Es bien conocida la corrupción que impera en los partidos políticos, en todos, ninguno se salva, pero hay uno específico que podríamos considerar como símbolo de la corrupción política mexicana, el Partido Revolucionario Institucional (PRI).

El PRI, que gobernó el país durante más de 70 años, el PRI creado por Plutarco Elías Calles como fruto de una revolución que no le hizo justicia a los más pobres, el PRI creado para beneficio de pocos y perjuicio de muchos, el PRI de Gustavo Díaz Ordaz y Luis Echeverría que desenmascararon al partido como lo que en realidad es: el partido represor de las causas, el asesino de estudiantes, de luchadores sociales, de sus propios candidatos. El PRI de Carlos Salinas de Gortari, el de los influyentes, el de la ambición por el poder y el dinero. El PRI que gobierna el México actual, recuperándolo después de 12 años de democracia fingida del PAN, el PRI de Peña Nieto que desdeña al pueblo y que lucra con sus necesidades.

Ese es el PRI que nos gobierna, ese es el «nuevo» PRI, y viene de la mano de 10 personajes principales a los que hay que odiar.

Luis Aldana

10 priístas a los que hay que odiar

ePub r1.0

XcUiDi 19.03.15

Título original: 10 priístas a los que hay que odiar

Luis Aldana, 2014

Editor digital: XcUiDi

ePub base r1.2

Este libro se ha maquetado siguiendo los estándares de calidad de www.epublibre.org. La página, y sus editores, no obtienen ningún tipo de beneficio económico por ello. Si ha llegado a tu poder desde otra web debes saber que seguramente sus propietarios sí obtengan ingresos publicitarios mediante archivos como este·

Con amor, para la familia Aldana,

siempre en las buenas y en las

malas.

La mano que mece la cuna es la

mano que gobierna el mundo.

—W. R. WALLACE—

PRÓLOGO

En repetidas ocasiones he escuchado la frase «cada país tiene el gobierno que se merece» y de tanto oírla y de ver la realidad, la triste realidad que vive hoy nuestro país, comienzo a creer que es verdad.

Pero entonces cabe preguntarnos si esta frase es cierta, ¿México es un país plagado de corrupción? Ya no cuesta reconocerlo, los mexicanos, en su mayoría, cometen actos de corrupción cada vez que se les presenta la oportunidad, en las clases medias y bajas no es tanto por querer hacerlo, por ambición o por perjudicar a alguien más, es por necesidad, es porque a muchos de ellos se les ha negado la posibilidad de vivir honestamente, con dignidad.

México es un país de corruptos y corruptores, según el informe Barómetro Global de la Corrupción 2013 de la organización Transparencia Internacional. Está ubicado en la posición 105 a diciembre del 2012. Y a pesar de que en 2009 México ocupaba el lugar 89, en 2010 pasó al 98 y en 2011 cayó al lugar 100, las cifras revelan que más de la mitad de la población piensa que el cohecho se agravó en los dos recientes años.

Por supuesto, si tenemos un gobierno que tranza descaradamente, el mexicano de a pie, lo hace sin la menor preocupación. Según el estudio antes mencionado, en nuestro país, 91% de los habitantes considera que los partidos políticos son extremadamente corruptos, ninguna institución social o política estuvo cerca de ser calificada con bajos índices de corrupción, los medios de comunicación, la industria y el sistema educativo también son considerados como corruptos, al igual que los militares, el sector salud y las ONG. En 2010, directivos empresariales y del Foro Económico Mundial (FEM) afirmaron que la corrupción es una práctica que se mantiene por las fallas e ineficiencias de los gobiernos, y su costo en México equivalía entonces a 9% del Producto Interno Bruto (PIB), mientras las empresas erogaban hasta 10% de sus ingresos en sobornos.

El 91% de los mexicanos considera que los partidos políticos están afectados por la corrupción. Según Transparencia Internacional, esto se debe a que dichos órganos requieren dinero para realizar sus campañas, lo que se convierte en una forma de cultivar la corrupción. De acuerdo con el informe, los intereses de las personas y organizaciones de donde los partidos obtienen fondos podrían influenciar en las acciones de estas instituciones.

Es bien conocida la corrupción que impera en los partidos políticos, en todos, ninguno se salva, pero hay uno en específico que podríamos considerar como símbolo de la corrupción política mexicana, el Partido Revolucionario Institucional (PRI).

El PRI, que gobernó el país durante más de 70 años, el PRI creado por Plutarco Elías Calles como fruto de una revolución que no le hizo justicia a los más pobres, el PRI creado para beneficio de pocos y perjuicio de muchos, el PRI de Gustavo Díaz Ordaz y Luis Echeverría que desenmascararon al partido como lo que en realidad es: el partido represor de las causas, el asesino de estudiantes, de luchadores sociales, de sus propios candidatos. El PRI de Carlos Salinas de Gortari, el de los influyentes, el de la ambición por el poder y el dinero. El PRI que gobierna el México actual, recuperándolo después de 12 años de democracia fingida del PAN, el PRI de Peña Nieto que desdeña al pueblo y que lucra con sus necesidades.

Ese es el PRI que nos gobierna, ese es el «nuevo» PRI, y viene de la mano de 10 personajes principales a los que hay que odiar.

El Autor.

1. EL MODESTO

El PRI regresa al poder en diciembre del 2012 así como el PRD llega por primera vez a la gubernatura de Tabasco, desatando una serie de acusaciones de corrupción en contra del ahora exgobernador Andrés Granier.

El PRI inicia un sexenio diferente a los anteriores, ahora más criticado, más expuesto, pero defendiendo a quienes lo ayudaron a regresar al poder con todos los recursos a su alcance.

***

El gobernador del estado de Tabasco entre 2007 y 2012, Andrés Granier Meló, priísta desde hace más de 25 años, bueno, después del escándalo de corrupción desatado terminada su administración, muchos priístas dicen que ya no lo es, ¿cómo un ser tan corrupto puede estar en las filas del PRI?, se preguntan.

Andrés Granier concluyó su gestión en medio de fuertes cuestionamientos de corrupción, que desataron en diciembre de 2012 la peor crisis en el sistema de salud estatal, al quedar los hospitales sin recursos para adquisición de medicamentos y materiales quirúrgicos, así mismo, miles de pensionados y burócratas exigían el pago de sus pensiones y sueldos que no fueron pagados, y cientos de proveedores del gobierno del estado, reclamaban el pago de los bienes y servicios prestados. Esta creciente inconformidad social, obligó al entonces gobernador, a salir del estado dos días antes de que terminara su sexenio, sin presentarse a la ceremonia de traspaso del Poder Ejecutivo en el Congreso local.

Actualmente, tanto la Procuraduría General de la República como la Procuraduría General de Justicia de Tabasco, realizan las investigaciones correspondientes referentes a malversación de fondos públicos y enriquecimiento ilícito tanto del exgobernador Andrés Granier como de varios de los miembros de su gabinete, entre ellos José Manuel Sainz Pineda, secretario de Finanzas, quien el 8 de junio del 2013 fue detenido en Reynosa, Tamaulipas cuando intentó huir a Estados Unidos.

El lunes 24 de junio del 2013 el exgobernador de Tabasco fue notificado de las dos órdenes de aprehensión por la presunta comisión de los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal.

***

Irregularidades por más de cinco mil millones de pesos fueron detectadas en la cuenta pública del ejercicio 2012 de la administración del exgobernador Andrés Granier Meló en Tabasco.

Según el Órgano Superior de Fiscalización del Estado (OSFE), las secretarías que más observaciones tuvieron son Finanzas (con 3 mil 545 millones 236 mil pesos sin aclarar). Educación, Salud y SCT, reportó el diario Tabasco Hoy.

El informe del OSFE sobre las observaciones documentales, presupuéstales, financieras y de control interno del Poder Ejecutivo, entregado a los diputados de la Comisión Inspectora de Hacienda del Congreso local, indica que el monto de lo observado en el último año de Granier asciende a 5 mil 039 millones 251 mil 943 pesos con 99 centavos.

Los documentos revelan que un total de nueve dependencias del Poder Ejecutivo presentan observaciones millonadas no solventadas del período de revisión del 1 de enero al 31 de diciembre de 2012.

Sin embargo, cuatro presentan la mayor cantidad de recursos no solventados, entre ellas la Secretaría de Administración y Finanzas, cuyo titular era José Manuel Saiz Pineda, actualmente preso por desvío de recursos federales y lavado de dinero.

Esa secretaría no logró solventar un faltante de recursos por más de 3 mil 545 millones 236 mil 552 pesos con 90 centavos, de los cuales, 1 mil 442 millones 968 mil 896 pesos fueron detectados en la auditoría anual que se efectúa a todas las dependencias y los 2 mil 102 millones 267 mil 656 pesos con 90 centavos restantes se observaron luego de una auditoría especial realizada a la dependencia, detalla el informe del OSFE.

La Secretaría de Educación presenta observaciones por un monto de 905 millones 924 mil 925 pesos con 13 centavos, de los cuales 837 millones 141 mil 137 pesos son recursos de orden estatal y 68 millones 783 mil 788 pesos de orden federal.

En tanto, la Secretaría de Salud presenta observaciones no solventadas por un monto de 359 millones 601 mil 409 pesos.

Mientras que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) reporta faltantes por un monto de 185 millones 844 mil 741 pesos.

***

El Órgano Superior de Fiscalización del Estado (OSFE) de Tabasco detectó un presunto desfalco por más de 27 millones de pesos en la compra de productos para la residencia oficial Quinta Grijalva durante el gobierno de Andrés Granier Meló.

El órgano realizó al menos 30 observaciones a la Secretaría de Finanzas (SAF) derivada de las auditorías realizadas a los recursos asignados de manera adicional al presupuesto de la residencia oficial de gobierno del estado de Tabasco en 2012, reportando el desvío de al menos 27 millones 443 mil 174 pesos.

El mismo reporte indica que el quebranto del patrimonio estatal fue para la compra de artículos superfluos pagados a precios exagerados, apenas en 2012.

En las observaciones se enlista, por ejemplo, la compra de velas aromáticas por más de 26 mil pesos, mallas para cabello por 33 mil, chicles y pilas por más de 27 mil, encendedores por 39 mil, toallas para bebé, por 25 mil…

Además, la OSFE detectó que hubo compras sin licitar por más de 419 mil 792 pesos, de las que ni siquiera se anexaron las facturas que comprueben los gastos, ni la justificación y dictamen por las adjudicaciones directas.

También se erogaron más de 906 mil 915 pesos presuntamente para alimentos y víveres, material de limpieza, utensilios para oficina y gastos de orden social.

De estos artículos, llama la atención la adquisición de dos collares antipulgas y garrapatas, un frasco de garraban y dos blister forning por importes de 3 mil 509 pesos y 15 mil 690 pesos respectivamente, sin que medie factura alguna.

***

A tres semanas de dejar el Gobierno, Andrés Granier Meló, recibió un donativo de Pemex por 333 millones de pesos a cambio de la vigilancia policíaca en sus instalaciones para evitar robos a su producción de hidrocarburos.

Mediante el acuerdo DCA/3203/2012 el Gobierno estatal recibió el 7 de diciembre del año pasado 106 millones de pesos, recursos etiquetados para obras de desarrollo comunitario en los 14 municipios con actividad petrolera.

Al total también se sumaron donativos en especie de gasolina y diesel equivalentes a un monto total de 99 millones de pesos, en el acuerdo signado el 26 de noviembre del año 2012.

El gobierno también recibió 128 millones de pesos de Petróleos Mexicanos por concepto de entrega de asfalto destinados al mejoramiento de la red carretera estatal.

Las entregas de la paraestatal petrolera contempla fuertes compromisos del Gobierno de Tabasco para con la empresa: vigilancia policíaca, evitar bloqueos o plantones a sus instalaciones, así como la garantía de facilitar todos los trabajos de la industria petrolera de Pemex y sus subsidiarias.

«El donatario se obliga a apoyar a Petróleos Mexicanos y sus subsidiarias, cuando este lo solicite, en la vigilancia de las instalaciones petroleras de la entidad, especialmente por medio de los dispositivos de seguridad pública, para evitar y en su caso resolver, los problemas relativos a la sustracción ilícita de productos de los equipos e infraestructura de suministro y distribución de hidrocarburos», sostiene el acuerdo.

Pese a los obsequios de la paraestatal a la entidad, de las obras de desarrollo planteadas en los contratos no existen informes de su realización por parte del Gobierno local, ni siquiera se conocen los destinos de esos recursos. Y es que según el investigador, Javier Herrera Escamilla, mediante el Sistema Integral de Donativos y Donaciones, entre el 01 de enero de 2007 y el 30 de junio de 2012, se firmaron 921 acuerdos para el otorgamiento de donativos y donaciones a todos los estados del país.

En los últimos cinco años Tabasco fue el estado que más donaciones de asfalto y combustible, así como donativos en efectivo por parte de Pemex recibió, con más de mil 649 millones 075 mil 032 pesos en total y pese a ello, no se han alcanzado los niveles de desarrollo social que exigen los tabasqueños, ponderó Herrera Escamilla.

Documentos proporcionados vía transparencia por la Gerencia de Desarrollo Social de Pemex, el último donativo que recibió Andrés Granier Meló fue signado por parte de la paraestatal fue el 7 de diciembre del 2012. El contrato de donación contempla que los recursos económicos serán destinados para la realización de proyectos sociales sustentables, sustentabilidad ambiental, desarrollo social y proyectos productivos en que participen las comunidades de 14 municipios Tabasco.

Pemex depositó esos recursos a una cuenta del Gobierno, misma desde la que se le informaría de las disposiciones de recursos, intereses ganados y sobre destino de los retiros. El acuerdo también contempla que deberán ser aplicados en 12 meses, y después de ese tiempo tendrá tres meses para comprobar los gastos ejercidos con esta partida económica.

La PGJE indaga al exgobernador Andrés Granier, por presuntos pagos de «cuotas» de protección que recibió de Pemex. Bajo la averiguación previa DG-183/2013 se indaga que muchos de los donativos de Pemex fueron desviados por exfuncionarios granieristas.

»El gobierno que encabeza Arturo Núñez Jiménez detectó que Pemex pagó al gobierno de Granier una especie de “cuota de protección para facilitar el desarrollo normal de sus actividades en la entidad”. También revela que los recursos se entregaban vía el “Acuerdo de Colaboración Específico en Materia de Desarrollo Social” que se firmó cada año entre Pemex y el gobierno tabasqueño.

***

Leoncio Lorenzo Gómez, excontador gubernamental de Andrés Granier, fue detenido el 22 de marzo de 2013, acusado por la Procuraduría de Justicia de Tabasco de los delitos de robo de vehículo y de documentación fiscal del 2008 al 2012.

El exfuncionario de la Secretaría de Administración y Finanzas de Tabasco fue exonerado de los cargos que se le acusan, al no encontrar las autoridades elementos suficientes que acrediten su responsabilidad penal en los hechos.

Ante tal suceso, con fecha 27 de agosto de 2013, el Tribunal de alzada le ordenó a la juez segundo penal de Primera Instancia, Rudy del Carmen Gómez Vázquez, que dejara insubsistente el auto de formal prisión dictado en contra de Leoncio Lorenzo Gómez.

***

El juez 11 de distrito en materia de amparo penal, con sede en el Distrito Federal, concedió la suspensión definitiva a Fabián Granier Calles contra autos de formal prisión de un juez federal.

Por su lado, el juez primero de distrito de Tabasco negó la suspensión provisional al exsecretario de Finanzas, José Saiz Pineda, por investigaciones que realiza la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE).

El amparo al hijo del exgobernador priísta Andrés Granier fue otorgado contra cualquier orden de reaprehensión o presentación por indagatorias de ilícitos, como lavado de dinero y defraudación fiscal, giradas por el juez primero de distrito de Tabasco.

La PGJE los investiga dentro de la averiguación previa DGI-67/2013, por peculado y ejercicio indebido del servicio público.

***

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público presentó ante la PGR seis denuncias penales contra Fabián Granier Calles, hijo del exgobernador de Tabasco Andrés Granier, por presuntamente haber defraudado al fisco en reiteradas ocasiones, publicó «Reforma».

De acuerdo con fuentes federales, la Procuraduría Fiscal de la Federación, dependiente de Hacienda, presentó las querellas ante la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Fiscales y Financieros, adscrita a la Subprocuraduría de Delitos Federales de la PGR.

La PGR abrió las indagatorias 273 a 278/2013, en dicha unidad especial, correspondientes a los años fiscales de 2006 a la fecha, y solicitó al organismo hacendario ratificar las denuncias presentadas contra el acusado.

Medios locales reportaron que el Juzgado Cuarto de Distrito en Villahermosa había girado orden de aprehensión contra Fabián Granier por los delitos de enriquecimiento ilícito y operaciones con recursos de procedencia ilícita, conocido como lavado de dinero.

Con ello, el hijo del exmandatario tabasqueño tiene dos cargos penales que lo tienen prófugo de la justicia, además de que están pendientes otros seis en la etapa de averiguación previa. Las fuentes consultadas no especificaron si los delitos fiscales son considerados como graves.

Granier Calles promovió un amparo contra el congelamiento de sus cuentas bancarias junto con las de sus hermanas Paulina y Mariana, así como del exgobernador y su esposa.

Eduardo Luengo Creel, abogado del exgobernador tabasqueño, entregó a un juzgado federal documentos fiscales que probablemente acreditarían que Andrés Granier pagó desde diciembre de 2012 los impuestos por los que fue acusado penalmente de evasión.

***

El Juez Tercero de Distrito en Procedimientos Penales Federales notificó a Andrés Granier Meló del embargo de alguna de sus propiedades con valor de dos millones de pesos, con el fin de garantizar la reparación del daño, por el presunto delito de evasión de impuestos.

De acuerdo con Tabasco Hoy, el Ministerio Público de la Federación y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, (SHCP) solicitaron el embargo de propiedades de Granier.

El exgobernador de Tabasco garantizó con dos propiedades el pago de dos millones 156 mil pesos que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) estableció por el presunto delito de evasión de impuestos.

El abogado defensor, Eduardo Luengo Creel, informó que dichos recursos son por concepto de ingresos no declarados, aunque no especificó en donde se ubican las propiedades.

***

La Procuraduría General de Justicia de Tabasco informó del decomiso de 168 fajos de billetes que José Manuel Saiz, extesorero de Andrés Granier, guardaba en cinco cajas, en una casa de la ranchería Lomitas, en Nacajuca.

En conferencia de prensa, con una impresionante mesa repleta de fajos, en su mayoría billetes de 500 pesos, se le pidió al notario público Número 1 de Cunduacán, Heberto Taracena Ruiz, dar fe de lo incautado.

El procurador de Tabasco, Fernando Valenzuela Pernas, mencionó que las cajas contenían mazos con billetes de 200, 500 y mil pesos amarrados con ligas.

«De acuerdo a las investigaciones realizadas por esta Procuraduría General de Justicia por el presunto desvío de recursos federal y estatal en los años 2009, 2010, 2011 y 2012, se tuvo el conocimiento que se venía realizando el traslado de fuertes cantidades de dinero en efectivo, contenidos en cajas de cartón y de dudosa procedencia», indicó el procurador.

«Como resultado de esta investigación, se localizó un inmueble… se logró ingresar mediante una orden de cateo…», agregó. Se calcula que lo decomisado podría llegar a los 100 millones de pesos.

También se aseguraron tres computadoras, dos PC y una laptop, así como abundante papelería en el despacho del extesorero de Granier.

***

El presidente del Colegio de Notarios de Tabasco y exalcalde Heberto Taracena Ruiz fue interceptado y secuestrado por un grupo de personas armadas cuando se transportaba en su vehículo en un camino intermunicipal de Cunduacán, de acuerdo con un reporte de la Policía Municipal Preventiva de ese municipio.

El miércoles 22 de mayo del 2013, el notario público de Cunduacán dio fe de la presentación de 88.5 millones de pesos presuntamente propiedad de José Saiz Pineda, exsecretario de Finanzas del exgobernador Andrés Granier Melo.

Según el reporte policial, el exalcalde de Cunduacán, lugar donde residía, fue sacado de su vehículo Jetta gris, placas WPP-8645, cuando se dirigía a su rancho en la comunidad La Piedra, primera sección, de ese mismo municipio.

De acuerdo con las primeras versiones, el notario Taracena Ruiz intentó escapar de sus captores en su vehículo, pero los delincuentes le dieron alcance y lo sacaron del camino.

El dos veces exalcalde y exdiputado local de Cunduacán, es presidente del Colegio de Notarios de Tabasco desde el 24 de enero, cuando tomó posesión para el periodo 2013-2014.

Taracena Ruiz había expresado recientemente su preocupación por la ola de secuestros registrados en su municipio y le había solicitado al alcalde perredista Tiofilo Ovando, se realizaran operativos de vigilancia. También buscaba una cita con el secretario de Seguridad Pública de Tabasco (SSPT), Audomaro Martínez, para expresarle la misma preocupación, expusieron sus familiares.

Aproximadamente hace un año, el notario público número 1 de Cunduacán sufrió un asalto en su domicilio, de donde un grupo de personas armadas se llevaron dinero y una camioneta de su hijo.

El exalcalde de Cunduacán es una persona respetada en su comunidad, también escritor y articulista y casi todos los días visitaba su rancho dedicado a la actividad forestal, en la Ranchería La Piedra, ubicada a casi 10 kilómetros de la cabecera municipal.

***

El exgobernador de Tabasco Andrés Granier presumió su estilo de vida y su guardarropa en un audio difundido por el programa Telereportaje de la estación XEVT.

En la grabación se escucha una conversación que sostienen con un escolta de apodo «El Ruso» y con su hijo Fabián Granier, donde el exmandatario destaca que tiene un amplio guardarropa y varias propiedades en México y en el extranjero.

Aunque fuentes del gobierno de Tabasco confirmaron al diario El Universal que se trata de la voz del exmandatario, dijeron que será la Procuraduría de Justicia estatal la que definirá si los dichos forman parte de la indagatoria que se le sigue a Granier por las presuntas irregularidades financieras cometidas durante su gestión y que rebasan los 20 mil millones de pesos.

En la grabación, realizada presuntamente el 17 de octubre del 2012, el exmandatario tabasqueño presume que en su guardarropa hay unos 400 pares de zapatos, 400 pantalones, 300 trajes y mil camisas, todos de marca.

«No soy pretencioso, las tengo porque me gustan y las cuido», dice Granier. ¡Qué modesto nos salió el exgobernador!

A unos meses de dejar la administración estatal, también comenta que posee un departamento en Nueva York y presume sus viajes a la ciudad de Miami, Los Ángeles, Nueva York.

En el programa, se indica que el hijo del exmandatario, Fabián Granier, habría participado en la plática, en la cual el exgobernador refirió la compra de unos zapatos en la exclusiva zona en Rodeo Drive, en Los Ángeles, y otros que pagó a un precio de 650 dólares en la tienda Saks, de la Quinta Avenida de Nueva York.

«Le compré una bolsa a su exmujer, le compré a la mía. Nos vamos a Saks, a la Quinta Avenida y compro unos zapatos de 600 dólares», se escucha decir a Granier Meló en la conversación.

El exgobernador aclara que su extenso guardarropa está repartido en sus casas en el DF, Villahermosa, Cancún y Miami. «Me llevé ropa a Miami, me llevé ropa a Cancún, me llevó ropa a mi casa y me quedan 500 camisas», afirma.

En la conversación el exmandatario le dice a «El Ruso», quien era parte de sus escoltas en la Ciudad de México y una persona a la que le tiene «un gran aprecio», que le regalará un poco de ropa porque no tienen a dónde ponerla.

«Voy a traer un poco, pasado mañana voy a bajar, pero se los tienen que poner, como la Cenicienta y les tienen que quedar, al que le quede se los lleva», señala. Y refiere que tiene mil camisas, su hijo Fabián aclara, «todas están organizaditas y bien planchaditas».

***

Andrés Manuel López Obrador acusó al presidente Enrique Peña Nieto de proteger al exgobernador Andrés Granier porque parte de los desvíos en Tabasco, aseguró, fueron a parar a la campaña presidencial del 2012.

Por tal motivo, dijo el excandidato presidencial de la izquierda, el mandatario priísta protege a Granier para garantizar su impunidad.

Según Reforma, en una entrevista López Obrador declaró al encabezar la reunión del Consejo Político del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) que Peña Nieto decidió arropar a Granier porque parte de los desvíos fueron a parar a la campaña presidencial del PRI en 2012.

Acompañado del dirigente nacional de Morena, Martí Batres, el exjefe de Gobierno del DF consideró que este es un típico caso de encubrimiento, tal y como se protege a Moreira y a Yarrington.

El político acusó a la PGR de «hacerle al cuento» con las investigaciones contra el exgobernador de Tabasco e indicó que Peña ordenó a Murillo Karam que no se castigue a Granier.

«Pero no les va a salir la treta porque mis paisanos quieren justicia y no van a permitir la impunidad», manifestó.

Por ello, López Obrador exigió al Poder Judicial que actúe con independencia e imparcialidad para resolver la situación de Granier y no dejarse presionar por el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong.

***

A pesar de toda la evidencia en su contra, Granier, tal cual priísta, se defiende contradiciendo a medio mundo, ¿quién es el que miente?, él o varios funcionarios y medios de comunicación que lo señalan con el dedo por ser tan «modesto».

Andrés Granier Meló sostuvo, frente a un tumulto de periodistas y la juez federal Taissia Cruz Parcero, que es inocente. «No cometí ilícito alguno. Hemos pertenecido a familias de solvencia económica y moral. No le debo nada a nadie», declaró detrás de la ventanilla enrejada del juzgado cuarto de distrito de procesos penales federales en el Reclusorio Oriente.

Agrega: «Manifiesto que me encontraba fuera del país por tres motivos: uno, por un distanciamiento político con el actual gobernador de Tabasco, Arturo Núñez; dos, porque tengo un problema de salud que atendía en Miami, del corazón y de la próstata, y tres, porque recibí amenazas del crimen organizado durante mi gestión; una fue un mes antes de que concluyera mi administración y que iban a atentar contra mi vida.

»Sin embargo, me presenté en la SEIDO (Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada) porque es mi voluntad (aclarar) todos y cada uno de los cargos que se me imputan porque creo en las leyes mexicanas y porque me queda claro que esta es una persecución política del gobernador Arturo Núñez».

***

El modesto Andrés Granier, que tiene un enorme guardarropa, que presuntamente desvió millones de pesos del erario público, que mantuvo a la población de Tabasco sufriendo de pobreza e inundaciones mientras él se daba la gran vida, es el primer priísta al que hay que odiar.

Andrés Granier

2. EL PRECIOSO

Miembro del PRI desde 1972, Mario Marín Torres fue postulado en el 2004 como candidato a la gubernatura de Puebla ganando la elecciones de noviembre de 2004 y tomando protesta para dicho cargo el 1 de febrero de 2005. También fue alcalde de la capital poblana por el período 1999-2002.

***

En 2005, la periodista y defensora de los derechos humanos, Lydia Cacho Ribeiro publicó el libro Los Demonios del Edén, investigación basada en testimonios de las sobrevivientes de una red de pederastia, que estaría encabezada por el empresario Jean Succar Kuri, y en la cual se señala a Kamel Nacif como protector de pederastas.

Como resultado, Nacif denunció penalmente a la feminista por el delito de difamación. Y en presunto contubernio con el gobernador de Puebla, Mario Marín, entidad donde Nacif tiene asentadas sus empresas, se ordenó la detención de Cacho.

El 16 de diciembre de 2005, ella fue detenida por la Policía Judicial poblana en la ciudad de Cancún y trasladada, vía terrestre, a lo largo de mil 500 kilómetros hasta la ciudad de Puebla, en un viaje de casi veinticuatro horas durante el cual permaneció incomunicada, esposada, sin agua, sin alimentos ni medicinas. Fue puesta en libertad, después de pagar una fianza de 70 mil pesos.

La feminista afirma que, luego de su detención, el Gobernador instruyó a los directivos de la cárcel para que la violaran. Asegura que una celadora del penal le dijo: todo está arreglado para que la golpeen y la violen; lo harán unas presas, con palos de escoba.

El 14 de febrero del 2006, se dieron a conocer en los medios de comunicación grabaciones telefónicas entre el industrial poblano Kamel Nacif Borge y el Gobernador de Puebla, que revelan la colusión para la detención de Lydia Cacho.

Tras el escándalo, dos días después, el 16 de febrero de 2006, Felipe Calderón —entonces candidato del Partido Acción Nacional a la presidencia de la República— exigió juicio político en contra de Mario Marín. Sin embargo, el 10 de enero del 2007, ya en la presidencia, dio su respaldo total al mandatario poblano.

Cacho Ribeiro denunció el 13 de marzo de 2006, ante las fiscalías Especial para la Atención de Delitos Relacionados con actos de Violencia en Contra de las Mujeres (FEVIM) y Especial para delitos cometidos contra periodistas, ambas de la Procuraduría General de la República (PGR), a Mario Marín y a Kamel Nacif.

Ante la segunda fiscalía también fueron denunciadas la procuradora de Puebla, Blanca Villeda, y la jueza Rosa Celia Pérez González, por los delitos de cohecho, tráfico de influencias, abuso de autoridad, tentativa de violación y falsedad de declaraciones.

El caso se agotó en instancias judiciales. Fue presentado ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), y el ministro Juan Silva Meza elaboró un documento relatando las vejaciones contra la periodista.

El 29 de noviembre del 2007 la SCJN, con posturas encontradas de las y los ministros, concluyó que no existió violación grave de garantías individuales de Lydia Cacho, con lo que el exgobernador de Puebla quedó exonerado de haber confabulado en contra de ella. La decisión se tomó con seis votos a favor.

***

Nacido en la Ciudad de México, el 13 de mayo de 1946, el poderoso empresario, productor de cítricos, Kamel Nacif Borge, mejor conocido como el Rey de la mezclilla, tiene un currículum oscuro que lo ha llevado hasta la prisión, de donde ha salido libre gracias a sus negocios y relaciones.

El 15 de mayo de 1993, por ejemplo, fue arrestado en Las Vegas, en su cuarto de hotel del Caesar’s Palace por agentes locales, en cumplimiento de una orden de aprehensión provisional, de acuerdo a lo establecido en el tratado de Extradición entre México y Estados Unidos.

La orden fue girada «por alegatos de evasión fiscal violatorias del Artículo 92 y 95, párrafos 1 y dos del Código Fiscal de la Federación mexicano por la cantidad de 50 mil 381 millones 623 mil 841 pesos mexicanos, como consigna la sentencia con la que obtuvo libertad bajo fianza en el estado de Nevada».

Anteriormente la prensa estadounidense publicó que Nacif Borge habría aportado cinco millones de dólares a la construcción del mencionado hotel por su afición al juego. En un lustro, la justicia norteamericana consignó que entró 75 veces al hotel.

En su alegato, como establece la sentencia, argumentó que podía obtener fianza por circunstancias especiales, como riesgos a su salud, dado que solamente tiene un riñón.

El argumento que mayor peso tuvo fue que, por ser un empresario conocido, los riesgos de su huida eran bajos. Todo lo anterior, de acuerdo con la orden de extradición CV-S-93-453-PMP-(RJJ), para extraditar a Kamel Nacif Borge el 16 de julio de 1993 por la cual ganó el derecho a fianza y sentó bases en la jurisprudencia norteamericana en el tema.

México, Estados Unidos y Hong Kong, son los puntos donde el empresario Nacif ha extendido su emporio e influencia.

Organizaciones no gubernamentales internacionales como Corp Watch, Sweatshop Watch y el Centro de Apoyo al Trabajador, consideran sin embargo que su forma de acumular dinero ha estado basada en la explotación de las y los trabajadores a su mando, otorgándoles bajos salarios.

Además, cuenta con «métodos» poco claros para que la mano de obra le resulte «más rentable», lo que le ha valido un sin número de denuncias e investigaciones en México y Estados Unidos.

En nuestro país cuenta con plantas de producción de mezclilla en los estados de Puebla, Chiapas, Quintana Roo y Tlaxcala. Integrantes de la Comisión de Derechos humanos del Valle de Tehuacán, Puebla, dan cuenta de la explotación que desde que siempre ha hecho hacia a menores de edad en sus plantas maquiladoras.

***

En 2010, se reveló otro audio donde el entonces gobernador, Mario Marín, se relaciona con una muchacha de 17 años llamada Jessica. El audio apunta a que Marín y Jessica mantuvieron una relación desde 1999.

***

Lydia María Cacho Ribeiro es una periodista, activista y escritora mexicana, autora de varias obras de impacto social, ha sido premiada en varias ocasiones por su labor periodística. Lydia Cacho es también reconocida activista por los derechos humanos y especialmente los de la mujer y forma parte de la Red Internacional de Periodistas con Visión de Género.

Cacho saltó a la luz pública por la denuncia penal en su contra, por el supuesto delito de difamación que impuso el empresario libanés Kamel Nacif Borge en el estado de Puebla, y el posterior escándalo político que tuvo lugar al implicar al gobernador de Puebla y al empresario en una confabulación para violentar la ley en contra de la periodista. Los delitos que denunció Cacho tuvieron lugar en Cancún (Quintana Roo) donde ella residía y donde fue secuestrada por elementos policiacos de Puebla y trasladada de manera ilegal a ese estado, por orden del gobernador Marín. Una vez en la ciudad de Puebla y después del escándalo público, fue puesta en libertad bajo fianza.

Gran parte de los políticos de México, organizaciones sociales y medios de comunicación exigieron la aclaración del caso e incluso la renuncia del gobernador. Además se menciona de manera colateral en algunas de las grabaciones, a los gobernadores de Quintana Roo, Félix González Canto (PRI), al de Chiapas, Pablo Salazar Mendiguchía (coalición de partidos PAN, PRD, PVEM), al exgobernador de Quintana Roo, Joaquín Hendricks Díaz y al priísta Emilio Gamboa Patrón.

Lydia Cacho se encontraba en su casa trabajando el 29 de julio, cuando su radio móvil de emergencia se encendió. Ella respondió, pensando que se trataba de algún colega y escuchó una voz masculina que la llamaba por su nombre y dijo: «Ya te lo dijimos pinche puta, no te metas con nosotros. Se ve que no aprendiste con la vueltecita que te dieron, la que te va a tocar va a ser en pedacitos, así te vamos a mandar a casa, en pedacitos, pendeja».

Lydia Cacho comenzó a recibir amenazas y sufrir acoso tras la publicación de su libro. La periodista ha recibido continuas amenazas desde entonces y en algunas ocasiones en represalia de su trabajo como periodista y defensora de derechos humanos.

Lydia Cacho salió temporalmente del país. En entrevista con el diario español El País, la autora declaró que fue víctima de una amenaza directa, por medio de la intervención de una línea especial de teléfono a la que solo podrían llegar a tener acceso los sofisticados equipos de la Marina Armada o de los cárteles que operan en Quintana Roo. Por consejo de asesores expertos en secuestros, y ante el comentario de la ex-Procuradora General de la República, Marisela Morales, quien le dijo «sería mejor que salieras unos meses del país», Lydia Cacho se autoexilió momentáneamente, en busca de reestructurar su esquema personal de seguridad. De acuerdo con la versión latinoamericana de la prestigiosa revista Esquire, México es el país con mayor índice de violencia contra periodistas, desde el 2011.

***

Tras subrayar que no renunciaría a su cargo, Mario Marín Torres retó a Lydia Cacho Ribeiro a que ambos se sometan a una investigación, y esto, luego de asegurar que la voz de la conversación con el empresario Kamel Nacif no era suya.

«Hoy, con tanta tecnología, se puede falsificar, alterar cualquier voz e imagen (…) se pueden imitar voces, estoy dispuesto a que se hagan las investigaciones», dijo.

En rueda de prensa para responder al escándalo nacional que generaron las grabaciones difundidas por La Jornada y W Radio, Marín Torres dijo que «ya pasó el Día de los Reyes Magos», respondiendo así a diputados y detractores que exigían su renuncia.

Acompañado por Blanca Laura Villeda Martínez, procuradora General de Justicia (PGJ) en ese entonces del estado, Adolfo Karam Beltrán, exdirector de la Policía Judicial, y de Javier López Zavala, exsecretario de Gobierno, sostuvo que lo expuesto por Cacho Ribeiro son puras mentiras.

Destacó que en el caso de la detención de Cacho en Cancún, Quintana Roo, nunca fue aprehendida con violencia, ni por un comando armado, sino por dos judiciales que le permitieron comunicarse con sus familiares.

