Breve historia de la Segunda República española es un repaso al periodo más emocionante e intenso de la historia de España. Permite descubrir cómo y por qué, sin un solo acto de violencia, un monarca dejó su trono y dio paso a la primera democracia española.

El autor describe cómo un sueño que se hacía realidad se convirtió en una pesadilla, eliminando por completo la esperanza de que el país saliese de su atraso secular para ponerse a la altura de los más avanzados de Occidente. Con total convicción relata de manera objetiva el papel de todos los protagonistas (Alfonso XIII, Primo de Rivera, Berenguer, Manuel Azaña, Indalecio Prieto, Largo Caballero, Besteiro, Alejandro Lerroux, Gil-Robles, Calvo-Sotelo, Casares Quiroga, Negrín, …) y los hechos que terminaron desembocando en la mayor guerra civil de la historia de España.

Luis E. Íñigo Fernández

Breve historia de la Segunda República española

Breve historia: Pasajes 12

ePub r1.0

FLeCos 25.12.2019

Título original: Breve historia de la Segunda República española

Luis E. Íñigo Fernández, 2010

Editor digital: FLeCos

ePub base r2.1

A aquellos esforzados españoles que,

tras probar las mieles de la libertad,

hubieron de sufrir la hiel de la tiranía.

Prólogo

¿Por qué?

¿El libro empieza como acabará? No exactamente, ¿o sí?

Luis Íñigo, el autor de esta ya indispensable reflexión al alcance de todos, de casi todos, se formula la misma pregunta al final del volumen que te propones leer. «¿Por qué?». Y esa misma cuestión la lanzo al aire antes de que comiences tu singular aventura para que no pierdas de vista cuál es el objeto de este libro… Para que reflexiones, con la imprescindible ayuda de un experto, a tu lado siempre, para que no te dejes llevar por las emociones que muy probablemente te impulsaron a leer un libro que trate sobre la Segunda República española. Mejor dicho, para que no te abandones únicamente a ellas.

Pero antes otra pregunta, también planteada por el autor, en este caso al final del primer e introductorio capítulo: ¿estarían los republicanos a la altura de la oportunidad que la Historia les regalaba? ¿Lo estuvieron? No es que los libros de Historia hayan de enjuiciar el pasado, pero hay asuntos del pasado que se prestan, se prestaron desde siempre quizás, a ello. Y el infeliz paréntesis que representa este periodo histórico en la peripecia vital de los que vivieron y vivimos en España ha sido desde hace décadas eso: pasto del juicio de unos y otros, no siempre de historiadores, peor aún, casi nunca de historiadores. Y Luis lo es. Luis Íñigo es un historiador, señores, palabras mayores. No un burdo acomodador de palabras a los intereses de los poderosos o de los tenidos a sí mismos por progresistas. Ni un adulador, ni un feroz crítico ajeno a la razón y al sentido común de los eruditos verdaderos.

No hay en este libro un solo grupo, o partido, o sector, y menos aún persona, tenidos por culpables; pero tampoco aquí hallarás el irrelevante e incluso perverso reparto de culpas que pretende mostrar una bonhomía realmente alejada de los buenos usos historiográficos e incluso de los buenos usos meramente literarios. No, el autor no reparte ni certificados de calidad española o de calidad histórica; ni tampoco raciona bofetadas inculpatorias a diestro y siniestro. No hay buenos ni malos, pero tampoco hay errores sin sus protagonistas ni provocativos dislates sin sus promotores.

Aunque sabes desde el principio que te encuentras frente a un relato que acaba mal —y de hecho lo hace, pero un poco menos, porque el autor trae la historia de la Segunda República hasta la democracia que disfrutamos los españoles y, con ello, no permite que termine con un final tan desdichado—; aunque sepas cuál es el desenlace de lo iniciado aquel ya tan lejano mes de abril del año 1931, no te preocupes: el autor te mantendrá en el vilo con el que las buenas lecturas suelen mecer a los que sentimos la irresistible atracción por los escritores buenos, por los escritores como Luis Íñigo.

Y ahora me permito pedirle prestadas al autor algunas de las palabras con las que nos convenció de lo pertinente de incluir su Breve historia de la Segunda República española en esta colección. Ahí van.

Esta obra analiza con rigor y amenidad el periodo más emocionante e intenso de la historia de España. Explica cómo y por qué, sin solución alguna de continuidad, pero también sin un solo disparo, sin un solo acto de violencia, un monarca dejó su trono y, como luego se repetiría una y otra vez, el país se acostó monárquico y se levantó republicano, abriendo, por vez primera, la posibilidad de regir los destinos de la nación a un gobierno que iba a enfrentarse con decisión, aunque no siempre con acierto, a los graves problemas que los españoles venían sufriendo desde los orígenes mismos de la monarquía liberal, más de un siglo atrás. Y es que, la República fue, para muchos españoles un sueño que se hacía realidad y una esperanza cierta de que el país podría al fin salir de su atraso secular y ponerse a la altura de los más avanzados de Occidente. […]

Por desgracia, aquellas políticas no llegarían a consolidarse, y la obra explica con claridad el motivo de que así fuera. […]

[Luego], el centro y la derecha, reorganizados tras la sorpresa inicial que para ellos supuso la proclamación de la República, ganarán las elecciones en noviembre de 1933. […]

Pero, una vez más, se trató de una esperanza vana. Las contradicciones de la nueva coalición gobernante, que el libro expone en toda su crudeza, no serán menores que las de la anterior [y,] tras una revolución frustrada en Asturias y Cataluña, que fue reprimida con inusitada dureza, [la derecha menos republicana y menos monárquica] impuso su dirección al nuevo gobierno y no solo frenó las reformas, sino que desmontó en unos meses casi toda la obra de los gabinetes [del primer bienio].

[A] finales de 1935, y en una Europa en la que el choque entre fascismo y comunismo se veía cada vez más cercano, España se hallaba dividida. Izquierda y derecha, organizadas en bloques antagónicos, no parecían tener nada en común. Para muchos ciudadanos, lo que se jugaba en las elecciones que habían de celebrarse era a vida o muerte. En las urnas se decidía solo entre dos opciones: la revolución o la reacción. El país votó y, por un escaso margen, dio la victoria a la izquierda, pero el problema no parecía ya tener solución en el terreno de la política. Como tantas veces en la historia de España, los españoles volverían a decidir sus diferencias en el campo de batalla. En julio de 1936, un golpe de Estado fallido llevó al país a una nueva guerra civil. El análisis de estos últimos meses del régimen, a la vez minucioso y sugerente, no dejará sin responder la pregunta clave de la historia contemporánea española: ¿por qué fracasó nuestra primera democracia?

Y volvemos al principio de este prólogo: ¿por qué?

Pero será mejor que leas ya sin más distracciones el libro de Luis Íñigo, uno de los pocos en los que se aborda en tan escasas páginas tan espinoso, polémico, abigarrado y poderosamente atrayente periodo; y más aun, sin duda el único que, además, lo hace con la intención divulgativa y de fácil pero rigurosa exposición que es tan cara a esta colección.

Es, sin duda, este volumen el único que dedica el espacio suficiente a la gran pregunta: ¿por qué fracasó el que es sin duda el verdadero primer experimento democrático español?

Ya acabo. Vuelvo a las palabras de nuestro autor, esta vez a aquellas con las que condensó en su momento lo que quería lograr, y finalmente ha logrado, con este volumen: «contar qué pasó, explicar cómo pasó, descubrir por qué un régimen que nació acompañado de la mayor oleada de entusiasmo popular de nuestra historia pudo terminar en los horrores de una guerra civil».

Espero, y estoy convencido de ello, que cuando termines la lectura de este libro tendrás la respuesta, tu respuesta. Para eso, en última instancia, sirve la historia.

José Luis Ibáñez

Director de la colección Breve historia

1

España en la encrucijada.
Los difíciles comienzos del siglo XX

La política es el arte de aplicar en cada época de la historia aquella parte del ideal que las circunstancias hacen posible; nosotros venimos ante todo con la realidad; nosotros no hemos de hacer ni pretender todo lo que quisiéramos, sino todo lo que en este instante puede aplicarse sin peligro.

Antonio Cánovas del Castillo:
Discurso parlamentario.

UNA CALMA APARENTE

A lo largo del espasmódico siglo XIX, pródigo en revoluciones y guerras civiles, en el que cada partido trataba de elevar a rango de constitución su propio programa político, muchos observadores pudieron considerar cierto el famoso adagio en virtud del cual los españoles eran un pueblo ingobernable, tan entregado a sus querellas intestinas que parecía incapaz de progresar. Sin embargo, las cosas parecieron cambiar en el último cuarto de la centuria. Un estadista de primer orden, espécimen bien escaso hasta entonces en la arena política del país, arrostró al fin la tarea de ofrecer a sus compatriotas un régimen capaz de hacer compatibles el orden y el progreso, sirviendo a un tiempo de marco jurídico en el que pudiera desarrollarse sin violencia el juego de los partidos. Ese hombre fue Antonio Cánovas del Castillo, y el régimen que diseñó, una monarquía basada en el turno pacífico entre dos formaciones moderadas de signo contrario, sería conocido como la Restauración.

Durante veinte años, España figuró haber encontrado al fin su propio camino hacia la modernidad. Los problemas más urgentes parecían resueltos. En 1876, una nueva Carta Magna, conservadora, pero flexible, se ofrecía como instrumento capaz de permitir, por vez primera en la agitada historia constitucional del país, que izquierdas y derechas se alternaran en el poder sin necesidad de cambiarla. Ese mismo año, el carlismo, fuerza reaccionaria empeñada en devolver a la sociedad española a su pasado agrario y teocrático, fue derrotado por la fuerza de las armas. Dos años después, la paz del Zanjón, que prometía a los rebeldes la autonomía, el indulto y la abolición de la esclavitud, puso también fin a diez largos años de guerra en Cuba, la más importante de las provincias ultramarinas que aún conservaba el país tras la independencia del grueso de sus territorios americanos sesenta años atrás. El Ejército, apartado al fin de la política, regresó a sus cuarteles y archivó en los atestados cajones de sus despachos de burócrata sus viejas prácticas golpistas. La estabilidad que otras naciones de Europa occidental habían alcanzado tiempo atrás parecía llegar por fin a España.

Los años fueron pasando y en el horizonte no aparecían las negras nubes que anuncian la tormenta. El imponente edificio diseñado por Cánovas no descubría fisuras aparentes. Un sector de la opinión había quedado fuera de sus muros, pero, a juzgar por su atonía, no debía de ser muy numeroso. Las disidencias internas de los partidos fueron reabsorbidas sin problemas. Los intentos de crear fuerzas políticas nuevas dentro del régimen fracasaron, y no porque este lo impidiera, sino por su propia insolvencia. El carlismo languidecía sin el apoyo de la Iglesia, que parecía haber aceptado al fin el liberalismo al que con tanta fuerza se había opuesto. Los republicanos, escasos en número, débiles en organización, divididos y carentes de una estrategia definida, exhibían una total impotencia para constituirse en alternativa real al canovismo. Incluso el propio movimiento obrero, enemigo natural del orden liberal, se mostraba endeble, pues ni los socialistas eran aún lo bastante fuertes para enfrentarse al régimen, ni los anarquistas habían sido subyugados por el culto a la propaganda por el hecho, eufemismo que ocultaba la más pura violencia terrorista, que más tarde deslumbraría a sus dirigentes.

Con todo ello, España pudo por fin concentrar sus energías en la tarea de impulsar su hasta entonces postergada modernización. La población se incrementó. En 1900 el número de habitantes se acercaba ya a los diecinueve millones, dos más que en 1876. Algunas ciudades dejaron atrás por fin su triste aspecto medieval. Madrid, la capital política, y Barcelona, la metrópoli económica, mostraron un notable impulso. Desbordaron sus viejas murallas, proyectaron ensanches y se engalanaron con edificios singulares. Las nuevas fuerzas económicas parecían a la postre instalarse en el país. Aunque la actividad agraria continuaba lastrada por propietarios poco o nada interesados en su mejora, y sus rendimientos, víctimas del escaso progreso de la técnica, no conseguían elevarse, la superficie cultivada se incrementó y algunos productos, en especial el vino, el aceite y los cítricos, empezaron a hallar cierto acomodo en los mercados internacionales. La misma industria exhibió por primera vez un notable ímpetu. La introducción de fuentes de energía nuevas y más baratas, como el petróleo y la electricidad, la liberaron en parte de su dependencia del carbón, que en España era escaso y de mala calidad. Los costes de producción bajaron, arrastrando los precios, lo que favoreció el aumento de la demanda y el consiguiente crecimiento de la industria. El textil catalán y la siderurgia vasca fueron los sectores más beneficiados, aunque otras provincias como Madrid o Valencia mostraron también un cierto despegue industrial. Mientras, en amplias comarcas de Asturias, León, Santander o Ciudad Real, las ayudas públicas y la liberalización de la entrada de capital extranjero daban un impulso decisivo a la extracción de hierro, plomo, cobre, cinc o mercurio. España parecía, al fin, zambullirse con decisión en la corriente del progreso.

Pero el notable crecimiento de la economía, el moderado dinamismo de la vida social y cultural, y la estabilidad política del régimen no eran sino una pantalla que ocultaba la auténtica realidad del país. Los partidos que sostenían la monarquía restaurada, el Liberal, presidido por Práxedes Mateo Sagasta, y el Conservador, liderado por el propio Cánovas, funcionaban como verdaderos cenáculos de notables a los que unían más sus intereses que sus ideas. Y lo que era mucho más importante: la relación entre ellos y con los electores no se desarrollaba en absoluto de acuerdo con los usos y principios propios del parlamentarismo liberal. El cuerpo electoral, escaso al principio, pero mucho más numeroso a partir de 1890, fecha en la que se introdujo el sufragio universal masculino, en ningún momento pudo ejercer su prerrogativa natural de decidir acerca de la formación que había de disfrutar el poder. Bien al contrario, era el monarca, entonces Alfonso XII, quien escogía el momento de cambiar el gobierno y la persona llamada a presidirlo, y su decisión obedecía a razones tan poco democráticas como su propia opinión o la de su camarilla, el excesivo desgaste de un gabinete o el simple acuerdo entre los líderes de los partidos.

Sin embargo, lo verdaderamente definitorio del sistema de la Restauración eran los resortes de los que tales gobiernos, ajenos a la voluntad popular, se valían para asegurarse la mayoría parlamentaria que les sostuviera en el poder una vez nombrados por el rey. Dado que el Parlamento heredado no les resultaba propicio, pues había respaldado al gabinete saliente, su primera tarea había de ser convocar nuevas elecciones con el fin de asegurarse unas Cortes favorables. Para lograrlo, el ministro de la Gobernación, responsable de los procesos electorales, fabricaba literalmente el resultado deseado. Bajo su dirección se adjudicaban, uno por uno, según se pactara con la oposición, todos los escaños en juego en una práctica conocida como encasillado. Luego se telegrafiaba al gobernador civil de cada provincia, informándole del contenido del acuerdo, y este contactaba enseguida con los personajes que poseían influencias en ella en virtud de las clientelas que les otorgaba su posición social y económica, y les comunicaba el nombre de los diputados que tenían que salir elegidos en sus respectivos distritos. A cambio, aquellas gentes, los llamados caciques —de los que deriva la práctica conocida con el famoso nombre de caciquismo—, obtenían favores y prebendas para sí mismos, para sus amigos y sus regiones.

La cuestión del encasillado, una caricatura de Felipe Pérez y Ramón Cilla publicada en la revista semanal Blanco y Negro.

Aquí se satiriza sin merced el sistema electoral de la Restauración. Como puede verse, las viñetas realizan una descripción precisa de sus mecanismos ocultos, de sobra conocidos por la escasa opinión culta de la época.

Mordaz viñeta del semanario La Flaca que ironiza sobre el escaso beneficio que obtuvo el pueblo del establecimiento del sufragio universal masculino por Sagasta, representado sobre el embudo que hace las veces de locomotora.

En el cortejo aparecen caciques, jaulas a modo de urnas, esbirros con garrotes, fuerzas de orden público, ayuntamientos sometidos al rodillo centralista, campesinos y obreros prisioneros del caciquismo y, finalmente, el pucherazo electoral mediante el voto de los muertos, al que alude el carricoche con el rótulo «Depósito de votos para Lázaros».

El régimen no era, en consecuencia, una democracia en construcción, como aparentaba, sino una oligarquía disfrazada. Grandes propietarios de tierras, financieros, aristócratas, generales y obispos, que se sentaban en el Senado y en el Congreso, las dos cámaras con que contaba el Parlamento, rodeaban al monarca en la corte y copaban las carteras del gobierno y los altos cargos de la Administración, eran los verdaderos amos del país. Poco importaba, por tanto, que el sufragio fuera censitario o universal. No son los electores los que deciden; solo hay un gran elector, el ministro de la Gobernación. En nombre del pueblo no habla voz alguna.

Y lo peor es que al pueblo no parecía importarle. Antes bien, los españoles sesteaban, despreocupados, al suave calorcillo de aquella suerte de verano que la historia graciosamente les concedía, tranquilos con sus corridas de toros y sus procesiones, sus novelitas costumbristas y sus cuadros de paisajes. El destino, o tal vez la mismísima Clío, empero, se muestran despiadados con las naciones que duermen y habrían de tardar poco en procurarle a España un contundente despertar. Por desgracia, como un torero descuidado de los avisos del presidente, el país no fue capaz de reaccionar a tiempo.

JAQUE A UN RÉGIMEN

A mediados de la década de 1890, las brasas de la guerra se reavivaron en Cuba. Los intereses encontrados, las promesas incumplidas y la cerril intransigencia de los peninsulares, cerrados a aceptar la más mínima autonomía para la isla, despertaron, con mayor intensidad ahora, el frenesí independentista de los cubanos. Una nueva insurrección, dirigida por José Martí y Antonio Maceo, estallaba en febrero de 1895. Año y medio después, Filipinas seguía su ejemplo. España, aquella nación dormida, despertaba de su sueño en medio de una guerra.

El U. S. S. Maine entrando a la bahía de La Habana, 25 de enero de 1898. Tres semanas más tarde, el barco sufriría la explosión que sirvió de pretexto al gobierno estadounidense para declarar la guerra a España. El buque, botado en 1889, era un acorazado de segunda clase de 6682 toneladas y 97 metros de eslora, el cual, por lo que parece, presentaba errores en el diseño de su santabárbara, lo que pudo provocar una deflagración de carácter fortuito.

El esfuerzo realizado fue titánico. En los momentos más arduos del conflicto, se acercaron a trescientos mil los hombres en armas que el gobierno mantenía en ultramar. Pero la decidida intervención de los Estados Unidos hizo imposible la victoria de los españoles. En 1898, la Paz de París daba a Cuba una independencia tutelada por los norteamericanos y les entregaba sin disfraces Filipinas, Puerto Rico y otros pequeños archipiélagos del Pacífico. La historia de España como potencia colonial llegaba a su fin. Ya no cabía alimentarse de recuerdos de un pasado glorioso. La realidad del presente se había impuesto con toda crudeza. No existía manera alguna de rehuirla. Tocaba enfrentarse a ella con decisión.

Un aldabonazo terrible sacudió la conciencia colectiva. Y lo hizo con tanta fuerza que su eco retumbó durante un tiempo en cada rincón del país, haciendo brotar una catarata de críticas y propuestas de regeneración nacional. Luego, todo volvió a la normalidad. El turno entre los partidos dinásticos se reanudó sin excesivo trastorno. El nuevo rey, Alfonso XIII, alcanzó la mayoría de edad, y, concluida la regencia de su madre, se aprestó a desempeñar las tareas que le reservaba la Constitución. En apariencia, nada había pasado; en la práctica, el mal llamado Desastre tendría repercusiones mucho más profundas que la simple amputación territorial de las últimas colonias patrias. No derribó al régimen de inmediato, pero actuó por debajo de él, minando sus cimientos, carcomiendo sus apoyos, acelerando la gestación de unas fuerzas ya existentes que, fortalecidas y enfrentadas a la incapacidad del sistema para dar respuesta eficaz al reto que le planteaban, terminarían por derribarlo. El año 1898 fue tan solo un jaque a la monarquía restaurada; 1931 sería el jaque mate.

Las primeras repercusiones se manifestaron en el terreno de las ideas. Las voces críticas contra el régimen, que apenas habían logrado hacerse oír hasta entonces, retumbaron ahora con fuerza mucho mayor. Y toda una generación de intelectuales, que toma su nombre de aquel fatídico año de 1898, entregará sus energías a reflexionar sobre el ser de España, regalando a esta algunas de las mejores páginas de su literatura y su pensamiento. Pero no fue la literatura la piqueta que abatió las instituciones ideadas por Cánovas, sino, paradójicamente, el progreso. Porque la pérdida de las colonias no resultó un desastre para España, sino un revulsivo que tuvo como efecto acelerar el crecimiento de su economía y la modernización de su sociedad. Los capitales huidos de Cuba, ávidos de mercados sucedáneos, desembarcaron en la metrópoli, reavivando su industria, multiplicando sus bancos, fundiendo ambos mundos, el de la producción y el del dinero, con la argamasa del capital financiero. La población empezó a crecer a un ritmo mucho mayor. Frente a un incremento de dos millones de almas en los veinte años anteriores, entre 1898 y 1930 el crecimiento fue de cinco millones, y ello a pesar de una terrible epidemia de gripe, la de 1918-1919 —incorrectamente llamada, y con muy mala intención, española—, que se llevó por delante más de doscientas mil víctimas, y una masiva emigración hacia las Américas, que superó con creces todas sus marcas anteriores. Además, España iniciaba al fin una verdadera revolución demográfica. No solo descendía con intensidad la mortalidad; la natalidad empezaba a aumentar, se elevaba la esperanza de vida y mejoraban la higiene y la sanidad, mientras nuevas actitudes, mucho más modernas, hacia la familia y la descendencia se aprestaban a abrir brecha en la mentalidad tradicional. Las urbes españolas, que habían comenzado a cambiar su faz en las décadas precedentes, sufren ahora una auténtica metamorfosis. Madrid y Barcelona alcanzan el millón de habitantes. Bilbao, San Sebastián, Valencia y Oviedo duplican su población. El sector secundario crece a un ritmo acelerado, que se revoluciona aún más cuando el estallido de la primera guerra mundial abre mercados inmensos a las manufacturas españolas y las fuerza a multiplicar su producción para sustituir a las ahora imposibles importaciones. La industria se diversifica; sus horizontes se ensanchan. Junto a la minería, el textil y la siderurgia, se desarrollan la producción de electricidad, la química, la fabricación de maquinaria y las industrias de bienes de consumo. Junto a Barcelona, Bilbao y Madrid, Santander, Sevilla o Valencia se incorporan a la senda del progreso de las manufacturas. Luego, en los años veinte, con la vuelta de los países antes beligerantes a los mercados mundiales, muchas empresas cierran sus puertas, incapaces de resistir una competencia para la que no habían sabido prepararse. Pero el paso está dado. Aunque con menos vigor que sus vecinos más avanzados, España ha entrado ya en la era del capital financiero.

La plaza madrileña de Puerta Cerrada a comienzos del siglo XX. Aunque la fisonomía de la capital había experimentado un notable cambio en las últimas décadas del siglo XIX, su aspecto era todavía, en buena medida, el de una ciudad de provincias. Las cosas habrían de cambiar mucho, sin embargo, en las primeras décadas de la nueva centuria. Hacia 1931, el escritor catalán Josep Pla dijo haber encontrado, once años después de su anterior visita, un Madrid «desconocido» y «transformado».

Es cierto que queda aún mucho camino por recorrer. Junto a la España industrial, la España dinámica y moderna, existe todavía un país agrario, pasivo, tradicional. Los desequilibrios no se atenúan con el crecimiento; se acentúan, se agravan. Ni la repatriación de capitales ni la primera guerra mundial han liberado al campo español del peso muerto del latifundismo absentista, que ejerce todavía sobre el país su dictadura de bajos rendimientos, pan caro y protección arancelaria, que limita su demanda y lastra el desarrollo de su industria. Y esta, superada la coyuntura excepcional de la Gran Guerra, es incapaz de sobrevivir al margen del férreo proteccionismo del Estado, cada vez más intenso entre 1900 y 1923. Pero las nuevas fuerzas son imparables y su irrupción arrastra un sinfín de cambios. Ni la sociedad es la misma ni lo es su mentalidad, ni lo son sus aspiraciones.

Los nuevos actores sociales que habían visto la luz en las últimas décadas de la centuria anterior experimentan ahora un crecimiento sin precedentes. Junto a la oligarquía tradicional, alianza interesada de terratenientes, generales, obispos, aristócratas y financieros, nace ahora una gran burguesía industrial, en especial en Cataluña y el País Vasco. Junto a las clases medias de siempre, abúlicas y silenciosas, han crecido con el tiempo unas pequeñas burguesías más dinámicas y críticas que no se sienten representadas por el tinglado caciquil del régimen. Junto al campesinado sufriente, que trabaja con desgana en las tierras de otros o se empeña sin éxito en arrancar a la suya una cosecha miserable, ha surgido al fin el proletariado industrial que se afana con tesón en mover las ruedas de esa industria que hacia 1930 iguala ya a la agricultura en peso respecto al total de la producción nacional. Ninguno de ellos tiene ya bastante con el sufragio adulterado; ninguno está contento con su suerte ni considera imposible mejorarla; ninguno, en fin, contempla con simpatía a unos partidos decrépitos que se hunden poco a poco, víctimas de la muerte de sus fundadores, las querellas de quienes aspiran a sucederles y la quiebra progresiva e inexorable de los mecanismos sobre los que habían asentado su hegemonía, solo posible en aquella España rural y atrasada que se batía ahora en retirada frente a las fuerzas de la historia.

Por ello, mientras liberales y conservadores se sumen en el descrédito y la impotencia, nuevas formaciones políticas nacidas en los márgenes del sistema despliegan una actividad que crece por momentos. El desarrollo imparable de las economías vasca y catalana, la herencia carlista, nunca extinguida del todo, la frustración de sus burguesías con los fracasos del proyecto nacional español, y el despertar cultural de sus lenguas vernáculas alimentan la aparición de corrientes nacionalistas que terminan por cristalizar en forma de partidos políticos nuevos y distintos a los dinásticos. Más aptas para vehicular los intereses y la opinión de las burguesías y clases medias emergentes, sus flamantes organizaciones plantean un proyecto nacional alternativo, bien con intención de romper por completo con España, como es el caso del Partido Nacionalista Vasco de Sabino Arana, que ve la luz en 1895, bien con la de redefinir e incluso dirigir el proyecto común desde nuevos postulados, menos centralistas y más respetuosos con las peculiaridades históricas y culturales de algunas regiones del país, como es el caso de la Lliga Regionalista Catalana, fundada por Enric Prat de la Riba en 1901. Mientras, las clases medias, mucho más numerosas ahora, el sector más cualificado del proletariado industrial y un grupo nada despreciable de intelectuales críticos con el régimen alimentan con su fuerza creciente un republicanismo que empieza a salir por fin de las tinieblas del personalismo para mirar al futuro con mayor confianza. Y a la izquierda, las fuerzas organizadas del proletariado industrial plantean al sistema un envite renovado y cada vez más enérgico. Violento en el caso del anarquismo, que se desliza a velocidad creciente por el resbaladizo terreno de la huelga general revolucionaria y la propaganda por el hecho, siempre planeando sobre la estrategia de la nueva central sindical anarquista, la Confederación Nacional del Trabajo (CNT), fundada en 1910. Cada vez más político en el caso del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), que va dejando de lado su inicial aislacionismo para acercarse a los republicanos y formar con ellos un frente capaz de fortalecer el peso parlamentario de la oposición al régimen y minar sus bases desde dentro para, llegado el momento, sustituirlo por una república.

Ante estos retos, el sistema careció de respuesta eficaz. El entramado constitucional diseñado por Cánovas, quizá adecuado para dar cabida política a la España de 1876, no lo era ya para representar a la del primer tercio de la nueva centuria. Cada vez más despegado de la realidad social del país, se reveló incapaz de reformarse a sí mismo para dar entrada a las nuevas fuerzas sociales y asumir sus demandas democratizadoras.

Las personas fallaron tanto como las instituciones. El propio rey no supo estar a la altura de las circunstancias. Alfonso XIII se implicó en exceso en los problemas políticos y tomó decisiones en función de su propia percepción de la opinión del país, distorsionada por la formación que había recibido, que no le capacitaba para asumir las crecientes demandas de democracia de los obreros y las clases medias, y por la influencia reaccionaria de su entorno palatino y militar. Los partidos dinásticos, uno de los pilares fundamentales del régimen, no supieron tampoco renovarse para convertirse en vehículos capaces de representar a una opinión pública creciente en número e interés por la política. Anclados en sus redes caciquiles, cada vez más inoperantes en aquella España más industrial, más urbana y más culta, entraron en un proceso de desarticulación interna. La muerte de sus líderes históricos, Cánovas y Sagasta, no dio paso a la aparición de nuevos jefes incontestables, sino a la lucha entre un número creciente de facciones incapaces de construir en las Cortes mayorías suficientes y estables. Por último, la respuesta miope e intransigente de los grupos sociales dominantes, que se atrincheraron en la defensa a ultranza del régimen, llegando incluso a boicotear cualquier intento de reforma desde dentro del mismo, terminó por convertirse en un factor más de su descomposición. La actitud más cerril la protagonizaron dos instituciones, la Iglesia y el Ejército, que se consideraban depositarias de las esencias de la nación, y cuya postura contribuyó a radicalizar las posiciones de las fuerzas contrarias al régimen, lo que terminó por condenarlo a muerte.

LA MONARQUÍA NO RESPONDE

La crisis del sistema se manifestó desde los primeros años del reinado de Alfonso XIII. Con la excepción del llamado gobierno largo del conservador Antonio Maura, entre 1907 y 1909, los gabinetes se sucedían a un ritmo acelerado sin que los grandes problemas alcanzaran solución alguna. La conflictividad social iba en aumento; las huelgas crecían año tras año en número e intensidad, y los sindicatos se fortalecían. Nunca apaciguada del todo, la cuestión religiosa recobró toda su vigencia al sumarse al anticlericalismo tradicional de la izquierda republicana y socialista la actitud de un sector de los liberales que exigía la reducción de la influencia de la Iglesia en la sociedad por medio de expedientes como el matrimonio civil o la limitación del número de órdenes religiosas. El problema militar, dormido en la época de Cánovas, despertó como resultado de la pervivencia entre jefes y oficiales de la mentalidad tradicional, agraviada por el Desastre de 1898, que avivó la voluntad intervencionista del Ejército en la vida pública. Y los nacionalismos catalán y vasco, huérfanas las clases medias periféricas de representación en el seno del régimen, iban ya conquistando sus primeros bastiones de poder en ayuntamientos y diputaciones, lo que les animaba a ir más lejos en unas reivindicaciones que encontraban escasa comprensión en los sucesivos gobiernos del régimen.

Es verdad que liberales y conservadores no permanecieron con los brazos cruzados, presenciando el deterioro imparable del sistema. Lo que sucedió es que sus intentos de reforma, tímidos, contradictorios y, sobre todo, fruto del empeño solitario de poderosas y clarividentes individualidades antes que de los partidos como tales, hubieron de enfrentarse a fuerzas demasiado poderosas e intransigentes.

El primero de esos intentos reformistas se debe a Antonio Maura, jefe del partido conservador que presidió el gobierno en el ya citado periodo transcurrido entre 1907 y 1909. Hombre enérgico y decidido, impulsó un amplio programa de regeneración conservadora que se concretó en un verdadero torrente de disposiciones legales. Proteccionista en lo económico, aprobó leyes de defensa de la industria nacional, de rearme naval y de colonización y mejora agrícola. Paternalista en lo social, intervino en las relaciones laborales y dio su primer impulso a los seguros de vejez e invalidez. Convencido de la necesidad de afrontar con urgencia el problema de la representatividad de las instituciones, trató de movilizar a la opinión pública, descuajando las bases del caciquismo mediante una ley de Administración local que establecía la autonomía municipal e introducía una autonomía regional limitada mediante la creación de mancomunidades. Pero esta ley que, al revolucionar los fundamentos del sistema, quizá habría podido salvarlo, no llegó a aprobarse porque se rebelaron contra ella los mismos caciques que sostenían al partido conservador.

Insuficientes unas reformas, bloqueadas otras, la situación del régimen siguió agravándose. En julio de 1909 estallaba en Barcelona un gravísimo conflicto de orden público. La conocida luego como Semana Trágica se inició cuando el gobierno decretó la movilización de reservistas para defender los intereses españoles en Melilla, amenazados por las tribus marroquíes próximas. Esta decisión provocó una huelga general en Barcelona que se saldó con la muerte de ciento dieciséis personas, trescientos heridos y decenas de edificios destruidos. Tras ella, el gobierno Maura se entregó a una represión indiscriminada en la que resultó significativa la ejecución el 13 de octubre de Francesc Ferrer i Guàrdia, maestro anarquista convertido por las autoridades en símbolo del escarmiento que quería practicarse. El escándalo subsiguiente y la oleada de protestas dentro y fuera de España hicieron que el rey retirase su confianza a Antonio Maura.

Manifestación en Barcelona para reclamar la libertad de los presos detenidos tras los sucesos de la Semana Trágica. La ejecución de Ferrer i Guàrdia, unos días después, el 13 de octubre de 1909, provocó una ola de protestas que se extendió incluso más allá de la frontera española.

El rotativo londinense The Times, por ejemplo, publicó: «Por negligencia o estupidez, el gobierno ha confundido la libertad de instrucción y conciencia, el derecho innato a razonar y expresar su pensamiento, con el derecho de oposición, asimilándolo a una agitación criminal».

Tras un breve paréntesis, llegó al poder el líder liberal José Canalejas, que protagonizó el segundo gran intento de regeneración del régimen. Creyente, como Maura, en la revolución desde arriba, entre febrero de 1910 y noviembre de 1912 trató de introducir una serie de reformas que ampliaran sus bases y lo adaptaran a la realidad social, aunque desde una perspectiva más progresista que la del jefe conservador. El odiado arbitrio sobre consumos, que gravaba en exceso a las clases populares, dejó paso a un nuevo impuesto sobre las rentas urbanas. Lo injusto del servicio militar, que pesaba casi en exclusiva sobre obreros y campesinos incapaces de reunir la cantidad que permitía su redención en metálico, quedó atenuado por una disposición que lo hacía obligatorio en tiempos de guerra y elevaba las cuotas de redención en tiempos de paz. Los privilegios de la Iglesia fueron también recortados. En diciembre de 1910, la llamada ley del Candado prohibió la entrada de nuevas órdenes religiosas en España, mientras se avanzaba un paso más hacia la libertad de cultos al permitirse a otras religiones los símbolos externos en sus templos. Y, comprendida al fin la conveniencia de integrar en el régimen al nacionalismo catalán moderado, el gobierno liberal hizo aprobar en el Congreso la ley de Mancomunidades de Maura, que abría la puerta de una tímida autonomía regional.

Lugar donde fue asesinado José Canalejas el día 12 de noviembre de 1912, el escaparate de una librería próxima a la Puerta del Sol de Madrid. La muerte del líder liberal privaba al régimen de la Restauración de su mejor baza reformista.

Por desgracia, la que llevaba camino de convertirse en una reforma global del régimen, que quizá hubiese culminado con su democratización, quedó bruscamente interrumpida en noviembre de 1912 al morir asesinado Canalejas en la madrileña Puerta del Sol. Fue una auténtica hecatombe, porque desde ese instante el sistema, atenazado por la parálisis, empezó a despeñarse hacia su fin. A ello contribuyó la actitud de Maura, que rechazó la legitimidad de los liberales para gobernar con la monarquía argumentando que habían apoyado la campaña orquestada contra él por la izquierda con motivo de la Semana Trágica. Tan irresponsable postura rompió el Partido Conservador, pues una parte de él, liderada por Eduardo Dato, se negó a secundarla. Pero no fue menos importante la fragmentación del Partido Liberal a la muerte de Canalejas, que abrió una pugna por su sucesión de la que salieron diversas facciones cuyos líderes no estaban ya dispuestos a obedecer más disciplina que la suya. Durante nueve años, entre 1914 y 1923, ni siquiera la más escandalosa manipulación electoral bastaba ya para garantizar a ningún grupo la mayoría suficiente para gobernar.

Mientras, el país sufría y disfrutaba a un tiempo las consecuencias de la primera guerra mundial. La angustiosa necesidad de los países beligerantes de adquirir en otros lugares los bienes de todo tipo que no producían ya sus industrias, volcadas hacia el esfuerzo bélico, regalaba a los empresarios españoles beneficios tan ingentes que en poco tiempo se amasaron inmensas fortunas. Pero, siendo más rentable exportar que vender en España, iba quedando desabastecido el mercado nacional, los precios crecían sin cesar y caía el salario real de los obreros, situación tanto más peligrosa en cuanto que la disminución en el nivel de vida de los pobres coincidía con el aumento escandaloso en el nivel de vida de los ricos. Rechazados por la oligarquía miope proyectos como los del liberal Santiago Alba, que pretendía aliviar las miserias de los trabajadores mediante un impuesto extraordinario sobre los beneficios generados por la guerra, la situación derivó hacia una tensión social cada vez más insoportable que terminó por estallar en forma de una nueva crisis en 1917.

Entonces vinieron a superponerse por un momento todos los descontentos y concertaron su oposición por un instante todos sus protagonistas. El régimen pareció hallarse al borde del fin cuando, por vez primera, republicanos, socialistas, regionalistas y militares exigieron una reforma profunda de las instituciones y una democratización efectiva del régimen. Pero la misma incoherencia de aquella alianza contra natura quedó enseguida de manifiesto. El temor de militares y nacionalistas catalanes, conservadores ambos por la propia dinámica de sus intereses y su extracción social, a que sus aliados en aquella aventura la aprovecharan para derribar a un tiempo monarquía y orden social, forzó su retirada y reconstruyó al poco, en forma de gobierno de concentración nacional, el frente natural de la oligarquía que, todavía por entonces, continuaba decidiendo los destinos del país.

Todo continuó como estaba. Y seguir como se estaba solo podía significar ir a peor, pues las heridas sin curar del cuerpo nacional habían por fuerza de emponzoñarse. No resuelto el problema de la representatividad, las clases medias continuaban pasándose a mayor ritmo a las filas republicanas o nacionalistas. No resuelto el problema regional, el nacionalismo se radicalizaba y los partidos más moderados empezaban a ceder terreno ante opciones más exigentes. No resuelto el problema social, las demandas de los trabajadores se hacían más extremas y ganaban terreno entre ellos las opciones más violentas. Y los gobiernos, efímeros e inoperantes, se mostraban incapaces de frenar la deriva del régimen hacia su fin. En sus estertores, un último intento de reforma, el que protagonizaría a partir de diciembre de 1922 el líder liberal Manuel García Prieto, en coalición con los reformistas del antiguo republicano Melquíades Álvarez, pareció por un momento abrir una pequeña puerta a la esperanza. Quizá la monarquía liberal podía por fin apostar por una reforma pacífica que la condujera hacia la democracia y, de su mano, permitiera por fin afrontar con legitimidad y energía las cuestiones pendientes. Fue un espejismo. El experimento, más bien timorato por otra parte, fue boicoteado una vez más por la oligarquía. El golpe militar de Miguel Primo de Rivera, en septiembre de 1923, dio la puntilla a un sistema en el que ya no creían ni sus propios dirigentes.

LA DICTADURA PINTORESCA

En apariencia, el disparador del golpe de Estado que colocó en el poder al capitán general de Cataluña no fue otro que las posibles repercusiones del llamado Expediente Picasso, que se había abierto en el Congreso de los Diputados con el fin de depurar las responsabilidades por un nuevo desastre, el sufrido en julio de 1921 por el Ejército español en Annual, en el norte de África, donde las tropas trataban con escaso éxito de someter a las tribus rifeñas rebeldes a la ocupación colonial hispano-francesa del territorio marroquí. El contenido del expediente, que revelaba no solo la imprevisión e incompetencia de buena parte de las autoridades civiles y militares implicadas, sino que llegaba a salpicar también al propio rey, habría explicado así un golpe que el mismo Alfonso XIII sin duda conocía de antemano y que no tardó en legitimar llamando a su principal jefe a formar gobierno. Pero debajo de estos hechos subyace la verdadera cuestión. El golpe significaba el fracaso de la vía reformista a la democracia, la confesión de impotencia del régimen para renovarse, para cambiar en la dirección que le marcaba el signo de los tiempos.

Por el contrario, la dictadura a la que daba paso, tan pintoresca como la campechana personalidad del dictador, suponía una apuesta de las clases dirigentes del país, amparadas por la Iglesia y el Ejército, por la vía autoritaria de preservación de sus intereses y, en cierto sentido, por una fórmula propia y distinta de regeneracionismo, desde arriba, como el intentado por Maura o Canalejas, pero, una vez más, sin alterar lo esencial del orden económico, social y político que tanto les beneficiaba. Por ello, Primo de Rivera se identificaba con aquel cirujano de hierro que, según había escrito Joaquín Costa, debía operar el cuerpo nacional para prepararlo para la democracia. Pero solo hasta cierto punto y solo en los primeros momentos de su ejecutoria. Hasta 1925, el régimen careció de instituciones propias. Su gobierno no era otra cosa que un directorio militar que mantenía suspendida la Constitución y clausuradas las instituciones representativas; que reprimía, con escasa dureza, toda oposición, y se entregaba con cierta energía a la labor de dar solución urgente a lo que, desde su punto de vista, eran los problemas del país. Naturalmente, ninguno de los verdaderos problemas de fondo recibió la atención que merecía. El de la representatividad de las instituciones ni se planteó ni podía plantearse. La cuestión social se abordó desde una óptica represiva, como un mero problema de orden público, e idéntica perspectiva se adoptó respecto a los nacionalismos catalán y vasco, que sufrieron humillaciones innecesarias de las que no podía derivar sino su radicalización. Solo el problema marroquí recibió respuesta cumplida y eficaz, gracias a una acción militar concertada con Francia que permitió un nutrido desembarco de tropas en la bahía de Alhucemas, al oeste de Melilla y, tras caer derrotado su principal instigador, el caudillo rifeño Abd-el-Krim, terminó prácticamente con los disturbios en el protectorado.

Si en la mente del dictador y de quienes lo amparaban hubiera estado actuar como el cirujano de hierro se habría retirado entonces. Pero había algo más. Se trataba de ensayar una vía alternativa de modernización del país, una vía segura, que no pusiera en peligro el orden establecido. Por ello, Primo de Rivera no solo permaneció en el poder, sino que trató de dotar a lo que hasta entonces no había sido más que una situación de hecho de un entramado jurídico que hiciera de su gobierno un verdadero régimen. En 1925 dio comienzo la institucionalización de la dictadura. Se concretó en la formación de un Directorio Civil, integrado ya por verdaderos ministros; la creación de un partido único, la Unión Patriótica, concebido para nutrir al régimen de cuadros políticos y administrativos; la introducción de un órgano representativo, la Asamblea Nacional Consultiva, que habría de dar a España una nueva Constitución, y la puesta en marcha de una política económica declaradamente intervencionista con el objetivo de acelerar, bajo la tutela efectiva del Estado, el desarrollo económico del país.

Imagen de la operación militar de Alhucemas, 8 de septiembre de 1925. La maniobra consistió en el desembarco de un contingente de diez mil soldados españoles transportados desde Ceuta y Melilla por una flota combinada hispano-francesa. Tuvo como comandante de las fuerzas de tierra al general José Sanjurjo, futuro golpista contra la República, y entre los jefes participantes en ella se encontraba el entonces coronel Francisco Franco, quien, por su actuación al frente de las tropas de la Legión, fue ascendido a general de brigada. El general estadounidense Dwight David Eisenhower estudió a fondo la operación, entonces por completo novedosa, cuando preparaba el plan del desembarco de Normandía.

Pero casi nada era lo que parecía o pretendía ser. Si el Directorio sí fue un verdadero gobierno y contó con algunos ministros de gran valía personal, como José Calvo Sotelo, Eduardo Aunós o Rafael Benjumea, conde de Guadalhorce, no sucedió así con las demás instituciones. La Unión Patriótica no fue nunca un partido, sino, en todo caso, un movimiento, precario en ideas, deficiente en organización y muy pobre en talento en el que se integraron tan solo arribistas sin escrúpulos y gentes menos dispuestas a innovar que a conservar. La Asamblea era, como no podía ser de otro modo, consultiva, pues en ningún momento se comprometió el dictador a seguir sus indicaciones, pero tenía poco de nacional, pues sus miembros no representaban a la nación, sino al mismo sector que militaba en el partido oficial, del que provenían casi todos sus integrantes. Y la Constitución que redactó nunca pasó del papel, pues se trataba de un documento tan conservador que incluso desagradó al propio dictador. Solo la política económica y, con matices, la obra social del régimen parecían apuntarse un éxito tras otro.

En efecto, en aquellos años España cambió su faz con una rapidez desconocida. Las Confederaciones Hidrográficas iniciaron la racionalización y la explotación de los recursos hídricos del país, tantas veces sugerida por los regeneracionistas como panacea de los males del campo. Los ferrocarriles, las carreteras, las líneas telefónicas y las emisoras de radio se multiplicaron, acortando las distancias físicas y espirituales entre los españoles. La industria recibió un impulso enorme, alimentada por la creación de monopolios y bancos públicos, el aumento impresionante de las inversiones del Estado y la intensificación del proteccionismo arancelario, hasta alcanzar al sector primario en importancia dentro del PIB, que creció a ritmo desconocido hasta entonces. Las relaciones sociales parecieron disfrutar de un periodo de relativa calma, beneficiadas por la bonanza económica y la introducción de pensiones de maternidad, subsidios para las familias numerosas e instituciones de arbitraje y mediación entre empresarios y trabajadores que funcionaban bajo la tutela del Estado y que contaron incluso con la participación del PSOE y su sindicato hermano, la Unión General de Trabajadores (UGT). Durante un tiempo, el gobierno parecía seguir al pie de la letra el programa regeneracionista, sembrando el país de escuelas, llenando de pan las despensas y llevando la paz a los campos y las calles.

Pero se trataba de un panorama engañoso. La oposición existía y se fortalecía con el paso del tiempo y a cada error del dictador. La economía era boyante, pero dependía para serlo de un presupuesto extraordinario que cargaba con ingentes deudas las arcas públicas. La crisis mundial de 1929 pondría al descubierto sus limitaciones y daría al traste con la mejor baza del régimen para preservar su existencia. Las relaciones sociales eran, desde luego, menos tensas que en la década precedente, pero distaban mucho de ser idílicas. La organización corporativa del trabajo, en virtud de la cual empresarios y obreros contaban con órganos de representación no clasistas en cuyo seno se negociaban, al menos en teoría, acuerdos beneficiosos para ambos, tenía frente a sí enemigos tan poderosos como las organizaciones patronales, que recelaban de la presencia del socialismo en las instituciones, y los sindicatos anarquistas, que la consideraban un monopolio inadmisible y una traición a sus intereses de clase. La educación avanzaba, pero al precio de cerrar la boca de los disidentes y conculcar sin tapujos la libertad de cátedra en escuelas, institutos y universidades, que pronto se convirtieron en activos nidos de oposición contra la dictadura. El Ejército, en apariencia institución privilegiada de un régimen que parecía obra suya, terminó por volverse contra su criatura, cansado de las arbitrariedades de Primo de Rivera en materia de ascensos. Y el nacionalismo catalán, agraviado por la suspensión de la ya escasa autonomía de la región y la prohibición de todos los símbolos externos de su identidad, desde el catalán a su bandera, la senyera, se embarcó en una deriva radical que sobrepasó a la moderada y monárquica Lliga en beneficio de opciones extremistas como Estat Catalá, embrión de la futura Esquerra Republicana de Catalunya. Las clases medias, en fin, no solo iban apartándose de un régimen que parecía dispuesto a internarse por la senda del autoritarismo sin ánimo alguno de implantar la democracia, sino que terminaron por detestar a la monarquía que lo amparaba. Los partidos republicanos, que se embarcaron por fin en estos años en un proceso de reorganización del que saldrían las principales fuerzas de la futura República, recogían cada día un poco del desencanto, del hartazgo y del cansancio que se iba apoderando de los españoles.

Cuando todos estos procesos coincidieron en el tiempo con la crisis económica, el régimen perdió toda posibilidad de consolidarse a largo plazo. La inflación desbocada, la alarmante depreciación de la peseta y el desmesurado déficit de las cuentas públicas privaron al dictador de la única arma que le quedaba. Descorazonado, perdido el apoyo del propio rey, no se le ocurrió a Primo de Rivera otra salida que consultar a quienes le habían colocado en el poder. Los jefes militares se pronunciaron contra su continuidad y forzaron su dimisión, que se produjo en enero de 1930. Nuevos horizontes se abrían para España. La reforma había fracasado; la dictadura había caído. Tan solo la república parecía ahora ofrecer alguna esperanza de respuesta a los graves problemas del país. Pero ¿qué haría el rey? ¿Se batiría en retirada la monarquía sin disparar un solo tiro en su defensa o la imprescindible democratización de España exigiría el precio de una nueva guerra civil? Y, sobre todo, ¿estarían los republicanos a la altura de la oportunidad que la historia les regalaba?

2

Del mito a la razón.
Breve historia de los republicanos españoles

No fueron los republicanos quienes han traído la República; ha sido la República la que ha traído a los republicanos.

Miguel de Unamuno (1931).

LOS VIEJOS REPUBLICANOS

Si la respuesta a la pregunta con la que terminábamos el capítulo anterior hubiera dependido de los partidos republicanos españoles anteriores a 1900, habría tenido que ser por fuerza negativa. El personalismo exacerbado, las endémicas querellas intestinas, la deficiente organización y la carencia de programas políticos acordes con las necesidades del país minaron sus fuerzas y, en la práctica, les incapacitaron durante décadas para plantear una alternativa seria a la monarquía. Y no se trataba de juventud o de falta de experiencia. En realidad, el republicanismo español era tan antiguo como el propio liberalismo. La Primera República francesa, después de 1793, contó al sur de los Pirineos con algunos, es cierto que muy pocos, admiradores, en especial entre las clases ilustradas, aunque su número disminuyó de forma apreciable cuando Napoleón la transformó en imperio en 1804, y más aún tras la invasión francesa de la península en 1808. Aun así, algunos periódicos publicados en Cádiz, mientras las Cortes regalaban a los españoles su primera Constitución, entre 1810 y 1812, llevaron nombres tan elocuentes como Robespierre español o El Tribuno del pueblo español, y el contenido de sus artículos en nada desmerecía sus cabeceras. Republicanos hubo también entre los miembros más exaltados de las sociedades secretas que proliferaron durante el Trienio Constitucional, entre 1820 y 1823, e incluso después, en los últimos años del reinado de Fernando VII y los primeros de la monarquía isabelina.

Se trataba tan solo, sin embargo, de individuos aislados —reporteros y escritores en su mayor parte— que, crecidos en los márgenes del progresismo, nombre que adoptó en España el ala izquierda de los liberales, se desligaron indignados de él cuando aceptó el sufragio censitario y el Senado, introducidos en la Constitución de 1837. Desde entonces, vegetaron entre la conspiración y el periodismo marginal, sin llegar, sino en muy escaso número, a unas Cortes en las que su posición les imponía la alianza con el mismo progresismo del que procedían, y trataron, con tan poco éxito como descanso, de introducir en las leyes que iban dando forma al Estado liberal los aspectos fundamentales de su exiguo programa. El racionalismo, la numantina defensa de la democracia y los derechos individuales, la lucha contra la desigualdad social y la militancia a favor de la escuela laica fueron en aquellas décadas los lugares comunes en la dialéctica de unos grupos que, lejos de formar un partido, constituían más bien una sensibilidad, un conjunto de valores a lo sumo, que no atraía sino simpatías muy escasas en la todavía raquítica opinión pública del país. Tardará mucho tiempo en ver la luz un auténtico partido republicano.

