el convenio tenía efecto una vez suscripto el mismo y cumplimentadas todas las obligaciones enunciadas en él, por las partes firmantes. Nunca se cumplió con la Asociación Esperanzas de un Cambio, la cual, según consta en el expediente Nº 1.790.903 del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, en la IGJ, jamás había sido aprobada porque en el artículo 1, la denominación no reflejaba el objeto social, se aconsejaba eliminar el término “rifas” entre sus actividades sociales y no todos los asociados eran mayores de dieciocho años de edad. Tampoco se había fijado la sede social. En fin, como se ve, su creación estaba viciada desde el origen.

El 8 de octubre de 2007, antes de recibir más de 151 millones de pesos, Jorge Telerman y la Fundación habían suscripto un convenio para la realización de tareas de mantenimiento y construcción de instalaciones sanitarias, provisión de agua y gas, en el centro de evacuados del Parque Roca. El 18 de octubre de ese año, la Fundación solicitó un financiamiento adicional para las obras de movimientos de suelos e infraestructura en el predio. Pidió 2.065.621,23 pesos que fueron otorgados por la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda dependiente de Julio De Vido. Facundo Di Filippo, presidente de la Comisión de Vivienda de la Legislatura, alertado por los rumores de las magras condiciones laborales, la obligación de concurrir a actos políticos por parte de los empleados y los extraordinarios movimientos financieros de la Fundación citó a Sergio Schoklender para que diera explicaciones. El 29 de septiembre de 2008, pasadas las 15.30, el ex apoderado de las Madres comenzó su alocución enumerando los logros y los futuros proyectos, con duras críticas al gobierno de Macri. Informó que la Fundación, en Capital Federal, contaba con una planta de 1.450 trabajadores con un sueldo mínimo promedio de 1.750 pesos y que tenían el índice de accidentes en construcción más bajo de toda la historia. No era así. En la Villa 15, Bilma Acuña, líder de las Madres contra el Paco, me presentó a un vecino que había perdido un dedo y a quien habían obligado a continuar sus tareas como si no le hubiera pasado nada. Y hay más casos. Por ejemplo, Teresa Vera está convencida de que fue despedida al quedar embarazada y Benicio cree que lo echaron por ser boliviano. Ambos trabajaron en 2008 en el obrador de Castañares. Ante los diputados, Schoklender dijo que el accidente más grave que habían tenido, había sido un martillazo en un dedo. Agregó que nadie recibía cursos de formación política ni era obligado a asistir a marchas. Sin embargo, el 29 de julio de 2008, trabajadores del obrador Castañares cortaron la General Paz en protesta contra el Gobierno de la Ciudad y se dirigieron “espontáneamente” a las casas de los funcionarios del IVC para que se destrabasen 2.400.000 pesos que el gobierno nacional había destinado a las obras. Schoklender continuó su alegato y reiteró que en la Villa 15, la llegada de la Fundación había significado la erradicación del paco, la droga y sus cocinas. Bilma Acuña se reunió con Schoklender para que los jóvenes adictos a la pasta base fueran tenidos en cuenta en el proyecto. “No necesitamos enfermitos”, le respondió Sergio. Bilma insistió en que, al menos, los trabajadores que cargaban material o realizaban tareas de fuerza trabajasen sólo ocho horas y no doce como lo hacían en la Fundación. Según testigos de la conversación, Sergio le habría contestado a Acuña que si se iban cansados a sus casas, mejor aún, pues así no tenían otra cosa en qué pensar. En un discurso en Ciudad Oculta, Hebe de Bonafini mencionó el mismo supuesto triunfo: Gracias a las Madres de Plaza de Mayo, el paco había desaparecido de la villa. La actriz Esther Goris quiso oficiar de nexo para que Hebe atendiese a las verdaderas luchadoras contra el paco. Pero la Goris terminó por resignarse ante la negativa constante: “¡Hebe tiene un carácter!”, le explicó a Bilma. Más allá de la anécdota, la seguridad de los obradores, en Capital Federal como en El Chaco eran matones vinculados, en muchos casos, con la venta de drogas. Esa tarde, en la Legislatura porteña, los diputados cercanos al FPV defendieron a ultranza al hombre fuerte de la Fundación. Las críticas de Schoklender hacia el presidente del IVC, Roberto Apelbaum, y al capitalismo de amigos, en la construcción de obra pública en la ciudad, por intermedio del empresario Nicolás Caputo, un ex compañero de secundaria de Macri, entusiasmaron a los diputados opositores como Juan Cabandié, quien pidió a los diputados oficialistas destrabar los fondos. Schoklender aseguró que, antes de que terminara el año 2008, se pondrían en marcha cinco mil viviendas y trece grandes complejos educativos en la zona sur.

El 29 abril de 2011, el obrador de Castañares recibió 41.119.805,25 pesos, más los 151 millones de pesos preexistentes en concepto de reactualización financiera. O sea que para construir 780 viviendas, que aún no se concluyeron, el valor individual por cada propiedad sería de 244.871 pesos. En el primer convenio, firmado entre el IVC y la Fundación, el valor por cada propiedad era de 103.600 pesos. En ambos, estuvo presente Claudio Freidín quien pasó de presidir el IVC a trabajar en la Subsecretaría de Obras Públicas con el arquitecto Luis Bontempo. Luego, al superar un determinado monto y pasar el obrador bajo la órbita de Abel Fatala, Freidín también cambió de jefe.

Cementerio de autos

Dentro de un año los niños tendrán un jardín lleno de

flores y todas las familias vivirán en su propia vivienda.

HEBE DE BONAFINI EN LA VILLA 20, MEDIADOS DE 2006

Por cuatro pelotudos no vamos a robar para pagarles.

HEBE DE BONAFINI, EN PLAZA DE MAYO,

29 DE SEPTIEMBRE DE 2011

La llegada de la Fundación en la ciudad de Buenos Aires ocurrió durante el breve gobierno de Jorge Telerman y de la ministra de Derechos Humanos y Sociales Gabriela Cerruti. El 29 de septiembre de 2011, al mediodía, mientras almorzaba un paty completo con papas fritas en el noveno piso de los Tribunales de Comodoro Py, Sergio Schoklender recordó la génesis de Sueños Compartidos, esas primeras reuniones en las que se hablaba de desarrollar métodos revolucionarios de construcción por los propios vecinos. A diferencia de otros planes de vivienda basados en el modelo del Plan Arraigo, Schoklender diseñó SC desde afuera de los barrios e impuso la construcción de forma autoritaria generando tensión con los referentes locales. En Los Piletones, la construcción de 420 viviendas se llevó a cabo sin el correspondiente registro catastral. Un ex maestro mayor de obras recuerda que esa construcción se hizo en un terreno dependiente del Parque Indoamericano sobre rellenos sanitarios delineados durante el primer gobierno de Perón y que fue coordinada por Enrique Rodríguez de la Corporación Buenos Aires Sur. Los grupos piqueteros que participaron del proyecto, como Barrios de Pie y el Partido Obrero, fueron maltratados “como si hubiésemos ido a trabajar en la Sociedad Rural de Palermo”. Julio Segura era el jefe técnico, al igual que en el obrador de Castañares. La referente administrativa era una amiga incondicional de Sergio, Patricia Alonso. El denunciante está convencido de que el obrador de Castañares fue boicoteado internamente para que la construcción se retrasase adrede. El testigo estuvo a cargo de una platea (una tira de departamentos) que se levantó en un tiempo normal (12 departamentos en 40 días), récord para la Fundación, que tardaba seis meses para realizar el mismo trabajo. En lugar de premiarlo, lo despidieron por enfrentarse con Segura por el método de construcción. Recibió 1.600 pesos de indemnización. Cuentan que el robo de material era constante y el despilfarro era enorme. Bonafini se presentaba cada quince días en la obra, hablaba con los referentes políticos y se iba contenta. No era la única visitante. También los visitaban delegaciones de turistas franceses y brasileños para que descubrieran el revolucionario método de construcción. Lo que no se les mostraba eran las constantes protestas de los empleados echados por disentir. Se construía sobre el barro, sin los elementos básicos de seguridad laboral. Los turistas tampoco vieron un pequeño cuarto donde diez mujeres embarazadas destruían, durante horas, el telgopor, para preparar los paneles para la construcción. En el lugar no había calefacción y el invierno de 2009 fue uno de los más duros de la última década. Mientras la Gripe A se esparcía por la ciudad, en Castañares, una de las mujeres del cuartito perdía su embarazo. Al testigo, un ex maestro mayor de obra que se presenta como “José”, la imagen de las mujeres trabajando en esas condiciones le recordó a los relatos que le habían contado sobre la ESMA o a una película sobre el nazismo.

Lo que llamó la atención del acto inaugural en Los Piletones no fue la presencia de Bonafini y Telerman, sino la guardia pretoriana de diez morrudas mujeres del puntero y ex boxeador Marcelo Chancalay que custodiaban el lugar. Vestidas de negro con borceguíes del mismo color y el pelo estrictamente recogido, las musculosas mujeres amedrentaban a un grupo que intentaba hacer llegar sus reclamos a la Presidenta. En 2007, Schoklender había arreglado con Chancalay la protección del obrador de Piletones y del que se construiría al lado de la Villa 20, frente al Parque Indoamericano, donde se acumulaban autos abandonados. Chancalay estaba al frente de una mutual, Futuro para Todos, lideraba dos cooperativas que aglutinaban a cien personas y había trabajado para la UGIS. Pero no se quedó ahí. También creó el polémico Villa Tour, un paseo por la zona para turistas que querían “dar una vuelta por los barrios”. Luego del escándalo de mayo de 2011, encontré a Chancalay en un corte de los trabajadores de Castañares. Confesó que Hebe estaba al tanto del desmanejo de la Fundación y que Sergio se había mandado “muchas cagadas”. Sus vínculos con el gobierno nacional, con Abel Fatala como intermediario, seguían intactos y hacía lobby para que Mach Construcciones S.R.L., la empresa que tenía junto a su hijo Marcelo Alejandro, se quedara con la obra. Rubén “Pocho” Brizuela, en julio de 2011, “caminó” el obrador junto con Alejandro Salvatierra sugiriendo a los empleados que aceptasen trabajar con las cooperativas vinculadas con el Movimiento Evita. Los trabajadores no quisieron aceptar la propuesta y se reunieron con Alejandra Bonafini quien les dijo que “no se podía hacer cargo de nada”. A mediados de septiembre de 2011, el movimiento político de Emilio Pérsico ganaría la pulseada. En una reunión en el barrio de Montserrat, en agosto de 2011, entre un representante del gobierno nacional de apellido López (probablemente José López), cinco delegados de los trabajadores, entre ellos, Emilio Zarza, y Alejandra Bonafini, se les informó a los empleados que reclamaban la liquidación de sus haberes, que la Fundación presentaría la quiebra.

El cementerio de autos lindante a la Villa 20, pertenece a la Policía Federal, se mantiene intacto desde hace quince años y llegó a albergar 30 mil vehículos abandonados. Elizabeth Núñez, actualmente desocupada, y 49 compañeros trabajaron durante medio año en esos terrenos para limpiar el predio con el fin de construir viviendas. Pero eso nunca sucedió. Núñez, así como sus compañeros, ingresó a trabajar debido a la gestión de Chancalay. Actualmente, el problema más grave de los vecinos es la contaminación ambiental originada por el depósito de material rodante de la policía. En tiempos de Aníbal Ibarra, se aprobó un convenio mediante el cual la Policía reintegraría esos terrenos a la ciudad. En la Villa 20 viven 40 mil personas y en seis años no se construyó una sola vivienda, a pesar de la adjudicación directa que recibió la Fundación para construir 1.300 viviendas, como informó Schoklender en su visita a la Legislatura en 2008. Diosnel Pérez, referente del Movimiento Darío Santillán, denunció los manejos patoteriles y clientelares de los matones de Chancalay en la villa. El 15 de agosto de 2010, le arrojaron un ladrillazo en el local de su institución en la villa. El 4 de septiembre, su hijo de 14 años fue herido de bala en una confusa situación. Para el ex boxeador, las denuncias de Pérez son un invento. La única inversión concreta que realizó la Fundación en la Villa 20 fue la contratación de matones para custodiar el cementerio de autos. Por la noche, y durante mucho tiempo, entraban camiones al cementerio y se llevaban los repuestos de los autos abandonados. “Es un desarmadero que funcionaba amparado por la Policía y la Fundación”, denunció Diosnel Pérez para esta investigación. El 24 de marzo de 2007, fecha emblemática para la sociedad argentina, a Pérez se le acercaron nueve tipos, lo amenazaron con armas de fuego, le informaron que eran gente de las Madres y le dijeron “paraguayo de mierda, te estamos perdonando muchas veces, seguí haciéndote el boludo y hablando giladas, que la próxima sos boleta”. Luego del incidente, se encontró con Schoklender en el bar de la Fundación. Pérez le dijo que “entendía las diferencias, pero que esta gente se estaba pasando de la raya”. Schoklender le respondió: “Ellos son nuestra seguridad y apurate que tengo cinco minutos”. Pérez le explicó que a los matones se les podría haber escapado una bala. Imperturbable, el ex apoderado insistió: “Te estoy diciendo que son nuestra seguridad y hacen lo que tienen que hacer”. Según el testimonio de Diosnel Pérez, Chancalay y Schoklender le ofrecieron un puestito para que “se dejase de joder” pues tenían todo el respaldo del gobierno. Chancalay y Schoklender negaron la veracidad del testimonio.

Margarita Barrientos, de Los Piletones, coincide con Pérez en los vínculos del ex apoderado con los transas de drogas del barrio. Su propio marido habría encontrado pasado de drogas a Sergio, tirado con sus matones en las “jodas” que se organizaban en el obrador del barrio. En marzo de 2011, Luciano Nardulli, dirigente de la CCC, denunció a “los Pepones” como fuerza de choque de Schoklender y a los hermanos Ozuna. Miguel Ozuna es un ex policía bonaerense con causas penales graves en su haber, entre ellas violación, y también vinculado con la venta de drogas. Ozuna fue candidato a presidente del barrio en 2007, apoyado por Schoklender y la Fundación, pero cayó derrotado ante Marcial Ríos, militante de la Federación Tierra y Vivienda de Luis D’Elía.

4. HAGAN SUS APUESTAS

Pero entonces, ¿hubo sobreprecios?

¿Hubo tasa de retorno?

Pero claro… Íbamos 50 y 50.

FUNCIONARIO DEL GOBIERNO DEL CHACO EN UNA

ENTREVISTA EXCLUSIVA, JUNIO DE 2011

En el Chaco, la relación entre el gobierno local y Sueños Compartidos afloró con más fuerza que en ningún otro lugar del país. Resistencia era la ciudad más visitada por Sergio y Pablo. De hecho, luego de su escandalosa salida de la Fundación, los hermanos siguieron frecuentando a los arquitectos de su confianza y a algunos funcionarios de segunda línea del gobierno de Jorge Capitanich. En esa ciudad, luego de que la Fundación se desvinculara formalmente de la construcción de viviendas, otros sueños compartidos nacieron vinculados al gobierno provincial y a empresarios amigos.

Ocho complejos de viviendas, siete hospitales y cuatro centros de salud estuvieron en el centro de la alianza estratégica de uno de los gobernadores más cercanos a Cristina Fernández y a las Madres de Plaza de Mayo. Los carteles de Sueños Compartidos estuvieron presentes desde el Impenetrable chaqueño a Resistencia, desde ciudades importantes como Sáenz Peña a pueblos pequeños como Villa Bermejito, a pesar de que algunas obras se prolongaran durante años y otras jamás se concluyeran, como el Hospital de Fontana, situado a cinco kilómetros de la capital chaqueña. A los aviones de Meldorek —empresa constructora en que la Fundación tercerizaba la construcción de las viviendas— se subieron Bonafini, Capitanich y los Schoklender. En Resistencia, Sergio se reunía con funcionarios en el lujoso Hotel Amerian o en un local de comida rápida que se cerraba especialmente para atender al ex apoderado. Al lado del Amerian está el casino, y, aunque se sabe que Schoklender es un jugador empedernido, nadie declaró haberlo visto entrar, salvo el gobernador Jorge Capitanich quien afirma que sí lo hizo, que “estaba enviciado”. Capitanich atribuyó los viajes aéreos relámpago de Schoklender a los países limítrofes como típicos de un jugador compulsivo, de un loco. Ese mismo loco manejó, sólo en el Chaco, 425 millones de pesos, apostó junto con el Gobierno e hizo saltar la banca.

Luego de la salida de Schoklender de la Fundación, viajé a Resistencia. En junio de 2011, las obras estaban paradas. En la Rubita, un barrio alejado del centro de la ciudad, los trabajadores estaban en pie de guerra. En Fontana, el arquitecto Juanjo Alumni extrañaba a Schoklender y se quejaba de la falta de recursos. En cambio, en el barrio Campo de Tiro festejaban la salida del ex apoderado y recordaban la tensión que habían vivido en 2009, cuando se presentó la patota del supuesto apostador compulsivo.

Las promocionadas viviendas dejaban bastante que desear. Algunas estaban abandonadas, otras a medio hacer y el resto, deterioradas. La causa principal del deterioro era que los techos eran italianos y no soportaban el calor chaqueño.

Emerenciano Sena, Tito López y Tiso Talavera son extorsionadores profesionales de la protesta social. Sena hablaba de libertad y de revolución pero había sido denunciado por trata de personas. Su causa, caratulada como “privación agravada de la libertad” en mayo de 2012, está estancada en la Justicia Federal, pero el líder piquetero no fue aún sobreseído en la misma. Testigos como Marcela Leiva se reunieron con el juez Norberto Oyarbide, en Buenos Aires, para aportarle pruebas en ese sentido. Sin embargo, el gobernador continuó gestionándole partidas para la construcción del ex Campo de Tiro porque él “no discrimina a nadie”. Todo el mundo construye en el Chaco y hasta el ambiguo piquetero Raúl Castells tenía planes de viviendas en su provincia.

Cuando volví a Buenos Aires, el abogado Alejandro Armoa me contactó con su clienta, Marcela Leiva, la ex trabajadora que había denunciado al piquetero Emerenciano Sena y a la Fundación por trata de personas. Leiva estaba de incógnito en Buenos Aires, y esperaba ser recibida por Alejandra Bonafini, en ese entonces a cargo de la Fundación. Le quería explicar los negocios y la corruptela de su provincia en connivencia con el poder político. Su fotografía apareció en Clarín, junto con otro trabajador de Sueños Compartidos, Sadam Verón. Leiva temía por su vida. En febrero de 2009, había sido contratado para trabajar en la primera obra que la Fundación encaraba en el Chaco. El impulsor había sido el propio gobernador, quien veía con buenos ojos ampararse bajo el paraguas protector de las Madres e incluir a los líderes sociales y piqueteros que amenazaban con minar un gobierno que atravesaba una crisis política y social. El gobernador, que había ascendido políticamente de la mano de la familia de su esposa Sandra Mendoza, ahora era noticia por las peleas públicas con ella. Se le atribuían infinidad de romances y había entablado una excelente relación con Cristina Fernández en la época en que ambos eran diputados. Capitanich llegó a la gobernación tras derrotar al caudillo radical Ángel Rozas, pero pocos recuerdan que, durante el menemismo y gracias a Carlos Corach, había sido interventor del Banco de la Provincia de Formosa, al que privatizó dejando a la provincia con un déficit de cien millones de dólares. El ex diputado Adam Pedrini, muy amigo de la familia Mendoza, está convencido de que Capitanich tiene fondos en el exterior por más de treinta millones de dólares. Aunque en el entorno del gobernador muchos festejaron la salida de Schoklender, la relación entre ambos continuó, al igual que los negocios.

Los sueños de Emerenciano

Cuando nadie roba las cosas salen, pero no salen porque

las Madres tenemos una varita mágica, sino porque hay

mucha gente que trabaja con nosotras.

HEBE DE BONAFINI EN LA INAUGURACIÓN EN

TOMA NORTE, NEUQUÉN, 10 DE OCTUBRE DE 2007

En febrero de 2009, luego de firmar un acuerdo de construcción de viviendas con el gobierno del Chaco y la Fundación, el poder de Emerenciano Sena había crecido. Los trabajadores contratados le aportaban, quincena a quincena, un porcentaje de sus haberes para financiar la agrupación que estaba constituida por él, su mujer, Marcela Acuña, y un pequeño grupo de seguidores. La mujer de Sena trabajaba en el Ministerio de Desarrollo Social de la provincia y dirigía una fundación que recibía jugosas donaciones que manejaba discrecionalmente. En el obrador, los trabajadores realizaban tareas de mantenimiento y vigilancia, todos los días, debajo de la lluvia o calcinados por el sol. Lo hicieron durante seis meses. Las obras no avanzaban porque, según Sena, los materiales no llegaban a destino. Todos los miércoles, los obreros salían obligatoriamente a ganar la calle y a pedir nuevos subsidios. Marcela Acuña se presentaba en el Ministerio de Desarrollo de la Nación para presentar proyectos de cooperativas “de veinte mil pesos para arriba” como, por ejemplo, una lavandería para mantener a los trabajadores pulcros y prolijos. Antes de Semana Santa, Sena dejó de pagarles a sus empleados. Se corría el rumor de que, desde Buenos Aires, querían cerrar el obrador.

Omar Panosian era el arquitecto responsable de la Fundación. El 1º de marzo de 2011, Panosian encabezó una reu nión informativa con el intendente de Lanús, Darío Díaz Pérez, para presentar el Plan Integral de Urbanización de los vecinos de Villa Jardín en las ex Fabricaciones Militares, a través de un convenio entre el Ministerio de Desarrollo Social de la provincia de Buenos Aires, la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación y la intendencia. Más tarde, ese mismo día, el intendente Díaz Pérez anunció que “nadie va a poder prometer cosas porque desde aquí no lo vamos a respaldar. Esta vez es en serio, es transparente y no hay negociados. Villa Jardín será lo que soñaron nuestros mayores”. Anteriormente, Panosian había participado en infinidad de actos públicos, como la inauguración de una casa de 70 metros cuadrados, que hacía las veces de muestra de las 380 viviendas que se harían en la capital neuquina y que nunca se realizaron, de la mano del intendente Horacio Quiroga, alguien “del palo” como dijo, el 10 de octubre de 2007, Hebe de Bonafini, “porque no vamos a venir a trabajar con Sobisch, que es nuestro enemigo, trabajamos con gente que creemos que por lo menos está en la misma vereda”. En septiembre de 2011, Sergio Schoklender se quejaba públicamente de que los lugares seleccionados para construir viviendas y hospitales dependían de “la cara de tal o cual intendente o funcionario y de cómo le caían a Hebe”.

Duelo de titanes

Estoy desarmado y voy a entrar.

SERGIO SCHOKLENDER ANTE LA PATOTA DE

EMERENCIANO SENA, JUNIO DE 2009

Estos hijos de puta se van, no piensan volver,

van a cerrar la obra.

ARENGA DE SENA A LOS TRABAJADORES

CUANDO LE RECLAMABAN LA FALTA DE PAGOS

En la Semana Santa de 2009, al arquitecto y al capataz, que habían sido enviados desde Buenos Aires, se les prohibió salir del obrador y se los mantuvo secuestrados exigiéndoles un adelanto para “tener plata fresca en el bolsillo por los feriados”. Para darle una solución al problema, Patricia Alonso viajó hacia el Chaco en un avión privado, con una valija con dinero, y les pagó, personalmente y en efectivo, todo lo adeudado a cada uno de los trabajadores. Después de esos violentos acontecimientos, los arquitectos porteños no regresaron más al Chaco y el obrador quedó exclusivamente a cargo de Sena. A través de la asociación civil del piquetero Quintín Gómez, funcionario de segunda línea del Ministerio de Desarrollo Social del Chaco, el obrador pasó a depender de Sena, quien contrató al arquitecto Leandro Rosso y a su padre, a quienes testigos como Marcela Leiva también vincularon con las denuncias de explotación laboral, retención indebida de haberes y amedrentamiento constante.

A partir del 1º de junio de 2009, el trabajo en el obrador se volvió permanente, de lunes a lunes, y durante las 24 horas del día. Es que la intención de Emerenciano era terminar algunas de las viviendas para el 17 de julio, día de la creación de su movimiento. Finalmente, se hizo la entrega de diez viviendas (sólo tres estaban terminadas y de las otras siete apenas se habían levantado las paredes) en un acto oficial con las autoridades de la provincia presentes. Por ese entonces, según Marcela Leiva y otros seis testigos que declararon ante la Justicia, el líder chaqueño obligaba a los empleados a aportar 25 pesos mensuales para homenajear a su mujer por su cumpleaños. Además, por orden de Marcela Acuña, a las mujeres se les prohibió el uso de jeans ajustados porque a su marido se le iba la vista con ciertas colas. Se compraron camisas con el retrato del Che Guevara y se cambió el nombre del obrador. El justificativo del nombre “Barrio Emerenciano” lo dejó claramente especificado la propia Marcela Acuña: “Así nadie nos va a robar el nombre”. Mientras tanto, las irregularidades eran cada vez más frecuentes. Uno de los denunciantes que se presentó ante los abogados Alejandro Armoa y Sebastián Quintana —quien luego cambiaría de bando y sería socio de Sergio Schoklender en la provincia— aseguró que, en varias ocasiones, en la camioneta del arquitecto Rosso había transportado bolsas de cemento, arena y paneles de la obra hacia la casa particular de Emerenciano Sena. Por las noches, llegaban camionetas que se llevaban materiales y hasta perfiles de once metros de largo pero nadie se animaba a preguntar acerca de su destino final. El control del Estado era inexistente. Cuando cinco empleados se presentaron en el Ministerio de Trabajo de la provincia, los funcionarios se negaron a constatar si sus denuncias sobre esclavitud laboral eran ciertas. Los empleados se toparon con la misma indiferencia en el sindicato de la UOCRA. Cuando los trabajadores le pidieron autorización a Emerenciano para elegir un delegado gremial, el hombre los miró, luego se rio y les dijo: “¿Para qué? Si el delegado soy yo”.

Al mes siguiente, Sergio Schoklender llegó al obrador en una camioneta negra, junto con su hermano Pablo y su hijo Alejandro.

—Estoy desarmado, voy a entrar —gritó Sergio mientras observaba los custodios armados del ex obrador Campo de Tiro. Ni bien entró, Sergio y Emerenciano se encerraron en la oficina de seguridad, y mantuvieron una discusión a los gritos.

—Sos un hijo de puta —le decía Sena al ex apoderado—, querés cerrar el obrador.

—Pero, ¿dónde está la producción? ¿Qué carajo hicieron todo este tiempo? ¿Dónde están los 180 mil pesos que te di para que cercaras el predio y pagaras a tu gente? —le preguntó Schoklender al borde de la locura.

—Si vamos a hablar de plata —respondió Sena—, ¿podrías decirme dónde carajo quedaron los doce millones del movimiento de suelo que te dieron? ¿Se hizo? ¡Contestame!

—¡Te voy a cagar a trompadas! —lo amenazó Schoklender, pero pronto se dio cuenta de que, esta vez, jugaba de visitante y no sería tan fácil escapar de allí. Esa tarde, el asunto casi termina a los tiros. Hasta el gobernador Capitanich declaró que se habían juntado dos loquitos. Pero esta conflictiva reunión tuvo consecuencias. Los empleados del obrador, luego de escuchar las acusaciones cruzadas, empezaron a desconfiar, aun más, de que la historia no fuese tal como la pintaba Sena y que tal vez en esta película no hubiera héroes. Los obreros se asesoraron con los abogados Alejandro Armoa y Sebastián Quintana y les presentaron las pruebas de que eran tratados como esclavos. De la plata no se habló más.

En enero de 2010, Leiva descubrió que los certificados médicos por enfermedad eran archivados y no se presentaban en Buenos Aires. Por ello, a los trabajadores que se enfermaban se les descontaban los días y perdían sus vacaciones. Esa semana, también descubrieron que había sido saqueado el pañol donde se guardaban las herramientas de trabajo. Los operarios Sadam Verón, Marcela Leiva y Mariano Rojas abandonaron el obrador y no regresaron nunca más. Nadie quería hacerse cargo de las denuncias. Sólo Armoa y Quintana escucharon las graves acusaciones contra Sena. El 26 de febrero de 2010, se presentaron las actas de denuncias de 24 trabajadores en la fiscalía Nº 6 (expediente 5.380/10) y a la semana siguiente se presentó Schoklender en Resistencia acompañado por sus custodios, la asesora contable y administrativa Patricia Alonso y el psicólogo y encargado de Relaciones Humanas Gregorio Kazi. La Fundación despidió a los más de cien obreros del obrador. Sena trató de resistir atrincherándose con sus guardaespaldas y su círculo más cercano. El líder social acusó a los denunciantes de ser los culpables de la caída en desgracia del barrio Emerenciano. En la fiscalía Nº 9 (expediente 6.219/10), se presentó otra demanda por asociación ilícita y trata de personas contra Sena pero la fiscal de turno, Mirta Mansilla, se declaró incompetente. Ningún organismo de derechos humanos se hizo eco de la causa excepto el Centro Nelson Mandela. Leiva y sus compañeros se encadenaron a la Casa de Gobierno de la provincia hasta que un asesor del gobernador les prometió que Capitanich los recibiría ese día. Pero no fue así. Emerenciano Sena tenía respaldo político e impunidad para hacer lo que quisiese. A Marcela Leiva le arrojaron desde una moto una bomba molotov que incendió el auto en el que viajaba. Se salvó de milagro. Su hijo vio al agresor y lo identificó como integrante del movimiento de Sena, alguien de apellido Garay. Uno de sus abogados, Alejandro Armoa, renunció a su trabajo dentro de la estructura de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la provincia pero el otro, Sebastián Quintana, resultó ser un traidor y fue nombrado como asesor legal de la Fundación en la provincia. Pasaban los meses y los trabajadores seguían en la calle. Schoklender, mientras tanto, armaba una nueva estructura de colaboradores con Silvana Morando, Augusto Martins, Carolina Acevedo, el arquitecto Juan Coman, Julio García —encargado global de todos los obradores de la provincia— y otro matón reconocido del Chaco, el “Tiso” Talavera. Sergio, acompañado por Morando, se reunió con Jorge Canteros, Procurador General de la provincia, para impulsar la investigación contra Sena. No tenía otra alternativa pues Marcela Leiva y sus compañeros ya habían presentado la denuncia contra el líder social. “Si lo dejaban a mi manera, se resolvía más rápido”, le confesó Schoklender a Leiva y agregó que le habían salvado la vida a Emerenciano. El abogado Sebastián Quintana les decía a sus clientes que Sena jamás terminaría preso porque “tenía banca”. Marcela Leiva cree que el propio Sergio Schoklender le daba órdenes de estancar la causa porque si se profundizaba en la investigación las consecuencias perjudicarían a su propia estructura.

Sergio Schoklender prometió a los 87 empleados despedidos de Campo de Tiro que serían contratados nuevamente en la construcción de un hospital en Fontana. Los encuentros entre las altas cúpulas de la Fundación que visitaban asiduamente la capital chaqueña y el díscolo grupo de Leiva eran tensos. Marcela Leiva enfrentó a Schoklender y le recriminó que el escándalo con Sena le había servido para lavar otros trapos sucios. Sergio le respondió que la Fundación no tenía ropa sucia que lavar. Al no tener tareas asignadas, cada vez que llegaba un camión al portón del obrador de Fontana, Leiva se ocupaba de anotar su contenido hasta el último ladrillo. Leiva era indomable y se lo hizo saber a los matones del obrador. En noviembre de 2010, dos autos la encerraron cuando viajaba en moto hacia el trabajo. En la caída, se torció el tobillo derecho por lo que no pudo trabajar durante dos meses. Su compañero, Sadam Verón, un incorregible joven de 21 años, reemplazó a Leiva como el centro de las hostilidades de los capataces. En el verano de 2011, Verón también tuvo un accidente en su motocicleta y, en una oportunidad, llegó quince minutos tarde al obrador. En esa ocasión, lo encaró Tiso Talavera y le dejó en claro que el jefe político de la obra era él, que había que obedecerlo y que no estaba autorizado a llegar tarde ni a salir para hacer ninguna clase de trámite pues, si lo hacía, no iba a volver a entrar. Verón lo ignoró y lo miró socarronamente. “Vos no salís de acá, te voy a cagar a tiros”, le dijo Talavera mientras sacaba un revólver y se lo arrimaba a la cara. “Hacé lo que quieras”, dijo Sadam Verón, “me da lo mismo, si tengo que vivir esta mierda, ya estoy muerto”. A Talavera la resignación de Verón lo disuadió de seguir peleando, lo miró de costado y se retiró riéndose. Verón le avisó a Leiva y juntos fueron a radicar la denuncia policial. Durante dos horas, escucharon las excusas de los policías que no querían asentar lo que había ocurrido. No conformes, se dirigieron a la fiscalía correspondiente. Tampoco tuvieron suerte.

El mes de mayo concluía y el escándalo de la Fundación era el tema principal de conversación en Resistencia. En Casa de Gobierno, los asesores de Capitanich se reían de las últimas apariciones de Schoklender en las que exigía más y más plata. Jorge “el negro” Franco, coordinador de la Unidad Ejecutora de Programas Especiales (UEPE), cargo creado tras la histórica pelea entre Sena y Schoklender, afirma que las obras se cumplieron y que el programa Sueños Compartidos fue exitoso.

Sin embargo, en el Chaco, la Fundación se desvinculó de la construcción de viviendas antes que en ningún otro lugar, anticipándose a lo que sucedería en el resto del país. Mientras esperaba entrevistarse con Alejandra Bonafini, Marcela Leiva confiaba en que la hija de Hebe le daría una solución. Leiva había escapado de Resistencia, asustada por las continuas amenazas de los matones del obrador de Fontana. Pero su ilusión ante la entrevista duró menos de 24 horas. Mientras Alejandra Bonafini hacía como que escuchaba al grupo disconforme de trabajadores, se reunía con los matones de Tiso Talavera y les exigía que mantuviesen el orden en el obrador. De regreso a Resistencia, Leiva ya no confiaba ni en la hija de Hebe ni en el gobernador, con quien se reunió para exigirle la correcta liquidación de sus haberes la noche de un viernes de julio en la gobernación. Los trabajadores le dijeron a Capitanich que los empresarios privados que se harían cargo de los obradores despedirían a más trabajadores pues no querían a mujeres en la construcción ni personas mayores de 60 años (un punto valioso del programa era que contrataba, en partes iguales, a mujeres y a hombres de todas las edades). El gobernador los acusó de presuponer y les informó que las empresas elegidas serían subvencionadas y que no echarían a nadie. Pero Leiva estaba en lo cierto.

Cuando visitaba Resistencia, a Sergio Schoklender se lo veía aparecer repentinamente y de pronto desaparecía… era como un fantasma. Así lo llamaban. Conocido por su supuesta adicción al juego, nadie lo había visto gastar plata en las maquinitas, pero sí se lo veía juntarse con gente para hacer negocios. Schoklender frecuentó la ciudad luego del escándalo. En una oportunidad le pregunté el motivo de esos viajes y se quedó mirándome a los ojos, por no más de diez segundos, que significaron una eternidad para mí. Supuse que estaba examinando el porqué de mi pregunta Con su mirada imperturbable respondió: “No volví a Resistencia, si no puedo salir de mi casa. Si el ‘enano’ (por el juez Norberto Oyarbide) me tiene encerrado”.

La Fundación se ramifica

Había llegado a Tartagal después del alud, y en el medio

del barro y la inundación, estaban todos los funcionarios

pidiendo coimas para bajarle al pobre intendente

bolsas de comida.

SERGIO SCHOKLENDER, REVISTA NOTICIAS,

10 DE SEPTIEMBRE DE 2011

Es falso que algún funcionario me haya pedido coimas.

SERGIO NAPOLEÓN LEAVY, INTENDENTE DE TARTAGAL,

OCTUBRE DE 2011

Sueños Compartidos incumplió también sus promesas en Tartagal, Salta, luego de una de las tragedias naturales más graves de los últimos años. Lo mismo sucedió en Bariloche, donde quedaron familias desamparadas, y en Santiago del Estero, donde aún hoy se preguntan qué fue de Sergio Schoklender y de la Fundación.

Ubicada en el noroeste salteño, a 55 kilómetros de la frontera boliviana, Tartagal conforma con las localidades de Orán y Embarcación el conglomerado urbano más importante de la región. El descontrolado desmonte salteño fue, posiblemente, la causa principal del alud que sufrió la localidad de 56 mil habitantes el 9 de febrero de 2009. El desastre natural provocó dos muertes, cientos de heridos, evacuados y cuantiosas pérdidas económicas. La presidenta Cristina Fernández de Kirchner se encontraba en España cuando ocurrió el hecho. Se comunicó inmediatamente con su gabinete e instruyó a sus ministros para que se hiciesen presentes en el lugar y prestasen colaboración económica. Firmó convenios por más de doscientos millones de pesos para obras e infraestructura. Durante ese lluvioso febrero de 2009, Tartagal volvía a ser noticia como lo había sido en junio de 2001, cuando, tras un violento desalojo en la ruta 34, dos personas habían sido asesinadas por efectivos de Gendarmería Nacional.

El abogado Sergio Alejandro Heredia efectuó diez denuncias contra el intendente de Tartagal, Sergio Napoleón Leavy, y otras tantas contra funcionarios del gobierno local y Schoklender por administración fraudulenta y estafa en contra del Estado Nacional, malversación de caudales públicos, peculado y asociación ilícita (exp. 821/11). El 17 de febrero, ocho días después del alud, Schoklender aterrizó con uno de los aviones de Meldorek en el aeropuerto de General Mosconi, donde fue recibido por el intendente y otros funcionarios. En el despacho de Leavy firmaron un convenio para construir un centro de salud y 330 viviendas. El centro de salud se terminó de construir en noviembre de ese mismo año pero no abrió sus puertas por falta de equipamiento. Un sereno lo custodió hasta julio de 2011. Las prometidas viviendas, que serían destinadas a los afectados por el alud, nunca existieron. El intendente afirmó que no recibió un centavo ni tampoco aportó un peso en un convenio que, según él, jamás firmó. Para Leavy, se trató de una inversión privada. Sin embargo, le entregó a Schoklender los planos provinciales del centro de salud, por lo cual se infiere que no fue un proyecto meramente privado. “Le abrimos la puerta a cualquiera que quiera construir viviendas en Tartagal y más a una Fundación con el prestigio de las Madres de Plaza de Mayo”, dijo Leavy al periodista Marcos Larroca de Telenoche, programa al que, luego de emitir un informe llamado “Sueños Incumplidos”, el intendente calificaría de mentiroso por ser del Grupo Clarín. Tras decidir qué clase de proyecto impulsarían en Tartagal, el intendente recorrió varias inmobiliarias con Schoklender. Pero, por cuestiones de falta de tiempo, o acaso porque ya lo tenían arreglado de antemano, los dos hombres se dirigieron directamente a la inmobiliaria Rivadavia. Allí, Schoklender compró a su nombre diez hectáreas y pagó 80 mil pesos en efectivo. Además, dejó una seña de 20 mil pesos por diez hectáreas más, que pensaba adquirir en un corto plazo. Según Leavy, “gente de la Fundación” descargó materiales con sus camiones y así se comenzó a construir el centro de salud. Esto ocurría en abril de 2009, luego de la compra de las diez hectáreas que posibilitó que Schoklender cobrara un anticipo financiero del 30% del total de 40 millones de pesos correspondiente a la supuesta obra de construcción de viviendas. Se cobraron entre 10 y 15 millones de pesos pero no se supo en qué se gastaron pues no se edificó ni siquiera una sola de las 330 viviendas convenidas. En el centro de salud, se contrataron diez empleados de Santa María y cinco desocupados de la construcción. En febrero de 2010, el Concejo Deliberante aprobó la Ordenanza 1.508 que autorizaba a Leavy a firmar convenios con la Fundación y con la Subsecretaría de Vivienda de la Nación. Se hablaba de fondos nacionales no reintegrables y del interés público de las obras en cuestión. La construcción del centro de salud acompañó las campañas publicitarias de Santiago Payo, candidato a diputado nacional del FPV salteño, con una canción de Alejandro Lerner de fondo. Los terrenos que se compraron fueron un desmonte donde difícilmente era posible construir viviendas, algo que, según Heredia, jamás le interesó hacer a Schoklender. No hubo estudio previo del suelo ni relleno del terreno. El único fin de la compra de esas hectáreas fue contar con el apoyo legal que le permitiera cobrar el anticipo de dinero público. Luego del alud, la Presidenta dijo que había visto la cara real de “la pobreza estructural”. En la marcha del 12 de febrero de 2009, tres días después del alud, Hebe leyó, frente a Casa Rosada, la carta que les había enviado al ministro Julio De Vido y al subsecretario, Abel Fatala, solidarizándose con el pueblo salteño y poniéndose a su disposición para construir inmediatamente “50 viviendas, así como la mano de obra con cuadrillas de capataces y personal especializado”. El 24 de septiembre de 2009, en otra marcha de los jueves, Bonafini le pidió al gobernador salteño que cesaran los desmontes y le dijo que no se hiciese el sordo ni “el boludito”. Recordó que las Madres irían a inaugurar el hospital que habían terminado de construir. Faltaban dos meses para esa fecha; sin embargo, no hubo inauguración alguna. En un video de Sueños Compartidos, la titular de la Fundación recordaba: “Cuando pasó lo de Tartagal, Sergio se iba a recorrer algunas obras del Chaco y de Santiago del Estero e iba con la chica que hacía los proyectos y le dijo ‘Cintia, bajate del avión, hablá con Hebe y hacé un proyecto, a ver si le parece bien para hacer las casas pero rápido’. Justo cuando pasaba lo de Tartagal, estaban hablando conmigo unos chamanes, unos indígenas, contándome lo que les pasaba, que nadie los atendía, que habían venido sin plata de allá y que dormían en la calle, a la intemperie. En ese momento, llegaron las Madres y contaron lo del alud. Le mandé al intendente de Tartagal la carpeta, ofreciéndole 50 viviendas y el centro de salud. Así nació el proyecto. Se contrataron los arquitectos y la gente de ahí, que conoce todo el terreno y todo como es. Y se van a hacer (por las viviendas) en un terreno que una mujer dejó todo (sic). Lo que pasa es que las Madres estamos acostumbradas a no medir, a hacer”. Pero esas viviendas no se midieron. Ni tampoco se hicieron. Ni siquiera una sola.

Tras el escándalo, ante la Comisión de Vivienda del Congreso de la Nación, Abel Fatala explicó que el Poder Ejecutivo no entregaba subsidios a las Madres ni a Schoklender sino que el programa se enmarcaba dentro de las particularidades del convenio que cada municipio o provincia firmaba con la Fundación. Por lo tanto, en Tartagal, ese convenio debería haber pasado por la Legislatura local según las normas vigentes que así lo establecen. Pero no fue así. Una vez más, los organismos de control fallaron. El 12 de febrero de 2009, los diputados de Tartagal sancionaron la Ordenanza Nº 1.438/09 que declaraba el estado de desastre e instrumentaba medidas para mitigar, en parte, las necesidades de los afectados por el aluvión del lodo emergente del río Tartagal. Se conformó un comité de crisis, integrado por el intendente Leavy y el coordinador de Abordaje Territorial del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, Sergio Berni, quien luego reaparecería en el censo del Parque Indoamericano. En Buenos Aires, el 17 de febrero de 2009, se reunieron con la Presidenta el gobernador salteño Juan Manuel Urtubey y 58 intendentes de la provincia, entre ellos el intendente Leavy. Firmaron una serie de convenios por los cuales la Nación le giraría 360 millones de pesos a la provincia, en el marco del Plan de Rehabilitación y Mejoramiento Urbano de Tartagal; 112 millones se destinarían a solucionar la problemática de la vivienda. Al regresar a Salta, Leavy, quien además de intendente era el presidente del FPV salteño, firmó con la Fundación un convenio para construir, en principio, 50 casas y un centro de salud de 150 metros cuadrados. El diputado nacional José Vilariño así lo afirmó en los medios locales esa semana y mencionó como coordinador del proyecto a Guillermo Avellaneda, quien era el Director de Desarrollo Económico y Social del Ministerio de Desarrollo Social de la provincia de Salta. Avellaneda era también representante en su provincia del Movimiento Nacional y Popular 25 de mayo, conducido a nivel nacional por la auditora de la Fundación y ex ministra de Economía Felisa Miceli. Para Leavy, igualmente, se trató de una inversión privada. Como la situación era crítica, el intendente prometió que se construirían 1.000 viviendas con la Fundación por un valor de 140 mil pesos cada una, con lo cual el monto global ascendería a 140 millones de pesos. En concreto, Schoklender le compró a la familia Uanini un terreno de diez hectáreas por intermedio del dueño de la inmobiliaria, Edilberto Delgadino. La operación se realizó por un total de medio millón de pesos —a razón de 50 mil pesos por hectárea— y se firmó un boleto de compraventa por el 50% del valor total mientras que el ingeniero Tkaczek, por orden del intendente, realizó los planos de desmembramiento. La inmobiliaria nunca terminó de cobrar sus honorarios (12.500 pesos) ni el total del boleto de compra venta; y mucho menos la operación completa. Sólo cobró 80 mil pesos en efectivo por parte de Schoklender, 20 mil pesos más como seña para comprar otras diez hectáreas y otros 175 mil pesos recibidos el 18 de marzo de ese mismo año mediante una transferencia bancaria, efectuada a través del banco Credicoop. La inmobiliaria remitió cartas documento a la Fundación en Buenos Aires intimando el pago del 50% faltante de la primera operación con copia a la municipalidad de Tartagal. En febrero de 2011, en declaraciones a El Intransigente, según Schoklender, el hospital no se inauguró dado que no pudo ser equipado como correspondía porque las autoridades provinciales no le habían dicho cuáles eran los equipos necesarios para hacerlo. Leavy le echó la culpa al Ministerio de Salud, luego de atravesar un juicio político por 18 causas, entre ellas enriquecimiento ilícito, en el que se lo declaró culpable. La Corte de Justicia salteña revocó la destitución pues alegó “vicios en el procedimiento”. Leavy siguió siendo intendente de Tartagal y se negó a hacer declaraciones para este libro. Públicamente, continuó desligándose de la estafa pues, “se trató de un proyecto privado”. Sin embargo, según el código tributario municipal, toda obra pública debe contar con la autorización previa de los planos. Para habilitar un medidor de luz de un particular es necesario un certificado de inspección expedido por la Municipalidad. Para habilitar un comercio se requiere la inspección y la autorización referente a las normas de seguridad e higiene. Sin embargo, para Leavy, cualquiera podía construir viviendas populares sin cumplir con requisito alguno. Tal vez fuera así, dado que se trataba de una institución con el respaldo y la historia de las Madres de Plaza de Mayo. Pero sería ingenuo creer que se invirtieron 140 millones de pesos sin mediar un acuerdo. En septiembre de 2011, el abogado Heredia, descubrió que el ingeniero Alberto Heredia, encargado de la obra de Tartagal y sin parentesco con el denunciante, había presentado ante EDESA S.A., la empresa de energía de Salta, una autorización de la Fundación para instalar la energía eléctrica y los estudios de factibilidad correspondiente. Heredia realizó el trámite acompañando el convenio que, según el intendente Leavy, nunca existió.

De Vaca Narvaja a Gerez

Schoklender, por suerte, ya está afuera de un lugar

que nunca debió ocupar.

FERNANDO VACA NARVAJA, 19 DE JULIO DE 2011,

MAIL AL AUTOR DE ESTE LIBRO

“La única persona que me está dando una mano es Fernando.” Natalia (quien no quiso aparecer en este libro con su nombre verdadero) presentó así a un ex encargado del obrador de Bariloche que la ayudaba en su reclamo y con quien yo debía contactarme. Todavía no había estallado el escándalo. El marido de Natalia trabajaba desde mediados de 2008 en el obrador del barrio 10 de diciembre en Bariloche, y su familia, al igual que otras tantas, había sido excluida de la adjudicación de viviendas. “No entiendo por qué en la página de la Fundación dice que se hicieron más de 100 casas cuando se hicieron 30 en dos años”, contó temerosa la joven madre de dos hijos. Cuenta Natalia que intentó comunicarse con la sede de la Fundación en Buenos Aires pero fue ninguneada por los asesores del ex intendente radical, Marcelo Cascón. También dice que escribió un mensaje en el muro de facebook de un “Sergio Schoklender” apócrifo, lo que posibilitó que la conociera. Natalia denunciaba que mucha gente había quedado fuera del censo para pedir vivienda y que varias familias habían conseguido su vivienda a través de contactos políticos. Otros ex empleados del obrador denunciaron el robo sistemático de materiales por parte de los encargados del obrador y las frecuentes y repentinas modificaciones en los planos que provocaban la continua demora en las obras.

Las denuncias se reprodujeron en el resto de los obradores. La estafa se realizaba de dos formas. En las obras más caras, como en el Chaco, se sobrefacturaba y se construían viviendas con precios superiores al mercado y por licitación directa, lo que generó la denuncia del presidente de la Cámara de la Construcción chaqueña. Según un informe de auditoría del Instituto Provincial de Vivienda bonaerense, elaborado en octubre de 2010 por la Subsecretaría Provincial de Desarrollo Urbano y Vivienda, en algunos proyectos de la provincia, las casas de la Fundación podían ser hasta un 551% más caras que otros planes habitacionales con las mismas características (diario La Nación, 19 de junio de 2011). Por ejemplo, las Madres recibieron 120.493.022 pesos para construir 748 viviendas en Tigre y en Almirante Brown, o sea, unos 161 mil pesos por casa, contra los 94 mil pesos que necesitaban otras organizaciones como la Corriente Clasista y Combativa o Cáritas. Las viviendas de las Madres son un 70% más caras. Si, en cambio, a las viviendas de la Fundación se las compara con las construidas en Avellaneda a 24 mil pesos la unidad, la diferencia alcanza ese 551%. Desde la Fundación, se argumentaba que el costo era superior pues tenían todo incluido. Dirigentes de la CCC declararon que el costo de la heladera o los muebles con que se entregaban las casas de la Fundación eran solventados por fondos extras, que provenían del Ministerio de Desarrollo Social. Para Schoklender, no pasar por una licitación pública significaba evitar la burocracia estatal y “llegar con las viviendas más rápidamente a la gente que las necesitaba”. Mientras la Fundación tercerizaba las obras en el proyecto privado de Schoklender, Meldorek, Aerolíneas Argentinas compraba aviones, en forma directa, en 700 millones de dólares a Embraer y Enarsa construía puertos sin compulsa legal. El 8 de junio de 2011, los subsecretarios Abel Fatala y Luis Bontempo declaraban ante la Comisión de Vivienda de Diputados que “el control de las obras lo hacían los municipios”. Sin embargo, el 6 de enero de 2011, el propio Fatala había firmado un convenio con el gobierno del Chaco en donde “se reservaba la facultad de realizar la supervisión de la obra”.

La otra forma de la estafa eran las obras inconclusas o de pantalla: La Fundación cobraba jugosas partidas por adelantado como en Tartagal. No se concluían ni se respetaban los acuerdos preexistentes. En Santiago del Estero, se proyectaron 616 viviendas con dinero ejecutado directamente desde el gobierno nacional pero se concluyeron menos de la mitad. Tan sólo 68 viviendas fueron inauguradas el 1º de septiembre de 2010, en el barrio Villa del Carmen, con la presencia de Bonafini, de Schoklender y del ex presidente Kirchner, en el que sería uno de sus últimos actos antes de morir.

Volviendo a Bariloche, luego del escándalo, Natalia pensó en encadenarse a los barrotes de la intendencia. Pero antes llamó a Hebe. Bonafini le contestó que tenía temas más importantes de que ocuparse y le aclaró que ese problema no era suyo, que ese asunto debían resolverlo entre los vecinos. En la intendencia le dijeron lo mismo. Natalia insistió y consiguió que en el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación tomaran sus datos y su reclamo. Pero nunca recibió una respuesta. Ante la indiferencia general, Natalia conoció a Fernando quien sí la escuchó.

Dos veces hablé telefónicamente con el llamado a secas “Fernando”. En la primera oportunidad no sabía de quién se trataba pues Natalia no me había dado su apellido. Al contestar su celular, Fernando intentó averiguar cómo había conseguido su número personal y, cuando le expliqué que era un periodista de Buenos Aires que estaba escribiendo la historia reciente de la Fundación, me dijo: “Se supone que nadie puede dar mi celular sin consultármelo. Y menos para un tema que es bastante delicado, ¿no?”. Fernando se sentía molesto. “No es sorprendente lo que pasó acá, hay un patrón que se repite en todos los otros obrajes”, aclaró. Le pedí que no se enojara con Natalia por facilitarme su celular y, finalmente, me dijo que me quedara tranquilo, “no soy un animal pero si sos periodista, lo tenés que entender”. En la segunda oportunidad, ya sabiendo de quién se trataba, intenté intercambiar correos electrónicos. Así contestó uno de mis mails: “Hace ya tiempo que luego de cientos de declaraciones de todo tipo contribuí a un debate necesario, donde nadie daba la cara y donde los llamados ahora ‘medios hegemónicos’ te trituraban y sacaban de contexto las opiniones. Hoy es otra la coyuntura y muchos compañeros pueden y deben dar continuidad a este debate. Respecto a la Misión Sueños Compartidos y Hebe en particular, no me voy a prestar ni sumar a las políticas de desprestigio. El caso Schoklender, por suerte, ya está afuera de un lugar que nunca debió ocupar, realmente es lo que puede definirse como un mal bicho. Hebe, como cualquier militante que cometió errores, sabrá autocriticarse, corregirlos y seguir adelante, como corresponde en honor a la memoria de muchos compañeros que hoy no están”. Fernando era Fernando Vaca Narvaja, quien había trabajado en el origen de Sueños Compartidos en Bariloche, ciudad a la que se mudó a mediados de la década pasada. Anónimo, Vaca Narvaja había organizado el desembarco de la Fundación en su ciudad mientras militaba con el precandidato a intendente, Julio Juan Arrieta, por el FPV, partido por el cual fue candidato a legislador en 2005. Pero Vaca Narvaja se había distanciado antes de que estallara el escándalo en mayo de 2011. Insistí en conocer los motivos de su distanciamiento, en sucesivos correos electrónicos, hasta que el ex montonero respondió: “Mi pelea con Sergio fue por los manejos que después se confirmaron. Creo que hay que reformular todo y falta todavía limpiar el equipo”. Nunca más supe de él. De Natalia tuve novedades cuando en septiembre de 2011 despidieron a su marido y al resto de los trabajadores. La indemnización por tres años de trabajo entre 9 y 10 horas diarias en el obrador, no fue la esperada y, en octubre de 2011, aún peleaba por una correcta liquidación de esos haberes. La casa propia sigue siendo un sueño. En octubre de 2011, el radical K Marcelo Cascón perdió la intendencia a manos del peronista Omar Goyé.

En Santiago del Estero, en agosto de 2011, 541 obreros de la Fundación comenzaron un plan de lucha en reclamo de la correcta liquidación de sus haberes que concluyó violentamente al enfrentarse con la policía provincial. Gerardo Zamora, uno de los gobernadores radicales aliados al gobierno nacional, atribuyó los incidentes al ex intendente de la capital santiagueña, José Luis Zavalía quien, a fines de 2011, denunciaba los supuestos nexos del gobierno local con el entonces secretario de Comunicación Pública, Juan Manuel Abal Medina. En Santiago del Estero, las relaciones políticas entre ambos gobiernos eran inmejorables. No así en Concepción del Bermejo, pequeño pueblo del Chaco, donde el intendente Pablo Curín confirmó que las obras de la Fundación venían digitadas desde la Casa Rosada o, en su defecto, por la simpatía que cada intendente tuviera con el gobernador. Curín jamás firmó un convenio sino que recibió el compromiso público de Capitanich y de la Fundación de que se construirían 102 viviendas. El intendente designó los terrenos para las obras mediante una ordenanza municipal pero, luego de ganar las elecciones legislativas de 2009, Curín se enteró del cambio de planes. El ministro de Obras Públicas provincial, Omar Judice, le dijo textualmente: “Te voy a cagar, pendejo de mierda, te voy a cortar todas las obras… ¡Qué me venís a ganar una elección!”. Curín es el intendente más joven del Chaco y gobierna uno de los pocos pueblos opositores a Capitanich. El gobernador garantizó que los noventa obreros del pueblo seguirían trabajando. Pero la arquitecta responsable, Carolina Acevedo, no volvió a aparecer por la localidad de nueve mil habitantes. Soledad, trabajadora del obrador de Villa Bermejito, contó que luego del escándalo los ingenieros de la Fundación, Javier Rondelli y Marcelo Cantín, se llevaban los aires acondicionados y los ventiladores. Sin embargo, esos mismos arquitectos fueron contratados por las cooperativas que se hicieron cargo de las obras. Soledad, luego de entrevistarse con el gobernador, recibió amenazas verbales entre las que le dijeron que le matarían a sus cuatro hijos y le incendiarían su casa. La mujer no quiso volver a hablar con nadie y dejó de reclamar la indemnización por los mil pesos que cobraba por quincena en el obrador.

En Almirante Brown, municipio gobernado por Rubén Giustozzi —el intendente del conurbano más votado en las elecciones del 23 de octubre de 2011— Gerardo Rosales y el resto de sus compañeros fueron despedidos a fines de julio de 2011. Rosales también menciona el robo sistemático de materiales por el responsable político, José Machuca, y por la UOCRA. En la Fundación, Rosales recibió ocho mil pesos de su indemnización en un cheque en mano del tesorero Sergio Gandolfo. Las cuatrocientas casas construidas en Almirante Brown fueron tomadas por los vecinos en octubre de ese año. En julio de 2011, cien empleados de la Fundación cortaron el tránsito en la ruta 197 a la altura del puente de Pacheco. Algunos de ellos denunciaron que, cuando trabajaban en los obradores de Barrio Cinacina (305 viviendas), San Pablo (300 viviendas) y Villa Garrote (280 viviendas), los obligaban a asistir a las marchas del gobierno nacional y de las Madres.

El 80% de las obras supuestamente realizadas en la provincia se ejecutaron en Tigre, el municipio de Sergio Massa, ex jefe de Gabinete nacional. Mirta Praino, presidenta de la Fundación Codo a Codo y militante del kirchnerismo, habló de las obras para este libro, en enero de 2011. La esposa de Luis Gerez, que protagonizó un sonoro (y confuso) caso policial cuando estuvo desaparecido durante 48 horas en Escobar en diciembre de 2006, habló sobre el presente de su marido: “Está trabajando en un buen lugar. Después de un año de estar sin nada, se enteró Hebe, lo mandó a llamar por un intermediario; Luis empezó a trabajar en el obrador de Castañares y aprendió el oficio. Ahora está en Cinacina, Tigre, es responsable territorial y está a cargo de la contención social y laboral de la gente”. Cuando se conoció públicamente el secuestro de Gerez se dijo que era un humilde albañil como Jorge Julio López. Sin embargo, según su mujer, recién fue años después cuando su marido aprendió ese oficio.

5. LA CAÍDA

Néstor nos devolvió la Patria que florece

todos los días en viviendas.

HEBE DE BONAFINI, 24 DE MARZO DE 2011

Tras la muerte de Néstor Kirchner, Hebe vio en Cristina a una mujer desolada. Divisó un futuro en que los halcones y las palomas que había en el Gobierno lo harían implosionar. Sintió que debía estar con la Presidenta. Ayudarla, obedecerla, darle fuerzas. Sergio, en cambio, vio la posibilidad de hacer nuevos negocios y comenzó a soñar con un futuro empresarial alejado de la política partidaria. Hacía más de un año que amenazaba con irse dando un portazo de la Fundación para dedicarse de lleno a sus proyectos personales, entre otros, Meldorek, su empresa constructora. Pero no era fácil tomar esa decisión pues el escudo ético de las Madres de Plaza de Mayo le abría puertas de los ministerios, las gobernaciones y hasta de la Casa Rosada. Sin Néstor, los informes y pedidos que enviaba semanalmente por correo electrónico a Carlos Zannini —el secretario legal y técnico de la Presidencia— entraron en un compás de espera: las respuestas se demoraban indefinidamente. Nadie sabía qué pasos daría ni cómo reaccionaría Cristina luego de perder a su compañero de toda la vida. Al igual que la Presidenta, Hebe tampoco se podía levantar de la cama y lloraba en soledad la pérdida. Pero debía ser fuerte y acompañar a Cristina más que nunca. Sentía que con los Kirchner, finalmente, en el ocaso de su vida, había ganado la batalla contra los oligarcas, la derecha reaccionaria y los milicos. Ella, una simple ama de casa, había transformado su dolor en lucha y su resistencia a todos los gobiernos pasados, en un apoyo incondicional a un modelo revolucionario. Se sentía una protagonista de la historia. Sergio, frío, insistía en ampliar sus proyectos y no podía esperar a que la Presidenta se recuperase pues necesitaba de fondos para no parar las obras. El amor entre ese hijo que había asesinado a sus padres y esa madre a quien le habían desaparecido sus dos hijos se estaba apagando. Las discusiones se volvían rutinarias. A Hebe le daban bronca los comentarios que le llegaban desde las altas esferas del poder, que decían que el “loco” de su hijo se animaba a putear y amenazar a funcionarios como José López, mano derecha del súper ministro Julio De Vido, a quien le exigía más plata para las obras. Schoklender creía que en un gobierno en donde todo vale, él también era impune pues sus negocios personales eran parte de los negocios de un sistema donde la corrupción no era la excepción sino la regla y donde lo privado se entrecruzaba con lo público. Schoklender seguía adelante, imparable. Cuando Hebe y Schoklender se encontraban para hablar de los próximos proyectos, siempre terminaban discutiendo acerca de la forma en que Sergio trataba a los funcionarios de Cristina:

—A mí tampoco me gusta ese López pero qué querés hacer. No podes manejarte así, no me hagas tener quilombo con Cristina.

—¡Me rompo el culo, voy y vengo por cada rincón del país y vos me venís a decir que no me maneje así! —se enfurecía Sergio en una nueva conversación en la que se volvía a colar el nombre del secretario de Obras Públicas, José López, a quien Sergio le reclamaba fondos para Sueños Compartidos, de forma inmediata, tal como sucedía antes de la muerte de Kirchner.

“Aporté todo lo que tenía, quince años de mi vida a las Madres y cinco años al proyecto más importante de construcción en la Argentina”, le repetía Sergio a Hebe, quien no entendía ni la ansiedad de sus reclamos ni cómo se animaba a contradecirla. Ella estaba acostumbrada a la obediencia absoluta pues el pequeño grupo de Madres que aún la seguía aprobaba sin más todas sus medidas.

Otro motivo de discusión era el grado de apoyo al Gobierno. “Cuanto más cerca estemos del Gobierno, si ellos no cumplen, más fuerte se oirán nuestras críticas si nos defraudan”, argumentaba Hebe. Pero la fascinación con el poder, algo inaudito en su historia personal, había borrado su rebeldía y el espíritu crítico de antaño. Sergio insistía:

—Hablá arriba para que se dejen de joder. Hago lo que me piden y sin la guita, ¿de qué me disfrazo con la gente?

—¡La guita está! Si vos dejaras de viajar y darte la gran vida, estaríamos mejor.

—Las Madres tienen que entender que la plata no crece como las plantas, si hacemos actos, pagamos folletos, vos jodés con eso de Las Cristinas, ¡qué Cristinas ni una mierda! No alcanza, tenemos a la gente que rompe las bolas… ¿Cuándo lo vas a entender?

—Si alguno se queja de algo, lo echás a la mierda, pero con Cristina no se jode.

Los entredichos no cesaban. Él la dejaba hablando sola y hacía la suya. Creía hacer lo que le habían encomendado: Un imponente plan de viviendas de inclusión social observado atentamente en toda América Latina. La lucha de egos se había desatado. Hebe sentía que Sergio le debía todo y que se comportaba de manera ingrata con ella. Él se creía más importante que la mujer que se había enfrentado a la más sangrienta dictadura militar de la Argentina. Repetía, entre sus amigos de confianza, que a él y sólo a él le debían el hecho de haber transformado a la Fundación en un emporio codiciado por los funcionarios y los gobernadores, más allá de las formas y los medios utilizados para alcanzar dicho fin.

Pero lo cierto es que las presiones de Schoklender a los funcionarios habían dado sus frutos. Sueños Compartidos estaba por conseguir financiamiento a través de los Créditos del Bicentenario con el apoyo del ministro de Economía, Amado Boudou, muy cercano a Bonafini. Si el crédito del Bicentenario era aprobado, Schoklender dejaría la Fundación para dedicarse a sus proyectos privados. En realidad, Schoklender hacía tiempo que quería retirarse pero Hebe le pedía que continuase pues Sergio, a pesar de bicicletear dinero, conocía como nadie la estructura de la Fundación.

En la precampaña electoral de 2011, en la ciudad de Buenos Aires, el kirchnerismo tenía tres candidatos y un cuarto, Abel Fatala, que quería colarse en la discusión. El progresismo, los docentes y lo que quedaba de la concertación conformada por radicales que se habían acercado al Gobierno apoyaban a Daniel Filmus para que intentara, otra vez, vencer a Mauricio Macri. El peronismo más tradicional sentía afinidad con el ministro de Trabajo Carlos Tomada. Abel Fatala había ganado notoriedad gracias a Sueños Compartidos. A Fatala lo apoyaba moral y hasta económicamente, la Fundación Madres de Plaza de Mayo, que se hizo cargo de la impresión de sus afiches y del libro sobre su gestión en el Ministerio de Planificación y Obras Públicas de la Nación. De hecho, las reuniones de campaña se realizaban en las aulas de la Universidad Popular de las Madres. Por último, estaba Amado Boudou que con su sonrisa y su discurso tribunero contra el Grupo Clarín y los monopolios se había ganado la confianza de la Presidenta de la Nación y de Hebe de Bonafini, quien decía quererlo como a un hijo. Otro hijo más. La candidatura de Boudou la apoyaba también el líder social Alejandro “Pitu” Salvatierra, quien se había vuelto conocido durante la toma del Parque Indoamericano y que era quien repartía los cuantiosos fondos que llegaban desde el Gobierno para la olvidada zona sur de la ciudad. También estaban con Boudou funcionarios como Guillermo Moreno, Gabriel Mariotto, Débora Giorgi, la agrupación juvenil La Cámpora y las Madres. El apoyo a Boudou no tenía medias tintas y el propio Salvatierra me diría que “el candidato es Boudou, sí o sí, si no se pudre”. El 24 de marzo de 2011, todos ellos se reunieron en el Mercado Central para lanzar formalmente la candidatura de Boudou y recordar el 35º aniversario del golpe cívico militar de 1976. Schoklender pronunció un encendido discurso en el que recordó a Néstor Kirchner como el desaparecido número 30.001 e hizo referencia a la instalación, en el Mercado Central, de la planta transmisora de amplitud modulada más grande del país, destinada a la radio de las Madres. Mencionó otros proyectos futuros como la construcción de viviendas en la zona. Se emocionó al mencionar al hombre que “tiene mucho para enseñarnos y que todos los días, desde la trinchera, da la batalla”. Así presentó Schoklender a Guillermo Moreno. Moreno tomó la palabra y habló de Papel Prensa y de la instalación de un modelo económico generado por “la llegada de un patriota en 2003”. Cuando le llegó el turno a Mariotto, dijo que sentía una confianza ciega en Hebe y elogió a Schoklender. Boudou, en la misma línea, auguró una victoria de Cristina en las elecciones de ese año y dijo que todos se reencontrarían hasta “con vos Sergio y con el Pitu que no se tiene que esconder porque todos formamos parte de un mismo proyecto”. La reescritura del pasado, la idealización del presente y los sueños compartidos del futuro estaban sintetizados en esos efusivos discursos en un Mercado Central repleto de militantes. Ese día, Hebe y Sergio casi ni se miraron. La relación ya estaba rota. Ya no podían convivir más dos maneras tan distintas de interpretar el presente e imaginar el futuro. Hebe creía que había que defender al gobierno de Cristina con cuerpo y alma y que la Fundación era necesaria sólo si la Presidenta así lo deseaba. Sergio pensaba en apoyar al Gobierno haciendo obras y también haciendo negocios con ellos y más allá de ellos. Hebe era dogmática; Sergio, pragmático. La relación que habían construido era tan fuerte que la separación no pasaría desapercibida.

Luego del 24 de marzo de 2011, y con la proximidad de las elecciones en la ciudad, los militantes de La Cámpora no paraban de ingresar en la Fundación, fundamentalmente, en la dirección de Educación a cargo de Edith Romero. Su supuesto objetivo era alfabetizar a los niños de las villas miserias. Juan Cabandié, candidato a primer legislador porteño, era el impulsor del proyecto cuyo verdadero fin era acomodar a sus militantes como empleados en la Fundación para que trabajasen en la campaña en la ciudad. Schoklender no soportaba “mantener una parva de vagos que viven del Estado”. En una ocasión, ingresó a los gritos en una oficina de la Fundación repleta de militantes de La Cámpora y les dijo que los echaría a todos. Hebe se puso del lado de los jóvenes camporistas, aunque a desgano, agotada. Lo que más le importaba a Hebe en ese momento era decir presente en los actos para mostrar públicamente su apoyo al Gobierno.

La última charla que mantuvieron no fue cara a cara sino por teléfono. Sergio le dijo que el crédito multimillonario estaba aprobado y que sería cursado a través de Meldorek. A Hebe le molestó su frialdad. Él le agradeció la gestión por el crédito con la Presidenta y le dijo que daría un paso al costado, tal como lo habían acordado. Hebe lo aceptó a regañadientes pero se encolerizó cuando Sergio le preguntó por la liquidación de sus haberes. “¿Vos estás loco? ¿Quién te pensás que sos?”, gritó nerviosa la Madre. “Quince años de lucha, de entregarme por las Madres, es justo que se me liquide lo que corresponde.” Hebe no esperaba ese último reclamo. “Sinvergüenza”, le gritó. Como lo recuerdan funcionarios del Ministerio de Planificación, Sergio Schoklender era alguien capaz de construir un imperio y también de derribarlo como si fuese un castillo de naipes. Un genio con una increíble capacidad de destruir su propio invento. La Fundación redactó una carta en la que mencionaba que la salida de Sergio no era un adiós sino un “hasta luego”. Schoklender dejaba un trabajo con un sueldo en blanco de 6.500 pesos mensuales. Según el abogado de la Fundación, Eduardo Barcesat, la cifra real era de 30.000 pesos. Hebe y Schoklender nunca más volvieron a hablar. Comenzaron a manejarse a través de intermediarios como Pablo Schoklender y el resto de los directores administrativos del consejo de la Fundación. Faltaban quince días para que la salida de Schoklender fuese pública.

La partida de Schoklender

Construir, construyen muchos, pero construir

para otros, no tantos.

CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER, INAUGURACIÓN

DEL OBRADOR CASTAÑARES, 10 DE FEBRERO DE 2011

“Esto no hubiese pasado con Néstor Kirchner vivo.” El hombre que conoce los pasillos de la Casa Rosada es terminante. ¿Se refiere al escándalo mediático o a la salida de Schoklender de la Fundación? “Ambas. Cuando Néstor vivía estaba presente en cada cosa que pasaba en el país. Sabía todo. Néstor lo hubiese manejado de otra forma.” Schoklender no hubiese podido llegar adonde llegó sin la necesaria complicidad de un sistema, conformado por poderes (ejecutivo, judicial y legislativo) que miraron para otro lado. Se archivaron denuncias, se silenciaron protestas y se continuaron subsidiando costosas obras sin importar si el dinero era utilizado correctamente. El fin justificaba los medios. No importaban las nefastas condiciones laborales en que se desempeñaban los empleados de la Misión Sueños Compartidos, ni la ausencia de controles y mecanismos de seguridad en las obras, ni el clientelismo, la falta de transparencia en la adjudicación de viviendas, la utilización de matones a sueldo para acallar protestas ni la obligatoriedad de asistir a marchas políticas partidarias de las Madres de Plaza de Mayo o del gobierno nacional. Es más, ex empleados de la Fundación recuerdan haber asistido a actos en apoyo a Hugo Moyano e incluso a actos de funcionarios de segunda categoría del conurbano bonaerense. Cada 24 de marzo debían dar el presente y también debían hacerlo en todos los actos para apoyar a Cristina Fernández.

Sergio explotó los huecos de un poder que lo dejó hacer a su antojo. Emergió del mismo sistema corrupto que después lo desechó. Hebe hizo la vista gorda aunque, cuando a su Hijo le bajaron el pulgar, aguantó hasta donde pudo sus desaguisados. Cuando Schoklender hizo temblar las bases que lo sustentaban, el poder real le soltó la mano. Se lo sacó de encima sin investigar ni preocuparse si el sistema ideado por este suspicaz hombre estaba tan corrompido como su creador. No lo hizo pues ese sistema había sido creado con la misma lógica del oficialismo para que se reprodujera bajo su paraguas protector, al margen de la ley, evadiendo controles y licitaciones públicas, imponiendo sus viviendas ante gobernadores e intendentes. Aunque había algunos políticos en desacuerdo como la radical Aída Ayala en Resistencia o Mauricio Macri en Buenos Aires, muchos otros estaban totalmente de acuerdo, y veían la llegada de las obras de las Madres como una muestra de cercanía con la Casa Rosada.El gobierno subvencionó a la Fundación porque, en teoría, Sueños Compartidos era un proyecto inédito y extraordinario. No sólo era un proyecto para construir viviendas sino un modelo de inclusión social con escasos antecedentes en la Argentina. En la práctica, resultaba una oportunidad perfecta para contentar a Bonafini, el máximo símbolo de los derechos humanos, a quien había que tener de aliada del modelo nacional y popular para que el relato no sufriera fisuras. Sólo el kirchnerismo pudo juntar en cientos de actos a dos símbolos de la lucha social como Estela de Carlotto y Hebe de Bonafini, a pesar de que se odiaban y ni siquiera se saludaban. Volviendo a la Fundación, ésta también era una forma de lavar dinero, que reingresaba a la política a través de contratos a militantes, clientelismo en marchas y financiamiento de campañas de funcionarios de primer o segundo orden.

En los últimos años se había tercerizado la represión y la persecución al disidente, como así también la corrupción. Los funcionarios se seleccionaban entre parientes y amigos, hombres o mujeres sin escrúpulos que se movían como testaferros, accediendo a información sensible para ganar licitaciones, convertirse raudamente en contratistas del Estado y desempeñarse como cajeros de su padrino político.

La Fundación se conformaba por una base simbólica —la superestructura— donde se desarrollaba la Universidad Popular, la radio, el periódico, el espacio para la memoria y la organización de cursos, talleres y seminarios. Ésa era su cáscara. Pero su estructura, lo que la solventaba política y económicamente, era un programa de inclusión social y de construcción de viviendas. El corazón de un organismo de derechos humanos se había convertido en empresa contratista del Estado. Para el oficialismo, atacar el fin y la función de la Fundación era autoflagelarse, pues, en primera y última instancia, ambos, eran lo mismo. Como me dijo un día Alejandro Salvatierra, “la Fundación es el Gobierno”. Pero Sueños Compartidos no podía subsistir sin Sergio. Eran indisolubles. Y así fue. En los meses siguientes al escándalo, en reemplazo de las obras enmarcadas dentro del programa de viviendas, se erigieron emprendimientos con bases para nada transparentes, sin la grandilocuencia de su creador pero también manejadas con manos de hierro y métodos clientelares. Aquellos que advirtieron los peligros y denunciaron las arbitrariedades y el cinismo instalados en la organización protegida por el gobierno, fueron excluidos como parias o directamente expulsados. El sistema corrupto se sacó de encima a su creador, al que aisló como una especie de Frankenstein. Lo hizo, al tiempo que enfriaba las causas con sus jueces amigos. Muchos intentaron evitar que aquel monstruo autodidacta se volviera contra el sistema. “Quedate tranquilo que ellos —por la Presidenta y su entorno— no se olvidan de sus amigos”, le habría mandado a decir a Schoklender el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, a través de Fernando Pocino, alto mando de la Secretaría de Inteligencia, en un encuentro realizado en julio de 2011, en un bar cercano a la casa de Viviana Sala. Mas todo fue en vano. Schoklender no les hizo caso. Sabía que el escarmiento público no se detendría, más allá de si terminaba o no preso. Él no era Ricardo Jaime o Claudio Uberti quienes, a pesar de los supuestos hechos de corrupción, podían caminar por la calle sin temor a ser reconocidos. Él no. Su historia lo había transformado en el centro de la atención periodística. Sabía que en el Gobierno le debían mucho pero que, tras el escándalo, ningún funcionario le iba a tender una mano en público. Estaba solo. Schoklender aguardó su momento y, conocedor del funcionamiento interno de los vínculos entre los fondos públicos y el financiamiento de una campaña política, se dedicó a embarrar todo y a todos —desde aceptar que existieron los sobreprecios y las tasas de retorno en las obras públicas hasta ensuciar a los funcionarios del Ministerio de Planificación Federal y a admitir que, si algo estaba sucio en la Fundación, todos, incluso la Presidenta, lo sabían. Su objetivo: que se acelerasen los tiempos de su situación judicial, y que le levantasen el embargo sobre sus bienes para así poder continuar con su empresa privada como si nada hubiese pasado. Como abogado sabía que si era declarado culpable de algún delito, difícilmente dejaría de estar implicada también la hija de Bonafini, quien había comprado departamentos y realizado viajes por el mundo, injustificables en base a su patrimonio personal. Antes de que todo estallara, Schoklender había dejado tantas pistas a la vista, que sólo se podía comprender suponiendo que él se imaginaba a sí mismo como un ser impune, intocable. Esto lo demuestran contratos con firmas adulteradas, como el de Miriam Aquino o aquel firmado en Tartagal, que sólo pudieron realizarse con la complicidad de funcionarios del Ministerio de Planificación y Obras Públicas de la Nación a pesar de las decenas de testigos que observaban cómo Sergio se manejaba por los despachos de las gobernaciones como si fuese el amo y señor del reino. Los funcionarios que lo trataron, en el Ministerio de Planificación o en las Subsecretarías de Obras Públicas, lo veían como el protegido de Hebe, como un ser extremadamente inteligente e inventivo, un seductor, un obsesivo y un loco violento. Como dijo para este libro un alto funcionario nacional, “para estar con Hebe había que tragarse y aguantarse ese sapo que era un genio y un destructor al mismo tiempo”. Como la propia Hebe lo describió alguna vez, Sergio era eso y mucho más. Un psicópata con distintas personalidades, con sus matices, tan similar a ese poder que lo convirtió en rico e intocable y luego, en su chivo expiatorio.

Schoklender caería en desgracia. Un grupo de cooperativas o empresarios de la construcción amigos del poder ocuparían su lugar sin llamar tanto la atención. Desde el Movimiento Evita, liderado por Emilio Pérsico, en el obrador de Castañares y en Rosario, pasando por los manejos de Alejandro Salvatierra en Villa 15 con una cooperativa llamada “Federación”, hasta los empresarios de la construcción que surgieron tras el escándalo en el Chaco posiblemente vinculados con el gobernador, todos tenían algo en común: guiño político, escasos controles y nulas licitaciones.

Escarmiento público

El 26 de mayo de 2011 fue el Día D. Por la noche, el canal TN informaba que Sergio Schoklender había dejado de ser el apoderado de la Fundación Madres de Plaza de Mayo tras una violenta pelea callejera con Pablo, su hermano menor. Al día siguiente, las portadas de los principales matutinos se hacían eco de la noticia. ¿Quién había acercado esa jugosa información a las redacciones periodísticas? Fuentes cercanas a Hugo Moyano relatan que en las semanas previas a la salida pública de Schoklender de la Fundación el sindicalista estaba disgustado con el Gobierno y temía por su futuro político. En ese momento, lo tenían en jaque varios asuntos: la presión mediática en torno al avance de causas judiciales relacionadas con la mafia de los medicamentos (a cargo del juez Norberto Oyarbide, quien también estuvo a cargo de las causas más importantes de corrupción de los últimos años), la estafa contra el Estado por los reintegros de los Programas Especiales (a cargo del juez federal Claudio Bonadío, en la que también se investiga a la mujer de Moyano), el exhorto pedido por Suiza y su pasado durante los años ’70, en que se lo acusa de tener relaciones, en Mar del Plata, con autores de delitos de crímenes de lesa humanidad, cometidos por la Triple A. A su vez, el juez Ariel Lijo también investigaba una cuenta de casi dos millones de pesos a nombre de Covelia, empresa encargada de la recolección de basura en el conurbano bonaerense y señalada como propiedad del líder sindical. Algunos referentes de la oposición hablaban de una feroz interna en el Gobierno y aseguraban que el Poder Ejecutivo le había soltado la mano y que el líder sindical estaba por caer.

Para colmo de males, el 11 de mayo detuvieron a un custodio llamado José Carlos “el gordo” Mora, hombre que hacía diez años trabajaba como fuerza de choque del líder sindical y de su hijo Pablo. Mora se encontraba prófugo, acusado del asesinato de Ramón Salvador Vallejos en el año 2000. Cuando lo encontraron, también secuestraron 300 gramos de cocaína en su domicilio en Lanús, donde el personaje había liderado la barra brava del club local desde los años ’80, para luego refugiarse en la obra social de camioneros. Pablo Moyano seguía de cerca el caso.

Luego de destaparse la olla, Moyano sufrió un extraño embate mediático que fue noticia por 48 horas y luego se esfumó repentinamente. Empleados de Cliba y AESA bloquearon la noche del 3 de junio la salida de camiones recolectores de basura de esas empresas y, a la mañana siguiente, realizaron un corte total de las avenidas Figueroa Alcorta y Sarmiento en Palermo. Denunciaban a la obra social de camioneros (Oschoca) por demorar cuarenta horas en atender al paciente Gustavo González quien debía ser operado de urgencia luego de un accidente cerebrovascular. El trabajador de treinta y tres años había fallecido horas antes de la protesta. La hermana del muerto, Jesica, pedía ante las cámaras la presencia del líder de la CGT, a quien responsabilizaba del terrible desenlace. Además, aseguraba que la mujer de Moyano, Liliana Zulet, administradora de la obra social, había intentado silenciar las protestas con sugestivas llamadas telefónicas a su familia. Por la noche, en una breve conferencia de prensa, Moyano aseguró que detrás de la protesta había un “componente político”.

Moyano y el Parque Indoamericano

Los hechos ocurridos en la ocupación del Parque Indoamericano en diciembre de 2010 nunca fueron explicados ni por el gobierno nacional ni por el municipal. La toma fue un cimbronazo político para el gobierno nacional, marcó la caída en desgracia del jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, y el ascenso de su enemiga interna, la ministra Nilda Garré, quien pasó a manejar a la Policía Federal. El Indoamericano fue el primer paso en falso de Sergio Schoklender, ya que desde el obrador del barrio de Los Piletones se habrían tirado los disparos que provocaron la primera de las tres muertes que produjo la toma. Según los datos oficiales del Censo 2010, la población en las villas y asentamientos creció el 52,3% en los últimos diez años, lo que representa la mitad del crecimiento total poblacional en la ciudad de Buenos Aires. El éxodo de paraguayos, bolivianos y peruanos desde sus países de origen (censados 65.039 habitantes más que diez años atrás) y el crecimiento de las villas, que representan el 33% de la comuna conformada por los barrios de Villa Lugano, Soldati y Riachuelo, son las causas de la creciente demanda de viviendas que se reflejó en la toma del Indoamericano. El boom inmobiliario de la Ciudad de Buenos Aires, los desalojos express, el aumento de los alquileres de los departamentos y la devaluación de 2001 fueron las causas económicas que motivaron a cientos de familias a abandonar sus barrios y provincias para mudarse a las villas y asentamientos de la Capital y el Conurbano.

El descontento de los vecinos de las villas 15 y 20, hartos de promesas inconclusas, el aprovechamiento de punteros barriales por conquistar poder territorial, y la ausencia del Estado —tanto nacional como municipal— en la zona sur fueron las causas políticas y sociales de la toma. El Indoamericano fue la ocupación de espacio público más populosa —estuvieron presentes con sus carpas más de 13.300 personas— de los últimos veinte años y dejó un saldo de tres muertos. Los ocupantes se fueron del parque, repentinamente, luego de las gestiones del gobierno nacional que les prometió una vivienda propia. Nueve meses después, el gobierno nacional y el municipal, comenzaron a trabajar en un plan de viviendas, dividiendo a los ocupantes por su barrio de origen.

Diez días antes de la toma del Indoamericano, el jefe de Gabinete del gobierno de Mauricio Macri, Horacio Rodríguez Larreta, anunció que se entregarían títulos de propiedad a los habitantes de las villas porteñas, quienes podrían comprar y vender su casa legalmente si cumplían con el pago del ABL correspondiente (alumbrado, barrido y limpieza). Esa supuesta medida afectó los alquileres en los barrios carenciados que representaban un 30% de los habitantes, generando una ilusión desmedida. “Si a las villas las blanquean”, pensaron algunos oportunistas, “ocupemos nuevos terrenos, que es un gran negocio”. En la toma del Indoamericano se mezclaron la especulación y la espontaneidad. Según versiones de los vecinos, la ocupación nació por el descontento de punteros vinculados a Blanca Arce —dirigente de la Villa 1-11-14— con el creciente poder de Enrique “el comandante” Rodríguez que necesitaba hacer caja. La idea era presionar al Gobierno usurpando terrenos públicos y luego, ante la presencia de los medios, arreglar la salida por intermedio de suculentos subsidios. Tanto Arce como Rodríguez aumentaron sus negocios a través de distintas cooperativas, constructoras y subsidios. La disputa entre ambos se generó por una concesión y un contrato no entregado. “El comandante” fue funcionario durante la intendencia de Carlos Grosso, en la que alcanzó el cargo de director de Tránsito. En esa época, un programa de televisión lo escrachó vendiendo licencias truchas de taxi y terminó preso por ese delito. Regresó al Gobierno de la Ciudad durante la gestión de Jorge Telerman en el Instituto para la Vivienda y se afianzó durante el macrismo gracias a sus vínculos con el legislador Enzo Pagani de la bancada del PRO y con su ex esposa, Karina Leguizamón, dirigente histórica del peronismo de la ciudad, donde llegó a ser secretaria de Víctor Santa María, sindicalista que preside el Suterh. La fuerte llegada de Mauricio Macri en los barrios más postergados de la zona sur se debe a su alianza con las estructuras tradicionales y clientelares del peronismo local donde Pagani funcionaba como un gran moderador de necesidades. Su ex mujer y el citado legislador idearon la UGIS —Unidad de Gestión e Intervención Social—, donde ubicaron al joven Federico Angelini. Según denuncias de la oposición, la UGIS fue una creación del gobierno macrista para gestionar cooperativas de dudosa procedencia. En diciembre de 2008, en una de las pocas entrevistas que concedió Angelini, se defendía diciendo que “antes esto era un gran negociado”.

La presencia de Schoklender en la toma fue notoria y poco feliz. No sólo apareció en los medios pidiendo la recuperación del orden sino que varios testigos afirman que la noche en que se produjeron las muertes de Bernardo Salgueiro y Rosemary Puqueña, gran parte de los disparos los efectuaros sus matonesdesde las obras de Los Piletones. En testimonios televisivos, el propio Schoklender admitió que estaba presente a las tres de la mañana en el Parque cuando fue informado de que habían intentado tomar a los tiros el obrador con anuencia de la Policía Metropolitana. Luego fue a la comisaría a denunciar a un grupo de personas que “envenenan a los chicos con el paco”. “Eso es lo que está construyendo Macri en la ciudad”, declaró Schoklender. Lo que no relató públicamente fueron los motivos reales de su presencia esa noche. Schoklender no exigía la represión para cuidar a los niños del narcotráfico, sino porque el fin de semana anterior a las primeras dos muertes, personas provenientes de la Villa 1-11-14 estaban armando sus asentamientos en una zona lindera a la obra de Los Piletones frente al Indoamericano. Los asentamientos se levantaban en una parte periférica, donde había yuyales, matorrales y ratas. Era una amenaza para la imagen de la Fundación y, por la noche, los matones de Schoklender que respondían al histórico puntero de la Villa 20, el ex boxeador Marcelo Chancalay, caminaban la zona iluminando los rostros de los ocupantes con linternas de forma amenazante mientras les mostraban sus armas. Pero los primeros ocupantes no se dejaron amedrentar fácilmente. Se acercaron a las rejas del obrador y las golpearon con palos. Esa madrugada, volaron piedras e inclusive sonaron disparos al aire, efectuados por la seguridad de las Madres. Al día siguiente, el propio Schoklender se hizo cargo de la situación. Ni la Fundación ni su presidenta, Hebe de Bonafini, jamás desmintieron las palabras de su apoderado, en las que vinculó la toma con bandas de narcotraficantes. El patoteo y las amenazas, en la zona, tampoco fueron motivo de cuestionamiento por el núcleo de la Fundación.

José Marcelo Piñero, líder vecinal, quien estuvo presente en la Casa Rosada junto con otros referentes sociales para solucionar el conflicto del Indoamericano, asegura que durante la toma y luego del censo efectuado por Sergio Berni, hombre de confianza de Nilda Garré y de Alicia Kirchner, Schoklender les propuso un negocio. Piñero presenció el diálogo y lo relató antes de que el apoderado dejara la Fundación: “Acá nosotros no les vamos a dar bola a lo del censo. Le vamos a dar bola al censo que hagan ustedes. Pongan los nombres y el número que necesiten”.

La propuesta consistía en aumentar el número de personas censadas para que, con esa información, Schoklender pudiera presentarse ante el gobierno nacional a reclamar más fondos para construir viviendas. A mayor cantidad de interesados en viviendas, mayores subsidios, habría pensado Sergio en un intento de negocio propio sin consultar a nadie dentro de la estructura gubernamental. Si el gobierno porteño no les da comida o colchones, hablen conmigo, les dijo a los ocupantes del parque en esa reunión. Pero el negocio no cerró. A nadie le interesó la propuesta o, en todo caso, no tuvieron tiempo de responder pues Schoklender se esfumó del parque en los días siguientes.

La presión de los medios y de la opinión pública crecía; más aún, luego del discurso presidencial que coincidía con las imágenes televisivas de un grupo de hombres que bajaban por la fuerza de una ambulancia del Same a Julio Valero, el joven de 19 años de nacionalidad boliviana que salvó milagrosamente su vida tras la golpiza que le propinaron sus captores con intención de rematarlo en el piso bajo el desconcierto del médico Julio González. Aunque en un primer momento se lo consideró el cuarto muerto, Valero apareció días después internado con un cuadro grave y politraumatismos en el hospital Álvarez. En cambio, Diosnel Pérez, dirigente social de la Villa 20 del Movimiento Darío Santillán, no concuerda con esa versión pues nunca más vio a Valero en el barrio ni supo de él. Mientras tanto, en el parque los disparos eran cruzados y provenían de todos lados. Los primeros tiros habrían sido efectuados desde las obras de la Fundación para amedrentar a los iniciales ocupantes del Indoamericano. Luego, tiraban punteros barriales, barrabravas enviados por el gobierno porteño y también desde autos que pasaban esa noche por los alrededores del parque.

El discurso xenófobo del jefe de Gobierno porteño tuvo el respaldo de gran parte de los vecinos de Soldati y Lugano e incluso de la titular de la Fundación Madres de Plaza de Mayo. Bonafini no era ajena a las demostraciones de racismo.

En marzo de 2010, Raúl Castells cumplía un ayuno en Plaza de Mayo para apoyar a la comunidad boliviana que lloraba la muerte de un compatriota asesinado por una banda de narcotraficantes. Era jueves. Cuando Hebe de Bonafini y Sergio Schoklender llegaron al lugar, intentaron sacarlos a los golpes mientras gritaban “la Plaza es nuestra”.

A Benicio, un ex trabajador del obrador de Castañares de Sueños Compartidos, lo echaron, a comienzos de 2011, por quejarse de las condiciones laborales imperantes y, encima, ser boliviano.

Piñero confiesa que no fue al Parque espontáneamente y Margarita Barrientos, la referente de Los Piletones, denunció a los punteros políticos de su barrio por arrear a sus vecinos hacia el Indoamericano. En esos días, el comedor de Margarita Barrientos permanecía cerrado. Nadie se acercaba a comer mientras las camionetas con el cartel “Vamos Cristina 2011” desembarcaban en las cercanías del parque.

Luego de las primeras dos muertes, ya todos lo conocían a Alejandro Salvatierra. Ante las cámaras de televisión se había presentado como apolítico, como un vecino que venía a ayudar a los presentes y dirigía sus críticas tanto contra el gobierno de la ciudad como el nacional. Su discurso más tarde mutaría hacia el kirchnerismo explícito. No fue casual. El gobierno tenía que meter a alguien allí. Di Filippo reconoció a Salvatierra, cuando lo vio pegado al alambrado del parque cerca de Miguel Mope Eviner, reconocido puntero de la zona. Cuatro días después, ya era considerado por los medios el líder del Indoamericano. Sus reflejos y los del gobierno nacional habían sido sorprendentes. La cacería había concluido y el orden comenzaba a restituirse. Durante la toma se habían producido hechos dantescos como una reunión en las oficinas de la Unidad de Gestión de Intervención Social —UGIS— entre los referentes de las villas, el citado Chancalay y diputados porteños. En esa reunión el ex boxeador amenazó a Di Filippo, quien cuestionaba al Gobierno de la Ciudad por no querer instalar baños químicos ni proveer de agua potable a los ocupantes. Chancalay defendía a Macri y atacó a los diputados opositores amenazándolos con que era capaz de cualquier cosa. Lo increíble del hecho es que, cuando se serenó, Chancalay se retiró a su propia oficina, dentro de la UGIS. Si bien el ex boxeador había trabajado para Schoklender, luego del escándalo comenzó a criticarlo por “mandarse varias cagadas”, como diría para esta investigación. Con Schoklender alejado, comenzó a operar con Abel Fatala, dentro del Ministerio de Planificación y Obras Públicas, para quedarse con el obrador de Castañares.

El Indoamericano también marcó el esplendor de la figura de Alejandro “Pitu” Salvatierra, quien me anticipó doce días antes del escándalo la salida de Schoklender de la Fundación y, sin darse cuenta, admitió que esa institución era el mismísimo Gobierno.

A principios de 2011, conocí la singular historia de una joven que había perdido un ojo. La mujer vivía en un barrio carenciado y había sido despedida de la Fundación, sin causa, tras quedar embarazada. Ése fue el disparador de este libro.

Teresa Fátima Vera fue la primera en hablar de trabajo insalubre, malos tratos y de capataces que se comportaban como matones con frondosos prontuarios y los mejores sueldos dentro de la Fundación. El caso de Vera no era una excepción. Quien quería saber, sabía. “Pitu” finalmente tenía razón. El apoderado de la Fundación ya no estaba. Lo habían echado tras una supuesta pelea con su hermano Pablo, quien pasaba a dirigir la entidad. La disputa, según informó Clarín, era por el manejo financiero de la entidad. Esa pelea callejera fue escandalosa. Una empleada de la Fundación, muy cercana a Hebe, presenció con varios compañeros los gritos estremecedores de Pablo a Sergio acusándolo de ser un cagón. “No hiciste lo que tenías que hacer”, le reprochaba el menor de los Schoklender a su hermano. “Calmate, serenate, hablemos tranquilos”, respondió un Sergio asustado ante la inusitada violencia de Pablo. “Otra vez, como hace treinta años tengo que hacerlo yo, siempre fuiste un cagón”. Como en aquella noche del 30 de mayo de 1981, el hermano menor manipulaba psicológicamente al mayor para que tomara una rápida decisión. Sergio intentó que su hermano entrara en razones para que siguiera en la Fundación. Algunos creen que la estrategia de Sergio era aparentar que él dejaba su puesto por motivos personales para que su hermano tomara las riendas de Sueños Compartidos. La pelea entre hermanos también habría sido parte del “operativo despiste” que se confeccionó para desviar la atención de la prensa. Pero las discusiones por el manejo de la Fundación y los negocios particulares entre los hermanos minaron la posibilidad de realizar ese plan. El 11 de noviembre de 2011, en los Tribunales de Comodoro Py, Sergio se refirió a esa pelea, para este libro. Dijo que “Pablo como Hebe se dejaron usar por el Gobierno y se olvidaron de la gente, lo otro es anecdótico”.

Si fuese cierta la versión de que el Indoamericano significó el comienzo del fin de Schoklender en la Fundación, ésta resultaría benévola para con la estructura de la Fundación Madres de Plaza de Mayo y con la persona de la propia Bonafini. Lo cierto es que la escandalosa aparición de Schoklender no fue motivo suficiente para que Hebe saliera públicamente a diferenciarse de Sergio. Luego del escándalo, según la propia Bonafini, hacía más de un año que ella misma conocía algunas cosas de Sergio y ya venían teniendo diferencias de criterio y de formas en el manejo de la Fundación. Es posible que las apariciones públicas de Schoklender durante la toma molestaran en el seno del gobierno nacional pero, en ese interminable diciembre, las principales preocupaciones pasaban por otro lado. Faltaba otro capítulo en esta historia en la cual Schoklender iría ganando nuevos enemigos cada vez más poderosos y más cercanos a la Presidenta.

También es cierto que después de la toma del Indoamericano, personas cercanas a Moyano comenzaron a moverse por los barrios y a conversar con los vecinos disgustados por el manejo político de la situación. El periodista Mariano Obarrio, en el diario La Nación del 26 de mayo, escribía que “el entorno moyanista accedió a información de punteros barriales disconformes con el manejo de las viviendas y la usó para presionar a la Casa Rosada. La trama del escándalo comenzó cuando se supo que un conocido puntero kirchnerista de Villa Soldati, descontento con el manejo de las viviendas de Madres de Plaza de Mayo, dio información al entorno de Moyano sobre las irregularidades que implicarían a Schoklender y al Gobierno”. A comienzos de junio de 2011, cuando el escándalo era público, Hugo Moyano dio a entender que quería desembarcar en el negocio de la construcción de viviendas. En el caso de una victoria en las elecciones de octubre, el líder de la CGT deseaba disponer de más de 1.000 millones de pesos para ese fin. El sindicalista expuso sus planes en la ciudad de Esquel. “Hablamos con el intendente sobre la posibilidad de hacer un plan de viviendas”, dijo. Los medios gráficos no prestaron atención a ese pedido y prefirieron levantar la frase: “Cuando exista un presidente que provenga de los trabajadores, se acabará el hambre en la Argentina”. A esa altura, fuentes cercanas a Moyano se animaban a cuestionar abiertamente a Sueños Compartidos y a recordar que desde 2009 ellos tenían en proyecto un plan de créditos para los afiliados para construir viviendas. Schoklender niega que, detrás del escándalo, estuviera la sombra de Moyano. “Es un disparate”, afirma mientras que explica la difusión del escándalo por una interna dentro de la Fundación, específicamente, de la oficina de Prensa. Antes de que la información fuese publicada en los matutinos, la Presidenta habría recibido los reportes pertinentes, por parte de los servicios de inteligencia, informándole que el tema tenía vinculaciones con altas esferas del Ministerio de Planificación Federal, que las cuevas financieras donde cambiaba los cheques la Fundación eran las mismas que donde lo hacía Sebastián Forza, empresario asesinado por estar involucrado en la mafia de los medicamentos, y que si no se manejaba la situación, su imagen pública podía quedar dañada. Pidió que apartaran al apoderado de la Fundación de forma urgente. Había que abroquelar a Hebe y, a su vez, alejarla de la Presidenta. Sin embargo, una duda persiste. ¿Fue la propia Presidenta quien decidió que Schoklender debía abandonar la Fundación o la sugerencia había llegado a oídos de la primera mandataria desde afuera del país? ¿Cuál había sido el detonante?

6. LOS ÚLTIMOS DÍAS

No soy una madre de Plaza de Mayo ni lo quiero ser.

SERGIO SCHOKLENDER, 28 DE MAYO DE 2011

En octubre de 2006, el jefe de Gobierno porteño, Jorge Telerman, convencido del proyecto, le había encargado a la Fundación una parte de la construcción de viviendas populares en la ciudad. Al año siguiente, Néstor Kirchner tomaba el tema como propio y veía en su creador a un “loco lindo”, a quien apoyaba al 100%. Cuando se inauguraron las primeras viviendas en la Villa 15, el helicóptero que llevaba al ex presidente aterrizó en el centro de Ciudad Oculta, levantando una gran polvareda a su alrededor. Lo esperaban Telerman, sus ministros, Hebe de Bonafini y las Madres. Cristina observaba la situación. Kirchner buscó con la mirada a Schoklender, a quien encontró entre sus asesores y los funcionarios de la ciudad, quienes peleaban por conseguir la preciada foto a su lado. No bien lo vio, Kirchner se acercó a él y le dio un efusivo abrazo. El Hijo se codeaba con el poder y, además, el poder lo escuchaba. Tras la muerte de Néstor Kirchner, ese “loco lindo” se transformaría en un “loco” a secas. Ya no estaba el hombre que levantaba el teléfono para ordenar que se liberaran los fondos necesarios para construir viviendas que la burocracia estatal trababa.

En cambio, a Cristina Fernández, Schoklender nunca le había caído simpático y el sentimiento de desagrado aumentó luego de la muerte de su marido. Por su parte, Sergio no hizo nada para cambiar su imagen. Mientras tanto, Hebe mantenía el trato directo con la Presidenta y le demostraba su amor incondicional en cuanto acto hubiese. No sabía cómo llamar su atención y hacía todo lo posible para complacerla. En su fervor, Hebe llegó a pedir que los jueces de la Corte de Suprema nombrados durante el gobierno de Kirch ner se bajasen los sueldos y los trató de coimeros. Hebe llevaba al extremo el apuro del gobierno por aplicar la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y soñaba con incorporar un canal de televisión digital financiado por el Gobierno a su pequeño multimedio. No le alcanzaba con tener un programa en la Televisión Pública y otro junto con Teresa Parodi en el canal paraoficial CN23, propiedad del empresario Sergio Szpolski. Se acercaban las fiestas de fin de año y Hebe creía que su peso dentro de la estructura kirchnerista se mantenía en pie a pesar de las locuras de su protegido. Sin embargo, los odios, recelos y envidias que despertaba Sergio fuera de la Fundación se hacían cada vez más evidentes.

El 24 de marzo de 2011, en el Mercado Central, Schoklender pronunció un encendido discurso recordando al ex presidente Kirchner. Lo hizo llamándolo el desaparecido 30.001. Amado Boudou, en ese momento precandidato a jefe de Gobierno, lo celebró. Luego del escándalo, Schoklender afirmaría que el ex ministro de Economía estuvo a punto de ser parte de Meldorek, su empresa constructora beneficiaria de las obras públicas otorgadas a la Fundación. Seductor e inteligente, el carismático ministro tenía algunas similitudes con el apoderado de la Fundación. Amado y Sergio no competían por la atención de Hebe sino que eran compinches, casi como hermanos. Ambos la necesitaban. Pero, mientras que Amado tenía una relación muy estrecha con la Presidenta, Sergio había caído en desgracia por sus insoportables cambios de ánimo, sus raptos de violencia, su intolerancia y porque sin Néstor su negocio temblaba. Se había quedado sin interlocutor.

Tras el escándalo, el matutino Ámbito Financiero titularía “Hebe echó a Schoklender por sus conductas anti-Cristina”. La nota hacía referencia a la última pelea entre Hebe y Sergio, que tuvo lugar el 13 de mayo de 2011, cuando la Madre le dijo: “Yo soy un soldado de Cristina”. Y así era. Mientras Bonafini oficializaba su militancia con la creación de “Las Cristinas”, Sergio manifestaba su desacuerdo discutiendo con ella. Los enemigos de Sergio estaban cada vez más cerca de la Rosada. Pero él se creía tan impune que el 16 de marzo de 2011 se animó a escribirle una carta de puño y letra a la Presidenta acusando a José López, secretario de Obras Públicas dependiente del Ministerio de Planificación, de demorar adrede el envío de fondos a Sueños Compartidos. El negocio de López, según Schoklender, era aumentar la caja del Plan Federal de viviendas donde su participación era evidente en detrimento de las necesidades de la Fundación. Cuando la carta llegó a la Presidenta, se le informó a López de la denuncia del apoderado de la Fundación y se armó una reunión para limar asperezas y aclarar el asunto. Cuando el funcionario López concluyó su extensa explicación sobre las ventajas de las viviendas del Plan Federal, negando que recibieran 4.500 pesos por metro cuadrado —la tercera parte de los 1.700 pesos por metro cuadradode las casas construidas por Sueños Compartidos—, Schoklender explotó y lo acusó de operar en su contra. Estaba convencido de que López le llenaba la cabeza a la Presidenta en su contra. Y tenía razón. ¿Qué había cambiado? Tres meses atrás, la Presidenta le había mostrado esas casas “que caminan… como el país” a su par brasileña en medio de un ambicioso plan de exportación de viviendas. Sin embargo, a esa altura, López y otros funcionarios de Planificación ya se preguntaban cómo continuar con el sistema de construcción de viviendas creado por Schoklender pero sin su ideólogo. Schoklender afirmó, en agosto de 2011: “Éramos los únicos, dentro de la obra pública que no nos dejábamos sobornar”. Era una verdad a medias. La tasa de retorno habría existido en algunas obras como las realizadas en la provincia del Chaco pero no en la dimensión que José López estaría acostumbrado a percibir en el grueso de la obra pública realizada en el país. En Sueños Compartidos, el dinero que retornaba para el financiamiento de la política a través de la sobrefacturación de las obras no era regular ni constante. En el interior del país había “tasas de retorno” entre un 30 y un 50% por la presión de los funcionarios. No era así en la Capital Federal, gobernada por el PRO. El conjunto de la obra pública, durante el kirchnerismo, se basaba, según el periodista José Antonio Díaz, autor de La Kaja. Kirchner S.A., en licitaciones con un valor superior en un 100 a un 200% por encima del precio real para luego “canjear” una “comisión” de entre el 15 al 25% para el organismo que concedía la obra, a cambio de un “adelanto” de certificación de obra equivalente al 25 o 30% del valor total. El Estado pagaba la obra por adelantado, aunque no estuviese finalizada. Por esa razón, el ex apoderado afirmó que, con Sueños Compartidos, “puso de manifiesto el negocio en el Plan Federal de Viviendas” ya que, según él, las viviendas que manejaba José López eran más caras y su calidad, “una mierda”.¹ López, a su vez, observaba cómo las ganancias de Schoklender y sus socios de Meldorek se multiplicaban exponencialmente. Se dice que quien roba a un ladrón tiene cien años de perdón. Pero a Schoklender no le tocó ser perdonado y sus supuestas mejicaneadas no se toleraron más.

En febrero de 2011, el periodista santacruceño Rubén Lasagno publicó en su sitio OPI una nota titulada “La casa de 200 mil dólares de José López, la mano derecha de De Vido”. La propiedad había sido comprada en el año 2000, cuando López estaba al frente del Instituto de la Vivienda de Santa Cruz y su esposa ocupaba un lugar en la justicia provincial. “Paco”, así llamaban a López en Tucumán, su provincia natal, mantenía un perfil bajo y recibía constantemente directivas de su jefe político, del entonces gobernador Néstor Kirchner. Los vecinos del inmueble ubicado en la zona más residencial de Río Gallegos, sobre la avenida 9 de Julio, comenzaron a observar que cada vez más autos oficiales de la gobernación estacionaban en la zona. Pocos meses después, Sergio Schoklender acusó al funcionario por enriquecimiento ilícito. También dijo Schoklender que utilizaba su escándalo con las Madres para tapar las causas abiertas, como la sociedad anónima que había armado en Tucumán para proveer los contratos del Estado.

Sin embargo, la historia de un funcionario que había aumentado su patrimonio en un 600% no llegaba a los grandes medios. El diario La Nueva Provincia también había publicado que López era dueño de una finca que producía entre cuatro y cinco millones de kilos de caña de azúcar por año en Concepción, en la provincia que gobernaba su amigo José Alperovich. El 25 de mayo de 2003, cuando López ingresó al gobierno nacional de Néstor Kirchner tenía un patrimonio declarado de 158.908 pesos. En 2010, este patrimonio era de 2.274.895 pesos, catorce veces más. La actividad de su empresa, la Araceliti, comenzó siendo la producción de tabaco y caña de azúcar, pero desde 2008 se diversificó en otros rubros, como construcciones viales, arquitectura, obras mecánicas, electromecánicas y eléctricas, y servicios de inspección, auditoría y supervisión de obras públicas. Según las fuentes consultadas en Tucumán, Gustavo Enrique Menocal, un amigo de los tiempos en el colegio secundario, le manejaba la empresa al funcionario. Menocal, a su vez, trabajaba en el Órgano de Control de Concesiones Viales (Occovi) designado, según Boletín Oficial, el 15 de julio de 2009 por la decisión administrativa 565/2009 de la Jefatura de Gabinete. La primera esposa de Menocal, Graciela Bravo, harta de que su ex marido no le pasase la cuota alimentaria para su hijo, relató que éste tendría unas cuantas propiedades más que las declaradas.

Volviendo a José López, el abogado Ricardo Monner Sans lo denunció por enriquecimiento ilícito durante 2008 bajo el expediente 12.441/2008. Pero el patrimonio de López era aun mayor. En su declaración jurada de 2010, López declaró ser dueño de cuatro terrenos en la ciudad de El Calafate, provincia de Santa Cruz, donde comenzó su carrera política. Su esposa, María Amalia Díaz, quien fue durante veintiséis años empleada judicial en Santa Cruz y se jubiló en 2006, era la dueña del 50% restante de la Araceliti.

Durante la última reunión que mantuvieron López y Schoklender, este último, en un rapto de bronca, le arrojó un pocillo de café a la cabeza de su interlocutor, quien logró esquivarlo antes de que impactase sobre él. El contexto no era el mismo que antes de la muerte de Kirchner. Los ataques de furia de Sergio ya no se soportaban. Lo habían aguantado porque era el Hijo de un símbolo como Bonafini, porque sus ideas eran brillantes y su modus operandi, eficiente. Luego de estallar el escándalo, Schoklender confirmó parte de esta hipótesis y calificó a López como un “hijo de remil putas y ladrón”. Por ese entonces, Schoklender se encontraba solo y rechazado por la plana mayor del gobierno nacional que ya no necesitaba de él y que, debido a la presión mediática, había decidido que la causa en su contra del juez Norberto Oyarbide avanzara, aunque lentamente. Pero Schoklender no soportaba el escarmiento público y menos aún que, en la propia escuela Jean Piaget, donde su hijo Alejandro Schoklender Sala cursaba cuarto grado, lo acusaran de ladrón.

El lunes 20 de junio de 2011, esperé a Schoklender durante más de diez horas, en la esquina de la casa de la psiquiatra Viviana Sala, la ex mujer de Sergio. Seguí todos los movimientos de Schoklender desde que salió a pasear a su hijo en una camioneta 4x4 negra hasta que lo llevó de regreso a su casa. Cuando Schoklender salió a dar una vuelta y fumar un cigarrillo, me presenté y le pregunté cuándo rompería el silencio. “Antes de fin de mes, quedate tranquilo que voy a hablar.” Tras sus declaraciones en los principales programas políticos de la televisión durante la semana posterior al escándalo, Schoklender no había vuelto a abrir la boca. Esa tarde, en la guardia periodística, un policía de civil llamado Horacio me confesó que esa misma noche detendrían a Schoklender. Chequeé la información en la comisaría 38a de la zona y me confirmaron el dato: “La orden de captura está al caer. Estamos esperando que nos den la instrucción de arriba. Por ahora, le seguimos los movimientos para que no salga del país, controlamos a qué hora sale, adónde va y qué pasos da”. Luego del encuentro con Schoklender, cuando lo noté demasiado sereno por tratarse de una persona que estaba en el ojo de la tormenta, y de la confesión del policía, le escribí una breve nota pidiéndole una entrevista antes de que terminara en prisión. Alertado, Sergio se asomó a la ventana del segundo piso del sobrio departamento. Se lo notaba intranquilo. El 18 de septiembre, a las 10 de la mañana, Sergio recordó esa carta mientras lo acompañaba un misterioso hombre que apenas hablaba castellano, de nombre Servian, quien mantenía la mirada sobre cada uno de mis movimientos. El hombre tenía tatuados los nudillos de los dedos y era oriundo de Armenia. Al día siguiente de mi advertencia, se presentó espontáneamente a Comodoro Py. La noche anterior, había telefoneado a su abogado Adrián Tenca, preocupado por su futuro y por la estrategia defensiva que habían decidido tomar. El abrumador resultado de las elecciones primarias del 14 de agosto, donde el Frente para la Victoria obtuvo más del 50% de los votos, convenció a Schoklender de que a nadie le importaría que él fuera procesado.

Tras romper un largo silencio de noventa días, en una entrevista a Noticias, Schoklender apuntó los cañones al Ministerio de Obras públicas, el más cuestionado del gobierno de Cristina Fernández, y en especial a José López.

En mis viajes a las provincias donde la Fundación había realizado obras, una denuncia constante de los vecinos eran los “arreglos” de las empresas constructoras amigas, muchas de ellas presididas por parientes de gobernadores, intendentes o funcionarios de primera línea. En Resistencia, por ejemplo, los vecinos mencionaban el impresionante estadio de fútbol que había construido el gobernador, Jorge Capitanich en el club Sarmiento, del cual era presidente. El estadio se inauguró el 25 de mayo de 2011 con la presencia del seleccionado de fútbol dirigido, en aquel momento, por Sergio “Checho” Batista, y se construyó en tiempo récord. El club beneficiario contaba con pocos socios y poca historia, esa que sí tenía, en cambio, Chaco For Ever. Pero lo cierto es que, aunque no tuviera muchos socios, el club Sarmiento tenía como presidente a un hombre con mucho poder en la provincia: el gobernador Capitanich.

Schoklender había tenido muchos funcionarios de quienes aprender cómo se manejaba “la cosa pública”. Entre sus maestros se destacaron José López (también investigado en las coimas solicitadas a la empresa sueca Skanska); el primo presidencial, Carlos Santiago Kirchner (subsecretario de Coordinación de Obra Pública Federal, cargo inventado por decreto en 2005 y que serviría para ocuparse de la letra chica de las licitaciones en obras públicas); los denunciados Ricardo Jaime (cordobés, ex ministro de Educación de Santa Cruz durante el gobierno de Néstor Kirchner quien estuvo involucrado en las narcovalijas de Southern Winds al subsidiar con más de 60 millones de pesos a esa compañía aérea que traficaba droga a Europa) y Claudio Uberti (titular del Órgano de Control de Concesiones Viales hasta el momento del escándalo de la valija con 800 mil dólares del venezolano Antonini Wilson) que, en 2007, cuando aún permanecían todos juntos en el gobierno nacional, habían llegado a manejar 15.700 millones de pesos en la obra y en el transporte públicos.

A comienzos de 2011, la casualidad me acercó a tres protagonistas del pasado de los hermanos Schoklender. Dos de esas fuentes habían tenido un contacto cercano y laboral con Sergio y Pablo Schoklender cuando aún no habían asesinado a sus padres. La otra fuente había compartido tardes enteras arriba de un camión llevando materiales de construcción por todo el país con Sergio como compañero de viaje. El camionero lo describe como parco, sereno y desbocado a la vez. Dice que su silencio asustaba y que su mirada se perdía muchas veces en medio de la nada. Según la fría descripción de sus ex compañeras de oficina, el primer Schoklender, el anterior al parricidio, era un joven dispuesto a todo, seguro de sí mismo. En cambio, el hombre que conoció el chofer de camiones, era una persona que ya había demostrado que era capaz de todo y que ahora sólo planificaba un futuro de dinero, sueño que se le derrumbó cuando el destino se llevó al ex presidente Néstor Kirchner y cuando José López aprovechó la coyuntura para sacárselo de encima.

7. VOLANDO CON SERGIO

Los jugadores compulsivos son así. Se cansan de los

bingos de la provincia y salen a buscar diversión

en otros países. Estaba enviciado.

JORGE CAPITANICH, GOBERNADOR DEL CHACO,

EN UNA ENTREVISTA EXCLUSIVA, JUNIO DE 2011

Sin auténtica voluntad política para erradicarla,

la corrupción es generalizada en la justicia, la policía y

alcanza a la política.

INFORME DE WIKILEAKS SOBRE ARGENTINA,

PUBLICADO EN EL PAÍS DE ESPAÑA

Cinco años después de las elecciones presidenciales de 2007 que consagraron la fórmula de Cristina Fernández de Kirchner y Julio Cobos para gobernar el país por cuatro años, aún se sigue investigando el financiamiento de los gastos efectuados por el Frente para la Victoria para esa campaña.

En un crimen resonante y de características mafiosas, el 13 de agosto de 2008 fueron asesinados salvajemente en la localidad de General Rodríguez el empresario Sebastián Forza y sus dos acompañantes. La investigación permitió vincular el hecho con el tráfico de drogas, el lavado de dinero y el financiamiento electoral.

Sergio Schoklender confesó que la Fundación Madres de Plaza de Mayo había invertido más de 1.500.000 pesos en afiches de Abel Fatala, el funcionario responsable de las obras de Sueños Compartidos como candidato a intendente. Luego la campaña se volcó al apoyo de Amado Boudou para el mismo cargo.

Toda la campaña presidencial de 2007 estuvo teñida de sospechas por la participación de la mafia de los medicamentos, articulada en una serie de droguerías, y el narcotráfico. Los cheques aportados de manera irregular a la campaña salían de la Obra Social Bancaria, pasaban por las cuentas de la droguería San Javier, cuyo titular era el cuestionado empresario farmacéutico Néstor Lorenzo, y los terminaba cobrando en efectivo Ibar Esteban Pérez Corradi, acusado de narcotraficante por la DEA, quien era socio del asesinado Forza. Pérez Corradi fue empleado del Banco de la Nación hasta el año 2002 y luego figuró como administrativo de la droguería Seacamp de Forza.

En 2008, luego del crimen de General Rodríguez, Schoklender compró a muy buen precio la Farmacia Social Congreso, ubicada en la misma cuadra de la Fundación. Ésta es una de las droguerías involucradas en la causa judicial que investiga la mafia de los medicamentos.

La venta de medicamentos adulterados reveló una matriz de blanqueo de dinero sucio. La presunta evasión impositiva de la constructora Skanska fue el punto de partida para conocer una red de sociedades que vendían facturas truchas para blanquear pagos en negro de proveedores del Estado. Finalmente, el escándalo Schoklender reflejó la “pantalla” tras la que se esconden supuestas acciones benefactoras de ciertos organismos de derechos humanos.

En todos los casos, los nombres de los financistas y las empresas dedicadas a darle legalidad al dinero negro son las mismas: Monetización y Crédito Sur. Jorge Fidalgo, el financista vinculado a la mafia de los medicamentos, fue socio de Fernando Caparrós Gómez en la financiera Advantage. El nombre del misterioso empresario argentino Caparrós Gómez está detrás de Monetización. En mayo de 2009, su nombre ganó relevancia pública tras el escándalo Schoklender pues, a través de un socio, Daniel Laurenti, le había vendido Meldorek S.A. al ex apoderado. Hasta 1989, época de la hiperinflación alfonsinista, Caparrós trabajó como operador para la mesa de dinero de los agentes de bolsa Pombo Santarcángelo. Luego decidió abrir su propia bolsa de dinero asociándose con Jorge Fidalgo, financista vinculado con la mafia de los medicamentos y el tráfico de efedrina.

Según Schoklender, le interesó la empresa pues “las obras estaban creciendo y ya no podía viajar por todo el país en auto. Empecé a alquilar un avión cada vez con más frecuencia porque las aerolíneas no volaban a esos destinos. En un momento, el piloto Gustavo Serventich, me dice que por lo que estaba gastando en aviones privados, convenía comprar un avión, que iba a gastar menos. Entonces le compré el Piper Cheyenne a Meldorek en cuotas”. En 2009, la flota de aviones se agrandó con la compra del Cessna Citation.

Las mesas de dinero utilizadas para la “bicicleta financiera” se dedican a cambiar cheques por efectivo a cambio de un porcentaje de interés. A su vez, los mismos abogados que se ocuparon de la desvinculación de los trabajadores de Sueños Compartidos en la provincia del Chaco son los que resolvieron las cuestiones legales en la financiera Crédito Sur. Esos abogados, con Mario Bosch a la cabeza, fueron recomendados por el poder político. Ellos se habrían encargado de que no saliera a la luz el allanamiento de otra farmacia que vendía medicamentos adulterados en el centro de Resistencia. El hecho ocurrió luego de que estallara el escándalo y dos periodistas locales señalaron que los dueños reales del local eran personas vinculadas con la Fundación Madres de Plaza de Mayo. La farmacia social ubicada en la calle Echeverría podía transformarse en una especie de Sueños Compartidos de los medicamentos.

A principios de 2008, la Embajada de Estados Unidos aseguró que parte del dinero para la campaña de Cristina Fernández provino del tráfico de estupefacientes y del gobierno de Venezuela —imborrable el escándalo de la valija de Guido Antonini Wilson—. El cártel de droga señalado es el de Sinaloa, dirigido por Joaquín “Chapo” Guzmán Loera, uno de los hombres más buscados del mundo, más aún luego de su fuga del penal de Puente Grande, a tan sólo cincuenta días de la asunción a la Presidencia de México, de Vicente Fox Quesada, el 19 de enero de 2001. Todavía no se sabe cómo logró fugarse de la prisión de alta seguridad, pero sí está claro que contó con la colaboración de autoridades federales y hasta de los visitadores de la Comisión Nacional de Derechos Humanos Mexicana.

El Chapo visitó la Argentina en varias oportunidades. Curiosamente, las fechas en las que estuvo en la ciudad de Resistencia coinciden con los viajes efectuados por Schoklender al Chaco. La presencia de Guzmán Loera en las oficinas de Schoklender en Puerto Madero, merced a las supuestas gestiones de un ministro del gobierno argentino, es una información que quema. Un ex policía que denunció a sus ex compañeros por estar implicados en el tráfico de estupefacientes en el barrio de Núñez, conoció el dato al ser chofer de uno de ellos. Hoy el ex policía maneja un taxi, se hace llamar Carlos y prefiere no hablar del tema, pero asegura que en Resistencia, las valijas con dinero eran algo común y que Schoklender no era el único maletero.

En el año 2008, el desaparecido diario Crítica de la Argentina publicó que la Argentina sería una de las sedes del Cártel de Sinaloa, el más poderoso grupo de narcos de México. El 19 de julio de 2008, nueve mexicanos fueron detenidos en un laboratorio de Ingeniero Maschwitz. Pertenecían al cártel del Chapo Guzmán. Los hombres trabajaban día y noche produciendo en la “cocina” drogas sintéticas, específicamente metanfetaminas, que pensaban enviar a Europa. El cártel tiene una estructura empresarial muy alejada del prototipo de las bandas de delincuentes y matones que muestran las películas de Hollywood.

A partir de 2003, en la Argentina comenzaron a surgir empresas fantasmas que blanqueaban capitales para invertirlos en obra pública. Monetización S.A. era una financiera donde cambiaban los cheques el asesinado Sebastián Forza y también la Fundación Madres de Plaza de Mayo. José Reveles, escritor y periodista mexicano, cuenta que en su país una financiera de las características de Monetización fue investigada por lavar dinero del narcotráfico perteneciente al poderoso Chapo Guzmán. Al periodista no le sorprenden los alcances del brazo de Guzmán en la Argentina, y advierte que el tema del narcotráfico no fue aún abordado en profundidad por sus colegas argentinos. “Es una corporación internacional que controla al menos 3.500 empresas”, informa Reveles.

Junio de 2011. En Resistencia bajan la voz para mencionarlo: “Hay algo más. Los movimientos del ‘loco’ eran extraños, averiguá en el Casino”, me dice en voz baja el dueño de un conocido restaurante de la ciudad. Lo mismo repiten dos periodistas de medios locales con el grabador apagado. También mencionan los nombres de algunos funcionarios de extrema confianza del gobernador Capitanich. No son pocas las fuentes que sospechan sobre los motivos reales de los viajes relámpago de Schoklender en avión rumbo a Bolivia y Paraguay. El gobernador chaqueño responde sobre los vuelos a los países limítrofes de Schoklender: “Los jugadores compulsivos son así. Se cansan de los bingos de la provincia y salen a buscar diversión en otros países. Estaba enviciado”. Vaya paradoja, el dueño de los casinos de Santa Cruz de la Sierra es un argentino llamado César Mendoza. Interrogado, Mendoza jura que jamás vio en sus casas de juego a Sergio Schoklender. En el año 2003, el mediático Jacobo Winograd dijo que era habitual encontrar a Schoklender en el Casino de Puerto Madero donde jugaba más de diez mil pesos en una sola tarde, “tomando champagne y yéndose con las mejores putas”. Sin embargo, en el Amerian, el mejor hotel de Resistencia, ubicado en la calle céntrica Juan Domingo Perón al 300, lindante al Casino Gala, tampoco se lo vio jugar a las “maquinitas”. Sergio se hospedaba junto con sus matones y alquilaba un piso entero del lujoso hotel. Así lo recuerdan los mozos, que atendían a “su gente” en las continuas visitas a la ciudad. Cuando llegaba Schoklender, el hotel cerraba sus puertas al público y los mozos salían a comer a un fast-food en la misma manzana del hospedaje. A la mañana, Sergio resolvía las cuestiones administrativas, aparentemente con un constante giro de dinero a funcionarios de la gobernación. A las cinco de la tarde almorzaba en el fast-food y, más tarde, desaparecía. En el Hotel Amerian, Schoklender no utilizaba ni el gimnasio, ni el sauna, ni la piscina. Dormía solo en su habitación. A pesar de todo, trataba de pasar desapercibido.

Una ex socia de Pablo Schoklender se reía de los chistes que hacían Pablo y sus amigos en el primer piso del restaurante 70, en San Telmo, cuando unos sicarios asesinaron a Forza, Bina y Ferrón en General Rodríguez. El objeto de las humoradas era el asesinato a sangre fría de los empresarios y la similitud con algunas supuestas actividades que realizaba el grupo de amigos de Pablo.

Cuando concluyó abruptamente la relación profesional con Pablo, su ex socia comenzó a recordar algunas conversaciones que habían mantenido y sospechó que el menor de los Schoklender podría haber estado vinculado en la mafia de los medicamentos.

En noviembre de 2011, las sospechas enunciadas por algunas fuentes en el norte argentino, sumadas a las de la ex socia de Pablo, ocuparon un pequeño espacio en los principales diarios del país. Un ex empleado del laboratorio Lenity, ubicado en Lanús, denunciaba que Pablo Schoklender tenía vínculos con sindicalistas y obras sociales como IOMA, el Sindicato de Panaderos y el de Municipales de Avellaneda que eran clientes residuales, esto es, que nadie les quería vender los remedios porque pagaban mal. Allí aparecía Pablo Schoklender para hacer negocios con los que ganaría importantes sumas de dinero a través de los reintegros que se justificaban con facturas truchas. Se mencionaron también algunos contactos políticos, como la ex diputada Lili Domínguez, la mamá del hijo del histórico dirigente peronista y boquense, Roberto Digón, y Rubén García, del sindicato de los municipales de la Provincia de Buenos Aires. También aparecían involucrados los ministros de salud del Chaco y de Santiago del Estero, entre otras provincias. Sin embargo, el negocio no llegó a concretarse, pues sólo se vendieron a los obradores de la Fundación los botiquines, pero no los medicamentos. De hecho, una denuncia efectuada en centros de salud y en hospitales construidos por la Fundación señalaba que estos botiquines no servían para nada, pues no estaban equipados ni siquiera con gasas, alcohol y curitas.

Hacia fines de 2010, según declara Maricel Etchecoin Moro una de las ex diputadas de la Coalición Cívica que más investigó el tema, el negocio entrecruzado de la venta de medicamentos, la construcción de viviendas, los chárter aéreos y la explotación agroindustrial y petroquímica recién estaba comenzando. Era vox populi que el dueño del laboratorio de Lanús, Lenity, era Pablo Schoklender, pero en los registros contables aparecía como presidente Manuel Camet quien reaparecerá a lo largo de esta historia y, como su segundo, un tal Walter Bernardo Bocca. Camet había conocido a los Schoklender a través del ex funcionario menemista y del gobierno de Jorge Telerman, Enrique Rodríguez, hombre clave para entender el ingreso de la Fundación en la ciudad de Buenos Aires. En noviembre de 2009, Camet fue reemplazado por la modelo Julia Cristina Ortega, sobrina de Palito Ortega e hija de Cristina Lemercier, cuyo dato público más conocido era que ese año había ganado un premio por poseer la cola más bella del balneario de Pinamar. A Bocca, Pablo Schoklender lo reemplazó por otra belleza, la modelo cordobesa Nadia Jesica Vela Freudenberg, quien no quiso hacer declaraciones para este libro. Para Sergio Schoklender, los vínculos con la mafia de los medicamentos eran un invento del “petiso” Oyarbide para “embarrar la cancha”, pero hasta el matutino Tiempo Argentino seguía esa pista. Lo que no señalaba el diario de Sergio Szpolski eran los nexos entre la construcción de viviendas y la mafia de los medicamentos con el financiamiento espurio de las campañas políticas. “Es como el cuento de Alicia en el País de las Maravillas, si caés en ese pozo, no salís más”, me dijo un experimentado periodista que avizoró el trasfondo del escándalo y se apartó raudamente de la investigación al recibir escalofriantes amenazas a sus hijos.

Las ancianas fundadoras de Lenity también aparecieron en Glisud S.A., compañía fantasma que operó en Tierra del Fuego para quedarse con propiedades subvaluadas del Fondo Residual del Banco de esa provincia. Dos socios uruguayos, Fernando Castagno Schickendantz y Janine Gómez Suárez, fundadores de Dusbel S.A. (firma que asumió el control de Ciccone —imprenta de billetes vinculada con amigos de Amado Boudou— tras su quiebra) fue administrada por Enrique Rolando Pinto, ex presidente de Glisud. En todos los casos, había sospechas de lavado de dinero.

Rolando Núñez coordina en Resistencia el Centro Mandela que realiza denuncias de todo tipo y recibe consultas de periodistas de todo el mundo. Los periodistas extranjeros también consultan a Miguel Chamorro, un militante social vinculado con la lucha contra el narcotráfico.

Antoine, un colega francés, publicó en su país una extensa investigación sobre los movimientos financieros y los contactos políticos del narcotraficante mexicano Guzmán en la Argentina. El periodista afirma que el Chapo habría ingresado al país con una carta de recomendación de un organismo argentino de derechos humanos que habría sido elevado a la Presidenta de la Nación. Cuando conocí a Antoine, el periodista estaba detrás de las jugosas inversiones de la lugarteniente de Guzmán, la mexicana María Alejandra López Madrid, en pequeñas iglesias evangelistas del norte argentino, con el propósito de lavar dinero sucio. En el Chaco, periodistas e investigadores como Chamorro y Núñez vinculan a López Madrid con el ex subsecretario de Gobierno, Culto y Registros Públicos, José Mongeló² quien, el 10 de diciembre de 2011, asumió como diputado nacional del Frente para la Victoria. Chamorro, excepto con Mongeló, a quien califica como “la línea de flotación con otros negocios” no afirma que funcionarios del gobierno provincial estén vinculados al narcotráfico pero sí que son “facilitadores”, pues omiten denunciar, investigar y hacen “la vista gorda” ante hechos evidentes para el resto de los mortales. El periodista José Reveles menciona al funcionario y allegados al mismo, en actos vinculados al narcotráfico y lavado de dinero. Así, en agosto de 2009, el templo evangélico “La Roca” fue ofertado por un mexicano que se presentaba como un pastor conocido como Jerónimo López Valdez quien pretendía tomar la iglesia como fachada para otros fines. La gestión era manejada directamente por López Madrid con colaboración del gobierno provincial. El encargado del templo, Gilberto Monzón, denunció a María López Madrid como “cabecilla del cártel mexicano de Sinaloa”. Ese mismo año, la financista fue arrestada en Paraguay. En marzo de 2012, en comunicación telefónica, Monzón me dijo que la historia era cierta pero luego se contradijo cuando le pedí mayores precisiones sobre los implicados. Arrepentido, afirmó que al final quedó en la nada y que era “todo cuento”. Monzón me pidió que no habláramos el tema por teléfono. Mongeló, según el libro El cártel incómodo de José Reveles, habría canalizado subsidios millonarios a la iglesia como pretexto para sugerir que el pastor mexicano se encargara del templo. La Iglesia Evangélica del Nuevo Milenio de Resistencia quiso ser utilizada como una “pantalla” para el giro de divisas hacia el exterior y el lavado de dinero.

En los últimos años, en el interior de la provincia del Chaco han proliferado pistas clandestinas de aterrizaje para los aviones que traen estupefacientes desde los países limítrofes. A veces, los aviones vuelan a escasa altura y, sin llegar a aterrizar, tiran la mercadería en los campos de donde serán recogidas más tarde. En el Chaco existe un solo juzgado federal que maneja 23 mil causas, muchas ligadas al narcotráfico y al lavado de dinero.

No son pocos los investigadores que relatan las similitudes en el accionar de los “inversores” mexicanos con el de Schoklender. La Fundación, en Chaco, habría sido una “pantalla” para generar nuevos negocios.

El jueves 15 de septiembre de 2011, el propio Schoklender se presentó en la Comisión de Asuntos Constitucionales y de Vivienda del Congreso Nacional y declaró que la Fundación era “una caja” de la política. Lo que no contó es que la semana previa a sus declaraciones, cuando todo el país hablaba de él, había viajado repentinamente a Resistencia para retirar documentación de las oficinas lindantes al Hotel Amerian y también para cerrar algunos negocios pendientes. Schoklender volvería a viajar a Resistencia al menos dos veces más para “arreglar cuentas” con Jorge “el negro” Franco, la mano derecha del gobernador en la obra pública. Franco y Schoklender se reunieron pasadas las 23 horas en el Hotel Covadonga. Los testigos del encuentro se cuentan con los dedos de una mano. Se dice que Schoklender le habría entregado los informes sobre el estado de las obras, el destino de los fondos públicos, y la clave para mantener los contactos para el futuro de los nuevos emprendimientos. Jorge Franco, a cargo de la Unidad de Proyectos y Programas Especiales, oficiaba de nexo entre las distintas áreas del gobierno provincial con Sueños Compartidos. Dicen que es un hombre que habría hecho dinero fácil en la política, que lo perdió luego de separarse de su pareja a cuyo nombre habría puesto la mayoría de sus bienes y, en los últimos años, se habría acostumbrado a manejarse en lujosas camionetas y a gozar de los placeres de la vida.

A su vez, Pablo Schoklender también viajó a Resistencia pero con otros fines. Pablo regresó a la Capital Federal con una camioneta y un auto recién comprados y se sabe que también gestionó la compra de dos terrenos en Barranqueras, una localidad cercana a la capital chaqueña.

Estos últimos viajes, los hermanos Schoklender los hicieron por separado y por tierra, dado que todos sus aviones estaban embargados.

El Chaco, provincia mexicana

El 28 de diciembre de 2010, Egidio García, diputado provincial del Bloque Justicialista Indígena y Popular, fue detenido en un procedimiento conjunto de la Policía Provincial y la Gendarmería Nacional. En el Nissan en el que viajaba, un auto oficial de la Gobernación, se encontraron nueve kilos de marihuana.

Al día siguiente, el 29 de diciembre de 2010, el subsecretario de Gobierno, Culto y Registros Públicos, José Mongeló, afirmaba desconocer los hechos ocurridos el día anterior por estar fuera de la provincia, pero había ordenado a su subordinado Arturo Blanco que realizara una aclaración pública sobre los mismos.

La explicación de Egidio García fueron sorprendentes. Dijo que un asesor de Mongeló le había pedido que transportara el vehículo desde Las Palmas a Resistencia. La “mula” que cargó la droga se llamaba Jorge Milton Fernández y la justicia comprobó llamadas cruzadas entre “el correo” y Mongeló, ubicado por el Poder Ejecutivo como segundo candidato a diputado nacional en las elecciones de octubre de 2011. “Era kirchnerista antes que Néstor”, explicaba un político local para justificar su designación.

El hecho puso a la gestión de Jorge Capitanich bajo la lupa de los organismos de inteligencia internacionales. Los ajustes de cuentas a través de sicarios, el aumento del consumo de cocaína, las inversiones de dudosos personajes provenientes del Cártel de Sinaloa y las declaraciones del propio Egidio García en las que hablaba de narcopolítica indican que no es descabellado hablar de la mexicanización del Chaco.

Eleazar García, hijo del diputado García, estuvo preso quince días y salió en libertad, dictándose la falta de mérito por el antes citado juez subrogante de Resistencia, Eduardo Valiente. El abogado defensor de García, Mario Bosch, también aparece en esta historia por estar supuestamente vinculado para que el caso de la supuesta farmacia de Schoklender en Resistencia no cobrase estado público.

Por otra parte, según Carlos Acuña, autor de Por amor al odio I y II (Ediciones Del Pórtico, 2003), los aviones que compró Schoklender para sus “viajes” relámpago por el interior del país tenían un perfil de alta performance. Se preguntaba Acuña: “¿Para qué invertir en aviones de esas características teniendo una empresa constructora? La única explicación es traficar estupefacientes desde países limítrofes”. El escritor apoyaba su análisis en el tamaño de los aviones, que no contaban con un gran volumen para cargar otro tipo de mercaderías (como armamentos) y que podían llevar hasta 1.500 kilos de cocaína.

Los aviones de Schoklender eran los preferidos por los Orejuela, quienes introdujeron la cocaína por vía aérea por toda Sudamérica. Gilberto Rodríguez Orejuela, también conocido como “el ajedrecista”, era un narcotraficante colombiano que llegó a ser el principal cabecilla del Cártel de Cali y que, en su esplendor, llegó a controlar el 80% de la cocaína que se exportaba de Colombia a Estados Unidos.

En diciembre de 1993, asesinaron a Pablo Escobar, el zar de la droga en Colombia, fundador y líder del Cártel de Medellín. Escobar transportaba los estupefacientes por vía marítima hasta que tuvo problemas con la militarización del golfo de México. Según la revista Forbes, Escobar era, a comienzos de los noventa, el séptimo hombre más rico del mundo, dueño de decenas de propiedades, de una hacienda donde tenía más de doscientas especies de animales exóticos y cuarenta autos deportivos. Escobar, amo y señor del Cártel de Medellín, intentó blanquear su imagen introduciéndose en el mundo de la política. Llegó a ser electo senador por el movimiento Alternativa Liberal. Escobar se codeó con empresarios y dirigentes como el ex presidente español Felipe González.

Muchos narcotraficantes llegaron a la Argentina cuando empezaron a tener problemas con el Cártel del Norte del Valle, que tenía relaciones con Calderón, el ex presidente de México. Recién en los noventa comenzó a mencionarse el término narcopolítica debido a las denuncias que hizo en México el político y economista Luis Donaldo Colosio quien fue asesinado el 23 de marzo de 1994, en la ciudad de Tijuana. Faltaban pocos días para la elección en la que era candidato a presidente por el Partido Revolucionario Institucional (PRI). Los asesinos intelectuales de Colosio nunca se conocieron y su mujer murió de cáncer de páncreas meses después, ocasionando rumores de un posible envenenamiento. Según los analistas y expertos en seguridad, actualmente, se están haciendo manejos similares en la Argentina, donde existiría una segunda línea de funcionarios dedicados a velar por la seguridad del transporte aéreo del narcotráfico.

El 12 de julio de 1988, se realizó el Operativo Langostino, conocido como el caso más espectacular de represión contra el narcotráfico. Se incautaron 586 kilos de cocaína que se ocultaban en cajas de langostinos congelados. Eduardo Salvador Ullúa era un agente encubierto de los servicios de inteligencia que se “tentó” por los beneficios que obtendría al cambiarse de “bando” cuando espiaba a los narcotraficantes que estaban vinculados con la Operación Langostino. Muchos otros agentes también cambiaron de bando.

Pero Ullúa fue atrapado y condenado a diecisiete años de prisión en la cárcel de Devoto, donde fue la persona que le disputó el poder a Sergio Schoklender en el Centro Universitario.

Jorge Alonso, uno de los pocos narcotraficantes condenados en la historia penal argentina, fue señalado como el jefe de la banda local vinculada con el Cártel de Medellín que, originalmente, había escondido la droga en las cajas de langostinos. En el año 2004, Alonso fue detenido nuevamente en Valencia, España, por intentar contrabandear 28 kilos de cocaína camuflados en balizas. Se investigó su posible vinculación con las cuatro valijas con 60 kilos que fueron encontradas ese mismo año en un avión de Southern Winds. No serían las únicas valijas voladoras.

El 29 de diciembre de 2010, en la base aérea de Morón, el avión Challenger 604 fue cargado con cajas repletas de droga con destino a España donde estuvieron implicados los hermanos Juliá y el piloto Gastón Miret.³

Lo que sí está confirmado es que el avión Cessna de Meldorek realizó setenta y siete viajes al Chaco y veintiocho a Santiago del Estero. Al Cessna de Schoklender abordaron funcionarios locales y sindicalistas como Hugo Moyano. Jorge Capitanich, en declaraciones al matutino Clarín, negó conocer la aeronave. Schoklender, en cambio, dijo que el gobernador voló varias veces en el Cessna Citation. Se sabe que el avión gozaba de la inmunidad oficial para volar y sus tripulantes no eran revisados por la Policía de Seguridad Aeroportuaria. La cantidad de viajes realizados por Schoklender al Chaco no guarda relación con el mapa de la distribución de obras en otras provincias, lo que despierta sospechas de los reales motivos de los constantes vuelos. Según una fuente dentro de la policía de seguridad aeroportuaria (PSA), por las características del pequeño avión de Meldorek, el destino de Resistencia era ideal para cargar combustible y continuar viaje rumbo a otros destinos como la Triple Frontera, Bolivia, Paraguay y Brasil. El ex apoderado reconoció haber viajado desde Resistencia hacia “otros destinos” pero sin especificar si había estado en Santa Cruz de la Sierra.

