Este libro es el resultado de una investigación realizada en el Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México.

PRÓLOGO A LA NUEVA EDICIÓN

La primera edición de El siglo de las drogas fue publicada en 1996. La reedición de 2005 incluyó otro capítulo que abarcó los últimos años de la década de los noventa del siglo XX y los primeros del nuevo milenio. Es un texto basado en gran medida en fuentes periodísticas consultadas en la Hemeroteca Nacional. Es una mirada rápida y sintética, desde finales del siglo XIX, de la manera en que se usaban y percibían —según lo consignado por periódicos de la Ciudad de México, Sinaloa, una revista médica, médicos de renombre y políticos de diferentes épocas— ciertas plantas como la marihuana, la amapola y la hoja de coca, sus derivados y quienes comerciaban con esos productos antes y después de la promulgación de leyes para prohibirlos. De ese modo, el libro muestra parte de un proceso histórico de construcción y transformación de un campo de actividades, de sus agentes sociales y del lenguaje para designarlos. Es producto de un proyecto académico, pero pensado y escrito para ser difundido entre un público más amplio, el cual ha respondido de manera positiva y origina esta nueva edición de la obra.

Durante la administración del presidente Felipe Calderón (2006-2012), los medios nacionales y extranjeros, así como investigadores académicos, escritores y otros miembros individuales o colectivos de la sociedad civil se mostraron más interesados que en épocas anteriores en los temas de las sustancias psicoactivas ilegales, los traficantes —personajes centrales de lo que en México se empezó a llamar delincuencia organizada desde principios de los años noventa del siglo XX— y la seguridad. Los homicidios dolosos presuntamente relacionados con la delincuencia organizada, las desapariciones forzadas, las torturas, los desplazamientos de población a causa de la violencia, en fin, la violación a los derechos humanos, fueron temas recurrentes en discursos, escritos y manifestaciones. En gran parte de lo publicado y verbalizado en ese periodo se reflejó un desconocimiento, o desinterés, por la historia de un fenómeno que a muchos los tomó por sorpresa, como si hubiera surgido de manera espontánea, como si hubiera sido creado por un maquiavélico complot o hubiese sido culpa directa de un presidente, incapaz de controlar los demonios que había liberado con sus decisiones. Ese desconocimiento llevó a algunos a inventarse historias a modo sobre la historia del fenómeno, a reinventarla en dos o tres frases surgidas de su imaginación y a construir ficciones a la medida de su ignorancia, aderezadas con el empleo adictivo de fetiches lingüísticos predominantes, propios de una época, como “narco”, “cártel”, “ejecutado”, “levantado”, y un largo etcétera. Afortunadamente, también hubo una importante producción simbólica dentro y fuera de México, que a pesar de no mostrar todavía una clara ruptura epistemológica con un lenguaje donde predominan las etiquetas generadas por agencias gubernamentales, policías, periodistas y traficantes, ha avanzado en un conocimiento más profundo de la multiplicidad de variables que hay que tomar en cuenta para explicar de mejor manera un fenómeno de gran crecimiento, rápida expansión y diversificación global, y difícil control.

A 20 años de la primera edición de este libro, es todavía enorme el desconocimiento que tenemos sobre la sociohistoria del tráfico de drogas en distintas partes de México, acerca del proceso de articulación en el nivel local y nacional de diferentes tipos de relaciones entre traficantes, políticos, empresarios, fuerzas de seguridad y grupos de la sociedad civil. No sabemos qué modalidades, qué configuraciones particulares han resultado de esas relaciones, mucho menos cómo resolver los problemas de violencia que generan. El lenguaje mismo para hablar sobre el tema muestra las limitaciones del conocimiento, de ahí que se recurra de manera frecuente al uso y abuso de etiquetas, y a “explicaciones” y “soluciones” mágicas en las que individuos todopoderosos, siniestros e iluminados desempeñan un papel central. La detención, el encarcelamiento, o la muerte, de figuras míticas del campo delincuencial, y la ausencia de personajes que en su momento ocuparon posiciones importantes en el campo de la política y fueron considerados por algunos como causantes directos del incremento de la violencia debido a sus decisiones, no han modificado de manera cualitativa las actividades criminales ni las medidas diseñadas desde el poder político para contenerlas. Los individuos cambiaron, pero el negocio ilegal, la estructura, las relaciones y posiciones de poder llevan a quienes ingresan en el mundo criminal y en el político a formar parte de cierta jerarquía y reproducir lógicas propias de esos ámbitos. Qué hacer y cómo para modificar esas lógicas, contener a los criminales, aplicarles la ley y que la política responda al interés colectivo, son retos que como sociedad aún no hemos sabido resolver. Nadie lo hará por nosotros.

En 2016, más de un siglo después de la primera reunión internacional para discutir los asuntos de drogas, particularmente el opio (Comisión Internacional del Opio, Shanghái, 1909), se llevará a cabo una sesión especial sobre el problema mundial de las drogas en la Asamblea General de la ONU (UNGASS 2016). Veremos si las discusiones y decisiones en ese foro marcarán el principio del fin de la “guerra contra las drogas”, si habrá reformas sustantivas al esquema vigente basadas en evidencias científicas, o si ganará la inercia y la ortodoxia prohibicionista que lleve a los investigadores del futuro a hablar de los siglos de las drogas.

México, D. F., febrero de 2016

INTRODUCCIÓN

Las drogas prohibidas, quienes las consumen y los traficantes se han convertido desde hace algún tiempo en motivo de preocupación social en muchas partes del mundo. Los usos y las percepciones sociales, así como las razones para la proscripción de algunas drogas, han variado en el tiempo y en el espacio. El placer, la libertad individual, la salud, la moral y hasta las razones de Estado han sido invocadas. En algunos países es significativa la inclinación de grandes grupos sociales por el consumo de cierto tipo de drogas en determinados momentos históricos. En otros, lo que más llama la atención es el surgimiento, derivado de la prohibición, de agentes sociales dispuestos a satisfacer y diversificar la demanda del mercado, a tratar de crearla donde no la había y a consolidar su actividad. Hay países en los que se combinan de manera diferencial ambas situaciones, de ahí el mayor o menor énfasis en cada una de ellas.

En la actualidad, cuando se habla de drogas se percibe a éstas, a quienes comercian con ellas y a los usuarios desde la perspectiva de la prohibición. Se piensa erróneamente que la interdicción siempre ha existido en todo momento y en todo lugar y que los juicios de valor al respecto no han conocido cambios sustanciales a través del tiempo. Aún más, se tiende a confundir el esquema de percepción dominante en un momento determinado como el más razonable, objetivo, éticamente aceptable y efectivamente compartido por todos los agentes sociales. Nada más opaco a la comprensión histórica y social del fenómeno que la creencia ciega en el discurso de los funcionarios gubernamentales relacionados con las instituciones responsables de la llamada “lucha contra las drogas”, discurso cargado de juicios de valor, generador de informaciones a medias y desinformación, discurso con aspiraciones universalizantes. Por el lado de la prensa, la casi inexistencia de un periodismo de investigación e independiente del poder público ha provocado que ésta refleje y recree a su manera los esquemas de percepción que ha contribuido a imponer. Ante ese panorama de ocultamiento, de invención y de múltiples episodios sin continuidad ni explicación confiable —como se podrá observar a lo largo de este trabajo, que abarca poco más de un siglo, sobre acusaciones de la prensa a funcionarios, por ejemplo, o de éstos entre sí; acusaciones tal vez verdaderas o falsas, pero raras veces comprobadas o desmentidas; casos que casi nunca serán investigados y menos juzgados por las autoridades competentes, y otros que serán simplemente olvidados o ignorados—, se impone la necesidad de distanciamiento, de reserva, una actitud de duda metódica que el lector deberá hacer suya al adentrarse en esta historia y en las explicaciones dadas en las diferentes etapas.

El campo del tráfico de drogas ilícitas, como campo de relaciones sociales complejas que se determinan entre sí y no como fichero policiaco y universo percibido con esquemas maniqueos, está formado no sólo por los agentes sociales más activos y visibles, traficantes y policías, sino por otros no menos dinámicos pero mejor protegidos, más difícilmente reconocibles por el alto grado de legitimación social de sus actividades originales o las que se han creado como cobertura. También están incluidos los encargados de la representación simbólica del fenómeno, aquellos que le otorgan determinado sentido, imponen y llegan a monopolizar en ciertas situaciones los códigos éticos en función de los cuales será percibido.

Las fuentes consultadas, desde finales del siglo XIX hasta nuestros días, han sido principalmente hemerográficas, de Sinaloa y del D. F. Se presenta información relativa a la época del consumo legítimo en el país de sustancias a base de opio (como láudano y otros opiáceos), marihuana y vinos con coca, por ejemplo; también sobre el proceso de prohibición de estos fármacos y, en particular, información relevante sobre una entidad federativa, Sinaloa, donde surgen originalmente las condiciones sociohistóricas para el cultivo de amapola y tráfico de opio en gran escala, y en donde hacen su aparición los traficantes desde una época temprana. Y como posteriormente en otros estados y en diferentes grados, allí también tiene lugar la diversificación y expansión de los cultivos de plantas prohibidas y de las redes de intermediarios, que contribuirán al transporte y comercialización de la cocaína de Sudamérica dirigida al mercado estadounidense.

En esta exposición, Sinaloa, el D. F. y otros estados pueden ser considerados indistintamente como centro o periferia, dependiendo de la localización de los acontecimientos, la importancia adjudicada a los mismos y a los agentes sociales involucrados por quienes están autorizados legítimamente para referirse a ellos y calificarlos, así como por el grado de ignorancia o de distanciamiento social respecto a ellos, y por las repercusiones diferenciales de lo que los agentes sociales que conforman el campo del tráfico de drogas provocan con sus acciones en los campos de lo social, económico, político y cultural, y en los niveles local, estatal, regional y nacional.

Las notas temáticas acumuladas, ordenadas, analizadas y sintetizadas a partir de las fuentes consultadas se presentan como la construcción de un objeto de estudio que da sentido, sin duda limitado, a la dispersión de información pertinente, producida por diversos agentes sociales y consignada principalmente a través de las categorías de percepción de los profesionales de la prensa en diferentes momentos históricos. Esta exposición es apenas el inicio del largo camino por recorrer en un campo donde escasean las fuentes confiables y, por lo tanto, abundan las mitologías.

En México, la historia de los usos, las percepciones y los agentes sociales relacionados con los fármacos prohibidos que más preocupan en la actualidad (marihuana, opiáceos y cocaína, por ejemplo) no ha despertado por el momento el interés de la academia. Esta investigación tiene como propósito contribuir a llenar esa laguna y motivar a la exploración de un objeto de estudio mejor conocido en los casos estadounidense y europeo.

Esta nueva edición contiene un capítulo adicional que incluye aspectos relevantes del tráfico de drogas en México en los últimos 10 años. El texto es básicamente una síntesis de varios trabajos de investigación realizados por el autor en ese periodo, presentados en conferencias dentro y fuera del país y algunos publicados en revistas y libros especializados en México y el extranjero.

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El Porfiriato y los años veinte

En el Porfiriato, las importaciones de opio alcanzaron cifras sólo comparables, parcialmente y con algunas reservas, con las presentadas como destrucción del opio y la heroína para el periodo 1983-1991 en el Programa Nacional para el Control de Drogas 1989-1994. Las cantidades de opio importado oscilaron entre casi 800 kilos y cerca de 12 toneladas,¹ en el periodo que va de 1888 a 1911. El número de habitantes de la época era poco más de 15 millones en 1910, y el consumo de opio, en forma de láudano y otros compuestos opiados, era legítimo y usual.

Los vinos (cordiales) con coca y los cigarrillos de marihuana (para combatir el asma, por ejemplo) formaban parte de los productos que se ofrecían normalmente en las farmacias. En periódicos y revistas de finales del siglo XIX y todavía hasta los años treinta del siglo XX, se anunciaban estos fármacos y las propiedades curativas que se les atribuían. En las farmacopeas de la época se indicaba cómo preparar los compuestos con esas sustancias, y las diversas formas que deberían existir en toda farmacia digna de ese nombre; a saber: jarabes, extractos, tinturas, entre otros, así como las dosis máximas para adultos y niños.

Las preocupaciones que empiezan a surgir a finales del siglo XIX se refieren a las dosis a partir de las cuales el uso de esas sustancias provoca intoxicaciones, así como a las adulteraciones realizadas por personas ajenas a la profesión farmacéutica. En otras palabras, preocupan la medida justa, el control de calidad y los agentes sociales que pueden garantizar tales cosas legítimamente. El uso terapéutico no se pone en duda y los juicios morales están todavía muy lejos de la orientación actual, aunque ya es posible encontrar muestras de un cambio de percepción. Los farmacéuticos defienden su profesión y los intereses de su corporación, rechazan ser considerados como “médicos de segunda” y critican la ineficacia de la reglamentación sanitaria para controlar la venta libre de algunas plantas como la marihuana, que se podía adquirir fácilmente en el mercado de La Merced y en otros de la capital del país.

En Sinaloa, datos estadísticos de 1886 consignan ya desde entonces la existencia de la adormidera blanca entre la flora de la región, así como del cáñamo indio² o marihuana —en 1828 se consigna ésta entre la flora de Sonora—,³ y son clasificadas como plantas textiles u oleaginosas, pero no como medicinales. En su obra de 1877, Eustaquio Buelna no menciona ninguna de las dos, aunque esto no significa necesariamente que esas plantas eran inexistentes en el momento de escribir y editar su libro.⁴ Desconocimiento, desinterés u olvido pueden haber sido las causas, a menos que se piense que en sólo una década la percepción de la importancia de esas plantas, o la extensión de su cultivo, influyeron para que fueran mencionadas⁵ y clasificadas oficialmente. En las publicaciones estadísticas de Sinaloa aparecen todavía en 1959 las plantas citadas clasificadas de la misma forma que en 1886.

Entre las causas de ingreso a las prisiones, a finales del siglo XIX y principios del XX, se encuentran con mayor frecuencia la ebriedad y las riñas; raras veces caen presos por el consumo de marihuana, opio y sus derivados o cocaína. Hay noticias de muertes y suicidios por sobredosis de morfina o de láudano. También existe la publicidad de una clínica de la Ciudad de México que trataba casos de morfinomanía.

Antes de la prohibición del cultivo y comercio de la marihuana en 1920 y de la adormidera en 1926, las noticias relacionadas con esas plantas se refieren principalmente a los usos sociales de la marihuana: entre los soldados, prisioneros, gente del bajo mundo, pero también entre gente acomodada que asiste a fumaderos especiales decorados al estilo oriental. Cuando se habla de fumaderos de opio, se les relaciona invariablemente con las minorías chinas.

OPIO, COMPUESTOS OPIADOS Y FUMADEROS

Una de las publicaciones más interesantes donde se pueden encontrar referencias acerca de los usos legítimos de las sustancias antes mencionadas es la revista La Farmacia, órgano de la Sociedad Farmacéutica Mexicana, editada desde 1890. Por los artículos especializados aparecidos en ella sabemos que el láudano era un medicamento de uso diario en la época. A diferencia de otros países, en México se empezó a utilizar el hidro-alcohol en lugar del vino de Málaga en la preparación del láudano, según lo consigna la primera Farmacopea Mexicana publicada en 1846. La razón no podría ser más sorprendente para la sensibilidad actual: tenía mayor cantidad de morfina que el preparado con vino. Con el fin de uniformar la composición de la sustancia, el profesor J. M. Lasso de la Vega, vicepresidente de la Sociedad Farmacéutica Mexicana (SFM), propone que la preparación se haga conforme a las siguientes especificaciones: 200 g de opio con un contenido de 10% de morfina; 1 600 g de alcohol de 300; 100 g de azafrán escogido y seco; 1.50 g de esencia de canela y 1.50 g de esencia de clavo.⁶

Si bien el uso del láudano era común, por lo menos desde 1878 existía una preocupación por controlar las denominadas “sustancias peligrosas”. Así, a propuesta del Consejo Superior de Salubridad Pública, el gobernador del D. F. Luis C. Curiel dispone que los propietarios de boticas, droguerías y fábricas de productos químicos en la capital del país observen ciertas reglas, como la de no vender tales sustancias —entre las que se mencionan la morfina, sus sales y el opio— sino por prescripción médica y garantizar su pureza.⁷ En 1883, el Consejo publica un “Proyecto de reglamento sobre el expendio de medicinas y otras sustancias de uso industrial en boticas, droguerías y otros establecimientos”, donde señala que los medicamentos peligrosos no podrán venderse sino por prescripción médica o a petición del facultativo. La novedad es que en la lista se agrega la marihuana. Asimismo, se estipula que quienes se dedican a la recolección y venta de las plantas y animales medicinales “no podrán vender aquellos que sean venenosos o nocivos sino a los farmacéuticos”. En esta clasificación se incluye a la marihuana. Entre las sustancias que debe haber en toda botica se mencionan: las hojas de coca, las flores y jarabes de amapola, los frutos y semillas de las cápsulas de adormidera, y los jugos, extractos, jarabes y tinturas de opio.⁸ Entre los antídotos para combatir los efectos del opio, del láudano y de la morfina, considerados también como venenos —hay que recordar que los griegos de la antigüedad inventaron la palabra fármaco para designar aquellas sustancias que podrían ser tanto remedio como veneno—, se anotan el café negro en gran cantidad, la solución de tanino y la solución iodoiodurada.⁹ Otro reglamento de uno de los capítulos del Código Sanitario expedido en 1892 estipula que además de los farmacéuticos y los médicos, también las parteras legalmente autorizadas podrán prescribir el láudano de Sydenham.¹⁰ El uso oficial de compuestos opiados como el mencionado puede entenderse mejor al leer testimonios de la época. Al respecto, se puede citar el del médico y farmacéutico de la época Ismael López Treviño acerca del opio de las droguerías de la Ciudad de México:

La droga de que hoy me ocupo es, sin discusión ninguna, una de aquellas que, no sólo en nuestro país, sino en la mayor parte del mundo civilizado, tiene una aplicación muy extensa e importante en terapéutica; de aquellas que, siendo de un uso diario de todos los médicos, da lugar a una demanda considerable, originando con esto que su precio sea muy elevado y se preste, por tal motivo, a multitud de fraudes y adulteraciones.¹¹

Al analizar la calidad de los opios existentes en una lista de droguerías (Belga, de C. Félix y Cía., Uihlein, Seminario, Tacuba, Grisi, Méndez, Labadie, Mexicana, del Elefante, y de Santa Catarina) tratados mediante dos procedimientos diferentes, López Treviño encontró que la calidad estaba por debajo de las sugerencias de la Farmacopea (10% de morfina), excepto en un caso y con uno de los procedimientos. Para él, las intoxicaciones tenían una relación directa con la baja calidad de los opios y la manera poco profesional de prepararlos. Hay que señalar que las sustancias para uso medicinal también se vendían en tlapalerías y mercados, lugares fuera de control de los farmacéuticos, quienes aspiraban al reconocimiento social de su saber y a colocarse por encima de aquellos a los que denominaban charlatanes, boticarios o herbolarios.

Además de los usos sociales de esas sustancias en México, se informaba de las aplicaciones en otras partes del mundo, su composición, modo de prepararlas, dosis sugeridas y surgimiento de otras novedades. Por ejemplo: inyecciones subcutáneas de cocaína para combatir el cólera en Hamburgo (1893); la tintura de cannabis indica empleada en Portugal como anestésico local en operaciones dentales (1898); heroína para combatir la tos; “sellos” a base de cocaína y cafeína para combatir las jaquecas; píldoras expectorantes y calmantes a base de opio; elíxir de kola, coca y glicerofosfato de cal.

Dado que la publicidad de medicamentos “milagrosos” empezaba a ocupar un lugar destacado en las páginas de los periódicos, el uso generalizado del láudano y otros compuestos opiados podría hacer pensar que éstos también se anunciaban normalmente. Éste no era el caso. Una muestra de las razones para no hacerlo, y reflejo de una mentalidad compartida en esa época, nos la proporciona el profesor Maximino Río de la Loza, quien escribe:

Toda sustancia que tiene una acción especial benéfica, no necesita grandes y prolongados anuncios, se basta a sí misma. La quinina, ioduro de potasio, los mercuriales, el opio, la antipirina, etcétera, para nada se anuncian, y sin embargo, casi no hay receta en donde no se encuentren algunas de estas sustancias. Además, los médicos son los mejores anunciadores, porque su recomendación garantiza el medicamento.¹²

El opio se importaba de Estados Unidos, Europa y Asia. Alberto Coellar, de la SFM, al señalar “lo difícil que es obtener un opio puro y de título constante”, afirma que “en México se trató de plantar amapola con semilla importada y se extrajo un poco de opio, del que se conservan pequeños ejemplares”.¹³ No dice dónde ni cuándo y al parecer no conocía los datos censales de Sinaloa de 1886 referentes a la adormidera blanca. En una obra publicada en 1886, Francisco A. Flores señala que el doctor Joaquín Gómez “cultivó” el opio “hace poco y perfectamente”. Tampoco señala datos más precisos.¹⁴

El opio ingerido por vía oral en forma de láudano no daba lugar a mayores preocupaciones, excepto cuando había noticias de suicidios por sobredosis de esa sustancia o de intoxicaciones debidas a la mala preparación y calidad. Llamaba más la atención el fumar opio, asociado invariablemente con prácticas propias de las minorías chinas. En Mazatlán, un caso de divorcio entre un chino y una mexicana da pie a comentarios sobre las costumbres atribuidas al esposo: “Come ratoncillos con limón y otros guisos de este género, practica el culto a Mahoma, se niega a tomar baños, todo lo cual quería, como método de vida, lo emplease su compañera, además de pretender que usase hasta las prendas de ropa usadas en China, y que fumara opio”.¹⁵ El caso se resolvió a favor del esposo.

Hasta antes de los años veinte, en la prensa sinaloense sólo hay noticias de la existencia de fumaderos de opio en Culiacán y Mazatlán, ubicados en lugares céntricos y propiedad de chinos. Nunca se dice que los mexicanos asistan a ellos; lo que no significa necesariamente que no fumaran opio, o que no lo hicieran en otros sitios. Se habla únicamente de chinos aprehendidos en las redadas.¹⁶

MORFINA

Antes de que se empezara a asociar sólo a los chinos con el consumo de opio, esta práctica también se relacionaba con las clases altas. En un artículo publicado en Voz del Norte, de Mocorito, Sinaloa, se habla de la opiomanía como “un vicio elegante, caro, suntuoso, aristocrático sobre todo en la forma de morfinismo, esto es, la inyección hipodérmica del alcaloide extraído del opio… resulta que la morfina ha invadido sin duda, por imitar a París, el nivel alto en que las damas aristocráticas podían presentar empleos de virtud y estímulos de deber”.¹⁷ El artículo aparece sin firma y sin mayores precisiones, por lo que es imposible saber si se refiere a una situación local, estatal o común en la capital del país.

El suicidio o la muerte accidental por sobredosis de morfina ocupa igualmente espacios noticiosos. Por ejemplo, el caso de una taquígrafa —proveniente de una familia chihuahuense de posición desahogada y venida a menos por la muerte del padre— que al haber enfermado perdió su empleo; al no poder encontrar otro resolvió poner fin a su vida “apurando una fuerte dosis de morfina, con cuya sustancia acostumbraba inyectarse frecuentemente”.¹⁸ O el de un estadounidense que después de tomarse unas copas con unos amigos en una cantina del centro de la Ciudad de México, y a invitación de uno de ellos para inyectarse morfina, decidieron hacerlo. Al día siguiente, el sujeto amaneció muerto en las escaleras de su hotel: la autopsia demostró que la morfina había sido la causa.¹⁹

En otro caso relacionado con la misma sustancia, en Mazatlán, se informa de un descuido trágico que provocó la muerte de un niño de año y medio. Al pasante de medicina que por error surtió “papeles” de la receta para bajar la fiebre del pequeño junto con otro que contenía morfina, una vez encontrado culpable se le condenó a seis meses de prisión. Gracias al trabajo gratuito que realizó en el Hospital Civil se le redujo la pena a tres meses.²⁰ Es señalado también el caso de dos morfinómanos, “ladrones, viciosos, degenerados”, que se escaparon del mismo hospital. Asimismo, se menciona que en Ciudad Juárez “fueron aprehendidas 40 mujeres, algunas bellísimas, que se especializaban en inyectar morfina”. Se dice que también en El Paso “ejercían su indigna labor”.²¹

HEROÍNA

A finales del siglo XIX (1898), la empresa farmacéutica Bayer anunciaba la heroína como remedio para la tos. En México, como en otras partes del mundo, esta sustancia también fue empleada con ese fin durante un buen tiempo. La Botica de Tacuba hacía la publicidad de su producto en estos términos:

El mejor remedio para la tos es el jarabe balsámico a la benzoheroína, preparado por José E. Bustillos, hijos, 58 calle de Tacuba 78, México D. F., con cantidades perfectamente dosificadas de heroína, bromoformo y benzoato de sodio, que obran eficazmente en el tratamiento de la tos por rebelde que sea. El pomo vale dos pesos.²²

Para otro tipo de padecimientos la propia Farmacopea de 1921 recomendaba el extracto fluido de peyote como tónico cardiaco, en dosis de hasta 10 centímetros cúbicos (cc) tres veces al día, además de prescribir la composición adecuada de los jarabes de adormideras, coca y heroína.²³

LOS VINOS CON COCA

En cuanto a los vinos con coca, inspirados en el éxito del vino Mariani —del nombre de su inventor, el químico corso Angelo Mariani—²⁴ en Francia (desde 1863) y antecedente inmediato de la Coca-Cola (1886, con cocaína hasta 1900), podemos citar los siguientes: el propio vino Mariani, “el mejor tónico y reconstituyente. Es un delicioso vino de Burdeos con coca del Perú”;²⁵ San Germán (aceite de hígado de bacalao, ictiol, kola, coca y estricnina); Dinamógeno (glicerofosfatos, peptonato de fierro, kola, coca); Désiles (quina, coca, tala y fosfato de cal); vino Tónico Nutritivo (peptona pépsica, coca, kola, quina, nuez vómica y glicerofosfato sódico en vino de España) y San Julián. El segundo se anunciaba como remedio para combatir la anemia de las señoritas, los viejos y los niños; contra el raquitismo, la parálisis y la senilidad. Se afirmaba además que su uso provocaba el rejuvenecimiento y prolongaba la vida. Se recomendaba para toda clase de edades, en todas las épocas del año y en todos los climas.²⁶ En Mazatlán se podía adquirir en la Botica Italiana de L. B. Canobbio;²⁷ en el D. F. se podía comprar en el Almacén de Drogas José Uihlein y Sucs., y seguramente en otros lugares.²⁸ En 1939 aparece aún la publicidad de ese producto. Del tercero se decía que era un poderoso reconstituyente sin venenos ni amargos y que incluso los niños lo tomaban sin repugnancia ni peligro. Se indicaba contra la anemia, la neurastenia, la debilidad, el agotamiento, los vértigos, las neuralgias, el mal de San Vito y la lactancia. Todo ese poder contenido en un frasco de 225 gramos y con un valor de 75 centavos.²⁹ Del cuarto se afirmaba que era bueno para tonificar los pulmones, regularizar los latidos del corazón y activar el trabajo de digestión. A las personas muy activas se les sugería el uso regular de ese “cordial”.³⁰

LOS “MUSULMANES CRIOLLOS”

Además del discurso concentrado principalmente en los usos terapéuticos, surge otro cuyas preocupaciones están más asociadas con una cierta moral que juzga más duramente a las clases dominadas, relacionadas con el consumo de marihuana. En 1897, el doctor José Olvera escribe:

Para constituirse el vicio de la morfina hay necesidad de que la determine el padecer en la grande mayoría de los casos; pero para que haya marihuanos nada más se requiere que un consuetudinario convide a alguno con un cigarrillo y, una vez probado, es seguro que el novicio pronto se haga profeso infeliz, que llegue a estúpido o termine en el cadalso. El cáñamo indio, o Rosa María, o marihuana, enerva, produce alucinaciones halagüeñas, expansión de ánimo, turbulencia que tiende después a la exaltación y al delirio impulsivo… el delirio que determina la marihuana es turbulento, pero en nuestro país llega al furor, a la impulsión terrible y ciega que conduce al asesinato.

Según él, esto se debe a dos cosas: “Se fuma simultáneamente con el tabaco, y casi todos los marihuanos son alcohólicos… Si hay viciosos de marihuana en las clases superiores de la sociedad, seguramente son pocos”.

Sin embargo, señala que éstas se ven amenazadas por otra “plaga”:

A la verdad no sé cuál sea más repugnante de estos vicios, si el de la marihuana o el de fumar opio en elegantes pipas, sentándose en ricos almohadones a guisa de verdaderos creyentes. Es inconcuso que si se establece esta calamidad y se hace de moda entre los jóvenes calaveras, muchos hombres serán perdidos para la patria y aumentará el número de los degradados agregados al grupo ya considerable de los alcohólicos. Como los morfinomaniáticos los futuros musulmanes criollos encontrarán con facilidad el opio como aquellos que jamás carecen de morfina.³¹

Los mercados de La Merced, San Juan y Loreto eran los lugares donde acudía “la gente de malas costumbres para proveerse de marihuana, cantáridas, sabina, ruda esencia y otros ingredientes que mal empleados depravan a la sociedad”, decía el profesor Enrique G. Puente en un discurso ante la SFM.³² Gracias a su intervención contra los herbolarios y los boticarios “sin ciencia y sin conciencia”, sabemos que estos últimos podían adquirir la cocaína a un precio de 50 centavos el gramo.

Aunque son muy pocos los casos que se mencionan, desde 1899 se tienen noticias de gente aprehendida en Mazatlán por fumar o vender marihuana. Curiosamente, en las planas del mismo periódico se anunciaban los cigarrillos patentados de esa misma planta: “Cigarrillos indios (al cannabis indica) de Grimault y Cía., París. El más eficaz de los medios conocidos para combatir el asma, la opresión, la tos nerviosa, los catarros, el insomnio. En todas las farmacias”.³³

En la Ciudad de México, la situación que se presentaba en la Cárcel General de Belén mostraba ya una característica asociada a las prisiones aun en nuestros días: la introducción de sustancias prohibidas. En esa época se hablaba de bebidas alcohólicas y marihuana.³⁴ El uso de la “tóxica yerba”, la “venenosa planta, que trastorna las funciones cerebrales, produciendo una locura con impulsos criminales”, se asociaba de manera general con los “viciosos”. Sin embargo, las cantidades que se mencionan pueden hacer pensar que el consumo iba más allá de los círculos con los que se relacionaba tradicionalmente: “Dos mujeres del pueblo, Ramona Barrera y Bruna Flores… fueron aprehendidas conduciendo 10 arrobas (1 arroba = 11.502 kg) de marihuana, cantidad suficiente para intoxicar media población”.³⁵ Si las cifras no eran de una de las también clásicas exageraciones de la policía, entonces esas traficantes pioneras no tendrían nada que envidiarle a personajes míticos como Camelia la Texana y Margarita la de Tijuana.

LOS “PRODUCTOS QUE DEGENERAN LA RAZA”

En 1909 se realiza en Shanghái la primera reunión internacional para proponer el control de ciertas drogas, especialmente el opio y sus derivados. En 1912, en La Haya, se lleva a cabo la Convención Internacional del Opio, reunión a partir de la cual México empezará a participar aprobando y ratificando los tratados propuestos. En 1920, las autoridades sanitarias mexicanas consignarán sus preocupaciones eugenésicas y harán eco al espíritu criminalizador de las reuniones internacionales al establecer unas “Disposiciones sobre el cultivo y el comercio de productos que degeneran la raza”, que prohíben el cultivo y la comercialización de la marihuana. El de la adormidera se permite, al igual que la extracción de sus productos, siempre y cuando se solicite el permiso correspondiente.³⁶ El 8 de enero de 1925, el presidente Calles expide un decreto que fija las bases sobre las cuales se permitirá la importación de opio, morfina, cocaína y otras drogas. Ese decreto deroga el del 23 de junio de 1923. En la nueva disposición se nombran los productos cuya importación estará sujeta al permiso del Departamento de Salubridad Pública, y los que podrán importarse sin permiso cuando no excedan de ciertas cantidades, por ejemplo: 2% de opio, 1% de extracto de opio, 0.2% de morfina, 20% de hojas de coca, 2% de extracto de coca. Además, establece lo siguiente: “Queda estrictamente prohibida la importación de opio preparado para fumar, de marihuana en cualquiera de sus formas, y de heroína, sus sales y derivados”. Se prevén gratificaciones a cargo del Tesoro Público para quienes denuncien contrabandos de las sustancias prohibidas. Se indican las aduanas por donde podrán entrar los productos permitidos para ser envia-dos posteriormente a la Aduana de Importación de México, en Nogales, Laredo, Veracruz, Progreso, La Paz y Mazatlán.³⁷ En 1926, la prohibición iniciada con la marihuana abarcará también a la adormidera.³⁸ Los comerciantes y consumidores de antes se convierten, gracias a esas medidas, en “traficantes” y “viciosos”, en “criminales”.

Para agregar otro elemento de control a esa orientación prohibicionista, el Departamento de Salubridad Pública establece una disposición el 16 de mayo de 1929 —parecida a la de 1920— que obliga a los propietarios de toda botica o farmacia a llevar un “libro de narcóticos” donde se registrarán las recetas expedidas que contengan drogas heroicas y a proporcionar una copia al interesado para que éste pueda mostrarla a su médico en caso necesario. Los farmacéuticos no tardaron en protestar. El trámite les parecía demasiado engorroso, dada la cantidad de recetas que incluían algún narcótico. Consideraban que era más adecuado vigilar aquellos lugares donde se efectuaba un comercio ilícito. Argumentaban a su favor que las preparaciones farmacéuticas, por las cantidades incluidas y las combinaciones, no eran de mucha utilidad para los viciosos.³⁹

El 28 de julio de 1922, El Demócrata Sinaloense publica en primera plana: “No se permitirá la plantación de adormideras en Sinaloa”. Desde hacía algunos meses se habían tenido noticias en la capital del país de que “ciertos elementos extranjeros se dedicaban a la plantación y venta clandestina de sustancias tóxicas, como opio o la marihuana en los estados de Sonora y Sinaloa”. El Departamento de Salubridad envió notas a los respectivos gobernadores, “suplicándoles que de ser ciertos los informes recibidos en la metrópoli, se procediera con toda energía contra los criminales explotadores”. Los gobernadores dieron respuesta ordenando destruir los plantíos de adormidera. Al mismo tiempo “pusieron en vigor las disposiciones legales sobre narcóticos fijando severos castigos a los infractores”. Tres años después, se publica de nuevo en primera plana otra noticia relacionada con la misma planta:

Cerca de Culiacán han aparecido siembras de adormidera… Nuevamente han aparecido en el perímetro de esta municipalidad y en los mismos alrededores de la población, extensos sembradíos de adormideras, no obstante las medidas radicales que se tomaron no hace mucho tiempo para exterminar esta nociva planta y de haberse castigado enérgicamente a los que se dedicaban a este funesto comercio.

De los infractores sólo se dice que son “personas conocidas de esta localidad, que han reincidido en tal delito… Los autores de tan sucios negocios deben ser castigados con toda severidad para satisfacción de la vindicta pública”. En años posteriores continúan las noticias sobre los plantíos de adormidera en las cercanías de Culiacán, particularmente en los poblados de La Cruz, Aguacaliente, Sanalona, Oso, Navolato y Eldorado. También en las inmediaciones de Navojoa se habla de la destrucción de una plantación de adormidera de aproximadamente 10 ha, que era cultivada desde hacía tiempo por varios chinos. Se dice además que existen otras a lo largo del río Mayo. Se informa que cerca de Guadalajara hay asimismo grandes sembradíos de la misma planta.⁴⁰

En la década de los veinte, además de los fumaderos en Culiacán y Mazatlán, se mencionan otros en Navolato, Sinaloa (1928), Hermosillo (1922), Mexicali (1922), Guadalajara (1927) y la capital del país (1928, 1929). En un editorial se dice que en un fumadero de Mazatlán (1926) “las mismas autoridades colocan un vigilante para que cuide a los viciosos que allí se congregan a aspirar la enervante droga”. Era muy conocido el situado en Loma Atravesada (1927), aunque no era el único, pues se habla de otros más en distintas partes de la ciudad. En Culiacán es señalado un fumadero (1927) “en la zapatería La Perla del Humaya, situada frente a la botica del señor Rafael Gómez García”.

Juan José Siordia, presidente municipal de Mazatlán, manda publicar un acuerdo firmado el 20 de septiembre de 1927, en el que pide la cooperación del jefe de la Guarnición de la Plaza para que “de una manera especial sea perseguido el vicio del opio y castigados severamente los que se dediquen a fumar la nefasta droga, que en lo general son individuos degenerados pertenecientes a la raza asiática”. El 2 de julio de 1929 se publican las instrucciones del gobernador de Sinaloa, Macario Gaxiola, a los presidentes municipales para que colaboren en la “supresión de los vicios que enervan espiritualmente a nuestro pueblo y que físicamente lo degeneran”. Señala la necesidad de actuar conjuntamente con el Departamento de Salubridad “para que se extirpe el uso de las llamadas ‘drogas heroicas’”. Pide a los funcionarios clausurar inmediatamente los fumaderos de opio que existan en sus respectivas jurisdicciones y destruir los plantíos de adormidera y marihuana. Agrega que el uso de tales dogas “está contribuyendo de manera muy sensible y lamentable a la desmoralización de nuestro pueblo y a la comisión de delitos”. Los exhorta a participar en nombre de “la moralización del pueblo”.

Aunque se sigue mencionando a los chinos como los propietarios de fumaderos y sus clientes más asiduos, se afirma que “ya los connacionales principian a visitar esos centros, donde se propagan los vicios que degeneran”; que “se han visto arrastrados a últimas fechas… no pocos mexicanos amantes de los placeres morbosos que minan el organismo con las fatales drogas”. Ante el auge del fenómeno y la impunidad de traficantes conocidos, en el D. F. se empieza a decir, ya desde entonces, que “algunos altos funcionarios públicos se dedican a proteger el tráfico de drogas”. Sin más detalles es mencionado un diputado “muy conocido en las lides parlamentarias”.⁴¹

Los años veinte se inician con la prohibición del cultivo y comercialización de la marihuana, cuya venta se pretendía controlar por lo menos desde 1883 por considerarla venenosa o nociva en otras manos que no fueran las de los médicos o farmacéuticos. La prohibición marca una nueva etapa, impone un esquema legítimo de percepción cuyo contenido se irá desarrollando gracias a la incorporación que harán de él algunos agentes sociales con vocación de “empresarios morales”, según la designación de Becker. En esos años se podían leer cosas como la siguiente:

No una sino varias ocasiones, hemos hecho excitativas a nuestras apáticas autoridades, para que cumpliendo con su deber, emprendan enérgica campaña contra el ya generalizado vicio de la marihuana, cuyo trágico reinado comienza a dar sus horrorosos frutos. Esa yerba peligrosa, esa droga que antes sólo era usada en cuarteles y cárceles, hoy se ha nobilizado, por decirlo así, pues actualmente tiene fervientes partidarios entre individuos dispendiosos de regular posición social, y, lo que es peor, ha logrado ser la favorita de una buena parte de la juventud mazatleca, que distrae largos ratos de ocio aspirando la mortal canabis índica.

Acto seguido, se hace un llamado a “iniciar una campaña contra los traficantes de marihuana y contra sus numerosos adoradores”, se promete descubrir los lugares de residencia de los “odiosos negociantes de la droga” y son señalados a la policía “para que ésta se encargue de perseguirlos y aniquilarlos”.⁴²

En 1924 se funda en Mazatlán la agrupación denominada Pro-Humanidad con el fin de emprender una campaña contra todos los vicios, pero especialmente el de la embriaguez y el del uso de drogas heroicas. La asociación estaba formada por representantes de la Alianza Hispano Americana, la Logia Masónica Mazatlán, la Sociedad Teosófica Amor y la agrupación mutualista El Provenir. Su mesa directiva la integraban Guillermo López, Porfirio Herrera Salazar, Martín Careaga, Porfirio C. Fuentes, Juana Alcántara, Pedro Sarmiento, José B. Muro y Manuel S. Pérez.⁴³

Uno de los prostíbulos mazatlecos ubicado en la calle Gabriel Leyva, entre República y Cinco de Mayo, es señalado como “madriguera de hampones y mesalinas […] sitio en donde noche a noche se dan cita individuos de malos antecedentes para fumar marihuana”.⁴⁴ Otro caso relacionado con la misma planta es el de un sujeto recogido varias veces por la policía con lesiones más o menos graves. Se cuestiona la versión del afectado: “Se cree que este individuo se haya herido solo, excitado por algún tóxico, pues es muy amante de fumar marihuana […] siempre dice que lo hirió un tal José que se supone es imaginario”.⁴⁵ Por su parte, a los soldados del 17 Batallón de Infantería en Loma Atravesada no les faltaba vino ni marihuana, que conseguían en un expendio “clandestino”,⁴⁶ cuyos dueños se dedicaban a “ese inmoral pero productivo comercio”, como se le llamaba a la venta ilícita de marihuana;⁴⁷ esa perjudicial, fatídica y diabólica yerba, según el lenguaje de la prensa. A ésta también le preocupaba que a los fumadores y vendedores se les aplicaran sólo multas y castigos leves.⁴⁸

El consumo de marihuana se asociaba de manera permanente con la vagancia, el robo, la embriaguez, la agresión, el vicio. Aunque se afirma que entre los consumidores “no es remoto ver a uno que otro ‘fifí’ amanerado, que presume de muchacho ‘bien’ dándole chupadas a los cigarrillos de La Risa”, los usuarios aprehendidos eran generalmente víctimas fáciles de la policía, capturados en lugares como cantinas, prostíbulos o barrios mal afamados de Mazatlán. No faltan los casos de detención de soldados marihuanos y de quienes les vendían los “cartuchos”, entre los cuales había varias mujeres que ejercían su comercio frente a los cuarteles. Igual se detenía a un paciente del Hospital Civil de Culiacán fumándose un cigarrillo que a traficantes con cantidades que no pasaban de 25 kilogramos. La “tenaz campaña” lograba sus primeros triunfos desde la desmesura misma de los cintillos de la prensa y el contenido de las notas. Las Islas Marías son el destino pensado para estos sujetos: “A nuestro modo de ver, es el lugar a donde deben ir esta clase de ‘envenenadores’, para que recapaciten sobre el mal que hacen, embruteciendo primero y aniquilando después a los viciosos y degenerados”.⁴⁹

MARIHUANA Y ARTE

En sus memorias, David Alfaro Siqueiros narra la ocasión en que Diego Rivera propuso ante el Sindicato de Pintores, Escultores y Grabadores Revolucionarios de México y los miembros de la Cooperativa Francisco Eduardo Tres Guerras que se votara el acuerdo de “fumar oficialmente marihuana […] No hubo discusión, positivamente emocionados y con la mirada puesta en el futuro glorioso que ya se veían delante de nosotros, aprobamos fumar marihuana para llegar así a la excelsitud de los plásticos de la antigüedad pregachupina de México”. Asimismo, a propuesta de Rivera, acordaron llamar a un “catedrático de marihuana” para que los instruyera. En su primera lección, el maestro Chema les explicó que hasta ese momento lo único trascendente y positivamente universal que México le había dado al mundo era la marihuana. Siqueiros afirma que Fermín Revueltas interrumpió emocionado al maestro y dijo lo siguiente:

Propongo que enviemos inmediatamente una propuesta al presidente de la República y a todas las autoridades que intervengan en problemas del orden correspondiente, por haber venido considerando que el uso de la marihuana constituye un delito. Y exigiendo, a la vez, que por decreto se establezca el uso de la marihuana como saludable para la capacidad cerebral de los hombres de nuestro país. Que en ese mismo documento se haga constar que la prohibición de la marihuana dictada por los conquistadores y más tarde reafirmada por los virreyes, tenía por objeto precisamente provocar la decadencia de los pueblos de América para poderlos sojuzgar mejor.

Dice Siqueiros que con algunos agregados “más enérgicos” se dieron inmediatamente a la tarea de redactar los respectivos telegramas y enviar copias a todos los periódicos del D. F.

Continúa Siqueiros narrando que mientras pintaba bajo los efectos de la marihuana su mural Dioses caídos en el Colegio Chico de la Escuela Nacional Preparatoria, cuando su imaginación era más lúcida y su inventiva más rica, dice, se apagó la luz eléctrica y él y su compañero de trabajo, Roberto Reyes Pérez, sufrieron un accidente cayendo del andamio desde una altura de más de siete metros. Asegura que fueron eliminando poco a poco la costumbre de fumar marihuana. De su memoria extrae una explicación dada en su momento: “Me parece que la equivocación radicó en esto: como nosotros ya somos marihuanos por naturaleza, el uso de la planta rompió el saco de nuestra natural riqueza imaginativa, esto es, nos condujo a la desórbita. Continuemos con nuestra marihuana innata y basta”. Ese argumento no convenció a Diego Rivera, quien según él habría dicho: “Lo que pasa es que la cantidad de marihuana que fumamos ya nos entregó todo lo necesario”.⁵⁰

MARIHUANA. ESTUDIOS

En un extenso artículo sobre la marihuana, el doctor Gregorio Oneto Barenque nos proporciona los resultados de sus observaciones y experimentaciones con más de 200 casos analizados, según sus propias afirmaciones. La variedad de marihuana que crece en el estado de Durango es, dice, la más apreciada por los fumadores. En México se fuma a la hora de la comida. La “canalla soldadesca” prepara sus cigarrillos con papel de estraza y acostumbra incluir piloncillo para refinarla. Además, los soldados que la fuman “son pendencieros, valentones, amigos del mitote, provocadores de escándalos; inspirados, traducen su intoxicación por cantos populares” donde se refleja un desprecio a la vida. Cita como ejemplo versos de La Valentina. Los hampones la fuman en suburbios apartados, “a la caída de la tarde, por parejas o en compañía de diversos truhanes, papelerillos, limpiabotas y toda gente de baja ralea”. Pero esos grupos sociales no son los únicos:

La gente bien ávida en la búsqueda de placeres nuevos, los artistas, los añorantes de ignotas ciudades, la fuman en algunas orgías, entregándose en pequeños grupos, rodeándose de toda clase de comodidades y usando pipas estrambóticas o narghilés de importación […] nunca he observado que la fumen en papel estraza […] dicha gente fuma la marihuana no por hábito, sino haciendo gala de rasgos de distinción y buen humor con los cuales contribuyen a disipar la neurastenia que los invade.