El mallorquín Juan Picornell, principal artífice de la conspiración de San Blas del año 1795 en Madrid, fue uno de los primeros teóricos del republicanismo español. Traductor de numerosos textos llegados de Francia, entre ellos la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, influyó también de modo determinante en la conspiración republicana venezolana de Manuel Gual y José María España de 1797.

Su primera organización no es tal, sino, en el mejor de los casos, una corriente dentro de otro grupo político, el denominado Partido Progresista Demócrata, que se había desgajado del progresismo en 1849, a raíz de la represión de los tímidos movimientos revolucionarios del año anterior. Por primera vez, sin embargo, el programa está claro: reconocimiento de nuevas prerrogativas individuales, como la libertad de conciencia y los derechos de reunión, asociación e instrucción primaria gratuita, y defensa a ultranza del sufragio universal y la soberanía nacional. Pero, siendo sin duda un programa democrático, no se trata aún de un programa republicano. La Corona, en su concepción del Estado, ocupa todavía un lugar fundamental como símbolo y órgano de la voluntad nacional. Y tardará mucho en serlo, pues acucian por entonces dos cuestiones mucho más graves: la supervivencia misma en el seno de un régimen que impide por completo a la democracia española acceder a una representación acorde con su respaldo entre los estratos más humildes de las clases medias, y la preservación de la difícil unidad de un partido dividido entre defensores convencidos del más puro liberalismo económico y valedores de la intervención de los poderes públicos en las relaciones de producción.

La revolución de septiembre de 1868 vino a cambiar las cosas. Por primera vez, los demócratas, integrados en la coalición de partidos que había derribado la monarquía isabelina, veían clara la posibilidad de participar con total libertad en el debate político, e incluso de acceder al poder y poner en práctica al menos una parte de su programa. Las profundas divisiones, hasta entonces anestesiadas por la inapelable necesidad de sobrevivir, estallaron en toda su crudeza. La primera ruptura sobreviene cuando es necesario pronunciarse sobre la forma que ha de adoptar el nuevo régimen nacido de La Gloriosa. Unionistas y progresistas, aliados de los demócratas en el movimiento revolucionario, prefieren la monarquía, y pronto se suma a esta postura una facción del partido encabezada por Nicolás María Rivero y por Cristino Martos, los llamados cimbrios, cuyo apelativo deriva de que, al igual que hizo el pueblo germano de ese nombre, derrotado por el cónsul romano Mario en el año 100 a. C., aceptan la monarquía, en este caso bajo la condición de que se garantice en ella la democracia. Frente a ellos, los auténticos republicanos se niegan a renunciar al que tienen por su postulado esencial; expulsan del partido a los cimbrios, y cambian de nombre a la formación resultante. Corre el mes de noviembre de 1868 cuando ve la luz el nuevo Partido Demócrata Republicano Federal.

Pero la denominación es engañosa, y más aún lo es la apariencia de unanimidad. Ha sido solo una diferencia la que ha quedado resuelta, pero permanecen muchas otras, en especial la profunda brecha que todavía separaba a liberales y partidarios del intervencionismo estatal. Los primeros, encabezados por personalidades como Estanislao Figueras o Emilio Castelar, se mostraban convencidos de que las desigualdades sociales se irían resolviendo poco a poco por sí solas cuando un régimen verdaderamente democrático garantizara los derechos individuales y el libre juego de las fuerzas productivas. Los segundos, que contaban entre sus filas con teóricos de la talla de Francisco Pi y Margall, pensaban, por el contrario, que el Estado debía luchar con energía contra las diferencias de clase por medio de una política de expropiaciones masivas que permitiera la extensión de la pequeña propiedad entre los obreros y campesinos. Tampoco es baladí la distancia que separa a los partidarios de la insurrección armada como instrumento para lograr la implantación de la república de quienes defienden en exclusiva las vías legales. Y, por último, a pesar del apelativo federal que preside la denominación oficial del partido, no faltan en sus filas quienes prefieren un Estado unitario.

Litografía anónima que refleja el entusiasmo del pueblo madrileño ante la proclamación por las Cortes de la Primera República, el 11 de febrero de 1873. En lo alto del Palacio del Congreso ondea la bandera nacional que, a diferencia de lo que sucedería en 1931, siguió siendo la misma que la vigente en tiempos de la monarquía isabelina.

Surge, entonces, una pregunta evidente: ¿por qué corrientes de opinión tan distintas no cristalizaban en forma de nuevos partidos republicanos dotados de una mayor coherencia interna? La respuesta no es sencilla, pero se impone no pasar por alto algunas consideraciones. Por un lado, el partido era ya demasiado pequeño como para condenarlo a la insignificancia que supondría dividirlo aún más. Por otro lado, las líneas de fractura en su seno se entrecruzaban de forma compleja y casi aleatoria. Existían partidarios convencidos de la insurrección armada que desconfiaban, sin embargo, de la intervención estatal, pero también defensores acérrimos de la misma que lo hacían de la vía parlamentaria, mientras un federalista podía ser a la vez un fanático liberal o no serlo, y defender o no la legitimidad de la acción violenta. Así las cosas, la capacidad real del partido —ya de por sí minoritario en el seno de la coalición revolucionaria de 1868— para configurar el Estado en ciernes de acuerdo con sus postulados básicos era muy escasa.

¿Cómo fue posible, entonces, que el 11 de febrero de 1873 se proclamara en España la Primera República? La respuesta a esta pregunta hay que buscarla en la frágil situación a la que quedó abocado el país como resultado de la renuncia del rey Amadeo I, el nuevo monarca llamado a reinar bajo los dictados de la Constitución de 1869. El rey, harto del continuo chantaje de que era objeto por parte de las fuerzas políticas, devolvió el trono a los partidos que se lo habían dado, suceso que provocó en las Cortes un verdadero pánico a un vacío de poder que difícilmente podría venir a llenar un nuevo soberano. En ese contexto, muchos diputados que no eran republicanos —258 votos contra 32— se inclinaron por la república, pues vieron en ella la única alternativa al caos. Algunos de ellos quizá recordaron entonces las palabras del general Juan Prim, uno de los principales artífices de la revolución de septiembre de 1868: «La república sería posible si hubiera republicanos, como los hay hasta en Rusia; pero en España no los hay ni puede haberlos». Un régimen nacido sobre bases tan débiles mal podía llegar a consolidarse. Con la alta burguesía, la aristocracia y la Iglesia en contra; los obreros, que habían comprobado ya los límites de la voluntad reformista de sus antiguos aliados, mirando indiferentes en su mayoría hacia otro lado, y huérfana del reconocimiento de otras naciones, pues solo Suiza y los Estados Unidos la reconocieron, la joven República dependía por completo de una exigua base social integrada por una parte de las clases medias bajas del Levante y el Sur. Pero lo peor era que incluso los mismos grupos sociales que en teoría sostenían el régimen, convencidos de la legitimidad de la revolución desde abajo y dejados a su albedrío, podían impedir su consolidación. Y eso fue lo que, de hecho, sucedió.

Viñeta publicada por el semanario satírico La Flaca el 1 de marzo de 1873 que representa a la República española debatiéndose entre el federalismo, simbolizado por José María de Orense, el inveterado conspirador republicano que fue presidente de las Cortes en 1873, y el unitarismo, aquí personificado en la figura del moderado Emilio Castelar, que presidiría la República entre septiembre de 1873 y enero de 1874.

La llegada al poder de un partido que se había proclamado una y mil veces enemigo irreductible del reclutamiento forzoso y defensor de un ejército pequeño y obediente a las directrices del poder civil provocó de inmediato el colapso de la estructura militar, al negarse los soldados a obedecer las órdenes de sus oficiales y abandonar en masa los cuarteles. Además, las escasas unidades que permanecieron leales al gobierno hubieron de ser enviadas al norte, donde los carlistas intentaban por tercera vez sentar a su pretendiente en el trono de España. Y sin tropas que lo impidieran, los republicanos más extremistas tomaron las calles y trataron de hacer por sí mismos lo que las Cortes aún no habían tenido tiempo de hacer: implantar la república federal. El resultado fue dramático. Varias decenas de ciudades del este y el sur del país se proclamaron cantones independientes, y durante unas pocas semanas la República pareció encontrarse al borde del abismo. Únicamente la intervención de los generales leales al gobierno permitió reprimir el movimiento cantonalista. Pero el precio pagado fue altísimo. No solo cayó la República, que apenas había durado diez meses; el mismo republicanismo quedó desacreditado en España para toda una generación.

UNA LARGA TRAVESÍA DEL DESIERTO

La consolidación del régimen canovista, a partir de 1875, supuso para los republicanos el peor de los escenarios posibles. La monarquía no solo había regresado, sino que esta vez lo había hecho con fuerza suficiente para quedarse, pues, por vez primera, tenía tras ella un consenso social relativamente amplio. A ello se añadió la notoria impotencia de los republicanos para dar una respuesta adecuada a los cambios experimentados por la sociedad española en aquellos años. En lugar de reagruparse para constituir un partido fuerte en el que las discrepancias sobre lo accidental no actuaran como obstáculos en la lucha por el objetivo esencial, la implantación de una república democrática, persistieron en sus divisiones, e incluso las acentuaron. Durante casi tres décadas, no integraron el bando republicano sino grupúsculos sometidos al caudillismo de políticos acabados que cargaban a sus espaldas una historia tan gloriosa como exiguo había de ser su futuro. Su organización, articulada en torno al comité, el casino y la prensa local como elementos exclusivos, siguió siendo incapaz de romper los estrechos límites de las clases medias urbanas para movilizar el apoyo de unas masas obreras que, crecientes en número y conciencia política, permanecieron en su mayoría refractarias al mensaje republicano. Y sus endémicas discordias, tanto doctrinales como tácticas, convirtieron en imposible la renovación de su mensaje y la definición de un verdadero programa político que sirviera de alternativa creíble a la monarquía restaurada. Rara vez lograron sentar en las Cortes los partidos republicanos más de una veintena de diputados antes de concluir el siglo.

De este modo, cuando el llamado «Desastre de 1898» vino a poner de manifiesto que la aparente solidez del régimen de la Restauración ocultaba unos cimientos podridos, el contumaz republicanismo hispano aparecía aún dividido en diversas corrientes, todas ellas minúsculas y poco activas. Junto al federalismo, que continuaba conmovedoramente fiel a las ideas de Pi y Margall, figuraban el denominado centralismo, liderado por el que, como aquel, fuera presidente de la República, Nicolás Salmerón, y los grupúsculos herederos del antiguo Partido Republicano Progresista, divididos entre los legalistas de Juan Sol y Ortega y los llamados exaltados, dirigidos por el doctor José María Esquerdo. Nadie podía negar, no obstante, y los mismos republicanos fueron de inmediato conscientes de ello, que la historia volvía a regalarles una ocasión que no podían permitirse desperdiciar. Si la monarquía había probado, una vez más, sus profundas limitaciones, quizá los españoles volvieran de nuevo sus ojos hacia la república. Pero para navegar por las ahora turbulentas aguas de la política nacional sin verse condenados al naufragio era necesario que los pilotos del republicanismo al menos calafatearan sus maltrechas naves y pusieran rumbo hacia un destino común. La debilidad organizativa, las querellas intestinas y la indigencia programática no podían persistir. El republicanismo debía afrontar en serio su renovación.

Así pareció suceder en los primeros años del nuevo siglo. En 1901 veía la luz la denominada Federación Republicana, primer intento de articular un frente común de los partidos republicanos contra la monarquía. Pero su fracaso, casi inmediato, dejó paso enseguida en esta ocasión a un experimento de unidad más estrecha. La Unión Republicana, nacida en la primavera de 1903 en el seno de una asamblea que contó con la presencia de cerca de cuatro mil representantes de agrupaciones republicanas locales y regionales de todo el país, alcanzó sin excesiva dificultad dos grandes logros. En primer lugar, bajo la presidencia de Salmerón, hizo aparecer por fin al republicanismo como alternativa política ajena a cualquier veleidad revolucionaria —la última intentona seria había sido la sublevación del general Manuel Villacampa en 1886, en realidad un pronunciamiento tan improvisado como esperpéntico— y vinculó su imagen en exclusiva a la acción electoral y parlamentaria. Y, en segundo lugar, aun sin haber logrado reunir bajo sus siglas todas sus corrientes, insufló en las filas republicanas un notable optimismo. En el mismo mes de marzo, la flamante Unión cosechaba en las elecciones al Congreso de los Diputados la nada despreciable cifra de treinta y cinco escaños, casi el doble de lo habitual.

Sin embargo, la esperanza de los republicanos apenas iba a durar tres años. Los debates parlamentarios de la ley de Jurisdicciones, iniciados a finales del año 1905, que, al conceder al Ejército funciones impropias de una institución militar, marcaban para el régimen un camino diametralmente opuesto al que cabía esperar de una democracia parlamentaria, convencieron a Salmerón de la conveniencia de aproximarse a los catalanistas de la Lliga con el fin de articular con ellos un frente común contra los partidos dinásticos. Pero la decisión, polémica cuando menos, distaba mucho de concitar el apoyo unánime de los republicanos.

De hecho, en el seno de la Unión se iban perfilando con creciente nitidez dos nuevas corrientes que amenazaban de nuevo con romper la frágil unidad de acción del republicanismo. Líderes carismáticos, como el periodista cordobés afincado en Barcelona Alejandro Lerroux, cuyos discursos incendiarios le habían granjeado un gran apoyo entre el proletariado de la ciudad condal, o el escritor Vicente Blasco Ibáñez, caudillo indiscutible del republicanismo valenciano, se mostraban cada vez más convencidos del error que suponía aliarse con partidos como la Lliga, representantes de una burguesía conservadora que, en caso de amenaza al orden establecido, no dudaría en sostener a la monarquía. Por el contrario, defendían la conveniencia de apostar con fuerza por el acercamiento al PSOE de Pablo Iglesias, con el fin de presionar al régimen desde fuera hasta forzar su quiebra definitiva, que dejaría libre el camino hacia la instauración de una república democrática. Frente a ellos, hombres como el escritor Gumersindo de Azcárate y el abogado gijonés Melquíades Álvarez, pronto motejados de gubernamentales, sostenían que debía buscarse el diálogo con el sector más abierto del liberalismo dinástico, pues el socialismo no parecía abierto a la colaboración, y opinaban que la estrategia más inteligente no era otra que la acción en el seno del propio régimen con el fin de transformarlo en una monarquía democrática que, distinta de la república solo en el nombre, podría, llegado el momento, darle paso con toda facilidad.

Poco tardarían ambas corrientes en organizarse bajo la forma de auténticos partidos. En 1907, Lerroux abandonaba la Unión Republicana aduciendo su frontal oposición a la alianza con el catalanismo. En enero del año siguiente, el comité madrileño proclamaba su lealtad al periodista cordobés, que semanas más tarde era proclamado jefe del nuevo Partido Republicano Radical. Frente a ellos, los gubernamentales no pierden el tiempo. Aunque no se constituyen aún en partido, marcan de algún modo el ritmo del republicanismo hispano al propiciar el acercamiento a la izquierda del liberalismo dinástico, cuyo líder, Segismundo Moret, aparecía como beneficiario inmediato de la ola de protestas provocadas en 1909 por el fusilamiento de Ferrer i Guàrdia y la consiguiente caída del jefe del gobierno, el conservador Antonio Maura. Pero la estrategia de los gubernamentales, que se había concretado en la formación del denominado Bloque de las Izquierdas, pronto revela sus limitaciones. Moret, una vez en el poder, deja de lado bien pronto el programa reformista redactado por el propio Melquíades Álvarez. Ha llegado la hora de los radicales.

Caricatura del líder radical Alejandro Lerroux que ocupó la portada del Cu-cut el 25 de febrero de 1909. Cu-cut, una revista satírica de ideología catalanista que se publicó entre 1902 y 1912, alcanzaría gran celebridad con motivo de los sucesos del 25 de noviembre de 1905. Ese día, su redacción fue asaltada por un centenar de oficiales como reacción a una caricatura antimilitarista publicada por la revista, hecho que impulsó la aprobación de la llamada Ley de Jurisdicciones. Dicha ley, que entregaba el enjuiciamiento de todos los delitos «contra la patria o el ejército» a la justicia militar, provocó tal rechazo entre los partidos catalanistas que facilitó su unión con los republicanos en la llamada Solidaritat Catalana.

Sobre el papel, el camino parecía expedito. El PSOE, animado por la colaboración creciente de sus partidos hermanos en Europa con las fuerzas de la burguesía democrática, se muestra al fin dispuesto a abandonar su tradicional aislamiento para entenderse con los republicanos. La tremenda represión que siguió a la Semana Trágica, que se cebó en sindicatos obreros y escuelas laicas, terminó por decidir a Pablo Iglesias. En el otoño de 1909 nace la Conjunción Republicano-Socialista.

El programa de la Conjunción es simple. Se trata de implantar la república y llenarla de contenido por medio de la reforma social, el Estado laico y la democracia plena. Socialistas y republicanos dejan de lado lo accesorio para trabajar unidos por lo esencial. Una vez más, el éxito parece al alcance de la mano. Las elecciones de 1910 sentaron en los escaños de las Cortes a treinta y siete diputados de la Conjunción. Pero vuelve a tratarse de un espejismo. Lerroux, sospechoso de corrupción, la abandona muy pronto, y en 1912 los gubernamentales, que la aceptaron tan solo a regañadientes, aunque no la abandonan, se constituyen al fin en fuerza política independiente bajo la denominación de Partido Reformista. La división de los republicanos es ya un hecho innegable. El radicalismo optaba con nitidez por un programa de reformas avanzadas, copiadas de sus homólogos franceses y envueltas en una retórica españolista, anticlerical y antisocialista que buscaba con descaro atraerse a las masas obreras sin descartar para ello el recurso a la más desvergonzada demagogia. El reformismo, por el contrario, mucho más próximo a la burguesía y las clases medias, trataba de poner en marcha reformas similares, pero por medio de una oratoria más templada que atraía en mayor medida a los intelectuales que a los obreros, y no hacía ascos, allí donde podía, al uso descarado de los mecanismos clientelares propios de una sociedad todavía inmadura para la democracia. Pero ambos partidos comparten algo. De su mano, el viejo caudillismo dogmático empezó a dejar paso a una visión más moderna de la política, en la que la concienciación y la movilización de las masas, y la concepción del Estado como instrumento de cambio social alcanzan al fin un lugar central en el planteamiento estratégico de los líderes republicanos.

LA ILUSORIA DESAPARICIÓN DE LOS OBSTÁCULOS TRADICIONALES

Por lo demás, los últimos años de la Restauración siguen ofreciendo una curiosa alternancia de oportunidades entre ambas opciones, como si radicales y reformistas mantuvieran entre sí una relación similar a la que vinculaba a los partidos dinásticos. El asesinato de Canalejas, en noviembre de 1912, y el encargo de formar nuevo gobierno al liberal Álvaro Figueroa, conde de Romanones, que determinaría el apartamiento político de Maura, indignado por no haber sido llamado en su lugar, pareció ofrecer a los reformistas una nueva oportunidad. Alfonso XIII recibió a mediados de enero de 1913 a Gumersindo de Azcárate quien, embargado por un ingenuo optimismo, exclamó al concluir la audiencia que habían desaparecido al fin los obstáculos tradicionales. En algunos círculos de opinión se empezó a pensar que el rey, como un nuevo Carlos III, se disponía a facilitar un entendimiento con las izquierdas para la creación de una fuerza leal al régimen que actuara desde su interior con el objeto de conducirlo a la democracia.

Los propios reformistas lo creyeron así y se dispusieron a facilitar la tarea del monarca desdibujando sus perfiles republicanos. El 23 de octubre, en un histórico banquete en el Hotel Palace de Madrid, Melquíades Álvarez proclamó el accidentalismo del partido: los reformistas gobernarían con la monarquía, si esta aceptaba democratizarse, porque, en última instancia, lo esencial era la democracia y no el ropaje con el que esta se vistiera. Pero semejante actitud, que supuso la inmediata voladura de la Conjunción Republicano-Socialista, no sirvió de nada. El rey no albergaba en modo alguno las intenciones que se le atribuían y siguió llamando a formar gobierno tan solo a los jefes de los partidos dinásticos. Sonaba de nuevo la hora de los radicales.

La crisis de 1917 volvió a unir al republicanismo español en una posición inequívocamente contraria a la monarquía oligárquica. Incluso los reformistas, descorazonados por la actitud del rey, se adhirieron a la coalición revolucionaria. Pero la huelga general convocada en agosto por socialistas y anarquistas hizo saltar por los aires aquella alianza contra natura entre militares burócratas, burgueses catalanes, clases medias republicanas y proletariado urbano, y puso a cada uno en su lugar. Las clases propietarias se alinearon en defensa de un sistema que, al menos, garantizaba el orden establecido, y la revolución fracasó. Los republicanos, una vez más, quedaron descolocados. Y en cuanto al régimen, había sobrevivido, pero sin extraer lección alguna de lo sucedido. En lugar de embarcarse en una democratización progresiva que hubiera abierto cauces de representación a la opinión de los descontentos, afirmando así con mayor solidez sus bases sociales y asegurando su supervivencia, se aferró con mayor fuerza aún a los decrépitos partidos dinásticos. Pero como estos, divididos en múltiples facciones, se mostraban ya incapaces de garantizar mayorías estables, hubieron de ser los gobiernos de concentración dinástica, integrados por representantes de todas ellas, el último expediente de urgencia de un soberano que se negaba en redondo a reconocer que la sociedad española no era la misma que medio siglo atrás. Aun sin saberlo todavía, Alfonso XIII y sus políticos caminaban hacia el precipicio y arrastraban con ellos a la monarquía cuya existencia trataban de preservar.

En teoría, esa actitud debía seguir ofreciendo buenas oportunidades a los republicanos. Sin embargo, la distancia entre radicales y reformistas, a pesar de la creciente moderación de Lerroux, no hizo sino aumentar. Los seguidores de Álvarez regresaron a la táctica de aproximación al ala izquierda de los liberales, pero ahora con una importante modificación que terminó de desnaturalizar por completo su mensaje. En lugar de seguir postulándose ellos mismos como fuerza moderada de izquierdas en una monarquía democrática en la que la derecha correspondería a un remozado liberalismo dinástico, se ofrecían ya como aliados directos de ese liberalismo para formar ambos la presunta izquierda llamada a turnarse con los conservadores. El sinsentido era evidente, pues el liberalismo con el que Álvarez pretendía unirse no había dejado nunca de ser una fuerza oligárquica que no representaba otra opinión que la de sus caciques. Y para entenderse con él, el reformismo había de renunciar a lo esencial de un programa que, aplicado bajo esos parámetros, perdería cualquier posible utilidad como herramienta de democratización del régimen. No es de extrañar, por tanto, que muchos de los intelectuales republicanos que habían acudido al reformismo en 1912 atraídos por su aparente potencial para la democratización del régimen ahora comenzaran a abandonarlo. A sus ojos, el elocuente abogado gijonés había dejado ya de calarse el gorro frigio.

Huelga revolucionaria de agosto de 1917 en Madrid. Convocada por los dos grandes sindicatos españoles del momento, la socialista UGT y la anarquista CNT, vino a suponer el tercer embate sucesivo contra el régimen después de las acciones previas de las Juntas Militares de Defensa y la Asamblea de Parlamentarios.

Su efecto principal, sin embargo, fue por completo contraproducente, pues asustó al resto de la oposición al sistema y la hizo volverse en su favor.

Pero no les iba mucho mejor a los radicales. En las elecciones de 1918, Lerroux perdió su escaño. Y aunque lo recuperó en 1919, y en noviembre del año siguiente fue elegido presidente de la Junta Nacional de una enésima Federación Republicana, el republicanismo no parecía capaz de romper su techo electoral, y menos aún de forzar desde fuera la caída de la monarquía. Su moderación, por otra parte, se había consolidado. Cuando el desastre de Annual, en julio de 1921, vuelve a colocar a la monarquía ante la certidumbre de su propia impotencia material, el caudillo radical exige responsabilidades, pero proclama a su vez la conveniencia de seguir en Marruecos, e incluso se aviene a una entrevista con Maura, a la sazón jefe del gobierno. Del viejo radicalismo solo queda ya el nombre.

Serían, sin embargo, los reformistas quienes contarían con una última oportunidad antes del colapso definitivo del sistema parlamentario de la Restauración. Las crecientes exigencias de responsabilidades por la humillante derrota en Marruecos lleva al poder en diciembre de 1922 a un gobierno de concentración liberal presidido por Manuel García Prieto, en el que, por fin, los reformistas han logrado colocar un ministro y un programa orientado a la democratización de la monarquía. Pero se trata, una vez más, de un espejismo. Los liberales siguen sin constituir una fuerza política homologable a sus homónimos europeos, partidos modernos, con una organización y un programa concebidos para seducir a la opinión pública, sino la parte más presentable de un entramado caciquil erigido con el único fin de perpetuar en el poder a la oligarquía tradicional de terratenientes y financieros. Y esta oligarquía no está dispuesta a pactar una transacción, por mínima que sea, que suponga sacrificar ni un ápice de sus privilegios, como no lo están tampoco la Iglesia y el Ejército, sus aliados seculares. Así, el proyecto reformista, no exento tampoco de contradicciones internas, nacidas de una organización de cuadros, sin masas de importancia, dotado de una débil democracia interna y con apoyos limitados a una fracción de la clase media y a los menguantes cenáculos de intelectuales progresistas, tenía que estrellarse contra su propia obcecación. Si la monarquía podía de algún modo democratizarse, la tarea excedía en mucho las exiguas fuerzas de que disponía el reformismo. El golpe de Estado de septiembre de 1923 no vino a provocar el aborto de una presunta democracia en gestación, y menos aún a estrangular a un recién nacido, como algunos han sostenido. El programa del reformismo era inviable y estaba muerto mucho antes de que Miguel Primo de Rivera, capitán general de Cataluña, barriera de un plumazo los humeantes escombros del sistema canovista.

NO HAY MAL QUE POR BIEN NO VENGA

Pero, en contra de lo que pudieran pensar los republicanos en septiembre de 1923, la dictadura que entonces se iniciaba no traería para ellos un sufrimiento gratuito. Por vez primera, los republicanos españoles supieron estar a la altura de las circunstancias y, al contrario que en ocasiones anteriores, se sirvieron de aquella nueva travesía del desierto para modernizar sus estructuras y renovar su mensaje. El republicanismo hispano que se presentó a la opinión pública en enero de 1930, aunque tenía aún un largo camino que recorrer para equipararse a sus homólogos europeos, guardaba, por fortuna, muy poco parecido con el que se había despedido de ella poco más de seis años antes.

Los primeros años del nuevo régimen se caracterizaron, no obstante, por una cierta parálisis, nacida quizá del relativo apoyo del que gozaba todavía el dictador en una buena parte de la sociedad y el espectro político del país. Los reformistas habían quedado desacreditados por el fracaso sin paliativos de su estrategia, y aunque su líder Melquíades Álvarez será uno de los más activos conspiradores contra la dictadura, el partido había dejado ya de facto de contar en las filas del republicanismo. Y en cuanto a los radicales, su evidente incapacidad de dotarse de cuadros aptos para organizar con eficacia las bases del partido lo estaban debilitando de tal modo que, de seguir así las cosas, pronto perdería cualquier capacidad de respuesta eficaz ante el régimen. Por suerte, las cosas empezaron a cambiar en 1925, cuando Primo de Rivera puso ya de manifiesto, como se explicaba en el capítulo anterior, su intención de convertir en duradera la prometida interinidad de su régimen. La decisión del dictador sirvió de revulsivo entre los republicanos, aunque no tanto para revitalizar las organizaciones tradicionales, sino para dar vida a otras más modernas y eficaces. La dictadura, en fin, vino a vivificar el viejo cuerpo de un republicanismo que, una vez más, parecía exangüe.

En mayo de 1925 veía la luz una nueva agrupación denominada Acción Republicana, que, en su manifiesto fundacional, se calificaba a sí misma como embrión de partido nacido con el objetivo de impulsar la cooperación entre las organizaciones republicanas. Obra de intelectuales de cierto prestigio, como José Giral, Manuel Azaña y Enrique Martí Jara, no pasó en ningún momento de ser poco más que una tertulia de Ateneo, como el mismo Azaña la denominaría más tarde, que solo atrajo a profesores y escritores, muchos de los cuales marcharían después a otros partidos republicanos o incluso al propio PSOE. Sin embargo, el primer paso ya estaba dado, pues los enérgicos dirigentes de Acción Republicana actuaron como habían prometido y enseguida iniciaron los contactos con otros líderes republicanos con el fin de organizar una celebración conjunta del aniversario de la Primera República, el 11 de febrero de 1926. El acto, que fue todo un éxito, proporcionó el impulso inicial necesario para la creación de la denominada Alianza Republicana, en la que se integraron, además de Azaña y los suyos, los incansables y cada vez más residuales federales, los radicales, una parte del republicanismo catalanista, que había ido madurando como una alternativa propia, crecida al margen de las fuerzas homólogas de ámbito nacional, y la propia prensa republicana, a la que se reservaba un importante papel de movilización. Desde el principio, el nuevo organismo se dotó de un programa mínimo con el que presentarse ante la opinión, que se hizo público en el mismo mes de febrero. La república federal, a la que habría de accederse por medio de unas Cortes Constituyentes o a través de una acción violenta, serviría de marco a una acción de gobierno que propugnaría la reforma agraria, el impulso por el Estado de la enseñanza primaria, la solución inmediata del problema marroquí y la intervención de los poderes públicos para dar una justa respuesta a la llamada cuestión social. Los republicanos parecían, por vez primera, capaces de identificar los principales problemas del país y, más allá de discusiones baladíes y querellas personalistas, presentarse ante la opinión con una respuesta clara ante ellos.

A lo largo de los años siguientes, la Alianza colaboró sin remilgos en cuantas intentonas se organizaron para derribar al dictador, fueran militares o civiles sus principales dirigentes. En todas ellas, no obstante, vino a jugar más bien un papel subordinado, pues la necesidad de contar con el apoyo del Ejército hacía necesario desdibujar el perfil republicano de las conspiraciones en el marco de un objetivo democratizador más amplio y capaz de concitar el apoyo de todas las oposiciones: la convocatoria de Cortes Constituyentes. Así opinaba Alejandro Lerroux, reconocido aún por todos como líder moral del republicanismo, que contaba ya por entonces más de 60 años. En un escrito publicado en abril de 1929, bajo el título «Revolución o colaboración», venía a sostener la necesidad de un periodo transitorio administrado por un gobierno en el que se integrarían representantes de todos los matices de la opinión contraria al dictador. Dicho gabinete convocaría unas Cortes Constituyentes que, sin duda, abrirían la puerta a la república. Entre las dos alternativas expuestas en el título, el viejo caudillo radical se pronunciaba sin ambages por la segunda. Los tiempos de la revolución habían pasado.

José Giral y Manuel Azaña en 1931. Giral era catedrático de Biología en la Universidad de Madrid y había militado en el Partido Reformista hasta que lo abandonó en 1913 como resultado del giro en la táctica de la formación. En cuanto a Azaña, escritor y alto funcionario del Ministerio de Justicia, había sido también correligionario de Melquíades Álvarez, pero solo había dejado el reformismo a raíz de su pasividad ante el golpe de Estado de Primo de Rivera.

Pero no todos se mostraban de acuerdo con esta opinión en el seno de la Alianza, en la que muchos empezaban a ver una suerte de sucursal del Partido Radical. Muchos intelectuales de notable prestigio que se habían adherido a ella, como Gregorio Marañón, Ramón Pérez de Ayala y Luis Jiménez de Asúa, la abandonaron al conocer la opinión de Lerroux. No obstante, el efecto más importante de las palabras del caudillo radical fue sin duda la aparición de una nueva fuerza republicana de cuño bien distinto de las tradicionales, al menos en apariencia. El 14 de julio de 1929, veía la luz el denominado Partido Republicano Radical-Socialista (PRRS), dirigido por figuras como el tarraconense Marcelino Domingo, maestro de profesión y antiguo líder del casi desaparecido Partido Republicano Catalán, y el abogado y periodista asturiano, antes militante lerrouxista, Álvaro de Albornoz, que tomaron la decisión empujados por el fracaso de la intentona del conservador José Sánchez Guerra, la última de alguna entidad contra la dictadura, y el convencimiento de que Lerroux se mostraba en exceso proclive a colaborar con los monárquicos sin exigir apenas contrapartidas.

Álvaro de Albornoz, el tercero por la derecha, en la toma de posesión como ministro de Obras Públicas del socialista Indalecio Prieto, en abril de 1931.

El PRRS se perfilaba desde su fundación como una fuerza netamente izquierdista. Su manifiesto fundacional, redactado en diciembre de 1929, aunque dado a la opinión a comienzos del siguiente año, así lo proclamaba, señalando además su vocación socialista, entendida esta no como un dogma, sino como una civilización, bien alejada, por otra parte, del marxismo. Propugnaba la república democrática y federal, el Estado laico, una enseñanza neutra en materia religiosa, juicio por jurados, medidas decididas en favor de la igualdad jurídica y real de las clases sociales y los sexos, un Ejército reducido y sin privilegios, dedicado en exclusiva a la defensa nacional, una reforma agraria valiente y una política fiscal que primase el trabajo sobre el capital. Se trataba, en suma, de un programa mucho más detallado que el de la Alianza y también mucho más izquierdista, que, sobre el papel, parecía significar una apuesta decidida por la modernización del republicanismo hispano.

Sin embargo, los decididos movimientos de renovación que parecía sufrir el republicanismo no iban tan lejos como podía parecer. Ni Acción Republicana, que ni siquiera da todavía el paso de constituirse en fuerza política autónoma, ni el Partido Republicano Radical-Socialista son tan modernos como aparentan. La primera es un mero cenáculo de intelectuales, catedráticos y profesores en su mayoría, que apenas posee organización estable y menos aún masas en que apoyarse; el segundo, aunque menos elitista en su composición, en la que predominan comerciantes o industriales, no disfruta de mayor arraigo social, y su funcionamiento interno, que proclama por completo democrático, adolece de un caudillismo que ni siquiera se molesta en disimular, pues alguna vez se proclama desde las páginas de sus periódicos afines a Marcelino Domingo como el «caudillo excelso» que el partido necesita para la lucha.

Con tales armas y bagajes, todavía notoriamente limitados, se aprestaban los republicanos españoles a derribar a la monarquía. Que lo consiguieran o no, sin embargo, no iba a depender por completo de ellos mismos. Las torpezas del propio monarca y las de quienes, en su entorno próximo, le aconsejaban con muy escaso tino prestarán sin desearlo una ayuda vital al triunfo de un régimen que, dejado al mérito de sus solos defensores, quizá habría tardado mucho más en alzarse con el triunfo.

3

Nos regalaron el poder.
La caída de la monarquía

… nos regalaron el poder. Que nosotros no hicimos sino recoger en nuestras manos cuidadosamente, amorosamente, pacíficamente, a España. A quien esos mismos hombres habían dejado caer en medio del arroyo.

Miguel Maura:
Así cayó Alfonso XIII (1962).

EL ERROR BERENGUER

La monarquía enfilaba debilitada aquel año de 1930, que con el tiempo se revelaría determinante; la República, fortalecida. Pero los destinos del rey y de su Corona distaban mucho de estar escritos aún. Fueron los graves errores de Alfonso XIII y sus consejeros, mucho más que los escasos aciertos de los todavía débiles republicanos, los que acabaron por decidir la situación. Tan solo unos pocos meses después, a comienzos de 1931, la coyuntura había cambiado de tal modo que salvar el trono iba a resultar para sus ahora desmoralizados defensores una tarea casi imposible.

El primero y principal error lo cometería el monarca en el mismo mes de enero de 1930. Primo de Rivera, privado del respaldo de sus compañeros de armas, presentó su dimisión a Alfonso XIII el día 28. Ante el Borbón se abrían entonces tres caminos posibles. Podía buscar de inmediato un sustituto para el dictador, quizá entre los generales que él mismo le había recomendado, todos ellos reputados conservadores que habían mostrado una clara lealtad hacia el caído, como Emilio Barrera, Severiano Martínez Anido o Dámaso Berenguer. Le cabía también, como había hecho poco antes el soberano yugoslavo Alejandro I Karagjorgjevic, asumir él mismo la dictadura, sin necesidad de confiar en militar alguno. Y se abría, por último, la posibilidad de restablecer sin más la vigencia de la Constitución, que nunca había sido derogada, sino solo suspendida, y convocar elecciones como si el régimen de Primo de Rivera no hubiera sido otra cosa que un infausto paréntesis en la normalidad constitucional del país. Las dos primeras opciones, sin embargo, no eran más que una irresponsable fuga hacia adelante, incapaz de arreglar nada por sí sola. Era, pues, la tercera la que, a ojos del monarca, parecía ofrecer mejores posibilidades de éxito.

Otra cuestión era encontrar a la persona adecuada para encabezar tan delicada transición. Después de reflexionar sobre el asunto, el rey escogió a Dámaso Berenguer, jefe de su Casa Militar, el último de los tres generales propuestos por el dictador. Aunque anodino y sin ningún peso político, era un hombre de probada lealtad a la Corona; conservador, pero sin afiliación partidista, y no se había significado en las intensas luchas intestinas sufridas por el estamento militar en los últimos años de la dictadura. En pocas palabras: no despertaría entusiasmos entre el pueblo, pero tampoco rechazos en el Ejército y, como buen militar cortesano, sin duda sería dócil a las directrices de su señor.

Dámaso Berenguer y Fusté. Nacido en Cuba en 1873, procedía de familia militar. Su carrera se desarrolló en diversos destinos en Cuba y la península, aunque destacó su participación en la Guerra de Marruecos, donde creó en 1911 las Fuerzas Regulares Indígenas y ascendió a general de brigada. Después de 1918 ocupó los cargos de ministro de la Guerra, alto comisario en Marruecos, jefe de la Casa Militar del rey y, desde enero de 1930 a febrero de 1931, presidente del gobierno. Murió en Madrid en 1953.

Pero ¿cuáles eran, en concreto, esas directrices? Como el mismo Berenguer escribió en sus memorias, su objetivo no era otro que propiciar un retorno a la normalidad constitucional, convocando para ello elecciones a Cortes ordinarias y salvando, sin ningún atisbo de duda, la responsabilidad del monarca en la ahora denigrada dictadura. Y se trataba de hacerlo despacio, de manera gradual, a un ritmo lo bastante pausado para serenar los ánimos exaltados por la intensa oposición al régimen caído y permitir a un tiempo que se reconstruyeran los partidos dinásticos, desarticulados por completo durante el paréntesis dictatorial. Dicho de otra forma, si su intención pudiera resumirse en la sonora rotundidad de un lema, este sería sin duda «aquí no ha pasado nada».

Pero había pasado mucho, y en lo que había pasado, y la Corona se empeñaba en ignorar, residía el profundo error que el monarca había cometido al optar de ese modo por la vía del retorno a la normalidad. El filósofo José Ortega y Gasset, quizá por entonces la mente más preclara con que contaba el país, lo expondría con toda claridad unos meses después en un artículo publicado en el diario El Sol bajo el elocuente título de «El error Berenguer». La equivocación no residía en la persona del general, ni en su cargo, sino en su misión. Aunque el flamante presidente del gobierno quiso desde el principio lanzar a la opinión pública un mensaje conciliador, levantando una por una las restricciones impuestas a los derechos individuales y renunciando a los poderes especiales que el dictador se había arrogado, la tarea a la que se enfrentaba era inviable. La España sobre la que había cavado sus cimientos el régimen de la Restauración ya no existía, y resucitar su cadáver, que era en el fondo lo que pretendía Berenguer, resultaba por completo imposible.

La monarquía, empero, podía haberse salvado. Lo habría hecho si, en lugar de dilapidar sus energías en el vano intento de insuflar nueva vida al difunto entramado caciquil del canovismo, el rey hubiera apostado por descuajarlo del todo, abriendo al fin paso a una democratización sincera de sus instituciones. Para lograrlo, habría sido necesario un gobierno bien distinto, integrado por representantes de todas las fuerzas políticas, y animado por una inequívoca voluntad de restaurar de inmediato todas las garantías constitucionales, limpiar la ley electoral de cuantos elementos hacían posible la manipulación de los comicios y, solo entonces, convocar unas elecciones a Cortes Constituyentes, de modo que los españoles pudieran pronunciarse sin cortapisa alguna sobre el destino de la nación. Pero, en lugar de eso, Berenguer conformó un gabinete sin apoyos, formado por conservadores palatinos, segundones e individualidades sin partido, que se embarcó en la misión suicida de impulsar la imposible reconstrucción de los partidos dinásticos, con el fin de que uno de ellos pudiera ganar las elecciones, asegurando así que todo volvía a su cauce. El general no deseaba democratizar la monarquía para salvarla, sino salvar a la monarquía de la democracia. Y con ello, sin saberlo, la condenaba.

El flamante presidente del gobierno ignoraba, además, un hecho capital. El panorama que ofrecían las fuerzas políticas en 1930 impedía de facto el retorno, inmediato o no, al turno de los partidos dinásticos. En primer lugar, porque la monarquía carecía de fuerzas organizadas de alguna entidad sobre las que apoyarse; en segundo lugar, porque los republicanos, enemigos forzosos de la solución que encarnaba Berenguer, eran ahora más fuertes y no se mostraban dispuestos a desaprovechar la nueva ocasión que la historia les brindaba.

Los cuadros locales de los partidos liberal y conservador habían sido captados en su mayor parte por la ahora extinguida Unión Patriótica, por lo que no cabía valerse ahora de ellos para una eventual reconstrucción de su estructura nacional. Respecto a sus líderes, era evidente que, al menos los más conspicuos, no comulgaban ya con la intención de Berenguer. Algunos de ellos, como era el caso del liberal Santiago Alba o incluso el conservador José Sánchez Guerra, consideraban imprescindible impulsar una reforma constitucional. Otros, como el consejero de Estado y antiguo ministro liberal Niceto Alcalá-Zamora y Miguel Maura, hijo del polémico jefe conservador Antonio Maura y diputado en las últimas Cortes de la Restauración, enseguida se pasaron con armas y bagajes al republicanismo. Y no faltó quien, como el exministro conservador Ángel Ossorio y Gallardo, tuviera la agudeza de proclamarse «monárquico sin rey al servicio de la república», distinguiendo con toda claridad entre la institución y la persona que la representaba. Es cierto que nuevas formaciones monárquicas acudían a ocupar el espacio vacío. Pero se trataba de partidos que o bien carecían de la entidad suficiente para reforzar en lo más mínimo las posibilidades del gobierno, o bien, sin dejar de proclamar su absoluta lealtad a la Corona, se declaraban por completo disconformes con los planteamientos del gabinete. Grupos como el Bloque Constitucional, integrado por el antiguo republicano Melquíades Álvarez y algunos notables procedentes de los partidos dinásticos, eran poco más que tertulias de políticos tan avezados como huérfanos de apoyo popular. Otros, como el Partido Nacionalista Español del doctor José María Albiñana, la Unión Monárquica Nacional o las Juventudes Monárquicas, hacían gala de un excesivo radicalismo, por completo contraproducente para los proyectos del general. Y en cuanto a fuerzas como las que representaban los incansables carlistas, divididos por entonces en tres grupos mal avenidos, o el Partido Nacionalista Vasco, sin ser republicanos, eran antes enemigos que aliados de la monarquía alfonsina.

En cuanto a las todavía cortas mesnadas del republicanismo, que habían salido de la dictadura embarcadas en un decidido proceso de modernización, tenían más interés en ahondar en ese proceso que en justificar con su apoyo la gestión de un gobierno de cuyas intenciones desconfiaban por completo. Es cierto que en ese momento solo contaban con un partido de implantación nacional, el Radical, que, de la mano de Lerroux, se había convertido ya en una opción de cariz más bien moderado. Pero el desarrollo de las fuerzas más recientes y prometedoras, Acción Republicana y el Partido Republicano Radical-Socialista, no relajó su ritmo, sino que lo intensificó. Además, nuevas formaciones vinieron a sumarse a las existentes. En julio de ese año de 1930 veía la luz la Derecha Liberal Republicana (DLR), fundada por los mencionados Niceto Alcalá-Zamora y Miguel Maura, que ofrecía a los conservadores desencantados con la monarquía la oportunidad de trabajar por el orden social desde dentro del régimen cuya implantación se percibía inminente. Unos meses después lo haría la Agrupación al Servicio de la República, que acreció las huestes republicanas con escasos efectivos, pero de gran calidad e influencia, como la que aportaban el escritor Ramón Pérez de Ayala, el filósofo José Ortega y Gasset o el médico Gregorio Marañón. Y, lo que es más importante, la convergencia entre todas ellas y su aproximación a las fuerzas del proletariado organizado no solo no se detuvo, sino que se intensificó en los meses posteriores a la caída del dictador. Berenguer estaba solo. Y, sin organizaciones políticas que la defendieran, la monarquía se iba quedando sola también.

EL PACTO DE SAN SEBASTIÁN

Durante la primavera y el verano de 1930, la soledad de aquel extraño régimen que los españoles vinieron enseguida a llamar dictablanda se intensificó. Contra lo que el gobierno había esperado, el retorno a principios de mayo del prestigioso escritor y catedrático Miguel de Unamuno, extrañado por la dictadura, propició tumultuosos incidentes en las facultades de todo el país. Los estudiantes izquierdistas, agrupados en el sindicato denominado Federación Universitaria Escolar (FUE), se enfrentaron con violencia a la policía, y Berenguer no vio otra salida que cerrar las universidades. Los obreros, que empezaban a sentir los primeros efectos de la crisis económica, dieron comienzo, asimismo, a una oleada de huelgas y manifestaciones que fueron haciéndose más continuas e intensas a partir de marzo. Y la propia oligarquía financiera, que, al menos en teoría, debía servir de apoyo al gobierno, empezó a cuestionar la eficacia de su política económica, incapaz de frenar, a pesar del abandono por parte del ministro Manuel Argüelles del intervencionismo característico de la dictadura, el deterioro de la cotización de la peseta y el creciente déficit de las arcas públicas.

La contradicción en la que se movía el régimen se hacía patente día a día. Berenguer cerraba por completo el camino hacia la verdadera democratización de las instituciones, lo que revestía el mensaje de la oposición con una pátina de legitimidad ante la opinión pública, de la que el gobierno no podía prescindir del todo si deseaba reconstruir la monarquía parlamentaria. Pero, a la vez, había desmontado en parte los mecanismos represivos implantados por Primo de Rivera, lo que ofrecía a las fuerzas contrarias al general facilidades para llegar a los españoles, mucho más permeables ahora a su mensaje gracias, por un lado, al natural descontento provocado por la coyuntura de creciente crisis económica, sumado a los errores del gobierno y, por otro, a la misma modernización de ese mensaje. Los viejos mitos románticos sobre un pueblo indiferenciado al que era necesario liberar del pesado yugo de sus opresores habían dejado al fin paso en la mente de los jefes republicanos a un programa de reformas sensible a los diversos intereses del complejo entramado de grupos y clases que conformaba la sociedad española.

Por otro lado, esos jefes tenían también claro que la implantación de una nueva república exigía dos condiciones: la unidad de acción de los mismos republicanos y su colaboración con los partidos y sindicatos obreros, pues eran estos los únicos que podían aportar las masas de las que sus propios partidos aún no disponían. Así pues, desde el inicio de la primavera los pasos en ese sentido se sucedieron sin solución de continuidad. A mediados del mes de marzo, apareció en Barcelona un Manifiesto de inteligencia republicana al que se sumaron importantes figuras del republicanismo y el socialismo catalanes, e incluso comunistas y anarquistas. El documento, que demandaba un Estado español organizado bajo la forma de una república federal y la puesta en marcha de un evolucionado programa de reformas sociales, pareció avanzar el camino por el que iba a moverse la oposición al régimen a partir de ese momento. Poco después, en el mismo mes de marzo, la visita a Barcelona de un grupo de intelectuales castellanos invitados, paradójicamente, por los conservadores de la Lliga para agradecerles el apoyo público que habían mostrado poco antes al idioma catalán sirvió para estrechar lazos entre los republicanos de ambos lados del Ebro. Semanas más tarde, el 14 de mayo, en el marco de una protesta social cada vez más intensa, la Alianza Republicana y los radicales socialistas que, como se recordará, la habían abandonado tiempo atrás, acordaron la creación de un comité de Unión Republicana, lo que, de algún modo, suponía el retorno a una unidad de acción rota en los últimos meses de la dictadura. En esta ocasión, además, se sumaron al comité, uno tras otro, numerosos grupos republicanos de ámbito regional, como la Federación Republicana Gallega, el valenciano Partido de Unión Republicana Autonomista (PURA), fundado por el escritor Blasco Ibáñez, la Unión Republicana de San Sebastián o la Organización Republicana de Guipúzcoa. Las dos obediencias de la Masonería apoyaron también la idea del pacto. El Gran Oriente lo hizo en el mismo mes de mayo, y en junio lo hacía la Gran Logia Española, que salía por vez primera de su enraizado apoliticismo para pronunciarse a favor de la creación de un bloque nacional de izquierdas. Incluso contemplada desde fuera, la aparente efervescencia que exhibían las organizaciones republicanas permitía pensar que algo muy importante se estaba preparando entre sus filas.

Pero quizá los pasos más importantes hacia el éxito de sus designios empezaron a darlos los republicanos apenas comenzado el verano. A finales de junio, el Partido Republicano Radical-Socialista hizo un llamamiento a la UGT y a la CNT para que colaboraran en el empeño de implantar en España un Estado en el que la acción de las fuerzas obreras organizadas quedara amparada por la ley. En julio, Manuel Azaña y Álvaro de Albornoz mantuvieron una importante reunión con una delegación del PSOE integrada por Julián Besteiro, Fernando de los Ríos y Manuel Cordero. Aunque dentro del partido los defensores del acuerdo con los republicanos para derribar la monarquía, encabezados por Indalecio Prieto y Fernando de los Ríos, habían sido minoritarios hasta 1930, el torpe intento del rey de restablecer sin más el sucedáneo de parlamentarismo vigente antes de 1923 había empezado a facilitar que los socialistas convencidos de la conveniencia de instaurar en España una república democrática incrementaran su influencia dentro del partido. A pesar de ello, en la entrevista no se llegó a ningún acuerdo concreto, pues el PSOE exigía que antes lo alcanzaran entre sí los propios republicanos. Pero la integración total de estos estaba ya muy cerca, como prueba la incorporación a la Unión Republicana, pocos días más tarde, de la DLR de Alcalá-Zamora y Miguel Maura. Faltaba, sin embargo, una pieza clave para completar el puzle: los republicanos catalanes. Sin su apoyo, ni los socialistas se allanarían al pacto ni sería posible derribar la monarquía. Los contactos se suceden. Al principio los dirige Marcelino Domingo; toma luego el relevo José Salmerón, hijo del que fuera presidente de la Primera República. Al fin se llega a un acuerdo. El 17 de agosto se reunirán en San Sebastián representantes de todas las fuerzas republicanas del país.

Pero a San Sebastián no acuden todos, ni acuden con igual intención. No es relevante la ausencia de los federales, en realidad el último de los partidos republicanos históricos, pero sí la de los socialistas, pues Indalecio Prieto, que acude a la reunión, aun siendo miembro de la Ejecutiva del PSOE, lo hace a título personal. Y lo es sobre todo el hecho de que las fuerzas allí presentes poseen una visión distinta del objetivo que comparten. Todos desean derribar la monarquía. El gobierno, como ha declarado días antes Alcalá-Zamora, «ha perdido ya el derecho a la tregua y a la consideración». Pero mientras los republicanos moderados, como el mismo Alcalá-Zamora, Miguel Maura o el ahora templado Alejandro Lerroux, desean una voladura controlada del régimen, una revolución política, pero nunca una revolución social, sus compañeros de la izquierda republicana, Azaña, Domingo, Albornoz, persiguen también atacar sus fundamentos, aniquilar el poder económico de las clases en que se apoya, los grandes terratenientes y la oligarquía financiera, y limitar la influencia de las instituciones que la sostienen, la Iglesia y el Ejército. Por otro lado, los republicanos llegan a la bella ciudad vasca con una asignatura pendiente. Los catalanes han aceptado asistir, pero no hay aún acuerdo sobre el tema que más les preocupa. Nada más comenzar la reunión, uno de ellos, Jaume Aiguader, lo plantea sin ambages: para los republicanos catalanes lo más importante es la libertad de Cataluña. La temperatura de la discusión sube. Maura pide explicaciones; Albornoz se irrita. Alcalá-Zamora trata de apaciguar los ánimos. Se llega, al fin, a un acuerdo. Los catalanes aprobarán en referéndum un proyecto de estatuto de autonomía regional y lo presentarán a las Cortes, que podrán introducir en él las modificaciones que consideren oportunas antes de convertirlo en ley. El fantasma del cantonalismo parece conjurado. Pero no se escribe nada; no hay acta que recoja el acuerdo. Proclamada la república, será necesario recordarlo.