Esa ciudad boliviana es el centro de tráfico de cocaína más importante de la región y la ruta Santa Cruz de la Sierra-Resistencia es una de las más usadas para el ingreso de droga a la Argentina, con destino para el mercado interno y también externo, principalmente para Europa. Es más, a 30 kilómetros de Santa Cruz de la Sierra se encuentra un pequeño pueblo llamado Montero, donde en los años ochenta se había plantado una inmensa cantidad de cañaverales y era costumbre de los patrones mandar a traer camiones repletos de hojas de coca. Su población, prácticamente en su totalidad, se dedicaba al secado y elaboración de la pasta base. Por ello, la conocían como “ciudad blanca”. En aquella época, relatan los memoriosos locales, los colombianos enviaban a sus “cocineros” a enseñar a los bolivianos a tratar la pasta base. La banda de Pablo Escobar fue la primera en llegar a Montero, lindante a Santa Cruz de la Sierra, lugar que visitaría, años después, Sergio Schoklender. Los vínculos de esa ciudad con los Schoklender son muchos. Allí fue encontrado Pablo luego de estar varios años prófugo de la justicia. Allí también viajó Sergio a adoptar a su hijo Alejandro cuando gozaba de libertad condicional.

Hay otras conexiones entre los Schoklender y Santa Cruz de la Sierra. Un ex integrante del Servicio Penitenciario de apellido Soria conoció a los hermanos en la cárcel de Devoto, donde fue denunciado por agredir a Sergio. Un tiempo más tarde, trabajó en la SIDE y, en sus horas libres, se ocupaba de la custodia personal del mayor de los Schoklender. Luego, conoció a una mujer de 20 años en Santa Cruz de la Sierra. Con ella se casó y luego se mudó a Corrientes donde conoció los vínculos con las mulas del tráfico de drogas y con un ex barra del club Rosario Central, el gordo Lito, que también vivió en Santa Cruz de la Sierra y habría trabado amistad con Pablo Schoklender.

En Resistencia, los informantes explicaban la salida de Sergio Schoklender de la Fundación como un intento de “tapar” un escándalo mayor que la estafa en la construcción de viviendas. Señalaban que a Sergio no lo echó ni Hebe ni sus enemigos internos del gobierno nacional con el secretario de Obras Públicas, José López a la cabeza, sino que las advertencias habían sido efectuadas por la DEA a organismos de control local que seguían la pista de Ibar Esteban Pérez Corradi.

La periodista Emilia Delfino reveló en el diario Perfil que la financiera Crédito Sur estaba en la mira de la DEA desde el triple crimen de General Rodríguez, porque era utilizada por los empresarios que compraban y vendían efedrina a los mexicanos, como Sebastián Forza y Pérez Corradi, detenido por orden de la agencia estadounidense. Pérez Corradi tenía una causa iniciada por la DEA por el tráfico ilegal de oxicodona —una sustancia controlada por los Estados Unidos— y todos sus contactos financieros estaban bajo la lupa.

Christian Sanz, el periodista que había entrevistado al empresario Forza semanas antes de su asesinato, corroboró la versión. Otro periodista que prefiere el anonimato, advierte que la DEA estaba investigando las supuestas conexiones entre Meldorek y Medical Jet, la compañía dueña del Challenger en el cual los hermanos Juliá viajaron a Barcelona, España, en enero de 2011, con 944 kilos de cocaína.

Los extraños vuelos de los aviones de Meldorek, que viajaban sin pasajeros, llamaron la atención de las autoridades locales y de los agentes internacionales.

El avión Cessna Citation 501, utilizado con mayor asiduidad que el Piper 31 matrícula LV-MNR, está valuado en 960 mil dólares y antes de pertenecer al financista Fernández Caparrós había sido utilizado por South Aviation Inc., la misma firma en la que los hermanos Juliá alquilaron el citado Challenger.

El portal provincial, Chaco día por día, calculó que, desde febrero de 2010, los vuelos efectuados por el Cessna Citation 501 fueron 353, la mayoría a Resistencia, y luego a otros destinos, cinco de ellos a la Triple Frontera en apenas tres meses durante 2010, lugar donde la Fundación no construyó jamás una casa. El Cessna utiliza 450 litros de combustible aeronáutico por hora. Sólo en un año se gastaron más de dos millones de pesos en combustible.

Otro periodista aún busca la pista de otro avión que de sapareció y afirma que en los registros de vuelo de aquella aeronave se encuentra la clave de muchos misterios. La DEA también está detrás de ese dato, al igual que de los cheques que recibió un tal Raúl Pérez Lindo de parte de la Fundación.

“¿Cuál era la relación de los Schoklender con Pérez Lindo?”, preguntaba otro periodista chaqueño. Pérez Lindo era un empresario rosarino dueño de caballos de carrera en Miami y representante artístico de talentos de la ciudad turística de La Florida. También habría sido dueño de una financiera donde la Fundación cambiaba sus cheques por dólares, afirma Miguel Chamorro. Éste es otro misterio.

El Poder Ejecutivo habría cortado por lo más fino, buscando sacarse de encima a Schoklender, señalándolo como el único culpable de todos los males.

En otra línea, periodistas colombianos y diputados venezolanos, como Carlos Berrizbeitia y Miguel Ángel Rodríguez, investigaron la pista de financiamiento proveniente de las FARC y del gobierno de Hugo Chávez hacia la Fundación presidida por Bonafini. En su teoría, la Misión Sueños Compartidos significaba la excusa ideal para blanquear suculentos activos de dudosa procedencia que eran reinvertidos en el financiamiento de campañas políticas, con el amparo de un organismo de derechos humanos tan prestigioso como las Madres de Plaza de Mayo.

La hipótesis de negocios oscuros, más allá del financiamiento de campañas políticas y la tasa de retorno en la construcción de viviendas sociales con precios sobrevaluados, puede resultar descabellada. Sin embargo, el antecedente de los hermanos Juliá y sus vínculos con el desaparecido empresario postal Alfredo Yabrán guarda similitudes.

En ese sentido, Medical Jet, la compañía dueña del Challenger en el cual los hermanos Juliá viajaron a Barcelona en enero de 2010 con 944 kilos de cocaína, también lo hizo con el respaldo político correspondiente. Los Juliá fueron defendidos por el Gobierno hasta que el escándalo llegó a las primeras planas de los diarios.

Gastón Miret era un destacado instructor de pilotos de la empresa Aerochaco que surgió gracias a los aviones que le alquilaba Jorge Capitanich a Mauricio Macri.

Chaco es la única provincia en que el PRO apoya al oficialismo del Frente para la Victoria. En la mayoría de los informes previos al escándalo de los Juliá, el niño mimado por la Secretaría de Transportes era el propio Miret. Los Juliá tenían el mismo nivel de vida y la misma forma de moverse en grupo que los hermanos Schoklender en el Chaco.

Pero las similitudes entre la impunidad de los Juliá y la de los Schoklender no acaban allí.

Por las venas del empresario postal, Alfredo Yabrán, también corría ese sentimiento de sentirse más allá del bien y del mal. Aunque su vida se haya apagado, sus empresas continuaron funcionando y, más aún, los chárter aéreos vinculados a Héctor Colella y a su hijo, Pablo Yabrán. En esos vuelos de Royal Class llegó Antonini Wilson y su famosa valija con los 800 mil dólares. En esos aviones también viajó el ex presidente Néstor Kirchner a Santa Cruz, tal como lo descubrió la agencia OPI, durante 2010. El abogado que defendió a Antonini Wilson fue el mismo que colaboró con Yabrán en sus últimos meses de vida: Guillermo Ledesma.

Gladys Cabezas, hermana del fotógrafo asesinado el 25 de enero de 1997, es una luchadora incansable y sigue realizando marchas para mantener viva la búsqueda de justicia por la muerte de José Luis. Sin embargo, el ex policía Aníbal Luna⁴ y el ex custodio personal de Yabrán, Gregorio Ríos, están en libertad, quince años después del macabro hecho y han vuelto al negocio de la seguridad privada.

En la Fundación, no son pocos los empleados que siempre sospecharon que detrás de Sergio Schoklender había algo más. Uno de ellos confesó, en diciembre de 2011: “Siempre se dijo que los herederos de Yabrán tenían alguna clase de vínculo con Sergio pero quedó en un rumor”.

Hace seis meses atrás, el escritor Carlos Acuña aconsejó seguir “la pista Colella”. Más allá de los comentarios de pasillo, un dato es real: Dos de los implicados en la mega causa que investiga por lavado de dinero a los Schoklender y a la hija de Bonafini tienen la misma dirección fiscal que uno de los herederos de Yabrán. El primero de ellos, Germán Revol Lozada, abogado residente de San Isidro, es director suplente de Sky Performance, empresa que presidió Alejandro Gotkin hasta el 22 de agosto de 2008, fecha en que fue reemplazado por el uruguayo Sergio Dorf.

En diciembre de 2011, la mujer de Alejandro Gotkin y el propio Dorf inauguraron un country privado en Pilar con un método constructivo similar al utilizado por Meldorek, pero con el nombre de Sipaco S.A. cuyo presidente, según su página de facebook, fue el ingeniero Sergio Bufi, hasta comienzos de 2012 en que su-po que sería llamado a indagatoria por el juez Norberto Oyarbide. Revol Lozada era empleado administrativo de Sitak S.A., empresa de seguridad donde se habrían girado cuantiosos fondos del programa Sueños Compartidos. En Eagle Security & Investigation S.A., el implicado era Leonardo Alejandro Hubscher. O sea que en el mismo domicilio fiscal en que parte del entorno de Yabrán asentó oficialmente los datos de sus empresas, dos de los implicados en la causa Schoklender anotaron otras empresas más, también vinculadas a la seguridad privada.

El 22 de octubre de 2010, Gotkin y su mujer le vendieron un departamento a Hubscher situado en Villa Crespo. Ésa es sola una de las transacciones económicas y financieras realizadas entre los implicados en un extraño juego de compra y venta de acciones, creación de sociedades anónimas y enroques en los directorios de las empresas mencionadas.

8. CON LOS PAÑUELOS NO

Hay demasiada sangre como para perder

el tiempo en pelotudeces.

HEBE DE BONAFINI EN LA MARCHA 1720 EN

PLAZA DE MAYO, EL 2 DE JUNIO DE 2011

Yo renuncié a la Fundación. Fue muy doloroso

para las Madres pero sentí que ya era la hora.

SERGIO SCHOKLENDER, JUNIO DE 2011

Al comienzo, Hebe no habló de Sergio. Decía que sólo eran “pelotudeces”. Así lo gritó el 2 de junio de 2011, en la marcha en Plaza de Mayo de los jueves, acompañada por los funcionarios Juan Manuel Abal Medina (entonces secretario de Comunicación Pública del gobierno nacional) y Héctor Icazuriaga (titular de la Secretaría de Inteligencia). También la acompañaban los jóvenes de La Cámpora, un grupo de afiliados de la UOCRA, la ex ministra de Economía Felisa Miceli y Rubén “Pocho” Brizuela, el jefe de seguridad de Sueños Compartidos.

Schoklender, en cambio, no se quedó de brazos cruzados. Esa semana inició un periplo mediático y sus declaraciones televisivas se le volvieron como un boomerang, ayudándolo a perder la impunidad política que tenía desde el pedestal de “intocable”.

Schoklender minimizó la prolija investigación encarada por las diputadas de la Coalición Cívica que había nacido de una denuncia recibida en 2009 tras la extraña compra de un terreno en José C. Paz por Sergio Schoklender en nombre de Antártica Argentina, empresa que, legalmente, no tenía relación con él. Pero ésa era apenas la punta del iceberg.

En los medios, Schoklender afirmaba que nadie lo había echado de la Fundación sino que él había renunciado de motu proprio para poder dedicarse a sus emprendimientos privados. El último día del mes de mayo, Schoklender se defendía de las acusaciones de enriquecimiento ilícito vanagloriándose ante las cámaras de que el esplendor económico en el que vivía era el resultado de su propia inventiva y a “patentes” de investigación y desarrollo de nuevas tecnologías en electroingeniería y electromecánica, entre otros rubros. Pero su nombre no figuraba en los registros oficiales de patentes de Argentina. Ni tampoco en el de Estados Unidos o de la Comunidad Europea. No existía ningún invento registrado a su nombre.

El escándalo Schoklender se había convertido en un acto de corrupción muy visible para la sociedad y un dolor de cabeza para el gobierno nacional. Desde el Ejecutivo la decisión estaba tomada. No se podía salvar a un hombre que se hundía cada vez que se encendía una cámara. A Hebe, en cambio, había que protegerla como fuera. En esas horas, los celulares de los funcionarios estaban muertos.

El subsecretario de Derechos Humanos, Luis Alén, fue uno de los pocos que rompió el silencio. ¿Y qué hizo? Culpó a los medios. Trató de distraer la atención con el asunto de Papel Prensa y los hijos de Ernestina Herrera de Noble y minimizó la importancia del escándalo en la Fundación declarando que sólo se trataba de “un episodio interno de un organismo no gubernamental” y que “no era fundamental para la vida del país”.

Schoklender había cortado el cordón umbilical con Hebe para siempre. En esa semana en que pasó por todos los programas políticos televisivos, nunca mencionó su nombre. Sus declaraciones se centraban en sus proyectos personales y se mostraba feliz de volver a disponer de su libertad individual, de volver a tener voz y decisión propias. “No soy una Madre de Plaza de Mayo”, repetía una y otra vez.

Pero ni bien se apagaban las cámaras, volvía raudamente a su guarida donde planeaba los pasos a seguir, en medio de ataques de llanto y depresión. En el departamento de Patricia Alonso daba rienda suelta a su desasosiego. Allí afloraba un hombre quebrado que se había jurado no dejarse caer en soledad. Alonso lo acompañaba y lo sostenía. Patricia era su mano derecha, su amiga, su confidente, su amante desde hacía ocho años. La historia de amor comenzó cuando Patricia trabajó de secretaria en el estudio jurídico de Schoklender en Lanús. Lo demás es más conocido. Patricia Alonso fue la ex directora administrativa de la Fundación Sueños Compartidos y también una de “Las Cristinas”, el grupo de militancia creado por Bonafini a mediados de 2001 para apoyar a la Presidenta.

En esas horas, los medios reflotaban denuncias ya olvidadas, antiguas advertencias como la carta escrita en 2003 por el ex director de la Universidad Popular de las Madres, Vicente Zito Lema, en la cual se mencionaba a Schoklender como un “monje negro”. La mugre afloraba. Atrás, muy lejos, había quedado una relación de amor filial que parecía a prueba de todo.

Hebe, por su parte, luego de los primeros tiempos de negación, empezó a nombrar a su Hijo como Sergio Schoklender, el célebre asesino de sus padres, a quien ella había rescatado de la cárcel. En el círculo de funcionarios cercanos a la Madre, Sergio volvía a ser un parricida.

La relación se terminó efectivamente poco después del 24 de marzo de 2011. Todo ocurrió en una reunión que mantuvieron a solas Hebe y Schoklender. Hebe dudaba en tomar la decisión de echarlo. Sin embargo, en el gobierno le habían quitado todo el apoyo a Schoklender, quien día a día redoblaba la apuesta con reclamos violentos, sin jamás imaginar que el escándalo público cobraría la dimensión que finalmente alcanzó. Conociéndolo, Hebe sospechó que Sergio pronto se iría de boca y, con bronca y temor, de inmediato buscó el asesoramiento del jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, quien la recibió en la Casa Rosada. Juntos diseñaron el plan “Con los pañuelos no” que consistía en salvaguardar a Hebe, la heroica Madre de Plaza de Mayo, apelando a su historia y al símbolo de la gloriosa institución que presidía.

A Sergio todos lo conocían. En un primer momento intentaron congelarlo, pero el ex apoderado no quiso pasar al ostracismo ni aguantar serenamente la incontinencia verbal de Hebe. Con el fin de calmar los ánimos de Bonafini, Fernández instruyó a un quilmeño llamado Gonzalo Seoane para que la acompañara en las Marchas de los Jueves. Seoane revisaría sus discursos y controlaría los contactos de Hebe con la prensa.

A su vez, durante dos meses, Sergio mantuvo negociaciones con el Gobierno, de la mano de su abogado, Adrián Tenca. Pero al tiempo, empezó a sospechar que el letrado le estaba pateando en contra y decidió emprender una campaña mediática contra buena parte del oficialismo. Sin embargo, apenas se apagaban las cámaras, Schoklender recomenzaba una y otra vez a negociar los límites de sus denuncias, según los límites que le prometieran a su suerte en los tribunales. Aún hoy Schoklender continúa creyendo que le hicieron “una cama” puertas adentro de la Fundación, específicamente, en las oficinas de prensa.

El 24 de noviembre de 2011, el juez federal Norberto Oyarbide levantó el secreto de sumario sobre la causa por presunto lavado de dinero y defraudación al Estado por parte de Sergio Schoklender y otros 68 acusados. Ese mismo día, su ex abogado personal, Sergio Gandolfo, rompió el silencio y declaró para este libro. Gandolfo es uno de los pocos sobrevivientes del círculo del ex apoderado que se quedó con Bonafini y trató de poner en orden las cuestiones legales de la Fundación, firmando miles de telegramas de despidos y resolviendo las conciliaciones obligatorias. Durante la entrevista, Gandolfo se preguntó indignado: “¿Quién le hizo la cama a Sergio? ¿Las Madres? ¿Hebe? ¿Su hermano? ¿Quién? Todo estaba muy centralizado en los hermanos. Sergio es un mitómano”. En la misma sintonía que Gandolfo, Hebe no creyó ya nunca más en Schoklender, a pesar de que cada decisión tomada por Sergio había contado con su visto bueno.

El chivo expiatorio ideal

No hay mejor chivo expiatorio que los Schoklender.

Al Gobierno le viene perfecto, se buscaron un socio ideal

para lavarse las manos.

ALEJANDRA ARTACHO, EX SOCIA

DE PABLO SCHOKLENDER

“Toda mi vida traté de ser increíblemente justo, aun en contra de mis intereses.” Así se describía un Schoklender derrotado, a fines de septiembre de 2011 en la intimidad de la casa de su ex mujer, Viviana Sala, en Chacarita. La plana mayor del Gobierno había cambiado la estrategia y ahora sí hablaba del caso y se ocupaba de defenestrar públicamente al ex apoderado. Su madre adoptiva lo trataba de traidor y pedía la cárcel para él y sus secuaces.

El mayor de los Schoklender podía tomar a duras penas el café servido por una de las dos empleadas domésticas que lo atendían en el PH de su ex mujer. Sus manos no paraban de temblar. Mientras tanto, Servian, el misterioso armenio que lo acompañaba a Tribunales, mantenía firme la mirada en sus movimientos.

“Lo mismo que me pasó a mí, le pasó a Alejandra”, decía Sergio en otra charla semanas después, cuando se conoció la salida de la hija de Bonafini de la Fundación. La Hija se había peleado con su madre por defender el reclamo de los trabajadores, quienes querían protestar ante la Casa Rosada por el corte abrupto de fondos. “A Hebe le importaba más que Cristina la invitase a un acto público o que un secretario la salude, que el proyecto que soñamos”, decía Schoklender.

Las cuentas bancarias de Alejandra Bonafini también eran investigadas por la Justicia por reportes de operaciones sospechosas, por la compra de un auto y la contratación de una póliza de seguros. Alejandra siempre había sido empleada estatal, desde mediados de los ochenta en ENTEL y luego en el Ministerio de Desarrollo Social de la provincia de Buenos Aires. En 2008, ingresó a la revista Sueños Compartidos de forma efectiva y pidió licencia en su trabajo anterior.

“Son una banda”, decía públicamente Bonafini. ¿Pero quién tenía autoridad moral para excluirse de esa supuesta banda de ladrones? El sucesor de Sergio al frente de la Fundación fue su propio hermano, quien había simulado una pelea para mantenerse en el cargo. “Pablo era el que manejaba la plata y el cerebro de la organización”, analiza Alejandra Artacho, ex socia del menor de los Schoklender en el restaurante de San Telmo 70.

Cuando Hebe decidió que el hermano menor no era ningún santo, lo expulsó de la Fundación junto con otras dieciséis personas, entre ellas, el contador Alejandro Gotkin, señalado como el dueño de Meldorek e íntimo amigo de Sergio. Gotkin no era un don nadie en la estructura de la Fundación sino un técnico valorado por Bonafini quien, personalmente, le presentó a la Presidenta en la inauguración de la obra de Castañares y en el club Albariños en Lugano. Luego le llegó el turno a Hugo Gallardo, socio de Pablo Schoklender en empresas y negocios como Construcciones Calificadas S.A. y ladero de Sergio, tanto en los asuntos legales como en la extorsión que sufrió Miriam Aquino por la negativa a firmar los convenios en el obrador Castañares.

Luego de “descubrir” que Gallardo también formaba parte de “la banda”, Hebe designó a su propia hija para que saneara las cuentas. La hija se dedicó a echar empleados y a maltratar a los sobrevivientes que estaban alejados de la militancia política.

Schoklender decía que “la gente la mandaba el legislador Juan Cabandié, de La Cámpora. Por ejemplo, Edith Romero fue nombrada por orden suya en el cargo de directora de Educación de la Fundación”. En ese punto, el ex apoderado hace una leve autocrítica al afirmar que “cuando le abrimos la puerta a La Cámpora lo hice para que trabajen, no para que sumen gente a sueldo, parasitando para no hacer nada”.

¿Cómo era el sistema de ascensos laborales y de ingresos salariales en la Fundación? Ex trabajadores y personas vinculadas a la Fundación afirman que, “como en muchos organismos públicos del Estado, por acomodo”.

Pero Schoklender va más allá: “Las diferencias de sueldo se daban por la cercanía con Hebe, ella venía y te decía que fulanito a partir de ese día pasaba a cobrar quince mil pesos. Decía: ‘Hay un chico muy bueno y comprometido que me lleva los papeles’ y le aumentaba el sueldo como a los que le producían el programa de radio o los que la acompañaban a un acto público”.

Alejandra, en su rol de apoderada, no terminó con el sistema de corrupción instaurado en tiempos de los Schoklender sino que dividió al personal de la Fundación entre fieles e infieles.

Hombres de seguridad, matones y referentes sociales que se habían sumado seducidos por el dinero y el poder, se olvidaron de Schoklender para pasar a simpatizar con “la Hebe”. Éste fue el caso de Rubén “Pocho” Brizuela e incluso el de la propia Alejandra Bonafini, ex socia de Sergio en la compra de departamentos en La Plata. Según Sergio, Alejandra “no podía estar al frente de nada, ella sí era funcionaria pública, yo no. Tendría que rendir cuentas de un capital de casi 500.000 dólares que sacó de la Fundación”.

En su visita a la Comisión de Viviendas y de Asuntos Constitucionales, Schoklender acusó a Alejandra de haberse comprado una casa valuada en 250.000 dólares con fondos de la Fundación. “La casa tiene 213 metros cuadrados y le costó 384 mil dólares.” La operación se había realizado el 3 de noviembre de 2009.

En agosto de 2011, yo mismo visité la propiedad situada en el centro de La Plata y comprobé que, efectivamente, era llamativa. Alejandra Bonafini no tuvo necesidad de pedir ningún crédito hipotecario para esa compra. Asimismo, le vendió a Meldorek (cuando eran socios y amigos) otro departamento que tenía en la capital bonaerense. Esta última operación se realizó, según Schoklender, para que Alejandra le devolviera un dinero prestado.

Luego de la pelea de Hebe con su hija, le llegó el turno al abogado Sergio Gandolfo, encargado de comunicar los despidos a los empleados de los obradores y de negociar sus indemnizaciones. Gandolfo había sido socio en el estudio legal de Sergio y lo había representado, en el juicio de filiación con María Belén Schneer.

Tras la salida de Gandolfo, el gobierno nacional decidió blanquear la situación y ocuparse directamente del asunto. En sucesivas reuniones entre funcionarios del Ministerio de Planificación y la Subsecretaría de Obras Públicas, se anunció a los representantes de los trabajadores que la Fundación no podría seguir al frente de las obras, que estaba virtualmente quebrada. Así fue como apareció el fideicomiso, en teoría salvador, del intendente de Quilmes Francisco “Barba” Gutiérrez para canalizar la operatoria de Sueños Compartidos.

Mientras que el Movimiento Evita le ganaba la pulseada a referentes locales y punteros como Marcelo Chancalay, contadores cercanos a Amado Boudou empezaban a manejar las finanzas de la Fundación. Felisa Miceli reaparecía públicamente y se paseaba por las marchas frente a la Pirámide de Mayo, luego de decenas de jueves ausente. Hasta que se alejó de su cargo por diferencias insalvables con Schoklender, Felisa Miceli, como directora financiera de la Fundación, había informado semanalmente acerca de todos los movimientos de caja. Pero Sergio no admitía que nadie lo controlase.

Miceli se mantuvo en silencio hasta su reaparición triunfal luego del impresionante resultado electoral del oficialismo, en las elecciones primarias del 14 de agosto, entendido como una victoria contra los “monopolios y los medios hegemónicos”.

El 27 de octubre de 2011, Miceli, directora del Centro de Estudios Económicos y Monitoreo de las Políticas Públicas (CEMOP), otra estructura satélite de la Fundación, apareció en la radio abierta organizada por las Madres para homenajear al ex presidente Néstor Kirchner, a un año de su muerte. Ese día, estaban todos los que habían ideado Sueños Compartidos: Amado Boudou y Débora Giorgi (que juntos fueron artífices del trunco fondo del Bicentenario con Meldorek), el intendente de Quilmes y Abel Fatala. Sólo faltaba Sergio. Pero a Schoklender nadie lo mencionó, sólo lo recordaron, sin darse cuenta, al homenajear a Néstor como el desaparecido 30.001. Fatala estaba nervioso. No se despegaba de sus hijos. Bonafini y Boudou le pidieron que dijera unas palabras pero recién se animó a hacerlo cuando los presentes lo ovacionaron. Era el momento de su revancha. Al término del acto, Fatala, refiriéndose al abrumador éxito electoral del 14 de agosto de 2011, afirmó que la gente se había dado cuenta de todas las cosas que se habían hecho durante la gestión de Cristina. También aprovechó el micrófono para atacar a quienes “hicieron oposición implacable de 2007 en adelante” y que “sufrieron un castigo muy fuerte en las urnas”, en alusión directa a la Coalición Cívica liderada por Elisa Carrió, partido que investigó sin cesar el desaguisado de la Fundación.

Sobre la Misión Sueños Compartidos, Fatala negó que la Fundación hubiese dejado de construir viviendas: “Las Madres siguen construyendo viviendas. Lo que pasa es que la corporación es implacable porque, a cada paso que dábamos decían ‘las madres se van, las madres se retiran’”.

Diez días después, el intendente de Quilmes le daría la razón a Fatala. El Gobierno volvía a confiar en la Fundación para construir viviendas, esta vez, como proveedora de los paneles que se fabricaban en Barracas, y también como encargada de la capacitación de los obreros.

El domingo 5 de noviembre de 2011, cuando la noticia apareció en La Nación, Sergio se embroncó e insultó al aire. No estaba furioso porque tenía que presentarse, una vez más, en Comodoro Py. Lo que lo tenía fuera de sí era que se había quedado afuera de un negocio fastuoso.

El viernes anterior a la elección presidencial, la ex socia gastronómica de Pablo Schoklender declaró convencida: “Todos están metidos, pero no hay mejor chivo expiatorio que los Schoklender. Al Gobierno le viene perfecto, se buscaron un socio ideal para lavarse las manos”. Sergio sentía que lo habían sacrificado por una causa que ya no le pertenecía.

Corte y SIDE

El hombre del balcón me dijo que si me callaba,

la causa se dormía después del 23.

SERGIO SCHOKLENDER MENCIONANDO A FERNANDO

POCINO, EL FUNCIONARIO DE INTELIGENCIA PRESENTE

EN UN CORTE EN LA AVENIDA GENERAL PAZ DE LOS

TRABAJADORES DE SUEÑOS COMPARTIDOS

El martes 12 de julio de 2011, trabajadores del obrador de Castañares cortaron durante siete horas la General Paz en Lugano, frente a los monoblocks de Sueños Compartidos. Insultos, corridas, piedras, amenazas de disparos y trescientos gendarmes avanzando preparados para reprimir fueron las postales de la jornada.

A los trabajadores los acompañaba el sindicato de la UOCRA que escuchaba sus reclamos. En febrero de 2011, antes de que el escándalo estallara, en el sindicato de Gerardo Martínez decían que no era prioritario ocuparse de un plan de viviendas bajo la órbita del gobierno nacional. En el sindicato gastronómico de Luis Barrionuevo, donde también figuraban inscriptos los trabajadores, tampoco se demostraba un interés en investigar el tema.

Pero Oscar Castro, asesor legal del sindicato de Trabajadores de la Industria de la Construcción y Afines —Sitraic— dijo que la UOCRA era cómplice junto con el Ministerio de Trabajo y la fuerza policial: “Al sindicato le conviene tener los trabajadores en negro porque hacen caja con las coimas que le dan los empresarios de la construcción. A los que reclaman, les mandan las patotas para romper las protestas”.

La tarde del 12 de julio, los medios nacionales estaban presentes en una manifestación. Trescientos cincuenta empleados protestaban, hartos de no tener respuestas durante los últimos meses por el retraso en el pago de dos quincenas de sueldo, el incumplimiento en el pago del aguinaldo y la falta de aportes jubilatorios. Schoklender admitió que no se realizaban los aportes correspondientes para mantener los puestos de trabajo y que Hebe estaba de acuerdo con la situación. Ese día, los manifestantes no querían entrar en razones. Las únicas voces supuestamente oficiales que se acercaron a ofrecer una solución fueron la del puntero Chancalay y la de Rubén “Pocho” Brizuela.

Las obras estaban paradas y la Gendarmería, dispuesta a reprimir.

Desde uno de los balcones de los monoblocks de Castañares, Fernando Pocino, el hombre fuerte de la Secretaría de Inteligencia de la Nación, monitoreaba los movimientos de los ex trabajadores convertidos en piqueteros. Fernando Pocino sería señalado luego por Schoklender como el hombre enviado por Aníbal Fernández para “negociar” su silencio: “Me encontré con él en el bar de Triunvirato, a una cuadra de mi casa, y me dijo que me callase. Me prometió que la causa se iba a dormir después del 23” (en alusión al 23 de octubre de 2011, día en que se realizarían las elecciones presidenciales).

Esa tarde, los servicios de inteligencia trabajaban para un organismo de derechos humanos haciendo espionaje interno. Pocino era director de Reunión Interior de la ex SIDE y había cobrado notoriedad pública por una foto publicada en enero de 2007 por Perfil mientras nadaba entre las olas de Cariló. Autor de la campaña sucia contra Enrique Olivera, candidato a legislador del ARI en 2005, Pocino había espiado también a periodistas, dirigentes sociales y opositores en una forma tan escandalosa que hasta el ex jefe de Gabinete de Néstor y Cristina Kirchner, Alberto Fernández, había denunciado que tenía su teléfono pinchado.

Pero ningún funcionario público explicó las razones por las que Pocino estuvo allí presente. No sólo los servicios de inteligencia, monitoreaban los movimientos de los manifestantes, sino que los propios compañeros “acomodados” estaban infiltrados e informaban a las fuerzas de seguridad quiénes debían recibir una feroz reprimenda.

Yo fui testigo presencial de cómo una señora de casi 100 kilos le informaba al jefe del operativo policial qué personas debían ser castigadas y, le prometía al comisario Luis Alberto Norte, que serían despedidos de inmediato. Norte le decía a la informante: “La doctora Garré me dio la orden de desocupar. Estoy autorizado para usar la fuerza pública. Después de esto, a mí me echan a mi casa, ¿te pensás que me gusta? Vos me venís a hablar pero no representás a nadie. La que está de violeta (por una de las mujeres que más reclamaban) quiere joda. Son unos pelotudos, me acaba de llamar Garré y me dijo que están juntando piedras. Me quiero ir al diablo. Estoy desde las nueve y media de la mañana aguantándoles la vela y son las cinco de la tarde”.

La obesa señora le pedía al comisario que reprimiera y le decía que tenía el respaldo de la Fundación. Pero el jefe del operativo ya no quería saber nada con nadie. Durante dos horas, el puntero y ex boxeador, Marcelo Chancalay había hablado por celular con Abel Fatala pidiéndole una combi para llevar a algunos referentes a “negociar”. Un ciudadano boliviano, llamado Sandro, denunciaba discriminación e intentaba comandar el corte, pero su participación era tibia. Había mujeres y niños, algunos se quejaban de la falta de pago mientras que otros explicaban los tejes y manejes internos que iban desde el negocio de algún capataz que los obligaba a limpiar baños en el club Sacachispas al robo de materiales apañados por los arquitectos de turno.

Chancalay decía tener llegada directa con José López, quien resolvería el tema, pero que el Gobierno ponía como condición previa que desalojasen General Paz. Nadie lo escuchaba. La Gendarmería comenzaba a avanzar cuando los trabajadores intentaron ingresar al obrador. Dentro de éste, Brizuela y diez matones, posiblemente armados, lo evitaron. Se produjo un diálogo tenso durante el cual los manifestantes tiraron piedras hacia el obrador.

En un principio, Brizuela se había opuesto a la llegada de la Fundación a la Villa 15, donde era un puntero cercano a los oficialismos de turno. Era un fervoroso radical cuyo padrino político era Roberto “Beto” Larrosa, hombre fuerte del club Sacachispas (el estadio lleva su nombre), para el cual los trabajadores aportaban obligatoriamente un porcentaje de su sueldo. Schoklender lo había ablandado con un contrato para él, sus tres hijos, su esposa y varios hombres de su confianza. Además, le había dado lugar un destacado entre las fuerzas de choque que lo acompañaban, por todo el país, para “resolver problemas” con los díscolos.

Ahora, con 48 años, Pocho era el jefe de la seguridad personal de Bonafini en las marchas de los jueves junto con “los pochos” y un grupo de mujeres morrudas. Presidente de la Comisión Vecinal del Núcleo Habitacional Transitorio de la Villa 15, Pocho, se solía mover por el barrio con su camioneta Toyota Hilux y, desde 1998, cuando ingresó durante la gestión de Fernando de la Rúa, era personal de planta del Gobierno de la Ciudad en la Subsecretaría de Seguridad Urbana a cargo de Matías Molinero.

Otra de las tantas casualidades. El hermano de Molinero, Ezequiel, trabajó en el restaurante de San Telmo 70, y se fue peleado con Pablo Schoklender. Además, el hijo menor de Pocho, está imputado por intento de homicidio de Juan José Rearte, cuando en el comedor “Aprender a Vivir”, supuestamente de las Madres y administrado por la mujer de Brizuela, Rearte quedó en medio de un tiroteo por el manejo de los fondos. La investigación está a cargo del Juzgado de Instrucción Nº 42 en lo Criminal y Correccional de la Ciudad.

Esa tarde, Pocho la pasó mal. Se enfrentó con los seten ta trabajadores más violentos que lo responsabilizaban de defender a Hebe y a Sergio. Cuando los cronistas se retiraron y las cámaras se apagaron, “Pocho” explotó violentamente. La respuesta que me dio fue reproducida en Canal 13 y en TN: “Hay una falta de pago que es general. Por el escándalo pasó esto. Hay que arreglar con los proveedores, hay muchas cosas, hay muchos cheques que cortamos y otros no”. Yo le pregunté si Hebe estaba al tanto de la situación. “Yo pienso que sí, pienso que sí”, respondió mientras les juraba a los manifestantes que él también había sido despedido tras aparecer en la revista Noticias. Era mentira.

Dos días después, otro grupo de trabajadores se animaría a preguntarle a Hebe, frente a la Pirámide de Mayo, por la falta de pago de sus haberes. “Vayan a reclamarle a Schoklender”, respondió la Madre de Plaza de Mayo mientras se subía a su Trafic blanca.

Tenso cruce

Reclamale a Sergio Schoklender.

HEBE DE BONAFINI AL EX TRABAJADOR LUIS ARANDA,

EL 14 DE JULIO DE 2011, EN PLAZA DE MAYO

Usted dice Sergio Schoklender pero… ¿qué dice acá?

Dice Fundación Madres de Plaza de Mayo.

RESPUESTA INMEDIATA DE LUIS ARANDA

A HEBE DE BONAFINI

Luego del corte de la General Paz, muchos trabajadores tuvieron la idea de ir a ver a Bonafini. Lo hicieron dos días después, durante la marcha de los jueves alrededor de la Pirámide. Fueron sólo cuatro: Mariano Gómez, Carlos Fernández, Gastón Salvatierra (no es pariente de Alejandro Salvatierra) y Luis Aranda. Ese día, Aranda y Salvatierra callaron a Hebe y le mostraron sus recibos diciéndole que no era cierto que los había mandado Schoklender, como ella los acusaba, sino “la necesidad y el hambre”. Gonzalo Seoane, quien se presentaba como Prensa de Bonafini pero que actuaba como custodio de la Madre, les prometía que el problema pronto se solucionaría. Sin embargo, cuando las cámaras se retiraron, la seguridad de Hebe amenazó a Gastón Salvatierra con que “iba a terminar en una zanja” porque le había gritado en la cara a Bonafini que “usted no tiene problema porque se vuelve a su mansión”. Salvatierra había sido despedido seis meses antes, al igual que Aranda, cuando se produjo la toma del Parque Indoamericano.

En los primeros días de diciembre de 2010, Rubén “Pocho” Brizuela y su mujer, Graciela Miranda, invitaron a Aranda a ser parte de la ocupación pero el jardinero de la obra de Villa 15, “Elefante Blanco” se negó. Y tuvo que renunciar. Cuando llegó la Fundación al barrio, Brizuela y su mujer manejaban el ingreso de los trabajadores a la Fundación mientras usurpaban terrenos para luego vendérselos a las Madres. Las chicas más morrudas, violentas y atractivas de la Villa 15, eran contratadas como seguridad bajo la atenta mirada de Pocho y, luego del escándalo, conservaron sus puestos de trabajo reubicadas por el Movimiento Evita. Una de ellas contó que, en los actos, “nos pegábamos a Hebe para que nadie la tocara y, cuando iba al baño, le cuidábamos la cartera. Sergio controlaba nuestros movimientos pero, en el barrio, el jefe era el Pocho”.

Marcela Díaz trabajó en el área de Compras de la Fundación. Su marido, Raúl Leopoldo Contreras, otro ex convicto que era chofer de las Madres desde 2009, está preso en la cárcel de Ezeiza desde abril de 2011 por tirotearse con uno de los hijos de Pocho y con el jefe de choferes, de apellido Carrizo, quienes lo acusaron de romper una computadora del obrador y amenazar a la mujer de Pocho.

El 7 de abril de 2011, la humilde casa de Marcela dentro de la villa fue baleada mientras ella colgaba la ropa. Antes, en otro tiroteo, un joven de 30 años llamado Juan Rearte recibió un disparo en el tórax.

El 17 de julio de ese año, Marcela Díaz denunció lo ocurrido en la prensa y, a la semana siguiente, cuando se dirigía al juzgado para presentar unas fotografías del hijo de Pocho armado disparándole y la fotocopia de unos supuestos cheques por 84 mil pesos que habría recibido la jueza, María Gabriela Lanz, a cargo de la causa de su marido, cuatro hombres la bajaron del colectivo línea 50 y le robaron la mochila con esa documentación. Después del 14 de noviembre, día en que la entrevisté, Díaz fue interceptada por el propio Pocho y su mujer, Graciela Miranda, quienes le dijeron que “se recatara y no hablara más boludeces”. Esa semana, en un segundo encuentro en los pasillos de Ciudad Oculta, una de las chicas de seguridad me descubrió entrevistándola y me advirtió por facebook, “si se entera el jefe, nos mata a todos”.

Inexplicablemente, la Justicia no se presentó a realizar las pericias correspondientes y los cuatro pedidos de excarcelación a Contreras fueron rechazados. Los testigos que declararon en la causa, según Marcela, fueron amenazados para que declararan en contra de su marido. Algunos de los testigos amenazados fueron Carola Cerda, hermana de Dolores Sigampa y la madre de Ezequiel Demonty (el chico que fue asesinado tras ser obligado a tirarse al Riachuelo por la Policía en la madrugada del 13 de septiembre de 2002) y que trabaja para el Ministerio de Seguridad de la Nación.

Pero las casualidades no se terminan allí. Contreras, el hombre que se enfrentó a Pocho y está detenido en Ezeiza, es el tío paterno de Claudio Maciel, quien también trabajó en la Fundación y fue uno de los testigos fundamentales para que juzgaran a los policías implicados en el asesinato de Demonty. El otro testigo de aquel hecho fue Ismael Paz, quien estuvo preso mucho tiempo por una causa “armada” de robo, se envició con el paco y murió misteriosamente, dentro de un auto, en los pasillos de la villa en 2008. Dolores Sigampa, madre de Ezequiel, dirige un comedor que lleva el nombre de su hijo asesinado. Su hijo mayor, Félix, trabaja como personal de seguridad del Museo de la Memoria, en la ex ESMA. Díaz la acusa de haber negociado con la Fundación pues su familia, “cobra de Madres, sin trabajar” y por plantar testigos “truchos” en la causa contra su marido. Desde el anonimato, tres vecinos de Ciudad Oculta confirman la denuncia. Brizuela manejaba una caja que iba de los 200 a los 400 mil pesos mensuales con los cuales le pagaba a “su gente” en negro, y a los que hacían “las cosas bien” los iba efectivizando. “Los primeros años, la gente no cobraba en la Fundación, sino en la casa de Pocho que es la más grande del barrio donde está la virgencita sobre avenida Eva Perón. Una vez que te blanqueaban, las tarjetas de débito te las daba su mujer”, recuerda una vecina del Núcleo Habitacional Transitorio, pegado a la Villa 15. Dinero es poder y contar con ese caudal de dinero lo convirtió en el hombre más temido del barrio y en el brazo ejecutor, primero de Schoklender, y luego de su salida, de la Fundación. Tras el escrache de Aranda y Germán Salvatierra a Hebe en Plaza de Mayo, Brizuela fue apartado de la seguridad personal de la Madre y perdió su poder en el club Sacachispas. Los habitantes de Ciudad Oculta saben que Pocho está agazapado y pronto volverá a ser el de antes. Mientras tanto, le enseña cómo moverse y manejar el barrio a Alejandro “Pitu” Salvatierra.

9. EL JUEZ DUERME, LA POLÍTICA PROTEGE

A fines de 2009, la Fundación estaba en su esplendor económico. La expansión soñada de Sueños Compartidos incluía la construcción de chalets orientados a la clase media, más convenios de viviendas populares y la exportación del modelo a América Latina. Los vínculos con el negocio farmacéutico y los nexos con las obras sociales, para equipar los centros de salud y hospitales que la Fundación planeaba construir, rondaban en la cabeza del menor de los Schoklender que se divertía en su restó privado refaccionado con materiales del Estado.

En Ezeiza, se estaba por firmar un convenio con el servicio penitenciario para que los reclusos se reinsertaran en la sociedad a través de un moderno método diseñado por Sergio, pero esta idea no era del agrado de Hebe. Schoklender paseaba por los ministerios y los despachos de los diputados y senadores en el Congreso con sus carpetas que mostraban las ventajas del método constructor importado de Italia.

El crecimiento patrimonial de los Schoklender, de la hija de Hebe y de su círculo de amigos no tenía fin. Para soñar en grande era necesario contar con una red de apoyo en todas las áreas de control estatal para que hicieran la “vista gorda”, y también con funcionarios (intendentes y gobernadores) dispuestos a participar en los negocios. La cercanía de Bonafini con el ex presidente Kirchner facilitaba todo y también impedía que los estafados, engañados y amenazados que iban quedando en el camino, llegaran a la Justicia. Ellos escuchaban la misma respuesta: “Schoklender es Hebe, meterse con ella es ir contra Cristina”.

Los damnificados denunciaron las injusticias en el Ministerio del Trabajo, en el sindicato de la construcción, en la Cámara Argentina de la Construcción, ante diputados nacionales y funcionarios locales, en comisarías de la ciudad, en Secretarías de Derechos Humanos y ante la IGJ. Pero no sucedió nada. Ni siquiera los diputados nacionales tuvieron respuestas de la Unidad de Información Financiera —UIF— tras presentar un exhaustivo informe en el que sostenían que existían posibles movimientos de lavado de dinero por parte de Schoklender y la Fundación. Antes de que estallara el escándalo, ni siquiera los periodistas independientes que se desempeñan en grandes medios querían investigar a Schoklender porque era “meterse con Hebe”. Incluso algunos diputados opositores de la Coalición Cívica preferían cambiar de tema cuando se les mencionaban ciertos manejos autoritarios, patoteriles y clientelares efectuados en los obradores de Sueños Compartidos. ¿Cómo puede ser que nadie se preguntara acerca del modo en que una flamante empresa constructora como Meldorek conseguía ganar las licitaciones de la Fundación? ¿A nadie le llamaba la atención que Meldorek contara con dos aviones privados en los que volaban gobernadores, sindicalistas y funcionarios?

Meses después del escándalo, el 11 de noviembre de 2011, solo en el bar de los Tribunales de Comodoro Py, mientras revolvía una taza de café bien cargado, Sergio me preguntó, “¿Cómo puede ser que ahora nadie me conozca? Si reportaba semanalmente a Carlos Zannini (histórico secretario de Legal y Técnica), iba a los actos… Alejandro Gotkin, quien no era amigo mío sino de Pablo, que lo había conocido por el contador Fabián Ploskinos, le enseñó el método constructivo de paneles a Cristina para Tecnópolis. Nos conocían todos”.

Poco antes de estallar el escándalo, el diputado Juan Carlos Dante Gullo se refirió al tema y me preguntó: “¿De qué escándalo hablás? Es un tema de la Fundación (…) No son fondos que el Estado debía controlar”.

¿No es responsable el Estado de los fondos que adjudica, evadiendo controles y de forma discrecional? ¿Qué pasó? ¿El Estado no quiso o no supo actuar ante las irregularidades? ¿Cómo es posible que, a fines de 2011, todavía no se supiera cuánta plata había sido desviada? Según Schoklender, las casas se construyeron como dijeron intendentes y gobernadores y, por lo tanto, no hubo ningún delito.

Pero todo indica que es imposible que Hebe no haya sabido acerca de los extraños movimientos financieros y económicos de los hermanos Schoklender. De hecho, una de las mujeres que la acompaña desde hace años, confiesa que “bicicleteaban la plata pero hacían funcionar a la Fundación. No hacían nada sin el visto bueno de Hebe. Se sabía todo pero si durante treinta años te dicen que sos la mejor persona del mundo, la soberbia te enceguece”. Lo público y lo privado se mezclaban constantemente. Tanto es así, que la mujer recuerda con nostalgia el llamado que realizó por orden de Hebe pidiéndole al presidente del Mercado Central 600 chorizos para festejar fin de año en la radio o los pedidos constantes de dinero al Ministerio de Desarrollo Social para que colaborase con la emisora. “Esa noche sobraron un montón de chorizos”, dice mientras que le pregunto si los habían pagado. La mujer se ríe socarronamente sin discernir entre lo legal y lo ilegal.

¿Cómo es posible que el gobierno nacional tampoco supiera nada? El Banco Central, entre sus funciones, debe vigilar de forma permanente el buen funcionamiento del mercado financiero y cambiario por intermedio de la Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias, que depende del presidente de esa institución. Martín Redrado, Mercedes Marcó del Pont y el funcionario Santiago Carnero deberían explicar cómo no observaron, desde 2004, los sucesivos cheques rechazados por la Asociación Rebeldía y Esperanza y, más adelante, por la Fundación. La Unidad de Información Financiera tiene por objeto prevenir el lavado de dinero en el país pero retuvo las citadas denuncias del 18 de junio de 2010 elevadas por diputadas de la oposición. Recién luego del escándalo, el 1º de junio de 2011, se elevó el informe correspondiente.

Todos los años, el contribuyente recibe las advertencias para completar su declaración jurada de bienes. La AFIP no se manejó de esa forma para entrecruzar los movimientos financieros de los amigos de Pablo y Sergio que llegaron a conformar innumerables sociedades manejando cifras millonarias. La Inspección General de Justicia, por ejemplo, observó las fallas de la conformación de la asociación civil de Miriam Aquino pero no le notificó a nadie. Así fue parte de un convenio millonario con la ciudad de Buenos Aires, primero, y luego con el Ministerio de Obras Públicas de la Nación en otro convenio en el que se le falsificó la firma. El Ministerio derivó cuantiosos fondos a una Fundación que publicó algunas fotos y una breve descripción de sus obras en una página de internet que ya no existe. En esa sintonía, el Ministerio ni siquiera lo informó en su página www.minplan.gov.ar tal como está obligado a hacerlo, ya que la Misión Sueños Compartidos estaba incluida en el Programa Federal de Viviendas.

La Fundación Madres de Plaza de Mayo se constituyó el 24 de mayo de 2005 y, menos de dos años después, firmaba un convenio para construir viviendas sin que nadie analizara fehacientemente si gozaba de la capacidad técnica y financiera necesaria para ese fin.

En la ciudad de Buenos Aires, bajo el gobierno de Jorge Telerman, la ministra Gabriela Cerruti autorizó el desembarco de la Fundación violando el principio de igualdad y el de concurrencia en las licitaciones públicas.

Nadie ejerció el poder de policía para controlar las obras. Tal es así que, por ejemplo, en la segunda gran obra que tuvo a cargo la Fundación, en Los Piletones, se violó sistemáticamente el convenio al otorgársele un monto superior al 25% del total establecido antes de comenzar a construir.

La Fundación, rápidamente, compró el 49% de la Corporación Buenos Aires Sur S.E. para disponer de las matrículas correspondientes importadas de Italia, Emmedue, para construir viviendas rápidas y baratas. La fundación no cumplió con el pago de las cuotas correspondientes ni siquiera con la llegada al gobierno de Mauricio Macri, supuestamente un opositor, que tampoco le cobró la deuda. El ex presidente de la Corporación, Enrique Rodríguez, pasó a ser socio de Pablo Schoklender en distintos emprendimientos privados y a nadie le llamó la atención. Y no fue el único caso. Claudio Freidín pasó del Instituto de Viviendas donde posibilitó el ingreso de las Madres en la ciudad al Ministerio de Obras Públicas para controlar las obras de… las Madres.

En conclusión, la Fundación evadió todos los controles porque así lo dispuso el poder político, económico y financiero. Es imposible creer que una sola persona haya sido culpable de tantas fallas y que ninguno de los organismos de control del Estado no lo haya advertido. Es imposible creer que Schoklender tuvo tiempo de crear decenas de sociedades, desarmarlas, volverlas a armar, emitir cheques sin fondos, recorrer el país, América Latina y el mundo, realizar actos públicos, comprar bienes indiscriminadamente y, por si fuera poco, vivir la vida como si fuese el millonario más excéntrico del mundo. El Gobierno sabía y por eso enfrió el partido, y le pasó la pelota a su mejor jugador en la Justicia.

Oyarbide

Hay que sobornar hasta los árboles.

Acá van presos los pelotudos… y los pobres.

FRASES ATRIBUIDAS AL JUEZ NORBERTO OYARBIDE por

EL HOY EMPRESARIO TEATRAL LUCIANO GARBELLANO

En el Juzgado Criminal y Correccional Nº 5 a cargo del juez Norberto Oyarbide, recayó, por sorteo, la causa que representaba el mayor escándalo de corrupción durante el kirchnerismo, pues tocaba dos venas esenciales de la sociedad: el problema de las viviendas en la Argentina y la utilización política de los derechos humanos. En realidad, la causa habría recaído en el juez federal Ariel Lijo pero, según una investigación publicada por el periodista Christian Sanz en su portal digital Tribuna de Periodistas, el auditor general de la Nación, Javier Fernández, realizó las gestiones para que recayera en Oyarbide.

Antes de que estallara el escándalo, el 9 de mayo de 2011, el diario La Nación había publicado una exhaustiva investigación de la periodista Laura Zommer en la que se describía al auditor Javier Fernández como “el hombre que mueve los hilos de la Justicia” y que “su nombre aparece asociado a casi todas las causas políticamente sensibles al Gobierno”.

Javier Fernández conoce a Oyarbide desde antes del 11 de septiembre de 2001, cuando cayeron las Torres Gemelas. Mientras el mundo cambiaba y Osama Bin Laden, los talibanes y el terrorismo internacional eran las palabras más mencionadas en los medios, en el Senado Nacional se rescataba al juez Oyarbide del juicio político iniciado tres años atrás por Elisa Carrió en la Cámara de Diputados. Ese día, los hilos de Fernández jugaron para el lado del juez. En su despacho han trabajado familiares y parientes de muchos jueces federales, como Ariel Lijo, y de camaristas, como Jorge Ballestero. Mientras Oyarbide estaba ocupado con la mafia de los medicamentos y con las escuchas ilegales encargadas por el gobierno de Mauricio Macri, otra causa sensible al kirchnerismo caía sobre sus espaldas. El juez se mantuvo fiel a sí mismo y enfrió la causa, enredó las distintas líneas de investigación, dictó el secreto de sumario una y otra vez hasta los días previos a la segunda asunción presidencial de Cristina Fernández de Kirchner y desestimó las denuncias efectuadas por el principal implicado. A su vez, aceptó a la Fundación Madres de Plaza de Mayo y a su titular, Hebe de Bonafini, al menos responsable de los desaguisados de su ex mano derecha, apoderado e Hijo, como querellantes de la causa merced a las gestiones del abogado Eduardo Barcesat. Según Schoklender, “la historia de vida de Hebe es la de una persona que se caga en todos, es una máquina de echar gente y las grandes cagadas las hizo cuando le soplaron la oreja Barcesat y Aníbal Fernández, gente que no sabe nada de nada”.

El doctor Barcesat logró su cometido y luego dejó de representar a la Fundación por incompatibilidad de funciones, ya que dirigía el Laboratorio de Políticas Institucionales de la Universidad de las Madres de Plaza de Mayo.

En diciembre de 2010, la Universidad llegó a un acuerdo con la Jefatura de Gabinete por el que el centro recibió 1.080.000 pesos durante todo 2011 y se repartían 90 mil pesos mensuales, de esa cifra, entre siete abogados. “Es una pelotudez”, dijo Barcesat para este libro aunque reconoció que “se rescindió el contrato con ese Laboratorio para que nadie sospechara nada. Preguntá cuánto cobraba Schoklender como apoderado, que no eran 15 mil sino 30 mil que figuran en los libros contables más lo que se llevó”. El supuesto sueldo de Barcesat era de 15 mil pesos mensuales, pero el propio abogado dice que su sueldo alcanzaba los 20 mil pesos, aunque “no recuerdo la cifra exacta”. Agrega, además, que, como representante de las Madres, su tarea la realizaba sin ocasionar ningún costo a la Fundación. El mismo argumento utilizaba Schoklender en relación con sus tareas extras acompañando a Hebe en sus viajes por el mundo.

La relación entre Barcesat y el ex apoderado nunca había sido buena. Barcesat desconfiaba de Schoklender desde la creación de la Universidad Popular, cuando “el monje negro” vetó su nombramiento como Director de la Carrera de Abogacía. Barcesat fue reemplazado por Eduardo Fachal, quien es jefe del Área de Control Comunal de la Defensoría del Pueblo de la ciudad de Buenos Aires y, al dejar su cargo, dijo que Schoklender estaba preparando “un tercer parricidio”. Esa semana, Schoklender había dado a conocer que a Barcesat se le depositaba una jugosa suma de dinero gracias a las gestiones de Aníbal Fernández, quien le indicaba los pasos a seguir en la causa. Schoklender agregó que el abogado era un funcionario encubierto del Gobierno, contratado para armarle denuncias a Mauricio Macri y que el ex jefe de Gabinete había forzado a la Fundación a suscribir el citado convenio, firmado por Hebe, para crear el Instituto de Estudios Jurídicos en la Universidad. Al día siguiente de la salida del libro Sueños postergados de Schoklender, Eduardo Barcesat me dijo que las denuncias contra Macri eran públicas, ciertas y contaban con el respaldo de la Madre pero que eran uno más de otros tantos temas que se estudiaban en el Instituto. Remarcó que, por prudencia, había dejado de representar a Hebe pues, “cuando hay alguien como este hombre (por Schoklender) que prende el ventilador y salpica para todos lados era conveniente dividir funciones”. No especificó en qué consistía esa incompatibilidad de funciones.

El 22 de junio de 1951, en Entre Ríos, nacía Norberto Mario Oyarbide, hijo único de un peluquero y una telefonista. En Sr. Juez, una biografía judicial de Norberto Oyarbide del periodista Daniel Santoro, en los dichos públicos y realizados para este libro por Luciano Garbellano, pasando por los del titular de la Cooperativa La Alameda, Gustavo Vera, quien investiga y denuncia la explotación de mujeres en talleres textiles y en la prostitución, se vincula a Oyarbide con Carlos Alberto Perciavalle (h.), un empresario que llegó a regentear una de las más importantes redes de prostitución VIP de Capital Federal en los noventa. De hecho, Oyarbide fue el padrino de bautismo del hijo de Perciavalle, como lo publicó el periodista Daniel Santoro, adjuntando la correspondiente acta. El juez subió raudamente escalones en la Justicia en la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº 1, la única con competencia electoral en el distrito porteño donde conoció a Emir Yoma en el momento en que el ex presidente Carlos Saúl Menem comenzaba a sentirse acorralado por las causas de corrupción en su contra. Menem lo nombró juez en 1994 merced a un pedido de un sector de la SIDE, manejada en aquella época por Hugo Anzorreguy, y alcanzó relevancia pública cuando estalló el escándalo del boliche Spartacus regenteado por el entonces desconocido Luciano Garbellano.

Por Spartacus pasaron funcionarios, periodistas, jueces, famosos y hasta una misteriosa mujer conocida como “El Palomar” que disfrutaba de observar a hombres teniendo relaciones entre sí. En el prostíbulo, había más de cien jóvenes de entre 18 y 35 años que trabajaban en turnos organizados para cubrir las 24 horas del día. Bautizado como “el palacio de placer homosexual” por el propio Garbellano, en Spartacus la privacidad y la discreción no eran tales pues el empresario había instalado algunas cámaras con la “ayuda de amiguitos de la SIDE” para utilizarlas en caso de que fuese necesario. Como mecanismo de protección o de extorsión, según se dice. En uno de sus excelsos restó ubicado en Palermo, la medianoche del viernes 23 de diciembre de 2011, en una charla exclusiva para este libro, Garbellano recuerda que llegó a manejar cuatro importantes sitios de esparcimiento que recaudaban más de cinco millones de dólares al año, por lo que no tenía necesidad de extorsionar a nadie. Sin embargo, muchos clientes solicitaban la grabación de sus actuaciones sexuales acompañados por algún joven muchacho provisto por la casa por lo que, según el empresario, las cámaras no eran secretas.

El 9 de marzo de 1998, Spartacus fue clausurado por orden del juez de Instrucción, Oyarbide, por ejercerse en su local la prostitución. Según el juez, la relación con Garbellano se había roto pues estaba cansado de que “el hombre de la noche” se hiciera pasar como su sobrino en “saunas” en que pedía suculentos sobornos afirmando tener contactos con la Federal. En cambio, según el empresario de la noche, el juez le estaba sacando “los taxi-boys” más codiciados. Textualmente, el 7 de julio de 1998, Garbellano declaró ante el juez Rodríguez Lubary, el fiscal Quantín y su abogado defensor, Víctor Stinfale, que había echado a Oyarbide “cansado de que se lleve a los taxi-boys, a pesar de que en Spartacus no se le cobraba”. El hoy productor teatral y director de cine, afirma que el juez disfrutaba de los servicios de Spartacus de forma gratuita pero, no conforme, al día siguiente del encuentro, invitaba a almorzar a alguno de los empleados rompiendo los códigos de convivencia no escritos de este tipo de emprendimientos. La ley que manejan en la noche señala que si una persona regentea un prostíbulo no le conviene que progresivamente le vayan quitando a las chicas o chicos pues el negocio del “empresario” es que el cliente visite siempre su departamentito, boliche o sauna. En concreto, cuando una persona visita un cabaret difícilmente una chica le dará su celular personal al cliente para encontrarse fuera del local y, si lo hace, será en estricto secreto pues, en esa negociación, el dueño del boliche queda fuera de la transacción.

Antes de esa declaración, en marzo de 1998, los videos de ciertos actos de la vida privada del juez estaban en poder del empresario quien, según el fiscal Quantín, le relató, sin inmutarse, que tenía “ochenta videos íntimos de Oyarbide, otros jueces, funcionarios políticos y periodistas”, pero que no se los daría a la Justicia. La medianoche anterior a Nochebuena, Garbellano explica que no se trata de un mito y me cuenta detalles de periodistas y empresarios de medios, algunos de ellos protagonistas de este libro, que disfrutaron de Spartacus. En 1999, uno de esos videos se emitió en el programa televisivo de Mariano Grondona, con el juez como protagonista, mientras Garbellano salvaba su vida de milagro. El empresario viajaba en su Volkswagen Gol, rumbo a Rosario, acompañado de su secretario personal, el DJ Hernán Cattaneo, que en aquel entonces se llamaba Hernán Guzmán, y del que Garbellano está convencido que fue su entregador. Al parar en una estación de servicios a cargar nafta, el disc jockey lo abandonó, Garbellano continuó su viaje en su auto, que llevaba dos casetes de video, según Daniel Santoro, posiblemente con las filmaciones del juez como actor principal. El empresario lo niega pues, para “hacer esa transacción la hacía a la vuelta de mi casa” y explica que viajaba para “comer un asado con amigos”. En una ruta paralela a la Nº 12, un Renault 18 gris lo interceptó y lo detuvo. Dos hombres se bajaron del auto, se acercaron a él, le robaron sus dos celulares, ropa y las llaves del coche, mientras que lo obligaron a descender del vehículo y le dispararon, seis veces, con la intención de matarlo. Garbellano muestra las marcas: un disparo en la espalda que casi le afecta el pulmón izquierdo, otro en el codo (pues Garbellano inclinó su brazo contra el ejecutor lo que le salvó la vida), el tercero en el mentón y un cuarto disparo en el dedo menor de su mano derecha. Los otros dos disparos no lo alcanzaron. Huyó por un campo en medio de la madrugada hasta que interceptó a una patrulla de Gendarmería que lo trasladó hasta el hospital de Zárate. Las semanas siguientes, un comisario cercano al juez, de apellido Rosa, intercambió más de setenta llamadas con el empresario, supuestamente, para negociar la entrega del material audiovisual. “Era un amigo, y es cierto que hablamos muchas veces, era el recaudador del juez”, dice el productor teatral. Oyarbide se sentía acorralado. Su abogado, el doctor Víctor Stinfale declaró en Página/12 que no se había tratado de un intento de robo, sino que a su cliente lo habían querido matar. Días después, Elisa Carrió, Alfredo Bravo y un grupo de legisladores de la Alianza presentaron el primer pedido de juicio político contra el juez. Por amplia mayoría, el extenso dictamen aprobado en Diputados acusaba a Oyarbide de haber cometido una falta ética al violar el reglamento de la Justicia Nacional (Decreto ley 1.258/58), enriquecimiento ilícito, presunto delito de amenazas y haber omitido denunciar la comisión del delito de promoción y facilitación de la prostitución, como principales cargos. Durante el último año del menemismo, el juicio político a Oyarbide se congeló y su tratamiento se demoraba eternamente. Finalmente, tras ejercer su propia defensa, ante el Senado de la Nación, el juez fue suspendido con goce de haberes, lo cual originó un feroz combate verbal, el 22 de marzo de 2001, entre la diputada Carrió, acusadora en representación de la Cámara de Diputados, y el juez. Ese día se pidió la destitución de Norberto Oyarbide pero, en el Senado, el juez sería salvado por el presidente del bloque del PJ, Augusto Alasino, entre otros. En el libro de Daniel Santoro, el entonces viceministro de Justicia, Melchor Cruchaga, recordó que “el menemismo pisó el expediente durante casi dos años y un sector de la Corte Suprema le había extendido antes las licencias a Oyarbide”. Cruchaga visitó los despachos de senadores del PJ para informarles que la falta de idoneidad del juez estaba probada y que si lo absolvían significaría un duro golpe a la credibilidad de la Justicia, pero ellos le contestaban que la decisión política de salvarlo estaba tomada. Y así fue.

Años más tarde, comenzó a circular en internet el trailer de una película de bajo presupuesto dirigida e interpretada por el propio Garbellano actuando de él mismo, titulada El Juez. Con pequeñas actuaciones del periodista de espectáculos Luis Ventura y del mediático La Mole Moli, los tres minutos del adelanto del film resultan explosivos, pues se relatan con crudeza los principales escándalos de corrupción del juez a mediados de los años noventa. El film, como explica el propio director, intercala diez respuestas del juez al periodista Joaquín Morales Solá en una entrevista antológica, en que niega distintas acusaciones en su contra, como el pedido de coima de 250 mil dólares al restó Hard Rock Café, sus vínculos con las redes de prostitución de Buenos Aires y sus vicios personales con la otra versión de la historia, representada ficcionalmente por actores que imitan los modos, posturas y diálogos de los protagonistas de Spartacus y del entorno del juez.

Cuando se conoció la historia entre Oyarbide y el ex empresario de la noche, Schoklender quiso comprarle la película a Garbellano y ser su abogado defensor para reabrir la causa del intento de homicidio ocurrido en 1998. Por entonces, el ex apoderado de la Fundación gritaba en el tercer piso de los Tribunales de Comodoro Py que tenía en su poder videos de Oyarbide en situaciones indecorosas con menores de edad.

Garbellano relata que, en agosto de 2011, mientras estaba de vacaciones en un hotel cinco estrellas de Tandil con su pareja, la modelo Daniela Cardone, recibió un llamado de un viejo conocido suyo. El interesado lo había contactado a través de Luis Ventura, según luego le contaría el propio periodista de espectáculos. Se trataba de Nicolás Pizzi, del diario Clarín, quien escribía semanalmente las novedades judiciales del escándalo Schoklender. Pizzi le preguntó a Garbellano si tenía problemas en conocer y juntarse con una persona que estaba interesada en ver su polémica película. El empresario, cuando supo que esa persona era el mismísimo Sergio Schoklender, no se negó al encuentro pues quería conocer su propuesta, a pesar de tratarse, como él mismo explica de “un parricida, ludómano, extorsionador y que se había pasado de piola, al mandarse varias cagadas, creyéndose más vivo que todo el gobierno junto”.

Schoklender y Garbellano cenaron en el restó del empresario durante casi tres horas. Durante el encuentro, el ex apoderado relató sus logros personales en la última etapa de su vida, explicó las virtudes de la Misión Sueños Compartidos, se solidarizó con el empresario por la persecución que había sufrido de parte del juez y le pidió ver la película, pues tenía la intención de instalar una pantalla gigante en Comodoro Py, para que todos se enterasen de quién era “el Petiso Oyarbide”. Schoklender le agregó que él también era un novato productor cinematográfico y que tenía dos películas producidas, una de ellas con un guionista misionero, sobre la trata de personas en la Argentina. Las dos horas restantes del encuentro, Schoklender observó la película detenidamente en el primer piso del local y, al concluir el film, le realizó la seductora oferta: “La quiero comprar. Es un material que te ofrezco difundirlo por todo el país porque merece ser declarado de interés público”.

Garbellano no se inmutó ante los elogios de Schoklender. Siguió escuchándolo. Estoy en un momento complicado, dijo el ex apoderado, pero podría ofrecerte cinco palos verdes, la mitad en efectivo y el resto en casas, un jeep y el yate. Garbellano lo miró fijo y le recordó que tenía todos sus bienes embargados, pero Schoklender le describió las bondades de sus casas en el barrio El Patacón, en La Lonja. “No me interesa”, dijo un sereno Garbellano. No supo más de él pero los servicios de inteligencia, seguramente, a través de alguno de los protagonistas de esta historia, ya estaban anoticiados. Tres días después, según Garbellano, un asesor personal del jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, se comunicó con él con la intención de conocer el contenido de la película y, luego de verla, le ofreció un monto similar para comprarla. La respuesta habría sido la misma. Otros políticos se comunicaron con el empresario para conocer el contenido de El Juez, como un reconocido senador de la oposición que se retiró embelesado con el film. Sin noticias del ex apoderado, quien, seguramente, se habría retirado disgustado ante semejante desplante de Garbellano, el empresario continuó su vida. Cuenta que además le habría recordado a Schoklender que era amigo de sus abogados, por lo cual no le interesaba cambiarlos. Schoklender niega esta versión de la historia. Sólo ellos conocen la verdad. El 25 de noviembre de 2011, Clarín publicó una llamativa noticia afirmando que Schoklender sería el abogado defensor del “taxi-boy”, en la causa por el presunto intento de asesinato del empresario en 1998. Ésa fue la versión que quiso dar a conocer el ex apoderado para presionar a Garbellano e intentar que Oyarbide diera un paso al costado en la causa. Por otra parte, Schoklender comenzaba a promocionar su libro, Sueños postergados en los programas televisivos. Ese mismo día, este autor dialogó con el ex gerenciador de Spartacus, quien negó lo publicado, y acusó de extorsionadores a Schoklender y al periodista de Clarín, Nicolás Pizzi, quien firmaba la nota: “En septiembre me vino a comprar el periodista la película, en nombre de Héctor Magnetto y de Schoklender (…) y no ando vendiendo la película por la vida”. Ese día, Garbellano me invitó a ver El Juez a su casa mientras afirmaba que “ellos me intentaron presionar para que haga algo en contra de Oyarbide, pero yo con la película hago lo que quiero. Me encontré a través de nuestros abogados pues Schoklender quería hablar de un tema artístico pero, no tengo otra relación, pues yo no construyo casas ni tengo nada que ver con Meldorek”. El periodista de Clarín se molestó con la entrevista radial, negó los dichos de Garbellano y aclaró que “prefería no hablar más del tema”. Lo cierto es que la nota, luego de la advertencia del abogado de Garbellano de una posible demanda, había cambiado abruptamente su título. El taxi-boy se había transformado en empresario de la noche.

La causa

Oyarbide continuó al frente de la causa a pesar de las duras críticas de los camaristas Eduardo Freiler, Eduardo Farah y Jorge Ballestero quienes criticaron el prolongado secreto de sumario que afectó el derecho a la legítima defensa del acusado y del resto de los mencionados en la causa. Freiler fue más allá y afirmó que “se estaría perjudicando el descubrimiento de la verdad, a la vez que se restringen indebida y prematuramente derechos fundamentales de quienes están sometidos a proceso, dictándose inhibiciones generales de bienes, embargos, prohibición para salir del país, entre otras”. No era la primera vez que el camarista disentía con el juez. En medio del escándalo de las coimas en el Senado para aprobar la ley de flexibilización laboral, Freiler, en ese momento fiscal de la causa, había pedido la prohibición de salir del país a los mencionados por el “arrepentido” Mario Pontaquarto. Oyarbide, una vez más, se colocó del lado del poderoso y desestimó el pedido.