Por su parte, un médico psiquiatra observado bajo los efectos de la misma planta y escuchando La Catedral de Debussy dijo:

Pasarán muchos años, acaso nunca más vuelva a percibir un goce más intenso y más hondo que el que acabo de pasar; si en el cielo los ángeles tocan, esta música debe ser suya; solamente así la concibo celestial o divina.

De las diversas categorías de “mariguanistas” tratadas por él, dice que la “deísta” es la más difícil: “Todos los marihuanos son degenerescentes pícaros, gustan del trato con la gente patibularia o pertenecen a ella; no tienen ningún afecto por la vida, se vuelven insensibles a los excitantes externos, son abúlicos, amorales e inafectivos; por lo tanto, es tarea dantesca el tratar de curarlos”. Señala también que el cultivo de marihuana en México está a punto de convertirse en industria, y que su uso se está extendiendo —un autor anota años después que los lugares de mayor producción en el D. F. eran las estribaciones del Ajusco, Tlalpan y San Ángel—⁵¹ dado el placer que proporciona y su bajo costo. Finalmente, ve más los aspectos negativos y concluye que la planta es un enervante que “enloquece, degenera la raza y mata”. Propone que el tratamiento de los marihuanos se haga en frenocomios; que el tráfico, suministro y uso sean considerados “delitos contra la salud”, y que éstos sean equiparables “al homicidio calificado o delito proditorio”.⁵²

La escala del consumo de fármacos como la morfina, heroína, marihuana y cocaína fuera de control terapéutico da lugar a llamadas de atención de parte de médicos y farmacéuticos. Preocupa el “uso clandestino e ilícito” de esas sustancias, que podían adquirirse en cantinas, cabarets, prostíbulos “y demás guaridas de la gente del vicio” para satisfacer la “demanda criminal”. Se pide vigilar e impedir su producción y perseguir y castigar a los “envenenadores públicos”, pues de no hacerlo esas sustancias “acabarán por convertir al mundo entero en un manicomio colosal”. En la opinión de quien señala lo anterior:

El vicio de las drogas heroicas constituye en la actualidad la plaga más terrible que azota a la metrópoli, más todavía que la de las tolvaneras de Texcoco; rápidamente está invadiendo todas las clases sociales, no escapándose ni la clase estudiantil, que es la que hasta aquí había permanecido invulnerable a las acechanzas del vicio.

En Mazatlán se dice que la cocaína es la que tiene mayor demanda entre la “gente bien” y que puede ser adquirida en cantinas y prostíbulos. Las cantidades de las que se habla no sorprenderían mucho en la actualidad, pero en ese tiempo se presentan como “dato aterrador”: 1.055 kg de cocaína y 15.600 kg de opio decomisados “en un corto espacio de tiempo”. Y más aún, el propio autor señala que antes un kilo de cocaína y dos de morfina eran suficientes para satisfacer la demanda anual de una droguería de Veracruz; pero, agrega, “hace días vi vender en una botica de barrio un kilo de cocaína en menos de 15 días”. Acerca de esas sustancias que él denomina “drogas heroicas” y en términos que parecen actuales escribe: “Por patriotismo, por moralidad y hasta por interés personal, debemos combatir este espantoso vicio”. Termina haciendo un llamado para organizar sociedades de temperancia para luchar contra el alcoholismo y las toxicomanías.⁵³

En una obra publicada en 1927, Jesús Galindo y Villa sintetiza la percepción generalizada que se tenía acerca de quienes hacían uso del opio y sus derivados y de la marihuana. Sobre la “opiomanía” dice que en México muchos de los miembros de la colonia china “se dedican a este vicio”. Por lo que respecta al “morfinismo” señala: “Ataca de preferencia a las clases media o alta de la sociedad, más bien que a las clases populares; a los intelectuales y a los artistas, más bien que a los obreros y campesinos. Es, según se ha dicho, un veneno de los ‘degenerados superiores’”. Sobre la marihuana, afirma que es

una de las más funestas desgracias de nuestro pueblo bajo […] es usada casi exclusivamente por la clase baja de nuestro pueblo, y sólo de una manera excepcional, suelen caer en el vicio individuos pertenecientes a las clases elevadas. Se observa de preferencia en los cuarteles y en las prisiones. En ciertas casas de los barrios pobres y en las cantinas y pulquerías de los mismos, se han sorprendido a veces, fumadores de marihuana; éstos son verdaderos propagandistas del vicio, pues comercian con la droga.

La mayor frecuencia de fumadores se encuentra entre los adultos de sexo masculino, la forma usual de fumarla es en papel de estraza. La intoxicación crónica “puede terminar con demencia o muerte”. Finalmente, asegura que “el uso de la marihuana es causa de muchos crímenes” y que el abuso que se hace de las drogas heroicas o enervantes, entre las cuales anota el opio, la morfina, la heroína, la cocaína y la marihuana, “es un factor de despoblación y degeneración”.⁵⁴

2

Los años treinta

A principios de 1937, el doctor y general José Siurob, titular del Departamento de Salubridad Pública, convoca a una junta a la que asisten los principales representantes de las dependencias federales relacionadas con la justicia. En el panorama que allí presenta, según la síntesis periodística, afirma que México es un centro de concentración y distribución de estupefacientes. Señala el problema que representa la participación de diversas policías, celosas de sus respectivas áreas de influencia, en la persecución de delitos contra la salud; las dificultades con algunos jueces que dejan libres a traficantes; problemas con algunos gobernadores, uno de los cuales avisó que habían enviado opio decomisado a las autoridades sanitarias y cuando se abrieron las latas… se encontró chapopote. Se lamentaba la ineficacia de las campañas y comentaba que “antes, a los agentes se les pagaba con la propia droga. ¡Ya se imaginarán ustedes que esos agentes eran también vendedores!” Habló de Ciudad Juárez, “posiblemente el centro más peligroso donde trabajan los traficantes (quienes) maleados por el ejemplo del gansterismo de allende el Bravo, defienden su tráfico a tiros”. Se dijo que la mayor parte de los casos de marihuanos se daba entre los soldados. También se expresaron sobre algunos “viciosos capitalinos”, quienes preferían ir a una isla de Quintana Roo que a las Islas Marías. Entre las conclusiones de esa reunión se mencionan:

1.La necesidad de que un solo organismo dirija la campaña contra las drogas; se sugería que fuera la PGR (Procuraduría General de la República), pero el presidente renovó su confianza en Salubridad.

2.La integración de un Comité Nacional de la campaña.

3.Que sólo un organismo hable de la campaña a la prensa.

4.La formación de un catálogo de toxicómanos y traficantes.

5.Que las policías no retengan las drogas como depósitos propios.

6.Coordinación policiaca internacional.¹

Una versión de los orígenes del tráfico de drogas heroicas en México y del papel de algunos de los traficantes fronterizos y metropolitanos fue publicada en una serie de artículos, entre noviembre de 1937 y enero de 1938, por el reportero policiaco Salvador Martínez Mancera del periódico El Universal Gráfico.² Según sus notas, el Departamento de Salubridad calculaba la existencia de unos 10 000 “viciosos” en el D. F. El kilo de heroína se cotizaba en 10 000 pesos. De un gramo de heroína se podían hacer 70 “papelillos” a 50 centavos cada uno. Y como cada usuario de la droga necesitaba alrededor de cuatro papelillos diarios, el total hacía un “fantástico negocio” de 20 000 pesos diarios, es decir, más de siete millones al año.

Señala que en México las primeras campañas de la policía sanitaria fueron contra los “chinitos”. Desde el Porfiriato, dice, los periódicos hablaban de los fumaderos de opio y de los chinos como viciosos y representantes de las peores pasiones. Además, los agentes de narcóticos eran reclutados entre gente impreparada. Se había oído hablar poco del opio, y asegura que la marihuana era más conocida: los soldados eran sus principales consumidores. Asegura que Victoriano Huerta fue un aficionado a la yerba y que entre la gente “elegante” y jóvenes escritores había quienes se jactaban de haber asistido a un fumadero, o declaraban ante sus amistades estar poseídos por el “vicio asiático”. A raíz de las medidas tomadas en Estados Unidos contra los “contrabandistas de narcóticos” y el aumento de “la legión de viciosos, como consecuencia de la Ley Seca”, en México se siguió el ejemplo y se empezó a perseguir no solamente a los chinos, sino a “los viciosos en general”. Según Martínez Mancera, es inmediatamente después de la Primera Guerra Mundial que nace “la mafia internacional de los estupefacientes”. En México, “las primeras manifestaciones del vicio” se dan en la misma época. Dado que en las boticas se podían adquirir las drogas como cualquier otro medicamento, algunos boticarios comenzaron a dedicarse por completo al negocio hasta lograr grandes fortunas. Y agrega: “Hubo quien, para asegurarse un éxito más completo, se metiera a la política. Y así quedó ligado el tráfico de los estupefacientes a cierto sector inmoral que con su influencia, garantizaba la impunidad”. Es decir, el tráfico no habría nacido ni crecido como poder “paralelo” o “autónomo”, sino ligado estructuralmente a la política, campo de cultivo de “padrinos” reales y potenciales.

Entre los traficantes mexicanos que señala, se encuentra Enrique Fernández Puerta, el Al Capone de Juárez. Este personaje se inició como contrabandista de alcohol, falsificador de dólares y posteriormente se dedicó a “pasar narcóticos” a Estados Unidos. Se convirtió en jefe, su poder creció y llegó a realizar pactos con políticos. Tuvo un enfrentamiento a tiros con el mayor Enrique Dosamantes, jefe de la Policía Judicial de Chihuahua, y resultó herido. Posteriormente contrató a un policía de El Paso, de origen mexicano, quien se encargó de eliminar a Dosamantes. Fernández se convirtió así en el jefe indiscutible de Ciudad Juárez. Entre sus negocios se contaba el famoso garito llamado Tívoli. Por lo que respecta a sus inversiones en la banca de la opinión pública, es señalado el obsequio de escuelas al municipio. Su poder era tal que “llegó a controlar el Ayuntamiento y sirvió de escalón para enriquecer a muchos individuos que han vivido de la cosa pública de Chihuahua, entre ellos tres gobernadores”.

Terminado el periodo del gobernador Fierro, durante el cual Fernández afianzó su poder como jefe de Ciudad Juárez, los hermanos del candidato oficial a la gubernatura, Rodrigo Quevedo, quienes a la postre se apoderarían del Ayuntamiento de Juárez, le declararon la guerra. En la capital del país se recibieron denuncias de sus actividades, pero las notas fueron a dar a la basura gracias a la intervención de gente influyente. En los últimos días de 1933, el capo es balaceado en las calles de la ciudad fronteriza desde un auto. Comprendió el mensaje y emigró con su gente al D. F.

Fernández y sus compañeros —su hermano Simón, dos asiáticos, un conocido corredor o cambista y tres mujeres— se establecieron por el rumbo de las Vizcaínas. Se decía que por ahí se podía conseguir “nievita de la buena”. Los “hampones metropolitanos” no vieron con buenos ojos a los “fuereños”, así que se empezó a gestar una lucha entre gangs rivales. Fernández terminó sus días en el parque Guardiola de la capital del país asesinado por un pistolero pagado, según se dijo, por los hermanos Quevedo.

Entre las pandillas metropolitanas que se beneficiaron con la muerte de Fernández son señaladas las encabezadas por los hermanos Félix y Othón Sánchez, quienes al parecer se escudaban en el negocio de las boticas, y otra más en la que militaba el ex jefe de la Policía de Narcóticos Arturo Vaca Martínez. En 1934, Vaca hiere a Félix Sánchez, alias el Zar de la Droga en México, quien muere posteriormente a consecuencia de la herida. Mientras las pandillas mexicanas se acababan entre sí, las extranjeras se beneficiaban. Cuando los locales se dieron cuenta y quisieron vengarse, tuvieron que plegarse ante la evidencia de protección de “políticos muy poderosos” que además les habían ayudado a entrar en el país. Entre los extranjeros que realizaban “negocios en grande escala” menciona a Mauricio Eghiesse, quien posteriormente sería aprehendido.

Narra también una experiencia en una oficina de policía donde se encontraban seis paquetes decomisados, de un kilo de heroína cada uno, y seis personas, incluidos él y los policías que habían dado el golpe. Sin que nadie hubiese entrado o salido, uno de los paquetes desapareció y no se encontró al responsable. Posteriormente, cuando los demás paquetes se enviaron para ser analizados en Salubridad… ¡resultó que contenían carbonato! Al parecer, casos de magia y alquimia como ése no eran raros.

Por último, habla de un informe rendido por un agente de narcóticos de Estados Unidos en el que se menciona a Enrique Cantarell, propietario de un cine en Mérida conocido como el “Cine Coca”, “pues en su interior se vende la droga como venderse limonadas, chicles, paletas o cacahuates”. También se afirma que los aviones caídos en Yucatán y Quintana Roo eran propiedad de la mafia y servían para cargar y descargar la mercancía.

LEGISLACIÓN

En el Código Penal de 1931, los delitos de tráfico de drogas y toxicomanía pasan a ser de carácter federal. Para los vendedores se establecen penas de seis meses a siete años de prisión y multas de 50 a 5 000 pesos. El 27 de octubre de 1931 entra en vigor el Reglamento Federal de Toxicomanía.³ El toxicómano es clasificado como aquella persona que sin fines terapéuticos sea usuario habitual de las drogas señaladas en los artículos 198 y 199 del Código Sanitario vigente. Se estipula que prácticamente todo mundo deberá dar aviso a las autoridades sanitarias de los casos de toxicomanía. Se dice que el Departamento de Salubridad creará hospitales federales para toxicómanos y que en su presupuesto se incluirán las partidas necesarias para su fundación y sostenimiento. Quienes no puedan pagar, serán tratados gratuitamente.

En diciembre de 1935, el Departamento de Salubridad se dirige a los propietarios de farmacias, droguerías y boticas para anunciarles la emisión de formularios especiales en donde tendrán que anotar sus existencias de “drogas enervantes de uso legal”, tales como cocaína, hojas de coca, adormidera, láudanos, jarabes y extractos de opio, con el fin de realizar un inventario que contribuiría al conocimiento del consumo anual legal. Medidas similares ya se habían dado en México en 1920 y 1929. En algunos países, médicos y farmacéuticos protestaron por las medidas, pues consideraban que no resolvían el problema del tráfico clandestino y además hacían recaer las sospechas incluso entre médicos y farmacéuticos honestos.⁴

Una de las acciones “espontáneas” de la sociedad civil se produjo cuando, en 1937, se dieron cita unas 100 madres de familia con hijos toxicómanos en el local de Acción Femenil del PNR. La intención era colaborar con las autoridades en el combate contra el vicio y los traficantes. En reunión con el titular del Departamento de Narcóticos de Salubridad y otros funcionarios se acordó instituir un Comité de Madres de Familia. Se pensaba crear comités similares en todas las principales poblaciones del país. Días después se anuncia un acuerdo presidencial para crear un Comité Nacional Auxiliar del Departamento de Salubridad que se encargaría de “la investigación, estudio y solución de los problemas que implique el tráfico, uso y consumo ilícito de drogas enervantes”. El organismo estaría integrado por representantes de diversas secretarías, del DDF, de la PGR y de la Procuraduría del D. F. Entre sus funciones se incluían el estudio sobre la legislación vigente y los resultados de su aplicación. Menos de un mes después queda instalado el Comité, en mayo de 1937, presidido por el doctor Siurob. A finales del mismo año, la Liga Femenil de Lucha contra la Toxicomanía envía un documento al presidente de la República en el que demanda que la PGR sea la única encargada de la persecución, aprehensión y consignación de los traficantes; Salubridad atienda solamente a los enfermos; se vigilen cuidadosamente puertos, aduanas y fronteras; la Liga tenga injerencia en el Comité; a la Liga se le permita recibir aportaciones para crear un sanatorio-granja particular; se destruyan los plantíos de marihuana en Puebla, San Luis Potosí, Oaxaca, Guerrero y Querétaro; se mejoren los sueldos de la policía de narcóticos; a los traficantes se les aplique una pena de 20 años de prisión no conmutables. Días más tarde, dos diputados presentan un texto a la Cámara en el que piden reformas al Código Penal con el fin de que se impongan penas de seis a 15 años a los traficantes y multas de mil a 10 000 pesos. También piden un aumento de sueldos y la creación de un seguro para las policías que intervienen en la “campaña contra la toxicomanía”, así como la emisión de un timbre con valor de un centavo con el objeto de recaudar fondos destinados a la construcción de hospitales para toxicómanos.⁵

El 17 de febrero de 1940 entra en vigor un nuevo reglamento. La diferencia básica respecto del anterior se encuentra en la sección de las consideraciones, que no existían en el primero. Allí se afirma que el reglamento de 1931 se dictó para combatir la toxicomanía y el tráfico de drogas y que “establece como sistema la persecución y denuncia de los toxicómanos y traficantes de drogas”. En realidad, el primer reglamento sólo menciona a los toxicómanos y no consigna ninguna referencia al tráfico ni a los traficantes. Señala también las limitaciones de la denuncia: sólo alcanza “a un pequeño número de viciosos y a los traficantes en corta escala, quienes por carecer de suficientes recursos no logran asegurar su impunidad”. La concepción de la justicia, continúa, también ha cambiado: “Debe conceptuarse al vicioso más como enfermo a quien hay que atender y curar, que como verdadero delincuente que debe sufrir una pena”; el doctor Salazar Viniegra, alto funcionario del Departamento de Salubridad en 1938-1939 y defensor de esa conceptualización, había dejado su huella. El insuficiente número de hospitales y la imposibilidad de aplicar procedimientos curativos adecuados se le adjudican a la falta de recursos económicos. En fin, “el único resultado obtenido con la aplicación del referido reglamento de 1931, ha sido la del encarecimiento excesivo de las drogas y hacer que por esa circunstancia obtengan grandes provechos los traficantes”. La relación causa-efecto no merece mayor explicación: o se cree o no se cree en la palabra autorizada. Pero lo más curioso ocurrió meses después. El 3 de julio de 1940 un decreto suspende la vigencia del reglamento por tiempo indefinido. Las razones:

Con motivo de la guerra actual se ha dificultado grandemente la adquisición de tales drogas, ya que de los laboratorios de los países europeos es de donde directa o indirectamente se ha venido abasteciendo el Departamento de Salubridad Pública […] mientras dure la guerra europea, el expresado Departamento se encuentra en la imposibilidad de poder cumplir con el reglamento de que se trata, debido a la imposibilidad de adquirir las drogas.

Si las notas periodísticas no eran producto de la imaginación, entonces habría bastado con los plantíos de adormidera detectados, visitas a la penitenciaría y los consejos expertos de Lola la Chata. En realidad, lo que había sucedido era que las medidas contempladas en el Reglamento del 17 de febrero de 1940 no eran del agrado del gobierno estadounidense. Anslinger, titular de la oficina de narcóticos, decidió entonces decretar un embargo de drogas medicinales contra México. El argumento esgrimido posteriormente en el reglamento de julio del mismo año para dar marcha atrás fue sugerido por Herbert Bursley del Departamento de Estado. México se doblegó, una vez más, ante las presiones estadounidenses.⁶

ADORMIDERA, FUMADEROS Y TRÁFICO DE OPIO

En la década de los treinta, se mencionan fumaderos de opio en varias ciudades del país. En la calle de Peña y Peña y en la de Mesones (D. F., 1931,1937); en la calle Colón de Ciudad Juárez (1937); en la avenida Juárez de Mexicali (1938); en las calles de Carnaval y Benito Juárez en Mazatlán (1939); en Tampico (1937), y en Tijuana (1939). Plantíos de adormidera en Xochimilco (1937), el Desierto de Altar, Sonora (1937), la región de los ríos Mayo y Yaqui (1938), Mocorito, Sinaloa (1936), los límites de Michoacán y Guanajuato (1934), y en Villa Mariano Escobedo, Jalisco (1937). También depósitos de opio o lugares donde fueron aprehendidas personas en posesión de esa sustancia: la colonia Portales (D. F., 1937), Ciudad Obregón (1937), Guadalajara (1937), Ciudad Juárez (1937) y Manzanillo (1932). En este puerto se decomisó la mayor cantidad de opio: 516 kg; las demás cantidades, cuando se mencionan, no sobrepasan los cuatro kilogramos. Se sigue hablando de los chinos, entre ellos “altos personajes de la colonia china de México”, como los agentes que controlan los fumaderos y principales traficantes. Entre los devotos de los sueños azules se encuentran chinos, mexicanos, estadounidenses, mujeres, en fin, “todas las clases sociales”. Quienes se dedican a las fatídicas actividades, al “tráfico ilícito de estupefacientes”, al “ilegal o ilícito comercio”, al “negocito” del “jugo maldito”, son caracterizados como miembros de una mafia, “gente del hampa”, “envenenadores” o “intoxicadores”.⁷

Una muestra de lo que pensaban los sembradores de adormidera en Sonora, y seguramente en el resto del país, nos la proporciona el propio jefe de la Campaña contra el Alcoholismo y otras Toxicomanías cuando señala, según la versión periodística, que a raíz de la destrucción de sus plantíos los propietarios alegaron que “consideraban injustificado este acto porque la cantidad de opio obtenido se exportaba totalmente a Estados Unidos y, por lo tanto, no correspondía, según su criterio, al Gobierno de México la represión de estas actividades, supuesto que ellas no perjudicaban a los mexicanos”.⁸

MARIHUANA

“ ‘Ai’ viene el diablo mayor / con sus siete hermanos / Dice que se ha de llevar / a todos los marihuanos […] / Y por aquí pasó / porque aquí pasaba / la mariguanita / y se las aventaba […] / con doña Juanita […]” Ésta era la copla auténtica de los “enyerbados”, según El Universal (19/VI/1936). En esta década, el comercio, tráfico o negocio infame, funesto, delictuoso, inhumano, prohibido, inmoral, lucrativo de la mota, grifa o Juanita, es realizado por vendedores, cultivadores, intoxicadores, envenenadores, labradores, pontífices o traficantes de yerba, drogas, enervantes, estupefacientes, narcóticos o tóxicos, según las designaciones más usuales. Entre los personajes más destacados figuran la señora Julia, alias la Caballota; Sixto Vargas Rivas, alias el Tigre del Pedregal; Enrique Cázares Muñón —quien tenía en su currículum haber cultivado marihuana en pleno Central Park de Nueva York—, y Felisa Velázquez Velázquez, alias la Reina de la Marihuana. Se menciona la destrucción de plantíos de diversos tamaños en las inmediaciones del Pedregal de San Ángel, la calle de Manzanillo de la colonia Roma, Tláhuac, Iztacalco, Ixtapalapa (media tonelada), Azcapotzalco e incluso en la Alameda Central. En Morelos (plantas frente a la Jefatura de Policía de Cuernavaca, 1937), Hidalgo, Tlaxcala (dos toneladas, 1932), Puebla (nueve toneladas, 1931), Guerrero (más de 10 toneladas en menos de dos meses en las cercanías de Iguala, 1935), Sinaloa (plantíos, modestos, principalmente en el sur y “guerra” contra los fumadores en Culiacán y Mazatlán), Sonora, Guanajuato, Colima, Veracruz, Nuevo León, Coahuila, Tamaulipas y los alrededores de Toluca. En esta ciudad se podía comprar marihuana en los puestos de hierbas medicinales del Mercado del Carmen. Entre los “quemados por la mota” encontramos a soldados (los casos de mujeres vendedoras a la entrada de los cuarteles son frecuentes), mendigos, “fifíes”, mecanógrafas, rateros, gente “bien”, internos de la Correccional, “cabareteras ya desprestigiadas”, “mujeres del pueblo” y también elegantes señoritas o “señoritingas”, de quienes se dice que la fuman en elegantes cabarets o en los jardines de algún club. En Mazatlán se propone que los rateros y los marihuanos sean rapados con el fin de distinguirlos más fácilmente mediante ese signo estigmático.

Para las reumas o para traficar en el país y en Estados Unidos, las cantidades empiezan ya a contarse por toneladas. La “cola de borrego” y la marihuana de “maceta” podían conseguirse en lugares tales como las afueras de los cuarteles, las prisiones, la colonia Juan Polainas, y sus equivalentes en otras partes del país, y hasta en la Alameda Central. Se afirma que cuando la Reina de la Marihuana fue detenida, los presos de una crujía de Lecumberri se amotinaron al conocer la noticia. Se le adjudicaba la propiedad de los plantíos de Cholula, los más grandes del país. Un diario la describe de la siguiente manera:

Es como de 38 años, de aspecto imponente. Viste elegantemente a la manera de aquellas señoras de las cortes de Luis XV o Luis XVI que asombraron al Versalles decadentista. Solamente le faltaba su peluca de cabellos blancos y empolvados sobre su cara de criolla poblana para hacerla una adoradora de las pavanas y los minués.⁹

Los plantíos más extensos en el estado de Puebla fueron encontrados en San Andrés Calpan, San Lorenzo Chiautzingo, San Felipe, Los Reyes, San Martín Texmelucan y la Hacienda de Oropeza. En el primer poblado se menciona una extensión de tres kilómetros cuadrados sembrados. Cuando los agentes de la Policía Sanitaria del Departamento de Salubridad Pública llegaron al lugar, los vecinos, “que en su mayor parte se dedicaban a la explotación de este cultivo”, aventaron al río y a un barranco los paquetes que ya tenían preparados. La cantidad así destruida se calculó entre 20 y 30 toneladas. Al continuar su itinerario por otros poblados de la misma región, los agentes se dieron cuenta que en todas partes desaparecía la mayor parte de la evidencia antes de que llegaran: “Las campanas de las iglesias daban la señal de alarma”. Los vecinos de los tres primeros poblados “mostraron manifiesta hostilidad a los agentes”. No resulta sorprendente la existencia de plantíos en la región cuando se tienen referencias de ejidatarios de Tonantzintla quienes denunciaron ante la policía que, mediante un pago de 200 pesos, en algunos ejidos se había evitado la consignación del hecho a las autoridades.¹⁰

MARIHUANA. ESTUDIOS

En 1938, la revista Criminalia publica un estudio sobre la marihuana, que había sido presentado a la Academia Nacional de Medicina, del titular de la Dirección de Toxicomanías y del Hospital de Toxicómanos, doctor Leopoldo Salazar Viniegra.¹¹ Critica algunos de los trabajos más conocidos anteriores al suyo por no estar fundamentados de manera científica. Él mismo llevó a cabo experiencias con “altos funcionarios, diplomáticos, médicos, abogados, ingenieros, estudiantes, damas muy distinguidas, maestras de escuela, periodistas, cabareteras y hasta niños”. Aclara que en el caso de estos últimos sucedió de manera accidental. Se les hizo fumar cigarrillos de marihuana o combinados con tabaco sin que supieran y también con su consentimiento, después de tomar alcohol en las mismas condiciones, y finalmente a marihuanos habituados. Asimismo, realizó pruebas complementarias administrando vino de marihuana o de extracto blando y también en cápsulas. Para el caso de la marihuana fumada, utilizó las inflorescencias femeninas, con fuerte contenido en resina, y papel de estraza. El vino, el extracto blando y las cápsulas fueron los producidos por el laboratorio alemán Merck. Dice el autor: “Tanto yo como mis colaboradores, fumábamos en compañía de nuestros sujetos de experimentación”. Las pruebas se realizaron “con asistencia de diversas personas en calidad de testigos desinteresados”.

A excepción de los efectos tales como la taquicardia, enrojecimiento de conjuntivas, resequedad de las mucosas, niega, a raíz de sus experimentaciones, que la marihuana provoque trastornos mentales y que induzca al crimen. Tales versiones, continúa, son propaladas “desenfrenadamente por periodistas, ya sea mal informados o bien inconscientemente arrastrados por la fantasía a la que su profesión les hace propender y casi les obliga”. Como uno de los ejemplos de la “tendencia periodística a deformar los hechos”, cita el caso de una periodista francesa que le pidió formar parte de sus experimentaciones. Tiempo después, cuando leyó por casualidad el artículo en una revista francesa, se enteró de que entre muchas de las fantasías escritas sobre la marihuana, la autora afirmaba que él había sido asesinado en una pulquería.

Respecto a la relación con el crimen, anota que en ningún país como en Estados Unidos se le ha atribuido a la marihuana tanta influencia en ese terreno. Cita el boletín de la Oficina de Narcóticos y un artículo del comisario de Narcóticos, H. J. Anslinger, aparecido en un periódico del D. F. donde el autor relata cuadros espeluznantes atribuidos a la marihuana. No era el único que compartía esa percepción. Un periodista inglés asegura en 1936 que el uso de marihuana, conocida también como “ganja” o “ganga”, entre los negros de Jamaica, quienes según él no se caracterizan por su devoción al trabajo, está relacionado con una gran parte de los crímenes violentos en la isla. Afirma haber sido testigo de un caso en el que un tipo trabajador enloqueció y se convirtió en un peligroso maniaco homicida que fue internado posteriormente en un manicomio. Un adicto de 30 años, continúa, parecerá un viejo retardado de 60 o 70 años.¹²

Salazar Viniegra termina su artículo abogando por modificaciones a los criterios de los códigos Sanitario y Penal, ya que según las estadísticas de Salubridad, más del 80% de los delitos contra la salud son por “posesión, uso o tráfico de marihuana: muy frecuentemente por una simple colilla que se encuentra a un desventurado, se somete a juicio y se le condena a seis, 12 y más meses de prisión y 50 pesos de multa”. Y agrega:

Frente a nuestro real y formidable problema de alcoholismo, la cuestión de la marihuana no merece la importancia de problema social ni humano […] La instrucción, la cultura, la orientación de nuestro pueblo, permitirá que el calumniado y hermoso arbusto no sea en lo futuro más que lo que debe ser: una rica fuente de abastecimiento de fibras textiles.

Sólo duró alrededor de año y medio en su puesto, por presiones internas y externas en las que no fue extraña la mano de Anslinger, quien se convirtió en el primer comisionado de la Oficina Federal de Narcóticos (Federal Bureau of Narcotics) de Estados Unidos, creada en 1930, y duró más de 30, hasta 1962, en esa posición.¹³ Anslinger se convirtió en un gurú, en una especie de Fidel Velázquez de la burocracia antidrogas, en el arquetipo del “empresario moral”, como dice Becker.

En 1939, la prensa se ocupa del caso de un morfinómano que al ser detenido se le encontró una autorización para proveerse de la droga emitida por la dirección a cargo del doctor Salazar Viniegra. Entrevistado al respecto, corroboró lo dicho por el sujeto y agregó que en total eran 12 los toxicómanos que contaban con ese permiso. Dijo que eran enfermos y no delincuentes, que la receta para que adquirieran la droga de manera legítima era una forma de sustraerlos a la acción de los traficantes. Entre sus proyectos estaba la creación de un dispensario especial, pues el Hospital de Toxicómanos era insuficiente. Por su posición, en un editorial se le llamó “mantenedor egregio en los juegos florales de la marihuana, y hoy apóstol del estupefaciente”, sus ideas fueron caracterizadas como “desquiciantes” y sus declaraciones percibidas como “un franco estímulo a la toxicomanía y al tráfico ilegal de narcóticos”. El caso de Salazar Viniegra parece ser único en este capítulo de la historia social del país.¹⁴

En Estados Unidos se dice que la práctica de fumar marihuana fue introducida por los trabajadores mexicanos que llegaron en los años veinte. En los treinta se mencionan plantíos destruidos en por lo menos 31 estados e incluso en Central Park y el parque Prospect de Brooklyn, en Nueva York. Los estudiantes de secundaria, preparatoria y universidades, la “gente maleante” y la “gente bien”, aparecen como usuarios comunes. Se llega a decir que la marihuana es más dañina que el opio, la morfina y la heroína. “El marihuano es capaz de los más atroces crímenes.” Un doctor texano de la Asociación Médica Americana asegura que “80% de los asesinatos que han cometido los mexicanos, se han registrado mientras el adicto se encuentra bajo la influencia de la marihuana”. En 1937, el gobierno estadounidense pone en vigor la llamada Marihuana Tax Act, que establece el control gubernamental sobre el traslado y venta de la planta. Musto afirma que si bien había gente en Estados Unidos que fumaba en los treinta, no fue sino hasta los sesenta que el consumo se generalizó.¹⁵

MORFINA, HEROÍNA Y COCAÍNA

Los agentes sociales que podían recetar legítimamente morfina, heroína o cocaína eran los médicos, los dentistas y los veterinarios. Los lugares donde se podían adquirir de manera legítima, previa presentación de la receta, eran las droguerías, boticas o farmacias. Se daban casos de médicos aprehendidos por traficar con esas sustancias. También de droguerías y laboratorios farmacéuticos acusados de venta ilícita.¹⁶

Entre los lugares de tráfico ilegal en el D. F. destacan la colonia Morelos, La Merced, Tepito, la colonia de los Doctores; las calles de San Antonio Abad, 16 de Septiembre, Doctor Río de la Loza, Dolores (la Chinatown mexicana), Obreros, Panaderos, Mecánicos, Imprenta, Arteaga y Costa Rica; los cabarets El Volga de la colonia Morelos y El Mesón Azul de la plaza Bartolomé de las Casas. No podía faltar la penitenciaría, conocida también como “el Almacén Central de Drogas”, e incluso el manicomio de La Castañeda.¹⁷

En la penitenciaría la droga se introducía por diversos medios: mujeres que la ocultaban “en partes muy nobles de su cuerpo”, en los bucles del peinado o en canastas de doble fondo; la droga también llegaba a su destino en frijoles de cera, en cartas, en los dobladillos de las toallas o en ladrillos que se lanzaban por encima de los muros. Una mujer descubierta al tratar de introducir marihuana relató que para adquirirla en la colonia Juan Polainas se dirigió al lugar que le habían indicado y pronunció las palabras clave: “Chiribipeca torummedius”.¹⁸

En una ocasión los presos estuvieron a punto de amotinarse, aparentemente debido al éxito relativo del director de la penitenciaría, Carlos Franco Sodi, ulteriormente procurador general de la República, para impedir la introducción de drogas; los toxicómanos, más de mil, “se hallaban presa de un verdadero frenesí. Para evitarlo, Salubridad envió brigadas médicas con dosis de heroína y cocaína, posteriormente se reducirían las dosis y se aplicarían otras sustancias con la intención de curarlos”.¹⁹

TRAFICANTES Y POLICÍAS

Las palabras empleadas para designar tanto a los agentes sociales como sus actividades siguen siendo las mismas ya mencionadas. Jóvenes atractivas, mujeres elegantes, cabareteras, individuos “decentemente vestidos”, chinos, japoneses, bandas o “rings” internacionales de rusos, alemanes, polacos, rumanos, chinos, estadounidenses, cubanos y mexicanos y hasta médicos son quienes se dedican al “productivo cuanto perjudicial comercio”. Entre los detenidos no podían faltar personajes sin cuyo alias la nota policiaca perdería gran parte de su efecto simbólico: el Mariposa, el Fuerzas, el Compadre, los Diablos, el Meco, el Cojo Memo, el Hombre de la Macana, el Venadito, Cuca la Comandanta y la famosísima Lola la Chata, quien según la prensa había recibido anónimos amenazándola de muerte para que no “cantara” cuando fue capturada por enésima vez en 1957.

María Dolores Estévez, alias Lola la Chata, era caracterizada en 1937 como “la más activa traficante de drogas, que prácticamente abastecía a los viciosos más empedernidos de la metrópoli, muchos de ellos pertenecientes a familias acomodadas”. Vivía en “lujosa residencia” (calle Pradera número 41), era protegida por agentes sanitarios policiacos “a cambio de cohechos considerables”. Al ser interrogada en la penitenciaría, “la envenenadora, mujer sumamente astuta, y que alardea de influencia en el mundo policiaco y judicial, con una sonrisa burlona en los labios, contestó a todo con un ‘no es cierto’ ”. Dos meses más tarde se descubrió “un nidero de viciosos y de criminales traficantes” en el mismo domicilio, descrito por un periodista de otro diario como una “vecindad […] empotrada en el paupérrimo, tortuoso y mal afamado rumbo de la Candelaria”. Entre los detenidos se encontraba la Chata. En 1938, el capitán Luis Huesca de la Fuente, ex jefe de la Policía de Narcóticos del Departamento de Salubridad Pública, es recluido en prisión acusado de haber sustraído droga decomisada por agentes bajo sus órdenes y proteger a traficantes, entre ellos a Estévez. En 1939 la Suprema Corte le niega el amparo.²⁰

Entre los agentes de la Policía Judicial Federal, el número 40, Enrique Lemus, es mostrado como ejemplo por sus éxitos en la aprehensión de traficantes y por su incorruptibilidad.

logró la captura del Venadito y de Lola la Chata, sacerdote y sacerdotisa respectivamente del tremendo vicio, y en todos los casos, el agente Lemus recibió tentadoras ofertas de dinero para cohecharlo, rehusándolas y consignando a sus autores por ese nuevo delito […] desgraciadamente constituye una excepción de la regla […] gana solamente la modesta suma de $4.33 pesos diarios […] Si entre nosotros se acostumbra medir a los hombres por su aptitud unida a su lealtad y a su acrisolada honradez, el agente Lemus debería ser, cuando menos, Inspector General de Policía, y no haría mal papel al frente de más altos destinos sociales.²¹

El tráfico también se daba en Mazatlán, Monterrey, Puebla, Nuevo Laredo, Tijuana, Ciudad Juárez y Veracruz. Las cantidades decomisadas se cuentan generalmente por gramos, excepto en una ocasión en Veracruz (12 kg de heroína), y otra en el D. F. (uno o 10 kg de cocaína, según la fuente).

Las entregas a domicilio o por correo forman ya parte de las estrategias de mercadeo. El cohecho y la complicidad de altos funcionarios y policías, así como acusaciones por tráfico o protección de traficantes contra el cónsul honorario de Grecia en México, James Page o Dimitris Psihas, y el gobernador de Chihuahua, general Rodrigo Quevedo, constituyen igualmente parte del escenario de la década.²²

EL DEBILITAMIENTO MORAL

En un ambiente de tensión mundial, empieza a circular la tesis de que algunos países, interesados en debilitar la “calidad moral” de otros, estarían permitiendo el paso de heroína, morfina, opio y cocaína. Según informes de los G-men, el blanco principal en América sería Estados Unidos. México también estaría incluido en esos siniestros objetivos. En el nivel de la vida cotidiana, notas según las cuales los traficantes mexicanos estarían poniendo en práctica algunas de las estrategias de sus homólogos de Estados Unidos para crearse una clientela, como por ejemplo la repartición de heroína y marihuana entre los niños,²³ contribuían a crear un ambiente donde el sensacionalismo, el cultivo de temores y prejuicios sociales eran más rentables que la investigación, verificación y continuidad de la información, que la reflexión y la discusión fundamentadas.

EL CASO MANCHUKUO

Para tener una idea de la desproporción de la problemática en México comparada con la de otros países, se puede citar la situación que prevalecía en la región china controlada por Japón durante 13 años (1932-1945) y llamada, en ese entonces, Manchukuo. Se afirmaba que allí existía una campaña del gobierno, desde 1938, para “purgar” a la sociedad de los criminales, limitar las áreas sembradas con adormidera y levantar un censo nacional de adictos. A partir del 1º de enero de 1938, se refuerzan las medidas para la creación de un monopolio de Estado sobre el opio. Cubría el 90% del territorio. Para un mejor control oficial, las municipalidades estaban autorizadas para vender opio al menudeo. El costo del consumo anual de opio y otros narcóticos se calculaba en 300 millones de yuans. La compra de los negocios privados de venta de opio que pasaron a ser administrados por el Estado se calculó en poco más de 900 millones de yuans. Antes del control estatal existían 2 139 negocios privados. Después, sólo 272 contra 1 363 oficinas estatales, cada una de las cuales estaba asociada a fumaderos de opio oficiales. En cada ciudad había de uno a tres fumaderos.

Otra de las medidas fue la de no aceptar adictos para trabajar en oficinas gubernamentales ni en corporaciones paraestatales. Se reforzó el sistema de registro de adictos. En cuatro meses sólo se registraron 200 000. Las autoridades calculaban 900 000 para una cantidad total de casi 35 millones de habitantes. Existían 46 enfermerías controladas por el Estado destinadas a la curación de los adictos. Se proyectaba construir 200 más entre 1938 y 1940. Se estimaba que con un programa de 10 años, de 1938 a 1947, ya no habría adictos. Finalmente, se mencionan medidas para evitar el cultivo y tráfico ilícitos y la necesidad de nombrar más supervisores del monopolio estatal del opio.²⁴

3

Los años cuarenta

La escasez de productos derivados del opio o de la coca durante la Segunda Guerra Mundial provocó o incrementó el cultivo de adormidera y marihuana en varias partes del mundo. Túnez, Argelia y Perú, por ejemplo, cultivaron adormidera; Siria y Líbano, marihuana, y México, las dos. Antes de la guerra, una libra de heroína costaba 300 francos en París. Durante la guerra, la misma cantidad con mucho menor grado de pureza subió 10 veces más. Por tal situación, se decía que en Europa y Estados Unidos la marihuana estaba teniendo un auge: en ese país, antes de la guerra, un cigarrillo de marihuana costaba 20 o 40 centavos en un club nocturno; durante la guerra el precio subió a 50 centavos si era producto local y un dólar si se trataba de marihuana mexicana. En París, el cigarrillo se cotizaba en un franco oro: “No solo los civiles adictos, sino también los viciosos de los ejércitos francés y nazi, consumen esos pitillos en enormes cantidades”. Al parecer las escasas drogas fuertes se reservaban para los aviadores. Se decía que en Estados Unidos había robos de maletines de médicos, en farmacias, hospitales y consultorios, así como falsificación de recetas.¹

Los estadounidenses, a través de la Oficina Federal de Narcóticos (Federal Bureau Narcotic), mostraban su preocupación por el tráfico de opio que se daría después de la guerra. Afirmaban que México era su principal fuente de abastecimiento, según el origen de los decomisos en sus fronteras. Pensaban que una ley internacional para controlar la provisión con fines médicos y científicos podría ser lograda en las conferencias de paz. Se calculaba que la producción anual de opio crudo era de 1 000 toneladas en China, 600 en Irán, 300 en la India, 250 en Turquía, 75 en Rusia, 55 en Yugoslavia, 50 en Afganistán, 18 en Birmania, 16 en Japón, siete en Bulgaria y sólo 400 kg en Tailandia. En la India e Irán estaba extendido el hábito de fumar opio, el cual se realizaba en lugares que operaban bajo licencia, al igual que en las Indias Orientales Holandesas, Malasia Británica, Brunei, Formosa, Birmania, Ceilán, Hong Kong, la Indochina Francesa y Tailandia. En algunas colonias holandesas o británicas el ingreso anual por monopolio del opio representaba entre el 2 y el 20% de los ingresos totales antes de la guerra. En Estados Unidos el cultivo de adormidera estaba prohibido, excepto con permiso del comisionado de Narcóticos. En California, una ley estatal permitía a un cierto número de personas cultivar la planta con el fin de extraer las semillas que se usaban en productos de repostería. En el verano de 1944, el Congreso estadounidense aprobó la moción del representante Walter H. Judd, ex misionero médico en China, en la que se solicitaba al presidente que exigiera acciones concretas para limitar la producción de drogas en los años de la posguerra. Acerca de México, el comisionado Anslinger declaró: “Debe continuar la lucha contra los bribones que están tratando de convertir aquel país en una fuente de suministros de drogas”. A las autoridades estadounidenses les preocupaban los hábitos que los soldados adquirieron en la guerra o que reforzaron a causa de la misma, como ya se había observado en ocasiones anteriores, pero también estaban interesados en influir en las políticas de otros gobiernos con la ilusión de combatir un problema de consumo interno.²

ADORMIDERA, FUMADEROS Y TRÁFICO DE OPIO

Durante los años cuarenta, el noroeste de México, especialmente el estado de Sinaloa y de manera particular el municipio de Badiraguato, se consolida de manera indiscutible como la región de mayor cultivo de adormidera y tráfico de opio. En Sonora se sigue sembrando en las márgenes de los ríos Yaqui y Mayo y en las zonas de Altar y Esperanza. También en las sierras de Durango y Chihuahua. Según la PGR, en 1949 fueron destruidos 933 plantíos con una superficie aproximada de 400 ha en los cuatro estados mencionados y había 1 600 individuos consignados y sujetos a procesos. Pero lo que más llama la atención es la cantidad de municipios sinaloenses mencionados en las notas sobre destrucción de plantíos: Badiraguato, Culiacán, Sinaloa de Leyva, Mocorito, Cosalá, Choix, El Fuerte, San Ignacio. En varias ocasiones, las áreas destruidas, según las estadísticas oficiales, sobrepasan las 100 ha sólo en Badiraguato (114 en 1942 y 109 en 1944), donde a juzgar por la cantidad de poblados mencionados lo raro era que no se cultivara adormidera. Sin embargo, el récord le corresponde a la región de Metates, Durango, con 230 ha en 1944. Según datos del primer informe del gobernador sinaloense, general Pablo Macías Valenzuela, en 1945 fueron destruidos 373 plantíos, la mayoría en Badiraguato —se decía que la amapola de esa región era de mejor calidad que la de Esmirna, Turquía—, con una superficie de aproximadamente 275 ha. La persistencia de los cultivadores badiraguatenses en el negocio de la “minita amapolera”, como le llamaba el periodista mazatleco Nicanor, dará fundamento a lo que para algunos es “leyenda negra” y para otros condiciones sociohistóricas de posibilidad del surgimiento, desarrollo y enraizamiento de una forma de vida y una cultura inéditas.