Con algunos documentos en mano, aseguró que la periodista no fue incomunicada durante su trayecto de Quintana Roo a Puebla, y para el efecto presentó una lista con más de 15 llamadas que Lydia Cacho hizo desde el teléfono celular de uno de los judiciales.

Marín Torres también rechazó las versiones de tortura durante el traslado, o la reclusión en un calabazo.

Al respecto dijo que durante la detención de Cacho siempre estuvo presente un representante de la Comisión de Derechos Humanos y el director de la Policía Judicial, Adolfo Karam Beltrán.

Ante las insistentes interrogantes de los periodistas, Marín Torres dijo que le parecía innecesario que les diera mayores explicaciones porque además de carecer de conocimientos sobre Derecho, había una mayoría cargada a favor de Lydia Cacho.

El comentario del gobernador Marín Torres fue secundado por el director de Comunicación, Valentín Meneses, quien dijo a los comunicadores «que ven la paja en el ojo ajeno» y que «Lydia Cacho sea conciencia moral de ustedes».

***

Aunque Mario Marín niega cualquier relación de amistad con Nacif, en la capital del estado se asegura que esa relación surgió a principios de los años noventa, durante el sexenio de Mariano Piña Olaya, en cuya administración Marín Torres fungía como subsecretario de gobierno.

Y no solo eso, sino que, de acuerdo con las fuentes consultadas, la relación entre Kamel Nacif y Mario Marín fue estrechándose conforme avanzaba el proyecto de expropiación de mil 84 hectáreas de los terrenos ejidales donde hoy se asienta el complejo inmobiliario conocido como Angelópolis, donde Kamel Nacif se benefició con la compra de 100 hectáreas del ejido Momoxpan.

Los ejidatarios se opusieron a la venta de esas tierras. Uno de los líderes que defendió ese patrimonio de los campesinos e indígenas fue José Cruz Zapotécatl. Inconforme con la venta de las tierras a Nacif, José Cruz Zapotécatl se entrevistó con él para exigirle su devolución, puesto que la operación de compraventa había sido ilegal.

En el restaurante donde desayunaban. El Mesón del Ángel, el empresario ofreció a José Cruz una maleta de dinero para que abandonara su lucha. «Eran puros billetes grandes», recuerda un testigo de aquel encuentro. José Cruz rechazó el dinero y, tres semanas después, fue asesinado. El crimen, según las publicaciones de entonces, se atribuyó a Mario Marín, quien se desempeñaba como subsecretario de gobierno.

Meses después, surgieron nuevos movimientos sociales con el propósito de recuperar las tierras que habían sido «puestas en manos de los ricos». En 1994, Saturnina. —la Nina, como le llamaban— luchó desde la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (la CNTE) para rescatar los terrenos, al mismo tiempo que planteaba las reivindicaciones de su gremio. Pero también fue asesinada, en un Volkswagen.

La misma suerte corrió Sergio Moreno, cabeza de la Organización Campesina Independiente 13 de Octubre, quien pugnaba por recuperar las tierras de la Sierra Norte. Su lucha se frustró en 1996, tras ser asesinado por los caciques que servían al poder gubernamental.

Entre los poblanos es del dominio público la historia de cómo se apropió Kamel Nacif de las 100 hectáreas de la reserva territorial más importante del estado. Luego de comprar dicha extensión, Nacif la hipotecó en el Banco de Oriente.

Tras asumir el gobierno de Puebla, Manuel Bartlett Díaz determinó la nulidad del reparto que había hecho su antecesor, Mariano Piña Olaya, por lo que las escrituras fueron invalidadas y el Banco de Oriente se quedó sin garantías. Debido a esos y a otros hechos, la institución anunció su quiebra.

***

Como «una farsa» consideró la periodista Lydia Cacho Ribeiro, en entrevista telefónica con Cimacnoticias, la solicitud de órdenes de captura que la Procuraduría General de la República (PGR) emitió en contra del empresario Kamel Nacif Borge y cinco policías de Puebla, como presuntos responsables de la detención y presunta violación de garantías individuales de Cacho, según informó el diario La Jornada.

Las órdenes de captura emitidas por la PGR son una estrategia —dijo Cacho Ribeiro— para evitar que el caso llegue a instancias de justicia internacionales. Los delitos que se imputan a Nacif Borge y a los policías José Montaño Quiroz, Jesús Pérez Vargas, María Irene Arteaga Rangel y Verónica Chávez Cruz, así como del comandante Raymundo Rodríguez Rocha, no son del fuero federal y por tanto no se consideran graves, son del fuero común y pueden solicitar amparos para evitar la cárcel.

El expediente 02/FEADP/06, dice La Jornada citando «altos mandos» de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra Periodistas, fue turnado a un juez del fuero común en Cancún, Quintana Roo, porque un juez federal, con sede en el Reclusorio Sur, en el Distrito Federal, se declaró incompetente y un tribunal unitario determinó que los delitos de asociación delictuosa y proporcionar datos falsos a una autoridad, en el caso de Kamel, así como abuso de autoridad, por parte de los policías poblanos, son ilícitos del fuero común y no están tipificados como graves.

El expediente del caso, agrega el diario, fue puesto a consideración de un juez federal «bajo el mayor sigilo», pues los señalados como principales acusados en este asunto, Blanca Laura Villeda Martínez y el Gobernador poblano, no se mencionan como responsables de ningún ilícito.

No así en el caso de Kamel Nacif, quien, según el expediente, habría incurrido en asociación delictuosa y en proporcionar información falsa a una autoridad distinta a la judicial, pues se pudo acreditar que formuló amenazas contra Cacho Ribeiro.

***

Mario Marín se fue de Casa Puebla sin dejar en claro cómo gastó 184.5 millones de pesos en 2006 para contener el sismo político que le significó el affaire Cacho-Marín. A pesar de los ríos de tinta que han corrido al respecto, solo explicó cómo distribuyó 121 millones de pesos, del resto —63 millones— nada se sabe.

Parte de la estrategia fue inyectar 12 millones de pesos al grupo informativo que comanda Olegario Vázquez Raña —Imagen—, pagos de espacios publicitarios radiofónicos por 2.3 millones en el noticiario de Joaquín López Dóriga y una fuerte inversión de 25.6 millones en las dos cadenas televisivas nacionales. Todo esto con recursos públicos.

En ese mismo año, la administración estatal también utilizó el erario para apoyar a empresas periodísticas locales que, durante los momentos más álgidos de la crisis política, abrieron sus páginas para difundir información a favor del mandatario como los diarios Intolerancia y El Sol de Puebla, propiedad del empresario Mario Vázquez Raña.

O las empresas radiofónicas de la familia Cañedo Benítez: Grupo Acir, que luego habría de cambiar de nombre a Cinco Radio, a cargo de Coral Cañedo, así como de Marconi Comunicaciones, propiedad de Rafael Cañedo, y Radio Oro, de la familia Grajales.

Al menos esa es la distribución que reconoce la administración marinista de los 121 millones de pesos que reportó haber gastado en ese año en materia de publicidad a una solicitud de información que presentó el diario Animal Político.

Casi el mismo monto oficial que reportó el gobierno del Estado de México, uno de los que más recursos ha destinado para promocionar la imagen de Enrique Peña Nieto para el mismo año, pero 60 millones menos de los que reconoció el titular de la Secretaría de Finanzas del estado, Gerardo Pérez Salazar, en febrero de 2007 ante los diputados locales.

Esa información, proveniente de los archivos que la Dirección de Comunicación Social y Relaciones Públicas y que el gobierno marinista se vio obligada a entregar a una solicitud presentada al amparo de la Ley de Transparencia en 2008, desapareció un par de años después.

Ante una solicitud idéntica, letra a letra, la administración estatal calificó de «inexistente» la misma información sobre gastos en medios de comunicación; lo diferente, fue una actualización en fechas para conocer los movimientos y montos en la segunda parte de su sexenio.

***

El 7 de febrero de 2005, con tan solo unos días de iniciado el sexenio. La Jornada de Oriente publicó en sus páginas una entrevista con Mario Marín Torres. Eran los primeros días de su sexenio.

Las palabras que quedaron registradas no dejaban lugar a dudas. El mensaje del recién nombrado mandatario era: «Yo no voy a engordar los bolsillos de un medio —de comunicación— nada más en aras de que proteja mi imagen».

Pero el tiempo y un problema de magnitudes insospechadas diluyó aquellas palabras un año y meses después.

Los documentos entregados revelan que el aciago 2006 —año del caso Cacho-Marín—, el gobierno del estado entregó 11.2 millones de pesos a la empresa radiofónica de Olegario Vázquez Raña, casi el 70% de lo que se destinó en ese periodo a las compañías radiofónicas nacionales.

Ese año, el presupuesto etiquetado para pagar espacios en la radio nacional se cuadriplicó, pasando de 4.01 millones de pesos en 2005 a 16.7 en 2006.

Pero no fue lo único. El diario Excélsior, parte del emporio mediático de Olegario, también sumó a sus ingresos 800 mil pesos provenientes del erario poblano para cerrar la cifra en 12 millones de pesos.

Ese mismo año, TV Azteca —facturado a nombre de Antena Azteca SA de CV y TV Azteca México— le vendió al gobierno marinista espacios publicitarios por 14.1 millones de pesos. Por su parte. Televisa Puebla logró contratos por 11.5 millones de pesos. Las dos televisoras abiertas se quedaron con el 96% de los recursos públicos destinado a ese rubro.

Ese año. La Jornada, diario que detonara el escándalo al publicar la conversaciones entre Marín y Kamel Nacif, le facturó a la administración estatal 4.9 millones, mientras que El Universal reportaba 4.7 millones por publicidad a nombre del gobierno local.

De aquel tiempo es la entrevista telefónica que Joaquín López Dóriga le hiciera a Mario Marín la noche del 14 de febrero de 2006:

Lo que pocos saben es que ese mismo año, Astrón Publicidad, empresa que a decir de la revista Etcétera es «la agencia que comercializa el espacio que López Dóriga conduce en Radio Fórmula», le vendió 2 millones 300 mil pesos en espacios publicitarios.

En Puebla, el pastel publicitario, sin contar a la televisión, se lo repartieron El Sol de Puebla, una de las empresas más rentables en el conglomerado de medios propiedad de Mario Vázquez Raña, que reportó facturas por 3.7 millones de pesos; Grupo Acir, a quien se le pagaron 3.3 millones y Radio Oro, que obtuvo ganancias por 3.06 millones.

El diario Síntesis, que hace unos meses acusó haber sido excluido de las reuniones del gobernador, obtuvo ese año 2.4 millones de pesos, cifra superior a los 2.3 millones que se le entregaron a la empresa radiofónica Marconi Comunicaciones.

Mención especial merece el caso del diario Intolerancia, que bajo la razón social Editorial Periodística SA de CV, logró contratos publicitarios por 2.3 millones de pesos.

En tanto que Versus Editores SA de CV, empresa que en el padrón de proveedores del gobierno del estado se reconoce como representante legal a Enrique Núñez Quiroz, también director de Intolerancia, logró 1.1 millones de pesos en el mismo año.

Por si fuera poco, la empresa Gráfica Total, propiedad de la familia López Sainz, facturó ese año 1.3 millones de pesos. En total, casi cinco millones de pesos se destinaron a personajes vinculados a ese diario.

Para 2007, el último periodo reportado por la oficina del vocero gubernamental, otros medios entraron al círculo de los «consentidos» de la administración: El Heraldo de Puebla, una vez que el diario dejó de ser parte de la cadena que encabezaba Gutiérrez Vivó y pasó a manos de uno de los empresarios consentidos del marinismo, Ricardo Henaine, y XEPA, Punto 10 AM.

En ese año. El Heraldo de Puebla, que en los años precedentes no aparece registrado dentro de los medios impresos que el gobierno del estado contrató, logró vender casi 2 millones de pesos en publicidad a la administración marinista. Nada mal para un periódico que durante la dirección de Pablo Ruiz permaneció vetado por su insistencia de llevar el conteo de los «días de impunidad».

Veamos el caso de la XEPA. Aunque la empresa ya participaba de la publicidad gubernamental con un promedio de facturación anual de 1 millón de pesos en los dos primeros años, en 2007 brincó a 2.1 millones solo para el periodo enero-octubre de ese año.

Ese mismo año, la empresa cambió de arrendatarios quedando en manos de la familia Hannan. Atrás quedaban los días en que Alberto Ventosa Coghlan llevara las riendas de esa estación.

***

La honestidad no es un valor de alta estima en la Secretaría de Finanzas y Administración del Estado de Puebla, sobre todo cuando se trata de mantener fuera del ojo público el monto del gasto que se destina a la publicidad gubernamental.

Y es que entre 2007 y 2008, Gerardo Pérez Salazar y la dependencia a su cargo ofrecieron respuestas distintas a una misma pregunta. Primero, a los diputados locales en la comparecencia del funcionario público. Meses más tarde a una solicitud de información.

No queda claro a quién de los dos mintió, pero la cifra del gasto en publicidad del gobierno marinista para el 2006, el año más álgido que enfrentó la administración estatal por la divulgación de la conversaciones entre Mario Marín y el empresario textilero Kamel Nacif, bajó sorpresivamente de 184.6 millones de pesos, «como venía dentro del presupuesto 2006», a 121.5 millones, cuando se entregó la documentación solicitada.

La actitud del secretario de Finanzas, sancionada además en el Código de Ética de los Servidores Públicos que rige el actuar de los funcionarios desde el inicio de la actual administración, no es exclusiva de esa dependencia.

Cuando se trata de evitar que se conozcan las tripas de la estrategia mediática que le permitió librar la presión social que significó el affaire Cacho-Marín, y los llevó incluso a negar la existencia de contratos para la compra de espacios publicitarios en los medios de comunicación, la dirección de Comunicación Social marinista niega la existencia de contratos y facturas, situación que viola la Ley de Adquisiciones.

Esa es la respuesta que se ha esgrimido una y otra vez, pese a que se probó, gracias al trabajo mediador de la Comisión de Acceso a la Información Pública, que el gobierno estatal sí contrata y factura espacios de promoción.

Y aunque entregó a regañadientes la información de uno de sus vehículos de promoción —el sistema de información Avances— ha bloqueado de manera sistemática cualquier otro intento por transparentar sus relaciones comerciales con empresas mediáticas, estatales y nacionales.

***

Es 3 de febrero de 2007. Gerardo Pérez Salazar, secretario de Finanzas en el estado, está contrariado, enfadado. Los diputados acaban de lanzarle por varios frentes una pregunta que rondaba en el ambiente desde meses antes, cuando se puso en marcha desde la administración estatal un bombardeo mediático para posicionar la figura del gobernador.

La pregunta, de tan inevitable, le llegó no solo desde la oposición, pues incluso los legisladores de su partido, el Revolucionario Institucional, sumaron dardos en esa dirección.

Juan Antonio Martínez Martínez, entonces presidente de la Comisión de Hacienda dejó caer las palabras: «Por último, señor secretario, quisiéramos saber todos los que estamos aquí presentes, ¿cuántos recursos fueron destinados para limpiar la imagen del gobernador después del caso Lydia Cacho? Ya que incluso existieron entrevistas y comentarios a nivel nacional en desagravio y se desactivaron los comentarios (negativos) en Televisa y en Tv Azteca, así como el costo de operadores en medios a nivel nacional».

No sería la única pregunta o comentario sobre el tema que tuvo que enfrentar el funcionario al comparecer ante 41 diputados como parte de la glosa del Segundo Informe de Gobierno.

Rodolfo Huerta, líder de la bancada perredista, también habría de abonar al tema: «Más allá de si es publicidad o desagravio, que es una simple formulación, yo solo le diría ¿de dónde salen los recursos y a cuánto ascienden para la defensa del caso Cacho-Marín?».

Víctor León Castañeda, entonces legislador panista también abonó sobre el particular, al solicitar el monto del «gasto realizado por el Ejecutivo del estado en el área de comunicación social, la imagen y la defensa jurídica».

Pérez Salazar miró al techo, sabía que el tema sería reiterativo, pero buscaba hacer patente su molestia. Tomó un trago de agua y comenzó su perorata llena de números.

En alguna parte de su intervención abordó el tema, mientras por sus mejillas subía el color.

«El diputado Juan Antonio Martínez pregunta cuántos recursos se destinaron para limpiar la imagen del gobernador después del caso Lydia Cacho. Que cuánto costó ese asunto, ¿no? Quiero comentarle señor diputado que solamente se ejercieron los… el presupuesto para comunicación social que venía dentro del presupuesto 2006, que fueron 184.6 millones de pesos, mismos recursos que son utilizados para la difusión de la totalidad de las acciones de gobierno, y que tenemos convenios concertados con diversos medios de comunicación y el pactado de los mismos corresponde a la transmisión de los programas del gobierno del estado, no para limpiar la imagen de nadie.

»Al diputado Rodolfo Huerta yo quisiera comentarle que se tiene un presupuesto que ejerce la asesoría jurídica del Ejecutivo, y que se presenta en el presupuesto de egresos, y si en su caso el señor gobernador contrató algunos abogados es de su propio ingreso, él que pague esos abogados».

Por último, y luego de una larga sesión declamatoria de cifras, Pérez Salazar volvió a mencionar el monto del gasto en publicidad: «Fueron de 186 millones de pesos en 2005; en el 2006 fueron 184 millones 661 mil pesos, un decremento de 2 millones 331 mil pesos».

***

Pero esos 184.6 millones de 2007 se transformaron un año y tres meses después en 121.5 millones de pesos, al responder a una solicitud de información interpuesta a través de la Ley de Transparencia estatal.

La Secretaría de Finanzas entregó un documento con los montos del gasto ejercido en 2004, 2005, 2006 y hasta octubre de 2007.

En el papel, la dependencia sostiene que el gasto en 2006, el año del Maringate fue menor en un 34% a lo afirmado por Pérez Salazar ante los diputados.

También se reconoce que en 2005 no fueron 186 millones, como también aseguró el secretario de Finanzas ante los diputados, sino 114 millones de pesos lo que se destinó a la publicidad gubernamental.

Y como los números bailan, y al parecer no tienen memoria, se solicitó a la oficina del vocero y responsable de la comunicación social, encabezada por Javier Sánchez Galicia, copias de los contratos para confirmar el gasto, aun cuando las facturas ya habían sido negadas en solicitudes previas argumentando su inexistencia.

La respuesta solo siembra más dudas: «Me permito informarle que no existen convenios publicitarios signados, ya que se trabaja con ellos a través del pago por publicación en el caso de los medios impresos y por difusión para radio y televisión; ya sean locales, nacionales o internacionales».

Esta no es la primera vez que el gobierno asegura no tener la documentación al respecto, pero en esta ocasión fue posible que el solicitante probara la existencia de dicha información, como lo exige la CAIP para poder intervenir.

Una solicitud previa en otra dependencia permitió obtener copias de un contrato y su correspondiente factura por la publicación de un número dedicado a promocionar la actividad económica y comercial del estado en la revista Desarrollo Económico.

Pero ello no impidió ni inhibió al vocero para asegurar, en el documento que fue entregado a manera de respuesta, la inexistencia de la información. En otras solicitudes el funcionario también negó la existencia de facturas y convenios.

***

La periodista Lydia Cacho Ribeiro le enmendó la plana al actual gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle, al asegurar que la sentencia de Jean Succar Kuri por pederastia, pornografía infantil y otros delitos está vinculada al exgobernador Mario Marín Torres por ser parte de la red de protección de Succar encabezada por el empresario textilero Kamel Nacif.

«Que los asesores de @Rafagobernador le expliquen que la sentencia a Succar Kuri x + de 100 años exhibe a Kamel Nacif & friends».

A través de su cuenta de Twitter y en respuesta al proceso en contra del exsecretario de Obra Pública, Javier García Ramírez, por enriquecimiento ilícito, Lydia Cacho advirtió que Mario Marín necesita fuero para evitar consecuencias legales de presuntas irregularidades en su gobierno y por el caso de la periodista que lanzó al exmandatario a la fama mundial.

Lydia Cacho le recordó también a Moreno Valle que existe un caso judicial en contra de Mario Marín por poner a disposición de Kamel Nacif la justicia poblana para aprehender y violentar sus derechos humanos, caso que llevó la Suprema Corte de Justicia de la Nación desde abril de 2006 hasta noviembre de 2007.

La autora de Los demonios del Edén, comentó que Mario Marín puede ser parte del proceso judicial en contra del pederasta, debido a sus nexos con Kamel Nacif.

«Se equivoca @Rafagobernador: Sí hay caso judicial contra Mario Marín, el “caso Lydia Cacho” está directamente vinculado a caso Succar».

Para evitar las consecuencias, el exmandatario ha buscado el fuero en la Cámara Baja y en la Alta. De acuerdo a la periodista, la exlideresa nacional del PRI, Beatriz Paredes Rangel, le intercambió a Mario Marín la candidatura al Senado por el control del tricolor. Incluso, dice que el tema está documentado.

«Beatriz Paredes le prometió al #Goberprecioso la senaduría a cambio del control del PRI en Puebla; está documentado (…) A Mario Marín #Goberprecioso le urge el fuero como legislador para blindarse como se blindó desde el poder con Kamel Nacif».

***

El fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a favor de Mario Marín, gobernador del estado de Puebla, exonerándolo de cualquier culpa en el caso de la detención de la periodista Lydia Cacho, es una de las noticias más estremecedoras que ha recibido el periodismo nacional, además de ser un oscuro precedente que coloca a cualquier periodista que se atreva a escribir la verdad en la posición de ser denunciado, detenido, violentado en sus derechos fundamentales, además de ser calificado como delincuente antes de recibir sentencia.

Mario Marín Torres, símbolo de la impunidad y la corrupción en Puebla, es el segundo priísta al que hay que odiar.

Mario Marín

3. EL CORRECAMINOS

Entre los protagonistas de la novela Nacif-Cacho-Marín había uno más, el Senador Emilio Gamboa Patrón, que con todas sus influencias salió bien librado de este, tal vez, el peor escándalo de su vida política. Él es el tercer priísta al que hay que odiar, y a quien dedicamos este capítulo.

***

El día 12 de septiembre de 2006, varios periódicos mexicanos, revelaron una conversación de Gamboa con el empresario textil Kamel Nacif Borge, quien está relacionado con Jean Succar Kuri (quien se encuentra en la cárcel por cargos de pederastia, pornografía infantil y seducción de menores). En la conversación Kamel Nacif Borge insta a Gamboa de detener iniciativas respecto a casinos en el Senado de la República. Gamboa ha aceptado conocer al empresario, pero negó que hubiera tráfico de influencias.

Gamboa Patrón es autor de la frase: Pues entonces va pa' trás papá.

De acuerdo con el escritor Carlos Monsiváis la conversación se desarrolla en «cabroñol» o una variación del lenguaje español, donde se emplean solo palabras altisonantes.

La transcripción estenográfica de la nota fue publicada por el periódico El Universal el 12 de septiembre de 2006.

***

Incombustible, Emilio Gamboa Patrón fue designado por aclamación como nuevo dirigente de la Confederación Nacional de Organizaciones Populares (CNOP), del PRI, el llamado «sector popular». Gamboa Patrón va en pos de la dirigencia nacional del mismo partido, según distintas versiones internas del Revolucionario Institucional.

¿Quién es este personaje que desde el sexenio de Miguel de la Madrid hasta ahora ha ocupado puestos claves y ha demostrado ser el gran bróker de la política? A continuación. Compartimos con ustedes fragmentos del perfil que publicó Jenaro Villamil en el libro «Los Intocables», coordinado por Jorge Zepeda.

***

Emilio Gamboa Patrón siempre saluda agitadamente, reparte sonrisas aún a sus más incómodos críticos, contesta decenas de llamadas a su celular, al tiempo que está pendiente de las conversaciones circundantes. No pierde el detalle ni la compostura, aunque siempre ande con prisa. Es un Correcaminos de la política. Hábil para olfatear algún asunto que necesite de sus artes como «operador político», veloz para ofrecer sus servicios de intermediación. Eficaz y discreto, según sus seguidores.

Sin embargo, aquella mañana del 12 de septiembre de 2006 el buen semblante le cambió, la indiscreción estalló y la prisa lo alcanzó. Recién nombrado coordinador de los diputados del PRI para la legislatura que culminaba en el 2009 y presidente de la Junta de Coordinación Política de San Lázaro, Gamboa Patrón enfrentaba un nuevo escándalo mediático que lo vinculaba con uno de los empresarios corruptores cuyo rastro llegaba hasta la red de pederastas de Jean Succar Kuri en Quintana Roo.

Durante esa mañana, el noticiario radiofónico Hoy por Hoy, conducido por Carmen Aristegui, y el periódico La Jornada difundieron esta conversación:

—Papito, ¿dónde andas cabrón? —saluda Emilio Gamboa Patrón.

—Pues aquí estoy en este pinche pueblo de los demonios, papá —le responde con voz ronca Kamel Nacif.

—Pero ¿dónde andas mi rey? Porque habla uno todo el día bien de ti, pero te pierdes hijo de la chingada.

—Pues ando chingándole, no queda otra… ¿Y cómo estás tú, senador?

—Uy, a toda madre, aquí echando una comida con unos senadores, que si te cuento te…(inaudible) cabrón.

—¿De dónde?

—Vamos a sacar la reforma del hipódromo, cabrón, ya no del juego… del hipódromo.

—¿Para qué?

—Para hacer juego ahí, cabrón.

—¿Cómo?… Bueno…

—¿Cómo lo ves?

—No, no la chingues.

—Entonces, lo que tú digas, cabrón, lo que tú digas, por ahí vamos, cabrón. —No, dale pa' tras, papá.

—Pues, entonces va pa' tras, esa chingadera no pasa en el Senado, eh.

—¡A huevo!

—Oh.

—Pues a huevo!

—Te mando mi cariño.

—¿Cuándo nos vemos? —pregunta inquieto Nacif.

—Cuando quieras mi Kamelito.

—Pues cuando tú digas…

—Regresando, yo me voy a Washington a ver a unos cabrones, pero regresando te veo… Regresando yo te llamo… créeme que yo te llamo… ya no me llames… yo te llamo amigo.

—Orale senador.

—Un abrazo.

—Estáte bien, bye.

La grabación se interrumpe. En otra llamada, se escucha a Kamel Nacif hablar con su hija.

—¿Qué pasó, mi amor?

—Nada papi, qué haces…

—Estaba hablando con el Gamboa y con otro senador.

—Ah, y ahora, ¿qué traes problemas?

—No. Me buscan todos para ver de a cómo le caigo.

—(Risas) Ah, bueno.

En el momento de la difusión de esta conversación telefónica, Emilio Gamboa Patrón había conseguido por quinto sexenio consecutivo mantenerse en un lugar privilegiado, a pesar de la derrota del PRI, su partido, por segundo sexenio consecutivo en la presidencia de la República (2000 y 2006).

El político logró el anhelado fuero legislativo, esa otra fórmula de la impunidad al estilo mexicano que se ha convertido en una regla no escrita en la clase política, aún con la alternancia entre el PRI y el PAN y las promesas incumplidas de la rendición de cuentas.

No era la primera vez que Gamboa Patrón estaba en el centro de una tormenta política. El Pemexgate, sus vínculos y favores a Televisa, su conflictiva relación con el clan de los Salinas fueron tan solo algunos de los asuntos polémicos que lo han perseguido en casi treinta años de carrera política.

Tampoco era la primera ocasión que su voz aparecía grabada en una conversación telefónica para intercambiar favores políticos por beneficios económicos. Sin embargo, sí fue la primera vez que tuvo que admitir ante una nube de reporteros que esperaban su reacción la veracidad de la conversación con Kamel Nacif.

“No me avergüenza; es una canallada, una acción concertada; no voy a renunciar (a la coordinación de los diputados priístas)”, afirmó en aquella tumultuosa rueda de prensa en la que a duras penas podía sostener su congelada sonrisa.

Gamboa Patrón reconoció que conocía, de varias décadas atrás, a Kamel Nacif, el “rey de la mezclilla” y soltó una frase enigmática: “existen, por lo menos tres grabaciones más” que lo vinculaban al empresario textilero radicado en Puebla, protegido y financiador de las campañas de varios candidatos priístas, incluyendo al góber precioso, Mario Marín.

Casi dos años después, el 9 de julio de 2008, Gamboa Patrón insistió que él era víctima del espionaje telefónico, pero en el caso de la llamada con Nacif, realizó una “investigación personal” y resultó que “lo de Kamel fue parte de una mala relación personal con su esposa que lo grabó”. Sintomáticamente, el jefe de la bancada priísta no negaba el fondo de la conversación con el “rey de la mezclilla”: el presunto tráfico de influencias.

El método para desviar el fondo del asunto fue sencillo: Gamboa se colocó como víctima; criticó el espionaje telefónico; y evitó referirse al caso de la red de pederastas en la que ha sido involucrado él, junto con Kamel Nacif y Miguel Ángel Yunes, el eterno candidato a la gubernatura de Veracruz.

Gamboa Patrón comprobó que el feneciente sexenio foxista no estaba dispuesto a llamarlo a cuentas. La exoneración oficial se produjo al día siguiente de la difusión de su conversación con Kamel Nacif. El procurador general de la República, Daniel Cabeza de Vaca, afirmó que no existía ningún indico que involucrara a Gamboa Patrón con hechos de pederastia.

La agencia oficial de noticias Notimex, difundió la condena de Cabeza de Vaca a la intercepción de llamadas. El abogado de la nación evitó mencionar algo sobre el claro intercambio de favores y de presiones que traslucía en la conversación entre un senador y un empresario con fama pública de corruptor.

“Nosotros reprobamos esos hechos (la intercepción de llamadas), creo que se debe respetar la privacidad de las personas. Esperaremos si los interesados quieren presentar alguna denuncia para proceder a investigar”, afirmó el último procurador de la era foxista.

Gamboa Patrón también negó que hubiera existido algún intento de reformar la Ley Federal de Juegos y Sorteos durante los seis años que estuvo en el Senado (2000-2006). Mucho menos, que se buscara beneficiar a empresarios como Kamel Nacif.

Sin embargo, los registros de la Cámara alta señalan que, efectivamente, a mediados de 2003 se presentó una iniciativa de reformas a dicha ley para permitir que empresas extranjeras pudieran manejar el juego en los hipódromos y casas de apuestas.

Un año después la Secretaría de Gobernación, con Santiago Creel al frente, modificó el reglamento de la ley y en mayo de 2005 detonó el escándalo de la entrega discrecional de 130 permisos para bingos y yaks a una empresa filial de Televisa, Apuestas Internacionales, y a cinco grupos más.

El escándalo del dale pa' tras papá aminoró, pero para todos los observadores políticos resultaba un hecho que Gamboa Patrón estaba nuevamente «tocado» por su propia y compleja trayectoria. El gran «operador político» priísta estaba desnudo ante la opinión pública. Ya no contaba con aquel caparazón de protección de la censura velada que le permitió a lo largo de su trayectoria en 8 cargos de primer nivel —desde secretario privado de la presidencia de la República, titular de Comunicaciones y Transportes, hasta subsecretario de Gobernación— evadir una respuesta pública a las constantes menciones de su nombre en operaciones de dudosa legalidad.

Consultado por Villamil, Porfirio Muñoz Ledo afirmó en aquella ocasión que el diálogo entre Kamel y Gamboa Patrón respondía a «una subcultura del narco, del cachondeo que revela la promiscuidad de intereses».

«Lo que pasa con Gamboa Patrón es extremadamente grave», insistió el exembajador de México ante la Unión Europea y expresidente nacional del PRI y del PRD. Muñoz Ledo advirtió el siguiente escenario:

«El riesgo es que se instituya la corrupción como método en el Congreso. Gamboa representa el fin del sistema de partido hegemónico que será sustituido por el sistema de dinero hegemónico. Ya lo vimos con la Ley Televisa».

El diálogo telefónico confirmaba el reinado del «cabroñol», término acuñado por el escritor Carlos Monsiváis, como síntesis del español y de la «carbonería». Agudo observador del lenguaje de los poderosos, Monsiváis advirtió desde la difusión de las llamadas entre Kamel Nacif y Mario Marín la incorporación al argot político de las fórmulas de confianza e impunidad que denotaban la certeza de ser «intocables» e impunes.

El Demonio en el Edén.

Antes de la aparición del libro Los Demonios del Edén, escrito por la periodista Lydia Cacho, Gamboa Patrón negó sin mucho aspaviento los vínculos con la red de pederastas en Quintana Roo, encabezada por Jean Succar Kuri.

El 6 de enero de 2004, la reportera Patricia Vázquez Pérez publicó en el efímero periódico capitalino El Independiente que «fuentes oficiales de la Procuraduría de Justicia del Estado de Quintana Roo afirman que el senador Emilio Gamboa Patrón y el diputado Miguel Ángel Yunes Linares y el empresario Kamel Nacif figuran en la lista de los asistentes a las fiestas del presunto pederasta de origen libanés, Jean Hanna Succar Kuri».

«Presuntamente llegaba a Cancún a bordo de una aeronave privada para incorporarse a las fiestas en las que niñas de 14 años eran el atractivo principal», agregaba la nota periodística.

Al día siguiente, el 7 de enero de 2004, El Independiente publicó un desmentido «categórico» de Gamboa Patrón a lo publicado: «No conozco al señor Jean Hanna Succar Kuri» y «nunca asistí a la fiesta que hace mención la nota».

Un año después, en 2005, los nombres de Emilio Gamboa Patrón, de Miguel Ángel Yunes Linares y de Kamel Nacif volvieron a entrelazarse en el libro Los Demonios del Edén, la investigación más completa publicada hasta ese momento sobre una red de pederastia y de pornografía infantil, con asiento en Cancún, Quintana Roo, y con extensas ramificaciones políticas.

La vida de su autora, Lydia Cacho se transformó desde ese momento. No así la de los principales implicados, salvo Jean Succar Kuri, que estuvo prófugo del país y actualmente preso en el penal de La Palma, en Almoloya.

Cacho fue detenida ilegalmente en Quintana Roo, torturada en su trayecto a Puebla y hostigada por el gobernador priísta de esa entidad, Mario Marín, el góber precioso, cuya voz apareció en otra grabación filtrada a los medios de comunicación con Kamel Nacif.

La primera mención a Gamboa Patrón en el libro de Cacho aparece en la página 32, como presunto protector político de Succar Kuri. La referencia es más extensa en la reproducción del testimonio de la joven Emma, una de las víctimas de la red de pederastia:

«Yo estuve con el señor Miguel Ángel Yunes y con el señor Emilio Gamboa Patrón en una comida. Johny me llevó con él al Distrito Federal, a un restaurante muy elegante de la avenida Insurgentes, donde fueron llegando varios señores. Me saludaron con mucha amabilidad». (Los Demonios del Edén, Ed. Grijalbo, p. 46, 2a. Edición).

El libro documenta los vínculos de negocios y protección existentes entre Gamboa Patrón y Alejandro Góngora Vera, exdirector general de Fonatur y exregidor de Cancún, protector y miembro de la red de Succar Kuri. En el capítulo 8, «¿Políticos y Explotación Sexual?», Cacho va describiendo así los vínculos entre ambos personajes:

«Entre los cargos públicos que ocupó Alejandro Góngora Vera figuran la delegación de Migración y del Seguro Social en Cancún, la dirección general de Fonatur en la misma ciudad y en fechas recientes (2001) el del primer regidor en el cabildo municipal.

»Durante aquella entrevista en el programa radiofónico Desde el Café, Góngora declaró que conoció a Succar cuando intentaba vender unos locales comerciales en el aeropuerto de Cancún, propiedad suya y del entonces senador priísta Emilio Gamboa Patrón…

»Según él, el contacto inicial entre Succar y él ocurrió hace cerca de diez años y cultivaron una amistad que se consolidó a lo largo de una década, al grado que se convirtieron en compadres» (Op. Cit., p. 69).

Desatado el escándalo mediático en torno a Succar Kuri, quien se mantuvo en la prisión de Chandler, Arizona, tras su salida del país en 2004, la investigación en tomo a Alejandro Góngora Vera aportó varias pistas sobre una colusión de intereses más compleja con Gamboa Patrón.

Cacho relató que la PGR se centró en la investigación de tres terrenos que ligaban a Góngora Vera con los demás personajes mencionados en las denuncias de las menores.

«Cuando Emilio Gamboa Patrón fue director de Fonatur negoció con Lorenzo Zambrano, dueño de Cemex, una renta multimillonaria del predio que aún ocupa el parque acuático Wet’n Wild en Cancún… Aunque en 2001 el libanés Kamel Nacif ofreció comprar el predio de Wet’n Wild, no tuvo éxito.