Schoklender no soportaba el freezer en donde lo habían metido la política y el juez. El camarista, Eduardo Freiler, había sido concluyente al afirmar que la dirección que Oyarbide le había dado a la causa hacía que encontrar las pruebas resultase “tan difícil como hallar una aguja en un pajar, un pajar que el propio magistrado se ha encargado de construir”. Y así era.

El abogado Eduardo Fachal, reemplazante de Barcesat y contratado por la Fundación para querellar a Sergio Schoklender, aclaró algunos puntos para este libro luego de consultarle a un periodista de Tiempo Argentino, que tiene un programa de radio en la primera del dial. El doctor en leyes que acompañó a las Madres en innumerables marchas, apuntó su accionar contra los Schoklender, luego de la salida de Barcesat. También lo hizo contra Gotkin, Eduardo González Fernández, Hugo Gallardo, Patricia Alonso y Sergio Gandolfo, el hombre que estuvo hasta noviembre en la Fundación y no fue citado en el pedido de indagatoria de Di Lello. Fachal afirmó que nunca le cayó bien Sergio Schoklender y por eso, junto con Noli, tomaron distancia cuando se incorporó a la asociación y señaló que la propia hija de Hebe, Alejandra, deberá dar explicaciones por los dos Reportes de Operaciones Sospechosas en las que fue informada por la UIF por 235.000 pesos y por la venta de su departamento en La Plata a Meldorek. Fachal señaló que, a lo largo de la investigación, sus intereses como representante de la Fundación podrían chocar con los de la hija de Hebe. Ese importante detalle no fue tenido en cuenta por el juez para aceptar a las Madres y a Hebe de Bonafini como querellantes de la causa, lo que posibilitaba que sus abogados contaran con la desgrabación de sucesivas escuchas telefónicas realizadas a los implicados de forma clandestina, entre ellos, la hija de la titular de la Fundación. Esas preguntas específicas sobre los acusados, los detalles de la causa, la supuesta falsificación de la firma de Bonafini en noviembre de 2010 entre el gobierno nacional y Meldorek, el abogado evitó responderlas.

Cuando regresó de sus vacaciones por el Caribe, el juez Norberto Oyarbide viajó a Resistencia, Chaco, para retomar la investigación por la posible malversación de fondos públicos. No se entrevistó con las víctimas ni con los denunciantes sino con los funcionarios del gobernador y con Emerenciano Sena en el Juzgado de Primera Instancia de la ciudad durante cuatro horas. Lo hizo el 16 de febrero de 2011 pero, según tres testigos —dos ex trabajadores y un ex piloto de Sergio Schoklender y luego funcionario provincial— el día anterior, Oyarbide y Sena se reunieron en privado. El juez evitó hablar con la prensa mientras que el piquetero aseguró que había presentado “todo lo que nunca se supo a nivel nacional de la causa”. Los amigos de Sena también declararon como, por ejemplo, Rafael Espíndola —un sereno entrevistado para esta obra— y Viviana Gómez. El funcionario chaqueño, R. H., testigo de esos encuentros, está convencido de que la visita fue un eslabón más para que la causa termine en la nada misma.

El asesinato de otro sereno, Héctor Librado Pintos, del obrador de La Rubita en septiembre de 2010, no fue motivo de investigación por el juez en su visita a Resistencia. A pesar de que no son pocas las fuentes que señalan a los matones que asesinaron a Héctor Librado Pintos, vinculado al Movimiento de Trabajadores Desocupados 17 de Julio que lidera otro piquetero llamado “Tito” López, el asesinato fue olvidado a los pocos días incluso por el periodismo local. Pintos fue acuchillado y luego rematado con cuatro disparos efectuados por matones a sueldo y los asesinos habrían llegado al lugar de los hechos en un Chevrolet Corsa. Estos datos se archivaron en el expediente Nº 26.493/11 caratulado “Montenegro, Pedro Roberto; Ojeda, Julián Javier Antonio; Chávez, Cristian Armando; Jara, Oscar Manuel y Besada, Juan José s/homicidio”. Los cuatro detenidos rápidamente fueron liberados y el asesinato del Gringo Pintos aún sigue impune.

A mediados de abril de 2012, las denuncias contra el vicepresidente Amado Boudou preocupaban al gobierno nacional que decidía, para desviar la atención periodística, soltarle la mano a Sergio Schoklender y dar luz verde al juez Oyarbide para que procediera. Por primera vez, el ex apoderado empezó a sentir que la cárcel podía ser —nuevamente— su próximo destino.

SEGUNDA PARTE
Negocios compartidos

1. REBELDÍA Y ESPERANZA

Tuve una lanchita, tuve una lancha más grande,

un crucerito chiquito, que lo compré junto con mi suegro,

y lo tuvimos que vender para ayudar en un momento

a las Madres, todo eso fue antes de 2001.

SERGIO SCHOKLENDER, 30 DE MAYO DE 2011

EN EL CANAL DE NOTICIAS TN

El nombre Asociación Madres de Plaza de Mayo era objeto de una disputa legal con la Línea Fundadora de las Madres, presidida por Nora Cortiñas. Schoklender propuso que el ente que llevara a cabo las operaciones financieras y económicas fuera Rebeldía y Esperanza y mantener el nombre de fantasía de la Asociación Madres de Plaza de Mayo por su fuerza histórica y simbólica. Ese sello gerenciaría, por ejemplo, la calesita ubicada frente a la Universidad Popular y, con el correr de los años, se transformaría en una verdadera empresa multirrubro. Rebeldía y Esperanza tuvo su contrato social en 1995 pero recién el 1º de septiembre de 2002 se inscribió en la AFIP, admitiendo que desde marzo de 1999 llevaba adelante su actividad principal: “Servicios NCP (no clasificados previamente)”. En noviembre de 2002, sumó una actividad secundaria, “venta al por mayor en comisión o consignación de madera y materiales para la construcción”. Y en enero de 2003, otras dos: “Enseñanza para adultos y servicios de enseñanza NCP” y “Fabricación de revestimientos cerámicos”.

Luego de la crisis social y económica de comienzos de 2001, las asambleas populares estaban en su apogeo, al igual que las pequeñas cooperativas que tomaban las riendas de empresas vaciadas por sus dueños. Zanón en Neuquén o Bruckman en Buenos Aires fueron asesoradas legalmente por la Asociación Rebeldía y Esperanza. Schoklender, acompañado por su esposa Viviana Sala, visitó Zanón. Se presentó más como consultor privado que como el administrador de una asociación civil relacionada con los derechos humanos.

“Hay tres principios que cualquier proyecto económico tiene que respetar: ser rentable, productivo y eficiente”, declaró el abogado al diario La Nación el 3 de marzo de 2003, cuando confirmó que Rebeldía y Esperanza había comenzado a asesorar a los obreros de la ex Zanón, que por entonces reclamaban en la Justicia por el control de la fábrica ubicada sobre la Ruta Provincial 7. El vínculo incluía capacitación, servicios de marketing y contaduría, y aportaba la estructura jurídica y legal para que la cooperativa de obreros pudiera facturar sus ventas a nombre de la asociación civil dependiente de Madres de Plaza de Mayo. Trabajadores como Fabián Villagrán y Cristian Mellado recuerdan que al comienzo todo era color de rosa, pero la relación con Schoklender empeoró cuando notaron otras intenciones, muy alejadas de la defensa de los trabajadores. Schoklender recuerda que fueron los trabajadores de Zanón quienes se acercaron a él porque necesitaban colocar sus productos en el mercado y no tenían cobertura legal para facturar ni estructura administrativa propia para hacerlo. El primer paso fue otorgarle a la empresa recuperada la posibilidad de que facturara por cuenta y orden de Rebeldía y Esperanza, a través de la modalidad de fabricante de cerámicos y confeccionó un acuerdo con la cadena Easy. Con el fin de ganar nuevos mercados, Zanón lanzó dos nuevas líneas de productos: Piedras del Sur y Fasinpat (Fábrica sin Patrones) y comenzaron a exportar aprovechando la red de contactos internacionales de las Madres. Schoklender asesoró de manera similar a los trabajadores de Bruckman y a los ex trabajadores del Supermercado Tigre. En septiembre de 2011, Sergio Schoklender evaluaba su participación y la de las Madres como clave para la recuperación de esas empresas para los trabajadores. Sin embargo, ellos no lo recuerdan de esa manera.

Los viajes a la provincia de Neuquén eran constantes pero el ex apoderado no utilizaba su tiempo sólo en asesorar a los empleados de la fábrica de cerámicos Zanón. Como está asentado en el Boletín Oficial del 31 de enero de 2003, Schoklender, como representante de la asociación, solicitó la explotación comercial de la mina vacante denominada La Salvación III bajo el expediente 11.275/82. Para ello, acreditó domicilio legal en la ciudad de Zapala, Neuquén, presentó el correspondiente canon minero de 120 pesos y el sellado fiscal de 28 pesos. Pero esto no fue lo único que solicitó en Neuquén. En el Boletín Oficial, publicado el 1º de abril de 2005, de la provincia entonces gobernada por Jorge Omar Sobisch, se daba a conocer la constitución formal del Corralón Chapelco S.R.L. con fecha del 6 de octubre de 2004. Los socios constituyentes eran Luis Alberto Sala, argentino, un comerciante de 64 años de edad casado en primeras nupcias con Andrea Emilce Cofán, que residía en la capital neuquina. Actualmente, Luis Alberto Sala es monotributista de la categoría B, sin deudas financieras ni préstamos personales. Sala no estaba solo en la empresa. En la constitución del corralón lo acompañaba su prima lejana Viviana Sala, casada en segundas nupcias con Sergio Schoklender. El objeto social de la empresa eran las actividades de compraventa, industrialización, fabricación y distribución de materiales directamente afectados a la construcción; artículos para la calefacción, refrigeración, artefactos para el hogar y accesorios para la industria de la construcción. El 20 de octubre de 2011, Luis Alberto Sala admitió en esta investigación que existió “una intención” de realizar un negocio con su prima pero que, finalmente, el corralón, nunca funcionó porque la intención era “familiar” y, cuando apareció Sergio, “se disolvió todo”. Luis Alberto Sala recordó que el proyecto era “entre primos” pero Viviana tenía muchas obligaciones con su actividad profesional en la medicina que le imposibilitaba ocuparse del asunto. La aparición de Schoklender y de “otra gente” liquidó el plan original porque se corría un serio riesgo de que se transformara en otra cosa. Sala evitó responder si aún mantenía contacto con su “prima lejana” Viviana, y advirtió que temía hablar, que se arriesgaba mucho.

El Corralón Chapelco fue la primera empresa fantasma en la que tuvo alguna participación Schoklender utilizando la chapa que le daba ser el apoderado legal de las Madres. A pesar de estar inscripto en la ciudad de Neuquén, según consta en el Boletín Oficial correspondiente, la dirección comercial se radicó en la turística ciudad de San Martín de los Andes, jamás pagó la licencia requerida ante el municipio. La jefa de la división “Actividades Lucrativas” del área de Rentas del municipio, Talía Barros, confirmó al diario provincial de Río Negro que Corralón Chapelco S.R.L. tenía habilitada la licencia comercial 3.928 con domicilio en Pablo Neruda 124 de San Martín de los Andes, expedida el 15 de noviembre de 2005, pero que desde entonces nunca le había pagado nada al fisco municipal. La funcionaria es peculó con que pudo haber ocurrido que se hubiera solicitado la licencia y nunca se hubiese instalado el emprendimiento. O también dijo que quizás en algún momento cesó la actividad comercial pero sin cumplir con pedir la baja. Pero, cualquiera sea el caso, la dirección comercial es distinta de la que figura en el Boletín Oficial y el dato no deja de llamar la atención.

El capital social original era de 50 mil pesos, un monto minúsculo en comparación con lo que llegaría a manejar Schoklender más adelante. El Corralón Chapelco es el germen de lo que sería la Misión Sueños Compartidos como símbolo del entrecruzamiento entre fondos públicos e intereses privados. Pero antes de comenzar a construir viviendas, Sergio debía dar muchas vueltas por el país. Algunas, en calesita.

Una vuelta en calesita

Los chorizos están al sol en proceso de descomposición.

DENUNCIA DEL CIUDADANO J. B. ANTE LOS INSPECTORES

DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD, ENERO DE 2005

Usted tiene razón pero… son las Madres.

RESPUESTA DEL INSPECTOR

Desde 2002, el cuadrilátero este de la Plaza del Congreso albergaba una calesita artística. El entretenimiento infantil había sido instalado en forma ilegal y las discusiones con las autoridades del Gobierno de la Ciudad en torno de su permanencia se diluían. La calesita, junto con otros juegos y un puesto de panchos y gaseosas, era propiedad de una asociación llamada Rebeldía y Esperanza. A su vez, enseguida se sumaron otros locales de artesanías, libros y baratijas relacionados con la Asociación Madres de Plaza de Mayo, situada allí enfrente. La calesita estaba en el Área de Protección Histórica 1 que es, como su nombre lo indica, un lugar histórico y, según la legislación local (Ordenanza 46.299/92 actualmente con fuerza de ley) se prohíbe “otorgar concesión, cesión, transferencia, tenencia precaria, permiso de uso ni cambio de destino a todo espacio destinado a parques, plazas, plazoletas y todo espacio verde de dominio público”, con la salvedad de las tradicionales ferias artesanales instaladas en la plazoleta Santa Fe, parques Centenario y Lezama y plazas Intendente Alvear, Dorrego y Houssay.

Pero, como declaró el director de la radio de las Madres, Pedro Lanteri, “las Madres no se mueven en la legalidad sino en la legitimidad”. Y así fue como cada emprendimiento económico que realizaron las Madres y Schoklender nació en la ilegalidad para luego presionar a las autoridades pertinentes para ser incluidas bajo el amparo de la ley con métodos, en muchos casos, extorsivos.

La calesita instalada ilegalmente en la Plaza Congreso es un ejemplo menor de lo que sucedería más tarde y representa con claridad la confusión entre lo legal y lo legítimo. Presionado o no, el jefe de Gobierno porteño en aquel momento, Aníbal Ibarra, quien conocía a Sergio Schoklender de distintas tomas y motines en la cárcel de Devoto, firmó el 9 de marzo de 2005 el decreto 285/05 en el cual, entre otros permisos de uso gratuito y precario, autorizaba la explotación del juego infantil por el término de un año, “renovable por un único período, igual al originalmente otorgado”, con el objeto de “regularizar la explotación que viene desarrollando de hecho”, y donde también les daba la habilitación a tres puestos de expendio y comercialización de productos alimenticios. Antes de la firma del decreto, en enero de 2005, cuando recién había ocurrido la tragedia Cromañón, un ciudadano paseaba con un grupo de periodistas españoles por las calles aledañas al Congreso de la Nación. El ciudadano observó preocupado cómo, junto a la calesita situada frente a la Casa de las Madres, un puesto de venta de hamburguesas y choripanes mantenía su mercadería bajo los fulminantes rayos solares. Como el vendedor no le prestó la menor atención al reclamo del ciudadano, éste llamó a un conocido suyo en la dependencia del Gobierno de la Ciudad correspondiente.

Ese caluroso enero de 2005, Juan José Álvarez, al frente de la Secretaría de Seguridad porteña, clausuraba los boliches de la ciudad y los inspectores patrullaban las calles de la Capital colocando fajas de clausura a diestra y siniestra. Sin embargo, el local de comida rápida de las Madres era la excepción: “Usted tiene razón pero… son las Madres”, le respondía el inspector al ciudadano. La aparición de la calesita y de los restantes juegos infantiles como el pelotero inflable y los puestos de comida ubicados en la Plaza Congreso estaban protegidos por una naciente asociación que, en aquel momento, todavía pasaba desapercibida por las crónicas periodísticas que denunciaban la ilegalidad del tradicional entretenimiento infantil.

Antes que se constituyera la Fundación Madres de Plaza de Mayo, el 24 de mayo de 2005, exactamente un año y 364 días después de la llegada de Néstor Kirchner a la presidencia de la Nación, Sergio Schoklender era apoderado y manejaba discrecionalmente la Asociación Rebeldía y Esperanza, que a los pocos meses de ser creada, ya emitía cheques sin fondo. Rápidamente, tendría al menos un pedido de quiebra obrante en el expediente Nº 32.280 radicado en el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial Nº 13 Secretaría Nº 25.

En tres años, la Asociación Rebeldía y Esperanza fue embargada por un monto de casi medio millón de pesos (490 mil con cuarenta y siete centavos) en catorce presentaciones judiciales, de las cuales nunca pagó un solo centavo. Uno de los pedidos de quiebra fue presentada por el estudio Wexler, representado por la doctora Alicia Wexler, quien demandó a Hebe de Bonafini y a Eugenio De Falco porque la asociación explotaba un hostel en el cual habían echado a una clienta de la abogada sin causa aparente y sin la debida indemnización. La empleada había trabajado en negro, o sea fuera de la ley, y la Justicia terminó condenando a la asociación presidida por Bonafini. El patrocinador de Rebeldía y Esperanza era el propio Schoklender. Pero la sentencia nunca se cumplió. El hostel en cuestión se llamaba Yira Yira y, según una ex trabajadora del Banco Credicoop, era un complejo turístico anexado a la Universidad Popular, situado en la calle Defensa 377, en San Telmo. Actualmente está en refacción. Es un edificio de once pisos, con un restaurante y show nocturno. La página web del hostel está dada de baja pero, hasta hace pocos meses, en las vidrieras del edificio todavía estaba pegado el logo de la asociación. La ex trabajadora menciona al arquitecto Eugenio De Falco y a Daniel Dianese como los responsables de la empresa Solunet que actualmente tiene una deuda de 190 mil pesos con el Banco Santander Río. Eugenio De Falco ocupó el lugar de director técnico de la Fundación en reemplazo de Eduardo González Fernández, tras el escándalo de mayo de 2011. González Fernández manejaría la caja de 70, ese restó en San Telmo que gestionaba Pablo Schoklender, y estaba vinculado con él en la productora Habemus.

Eugenio De Falco es un monotributista inscripto en la categoría F (recauda hasta 96 mil pesos anuales) y hermano de Ricardo Mario, quien era uno de los dueños de la empresa de cambio Trade Travel S.A. ubicada a sólo tres cuadras de la Fundación, en Hipólito Yrigoyen 1321, y donde se cambiaban algunos de los cheques de Sueños Compartidos. Sergio Schoklender realizó allí el pago del yate que compró en el año 2007. Se trataba de una lancha Canestrari 23,5 bautizada Aragorn, como uno de los personajes de El Señor de los Anillos. Le costó 42.000 dólares y la inscribió en el registro de la Prefectura Naval el 1° de junio de 2007.

También se abrieron cuentas bancarias en el Banco Credicoop Cooperativa Limitada dirigido por el actual diputado Carlos Heller y, luego, cuando Sueños Compartidos ya era una realidad, la Fundación también comenzó a operar con el Banco del Chaco, el Banco de Santiago del Estero, el Banco de la Provincia de Buenos Aires y el Banco de la Nación. En 2010, el saldo de las ocho cuentas abiertas en la Argentina ascendía a 365 mil pesos. Además de la asociación que funcionaba en la histórica Casa de las Madres, en la localidad de Garín, sobre la Panamericana, la Fundación adquirió una propiedad de 7.871 metros cuadrados. El 27 de noviembre de 2006, las Madres compraron su primer automóvil Volkswagen Sedan 3 puertas, patente FXQ247. Al año siguiente, se adquirieron cuatro autos más: Un Mercedes Benz Chasis con Cabina Sprinter 413, un SsangYong todo terreno Rexton, un Renault Furgoneta Express RL y un Peugeot R Rural 3 puertas partner urbana. En 2008, las compras fueron dos, en 2009, tres, y en 2010, cuatro, incluyendo un Ford Camión F7000.

La ex empleada del Banco Credicoop que habría formado parte de la conformación inicial del Partido Solidario liderado por Carlos Heller, afirma que la Asociación Rebeldía y Esperanza, primero, y luego la Fundación, habría lavado dinero en esa entidad financiera. La fuente, “Mabel”, que no quiso revelar su verdadera identidad, se pregunta por qué no se declaraba la plata si provenía del Estado y era supuestamente legal. Los sueldos de la asociación y de la Fundación, continúa “Mabel”, se pagaban a través del Banco Credicoop hasta que, luego de las elecciones legislativas del año 2009, Heller mostró una cierta independencia del gobierno nacional.

Separados del banquero cooperativista, la Fundación comenzó a pagar los sueldos a través del Banco Provincia y el Banco de la Nación. El pago de sueldos no cumplía con los aportes jubilatorios correspondientes, ni con las asignaciones familiares ni el pago de la obra social. Por esa razón, la Asociación Rebeldía y Esperanza perdió pleitos judiciales mucho tiempo antes del aluvión que se produjo tras la salida escandalosa de Schoklender de la Fundación. Mónica Liliana Rodríguez ingresó a trabajar en la asociación el 12 de octubre de 1999 de la mano de Vicente Zito Lema. Era la correctora de la revista de las Madres y en mayo de 2000 le contó a Hebe de Bonafini que estaba feliz por su embarazo. Evel Petrini, Mercedes Meroño, vicepresidenta de Madres de Plaza de Mayo, Schoklender y Bonafini le comunicaron al día siguiente que la iban a “blanquear” así podría contar con la obra social de los trabajadores de prensa de Buenos Aires (Ostpba) y con el sindicato de la UTPBA. También le prometieron un aumento de sueldo de 100 pesos. Mónica ganaba 500 pesos mensuales y el 12 de diciembre de 2000 nació su hija Violeta con síndrome de Down y una cardiopatía congénita. Según Mónica Rodríguez, Hebe y sus socios no cumplieron con lo prometido y tampoco le abonaron los seis meses con goce de sueldo que establece la ley. Violeta falleció el 13 de julio de 2001 y tres meses después, Hebe le comunicó a Mónica que no había plata para que continuase trabajando. Según la denunciante, la echaron sin pagarle el aguinaldo ni el mes de preaviso correspondiente. Antonio Rojas Salinas fue el apoderado legal de la Asociación Rebeldía y Esperanza, que el 15 de julio de 2004 tuvo que aceptar que la Justicia le había dado la razón a la demandante y le abonó la suma de 13.549 pesos en cuatro pagos. Ocurrió en el Juzgado del Trabajo Nº 11, ubicado en Diagonal Norte 760, y el juez que se animó a fallar contra las Madres fue el doctor José Gómez Paz y la prosecretaria Patricia de Gil bajo el expediente Nº 18.339/02. El resultado de la causa judicial no conmovió a las altas esferas de la asociación, que estaban ocupadas en otras cuestiones.

En el año 2003, Schoklender se presentaba en todo el país como la persona a cargo de las acciones de la asociación civil. Sin embargo, en los registros oficiales la relación aparece con fecha de inicio en enero de 2004, hasta abril de 2006, cuando pasó a ser empleado de la flamante Fundación desde mayo de 2006 hasta marzo de 2011. El domicilio original de la asociación estaba ubicado en la avenida Rivadavia al 13.300, en Ramos Mejía, a menos de ocho cuadras del primer domicilio fiscal de Meldorek sobre la calle Rosales 850.

¿Podía un hombre con un tren de vida como el de Sergio Schoklender mantener a su familia con un sueldo de seis mil pesos mensuales, como declaró que ganaba en la Fundación, en marzo de 2011? ¿O necesitaba de otros negocios?

2. NEGOCIOS SON NEGOCIOS

No nos puso una garita con seguridad para cuidarnos,

sino para que no pudiésemos ingresar material y construir

nuestras casas. Nos dijo que nos pasaría con la topadora.

VERÓNICA, VECINA DEL BARRIO CARENCIADO

A 300 METROS DE LA ROSADITA EN JOSÉ C. PAZ

Detrás de la Misión Sueños Compartidos, los sobreprecios en las obras y los de las tasas de retorno con la complicidad política y de los organismos de control, un grupo de amigos, liderados por los hermanos Schoklender, idearon un fantástico negocio paralelo a la construcción de viviendas. Negocios son negocios y nadie quería quedarse afuera de un paraíso donde, a pesar del escarmiento público, todo continúa como si nada hubiese ocurrido.

El 18 de junio de 2010, la diputada Elsa Quiroz junto con la ex diputada provincial Maricel Etchecoin Moro presentaron a la Unidad de Información Financiera una denuncia sobre la compra de una quinta en José C. Paz por parte de Sergio Schoklender y de Antártica S.A., realizada el 28 de febrero de 2008. Jamás tuvieron respuesta del organismo a cargo de José Sbatella. Embarcadas en un entrecruzamiento de datos sin fin, la palabra “lavado” comenzaba a circular en la investigación. El informante, que había sido testigo de la compraventa de cuatro lotes de terreno con la edificación correspondiente, ubicado en la calle Alfredo Nobel entre 11 de Septiembre y Ugarteche, José C. Paz, estaba convencido de que se trataba de un convenio irregular. La operación se realizó por el monto de 65 mil dólares y, ese día, Schoklender entregó el monto de cinco mil dólares estadounidenses. El resto se pagaría en tres cuotas de 20 mil dólares el 28 de marzo, 28 de abril y 29 de mayo de 2008. Schoklender manifestó que la adquisición se hacía para y con dinero de Antártica Argentina S.A. El pago se efectuó en el Banco de la Nación, sucursal Alvear, de la Ciudad de Buenos Aires. En el momento de firmar la escritura, tanto el comprador —Schoklender— como el vendedor —Jorge Alberto Grisolía— acordaron con el escribano, Andrés Federico Mejía, que el costo de la propiedad era inferior al del mercado porque estaba situado a cien metros de un asentamiento precario, algo que no es cierto. Si bien existe un barrio humilde a 250 metros, las casas que rodean a la quinta son propiedades muy exclusivas. Cuando conocí el barrio y dialogué con los vecinos, todos coincidieron en que el precio que pagó Schoklender por una casa quinta de semejante envergadura era muy económico. Las historias que recogí en las tres manzanas del barrio marginal situado a 250 metros, al que Schoklender llamaba “la villa”, tenían un común denominador. “Supuestamente nosotros somos sus vecinos peligrosos y villeros”, dice Verónica mientras sus tres hijos se divierten pateando unas piedras. En el barrio conocieron a los hermanos Schoklender en 2009, quienes frecuentaron la zona hasta unos días después de que estallara el escándalo. Según relatan sus vecinos, ellos mismos desvalijaron su quinta La Rosadita para dejar la impresión, ante los medios periodísticos, de que la propiedad estaba abandonada.

En José C. Paz, también quedaron truncas las promesas de viviendas para todos. Muchos vecinos participaron de una reunión inicial en La Rosadita en la que Sergio prometió mejorar las calles e iluminarlas. Pero lo único que hizo fue instalar una garita con seguridad privada a fin de evitar que los vecinos construyesen sus propias viviendas en aquellos terrenos fiscales. Las amenazas y los aprietes se hicieron sentir cuando las 4x4 de Pablo y Sergio irrumpieron en las calles de tierra de la zona. Si alguien se animaba a construir, Schoklender, quien se presentó como el dueño de todos los terrenos, decía que derribaría las construcciones. La kiosquera del barrio terminó contratando un abogado que la protegiera de las amenazas de Schoklender de tirar abajo las viviendas para abrir una calle. La mujer desapareció del barrio y nunca más se la vio.

En José C. Paz gobierna desde 1999 el justicialista Mario Ishii. Ante los vecinos, Schoklender hablaba muy mal del intendente y apuraba la salida de ellos para comenzar a construir las viviendas de los sueños compartidos. En aquel momento, el apoderado de la Fundación afirmaba que la compra de la quinta era para construir una clínica de rehabilitación de adictos a las drogas, a través de un contrato de comodato con la Subsecretaría de Prevención de la provincia de Buenos Aires. De inmediato, el gobierno provincial de Daniel Scioli aclaró que la cesión no había llegado a concretarse porque la propiedad no figuraba a nombre de las Madres y porque Schoklender no había presentado la documentación que le pidieron para avalar la donación. Los vecinos también desmintieron que la compra se hubiese realizado en beneficio de un grupo de ochenta familias que habían tomado el predio. Nunca nadie ocupó la quinta. Lo cierto es que Alejandra Artacho, ex socia de Pablo Schoklender en el restó de San Telmo, recuerda que el propio Enrique Rodríguez le comentó que tenía con su socio Pablo una quinta en José C. Paz que quería refaccionar para hacer un hotel vip. La testigo asegura haberle preguntado al ex funcionario si sus intenciones eran serias, pues el barrio no se prestaba para un emprendimiento de ese tipo. El ex funcionario también mencionaba otro posible proyecto de nombre Yira Yira, del que hablamos en un capítulo anterior.

Hoy, la quinta de Sergio está abandonada. Detrás de un paredón de casi tres metros de altura que rodea la mitad de la manzana se esconde una propiedad con diecinueve habitaciones, catorce baños, pileta, jacuzzi y hasta un molino de viento. Schoklender incumplió con los pagos pactados con el vendedor por lo que se iniciaron actuaciones judiciales en el Juzgado Nacional en lo Civil Nº 6 con el expediente Nº 67.616/08 y 67.610 en el Juzgado Nº 27.

Los amigos de los hermanos

Yo era un apoderado más, la presidencia es de Hebe.

SERGIO SCHOKLENDER, 28 DE MAYO DE 2011

En la redacción de Clarín, en un claro mensaje al oficialismo, Sergio Schoklender rompió el silencio. Negó que la Fundación manejara 300 millones de dólares pues los fondos iban directo a los municipios y provincias. Al día siguiente, en televisión, justificó sus repentinos viajes en avión para llegar a lugares donde no hay bancos para pagar sueldos y materiales en efectivo. También afirmó que hacía dos años había empezado a armar un equipo para que lo reemplazara. Tal vez ese famoso equipo eran sus amigos de Meldorek, con nombres que se cruzaban entre distintas empresas cuyos patrimonios crecieron en los últimos años.

Por ejemplo, en el contrato constitutivo de Antártica Argentina S.A., sus socios fundadores fueron: Adriana María Rodríguez, Ernesto Luis Cerneaz, Víctor Cesar Orsi, Luis Antonio Stalloca y Edgardo Luis Stalloca. Rodríguez también fue directora suplente de la empresa AMR Argentina S.A., junto con Orsi, presidente de la misma hasta junio de 2009, y Cerneaz. Este último también aparece en la constructora, financiera e inmobiliaria Phinisterre S.A., Thoresby Trade S.A., junto con Orsi y Loc Aire S.A. Según la información recogida del Boletín Oficial, todas las empresas fueron constituidas entre 2005 y 2009.

El 23 de mayo de 2011, aún el escándalo Schoklender no había estallado pero, en el aula magna de la Facultad de Ingeniería, los ánimos ya estaban caldeados. La clase en la que los alumnos esperaban para entregar sus trabajos prácticos estaba dividida. Algunos alumnos querían escuchar a un grupo de arquitectos presentados por los jóvenes militantes de La Cámpora FADU y el otro a los presentados por el profesor titular. Entre los arquitectos se encontraba un hombre de apellido De Falco que hablaba maravillas del sistema Emmedue implementado en Sueños Compartidos. La clase llevaba el pomposo nombre de “Viviendas populares en el proyecto nacional”. Allí exponía también el arquitecto Julio Segura, el profesional más poderoso en la estructura de la Fundación en el interior del país.

Esa noche, Eugenio De Falco continuó con su exposición, que sería su última aparición pública. Su hermano, Ricardo Mario De Falco, cuyo domicilio está ubicado en la calle Hipólito Yrigoyen 1321, coincide con el de una financiera. De Falco es vecino de la sede de la Fundación y allí se cambiaron cheques de dicha institución provenientes de los Estados Nacional y Provincial, para ingresarlos al circuito formal mediante su liquidación en efectivo. De Falco era empleado en relación de dependencia de la empresa Cambios Trade Travel S.A. e integrante de las sociedades anónimas Phinisterre S.A. y Establecimientos Agrícolas Naturales S.A.

El 25 de mayo, los hermanos Schoklender comieron un asado en el barrio privado El Patacón, en la zona de La Lonja junto con sus amigos Eduardo Ramón González Fernández, Enrique Reale, los hermanos De Falco y Patricia Alonso, hasta ese momento directora administrativa de Sueños Compartidos y vecina de la casa de la ex mujer de Sergio. Pocas semanas después, a Schoklender se lo vería salir del lujoso edificio donde vivía Patricia en la avenida Triunvirato 3095 (a fines de 2011 puso su departamento en venta y en marzo de 2012 ya lo había vendido). Según empleados de la Fundación, Patricia y Sergio no sólo eran buenos vecinos. Reale conoció a Sergio en la cárcel donde fue coordinador del Centro Universitario Devoto, creado en los noventa por Schoklender. Ocupó un destacado rol en la Misión Sueños Compartidos hasta que llegó González Fernández, denunciado por vecinos de La Lonja por construir su propiedad con los paneles de las obras de la Fundación. Precavido, González Fernández puso todos sus bienes a nombre de su mujer, Mariana Nale, quien también vive en el exclusivo barrio privado El Patacón, en La Lonja. González Fernández también habría atendido la caja del restaurante de Pablo Schoklender, 70.

Hebe, entrevistada por el periodista Víctor Hugo Morales, había afirmado que descubrió que Pablo también estaba metido en algo raro y, por eso, lo reemplazó por el abogado Hugo Gallardo quien había participado activamente en el “Juicio ético y político a los jueces cómplices con la dictadura” en Plaza de Mayo. Nacido el 9 de julio de 1952, Gallardo había patrocinado a Bonafini en un juicio contra el conductor televisivo Roberto Pettinato por un segmento de su programa en América donde aparecía una Hebe eternamente puteadora. Todas las fuentes consultadas, y así lo demuestra la documentación de la Fundación anterior al fatídico 25 de mayo de 2011, prueban que Gallardo trabajaba en conjunto con Schoklender. Gallardo y Schoklender eran socios, entre otras empresas, de Docamer S.R.L., que manejaba el bufet de la Fundación y suministraba los alimentos del restaurant que manejaba Pablo Schoklender en el barrio de San Telmo. Para entender esta historia, es esencial desentrañar el rompecabezas formado por los amigos de los hermanos, las mujeres y los familiares. Hay que destacar a la cuñada de Gallardo y una supuesta hermana del Corcho Rodríguez llamada Alejandra, posiblemente, dueña de otra constructora. Gallardo no podía desconocer los manejos financieros de los hermanos Schoklender. Tal vez, por esa razón, su designación como apoderado duró lo que un suspiro.

En la red social facebook, Alejandro, el hijo de Sergio, nieto reconocido por Hebe, es amigo de los hijos de Alejandro Gotkin. Son compañeros de hockey sobre hielo pero no del colegio primario. Gotkin y su mujer, Marcela Zlotogorski, Daniel Laurenti, Oscar Gabriel Castillo, Leonardo Hubscher y Marcelo Lewkowicz también son parte de esta red de amigos que mezclaron lo público con lo privado. Laurenti y Castillo les compraron Meldorek a dos mujeres de avanzada edad, el 23 de junio de 2003, según consta en el acta publicada una semana más tarde en el Boletín Oficial.

Uno de los pocos empleados que en mayo de 2011 aparecía en Construcciones Calificadas S.A. era Manuel Camet, empleado de la Fundación y ex empleado del Gobierno de la Ciudad durante la gestión de Jorge Telerman y de la Corporación del Sur. De esa época, Camet tenía algunos cheques rechazados por la suma de 3 mil pesos. Por otra parte, el citado Gallardo era socio, junto con un yugoslavo, Daniel Parlov, de Construcciones 2011. La constructora de Gallardo y Parlov acumulaba, en esa fecha, cheques rechazados por el monto de 169 mil pesos. Construcciones Calificadas S.A. había sido creada el 26 de febrero de 2008 según el Boletín Oficial 31.353 con el objeto de la explotación y administración de bienes inmuebles y la edificación, construcción o remodelación de obras en terrenos propios o de terceros, entre otras tantas funciones. Camet aceptó romper el silencio y habló para este libro: no negó ningún vínculo y recordó que conoció a los hermanos Schoklender a través de Enrique Rodríguez, a quien, a su vez, había conocido en los años 2005/2006 cuando lo fue a ver, personalmente, a su despacho. Así fue como comenzaron a encontrarse seguido y a construir una amistad que perdura hasta el día de hoy. “Enrique estaba en varios lados, en el Ministerio de Producción y en Corporación Buenos Aires y yo vengo del mundo gastronómico desde 2004”, recuerda Camet en noviembre de 2011. Entre sus proyectos personales, previos a los vínculos con la Fundación y los Schoklender, Camet menciona el restaurante La Madriguera del que fue gerente y socio accionista y La Mediterránea S.A., que figura en el Boletín Oficial del 6 septiembre de 2005. Lo que no mencionó Camet es que no sólo trabajó en proyectos privados, sino que el 28 de junio de 2007, por resolución Nº 189, fue designado como personal de planta del gabinete del Ministerio de Producción a cargo de Enrique Rodríguez durante el gobierno de Jorge Telerman. El ex funcionario luego sería candidato a legislador porteño. El candidato suplente en la lista era el ex secretario de Transporte de la Nación, Juan Pablo Schiavi. Camet afirma que no le debe nada a nadie; incluso, asegura que la Fundación le debe a él. El citado Enrique Rodríguez aparece en varias ocasiones en esta historia pues fue ministro del gobierno porteño de Telerman y, además, presidió la Corporación Buenos Aires Sur, por la cual se firmaron los primeros convenios con la Fundación Madres de Plaza de Mayo. Rodríguez había asumido en la Corporación Sur en enero de 2004, cuando Aníbal Ibarra era jefe de Gobierno. Rodríguez comenzó su carrera como abogado laboralista y tuvo su momento de gloria entre 1992 y 1993 como ministro de Trabajo menemista en medio de la flexibilización laboral y el desempleo masivo. Llegó a ser legislador porteño por el partido de Gustavo Béliz. Su gestión en la Corporación Sur fue el blanco de una fuerte polémica cuando decidió usar 12.800.000 pesos para levantar en tres meses un estadio en el Parque Roca para que se jugara la Copa Davis. En abril de 2006, además del cargo en la Corporación, asumió como ministro de Producción de Telerman, formando parte del denominado Grupo Cerviño que delineó la carrera electoral del espacio político para 2007. En su último cargo en la función pública, entabló una fuerte relación con la Fundación, en especial con Bonafini. Trabajó muy cerca de las Madres gestionando los fondos necesarios para la construcción de viviendas en la ciudad. Construcciones Calificadas, al igual que Meldorek, son dos empresas en donde aparece Rodríguez como accionista.

Meldorek S.A. (CUIT 30-70837472-1) es una entidad privada que se dedica a la fabricación industrial en línea de casas móviles y módulos (aulas, puestos sanitarios, comedores y oficinas) y, curiosamente, fue creada por Noemí Raquel Averza e Inmaculada Concepción Fazio, según surge de la escritura Nº 134, labrada el 4 de junio de 2003 ante la escribana Marta Amelia Cascales, esposa del funcionario Guillermo Moreno. La citada escribana también obró como parte constitutiva de las sociedades Morisana S.A., Taliber S.A., Esparkli S.A. y Zuicker S.A. El 29 de febrero de 2009, fue designada como directora suplente de la Empresa Argentina de Soluciones Satelitales S.A. donde participa el Estado Nacional y, dos meses después, directora titular de Energía Argentina S.A.

Tanto Averza como Fazio eran, en 2003, dos mujeres solteras. La primera tenía 76 años y la segunda, 63. Con un capital inicial de doce mil pesos, vendieron la empresa en un monto infinitamente superior. Las ancianas también formaban parte, en ese glorioso 2003, de 45 sociedades de las cuales fueron reemplazadas por otros socios. Cada sociedad anónima que registraban era por doce pesos y por 99 años de vida.

Resumiendo, en junio de 2003, las ancianas estaban tan aburridas en sus casas en Ramos Mejía, a pocas cuadras de donde se constituyó la Asociación Rebeldía y Esperanza, germen de la Fundación, que decidieron crear Madika, Olenke, Smaug, Volenka, Unkle, Mitrandir, Soldona y Taserin, sociedades anónimas como surge de los datos del Boletín Oficial de aquellos tiempos. Al mes siguiente, la imaginación fluía y las dos mujeres decidieron constituir otras sociedades como Airulan, Oseary, Kabner, Sayrus, Zedonia, Babelgam, Daine y Zisulusa. En agosto, pararon de hacer negocios y trámites pues estaban cansadas de tanto papelerío. Pero en septiembre, ya se les había pasado la fatiga y volvieron a la rutina con Waiden, Anzat, Lineo, Asaria, Olwais, Bizbar, Toliver, Slinky, Glenuit, Zoela y Jasler. En noviembre, retomaron el contacto con Cascales, quien escrituró la creación de Zuicker, Esparkli y Taliber, y en diciembre, con Morisana. En mayo de 2005, hicieron la última incorporación a sus 45 sociedades anónimas con Narsil. Las ancianas, mientras creaban sociedades, las iban vendiendo. Meldorek, por ejemplo, creada con un minúsculo capital inicial en junio de 2003, pasaría a tener un capital social acumulado de más de dos millones de pesos en diciembre de 2005 gracias a la gestión de los señores Castillo, un cuentapropista vinculado a la construcción, y Laurenti, un empleado bancario. Ambos registraban ingresos anuales inferiores a 20 mil pesos según la AFIP. De Averza y Fazio no se supo nada más. En diciembre de 2011, un sobrino lejano de Averza contó para este libro que su tía segunda vivía sola en Lanús Este y que ni siquiera se enteró del llamado a indagatoria dictado en esos días por el fiscal federal Jorge Di Lello, quien le había solicitado al juez Oyarbide que citara a 66 personas a declarar, muchos de ellos, prestanombres. El fiscal reprodujo, en parte, la denuncia presentada seis meses atrás por diputados de la Coalición Cívica pero obvió citar a los necesarios nexos políticos de los sospechados de lavado de dinero, administración fraudulenta y asociación ilícita. Muchos de los mencionados se sorprendieron de que Sergio Gandolfo, Ileana Laura Molina, Roberto y Martín Porretti, Roberto Buletti, Enrique Reale, los referentes barriales como Rubén “Pocho” Brizuela, intendentes, funcionarios y hasta ex ministros del Gobierno de la Ciudad, no hubiesen sido incluidos en un listado que incluía a familias enteras como los cuatro De Falco, los hermanos Gotkin y su esposa y hasta simples empleadas administrativas de Meldorek como Daiana Troncoso y Mariana Tercero.

Otros de los mencionados por el fiscal Di Lello para que Oyarbide citara a declarar luego de sus prolongadas vacaciones, eran Julio García Sacchet, un arquitecto vinculado a Gabriela Marrone, hermana de Andrea, ex socia de un restó con Pablo Schoklender, y Nicolás Golschmit, hombre fuerte de Antártica Argentina, que recibía los reclamos y gestionaba nuevos negocios cuando no estaba presente Alejandro Gotkin. Cuando el listado se hizo público, muchos de los implicados se borraron de las redes sociales pero dejaron algunos rastros, como por ejemplo que otro citado por el fiscal, Alberto Marcelo García, era un abogado amigo de Hugo Omar Gallardo, también empleado de la Fundación y uno de los que depositó la mayor cantidad de cheques, en una suma que ascendía al medio millón de pesos. Otro citado, Andrés José Gorbato, compartía amistad en facebook con Wanda Epstein, amiga cercana a Pablo Schoklender y tenía una empresa llamada New Blancs S.R.L. que se dedicaba a “actividades de servicios personales no clasificados previamente”. Tenía cheques rechazados por 32 mil pesos, una constante entre las empresas investigadas y los implicados. Gerardo Gotkin, hermano de Alejandro, vinculado con la compra y posterior refacción del colegio Jean Piaget, al que asistían los hijos de Sergio Schoklender, debía 77 mil pesos y otros 60 mil en cheques rechazados y también pertenecía a Construyendo para el Futuro S.A. Sergio Bufi, quien hasta la citación no había sido mencionado públicamente, era un arquitecto que dirigía una empresa desconocida llamada Sistemas para la Construcción S.A. (Sipaco) con domicilio, vaya casualidad, en Roseti 125, barrio de Chacarita, y vecino de la casa de Viviana Sala. Lo interesante es que en la página oficial de la empresa de Bufise mencionaba que estaban presentes en Don Torcuato, Tigre y Resistencia, la ciudad insignia de los negocios de la construcción de la Fundación. En la página oficial de la defensa del consumidor, la empresa Sipaco era mencionada por no cumplir con obras pautadas luego de doce meses de retraso causando goteras y roturas en los techos de las viviendas construidas. Otro implicado, José Isidro Carrizo, también era vecino de Viviana Sala y Sergio Schoklender, en el barrio de Chacarita, en la calle 14 de julio. Su mujer se sorprendió ante el llamado periodístico para este libro y su marido no quiso romper el pacto de silencio.

Al investigar a los implicados se comprobaban similitudes a la hora de operar, esto es, crear sociedades anónimas, hacer negocios con el Estado, mantener estrechos vínculos con funcionarios y sindicalistas, y vivir cerca entre ellos. Excepto contadas excepciones, los mencionados residían en los barrios de Villa Urquiza y Colegiales, cercanos a Sergio Schoklender y a Meldorek, en Lanús o en Ramos Mejía, localidades en donde nacieron los emprendimientos más productivos. En Ramos Mejía, partido de La Matanza, en la calle Rosales 855, se mudó Meldorek S.A. y el 99% de sus acciones luego pertenecieron a la sociedad Tivenwest S.A. En 2009, con un patrimonio de 4 millones y medio de pesos, Meldorek fue contratada formalmente por Sueños Compartidos, que canalizaba la construcción de viviendas sociales en barrios carenciados para la Fundación. El apoderado de la Fundación, Sergio Schoklender, tenía el mismo domicilio fiscal de la empresa que él mismo había contratado: Álvarez Thomas 198, piso 4, departamento M. Otra casualidad más. El domicilio actual de Laurenti es Rosales 855, el mismo al que se mudó Meldorek. Por ese entonces, la empresa ya contaba con un barco matrícula REY 051260 valuado en 420 mil dólares, un automóvil Ferrari dominio FXK 097, un inmueble en la calle Craig 726, entre otros bienes registrables. Además, había figurado en la lista de “amigos del poder” que el ex presidente del Banco Central, Martín Redrado, había denunciado por comprar casi dos millones de dólares para girar al exterior entre los años 2008 y 2009.

Por su parte, Pablo no se quedó atrás y también impulsó su propia sociedad a fines de 2010. Habemus S.R.L. era una productora de televisión y radio a la que, en los medios audiovisuales, nadie conocía. En su domicilio fiscal, Lavalle 1569, piso 3, oficina 314, también figuraba una curtidora de cueros. El ideólogo de la productora, según una fuente reservada, fue el socio del menor de los Schoklender en el emprendimiento, Hugo Gallardo, quien había conocido a una actriz española, llamada Gina, a través de una conocida suya y de los hermanos Schoklender. Pero no sólo Pablo armó una productora sino que, según el empresario de la noche, Luciano Garbellano, Sergio también era dueño de dos productoras que estaban interesadas en difundir su opera prima sobre Oyarbide. Otro de los negocios del menor de los Schoklender era el laboratorio Lenity en Lanús, que había pasado de tener una facturación de cien mil pesos mensuales a más de un millón y medio de pesos. Pablo había llegado a hacerse cargo del 51% de la firma a través de la ex diputada María “Loli” Domínguez, la mujer del dirigente boquense Roberto Digón, con fuertes vínculos con el gobierno nacional. El restante 49% había quedado para Juan Manuel Digón, hijo del dirigente, y Diego Domínguez, hijo de la ex diputada y ex empleado del PAMI que luego ingresó al Ministerio de Planificación, sin tareas fijas y bancado, supuestamente, por Abel Fatala. Manuel Camet y Walter Bernardo Bocca fueron designados presidente y vice de la empresa, pero luego fueron reemplazados por la modelo Julia Cristina Ortega, sobrina de Palito Ortega, y la modelo cordobesa Nadia Jesica Vela Freudenberg, todos citados a declarar por el fiscal Di Lello. Según fuentes periodísticas y testimonios recogidos en la provincia del Chaco y en el conurbano bonaerense, Pablo habría utilizado sus contactos para vincularse con poderosos sindicatos y vender medicamentos que incluían facturas falsas y millonarios retornos.

El círculo cerraba en Antártica S.A. En mayo de 2011, su presidente era Alejandro Abraham Gotkin, quien había sido denunciado por su propio banco por realizar sospechosas transacciones financieras moviendo más de 2.319.000 pesos en sus cuentas sin que esos giros se correspondieran con su perfil como cliente. La empresa había endosado cheques por 4.835.425 pesos provenientes de la Fundación, el Instituto de la Vivienda de la Ciudad y Pablo Schoklender. Las actividades comerciales de Antártica eran desconocidas. Gotkin declaró, al crear la cuenta bancaria de la misma, que se dedicaría a la importación y puesta en marcha de maquinarias para construir viviendas sociales. Sin embargo, la sociedad no estaba inscripta como importadora. A pesar de haber sido constituida como tal en 2001, comenzó a funcionar siete años después, con Guillermo Darío Santoro en su directorio, quien estaba casado con Verónica Zlotogorski, hermana de Marcela, la esposa de Gotkin. Las inconsistencias financieras de Alejandro Gotkin fueron recabadas por Oyarbide en un expediente de 110 cuerpos y 220.000 fojas, basado en informes de organismos oficiales, pruebas recogidas de allanamientos y declaraciones testimoniales. El 15 de mayo de 2012, el juez decidió detener a Gotkin pues estaba convencido de que había desviado once cheques por más de 876.000 pesos de la Fundación a sus propias cuentas en el banco Supervielle de Villa Crespo, sin contraprestación comprobable. Dentro de la Fundación, aseguran que Gotkin y los Schoklender no hacían ninguna maniobra sin el beneplácito de Hebe de Bonafini. Sergio Schoklender, va más allá: “Hasta Cristina conocía a Gotkin”.

Meldorek es Schoklender

Meldorek es una de las tantas empresas

para las que trabajo. No sé si hoy.

SERGIO SCHOKLENDER, 31 DE MAYO DE 2011

EN EL PROGRAMA PALABRAS MÁS. PALABRAS MENOS

Conocía Meldorek, yo sabía. Para mí no era nada.

No quería que se mezclara con las Madres.

HEBE DE BONAFINI ANTE EL PERIODISTA

VÍCTOR HUGO MORALES, 5 DE JUNIO DE 2011

El 26 de febrero de 2010, Sergio Schoklender compró oficialmente el 90% de Meldorek. El 10% restante quedó a nombre de Gustavo Adrián Serventich, un piloto de avión que había intercedido en la compra de la empresa con Daniel Laurenti, también director de Monetización S.A., financiera en donde se cambiaban millones de pesos por cheques de terceros. La financiera, o “cueva” como se llama a las financieras semilegales, aparece mencionada en otros expedientes judiciales vinculados a la denominada mafia de los medicamentos y al triple crimen de General Rodríguez en el que fueron asesinados Forza, Bina y Ferrón el 13 de agosto de 2008. Según los investigadores, Schoklender se manejaba en el mismo circuito de blanqueo de dinero proveniente del Estado que se reinvierte en el financiamiento de las campañas políticas y también en beneficio personal.

Los vuelos, producto del permanente traslado de dinero y materiales entre los obradores de la Fundación, afianzaron la relación entre el piloto de avión y el ex apoderado, que era un interesado aficionado al vuelo, y estaba a punto de obtener su licencia de piloto. Había que adquirir un avión privado de forma urgente. O mejor tres.

Daniel Laurenti respondía a su jefe: el excéntrico José Fernando Caparrós Gómez, un hombre del mundo de las finanzas de perfil bajo, aunque le encantaba moverse con su lujosa Ferrari por la ciudad. Ese nombre y el de su socio, Jorge Fidalgo, se repiten insistentemente en esta historia. Según las crónicas periodísticas, Laurenti se cruzó al menos en dos oportunidades con Schoklender para coordinar los detalles de la operación. Algunos bienes de Meldorek fueron separados de la compra por lo que se creó otra sociedad bajo el nombre de Gorlac, según quedó registrado en el Boletín Oficial bonaerense del 24 de noviembre de 2009. El proceso de compra había comenzado un año antes y se realizó en cuotas, durante menos de 24 meses. El 11 de enero de 2011, se firmó ante escribano público la actuación notarial de la transferencia de Meldorek a Schoklender, Alejandro Gotkin (en ese momento contador de las Madres) y al piloto Gustavo Serventich. Meldorek, dueña de dos aviones destinados a la aeronavegación pero que no había conseguido la autorización correspondiente de Ricardo Jaime, se transformaba en una de las empresas de construcción que más crecería en los próximos meses gracias a sus vínculos con la Fundación.

Cuando estalló el escándalo, Schoklender negó sistemáticamente ser dueño, accionista o director de Meldorek y aseguró que sólo trabajaba ocasionalmente para ellos. En la página oficial de la empresa dirigida por Alejandro Gotkin, contador de la Fundación, se mencionaban las obras realizadas en el club Albariño, Castañares, y las refacciones en el colegio Jean Piaget, al que concurrían los hijos de Schoklender. El 31 de agosto de 2011, la realidad contable de Meldorek había cambiado. Figuraba en la categoría 5 de la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires —ARBA— por deber impuestos por un monto superior a los 10 mil pesos. A su vez, Meldorek registraba deudas con American Express por 59.400 pesos y con el Banco Supervielle S.A. por 34.000 pesos. Desde el 9 de mayo de 2011, se contabilizan ochenta cheques sin fondos rechazados por un monto total de 2.020.316,36 pesos. En cambio, se habían abonado dos cheques por un monto de 11.540 pesos, lo que representaba el 0,57% del total.

En agosto de 2011, un empresario de la construcción a quien se le debía un monto superior a los cien mil pesos estaba preocupado. Las gestiones para cobrar las realizaba directamente él en el Ministerio de Obras Públicas de la Nación, pero el hombre insistió en saber cuándo y de qué forma cobraría. La respuesta fue elocuente:

—Quedate tranquilo. Las cuentas las está manejando directamente un contador cercano al ministro.

—¿Quién? —le respondió de muy mala manera el empresario al interlocutor en las oficinas de Obras Públicas.

—Un pariente de De Vido.

En financieras como Monetización y Crédito Sur, se cambiaban cheques de la Fundación y del asesinado Sebastián Forza, involucrado en la mafia de los medicamentos. Lavar dinero significa darle un origen lícito a billetes que no lo tienen. Un mecanismo usual es la sobrefacturación de obras públicas y la posterior compra subvaluada de inmuebles y bienes con la posterior “tasa de retorno” de dinero a los funcionarios implicados. Un funcionario de la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia del Chaco me contó que el negocio con la Fundación era “50 y 50”.

En diciembre de 2011, Meldorek estaba paralizada, “muerta en el tiempo y lo único que quedó fueron los escritorios”, afirmaba Schoklender antes de tomar el ascensor rumbo al despacho del juez Oyarbide, en el tercer piso de Comodoro Py. Antes del escándalo, según peritos del Banco Central de la República Argentina, Meldorek realizó 69 depósitos por casi ocho millones de pesos. Daiana Melisa Troncoso, una bella rubia de 19 años de edad, promotora y ex empleada de Meldorek, depositó cuatro millones y medio de pesos. La joven cumplía órdenes, como ella misma afirma en exclusiva para este libro: “Fui una simple secretaria que hacía trabajos de cadetería”. Daiana Melisa Troncoso tuvo que presentarse a declarar a Tribunales, pero dice estar tranquila tanto por su ex jefe como por su situación personal. Aún confía en la inocencia de Sergio, como lo llama, quien le dio la posibilidad de crecer laboralmente.

El retiro repentino de jugosas sumas de dinero para depositarlo a nombre de Meldorek o de alguno de los implicados no fueron las únicas operaciones que llamaron la atención de los investigadores. Apenas abandonó la Fundación, Sergio comenzó a desprenderse de los bienes de su empresa constructora. El 13 de mayo, antes de que el escándalo fuera público, a través de la escribana Marta Beatriz Márchese, Gotkin les entregó un poder especial a José Cachafeiro y a Maximino Darío Fernández, también citados a declarar por Di Lello por la venta de cuatro departamentos: dos en Nahuel Huapi 5035 y otros dos en Álvarez Thomas al 3400. Cachafeiro, al igual que Domínguez, había trabajado en el PAMI pero, a pesar de ganar un sueldo que no superaba los 10 mil pesos mensuales, tenía cinco cuentas bancarias y era dueño de tres propiedades. La operación se realizó el 9 de junio, tres días después que Oyarbide dictara la inhibición de los bienes de los Schoklender. Uno de los departamentos de Álvarez Thomas, Fernández se lo vendió a Romina Ana Viscarret en 70 mil dólares, quien dijo, para este libro, que no sabía nada de la operación pues fue “un regalo de mi padre”. Lo interesante es que Maximino Fernández, quien no quiso referirse al tema para esta investigación, tenía dos condenas y una causa abierta por estafas vinculadas a su trabajo como corredor inmobiliario. En 2008, Maximino Fernández intervino en la venta de la casa de Guevara, luego de la división de bienes en el divorcio de Viviana Sala con Sergio. El 19 de mayo de 2009, el Tribunal Oral Nº 4 lo condenó a seis meses de prisión por el delito de estafa y luego le cambiaron la pena por 370 horas de trabajos comunitarios. El lugar elegido para “hacer las cosas bien” fue la Fundación Madres de Plaza de Mayo.

Matrimonios y algo más

Desde el 24 de octubre de 2006, en que las Madres de Plaza de Mayo Juana Meller de Pargament y Evel Aztarre de Petrini les otorgaron, por orden de Bonafini, amplísimos poderes de representación a los hermanos Schoklender y, mientras el ingreso de fondos públicos desembarcaba en la institución sin control alguno, los hermanos idearon un entramado de sociedades anónimas y testaferros, por donde el dinero, fuera en efectivo o en cheques, circulaba de un lado al otro, pasando inexorablemente por cuevas financieras y extrañas casas de cambio. El grupo de los implicados no se conformaba únicamente por amigos, sino que habían dejado lugar para las parejas de cada uno de ellos, quienes entraban y salían de las sociedades comerciales, y compraban o vendían departamentos o paquetes accionarios. En sus encuentros no sólo se hablaba de los negocios compartidos, sino de las vacaciones que se tomarían en conjunto. Por ejemplo, desde el 15 de julio hasta el 15 de septiembre de 2009, el Hotel Pire Hue, ubicado en el mismísimo Cerro Catedral, en Bariloche, recibió a Sergio Schoklender y a su mujer Viviana Sala. Los turistas abonaron en efectivo 46.800 dólares y, poco después, el 3 de octubre de ese mismo año, Sergio visitó el Las Hayas Resort Hotel de Ushuaia, Tierra del Fuego. En esta oportunidad, lo acompañó su fiel mano derecha, Patricia Alonso, su piloto Gustavo Serventich, Luis Pivida y los jóvenes Marianela Alonso (hija de Patricia) y Rodrigo Labarile, posiblemente su novio. La madre de Pivida, para este libro, dijo no recordar tal viaje y que no podía comunicarse con su hijo pues no tenía trato familiar. Alquilaron tres habitaciones y abonaron con un cheque a nombre de Trade Travel Company S.A. el costo de 4.500 pesos. Los gastos en refrigerios esas dos noches ascendieron a 4.195,50 pesos, que Schoklender pagó de su bolsillo. Al año siguiente, Sergio regresó al mismo hotel pero, ahora, acompañado por su mujer Viviana Sala, su hijo Alejandro y la familia completa de los Serventich. Otra vez, la generosa Trade Travel pagó los costos de las cinco habitaciones de lujo donde pasaron siete noches durante julio de 2010. El costo fue de 44.409 pesos, más 13.257,90 pesos en efectivo en gastos de refrigerios.

Todos tenían sueldos en la Fundación que iban de los 3.500 a 6.200 pesos. Sin embargo, vivían como reyes tomándose vacaciones en los mejores hoteles del país, comprando autos de lujo, importados o de colección, enviando a sus hijos a costosos colegios y comprando propiedades en barrios cerrados de la zona de Pilar, eso sí, con los paneles de Emmedue o Cassaforma.

Había lugar para todos. Pablo Schoklender incluyó a muchas de sus novias, amigas y amantes en sus operatorias financieras. Su hermano Sergio hizo lo propio con su ex mujer Viviana Sala y con su pareja Patricia Alonso. Los hermanos Gotkin, Alejandro Abraham y Gerardo, tampoco quisieron quedarse afuera de ningún negocio e incluyeron también a sus mujeres.

Los perejiles del Piaget

La relación familiar entre Alejandro Gotkin y su cuñado Santoro era tan buena que el 9 de septiembre de 2010 invitó al hermano de éste, Gerardo, a conformar entre los tres una sociedad anónima llamada Construyendo Futuro. Santoro había presidido, entre otras empresas, Setek S.A., especializada en seguridad, y ahora quería incursionar en la educación refaccionando el colegio donde concurría el hijo de Sergio Schoklender.

La escuela Jean Piaget está situada en Roseti 50, a quince cuadras del PH de Viviana Sala. Durante 2010, un grupo inversor se hizo cargo de la administración de la institución educativa y comenzaron a realizarse obras de infraestructura en la fachada y en su interior. Según las declaraciones recogidas por el fiscal a María Margarita Agustoni y a la ex rectora del secundario Instituto Educativo Ser, Mariana Atozqui, los paneles de telgopor llegaron un día a la escuela. Ellas están convencidas de que era el mismo material que el utilizado por la Fundación en las viviendas sociales, pues casi no observaron que se usaran ladrillos ni cemento, los elementos que se utilizan en el sistema tradicional de construcción. En marzo de 2012, el marido de Atozqui dijo, para esta libro, que su mujer “no quería hablar más nada del tema”. Esta extraña situación no les llamó la atención ni a los padres de los alumnos ni a sus docentes. O no les preocupó, pues las obras estaban en marcha y el colegio mejoraba velozmente su apariencia. Los empleados administrativos del colegio, actualmente implicados en la megacausa por estafa y lavado de dinero, Beatriz Nélida Pierantoni y César Curtoni, caminaban las cuatro cuadras de distancia hasta Meldorek para recibir los cheques o el efectivo para continuar las obras. En la empresa, en la que legalmente trabajaban tan sólo ocho empleados, los recibía Alejandro Gotkin, su asistente Cynthia Loff o una de sus empleadas, Daiana Troncoso —quien también deberá prestar declaración dentro del grupo de los supuestos “perejiles”—. Nunca imaginaron que ese trámite inocente, por el que los cheques salían a sus nombres, terminaría con su inclusión en el listado de las personas que en algún momento deberán prestar declaración indagatoria ante el juez Oyarbide. Nunca imaginaron que tendrían que conseguir de manera urgente un abogado que los asesore y, para colmo, perder sus trabajos. En síntesis, los hermanos Gotkin entregaban cheques a nombre de Daiana Troncoso —una de las caras visibles de Meldorek— quien depositó la suma de 4.629.895 pesos, aunque se benefició con la suma de 213.800 pesos; Mauro Colina García, depositó 1.448 pesos, y se benefició con 30.000 pesos; Mariana Tercero (otra de las administrativas de Meldorek) depositó 325.000 pesos y retiró 425.326 pesos; el ya citado Gorbato depositó 100.734 pesos; por último, Guillermo Gillert (pariente de Juana, la novia de Sergio Schoklender en 1981 cuando asesinaron a sus padres) depositó 40.000 pesos y se benefició con 174.000 pesos.

De los 66 citados por el fiscal Di Lello (en marzo de 2012, el juez Oyarbide no había tomado declaración a ninguno de ellos), los máximos acusados de girar fondos destinados a la construcción de viviendas sociales con destinos privados, lavar dinero y crear dudosas sociedades anónimas, se habían mudado de sus domicilios o estaban recluidos en La Lonja, Pilar. Un grupo intermedio que no tenía relación diaria ni con los Schoklender ni los Gotkin, como el abogado Germán Revol Lozada o el apoderado legal Maximino Fernández, parecía haber dejado instrucciones a sus familiares para que cortaran el teléfono ante una requisitoria periodística. Los implicados más jóvenes, como las empleadas administrativas de Meldorek, respondían mensajes por facebook, sorprendidas por el revuelo mediático del caso, aunque cortaron toda comunicación telefónica o personal luego de que sus abogados se lo aconsejaran. Así me lo explicó Daiana Melisa Troncoso, chateando en facebook. Los “perejiles”, como Beatriz Nélida Pierantoni (quien según el informe del Banco Central se benefició de casi 90 mil pesos) o César Curtoni (quien recibió 40 mil pesos a nombre de Meldorek), eran los únicos que rompían el pacto de silencio.

En su informe, el fiscal Di Lello no pudo concluir quién era el dueño real del colegio Jean Piaget, cuando a mediados de 2010 Construyendo Futuro S.A. se hizo cargo del mismo. Las cuotas de los alumnos terminaban en las cuentas bancarias de Jorge Atilio Giudicci —docente, rector y presidente del instituto— y de Daniel Antonio Berardo —docente y empleado administrativo—. En el primer semestre de 2011 se recaudaron 419.709 pesos en concepto de cuotas educativas. Según los ex empleados administrativos, a fines de 2010 los Gotkin se presentaron como los encargados del grupo inversor junto con Ana María Capurro, hermana de la consultora preferida de la Presidenta, Doris Capurro, quien en su momento, según Schoklender, iba a ser dueña del 5% de las acciones de Meldorek: “Estaba todo listo en la escribanía para firmar, cuando comenzó el escándalo”. Capurro lo negó rotundamente y explicó que no tenía relación con Schoklender. Melisa Fortunato, empleada de la consultora de Capurro, quien hacía tareas de prensa de las obras realizadas por Sueños Compartidos, explica: “Difundíamos los proyectos en los medios y mandábamos nuestras gacetillas a todos nuestros contactos pero fue sólo por unos pocos meses (…) Nuestra participación era muy limitada, sólo difundíamos los comunicados”. ¿Necesitaba una Fundación con el prestigio y la historia de las Madres de Plaza de Mayo contratar a una consultora para difundir sus actividades? Según Schoklender, los servicios de la consultora de Capurro fueron contratados para diseñar la campaña de Abel Fatala como candidato a jefe de Gobierno porteño en 2011. El ex apoderado recuerda que le habían recomendado la consultora desde las altas esferas del gobierno nacional por sus relaciones directas con Néstor Kirchner y porque “manejaba la pauta oculta de varias provincias”, esto es, gestionaba el pago de dinero en negro a medios o comunicadores para que ocultaran información o “hablaran bien” de determinado intendente, gobernador o funcionario. Doris Capurro niega esa versión.

Los que se animaron a romper el silencio en el colegio Jean Piaget denunciaron que, tras el escándalo, los 150 empleados despedidos no cobraron indemnización y el 99% de los alumnos se cambiaron de colegio. Pero siempre hay excepciones. Misteriosamente, en el ciclo lectivo 2012, el primer grado abrió sus puertas, con tan sólo cinco alumnos que deambulaban en el amplio patio acompañados por los once compañeros de séptimo grado de Alejandro Schoklender. En mayo de 2011, los directivos del colegio y los contratistas se habían esfumado. Las peleas internas entre Karina Henquin, a cargo de la administración del Jean Piaget, e Iván Jaime —señalado como el sobrino de Doris Capurro— apresuraron la despedida del grupo inversor encabezado por los hermanos Gotkin. A fines de 2011, cuando el revuelo público y mediático se apaciguó, apareció una asociación sin fines de lucro llamada Comisión Educativa Roseti que se haría cargo del colegio. Decían que le habían comprado el 52% de las acciones del colegio a la casa de cambio Giovinazzo, allanada por lavado de dinero durante el año 2008 en la causa de los “coleros” por venta ilegal de dólares que estuvo a cargo de la jueza María Servini de Cubría. Se mencionaba entonces el nombre de Roberto Erusalimsky, supuesto testaferro de Gerardo y Alejandro Gotkin. Erusalimsky tiene domicilio legal en la calle Gurruchaga al 600, a tan sólo una cuadra de otras empresas investigadas y que tienen relación con Schoklender, como La Mailu y Eagle Security. Está acusado de estafar a la obra social Alpha Salud y tiene una deuda a su nombre por 133 mil pesos, mientras que una empresa que formó en 2008 —AC24— debe más de cinco millones de pesos. También, con Fabián Javier Demel como socio, figura al frente de Welmare Trading S.A., cuya actividad principal es inmobiliaria y de construcción y tiene una deuda de 650 mil pesos.

Sin habilitación del Ministerio de Educación y, a pesar de estafar y echar a sus 150 empleados, el colegio continuó funcionando para un puñado de alumnos que se animaron a terminar la primaria allí y otros pocos que se inscribieron tras el escándalo.

Hasta enero de 2012, Pierantoni trabajó en el área administrativa del Jean Piaget. Aún hoy no comprende por qué razón tendrá que dar explicaciones a la Justicia por haber recibido fondos a su nombre al igual que César Curtoni, quien, con sus 56 años a cuestas y despedido luego de treinta y cinco de servicio, no logra conseguir trabajo. Viven de changas. Son los perejiles de esta historia.

3. EL SETENTA

No me pegaron un tiro de lástima.

ALEJANDRA ARTACHO, EX SOCIA DE

PABLO SCHOKLENDER, OCTUBRE DE 2011

Hace tiempo que las persianas del local de Defensa 714, en San Telmo, permanecen cerradas. Los vecinos recuerdan a un cuarentón de poco pelo que frecuentaba el local acompañado por bellas mujeres. Cuando estalló el escándalo, supieron que se trataba de Pablo Schoklender, quien gerenciaba el restaurante 70, testigo de incontables fiestas donde el glamour de las actrices de cine y teatro se codeaba con la seriedad de funcionarios, sindicalistas y hasta periodistas. En el primer piso del local, Pablo se juntaba con sus amigos e invitaba con champagne a sus siempre flamantes parejas.