El mayor decomiso de opio de la década se realizó en Los Mochis, Sinaloa, al chino Jesús Ley (90 kg, 1942). En 1947 fueron encontrados 75 kg en el tren en territorio sinaloense. El chino Federico Chon, de Los Mochis, es capturado en Guadalajara con 40 kg (1946). En 1945 son decomisados 20 kg en Guamúchil, Sinaloa, al “traficante internacional” Ricardo García Íñigo, y cantidades menores a esa cifra en Culiacán —la colonia Tierra Blanca será el lugar preferido de los traficantes para vivir y hacer negocios— y otras partes de Sinaloa y Sonora, así como en Guadalajara, Tijuana y Mexicali. En Guasave, Sinaloa, se dio el caso de un funcionario que decomisó 70 kg y sólo entregó ocho (1943). En San Luis Río Colorado, Sonora, el jefe de la policía fue detenido con 18.6 kg de opio en 1944. Y en Culiacán, el ex presidente municipal de Badiraguato, Rodolfo Ibarra Rivas, es detenido con “regular cantidad de ‘goma’” (1948).

Por lo que respecta a los fumaderos, en Mazatlán es mencionado uno, propiedad de chinos, sobre la calzada Manuel Gutiérrez Nájera, aliado del expendio Los Pinitos. En Chihuahua, había fumaderos en Ciudad Juárez, Santa Catarina, Teposhiqui, Gorobachi, Las Chinacas, Milpillas y Guadalupe y Calvo, donde “la pipa de opio” lista para fumarse costaba cinco dólares. En 1943, el kilo de opio se cotizaba en 900 pesos en la frontera sonorense; en 1946 se habla de 2 000 dólares el kilo. En 1945, se calcula el valor de 17 kg de opio en Arizona en un rango de 275 a 360 000 dólares, es decir, en poco más de 16 a 21 000 dólares el kilo.

“GOMA” Y “GOMEROS”

La planta, hierba, droga, enervante, estupefaciente o narcótico con el que se comercia es fatídico, funesto, nocivo, mortal. Ilícito negocio, inmoral comercio, inhumana industria, son algunas de las designaciones más empleadas. Los agentes sociales son sembradores, cultivadores, productores, negociantes, pescados chicos, tiburones, contrabandistas, raqueteros, traficantes o mafiosos, entre los que se encuentran extranjeros y ciertos grupos sociales de mexicanos como ejidatarios, hombres de negocios, policías y funcionarios estatales y federales, que a veces forman bandas organizadas a nivel nacional e internacional, según la prensa. Las novedades lingüísticas más importantes son las palabras “goma” (de opio) —que aparece por primera vez, en las fuentes consultadas, a finales de los treinta (1937) en un periódico del D. F.,³ pero no se generaliza sino a partir de los cuarenta—; “solfia” (1944), que designa tanto a la adormidera o la amapola como a la “goma”; y “gomero” (1947) —ambas en la prensa sinaloense—, que designa originalmente al agente social que cultiva adormidera y trafica con opio, aunque posteriormente se utilizará también para nombrar al cultivador y traficante de marihuana.

Lucha, batida, combate, cruzada, guerra, campaña, serán las palabras, de evidente inspiración militar, más usuales para referirse a la acción estatal contra el cultivo y tráfico de drogas. Las “campañas”, originalmente a cargo de las autoridades sanitarias —Departamento de Salubridad Pública y posteriormente Secretaría de Salubridad y Asistencia—, serán dirigidas por la Procuraduría General de la República a partir de 1947. Con ello se abandona casi definitivamente la preocupación por la salud y se concentran las acciones en la destrucción de sembradíos y la persecución policiaca de los productores, traficantes y consumidores. Las estadísticas de decomisos, incineraciones y detenciones se convierten en la medida del éxito o fracaso de las “campañas”. Por regla general, los traficantes en grande nunca serán atrapados. Y cuando se dice que hay nombres importantes de la política y los negocios, muy raras veces se darán a conocer, “para no entorpecer las investigaciones”.

EL GOBIERNO DE LOAIZA

Antes de ser gobernador de Sinaloa (1941-1944), el coronel Rodolfo T. Loaiza fue senador y miembro de la Comisión de Salubridad Pública del Bloque Nacional Revolucionario de la Cámara de Senadores. Dicha Comisión elaboró una propuesta, en 1937, para que México formulase un proyecto de “Convención tipo” con el fin de que los países interesados en el “exterminio del tráfico de estupefacientes […] establezcan procedimientos represivos y de persecución semejantes”.⁴

Ya como gobernador de Sinaloa, la prensa destaca la acción de su gobierno en la destrucción de plantíos de adormidera, principalmente en Badiraguato. Entre los poblados mencionados se encuentran: Lo de Ventura, Terupete, El Portezuelo, La Cascajosa, Guachavirito, Saca de Agua, Higueras de los Monzón, Batopito, San Antonio de la Palma, El Cerro, Santiago de los Caballeros, El Potrero, La Soledad, Santa Cruz, Tegoripa, Chibato y Sitio de Abajo, de Enmedio y de Arriba. También Jesús María, municipio de Culiacán, así como sembradíos en Mocorito y Sinaloa de Leyva.⁵

En un periódico muy cercano al gobierno, al hablar de Badiraguato se señala lo siguiente:

Este municipio que era conocido por el más grande centro productor de la fatal adormidera que produce el opio, no sólo en el Estado de Sinaloa, sino en toda la República, ha dado un cambio muy loable, pues ahora todos aquellos campesinos que se dedicaban al cultivo de la amapola, sobre todo en Santiago de los Caballeros, destinarán sus tierras a la siembra de maíz y frijol.

Poco después, en una síntesis del informe de gobierno se dice que gracias a la persuasión se terminó con el cultivo de la adormidera en los municipios de Badiraguato, Mocorito y Sinaloa. Como la realidad era más terca que la magia periodística, en otras notas se afirma que el cultivo de adormidera “disminuye” y que “excepto en algunos lugares, todos se dedican al cultivo de maíz y frijol”. En el mismo tono eran los informes del presidente municipal de Badiraguato, pues según él “muchos que antes se dedicaban a sembrar la solfia, ahora siembran maíz y ajonjolí”. En un editorial dedicado a la destrucción de la adormidera, se anota que su cultivo

[…] ha sido en el municipio de Badiraguato, como en otros lugares de Sinaloa, una forma de vivir holgadamente […] En la práctica ha resultado esa criminal inclinación al cultivo de la nefasta yerba, tanto más perjudicial para la sociedad, que los levantamientos de las tribus yaquis en Sonora, que los asesinatos de campesinos en el sur de nuestro estado […] es más perjudicial que cualesquiera otra inclinación por criminal que ella sea, ya que su consumo degenera al individuo, y su comercio se presta para el desprestigio de todos los mexicanos.⁶

En las primeras horas del 21 de febrero de 1944, durante las fiestas del carnaval mazatleco, el gobernador Loaiza es asesinado a quemarropa en el Patio Andaluz del Hotel Belmar. Los testigos oculares identificaron inmediatamente a Rodolfo Valdés, o Valdez, alias el Gitano, como el asesino. Este personaje era un pistolero de los terratenientes del sur de Sinaloa, uno de los cabecillas del grupo ejecutor de agraristas mejor conocido como los Alzados o los del Monte. A principios del mismo año había sido detenido y encarcelado en Mazatlán, acusado de haber asesinado a una de sus ex amantes; salió libre después de haber pagado 2 000 pesos de fianza.⁷

El Gitano huyó de la escena del crimen y durante casi un año se volvió ojo de hormiga. Según declaraciones del licenciado Ramiro Botello Medina, amigo de Loaiza, él mismo estuvo gestionando la entrega pacífica del personaje desde finales de 1944. El 16 de enero de 1945 es trasladado de Concordia a Mazatlán y de allí en un avión de la Fuerza Aérea al D. F., a la prisión militar de Santiago Tlatelolco. A la misma prisión fue enviado el general Rafael Cerón Medina, quien ocupaba el cargo de jefe del sector militar de Concordia al momento del asesinato, acusado de haber protegido a Valdés, con quien, se decía, lo unía una relación de compadrazgo. A su vez, Cerón acusó, sin resultado, al general Juan José Ríos, comandante de la IX Zona Militar con sede en Culiacán, de haberle impedido la persecución de el Gitano.⁸

Dos días después de haber llegado al D. F., el Gitano tuvo una reunión a solas de más de una hora con el secretario de la Defensa Nacional, general Lázaro Cárdenas. No negó haber sido el autor material del asesinato, pero acusó al general Pablo Macías Valenzuela, gobernador de Sinaloa (1945-1950) y ex secretario de Defensa Nacional (1940-1942), de haber sido el autor intelectual.

A raíz de esa acusación, el juez cuarto de Instrucción Militar del D. F. dio curso a un proceso contra el gobernador. Se dijo que su hermano, general Anselmo Macías Valenzuela, comandante de la Zona Militar de la Huasteca, consiguió reunir a varios generales y convencerlos para interceder ante el presidente. El propio Macías viajó al D. F. y se entrevistó con el presidente Ávila Camacho y el secretario de Gobernación, Miguel Alemán. En abril de 1945 se suspende el proceso contra el gobernador, se determina que la investigación no es de competencia federal y se turna el caso a los juzgados de Concordia y Mazatlán. De esa manera, bajo el control del gobernador, fue resuelto el problema creado por las imputaciones detrás de las cuales, según Lazcano, procurador en el régimen de Macías, estaban los loaicistas apoyados por Cárdenas.⁹ A finales de ese mismo año, el Gitano es trasladado a la prisión del Cerro del Vigía en Mazatlán y sentenciado a 26 años de prisión en 1946. Se fuga a mediados de 1949. En 1952 es herido en Aguacaliente, su territorio de dominio, aprehendido y enviado a Lecumberri. Posteriormente, el gobernador Sánchez Celis (1963-1968) consigue su libertad y le da trabajo como guardaespaldas.¹⁰

El gobernador sinaloense no fue el único mencionado como autor intelectual. También se hablaba del general Maximino Ávila Camacho, de los terratenientes del sur del estado, de la familia de Alfonso Tirado —quien fue presidente municipal de Mazatlán, asesinado en Culiacán en 1938 por el jefe de la policía judicial, Alfonso Leyzaola Salazar, alias la Onza, durante el gobierno del amigo y apoyo político de Loaiza, coronel Alfredo Delgado (1937-1940). Tirado fue también rival político de Loaiza y figuraba como un adversario de peso por la gubernatura—, e incluso de traficantes de opio de Badiraguato.

Esta última tesis, inspirada en las pláticas de pasillo escuchadas en la Cámara de Diputados del D. F., fue lanzada por Luis Spota en un artículo de Excélsior. Otra tesis similar, “de un periodista metropolitano” cuyo nombre y periódico no se mencionan, se reproduce en un diario mazatleco:

Una poderosa mafia de agricultores llegó hace años a Sonora y Sinaloa con el deliberado propósito de cultivar modestas y románticas amapolas […] Los 20 mil chinos que radican en el territorio de la Baja California fueron terreno propicio donde sembrar la semilla del contrabando. Y dos nuevas mafias surgieron a la vida del hampa: las que encabezaban los chinos Chie Kung Tong y Kno Ming Tong […] Ante la ofensiva total del ejército, los “agricultores” de Sonora y Sinaloa —no ajenos a la tragedia del Hotel Belmar de Mazatlán— y los compradores y exportadores de Baja California hicieron una retirada estratégica. Se eclipsaron del sombrío mapa de la criminalidad mexicana. Pero solamente para capear venturosamente el temporal.¹¹

Según Manuel Lazcano Ochoa, procurador de Justicia de Sinaloa durante los gobiernos de Macías, Sánchez Celis y Labastida, la causa del asesinato fue una venganza de los familiares de Tirado. Treinta años después del homicidio de Loaiza, el periodista Gustavo D. Cañedo, quien escribía una nota al respecto cada año, señala:

La política, las mafias de narcotraficantes y la ponzoña de los enemigos, fueron ingredientes para que consumaran (el) magnicidio, las gentes de Rodolfo Valdés, el Gitano, quien personalmente dirigió la maniobra en el Patio Andaluz del Hotel Belmar y fue enjuiciado por ello. Liberado después y de muerte natural falleció aquí en Culiacán, en la colonia Guadalupe a espaldas de la residencia del gobierno del estado.¹²

La culpabilidad intelectual del asesinato de Loaiza ha sido uno de los secretos mejor guardados por los sobrevivientes de la clase política sinaloense de esa época. Como en otros asuntos, parece privar entre ellos una ley del silencio que se asemeja a la famosa omertà siciliana.

EL GOBIERNO DE MACÍAS VALENZUELA

Badiraguato siguió siendo noticia en lo que se refiere al cultivo de adormidera. La situación en el municipio se describía así: “Las balaceras están a la orden del día, así como los raptos a la fuerza, los homicidios y otros delitos de sangre”. La región era caracterizada como “sede del opio” y “madriguera de cientos de maleantes”. En el municipio de Cosalá, un plantío de adormidera de una hectárea era regado y cuidado por jóvenes en edad escolar quienes recibían a cambio “buenas propinas”. Se afirmaba que el caso no era único en la región y se hablaba de los responsables de los sembradíos como “conocidas personas ligadas o no con la política”. El tráfico de opio se calificaba como “infamante y desprestigiante actividad, que ha puesto a Sinaloa mundialmente en el espantoso entredicho”.¹³

En 1944, a raíz de las gestiones de Salvador C. Peña, comisionado especial del Ramo de Drogas y Enervantes del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, el gobernador de Chihuahua se comunicó con sus homólogos de Sinaloa y Durango con el fin de informarles que daba su anuencia para que los agentes de las diversas policías —rural, judicial y de prevención social— de esos estados pudieran internarse en territorio chihuahuense. En 1947, el subsecretario de Aduanas del país vecino, John W. Buckley, señalaba que los contrabandistas mexicanos usaban aviones para transportar opio. A su vez, la prensa anunciaba que autoridades estadounidenses darían pronto a conocer “nombres de altas personalidades políticas, comerciantes, dueños de restaurantes y de otros establecimientos diversos”, residentes en Baja California, Sonora y Sinaloa. Harry J. Anslinger, delegado de Estados Unidos ante la Comisión de Narcóticos de la ONU, declaró un mes después de su colega, por enésima ocasión, que México era el principal proveedor de opio para su país y agregó que muchos altos funcionarios y personajes en los gobiernos estatales estaban directamente interesados en la producción de drogas.¹⁴

Corría ya el año de 1947, momento a partir del cual la PGR se haría cargo de las “campañas”. En el gobierno de Miguel Alemán y como parte del programa de moralización y defensa social se incluye la “campaña” contra el tráfico de drogas. Se buscaba “la defensa de la salud pública, de la economía nacional y del prestigio internacional de nuestro país”. Con el triunfo de Estados Unidos y su hegemonía indiscutible después de la Segunda Guerra Mundial, la ONU, a través de la Comisión de Narcóticos, se convirtió en el foro desde el cual los estadounidenses impondrían, vigilarían y administrarían lo que ya empezaba a delinearse como una geopolítica de las drogas. En sus informes a dicha Comisión, y en las respuestas a sus críticas, los gobiernos mexicanos mostrarán claramente la voluntad de complacer a sus homólogos de Estados Unidos y Canadá principalmente.¹⁵

En Sinaloa, el procurador del estado Manuel Lazcano es citado en los siguientes términos:

En este libro que recientemente abrimos figuran los generales de los gomeros que están siendo detenidos a pedimento del grupo de Agentes de la Procuraduría de Justicia de la Nación […] El detenido Miguel Urías Uriarte, fue aprehendido el 18 que cursa, en Tierra Blanca, como responsable de un laboratorio para cocimiento de opio en Bacacoragua, municipio de Badiraguato.

Agregó que continuaría

la acción enérgica ordenada, sin miramientos y sin complacencias contra los gomeros, a los que se les dará duro y macizo. Ahora el que la haga la pagará, pues hay órdenes terminantes de proceder con rigor, contra quien sea, sin importar rangos ni categorías.

Por su parte, el periodista Jorge Medina León señalaba que:

En Sinaloa, este lucrativo e inmoral negocio ha venido tomando carta de naturalización y se ha ejercido con la más inaudita de las impudicias […] cuando se habla de suntuosa residencia propiedad de equis tomatero o garbancero, suele también decirse con gran frecuencia, magnífico edificio de boato y ostentación propiedad de ex magnate del opio.¹⁶

El 28 de agosto de 1947, Rodolfo Velázquez López es aprehendido en Badiraguato acusado de ser gomero. Según sus declaraciones, en Las Lajas un tal Miguel Hernández le platicó que Francisco de la Rocha Tagle, ex jefe de la Policía Judicial de Sinaloa —quien desde el gobierno de Loaiza y principios del de Macías había encabezado “batidas” contra los cultivos de adormidera en regiones críticas, como Badiraguato y Mocorito—, lo había comisionado para recoger como “contribución” una cantidad de goma de los sembradíos de Rincón de los Montes. Hernández le habría pedido a Velázquez que se hiciera cargo de tal comisión. Al día siguiente, el acusado envía una carta a la prensa para que se publique como inserción pagada y señala lo siguiente:

Espero que algunos colaboradores del Gobierno no estén manejados por gomeros […] En caso de que mis ex jefes necesiten mis declaraciones y yo creo conveniente darlas, lo haré, siempre que mi general Macías cuente con colaboradores más decentes y que la justicia de Sinaloa no se venda por goma.

El procurador respondió diciendo que esperaba su declaración y le envió un citatorio. Mientras tanto, el gobernador afirmaba en su tercer informe que los resultados de la campaña contra los sembradíos y traficantes no habían sido completamente satisfactorios.¹⁷

Según la señora De la Rocha, su esposo estuvo esperando noticias en un rancho cuyo nombre no menciona y como no las hubo, decidió partir. El procurador la desmintió y dijo que en realidad su esposo había abandonado Aguacaliente de los Monzón rumbo a la sierra desde finales de agosto (1947). Se dijo que había sido visto en Alisitos, Badiraguato, en compañía de una veintena de hombres armados con rifles y dos ametralladoras Thompson. A principios de octubre del mismo año, De la Rocha envía otra carta a la prensa donde dice que hay cosas más importantes que su presencia en la Procuraduría. Por ejemplo, pregunta acerca de las causas por las cuales no se le interrogó cuando presentó su renuncia o cuando el procurador general de la República estuvo en Culiacán.

¿Por qué habiendo yo comprobado la culpabilidad de Miguel Urías como traficante y responsable del mencionado laboratorio, se le dejó vivir cómodamente y sin molestarlo hasta que lo hizo la Policía Federal? […] Yo, ignorante de que podían existir compromisos entre algunos colaboradores del Gobierno y los ya mencionados traficantes, metí la pata, pues después me di cuenta de que en vez de una tenaz persecución debía haber realizado una farsa como la que actualmente realiza el señor León —Rafael León Arrieta, jefe de la Policía Judicial del estado, antiguo subalterno de De la Rocha, quien caería asesinado al año siguiente en Mexicali (11/VIII/1948) aparentemente a manos de unos sinaloenses “entregados en cuerpo y alma al contrabando de estupefacientes”— y entonces hoy estaría yo muy bien parado con la actual administración.

En otra carta fechada en noviembre se pregunta por qué no se interroga a su ex subalterno para que “cante”. Afirma que Urías gozaba de libertad nuevamente en agosto, el mismo mes de su aprehensión, y que una parte del laboratorio le había sido devuelta. Y anota:

Soy responsable de un delito: cuando destruimos plantíos en Las Higueras de Tepuche y en San Cayetano, las declaraciones afectaban a un alto funcionario y tuvimos que modificar las actas para dizque “evitar un escándalo al Gobierno”, que hubiera podido “despertar sospechas del Gobierno Americano”. Así me dijeron y yo lo creí, por mi ignorancia. El funcionario al que encubrimos su delito tiene ahora interés en que yo desaparezca.

Afirmaba tener en su poder archivos completos, actas y fotos qué presentaría en su debido momento: “Dentro de poco hablaré aunque el escándalo alcance a mis verdugos […] los calumniadores de hoy […] serán los reos de mañana”. Jamás se volvió a hablar del asunto y Lazcano lo olvida en la selección de sus recuerdos.¹⁸

A principios de noviembre de 1947 se anuncia un viaje de trabajo al noroeste del procurador general de la República, del oficial mayor de la Defensa y del subsecretario de Asistencia y Salubridad, con el fin de poner en marcha un plan presidencial para combatir a los traficantes de drogas. Se contemplaba la utilización de aviones de la Fuerza Aérea para fumigar con productos químicos especiales los plantíos de adormidera. En la prensa del D. F. se publican rumores escuchados en la PGR según los cuales dos gobernadores norteños estarían “mezclados en el tráfico de enervantes” y serían los principales animadores de la construcción de campos de aterrizaje. Se dice que de publicarse sus nombres sería “la bomba política mayor”. Se hablaba de cerca de 100 ha sembradas de amapola en los márgenes de los ríos Yaqui, Mayo, Concepción y Moctezuma, y de 200 kilómetros cuadrados en Altar. El gobernador de Sonora, general Abelardo L. Rodríguez, dijo que su estado era más bien utilizado como zona de tráfico, aunque aceptó que había cultivos de adormidera en las márgenes del río Yaqui y en Altar. Sin embargo, el encabezado de la nota enviada desde Hermosillo señalaba que el foco del tráfico de drogas se encontraba en Sinaloa.¹⁹

“Efectiva campaña contra los gomeros”, titulaba el encabezado de la nota de un periódico sinaloense que hablaba de la llegada de los funcionarios y sintetizaba:

Ha sido la ciudad de Culiacán, donde los magnates del mercado; con palacetes, automóviles de lujo, aviones, dinero, etcétera, han operado en grande escala, enviando a agentes en aviones a la frontera para hacer las ventas del opio. Ninguno de esos magnates, señalados por la opinión pública, han sido molestados en lo más mínimo y mucho menos enjuiciados.

La nota continuaba señalando la esperanza de que las autoridades actuaran efectivamente “con ejemplar energía y sin miramientos, no importando las posiciones elevadas, políticas o de otra índole”.²⁰

La “bomba” estalló en la prensa capitalina el 14 de noviembre de 1947. El periodista Armando Rivas Torres de Excélsior, quien había acompañado a los funcionarios en la gira, narra —en una nota enviada desde Durango a causa de la censura impuesta en los servicios de telégrafos y teléfonos de Culiacán— su percepción de las cosas en la capital sinaloense a la que califica de “base de operaciones de los contrabandistas de opio”. Asegura que las autoridades federales encontraron un “ambiente francamente hostil” y que agentes de la Policía Federal habían logrado saber que se pensaba atentar contra los periodistas, por lo que les brindaron protección día y noche. Al ver eso, el procurador de Sinaloa, Manuel Lazcano, les dijo que “no había necesidad de ello, ya que si ocurriese algo sería en perjuicio directo del gobernador del Estado, y que podía tenerse la seguridad de que los traficantes, que casi no existen, no comprometerían al gobierno local”. Habla también de Roberto Domínguez —propietario del hotel El Mayo, donde se hospedaron—, famoso en la región por ser el único que desde hace dos años compraba la droga por toneladas. En ese lapso adquirió cinco toneladas que se vendieron en Estados Unidos. Además, calificó como “descortesía” y “forma despectiva” la manera en que fueron recibidos el procurador Francisco González de la Vega y sus acompañantes por el gobernador Pablo Macías Valenzuela, “que es señalado por mucha gente como uno de los cabecillas de la banda de traficantes en drogas, cosa que está por probarse”. Era la primera vez que se decía algo semejante de un gobernador sinaloense. Durante el mandato de Macías fue aprobada la pena de muerte en Sinaloa (16/V/1946), con la cual se esperaba que la entidad empezara “una era de paz octaviana, en la que los delitos por asesinato no sienten carta de naturalización”. Esta medida no fue eliminada del artículo 157 de la Constitución Política de Sinaloa sino hasta el 9 de agosto de 1962, a iniciativa del gobernador, general Gabriel Leyva Velázquez. Al parecer, la pena de muerte nunca se puso en práctica.

Hesiquio Aguilar, del mismo periódico y tesorero de la Asociación Mexicana de Periodistas, publica un artículo al día siguiente, en la primera página con encabezados a ocho columnas, en el que anota que sólo se espera el regreso del procurador para saber si se procede penalmente contra Macías, contra el cual asegura que existían desde hacía tiempo “graves denuncias” en el Senado y la Cámara de Diputados. Además, da cabida a una declaración anónima hecha en Mazatlán donde dos ex gobernadores del Territorio Norte de Baja California, el general Juan Felipe Rico y Alberto V. Aldrete, son señalados como “los directores de la banda internacional de traficantes de drogas”. El general Rico envió una carta de protesta, publicada en la página 20, “contra la malévola versión y su perverso autor anónimo”. Decía que la nota no sólo lo manchaba a él sino también al Ejército Nacional. En la sección editorial se pedía la intervención del presidente Alemán para que solicitara la desaparición de poderes en Sinaloa. Por su parte, el periodista Rivas daba también crédito a versiones fantásticas atribuidas a los diputados de Durango, quienes afirmaban frente a las autoridades federales que una gran mayoría de los campesinos que se dedicaban al cultivo de la amapola habían perdido el sentido del olfato, se habían quedado ciegos o estaban en avanzado estado de idiotez. La causa, se decía, era un misterioso “gas” que se desprendía del “corazón” de la amapola al momento de cortarla.²¹

Últimas Noticias también publicaba notas no menos fantasiosas que la anterior. Por ejemplo, afirmaba que las tierras sembradas con amapola en el noroeste sumaban “varios cientos de millones de kilómetros cuadrados”. Y echaba sal sobre las heridas. En los encabezados de la primera página, en ocasiones a ocho columnas, titulaba: “Costeaba gobernar Sinaloa”. Con base en informaciones de “un funcionario policiaco metropolitano”, se decía que desde hacía por lo menos 20 años “los gobernadores que ha tenido Sinaloa han estado complicados en la explotación del opio”. Se resucitaba también la tesis según la cual el asesinato de Loaiza habría sido realizado por un gang de traficantes contrario al que protegía. “Acumulan datos contra el gobernador cabecilla”; “Íntimos colaboradores de Macías, vendían el opio; “Ahora no escapará el gobernador traficante”. Se señalaba al secretario general de gobierno, Jesús P. Ruiz, como uno de los principales traficantes. Se afirmaba que el presidente municipal de Culiacán había huido al “monte” con sus “pistoleros” porque estaba seguro de que el procurador general de la República le reclamaría el haber “abonado” la conducta del “traficante” y “millonario” Miguel Urías Uriarte. Del procurador del estado, Manuel Lazcano, se decía que tenía tres procesos en su contra, de los cuales dos en Culiacán y uno en Tepic, “este último por fraude”. “Piruetas de la justicia: Macías Valenzuela de perseguido, se vuelve perseguidor”, rezaba otro encabezado. A raíz de una declaración oficial de los funcionarios federales que estuvieron en la gira por el noroeste, en la que señalaban la cooperación de los gobernadores y ser ajenos a las versiones difundidas, se dijo que en “círculos políticos” había causado “extrañeza” que la declaración implicaba considerar sólo a “funcionarios segundones”. “Se está apagando el asunto de Macías Valenzuela”; “El general Macías va a quedarse sin castigo”, insistió el periódico en días posteriores. En la columna “Perifonemas” de la sección editorial fue publicado un epigrama alusivo y en otra ocasión se le llamó Rey de la Adormidera:

No hizo nada el buen Macías
de apellido Valenzuela
Con el opio te dormías […] y ahora todas tus porfías
no te sirven […] valen suela.²²

En cuanto a El Universal, si bien los encabezados de los artículos al respecto, algunos firmados por el enviado especial Eduardo Téllez V., estaban redactados en otro tono, eran menos directos y ocupaban menos espacio en la primera plana; las notas, basadas en las mismas fuentes, no describían un panorama muy diferente. Según informaciones “extraoficiales”, Sinaloa es presentado como “el centro más descarado de comercio de drogas heroicas, al extremo de que las operaciones de compra-venta de opio, tanto cocinado como cristalizado, se realizan casi abiertamente”. Al igual que su colega Rivas, después de hablar de las zonas críticas de Sonora y de las afirmaciones del gobernador según las cuales su entidad sería “puente”, afirma que en Sinaloa “es donde operan en mayor número los traficantes de drogas […] se dice, políticos de altura, influyentes y hasta aparentes comerciantes e industriales están mezclados en el condenable tráfico”. Según las investigaciones de la PJF (Policía Judicial Federal), continúa, “bandas internacionales, integradas especialmente por norteamericanos”, estarían financiando a los sembradores de adormidera. Entre los nombres que cita como de traficantes locales se encuentran Meyer, Batis, Wadgymar, e incluso el del director del Hospital Civil y candidato a la alcaldía de Culiacán, doctor Mariano Romero, de quien dice: “Está íntimamente ligado o es propietario de unos laboratorios en que se beneficia la adormidera”. Desde Durango escribe también sobre los funcionarios estatales y el propietario de un hotel mencionados por su colega. Y ya desde la capital del país señala, acerca de Macías, que “extraoficialmente se sabe que es dueño de cuatro avionetas en que se ha contrabandeado opio […] hasta se dice que él personalmente se encarga de entregar la droga enlatada en un lugar de la Baja California”.

Habla sobre el encuentro que tuvieron el diputado duranguense por el distrito de Tamazula, Rafael de la Rocha, hermano de Francisco mencionado anteriormente, y el procurador de la República. El diputado dijo no saber dónde se encontraba su hermano, pero le prometió convencerlo para que se entregara cuando tuviera contacto con él. Según la versión de Téllez, el ex jefe judicial era “ayudante” o “cómplice” del traficante Urías, al igual que Joel del mismo apellido, quien se hallaba en prisión y era “primo hermano” de Francisco. En palabras de este último, Joel era su sobrino y Urías un protegido de algunas autoridades estatales. Cabe mencionar que después del asesinato del gobernador Loaiza, Atalo de la Rocha, hermano de Francisco, fue nombrado inspector de policía de Mazatlán. Duró aproximadamente mes y medio en ese puesto y pasó a ocupar el mismo cargo en Culiacán.

Durante la gira asegura haber visto en la capital de Sinaloa “tipos de caras patibularias” vigilando a policías y funcionarios, listos para disparar en caso de aprehensión de sus amos. Describe al estado como tierra de “la ley de la pistola”. Una zona de 100 por 50 km, en los municipios de Sinaloa de Leyva, Mocorito y Badiraguato, es señalada como el lugar de los sembradíos de adormidera más importantes. Después de la declaración de los funcionarios federales que negaba las versiones periodísticas sobre la situación en el noroeste, un editorial del periódico lamenta que ese hecho implicará que dentro de poco tiempo los informes de los periodistas sean catalogados como “enfermizas alucinaciones”, cuando en realidad hay más sospechas de que las autoridades “resolvieron a última hora calarse los anteojos de color de rosa para disimular la fealdad del espectáculo que se abrió ante ellos”. En esos días (14/XI/1947) se publica un decreto de reformas y adiciones a los artículos 193, 194 y 197 del Código Penal referentes a los “delitos contra la salud”. Se prevén penas de uno a 10 años y multas de 100 a 10 000 pesos; y de seis a 12 años y multas de 500 a 20 000 pesos en caso de importar o exportar drogas de manera ilegal. Según datos del mismo periodista, en 1945 el kilo de opio valía 200 pesos, 1 000 pesos en la frontera y 1 000 dólares en Estados Unidos. En 1947, las cantidades eran 1 000, 6 000 y 5 000, respectivamente.²³

En un apartado dedicado a la prensa, los funcionarios federales le pedían a ésta “evitar demasías, exageraciones o falsedades que pudieran dañar el éxito de las investigaciones o comprometer indebidamente el prestigio del país”. A juzgar por algunos editoriales elípticos del Excélsior, las notas de Últimas Noticias en días posteriores y una caricatura de Freyre sobre Macías, esa declaración no convenció a sus directivos. Mientras esto sucedía, el presidente Alemán realizaba una gira por Chihuahua —salió el 10 y regresó al D. F. el 18 o 19— y aprovechaba para ir de “cacería” a la sierra, acompañado por el gobernador de la entidad y otras personas. El 20 de noviembre de 1947 llega a Mazatlán en viaje de trabajo. Dos días después, Macías emite un comunicado oficial en el que rechaza las imputaciones de Excélsior y Últimas Noticias. Califica las notas como

gravemente ofensivas […] calumniosas alusiones que hieren la dignidad y el decoro del pueblo de Sinaloa [que obedecen] quizá a un malintencionado plan perfectamente preconcebido […] con el deleznable propósito de crear ante la opinión pública local y nacional un ambiente de desprestigio en mi contra […] y de algunos de mis inmediatos colaboradores […] los reportazgos del periodista aludido no son sino extravagantes fantasías elaboradas por la desarrollada imaginación que, sin duda alguna, fue previamente estimulada antes de su partida de la Ciudad de México.

Termina diciendo que rechaza “con indignación las infames calumnias […] que han pretendido manchar el honor del pueblo de Sinaloa y de su Administración” y que protesta “con toda energía ante la faz de la Nación entera”. En un editorial se habla de los periodistas metropolitanos como “camaradas papeleros (que) vinieron a Sinaloa por lana y salieron trasquilados […] chicos esquizofrénicos, que vieron moros con tranchetes”. Y en otro se afirma que

ningún Ejecutivo ha sido tan ruin, tan escandalosamente calumniado como el general Pablo E. Macías Valenzuela […] La historia íntima de algunos sectores del periodismo nacional, descubrirá algún día que los ataques y las calumnias se pueden acallar con dinero constante y sonante, un maravilloso silenciador que cura a los energúmenos de la prensa […] En el fondo, no se trata más que de sombríos móviles políticos, sustentados en la voracidad mercantilista del diario más inmoral de México y del continente americano.

El editorialista señalaba que la foto publicada en Excélsior de un supuesto campo de amapola era en realidad la de un sembradío de caña. La foto en cuestión, que sí parece la de un plantío de amapola, tenía una nota donde se decía que la propiedad del sembradío se le atribuía al “secretario de Gobierno (quien estaría) ejerciendo venganza y persecución contra Francisco de la Rocha, uno de los principales traficantes de opio, por ‘delator’ ”. En los primeros días de enero de 1948 se da a conocer la renuncia del funcionario aludido. En su lugar se nombra al oficial mayor de gobierno Alberto Sánchez González. Se dice que después de la renuncia se le ha visto en las calles de Culiacán sin que nadie lo moleste.²⁴

Las notas contra Macías fueron rentabilizadas políticamente por el gobierno estadounidense a través de Anslinger, quien a principios de marzo de 1948 reanudó sus ataques contra el gobierno mexicano. El titular de la PGR volvió a desmentir las imputaciones, sintetizó los logros de la última “campaña” y señaló que “mucho ayudaría a México, para evitar la injusta producción y tráfico de enervantes, que en Estados Unidos se lograra impedir la criminal compra de estos productos destinados a satisfacer necesidades viciosas ajenas a nosotros”.²⁵

El interés por participar en el auge del “negocio jugoso, pero turbio, del opio” se había extendido ya por varias categorías sociales. La prensa contribuyó a su manera a hacer más visible un fenómeno que ya tenía más tiempo desarrollándose y que era imposible ignorar. Entre los detenidos figuraban un síndico de Pericos, un comisario de Recoveco —poblados cercanos a Culiacán—, un ex presidente municipal de Badiraguato —quien trató de cohechar con 4 000 pesos a los agentes federales—, un restaurantero de Los Mochis, comerciantes de Guamúchil, un piloto aviador que transportaba opio de Sinaloa a Mexicali, un italiano residente en Culiacán, la señora Jesús Coronel Quintero —originaria de Santiago de los Caballeros, Badiraguato, detenida en Tierra Blanca con opio que un chino de Jesús María “llamado Luis” le había dado para entregárselo al chino Jesús Ley—, la señora Manuela Caro, del mismo municipio, de quien se decía que en otras ocasiones había transportado opio en sus ropas íntimas; asimismo, se afirmaba que durante un cierto periodo del año vivía en una choza en un rancho, pero que en Guadalajara tenía una lujosa residencia. Sin embargo, cuando se le detuvo en el aeropuerto de Culiacán no se le encontró droga. También un estadounidense caracterizado como agente “del Trust Internacional, que incluso ha refaccionado económicamente a los gomeros sinaloenses para el cultivo y comercio del opio”. Por el opio, decía Nicanor, “ya se estima a la Perla del Humaya como a un barrio de Cantón o alguna risueña aldehuela de los márgenes del río Amarillo”. Se consignaba también que los detenidos eran generalmente campesinos pobres. A los dueños, los que se enriquecían, “casi nunca se les descubre porque se les busca en los centros de producción y no en los altos círculos sociales o de la política en donde las influencias pesan más que todos los agentes juntos”. Ya se hablaba también de fabricación de culpables y de abusos de la Judicial Federal. ¿Quién vigila a los vigilantes?, era una de las preguntas.²⁶

En Sonora, el jefe de la policía de Prevención Social y otros agentes bajo su mando fueron acusados de permitir la siembra de adormidera. En el municipio de Soyopa, la Policía Judicial Federal descubrió y destruyó un sembradío de 4 000 metros cuadrados cerca del rancho del diputado Francisco Landavazo. Quienes lo regaban eran sus peones. Entre los detenidos figuraba un agente de la policía de Prevención Social, primo del diputado. Las tierras eran ocupadas por el presidente municipal de Soyopa, J. Dolores Moreno, quien huyó al advertir la presencia de los federales. Según los vecinos, Landavazo era “uno de los traficantes más grandes de drogas que controla la producción de opio en la región”.²⁷

Según los recuerdos de Lazcano, el asunto del tráfico de drogas en Sinaloa “ya impactaba” desde los años treinta.

Políticos, comerciantes, empresarios, policías, campesinos, todo el mundo sabía que se sembraba amapola […] se sabía quiénes eran los que se dedicaban a la siembra […] Vecinos conocidos, campesinos y pequeños propietarios […] Los líderes son […] de extracción social un poquito más alta que la de los campesinos… la Policía Judicial sabía quiénes eran los productores […] el jefe de la Policía era el que iba y controlaba el porcentaje que les tocaba, a cambio del disimulo, el apoyo o lo que se quiera. De tal suerte que el jefe de la Judicial era un personaje con poder, porque tenía importantes ingresos de dinero. Además, el cargo entrañaba y significaba mucha relación con el gobernador.

Cuando la Federación intervino, dice, se redujo esa libertad de maniobra.

Yo conocí a varias personas que sembraban. Muchos eran amigos míos que cultivaban amapola y luego de la cosecha se iban a Nogales con cuatro o cinco bolas en un veliz o en unos morrales. Se iban vestidos como campesinos. Y lo curioso es que en la frontera pasaban en la aduana sin ningún problema […] Era evidente que los dejaban pasar.

Pero dice que no le consta que se haya firmado un convenio o algo parecido entre los gobiernos de México y de Estados Unidos para favorecer el cultivo de la adormidera y el tráfico de opio —como ha sido aceptado por algunos sin más pruebas que las declaraciones, sin ningún respaldo documental, de ciertas autoridades, voceros oficiales o semioficiales, el incremento de la superficie cultivada y los volúmenes decomisados—. Tal posibilidad es difícil de fundamentar dada la naturaleza ilegal del fenómeno. En realidad se trata de una hipótesis que sugiere acuerdos no escritos y una moral política en la que los actos de corrupción se desvanecen al esgrimir como argumento mayor y medida moral de los actos públicos la “razón de Estado”, o en otras palabras, el arbitrio legitimado.