»El segundo predio que se investiga está en la segunda sección de la zona hotelera, lugar donde se ubica el restaurante La Destilería, perteneciente a dos socios, Mario Gamboa Patrón y Alejandro Góngora Vera. El primer es hermano del senador Emilio Gamboa Patrón.

»El tercer predio relacionado es el que ocupa el hotel Dunas, construcción que se convirtió en un fraude hotelero cometido por el hasta hoy prófugo de la justicia, el español José Aldavero. Hoy se indica que fue vendido a Lorenzo Zambrano por Gamboa Patrón (bajo una licitación plagada de extrañezas). Pero el primero que tuvo el poder sobre ese predio era el dominicano Víctor Cabral Amieva, vendedor estrella de Fonatur, y quien se hiciera famoso en México cuando se divulgó que le consiguió a Carlos Cabal Peniche un pasaporte falso de la República Dominicana, con el que el banquero pudo huir a Australia. Víctor Cabral era asiduo a las fiestas de Jean Succar Kuri cuando este apenas había comprado un par de departamentos en Solymar». (Op. Cit., pp. 153-154).

El fraude en el hotel Dunas generó un quebranto por 18 millones de dólares, según el propio Alejandro Góngora Vera, ya que Fonatur tuvo que ceder el terreno, cubrir los gastos del juicio, los avalúos y demás procedimientos que se realizaron para resolver el litigio. Gamboa Patrón, como director de Fonatur, nunca rindió cuentas respecto a este caso.

«Un dato para el asombro —anota Lydia Cacho—: la directora de ventas de Fonatur en los tiempos de Gamboa Patrón era Guadalupe Rachide Nacif, cuñada de Kamel» (Op. Cit., p. 155).

Los vínculos entre el «rey de la mezclilla» y el rey de los operadores políticos iban más allá de llamadas telefónicas interceptadas por la esposa de Kamel. Gamboa Patrón ha negado insistentemente cualquier tipo de negocios con uno de los empresarios que ha aportado fuertes cantidades de dinero a las campañas de varios gobernadores del PRI, a cambio de prebendas, permisos, terrenos, negocios de dudosa legalidad.

Vivir en el Presupuesto.

El vínculo de Gamboa Patrón con la red de pederastas es tan solo una de las muchas pistas oscuras que este político de origen yucateco ha dejado a lo largo de su carrera transexenal.

La fortuna ha favorecido en su ascenso burocrático a este político nacido el 23 de agosto de 1950 en la Ciudad de México. Egresado de la Universidad Iberoamericana como licenciado en Relaciones Industriales, Gamboa se enroló en 1972, a los 22 años en el PRI y su objetivo fue uno solo: el ascenso a la élite gobernante. Lo logró con creces.

Apoyado por su amigo Genaro Borrego, de la misma generación de la Iberoamericana, Gamboa Patrón fue secretario auxiliar de Ricardo García Sáinz, efímero secretario de Programación y Presupuesto en el sexenio de José López Portillo (1978); se distanció del exdirector del Seguro Social para enrolarse a la corriente tecnocrática de Miguel de la Madrid, quien lo nombró su secretario particular (1979) y logró encumbrarse junto con la llamada «Familia Feliz» en la presidencia de la República (1982-1988), siempre como hábil secretario y dueño del picaporte de Los Pinos.

Desde esa posición. Gamboa Patrón fue el artífice del ascenso al poder del grupo conocido como Los Toficos, la camarilla a la cual pertenecía Carlos Salinas de Gortari, secretario de Programación y Presupuesto en el delamadridismo.

Gamboa jugó un factor clave, reconocido por el propio Salinas, en el proceso para la nominación del sucesor del jefe de ambos, Miguel de la Madrid. A lo largo del sexenio de la «renovación moral». Gamboa Patrón utilizó su influencia para eliminar del camino a posibles competidores de Salinas de Gortari, como el joven exgobernador mexiquense Alfredo del Mazo, al exsecretario de Hacienda, Jesús Silva Herzog, y a Manuel Bartlett, el secretario de Gobernación.

En retribución a los favores ejercidos, durante el sexenio salinista. Gamboa Patrón ocupó las tres posiciones que había negociado con su aliado: director del Infonavit (1988-1990), director del Instituto Mexicano del Seguro Social (1990-1993) y secretario de Comunicaciones y Transportes (1993-1994).

Su capacidad para ser funcionario plurinominal fue de la mano con su habilidad para estar siempre presente en las principales intrigas palaciegas y en los procesos de sucesión presidencial. Gamboa Patrón apoyó la candidatura de Luis Donaldo Colosio (1994), pero tras el crimen político del sonorense no tuvo mayor problema para enrolarse en el equipo de Ernesto Zedillo. Su audaz cambio de estafeta motivó que Salinas de Gortari lo considerara un «traidor».

En el zedillismo. Gamboa Patrón comprobó que no viviría fuera del presupuesto: fue director de la Lotería Nacional (1994-1995), director de Fonatur (1996-1998), subsecretario de Comunicación de la Secretaría de Gobernación (1998-2000) y por tercer sexenio consecutivo le apostó a ser el consejero más importante del candidato presidencial del PRI: Francisco Labastida Ochoa (2000). Coordinó su campaña presidencial, marginando a la dirigencia del partido, encabezada entonces por su contemporánea y paisana, Dulce María Sauri, exgobernadora de Yucatán.

La derrota del PRI en las elecciones presidenciales no descobijó a Gamboa Patrón, a diferencia de muchos otros priístas. Durante seis años estuvo en el Senado de la República, como el vicecoordinador y operador de la frustrada candidatura presidencial priísta de Enrique Jackson. Gracias a su apoyo a la Ley Televisa y a su inocultable favoritismo con los concesionarios de radio y televisión. Gamboa Patrón logró colarse en la campaña de Roberto Madrazo (2006), garantizando su permanencia como candidato a diputado plurinominal por Yucatán.

Con el calderonismo. Gamboa Patrón comparte con su viejo amigo y compadre, Manlio Fabio Beltrones, la coordinación de las bancadas priístas en el Congreso y el papel de oposición «socialmente útil» al proyecto económico del PAN.

Sin ser economista, ni abogado ni tener grandes dotes intelectuales. Gamboa Patrón ha logrado convertirse en pieza clave de las camarillas que transformaron el modelo económico mexicano, al tiempo que mantuvieron las reglas no escritas de la impunidad como manto protector de lo que aún denominan como «El Sistema».

Transexenal su trayectoria, metapartidista su poder. Gamboa Patrón ha logrado la hazaña de casi tres décadas de permanencia ininterrumpida haciendo suya la máxima de Carlos Hank González, el político al que él ha afirmado que más admira: «político pobre es un pobre político».

Y la ostentación de recursos públicos y de contratos polémicos han sido las constantes en los diversos cargos que ha desempeñado. Por supuesto, el dinero que le sirve para operar tan hábilmente siempre proviene del erario y no de su fortuna personal.

En la entrevista con el blog Galería de Triunfadores, en octubre de 2007, Gamboa Patrón definió así sus cualidades:

«Soy una persona de resultados. Así me considero. Estoy desde 1981 en los primeros niveles de la política de mi país. En política se hacen adversarios, no digo enemigos, yo no los tengo, no los considero… Lo más importante en política es ser eficaz y eficiente con un instrumento fundamental: la lealtad a mis jefes, a mi partido y a mis principios».

Esa lealtad ha sido puesta en duda no pocas veces. Su exjefe y aliado, Carlos Salinas de Gortari, lo acusó de «traidor» en el capítulo doce de sus memorias México, un Paso Difícil Hacia la Modernidad. En una nota al pie de página, el expresidente le pasa la factura a Gamboa por su afianza con Ernesto Zedillo:

«Quienes traicionan a un amigo, no merecen otras palabras que las expresadas por el expresidente de España, Felipe González, a propósito de la traición que él mismo padeció: “la pasión por subirse sobre el que ha caído para parecer más alto está muy extendida. Los que se suben suelen ser los que limpiaban con la lengua los zapatos del caído”. El País, noviembre 24, 1999. Ese sería el caso de la traición que padecieron, entre otros, Jaime Serra y José Córdoba, dos amigos íntimos de Zedillo. En mi caso, algunos amigos no se comportaron correctamente, entre otros, Manuel Camacho y Emilio Gamboa». (México, un Paso Difícil Hacia la Modernidad, Ed. Plaza y Janés, p. 1266).

Catorce años después del distanciamiento público y ocho después de que Salinas publicara su voluminoso libro. Gamboa Patrón y el expresidente se encontraron públicamente el 28 de junio de 2008 en la boda de la hija de Manlio Fabio Beltrones, el coordinador de los senadores del PRI, aspirante a la presidencia de la República, y amigo de ambos.

Crónicas periodísticas como las de Joaquín López Dóriga, publicada en Milenio Diario el 3 de julio, refieren que Gamboa y Salinas estuvieron juntos hasta el amanecer y se dejaron en la Fuente de Petróleos, quizá alguna metáfora no explícita de que la reconciliación más bien es una alianza forzada por la reforma energética del calderonismo.

En la página 880 de su primer libro autojustificatorio. Salinas de Gortari revela otro elemento de su presunto distanciamiento con Gamboa Patrón. En medio del luto por el asesinato de Luis Donaldo Colosio, el expresidente Luis Echeverría Álvarez, la antítesis del salinismo al interior de las camarillas priístas, se presentó en el salón Morelos de Los Pinos. Así rememora Salinas el encuentro con Echeverría:

«Me expresó su pena. Sin esperar más, me propuso que el relevo de Colosio fuera, según sus palabras, “alguien que no hubiera tenido que ver nada”. Se manifestó a favor de mi colaborador Emilio Gamboa, secretario de Comunicaciones y Transportes. Me sorprendió mucho su propuesta, en medio del luto». (Op cit, p. 880).

—¿Usted cree, como Hank González, que «un político pobre es un pobre político»? —le preguntó José Martínez Bolio en el blog Galería de Triunfadores.

Magnánimo y sencillo. Gamboa Patrón respondió:

«La política me ha dado la posibilidad de vivir bien, pero nunca en los 35 años de funcionario público he hecho un negocio, ni tengo socios, pero se me acredita que era dueño de Televisa, de TV Azteca y de Multivisión, también que el Word Trade Center, el edificio, era mío. Ojalá yo tuviera una oficinita y ojalá tuviera el cero punto por ciento de las empresas donde se me ha mencionado».

Habilidoso, Gamboa Patrón evade hablar sobre la principal acusación que acompaña su carrera política: el constante intercambio de favores y posiciones, hechas en la opacidad. No se le acusa de ser propietario sino de ser el intermediario del dinero y el poder político. El bróker transexenal.

***

En el siguiente link encontrarán el vídeo con la conversación entre Kamel Nacif y Emilio Gamboa: http://youtu.be/8VAq-u9SLEI

***

Emilio Gamboa recuerda que su amistad con los dueños de los medios de comunicación más importantes del país es de hace 30 años, cuando él, en su cargo de secretario particular de la Presidencia de la República, les abrió la puerta de la oficina de Miguel de la Madrid.

Gamboa Patrón es un hombre que se ha mantenido en cargos de la administración pública durante los últimos cuatro sexenios.

En esos 24 años ha ocupado ocho puestos clave, que lo mismo le permitieron tener voz en las sucesiones presidenciales, que crear paquetes de frecuencias para los medios de comunicación electrónicos.

Pero en sus palabras, es «un mito» que sea un hombre de poder.

«El que crean que marqué agenda en la secretaría particular (del presidente De la Madrid) es un mito, me han dicho que fui muy poderoso, pero creo que más bien fui muy leal al presidente, a quien por cierto la historia lo juzgará y lo juzgará para bien», argumentó.

Siempre priísta, conocido por su personalidad encantadora, siempre amable, caballeroso, bien vestido, bien peinado, siempre refinado.

Opera en silencio, la discreción es una de sus armas, es una de sus características más temidas.

Sus detractores lo consideran políticamente oscuro y hasta perverso.

«Nos damos cuenta del golpe, pero nunca vemos cuándo empuña la mano», dijo un priísta que compartió su escaño en los últimos seis años.

Los hilos por los cuales llegó a dirigir el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), la Lotería Nacional, el Fondo Nacional de Turismo, el Infonavit y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes no estuvieron, según Gamboa, sostenidos por nadie.

«Yo no tuve padrino, no lo tengo, mi dedicación es lo que me tiene aquí», sostuvo.

El yucateco nacido en el Distrito Federal reconoce que ha estado muy cerca de las cuatro últimas sucesiones del PRI en la Presidencia.

Tan cerca que quienes lo conocen de hace 30 años, aseguran que fue pieza clave en la elección de Carlos Salinas y en la de Luis Donaldo Colosio.

Y sí. Gamboa dedicó parte de su tiempo y esfuerzo a convencer a De la Madrid de que Salinas era el mejor prospecto, y lo reconoce.

«Era muy amigo de Carlos Salinas, simpatizaba con su inteligencia, con su capacidad de respuesta a los problemas. Lo vi actuar, era un hombre de trabajo, joven, muy dinámico, inteligente, bien preparado.

»Yo jugué el destino que mi partido definió en ese entonces, yo era muy, muy amigo del licenciado Salinas», dijo.

—Si le hubieran pedido un voto, ¿se lo hubiera dado a Carlos Satinas?

—Eso a lo mejor lo dijo Manuel Bartlett, que era el otro posible candidato, yo solo puedo decir que jugué con verdad y de manera institucional a la decisión de mi partido.

***

Licenciado en Relaciones Industriales por la Universidad Iberoamericana, tenía claro desde los 19 años que quería ser político, y el simple deseo le valió para meterse de auxiliar en las oficinas más importantes de la administración pública y a los 32 años estrenarse en la oficina adjunta del primer mandatario.

«La vida fue y ha sido generosa conmigo, cuando el presidente De la Madrid me nombra yo no tenía mucha familiaridad ni con él y lo que hizo que me ganara una oportunidad fue mi trabajo; fui una persona dedicada de tiempo completo.

»Tenía como 30 años y recuerdo muy bien que cuando ganó De la Madrid, un queridísimo amigo mío que era don Enrique Olivares Santana, secretario de Gobernación, me dijo que cambiara de puesto, que ser secretario particular iba a ser mucho muy difícil; lo mismo me dijo don Javier García Paniagua que en paz descanse, me dijo “estás muy joven y la particular será muy desgastante, pide otra cosa y te vas a convertir en alguien muy importante”, y tomé la decisión de ganarme a pulso la secretaría particular», reveló.

Concluyó un sexenio e inició uno nuevo con claridad en lo que quería hacer y desde dónde.

Así que ocupó la dirección nacional del Infonavit y saltó a la titularidad del IMSS.

Los directivos del instituto lo inspiraron, las caras de los más pobres que eran capaces de besarle la mano a un funcionario en la inauguración de una pequeña clínica en su comunidad, lo motivaron.

Gamboa habla mucho de los pobres desde el piso 17 de la esquina de Reforma y Guerrero.

***

—¿Cómo aprendió a hacer política?

—Tenía yo 19 años y me llamaba mucho la política, y en la coyuntura un amigo de mi padre me metió al IMSS a sacar copias, y me acuerdo que me asomaba por la ventana para ver que pasara Ricardo García Sáinz, que era el subdirector del IMSS, que era un personaje; y que pasara en su coche Carlos Gálvez Betancourt, director del instituto.

Cerró el salinato al frente de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

Como secretario de Estado, Gamboa conoció de las peticiones de los dueños de los medios de comunicación para abrir sus espectros y competir en los dos tipos de frecuencia.

Solicitud más que suficiente para que creara los llamados «combos» y regalara con ellos el poder a unos cuantos, como a las radiodifusoras ACIR y Radiorama, y a Televisa.

«Yo al frente de la secretaría estaba muy vinculado con Luis Donaldo (Colosio), desde la Secretaría de Desarrollo Social y recuerdo muy bien que la Cámara de la Industria de la Radio nos buscó para decirnos que se estaban quedando rezagados en materia de radio y televisión y que necesitábamos combos.

»Entonces pedí un trabajo serio a mi subsecretario de Comunicaciones y Desarrollo Tecnológico, Andrés Massieu, y así se dieron los combos, yo fui quien los di y creo que hice bien», argumentó.

Ya quienes critican su papel y su cercanía con el poder de los medios, les pide leer la historia y aprender de la trayectoria de Katherine Graham, quien fue dueña del The Washington Post; o de Silvio Berlusconi, dueño de dos canales de televisión y socio del periódico H Giornale, quien compitió por la presidencia y perdió, o de Jesús Polanco, dueño de grupo Prisa, con acciones en México en W Radio y de periódicos de reconocimiento internacional como El País.

«Yo no encuentro alguien que quiera ser político sin ser amigo de los medios, pero no soy dueño de ningún medio, no tengo ninguna acción».

Y con toda su trayectoria, Gamboa va a su quinto sexenio con las manos llenas de poder, con una fuerza siempre heredada desde las esferas políticas, jamás obtenida en urnas.

Es un priísta que no ha salido a las calles a hacer campaña; que, según sus críticos, «nunca se ha ensuciado los zapatos».

Lejos de Yucatán, Gamboa Patrón solo va a su estado el fin de semana para estar con su familia y ver a sus dos nietas.

«Los lunes a las nueve de la mañana yo ya estoy en un desayuno, en una reunión o en mi oficina del Senado», explicó.

—¿Tiene oficina de atención ciudadana? —Como deben tenerla los legisladores.

—No, mi oficina es esta (la de la Torre del Caballito), yo vivo aquí, estoy todos los días, aquí despacho a la gente, a mis compañeros, no tengo otro lugar, no tengo otra oficina.

—¿Nunca ha pensado en competir en urnas?

—Sí, tuve la oportunidad hace 20 años cuando mi partido me dijo que de acuerdo con el perfil que tenía podía ser el candidato al gobierno de Yucatán, pero la propuesta se dio cuando ocupaba la oficina particular de De la Madrid, y decidí quedarme hasta el final del sexenio acompañando al presidente.

«Después se me presentó una carrera en la administración pública; he estado en muchas dependencias», explica.

«En esta nueva etapa del PRI, Gamboa celebra que uno de sus mejores amigos, que es Manlio Fabio Beltrones, esté al frente de los senadores priístas.

»Debemos ser políticos profesionales», dijo, al tiempo que aseguró que no cometerá los errores de sus antecesores en la coordinación parlamentaria.

Al priísta no le asusta que su fracción sea la más reducida; adelanta que serán capaces de sacar temas prioritarios con el PAN o con el PRD, según sus conveniencias.

Emilio Gamboa Patrón

4. EL TÍO INCÓMODO

Una de las peores cosas que le puede pasar a un político es tener un pariente incómodo, un hermano, un primo, un tío, etc. que haya sido sorprendido en algún acto de corrupción o hayan sacado sus «trapitos sucios» ante los medios de comunicación.

La madre de Enrique Peña Nieto, María del Perpetuo Socorro Ofelia Nieto Sánchez, era hija de Constantino Enrique Nieto Montiel, familiar de Arturo Montiel Rojas, tío del ahora presidente de facto. En estos tiempos muy bien protegido, «escondido» de la escena pública, pero la mayoría de los mexicanos con memoria tenemos bien presente a este cuarto priísta al que hay que odiar. Tal vez suene inverosímil, pero en un solo personaje cabe todo lo que un político no debería ser: corrupción, abuso de poder, tráfico de influencias, violencia.

***

«El Rey Midas», como le llamaron en vida al profesor Carlos Hank González, tenía la habilidad de hacer negocios y política al mismo tiempo. Eso lo hizo erigirse como el máximo representante del grupo Atlacomulco, dejando escuela no solo entre los políticos del Estado de México, sino entre los militantes y la dirigencia del PRI.

Arturo Montiel siguió esa misma escuela, se hizo rico y con esa riqueza trató de comprar la candidatura presidencial del PRI en 2006 mediante una campaña onerosa en Televisa, empresa con la que suscribió un contrato de publicidad. Pero el golpe que le propinó Roberto Madrazo Pintado al dar a conocer su riqueza inexplicable, junto con la de sus hijos y su esposa Maude Versini, derrumbó todos sus sueños.

Hoy esa misma línea de acción la sigue Enrique Peña Nieto, quien hizo su propio contrato de publicidad con Televisa para tener una presencia permanente como político moderno y demócrata en sus noticieros.

En su libro Desde Atlacomulco, Arturo Montiel Rojas, polémico exgobernador mexiquense, padrino e impulsor de la trayectoria de Enrique Peña Nieto describe y recuerda en varias páginas que la carrera política y hasta la vida del padre de Peña Nieto están estrechamente ligadas con él.

Lo mismo documenta con un extenso árbol genealógico que Peña Nieto no es su sobrino sino un «pariente lejano» y también recuerda que él fue quien lo incorporó al gabinete, lo hizo Secretario de Administración, diputado local y coordinador de la bancada del tricolor en el Congreso mexiquense.

Sobre todo, Montiel puntualiza que como «militante y líder» del PRI estatal, él fue clave para la nominación de Peña Nieto, en enero de 2005, a la gubernatura.

Aquí algunas partes de las remembranzas montielistas:

El Ford Galaxy. El papá de Peña Nieto.

Montiel relata una anécdota que acontece en la carretera de la Ciudad de México a Atlacomulco. Él viajaba con su hermana. Vieron cómo un Ford Galaxy que iba a alta velocidad se cayó en una barranca de 20 metros de profundidad. Montiel rememora:

«Bajé hacia donde estaba el vehículo. El conductor había sido arrojado hacia el lado de la guantera del automóvil, de cabeza y con los pies en el volante; me asomé por la ventanilla y me di cuenta de que era el ingeniero Enrique Peña del Mazo. Abrí como pude la ventanilla, estaba semiconsciente, tenía comida en la boca y eso le obstaculizaba respirar; se la extraje y lo enderecé. Logré sacarlo del automóvil, le pedí a gritos a mi hermana que buscara entre sus cosas alcohol para reanimarlo. Poco a poco lo subí, arrastrándolo con dificultad porque el suelo estaba resbaladizo. El ingeniero seguía inconsciente, pero respiraba; ya no tenía la cara roja ni espuma en la boca. Lo subimos al Volkswagen, lo acostamos en el asiento de atrás y le dije a mi hermana que lo atendiera. Volví a bajar para recoger los documentos del automóvil, su portafolio y una maleta.

»—Hay que llevarlo al doctor— me urgió mi hermana y nos trasladamos rápidamente a Atlacomulco.

»Llegando a casa lo pusimos en mi recámara y le hablamos al doctor Julián González Méndez para que lo revisara. Mi mamá le habló a doña Lolita del Mazo para decirle que su hijo había sufrido un accidente, pero que mi hermana y yo lo habíamos rescatado a tiempo, teníamos a su hijo recuperándose y con bien, que no se preocupara.

»La fortuna favoreció al ingeniero, ya que se iba a casar el sábado siguiente con Socorro Nieto Sánchez. Don Enrique Peña del Mazo nos agradeció siempre esta acción. Sin duda, la suerte y la Providencia coincidieron en ese instante, ese día y esa carretera».

El «Parentesco lejano».

En la página 54, como anexo al final del capítulo, Montiel hace un enredado recuento sobre la genealogía de su familia, así como de los Peña Del Mazo y de los Nieto Sánchez para demostrar que «mi parentesco con el gobernador es lejano».

Como en la saga de los Buendía en Cien Años de Soledad, de Gabriel García Márquez, en Atlacomulco las familias se entrelazan así:

«Los Montiel somos una familia muy numerosa. En su tronco se encuentra mi tatarabuelo, don José Vicente Montiel, y sus hijos, Marcelino Montiel y Jesús Montiel Reyes. Jesús Montiel, mi bisabuelo paterno, tuvo dos esposas; con una de ellas, Paula Flores, procreó a mi abuelo. Abdías Montiel Flores, el cual contrajo nupcias con María Teresa Monroy Guadarrama; estos tuvieron como hijos a Margarita, Esperanza, David y Víctor Gregorio Montiel Monroy, mi padre, quien a su vez, se casó con doña Delia Rojas García.

»Del segundo enlace matrimonial de mi bisabuelo, con María de Jesús Olmos, nació Maximino Montiel Olmos, que a su vez, procreó a Juan, Rafael, Nicolás, Maximino, Ana y Guadalupe Montiel Flores. Es decir, que mi abuelo Abdías Montiel fue medio hermano de Maximino Montiel Reyes, el otro hijo de don José Vicente Montiel Rodríguez, tuvo como hijos a Marcelino Montiel Bermúdez, quien procreó a León Montiel Sánchez, cuya hija, Efigenia Diana Montiel Sánchez, se casó con Marcelino Nieto; de este matrimonio nació Constantino E. (por Enrique) Nieto Montiel, padre de doña Socorro Nieto Sánchez, quien es la progenitora del actual gobernador (Peña Nieto)».

Esta versión de Montiel precisa lo que ni el propio Peña Nieto ha querido o podido aclarar sobre su vínculo familiar con su antecesor y padrino político. El martes 1 de febrero de 2005, para negar el parentesco con Arturo Montiel, Peña Nieto como candidato del PRI declaró: «Mi abuelo se llama Enrique Nieto Montiel, y eso los hace suponer… En Atlacomulco, como ocurre en muchos lados, los apellidos se repiten y eso los hace suponer. Esto no se gana con apellidos, no soy pariente del gobernador».

Con el periódico Reforma, Peña Nieto dio una explicación enredada de su propio árbol genealógico:

«Yo mismo no lo conozco. Me parece que es un tema de comprobarse. Fíjate que mi bisabuelo… realmente no sé cómo se llama mi bisabuelo. Efigenia (sic) creo que se llama mi abuelita. Habría que buscarle, yo no lo identifico más allá de mis abuelos, quiénes son, pero tampoco me opondré a que alguien hiciera la investigación, que la trabaje y diga quiénes son».

Francisco Cruz y José Toribio Montiel, autores del libro Negocios de Familia, hicieron antes su investigación, afirmaron que Peña Nieto tenía razón en lo de Efigenia Montiel Sánchez, «de la rama de los mismos Montiel antepasados del entonces gobernador Arturo».

Los Golden Boys.

Montiel se refiere así al origen del grupo de jóvenes que llegó con él al gobierno del Estado de México.

En su campaña para la gubernatura, en 1999, «incorporé a una pléyade de jóvenes comprometidos, entre los que se encontraban el actual gobernador Enrique Peña Nieto, Carlos Iriarte, Javier Cruz Zepeda, Olga Navarro, Miguel Sámano, entre otros. De estos, Olga Navarro merece un reconocimiento especial; una gran mujer que nunca puso un pero para cumplir una encomienda inteligente y comprometida, desafortunadamente murió en un accidente aéreo, malogrando una brillante carrera».

«A este grupo se incorporó el ingeniero Manuel Cadena, quien no solo había declinado a mi favor sino que desplegó su experiencia para desarrollar estrategias durante la campaña. Asimismo, se incorporaron Herberto Barrera y Yolanda Sentíes, quienes participaron activamente en construir el triunfo electoral.

»De igual manera, don Juan Monroy Pérez se encargó de las finanzas de los recursos para mover el aparato partidista. Un trabajo complejo que implicaba no solo allegarse recursos sino distribuirlos y volverlos equipo, instalaciones, en fin, el soporte material de la campaña. Don Juan Monroy Pérez me pidió que lo ayudara en esa misión Enrique Peña Nieto. Con este grupo, leal y comprometido, enfrentamos el reto de la campaña».

En el 2003, después de «la recuperación electoral» en el Estado de México, Montiel recuerda que «el ambiente político mexiquense comenzó a activarse: Isidro Pastor, líder partidista y figura importante de la clase política local, se destapó para la gubernatura; lo mismo hizo Jaime Vázquez. Prudentemente, Enrique Peña Nieto declaró que aún no era tiempo de destapes».

Quizá por esa prudencia y por su eficaz labor como coordinador de los diputados priístas en el Congreso local. Peña Nieto comenzó a perfilarse como uno de los preferidos. En diciembre de 2004, Montiel asistió a la toma de posesión del nuevo gobernador priísta de Veracruz, Fidel Herrera.

«Allí definí el perfil del candidato a la gubernatura del Estado de México: profesional, con conocimientos de administración pública y geográfica del Estado, con un plan de trabajo que continuara el proyecto histórico que había iniciado Isidro Fabela y que continuaron hombres como Alfredo del Mazo Vélez, Gustavo Baz y Carlos Hank González, que consistía en conservar la unidad cultural, política y territorial del Estado. El ingeniero Carlos Hank Rhon decidió declinar a la postulación del PRI».

En la cuarta parte de su libro, Montiel dedica todo un apartado a la «elección de Enrique Peña Nieto».

Después de dejar bien claro que en diciembre de 2004 ya había definido el nombre de su sucesor, Montiel relata:

«Los precandidatos participantes declinaron a favor del licenciado Peña Nieto, por lo que el Consejo Político Estatal discutió y finalmente decidió postularlo. Me informaron de su decisión, con la cual estuve de acuerdo. Con esto quiero aclarar que Roberto Madrazo no decidió, como lo ha reiterado, la candidatura de Enrique Peña Nieto. Al conocerse la postulación, los sectores, las organizaciones y los militantes del partido la aceptaron y se sumaron solidariamente a la propuesta del Consejo Político Estatal. Quisiera detenerme para describir, desde mi perspectiva, cómo se construyó la candidatura de Enrique Peña Nieto.

»La postulación de Enrique Peña Nieto fue una decisión que asumió el partido con gran responsabilidad. El Consejo Político Estatal se dio a la tarea de escoger a la persona que garantizara la continuidad de nuestro proyecto. Objetivo prioritario de la política: no solo conquistar el poder sino conservarlo; y como había sido la tradición priísta, la decisión se hizo buscando la unidad y limando asperezas, pero los procesos de elección siempre excluyen. Por supuesto, los precandidatos no eran despreciables. Al contrario, cualquiera de ellos podría haber sido un buen gobernante: un Isidro Pastor, militante comprometido y férreo líder mexiquense; también, sin haberse postulado, estaban un Manuel Cadena, experimentado, y un Alfonso Navarrete, talentoso abogado y procurador de mi gobierno.

»Había más tela de donde cortar, todos con inmejorables cartas de presentación: Gustavo Cárdenas, Femando García Cuevas, Jaime Vázquez, Héctor Luna de la Vega, Eduardo Bernal, Enrique Jacob, Guillermo González y Cuauhtémoc García Ortega, entre los más destacados. Ninguna de estas personas, verdaderos actores del priísmo, eran descartables o reprobables. Pero se tenía que elegir a uno».

Montiel no menciona que en este aparente proceso de sucesión terso hubo varios golpes bajo la mesa. Su esposa de entonces, la francesa nacionalizada mexicana Maude Versini, jugó un papel fundamental, tal como relatan diversas crónicas periodísticas de la época. Isidro Pastor, el líder local priísta, tuvo el atrevimiento de enfrentarse a ella y adelantar los tiempos. El empresario Carlos Hank Rhon aceptó declinar a regañadientes, ante problemas para acreditar su residencia. El más veterano del gabinete, Manuel Cadena, y el procurador Alfonso Navarrete Prida sacrificaron sus aspiraciones, no sin antes expresar en privado a sus seguidores que la decisión de Montiel tenía como objetivo nombrar a alguien discreto, maleable y pariente.

«¿Qué veían en el licenciado Enrique Peña Nieto?», se pregunta Montiel en su libro. Y él mismo responde por todo el priísmo mexiquense: «el recambio generacional, la renovación, el cambio de estafeta a las generaciones mexiquenses. Enrique Peña Nieto era un ejemplo de eficacia para la gestión pública; tenía no solo los conocimientos técnicos sino la habilidad para operar, una visión moderna, y conservaba su identidad mexiquense. Creo que el licenciado Peña Nieto representaba la sintonía del PRI con los jóvenes del Estado de México, mayoría demográfica y nueva realidad social. Como líder y militante del PRI estatal avalé esta decisión y me responsabilicé de sus consecuencias. Sigo creyendo que fue una decisión acertada».

Para que no quede duda que Peña Nieto era su obra, Montiel describe cómo se planeó la campaña de su sucesor:

»La campaña de Peña Nieto siguió la pauta que se había impuesto en el CDE mexiquense: construir una propuesta desde abajo, con la gente y con un equipo compacto bajo un solo liderazgo. Pero no únicamente eso; el candidato también debía buscar el apoyo entre los diversos grupos de poder en el Estado: los empresarios, las iglesias, los sindicatos, las organizaciones campesinas, las comunidades judías y árabes que conformaban el sistema político estatal (sic). El liderazgo político consistía en posicionar una imagen joven entre la población y lograr una vinculación con los actores de la clase política, empresarial y cultural del Estado. El candidato priísta tenía que cubrir una doble agenda: recorrer toda la entidad y conocerla, así como contemporizar con los liderazgos reales; tenía que realizar un aprendizaje complejo que le permitiera conocer las redes del poder y las palancas para negociar, no solo acercarse al pueblo. Enrique Peña Nieto lo hizo muy bien, en ello labró su triunfo.

El Triunfo de Peña Nieto.

Montiel vincula claramente su precampaña a la presidencia con la campaña a la gubernatura de Peña Nieto. Así inicia el párrafo sobre la victoria de su sucesor:

«Caminando entre dos sucesiones, transitamos hacia febrero. Asistí a la toma de protesta de Enrique Peña Nieto. Se me acusó de intervenir en el Instituto Estatal Electoral, lo cual negué categóricamente e hice un llamado a ese instituto para que actuara con imparcialidad».

No todo fue miel sobre hojuelas y Montiel lo reconoce:

«En marzo, la contienda electoral en el estado se intensificó. Mendoza Ayala, del PAN, y Peña Nieto, del PRI, se encontraban empatados en las preferencias de la ciudadanía; rezagada quedaba la candidatura del PRD… Isidro Pastor declaró que no apoyaría a Enrique Peña, en una postura que generó confusión más que división, fue más virtual que real.

»Enrique Peña Nieto se enfrentó a la perredista Yeidckol Polevnsky y al panista Rubén Mendoza Ayala. El adversario a vencer era este último. Estaba apoyado por Los Pinos más que por la militancia panista mexiquense, lo cual lo debilitó. Había sido priísta en su juventud y conocía los interiores y defectos del partido. Sin embargo, Mendoza Ayala fue víctima de sus excesos y se convirtió en su peor enemigo. De ser un candidato ganador se desdibujó y perdió. Lo mismo sucedió con la candidata del PRD, impuesta por López Obrador; los demonios del pasado y sus errores la condujeron a la derrota.

»Enrique Peña Nieto ganó las elecciones con el 47 por ciento de la votación, contra el 25 por ciento de Rubén Mendoza Ayala, del PAN, y 24 por ciento de Yeidckol Polevnsky, de la alianza PRD-PT. Obviamente, la oposición no aceptó los resultados. El triunfo se logró porque la ciudadanía refrendó la confianza en los gobiernos priístas y porque tanto el PAN como el PRD fueron víctimas de sus errores. Con este triunfo, cumplí uno de mis objetivos: dejar la gubernatura en manos de un priísta. Lo logramos y esto me fortaleció para la contienda presidencial».

Al dejar la gubernatura, Arturo Montiel se enfrenta a más polémicas por actos de corrupción, sin embargo, a este no le importan, ya que en ese entonces estaba cobijado por Peña Nieto como gobernador, actualmente, ese manto protector se ha extendido aún más con Peña en la presidencia.

***

Montiel Rojas, exgobernador del Estado de México (1999-2005), fue acusado de corrupción, peculado y enriquecimiento ilícito, se estima que su fortuna asciende a 600 millones de pesos. Se casó con la francesa Maude Versini, de quien después se divorció luego de llegar a un acuerdo de 10 millones de dólares pagados con recursos del gobierno del Estado.

Durante el mandato del exgobernador, adquirieron terrenos en Valle de Bravo, en el fraccionamiento El Santuario, club náutico, deportivo e hípico, que cuenta con caballeriza, albercas y zonas recreativas. En este lugar, la señora Maude Versini adquirió tres terrenos por varios millones de pesos.

Entre los bienes más destacados se encuentran una casa de playa en el estado de Jalisco conocida como Costa Careyes, una propiedad en el conjunto residencial «La Providencia» localizada en el municipio de Metepec, EdoMex, esta fue adquirida por el hijo de Montiel por 21 millones de pesos; otra propiedad, a unos kilómetros dentro del mismo municipio, se localiza sobre la avenida Paseo de San Carlos, dentro del fraccionamiento San Carlos. Se trata de una residencia con acabados de lujo y árboles podados con diferentes figuras.