Salvado el escollo, los trabajos prosiguen. Los republicanos no confían demasiado en el pueblo; no creen que, llegado el momento de votar, se incline aún masivamente por el cambio de régimen. La república vendrá de la mano de un movimiento revolucionario con participación militar. Para prepararlo, se nombra ahora un Comité Revolucionario que, con el tiempo, habrá de convertirse en Gobierno Provisional de la futura República. Lo preside, por unanimidad, Alcalá-Zamora. Conservador y antiguo ministro de la monarquía, se espera que su figura tranquilice a la opinión menos proclive a las aventuras políticas. Lerroux, el líder histórico, queda postergado. Con fama de corrupto, sus compañeros desconfían de él; su ejecutoria antinacionalista disgusta a los catalanes. Habrá de conformarse con la cartera de Estado.

Mitin republicano celebrado en la Plaza de Toros de Madrid el 28 de septiembre de 1930. En primera fila se reconoce a algunas de las principales figuras del republicanismo español. A la izquierda puede verse, por este orden, a Alcalá-Zamora, Lerroux y Azaña. Marcelino Domingo es el quinto por la izquierda, y Martínez Barrio, el segundo por la derecha.

Las reuniones del comité se suceden en los días siguientes a un ritmo frenético. Las discusiones son intensas; los desacuerdos, evidentes. Los republicanos moderados desean juzgar y condenar al rey y a los más altos responsables de la dictadura; sus compañeros más exaltados desean ir más allá, emulando quizá a los revolucionarios franceses de 1789. Los primeros convienen en la necesidad de un Estado laico, pero también respetuoso con los intereses de la Iglesia y la sensibilidad de los católicos; los segundos consideran imprescindible hacer del catolicismo una religión más, en igualdad con el resto, y aspiran a imponer restricciones a la actividad de las órdenes religiosas e impedimentos a la capacidad de la Iglesia para influir sobre el espíritu de los españoles. Más de una vez los republicanos más templados, Alcalá-Zamora y Maura sobre todo, parecen a punto de abandonar. Pero, poco a poco, se impone la idea de que no conviene a la joven República indisponer contra ella a los sectores más conservadores de la opinión. Por ello, cuando, en el mes de octubre los socialistas vencen por fin sus reticencias y tres de sus representantes, Indalecio Prieto, Francisco Largo Caballero y Fernando de los Ríos, se integran en el comité, se elige de nuevo para ostentar la presidencia del ahora autoproclamado Gobierno Provisional de la República a la figura que más garantías de moderación puede ofrecer al país. Niceto Alcalá-Zamora, antiguo dirigente de una facción del liberalismo dinástico, consejero de Estado y dos veces ministro de la monarquía, constituía, en sí mismo, una promesa de que el nuevo régimen no traspasaría los límites de la imprescindible revolución política para embarcarse en una revolución social de consecuencias imprevisibles. El fantasma de 1873 quedaba así eficazmente conjurado.

MÁRTIRES DE LA REPÚBLICA

A la vez que discutían y daban forma a la futura República, los miembros del Gobierno Provisional trataban de asegurar el éxito del golpe que había de traerla. Para ello, logrado el apoyo del PSOE, era necesario también ganar el de dos poderosas fuerzas sin cuyo concurso parecía imposible derribar a la en apariencia todavía sólida monarquía: los militares y los anarquistas.

El sector prerrepublicano del Ejército contaba desde tiempo atrás con un comité presidido por el general Gonzalo Queipo de Llano, que venía preparando un alzamiento militar, de modo que no resultó muy difícil acordar con él que, en caso de éxito, los militares entregarían el poder al Gobierno Provisional. No parecía tan fácil, por el contrario, lograr la cooperación de los anarquistas. La CNT hacía del apoliticismo uno de sus principios fundamentales y, al menos en teoría, no tenía más motivos para mirar con simpatía una república democrática que una monarquía oligárquica, pues ambas no eran sino formas diversas de un Estado que en todo caso debía ser destruido. Sin embargo, el gobierno no se dio por vencido sin intentarlo y decidió enviar para sondear la actitud anarquista a Rafael Sánchez Guerra, hijo del político conservador y miembro destacado de la DLR, que se desplazó hasta Barcelona a finales de octubre. Allí hubo de templar los ánimos de los nacionalistas, que se habían negado a trabajar junto a radicales y socialistas, y logró al fin que se constituyera una Junta Revolucionaria integrada por representantes de todas las organizaciones regionales y estatales comprometidas en el golpe. Comenzaron entonces las negociaciones con la CNT que, contra pronóstico, se avino a participar junto a la UGT en una huelga general que apoyaría el golpe de los militares y daría así la puntilla al régimen. El acuerdo definitivo quedó sellado el día 29 de octubre, fecha en la que se reunieron el radical-socialista Ángel Galarza y Miguel Maura, en nombre del Gobierno Provisional, y Joan Peiró y Pedro Massoni por parte de la CNT.

Lo sucedido en Barcelona no era sino un ejemplo de las maniobras que se desarrollaban en aquellos días por todo el país. España se fue llenando de comités supervisados desde Madrid por medio de delegados que iban y venían continuamente llevando instrucciones y recogiendo impresiones, como una tupida red de terminaciones nerviosas que extendían poco a poco la revolución en ciernes desde el centro neurálgico del Ateneo madrileño, donde se celebraban las reuniones del Gobierno Provisional. Así, después de varios retrasos provocados por diversas causas, e incluso de algún arranque en falso, como el detenido por el propio Sánchez Guerra en Barcelona, donde la CNT, harta de dilaciones, llegó a declarar por su cuenta y riesgo la huelga general a finales de noviembre, la fecha definitiva fue fijada para el 12 de diciembre.

Para esa fecha, cada uno de los ministros del Gobierno Provisional debía encontrarse en un lugar prefijado de la geografía nacional con el fin de supervisar y controlar el desarrollo del alzamiento en las principales ciudades del país. Alcalá-Zamora, junto a Lerroux y Felipe Sánchez Román, fueron enviados a Burgos. Miguel Maura, por su parte, debía quedarse en Madrid, donde, por el íntimo trato de su familia con el monarca, se le había encargado la delicada misión de protegerle y darle escolta hasta la frontera. Sin embargo, a última hora y a petición de la guarnición de Valencia, se decidió retrasar tres días más la sublevación, que quedó fijada para el 15.

Los capitanes Fermín Galán, a la izquierda, y Ángel García Hernández, a la derecha. Su fusilamiento tras juicio sumarísimo el 14 de diciembre de 1930 proporcionó a la República sus primeros mártires, y a la causa del Gobierno Provisional, un formidable revulsivo para la movilización popular.

Pero ese último e inesperado aplazamiento estaba llamado a producir consecuencias decisivas. La guarnición de la pequeña ciudad pirenaica de Jaca, en la provincia de Huesca, no fue informada a tiempo del retraso y se sublevó, como estaba previsto, el día 12, dando al traste con los planes del Gobierno Provisional. ¿Por qué? Mucho se ha escrito sobre ello. Alcalá-Zamora, por ejemplo, escribió en sus memorias que el capitán Fermín Galán estaba decidido en todo caso a adelantarse dos días sobre la fecha prevista, fuera la que fuese, y precisamente para convencerle de que no lo hiciera se envió allí al republicano galleguista Santiago Casares Quiroga. Pero más sorprendente resulta aún la versión de Maura, que considera asimismo intencionado el adelanto del militar y lo atribuye nada menos que a la intención de instaurar en Aragón una suerte de régimen libertario. Lo cierto es, sin embargo, que Casares Quiroga fue enviado a Jaca, pero no para disuadir a los allí conjurados, sino para avisarles del retraso, cuya existencia ignoraban. Y fue la irresponsable conducta del ministro del Gobierno Provisional, que se entretuvo a cenar en Huesca y cuando llegó a Jaca, ya iniciada la madrugada del día 12, se fue a dormir en lugar de contactar con Galán, la que provocó el desastre. Galán, que lo ignora todo, proclama la República en Jaca y se dirige con su columna hacia Huesca. Ese mismo día alcanza Ayerbe, donde se detiene, y ya de madrugada del 13 reanuda la marcha hacia la capital. A la altura de Cillas, su columna es interceptada por tropas leales al gobierno. Las fuerzas son muy desiguales, y el capitán, que no desea muertes gratuitas, ordena el alto el fuego y marcha hacia el cercano pueblo de Biscarrués, a cuyo alcalde se entrega. Al día siguiente, un juicio sumarísimo declara al capitán Galán y a su compañero, el también capitán García Hernández, reos de alta traición y los condena a muerte. La sentencia se ejecuta de inmediato. La República tiene ya sus primeros mártires.

Pero ¿qué ocurre mientras en el resto del país? Berenguer, crecido y algo avisado de lo que se preparaba, ordena la detención de los miembros del Gobierno Provisional, pero algunos se han escabullido ya. Alcalá-Zamora, Maura, Largo Caballero, Fernando de los Ríos, Giral, Albornoz y Galarza caen en manos de la policía. A Lerroux ni siquiera se intenta detenerlo, lo que incrementa la desconfianza que inspira en sus compañeros de gabinete. Azaña se refugia en casa de su suegro, donde, para entretenerse, comienza a escribir una novela. Domingo logra escapar del país y recala en París, donde han llegado días antes Prieto y Queipo de Llano. Pero el fracaso no admite paliativos. Al mediodía del 15, los socialistas discuten aún en la Casa del Pueblo de Madrid si van o no a la huelga general. Horas antes, los comandantes Ramón Franco e Ignacio Hidalgo de Cisneros se han apoderado del aeródromo de Cuatro Vientos, pero el escaso apoyo que reciben les aconseja abandonar y huir hacia Portugal. La sublevación fracasa, pues, en la capital. En el resto del país las cosas no van mucho mejor. Si bien es cierto que la huelga general ha logrado paralizar casi por completo regiones como Asturias y el País Vasco y un gran número de ciudades, no lo es menos que los militares no se mueven de los cuarteles, lo que permite a Berenguer hacerse sin problemas con el control de la situación. La República habrá de esperar mejor suerte.

Jaca, 15 de diciembre de 1930. En medio de una intensa nevada, las tropas leales al gobierno llegadas desde Navarra toman el control de la ciudad rebelde.

Pero las cosas no son lo que aparentan. Y desde luego no están tan bien como parece creer Berenguer, que se siente ahora fuerte para seguir con su plan de convocar elecciones y retornar sin más a la normalidad de 1923. El 29 de enero de 1931 varios notables de la vieja política, como Melquíades Álvarez, José Sánchez Guerra, Francisco Bergamín, Manuel Burgos Mazo y Miguel Villanueva, exigen, ya sin matiz alguno, que las Cortes que se convoquen sean constituyentes. Republicanos y socialistas, que no están dispuestos a ofrecer al régimen un balón de oxígeno, declaran su negativa a participar en los comicios. Las calles se agitan. Una nueva huelga paraliza la Universidad, y el gobierno no tiene mejor ocurrencia que declarar un mes de vacaciones extraordinarias en las aulas universitarias de todo el país. La crisis internacional se hace sentir en forma de despidos en algunos sectores localizados, pero lo bastante importantes como para intensificar la conflictividad social. Pronto queda claro que a Berenguer se le ha acabado el tiempo. Romanones y Cambó proponen entonces una solución: que se celebren elecciones a Cortes Constituyentes, pero precedidas por comicios municipales y regionales. El rey parecerá así allanarse a las pretensiones democratizadoras de la oposición más moderada, pero en el fondo no hará sino ganar tiempo para recuperar los resortes del poder en los ayuntamientos y las provincias, lo que le permitirá afrontar las elecciones generales con ciertas garantías de ganarlas. El 14 de febrero Berenguer dimite y abandona la presidencia del gobierno.

ESPAÑA EN EL ARROYO

Lo que sucede entonces nos revela mejor que ningún otro detalle hasta qué punto se hallaban alejados de la realidad del país los hombres que entonces lo gobernaban y cómo su miope intransigencia terminó de rematar a un régimen que un año antes quizá podría haberse salvado de la extinción. El rey, dispuesto en apariencia a poner en práctica el plan de Romanones y Cambó, concede su confianza a Melquíades Álvarez, quien, tres días antes, el 11 de febrero, en unas declaraciones al periódico parisino Excelsior, se había proclamado dispuesto a gobernar con la monarquía siempre que aceptara el programa constitucionalista, es decir, suspensión temporal de las prerrogativas del monarca, convocatoria de elecciones a Cortes Constituyentes y plena democratización del Estado. Pero el viejo reformista, de manera incomprensible, rechaza el encargo y pide al monarca que llame en su lugar a José Sánchez Guerra. Su ejecutoria conservadora —dice— será mucho mejor recibida por las clases acomodadas, y su prestigio, ganado en la oposición a Primo de Rivera, le hará más simpático a la izquierda.

Así lo hace el rey, y llama al político conservador, que fracasa también en su empeño, no sin antes haber acudido a la cárcel para ofrecer carteras en su gabinete a los miembros del Gobierno Provisional allí recluidos. Pero no es el rechazo, previsible por otra parte, de republicanos y socialistas a la proposición del viejo líder conservador lo que mueve a este a renunciar a sus pretensiones, sino la sorprendente actitud de Alfonso XIII, quien, contra su costumbre, exige a Sánchez Guerra que incluya en su gobierno a Romanones y García Prieto. Melquíades Álvarez recibe entonces de nuevo la confianza real, pero se estrella con idéntico obstáculo, y el rey llama entonces al almirante Juan Bautista Aznar, de quien dijo con notable agudeza el historiador y político Gabriel Maura que llegaba al gobierno, del que él mismo era ministro de Trabajo, procedente geográficamente de Cartagena, pero políticamente de la luna. Aznar forma al fin, el 18 de febrero, un gabinete integrado por conspicuos representantes, directos o indirectos, de la oligarquía tradicional. Banqueros, terratenientes y miembros destacados de los consejos de administración de las grandes empresas, los flamantes ministros parecen exhibir ante la opinión la contumacia de un régimen que se niega a modificar ni un ápice sus planteamientos. La misión del nuevo Consejo es la misma que la del anterior: preparar las elecciones y hacer que las gane un partido monárquico.

Pero ¿qué ha ocurrido? ¿Por qué el monarca llama primero a los constitucionalistas, aceptando sin chistar unas condiciones durísimas que incluían la suspensión de la prerrogativa regia en tanto no se celebraran las elecciones, y luego boicotea la labor que les ha encargado, imponiéndoles, contra su costumbre, la presencia de ministros que sabe inaceptables para ellos, o rechazando los que le proponen? La respuesta es sencilla. En el entretanto, Alfonso XIII ha recibido presiones de su entorno más retrógrado para disuadirle de seguir adelante con lo que, desde su punto de vista, no puede sino conducir al país al desastre. En concreto, Juan de la Cierva, uno de los más conspicuos representantes de ese entourage reaccionario, se puso en contacto con cuantos podían de algún modo mover el ánimo del rey con el fin de quitar de su cabeza una idea que no podía suponer sino una puerta abierta a la revolución. Como sabemos, Alfonso XIII terminó por ceder y boicoteó la formación de un gobierno que, paradójicamente, suponía el último y frágil esquife en el que podía embarcarse el régimen para sobrevivir a la imparable galerna del republicanismo.

Los miembros detenidos del Gobierno Provisional republicano posan con ocasión de su proceso, en el que recibieron penas mínimas. De derecha a izquierda: Maura, Albornoz, Largo, Alcalá-Zamora y Ríos.

La sentencia, seis meses y un día, fue tan ridícula para un delito tan grave como el que habían cometido presuntamente los procesados que, al dictarla, el tribunal reconocía sin palabras su misma ilegitimidad y la del régimen del que emanaba su autoridad.

La monarquía agonizaba. Como la tripulación de un barco a punto del naufragio, funcionarios y militares de todos los destinos y niveles comenzaban a abandonar sus filas, deseosos de congraciarse con el nuevo régimen antes de que fuera demasiado tarde. Las nóminas de los partidos republicanos engordaban sin cesar con arribistas que esperaban puestos o prebendas de la inminente República. La desmoralización era total y alcanzaba a todos. El 18 de marzo era condenado a muerte el capitán Salvador Sediles, otro de los protagonistas de la intentona de Jaca, pero ante la enorme presión popular, que se concretó bajo la forma de nutridas manifestaciones en Madrid y Barcelona, el monarca y su gobierno acordaron concederle el indulto. El 20 de marzo comenzó a verse en el Consejo Supremo de Guerra y Marina, tribunal que entendía el asunto por ser uno de los encausados, el socialista Largo Caballero, consejero de Estado, la causa contra los miembros del Gobierno Provisional detenidos en diciembre de 1930. Pero, más que un juicio, lo que se celebró en los días siguientes parecía una fiesta republicana. Uno de los testigos de la época, Ángel Ossorio y Gallardo, al que nos hemos referido anteriormente, lo refleja así en sus memorias: «¡Alegría, alegría! ¡Bulla y jaleo! ¡Animación ruidosa! ¡Caras de fiesta, risas y gritos por todas partes! ¿Qué pasa en Madrid? ¿Es el día del Santo Patrón? ¿Se da la corrida de toros de Beneficencia? No, nada de eso. Es la vista de la causa contra los miembros del Comité Revolucionario…».

Pero la fiesta no solo estaba en las calles. En la sala donde se celebraba el juicio, los acusados sometían al tribunal a constantes humillaciones que aquel parecía aceptar con sorprendente resignación. No había seguridad porque así lo habían exigido los imputados, que lograron también que se les permitiera desplazarse de la cárcel al tribunal en sus propios coches y moverse con libertad en el local que en los juzgados tenía el Colegio de Abogados, del que Maura era secretario, así como almorzar o merendar en el mismo edificio. Su descaro llegó al punto de que, por estar comiendo en la Cárcel Modelo los procesados poco antes de abrirse la primera de las sesiones del juicio, no solo se negaron estos a acudir a la hora indicada, sino que no lo hicieron hasta dar por concluida una prolongada sobremesa. Pero las mayores humillaciones para el régimen se produjeron en el propio transcurso de las sesiones. El público, bullicioso e indomable, aplaudía y vitoreaba cada intervención de los ministros del Gobierno Provisional, cuyas defensas parecían verdaderas soflamas, más propias de un mitin que de un tribunal. Los jueces, sabiéndose privados del respaldo del pueblo y de su mismo gobierno, lo sufrían todo con estoicismo, sin tratar de impedirlo en ningún momento. Y como colofón, una sentencia, seis meses y un día de prisión, ridícula para un delito de conspiración para la rebelión militar, y un desbordamiento del entusiasmo popular que hizo del juicio a los rebeldes un juicio a la monarquía, y de su absurda sentencia, una condena a la institución en cuyo nombre se pronunciaba.

LA BATALLA DECISIVA

La hora de la verdad se aproximaba. El gobierno Aznar había presentado de forma oficial el calendario electoral el 6 de marzo: comicios municipales el 12 de abril, provinciales el 3 de mayo, al Congreso el 7 de junio, y al Senado el 15 del mismo mes. Republicanos y socialistas que, comprobada la escasa viabilidad de la opción revolucionaria, apuestan ahora por la electoral, deciden enseguida su participación, conscientes de que el control de los ayuntamientos por parte de los monárquicos haría después muy difícil garantizar un mínimo de limpieza en las elecciones a Cortes. Su estrategia de cara a los comicios es sencilla: el voto rural está perdido; la supervivencia de los mecanismos caciquiles se lo asegura, con muy contadas excepciones, a los monárquicos, de modo que es en las ciudades donde ha de librarse la batalla decisiva. Si el voto urbano va a parar a la Conjunción Republicano-Socialista, sus líderes podrán vender el resultado como un plebiscito a favor de la República, y se encontrarán en una inmejorable posición de cara a las elecciones generales, en las que, así las cosas, podrían contar con una representación decisiva para forzar el cambio de régimen. «De las urnas —dice el Manifiesto que la Conjunción dirige al país el día 4 de abril— sobre todo en las grandes poblaciones, ha de salir la respuesta a ese gran interrogante que tan hondamente preocupa a todos los españoles: ¿República o Monarquía?». Los monárquicos, por su parte, recogen el guante. El mismo Berenguer lo reconoce así en sus memorias, cuando afirma que nadie parecía siquiera recordar que los comicios que iban a celebrarse eran municipales. Y ambos bandos se muestran, asimismo, optimistas de cara al resultado. Los monárquicos, porque aún confían en la eficacia de los resortes caciquiles; los republicanos, porque saben que el voto de las ciudades, ajeno al clientelismo rural, les pertenece casi por completo. El día 5 de abril, la proclamación de candidatos elegidos por el artículo 29 de la ley electoral vigente, en virtud del cual son elegidos automáticamente aquellos aspirantes que se presenten sin competencia en una circunscripción determinada, parece dar la razón a los monárquicos, que obtienen 11 687 actas por tan solo 1391 de los republicanos. Pero nadie echa todavía las campanas al vuelo. Los concejales así elegidos lo han sido en zonas donde aún son poderosos los mecanismos caciquiles. Todos saben que solo el voto de las ciudades permitirá extraer conclusiones acerca de la opinión real de los españoles.

Es necesario, por ello, interpretar los resultados de las elecciones municipales del 12 de abril de 1931 a la luz de esa vital consideración. Si nos limitamos a los números, los vencedores habrían sido los monárquicos. De un total de 81 099 concejales en liza, los candidatos leales al trono obtuvieron 34 233, lo que suponía un 42,2 % del total, y los aspirantes que se habían presentado sin definición, en su mayoría también monárquicos, lograron 4813, el 5,9 %. Pero en las grandes ciudades y las capitales de provincia, es decir, en los distritos donde el voto podía emitirse sin condicionante alguno de índole caciquil, el triunfo republicano fue aplastante. La Conjunción logró la victoria en 41 de las 50 capitales de provincia y en todas las ciudades de alguna importancia. El 44,8 % de los votos urbanos fueron para candidaturas republicanas, a las que habría que sumar las socialistas, que obtuvieron otro 16,8 %. Se trataba de un triunfo sin paliativos.

A pesar de ello, todo podría haber seguido como estaba si el gobierno Aznar hubiera tenido la suficiente presencia de ánimo para seguir adelante con el programa previsto. Sin embargo, no fue así. El impacto psicológico de unos resultados mucho peores de lo anticipado para las candidaturas monárquicas, sumado al pronunciamiento negativo del general José Sanjurjo, a la sazón director de la Guardia Civil, que informó a los ministros de que ya no se podía confiar en el cuerpo bajo su mando para sostener a toda costa la monarquía, decidió las cosas. La noche del día 12, el conde de Romanones, ministro de Asuntos Exteriores y verdadero hombre fuerte del gabinete, hizo públicas unas declaraciones en las que admitía una derrota absoluta de las candidaturas leales al trono. El mismo presidente del Consejo, el almirante Aznar, respondió a un periodista que le había interrogado sobre la existencia o no de una crisis política: «¿Puede haber crisis mayor que la de una nación que se acuesta monárquica y se levanta republicana?». La suerte estaba echada. Consultados por el rey los miembros del gabinete, solo uno de los ministros, el ultraconservador Juan de la Cierva, se mostró partidario de recurrir a la fuerza.

Proclamación de la Segunda República en Éibar a las seis horas del día 14 de abril. La pequeña localidad guipuzcoana fue la primera ciudad del país en alzar en su ayuntamiento la bandera tricolor.

El Gobierno Provisional, entretanto, no lo tenía tan claro. Al decir de Miguel Maura, una vez conocidos los resultados, la mayoría de sus integrantes apostaba por la prudencia, y tuvo que ser él quien les animara a tomar el poder de inmediato, sin esperar a la celebración de nuevas elecciones. Pero la decidida acción de las masas populares, que el día 13 de abril inundaron las calles de toda España cantando a gritos el Himno de Riego, seña de identidad de los liberales contrarios al despotismo regio a lo largo del siglo XIX, e incluso la Marsellesa, el himno nacional francés, terminó de insuflar ánimos al indeciso Gobierno Provisional. El 14 de abril, a las seis de la mañana, la República era proclamada en la pequeña villa guipuzcoana de Éibar. A lo largo de las horas siguientes, tomaron idéntica decisión los comités republicanos de numerosas ciudades importantes. Poco después del mediodía, el alcalde electo, Lluis Companys, de Esquerra Republicana de Catalunya, lo hace en Barcelona desde una ventana del ayuntamiento, y media hora más tarde le imita su jefe Francesc Macià, que, dando un paso más, proclama la República Catalana como Estado integrante de la Federación Ibérica. La bandera tricolor, roja, amarilla y morada, la vieja enseña del Partido Republicano Federal, ondeaba en las calles y las almas de los españoles. Alcalá-Zamora y los suyos no podían desperdiciar la nueva oportunidad que la historia les brindaba.

Madrid, 14 de abril de 1931. Una multitud enfervorizada se congrega en la Puerta del Sol para celebrar la proclamación de la Segunda República Española. Miguel Maura, describiendo el entusiasmo desbordado del pueblo madrileño, escribirá: «Las farolas, los tranvías, parados en medio de la plaza, los balcones y los tejados eran ocupados por innumerables racimos humanos. El griterío ensordecía».

A primera hora de la tarde, el conde de Romanones, comisionado por el rey, se ponía en contacto con el Gobierno Provisional para ofrecerle una salida pactada de la crisis. Alfonso XIII saldría del país y dejaría encargada la formación de un gobierno, con la misión de convocar elecciones a Cortes Constituyentes, a un político constitucionalista. Pero Alcalá-Zamora se niega a cualquier pacto. El rey, dice, habrá de partir de inmediato, y el poder pasará íntegro y sin hipoteca alguna al Gobierno Provisional. Descubierto su farol, el conde acepta. Poco después, la tricolor se iza en el Palacio de Comunicaciones, en la madrileña Plaza de Cibeles. Los habitantes de la capital son presa del júbilo. Una multitudinaria manifestación se congrega en la Puerta del Sol, a la espera de que los ministros del Gobierno Provisional, que se dirigen hacia allí en lenta caravana de vehículos en medio de las ensordecedoras aclamaciones de la multitud, entren en el Ministerio de Gobernación y proclamen oficialmente el nuevo régimen. Son ya las ocho cuando entran por la puerta principal del Ministerio, donde la Guardia Civil que allí presta servicio les presenta armas. Un cuarto de hora después, mientras las nuevas autoridades toman posesión del país, destituyendo por teléfono a los gobernadores civiles de las cincuenta provincias y nombrando a otros nuevos, y redactan los decretos que al día siguiente saldrán publicados en la Gaceta, Alfonso XIII sale del Palacio Real por el Campo del Moro rumbo a Cartagena, donde un barco, el crucero Príncipe Alfonso, le espera para llevarle a Marsella. Tras de sí deja tan solo un trono vacante, del que no ha abdicado, y un manifiesto que comienza con las famosas palabras «Las elecciones celebradas el domingo me revelan claramente que no tengo hoy el amor de mi pueblo…». Con razón podrá escribir después Miguel Maura, ministro de la Gobernación del, ahora sí, Gobierno Provisional, que, de ese modo «… suavemente, alegremente, ciudadanamente, había nacido la Segunda República española».

4

Una efímera luna de miel.
El Gobierno Provisional
de la República

En el fondo de las distancias y aun de las antipatías abríase paso una interesada solidaridad, que llevaba a cada ministro a aceptar las iniciativas del otro por la mutua esperanza de «hoy por ti, mañana por mí».

Niceto Alcalá-Zamora:
Memorias (1977).

UNA TAREA DIFÍCIL

La madrugada del 15 de abril de 1931 sorprendió a los aún incrédulos miembros del Gobierno Provisional de la República en medio de una febril actividad. Como decíamos en el capítulo anterior, en tan solo unas horas, el flamante ministro de la Gobernación, el conservador Miguel Maura, destituyó desde un teléfono del Ministerio a los cincuenta gobernadores civiles y nombró en su lugar a personas de confianza. Nadie tuvo la osadía de oponerse a aquella asombrosa posesión telefónica del poder, como la calificara en sus memorias Alcalá-Zamora, que hizo lo propio desde un aparato contiguo con los capitanes generales responsables de las regiones militares del país. A la mañana siguiente, España amanecía en perfecta calma, sin desorden alguno en las calles, incluso algo más tranquilas de lo habitual por haber proclamado el gobierno festivo aquel primer día de la joven república. Flotaba aún en el aire, sin embargo, la ilusión, tan incontenible como ingenua, que se había apoderado del espíritu de la gran mayoría de los españoles. No dilapidar aquel capital, el mayor con el que ningún gobierno hubiera iniciado nunca su tarea, había de ser, en consecuencia, la prioridad de los esforzados ministros.

Pero el trabajo que les aguardaba era tan ingente como complejo. Sería imprescindible, en primer lugar, que todos ellos hicieran un notable esfuerzo de tolerancia y flexibilidad, pues eran muchas y muy diversas las tendencias políticas que representaban; su peso en el gabinete en modo alguno se correspondía con la fuerza real de sus formaciones, y aunque en su extracción social predominaban los profesionales liberales y los funcionarios de clase media, no se echaban en falta conspicuos representantes de la clase alta ni tampoco sindicalistas de origen obrero. El presidente, Niceto Alcalá-Zamora, y el ministro de la Gobernación, Miguel Maura, miembros de la burguesía católica y conservadora, pertenecían a la derecha republicana, muy minoritaria en sus bases sociales, pero con gran peso en un gobierno que se había querido templado para no asustar a las gentes de orden. Por el contrario, el Partido Radical, representado en el Consejo por el ministro de Estado —hoy diríamos de Asuntos Exteriores— Alejandro Lerroux, y el de Comunicaciones, Diego Martínez Barrio, que ahora aspiraba también a captar el apoyo de las masas conservadoras para que aceptaran la República, contaba con una representación mucho menor de la que merecía su extendida organización. Más a la izquierda, el ministro de la Guerra, Manuel Azaña, de Acción Republicana; los de Fomento e Instrucción Pública, Álvaro de Albornoz y Marcelino Domingo, del Partido Republicano Radical-Socialista; el responsable de Marina, el galleguista Santiago Casares Quiroga, y el de Economía, el catalanista Lluís Nicolau d’Olwer, representaban a las clases medias reformistas, imbuidas de un sentido deseo de minar los cimientos del Estado heredado de la monarquía y atacar con energía a instituciones como la Iglesia y el Ejército, responsables, desde su punto de vista, de buena parte del atraso del país. Por último, los tres ministros socialistas, el de Hacienda, Indalecio Prieto; el de Trabajo, Francisco Largo Caballero, y el de Justicia, Fernando de los Ríos, muy distintos en extracción social y formación, se preocupaban sobre todo por la introducción de medidas que, a corto plazo, asegurasen la mejora en el nivel de vida de la clase obrera, y, a largo plazo, permitieran alterar de modo significativo las relaciones de producción.

A un gobierno tan heterogéneo, más unido por lo que rechazaba que por lo que compartía, cumplía ahora dar forma al nuevo régimen, que, carente de leyes e instituciones propias, poseía tan solo una existencia nominal, y encarar a un tiempo, y con la mayor celeridad posible, los graves problemas que España arrastraba desde hacía un siglo sin que los gobiernos de la Restauración hubieran mostrado la capacidad, ni apenas la voluntad, de acometer su solución. Fue el mismo Alcalá-Zamora, como presidente del gobierno y reputado jurista que era, quien improvisó en tan solo unas horas de aquella madrugada vertiginosa los decretos que nombraban ministros y altos cargos; proclamaban una amnistía general para los delitos políticos y sociales; declaraban festivo, como ya vimos, el día 15 de abril del año 1931, y el 14 de abril de los siguientes y, sobre todo, dotaban a aquella delicada situación de interinidad de una norma reguladora que revestía de la necesaria legalidad la existencia del gobierno y las acciones que se disponía a encarar en tanto unas Cortes Constituyentes dotaran a la República de su primera Carta Magna. Tal fue la finalidad del denominado Estatuto Jurídico del Gobierno Provisional.

Alegoría del Gobierno Provisional. La República, representada por una joven tocada con el gorro frigio y defendida por un escudo con los colores de la bandera republicana, aparece enmarcada por los retratos de los ministros del Consejo.

El breve documento, que constaba tan solo de seis artículos, comprometía al gabinete a someter su labor a la sanción de las futuras Cortes Constituyentes, ante las que declinaría sus poderes, pero también le dejaba las manos libres para gobernar por decreto con carácter transitorio, lo que revelaba su inequívoca voluntad de enfrentarse desde el primer momento a los problemas del país, sin perjuicio de las reformas que emprendieran los gobiernos ordinarios una vez aprobada la Constitución. Asimismo, el decreto perfilaba a grandes rasgos el carácter que se pretendía dar a la nueva República. Sendos artículos establecían la libertad de conciencia y de cultos y la aconfesionalidad del Estado; aseguraban los derechos fundamentales de los ciudadanos, en especial el de libre sindicación; proclamaban la garantía de la propiedad privada, aunque con la salvedad, en el caso de la agraria, de su obligación de responder a la función social de la tierra, y comprometían al gobierno a someter a juicio de responsabilidad aquellos actos de las autoridades que no hubiera fiscalizado el Parlamento antes de 1923, así como los realizados bajo la dictadura.

La voluntad reformista del Gobierno Provisional era, pues, inequívoca, tanto como su interés en dejar bien claro que no animaría su gestión veleidad revolucionaria alguna. Se trataba, como escribió después Maura, de partir de lo heredado, el Estado monárquico, para reformar su estructura y conducirlo a una democratización plena, cuya culminación habría de corresponder por lógica a las futuras Cortes, pero en ningún caso de alterar los fundamentos del orden social vigente o sustituirlos por otros.

Pero ¿cómo era la España que el gabinete tenía ante sí? ¿Cuáles eran sus problemas más urgentes? O, en otras palabras, ¿en qué contexto, nacional e internacional, se veía obligado a actuar el voluntarioso Gobierno Provisional de la República?

Uno de los primeros consejos de ministros del Gobierno Provisional. De derecha a izquierda, puede reconocerse a Azaña, Casares Quiroga, De los Ríos, Alcalá-Zamora, Lerroux, Maura, Largo-Caballero y Albornoz. No están presentes Prieto, Martínez Barrio, Domingo y Nicolau.

En cuanto al contexto nacional, España ofrecía en 1931 una coyuntura especialmente poco propicia para la tarea que tenía ante sí el gabinete presidido por Alcalá-Zamora. Sin ser ya una sociedad del todo atrasada, no era tampoco aún una sociedad desarrollada y moderna, por completo equiparable a las naciones occidentales más avanzadas. La representación más precisa que podía hacerse de ella era definirla como una economía dual, en la que, junto a innegables islotes de modernidad —los cítricos valencianos, la remolacha azucarera, la industria vasca y catalana, entidades financieras de alguna importancia—, podía observarse un claro predominio de las formas económicas tradicionales, ligadas a una agricultura extensiva de bajos rendimientos y nula competitividad en los mercados internacionales. Por supuesto, las relaciones sociales acusaban una dualidad semejante. Junto a los terratenientes, ya fueran nobles o burgueses, la gran masa de jornaleros del sur y los pequeños propietarios de tierras del norte, herencia del Antiguo Régimen, consolidada y ampliada por las poco eficaces desamortizaciones del siglo XIX, habían surgido clases medias urbanas, una nueva burguesía industrial y financiera, y un proletariado fabril cada vez más exigente y organizado. Para agravar el problema, esta dualidad económica y social no era homogénea desde el punto de vista territorial, lo que había generado una notable desigualdad regional, dificultando la integración nacional del país y provocando, como veíamos en el primer capítulo, la aparición de nacionalismos competidores en las regiones más avanzadas.

El resultado de tal combinación de formas socioeconómicas tradicionales y modernas y de los desequilibrios regionales que generaban era una enorme potencialidad para el conflicto. Como escribiera hace unas décadas el historiador estadounidense Stanley G. Payne, España se encontraba apresada en una suerte de trampa dentro del desarrollo, pues este había alcanzado ya un nivel suficiente para generar en los grupos más desfavorecidos exigencias susceptibles de ser respaldadas por una movilización de gran envergadura, pero no para satisfacer esas demandas de forma rápida y duradera. La Segunda República, además, por el mero hecho de existir, intensificó esas demandas e hizo más profundas las esperanzas de quienes las sostenían, agravando así el problema. Ello sucedió de este modo porque para los viejos republicanos, como vimos, la república que nunca llegaba había terminado por convertirse en una suerte de El Dorado en la que tendrían solución todos los males seculares de España. Y porque para los demás, que no eran republicanos o lo eran de ayer mismo, la monarquía se había desprestigiado tanto, que la república no podía dejar de aparecer para la mayoría del país como una puerta hacia un futuro más halagüeño. Una puerta que, de cerrarse tras haber aparecido entreabierta, podía llegar a provocar un estallido revolucionario.

Como dificultad añadida, el contexto internacional en el que el régimen habría de desenvolverse no era precisamente favorable. La economía mundial se enfrentaba, desde 1929, a una profunda depresión, quizá la mayor jamás conocida hasta entonces. Es cierto que el mismo atraso relativo de España y la escasa apertura de su economía hacia el exterior estaba haciendo más suave su impacto sobre ella, pero, por pequeño que fuera, contribuía a hacer más difícil la satisfacción de las demandas populares a la vez que las agudizaba e intensificaba la resistencia de los grupos sociales acomodados, lo que había por fuerza de limitar el margen de maniobra de cualquier gobierno reformista. La actitud de los círculos financieros internacionales agravó aún más la situación. La Banca Morgan, ya por entonces una de las instituciones financieras más poderosas del mundo, canceló de inmediato un importante préstamo de 60 millones de dólares que había concedido al último gobierno de la monarquía, y la masiva fuga de capitales hundió la cotización de la peseta, que perdió en un mes un 20 % de su valor.

Además, la crisis estaba minando con rapidez los cimientos sociales de las democracias europeas, facilitando la implantación en algunos países cercanos de regímenes totalitarios. La antigua Rusia de los zares conocía desde los años veinte una versión extrema de comunismo bajo la férula de Iosif Stalin. Italia, un país semejante a España por su idiosincrasia y su nivel de desarrollo, vivía desde 1922 bajo la bota del fascismo. Y aunque sería a partir del triunfo de Hitler en Alemania en 1933 cuando se produjera en Europa la gran eclosión de los partidos y movimientos puramente fascistas, en los años anteriores cierto número de países como Portugal, Polonia, Grecia, Lituania o Yugoslavia habían visto cómo sus democracias se desmoronaban frente al embate de formaciones políticas de corte autoritario cuya ejecutoria prefiguraba de algún modo el posterior triunfo de los fascismos. En un contexto así, la izquierda y la derecha no podían dejar de mirarse con una desconfianza que dificultaba en buena medida la construcción de los consensos necesarios para edificar sobre bases sólidas un régimen que se pretendía duradero y eficaz como instrumento de modernización del país.

Un país que, por otra parte, necesitaba de soluciones urgentes a problemas muy serios. La cuestión agraria era sin duda la de mayor trascendencia. Dejando de lado el referido sector exportador vinculado a los cítricos levantinos y a unos pocos productos más, la agricultura hispana, todavía el más importante sector de la economía nacional, gemía bajo el peso de una insufrible contradicción. En las regiones del centro y noroeste del país, un agudo minifundismo engendraba una baja productividad crónica generadora de una aguda miseria que apenas se resolvía en una continua emigración. En las del sur, el latifundismo secular, casi siempre unido al absentismo de unos propietarios sin mentalidad empresarial que residían en las ciudades, tan lejos del campo en lo físico como en lo moral, producía un fortísimo paro que conducía año tras año a la desesperación a casi dos millones de campesinos sin tierra ni esperanzas. Estas parecieron llegar con la república, cuya mera existencia equivalía, en las mentes de muchos braceros del campo, cada vez más organizados, a una promesa de que las cosas iban por fin a cambiar. De que su esperanza no dejara paso a la frustración dependía, más que de ninguna otra cosa, la estabilidad del régimen.

No tenía menor importancia la llamada cuestión social, derivada de la lucha de clases propia de la sociedad capitalista industrial, pero agravada por la citada coyuntura de crisis generalizada en el mundo occidental y, en el caso español, por las dificultades propias de una economía que había alcanzado un desarrollo insuficiente y desequilibrado. En este contexto, en el seno de una república que había llegado envuelta en un halo de reformismo y formando parte del Gobierno Provisional la fuerza política más poderosa y organizada del proletariado nacional, el PSOE, nadie podía obviar la necesidad de dar algún tipo de respuesta a las urgentes demandas obreras.

La cuestión religiosa, o, en otras palabras, el problema planteado por la necesidad de dar nueva forma legal a las relaciones entre la Iglesia católica, acostumbrada a un vínculo privilegiado con la monarquía alfonsina, y un Estado republicano que, en tanto democrático, no podía ser sino neutro en materia religiosa, sin duda determinaría la actitud definitiva hacia el régimen de los católicos, que constituían aún la gran mayoría del país. El problema no era simple. Lo agravaba la escasa disposición de algunos sectores de la jerarquía eclesiástica a renunciar a lo que consideraban derechos más que privilegios. Y no lo complicaba menos la intención de la izquierda republicana de ir más allá de la mera separación entre la Iglesia y el Estado para poner en marcha un proceso de secularización social que solo sería realidad si la Iglesia se veía privada de la mayoría de sus instrumentos de influencia en la economía, la sociedad, la política y la cultura del país.

Como es natural, indisolublemente asociada a la religiosa, se hallaba la cuestión de la enseñanza, que ofrecía por entonces una doble faceta: la urgencia de poner en marcha un ambicioso plan de escolarización masiva en un país lastrado aún con altas tasas de analfabetismo y, desde la óptica republicana reformista de la izquierda, la no menos urgente necesidad de arrebatar a la Iglesia su principal herramienta para la manipulación de las conciencias: los colegios religiosos.

Los nuevos gobernantes republicanos debían también arrostrar la conocida tradicionalmente como cuestión militar, o, por decirlo de otro modo, el problema planteado por la necesidad de reformar en profundidad un Ejército lastrado por males tan antiguos y graves como la hipertrofia y la escasa preparación técnica de su oficialidad o la carencia de medios y armamento moderno. Era también imprescindible dar alguna solución al secular aislamiento físico y mental en que los militares profesionales, y muy especialmente los llamados africanistas, jefes y oficiales formados y ascendidos en las guerras coloniales en el Marruecos español, se encontraban respecto al resto de la sociedad. Y no menos urgente resultaba combatir su tradicional desprecio hacia los políticos y su tendencia a considerarse a sí mismos la encarnación de la verdadera voluntad nacional, con derecho a intervenir en la vida política cuando lo creyeran conveniente.

Y, por último, la República había de enfrentarse de forma decidida a la conocida como cuestión regional, que no era, en el fondo, sino la consecuencia del parcial fiasco del proyecto nacional español en los términos en que había sido formulado por los liberales del siglo XIX. Fracasada la unidad conformada sobre la uniformidad, parecía imprescindible dar cauce legal a la pluralidad, dotar al Estado español de una encarnación jurídica capaz, a un tiempo, de servir de instrumento a una verdadera democracia liberal y de canalizar las crecientes demandas de autonomía regional vehiculadas por los nacionalismos periféricos. Y ello sin abrir así la veda para una cascada de reivindicaciones y recelos entre las distintas regiones de España.

LAS PRIMERAS DECISIONES

Fue esta última la primera de las grandes cuestiones a las que el gobierno hubo de dar respuesta inmediata. El mismo 14 de abril de 1931, antes de que Alcalá-Zamora proclamara oficialmente la República en Madrid, Francesc Macià, conocido independentista y líder de la recién constituida Esquerra Republicana de Catalunya, había proclamado de forma unilateral, como sabemos, la República catalana «como Estado integrante de la Federación Ibérica». El día 16, ahondando en su deriva soberanista, formaba un gobierno integrado por representantes de los partidos republicanos catalanes y comenzaba a nombrar personas de confianza para los cargos más importantes de la región. Aunque es difícil que en la mente del anciano Macià estuviera cobrando forma la intención de alcanzar la independencia de Cataluña por la vía de los hechos, sin duda perseguía forzar un modelo determinado de Estado, la República Federal, obviando por completo la evidencia de que debían ser las Cortes españolas, aún pendientes de elegir, las que se pronunciaran sobre la articulación territorial del Estado, en general, y el alcance de la autonomía catalana, en particular. Además, el audaz gesto de Macià suponía una ruptura de facto del pacto firmado en San Sebastián en agosto del año anterior, pues, aunque nada se había firmado ni rubricado aquel día, sí se había dejado claro que Cataluña había de acceder a la autonomía por medio de la aprobación en referéndum de un estatuto que luego se sometería a las Cortes Generales, las cuales podían modificarlo a su antojo antes de aprobarlo y convertirlo en ley.

Francesc Macià, líder de Esquerra Republicana de Catalunya, proclama desde un balcón de la Diputación de Barcelona la República catalana «como Estado integrante de la Federación Ibérica». Semejante acto, unilateral y contrario al pacto alcanzado en San Sebastián en agosto de 1930, puso en su primer aprieto a la Segunda República.

La gravedad de lo sucedido era, pues, enorme, por lo que el Gobierno Provisional reaccionó de inmediato. El día 17 se trasladaron a Barcelona los ministros Marcelino Domingo, Lluís Nicolau d’Olwer, catalanes ambos, y Fernando de los Ríos, quienes negociaron con Macià un pacto para acelerar el acceso de Cataluña a la autonomía. Esquerra renunciaba al Estado catalán a cambio de la ratificación del gabinete de Macià como gobierno legal de Cataluña y la reaparición de la Generalitat, la institución de gobierno tradicional del Principado antes del siglo XVIII, a la que se transferirían de inmediato las competencias de las diputaciones provinciales. Los partidos catalanes redactarían a continuación un proyecto de estatuto de autonomía que se sometería a la aprobación en referéndum de los ciudadanos españoles censados en la región y, en caso de ser aprobado, se remitiría para su discusión a las futuras Cortes Constituyentes, que introducirían en él las modificaciones que considerasen oportunas y lo tramitarían como ley estatal.

La República había sorteado así su primer gran obstáculo. Pero las otras cuestiones, aunque quizá no tan visibles, no eran menos importantes, y se hacía necesario legislar con celeridad para darles alguna respuesta antes de que el enorme capital de confianza que las masas populares habían depositado en el nuevo régimen empezara a diluirse. La forma de actuar del gobierno fue en todos los casos la misma: los diferentes ministros dictaban decretos que eran aprobados en pleno por el gabinete y aplicados de inmediato, dejando para las futuras Cortes la tarea de ratificarlos y convertirlos en leyes.

Los primeros de esos decretos fueron los denominados agrarios, obra de los ministros socialistas de Trabajo, Francisco Largo Caballero, y Justicia, Fernando de los Ríos. Promulgados entre los meses de abril y julio de 1931, su objetivo, tan urgente como necesario desde la perspectiva del partido al que pertenecían sus autores, no era otro que el de mejorar en lo posible las condiciones laborales de los campesinos, ofreciéndoles un anticipo de la reforma agraria que habrían de aprobar las Cortes. Su contenido establecía la prohibición de desahuciar a los arrendatarios de fincas rústicas y autorizaba el arrendamiento colectivo; fijaba en ocho horas la jornada laboral y establecía un estipendio mínimo; obligaba a los propietarios a contratar a todos los braceros de su comarca antes de traer mano de obra de fuera con el fin de evitar así la rebaja artificial de los salarios, y les forzaba, asimismo, a mantener sus tierras en producción, y, por último, extendía al campo los beneficios de los jurados mixtos de arbitraje en asuntos laborales y de la legislación de accidentes de trabajo.

También la cuestión de la enseñanza recibió una atención especial durante aquellos primeros meses del régimen. El ministro de Instrucción Pública, el radical-socialista Marcelino Domingo, puso en marcha de inmediato un plan para incrementar significativamente el número de plazas escolares públicas. En poco tiempo se contrató a 7000 nuevos maestros nacionales que serían formados mediante un innovador y urgente sistema de cursillos intensivos; se mejoraron, entre un 20 y un 40 % según los casos, sus hasta entonces menguadas retribuciones, en ocasiones inferiores a las de los conserjes de los ministerios, y se dieron los primeros pasos para limitar el enorme peso que la Iglesia poseía en la enseñanza media —restringiendo la enseñanza de la religión a aquellos alumnos que lo solicitaran— y para extender la cultura a las zonas rurales más atrasadas, finalidad a la que respondían las denominadas misiones pedagógicas.

Por último, desde el Ministerio de la Guerra, Manuel Azaña ponía en marcha toda una serie de medidas encaminadas a hacer del Ejército español un colectivo moderno, leal a la República y apartado de su tradicional injerencia en los asuntos políticos. Para ello ofreció el retiro inmediato con sueldo íntegro a los militares que se negaran a jurar fidelidad al régimen, con lo que, a la vez que reducía el tamaño de una oficialidad hipertrofiada, se aseguraba de su lealtad; redujo de 16 a 8 el número de divisiones, haciendo residir a cada una en una región militar; organizó la Aviación como cuerpo independiente; eliminó los empleos de teniente general y capitán general, y anuló las competencias militares sobre justicia civil contenidas en la ley de Jurisdicciones de 1906, colocando la propia jurisdicción castrense bajo la dependencia del Ministerio de Justicia. Por último, el ejército fue modernizado tanto en el material como en el sistema de reclutamiento de la tropa y de formación de la oficialidad, con el objetivo de derribar las barreras espirituales que separaban a esta del resto de las clases medias, integrando a aquel en la sociedad.

Pero había de ser la cuestión religiosa la que costaría al Gobierno Provisional su primer error de importancia. En realidad, durante sus primeras semanas de vida, el gabinete hizo poco más que proclamar la libertad de conciencia y de cultos y la aconfesionalidad del Estado, elementos irrenunciables en cualquier democracia moderna, y declarar voluntaria la enseñanza de la religión en las escuelas. Habría de ser la Constitución y las leyes que la desarrollaran las que decidieran si, como pensaba la derecha republicana, bastaba con eso o, como sostenía la izquierda, era necesario ir más allá y atacar los fundamentos mismos del poder de la Iglesia para reducir su capacidad de influir sobre las conciencias de los españoles. Sin embargo, para muchos católicos la libertad religiosa misma constituía una agresión, pues equivalía a conceder al error los mismos derechos que a la verdad. Y, por desgracia, buena parte de la jerarquía eclesiástica compartía esta visión retrógrada. Aunque prelados tan conspicuos como el moderado Francesc Vidal i Barraquer, cardenal-arzobispo de Tarragona, o incluso el mismo nuncio de la Santa Sede en España, monseñor Federico Tedeschini, acogieron con respeto el nuevo régimen, otros no menos prominentes, como Pedro Segura, cardenal-arzobispo de Toledo y primado de la Iglesia española, reaccionaron con extrema dureza.