Contrariamente a una tesis muy difundida, asegura que antes de los cuarenta eran sinaloenses y no chinos los que estaban involucrados en el negocio de la adormidera y el opio. “Sabíamos los nombres de quienes sembraban y quienes traficaban.” Algunos agricultores también cayeron en la tentación. Señala que ciertas familias, algunas conocidas, bien relacionadas y con posibilidades económicas de Badiraguato, Culiacán, Guamúchil y Mocorito decidieron explotar esa veta. Y anota: “La verdad es que no había conciencia de la gravedad del delito. Por comparar, casi lo veía uno como el que no paga impuestos […] En los ámbitos donde yo me movía, no se veía, no teníamos la información de lo que realmente significaba”. Asegura: “Cuando la industria estaba por rendir sus primeros frutos en términos de capitales […] cuando el fenómeno se ramificaba y crecía, cuando la gente involucrada empezaba a armarse, el propio presidente Alemán pronunció una frase que no se le ha olvidado: ‘Pues es que produce divisas. Que produce divisas […]’ ”²⁸

Con base en informes de Harry J. Anslinger se ha llegado a decir también que cuando Estados Unidos entró a la Segunda Guerra Mundial, los mafiosos estadounidenses ligados al grupo de Luciano, especialmente Benjamin Bugsy Siegel, propusieron impulsar el cultivo de adormidera en México para suplir la escasez de heroína y morfina en el mercado del país vecino. Una vez aprobado el proyecto, Siegel hizo su aparición en el D. F. acompañado de Virginia Hill. Organizaron “las fiestas más fastuosas de que se tiene memoria con el fin de ‘convencer’ a los políticos de entonces que a ellas asistían. Siegel regó dinero a montones y obtuvo el ‘visto bueno’ que buscaba. A continuación se le vio por Nayarit, Sinaloa, Sonora y Baja California. Estaba en pleno proceso de organización”. A raíz de esto, México se habría convertido en el principal proveedor de Estados Unidos.²⁹

MARIHUANA

La rama, refina o mota preocupaba menos que la adormidera, el opio y sus derivados, a pesar de la demanda sustitutiva de los consumidores dada la escasez relativa de los opiáceos y la cocaína a causa de la Segunda Guerra Mundial. Boleros, taxistas, soldados, presos y algunas mujeres, son los agentes sociales mencionados como traficantes o “viciosos”, “alucinados”, inclinados a “extasiarse entre las volutas” de un “carrujo”, a “darse las tres”. Las estaciones del ferrocarril o sus inmediaciones, las prisiones, las cercanías de los cuarteles militares y de las oficinas de la policía, al igual que barrios populares de Mazatlán como Loma Atravesada, Casa Redonda o La Montuosa, por ejemplo, donde operaban personajes como el Chivo, el Mocho, el Guacho, el Chamarras y el Chocomilk, siguen siendo señalados como lugares legendarios para el trafique y el consumo. Incluso lugares céntricos como la plazuela Obregón de Culiacán son mencionados como fumadero preferido de algunos taxistas. Las cantidades de marihuana decomisada se cuentan frecuentemente por número de cigarrillos —que se vendían a dos pesos cada uno en Lecumberri en 1943, y en Mazatlán a cinco centavos en 1944 o a 25 un año después—, a veces por kilos que no sobrepasan los 30 y como gran golpe plantíos de menos de dos hectáreas —por ejemplo en Barrón, cerca de Mazatlán, donde se calculaba que ya se habían producido unos 300 kilos.³⁰

En Sinaloa, parecía que se venía dando una especie de división territorial de los cultivos: adormidera en el centro y norte y marihuana en el sur. Pero el gran negocio y la especialización misma de los traficantes locales sería el cultivo de adormidera y el tráfico de goma de opio. La invención de la palabra “gomero”, para designar un grupo relativamente nuevo en la división social del trabajo en la entidad, fue la retraducción local de las categorías de percepción dominantes en el discurso sobre el tráfico de drogas y el reconocimiento explícito de la especialidad de tales sujetos. En esa década, la identidad de esos agentes sociales sigue siendo definida por los juicios de atribución de funcionarios y periodistas e incluso por el cine. En efecto, el cine mexicano también consignó el auge del tráfico de opio a su manera. Por ejemplo, a finales de la década, el cine Alcázar de Culiacán, anunciaba la proyección de la película Opio, la droga maldita, estelarizada por Rosita Quintana, Domingo Soler y Tito Junco.³¹

EL DOCTOR SALAZAR VINIEGRA

En diversos artículos periodísticos, el doctor Salazar Viniegra reitera las tesis que venía defendiendo desde la década de los treinta. Cita estudios realizados en Estados Unidos que llegan a conclusiones similares a las suyas respecto a la marihuana. Dice que con el opio sucederá algo similar. Señala la oposición a sus tesis de los representantes de Canadá y de Estados Unidos ante la Comisión del Opio en Ginebra. Lo que él proponía era la creación de dispensarios controlados por el Estado y estaba en contra del esquema de la persecución policiaca. Según él, si los gobiernos habían fracasado en sus intenciones de controlar el tráfico de opio antes de la Guerra Mundial, después de ella tendrían que mostrarse tolerantes y más solidarios con la condición humana. La realidad será exactamente la inversa. Con palabras proféticas prevé la incapacidad de los ejércitos triunfadores para controlar los plantíos de adormidera y las enormes reservas de alcaloides. Menciona problemas económicos y beneficios para muchas personas, intereses creados. Señala que la producción de los plantíos de Sonora y Sinaloa va generalmente hacia Estados Unidos. Duda de la eficacia de una fuerza policiaca que califica de onerosa. Finaliza diciendo que la lucha sólo se justifica por colaboración amistosa con Estados Unidos y nada más. Las ideas y propuestas de los doctores Salazar Viniegra y José Quevedo, según la síntesis de Luis Spota, eran las siguientes: que el Estado tuviera el monopolio de los enervantes, lo cual no significaba que se abandonara la acción penal contra los especuladores; consideraban que la actitud ortodoxa que se había asumido era un fracaso, pues el vicioso era un enfermo y no un delincuente. Habría que suprimir la competencia del traficante, hacer incosteable su negocio. La venta no sería libre, sino mediante control médico. El traficante se autoeliminaría al no poder competir económicamente con el Estado.³²

4

Los años cincuenta

En Sinaloa, hacen su aparición en el escenario político varios personajes que darán mucho de qué hablar en años posteriores. A mediados de 1950 es electo gobernador el ex ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Enrique Pérez Arce (1951-1953), quien junto con otros gobernadores propondrá que se le imponga el nombre de estado Miguel Alemán al territorio de Baja California Norte. Leopoldo Sánchez Celis toma posesión como presidente regional del PRI el 31 de agosto de 1950 y nombra al diputado por El Rosario, Antonio Toledo Corro, secretario general del PRI-Sinaloa. Otro sinaloense, el general Gabriel Leyva Velázquez, es designado presidente del PRI a nivel nacional en diciembre de 1952, al empezar el mandato de Adolfo Ruiz Cortines. La “caída” de Pérez Arce será atribuida a Sánchez Celis y Toledo. Y en el terreno militar, el general Teófilo Álvarez Borboa, originario de Higueras de los Monzón, municipio de Badiraguato, quien fuera oficial mayor de la Secretaría de Gobernación en el régimen de Lázaro Cárdenas, es nombrado, a principios de la década, comandante de la Séptima Región Militar con sede en Mazatlán. En 1958, Sánchez Celis y Álvarez Borboa se convierten en senadores por Sinaloa y en 1959 Toledo Corro es electo alcalde de Mazatlán. Leyva Velázquez ya había sido gobernador de 1935 a 1936 y repite en el cargo de 1957 a 1962. Sánchez Celis ocupará ese puesto de 1963 a 1968 y Toledo Corro de 1981 a 1986.¹

El ex gobernador Macías Valenzuela es nombrado para hacerse cargo de la Primera Región Militar con sede en el Valle de México en 1951 y para ejercer el control del Campo Militar Número Uno en 1952. Cinco años más tarde, como ecos de la detención de Dolores Estévez de Jaramillo, alias Lola la Chata, “la traficante más hábil que haya tenido el hampa de México”, la prensa de García Valseca señala: “Uno de los más comprometidos con Lola, según los datos que obran en poder de la Policía Judicial Federal, es un general antiguo gobernador de Sinaloa, quien a través de sus agentes, proveía de droga a la Chata, pues Sinaloa en una época tuvo el récord de producción de adormidera”. En contraste, desde su primer informe de gobierno en 1951, el gobernador Pérez Arce resaltará el trabajo de Álvarez Borboa en la campaña contra los cultivadores de adormidera y traficantes de opio. Álvarez Borboa, de quien la prensa siempre difundió una imagen positiva, murió en 1962 siendo senador. Un año después, en el primer aniversario de su fallecimiento, se le impone el nombre del militar a la plazuela de Badiraguato y se erige un busto en su honor. En 1987, este militar fue el primer badiraguatense en ser enterrado en la Rotonda de los Hombres Ilustres de su municipio de origen.²

Rodolfo Valdez, el Gitano, prófugo de la justicia, cae herido en su territorio de Aguacaliente en 1952 y es trasladado a Lecumberri en 1953. Se le llegó a vincular con el traficante Max Cossman, quien bajo el nombre de Francisco Mora habría hecho viajes frecuentes a Culiacán, Los Mochis y Mazatlán donde compraba opio crudo que pagaba con dólares y joyas falsos. Según esta versión, Cossman habría financiado las actividades de la banda de traficantes capitaneada por Valdez. Cossman, el Rey del Opio, es detenido y enviado a prisión en el D. F. en 1949, se fuga al año siguiente y es recapturado en Jalisco. Se decía que su esposa introducía morfina y heroína a Lecumberri en bolsas de hule, bajo sus ropas.³

CULIACÁN: “CHICAGO CON GÁNGSTERS DE HUARACHE”

Mientras el obispado local estaba más interesado en prohibir el uso de vestidos escotados y el mambo, Sinaloa es descrito como “un estado muy rico, muy agricultor y, con pena hay que expresarlo, tierra donde el pistolero y su dama, la goma, es la pareja que anda del brazo y por la calle”. Ser sinaloense es casi sinónimo de ser gomero, aunque no necesariamente en el sentido estigmático: por ejemplo, una nota beisbolística señala que los gomeros pierden su tercera serie al hilo frente al equipo de Hermosillo. Se dice que la colonia Tierra Blanca “es el centro de operaciones de coyotes y gomeros”, que es un “nido de gomeros” donde reinan “el vicio y el desenfreno” y “abundan los armados”, que es el “refugio de más de un gomero”, que es “un paraíso del vicio”. Se mencionan especialmente las posadas Zúñiga, Urías y Andrea, así como las cantinas Mi Delirio y Montecarlo, como lugares donde además de los gomeros “afluyen labriegos, asesinos, cuatreros, abigeos y demás gentuza venida a veces de Badiraguato y de Durango, haciendo derroche del dinero que traen a veces mal habido”. También se dice que en Tierra Blanca se cometen asesinatos “al estilo de los gángsters de Chicago” y se califica a Culiacán como “un nuevo Chicago con gángsters de huarache”. Se afirma que los traficantes de mayor envergadura encubren sus actividades delictuosas con otras de carácter legal: son “conocidas personas” que aparecen como “honestos y laboriosos comerciantes”, “profesionistas”, “síndicos municipales y hasta autoridades de mayor categoría”. La delegación de la Federación de Trabajadores del Estado de Sinaloa denuncia ante el Consejo Nacional de la CTM que dos altos funcionarios de la campaña contra los traficantes de opio en Sinaloa están en combinación con los contrabandistas y hasta les proporcionan combustible para sus aviones. Tal escenario no parece haber impresionado a turistas como Clark Gable y el hotelero Nick Hilton quienes, en 1958, estuvieron cuatro días en Culiacán cazando patos en sus alrededores y disfrutando los efectos del tequila con sangrita.⁴

Las percepciones acerca de las razones oficiales de las “campañas” no eran compartidas por todos. En 1950, el último año de gobierno de Macías Valenzuela, en un periódico de Culiacán cuyo director general era Román R. Millán —quien posteriormente ocuparía el cargo de procurador general de justicia de Sinaloa (1951-1952) en el gobierno de Pérez Arce (1951-1953)— fueron publicados editoriales y notas que no estaban de acuerdo con las orientaciones gubernamentales:

El opio y sus derivados solamente los usan, el primero los chinos y los segundos la “gente bien”, ricos todos o la inmensa mayoría, porque uno y otros sólo los pueden adquirir los viciosos que tienen dinero. Total que el cultivo de la amapola en México no causa ningún daño a nuestro pueblo y apenas si lo hace a unos cuantos ya degenerados que difícilmente pueden prescindir de su uso […] el dinero que nuestro gobierno está empleando en la cruzada contra el cultivo de la adormidera no corresponde al mal que se trata de evitar […] es un egreso muy oneroso para el Erario Nacional.

De la marihuana se dice que al pueblo “le extravía la razón, lo enfurece y lo degenera, siendo la causa de muchos crímenes”. Por esta razón, se propone que el dinero de la campaña contra el opio sea utilizado contra la marihuana. Difícil de lograr, se afirma, porque tal campaña está basada en acuerdos con Estados Unidos.⁵

En otra ocasión, a raíz de la decisión de la Comisión de Narcóticos de la ONU que permitía la producción de opio a ciertos países, el periódico vuelve a tratar el tema:

Si fuéramos morfinómanos y “heroicos” o sencillamente nos gustara fumar opio, no habríamos de defender, como lo hacemos y lo hemos venido haciendo, el cultivo de la adormidera tan tenaz y sistemáticamente combatido por nuestro gobierno para satisfacer las exigencias del extranjero o para cumplir compromisos internacionales contraídos sin previo concienzudo estudio y sin la menor defensa de los intereses nacionales.

Se argumentaba que México era el único país del continente americano donde se cultivaba adormidera y además de muy buena calidad, por lo que debería ser el surtidor del continente y no la India, Turquía, Irán o Yugoslavia, países cuyos gobiernos supieron defender sus intereses, contrariamente al mexicano que optó por un “romanticismo poco práctico”. El gobierno mexicano tendría que renunciar a sus compromisos y pedir la autorización a la ONU para convertirse en proveedor legítimo:

Si México lograra del organismo internacional que controla los estupefacientes la autorización para producir opio y venderlo en toda la América, tendría una fuente más, dentro de la ley, de riqueza y de trabajo, y Sinaloa, que es el principal estado productor de este artículo ganaría mucho, porque sería otro renglón más para robustecer su economía. Lo demás son lirismos […] que están en desacuerdo con la realidad y con la práctica.

Otro periódico señalaba que Inglaterra mantenía el “consorcio de los enervantes” y que estaba “molesta” con la competencia mexicana. Por otra parte, también se afirma que las personas aprehendidas en los plantíos “son por lo regular ignorantes y pobres” y que los “verdaderos culpables” se encuentran seguramente no en esos lugares, “sino en las grandes ciudades y en los mejores hoteles, quizá departiendo amigablemente con altos funcionarios”.⁶

Los enfrentamientos armados entre policías, militares y “gomeros” son cada vez más frecuentes. También los asesinatos de traficantes, incluso mujeres, por bandas rivales, o de funcionarios relacionados con ellos. El doctor Ignacio Barajas Lozano, jefe de Salubridad y Asistencia en Acapulco, fue victimado porque al parecer había tratado de retirarse del negocio sin rendir cuentas. El tráfico por aire y mar se incrementa de manera notable. Para la PGR, los principales jefes son estadounidenses y los mexicanos, simples empleados.⁷

No faltan las declaraciones triunfalistas de la PGR, a 10 años de empezadas las “campañas”, para agradar a Estados Unidos y la ONU. El procurador general Carlos Franco Sodi, ex director de Lecumberri, afirma que la producción de goma de opio en Sinaloa y el noroeste “ya ha sido liquidada definitivamente”. Ante el incremento de las “batidas” en esa región, la PGR señala el desplazamiento de los cultivadores hacia Jalisco, Nayarit y Michoacán. Óscar Rabasa, representante de México, apoyado por sus homólogos estadounidense y canadiense, es elegido por un año y reelegido al año siguiente (1953-1954) para presidir la Comisión de Narcóticos de la ONU. En 1956, el Senado estadounidense pide al presidente Eisenhower que negocie un convenio con México para impedir el tráfico ilegal de drogas. El Departamento de Estado señaló que dada la “espléndida cooperación” de las autoridades mexicanas, con la ONU y a través de la aplicación de las leyes internas, para restringir el tráfico de “drogas narcóticas”, consideraba que una proposición de tal naturaleza sería “motivo de resentimiento por parte del gobierno mexicano”. En el mismo año, un senador texano del partido demócrata propone la pena de muerte para los traficantes.⁸

En periódicos de la capital del país aparece una nueva palabra en plural, “narcotraficantes” (1956),⁹ pero su uso será poco frecuente. La época de consagración del término vendrá años después, cuando la capacidad de invención o el intento de precisión nominativa sean casi abandonados a favor de ese neologismo universalizante. Mientras tanto, las palabras más comunes para designar a esos singulares agentes sociales serán: gomeros, raqueteros, gángsters, mafiosos, traficantes, cultivadores, sembradores, contrabandistas, negociantes y hampones.

ADORMIDERA Y TRÁFICO DE OPIO

En Sinaloa, los municipios que se mencionan con mayor frecuencia son Badiraguato, Mocorito, Sinaloa de Leyva, Culiacán, Cosalá y San Ignacio; Copalquín en Durango, y Guadalupe y Calvo en Chihuahua. Se cultivan desde algunos metros cuadrados hasta varias hectáreas en incontables rancherías. En 1953, el Departamento de Aeronáutica Civil, dependiente de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, ordena la suspensión de vuelos de aviones comerciales en campos aéreos de Sinaloa, Sonora, Chihuahua y Durango. Los campos en cuestión eran: Canelas, Bacacoragua, Bamopa, Tameapa, San José del Llano, San Javier, Temuchina, Los Sitios, San Benito, Mocorito, Tohayana, Sinaloa de Leyva, Surutato, Batacomito, Campo Wilson, Dolores y Guadalupe y Calvo. Asimismo, es clausurada la Escuela de Aviación de Culiacán. Había fuertes sospechas de que algunos pilotos realizaban vuelos para transportar “goma”. Efraín González, fundador de la escuela e instructor de vuelos con quien se formaron una gran cantidad de pilotos, recuerda esa época y señala que lo primero que hicieron las autoridades fue pararle los aviones porque dijeron que en ellos se habían transportado muchos kilos de goma: “Fui a reclamarles y les dije que no había transportado kilos de goma, sino toneladas […] además les dije que por qué no paraban Aeronaves de México y al FFCC; que ellos habían transportado más goma que mis aviones. A los pocos días me dejaron volar”. En otra ocasión —continúa— fue contratado un vuelo para transportar una carga de media tonelada desde Bacacoragua (Badiraguato). Los dueños dijeron que era manteca de puerco. El producto estaba envasado en “25 botes alcoholeros sellados con soldadura de plomo. En la región no había puercos, por lo que era seguro que era goma, pero nosotros no teníamos derecho a investigar; los encargados de hacerlo no revisaban la carga”. Miguel Urías, acusado de ser traficante de goma de opio en los años cuarenta, debe de haber aprovechado esa situación pues era el agente responsable de la venta de boletos en Bacacoragua.¹⁰

Las autoridades anuncian destrucciones de plantíos en varias entidades del noroeste: 192 ha en 1950 y 400 en 1953, por ejemplo. Catorce hectáreas en El Encinal, sindicatura de Tepuche, a pocos kilómetros de Culiacán (1951) y cinco hectáreas en El Divisadero, cerca de Altamura (1958), también en Sinaloa, donde los militares se sorprenden de que en un lugar tan frecuentado por cazadores y vaqueros nadie haya denunciado el plantío.¹¹

El opio decomisado en gramos, algunos kilos o en cantidades mayores que no pasan de 200 kilos se dice que proviene de Sinaloa. En 1952, la exportación anual de opio de Sinaloa hacia Estados Unidos se calcula en alrededor de 200 kilos. Los precios del opio, la heroína y la morfina varían según el lugar, el año y la imaginación, ignorancia o desmesura de las fuentes. Antes de 1952, se calcula entre 1 000 y 1 200 pesos el kilogramo de opio. En 1952, se habla de 7 000 a 8 000 pesos el kilo, según fuentes periodísticas del D. F. En la prensa sinaloense, el mismo año se afirma que un kilo de opio en el D. F. se cotiza en 5 000 pesos, días después que en 1 000, 300 en el campo, 500 en Culiacán y en 1 000 dólares en Estados Unidos. En Nogales el precio alcanza los 25 000 pesos en 1953. En San Luis Río Colorado 60 713 pesos en 1955, mientras en Culiacán se habla de 4 000 a 5 000 pesos en el mismo año. Diez mil pesos en Mexicali en 1958 y 12 500 pesos en Mocorito en 1959. Un individuo adquirió una camioneta pick-up en 1958 a cambio de 11 latas de goma de opio. Al parecer, el peso más frecuente de cada lata era de medio kilo. En 1951, el salario de un sembrador de amapola era de cuatro pesos diarios. En cuanto a los derivados del opio, un gramo de heroína costaba 125 pesos en Culiacán en 1954. Tres años después, en la misma ciudad la misma cantidad se cotiza en 476 dólares. En Tijuana, la onza de heroína (1 onza = 28.35 g) vale 72 222 pesos (2 547.50 el gramo) en 1955. La misma cantidad en el mismo lugar se vende a 200 dólares (7.05 el gramo) en 1958. La dosis de morfina en Lecumberri costaba 50 pesos en ese año. En cuanto al consumo de opiáceos en Sinaloa, es mencionado un fumadero de opio en la calle Hermenegildo Galeana de Los Mochis, en 1956, “donde se reunían conocidos y acaudalados agricultores chinos”. Se habla de 10 personas detenidas por los soldados, pero nunca se mencionan los nombres.¹²

TRAFICANTES

Son frecuentes las noticias de traficantes de opio sinaloenses aprehendidos en Culiacán, Mazatlán, Ciudad Obregón, Hermosillo, Nogales, San Luis Río Colorado, Mexicali, Tijuana y en Estados Unidos. Ernesto Fonseca Carrillo, antes de convertirse en don Neto, hace su debut en las notas policiacas en 1955. Clasificados como “peligrosos traficantes de drogas”, Fidel Carrillo Elenes, su hijo Fidel Carrillo Caro y Ernesto Fonseca Carrillo son aprehendidos en Mexicali luego de haberse enfrentado a balazos con la Policía Federal de Narcóticos. Tres años después, reaparece el nombre de Ernesto Fonseca Carrillo. Esta vez, dice que se quejará ante el presidente municipal de Culiacán por haber sido multado por la policía cuando se paseaba en compañía de un amigo y dos mujeres en “La Lomita”.¹³ Un lugar de la ciudad al parecer más vigilado desde que un mes antes había sido allí brutalmente asesinada una mujer.

Otro sinaloense originario de Escuinapa, Manuel Toledo Corro de 34 años, es capturado en 1958 junto con otros sujetos en un hotel de Chulavista, California, cuando vendía heroína a un agente secreto estadounidense. Fueron sentenciados por un juez de San Diego. Se dijo que uno de los detenidos, Juan Soria Flores, y Toledo Corro tenían puestos en el gobierno mexicano “en la sección similar al servicio secreto de Estados Unidos”.¹⁴ En 1952, en un enfrentamiento entre policías y gomeros y como miembro de estos últimos —transportaban 50 kg de opio—, muere Luis G. Flores, síndico de Bamoa. En 1954, el ex alcalde de Mocorito Roberto Méndez es aprehendido en Mazatlán acusado de dedicarse al “tráfico de estupefacientes”. A los ojos de la prensa, Méndez era “el pivote central del gang del opio”, “el pivote sobre el que giraba el tráfico internacional de drogas” y además “refaccionaba” a los sembradores de adormidera en Sinaloa, protegía la producción de opio, contaba con un servicio de espionaje y tenía relaciones con traficantes extranjeros.¹⁵

Entre otros sinaloenses detenidos por traficar con goma figuran también “conocidas señoritas” de Culiacán, “muy jóvenes y guapas, vistiendo finos vestidos”, capturadas en Nogales, Sonora. Algunos más con nombre y apellido como Fermín Fernández, Felipe Angulo y Micaela Uriarte, en Tecate, Baja California, Ventura Rivera Monzón, Manuel López Monzón y Enedino Benítez Ramírez, de Higueras de los Monzón, Badiraguato, con 10 kilos de opio en Ciudad Obregón. Alfonso Beltrán Gastélum, Ignacio Soto Avilés y Martín Elenes Laija con 84 gramos de heroína en Culiacán. José Medina Carrillo con 20 latas de opio (10 kilos) en Tijuana. Un cargamento de opio procedente de Sinaloa de casi 200 kilos, decomisado en San Luis Río Colorado (1955), era transportado en un camión propiedad del legendario Miguel Urías Uriarte, y en el terreno de los enfrentamientos entre traficantes y autoridades, Ramón Quintero Beltrán, presunto gomero originario de Santiago de los Caballeros, Badiraguato, es aprehendido por haberle dado un puñetazo al coronel Eduardo Laris y una puñalada al general Alfredo Lezama Álvarez, jefe militar de la campaña contra los narcóticos, en un céntrico crucero de Culiacán.¹⁶

Hay también estudiantes universitarios aprehendidos por traficar con opio. En 1952, los estudiantes sinaloenses Gilberto López Zepeda, Miguel Ángel Gil Corrales y Valentín Castro Díaz, de la Facultad de Medicina y de Odontología, quienes, se afirmaba, aprovechaban sus vacaciones en Sinaloa para comprar opio, son capturados en el D. F. con 50 kilos de la droga valuada en un cuarto de millón de pesos. Declararon que conocidas personas de Culiacán, que nunca son nombradas, les habían propuesto “un negocio fantástico para que salieran de brujas”. Unas semanas después, Esteban Montes Bojórquez, pasante de Química de la Universidad de Sinaloa, es acusado de tratar de producir enervantes derivados del opio, utilizando para ello los laboratorios de la universidad. En el Acta del Consejo Universitario del 25 de octubre de 1952 sólo se mencionan “unas cápsulas y un frasco grande que contienen algunos residuos”, pero no se dice de qué. Su análisis y dictamen se dejan entre las manos de una comisión formada por los químicos farmacéuticos Amado Blancarte, Lucas Angulo y Ramón Orozco. Si hubo algún resultado, éste jamás apareció en las actas posteriores. El acusado dijo que había sido instrumento de un amigo sonorense llamado Natividad Villalobos quien, por encargo de José Herrera, le había entregado un líquido de color oscuro para que lo clarificara y que le pagaría 1 500 pesos por el trabajo. Dijo ignorar que se trataba de un derivado del opio y para demostrarlo aseguró haber realizado el proceso delante de sus compañeros y del preparador del laboratorio. Finalmente, señaló que había hecho el encargo con el fin de obtener fondos para su tesis, pero no para servir de instrumento a los gomeros.¹⁷

También en Baja California el tráfico de opio ganaba adeptos. Víctor Hoyos, joven perteneciente a “distinguida familia” de Ensenada, es capturado en 1954 por el FBI en Chulavista, California, con un contrabando de heroína valuado en más de un millón de pesos. Declaró que los autores intelectuales eran el diputado Pedro Loyola Luque, el ex comandante José Inés Oviedo y los millonarios Walter Hussong y Federico Pérez Millán. En un artículo periodístico, Ángel Andonegui relata que el teniente coronel Alfredo Valdés, jefe de las comisiones de seguridad del gobierno de Baja California, y tres miembros de la Fuerza Aérea Mexicana produjeron una balacera en un hotel de Los Ángeles cuando fueron sorprendidos por la policía de narcóticos en posesión de “nieve”. Los sujetos escaparon hacia México donde fueron capturados y “enviados a la prisión militar de Santiago Tlatelolco”, aunque también se decía que habían desaparecido. Afirmaba que la mayoría de los pilotos y casi todos los aviones de la Fuerza Aérea Mexicana en Ensenada eran utilizados para el contrabando de drogas dentro de México y hacia Estados Unidos. Asimismo, mencionaba que Salomón Maldonado Sández —pariente cercano del gobernador Braulio Maldonado—, quien ya había sido detenido una vez en Estados Unidos por tráfico de enervantes, controlaba el tráfico de narcóticos en Baja California, además de ser propietario de prostíbulos, cantinas y casas de juego. Y en 1956, en un rancho localizado entre Tijuana y Mexicali, es aprehendido en posesión de heroína el ex jefe de la Policía Judicial de Baja California, Héctor Esquer Apodaca.¹⁸

En cuanto a los testimonios sobre esos agentes sociales omnipresentes, a mediados de la década de los cincuenta, Francisco Gil Leyva, director de un periódico de la capital sinaloense, escribe un artículo titulado: “Yo también fui gomero”. Allí relata la entrevista con un traficante de opio al que conocía desde sus tiempos de estudiante: “Él era un joven ‘bronco’, recién venido de la sierra, y desempeñaba un modesto empleo”. Dos años después, cuando el entrevistador regresó de terminar sus estudios en la Ciudad de México, lo encontró “en estado de bonanza: casa, terrenos, automóvil y una cara radiante”. Narra que a pesar de haberse retirado de la actividad desde hacía tres años y dedicarse a la siembra de tomate, el entrevistado todavía actuaba de manera cautelosa. Le contó que una planta de amapola produce 60 bellotas, las cuales son ralladas en forma transversal por un “rallador” detrás del cual va el “juntador”, y cada bellota aguanta hasta 30 ralladas. De una hectárea de amapola se pueden obtener hasta 10 kilos de goma. El jugo que se extrae es blanco, horas después es amarillo y negro tres días más tarde cuando se ha solidificado. Para quitarle las impurezas se hierve durante unas dos horas, después se cierne y el extracto se pone a secar. Se deja como atole si va a ser enlatado, dijo, y si va a ser transportado en otra forma, se prepara para que solidifique. El valor de esa goma negra, continuó, es de 4 000 a 5 000 pesos el kilo. Afirmó que ya nadie sembraba amapola a causa de las “batidas”:

Cada 15 días, nuevas partidas llegan en sustitución de las que habían venido vigilando […] No hay manera de estrechar relaciones con cabos y tenientes […] Hace tres años, la cosa era diferente. El propio Jefe de la Policía de Narcóticos ordenaba que se cultivara la adormidera, fijando, claro está, la parte que a él le correspondía […] El imperio de la goma ha terminado. Sólo quedamos los que a tiempo nos separamos y vivimos en forma honesta […] Se me han escapado varios nombres en esta plática. Si los mencionas, voy y te vacío la súper. Pierde cuidado, que a mí también me la vaciarán por indiscreto y hablador.¹⁹

Por su parte, Reinaldo González Jr. escribe en el mismo periódico el artículo “La confesión de un gomero”. En este caso no se trata del arquetípico “bronco gomero”, sino de un “joven maduro […] un gomero de cierta y grande reputación social y con varios bancos y gente muy simpática por cierto”, quien al contarle una de sus experiencias en un “negocio que lo consideran ilegal” y que algunos piensan que es fácil de realizar, le aconsejó que si se quería meter en él, tuviera mucho cuidado. En otro diario fue publicado un artículo, “Nuevos ricos”, en el que, a manera de cuento, se ejemplificaba la diferencia de capital cultural entre “uno que se hizo rico comprando goma a 100 pesos el kilo y vendiéndola a mil” y su esposa y los ricos “de abolengo”. Estos últimos habían invitado a la pareja a una velada e hicieron hincapié en que la señora fuera vestida de soirée: “La nueva dama, porque entonces ya era dama y no la fulana, le dijo a su marido: ‘Quiero que me compres un traje de suaré, pero del mejor suaré que encuentres en las tiendas del centro’ […] Y el marido se fue a la mejor tienda y pidió suaré”.²⁰

MARIHUANA

Según estimaciones realizadas en 1957, Sinaloa exportaba tres cuartos de tonelada anuales de “verdolaga sagrada” o “trueno verde” hacia Estados Unidos, a través de los puertos de Mazatlán, Altata y Topolobampo. Cerca de Culiacán, en Moloviejo, se decomisan 500 kilos en 1955. En El Comedero, municipio de Cosalá, 300 kilos en 1958. Son mencionados grandes cultivos de más de 1 000 ha en una zona montañosa ubicada entre los municipios de Arteaga, Coahuila y Galeana, Nuevo León, en una zona conocida como Nudo de Ábrego, en el corazón de las sierras de Amargos, El Carmen, El Coahuilón y Alazanes. Entre las rancherías se encuentran Mesa de las Tablas, Tixtla, Almendrilla, La Esperanza y El Guan. Los lugareños aseguraban que los propietarios eran el general Jesús González, pariente del general Lucas González, y los hermanos Salvador, Francisco, Gustavo y Fidel de la Peña. Como distribuidor era señalado Guillermo González Cuéllar, pariente del general Jesús González. La yerba, que abastecía a las “bandas de narcotraficantes internacionales”, era empacada en Potrero de Ábrego y Nuncio en bultos que contenían capas de marihuana y de tabaco. Se habla de 4 000 toneladas de cosecha anual, pero no se especifica si el cálculo es para la zona o para todo el país. En Hidalgo se mencionan plantíos entre los cafetales, en la zona de San Bartolo Tutotepec. A nivel nacional, los decomisos se estiman en 12 toneladas en 1955 y cuatro un año después. En cuanto a los precios, un kilogramo se cotiza en cerca de 1 800 pesos en Mexicali en 1955 y en 100 pesos en Imala, poblado muy cercano a Culiacán, en 1957. Frecuentemente los detenidos son individuos en posesión de algunos cigarrillos o “cartuchos” para su consumo personal o el tráfico hormiga en la calle o en las cárceles. En cuanto a otros usos sociales, Reinaldo González Jr. escribe en la columna “Calidoscopio sinaloense” que la marihuana “es un magnífico analgésico para los dolores reumáticos y este remedio se prepara con alcohol y ajo machacado siendo muy usado por nuestra gente pobre que todavía recurre a la farmacopea de casa”.²¹

5

Los años sesenta

Nombres, cantidades, lugares, enfrentamientos armados, asesinatos, designaciones y calificativos conforman el contenido noticioso básico en este campo. Policías, juristas y periodistas siguen normando, recreando e imponiendo su propio esquema de percepción y apreciación.

La palabra “narcotraficante” aparece desde finales de los años cincuenta, pero su empleo es más frecuente a partir de los años sesenta. Sin embargo, la prensa sinaloense, y en menor medida la del D. F., no deja de utilizar la designación local “gomero” para referirse a los mismos agentes sociales, también llamados “agricultores de estupefacientes”. En el mismo campo semántico hacen su aparición palabras tales como “narcófero” y “mariguanero”, o “chutama” como equivalente de goma de opio, aunque su uso no será muy frecuente.¹ La mayor parte de los significantes del campo semántico relativo al tráfico de drogas y a los traficantes están ya dados desde los años cincuenta. O dicho de otra manera, el discurso actual en ese campo contiene categorías de percepción que se fueron creando en décadas anteriores hasta alcanzar un límite en los años cincuenta. La palabra “narcotraficante” tenderá a integrar y sustituir la totalidad de la gran variedad de significantes anteriores para referirse a los diversos agentes sociales relacionados con el cultivo, procesamiento, consumo y tráfico de fármacos prohibidos.

A principios de los años sesenta se estiman en 300 las pistas clandestinas para el tráfico de heroína en el norte de México. Se dice que la mayoría de las pistas y de los “traficantes de narcóticos” se encuentran en los alrededores de La Paz, Baja California. Sinaloa, Durango y Sonora son mencionados como lugares donde los “agricultores” tienen extensos cultivos de amapola. Se dan reuniones entre el procurador general mexicano, Fernando López Arias, y el de California, Richard Rogan, así como entre los gobernadores de las Californias de ambos países, Edmund G. Brown y Eligio Esquivel, con el fin de coordinar esfuerzos en contra del tráfico de drogas en la frontera. En vísperas del viaje del presidente Kennedy a México para entrevistarse con López Mateos en 1962, un grupo de funcionarios estadounidenses hacen declaraciones ante la subcomisión del Senado que investigaba lo relacionado con el tráfico de drogas. Lee E. Echols, sheriff de Yuma, Arizona, dijo que según sus conocimientos, en las montañas de Badiraguato han existido “campos de opio” durante 35 años y que la cosecha era destinada casi exclusivamente al consumo en Estados Unidos. Un juez de El Paso, Texas, Woodrow Wilson Bean, aseguró que quienes cultivaban el opio eran “indios y campesinos mexicanos ignorantes”, quienes estarían organizados y dirigidos por “un pequeño grupo de mexicanos acaudalados, inteligentes, peligrosos y sin escrúpulos que en su mayoría viven en la Sierra Blanca (sic), en las afueras de Culiacán”. El ex fiscal auxiliar de distrito en El Paso, James E. Hammond, sugirió penalizar las compras de plata a México o reducir otras si este país no cooperaba. Finalmente, el senador republicano por Nueva York, Kenneth B. Keating, sugirió que se enviara una copia de los testimonios a Kennedy para que éste a su vez se la presentara a López Mateos junto con una petición de cooperación. Según la Interpol, México ya había desplazado a Cuba como “centro del tráfico transatlántico de estupefacientes”. Entre los contrabandistas se encontraban frecuentemente marinos y personal de aviación. También diplomáticos, médicos y hasta sacerdotes. A finales de la década, entre septiembre y octubre de 1969, el presidente Nixon ordena la Operación Intercepción, medida que implicaba una revisión minuciosa de los automóviles en la frontera estadounidense para detectar posibles contrabandos de drogas. Esa decisión unilateral no resolvió obviamente el problema que pretendía aparentemente atacar, pero creó un conflicto diplomático y un antecedente más en la larga lista de presiones estadounidenses hacia México para alinear la política respecto de las drogas de este país a la voluntad del gobierno del vecino del norte.²

En su gira por Badiraguato como candidato del PRI a gobernador de Sinaloa, Sánchez Celis promete acciones contra abigeos y “sembradores de adormidera”. Según el ex procurador Lazcano, Sánchez Celis, “el político más completo que haya dado Sinaloa”, el hombre que “condensaba ciertos rasgos del cacique”, el que “siguió gobernando después de su propio sexenio”, el que no averiguaba ni juzgaba si quien le pedía ayuda pudiera ser “un tipo indeseable, quizá un criminal, un delincuente”, el personaje que según la anécdota habría dicho a los gomeros: “Váyanse de Sinaloa. Mátense fuera. Aquí nomás trabajen”; ese mismo gobernador “los conocía y ellos lo conocían”. Y aunque no le consta que así fue, señala que ese pacto o convenio “sí podría haber ocurrido”.³

Para la PGR, Sinaloa era la entidad donde había más plantíos de adormidera y marihuana. Ya se daban casos de disparos desde los sembradíos contra las avionetas de la PGR. No eran raras las balaceras en Tierra Blanca, atribuidas a gomeros ebrios acompañados con la música de la tambora. Se afirma que en esas colonias, la 6 de Enero y la Gabriel Leyva, vecinas entre sí, “abundan los gomeros y gatilleros a sueldo”. El cine Diana de Culiacán proyecta la película Operación Opio, estelarizada por Yul Brynner y Marcello Mastroianni. Las ráfagas de metralleta M-l desplazan aceleradamente el uso de la 38 súper y siembran cadáveres de policías y miembros de bandas rivales en las calles y hasta en hospitales de Culiacán. El comandante de la Novena Zona Militar, general Ubaldo Ugarte Martínez, después de tres años de silencio, proporciona datos estadísticos de decomisos, destrucciones e incineraciones de droga y señala que ya no hay sobornos de gomeros a militares y judiciales: “Antes se peleaban los agentes de la Policía Judicial Federal por venir a Sinaloa, pero ahora las cosas son distintas”. Como “hordas de Atila” se califica en la prensa de Culiacán a la Policía Judicial Federal. Se les recuerda que no vienen en plan de conquista y que Culiacán no es Vietnam.⁴

La noche del viernes 6 de junio de 1969, en el crucero de las calles A. Obregón y G. Leyva Solano de Culiacán, cae acribillado con ráfagas de M-l el mayor Ramón Virrueta Cruz, jefe de la Policía Judicial de Sinaloa. La jerarquía de los caídos marca aparentemente el inicio de un nuevo capítulo en las relaciones entre traficantes y autoridades. Era gobernador el ex tesorero del régimen de Sánchez Celis, Alfredo Valdés Montoya, y secretario general de gobierno Francisco Rodolfo Álvarez Fárber. Después del asesinato, la policía detiene a varios individuos por estar “complicados en el narcotráfico”. Entre ellos figuran Eduardo Lalo Fernández Juárez, Roberto Fernández López, Cleofas Hernández, Vicente Zorrillo Torres Rábago y Timoteo Medina. Fueron liberados luego de haber estado recluidos e incomunicados durante varios días. Habían sido amparados por un juez de distrito. Se dijo que varios abogados habían hecho las gestiones correspondientes. En esos días también fueron detenidos la esposa de Pedro Avilés Pérez, Eutalia Aceves Aceves, Heriberto Avilés Pérez y Humberto Avilés. La policía afirmó haber encontrado en su casa “tinas llenas de leche de adormidera lista para cocerse”. Como presuntos responsables del asesinato de Virrueta fueron detenidos Eduardo Hernández Muñoz (o Núñez), de Arizona; Antonio González Castañeda, de Guasave; Gilberto y Abelardo Fernández; y Alejandro Tamayo, alias el Remache.⁵

AMAPOLA, OPIO, MORFINA Y HEROÍNA

Sembradíos de amapola son detectados en Sinaloa, Michoacán (Aguililla, por ejemplo), Guerrero, Durango, Morelos, Chiapas, Oaxaca, Sonora, Jalisco, Chihuahua, Coahuila, Baja California, Estado de México y Zacatecas. Entre las destrucciones de plantíos e incineraciones anunciadas oficialmente se pueden mencionar algunas de las realizadas en Sinaloa: 235 ha de amapola y 48.5 kg de heroína, opio, morfina y cocaína en 1962; 30 ha en 1963; 2.8 ha, 30.84 kg de opio y 500 g de heroína entre 1966 y 1969. En Sinaloa y límites con Durango y Chihuahua 432.16 ha de enero a abril de 1965. En Sonora y Zacatecas la Operación Comando destruye 140 ha en 15 días en 1963. Entre los municipios sinaloenses mencionados como “zonas gomeras” se encuentran Mocorito, Sinaloa de Leyva, Salvador Alvarado, Badiraguato, Culiacán, Cosalá, San Ignacio, Mazatlán y Concordia. En 1962, las “mordidas” a los jefes de brigadas de diversas policías por ignorar los sembradíos van de 35 a 50 000 pesos. En Otatillos, Badiraguato, es mencionado un ex oficial de la Policía Judicial como la persona que controla a los sembradores con la complicidad de colectores de rentas y presidentes municipales, “quienes se dicen apoyados por funcionarios del gobierno estatal y por militares de alta jerarquía y además cobran un porcentaje (un cuarto de cada kilo) en especie del opio colectado”. Según la versión de Felipe Bustamante en uno de sus artículos en Novedades, la prosperidad reinaba en Mocorito gracias al cultivo de la amapola: “Todos los campesinos tienen automóvil último modelo”. Cita fuentes de la PGR cuando señala que las famosas operaciones de destrucción de sembradíos a las que se invita a la prensa, y de las que se hace gran publicidad, se realizan cuando las plantas ya fueron “sangradas”. Además, continúa, en la PGR “se sabe que poderosos personajes políticos de los estados productores de amapola protegen el ilícito negocio”, se conoce la identidad de todos, pero no se les puede tocar porque su complicidad “es imposible de comprobar”, ya que ellos nunca tocan la droga, pues “operan a través de décimas y hasta vigésimas manos”.⁶

El precio del kilogramo de opio en Sinaloa pasa de 5 000 pesos en 1960 a poco más de 15 000 en 1969. En 1962 se calcula que una hectárea de amapola rinde 20 kg de goma de opio de la que se extrae aproximadamente un kilogramo de morfina con valor de 40 a 60 000 dólares, o sea, entre medio y tres cuartos de millón de pesos. Para el gramo de heroína se dan precios más variables: 13.88 dólares en Sinaloa en 1960, 2 000 pesos en Tijuana en 1962, 2.64 dólares en San Luis Río Colorado en 1964, 10.58 dólares en Tijuana en 1966 y 500 pesos en Tecate dos años después.⁷

TRAFICANTES

Para ocultar la droga los traficantes utilizan rizadores para el cabello, ropas de cama, tubos de pasta de dientes, cartuchos de pistola y hasta preservativos. Algunos de los aprehendidos son: Jorge Favela con 60 g de heroína, Tijuana, 1961; el licenciado Juan Francisco Serrano y su esposa Olga Sánchez Rojo de Serrano con 1.134 kg de sal de morfina pura, Tijuana, 1962; Joaquín Núñez con 1.892 kg de goma, Guamúchil, Sinaloa, 1962; Domingo Terrazas López y Silvino Guzmán Villanueva con 2.8 kg de heroína y novocaína, aeropuerto del D. F., 1964; José Peraza González y José Peraza Balderas con medio kilo de heroína pura, Guamúchil, 1966; Oswaldo Pérez Parra y Fausto Antonio Bayliss Gaxiola con 793.8 g de heroína y 167 kg de marihuana, Tijuana, 1967; Ángel Elenes Laija y Josefina Fonseca Páez con 1.5 kg de goma, Culiacán, 1969, y Efraín (¿?) Urías Beltrán, hijo de Miguel Urías Uriarte, con 28 g de sal de morfina, 1969, Tijuana.⁸

Pero el caso más sonado de los años sesenta fue la captura de Jorge Moreno Chauvet en 1964. Un grupo de agentes a cargo del comandante Florentino Ventura detiene en el aeropuerto del D. F. a Alfonso Fernández Bonilla, de 23 años, quien había arribado en un vuelo procedente de París. En maletines de doble fondo trató de introducir “el valioso cuanto nefasto cargamento” de 10 kilos de heroína. También se le acusó de tratar de cohechar con 40 000 dólares a los agentes federales. La “nieve” tenía un valor estimado de ocho millones de pesos. Como consecuencia de esto, horas después son detenidos Jorge Moreno Chauvet, “traficante conectado con altos círculos sociales, artísticos y turísticos, quien de momento aparece como jefe, en México, de una organización internacional de traficantes de drogas”; el mayor e ingeniero Fernando Rocha Chávarri, ex agente de la Dirección Federal de Seguridad, y otras 17 personas implicadas. En uno de los cateos realizados en las Lomas de Chapultepec, en casa de una mujer relacionada con Moreno, la policía encontró kilo y medio de cocaína base. Cinco de los detenidos habitaban en esa colonia y en Polanco. En declaraciones a la prensa, el coronel Héctor Hernández Tello, titular de la Policía Judicial Federal, negó que esa banda estuviera ligada con la de diplomáticos, descubierta en Estados Unidos, entre cuyos miembros se mencionaba al embajador mexicano en Bolivia, Salvador Pardo Bolland, quien había sido detenido recientemente en Nueva York junto con un diplomático uruguayo y un francés por contrabando de heroína valuada en 168 millones de pesos. El diplomático mexicano fue destituido de su cargo y acusado de tráfico “de estupefacientes en Estados Unidos, donde el 22 de febrero de 1965 se le sentenció a 38 años de prisión en una cárcel neoyorquina”. Al ser declarados formalmente presos, los detenidos negaron los cargos y dijeron que Moreno Chauvet hacía viajes a Francia para realizar negocios de compra-venta de frijol y otros granos.⁹

En 1968, el comandante Arturo Durazo Moreno y su segundo Manuel Basterra capturan en el aeropuerto del D. F., gracias a una denuncia, al profesor Félix Cabral Leal, quien había llegado en un vuelo de Aerolíneas Peruanas procedente de Ecuador. Transportaba un kilo de heroína pura, valuada en un millón de pesos, que había adquirido en Venezuela. El individuo, originario de Durango y quien además de ser maestro de escuela tenía licencia de piloto aviador, fue descrito como “uno de los traficantes en drogas más poderosos de la zona de Sinaloa y alrededores […] uno de los principales cabecillas de la banda que opera en el noroeste”. También se le mencionó como “miembro de Los Cabrales que en Sinaloa se dedican al tráfico de narcóticos en grandes cantidades”. Al año siguiente, Durazo detiene en Tijuana a Severiano Ibarra López, alias el Llanitos, ex agente de la Policía Judicial de Sinaloa, y a su cómplice José Preciado Orozco con kilo y medio de heroína francesa valuada en 750 000 pesos.¹⁰

MARIHUANA

Llama la atención el incremento del cultivo y tráfico de marihuana y la persistencia del cultivo de amapola y el tráfico de opio y sus derivados. Soldados y estudiantes estadounidenses contribuyen al auge de la marihuana. Una encuesta Gallup-Selecciones realizada en 426 universidades de Estados Unidos en 1967 calculó en 360 000 el número de estudiantes fumadores de marihuana. En México, los decomisos e incineraciones —en el D. F. se incinera droga en el crematorio del cementerio civil— de la yerba se cuantifican frecuentemente por toneladas. Sierra de Galeana, Nuevo León, cinco toneladas en 1960. Operación Volcanes, 21 toneladas, y Operación Guanajuato, seis toneladas el mismo año. Culiacán, 43.5 toneladas en 1962. Tijuana, una tonelada en 1963. Badiraguato, una tonelada en 1964. El Tamarindo, Sinaloa, cinco toneladas en 1965. Durango y San Luis Potosí, cinco toneladas en 1966. Durante el mismo año, la PGR anuncia la destrucción de 3 000 toneladas de marihuana y amapola en Chihuahua y Sinaloa. El Carrizo, Sinaloa, dos toneladas en 1967. Hermosillo, 1.5 toneladas en 1967. Mazatlán, 16 toneladas en 1968. Culiacán, 40 toneladas en 1968. Se descubren y destruyen plantíos de diferentes tamaños en innumerables lugares: nueve hectáreas en el rancho La Rosita, entre Navolato y Altata, cerca de Culiacán; siete hectáreas en Guasimillas, también cerca de Altata; 50 ha a siete km de Villa Ángel Flores, Sinaloa.¹¹

O. J. Hawkins, jefe de la oficina estatal de narcóticos de San Diego, afirmó en 1960 que entre el 75 y 80% de toda la heroína y casi toda la marihuana que entraba por el sur de California era pasada por la frontera con México. En 1968, según la revista Look, la cantidad de marihuana que era introducida ilegalmente de México a Estados Unidos cada semana oscilaba entre tres y media y cinco toneladas. En 1969, la productividad por hectárea se calculaba en cinco toneladas. El kilogramo valía 45 dólares en Estados Unidos en 1964; 200 pesos en Sinaloa en 1965; 80 pesos en Durango en 1966; entre 1 700 y 2 500 en Sinaloa en 1967, y en 1968, 33 pesos en Durango, 312.50 en Mazatlán y 2 500 en Culiacán, según cálculos oficiales y de la prensa.¹²

Como de costumbre, entre los detenidos figuran individuos que trafican con algunos “cartuchos”, kilos y hasta toneladas: propietarios de pequeños estanquillos que venden cigarrillos de marihuana al menudeo, esposas de presos que tratan de introducir algunos gramos a la penitenciaría entre las ropas de sus bebés, miembros de familias de traficantes conocidos, como Miguel Urías Beltrán hijo, detenido en Sonora con 669 kg de marihuana en 1964; de familias de políticos, como un sujeto que al parecer era Braulio Maldonado hijo, de 22 años, detenido en Caléxico con 100 kg de yerba en 1964, que logró escapar de manera “peliculesca” ante la mirada de los aduanales estadounidenses; otros más de apellidos famosos en los últimos años, como Margarita Caro López, de Badiraguato, en cuya casa fueron encontrados 763 kg en 1964; también Telésforo Parra, alias el Pipas, sus hijos y otros amigos detenidos con una tonelada en Tijuana en 1963; miembros de las familias Osuna Lizárraga y Osuna Nevárez acusados de ser los propietarios de 16 toneladas de marihuana que guardaban en una bodega de concreto bajo tierra cerca de Mazatlán en 1968; o Darío Zendejas Cisneros, jefe de taxistas en Tijuana, quien junto con otros 15 individuos son detenidos en 1967 con dos toneladas de “juanita”. En años anteriores se decía que los taxistas de Tijuana daban cigarrillos de marihuana en lugar de cambio.¹³

Los consumidores son clasificados como grifos, drogadictos, vagos viciosos. Entre ellos se encuentran “niños bien” y estadounidenses detenidos generalmente en Mazatlán. Como ejemplos de lugares de venta y consumo se mencionan la esquina de alguna escuela en Ciudad Obregón, y en Culiacán un fumadero en la calle Cañedo y marihuanos en la zona roja, las orillas del río Tamazula, la penitenciaría y la colonia El Coloso.¹⁴

COCAÍNA

Hay pocas menciones a la cocaína en esta década. Según Felipe Bustamante del periódico Novedades, la que circulaba en el país procedía de Europa, Panamá, Buenos Aires y principalmente Cuba, de donde a su vez llegaba de Perú. La “novia blanca” era introducida por Salina Cruz, Acapulco y Veracruz. Entre los lugares de consumo en el D. F. figuran algunas casas non sanctas de lujo. Por ejemplo, la ubicada en el número 33 de la calle Pennsylvania, administrada por los hermanos César y Luis Ríos; y otra ubicada en Melchor Ocampo, a cargo de Pepa la Gachupina, quien también controlaba varios departamentos de venta de droga “frecuentados por ricachones y por políticos”. En esos antros, al igual que en los de Esther, Estela, Liliana, La Malinche, Marta y Ruth, el gramo de cocaína costaba 500 pesos, 10 veces más que el precio autorizado para fines farmacéuticos. Entre los introductores de la droga son mencionados principalmente algunos maquinistas de los barcos y personal de las compañías de aviación.¹⁵ Los datos de decomiso, destrucción o incineración de droga en Sinaloa a principios de la década incluyen a la cocaína junto con el opio, la heroína y la morfina. A finales de la década, ya no se menciona.