A Montiel también se le atribuye otra «casita» en París, un lujoso departamento en el Bosque de Boulogne, y un departamento más en el Barrio 16, uno de los más exclusivos de la capital francesa, con un valor de mercado estimado en un millón 300 mil euros.

***

José Luis Cortés Trejo, exregidor de Tlalnepantla del PRD, inició una denuncia de hechos ante la Procuraduría General de la República (PGR) en contra del exgobernador Arturo Montiel Rojas, en donde pide a dicha instancia que investigue el presunto enriquecimiento ilícito del exmandatario mexiquense.

La denuncia fue presentada ante la PGR el 25 de octubre del 2005 por Cortés Trejo, luego de que se reveló a la opinión pública la existencia de supuestas propiedades y cuentas bancarias de integrantes de la familia Montiel, escándalo que provocó que el exgobernador mexiquense declinara buscar la candidatura del PRI a la Presidencia de la República.

«Vengo a presentar formal denuncia de hechos que pueden ser constitutivos de los delitos de uso indebido de atribuciones y facultades, peculado, enriquecimiento ilícito, operaciones con recursos de procedencia ilícita y lo que resulte, en contra del licenciado Arturo Montiel Rojas, sus descendientes Juan Pablo y Arturo, ambos de apellidos Montiel Yáñez, y su esposa Maude Versini», destaca el escrito.

El documento establece que «se trata de operaciones de compra-venta y depósitos bancarios hechos por dichas personas, tales como los depósitos de hasta 35 millones de pesos en la cuenta de Juan Pablo Montiel Yáñez sin que hasta el momento se haya acreditado su legal procedencia de dichos depósitos, así como la compra de tres inmuebles en Valle de Bravo hecha por la señora Maude Versini, sin que se acredite legalmente la procedencia de los recursos con que cuenta dicha señora».

Cortés Trejo, en su denuncia, solicitó igualmente que se investigue la compra de un terreno de aproximadamente 14 mil metros cuadrados por un valor de 21 millones de pesos, a favor de Arturo Montiel Yáñez, toda vez que tampoco se ha acreditado que este cuente con una actividad económica que le permita tener recursos para adquirir bienes del precio antes mencionado.

Por último, planteó que se investigue también «las diversas cuentas bancarias en las cuales se encuentran relacionados Arturo Montiel Rojas, Miguel Sámano Peralta y Carlos Relio Lara, en los bancos de Merrill Lynch, en Nueva York, con número 347-88875, por un monto de un millón 200 mil dólares, y en Moline Illinois, con número 554-67211, por la cantidad de un millón 600 mil dólares, sin que hasta la fecha se acredite que con los ingresos del licenciado Arturo Montiel Rojas, que como gobernador obtuvo, le permitan tener cuentas bancarias por las cantidades antes mencionadas, ya que a todas luces se denota que existe una riqueza ostensiblemente superior a los ingresos obtenidos» por el exmandatario.

***

Y a pesar de toda la evidencia, como sabemos, estamos en el país donde no pasa nada, el exgobernador Arturo Montiel Rojas libró todas las acusaciones que tenía en su contra, por delitos del fuero común. La fiscalía especial creada por su sobrino, Enrique Peña Nieto, para investigar a su antecesor por peculado, enriquecimiento ilícito y tráfico de influencias, determinó que en ningún caso se pudo acreditar «el cuerpo del delito» de los hechos que se atribuyeron al también exprecandidato presidencial.

Por si fuera poco, según el Diario Reforma, en las dos últimas semanas de su gestión al frente del Estado de México, el ahora presidente Enrique Peña, refrendó a titulares de notarías y creó otras tantas para beneficiar a un total de siete políticos cercanos a su administración.

En el primer caso, destaca Eduardo Segovia, quien, como contralor estatal, exoneró en 2005 al exgobernador Arturo Montiel de denuncias por enriquecimiento ilícito.

Además, Peña avaló que, al menos en dos casos, las notarías pasaran de un familiar a otro, como si se tratara de una herencia.

***

El anuncio del Consulado de Francia en México, sobre el pleito legal que enfrentan el exgobernador Arturo Montiel Rojas y su exesposa Maude Versini, así como la advertencia de esta de revelar escandalosos casos de corrupción durante la administración del político priísta y su cuantioso enriquecimiento, vuelven a colocar en el debate la polémica gestión del mexiquense. Proceso, en su edición 1496 del 10 de julio de 2005, publicó un reportaje de Gloria Leticia Díaz sobre el tema, el cual se reproduce íntegro:

Una denuncia por enriquecimiento inexplicable, una averiguación de la Procuraduría General de la República (PGR) por lavado de dinero e indagaciones de Hacienda y la Comisión Nacional Bancaria pesan sobre la gestión del gobernador del Estado de México, Arturo Montiel, y repercuten contra su entorno cercano, incluyendo a un operador de Enrique Peña Nieto, candidato del PRI a la gubernatura de esa entidad. Pese a los intentos de ubicarlos en el pasado, estos señalamientos podrían seguir vigentes cuando Montiel deje el poder.

Ya en el final de su mandato, se recrudecen los señalamientos sobre los negocios familiares del gobernador mexiquense, Arturo Montiel Rojas. De hecho, quien fue su

secretario de Desarrollo Económico, Carlos Relio Lara, hoy operador financiero de Enrique Peña Nieto en su campaña por la gubernatura, ha sido investigado junto con el aún mandatario y su hijo Juan Pablo Montiel Yáñez por dudas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) sobre el pago de sus impuestos.

Estas indagaciones se suman a la averiguación que en 2001 abrió la Procuraduría General de la República contra Montiel Rojas por operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Y aunque no existen cargos oficiales en contra de ninguno de ellos, tanto la intervención de oficinas de Hacienda dedicadas a Investigar operaciones ilícitas como la negativa de la propia dependencia a dar Información al respecto son indicios de que podría permanecer abierta una Investigación de tipo fiscal o, a decir de un especialista, incluso por lavado de dinero.

El 18 de octubre de 2002, el Servicio de Administración Tributarla (SAT), por medio de la Administración Central de Programas Especiales, solicitó al gobernador mexiquense información sobre dos cuentas abiertas a su nombre en la correduría Merrill Lynch, con sede en Nueva York, en las que en un solo día —16 de agosto de 2001— se depositaron 2 millones 800 mil dólares.

La petición era parte de un seguimiento de las cuentas bancadas nacionales y en el extranjero a nombre de Montiel y su hijo, Juan Pablo Montiel Yáñez, para «verificar el correcto cumplimiento de las obligaciones fiscales» de los ejercicios 2000 y 2001.

A su vez, en otras dependencias de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y en la Comisión Nacional Bancada y de Valores (CNBV) se investigaba a Montiel y al extitular de la Secretaría de Desarrollo Económico, Carlos Relio Lara, empresario y hombre de confianza del gobernador, por manejo de recursos de origen presumiblemente ilícito. Documentos obtenidos por Proceso revelan que al menos desde 2001 el gobernador del Estado de México estaba en la mira de la dependencia que encabeza Francisco Gil Díaz.

Originario de una familia modesta de Atlacomulco, a Montiel Rojas no se le conoce otro oficio que el de político y empleado público. Al menos en 2001 tenía un salario mensual bruto de 174 mil 920.70 pesos, de los cuales le restaban 116 mil 872.60 pesos tras el pago de impuestos. De ahí las sospechas de Hacienda.

No solo eso. El procurador de Justicia de la entidad, Alfonso Navarrete Prida, aseguró que la PGR inició «una averiguación previa en el área de lavado de dinero» derivada de una denuncia que se presentó a finales de 2001 en la extinta Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo (Secodam) contra Montiel Rojas, tras presentarse documentos que amparaban depósitos también por 2 millones 800 mil dólares en cuentas de Merrill Lynch realizados el 1 de marzo de ese año.

Tras sus pasos.

De acuerdo con copias de los expedientes 307 y 307/148263 que integró la Administración Central de Programas Especiales, dependiente de la Administración General de Auditoría, ambas del SAT, se advierte que, al menos desde agosto de 2002, Montiel y el hijo menor de su primer matrimonio intercambiaron información con las autoridades hacendadas sobre el estado de sus cuentas abiertas en México y en Estados Unidos.

El 2 de octubre de 2002, el administrador central de Programas Especiales, Eduardo Ramírez Schuetz, les notificó por separado que recibió dichos estados de cuenta y les solicitó que entregaran, además, copias de todos los correspondientes a los años 2000 y 2001, «a fin de verificar el correcto cumplimiento de las obligaciones fiscales a que está afecto».

Además, el funcionario los instó a transcribir en «papel de trabajo» los depósitos registrados en los estados de cuenta originales, para lo cual les envió instructivos y un disco magnético con el formato oficial.

En el caso de Montiel Rojas, Ramírez Schuetz señaló que los documentos que recibió el 25 de septiembre de 2002 corresponden a tres cuentas abiertas a nombre del gobernador, dos en Banamex —cuenta maestra 53700009718 y de inversión, con número de contrato 74904475— y otra del California Commerce Bank: cuenta maestra en dólares 5956665210.

Tanto esta notificación como otra, fechada el 19 de agosto de 2002 (324-SAT-VI-22949), fueron firmadas de recibido por Gerardo Martínez Ortiz, quien ostenta el cargo de jefe de la Unidad de Apoyo a la Administración General en el gobierno de Montiel y quien confirmó en entrevista telefónica haber admitido la documentación de la Secretaría de Hacienda.

El mismo administrador central notificó que el 18 de septiembre recibió copias de seis cuentas abiertas a nombre del hijo del gobernador, tres de ellas de Banamex operadas en moneda nacional —contratos 9016563724 (cuenta maestra), 9008553926 (cheques) y 9028344267 (Citione Premium)—, y otras tantas en dólares abiertas en Estados Unidos: dos en el California Commerce Bank, 5956665210 (cuenta maestra) y la 5941036910 (cuenta eje con interés); más otra cuenta en The Laredo National Bank, 0082606507 (cheques).

En los documentos obtenidos por Proceso se advierte que fue el propio Montiel Yáñez quien recibió esas notificaciones en su domicilio, ubicado en calle Serdán 109, colonia Ciprés, en Toluca, Estado de México, y se identificó con el pasaporte número 97410020919, expedido por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

En el seguimiento de la situación financiera de Montiel Rojas, con fecha 18 de octubre de 2002, Eduardo Ramírez Schuetz solicitó al gobernador todos los estados de cuenta de 2000 y 2001 correspondientes a sus contratos 554-67211 y 347-88875 con Merrill Lynch.

«Para mayor identificación de las cuentas antes citadas, se anexa fotocopia de dos fichas de depósito en una foja útil, ambas de fecha 16 de agosto de 2001, que amparan operaciones en cantidades de $1,200,000 dólares EUA y 1,600,000 dólares EUA, respectivamente», le indicó el funcionario, quien le dio 15 días a partir de recibida la notificación para entregar los documentos.

El documento enviado por Ramírez Schuetz fue admitido por Guadalupe Salgado Amaro, que firmó como secretaria del secretario particular del gobernador, Miguel Sámano.

La investigación de la Secretaría de Hacienda no se limitó a comprobar el correcto pago de impuestos de Montiel y su hijo Juan Pablo; también buscó conocer todas las operaciones financieras que pudo haber realizado desde 1998 a septiembre de 2002 a través de Carlos Relio Lara, quien era su brazo derecho en materia económica y promoción de inversión extranjera.

Empresario de toda la vida, Relio Lara dejó la Secretaría de Desarrollo Económico del estado en junio de 2002 y tiempo después abrió la empresa Tecnología de Reciclaje en asociación con Joongbo Chemical Co., propiedad de Jong Woo Lee, dedicada al reciclaje de PET (fibras de poliéster y geotextiles).

En la campaña del candidato priísta Enrique Peña Nieto, Relio Lara presidió el Comité de Financiamiento.

La oficina hacendaría encargada de la investigación fue la Dirección General de Operaciones, dependiente de la Subsecretaría de Ingresos y en forma directa de la Dirección General Adjunta de Investigación de Operaciones, que entre sus funciones tiene la de «prevenir y detectar actos u omisiones, con recursos, derechos o bienes que procedan o representen el producto de un probable delito», según el Reglamento Interior de la SHCP.

En un oficio dirigido al vicepresidente jurídico de la Comisión Nacional Bancada y de Valores, Benjamín Vargas Rojas, y fechado el 12 de septiembre de 2002, la entonces directora de Investigación de Operaciones de la SHCP, Eva Naranjo García, solicitó que, como parte de las investigaciones que se realizaban a Arturo Montiel Rojas, «gire sus instrucciones a quien corresponda a efecto de que se proporcione copia certificada de contratos de apertura, tarjetas de registro de firmas, documentos donde aparezcan los nombres de los beneficiarios, documentos de identificación personal y estados de cuenta bancarios por el período comprendido del 1 de enero de 1998 a la fecha, así como copia de anverso y reverso de los documentos que se hubiesen generado con motivo de los movimientos de cargo y abono mayores de 50,000.00 (cincuenta mil pesos)» en cuentas bancadas abiertas en el país a nombre de Carlos Relio Lara, con registro de contribuyentes RELC500822H94.

En el oficio 102-K-VI-1076, clasificado como «muy urgente», la funcionaría proporcionó a la CNBV datos de cinco cuentas de Relio Lara «que fueron incluidas en reportes de operaciones relevantes».

Las cuentas correspondían, dos al desaparecido banco Inverlat (17147870 y 3075613) y tres a Banamex (6618615, 4552550071667099 y 4552550072274481).

Además de esta documentación, se pedía la intervención de la CNBV para entregar «copia certificada de documentos de soporte, de operaciones realizadas por Carlos Relio Lara con casas de cambio y casas de bolsa por el período comprendido del 1 de enero a 1998 a la fecha».

Este mismo expediente fue turnado por la CNBV, mediante la Dirección General de Análisis y Desarrollo de Sistemas Preventivos de Operaciones Ilegales, al apoderado liquidador del Banco Capital, S. A., Ernesto Valenzuela Espinoza.

En el oficio 601-1-255565/02, de fecha 13 de septiembre de 2002, clasificado como «muy urgente y confidencial», y firmado por el gerente de Investigación, Sergio Raúl Díaz Roura, la CNBV dio un plazo de cinco días hábiles para que el Banco Capital proporcionara información de las operaciones financieras realizadas por Relio entre el 1 de enero de 1998 y el 12 de septiembre de 2002, ello en relación con las indagaciones que se hacían a las finanzas del gobernador Montiel.

Indicios.

La reportera buscó obtener la versión de la SHCP para conocer el estado que guardan los expedientes abiertos contra Montiel, su hijo y Relio.

Sin embargo, bajo el amparo del artículo 69 del Código Fiscal Federal la Unidad de Comunicación Social y Vocero se negó a dar información.

Para Mario Di Costanzo, secretario técnico de la primera comisión para investigar el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB), asesor externo del Senado de la comisión del IPAB y experto en lavado de dinero, el hecho de que Hacienda invocara el artículo 69 del Código Fiscal Federal, que habla del secreto fiscal, «podría significar que las investigaciones a Montiel siguen abiertas».

Autor del libro Lavado de dinero. México y la experiencia internacional, Di Costanzo destaca que una investigación como la relativa a Montiel «puede tener motivos técnicos, porque a cualquier supervisor le llama la atención un depósito de más de un millón de dólares a la cuenta de una persona física, pero no se descartan factores políticos».

Consultado por la reportera, señala que a juzgar por las dependencias que firman los documentos obtenidos, la Secretaría de Hacienda «tendría dudas sobre el origen lícito del manejo de recursos de Montiel, incluso de sospechas de lavado de dinero, así como del correcto pago de sus impuestos».

Acerca de la posible motivación política que pudiera tener esta indagación, Di Costanzo señala que hay indicios de que el secretario de Hacienda, Francisco Gil Díaz, «utiliza la auditoría como herramienta de presión política».

Curiosamente, cuando empezó la Investigación de Montiel, la PGR descubrió, a principios de julio de 2001, una red de espionaje en la que estaban involucrados empleados de su gobierno, quienes Intervinieron llamadas telefónicas de funcionarios federales, como el mismo Gil Díaz, el exsubsecretario de Gobernación José Luis Durán Reveles y el exgobernador mexiquense Ignacio Pichardo Pagaza.

Desde hace tiempo, Arturo Montiel es objeto de serios señalamientos por parte de sus opositores, debido a presuntos actos de corrupción que implicarían a sus allegados y en especial a su hijo mayor, Arturo Montiel Yáñez, a quien se le acusa de enriquecerse con la compraventa de terrenos para la construcción de unidades habitacionales.

Asimismo, se dice que es el Intermediario para la negociación del cambio de uso de suelo para grandes desarrolladores, como GEO y ARA, así como para la construcción de centros comerciales, gestiones de las que se han beneficiado consorcios como Comercial Mexicana, Wal-Mart y Carrefour.

A Montiel y a su familia se les atribuyen bienes en Acapulco, Toluca, Valle de Bravo, Ixtapan de la Sal y Houston, y hasta un «castillo» en Francia, de donde es nativa su segunda esposa, Maude Versini.

Con más de 300 cambios de funcionarios de alto nivel en su gabinete, el gobernador deja al Estado de México con una altísima deuda pública.

Esta pasó de 21 mil millones de pesos cuando asumió su gobierno (1999) a casi 31.8 mil millones, que sumados al costo financiero de la deuda para 2005, se elevan a 35.5 mil millones de pesos.

A partir de la promoción de Arturo Montiel como aspirante a la candidatura del PRI a la Presidencia, dirigentes nacionales del PAN, como Manuel Espino y Alejandro Zapata Perogordo, han amenazado con pedir la intervención del Instituto Federal Electoral (IFE) para que se investigue el origen de los cuantiosos recursos con los que se promueve.

Contra información.

Enterado el procurador mexiquense Alfonso Navarrete Prida de que Proceso realizaba esta investigación, solicitó entrevistarse con la reportera con el fin de mostrarle, sin entregarlos, documentos de acuerdo con los cuales Montiel Rojas, su secretario particular Miguel Sámano y Carlos Relio Lara, más familiares de los tres, fueron objeto de indagatorias por parte de la PGR, dependencia que, aseguró, determinó el no ejercicio de la acción penal en su contra.

El jueves 23 de junio pasado, mientras la reportera esperaba al candidato Enrique Peña Nieto para una entrevista, su coordinador de prensa, Óscar Ignorosa, comentó que estaba al tanto de la investigación periodística, por lo que ofreció hacer contacto con el procurador Navarrete Prida, quien según Ignorosa estaba al tanto de las indagaciones sobre Montiel Rojas.

Alrededor de las 20:30 horas, Navarrete Prida se comunicó con la reportera y ofreció documentación que sustentaba la resolución de la PGR, cuyas indagatorias fueron supuestamente iniciadas tras una denuncia promovida ante la entonces Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo (Secodam), hoy Secretaría de la Función Pública (SFP).

«Ha de pensar: “¡qué sistema de espionaje traen estos!”», dijo Navarrete Prida cuando la reportera le comentó la inusitada reacción del gobierno mexiquense.

Nervioso, Navarrete Prida confirmó que las investigaciones realizadas por la Secretaría de Hacienda se iniciaron en forma paralela a las de la PGR, situación que atribuyó «a alguien que le quiso tirar un llegue al gobernador, no sabemos de dónde, y que evidentemente no les salió bien».

Un día después, se presentó en las oficinas de Proceso el encargado de prensa del procurador, Luis Olguín, quien entregó a la reportera copias de una notificación de la Secodam y un acta administrativa de la misma dependencia sobre una denuncia que se recibió el 5 de octubre de 2001 contra el gobernador Montiel «por el delito de enriquecimiento inexplicable».

El acta administrativa, fechada el 12 de octubre de 2001, da cuenta de la comparecencia del empresario Nicolás Neuman Stern ante Luis Alfonso Fiol Manríquez, director adjunto de Atención Ciudadana; Isidro Jordán Monroy, director de Captación de Quejas y Denuncias, y Daniel Pérez Rueda, subdirector de Atención Directa.

Neuman Stern, presidente y director general de la empresa Envases y Productos Plásticos, fue llamado a comparecer en relación con un documento fechado el 3 de septiembre de ese año y firmado por el «Ing. Nicolás Newmann S.» (sic).

En el texto se afirma que «con fecha primero de marzo del 2001 el licenciado Miguel Zamano Peralta (sic), secretario particular del propio gobernador, realizó dos depósitos en las oficinas de Merrill Lynch en la ciudad de Houston, Texas, Estados Unidos, por la cantidad de 2 millones 800 mil dólares, anexándose en el propio escrito de referencia dos supuestos comprobantes de depósitos, uno por la cantidad de un millón 600 mil dólares y otro por un millón 200 mil dólares».

En el escrito de la Secodam se asegura que Neuman Stern «niega en su totalidad lo mencionado en dicho escrito, que la firma no la reconoce, ya que no es de su puño y letra ni es la que utiliza para asuntos personales y negocios», además de que el papel membretado que se utilizó «no corresponde a los colores ni al tipo de logotipo que utiliza en la papelería de su empresa».

También se indica que el empresario declaró «que no tiene conocimiento de los hechos ni le constan; por tanto, los desconoce en sus términos, aunado a que en la fecha en que supuestamente se firmó dicha denuncia, él se encontraba fuera del país».

El 30 de octubre de ese mismo año, según los documentos entregados a Proceso, el director general de Atención Ciudadana de la Secodam, Eloy Morales Fong, le notificó a Navarrete Prida de la comparecencia de Nicolás Neuman y le remitió la documentación «por considerar que se trata de un asunto de su competencia».

Morales Fong envió copias a los entonces titulares de la Secodam, Francisco Barrio Terrazas, y de la PGR, Rafael Macedo de la Concha, quien el 30 de noviembre de 2001 inició la averiguación previa A.P.PGR/028/2001 por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, contra Montiel, Carlos Relio y el secretario particular del gobernador, Miguel Sámano.

Por órdenes del procurador Navarrete Prida, Luis Olguín solo mostró a la reportera la carátula y la última hoja de la presunta notificación del desistimiento del ejercicio de la acción penal de la PGR.

El oficio, número SIEDO/CGJ/MPAUX/198/2004, está fechado el 10 de diciembre de 2004 y va dirigido a Víctor Hugo Juárez Gallegos, agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a la Unidad Especializada en Investigaciones de Procedencia Ilícita y Falsificación de Moneda. Lo firman el agente del Ministerio Público de la Federación Rafael Marín y el subprocurador José Luis Santiago Vasconcelos.

Alegando la confidencialidad del documento, «porque se incluyen los nombres y cuentas de todos los familiares» de los involucrados y, por lo tanto, el procurador mexiquense incurriría en un delito si se lo permitiera ver a la reportera, Olguín se negó a mostrar los términos en los que la PGR se basó para no ejercer la acción penal.

***

Maude Versini Lancry, exesposa de Arturo Montiel, denuncia que el exgobernador sigue demorando la entrega de sus hijos pese a que ya existe una resolución judicial para que se los devuelva a su madre. Entrevistada por la corresponsal de Proceso en París, Anne Marie Mergier, revela que a partir de 2005, cuando la prensa difundió indicios de su inexplicable fortuna, el mandatario mexiquense se tiró al alcoholismo, «uno de los factores que hizo imposible la vida en común». Además, dice, fue detenido en Miami por una riña callejera. Sin embargo, Versini enmudece cuando se le cuestiona sobre el origen de la fortuna de Montiel.

«Nunca me imaginé que Arturo Montiel Rojas hubiera podido caer tan bajo. Me faltan palabras para calificar las pruebas que nos está imponiendo a mis hijos y a mí. Lo más insoportable es lo que inflige a sus propios hijos. Es cruel, inhumano, perverso y vil. Por si eso fuera poco, su desaire para con las autoridades judiciales francesas y mexicanas es aberrante y simplemente insostenible para un político de tan larga trayectoria que, en su tiempo, aspiró a la Presidencia de la República».

La voz de Maude Versini Lancry es tajante, su mirada endurecida. El enojo parece irreprimible. No es para menos. Lleva una batalla judicial muy ardua para recuperar a los tres hijos que tuvo con Arturo Montiel Rojas, a quienes, afirma, el exgobernador del Estado de México «tiene secuestrados desde hace seis meses».

Esa disputa legal empezó cuando Montiel acusó a Versini y a su actual esposo, Philippe Lancry, de maltratar a los gemelos Adrián y Sofía, y Alexis, quien padece autismo.

El político mexiquense exhibió la resolución de un juez de Metepec que le otorgaba la custodia provisional de los menores como justificación para negarse a devolverlos a Versini. Desde entonces ella sustenta una doble acción judicial, en París y en México (Proceso 1839,1841 y 1848) para que se respete el acuerdo que firmaron los dos excónyuges cuando se divorciaron en 2006, el cual otorga la custodia de los vástagos a Versini y estipula que deben pasar dos meses de vacaciones con su padre: todo julio, 15 en diciembre y otros 15 en la Semana Santa.

Maude Versini saca una carpeta de su bolsa y la coloca en la mesa de la cafetería donde citó a la reportera en el barrio de París donde radica. La abre y escoge varias hojas.

Bebe un sorbo de té y, casi sin darse tiempo para respirar, lee la resolución que dictó el pasado 29 de mayo la juez Guadalupe Escalona Valdez, del juzgado tercero civil de primera instancia de Lerma, Estado de México. En resumen, el documento exige el regreso inmediato de sus tres hijos a Francia y rechaza tajantemente la pretensión de Arturo Montiel de quedarse con los niños:

Fue fundada y procedente la solicitud de restitución internacional de menores instada por Maude, Marie, Laure… Versini a través de la Dirección General de Protección a Mexicanos en el Exterior. (…) El requerido Arturo Montiel Rojas no justificó las excepciones opuestas en su escrito de oposición a la restitución. (…)

Se ordena la restitución inmediata de los menores Adrián, Sofía y Alexis, de apellidos Montiel Versini, a la ciudad de París, Francia, por lo tanto se decreta que la autoridad central en México, representada por la Secretaría de Relaciones Exteriores, realice todos los trámites administrativos necesarios que sean conducentes a fin de lograr y permitir la salida legal de los menores en conjunto de este país y su entrada legal a París, Francia. En cuyo caso el requerido Arturo Montiel Rojas deberá solventar los gastos necesarios para ello.

Se le requiere a Arturo Montiel Rojas a fin de que el día y hora que sea señalado de ejecución del siguiente fallo presente en el lugar que ocupa ese juzgado a los menores Adrián, Sofía y Alexis Montiel Versini afín de ser entregados de manera inmediata a la requirente o por conducto de la autoridad central o en su caso por conducto del procurador de la defensa del menor y de la familia.

Maude Versini respira hondo y agrega:

«Usted puede constatar que el 29 de mayo gané ese juicio de restitución de mis hijos que se celebró en el marco de la Convención de La Haya, firmada por Francia y México. En ese caso el Poder Judicial del Estado de México actuó con apego a la ley. Es la segunda vez en tres meses que se reconoce mi inocencia tanto en México como en Francia».

«Tal como se lo explicó mi abogado francés, Philippe Bouchez el Ghozi (Proceso 1848), el pasado 5 de marzo la justicia francesa desechó la demanda contra mí y contra mi actual esposo, Philippe Lancry, por niñeras mexicanas contratadas por Arturo Montiel Rojas. Obedeciendo las órdenes de su patrón, estas personas que vivían bajo mi techo supuestamente para cuidar a Adrián, Sofía y Alexis, nos acusaron de malos tratos a menores de edad ante la policía judicial francesa.

»La Brigada de Defensa de los Menores llevó una investigación de nueve meses sin encontrar el menor elemento en contra de nosotros. El Tribunal de Gran Instancia de París ordenó, por lo tanto, el sobreseimiento del caso. Mandé ese dictamen a mi abogada mexicana, Marissa Mosso Celaya, del bufete Mosso Abogados, que lo incluyó en mi expediente y me aseguró que esa decisión de la justicia gala había consolidado mi posición frente a Arturo Montiel Rojas».

—¿Entonces por qué los niños no están con usted en París?

—Porque, con el cinismo que lo caracteriza, Arturo Montiel Rojas se da el lujo de burlarse de todo y de todos, incluso de sus propios compromisos públicos. Como bien recordará… tanto en el portal de Proceso como en la revista impresa se publicó la respuesta de Arturo Montiel a la entrevista que sostuve con usted… En esa carta él afirmó textualmente: «Es ante las propias autoridades francesas y mexicanas, a las que respeto y me acojo, instancias a las cuales debe responder mi contraparte».

«Es una frase mal construida gramaticalmente pero que tiene por lo menos el mérito de ser explícita —comenta Versini—, estas dos instancias a las que se “acoge y respeta” se pronunciaron a mi favor, dejando en claro que no existía prueba alguna de maltrato a mis hijos y, sin embargo, Arturo Montiel no acata su veredicto. ¿Qué pasó con ese respeto para la justicia mexicana y francesa que tanto pregonaba en Proceso y en otras declaraciones públicas?».

—¿No acató la decisión del tribunal tercero civil de primera instancia, que le ordena restituirle a sus tres hijos?

—Por supuesto que no… cuando dio a conocer su fallo la juez Guadalupe Escalona Valdez, precisó también que el señor Montiel tenía 10 días para apelar. Así lo estipula la ley. Sus abogados esperaron hasta… la última hora del último día, para apelar. Fue maquiavelismo puro. Me ilusioné mucho, pensé que iba a acogerse a la justicia mexicana, tal como lo había declarado, pero no lo hizo.

Corrupción, depresión, alcoholismo.

—El 29 de mayo yo estaba en México. Asistí al juicio.

—¿En esa ocasión vio a Montiel?

—No. Desde que secuestró a mis hijos no da la cara. Vino una sola vez al tribunal. Fue… durante la primera audiencia, cuando los abogados de ambas partes se presentaron ante la juez. Se quedó cinco minutos. Explicó que actuaba por el bien de los niños y se fue, dejando a sus abogados con el juez.

—¿Cuántas audiencias hubo?

—Tres más… Solo estuvieron presentes sus abogados. Pidieron que se aplazara la audiencia.

—¿Qué argumentaron?

—Que las autoridades francesas y mexicanas no les habían hecho llegar documentos que necesitaban. Se dio una tercera audiencia… En esa ocasión mi madre y mi hermana viajaron a México. Pensábamos que la juez podía dejar entrever un fallo a mi favor. Arturo Montiel tampoco acudió a esa audiencia. Sus abogados presentaron un amparo y de nuevo se atrasó todo el proceso.

—El convenio de La Haya estipula que el cónsul general de Francia puede asistir a esas audiencias. ¿Lo hizo?

—… por motivos que no me quedaron muy claros, se le impidió el acceso a la sala de la audiencia. Estaba furibundo. Mi madre y mi hermana pasaron varios días en México esa vez. Pidieron a Gerald Martin, el cónsul general de Francia, que les organizara un encuentro con mis hijos. Arturo Montiel les negó esa posibilidad.

—¿Usted sí logró verlos durante esa estancia en México…?

—Jamás… llamé a Montiel. Quería ponerme de acuerdo para ver a mis hijos. Me contestó cosas incoherentes.

—¿Incoherentes?

—Estaba ebrio. No se le entendía casi nada. Antes de colgar logró, más o menos, decirme que me llamaría al día siguiente. Nunca me llamó. Pasé una semana en México. Lo llamé no sé cuántas veces al día para suplicarle que siquiera me dejara abrazar a mis hijos. Llevo seis meses sin verlos. Siempre me tropecé con su contestadora.

—¿Usted habló con la juez al respecto?

—Por supuesto que sí, pero ella no pudo hacer nada. Le tocaba esperar primero que acabara el plazo de 10 días que tenía Montiel para apelar. No podía ordenar antes que se ejecutara su resolución.

«Sin embargo, (la juez) se portó con mucha elegancia. Actuó un poco como mediadora. Ofreció su propia oficina del tribunal de primera instancia para que yo pudiera tener un encuentro con Montiel. Mi meta era fijar con él una agenda de visitas a mis hijos.

»La juez no tenía obligación alguna de hacer eso, pero tomó esa iniciativa porque midió mi desesperación. Se decidió que nos viéramos Montiel y yo… Ese día él no apareció en la oficina de la juez y no pude ver a mis hijos. En realidad Montiel lleva seis meses escondiéndose».

—¿Usted está segura de que Montiel estaba ebrio… cuando lo llamó por teléfono? Quizás simplemente estaba molesto por haber sido condenado a restituirle a sus hijos.

—No olvide que viví cinco años con él. Lo conozco muy bien. Cuando le toca enfrentar situaciones graves tiende a refugiarse en el alcohol.

—¿Es alcohólico Arturo Montiel?

—Siempre le gustó echarse sus copas.

—… usted habló de la profunda depresión que sufrió el exgobernador a finales de 2005, a raíz del escándalo de corrupción en el que se vio envuelto.

—Pasó, efectivamente, por una tremenda depresión que empeoró con el abuso de los tragos. Durante varios meses viví un infierno. Fuera de la casa había reporteros por doquier que nos acosaban mientras la clase política se desataba. En casa Montiel mezclaba antidepresivos con licores fuertes.

—¿En algún momento amenazó la integridad física de usted?

—Dos veces, una de ellas en presencia de mi madre.

—¿Pidió auxilio a los representantes diplomáticos franceses?

—Nunca. No sé de dónde Jorge Castañeda sacó ese chisme que publicó en su libro La diferencia, pero es absurdo.

—¿Fue el alcoholismo el principal motivo de su divorcio?

—Fue uno de los motivos. Era peligroso y malsano para los niños y para mí. No se puede criar a niños en semejante ambiente. Por eso me indigna verlo jugando el papel de padre protector desde diciembre… En julio del año pasado Montiel se llevó a los niños de vacaciones a Miami. Me enteré de que había sido detenido por la policía durante esa estancia en Florida. La policía lo agarró totalmente borracho, peleándose con otras personas en la vía pública. Pasó varias horas en la cárcel de Key Biscayne, que pertenece al condado de Miami Dade. Eso ocurrió el 29 de jubo de 2011. Sus abogados tuvieron que llegar corriendo para sacarlo de ese mal paso y pagar una fianza para que recobrara su libertad.

Versini entrega a la corresponsal una ficha policial (mugshot) de Arturo Montiel bajada de internet. Es el registro que la policía de Florida le tomó al exgobernador mexiquense cuando ingresó a la mencionada prisión. Se aprecian sus datos. Edad: 67 años. Fecha de su detención: 07-29-2011. Motivo del arresto: Disorderly conduct/ breach of the peace (conducta irregular y alteración del orden).

Precisa Versini:

»Mi abogada tiene el informe completo de todo ese asunto judicial que se prolongó hasta noviembre de 2011. Basta consultar la página web de la Corte de Justicia de Miami Dade para corroborar lo que estoy diciendo.

No me hizo gracia saber que mis hijos estaban solos con su nana mientras su padre se agarraba a trompadas con desconocidos en las calles de Miami. Ya no se tiene acceso a ese mugshot: Montiel contrató a una empresa suiza cuya especialidad es borrar toda huella de documentos en internet.

El código de silencio… y la llamada.

—… ¿qué argumentaron los abogados de Arturo Montiel para apelar la decisión de la juez Guadalupe Escalona Valdez?

—El señor Montiel quiere que se interrogue a los niños durante la audiencia. ¡Es lamentable! Tengo ahora copias del video del interrogatorio de mis tres niños por el juez de Metepec. Fue una farsa siniestra. Ese juez del Estado de México, quien violó mis derechos constitucionales al no oír mi versión de los hechos, entrevistó a mis hijos, todos juntos, sin que estuviera presente personal competente para intervenir con menores de edad. El video muestra claramente que ese personaje se limitó a escuchar cómo mis chiquitos recitaban las lecciones que les había enseñado su padre… También vi otro video filmado en casa de Montiel. Les pidió a nuestros hijos que comentaran el «testimonio» de una de las nanas espías que me impuso en mi departamento parisino. Es horroroso. Se oye claramente la voz de Montiel que dice: «Bueno, niños, ¿ya entendieron bien lo que tienen que decir? Ándenle, lo van a lograr».

—¿Permite la Convención de La Haya que se interrogue a niños tan pequeños?