El cardenal Segura, lejos de conceder a la República un margen de confianza, publicó el 7 de mayo una durísima Pastoral en la que se deshacía en elogios hacia Alfonso XIII y la monarquía; ponía en guardia a los católicos contra el posible daño a los derechos de la Iglesia que supondría la secularización del Estado, y les conminaba a organizarse para acudir a las urnas a defender su fe de los ataques de quienes se esforzaban en destruir la religión. Acto seguido, Segura convocó en Toledo a los obispos españoles, que el 9 de mayo redactaban una Pastoral colectiva en la que formulaban su protesta por la violación efectiva o en proyecto de diversos derechos de la Iglesia. Aunque el documento no se hizo público hasta junio, al día siguiente tuvieron lugar unos sucesos llamados a envenenar de manera dramática las relaciones entre una gran parte de los católicos españoles y el nuevo régimen.

El domingo, día 10 de mayo, se inauguraba en la céntrica calle de Alcalá de Madrid un círculo monárquico. Los sones de la marcha real, que llegaban al exterior a través de las ventanas abiertas, irritaron a algunos paseantes que disfrutaban de la cálida mañana. De inmediato comenzaron a formarse grupos; los ánimos se encresparon y hubo de intervenir la policía. Sin embargo, las cosas que podían haberse calmado entonces no quedaron ahí. Algunos de los republicanos más extremistas decidieron marchar hacia las cercanas oficinas del conocido diario monárquico ABC con la intención de incendiarlo. La Guardia Civil intervino, pero dos personas murieron y se produjeron algunos heridos.

Todo podía haber quedado en un incidente lamentable, aunque de escasas repercusiones políticas, pero no fue así. Al día siguiente, 11 de mayo, nueve edificios religiosos fueron incendiados en Madrid sin que el gobierno, sordo a las peticiones de Miguel Maura, ministro de la Gobernación y responsable, por tanto, del orden público, que deseaba reprimir a los alborotadores, moviera un solo dedo para impedirlo. Cuando por fin lo hizo, proclamado en la capital el estado de guerra, ya era tarde. Los disturbios se habían extendido por amplias zonas del país, donde durante tres largos días, ardieron más de un centenar de iglesias, conventos y colegios, calcinándose con ellos importantes tesoros artísticos.

La quema del convento de los jesuitas de la calle de la Flor. Madrid, 11 de mayo de 1931. Josep Pla, que contempla el incendio desde la azotea de la pensión donde se hospedaba, escribe: «Es realmente curioso ver al pueblo de Madrid con un churro en la mano, los ojos reflejando curiosidad, y una sonrisa de fiesta en la cara, contemplar la humareda que sale del convento».

En días posteriores el ambiente pareció caldearse cada vez más. El 13 de mayo el cardenal Segura abandonaba España, por haberse negado el gobierno a garantizar su seguridad personal; el 18, el católico Maura expulsaba del país a Mateo Múgica, obispo de Vitoria, acusado de actividades antirrepublicanas. Poco más tarde, a principios de junio, se hacía pública la declaración colectiva de los obispos redactada en mayo, y Segura volvía de incógnito a España, pero era detenido y conducido hasta la frontera. Dos meses después, en agosto, el vicario general de la diócesis de Vitoria era detenido en la frontera francesa con cartas de su obispo en las que daba instrucciones para la venta a testaferros de los bienes del clero. La ruptura definitiva entre la Iglesia y el régimen parecía inevitable. Pero la actitud dialogante de una parte de la jerarquía católica, encabezada por Tedeschini y Vidal, y el talante receptivo de destacados miembros del gobierno, como su propio presidente, el católico Alcalá-Zamora, y el ministro socialista Fernando de los Ríos, mantuvieron abierto el diálogo. A pesar de lo ocurrido en mayo, la cuestión religiosa podría haberse resuelto todavía con inteligencia y moderación. Fue la actitud posterior del gobierno en los debates constitucionales y su política en materia de enseñanza lo que convirtió en imposible una salida dialogada del problema que al menos una parte de la jerarquía católica estaba dispuesta a aceptar. Pero aquel 11 de mayo de 1931 hizo que muchos católicos españoles ya no volvieran a confiar en la República. A sus ojos, tenían ahora razón los que semanas antes, sin motivo alguno, habían proclamado que el nuevo régimen sería enemigo declarado de la fe. Paralizado por un acendrado e irracional prejuicio anticlerical que, en el fondo, hacía que en su fuero interno algunos ministros se alegrasen de lo que ocurría, el gobierno había regalado a la derecha más reaccionaria un arma de enorme poder movilizador que no dudaría en usar contra el régimen y que, a la larga, facilitaría mucho las cosas a quienes se alzaron en armas contra él.

LAS ELECCIONES

Mientras legislaba febrilmente, el Gobierno Provisional no se olvidaba de la que en el fondo constituía su tarea consustancial: la convocatoria de elecciones a Cortes Constituyentes. Un decreto promulgado el día 8 de mayo de 1931 modificaba la ley electoral en uso, que databa de 1907, para dar forma a un sistema electoral por completo distinto al vigente en la época de la Restauración. El sufragio seguiría siendo universal, masculino, directo y secreto, de forma que las mujeres no podrían votar, pero ahora sí se les permitía ser candidatas y se rebajaba la edad mínima para votar a 23 años, dos menos que antes. Los distritos uninominales, tan dúctiles a los manejos del caciquismo, fueron sustituidos por demarcaciones plurinominales de ámbito provincial, con la excepción de las ciudades con más de cien mil habitantes, que, junto a su partido judicial, tendrían distrito propio, y Madrid y Barcelona, que lo constituirían en sí mismas, sin su partido. Las Cortes, unicamerales, estarían integradas por diputados elegidos a razón de un escaño por cada 50 000 habitantes o fracción mayor de 30 000, en listas abiertas y con sistema mayoritario, aunque limitado, de modo que la lista que obtuviera la mayoría absoluta recibiría el 80 % de los escaños de la circunscripción, reservándose el 20 % restante para las minorías. La elección exigía, asimismo, un mínimo del 20 % de los sufragios, de modo que si el número de candidatos que lo alcanzaba era menor que el de los puestos a cubrir, estaba prevista una segunda vuelta para cubrir los escaños vacantes. Respecto a las actas protestadas, su verificación se arrebataba al Tribunal Supremo a favor del Parlamento mismo, que debía pronunciarse sobre ellas en su primera sesión.

La ley, en suma, beneficiaba sin ambages a los partidos que disfrutaban de gran implantación regional y, en especial, a los que tuvieran facilidad para pactar, integrándose así en coaliciones capaces de aspirar a los puestos de las mayorías. Los grupos políticos cuya base electoral fuera numerosa, pero se encontrara dispersa por todo el país, o los que sufrieran el rechazo de los otros resultarían severamente penalizados por el nuevo sistema. La intención no era otra que la de asegurar gobiernos estables, capaces de apoyarse en una sólida mayoría en las Cortes, pero era evidente que la representación de la opinión iba a resultar notablemente deformada, y que la tarea de la oposición, limitada, en el mejor de los casos, a poco más de un centenar de escaños en unas Cortes de 470, corría el riesgo de convertirse en algo testimonial. Además, la necesidad de coaligarse podía llevar a hacerlo a partidos poco afines en ideología y programa que se unieran por razones oportunistas, rompiendo luego el pacto en las Cortes, mientras la reserva del 20 % podía facilitar la sobreponderación de las opciones más extremas. Y todo ello, bien en contra de lo que se pretendía, conduciría a Cortes inestables y capaces de obstaculizar la tarea del gobierno, o a mayorías extremistas y cambiantes que podían deshacer en cada legislatura la obra de la anterior, lo último que le faltaba a un régimen completamente nuevo y muy necesitado de una sólida estabilidad parlamentaria sobre la que apoyar su programa reformista.

Las elecciones fueron convocadas por un decreto de 3 de junio de 1931, que fijaba la fecha de los comicios para el 28 de ese mismo mes. Lo temprano de la convocatoria, que forzó a los partidos a improvisar sus candidaturas, perjudicó en especial a la derecha, que apenas contaba aún con partidos organizados. Sus candidatos fueron en su mayoría independientes que trataban de movilizar el voto de los propietarios de fincas, asustados por la reforma agraria que la izquierda había prometido impulsar, y dependieron en buena medida de unos resortes caciquiles cada vez menos eficaces. En el lado opuesto, la Conjunción Republicano-Socialista logró preservar su unidad en la mayor parte de las circunscripciones, lo que permitió a sus candidatos aspirar a las mayorías. Sin embargo, las fisuras en su seno empezaron ya a ser evidentes. La Derecha Liberal Republicana, la fuerza más conservadora del gobierno, fue marginada en muchos distritos y hubo de acudir en solitario o en coalición con partidos más derechistas. La distancia entre socialistas y radicales, por su parte, sin llegar en este caso a la ruptura, se observaría con toda nitidez en el tono de las respectivas campañas, decididamente reformista la de los primeros y de acentos mucho más moderados la de los segundos.

La campaña electoral discurrió sin excesiva violencia, lo cual puede sorprender en un país tan polarizado socialmente y sin experiencia democrática alguna. Hubo, por supuesto, sucesos aislados, como los acaecidos entre radical-socialistas y melquiadistas en el teatro Campoamor de Oviedo, que motivaron la retirada de las candidaturas de los segundos como protesta por la inhibición de las autoridades. Y no faltó quien acusara de parcialidad a unos gobernadores civiles a menudo muy interesados en facilitar la concertación electoral de las izquierdas. En general, sin embargo, el tono de la campaña fue mesurado. Republicanos y socialistas trataron de movilizar el voto de las clases medias y los obreros detallando las profundas reformas que pondrían en marcha si obtenían una mayoría suficiente en las Cortes. La derecha, sin partidos ni programa, se limitó a trazar un panorama apocalíptico, identificando el triunfo de la izquierda con la persecución religiosa y la revolución social con el fin de movilizar el voto del miedo.

Así las cosas, el resultado de los comicios no podía sorprender a un observador avisado. La Conjunción Republicano-Socialista obtuvo un triunfo aplastante, y dentro de ella, los socialistas, que lograron 115 escaños, y los radicales, que cosecharon 94, una cifra similar al conjunto de los partidos republicanos de izquierda, fueron las fuerzas políticas más votadas. La derecha republicana, marginada en las listas de la Conjunción, obtuvo una representación muy escasa, inferior a los 30 escaños, lo que privó a la República desde sus inicios de una fuerza conservadora pero leal al régimen que podía haber hecho mucho a favor de su consolidación. Y respecto a los monárquicos y demás grupos de derecha no republicana, su cosecha de escaños fue tan reducida que perdieron toda capacidad de condicionar en las Cortes el contenido de la futura Constitución.

La distribución geográfica del voto resulta no menos elocuente. Las elecciones, las primeras en que los españoles pudieron expresar su opinión libres casi por completo de los oxidados cerrojos del caciquismo, sacaron a la luz dos Españas bien distintas. La primera, urbana e industrial en el caso de Madrid y Cataluña, y agraria y latifundista en el de Andalucía, pertenecía a la izquierda; la segunda, integrada a grandes rasgos por las comarcas agrarias de pequeños propietarios católicos de Galicia, Castilla la Vieja, León, Navarra y el País Vasco, era cosa de la derecha. El panorama no se alteraría en exceso durante los años siguientes. Serían más bien los cambios introducidos por el comportamiento de la abstención o el mayor o menor éxito de unos y otros a la hora de articular coaliciones que les permitieran aspirar a los asientos de las mayorías los factores que determinarían, antes que los propios desplazamientos del voto, el cambio en las mayorías parlamentarias.

Resultados de las elecciones de junio de 1931. El triunfo de la Conjunción, aplastante, revela con claridad el mapa de la sociología electoral española de los años treinta, que algunos autores han relacionado con el del levantamiento militar de julio de 1936.

LOS DEBATES CONSTITUCIONALES

En cualquier caso, las Cortes salidas de las urnas, que tenían como tarea fundamental la elaboración de la nueva Carta Magna, mostraban un claro predominio de los partidos de izquierda. Este hecho revelaba una importante contradicción: si los diputados eran nuevos —solo 28 de los 470 lo eran en 1923— y, al menos en su mayoría, carecían de experiencia alguna en tareas políticas, las estructuras sociales del país no lo eran, y habrían de ser esos políticos sin visión de Estado ni ejecutoria previa los que asumieran la ingente tarea de dar forma al nuevo régimen, y tenían toda la intención de hacerlo desde unos postulados que, aun siendo en aquel momento mayoritarios en la sociedad española, no lo eran en un grado tan importante como mostraba la composición de las Cortes. Un Parlamento de profesores, intelectuales, pequeñoburgueses y funcionarios con acendradas ideas reformistas y modernizadoras, pero también anticlericales y en exceso teóricas, se disponía a cambiar la faz de un país todavía en gran medida rural, católico y conservador. ¿Tendrían las nuevas Cortes la sensatez suficiente como para no tratar de ir demasiado lejos, diseñando una Constitución ajena a la realidad del país?

Extraído de Gil Pecharromán, Julio: Segunda República
Española, Madrid: Biblioteca Nueva, 2006.

Las Cortes iniciaron sus sesiones el 14 de julio. Tras elegir como presidente al socialista moderado Julián Besteiro, se constituyeron de forma oficial el día 27. Como primer acto, el Gobierno Provisional rindió sus poderes ante la Cámara, que le concedió su confianza para seguir gobernando como gabinete ordinario y refrendó, como estaba previsto, sus decretos. Tocaba ahora entregarse a la tarea de dar forma a la Constitución. Como paso previo, se le había encargado a la Comisión Jurídica Asesora del Ministerio de Justicia la elaboración de un anteproyecto, labor que realizó una subcomisión de trece miembros presidida por Ángel Ossorio y Gallardo. El texto resultante, de tan solo 104 artículos, ofrecía a las Cortes para su debate una Constitución moderada, con un Parlamento bicameral y una presidencia fuerte, así como una total libertad religiosa compatible con una cierta situación de privilegio para la Iglesia católica. Se trataba, en última instancia, de la Constitución liberal y democrática, pero nada más, que les habría gustado a los republicanos más templados, como Alcalá-Zamora y Maura, así como a una parte de los radicales y a los intelectuales de la Agrupación al Servicio de la República. Pero un texto de ese tenor jamás habría satisfecho a los republicanos de izquierda y a los socialistas, que deseaban un texto mucho más comprometido desde el punto de vista ideológico. Así, el gobierno lo rechazó y encargó uno nuevo a una Comisión Parlamentaria presidida por el socialista moderado y reputado jurista Luis Jiménez de Asúa.

La Comisión, que respondía en su composición a la proporción entre los grupos parlamentarios, con clara mayoría de republicanos de izquierda y socialistas, elaboró un nuevo borrador algo más extenso, de 121 artículos, que fue presentado a las Cortes el 27 de agosto. Defendida por su principal inspirador como un texto «de izquierda, pero no socialista», «democrático, iluminado por la libertad y de un gran contenido social», reconocía su deuda con constituciones como la alemana de Weimar o la soviética de 1918. Definía la república como Estado integral, pero no federal; decretaba la completa separación entre la Iglesia y el Estado, disolvía las órdenes religiosas y nacionalizaba sus bienes, y aunque garantizaba el derecho a la propiedad privada, reconocía su intención de ir avanzando de forma gradual hacia su socialización y abría las puertas hacia su expropiación sin compensación, si así lo decidía el Parlamento.

Niceto Alcalá-Zamora en el transcurso de una intervención en las Cortes Constituyentes. En primera fila, en el banco azul del gobierno, de derecha a izquierda, Lerroux, De los Ríos, Azaña y Casares Quiroga. El presidente del gobierno actuó, mientras ocupó el cargo, con la intención de moderar el sesgo cada vez más izquierdista que iba adquiriendo la Constitución, que él consideraba nocivo para el futuro de la República.

Las discusiones sobre el texto se iniciaron el 11 de septiembre y se prolongaron hasta el 9 de diciembre. Los debates, a menudo acalorados y en ocasiones incluso subidos de tono, se desarrollaron a un ritmo intensivo, por lo general en largas sesiones que se iniciaban a las cuatro de la tarde y concluían bien entrada la noche. Aunque todos los extremos del borrador fueron discutidos minuciosamente, el debate se hizo especialmente intenso en algunas cuestiones, precisamente las que daban al texto un sesgo ideológico más evidente.

El primer enfrentamiento surgió con motivo de la definición misma del Estado republicano, que el borrador de la Comisión definía como República de trabajadores, expresión que no solo repugnaba a la derecha, sino que parecía excesiva a una parte considerable de la izquierda. Tras algunas discusiones, se acordó matizar el término trabajadores con la expresión de toda clase, que limaba de algún modo el contenido revolucionario de la primera versión.

Más difícil fue alcanzar un acuerdo en lo referido a las competencias que ese Estado habría de reservarse para sí y, en consecuencia, el grado de autonomía regional que permitiría la Constitución. Las posiciones de partida se hallaban bastante lejos. La derecha defendía a capa y espada el Estado unitario y centralizado; los federales y los catalanistas apostaban, como no podía ser de otro modo, por el Estado federal, y republicanos y socialistas, que en un primer momento se habían inclinado por aceptarlo, desconfiaban ahora de los efectos de un modelo que no conseguía sino restar poder efectivo a sus partidos en beneficio de las fuerzas regionalistas y que, además, dificultaría la aplicación en todo el territorio nacional de las reformas laborales ya iniciadas, en las que había que profundizar. El acuerdo se selló, sin embargo, en torno al neologismo Estado integral, unitario, pero abierto a la autonomía regional, y a la no determinación de competencias transferibles a las regiones, de modo que estas se debatieran en cada caso, al aprobarse el correspondiente estatuto en las Cortes.

Paradójico cuando menos fue el intenso debate que generó la regulación del sufragio, pues, en contra de lo que podía esperarse, buena parte de la izquierda se reveló contraria a la concesión a la mujer del derecho al voto, argumentando, en palabras de una de las pocas diputadas de la cámara, la radical-socialista Victoria Kent, que en España «la mujer es retrógrada, reaccionaria e inculta», mientras la derecha lo defendía, quizá por las mismas razones. Fue la posición de los socialistas, coincidentes en esto con los diputados más conservadores, la que permitió que las mujeres pudieran votar por vez primera en España dos años después.

Pero los dos asuntos que generaron los debates de mayor intensidad en las Cortes fueron la cuestión de la propiedad y la cuestión religiosa. El artículo 44 del proyecto de la Comisión introducía la expropiación forzosa con indemnización por causa de utilidad social, y dejaba la puerta abierta a que las Cortes, en uso de su soberanía, pudieran hacerlo también sin compensación alguna. Por supuesto, la derecha, e incluso el centro, vieron en ese artículo una puerta abierta a la socialización de la propiedad privada y lanzaron contra él toda su artillería parlamentaria. Las discusiones alcanzaron una gran intensidad, incluyendo dimisiones, luego retiradas, de Niceto Alcalá-Zamora y Luis Jiménez de Asúa, y solo la actitud conciliadora de Acción Republicana permitió salvar una situación que estuvo a punto de romper la Conjunción. La redacción definitiva del artículo mantenía la posibilidad de la expropiación, pero no la convertía en algo hacia lo que el Estado debía caminar forzosamente, e incluso dejaba abierta la puerta a la expropiación sin indemnización, aunque limitándola a los casos que las Cortes legislaran de modo específico.

Pero fue en la cuestión religiosa en la que no resultó posible alcanzar un término medio sobre el que edificar el acuerdo de los grupos parlamentarios. Los artículos 24 y 25 del proyecto, que serían el 26 y 27 de la Constitución, establecían la absoluta igualdad entre todas las confesiones, sin privilegios especiales para la Iglesia católica, y eliminaban cualquier subvención estatal a su funcionamiento; disolvían, asimismo, todas las órdenes religiosas y nacionalizaban sus bienes, y limitaban los actos de culto al interior de los templos. Tales disposiciones no eran sino el programa político de la izquierda republicana llevado a la letra de la Constitución, pues, si bien la cualidad democrática del Estado al que entonces se daba forma exigía medidas tan elementales como la separación de la Iglesia y el Estado o la absoluta libertad religiosa, otras de las propuestas en los citados artículos solo se entendían bajo el prisma del anticlericalismo tradicional del republicanismo hispano, que veía en la Iglesia una institución retardataria a la que había que privar de sus mecanismos de control de las conciencias. Sobre esa base no era posible, por supuesto, acuerdo alguno con la derecha, parte de la cual ni siquiera estaba dispuesta a aceptar un Estado laico. Pero el problema surgía también dentro del propio gobierno, en el que ocupaban posiciones destacadas dos católicos militantes como eran Alcalá-Zamora y Miguel Maura. Si el debate del artículo 44 había estado a punto de romper la Conjunción, la cuestión religiosa, que levantaba pasiones mucho más intensas, poseía una potencialidad de ruptura aún mayor.

De ahí que los intentos de alcanzar un acuerdo transaccional fueran intensos desde el principio. Radicales, federales e incluso algunos diputados de Acción Republicana trataron de negociar enmiendas con esa intención. Pero fue Manuel Azaña, que el 13 de octubre de 1931 se reveló como una figura parlamentaria de primer orden, quien logró ese día con su ágil oratoria encandilar a la izquierda y reunir sus votos en apoyo de una redacción más moderada de los artículos en discusión. Su propuesta, que fue finalmente aprobada con los votos de socialistas, radicales y republicanos de izquierda, renunciaba a la disolución de todas las órdenes, dejándolas, sin embargo, sometidas a la obligación de inscribirse en un registro especial, pero las sometía a la prohibición de enseñar y realizar actividades relacionadas con el comercio y la industria. Solo la orden de los jesuitas sería disuelta, y sus bienes, nacionalizados. El culto público quedaba sometido a la previa autorización del gobierno y los cementerios pasarían a ser administrados por los ayuntamientos.

Manuel Azaña Díaz. Líder de Acción Republicana y ministro de la Guerra en el Gobierno Provisional, su peso político había sido escaso hasta que su discurso ante las Cortes el 13 de octubre de 1931, que inspiró la formulación de los artículos de la Constitución relativos a la cuestión religiosa, le convirtió en la figura de referencia de la izquierda republicana.

Se trataba, desde luego, de una transacción. Pero lo era en el seno de la propia izquierda. Azaña, que proclamó en su discurso que España, en cuanto a su cultura oficial, había dejado de ser católica, no había tendido en absoluto la mano a la derecha, y su solución seguía conculcando prerrogativas elementales en cualquier democracia como la libertad de asociación, la de enseñanza o la de mercado. Por esa razón no fue capaz de evitar lo peor. Los diputados agrarios, vasco-navarros y de Acción Nacional —un partido católico y conservador fundado a los pocos días de proclamarse la República—, 42 en total, abandonaron las Cortes en señal de protesta por lo aprobado. Y los dos ministros católicos del gobierno, Alcalá-Zamora y Miguel Maura, dimitieron el día 14 de sus puestos, provocando así una crisis que Besteiro, el presidente de las Cortes, resolvió encargando la formación de un nuevo gabinete a Manuel Azaña. La Conjunción se había roto; el consenso que debía presidir la elaboración de cualquier Constitución que se pretendiese duradera ya no sería posible. Aquel 13 de octubre de 1931 había nacido un líder, Manuel Azaña, pero había empezado a morir un régimen.

Portada de la Constitución española de 1931.

La nueva Carta Magna, muy avanzada desde el punto de vista técnico y de los derechos individuales y colectivos, no sirvió, sin embargo, como herramienta para la consolidación del régimen republicano. Muchos españoles se sintieron desde su aprobación excluidos de un régimen en el que sus pensamientos y sus valores no parecían tener cabida.

Sin buena parte de la oposición presente en la Cámara los debates fueron más ágiles y la Constitución fue aprobada el 9 de diciembre de 1931. El texto definitivo obtuvo 368 votos a favor, a los que habría que sumar 17 ausentes que proclamaron después su adhesión al mismo, y ninguno negativo, pues las derechas habían abandonado la Cámara en octubre. Pero, en contra de la apariencia de acuerdo que estos datos puedan transmitir, la nueva Carta Magna adolecía del mismo y grave defecto que habían padecido sus antecesoras a lo largo del siglo XIX: no era un documento nacido del consenso entre las fuerzas políticas, capaz, en consecuencia, de ofrecer un marco estable para la labor de gobierno de los distintos partidos. Se trataba, una vez más, del programa de uno o varios de ellos, lo que forzaba al resto a querer cambiarla tan pronto como se encontrara en situación de hacerlo. Además, como en los anteriores, también en este caso habían sido tan solo unas Cortes las que habían dado su visto bueno a la Constitución; el pueblo no tuvo la ocasión de pronunciarse sobre ella, lo que ofrecía un argumento de cierto peso a sus enemigos a la hora de cuestionar su legitimidad democrática y añadía un nuevo elemento de inestabilidad al régimen.

Por lo demás, se trataba de una Constitución muy avanzada. En el terreno de los derechos, superaba incluso a sus modelos alemán y mexicano. Pero, aun así, resultaba insuficiente para una buena parte del proletariado organizado, que seguía viendo en ella la encarnación del Estado burgués, el enemigo al que había que destruir. Así, paradójicamente, la Constitución era demasiado de izquierda para la derecha y demasiado de derecha para la izquierda. Solo daba satisfacción, en realidad, a la izquierda de los republicanos y no a todos los socialistas, que en conjunto se hallaban lejos de suponer la mayoría de los ciudadanos. Fuera del consenso que sostenía el régimen quedaba la derecha, monárquica o no, y la extrema izquierda. La difícil coyuntura en la que hubieron de actuar los primeros gobiernos ordinarios del régimen, a partir de diciembre de 1931, sumada a sus errores y limitaciones y a la actitud de intolerancia cerril de las oposiciones, lo reduciría aún más en los años posteriores.

5

Azaña.
El bienio reformista

—Pues hablaré yo —dijo Maura— aunque tenga menos títulos que nadie. Aquí no hay más que dos presidentes posibles: Lerroux y Azaña.

Manuel Azaña:
Memorias políticas y de guerra (1966).

LA NUEVA ALIANZA

Lo acaecido el 13 de octubre de 1931 determinó el rumbo inmediato de la República. Al frente de sus destinos iba a encontrarse muy pronto no solo una nueva y ascendente estrella política, sino también una nueva alianza de gobierno y unas nuevas prioridades. Por supuesto, eso no fue evidente desde el principio, pues solo los dos ministros de la Derecha Liberal Republicana, una formación de escaso peso político, Niceto Alcalá-Zamora y Miguel Maura, habían abandonado el gabinete. Pero en las semanas siguientes, las últimas en que se desarrollaron los debates constitucionales, se fue haciendo cada vez más difícil ocultar la creciente tensión entre radicales y socialistas, los dos partidos más poderosos que sostenían al gobierno presidido por Manuel Azaña.

Las causas de este gradual desencuentro fueron diversas. Los desacuerdos sobre temas puntuales eran frecuentes. Así, mientras los amigos de Lerroux defendían con ahínco un Parlamento bicameral, el PSOE sostenía la conveniencia de conservar una sola Cámara. Y, frente a un partido radical convencido de las bondades del presidencialismo, los socialistas se mostraban partidarios de una primera magistratura más limitada en sus prerrogativas frente al poder legislativo. Pero, sin duda, las razones más importantes del progresivo enfrentamiento entre ambas formaciones derivan de la creciente derechización que iba imponiendo a sus posiciones sobre los temas clave el partido lerrouxista, deseoso de captar el apoyo de las clases medias conservadoras, así como de la renovada fama de corrupto que le estaban granjeando algunos de sus líderes, como fue el caso de Emiliano Iglesias, que incluso llegó a ser repudiado por la Cámara y hubo de abandonar la minoría radical. Cuando, a finales de noviembre, la Constitución quedó al fin lista para su aprobación por las Cortes, la tensión se hizo aún mayor, pues pronto tocaría elegir un nuevo gobierno, el primero ordinario con que había de contar el nuevo régimen, y lo que no era menos importante, también un presidente de la República.

La postura de los republicanos no era unánime. Si bien Azaña y Lerroux se pronunciaron reiteradamente por la formación de un gobierno semejante al que ahora había de resignar sus poderes ante las Cortes, las bases de sus respectivos partidos, en especial los radicales, mostraban un notable recelo hacia los socialistas y preferían un gabinete de concentración republicana. La elección del presidente de la República complicaba las cosas. Es obvio que muchos radicales, y también muchos españoles, pensaban que Alejandro Lerroux, el único superviviente significativo del republicanismo histórico, poseía los mejores títulos para alzarse a la primera magistratura del Estado. Pero a los lerrouxistas no se les ocultaba que si su jefe se convertía en presidente, no quedaría otro que Azaña para dirigir a los republicanos, algo que no veían con buenos ojos, pues, como primera minoría republicana de las Cortes aspiraban a presidir algún día el gobierno. Por esa razón, Lerroux acabó apoyando a Alcalá-Zamora como presidente de la República, y otro tanto hicieron los demás partidos de la Conjunción, aunque en este caso porque desconfiaban de la honradez del viejo radical y de muchos de sus amigos antiguos y recientes. El político cordobés se convirtió así en presidente por una amplia mayoría. Su mérito no fue el concitar muchos apoyos, sino el cosechar pocos rechazos.

Niceto Alcalá-Zamora, presidente de la Segunda República, por Ignacio Díaz Olano, 1932. Óleo sobre lienzo, 114 × 90 cm. La elección del exministro liberal y ahora jefe de un pequeño partido centrista no obedeció tanto a su prestigio o influencia política como al escaso rechazo que inspiraba su figura.

Pero quedaba sin resolver el asunto del gobierno. La pelota, en realidad, estaba en el tejado de Azaña, que se beneficiaba del enorme ascendente que había alcanzado entre las izquierdas con su discurso del 13 de octubre, así como de su posición central en el seno de la Conjunción, con los radicales a la derecha y los socialistas a la izquierda. Y Azaña, que podía haber optado por una gran coalición republicana, escogió preservar la alianza con los socialistas. En cuanto a los radicales, no tuvieron escrúpulo alguno en abandonar el gabinete, pues si los socialistas permanecían en él, preferían pasar a la oposición para que en el gobierno se desgastaran los demás republicanos y lograr así la disolución de las Cortes que les abriría paso a una victoria electoral. El segundo gobierno Azaña, que quedó constituido el 15 de diciembre, solo contaba ya con republicanos de izquierda, catalanistas y socialistas, con un independiente y un galleguista en posiciones marginales.

Azaña había escogido, y lo había hecho conscientemente. Su objetivo no se agotaba, como el de los radicales o los seguidores de Alcalá-Zamora y Maura, en consolidar la República liberal y democrática, manteniendo así en su seno a la mayor parte de las burguesías y las clases medias, sino que perseguía también dotarla de una personalidad inequívocamente reformista. La República sería de izquierdas o no sería. En su opinión, los grandes reformadores de la historia de España habían fracasado por exceso de prudencia. Con la reacción no se podía pactar; era necesario imponerse sobre ella con el fin de llevar a cabo las profundas transformaciones que el país necesitaba para subirse de una vez por todas al tren de la modernidad. Y para ello requería un gobierno dotado de una mayor cohesión interna. La salida de los radicales le proporcionaba esa cohesión.

Pero el gobierno que presidía no era tan homogéneo como podía pensarse. En el fondo, se trataba de una frágil coalición de tres fuerzas bien distintas que se planteaban prioridades también diversas y solo habían aceptado colaborar por razones de oportunidad. La izquierda republicana, representada en el gabinete por la propia Acción Republicana de Azaña, el Partido Republicano Radical-Socialista y los republicanos gallegos, perseguía ante todo llevar a cabo una reforma en profundidad del Estado, la educación e incluso la propia mentalidad de los españoles. La suya era, ante todo, una revolución cultural. Pretendía descuajar las bases de la influencia retardataria de la Iglesia en la sociedad española y cambiar así su carácter nacional, moldeando una nueva España laica y progresiva. Pero el perspicaz Azaña no se engañaba. Sabía que la izquierda republicana no era mayoritaria. Necesitaba a los socialistas, y a los socialistas no les preocupaba tanto la educación y la cultura como la mejora del nivel de vida de la clase obrera, en especial en el campo, donde un ligero retraso de las prometidas reformas podía hacer que los jornaleros sin tierra se volvieran hacia la CNT, el gran rival del PSOE y de su central sindical, la UGT, cuyo fortalecimiento perseguían también a toda costa los socialistas. Por eso, Azaña llevó a su formación más allá de su posición natural de partido reformista burgués y aceptó una reforma agraria más próxima al ideal colectivista del PSOE. Sin embargo, también los socialistas habían de aceptar cambios. Azaña no necesitaba menos que a ellos al catalanismo de izquierda, y el catalanismo de izquierda asumía como máxima prioridad la consecución de un estatuto de autonomía para Cataluña. Los socialistas debían, en consecuencia, aceptar el estatuto del que tanto recelaban. Cuando la cesión se produjo, quedó conformada la alianza sobre la que se asentaron las reformas del primer bienio de la República, entre 1931 y 1933.

LAS REFORMAS

Pero ¿cuáles fueron, a grandes rasgos, esas reformas? En realidad, sus líneas maestras se habían anticipado ya en los primeros meses de la República, bajo el primer Gobierno Provisional. Las Cortes convalidaron ahora su contenido, transformado en leyes los apresurados decretos que los ministros socialistas y republicanos de izquierda dictaron con la urgencia que imponía la necesidad de afirmar el carácter reformista de la República ante unas masas populares embargadas por unas exageradas expectativas de cambio. Tocaba ahora, pues, proseguir esas reformas y consolidarlas, primero porque el nuevo gobierno creía firmemente en su necesidad, y segundo porque el entusiasmo popular podía dejar paso con facilidad a la frustración, y la República contaba con poderosos enemigos a la izquierda y a la derecha que se aprovecharían sin duda de ella.

En su discurso de investidura ante las Cortes, el 17 de diciembre, Azaña lo dejó bien claro. La etapa de los gobiernos provisionales, dijo, había terminado, de modo que en adelante existiría una genuina política de gobierno. Los proyectos de ley se presentarían ante la Cámara como proyectos propios del Consejo de Ministros y serían aprobados con el apoyo de la mayoría parlamentaria que constituían los partidos representados en el mismo. Las Cortes le otorgaron su confianza por 294 votos a favor frente a 4 en contra, procedentes de la extrema izquierda. Sin derechas en la Cámara, Azaña se disponía a gobernar sin oposición.

Y lo hizo desde el principio. La política religiosa de la izquierda, impuesta ahora en su contenido por la propia Constitución, siguió adelante sin ambages. Sus elementos menos polémicos venían determinados por la separación entre la Iglesia y el Estado, que forzaba a este a asumir como propias competencias sociales e incluso administrativas —la celebración de matrimonios, por ejemplo— que antes desempeñaba aquella, y resultaban consustanciales a cualquier democracia. Pero, lejos de conformarse con ello, el gobierno prosiguió con energía el desarrollo de su programa de secularización, que había de extenderse no solo al Estado, sino también a la misma sociedad, a la que se pretendía liberar del abrazo asfixiante de la Iglesia. Un diputado radical-socialista, Félix Gordón Ordax, lo expresó sin ambigüedades en una conferencia que pronunció en Bilbao en diciembre de 1931: «… cuanto más hondo se tenga el sentimiento religioso —dijo—, más profundo ha de ser el odio que se siente contra las Iglesias constituidas».

Gobierno Azaña del 15 de diciembre de 1931. De izquierda a derecha, Domingo, Largo Caballero, Casares Quiroga, el independiente Luis de Zulueta, Albornoz, el catalanista Jaume Carner, Prieto, De los Ríos y José Giral. Sentados, Niceto Alcalá-Zamora, presidente de la República, y Manuel Azaña.

La labor legislativa en este campo fue, pues, muy intensa. El 23 de enero de 1932, se promulgaba un decreto que disolvía la Compañía de Jesús, privándola de toda personalidad jurídica reconocida. Las comunidades jesuitas quedaban disueltas, y sus miembros, a los que se les concedieron diez días de plazo para abandonar sus casas, libres para ejercer su ministerio como sacerdotes individuales, pero sin encuadrar en orden alguna. No hubo, pues, a pesar de las exageraciones interesadas de una parte de la derecha, una nueva expulsión semejante a la decretada por Carlos III en 1767, pero sí se nacionalizaron buena parte de los bienes de la Compañía, en especial los colegios, cerca de dos centenares en todo el país, y las residencias, que rondaban la cuarentena, todos los cuales pasaron a ser administrados por un patronato, mientras sus iglesias, oratorios y objetos de culto serían entregados a los obispos de sus respectivas diócesis. Casi tres mil religiosos jesuitas se convirtieron así en víctimas del anticlericalismo del gobierno y, como era de esperar, en apasionados críticos de su política.

Una semana después, el 30 de enero, el gobierno daba luz verde al decreto por el que se secularizaban los cementerios. En virtud de su contenido, los camposantos se convertían en propiedad de los ayuntamientos, que recibían la orden de derribar cuantos muros pudieran separar los enterramientos civiles de los religiosos, que a partir de ese instante solo tendrían lugar previa petición expresa del finado. Además, las autoridades locales quedaban habilitadas para regular los entierros religiosos, lo que les permitía gravarlos con impuestos o incluso prohibirlos. Se trataba de una primera medida dirigida con toda claridad a avanzar en la secularización de los usos sociales que pronto sería seguida de algunas otras, como la retirada obligatoria de los crucifijos de las aulas, la supresión del Cuerpo Eclesiástico del Ejército o la eliminación de los honores militares que se rendía tradicionalmente al paso por las calles del Santísimo Sacramento.

Portada del almanaque del año 1932 de la revista valenciana La Traca en la que se representa mediante una viñeta la expulsión de España de las órdenes religiosas, de acuerdo con el ideario del anticlericalismo más extremo.

No menos importante, aunque inevitable en un Estado no ya laico, sino incluso neutro en materia religiosa, fue la aprobación, el 2 de febrero, de la Ley del Divorcio. Aunque la norma establecía la validez automática del matrimonio canónico, implantaba también, como no podía ser de otro modo, la posibilidad de disolución del vínculo matrimonial, pues lo entendía, a efectos civiles, como un contrato susceptible de romperse. Sin embargo, la ley era bastante conservadora, pues no permitía romper el matrimonio de mutuo acuerdo, sin alegar razón alguna, como habría sido lógico, sino que requería la existencia de culpabilidad en uno de los cónyuges para proceder a la disolución. Aun así, su repercusión práctica fue mínima. En dos años de aplicación, tan solo se disolvieron 3500 contratos matrimoniales.

Mucho más relevante fue el impacto social de la denominada ley de Confesiones y Congregaciones Religiosas, llamada a desarrollar el grueso de los preceptos contenidos en el artículo 26 de la Constitución, que fue aprobada por las Cortes el día 2 de junio de 1933. En virtud de sus disposiciones, las órdenes religiosas quedaban obligadas a practicar su inscripción formal en un registro del Ministerio de Justicia; se les prohibía llevar a cabo actividades tan características de muchas de ellas como la industria, el comercio y, sobre todo, la enseñanza; se nacionalizaba una parte importante de su patrimonio, aunque se le permitía seguir usándolo para el culto, y se reglamentaban los aspectos públicos del mismo. Pero la dimensión más notable de la norma y, en consecuencia, la que más indignación levantó en las filas católicas y conservadoras fue la disposición que imponía el cierre a final de año de los centros docentes sostenidos por la Iglesia, con la única excepción de los seminarios en que se formaban los futuros sacerdotes.

Las órdenes religiosas poseían en España cerca de trescientos centros de educación secundaria y casi cinco mil de primaria, a los que asistían más de trescientos setenta mil alumnos. Cerrarlos en un plazo de poco más de seis meses supondría para el Estado la obligación de disponer de plazas en la enseñanza pública en tiempo récord en un volumen muy importante. Cuando se acercaba el final del año, el problema parecía resuelto en lo que se refería a la enseñanza secundaria, donde se necesitaban tan solo unas veinte mil, lo que equivalía a una veintena de institutos, pero estaba lejos de resolverse en la primaria, donde los 10 000 maestros que se improvisaron por medio de cursos acelerados de formación no disponían en muchos lugares de escuelas en las que ejercer su magisterio. El triunfo de la derecha en noviembre, sin embargo, paralizaría la aplicación de la ley y mantendría abiertos los centros educativos de la Iglesia.

Menos impactante fue la prosecución de las reformas militares, impulsadas por el mismo Azaña, que conservó en todo momento en sus manos el Ministerio de la Guerra. La convalidación en forma de leyes de los decretos aprobados en la primavera y el verano de 1931 no agotaba los cambios que, desde su punto de vista, requería el Ejército español. Solucionados los problemas planteados por la lealtad de generales y jefes a la República, la hipertrofia de la oficialidad y la normalización de la justicia militar, Azaña destinó sus esfuerzos a otros asuntos no menos importantes, pero que era necesario plantearse a largo plazo. El reclutamiento y los ascensos, por ejemplo, fueron objeto de atención especial. Una ley específica, aprobada el 12 de septiembre de 1932, dio absoluta prioridad a la antigüedad y el perfeccionamiento profesional de los oficiales en los baremos que determinaban la concesión de ascensos, desterrando así los polémicos méritos de guerra, de los que tanto se habían aprovechado los militares africanistas. Asimismo, la ley unificaba en una escala única a la oficialidad, sin diferencias determinadas por su origen, y reformaba el reclutamiento, limitando la redención del servicio militar mediante dinero a aquellos reclutas que hubieran cumplido al menos seis meses en filas, y distinguiendo entre los reclutas ordinarios, que debían cumplir un año de servicio, y los universitarios, que solo debían recibir cuatro semanas de instrucción.

Representación teatral celebrada en una localidad rural.

El esfuerzo realizado por los gobiernos del primer bienio para llevar la cultura a los pueblos aislados de la corriente general del progreso fue ingente. Sin embargo, disposiciones como el cierre de los colegios religiosos pecaron de exceso de optimismo y sobrecargaron innecesariamente unos presupuestos estatales ya de por sí insuficientes para abordar reformas tan ambiciosas como las que se habían puesto en marcha.

Manuel Azaña con algunos jefes y generales del Ejército en 1933. Para muchos militares conservadores las reformas del ministro de la Guerra no perseguían otra cosa que la trituración de las Fuerzas Armadas españolas.

En cuanto a la propia enseñanza militar, el cierre de la Academia General Militar de Zaragoza, decretado en julio de 1931, se vio completado con la creación de centros de formación más acordes con las necesidades planteadas por la guerra moderna, como la Escuela Superior de Guerra, la Escuela Central de Tiro, la Escuela de Automovilismo o el Centro de Transmisiones y de Estudios Tácticos de Ingenieros. Asimismo, la secular carencia de mandos auxiliares e intermedios de las Fuerzas Armadas españolas fue paliada mediante la creación del Cuerpo de Suboficiales, mediante el que Azaña pretendía además democratizar el Ejército, abriendo un camino por el que la tropa pudiera acceder a la oficialidad, y fortalecer en su seno a los militares más adictos a la República, mucho más popular en estos niveles de la jerarquía militar que entre los mandos superiores.

Por último, consciente de la notable obsolescencia y la secular insuficiencia de los medios materiales del Ejército, Azaña puso en marcha un plan de modernización de sus recursos que supuso un notable esfuerzo presupuestario, destinado tanto a la compra de material en el extranjero como a la adquisición del mismo en las fábricas de armamento nacionales, que fueron agrupadas a tal fin en el denominado Consorcio de Industrias Militares. Sin embargo, limitadas por las estrecheces presupuestarias, agudizadas por el enorme gasto que suponía pagar los sueldos íntegros de los militares retirados en 1931, las compras fueron escasas y el armamento apenas se modernizó durante el primer bienio de la República.

Mucho interés tuvo para el sector socialista del gobierno la reforma de la legislación social y laboral, pues los objetivos que, reconocidos unos, implícitos otros, perseguían con ella sus ministros afectaban directamente no solo a las bases sociales del PSOE, sino a sus propios intereses como fuerza política y sindical. La intención principal del ministro socialista de Trabajo y Previsión Social, Francisco Largo Caballero, fue sin duda la de mejorar el nivel de vida de los obreros, en especial la de los del campo. Pero también perseguían los socialistas, como bien ha señalado el historiador español Julio Gil Pecharromán, fortalecer su propia organización sindical, la UGT, a costa de su poderosa rival, la anarquista CNT; debilitar a las organizaciones patronales, y consolidar su posición en el seno del gobierno de cara a su futuro ejercicio en solitario, en el que veían —y no se preocupaban de ocultárselo a sus socios de gabinete— la antesala de la implantación pacífica del socialismo.

Con tal fin, el Ministerio puso en marcha un total de ocho iniciativas de reforma que, de haber llegado a aplicarse en su integridad, habrían transformado por completo el marco legal de las relaciones laborales heredado de la monarquía alfonsina. Sin embargo, solo dos de ellas llegaron a desarrollarse lo suficiente como para provocar cambios de alguna importancia en la realidad social y laboral de los españoles: la ley de Contratos de Trabajo del 21 de noviembre de 1931 y la ley de Jurados Mixtos, aprobada por las Cortes seis días después.

La primera de estas disposiciones, aplicable a todos los empleados del país, variaba en profundidad el modelo vigente de contratación, introduciendo en él un conjunto de prerrogativas que beneficiaban con claridad a los trabajadores, como la protección del derecho a la huelga, una semana anual de vacaciones pagadas y ciertas disposiciones que afectaban a las condiciones de rescisión de los contratos y a los mismos salarios. Sin embargo, la principal novedad de la ley eran los convenios colectivos, acuerdos de obligado cumplimiento que debían negociar, con una vigencia mínima de dos años, sindicatos y organizaciones patronales. Como resultado de todo ello, los salarios comenzaron a experimentar una evidente mejora. El sueldo medio diario pasó de 4,12 pesetas en 1929 a 4,37 en 1932 y 4,78 en 1933, un incremento más que notable en un país en el que los empresarios consideraban natural que los costes laborales permanecieran fijos año tras año. Cosa distinta era, por supuesto, que esta progresión pudiera mantenerse en el contexto de una crisis que destruía cada vez más empleo y en la que ciertos sectores de la actividad económica, en especial los vinculados a la exportación, debían enfrentarse a dificultades crecientes.

Menos innovadora resultaba la ley de Jurados Mixtos, que no era sino el resultado de la puesta al día de una institución de la Dictadura de Primo de Rivera, los Comités Paritarios, en la que Largo Caballero, que había participado en ellos en nombre de la UGT, tenía cierta fe. El ministro los había creado ya antes en el campo mediante un decreto aprobado con gran urgencia a comienzos de mayo de 1931, y esta ley se limitaba a extenderlos al resto de los sectores de la actividad económica y a introducir en ellos una jerarquía territorial y funcional. Así, los jurados estarían organizados por ramos de actividad, pero también por localidades, comarcas y provincias, culminando su organización en los jurados de ámbito nacional. Su estructura interna era, en todo caso, paritaria, ya que los formaban representantes de las organizaciones sindicales y patronales inscritas en el registro del Ministerio de Trabajo, aunque la presidencia correspondía siempre a un representante de dicho Ministerio. La competencia de los jurados abarcaba la medicación en los conflictos de naturaleza laboral que pudieran surgir entre empresarios y trabajadores, sobre los que dictaban laudos de carácter arbitral que las partes podían recurrir ante el Ministerio y, en última instancia, ante el Consejo Superior de Trabajo.

La legislación sociolaboral que el ministro tenía la intención de poner en práctica no se agotaba aquí. Las reformas previstas abarcaban la unificación y la obligatoriedad de los seguros sociales, la regulación de la participación obrera en la gestión de las fábricas y el fomento del cooperativismo. Pero su desarrollo, que habría supuesto un paso de gigante hacia la implantación de un modelo de relaciones laborales cercano al ideal socialista, se interrumpió por falta de tiempo, frustrando así las esperanzas de un ministro que en los años siguientes iba a creer cada vez menos en las bondades del reformismo impulsado sobre la alianza táctica del PSOE con la burguesía republicana.

LA REFORMA AGRARIA

Pero si hubo un fracaso que terminaría de convencer a muchos socialistas de lo erróneo de esa táctica, animándolos a adoptar posiciones mucho más radicales, fue el de la reforma agraria. Desde luego, republicanos y socialistas coincidían en considerar que el mayor problema social del país era la existencia de dos millones de jornaleros sin tierra que vivían en condiciones de miseria extrema. Los decretos agrarios del Gobierno Provisional habían tratado de paliar en lo posible las injusticias más sangrantes, pero era evidente que el problema del campo español suponía, sobre todo, un problema de propiedad de la tierra, y si no se alteraba de forma decisiva su estructura, no se resolvería jamás.

Por esa razón, el Gobierno Provisional no solo había instado a una rápida convalidación por las Cortes de los decretos agrarios, que se produjo el 9 de septiembre de 1931, sino que había creado a los pocos días de su propia constitución una comisión técnica dependiente del Ministerio de Justicia con el encargo de elaborar un anteproyecto de ley de reforma agraria. Dicha comisión, presidida por el ilustre jurista Felipe Sánchez Román, terminó su labor el 20 de julio de 1931.

Lucio Martínez Gil, secretario general de la Federación Nacional de Trabajadores de la Tierra (FNTT) de la UGT, concejal del Ayuntamiento de Madrid y vicepresidente de la Diputación Provincial en 1931, y diputado a Cortes por Jaén en 1931 y 1933, fue el ponente y portavoz socialista en los debates sobre la reforma agraria, defendiendo posiciones moderadas. A partir de 1934, el fracaso de la reforma favorecería la radicalización de la FNTT, dirigida desde el mes de enero por Ricardo Zabalza, convencido defensor de la necesidad de lanzar a las masas campesinas a la huelga general.

El contenido del texto proponía una reforma basada en la expropiación indefinida del usufructo, no de la propiedad, de las fincas con una extensión superior a 300 hectáreas en secano y 10 hectáreas en regadío. La expropiación sería urgente en las provincias donde se concentraba la mayor parte de los latifundios, es decir, las ocho de Andalucía, las dos extremeñas, Toledo y Ciudad Real. En las tierras así obtenidas se asentarían, a título de colonos, unas sesenta mil familias al año, a las que, una vez organizadas en régimen de cooperativa, se entregarían también animales y aperos necesarios para el cultivo. Para organizar el proceso se constituiría un Instituto de Reforma Agraria, que obtendría los fondos necesarios de un crédito especial financiado a partir de un gravamen específico sobre los latifundios. Los inspiradores del proyecto, entre ellos los mayores expertos del país en la cuestión, como Pascual Carrión, Antonio Flores de Lemus o Juan Díaz del Moral, pensaban que, de este modo, en unos diez o quince años quedaría resuelto el problema social del campo español.

Sin embargo, el contenido del proyecto no gustó a los socialistas. Para ellos, no solo era demasiado lento el ritmo previsto, sino que resultaba insatisfactoria la consideración de meros colonos que tendrían los campesinos asentados. En consecuencia, el Gobierno Provisional encargó un nuevo texto a una comisión ministerial presidida por el mismo Alcalá-Zamora, que terminó sus trabajos el 25 de agosto de 1931. Pero los planteamientos del nuevo documento apenas diferían del anterior. Variaba tan solo la definición de las tierras expropiables, sobre las que establecía una priorización. En primer lugar, se expropiarían las tierras de origen señorial, seguidas por las que concentraran un determinado porcentaje en un solo término municipal y las manifiestamente abandonadas. Pero las indemnizaciones que establecía el proyecto eran muy elevadas, lo cual o bien dispararía el coste de la reforma o la condenaría a un ritmo aún más lento que el previsto en el documento de la comisión técnica. Los socialistas rechazaron también, en consecuencia, el nuevo proyecto.

En los meses siguientes, las tensiones provocadas por el propio rechazo del proyecto, que Alcalá-Zamora consideraba suyo, sumadas a la cuestión religiosa, rompieron el Gobierno Provisional y detuvieron los debates sobre la reforma agraria. El definitivo proyecto de ley sería al fin presentado a las Cortes por el ministro de Agricultura de Azaña, Marcelino Domingo, el 24 de marzo de 1932. Pero el debate a que dio lugar fue muy prolongado, y, ralentizado por el escaso interés que despertaba el tema en los diputados de la izquierda republicana, pocos de los cuales procedían de las provincias latifundistas, no parecía que fuera a conducir a ningún acuerdo a medio plazo. Azaña no intervino ni una sola vez entre mayo y julio, y el propio Domingo solo lo hizo dos veces. Esta apatía, unida a la actitud de los radicales, hostiles a ciertos aspectos del proyecto, facilitó la tarea a la reincorporada minoría agraria, representante de los intereses de los propietarios amenazados por la reforma, que pudo conducir con eficacia una táctica obstruccionista.