La vida de Alejandra Artacho y su familia cambió radicalmente luego de toparse con el menor de los Schoklender. Artacho fue socia gerente de Pablo hasta enero de 2009, cuando le llegó una carta documento intimándola a renunciar por supuesta administración fraudulenta junto con su marido. Artacho y su pareja cobraban un sueldo y habían invertido 80 mil dólares en la empresa Docamer que gerenciaba el restó, cuyo diseño original era de ella. Alejandra manejaba la administración junto con su amiga de la infancia, una bella morocha llamada Andrea Marrone. Andrea fue quien le presentó a Enrique Rodríguez, ex ministro de Telerman y el hombre fuerte de la Corporación Buenos Aires Sur, que posibilitó el ingreso de la Misión Sueños Compartidos en Capital Federal merced a las gestiones políticas de la entonces ministra de Desarrollo Social Gabriela Cerruti. Rodríguez era socio en Construcciones Calificadas S.A. de Pablo y de un misterioso empresario llamado Manuel Camet. Camet conocía a Andrea Marrone. Descubrí el rostro de Manuel Camet en una foto en el facebook del hijo menor del ex intendente de Pinamar, Roberto Porretti, destituido de su cargo por malversación de fondos. El ex empleado de Enrique Rodríguez en Construcciones Calificadas había tenido un romance con la hija de Porretti, una ex trabajadora de la Fundación. En el peor momento de su carrera política, Porreti había ubicado a sus tres hijos en distintas áreas de la Fundación por intermedio de la propia Bonafini y también le consiguió un cargo en Extensión Universitaria de la Universidad hasta a la novia de su hijo menor. Un diario local había fotografiado al ex intendente ayudando a bajar materiales de la Fundación en Pinamar en 2009, cuando ya había sido destituido y a pesar de que en el balneario bonaerense no se conocieron obras de Sueños Compartidos. Allegados a la Fundación aseguran que Porretti y Pablo se habrían involucrado en la construcción de casas en Pinamar y Ostende a través de Construcciones Calificadas. El hijo mayor de Porretti no sólo trabajó en la Fundación sino que luego también fue uno de los asesores legales del menor de los Schoklender. Martín Porretti explicó para este libro que se trataron de “asuntos menores y sin importancia”. Sin embargo, una carta con su firma, intimando a Artacho a cumplir con el pago de las expensas de su departamento, y como representante de Antártica, contradice su versión.

Una mujer que compartió momentos íntimos con los implicados recuerda que Manuel Camet era el hombre de la noche, el que “sacaba a pasear a Enrique Rodríguez” y acercaba los contactos de la farándula al veterano funcionario. Camet y Rodríguez compartieron intensas veladas y fastuosas fiestas. Pablo era gracioso, entrador, seductor y parecía que era capaz de “bajarte la luna si así se lo pedías”. Pero los negocios no cerraban y Enrique Rodríguez decidió dar un paso al costado. El restó 70 estaba a nombre de Docamer S.A., sociedad que, aunque sus acciones reales pertenecían a Pablo Schoklender, manejaba formalmente Hugo Gallardo. Los alimentos que conformaban el menú del restaurante también provenían de la Fundación y los catering que se encargaban para eventos especiales, marchas y actos varios, los manejaba Piazza Buenos Aires, un pequeño bar frente a la Plaza del Congreso a cargo de Hugo Fogel. En noviembre de 2011, en el subsuelo del local, Fogel me recibió, seducido por la posibilidad de obtener un costoso catering. En las paredes escondidas de ese oscuro cuarto, Fogel exhibía cuadros con fotos enmarcadas de Hebe, Cristina, los presidentes de Brasil, Venezuela, algunas vedettes, actores y actrices. “Manejamos el restaurante interno de la Fundación”, decía orgulloso como carta de presentación.

Cuando Enrique Rodríguez abandonó la sociedad, Artacho se vio obligada a invertir en la remodelación del restó un capital de 80 mil dólares con el que no contaba. Su amiga de la infancia, Andrea Marrone, la convenció de continuar el emprendimiento y le aseguró que Pablo las ayudaría. La propuesta del menor de los Schoklender fue que Artacho vendiera el departamento donde vivía, en Salvador María del Carril y Cuenca, para poder invertir la plata que faltaba mientras que él se lo alquilaría inmediatamente. Artacho no quería sentirse inferior a su socio y decidió, ingenuamente, continuar con el negocio. Ante la pregunta de si Pablo disponía de ese dinero, dos años después del hecho, la entrevistada afirma que seguramente que sí, pero, como en la fábula del escorpión y la rana, su naturaleza no le permitía hacer las cosas correctamente. Ella misma le contó la historia en un mail enviado en febrero de 2009, donde le decía que había confiado en él cuando todo el mundo le decía que no lo hiciese y, como el escorpión, a la mitad del río, la había picado por la espalda sin que le importara quedar comprometido en una estafa tan burda. En la fábula, la rana le pregunta a su atacante: “¿Cómo has podido hacer algo así?, ahora moriremos los dos” y el escorpión sólo atina a responder: “No he tenido elección, es mi naturaleza”. Pablo, a diferencia del escorpión, ni siquiera respondió el mail. Artacho justifica su confianza en Pablo apoyándose en la confianza de otros supuestamente probos: “Si confiaron Hebe y el Gobierno, ¿cómo no iba a hacerlo yo?”. Artacho realizó la falsa venta para evitar una mudanza cuando hacía pocos meses que vivía allí junto con su marido y sus hijos. El 12 de diciembre de 2008, firmaron la escritura y dos días después Pablo se lo vendió a Antártica Argentina S.A., la sociedad que cobró relevancia pública tras el escándalo de la quinta de José C. Paz. Personalmente, Pablo llevó a Artacho a una financiera ubicada en Marcelo T. de Alvear al 700 donde fueron recibidos por Alejandro Gotkin. El 20 de enero de 2009, cuando estaba de vacaciones en Brasil, Artacho recibió una carta documento donde se le exigía que se apartara de la empresa Docamer por administración fraudulenta.

De regreso a la Argentina, en el local la recibió gente armada de la Fundación. Artacho sólo pidió ir al baño donde, inesperadamente, estaban tirados unos remitos y facturas con el logo de la Fundación. Esa documentación, según Artacho, vinculaba a Pablo con el desvío de fondos de materiales de la construcción hacia el local recientemente remodelado. El restó se equipó con dos terciados fenólicos, refaccionó sus baños y compró aires acondicionados y computadoras. En 70 se invirtieron más de 200 mil dólares y se habrían utilizado materiales comprados con fondos del Estado.

En el momento de mayor tensión, Pablo le habría llegado a decir al marido de Artacho que por dos mil pesos lo mandaba a matar. Atrás habían quedado los dulces momentos en que el menor de los Schoklender le había relatado sus vivencias en Bolivia cuando estaba prófugo de la justicia y subsistía con unos pocos pesos en el bolsillo de su pantalón. O cuando lo acompañó a comprarse corbatas en Christian Lacroix donde se cruzó, por casualidad, con Adolfo Rodríguez Saá. Esa tarde, Pablo puso cara de pocos amigos y continuó disfrutando de la bella compañía de su amiga íntima. Nunca más hablaron por teléfono ni se vieron personalmente, más allá de algún mail en el que Pablo aceptó agilizar los trámites del desalojo del inmueble que había pertenecido a su ex socia. Así fue como apareció el abogado de Antártica S.A., que tenía un apellido que a Alejandra Artacho le resultó conocido. Se trataba de Martín Porretti, hijo mayor del ex intendente de Pinamar. Porretti hijo representaba a Antártica, la empresa que, supuestamente, era propiedad de Alejandro Gotkin. La ex socia de Pablo sospechaba que existía un vínculo entre esa misteriosa empresa y él, pero Martín Porretti se mantenía imperturbable y le exigía, mediante cartas documento, que desalojara el departamento antes de que lo remataran por falta de pago. Disgustada, Artacho había dejado de pagar el alquiler de la propiedad y tenía una deuda acumulada de ocho mil pesos. Al abandonar su casa, la ex socia de Pablo perdió los 80 mil dólares de la inversión original, se quedó en la calle con bronca y con mucho miedo. Más aún cuando descubrió que el otro abogado de Antártica, Roberto Ignacio Buletti, quien decía no conocer personalmente a Pablo Schoklender, era, en realidad, un antiguo compañero de celda del parricida. Buletti intentaba ganarse la confianza de la joven y se ofrecía a acompañarla en las gestiones del departamento, mientras realizaba un sugestivo trabajo psicológico para que la ex socia desistiera con sus reclamos. A comienzos de 2009, mientras Buletti conversaba con Artacho y le preguntaba si era cierto que Pablo tenía muy mal carácter, ambos vieron ingresar a la financiera ubicada en Marcelo T. de Alvear a una señora mayor humilde y mal vestida. “¿Qué hace esa vieja entrando a un lugar así?”, preguntó Buletti a la estafada. “¿Será una prestanombre?”, preguntó con supuesta inocencia el abogado. El lugar era West Point, la misteriosa firma que compró el departamento de Artacho luego de la sugestiva venta de Antártica, que a su vez había adquirido la propiedad por parte de Pablo Schoklender. La señora mayor, efectivamente, era la presidenta de la compañía. Roberto Buletti también tenía el título de sociólogo. “Como Pablo”, le recordó Artacho desconociendo que Buletti se había recibido en la cárcel de Caseros donde había estado preso por liderar la banda de los comisarios que secuestró y asesinó a los empresarios Osvaldo Sivak, Eduardo Oxenford y Benjamín Neuman en julio de 1985. Las repercusiones del trágico secuestro incluyeron la interpelación parlamentaria a Antonio Tróccoli, ministro del Interior de Alfonsín. A Buletti lo encontraron en Salta, dos años después, delatado por otro ex policía por un caso de venta de drogas. Ya en libertad, Buletti abrió un estudio jurídico a metros de la Fundación y mantuvo la amistad que había forjado en la cárcel de Caseros con Pablo. En noviembre de 2011, Buletti atiende el teléfono de su casa y se lo escucha molesto: “Inventaron todo, no voy a dar ninguna declaración ni a vos ni a nadie”. Luego corta la comunicación. Cuando Alejandra Artacho conoció la historia, googleando el nombre de los personajes implicados en su estafa, le temblaron las piernas. Apagó de inmediato la computadora y no quiso saber más nada del tema hasta que el escándalo salió a la luz. Hoy reflexiona: “No me pegaron un tiro de lástima”.

Las paredes de los 70 hablan. Esas paredes escucharon conversaciones y discusiones singulares de las amigas y novias de Pablo, desde una morocha llamada Wanda Epstein a Alina Laura Molina, de quien el cajero de la Fundación se sentía orgulloso por haberla rescatado de un pasado humilde. A Molina la había conocido en una villa de la ciudad y, dentro de la Fundación, era quien manejaba la imprenta a cargo de su novio, demostrando que el ascenso social aún es posible en la Argentina. Epstein, según sus propias palabras, no negaba los comentarios de que era novia de Pablo. Una de ellas, porque también recuerda a Alina Laura Molina y a la despampanante sobrina de Palito Ortega. Noelia Garay, de 27 años, la más joven de las novias, deslumbró tanto a Pablo que la puso a manejar Lenity, la empresa proveedora de medicamentos.

Sergio era más parco, esquivaba la agitada vida nocturna de su hermano y de sus jóvenes amigos. Si Sergio acercaba las ideas y los contactos políticos, Pablo ofrecía su carisma y la frialdad para manejar el dinero que pasaba por sus manos. Es por esa razón que no son pocos los testigos que confirman que los hermanos nunca estuvieron peleados y que, como en los ochenta, Sergio hizo otra patriada para sacar la cara por su hermano menor. Eran y son una sociedad perfecta.

Correcto y cordial, Pablo atendía los reclamos de un Sergio que se ofuscaba fácilmente si los negocios no salían como él pretendía. Ambos tenían llegada con Hebe. En ocasión del cumpleaños 80 de Bonafini, festejado en el restó, ambos se disfrazaron y prepararon el evento. El matutino Libre publicó las fotos de Hebe disfrazada de diablilla, en la Casa de las Madres con las imágenes de los desaparecidos de fondo. Sergio no desentonó y asustó a más de uno vestido de cardenal. Pablo, en cambio, se disfrazó de cosaco al igual que Hugo Gallardo mientras que Sergio Gandolfo se reía de su sorprendente vestimenta de soldado romano. Inocentes, festivos, los empleados del restó festejaban los chistes que hacía Pablo al término del cumpleaños: “¿A vos te parece?, les dimos Carcassone a las viejas”.

4. EL PRECIO DEL ADOCTRINAMIENTO

Me enteré de la intención de construir viviendas.

Me pareció positivo y necesario, pero mi intuición avisa

que detrás hay algo turbio.

JOSEFINA SALGADO, MADRE DE PLAZA DE MAYO,

CARTA PÚBLICA DEL 27 DE ENERO DE 2008 TITULADA

“PERDÓN, HIJOS QUERIDOS”

Los negocios con fondos públicos no sólo fueron realizados e ideados por los Schoklender. Un grupo de oportunistas vinculados con Bonafini y un Gobierno que necesitaba contener simbólica y económicamente a la Madre de Plaza de Mayo posibilitaron que, en los últimos años, la Fundación se transformara en una megaempresa multiuso y en una jugosa caja política.

Durante los años noventa, la acusación de Bonafini de que aquel que osara recibir la reparación económica impulsada por el gobierno de Carlos Menem se prostituiría, agrandó su figura ante la vanguardia iluminada de izquierda, pero la alejó de incansables madres que pegaron el portazo o callaron por temor al escarmiento. En todo caso, por lo bajo, criticaban a la líder. La distancia entre Hebe y otras Madres de Plaza de Mayo se acrecentó con su permanente crítica y ninguneo a la lucha por la búsqueda de la identidad de Abuelas de Plaza de Mayo. Madres que acompañaban a Hebe todos los jueves en las marchas de Plaza de Mayo, se trasladaban a escondidas a dejar sus datos en el banco genético de Abuelas en busca de algún posible nieto. Es que las Madres también podían ser Abuelas. Así me lo contó el hijo de una importante referente de los derechos humanos a mediados de 2011.

La periodista Rosario Ayerdi profundizó la investigación en febrero de 2012 al publicar que, a mediados de 2008, el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) había iniciado los cotejos de restos óseos de NN que habían estado enterrados durante largos años en el cementerio de Ezpeleta, partido de Quilmes. Hebe nunca quiso presentar muestras de ADN pues, según afirmaron Pedro Lanteri y otros integrantes de la Fundación, “sus hijos siguen vivos”. Diez años antes, en relación con el destino de sus hijos, Hebe había declarado ante el diario La Nación: “Si yo no lo investigué, nadie tiene autoridad para hacerlo”.

La resistencia al menemismo la había alejado del resto de los organismos de derechos humanos que se centraban en la verdad y la justicia, pero le había abierto otras puertas. La comunicación popular era la forma de difundir sus ideas, cada vez más intransigentes y dogmáticas. Así nació el proyecto de una universidad popular, económicamente apta para todos, con una matrícula simbólica. Luego vinieron la imprenta, el rediseño de la histórica revista de las Madres que comenzó a distribuirse en todos los kioscos de la ciudad y, finalmente, la radio. Durante el kirchnerismo, los proyectos cobraron forma, recibieron cuantiosos subsidios, aportes y billetes en concepto de pauta oficial, al tiempo que, desde el gobierno venezolano de Hugo Chávez, la universidad obtenía importantes donaciones a cambio de albergar cursos de orientación política afines al movimiento bolivariano. En ese entonces, ya existía el paraguas protector del respaldo jurídico y legal que significaba la Fundación. Sergio había sido su mentor. Diario, revista, radio, universidad, imprenta, el bar, la librería y la biblioteca, programas de televisión, cursos políticos, económicos, psiquiátricos y de orientación social, eran las actividades que desarrollaba una Fundación que había nacido de una asociación civil que manejaba una calesita para los niños frente a la Casa de las Madres. Sólo faltaba el espacio cultural y de la memoria que se concretó luego del recordado y simbólico discurso del presidente Néstor Kirchner el 24 de marzo de 2004 en la ESMA. A esa altura, Hebe tenía mucho y soñaba con más. Pero muchas Madres ya la habían abandonado.

La universidad

Me resisto a que ningún infausto monje negro reviva en

nuestra institución una suerte de lopezreguismo.

CARTA ABIERTA DE VICENTE ZITO LEMA, 2003

A finales de los noventa, la relación de Sergio con Hebe pasaba por su mejor momento. La resistencia a Menem, la militancia en causas justas y populares y las denuncias constantes contra el proceso económico y político que había llevado al país a una recesión que desencadenó la mayor crisis social de los últimos años, eran motivo suficiente para estar unidos ante la adversidad. Eran tiempos de sueños y proyectos en común, en los que Hebe se deleitaba con el coraje de Sergio, quien se resistía a representar como abogado a aquellas víctimas del terrorismo de Estado que buscaban recibir dinero en concepto de una reparación económica. “La sangre derramada jamás será negociada”, decían en conjunto. La relación despertaba recelos en el círculo de confianza de Hebe, pero nadie se animaba a hacer públicos esos miedos por temor a ser alejado de ella. La propia Alejandra Bonafini no quería a su nuevo hermano y años después lo demostraría contándoles a ciertos periodistas uno de los secretos mejor guardados por Schoklender: los trámites que había realizado junto con su esposa —en aquel momento, Viviana Sala— para adoptar de forma ilegal a su hijo en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. Hebe siempre lo habría sabido aunque, tras el escándalo de Sueños Compartidos, dijo estar horrorizada y así lo expresó en la única nota que le concedió al diario Perfil. Su actitud encolerizó a dos de sus empleadas más cercanas dentro de la Fundación, azoradas por las declaraciones periodísticas de Bonafini. Las mujeres prefirieron callar por temor a perder sus trabajos, aunque rompieron el silencio para hablar con el autor de este libro.

Antes de que la Universidad Popular cobrase forma, Sergio pasaba sus días atendiendo los cientos de consultas que recibía, mes a mes, en el estudio jurídico de Lanús que manejaba con Sergio Gandolfo. Tras el escándalo, Gandolfo permaneció en la Fundación al frente del equipo de abogados, olvidándose de su ex amigo, hasta que el fuerte rumor de que sería llamado a declarar en la megacausa lo obligó a dar un paso al costado.

En aquellos meses de constante trabajo y escasas satisfacciones económicas, Sergio contrató a una morocha como secretaria personal. Años más tarde, la mujer llegó a ser la administradora general de la Fundación y la mano derecha de Schoklender. Patricia Alonso, diez años menor que Sergio, se enamoró perdidamente de ese hombre de tupida barba negra que hacía juego con su vestimenta uniforme. Alonso fue una pieza fundamental para la conformación de la flamante universidad y del emporio económico en que se convirtió la Fundación en los tiempos de Néstor y Cristina Kirchner. “Los ojos de Sergio son los de Patricia”, afirmó en noviembre de 2011 una de las personas que todavía siguen al lado de Hebe, aunque siempre le molestó su forma de tratar a las personas. Esa persona fue testigo del inicio de una relación de más de once años que, con el tiempo, fue descubierta por la propia ex mujer del creador de Sueños Compartidos. Alonso fue una de las pocas personas que se mantuvieron leales a Schoklender a pesar de mil engaños, muchas desilusiones y unas cuantas idas y vueltas en la relación. Le perdonó todo porque, desde el primer momento que lo vio, creyó que Sergio era el hombre más bello e inteligente del mundo. Convencida de la necesidad de crear la Universidad Popular, Patricia Alonso donó el modesto departamento donde vivía para que el sueño se concretase. Sergio hizo lo propio con un pequeño crucero que compartía con su ex suegro, el padre de Viviana, cuando la asociación estaba al borde de su extinción. Dedicaban su vida al trabajo, y Hebe estaba profundamente agradecida, pues de su creatividad y perseverancia dependía el destino de las Madres como organización social, cultural y educativa.

El poeta Vicente Zito Lema era otro de los ideólogos de la universidad y una de las personas que tampoco entendían la relación madre-hijo entre Hebe y Sergio. “Si ves una foto del hijo menor de Hebe con el Sergio de mediados de los noventa, descubrirás que eran idénticos”, explica una mujer que hace más de diez años trabaja en la Fundación y conserva secretos de los protagonistas de esta historia.

El 20 de noviembre de 1999, en el viejo edificio de Hipólito Yrigoyen, a metros del Congreso de la Nación, se realizó un ciclo de charlas previas a la creación de la Universidad Popular a cargo de Zito Lema. Esa tarde, sin embargo, el centro de atención fue Sergio con su verborragia, sus declaraciones altisonantes y su discurso de barricada que encendió a los jóvenes presentes.

Como director académico, Zito Lema pronto fue perdiendo el control de la casa de estudios, que entregaba títulos honoríficos pues no tenía la aprobación del Ministerio de Educación. Sergio tenía nuevos proyectos, como la expansión del centro educativo a un edificio de once pisos y cuatro subsuelos situado en la avenida Belgrano y Defensa, que se compraría con supuestas donaciones. A Zito Lema no le cerraban los números para que la universidad pudiese abrir sus puertas, en tanto que a Sergio el dinero parecía caerle del cielo. Hebe había tomado partido y, ante los crecientes cuestionamientos de Vicente Zito Lema sobre las maneras en que Sergio recaudaba el dinero, la Madre apoyó la respuesta de su Hijo: “Habrá que creer en los milagros”. Zito Lema se fue de la universidad con una carta abierta que circuló por los pasillos de la casa de estudios, por programas de radio y por varias redacciones de medios gráficos. Intelectuales como Alfredo Grande, Néstor Kohan y Omar Neri, entre otros, fueron alejándose en los años siguientes. Sin embargo, en los primeros meses de 2011, cuando el escándalo aún no era público, evitaron relatar su experiencia “por prudencia” y por “falta de ganas”. Sólo sintetizaron que se trató de “una experiencia amarga y triste”. El círculo de silencio entre los intelectuales de izquierda, los periodistas “progres” y la inmensa mayoría del arco político oficialista y opositor, aún estaba cerrado a comienzos de 2011. La universidad, que había sido creada como un proyecto revolucionario y que había abierto sus puertas a destacados intelectuales, con el correr de los años se transformó en un ámbito donde el pensamiento libre estaba muerto y la democracia y el pluralismo eran sólo dos palabras del diccionario.

Al igual que la radio, la casa de estudios comenzó a funcionar ilegalmente, con la convicción de que la legitimidad de una dura lucha habilita a todo. Ricardo Monner Sans fue profesor de la Universidad de las Madres durante el año 2006, invitado por el entonces decano de la carrera de Derecho, el juez Roberto Gallardo. Monner Sans recuerda que cobraba, en tiempo y forma, en unas oficinas céntricas de la avenida Corrientes y que se alejó luego de enterarse de ciertas cosas que le desagradaron y que prefiere llevárselas a la tumba. El decano de Derecho era el mismo juez que había participado en los amparos y las denuncias presentadas contra Mauricio Macri por la precaria situación de las viviendas de los habitantes de la ex Villa El Cartón, posibilitando con sus medidas la llegada de Sueños Compartidos al barrio.

Recién en el año 2010, la universidad comenzó a entregar títulos habilitantes. En sus aulas no sólo se cursaba Derecho, sino también Trabajo Social, coordinado por Marcelo Cortizo; Licenciatura en Historia, a cargo de Norberto Galasso; Economía Política y Social, dirigida por Jaime Fuchs, Marcelo Freire y Oscar Natalicchio, a quien se señalaba como uno de los firmes ejecutores de los caprichos de Hebe y estaba también al frente también de las oficinas de Extensión Universitaria. En la carrera de Psicología Social, daba clases Viviana Sala y era coordinador, entre otros, Gregorio Kazi, cuestionado por sus tareas en los obradores. La carrera de Periodismo de Investigación, de tres años de duración, estaba dirigida por un grupo colectivo de docentes integrado, entre otros, por Ana Bardoza, Carlos Rodríguez y Sergio Kowaleswski. La directora de la Universidad Popular era la antropóloga Inés Vázquez. En uno de los pasillos del edificio se ve enmarcado el papel en el que Hebe habilitó simbólicamente la universidad diez años atrás, cuando un grupo de inspectores intentaron cerrar sus puertas: “Aquí tienen —dijo Hebe en aquella oportunidad—, habilito la Universidad de las Madres a funcionar en este edificio, listo, no jodan más y váyanse a la puta que los parió”. “Yo, Hebe de Bonafini, acabo de firmar la habilitación correspondiente”, concluyó. Los inspectores nunca más regresaron a ese lugar.

Pablo es un artista

Pasart era el emprendimiento más querido por Pablo Schoklender. Era su creación. Su nombre. PA: Pablo. S: Schoklender. ART: Arte. La imprenta de las Madres escondía historias de ascenso social y de negocios. Era un lugar clave para comprender los vínculos con el poder político. Al igual que el resto de las actividades de la Fundación —exceptuando la radio, la revista y, en parte, la universidad, que funcionan con respirador artificial—, la imprenta prácticamente dejó de existir tras la salida de los Schoklender. Los hermanos, sobre todo Sergio, dejaban la vida en la Fundación aunque hacían valer su trabajo más allá de lo que indicaran sus recibos de sueldo. Ex empleados de la imprenta recuerdan que por allí pasaban importantes sumas de dinero de las reparticiones del Estado Nacional, algo que se interrumpió en mayo de 2011. Discrecionalmente, ingresaban empleados a través de contratos manejados en sintonía con el Ministerio de Trabajo, que no se mostraba interesado en controlar las condiciones laborales de los trabajadores de las obras de Sueños Compartidos.

En 2005, Wanda Epstein, una amiga de Pablo que frecuentaba el restó 70, interceptó a Sergio en la calle para mostrarle una carpeta que contenía sus trabajos como diseñadora gráfica. El mayor de los hermanos le pidió el teléfono y la derivó a Pablo, quien ya dirigía la imprenta de la Fundación. Inocentemente, Epstein recuerda que allí imprimía algunos trabajos de sus emprendimientos privados y que soñaba con estar al frente del diseño de la revista Sueños Compartidos, pero que “no se pudo”. Pero insistió en trabajar bajo las órdenes de los “cordiales, reservados y educados” hermanos e incluso intentó que la empresa Carintia Arquitectura ganara alguna licitación para confeccionar los folletos explicativos de Sueños Compartidos. Según el Boletín Oficial, a comienzos de 2009 renunció a sus acciones en la empresa que, al igual que Meldorek, también importaba un novedoso método constructivo de viviendas. Mientras intentaba ingresar formalmente a la imprenta, manejada por entonces por Laura Molina, la novia de Pablo, Epstein se enfrentaba con un juicio laboral con un ex empleador. La representaban Hugo Gallardo y Sergio Gandolfo.

Aunque el fiscal federal Jorge Di Lello concluyó que no existen pruebas de que se hayan pagado campañas políticas con el dinero de la Fundación de las Madres, los afiches de Amado Boudou y Abel Fatala como candidatos a jefe de Gobierno porteño se imprimieron a través de Pasart o de Primera Impresión, también relacionada con Pablo. Di Lello no niega que eso haya sucedido, pero descarta que se haya cometido un delito electoral pues no se puede comprobar que los trabajos hayan sido realizados en el marco de una campaña política. Los debates, las charlas, los encuentros y hasta la presentación del libro de Abel Fatala se realizaron allí, dijo un ex empleado de Pasart. En septiembre de 2011, según el Boletín Oficial, Pasart cambió de dueño tras renunciar Molina como gerente. En su lugar se designó a Marcelo Eduardo Moreira Martínez. Casualidad o no, Moreira Martínez tiene tan sólo 74 amigos en la red social facebook y uno de ellos es Wanda Epstein, quien no recuerda si lo conoce aunque sí recuerda que estaba vinculado con las Madres. No fue por mucho tiempo. Veinticuatro horas después de realizada la transferencia entre Molina y Moreira Martínez, este último cedió sus acciones a Horacio Esteban Fretes y a su hijo. Fretes estuvo preso en 2004 por una pelea feroz con su empleador. Una vez más, un ex convicto aparece relacionado con la Fundación.

Las licitaciones públicas para la impresión de afiches de organismos públicos, según el ex empleado, muchas veces eran “truchadas”, pues los oferentes eran la mencionada Pasart, Habemus y Primera Impresión, empresas vinculadas a Pablo Schoklender. Ahí están los afiches con la leyenda “¡Aires Buenos! Fatala” en tamaño A4, el libro Buenos Aires, Capital del Sur del secretario que gestionaba los fondos de Sueños Compartidos, tapas de CD, anuncios de charlas y debates sobre ecología con la participación del ministro de Ciencia y Tecnología, Lino Barañao, y de actos con la presencia del diputado Edgardo Depetri, la ex vicepresidenta del INADI María Rachid y carteles en homenaje a Néstor Kirchner. “En Pasart hay más respuestas; se facturaba a sí misma para justificar gastos, la plata entraba y salía rápidamente sin control alguno”, sentencia el ex empleado que hoy teme por su vida.

Aire viciado

Si buscamos la legalidad, más de la mitad de las cosas

que estamos haciendo, no las podríamos hacer.

PEDRO LANTERI, DIRECTOR DE LA RADIO DE LAS

MADRES, 26 DE MAYO DE 2011

A fines de 2010, en la esquina de Luis Sáenz Peña y Alsina se terminó de refaccionar el edificio de cuatro pisos desde donde actualmente transmite la Radio de las Madres, la primera de la izquierda, como reza su eslogan. Ingresar al edificio no es tarea sencilla. Hay que tener una recomendación para llegar al ascensor que conduce al segundo piso de la emisora. Dentro de las paredes de la reciclada y moderna construcción, se mencionan por lo bajo el ilegal nacimiento de la radio, el creciente financiamiento publicitario y algunas alianzas que resultan incomprensibles para los pocos que se animan a cuestionar a la titular de Madres de Plaza de Mayo.

La historia de AM 530 muestra la contradicción entre un discurso liberador, apoyado en la lucha del organismo de los derechos humanos que más combatió a los militares en el poder, y unas prácticas autoritarias, ilegítimas y persecutorias. Cinismo puro. Con más de 220 colaboradores ad honorem y 40 empleados administrativos, la Radio de las Madres nació bajo el amparo del kirchnerismo y pegó un salto tecnológico y de infraestructura durante el año 2010, cuando abandonó los viejos estudios situados en la planta baja de Cerrito 242, donde compartía el espacio con Radio Cooperativa, frecuencia que también creció amparada por “la vista gorda” de las autoridades del ex Comfer y luego del AFSCA, a cargo del antiguo dueño de una FM trucha en los ochenta: Gabriel Mariotto. La Voz de las Madres nació en el año 2005, cuando Hebe adquirió la frecuencia 530 kHz que estaba adjudicada a la estación Estirpe Nacional de San Justo, en La Matanza. Hebe quería ubicar a su emisora en ese espacio pues así sería la primera de la izquierda. El director de la emisora recibió una explicación contundente: “Éste es un acto de subversión, si le gusta bien y si no, váyase a la mierda”.

Veinticuatro horas después de la escandalosa salida de Schoklender de la Fundación, Pedro Lanteri, el histórico director de la emisora, recuerda que efectivamente es así: “Las Madres, en general, no tienen permiso nunca, por eso hacen. No creemos en la legalidad sino en la legitimidad. Si buscamos la legalidad, más de la mitad de las cosas que estamos haciendo, no las podríamos hacer. Pero luego esa legitimidad es avalada por la ley”. Lanteri afirma que en 2006 Néstor Kirchner firmó un decreto otorgándoles la licencia correspondiente, y muestra una foto con el ex presidente en la Casa Rosada. Julio Bárbaro, ex interventor del Comfer e histórico dirigente peronista, dice que ésa fue la intención, pero que “ellos no quisieron la licencia para no pagar impuestos, porque el negocio suculento es no hacerlo, y lo increíble es que la AFIP es anunciante de la radio. Es la joda total”. Por su parte, Alejandro Alfie, periodista de Clarín y especialista en medios de comunicación, dice que no existe un solo papel que acredite la legalidad de esa radio. Bárbaro cuenta que se reunió con Schoklender y que él le dijo que “no le interesaba tener una radio legal, a pesar de que había una orden del gobierno nacional para que la tuviesen”. Al ser las Madres de Plaza de Mayo dueñas de esa radio, no tenían control, señala Julio Bárbaro, y “en el fondo se ocultaron detrás de su prestigio para que no se las controle en una tontería como la radio y en otras cosas más”. Lanteri justifica la historia: “Si nuestra radio se legalizaba, le abríamos las puertas a un montón de radios que estaban en nuestra misma situación pero sin el peso jurídico de las Madres. Además, ¿para qué buscar la legalidad? ¿Con el aval de una ley de la dictadura? Ahora es otra historia”. La pelea entre emisoras ilegales desencadenó la salida de la radio de San Justo y la llegada de La Voz de las Madres, por un simple capricho de Hebe. “Se concibe la ilegalidad como algo revolucionario”, concluye el ex funcionario que también les echa la culpa a sus pares de Radio Cooperativa, quienes les dieron el edificio para que funcionara la Radio de las Madres.

Hebe no tenía dónde instalar los estudios de su flamante emisora y un oscuro director de otra radio cercana al Gobierno se acercó para facilitarle el espacio físico. Fue el 1º de marzo de 2005, en Montevideo, durante la histórica asunción de Tabaré Vázquez como presidente del Uruguay, cuando Adrián Amodio encontró el momento ideal para ofrecerle su “conocimiento radiofónico” a Bonafini y dejarle las puertas abiertas “para hacer algo juntos”. Así, puso a su disposición una poderosa antena de cinco kilovatios de potencia que transmitía desde Lanús y otra más pequeña instalada en la terraza lindante al edificio de Cerrito, en el microcentro porteño, y que emitía por onda corta a la grande, la también AM “trucha” Radio Cooperativa.

A Hebe nunca le cayó simpático Adrián Carlos Amodio, el director de Radio Cooperativa, un hombre que ha intentado sistemáticamente enterrar su pasado. A comienzos de 2004, Amodio creía que el gobierno de Néstor Kirchner tendría poca vida y levantaba del aire los programas que simpatizaban con el presidente patagónico. Apostaba al regreso de Eduardo Duhalde y veía en el ex gobernador bonaerense al hombre fuerte del peronismo. Pronto enmendó su error y jugó todas sus fichas al proyecto nacional y popular encarnado por Kirchner. Antes, en los años setenta, estuvo en el Ministerio de Bienestar Social de José López Rega. Sus ex compañeros lo recuerdan por su torpeza, su fascismo y porque salía contento a “cazar zurdos”. Así pasó por la revista de la Triple A, El Caudillo, dirigida por Felipe Romeo, quien tenía en su oficina una silueta humana sobre la cual practicaba tiro al blanco. “El cabezón”, como le dicen a Amodio, comenzó a militar en su Lanús natal y a contactarse con los líderes sindicales de la época. Así llegó a ser delegado de la Unión de Personal Civil de la Nación (UPCN) y a formar parte de la Juventud Peronista de la República Argentina, el ala de derecha del peronismo más ortodoxo. El historiador Marcelo Larraquy lo confirma en su libro López Rega. Trabajando en el bar de su padre, el “empresario radiofónico” sumó contactos políticos y sindicales a través de ciertos “favores” que realizaba por encargo. “Todos saben quién era”, dicen un ex funcionario y dos personas que trabajaron con él y que hoy lo hacen en otras radios afines al Gobierno. Ese mismo hombre que perseguía a militantes de izquierda como los hijos de Hebe, le abrió las puertas de la ilegalidad a la Radio de las Madres. Poco le importó a Hebe el pasado del “Cabezón”, ya que en el proyecto hay lugar para todos. Pero, cuando no se cumplió la promesa de mejorar la confortabilidad del espacio compartido, las Madres dieron el portazo, respaldadas por jugosos fondos en pauta publicitaria. Se mudaron entonces a un edificio con tecnología de punta, que cuenta incluso con un estudio de televisión desde el cual en el futuro se transmitirá un canal digital. Al menos, ésa es la intención de Hebe.

Además de los ingresos recibidos directamente de Presidencia de la Nación (que, según los datos publicados en el Boletín Oficial, ascendieron a más de 50 millones de pesos en el año en que nació la Radio de las Madres), la primera de la izquierda recibió 105.553 pesos en concepto de pauta oficial durante 2009 para difundir actos de Gobierno, un mecanismo utilizado, en los últimos tiempos, para ahogar económicamente a los periodistas y medios díscolos con el oficialismo y premiar a los amigos. Por ejemplo, en ese mismo período, FM Rock and Pop recibió 77 mil pesos, La Cornisa Producciones, 61 mil, Radio Belgrano tuvo algo más de suerte y recibió 62 mil pesos, mientras que Radio Nacional alcanzó los 169.933 pesos. Otras radios de dudosa legalidad, como AM La Marea, obtuvieron 30 mil pesos y FM La Tribu, 10.600. Pero en el primer semestre de 2010, la Fundación obtuvo 422.238,85 pesos para difundir spots publicitarios del gobierno nacional en la radio y otros 22.500 para su sitio web. El semestre siguiente, los ingresos se multiplicaron y se diversificaron: 8.000 pesos para los medios gráficos —posiblemente la revista Sueños Compartidos—, 130 mil pesos para la web y nada menos que 534.818,33 pesos para la radio. Ese año, el diario Perfil, con más lectores que la revista Sueños Compartidos, no tuvo ingresos publicitarios oficiales. En la página del AFSCA, figuran los derechos a la información y la comunicación, en los que se expresa que ningún medio o periodista será discriminado a través de la pauta publicitaria oficial.

En septiembre de 2009, luego de sancionarse la ley de servicios de comunicación audiovisual, los espacios radiofónicos, que por la nueva legislación no podían ser alquilados, lo siguieron siendo en los propios medios afines al Gobierno que impulsaron una ley de la democracia. El oficialismo traicionaba su propia ley. La única apertura de frecuencia radiofónica que se produjo fue la de Amplitud, AM 750, que el Suterh de Víctor Santa María ganó por licitación. La Voz de las Madres no quiso participar, pero Radio Cooperativa sí lo hizo y perdió. A mediados de 2010, ante la potente aparición de la radio del gremio de los encargados de edificio en la cercana AM 750 del dial, la 740 del “Cabezón” Amodio estaba acorralada y perdía oyentes por razones técnicas y ante una programación más dinámica y atractiva, con figuras como Eduardo Aliverti, Alejandro Fabbri, Adriana Varela y Rep, entre otros. La solución fue la misma de otras épocas. La orden estaba dada, y el 2 de julio de 2010 el propio empresario, acompañado por un grupo de jóvenes vinculados con la barra de San Lorenzo, voltearon la antena de AM Amplitud en Lomas del Mirador, lo que provocó que esa emisora dejara de existir. Sergio Marino, gerente artístico de Amplitud en aquel momento, denunció el hecho ante los diputados del Congreso de la Nación y ante el AFSCA, pero el tema no recibió la atención pública que merecía. Con más potencia y más cercana a Radio Mitre, Cooperativa siguió creciendo y el paraguas protector de las Madres ya no era imprescindible. Los nubarrones causados por la aparición repentina de AM 750 de Víctor Santa María parecían diluirse, y desaparecieron definitivamente cuando Martín García, un “amigo de la casa” como decía Amodio en los pasillos de la radio, se hizo cargo de Télam e impulsó el llamado “periodismo militante”. La plata fresca proveniente de la pauta oficial y de los informes que la agencia de noticias estatal emitía cada media hora a través de la reconocida voz de Claudio “El Gordo” Orellano, significó un espaldarazo de confianza para el hombre fuerte de Radio Cooperativa. Martín García firmó un convenio similar con Bonafini para que la Radio de las Madres recibiera el servicio “Télam: Radio para Todos”.

En medios supuestamente progresistas, los manejos autoritarios son habituales. Herman Schiller, histórico periodista que publicaba información sobre los desaparecidos desde su periódico Nueva Presencia cuando pocos lo hacían, los padeció por disentir con ciertas posturas de los organismos de derechos humanos en relación con el kirchnerismo. En pocos meses, Schiller fue expulsado de la universidad donde organizaba debates pluralistas, del programa de las Madres que conducía en Radio Nacional y de AM 530. En los pasillos de la universidad, luego de un debate entre el ministro de Economía Roberto Lavagna y un economista de izquierda cuyo nombre Schiller no recuerda, Hebe le dijo que dejara de llevar “a los enemigos de las Madres”. Días después de haber echado al periodista, los oyentes llamaban constantemente a Hebe a su programa Pariendo sueños preguntándole por la abrupta salida de Schiller. La Madre respondió, delante de su invitado Aníbal Fernández, por ese entonces ministro del Interior: “A ustedes no les gustaría que tiren mierda en su living”. En noviembre de 2011, Herman Schiller, una de las personas que conocen como pocos a Bonafini, señaló que la Madre “pasó de la historia a la historieta” y recordó cómo hasta el escritor Osvaldo Bayer le fue a pedir a Hebe que recapacitara con respecto a la expulsión del periodista. Su respuesta no se hizo esperar: “Andate a la mierda, que con ése no quiero saber nada”. La programación de la radio se fue politizando, pero siempre en apoyo al Gobierno. Schiller cree que el cambio “fue produciéndose a medida que ella iba ganando espacio en el poder” y recuerda que “entraba a la Casa Rosada como si nada, se puteaba con Kirchner y le decía: ‘Dejate de romper las pelotas, hacé esto o hacé lo otro’”.

No fue ése el único caso de censura y despido repentino. La Agencia Rodolfo Walsh de comunicación alternativa emitía un singular programa llamado Nos mean y dicen que llueve, integrado por el periodista Pablo Llonto y el colectivo Metaprensa, entre otros. Censurados por tocar temas fuera del decálogo que bajaba Hebe, tal como señala Rodolfo Grinberg de la Agencia Walsh, los periodistas tuvieron que dejar la emisora debido a los constantes aprietes de su director y luego de una reunión con Hebe, quien les dijo que “no había lugar para sus enemigos”.

Años después, Pedro Lanteri acusa a los integrantes del programa de poco profesionales y prefiere hablar de “diferencias de línea editorial” para explicar lo sucedido. Hasta que estalló el escándalo Schoklender, Lanteri también se desempeñaba como coordinador de la Comisión de Comunicación de la Cancillería de la Nación (con un sueldo superior a los trece mil pesos mensuales en la radio, según Schoklender) y como presidente del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Lanteri, que en diciembre de 2011 asumía como prosecretario del área en la jura de legisladores de la provincia de Buenos Aires, reconoce hoy que “la radio no es abierta a todo el mundo; yo evalúo si algo es nota o no”. El director de la radio también evaluó la efectivización del despido sin causa de la periodista y locutora Yamila Blanco, quien se desempeñaba en el informativo de la emisora, en diciembre de 2007.

Aún subsisten las prácticas dignas de una película de espionaje, de las épocas en que Sergio Schoklender era amo y señor de la Fundación. Secuestros de computadoras, hackeo de mails, teléfonos pinchados y la obligación de explicar cualquier comentario de radio-pasillo contrario a las autoridades, siguen siendo habituales en La Voz de las Madres. Las prohibiciones no son sólo temáticas sino que se aplican también a la mención de artistas como Joan Manuel Serrat y Mercedes Sosa, con quienes Hebe compartió actos públicos pero dejaron de ser de su agrado por razones artísticas y personales, o de periodistas como Néstor Kohan —ex docente de la universidad— y Carlos Aznarez, expulsado en 2007 por Schoklender tras una operación de espionaje interno.

Otros, en cambio, tienen más suerte y pueden decir lo que quieran cuando se enciende la luz del estudio. Es el caso del doctor Luis María Calcagno, director de la Inspección General de Justicia, que debía controlar las obras de la Fundación y que los martes por la noche se divertía conduciendo un programa de rock nacional: La lectura de vinilo. En el magazine Acá estamos tenía una columna Andrés “Cuervo” Larroque (La Cámpora desembarcó en Radio Cooperativa, en La Voz de las Madres y en los medios públicos con gran fuerza y mucho dinero en 2010) y el fallecido Iván Heyn (economista camporista que apareció muerto el 20 de diciembre de 2011, mientras estaba de gira con la comitiva presidencial en Uruguay) hacía lo propio en Condenados al éxito. Los intelectuales de Carta Abierta estaban presentes en el programa del periodista Horacio Embón y otro joven militante camporista de Villa Urquiza, Pablo Om, participaba en el programa La pasión de compartir de Sueños Compartidos. Carlos Raimundi, ex diputado del ARI y hoy miembro de Nuevo Encuentro de Martín Sabbatella, conducía Por otra ventana en 2011, y en Producto bruto hasta Felisa Miceli se animaba a sentarse frente al micrófono. En otra prueba de pluralismo informativo, Guillermo, el hijo de Teresa Parodi al frente del ECuNHi (Espacio Cultural Nuestros Hijos), conducía Contando el ECuNHi todos los fines de semana compartiendo cartel con el programa Historias en el aire, producido por Mariano Randazzo.

Los que aún trabajan en la emisora no advierten importantes cambios luego de la salida de Schoklender, salvo que antes cobraban los haberes en tiempo y forma: “Sergio era el brazo ejecutor de la vieja, pero era inteligente y seductor; los de ahora son más papistas que el Papa y maltratan con odio a los que quedamos, como si fuéramos los responsables de lo que pasó”, explican tres integrantes del grupo de seguridad de Bonafini, encargados entre otras tareas de tenerle la cartera cuando da sus discursos en Plaza de Mayo y cuidar que nadie se le acerque. Lanteri —el hombre que actualmente también se ocupa, todos los jueves, de manejar la seguridad personal de Hebe, tarea que antes hacían Sergio y Rubén “Pocho” Brizuela— dice que en su radio los derechos humanos son sólo un tema de agenda, que la emisora es netamente política e ideológica pero no “lánguida como la izquierda argentina” y que, al igual que las Madres, “nuestra lucha es la de sus hijos que están vivos. Por eso no vamos a buscar los huesitos como otros organismos. No nos interesa”.

El 24 de noviembre de 2011, seis años después del nacimiento de la radio, Bonafini reclamó en la tradicional marcha en Plaza de Mayo un “puto lugar para poner la antena, con tanto político que anda dando vueltas por ahí”. Días antes, un vecino del edificio donde pasa el cable que conecta con la antena se había presentado en la radio para exigir el pago inmediato de dinero para no cortar el cable. Esa tarde de jueves, Bonafini estaba indignada y reconoció que la Radio de las Madres “está haciendo política todo el tiempo, y está defendiendo este proyecto nacional y popular” y que por eso pedía “que algún político se ocupe”.

Las Cristinas

Los militares desaparecieron a las personas

y los kirchneristas, a los hechos.

JORGE LANATA, OCTUBRE DE 2011

La hija de Teresa dirige la coordinación de visitas

guiadas, pero como casi no se hacen visitas, nunca viene.

SERENO DEL ECUNHI, AGOSTO DE 2011

A comienzos de 2008, el plan Sueños Compartidos estaba en marcha. La revista de las Madres se vendía en los kioscos a cinco pesos y una vez al mes la obsequiaba el diario Tiempo Argentino, propiedad del empresario oficialista Sergio Szpolski, quien en varias oportunidades se reunió en el bar de la universidad con el director de la revista, Demetrio Iramain, para ultimar los detalles de la alianza. La Fundación crecía a pasos agigantados. Las Madres que habían osado criticar las decisiones unilaterales de Hebe de Bonafini habían sido aisladas y ya no concurrían a las tradicionales marchas de los jueves. Así sucedió con Josefina Salgado, quien el 27 de enero de 2008 escribió una emotiva carta que fue publicada por la Agencia Rodolfo Walsh. Esas otras Madres de Plaza de Mayo se sentían discriminadas, sin posibilidades económicas de trasladarse hasta la Capital Federal para hacerse oír, y algunas decidieron expresar su malestar por escrito aunque no fueron escuchadas. Salgado decía que no se debía “mezclar el nombre de nuestros hijos, auténticos revolucionarios que dieron su vida por los marginados de esta sociedad egoísta, con un gesto de beneficencia. ¿Qué se esconde detrás de esa máscara de amor al prójimo? ¿Quién financiará esas construcciones?”. Salgado afirmaba que Hebe decía que el Gobierno tenía plata. “Siempre la consideré sagaz. Esta vez se equivoca. El Gobierno no tiene plata. Administra los bienes del pueblo.” Lo decía antes de la conformación de Las Cristinas, un grupo de mujeres comandadas por Bonafini que a mediados de 2010 apoyaron formalmente la candidatura —aún inexistente— de Cristina Fernández a la reelección. Para Schoklender, todos los gastos que implicó ese “capricho para contentar a la Presidenta fueron para que Hebe se sacara fotos con los ministros y secretarios. Todo era al pedo”.

Mucho se había discutido sobre el destino que tendría el predio de la ex Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) luego de que el ex presidente Néstor Kirchner lo entregara a los organismos de derechos humanos. Hebe no quería saber nada con ese lugar ni quería pisarlo porque, cuando se hizo el traspaso, aún estaban los cadetes estudiando en las instalaciones. Sergio la convenció de que el lugar sería útil para sus fines, aunque luego discutió fuertemente con Hebe por el destino que ella quería darle al predio. El ex apoderado propuso construir un inmenso centro educativo, secundario y terciario. No lo dejaron y se despegó del proyecto de Hebe, quien ya había conversado con la cantante Teresa Parodi para que se hiciera cargo de un centro cultural dedicado a la memoria de sus hijos revolucionarios. La cantante fue la primera en enterarse de la decisión de Hebe de crear un espacio político de mujeres para respaldar a Cristina en uno de los peores momentos de su gobierno, luego de la derrota electoral de 2009.

Tres años después de haberlo recibido, los organismos aún no habían decidido qué hacer con semejante predio; sin embargo, ya se habían gastado 140 millones de pesos en desalojar a los marinos del lugar, como informó el diario La Nación el 22 de julio de 2007. Los 17 edificios y el campo de deportes que ocupaban 40 mil metros cuadrados aguardaban a sus nuevos ocupantes, y el macrismo estaba por de sembarcar en la ciudad. Los tiempos se aceleraron y el juez federal Sergio Torres limitaba las obras a realizarse pues no se podía alterar la fisonomía original de la ESMA mientras se investigasen los crímenes allí cometidos. La Secretaría de Derechos Humanos agilizó los trámites y, finalmente, desembarcó con el Archivo Nacional de la Memoria. El 31 de enero de 2008, hicieron lo propio las Madres de Plaza de Mayo, luego lo harían el resto de las organizaciones. El Espacio Cultural Nuestros Hijos, a cargo de Teresa Parodi, se centró en tres planes fundamentales: los talleres de teatro, artes plásticas y música —a cargo de su hijo Guillermo, quien en marzo de 2012 asumió como director ejecutivo del Instituto Nacional del Teatro—; las visitas guiadas —organizadas junto con el Ministerio de Educación y coordinadas por su hija Verónica Parodi—, en las que alumnos de las escuelas de La Matanza recorren tres veces por semana las instalaciones, y un convenio con el PAMI para integrar a 120 abuelos en los talleres que se dictan semanalmente. Con una planta estable de quince empleados —muchos de ellos militantes en organizaciones afines al kirchnerismo—, más actores, directivos, personal de seguridad y mantenimiento que suman otros cien empleados, el ECuNHi hoy está lejos de poder alcanzar el objetivo original por el que fue creado: transformarse en un departamento de arte de la Universidad de las Madres. Subvencionado por el Ministerio de Educación y la Presidencia de la Nación, el Espacio Cultural sufrió económicamente por la salida de Schoklender y súbita la falta de liquidez.

Quien camine por los senderos del ex centro clandestino de detención podrá ver algunas obras de arte, unas escasas muestras y una inmensa cantidad de frases, fotos y mensajes dedicados al ex presidente Néstor Kirchner y a la actual presidenta Cristina Fernández. Luego del escándalo, en el ECuNHi no había nadie excepto un sereno. En esos mismos días hubo una amenaza de bomba, y la Fundación señaló a Schoklender como el responsable. El sereno se quejó por la falta de pago y dijo que cuando estaba Sergio esas cosas no pasaban tan seguido, aunque, aclaró, las amenazas eran habituales y servían para tener un día franco. El espacio se había transformado en un centro de militancia partidaria, muy bien rentada, donde convivían ex funcionarios como Eduardo Jozami, director del Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti, dependiente de la Secretaría de Derechos Humanos, y familiares de referentes culturales y sociales como los hijos de la propia Parodi. Detrás de la militancia, explica Schoklender, “había lúmpenes y parásitos que se escudaban en esa figura para rascarse los huevos. Lo sufrí en carne propia cuando elegí a ingenieros y arquitectos militantes, pero, rápidamente, me di cuenta de que la militancia y el laburo no iban de la mano”. A la salida de uno de los talleres de cocina a cargo de Bonafini, la Madre le dijo a uno de sus empleados que la cuidaban del acecho periodístico: “Soy más vieja que el Magiclick pero sigo prendiendo fuego”.

Una noche de desvelo

El catering para cada evento, los traslados desde la Fundación hasta la ex ESMA, los gastos de imprenta para los folletos, la difusión de los talleres y encuentros, los viáticos por el montaje y desmontaje de los escenarios. “Al pedo”, decía Sergio Schoklender al referirse a los gastos ocasionados por Las Cristinas. “Todo por una foto”, agregaba. Las Cristinas nació en julio de 2010, durante una noche de desvelo de Hebe. El objetivo era generar un espacio para todas las mujeres y “ponerle las palabras y las herramientas a un montón de mujeres que se querían sumar al espacio nacional y popular”. A Teresa Parodi le encantó la idea y Hebe pronto invitó a sumarse a Araceli Mastellone, a quien había conocido a mediados de los ochenta en las charlas sobre derechos humanos organizadas en La Plata. En un encuentro de periodismo en la Universidad de La Plata, Hebe preguntó quién estudiaba la carrera de Derecho y, cuando Araceli le respondió, le cuestionó su vocación.

Así comenzó una relación a prueba de todo. Mastellone comenzó a militar y organizó la agrupación independiente La Tercer Mundo. Fue fundadora de Quebracho, junto con su ex marido Raúl Lezcano y el verborrágico Fernando Esteche. “Las Madres parieron a Quebracho con su metodología, al igual que a Norma Plá, por eso es hermoso vivir esta revancha”, explica Mastellone. Cuando Hebe la invitó a sumarse a Las Cristinas, le obsequió un anillo con la figura del pañuelo blanco, insignia de las Madres. Araceli sintió un honor inmenso. El 7 de julio, Las Cristinas aparecieron formalmente en una conferencia de prensa donde estuvo ausente Patricia Alonso, a quien hoy Araceli afirma que no conoce. “Es mentira —dicen en los pasillos de la Fundación—, luego del escándalo a Patricia todos le dieron vuelta la cara por su cercanía con Sergio.”

La elección de la fecha no fue casual. Un 26 de julio de 1952 moría Eva Duarte de Perón, un 26 de julio de 1953 se iniciaba la Revolución Cubana. Un 26 de julio de 2010, las cuatro mujeres y cientos de compañeras asistieron a una videoconferencia de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. La formación de nuevos cuadros de militancia, que había surgido en una noche de desvelo, rondaba en la cabeza de Hebe desde el 19 de febrero de 2010, cuando fue a Olivos junto con Teresa Parodi a saludar a la Presidenta por su cumpleaños. Ese día Néstor estaba débil, recientemente operado, y Máximo se sacó varias fotos con Hebe, demostrando así el gran afecto que la familia Kirchner sentía por ella.

Luego de la exitosa presentación, Las Cristinas se multiplicaron por todo el país. Grupos de mujeres organizaban encuentros en plazas del interior del país y del conurbano bonaerense. Supuestamente, los gastos se autofinanciaban por sus integrantes pero Schoklender contó otra versión de la historia. Tras el escándalo, Las Cristinas menguaron sus actividades públicas. Araceli Mastellone, actual directora regional del PAMI en La Plata, visita a Hebe cada quince días y se ríe al contar que sus hijos de nueve y once años son más “cristinistas” que ella. En esa misma sintonía, una persona que todavía permanece al lado de Hebe aunque tiene diferentes visiones del Gobierno, sentencia que “bajar línea no es gratis”. “Ella da la vida por el Gobierno, pero el hecho de que en la Fundación ingresase mucho dinero ayudaba a convencer mucho más”, concluye.

Fin de año

Hebe es eso: un gran mito.

SERGIO SCHOKLENDER EN EL COMIENZO DE SU LIBRO

SUEÑOS POSTERGADOS, DICIEMBRE DE 2011

El año 2011 concluía con Hebe y Sergio otra vez presentes en los medios. Las nuevas revelaciones del libro de Schoklender, Sueños postergados. Coimas y corrupción en la patria de los desvíos (Planeta, 2011), se reproducían en diarios y revistas. El hombre que había denunciado que el periodismo argentino no lo llamaba más porque “estaba negociando las pautas publicitarias de 2012”, ocupaba un lugar privilegiado en los kioscos de diarios. Al leer Sueños postergados, recordé la invitación que el propio Sergio me había hecho para que lo ayudase a escribir un libro y a mantener un blog semanal de noticias. El ex apoderado perdió interés cuando le hice las primeras preguntas sobre su relación con el Gobierno y su pasado. En las sucesivas entrevistas, Schoklender esquivaba cuestionamientos y prefería hablar de su ingenuidad por no haber pagado coimas ni tasas de retorno cuando así correspondía, o de su valentía para enfrentar a funcionarios corruptos y desenmascarar las flaquezas de la obra pública. Su versión de la historia, con certezas, verdades y otras tantas infamias y fabulaciones, se reflejaba en un libro escrito a las apuradas mientras visitaba Tribunales cada 48 horas y mantenía contacto con personal de la Fundación que no soportaba más el desmanejo, primero de la hija de Hebe y luego de la Madre.

De los 5.700 empleados sólo quedaba el 10% a fines de 2011. Nuevas fuentes de información expresaban su “luto y desilusión” con la Fundación. Reconocían errores, explotación, injusticia, clientelismo y robo de materiales en Sueños Compartidos, pero, comparada con los nuevos planes de viviendas de cooperativas, movimientos piqueteros y empresarios de la construcción, la creación de Schoklender resultaba ser insuperable. “Conocía todo, daba la cara y su oficina siempre tenía las puertas abiertas. Era un loco pero también un enfermo del trabajo”, decía una empleada administrativa de la Fundación que no soporta las expresiones de desprecio que, luego de su salida, recibía el ex apoderado por parte de antiguos y sumisos laderos.

En su libro, Schoklender no mentía en lo que respecta a su relación con Hebe, pero agrandaba su propio mito mostrando a la Madre casi como una creación suya. Sergio Gandolfo, uno de sus ex amigos, ex abogado y compañero de Sueños Compartidos, insistía: “Es un mitómano”. Sus antiguos socios lo habían abandonado y se sentían a gusto como soldados de su hermano Pablo, mientras él, solitario, se lanzaba a una cruzada contra un Gobierno del que sólo rescataba a Guillermo Moreno y a Néstor Kirchner, más allá de sus miserias y sus actos poco transparentes, que explicitó en su libro.

Al estallar el escándalo, declaró que no hablaría de Hebe pues le guardaba cariño y respeto. En su libro, en cambio, la terminó de aniquilar. En relación con la Misión Sueños Compartidos, dijo que era la única obra pública que no pagaba coimas, pero en un fragmento de su libro afirmó que había financiado la campaña de Abel Fatala, pues era un funcionario con el cual había que mantener una buena relación pero que “no se trataba de una coima directa”. A pocos días de que estallase el escándalo, un funcionario de la Secretaría de Derechos Humanos del Chaco confesó ante Karina Arce, una periodista local, y este autor que Schoklender intentó comprarlo “con una radio y mucho más” para puentear a otros funcionarios. Textualmente agregó: “¿Querés que te diga la verdad? Por supuesto que hubo corrupción, lo sabían todos. Acá [por el Chaco] la hubo y el negro de Obras Públicas [por Luis Bontempo] me lo contaba. En las provincias… no se controlaba.”

“¿Mita y mita significa que hubo tasa de retorno?”, le pregunto.

“Pero por supuesto —el hombre levanta el tono de su apagada voz y mira a los costados del hall central del Espacio Cultural para la Memoria, ubicado a pocos metros de la Casa de Gobierno de Resistencia—. Capitanich estaba en otras cosas más grandes pero todos sabían. A Hebe no la juzgo, no sé si le da o tiene la capacidad intelectual para comprender. Su relación con Sergio se la dejo a los psicólogos.”

El funcionario lo cuenta sin sorprenderse, con la confianza de sentirse entre amigos. La corrupción es algo natural en la Argentina pero, según él, ahora no alcanza los niveles de otras épocas, y recuerda que José Octavio Bordón, candidato a presidente en las elecciones de 1995, había declarado que si no acababa con el 40% de la corrupción, la Argentina no tendría solución.

En ese sentido, Schoklender no engaña cuando explicita que las licitaciones son dibujadas, los sobreprecios existen y las tasas de retorno son habituales. Pero no es cierto que, en esa historia, su Fundación y él se hayan mantenido al margen. El proyecto Sueños Compartidos era novedoso, ingenioso y hasta revolucionario en la teoría, pero en el día a día sus creadores cometieron muchos de los mismos pecados que le adjudicaban a la vieja política clientelar y al empresariado que hace plata gracias a un Estado bobo. El financiamiento espurio de la política fue soportado y bancado por la Fundación, con Schoklender como gestor principal. No le molestó mientras pudo hacer sus propios negocios personales. Serían ciertos los aportes “en negro” que Lotería Nacional realizaba a la Fundación merced a la intervención “desde más arriba” y cuyas consecuencias legales no dejan dormir a los directivos chaqueños que nuclean el juego en la provincia. Y también sería cierto que Doris Capurro realizó trabajos para la Fundación en el área de prensa y difusión, ya que los nexos entre empleados de la consultora y Sueños Compartidos están explicitados en los currículos de los implicados. Pablo Schoklender declaró ante el juez Oyarbide que la propia Hebe de Bonafini habría ordenado pagar medio millón de pesos de la Fundación a la consultora de Capurro por los servicios prestados.

Aparecen las FARC

Estamos con los compañeros de las FARC, estamos con

Chávez, estamos con nuestro presidente Néstor.

Uribe es una mierda y un hijo de puta.

HEBE DE BONAFINI

Desde aquella incómoda pregunta sobre los vínculos de la Fundación con las FARC que el periodista Sebastián Turtora le hizo a Bonafini, hasta la confesión de Herman Schiller —uno de los periodistas que mejor conocieron a la Madre— de que en el edificio de Hipólito Yrigoyen se apoyaba “todo lo que olía a rebelde y revolucionario, inclusive movimientos terroristas”, no debería descartarse la verosimilitud de las declaraciones de Schoklender sobre los intercambios en cursos, adoctrinamiento, apoyo simbólico y también económico entre la guerrilla colombiana y el organismo de derechos humanos.

Schoklender cuenta que, a principios de los noventa, ni Hebe de Bonafini ni él creían en la democracia. “La idea era mandar compañeros a formarse con las FARC en Colombia, con los zapatistas en Chiapas y que después esos compañeros pudieran venir con alguna formación y comenzar un trabajo, digamos, foquista en algún lugar. Ése era el único modelo posible, no veíamos otra salida”, pues sólo quedaba “la lucha armada”. En los mails y documentos enviados por integrantes de las FARC como Raúl Reyes a un tal César con fecha 7 de septiembre de 2005, el primero informa que “le abonamos a doña Hebe”, y cuenta a sus superiores que Hebe estaría equivocada al creer que la guerrilla estaba en contra del presidente venezolano Hugo Chávez (otra fuente de ingresos de la Fundación desde el año 2003). A su vez, Reyes agregaba: “Sí conozco las serias dudas corridas sobre Sergio, el hombre consentido de doña Hebe de Bonafini. Bienvenidas sus informaciones y puntos de vista. Nunca hay que dejar de mantener en alto la vigilancia revolucionaria”. En 2007, en el marco de los festejos del trigésimo aniversario de la primera manifestación pública, las Madres de Plaza de Mayo leyeron comunicados de apoyo del comandante Reyes desde “las montañas colombianas”, como así también de Fidel Castro, de la ministra de Defensa Nilda Garré y de Néstor Kirchner.

En las 850 páginas de correos electrónicos y cartas enviadas por los comandantes de las FARC y que transcribe Wikileaks, el argentino más mencionado es Fernando Bossi Rojas, un historiador argentino nacionalizado venezolano, muy cercano al presidente Chávez y actual secretario de Organización del Congreso Bolivariano de los Pueblos y director de la revista Cuadernos de la Emancipación. Las FARC cuestionaron el accionar de Bossi por no apoyar abiertamente a la guerrilla ante el influyente Chávez y no atacar decididamente al “autoritario” Álvaro Uribe, ex presidente colombiano. Bossi viaja constantemente por toda América Latina, mantiene una relación cercana con Bonafini y con el diputado Edgardo Depetri, y en febrero de 2012 dialogó telefónicamente con este periodista sobre los gobiernos latinoamericanos, sus contactos con Hugo Chávez y las acciones realizadas en conjunto en la Argentina. En 1997, se vinculó con Hugo Chávez junto con otros referentes de la izquierda peronista, radicándose en Venezuela para luego conformar el Congreso Bolivariano que “lucha por la integración”. Afirmó que “movimientos como las Madres de Hebe, el compañero Hugo Yasky, Emilio Pérsico y Depetri interpretaron, desde el primer momento, lo que había que hacer para articular ese movimiento revolucionario, nacional y popular que se coronó en Mar del Plata con el freno al ALCA”. A propósito de ese acto, Schoklender recuerda en su libro Sueños postergados que “se citó a representantes de todas las organizaciones sociales a una reunión en la biblioteca de la universidad de la Fundación. Traían el listado de micros que necesitaban según la cantidad de gente que iban a movilizar. Yo era el encargado de distribuir ese dinero de acuerdo a lo que cada uno me pedía. Siempre faltaba plata. En su medida, ellos construían su propia caja adicional”.

Pero para Bossi esta información es falsa, pues se intenta “desprestigiar a referentes como Hebe que fue una de las máximas figuras del Congreso de los Pueblos y mantengo una muy fluida relación con los que están pateando para conformar esta gran Patria Americana”. Schoklender recuerda que en la universidad se recibía semanalmente a los referentes de las FARC y se triangulaba su llegada desde Venezuela. Luego el gobierno de Chávez rompió relaciones con las cada vez más desprestigiadas FARC que habían perdido a sus mejores hombres a manos del Gobierno colombiano: “Los jóvenes iban a Venezuela, allá cambiaban su documentación, pasaban a Colombia y se integraban a la guerrilla”. El financiamiento de las organizaciones, el dinero para realizar actos, campañas, cursos y viajes no está para nada claro. A los referentes de movimientos sociales, ex piqueteros, cooperativas y empresarios amigos del poder, tampoco les importa de dónde vienen los fondos. No se cuestiona que, en el momento de esplendor de la guerrilla colombiana, sus recursos provenían de los carteles del narcotráfico de ese país. Esos referentes no se asustan por que sus organizaciones se financien por medio de organizaciones guerrilleras o de la embajada de Irán (país vinculado con el ataque a la Embajada de Israel y a la AMIA en nuestro país), como sería el caso del dirigente Luis D’Elía, tal como lo señala el periodista Christian Sanz. Todo es válido excepto que provenga del “imperialismo yanqui”.

Una cuenta pendiente del libro de Schoklender es la mención de los nombres de los ministros que viajaron en los aviones de Meldorek trasladando, posiblemente, dinero proveniente del narcotráfico. Ni siquiera mencionó la mafia de los medicamentos, ni los extraños encuentros en un hotel céntrico de Resistencia, Chaco, ni la relación con Hugo Gallardo, Enrique Rodríguez, Manuel Camet, Sergio Gandolfo, Alejandro Gotkin, los prestanombres, los financistas y sus cuevas. Su versión de los hechos del Parque Indoamericano es infantil. Schoklender admite que su gente utilizó la violencia física, pero alega que cincuenta personas armadas intentaron ingresar al obrador de Piletones y que un grupo de personas y él les sacaron las armas y los molieron a palos. La lucha contra el paco es otra gran falacia. En los barrios carenciados ingresó dinero fresco y muchas personas que vivían marginalmente accedieron a un trabajo en blanco. Pero a costa de bajar la cabeza, aguantar injusticias y responder al responsable local (el puntero) y al delegado político de la Fundación sin posibilidad de sindicalizarse, denunciar o quejarse de nada. La propia encargada de “territorialidad política de Villa 15”, Mariana Tinte, a fines de 2011 reconoció que los trabajadores iban obligados a las marchas, otro punto en el que Schoklender niega la realidad. Los adictos al paco no fueron tenidos en cuenta para construir viviendas, es más, fueron discriminados, mientras que los transas y “pesados” del barrio fueron ubicados en puestos clave de seguridad en la Fundación, con los sueldos más jugosos de la estructura. Escribe sobre obras terminadas que no son tales y olvida la falsificación de la firma de Miriam Aquino que posibilitó el contrato más jugoso de la historia del proyecto.

Ese fin de año, no sólo habló Schoklender. La secretaria personal de Hebe, Sofía Quinodoz, recordó el primer contacto que tuvo con la Fundación. Tenía 14 años cuando llegó de Corrientes e ingresó en la imprenta a través de un tal Juan Carlos que se fue años después. Un hombre altanero la increpó: “¿Qué querés?, provinciana ignorante, negra e inútil”. Sofía no se quedó callada y se plantó ante el hombre que seducía a las bellas mujeres pero despreciaba a las que no le provocaban nada. Pronto conoció su nombre. Pablo Schoklender, quien la había recibido de mala forma, evitó que Sofía ocupara el cargo prometido como recepcionista de la imprenta y la envió a limpiar los pisos. Meses después, su hermana ingresó en la Fundación para ocuparse de la calesita de la plaza. Sofía sobrevivió a mil injusticias y, con el correr del tiempo, la mandaron a limpiar los estudios de radio. En los cortes, entre programa y programa, hacía milagros y dejaba un fresco aroma en el ambiente. Así conoció a Hebe, quien la miraba sorprendida por su rapidez para pasar el trapo por la mesa del estudio. Bonafini le dijo a la madre de Sofía, que también trabajaba en la Fundación, que la quería como secretaria personal. El director de la radio, Pedro Lanteri, intentó convencerla de que no debía aceptar. “Vos no estás capacitada”, le decía a Sofía, pero Hebe, caprichosa, insistió y finalmente la joven aceptó. Sus tareas habituales consisten en sostenerle la cartera en los actos, llevarle agua por si la necesita, comprarle barritas de cereal sin azúcar pues Hebe es diabética, tener presente su medicación para el asma, servirle el café de las mañanas, atenderle el teléfono, leer los mails y armar un pequeño clipping de prensa. Sofía confiesa que se siente molesta por la forma en que la Madre maltrata y putea a la gente, sobre todo a los chicos de prensa. Pareciera que no quiere a nadie, dice, pero es la Madre de Plaza de Mayo y la ama. Recuerda que cuando murió Néstor Kirchner, Hebe no quería comer ni podía dormir, estaba deprimida. A ella, un periodista de uno de los diarios de mayor tirada del país le ofreció mucho dinero para contar las intimidades de la pelea con Sergio, pero Sofía no quiso saber nada, aunque admite que dio a conocer las novedades de la pelea entre los hermanos en las redacciones de ese diario por expresa orden “de arriba”. “Sergio cada vez venía menos, ya no era un hijo, sólo hablaban de trabajo”, dice la mujer que teme quedarse en la calle en un momento en que la Fundación tiembla. Ésa es la gran contradicción interna que sienten los que sobrevivieron: ¿cómo es que Sergio se robó todo, fue un traidor pero, cuando estaba él, los sueldos se pagaban y el sistema funcionaba?