6

Los años setenta

Después de las fricciones diplomáticas causadas por la Operación Intercepción, los gobiernos de México y Estados Unidos comenzaron otra etapa de las accidentadas relaciones en el campo del control de drogas que denominaron Operación Cooperación. La tecnología, el saber hacer y hasta el por qué de las medidas emprendidas fueron cada vez más dependientes de la voluntad y visión estadounidenses.

En enero de 1970, además de los funcionarios mexicanos, asisten al inicio de la “campaña contra el narcotráfico” en Culiacán el subprocurador de Estados Unidos Richard Kliendienst y un reportero de la NBC. El representante estadounidense declaró que en su país jamás se legalizaría la marihuana. Tres días después, es balaceada la casa del jefe de la policía de Culiacán, José Rentería Flores. Había recibido amenazas por teléfono y un ofrecimiento de soborno de 5 000 a 6 000 dólares. Se dijo que la represalia era tal vez por un decomiso de marihuana, casi media tonelada, efectuado días antes en Tierra Blanca. A mediados de 1971, las autoridades mexicanas hablan de 36 toneladas de marihuana destruidas en todo el noroeste. El subprocurador general de la República, David Franco Rodríguez, afirma que la actividad ha decrecido en un 80 a 90 por ciento. Ese mismo año, el secretario de Estado William P. Rogers, al asumir la presidencia del Comité Ministerial para el Control Internacional de los Estupefacientes (1971) —entre cuyos miembros se encontraba George Bush, entonces embajador de Estados Unidos en la ONU—, calificó de excelente la colaboración con México y afirmó que gracias a ello ya se había dado una reducción real del tráfico de drogas ilícitas. Declaró también que Turquía había aceptado la petición estadounidense de prohibir el cultivo de amapola a partir de 1972, a cambio de cinco millones de dólares para otro tipo de cultivos.¹

A principios de los setenta, en la colonia Tierra Blanca de Culiacán, convertida en “tierra de nadie” por “broncos gomeros” y pistoleros con armas calibre 38 súper, 45 y metralletas, se dice que los policías comparten la cerveza con ellos. En toda la entidad son cada vez menos raros los enfrentamientos armados de judiciales federales y soldados contra “narcotraficantes” o “gomeros”. La PGR anuncia el envío a Sinaloa de varios agentes entre los cuales el del Ministerio Público Especializado, Arturo Durazo. Otro personaje, Francisco Sahagún Baca, aparece como comandante de la judicial federal en Hermosillo desde por lo menos 1972 y hasta finales de 1975, cuando protege la huida de un grupo de traficantes, se convierte en prófugo de la justicia, se refugia en España y regresa a México en el sexenio de López Portillo gracias a la protección de Durazo. Se menciona también la “arbitraria conducta” de los judiciales y soldados en el entronque crítico Pericos-Badiraguato. La tensión no tardaría en estallar. En abril de 1971, el rancho El Realito, cercano a Santiago de los Caballeros, Badiraguato, donde los habitantes de varios poblados se habían reunido para festejar un bautizo, se convierte en el escenario de un enfrentamiento entre civiles y soldados. Se dijo que un militar había sido herido accidentalmente y a causa de ello sus compañeros habían disparado sobre los asistentes a la fiesta. El resultado fue 12 civiles y un soldado muertos y 11 heridos. Coronel Payán, Laija, Quintero, Carrillo, Caro y Elenes, eran algunos de los apellidos de las víctimas. Se habló de remover al 34 Batallón a causa de la masacre. Un editorial del periódico Novedades defendió al Ejército, relacionó a las víctimas con el cultivo de drogas, señaló que en ese municipio había gente comprometida de alguna u otra manera con “tan condenables actividades”, recordó que Sinaloa era desde hacía muchos años una entidad donde el cultivo de amapola y marihuana era “fuente de súbito enriquecimiento y de inquietudes criminales, un lugar donde la opinión pública local ha llegado a señalar a notables personajes de la política y de la industria estatal como protectores de ese tipo de cultivos”. En suma, felicitaba al Ejército y hacía un llamado para apoyarlo y desoír “las interesadas ‘protestas’ de quienes desean que deje de operar en Sinaloa”.²

EL COCHILOCO

En septiembre de 1973, Manuel Salcido Uzeta, alias el Cochiloco, y otras personas que lo acompañaban son emboscados y balaceados en sus propios dominios, entre San Juan, de donde era originario, y su finca San Fermín en el municipio de San Ignacio. Salcido fue herido y su principal lugarteniente, Alfonso Zamora, resultó muerto. A principios del año siguiente, son descubiertos en un rancho cerca de Mazatlán los restos de seis jóvenes, “señalados como traficantes de drogas”, asesinados, destrozados a machetazos y quemados. Según las versiones publicadas, Salcido había pagado un cuarto de millón de pesos a tres agentes de la Judicial Federal para que secuestraran a los jóvenes y los llevaran ante él a su casa de Río Humaya 31, colonia Lomas del Mar en Mazatlán, porque pertenecían a la banda rival de Braulio Aguirre, quien le disputaba el control del tráfico de drogas en el sur de Sinaloa; uno de ellos, ex soldado, tenía información comprometedora sobre Salcido; alguno de ellos había participado en el atentado del año anterior. Fueron detenidos los agentes federales y enviados a prisión por el delito de privación ilegal de la libertad, y también Ramón Herrera Esponda, jefe de la Judicial Federal comisionado en Sinaloa, o agente del MPF, trasladado al D. F. y exonerado de los cargos que se le imputaban. Salcido y su gente fueron aprehendidos en febrero de 1974 en una casa de la colonia Chapalita de Guadalajara, trasladados a Mazatlán y posteriormente a la cárcel de Culiacán en helicóptero custodiados por 15 soldados. “El Gallo de San Juan”, como se le designaría en uno de los corridos en su honor, se ganó a pulso la fama de sanguinario. Se les acusó de homicidio, portación de armas, disparos de ellas y asociación delictuosa, pero no de tráfico de drogas. Un editorial señalaba: “Hay ya un maridaje excesivo entre el narcotráfico y los encargados de combatirlo”. El acontecimiento “muestra hasta dónde la mafia de los gomeros ha logrado calar, comprando protección, conciencias, gatillos con credencial”.³

PEDRO AVILÉS

La noche del 15 de septiembre de 1978, en el entronque de los caminos hacia Tepuche y La Pitayita, a menos de 20 kilómetros de Culiacán, hubo un enfrentamiento a tiros entre agentes de la PJF y “presuntos narcotraficantes”. Así, por casualidad, pues no lo andaban buscando a él precisamente, terminó sus días Pedro Avilés Pérez, quien también utilizaba el nombre de Guillermo Pérez, originario de Las Ciénegas de los Silva, Durango. Figura importante en el “bajo mundo” sinaloense según la DEA (Drug Enforcement Administration), “el más grande de los siete del reinado”; según uno de sus corridos, “uno de los más famosos narcotraficantes a nivel nacional”; según la PGR, Avilés era buscado desde hacía cinco años y jamás había sido detenido a pesar de las más de 25 órdenes de aprehensión en su contra. En la prensa hubo dudas acerca de la versión de la PGR, pues nunca se mostró el vehículo de los federales presuntamente balaceado y se dijo que a los agentes heridos nadie los había visto: “El mundo de la Judicial Federal es un mundo impenetrable donde sólo se filtra lo que permite la más cerrada de las censuras”.⁴

LA OPERACIÓN CÓNDOR

El 2 de febrero de 1975 es registrado en la Sociedad de Autores y Compositores de México el corrido “La banda del carro rojo” de Paulino Vargas, interpretado, entre otros, por el grupo sinaloense de Rosa Morada, Mocorito, Los Tigres del Norte. Ese corrido marca el comienzo de una versión histórica y musical inédita que crea y recrea la sociodisea del tráfico de drogas y de los traficantes —tema analizado en un trabajo anterior—;⁵ contribuye a acelerar la ruptura del monopolio simbólico del Estado en ese campo. El 21 de febrero de 1975, el titular de la PGR Pedro Ojeda Paullada se reúne en Culiacán con los gobernadores de Sinaloa, Alfonso G. Calderón, de Durango, Héctor Mayagoitia Domínguez, el representante del gobierno de Chihuahua, coronel Roberto G. Martínez, comandantes de zonas militares y los procuradores de las tres entidades. Allí declara: “Ha llegado el momento de crear voluntad nacional para combatir al narcotráfico”. El gobernador Calderón se lamentó de que Sinaloa tuviera el estigma de ser uno de los mayores productores de “estupefacientes” y la “triste fama” de ocupar el segundo lugar en el país en cuanto a delincuencia.⁶

En Culiacán se daban casos de heridos, presuntamente relacionados con el tráfico de drogas, sacados del Hospital Civil a punta de R-15. Se decía que los disparos de calibre 38, 45 y metralletas servían también a veces como “contraseña” entre gomeros; que la ciudad estaba “bajo el imperio de las pistolas”. En ese ambiente, no fue sorprendente la fuga del Cochiloco y algunos de sus amigos de la cárcel de Culiacán la noche de un domingo de noviembre de 1975, previa “mordida” de medio millón de pesos a los guardias. Al respecto, el gobernador Calderón declaró lo evidente: “El Cochiloco se salió cuando quiso y eso nos hace pensar que existe algo turbio”.⁷

Pocos días después, el secretario de Gobernación, Mario Moya Palencia, asiste al primer informe de gobierno de Calderón y declara que Sinaloa tiene entre sus muros a un Caballo de Troya: “La mafia de productores y traficantes de estupefacientes, con armas, poder, dinero y carencia total de escrúpulos”. En las mismas fechas, Ojeda Paullada afirmó que no se utilizarían herbicidas que dañen la ecología para destruir plantíos de amapola y marihuana. En privado, el titular de la PGR ya había acordado lo contrario en una reunión con Sheldon Vance, consejero especial de Kissinger para asuntos de narcóticos. Según el propio Vance, esa decisión se tomó a mediados de noviembre de 1975. Afirmó que México gastaba más que su país contra el tráfico de drogas y agregó: “La Mexican connection ha recibido un golpe devastador”.⁸

En un artículo sobre Sinaloa publicado en El Día, Javier López Moreno hizo referencia al “nuevo folklor” musical. Casi una década después, en 1985, el escritor Federico Campbell llamaría la atención acerca de lo que denominó “la épica” y posteriormente “la lírica de la droga”. López Moreno señalaba que en Mazatlán había jóvenes que cantaban el corrido “La banda del carro rojo” y otros similares “que ensalzan las ‘hazañas’ de criminales y hampones. Los cánticos populares recogen y exaltan el negro historial de quienes transgreden impunemente la ley. Grave síntoma de descomposición social”. Mencionó también que a principios de abril de 1976 el Cochiloco había asistido al funeral de su padre en Mazatlán: “Ninguna autoridad lo molestó. Todos supieron que ahí estaba y hasta lo vieron desfilar en el cortejo fúnebre, pero nadie intentó su reaprehensión. Asistió protegido por una docena de tipos que portaban armas de alto poder”. Y según Manuel Mejido, del Excélsior, en la zona serrana de Sinaloa había gente con las armas más modernas, obtenidas de los traficantes estadounidenses a cambio de goma y marihuana. Mientras que en Culiacán “desde hace más de dos años no hay día en que (la prensa) no dé cuenta de uno o dos tiroteados con ametralladora o armas de alto poder”.

De haberse quedado un tiempo más en la entidad el periodista habría cubierto la noticia del asesinato del teniente de la policía preventiva de Culiacán, Juan García Palombo, quien fue acribillado en su auto con armas de alto poder. “Culiacán, un rastro humano”, “Sinaloa en poder de mafias de maleantes”, “Sigue Culiacán siendo un rastro humano”, eran algunos de los encabezados de la prensa. El propio presidente municipal de Culiacán, Fortunato Álvarez Castro, señalaba que los carros de los “gomeros” eran fácilmente identificables: “chuecos” y con vidrios ahumados, especialmente en las colonias Tierra Blanca y 6 de Enero.⁹

A mediados de enero de 1977 dio inicio oficialmente “la más gigantesca batida contra el tráfico de drogas que se haya realizado en México, con la participación de 10 mil soldados”. La medida se denominó Operación Cóndor. Al mando de ella se encontraban el general José Hernández Toledo, por parte del ejército, y Carlos Aguilar Garza por la PGR. El militar, veterano de la masacre de estudiantes en Tlatelolco en 1968 y de la toma de universidades como la UNAM, la Nicolaíta en Morelia y la de Sonora en Hermosillo, pronosticó el “fin al narcotráfico” el mes de mayo y señaló que en la sierra había suficiente armamento para “una revolución chiquita”. Por su parte, el gobernador Calderón afirmó: “Se quitará de encima una lacra social que veníamos padeciendo y que por negligencia fue creciendo”. Mencionó que quienes “rallaban” la amapola eran mujeres y niños y que eran estadounidenses quienes financiaban las siembras. Pidió la investigación de cuentas bancarias de traficantes y su confiscación.

Uno de los primeros resultados visibles del operativo militar fue el éxodo masivo de campesinos serranos hacia las ciudades. El presidente municipal de Badiraguato, Ignacio Landell Esquerra, declaró que aproximadamente el 30% de los habitantes del municipio dependía del “narcotráfico”. La policía empezaba también a resentir los primeros efectos: a principios de marzo de 1977, Alfredo Reyes Curiel, subjefe de la Policía Judicial de Sinaloa desde hacía siete meses, muere acribillado con 20 impactos de R-15, AK-47 y escopeta calibre 12 de doble cero, en pleno día en las calles de una colonia residencial de Culiacán. A finales del mismo mes, es asesinado, a pocos metros de donde cayó Virrueta en 1969, con R-15 y “cuernos de chivo” el mayor Gustavo Sámano, asesor militar de la Operación Cóndor y ex inspector de policía de Los Mochis, Mazatlán y Guaymas.

En la Ciudad de México, el gobernador de Sinaloa y el presidente municipal de Culiacán declaran que “el narcotráfico ha sido abatido en su totalidad”. El segundo agregó que los traficantes eran “particularmente ignorantes y derrochadores” y que eran fácilmente reconocibles por su “forma de vestir, de caminar”. Días después un editorial del Noroeste, titulado “Fin del narcotráfico por decreto”, señala que pudiera ser que el narcotráfico estuviera muerto “pero de risa”.

En una entrevista periodística concedida en enero de 1978, el ex gobernador Sánchez Celis, director de la Comisión Coordinadora de Desarrollo Agropecuario del Distrito Federal, al hablar sobre su mandato como gobernador, señaló: “Paramos el pistolerismo y paramos el narcotráfico. ¿Por qué? Porque operó el principio de autoridad del Estado y el gobierno no requirió del Ejército para nada”. El mensaje no podía ser más claro. Interrogado sobre si tenía malas relaciones con el gobernador Calderón dijo que no y agregó: “Más bien, no tengo ninguna relación con el señor gobernador”.¹⁰

Después de la muerte de Virrueta, los asesinatos de jefes policiacos en Sinaloa se convierten en algo “normal”. Lo que nunca queda claro es si fueron causados por su honestidad o por su corrupción y doble juego. Pero el crimen que ocupó mayor espacio fue el del periodista del Noroeste, Roberto Martínez Montenegro, originario de Tepic. Una madrugada de febrero de 1978 fue encontrado agonizante en la colonia Popular de Culiacán con impactos de calibre 45 y R-15. Había escrito una serie de siete artículos sobre el tráfico de drogas en Sinaloa en abril de 1977, en la cresta de la Operación Cóndor. Entre sus colegas se dijo que sus denuncias habían sido tomadas en cuenta por autoridades federales; que no era exagerado afirmar que su trabajo había contribuido a que el gobierno federal se decidiera a actuar contra el narcotráfico; que había contribuido a la aprehensión de Alejandro Valenzuela Chávez, ex jefe de la judicial estatal en el gobierno de Valdés Montoya, detenido con 750 kg de marihuana en Ahome. Entre quienes podrían haber tenido motivos para silenciarlo fueron mencionados desde funcionarios hasta “miembros de la mafia”. Francisco Ortiz Pinchetti, de Proceso, se refirió a él como “periodista al que se involucró en el narcotráfico”.

El periodista asesinado mencionaba en sus artículos que respecto al tráfico de drogas existía una “silenciosa complicidad de la sociedad sinaloense”. Además de ser “uno de los principales centros productores de marihuana y heroína”, Sinaloa figuraba también como “corredor permanente” de la cocaína. Desde su punto de vista, había manipulación y presiones a los reporteros para que escribieran las versiones de los traficantes. En cuanto a la historia, dijo que los chinos habían empezado la extracción de opio para autoconsumo en los años treinta. La producción a gran escala se habría dado a partir de 1944, gracias a estadounidenses, chinos, ingleses y mexicanos, “algunos del sector oficial”. En Culiacán, la goma de opio “era llevada a pesar con frecuencia a las grandes tiendas comerciales de abarrotes que estaban instaladas cerca del mercado principal”. A partir de 1953 habrían ingresado grandes capitales a Sinaloa y se habría creado una “casta de intocables”, influyentes y con poder de corromper a la justicia. Señalaba la canalización de las grandes fortunas hacia la creación de negocios honestos y el cuidado que ponían los traficantes en proyectar una buena imagen social, filantrópica. Los artículos de Martínez Montenegro eran una mezcla de la historia oficial sobre los orígenes y desarrollo del tráfico de drogas y versiones del mismo asunto que han circulado desde hace tiempo en las pláticas de los sinaloenses. Los artículos no descubrían nada que personas más o menos enteradas no supieran o hubieran escuchado en el trabajo, la escuela, el café o en pláticas familiares. Ni nada por lo que un traficante lector de periódicos pudiera haberse preocupado o sentido en peligro. La novedad fue que esa recopilación de observaciones, datos oficiales y recuerdos de algunos se publicó en el momento coyuntural de la Operación Cóndor, lo cual le dio una proyección nacional e internacional.¹¹

A mediados de 1978, el gobernador Calderón repitió otra de las versiones socorridas sobre la historia del tráfico de drogas en la entidad: que había comenzado “inocentemente” hacía 35 años con algunos fumaderos de opio instalados por orientales provenientes de Baja California y Sonora, hecho ante el cual la sociedad y las autoridades se habían mostrado indiferentes. En su versión histórica, o la del periodista que así la interpretó, se empezó a combatir a los traficantes cuando los hijos de los ricos y de algunos funcionarios se aficionaron a las drogas. Agregó que gracias a la Operación Cóndor, en Sinaloa había ya un clima de tranquilidad y las familias habían vuelto a hacer una vida social normal.

El lado oscuro de las medidas oficiales contra las drogas y los traficantes empezó a hacerse público y a conocerse mejor. Las declaraciones iniciales sobre la no intención de utilizar defoliantes químicos antiecológicos aparecieron como mentiras evidentes. Al advertir sobre las características y el grado de peligrosidad de los productos utilizados, Paraquat (Gramoxone) y otros probados en Vietnam, el doctor Luis Cañedo, jefe de investigación clínica del Hospital del Niño-DIF, señaló algo que era igualmente preocupante: “Aquí en México tenemos una comunidad científica que no se pronuncia al respecto”.

Pero eso no era sino una mínima parte del costo social de la operación. Organizaciones civiles como el Colegio de Abogados Eustaquio Buelna de Culiacán, presidido en ese entonces por Carlos Morán Cortez, con base en una encuesta realizada entre 457 de 1 300 presos por delitos contra la salud en la cárcel de Culiacán, presentaron sus conclusiones al ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Ernesto Aguilar Álvarez, y a Amnistía Internacional. Denunciaron las torturas como método de investigación de la PJF y el Ejército: golpes, toques eléctricos, quemaduras, violación, introducción de bebidas gaseosas en las fosas nasales. Señalaron como responsables de violación flagrante y permanente de los derechos humanos en Sinaloa al coordinador regional de la “campaña contra el narcotráfico” en el noroeste, Carlos Aguilar Garza —detenido con seis kilos de heroína y cocaína en Tamaulipas en 1984; atrapado en Texas en 1989 acusado de “narcotraficante” y entregado a judiciales federales mexicanos, asesinado en 1993—; al agente del Ministerio Público Federal, Pablo Hernández Garza, y al comandante de la PJF Jaime Alcalá García. Los dos primeros fueron removidos en mayo de 1978 y enviados a Tijuana.

Según declaraciones del secretario de la Defensa Nacional, general Félix Galván López, en 1979 el cultivo y tráfico de drogas se había reducido ya en un 85 o 90%. Lo que menos preocupaba eran las estadísticas del costo social.¹²

ADORMIDERA Y OPIÁCEOS

Según las estadísticas de la PGR, entre 1970 y 1976 se destruyeron en el país aproximadamente 25 000 ha de adormidera. Entre 1963 y 1970 sólo alrededor de 4 370. De una hectárea de adormidera se obtenían entre cinco y seis kilos de goma, según Aguilar Garza (1977). En los años cincuenta se mencionaba un rendimiento de 10 kg por hectárea, y en 1962 se calculaban 20 kg de goma por la misma superficie cultivada.

Se realizan decomisos de morfina, heroína y opio en lugares como Guadalajara, D. F., Tijuana, Tamazula, Durango, Estación Don, Sonora, Culiacán, Guamúchil, Angostura Badiraguato, en Sinaloa. Manuela Moreno y José María Terrazas, viuda e hijo de Domingo Terrazas, traficante asesinado en la carretera a Saltillo en 1969, son capturados en Guadalajara con tres kilos de heroína (1970). A Miguel Ángel Rico, Antonio Gárate Bustamante y otras dos personas se les decomisó heroína y cocaína en Mazatlán por valor de dos millones de pesos en 1971. El segundo era el administrador del bungalow donde fueron detenidos. Según él, cuando llegaron los federales pensó que se trataba de un asalto, por lo que salió armado con una escopeta recortada: fue culateado y detenido. Este mismo personaje reaparece años después, en 1986, como informante de la DEA y posteriormente como el “cerebro” del secuestro del doctor Álvarez Machain, a petición de la misma agencia estadounidense. En el aeropuerto del D. F. es detenido el estudiante sinaloense Héctor Manuel Elenes Gastélum con tres kilos de heroína pura transportada desde Quito (1971). Ex agentes judiciales y de tránsito de Sinaloa también son atrapados en posesión de heroína (1974, 1977). Los hermanos Miguel y Efrén (¿?) Urías Beltrán caen de nuevo en manos de la policía, en Baja California (1978), esta vez con cinco kilos de heroína. En 1975 se decomisa droga con un valor de 550 millones de pesos en El Limón de los Ramos, cerca de Culiacán: 134 kg de heroína, 150 litros de opio y 65 kg de goma. Entre los detenidos no figura ningún personaje conocido ni en ese entonces ni después, aunque se les menciona como “peces gordos”.

En un picadero de Tierra Blanca, el “papel” de heroína se cotizaba en 25 pesos en 1970. Seis años después, oscilaba entre 25 y 50 pesos. El kilo de “goma” pasó de 20 000 pesos en 1974 a 200 000 en 1978. El kilo de heroína valía un millón de pesos en Guadalajara en 1970, lo mismo en Guamúchil y Los Mochis, Sinaloa, en 1974. En 1975, se mencionan precios de 1 000 200 pesos en Guamúchil, 2 000 400 en Tamazula, Durango, y 3 000 750 en Tijuana. Para 1978, el precio se eleva a dos millones en Badiraguato y seis en Baja California. En 1975, por transportar opio en avioneta de Guadalupe y Calvo, Chihuahua, a Culiacán un piloto cobraba entre ocho y 10 000 pesos por viaje.¹³

MARIHUANA

De 1960 a 1970, se destruyeron en el país casi 2 400 ha sembradas de marihuana y se decomisaron poco menos de 500 toneladas. Entre 1970 y 1976, las cifras pasaron a más de 13 300 ha y alrededor de 3 800 toneladas. La planta se cultivaba en todos lados. Se descubren contrabandos en latas de jugo de tomate, camionetas de laboratorios farmacéuticos, latas de chile serrano. Se detiene a jóvenes, “broncos gomeros”, “sardos marihuanos”, “hippies”, estadounidenses, agentes judiciales y campesinos. En Culiacán, un carrujo cuesta cinco pesos y un kilo 400 pesos en 1970. El mismo año, el kilo se cotiza en 200 pesos en Mocorito, mantiene ese precio en las cercanías de Culiacán dos años después y oscila entre 750 y 1 700 pesos en 1977. En Mexicali se obtiene por 3 750 pesos en 1971 y por el mismo precio se consigue en el mercado negro de Estados Unidos en 1977. En Tijuana, se vende a 923 pesos el kilogramo en 1974. Los pilotos de aviones que transportaban droga a Estados Unidos cobraban 625 000 pesos por jornada en 1971. En pleno auge de la Operación Cóndor en 1978, los traficantes llegaron a ofrecer 40 millones de pesos por la liberación de una persona, según afirmaciones de Aguilar Garza.¹⁴

COCAÍNA

Entre 1960 y 1970 se aseguraron 29.5 kg de cocaína en todo el país. De 1970 a 1976 el monto llegó a 1,089 kg. Ya se menciona a sinaloenses aprehendidos en posesión de la droga en cantidades que no sobrepasan los dos kilos. La mayor cantidad, 13 kg, le fue decomisada en el aeropuerto del D. F. a un colombiano en 1976. En el primer lustro de los setenta, aun los no iniciados reconocen ya el ruido de los “pericazos” en los baños de algunos centros nocturnos de Culiacán. Circulan también las leyendas sobre los usos eróticos de la cocaína. En 1975, el precio del kilogramo se cotiza en aproximadamente 1.5 millones de pesos en Sinaloa.¹⁵

7

Los años ochenta y noventa

En estos años, el negocio del tráfico de drogas ilícitas adquiere tales proporciones y tanta visibilidad que es ya prácticamente imposible que grandes grupos sociales no se den cuenta de las relaciones indisolubles más documentadas entre las corporaciones policiacas y los traficantes. Y aunque las menciones acerca de militares —por ejemplo, lo sucedido en Tlalixcoyan, Veracruz, en noviembre de 1991, donde militares acribillaron a judiciales federales en una situación confusa e insuficientemente explicada, en la que las instituciones involucradas se acusaron mutuamente de haber protegido una avioneta con un cargamento de cocaína y de haber dejado escapar a los traficantes—, políticos, banqueros y empresarios sospechosos de brindar protección, asesoría financiera o incluso de ser socios de los traficantes son cada vez más frecuentes, los individuos que finalmente son enjuiciados y a veces encarcelados pertenecen generalmente a las corporaciones policiacas, en particular a la Policía Judicial Federal. Uno de los argumentos más socorridos para explicar tal situación será el poder corruptor intrínseco generado por el tráfico de drogas y los bajos salarios de los policías, como si las corporaciones policiacas hubieran sido desde siempre nido de blancas e inocentes palomas o incubadoras de modelos éticos positivos, y como si hubiera algún salario ideal capaz de competir ventajosamente con el dinero ofrecido por los traficantes. La misma observación es válida para las demás corporaciones y categorías sociales. Es una cuestión de moral social y de ventajas comparativas: si es más rentable vivir fuera de la ley que dentro de ella, si es posible aprovechar las ventajas de estar formalmente dentro de la ley y en la práctica fuera de ella, aunque en ello se ponga en riesgo la propia vida.

Los grupos dedicados al negocio de las drogas ilícitas bautizados como “cárteles” —categoría de percepción puesta de moda en los ochenta para designar un supuesto tipo de organización de los traficantes colombianos, y por extensión de todos los grupos de traficantes en la actualidad—, si alguien demuestra su existencia y operación como tales más allá de la simple mención de la palabra con intenciones preformativas estarían formados por individuos pertenecientes a varias categorías sociales y no sólo por los traficantes reales más mencionados o los que están presos. Tampoco es muy convincente la tesis de un poder “paralelo”, independiente de las propias estructuras estatales, más fuerte que ellas y que las ha “corroído” con cierto éxito. Si en un primer momento parece haber existido una cierta indiferencia o tolerancia hacia los cultivadores y traficantes, posteriormente la alta rentabilidad del negocio y el alto grado de impunidad parecen haber liberado ciertas disposiciones éticas de algunos grupos dentro de las corporaciones coactivas y de los círculos de gobierno, así como de otros tantos grupos de poder de la sociedad civil, que los decidió a participar de manera más activa y muy probablemente a controlar y dirigir el negocio desde posiciones menos riesgosas pero indispensables para su funcionamiento exitoso. Un poder “paralelo” no necesitaría de tantos apoyos y padrinazgos oficiales. La frecuencia y evidencia de estos apoyos sugiere más bien que en las relaciones de poder dentro del campo del tráfico de drogas, los presuntos traficantes más mencionados no aprehendidos y los que están en prisión ya sentenciados no son necesariamente los únicos ni los más importantes en las mejores posiciones de dominio del campo, si acaso uno de los eslabones clave más visibles cuya omertà o ley del silencio parece ser hasta el momento más sólida que la de los mafiosos sicilianos. En México no se conocen aún casos de “arrepentidos” ni de operaciones “manos limpias”, debido sin duda en gran medida a la inexistencia de un Poder Judicial verdaderamente autónomo, respetable y creíble.

En el medio periodístico, es innegable la importancia de publicaciones críticas donde aparecen notas y reportajes más completos y mejor informados. Para ellas, el límite de la verdad no son las declaraciones oficiales. La credibilidad de lo dicho no depende automáticamente de la autoridad gubernamental; ésta se pone en tela de juicio a causa de sus propias contradicciones y de las investigaciones independientes que muestran su ignorancia, mala fe y ocultamiento de la información. En el caso del tráfico de drogas, la jerarquía de los implicados, a veces sentenciados y otras sólo denunciadas, desborda los límites tradicionales. Aun así, lo que se conoce públicamente acerca del tráfico de drogas, los traficantes, sus apoyos y sus socios es mínimo, comparado con lo que se sabe sobre el mismo tema en Colombia, Italia y Estados Unidos, por ejemplo. En México, los académicos no han mostrado un interés semejante al de sus homólogos de otros países por conocer mejor el fenómeno, y los pocos que han investigado al respecto se han concentrado básicamente en el análisis desde la perspectiva de las relaciones bilaterales México-Estados Unidos y en los aspectos jurídicos y policiacos, importantes sin duda, pero no los únicos posibles.

La sobrerrepresentación de los estudios antes mencionados fue más evidente a raíz del secuestro y asesinato del agente de la DEA Enrique Camarena Salazar en 1985. Pero no sólo eso, la percepción misma del fenómeno, de su estructura organizativa, de los principales jefes y de sus socios y apoyos, se vio enormemente influida por la información proporcionada por la agencia estadounidense. En la dinámica de la construcción e imposición social de “verdades”, su versión resultó más creíble no porque fuera necesaria y completamente cierta, sino porque la de las autoridades mexicanas era tan heterogénea, incoherente, desestructurada, en fin, tan contradictoria y alejada de la experiencia y percepciones fundamentadas de amplios sectores sociales, que contribuyó a su propio descrédito. Por el lado académico tampoco existía un conocimiento mínimo acumulado capaz de explicar el fenómeno en términos históricos y coyunturales y de proponer visiones diferentes. La política y la academia reaccionaron a contragolpe y con mucho retraso.

Un fenómeno relativamente antiguo, hasta cierto punto “normal”, bien localizado y enraizado en algunas entidades del país empezó a reproducirse, difundirse y diversificarse a la par e incluso más rápidamente que la demanda en Estados Unidos y los operativos en su contra. Surgieron, o se hicieron más visibles, fortunas descomunales cuyo origen sospechoso no fue, ni había sido, un obstáculo para impedir el acelerado proceso de transmutación del estigma en emblema. Más evidente fue allí donde históricamente se crearon en el país las condiciones sociales, económicas, políticas y culturales que hicieron posible el despegue del negocio más rentable del siglo. No resultó sorprendente que los agentes sociales señalados como cabezas de dicho negocio fueran, en su mayoría, originarios de la misma región. Lo que llamó la atención fue que las autoridades y los medios de comunicación no lo hubiesen descubierto sino hasta que el gobierno estadounidense lo hizo público y presionó para que fueran aprehendidos y enjuiciados.

Los que para muchos eran personajes surgidos por generación espontánea y símbolo del mal por excelencia, para los habitantes de las regiones donde operaban eran viejos conocidos, tanto sujetos temibles y reprochables como empresarios exitosos y hasta filántropos. Aun en la actualidad, la estigmatización pública no los ha privado por completo de los juicios positivos, pues para muchos aquélla sólo ha hecho más evidente la hipocresía y corrupción oficiales y de ciertos medios de la sociedad civil, quienes han tolerado y solapado sus actividades durante largo tiempo y ante los ojos de una gran cantidad de gente.

Los casos comprobados de asociación, apoyo, encubrimiento, dependencia orgánica, en fin, de corrupción de funcionarios de distintos niveles en el campo del tráfico de drogas, han acelerado el proceso de descrédito de las instituciones involucradas, han incrementado las sospechas sobre otros funcionarios de más alto rango y también las frustraciones sociales de quienes creen en las leyes vigentes y en su aplicación, ante la impunidad de la que gozan algunos personajes y funcionarios mammasantissima en un sistema de apoyos y encubrimientos mutuos que parece operar a la manera de las cosche sicilianas; el primero es un término utilizado para denominar a los jefes de las familias que conforman la ‘Ndrangheta calabresa, según Giovanni Falcone; el segundo, plural de cosca, designa las formas típicas de agrupación de los mafiosos.¹ El incremento de las penas a los traficantes y los calificativos aplicados a ellos y al tráfico de drogas no parecen destinarse en los hechos a ciertos agentes sociales pertenecientes al selecto grupo de los intocables.

DESTRUCCIÓN, DECOMISO Y CONSUMO DE DROGAS

De diciembre de 1988 a agosto de 1993, algunos de los estados donde se destruyeron los mayores plantíos de marihuana, en número de hectáreas, fueron: Michoacán (11 271.55), Sinaloa (11 099.25), Chihuahua (9 659.52), Jalisco (6 195.35), Durango (5 784.19), Guerrero (3 968.07), Oaxaca (3 509.17), Sonora (2 308.20) y Nayarit (2 232.55). Allí se concentró el 96.33% del total destruido en el periodo. Hay que señalar que en todas las entidades federativas se cultivó marihuana. El total de marihuana decomisada (enero de 1989 a octubre de 1993) fue de 2 364.5 toneladas. El volumen máximo se logró en 1989 (752.5) y el mínimo en 1991 (254.9).

En cuanto a las hectáreas destruidas de amapola, las cinco entidades principales que concentraron el 97.83% del total (diciembre de 88-agosto de 93) fueron: Guerrero (15 813.30), Sinaloa (9 723.74), Chihuahua (9 505.12), Durango (8 951.10) y Oaxaca (1 046.17). Sólo en seis estados no se reportó ninguna destrucción de plantíos de amapola: Aguascalientes, Baja California Sur, Campeche, D. F., Nuevo León y Tabasco. Por lo que se refiere a la heroína y la goma de opio, los decomisos, de enero de 1989 a octubre de 1993, fueron de 673 y 1 140 kg respectivamente.

Es necesario señalar aquí que las autoridades han utilizado en ocasiones clasificaciones engañosas para elaborar sus estadísticas, lo que hace más difícil el seguimiento, las comparaciones y la credibilidad. Por ejemplo, en el Programa Nacional para el Control de Drogas 1989-1994 se establece un criterio que hace equivalente una hectárea de amapola erradicada a un kilo de heroína destruida. Así, la superficie plantada con amapola y erradicada aparece graficada como “destrucción de opio y heroína”, sustancias que nunca existieron más que como posibilidad o en proporción mínima respecto del total representado. La ilusión gráfica se fundamenta en la hipótesis de que si todas las condiciones hubiesen sido óptimas para la extracción de la materia prima y su transformación ulterior, entonces lo representado sería verdadero. El problema es que tal hipótesis no se hace explícita y además se presenta como algo real, creando en el lector ingenuo el efecto buscado por el acto de ilusionismo estadístico.

De enero de 1989 a octubre de 1993, el total decomisado de cocaína fue de 215.5 toneladas, en cantidades anuales máximas y mínimas que oscilaron de 37 en 1993 a 50.2 en 1991. Entre diciembre de 1988 y julio de 1993, sólo en Aguascalientes, Hidalgo y Tlaxcala no hubo decomisos. En siete entidades la cantidad sobrepasó las 10 toneladas —25.05 en Chihuahua y 10.7 en Chiapas, por ejemplo—, o sea, el 59.57% del total, y únicamente en tres estados —D. F., Querétaro y San Luis Potosí— las cantidades fueron menores a una tonelada.²

El 25 de febrero de 1985, casi tres semanas después del secuestro de Camarena, el general Juan Arévalo Gardoqui, titular de la Defensa Nacional, declaró: “En México, desgraciadamente, entre el 18 y 20% de la población es drogadicta, en especial la juventud”. El militar no se tomó la molestia de citar su fuente ni de presentar algún estudio que respaldara su aventurada e irresponsable afirmación. Y en la lógica del dicho según el cual “la culpa no es del indio […]”, exhumó la tesis de que en 1942 el gobierno estadounidense habría pedido al de México que cultivara amapola y marihuana para cubrir sus necesidades de droga con fines médicos y poder atender a los soldados heridos. Tampoco en este caso presentó documento alguno para apoyar su señalamiento.

En abril de 1985 se comenta que los gobiernos de México y Estados Unidos llegaron a un acuerdo para efectuar una encuesta sobre drogadicción en el primer país y que el estudio se realizaría en ese mismo año. No es sino hasta 1988 que se lleva a cabo la llamada Encuesta Nacional de Adicciones (ENA), con el apoyo financiero de la Secretaría de Salud (SS) de México y del gobierno estadounidense a través de la oficina de narcóticos de su embajada en nuestro país. La encuesta, cuyos resultados fueron publicados hasta 1990, estuvo a cargo de la Dirección General de Epidemiología y del Instituto Mexicano de Psiquiatría, ambos de la SS.

Con base en una muestra de 15 000 viviendas (12 581 o 12 576 entrevistas completas, según la fuente), se trataba de estimar la prevalencia en el consumo de diversas drogas de la población de 12 a 65 años de zonas urbanas. Además, se buscaba identificar actitudes y valores, factores de riesgo socioeconómico, cultural y demográfico, y problemas asociados al consumo.

De acuerdo con los resultados obtenidos, el 4.8% del universo estudiado, aproximadamente 1 713 000 personas, habían consumido una o más de las drogas investigadas, cifra muy alejada de la mencionada por el general mexicano. 2.1% fueron usuarios activos en los últimos 12 meses previos al estudio y 0.9% el mes anterior. La población masculina reportó el mayor consumo, 7.6%. Entre las drogas estudiadas, la marihuana fue la más consumida, seguida por los tranquilizantes y los inhalables. Los hombres usaron más la marihuana y los inhalables; las mujeres, los tranquilizantes. La escuela fue mencionada en un 21% como la principal fuente para la adquisición de la marihuana. Los bares, cantinas y discotecas para la cocaína con un 7.2%.

En 1989, la Dirección General de Educación Extraescolar de la SEP y el Instituto Nacional de Psiquiatría realizaron una encuesta entre los estudiantes de educación media y media superior del D. F. y el área conurbada, en particular Naucalpan y Nezahualcóyotl. Los resultados fueron los siguientes: 12.3% de los encuestados había consumido alguna droga, el 10.4% eran usuarios “leves”, el 1.3% “moderados” y 0.5% “constantes”. Los inhalables ocuparon el primer lugar con el 4.75%, seguidos por la marihuana (4.08%), las anfetaminas (3.58%) los tranquilizantes (2.47%) y la cocaína (1.61%). Según datos de una encuesta anterior realizada en 1986, el único incremento significativo fue el del consumo de cocaína que en esa ocasión fue de 0.71%.

Entre 1986 y 1990 se hicieron encuestas en varios países latinoamericanos —Perú, 1986 y 1988; Colombia, 1987; Costa Rica, 1989; Ecuador, 1988, y Guatemala, 1990— y en Estados Unidos, y en todos los primeros se excluyó al sector rural. Al comparar los resultados entre Estados Unidos (n = 9 259 en 1990) y México, las investigadoras Medina-Mora y Marinño señalan: “La prevalencia del uso en México es menos de una décima parte del nivel de Estados Unidos, virtualmente para cada droga y para cada grupo de edad”. De todos los países anteriores, las menores tasas de consumo de marihuana y cocaína —porcentaje que reportó haberlas consumido alguna vez— fueron las de México (3.0 y 0.3 %) y Costa Rica (3.2 y 0.2%), la más alta de los blancos estadounidenses (33.5 y 12.4%), y entre los latinoamericanos Colombia ocupó el primer lugar con 6.5% para la marihuana y 2.1% para la cocaína. En México, los porcentajes de consumidores durante el año anterior, por sexo, de alguna de las drogas mencionadas en el cuestionario fueron: alcohol, 73.4; tabaco, 38.3; marihuana, 2.4; tranquilizantes, 0.5; y cocaína, 0.4, para los hombres. Y para las mujeres, 36.5, 14.4, 0.2, 0.3 y 0, respectivamente.³

Las diferencias entre los porcentajes de consumo de drogas legítimas e ilegítimas saltan a la vista, pero hasta el momento nadie ha propuesto prohibir definitivamente el alcohol y el tabaco. Tampoco se ha dado todavía en México, a diferencia de otros países, un verdadero debate sobre la despenalización del consumo de ciertas drogas o la legalización de su comercialización. Las observaciones, ideas y propuestas de Salazar Viniegra en los años treinta y cuarenta, como antecedente histórico de lo que pudo haber sido el comienzo de un gran debate, se desconocen o han sido olvidadas.

EL GOBIERNO DE TOLEDO CORRO

Antonio Toledo Corro, titular de la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA) en el régimen de López Portillo, fue electo gobernador de Sinaloa para el periodo 1981-1986. Durante su mandato hubo grupos de la oposición política y de la sociedad civil que lo acusaron de gobernar la entidad con mentalidad empresarial en beneficio propio y el de amigos con los que realizó grandes negocios; de hacerle la guerra política y financiera a la Universidad Autónoma de Sinaloa; de favorecer un clima represivo y de violación a los derechos humanos. El tráfico de drogas y la violencia armada resurgieron con mayor intensidad sin que su gobierno se mostrara muy preocupado por ese repunte ni decidido a enfrentarlo. Los compositores de corridos de traficantes consignaron el hecho en canciones como “La mafia vuelve”:

Por Culiacán, Sinaloa
linda Perla del Humaya
vuelven los carros del año
con el rugir de metrallas
La mafia vuelve de nuevo
A mandar en Tierra Blanca.

Carlos Morán Cortés, ex presidente del Colegio de Abogados Eustaquio Buelna, señaló que estaba demostrado que los principales delincuentes eran los propios policías, quienes asaltaban, secuestraban y mataban. Dijo también que altos funcionarios estatales y de la PGR estaban coludidos con los traficantes. Otras voces autorizadas de diversos partidos políticos y hasta de la Iglesia, aunque de manera menos contundente, compartían esos señalamientos.

Como en otras épocas, fueron asesinados jefes policiacos a la luz del día en calles céntricas de Culiacán y Mazatlán. Así cayeron, por ejemplo, el comandante Jaime Cota Félix (1983), titular del Departamento de Investigaciones de la Procuraduría de Justicia de Sinaloa y ex director de Seguridad Pública de Culiacán; y Ceferino Ojeda Ojeda (15/X/1984), titular en funciones de esa última dependencia. Fueron reportados cultivos de marihuana y amapola no sólo en la sierra, sino en los propios valles agrícolas y en terrenos muy cercanos a las carreteras.