Todo cambió en el mes de agosto tras el fracaso de la sublevación del general José Sanjurjo, de la que tendremos ocasión de hablar con detalle más adelante, que estimuló y cohesionó temporalmente en la Cámara a las izquierdas, forzó a los radicales a solidarizarse con el gobierno e impidió que las derechas persistieran en la obstrucción. El día 18 de aquel mes, Azaña intervino ante las Cortes para proponer que las fincas de los implicados en la conspiración fueran expropiadas sin indemnización, propuesta que, al ser aprobada, supuso la incautación de unas 40 000 hectáreas. Más tarde, el texto de la ley fue modificado en un sentido radical por una enmienda que planteaba la expropiación sin indemnización de los bienes rústicos de la extinguida grandeza de España, lo que suponía incrementar en más de 500 000 hectáreas el volumen de tierras disponibles para el asentamiento de campesinos. Por fin, el 9 de septiembre de 1932, la ley de Reforma Agraria fue aprobada en su totalidad con el voto favorable de todos los republicanos, incluidos Lerroux y Maura.

Además de la expropiación de las tierras de los grandes, la ley estipulaba una compleja relación de criterios por los cuales una tierra podía ser expropiada con indemnización. De momento solo se aplicaría en las 14 provincias latifundistas del sur de España y habría de atenerse a un presupuesto de 50 millones de pesetas anuales, el mínimo previsto por la ley, lo que implicaba una aplicación muy pausada. Además, el Instituto de Reforma Agraria, del que fue nombrado director el azañista Adolfo Vázquez Humasqué, no resultó un organismo ágil, y, dada la magnitud de las tareas previas que había que realizar, se llegó a la época de siembra sin que la reforma se hubiera iniciado. La situación de práctica emergencia social de varias provincias, en especial las extremeñas, obligó, sin embargo, a tomar una medida de urgencia. Los precios del trigo se habían hundido como consecuencia del gran volumen de la última cosecha, lo que movió a muchos propietarios a dedicar sus tierras a pastos. Esta decisión amenazaba con arruinar a los arrendatarios, que respondieron ocupando fincas. Por ello, el 1 de noviembre se aprobó un decreto de intensificación del cultivo, en virtud del cual las fincas no cultivadas podrían ser ocupadas por labradores sin tierra durante dos años. Un total de 40 000 campesinos, la gran mayoría en Extremadura, fueron asentados. Pero la reforma siguió avanzando a un ritmo muy pausado. Cuando la izquierda abandonó el poder, poco más de un año después, habían recibido tierras unas doce mil familias. Y para entonces los campesinos habían perdido ya la fe en la vía reformista y volvían sus ojos hacia quienes apostaban por soluciones más drásticas.

EL ESTATUTO DE CATALUÑA

A partir del mes de mayo de 1932, las Cortes venían debatiendo también el otro gran proyecto de reforma, el que afectaba a la estructura del Estado. No se trataba en absoluto de una casualidad. Azaña contaba con que los socialistas, que se mostraban reacios a las autonomías regionales, apoyarían la concesión de un estatuto de autogobierno para Cataluña, la región en la que el proceso había avanzado más, para mantenerse en el gobierno, al menos hasta que se aprobara la reforma agraria, su objetivo prioritario. Por ello, el presidente, que mostraba un limitado interés por la reforma agraria, se implicó con gran tenacidad en la cuestión catalana. A lo largo del debate, que se prolongó hasta el 3 de junio, apenas intervinieron los diputados de las minorías gubernamentales, y fue el mismo Azaña quien, en nombre del gobierno, expuso la opinión común de todas ellas.

Para el presidente, el estatuto no era una concesión a los catalanes, sino una consecuencia lógica de la misma proclamación de la República que, por su carácter democrático, venía obligada a rectificar «la línea histórica que marca el fracaso profundo del antiguo régimen monárquico y el fracaso profundo del régimen liberal parlamentario». La política de asimilación impulsada desde el Estado no había logrado su objetivo y ya no había forma alguna de que lo hiciera, de modo que la República tenía que realizar una gran reparación histórica para satisfacer la aspiración de autogobierno de algunas regiones. Pero no había riesgo alguno en ello, pues, lejos de impulsar el separatismo, la autonomía regional sellaría con un cemento más sólido, el del agradecimiento, la unidad nacional.

El punto de partida de la discusión parlamentaria debió haber sido el denominado Estatuto de Núria, un borrador preparado por una comisión nombrada por una diputación provisional de los ayuntamientos catalanes, elegida a toda prisa en mayo de 1931, y aprobado en plebiscito por el pueblo catalán el 2 de agosto. Sin embargo, su contenido, aunque moderado, fue rechazado por las Cortes, que encargaron un nuevo proyecto a la comisión parlamentaria de estatutos. Entregado este a la Cámara, los debates dieron comienzo el 6 de mayo de 1932 y, a pesar del empeño que en ellos puso Azaña, continuaron a un ritmo muy lento por la obstrucción de los diputados que se oponían al proyecto y por la frecuente indisciplina de los parlamentarios radical-socialistas, que en ocasiones presentaban enmiendas contrarias al gobierno. La situación llegó a tal callejón sin salida que Domingo incluso se planteó hablar con Macià, presidente de la Generalitat restablecida de forma provisional en abril, para que retirase el proyecto de estatuto, que podría ser aprobado más adelante, pensaba él, en una situación más favorable.

Como en el caso de la reforma agraria, fue la sublevación de Sanjurjo la que impulsó la rápida aprobación del estatuto. Al cesar la obstrucción de la derecha, el debate concluyó en pocas semanas, y el mismo 9 de septiembre, día en que se aprobó la reforma agraria, quedó también aprobado el Estatuto de Cataluña, por 314 votos contra 24. El fervor republicano era tan grande que lo votaron los radicales y los demás grupos republicanos de la oposición.

En realidad se trataba de un texto muy moderado. Mientras en el proyecto presentado a las Cortes se afirmaba que «Cataluña era un Estado autónomo dentro de la República española», el aprobado por estas convertía a Cataluña en región autónoma dentro del Estado español, aunque con bandera e himno propios, así como un órgano autónomo de gobierno, la Generalidad (en catalán, Generalitat), integrada por un Parlamento, un presidente y un Consejo Ejecutivo, e incluso una corte especial de apelaciones, el llamado Tribunal de Casación, a la que se entregaba la jurisdicción sobre las competencias traspasadas a la Administración regional. De la propuesta oficialidad única del catalán se pasaba a la consideración como lenguas cooficiales, en pie de igualdad, de catalán y castellano, y el bilingüismo sería también norma en la Universidad de Barcelona, a la que se concedía una amplia autonomía. Y aunque la política arancelaria, el control de fronteras, las relaciones exteriores y la defensa permanecían en manos del gobierno central, el regional recibía importantes competencias exclusivas en materia de derecho civil, sanidad y transportes, así como la facultad de aplicar la legislación aprobada por las Cortes españolas en lo tocante a obras públicas, seguros, minería, bosques, agricultura y ganadería, servicios sociales y orden público. Cataluña podría erigir su propia red de escuelas e institutos, aunque la Administración central no renunciaba a la suya, y dispondría de la financiación necesaria para sostener los servicios que pasaba a prestar, que obtendría de los impuestos cedidos por el Estado, un porcentaje en algunos de los no cedidos, los impuestos, derechos y tasas de las antiguas diputaciones provinciales de Cataluña y los que estableciera la propia Generalidad.

Portada de la edición oficial del Estatuto de Autonomía de Cataluña de 1932. A pesar de su contenido, bastante moderado, su aprobación en las Cortes españolas solo fue posible gracias a la unidad de la izquierda impulsada por el levantamiento del general José Sanjurjo en agosto de ese año.

Aprobado el Estatuto por ley el 15 de septiembre de 1932, se puso en marcha el mecanismo de su aplicación. En noviembre se celebraron elecciones al Parlamento regional, que ganó por amplia mayoría Esquerra. Macià se convirtió así en el primer presidente del gobierno autónomo catalán e inició de inmediato las negociaciones para el traspaso de las competencias previstas en el Estatuto, lo que produjo las tensiones inherentes a un proceso de este tipo, en especial en lo referente a los recursos económicos que el texto ponía a disposición del Ejecutivo autonómico, insuficientes para financiar las competencias previstas. A pesar de ello, las relaciones entre Esquerra y el gobierno central, en el que contaba con un ministro, Lluís Companys, desde junio de 1933, fueron cordiales.

Más tortuoso fue el desarrollo de los otros procesos de autonomía regional en marcha durante el primer bienio de la República. El nacionalismo vasco, al contrario que el catalán, no era afín ideológicamente al nuevo régimen, y tampoco se caracterizaba por un deseo de integrarse en modo alguno en un proyecto común con el resto de España. Las cosas empezaron ya mal cuando, el mismo 14 de abril de 1931, el alcalde de Guecho, el nacionalista José Antonio Aguirre, proclamó la República vasca vinculada en federación con la República española. Y no se arreglaron en los meses siguientes, cuando el PNV acudió a las elecciones de junio en coalición con el tradicionalismo más retrógrado y antirrepublicano, y se puso, además, de manifiesto que entre las fuerzas políticas vascas no existía acuerdo alguno sobre el modelo de autonomía que deseaban ni sobre el proceso que había de seguirse para alcanzarla. Así se sucedieron y rechazaron sucesivos proyectos de estatuto sin que ninguno de ellos llegara siquiera a debatirse en las Cortes. El triunfo del centro-derecha en las elecciones de noviembre de 1933 detuvo el proceso, que solo se reanimó unos pocos meses antes del golpe de Estado que dio comienzo a la guerra civil, en julio de 1936.

Alfonso Daniel Manuel Rodríguez Castelao (Rianxo, La Coruña, 1886-Buenos Aires, Argentina, 1950). Político, escritor, pintor y dibujante, fue uno de los padres del nacionalismo gallego. En las elecciones de 1931 resultó elegido diputado bajo la filiación de galleguista independiente y participó en la constitución del denominado Partido Galeguista. En 1936 fue elegido de nuevo diputado por el Frente Popular. Tomó parte de manera destacada en la campaña por el sí al estatuto de Autonomía de Galicia, que fue aprobado en plebiscito en junio de 1936.

En cuanto a la autonomía gallega, su consecución se vio perjudicada desde el principio por la debilidad de la conciencia regional y la ausencia de fuerzas que reivindicaran un estatuto para la región, que no se organizaron hasta las primeras semanas de la República. También en este caso se sucedieron los proyectos, muy nacionalistas unos, en exceso conservadores los otros. Solo en 1936 pudo al fin someterse a referéndum un texto consensuado por las izquierdas gallegas que, tras ser aprobado, se remitió al presidente de la República con el fin de que lo presentara a las Cortes para su discusión. Era el 15 de julio de 1936. Tres días después estallaba la guerra civil y, aunque no es lugar aquí para adelantar acontecimientos, Galicia quedaba en su integridad en manos de los sublevados.

BALANCE

Pero ¿qué decir de las reformas? Es necesario reconocer que su intención y su orientación general fueron buenas. Su objetivo no era otro que el de asentar definitivamente en España la democracia y colocar por fin al país en línea con los más avanzados de su entorno histórico y cultural. En este sentido, los republicanos españoles, en especial los que militaban en los partidos de la izquierda burguesa, no eran sino herederos de los liberales del XIX y los ilustrados del XVIII. Lo que perseguían, a grandes rasgos, era lo mismo, aunque actualizado por las exigencias de su siglo. Cosa bien distinta es si acertaron con los tiempos y las formas. Quizá fueron los gobiernos del primer bienio un poco más aprisa de lo que el país podía permitirse y pecaron tal vez de exceso de soberbia y prepotencia. Tampoco se lo pusieron fácil las oposiciones, sociales y políticas, por la derecha y por la izquierda, en la calle y en las Cortes, aferradas sin pudor a una actitud que no concebía la más remota posibilidad de error en su propia visión del mundo ni de acierto en la del contrario. Y menos favorable aún resultó un contexto que tensó hasta lo imposible las ya enormes contradicciones internas de una sociedad a medio camino entre el atraso y la modernidad. Sin embargo, la cuestión clave quizá sea la que se plantea en la cita de Maura con la que abríamos este capítulo: ¿habría funcionado mejor una gran coalición republicana que hubiera limitado sus objetivos a la democratización del Estado y la modernización de la economía, obviando a medio plazo la transformación cultural y las reformas sociales de más calado? En otras palabras, frente a la opción que encarnaba Azaña, ¿no habría resultado más prudente la que podía encabezar Lerroux? Dejaremos la pregunta en el aire. Responderla con algún detalle exige, desde luego, una reflexión más pausada. Un nuevo capítulo nos dará el espacio necesario para ella.

6

La izquierda se divide.
Las contradicciones de una alianza

Desde aquel punto y hora arreció la campaña contra el gobierno. Más o menos abiertamente concitados en contra suya, monárquicos, anárquicos y republicanos antirrevolucionarios opusieron la obstrucción parlamentaria, la campaña social, la algarada callejera o campesina y por doquier el acecho y la intriga a la labor fundamentalmente renovadora de la alianza republicano-socialista que ejercía el Poder Público bajo la presidencia de mi cuñado, el antiguo Secretario del Ateneo.

Cipriano de Rivas Cherif:
Retrato de un desconocido.
Vida de Manuel Azaña (1979).

A lo largo del primer bienio de la República y, con mayor precisión, entre el 15 de octubre de 1931 y el 8 de septiembre de 1933, tres gabinetes presididos por Manuel Azaña y sostenidos por una alianza parlamentaria de republicanos de izquierda, nacionalistas catalanes y socialistas habían impulsado un programa de reformas sin parangón en la historia reciente de España. Modernizar la economía del país y transformar la mentalidad de sus ciudadanos, democratizar y descentralizar el Estado heredado del liberalismo decimonónico e introducir mejoras significativas en el nivel de vida de los trabajadores, en especial los casi dos millones de jornaleros sin tierra del centro y sur de la península, eran como vimos los objetivos principales de esa política, en la que se empeñaron con desiguales resultados los animosos ministros azañistas.

No obstante, el programa hubo de enfrentarse a importantes dificultades que enseguida tornaron muy compleja su aplicación práctica y, a medio plazo, terminaron incluso por neutralizar sus efectos. Es necesario, pues, preguntarse cuáles fueron esas dificultades y, sobre todo, en dónde residía su enorme capacidad para frenar primero y dar después al traste con la obra reformista de los gobiernos del primer bienio de la República.

LA ECONOMÍA

Un factor de primera importancia fue la coyuntura económica en la que se vieron forzados a llevar a cabo su tarea los gabinetes azañistas. Se ha señalado hasta la saciedad que la crisis de 1929, sin duda la más grave que hubiera conocido nunca la economía capitalista, incidió menos en España que en los demás países occidentales. El propio Servicio de Estudios del Banco de España lo señaló así con claridad en un análisis publicado en 1935, en el que decía literalmente que la depresión española había sido, en líneas generales, menos profunda que la mundial, y en ningún caso paralela a esta ni en sus comienzos, ni en su final, «… ni en sus vicisitudes más substanciales y típicas». El banco emisor explicaba esas diferencias apelando a la depreciación anterior de la peseta, la escasa apertura al exterior de la economía nacional, su limitado nivel de industrialización y su tejido empresarial todavía basado en negocios de pequeño tamaño y orientados sobre todo al mercado interior. Así las cosas, tras una caída de alguna importancia en el crecimiento entre 1931 y 1933, dos años después se habrían recuperado ya los niveles de producción y renta del último año de la dictadura. Y en cuanto a los salarios, no solo no disminuyeron, sino que se incrementaron en torno a un 12 % en el primer bienio, lo cual, en un contexto de precios muy estables, supuso un innegable incremento del poder de compra de las clases populares.

Indalecio Prieto Tuero. Su nombramiento como ministro de Hacienda, cargo en el que se mantuvo hasta diciembre de 1931, pese a su manifiesto respeto por la más estricta ortodoxia liberal, generó gran desconfianza en los empresarios y financieros, e incluso una reacción negativa en el propio Banco de España, que se resistía a una mayor intervención del Estado.

No obstante, siendo esto cierto en líneas generales, las investigaciones más recientes han demostrado que la economía española de la primera mitad de los años treinta padeció las repercusiones de la Gran Depresión con mayor profundidad de lo que se creía. A ello hay que sumar, además, como factores añadidos de gran importancia, la respuesta, ortodoxa, pero inadecuada, de los sucesivos gobiernos, que trataron a toda costa de contener el gasto público en lugar de usarlo para reactivar la demanda de los sectores más afectados, y la reacción de las clases adineradas, que recibieron a la República con un descenso de la inversión e incluso con una importante fuga de capitales al exterior, motivada en buena medida por la presencia de un socialista, Indalecio Prieto, en la cartera de Hacienda. Así, si bien el impacto de la crisis no fue idéntico sobre todos los sectores de la actividad económica, sino que los mayores perjudicados fueron los más expuestos al comportamiento de la demanda externa, muy reducida por la contracción de la economía mundial y por las erróneas políticas proteccionistas con que la práctica totalidad de los gobiernos occidentales respondieron ante la crisis, el conjunto de la actividad sí sufrió las consecuencias de las desacertadas políticas gubernamentales y la caída sostenida de la inversión.

Por esa razón, el impacto social de la depresión fue muy desigual, pero también muy importante. Mientras las clases medias y la burguesía apenas la sufrían, como demuestra el escaso desempleo que mostraban estos grupos y la evolución positiva de los depósitos bancarios y los beneficios empresariales, los obreros empleados en los sectores industriales vinculados a la exportación, como el textil, los trabajadores de la construcción y el proletariado rural, perjudicado por la caída de los precios agrarios, la padecieron con mucha mayor virulencia. Las cifras de desempleo muestran una clara tendencia al alza a lo largo del bienio. En enero de 1932 eran 389 000 los españoles en paro completo o parcial, mientras que dos años después, en diciembre de 1933, la cifra se elevaba ya a cerca de 620 000, lo que supone un incremento muy importante, tanto más si tenemos en cuenta que el trabajador desempleado no contaba entonces con subsidios ni protección social alguna.

El impacto de los factores señalados sobre la política reformista de los gobiernos del primer bienio fue muy negativo. En primer lugar, los recursos disponibles para financiarla se tornaron demasiado escasos, lo que forzosamente hubo de ralentizar su ritmo, provocando la impaciencia de los trabajadores llamados a beneficiarse de ellas, que comenzaron a radicalizarse. En segundo lugar, esa radicalización afectó a los dirigentes socialistas que, si bien en un primer momento trataron de apaciguar a sus bases, terminaron por dejarse arrastrar por ellas, temerosos de que, al menos una buena parte, abrazaran la causa anarquista. Este proceso generó inevitables tensiones dentro de los gabinetes azañistas, sostenidos, como vimos, por una alianza más bien coyuntural entre partidos muy diversos en principios y prioridades, pues un número creciente de notables republicanos de izquierda comenzaron a desconfiar de las pretensiones de sus aliados obreros y a pronunciarse a favor de su salida del gobierno, postura que crecía de igual modo entre los propios dirigentes socialistas. Así las cosas, la crisis de la alianza y su desintegración a medio plazo se tornaron inevitables.

LOS ANARQUISTAS

A las propias contradicciones de la alianza republicano-socialista venía a sumarse la actitud hacia el régimen de sectores muy amplios de la opinión que o bien contestaron con violencia desde el principio, o bien perdieron muy pronto su confianza en él, sumándose enseguida a las fuerzas que perseguían derrocarlo. Estos sectores eran heterogéneos, pero también nutridos y vigorosos. En sus filas militaban desde el ala más ultramontana y reaccionaria de la Iglesia, los terratenientes y las organizaciones patronales, que sentían sus intereses amenazados por la política reformista, por la derecha, a la poderosa CNT, en cuyo seno no dejaba de ganar peso la facción más proclive a la lucha violenta contra la república burguesa, encarnada en la llamada Federación Anarquista Ibérica (FAI), por la izquierda más extrema; pasando por diversos grupos de intelectuales, militares y funcionarios, incitados a causa de sus principios unos, o en razón de sus intereses otros y, desde luego, por muchos católicos ofendidos por la actitud de los gobiernos republicanos hacia la Iglesia, que percibían como una inadmisible persecución de sus derechos.

Como es natural, una oposición tan heterogénea no podía actuar de forma concertada contra el régimen. Pero su acción fue, en muchos casos, tan violenta y continuada que puso en serios aprietos a los gobiernos del primer bienio e incluso les forzó a adoptar una política de orden público que tendió de forma reiterada a traspasar los límites tolerables en un Estado de derecho, minando así el prestigio de los partidos gobernantes entre sus propias bases y acelerando la crisis de la coalición.

Este fenómeno se debió sobre todo a la actitud violenta de la CNT, que enseguida dio por terminado su efímero periodo de gracia hacia la República y lanzó contra ella reiteradas y violentas intentonas revolucionarias en diversos lugares del país. Los hechos luctuosos se sucedieron sin apenas solución de continuidad. En junio de 1931, la base aérea sevillana de Tablada sirvió de escenario a un fallido complot contra la República en el que participaban militares y civiles de filiación anarquista. Semanas después, el 6 de julio, la CNT convocaba una huelga nacional en la Compañía Telefónica que degeneró con rapidez en acciones violentas, en especial en Sevilla, donde perdieron la vida treinta personas. La actitud anarquista era sobre todo más violenta, en especial en el campo, donde su mensaje revolucionario calaba con facilidad entre los jornaleros que sufrían una existencia miserable y llenaba sus espíritus de un deseo de venganza pronto a desbordarse. Así, en septiembre de 1931, en la localidad toledana de Corral de Almaguer, los jornaleros ocuparon las fincas y la Guardia Civil restauró el orden al precio de cinco campesinos muertos y siete heridos muy graves. El 31 de diciembre de ese mismo año, en la villa pacense de Castilblanco, tras haber tratado de disolver a tiro limpio una manifestación campesina, cuatro guardias civiles murieron a manos de los huelguistas en medio de inusitados actos de barbarie. La matanza tuvo su repercusión en la villa riojana de Arnedo, donde, el 5 de enero de 1932, la Guardia Civil, para vengar según parece la muerte de sus compañeros en Castilblanco, mató a siete personas e hirió a treinta al disparar sobre una manifestación. Poco después, la cuenca del Alto Llobregat, en Cataluña, fue el escenario de un levantamiento armado que proclamó el comunismo libertario y tomó por unos días el control de algunas poblaciones, forzando al gobierno a enviar tropas para restablecer el orden en la zona.

Sublevaciones y huelgas campesinas durante el primer bienio de la República. La constante ofensiva anarquista contra el régimen sin duda dificultó la obra reformista del gobierno y lo debilitó frente a la oposición y sus propias bases sociales.

Sucesos semejantes tenían lugar casi a diario a lo largo de aquellos meses, hasta tal punto que el gobierno entendió imprescindible dotar a la República de medios extraordinarios de defensa. Con tal fin se había organizado ya en el verano de 1931 un nuevo cuerpo de policía denominado Guardia de Asalto, del que se pretendía hacer, por su preparación y armamento, el medio principal para la preservación del orden público frente a algaradas y manifestaciones violentas. El número de sus efectivos, así como los de la Guardia Civil, no dejó de incrementarse a lo largo del primer bienio, pero, a pesar de ello, los gobernantes republicanos comprendieron enseguida que las armas no bastaban. Debían dotarse, por el contrario, de instrumentos legales que les permitieran meter en cintura a quienes trataban de minar la estabilidad del régimen. Tal fue la finalidad de la denominada ley de Defensa de la República, aprobada por las Cortes el 20 de octubre de 1931, que tipificaba como agresión a la misma una pormenorizada serie de actos de violencia física y verbal, y confería al ministro de Gobernación competencias para clausurar publicaciones periódicas, prohibir manifestaciones y huelgas, enviar a la cárcel, ordenar registros y tomar otras decisiones que, en circunstancias normales, exigirían el mandato de un juez. Se trataba en realidad de un instrumento de excepción, y como tal fue usado profusamente por los gobiernos azañistas. Pero contra dicha ley se levantó un coro creciente de voces que cuestionaban su legitimidad en un Estado democrático. Por ello, en julio de 1933, fue sustituida por una nueva disposición, la llamada ley de Orden Público, que contenía medidas de índole menos represiva. Sin embargo, las cosas apenas cambiaron. El asedio constante al que las organizaciones anarquistas sometieron a la República forzó a sus gobiernos a responder con dureza, debilitando su posición ante las masas populares a las que pretendía favorecer, tornando más dificultosa la aplicación de las reformas que promovía y ofreciendo a la oposición un valioso argumento para combatirlas.

Guardias civiles y de asalto iniciando un registro en Casas Viejas, enero de 1933. La implicación directa en los sucesos del capitán de la Guardia de Asalto Manuel Rojas, que hizo gala de una increíble crueldad, puso en tela de juicio la eficacia del flamante cuerpo policial, que se quería presentar, frente a la Guardia Civil, como prueba de la nueva política de orden público de la República, más humana y democrática que la de la monarquía.

El mejor ejemplo de esta concatenación de fenómenos se produjo en enero de 1933 en Casas Viejas, una localidad gaditana de unos dos mil habitantes de los que casi una cuarta parte eran braceros sin tierra. El día 11 por la mañana, siguiendo lo que iba convirtiéndose en una suerte de guión preestablecido, los anarquistas proclamaron el comunismo libertario en el pueblo, quemaron los archivos municipales, rodearon el cuartel de la Guardia Civil y mataron a dos de los cuatro efectivos que constituían la dotación. Enseguida llegaron refuerzos, más guardias civiles y guardias de asalto, que restablecieron el orden sin mucho esfuerzo, con la excepción de una pequeña cabaña techada de paja en la que se refugiaban un viejo anarquista apodado Seisdedos y su familia. Los guardias la incendiaron, mataron sin piedad a algunos de sus moradores y se entregaron después a una verdadera carnicería en el pueblo, que perdió aquel día a manos de las fuerzas del orden a veintidós de sus habitantes. Doce personas fueron ejecutadas a sangre fría, y sin duda entre ellas se encontraban algunas que ni siquiera habían tomado parte en los sucesos.

A lo largo de las semanas siguientes, con las Cortes cerradas por ser inhábil a efectos parlamentarios el mes de enero, la polémica en torno a los sucesos de Casas Viejas no cesó de crecer. Desde la izquierda se alzaron voces comparando lo ocurrido con los peores abusos de la monarquía, y no faltó quien trajera a colación el fusilamiento de Ferrer i Guàrdia en 1909 para señalar que, al menos entonces, se había celebrado un juicio. Cuando las Cortes se abrieron, y ante la negativa del gobierno a iniciar una investigación oficial, siete diputados visitaron por su cuenta el pueblo y al día siguiente, 23 de febrero, informaron a la Cámara. Presionado, el gobierno creó al fin una comisión parlamentaria y, forzado por sus conclusiones, destituyó al director general de Seguridad, Arturo Menéndez, del que parecía probado que había cursado instrucciones de excepcional dureza al contingente enviado a Casas Viejas. Pero no fue suficiente. Un oficial destinado en el Ministerio de la Guerra aseguró haber oído al mismo Azaña decir: «Ni prisioneros ni heridos. Tiros a la barriga». Probablemente fuera falso, pero el daño estaba hecho. Muchos votantes de izquierda se desencantaron con el gobierno. Y respecto a la derecha, no se abstuvo de aprovechar sin piedad una ocasión como aquella. La imagen del gobierno había quedado dañada de manera irreparable.

LAS DERECHAS

Al desafío anarquista a la República vino a sumarse el no menos constante, aunque más tardío en sus inicios y menos violento en sus formas, de las diversas fuerzas sociales y políticas que habían quedado, por la derecha, fuera del régimen. Así, las organizaciones patronales, tanto agrarias como industriales, pasaron enseguida de la desconfianza a la hostilidad a la República. A lo largo del primer bienio se produjo un desencuentro creciente entre los intereses económicos y los gobiernos azañistas. Por diferentes motivos y en distinto grado, propietarios, empresarios y patronos, grandes y pequeños, vinieron a coincidir en que la política económica y, sobre todo, la laboral, no solo no ayudaban a frenar la crisis, sino que la agravaban. El incremento en los costes que producía la subida de los salarios, las contradicciones que percibían entre las políticas de los diferentes ministerios, la creciente conflictividad social y la incapacidad para mantener el orden público fueron causa de una pérdida progresiva de confianza que les llevó a exigir la salida de los socialistas del gobierno y una completa rectificación de las políticas adoptadas. Pero si industriales y financieros desconfiaron sin ambages de los gobiernos azañistas, los terratenientes del centro y el sur de la península, e, instrumentalizados por ellos, los pequeños propietarios del norte, dieron un paso más y sencillamente bloquearon la aplicación de buena parte de su política agraria, intensificando con ello la desesperación de los jornaleros sin tierra y facilitando su radicalización. Animados por las grandes patronales agrarias, como la Agrupación de Propietarios de Fincas Rústicas, la Asociación de Agricultores de España o la Confederación Nacional Católico-Agraria, los propietarios negaban en muchas ocasiones la contratación a quien se hubiera «atrevido» a demandar a su empleador ante los jurados mixtos; rechazaban a los trabajadores vinculados a los sindicatos de la Federación Nacional de Trabajadores de la Tierra (FNTT), el sindicato agrario de la UGT; suspendían ciertas labores del campo para evitar dar trabajo a los yunteros, o incluso volvían en algunas zonas a la explotación más conservadora y tradicional de las dehesas, que permitía reducir algunos costes, sobre todo de mano de obra, ya que las actividades ganaderas solían ser arrendadas a media o gran escala. Con todo ello, muchos jornaleros del campo tuvieron por inútiles las reformas del gobierno y, viendo cerrada una puerta que les había llegado a parecer al menos entreabierta, abrazaron soluciones de fuerza que intensificaron la violencia en el campo, fortalecieron a la CNT y ofrecieron a los líderes socialistas razones para abandonar su alianza con los republicanos.

No menos importante vino a ser el papel de la jerarquía eclesiástica. Si bien una parte de ella, como vimos, recibió con respeto a la República y aconsejó sinceramente a los fieles que acataran las decisiones de sus gobiernos, un sector aún más numeroso se colocó desde el principio contra ella y espoleó en este sentido a los católicos. El contenido en exceso anticlerical de la Constitución y las leyes que la desarrollaban facilitó las cosas a estos prelados, que utilizaron los púlpitos de las iglesias como instrumento para cohesionar a los votantes católicos y dirigir su voto hacia las formaciones de la derecha, en especial Acción Popular, a la que más adelante nos referiremos. Pastorales colectivas, como la publicada el 25 de mayo de 1933, condenaban lo que tenían por injerencias y restricciones impuestas a la Iglesia por el poder político y llamaban sin rodeos a los católicos a movilizarse para abolir semejante restricción de los derechos naturales de aquella. Incluso el papa Pío XI, en su encíclica Dilectissima nobis, condenó el 3 de junio de 1933 el espíritu anticristiano de la República Española y animó a los católicos españoles a unirse para defender la religión amenazada.

La oposición puramente política de la derecha fue al principio mucho menos eficaz, pues su crecimiento solo sería importante en los meses posteriores a la aprobación de la Constitución. Sucedió así, en primer lugar, porque la irreflexiva política religiosa de la izquierda republicana echó en brazos de la derecha a una buena parte de las clases medias católicas que al principio habían visto con buenos ojos el nuevo régimen. Y, en segundo lugar, porque el mismo paso del tiempo permitió a sus formaciones organizarse mejor y adoptar poco a poco una táctica política más acorde con las exigencias formales de la democracia parlamentaria.

Esa táctica fue el accidentalismo, que consideraba las formas de gobierno como accidentales, frente a lo esencial, que era el respeto a los derechos de la Iglesia, y su herramienta, la denominada Acción Nacional, que hubo de cambiar luego su nombre por el de Acción Popular y, más tarde, en enero de 1933, sirvió de núcleo constituyente al primer partido de masas del conservadurismo hispano, la Confederación Española de Derechas Autónomas, pronto conocida por sus siglas CEDA, que habría de presidir el joven abogado y periodista José María Gil-Robles.

Sin embargo, el desarrollo del accidentalismo frustró por algún tiempo la reorganización del monarquismo alfonsino, del que procedía la inmensa mayoría de sus simpatizantes. Por ello, sus dirigentes renunciaron enseguida a crear un partido de masas y apostaron por una táctica distinta que prestó atención a tres vías alternativas de penetración social: la cultural, para lo que contaron como principal instrumento con un núcleo intelectual vehiculado por la revista Acción Española, de gran influencia entre los sectores burgueses más radicales; la política, encarnada también desde comienzos de 1933 en Renovación Española, un partido tan extremista como minoritario, y la insurreccional, que se encarnó en sucesivos complots dirigidos por militares monárquicos de poca relevancia como los generales Emilio Barrera, Miguel Ponte y Luis Orgaz, y apoyados tanto en los oficiales descontentos con las reformas de Azaña como en ciertos prohombres monárquicos dispuestos a financiar un golpe de Estado, si bien fracasaron en su intento de atraerse también a los carlistas, que iniciaban por entonces en Navarra la reorganización de sus milicias requetés, y al nacionalismo vasco.

El primado de España personificó en las primeras semanas del régimen el sector más ultramontano y reaccionario de la jerarquía eclesiástica, cuyas tesis terminaron por imponerse al resto de los prelados gracias, entre otras cosas, a la errónea política religiosa impulsada por la izquierda republicana.

Solo cuando, en enero de 1932, el director general de la Guardia Civil, el general José Sanjurjo, fue castigado por sus críticas a la política gubernamental de orden público con su traslado al frente del cuerpo de Carabineros, un puesto de menor relieve, los conspiradores lograron el apoyo para sus planes golpistas de una figura de cierto prestigio. Sus esfuerzos se dirigieron desde ese momento a la implantación de una dictadura de carácter indefinido presidida por el citado general, pero necesitaban un suceso capaz de crear una corriente de opinión contraria a la República de suficiente envergadura para garantizar el éxito del pronunciamiento que preparaban. El debate en las Cortes del Estatuto catalán y la reforma agraria, así como la progresión de las reformas militares de Azaña, decidieron a los conspiradores a acelerar sus planes, de modo que el golpe fue fijado para el día 10 de agosto de 1932. Sin embargo, la intentona, tan confusa como mal organizada, fracasó sin paliativos. En Madrid, los conjurados fueron incapaces de tomar el Ministerio de la Guerra y sublevar a la guarnición contra el gobierno. Solo en Sevilla logró Sanjurjo hacerse con el control de la ciudad y publicar un manifiesto que se limitaba a anunciar la dictadura militar, no la monarquía. Pero, privado de apoyo en el resto del país y con las calles en manos de los obreros convocados a una huelga general, el golpe no podía triunfar, de modo que su cabeza visible intentó huir y fue detenido cerca de la frontera. Condenado a muerte por un consejo de guerra, recibió el indulto del presidente de la República y, tras una temporada en la cárcel, terminó estableciéndose en Portugal.

El general Sanjurjo pasea por las calles de Sevilla el 10 de agosto de 1932. Su golpe, mal urdido y con escasos apoyos, fue enseguida desbaratado por el gobierno, que salió fortalecido del embate de la derecha más reaccionaria. Sin embargo, la debilidad de la coalición gobernante no tardaría mucho en hacerse visible.

Como sabemos, los efectos de la sanjurjada fueron contraproducentes para sus instigadores. La República, y la izquierda con ella, salieron consolidadas. Las leyes de Reforma Agraria y del Estatuto de Cataluña se aprobaron de inmediato. La derecha, con sus periódicos clausurados por el gobierno, hubo de poner fin a su campaña obstruccionista. Los accidentalistas de Acción Popular multiplicaron sus protestas de acatamiento del juego democrático y aceleraron la expulsión de los monárquicos de sus filas. Alfonsinos y tradicionalistas, tenidos por inductores del golpe, sufrieron una dura represión que cerró sus sedes, clausuró sus periódicos y detuvo a cientos de sus más activos militantes. La derecha radical salió de aquel año 1932 mucho más débil de lo que entró.

No mucho más éxito tuvieron las primeras y embrionarias formaciones del fascismo español. Su nacimiento se produjo en 1933 de la mano de los mismos alfonsinos, que observaron con interés el éxito de Hitler y quisieron probar la validez en España de una estrategia semejante a la del canciller alemán. Por ello, a partir de la primavera, se sucedieron las tentativas de dar vida a un partido de corte fascista, pero todas ellas fracasaron antes de alcanzar una mínima fuerza. El primer paso fue de índole intelectual, y se articuló en torno al semanario El Fascio, que atrajo a jóvenes escritores de extrema derecha como Ramiro Ledesma Ramos, Ernesto Giménez Caballero y Rafael Sánchez Mazas, abogados como José Antonio Primo de Rivera, hijo del fallecido dictador, y periodistas como Juan Aparicio. Pero la publicación, secuestrada por orden judicial, murió antes de nacer. Más éxito prometían en apariencia las denominadas Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalista (JONS), fundadas en 1931 por Ramiro Ledesma Ramos y el joven abogado y periodista vallisoletano Enésimo Redondo, que llegaron incluso a organizar pequeños grupos de asalto capaces de desarrollar actuaciones violentas contra las organizaciones izquierdistas. Pero la enérgica reacción policial frenó también a las JONS, que no lograron salir de la más absoluta marginalidad política. Surgió después el denominado Movimiento Español Sindicalista (MES), liderado por Primo de Rivera y Sánchez Mazas, que pronto logró la adhesión del Frente Español, un grupúsculo constituido por intelectuales seguidores del filósofo Ortega y Gasset ahora radicalizados bajo la dirección de un antiguo integrante de la Agrupación al Servicio de la República, Alfonso García Valdecasas. La formación resultante seguía siendo débil, pero en agosto Primo de Rivera concluyó con los alfonsinos el llamado Pacto de El Escorial, por el que estos se comprometían a financiar su organización a cambio de que asumiera un programa adecuado. Poco antes de las elecciones de 1933, el triunvirato director del MES, Primo de Rivera, el aviador Julio Ruiz de Alda y García Valdecasas, protagonizaron un acto de afirmación españolista en el madrileño Teatro de la Comedia tras el cual el partido fue refundado con el nombre de Falange Española. Aún no eran nada, pero aquel nombre estaba llamado a dar muchos dolores de cabeza a la república de izquierdas y a todos los demócratas españoles.

Onésimo Redondo y José Antonio Primo de Rivera con el uniforme de Falange Española. En sus inicios, el fascismo español no fue sino un débil movimiento instrumentalizado por la derecha alfonsina en su afán de derribar la República por la fuerza.

LA CRISIS DEL AZAÑISMO

La presión creciente de todas las fuerzas citadas vino a incidir sobre la intrínseca y notoria fragilidad de la propia coalición gobernante —heterogénea y meramente coyuntural, como dijimos—, acentuando poco a poco sus intensas contradicciones hasta conducirla a la ruptura total a finales del verano de 1933.

El primer problema lo planteó muy pronto la crisis del Partido Republicano Radical-Socialista, cada vez más dividido entre un ala izquierda próxima a las posiciones de Azaña, que dirigían Marcelino Domingo y Álvaro de Albornoz, y otra más moderada, encabezada por Félix Gordón Ordax, que miraba con mejores ojos a los radicales. Tuvo también un efecto negativo para la estabilidad del gobierno la actitud de los catalanistas de Esquerra, que, irritados por la insuficiencia de los recursos fiscales que el gabinete pretendía transferir a la Generalitat para financiar sus nuevas competencias, presionaban con fuerza sobre él. Pero el problema más grave, a la larga, residía en la continuidad de la colaboración de los socialistas, sin la cual el gobierno de Azaña resultaría privado en las Cortes de la mayoría necesaria para proseguir su obra reformista.

En octubre de 1932, en los Congresos del PSOE y la UGT, el peligro pareció conjurado. La esperanza de consolidar y profundizar las reformas laborales iniciadas, en la que coincidían las dos facciones mayoritarias del socialismo, que encabezaban Largo Caballero y Prieto, permitió que los delegados se inclinaran por el mantenimiento temporal de la colaboración, aunque con ciertas reservas. Pero el problema de fondo, como vimos, no solo no se estaba resolviendo, sino que se agravaba por momentos. Los campesinos socialistas, frustrados por el alcance y los ritmos de la reforma agraria, se mostraban cada vez más inquietos y violentos, como probaban los continuos choques con las fuerzas de orden público que protagonizaban las organizaciones locales de la FNTT. Como ha escrito Julio Gil, la moderación de las reformas impulsadas por los ministros socialistas y su evidente renuncia a imponerlas al resto del gobierno eran muy mal comprendidas por una militancia que empezaba a verse afectada por las crecientes dificultades de la economía nacional, a las que ya hemos hecho alusión, y por la consecuente radicalización de la respuesta patronal a la nueva normativa sociolaboral.

Los referidos sucesos de Casas Viejas, que dañaron gravemente la imagen del gobierno, terminaron de convencer a muchos socialistas de que era preferible no mancharse compartiendo el poder con los republicanos, que no dejaban, en última instancia, de ser burgueses. Los dirigentes más moderados, como Lucio Martínez Gil o Besteiro, se veían cada vez más impotentes para contener la creciente radicalización de las bases del sindicato. A lo largo de 1933, el proceso se fue agudizando. La exacerbación de la crisis económica, sumada a la cada vez más dura respuesta de patronos y terratenientes, multiplicó las huelgas y la violencia rural e incrementó el descontento de los sindicatos ante el ritmo de las reformas, forzando a los líderes socialistas a cambiar de opinión respecto a su permanencia en el gobierno. Incluso Indalecio Prieto, hasta entonces el más firme partidario de la colaboración con los republicanos, pasó a defender en marzo de 1933 la salida pactada de los socialistas del Ejecutivo y la formación de un gobierno de concentración republicana con apoyo parlamentario del PSOE. Solo la dirección caballerista del partido, deseosa de culminar la tarea que su líder desarrollaba en el Ministerio de Trabajo, se opuso, alegando que ello abriría paso a una derecha cuya primera decisión sería descuajar por completo todas las reformas emprendidas.

Las señales se sucedían, pero no eran escuchadas. En abril, las elecciones municipales parciales celebradas para cubrir unos diecinueve mil puestos de concejales que habían sido elegidos en 1931 por el abolido artículo 29 de la antigua ley electoral lanzaron al gobierno una sonora advertencia. Los partidos que lo apoyaban obtuvieron poco más de cinco mil concejales, mientras la derecha lograba otros tantos y los republicanos moderados más de seis mil. Aunque la mayoría de los pueblos afectados estaban ubicados en zonas más bien poco pobladas y de probada tendencia conservadora —lo que permitió a Azaña calificarlos con su habitual desdén como burgos podridos aludiendo a su escasa población—, lo cierto es que algo estaba empezando a cambiar en la opinión pública del país.

Tercer gobierno de Manuel Azaña, junio de 1933.

De derecha a izquierda, el federal José Franchy Roca, Marcelino Domingo, Francisco Largo Caballero, Lluís Companys, Domingo Barnés, Agustín Viñuales, Manuel Azaña, Fernando de los Ríos, Álvaro de Albornoz, Santiago Casares Quiroga e Indalecio Prieto.

Entonces intensificó su acción el factor religioso. El crispado debate sobre la ley de Congregaciones no solo galvanizó a la derecha, que hizo de ella una eficaz bandera de movilización popular, sino que enfrentó al católico presidente de la República con Azaña y le decidió a desplazarle de la jefatura del gobierno. La ocasión se le presentó al jefe del Estado cuando el titular de Hacienda, Jaume Carner, abandonó su cartera por enfermedad. Alcalá-Zamora pretendió utilizar lo que era un relevo ministerial inevitable y motivado por razones extrapolíticas para plantear una crisis de gabinete y abrir un turno de consultas. Esperaba con ello imponer un giro que orientara la política de los partidos republicanos hacia el centro, no, por supuesto, entregando el poder a las oposiciones, que carecían de mayoría, sino reconstruyendo la alianza republicana de los primeros meses de la República. Ello exigía que los radicales se reincorporaran al gobierno, y ese fue el encargo que dio, uno tras otro, a destacados miembros de las tres formaciones de la coalición gobernante, a los que llamó a consulta sucesivamente. Pero ni Besteiro, ni Prieto, ni Domingo aceptaron el encargo presidencial y, apoyado por sus aliados, Azaña pudo forzar su continuidad. Alcalá-Zamora le encargó, eso sí, que ampliara la base del gobierno si era posible y solo en caso contrario formara uno como el anterior. El alcalaíno lo intentó, pero los radicales le pusieron como condición que dejara de contar con los socialistas, y Azaña, una vez más, los prefirió a los amigos de Lerroux. No obstante, sí dio entrada en el gabinete, formado el 12 de junio de 1933, a los federales y catalanistas de izquierda.

Fue una solución temporal, fruto de la gran cintura política de Azaña. Pero el problema de fondo seguía agravándose a un ritmo que parecía crecer por momentos. El Partido Radical-Socialista, siempre conflictivo, entró en una fase de irreversible descomposición que terminó por colocar al gobierno en riesgo de parálisis. La estratégica reforma agraria, el principal compromiso de la izquierda con sus bases sociales, avanzaba con demasiada lentitud, impulsada con poco brío por un ministro, Marcelino Domingo, que no parecía estar a la altura de la delicada misión que se le encomendaba. La recesión golpeaba ya sin piedad a la economía española, que parecía encontrarse en su peor momento. El paro batía todas las marcas, en especial en el sector de la construcción; la confianza empresarial se desplomaba y la conflictividad laboral, que triplicaba la registrada en años anteriores, se disparaba. Los empresarios, por su parte, aumentaban la presión sobre el Ejecutivo, como demostró, a mediados de julio, la gran asamblea celebrada en Madrid, en la que se le acusó de incrementar los costes laborales sin ofrecer a cambio paz social. Cuando, el 3 de septiembre, los partidos de la mayoría fueron derrotados por la oposición en las elecciones de vocales regionales del Tribunal de Garantías Constitucionales —cinco puestos frente a diez de la oposición—, quedó patente la pérdida del apoyo popular y la división en el seno del bloque gubernamental. En realidad, por entonces crecía entre los políticos de la izquierda republicana el deseo de dar por terminada la alianza con los socialistas, cuyas leyes en materia social parecían a muchos excesivas, y entre los propios socialistas terminaba de imponerse el convencimiento de que la política de reformas en el marco de la República no conducía a ninguna parte. No obstante, fue Alcalá-Zamora quien provocó la crisis al anunciar el día 7 que retiraba su confianza al gobierno, lo que forzó la dimisión de este. Abiertas consultas, Alejandro Lerroux se comprometió a construir una nueva mayoría parlamentaria, republicana y de centro-izquierda, pero sin presencia de los socialistas, y el presidente le encomendó la formación de gobierno. La hora de los radicales había llegado.

7

Lerroux.
El centro en el poder.

De momento, no me proponía sino apoyar a un gabinete radical, a cambio de que rectificara la política de las Cortes Constituyentes; definir poco a poco, para evitar posibles desgarramientos, nuestra actitud como partido del régimen; dar a la minoría —nacida de la labor negativa de una actitud oposicionista— orientación constructiva y sentido de responsabilidad; prepararnos, en fin, para poder formar un ministerio de derechas, cuando se produjera el inevitable desgaste de los gobiernos de centro, si en justa reciprocidad nos apoyaban los radicales en la Cámara, o ir a su disolución en el momento oportuno.

José María Gil-Robles:
No fue posible la paz (1968).

LA HORA DE LOS RADICALES

En septiembre de 1933, pues, la República parecía encontrarse ante una difícil situación política. El gobierno Azaña había caído; la alianza parlamentaria que lo había sustentado durante casi dos años estaba rota y no parecía ya posible recomponerla, y la alternativa que el jefe del Estado trataba de imponer, una gran coalición republicana sin socialistas, se revelaba igualmente difícil de llevar a la práctica dada la mala relación existente entre el centro y la izquierda del republicanismo. A pesar de todo ello, el hombre que el presidente escogió para que lo intentara, Alejandro Lerroux, alcanzó a lograrlo, al menos en apariencia. El 12 de septiembre de 1933, el viejo caudillo radical formaba un gobierno que, además de un ministro independiente, contaba con representantes de seis formaciones políticas republicanas: el mismo Partido Republicano Radical, el Partido Republicano Radical-Socialista, la Izquierda Radical-Socialista, recién fundada por Juan Botella Asensi, la azañista Acción Republicana, el Partido Republicano Gallego y Esquerra Republicana de Catalunya. Pero se trataba de una ficción, pues la mayoría parlamentaria sobre la que se apoyaba distaba mucho de ser sólida, cualidad por completo imprescindible si se tenía en cuenta que el socio mayoritario de los gabinetes presididos por Azaña, el PSOE, se había tomado muy mal su salida del gobierno y sin duda plantearía desde ese instante una dura oposición en la Cámara.

Por otra parte, la situación en la que quedaba el propio partido de Lerroux era más bien incómoda. Al acceder al gobierno, los radicales se veían obligados a contemporizar con unas Cortes que habían aprobado un nutrido conjunto de leyes a las que se habían opuesto de manera sistemática, llegando incluso a practicar contra ellas una constante obstrucción parlamentaria. Si alguien estaba interesado en disolver esas Cortes y convocar unas elecciones, en las que todo apuntaba a que sería el radical el partido vencedor, eran los amigos políticos del flamante jefe del gobierno. Así las cosas, no se requerían grandes dosis de clarividencia para augurar un futuro breve y precario para el nuevo Ejecutivo.

En esta instantánea, tomada en diciembre de 1933, aparecen algunos de los protagonistas más importantes del segundo bienio de la República. Sentados, de derecha a izquierda de la fotografía, podemos ver a Diego Martínez Barrio, Alejandro Lerroux y Santiago Alba, presidente de las nuevas Cortes. Detrás de este último, aparece el también radical Ricardo Samper, que unos meses después sucedería a Lerroux en la presidencia del gobierno.

Por si todo ello fuera poco, a finales del mes de septiembre, antes de que el gabinete Lerroux se presentara ante las Cortes que debían darle su confianza, se produjo la definitiva ruptura del inestable Partido Republicano Radical-Socialista (PRRS). Y aunque es cierto que la facción acaudillada por el moderado Félix Gordón Ordax se mostraba proclive al entendimiento con los radicales, la corriente liderada por el exministro azañista Marcelino Domingo, ahora constituida en una nueva fuerza política bajo la denominación de Partido Republicano Radical-Socialista Independiente, logró el apoyo de un nutrido grupo de diputados del antiguo PRRS, reacios todos ellos a pactar con Lerroux, lo que amputaba a la nueva mayoría una parte significativa de sus escaños.

La reacción del líder radical ante tan difíciles circunstancias resultó, además, poco acertada. Cuando presentó al fin su gobierno a la Cámara, el 2 de octubre de 1933, Lerroux trató de someter a los diputados a una suerte de chantaje, provocándoles con un discurso que les pusiera en su contra con el fin de que Alcalá-Zamora, comprendiendo que nada podía hacerse con aquellas Cortes, se aviniera a concederle después el decreto de disolución. Pero su jugada resultó fallida. Hubo de enfrentarse a una moción socialista de no confianza, que la mayoría de sus teóricos socios de gabinete apoyó sin reservas, provocando así la caída del gobierno. Pero Alcalá-Zamora no cejó en su empeño de reconstruir la alianza republicana sin disolver las Cortes. Tras el fracaso de Sánchez Román, que trató de gobernar con apoyo de republicanos y socialistas, el experimento Lerroux se repitió, ahora bajo la dirección de su segundo, el sevillano Martínez Barrio, que parecía gozar entre las izquierdas de mejor fama que su jefe. Sin embargo, la evidencia se impuso al fin. Un gabinete formado únicamente por republicanos no podía gobernar con esas Cortes; era necesario disolverlas y convocar de inmediato nuevos comicios. El gobierno tomó posesión el 9 de octubre y tan solo un día después se promulgaban los decretos que disolvían el Parlamento y convocaban nuevas elecciones para el 19 de noviembre, con una segunda vuelta para el 3 de diciembre.