Uno de mis informantes en Resistencia está inquieto. El sábado 17 de diciembre me llamó temprano para contarme que las declaraciones públicas de Sergio Schoklender habían levantado polvareda en el Instituto de Viviendas chaqueño y en el Ministerio de Obras Públicas provincial. En la Lotería Chaqueña, el funcionario Carlos Torres estaba preocupado. Torres participaba en el directorio del casino de Resistencia y, según las denuncias de Schoklender sobre los métodos ilegales para financiar a la Fundación durante el menemismo y la Alianza, conocería algunos detalles sobre el ingreso de dinero proveniente de Colombia que se blanqueaba en el juego chaqueño. El representante legal del movimiento de Emerenciano Sena, Marcelino Leiva, mencionó al misterioso financista Pérez Lindo y los vuelos hacia Bolivia de los hermanos Schoklender. El fantasma del narcotráfico y el lavado de dinero sucio proveniente de organizaciones guerrilleras como las FARC continuaba presente en el norte argentino.

El show debe continuar

Yo miraba cuando ingresé el complejo habitacional,

porque no estamos hablando de viviendas, estamos

hablando de uno de los complejos habitacionales más

grande y más digno de esta bendita ciudad.

CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER, DURANTE LA

SUPUESTA INAUGURACIÓN DE VIVIENDAS EN EL OBRADOR

DE CASTAÑARES, 9 DE FEBRERO DE 2011

No tenemos plata, porque hasta el último peso lo gastamos

en pagar a los trabajadores que tuvimos que echar.

HEBE DE BONAFINI, 29 DE SEPTIEMBRE DE 2011

El 22 de diciembre de 2011, hacía mucho calor en Buenos Aires. Vestida íntegramente de blanco, Bonafini se presentaba para ser la jueza contra el Grupo Clarín “genocida y cómplice de la dictadura”. Unas cien personas estaban pre sentes esa tarde-noche, en un clima enrarecido con duros cánticos contra los gorilas y el periodismo, mientras en el Senado se aprobaba, en nombre de la democracia, la expropiación de la empresa mixta Papel Prensa, alegando crímenes de lesa humanidad. Pedro Lanteri, director de la Radio, decía que estaban por ser juzgados los integrantes de Clarín, demostrando así que la resolución del juicio estaba tomada de antemano. Matones de poca monta no permitían que turistas, periodistas o curiosos se acercasen a las sillas ubicadas frente al escenario donde Hebe, el doctor Eduardo Barcesat en calidad de “fiscal”, los testigos y las otras doce Madres convertidas en las doce apóstoles de la Madre, se sentarían en breve. La banda de funk-rock inglés Jamiroquai sonaba de fondo y la imagen de las Madres llegando con parlantes a todo volumen, aplausos y el “Che gorila, che gorila…” de fondo, era por cierto dantesca. Esa tarde, Sofía Quinodoz estaba a un costado y no tomaba del brazo a una Hebe débil que acababa de ser dada de alta. “El juicio no se lo pierde ni loca. Su estado de salud no es bueno, pero igual ella va a estar”, me contaba una de las allegadas más cercanas a Bonafini. “Ni Alejandra la vino a visitar. La mandó a llamar y ella no quiso viajar a verla.” La noche anterior, Sergio había deambulado una vez más por programas de televisión contando el pasado más oscuro de Hebe y de su hija Alejandra. Los caprichosos viajes por el Caribe para salir de depresiones y la compra de Alejandra de dos departamentos en La Plata por un valor superior a 300 mil dólares habían herido a Hebe. Su hija había desaparecido de la escena pública, disgustada con todo el mundo, incluso con su propia madre. Mientras Schoklender ventilaba los antojos de su vetusta hermana política, un hombre de la noche me contaba que una de sus mejores amigas, una prostituta vip de Madaho, en Recoleta, “salía” asiduamente con Pablo Schoklender y que éste le habría confesado que la bronca de Hebe con Sergio se debía a un problema personal con Alejandra. El informante de la Fundación cree que Alejandra nunca tuvo una buena relación con Sergio porque “primero perdió a su madre por las marchas y la lucha, luego la perdió por la llegada del Hijo”. Sin embargo, en los noventa decía otra cosa: “Con Sergio tuvo una historia que pasó del amor al odio sin escalas. Ahí encontrarás otra respuesta a la acusación de traidor y víbora que le hizo Hebe en su momento”. El hombre de la noche, que mantiene asiduos contactos con hombres del juego, la droga y la prostitución, se pronunciaba con total seguridad: “Es mentira que Schoklender iba al casino para financiar a las Madres. Preguntale a Jacobo Winograd, con quien compartió varios momentos en el casino flotante de Puerto Madero. Sí es cierto que salió a robar supermercados. Hebe misma lo dijo en la Plaza, cuando les contestó a los ex trabajadores que reclamaban por sus sueldos: “No vamos a salir a robar como Schoklender para pagarles el sueldo”. Dentro de la Fundación, no descartaban nada, y una mujer que llevaba ocho años al lado de Hebe concluía: “Lo de los casinos también puede ser cierto, como te aseguro que acá había armas y Hebe sabía”.

La veracidad o falsedad de las historias de Schoklender poco parecía importar en una sociedad adormecida que no estaba interesada en analizar las razones del avance del oficialismo sobre la prensa escrita. El Gobierno impulsaba una ley denominada antiterrorista que podía llegar a afectar a medios y periodistas, mientras continuaba la persecución personal contra los hijos de Ernestina Herrera de Noble, acusando a la dueña de Clarín de apropiadora de hijos de víctimas del terrorismo de Estado en la causa que investigaba el robo de bebés durante la última dictadura militar. El año 2011 terminaba como había comenzado: en nombre de un pasado dividido entre buenos y malos, se cometían las injusticias del presente. El oficialismo se volvía aun más autoritario mientras se apropiaba de la noble bandera de los derechos humanos. Algunos organismos de derechos humanos y el progresismo en general apoyaban acríticamente al oficialismo no sólo por los beneficios económicos que habían obtenido en los últimos años. También estaban embelesados desde lo simbólico. Es decir, el negocio de los derechos humanos no sólo era una cuestión de billetes acumulados sobre una mesa, sino también una cuestión de otro orden: contradiciendo a Karl Marx, la superestructura había determinado la base económica.

TERCERA PARTE
El negocio del símbolo

1. LOS PASILLOS DE LA POLÍTICA

Néstor y Cristina lograron el milagro de juntar

a Hebe con mi vieja.

ENTREVISTA EXCLUSIVA AL DIPUTADO REMO CARLOTTO,

NOVIEMBRE DE 2011

Antes de que estallara el escándalo, nadie hablaba del tema. Sin embargo, quien quería saber, sabía. O, al menos, muchos funcionarios, dirigentes de organismos sociales y de derechos humanos y periodistas, afirmaban conocer los manejos espurios de Schoklender. El negocio de los derechos humanos no sólo era atribuible a un hombre o a un grupo de embaucadores. Iba y sigue yendo más allá. Indemnizaciones poco transparentes, subsidios millonarios, estudios de abogados del poder, cajas negras en las Subsecretarías de Derechos Humanos utilizadas para el financiamiento personal, amiguismo y nepotismo para acceder a cargos públicos importantes y, fundamentalmente, para la instauración del discurso de los ’70 como escudo ético para realizar negociados.

Los referentes de las organizaciones de derechos humanos mantenían un discurso estructurado aunque, en algunos momentos, mostraban discrepancias, celos y broncas. El oficialismo los había separado entre los amigos, que recibían respaldo económico y gestos simbólicos, y los otros, que eran ninguneados. Algunos de ellos mantenían el nivel de vida anterior y un discurso opuesto al gobierno de turno. Otros vivían la vida sin preocupaciones económicas, viajando alrededor del mundo con la comitiva presidencial y paseando por programas televisivos y actos políticos. Un histórico luchador de los organismos de derechos humanos que prefiere el anonimato sentencia: “Parecen estrellas de cine”. Y ante la pregunta de si se enriquecieron en estos años, afirma que “no necesariamente pero, en el peligroso juego de dejarse seducir por el poder, olvidaron principios, acomodaron amigos y parientes en cargos públicos a la par que recibían cuantiosos subsidios y un reconocimiento simbólico que las cooptó definitivamente”. Ser hijo de desaparecidos se transformaba en una inmensa puerta de entrada al manejo del erario público. Así lo demostró el repentino ingreso en la política de hijos de desaparecidos, como Victoria Montenegro: luego de visitar programas como 678, comenzó a militar en la organización Kolina de Alicia Kirchner y a codearse con la Presidenta; en poco tiempo fue incluida en la lista del FPV como candidata a legisladora en 2011. Pero, como no obtuvo los votos necesarios, regresó a su trabajo en el Ministerio de Desarrollo Social. Emilio Goya, integrante de la agrupación HIJOS en el Chaco, también candidato a diputado nacional, fue puesto a dedo por su cercanía con el ex presidente gracias a la buena onda que sintieron cuando se conocieron, según lo cuenta el joven chaqueño. Juan Cabandié era un desconocido cuando lo subieron al escenario de la ex ESMA, el 24 de marzo de 2004. Esa tarde soleada, emocionó a los presentes con su frase “yo soy Juan” que inspiró a León Gieco a dedicarle una canción. Luego conoció al hijo mayor del ex presidente y se sumó a la génesis de La Cámpora, mientras que, al igual que Montenegro, ingresó como empleado de planta del Ministerio de Desarrollo Social. Un año después, Cabandié era legislador porteño y uno de los símbolos de la renovación del partido en la ciudad de Buenos Aires. Victoria Donda, en cambio, venía militando política y socialmente antes de descubrir su verdadera identidad y era mencionada como un referente de la lucha y la renovación política por Estela de Carlotto, hasta que empezó a cuestionar al oficialismo.En ese momento, para Carlotto, la hija de desaparecidos perdió el rumbo y “se confundió”. Pedro De Vincenzo es el hijo de Azucena Villaflor. Lanzó su espacio político en la provincia de Buenos Aires a mediados de 2011 en un teatro de Avellaneda, con los organismos presentes, y familias llevadas en micro, obligadas a dar el marco nacional y popular al acto.

El diputado Remo Carlotto, quien milita con su madre en los organismos de derechos humanos desde comienzos de los ochenta, cree que “oportunistas y arribistas siempre existieron” y no le otorga tanta importancia al asunto. La madre de Germán Córdoba estuvo exiliada durante la última dictadura militar y conoció a la hija desaparecida de Estela de Carlotto. Al regresar la democracia, se incorporó al equipo de abogados de Abuelas de Plaza de Mayo y actualmente participa en la causa que investiga la adopción de los hijos de Ernestina Herrera de Noble. Córdoba comenzó a trabajar en los derechos humanos con Alicia Pierini, defensora adjunta del pueblo en la ciudad, durante el menemismo. Conocedor de los organismos y de la política actual del gobierno sobre los derechos humanos, Córdoba está convencido de que se trata “de una moda”. Córdoba conoce bien a qué se refiere pues trabajó en la Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires cuando Remo Carlotto estaba al frente del organismo. En el segundo año del gobierno de Néstor Kirchner, luego de la anulación de las leyes del perdón, Córdoba se sorprendía de que se abrieran Secretarías de Derechos Humanos en provincias que en el presente son casi feudales. Esto significaba nuevas estructuras, burocracia, cargos públicos y el dinero como sustento para posibilitar congresos, charlas, encuentros y sueldos suculentos. Antes de 2003, sólo existían Secretarías de estas características en cuatro jurisdicciones. Con la llegada de Eduardo Luis Duhal de a la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y de Néstor Kirchner a la Presidencia, cada provincia del territorio argentino creó una Secretaría dependiente del gobierno local. En Santa Cruz, antes de 2003, los referentes de los organismos no visitaban la provincia ni existía una Secretaría de Derechos Humanos. Para Carlotto, sin embargo, es imposible imaginar un pasado de los Kirchner que se contradiga con el discurso oficial. Para ella, los Kirchner siempre defendieron los derechos humanos y su carrera política es coherente, ayer, hoy y siempre.

Al existir Secretarías de DDHH en todas las provincias, también se creó el Consejo Federal de Derechos Humanos en el cual todas las organizaciones están representadas. La última reunión fue en la provincia del Chaco. Mientras los pueblos originarios eran reprimidos en Formosa, en la capital provincial, se organizaba un encuentro sobre los derechos humanos y, en el Chaco, José Valenzuela festejaba que su subsecretaría se convertiría en secretaría hacia fines de 2011, para “contener a nuestra gente”.

La familia de Sara Cobacho

El pañuelo blanco es un emblema de nuestros hijos

desaparecidos, no nos da impunidad.

CARTA DE ANA MARÍA ÁVALOS A

SARA DEROTIER DE COBACHO, 16 DE ABRIL DE 2010

El aumento del presupuesto de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación no es un dato menor. Ello no significa necesariamente que exista corrupción pero sí una estructura estatal a la que se acercaron “arribistas y oportunistas”, como afirma un ex funcionario kirchnerista que trabajó con Eduardo Luis Duhalde. Cuando asumió la presidencia Kirchner, el presupuesto para la promoción y defensa de los derechos humanos era apenas de 1.146.102 pesos. En 2010, siete años después, la cifra había aumentado a 100 millones de pesos. Desde 2008, a ese número se le sumaron varios millones más en concepto de Fortalecimiento de los procesos judiciales contra delitos de lesa humanidad. Según datos oficiales, en 2009 se otorgaron para eso 10.823.525 pesos y, en 2010, 5.760.361 pesos.

Eduardo Luis Duhalde fue uno de los funcionarios más resistidos por los familiares de los represores de la última dictadura militar por su militancia durante los setenta. El doctor Luis Hipólito Alén ocupó distintos cargos dentro de la Secretaría de Derechos Humanos. Actualmente se desempeña como subsecretario de Protección de Derechos Humanos de la Secretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. Asumió el rol de querellante en el primer juicio oral del que la Secretaría fue parte. Ese 9 de octubre de 2007, Alén fue testigo privilegiado de la lectura de la sentencia a reclusión perpetua contra el sacerdote represor Christian Von Wernich, quien se había desempeñado como capellán de la Policía de la provincia de Buenos Aires durante la última dictadura militar. Hallado culpable de 34 casos de privación ilegítima de la libertad, 31 casos de tortura y 7 homicidios calificados, el juicio tuvo un alto impacto mediático y un fuerte contenido simbólico para los organismos de derechos humanos y la sociedad en su conjunto. Sin embargo, en su blog personal, Von Wernich señala ser un preso político y afirma que durante el menemismo las siete familias de los asesinados recibieron las indemnizaciones correspondientes de 224.000 dólares mientras que los muertos (Liliana Galarza, Cecilia Idiart, María Mainer, Pablo Mainer, Domingo Moncalvillo, María del Carmen Morattini y Nilda Salamone) siguen apareciendo en el padrón electoral para votar en cada elección. Por otra parte, la abogada del colectivo Justicia Ya!, Myriam Bregman, pidió condenar al cura por el delito de genocidio.

Entrevistado para este libro, Alén se reconoce sorprendido de lo conseguido en estos años. “Las condiciones laborales eran infrahumanas, los expedientes estaban amontonados en un sótano sin aire ni luz natural.” Ubicada en la calle Moreno al 1200 y con otras oficinas dispersas por el microcentro porteño, la Secretaría ha tenido un crecimiento exponencial, edilicio y humano. Cuenta con un edificio sobre la calle Esmeralda (Centro de Atención a las Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos), un edificio principal de dos cuerpos en 25 de Mayo 544 y 552, oficinas en el Centro de la Memoria (ex ESMA), el archivo nacional de la Nación y el Centro Cultural Haroldo Conti a cargo del ex funcionario de la Alianza, Eduardo Jozami.

De lo único que se ocupaba la Secretaría, antes de 2003, era de pagar y conformar los respectivos expedientes de las leyes reparatorias que se dictaron durante el gobierno de Menem. Los nombres de los beneficiarios se mantienen escondidos bajo siete llaves pues, según el propio Alén, no se puede violar la intimidad de las personas a pesar de que se trate de fondos públicos. El mismo discurso fue expresado por funcionarios y políticos en relación con los subsidios recibidos por el programa Sueños Compartidos dependiente de la Fundación antes de que estallara el escándalo.

En 2003, la Secretaría contaba con 100 empleados que se repartían todas las funciones. Ocho años después, la planta permanente de empleados superaba los 700. Existen dos Subsecretarías, una de Promoción y otra de Protección de los derechos humanos y, a su vez, cada una, tiene dos direcciones nacionales, una de capacitación y formación y otra de desarrollo normativo. La Subsecretaría de Promoción, a cargo de Alén, se ocupa de las presentaciones judiciales que se realizan en materia de crímenes de lesa humanidad entre otros aspectos. Según el funcionario, uno de esos aspectos es lo que mediáticamente se denomina trabajo esclavo. Sin embargo, las condiciones infrahumanas de trabajo que se imponían en el plan Sueños Compartidos no merecieron ningún tipo de investigación por parte de esa Secretaría.

Germán Córdoba tiene otra visión del crecimiento de las Secretarías de Derechos Humanos: “Cuando aparece un lugar que tiene desarrollo, hay gente que se pliega no por ideología ni por vocación, sino porque es un laburo, da prestigio”. Recuerda que cuando comenzó la carrera de Abogacía en la Universidad de Buenos Aires, el 90% quería especializarse en derecho administrativo mientras el menemismo privatizaba las empresas de obras públicas. Hoy, en cambio, la mayoría quiere especializarse en derechos humanos. “Ése no es el problema sino que el sistema de designación de cargos por acomodo es muy difícil de destruir”, señala Córdoba y menciona a Fernando Cano, al frente de la Subsecretaría de DDHH de la Provincia de Buenos Aires hasta diciembre de 2011, quien “nunca en su vida militó ni fue a una marcha pero es la pareja de la nieta de la secretaria, Sara”. Las comparaciones son odiosas pero José María Ernst, ex empleado de la Secretaría, compara a la histórica luchadora Sara Derotier de Cobacho con Hebe de Bonafini y llama al “oportunista” Cano, como el Schoklender de la provincia, en el sentido de que ambas mujeres mayores y con un pasado repleto de luchas y reivindicaciones, habían sido seducidas o engañadas por dos estafadores. Pero tanto Hebe como Sara fueron cómplices de ese engaño permitiendo las fechorías de sus “hijos”, decidiendo mirar hacia otro lado y desoyendo las críticas.

Por su pequeña estructura, muchas Subsecretarías y Secretarías de Derechos Humanos no funcionan como cajas de financiamiento de la política como sí lo hacen otras áreas del Estado; pero sirven como ámbito para el crecimiento personal, económico y simbólico de sus funcionarios y de los organismos que dicen representar. Son áreas sin gestión que buscan hacer algún encuentro, congreso o asamblea para recordar alguna fecha de los setenta. En el presente, su accionar es nulo. Desde 2003, la moda fue creciendo. En otra época, las bibliotecas populares se inauguraban todas las semanas; en la última década, sucedió algo similar con los espacios para la memoria y los centros culturales relacionados con los años setenta. En la Casa de la Memoria de Resistencia, Chaco, se exponen cuadros de artistas militantes con su precio de venta para que el visitante pueda llevárselo a su casa. Las temáticas no abarcan únicamente la represión sufrida durante la dictadura militar sino también retratos de cantantes de rock y de Néstor Kirchner. Por eso, sus críticos la llaman el “shopping de la Memoria”.

Los presupuestos son pequeños en comparación con el grueso de dinero que se maneja desde otros ámbitos del Estado pero, a veces, los escándalos son tan burdos que salen a la luz.

Eso fue lo que pasó con Fernando Cano, cuando denunciaron un faltante de dinero en las oficinas de la Secretaría en la Provincia de Buenos Aires. Córdoba comenzó a sospechar que algo escondían pues jamás había tenido conocimiento de que en la Secretaría se manejara tanto dinero. Se hablaba de 190 mil pesos, luego de 160 mil, cuando la caja chica, que se guardaba en la caja fuerte de la oficina, no superaba los 30 mil pesos. Cobacho decía que le habían robado el dinero de su jubilación como senadora provincial pero a Córdoba no le cerraba el monto, ni que la funcionaria cobrase el grueso de sus ingresos para dejarlos durante el fin de semana en una caja fuerte de la Secretaría. Recordó el escándalo de la ex ministra de Economía, Felisa Miceli y su famosa bolsa en el baño. Córdoba imaginó las posibilidades de extraer tanto dinero junto y le cuestionó a Cobacho sus dichos. Cuanto más cuestionó la verosimilitud de la versión oficial, más lo alejaron del caso al igual que a otros asesores, como Daniel Cabezas, que iban quedando relegados por discusiones con Fernando Cano. Robo armado o no, la versión oficial le echó la culpa a los “resabios de la última dictadura militar”. Cuando el robo se hizo público, Página/12 le dedicó varias líneas al tema. Supuestamente los ladrones se entregaron y devolvieron unos celulares y una parte de la plata. El escándalo no llegó a mayores pero los opositores a Cano pegaron el portazo. La histórica Sara Derotier de Cobacho mantuvo a su nieto político y no escuchó advertencias. Desde mediados de 2011, la secretaria personal de Fernando Cano aseguró que el funcionario aceptaría una entrevista para este libro. Los meses pasaron, y el encuentro nunca se produjo.

El 20 de diciembre de 2011, Horacio Verbitsky retomó el tema en Página/12 lo que provocó la dura respuesta del jefe de Gabinete de Daniel Scioli, Alberto Pérez, quien salió a defender a la histórica luchadora de los derechos humanos Y la ratificó en su cargo. En la nota, el escritor y periodista dijo que Cobacho no estaba calificada para el cargo y que, “debido a su crítica salud, ha delegado sus facultades en el esposo de su nieta, Fernando Cano, de comprobada incompetencia”. El autor de Robo para la Corona agregó que todavía nadie había explicado “el origen de los 190.000 pesos que según el oficial policial de la división narcotráfico, Gustavo Mena, fueron robados de la caja fuerte de la Secretaría, suma imposible de justificar. Ni pueden rendir cuentas del trámite vidrioso por el cual los ladrones (uno de ellos también policía de narcotráfico) devolvieron la netbook de Cobacho, de madrugada, en un café, con presencia de oficiales de la policía y del juez César Melazo”. Ese mismo juez, aparecía en el centro de la escena cuando un grupo de manifestantes de La Cámpora intentó ingresar a la asunción del gobernador Daniel Scioli vitoreando al vicegobernador Gabriel Mariotto y se enfrentaron con la Policía Bonaerense. Las grietas en las distintas visiones de la política de derechos humanos, entre la Nación y la Provincia ocultaban el interés de instalar otras personas en importantes cargos públicos y el manejo de nuevas cajas, para bajar línea y hacer negocios.

La derrota de Cano

Desde una gestión corrupta, intentan robarnos nuestro

pasado, nuestra historia, hablando de nuestros familiares

muertos y desaparecidos para lograr sucios objetivos

dentro de la vida política.

CARTA DE ANA MARÍA ÁVALOS A

SARA DEROTIER DE COBACHO,⁵ 16 DE ABRIL DE 2010

En el momento de asumir como subsecretario de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires, Fernando Cano no tenía ningún antecedente en la lucha por los derechos humanos. Cano ascendió posiciones en la Secretaría de la mano de Sara Derotier de Cobacho, quien ya estaba en el cargo desde el comienzo del primer mandato del gobernador Daniel Scioli y era respaldada por el peronismo más tradicional, los intendentes del conurbano y el ex presidente Eduardo Duhalde. Derotier de Cobacho sucedía a Edgardo Binstock, un militante cercano al Movimiento Evita. Binstock, hombre de confianza de Emilio Pérsico, había perdido a su mujer durante la última dictadura militar en Brasil, asesinada por los militares del país vecino y, al frente de la Secretaría, había creado un sistema por el cual 500 jóvenes militantes con contratos bajísimos, salían a controlar el estado de las comisarías y de las cárceles de la provincia para informar si existían casos de violaciones a los derechos humanos. La policía de la provincia más populosa del país es conocida por sus prácticas violentas y, entre sus filas, aún se mantienen resabios de los tiempos dictatoriales. Los casos de gatillo fácil no han cesado en los últimos años y casos como la desaparición de Luciano Arruga aún permanecen impunes.⁶ En ese sentido, la tarea de Binstock fue notable pero la irresolución del caso de Jorge Julio López, desaparecido el 18 de septiembre de 2006, provocó su posterior salida. Por la Secretaría habían pasado el ex embajador, Jorge Taiana, durante la presidencia de Eduardo Duhalde, quien no contaba con el presupuesto necesario para que la Secretaría funcionase correctamente, y el hijo mayor de Estela de Carlotto, Remo. En marzo de 2012, otro de los hijos de la presidenta de Abuelas, el ex candidato a intendente de La Plata, Guido, se preparaba para suceder a Sara Derotier.

El pasado supuestamente revolucionario de Sara Cobacho es cuestionado por sus compañeros de militancia. Oriunda de la provincia del Chaco, en los setenta se mudó a Santa Fe. Allí sus dos hijos comenzaron a militar en Montoneros, y luego fueron secuestrados, uno, durante los tiempos de la Triple A y el otro, por la dictadura militar. Dos de sus nietos estuvieron al frente de las manifestaciones callejeras contra el manejo patoteril dentro de la Secretaría, en diciembre de 2011. Sara Cobacho, una mujer con graves problemas de salud y que suele desplazarse en silla de ruedas, apareció en los grandes medios tras el secuestro y posterior liberación de Juan Evaristo Puthod en la ciudad de Zárate, el 30 de abril de 2008. Tras ese hecho, Fernando Cano ganó relevancia dentro de la Secretaría y comenzó a transformarse en el Schoklender de la provincia. En diciembre de 2011, el escritor y periodista Horacio Verbitsky publicó dos investigaciones sobre las autoridades de la Secretaría de Derechos Humanos en la provincia cuestionando las ratificaciones en sus cargos de Cobacho y Cano por Daniel Scioli. El jefe de Gabinete de la Provincia, Alberto Pérez salió a bancar a Sara Cobacho. A pesar de sufrir constantes chicanas desde el kirchnerismo puro, el sciolismo nunca salió a atacar a los referentes del gobierno nacional, excepto para defender a la intocable Sara Derotier de Cobacho.

Los antecedentes de Fernando Cano no se relacionaban con la academia ni tampoco con la militancia revolucionaria de los setenta. Abogado especialista en casos de víctimas en accidentes de tránsito, había sido acusado judicialmente en Tucumán (expedientes 3.843/72, 6.534/06 y 31/86) por la familia de Francisco Casadey, por estafa en la sucesión de sus bienes compuesto por siete propiedades en Tucumán y cuentas bancarias en Córdoba. En 2002, los herederos de Casadey le habrían otorgado un poder a Cano y a su socio Héctor Gabriel Martín para ocuparse de la sucesión de los bienes de su padre. Misteriosamente, Francisco Casadey comenzó a ser investigado por la justicia tucumana, que lo acusó de no administrar correctamente sus bienes. Entretanto, su representante legal se presentó como heredero de una de las propiedades de mayor valor, un hotel situado sobre la avenida Córdoba al 2000 en Capital Federal. Según las denuncias presentadas por Francisco Casadey, quien antes de morir publicó un libro, La injusticia al poder (Ediciones Alfafuerte, 2010), Cano, Martín y otro abogado tucumano de apellido Mena engañaron a su madre, la tuvieron secuestrada, usurparon sus propiedades y, con complicidad de un juez de la dictadura que aún ejerce en Tucumán, se habrían quedado con la herencia de su padre.

Los pequeños hechos de corrupción cotidianos que se suceden en el Estado, producto de la viveza criolla, el amiguismo y la falta de moral de funcionarios y empleados, fueron mutando a algo mayor cuando Cano se transformó en el hombre fuerte de la Secretaría. Al supuesto manejo inescrupuloso de las cajas chicas, pasando por el pago de viáticos a familiares de sus funcionarios de confianza hasta la supuesta reparación de los autos de la dependencia estatal se agrega en 2008, según relatan dos ex empleados de la Secretaría, el arreglo por 900 mil pesos de diez autos Clio gasoleros, cuyo costo por unidad no es superior a los 40 mil pesos. En realidad, los automóviles no se rompían pero se contabilizan costosos gastos para justificar el gasto de dinero en talleres mecánicos manejados por amigos del subsecretario. Cuando se produjo el robo de 190 mil pesos en la Secretaría, el chofer personal de Fernando Cano, Pablo Césaro, estuvo implicado en el delito y fue separado de su cargo. Así lo relataron ex trabajadores de la Secretaría, como Germán Córdoba y José María Ernst, y lo publicó el periodista Horacio Verbitsky en diciembre de 2011. No ocurrió lo mismo con el hermano de Pablo Césaro, Adrián, quien manejaba la sección de automotores en la Secretaría, designado según el Boletín Oficial bajo el Decreto 587/05. Según las fuentes antes mencionadas, los parientes de Cano comenzaron a trabajar en la Secretaría, donde rápidamente Fernando Cano conoció a Amanda, nieta de Sara Derotier, con quien se casó. Los movimientos de personal entre las tres sedes donde funciona la Secretaría de DDHH eran llamativos. Cuando se produjo el robo de la bolsa de dinero, el primo de Cano fue derivado abruptamente desde la Casa Central a las oficinas de la calle 47. Semanas después, regresó a su cargo habitual como asesor privado de su primo. El 10 de febrero de 2012, la Secretaría volvió a ser noticia porque un grupo de empleados recibió una feroz golpiza de parte del sindicato de patovicas, al que pertenecía un custodio que había sido contratado días atrás en la sede de la calle 47 para controlar las actividades de los empleados más revoltosos. En esos días, al hijo de 19 años de la secretaria personal de Cano, Lorena Julio, lo mudaron a la Casa Central. De esa forma, no estuvo presente cuando siete compañeros de Juan Ignacio Manaza, el custodio en cuestión, irrumpieron en el despacho del director provincial de Promoción y Protección, Manuel Oteriño, y golpearon salvajemente a seis empleados, entre los que estaba Rubén Shaposnik, delegado de ATE que reclamaba por mejores condiciones salariales. El delegado de ATE y sus compañeros contaron la historia para esta investigación y recuerdan que Oteriño fue el único de los presentes que no recibió ni un rasguño y sólo observó impávido la situación. La extraña paradoja de que en la propia Secretaría de Derechos Humanos se produjeran golpizas, requisas y persecución ideológica mereció que el vicegobernador, Gabriel Mariotto, distanciado políticamente de Daniel Scioli, recibiera a los trabajadores golpeados. Los días de Fernando Cano y de Sara Derotier parecían contados.

Atrás habían quedado los tiempos en que la anciana funcionaria era una de las senadoras provinciales más queridas por Eduardo Duhalde y había compartido la lista con Luis Abelardo Patti, el mismo hombre señalado como el responsable de las misteriosas desapariciones de Luis Gerez y Juan Puthod, caso este último que le dio prestigio masivo a Sara Derotier. Un ex empleado de la Secretaría concluye que “el sillón te puede” y que “terminás traicionando un montón de cosas, como Sara lo hizo con sus hijos y dos de sus nietos”. Es que, cuando los referentes de las organizaciones sociales salieron a apoyar públicamente a los trabajadores golpeados, Leandro, detenido en Garage Olimpo durante la última dictadura militar, y Juan Martín, saltaban y gritaban más que el resto, pidiendo la pronta salida de Cano. Se trataba de los nietos de Sara y yernos del subsecretario.

La llegada de Cano a la función pública aún es un misterio que no encuentra explicación en los pasillos de la Secretaría. Como abogado conformó una Fundación de víctimas de accidentes de tránsito, por la que fue entrevistado por el diario Clarín el 13 de noviembre de 2003. En esa nota en Clarín, denunciaba que el 35% de los accidentados no llegaba a cobrar su indemnización. Su socio en la Fundación era un tal Gabriel Héctor Martín. Según José María Ernst, un ex empleado de la Secretaría, la Fundación era una pantalla, pues el propio Cano le habría comentado al pasar que vivía de eso, de fraguar accidentes. Era un gestor de caranchos, personas que son capaces de tirarse debajo de un auto para cobrar una suculenta suma de dinero de las aseguradoras de automóviles. El negocio era grande. Cano y su grupo de abogados estratégicamente ubicados en la Secretaría, entre los que se encontraba Hernán Petrelli y en el que ahora está Gabriel Becker, conocido por ser el abogado de Gauvry Gordon, condenado a tres años de prisión por encubrir el asesinato de María Marta García Belsunce, no trabajaban solos. Dentro de la Secretaría creen que el Schoklender de la provincia reportaba para el citado Gabriel Héctor García, con quien compartió oficinas en el centro porteño, hasta que el empresario decidió radicarse en Brasil.

El 23 de febrero de 2012, Daniel Scioli finalmente removió a Fernando Cano de su puesto como subsecretario y enrocó a Sara Derotier con el hasta entonces Director de la Escuela de Gobierno de la Jefatura de Gabinete, Gustavo Nahmias. Con esa medida, el gobernador intentó aplacar los reclamos de los trabajadores. Sara Derotier continuó en su cargo aunque con pronóstico reservado respecto de su frágil estado de salud.

El negocio de las indemnizaciones

A mediados de 2010, Ceferino Reato, autor de Operación Primicia (Editorial Sudamericana), puso sobre el tapete el escandaloso negocio de las indemnizaciones a integrantes de Montoneros asesinados antes del 24 de marzo de 1976. La reparación económica —Ley 24.411— dictada y aplicada durante el menemismo recibió en su momento severas críticas de Hebe de Bonafini, quien acusaba a los organismos que aceptaban la indemnización de prostituirse ante el poder del dinero. Durante el kirchnerismo, la suma se amplió a un pago de 200 mil dólares como también creció exponencialmente el número de beneficiarios. No sólo se tomaron en cuenta los casos mencionados en el informe de la Conadep, conocido como Nunca Más, sino que se sumaron al listado de indemnizados las personas caídas en combate como, entre otros, el líder Montonero, Fernando Abal Medina. El 27 de julio de 2007, en el último tramo del gobierno de Kirchner, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Alberto Iribarne, firmó la resolución 830 aumentando el monto a 355.200 pesos para “toda persona que hubiese fallecido como consecuencia del accionar de las Fuerzas Armadas, de seguridad, o de cualquier grupo paramilitar con anterioridad al 10 de diciembre de 1983”. Reato pone de manifiesto que los familiares de los soldados del Regimiento de Infantería de Monte 29 en Formosa muertos por los Montoneros en el asalto al cuartel el 5 de octubre de 1975 bajo el gobierno de Isabel Perón, reciben una miserable pensión mientras que los familiares de sus ejecutores cobraron suculentas indemnizaciones.

Ni Luis Alén, entrevistado para este libro, ni otros funcionarios de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, informaron sobre el listado actual de beneficiarios pues sostienen que esa información es privada. Reato tampoco tuvo suerte aunque, al menos, pudo averiguar que las muertes anteriores al 24 de marzo de 1976, catalogadas como “ejecución sumaria”, según los registros actualizados de la Conadep, habían ascendido a 553, 27 más que las que figuraban en esos mismos registros en 2006. En marzo de 2010, los gastos en indemnizaciones por los guerrilleros muertos en el ataque en el Regimiento de Monte, en Formosa, sumaban 4.967.352 pesos.

Pero el negocio de la reparación económica no quedaba allí sino que esos pocos datos mostraban, apenas, la punta del iceberg. En Operación Primicia de Ceferino Reato, uno de los indemnizados cuenta al pasar que, al hacer los trámites para cobrar la indemnización, su abogado se había quedado con cien mil pesos, algo así como el 50% de lo que le correspondía. El nombre de los abogados intervinientes es un misterio que está guardado bajo siete llaves. El letrado que se ocupa del cobro de una indemnización es un especialista en el tema y maneja más de cincuenta casos similares, por lo que sus honorarios pueden alcanzar la astronómica suma de cincuenta millones de pesos si cuenta con los contactos necesarios para agilizar los trámites y conoce los nombres de los beneficiarios.

Algunos casos son llamativos. Durante la presidencia de Eduardo Duhalde, el gobierno nacional informó, en septiembre de 2011, que los familiares del dirigente montonero Fernando Haymal, asesinado por la propia organización en 1975, habían recibido una indemnización de la que no se conoció el monto total. Sólo por indemnizaciones a familiares de militantes de organizaciones armadas, como Montoneros o el Ejército Revolucionario del Pueblo, el Gobierno informó a la Justicia que desde 1997 se pagaron más de doce millones de pesos. La que más resarció económicamente fue Cristina Fernández, con más de cinco millones. En segundo lugar, el ex presidente Néstor Kirchner, quien destinó 2.679.040 pesos para esos fines. Y por último, Carlos Menem y Fernando de la Rúa, quienes pagaron indemnizaciones por el monto de 1.344.000 pesos cada uno.

Otros casos también son llamativos. El escritor Carlos Acuña señala que no sólo su hermano figura como desaparecido en los listados oficiales sino, al menos, tres homónimos y se pregunta si alguien habrá cobrado ese dinero en concepto de reparación económica. El propio secretario de Derechos Humanos del Chaco, José Luis Valenzuela, afirma que cobró dinero por estar preso tres años y medio durante la última dictadura militar: “Eran 170 mil pesos por el tiempo detenido, lo habían rechazado en la vez anterior pero como me rompieron el tabique en la cárcel, con mi expediente ante el Procurador General de la Nación Esteban Righi y con mi declaración, al final acepté la indemnización de 200 mil pesos. Mi abogado fue el mismo que se ocupa de los crímenes de lesa humanidad en la provincia como los de Silvana Cantero y Sergio Quirós”.

En la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, gracias a la gestión de Sara Derotier de Cobacho, muchas personas que son padres de desaparecidos comenzaron a cobrar una pensión de 3.000 pesos mensuales. Los beneficiarios tenían que presentar un hábeas corpus y tener la correspondiente denuncia ante la Conadep y, luego del rastreo y chequeo de datos correspondiente, cobraban un retroactivo que podía llegar a significar un primer pago de 35 a 40 mil pesos. Extrañamente, cuando se presentaban a cobrar el retroactivo en el Banco Provincia, los ancianos beneficiarios sufrían una salidera bancaria. Fueron asaltadas casi 200 de las 415 personas que presentaron los papeles correspondientes para gozar de la pensión. ¿De dónde salía el dato?, le pregunté a un ex empleado que estuvo en la confección de los listados. “De adentro de la Secretaría. Esa información sólo la manejaban tres personas, entre ellas Fernando Cano. Punto”.

Subsidios y cargos públicos

Algún día llegará la justicia social de los desaparecidos

que nada tiene que ver con el partidismo y el negocio de hoy.

NORA CORTIÑAS, PRESIDENTA DE MADRES DE PLAZA DE

MAYO LÍNEA FUNDADORA, 4 DE AGOSTO DE 2011

Luego de los largos años de frustraciones durante el menemismo, que dejaron a todas las organizaciones sociales al borde de la extinción, éstas se sintieron atraídas por la idea de confluir en un proyecto común con el gobierno. El periodista Christian Boyanovsky Bazán, comienza su libro El aluvión. Del piquete al gobierno: los movimientos sociales y el kirchnerismo afirmando que “luego de la irrupción de Néstor Kirchner en la escena política nacional, un sector de la militancia, agrupada entonces como organizaciones sociales o ‘piqueteros’, recibió con entusiasmo ciertos rasgos de la práctica de gobierno y conducción del nuevo presidente”. Pero no fueron los únicos. El grueso de las organizaciones históricas de derechos humanos fueron recibidas en los albores del gobierno de Néstor Kirchner y sus reclamos fueron escuchados, luego de muchos años de deambular por medios de comunicación y difundir sus pensamientos por fuera de la estructura estatal. Luego del primer año de gobierno kirchnerista, las organizaciones de derechos humanos se encolumnaron detrás del oficialismo por convicción ideológica y también por conveniencia económica y política.

En un encuentro con Estela de Carlotto, titular de Abuelas de Plaza de Mayo, ella me explica todo claramente. Su mirada es tierna y sólo se quiebra la paz cuando me atrevo a cuestionar el pasado idealizado de Néstor Kirchner batallando contra todos en pos de los derechos humanos. A pesar de sus eternas diferencias con Bonafini, ambas defienden a ultranza al oficialismo como nunca lo hicieron con ningún gobierno desde el regreso de la democracia. Estela me corrige: “No es que los defendamos, ellos son como nuestros hijos. Es así. Kirchner fue una sorpresa. Era desconocido para nosotros”.

Para Marcelo Parrilli, uno de los abogados fundadores del Centro de Estudios Legales y Sociales —CELS—, la política de derechos humanos durante el kirchnerismo no es genuina, pues se acordaron de que existían recién en 2003. El legislador porteño agrega que Estela y Hebe “conocen perfectamente la trayectoria anterior de Néstor Kirchner” y “deberían saber que se adueñaron de una bandera para tapar las violaciones a los derechos humanos del presente”. Otros referentes de históricos organismos de derechos humanos que evitaron caer en la seducción del kirchnerismo hablan de cooptación, de negocios y hasta de que Estela y Hebe abandonaron las luchas de siempre.

En marzo de 2011, a treinta y cinco años del golpe militar, Estela de Carlotto recuerda el mágico momento en el que conoció a Néstor Kirchner. Sus ojos brillan. Mientras Cristina Fernández era senadora por Santa Cruz, antes de la asunción de Néstor como presidente de la Nación, Estela había sido citada a su casa en la ciudad de Buenos Aires. Cristina quería consultarle sobre la designación de un funcionario en un importante cargo público. Allí, según la propia Estela, comenzó a darse cuenta de que existía un ida y vuelta, “nos consultábamos mutuamente”, señala. Se abrió una puerta y se asomó Kirchner, con su nariz aquilina, su andar arrastrado y esa voz tan característica, tantas veces imitada en medios de comunicación. Estela se rio mientras compartía un té con quien sería la primera presidenta electa de la historia argentina.

—Me estoy preparando para la asunción —mencionó, en voz alta e inesperadamente, el futuro presidente de la Nación.

—Bueno, Néstor, pero no te compres esos mocasines de siempre.

—¡Sshhí! ¡Sshhí! Me voy a poner los mocasines. En un rato voy a la casa Guido.

—¡Ay, Néstor! Por lo menos que no tengan hebilla —remató Cristina ante la mirada endulzada de Estela y su hija.

Estela quedó fascinada con la espontaneidad de esa maravillosa pareja. Luego vinieron las reuniones formales en la Casa Rosada junto con otros referentes de organismos de derechos humanos. Estela plantearía las necesidades, deseos, inquietudes y proyectos de las Abuelas. Néstor escuchaba paciente y luego llamaba a los ministros especializados en los temas que se tocaban y les decía que “todo lo que ustedes pidan, lo haremos porque si no empezamos con la justicia, nada de lo demás podrá ser”. Ahí empezó la historia. Una verdadera comunión, como la califica Estela de Carlotto.

Una comunión que no permite escuchar opiniones disonantes. Por ejemplo, acerca del violento desalojo a los aborígenes de la comunidad Qom de la avenida 9 de Julio el 5 de mayo de 2011. Allí estuvieron las Madres Línea Fundadora y el premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel quienes denunciaron que una patota encabezada por Andrés “el Cuervo” Larroque, uno de los referentes de la agrupación juvenil La Cámpora y actual diputado nacional, obligó a levantar las carpas de los integrantes de los pueblos originarios que se encontraban durante más de dos meses aguardando ser atendidos por un funcionario del gobierno nacional. Félix Díaz, referente de la comunidad La Primavera, finalmente pudo reunirse con el ministro del Interior Florencio Randazzo para solicitarle al gobierno nacional que el Estado brindara el acceso al agua potable, la salud y la vivienda para su comunidad. El tiempo pasó y las promesas jamás se cumplieron. La represión, tras el reclamo de viviendas a fines de 2010 en la provincia de Formosa, había provocado la muerte de dos compañeros de Félix Díaz y de un efectivo de la policía provincial. Formosa está gobernada desde hace dieciséis años por Gildo Insfrán, afín al Frente para la Victoria.

El 7 de diciembre de 2003, Página/12 publicó una investigación impensada en los tiempos que corren, dada su actual cercanía ideológica, con el gobierno actual. Con el título de “En familia”, la nota detallaba las internas entre el gobernador, en aquel entonces Felipe Solá y el intendente de La Plata y futuro ministro de Justicia Julio Alak, en relación con Estela de Carlotto, quien había dejado de presidir la Comisión Provincial por la Memoria tras una dura carta contra la funcionaria Gabriela Cerruti. La respuesta de Carlos Sánchez Viamonte, integrante de la Comisión, no tardó en llegar y refutó, punto por punto, los supuestos motivos esbozados por Estela para alejarse de su cargo público. A su vez, Sánchez Viamonte le señaló su repentino cambio de parecer en relación con la política de seguridad del gobernador Solá quien había tenido “la astucia” de remover a Leonardo Franco, al frente de la Secretaría de Derechos Humanos provincial para colocar a uno de los hijos de Carlotto.

El episodio comenzó en junio de 2003, en plena campaña electoral en la provincia, cuando Solá no soportó que su secretario de Derechos Humanos, Leonardo Franco, le señalara la inconstitucionalidad de otorgar a la policía bonaerense facultades para allanar viviendas sin orden judicial. La inseguridad y la violencia social aumentaban, el gobernador debía hacer algo o demostrar que estaba haciendo algo. Los medios lo acechaban y los reclamos públicos crecían. Para colmo de males, el 17 de julio, la Comisión Provincial presidida por Carlotto le entregó al gobernador un documento que, en duros términos, comparaba sus decisiones con “los procedimientos de la última dictadura militar”. Solá debía hacer algo. En una dura reunión, el gobernador dijo que “a veces, para resolver los problemas, tengo que pasarme de la raya”. La designación de Remo Carlotto al frente de la Secretaría silenció las críticas de la titular de Abuelas. Según Sánchez Viamonte, su compañero en la Comisión, su conducta cambió “traicionando lo que días antes habíamos firmado en repudio a aquellas facultades excesivas”. Carlotto gestionó el nombramiento de su hijo en sintonía con Sara Derotier de Cobacho, compañera en la Comisión.

La Secretaría de Derechos Humanos se olvidó del presente para funcionar como una mega biblioteca del pasado. Los escandalosos manejos financieros de la policía de la provincia y el gatillo fácil dejaron de estar presentes en el discurso de Estela mientras que Guido, otro de sus hijos, pasaba a integrar el gabinete del intendente de La Plata, Alak. Decía Estela de Carlotto en la revista Veintitrés: “A Solá le entregaron una provincia en llamas y está haciendo lo que puede”. Tanto Carlotto como la delegada del gobernador en la Comisión, Sara Derotier de Cobacho, habían presentando sus renuncias ante las observaciones recibidas por el Tribunal de Cuentas de la Provincia en el presupuesto 2001. Ellas se mostraron preocupadas por “varias desprolijidades en la administración del dinero del erario”. La Comisión le respondió rápidamente: Carlotto habló de “Mala administración de los fondos”, en relación con la digitalización de los archivos de la ex Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (DIPBA) realizado tras un convenio con la Universidad de La Plata firmado por la presidenta de Abuelas el 18 de noviembre de 2003 y dijo que le habían falsificado su firma para solicitar dinero. Sánchez Viamonte le contestó que era “una falsedad a sabiendas” ya que, en una sola ocasión, se firmó un papel en su lugar pero con el consentimiento de Carlotto vía telefónica.

La titular de Abuelas también mencionó “la disconformidad con la directora del equipo técnico”. Gabriela Cerruti ocupaba ese cargo y era la autora del proyecto de creación de la Comisión. Intentando no antagonizar con Carlotto, Cerruti presentó su renuncia pero la Comisión la respaldó y dijo que la funcionaria nunca había manejado fondos públicos pues los pagos los autorizaban Sara Derotier y sus sucesivos tesoreros, Víctor Mendibil, Eduardo Sigal y Elisa Carca.

Estela habló de “gastos excesivos para la publicación de la revista Puentes”, pero, increíblemente, entre los tres presupuestos presentados, ella misma había elegido la imprenta que luego criticó. También estaba molesta por los onerosos sueldos que recibía el equipo técnico, pero Sánchez Viamonte le recordó que el más elevado de ellos era el de su propio hijo Remo, contratado como perito por dos mil pesos mensuales, y que también había tres contratos para la Conadi (Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad) que presidía su otra hija, Claudia, desde hacía ocho años.

En declaraciones periodísticas a Página/12, en diciembre de 2003, Cerruti dijo desconocer un “Centro de Estudios por la Memoria”, aunque lo había creado ella en junio de 2000, primero como asociación civil y con Carlotto como secretaria. Recibía un subsidio menor y su actividad central era la publicación de la revista Puentes. Pero no era el único subsidio que manejaba Carlotto. Otro por quince mil pesos se gastó en el alquiler de micros para la marcha de solidaridad cuando atentaron contra la casa de Carlotto, otros veinte mil pesos para el organismo Abuelas de Plaza de Mayo, que aún preside, y, finalmente, el pago de dos años de sueldo a tres abogados de Abuelas que trabajaban en la Conadi de Claudia Carlotto. Sánchez Viamonte le aclaró que el único gasto o subsidio sin rendir habían sido los 4.000 pesos entregados a su hijo Remo, con motivo de un viaje a Europa con su madre para encontrar archivos sobre la dictadura, que finalmente no aparecieron.

Más allá de las cuestiones económicas esbozadas por Carlotto para apartarse de la Comisión, existía un trasfondo político entre “alinearse con el gobernador Solá o con el presidente Kirchner”, como señaló, en su momento, Sara Derotier de Cobacho ante la respuesta crítica de la Comisión. Carlotto podía tener dos hijos trabajando para la provincia y a su hija para la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación.

Tan sólo de 2004 a 2007, las Madres de Plaza de Mayo recibieron desde el gobierno nacional 37.294.950 de pesos en concepto de subsidios y planes alimentarios, según los escasos datos oficiales existentes. A su vez, consiguieron un espacio de 30 minutos en Canal 7, un programa en CN23, propiedad de Sergio Szpolski, una revista de calidad y dimensiones inéditas dada la escasa publicidad privada y que se distribuye mensualmente con el diario Tiempo Argentino y en los quioscos de diarios de todo el país. El Comfer en su momento les adjudicó una frecuencia de radio en un lugar privilegiado, 530 AM, la primera de la izquierda. Además, la Universidad de las Madres participa en programas de capacitación del Estado nacional.

A las Abuelas de Plaza de Mayo el Gobierno les giró menos subsidios (3.897.000 pesos) que a las Madres. Sin embargo, varios parientes de la presidenta de la asociación ostentan cargos públicos. Gran parte de la familia Carlotto, por ejemplo, ocupa un lugar en el oficialismo. Su hija, Claudia, primero fue coordinadora de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (Conadi) y luego directora ejecutiva de la Unidad de Investigación de ese organismo y su secretaria ejecutiva. Otro hijo, Guido, es senador provincial en Buenos Aires por el Frente para la Victoria, fue concejal en La Plata, secretario de Acción Social de ese Municipio durante 2001 y fue candidato a intendente de la ciudad con el visto bueno de la Presidenta. Por último, Remo, actual diputado nacional por el kirchnerismo, fue secretario de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires. En medio del conflicto con el sector rural, la propia Estela de Carlotto sonó fuerte como candidata a legisladora en las elecciones de 2009.

Sólo dos organizaciones de derechos humanos, la Asociación Civil Madres de Plaza de Mayo y las Abuelas de Plaza de Mayo, han recibido, en el año de la sucesión de Néstor Kirchner a su esposa Cristina Fernández, el 65% de los subsidios otorgados por la Secretaría General de la Presidencia de la Nación. En subsidios directos, la asociación liderada por Bonafini recibió al año siguiente 4.500.000 pesos y 2.780.000 en 2007 sin incluir, en ambos casos, las partidas destinadas a la construcción de viviendas. Mientras que, según la Secretaría General de la Presidencia de la Nación, en 2007 se repartieron 6.465.932 pesos a organizaciones gubernamentales, 2.780.000 —el 43% del total— lo recibieron las Madres.

2. LA HISTORIA NO OFICIAL

Quien controla el pasado, controla el futuro.

Quien controla el presente, controla el pasado.

GEORGE ORWELL

Una de las batallas simbólicas ganadas por el oficialismo ha sido la instalación del relato de que los Kirchner llegaron al poder para pedir perdón a una generación por los pecados cometidos por la democracia argentina desde 1983 a la fecha. En la historia oficial, el hijo mayor de Estela Carlotto es el héroe de la batalla por la derogación de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final. Sin embargo, otra es la versión que cuentan los protagonistas de esas jornadas maratónicas en el Congreso Nacional que concluyeron con el triunfo simbólico de la bandera de los derechos humanos.

Años más tarde, en su despacho lindante al Congreso Nacional, le recuerdo a Remo Carlotto que ese proyecto pertenecía a la diputada de izquierda Patricia Walsh. Carlotto no lo niega, pero afirma que lo importante fue la voluntad política del Gobierno y defiende la política del “entrismo” diciendo que “los mejores cuadros de los organismos de derechos humanos debíamos pertenecer a un gobierno que venía a cambiar la historia”.

La historia oculta comenzó en 1994 cuando, tras el Pacto de Olivos entre Carlos Menem y Raúl Alfonsín, se reformó la Constitución Nacional. Una de las modificaciones sustanciales, para la lucha por la verdad y la justicia, fue establecer jerarquía constitucional a los pactos y tratados internacionales en materia de Derechos Humanos. Una parte del gobierno menemista no quería que se sancionara esa norma y hasta el propio Presidente había ordenado que se levantara la votación. Fue el ex diputado Miguel Ángel Pierri quien la posibilitó.

En 1997, con la aparición de lo que sería la Alianza, el diputado Juan Pablo Cafiero intentó impulsar la nulidad de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final pero no encontró eco entre los congresales.

Gracias a la norma que garantizaba la imprescriptibilidad de los delitos de desaparición forzada de las personas, el juez español Baltasar Garzón investigó y pidió la extradición de militares argentinos y se reabrieron causas emblemáticas. Madres Línea Fundadora, desde Nora Cortiñas a Taty Almeida, estuvieron atentas y acompañaron los distintos proyectos desde mediados de los noventa. Otros organismos, como las Madres de Hebe de Bonafini, estaban en otra cosa y no creían que algo bueno pudiese nacer por la vía parlamentaria.

Durante los noventa, algunos organismos de derechos humanos mantenían contactos cada vez más asiduos con grupos armados de América Latina, como las FARC, y también con agrupaciones extremistas locales, como Quebracho. De hecho, Schoklender fue el abogado que defendió a Fernando Esteche, uno de los fundadores de Quebracho, por una causa de tenencia de armas de guerra. El autoritarismo de Hebe, en aquellos tiempos, acompañada y guiada por Sergio, era extremo. Un hombre muy cercano a Abuelas de Plaza de Mayo asegura que muchas madres que querían conocer el destino de sus hijos desaparecidos, y también averiguar si durante el cautiverio sus hijas habían sido madres, se acercaron a Abuelas a dejar una muestra de sangre en el Banco de Datos Genético. Lo hacían con miedo, suplicando silencio, rogando que Hebe no se enterara.

En las elecciones de 2003, los únicos partidos que en sus plataformas electorales mencionaban la nulidad de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final eran el ARI y la Izquierda Unida de Patricia Walsh. En la génesis de lo que sería la discusión por los derechos humanos en el Congreso Nacional, al Partido Justicialista, exceptuando al diputado Gerardo Conde Grand, no le interesaba el debate sobre los tratados internacionales en esa materia, ni el análisis de modificaciones en la legislación sobre cuestiones como la eutanasia o el aborto.

Durante el menemismo, Néstor Kirchner era el gobernador más cercano a Domingo Cavallo. Por otra parte, a su esposa Cristina, quien para la misma época ocupaba una banca en el Congreso de la Nación, no le interesaba el debate sobre tratados internacionales de derechos humanos ni sobre ninguna de las cuestiones relacionadas con esos asuntos.

Santa Cruz y los derechos humanos

Kirchner no estuvo detenido durante la dictadura militar.

DANIEL GATTI, PERIODISTA SANTACRUCEÑO, AÑO 2010

El amo del feudo, del periodista Daniel Gatti, debería ser un libro de lectura obligatoria para revisar el pasado del matrimonio presidencial. Rafael Flores, ex diputado nacional y abogado defensor de causas relacionadas con los derechos humanos, lo leyó y conoce a sus ex compañeros Néstor y Cristina Kirchner como pocos. En marzo de 1977, Flores estuvo detenido con Kirchner en Santa Cruz de una forma tan cómoda que hasta le avergüenza usar la palabra “detenido”: dice que estuvieron demorados. Y que ni siquiera los fueron a buscar a sus casas sino que los citaron mediante una nota. Tal es así, que los militares esperaron a que naciera su hija para detenerlo. El fin de la detención era interrogarlos sobre las actividades de compañeros militantes de Montoneros.

Flores nació justo un año después que Néstor, el 25 de febrero de 1951. Se conocieron durante los 70 en La Plata. “De Cristina no guardo recuerdos de aquella época pues no militó jamás. Pero Néstor sí militaba con nosotros en la FURN”, comenta Flores en agosto de 2011. Kirchner se acercó junto con el actual embajador argentino en España, Carlos Bettini, al grupo de Flores y participaron en el primer regreso de Juan Domingo Perón a la Argentina, el 17 de noviembre de 1972. “Militar significaba pegar carteles, repartir panfletos en la facultad, reivindicar a Perón y simpatizar con Montoneros. Eso hacíamos”. Flores y Kirchner tenían sus familias en Río Gallegos y la última vez que se encontraron en La Plata fue durante la larga caminata a Ezeiza del 20 de junio de 1973. Ese mismo día, Kirchner se abrió de la militancia activa tal vez por temor, como otros tantos compañeros, luego de los intensos tiroteos cruzados entre los grupos de la derecha peronista y los Montoneros. Néstor Kirchner continuó sus estudios, mantuvo relaciones de amistad con compañeros de la FURN, muchos de ellos asesinados antes del golpe militar del 24 de marzo de 1976.

En octubre de 1976, Rafael Flores sentía que le seguían los pasos. La Triple A lo había señalado como un blanco seguro junto a Federico Storani, Domingo Altonada y Daniel Vineda. Los últimos dos fueron secuestrados y asesinados. Federico Storani se convirtió en un importante dirigente radical. Flores buscó refugió en su ciudad natal.

Durante la dictadura, en Río Gallegos, Rafael Flores retomó el contacto con Kirchner, que se desempeñaba en el estudio jurídico de Ortiz de Zárate, quien no sentía conflictos éticos por defender a un represor como el 2º jefe de la policía local, de apellido González Ruoco, acusado de múltiples violaciones a mujeres.

A Kirchner esos casos no le interesaban, lo suyo era acumular pagarés y dedicarse a las cobranzas. En esa época en que los créditos para comprar electrodomésticos eran habituales, dedicarse a esa rama del derecho resultaba muy redituable porque los militares era muy drásticos con los deudores. Néstor llevaba una libretita donde anotaba los nombres de los insolventes y guardaba los pagarés que no devolvía, según Flores, cuando la deuda estaba saldada. De esta forma, luego de un tiempo prudencial, ejecutaba el pagaré quedándose con las propiedades de los que no habían pagado sus deudas. En sus comienzos como político, Néstor Kirchner sufrió un atentado. Una bomba explotó en su estudio jurídico. Según la historia oficial expresada en las obras de los periodistas Sandra Russo y Gabriel Pandolfo, el ejecutor del atentado había sido un jefe de la policía local.

Sin embargo, en Santa Cruz, se cuenta otra historia. Rafael Flores abona la hipótesis de que la bomba la habría puesto un cliente que no soportó pagar sus deudas dos veces, un hombre que estaba harto de las múltiples estafas efectuadas por el abogado Kirchner.

En una oportunidad, Flores, al salir de un juzgado, le preguntó a Cristina cómo se animaban a actuar de esa forma: “Para hacer política se necesita platita” fue la respuesta de quien veinticinco años después llegaría al sillón de Rivadavia.

Flores concluye indignado que decir, como lo hizo Kirch ner, que estuvo preso durante la dictadura, refiriéndose por ello a las tres noches en que leyeron algunos libros y respondieron un par de preguntas, “es una falta de respeto a los que realmente sufrieron esos años”.

Aprendices del Adolfo

Corrupción es disponer arbitrariamente para hacer

lo que se me dé la gana con el dinero público,

sin responder a ninguna normatividad.

DIANA KORDON

“Si te ponés a pensar, tomaron como propio el proyecto de Adolfo Rodríguez Saá”, confiesa un funcionario del gobierno de Néstor Kirchner. Durante la semana en que el puntano fue presidente, recibió a las Madres de Plaza de Mayo. A su vez, el periodista Horacio Verbitsky estaba embelesado con el hombre que había dicho en un Congreso Nacional eufórico que no pagaría la deuda externa. “Voy a entrar a la Casa Rosada con las Madres de Plaza de Mayo”, decía Rodríguez Saá, que había tomado el gobierno en uno de los peores momentos del país. Hizo estas declaraciones creyendo que era dueño de más poder del que realmente tenía. Pero, muy pronto, su propio partido lo aisló y se lo sacó de encima, ofuscado por los planes del gobernador de San Luis que quería eternizarse en el poder.

Cuando le llegó el turno, Néstor Kirchner recogió la enseñanza del caudillo, aprovechando también los vientos de cambio que habían significado el “que se vayan todos”, el corralito a la clase media y los cánticos de “piquete y cacerola, la lucha es una sola”.

La sociedad necesitaba encontrar una salida y confiar en alguien. Kirchner representaba la única opción renovadora ante el temor de regresar al menemismo o a la ortodoxia económica representada por Ricardo López Murphy, quien amenazaba con ingresar al ballotage. Finalmente, Carlos Menem se bajó de la segunda vuelta y Kirchner asumió la presidencia con un memorable discurso en el acto de asunción. Su gobierno era débil. Era necesaria una rápida cooptación de dirigentes opositores, periodistas, organizaciones sociales y de derechos humanos. Había que juntar poder. Los argumentos de su jefe de Gabinete, Alberto Fernández, eran seductores. Muchos creyeron en las convicciones esbozadas por el nuevo gobierno que venía a patear el tablero, a poner “traje a rayas a los evasores” y a encarcelar a los corruptos. El partido que encarnaba la lucha contra la corrupción, el ARI, comenzó entonces una declinación que aún no ha concluido. Algunos de sus principales dirigentes, como Graciela Ocaña, pasaron a formar parte del oficialismo. Elisa Carrió recuerda que recibió un llamado de parte de Sergio Acevedo, quien la invitaba a dialogar con Néstor Kirchner, pues “o te mudás al gobierno o te aniquilan”. Según Carrió su respuesta fue: “Linyera sí, pero nunca aniquilada”. Pero la llamada transversalidad, la fuerza del discurso que impulsaba medidas emblemáticas para reparar tantos años de injusticias, captaron la atención de la sociedad y disolvieron el espíritu crítico del llamado “progresismo”, de los que necesitaban creer en alguien luego de los largos años de frustraciones y engaños del menemismo y la trunca experiencia del Frepaso.

Las sesiones del Congreso de agosto de 2003 resultaron inolvidables. Casi por casualidad, el oficialismo entendió la conveniencia de embanderarse con los derechos humanos. Los diputados del Frente para la Victoria no querían declarar la nulidad de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final. No daban quórum y preferían hablar de la “inaplicabilidad” de las leyes de Alfonsín. Ese martes 12 de agosto, Patricia Walsh pidió una sesión especial. Eran los tiempos en que el juez Baltasar Garzón venía a la Argentina a enjuiciar a los genocidas argentinos. Diputados como Marcela Rodríguez, Walsh y algunos más corrían a Kirchner por izquierda. Por razones tácticas, el Gobierno se vio obligado a aceptar la propuesta opositora. Sin embargo, evitó tocar y mencionar los decretos firmados en la última semana de 1989 por Carlos Menem. En ese momento, con una amplia mayoría ciudadana que respaldaba la decisión del Congreso de revisar los crímenes del pasado, el Gobierno se dio cuenta de que un cambio radical en la política de derechos humanos podría servirle para tapar muchas cosas. Los derechos humanos serían su escudo protector. Las fuentes consultadas mencionan a Alberto Fernández como el gestor principal en la tarea de convencer o cooptar voluntades. Sin embargo, en relación con los organismos de derechos humanos, la verdadera gestora fue la diputada Vilma Ibarra quien tenía una excelente relación con Hebe y Estela.

Año a año, en el Congreso comenzaron a aprobarse subsidios por suculentas sumas de dinero destinados a los organismos de derechos humanos. Casi ningún opositor cuestionaba este accionar. Se consideraba que la luna de miel entre la ciudadanía y Kirchner debía respetarse.

3. UN BANCO MONOPÓLICO

Como ciudadanos no pueden dejar de lado la ley.

ESTELA DE CARLOTTO, SOBRE LOS HIJOS DE

ERNESTINA HERRERA DE NOBLE, en 678,

22 DE ABRIL DE 2010

Con la identidad no se juega, la identidad no se

privatiza (…) No se está haciendo justicia con el

procedimiento ilegal e ilegítimo que realizó el juez

Conrado Bergesio.

JUAN CABANDIÉ, LEGISLADOR PORTEÑO E HIJO DE

DESAPARECIDOS, 29 DE DICIEMBRE DE 2009

El 18 de noviembre de 2009, el Senado aprobó la ley que autorizaba a la Justicia a ordenar la toma compulsiva de muestras biológicas para determinar la identidad de presuntos hijos de desaparecidos durante la última dictadura militar. El debate entre el derecho a la verdad y el de la intimidad se realizaba a las apuradas y dentro del contexto de una feroz guerra entre el gobierno nacional y el Grupo Clarín. Diputados como Elisa Carrió decían que esa ley tenía nombre y apellido y estaba dirigida contra la dueña del Grupo Clarín.

La identidad de Marcela y Felipe Noble se discutía desde mucho tiempo antes que Néstor Kirchner asumiera la presidencia. El 13 de mayo de 1976, Ernestina Herrera de Noble solicitó en el Juzgado de Menores Nº 1 de San Isidro, a cargo de la fallecida jueza Ofelia Hejt, la adopción de una niña que, supuestamente, había encontrado once días antes en una caja de cartón en la puerta de su casa. Las declaraciones de los testigos, una vecina llamada Yolanda Echagüe de Aragón y el supuesto chofer, Roberto García, eran contradictorias y, el segundo, muchos años después, hasta negó haber concurrido a ese juzgado. El 7 de julio de 1976, la viuda de Roberto Noble le solicitó la adopción de otro menor a la cuestionada jueza que en 1977 entregó en guarda a Andrés La Blunda, de tres meses, a pesar de las sospechas de que podía ser hijo de padres desaparecidos por la dictadura militar.

En 1995, mientras el presidente Carlos Menem era reelecto por más del 50% de los votos y declaraba que le había ganado esa elección a los medios, apareció una persona de identidad reservada a denunciar a Herrera de Noble por apropiación ilegal de sus dos hijos. La denuncia resultó desestimada. Cinco años después, Guillermo Patricio Kelly retomó el tema. A comienzos de los noventa, Kelly tuvo un recordado programa de televisión en Canal 7, en que mostró una foto de la dueña de Clarín y, mirando a cámara, dijo que contaría la verdad sobre sus hijos adoptivos.

En 2002, una nueva denuncia penal a instancias de las Abuelas de Plaza de Mayo y de las familias Lanuscou-Miranda y García-Gualdero cayó en manos del juez Roberto Marquevich quien procesó a la dueña de Clarín por el delito de “uso de documento público falso”, embargó sus bienes en un millón de pesos y la detuvo para tomarle declaración. Luego no le otorgó la excarcelación. El juez fue recusado por el Tribunal de Enjuiciamiento por 7 votos sobre 9 por “arbitrariedad”, se adujo “hostigamiento” pero también se decidió que la investigación debía seguir su curso. En su libro La Noble Ernestina, Pablo Llonto, ex periodista de Clarín, investigó el tema y obtuvo una copia de las actas de nacimiento fraguadas.

Luego de finalizada la luna de miel entre el gobierno kirch nerista y el Grupo Clarín, la viuda de Noble y sus hijos adoptados de forma legal o ilegal comenzaron a sufrir una persecución pocas veces vista por parte de funcionarios, medios, periodistas y hasta por referentes de los organismos de derechos humanos.

En el año 2008, un ex funcionario del gobierno de Néstor y Cristina Kirchner, que se apartó del gobierno “para no hacer el ridículo con la guerra contra Clarín”, confesó en estricto off que los hijos de Ernestina no eran hijos de desaparecidos sino que “se los habían traído del norte argentino para que se olvidara de su amante, Oscar Camilión, quien se había ido con una joven a Brasil”. “¿Lo sabe el gobierno?”, pregunté. “Sí, pero insistirán con el tema para distraer a la opinión pública.” Cuando se conocieron los datos negativos de las pruebas que se habían hecho Marcela y Felipe Noble en el Banco Nacional de Datos Genéticos, los formadores de opinión y hasta Estela de Carlotto dieron a entender que los datos podían haber sido adulterados. Acusaban a la ex titular del organismo, Ana María Di Lonardo, de actuar en complicidad con la dueña de Clarín y de haber fraguado los resultados. Su prima, del mismo nombre, relató para este libro que se sentía preocupada por la salud de Ana María Di Lonardo que ya era una anciana. Contó que la ex funcionaria se había ido de viaje a Miami y que se había llevado su compu tadora personal. Sólo dijo que su aparición pública la había mortificado.

La causa de los hermanos Noble, que había permanecido dormida por cinco años, recobró una llamativa vitalidad y hasta la propia Presidenta, en un acto público, apoyó a las Abuelas, en la búsqueda de la verdad en ese caso puntual, y dijo que las seguiría apoyando si decidían denunciar a los jueces argentinos ante los tribunales internacionales. El tema acaparó la atención de programas televisivos que le dedicaban extensos segmentos y juzgaban la decisión de los hijos de la viuda de defender a su madre. Muchos decían que lo hacían simplemente porque deseaban heredar la fortuna de su madre, la viuda de Noble. Luego de incontables idas y vueltas y, en un sorpresivo giro, los abogados de Marcela y Felipe Noble aceptaron el pedido de la querella de contrastar sus datos genéticos con el total de las familias consignado en el Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG). El resultado dio negativo. Mientras que a los hijos de Ernestina se los convertía en una cuestión de Estado, muchos otros hijos, todavía sin identidad, le importaban poco al sistema y al negocio de los derechos humanos.

Gisela

¿Por qué una madre que le robaron un hijo en 1975 tiene

menos derecho que otra que se lo robaron un año después?