Para las cosechas en la sierra se reclutaba a jóvenes de colonias populares de Culiacán como la 6 de Enero, Libertad y Rosales, y de rancherías aledañas a la capital o camino a la sierra. Por allí pasaban camiones de redilas anunciando con magnavoces las ofertas de empleo para la “pizca de la manzana”. En los valles agrícolas de la entidad los jornaleros ganaban 660 pesos diarios, a los jóvenes pizcadores de droga se les ofrecían de 4 a 5 000 pesos diarios. El éxodo fue tal que varios poblados quedaron habitados sólo por mujeres, niños y ancianos. Los agricultores de los valles tuvieron que contratar jornaleros en otros estados del país. Quienes se manifestaban contra la violencia la relacionaban directamente con el incremento del tráfico de drogas, pero para el procurador de justicia y el gobernador, la violencia en Sinaloa no era muy diferente a la de cualquier otra parte del mundo. Toledo Corro sintetizó su posición frente al fenómeno en una declaración que lo autoeximía de toda responsabilidad: “El narcotráfico es una herencia de otras generaciones. No es un problema que haya nacido ayer y tampoco se va a resolver mañana”.⁴ Tiempo después, la prensa nacional “descubriría” que durante su gobierno personajes como Félix Gallardo hacían negocios y vida social en la entidad sin que nadie los molestara, al contrario, aparecía incluso en las páginas de sociales de la prensa local retratado con su padrino de boda, el ex gobernador Sánchez Celis, y con su ahijado y socio en algunos negocios legítimos, Rodolfo Sánchez Duarte, hijo del ex gobernador, a quien esa relación cercana le resultaría fatal años más tarde.

EL CASO CAMARENA⁵

En noviembre de 1984 fue descubierto en Chihuahua, cerca de la capital, un gran complejo de procesamiento de marihuana de unos 12 kilómetros cuadrados conocido como El Búfalo, que se abastecía de materia prima de los alrededores y de otras zonas del país y donde trabajaban aproximadamente 12 000 jornaleros procedentes de Sinaloa en su mayoría, pero también de Sonora, Guerrero, Oaxaca, Chiapas y hasta de Guatemala. Guardias armados de los traficantes vigilaban para que no huyeran y quienes lo intentaban se exponían a recibir una ráfaga de metralleta; los trabajadores eran alimentados con papas, tortillas acedas, frijoles duros y café. Diez horas antes de que las autoridades llegaran al lugar, los guardias les dijeron que se fueran a los cerros porque la policía ya había descubierto los campamentos. Cuando vieron llegar a los judiciales y al ejército disparando, algunos prefirieron huir por el desierto. El sinaloense Rafael Caro Quintero fue señalado como el cabecilla de ese complejo de procesamiento. En el operativo se destruyeron cerca de 11 000 toneladas de marihuana en un momento en que el kilo en México costaba 40 000 pesos y 1 000 dólares la libra en Estados Unidos. Entre los detenidos había sólo “carne de cañón” y ningún jefe. A las denuncias hechas con anterioridad sobre plantíos en otras zonas del estado y a la existencia de “mafias de narcotraficantes”, el procurador de justicia de la entidad, Toribio Porras Villegas, respondió que eran “puras alucinaciones”.

El 7 de febrero de 1985, el agente de la DEA Enrique Camarena Salazar y el piloto mexicano Alfredo Zavala Avelar fueron secuestrados por hombres armados, el primero en Guadalajara cuando salía del consulado estadounidense y el segundo dos horas más tarde en la carretera Guadalajara-Chapala. El día 12 del mismo mes, el embajador estadounidense John Gavin y el titular de la DEA, Francis Mullen, dieron una conferencia de prensa en la sede de la embajada en México. Revelaron que el operativo de Chihuahua había sido posible gracias a la información proporcionada por la inteligencia estadounidense, que en México trabajaban 30 agentes de la DEA, que Guadalajara era el principal centro de operaciones del narcotráfico nacional e internacional, que 18 bandas y 75 jefes controlaban el tráfico de drogas en México y que el 38% de la heroína introducida a Estados Unidos provenía de México. Al mismo tiempo, la embajada ofreció una recompensa de 50 000 dólares a quien aportara datos que pudieran servir para el rescate del agente estadounidense. Días después, la Procuraduría General y el Departamento del Tesoro norteamericanos pusieron en marcha la operación Stop and Seize en la frontera con México, con el objeto de presionar políticamente al gobierno mexicano, pues consideraban que éste no había hecho lo necesario para esclarecer el secuestro.

Una semana después de esa conferencia de prensa, el día 20, la PGR a través de los subdirectores de la PJF, Víctor Manuel Baena Camargo y Rafael Rocha Cordero, dieron información oficial sobre el caso. Dijeron que México no era “trampolín del narcotráfico internacional”, rechazaron que la policía mexicana tuviera nexos con la mafia. Rocha Cordero se atrevió incluso a afirmar que la corrupción no existía en las filas policiacas: “Esto se ha eliminado gracias al aumento del 100% en los salarios de los agentes”. Por su parte, Baena señaló que en México se tenían “descubiertas siete cabezas de narcotraficantes”: José Ramón Matta Ballesteros, hondureño, y los mexicanos Miguel Ángel Félix Gallardo, Rafael Caro Quintero, Juan José Esparragoza Moreno, Jorge Favela Escobosa, Jaime Herrera y Juan Carlos Labastida. El 3 de febrero el comandante del grupo Águila de la PGR, Armando Pavón Reyes, comisionado especialmente para esclarecer los secuestros, ya había señalado que algunos testigos presenciales habían proporcionado información que hizo posible identificar a pistoleros de Caro Quintero, Félix Gallardo y Fonseca como los responsables.

El 24 de febrero el Washington Post y la cadena de televisión ABC reprodujeron declaraciones del director de la DEA, Francis Mullen, en las que señalaba que autoridades mexicanas, específicamente de la Dirección Federal de Seguridad (DFS), dependiente de la Secretaría de Gobernación, habían protegido a Caro Quintero, y que agentes de la PJF le habían permitido salir del aeropuerto de Guadalajara. A raíz de esa intervención en los medios, Mullen perdió su puesto. Por el lado mexicano surgían una gran cantidad de interrogantes sobre la legitimidad de las actividades de la DEA en México, pues no se mostró convenio alguno que justificara la intervención, y la gravedad de sus imputaciones. Comenzaba apenas a percibirse el papel especial que el gobierno estadounidense le había destinado a la DEA para influir en la política de control de drogas de países como México. Con el tiempo, el dolor de cabeza se agudizaría.

Casi un mes después del secuestro, el 6 de marzo, fueron encontrados los cadáveres a pocos metros del rancho El Mareño en el estado de Michoacán, con huellas de tortura y en condiciones que hacían suponer que tenían más de 20 días de muertos y que habían sido enterrados previamente en otro lugar. Las autoridades de la PGR afirmaron haber recibido una carta anónima en inglés, enviada desde Los Ángeles, en la que se les informaba dónde localizar los cuerpos. El 2 de marzo, 100 agentes del grupo Águila y de la Policía Judicial de Jalisco llegaron al rancho y masacraron a cinco miembros de la familia Bravo que allí vivían. Uno de los muertos en la balacera, Manuel Bravo Cervantes, fue señalado apresuradamente por la PGR como el autor material de los crímenes. Los cuerpos de Camarena y Zavala no fueron encontrados entonces sino días después cuando un campesino pasó accidentalmente cerca del lugar donde estaban semienterrados. El gobernador de Michoacán, Cuauhtémoc Cárdenas, dio a conocer en un desplegado de prensa, el día 6 de marzo, su protesta por el comportamiento ilegal de las policías que habían operado en su entidad.

Desde Estados Unidos y a través de publicaciones como Newsweek, la DEA informaba que Matta Ballesteros había sido localizado por ellos en un departamento del D. F. el 14 de febrero y que habían pedido su arresto a las autoridades mexicanas, pero que el titular de la PJF, Manuel Ibarra Herrera, había retrasado la acción casi un día: cuando los federales llegaron al domicilio, Matta ya había huido. La PGR no terminaba de montar sus escenarios y construir sus versiones cuando ya la DEA sacaba nuevos ases de la manga.

Según declaraciones del hermano del piloto mexicano Alfredo Zavala, éste realizaba vuelos para la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos (SARH) y cuando observaba la existencia de plantíos ilícitos, los reportaba a las autoridades judiciales de Jalisco, donde tenía algunas amistades, hasta que alguien de esa corporación le dijo que ya no les diera esa información “porque había cosas que ellos no podían arreglar”. Le sugirió que se dirigiera al consulado estadounidense y así lo hizo. Al parecer ya trabajaba con Camarena cuando le informó de su descubrimiento del campo El Búfalo, en Chihuahua. El secuestro y asesinato habría sido una venganza por el daño causado a los traficantes según informaciones oficiales. El hermano se quejó de que el trabajo de su familiar hubiera sido menospreciado, de que Gavin se hubiera atribuido el éxito y de que Camarena hubiera sido tratado como héroe.

Mientras tanto, las presiones y las filtraciones informativas de la DEA empezaban a hacer sus efectos. La PGR reconoció que existían relaciones de protección y colaboración entre traficantes y 13 agentes de las PJF y de la judicial de Jalisco. El 23 de marzo de 1985, la PGR cesó a Armando Pavón Reyes, comandante del grupo Águila, por “pérdida de confianza” y porque así convenía a los “intereses” de la corporación: fue sustituido por el comandante Florentino Ventura. Según información inicial de la DEA y la que dio a conocer más tarde la PGR, Pavón había recibido un soborno de Caro —quien declararía posteriormente haberle dado 60 millones de pesos para repartir entre su gente y años después negaría esas declaraciones— para dejarlo escapar y éste salió del aeropuerto de Guadalajara con credencial de agente de la DFS, a nombre de Pedro Sánchez Hernández, por la que habría pagado 175 000 dólares y tres autos último modelo, firmada por el titular de esa corporación, José Antonio Zorrilla Pérez. En abril de 1985, Pavón fue declarado formalmente preso. Sin embargo, el segundo comandante del mismo grupo Águila, Alberto Arteaga García, quien hasta octubre de 1984 había sido segundo comandante en Chihuahua —Caro afirmó haberle dado 10 millones semanales en esa época—, permaneció en su puesto. Su antigua posición en esa entidad y el descubrimiento del complejo marihuanero no incrementaron desde un principio la confianza de los observadores atentos, pues dudaban que no se hubiese dado cuenta de lo que allí sucedía. Otros cambios importantes se habían dado en otras corporaciones: José Antonio Zorilla fue sustituido por Pablo González Ruelas en la Dirección Federal de Seguridad, y Miguel Aldana Ibarra por Florentino Ventura en Interpol-México.

Por otro lado, comenzaron a publicarse los primeros datos biográficos de los principales sospechosos de los secuestros y asesinatos. A Rafael Caro Quintero, de 29, 32 o 35 años (30 en realidad, según sus propias declaraciones años después donde señala como fecha de nacimiento el 24 de octubre de 1954), originario de La Noria, Badiraguato, Sinaloa, se le describió como “jefe de un ejército de narcotraficantes armados, que se calcula en un millar”, dueño de 36 casas en Guadalajara y otras propiedades en Zacatecas, Sinaloa y Sonora; dueño o accionista de 300 empresas en Guadalajara, y poseedor de una fortuna estimada en 100 000 millones de pesos. Se le ubicó como el tercero en la jerarquía, a Félix Gallardo como el segundo, y a Ernesto Fonseca como el jefe de ambos y “padrino mayor”. La DEA señalaba a Manuel Salcido Uzeta, alias el Cochiloco, supuestamente bajo el mando de Caro, o de Félix Gallardo según la PGR, como el principal sospechoso de los asesinatos.

Hasta la vida sentimental de Caro se hizo pública. En diciembre de 1984 se dijo que había secuestrado a Sara Cosío, de 17 años, a quien trataba de “conquistar”, chica de la “alta sociedad” y sobrina del entonces líder del PRI en el D. F., Guillermo Cosío Vidaurri, ulteriormente gobernador de Jalisco. El 8 de marzo de 1985, Caro se la volvió a llevar y esta vez hasta Costa Rica, donde se había refugiado con la ayuda de Matta Ballesteros, huyendo de la persecución policiaca. Allí sería capturado el 4 de abril de 1985 por la policía costarricense gracias a los informes de la DEA. Florentino Ventura fue el encargado de traerlo a México. Con una larga experiencia en la DFS (1949-1960) y en la PJF (1960-1985), el comandante Ventura tenía entre sus logros la investigación y captura del traficante de origen cubano Alberto Sicilia Falcón en 1975. Además, era un policía respetado, incluso por la DEA.

Después de Caro, fue aprehendido en Puerto Vallarta Ernesto Fonseca Carrillo, don Neto. La casa donde se escondía era propiedad del director de seguridad pública de Ameca, Jalisco, Candelario Ramos. Según la PGR, Fonseca declaró que Caro había mandado secuestrar a Camarena para llegar a un acuerdo con él, que había visto al agente moribundo, pues había sido golpeado por Caro y dos de sus ayudantes, que él se enojó y abofeteó a Caro. Éste negó los cargos y dijo haber sido incomunicado, amenazado y torturado. A raíz de la detención de ambos, se dijo que Caro era más importante que Fonseca y Félix Gallardo más que ellos. Para la DEA, los verdaderos jefes, relacionados más con el tráfico de heroína y cocaína que con el de la marihuana, no eran los detenidos sino gente del campo político, señalamiento que el titular de la PGR, Sergio García Ramírez, se apresuró a desmentir limitando el fenómeno a la esfera policiaca. Edward Heath, director de la DEA en México, dijo que a Camarena lo habían matado a causa de la Operación Padrino en la que estaba trabajando. Agregó que el negocio de la droga seguramente hubiera seguido como antes si a “un estúpido o estúpidos que se sintieron intocables” no se les hubiese ocurrido realizar el crimen, pues con ello pusieron al descubierto el negocio.

Del también sinaloense Miguel Ángel Félix Gallardo se supo que en 1976 hubo una orden de aprehensión contra él en Tijuana por ser presunto responsable de tráfico de heroína y cocaína, pero no tuvo mayores consecuencias porque, según la DEA, contó con el apoyo de Jaime Torres Espinoza, en ese entonces subcoordinador de la campaña contra el tráfico de drogas. En 1979, fue nombrado consejero, junto con su “lugarteniente” Tomás Valles Corral, del banco Somex en Chihuahua, cuyo director general de 1976 a 1982 fue Mario Ramón Beteta. Por lo menos hasta 1982, Félix Gallardo fue accionista del banco y cliente distinguido a nivel nacional. A finales de mayo de 1983 fue publicada una foto en la sección de sociales de un periódico de Culiacán, El Sol de Sinaloa, donde aparecía Félix Gallardo como padrino de boda de Rodolfo Sánchez Duarte junto con el padre de éste, el ex gobernador de Sinaloa, Leopoldo Sánchez Celis, quien años antes había sido padrino de boda de Félix Gallardo. Y en enero de 1985 volvió a aparecer en otra foto inaugurando junto con su socio y ahijado un negocio automotriz. Parte de su trayectoria empezó a ser del conocimiento público fuera de su entidad de origen. Había sido agente de la policía judicial estatal en Sinaloa y después fue miembro de la escolta de Sánchez Celis durante su gestión. Surgieron las sospechas de que su ascenso en el mundo del tráfico de drogas no era ajeno a su cercanía con el ex gobernador. Durante la “búsqueda” de Félix Gallardo a raíz del caso Camarena no se supo que el gobierno de Toledo Corro hubiese hecho algo para lograr su captura, al contrario, se dijo que lo había protegido. De hecho, su aprehensión se realizaría años después en Guadalajara, en abril de 1989, gracias a una de las acciones espectaculares en busca de legitimidad ordenadas por el presidente Salinas de Gortari al principio de su mandato.

En cuanto a Sánchez Celis, durante su gobierno tuvo también a su lado a el Gitano, acusado de asesinar al gobernador Loaiza en los años cuarenta, a quien sacó de prisión para seguir “purgando” su condena como uno de sus guardaespaldas. Otro de sus protegidos fue Hugo Izquierdo Hebrard, bajo la identidad de capitán José Chávez, acusado junto con su hermano Arturo de haber asesinado en la Ciudad de México al senador por Tlaxcala Mauro Angulo Hernández el 17 de febrero de 1948. La hermana de ambos, Graciela, fue esposa de Arturo Durazo. Entre las propiedades de Félix Gallardo se encontraba un rancho en Veracruz que le había comprado a Arturo Izquierdo.

Entrevistado en prisión tres años después de su captura, Caro Quintero afirmó haber sido torturado con tehuacán y chile por Florentino Ventura —el 17 de septiembre de 1988, el comandante Ventura mata a su esposa, a su comadre y luego se suicida, según la versión oficial—, a quien calificó junto con su gente de “asesinos a sueldo” y lo acusó de haber secuestrado a su familia y a sus hijos. Días antes, el Ejército informó haber tenido un enfrentamiento a tiros con gente del rancho de Caro en Caborca. Él sospechaba que la DEA y Ventura también habían participado en el operativo donde fueron abatidos cuatro individuos que trabajaban en su propiedad. Sin embargo, lo que le causó más problemas fueron sus declaraciones acerca de la relación que tuvo con Sara Cosío y su familia. Negó que hubiese sido un secuestro: “Tenía viviendo conmigo tres años”. Señaló que los padres de ella andaban con él por todos lados, que al padre le había regalado un auto Cougar, y que su tío, para entonces ya secretario general del DDF, circulaba en otro similar que le había regalado a Sara. De su imagen y sus declaraciones de años antes señaló: “Yo no soy como dicen que soy ni dije nada de lo que dicen que yo dije”. Fue presionado para que se retractara de sus declaraciones sobre la familia Cosío; al principio se negó y fue “apandado” hasta que finalmente lo hicieron firmar una carta al respecto, según su abogado Efraín García Ramírez. Caro fue trasladado del Reclusorio Norte, junto con Sicilia Falcón, y recluido en la prisión de alta seguridad de Almoloya en el Estado de México el 31 de julio de 1992. Para ello se emplearon 50 agentes federales, 10 “zorros” y dos helicópteros. Había sido sentenciado el 12 de diciembre de 1989 a 92 años de prisión.

El caso Camarena, uno de los más rentables políticamente para Estados Unidos en sus relaciones con México en los últimos tiempos, volvió a ser noticia cuando la cadena norteamericana de televisión NBC transmitió una miniserie titulada Drug Wars en la segunda semana de enero de 1990. Basada en el libro Desperados, publicado en 1988, de la periodista de la revista Time Elaine Shannon, la serie mostraba la lucha de los buenos (la DEA, principal fuente de información de la periodista) contra los malos (funcionarios, policías y militares mexicanos) en el campo del tráfico de drogas. Diversos sectores del gobierno mexicano se sintieron ofendidos y calificaron la serie de calumniosa, parcial, desagradable y de mal gusto. El embajador mexicano en Washington dijo que la cadena televisiva había mentido al público estadounidense sobre la política mexicana contra las drogas con “inexactitudes, especulaciones, acusaciones anónimas y, quizá, mala fe”. Miguel Aldana Ibarra, ex director de Interpol-México, declaró que en 1976 Camarena había sido detenido en Mexicali con droga y entregado a las autoridades estadounidenses, que probablemente no estuviera muerto sino viviendo en La Jolla, California, o en Colorado, y que había existido una cierta relación entre Camarena y los traficantes pues había servido de enlace para enviar marihuana a Estados Unidos. La agencia de noticias gubernamental Notimex y el canal estatal Imevisión difundieron versiones similares. El vocero de la Casa Blanca defendió el papel de Camarena al servicio de su país. Por su parte, Shannon advirtió que pronto se darían a conocer otras acusaciones de un gran jurado de Los Ángeles relacionadas con el caso Camarena y el tráfico de drogas. El 22 de enero de 1990, la revista Time publicó que según la justicia norteamericana, José Antonio Zorrilla Pérez, ex titular de la DFS, Manuel Ibarra Herrera, ex jefe de la PJF, y Miguel Aldana Ibarra, ex director de Interpol-México, podrían ser llevados a Estados Unidos para enfrentar los cargos que se les imputaban. El 31 del mismo mes, la fiscalía federal de Los Ángeles formalizó las acusaciones penales contra Aldana, Ibarra, Humberto Álvarez Machain, el ex judicial Antonio Vázquez Ochoa, Félix Gallardo y Matta Ballesteros. Además, informó que ya se tenían elementos suficientes para acusar al ex secretario de la Defensa, general Juan Arévalo Gardoqui. Días antes, el titular de la PGR, Enrique Álvarez del Castillo, quien había sido gobernador de Jalisco en la época del reinado de Caro, Fonseca y Félix Gallardo en esa entidad, había declarado prácticamente cerrado el caso Camarena. Las presiones políticas estadounidenses obligaron al gobierno mexicano a reabrirlo. El director de la DEA en ese entonces era Robert C. Bonner, quien anteriormente había fungido como fiscal federal en Los Ángeles (1984-1989) y había tenido a su cargo el caso Camarena. Desde ese puesto había advertido que el asesinato del agente “a manos de una organización narcoterrorista” no quedaría sin venganza.

El 9 de agosto de 1989, Rubén Zuno Arce, cuñado del ex presidente Echeverría, es detenido en San Antonio, Texas, y llevado a testificar ante un gran jurado en Los Ángeles, pues según la fiscalía tenía información importante para resolver el caso Camarena. Estuvo encarcelado casi dos meses sin cargos en su contra. Después de haber declarado que desconocía a Caro, Fonseca y Félix Gallardo, fue acusado de perjurio, pero fue absuelto de ese cargo. La casa donde se dijo que Camarena y Zavala habían sido torturados y asesinados había sido vendida por Zuno un mes antes de los secuestros a una persona cercana a Caro. El propio Zuno había viajado voluntariamente a Estados Unidos en 1986 para entrevistarse con agentes de la DEA y explicarles la historia de esa casa. Al parecer, en ese entonces, la agencia estadounidense no mostró ninguna inconformidad. Años después, testigos pagados por la DEA, reclutados entre los pistoleros y guardaespaldas de Fonseca y un socio de Caro, señalaron a Zuno y a los titulares de Gobernación, Manuel Bartlett; de la PGR, Enrique Álvarez del Castillo; y de la Defensa, Juan Arévalo Gardoqui, como los autores intelectuales del crimen. El 21 de diciembre de 1992 un jurado lo declaró culpable y posteriormente fue sentenciado a cadena perpetua.

El 2 de abril de 1990, otro personaje, el doctor Humberto Álvarez Machain, señalado también por la DEA como implicado en el caso Camarena, acusado de haberle aplicado inyecciones especiales para mantenerlo con vida mientras era torturado, fue secuestrado en Guadalajara por policías mexicanos, para cobrar la recompensa de 100 000 dólares que se ofrecía por su captura, y trasladado a El Paso, Texas, donde fue entregado a agentes de la DEA. Álvarez Machain había sido médico de la DFS en Jalisco en los ochenta y de la familia Caro Quintero. Su padre declaró haber sido compadre de Florentino Ventura.

Antonio Gárate Bustamante, el mismo que fue detenido en Mazatlán en los setenta junto con Miguel Ángel Rico, ex policía y ex traficante mexicano convertido en informante de la DEA según fuentes mexicanas y Shannon, o en agente de esa agencia y nacido en Estados Unidos según él mismo, fue señalado como el organizador del secuestro. Gárate dijo que en agosto de 1986 el agente de la DEA Víctor Cortez y él mismo habían sido secuestrados y torturados en Guadalajara por policías mexicanos durante 12 horas. Dijo también haber trabajado como agente encubierto por varios años y haber sido asesor de Fonseca, quien fue su padrino de boda.

En junio del mismo año, la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos, al revisar el caso del médico mexicano, determinó que el gobierno de su país estaba facultado para secuestrar extranjeros en otros países y llevarlos ante la justicia estadounidense. Al procurador general de ese país, William Barr, y al jefe de la DEA, Robert Bonner, les agradó tal decisión. El gobierno mexicano anunció la suspensión de actividades de los agentes de la DEA en México, pero el enojo sólo duró un día y la medida fue anulada. Durante el juicio, uno de los fiscales mencionó como posibles cómplices a los mismos funcionarios nombrados en el juicio de Zuno. Bartlett y Álvarez del Castillo dieron conferencias de prensa y negaron los cargos. Arévalo Gardoqui hizo lo mismo en carta enviada a la Secretaría de la Defensa. Finalmente, en diciembre de 1992, Álvarez Machain fue liberado por el juez porque no hubo evidencias suficientes de su culpabilidad. Regresó a México acompañado del cónsul mexicano en Los Ángeles y del agregado consular de la PGR. Contrariamente a lo que había señalado dos años antes, acusando al médico de haber lavado dinero de Caro Quintero, la PGR anunció que con base en los expedientes y averiguaciones del caso Camarena no había elementos para responsabilizar a Álvarez Machain.

Entrevistado en marzo de 1993 en Almoloya, Caro negó conocer a Zuno y haber tenido algo que ver con el caso Camarena, pero aceptó conocer a Álvarez Machain, el médico de sus hijos, y de haber sido el propietario de 50 a 80 ha del rancho El Búfalo, no más. Relató que a los 28 años había comenzado su trayectoria de traficante sembrando marihuana en predios pequeños cerca de su lugar de origen, luego se trasladó a Guadalajara y posteriormente extendió su negocio a Chihuahua. Afirmó que sus ganancias máximas en un año fueron de dos millones de dólares. Dijo que quería que lo juzgaran sólo como traficante y agregó: “Mi primer problema con la ley fue cuando caí. Yo siempre trabajé en la sierra, donde no había ley”.

LA GUERRA DE LAS BANDAS SINALOENSES⁶

En diciembre de 1987, Francisco Labastida Ochoa, ex titular de la Secretaría de Energía, Minas e Industria Paraestatal (SEMIP), toma posesión como gobernador de Sinaloa. A la ceremonia asiste el presidente Miguel de la Madrid. Desde un mes antes el Ejército mostró una presencia inusual en todo el estado para realizar “una gran campaña contra la violencia, el pistolerismo y el narcotráfico”. Al empezar el mandato de Labastida se les dio un plazo de tres días a las diversas policías para que entregaran sus credenciales y armas. Las nuevas se otorgarían bajo la supervisión del comandante de la Novena Zona Militar, general Rodolfo Reta Trigos. En la secretaría general de gobierno es nombrado Diego Valadés, posteriormente titular de la procuraduría del D. F. y luego de la PGR. En la procuraduría del estado Manuel Lazcano ocupa el cargo por tercera vez en su vida.

El 8 de abril de 1989 es aprehendido en Guadalajara Miguel Ángel Félix Gallardo. Se le acusó de posesión y tráfico de cocaína, acopio de armas y cohecho. Desde 1971 existían por lo menos 14 órdenes de aprehensión en su contra. El titular de la PGR, Enrique Álvarez del Castillo, gobernador de Jalisco durante la época en que Félix Gallardo operó en esa entidad, lo calificó como el “número uno de los traficantes a nivel internacional”. Nacido en 1946 en Bellavista, un rancho en las afueras de Culiacán, Félix Gallardo realizó estudios secundarios y comerciales en escuelas de la capital de Sinaloa. Pequeño comerciante desde muy joven, a los 20 años ingresa a la policía judicial estatal y es asignado a la casa de gobierno donde trabaja como guardaespaldas de los hijos del gobernador Sánchez Celis, quien se convertirá en su padrino de boda y protector. Otros datos biográficos señalan que su inicio en el negocio de las drogas se dio como aliado de Eduardo Lalo Fernández, “el capo de la época”, muy nombrado en los años sesenta y setenta.

Luego de su captura, Félix Gallardo fue descrito como un personaje “hábil, sagaz, discreto, refinado e insólitamente austero […] amigo de políticos de todas las tallas, con relaciones en el comercio, la agricultura, la ganadería, la prensa y hasta la universidad”. Su discreción lo habría llevado al “éxito como publirrelacionista en los ámbitos de la narcopolítica […] evitaba los escándalos, se movía como lince”. Lo curioso es que durante casi 20 años el individuo, que según la PGR era el “más buscado del mundo”, vivió públicamente como hombre de negocios y circulando tranquilamente en las esferas económicas, políticas y sociales de Sinaloa y otras entidades. Aparecía incluso fotografiado con Sánchez Celis y su hijo, de quien fue padrino de boda, en la prensa de Culiacán. Su fortuna fue estimada en 50 millones de dólares en dinero y propiedades. Declaró no conocer a Caro, Fonseca ni a Matta Ballesteros. Dijo haber firmado su primera declaración bajo presión y mostró huellas de tortura. Según la DEA, Matta y Félix Gallardo eran socios en el tráfico de cocaína desde 1975. Se calculó entre tonelada y media y dos toneladas la cantidad de cocaína que movía al mes. A Pablo Acosta se le atribuía el control del paso de cinco toneladas de cocaína mensuales por su territorio de Ojinaga, Chihuahua, a mediados de los ochenta, cuando el cálculo del consumo anual en Estados Unidos se estimaba en cerca de 100 toneladas. La producción conjunta anual de cocaína de Perú, Bolivia y Colombia para 1984, 1985 y 1986 se estimó en 251.9, 321 y 380.2 toneladas respectivamente. No fue sino hasta mayo de 1994 —en los días en que se desarrollaba otra más de las reuniones bilaterales México-Estados Unidos, con la presencia del secretario de Estado, Warren Christopher— que Félix Gallardo fue sentenciado por el caso Camarena: 40 años de prisión.

El mismo día de la captura de Félix Gallardo, en la capital sinaloense el Ejército detuvo al jefe de la Policía Judicial de la entidad, al director de seguridad pública municipal de Culiacán y a los agentes policiacos; los llevó a las instalaciones militares —los agentes afirmaron haber sido incomunicados y torturados— y tomó el edificio de la policía municipal. Asimismo, ocupó las oficinas de una inmobiliaria propiedad de Félix Gallardo, estableció una vigilancia estrecha en todas las vías de comunicación, instaló retenes, puso guardias en las oficinas de la delegación de la PGR, cateó casas de presuntos traficantes y realizó rondas en la ciudad. Mientras la capital de los poderes estatales se encontraba en estado de sitio, el gobernador buceaba en las aguas del Golfo de California. A su regreso justificó la intervención del Ejército. Diversas fuerzas políticas y sociales protestaron por la violación a la soberanía de Sinaloa y por las torturas a los policías municipales.

La abogada Norma Corona Sapién, presidenta del Comité de Defensa de los Derechos Humanos en Sinaloa, quien había estado investigando acerca de las torturas y asesinatos de un abogado amigo de ella y tres estudiantes venezolanos residentes en Culiacán, es asesinada en una calle de esa ciudad el 21 de mayo de 1990. Días antes había advertido que si algo le pasaba, habría que culpar a la PJF. El grupo musical sinaloense Los Tigres del Norte cantaba un año después un corrido con su nombre:

Líder de los estudiantes
Norma era una mujer brava
supo de persecuciones
crímenes y de emboscadas
Lo que tienen los valientes
eso a Norma le sobraba […]
haz que paguen esos hombres
que matan a tus mujeres.

En 1991, Alberto González Treviño, ex comandante de la Policía Judicial Federal en Sinaloa y quien había “esclarecido” el homicidio, es aprehendido y acusado de ser el autor intelectual de ese crimen y del de Rodolfo Sánchez Duarte, ocurrido el 21 de noviembre de 1990 en la Ciudad de México. Se dijo que brindaba protección a su compadre y presunto traficante sinaloense Héctor el Güero Palma Salazar, a quien posteriormente se le adjudicará la autoría intelectual de esos y otra larga cadena de homicidios.

En 1991, Miguel Ángel Rico Urrea, detenido en Mazatlán en los setenta junto con Gárate Bustamante, señalado como autor intelectual del homicidio de Norma Corona por González Treviño, preso en el Reclusorio Oriente del D. F. por delitos contra la salud y asesinado en prisión en 1992, afirmó que uno de los autores materiales del crimen de Corona se había escondido en una casa del boxeador Julio César Chávez en Tijuana. El peleador negó tener nexos con traficantes y dijo que entre sus amigos se encontraba gente de toda clase. Agregó: “Desgraciadamente yo vivo en Culiacán, Sinaloa. ¿Sabes lo que es eso […]? El lugar de donde han surgido los narcos más pesados de México”.

Rodolfo Sánchez Duarte, ahijado y socio de Félix Gallardo en un negocio automotriz en Culiacán, tenía la intención de visitar a su padrino en prisión. En el aeropuerto del D. F. es encañonado junto con dos amigos por varios sujetos armados que se identificaron como agentes federales. Al día siguiente, los tres aparecieron acribillados con armas de varios calibres y huellas de tortura. Se habló de venganza entre bandas de narcotraficantes. Carlos Morales García, alias el Pelacuas, abogado defensor de Félix Gallardo, había sido victimado con ráfagas de metralleta el 28 de septiembre de 1989 muy cerca del Reclusorio Sur. Y el 18 de septiembre de 1990, el capitán Adelaido Valverde Cabañas, comandante de las Bases de Coordinación de Sinaloa y guardia personal del gobernador Labastida, muere en un enfrentamiento a tiros con judiciales federales en las afueras de Culiacán. Se sospechaba que los federales escoltaban al Güero Palma.

La historia oficial de la lucha entre las bandas era la siguiente: en 1988, Félix Gallardo habría sido el autor intelectual de la muerte violenta de la esposa y los hijos de Palma, quien habría comenzado su carrera delictiva como robacarros, “burrero” y luego gatillero de Félix Gallardo en los setenta, con quien después tuvo diferencias y de cuyo grupo se separó. A partir de 1990, Palma habría comenzado su venganza mandando matar a parientes y personas cercanas a Félix Gallardo, según testimonios ministeriales de miembros de la banda de Palma detenidos. Surge el nombre de Joaquín Guzmán, aún sin alias, asociado al de Palma, y la tesis de que ambos estarían enfrentados al grupo de Félix Gallardo. El Cochiloco, abatido en Guadalajara el 9 de octubre de 1991 por cerca de 90 impactos de balas de diferente calibre, fue mencionado como otra de las víctimas de Palma. Se sospechaba también que, por razones diferentes a la lucha entre grupos, detrás del homicidio del ex procurador de Sinaloa, Francisco Rodolfo Álvarez Fárber, ocurrido el 29 de abril de 1993 en el D.F., estaba la mancuerna Palma-González Treviño. Y como parte de la lucha entre bandas, no se descartó que ellos fueran los responsables intelectuales del asesinato de Emilio Caro Payán, supuesto jefe del “cártel” de Guadalajara, en Ciudad Satélite el 30 de abril de 1993.

Hacía menos de tres semanas que Renato Vega Alvarado había asumido el gobierno de Sinaloa cuando ya el diario Noroeste le señalaba el regreso a Culiacán de “conocidos narcotraficantes”, y que “empistolados y gente ligada al narcotráfico” habían invadido los principales centros de reunión. Se habló de 60 asesinatos relacionados con el tráfico de drogas en los primeros 20 días de su gobierno iniciado en enero de 1993. Emilio Goicoechea Luna, quien había contendido por la gubernatura como candidato del PAN, afirmó: “Renato Vega se concretó, durante su campaña, a comprometer a su gobierno con los caciques ligados al narcotráfico. Ellos son los que lo financiaron para llegar, fraudulentamente, al poder”. Juan N. Guerra, ex candidato del PRD a la gubernatura, señaló que el gobernador ejercía mano dura contra los partidos políticos y “blanda con los narcos”.

El 24 de mayo de 1993, el arzobispo de Guadalajara, cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo, y su chofer, Pedro Pérez García, mueren tiroteados con armas de alto poder en el estacionamiento del aeropuerto de Guadalajara. Según la versión de la PGR, hubo un enfrentamiento entre bandas de traficantes sinaloenses: la del Chapo Guzmán-Güero Palma, los “serranos”, contra la de los hermanos Arellano Félix, los “urbanos”, supuestos parientes y herederos del negocio y los enemigos de Félix Gallardo. Los pistoleros de los Arellano habrían confundido al religioso con Guzmán, objetivo del atentado, quien se encontraba en otro auto y pudo huir de la emboscada como en la más truculenta de las películas policiacas. Surgió la tesis de la disputa por el control del tráfico en el noroeste entre los “cárteles” de Sinaloa y Tijuana, aunque todos los involucrados por las autoridades eran sinaloenses. Los pistoleros y uno de los Arellano huyeron del aeropuerto hacia Tijuana en un vuelo regular sin que nadie los detuviera. La PGR ofreció 15 millones de nuevos pesos de recompensa por información para capturar a los mencionados como las cabezas de las bandas.

El 10 de junio de 1993, Jorge Carpizo, titular de la PGR, anuncia la captura realizada un día antes de Joaquín Guzmán Loera, alias el Chapo, originario de Mocorito, Sinaloa, según la prensa, o de Badiraguato, según fuentes sinaloenses que señalan asimismo que su verdadero nombre sería Archivaldo Guzmán, a quien antes del atentado no era raro ver en restaurantes y otros lugares públicos de Guadalajara; habría sido detenido en Guatemala y entregado en Chiapas a las autoridades mexicanas. Esa versión fue negada por funcionarios guatemaltecos. Posteriormente, en un libro firmado por el subprocurador Mario Ruiz Massieu en 1994, se menciona que Guzmán fue aprehendido “cuando intentaba huir del territorio nacional por la frontera sur”. Guzmán fue trasladado a la prisión de Almoloya. Su presentación ante los medios de comunicación contrastó con el estilo empleado con gente como Caro, Fonseca y Félix Gallardo. Apareció con el corte de cabello reglamentario, rasurado y con el uniforme carcelario, contrariamente a sus antecesores, quienes fueron mostrados despeinados, sin rasurar, desfajados y demacrados. Guzmán habría corroborado la hipótesis de la “confusión” defendida por la PGR, versión que desde un principio no fue del todo convincente.

Francisco Arellano Félix, 44 años (24/X/1949), el mayor de la familia, originario de Culiacán, donde llegó a cursar algunos semestres de la carrera de administración de empresas en la UAS, dueño de una conocida discoteca en Mazatlán, amigo y socio de Julio César Chávez en la construcción de un hotel inconcluso en ese puerto, y contra quien había una orden de aprehensión girada por un juez de distrito en Mazatlán del 7 de septiembre de 1993 por acopio de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea Mexicana, fue detenido por la PGR en cumplimiento de esa orden el 4 de diciembre de 1993 en Tijuana, gracias a una llamada anónima. Se le negó el amparo y se le recluyó en la prisión de Almoloya. No fue presentado a los medios de comunicación. La información dada a conocer por la PGR señalaba que había estado inmiscuido en delitos contra la salud y en el de portación de arma prohibida en 1978, 1988 y 1989 y que en las tres ocasiones había logrado evadir la justicia. Agregaba que era prófugo de la justicia estadounidense con la cual tenía tres juicios pendientes —1980, 1986 y 1989— por delitos relacionados con una “sustancia controlada” y por brincar fianza. A juicio del ex candidato del PAN a la gubernatura de Sinaloa, Emilio Goicoechea, “todo mundo sabía quién era, y que estaba involucrado en el narcotráfico […] nunca se escondió. Parecía no tenerle miedo a nada. Su buena estrella se acabó después de la balacera de Guadalajara”. En sus declaraciones ministeriales sobre los sucesos de Guadalajara, Francisco dijo ignorar contra quién se había enfrentado Guzmán, aunque consideró que éste tenía intenciones de matar a su hermano Ramón, quien según él ya se encontraba en el avión cuando empezó el enfrentamiento, pues en una discoteca de Puerto Vallarta había tratado de hacer lo mismo con su hermano Javier. Dijo no saber que sus hermanos se dedicaran a actividades ilícitas y haberse enterado a través de la prensa de esas imputaciones. Declaró que desconocía su paradero, pero sabía que se encontraban fuera del país.

En la última semana de julio de 1994, el periodista Rafael Medina Cruz, de Excélsior, publicó declaraciones de Benjamín Arellano Félix, entrevistado por teléfono gracias a la mediación de su esposa, quien afirmó haber tenido correspondencia con el representante del Vaticano, Girolamo Prigione, y agregó que él y su hermano Ramón se habían entrevistado con el nuncio en el D. F. —el sacerdote Gerardo Montaño, de Tijuana, quien fue el intermediario e incluso los acompañó, dijo haber entregado a Prigione unos documentos cerrados y sellados dirigidos a Juan Pablo II—, en fechas distintas y de manera separada: Ramón el 1° de diciembre de 1993 y él mismo el 16 de enero de 1994. Culparon al Chapo Guzmán; Benjamín dijo que tal vez Posadas fue confundido con su hermano Ramón, a quien Guzmán y su gente habrían tratado de eliminar. Relató que mientras su hermano esperaba en casa del nuncio, éste llamó por teléfono al presidente Salinas, se dirigió a Los Pinos y allí se reunió con él y con los titulares de Gobernación, Patrocinio González Garrido, y de la PGR, Jorge Carpizo. Las autoridades les habrían propuesto que se entregaran y ellos estarían dispuestos a hacerlo siempre y cuando se llegara a un arreglo. Prigione le dijo que sobre el caso Posadas había cosas que no se sabrían nunca, ante lo cual Benjamín respondió que no tenía caso entregarse para llegar a esa situación: “¿Qué me gano estando dentro de la cárcel? Entonces, mejor que me busquen hasta donde lleguen”.

Las autoridades se negaron a hacer declaraciones esclarecedoras al respecto. Prigione terminó aceptando que se había reunido con los Arellano, pero aclaró que había sido una “conversación confidencial, no dentro de la confesión”. Se desató una polémica centrada en el papel jugado por el nuncio. Algunos criticaron su intervención en asuntos internos y pidieron que abandonara el país, otros lo defendieron, pocos demandaron una explicación a las autoridades. Adolfo Suárez, presidente del Episcopado Mexicano, dijo: “No me explico cómo atravesaron toda la República y no los detuvieron”, y algunos otros como el entonces candidato presidencial del PRI, Ernesto Zedillo, optaron por no hacer ningún comentario. Se habló también de un posible lavado de dinero vía limosnas. Desde poco antes de las elecciones presidenciales del 21 de agosto el asunto parecía ya haberse olvidado o congelado. El caso fue reabierto en los primeros meses de la administración del presidente Zedillo, quien nombró titular de la PGR a Antonio Lozano Gracia, de extracción panista.

En Sinaloa, los homicidios rebasaban ya la cifra de 150 en los primeros cinco meses de 1993. Los agricultores protestaron por el incremento en el número de secuestros. La inseguridad y la violencia se constituyeron de nuevo en los temas de mayor preocupación. Lugar de origen y terreno de disputa de los grupos señalados por la PGR como implicados en la muerte del cardenal, Sinaloa conocía una vez más las consecuencias de sus desigualdades estructurales históricas y de su larga convivencia con el cultivo y tráfico de drogas y con los traficantes. A pesar de las evidencias, el gobernador sinaloense declaró —en la misma línea de la “filosofía” política compartida con aquel procurador de justicia de Chihuahua a mediados de los ochenta, quien dijo que la existencia de traficantes en su estado eran “puras alucinaciones”— que la violencia en la entidad era “autosugestión”. Para el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Óscar Loza Ochoa, el poder manifestado por los traficantes y la importancia de algunas de las víctimas de sus acciones en la vida social y política de México sugerían algo que hacía pensar “en la antesala de una situación como la de Colombia”. En mayo de 1992, habían estallado dos bombas en colonias residenciales de Culiacán, dirigidas aparentemente contra propiedades de presuntos traficantes. En mayo de 1994, se dio a conocer que agentes de la Policía Judicial Federal habían sido atacados dos veces desde un misterioso helicóptero negro, presumiblemente por traficantes, cerca de Culiacán. Pero el campo de batalla no se limitaba a Sinaloa. La madrugada del 12 de junio de 1994 estalla una bomba frente al Hotel Camino Real de Guadalajara, a pocos metros del salón Camichín donde se festejaban los 15 años de la hija de Luis Enrique Fernández Uriarte, presunto traficante sinaloense. En la fiesta se encontraban varias familias emparentadas con Caro Quintero. La PGR sospechó que los autores intelectuales habían sido los Arellano, pero no creyó conveniente explicar cómo y a partir de qué momento bandas que la propia institución siempre había asociado con Félix Gallardo se convirtieron en rivales. En Sinaloa, el saldo del gobierno de Renato Vega año y medio después de haber iniciado su gestión era de 385 homicidios y más de 70 secuestros de empresarios, agricultores, ganaderos y comerciantes, por cuyos rescates se pagaron grandes sumas de dinero en efectivo y no todos fueron recuperados con vida.

El señalamiento de la existencia de varias bandas de traficantes en diferentes regiones del país —Sinaloa, Baja California, Jalisco, Chihuahua y Tamaulipas, por ejemplo— y de la lucha feroz entre algunas de las más mencionadas, no encaja en la categoría de percepción preferida de autoridades gubernamentales y prensa que designan insistentemente a los grupos de traficantes como “cártel”, que significa originalmente una concentración horizontal que reúne empresas de la misma naturaleza para realizar actividades comunes que se convierten generalmente en monopolio. Lo que se ha dado a conocer oficialmente son actividades de un cierto número de grupos rivales que operan primordialmente en determinados territorios en constante disputa, pues el dominio nunca está ganado de antemano y cuando se logra, su duración siempre es incierta. La acción organizada, concertada y racional de todos los grupos para la búsqueda de un objetivo común no se refleja por ningún lado. Lo que parece existir es más bien un mercado de competencia abierta con una dinámica de control social interno y externo donde predomina el estado de naturaleza; un mercado cuyos agentes sociales actúan conforme al ethos empresarial del liberalismo puro y donde los grupos más fuertes tienden a conformar una especie de estructura oligopólica. Gilberto Rodríguez Orejuela, quien junto con su hermano Miguel ha sido mencionado como cabeza de la organización de traficantes de cocaína más importante de Cali, en entrevista concedida a la revista Time, afirma que el “cártel” de Cali no existe: “Es una invención de la DEA […] Hay muchos grupos, no un solo ‘cártel’. La policía lo sabe. También la DEA. Pero prefieren inventar un enemigo monolítico”.⁷ Los datos dados a conocer por las autoridades de diversos países y en los cuales se apoyan para hablar de la existencia de organizaciones tipo “cártel” —insuficientes para clasificar un fenómeno de manera clara y determinante—, así como los estudios críticos de algunos académicos que rompen con las categorías de percepción dominantes, no permiten pensar que Rodríguez Orejuela esté equivocado, que su señalamiento sea sólo muestra de cinismo o de una estrategia premeditada para engañar al adversario.