—Lo acepta «siempre y cuando hayan alcanzado una edad en que resulte apropiado tener en cuenta sus opiniones». Yo considero que Adrián y Sofía no tienen la edad ni el grado de madurez para dar testimonio legal. No entienden lo que está sucediendo entre sus padres. En cuanto a Alexis, su autismo no permite que se le imponga esa prueba… «Todo eso me dio asco. ¿Se da cuenta? No me cabe en la mente que un padre sea capaz de infligir un lavado de cerebro tan innoble a sus propios hijos… Se trata de chiquitos de ocho años, influenciables; Alexis tiene solo seis, es un niño frágil. Los obliga a decir mentiras sobre su madre. Son métodos infames que van a dejar huellas psicológicas profundas y sumamente dañinas en la mente de mis hijos. Montiel pretende destrozar la imagen que ellos tienen de mí. Es monstruoso. Nunca me imaginé que ese señor llegara a ser tan vil».

—¿Qué se puede esperar de un hombre que golpea a su esposa?

—Nunca me imaginé que su egoísmo y su amor propio herido lo llevarían a causar tanto daño a sus propios hijos. Hasta su caída política en 2005, Montiel era un ser sensible, generoso, noble…

—Quizá en lo privado, pero como gobernador del Estado de México nadie lo recuerda por su sensibilidad o su generosidad.

—El hombre privado y el hombre público eran seres distintos.

—¿No la perturbó esa dicotomía?

—Usted sabe que la campaña presidencial en México es más candente que nunca. Agarra cada día más fuerza el movimiento estudiantil #YoSoy132.

—Lo sé.

—El punto de partida de ese movimiento se dio durante la visita del candidato presidencial del PRI, Enrique Peña Nieto, a la Universidad Iberoamericana. Los estudiantes recordaron la muerte de uno de sus compañeros durante la represión de Ateneo.

—Lo sé.

—En Ateneo la gente protestaba contra la construcción de un aeropuerto, negocio en el que Arturo Montiel tenía intereses. La represión que se desató fue terrible. ¿Cómo se sintió cuando se enteró de que algunos policías violaron a mujeres que defendían sus derechos ciudadanos?

—En un mitin de #YoSoy132 el escritor Paco Ignacio Taibo II habló de la corrupción del PRI y entre otros ejemplos citó a Montiel. Afirmó que había comprado tres castillos en Francia. El video tiene un amplio eco en YouTube. ¿Nos podría hablar de estos castillos y de los bienes que su exesposo acumuló en México y en el extranjero?

—Usted me está llevando a un terreno que no me gusta.

—¿No cree que los ciudadanos mexicanos tienen derecho a saber cuál es el estado de la fortuna de los funcionarios públicos? ¿No le dio curiosidad conocer el origen de la fortuna del hombre con quien se casó?

—Arturo Montiel Rojas administraba solo sus bienes. No me involucró en eso.

—¿No sabe si compró castillos en Francia?

—Durante nuestros años de vida común compró el departamento en París, que me dejó cuando nos divorciamos. Nunca se habló de castillos. No sé si los habrá comprado después de nuestro divorcio. Lo dudo. En México puso la casa de Valle de Bravo a mi nombre. De hecho me la regaló.

—¿Qué pasa con ella ahora?

—Compartíamos la propiedad de esa casa y la del departamento de París. Cuando nos divorciamos hicimos un intercambio: él se quedó con toda la casa y me quedé con todo el departamento.

—Arturo Montiel tiene también una casa en España.

—No sé nada al respecto.

—En nuestra primera entrevista usted habló del disgusto que le inspiraba el medio político en el que se movía Montiel. Por muy apartada que estuviera de ese medio, usted es suficientemente lúcida como para haberse enterado de hechos graves y suficientemente inteligente para atar cabos… En enero usted le escribió a Enrique Peña Nieto para pedirle que interviniera en su favor. ¿Le contestó? ¿La ayudó?

—No tengo nada que reprocharle a Peña Nieto. Nos tratábamos con respeto cuando se desempeñaba como secretario de Arturo Montiel. Mi amistad en realidad fue con Mónica, su esposa fallecida. Fue la primera persona que me manifestó afecto en ese entorno mexicano tan nuevo para mí.

—¿Contestó Peña Nieto a la carta que le mandó a principio de año?

—No.

—¿Cómo interpreta su silencio?

—No lo interpreto. A mí solo me interesa recuperar a mis hijos. La directora de su escuela en París me acaba de decir que corren el riesgo de reprobar su año escolar. Eso me aflige. La juez me explicó que si la justicia mexicana desecha su apelación, Montiel todavía tiene la posibilidad de presentar un amparo. De todos modos acabará acorralado para devolverme a los niños, y lo sabe. Por eso quizá se encierra en la maldad.

—¿No puede llamarlos por teléfono?

—No tengo un número al cual llamarlos. Solo tengo el celular de Arturo Montiel, que nunca me toma las llamadas.

—¿No puede intervenir el Consulado de Francia?

—Lo hace. En vano.

Dice Versini: «Montiel está totalmente inmerso en esa cultura de la impunidad que prevalece en el medio político mexicano. Sigue pensando que está más allá de las leyes».

—Y hasta cierto punto usted sigue respetando la ley del silencio que prevalece en ese medio.

—Digo lo que tengo que decir.

Arturo Montiel

5. EL NARCOPOLÍTICO

El diario La Jornada, el día 23 de febrero de 1997, publicaba la nota con el título «NYT: Beltrones y Carrillo Olea, ligados al narco».

Jim Cason y David Brooks, Washington, domingo 23 de febrero.

Los gobernadores de Sonora, Manlio Labio Beltrones, y de Morelos, Jorge Carrillo Olea, han colaborado con Amado Carrillo Fuentes, uno de los principales capos del narcotráfico, afirman fuentes de inteligencia estadunidenses citadas por el diario The New York Times en su edición de este domingo. El periódico indica que esta situación fue detectada por la Agencia Antidrogas estadunidense (DEA) desde 1994, y señala que Raúl Salinas de Gortari recibió grandes cantidades de dinero del narcotraficante.

Sin embargo, ambos gobernadores mexicanos negaron las versiones en declaraciones al Times.

En investigación fechada en 1994, analistas de la DEA en El Paso, Texas, detallaron cómo Carrillo Fuentes, el Señor de los Cielos, estableció nexos con líderes políticos, incluyendo a Beltrones y Carrillo Olea, así como con un amplio espectro de policías mexicanos, indicó la amplia nota del Times producto de una investigación de cuatro meses, firmada por Sam Dillon y Craig Pyes.

Según el diario neoyorquino, Beltrones y Carrillo Olea figuraban en una lista secreta con los nombres de 15 funcionarios sospechosos de corrupción y que fue proporcionada por el embajador James Jones al equipo de transición del entonces presidente electo Ernesto Zedillo. «La administración de Zedillo quería nombres de gente que se pensaba era corrupta o posiblemente recibía pagos de traficantes, a quienes Estados Unidos no desearía ver en el nuevo gobierno», declaró un exfuncionario estadunidense al Times.

Con respecto a Beltrones, los alegatos se basan en muchas evidencias, incluidos informes de fuentes «muy confiables» de que participó en reuniones en las que importantes traficantes de drogas pagaron a políticos de alto rango que protegían sus operaciones, agrega el Times. De acuerdo con fuentes que cita el diario, Raúl Salinas de Gortari recibió maletas llenas de efectivo y era el responsable de distribuirlo entre los asistentes a las reuniones.

Según un documento de inteligencia estadunidense citado por el Times, Beltrones supuestamente asistió a tres reuniones entre 1990 y 1993 en un rancho, donde los narcotraficantes le daban maletas repletas de dinero a Raúl Salinas. Amado Carrillo Fuentes estuvo en al menos una ocasión. El diario señala que aunque Zedillo no dio puestos gubernamentales a Beltrones ni a Carrillo Olea, ambos parecen gozar de una inmunidad tácita contra una investigación criminal concertada en México y Estados Unidos.

El gobernador sonorense negó al Times todo vínculo con narcotraficantes y rechazó los alegatos de funcionarios estadunidenses de que Carrillo Fuentes opera con impunidad en su estado. Para demostrar su hostilidad hacia el narcotráfico, dijo que prácticamente sacó al Señor de los Cielos de Hermosillo.

Funcionarios estadunidenses admitieron que cuatro propiedades de Carrillo Fuentes en Hermosillo fueron confiscadas, pero dijeron que el capo siguió utilizando al menos otras ocho, y que Sonora sigue siendo una de sus bases de operaciones más importantes. Agrega el diario que la información sobre las presuntas actividades de Beltrones en el narcotráfico provienen de «más de 20 fuentes del gobierno mexicano y sus agencias de seguridad pública».

[…]

Un análisis preparado por los servicios de inteligencia estadunidenses sostiene que los narcotraficantes mexicanos ingresan hasta 10 mil millones de dólares anuales, de los que gastan hasta 60 por ciento en sobornar a funcionarios de todos los niveles.

Según las fuentes consultadas por el Times, buena parte de la información contra Beltrones y Carrillo Olea se obtuvo mediante informes de confidentes que, por su volumen, especificidad y persistencia, han persuadido a muchos funcionarios estadunidenses de que los alegatos contra los dos gobernadores están fundados. Pero estos informes no sirven para los fiscales, que necesitan a testigos dispuestos a declarar ante los tribunales estadunidenses.

***

Este tipo de nexos entre políticos y narcotraficantes ya es común escucharlos en la actualidad, donde la guerra entre traficantes y el gobierno federal, cada uno defendiendo sus privilegios, además de cobrar miles de vidas inocentes, ha destapado muchas cloacas, y seguimos viendo como la impunidad sigue imperando, tal como ocurrió con Beltrones, donde nadie movió un solo dedo, y aquí el caso cobra relevancia ya que este, el quinto priísta al que hay que odiar, ha sido uno de los más influyentes en las últimas administraciones.

Ahora, supongamos que toda la información publicada por el NYT fuera cierta, ¿se habrá librado Beltrones de esos nexos mencionados con el narcotráfico? O bien, ¿se ha mantenido en la política durante tanto tiempo gracias a ellos, para beneficiarlos, a pesar de las escandalosas publicaciones del diario estadounidense?

En opinión de Denise Dresser «el gobierno mexicano decidió cerrar el caso sin investigarlo a fondo, lo cual le hubiera convenido tanto al país como al propio Beltrones. Si es culpable de vínculos con el crimen organizado, merece ser investigado y si ha sido acusado injustamente, se le debe una exoneración creíble. Saber la verdad importa, sobre todo, tratándose de un personaje que se está posicionando para ser Presidente de México».

***

De acuerdo al diario independiente Noticias de Cabo rea, el narco tiene una carta fuerte en Manlio Fabio Beltrones, que funge como coordinador de la poderosa bancada priísta en el senado. Esta mafia de narcos, no está en el nivel de los salvajes e incultos sicarios que bestialmente se matan entre sí y se arrancan las cabezas. Beltrones ha estado involucrado con el narco desde hace muchos años, tiene un grueso expediente abierto en la CIA, la DEA y otras agencias y es exactamente el representante del PRI en la cámara de senadores, lo que prueba por dónde van los intereses de Manlio: poder y dinero, pasando por el narco y otras cosillas.

Beltrones empezó su carrera como asistente del secretario de gobernación Jesús Reyes Heroles, en 1976, convirtiéndose luego en su secretario particular, cargo con el que siguió con el siguiente secretario, Enrique Olivares. En 1982 se hizo diputado federal por Sonora, en el 85 fue presidente del PRI de su estado, ascendiendo luego a secretario de gobierno de Sonora. En el 88 fue electo senador por su estado pero lo cambiaron a subsecretario de gobierno en la secretaría de gobernación. En el 91 fue designado candidato a gobernador por Sonora.

Su maestro fue Fernando Gutiérrez Barrios, fue su secretario particular y ayudante personal en la Dirección Federal de Seguridad, la policía política que hacía temblar de envidia a la KGB y a la policía china. Si ha existido un personaje negro en la historia moderna de México, ese ha sido precisamente Fernando Gutiérrez Barrios, uno de sus métodos predilectos era trabajar con casas de seguridad secretas, el infortunado que llevaban ahí, no podía salir vivo. Una de las funciones de la policía de Gutiérrez Barrios era atrapar a los supuestos guerrilleros rojillos que robaban bancos y secuestraban gente para «financiar» sus operaciones, aunque la verdad es que eran viles ladrones. La gente de Gutiérrez Barrios atrapaban a los guerrilleros, por ejemplo los de la liga 23 de septiembre pero para quitarles sus botines, luego los mataban.

Cuando gobernador, Beltrones hizo que le dejaran solo al asesino de Colosio, Mario Aburto, inmediatamente después del asesinato, lo que lo conecta e incrimina directamente en la conspiración, ¿por qué un gobernador tendría que interrogar o hacer algo con Aburto? ¿No le corresponde eso a las policías? Aburto dice que lo sacaron esposado de la delegación de la PGR, lo envolvieron en un colchón y lo llevaron a la playa para torturarlo. En el expediente no se incluyó el nombre de Beltrones y su jefe de seguridad, que tuvieron a solas a Aburto durante dos horas. Al parecer, Beltrones trató de que Aburto cambiara su declaración pero no lo logró, Aburto dijo que el autor intelectual ha sido todo el tiempo Carlos Salinas de Gortari, Beltrones buscaba proteger a su capo. Aburto fue torturado, la especialidad de Gutiérrez Barrios.

El hermano de Manlio Fabio, Alcides, trabajaba como administrador del aeropuerto internacional de Tijuana cuando el asesinato de Colosio; se le comprobó que le otorgó una credencial al que se le considera el segundo asesino de Colosio, Othón Cortés. También, Alcides Beltrones rentó el auto que usaron Othón Cortés y el general Domiro García Reyes, el responsable de la seguridad de Colosio, para trasladarse a Lomas Taurinas.

Beltrones es un hombre muy rico, tiene una gran cantidad de propiedades hipotecarias, de origen irregular, que las tiene con prestanombres y socios ampliamente reconocidos como hampones (Faustino Islas Ponce, Luis Fernando Heras Portillo entre otros). Hicieron pingues negocios de bienes raíces en Puerto Peñasco, San Carlos y Hermosillo.

A Beltrones le tocó promover la candidatura de Zedillo, mediante una exhibición ante otros gobernadores, de un video donde Colosio hablaba de las virtudes de Zedillo, todo orquestado por Carlos Salinas de Gortari.

Los resultados de Beltrones como gobernador en Sonora, fueron que la pobreza aumentó de un 16% a un 32%; los pobres medio pobres se hicieron muy pobres. Beltrones aumentó la deuda del estado de 498 a 861 millones más una deuda contingente de 1,986 millones. También se puso a vender activos propiedad del estado, dejó al estado bastante hipotecado. Su gestión estuvo marcada por una fuerte represión y autoritarismo absolutista, nulo apoyo al sector agropecuario, aumento importante de la inseguridad, demasiados secuestros y sobre todo. Sonora se convirtió en el paraíso de los traficantes del narco. Beltrones practicó intensamente el espionaje telefónico no autorizado (otra enseñanza de Gutiérrez Barrios). Otra de sus hazañas fue robarle dinero federal a los municipios de Sonora.

Su campaña como candidato fue costosísima y financiada por el narco, luego, ya como gobernador, proliferaron los plantíos de mariguana y las narcopistas. Muchas toneladas de narcóticos pasaron por las carreteras de Sonora durante su virreynato. Mario Ruiz Massieu, acusó abiertamente del asesinato de su hermano José Francisco, a dos secretarios de estado y dos gobernadores, diciendo que también estaban implicados con el narco; a la pregunta de si uno de los gobernadores era Beltrones, contestó: «Eso es tan sabido que no es noticia».

El narco y Beltrones desarrollaron una ruta para meter droga a EU, la ruta Sonorita-El Sásabe; las avionetas tiraban la droga en el mar, gente especializada la recogía, la ponía en trailers que se iban directo a Arizona; toda la policía del estado cooperaba y también la aduana gringa. Beltrones hospedó en Ciudad Obregón al Güero Palma, cuando era buscado por la PGR, hasta escolta le puso. Su hermano Orestes salió implicado en el narco, cuando detuvieron a su piloto. Enésimo López. Orestes es conocido padrino del narco, su centro de operaciones era Ciudad Obregón.

Con Beltrones, Sonora alcanzó el segundo lugar en corrupción en el país, solo superado por el Distrito Federal. La prensa local estuvo amordazada durante su mandato, estaba prohibido criticar a Beltrones.

Siendo presidente de la cámara de diputados, Beltrones favoreció un contrato con la empresa Aregional, de la que es socio. Durante su gestión como gobernador, la secretaría de gobernación dio 198 permisos para casa de apuesta en Sonora, sobre todo a la empresa Divertimex, cuya cabeza visible es Faustino Islas Ponce.

***

WikiLeaks.

El gobierno de Estados Unidos cuestionó la renovación del Partido Revolucionario Institucional (PRI) tras la designación de Manlio Fabio Beltrones como coordinador de los senadores priístas, según revela un cable del Departamento de Estado filtrado por WikiLeaks y publicado por el diario La Jornada.

El cable data de 2006, cuando el panista Felipe Calderón ganó la Presidencia en una reñida elección con el candidato del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Andrés Manuel López Obrador. Beltrones se reunió esas mismas fechas con diplomáticos estadounidenses para abordar la situación política del país y conocer la postura del partido más veterano y que abandonaba el poder tras más de 70 años.

Aunque en un principio Beltrones se desvinculó de la polémica de aquellas elecciones, en las que el PRD impugnó los resultados, el priísta se adentró en el debate al acusar al expresidente panista Vicente Fox de «interferir» en las campañas y de usar recursos públicos para apoyar a Felipe Calderón.

Beltrones aseguró que Fox había filtrado información incriminatoria sobre el aparente enriquecimiento ilícito del exgobernador del Estado de México Arturo Montiel (Véase Capítulo 1), además de las conversaciones telefónicas del exgobernador de Puebla, Mario Marín, con el empresario de origen libanés sentenciado por pederastia, Jean Succar Kuri (Véase Capítulo 2).

El exgobernador de Sonora insistió, «con falta de sinceridad» según los cables, en que si bien el PRI no guardaba rencor hacia el PAN, no podía olvidar que había sido «perjudicado» por el gobierno de Fox durante la campaña.

El priísta criticó a los consejeros del Instituto Federal Electoral (IFE), de los que dijo que habían realizado un trabajo «mediocre» en las elecciones y que su desempeño posterior a los comicios fue «errático».

EU considera los argumentos de Beltrones como «poco convincentes» y subraya el uso de un «estribillo frecuente» de los tricolores desde su histórica derrota de 2000.

«Es implacable operador político que florece y prospera en la política de puertas cerradas», aunque para Estados Unidos, su elección «en lo oscurito» como coordinador de senadores desmiente que el PRI tenga una intención auténtica de reinventarse, resumen los cables.

«Extremadamente afable e impecablemente peinado y arreglado, Beltrones exuda confianza en sí mismo. Suele hablar deliberadamente de modo intenso y en tono de voz bajo, intercalando en la conversación frecuentes pausas elocuentes y haciendo contacto directo y prolongado con los ojos de sus interlocutores».

«Lo que el PRI realmente necesita es un periodo de introspección genuina y, con Beltrones atribuyendo casi toda la culpa por la derrota al gobierno de Fox, la introspección tal vez sea una habilidad que le falta», concluye el cable.

Las conversaciones previas entre el PAN y el PRI:

El priísta aseguró en ese encuentro que los comentarios de campaña de Calderón sobre una coalición entre ambos partidos habían sido «insinceros».

Beltrones, que había manifestado su intención de competir por la Presidencia de México para 2012, reveló a los funcionarios que el PRI consideró formar un gobierno de unidad con el PAN a cambio de la Secretaría de Desarrollo Social y la Auditoría Superior de la Federación, dos puestos clave para evitar que los recursos del Estado sean usados con fines políticos, según el cable.

Se trata de una opción que el mismo Beltrones considera difícil ya que el PRI no quiere ser visto como «cómplice» de una administración «desacreditada» mientras recibe poco a cambio.

***

Estando a punto de cerrar este capítulo, surge un nuevo escándalo protagonizado por el Señor Beltrones, sus manejos sucios, cualquiera que sea la posición política en donde se encuentre, no se han acabado y muestra de ello es que, de acuerdo con una investigación del periódico AM, de Querétaro, Manlio Fabio, como coordinador del grupo parlamentario del PRI, exige a municipios porcentajes a cambio de asignar recursos presupuéstales.

Según fuentes consultadas por el diario, en 2012, el alcalde de Celaya, Ismael Pérez Ordaz, reveló a los integrantes de dicho ayuntamiento que Luis Alberto Villarreal, líder de los diputados federales panistas, y Beltrones eran los responsables de exigir porcentajes y comisiones a cambio de asignar recursos para construcción de obras.

Villarreal y Beltrones enviaban a sus emisarios, los empresarios sonorenses Heriberto Velásquez Campa, Ángel Adán Quintero Abril y José Arcadio Cabrera Luque, a cobrar los porcentajes de comisión.

Cita el diario: «“Hay que repartir mucho dinero entre los jefes Villarreal y Manlio», justificaba Quintero Abril, uno de los negociadores del moche cuando le pedían que bajara la comisión del 35 al 20 por ciento, según testimonios recabados por AM”.

«Según versiones de alcaldes priístas, Luis Fernando Heras Portillo, colaborador de Beltrones, es el principal promotor, coordinador y cobrador de moches en los municipios gobernados por el PRI».

El pueblo de San Ignacio Río Muerto, en Sonora, ha sido uno de los principales beneficiados de las asignaciones irregulares atribuidas a Beltrones, de acuerdo con el diario.

La población, de 14 mil habitantes, recibió el año pasado el mayor presupuesto de su historia: 28 millones de pesos.

«Ese monto fue posible “gracias a los recursos que fueron gestionados por el apoyo de Manlio Fabio Beltrones”, aseguró el 12 de julio del año pasado el alcalde Pedro Flores, en el inicio de las obras de pavimentación».

«En Puerto Peñasco, las autoridades también atribuyeron al exgobernador la gestión de recursos extraordinarios por 110 millones de pesos», refiere AM.

Por supuesto, como todo buen priísta, lo negó todo a pesar de los testimonios, a través de una carta dirigida a Alejandro Junco de la Vega, presidente y director general del rotativo, el legislador sonorense aseguró que no conoce al alcalde celayense ni a ningún miembro de la administración municipal y rechazó tajante estar involucrado en esa práctica de corrupción.

«Es absolutamente falso que un servidor esté involucrado en el cobro de comisiones por gestión de fondos federales de ningún tipo, en ningún municipio de Guanajuato y de ninguna entidad del país. No compete a los legisladores determinar el ejercicio de los presupuestos autorizados cada año por la cámara de Diputados, mucho menos intervenir en la adjudicación de contratos a nivel municipal, pues lo que le corresponde como función exclusiva es la aprobación del presupuesto anual que propone el Ejecutivo», aseveró.

Beltrones agregó que la gestión que realizan tradicionalmente los diputados tiene que ver con atender las legítimas necesidades planteadas por sus comunidades, pero eso en ningún caso implica algún tipo de intervención en el ejercicio de recursos.

«Como otros compañeros legisladores, un servidor lo ha hecho y lo seguiré haciendo en beneficio de comunidades sonorenses en mi actual gestión y en otras en que he sido Diputado Federal, porque tengo un compromiso que cumplir con mis paisanos que más lo necesitan», subrayó.

Aseguró que ignora las fuentes y las intenciones de lo que calificó una «supuesta investigación» y criticó que haya acusaciones sin pruebas en su contra.

«El utilizar abusivamente mi nombre no es algo nuevo que se me haya hecho, cuando tengo evidencia cierta, no simples intrigas, denuncio y solicito a las autoridades meter a la cárcel a cualquier pillo que cometa ese delito lo cual haya sucedido», indicó en la misiva fechada el 20 de marzo del 2014 en la Ciudad de México.

***

Y mientras tanto, el Señor Beltrones sigue, y seguirá inmiscuido en la política nacional, con cualquier medio que le sea posible, así sea el narco, y con la administración federal que sea, tratando, una y otra vez, conseguir su máximo sueño, ser Presidente de la República.

Manlio Fabio Beltrones

6. EL CHISTOSITO

La política mexicana, más que política, parece una vida de chiste, principalmente para gente como Jesús Murillo Karam, exgobernador de Hidalgo y actual procurador general de la República. Ironías de la vida que solo pasan en México: delincuentes juzgando a delincuentes, y que por encima de todo, se burlan de los mexicanos sin vergüenza alguna.

En las siguientes páginas compartimos con ustedes algunas opiniones y reportajes acerca de este personaje tan chistosito.

***

Un nuevo escándalo atacó al titular de la PGR, su nieto quedó impune luego de golpear a su exnovia Alexia Ímaz, quien es hija del Director del CISEN. En un país donde la falta de denuncia es un problema grave de justicia y las agresiones a mujeres una constante la omisión de las autoridades y en especial del Procurador es lacerante.

Cualquier abuso en contra de las mujeres es un delito y debe ser especialmente castigado por su condición de género. Alexia, la víctima, efectivamente se presentó en la Procuraduría de Morelos para posteriormente, desistir de levantar una denuncia. Pueden presumirse presiones, siempre que difícilmente alguien que haya sido violentado y que señala públicamente a su agresor en redes sociales, se presenta ante la institución que corresponda solo para «saludar» y no levantar denuncia alguna.

Gerardo Saade posteriormente se dijo «arrepentido» según comunicó la PGR y se presentó ante las autoridades para conocer su situación jurídica, en la cual, al no haber demanda de por medio, libró con impunidad el rigor de la ley puesto que estos actos no son perseguidos de oficio.

La salida para el Procurador fue muy fácil, siempre que se argumentara que no existe denuncia alguna y por lo tanto, no hay delito a perseguir. Lo que no se dirá, es que son muy pocos los que se atreven a denunciar a los poderosos, incluso siendo hijo(a) de uno. En México, uno de los mayores problemas respecto al sistema de impartición de justicia es combatir la cifra negra, misma que alcanza 92 de cada 100 delitos, esto es, que son denunciados ante la autoridad menos de uno por cada diez.

Murillo Karam tiene ante sí la oportunidad de combatir la impunidad tema abordado en cada foro realizado en la materia. Si la hija de un alto funcionario no denuncia por presiones, el mensaje que se dará a la sociedad permitirá el incremento de la cifra negra en lugar de combatirla. Porque una de las principales razones de la no denuncia es la desconfianza en las autoridades así como lo engorroso de los procesos judiciales.

Si el procurador quiere conservar su puesto, debe buscar la forma de persuadir, incluso en perjuicio de su propio nieto, que se haga la denuncia correspondiente al igual que verificar que el proceso sea transparente. Si no lo hace, debe renunciar pues no puede representar a la justicia en cualquiera de sus formas cuando él mismo ejemplifica impunidad.

Respecto al agresor Gerardo Saade, es hijo de Gerardo Saade Kuri y Gabriela Murillo, esta última hija de Jesús Murillo Karam. Saade Kuri, su padre, ha sido acusado de desvíos dentro de la administración de la Escuela Americana de Pachuca por padres de familia como consta en notas periodísticas mientras que Murillo Karam ha recibido denuncias por enriquecimiento ilícito, la más reciente en 2005. El Procurador no ha hecho pública su relación patrimonial.

¿Quién es Murillo Karam?

Jesús Murillo es un viejo conocido de los hidalguenses no solamente por ser exgobernador de la entidad sino por el número de veces que ha sido representante popular. Fue legislador federal en 4 ocasiones así como 2 veces senador. Solamente en una de las anteriores fue electo directamente mediante sufragio mientras que en las restantes, accedió mediante el principio de representación proporcional. Así, entre cargos de elección popular y aquellos plurinominales, por lo menos los últimos 25 años ha vivido del erario.

Basta revisar algunos portales y noticias para profundizar un poco más.

El tres veces secretario general del PRI ha sido señalado en diversas ocasiones por su inexplicable riqueza. Alguna vez en el diario El Universal se publicó que Murillo Karam era el hombre más rico de Latinoamérica a pesar de que sus orígenes fueron más bien sencillos y ninguno de sus familiares había destacado en los negocios hasta después de su gubernatura.

Al menos una veintena de gasolineras son administradas por familiares suyos en Hidalgo. También, se sabe que obtiene rendimientos de las empresas instaladas en la Zona Plateada —la de mayor plusvalía en la entidad—, misma que fuera arrebatada a ejidatarios. Portales hablan sobre propiedades en las zonas más exclusivas de Pachuca así como con terrenos en los alrededores de donde será construida la Refinería Bicentenario y donde se pretende construir el aeropuerto civil.

A partir de los cargos públicos que ha ostentado, el apellido Murillo se ha convertido en uno de abolengo para la capital hidalguense. Constructoras como HIVACO, Hospitales como los Marfil, el Centro Médico Intermédica —que incluye Universidad—, son otros de los tantos ejemplos sobre empresas en las que tiene laborando a su familia además de Notarías, Colegios y Universidades. Levantó polémica el beneficio hacia el Club de Fútbol Pachuca, vendiendo la propiedad a Jesús Martínez en una verdadera ganga. A este grupo también le dio facilidades para invertir así como donaciones de terrenos al igual que posteriormente lo hicieran sus sucesores en el ejecutivo estatal. Es por él que el pisal más grande de la ciudad lleve por nombre el del sionista David Ben-Gurión.

Pero probablemente su mayor fortuna provenga de los despachos legales con los que cuenta en la Ciudad de México, donde litiga demandas multimillonarias contra paraestatales y otras entidades públicos en alianza con otros políticos incluso de diferentes corrientes ideológicas.

Es un político que nunca pasa inadvertido. Siendo gobernador de la entidad, durante los mandatos de sus sucesores se ha caracterizado por el despilfarro, llegando a hacerse diversos comentarios sobre la excesiva escolta con la que se moviliza. Sobran anécdotas donde opaca los operativos en los que se presentaron los gobernadores en curso y hasta al mismo presidente de la República.

Nacionalmente se le recuerda por ser defensor jurídico del voto hacia Peña Nieto en las elecciones del 2012 donde primeramente declaró que el Revolucionario Institucional no usó la intermediación del Banco MONEX para realizar algún tipo de pago a sus colaboradores y/o votantes pero luego se vio obligado a aceptar la relación tras las pruebas mostradas por los partidos y medios en un escándalo de 700 millones de pesos. También se le recuerda, ya en su cargo actual, por hacer bromas ante tragedias como la explosión en la torre de PEMEX así como la famosa sentencia donde destaca la «acumulación de gases» como causa de dicho siniestro —aún sin resolver.

***

Después de las elecciones del 2012, el entonces coordinador jurídico del equipo de Enrique Peña Nieto, Jesús Murillo Karam, admitió que sí existe un vínculo indirecto entre Monex y el PRI, pues el grupo financiero fue contratado por Alkino Servicios y Calidad, S. A. para proporcionar las tarjetas de prepago que cubrirían los sueldos de los operadores priístas.

En entrevista para W Radio, se le cuestionó a Murillo Karam:

—¿La totalidad de las tarjetas que Alkino Servicios les da es de Monex?

—Alrededor de 8 mil, sí —reconoció el dirigente priísta.

—¿Son de Monex todas? —Se le insistió.

—Sí, así es. Parece ser que sí, yo no estoy muy al tanto sobre los contadores, pero parece que las 8 mil sí (fueron distribuidas por Monex) —soltó.

El exsenador detalló que el PRI contrató a la empresa Alkino Servicios y Calidad SA, firma que a su vez se hizo de los servicios de Monex para la distribución de las tarjetas.

No obstante, Murillo Karam reiteró que su partido no guarda ningún vínculo de origen o de orden jurídico o comercial con Banco Monex, S. A., institución de banca múltiple, o con grupo financiero Monex. «Entregamos estas tarjetas, yo no sé si todas sean de Monex o no, porque nosotros tenemos un intermediario, que es el que hace el trámite, o sea, esta empresa Alkino, y este es el que nos convierte en dinero y nos financia.

»Porque ahora resulta que lavamos dinero que todavía no tenemos, no lo hemos pagado, nada más hemos hecho un pago», justificó.

En el documento que entregó el PRI a la Procuraduría General de la República (PGR), se indica que lo pagado se ha hecho a través de transferencias bancarias y que, si bien existe un retraso, el partido cubrirá los intereses pactados con Alkino en los próximos meses.

Más aún, el Revolucionario Institucional insistió en que los gastos por esas tarjetas son considerados ordinarios y no de campaña, por lo que han sido y serán cubiertos con los recursos que el Instituto Federal Electoral (IFE) brinda al PRI para sus gastos internos.

***

Las investigaciones del caso Monex se le encargaron al propio Jesús Murillo Karam y a Luis Videgaray.

El consejo general del IFE aprobó «dar vista» de los expedientes a la Unidad de Inteligencia Financiera, encabezada por el exprocurador mexiquense, Alberto Bazbaz, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SCHP), de la que es ahora titular Videgaray Caso.

También se notificó a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), que forma parte de la estructura de la PGR, encabezada por Murillo Karam.

Los consejeros enviaron los expedientes de la distribución de tarjetas para que, según las facultades de esas unidades o instituciones, se inicie una investigación por presuntos actos que pudieran constituir un delito que no corresponde a lo electoral, que en este caso se vincula al lavado de dinero.

El IFE también entregó copias de la investigación de su Unidad de Fiscalización a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, al Servicio de Administración Tributaria (SAT) y a la secretaría Ejecutiva del IFE.

Al respecto, el consejero legislativo del PRD ante el instituto. Fernando Belaunzarán, comentó que se trata de una «coartada sin pies ni cabeza», porque, señaló, las investigaciones recaerán en el excoordinador de campaña de Enrique Peña Nieto, Luis Videgaray, y en el «encargado de la defensa jurídica del voto de las elecciones del 1 de julio del PRI», Murillo Karam.

***

La explosión de la Torre Ejecutiva Pemex fue una detonación que ocurrió el jueves, 31 de enero de 2013, a las 15:45 (hora local). El accidente ha provocado el fallecimiento de 37 personas y 126 lesionados, así como también importantes daños materiales en el edificio. El incidente ocurrió entre el sótano y primer piso de la torre B2, en el centro administrativo de Pemex.

Sabiendo cuestiones elementales de química y física que te enseñan en la prepa, lo ocurrido en la Torre de Pemex no se explica por medio de la versión oficial, en otras palabras, es mentira lo explicado por el gobierno. ¿Será parte de una agenda para continuar infundiendo en la gente la idea que Pemex necesita inversión privada? ¿Pudo ser provocado para destruir documentos importantes que pondrían en apuros tanto a políticos, funcionarios administrativos y empresarios que han sido beneficiados en convenios con la empresa petrolera? Esto no lo responde la física y la química pero si nos ayuda a saber si mienten los funcionarios al explicarlo y eso nos hace preguntarnos por qué no dicen la verdad, qué esconden y muchas preguntas más que tendremos que responder con nuestro sentido común, ya que la verdad, si algún día sale a la luz, será dentro de mucho tiempo.

Jesús Murillo Karam dio la resolución de la supuesta causa del accidente en el edificio de PEMEX. Basta con escuchar la resolución para darse cuenta de la vil mentira que los medios difundieron como la versión oficial.

El procurador dijo que el accidente en el edificio B2 de la Torre de Pemex fue provocado por una «explosión difusa» al «acumularse gas inflamable en el sótano».

En conferencia de prensa, Murillo Karam dijo que «la explosión fue difusa y horizontal» y que «no hubo cráter como hubiera ocurrido en caso de bomba». Además, el procurador precisó que los cuerpos de las personas fallecidas no presentan desmembramientos ni daños en los oídos ni rastros de carbón, como también hubiera ocurrido en caso de bomba o explosivos —«entendidos como artefactos fabricados por el hombre»—.

Murillo Karam explicó que se encontraron tres fuentes posibles de suministro de gas, y que en la zona de pilotes —en el sótano del edificio— no existe ventilación.

No obstante, todavía no se sabe cuál es el gas que provocó la explosión ni de dónde vino, aunque «creen» que pudo haber sido metano.

Murillo Karam aseguró que no encontraron rastros de explosivos y que los cuerpos hallados en la planta baja y el mezzanine no presentan rastros de fuego. Los únicos fallecidos que sí presentaron quemaduras fueron tres trabajadores de una empresa particular que se encontraban en el sótano dando mantenimiento a los pilotes del edificio.

Pero veamos una explicación más lógica:

1. Para que ocurra una acumulación de gases, y por ende, un aumento en la presión de las paredes del lugar, se requiere básicamente un espacio completamente cerrado, sin intercambio de materia con el exterior y sobre todo, un flujo continuo del gas hacia el espacio cerrado que aumente la presión del lugar. ¿Qué volumen de gas sería necesario para ejercer tal presión que lograra ocasionar los daños que se generaron en el edificio de PEMEX?