GISELA DI VINCENZO, QUIEN NO CONOCE SU IDENTIDAD

“Mi nombre legal es Gisela Laura Di Vincenzo. Mi nombre original lo tiene guardado mi mamá biológica en su corazón…” Así comienza la primera de las entrevistas con Gisela, directora de la Asociación Búsquedas. En su relato, explica su lucha desde que descubrió, tras una pelea familiar, que sus padres no eran sus padres biológicos. Tenía más de treinta años cuando lo supo. Su mundo se derrumbó y las certezas se diluyeron. La búsqueda de la verdad, por conocer su pasado y hallar su verdadera identidad estuvo asociada, desde el comienzo, con la lucha contra los impedimentos burocráticos y contra el monopolio del uso del banco de datos genéticos. Historias como la de Gisela se repiten en todo el país. En su asociación, se nuclearon cientos de casos similares, fueran anteriores o posteriores al 24 de marzo de 1976. Se trata de una red de personas que no tienen identidad y que no excluye a aquellos que no son hijos de desaparecidos de la última dictadura militar.

Gisela festejó su cumpleaños cada 5 de julio hasta que su supuesta madre le confesó la verdad. En febrero de 2009, su padre hasta ese momento le pidió que “bajara las ínfulas” ya que “no sos nuestra hija, nosotros te compramos”. Gisela había nacido cuatro días antes, el 1º de julio de 1973. Horas después de nacer, sus padres adoptivos la conocieron en un departamento de Almagro, entre las calles Maza e Hipólito Yrigoyen. En ese lugar, “la chilena” —conocida en aquellos años por ser una experta en “ubicar” chicos— vendió a la recién nacida al joven matrimonio. Gracias a una pista aportada por un familiar cercano, las vidas de Nelly Urbina, la vendedora apropiadora, y Gisela se volvieron a cruzar. “No sé de qué agujero saliste”, respondió Urbina cuando Gisela la interpeló. Actualmente, Gisela está querellada por Nelly Urbina por calumnias contra su persona. Urbina es la persona señalada por haber vendido a Gisela por tres mil pesos argentinos en el año 1973. La partera que figura en la partida de nacimiento de Gisela se llama Sofía Muller, ya fallecida pero, según la información que pudo recabar la propia Di Vincenzo, Urbina llegó a vender a más de treinta bebés, casi todos en el barrio de Santa Rita en la Capital Federal.

El descubrimiento de la verdad fue el comienzo de la odisea. Una supuesta amiga de su madre adoptiva la denunció como hija de desaparecidos, tal como consta en los Tribunales de Comodoro Py, para vengarse por una dis pu ta familiar con los padres ilegalmente adoptivos de Gisela. Ella se realizó los estudios de ADN comparativo contrastando sus datos con el Banco Genético de las Abuelas de Plaza de Mayo. El resultado dio negativo. Luego, la Asociación Abuelas presentó en Tribunales la información de las denuncias, una de 1986 y otra de 2007, que no habían sido judicializadas por motivos aún no aclarados. Según Gisela, ella no daba con “el target de hija de desaparecidos por la edad que tenía”. ¿Qué respuesta encontró al quedar fuera del Banco de Datos? Ninguna. Mientras tanto, Gisela observaba los largos debates televisivos sobre los hijos de la dueña de Clarín y se preguntaba si acaso ella era una ciudadana de segunda categoría. La investigación sigue en curso en el juzgado del doctor Rafecas.

En la Argentina, el robo de bebés es un problema sin solución que adoptó formas macabras durante la dictadura. Sin embargo, el tráfico de bebés se practica también en democracia. En Santiago del Estero, un cuarto de la población, según un furcio del gobernador Gerardo Zamora, no conoce su real identidad. A mediados de 2011, con el periodista Diego Rojas descubrimos el caso de dos niñas chaqueñas (una de ellas recién nacida) que habían sido robadas por una familia santafecina con la colaboración de un comisario de la policía local, la indiferencia de un juez amigo de los apropiadores y la complicidad de un colegio primario que no solicitó la documentación requerida para el ingreso de alumnos provenientes de otro establecimiento educativo en medio del ciclo lectivo. Los apropiadores publicaron las fotos de “sus nuevos hijos” en facebook. Y gracias a esto, un vecino del humilde poblado chaqueño que reconoció a los niños investigó el caso y publicó la denuncia. Y así fue como muchas otras personas se animaron a empezar la búsqueda de su identidad. Los problemas de identidad exceden a las Abuelas de Plaza de Mayo pero, en los últimos años, parece como si éstos sólo se circunscribieran a los oscuros años de la dictadura militar.

Sin embargo, hay dos organizaciones que se ocupan del tema, aunque hoy están distanciadas. Una es Quiénes Somos y la otra Raíz Natal, de la que la primera es un desprendimiento debido a desavenencias internas. María Rosa Pallone dirige Quiénes Somos. Patricia Peña es la responsable de Raíz Natal desde 2003, recibe subsidios del Estado y trabaja en sintonía con Abuelas. En un Congreso sobre trata de personas, realizado en Córdoba en 2010, Patricia Peña y Gisela Di Vincenzo se enfrentaron por la cuestión de la identidad. “Con el Banco, ¡no!”, le dijo amenazante Peña quien había tratado de “pendeja subversiva” a Gisela por cuestionar el statu quo de las estructuras que manejan la información recibida en el Banco de Datos Genético. “¿Por qué no juntar los datos de las personas que dan negativo en el Banco de Abuelas con los del Banco de Datos y también con los del Banco Antropológico?”, preguntaba Di Vincenzo. “¿Qué pasa si mi madre biológica en 1974 militaba activamente y me llevaron a los dos años de edad? ¿Por qué no cruzar las sangres de ambos bancos? Hasta podría ser hija de alguna de las Abuelas de Plaza de Mayo como se lo dije a su protesorera, Buscarita Roa”.

Cuando Gisela fue al Conadi, la hija de Estela no tuvo tiempo de atenderla y simplemente le dijeron que “la estructura no está diseñada para casos como el tuyo”. A una compañera de Búsquedas, llamada María Rosa Oviedo, le preguntaron si militaba activamente en política. Las contrapruebas de los estudios genéticos son costosas y, fuera de la estructura estatal, es muy difícil realizarlas. Su valor supera los 1.500 pesos y, en el Banco de Datos Genéticos del Hospital Durand suele no haber material para realizarla. “¿Por qué nosotros no tenemos el mismo derecho que ellos? ¿Somos errores de la vida? Capaz que sí, me dijeron cuando llamé para hablar con Estela. Tendría que haber nacido dos años después”, denuncia Gisela. “Vendida y encima discriminada por el Estado”, concluye desanimada Di Vincenzo.

4. EL OTRO SÍMBOLO

No hay poder capaz de fundar el orden con la sola

represión de los cuerpos con los cuerpos.

Se necesitan fuerzas ficticias.

PAUL VALÉRY

Soy yo o el caos.

FRASE ATRIBUIDA A NÉSTOR KIRCHNER DURANTE

LA CAMPAÑA ELECTORAL DE 2003

La instauración del miedo es una de las prácticas más antiguas de la política. En el siglo XX, los Estados Unidos se transformaron en un país experto en generar operaciones de prensa, noticias inventadas en el seno del poder para atemorizar a la sociedad en beneficio propio. La historia política argentina de las últimas décadas está plagada de operaciones para desprestigiar a opositores, tapar escándalos de corrupción con noticias pasajeras y poner en circulación la más espectacular de las mentiras: la creación de un enemigo, actualmente inexistente, utilizando el nefasto pasado de la dictadura militar.

En ese sentido, ni Néstor Kirchner ni mucho menos Cristina Fernández fueron originales. En la década de los noventa, Carlos Menem insinuaba que si no se aprobaban los ajustes fiscales, la reforma del Estado y la privatización de las empresas de servicios públicos, el país volvería a los infiernos. En ese momento, el fantasma era la hiperinflación. Por su parte, Eduardo Duhalde intentó destruir asambleas y piquetes utilizando el recuerdo de la pesada mochila de la herencia aliancista de Fernando de la Rúa. La táctica suele ser echarles la culpa de todos los males a los gobiernos precedentes para concluir que la única alternativa al poder actual es el caos.

El temor a un pasado que podía regresar fue una constante de Néstor Kirchner para legitimar un gobierno que había llegado al poder con apenas el 22% de los votos. En los peores momentos de su gobierno, el presidente Kirch ner y sus principales funcionarios lograron cambiar la agenda de los medios, de manera que la discusión pública se desviara hacia otros temas. Así se fue conformando “El relato”.

Algunos ejemplos son el celebrado gesto de descolgar el cuadro de Videla casi treinta años después de su asunción, la persecución a los hijos de Ernestina Herrera de Noble dando por sentado que se trataba de hijos de desaparecidos, el fuerte impulso para que Estela de Carlotto ganase el Nobel por la Paz, la calificación de la compra de Papel Prensa como un delito de lesa humanidad y los recientes rumores del regreso de Mario Firmenich a la Argentina alimentados desde la propia usina de pensamiento del Gobierno.

Como la sociedad se ha acostumbrado a la mentira —entendida como exageración, descontextualización, tergiversación de los hechos— como una forma de hacer política, cada noticia genera una dosis importante de desconfianza. En particular, no son pocas las voces de diputados opositores, fuentes vinculadas con el gobierno y testigos en peligro que desconfían de los reales ejecutores de tres casos de secuestro político en estos años: los de Jorge Julio López, Luis Gerez y Juan Evaristo Puthod. Los tres casos son asuntos distintos. Sin embargo, los tres crímenes tienen similitudes alarmantes: la falta de justicia y el inmenso show creado alrededor de las víctimas con el fin de alimentar el temor de un incomprobable regreso de los viejos genocidas.

Jorge Julio López

Lo vi con la barba crecida, abandonado, detrás de los

matorrales. Estaba vivo. Lo vi y era él.

JORGE SCANIO, EL TESTIGO QUE VIO POR ÚLTIMA VEZ

CON VIDA A JORGE JULIO LÓPEZ

Estamos esperando una indemnización por la desaparición

de los seis meses restantes que estuvo detenido durante la

dictadura (estuvo detenido tres años). La primera parte

se la pagó el Estado en el año 1996 y en 2005 inició el

trámite que nosotros continuamos (…) pero el trámite es

engorroso porque sale para que lo cobre él en persona y no

puedo probar que mi viejo esté muerto y es una cuestión

complicada para llegar a cobrarlo.

RUBÉN LÓPEZ, HIJO DE JORGE JULIO LÓPEZ,

22 DE SEPTIEMBRE DE 2011

A mediados de 2006, la sucesión de Néstor Kirchner aún no estaba definida y en el horizonte aparecían algunos nubarrones de tormenta. Las multitudinarias marchas en reclamo de seguridad de Juan Carlos Blumberg llenaban plazas. Por otra parte, un grupo de seguidores de Cecilia Pando —la mujer de un oficial del ejército dado de baja en el gobierno de Kirchner que habla de “verdad completa” al referirse a lo acontecido durante los años setenta y llegó a reivindicar incluso el robo de bebés— convocaba un grupo creciente de personas, en plaza San Martín, despertando la atención de la prensa.

De hecho, cuando desapareció López, el 18 de septiembre de 2006, Pando preparaba una marcha para el 5 de octubre por los autodenominados Familiares de las Víctimas de la Guerrilla.

El 22 de septiembre de 2011, a cinco años y cuatro días de la desaparición de Jorge Julio López, entrevisté a su hijo Rubén. En aquella oportunidad, parecía estar a punto de quebrarse y de contarme algo más. Molesto porque no había cobrado una suma de dinero en concepto de seis meses adeudados por la detención-desaparición de su padre durante los años de la dictadura, Rubén López concluía la entrevista afirmando que “el Estado o quien corresponda se deberán hacer cargo”. Aún no se sabía nada sobre la extraña desaparición de su padre acontecida en la mañana del 18 de septiembre de 2006, en las inmediaciones de su domicilio, en el barrio de policías Los Hornos de La Plata. Al conocerse el hecho, Hebe de Bonafini fue la que mostró dudas acerca de la veracidad del hecho y trató a López de soplón. Pero al cabo de un tiempo, Hebe se calló y nunca más tocó el tema.

Cinco años y medio después del secuestro de su padre, Rubén López coincide conmigo en que está demostrado que la puerta de la casa de su padre jamás fue forzada, que López conocía a algunos de los supuestos secuestradores y que se fue por su cuenta, para no regresar nunca más a su hogar.

En aquel momento se cuestionó el accionar de la familia por no denunciar rápidamente la desaparición Julio López, un testigo clave en el juicio que se estaba llevando a cabo contra el represor Miguel Etchecolatz. En el momento de su desaparición, López tenía 77 años. Ese día se iba a encontrar con otros testigos para presenciar los alegatos de aquel proceso judicial contra uno de los torturadores más feroces de la dictadura militar. Un mes después, el gobierno de la provincia de Buenos Aires, a cargo de Felipe Solá, anunciaba una recompensa de 200 mil pesos para quien brindase datos sobre el paradero de López. La suma se iría elevando hasta alcanzar los dos millones. La investigación pasó por varios fiscales y jueces, desde Marcelo Martín y la jueza Marcela Garmendia al juez Arnaldo Corazza y a Manuel Blanco en 2009. Pero ninguna línea de investigación prosperó y la única pista que vinculara la desaparición de López con el represor Etchecolatz fue que algunas marchas de los organismos de derechos humanos estaban infiltradas por amigos de los represores.

Algunas preguntas que la ni Justicia ni el Gobierno pudieron (o quisieron) responder: Si López era un testigo tan importante, ¿por qué no se resguardó la integridad de la persona durante el juicio? ¿Era López realmente un testigo clave de esa causa? El ex subsecretario de DDHH de la provincia de Buenos Aires, Edgardo Binstock, reconoce que Etchecolatz habría sido juzgado sin el testimonio “importante pero no fundamental” de López. Si esto último es cierto, entonces, ¿a qué se debe el ensañamiento con Julio López? ¿Por qué, como en la mafia, no aparecieron pruebas de su supuesta muerte como muestra de la impunidad de estos grupos residuales de la sociedad? Luis Alén, desde la secretaria de DDHH de la Nación, alega que el caso López era impensado en ese momento de la democracia. Sin embargo, luego de la desaparición del albañil de setenta y siete años se produjeron dos hechos similares: el de Gerez y el de Puthod. El abogado de la familia López, Alfredo Gascón, cree que no hubo voluntad para investigar la responsabilidad por la falta de protección durante el juicio al testigo y que la denuncia, presentada en 2009 ante el juez Corazza, nunca prosperó. Tampoco se investigó la responsabilidad estatal ni hay detenidos ni sospechosos ni pista alguna que guíe la investigación. No pasó nada. Ser testigo en la Argentina es más peligroso que en otras partes del mundo. Es por ello que, personas que quisieron atestiguar —algunas lo hicieron, otras no— en el caso López sufrieron aprietes, amenazas y hasta llegaron a sentirse muertos en vida.

Testigos en peligro

En cuatro años, Cristina Fernández no mencionó nunca

su nombre (por López) y Aníbal Fernández sólo lo hizo

para desestimar su secuestro y desaparición.

COMUNICADO DE 300 ORGANIZACIONES ENCOLUMNADAS

BAJO EL NOMBRE “ENCUENTRO, MEMORIA, VERDAD Y

JUSTICIA”, LA PLATA, 17 DE SEPTIEMBRE DE 2010

Si hoy viera algo similar, perdoname, pero me callaría la

boca porque me dejaron solo.

JORGE SCANIO, ENTREVISTA CON EL AUTOR,

SEPTIEMBRE DE 2010

Paranoia. La mañana del 15 de septiembre de 2010 no fue como las otras. El día anterior, un martes que habían anunciado que sería frío para esa época del año, fue agobiante para mí. En la estación de Moreno, comencé a sentir ese estado de ánimo particular. Una mezcla de excitación y temor ante lo inesperado. En la confitería El Cóndor me encontré con Jorge Scanio, el hombre que decía haber visto con vida a Jorge Julio López. Ni bien empezamos a hablar, Scanio me encaró:

—¿Qué intereses tenés con todo esto? ¿Para qué te metés con algo que a nadie le importa? —me preguntó Jorge Scanio, mirándome de costado, casi resignado ante la requisitoria periodística. Había pasado bastante tiempo desde la última vez en que el testigo clave había conversado sobre el tema.

—La verdad. Tan sólo la verdad. No busco nada más —respondí ingenuamente.

—La verdad es lo que a todos les dejó de importar. O es lo que a nadie jamás le importó. Mirá cómo estoy, cómo terminé. Tendría que haber agarrado… como lo hicieron todos.

—¿Y por qué no lo hiciste?

—Porque soy un boludo. Un boludo.

Ésta no es la historia de Jorge Julio López. Es la historia de los testigos en peligro, del clásico “no te metás”. Se trata de cómo un momento puede marcar un antes y un después en la vida de las personas. Tanto de los que ya no están como de los que están muertos en vida.

La ex diputada Nora Ginzburg (Recrear-PRO) se sorprende ante mi llamado. No es frecuente indagar sobre lo prohibido, lo no-dicho, las mentiras verdaderas del sistema mediático que también compró gran parte de la sociedad, con moño y todo. Cuando Ginzburg conoció el testimonio de Scanio realizó pedidos formales de investigación en el Congreso de la Nación para que se realizase una investigación parlamentaria paralela a la Justicia. Pero la bancada del Frente para la Victoria, el hoy PJ Federal y sus aliados, miraron para otro lado, votaron en contra y se rieron por lo bajo de esa otra loca suelta. En 2011, Ginzburg era terminante: “Fue la ex SIDE, y tengo entendido que la que reporta al gobierno; no la otra”. En los servicios de inteligencia, existen agentes enemistados con el gobierno de turno que “operan” con fines opuestos a sus intereses. “Lo secuestraron grupos de tareas de la Bonaerense en una disputa interna de poder” sentencian dos de los periodistas que más investigaron el tema. Uno de ellos agrega que “a López se lo llevó gente vinculada a algún área de los derechos humanos del gobierno nacional, oficial o extraoficial, con colaboración de los servicios de inteligencia. Se les murió en una discusión sobre lo que dijo y no dijo en el juicio en el que podía terminar siendo acusado de falso testimonio. Le terminó dando un bobazo”. Graciela Draguicevich, presidenta de la Mutual Sentimiento, militante por los derechos humanos, ex mujer del líder piquetero, hoy diputado nacional, Humberto Tumini, replica: “¿Vos te creés que a esta altura del partido nadie del gobierno sabe donde está Julio López o qué pasó con él? Yo creo que algo saben…”. Draguicevich explica sus dudas ante la falta de interés del gobierno nacional por esclarecer el hecho y lo justifica recordando que los líderes opositores, periodistas, disidentes, sindicalistas y hasta familiares de las víctimas de la inseguridad vienen siendo escuchados por los servicios de inteligencia. Ante semejante poder para inmiscuirse en la vida de los otros, ¿cómo es posible que aún no se conozca una pista firme sobre quién y por qué secuestró a López? Una diputada nacional relaciona el secuestro de López con la disputa del gobierno con Juan José Álvarez, dirigente cercano a Eduardo Duhalde, quien, por aquel entonces, recibía amenazas de que le tirarían “una carpeta” sobre su oscuro pasado en la SIDE durante la dictadura. De hecho, en la primera semana de septiembre de 2006, nueve días antes de que desapareciera López, Página/12 publicó esa información sin generar el impacto esperado en la opinión pública. El tema quedó olvidado rápidamente: “Revisá las portadas de los diarios la semana previa a la desaparición. La SIDE estaba por tirarle una carpeta pesada a Juan José Álvarez y después quedó en la nada, buscá la relación”, dice en estricto off una diputada nacional dando a entender que una fracción de los servicios de inteligencia habría estado vinculado con el secuestro de López con el fin de “apretar” al Gobierno y que se olvidasen las supuestas carpetas sobre el pasado de Álvarez.Más allá de quiénes fueron los brazos ejecutores del secuestro de López, y de los reales motivos del hecho, todos coinciden en que a Etchecolatz no lo quería nadie y menos que alguien podía ser capaz de arriesgar su vida por un anciano odiado en la fuerza policial. No hay una respuesta certera sobre quiénes secuestraron a López pero es muy probable que los que estuvieron detrás de la desaparición tuvieran el respaldo político y contaran con la logística necesaria para borrar todo rastro del albañil. Más allá de si el triste desenlace de López estuvo planificado de antemano o si, luego del secuestro, como afirma uno de los periodistas entrevistados, algo pasó con el testigo y “se les murió de un ataque al corazón”, todos los informantes coinciden en que nunca se sabrá la verdad pues el poder hizo hasta lo imposible para que así sea.

Durante el menemismo, los testigos clave desaparecían o se caían de un balcón. En los años kirchneristas, estar en el lugar y en el momento prohibido, significa morir en vida. No es necesario un tiro en la cabeza para silenciar a una persona. Sin embargo, la historia de los funcionarios implicados en la desaparición de López es una crónica de ascensos inesperados y de premios por fracasar. El juez Corazza fue elegido para investigar Papel Prensa, causa en la que luego se declaró incompetente. Es el mismo juez que, como dice la ex diputada Ginzburg “cuando la familia de López le imputó responsabilidad por no haber cuidado a los testigos, meses después se sintió violentado y se fue”. Otro premiado por fracasar fue el ex subsecretario de Derechos Humanos, Edgardo Binstock. Actualmente retomó la gestión como colaborador de Daniel Scioli en esa materia luego de ser coordinador de Políticas Territoriales del gobernador. Las respuestas del funcionario sobre el “caso López” resultan infantiles: ”Fue algo que nos sorprendió a todos, no esperábamos una situación así en democracia. Lamentablemente reaccionamos tarde porque ni nosotros ni la seguridad ni la familia esperaba una situación así”.

Antes de concertar la entrevista, Binstock, me preguntó si le preguntaría sobre Scanio —el testigo clave que se entrevistó con él a pocos días de la desaparición de López—. “Es un personaje, busca fama”, dirá en off. Al encenderse el grabador refutará a Scanio con los siguientes argumentos: “Ya había tenido contactos con otros organismos del gobierno nacional y, ese momento, habían llegado denuncias de personas que lo habían visto (a López) y trasladábamos las mismas adonde nos parecía más atinado hacerlo”. (…) “Hasta donde yo sé, aunque leí que no fueron en el momento justo, creo que se le dio curso a lo de Scanio pero evidentemente no encontraron la respuesta que él planteaba. Lo que nosotros hicimos fue ir con un miembro de la policía y él quedó conectado ahí”.

Le pregunté a Binstock si realmente importaba encontrar a los responsables: “Claro que sí, por eso el gobernador se comprometió a aumentar la recompensa a dos millones de pesos”.

El testimonio maldito

Toda la vida me arrepentiré de haber visto lo que vi.

CUATRO AÑOS DESPUÉS, JORGE SCANIO RELATÓ AL

AUTOR SU SUPUESTO ENCUENTRO FORTUITO CON

JORGE JULIO LÓPEZ, EL 1º DE OCTUBRE DE 2006,

DOCE DÍAS DESPUÉS DE SU DESAPARICIÓN

Jorge Scanio envejeció rápidamente. Fuma sin cesar. Conduce un remise en la zona oeste. En 2006, cuando atestiguó por el caso López, fue perdiendo a su familia. Hoy está convencido de que si querían matarlo, lo hubiesen hecho pero, en aquel entonces, no sabía hasta dónde eran capaces de llegar las amenazas y, por eso, envió a su mujer a Comodoro Rivadavia junto con su mejor amigo. La mujer no soportó la soledad y comenzó una relación con el hombre que oficiaba de custodio. Scanio maldijo el día en que se decidió a hablar.

En el año 2005, Scanio trabajaba como gestor de Roberto Montenegro, quien se interesó en alquilar la estancia San Genaro, situada en el kilómetro 135 de la ruta 3, cercana a San Miguel del Monte, para explotar el campo. Montenegro tomó posesión de la estancia luego de examinar el terreno y la vivienda allí ubicada. Así descubrió la existencia de unos pequeños cuartos que, a comienzos del siglo XX, eran utilizados como calabozos. El hallazgo lo sorprendió. Específicamente, en el sótano de la vivienda había diez calabozos con puertas de chapa, pero más aún se sorprendió cuando, dos días después, cayó la policía bonaerense para llevarlo a declarar al Partido de Chascomús, algo inusual pues la estancia pertenecía a la jurisdicción de La Plata. Revisaron los papeles, le dijeron que estaba todo perfecto pero, ante la grandilocuencia del operativo, Montenegro no quiso saber más nada con ese maldito campo. En la fiscalía de Chascomús le habían dicho con tono misterioso: “Mejor olvidate de esa estancia, no te conviene”. Pasado el tiempo, por un trámite personal de la venta de un automóvil, Scanio se entrevistó con su amigo Montenegro para averiguar qué había pasado con San Genaro. “¿Por qué no te das una vuelta?”, le dijo Montenegro y así fue como Scanio emprendió el viaje que le cambiaría la vida. Era el primer domingo de octubre de 2006. Scanio conducía su Siena gasolero por la ruta 3. Dejó el coche en la puerta de San Genaro e ingresó con una pequeña botella de gaseosa. Así recorrió los casi dos mil metros que hay hasta la puerta de la casa, en el casco principal del establecimiento. Cuando estaba llegando, descubrió a dos personas con escopetas Itaka delante de otra de avanzada edad, con muestras de cansancio. Otras dos personas, muy bien vestidas, se hallaban cercanas a la puerta de la casa. Scanio se asustó y se escondió detrás de un árbol. Aguardó unos minutos y recordó que la cara del anciano le resultaba familiar. En esa época, el rostro de López se difundía constantemente en televisión y Scanio lo asoció con el desaparecido en democracia. Esperó un rato, el sol caía, rezó que los ocupantes de la estancia no tuvieran perros y se fue sigilosamente del lugar convencido de que había visto a López. Los nervios lo invadían y tardó varios minutos en arrancar su coche. En síntesis, Scanio estuvo a 150 o 200 metros del casco principal de la propiedad, observando la situación durante casi una hora en donde una persona, que perjura era López, estaba en peligro. Lo dedujo por la expresión de su cara, el pelo blanco y porque las personas que lo rodeaban no hablaban con él. De regreso en la ruta, se detuvo en la primera estación de servicio que encontró, fue al baño y meditó qué hacer. Tuvo miedo y tardó siete días en regresar al lugar de los hechos. Le contó la historia a su amigo Montenegro quien le aconsejó que se presentase en la Justicia. Ese 8 de octubre, Scanio volvió a pasar por la quinta decidido a descubrir la verdad, esta vez, portando una cámara de fotos. Pero la situación no era la misma. López ya no estaba y el movimiento era intenso. Scanio se desesperó y volvió a pasar con su auto en varias oportunidades por el lugar. En la última de ellas, una camioneta le cerró el camino sobre la ruta 3 y lo tiró a la banquina. Atinó a tomarle la patente —BWR308— y así se supo que pertenecía a la Contaduría General del Ejército. Finalmente, luego de volver a hablar con su amigo Montenegro, juntó valor y denunció lo que había visto ante la Procuración General. El 10 de octubre, en la calle Guido 1577, comenzó una odisea infinita para Scanio. El testigo afirma que ese día, desde la Procuración llamaron al ministro del Interior, en aquel entonces Aníbal Fernández, quien le habría dicho al funcionario que mandase al testigo a su casa y que gente de la SIDE lo llamaría a la brevedad, pero que no dejaran asentada su presencia en ese lugar. El manejo se volvía cada vez más oscuro, como si fuese una película de espionaje. El testigo contó su historia ante los agentes de la ex SIDE en dos oportunidades más y le dieron un número de Nextel para que se comunicara con ellos. El segundo encuentro fue en una estación de servicio de la localidad de Moreno. El tiempo pasó y no se supo nada más de la causa. Scanio quería saber en qué estaba metido y si su testimonio serviría para encontrar con vida a López. La incertidumbre lo mataba y marcó el número del Nextel de los agentes de la SIDE. Al llamar se quejó de que se habían olvidado de él, pero sin mencionar su nombre, suponiendo que sabían con quién hablaban. Fingido o real, el interlocutor respondió secamente: “Parece ser que lo del buchón tenía razón y lo de abajo, también”. Cortó, tiró el celular y se paralizó. ¿Él era el buchón? ¿Lo de abajo tenía relación con los calabozos de la estancia de San Miguel del Monte? Quería volver el tiempo atrás y maldecía su destino. Dudó de todo y de todos. La paranoia se apoderó de él. Este relato quedó asentado en la Justicia y ante el periodista Christian Sanz, quien lo entrevistó en febrero de 2007. Durante los años 2010 y 2011, en tres oportunidades, Scanio conversó conmigo. Pero no fueron las únicas notas que dio el testigo. Scanio denuncia que el día en que lo entrevistó el noticiero de Telefé del mediodía, le dijeron que iban a ampliar la entrevista en el noticiero de la noche. Que en la edición vespertina, la entrevista sería en vivo y más extensa. Pero esa noche, el presidente Kirchner utilizó la cadena nacional para pedir por la aparición con vida de Luis Gerez, otro supuesto albañil desaparecido por resabios de la dictadura y por represores vinculados al ex comisario Luis Abelardo Patti. Y desde entonces, ni Telefé ni ningún otro medio se comunicó con Scanio. Los periodistas de medios vecinales lo esquivaron, temerosos de aprietes, y hasta un juez que intervino en la causa le exigió a Scanio que le dijese cuál era su real interés en el tema. En febrero de 2007, visitó el despacho de la diputada Ginzburg, muy asustado, y le dijo que temía por su vida. La ex diputada de Recrear le pidió que regresase con las pruebas. Scanio no volvió. Doscientos setenta y cuatro días después del testimonio del testigo, el juez Corazza allanó la estancia San Genaro con el hijo de López presente.

Scanio parece decir la verdad, pues conoce la historia en los más mínimos detalles. En cambio, para las autoridades de la Provincia y de la Nación que lo atendieron, se trata de un hombre que busca un beneficio económico o simplemente fama. Si fuera así, todo le salió mal, pues hoy vive en la pobreza, solo, perdió a un hermano y a su padre, según él, “en circunstancias poco claras”, sospecha hasta de su propia sombra y, como él mismo dice, siente que está muerto en vida.

Si Jorge Scanio creyó ver algo que, en realidad, nunca vio, es un misterio que, habiendo pasado tanto tiempo, ya no será resuelto. Pero lo que más llama la atención es el de sin terés que mostraron los funcionarios por Scanio e incluso las amenazas que recibió por contar lo que no quiso ver. Tal vez, ése fuera el gran enigma de los funcionarios: ¿Qué hacía ese hombre allí en ese momento? ¿Quién lo mandó? ¿A quién respondía? Cada uno de los implicados ensayó distintas hipótesis para este libro. Según Binstock, Scanio se dirigió adonde no se tenía que dirigir —la SIDE— y jamás resultó creíble. Para el hijo de López, el testigo quería quedarse con la estancia y por eso inventó todo, algo inverosímil y hasta infantil pues, legalmente, un gestor no puede quedarse con una propiedad y mucho menos utilizando esas supuestas mentiras.

Suponiendo que a López se lo llevaron de su casa agentes de la policía bonaerense para remarcarle sus incongruencias en su testimonio contra el represor Etchecolatz, que lo maltrataron verbalmente y que el albañil no soportó la presión y le dio un ataque al corazón, la hipótesis que manejan algunos es que, en ese caso, ante la disyuntiva de contar lo realmente sucedido o inventar el mito del fantasma de los resabios dictatoriales, el poder habría montado un show que se le terminó yendo de las manos pues los partidos de izquierda y los organismos de derechos humanos críticos al oficialismo, presionaron por la falta de respuestas oficiales sobre el paradero de López. Era necesario cerrar el año 2006 con fe y esperanza. Sólo hacía falta replicar el escenario con otro protagonista, alguien con un pasado militante, un presente humilde y cercano al Frente para la Victoria.

“Le debo la vida, presidente”

Hace poco más de cien días, manos anónimas

secuestraron al testigo del caso Etchecolatz,

Jorge Julio López. Hace dos días que no tenemos noticias

del testigo del caso Patti, Luis Gerez.

DISCURSO EN CADENA NACIONAL DEL EX PRESIDENTE,

NÉSTOR KIRCHNER, 29 DE DICIEMBRE DE 2006,

90 MINUTOS ANTES DE LA APARICIÓN CON VIDA DE GEREZ

El miércoles 27 de diciembre de 2006, Luis Ángel Gerez, militante del Frente para la Victoria del Partido de Escobar —que durante los noventa gobernara el ex comisario torturador Luis Abelardo Patti—, llamó a su madre, Julia More, a las 19 horas para decirle que no lo esperase a comer pues estaba invitado a un asado en la casa de su amigo Jorge Altamirano, ubicada en la calle Los Claveles. A las 20.30, y al darse cuenta de que la carne no alcanzaría para todos, el supuesto albañil salió rumbo a una carnicería ubicada a 200 metros, olvidando su celular personal en el auto. Media hora después, sus amigos salieron a buscarlo y descubrieron que el negocio ya había cerrado. A las 3 de la madrugada del día siguiente, presentaron la denuncia correspondiente en la comisaría 1a de Escobar. Nadie vio cuando secuestraron a Gerez, que había nacido el 27 de agosto de 1956, en Santiago del Estero y cuya profesión más destacada había sido la de chofer de Rodolfo Diego Hall del partido de San Fernando entre 1996 y 2000. Cercano al Movimiento Evita, Gerez habría llegado a ser socio en la explotación de un taller mecánico en Don Torcuato del ex vicejefe del gabinete bonaerense Emilio Pérsico, el hombre que actualmente maneja gran parte de lo que fue el plan Sueños Compartidos.

Cuando promediaba la tarde del viernes 29 de diciembre de 2006, menos de 48 horas después de la desaparición de Gerez, organizaciones sociales y de derechos humanos presionaban al Gobierno exigiendo respuestas y amenazaban con realizar cortes y marchas por la resolución del hecho. A las tres de la tarde, en las redacciones periodísticas, circuló la versión de que el caso estaba resuelto y hasta el sitio de noticias Urgente24 se animó a publicarlo. A las 20.30 Néstor Kirchner dio —por segunda vez en su presidencia— un discurso por cadena nacional en el que nombraba a Patti y a Etchecolatz y acusaba a los resabios de la dictadura de amenazar a la democracia. El Presidente había pasado la tarde encerrado con Aníbal y Alberto Fernández, en su despacho en la Casa Rosada, analizando los pasos a seguir. Hora y media después del discurso, Gerez aparecía con vida. El 29 de diciembre, a las 21.30, en la esquina de Fructuoso Díaz y Bedoya, en Garín, dos niñas menores de doce años vieron correr a un hombre con el torso desnudo al que convencieron de que se sentara en el cordón de la vereda. Según Página/12, Gerez tenía una herida en la cabeza, quemaduras en el cuerpo y se encontraba en estado de shock. Ésa fue la versión oficial que publicaron los principales matutinos. Sin embargo, las fotografías que mostraban las quemaduras de su torso parecían producidas por tomar sol con una musculosa. Tampoco quedó claro el rol de las niñas que encontraron al testigo y que, aparentemente, estaban tan informadas que reconocieron a Gerez sin preguntarle su nombre y fueron tan valientes que, en vez de asustarse con la imagen de un hombre semidesnudo corriendo en plena noche a los gritos, lo tranquilizaron, consiguieron una enfermera que le diera agua y luego, juntos los cuatro, ubicaron al concejal Hugo Cantero. Así fue la versión publicada por el diario, netamente oficialista, que en aquel momento sostenía que un grupo vinculado a Patti había secuestrado al militante aunque —agregaba— no había testigos. “Nadie escuchó un grito, una frenada. Nadie vio un auto raro. Es increíble”, decía Altamirano.

Los cabos sueltos no terminan allí pues, esa noche, el noticiero de Canal 7 a cargo de Rosario Lufrano, lograba la exclusiva con la pequeña testigo de 9 años y llegaba al lugar, incluso, antes que el patrullero policial. También es llamativo que Kirchner utilizara la cadena nacional para el caso Gerez y que no hubiese tomado la misma decisión con la desaparición de López, y que funcionarios como León Arslanian y el entonces gobernador Felipe Solá estuvieran convencidos de que el caso tendría un final feliz. Lo único cierto es que la pareja gobernante pudo resolver el tema antes de fin de año y se tomó sus merecidas vacaciones en El Calafate, que ni siquiera habían suspendido cuando fue la tragedia de Cromañón.

El periodismo repetía la versión oficial que explicaba que la embestida pública de Néstor Kirchner y sus principales ministros había sido diseñada para presionar a los secuestradores y desencadenar la liberación, algo que, visto y considerando el desenlace del secuestro de la niña de doce años, Candela Rodríguez, asesinada a mediados de 2011 a menos de 20 cuadras del lugar donde desapareció y con el grueso de la policía bonaerense buscándola, con su madre reuniéndose con la Presidenta y con una sociedad, en su conjunto, sensibilizada y movilizada,es por lo menos arriesgado como única e incuestionable hipótesis.

La sucesión de hechos dudosos continuó en la extraña conferencia de prensa de Gerez. El infranqueable círculo protector del testigo contra Patti sobreactuó su custodia en la conferencia y Gerez le agradeció a Kirchner por estar vivo. Luego Gerez desapareció de la escena pública. Tampoco hubo implicados ni detenidos por el caso.

Según Sergio Schoklender, meses después de la repentina aparición de Gerez y al conocer su precaria situación económica, le ofreció un trabajo en los obradores de Tigre. Según Mirta Praino, su mujer, allí “aprendió el oficio de albañil”. En las crónicas periodísticas de la época, a Gerez se lo presentó como un humilde albañil que había atestiguado contra Patti. En realidad, Gerez hacía changas, algunos trabajos aislados como albañil y como chofer. Además, tenía ingresos provenientes de una agrupación que ya no existe y que se llamaba Pensar Escobar mientras que su mujer, señalada en su momento por un pequeño sector de la prensa por haber estado detrás del “autosecuestro”, asumió en 2011 como asesora en el Congreso de la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires y también está al frente de la Fundación Codo a Codo. El ex actor de La familia Falcón y Chiquititas, Alberto Fernández de Rosa, amigo de Gerez, probó suerte como candidato a intendente de Escobar. Pero no le fue bien. La causa sobre el secuestro de Gerez naufragó en la indiferencia.

El fantasma de Patti

Esta vieja me va a matar, pero antes

la voy a matar políticamente.

JUAN PUTHOD A SU ESPOSA, SEMANAS ANTES DE MORIR,

HABLANDO SOBRE SARA DEROTIER DE COBACHO,

SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS

DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

Juan Evaristo Puthod era un militante de Montoneros, sobreviviente de siete centros clandestinos de detención durante la dictadura militar que lo tuvo preso seis años. En su cautiverio conoció a Carlos Kunkel y a Martín Labró, con quienes estableció una amistad a prueba de todo. O al menos, eso creía. Labró era un ladrón de autos que en los años de plomo terminó huyendo por una calle a contramano hasta desembocar, por error, en la mismísima puerta de la comisaría. En estos años en que la lucha de los derechos humanos fue el pan de muchos oportunistas, Labró reinventó su pasado afirmando que había sido un férreo militante político y social. Pero hasta la propia mujer de Puthod estaba al tanto de su prontuario, pues Puthod salía a robar con su tío.

Graciela Lencina conoció a Juan Puthod a mediados de los noventa en Mise, una remisería de Zárate donde ambos trabajaban. Ya separados de sus respectivas parejas, con las que habían tenido hijos —Juan, dos y Graciela uno (la valiente Laura)— los enamorados no pasaron un día de sus vidas separados, desde ese flechazo en que las charlas políticas, los tristes recuerdos del pasado y los sueños se entremezclaron en un cóctel adictivo. El último día de abril de 2008, otra remisería fue el lugar donde Juan volvió de la muerte. El tercer mosquetero era el citado Labró, con quien compartían proyectos en la Casa de la Memoria, lugar desde donde denunciaban la corrupción policial y el doble discurso de políticos locales.

Los tres subsistían con changas, trabajos de albañilería, el remise y no mucho más. A esto se sumó el contrato que en 2004 consiguió Lencina en la Secretaría de Derechos Humanos de Zárate. Los 3.200 pesos mensuales ayudaban en la economía familiar, que se había agrandado con la hija en común del matrimonio, el costo de mantener el programa de radio en FM 93.9 y pagar el alquiler de la Casa de la Memoria. Durante 2007, Puthod comenzó a frecuentar charlas organizadas por la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia, al frente de Derotier de Cobacho, con quien hablaban diariamente sobre temas políticos y sobre las internas de funcionarios del gobierno provincial y nacional.

“Sara lo quería mucho a Juan, como hoy me doy cuenta que quiere esta gente. Mira cómo terminó José María Ernst, que era como su hijo, o Germán Córdoba”, recuerda Graciela Lencina en un bar de su ciudad en marzo de 2012. Tanto Sara Cobacho como el mencionado Ernst eran de Merlo, el distrito de la provincia gobernado con mano de hierro por el intendente Raúl Othacehé desde 1991. Denunciado por los organismos de derechos humanos por persecución y hostigamiento a los opositores, el intendente se ríe de las críticas mientras ubica a toda su familia en los principales cargos de su gobierno que maneja con firmeza desde hace más de veinte años. Othacehé, símbolo de los “barones del conurbano”, banca a Sara Cobacho, quien conoce los tejes y manejes de las fuerzas de seguridad de la provincia, que le responden como a pocos funcionarios del gobierno de Daniel Scioli. En una provincia con una policía y un sistema penitenciario cuestionados por mantener en democracia prácticas relacionadas con la dictadura militar, ubicar a una persona que es del agrado de los uniformados, y también respetada por el grueso de los organismos de derechos humanos pues dos de sus hijos fueron secuestradosdesaparecidos, es una forma de estar bien con Dios y con el Diablo. Durante la gestión de Cobacho se archivaron las violaciones a los derechos humanos del presente —como, por ejemplo, el caso de Luciano Arruga—. Mientras olvidaba a Arruga, la secretaria de Derechos Humanos indagaba sobre las causas de lesa humanidad del pasado pero teniendo un gran cuidado en no herir la sensibilidad de los uniformados. Por esa razón, sumada a la cuestionada presencia de Fernando Cano (marido de la nieta de Cobacho) como su segundo, los empleados históricos de la Secretaría que investigaron la corrupción policial y penitenciaria, terminaron fuera de la estructura estatal y sufrieron extraños robos y amenazas cuando se animaron a relatar las incongruencias de la supuesta lucha de los derechos humanos. Liliana Enrique, hija de desaparecidos, y una de las treinta promotoras despedidas a fines de 2009 luego de numerosas protestas, asegura que el propio Fernando Cano la llamó desde un número no identificado para decirle que se dejara de joder porque terminaría en un zanjón como su padre.

Puthod no fue una excepción. Por su crítica constante al accionar policial, recibió amenazas previas a su secuestro. Sara Cobacho estaba al tanto de todo. Por ejemplo, sabía que a Graciela Lencina le golpearon salvajemente la cara contra la puerta de la Casa de la Memoria y la cortaron con un reloj mientras le gritaban que entregase a su marido. Sin embargo, ni Puthod ni Lencina recibieron custodia policial luego del hecho. El ataque a Lencina fue denunciado en la comisaría local, cuatro meses antes del secuestro de Juan Puthod, quien tenía graves problemas cardíacos y diabetes. Sara fue introduciendo a Puthod en conferencias y charlas que se realizaban en el norte de la provincia. Pero el reconocimiento no resultó un lecho de rosas para la secretaria, pues el militante politizaba sus discursos al recordar su pasado montonero.

La desconfianza sobre el pasado “militante” de Sara Cobacho crecía a medida que aumentaba la confianza del entrevistado con mi persona. Entre “los compañeros” se trata de no hablar de ciertas cuestiones para no “hacerle el juego a la derecha” pero muchos todavía se preguntan por qué Sara fue liberada durante la dictadura, ya que poco tiempo después secuestraron y asesinaron a sus dos hijos. Ante la pregunta de si la ex secretaria de Derechos Humanos de la Provincia habría encontrado información sobre sus hijos desaparecidos, los entrevistados responden que Cobacho nunca simpatizó con la militancia política de ellos. En la causa 5.310, promovida por Puthod y esa Secretaría de DDHH, se denuncia que se hallaron restos óseos de desaparecidos en una zona cercana a la estación de ferrocarril de Zárate. Uno de los hijos de Sara fue secuestrado allí mientras esperaba el tren. Por eso, cuando en un acto en Campo de Mayo, Puthod dijo que “a nuestros compañeros no los secuestraron por estar esperando un tren sino porque cada uno tenía su identidad política y eso es lo que hay que reivindicar”, la cara de Cobacho se transformó. Cobacho se incomodó todavía más, cuando ese día, las Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora subieron al escenario a felicitar a Puthod y se sumaron a su relato, contando datos del pasado y la procedencia política de sus hijos. La secretaria Cobacho no demostró interés en indagar sobre los restos óseos encontrados al costado de la vía del tren. Según Pablo Milanesi, periodista de Zárate que publicó la primera lista de desaparecidos de su ciudad en el diario La Posta en 1998, “nunca existió un movimiento de derechos humanos y ninguno de los mencionados tuvo una lucha muy conocida en la ciudad”. Por esa razón, el periodista relativiza la lucha que realizó Puthod y recuerda que, cuando se reabrieron los juicios de crímenes de lesa humanidad en la ciudad, muchos se acercaron por interés político. En la causa mencionada, a cargo del juez Federico Faggionato Márquez, se reconstruyeron los secuestros realizados con la complicidad sindical y empresaria de la zona de Campana y Zárate. Otro testigo fundamental, además de Puthod, fue Alberto Calvo. Recuerda Milanesi que lo invitaron junto con Calvo a un acto de reivindicación de los compañeros desaparecidos. Allí fueron y, para su sorpresa, el acto devino en un encuentro político del Frente para la Victoria en el que Cobacho compartía el escenario con sindicalistas de la industria química, denunciados por los propios organismos.

Cuando secuestraron a Puthod, Graciela Draguicevich viajó a Zárate para ayudar a su familia. Graciela estaba casada con Humberto Tumini, el líder piquetero que estuvo cerca de Néstor Kirchner hasta que decidió ser presidente del Partido Justicialista. A Juan Puthod lo había conocido en Zárate, en los ’70, cuando militaba en el PRT. Lencina, Draguicevich y otros compañeros de la Secretaría no dudaron un segundo en señalar a la policía local como responsable de su secuestro. Puthod había recibido muchas amenazas para que terminara con su lucha política. El fantasma de Luis Abelardo Patti estaba presente, pues antes del secuestro Puthod estaba preparando un homenaje a dos compañeros desaparecidos durante la dictadura, cuyo artífice había sido el ex intendente de Escobar. Con el correr del tiempo, la familia de Puthod empezó a cuestionar la versión oficial y a indagar sobre los reales autores intelectuales del secuestro de Juan. Eso implicó perder el supuesto respaldo del sistema político de la provincia y descubrir que tanto las lágrimas como los signos de apoyo recibidos durante la noche del 30 de abril de 2008 eran interesados.

Los alcances de la mentira

Juan pensaba que fue Sara. Se lo dijo a su yerno

[por el diputado Alfredo Antonuccio]

y también a ella por teléfono.

GRACIELA LENCINA, AL AUTOR

Como todas las semanas a la misma hora, el martes 29 de abril de 2008 a las 18.45, Puthod salió de la Casa de la Memoria rumbo a su programa de radio. Dobló en la esquina de Almirante Brown hacia el centro, cruzó delante de la confitería y heladería Cremolatti y tomó Ameghino. Iba vestido con una campera verde y un jean gastado. En la esquina por donde pasa el único colectivo urbano de línea, esperó que el semáforo se pusiera verde para cruzar a un kiosco a comprar cigarrillos. A pesar de la restricción médica, el vicio lo vencía. Instantes después, dos hombres lo metieron en un auto y lo tuvieron secuestrado por más de 28 horas. Nadie lo vio ni lo escuchó. Los periodistas locales se preguntaban si el secuestro realmente había existido. No lograban comprender cómo “lo chuparon” de uno de los centros neurálgicos de la ciudad. En esa misma esquina donde ocurrió el hecho, había otro negocio que a esa hora solía tener la custodia de dos agentes. La tarde del secuestro, ningún agente estaba allí. Por eso, Graciela Lencina, la mujer de Puthod, asegura que la policía liberó la zona. La existencia o no de uniformados en el lugar fue una de las primeras incongruencias entre la investigación oficial y la que realizó, a pesar de las amenazas, Lencina junto con su marido cuando aún estaba vivo, su hija mayor y su hermana Natalia. La policía dijo que había tomado los testimonios de los empleados de la heladería y que ninguno había visto esa tarde a Puthod. Sin embargo, los martes, Cremolatti no abre sus puertas al público, por lo que, difícilmente, los uniformados hayan interrogado a alguien ahí. Si es poco clara la intervención de la Policía y la Justicia en el momento del secuestro de Puthod, su actuación posterior siembra aun más dudas.

El miércoles 30 de abril, pasadas las 23.30 horas, Puthod fue liberado en una calle desolada a 25 cuadras del centro de Zárate, en el barrio Villa Fox. El propio secuestrado contó que lo bajaron de un Ford Falcon antiguo, que parecía salido de los años del proceso militar, en una calle desierta en donde se quedó esperando el certero disparo al corazón. “No queremos otro mártir”, le dijeron mientras huían dejándolo abandonado en estado de shock, con un golpe en la cara y descompensado físicamente. “Pensaban que se les moría y se asustaron”, reflexiona años después su mujer. Juan Puthod caminó hasta encontrar la remisería Fox. Es confuso el relato de su camino de tres cuadras hasta la remisería. Las declaraciones públicas de Puthod, tanto en las horas posteriores a su aparición como, en la semana siguiente, en los programas televisivos de Luis Majul y Mauro Viale, muestran desvaríos. En las declaraciones relacionaba su secuestro con la figura de Patti. Salvo el diario Perfil, ninguno de los medios nacionales indagaron la verosimilitud de la versión oficial. Éstas son las declaraciones de Puthod publicadas en Perfil: “Me bajé solo del auto, me quedé parado, esperando el tiro. Me tiré la gorra a la miércoles, salí corriendo y me paré de golpe porque sentí que me iba a infartar”. El periodista de Perfil le recordó que en la remisería lo habían visto llegar con la gorra puesta a lo que el testigo respondió: “Me saqué la gorra y la tiré, salí corriendo, y el frío en la cabeza me hizo volver a agarrar la gorra. Volví, la agarré y salí”. Lo de la gorra parece un detalle menor pero, casi cuatro años después, en febrero de 2012, entrevisté a los dos remiseros de Fox que aun recuerdan a Puthod. “Nadie vio de dónde llegó, no tenía ningún golpe, pidió un vaso de agua, se presentó como Puthod, se sentó y esperó a la policía”, recuerdan Oscar y su compañero que lo recibieron esa noche otoñal de 2008. Los propios vecinos del denunciante de Patti desconfiaron desde el primer momento de la versión oficial, más aún cuando Puthod fue llevado a declarar ante 25 policías que lo custodiaban para que los periodistas no pudieran entrevistarlo. Por estas razones, comenzaron a circular versiones, entre los periodistas locales y algunos portales de noticias, que lo de Puthod era otra puesta en escena ideada por su entorno. Pero no fue así o, al menos, ni la víctima ni su familia estuvieron implicadas.

El juego de las lágrimas

¿Tuvieron apoyo en ese momento?

Demasiado. Es como que lo estaban esperando.

GRACIELA LENCINA, AL AUTOR

La noche del secuestro hacía mucho frío. Graciela Lencina no tenía ni un peso para viajar hasta la comisaría y se demoró más de lo deseado en realizar la denuncia a la policía. Le hicieron esperar más de una hora hasta que finalmente comprendieron que el caso era grave. El agente que la atendió se comunicó con el Ministerio de Seguridad de la Nación. Lencina no había terminado de declarar y Sara Cobacho y el ministro de Seguridad, Carlos Stornelli, ya estaban en la ciudad. “Es como que lo estaban esperando.” A las seis de la mañana, la madre de Graciela la llamó desesperada. Le preguntó por su hijo político: “Mamá, ¿cómo te enteraste?”, le preguntó su hija. “Lo estoy viendo en Crónica TV”, respondió la asustada mujer. “Sara Cobacho me había dicho que no hablase con los periodistas para no mandarme una macana. Pero todos ya sabían lo de Juan”, recuerda Lencina. La pregunta es quién habló con la prensa. “Sara”, afirma Lencina sin dudar. “Pero no me importó, en ese momento sólo me interesaba encontrar a mi marido”.

Mientras tanto, el entorno de Sara Cobacho se ocupaba de bajar línea con los medios, buscaba apoyo político y aseguraba que la película tendría final feliz. La tarde del 30 de abril, Cobacho decía a los medios presentes: “La Policía Federal está trabajando muy bien junto con la Bonaerense. Sé que todo estará bien, es voluntarismo, ganas de que así sea pero doy fe que se ha llegado hasta Escobar con el rastrillaje”. “¿Realizaron otros allanamientos?”, le preguntaba una movilera. “Sí”, decía Cobacho. “¿Dónde?”, le preguntaban los periodistas. “No sé. Yo soy la vocera del Estado, aquí está el vocero de la familia (por Labró), pueden entrevistarlo a él también…” Extrañamente, mientras que el entorno de Cobacho estaba instalado en la oficina de Lencina, en la Casa de la Memoria, la funcionaria presentaba a Labró como el vocero de la familia y, a la vez, le sugería a la mujer del secuestrado que no hablase con nadie.

El gobernador de la provincia, Daniel Scioli, quien había asumido luego de una aplastante victoria a fines de 2007, daba una conferencia de prensa resaltando la tarea de Cobacho, el accionar policial con los 250 efectivos y los seis helicópteros incluidos en la búsqueda, sumado a la voluntad de encontrar a Puthod —de quien ni siquiera había aprendido bien el apellido, ya que en dos oportunidades se refirió a él como Juan Tudod—. En una conferencia de prensa de 3 minutos y 49 segundos de duración, Scioli mencionó el nombre de la secretaria de derechos humanos en tres oportunidades, el de Stornelli en una al igual que el de Puthod (sin contar las dos veces en que lo llamó Tudod).

Las órdenes eran claras: el fiscal Martín Zocca caratulaba la causa como “averiguación de paradero” y, personalmente, Cobacho lanzaba una campaña buscando a Puthod como si fuese un niño perdido, tal como recuerda Graciela Draguicevich. La Presidenta declaraba que estaba preocupada pues había “desaparecido un testigo clave en juicios por los derechos humanos”. Las horas pasaban y se preparaba una marcha para reclamar la pronta aparición del testigo. Lencina sólo pensaba en la salud de su marido ya que, sin las pastillas necesarias para el corazón y la diabetes, Juan tenía las horas contadas. Por si fuera poco, el empresario Esteban Reynol, cercano al ex comisario Patti, declaraba que se iban “a quemar con el chocolate que menciona la señora (por la Presidenta), igual que con el caso Gerez”.

En los minutos siguientes a la aparición de Puthod, los verdaderos ideólogos del secuestro, “operaron” psicológicamente a la familia y a la víctima para convencerlos de quiénes eran los responsables. En su cautiverio, según Putho d, sus captores le dijeron dos cosas: 1) que no se tocase las vendas que tapaban sus ojos, y 2) que debería haber supuesto que le iba a pasar lo que le estaba pasando por meterse con alguien que no nombraban: “Flaco, vos sabías que te iba a pasar esto”, le decían. “Eran mensajes muy concretos”, reflexionaba Puthod ante las cámaras de América TV. Esas palabras eran tan concretas y tan claramente direccionadas a Patti, señalado como enemigo de la democracia por el Gobierno luego del secuestro de Gerez, que al propio Puthod le llamaron la atención más tarde. Más aún, la Justicia, que ante los medios decía estar llevando a cabo la investigación del caso, no hacía otra cosa que frenar y complicar la investigación.

Durante esas horas en que la Casa de la Memoria era el lugar de encuentro para los familiares de Puthod, el sitio se llenaba de punteros, dirigentes sociales y operadores políticos. Rápidamente, Emilio Pérsico se presentó en el lugar y dialogó con Stornelli.

Hoy Lencina todavía se pregunta por qué el ministro de Seguridad interrogaba por el secuestro de su marido a Sara Cobacho y al dirigente del Movimiento Evita y no a ella, quien conocía a su esposo como nadie en el mundo. Cuando llegó el gobernador, el entorno de Cobacho se ocupó de limpiar el lugar de posibles críticos a su gestión. Draguicevich tuvo la misma sensación que Lencina. En marzo de 2012, Draguicevich confiesa que tuvo un altercado con Amanda Danielis, la nieta de Sara y futura esposa de Fernando Cano —quien también estaba presente—. Amanda intentó que la ex mujer de Humberto Tumini no ingresase al lugar: “Acá vos no entrás, tenés la boca demasiado grande”. Draguicevich no tenía interés en hablar con Scioli y evitó pelearse, pero sí quería contarle a Stornelli lo que había sufrido, con un compañero de La Plata, cuando en la ruta provincial que une Zárate con Campana una camioneta los chocó hasta sacarlos de la ruta, salvando sus vidas de milagro. El ministro la envió a efectuar la denuncia pero la policía los hizo esperar casi dos horas, por lo que desistieron de asentar lo ocurrido. “Era contradictorio, la camioneta era de los milicos y me mandaban a declarar con ellos, ¿no había un fiscal? No”. Al conductor de la camioneta lo encontraron y hasta el ministro Florencio Randazzo se comunicó con Draguicevich, quien no tuvo más noticias sobre el extraño choque.

Juegos perversos

Vos sos de la gente de Sara. ¡Mirá tu amiguita

lo que te hace hacer!

UNO DE LOS SECUESTRADORES A JUAN PUTHOD,

EN SU CAUTIVERIO

La agenda mediática estaba ocupada por la crisis con el campo. El caso Puthod había distraído a la opinión pública durante unos pocos días y había dejado más sombras que luces. Mientras el tiempo seguía su paso habitual, el reloj de los Puthod se detuvo luego de la desaparición de Juan. “A Juan lo terminó de matar el secuestro, la soledad, la duda. Poco tiempo después, tuvo otro paro cardíaco”, relata su mujer, quien viajaba todos los días a la ciudad de La Plata a hacer el curso de promotora de derechos humanos en la Secretaría. Al terminar el curso, golpeó la puerta de la oficina de Fernando Cano: “Fernando, decime la verdad. Yo trabajo a conciencia, me reconocen la lucha, estoy al lado de la mujer que violan, me subo a un coche y sigo al policía corrupto sin medir consecuencias, pero no siento que para ustedes nada de eso valga la pena. Apelo a tu sinceridad, tengo miedo de chocarme con el fondo de una pileta sin agua”. Cano le dijo que siguiera trabajando igual pero su respuesta no fue convincente y Lencina insistió: “Si lo que pasó fue una maniobra política que hicieron para levantarte a vos y a Sara, vos sabés lo que hacés, pero díganme, no quiero quedar mal parada en Zárate y menos por algo así”. Dos meses después, el contrato de Graciela Lencina fue dado de baja.

Las dudas crecían. Puthod sentía que Cobacho escondía algo y así se lo dijo por teléfono. La octogenaria mujer se mostró indignada ante las dudas de su supuesto protegido. Las charlas dejaban heridas difíciles de cicatrizar en el endeble cuerpo de Puthod. Habló con su yerno político, el diputado provincial Alfredo Antonuccio, la única persona en que la familia aún confiaba. Antonuccio se había casado con una hija de Sara Cobacho a quien le debía su llegada a la legislatura provincial.

La causa judicial estaba empantanada. Pero, a pesar de que su cuerpo lo traicionaba, Puthod parecía un guerrero empedernido en descubrir la verdad y encontrar a sus captores. Lo hizo. Puthod estuvo semanas enteras, durante la dictadura militar, con sus ojos vendados. Sabía moverse a tientas. Estaba convencido de que el 30 de abril de 2008 estuvo encerrado en Zárate, en una casa cercana a La Florida, por la ruta 197 antes de llegar a Escalada. Puthod tenía el olfato más desarrollado que el resto de los mortales y, junto con el fiscal Martín Zocca, encontró una casa en ese barrio privado que pertenecía a un policía que trabajaba en la cooperativa eléctrica de Zárate. Puthod también había trabajado allí y tenía una pésima relación con el dueño de esa casa. Se desesperó. El fiscal le dijo que sin orden judicial no iban a poder ingresar. Cuando se allanó la propiedad, ya estaba desocupada y vacía. El fiscal Zocca se declaró incompetente.

En mayo de 2008, lo hicieron aparecer. En mayo de 2010 murió y, un año antes, el 29 de mayo de 2009, Puthod se reencontró, sólo cuatro segundos, con el ex presidente Néstor Kirchner, de quien creía que siempre lo tenía presente. Fue en Villa Angus, partido de Zárate, donde el presidente del PJ había asistido a inaugurar el asfalto de un acceso a la ciudad. Las elecciones legislativas, de mitad de término, estaban a la vuelta de la esquina y Kirchner recorría la provincia día y noche. Antes de subirse a la camioneta blanca que lo depositó otra vez en la ruta, el ex presidente saludó efusivamente a Graciela Lencina, quien llamó a los gritos a su marido. Un desgarbado Puthod con anteojos se acercó para abrazarlo. Fueron cuatro segundos interminables para Juan en que no se dijeron nada. Kirchner giró y no lo vio más.

“¿Por qué no denunciaron lo que suponía Juan? ¿Por qué no intentaron llegar a alguien con más poder que Sara Cobacho?”, le pregunté a Lencina en 2012. “No. La fui a ver a La Plata varias veces pero, luego de la muerte de Juan, nunca más me atendió. O estaba en reunión o estaba ocupada. Tuve miedo por mis hijos. ¿Sabés los contactos que tiene Cobacho en la policía de la provincia y en la Federal?”

Puthod murió dos años y dos días después de su secuestro en democracia. Tras sufrir un ACV, abandonó este mundo deseando descubrir la trama secreta de su secuestro. En el entierro no estuvieron presentes ni políticos ni periodistas, ni siquiera su mejor amigo, Martín Labró.

La casa del olvido

Ojalá que esto sirva a las autoridades nacionales y

provinciales para darse cuenta de que necesitamos apoyo.

Estamos tres mil, cuatro mil pesos abajo.

MARTÍN LABRÓ, AMIGO PERSONAL DE JUAN PUTHOD

EN EL MOMENTO DE SU APARICIÓN CON VIDA,

NOCHE DEL 30 DE MAYO DE 2008

Para Alan Videla y Pablo Milanesi, periodistas de Zárate, nunca fue clara la procedencia de los fondos que sostenían a la Casa de la Memoria. Abierta en el año 2004 por Puthod, su mujer y Martín Labró —el amigo de los setenta que había inventado un pasado revolucionario y ahora trabajaba con chicos de la calle a los que llevaba a jugar al fútbol— la Casa de la Memoria no contaba con subsidios públicos de manera oficial. La ex diputada provincial, Liliana Guaraglia, quien falleció hace unos años, había creado la Fundación “Zavida” que aportaba resmas, tinta y carteles para difundir las actividades realizadas por Puthod y su mujer. La Cooperativa eléctrica CEZ, que en 2004 facturaba 150 millones de pesos anuales y controlaba los colectivos, el canal local de televisión, la salud y la recolección de basura de la ciudad, colaboraba con la Casa y también le daba trabajo a Puthod.

En la Casa de la Memoria estaban exhibidos los recuerdos y fotos de los desaparecidos en los setenta y también la denuncia a los policías represores del presente. Económicamente, se mantenía como podía y en las semanas previas al secuestro de Puthod, organizaba un acto homenaje a Osvaldo Cambiaso y Eduardo “Carlón” Pereyra Rossi.⁷ La idea de Puthod y Lencina era colocar la estrella federal —símbolo de Montoneros— adelante, para reflejarla en el murallón. La idea no le gustó a Cobacho, quien amenazó con suspender el acto donde tocaría Teresa Parodi. Fernando Cano ofició de intermediario para convencer a los revolucionarios militantes que el proyecto era una locura. Luego lo secuestraron a Puthod.

Por esa razón, periodistas de Zárate y algunos portales cibernéticos creen que lo de Puthod fue una forma de promocionar ese homenaje y recaudar fondos para la Casa de la Memoria, como el propio Martín Labró afirmó a pocas horas de aparecer su amigo. “Estamos tres mil, cuatro mil pesos abajo”, decía Labró ante las cámaras, esquivando preguntas puntuales mientras suplicaba que los funcionarios nacionales y provinciales le prestasen más atención a la Casa de la Memoria.

Dicen los vecinos que Labró se mudó a un barrio alejado llamado Santa Lucía, que es un outsider, que tiene el pelo blanco más largo que antes y que sólo sale de su casa para correr al costado de la ruta 6. Graciela Lencina aún confía en él, aunque ya no lo ve tan asiduamente como antes. Es más, luego de cuatro meses, en el momento en que le estaba preguntando sobre él, Labró la llamó a su celular para contarle que le habían aprobado su pensión y para invitarla a un acto que realizarían al día siguiente: “Qué suerte tenés, a mí no me salió nada”, responde Lencina. A Draguicevich nunca le gustó Labró y menos la forma como actuó en las horas siguientes a la aparición de Puthod. Mientras la familia intentaba salvar al padre del hogar que sufría un coma diabético y lo trasladaban al Hospital Santa Lucía, Sara Cobacho hacía lo imposible por ganar espacio y simpatía con el flamante gobernador. Labró jugaba para él. Juan Puthod sólo dio dos entrevistas televisivas. El equipo de La Cornisa, de Luis Majul, viajó a Zárate para entrevistarlo y el de Mauro Viale, en cambio, lo pasó a buscar en un lujoso auto para llevarlo a los estudios de América TV. Pero, esa tarde, Juan se sintió mal e intentó declinar la invitación. Labró se enojó, intentó convencerlo y alegó que debía ir, que era por el bien de todos. Puthod terminó aceptando la invitación y le concedió la exclusiva a Viale. Dos días después, Sara Cobacho llamó a la mujer de Puthod preguntándole si sabía que la producción de Viale le había pagado a Martín Labró cuatro mil dólares por la nota. Graciela Lencina le juró que no tenía la más pálida idea y que ellos jamás habían visto un peso. Labró siempre negó haber negociado esa entrevista por dinero. La familia Puthod le creyó, o al menos intentó hacerlo.

La Casa de la Memoria dejó de existir meses después del secuestro de Juan. Sin trabajo en la Secretaría, y con su marido sumamente enfermo, Lencina no sabía qué inventar para llegar a fin de mes. Los encuentros con Labró se volvieron esporádicos. Cuando murió Juan, Labró no asistió al entierro. “No se habrá enterado o estaría fuera de la ciudad.” Nunca los llamó. Cuatro meses después, Graciela manejaba su remise en Campana donde había dejado a un pasajero. En la parada de colectivos, estaba el viejo amigo Martín Labró. No pudo evitar saludarlo y hacerle la pregunta obligatoria: ¿Dónde estuviste todo este tiempo? Labró la abrazó y lloró. Le explicó que su joven esposa, Lili, el día en que murió Juan había tenido un grave accidente que la había dejado postrada por varios meses. Graciela lo entendió y así fue como retomaron la relación, al menos por teléfono.

La pata política

Todavía lo busco a Juan, aún creo que volverá.

GRACIELA LENCINA, VIUDA DE JUAN PUTHOD,

MARZO DE 2012

Mientras Puthod estaba desaparecido, Emilio Pérsico hablaba constantemente con el ministro de Seguridad Carlos Stornelli. A Graciela Lencina, esa situación le pareció extraña, a tal punto que sospechaba que el Movimiento Evita estuviera metido en el secuestro de su marido.

Al igual que Gerez, Puthod conocía a Pérsico. Pero, la relación entre Puthod y Pérsico era tirante, no era como con Gerez. Puthod había enfrentado al líder piquetero acusándolo de ladrón y corrupto. “Le contamos lo que hacían con los compañeros en nuestra ciudad, que no podía bancar a punteros que se quedaban con el 50% de la plata de los planes sociales de los que más lo necesitaban y no hacía nada”, recuerda la viuda de Puthod. El hombre fuerte del Movimiento Evita en Zárate era el concejal Pedro Bassi, quien nunca respondió los pedidos de entrevista para este libro. Según Lencina, Bassi se quedaba con el 50% de la plata de los planes de la gente más humilde de la ciudad y su marido se lo dijo a los gritos al propio Pérsico. “A Sara, Juan se le estaba yendo de las manos, era muy guerrero, era muy impulsivo y por eso ella le soltó la mano”, reflexiona Lencina.

En mayo de 2008, el gobierno de Daniel Scioli estaba todavía en pañales, el gobierno nacional estaba jaqueado por la crisis del campo y Sara Cobacho quería ganarse la confianza de su nuevo jefe político. Ella conocía las denuncias y amenazas que sufría la familia de Puthod, su trabajo en la ciudad y su pasado militante. Tenía y aún tiene contactos con las comisarías de toda la zona de Zárate y Escobar, por lo que conocía los movimientos de los denunciantes en las causas de lesa humanidad que se estaban investigando por el juez Faggionato Márquez,⁸ el mismo que luego tomaría la causa sobre la desaparición de Puthod. En las horas en que la familia estaba angustiada y temían lo peor, gente del Movimiento Evita, desde su líder a Gabriel Legarreta —mano derecha de Pérsico— hasta Pedro Bassi deambulaban por la Casa de la Memoria y oficiaban de interlocutores con el poder político de la provincia.

Está claro que existió zona liberada y que la policía dejó hacer o fue parte del secuestro de Puthod pero, a casi treinta años del regreso de la democracia, las fuerzas de seguridad no responden a las fuerzas armadas, sino a las distintas internas del poder político que hace o deja hacer según su conveniencia. Al igual que las fuerzas de seguridad, la justicia argentina frena o acelera investigaciones, según las órdenes de arriba. El Movimiento Evita estuvo presente tanto en el secuestro de Gerez como en el de Puthod y ambas víctimas mantenían relación con su líder. Sin embargo, mientras que Puthod murió en soledad, su mujer fue despedida de la Secretaría y está convencida de que se inventó un show para despistar a la opinión pública, Gerez recibió respaldo político y económico hasta el día de hoy.

“Lo protegieron de otra manera, era más preparado políticamente”, afirma un periodista de Zárate que distingue entre los secuestros de Gerez y de Puthod para comprender el mejor destino del primero. “A Puthod lo secuestraron y casi se muere, lo de Gerez fue un verso orquestado por su propio entorno”, dice una persona muy allegada a ambos casos que prefiere el anonimato por respeto a los compañeros militantes.

En los días previos al secuestro de Luis Gerez, en Escobar se estaba librando una batalla campal entre las distintas facciones del Movimiento Evita que se acusaban mutuamente de ser funcionales al viejo peronismo y al duhaldismo. En ese momento, Pérsico era vicejefe de Gabinete del gobernador Felipe Solá. Orlando Gómez, fundador y miembro distrital del Movimiento Evita de Escobar, declaraba en medios locales que Hugo Cantero lo estaba provocando. Todos pretendían pisar fuerte en Pensar Escobar, agrupación liderada por el actor Alberto “Paco” Fernández de Rosa, quien aspiraba a ser intendente pero no era conocido como político. Mas la disputa no quedaba ahí y, mientras Gómez defendía la gestión de Cristina Álvarez Rodríguez —quien aún mantiene cargos importantes en el gobierno provincial—, Cantero se mostraba cercano a Jorge Landau, señalado como representante de la vieja política punteril y duhaldista. Nadie mencionaba ni a Gerez ni al fantasma de Patti, pero los mensajes cruzados amenazaban con pasar a mayores. Hugo Cantero primero dijo que daría una nota para el libro pero luego se arrepintió. Luego del secuestro y aparición de Gerez, ambas partes hicieron las paces y acusaron a Patti como el autor intelectual del hecho. Sin embargo, la Fiscalía 1 de Escobar nunca encontró indicios que apuntaran al líder de PAUFE y se dedicó a investigar al entorno familiar de la víctima. El tiempo todo lo borró.