DE NUEVO A LAS URNAS

Por segunda vez en menos de tres años, un pueblo que nunca antes había votado en completa libertad se disponía a hacerlo. No se trataba, por otro lado, de unas meras elecciones de trámite, sino que poseían una gran importancia, y ello por diversos motivos. Las mujeres españolas iban a emitir su sufragio por primera vez, y era toda una incógnita hacia qué partidos se inclinaría su voto, que podía ser decisivo, puesto que suponían más de la mitad del censo total. También tenía interés comprobar de qué forma afectarían al resultado final las modificaciones introducidas en la ley electoral, que permitía ahora a las candidaturas incluir cambios en su composición entre la primera y la segunda vuelta, y había añadido la exigencia de que al menos un candidato obtuviera un 40 % de los votos emitidos en una circunscripción para que la primera vuelta tuviera validez. En caso contrario, se celebraría la segunda vuelta, en la que solo podrían participar quienes en la primera hubieran obtenido al menos un 8 %. Por último, nadie podía negar que, de algún modo, los comicios constituían una reválida popular de la Constitución, que nunca se había sometido a referéndum, así como del conjunto de reformas introducidas por los gobiernos del primer bienio. Los españoles podían ya escoger entre opciones perfectamente definidas y organizadas que habían tenido tiempo de sobra para afilar sus armas dialécticas y programáticas. Nadie podía argumentar ahora, como en 1931, que los comicios le habían cogido por sorpresa.

De ese modo, la derecha accidentalista, que había sufrido en sus carnes dos años antes el grave castigo que la ley electoral imponía a quienes se presentaban divididos ante las urnas, olvidó por un instante sus divisiones y formó, el 12 de octubre, la denominada Unión de Derechas y Agrarios, una coalición electoral de amplio espectro que integraba en todo el país a una amplia mayoría de cedistas, unidos en combinaciones diversas según las circunscripciones con monárquicos alfonsinos, independientes de derechas y tradicionalistas. La alianza, bajo la dirección de un comité nacional presidido por José Martínez de Velasco, líder del denominado Partido Agrario, una formación creada para defender los intereses de los propietarios de tierras, elaboró un ideario mínimo que obviaba las importantes diferencias existentes entre los firmantes. La revisión en materia religiosa y social de la Constitución y de las leyes del primer bienio, el fin de la reforma agraria y una generosa amnistía para los delitos políticos constituían los pilares de un programa formulado en términos negativos y de reacción contra todo lo que hasta la fecha había significado la República.

Mujeres guipuzcoanas votando por primera vez.

El sentido del voto femenino y su efecto sobre los resultados electorales fue una de las grandes incógnitas de aquellos comicios. Sin embargo, carecemos aún de un estudio de ámbito nacional sobre el tema.

Los republicanos, por el contrario, se presentaron a los comicios divididos. Solo el Partido Radical, mucho más versátil gracias a su posición intermedia en el espectro político y, sobre todo, poco escrupuloso a la hora de buscar aliados, formó candidaturas tanto con sus socios de gobierno como con diversos partidos republicanos moderados e incluso, ya en la segunda vuelta, con agrarios y cedistas. Diametralmente opuesta fue la táctica por la que apostó el otro gran partido nacional, el PSOE, que optó por presentarse en solitario en la mayoría de las circunscripciones, quizá porque se había dejado cautivar por el proyecto de apoderarse él solo del poder. Seducidos sus líderes por el ejemplo soviético, desencantados con una democracia capaz de abrir las puertas del poder a monstruos como Hitler, conscientes de que no bastaba dictar leyes para transformar la estructura social del país y de que muchos de sus militantes esperaban un cambio sustancial a corto plazo, habían llegado a la conclusión de que la república burguesa ya no les interesaba. Pero esta actitud de los socialistas no solo limitó sus posibilidades, sino que condenó de paso a la izquierda republicana, a la que le quedaba como única opción unirse a los radicales o marchar sola a las urnas, algo que se vieron forzados a hacer en muchas circunscripciones —en bastantes casos incluso ni siquiera lograron ponerse de acuerdo entre ellos— con la consiguiente merma en sus expectativas de representación parlamentaria y las de la izquierda en su conjunto.

La campaña electoral ofreció pruebas de la rapidez con la que España estaba entrando en la era de la política de masas. Aunque la prensa conservó el papel predominante, las emisiones de radio se inundaron de anuncios publicitarios; se repartieron cientos de miles de fotografías de los candidatos, en especial de la CEDA, el partido que hizo gala de mayor audacia propagandística; breves fragmentos de discursos se proyectaron en los cines antes de las películas, e incluso aparecieron anuncios de neón y algunos candidatos realizaron viajes en avión. Pero si la modernidad era ya evidente en las formas, no lo era tanto en el fondo, ya que los mensajes distaban mucho de adecuarse al carácter democrático del proceso electoral. El tono de la campaña socialista fue nítidamente revolucionario. Largo Caballero afirmó en un mitin: «Si la legalidad no nos sirve, iremos a la conquista revolucionaria del poder». Y en otro llegó a decir que España estaba ya «en plena guerra civil». La izquierda republicana, por el contrario, se centró en la defensa de su política reformista y en la necesidad de profundizar en ella. Los radicales, y los otros partidos republicanos moderados —Lliga, republicanos progresistas, republicanos conservadores y liberales demócratas—, lanzaron un mensaje templado que prometía defender los legítimos intereses materiales y espirituales de todos, a medio camino de la revolución socialista y la reacción monárquica. Y por su parte, la CEDA trató de capitalizar el miedo y el rechazo de las clases propietarias al socialismo, identificándolo con la revolución y el ateísmo.

Fueron, sin embargo, unos comicios muy limpios, incluso más que los anteriores, aunque no del todo libres de acciones violentas, que costaron la vida a seis personas. Pero lo más sorprendente, al menos para las izquierdas, fue el resultado. Al contrario que en 1931, la victoria correspondió a la derecha, encabezada por la CEDA, que logró 115 escaños, seguida por el centro, con 104 diputados radicales y más de una treintena de otros partidos republicanos moderados. La izquierda sufrió una gran derrota, aplastante en el caso de los republicanos, que vieron limitada su representación a poco más de treinta escaños, y algo menor en el caso de los socialistas, que lograron conservar 62. La opinión, sin duda, había cambiado, en especial las clases medias, que parecían retirar sus simpatías a Azaña para entregárselas a Lerroux.

Elecciones de 1933. Candidaturas vencedoras por circunscripciones. A pesar del no muy contundente desplazamiento del voto popular, las Cortes resultantes sufrieron un vuelco completo.

Como ha argumentado con razón Juan Avilés, historiador especialista en la izquierda burguesa, si se realiza un sencillo ejercicio aritmético —consistente en deducir, basándonos en el apoyo real obtenido por cada partido, cuál habría sido el resultado si los representados en los gobiernos de Azaña hubieran formado listas de coalición republicano-socialista en todas las circunscripciones— enseguida se aprecia que la unidad solo les habría dado la victoria en una cuarta parte de ellas. Sin embargo, una coalición que incluyera a radicales, republicanos de izquierda y socialistas, como la que apoyó al primer gobierno Azaña en el otoño de 1931, habría triunfado en dos tercios de las circunscripciones. Incluso una coalición exclusivamente entre los radicales y los republicanos de izquierda habría tenido bastante éxito, pues habría triunfado en casi la mitad de las circunscripciones. La conclusión lógica es que los votantes aún eran en su gran mayoría republicanos, pero ya no de izquierdas. No obstante, el cambio no era tan radical como sugería la composición de las Cortes. Una vez más, la ley electoral había magnificado las distancias entre mayorías y minorías y penalizado fuertemente a quienes se presentaron solos, en este caso las izquierdas.

Por desgracia, los perdedores no parecían dispuestos a asumir su derrota. Una tras otra, por teléfono o por carta, numerosas y destacadas figuras de la deshecha Conjunción Republicano-Socialista presionaron al jefe del Estado o al presidente del gobierno con el fin de que anularan los comicios y procedieran a convocar otros bajo unas condiciones en que la izquierda pudiera revalidar su perdida mayoría. Juan Botella Asensi, Largo Caballero, Azaña, Casares Quiroga, Marcelino Domingo, el socialista, entonces poco conocido, Juan Negrín e incluso el moderado Gordón Ordax se pronunciaron en ese sentido, revelando cuán escaso era el talante democrático de las izquierdas y cubriendo de negros presagios el futuro de un régimen que, si alguna legitimidad tenía, era la de haberse presentado como encarnación de la genuina democracia frente a la monarquía oligárquica y valedora de dictadores.

Como era de esperar, ni Martínez Barrio ni Alcalá-Zamora tomaron en consideración lo que se les proponía. El primero, porque bastante tenía ya con hacer frente a la enésima sublevación anarquista, que se inició el 8 de diciembre con una serie de explosiones en diversas ciudades del país. Varios trenes descarrilaron por efecto de las bombas, provocando numerosas víctimas mortales, y en algunas localidades de Huesca, Álava y Logroño la FAI proclamó, una vez más, el comunismo libertario, quemó los archivos y declaró abolido el dinero. Cuatro días después, la situación estaba controlada, eso sí, al precio de 75 muertos entre los insurgentes y 14 entre las fuerzas de seguridad. Quedaba claro que los anarquistas no concederían ninguna tregua a la democracia burguesa. La espada de Damocles de la violencia terrorista no dejaría nunca de amenazar la estabilidad de la República, gobernara la izquierda o lo hicieran el centro o la derecha.

Extraído de Gil Pecharromán, Julio: Segunda República Española, Madrid: Biblioteca Nueva, 2006.

Respecto al segundo, su mayor preocupación era impulsar la formación de un gobierno capaz de centrar la República, alejándola por igual de los excesos revolucionarios de la izquierda y la intransigencia reaccionaria de la derecha. Para ello, en la mente de Alcalá-Zamora solo había un candidato: Lerroux. Poco le importaba al presidente que se tratara ya de un anciano de 70 años que encabezaba un partido poco organizado, ambiguo en muchos aspectos de su programa y pletórico de personalidades bien conocidas por su pasado generoso en componendas y corruptelas. Con las nuevas Cortes, el viejo radical podía lograr lo que no había conseguido con las antiguas. El 19 de diciembre de 1933, Lerroux presentaba a la Cámara su segundo gobierno. Lo constituían siete ministros radicales, dos independientes, un progresista —es decir, amigo de Alcalá-Zamora—, un melquiadista y un agrario, y su programa era el propio de un partido que se presentaba a sí mismo como la fuerza capaz de edificar una república en la que tuvieran cabida las derechas, consolidando así el régimen. Lerroux prometió preservar lo esencial de las reformas del primer bienio, pero puliéndolas de lo que consideraba excesos sectarios, y practicar una política equitativa que pusiera fin a los abusos de cualquier signo. De su mano, la República quizá retornaría al ilusionado espíritu del 14 de abril.

LOS GOBIERNOS DE PREDOMINIO RADICAL

Al principio todo pareció ir bien. Lerroux no contaba en la Cámara con una mayoría que le respaldara, pero Gil-Robles se ofreció a sostener a su gobierno siempre que su política se atuviera a lo esencial del programa de la CEDA, que comenzó a moderar su discurso, mostrándose dispuesta a trabajar dentro de la Constitución vigente. La minoría agraria, esto es, los diputados agrarios que no se habían incorporado al grupo parlamentario de la CEDA, se movió también en un sentido semejante, e incluso dio un paso más cuando, el 23 de enero de 1934, se constituyó en Partido Agrario Español y proclamó su lealtad a la República. Las derechas parecían integrarse en el régimen. Lerroux estaba consiguiendo su propósito.

También la política del momento parecía marchar de acuerdo con lo prometido. Los gabinetes que se sucedieron en el poder entre el mes de diciembre de 1933 y el de octubre de 1934, presididos por el mismo Lerroux o por su correligionario Ricardo Samper, pero siempre integrados por una mayoría de radicales y una minoría de ministros de los pequeños partidos republicanos moderados, respetaron lo esencial de las reformas azañistas, pero podándolas tanto de algunos de sus aspectos más polémicos, como de sus objetivos más nítidamente espurios, en especial aquellos que perseguían sin ambages el fortalecimiento de la organización sindical socialista en su perpetua lucha contra la CNT. Aunque ciertas manifestaciones concretas de su política, como la ley de Amnistía impulsada por el ministro de Justicia melquiadista Ramón Álvarez Valdés, que pretendía beneficiar a los implicados en la Sanjurjada, se apartaban un tanto de esa moderación, en líneas generales no puede decirse que su obra persiguiera sin más, como a veces se ha escrito, descuajar la obra del primer bienio, incluyéndola sin matices en el marco de un supuesto Bienio Negro, apelativo que, en todo caso, podría aplicarse a la política de los posteriores gobiernos de predominio cedista, pero no a estos.

El mejor ejemplo de esta política moderada lo proporciona el enfoque que el nuevo gobierno dio a la reforma agraria. El republicano progresista Cirilo del Río, que fue ministro de Agricultura durante casi un año, no solo respetó el ritmo previsto de la reforma, sino que lo incrementó. En 1934 se asentaron más campesinos que en todo el periodo precedente y la expropiación de tierras se cuadruplicó. En cambio, del Río se esforzó en desmantelar el poder socialista en el campo y en rectificar alguno de los aspectos más polémicos de la legislación agraria vigente, intención esta última que sin duda perjudicó a muchos jornaleros y arrendatarios. Así, determinó no prorrogar los arrendamientos de los aparceros que habían ocupado tierras incultas en virtud del decreto de Intensificación de Cultivos, cuya vigencia concluía en octubre; suspendió la revisión de rentas, que favorecía a los colonos; restableció la libertad de contratación de braceros, y amplió las facilidades para el desahucio de los arrendatarios morosos. En pocas semanas fueron desalojados 28 000 ocupantes de fincas, y, lo que es más grave, los propietarios comenzaron a adoptar represalias contra las organizaciones locales de campesinos, que además se vieron perjudicadas por la reforma del régimen de Jurados Mixtos.

La FNTT, el sindicato agrario de la UGT, respondió a este conjunto de medidas convocando una estratégica huelga general en junio, coincidiendo con la recogida de la cosecha, a fin de recuperar parte del terreno perdido. Pero, aunque los ministros de Agricultura y Trabajo, más flexibles, aceptaron negociar, el ministro de la Gobernación, el radical Rafael Salazar Alonso, declaró de interés nacional la recolección de la cosecha e impartió órdenes tajantes para que se impidiera una huelga que consideraba un movimiento revolucionario encubierto. La represión subsiguiente desmanteló, al menos en cierta medida, las estructuras sindicalistas en el campo, debilitando con ello la capacidad de resistencia de los jornaleros, pero sin duda terminó de convencer a muchos de ellos de que la moderada táctica auspiciada hasta entonces por los socialistas no producía frutos seguros y duraderos. Desde entonces, las bases y sus líderes adoptaron posturas mucho más radicales.

Otro de los grandes capítulos de la política reformista, el militar, sufrió escasas rectificaciones. Puesto que la mayor parte de las medidas introducidas por Azaña eran de índole técnica y, desde ese punto de vista, eran irreprochables, los gobiernos radicales no mostraron interés alguno en derogarlas. Lo que sí cambió, como era de esperar, fue la orientación política de nombramientos y ascensos. El ministro de la Guerra, el radical Diego Hidalgo, trató de atraerse a los descontentos, sobre todo a los africanistas más conservadores, concediendo ascensos para puestos vacantes que debían haberse amortizado. Promocionó así a algunos militares de lealtad más que dudosa al régimen, como el entonces joven general Francisco Franco, quienes, al decir de la izquierda, podían comprometer desde sus nuevos cargos el futuro de la República.

En el terreno de las relaciones laborales, la legislación de Largo Caballero fue desmontada en parte bajo la fuerte presión de las organizaciones patronales. Sin embargo, al menos durante la etapa de los gobiernos radicales, el Ministerio de Trabajo se esforzó por mantener un cierto equilibrio entre los intereses de los trabajadores, cuyos sindicatos eran una fuerza con la que había que contar, y los deseos de los empresarios, que exigían sin ambages una virtual contrarreforma laboral y, al comprobar que los gobiernos radicales no eran proclives a dársela, proclamaron sentirse traicionados por ellos. Los Jurados Mixtos, por ejemplo, no desaparecieron, como reclamaban las patronales agrarias e industriales, pero sus presidentes, nombrados desde el gobierno, comenzaron a ser más receptivos a los intereses empresariales, si bien buscando un equilibrio entre patronos y obreros que no siempre habían perseguido durante el bienio anterior.

La cuestión religiosa, como no podía ser de otro modo, recibió un enfoque por completo distinto del que se le había dado bajo los gobiernos de Azaña. A pesar de las presiones de la clerical CEDA, que, al igual que la Iglesia católica, trataba de forzar una derogación completa de la legislación religiosa del primer bienio, los gabinetes radicales se movieron también aquí en un frágil equilibrio. Las leyes azañistas no se derogaron, pero su aplicación se atenuó notablemente. Las órdenes religiosas continuaron enseñando y, en contra de lo previsto por la ley de Confesiones y Congregaciones Religiosas, sus colegios no se cerraron. El capítulo del presupuesto del Estado destinado a sufragar los haberes del clero no fue eliminado. Y, aunque la Constitución permaneció como estaba, los católicos pudieron apreciar que los nuevos gobernantes no tenían interés alguno en atacar su sensibilidad.

Donde sí se produjo un claro reflujo respecto a la política propia del primer bienio fue en la cuestión regional. Aunque el Partido Radical había votado el Estatuto catalán, su desarrollo no le beneficiaba en absoluto, y, respecto a la CEDA, era de sobra conocida su aversión al Estado integral, en el que veía la antesala de la disgregación de España. En consecuencia, el proceso autonómico sufrió un parón, pero al precio de provocar graves tensiones que, antes que moderar, radicalizaron las posiciones de los nacionalismos periféricos.

A finales de febrero de 1934 llegó a las Cortes el anteproyecto de ley del Estatuto vasco, aprobado en referéndum por la población local en noviembre del año anterior. Para frenarlo, la nueva mayoría parlamentaria se valió del pretexto de que Álava había votado negativamente. Con ello se abrió una brecha creciente entre la derecha nacional, partidaria como mal menor de un retorno limitado a los antiguos fueros, y el PNV, que exigía un autogobierno semejante al catalán. El resultado fue, primero, la aproximación de los nacionalistas vascos a los socialistas y, después, la retirada de su minoría de las Cortes. A ello siguió, en el verano, un grave conflicto de competencias con la Administración central. En un contexto en el que los partidos vascos exigían que se convocaran de inmediato las inexcusables elecciones municipales y provinciales para terminar con la perenne provisionalidad de las gestoras nombradas por los gobernadores civiles, al amparo del decreto de 21 de abril de 1931, el Ministerio de Hacienda trató de recaudar de forma directa ciertos impuestos sin participación de las Diputaciones. Los nacionalistas protestaron de inmediato, argumentando que tal pretensión no era sino una flagrante violación de la autonomía fiscal garantizada por el concierto económico que perseguía en el fondo modificar el régimen impositivo del comercio del vino para adecuarlo al modelo nacional, lo que lesionaría los intereses de los cosecheros de la región.

La llamada enseguida «Guerra del Vino» tuvo el efecto de acelerar la aproximación entre nacionalistas y socialistas. Ambas fuerzas se embarcaron juntas en un movimiento de protesta política que dio origen a diversas iniciativas. En un primer momento, se convocaron elecciones municipales en el País Vasco para el mes de agosto, comicios que el gobierno trató de impedir por todos los medios. No mucho después, el 2 de septiembre, se celebraba en la localidad guipuzcoana de Zumárraga una asamblea de ayuntamientos, a la que asistió Indalecio Prieto. En ella se selló una suerte de alianza política contra natura entre el PNV y el PSOE que daría como fruto, dos años más tarde, la aprobación del Estatuto vasco.

El conflicto catalán fue mucho más grave. Cuando falleció Macià, en la Navidad de 1933, fue sucedido al frente de la Generalidad por Lluís Companys, antiguo ministro de Azaña, en un contexto en el que, a diferencia del resto de España, la izquierda seguía siendo la fuerza predominante, como demostraron las elecciones municipales celebradas a mediados de enero de 1934 en Cataluña, en las que volvió a imponerse Esquerra. Todo empezó cuando, el 12 de abril de 1934, el Parlamento catalán aprobó una ley de Contratos de Cultivo que garantizaba a los denominados rabassaires, arrendatarios de viñedos entre los que ERC tenía un sólido arraigo electoral, una vigencia mínima de seis años para sus contratos y el derecho a adquirir sus parcelas tras cultivarlas durante dieciocho. La conservadora Lliga, actuando en nombre de los propietarios perjudicados, pidió al gobierno que plantease recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal de Garantías, argumentando, con razón, que la competencia para aprobar una ley sobre ese asunto correspondía en exclusiva a la Administración estatal. La sentencia, pronunciada el 8 de junio, declaraba incompetente en el tema al Parlamento regional y, por tanto, anulaba la ley por ser contraria a la Constitución. Esquerra respondió retirando a sus diputados de las Cortes, decisión a la que se sumó el PNV. Pero la situación se hizo crítica el 12 de junio, cuando el Parlamento autonómico, en un gesto de irresponsable rebeldía contra el ordenamiento jurídico vigente, aprobó un texto idéntico al declarado inconstitucional. El presidente del gobierno, entonces Samper, intentó evitar la ruptura y solicitó a Companys la apertura de negociaciones en busca de una solución pactada que se alcanzó al fin. El acuerdo se anunció el 21 de septiembre, pero el aliado principal del gobierno, la CEDA, que había tratado de boicotearlo por todos los medios, se negó a sancionarlo y provocó con ese pretexto la caída del gobierno Samper.

LA REACCIÓN DE LAS IZQUIERDAS

Al igual que la derecha, lejos de impulsar una oposición leal y constructiva, había tratado de torpedear por todos los medios, legales en unos casos, ilegales en otros, la política de reformas desarrollada por los gobiernos azañistas, la izquierda se mostrará desde el mismo momento de su derrota en las urnas reacia a colaborar con la nueva mayoría, llegando al punto de negarle toda legitimidad y trabajando, de uno u otro modo, para desplazarla del poder.

Esa respuesta tuvo, desde luego, una dimensión constructiva, razonable y respetuosa con la legalidad vigente, pero también, y desde el principio, otra que no fue ninguna de estas cosas, sino que apeló a la legitimidad de la violencia para recuperar el control de una república que, desde su punto de vista, solo lo sería realmente si era gobernada en republicano, es decir, por las izquierdas.

La respuesta legal adoptó la forma de un progresivo acercamiento entre las diversas fuerzas republicanas de izquierda, que, obligadas por las circunstancias, comprendieron al fin la perentoria necesidad de superar diferencias superficiales y personalismos contraproducentes para presentarse ante el electorado como una alternativa única y lo bastante sólida para actuar como partido de gobierno sin hipotecas excesivas respecto a otras fuerzas. El proceso se inició en enero de 1934 y tomó la forma de una serie de reuniones informales a las que asistieron representantes de Acción Republicana, Izquierda Radical-Socialista, Partido Radical-Socialista, Partido Radical-Socialista Independiente y una rama de las tres en que se habían dividido los federales. El 14 de febrero las negociaciones, limitadas ya a Acción Republicana y a los radicales socialistas independientes, adquirieron carácter formal. Y fueron estos dos partidos, a los que se sumaron luego los republicanos gallegos, los que constituyeron los días 1 y 2 de abril una nueva fuerza política denominada Izquierda Republicana, que eligió como presidente al más caracterizado de sus líderes, Manuel Azaña.

Manuel Azaña en el transcurso de una intervención en la Asamblea Fundacional de Izquierda Republicana, que se celebró en los locales del Círculo Radical-Socialista Independiente de Madrid, 2 de abril de 1934.

La fracción más moderada de la izquierda, representada por los radicales socialistas de Gordón Ordax, había quedado fuera del nuevo partido, sin duda como resultado de su manifiesta hostilidad hacia Manuel Azaña. Sin embargo, su debilidad era tan evidente que integrarse en una fuerza política más amplia constituía para el Partido Radical-Socialista una necesidad vital. Por fortuna, la escisión del ala izquierda del Partido Radical iba a proporcionarle el candidato ideal para constituirla. Las crecientes tensiones internas de los radicales, provocadas por la evidente derechización de su política, cada vez más condicionada por la CEDA, habían llegado a una situación insoportable en abril de 1934, cuando el gobierno sacó adelante su ley de Amnistía. Martínez Barrio, el más caracterizado representante del ala izquierda de los radicales, comprendió entonces que sus líderes se habían vendido a Gil-Robles y proclamó su ruptura con la dirección del partido. La escisión se formalizó el 16 de mayo, tras ser rechazada en el comité nacional la propuesta de Martínez Barrio de que se excluyera la participación en los gobiernos radicales de quienes no fueran republicanos. Siguieron a Martínez Barrio en la secesión otros 18 diputados, que formaron el núcleo de un nuevo partido denominado Radical Demócrata. Y por fin, el 15 de agosto de 1934, reunidos en la residencia de Martínez Barrio en el pueblo madrileño de Torrelodones, radicales demócratas y radicales socialistas acordaron fusionarse y pactaron un ideario y un programa mínimos. En septiembre quedó constituido el nuevo partido, que adoptó el nombre de Unión Republicana.

Discurso de Diego Martínez Barrio en el Congreso fundacional de Unión Republicana, septiembre de 1934.

A su derecha puede verse a Félix Gordón Ordax.

Pero junto a esta respuesta, legal y legítima, a la derrota sufrida en noviembre de 1933, las izquierdas adoptaron desde el primer momento otra, que proclamaba su derecho a valerse de la violencia para recuperar el poder, asumiendo que la derecha carecía de legitimidad para gobernar la República, que consideraban suya en exclusiva. Como vimos, algunos de los más conspicuos líderes de la izquierda republicana presionaron a Alcalá-Zamora y a Martínez Barrio para que anularan las elecciones sin otro argumento de fondo que la humillante derrota que en ellas habían sufrido sus partidos. Pero la tormenta, lejos de amainar, arreció cuando tomó posesión el nuevo gobierno Lerroux. Como ha destacado Juan Avilés, Azaña proclamó sin rodeos que con aquellas Cortes no podía formarse un Ejecutivo de verdad republicano, ni capaz, en consecuencia, de gobernar dentro de la Constitución. Gordón Ordax, el más moderado entre los líderes de la izquierda, afirmó que la República había quedado en manos de las derechas y avisó a Lerroux de que terminaría por convertirse en un títere en sus manos. Buena parte de las izquierdas se ausentaron durante la votación de confianza, que el gobierno ganó por 265 votos contra 53. Las Juventudes de Acción Republicana, por su parte, declararon abierto el periodo revolucionario y propusieron a las izquierdas un programa que incluía la expulsión de todas las órdenes religiosas, la aplicación acelerada de la reforma agraria, la limitación de la propiedad, la creación de una burocracia leal al régimen y la organización de unas milicias populares republicanas.

Pero si la respuesta de la izquierda republicana no traspasó los límites del radicalismo verbal, los socialistas mostraron desde el principio su intención de ir mucho más allá de las meras palabras. No solo se trataba de frases incendiarias como las que escribía Luis Araquistáin en su revista Leviatán, principal órgano de la izquierda socialista. El 25 de noviembre de 1934 se reunían por primera vez las ejecutivas del PSOE y de la UGT con objeto de acordar la táctica más adecuada para contener la amenaza fascista que, según su punto de vista, representaba la victoriosa CEDA. Los dirigentes de la UGT, encabezados por Julián Besteiro, se oponían a lanzarse a un movimiento insurreccional, a no ser que se produjera un suceso de tal gravedad que pudiera justificar una respuesta tan drástica. Sin embargo, Largo Caballero y el mismo Prieto consideraban que las posiciones ganadas por el partido católico en las elecciones eran ya un motivo suficiente. Fue esta la postura que se impuso, y Prieto, en nombre del partido, quedó encargado de redactar las bases de un programa revolucionario que sería más tarde sometido a juicio de la UGT. El programa preveía, entre otras cosas, la nacionalización de todas las tierras; la disolución de todas las órdenes religiosas, la confiscación de sus bienes y la expulsión de aquellos de sus miembros que se considerasen peligrosos; la disolución del Ejército y su inmediata reorganización, renovando por completo sus mandos; la disolución de la Guardia Civil, y la creación de unas milicias reclutadas entre los afiliados a las organizaciones que respaldaran el programa revolucionario. A pesar de la oposición de Besteiro, esta propuesta fue aceptada por el comité nacional de la UGT el 27 de enero, lo que motivó su dimisión. Entonces comenzó la planificación de la revolución bajo la coordinación de una comisión mixta de las Juventudes Socialistas, la UGT y el PSOE. Y los responsables de dichos preparativos debían de tomarse en serio su trabajo a juzgar por la eficacia que demostraron en el acopio de armas. El 6 de junio de 1934 la policía madrileña descubrió un alijo de 616 pistolas y 80 000 cartuchos, cuyos responsables confesaron que iban destinadas a un diputado socialista. La noche del 10 de septiembre, los carabineros, la policía de fronteras de la República, sorprendían en la costa asturiana al barco de transporte Turquesa mientras descargaba un importante volumen de armamento. Huido el buque, atracó en Burdeos, donde su carga fue confiscada de inmediato por el cónsul español. Indalecio Prieto, responsable de la operación, estaba cerca del barco mientras descargaba en Asturias, pero logró despistar a la policía y huyó a Francia, donde permaneció casi un año y medio. La revolución de octubre de 1934 se estaba preparando desde casi un año antes.

Pero ¿en realidad representaba la CEDA la encarnación española del fascismo, como sostenían los socialistas? Es difícil de decir. Los líderes del partido católico, en especial Gil-Robles, atacaban con dureza y sin rodeos la obra de la izquierda, pero se mostraban mucho más sibilinos a la hora de adoptar una postura nítida acerca del régimen, sobre el que evitaban pronunciarse a favor o en contra, amparándose en su doctrina accidentalista acerca de las formas de gobierno. Sin embargo, Gil-Robles, aunque crítico con el nazismo aupado al poder en Alemania unos pocos meses antes, en enero de 1933, había considerado positivos en él algunos aspectos, como su naturaleza popular, su patriotismo y su franco rechazo al parlamentarismo liberal. Y no faltaban en sus discursos sospechosas afirmaciones acerca del carácter subordinado de la democracia, a la que llegó a presentar como un simple medio para ir a la conquista de un Estado nuevo, ni demostraciones de sus juventudes, como las celebradas en El Escorial el 22 de abril de 1934 o en Covadonga el 6 de septiembre, que se parecían como dos gotas de agua a las exhibiciones nazis y fascistas. Pero no es menos cierto que el caudillo cedista había suavizado mucho su discurso a partir de enero de ese mismo año, hasta el punto de proclamar su disposición a servir a la República por el bien de España y hacer de esa formulación la doctrina oficial de su partido.

¿Quería esto decir que la CEDA se había convertido al fin en una fuerza política republicana? En absoluto. Gil-Robles consideraba, y nunca dejó de hacerlo, al régimen y a sus instituciones como un medio para avanzar hacia un Estado autoritario, confesional y corporativo, en nada semejante a una democracia liberal como la que pretendía encarnar la República española. Pero el drama del régimen no era solo ese. Pues si el partido mayoritario de la derecha no era republicano ni encontraba en la democracia la forma ideal de gobierno, el partido mayoritario de la izquierda, el PSOE, tampoco lo hacía. Los socialistas, como sus líderes no dejaban de proclamar, veían en la república el último y más perfecto estadio de la sociedad capitalista burguesa, que debía ser superado para avanzar hacia la sociedad socialista. Y aquí estaba el problema. Los republicanos lo entendieron perfectamente, pero la respuesta que le dieron quizá no fue la correcta. Frente a la opción de constituir todos ellos, desde la derecha, formada por el ala republicana de la CEDA, a la izquierda, representada por los radicales socialistas, una gran coalición capaz de ganar las elecciones e impulsar desde el poder las reformas necesarias para hacer de España un país moderno y democrático, optaron por coaligarse con uno de esos partidos, el PSOE en el caso de Azaña, la CEDA en el caso de Lerroux, con el fin de atraerlo hacia el campo de la democracia liberal y consolidar así la República. Por desgracia, ninguno de los dos líderes lo logró, y fueron los extremos los que acabaron atrayéndose al centro para enfrentarse luego en una lucha cuyo resultado no iba a dirimirse ya en el terreno de la política. La Sanjurjada fue el primer aviso; la revolución de octubre de 1934 sería el segundo.

8

Asturias.
La revolución fallida.

Durante quince días, la zona minera de Asturias fue controlada por los comités locales de trabajadores de la República socialista y por la milicia del «Ejército Rojo», con sus famosos dinamiteros. Con la brutal represión del ejército de Marruecos el levantamiento de Asturias alcanzó las dimensiones de una guerra civil, con sus cuatro mil muertos y la gran cuantía de destrucción física originada por el intento de los mineros de tomar Oviedo. Cuando finalizó, el país estaba moralmente dividido entre quienes habían favorecido la represión y los que no.

Raymond Carr:
España, 1808-1975 (1969).

¿REVOLUCIÓN O FAROL?

Como vimos en el capítulo anterior, la izquierda republicana y los socialistas, lejos de asumir como contingencia natural en la dinámica de un régimen democrático su desplazamiento del poder en favor del centro y la derecha, se negaron de inmediato a reconocer la legitimidad del triunfo electoral de radicales y cedistas, y se dispusieron a adoptar las medidas oportunas para recuperar el gobierno del que habían sido desalojados. El radicalismo de la izquierda burguesa nunca fue más allá de las palabras, y todos sus esfuerzos se centraron en limar sus diferencias en aras de la articulación de una alternativa única, y, en consecuencia, más fuerte, a los partidos de Lerroux y Gil-Robles. Los socialistas, por el contrario, en modo alguno se conformaron con entregarse a la creciente retórica revolucionaria que arraigó con solidez tanto en las bases como en la mayoría de sus líderes, sino que se aprestaron a organizar un movimiento de carácter revolucionario con objeto, al menos en teoría, de defender a la clase obrera del fascismo que, en su opinión, representaba la CEDA, y, a un tiempo, superar de una vez por todas la fallida república burguesa y dar comienzo a la construcción de la sociedad socialista.

Durante meses, los socialistas adquirieron armas en el mercado negro; buscaron con ahínco el concurso, bien que subordinado, del resto de las fuerzas del proletariado organizado, y se prepararon para una insurrección que se produjo de hecho a comienzos de octubre de 1934, en el momento mismo en el que, como resultado lógico del juego de las mayorías parlamentarias, tres ministros de la CEDA, escogidos entre los más moderados (Manuel Giménez Fernández en Agricultura, José Oriol Anguera de Sojo en Trabajo y Rafael Aizpún en Justicia), se incorporaban a un nuevo gabinete presidido por Lerroux.

Pero si la entrada del partido accidentalista en el gobierno fue el pretexto o la señal para el estallido de la revolución, no fue ni mucho menos su causa. Sin embargo, dista mucho de existir entre los historiadores un mínimo consenso acerca de la verdadera naturaleza de los sucesos de octubre de 1934 y los factores que incidieron en su génesis.

Para algunos autores, los socialistas se embarcaron en la insurrección con una finalidad en esencia defensiva que no buscaba sino impedir la implantación de un régimen de carácter autoritario. La alternativa revolucionaria ni siquiera era considerada con seriedad por la dirección nacional del partido, y la retórica de que hacían gala algunos de sus líderes, en especial Largo Caballero, no respondía a sus propósitos, mucho más moderados de lo que ellos mismos proclamaban.

Para otros, que se sitúan en las antípodas de los anteriores, lo sucedido en octubre de 1934 no fue sino una insurrección revolucionaria con todas las de la ley, que en modo alguno pretendía hacer frente a una inexistente amenaza fascista, sino que se dirigía, sin rodeos, a la conquista del poder. No buscaba defender a la República, sino derribarla, y fue iniciada por los líderes del PSOE porque creían al fin maduras las condiciones objetivas para la revolución socialista. Sería, en consecuencia y sin matices, el verdadero comienzo de la guerra civil, cuyo inicio suele establecerse casi dos años más tarde.

No falta, sin embargo, quien, despreciando por completo el papel de los líderes del socialismo hispano, otorga todo el protagonismo a las bases, y explica la revolución de Asturias como el resultado de la enorme frustración de unos mineros que, golpeados por la crisis y desencantados con la inoperancia de las reformas republicanas, se entregan a la revolución social cuando comprueban que la derecha gobernante se dispone a privarles incluso de lo poco que han logrado. Los planes de los dirigentes del PSOE, en consecuencia, ofrecieron un marco favorable a la revolución, pero no fueron su causa directa.

Justo lo contrario opinan quienes conceden todo el protagonismo a la decisión tomada por los líderes socialistas en noviembre de 1933, casi un año antes de los sucesos de Asturias, con lo que la respuesta a la pregunta acerca del porqué de la revolución hay que buscarla en las razones que movieron a los dirigentes del PSOE y la UGT a adoptar esa medida. Según la historiadora Marta Bizcarrondo, la más caracterizada defensora de esta tesis, esas razones son diversas, y entre ellas se encuentran la mayor repercusión de la crisis económica sobre los trabajadores de algunos sectores, el imparable ascenso de los fascismos en Europa o la creciente influencia de la Unión Soviética, que parecía ofrecer un modelo económico y social inmune a la depresión que asolaba sin remedio aparente el mundo capitalista. Pero el factor determinante habría sido la terrible frustración que había generado en personas como Prieto o Largo Caballero la táctica de colaboración con la izquierda burguesa, cuyas exiguas realizaciones podían borrarse de un plumazo ahora, tras la victoria de la derecha, y la consiguiente pérdida de fe en una democracia diseñada por y para beneficio exclusivo de la burguesía.

Otros historiadores han defendido tesis un tanto más rebuscadas. Para Santos Juliá, por ejemplo, la clave de los sucesos de octubre se halla en la idea de la República que tenían los socialistas. Su concepción se basaba en el postulado de que el régimen había nacido como resultado de una revolución en la que el PSOE había participado y de la que había surgido un gobierno regido por principios revolucionarios, bien distintos de los democráticos, sin perjuicio de su práctica reformista, en la que no veían contradicción alguna, sino una cuestión de pura táctica. De esta concepción se deducía que cualquier eventualidad que pusiera en peligro la revolución podía y debía ser conjurada por medio de una respuesta revolucionaria, y así lo hicieron en octubre de 1934. Similar interpretación defiende el también especialista José Manuel Macarro, aunque centrada en las izquierdas en su conjunto, pues considera que para ellas la república no era en esencia democracia, sino cambio, de modo que, cuando la nueva coalición de gobierno pareció poner en riesgo las reformas del primer bienio, estos partidos se embarcaron, de palabra o en los hechos, según los casos, en lo que para ellos no era un ataque contra la democracia, sino una defensa de la República.

Pero mucho más interesante resulta un artículo de Juan Avilés publicado en 2008 en el que se ofrece una interpretación global y nada sesgada ideológicamente de los sucesos de octubre basada en lo que denomina «un proceso activo de interpretación de la realidad». En él, las bases y los líderes, por medio de un mecanismo progresivo de influencia recíproca, construyeron una visión de las cosas condicionada por las ideas propias del socialismo hispano, los sucesos que tuvieron lugar desde la proclamación de la República y el ejemplo de lo que ocurría en otros países europeos, como Austria o Alemania. En concreto, Avilés concede importancia tanto a factores internos, como la ortodoxia marxista, de la que nunca habían abjurado los dirigentes del PSOE, la impronta de las prácticas políticas tradicionales en España y el optimismo revolucionario producido por una evidente subestimación de las fuerzas rivales, como a factores externos, en especial el ejemplo de la Unión Soviética y la experiencia de la destrucción de la democracia austriaca por Dollfuss y la alemana por Hitler.

La cuestión permanece, pues, sin resolver, aunque no parece creíble negar una finalidad revolucionaria a la intentona socialista, y menos aún lo es pensar que, de haber triunfado, los dirigentes del PSOE y la UGT se habrían limitado a poner en práctica una política reformista como la del primer bienio, en la que a todas luces ya no creían. Los sucesos de octubre no fueron en modo alguno un farol de los líderes socialistas, sino una verdadera tentativa de torcer por la fuerza el rumbo de la República. Aunque, eso sí, una tentativa muy mal planificada por un partido que carecía de tradición revolucionaria real y en el que las posiciones defendidas por Besteiro respondían mucho mejor a su idiosincrasia que las sostenidas por los conversos revolucionarios de ayer mismo como Largo Caballero y, fugazmente, Indalecio Prieto.

LOS PREPARATIVOS

El notable incremento de la conflictividad social durante el verano de 1934; el avance imparable de la CEDA, en medio de las sucesivas crisis de gobierno, hacia el control absoluto del Ejecutivo, y la aceleración y profundización del proceso de rectificación de la República que ello suponía extendieron con rapidez entre los líderes obreros una eficaz consigna: había llegado el momento de defender por la fuerza la legitimidad republicana del ataque que, desde la legalidad detentada por el gabinete dominado por la CEDA, lanzaban contra ella los enemigos del régimen, en el fondo fascistas encubiertos que esperaban agazapados el momento de, una vez vaciada la República de su imprescindible contenido reformista, derribar su carcasa hueca e imponer desde el poder un régimen autoritario.

Con tal fin fueron configurándose las denominadas Alianzas Obreras, que a finales del verano incluían ya a la práctica totalidad de las organizaciones proletarias, con excepción de los anarquistas. En este proceso, los socialistas quisieron en todo momento llevar la voz cantante y hacer de su propio Comité Revolucionario, que coordinaba al PSOE, la UGT y las Juventudes Socialistas, el núcleo dirigente respecto al cual las Alianzas no serían otra cosa que simples y sumisas herramientas de apoyo. La estrategia de la sublevación quedó de este modo fijada. La UGT lanzaría simultáneamente en toda España una huelga general que sería apoyada por la acción armada de las milicias socialistas. Los demás grupos obreros deberían sumarse al movimiento y colaborar con él desde una posición subordinada. Algunos, como el minúsculo Partido Comunista de España (PCE), deseoso de salir de su aislamiento, se sumaron a los preparativos. Otros, como la poderosa CNT, rechazaron hacerlo, desconfiando del recién adquirido ímpetu revolucionario de los hasta entonces reformistas líderes del PSOE.

Sin embargo, no se llevó a cabo en modo alguno una planificación política y militar digna de tal designación. Parecía que la revolución era, en la mente de los estrategas socialistas, un concepto que se convertiría en realidad por el mero hecho de invocar su nombre, un fenómeno que, una vez convocado, a la manera de un poderoso espíritu dócil a la voz de un médium especialmente dotado, se manifestaría entre los obreros, forzándoles a seguirle como un solo hombre y sin la más mínima duda o vacilación. Ni siquiera se tuvo en cuenta el escaso poder movilizador de unos sindicatos agrarios casi desarticulados tras el fracaso de la reciente huelga de la cosecha. Y menos aún se reparó en las escasas garantías de éxito que ofrecía un movimiento revolucionario que no contaba con el concurso de los revolucionarios por excelencia, los anarquistas de la CNT. El voluntarismo ingenuo, la carencia casi total de organización, la nula definición de las tácticas revolucionarias que iban a emplearse y el deficiente análisis de la relación real de las fuerzas presentes en la sociedad española planeaban así como un ave de mal agüero sobre las expectativas de los obreros.

UN FIASCO REVOLUCIONARIO

A pesar de todo, la insurrección dio comienzo el mismo día 5 de octubre, a las pocas horas de la entrada de la CEDA en el gobierno. Sus primeros destellos se apreciaron en las deprimidas cuencas mineras asturianas y en algunos centros industriales de la provincia de Barcelona, donde se proclamó de inmediato la huelga general. Desde allí, la llama de la revolución se extendió con inusitada rapidez por toda España, pero, ahogada por su deficiente planificación, prendió tan solo en una serie de focos aislados que no pudieron apoyarse entre sí, de modo que resultó fácil para las fuerzas de orden público imponer la estabilidad en la mayor parte del país.

De este modo, el llamamiento socialista a la huelga general fue respondido en algunas ciudades de importancia como Zaragoza, Sevilla, Valencia o Córdoba, así como en numerosos pueblos diseminados por todo el país, pero el fracaso de la iniciativa en estas localidades no se hizo esperar. La carencia absoluta de apoyo militar y la pasividad de los anarquistas impidieron a los huelguistas tomar el control, así que, desde el momento en que el gobierno, que reaccionó con bastante rapidez, declaró el estado de guerra y movilizó al Ejército, los focos rebeldes fueron reducidos con facilidad. Solo en algunas pequeñas poblaciones ofrecieron los obreros cierta resistencia, pero, carente de apoyo alguno desde el exterior, fue vencida a las pocas horas.

Es cierto que en Madrid, en el País Vasco y en Cataluña los sucesos revistieron una importancia mayor, pues fue en estas zonas donde las milicias socialistas se embarcaron en genuinas tentativas de insurrección armada, aunque igualmente precipitadas, mal organizadas y huérfanas de la más elemental coordinación. En la capital, los socialistas trataron sin éxito de hacerse con el control del Ministerio de la Gobernación y ocupar algunos cuarteles, pero el día 8 ya habían sido detenidos casi todos los miembros del Comité Revolucionario. Hubo también, y de forma simultánea, huelga general, que en algunos sectores se prolongó hasta el día 12, pero no llegó a paralizar por completo la ciudad. En el País Vasco los nacionalistas se negaron en redondo, como era de esperar, a apoyar la intentona revolucionaria. Se produjo también huelga, pero aún más desorganizada que la de Madrid, y los obreros solo lograron hacerse fuertes en las cuencas mineras del oeste de Vizcaya, donde el Ejército y la Guardia Civil se emplearon a fondo contra los rebeldes. En cuanto a Cataluña, la falta de apoyo de la CNT y la actitud de la Generalitat, que incluso reprimió activamente a los sublevados, limitó el éxito de la tentativa al efímero control de algunas zonas del cinturón industrial de Barcelona. En fecha tan temprana como el día 7, los soldados habían devuelto al control del gobierno central toda la región.

Cartel conmemorativo de la revolución de Asturias.

En la parte superior puede verse el lema UHP, Uníos Hermanos Proletarios, que sirvió de grito de guerra a los mineros sublevados en octubre de 1934 y volvió luego a utilizarse en el bando republicano durante la guerra civil.

Los únicos sucesos de aquellos días que merecen ser descritos como un estallido revolucionario en toda regla se produjeron entre los trabajadores de las cuencas hulleras de Asturias y el norte de León. Allí, las tasas de paro eran tan elevadas que los obreros, incluidos los anarquistas, estaban dispuestos a todo. Apenas alboreaba el día 6 cuando los mineros desarmaron a los guardias civiles y se hicieron con el control de las cuencas. Avilés y Gijón cayeron en manos de los rebeldes y una columna armada salió de Mieres con dirección a Oviedo, la asedió y ocupó en su mayor parte, proclamando acto seguido en ella el comunismo libertario. Mientras, el Comité de la Alianza Obrera regional, bajo la presidencia del socialista Ramón González Peña, asumió con decisión la dirección del movimiento e impuso sin ambages su voluntad a un improvisado ejército de 20 000 mineros y a todo un enjambre de comités locales que habían brotado por doquier en las cuencas, como setas tras una lluvia otoñal. El orden se estableció con tanta eficacia que no resulta exagerado hablar de la creación de un verdadero embrión de Estado obrero.

Bando del general López de Ochoa en el que se amenaza con la ejecución sumarísima a quien sea sorprendido en posesión de armas o explosivos. La represión militar que siguió a la rendición de los mineros asturianos alcanzó una crueldad tan grande que tuvo como efecto inesperado acelerar la unidad de las izquierdas y su voluntad de recuperar el poder en las urnas.

El gobierno quizá resultó sorprendido en un principio por la intensidad de la sublevación, pero su reacción fue rápida y eficaz. El ministro de la Guerra, el radical Diego Hidalgo, que desconfiaba de los altos mandos del Ejército, nombró responsable último de las operaciones al joven general conservador Francisco Franco, al que llamó de inmediato al Ministerio. El 10 de octubre, en tiempo récord, un cuerpo expedicionario integrado por dos banderas de la Legión y dos tabores de Regulares, tropas indígenas marroquíes poco susceptibles de confraternizar con los mineros sublevados, desembarcó en el puerto de Gijón. Al día siguiente, una columna militar que avanzaba desde el sur, al mando del general Eduardo López de Ochoa —militar republicano y masón al que Lerroux, compensando el nombramiento de Franco, había insistido en poner al frente de las operaciones sobre el terreno—, tomó contacto con los escasos defensores de Oviedo. El fin de la sublevación se presagiaba cercano.

González Peña ordenó entonces la retirada hacia las zonas montañosas, mucho más fáciles de defender. Pero muchos mineros se negaron a obedecer y se quedaron en Oviedo. Solo el día 14, y al precio de intensos combates en las calles, las tropas mandadas por el despiadado teniente coronel Juan Yagüe pudieron considerar seguro su dominio de la capital. Tres días después, el ejército recuperaba el control de la estratégica fábrica de cañones de Trubia y cortaba el suministro de armas y municiones a los sublevados. Por fin, el 20 de octubre, Belarmino Tomás, sucesor de González Peña al frente del Comité Revolucionario tras la dimisión de este último, se rendía sin condiciones ante las tropas del general López de Ochoa. Todo había terminado.

LA REBELIÓN DE LA GENERALITAT

¿Qué había sucedido mientras en el resto de España? ¿Cuál había sido la respuesta de los republicanos de izquierda a la entrada de la CEDA en el gobierno? La respuesta a esta cuestión no puede ser única, pues la actitud de la izquierda burguesa fue muy distinta allí donde gobernaba, como era el caso de la Cataluña autónoma, y donde no podía valerse en su favor de los resortes del poder, como ocurría en el resto del país.

La respuesta inmediata de los republicanos de izquierda a la entrada de la CEDA en el gobierno fue poco más allá de las palabras. Cuando, el 1 de octubre de 1934, Gil-Robles forzó en las Cortes la caída del gobierno Samper, Martínez Barrio, Sánchez Román, Maura y, en representación de Azaña, Casares Quiroga se reunieron para debatir la posibilidad de adoptar una actitud común, pero no se alcanzó el acuerdo. Sin embargo, como demostró la postura expuesta por sus líderes durante el pertinente turno de consultas abierto por el jefe del Estado, la actitud de las izquierdas seguía siendo la misma. En su opinión, la derecha no podía gobernar la República, de modo que no cabía sino disolver las Cortes y convocar nuevas elecciones.

Tres días después, el 4 de octubre, se anunció la formación del nuevo gobierno Lerroux que incluía tres ministros de la CEDA. Los cinco dirigentes se reunieron de nuevo, pero tampoco ahora lograron ponerse de acuerdo en una nota de protesta conjunta, pues los más moderados, Maura, Sánchez Román y Martínez Barrio, rechazaron el radical borrador redactado por Casares, que proclamaba la legitimidad de cualquier medio para defender la República en peligro. Cada partido redactó, en consecuencia, su propia declaración. Izquierda Republicana y Unión Republicana expresaron su ruptura con las instituciones, pero solo el partido de Azaña proclamó su intención de valerse de todos los medios en defensa de la República, mientras el de Martínez Barrio se limitaba a pedir a los ciudadanos su inquebrantable adhesión a la causa de devolver al régimen su verdadera naturaleza. También los federales de José Franchy Roca y la Izquierda Radical-Socialista de Juan Botella Asensi proclamaron su ruptura con las instituciones. E incluso el enérgico Miguel Maura, líder del Partido Republicano Conservador, una pequeña fuerza derechista, pero leal al régimen, declaró la esencial incompatibilidad de su partido con esa República desfigurada, en la que veía la antesala de una reacción incivil y antidemocrática. Con ello, los partidos más identificados con el régimen demostraban que no era la democracia lo que les preocupaba, sino tan solo la República, a la que consideraban suya en propiedad y vinculada para siempre a unos principios ideológicos que iban mucho más allá de cualquier consenso capaz de hacer posible la alternancia pacífica entre las grandes corrientes de opinión presentes por entonces en la sociedad española.