2. Las propiedades de los gases desmienten completamente la teoría de la explosión. Una de las propiedades físicas de los gases es su capacidad de difundirse (es decir, la capacidad del gas para ocupar un espacio). En un lugar como un edificio (que no es un espacio hermético), suponiendo que hubiera una acumulación de gas, este se hubiera propagado hacia otros lugares por medios físicos (ductos de aire, fisuras, ventanas, etc.) con lo cual no existe una presión suficiente como para producir una explosión. Los gases son compuestos que además de difundirse pueden fluir (no es lo mismo que difundir), es decir, desplazarse por conductos hacia otros lugares, esto es aplicable a los sistemas de refrigeración por medio de los cuales, el gas pudo haber encontrado y transportarse por allí a otros sitios de la construcción. La presión ejercida por un gas en las paredes en un recipiente (en este caso una oficina) es uniforme. Es decir. La misma presión que soportaba la parte de abajo era la misma que soportaba la parte de arriba, por tanto, el daño debería ser «uniforme» en todas direcciones, cosa que según las fotos difundidas no es así.

3. Olor característico. El gas es incoloro, inodoro e insípido, es por eso, que se le adiciona «mercapto» que es una sustancia que tiene un olor característico y es el que se percibe en una fuga de gas. Si hubiera existido una fuga o una acumulación, el gas pudo haber sido fácilmente perceptible al olfato, lo que significaría una negligencia del personal a cargo (argumento utilizado para los fines privatizadores). Para la versión del gas metano, el gas primero ocasiona muerte por asfixia antes de provocar una explosión y de acuerdo con la información que se tiene sobre las victimas mortales, ninguna murió por asfixia.

4. Sentido común. ¿En qué edificio burocrático existen tomas de gas o contenedores de gas que sean capaces de acumularse en volúmenes enormes como para explotar, cuando la actividad realizada se reduce a cuestiones administrativas y no técnicas? En pocas palabras, la fisicoquímica no miente, esto no son ni teorías, son leyes comprobadas y comprobables. El asunto de la información es que la mentira será esparcida como la versión oficial (no la verdadera). Al ignorar todo esto, la gente se creerá esta falacia y nuevamente la manipulación mediática y el control gubernamental habrán hecho su trabajo.

***

Ya sea que se confirmen o no las fuertes versiones recabadas por el semanario Proceso en el sentido de que la explosión en las oficinas centrales de Pemex se debió a un atentado urdido por Los Zetas, lo que queda al descubierto en la tragedia es la vulnerabilidad de las instalaciones estratégicas del país y de la población civil.

La afectación física de las oficinas administrativas de Pemex en la capital del país congregó a los servicios de seguridad e inteligencia del Estado. Al lugar corrieron agentes y elementos del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), Procuraduría General de la República (PGR), Policía Federal (PF), Ejército, Marina y de las agencias de seguridad y justicia del Distrito Federal.

Todos acudieron a recabar información; los militares pusieron en marcha el plan DNIII de ayuda a la población civil. También llegaron Peña Nieto, su supersecretario de Gobernación —encargado político y operativo de la seguridad del país—, Miguel Ángel Osorio Chong, y el titular de la PGR, Jesús Murillo Karam.

Participantes en esos encuentros aseguraron a Proceso que desde los primeros momentos de la destrucción de los tres niveles de la edificio B-2 elementos del Cisen y peritos de la PGR sostuvieron la idea de un atentado.

Los expertos consultados refirieron rastros de explosivo Composite 4 (C4), una potente carga formada por explosivo químico y un aglomerante plástico que es de uso militar y ha sido empleado en varios atentados terroristas.

Mencionaron incluso que algunas cargas no detonaron; de lo contrario, el número de víctimas hubiera sido mayor.

De acuerdo con esa versión, los peritos en explosivos del Ejército y de la Marina recogieron los restos del material y lo llevaron al Campo Militar número 1, donde confirmaron que es C4. Estiman que el explosivo se colocó en pequeñas cantidades en áreas cerradas, como aire acondicionado, cuartos de servicio y botes de intendencia, y que habría sido ingresado en mochilas o portafolios.

Los expertos estadunidenses llegaron al complejo administrativo hacia las 10 de la noche en un vuelo privado. Lo primero que hicieron fue rastrear las llamadas realizadas desde esas oficinas y las efectuadas a estas.

En especial, se rastreó una llamada desde Veracruz, donde el Ejército ha asegurado varias cargas de explosivo C4, dijeron.

Los peritos estadunidenses también recogieron audios de Pemex, revisaron los autos de la zona y pidieron los videos del aeropuerto de la Ciudad de México, pues no descartaron la presencia de extranjeros sospechosos.

Más inquietante, esa versión sostiene que en el lugar se habría encontrado información relacionada con Los Zetas, quienes entre otras actividades delictivas se dedican a la «ordeña» de ductos de Pemex para revender el combustible que ellos llaman huachicol.

El supuesto indicio de la presencia del narcotráfico sería un reclamo de ese cártel a Osorio Chong porque la Policía Federal y la DEA realizan operaciones en Veracruz con uniformes y vehículos de Pemex. Personal especializado de la Sedeña habría viajado esa misma noche a aquel estado, bastión zeta.

Las fuentes dijeron que el 12 de enero pasado aparecieron mantas en Hidalgo y Zacatecas en contra del secretario de Gobernación: «Osorio Chong no estás respetando el acuerdo con nuestro jefe máximo. No por muerto te valga madre porque nos dejó órdenes precisas». El mensaje habría aludido a Heriberto Lazcano, El Lazca, ejecutado de manera fortuita por la Marina.

Ni el Cisen ni el Ejército ni nadie advirtió de una tragedia como la de Pemex. Sea accidente o atentado, es producto de la negligencia del aparato de seguridad del Estado, asegura Erubiel Tirado, coordinador del Programa de Seguridad Nacional de la Universidad Iberoamericana y consultor académico del Royal United Services Institute for Defense and Security Studies (RUSI), de Londres.

«Trátese de un accidente o, peor aún, de un atentado, la explosión constituye un primer desafío al gobierno de Peña Nieto sobre sus concepciones de seguridad y manejo de riesgos», asegura.

La cerrazón informativa que ha mostrado su gobierno abona toda clase de hipótesis: Desde que el avejentado equipo de las instalaciones administrativas de Pemex potenció una alta concentración de gas, hasta la de un supuesto atentado que se habría realizado para producir miedo o terror entre la población y poner en evidencia la vulnerabilidad gubernamental justo al inicio de la gestión de Peña Nieto y precisamente en torno de un organismo estratégico del Estado.

Tirado pondera, sin embargo, el hecho de que el edificio principal no haya sido afectado, además de la falta de reivindicación del ataque, como cuando el Ejército Popular Revolucionario (EPR) admitió haber provocado ocho explosiones en ductos de Pemex en Guanajuato en julio de 2007, al inicio del gobierno de Felipe Calderón.

«Si bien el gobierno de Peña Nieto respondió con presencia y acciones para la atención inmediata del problema, en el fondo lo que ha hecho es negarse a informar. Una vez que tomó el control de la información desde el momento mismo de la explosión, el cerco y la ausencia de datos ha generado incertidumbre y alimentado todo tipo de explicaciones», dice el especialista.

Añade que después de los atentados terroristas de septiembre de 2011 en Estados Unidos, en lugares donde se han registrado ataques de ese tipo, como en Madrid en 2004, y Londres en 2005 y 2012, se ha reconocido la naturaleza de los hechos, lo que ha permitido un mejor manejo de control de daños. Lo mismo se ha hecho en Colombia. Aquí, dice Erubiel Tirado, la apuesta gubernamental se ha basado hasta ahora en la experiencia política de los operadores y en el control de la información.

***

El procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, hizo que los usuarios de Twitter se molestaran debido a un comentario sobre una maleta encontrada en el edificio B2 de la torre de Pemex, donde se suscitó la fatal explosión.

Durante la conferencia de prensa ofrecida por el gobierno federal para informar sobre los primeros avances de la investigación en torno a la tragedia en la cual murieron 37 personas, Murillo Karam dijo lo siguiente:

«La abren (maleta hallada) y se encuentran algo que es muy peligroso para los hombres: cosméticos de mujer. Y es lo más peligroso que traía la maleta».

La ola de comentarios en la red social comenzó a brotar con frases de molestia y crítica hacia el Abogado de la Nación, en contraparte de quienes se encontraban en la rueda de prensa que no pudieron contener las risas por las declaraciones del procurador.

En el video se puede escuchar al minuto 9:20 el comentario que levantó polémica entre los tuiteros quienes lo calificaron de «mal chiste».

Puede verse en video en el link: https://www.youtube.com/watch?v=kEKgZqFu-SE

***

Después de un año de ocurrida la explosión en la Torre B de la sede administrativa de Petróleos Mexicanos (Pemex), familiares de las víctimas denunciaron al procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, y al director general de la paraestatal, Emilio Lozoya, por negarles el acceso a la averiguación previa que se integró y por no indemnizarlos.

En una conferencia de prensa, las familias de Luis Ojeda Olguín, Gregorio Vite Valderrama y Enrique Bartolomé Hernández, trabajadores de Copicosa y quienes perdieron la vida en la explosión, dijeron que no han recibieron ninguna indemnización de Pemex, a pesar de que Emilio Lozoya y el presidente Enrique Peña Nieto se las prometió.

Debido a esta situación, la juez del Juzgado Noveno de Distrito de Amparo en Materia Penal del Distrito Federal, María Catalina de la Rosa Ortega, dio tres días al titular de la PGR para que informe si existe o no una averiguación previa por estos hechos, después de que la misma dependencia dijo que no tiene a su cargo la indagatoria AP/PGR/DF/SCZ/CAM/052/13-01.

Los familiares afirman haber recibido solamente 144 mil pesos en indemnización por parte de Copicosa, la empresa contratada por Pemex para realizar el mantenimiento de su sede administrativa.

«Pemex no les ha dado una respuesta, ni siquiera les ha dicho que ocurrió»; dijo el abogado Jesús Alberto Guerrero que representa a las familias de los tres trabajadores de Copicosa que fallecieron en la explosión.

Afirmó que si se aplicaría de verdad la ley, a las familias les tocarían entre 10 millones y 12 millones de pesos por indemnización, sin embargo, hoy tienen que vivir de prestado.

El abogado detalló que el pago de indemnización por muerte debería de ser de tres millones 880 mil pesos, mientras que cada familia debería de recibir una indemnización adicional por daño moral de cinco millones 180 mil pesos, de acuerdo con la Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado.

Además según los criterios de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, un pago por concepto de lucro cesante, evaluado a un millón 297 mil pesos, debería ser entregado a los familiares. Este pago representa el pago de lo que en vida dejará de ganar la víctima hasta su promedio de vida.

«En total, las familias deberían de recibir entre 10 millones y 12 millones de pesos en indemnización», afirmó Guerrero.

***

Mientras en México sigamos permitiendo que políticos chistositos como Murillo Karam, entre otros, sigan dirigiendo al país, tendremos más tragedias como las de Pemex, más impunidad como en el Estado de Hidalgo y el caso Monex. Estos políticos, sexenio tras sexenio, continuarán burlándose de los mexicanos y viviendo a costa del erario público.

Jesús Murillo Karam

7. EL GENOCIDA

Poner en manos de un abogado la educación en México, pues sí, y de hecho cualquiera podría ser Secretario de Educación en nuestro país, así lo han demostrado muchos gobiernos a lo largo de nuestra historia, sin importar que ese abogado haya sido cómplice en una de las más sangrientas masacres de la cual tengamos memoria los mexicanos, la de Acteal.

***

Emilio Chuayffet Chemor es miembro del Partido Revolucionario Institucional desde 1969, ha ocupado cargos públicos como el de gobernador del Estado de México, Coordinador de los Diputados del PRI en la LIX Legislatura y Secretario de Gobernación.

Precisamente es como Secretario de Gobernación, en el sexenio de Ernesto Zedillo, donde surge la situación en la que queremos profundizar, y que nos hace considerar a este priísta como el séptimo al que hay que odiar.

***

El 22 de diciembre de 1997, decenas de paramilitares vestidos de negro llegaron a Acteal, donde estaban refugiados miembros del grupo civil «Las Abejas». En cinco horas, los paramilitares mataron a 9 hombres, 21 mujeres y 15 niños, a quienes mutilaron y desgarraron los vientres de mujeres embarazadas. Una hora después del inicio de la matanza, testigos que lograron huir avisaron del hecho a Gonzalo Ituarte, vicario de la Diócesis de San Cristóbal de las Casas, quien informó al secretario del gobierno del estado, Homero Tovilla Cristiani. Los vecinos avisaron lo que sucedía a la Seguridad Pública y pese a estar a unos cientos metros de distancia de la masacre, no intervino.

Chuayffet negó que el gobierno federal tuviera responsabilidad por razones de acción u omisión. Sin embargo, Raúl Vera, obispo coadjutor de San Cristóbal, dijo que el 18 de octubre le había enviado una carta en la que le advertía del «ambiente de violencia».

Después, Chuayffet admitió haber recibido el aviso, y comentó: «Es muy difícil, prácticamente imposible, que todos los hechos de violencia de este género se evitaran en el mundo a partir del simple conocimiento del ambiente de violencia».

***

Dos meses antes de la matanza Emilio Chuayffet supo lo que iba a pasar y no hizo nada que no fuera burlarse. Y como todas las tardes, beberse sus mentiras.

Surgieron nuevas pruebas que evidencian la soberbia y la negligencia criminal con que el entonces secretario de Gobernación trató las advertencias sobre la situación en Chiapas en aquellos años convulsos.

Y es que apenas en 2006, el gobernador Juan Sabines Guerrero creó la Fiscalía Especializada en Delitos Cometidos en la Procuración y Administración de Justicia en el Poblado de Acteal, por los hechos sangrientos de aquel 22 de diciembre de 1997. Con tres líneas de investigación: esclarecer si existen civiles o exservidores públicos de los gobiernos federal y del estado como probables autores intelectuales; determinar si exfuncionarios incurrieron en omisión; y si hubo otros autores materiales.

Luego de cientos de nuevas diligencias e investigaciones la Fiscalía del Caso Acteal rescata una carta enviada el 18 de octubre de 1997 a Emilio Chuayffet Chemor, entonces secretario de Gobernación de Ernesto Zedillo. Era de monseñor Raúl Vera López, obispo coadjutor de la diócesis de San Cristóbal de las Casas, en la que el sacerdote le enfatiza: «Desde la plática que tuvimos en agosto del año pasado (1996) te hablé del camino que hacia un cambio profundo llevaba esta región y que si lo intentaban detener, solo iban a lograr un baño de sangre… pues bien, eso del baño de sangre ya está en marcha y se anticipa todavía más cruel».

Lo más grave es que la fiscalía cuenta también con una grabación en la que Chuayffet se refiere a la carta de Vera diciendo: «Me dice que va a pasar todo esto» y luego confirma «tengo la carta y no es fotostática». Por si fuera poco, hay declaraciones del entonces gobernador Julio César Ruiz Ferro en las que asegura que tuvo al tanto «… en todo momento al secretario de Gobernación sobre la problemática en el municipio de Chenalhó». Y hay otros testimonios como el de Tomás Pérez Méndez, habitante de Chenalhó, que alertó personalmente a Chuayffet sobre «los actos criminales que padecían en esos tiempos», a lo que el secretario le respondió que «pronto serían atendidos sus problemas».

Ya entonces eran secreto a voces las debilidades de Chuayffet. Que serían muy suyas si no hubieran afectado a tanta gente. Como aquel tristemente célebre episodio de cuando le llevaron a la puerta de su comedor privado los Acuerdos de San Andrés para la paz en Chiapas, y luego de una larga espera y 14 anises se dignó a gritar que los firmaran sin siquiera haberlos visto. Hasta la cruda, cuando por órdenes de Zedillo el gobierno se retractó y los desconoció.

***

En diciembre de 2012, el 15 aniversario de la mayor masacre de las últimas décadas en México, la de 45 indígenas tzotziles de Acteal, tuvo como eje central de su conmemoración la indignación por el agravio del nombramiento de Emilio Chuayffet como secretario de Educación de Enrique Peña Nieto. «No nos olvidamos que Chuayffet era Secretario de Gobernación cuando sucedió la masacre de Acteal y sabía lo que iba a ocurrir y no evitó la masacre… Nosotros Las Abejas y sobrevivientes de Acteal, le decimos que la sangre de mujeres y niños y niñas inocentes de Acteal, lo juzgarán por siempre. Emilio Chuayffet Chemor secretario de la SEP es uno de los autores intelectuales impunes de la masacre de Acteal», señaló Porfirio Arias, presidente de la organización civil Las Abejas.

Como cada año, los tzotziles de Acteal realizaron una jornada de actividades para recordar a los 45 hombres y mujeres asesinados el 22 de diciembre de 1997, además de cuatro muertos en el vientre de sus madres, por grupos paramilitares que actuaron en complicidad con el Estado. Tres presidentes de la República han pasado desde entonces y la masacre sigue impune. Y no solo eso, sino que los más de 50 paramiliares encarcelados por su participación en los crímenes, muchos de ellos confesos, han sido puestos en libertad por mandato de la Suprema Corte de Justicia. Hoy, señalaron Las Abejas, «el gobierno sigue negando que es un crimen de Estado, y lejos de hacer una investigación a fondo, sigue con su estrategia de contrainsurgencia para hostigar a nuestra organización Las Abejas y a los sobrevivientes, para crear conflicto y/o división en las comunidades y organizaciones que luchan».

A Enrique Peña Nieto también se dirigieron Las Abejas en esta ocasión, la primera para el presidente priísta, a quien calificaron como «un presidente al servicio de los ricos y poderosos que quieren adueñarse de nuestro México verdadero. Un presidente de Televisa, TV Azteca… que para nosotros, será un presidente como actor de una telenovela, su papel será el de un títere maniobrado, literalmente, por los poderosos políticos y empresarios».

La neblina de Los Altos cubrió por momentos las montañas de los alrededores. Desde ahí, los tzotziles organizados recordaron a los 14 presos del primero de diciembre en el Distrito Federal. «No nos extraña la actitud de este señor, porque tiene un corazón chico y muy malo…». Y, más adelante, se preguntaron, «¿Cuántos crímenes cometerá Peña Nieto en su sexenio? ¿Cuánta sangre del pueblo mexicano derramará por órdenes de su mafia política y económica?

¿A caso los políticos corruptos creen que nuestra memoria es corta? En el gabinete de Enrique Peña Nieto son profesionales en saqueos de patrimonios nacionales y de masacrar a pueblos y organizaciones disidentes».

Los asesinos de Acteal están sueltos, señalaron una y otra vez los tzotziles de Acteal. Y la falta de reconocimiento de la verdad de lo ocurrido favorece «en gran medida la reactivación de los paramilitares de Chenalhó». Un ejemplo actual: a las 11:30 horas de la noche de pasado 11 de diciembre, en la colonia Puebla, del municipio de Chenalhó, fue sorprendido Lorenzo Gómez Gómez portando una escopeta calibre 410. Las Abejas lo señalan como «integrante del PRI y paramilitar con antecedente penal por hecho previos a la masacre de Acteal», por lo que, señalan, «tras enterarnos, nosotros les exigimos a las autoridades de Chenalhó que realicen una investigación a fondo sobre el caso, a la cual se negaron justificando que no pueden intervenir ni romper con la toma de decisiones de la propia comunidad».

En medio de una serie de ritos que enmarcan el recuerdo de sus víctimas, acompañados de invitados y visitantes de diversos estados de México (Puebla, Morelos, Quintana Roo, Baja California, Tabasco y por supuesto muchos municipios de Chiapas); además de gente de Italia, Francia, Suecia, España y Argentina, Las Abejas advirtieron que continúa «la cadena de manipulación, de ingobernabilidad y de corrupción. Porque han pasado ya tres sexenios, pero ningún gobierno ha tenido voluntad de dictar solución al caso Acteal». Todos estos años, advirtieron, los gobiernos «se han empeñado a crear condiciones de olvido, de impunidad e injusticia. En consecuencia, hoy en día no existen condiciones de no repetición de hechos».

Acteal puede repetirse, señalaron, «porque que el crimen de Estado de lesa humanidad se ha dejado en la impunidad, y los autores materiales e intelectuales gozan de total libertad. No hay justicia, no hay verdad y no hay vida solo muerte y violencia».

Las Abejas conmemoraron dos fechas emblemáticas: el 15 aniversario de la masacre y los 20 años de haberse conformado como organización. Luego de dos décadas, dijeron, «ya no somos los mismos como antes. Ya no caminamos encorvados. Ya no somos sumisos ante un poder y ante el mal gobierno federal y estatal. Ya no creemos en las instituciones gubernamentales. Ya no creemos en nada de los partidos políticos. Nosotros ya nos hemos hecho fuertes tan fuertes como otras personas que han decidido tomar el destino en sus propias manos».

Un día después de la gran movilización silenciosa de las bases de apoyo del EZLN, Las Abejas, una organización civil y pacífica que se ha mantenido cercana a las iniciativas del zapatismo, señalaron: «Al igual que nuestros hermanos zapatistas nuestra lucha ha hablado ya en tzotzil, tzeltal, mam, tojolabal, chol, quiche, castellano, inglés, francés, noruego, entre otros. Además, hoy ya hemos levantado la vista para mirar de lejos, hemos alzado la voz para ser escuchados; ya no hay más temor en nuestros corazones porque ya no tememos equivocarnos, ahora ya nos defendemos porque hemos aprendido a defendernos».

Finalmente, entre flores y copales, dejaron claro que seguirán construyendo «la otra justicia, porque en ella hay posibilidad, pues ahí nace la vida».

***

El ahora Secretario de Educación Pública, Emilio Chuayffet Chemor, fue interrumpido cuando ofrecía una conferencia en la Fundación Ortega y Gasset en Madrid, España, el 8 de Noviembre del 2013.

Un grupo de manifestantes lo increpó y lo acusó de ser responsable de la Matanza de Acteal. El funcionario le recordó a los manifestantes que la matanza fue analizada por un Tribunal donde no tuvo ninguna incumbencia.

«Me da tristeza recordar el evento», dijo. «No se me ha acreditado responsabilidad alguna».

El gobierno del expresidente Ernesto Zedillo ha sido recurrentemente cuestionado y acusado de fomentar la formación de paramilitares para contrarrestar al Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), lo cual insistentemente ha sido negado por las autoridades.

Zedillo fue demandado en Estados Unidos, país en el que reside desde que concluyó su mandato, por sobrevivientes de la masacre. Aquel país, a petición de México, le otorgó inmunidad.

Emilio Chuayffet

8. EL ESPÍA

El octavo priísta al que hay que odiar y actual secretario de Gobernación federal, Miguel Ángel Osorio Chong junto con el procurador general de la República, Jesús Murillo Karam (véase capítulo 6), antes de ser gobernadores de Hidalgo no tenían nada y al término de sus administraciones se hicieron inmensamente ricos. Osorio Chong y Murillo Karam son los dueños de todos los terrenos en Pachuca, son latifundistas urbanos.

El Grupo Hidalgo, encabezado por Miguel Ángel Osorio y Jesús Murillo, hace pareja en actos de corrupción con el Grupo Atlacomulco del Estado de México integrado por Alfredo del Mazo, Arturo Montiel, César Camacho, Emilio Chuayffet, antes Carlos Hank, quien fue el maestro del grupo Atracomulco, Peña Nieto y Eruviel Ávila.

El Grupo Hidalgo y el Grupo Atlacomulco acumularon alrededor de 2 mil millones de dólares de riqueza mal habida y son quienes le hicieron daño a los ciudadanos del Estado de México y de Hidalgo, pero ahora fueron premiados con dos de las secretarías federales más importantes.

***

Miguel Ángel Osorio Chong es un icono priísta del autoritarismo, acoso, del espionaje político, del abuso del poder, de la persecución a los adversarios, del enriquecimiento ilícito y la corrupción. Además dejó bastantes obras inconclusas cuando fue gobernador.

Esto piensa alguien que lo conoce a fondo: Xóchitl Gálvez.

«Soy un testimonio viviente de lo que es capaz de hacer», admite —por primera vez en su vida con temor—, la política. Ella sabe muy bien quiénes son sus paisanos Osorio Chong y Jesús Murillo Karam.

Lo sabe porque es hidalguense y los ha sufrido como gobernadores. Murillo lo fue de 1993 a 1998. Osorio, de 2005 a 2011. No hay quién le platique nada de ellos.

Gálvez en especial tiene estudiado a Osorio Chong, de quien presenció autoritarismo, persecución, amedrentamiento, cacicazgo y otras taras de un pasado que hoy es el «retomo de los brujos».

No hay forma de olvidar el abuso que hizo el priísta de su poder cuando era gobernador, para «aplastarla» —según sus propias palabras—, cuando fue candidata a la gubernatura en 2010, recuerda la exfuncionaría del gobierno de Fox.

Osorio sabía que si no conservaba Hidalgo para el PRI, la posibilidad de ocupar algún puesto en el gabinete de Peña Nieto en 2012 se habría perdido. Por eso operó dentro y fuera de la ley para colocar a Francisco Olvera Ruiz como su sucesor, lo cual logró.

Y Xóchitl lo sabe porque por un estrecho margen acaba de perder en su aspiración como senadora, de nuevo ante un PRI violento, gansteril, soberbio y cacique.

De entrada, Osorio es un exgobernador cuyo paso por Hidalgo dejó su estado en el quinto lugar de pobreza a nivel nacional según estadísticas del INEGI, y en el sexto lugar, según Conapo, en 2010.

La entidad llegó al primer lugar en alcoholismo, y al primer lugar en consumo de cocaína y mariguana en 2012, entre jóvenes de 12-26 años.

Y conservó su quinto sitio nacional en corrupción, siendo además, uno de los estados menos competitivos y con mayor muerte materna.

Xóchitl relata anécdotas que permiten adentrarse en un personaje tan oscuro como Osorio Chong.

«Me corrieron»

Pese a que los dos nuevos pilares de Peña Nieto son paisanos de Hidalgo, no son amigos. Antes bien, se les conoce por pertenecer a grupos políticos contrarios. Sin embargo, coinciden bajo la sombra del mexiquense.

Osorio Chong llega a la gubernatura en 2005. Está sin un peso, porque Manuel Ángel Núñez, también exgobernador, en su afán de ser presidente, habría desfalcado a la entidad.

Sin embargo, por el contrario, la CPI ya contaba con un presupuesto de cerca de cuatro mil millones de pesos. Xóchitl pide a Fox no dañar a los hidalguenses y este accede. Y van al 100% de inversión. Es decir, la entidad no tendría que poner nada en algunas obras.

«Cuando llego a poner la primera piedra del puente a Xochiatipan, me doy mi primer enfrentamiento con Osorio», recuerda Gálvez, «porque está muchísima gente con camisetas rojas. Eran fechas de elecciones municipales».

La entonces funcionaría le dice a Osorio que no se baja del helicóptero si no manda a su gente quitarse las ropas alusivas al PRI.

«Me parecía que no estaba bien que se politizara una obra que era del gobierno federal. Y era lo de siempre, porras al señor gobernador, y adjudicarse todas las obras que se hicieran…».

Corrupción y contubernio

Después de ese episodio —rememora Xóchitl— le propone a Osorio terminar la carretera a Nicolás Flores.

El del PRI le entrega un proyecto cuyo costo ascendía a 38 millones de pesos.

«Cuando voy a dar el banderazo con él», explica, «me entero que en lugar de ser 10 kilómetros del tramo carretero, iban a ser solo cinco…».

Pero la mujer no se queda con los brazos cruzados y manda realizar un estudio comparativo de costos. Concluye, y se lo comunica a Osorio Chong, que Hidalgo era el estado que hacía carreteras a un costo más elevado.

El gobernador se molesta mucho. Las cosas se ponen muy tensas. Pero Xóchitl visita luego muchas carreteras acompañada de la secretaria de Obras estatal, Paula Hernández, y le demuestra que se están construyendo con muy mala calidad.

«Empezamos a tener muchos problemas por el tema de la corrupción en Hidalgo», apunta Gálvez.

«Me entero que las obras ni se licitan, se asignan de manera directa, que es un contubernio con un montón de constructoras locales».

Enviados armados.

Ya en el sexenio de Felipe Calderón, Xóchitl renuncia el 6 de diciembre de 2006 a la CDI, por considerar el presupuesto como insuficiente para sus necesidades más urgentes.

Corría el 2009, y en Hidalgo deciden adelantar el proceso electoral local para elegir nuevo gobernador. En lugar de hacer la elección en febrero de 2011, la fijan para julio de 2010.

Lo hacen porque observan el crecimiento de su eterna adversaria y desean acotarle la posibilidad de elevarse en las preferencias del electorado.

Además, acortan la duración del proceso, de tres meses, a solo 45 días.

«Conocí el autoritarismo en toda su expresión. Vi cómo a la gente la compraron y cuando no pudieron, la amenazaron», dice Gálvez.

Para ella, Osorio es el mejor ejemplo de «aplastar» a los que no piensan como él, y si no puede por la buena, por la mala.

Además, Osorio ha sido denunciado ante la Procuraduría de Justicia por la excandidata, por enviar gente armada a perseguirla.

«Tuve que pedir auxilio al presidente de la República», ante las amenazas que recibía, asegura la hidalguense. Incluso, dice, «el Presidente Calderón se empezó a espantar de cómo fueron subiendo de tono las amenazas» en su contra, quien le puso escoltas.

Bajo amenaza.

Fueron los momentos de mayor estrés, cuando a Osorio se le señala públicamente por sus presuntas ligas con Los Zetas.

«Cuando matan al candidato a gobernador en Tamaulipas, me doy cuenta que esto no solo son amenazas, sino que van en serio», reflexiona.

Describe cómo se le fue encima «todo el aparato» de gobierno. Al grado de tener que poner una denuncia penal un mes antes de la elección, porque personeros de Osorio visitan a la tía de 80 años de Xóchitl en la casa donde vivían ambas, a cambio de que grabe un video en contra de ella.

Estos operadores le ofrecen un millón de pesos a la anciana tía, a cambio de presentar una versión mentirosa de la vida de la entonces candidata: mentir alegando que no es hija de un alcohólico, que no vendía gelatinas, etcétera. Es decir, destruir su credibilidad.

Pero no lo logran. Acuden entonces con otros familiares. Y a uno de ellos, supuestamente, asegura Xóchitl, lo presiona el propio Osorio en persona, para grabar un video, o «se iba a la chingada».

Xóchitl solicitó ante un notario una entrevista por parte del Sistema de Radio y TV hidalguense, y cuando se la otorgaron, la reportera la deja hablando sola adrede, y se pone a hablar por teléfono.

De todos estos acosos, esgrime Xóchitl, es también testigo quien fuera su coordinador de campaña, Jesús Zambrano, hoy líder del PRD, ya que la candidata fue lanzada por la alianza entre PAN y del PRD.

Para la ingeniera, está muy claro por qué Osorio no podía perder Hidalgo: su inclusión eventual en un gabinete de su amigo Peña Nieto, dependía de ello.

La represión.

En el Hidalgo de Osorio Chong, «sí hay presos políticos», plantea la panista.

El domingo 4 de julio de 2010, cuando se celebraron elecciones en Hidalgo, 50 policías locales irrumpen en una de las casas de campaña de la panista. Incautan sin orden de cateo, discos duros y equipo de cómputo usado para organizar a su gente con un sistema de especial.

Se llevan detenidos a todos sus ingenieros. Y les siembran un arma. Pierde por cuatro puntos. Pero aún así, no la dejan en paz.

Sigue a eso una fuerte represión contra ella y quienes la apoyaron. Por ejemplo, ocurre un asesinato de una persona en la comunidad indígena de El Alberto, donde luego culpan a los habitantes por supuestamente haber usado una pistola 45, cuando ellos no tenían este tipo de armamento.

Y se intenta acusar también a Xóchitl de estar de alguna forma involucrada en los hechos.

Obras inconclusas.

«Es impresionante la cantidad de obras inconclusas» en Hidalgo, lamenta Gálvez. Mínimo, constituyen un 20 por ciento.

Entre estas, Osorio Chong dejó en Hidalgo una carretera presupuestada en 45 millones de pesos, la que une Chapulhuacán— Cahuazas. Aún no está terminada luego de supuestos dos años de «trabajo».

El sistema múltiple de agua de La Palma, con un costo de 14 millones y medio de pesos, no está en funciones.

La planta de tratamiento Xaltocán, no está trabajando tampoco.

«Que ya le pare».

Por último, Gálvez, denuncia estar siendo aún ahora hostigada en las redes sociales, con cientos de «trolls» que la agreden y amenazan.

Y reitera que no volverá a competir por un puesto de elección popular porque es imposible la equidad.

Y manda un mensaje directo al «coordinador de diálogo y acuerdos» de Peña Nieto, Miguel Ángel Osorio Chong:

«Que ya le pare. Que no siga interviniendo mis teléfonos. Tengo un aparato que detecta cuando están intervenidos y lo están. He empezado a tener miedo por primera vez. Porque soy un testimonio viviente de todo lo que sé de él».

***

Los dos principales responsables del equipo de campaña de Enrique Peña Nieto —Luis Videgaray Caso, coordinador general, y Miguel Ángel Osorio Chong, secretario de Organización del PRI— han sido investigados desde 2009 por la Secretaría de Hacienda por presuntas operaciones inusuales con dinero en efectivo y por depósitos bancarios que no corresponden con su nivel de ingresos.

Desde ese año y a fin de impedir que el dinero del crimen organizado llegue a las campañas políticas, la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) de la Secretaría de Hacienda llevó a cabo pesquisas financieras, fiscales y sobre compras en dinero en efectivo para las llamadas «personas políticamente expuestas».

El artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito establece que una persona políticamente expuesta es quien «desempeña o ha desempeñado funciones públicas destacadas en un país extranjero o en territorio nacional, considerando entre otros a los jefes de estado o de gobierno, líderes políticos, funcionarios gubernamentales, judiciales o militares de alta jerarquía, altos ejecutivos de empresas estatales o funcionarios o miembros importantes de partidos políticos».

Videgaray y Osorio Chong fueron los pilares visibles de la campaña de Peña Nieto. El primero —considerado uno de los «cerebros» y, además, vocero del peñismo— encabezaba la estructura piramidal del equipo que se subdividía en 18 coordinaciones generales, 32 estatales y cinco circunscripciones plurinominales; Osorio Chong operaba con los gobernadores priístas y con la estructura de «promoción del voto» al tiempo como «puente» entre la vieja clase política priísta y liderazgos sindicales y corporativos.

En el caso de Videgaray, el reporte de análisis de operaciones UIF/SAT/2577/2009 resume una investigación contra el exsecretario de Finanzas del gobierno mexiquense a partir de un depósito de 3 millones 400 mil pesos en Vector Casa de Bolsa SA de CV el 21 de marzo de 2009.

«La institución financiera indicó que se reportó debido a que es una persona políticamente expuesta y realizó una operación que se sale de los parámetros establecidos por el comité de comunicación y control de dicha institución», advierte el primer párrafo del resumen ejecutivo del reporte, cuya copia obtuvo la revista Proceso.

«De la consulta sobre la información de contraprestaciones o donativos en efectivo superiores a 100 mil pesos o su equivalente, se conoció que Luis Videgaray Caso realizó una operación en el ejercicio 2006 con PF Tollocan SA de CV, actividad “automóviles y camiones nuevos”, por un importe de 1 millón 070 mil 786 pesos; dicha cantidad corresponde al 54% de los ingresos declarados en ese ejercicio», subraya el expediente.

Este pago en efectivo marcó el inicio de la investigación de la UIF en colaboración con el Sistema de Administración Tributaria (SAT).

El documento precisa que ante el Registro Federal de Contribuyentes, Videgaray realizó declaraciones de ingresos anuales en 2002, 2006 y 2007 por 2 millones de pesos, pero «se observó que en 2003 y 2004 se incrementaron a 5 millones de pesos y en 2005 a 13.6 millones de pesos».

El incremento de los ingresos de Videgaray coincide con el año en que Peña Nieto lo nombró secretario de Finanzas, Planeación y Administración de su gobierno. Durante el final del gobierno de Arturo Montiel, Videgaray fue enviado por la consultoría Protego, dirigida por su mentor y jefe Pedro Aspe, secretario de Hacienda en el sexenio de Salinas de Gortari, para refinanciar la deuda pública del Estado de México.