Uno de los elementos de mayor visibilidad que conforman el campo del tráfico de fármacos prohibidos es la presencia y el papel clave jugado por comandantes o ex comandantes de la ex DFS y la PJF, además de los agentes o ex agentes de las diversas corporaciones policiacas. La información sobre militares coludidos con traficantes ha sido menos prolífica, pero se ha dado y seguramente su participación es mayor que la que se ha filtrado a los medios de comunicación. En los campos económico, financiero y político el hermetismo casi absoluto es cada vez más sospechoso, pues en ningún país del mundo donde el tráfico de drogas ha llegado a ser importante, esos campos, en grado e importancia variables, han sido ajenos a su funcionamiento: compra de tierras de cultivo, de ranchos ganaderos con pistas de aterrizaje, inversiones en bienes raíces, en la construcción, en el sector terciario, lavado de dinero y financiamiento de campañas políticas. Los “generales” no son necesariamente quienes aparecen como las cabezas visibles.

Los sinaloenses han sido mencionados frecuentemente como dirigentes de los principales grupos de traficantes que operan en la costa del Pacífico desde Jalisco hasta Baja California. En Sonora, por ejemplo, Jesús Chuy Murillo, cuñado de Félix Gallardo, llega a Ciudad Obregón a finales de los setenta, adquiere propiedades para el hermano de éste, José Luis, alias el Mayito, y nombra a Sóstenes Valenzuela Miller abogado y apoderado legal de sus transacciones comerciales. Valenzuela era líder del PRI en Ciudad Obregón. Hace campaña para la presidencia municipal de esa ciudad y lo financian Murillo y el Mayito. Después, Valenzuela pasa a la procuraduría general de Sonora. En diciembre de 1991. Murillo y el piloto aviador Ricardo Bayliss son secuestrados en Jalisco y mueren a causa de las mutilaciones de que fueron objeto: “Les cortaron la lengua, los testículos y los dedos de manos y pies”. Prófugo de la justicia, acusado de narcotraficante, el ex procurador Valenzuela fue visto en Tucson en diciembre de 1991 en compañía de su sucesor en la alcaldía de Ciudad Obregón, Jesús Félix Holguín, y otras personas.

En el campo financiero y empresarial fueron mencionadas, aunque las autoridades no realizaron ninguna investigación conocida al respecto, las relaciones entre Miguel Ángel Félix Gallardo y el sonorense Arcadio Valenzuela, ex presidente de la Asociación de Banqueros de México (1980-1982) y socio mayoritario de Banpacífico hasta diciembre de 1981. Ese año Félix Gallardo adquirió parte de las acciones de ese banco en Guadalajara. Valenzuela comisionó a Tomás Valles Corral para que asesorara al sinaloense en cuestiones bancarias. Según la DEA, otros traficantes han acudido con Valenzuela para que les maneje su dinero. También fueron señalados como socios de Valenzuela en algunos negocios los hermanos y empresarios jaliscienses Javier y Eduardo Cordero Staufer, detenidos en abril de 1985 y presos durante un año y nueve meses, acusados por la PGR de lavar 5 000 millones de dólares para Caro. Además, eran propietarios de la compañía de aviones empleada por éste para huir a Costa Rica.

Otro de los casos de lavado de dinero, dado a conocer en 1994, es el relacionado con el “cártel” de Matamoros o del Golfo, presuntamente encabezado por Juan García Ábrego. Éste habría designado a Ricardo Aguirre Villagómez para lavar 30 millones de dólares. Aguirre, socio de la casa de bolsa Colón en Monterrey, hacía depósitos de dos a tres millones de dólares en la cuenta de ese negocio en el First City Texas Bank, de ahí se transferían al Bankers Trust New York Corp., cuyo vicepresidente de banca privada internacional, Antonio Giraldi —vicepresidente de American Express Bank International a partir de 1990—, había sido contactado por Aguirre aparentemente a través de intermediarios de Operadora de Bolsa de Monterrey. Giraldi creó una compañía fantasma en las Islas Caimán a la cual su banco le prestaba dinero que era utilizado por Aguirre para adquirir bienes en México de manera legítima. Después de ser acusados por un gran jurado de McAllen, Giraldi y su asistente se entregaron en diciembre de 1993. En junio fueron declarados culpables de varios cargos, entre los cuales figuraba el lavado de dinero. Aguirre desapareció a finales de 1993. Según su familia murió en un accidente automovilístico. Las autoridades estadounidenses sospechan que simuló su muerte para no ser enjuiciado.

En Baja California, se le atribuyó al gobernador panista Ernesto Ruffo Appel haber realizado una especie de pacto con el “cártel” de Tijuana, que consistiría en no perseguir a sus miembros si éstos no utilizaban la entidad como campo de batalla. En los años sesenta, un acuerdo similar se le adjudicó al gobernador de Sinaloa, Leopoldo Sánchez Celis, con los traficantes de su estado. Ruffo Appel negó que hubiese recibido personalmente una propuesta de los traficantes y agregó que sólo los conocía en fotografías. La versión periodística señalaba que le habían ofrecido 300 000 dólares por no hacer cambios significativos entre los agentes de la judicial estatal asignados en La Mesa y que el Güero Palma, quien nunca ha sido mencionado como parte del “cártel” de Tijuana sino del de Sinaloa, habría roto el “pacto”. La explicación no tiene lógica, pues ¿por qué habría de respetar alguien algo que no lo incluye?, sobre todo en ese medio.

En resumen, en función de la frecuencia de menciones, las características atribuidas a ellos por las autoridades y el número y la importancia política y social de algunas víctimas, accidentales o no, los traficantes sinaloenses —al igual que los del Golfo, de quienes se sospecha un grado variable de responsabilidad en asesinatos de políticos como el del candidato presidencial del PRI, Luis Donaldo Colosio, el 23 de marzo de 1994, y el del secretario general del mismo partido, José Francisco Ruiz Massieu, el 28 de septiembre de 1994— parecerían estar mejor protegidos que sus homólogos de otras partes del país —surgen más de los que caen… cuando caen, generalmente fuera de su entidad de origen—, contar con organizaciones más sólidas y peligrosamente eficientes, tener más peso que los demás, no temerle a nada ni a nadie y, por lo tanto, ser más osados, sanguinarios y prepotentes. O quizás tan tontos, descuidados, poco previsores, inmaduros y tan mal aconsejados que la alta visibilidad que han logrado con sus acciones más renombradas los ha colocado, aparentemente, como objetivo prioritario de las autoridades mexicanas y de la DEA, en beneficio de quienes mantienen un perfil bajo: efecto “cártel” de Medellín. Si por un lado han dado muestras de su poderío, por el otro han puesto en mayor riesgo, al exponerla más claramente, la gran red de relaciones orgánicas que determina el éxito o el fracaso del negocio para cualquier grupo, lo cual los hace potencialmente más vulnerables.

Quienes sostienen la tesis del poder “paralelo” enfrentado al Estado en México tendrían primero que explicar cómo en un país de centralismo político y presidencialismo exacerbados —según los politólogos, a menos que estén equivocados en su percepción— un dominio tan importante ha escapado de su control, a partir de cuándo o si siempre fue así. Olvidan todos los elementos históricos que apuntan hacia la interdependencia estructural entre ciertas instituciones, agentes sociales de diversos campos y traficantes. Consideran a estos últimos como los responsables primarios, la vía genética del pecado original. Piensan en un antes y un después y no en la simultaneidad y complejidad de relaciones sociales sin las cuales el campo del tráfico de drogas prohibidas no existiría como tal. Algunas de las categorías sociales que lo componen, antes que víctimas inocentes e indefensas de un poder más fuerte e intrínsecamente corruptor, son condiciones de posibilidad de su desarrollo exitoso.

En cuanto al término “colombianización”, quienes lo aplican al caso mexicano, principalmente periodistas, presuponen generalmente que todo mundo sabe a qué se refieren, conoce lo que designa esa categoría de percepción, y además, todo lo implícito que no ha sido categorizado sobre el caso mexicano, así como sus diferencias y semejanzas con el caso colombiano. Esto significa que cada quien le da un sentido que puede cambiar en función de múltiples variables incontroladas. En otros casos, dos explosiones de carros-bomba que se atribuyeron a bandas de traficantes, para eliminarse entre sí, el asesinato de un cardenal, oficialmente de manera accidental, en un enfrentamiento entre traficantes, algunos homicidios de personajes que no ocupaban puestos gubernamentales en el momento de su muerte y por los cuales fueron encarcelados policías y pistoleros relacionados con traficantes, y otros asesinatos de personajes políticos de primer plano en los que las sospechas sobre la participación de traficantes no se han convertido en pruebas (marzo de 1995), han dado pie para etiquetar rápida y fácilmente, principalmente por sus manifestaciones violentas y algunas de las características de las víctimas, un mundo más complejo que escapa a la pseudocomprensión del sentido común: el campo del tráfico de drogas ilícitas en México, cuya formación y modalidades propias no se conocen todavía muy bien y cuyo origen en el país precede en varias décadas al de la experiencia colombiana.

En Colombia, por ejemplo, los sicarios, entrenados por mercenarios extranjeros —israelíes e ingleses, entre otros— contratados por los jefes de bandas, surgen de categorías sociales marginadas. En México, también a veces se echa mano de personal lumpenesco —aparentemente sin entrenamiento especializado—, pero el ahorro en el pago de asesores militares especiales se da mediante el empleo de policías y ex policías como asesinos a sueldo —formados en corporaciones policíacas que parecen funcionar como escuela de criminales—, lo cual no es poco frecuente. En Colombia, a principios de los años ochenta, traficantes conocidos como Carlos Lehder y Pablo Escobar formaron agrupaciones con fines políticos —Movimiento Latino Nacional el primero, y Civismo en Marcha el segundo—, y Escobar llegó a ser diputado suplente. Han enfrentado directa y públicamente al Estado colombiano y han eliminado, a través de sicarios, a personajes con cargo de ministro, gobernador, juez y hasta candidatos presidenciales. Allí, pues, las manifestaciones de fuerza desde fuera del Estado han sido más abiertas, frecuentes, claras, y han apuntado a miembros clave del primer círculo del poder político.

En México, da la impresión que desde un principio el control ha estado en manos del Estado, pero no únicamente a través de las instituciones formalmente encargadas de combatir el tráfico de drogas ilícitas y a los traficantes. Esto significaría que en esas mismas instituciones la consolidación de intereses a través del tiempo ha dado lugar a una estructura de poder al interior mismo del Estado, que en determinadas circunstancias —sobre todo cuando hay presiones políticas de Estados Unidos— ha sido obligada a sacrificar peones fácilmente remplazables, pero no debilitada al punto de poner su existencia en peligro, puesto que no ha tenido que eliminar las razones, relaciones y posiciones clave de poder sin las cuales no es posible organizar y modificar con libertad y autonomía relativas, y con cierto éxito, las reglas del juego. Las reestructuraciones, cada vez más rápidas, y los probables intentos de autonomía —de los aspirantes y suspirantes recién llegados y de los ya poderosos y consagrados que aparentemente quisieran jugar con otras reglas— han provocado un incremento, tal vez real o quizá mejor documentado, de los niveles de violencia armada y la transformación de sus manifestaciones —más tecnificada, acorde con los tiempos— en el campo del tráfico de drogas prohibidas; ese mundo inestable por excelencia, abierto para todos, aunque con probabilidades de éxito distribuidas diferencialmente según los agentes sociales y su ubicación en el espacio social.

8

Fin de siglo y nuevo milenio*

TRÁFICO DE DROGAS Y POLÍTICA

Desde los inicios de la formación del campo del tráfico de drogas en México, éste adquirió características particulares, pues nació a la sombra de intereses del campo político y supeditado a él. Así continuó durante décadas. Lo que se modificó con el tiempo fue la mediación entre el campo político y el del tráfico de drogas. El resquebrajamiento progresivo del sistema político posrevolucionario basado en el presidencialismo y en el partido de Estado, el avance de la oposición política en el Congreso y en los gobiernos estatales y, finalmente, la alternancia en el poder, que implicó el desplazamiento de ese partido (PRI) del Poder Ejecutivo federal mediante elecciones democráticas en el año 2000, crearon por primera vez en México las condiciones de posibilidad para una mayor autonomía relativa del campo del tráfico de drogas respecto del poder político; de allí el recurso a las medidas de excepción actuales, desesperadas, como el uso creciente de las fuerzas armadas, para intentar recuperar los mecanismos de contención y control relativo del negocio del tráfico de drogas que habían operado durante décadas.

El campo del poder político en México ha sufrido modificaciones importantes en los últimos años, las cuales han repercutido en la eficacia de los mecanismos tradicionales de intermediación entre dicho campo y el del tráfico de drogas. Una de ellas ha sido la desaparición de la DFS y otra el ascenso paulatino de la oposición política a puestos de gobierno desde 1989, fecha en la cual el PAN ganó su primera gubernatura, precisamente en Baja California, base de operaciones de la organización de los hermanos Arellano, originarios de Culiacán. Y en 1997 el PRI pierde por primera vez la mayoría en la Cámara de Diputados. El Estado posrevolucionario sufrió cambios que repercutieron en la disminución paulatina de la concentración de poderes en el Ejecutivo federal, y en mayores probabilidades de acciones autónomas tanto de los gobiernos de oposición como de las corporaciones mediadoras entre el poder federal y los traficantes y, por supuesto, de los traficantes mismos. Las mediaciones que operaban en el nivel estatal bajo el control de gobiernos priístas y en conjunción con las corporaciones coactivas federales, fueron modificadas en cierta medida por las nuevas autoridades estatales de distinto signo político, lo cual le restó eficacia al engranaje que había funcionado durante varias décadas. Esta posición de debilidad de las autoridades locales ajenas al PRI, quienes estarían fuera del mecanismo de intermediación dependiente de las autoridades federales de filiación priísta, creó las condiciones de posibilidad para una ruptura de las reglas del juego anteriores de parte de los jugadores de mayor peso o en condiciones de fuerza estratégica, es decir, las corporaciones coactivas federales (PGR y Ejército), las policías locales, a medio camino entre las fidelidades anteriores y las nuevas, y los propios traficantes. No es fortuito que el incremento en los niveles de violencia relacionados con el tráfico de drogas en los años noventa se haya observado en un primer momento en algunos estados donde la oposición política se convirtió en gobierno, coincidentemente estados productores de plantas ilegales, de tráfico y tránsito de drogas, así como de lavado de dinero, y mercados potenciales para el consumo. Ejemplos: Baja California, Chihuahua, Jalisco, Nuevo León y el D. F. El PRI alegó inmediatamente incapacidad de la oposición para gobernar. La inexperiencia en el gobierno tuvo seguramente su peso relativo, pero también se empezó a dar una situación inédita que implicaba probablemente intentos de desestructuración —o de creación de nuevas lealtades partidistas— de uno de los mecanismos locales de intermediación entre el poder político priísta y el del tráfico de drogas. Cuando el PRI recuperó la gubernatura de Chihuahua, por ejemplo, la violencia asociada con el tráfico de drogas no disminuyó, pero se concentró aun más en Ciudad Juárez, ciudad gobernada por el PAN.

En los últimos años del siglo XX, los fuertes sacudimientos de la vieja estructura de poder en México y sus transformaciones dejaron al descubierto algunos de los mecanismos de intermediación y control que habían operado desde los inicios de la relación entre el campo del tráfico de drogas y el político. Como si el recubrimiento de la estructura se estuviese desmoronando y permitiese observar a simple vista el interior de la misma con una parte importante del soporte que le había permitido funcionar eficazmente, revelando los secretos de su construcción. Ya no es novedad, desde hace muchos años, saber acerca de la connivencia entre policías y traficantes. Y cada vez es más frecuente tener noticias de gobernadores acusados de proteger a traficantes, como en las primeras décadas del negocio. Las implicaciones han llegado hasta la familia presidencial en sexenios anteriores. Visto desde la perspectiva inmediatista del sentido común, el fenómeno aparece como “penetración” de los traficantes en el campo político. Visto en perspectiva histórica, se observa el fin de un régimen, de una relación estructural de supeditación histórica y, por lo tanto, una mayor probabilidad de autonomía relativa del campo del tráfico de drogas respecto del campo político.

Documentos de archivos del Departamento de Estado y del Tesoro de Estados Unidos sobre el tráfico de drogas en México a partir de 1916 señalan con mayor frecuencia el nexo entre el campo del tráfico de drogas y el político en el estado de Sinaloa que en el resto del país. El interés de entonces del gobierno de Estados Unidos no era exponer públicamente esa relación, pero los investigadores antidrogas de ese país en territorio mexicano, al igual que los reportes de los cónsules y de personal de la embajada, consignan información al respecto, basada en notas periodísticas, informantes pagados, funcionarios mexicanos, estadounidenses residentes en México y policías. Sobre esos casos no hubo acusaciones formales ni investigaciones de las autoridades mexicanas competentes.

Como se ha señalado en capítulos anteriores, en los años cuarenta Sinaloa ya era mencionado de manera insistente en la prensa nacional y en informes del gobierno estadounidense como el estado que concentraba la mayor producción de adormidera y la sede de los principales traficantes de opio del país. Los propios sinaloenses inventaron la palabra “gomero” para designar a los traficantes de goma de opio. Dentro de Sinaloa, el municipio de Badiraguato destacaba por tener el mayor número de plantíos en todo el país. De esa misma región surgirían posteriormente varios de los líderes más importantes de las organizaciones dedicadas al tráfico de drogas, tales como Ernesto don Neto Fonseca, Rafael Caro Quintero, Joaquín el Chapo Guzmán, Juan José el Azul Esparragoza Moreno, y otros más.

Un informante que la DEA consideraba confiable dijo que la DFS había organizado a los traficantes sinaloenses después de la Operación Cóndor en los años setenta para que realizaran sus actividades de manera más profesional a partir de una base territorial con mejor infraestructura. La desaparición de la DFS no implicó la creación de una institución con atribuciones y capacidad similares y sus miembros se ubicaron posteriormente en otras corporaciones policiacas y de seguridad. En ausencia de la DFS, la Policía Judicial Federal (PJF) sumó de facto a sus atribuciones legales las atribuciones especiales que aquélla había tenido durante casi 40 años en asuntos de drogas. Fue así como el gobierno mexicano autorizó al comandante de la PJF Guillermo González Calderoni, originario de Tamaulipas, a llevar a cabo la persecución de líderes importantes del tráfico de drogas, lo cual implicó una reorganización de las bandas. González Calderoni se encargó de la captura de su compadre Miguel Ángel Félix Gallardo en 1989, y dirigió también el operativo contra Pablo Acosta en 1987, en el cual éste murió. Por otro lado, Calderoni habría apoyado a su amigo y paisano Juan García Ábrego, es decir, disminuía el peso relativo de los sinaloenses con la captura de Félix Gallardo, y por el otro, resultaba beneficiado un grupo que en términos históricos nunca había tenido un papel preponderante en el tráfico de drogas hacia Estados Unidos. Eran los tiempos de la administración de Salinas (1988-1994).

El mismo Calderoni sería perseguido a finales de ese sexenio, en 1993, presuntamente por “enriquecimiento inexplicable”. Huyó a Estados Unidos y se convirtió en testigo protegido de la DEA. Más que por razones de corrupción, Calderoni parece haber sido perseguido porque sabía demasiado sobre el nexo entre el campo político y el del tráfico de drogas. Además, por su posición jerárquica y la importancia de las misiones que se le encomendaron no es posible pensar que Calderoni actuara por cuenta propia, y menos con un presidente como Carlos Salinas, quien según sus admiradores y detractores concentró mucho poder y lo supo utilizar hasta el límite cuantas veces lo juzgó necesario.

ORGANIZACIONES

Cuando las autoridades del gobierno mexicano o las de Estados Unidos y los medios de comunicación hablan acerca del tráfico de drogas en México se refieren principalmente a las organizaciones más importantes y asocian el nombre de las mismas con las ciudades que les sirven presuntamente de cuartel general. Las percepciones generadas de esa manera inducen a la creencia en la creación de estructuras y liderazgos criminales por gente originaria de esas ciudades, o de los estados donde se localizan, que ejercería el control de ciertas rutas y tendría influencia en regiones más amplias. Esto es válido en algunos casos pero no en todos. Hoy, como ayer, la mayor parte de los principales líderes del tráfico de drogas en México que operan en distintas partes del país son originarios del estado de Sinaloa. Su importancia no es reciente. De hecho, los sinaloenses han mantenido la hegemonía en el campo del tráfico de drogas por lo menos desde la Segunda Guerra Mundial, y de manera más visible a partir de los años setenta. Sólo en la administración de Carlos Salinas de Gortari el oligopolio sinaloense fue desplazado del primer lugar por un grupo de Tamaulipas liderado por Juan García Ábrego, aunque no por mucho tiempo.

Sinaloa no es un estado que comparta frontera con Estados Unidos, como Tamaulipas; sin embargo, los traficantes sinaloenses han logrado controlar el mayor número de zonas de producción, de rutas y de sitios fronterizos para pasar la droga hacia Estados Unidos a través de sus propias organizaciones, y para cobrar derechos o comisiones a los traficantes de otras regiones de México y de América del Sur. En la historia del tráfico de drogas en México, los traficantes de Tamaulipas nunca tuvieron el peso ni la importancia de los sinaloenses, excepto en el periodo mencionado anteriormente. Hubo momentos, después de la extradición de García Ábrego en 1996, en que los traficantes de Tamaulipas debieron asociarse con los sinaloenses; estos últimos les surtían la cocaína que introducían a México por la península de Yucatán a través del grupo de Alcides Ramón Magaña, el Metro, de la organización de los Carrillo. Problemas posteriores han derivado en luchas sangrientas entre grupos de Tamaulipas, que quieren tener un control de su territorio, y de sinaloenses que desean colocar a su gente en aquellos lugares de la frontera que todavía no están bajo su dominio.

La captura de Miguel Ángel Félix Gallardo en 1989 provocó la división de la organización más fuerte de México en los años setenta a ochenta. Según algunas versiones, desde la cárcel habría dividido su organización y las plazas más importantes de Chihuahua, Sonora, Baja California y Sinaloa entre sus allegados. De allí surgieron los principales líderes sinaloenses que controlarían el tráfico de drogas en el país con nuevas organizaciones igual o más poderosas: Amado Carrillo, los hermanos Arellano Félix, el Chapo Guzmán, el Mayo Zambada y el Güero Palma, por ejemplo. La mayoría de origen rural, con la excepción de los Arellano, jóvenes de clase media de Culiacán con mayor capital escolar. El único grupo que no dependía de los sinaloenses era el que encabezaba Juan García Ábrego, de Tamaulipas, a quien surtían de cocaína los traficantes de Cali.

Según el informe de un agente encubierto del FBI, García Ábrego contó con la protección de su amigo el comandante Guillermo González Calderoni, originario del mismo estado, por lo menos desde 1986. En la administración de Carlos Salinas, el grupo de García Ábrego fue el más poderoso. Había sospechas de que Raúl Salinas, hermano del presidente, lo protegía. Calderoni había realizado, entre otras cosas, espionaje político contra el PAN en Nuevo León por encargo de Raúl, acusado de ser el autor intelectual del asesinato de su cuñado, José Francisco Ruiz Massieu, quien fuera presidente nacional del PRI. A Raúl se le descubrieron cuentas en Suiza bajo nombres falsos por más de 100 millones de dólares.* Calderoni murió asesinado en McAllen, Texas, luego de salir de la oficina de su abogado, el 5 de febrero de 2003. Las autoridades de Estados Unidos todavía no encuentran al homicida. García Ábrego fue capturado en 1996 y extraditado a Estados Unidos.

A García Ábrego lo sucedió Osiel Cárdenas en Tamaulipas. Cárdenas trabajó como mecánico y entrenador de perros que olfatean droga antes de convertirse en líder de su organización. Cárdenas fue capturado en Matamoros luego de un enfrentamiento a balazos con militares en marzo de 2003. Una característica particular de ese grupo ha sido la utilización de ex militares como sicarios. En un primer momento se publicaron notas según las cuales alrededor de 40 elementos que pertenecieron a los Grupos Aeromóviles de Fuerzas Especiales (GAFE) —un cuerpo de élite entrenado en el exterior en labores de inteligencia, lucha contrainsurgente y combate antidrogas— y que se hacen llamar los Zetas, formaban parte de la organización de Cárdenas. Información posterior de la PGR precisó que algunos eran efectivamente ex GAFE, pero no de los grupos de élite y tampoco de alto rango, sólo tenientes, subtenientes, sargentos, cabos y soldados rasos. Aun así, sus habilidades operativas y capacidad para ejercer la violencia armada están fuera de duda. Se ha hablado de una alianza entre la organización de los Valencia, traficantes de Michoacán, y la de los Carrillo, a través del grupo de Arturo Beltrán Leyva, presunto primo de el Chapo Guzmán, para controlar la plaza de Nuevo Laredo, donde ha habido combates sangrientos entre ellos y los Zetas. Los enfrentamientos han sido muy violentos y ambos bandos han sufrido bajas considerables.¹

Los sinaloenses aprovecharon la coyuntura de la extradición de García Ábrego para incrementar su poderío. La organización de Amado Carrillo, el Señor de los Cielos, que según el ex tesorero del grupo de Cali, Guillermo Palomari, había iniciado negocios desde 1992 con Miguel Rodríguez Orejuela,² se colocó a la cabeza de la estructura oligopólica liderada por sinaloenses. El trato era el siguiente: la mitad de Rodríguez y la otra para Carrillo. Éste se comprometía a pasar la droga del grupo de Cali a Estados Unidos. En los años ochenta, Amado Carrillo fue enviado a Ojinaga por Félix Gallardo para trabajar con Pablo Acosta y vigilar los envíos de cocaína. En 1993, los hermanos Arellano trataron de asesinar a Carrillo en un restaurante de la Ciudad de México. Carrillo viajaba frecuentemente a Las Vegas, donde la DEA nunca lo vio. Tampoco el Mossad cuando estuvo en Jerusalén cargando una cruz por la Vía Dolorosa. Ni el siempre alerta servicio secreto cubano en las ocasiones que visitó la isla. En 1997, el titular del Instituto Nacional para el Combate a las Drogas (INCD), el general Jesús Gutiérrez Rebollo, fue acusado de proteger a Carrillo. Perseguido desde entonces con mayor vigor, Carrillo propuso un trato al gobierno mexicano, según información de inteligencia militar. Quería la mitad de sus bienes, tranquilidad para su familia y libertad para realizar sus negocios a cambio de colaborar para controlar a los traficantes desorganizados, dejar de vender droga en México y enviarla toda a Estados Unidos y Europa, ayudar a la economía mexicana con sus dólares, no usar la violencia y actuar como empresario legal. Murió el 4 de julio de 1997 de complicaciones postoperatorias luego de una cirugía plástica en una clínica de la Ciudad de México. Según la policía, quería controlar su negocio sin la mediación de los colombianos y expandirlo hacia Australia. Había hecho arreglos para instalarse en Chile. También había adquirido propiedades en Argentina.

De los traficantes más conocidos, los hermanos Arellano Félix tendrían el capital escolar más alto, pues por lo menos el mayor de la familia pasó por las aulas universitarias y estuvo inscrito en la carrera de administración de empresas. Se habla de otros miembros con carreras universitarias terminadas. Nacidos en la clase media de Culiacán, sus relaciones sociales abarcaron todos los niveles, desde la época en que el mayor organizaba tardeadas de rock en vivo y nadie, o casi, los asociaba con el tráfico de drogas. Sin duda los más urbanos y los mejor relacionados socialmente desde un principio. Su ascenso se le adjudica a un supuesto parentesco cercano con Miguel Ángel Félix Gallardo —de origen semiurbano, con mayor escolaridad que sus contemporáneos y el mejor relacionado con el mundo político y el de los negocios—, quien habría heredado su organización a sus sobrinos o primos, según las dos versiones oficiales. Félix Gallardo y los Arellano han negado tener algún grado de parentesco, aunque un ex amigo de ellos, el Chapo Guzmán, en su declaración ministerial luego de su captura en 1993, afirmó que sí son familiares. Si el parentesco es real, en el negocio del tráfico de drogas no sería condición suficiente. La experiencia en el medio es uno de los requisitos fundamentales para poder sobrevivir y crecer. Su éxodo hacia Tijuana y el control de la plaza sin ser originarios de allí tampoco pueden explicarse de manera satisfactoria por la tesis de la herencia en un campo en el que hay que hacer méritos para acceder a posiciones clave de poder. El misterio de su ascenso parece que habría que buscarlo por el lado del campo político, como en el caso de Félix Gallardo y de otros más.

El caso de los Arellano es el más atípico, dado su origen social y la ausencia de vínculos históricos probados con viejos grupos de traficantes sinaloenses. Su rápido ascenso y el logro del control de una de las plazas más rentables de la frontera norte es una historia de la cual se desconocen aún algunos capítulos. Desde el periodismo se ha consignado parte de su trayectoria delictiva.³ Habrían trabajado en Tijuana con Jesús Labra Avilés —presunto sobrino de Pedro Avilés, uno de los traficantes más fuertes de los setenta, originario de Durango y con una gran presencia en Sinaloa; asesinado en ese estado en 1978—, a quien Félix Gallardo le habría confiado esa plaza por sus relaciones familiares. En alguna ocasión fueron mencionados en el Senado de Estados Unidos presuntos vínculos entre Carlos Hank González (ya fallecido), uno de los políticos del PRI más poderosos de México en su momento, y los Arellano. Uno de los hijos de Hank, Jorge, dedicado al negocio de juegos de azar, y presidente municipal electo de Tijuana (PRI) en 2004, ya residía en Tijuana cuando los Arellano llegaron a instalarse en la ciudad. Algunos de los enfrentamientos más sangrientos entre traficantes se han dado entre la organización de los Arellano y las de los otros sinaloenses, antes asociados, por disputas de territorios y control de plazas.

Dos de los hermanos Arellano caerían casi 10 años después del asesinato del cardenal Posadas en 1993. Desde antes de la muerte de Ramón Arellano y la captura de su hermano Benjamín, el grupo de su ex socio a principios de los noventa, Ismael el Mayo Zambada, otro sinaloense asociado con los Carrillo, se había enfrentado con ellos en su propio territorio y fuera de él. Ramón encontró su destino en Mazatlán. Le habían informado que Zambada se encontraría en el puerto sinaloense y había decidido eliminarlo él mismo. El plan se frustró cuando Ramón y sus pistoleros fueron detenidos por andar armados. En el enfrentamiento, Ramón fue alcanzado por las balas de un policía moribundo en febrero de 2002. El cuerpo fue retirado de la funeraria por su gente antes de que las autoridades supieran de quién se trataba. En marzo del mismo año Benjamín fue capturado en Puebla por un grupo especial de militares. Se afirma que otros miembros de la familia continúan el negocio. Jesús Blancornelas, periodista a quien los Arellano trataron de silenciar y que escapó al atentado en su contra, ha dicho que viven en Estados Unidos, en California, cerca de la frontera, donde la DEA y otras corporaciones policiacas estadounidenses no han sido capaces de encontrarlos. En junio de 2004, otro editor del semanario Zeta, Francisco Javier Ortiz Franco, fue asesinado por sicarios relacionados con los Arellano en Tijuana.

Los demás sinaloenses como Caro Quintero, Ernesto Fonseca, Amado Carrillo, el Chapo Guzmán, el Güero Palma, el Mayo Zambada, el Azul Esparragoza y un gran número de quienes les antecedieron en otras décadas, son originarios de zonas rurales, de la sierra o de los valles agrícolas, tienen una escolaridad mucho más baja, con la excepción quizás de Amado Carrillo y Palma, a quienes autoridades y periodistas les han atribuido, sin pruebas conocidas, un paso fugaz por escuelas de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Son gente que se hizo en el terreno como aprendiz en posición privilegiada —por nacimiento, relación familiar o amistad—, o como “burro”, gatillero, secuestrador, robacarros o asaltante. Son los herederos naturales de los traficantes más viejos y experimentados del país.

Se dice que el fronterizo y pionero de la doble nacionalidad, Juan García Ábrego —nacido en La Paloma, Texas, según Janet Reno, o en el rancho La Puerta, Matamoros, Tamaulipas, según Eduardo Valle; mexicano, según Robert Gelbard, ex titular de asuntos de narcóticos del Departamento de Estado—, llegó hasta el segundo grado de primaria, fue lechero y robacarros, y se inició en el tráfico de drogas con el padrinazgo de su tío, el legendario cotrabandista tamaulipeco Juan N. Guerra. Según Óscar López Olivares, alias el Profe, tránsfuga de la banda del Golfo convertido en informante del FBI, tuvo que enseñarle a García Ábrego los principios básicos de la distinción: desde las maneras de mesa hasta cómo vestir y portar su Rólex. Era tan temible que después de su captura y entrega al gobierno estadounidense ningún funcionario de primer nivel cayó abatido por ráfagas de cuerno de chivo o cargas de dinamita, no explotó ni un petardo en algún edificio público, y el peso y la Bolsa de Valores tampoco registraron su presunta capacidad económica desestabilizadora. Frustró incluso las expectativas de los medios de comunicación al continuar la tradición de no romper la omertà en el juicio que se le hizo en Houston. Su ascenso meteórico, al igual que su descenso, fue el más claramente sexenal de todos los conocidos. El oligopolio de los sinaloenses ha operado con tiempos distintos, transexenales.

Pero el oligopolio sinaloense no es homogéneo. Hay básicamente dos grupos principales cuya rivalidad se remonta a los inicios de la década de los noventa: la organización de los hermanos Arellano Félix y la de Amado Carrillo y asociados. Los primeros son originarios de Culiacán, la capital del estado de Sinaloa, de clase media urbana, algunos de ellos con estudios universitarios. Los miembros de la organización Carrillo y sus principales asociados nacieron, por lo general, en zonas rurales pero cuentan con la experiencia de ser los herederos de las primeras generaciones de traficantes de Sinaloa. Bandas de otras regiones del país y del extranjero han tenido que llegar a acuerdos y a asociaciones estratégicas con los sinaloenses para poder introducir su mercancía al mercado estadounidense. Quien controla los cruces fronterizos está en posición de fuerza frente a cualquier organización, mexicana o extranjera, para negociar el paso de la droga hacia Estados Unidos. Entre las organizaciones sinaloenses, destaca la de los Carrillo por su capacidad de concentración y reproducción de líderes con una larga experiencia en el negocio, y por la cohesión, a la manera de las familias sicilianas, que han mostrado a lo largo de poco más de una década, lo cual le da mayores ventajas frente a sus competidores.

La tarde del 11 de septiembre de 2004, un grupo armado acribilló en Culiacán, en el estacionamiento de un complejo de salas de cine, a Rodolfo Carrillo Fuentes, hermano de Amado, y a su esposa. El cuerpo de Carrillo tenía el tiro de gracia. Varios de los agresores cayeron abatidos por la policía luego de una persecución por caminos cercanos a la capital sinaloense. El procurador de justicia de Sinaloa señaló que el modus operandi de los sicarios hacía pensar que se trataba de los Zetas. Pocas horas después, autoridades de la PGR afirmaron que los pistoleros eran de la banda del Chapo Guzmán y agregaron que desde enero de 2004 había habido diferencias entre éste y Rodolfo Carrillo, el cual habría asesinado a cinco socios de Guzmán por haber introducido cocaína a Estados Unidos sin su consentimiento. Vicente, líder de la organización de los Carrillo, habría dado la orden de eliminar al Chapo y a su gente, con el visto bueno del Mayo Zambada.⁴ De ser así, la pugna Guzmán-Carrillo significaría la primera escisión importante de esa coalición en más de una década y pondría en peligro la cohesión que los había caracterizado.

En un documento sobre el problema de las drogas elaborado de manera conjunta entre México y Estados Unidos en 1997 se afirmó acerca de México:

Los narcotraficantes no han logrado reflejar su poder económico en un poder político equivalente […] no tienen la capacidad de enfrentarse abiertamente en venganza al Estado y a las instituciones responsables del control y la procuración de justicia. Si bien algunos acontecimientos pueden indicar lo contrario, tales como los homicidios selectivos, el énfasis debe hacerse en que no se trata de una respuesta sistemática y recurrente.⁵

Así ha sido desde el surgimiento del campo del tráfico de drogas en la segunda década del siglo XX.

MILITARES

Después de la Operación Cóndor en los setenta, los militares mexicanos no volvieron a tener un papel protagónico similar. Continuaron apoyando a la PGR en la destrucción de cultivos, como lo venían haciendo desde los años treinta. A partir de 1995 varios militares son nombrados para ocupar puestos operativos en la PGR, pero son retirados posteriormente. Las elecciones federales del 2000 terminaron con el monopolio del partido que mantuvo el poder durante 71 años. La nueva administración del presidente Vicente Fox nombró a un general como titular de la PGR, y éste a su vez colocó en puestos operativos a sus colegas militares. Además, grupos de élite de las fuerzas armadas han sido los encargados de realizar operaciones de inteligencia y la captura de varios líderes de las organizaciones más importantes del tráfico de drogas en México.

Esto significa un desplazamiento de facto de la autoridad de la PGR a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) para operar la estrategia antidrogas, sin modificación del marco legal, sólo la aplicación de la voluntad presidencial basada en el artículo 89 de la Constitución, considerado en la práctica superior al 129 del mismo texto.⁶

En su momento, el entonces titular de la PGR, Jorge Madrazo, señaló que el enemigo estaba en casa y que no confiaba en su propia policía. Esta certeza la ha tenido desde hace muchos años el gobierno de Estados Unidos y por eso, como en América del Sur, ha apoyado la militarización de las instituciones encargadas de la política antidrogas en México. Se piensa en el Ejército como una institución más sólida, confiable y menos corrupta que la PGR. En 1995 se da un mayor acercamiento entre los ejércitos de Estados Unidos y México para cooperar en programas de entrenamiento de soldados mexicanos en lucha contrainsurgente y antidrogas.⁷ El mismo año se inicia un plan piloto de militarización del combate a las drogas en Chihuahua y posteriormente se nombra a militares con licencia para hacerse cargo de los principales puestos operativos de esa medida en el territorio nacional. La estrategia no tardó mucho en mostrar sus debilidades. A pocas semanas de haber sido nombrado a la cabeza del Instituto Nacional de Combate a las Drogas (INCD), el general Jesús Gutiérrez Rebollo es detenido a principios de 1997 acusado de proteger a la organización de Amado Carrillo.⁸ A su vez, el general señaló que el titular de la Defensa Nacional estaba informado del trabajo de inteligencia que realizaba, para lo cual tenía informantes entre los traficantes, y agregó que el suegro del presidente Zedillo tenía relaciones con traficantes, en particular con los hermanos Amezcua.⁹

El caso Gutiérrez Rebollo ha sido utilizado frecuentemente por los gobiernos mexicano y estadounidense como ejemplo de penetración de los traficantes en las estructuras del Estado a través de la corrupción. Pero ¿cómo se puede penetrar una estructura de donde surgió el propio campo del tráfico de drogas, una estructura de poder de la que se es parte en posición subordinada políticamente?

Entre las primeras medidas propuestas por el nuevo presidente electo el 2 de julio de 2000 y su equipo de transición en cuestiones de seguridad y justicia fueron mencionadas las siguientes: no considerar el tráfico de drogas como un asunto de seguridad nacional, sino pública; retirar al Ejército de la lucha antidrogas; desaparecer la PGR y en su lugar crear la Fiscalía General de la Nación y la Secretaría de Seguridad y Servicios a la Justicia; y concentrar a las policías e instituciones de inteligencia en esta secretaría y quitarle el control a la Secretaría de Gobernación de las corporaciones policiacas que dependen de ella.¹⁰ Hay que recordar que considerar el tráfico de drogas como amenaza para la seguridad nacional fue una orden oficial firmada por el presidente Reagan en 1986 (National Security Decision Directive 221)¹¹ que autorizó al Departamento de la Defensa a involucrarse en una gran variedad de actividades antidroga, especialmente en la frontera México-Estados Unidos. El presidente De la Madrid fue el primero en aceptar la tesis reaganiana como propia.

El equipo de transición realizó una ruptura discursiva con las tesis defendidas por Estados Unidos y los tres gobiernos anteriores al del presidente electo Vicente Fox. A eso se agregó también la oposición de éste al mecanismo anual de certificación unilateral. Además, se mostró la intención de transformar y reorganizar las instituciones de seguridad, históricamente fieles al presidente, al partido de Estado y a sus propios grupos internos de poder, pero no al país. Instituciones con una posición más partidista y mafiosa que institucional. Los retos eran modificar cualitativamente las instituciones de seguridad y justicia existentes, asegurar su autonomía respecto del poder Ejecutivo, asegurar la institucionalidad de su personal, evitar las fuerzas centrífugas y la feudalización del poder y lograr que el gobierno de Estados Unidos respetara la soberanía de México para definir su propia visión acerca de la política antidrogas.

La posición manifestada por los representantes del equipo de transición del presidente electo acerca del retiro del Ejército de la lucha antidrogas cambió luego de una reunión privada con Barry McCaffrey en la sede de la embajada de Estados Unidos en México, en el viaje que el zar antidrogas hizo al país la segunda semana de agosto de 2000 para asistir a una reunión del Grupo de Contacto de Alto Nivel (GCAN), creado por los gobiernos de ambos países en 1996. El cambio de posición mostró en pocos días el límite de la autonomía del gobierno mexicano en la política antidrogas. El proceso de militarización en ese terreno y en el de las principales instituciones de seguridad, similar al esquema que el gobierno de Estados Unidos ha apoyado en otros países de América Latina, ganó la partida. Ya en funciones, el presidente Fox nombró a un militar a la cabeza de la PGR, y éste a su vez designó a otros oficiales del Ejército para dirigir posiciones clave de poder en esa estructura. No se puso fecha para el retiro eventual de los militares.

Pero los militares no tienen el poder mágico de controlar la demanda en Estados Unidos, en México, ni en cualquier otro lugar. Las fuerzas armadas corren evidentemente el riesgo de ver incrementados los niveles de corrupción en sus filas, y en el peor de los casos de ser el espacio de articulación de fuertes intereses relacionados con el tráfico de drogas, que desplazarían su centro de gravedad del campo de la vieja estructura política hacia las fuerzas armadas y a otros aparatos de seguridad integrados especialmente por militares. En ese caso, lo mejor será encomendarse a Malverde, Judas Tadeo y a todos los santos y vírgenes milagrosos. O pedirle a gritos al gobierno estadounidense que venga a poner orden en la casa, o a ofrecernos una solución “milagrosa” al estilo Plan Colombia.

Durante la administración Fox la Secretaría de la Defensa Nacional ha tenido un papel central en la lucha antidrogas. Equipos especiales de militares han estado a cargo de la captura de los líderes más importantes de las organizaciones de traficantes de drogas. Entre los capturados figuran personajes clave de las principales bandas. Aun así, el grupo de los Carrillo y asociados sigue concentrando el mayor número de líderes experimentados en libertad. Ello coloca a ese grupo de sinaloenses en una posición de mayor ventaja competitiva frente al resto de quienes componen el campo del tráfico de drogas en México, lo cual asegura la permanencia y reforzamiento de su hegemonía en el mismo.

Contrariamente a los traficantes de Tamaulipas, los sinaloenses no han llamado a grupos especializados de ex militares para formar parte del liderazgo de sus organizaciones, para emplearlos de manera permanente como sicarios, o permitirles controlar alguna de las plazas. Los Arellano han echado mano de pistoleros surgidos de las clases altas de Tijuana —un caso único y atípico— y de clase baja del barrio Logan en San Diego. La organización de los Carrillo y sus asociados han preferido contratar a gatilleros de zonas rurales de Sinaloa y otras partes del país. Los militares involucrados con ellos han sido en su mayoría gente ajena a las organizaciones, los han apoyado desde la propia corporación militar o desde la PGR a cambio de dinero, como pago por los servicios recibidos, por la protección e información. Aunque los militares asociados al grupo de Tamaulipas no son muchos, su entrenamiento altamente especializado puede tener efectos multiplicadores porque ellos mismos están en posibilidades de enseñar a más miembros de la organización lo que aprendieron. Serían una especie de incubadora del paramilitarismo relacionado con el negocio de las drogas. Por otra parte, de allí mismo pueden surgir nuevos liderazgos con un perfil distinto al tradicional, y con un mejor conocimiento de las técnicas profesionales de la guerra. Los traficantes sinaloenses no parecen hasta hoy particularmente inclinados a permitir la presencia de ex militares en sus estructuras de mando como una estrategia permanente. En caso contrario, el escenario implicaría cambios cualitativos en las características de los enfrentamientos armados entre las bandas, en la eficacia para prever las estrategias de los grupos especiales de las fuerzas armadas que los combaten, y en una mayor capacidad operativa. La política de una militarización creciente de la lucha antidrogas crea potencialmente esa posibilidad, pues a mayor y mejor entrenamiento de las fuerzas especiales desde el punto de vista técnico y mayor cercanía con asuntos de drogas, sin modificaciones sustantivas en el terreno ético e institucional, mayores probabilidades de corrupción y de cambio de fidelidades.