Pero no debemos creer que los republicanos apoyaban en el fondo la revolución lanzada por los socialistas, y menos aún que dejaron de lanzarse ellos mismos a la sublevación contra el gobierno legal y legítimo de la República porque carecían de fuerza para hacerlo. Azaña, que había acudido a Barcelona para asistir al entierro del exministro Carner, supo de las intenciones del gobierno de la Generalitat, en manos de la Esquerra de Companys, porque en la mañana del 6 de octubre, unas horas antes del pronunciamiento, le visitó el consejero de Justicia, Juan Lluhí y Vallescá, quien le informó de la inminente proclamación del Estado catalán dentro de la República Federal Española y le preguntó si estaría dispuesto a participar. Azaña no dudó en negarse, con el apoyo unánime de los suyos en la región. Faustino Ballvé, el presidente de Izquierda Republicana en Cataluña, afirmó sin rodeos que su formación era un partido legalista que no podía cooperar en actuación alguna que significara el apartamiento violento del orden legal establecido.

Pero ¿por qué proclamar entonces la legitimidad de valerse de cualquier medio para recuperar la República, como había hecho el partido de Azaña, y luego negarse a hacerlo cuando se le presentaba la oportunidad? La respuesta es evidente. El movimiento iniciado por Esquerra Republicana de Catalunya no se dirigía solo contra la derecha, sino que se trataba de una insurrección nacionalista contra la Constitución y el Estatuto en los que creía el ex presidente del gobierno. Además, parece que Azaña estaba convencido de que una revuelta semejante estaba condenada al fracaso, como de hecho sucedió. El día 6, Companys —parece que forzado por las circunstancias que se le habían ido de las manos— tras denunciar el secuestro de la República por las fuerzas monarquizantes y fascistas, proclamó, tratando de salvar algún tipo de vinculación con España, «… el Estado Catalán dentro de la República Federal Española», y, elocuentemente, invitó a los republicanos de izquierda a constituir en Barcelona un gobierno legítimo de la República. No se trataba técnicamente de una declaración de independencia total, que Companys había querido evitar con toda intención, pero sin duda era un hecho gravísimo que colocaba a una institución del Estado, la Generalitat, fuera de la legalidad constitucional, lo que constituía un acto de sedición en toda regla.

El gobierno, haciendo gala de su habitual rapidez de reflejos, encomendó la misión de sofocar la rebelión al general Domingo Batet, un nacionalista catalán moderado, pero leal al orden constitucional vigente. Tras recibir refuerzos de Marruecos, Batet declaró el día 7 el estado de guerra. Companys, que había perdido gran parte de su apoyo popular inicial como consecuencia de su ya referida política de represión de las organizaciones obreras, no fue capaz de ofrecer siquiera una mínima resistencia, y las tropas procedieron a desarmar a los Mozos de Escuadra, la única fuerza de cierta eficacia con que contaba Josep Dencás, el extremista consejero de Gobernación de la Generalitat, cuyas milicias armadas, los denominados escamots, enseguida revelaron sus limitaciones como fuerza combatiente. Este logró huir a través del alcantarillado, pero Companys y los demás consejeros tuvieron que rendirse y fueron detenidos y encarcelados.

Todos los órganos de la Administración autonómica fueron suspendidos y se implantó en Cataluña un control militar de carácter temporal. En las Cortes, sin la presencia de las izquierdas, que las habían abandonado, se abrió entonces un nuevo debate sobre la autonomía catalana. Los monárquicos pidieron su abolición definitiva, mientras que la Lliga presentó una moción solicitando su inmediato y completo restablecimiento. Sin embargo, la mayoría radical-cedista optó por una vía intermedia: la suspensión. La ley de 2 de enero de 1935 suspendía de forma indefinida la vigencia del Estatuto y decretaba la asunción por la Administración central de las competencias transferidas a la Generalitat.

UNA HERENCIA ENVENENADA

El presidente de la Generalitat, Lluís Companys (izquierda), junto a algunos de los consejeros de su gobierno en su celda de la prisión de El Puerto de Santa María, en Cádiz.

Pero si Cataluña sufrió una injustificada amputación de sus instituciones, confundidas con toda intención por las derechas con los hombres que las gobernaban, todos los implicados en los sucesos padecieron una brutal represión. Muchos dirigentes de la izquierda fueron apresados, entre ellos Companys, Largo Caballero y el mismo Azaña, quien, como vimos, no había tenido participación alguna en los hechos del 6 de octubre. Pero la represión más dura fue con mucho la padecida por los mineros sublevados en Asturias. Las víctimas se acercaban a las cuatro mil, entre ellas cerca de un millar de muertos, incluyendo treinta y cuatro sacerdotes y varios guardias civiles, y los daños materiales habían sido ingentes. Esto proporcionó a la prensa afín a la derecha el argumento ideal para exigir del gobierno un castigo ejemplar de los rebeldes y de las organizaciones responsables de la rebelión, y a los patronos, el pretexto para despedir de inmediato a miles de obreros acusados de tomar parte en las huelgas. Las autoridades ampararon una represión brutal, intensificada muchas veces por los desmanes de algunos de los encargados de ejecutarla, en su mayoría militares. El comandante de la Guardia Civil Lisardo Doval, por ejemplo, impuso un auténtico régimen de terror durante más de un mes, hasta que sus mismos superiores se avergonzaron de sus abusos y lo destituyeron. Se tomaron unos treinta mil prisioneros y, al menos en los primeros días, fueron frecuentes las torturas y las ejecuciones arbitrarias. Llegaron a dictarse veinte penas de muerte, aunque solo se ejecutaron dos, la de Jesús Argüelles, llamado el Pichilatu, un obrero convicto por el asesinato de ocho guardias civiles, y la de Diego Vázquez, un sargento del Ejército que se había pasado a los revolucionarios. Esta situación se mantuvo durante meses, hasta que, presionado por las críticas de la opinión española y europea, el gobierno levantó al fin el estado de guerra en enero de 1935 y aceptó conceder el indulto a los sindicalistas Teodomiro Menéndez y González Peña, el comandante Enrique Pérez Farrás, el capitán Federico Escofet y el teniente coronel Juan Ricart, y ello a pesar de la cerril oposición de la derecha, que seguía defendiendo la necesidad de los castigos ejemplares.

En cualquier caso, la revolución y la durísima represión que la siguió cavaron una profunda zanja ideológica, psicológica y emocional entre quienes aquel triste mes de octubre simpatizaban abiertamente con los rebeldes y quienes rechazaban de plano su actuación. Desde aquel instante, el consenso mínimo que las instituciones democráticas requieren para sobrevivir y servir de cauce eficaz al debate político se convirtió en algo casi imposible en España. Y con sus frágiles cimientos tan profundamente minados, la República quedó abocada al fracaso. Si el estallido del movimiento fue fruto, al menos en parte, del convencimiento por parte de los socialistas de la inutilidad de la política reformista en el seno de las instituciones republicanas para mejorar de manera estable el nivel de vida de la clase obrera, su represión, que, con toda su brutalidad, pareció insuficiente a la derecha, convenció a muchos de sus simpatizantes de la intrínseca debilidad de la democracia republicana y de su incapacidad para dotarse de las herramientas necesarias para conjurar un nuevo embate de las fuerzas revolucionarias. Para ellos quedaba ya solo el Ejército como garantía última de la ley y el orden frente a la revolución. La semilla de la guerra civil había arraigado en el corazón de buena parte de los españoles.

9

Gil-Robles.
La reacción desmedida.

La República quedó herida de muerte, afectada por la discordia. Unos llamaban «Bienio Rojo» al primero, los otros calificaban de «Bienio Negro» al segundo. Lejos de ser el breve tiempo de la República un espacio histórico homogéneo, fue sentido como una lucha, con un repudio total de cada fracción por la otra.

Julián Marías:
España inteligible (1984).

LA ESTRATEGIA DE GIL-ROBLES

Entre los meses de octubre de 1934 y septiembre de 1935, en el contexto de una España dominada por las secuelas de la revolución asturiana, José María Gil-Robles desplegó, paso a paso, una estrategia política cuidadosamente perfilada meses atrás, apenas inauguradas las nuevas Cortes. El desgaste progresivo de los radicales, inherente a sus responsabilidades de gobierno, debía ir acompañado, en la mente del jefe cedista, de una presencia creciente de ministros de la CEDA en el gabinete, que no podía sino culminar con su propio acceso a la presidencia del Ejecutivo. Entonces, conformada con solidez bajo su dirección la coalición parlamentaria de centro-derecha integrada por cedistas, radicales, agrarios, melquiadistas y republicanos progresistas, su partido podría al fin imponer una reforma constitucional en un sentido autoritario, corporativo y confesional que, sin necesidad de destruir la República, la convertiría en una dúctil herramienta al servicio de sus ideales políticos.

No obstante, la estrategia gilroblista presentaba un flanco débil. Su éxito dependía por completo de que, llegado el momento, el jefe del Estado aceptara encargarle a él, como cabeza visible del partido mayoritario de la Cámara, la confianza para formar gobierno. Pero Alcalá-Zamora, aun siendo como era conservador y católico, se tenía también por un hombre profundamente leal a la República, y consideraba que conferir el control del Ejecutivo a Gil-Robles, cuyo partido no había proclamado aún con claridad su lealtad al régimen, equivalía a entregarlo en bandeja a sus enemigos. Por ello, impidió por todos los medios, legales o no, el acceso del líder católico a la presidencia del Consejo de Ministros, interfiriendo mucho más de lo permitido en la constitución y el funcionamiento de los gobiernos y, como en algún momento llegó a señalar Miguel Maura, resucitando los métodos de la vieja política del peor estilo.

De hecho, la actitud del presidente de la República resulta difícil de entender. Mientras con una mano impedía, contra los principios más elementales del juego parlamentario democrático, que el jefe de la fuerza política mayoritaria accediera al gobierno, con la otra dinamitaba las opciones del segundo partido, el Radical, única formación capaz de centrar la República, como el mismo Alcalá-Zamora deseaba, y, tras darle la puntilla al hacer públicos los escándalos de corrupción que le afectaron directamente, se afanó en la tarea de construir desde la nada y con métodos harto discutibles un nuevo partido de centro con el fin de que desempeñara el papel al que las urnas habían llamado a los radicales.

José María Gil-Robles y Quiñones de León (1898-1980), periodista y catedrático de derecho procedente del movimiento social católico que se convirtió en líder de la derecha accidentalista durante la Segunda República.

El rechazo del presidente Alcalá-Zamora a entregarle la jefatura del gobierno convirtió en inevitable la convocatoria de elecciones en 1935.

La combinación de ambos procesos (la estrategia de Gil-Robles y los manejos del presidente) explican la apretada sucesión de gabinetes del periodo y la evolución de su composición política. El primer cambio acaeció muy pronto. El 7 de noviembre de 1934, apenas transcurrido un mes desde la formación del gobierno Lerroux, la minoría parlamentaria de la CEDA forzaba la dimisión de los ministros de Estado y Guerra, los radicales Ricardo Samper y Diego Hidalgo, respectivamente, tenidos por las derechas como responsables del estallido de la revolución de octubre, que, en su opinión, no habían sabido impedir antes ni reprimir después con suficiente firmeza. El día 16, Lerroux daba por resuelta la crisis al asumir él mismo la cartera de Guerra y nombrar al veterano radical Juan José Rocha —pronto conocido como Miss Ministerios por su evidente habilidad para permanecer en el gobierno ocupando, una tras otra, diversas carteras— como ministro de Estado, denominación que por entonces recibía el actual ministro de Asuntos Exteriores, un puesto que no dejaba de ser secundario en los gabinetes de la época, pero las intenciones de Gil-Robles habían empezado ya a ponerse de manifiesto.

Además, el jefe de la CEDA no estaba dispuesto a saciarse con tan poco. Cinco meses más tarde, el 3 de abril de 1935, los tres ministros cedistas —Giménez Fernández, Anguera de Sojo y Aizpún— se negaban a apoyar el indulto de González Peña y otros líderes revolucionarios condenados a muerte que Lerroux había presentado al Consejo de Ministros, lo que provocaba una nueva crisis. En esta ocasión, la respuesta del presidente de la República fue distinta. Apoyándose en el artículo 81 de la Constitución, que permitía al jefe del Estado suspender las sesiones de las Cortes durante treinta días, nombró un gobierno interino presidido de nuevo por Lerroux y compuesto básicamente por radicales. Pero, aunque en opinión de Alcalá-Zamora, aquel Ejecutivo fue el mejor de la República, su nombramiento no suponía sino un paréntesis incapaz de solucionar nada.

Gobierno Lerroux de octubre de 1934. La incorporación al mismo de tres ministros de la ceda fue el disparador de los sucesos revolucionarios de esas fechas.

Era obvio que sin la CEDA no había mayoría posible, de modo que los líderes de los partidos de la coalición que había gobernado hasta entonces, Gil-Robles por la CEDA, Lerroux por los radicales, Martínez de Velasco por los agrarios y Melquíades Álvarez por los liberales demócratas, tuvieron que sentarse otra vez y negociar un nuevo gobierno, en el que Gil-Robles pudo imponer una presencia mayor de sus ministros y un programa más próximo a las apetencias de su partido.

El nuevo gabinete, el duodécimo de la República, que quedó formado el 6 de mayo, de nuevo bajo la presidencia de Lerroux, contaba ya con cinco ministros de la CEDA. El propio Gil-Robles asumía la estratégica cartera de Guerra, y le acompañaban sus correligionarios Federico Salmón en Trabajo, Cándido Casanueva en Justicia, Rafael Aizpún en Industria y Comercio, y Luis Lucia en Comunicaciones. Con semejante composición, reforzada por la presencia de dos ministros agrarios y un liberal-demócrata, el centro quedaba en minoría, pues, aparte del presidente, solo una cartera permanecía en manos de los radicales.

Melquíades Álvarez, retratado en 1923 por el pintor gijonés Nicanor Piñole, Congreso de los Diputados, Madrid. El veterano político asturiano se convirtió, a lo largo de 1935, en uno de los más leales aliados de la CEDA en las Cortes, derechizando así hasta el extremo un partido que, en el momento de su fundación, había encarnado la esperanza del republicanismo moderado.

A pesar de ello, la existencia del nuevo gabinete tampoco resultó sencilla. La CEDA creía llegado el momento de imponer su visión de la República, y el Partido Radical apenas contaba ya con fuerza para oponerse a los designios revisionistas de Gil-Robles. Así que, aunque Lerroux se mostraba convencido por entonces de que había domesticado al partido católico, y así lo proclamó aquel verano, era inevitable que, más pronto o más tarde, se produjera un nuevo choque. En esta ocasión, el motivo fue la devolución a la suspendida Generalitat de las competencias arrebatadas en octubre de 1934. Cuando este asunto provocó la dimisión del ministro de Marina, el agrario Antonio Royo Villanova, el 17 de septiembre, Lerroux hubo de disolver por enésima vez su gobierno mientras constataba que la presunta domesticación de la derecha no era sino apariencia.

Daniel Strauss, a la izquierda de la fotografía, junto a la actriz de origen polaco Anny Ondra, el esposo de esta (el boxeador Schmeling) y el famoso torero Rafael «El Gallo».

El momento de Gil-Robles parecía llegar al fin. ¿Qué otro jefe de partido se encontraba en mejores condiciones que él para formar gobierno? Sin embargo, Alcalá-Zamora no cedió. En lugar de escoger al líder cedista, el jefe del Estado dio su confianza al agrario Martínez de Velasco, primero, y al radical Santiago Alba, después, y cuando fueron incapaces de lograrlo —la CEDA ya no se mostraba dispuesta a apoyar a otro que no fuera su propio jefe— forzó el consentimiento de los líderes de la antigua mayoría a un Ejecutivo presidido por uno de sus amigos, el banquero liberal Joaquín Chapaprieta, un hombre sin partido ni apoyo en las Cortes, que presentó su gobierno a la Cámara el 1 de octubre. Se abría así un nuevo periodo en la evolución de la República, el de los gobiernos técnicos.

Mientras las fuerzas de la izquierda, impulsadas por el indiscutible prestigio de Azaña, caminaban hacia la unidad, la alianza de partidos que sostenía al gobierno se descomponía sin remedio con la inestimable e incomprensible ayuda del jefe del Estado. A principios de octubre de 1935, Alcalá-Zamora hizo llegar al nuevo jefe del Gabinete la acusación de un aventurero holandés nacionalizado mexicano, Daniel Strauss, que, asociado con un tal Perl, había introducido en 1934 un juego de ruleta trucado, conocido como estraperlo por el nombre de sus impulsores. Para burlar la prohibición que pesaba en España sobre ciertos juegos de azar, Strauss decía haber sobornado a algunos jefes radicales. Sin embargo, una vez instalado el artefacto en el Casino de San Sebastián, las autoridades habían ordenado su cierre, por lo que Strauss, creyéndose engañado, había decidido denunciar los hechos. Chapaprieta aconsejó al presidente que no hiciera nada y dejara al holandés llevar el asunto a los tribunales, pero Alcalá-Zamora se negó y forzó al gobierno a trasladar el caso a las Cortes, que designaron una comisión de investigación cuyo dictamen señaló la culpabilidad de algunos políticos radicales, entre ellos Aurelio Lerroux, sobrino y ahijado de Alejandro, y el exministro Rafael Salazar Alonso. El 28 de octubre, la Cámara votó a favor de la responsabilidad política de todos los acusados, excepto la de este último. Tocados por el asunto, Lerroux y Rocha salieron del gobierno.

Fue el primer golpe contra un Partido Radical ya muy desgastado, pero no mucho tiempo después le llegaba el segundo, aún más devastador. Antonio Nombela, inspector general de Colonias, recibió de ciertos altos funcionarios radicales la orden explícita de indemnizar irregularmente a la Compañía de África Occidental, propiedad del empresario catalán Antonio Tayá, que había perdido dos de sus barcos en la Guinea Española. Nombela no solo se negó a abonar la indemnización, sino que denunció el caso a los ministros Gil-Robles y Lucia, lo cual, como quizá debía haber esperado, ocasionó su cese fulminante, y después al presidente de la República, quien, una vez más, no dudó en remitirlo a las Cortes. La Cámara nombró enseguida una nueva comisión cuyas conclusiones volvieron a revelar los turbios manejos de los altos cargos radicales y, en esta ocasión, de su propio líder. El asunto Nombela-Tayá se convirtió así en un gran escándalo que terminó con el escaso crédito político que le quedaba a Lerroux y, de rebote, a todo su partido, que se precipitó de inmediato en un acelerado proceso de desintegración.

Gil-Robles percibió en ello una nueva y decisiva oportunidad de acceder a la presidencia del Consejo de Ministros. Retiró su apoyo a Chapaprieta, pretextando sus intenciones de aprobar una reforma fiscal contraria a los intereses de las clases acomodadas, y esperó que en esta ocasión Alcalá-Zamora se mostrara razonable. Pero el presidente seguía sin considerar siquiera como última opción el nombramiento del jefe cedista. No quería a Lerroux, pero menos aún a Gil-Robles. Así que, tras agotar otras posibilidades, que contaron, una tras otra, con el bloqueo de la CEDA, encargó la formación de un gobierno extraparlamentario a un anciano exliberal sin partido ni escaño, aunque también amigo suyo: Manuel Portela Valladares.

El gabinete, formado el 15 de diciembre, suponía un aparente retorno a posiciones moderadas, semejantes a las de los primeros meses de la legislatura, pues no contaba ya con ministros de la CEDA. Pero sin apoyo en las Cortes, era evidente que su vida terminaría en el momento mismo en que se viera forzado a presentarse ante ellas. Tras sufrir algunas deserciones, Portela lo reorganizó el día 31, acentuando aún más su carácter técnico, pero de nada sirvió, pues ni un solo grupo importante de la Cámara estaba dispuesto a sostenerlo. Antes de que el Parlamento lo derribara, Alcalá-Zamora, resignado, firmó el 7 de enero de 1936 el decreto de disolución y encomendó a Portela la tarea de organizar las elecciones. El deseo del presidente era que su amigo formara un partido de centro capaz de servir de sucedáneo de los radicales y conseguir lo que ellos no habían logrado: librar a la República de todo extremismo y conducirla por un camino intermedio, capaz de conciliar orden y progreso. Pero eran otros tiempos. Lo que Alcalá-Zamora deseaba habría sido quizá posible en la era de los caciques. En la España de 1936, se trataba de un imposible.

LA REACCIÓN DESBOCADA

¿Cuál había sido, entre tanto, la política de los gobiernos de centro-derecha? ¿Hasta qué punto había logrado la CEDA condicionar la gestión de los gabinetes tras su entrada en el gabinete en octubre de 1934?

Sin duda, la condicionó, y en gran medida. Buena prueba de ello es lo sucedido con la cuestión, altamente estratégica, de la reforma agraria. En un primer momento, el nombramiento como ministro de Agricultura del cedista Manuel Giménez Fernández, que militaba en el ala más progresista del partido católico, pareció prolongar durante un tiempo los aires de moderación que habían presidido la gestión de los primeros gobiernos del bienio radical-cedista. Inspirado por las ideas propias del catolicismo social, y tratando de guardar un difícil equilibrio entre los intereses legítimos de los propietarios y las perentorias necesidades de los campesinos pobres, sus iniciativas no supusieron un retroceso en la situación del proletariado rural tan importante como había temido la izquierda. El 21 de diciembre de 1934, una nueva ley prorrogaba la ocupación de tierras por los yunteros extremeños, forzados a abandonar las fincas que ocupaban ante la inminente expiración del plazo de dos años establecido por el decreto de Intensificación de Cultivos de octubre de 1932. Sin embargo, y en un sentido opuesto, un decreto promulgado el 2 de enero de 1935 suspendía hasta final de año las expropiaciones de fincas, con la única excepción de las que sus propietarios ofrecieran de manera voluntaria, y daba preferencia en los asentamientos a las familias sin tierra que poseyeran animales y aperos de labranza.

La razón a la que se apeló para justificar aquella ralentización evidente de la reforma no fue otra que la escasez de fondos, lo cual sin duda era cierto, pero difícilmente podía convencer a los partidos de izquierda, que barruntaban ya las intenciones reales de la CEDA. Quizá para compensar, un proyecto de ley de Arrendamientos Rústicos presentado a la Cámara en marzo de 1935 trataba de favorecer a los arrendatarios, garantizando a los que cultivaran la misma tierra durante doce años su derecho a adquirirla al término de ese plazo, aunque a un precio negociado con el propietario o decidido mediante arbitraje independiente. Sin embargo, las Cortes dejaron prácticamente sin efecto la norma al introducir en ella una total libertad en la firma de contratos, sin otra condición que una duración mínima de cuatro años, lo que, en la práctica, venía a suprimir la posibilidad de que un colono permaneciera doce años cultivando la misma finca.

En realidad, Giménez Fernández distaba mucho de contar con el apoyo de su propio partido, y menos aún de los agrarios, representantes cualificados de los terratenientes, que veían en el ministro católico un auténtico bolchevique blanco. No es raro, pues, que una nueva iniciativa suya, que pretendía impulsar la parcelación de buena parte de las dehesas extremeñas y su entrega a pequeños cultivadores, se encontrara en la Cámara con tal oposición que le fue imposible aprobarla. Y menos debe extrañarnos que sus propios compañeros de filas terminaran por defenestrarlo. En el nuevo gobierno de mayo de 1935, Giménez Fernández ya no se sentaba entre los ministros presididos por Lerroux.

Bien al contrario, la cartera de Agricultura fue a parar a un conspicuo miembro del Partido Agrario, el cual representaba, además, de forma inequívoca a los grandes terratenientes. Nicasio Velayos, él mismo un gran propietario de tierras, estaba allí para encabezar la cruzada contra lo que quedaba de reforma agraria, y a esa tarea se aplicó con manifiesta fruición. Derogada la ley de 21 de diciembre de 1934, quedó eliminada la prórroga a los yunteros que ocupaban fincas en Extremadura, con lo cual un gran número de familias muy humildes se vieron expulsadas de inmediato de las tierras que cultivaban. Pero no iba a quedarse ahí el nuevo ministro. El 1 de agosto, las Cortes daban el visto bueno a la denominada ley para la Reforma de la Reforma Agraria, en la práctica una contrarreforma en el más estricto sentido de la palabra, cuyo objetivo no era otro que amputar de la reforma agraria en marcha el más mínimo resquicio legal que permitiera la expropiación forzosa de fincas, excepto en los casos que así interesara a sus propietarios, ahora facultados para negociar el precio con el Instituto de Reforma Agraria, cuyos fondos, ya de por sí escasos, sufrían una notable merma. Además, el Estado se comprometía a compensar con efectos retroactivos a los propietarios las rentas generadas, por lo que ahora pasaban a convertirse en simples ocupaciones temporales; el asentamiento de colonos quedaba limitado a 2000 al año, y se frenaba en seco la confección del Registro de la Propiedad Expropiable, lo que iba a permitir a cualquiera que deseara asegurar sus tierras contra una posible expropiación enajenarlas a favor de terceros, donarlas a sus hijos o valerse de cualquier otro expediente que las ocultara a ojos de la Administración. Todo ello suponía, en la práctica, el final de cualquier cosa que se pareciera a una reforma agraria.

No menos significativo fue el cambio experimentado por la política militar. Tampoco ahora fueron derogadas las leyes reformistas de Azaña, aunque sí sometidas a una revisión que no terminó en nada, pero la proclividad de los primeros gobiernos de Lerroux hacia los militares poco comprometidos con el régimen se acentuó sobremanera, en especial a partir de mayo de 1935, cuando se produjo la llegada de Gil-Robles al Ministerio de la Guerra. El general Franco fue premiado por su hábil dirección de las operaciones en Asturias con la jefatura del Estado Mayor Central; Joaquín Fanjul, un militar que apenas trataba de ocultar su devoción monárquica, se convirtió en subsecretario del Ministerio; Emilio Mola, un general de brigada, pasó a dirigir el ejército de Marruecos, y Manuel Goded, comprometido en la Sanjurjada, fue promovido a la jefatura de la Aviación militar.

Podría objetarse que fueron criterios de índole técnica los que motivaron estos ascensos, pero, de ser así, algún militar republicano se habría visto también beneficiado, y no fue esto lo que sucedió, sino todo lo contrario. Generales conocidos por su afiliación masónica, como José Riquelme, Manuel Romerales o el mismo López de Ochoa, y así hasta un total de 40 jefes de ideología republicana, cesaron en sus cargos o pasaron a la reserva. Incluso decisiones que podrían considerarse neutras desde un punto de vista político, como los planes de rearme y modernización del Ejército impulsados por Gil-Robles, poseían en la mente del ministro una intencionalidad distinta. Junto a medidas como la devolución de sus antiguos nombres a algunos regimientos, el ascenso a tenientes de 3500 subtenientes o el retorno de los capellanes a los cuarteles, perseguían resucitar en la oficialidad un espíritu de cuerpo más propio de su visión tradicional de las cosas que del Ejército moderno y eficaz que había soñado Azaña. Las Fuerzas Armadas que deseaba el ministro cedista quizá miraban al exterior, pero uno de sus ojos sin duda estaba puesto en el interior. Si los sucesos de octubre se repetían, era necesario estar preparados.

Las cuestiones laborales habían recibido bajo los primeros gobiernos de Lerroux un trato equitativo, que se había apartado de la evidente proclividad hacia los trabajadores manifestada en el primer bienio bien que sin bascular con descaro en favor de los patronos. Pero la durísima represión que siguió a la fallida revolución asturiana se extendió no solo a los mineros implicados, sino a la práctica totalidad de los obreros afiliados a partidos o sindicatos de izquierda, aunque la CEDA no logró disolver la UGT, como pretendía, por no poder probar su responsabilidad en los sucesos revolucionarios. En un primer momento, el ministro cedista de Trabajo, José Oriol Anguera de Sojo, decretó la suspensión provisional de los Jurados Mixtos. Centenares de ellos, en especial en zonas industriales, fueron disueltos, y, cuando se levantó la suspensión, sus funciones quedaron tan limitadas que muchos de ellos dejaron de funcionar en la práctica por ausencia de los vocales obreros. Semanas después, un decreto declaró ilegales las huelgas abusivas, entendiendo como tales aquellas que pretendieran una finalidad ajena a lo estrictamente laboral o no hubieran sido autorizadas de forma explícita por las autoridades competentes. Poco más tarde, ya en enero de 1935, el ministro presentaba en las Cortes un proyecto de ley que amputaba la capacidad de los sindicatos para condicionar la marcha de las relaciones laborales en las empresas.

Aunque la ley no se aprobó, lo hecho hasta entonces fue suficiente para producir un empeoramiento innegable de las condiciones laborales. Los salarios dejaron de crecer e incluso comenzaron a disminuir, sobre todo en el campo; las jornadas se incrementaron en algunos sectores, en especial en la construcción y la industria, donde se volvió a la semana de cuarenta y ocho horas, y el desempleo aceleró su crecimiento sin que los gobiernos de predominio cedista ofrecieran a este drama otra respuesta que ciertos planes de obras públicas de nula operatividad debido a la carencia de recursos con los que financiar su elevado coste. Al menos en el terreno de las relaciones laborales, el año 1935 resultó dramático para la clase obrera española. No resulta extraño, en consecuencia, que su frustración se agudizara y sus posturas políticas se radicalizaran. Como podía esperarse, todo ello solo tendría un beneficiario: la izquierda.

Tampoco la política territorial dejó de acusar la presencia de la CEDA. Una vez reprimida la intentona de la Generalitat, y con los miembros de su Consejo Ejecutivo presos en la cárcel gaditana de El Puerto de Santa María, quedó constituida una comisión formada por cuatro ministros con el encargo de dar respuesta legal a la aberrante situación creada. La comisión presentó su propuesta el 28 de noviembre en forma de un proyecto de ley que preveía la suspensión de la vigencia del Estatuto de Autonomía durante un periodo de tres meses. En ese intervalo, la máxima autoridad de la región correspondería a un gobernador general, nombrado por el Consejo de Ministros, cuyas competencias habría de determinar una nueva comisión nombrada a tal efecto.

Cuando el proyecto llegó a las Cortes, la CEDA lo endureció con sus enmiendas. La ley definitiva, aprobada el 15 de diciembre, eliminaba el retorno forzoso a la autonomía plena a los tres meses y estipulaba que serían las Cortes quienes, a iniciativa del gobierno, determinarían el momento cuando lo considerasen oportuno. Sin duda, la intención del partido católico no era otra que devolver a los catalanes una autonomía notablemente recortada, lo que requería tiempo suficiente para aprobar un nuevo estatuto o reformar en sentido restrictivo el de 1932. Por lo pronto, se nombró gobernador general de Cataluña a un viejo liberal monárquico, Manuel Portela Valladares, que había sido el último gobernador provincial de Barcelona en 1923. Un radical, José Pich i Pon, se convirtió en alcalde de la capital. Y el presupuesto de 1934, el último aprobado por el Parlamento autónomo, fue prorrogado para el año siguiente.

Cuando por fin, en el mes de abril, Cataluña recobró su autonomía, lo hizo con un estatuto amputado de las competencias sobre el orden público, que se reservaba en exclusiva el gobierno central. Una situación como la de octubre de 1934, con una Generalitat armada y rebelde contra el gobierno central, no debía repetirse desde el punto de vista de la derecha, pues suponía una puerta abierta al separatismo. Pich i Pon fue nombrado presidente y comenzó a gobernar con apoyo de su partido, el Radical, y la Lliga. Pero las cosas no iban a ser fáciles. El retorno a la normalidad constitucional favoreció una nueva escalada de violencia anarquista. El 29 de junio volvió a establecerse la ley marcial en toda la provincia de Barcelona.

HACIA UNA NUEVA CONSTITUCIÓN

Pero para culminar el proceso de rectificación de lo que para el centro y la derecha habían sido los excesos del primer bienio, resultaba inexcusable una reforma de la Carta Magna que la amputara de sus disposiciones más radicales. Se trataba de una necesidad perentoria, pues el contenido de algunos de sus artículos impedía modificar leyes que la coalición gobernante consideraba imprescindible derogar. A pesar de ello, los partidos que la integraban no se mostraron muy diligentes en hacerlo. Una disposición de la misma Constitución, que establecía una mayoría de dos tercios de las Cortes para modificarla durante sus primeros cuatro años de vigencia, que se cumplían el 9 de diciembre de 1935, hacía poco recomendable embarcarse en una reforma que difícilmente habría alcanzado los votos necesarios, pero que los alcanzaría después con toda facilidad, pues a partir de esa fecha necesitaba tan solo mayoría simple. Y otra disposición, que forzaba a la disolución inmediata de las Cortes autoras de la modificación, desanimaba aún más a una coalición poco estable y consciente de que unas nuevas elecciones podían otorgar a la izquierda un peso parlamentario mucho mayor.

No fue, por tanto, hasta comienzos del año 1935 cuando los partidos integrantes de la coalición se pusieron a trabajar en el asunto. Se constituyó una comisión parlamentaria bajo la presidencia del diputado melquiadista Joaquín Dualde, pero sus discusiones avanzaron con tal lentitud que solo en el mes de julio pudo Lerroux presentar ante las Cortes un anteproyecto de ley de reforma constitucional, y no demasiado preciso.

El texto proponía modificar nada menos que 41 de los 125 artículos de la Carta Magna. Resultaban afectadas sobre todo las disposiciones relativas a la autonomía regional, que quedaba recortada de manera significativa, en especial en lo referente al orden público; la socialización de la propiedad privada, cuya posibilidad quedaba eliminada del texto constitucional, y el estatuto jurídico de la Iglesia y las órdenes religiosas, que recibían un trato mucho más respetuoso que en la Constitución vigente. El texto proponía, además, la introducción en las Cortes de una segunda Cámara que limitara los posibles excesos de la primera y ciertas modificaciones en las prerrogativas del jefe del Estado, al que se confería mayor libertad para disolver el Parlamento a la vez que se limitaba su capacidad para condicionar la obra de los gobiernos.

Quedó entonces constituida bajo la presidencia de Samper una comisión parlamentaria de reforma constitucional compuesta por 21 miembros. Sin embargo, sus tareas no dieron comienzo hasta el mes de octubre, y cuando las Cortes fueron disueltas, en enero del nuevo año, aún no había alcanzado ningún acuerdo. De este modo, antes incluso de nacer, murió una reforma constitucional que, más moderada de lo que habría deseado la CEDA y bastante sensata en algunos aspectos, merecía el más absoluto rechazo de la izquierda. Así, cuando esta se enseñoreara poco después de las nuevas Cortes, las escasas posibilidades que la reforma tenía de salir adelante se extinguirían por completo.

LA REGENERACIÓN DE LA IZQUIERDA

La brutal represión que siguió a la revolución de octubre golpeó con fuerza desproporcionada a sus simpatizantes y, en un primer momento, debilitó muy seriamente sus organizaciones políticas y sindicales. Sin embargo, la desmedida reacción de la derecha tuvo un efecto contraproducente: convenció a muchos de los dirigentes de la izquierda de la perentoria necesidad de alcanzar algún tipo de acuerdo, siquiera táctico, para recuperar una mínima posibilidad de regresar al poder.

La iniciativa partió de los partidos republicanos, pero fue Manuel Azaña, a quien la torpe persecución del gobierno elevó a la categoría de mártir y símbolo vivo de las izquierdas, el que llevó en ella la voz cantante. El 28 de diciembre de 1934, el Tribunal Supremo le había puesto en libertad por no hallar pruebas que le inculparan en la rebelión de la Generalitat catalana. El 21 de marzo de 1935, tras un estéril debate en las Cortes en el que la derecha, haciendo gala de muy escasa inteligencia política, había tratado de implicarle en el alzamiento, una gran multitud le aclamaba a su salida del Palacio del Congreso, en la madrileña Carrera de San Jerónimo. El 6 de abril, el Tribunal Supremo le exculpaba por completo de los cargos que se le imputaban. Quedaba clara una cosa: Azaña era el símbolo de la izquierda, y la regeneración de la izquierda debía partir de Azaña.

Largo Caballero encarcelado tras los sucesos de octubre.

En prisión, el líder de la izquierda socialista consolidó sus convicciones revolucionarias y se afirmó en una actitud que, meses después, iba a resultar muy dañina para la estabilidad de una República en la que ya no creía.

Consciente de ello, el ex presidente del Consejo de Ministros se entregó en cuerpo y alma a la tarea de reconstruir la coalición gobernante del primer bienio. La primera fase, el acuerdo en el seno de la izquierda republicana, resultó sencilla, pues desde mucho antes existía un ambiente favorable para ello, y las conversaciones entre los líderes lo habían mostrado así. El mismo 12 de abril veía la luz una declaración conjunta de Izquierda Republicana, Unión Republicana y el Partido Nacional Republicano, una fuerza aún más moderada que esta última y presidida por el prestigioso jurista Felipe Sánchez Román, en la que se precisaban las condiciones mínimas necesarias para la restauración en España de una república democrática tal como la entendían los republicanos de izquierda. El documento, que no iba mucho más allá de una mera declaración de intenciones, reclamaba la abolición de cualquier medida discriminatoria o represiva que pesara sobre los implicados en la revolución de octubre o sus simpatizantes, una amnistía plena para los encarcelados, el restablecimiento de los ayuntamientos destituidos y el retorno a la plena normalidad constitucional.

Pero se trataba tan solo de un primer paso. Azaña era consciente de que la alianza electoral de la izquierda republicana no bastaría para recuperar el poder. Se hacía necesario llegar a algún tipo de acuerdo con los socialistas, dueños de un apoyo popular muy superior. Pero eso sería muy difícil de lograr mientras fuera Largo Caballero quien controlara el PSOE y la UGT, pues si Prieto, exiliado en Francia desde octubre de 1934, se había arrepentido muy pronto de sus escarceos revolucionarios y propugnaba ahora sin rodeos la reconstrucción de la alianza gubernamental del primer bienio, Largo seguía proclamando a cada instante la necesidad de dar por superada la república burguesa para implantar de una vez por todas el socialismo. Y sus partidarios, desde la poderosa tribuna que les ofrecían revistas como Claridad y Leviatán, defendían ya la bolchevización del socialismo español.

Por fortuna para la izquierda, el evidente apoyo que las masas prestaban a Azaña hizo bascular en favor de Prieto la opinión en el seno de la Ejecutiva socialista. Los grandes mítines azañistas de Valencia, el 26 de mayo; Baracaldo, el 25 de julio; y, sobre todo, el del campo de Comillas, en aquel entonces en las cercanías de Madrid (y hoy en un barrio integrado en la capital española), el 20 de octubre, convencieron a Largo Caballero de lo insostenible de su postura, de modo que, aunque dimitió de la Ejecutiva del PSOE cuando esta votó aceptar la propuesta del líder republicano, defendida por los amigos de Prieto, terminó por asumirla bajo determinadas condiciones. Pero estas condiciones acabaron por dar a luz a una alianza bien distinta de la que concebían Azaña y Prieto, que habían diseñado un acuerdo basado en un gobierno republicano, apoyado en las Cortes por los socialistas, que había de desarrollar un programa de cuño reformista. Los caballeristas, por el contrario, impusieron un acuerdo exclusivamente electoral; aceptaron el programa reformista, pero dejando bien claro ante la opinión pública que en ningún caso renunciaban, sino a corto plazo, a sus objetivos revolucionarios, y forzaron la apertura del acuerdo a otros partidos obreros, desplazando muy hacia la izquierda el centro de gravedad de una alianza que sus impulsores habían querido moderada. Enseguida se adhirieron a ella el Partido Comunista de España (PCE), y su sindicato, la Confederación General del Trabajo Unitaria (CGTU); el POUM, Partido Obrero de Unificación Marxista (una formación comunista no estalinista); así como el Partido Sindicalista de Ángel Pestaña, anarquista, pero no violento, y lo abandonaba el grupo de Sánchez Román, descontento con la presencia comunista. Había nacido el Frente Popular.

Manuel Azaña pronunciando un discurso en el transcurso del mitin multitudinario celebrado en el campo de Comillas, cerca de Madrid, el 20 de octubre de 1935. Con una asistencia superior a las doscientas mil personas, fue sin duda el mayor mitin nunca antes celebrado en España.

En su manifiesto del 16 de enero de 1935, la coalición presentaba un programa de gobierno que habría de desarrollar un gabinete exclusivamente republicano. Su contenido, como estaba previsto, no iba más allá de la prosecución y, en algunos casos, la profundización de las reformas del primer bienio. La amnistía y la readmisión de los obreros despedidos tras la revolución de octubre de 1934; el castigo de cuantos abusos se hubiesen cometido en la represión del movimiento; el restablecimiento pleno de la autonomía catalana y la reforma del Tribunal de Garantías Constitucionales con el fin de evitar su recorte en la práctica; la aceleración de la reforma agraria y su mejora; el retorno a la política laboral del primer bienio, y el decidido impulso a la enseñanza constituían las notas más características de un programa de izquierdas, pero que se mantenía en los límites del reformismo burgués, sin dejarse tentar por la más mínima veleidad revolucionaria.

Sin embargo, los fundamentos sobre los que se asentaban tanto el mismo Frente Popular como su programa eran muy frágiles. ¿Acaso Azaña pensaba que podría cabalgar al tigre? ¿Por qué razón iban a sujetarse Largo Caballero y sus partidarios a los estrechos límites de un programa burgués, que no era sino la reedición de aquel que le había conducido a la frustración a él y a las masas que le seguían? La relación del PSOE con la izquierda republicana era semejante a la que la CEDA había mantenido con el centro. Ni el partido católico ni el obrero querían a la República ni a la democracia más que como un medio, una herramienta de la que valerse para alcanzar el poder que les permitiera después transformar el Estado a su imagen y semejanza, un régimen autoritario, clerical y corporativo el primero; una sociedad socialista el segundo. Y así las cosas, ¿cuál podía ser el futuro de la República?

10

El final de un sueño.
La quiebra de la democracia.

De esta forma, las dos consecuencias principales de la división socialista fueron el impedir los intentos de constituir un gobierno fuerte y la agudización del miedo de la clase media a una revolución por la conducta demagógica del ala izquierda procomunista del PSOE.

Paul Preston:
La destrucción de la democracia
en España (1987).

DE NUEVO A LAS URNAS

Como decíamos en el capítulo anterior, el intento encabezado por Portela, y auspiciado en la sombra por el presidente de la República, de crear desde la nada un partido centrista, valiéndose tan solo de los resortes clientelares que podían ser manejados desde el Ministerio de Gobernación y, en todo caso, de la potencial simpatía de las clases medias de orden, estaba condenado de antemano al fracaso. Por un lado, el enorme incremento del grado de movilización política que había experimentado la sociedad española desde 1930, así como los propios cambios de la ley electoral, hacían ya poco eficaz el caciquismo tradicional. Por otro lado, la difícil coyuntura histórica, en la que habían venido a agregarse las tensiones propias de una sociedad en la que se daban grandes distancias entre clases, la agudización de esas tensiones como resultado de la crisis mundial y la enorme frustración generada entre las masas obreras por el gran número de promesas incumplidas por la ineficacia de la izquierda y la insensibilidad de la derecha, así como el recuerdo de la fallida insurrección de octubre y la brutal represión que la siguió, habían trazado en España una clara línea de fractura entre quienes soñaban con la revolución y quienes la temían. En ese contexto, el centro, social y político, tendía a ser fagocitado por los extremos en un proceso que se alimentaba a sí mismo y que limitaba, día a día, las posibilidades de las opciones más moderadas.

La propia confección de las candidaturas para las elecciones, cuya fecha se fijó el 16 de febrero de 1936, reveló con toda claridad las pocas posibilidades que concedían el resto de las fuerzas políticas al apresurado experimento de Portela. Sus expectativas, un total próximo a los cien escaños que habían de hacer de su partido el árbitro de las combinaciones de gobierno en las nuevas Cortes, resultaban a todas luces exageradas. Por esta razón, Chapaprieta, comisionado para ello por el jefe del Ejecutivo, fracasó en su intento de construir una alianza de centro-derecha de ámbito nacional con participación de la CEDA, y hubo de limitarse a negociar su acceso a las listas en cada circunscripción. Pero incluso ese objetivo se reveló en exceso optimista, ya que el flamante Partido del Centro Democrático solo logró presentar candidatos en la mitad de los distritos, y, cuando consiguió alianzas, hubo siempre de unirse con la parte más débil, fuera la izquierda o la derecha, ya que, cuando cualquiera de ellas se sentían lo bastante fuertes, se negaban sistemáticamente a pactar con los candidatos del gobierno.

Cartel de propaganda electoral del Frente Popular. Como puede apreciarse, la reivindicación de la amnistía a los presos por su implicación en el levantamiento de octubre de 1934 se convirtió en un reclamo electoral de las izquierdas.

No le fue mucho mejor a lo que quedaba del Partido Radical, que presentó 78 candidatos, de los cuales solo 23 lograron integrarse en coaliciones de centro-derecha más o menos amplias. La batalla iba, pues, a dirimirse entre la izquierda, representada casi en exclusiva por el Frente Popular y su versión catalana, el Front d’Esquerres, y la derecha, que, a pesar de la intención proclamada por Gil-Robles de construir en toda España un amplio frente contrarrevolucionario o Bloque Nacional, no consiguió presentarse unida en todas las circunscripciones. La campaña electoral, en consecuencia, se caracterizó por una extrema polarización de los argumentos y las consignas. Mientras la izquierda recordaba sin cesar las atrocidades cometidas por las fuerzas de orden público y el Ejército en octubre de 1934, y sus candidatos, en especial los seguidores de Largo Caballero, exhibían una retórica claramente revolucionaria, la derecha, que volvió a valerse de los medios más modernos, explotaba el pánico de las clases medias a la revolución, de la que, en sus jeremíacas profecías, octubre no había sido sino un mero anticipo. Sin embargo, solo en raras ocasiones la violencia pasó de las palabras, y tampoco la jornada electoral fue en exceso agitada. Sería después de los comicios cuando los españoles se verían atrapados en una espiral de fanatismo político que para muchos observadores no podía ser sino la antesala de una nueva y funesta guerra civil.

Concentración socialista en el Campo de Maniobras de Oviedo para asistir a un mitin de Largo Caballero celebrado en febrero de 1936. Los discursos del líder de la izquierda socialista fueron con mucho los más incendiarios.

Los resultados de las elecciones, aunque nunca publicados por el gobierno en su integridad, arrojaron una clara victoria del Frente Popular, si bien por un margen de votos muy pequeño, que podría incluso convertirse en derrota si se suman los sufragios obtenidos por el centro y la derecha. Sin embargo, una vez más, la mayoritaria ley electoral magnificó la exigua ventaja en las urnas del vencedor y la convirtió en un aplastante triunfo en escaños que se incrementó aún más tras la anulación por las nuevas Cortes —a las que la ley confiaba la función de revisar la validez de las actas— de algunos resultados favorables a la derecha y la celebración de la segunda vuelta. Así, aunque la CEDA seguía siendo el partido más votado con diferencia, con más del 23 % de los votos por tan solo un 16,4 % de la segunda fuerza, el PSOE, la alianza electoral de las izquierdas les aseguró la mayoría absoluta de la Cámara, 278 escaños de un total de 473, y abrió de nuevo las puertas a un gobierno que, a juzgar por el manifiesto con el que los partidos que lo integraban se habían presentado a la opinión pública, se disponía a poner en marcha una política reformista tan solo un poco más decidida que la del primer bienio de la República.

EL RETORNO DE AZAÑA

Resultados de las elecciones de 1936.

Como puede apreciarse, por lo general, la izquierda obtuvo el triunfo en las zonas con un mayor grado de urbanización o que contaban con un proletariado industrial o agrario más numeroso. Las provincias de hegemonía conservadora fueron, por el contrario, aquellas en las que predominaban los pequeños propietarios de tierras.

Extraído de Gil Pecharromán, Julio: Segunda República Española, Madrid: Biblioteca Nueva, 2006.

En teoría, el guión político de lo que debía suceder después de las elecciones estaba escrito de antemano con toda nitidez. Una vez constituidas las Cortes, Azaña, líder moral indiscutible del Frente Popular, había de recibir del jefe del Estado la confianza para formar gobierno. El nuevo Ejecutivo quedaría integrado tan solo por los partidos republicanos de la coalición, pues, tal como se había pactado, los partidos obreros se limitarían a sostenerlo en las Cortes con el voto de sus diputados. Por último, los líderes comunistas, y, en especial, socialistas, debían pedir paciencia a sus bases mientras la izquierda burguesa impulsaba de nuevo, ahora con mayor decisión, las reformas que habían quedado inconclusas dos años atrás o que la derecha había desmontado en los meses anteriores.

Sin embargo, desde el momento mismo en que las ansiosas masas obreras conocieron el triunfo del Frente Popular, resultó evidente que las cosas no iban a suceder como estaba previsto. Una oleada incontenible de violencia se extendió por todo el país. Las noticias acerca de manifestaciones, quemas de iglesias y liberación de presos llegaban a oídos del gobierno a un ritmo endiablado. La derecha, como hiciera la izquierda en noviembre de 1933, pidió a Portela que anulara las elecciones y declarase el estado de guerra. Gil-Robles y Calvo Sotelo, primero, y Franco, después, presionaron al presidente del gobierno. Pero este, anciano y sin voluntad de encabezar una solución en la que no creía, dimitió de inmediato, dejando el poder en manos de Alcalá-Zamora, quien no tuvo otra opción que encargar a Azaña la formación de un nuevo gabinete.

El gobierno quedó constituido el 19 de febrero por diez ministros de Izquierda Republicana, dos de Unión Republicana y un independiente. La situación, como el mismo Azaña escribió por entonces, no podía ser peor. No había Cortes: las actas de los nuevos diputados estaban aún pendientes de revisión; no se había celebrado todavía la segunda vuelta de las elecciones; en los campos y las calles el pueblo pedía a gritos la amnistía, y crecían por momentos los rumores acerca de un inminente golpe de Estado. Por ello, el primer objetivo del nuevo presidente fue tranquilizar a los españoles de uno y otro signo. El día 20 de febrero, en un mensaje radiado a la nación, Azaña aseguraba a las clases medias atemorizadas que las intenciones del nuevo gobierno eran por completo pacíficas. «No tenemos que perseguir a nadie mientras todos se limiten al cumplimiento de los derechos que la Constitución a todos nos concede». Pero tampoco se olvidó de prometer a las masas obreras impacientes que cumpliría puntualmente su programa. Por desgracia, ni unas ni otras parecieron creerle. Para muchos españoles, la solución a sus problemas se hallaba ya más allá del juego político.

Azaña trató de cumplir la palabra dada a los obreros tan aprisa como pudo. Las primeras medidas del nuevo gobierno, pendientes de constituir las nuevas Cortes, fueron ratificadas por la Diputación Permanente de las anteriores. El 21 de febrero se aprobaba una amplia amnistía para cualquier delito político y social cometido después de las elecciones de 1933, y casi de inmediato abandonaban las cárceles treinta mil personas. Poco después quedaban disueltos la mitad de los ayuntamientos del país y volvían a sus puestos los concejales de los partidos de izquierda destituidos en 1934. El Parlamento catalán quedaba autorizado el día 26 a reanudar sus funciones con la plenitud de sus competencias y Companys retornaba a la presidencia de la Generalitat. Por último, el 1 de marzo los empresarios españoles eran obligados por un nuevo decreto a readmitir a todos los trabajadores despedidos por motivos políticos desde 1934, así como a compensarles por el salario que habían dejado de percibir.