***

El segundo personaje más importante en la estructura del equipo de Enrique Pena Nieto es el exgobernador de Hidalgo Miguel Ángel Osorio Chong.

Osorio aspiró a suceder al exgobernador Humberto Moreira en la presidencia nacional del PRI, tras la abrupta salida de este en medio del escándalo por la presunta falsificación de documentos a fin de incrementar la deuda pública de Coahuila —entidad que él gobernaba— y el descontento interno por el fallido acuerdo de coalición con el Partido Nueva Alianza y el Partido Verde.

No necesitó convertirse en presidente del CEN del PRI. Desde su posición como secretario de Organización, Osorio, junto con Luis Enrique Miranda Nava, exsecretario general de Gobierno de Peña Nieto, fue responsable de la interlocución con los gobernadores y la recaudación de fondos públicos para la campaña.

Su operadora era la exsecretaria de Finanzas de Hidalgo, Nubia Mayorga, corroboran fuentes del PRI. Los nombres de Mayorga, de Miguel Ángel Osorio Chong y de sus hermanos Eduardo, Luis, y Edgar son mencionados en otro expediente, en poder del SAT sobre presuntas transferencias millonarias a bancos extranjeros por medio de HSBC.

La revista Proceso posee una copia también del expediente publicado por el periódico digital Reporte índigo el 11 de mayo con el título «El lanal de Panamá». Osorio Chong y el banco HSBC negaron el contenido de esta información que revelaba presuntas transferencias por cerca de 100 millones de pesos a una sucursal de HSBC en Panamá.

En su réplica Osorio Chong afirmó: «Niego categóricamente lo publicado por este medio. En consecuencia, le exijo que presente pruebas y documentos fehacientes sobre lo que hoy ha publicado o haga una aclaración pertinente sobre las afirmaciones que no pueda sustentar con pruebas. Por mi parte estoy solicitando además a la institución bancaria mencionada en el reportaje (HSBC), así como a todas las instituciones bancarias, que den a conocer cuentas, montos, transacciones y transferencias que tuvieran registradas, tanto de mi persona como de mi familia».

Reporte índigo informó que interpuso ante la Procuraduría General de la República una denuncia para exigir la investigación de las cuentas de la familia Osorio Chong, porque «los hechos narrados pueden ser constitutivos de alguna conducta descrita por la ley como delito». Uno de los voceros de HSBC en su pleito con Reporte índigo fue Enrique de la Madrid, hijo del expresidente Miguel de la Madrid.

La mañana del 13 de mayo de 2009 Enrique y Emilio Gamboa Patrón operaron para desmentir las declaraciones que el padre del primero hizo en una entrevista con Carmen Aristegui en MVS Radio. El expresidente acusó a su sucesor, Carlos Salinas de Gortari de haber fomentado la corrupción y de robar fondos de la partida secreta.

En medio de los reacomodos y los golpes bajos en el equipo de Peña Nieto, la cercanía entre Gamboa Patrón y Osorio Chong se ha acrecentado. En especial después de que el periodista Raymundo Riva Palacio revelara —el 5 de marzo de 2012 en el periódico digital Eje Central— que Gamboa le presentó un expediente donde se demuestra que como funcionaría de Banco Santander, la madre de Videgaray operó en un millonario refinanciamiento de la deuda del Estado de México.

El expediente de Osorio Chong incluye fotocopias de los depósitos de sus hermanos en HSBC y habla también de la empresa Desarrolladora de Proyectos Inmobiliarios del Centro SA de CV, que maneja el Real Sport Club, con registro de contribuyentes DPP090602M77.

Al parecer hay un contrato de comodato por 10 años con uno de los accionistas del Real Sport Club, Héctor Troncoso, para que figure como dueño y gerente de esta empresa junto con «Manuel Sol, exjugador del Necaxa; Luis Manuel Alves, exjugador del América, y los señores Ancira de la compañía Real del Monte y Pachuca».

El análisis realizado por expertos financieros, cuya copia mostró Proceso, advierte lo siguiente en relación con Desarrolladora de Proyectos Inmobiliarios del Centro:

«Acaban de cambiar de representante legal. Ahora es Gloria Patricia Calderón Reyes. Esta empresa es la que maneja el Real Sport Club, todos los depósitos sobre la compra de membresía se realizaban a una cuenta en Bancomer número 0170906875. A partir del 1 de diciembre se cambió a Banamex, número de cuenta 70004422439, por así convenir a sus intereses, ya que todos los ingresos por este concepto salen exclusivamente por cheque para pagar proveedores del club, y así hacerlos deducibles de impuestos. El dinero para pagar sueldos, caja chica y comisiones sobre las membresías es entregado en efectivo por la contadora Mayorga, hermana de la CP Nubia Mayorga, que es la persona que maneja sus finanzas a MVZ Luis Osorio Chong», hermano del exgobernador de Hidalgo.

Miguel Ángel Osorio Chong

9. EL TÍTERE

Todos ya sabemos cómo llegó Enrique Peña Nieto a la presidencia, los que no, les invito a leer mi anterior ensayo político «La herencia de Peña Nieto» para que tengan una basta referencia.

No voy a analizar la forma en que llegó, sino más bien lo que ha hecho ahora que llegó, ahora que el antiguo PRI regresó al poder en manos de un político joven educado en la vieja escuela priísta y que, por lo tanto, viene con los mismos vicios de siempre, vamos a enfocarnos en las llamas reformas estructurales que ha venido promoviendo, o imponiendo, el gobierno de Peña, ese gobierno que tras de sí, es manipulado por un personaje aun más poderoso.

Las reformas más importantes son la ley Telecom, la reforma político-electoral, la reforma energética, la educativa y la hacendaría, veamos entonces.

***

El polémico debate, logró traspasar las barreras legislativas y se apoderó de los espacios digitales, en donde el Trending Topic #DesventajasTelecom llegó a registrar más de 4 millones de impresiones en cuentas de Twitter.

El problema está en que la nombrada Ley Telecom, o nueva Ley Televisa impondrá una vigilancia masiva, esto es, servicios de geolocalización en tiempo real e intervención de comunicaciones para las autoridades. Podrá realizar almacenamiento de datos sin orden judicial por cualquier funcionario de agencias de seguridad hasta por dos años. Las figuras de radio o televisión comunitaria/indígena no podrán autofinanciarse, quedando dependientes del gobierno en turno. Autoridades tendrán el derecho al bloqueo de contenidos para preservar la seguridad nacional y la privacidad de la red, un acto directo contra el derecho de información. Las figuras monopólicas no se prohíben, solo se intentan controlar, las empresas tendrán la facultad de acudir al amparo directo en caso de sanciones.

Aunque el tema principal que surgió luego de la aprobación de las reformas secundarias en materia de telecomunicaciones fueron las transformaciones en los servicios de telefonía en el país, como hemos mencionado, la Ley Telecom contempla un sinnúmero de discusiones relacionadas con derechos humanos, prácticas monopólicas, participación de comunidades indígenas y espionaje.

***

La propuesta en materia de telecomunicaciones enviada por la presidencia de Peña Nieto se convirtió en uno de los sucesos más comentados. Inicialmente, la propuesta llamó la atención porque el departamento de prensa de la presidencia reveló que las reformas incluidas en la nueva legislatura servirían para mejorar la calidad de los servicios de telefonía celular, así como el de transmisión de televisión abierta. Sin embargo, cuando el Congreso difundió el documento en su totalidad, se descubrió que el panorama propuesto podría dañar el libre acceso a Internet y la privacidad de los usuarios de los servicios de telecomunicaciones en México.

Básicamente, uno de los artículos de la Ley Secundaria de Telecomunicaciones otorga al gobierno la facultad de «Bloquear, inhibir o anular de manera temporal las señales de telecomunicaciones en eventos y lugares críticos para la seguridad pública y nacional a solicitud de las autoridades competentes».

En resumen, otras leyes otorgan a la autoridad el poder de determinar las situaciones que son «críticas para la seguridad pública», por lo que podrían bloquear el acceso a Internet y a las redes sociales en cualquier momento y casi con cualquier pretexto, como sucedió recientemente en Turquía con el servicio de Twitter y YouTube.

Además, la nueva ley permitiría a los proveedores de servicio de Internet disminuir libremente la «capacidad, velocidad o calidad» de la conexión a Internet, bajo la presunción de que únicamente lo harán para cubrir las «necesidades de los segmentos de mercado y clientes». Esto podría reflejarse en que los paquetes de Internet empresariales no incluyan acceso a Netflix o, en un escenario extremo, a Facebook, de modo que el usuario tendría que pagar una cuota adicional para acceder, todo bajo el entendido de que, al ser una conexión para negocios, el acceso a estos servicios es innecesario. Este tipo de discriminación de contenido representa un peligro real para el principio de neutralidad de la red.

***

Negociada a puerta cerrada durante más de dos meses por un núcleo de especialistas, legisladores, funcionarios del gobierno federal y dirigentes partidistas, integrantes del Consejo Rector del Pacto por México, la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones y de radiodifusión ha sido presentada por sus promotores como un «cambio histórico» equivalente, dicen, a «la caída del muro de Berlín» y al fin de los monopolios en telefonía y televisión.

Advierten que por primera vez se incorporan a los artículos 6 y 7 de la Constitución conceptos a favor de la libertad de expresión, la prohibición de la «publicidad integrada» y también el acceso a las nuevas tecnologías como un derecho universal.

En las reformas a los artículos 27 y 28 se establece la conformación de un organismo autónomo que le quitará al Ejecutivo federal la discrecionalidad en el otorgamiento y refrendo de concesiones.

El mismo Enrique Peña Nieto lo presumió así en la presentación de la iniciativa, ante una audiencia complaciente, con la destacada ausencia de los concesionarios y el optimismo desbordado de quienes desde entonces consideran que ya se concretó la democratización de los medios electrónicos.

«El Ejecutivo federal ya no será quien otorgue las concesiones y permisos. Las decisiones en esta materia serán técnicas y no políticas», proclamó Peña Nieto al presentar la iniciativa.

Sin embargo, observadores y analistas consultados por la revista Proceso advierten en este postulado la primera trampa de la reforma: el Ejecutivo federal no renuncia a la posibilidad de intervenir en el otorgamiento, refrendo y revocación de las concesiones. Por el contrario, se convierte en la «primera ventanilla» para el nuevo mecanismo.

El texto de la reforma al artículo 28 constitucional prescribe que le corresponde al Instituto Federal de Telecomunicaciones (Ifetel), el nuevo organismo autónomo, «previa opinión no vinculante del Ejecutivo Federal», el otorgamiento, la revocación, así como la autorización de cesiones o cambios de control accionario, titularidad u operación de las sociedades relacionadas con concesiones en materia de radiodifusión y telecomunicaciones.

Para el senador panista Javier Corral, que apoya los cambios pero alerta acerca de los errores de la propuesta, se trata de un «chipote presidencialista» innecesario que «lo único que introduce es un elemento distorsionador de la autonomía plena». Al día siguiente de la presentación de la iniciativa. Corral argumentó:

«Si todo el proceso será jurídico y técnico, ¿qué tipo de opinión podría producir el presidente de la República? Pues una opinión política, y creo que es exactamente lo que no quiere ni desea la iniciativa.

»Si ya se tomó la decisión de un órgano constitucional autónomo, hay que quitarle ese chipote presidencialista que incorpora la opinión previa del presidente de la República, porque lo único que va a hacer es tener entonces una doble ventanilla. Habrá a quienes no satisfacen, o sí, los derechos de una concesión y van a ir a cabildear con el presidente de la República una decisión que debe ser absolutamente técnica. Creo que esta es una de las correcciones que debe hacerse (en la iniciativa) para perfeccionarla».

La directora de Observatel, Irene Levy, es más contundente y afirma que la «opinión no vinculante» del Ejecutivo federal echa abajo la tesis de la autonomía plena y genera una «doble ventanilla», tal como existe ahora entre la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y la Comisión Federal de Telecomunicaciones.

«Me parece escandaloso que el presidente pueda opinar previamente. Si tenemos un organismo autónomo, ¿para qué se le mete este candado?», se pregunta.

—¿Puede generar una presión política? —Se le plantea.

—Sí, claro. Hay un riesgo de control político. Nos están engañando. No es cierto que el Ejecutivo renuncie a su facultad de intervenir en las licitaciones y concesiones.

Levy hace una analogía con el Instituto Federal Electoral para advertir el riesgo de la injerencia presidencial: «Pedirle una opinión previa no vinculante al Ejecutivo es tanto como si los consejeros del IFE le pidieran al presidente de la República su opinión antes de organizar las elecciones».

***

La reforma político-electoral se enmarca en los siguientes aspectos:

Se crea el Instituto Nacional de Elecciones (INE), que sustituye al IFE en la organización y vigilancia de las elecciones federales. Se coordinará con los órganos locales para las elecciones estatales. El número de consejeros electorales federales pasa de nueve a 11 con una duración de nueve años en el cargo.

Se elimina la prohibición de hacer campañas negativas (denigración), pero se conserva la proscripción a las expresiones de calumnia a las personas.

Se mandata legislar tres leyes nuevas: de procedimientos electorales, de partidos políticos y de delitos electorales. Asimismo, una ley reglamentaria del artículo 134 constitucional (propaganda gubernamental).

Los institutos electorales locales homologarán su número de consejeros a siete, todos nombrados directamente por el INE para un periodo de siete años sin reelección.

Se establece la nulidad de elecciones cuando un candidato rebase por más de 5 por ciento el tope de gasto de campaña, que reciba o utilice recursos ilícitos o compre cobertura informativa o tiempos en radio y televisión. La nulidad procederá cuando la violación sea determinante para el resultado y se establece que esto ocurrirá cuando la diferencia entre el primero y segundo lugares sea menor a 5 por ciento de la votación.

Se incrementa de dos a tres por ciento el umbral de votos necesario para que un partido conserve su registro.

Se reduce el tiempo entre la elección presidencial y la toma de protesta del candidato ganador: será ahora el 1.º de octubre en lugar del 1.º de diciembre.

Se establece paridad absoluta en las candidaturas para el Congreso federal: deberán ser mitad hombres y mitad mujeres (la cuota todavía vigente se fijó en 2007 con 60-40, mientras que entre 1996 y 2007 fue de 70-30).

Se permite la reelección consecutiva de legisladores federales y locales. En el ámbito federal se permite hasta de 12 años (cuatro periodos para los diputados y dos para senadores), siempre y cuando el legislador sea postulado por el mismo partido. En el nivel local dependerá de lo que legisle cada congreso estatal.

La Procuraduría General de la República (PGR) se convierte en Fiscalía General y tendrá dos fiscalías especializadas: delitos electorales y combate a la corrupción. El titular de la fiscalía será nombrado por nueve años con aprobación de una mayoría calificada del Senado. Podrá ser removido por el Ejecutivo a menos que una mayoría calificada en el Senado lo objete.

Se establece la posibilidad de formar un gobierno de coalición que se regulará por el convenio y programa que sean aprobados por la mayoría de los miembros presentes del Senado. El convenio de coalición establecerá las causas de disolución.

Si hay gobierno de coalición todos los integrantes del gabinete presidencial serán ratificados por el Senado, salvo el secretario de Relaciones Exteriores y los titulares de la Defensa Nacional y Marina.

Si no se da un gobierno de coalición, la Cámara baja deberá ratificar al Secretario de Hacienda y el Senado al de Relaciones Exteriores.

La estrategia de seguridad pública será aprobada por el Senado, mientras el Plan Nacional de Desarrollo por la Cámara de Diputados.

El CONEVAL se convierte en un órgano autónomo que ya no dependerá del Ejecutivo a partir de 2018; los integrantes del Consejo serán avalados por mayoría calificada de la Cámara de Diputados.

Pero, el gobierno federal no promovería una ley así a cambio de nada, las desventajas de todo esto se centran en:

Las nuevas atribuciones del INE saturarán su capacidad operativa y pueden causar un desempeño deficiente (muy conveniente para el partido en el poder).

La facultad de atracción de elecciones locales por parte del Instituto estimulará el conflicto político preelectoral, pues los partidos de oposición en los estados buscarán casi siempre que el Instituto atraiga la elección para evitar que el gobernador del partido en el poder intente influir en favor de su candidato. La dificultad para definir con precisión cuándo el INE deberá asumir la organización de las elecciones locales será un problema mayor y restará objetividad y certeza a los comicios en México. Esto puede provocar que el proceso electoral se comience a viciar antes de su inicio formal.

La facultad de nombramiento de todos los consejeros electorales de los estados plantea dos problemas: por una parte, insuficiencia de información para que el INE designe a los funcionarios más aptos e imparciales; por otra parte, que la negociación política que antes se daba en los estados y que ahora ocurrirá al interior del INE, genere presión y politice aún más a la institución. Es previsible que los partidos continuarán presionando para influir en el nombramiento de los consejeros electorales locales.

La facultad del INE de remover a consejeros de los organismos públicos locales puede estimular presiones constantes sobre el Instituto para que destituya a consejeros selectivamente y nombre a otros. El problema se agrava por la dificultad de definir criterios claros de remoción, lo que incentivará el conflicto al interior del INE.

Las nuevas causales de nulidad de la elección pueden institucionalizar el conflicto postelectoral. Es previsible que cada elección de gobernador, así como la presidencial, serán impugnadas y se solicitará su anulación por rebase del tope de campaña. Anteriormente solo existían las causales genéricas para anular comicios por hechos ocurridos durante la jornada electoral, así como la causal abstracta, pero la Constitución no incluía la nulidad por irregularidades en los gastos de campaña (salvo casos excepcionales como el Distrito Federal). Como las campañas «exitosas» normalmente rebasan los topes de gasto, pero esta violación es muy difícil de acreditar, el nuevo sistema estimulará el litigio sin que haya un método de comprobación jurídico de las violaciones. Por lo tanto, las impugnaciones no resolverán el problema de la inequidad en las campañas políticas, pero si estimularán el litigio y el conflicto político.

Se mantiene el nombramiento del contralor del Instituto en manos de la Cámara de Diputados, lo cual es en los hechos una forma de amenaza latente que afectará la autonomía del INE. Para agudizar el problema, se permite la reelección del contralor, lo que genera incentivos perversos para que busque cabildear con los partidos en el Congreso.

La paridad de géneros en la nominación de candidatos al Congreso de la Unión parece una medida populista que puede contribuir a deteriorar la calidad de los cuadros legislativos. Apenas en 2007 se había establecido una cuota progresista en términos internacionales de 60-40, pero antes de evaluar los resultados de esta medida se pasa a una paridad que nadie reclamaba.

Aunque el CONEVAL será un organismo autónomo, su titular y los consejeros serán nombrados por la Cámara de Diputados, lo que puede politizar a este organismo.

El Senado debe aprobar la Estrategia de Seguridad Pública, lo que puede retrasar la implementación de líneas de acción. Esta situación puede resultar riesgosa en situaciones de violencia como las que se han registrado en los últimos años.

La aprobación del Plan Nacional de Desarrollo por la Cámara de Diputados puede convertir a este documento en una pieza retórica, políticamente correcta y reducir su utilidad como eje rector del gobierno.

La reforma política promovida por Peña Nieto no establece con certeza las facultades de cada actor involucrado en las elecciones, y esto podría provocar conflictos, indica el expresidente del Instituto Federal Electoral, José Woldenberg Karakowsky.

A esto se agrega la postura del consejero presidente del Instituto Electoral y de Participación Ciudadano (IEPC), Tomás Figueroa Padilla, quien menciona que la falta de claridad en las responsabilidades «genera incertidumbre; y lo que requieren partidos políticos, candidatos y ciudadanos es certeza en los procesos, además que estén las reglas claras de manera anticipada para que no haya quejas».

La apertura en las formas de gobernar que se consideran en la reforma política puede ser visto «como un laboratorio para inyectar nuevas formas de gobernabilidad al país», dice Woldenberg.

Con la reforma gana poder la partidocracia, a costa de una intervención menos determinante de la ciudadanía en los procesos electorales, refiere el director del Instituto de Investigaciones en Innovación y Gobernanza de la Universidad de Guadalajara, Pablo Arredondo.

Agrega que no habrá ahorros porque se gastará demasiado en el proceso de adecuación del INE. «Preocupa el gran costo que se va a implicar esta reforma, en un momento en que el país no está para tener desperdicios ni despilfarros».

***

La reforma energética que presentó Enrique Peña Nieto pretende suponer lo que la gran mayoría de los analistas económicos esperaba: «mayor participación de la Iniciativa Privada en las áreas de exploración y extracción».

El tema ha sido históricamente polémico, por la naturaleza nacionalista del tema. El sentimiento nacional es que el romanticismo de la expropiación petrolera de 1938 se perdería o terminaría de existir como parte de los logros de los mexicanos si empresas privadas o extranjeras participan de alguna manera en el quehacer de Petróleos Mexicanos (Pemex).

La reforma energética propuesta debe atacar a la corrupción que existe en Pemex. Los integrantes de la mesa de análisis de MVS Radio comentaron que, antes de pensar en la inversión privada en Petróleos Mexicanos, se debe tener un Estado fuerte.

Dicha reforma permitirá que los extranjeros tengan refinerías. No tendrá cambios sustanciales en al menos 24 meses. No hay claridad sobre los beneficios y el reparto de utilidades. El Estado Mexicano dependería de las compañías extranjeras. Habría una reducción al ingreso presupuestal, problema que puede ser solucionado con solo una reforma fiscal en Pemex. No se explica con detalle qué se busca con la privatización. La Reforma no aborda ni propone solución a la corrupción que hay en Pemex.

Es difícil creer que una reforma que no ha sido aceptada en los sexenios pasados ahora sea aplaudida. Lamentablemente, es muy probable que esta reforma pretenda favorecer únicamente a un grupo partidista privilegiado y a altos cargos del Gobierno.

Gobiernos han ido y gobiernos han venido y cada uno intenta hacer una «reforma» a la producción petrolera. Hoy llamada reforma energética.

Las controversias en cuanto al petróleo, la hoy denominada «Reforma Energética en México», vienen en cuanto a la previsible privatización de los recursos energéticos del país. Aunque no se introduce ese término, lo cierto es que las acciones fiscales y contratos de producción y transformación del hidrocarburo está encaminado a ello. El tema central es ¿privatizar o no privatizar?

El 12 de agosto del 2013, Enrique Peña Nieto, presentó la iniciativa de reforma constitucional enviada a la Cámara de Senadores. La reforma energética fue aprobada el 12 de diciembre del 2013. Los partidos de centro-derecha votaron a favor de ella; PRI, PAN, PVEM y PANAL. Mientras que los partidos de izquierda como el PRD, Movimiento Ciudadano y Partido del Trabajo lo hicieron en contra.

La idea de la reforma es que empresas de capital privado inviertan en exploración, extracción de petróleo y gas. Se supone que el capital privado hará más rentables estos procedimientos y costarán menos al país. Con eso será más competitivo el producto para el mercado internacional.

Según esta iniciativa, el país se quedará con la renta petrolera, es decir, todo el beneficio que se obtenga de la producción de petróleo y gas, después de que se pague en efectivo a las empresas por sus costos de operación y de capital, acorde con reglas predeterminadas y transparentes. Además, todas las empresas deberán pagar los impuestos y regalías correspondientes.

En resumen, se va a privatizar la producción y exploración de los recursos energéticos del país. ¿Eso es bueno o es malo? Todo depende con el cristal con que se mire, aunque en este caso, es con la cartera con lo que se está mirando. Para los que van a ganar mucho, pero mucho dinero, es ideal y fantástica.

El argumento central para privatizar un servicio público siempre viene acompañado de la polémica: la calidad del servicio es mala, no es sostenible por el gobierno, no alcanza el dinero. Bajo esta premisa, la solución a todo esto es que las empresas privadas gestionarán de una manera muy eficiente el servicio. Al poner una Empresa privada infraestructura con nueva tecnología, se convierte en amo y dueño del manejo del hidrocarburo, y México quedaría dependiendo de ellas, aunado al gran porcentaje de las ganancias que se llevarían estas compañías. México dueño del pozo, pero las herramientas de extracción de otro.

El futuro de muchas familias está en juego y en cierto sentido nos preocupa el futuro; tanto a trabajadores de PEMEX como quienes no trabajamos en la paraestatal.

La reforma energética propuesta por el gobierno de Enrique Peña Nieto ha causado poco entusiasmo en la prensa internacional y en muchos casos, escepticismo, esto debido a las tantas veces que se ha intentado hacer una reforma en el sector petrolero, desde hace más de 20 años, sin éxito.

Y no solo basta enfocamos en la cuestión financiera que implica esta reforma, también hay consecuencias ambientales.

La discusión sobre la explotación de los energéticos y las consecuencias ambientales están fuera de toda ideología política, puesto que existen riesgos comprobados. La propia explotación de los recursos que lleva a cabo Pemex trae consecuencias como: Zonas donde opera la petrolera incrementan el número de personas que mueren a causa de emergencias ambientales. Muerte masiva de especies como mantarrayas y tortugas. Contaminación de playas y manglares.

Por ello no deberíamos explotar tantos recursos ni ser tan dependientes de los hidrocarburos y demás energías no renovables; sin embargo, sucede en todo el mundo. Lamentablemente no podemos frenar dicha explotación, ni la de casi ningún recurso natural, pero lo que sí podemos hacer es no extenderla para tratar de contaminar menos, es decir, buscar fuentes alternativas de energía.

La reforma energética traerá graves, gravísimas consecuencias para el medio ambiente de México. En palabras de los expertos: «Este dictamen es preocupante, no solo porque abre completamente un sector estratégico como el petrolero al sector privado, sino porque pone en riesgo el agua, salud y el bienestar de las y los mexicanos».

Esta iniciativa tiene su base en la explotación de las rocas del gas de lutitas para reducir las importaciones de gas natural, a esto se le conoce como fracking.

«Debido a la complejidad de la extracción del gas natural y otros hidrocarburos en los yacimientos de lutitas se requiere abrir cientos de pozos en una región, lo que genera competencia por el agua con el uso humano y otras actividades económicas».

«El fracking consiste en la fractura de roca de lutita en la que se encuentran atrapados los hidrocarburos, a profundidades de entre 1 y 5 kilómetros, mediante la inyección a alta presión de una mezcla de agua, arena y sustancias químicas, muchas de ellas de alta toxicidad». Esto significa que toda esa gran cantidad de agua se pierde por completo.

En términos ambientales se puede concluir que «La apuesta por el gas de lutitas supone altos costos sociales, ambientales y económicos, pone en riesgo la garantía del derecho humano al agua y a un medio ambiente sano, y no es una alternativa para el combate al cambio climático».

En otros países como en Rumania o Polonia se han registrado fuertes protestas en contra del fracking, a tal grado es el disgusto, que Chevron tuvo que detener la explotación del shale gas (Reuters).

Esta situación es alarmante, hay que hacer énfasis en las alternativas que tenemos, es decir, energías más limpias y amigables con el medio ambiente, que ya hay algunas zonas de México y que la reforma energética considera, pero que no reforzará de acuerdo a las necesidades futuras.

Si bien el dictamen tiene contempladas las fuentes de energía renovables, la iniciativa se queda corta, repiten propuestas ya existentes, hay vacíos y no profundiza más allá de la mención de Ley de Energías Renovables, por lo que resulta evidente que el eje central de esta reforma es el shale oil y el shale gas.

Si de verdad el fin de esta reforma fuera preservar la economía, se centraría en las fuentes renovables, entonces por qué le vamos a invertir tanto a algo que de todas formas se va terminar a mayor o menor profundidad, sucederá irremediablemente lo mismo.

La meta para incrementar considerablemente el uso de energías alternas está planteada para 2024, pero las bases aún dejan mucho qué desear, ya que los presupuestos están calculados en el aumento de ingresos por abrir Pemex a capital extranjero, pero que no se garantizan, y aunque llegase a existir un aumento considerable, el presupuesto puede ser variable; además debemos considerar las probabilidades de éxito de perforación.

Es así que muchos no entendemos por qué el gobierno mexicano quiere asumir tantos riesgos bajo un esquema de prueba y error como el que proponen ahora, cuando está comprobado por la misma Sener que las energías renovables aportarían al PIB 30 mil millones de pesos, mientras que a Pemex se le quiere invertir la misma cantidad solamente para tratar de aumentar la producción (debemos contar exploración, refinamiento y exportación).

En el dictamen de reforma energética no se menciona el PIB más que cuatro veces y más que eso, nunca menciona cuánto aportarán las nuevas medidas a la economía, entonces cómo sabremos de los beneficios monetarios sino hay ni una meta ¿Cómo comprobaremos en los años venideros que realmente la apertura de Pemex funcionó?

Cabe remarcar que «el Centro para la Investigación de Políticas y la Economía (CEPRD, por sus siglas en inglés), ubicado en Washington, asegura que este sector [shale gas-oil] genera muy pocos empleos, de ahí que los costos en salud y medio ambiente, especialmente de los costos de contaminación de agua, son demasiado altos en relación con sus beneficios».

Para el pragmatismo que pregona Peña Nieto en su persona y en su política, este es un punto muy débil de su propuesta energética.

Deberíamos utilizar las energías limpias y renovables, las cuales como se comprueba tienen la capacidad suficiente para abastecer de energía a México. Energía Solar: Tan solo el norte del país recibe más radicación que en toda Alemania, mayor productor mundial. Energía Eólica: Esta tiene la capacidad para cubrir al 140% de la demanda eléctrica de México.

También hay que plantear lo que sucede fuera del círculo rojo de la Reforma Energética: La administración de Enrique Peña Nieto se ha caracterizado por impulsar las reformas, pero la mayoría de los mexicanos no entienden en qué consisten a detalle cada una de estas, ni el por qué de cada una, es decir, para el grueso de la población la política reformista de EPN es ininteligible; mientras tanto otros nos rompemos la cabeza para tratar de entenderlas. Así no funciona una democracia.

Por otra parte, se dice que hubo un bono de 35 millones de pesos a cada diputado para que pasara la reforma energética en fast track.

Es bien sabido que la opinión del pueblo es lo que menos les interesa a los políticos y empresarios que solo buscan mantener sus privilegios. Esto ha sido ampliamente demostrado a través de la historia, desde la conquista, donde los derechos indígenas fueron pisoteados por los españoles, en los tiempos de la guerra de independencia, movimiento que solo derivó en una República divida, en los tiempos de Porfirio Díaz, el gran tirano de la historia, y hasta las fecha, donde no hemos visto elecciones limpias que nos garanticen que el presidente en turno haya sido realmente votado.

Es obvio que a los poderosos actuales de nuestro país no les interesa y, por supuesto, no les conviene una consulta popular fidedigna que exprese lo que el pueblo realmente siente: que Pemex, la educación, el agua, etc. no deben privatizarse.

Hay que ser lógicos, si servicios como los que brinda Pemex son privatizados, los precios subirán, ¿por qué?, porque los empresarios invertirán en más infraestructura y/o tecnologías que tendrán que recuperar y la única forma posible es cargárselo al usuario final.

Mientras tanto, los políticos privatizadores como Peña Nieto, Salinas, entre otros, recibirán sus moches por conseguir lo que otros no pudieron: dejar que la industria privada le clave el colmillo a una de las empresas más importantes del mundo.

Para los empresarios lo menos conveniente es invertir en Pemex. ¿Por qué? Primero, porque los pozos de la paraestatal están sobreexplotados, no durarán para siempre y eso coadyuvará a la quiebra de las empresas inversoras en el mediano o largo plazo dejando sin sustento a miles de familias y obviamente a los propios empresarios, esto solo les provocará ir a la quiebra.

Para las empresas actualmente, lo más conveniente es invertir en otro tipo de energías no contaminadoras, esa ha sido la tendencia en otros países como EU y Europa, cuando ellos logren, por ejemplo, fabricar y lograr convencer al consumidor de comprar un auto eléctrico, en México seguiremos usando autos a base de Diesel, y tarde o temprano vendrán a ofrecernos esos nuevos autos, más baratos y más eficientes dejando a las compañías automotrices en la banca rota. ¿Se imaginan cuantas personas perderían sus empleos? Desde el pequeño taller mecánico hasta las grandes armadoras.

A quién no le gustaría contar con calentador solar, disponible todo el tiempo, y dejar de estar comprando tanques de gas que son peligrosos y caros, las compañías se beneficiarían más al producir este tipo de aparatos y en ofrecer servicios de mantenimiento.

Por ello insisto, a los empresarios, aunque les ofrezcan en bandeja de oro una paraestatal como Pemex, les conviene más invertir en nuevas energías e innovar en productos que se venderán más en los próximos años, los beneficios de esta reforma energética para ellos tal vez parezcan muy buenos en un principio, pero es imprescindible pensar a largo plazo, y eso, sin olvidar que Pemex es una empresa plagada de corrupción.

***

Otra de las reformas propuestas por el nuevo gobierno priísta de Enrique Peña Nieto es la educativa, que pretende dotar de autonomía al Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), organismo encargado de evaluar obligatoriamente a los docentes. Los resultados serán la base para que los maestros mantengan su plaza o accedan a puestos de directivos. El INEE será el encargado de la educación preescolar, primaria, secundaria y media superior.

Sin embargo, Pedro Flores Crespo, investigador del Instituto de Investigaciones para el Desarrollo de la Educación (INDE), de la Universidad Iberoamericana, para entrevista con El Financiero, pueden existir negociaciones políticas para nombrar al personal que dirigirá el INEE. Se puede politizar el instituto al grado de existir mayor poder político que rigor académico o técnico. El INNE ya es autónomo así que el mecanismo se hará con un rigor técnico. El Estado le concede al INNE liderazgo con base a un marco jurídico. Pero se corre el riesgo de que las expectativas no se lleguen a cumplir. La «autonomía» puede ser una máscara de los grupos tácticos para que aflojen la estructura del INNE.

En base a la reforma, se crea el Sistema de Operación y Gestión Educativas, organismo que establece que el INEGI realice un censo de maestros, escuelas y alumnos para que el país cuente con un registro nominal. El problema con esto es que puede haber repetición de conteos con los que ya existen, tal es el caso del Registro Nacional de Alumnos Maestros y Escuelas (RENAME) o con datos que tienen las entidades federativas. Con esto se podrá conocer la situación de los alumnos y maestros por grado y contar con datos básicos y confiables pero de no realizarse, se dejaría de tener información robusta y la toma de decisiones sería sin elementos.

Aunque se promueve el crecimiento del Programa Escuelas de Tiempo Completo creando hasta 40,000 escuelas de tiempo completo durante el sexenio con jornadas de 6 a 8 horas, lo que supone una gran ventaja para las madres trabajadoras, no se habla del presupuesto. No nos dice cuánto costará la jornada de tiempo completo. ¿Cuánto más se les pagará a los maestros? ¿El gasto correrá a cuenta de los papás o del estado? No dudamos que se pueda lograr un mejoramiento escolar, siempre y cuando los modelos curriculares y pedagógicos sean los adecuados. Pero, de no contar con la adecuación de los planes de estudio, el programa podría ocasionar desgano a los alumnos y podría resultar perjudicial para su aprendizaje.

En el artículo 73, en su quinto transitorio, fracción 3, inciso A, la reforma afecta directamente a los padres de familia, pues se señala que la escuela es autónoma y autogestora, lo que quiere decir que los padres de familia se encargarán de cubrir el pago de luz y agua y otras necesidades dentro, y en caso de no tener dinero, los padres serán los encargados de acudir a las empresas para pedir apoyos; con esta situación, se verán en la necesidad no solo de preocuparse por gastos de útiles escolares, uniformes, materiales didácticos, desayunos, etc., sino que también tendrán que mantener adecuadamente a las escuelas.

Se prohíbe la venta de comida «chatarra» en escuelas. No obstante, los hábitos alimenticios están desarrollados en las casas, no en las aulas. Existen empresas que buscarán vender sus productos a como dé lugar en los planteles educativos, cayendo en una especie de «contrabando» y en negociaciones por debajo del agua con las direcciones escolares y al final, es posible que el gobierno doble las manos con la iniciativa privada cuando pidan expender sus productos en las instituciones educativas.

Para Flores Crespo, cuya línea de investigación es el Análisis de Políticas Públicas en Educación, las modificaciones planteadas no corresponden a una reforma educativa, sino una rectificación de la gobernabilidad del sistema educativo y, por lo tanto, «es el mismo discurso del sexenio panista». El doctor en política por la Universidad de York en Inglaterra, afirma también que, con esta reforma, el Ejecutivo Federal excluye temas como el analfabetismo y el rezago educativo; tampoco se habla del mejoramiento a los programas de educación para jóvenes y adultos.