Después del 11 de septiembre de 2001 el gobierno de Estados Unidos ha insistido en su tesis del vínculo indisoluble en todo tiempo y lugar entre el terrorismo y el tráfico de drogas. La única organización de traficantes en México señalada por sus presuntas relaciones con grupos designados como terroristas ha sido la de los hermanos Arellano. La PGR aseguraba desde finales del 2000 que tenían nexos con las FARC, que intercambiaban armas por drogas.¹² El organismo del gobierno peruano llamado Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (Devida), encargado del diseño y la conducción de la estrategia antidrogas, afirmó que traficantes de Brasil, Colombia y México, sin mencionar de manera particular a ninguna organización, estaban operando en la selva de Perú con el apoyo de Sendero Luminoso.¹³ No se han señalado relaciones de colaboración entre grupos guerrilleros y de traficantes mexicanos. El EZLN, por su parte, ha decretado la prohibición total de cultivar, traficar y consumir drogas en su territorio.¹⁴

BALANCE PROVISIONAL

Como se ha demostrado a través de la historia del tráfico de drogas, la captura de algunos jefes de organizaciones, o de miles de personas de más baja jerarquía, no ha tenido efectos sensibles en la oferta ni en la cantidad de droga introducida a Estados Unidos.¹⁵ Incluso las medidas de seguridad adoptadas en sus fronteras después del 11 de septiembre de 2001 no han modificado sustancialmente la oferta y el precio de las drogas ilícitas en el mercado de ese país. Las aprehensiones de traficantes no han disuadido a quienes se dedican al negocio ilícito a cambiar de actividad. La rentabilidad sigue siendo alta y no parece que se vaya a modificar en un plazo corto. Lejos de disminuir, la hegemonía de las organizaciones de traficantes lideradas por sinaloenses continúa después de varias décadas.

A casi un siglo del comienzo de la prohibición contra las drogas que conocemos hoy en día, y a juzgar por los resultados, la invariabilidad de los fundamentos que la sostienen lleva necesariamente a su autoperpetuación. El fin mismo de esta llamada guerra parece ser el mantenerla. Las guerras sin fin no las ganan las sociedades. Además de los traficantes, quienes han sido autorizados para combatirlos tampoco están interesados en que la guerra se termine: es su razón de ser. Hay que tener sin duda una fe de cruzado para continuar una política de fracasos con efectos multiplicadores e insistir en ella. Las razones para seguir por esa vía parecen ser tres: la “manita de puerco” que aplica Estados Unidos a México, llamada eufemísticamente en el medio académico y diplomático “asimetría de poder”, el autoconvencimiento del gobierno mexicano, o una combinación de las dos. Igualmente importante para determinar quién gana o pierde en ese juego es analizar la creencia en el mismo y sus reglas, o el conocimiento del mismo y sus fundamentos. Los cruzados actúan con base en creencias, en los dogmas de la fe, en una causa que consideran justa, independientemente de los costos. Desafortunadamente, la espiral de la violencia está asegurada, pues la lógica misma de la represiva política antidrogas de inspiración estadounidense es un callejón sin salida.

Los últimos años del siglo XX en México terminaron con el encarcelamiento y la sentencia de diversos personajes, entre los cuales destacan el general Jesús Gutiérrez Rebollo, ex titular del desaparecido INCD, acusado de proteger al grupo de Amado Carrillo; el hermano de un ex presidente acusado de ser el autor intelectual del asesinato de su ex cuñado cuando éste era presidente del PRI; “hermano incómodo” sospechoso de haber protegido al grupo de Juan García Ábrego, traficante extraditado a Estados Unidos. Por otro lado, autoridades suizas congelaron más de 100 millones de dólares de cuentas bancarias de Raúl Salinas y sus seudónimos por considerar que eran producto del lavado de dinero de la droga. El siglo XX finalizó también con información aparecida en la prensa desde 1997 donde autoridades mexicanas y de Interpol mencionaron al entonces gobernador de Quintana Roo, Mario Villanueva,* como protector del poderoso grupo de los Carrillo y asociados. El titular de la FEADS en ese entonces, Mariano Herrán, declaró un día, cuando el gobernador ya había terminado su mandato y huido con rumbo desconocido, que Villanueva era uno de los líderes del propio grupo, lo cual implicaba negar la tesis oficial de la penetración de los traficantes en el campo político y aceptar que desde éste se controla el negocio. Al día siguiente, un comunicado de prensa firmado por Herrán señalaba que la declaración había sido equivocada. El 31 de mayo de 1999, se dio a conocer en un periódico nacional¹⁶ la existencia de un documento oficial elaborado por el Centro Nacional de Inteligencia sobre Drogas de Estados Unidos (NDIC, por sus siglas en inglés), adscrito al Departamento de Justicia, donde se menciona a Carlos Hank González, sus hijos y socios como una amenaza para ese país por sus relaciones con organizaciones de traficantes en México, particularmente con los hermanos Arellano Félix, por haber lavado dinero y haber ayudado a transportar droga. Las imputaciones contra la familia Hank y otras contra el secretario particular del presidente Zedillo, Liébano Sáenz, fueron inmediatamente negadas por la principal autoridad antidrogas de Estados Unidos, Barry McCaffrey, y por el embajador de ese país en México, Jeffrey Davidow, quien culpó a la prensa mexicana y estadounidense por “enturbiar” las relaciones bilaterales.

De norte a sur, de frontera a frontera, de principios de siglo a finales del mismo y en lo que va del nuevo milenio, de gobernadores hasta la familia presidencial, lo que ha permanecido es el señalamiento constante de la relación entre el poder político, policiaco, o ambos, y el tráfico de drogas. Con base en la investigación histórica, el tráfico de drogas aparece en sus inicios como uno más de los negocios posibles desde el poder político y supeditado a éste. En las percepciones generalizadas actuales de la sociología espontánea, el mismo fenómeno es presentado como la penetración de las hordas bárbaras corruptoras en las principales instituciones inmaculadas que tienen la responsabilidad de aplicar la ley contra quienes se dedican al negocio de las drogas ilícitas. Los defensores de esta visión tendrían que explicar cómo el poder político hegemónico pasó de ser el campo desde el cual personajes e instituciones operaron como actores, protectores y reguladores del negocio a víctima del poder acumulado por las criaturas que contribuyó a procrear.

La exploración histórica para entender cómo surgió y se desarrolló el fenómeno del tráfico de drogas ilícitas en México proporciona elementos que permiten ubicarlo como uno de los componentes de las relaciones de poder que se han tejido desde la constitución del Estado posrevolucionario, como un componente cuya importancia ha sido variable en diferentes momentos y que ha tenido un crecimiento constante y acelerado desde los años sesenta. La acumulación económica en sí misma no ha sido determinante para definir el grado de poder e independencia de los traficantes. La autonomía relativa respecto del poder político que han logrado en años recientes tiene mucho que ver con la desarticulación de los viejos mecanismos de control e intermediación que caracterizan el fin del régimen de partido de Estado, con el crecimiento de la oposición política y las posiciones de poder que ésta ha logrado en el ámbito regional en zonas productoras y de tráfico de drogas. Uno de los retos para las fuerzas democráticas, por lo menos en este momento, es evitar caer en una situación similar a la rusa, donde los desplazados de la vieja estructura de poder político y policiaco constituyen el núcleo duro del crimen organizado, y no porque éstos hayan sufrido una transformación espontánea, sino porque de cierta forma ya operaban en esa esfera, pero de manera legítima.

Si antes, con los civiles, no se sabía mucho de lo que realmente pasaba en el campo del tráfico de drogas, con los militares la información no ha sido mejor. Desde 1986, los distintos gobiernos mexicanos, independientemente del signo político, adoptaron sin mayor distanciamiento crítico y se encerraron en una trampa conceptual que obliga a quienes deciden llevar su lógica implícita hasta sus últimas consecuencias a la militarización de los aparatos de seguridad. No está por demás insistir en el incremento de las probabilidades de corrupción entre los militares al ponerlos en los puestos operativos de la lucha antidrogas. También, y más grave, en el desplazamiento de la relación histórica entre tráfico de drogas, policía y política, hacia las fuerzas armadas y los militares que ocupan ya no pocas de las principales posiciones de poder en los aparatos de seguridad del país. La “guerra contra las drogas” es una guerra interminable. Incluir el tráfico de drogas como asunto de seguridad nacional es eternizar la presencia militar en su combate. A nueve décadas del inicio de leyes prohibicionistas en Estados Unidos y de acciones para hacerlas cumplir que han combinado a través del tiempo medidas policiacas y militares en distintas partes del mundo, con resultados negativos directamente proporcionales al reforzamiento de esas medidas, deberían hacernos reflexionar en la necesidad urgente de alternativas a ese paradigma. La legalización ha sido propuesta en varias ocasiones por distintas voces, generalmente individuales o de pequeños grupos, algunos más organizados y mejor informados que otros, la mayoría sin peso político. Sin embargo, la propuesta no forma parte de la agenda política de ningún gobierno. Pero como en otros países, la descriminalización progresiva de ciertas drogas podría ser el primer paso.

* Este capítulo retoma ideas expresadas en diversas conferencias y en textos del autor publicados en revistas y libros editados en México y otros países. Para mayores detalles, véase: Luis Astorga, Drogas sin fronteras, México, Grijalbo, 2003; “Géopolitique des drogues au Mexique. L’hégémonie des Sinaloans sur le trafic de drogues illicites”, Hérodote, núm. 112, ler trimestre 2004; “Mexico: drugs and politics”, en Menno Vellinga (editor), The Political Economy of the Drug Industry, University Press of Florida, 2004; “The field of drug trafficking in México”, en Globalisation, Drugs and Criminalisation. Final Research Report on Brazil, China, India and México, UNESCO-MOST-UNODCCP, 2002; “La seguridad dependiente, en Bien común y gobierno, México, Fundación Rafael Preciado Hernández, A. C., año 7, número 77, mayo de 2001; “Límites de la política antidrogas en México”, Revista Internacional de Ciencias Sociales, núm. 169, UNESCO, 2001; “Mexique: tendences recentes du trafic de drogues”, Mondes en Dévelopement, núm. 110, tomo 28, París-Bruselas, año 2000; “Crimen organizado y la organización del crimen”, en John Bailey y Roy Godson (compiladores), Crimen organizado y gobernabilidad democrática, México, Grijalbo, 2000; “Drug Trafficking in México: a First General Assessment”, Discussion Paper, núm. 36, MOST-UNESCO, 1999.

* Raúl Salinas fue absuelto del asesinato en 2005, liberado y exonerado del delito de enriquecimiento ilícito en 2013 (véase: http://aristeguinoticias.com/0108/mexico/raul-salinas-libra-17-anos-de-procesos-penales-cronologia/).

* Extraditado a EU en mayo de 2010 (véase: http://archivo.eluniversal.com.mx/notas/678942.html).

Notas

1.EL PORFIRIATO Y LOS AÑOS VEINTE

¹ Comercio Exterior de México 1877-1911, Estadísticas Económicas del Porfiriato, México, El Colegio de México, 1960, p. 214; Diario Oficial, 30 de enero de 1992.

² Véase Alfonso Luis Velasco, “Geografía y Estadística del Estado de Sinaloa”, en Geografía y Estadística de la República Mexicana, t. II, México, Oficina Tipográfica de la Secretaría de Fomento, 1889, pp. 12-13, 20-46, reproducido en Sergio Ortega y Edgardo López Mañón (compiladores), Sinaloa: textos de su historia, México, vol. 2, Instituto de Investigaciones José María Luis Mora, 1987, p. 143.

³ Véase Juan M. Riesgo y Antonio J. Valdés, Memoria estadística del Estado de Occidente, Guadalajara, Imprenta a cargo de C. E., Alatorre, 1828, en Ortega y López, op. cit., vol. I, p. 97.

⁴ Eustaquio Buelna, Compendio histórico, geográfico y estadístico del estado de Sinaloa, México, Imprenta y Litografía de Ireneo Paz, 1877.

⁵ Amado González Dávila, Diccionario geográfico, histórico, biográfico y estadístico del estado de Sinaloa, Culiacán, Gobierno del Estado de Sinaloa y H. Ayuntamiento de Mazatlán, 1959, p. 462.

⁶ La Farmacia, 15/XI/1890.

⁷ La Farmacia, 15/VI/1891.

⁸ La Farmacia, 15/VII/1891.

⁹ La Farmacia, 15/I/1891.

¹⁰ La Farmacia, 15/VIII/1892.

¹¹ La Farmacia, 15/I/1903.

¹² La Farmacia, 15/VI/1898.

¹³ La Farmacia, 15/V/1899.

¹⁴ Francisco A. Flores, Historia de la medicina en México desde la época de los indios hasta la presente, vol. 3, México, Oficina Tipográfica de la Secretaría de Fomento, 1886, p. 673.

¹⁵ El Correo de la Tarde, Mazatlán, Sinaloa, 29/IX/1898.

¹⁶ El Correo de la Tarde, 7/VI y 19/XII 1913.

¹⁷ Voz del Norte, Mocorito, Sinaloa, 2/XII/1908.

¹⁸ Gaceta de Policía, D. F., 4/II/1906.

¹⁹ Gaceta de Policía, 4/III/1906.

²⁰ El Demócrata Sinaloense, Mazatlán, Sinaloa, 18, 19, 20, 21, 24 /I/ 1922: 16/II, 30/III y 8/IV/1922.

²¹ El Demócrata Sinaloense, 10/VII/1928; 3/III/1929.

²² La Farmacia, I/IX/1917 y X/1920.

²³ La Farmacia, IV, IX, X/1921 y I/1922.

²⁴ Cristian Bachmann y Anne Coppel, Le Dragon Domestique, Deux siècles de relations étranges entre l’Occident et la drogue, París, Albin Michel, 1989, p. 102.

²⁵ La Semana Ilustrada, D. F., 15/V/1912.

²⁶ El Demócrata Sinaloense, 10/II/1922.

²⁷ El Correo de la Tarde, Mazatlán, Sinaloa, 27/I y 28/VII de 1898.

²⁸ La Farmacia, l/VIII/1917.

²⁹ La Farmacia, 15/VI/1904.

³⁰ El Correo de la Tarde, 20/XI/1900.

³¹ La Farmacia, 15/XII/1897. Subrayado original.

³² La Farmacia, 15/I/1901.

³³ El Correo de la Tarde, 16/VIII/1899; 10/I, 22/I, 25/III y l/IX/1913. Subrayado original.

³⁴ Gaceta de Policía, 17/XII/1905.

³⁵ Gaceta de Policía, 18/II/1906.

³⁶ Diario Oficial, 15/III/1920.

³⁷ La Farmacia II/1925.

³⁸ La Farmacia, VI/1926.

³⁹ La Farmacia, VII/1929.

⁴⁰ El Demócrata Sinaloense, 12/XII/1925; 20/I y 4/II/1926; 14/II/1927.

⁴¹ El Demócrata Sinaloense, 15/IV, 29/VII/1922; 27/I, 25/X/1926; 16/II, 3, 4/III, 27/VI, 27/VIII, 24/IX/1927; 6, 23, 25/IX/1928; 31/III, 2, 4/VII/1929.

⁴² El Demócrata Sinaloense, 10/I/1922.

⁴³ El Demócrata Sinaloense, 7/VII/1924.

⁴⁴ El Demócrata Sinaloense, 23/I/1922.

⁴⁵ El Demócrata Sinaloense, 3/I/1922.

⁴⁶ El Demócrata Sinaloense, 9/III/1922.

⁴⁷ El Demócrata Sinaloense, 12/IV/1922.

⁴⁸ El Demócrata Sinaloense, 24/I/1923 y 28/VI/1924.

⁴⁹ El Demócrata Sinaloense, 18/XII/1925; 21/I, 15, 26/XII/1926; 20/II, 30/III, 20, 23/IV, 13/V, 8/VI, 16,29, 31/VIII, 2, 4, 5, 21/IX, 25/X, 1, 12/XI, 30/XII/1927; 19/VIII/1928; 15/XI/1929.

⁵⁰ David Alfaro Siqueiros, Me llamaban el Coronelazo (Memorias), México, Biografías Gandesa, 1977, pp. 204-208.

⁵¹ La Farmacia, 15/III/1939.

⁵² La Farmacia, VII-XII/1931 y I-VII/1932. Subrayado original.

⁵³ La Farmacia, V/1923 y X/1923; El Demócrata Sinaloense, 7/VI/1927.

⁵⁴ Jesús Galindo y Villa, Geografía de la República Mexicana, t. II, México, 1927, pp. 324-325, 327-328. Subrayados originales.

2.LOS AÑOS TREINTA

¹ El Universal, 23, 25, 28/II/1937.

² El Universal Gráfico (vespertino), 9, 17, 23/XI/1937; 14, 16, 27/XII/1937; 13, 26/I/1938.

³ Diario Oficial, 27/X/1931; El Universal, 22/IX/1931.

⁴ Véase, por ejemplo, El Universal, 10/XII/1935; El Heraldo de Cuba, 8/IX/1930; El Sol (Madrid), 19/X/1930; The New York Times, 20/V/1931.

⁵ El Universal, 10, 25/IV, 17/XII/1937; El Nacional, 20/V, 22/XII/1937.

⁶ Diario Oficial, 17/II y 3/VII/1940; William O. Walker III, Drug Control in the Americas, Albuquerque, University of New México Press, 1981, pp. 128-132.

⁷ El Universal, 9/VI/1931; 12/VIII/1932; 13/V, 15/VII, 10/XII/1937; 5/I/1939; El Universal Gráfico (vespertino), 6, 26/III, 20/VIII, 8/IX/1937; 22/II, 18/VII/1938; El Nacional, 4, 8/V/1932; 26/IV/1934; 15/I, 1/III/1937; 22, 24/IV/1938; Excélsior, 26/V/1936; 20/IX/1937; 21/XII/1938; La Prensa, 26/V/1936, 8/IV/1937; El Demócrata Sinaloense, 12/XII/1939.

⁸ El Nacional, 24/IV/1938.

⁹ El Nacional, 30/XI/1938.

¹⁰ El Universal, 26/VII/1931; 29/IX/1935; 10/X/1937; Excélsior, 10/VIII/1935; 10/VII/1936; El Nacional, 2/IX/1936; La Prensa, 23/XI/1937.

¹¹ Véase Leopoldo Salazar Viniegra, “El mito de la marihuana”, en Criminalia, diciembre, 1938, pp. 206-237.

¹² The Japan Times and Mail, 17/V/1936.

¹³ William O. Walker III, Drug…, op. cit., pp. 122-127, 179; W. O., Walker III, “La colaboración internacional en la perspectiva histórica”, en Peter H. Smith (comp.), El combate a las drogas en América, México, FCE, 1993, p. 345.

¹⁴ La Prensa, 14, 15, 22/III, 4/IV/1939.

¹⁵ Véase David F. Musto, “Opium, Cocaine and Marijuana in American History”, en Scientific American, julio de 1991, pp. 24-27; La Prensa, 6/II/1933; Excélsior, 21/X/1935; El Nacional, 3/VI/1936; El Universal Gráfico (vespertino), 10/VII/1936; El Universal, 20/XI/1938.

¹⁶ El Nacional, 9/III, 6/V/1937; Excélsior, 13/VIII/1937; La Prensa, 6/V/1937.

¹⁷ El Universal, 6, 27/III, 28/IV, 30/V, 27/VI, 2/X/1931; 24/II, 25/IV, 8/IX/1937; El Universal Gráfico (vespertino), 23/VIII/1938; El Nacional, 29/IV, 21/V/1937; Excélsior, 24/V/1931; 7/V, 17/VIII/1937; La Prensa, 21/V/1937.

¹⁸ Excélsior, 17/IV/1936; l/VI/1938; 13/III/1939; El Universal, 4, 31/X/1937; El Universal Gráfico (vespertino), 13/II/1939; La Prensa, 20/VII/1937.

¹⁹ El Universal, 7/III/1937.

²⁰ El Día, 5/VIII/1935; El Nacional, 29/IX/1936; 21/V/1937; 27/IV/1939; La Prensa, 29/IX, 13/X/1936; El Universal, 20/III/1931; 28/II/1936; 30/IV/1937; 14/IV/1938; Excélsior, 30/III, 30/IV/1937; El Sol de Sinaloa, 8/IV/1957.

²¹ La Prensa, 8/1V, 4/V/1937; Excélsior, 26/V/1937.

²² El Universal, 23/VII, 21/VIII/1931; 4/II/1934; 24/III, 12/V, 17/VI/1937; La Prensa, 16/IX/1934; 9/V/1936; 4/V, 3, 7/X, 4/XI/1937; Excélsior, 18/VIII/1934; 5/IX/1938; El Nacional, 10/XI/1931; 12/VIII/1934; El Demócrata Sinaloense, 16/I/1930.

²³ El Universal, 21/V/1937; El Universal Gráfico (vespertino), 25/VIII/1937; El Demócrata Sinaloense, 19/X/1930.

²⁴ The Japan Times and Mail, 24/XII/1939.

3.LOS AÑOS CUARENTA

¹ El Universal Gráfico (vespertino), 16/VIII, 18/IX/1940; Excélsior, 4/XI/1944.

² The Wall Street Journal, 18/XI/1944; Novedades, 29/XII/1944.

³ El Universal Gráfico (vespertino), 6/III/1937.

⁴ El Universal, 24/II/1937.

⁵ El Demócrata Sinaloense, 2, 16/IV, 3/V, 10, 18, 29/XII/1942.

⁶ El Diario del Pacífico, Culiacán, Sinaloa, 15/VIII, 15/IX, 19/XII/1943; 5/1, 12/II/1944.

⁷ El Diario del Pacifico, 5, 6/I/1944; El Correo de la Tarde, 23/II/1944.

⁸ El Correo de la Tarde, 17/I, 5, 7, 10/III/1945.

⁹ El Correo de la Tarde, 5, 20/III, 11,13, 18/IV/1945; Manuel Lazcano Ochoa, Una vida en la vida sinaloense, Los Mochis, Sinaloa, Talleres Gráficos de la Universidad de Occidente, 1992, pp. 73-77.

¹⁰ El Demócrata Sinaloense, ll/XII/1945; La Voz de Sinaloa, 28/VIII/1946; 8/XII/1952; El Diario de Culiacán, 15/V/1949; Proceso, núms. 650, 735.

¹¹ Excélsior, 13/VI/1944; El Demócrata Sinaloense, 9/VIII/1944.

¹² La Voz de Sinaloa, Culiacán, Sinaloa, 21/II/1974; M. Lazcano, op. cit., pp. 81-82.

¹³ La Voz de Sinaloa, 2/V/1944; 14/III,10/VII, 30/VIII/1947.

¹⁴ La Voz de Sinaloa, 29/V/1944; 10, 17/VII, 9/VIII/1947.

¹⁵ Novedades, 14/X/1947; El Nacional, 10/II, 11/III/1948.

¹⁶ La Voz de Sinaloa, 22/VIII, 5/IX/1947.

¹⁷ La Voz de Sinaloa, 12, 15, 18/IX/1947.

¹⁸ La Voz de Sinaloa, 20, 22, 23/IX, 9/X, 17/IX/1947; 13, 18/VIII/1948.

¹⁹ La Voz de Sinaloa, 8, 10/IX/1947; Excélsior, 8-12/IX/1947.

²⁰ La Voz de Sinaloa, 12/IX/1947.

²¹ El Demócrata Sinaloense, 19/V/1946; Excélsior, 14, 15, 16/IX/1947; La Voz de Sinaloa, 9/VIII/1962.

²² Últimas Noticias, 12-15, 17-19/XI, 2, 6, 26/XII/1947.

²³ Diario Oficial, 14/XI/1947; El Universal, 10-18/XI/1947.

²⁴ El Universal, 10-12/XI/1947; Últimas Noticias, 2/XII/1947; Excélsior, 17, 19, 22, 23, 25/XI/1947; El Tiempo, Culiacán, Sinaloa, 18, 25, 26/IX/1947.

²⁵ El Nacional, 11/III/1948.

²⁶ El Demócrata Sinaloense, 5/1V, 14/IX/1945; La Voz de Sinaloa, 21/VII, 25/VIII/1947; 26/I, 31/XII/1948; 24/VI, 30/VIII/1949; El Diario de Culiacán, 6/IV, 18/X/1949; El Correo de la Tarde, 23/XII/1947.

²⁷ La Voz de Sinaloa, 12/II, 19/VI/1948.

²⁸ Véase M. Lazcano, op. cit., pp. 198-208.

²⁹ Felipe Bustamante, “Un sindicato internacional controla el tráfico de drogas hacia Estados Unidos”, en Novedades, 14/V/1962.

³⁰ El Universal, 18/VII/1943; El Correo de la Tarde, 16/V/1944; 16, 23/V/1945; 14/V, 12, 17/VII/1947; 5/V, 13/VII, 19/X/1948; 27, 28/IV/1949; El Demócrata Sinaloense, 7/IV/1942; 20/V, 3, 20/VI, 31/X/1943; 28/VI, 6/VIII, 26/X/1944; 26/V/1945; La Voz de Sinaloa, 8/IV, 22/VI/1944; 26/VIII, 7, 11/IX, 21/X, 17/XII/1946; 4, 25/III, 16/IV/1947; 4/VI, 30/VII/1949.

³¹ La Voz de Sinaloa, 5/VII/1949.

³² El Universal, ll/XII/1940; Excélsior, 8/X/1943; 10/I, 20/VII/1945.

4.LOS AÑOS CINCUENTA

¹ La Voz de Sinaloa, 1/IX, 17/X/1950; 15/IX/1951; 5/X/1952; 25/V/1958; 3/XII/1959; La Palabra, Culiacán, Sinaloa, 25/V/1958; Manuel Lazcano Ochoa, op. cit., p, 248.

² La Voz de Sinaloa, 31/III, I5/IX/1951; 17/XII/1952; 26/II/1962; 23/II/1963; El Sol de Sinaloa, Culiacán, Sinaloa, 7, 8/IV/1957.

³ El Diario de Culiacán, l/IV/1949; La Voz de Sinaloa, 23/XI/1951; El Universal, 18/III/1958.

⁴ La Voz de Sinaloa, 16/I/1950; 16, 18/VIII, 5/IX, 25/X/1951; 13/VIII/1952; 21/I, 10/III, ll/XI/1953; 8/I/1958; El Diario de Culiacán, 31/I/1950.

⁵ El Diario de Culiacán, 8/II/1950.

⁶ El Diario de Culiacán, 2/III, 18/VI, 12/VII/1950; El Regional, Culiacán, Sinaloa, 5/VII/1950.

⁷ La Voz de Sinaloa, 29/VIII/1952; 7, 18/IV, 28/V, 10/VI/1955; 20/VIII/1956.

⁸ El Nacional, l/IV/1953; 17/XI/1956; La Voz de Sinaloa, 27/IV/1953; 11/I, 20/IX/1956; La Palabra, 19/IV/1956; Excélsior, 13/VII/1956; Novedades, 6/XI/1956.

⁹ Excélsior, 10/IX/1956; Novedades, 19/VIII/1957.

¹⁰ La Voz de Sinaloa, 27/III, 2/IV/1953; Efraín González, Crónicas de la aviación en Sinaloa, Culiacán, Difocur, 1994, pp. 102, 109, 110.

¹¹ El Diario de Culiacán, 8/III/1950; La Voz de Sinaloa, 11/IV/1951; 27/IV/1953; 23/XII/1958.

¹² El Universal, 13/III/1952; La Voz de Sinaloa, 21/II/1951; 9, 13/VIII/1952; 21/X/1953; 12/VIII/1954; 9/XI/1955; 6/VII/1956; 30/III/1957; 13/I, 27/X/1958; La Palabra, 2/VIII, 10/XI/1955; 22/V/1959; El Universal, 18/III/1958.

¹³ La Palabra, 10/IV/1955; La Voz de Sinaloa, 18/XI/1958.

¹⁴ La Voz de Sinaloa, 18/X/1958.

¹⁵ La Voz de Sinaloa, 27/V/1952; 4, 8/I/1954.

¹⁶ La Voz de Sinaloa, 22/V/1952; 4/IV/1953; l/IV/1954; 9/XI/1955; 27/XI/1956; 30/III/1957; La Palabra, 31/VII/1956.

¹⁷ La Voz de Sinaloa, 9, 11, 14/VIII, 29, 30/X/1952.

¹⁸ La Voz de Sinaloa, 2/XI/1954; El Universal, 10/VI/1955; La Palabra, 11/VII/1956.

¹⁹ Véase La Palabra, 10/XI/1955.

²⁰ La Palabra, 30/XII/1957; El Diario de Culiacán, 23/II/1950.

²¹ El Nacional, 29/VIII/1955; 7/IX/1956: La Voz de Sinaloa, 7/XI, 22/XII/1955; 24/IV/1958; La Palabra, 15/VIII/1956; 24/I, 29/IX/1957; Novedades, 19/VIII/1957; El Universal, 21/XI/1958.

5.LOS AÑOS SESENTA

¹ Excélsior, 11/III/1964; La Voz de Sinaloa, ll/IV/1962; 24/X/1969; El Universal 5/V/1968.

² Novedades, 17/III/1960; Excélsior, 23/III/1960; 10/V/1962; El Nacional, 20/V/1960; El Universal, 9/VII/1967.

³ La Voz de Sinaloa; 24/IX/1962; M. Lazcano O., op. cit., pp. 145, 149, 155, 226.

⁴ La Voz de Sinaloa, 31/I/1963; 13/II, 3, 4/X/1967; 9/II, 17/X/1968; 16, 29/I/1969.

⁵ La Voz de Sinaloa, 11, 12, 18/VI, 8/VII/1969.

⁶ La Voz de Sinaloa, 11/IV, 21/VII/1962; 12/II, 1, 9/IV/1963; 6/IV/1965; 20, 29/I/1969; El Universal, 21/VII/1962; Novedades, 15/V/1962.

⁷ La Voz de Sinaloa, 5/VIII/1960; 21/VII, 21/IX/1962; 17/IV/1964; 29/IX/1966; 17/IV/1968; 26/IV/1969.

⁸ La Voz de Sinaloa, 10/IV/1961; 2/IV, 12/VI/1962; 13/XI/1964; 24/I/1967; 16/IV, 2/VII/1969; Excélsior, 7/X/1966.

⁹ Novedades, 10/III/1964; Excélsior, 11/III/1964; El Universal, 14/III/1964; El Nacional, 18/III/1964; Proceso, núm. 436, 11/III/1985, p. 8.

¹⁰ Excélsior, 24, 25/IV/1968; El Universal 16/XII/1969.

¹¹ Excélsior, 10/X/1960; 7/X/1966; La Voz de Sinaloa, 21/VII/ 1962; 30/III/1963; 20/X/1964; 6/1, 31/III/1965; 9/III, 9/IX/1966; 12/I, 6/X/1967; 6, 23/II/1968; 25/IV/1969.

¹² El Nacional, 20/V/1960; La Voz de Sinaloa, ll/VI/1964; 31/III/1965; 25/IV/1966; 12/I, 19/XII/1967; 24/I, 6, 23, 27/II/1968; 26/IV/1969.

¹³ La Voz de Sinaloa, 22, 23/IX/1960; 30/III/1963; 12/I, 20/IV, 4/V, 11/VI, 9/VII/1964; 10/XI/1967; 6, 17/II/1968.

¹⁴ La Voz de Sinaloa, 8/VII, 25/VIII, 4/X/1960; 27/III/1961; 29/VI, 7/VII/1962; 11/VII, 24/VIII/1966; 25/I, 13/III/1967.

¹⁵ Novedades, 8/VII/1962.

6.LOS AÑOS SETENTA

¹ La Voz de Sinaloa, 19-20, 24/I/1970; 6/V/1971; Novedades, 8/IX/1971.

² La Voz de Sinaloa, 17/II, 21/IV/1970; 25/I, 2/III, 12/IV, 17/IV, 23/XI/1971; 17/I, 18/III, 28/X, 8/XII/1972; 20/I/1973; 8/IV, 10/VIII/1974; Novedades, 12/IV/1971; Proceso, núm, 664, 24/VII/1989, p.12.

³ La Voz de Sinaloa, 16, 22/II, 2/III/1974; El Debate, Los Mochis, Sinaloa, 17, 19, 21/II/1974; El Sol de Sinaloa, 17, 18, 21, 23/II/1974.

⁴ Noroeste, Culiacán, Sinaloa, 16, 17, 19/IX/1978.

⁵ Véase Luis Astorga, Mitología del “narcotraficante” en México, México, UNAM-Plaza y Valdés, 1995.

⁶ La Voz de Sinaloa, 21/II/1975.

⁷ La Voz de Sinaloa, 17/IV, 18/VI, 4, 10, 13/XI/1975; El Sol de Sinaloa, 13/XI/1975.

⁸ La Voz de Sinaloa, 15/XI/1975; El Sol de Sinaloa, 14/XI/1975; Excélsior, 5/V/1976; Richard Craig, “Operation Condor, Mexico’s Antidrug Campaign Enters a New Era”, Journal of Interamerican Studies and World Affairs, vol. 22, núm. 3, agosto de 1980, p. 346; James Van Wert, “El control de los narcóticos en México. Una década de institucionalización y un asunto diplomático”, en Gabriel Székely (compilador), México-Estados Unidos, 1985 México, El Colegio de México, 1986, p. 96.

⁹ El Día, 17/IV/1976; Excélsior, 12/V/1976; La Voz de Sinaloa, 17/V, 24/VI, 7, 13, 16/VI/1976; Proceso, número 440.

¹⁰ Noroeste, 1, 2, 8, 10, 18, 23, 25/II/1977; 3, 11, 26/III/1977; 30/IV, 6/V/1977; 30/I/1978.

¹¹ Noroeste, 3-11/IV/1977; 14, 16, 19/II/1978.

¹² Excélsior, 17/VI/1978; 4/VI/1979; Proceso, núms. 92, 101, 419, 716, 865, 867; Noroeste, 7/IX/1978.

¹³ La Voz de Sinaloa, 18/IX, 19/XII/1970; 10/I, 2/VII/1971; 18/III/1972; 8/X/1974; 16/V, 31/VII, 16, 19/VIII/1975; 23/III, 5/VI, 17/VII/1976; El Sol de Sinaloa, 1/II/1974; 26/XI/1975; El Debate, 13/II/1974; 7/XI/1975; Noroeste, 13, 24, 26/II/1977; 19/I, 8/IX/1978; Excélsior, 9/II/1978; Olga Cárdenas de Ojeda, Toxicomanía y narcotráfico; aspectos legales, México, FCE, 1974, p. 135, cuadro VII, 4.

¹⁴ La Voz de Sinaloa, 17/II, 30/III, 11/VIII, 22/IX/1970; 29/III, 13/V, 22/VI, 7/VII, 10, 24/XI, 3/XII/1971; 11/XI, 20/XII/1972; 6/IX, 8/XI/1973; 30/I, 3/VIII/1974; Noroeste, 16/II, 11/III/1977; Excélsior, 9/II/1978; Olga Cárdenas de Ojeda, op. cit., p. 134, cuadro VII, 3.

¹⁵ La Voz de Sinaloa, 16/IV/1973; 9/III/1976; El Sol de Sinaloa, 12/XI/1975; El Debate, 1l/XI/1975; Olga Cárdenas de Ojeda, op. cit., p. 137, cuadro VII, 6.

7.LOS AÑOS OCHENTA Y NOVENTA

¹ Véase Raimondo Catanzaro, El delito como empresa. Historia social de la mafia, Madrid, Taurus Ediciones, 1992, pp. 30, 242; INACIPE, La lucha contra el crimen organizado, La experiencia de Giovanni Falcone, México, INACIPE, 1992, p. 37.

² Véase Mario Ruiz Massieu, El marco jurídico para el combate al narcotráfico, México, FCE, 1994, pp. 146-147, 152, 156-157, cuadros 2, 3 y 4.

³ Véase Proceso, núms. 435 y 443; Arturo Ortiz y Martha Romero, “Panorama del consumo de drogas en México”, en Ana Josefina Álvarez Gómez (compiladora), Tráfico y consumo de drogas. Una visión alternativa, México, UNAM-ENEP Acatlán, 1991, pp. 349-376; María Elena Medina-Mora y María del Carmen Mariño, “El abuso de la droga en América Latina”, en Peter H. Smith (compilador), El combate…, op. cit., pp. 86-99; El control de drogas en México. Programa nacional 1989-1994, Evaluación y seguimiento, México, Poder Ejecutivo Federal, 1992, en Diario Oficial, 30 de enero de 1992.

⁴ Cfr. Proceso, núms. 346, 365, 419.

⁵ La información en la que se basa este apartado fue publicada en Proceso, núms. 420, 433-437, 439, 440-444, 449, 512, 599, 601, 603, 621, 672, 686, 689, 690, 692, 703, 704, 707, 708, 787, 816, 841, 842, 843, 844, 854.

⁶ Cfr. Proceso, núms. 532, 650, 708, 735, 759, 779, 786, 794, 828, 847, 848, 865, 866, 867-870, 893, 920, 921, 926; Reforma, 16/V, 12/VI/1994; La Jornada, 12/VI, 29/VII/1994; El Financiero, 20/VI/1994; Excélsior, 26-28/VII/1994; Mario Ruiz Massieu, El marco…, op. cit., pp. 164-172; Terrence E. Poppa, El zar de la droga, México, Selector, 1990, p. 228; Eduardo Sarmiento Palacio et al, “Economía del narcotráfico”, p. 58, cuadro 1, en Carlos G. Arrieta et al, Narcotráfico en Colombia, Bogotá, Tercer Mundo Editores, cuarta reimpresión, 1993.

⁷ Cfr. Time, 7/XI/1994, Véase también: Ciro Krauthausen y Luis Fernando Sarmiento, Cocaína & Co. Un mercado ilegal por dentro, Bogotá, Universidad Nacional de Colombia-Tercer Mundo Editores, 1993, Los autores explican sus razones para hablar de empresas oligopólicas y no de “cártel”.

8.FIN DE SIGLO Y NUEVO MILENIO

¹ Véase Abel Barajas, “Muestran ‘Los Zetas’ poderío”, Reforma, 12 de septiembre de 2004; Abel Barajas, “Asume sicario de EU ofensiva contra Zetas, 13 de septiembre de 2004.

² “La Santa Alianza”, Revista Qué Pasa, núm. 1376, Chile, 26 de agosto al 1 de septiembre de 1997.

³ Véase por ejemplo: Jesús Blancornelas, El cártel, México, Plaza y Janés, 2002.

⁴ Guadalupe Martínez, “Investiga PGR balacera”, Noroeste, 13 de septiembre de 2004; Abel Barajas, “Pega Carrillo Fuentes a banda de el Chapo”, Reforma, 16 de septiembre de 2004; “Descarta SIEDO participación de los Zetas”, El Debate, 15 de septiembre de 2004; Ricardo Ravelo, “Narcoguerra nacional”, Proceso, n. 1455, 19 de septiembre de 2004.

⁵ Secretaría de Relaciones Exteriores, México y Estados Unidos ante el problema de las drogas, México, 1997, p. 122.

⁶ Artículo 89, fracción VI: “Entre las facultades y obligaciones del Presidente, está la de disponer de la totalidad de la Fuerza Armada permanente, o sea del Ejército Terrestre, de la Marina de Guerra y de la Fuerza Aérea, para la Seguridad Interior y defensa de la Federación”; 129: “En tiempos de paz, ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las que tengan exacta conexión con la disciplina militar. Solamente habrá comandancias militares fijas y permanentes en los castillos, fortalezas y almacenes que dependan inmediatamente del Gobierno de la Unión; o en los campamentos, cuarteles o depósitos que, fuera de las poblaciones, estableciere para la estación de las tropas”.

⁷ Véase Carlos Fazio, El tercer vínculo. De la teoría del caos a la teoría de la militarización, México, Joaquín Mortiz, 1996.

⁸ Véase Luis Astorga, “Drug trafficking in México: a first general assessment”, MOST-UNESCO, Discusión Paper no. 36, 1999, pp. 25-27.

⁹ Véase Martha Anaya, “¿Por qué tanta saña… Por qué me odia tanto? Preguntaba Gutiérrez Rebollo”, Excélsior, 1/III/97; Andrés Oppenheimer, “Jailed general: Mexican elite tied to drug trade”, Miami Herald, 8/VII/97; Andrés Oppenheimer, “Is Mexican a con man or “political prisoner”?, Miami Herald, 13/VII/97; Gustavo Castillo, “Compareció Gutiérrez Rebollo; descalifica la justicia militar sus declaraciones”, La Jornada, 19/IX/97; Álvaro Delgado y María Scherer, “Versión de la hija del general preso: Una discusión con el secretario de la Defensa llevó a Gutiérrez Rebollo a Almoloya”, Proceso, núm. 1083, 3/VIII/97.

¹⁰ Véase Jorge Alejandro Medellín, “El narco es sólo un problema policiaco, El Universal, 25 de julio de 2000; Daniel Lizárraga, “Buscan unificar policía y limpiarla de corruptos”, Reforma, 25 de julio de 2000; Pablo César Carrillo, “Detallan propuesta foxista en seguridad”, Reforma, 31 de julio de 2000; Reuters, “Fox to Pull Mexican Military Out of Drug Fight”, 31 de julio de 2000; The Associated Press, “Fox Wants To Overhaul Mexico’s Cops”, 31 de julio de 2000; Mayra Nidia Aguirre, “Planea Fox un FBI y desmilitarizar policía”, El Universal, 1° de agosto de 2000; Jesús Aranda, “Fox, por desmilitarizar los cuerpos policiacos, dicen Reyes y Molina”, La Jornada, 1° de agosto de 2000.

¹¹ Véase http://www.fas.org/irp/offdocs/nsdd/nsdd-221.htm.

¹² Véase “Revelan nexo de FARC con los Arellano Félix, Reforma, 24 de noviembre de 2000; José Galán, “Roto, el vínculo entre el cártel de los Arellano Félix y las FARC: PGR”, La Jornada, 24 de noviembre de 2000; Roberto Zamarripa, “Estudian en Colombia nexos FARC-Arellano”, Reforma, 25 de noviembre de 2000; “Indagan en Colombia nexos FARC-Arellano”, Reforma, 2 de diciembre de 2000; Jorge Fernández Menéndez, “La relación FARC-Arellano, confirmada”, Diario Milenio, 27 de marzo de 2001; “Opera desde la prisión enlace FARC-Arellano”, Reforma, 24 de abril de 2001.

¹³ Véase “Operan narcos mexicanos en Perú con ayuda de senderistas”, El Universal, 21 de septiembre de 2004; “Narcos de Brasil, México y Colombia en Perú con apoyo de Sendero Luminoso”, Crónica, 20 de septiembre de 2004.

¹⁴ Véase “Transcripción de las palabras del Comandante David para los hermanos indígenas que no son zapatistas”, 9 de agosto de 2003 (http://www.nodo50.org/raz/ezln/comunic2003/ezago0307.htm); Subcomandante Insurgente Marcos, “Leer un video. Quinta parte: cinco decisiones de buen gobierno”, La Jornada, 24 de agosto de 2004.

¹⁵ John P. Walters, máxima autoridad de la ONDCP, también llamado Drug Czar (sic) señaló: “Lo que estamos observando actualmente, y creo que el ejemplo de México es muy importante al respecto, (es que) organizaciones (criminales) múltiples y partes múltiples del liderazgo han sido eliminadas en los últimos dos años, pero todavía no ha causado esto una reducción en la disponibilidad de cocaína en Estados Unidos” (Abel Barajas, “Falla plan México-EU contra drogas”, Reforma, 5 de agosto de 2004). En 2003, el Departamento de Estado señaló que a pesar de los programas de destrucción de cultivos del gobierno mexicano sus estimaciones mostraban incrementos en los cultivos de marihuana y amapola (véase Adam Ereli, Deputy Spokesman, “2003 Drug Cultivation Estimates for México”, Press Statement, Washington, D. C., 6 de abril de 2004, en http://www.state.gov/r/pa/prs/ps/2004/31185.htm; El National Drug Threat Assessment 2004, realizado por el National Drug Inteligence Center, del Departamento de Justicia, en http://www.usdoj.gov/ndic/pubs8/8731/índex.htm_#From, no muestra reducciones en la disponibilidad de drogas ilícitas en Estados Unidos).

¹⁶ Véase Dolia Estévez, “Los Hank, en la mira antidrogas de E.U.; son un riesgo, advierten”, en El Financiero, 31 de mayo de 1999.

A veinte años de su publicación original, la pertinencia de este libro no puede ser mayor: el negocio de las drogas ilegalizadas se encuentra en todos lados.

Abundan sus menciones en la prensa: las disputas entre miembros de organizaciones criminales, la alarmante situación de las cárceles, las acciones violentas de sicarios y la reestructuración de los territorios de venta de sustancias psicoactivas ilícitas. El panorama sigue siendo complicado. Los políticos insisten en que el crimen organizado amenaza la seguridad nacional, aunque a muchos de ellos les conviene su fortalecimiento. Los institutos contra las adicciones se ven limitados por la falta de recursos, y el ciudadano común padece la falta de información de primera mano.

La «guerra contra las drogas» se puede volver una guerra interminable porque delincuencia y poder político han estado unidos históricamente, pero también porque la concepción que se tiene del fenómeno de la venta y el consumo varía de acuerdo con la época donde se ubica. Nuestra visión de drogas como la mariguana, la cocaína y las derivadas del opio cambia al mismo tiempo que nuestra realidad. En este contexto, Luis Astorga presenta un recorrido histórico que va desde el Porfiriato hasta la actualidad sobre los usos, las percepciones y el tráfico de esas sustancias y presenta interrogantes sobre los posibles escenarios del futuro: si la guerra está perdida de antemano, ¿sólo nos queda su legalización?

Sobre el autor

Luis Astorga (Culiacán, 1953) es doctor en sociología por la Universidad de París I. Desde 1985 se ha desempeñado como investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), donde también es coordinador de la Cátedra UNESCO “Transformaciones Económicas y Sociales Relacionadas con el Problema Internacional de las Drogas”. Como especialista en el estudio del tráfico de drogas, ha sido entrevistado por medios de comunicación de países como México, Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, Alemania, Holanda, Austria, Suiza, Colombia, Perú y Chile. Ha difundido numerosos artículos sobre el tema en diversas revistas científicas. Entre sus libros cabe destacar Mitología del “narcotraficante” en México (1995) y El siglo de las drogas (Plaza y Janés, 2005). Bajo el sello Debolsillo ha publicado Drogas sin fronteras (2015).

El siglo de las drogas

Del Porfiriato al nuevo milenio

Primera edición digital: junio, 2016

D. R. © 2016, Luis Astorga

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