Fiscales y jueces que se declaran incompetentes, declaraciones públicas contradictorias, familiares que hablan de indemnizaciones y esposas que agradecen a sus gobernantes por salvarles la vida a sus maridos. Cargos públicos, militancia rentada, fundaciones y víctimas olvidadas. Todo está permitido en el juego político que instauraron desde la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia, en el caso Puthod, y desde las más altas esferas del poder político, en el caso Gerez. En un país en que los servicios de inteligencia realizan, cotidianamente, espionaje interno —como quedó demostrado en las protestas de los obreros de Sueños Compartidos o como denunció el propio ex jefe de Gabinete kirchnerista, Alberto Fernández— todo se sabe. ¿Cómo es posible que seis años después aún no se sepa quién secuestró a Jorge Julio López y, ni siquiera, dónde están sus restos? “¿Vos te creés que no lo saben? Yo creo que algo saben…”, concluye enigmática Graciela Draguicevich, quien perteneció al PRT y fue reprimida y encarcelada en Plaza de Mayo tras una protesta por el inminente cierre de la Mutual Sentimiento en 2009.

5. LA HISTORIA OFICIAL

Si vos me decís, soy asesor de Fatala, mañana me voy

del Estado y me asocio con cualquier empresa que trabaja

para el Estado, ¿cuál es el problema?

CLAUDIO FREIDÍN, EX PRESIDENTE DEL INSTITUTO DE LA

VIVIENDA DURANTE LA GESTIÓN DE JORGE TELERMAN Y

ACTUAL ASESOR DE LUIS BONTEMPO EN

EL MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL

Según la historia oficial, la lucha por los derechos humanos, como política de Estado, nació el 25 de mayo de 2003. Así lo creen los dos máximos referentes de los organismos de derechos humanos, Carlotto y Bonafini. Cuando se cuestiona el pasado del ex presidente Néstor Kirchner en Santa Cruz, tanto Carlotto como Bonafini niegan enfáticamente que eso sea cierto, pues estaría en contradicción con su obra posterior al llegar a la Casa Rosada. Y es más, quien no coincida con esta versión de la historia representa a Clarín, es amigo de Héctor Magnetto o simpatiza con los militares. El escudo ético de estos dos símbolos de la lucha por los derechos humanos posibilitó la falta de críticas al Gobierno por parte de la amplia proporción de la sociedad que se denomina “progresismo” y que, por el contrario, se acentuara su entusiasmo oficialista a medida que crecían las denuncias de corrupción. “Con las Madres, ¡no!” fue el slogan más repetido por buena parte de la ciudadanía, especialmente por periodistas e intelectuales afines al Gobierno. Cuando el escándalo Schoklender copó los medios, la historia oficial resignificó su discurso dominante: extirpó “la manzana podrida”, agigantó el mito destructivo del “parricida”. Por su parte, el ex Hijo y ex socio, creyó que podía ganar la batalla final, con la pluma y la palabra. Pero Schoklender no era Domingo Faustino Sarmiento. Tampoco sus ex socios eran carmelitas descalzas.

A fines de 2011, Claudio Freidín, el funcionario municipal y luego nacional que participó del nacimiento del proyecto de Sueños Compartidos, dio su versión de la historia. La idea de construir viviendas populares fue de Bonafini pero su impulsor, su gestor y el que llevó a la práctica ese sueño, fue Schoklender, “el hombre con más poder de inventiva que conocí en mi vida… y también con más poder de destrucción”. Jorge Telerman, un funcionario ubicuo, le abrió las puertas a Sueños Compartidos, colaboró personalmente en los viajes que se realizaron a Italia para analizar la implementación del novedoso modelo de construcción y tercerizó la asistencia social en los barrios carenciados con Schoklender y el enigmático Enrique Rodríguez. Luego, Néstor Kirchner se enamoró de Sueños Compartidos e impulsó el proyecto por el país entero, como modelo perfecto de inclusión social, obra pública y concientización por los derechos humanos. Su esposa fue más reacia ya que prefería que los símbolos de los derechos humanos, como Hebe, no se inmiscuyesen en la política más allá de los actos y los discursos de barricadas. Si Néstor tenía el sí fácil, escuchaba las propuestas y seguía de cerca los proyectos, Cristina desconfiaba hasta de su sombra y mucho más de ese hombre que maltrataba a funcionarios exigiendo más dinero. Para Schoklender, la desaparición física de Kirchner significó cruzar del terreno de lo posible al de lo imposible. Para Hebe, la historia pasaba por otro lado y se sentía más cómoda en los gestos y en idolatrar a Cristina que en las acciones concretas que le dejaba realizar Kirchner. Con Néstor funcionaban la estructura, los fierros, la caja; sin él, Cristina fue la mujer del relato, de la superestructura.

Freidín y Gabriela Cerruti conversaron con Schoklender cuando los vecinos de Villa El Cartón hacían historia al conseguir aprobar la expropiación de dos terrenos en la ciudad, algo inédito hasta ese entonces. El fuego y la desesperación fueron las excusas perfectas para que la Fundación ingresara en el barrio. Buscando agilizar el manejo del dinero público, Telerman intervino el IVC de Freidín para ubicar a su hombre y evitar así la burocracia del directorio del organismo. Pero sólo lo hizo durante un mes, pues la Legislatura le trabó el proyecto.

Muchos funcionarios nacionales y provinciales coinciden en que Sueños Compartidos era el mejor plan de viviendas y contención social de los últimos treinta años y que el dinero se volcó en las obras. Entonces, ¿qué falló? ¿En qué los estafó Schoklender? La voz oficial señala que no se les pagó a los proveedores, ni tampoco se pagaron las cargas sociales y que los números de la Fundación quedaron en rojo. Schoklender era un genio, un creador, un seductor, pero también era una persona que no aceptaba un “no”. Freidín recuerda que, en una oportunidad, Sergio le rompió la puerta de su despacho, ansioso porque le girasen nuevos fondos a la Fundación y que, en el curso de la primera charla, lo amenazó diciéndole que tuviera cuidado con él, que era capaz de cualquier cosa. “Claro que sí”, le habría contestado el hombre fuerte del IVC, “si hasta se hizo una película sobre vos”.

Mito o realidad, la relación entre Freidín y Schoklender creció, como así también se estrechó el vínculo con Abel Fatala. Todos niegan corrupción con un incuestionable razonamiento: “Si no había sobreprecios, no existía tasa de retorno, en cualquier obra lo podemos discutir, pero en la de las Madres, no”. Ahí, los gobernantes coinciden con el hombre malo de la película. ¿Qué pasó entonces? “Tal vez”, ensaya una respuesta Freidín, “creyeron que la Fundación podía reemplazar al Estado”. Le respondo que hubo, al menos, una irresponsabilidad política de aceptar las demandas y los caprichos de un hombre capaz de solicitar que le financiasen casas populares en la Luna. Freidín piensa y responde: “Si no hubiese locos así, el hombre no habría llegado a la Luna”. ¿En qué falló entonces Schoklender? La ostentación está prohibida en el decálogo kirchnerista. “Sergio tenía un avión privado pero lo veíamos como una excentricidad más”, recuerda Freidín.

El Gobierno le giró más de 780 millones de pesos a la Fundación Madres de Plaza de Mayo, ¿cómo no repreguntar si fallaron los controles o si se trató, al menos, de una irresponsabilidad política? Hoy todos dicen despreciar a Schoklender. Pero el día en que el escándalo llegó a los medios, la propia Fundación emitió un comunicado negando “las versiones periodísticas incorrectas” y manifestando su “agradecimiento eterno por el empeño, tesón, fidelidad y encomio que Sergio siempre puso en la causa”. Las Madres, en una carta pública, aceptaron su renuncia con un “hasta luego”.

Cuando los límites entre el dinero y el interés público se tornan nebulosos y se confunde con lo privado, todo vale. El propio Freidín cree que es discutible, éticamente, lo realizado por el ex funcionario Enrique Rodríguez quien se asoció con los hermanos Schoklender en empresas privadas utilizando información y contactos de la función pública. Schoklender reconoce que desde la Fundación se financió la campaña a jefe de Gobierno porteño de Abel Fatala pero “no se trataba de una coima directa”. Freidín cuenta que cuando él fue candidato a concejal también mandó a imprimir volantes y folletos en la Facultad de Arquitectura de Buenos Aires y en la imprenta de las Madres, por costo y cercanía. “Los pagué, ¿y?”, asegura. Las licitaciones de la obras de la Fundación siempre fueron transparentes. Eso dijeron los funcionarios que rompieron el silencio público. Pero, ¿hubo alguna vez una licitación? Freidín dice que “nunca se hicieron las obras por licitación porque las obras se hicieron en un convenio que firmaron Madres con cada jurisdicción de colaboración recíproca porque no hay empresa que te contenga al personal, te dé guardería, cuatro comidas diarias y demás”. Por último, el Gobierno ha negado que los ex trabajadores de la Fundación hayan quedado en la calle sino que, prácticamente en su totalidad, han sido tomados por las cooperativas, municipios y gobernaciones intervinientes. “Las obras no se pararon”, señalan los funcionarios consultados. “En diciembre de 2012, todas las obras estarán terminadas.” Otra es la historia cuando se camina entre la basura acumulada en la Planta Baja del Elefante Blanco en la Villa 15, se observan las viviendas abandonadas y a medio hacer en Los Piletones, o se consulta a los únicos damnificados: los hombres y mujeres que trabajaron por una vivienda digna. Ahí se termina la mentira de la versión oficial.

6. EL CÍRCULO SE CIERRA

Te darán sonrisas falsas para tirarte la lengua.

Lo que digas ya está escrito, lo firmaron de antemano.

Le pondrán bozal al perro y dejarán comer al amo.

JUAN CARBONE, CANCIÓN “GUIÑOS”, DE CALLEJEROS

Cuando el año 2012 llevaba apenas 10 minutos de vida, un petardo ingresó en el primer piso del colosal monoblock Elefante Blanco en la Villa 15. El fuego destruyó las precarias piezas de catorce familias que perdieron todas sus pertenencias.

A comienzos del segundo gobierno de Perón, el objetivo era convertir el edificio llamado Elefante Blanco, situado hoy en el centro neurálgico de la villa, en el hospital más grande de América Latina. Sin embargo, las camas nunca llegaron y Perón dejó el poder antes de lo esperado. Durante la última dictadura militar, el gobierno obligó a los habitantes del barrio a mudarse, pues la política era que la miseria debía esconderse. Tan lejos llegaron con esta idea, que decidieron levantar un muro para encerrar a los vecinos de la villa. Allí nació el nombre de Ciudad Oculta.

En tiempos de Aníbal Ibarra, se abrió la última calle que le dio un respiro a tanta inseguridad y permitió que la policía ingresase a “la oculta” para atacar a los “transas”. Pero los vendedores de droga negociaron impunidad y, en vez de acabarse la merca, nacieron las Madres contra el Paco. Esas Madres fueron testigos de muchas promesas, recibieron algunas migajas oficiales y escucharon el anuncio de que, en lugar de las precarias construcciones, se levantarían viviendas con un método constructivo innovador en el que serían los propios vecinos los encargados de hacer realidad ese sueño. Con el dinero y la prepotencia del poder, la Fundación se instaló en la Villa 15. El incendio en Villa El Cartón fue la excusa para que se encarase una obra de mayor envergadura y presupuesto: Castañares. Antes de asumir como presidenta, Cristina Fernández visitó el barrio y les habló a los vecinos del Elefante Blanco, donde cien familias vivían en la extrema marginalidad. Esa tarde, una mujer llamada Liliana Suárez, ex contadora del Banco de Tucumán que se instaló en el primer piso del monstruo luego de la crisis de 2001, le entregó en mano a Cristina Kirchner una carta para pedirle ayuda. La carta incluía fotos del basural, de las grietas del edificio que no soporta más de cinco personas en su cuarto piso porque se viene abajo y de las ratas “que se mueren de hambre infectadas como nosotros”. “Todo se lee”, le contestó a Liliana la futura presidenta.

En los tiempos de esplendor de la Fundación, el edificio pasó a depender de las Madres. Se limpiaron los pasillos, el basural dejó de crecer y se arreglaron algunos cables de luz. El 1º de enero de 2012, cuando el fuego volvió a hacerse presente en el barrio, el único recuerdo que quedaba allí de la Fundación era un cartel en la entrada. Cuando empezó el humo frente al monstruo blanco, ni la Gendarmería ni el SAME se hacían presentes. El Gobierno de la Ciudad, por su parte, sólo ofrecía arreglar parcialmente la estructura edilicia. Bonafini decía desconocer de quién dependía el Elefante Blanco. Mientras tanto, Rubén “Pocho” Brizuela se había convertido en el hombre poderoso del barrio.

En el obrador de Castañares habían llegado a trabajar 800 personas, en Los Piletones, 450, y en Ciudad Oculta, una cantidad similar. A fines de 2011, muchos habían arreglado indemnizaciones que iban de los 2.500 a los 10.000 pesos excepto algunos acomodados que habían recibido montos superiores. Otros, como una señora que prefiere el anonimato y que vive en el monstruo blanco, se acomodó con los punteros locales y su red de cooperativas, entre ellos el Movimiento Evita, una ramificación de La Cámpora que pisaba fuerte en Ciudad Oculta y otro emprendimiento a cargo del “Pitu” Salvatierra. Unos pocos, como Luis Aranda, no se daban por vencidos. Aranda se presentó el jueves 12 de enero de 2012 a la tradicional marcha de las Madres en Plaza de Mayo. Esa soleada tarde, Hebe pidió a los gritos que “le saquen una foto para que todos sepan quiénes son”. Luego exigió la presencia policial mientras le solicitaba a Gonzalo Seoane que averiguase quién había mandado hasta allí a esos tres ex trabajadores. El prensa, un joven quilmeño que había comenzado a trabajar al lado de Bonafini tras el escándalo, supuestamente para suavizar la incontinencia verbal de Hebe, oficiaba de jefe de seguridad y afirmaba que esos tres trabajadores ya habían cobrado lo adeudado. Con los papeles en mano y, ante la presencia de unos pocos periodistas, Seoane los mandó a hablar con los abogados. “Cuando volvamos al barrio van a comenzar con las amenazas, siempre hacen lo mismo”, gritaba Aranda, quien se iba presuroso ante cien fervorosos defensores de la Madre. Esa tarde, Hebe les dijo a los presentes que, la semana siguiente, por primera vez en su historia, no desfilarían en la Plaza pues viajarían al sur, a conocer el lugar donde nació y vivió Néstor Kirchner: “Vamos a marchar allá para traer el espíritu de Néstor a esta Plaza, para que la habite junto con nuestros hijos cada jueves”. Esa tarde, el círculo se cerraba.

Otros senderos se bifurcan

El hombre más rico es el que tiene

los amigos más poderosos.

MICHAEL CORLEONE EN EL PADRINO III

DE FRANCIS FORD COPPOLA

“En Los Frentones, en medio del impenetrable chaqueño, se construyó un hospital con todos los lujos”, ejemplificaba el funcionario Claudio Freidín, para defender la obra de la Fundación, en el día de los santos inocentes de 2011. Pero ése no era el mejor ejemplo. Casualmente, Oreste Pedro Paoletti, el intendente de Los Frentones, una pequeña localidad del Oeste chaqueño sobre la ruta 16, a 72 kilómetros del límite con Santiago del Estero, había desaparecido en circunstancias nunca aclaradas. El 16 de diciembre de 2011, Paoletti se esfumó durante 48 horas y regresó sin sus pertenencias personales y sin saber tampoco dónde había estado. Paoletti declaró ante los periodistas que no recordaba “nada de lo que pasó”. El intendente, que en un audio que circula en Internet explica cómo “arreglar” con la policía y el gobierno provincial, nunca explicó qué sucedió ni quién lo secuestró. Tampoco dio respuestas de cómo el supuesto hospital modelo, en 2012, no tiene los elementos básicos para funcionar. “Es todo un engaño. Los Frentones no está en el Impenetrable, la plata nunca fue a parar al hospital y la desaparición del intendente se debió a un mal negocio con la timba”, sentencia un ex trabajador de Sueños Compartidos del pueblo. Oreste Paoletti no quiso hablar del tema para este libro; tampoco sus asesores. Según otra fuente muy cercana al poder chaqueño, “es posible que el intendente anduviera en la timba, pero la desaparición fue un invento para no tener quilombo en casa. Se había ido con dos bellas señoritas de la noche a un hotel a festejar vaya a saber qué”. Pero el intendente no fue el único que se esfumó en esas semanas. Uno de los administradores del Hotel Amerian de Resistencia, el lugar de encuentro de los funcionarios y secretarios de vivienda y derechos humanos de todo el país, desapareció una noche de fines de 2011 y reapareció como si nada, siete días después. Dicen que “Abraham”, tal como lo llaman, sabe demasiado, y conocía algunos de los misterios relatados en esta obra acontecidos en el Chaco.

El 28 de diciembre de 2011, el juez Norberto Oyarbide autorizó a Pablo Schoklender a viajar a Panamá por motivos familiares, luego de un pago de 40 mil pesos. A pesar de sus antecedentes delictivos, el menor de los Schoklender obtuvo la autorización correspondiente para viajar sin problemas al país de Centroamérica, conocido paraíso fiscal. Esta autorización fue notificada a la Dirección General de Migraciones. La única indicación del juez era que debía regresar el 20 de enero de 2012 para presentarse ante el fiscal federal Rafael Di Lello. El fiscal había llamado a indagatoria a Pablo y a otras 65 personas más, entre las que se encontraba también su hermano Sergio, que por ese entonces se tomaba un descanso en el barrio de La Lonja, Pilar, en unos chalets sospechados de haber sido construidos con materiales del programa Sueños Compartidos.

En los primeros días de enero de 2012, la ex mujer del gobernador chaqueño, Jorge Capitanich, la diputada nacional Sandra Mendoza, denunció en la red social facebook que su marido se había llevado de vacaciones a sus dos hijas adolescentes sin su consentimiento. Capitanich tenía licencia desde el 28 de diciembre de 2011 al 6 de enero de 2012. Se había trasladado en el avión de la gobernación, un Learjet 60. Según la versión oficial, y a pesar de la licencia, Capitanich había viajado a Haití para reunirse con el presidente Michell Martelly y no había significado “ningún costo para la provincia”. Como el intendente de Tartagal, Sergio Leavy, quien también habría estado involucrado con la estafa de las obras de Sueños Compartidos al incumplir con las obras convenidas, se fue de vacaciones a Cuba con funcionarios amigos en una supuesta “comitiva oficial”.

Las fotos del gobernador chaqueño en el lujoso Hotel Trump Tower aparecieron rápidamente. Con un costo promedio de 700 dólares por noche, el hotel estaba inspirado en el Burj Al Arab de Dubai, Emiratos Árabes, conocido por ser el primero en contar con siete estrellas. Capitanich disfrutó, junto con sus hijas, de la terraza del piso 13 de la Torre, donde se juntan las piscinas con una vista espectacular de la bahía de Panamá. En ese hotel, en esas fechas, ningún Pablo Schoklender se hospedó allí pero sí lo hizo otro grupo de argentinos. Una vez más, casualidad o causalidad, el destino de Capitanich se volvía a cruzar con el de los Schoklender.

Hasta ahora, la responsabilidad política de intendentes, gobernadores y funcionarios públicos no fue investigada por la Justicia. El caso de Capitanich no pasó del escándalo mediático.

A mediados de los noventa, el abogado defensor de los hermanos Schoklender, Jorge Goodbar, comenzó a trabajar con el diputado nacional Claudio Mendoza, hermano de Sandra, la ex mujer del Coqui Capitanich. Según relata el periodista Luis Beldi, Mendoza visitaba muy seguido a los hermanos Schoklender en la cárcel y juntos trabajaron en lo que sería la ley conocida como “2 x 1”. En noviembre de 1994, la Ley 24.390, fue aprobada en el Congreso. Pocos sabían que la redacción de la misma la había hecho Sergio Schoklender desde su celda en la cárcel de Caseros.

Hacia fines de los noventa, Sergio viajaba asiduamente a Resistencia y a la ciudad de Corrientes en un avión de la empresa Baires Fly. Su piloto, en aquellos años, Héctor Rodríguez, recuerda que transportaban los diarios Clarín y La Nación al Norte argentino. Schoklender explicaba que sus viajes eran para aceitar los contactos necesarios para comenzar a “hacer negocios”. Es una práctica habitual llevar pasajeros en aviones de carga y su costo, algunas veces, termina siendo más económico que un viaje en micro. En aquellos años, Sergio conoció a Emerenciano Sena y a otro piquetero, un ex convicto llamado Quintín Gómez, con quien compartía horas de vuelo. En el Chaco conoció a una contadora que trabajaba en la Cámara de Diputados de la Provincia, Marta Beppo, quien luego sería apartada del cargo. Durante su gestión, Marta Beppo habría mejorado ostensiblemente su patrimonio personal. Por estos nexos y contactos cruzados, las familia Mendoza y Capitanich conocían desde mediados de los noventa a los Schoklender. En los tiempos de bonanza, desde 2007 hasta mediados de 2010, era habitual que el gobernador, su secretaria, Sergio y Patricia Alonso compartieran sabrosas parrilladas y degustaran exquisitos vinos en la capital chaqueña. El gobernador siempre negó que alguna vez hubiera subido a los aviones de Schoklender. Sin embargo, los vuelos y destinos de Capitanich y los Schoklender parecen calcados. Río de Janeiro, Punta del Este, Panamá y Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia.

El ex legislador Adam Pedrini, el ex diputado Carlos Ulrich y los diputados Sergio Vallejos y Alicia Terada, explican el repentino ascenso de un hombre que maneja la provincia con mano de hierro y aspira a llegar a la presidencia en 2015. En su currículum figura la jefatura de Gabinete de Eduardo Duhalde, el asesoramiento financiero a la provincia de Formosa cuando pagó las comisiones más altas para reprogramar su deuda pública, la dirección del Banco Oficial de la hermana provincia cuando éste se privatizó, pero nada se menciona de sus supuestos vínculos en una misteriosa empresa llamada Armetal que habría tenido relación con Pittsburg, donde trabajó el asesinado Mauricio Schoklender. Los senderos que transitaron Sergio Schoklender y el Coqui Capitanich se cruzaron más allá de lo conocido. Compartieron viajes en los aviones de la gobernación y también de la Fundación. Sus relaciones con el mundo de la aviación son, al menos, curiosas. Por ejemplo, en 2011, la gobernación del Chaco le concedió a Baires Fly 176 mil dólares para que hiciera el mantenimiento de su flota cuando, según un piloto de la compañía, la empresa “no está en condiciones de reparar ni siquiera una hélice”. Su dueño es Luis Grande, quien pertenece al grupo de pilotos de Macair Jet, propiedad de Franco Macri y vinculado con su hijo Mauricio. El Chaco es la única provincia en que el PRO es aliado del oficialismo. En octubre de 2008, el gobernador Capitanich lanzó Aerochaco en sociedad con la empresa de Franco Macri y al año siguiente le pagó a Macair Jet más de quince millones de dólares en concepto de compensaciones y compra de horas de vuelo. Los hermanos Colunga (Carlos y Diego) son los gerentes de ambas compañías. Para el ex diputado Carlos Urlich, Aerochaco le costaba a los chaqueños cien mil pesos diarios pero, a mediados de 2009, los voceros de Macair Jet le echaban la culpa de las cuantiosas pérdidas a la Gripe A. Uno de los aviones —Learjet N786YA— era utilizado asiduamente por el ex secretario de Transporte, Ricardo Jaime. Su dueño, según Carlos Colunga, era Manuel Vázquez, un hombre muy cercano a Jaime. Por ese lujoso avión, Ricardo Jaime fue investigado por el juez Oyarbide por supuesto enriquecimiento ilícito. Por otra parte y, según la revista Noticias, Gastón Miret, el piloto del caso de narcotráfico por el cual los hermanos Juliá habían sido detenidos en España, había trabajado para Baires Fly. “No me extrañaría” dijo un ex piloto de la empresa para este libro y agregó que “las hipótesis son peligrosas pero las que estás imaginando son acertadas y es comprometido que hablemos del tema”. ¿Qué implica manejar el transporte aéreo? El tráfico de personas, mercaderías y sustancias prohibidas.

Las envidias, los celos y las acaloradas discusiones entre dos hombres de una reconocida inteligencia como Schoklender y Capitanich no hicieron fracasar los negocios en conjunto. Tal vez los paralizaron momentáneamente por el estallido del escándalo pero, cuando la opinión pública volvió a adormecerse, los sueños compartidos se encendieron nuevamente. Un periodista de Tiempo Argentino reconfirmó el dato que había obtenido desde la Fundación. Según el periodista, en diciembre de 2011 se habían inaugurado en Pilar casas con el moderno método constructivo y allí habían estado presentes las autoridades nacionales. La noticia no resultó importante para el matutino que se concentraba en salvar a Hebe a cualquier precio. Tardaron 70 días en publicar la información. Bajo el nombre de Vial del Sur, una sociedad anónima con nexos, e integrantes en común con Construcciones Calificadas de Pablo Schoklender y del ex funcionario Enrique Rodríguez, se inauguraba el complejo Palm Boulevard en Rincón de Milberg en el partido de Tigre. Mientras tanto, en marzo de 2012, tres empresas —TYKO, Basa y Patagonia— de, aparentemente, los mismos dueños, comenzaban a construir con el visto bueno de Emilio Pérsico, quien les prestaría las cooperativas necesarias para oficiar de nexo con el Estado provincial y el apoyo logístico de los hermanos Schoklender.

Las sociedades anónimas

Sobre el final de esta investigación, algunas fuentes se animaron a ir más allá. Ése fue el caso de un agente de seguridad, un exclusivo custodio que residía en Europa, que deslizó algunos detalles sobre el funcionamiento de las empresas de seguridad en la Argentina, su financiamiento internacional y las sospechas de lavado de dinero.

Hay lugares clave que encierran grandes misterios. En Santa Cruz de la Sierra, por ejemplo, los pequeños aviones “escuela”, que enseñaban a volar los instructores, supuestamente en cielo salteño, aterrizaban para comprar mercadería más barata y algo más. En la costa de San Fernando, provincia de Buenos Aires, hay empresas que se dedican a la instrucción de vuelo. En la Argentina, existen más de dos mil pistas clandestinas que no son controladas por la Policía de Seguridad Aeroportuaria. Allí, un hombre teme por su vida. La persona cuenta que durante el año 2009 iba a San Fernando dos veces por semana a buscar una importante suma de dinero proveniente de las FARC para la Fundación. Son conocidos los vínculos de la guerrilla colombiana con el narcotráfico. Tan abultado era el monto del dinero recogido que, por su silencio, recibía cuatro mil pesos semanales. Al hombre lo habrían despegado de la Fundación tras la toma del Parque Indoamericano cuando se produjo el primer enfrentamiento con los ocupantes que asediaban al obrador de Los Piletones y disparó contra quien sería una de las primeras víctimas fatales. En San Fernando, Sergio Schoklender, Fernando Caparrós Gómez y sus amigos disfrutaban de los viajes en yate de ARETE, la embarcación que le compraron a Rubén Jorge Klang.

Las oficinas de SETEK son otro lugar clave y misterioso a la vez. SETEK S.A. es una empresa de seguridad israelí vinculada con uno de los servicios de inteligencia más poderoso del mundo, el Mossad. Según el fiscal Di Lello, Schoklender ejercía cargos gerenciales o directivos en esta empresa cuyos dueños se mantienen en el más oscuro anonimato.

Hasta el 27 de septiembre de 2007, Cristian Noschese se desempeñó como custodio vip de la empresa, nunca vio a los Schoklender pero sí a otros imputados en la causa de lavado de dinero y defraudación de fondos públicos, como Nicolás Golschmit, que también figura en Antártica Argentina, y a Marcelo Lewkowicz quien aparece en la lista de apoderados habilitados en la Dirección General de Seguridad Privada de la ciudad de Buenos Aires. NEGEV Security Solutions and Training es otra empresa de las que se menciona en el entramado de sociedades anónimas que investigaron las diputadas Etchecoin Moro y Elsa Quiroz, cuyo supuesto dueño es el citado Golschmit, gerente general de Operaciones de SETEK. En la realidad, confiesa un ex empleado, las dos empresas eran una sola y, tras el escándalo, transformaron, su nombre, al de Armoring. Pero Armoring existe desde el 16 de mayo de 2005 con la presencia en el directorio constitutivo de Gotkin y de Sergio Dorf. Según el expediente de la UIF Nº 6.355 del 15 de septiembre de 2011, en los primeros seis meses de ese año, en la cuenta de la empresa se registraron movimientos por casi cuatro millones de pesos, una cifra superior a la del promedio histórico. Su cliente, a través de depósitos de cheques, transferencias y efectivo, incrementó una cuenta “dormida” tras el escándalo de Schoklender, que coincidió con la desaparición de las otras dos compañías de seguridad. Pero lo que ocurrió en realidad es que la empresa cambió el nombre de fantasía, se transfirió el dinero y el show continuó.

Dos instructores cambiaron la vida del ex custodio de SETEK. Ron Ziv quien fue su entrenador en Buenos Aires, experto en seguridad israelí ya que tenía vínculos con el servicio de inteligencia de aquel país y Ricardo Luis Epstein, jefe de seguridad de la Embajada de Israel cuando fue el trágico atentado del 17 de marzo de 1992. Con más de 50 años de edad, el ex custodio recuerda a Epstein como su conductor que “descubrió aquel otro hombre que tenía adentro”. Wanda Epstein, conocida de Pablo Schoklender, declaró para este libro, que no es pariente ni conoce a ningún Ricardo Luis. Tal vez se trataba de otra casualidad más.

Las dos diputadas que destaparon la extraña compra de una casona en José C. Paz por Schoklender no renovaron sus bancas. Si la Justicia fuese realmente independiente en la Argentina, la investigación podría haber dado con los hermanos Schoklender y varios funcionarios en prisión. En enero de 2012 una de ellas, Elsa “Tata” Quiroz, juntaba los papeles de su época como docente para poder jubilarse.

Amado y Sergio

El ex funcionario kirchnerista que en estricto off habló de un plan diseñado en 2003 para crear entre 20 y 25 sociedades anónimas y así lavar dinero sucio, reinsertándolo en la política a través del financiamiento de campañas electorales, el pago de sobresueldos y, en otros casos, como caja para el aumento del patrimonio personal de los funcionarios, intentaba afianzarse de cara a la próxima contienda electoral en 2013. El ex funcionario menemista, Alberto Lestelle, quien estuvo al frente del Sedronar durante seis años, señala que “los sobresueldos son una práctica habitual desde la última dictadura militar”, y que, “en la actualidad han florecido”.

Cuando en las altas esferas del gobierno nacional decidieron bajar la candidatura de Abel Fatala como candidato a jefe de Gobierno porteño, La Cámpora y las Madres de Plaza de Mayo apoyaron efusivamente a Amado Boudou para ocupar ese espacio por sobre Daniel Filmus. El comité de campaña de Boudou comenzó a funcionar en el Ministerio de Economía y las reuniones se realizaban en la oficina de Roberto Feletti, el entonces número dos del actual vicepresidente de la Nación, y ahora diputado nacional. En las charlas sobre la estrategia a seguir para vencer a Mauricio Macri, se afianzó la relación entre Schoklender y Boudou. Así surgió la idea de los Fondos del Bicentenario que, por razones legales, no podía recibir una Fundación pero sí una sociedad anónima como Meldorek. La promesa era que el fondo saldría luego de la supuesta victoria sobre el macrismo en la ciudad, algo que nunca sucedió. Por su naturaleza, Schoklender desconfiaba de Boudou como desconfía de todos. Creía que Amado había llegado por casualidad a ser ministro de Economía aunque lo necesitaba por su creciente influencia sobre la Presidenta, acentuada tras la muerte de Néstor Kirchner. A Boudou, el ex apoderado le caía simpático y compartía algunos gustos particulares con él como la afición a las motocicletas de lujo. Pero Schoklender y Boudou no eran sólo parecidos en las triangulaciones financieras. Tenían otro nexo en común: Ana María, la madre de Andrea Marrone —socia en un restó con Pablo Schoklender—, noviaba desde hacía diez años con un hombre poderoso y con importantes vínculos con los gobiernos nacionales desde la época en que Carlos Menem era presidente del país. Se habían conocido en una milonga. En 2008, cuando acababan de enterrar a su madre, Andrea se acercó a Hugo Gallardo, mano derecha de Pablo, porque necesitaba la asistencia legal de un experto. El novio de su madre era Héctor Ciccone. Sergio Schoklender estaba al tanto y la relación se la había comentado a Amado Boudou, uno de los nombres mencionados en las fiestas y brindis en el restó de San Telmo al igual que Felisa Miceli y Abel Fatala.

Como tantos otros argentinos, ni Schoklender ni Boudou declaran sus reales bienes en sus patrimonios. Y suelen utilizar sociedades anónimas para explicar ingresos y egresos de importantes sumas de dinero. Por ejemplo, las expensas del departamento del vicepresidente, en el séptimo piso del edificio Madero Center, están a nombre de Searen S.A., socia en dos empresas de London Supply que aportó el dinero suficiente para que la imprenta Ciccone siguiese funcionando tras su quiebra. Una mujer que milita con el vicepresidente y conoce los tejes y manejes de la ex Ciccone Calcográfica y de su competidora Boldt,⁹ afirma que “no existe Estado ni gobierno en el mundo que no realice prácticas de esta naturaleza para coordinar un negocio de tal envergadura. En la época de Duhalde existía una tasa de retorno para que Boldt se quedase con el negocio del juego y ahora pasa algo similar con la ex Ciccone. No entiendo cuál es el problema”.

Sin embargo, en otros países del mundo, el tráfico de influencias es penado severamente. En Alemania, a comienzos de 2012, el presidente de la Nación Christian Wulf renunció a su cargo luego de que la Justicia solicitase su desafuero porque había indicios de que había recibido y otorgado beneficios a empresarios de ese país. Al vicepresidente peruano, Omar Chehade, el Congreso lo suspendió por 120 días y luego tuvo que dejar su cargo. Dilma Rousseff, en Brasil, no se cansa de echar funcionarios acusados por casos de corrupción y en Japón, el ministro de Agricultura se suicidó luego de que descubriesen que había malversado fondos públicos.

En Argentina todo pasa, menos los funcionarios y gobernantes que se mantienen estables. El caso del empresario Alejandro Paul Vandenbroele, al frente de Ciccone para imprimir moneda nacional en gran escala de la mano del vicepresidente Amado Boudou, no sorprendió a una opinión pública anestesiada, así como tampoco llamó la atención que la ex ministra de Economía, a quien se le encontró una bolsa de dinero no declarado en el baño lindante a su despacho,¹⁰ fuese enviada a la Fundación Madres de Plaza de Mayo a controlar los balances financieros de la institución. Ningún funcionario tampoco explicó públicamente cómo Marta Cascales, escribana y pareja del secretario de Comercio, Guillermo Moreno, intervino en la confección de sociedades anónimas como Meldorek. Como tampoco explicó de qué forma los hermanos Cirigliano pasaron de ser uno de los socios preferidos del gobierno nacional en el sistema ferroviario, en donde hacían negocios con el ex secretario de Transporte, Ricardo Jaime, viajaban en la comitiva presidencial y hasta se dedicaban a la fabricación de los decodificadores de televisión digital, a transformarse de la noche a la mañana, según el relato oficial, en los Schoklender de los trenes.

En ese contexto, sería conveniente que el lector se preguntase si se puede creer, como afirma el pensamiento oficial, que Sergio Schoklender fue sólo una excepción a un estado de cosas en donde reina la corrección en el manejo de los fondos públicos, la ética y la moral, o si es parte de un manual de reglas no escritas suscripto por una parte sustancial del sistema político argentino que ha llevado a enlodar, bajo sus prácticas, incluso a algunos organismos de derechos humanos. El auge de las sociedades anónimas que aparecen y desaparecen, los prestanombres, y el vínculo entre los negocios privados y públicos, será recordado como una etapa de la historia argentina en que el doble discurso, el cinismo y la impunidad crecieron bajo el escudo ético de la lucha por los derechos humanos. Es por eso que otro funcionario del Ministerio de Planificación y Obras Públicas de la Nación avizora que la causa judicial contra los hermanos Schoklender terminará siendo catalogada como un simple hecho de evasión fiscal. Mientras tanto, miles de argentinos aún luchan y trabajan para alcanzar algún día el sueño de tener su propia casa.

EPÍLOGO
EL PROYECTO Y SUS DAÑOS COLATERALES

El hombre arriesga su propia vida cada vez que elige

y eso lo hace libre.

MÁXIMO GORKI, LOS BAJOS FONDOS

Amado Boudou, que hizo lo imposible para que el monotributista Alejandro Vandenbroele, al frente de la ex Ciccone Calcográfica, se quedara con el negocio de la impresión de billetes; la ex ministra de Economía, Felisa Miceli, premiada en la Fundación Madres de Plaza de Mayo luego de su escandalosa salida de la función pública; Marta Cascales, escribana de las sociedades de Schoklender y pareja del secretario de Comercio Guillermo Moreno, dueño de la ferretería Distribuidora América, proveedora de Sueños Compartidos. Son casos de confusión entre lo público y lo privado. Pero hay muchos otros. En confianza, altos funcionarios preguntan en voz alta qué tiene de malo “ayudar a un amigo” convirtiéndolo en un flamante contratista del Estado. En 1990, Luis Barrionuevo habló del famoso “diezmo”. Hoy parece un juego de niños: la corrupción no se limita a quedarse con un tanto por ciento de las compras del Estado. Su modus operandi pasa por crear sociedades anónimas, cooperativas y negocios paralelos a la función pública utilizando prestanombres. En el centro de muchos de estos negocios que se cruzan entre sí había un hombre que se creyó más vivo que todos. El grado de poder de Sergio Schoklender llegó a ser tal que se animó a mejicanear a importantes funcionarios de un gobierno que profundizó, como nunca antes, la corrupción en el manejo de la obra pública. Cierto es que los casos de soborno son más viejos que el mundo y en la Argentina nadie se sorprende por tales prácticas pero, en los últimos años, se sistematizaron de la mano de la impunidad.

La muerte repentina de Néstor Kirchner cambió el destino de Schoklender, el de la Fundación y el del país. Sergio se quedó sin interlocutor en el poder y Bonafini se convirtió al cristinismo más puro. Ya no dice que si sus hijos viviesen, estarían construyendo viviendas para los más humildes. La toma del Parque Indoamericano fue un error político para Schoklender y una muestra de la insensibilidad gobernante. El tiempo pasó sin que se levantara un solo ladrillo. Los dirigentes sociales que resistieron la represión y esquivaron las balas de los uniformados, los grupos de choque del Gobierno de la Ciudad y los matones del ex apoderado, pueden terminar presos. Los infiltrados por el gobierno nacional y los punteros del barrio fueron absueltos. Otro ejemplo de que, para realizar negocios, es necesario el guiño del poder, de la impunidad, tanto para robar como para engañar a una sociedad, asustándola con el posible regreso de los fantasmas dictatoriales. Por ello, los secuestros políticos de los últimos años jamás se resolvieron, pues lo que menos preocupaba al poder era descubrir la verdad.

Similar al esquema de poder kirchnerista, la Misión Sueños Compartidos funcionó como un sistema de disciplinamiento incuestionable por dentro mientras era vendido como revolucionario por fuera. Resultó un engranaje basado en una inmensa caja capaz de comprar voluntades, favores y silencios; funcionarios que conocían los vericuetos de los mecanismos de control para saltearlos lo mejor posible mientras se cubrían bajo el paraguas de un organismo de derechos humanos.

Caja, falta de controles y derechos humanos. Eso fue la sociedad entre Sueños Compartidos y el kirchnerismo. Cuando todo estalló, Sergio Schoklender resultó el eslabón más sencillo de decapitar de un sistema perverso. Ese sistema no sólo se quebró por errores propios de sus creadores, sino porque otros protagonistas de esta historia, mujeres en su mayoría, no se dejaron someter, comprar ni amedrentar. Sergio Schoklender, como líder de un grupo que incluía a su hermano, manipuló jugosos fondos públicos amparado por una justicia lenta y ciega, organismos de control inexistentes y un poder político cómplice. Pero cometió un pecado imperdonable para el sistema de poder político actual: la ostentación. Al igual que el vicepresidente de la Nación o de funcionarios eyectados como Claudio Uberti o Ricardo Jaime, no disimuló su riqueza, se encegueció con los placeres mundanos y le terminaron soltando la mano.

Pero no fue el único. El Schoklender de la provincia de Buenos Aires, Fernando Cano, salvando las distancias, se comportó de forma similar: como un ser impune, capaz de reírse del digno pasado de luchadoras desde su despacho en la Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia y reconvertirla en una vidriera política. Pero, a diferencia del hijo pródigo de Bonafini, su estatus de funcionario le permitió sobrevivir en un cargo menor. Su madrina política, Sara Derotier de Cobacho, según varias fuentes mencionadas en la tercera parte de este libro, también fue capaz de decidir el destino de una persona que peleaba por su vida. Es que el negocio de los derechos humanos no sólo compra voluntades, sino también reinventa el pasado y hasta revive el fantasma de los desaparecidos en su propio beneficio.

Al proyecto no se lo discute, se lo obedece. Para sus defensores —o fanáticos— daños colaterales como los escándalos de corrupción son inherentes a la historia humana, por esa razón “no nos preocupa” y hechos como la escandalosa salida de una Fundación “modelo” de un Hijo reconvertido en parricida, es “otro invento de la corporación mediática”. Para los fanáticos, los delincuentes no son los que engañan y los que roban al pueblo sino el mensajero, “los parricidas mediáticos”. En los gobiernos kirchneristas, hasta los símbolos de los derechos humanos se sumaron a una guerra contra todo aquel que no conformara su bando, su “nosotros” defendiendo el proyecto sin cuestionamientos. Aunque no está claro de qué hablamos cuando se menciona la palabra “proyecto”.

AL CIERRE DE ESTA EDICIÓN…
EZEIZA. ANTES Y DESPUÉS

A medida que se sumaba información que vinculaba a Alejandro Vandenbroele con el vice Amado Boudou, demostrando que el elegido de la Presidenta había faltado a la verdad, Sergio Schoklender sentía que, finalmente, el Gobierno iría por él. Atrás había quedado la amenaza de escribir un segundo libro contando, con más detalles, los negocios detrás de la Fundación en el Ministerio de Obras Públicas y los entretelones en Casa Rosada. El diálogo estaba cortado. Tampoco la relación entre la Presidenta y Hebe de Bonafini pasaba por su mejor momento y la líder de las Madres de Plaza de Mayo se había animado a declarar públicamente que, en 2015, Cristina no debería ser candidata, confrontando con el sueño de reformar la Constitución. La mañana del martes 15 de mayo de 2012, Sergio Schoklender se presentó a declarar en los tribunales de Comodoro Py ante el juez Norberto Oyarbide con la convicción de que, ese día, no quedaría detenido. Se lo notaba tranquilo. No sabía que, la semana anterior, habían declarado dos mujeres que lo habían comprometido seriamente. “Muchos hablan cuando se enciende la cámara, pero pocos lo hacen en la justicia. Usted es muy valiente”, le dijo Oyarbide a Miriam Aquino cuando terminó de contarle su historia en la que demostró que a sus compañeras delegadas, las hermanas Pacheco, y a ella misma, Schoklender —en complicidad con altos funcionarios del gobierno nacional— les había falsificado sus firmas en un convenio de la Fundación por más de 151 millones de pesos. Lo mismo ocurrió con Marcela Leiva, quien viajó desde Resistencia, Chaco, para demostrarle al juez cómo la Fundación estafó a los trabajadores e hizo desaparecer jugosos fondos en complicidad con los líderes locales, como Emerenciano Sena. Pero esa mañana, una bandera del movimiento del piquetero Sena estaba colgada en la entrada de Comodoro Py exigiendo la cárcel a los hermanos Schoklender. Lo que sí sabía Sergio era que el gobierno estaba nervioso por el desenlace de la trama Ciccone-Boudou pues, el día anterior, se había escrito un nuevo capítulo con la denuncia por enriquecimiento ilícito del vicepresidente y su novia, Agustina Kapmfer.

A las 11.30 de ese martes, el mayor de los Schoklender recorrió el pasillo del tercer piso de los tribunales para ir al baño. En los últimos meses había guardado silencio, ya no vivía en la casa de su ex mujer, Viviana Sala, y continuaba tranquilo aunque también resignado. “Aún no declaré. Estoy esperando al petiso.” Y no lo hizo. Cuando el juez le notificó que quedaría detenido, no quiso seguir declarando mientras que le recordó a “su señorita” Oyarbide sus gustos sexuales. El asesor de prensa de Hebe de Bonafini, Gonzalo Seoane, ya sabía el destino del ex apoderado antes que el protagonista principal de la historia. “Hoy queda detenido”, le avisó Seoane al celular de un cronista del diario perteneciente al grupo multimedio monopólico al que su jefa, Bonafini, le había realizado un juicio ético y político en su contra, a fines de 2011. Seoane había sido colocado allí, tras el escándalo, por Aníbal Fernández para evitar la incontinencia verbal de Bonafini, para seguir sus pasos y acompañarla hasta las últimas consecuencias. El ex jefe de Gabinete había seguido de cerca el destino judicial de los hermanos Schoklender y había instruido a Bonafini, en Casa Rosada, sobre el destino que tendría la Fundación ya sin su apoderado.

La Fundación pordentro: del sueño al ocaso

Cuando se supo lo de los Schoklender pensamos

que el Gobierno pondría a alguien idóneo.

Pero llegó la hija de Hebe y terminó con todo.

ARQUITECTA TÉCNICA DE SUEÑOS COMPARTIDOS

QUE RENUNCIÓ EN MARZO DE 2012

Sueños Compartidos era una gran familia. Nadie contó

la historia de lo que pasó realmente. Hicimos cosas

grandiosas y el poder fue injusto hasta con los

Schoklender.

INTEGRANTE DE LA UNIDAD EJECUTORA DE COBRANZAS,

DESPEDIDA A FINALES DE 2012

Ni al más enfermo se le hubiese ocurrido poner a

Alejandra Bonafini. El proyecto se hubiese salvado

si nombraban a alguien idóneo,

pero nadie tuvo esa intención.

ARQUITECTA CAROLINA ACEVEDO. 30 DE JULIO DE 2012

La Fundación se solventaba económicamente por la Misión Sueños Compartidos, un ambicioso proyecto de inclusión social y construcción de viviendas, soñado por Hebe de Bonafini y hecho realidad por la inventiva de Sergio Schoklender. El ex apoderado diseñó una empresa constructora, contratista del Estado, integrada por un directorio, en que ubicó a personas de extrema confianza como Patricia Alonso —Dirección Administrativa—, su hermano —Dirección General—, Eduardo González Fernández, quien también fue llamado a indagatoria por Oyarbide por desviar supuestamente paneles de telgopor al barrio privado de La Lonja —Dirección Técnica—, y un encargado del proyecto, el arquitecto Eugenio Defalco. El personal aumentó al calor de las obras. Estudiantes de la facultad de arquitectura de la Universidad de Buenos Aires, profesionales, técnicos, ingenieros y abogados se sumaron al ambicioso proyecto a través de entrevistas personales con los hermanos luego de enviar sus CV por las tradicionales páginas de búsqueda laboral. Muchas veces, los flamantes empleados recomendaban a parientes, algo común en cualquier ámbito laboral. Por eso, una integrante de la Unidad Ejecutora de Cobranzas, asegura que la Fundación llegó a ser una gran familia: funcionarios nacionales, intendentes, senadores y ex ministros también ubicaron a familiares, amigos y personas de confianza. En Sueños Compartidos trabajaba Daniel Gillert, hermano de Juana, novia de Sergio en 1981, e implicado por el juez Oyarbide en la mega causa por defraudación al Estado y lavado de dinero. Introvertido y callado, Gillert apenas cruzaba palabras con su cuñado de antaño. Sus ex compañeros, aseguran que la citación del encargado de la Unidad Ejecutora de Cobranzas, habría sido otro paso del juez, para cercar a Sergio Schoklender y probar la hipótesis de que el ex apoderado había colocado gente de extrema confianza al frente de cada área. El jefe de obra y encargado de logística de Sáenz Peña, provincia del Chaco, era el hijo del influyente ministro de Jorge Capitanich, Omar Judis. En julio de 2012, sólo los allegados a Hebe y al gobierno nacional mantenían su trabajo en la Fundación, entre ellos la hija de la ex ministra de economía, Felisa Miceli, en la Universidad. También era el caso de Belén Dezzi, responsable de la editorial de las Madres aunque, según tres ex empleadas y el propio Schoklender, habría obtenido, ese cargo por ser la masajista personal de Bonafini. Las sesiones de dos veces por semana le habrían costado al organismo veinte mil pesos mensuales. En julio de 2012, Dezzi negó seguir trabajando para la Fundación, aunque según las planillas de personal todavía recibía un sueldo de siete mil pesos. También negó ser ella misma: “No soy la Belén que buscás”.

Sin embargo, la planta de empleados estaba altamente calificada. La militancia partidaria aparecía, únicamente, en las áreas relacionadas con la asistencia social en los barrios en que desembarcaba Sueños Compartidos. Bonafini se interiorizaba diariamente de las novedades e instruía a Sergio Schoklender en cuestiones operativas. La Madre era inalcanzable hasta para Pablo, quien disponía de una amplia oficina en el edificio lateral a la Fundación. Lo frecuentaban extraños personajes que hacían suponer, hasta a sus empleados más cercanos, que el menor de los hermanos tenía negocios paralelos más allá de la Fundación. “Lo raro es que parecía que la falta de control gubernamental era adrede, como si existiese una especie de zona liberada”, recuerda una arquitecta del área de Documentación Técnica que distingue entre los “prolijos negocios paralelos” de Sergio con el despilfarro constante de su hermano. “Pablo hacía negocios, era un empresario”, recuerda una arquitecta chaqueña, provincia en la que Pablo se ocupaba de la logística. Eso sí, nadie podía criticarlos delante de Hebe. A comienzos de 2011, ingenieros y arquitectos empezaron a sospechar de los proyectos privados paralelos que encaraba la flamante empresa Meldorek. “Eso sucedió en los últimos meses de Sergio en la Fundación, nosotros hacíamos las casas y su empresa apareció en el último tiempo”, reflexiona con bronca una empleada de cobranzas. En enero de 2011, Sergio Schoklender le había presentado en dos oportunidades la renuncia a Hebe de Bonafini, quien no quería saber nada de abandonos. Bonafini se rodeaba de una corte de obsecuentes —parásitos inoperantes, según Sergio— que se peleaban entre sí por obtener un beneficio simbólico o económico de la líder. Los oportunistas no dejaron de acercarse a ella, incluso cuando la Fundación había caído en desgracia. De buenas a primeras, Daniel Narezo reconvirtió el bar de la Universidad, llamado El Revolucionario, en un lugar repleto de “estética peronista joven”. Narezo —ex productor de Alejandro Dolina y de Víctor Hugo Morales— no estaba solo. Lo acompañaba Fabiana Segovia, histórica productora del relator uruguayo, uno de los periodistas que obtuvo una nota exclusiva con Bonafini tras la escandalosa salida de Schoklender.

Mientras que el aparato gubernamental incentivaba la bronca hacia “el parricida”, dentro de la Fundación se producía una caza de brujas encabezada por Alejandra Bonafini contra los “traidores” que “habían mostrado la hilacha con el monopolio”. Antes del escándalo, eran pocos los empleados que habían visto a la hija de Hebe. En su discurso inaugural en su flamante cargo, pidió tranquilidad al personal asegurándoles a todos que se seguirían construyendo casas como alguna vez su madre le había dicho al contador Alejandro Gotkin: “Vamos a llenar el país de estas casas de mierda”. Alejandra no estaba sola. La acompañaba el ascendente jefe de Personal, Jorge Villaverde, uno de los pocos que sobrevivieron a las listas negras de Hebe. Todos los encargados y jefes de área fueron despedidos, excepto Juan José Rubino, supervisor general de obras, y Carola Wickenhagen, del área de Infraestructura quien fue la única que dio la cara ante los reclamos de los trabajadores en los tiempos del fideicomiso. La Fundación cerró sus puertas durante dos semanas y, a su regreso, los empleados aguardaban órdenes mientras veían deambular a personas vinculadas con el actual vicepresidente de la Nación y del partido de Quilmes. “Boudou me ofreció financiar proyectos de Meldorek”, declararía en los medios Sergio Schoklender.

“Luego del escándalo, ningún organismo del Estado nos quiso girar más fondos. No querían quedar pegados”, explica una mujer que giraba los fondos del Estado a los proveedores y que se entrevistó con Alejandra para informarle de las intendencias y municipios que estaban en deuda con la Misión. “No hizo nada, no sabía lo que era un ladrillo”, reflexiona. Sus allegados que, por otra parte, duplicaron sus ingresos repentinamente, revisaban los celulares de los empleados que trabajaban en el edificio de Pablo. Si el requisado tenía el número del parricida, era despedido inmediatamente. El fideicomiso “Ni un paso atrás”, propuesto por el intendente de Quilmes, Francisco Gutierrez, no sólo fue la herramienta legal para no saldar las deudas con los proveedores, sino también con los trabajadores. “Me volví a dedo del obrador de Santiago del Estero”, recuerda la arquitecta Carolina Acevedo. Sólo la llamaron para pedirle el celular de la flota. El paraguas legal para evitar embargos se firmó el 18 de agosto de 2011 pero, la gente del intendente quilmeño, en realidad, nunca se hizo cargo del fideicomiso a pesar de haberse encontrado con referentes de la Fundación para construir en terrenos de ese municipio. Según Schoklender, durante el fideicomiso “se afanaron 130 millones de pesos Hebe y su hija”. En ese entonces, el contador Roberto Domínguez, ubicado por Amado Boudou, manejaba el destino de una constructora vaciada en su equipamiento, que había cerrado su planta de paneles en Barracas y que continuaba despidiendo empleados sin tregua. Los albañiles de las obras en Capital Federal pasaban a depender del Movimiento Evita, liderado por Emilio Pérsico, y la empresa constructora a cargo era la privada Sentra S.A. presidida por Carlos María Jaunarena quien, según los ex ingenieros de la Fundación, respondía a José López, el enemigo número 1 de Sergio Schoklender.

El rencor de Alejandra iba en aumento a medida que Sergio ventilaba intimidades con el logo de Clarín de fondo. “Ustedes llegaron hasta acá por chuparle la pija a sus jefes, ahora no están más los traidores y malditos, ahora se terminó la fiesta”, les gritaba a las secretarias y administrativas vinculadas con el seductor Pablo Schoklender. El número de empleados descendió a su mínima expresión; sin embargo, el Centro de Estudios Económicos de Felisa Miceli o el Comité Científico de Eduardo Barcesat continuaron funcionando, y sus integrantes, cobrando sus jugosos sueldos.

Sueños Compartidos, con sus virtudes y sus defectos, dejó de existir tras la salida de Sergio Schoklender. En provincias como el Chaco, cientos de personas no volvieron a conseguir un trabajo en blanco. La constructora que llegó a manejar más de 1.000 millones de pesos cometió graves errores de gestión, más allá de delitos y vivezas de sus integrantes. Encaró obras fastuosas como Los Piletones o Villa 15 sin cobrar las certificaciones correspondientes a pesar de alcanzar un avance del 20% realizado. Por otra parte, la inflación que alcanzó el 20% anual durante 2008 debilitó la posibilidad de subsistencia del proyecto, además de las constantes demandas de intendentes amigos, que sumaban “extras” a las casas. Por ejemplo, en Almirante Brown, la vivienda terminada incluía hasta la decoración de los dormitorios, un costo que no había sido tenido en cuenta en los balances originales.

Pertenecer tiene sus beneficios

De los que han tenido título universitario, salvo el caso

de Schoklender, no hay ninguno que haya reincidido.

CRISTINA FERNÁNDEZ, AL DEFENDER EL ACCIONAR DEL

VATAYÓN MILITANTE

¿Vos te creés que soy tan pelotudo como para

preguntarle a un preso si es peronista?

JUAN “HANK” SORIANO,

LÍDER DEL VATAYÓN MILITANTE, AL AUTOR

Un año después del escándalo, los Schoklender eran detenidos junto con el contador Alejandro Gotkin. Según el juez, la decisión había sido tomada para evitar “entorpecer la investigación” y una posible “fuga”, algo que el mismo Oyarbide no había tenido en cuenta en diciembre de 2011. Menos de dos meses después, al recuperar la libertad, Pablo Schoklender denunció los vínculos del Gobierno con la Fundación, los pagos en negro de Hebe de Bonafini a la consultora Doris Capurro por medio millón de pesos y de un monto de 150.000 pesos al puntero Rubén “Pocho” Brizuela para calmar la situación en los barrios. También contó que Bonafini había intentando silenciar a Sergio entregándole un terreno en Barranqueras, provincia del Chaco, para construir una fábrica de paneles, y que hasta festejó su ida de la Fundación, tomándose un whisky. En la provincia gobernada por Capitanich, cuando la información fue publicada, varios funcionarios durmieron temerosos de que la Justicia comenzara a preguntar. A fines de julio, la ministra de Seguridad, Nilda Garré, y su hija Florencia desembarcaban en Ciudad Oculta para calmar a los trabajadores de los obradores, ahora a cargo del Movimiento Evita, y le habrían dejado un millón de pesos al afamado Pocho y a su mujer. El juez Oyarbide, ante los crecientes rumores periodísticos, aclaraba que la hija de Hebe de Bonafini, no terminaría detenida a pesar de que no estaba aclarado cómo había solventado sus reiterados viajes al Caribe y comprado un departamento en la ciudad de La Plata. Tampoco estaba clara la cantidad de dinero depositado en cuentas en el exterior por parte de Hebe de Bonafini, las cuales hasta el abogado de la Fundación, Eduardo Barcesat, admitía que habían existido pero “por un monto menor”. Según las fuentes consultadas dentro de la Fundación, “Patricia Alonso, Sergio y Hebe” conocían y tenían acceso a las mismas, como la de Asturias, que sumaban, supuestamente más de 1.600.000 euros. Schoklender decía que “el dinero proveniente del exterior lo maneja únicamente Hebe”, que las FARC nunca habían financiado a la Fundación aunque sí Venezuela. El presidente Chávez le habría preguntado a Hebe, delante suyo, si le habían llegado algunas valijas. “Pues, ¿se habrán perdido en el camino?”, recuerda Schoklender que le contestó Chávez a Bonafini ante la negativa de la Madre.

El 30 de julio de 2012, la Presidenta condenó a Sergio Schoklender antes que la Justicia. No fue la única. El abogado Eduardo Barcesat dio por sentado que el ex apoderado había sido el autor de las llamadas realizadas seis días atrás, al celular de Hebe de Bonafini, advirtiéndole que ya estaba en libertad. No conforme, se habría mostrado por la zona de Congreso, en bares cercanos a la Fundación. Pero ese 24 de julio, Sergio estaba en Pilar junto con dos periodistas del diario La Nación. El reincidente, como lo calificó Cristina Fernández, no era uno de los afortunados presidiarios, como Eduardo Vásquez, condenado por asesinar a su esposa Wanda Taddei, que podían salir de la cárcel gracias a los aceitados vínculos de la agrupación híper kirchnerista Vatayón Militante con el Servicio Penitenciario Federal. Tampoco era el caso de Raúl Leopoldo Contreras, detenido en Ezeiza sin ser juzgado desde abril de 2011, cuando se tiroteó con el hijo del puntero Rubén “Pocho” Brizuela. “Hazte amigo del juez”, enseñaba el Viejo Vizcacha, personaje del Martín Fierro escrito por José Hernández, y el Vatayón encarnaba el súmmum de los beneficios que implica pertenecer, sin importar la procedencia ni los antecedentes. Con maestría, la militancia de los presos y sus salidas transitorias para participar en actos políticos, era instalada ante la opinión pública por Sergio Schoklender quien, una vez más, desviaba la atención de los medios y la sociedad.

Mientras que Sergio ganaba confianza y aseguraba que el llamado a indagatoria a Hebe de Bonafini estaba al caer, el abogado de Pablo Schoklender, Pablo Slonimsqui, aclaraba que su defendido había tenido miedo que “lo suiciden” en su estadía en la cárcel de Ezeiza. Decía que un alto funcionario lo había amenazado para que “no involucrase a nadie del gobierno en el escándalo” pero no se animaba a romper el silencio y a dar el nombre del involucrado. Tampoco el periodista de un medio afín al gobierno quería testimoniar que había sido testigo de cómo Doris Capurro habría sido la señalada para negociar el silencio entre el Gobierno y Clarín a mediados de 2010 cuando Meldorek daba sus primeros pasos en la Fundación. Por esa razón, al periodista no le resulta descabellado suponer que la intención de vender el 5% de las acciones de Meldorek a la consultora, fue otra verdad imposible de comprobar de Sergio Schoklender. El mismo temor tienen los testigos que afirman haber recibido órdenes de “defender como sea” el obrador de Los Piletones la trágica noche del 7 de diciembre de 2010 cuando fueron asesinados Bernardo Salgueiro y Rosemary Chura Puña.

A mediados de 2012, mientras los hermanos Schoklender, los implicados del escándalo de Sueños Compartidos y los funcionarios y gobernantes que lucraron con los derechos humanos del pasado y del presente, se trenzaban en una batalla por sobrevivir, gran parte de la sociedad y de los protagonistas que se animaron a romper con los códigos mafiosos, temían quedar encarcelados en una guerra que jamás les debió pertenecer.

Esta investigación es políticamente incorrecta, no sólo para los últimos gobiernos sino para muchos colegas y gran parte de la sociedad que cree defender valores progresistas. Pero… “Si ser rebelde significa decir lo que se piensa y manifestar el disenso democráticamente cuando no se está de acuerdo, entonces lo soy.”¹¹

Notas

1. El Plan Federal de Viviendas que se maneja desde el Ministerio de Planificación Federal, específicamente desde la Secretaría de Obras Públicas nació en 2004 y construyó, hasta junio de 2011, 148 mil casas. El otro sistema de construcción es el Fondo Nacional de Viviendas (Fonavi) que ha construido, aproximadamente, 39 mil casas por año a un ritmo similar al de los diez años de menemismo (318 mil viviendas). En el Fonavi, las provincias realizaban automáticamente las transferencias de dinero pero con el Plan Federal se centralizó la adjudicación de fondos y el valor nominal de la construcción se multiplicó hasta por 4. Una vivienda social en el Gran Buenos Aires pasó de costar 30 mil pesos en 2004 a 125 mil en 2011. En Chubut, el aumento no fue tan pronunciado pues el costo por vivienda alcanzó los 146 mil pesos actuales cuando en 2004 era de 91 mil pesos, mientras que en Santa Cruz el aumento fue del 254 por ciento.

2. En abril de 2011, luego de que el periodista mexicano José Reveles presentara su libro El cártel incómodo (Editorial Grijalbo), los diputados chaqueños del Interbloque Alianza Frente de Todos, presentaron un proyecto de Resolución 731 y 732/11 expresando su preocupación por los hechos mencionados en la obra. En el libro se menciona que el ex subsecretario de Culto del Chaco, José Mongeló, canalizó subsidios millonarios a la iglesia como pretexto para que el pastor mexicano Jerónimo López Valdez se hiciera cargo del templo La Roca, utilizando a la Iglesia Evangélica del Nuevo Milenio de Resistencia como pantalla para lavar dinero del narcotráfico.

3. El padre de los Juliá, José, había sido un reconocido brigadier mayor que el 24 de abril de 1990 rubricó un acuerdo en nombre y representación del Estado Nacional, el Ministerio de Defensa y la Fuerza Aérea Argentina con las empresas Intercargo S.A.C. e Interbaires S.A. para convertir a su arma en socio accionista mediante un contrato de cesión y transferencia de acciones. Por ese convenio, el servicio de “Free-Shop” pasó directamente a Interbaires, y el servicio de “Rampa” a Intercargo por veinte años, renovable por diez años más en los aeropuertos de Aeroparque en la ciudad de Buenos Aires y Ezeiza. Las citadas empresas pertenecían al empresario postal suicidado Alfredo Yabrán. Antes de la privatización menemista, en los últimos meses del gobierno radical de Raúl Alfonsín, el servicio estaba a cargo de Vi llalonga Furlong, cuyo capital accionario sería del 45% y el restante de la Fuerza Aérea. La aparición, durante el radicalismo, de Villalonga Furlong fue la génesis del desembarco definitivo de Yabrán pues, parte de su directorio, era idéntico, y en sus balances se encontraban las mismas incongruencias: unapolítica de endeudamiento para financiar su activo. En 1990, el diputado nacional del Grupo de los 8, Franco Caviglia, hablaría de “aduana paralela” y, el 23 de noviembre de 1994, el ministro de Economía Domingo Cavallo acusaría a Alfredo Yabrán de ser el “jefe de la mafia” y que “la Argentina es Estados Unidos o es Colombia. Si es Colombia, yo me voy”. Cavallo se fue del gobierno de Carlos Menem.

4. En el año 2000, el Tribunal Oral de Dolores sentenció a Aníbal Luna a cadena perpetua por ser partícipe necesario del asesinato del fotógrafo José Luis Cabezas, el 25 de enero de 1997. Sin embargo, en agosto de 2006, luego de una polémica excarcelación, ya trabajaba en una empresa de seguridad de Villa Gesell. Gracias a la Ley 23.390, conocida como “dos por uno”, quedó en libertad gracias al Tribunal de Casación Bonaerense. La cooperativa telefónica, Cotel, del balneario turístico cercano a Pinamar, no dudó en contratar los servicios del ex policía quien había sido uno de los que “liberaron la zona” para que asesinaran a Cabezas quince años atrás. El tesorero de Cotel, Antonio Roncoroni, es uno de los empresarios más poderosos de Villa Gesell.

5. Ana María Ávalos estuvo exiliada durante la última dictadura militar y creyó que en la Secretaría encontraría un ámbito laboral solidario y a favor de los derechos humanos del pasado y del presente. Su hija, Verónica Cabilla, aún permanece desaparecida.

6. Luciano Arruga desapareció el 31 de enero de 2009 en el humilde barrio 11 de Octubre en Lomas del Mirador. Los policías de la comisaría 8a le habían ofrecido salir a robar, conociendo las necesidades económicas del joven y su familia pero Arruga se negó. Antes del secuestro, lo detuvo la policía, lo amenazó y lo golpeó salvajemente. La noche del secuestro, al menos cuatro vecinos escucharon los gritos del joven pero la policía tardó 45 días para comenzar a buscar a quien se conocería como un “desaparecido en democracia”. La fiscal a cargo, Roxana Castelli, miró para otro lado las denuncias presentadas por la hermana de Arruga, Vanesa Arrieta, mientras que la policía vinculaba al joven con las drogas. El gobernador Daniel Scioli no atendió los reclamos de la familia y el gobierno nacional nunca se refirió al tema. Cuando Sara Derotier de Cobacho y Fernando Cano denunciaron el robo de dinero dentro de la Secretaría de DDHH de la provincia de Buenos Aires, también hicieron referencia a valiosa documentación del caso Arruga. Lo que no dijeron es que esos papeles nunca existieron pues “el caso Arruga” nunca le interesó a esa dependencia, tal como lo expresaron tres empleados de la Secretaría.

7. El 17 de mayo de 1983, los militantes justicialistas Pereyra Rossi y Cambiaso fueron acribillados por una patota encabezada por Luis Patti. Hace treinta años, el Ministerio del Interior de la dictadura militar, informaba que los militantes habían sido “abatidos en un enfrentamiento” con efectivos de la Unidad Regional de Tigre, en la que se desempeñaba el ex intendente de Escobar junto con el cabo Rodolfo Diéguez y el sargento Juan Spataro. Los peritajes demostraron que el enfrentamiento nunca existió.

8. En marzo de 2010, el Consejo de la Magistratura destituyó al juez Faggionato Márquez por mal desempeño en su función luego de veintiocho denuncias en su contra, la más relevante, por inventar pruebas contra el candidato Francisco de Narváez en las elecciones de 2009 en que enfrentó al ex presidente Néstor Kirchner, en la provincia de Buenos Aires.

9. Boldt S.A. es una empresa vinculada a la impresión de billetes y al negocio del juego que, según el gobierno nacional, creció amparada por el duhaldismo, y según Amado Boudou, recibió protección mediática del Grupo Clarín para desestabilizarlo en su cargo de vicepresidente de la Nación y atacar a la Presidenta. Lo hizo en febrero de 2012 para contrarrestar las investigaciones periodísticas en su contra por sus vínculos con los accionistas que levantaron la quiebra de la ex Ciccone Calcográfica que se quedó con importantes negocios con el Estado Nacional.

10. El 5 de junio de 2007 dos efectivos de la división Explosivos de la Policía Federal realizaron una inspección de rutina en el baño del despacho de la entonces ministra, donde encontraron un paquete termosellado con los 100.000 pesos con otra bolsa de madera que contenía 31.670 dólares. Al mes siguiente, al ser citada a indagatoria, Felisa Miceli renunció a su cargo como ministra de Economía de la Nación. Ella explicó que el dinero provenía de un préstamo de su hermano para comprar una vivienda, luego que era suyo para desdecirse por tercera vez aduciendo que se trataba de dinero de una amiga suya y otro hermano. El fiscal Marijuán concluyó que los billetes “tenían un origen espurio” y que habían salido de la cooperativa Caja de Crédito Cuenca, aunque allí no había una constancia legal del egreso de esos billetes.

11. “Si ser rebelde significa decir lo que se piensa y manifestar el disenso democráticamente cuando no se está de acuerdo, entonces lo soy. Si plantear, por ejemplo, que el ministro Camilión debe renunciar, o plantear que un senador no puede ingresar al Senado con un videopliego [por Ramón Saadi], entonces soy rebelde.” La frase corresponde a la presidenta, Cristina Fernández de Kirchner, y la pronunció cuando en 1995, siendo diputada nacional por Santa Cruz, se opuso a que Ramón Saadi ingresara al Congreso. Años después, habitando la Casa Rosada, Cristina Fernández pidió apoyo del senador catamarqueño en leyes clave de su gobierno.

Gasulla, Luis

El negocio de los Derechos Humanos.. - 1a ed. - Buenos Aires : Sudamericana, 2012

(Investigación periodística)

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ISBN 978-950-07-4055-5

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