Fue solo el principio. Cuando las Cortes quedaron al fin constituidas, a mediados de marzo, el gobierno prosiguió con un ímpetu aún mayor su política de reformas. El Estatuto de Autonomía del País Vasco inició al fin su tramitación en la Cámara mientras otras regiones iniciaban el proceso para elaborar los suyos y los gallegos lo aprobaban en referéndum. La reforma agraria se benefició en pocas semanas de un impulso como nunca tuvo en el primer bienio. Varios decretos sucesivos del Ministerio de Agricultura paralizaron los desahucios motivados por cualquier causa distinta de la falta de pago; devolvieron a los yunteros extremeños el derecho a arrendar las tierras que habían ocupado en el primer bienio en virtud del decreto de Intensificación de Cultivos; ampliaron a todo el territorio nacional la disponibilidad de tierras sujetas a expropiación y, sobre todo, hicieron posible su ocupación temporal a causa de la urgente necesidad social, en aplicación, eso sí, del artículo 27 de la ley de Contrarreforma aprobada por la derecha en 1935. Según datos del Instituto de Reforma Agraria, en el mes de julio habían recibido tierras un total de 114 343 campesinos, que disfrutaban de 573 190 hectáreas, cifras varias veces superiores a las registradas en la suma de los ejercicios anteriores. El 19 de abril, el ministro, Manuel Ruiz Funes, presentaba a las Cortes cinco proyectos de ley que desarrollaban los decretos anteriores y venían a suponer la continuación, con algunas modificaciones y mucha mayor celeridad, de la reforma agraria de 1933. La enseñanza volvió a recibir atención prioritaria. La construcción de escuelas públicas se aceleró y se crearon miles de nuevas plazas de maestro; la coeducación regresó a las aulas, y se dio un nuevo plazo a los colegios de la Iglesia para que cerraran sus puertas.

Especial atención recibió ahora la cuestión militar. Lo sucedido en octubre enseñó al gobierno la importancia de contar con militares leales al régimen en los puestos clave del Ministerio y al frente de las divisiones orgánicas, de modo que los más conspicuos generales monárquicos, encumbrados en el bienio anterior, fueron de nuevo destituidos y enviados a los destinos más remotos del territorio nacional. Franco, hasta entonces jefe del Estado Mayor, fue destinado a Canarias; Goded, jefe de la Aviación, a Baleares; Fanjul, subsecretario del Ministerio de la Guerra, quedó sin puesto; y a Mola, jefe del ejército de Marruecos, se le impuso el traslado a Pamplona. Incluso se detuvo al general López Ochoa, de probada lealtad a la República, pero que había cometido el pecado imperdonable de obedecer a sus jefes y reprimir la rebelión de los mineros asturianos en octubre de 1934. En la Guardia Civil se aplicó una política preventiva similar. Un decreto de 21 de marzo dispuso el traslado de 206 capitanes, 99 comandantes, 68 tenientes coroneles y 26 coroneles del Cuerpo. Solo entonces el nuevo ministro, el general de simpatías azañistas Carlos Masquelet, pudo respirar tranquilo. Las posibilidades de la derecha de organizar con éxito un golpe de Estado habían quedado reducidas a su mínima expresión. Poco tardaría en darse cuenta de lo equivocado que estaba.

A pesar de reformas tan ágiles y decididas, la alteración del orden público seguía siendo un fenómeno habitual. Día tras día, las huelgas y manifestaciones violentas, la quema de iglesias, las ocupaciones de fincas y los enfrentamientos armados entre milicias de signo contrario, por lo general provocadas por miembros de las Juventudes Socialistas que actuaban con total impunidad, copaban las primeras páginas de los periódicos. Sin embargo, la respuesta del gobierno difícilmente podía ser más tibia y sectaria. A mediados de marzo, declaró ilegal a Falange Española, la fuerza derechista más extremista y de crecimiento más rápido en las semanas anteriores, y encarceló a sus principales dirigentes. Por supuesto, la violencia política y social no disminuyó. En realidad, como bien señaló el jefe conservador Miguel Maura, el gobierno del Frente Popular era víctima de una terrible contradicción: para continuar con las reformas necesitaba contar en las Cortes con el voto de los partidos obreros, pero, para conservarlo, debía abstenerse de reprimir unos desórdenes que se debían, en lo esencial, a la impaciencia de las bases de esos mismos partidos. Pero si no lo hacía, y dejaba que la violencia creciera sin control alguno, como de hecho estaba sucediendo, la derecha contaría con argumentos cada vez más convincentes para atraerse las simpatías de las clases medias, en gran parte republicanas, temerosas de la inminencia de la revolución, con lo que aumentarían exponencialmente las probabilidades de que se produjera y triunfara un golpe de Estado que derribaría la República que el gobierno decía encarnar y proteger.

Claro está que aquella situación contaba con una salida tan lógica como evidente: el gobierno debía seguir adelante, con la misma decisión mostrada hasta entonces, con las reformas, pero, a la vez, tenía que esforzarse a toda costa en mantener el orden, reprimiendo con igual dureza a quienes lo alterasen, fueran de izquierda o de derecha. Como es lógico, semejante decisión habría roto el Frente Popular, pues la izquierda socialista sin duda habría denunciado su alianza con los republicanos, pero un apoyo decidido de Prieto y del resto de las fuerzas republicanas habría compensado la situación. Sin embargo, el gobierno ni siquiera lo intentó. Antes bien, se mostró mucho más interesado en proseguir con una política que iba mucho más allá de las reformas sociales y económicas para garantizar el predominio electoral de la izquierda y su control de todos los órganos decisorios del régimen. Con tal fin planteó celebrar unas elecciones municipales que le habían permitido, dada la enorme presión de las masas campesinas y la tolerancia de las fuerzas de orden público con los abusos de las organizaciones de izquierda, hacerse con todos los ayuntamientos. Del mismo modo, planeaba también reformar el mecanismo de elección de los miembros del Tribunal de Garantías Constitucionales y del presidente del Supremo. Pero la jugada decisiva pasaba por la destitución del jefe del Estado, último valladar que la derecha y los moderados podían levantar contra el predominio absoluto de las izquierdas. El pretexto era sencillo, pero increíble. De acuerdo con el gobierno, Alcalá-Zamora había obrado de forma improcedente al disolver las Cortes por segunda vez durante su mandato en enero de 1936, por lo que, en virtud de lo dispuesto en el artículo 81 de la Constitución, era posible que las nuevas Cortes votaran su destitución, como de hecho hicieron el 7 de abril. Poco importaba que las mismas izquierdas que ahora lo destituían hubieran pedido dos años antes al presidente que disolviera la Cámara para evitar que gobernara la derecha.

Una vez destituido Alcalá-Zamora, se puso en marcha el mecanismo para la elección de un nuevo presidente de la República. De acuerdo con el artículo 68 de la Constitución, la elección debía realizarla una asamblea integrada por los diputados a Cortes y un número igual de compromisarios elegidos por sufragio universal, directo y secreto. Pero solo las izquierdas, la Lliga y los conservadores mauristas acudieron a la elección. La derecha, en bloque, se abstuvo de participar en lo que consideraba una farsa hipócrita que servía en exclusiva a los intereses del gobierno y los partidos que le apoyaban. El 26 de abril, Manuel Azaña era elegido nuevo presidente de la República.

Con ello, la situación se agravaba sobremanera. La salida de la política activa de la única persona que poseía el prestigio suficiente para concitar el apoyo unánime de la izquierda dejó al gobierno descabezado e hizo casi imposible la viabilidad del Frente Popular. Solo un hombre habría podido quizá evitarlo: Indalecio Prieto.

El líder socialista, que creía con toda sinceridad en la opción reformista que el Frente Popular representaba, podía haberlo salvado, y con él a la República misma, encauzando su política hacia una prosecución de las reformas compatible con una defensa decidida del orden público. Pero Prieto no era dueño del PSOE. Su ala izquierda, encabezada por Largo Caballero, jamás habría tolerado el acceso de su rival a la presidencia del gobierno, y menos aún una política que supusiera ningún tipo de freno a la actividad de las bases socialistas. El antiguo estuquista no creía en la república burguesa ni deseaba que se consolidara. En su opinión, cuanto antes fracasara el experimento de colaboración de los socialistas con la izquierda burguesa, antes se produciría el triunfo de la revolución. Por ello, en el mes de mayo, impulsó una votación en el seno de la minoría socialista en las Cortes que arrojó un resultado contrario a la entrada del PSOE en el gobierno. Si Prieto deseaba presidirlo, no tendría otra opción que romper el partido.

Y Prieto, leal al PSOE, no quiso romperlo, con lo que la salida de la crisis no fue sino más de lo mismo. El nuevo presidente del gobierno, Casares Quiroga, que presentó su gabinete a las Cortes del 19 de mayo, no representaba otra cosa que el azañismo sin Azaña. Y mientras el orden público seguía deteriorándose sin remedio, algunos conspicuos jefes militares se habían embarcado en una conspiración contra el régimen, y sus prohombres barajaban ya como última posibilidad para salvarlo la implantación de una «dictadura nacional republicana». Los asesinatos del teniente de la Guardia de Asalto José Castillo, el 12 de julio, y del diputado derechista José Calvo Sotelo, al día siguiente, llevaban las cosas a un punto de difícil retorno. El 17 de aquel mes, el ejército de Marruecos se sublevaba contra el gobierno, y un día después lo hacían numerosas guarniciones en todo el territorio nacional. El mismo Azaña, secundado por la práctica totalidad de los líderes de los partidos leales al régimen, contempló entonces la posibilidad de implantar la referida dictadura republicana, pero Largo Caballero amenazó con desencadenar la revolución social si tal opción se llevaba a la práctica. Unos días después, la República del 14 de abril había dejado de existir y España se había despeñado de nuevo por el precipicio de una nueva guerra civil.

Miles de personas acompañan el féretro de Calvo Sotelo momentos antes de su entierro, el 14 de julio de 1936. El asesinato del diputado derechista no produjo, desde luego, la guerra civil, pero sin duda terminó de convencer a muchos de su inminencia.

LA REPÚBLICA EN GUERRA

La sublevación orquestada por el sector antirrepublicano del Ejército con el apoyo de una densa trama civil en la que el mayor peso correspondía a carlistas y falangistas fue un fracaso. Por motivos diferentes, la mitad de las guarniciones del país no apoyaron a los militares rebeldes, y el resultado del golpe, bien al contrario de lo que esperaban sus instigadores, fue la guerra civil.

Sobre el papel, era el gobierno de la República el que partía con ventaja para alzarse con la victoria. A grandes rasgos, bajo su autoridad quedaron algo más de la mitad del territorio nacional y un porcentaje semejante de la población. Las grandes ciudades —Madrid, Barcelona, Valencia y Bilbao— no se habían sumado a la rebelión, y tampoco lo habían hecho las zonas más industrializadas, cuyas fábricas podían reconvertirse con facilidad para producir las armas y pertrechos que requería una guerra prolongada. Las estratégicas reservas de oro del Banco de España, las cuartas del mundo en importancia, que podían usarse para adquirir armamento en el mercado internacional, permanecían asimismo en manos del gobierno. El Ejército y la Guardia Civil se dividieron casi al cincuenta por ciento, aunque los generales de mayor graduación no apoyaron la sedición de sus compañeros más jóvenes. La Aviación y la Marina de guerra, además, siguieron casi por completo bajo control gubernamental.

Portada del diario La Voz de 18 de julio de 1936.

Como puede verse, las noticias que transmitían los medios de comunicación durante las primeras horas de la guerra distaban mucho de ajustarse a la realidad.

Pero la realidad era muy diferente de lo que dicen las cifras. El oro había de servir muy poco a un gobierno de inmediato abandonado por los países democráticos, que proclamaron su neutralidad y le negaron los derechos a que era acreedor el poder legítimo de un Estado soberano, mientras Alemania e Italia, las potencias fascistas, corrían a apoyar sin disimulo a los sublevados. Su ventaja numérica en el terreno militar no era tal, no solo porque las tropas mejor entrenadas y pertrechadas, el llamado Ejército de África, se habían pasado en su integridad a los rebeldes, sino porque las unidades que nominalmente controlaba se deshicieron de inmediato como azucarillos en agua al negarse los soldados a acatar las órdenes de sus oficiales. Y en cuanto a la superior capacidad de sus industrias, de poco iba a servirle a un gobierno que tuvo desde el primer día enormes dificultades para hacer valer su autoridad sobre el territorio que en teoría controlaba.

De hecho, el Estado republicano se desmoronó enseguida como un castillo de naipes. El gobierno Casares Quiroga dejó pasó a otro presidido por Martínez Barrio, que dimitió al instante para evitar la entrega de armas al pueblo que reclamaban los partidos y sindicatos obreros. Su sucesor, José Giral, accedió a dicha petición, pensando, no sin cierta razón, que el pueblo en armas era la única fuerza a la que podía convocar en su defensa un Estado privado de repente de sus fuerzas armadas y enfrentado a una sublevación militar. Pero, al entregar las armas, el gobierno entregaba también el poder. Durante meses, no hubo en la zona leal a la República otra autoridad que la que dimanaba de los incontables comités que formaron por doquier partidos y sindicatos obreros y las exaltadas milicias de ciudadanos armados que seguían en exclusiva las consignas de la organización a la que pertenecían. La zona leal al gobierno se convirtió así en un caos en el que, disueltas de hecho las fuerzas de seguridad, innumerables jefecillos de partido se constituyeron en tiranos inapelables elevados por obra y gracia de sus fusiles a la presidencia de los autodenominados tribunales populares. Para incontables sacerdotes, burgueses, gentes de derechas, o, simplemente, enemigos personales de algún cabecilla izquierdista, la noche se convirtió en una promesa de muerte, que podía realizarse en cualquier instante bajo la forma de un pelotón de milicianos que invadía el hogar para llevarse a sus moradores y ejecutarlos sin más junto a la tapia del cementerio en nombre de una justicia revolucionaria que, las más de las veces, escondía el odio de clase, el rencor o incluso la más pura y simple envidia.

Y es que la revolución que tantas veces se había invocado en los meses anteriores empezaba a convertirse en una palpable realidad. Hoteles y teatros eran expropiados sin contemplaciones y convertidos en comedores y hospitales. Vehículos de todo tipo llenos a rebosar de milicianos armados patrullaban día y noche calles y plazas lanzando a gritos consignas revolucionarias. La espontánea camaradería y el mono azul del obrero sustituían al traje con corbata y las rígidas formalidades del burgués. Los carteles empapelaban las paredes con alegatos antifascistas. Numerosas fábricas eran expropiadas por la fuerza y colectivizadas bajo la dirección de comités que asumían de inmediato todas las decisiones de la producción. Y en el campo, un sinnúmero de fincas empezaban a engrosar el creciente patrimonio de comunas administradas por juntas que proclamaban su particular versión del comunismo libertario y se entregaban con entusiasmo a la puesta en práctica de unas ideas soñadas durante generaciones, pero nunca aplicadas hasta la fecha.

La República, dadas las circunstancias, caminaba hacia su destrucción, pues frente a ella, de la mano del general Franco, un Estado monolítico nacía de la nada y se dotaba de poderosas herramientas políticas, económicas y militares con el solo objetivo de ganar la guerra y someter a su absoluto control la totalidad del país. Había que hacer algo de inmediato si se quería evitar una derrota segura, y por fin Azaña lo hizo. A las semanas del alzamiento, el 4 de septiembre, el gobierno Giral dejó paso a un nuevo gabinete presidido por Largo Caballero, el único líder capaz en aquel momento de colocar bajo su autoridad a todos los partidos y sindicatos que apoyaban a la República, sin excluir a comunistas ni anarquistas. Sus primeras medidas se orientaron a imponer un poco de cordura en el desbarajuste en el que se había convertido el régimen caído. Las milicias, anárquicas e ineficaces como fuerza de combate, fueron transformadas en brigadas mixtas, al integrarse en ellas soldados y oficiales profesionales, y sujetas a la coordinación de un Comisariado General que aseguraba un mínimo de coordinación. El gobierno se esforzó, además, en lograr la ayuda exterior, que pronto se manifestó bajo la forma de una riada de voluntarios llegados de todo el mundo para combatir el fascismo, germen de las conocidas más tarde como Brigadas Internacionales, y cuantiosos cargamentos de armas y pertrechos enviados por la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS o Unión Soviética), la única gran potencia que se mostró dispuesta a auxiliar a la asfixiada República Española.

La ayuda soviética, que se inició en octubre de 1936, permitió salvar Madrid de la amenaza de las tropas franquistas y, en realidad, fue determinante para la propia supervivencia del bando republicano. A cambio, el gobierno se vio obligado a pagar a Stalin una cuantiosa factura. Cada caza, cada bala, cada tanque enviados por la URSS a España fueron comprados con oro de las reservas del Banco de España llevadas a Moscú para su protección a finales de aquel mes. Pero, sobre todo, Stalin se cobró su ayuda en la forma, mucho más rentable, de influencia política. Poco a poco, los asesores soviéticos impusieron su criterio en el frente y en el gobierno, donde el mismo Largo Caballero perdía terreno día a día en favor de los ministros comunistas. Y, poco a poco, el candor revolucionario de los anarquistas iba dejando paso a la voluntad férrea de ganar la guerra a toda costa, dejando para más tarde los experimentos que los líderes del PCE despreciaban como muestras de un izquierdismo infantil y contraproducente.

De este modo, la caída de Largo Caballero, mucho más próximo de lo conveniente a los anarquistas, era cuestión de tiempo. En mayo de 1937, las calles de Barcelona presenciaron la guerra abierta entre las dos facciones en que se había dividido el bando republicano: la comunista, con el apoyo del socialismo moderado y la izquierda burguesa, y la anarquista, apoyada por el POUM, que disfrutaba de gran implantación en Cataluña. Tras unos días de refriegas, los enemigos de Stalin en España fueron reprimidos con brutalidad, y, cuando Largo Caballero se negó a completar la jugada disolviendo el POUM, los comunistas empezaron a buscar a alguien más maleable para presidir el gobierno.

No tardaron mucho en encontrarlo. A mediados de mayo, Largo era sustituido por Juan Negrín, un socialista moderado, pero que compartía con los comunistas el objetivo de dotar a la República de la misma fisonomía monolítica que tan buenos resultados estaba dando al bando franquista. Un Ejército fuerte en un Estado fuerte iba a ser desde ahora la consigna de un gobierno en el que ya no había anarquistas ni caballeristas.

Para lograr ese objetivo, era necesario eliminar algunos escollos. Caído ante las tropas franquistas el gobierno vasco, que apenas había auxiliado a la República a la que Euskadi debía su autonomía, pocos poderes autónomos de importancia subsistían en territorio republicano. De ellos, los dos principales eran el llamado Consejo de Aragón y la propia Generalitat. El primero de ellos, encarnación de los experimentos colectivizadores de los anarquistas, era irregular y podía ser disuelto por la fuerza, de forma que así se hizo, sin más, el 10 de agosto de 1937. Por su parte, la Generalitat de Cataluña contaba con el respaldo constitucional, de modo que soslayarlo exigía una cierta sutileza. Negrín optó, en consecuencia, por trasladar la capital de la República a Barcelona y dar comienzo a una política de recuperación progresiva de competencias por el Estado sin otra justificación que las necesidades de la guerra. A la larga, esa actitud daría lugar al rechazo por el nacionalismo catalán de la figura de Negrín, pero eso era algo que no preocupaba al enérgico político socialista, para quien solo existía una nación, España, y un objetivo, ganar la guerra.

Pero para ganar la guerra, las Fuerzas Armadas eran la herramienta clave, y esas Fuerzas Armadas necesitaban más reformas. Con Prieto como ministro de Defensa Nacional y un militar competente, el general Vicente Rojo, como jefe del Estado Mayor, Negrín se dispuso a hacer del denominado Ejército Popular de la República una fuerza de combate eficiente y profesional. Regresaron los galones, los saludos y la burocracia; la disciplina se implantó con mano de hierro, y se reformaron las estructuras de reclutamiento para hacer posible un suministro continuado y nutrido de soldados de reemplazo. Si la República tenía alguna posibilidad de triunfo, Negrín era el hombre llamado a aprovecharla.

Pero las reformas del decidido socialista, bien encaminadas, poseían un lado oscuro y sufrían una terrible limitación. El lado oscuro no era otro que la represión, que llegó a alcanzar en la España de Negrín cotas comparables a las alcanzadas en el territorio controlado por los sublevados, en el que desde el principio mismo de la guerra se había puesto en marcha un programa de purga brutal y sistemática de toda disidencia real o potencial. De la mano del SIM, el Servicio de Investigación Militar, miles de españoles que habitaban territorios bajo el dominio republicano fueron recluidos en campos de trabajo, torturados e incluso asesinados, como fue el caso de los brigadistas Bob Smile y Kart Landau, y, sobre todo, el del líder del POUM, Andreu Nin. Otros, como el mismo Largo Caballero, sufrieron arrestos domiciliarios, y todos, sin excepción, padecieron la asfixiante presión de la censura de prensa y de un ambiente de delación que hacía de cada ciudadano un disidente en potencia sobre el que podía en cualquier momento caer todo el peso del Estado.

Respecto a la limitación, no era otra que el aislamiento internacional, fruto de la hipócrita política de no intervención auspiciada por las democracias, que, por un lado, permitía a Franco beneficiarse de la ayuda de las potencias fascistas y, por otro, privaba a la República de la ayuda occidental y la forzaba a depender de la Unión Soviética. Por ello, la diplomacia de Negrín se orientó a presentar a la República como una democracia más, en guerra contra el fascismo y, por tanto, aliada potencial de Francia y Gran Bretaña en su inminente lucha contra la Alemania nazi y la Italia fascista. Con esta intención, el gobierno realizó gestos propagandísticos como la retirada unilateral de las Brigadas Internacionales; aprobó medidas como el retorno de la libertad de cultos, aunque limitada a la esfera privada, y la puesta en libertad de los sacerdotes recluidos en las cárceles republicanas, y, sobre todo, hizo públicos el 1 de mayo de 1938 los conocidos como Trece Puntos, documento en el que Negrín se alineaba con las democracias occidentales y trataba de distinguirse a toda costa de una Unión Soviética cuyos postulados comunistas no compartía.

Pero lo cierto es que el peso de los comunistas en la España republicana, aunque reducido en el gobierno de mayo de 1938 a un solo ministro, no disminuía, sino al contrario, hasta el punto de que sus amigos de antaño, los socialistas moderados y la izquierda burguesa, terminaron por unirse a quienes los detestaban. Agravaba la situación el hecho de que solo ellos deseaban continuar a toda costa una guerra que, tras la terrible derrota republicana en la batalla del Ebro, en noviembre de aquel año, y la inmediata caída de Cataluña, todos daban por perdida y deseaban terminar mediante una paz negociada.

El final se precipitó el 5 de marzo de 1939. El coronel Segismundo Casado, jefe del Ejército del Centro, como cabeza visible de una alianza integrada por los militares anticomunistas y los políticos socialistas, anarquistas y republicanos, se pronunció en Madrid contra el gobierno, al que declaró ilegítimo, y dijo tomar el poder en nombre de un Consejo Nacional en el que estaban representados todos los partidos —con la excepción del PCE— que de inmediato iniciaría negociaciones de paz con Franco. Enseguida, mientras se producían feroces enfrentamientos en Madrid, la conspiración se extendió por todo el Ejército, cuyas unidades se pasaban una tras otra al bando rebelde, y Negrín, sabiéndose perdido, partía hacia el exilio. Siete días después de la sublevación, la España republicana estaba en manos de los casadistas.

Lo que luego sucedió es de sobra conocido. El Consejo tomó contacto con Franco y le ofreció entablar negociaciones de paz. Pero el jefe del autodenominado bando nacional respondió con una firme negativa: solo admitiría la rendición incondicional. Indignados, los republicanos no tuvieron otra salida que aceptar. El 1 de abril de 1939 terminaba la guerra civil.

LA REPÚBLICA EXILIADA

Pero el final de la guerra no fue el final de la República. Durante cerca de cuarenta años, los mismos que duró la dictadura franquista, el régimen legítimo que los españoles se habían dado el 14 de abril de 1931 siguió existiendo en el exilio. Exilio interior, en el corazón de cientos de miles de españoles recluidos tras la guerra en prisiones o campos de trabajo, o condenados sin más al escarnio público y la marginación laboral, en muchos casos sin haber cometido otro delito que pensar de manera diferente a la de los vencedores. Y también exilio exterior, el de los innumerables refugiados en Francia, que sufrieron primero durante meses las inhumanas condiciones de aquellos campos del desprecio en los que quedaron recluidos, como invitados incómodos a los que no se podía echar sin más, pero tampoco apetecía agasajar demasiado, y después la nueva persecución de los ocupantes alemanes que dio con muchos de ellos en los mismos campos de inhumano recuerdo en que terminaron sus días, víctimas de la barbarie nazi, seis millones de judíos europeos.

Pero el exilio por excelencia, el que sufrieron los políticos de la República y sus mismas instituciones, fue el exilio mexicano. Tras la guerra, el gobierno Negrín continuó existiendo por manifiesta imposibilidad de dimitir ante unas Cortes que no podían reunirse. Pero su tarea no fue en aquellos meses otra que la de auxiliar, con sus exiguos medios, a los españoles refugiados en Francia. Sería a raíz de un pacto firmado en México el 20 de noviembre de 1943 entre las fuerzas que habían votado la Constitución de 1931, con la excepción del PNV y los comunistas, cuando se tomaría la decisión de restablecer las instituciones de la República. El primer paso fue la creación de la denominada Junta Española de Liberación (JEL), amplia alianza de partidos que permitió, el 17 de agosto de 1945, la primera reunión de las Cortes, 72 diputados en total, en la capital mexicana. Su presidente, Diego Martínez Barrio, asumió entonces ante ellas de forma interina la presidencia de la República, y el jefe del gobierno, Negrín, resignó sus poderes ante la Cámara. Abierto el turno reglamentario de consultas, Giral recibió el encargo de formar nuevo gobierno, cosa que hizo sin lograr integrar a todos los partidos leales al régimen, pues quedaron fuera los comunistas.

Se iniciaba así la época dorada de la República en el exilio. Nueve naciones —México, Guatemala, Panamá, Polonia, Rumanía, Venezuela, Checoslovaquia, Hungría y Yugoslavia— reconocieron al gobierno Giral, que, en un contexto internacional dominado por la necesidad de dar forma a un nuevo orden mundial tras la derrota del fascismo, emprendió de inmediato gestiones para lograr que la flamante Organización de las Naciones Unidas (ONU) reconociera la legitimidad de la República y se la negara al régimen franquista. Así sucedió al principio. Los delegados de la JEL lograron que la delegación mexicana en la Conferencia de San Francisco, iniciada en abril de 1945, apoyara una enmienda que establecía que solo podrían incorporarse a la ONU los países cuyo régimen no se hubiese establecido con la cooperación militar de estados que combatieron a las propias Naciones Unidas, denominación ya adoptada por el bando aliado en la contienda. La enmienda fue aprobada, y algo más de un año después, en octubre de 1946, la Asamblea General de la ONU decidía la retirada de la España franquista de todos los embajadores de los estados miembros.

Sin embargo, las cosas no pasarían de ahí. Pocos años después, la guerra fría convertía a Franco en un valioso aliado para un Occidente que había olvidado al fascismo y consideraba ahora su único enemigo al comunismo soviético. En noviembre de 1950, la Asamblea de la ONU revocaba la resolución de 1946. Cinco años después, en diciembre de 1955, España, la España de Franco, se convertía en miembro de pleno derecho de la Organización de las Naciones Unidas.

Y en ese contexto, ¿qué podían hacer los gobiernos republicanos en el exilio? Bien poco. Sonoras declaraciones, protestas vanas… Así lo entendió enseguida Indalecio Prieto, que de inmediato comenzó a propugnar el acercamiento a la oposición antifranquista del interior con el fin de preparar un plebiscito sobre la forma de gobierno que deseaban los españoles. Tal fue la línea del gobierno presidido por el también socialista Rodolfo Llopis, que sucedió a Giral el 9 de febrero de 1947. Sin embargo, esas ideas no pasaban de ser meras ensoñaciones. Las grandes potencias miraban a Franco con simpatía creciente y el dictador se aprestaba a introducir en su régimen los cambios cosméticos convenientes para hacerlo más presentable a sus potenciales aliados. Por ello, Prieto terminó por convencerse de que la misma existencia de un gobierno republicano en el exilio era superflua: el camino pasaba por negociar con los monárquicos. En agosto de 1947, caído el gabinete Llopis al asumir el PSOE las propuestas de Prieto, un nuevo gobierno en el exilio, presidido por Álvaro de Albornoz, asumía la representación de la legitimidad republicana ante la comunidad internacional.

El 30 de agosto de 1948, el Pacto de San Juan de Luz, sellado por socialistas y monárquicos, parecía indicar que la estrategia impulsada por Prieto era la correcta. La declaración final recogía la idea del líder socialista sobre la necesidad de que fuera el pueblo quien, directa o indirectamente, se pronunciara sobre la forma de régimen. Sin embargo, una vez más, se trataba de pura fantasía. Juan de Borbón, hijo de Alfonso XIII y depositario de la legitimidad sucesoria, desautorizó el pacto.

A partir de esa fecha, la existencia de las instituciones republicanas en el exilio fue puramente nominal, es decir, más nominal aún de lo que había sido hasta entonces. Cerradas las vías para el retorno de la democracia dentro y fuera de España, a los leales defensores de la legitimidad de la República no les quedaba ya sino mantener en alto la bandera tricolor, como bien afirmó Gordón Ordax, sucesor de Albornoz al frente del gobierno entre 1951 y 1960, hasta que la muerte de Franco abriese nuevas posibilidades para un posible retorno. Fallecido Martínez Barrio en 1962, le sucedió como presidente de la República el socialista moderado Luis Jiménez de Asúa, hasta entonces vicepresidente de las Cortes, y a este, en 1970, el antes ministro José Maldonado, de Izquierda Republicana. Pero su actividad fue nula, como lo fue también la de los sucesivos gobiernos que tomaron el testigo del presidido por Gordón a partir de 1960, gabinetes de personalidades, sin apoyo de los partidos, que se limitaron a difundir mensajes, publicar declaraciones, lanzar sentidos llamamientos a la unidad y esperar, sobre todo esperar, a la muerte del dictador.

Cuando esta se produjo al fin, el 20 de noviembre de 1975, no dejó paso, por fortuna, a un franquismo sin Franco, como el mismo dictador había previsto. Pero tampoco fue la República el régimen que escogieron los españoles. La alta participación popular en los comicios de 1977 fue bastante para los republicanos del exilio, que ni siquiera esperaron ya a la aprobación en plebiscito de la Constitución monárquica de 1978. El 21 de junio de 1977, una semana después de las elecciones, José Maldonado, presidente de la República, y Fernando Valera, jefe del gobierno, proclamaron la disolución de las instituciones republicanas en el exilio. La democracia había regresado a España. Después de todo, eso era lo único que importaba.

Epílogo

¿Por qué?

A los españoles, para quienes la convivencia no es odio, ni el saludo trágala, ni la República anarquía, ni el orden explotación del trabajo, ni la justicia social guerra de clases, ni la separación de la Iglesia del Estado incendio de templos, ni la libertad de conciencia asesinato del clero, ni la fe católica persecución inquisitorial, ni el amor a la patria nuestra plagio de exóticos nacionalismos, ni la relación humana exterminio del adversario.

Niceto Alcalá-Zamora:
Régimen político
de convivencia en España. Lo que no debe ser
y lo que debe ser (1945).

La pregunta que este libro ha tratado, con mayor o menor éxito, de responder no debería, para terminar, quedar flotando en el aire en espera de una contestación. ¿Por qué fracasó el primer experimento democrático español? La respuesta no es sencilla. Casi nunca lo es cuando el protagonista de la historia es una colectividad humana, pues el comportamiento de los hombres, a diferencia de los ratones de laboratorio, no resulta nunca del todo reductible a rígidos esquemas preconcebidos, por muy científicos que pretendan ser. Descartemos, en consecuencia, para empezar las explicaciones de cuño ideológico. Culpabilizar a la izquierda o a la derecha del fracaso de la Segunda República, y menos aún sin reconocer que había distintas derechas y distintas izquierdas en aquel régimen, no va a proporcionarnos ninguna explicación satisfactoria. Tampoco lo harán las respuestas que cargan las tintas en exclusiva sobre una única causa: el sistema de partidos, la crisis económica, los defectos de la Constitución de 1931… Todos estos factores tuvieron, sin duda, su relevancia, pero ninguno de ellos resultó por sí solo lo bastante determinante como para impedir que los conflictos que tenía planteados la sociedad española de los años treinta pudieran alcanzar una solución dentro de los límites de la política. Optaremos, en suma, por las explicaciones multicausales, que son, precisamente, las propias y específicas del conocimiento histórico y las únicas que logran aproximaciones válidas a la comprensión del pasado.

Quizá deberíamos empezar por señalar el peso que tuvieron los factores estructurales en el fracaso de la Segunda República. Durante el espasmódico siglo XIX, la sociedad española había experimentado escasos progresos. Solo la estabilización oligárquica que supuso el régimen de la Restauración, a partir de 1876, implicó una notable aceleración en el proceso de modernización nacional, aunque su resultado, medido en los años treinta del siglo pasado, fue incompleto y desigual. La industria, a pesar del crecimiento que experimentó en las últimas décadas del siglo XIX y las primeras del siglo XX, solo alcanzó un nivel importante en Cataluña y en el País Vasco, e incluso en estas regiones sobrevivía en buena medida gracias al férreo proteccionismo con que la beneficiaron de forma sistemática los gobiernos de todo signo político a partir del Sexenio Democrático. La agricultura, a pesar del retroceso continuado de su importancia, no dejó de ser la actividad más relevante, aunque en los años treinta dejó por vez primera de ocupar a más del cincuenta por ciento de los trabajadores del país, y se mostró incapaz, con la pequeña excepción que suponían los cítricos levantinos o la remolacha azucarera, de superar sus problemas seculares. Formas arcaicas de propiedad, escasa tecnificación y ausencia de mentalidad empresarial condenaban al agro español a una ineficiencia crónica que lastraba las cosechas con el terrible peso de unos costes muy elevados y unas cotas de productividad muy bajas, haciendo de él más un freno que un motor del desarrollo industrial del país.

Y si la economía española podía ser comparada sin exagerar demasiado con un mar de tradicionalismo salpicado aquí y allá por algunas pequeñas islas de modernidad, la sociedad acusaba una dualidad semejante. Junto a los terratenientes, nobles o burgueses, de mentalidad tradicional, las hambrientas masas de jornaleros del centro y el sur de la península y los conservadores pequeños propietarios de tierras del norte, todos ellos herencia del Antiguo Régimen que había sido consolidado y ampliado por las desamortizaciones del siglo XIX, España poseía ya también nutridas clases medias urbanas, una pujante burguesía industrial y financiera y un proletariado fabril numeroso y organizado. Y esta dualidad, ya de por sí conflictiva, se hacía aún más compleja por cuanto no se manifestaba de forma homogénea sobre el territorio nacional, generando con ello una gran desigualdad entre las regiones y haciendo más difícil que en otros países un proceso de integración nacional que, además, el liberalismo hispano había afrontado con escasa continuidad y convicción.

El resultado de todo ello, como decíamos en los primeros capítulos de este libro, era que en la sociedad española existía una conflictividad potencial mayor que en sus vecinos más avanzados. El nivel de desarrollo alcanzado hacía posible, por un lado, que los grupos sociales más desfavorecidos, obreros y jornaleros sin tierra principalmente, concibieran demandas propias de una sociedad moderna y se organizaran con suficiente fuerza para arrancar concesiones importantes. Pero ese mismo nivel de desarrollo no permitía que las conquistas obreras resultaran duraderas, pues su mantenimiento ponía en peligro la continuidad misma del desarrollo.

Pero el problema se hizo mucho mayor en los años treinta del siglo XX, y ello por dos razones fundamentales. La primera fue de índole exclusivamente económica, y se relaciona con la grave crisis occidental que solemos conocer como Depresión de 1929 o, simplemente, Gran Depresión. Aunque España, por su escasa apertura al comercio mundial, no resultó tan afectada como otros países, sí lo fue lo suficiente como para menoscabar el nivel de vida de los obreros, incrementando así sus exigencias, a la vez que hacía más difícil su satisfacción por parte de unos empresarios que veían deteriorarse sus propias expectativas de beneficio. La segunda fue de naturaleza política, aunque quizá habría que decir psicológica, y se vincula a la existencia misma de la Segunda República. Como vimos, la República se había convertido para muchos españoles en una suerte de mito cuya sola existencia se identificaba con la solución a todos los calvarios de las clases populares. Era inevitable, pues, que su proclamación produjera un importante incremento de las expectativas de los más necesitados, lo cual, al producirse en un contexto de crecientes dificultades económicas, como eran los años treinta del siglo XX, había de generar con gran rapidez una enorme frustración entre los obreros, facilitando su radicalización.

La crisis tuvo, además, un efecto político añadido en la mayor parte de los países occidentales. El enorme incremento del desempleo y la miseria que traía aparejada en un momento en el que apenas existían medidas paliativas extendió como un reguero de pólvora la desconfianza hacia la democracia y el capitalismo liberal. Por contra, las ideologías alternativas por la derecha y por la izquierda, el fascismo y el comunismo, que compartían recetas de cuño totalitario en lo político e intervencionista en lo económico, experimentaron un gran auge en todos los países. El comunismo se consolidó en la antigua Rusia de los zares, que se convirtió en un referente para la izquierda europea más radical, de igual modo que lo fueron para la derecha la Italia de Mussolini y la Alemania de Hitler. Así las cosas, los dirigentes españoles no podían dejar de verse influidos por estos hechos, que tendían a considerar como avisos de lo que el futuro inmediato podía depararles y actuaban así como un nuevo factor de radicalización que venía a sumarse a la presión de sus propias bases. Era cuestión de tiempo que la izquierda empezara a percibir el fantasma del fascismo tras cada iniciativa de la derecha, y la derecha, el espectro del comunismo tras cada movimiento de la izquierda.

Todo lo que hemos dicho hasta ahora podría hacer pensar que el fracaso de la Segunda República era inevitable. Por supuesto, no es así. Únicamente significa que el régimen se vio obligado a existir, y, lo que es más grave, a tratar de consolidarse, en un contexto de especial dificultad en todos los órdenes. Sin embargo, ese contexto era igualmente difícil, o incluso más, para otros países, que no por ello vieron despeñarse su democracia, también incipiente en algunos casos, por el terrible abismo de una guerra civil o una dictadura de uno u otro signo. Para explicar esas diferencias es necesario, pues, recurrir a otros factores a los que hasta ahora no hemos hecho alusión.

Esos factores no son otros que la notable fragilidad del sistema de partidos de la Segunda República, la poco fluida relación entre sus líderes y el escaso o nulo talante democrático de la mayoría de ellos. Los partidos leales al régimen, en primer lugar, eran poco más que agrupaciones de carácter improvisado o muy reciente, casi por completo subordinados a unos líderes de personalidad muy absorbente que dejaban escaso espacio para el debate interno, y muy deficientes en cuanto a organización, programas y capacidad de movilización de masas. En realidad, en la Segunda República solo se reconocen dos auténticos partidos, es decir, dos fuerzas que contaban con masas organizadas en el ámbito nacional y capacidad para movilizarlas al servicio de una ideología y un programa claros. Y lo relevante para nuestro argumento es que ninguna de ellas era republicana.

La primera, el PSOE, consideraba la República como la etapa necesaria de triunfo de la burguesía previa a la implantación del socialismo. Por ello, y no de manera unánime, como hemos visto, estuvo dispuesto a sumarse a la izquierda republicana con el objetivo de acelerar las reformas necesarias para forzar la maduración histórica del país, a la vez que mejoraba el nivel de vida de las clases populares y fortalecía la organización sindical del partido a costa de su enemiga anarquista. Pero cuando el programa reformista, como resultado de sus propias contradicciones internas y la cerril actitud de gran parte de las derechas, reveló sus limitaciones y sus bases se desencantaron, mientras en Europa los partidos hermanos empezaban a sufrir la ofensiva de la derecha totalitaria, los líderes socialistas adoptaron una estrategia revolucionaria que, como probaron los sucesos de octubre de 1934, ni fue meramente verbal ni sedujo tan solo al ala izquierda o caballerista del partido.

La segunda, la CEDA, si bien no llegó a abandonar nunca la legalidad republicana, mantuvo siempre respecto a ella una calculada ambigüedad tras la que a duras penas se ocultaba el objetivo de superarla con el fin de implantar un régimen autoritario, corporativo y confesional del todo incompatible con la democracia parlamentaria que encarnaba la República. Y aunque su estrategia fue gradualista, desde el principio quedó claro que la alianza parlamentaria sellada por Gil-Robles con los radicales no pretendía a medio plazo sino acelerar su desgaste con el fin de sustituirles llegado el momento a la cabeza del gobierno e impulsar desde ella la realización de su programa máximo.

Pero lo peor no es que ni el PSOE ni la CEDA tuvieran del régimen una concepción meramente instrumental. El factor determinante es que la República vino a depender para su gobernabilidad de ambos partidos. La izquierda burguesa, encarnada en la figura de Azaña, optó por la alianza con el PSOE para hacer posible la puesta en práctica de su programa reformista durante el primer bienio; el centro republicano, del que el lerrouxismo constituía la fuerza más importante, buscó el apoyo de la CEDA para hacer realidad sus intenciones de templar la República y consolidarla. Sin embargo, existían otras posibilidades. Ninguna de las dos alianzas eran, en realidad, inevitables. En su lugar, Azaña y Lerroux podían haber optado por construir una gran coalición republicana que hubiera integrado desde la derecha representada por el Partido Agrario y los pequeños partidos de Miguel Maura, Niceto Alcalá-Zamora y Melquíades Álvarez, a la izquierda radical-socialista. Dicha coalición, con un programa reformista moderado, sin duda habría desencantado a las masas obreras y quizá habría conducido a una parte de ellas a la revolución, pero eso ocurrió de todos modos, y difícilmente es posible imaginar que las cosas hubieran podido ir peor de lo que fueron.

Sin embargo, existía un segundo factor que hizo que la alternativa de la gran coalición republicana ni siquiera se planteara hasta los días inmediatamente anteriores al estallido de la guerra civil. Ese factor no era otro que las pésimas relaciones personales que, casi desde el primer momento, se dieron entre los principales líderes republicanos, dificultando con ello que se alcanzara el consenso básico que todo régimen democrático requiere para sobrevivir. Manuel Azaña, Niceto Alcalá-Zamora y Alejandro Lerroux sentían entre sí escasas simpatías, hecho que no habría tenido importancia alguna de no ser porque permitieron que sus frecuentes desavenencias personales interfirieran de modo decisivo en su labor política, algo muy grave cuando uno de ellos era nada menos que el jefe del Estado y los otros dos, los líderes más destacados de la izquierda y el centro republicanos. Además, su fe democrática no era muy firme, pues con frecuencia exigieron para sí mismos y sus decisiones un respeto que no estaban dispuestos a ofrecer a los demás y se valieron de los cargos que ocupaban para perseguir objetivos incompatibles con su ejercicio.

Manuel Azaña, que reconoció en público su sectarismo, se arrogaba el derecho a moldear la República a su gusto, lo que, por supuesto, incluía hacer de la Constitución un programa de partido, y creía que la izquierda, por el mero hecho de serlo, poseía títulos suficientes para gobernarla en exclusiva. De ahí que, cuando el Partido Radical y la CEDA ganaron las elecciones de 1933, reclamara del jefe del Estado, junto con otros líderes de la izquierda, la anulación de unos comicios que se habían desarrollado con toda limpieza y bajo una ley electoral diseñada por las izquierdas mismas. Y de ahí también que, cuando la CEDA entró por primera vez en el gobierno, en octubre de 1934, de manera por completo ajustada a la ley y no menos legítima, lejos de colocarse del lado de un gobierno que representaba en aquel momento la legalidad republicana, declaró su ruptura con las instituciones del régimen, que, por lo que parece, solo le merecían respeto cuando se encontraban bajo su control.

En cuanto a Alcalá-Zamora, aceptó sin esfuerzo la presidencia de la República y juró obediencia a una Constitución que detestaba y que consideraba necesario cambiar lo antes posible. Nada malo habría existido en ello de no ser porque su ejecutoria como jefe del Estado, lejos de desarrollarse en el contexto de un respeto escrupuloso por las funciones que la Carta Magna le atribuía, las rebasó ampliamente, actuando en ocasiones más como un monarca que como un presidente. En concreto, su obsesión por centrar el régimen le llevó a interferir de forma reiterada en la labor de los sucesivos gabinetes constituidos durante su mandato, negándose en ocasiones a sancionar con su firma las leyes o presionando de uno u otro modo a los políticos a los que él mismo había encargado la formación de gobierno. Sin embargo, esa obsesión no le impidió, en una actitud de suprema incoherencia, torpedear sin misericordia la obra de Alejandro Lerroux, el más cualificado representante del centro político, que intentaba alcanzar el mismo objetivo, tan solo porque pretendía hacerlo en compañía de José María Gil-Robles, de cuyas intenciones hacia la República desconfiaba el presidente. Ni tampoco evitó que, pudiendo no hacerlo, desencadenara la tormenta política que, inducida por los asuntos del estraperlo y Nombela, condujo a la destrucción definitiva del Partido Radical, solo para, al poco tiempo, tratar de construir de la nada una nueva fuerza centrista llamada a jugar el papel del fenecido lerrouxismo, y sin reparo alguno en valerse para ello de los mecanismos caciquiles más característicos de la vieja política.

Por último, es necesario reconocer que Alejandro Lerroux, quizá el político republicano peor tratado por la Historia, al menos se mantuvo siempre fiel a las reglas del juego democrático. Sus pecados, aunque evidentes, son menos graves que los de sus coetáneos, pues poco puede reprochársele además de mantener a su lado a sabiendas a políticos corruptos y advenedizos sin escrúpulos. Su gran error fue de juicio político más que de naturaleza moral, y no resulta muy distinto del que, como vimos, cometió Azaña con respecto a los socialistas. El viejo caudillo radical convirtió en su razón de ser el objetivo de centrar la República y consolidarla por medio de la alianza con la CEDA, un partido que no solo carecía de interés alguno en su supervivencia, sino que pertenecía a un universo ideológico situado en las antípodas de la democracia parlamentaria que el régimen encarnaba.

Todos estos factores desempeñaron un papel más o menos relevante en el trágico final del régimen y contribuyeron al fracaso del que, con sus errores y limitaciones, fue el primer y valioso experimento democrático de nuestra historia. Ninguno de ellos debería, pues, pasarse por alto, pero tampoco utilizarse como argumento para olvidar que, en última instancia, la Segunda República pereció como resultado de un levantamiento militar encabezado por militares que habían jurado lealtad a la Constitución republicana, y que, después de todo, fue ese levantamiento el que, fueran cuales fuesen los argumentos usados entonces en su defensa, derribó la República y dio origen a la más cruenta guerra civil de nuestra historia.

Bibliografía

ALONSO GARCÍA, María del Rosario: Historia, diplomacia y propaganda de las instituciones de la República española en el exilio (1945-1962), Madrid, Fundación Universitaria Española, 2004.

AVILÉS FARRÉ, Juan: La izquierda burguesa y la tragedia de la Segunda República, Madrid, Comunidad de Madrid, 2006.

—. «Los socialistas y la insurrección de octubre de 1934», Espacio, tiempo y forma, Serie V, Historia Contemporánea, tomo 20, Madrid, UNED, 2008.

BARRIO ALONSO, Ángeles: La modernización de España (1917-1939): política y sociedad, Madrid, Síntesis, 2004.

BEN AMI, Shlomo: Los orígenes de la Segunda República. Anatomía de una transición, Madrid, Alianza Editorial, 1990.

BERDAH, Jean-François: La democracia asesinada: la República española y las grandes potencias, 1931-1939, Barcelona, Crítica, 2002.

CABEZA SÁNCHEZ-ALBORNOZ, Sonsoles: Historia Política de la Segunda República en el exilio, Madrid, Fundación Universitaria Española, 1997.

CABRERA, Mercedes: La patronal ante la Segunda República: organizaciones y estrategia, 1931-1936, Madrid, Siglo XXI, 1983.

CASANOVA, Julián: De la calle al frente: el anarcosindicalismo en España (1931-1939), Barcelona, Crítica, 1997.

BERAMENDI, Justo, y Ramón MÁIZ (eds.): Los nacionalismos en la España de la II República, Madrid, Siglo XXI-Consello da Cultura Gallega, 1991.

FUENTES, Juan Francisco: Largo Caballero: el Lenin español, Madrid, Síntesis, 2005.

GIL PECHARROMÁN, Julio: La II República, Madrid, Biblioteca Nueva, 2006.

—. Niceto Alcalá-Zamora, un liberal en la encrucijada, Madrid, Síntesis, 2005.

GÓMEZ MOLLEDA, M.ª Dolores: La masonería en la crisis española del siglo XX, Madrid, Taurus, 1986.

ÍÑIGO FERNÁNDEZ, Luis: La derecha liberal en la Segunda República española, Madrid, UNED, 2000.

IRWIN, William J.: The 1933 Cortes Election. Origin of the Bienio Negro, Nueva York, Garland Publishing, 1991.

JACKSON, Gabriel: La República española y la Guerra Civil, Barcelona, RBA, 2005.

JULIÁ, Santos: La izquierda del PSOE (1935-1936), Madrid, Siglo XXI, 1977.

—. Manuel Azaña, una biografía política: del Ateneo al Palacio Nacional, Madrid, Alianza Editorial, 1990.

MACARRO, José Manuel: «¿República o democracia? Las culturas obreras en la II República». En GONZÁLEZ DE MOLINA, Manuel, y CARO CANCELA, Diego: La utopía racional: estudios sobre el movimiento obrero español, Granada, Universidad, 2001.

MALEFAKIS, Edward: Reforma agraria y revolución campesina en la España del siglo XX, Barcelona, Ariel, 1982.

MARCOS DEL OLMO, María Concepción: La II República y la Guerra Civil (1931-1939), Madrid, Actas, 2002.

MIRALLES, Ricardo: Negrín. La República en guerra, Madrid, Temas de hoy, 2003.

MONTERO, José Ramón: La CEDA. El catolicismo social y político en la II República, Madrid, Revista del Trabajo, 1977.

PALAFOX, Jordi: Atraso económico y democracia. La Segunda República y la economía española, 1892-1936, Barcelona, Crítica, 1991.

PAYNE, Stanley G.: El colapso de la República, Madrid, La Esfera de los Libros, 2005.

—. ¿Por qué la República perdió la Guerra?, Madrid, Espasa-Calpe, 2010.

PRESTON, Paul: La destrucción de la democracia en España. Reforma, reacción y revolución en la Segunda República, Madrid, Alianza Editorial, 1987.

QUEIPO DE LLANO, Genoveva: Los intelectuales y la República, Madrid, Nerea, 1990.

RUIZ, David: Octubre de 1934: revolución en la República española, Madrid, Síntesis, 2008.

RUIZ-MANJÓN, Octavio: El Partido Republicano Radical, 1908-1936, Madrid, Tebas, 1976.

TOWNSON, Nigel: La República que no pudo ser. La política de centro en España, 1931-1936, Madrid, Taurus, 2002.

—. El republicanismo en España (1830-1977), Madrid, Alianza Editorial, 1994.

TUSELL, Javier: Las elecciones del Frente popular en España, Madrid, Edicusa, 1971.

—. Las Constituyentes de 1931: unas elecciones de transición, Madrid: CIS, 1982.

VARELA, Santiago: El problema regional en la Segunda República española, Madrid, Unión Editorial, 1976.

—. Partidos y Parlamento en la Segunda República, Barcelona, Ariel-Fundación Juan March, 1978.

YUSTE DE PAZ, Miguel Ángel: La II República española en el exilio en los inicios de la Guerra Fría (1945-1951), Madrid, Fundación Universitaria Española, 2005.