Los maestros tienen razón. Los trabajadores de la educación que protagonizaron el levantamiento social de Guerrero, y al cual se unieron Oaxaca, Michoacán, entre otros, pusieron sobre la mesa un problema de dimensiones nacionales, sobre el que pocos han profundizado con tanta certeza y ahínco como ellos.

Su movilización, rápidamente conectada con luchas populares mucho más amplias y con una verdadera agenda política y ciudadana, mostró con toda claridad que la reforma educativa suscrita por los partidos políticos, a solicitud del poder ejecutivo de la federación, es todo menos una reforma profunda en el sector educativo, tan indispensable en estos momentos de zozobra generalizada.

En las sendas jornadas de protesta y levantamiento popular, el magisterio —con la sensibilidad de las bases— mostró que la reforma educativa no es otra cosa que un ataque «legitimado» constitucionalmente contra la fuerza de trabajo de los maestros disidentes. Se trata de una reforma laboral disfrazada de problema educativo.

Las voces de los docentes de Chilpancingo y normalistas de toda la República lo dicen claramente: la reforma es un ataque teledirigido contra la disidencia sindical del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación (SNTE).

Las armas del ataque provienen de la modificación estatutaria de los artículos 3 y 73 de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, donde se asienta que la educación debe ser de calidad —criterio típicamente empresarial para valuar sus productos en el mercado— y la evaluación deberá ser obligatoria —con la consecuencia de que habrá efectos jurídicos a la larga sobre los trabajadores de la educación—. Sus instrumentos de legitimación gubernamental hacen uso de un falso consenso democrático en los principales puntos de aplicación de la reforma, y de igual manera presumen de gozar de un respaldo social generado a través del diálogo entre legisladores y miembros de la sociedad civil, donde se construyeron acuerdos en tomo a los puntos medulares del documento.

Si descontamos la participación de Mexicanos Primero (órgano con intereses privados), ¿cuántas veces se consultó a la ciudadanía acerca de los puntos que constituyen la polémica reforma?, ¿cuántas veces la disidente Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación (CNTE), y los otros actores que forman parte de la educación nacional fueron consultados para llevar a cabo un diálogo profundo acerca de las dimensiones de una reforma educativa idónea, acerca de los problemas regionales con los que lidian diariamente todos los maestros del interior de la República, de la falta de infraestructura adecuada para dar clases y de la inadecuación de programas de estudio a la realidad local y nacional?

Es evidente que esta reforma, como todas las demás, fue realizada como un acto gubernamental unilateral que no cuenta con el respaldo social ni con la aprobación de la ciudadanía. El grave hecho de la desinformación al respecto es indicativo de esta falta de consensos cabales en problemáticas estructurales del país. A la fecha hay pocos ciudadanos —además de aquellos ocupados directamente en los problemas educativos— que cuenten con una información adecuada para elaborar un juicio mínimo con respecto a las modificaciones sustanciales de la Constitución. ¿O es que no importa la opinión civil cuando de reformar el acta fundacional del Estado que nos gobierna se trata?

En realidad, detrás de la cuestión evaluativa y de la cuestión de la autonomía administrativa, la reforma opera un ataque a los derechos del magisterio y sus fuentes de trabajo, y sienta un precedente de privatización anunciada. No lo dudemos: se quiere que el maestro, igual que cualquier otro trabajador subcontratado, se convierta en un «capital humano» con capacidad de acumular y administrar sus propias habilidades y competencias para ponerlas al servicio de una empresa que da servicio privado a sus clientes. Con ello, la responsabilidad social del Estado se acaba ante la cómoda «responsabilidad individual», carente de prestaciones, carente de seguridad social, carente de derechos. Se trata, ni más ni menos, que de la implementación del principio de la libre empresa que acapara, llenando con funciones económicas espacios que antes se encontraban libres del principio de competencia económico-empresarial. Después de todo, como decía Margaret Thatcher, «no existe la sociedad, solo individuos».

Por otra parte, esta reforma, que no es educativa, deja de lado los problemas fundamentales acerca de los planes y programas de estudio, de la currícula y la necesidad urgente de adaptar los modelos educativos a las exigencias de la sociedad mexicana. La última reforma educativa, de la administración de Felipe Calderón (bajo las siglas RIEMS y RIEB) significó un severo ataque a las humanidades e incluso a las ciencias —que implicó una rápida y justa actuación por parte de la comunidad filosófica del país—, al implementar un modelo neoliberal de educación basada en las competencias y habilidades que adiestran al estudiante para cumplir funciones e insertarse en un mercado laboral sumamente inequitativo.

En el fondo, digámoslo con claridad, despreciar a las ciencias y las humanidades significa simple y sencillamente despreciar a la democracia.

Los maestros que luchan contra la reforma educativa son la fuerza de trabajo que se niega a ser «capital humano», son un reducto de dignidad en medio de la pauperización de derechos civiles y políticos que se cierne sobre todos nosotros.

***

La última de las reformas más importantes propuestas por Peña Nieto es la Hacendaría. La polémica viene por las cuestiones de siempre: ¿aumentar impuestos?, ¿quiénes pagarán más impuestos?, ¿será equitativo el pago de impuestos?, ¿qué se hará con los recursos obtenidos? Y muchas de estas preguntas, si no es que todas, quedarán sin respuesta.

La propuesta de reforma hacendaría presentada por el gobierno federal no es un tema menor ni sencillo: aumentar impuestos o proponer algunos nuevos nunca ha sido ni será popular. Basta con ver los diversos intentos que en años recientes se han realizado en México para llevar a cabo reformas fiscales y el éxito obtenido en términos de recaudación.

Es verdad que nuestro país recauda poco, de ahí que se necesitan mayores ingresos, pues no hay política pública sin recursos y actualmente el gasto del gobierno es superior a los ingresos.

Veamos unos ejemplos de la propuesta de reforma hacendaría.

Los alimentos para perros y gatos no están gravados con el IVA actualmente, por eso, el gobierno les ha puesto la tasa del 16%. «Evidentemente no están destinados al consumo humano», se argumentó. De la misma forma, quienes adquieren perros, gatos y pequeñas especies «reflejan capacidad contributiva» y esas «manifestaciones de riqueza» deben han sido gravadas.

Exceptuando el teatro y el circo, los espectáculos públicos deberán cobrar IVA por parte de «los consorcios empresariales que dominan el medio del entretenimiento». La reforma indica que autoridades estatales puedan gravar los espectáculos públicos, a excepción del cine.

Los residentes de la región fronteriza al norte y sur pagaban 11% de IVA. «Nuestro país es el único que aplica una tasa diferencial en su región fronteriza», y como no hay beneficio evidente, se aplica ya el mismo 16% que se paga en todo el país.

Se suprime la exención de IVA al servicio de transporte público foráneo de pasajeros.

Las bebidas saborizadas con azucares añadidas (excepto jarabes para la tos y la leche en cualquier presentación) deberán pagar el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS). La medida se justifica como un combate a los altos índices de obesidad.

Los aumentos mensuales al diesel y la gasolina continuarán aplicándose, aunque el gobierno prevé que se incrementen a tasas menores que las actuales. Sus estimaciones son de 6 centavos mensuales para la gasolina Magna y 8 centavos para la Premium.

Según datos de la Secretaría de Hacienda, se espera que con esta reforma hacendaría la recaudación tributaria aumente en 3 puntos del PIB para el año 2018. Es decir, que pasemos de 10% del PIB a 13% (sin incluir ingresos petroleros). Aunque esta cifra no es despreciable, en el contexto de incertidumbre respecto a la reforma, generamos, quizá ingenuamente, expectativas más grandes.

Algunos especialistas habían sugerido que para cumplir con todos los compromisos del Pacto por México se necesitaba al menos aumentar la recaudación entre 7 y 10 puntos del PIB. Así que esperábamos una reforma más ambiciosa, con un efecto recaudatorio aún mayor.

La reforma hacendaría puede convertirse en el gran error del gobierno de Enrique Peña Nieto, ya que el resultado podría ser una legislación que incumpla los objetivos recaudatorios y desacelere la actividad económica, con sus inevitables consecuencias sobre la vida nacional. La cadena de errores del gobierno y, muy particularmente, de la Secretaría de Hacienda en el procesamiento de la tan cacareada reforma estructural, no hace prever un final feliz.

Los analistas económicos y financieros internacionales ya habían empezado a bajar sus muy optimistas expectativas sobre la economía mexicana, simplemente porque pensaban que las llamadas reformas estructurales se estaban demorando demasiado. Cuando vean las enormes distancias entre lo prometido y lo obtenido, probablemente sus opiniones serán neutras o negativas.

Una reforma fiscal no puede concretarse con improvisaciones y ocurrencias de último momento, ya que las consecuencias sobre la economía y la vida nacional pueden ser funestas. Y eso es precisamente lo que hoy ocurre con esta miscelánea fiscal.

***

A grandes rasgos, estas son las reformas implantadas por Enrique Peña Nieto, sin embargo, ¿es realmente él quien hace estas propuestas junto con su equipo de trabajo? ¿Es él quien verdaderamente lleva las riendas del país o ya no digamos del país, de sus propias decisiones? ¿Es Peña Nieto quien más gana con estas reformas? ¿Es Peña Nieto un verdadero presidente de la república o es más bien un títere convertido en el noveno priísta al que hay que odiar? ¿Quién está detrás de Peña Nieto? ¿Quién es el titiritero?

***

Para su segundo informe de gobierno en Septiembre del 2014, Enrique Peña Nieto anunció la construcción del nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México con seis pistas que permitirá transportar a 120 millones de pasajeros al año, cuatro veces que la capacidad actual. Peña refirió que será «el mayor proyecto de infraestructura de los últimos años en nuestro país, e incluso uno de los más grandes del mundo».

Tras este anuncio, llegó a la mente de muchos el conflicto Atenquense en 2006. El 3 de mayo de aquel año, muy temprano, floricultores de San Salvador Atenco, Estado de México, se enfrentaron a policías municipales y estatales por el desalojo de un grupo de ejidatarios. El zafarrancho derivó en el bloqueo de la carretera Lechería-Texcoco, a la altura del kilómetro 27.

En horas del medido día, la policía intentó romper el bloqueo, sin conseguirlo. Los pobladores de Ateneo, después de enfrentar a los agentes y replegarlos hacia la vecina comunidad de Tocuila, ya en Texcoco, retuvieron a 16 uniformados, dos de ellos de la Policía Federal Preventiva.

En horas de la tarde, federales y estatales irrumpieron en una casa de la calle Manuel González y aprehendieron a 31 floricultores y ejidatarios. Toda la noche y la madrugada del 4 de mayo, cientos de pobladores de Ateneo mantuvieron el bloqueo de la carretera hasta que a las 6:45 de la mañana lanzaron gases lacrimógenos y rompieron el bloqueo. El saldo: 207 personas detenidas y dos muertos, Javier Cortés Santiago, de 14 años, y Alexis Benhumea, quien por las heridas recibidas murió un mes después de ese operativo.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos había recibido casi 200 denuncias de abusos y vejaciones cometidos por las fuerzas policiacas durante esos hechos y nunca, en la historia de esa institución, había recibido tantas, en un lapso tan breve y por el mismo acontecimiento.

Entre los detenidos había 47 mujeres, 26 de las cuales denunciaron haber sido violadas por los policías mientras eran trasladas al penal de Santiaguito. Solo 11 de ellas, al no encontrar respuesta en México a sus exigencias de justicia, llevaron el caso a instancias internacionales.

Hasta el 4 de noviembre de 2011, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos admitió el caso de tortura sexual presentada por esas 11 mujeres, con lo que se abrió la posibilidad de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos procese al Estado mexicano y, de demostrarse el delito, lo condene.

Peña Nieto era gobernador del EdoMex en aquellos tiempos, él conoció evidencias y testimonios recabados por la CNDH en relación con el operativo que difícilmente se hubiera llevado a cabo sin su visto bueno. Los presentes contaron que fue tal el impacto de las imágenes y los informes presentados, que el entonces mandatario mexiquense ordenó consignar a ocho policías como presuntos responsables de los excesos e investigar a otros 42, pero ahí quedó todo.

En una entrevista publicada en el Diario Reforma el 4 de septiembre de 2011, Peña afirmó: «El tema de Ateneo fue muy polémico y donde, me parece, se justificó el uso de la fuerza pública para restablecer las condiciones de paz y de tranquilidad social…».

Un reporte de diciembre de 2010 firmado por el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez y SOS-Torture Network confirma que no hay un solo responsable castigado pese a que 47 mujeres reportaron haber sido objeto de violencia verbal y/o física, incluyendo violaciones orales, vaginales y anales durante el traslado del lugar de los hechos al penal, entre otras muchas graves denuncias de hechos ampliamente documentados sucedidos durante y después del operativo.

El Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) de San Salvador Ateneo anunció un plan de acción con marchas, protestas y bloqueos, además de ir por la vía legal para defender sus tierras, contra la construcción del nuevo aeropuerto en la zona de Texcoco anunciado por el presidente Enrique Peña Nieto.

Señaló que una vez dado el anuncio de la reactivación y edificación de la terminal área, la resistencia del movimiento atenquense se ha declarado en «alerta» para responder cualquier «embestida» por parte del gobierno federal en sus pueblos, con el fin de apropiarse de sus tierras.

«Reactivaron ya el proyecto del aeropuerto y nosotros reactivamos nuestra lucha. Tendremos precaución pero haremos lo que sea necesario y el camino es luchar por nuestra vida, nuestras tierras aún a costa de lo que pueda avecinar», dijo en entrevista Ignacio del Valle Medina, dirigente del FPDT.

Destacó que el anuncio de la edificación de la terminal área en la zona de Texcoco no es una sorpresa pues ya estaba cantado el anuncio y proyecto de reactivación. «Eso lo sabíamos y estamos en la misma postura, la misma que en el 2001 con ese decreto expropiatorio, hoy cambia la situación pero es lo mismo para nosotros, es el despojo de nuestras tierras y la resistencia no la hemos dejado de hacer, creo que es sabido de todos y nuestra postura es resistir, tenemos que agotar todo lo que sea necesario para defender nuestras tierras, no las vamos a dejar».

Del Valle Medina afirmó que los gobiernos federal, estatal y municipal han implementado desde hace algunos meses en los pueblos de Ateneo y Texcoco la estrategia del miedo para tratar de acabar con la resistencia.

«Nosotros asumimos esa situación. Hay dos vertientes, la consecuencia que da el miedo o frenarnos o decidirnos y la decisión a la que hemos apostado es la decisión que tiene que ver con la conciencia de lo que estamos haciendo y tenemos que ejercer esa decisión de vida porque nuestra lucha es por la vida».

Mencionó que la lucha del FPDT y de los pueblos no es por dinero o por el precio de las tierras sino por una forma de vida y que los dejen vivir en paz.

Anunció que el FPDT ha definido un plan de acción para responder al anuncio de edificación de la terminal área con marchas, protestas y bloqueos; además de seguir la lucha legal con la interposición de amparos para echar abajo la autorización de dieron los núcleos ejidales del cambio de uso de suelo para poder enajenarlas.

Enrique Peña Nieto

10. LA MANO QUE MECE LA CUNA

Expertos en el análisis político y la prensa extranjera encuentran cada vez más similitudes en la forma de gobernar del presidente Enrique Peña Nieto y el exmandatario Carlos Salinas de Gortari.

Entre otras cosas encuentran que, al igual que Salinas, utiliza a la prensa extranjera para promover su imagen y dar a conocer avances de sus proyectos estratégicos, según el portal de internet Sinembargo.mx.

El semanario británico «The Economist» publicó que Peña Nieto está tratando de restablecer el equilibrio en el convulsionado estado de Michoacán con una estrategia de seguridad similar a la que puso en marcha Salinas hace 20 años para neutralizar el levantamiento indígena del Ejército Zapatista de Liberación Nacional en Chiapas, en la víspera del año nuevo de 1994.

Recientemente, analistas expresaron que las reformas estructurales del Ejecutivo federal, avaladas en 2013-2014, tenían una similitud con las de Salinas.

Según Sinembargo.mx, los expertos constitucionalistas Jaime Cárdenas Gracia y John Ackerman Rose afirmaron que el actual mandatario federal es un discípulo fiel de la visión constitucional, política y económica de Salinas de Gortari.

La propaganda gubernamental para justificar sus reformas se basó en el nacionalismo y la historia del país.

Carlos Salinas tuvo que recurrir a la figura de Emiliano Zapata para promover su reforma al ejido.

Enrique Peña Nieto usó a Lázaro Cárdenas para defender su Reforma Energética.

Como Carlos Salinas de Gortari, el presidente Peña Nieto recurrió a la atención extranjera para hacer diversos anuncios y hablar de temas que no toca en el país, con el objetivo de mostrar un México fuerte, que buscaba posicionar su economía en base a una serie de reformas estructurales.

Ambos personajes llegaron a Los Pinos en medio de acusaciones de no haber ganado «legalmente» la presidencia: Carlos Salinas con la famosa caída del sistema y Peña con la presunta coacción del voto. Los dos también recurrieron a la prensa extranjera en busca de la legitimidad.

***

En 1988 se llevaron a cabo elecciones presidenciales; los candidatos en este entonces eran Manuel Clouthier, del Partido Acción Nacional (PAN); Cuauhtémoc Cárdenas, del Frente Democrático Nacional (FDN) que reunió a los partidos de izquierda y Carlos Salinas de Gortari, del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

A pesar de que ya se tenía previsto que el candidato del PRI obtuviera la victoria de manera holgada, como había pasado en el proceso que llevó a la presidencia a Miguel de la Madrid, los primeros resultados comenzaron a preocupar al sistema político. Para sorpresa del Instituto Federal Electoral (IFE) que en esos momentos lo controlaba la Secretaría de Gobernación a través de su titular Manuel Bartlett y el PRI, con el consejero electoral, Emilio Chuayffet Chemor, las cifras iniciales daban el triunfo parcial a Cuauhtémoc Cárdenas sobre el abanderado priísta. La situación llegó a ser tan insostenible que el IFE decidió cortar de tajo la incertidumbre a través de la tristemente conocida «caída del sistema» en el cómputo oficial, cortaron el flujo informativo por una horas y modificaron los resultados revirtiendo las tendencias, para darle el triunfo a Carlos Salinas de Gortari.

Esta nueva maniobra fraudulenta para conservar el poder por parte del PRI-Gobierno, desató una serie de manifestaciones de rechazo tanto en el IFE como en las calles de todo el país; la sensación de fraude que generó la «caída del sistema» fue la gota que derramó el vaso en una sociedad harta por la falta de una verdadera democracia en México. El candidato ganador fue etiquetado como un «impostor» que se había robado la presidencia mientras que el sistema político tuvo otra fractura importante de la que ya no pudo reponerse del todo.

Ya instalado en la presidencia, Carlos Salinas de Gortari comprendió que el convencer al país de la legitimidad de su triunfo era algo prácticamente imposible, por lo que mejor apostó por llevar a cabo acciones contundentes e impactantes, desde el punto de vista mediático, que le otorgaran credibilidad y generaran una percepción de fortaleza y autoridad, sobre todo en la gente más ignorante en temas políticos, que siempre ha sido la gran mayoría en México. La primera de ellas se dio el 10 de enero de 1989, cuando elementos del Ejército irrumpieron en uno de los domicilios de Joaquín Hernández Galicia «La Quina» el entonces líder del poderoso sindicato petrolero.

La detención llamó profundamente la atención de la opinión pública del país porque «La Quina» era un personaje prácticamente intocable en el sistema político mexicano, controlaba al sindicato más importante del país y hasta se jactaba de haber sometido a varios expresidentes, incluido el propio Miguel de la Madrid. «La Quina» fue acusado por el gobierno federal de acopio de armas y homicidio; no salió de prisión hasta 1997. A partir de ese momento. Salinas de Gortari pudo llevar a cabo su proyecto de gobierno: Organizó un pacto con los principales actores obreros sociales y políticos para estabilizar al país en materia económica, comenzó las negociaciones del Tratado de Libre Comercio y lo más importante, echó a andar «Solidaridad», su mega proyecto social con el que se ganó la confianza y credibilidad de los mexicanos más necesitados a través de dádivas y obras pagadas con los recursos de la venta de paraestatales. Cabe recordar que el líder que sustituyó a «La Quina» en el sindicato petrolero fue Carlos Romero Deschamps, y que este no fue el único sindicato en el que el presidente metió las manos para controlarlo, pues también en 1989, Salinas logró desbancar del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) al entonces líder Carlos Jonguitud Barrios, e imponer a la maestra, Elba Esther Gordillo.

***

En 2012 se llevaron a cabo elecciones presidenciales; los candidatos más importantes en eran Josefina Vázquez Mota, del Partido Acción Nacional (PAN); Andrés Manuel López Obrador, de la Coalición Movimiento Progresista, que reunió a los partidos de izquierda y Enrique Peña Nieto, de la Coalición Compromiso por México, integrada por el PRI y el Partido Verde.

A pesar de que ya se tenía previsto que el candidato del PRI obtuviera la victoria de manera holgada, la convocatoria del candidato progresista provocó que el tricolor diera paso a una mega campaña propagandística con recursos de origen cuestionable que a los ojos de todos rebasó por completo los topes de recursos impuestos por el IFE. Peña Nieto se hizo presente en todo el país a través de la entrega de despensas, materiales para construcción, anuncios espectaculares y las famosas tarjetas de Monex y Soriana, con las que se le entregaron recursos económicos a la población más pobre a cambio de su voto.

A pesar de las constantes quejas del PAN y del Movimiento Progresista antes y después de la elección, el IFE cayó en un ataque de sordera y le otorgó el triunfo a Enrique Peña Nieto.

Ya instalado en la presidencia, Carlos Sal., perdón, Enrique Peña Nieto, comprendió que el convencer al país de la legitimidad de su triunfo era algo prácticamente imposible; sus constantes tropiezos antes y después de la campaña no eran el mejor capital político, por lo que apostó por llevar a cabo acciones contundentes e impactantes desde el punto de vista mediático, que le otorgaran credibilidad y generaran una percepción de fortaleza y autoridad; un copy-paste de la fórmula salinista.

La primera de ellas fue el anuncio con bombo y platillo del llamado Pacto Por México, convocado por el gobierno federal en el que las principales fuerzas políticas se unieron, al menos en el papel, para estabilizar al país y sacar adelante las iniciativas que contribuyan a su desarrollo. La luna de miel que los partidos vivieron con el Pacto Por México se ha ido desvaneciendo en la medida en que se acercan los tiempos electorales.

Poco después, en aras de generar una opinión pública mucho más favorable, el gobierno de Peña Nieto dio a conocer la llamada Cruzada Nacional Contra el Hambre, su mega programa social, que busca combatir el hambre y el rezago, asegurando la salud, educación, vivienda, mejor economía y servicios básicos como agua, luz y drenaje, cubriendo en una primera etapa 400 municipios de todo el país. Este programa, hay que decirlo, ha sido severamente cuestionado por los observadores políticos, quienes lo califican de «electorero», dada la prioridad que en su aplicación se le ha dado a estados, no con índices altos de pobreza extrema, pero sí grandes poblaciones con procesos electorales en puerta.

Finalmente, Peña Nieto, como su mentor, apostó por llevar a cabo acciones de gran impacto para los medios, en aras de la credibilidad, fortaleza y autoridad que requiere para su gobierno. El 26 de febrero de 2013, se dio a conocer la noticia de la detención de Elba Esther Gordillo, lideresa vitalicia del SNTE, luego de que la Procuraduría General de la República (PGR) la acusara de lavado de dinero y desvío de recursos de cuentas del sindicato por más de 2 mil 600 millones de pesos. De acuerdo a las investigaciones, existía una triangulación de fondos que resultó sospechosa para la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, lo que resultó en una indagatoria que incriminó a la «maestra».

***

Como podemos ver, la historia en México es cíclica, en especial cuando hablamos de cuestiones políticas. El actuar del gobierno de Enrique Peña Nieto resulta ser, como muchos lo preveían, una calca del gobierno de Carlos Salinas de Gortari, con quien no comparte la preparación o talento político, sino los escenarios de adversidad fruto de la ilegitimidad con la que llegaron al poder y las estrategias que llevaron a cabo para subsanarla, ante una población que al igual que en 1988, es fácil de impactar a través de la televisión. Elba Esther Gordillo encarna en sí misma la mafia sindical que sufre nuestro país por lo que merece pagar sus excesos y corruptelas, sin embargo, representa también la selectividad que el sistema lleva a cabo para la aplicación de la justicia, la cual se hace efectiva más por motivos políticos que jurídicos. En el escenario nacional, existen personajes como Carlos Romero Deschamps, senador del PRI y líder del sindicato petrolero, quien ha estado sumido en el escándalo público sobre sus excesos y corrupción impune durante muchos años y que extrañamente no han llamado la atención de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda o de la PGR como pasó con la «maestra» Gordillo.

¿Por qué la selectividad jurídica? Porque desde el punto de vista mediático, Elba Esther tenía muchos más reflectores dada su negativa de incorporar al sindicato de maestros a la reforma educativa del gobierno federal y porque públicamente desafió al secretario de Educación, Emilio Chuayffet, a diferencia de Romero Deschamps, quien todavía goza del cobijo del PRI y del presidente de la República desde la campaña política del 2012 y porque no se ha pronunciado en contra de la reforma energética.

Este es el «Nuevo PRI» y su oferta de cambio al pueblo de México: Un salinismo recargado. ¿Sufriremos las mismas consecuencias?

***

El domingo 2 de marzo del 2014, la «Rayuela» de La Jornada —el breve comentario editorial publicado en la contraportada— publicó un críptico mensaje:

«Crujen los cimientos de la relación con Salinas. ¿Qué está pasando?».

Por supuesto, se trataba del expresidente Carlos Salinas y de «cimientos» relacionados a la administración federal actual: el gobierno de Enrique Peña Nieto, émulo del primer presidente «modernizador» que inició el ciclo de reformas privatizadoras, el TLCAN, y aspiró a mantener su influencia transexenal por más de 24 años.

La pregunta es clara y es la misma que se ventila en los corredores y salones de la elite política: ¿se perfila una ruptura entre Salinas de Gortari y el peñismo? ¿O son simples mensajes cifrados para negociar cuotas de poder, negocios y complicidades?

No es la primera vez que surgen versiones sobre un presunto distanciamiento entre el equipo de Peña Nieto y el expresidente Carlos Salinas de Gortari. Prácticamente desde que asumió el poder, la percepción del exmandatario del Estado de México como un político inexperto, dependiente de Televisa y de Salinas se impuso en buena parte del imaginario colectivo. El propio Salinas gustaba de alimentar esta idea de sí mismo como «el padrino» del hijo predilecto de Atlacomulco.

Los operadores y asesores peñistas han tratado de contrarrestar esta percepción desde el inicio del sexenio.

Algunos, en privado, presumen que en un año lograron lo que Salinas no pudo en seis.

Ideológicamente iguales, maquiavélicamente antagónicos. Los «golpes espectaculares» del peñismo recuerdan en mucho a los del salinismo, aunque, paradójicamente, han afectado más a personajes surgidos en la era del «modernizador». El caso más emblemático es el de Elba Esther Gordillo. Y el más errático: el del capo Rafael Caro Quintero, «liberado» por un amparo, tras ser detenido en el sexenio salmista.

Las versiones de la ruptura entre el salinismo y el peñismo han arreciado en el mes clave del calendario simbólico. Marzo es el mes del asesinato de Luis Donaldo Colosio, hace 20 años, y el de los videoescándalos del 2004, hace una década.

En ambos casos, la figura de Salinas jugó un papel central. En el crimen de Colosio como presunto afectado y en el de los videoescándalos como instigador y artífice de la conjura, según ha confirmado el empresario Carlos Ahumada en su reaparición mediática.

«Por lo que pasó el 28 de julio del año pasado (Salinas) me hubiera mandado a pegar tres tiros», afirmó Ahumada en entrevista con Ciro Gómez Leyva, en Radio Fórmula, el 3 de marzo del 2014.

El videoasta más polémico de los últimos años rompió de nuevo su Omertà acusando a Rosario Robles, actual titular de Sedesol, a Diego Fernández de Cevallos y a Salinas de ser los principales artífices de los videoescándalos.

Ahumada inició su ronda de entrevistas en El Universal. Con gran despliegue, el constructor-cineasta reveló que tanto Salinas como Diego Fernández le pagaron 68 millones de pesos por la difusión de los videos para iniciar un ataque contra el entonces jefe de Gobierno capitalino, Andrés Manuel López Obrador. Subrayó que el PRD le debe más de 200 millones de pesos por el pago de adeudos con Televisa, entre otros, erogados durante la gestión de Rosario Robles como presidenta perredista.

Le interesa el dinero, aunque lo niegue, pero en su guión de víctima. Ahumada acaba por validar la versión que desde entonces el propio López Obrador afirmó frente a los videoescándalos: era un complot salinista.

¿Sabía Salinas que Ahumada reaparecería en medios impresos y electrónicos para litigar su asunto? ¿Podría haber evitado el gobierno peñista revivir este episodio que deja mal parado al expresidente, al excandidato presidencial panista del 94 y a la actual titular de Sedesol? Son preguntas al aire frente a los rumores.

Por otro lado, el expediente Colosio está abierto. Ministerialmente hay un veredicto y un sentenciado, pero política e históricamente es un crimen de Estado con múltiples significados.

El mismo Salinas de Gortari, también en El Universal, revivió la herida y lanzó un mensaje nada críptico para el actual mandatario priísta en entrevista publicada el pasado 10 de febrero del 2014:

«Lo que vivimos en ese inicio de 94 fue un intento de descarrilamiento del gobierno como respuesta al proceso reformador tan intenso que habíamos llevado a cabo».

Salinas no dio nombres, pero sí diagnósticos. Insistió en una conjura de quienes estaban en contra de su proyecto de reformas y utilizó a su excolaborador y actual senador del PRD, Manuel Camacho Solís, como parapeto del verdadero destinatario de su mensaje.

En la cultura priísta —tan enraizada en Salinas como en el Grupo Atlacomulco— las verdaderas intenciones no se revelan, se disfrazan.

Los mensajes son cifrados, no explícitos.

Y Salinas es un experto en este terreno. La entrevista con Salinas fue precedida por la renuncia de Francisco Rojas Gutiérrez como director general de la CFE, y de Carlos Morales Gil, como director de Pemex Exploración y Producción (PEP), la subsidiaria más importante de la paraestatal.

Justo en el momento del festejo internacional por la reforma constitucional en materia petrolera, dos piezas clave del entramado energético se separaron del cargo. Rojas no es un funcionario más.

Fue director de Pemex durante ocho años (dos con Miguel de la Madrid y los seis de Salinas), artífice de la reestructuración de la paraestatal y siempre un político cercano al exmandatario.

Tras la entrevista con Salinas se aprobó en la Cámara de Diputados una reforma legislativa en el sector ferrocarrilero que vuelve a colocar contra la pared a uno de los principales adversarios del salinismo: a su sucesor Ernesto Zedillo. Para nadie es un secreto que Zedillo se benefició de la privatización ferrocarrilera de su sexenio al convertirse en consejero estelar de Union Pacific y que la iniciativa que se encuentra a revisión en el Senado afectará los intereses de esta y otras dos empresas.

La disputa, si es real, es por enormes y multimillonarios intereses. Por lealtades y espacios de influencia.

En ambas, los intereses del expresidente están presentes y son tan complejos como una red de telaraña. En ambas, el peñismo quiere realizar lo mismo que el salinismo hizo en su momento: restablecer el presidencialismo como eje del poder político.

***

Carlos Salinas de Gortari, el Porfirio Díaz de nuestros tiempos, sigue y seguirá ejerciendo sus influencias en la política mexicana, ya sea que tengamos un presidente del PRI, del PAN o de cualquier otro partido, lo siniestro del asunto es que este personaje tiene tanta influencia y poder político que cualquiera puede caer en sus garras, él simplemente busca la acaparación de más poder a costa de todo y pasando por encima de quien le obstaculice.

Salinas de Gortari, el verdadero titiritero de México, la mano que mece la cuna, es el décimo priísta al que hay que odiar.

Carlos Salinas de Gortari

MÁS PRIÍSTAS A LOS QUE HAY QUE ODIAR

He mostrado la lista de los 10 priístas más importantes en los últimos años, aquellos que tienen aún mucha fuerza política o que sus acciones contribuyen, bien o mal, en el quehacer de la nación.

Sin embargo, podríamos extendernos mucho más e incluir a personajes que, aunque actualmente están alejados de la política, o no tienen puestos los reflectores sobre ellos, su influencia en años anteriores fue a gran escala, polémica y hasta malévola. Y también podríamos hablar de hombres y mujeres que arrastran un pasado priísta o que, oficialmente no tienen relación alguna con el partido, pero empíricamente están a su servicio o se sirven de él.

Por ejemplo, otro priísta al que hay que odiar es, por su puesto, a Ernesto Zedillo, indudablemente responsable de la masacre de Acteal junto con Emilio Chuayffet, y quien se dice, también tiene una gran influencia sobre Enrique Peña Nieto, aunque no tanta como Salinas, es más, podríamos afirmar que Zedillo, más que rencor, le guarda temor a Carlos Salinas, esto porque también fue beneficiado en 1994 con la presidencia de la República, para él era muy conveniente el asesinato de Colosio, quedarse con la candidatura priísta y, claro está, con la silla presidencial, si en algún momento Zedillo abre la boca de más, no sabemos qué pueda hacer o decir Carlos Salinas que lo lleve a la debacle, él por su parte, prefiere estar tranquilo en su residencia de Estados Unidos.

Recordemos lo que sucedió con Miguel de la Madrid. Antes de su fallecimiento, en entrevista con Carmen Aristegui, aseveró que Carlos Salinas de Gortari fomentó una «gran corrupción» entre su familia. Acusó a Raúl Salinas de haber tenido contactos con el narcotráfico, señaló que se sentía decepcionado por el actuar de Salinas, e incluso destacó que se equivocó al designarlo como su sucesor. Estas declaraciones movieron a que Carlos Salinas manifestara su indignación por las condiciones en las que Aristegui realizó la entrevista a De la Madrid Hurtado, y observó la desfavorable condición de salud del exgobernante.

Miguel de la Madrid admitió que cometió un serio error político al acusar al expresidente Carlos Salinas de Gortari y a sus hermanos de haber protagonizado graves actos de corrupción.

El exmandatario aceptó retractarse no por falta de exactitud en sus declaraciones, producto de un deterioro en su salud —como se alegó más tarde—, sino por miedo a su sucesor: Es un enemigo muy peligroso, habría admitido De la Madrid acerca de la fuerza de Salinas, señala una nota de la revista electrónica Reporte índigo, la cual relata la forma en que fue elaborado el intempestivo arrepentimiento del expresidente, a consecuencia de la presión ejercida por un grupo de priístas muy cercanos a Salinas.

«La estrategia habría sido simple y directa. “Me pueden matar, pero se van conmigo”. O en otras palabras: “de aquel lado —de quien hace las revelaciones— también existen historias que contar… y si no hay desistimiento, van a salir”», agrega Reporte índigo.

La Jornada publicó también los pormenores de la apresurada estrategia para obligar a retractarse a De la Madrid.

El eje para conseguir ese objetivo fue diseñado por Emilio Gamboa Patrón, coordinador de la bancada del tricolor en la Cámara de Diputados y quien fuera secretario particular de De la Madrid durante su mandato —entre 1982-1988—, pero también uno de los hombres más cercanos a Salinas cuando era presidente, en 1988-1994.

Apenas un par de horas después de que fue transmitida la entrevista en referencia, un senador propuso que se hablara con la familia de De la Madrid y que se buscara a Salinas para frenar el asunto.

La información de La Jornada y de Reporte índigo coincide en el dato sobre la visita que hizo un grupo de priístas a la casa de De la Madrid.

Ahí estaban Francisco Rojas, Emilio Gamboa, Ramón Aguirre, Enrique y Federico de la Madrid, quienes —puntualiza Reporte índigo— operaron la «arrepentida secreta».

El texto —difundido por Internet— no detalla las fuentes de información, aunque hace énfasis en las rápidas gestiones, encomendadas desde Londres (donde reside Salinas) para atemperar los ánimos y buscar una salida al espinoso caso.

El papel de Rojas era el de ser el personaje que aplicara la suficiente presión para gestar una solución convincente y concertada que se implementara con la urgencia que el caso merecía, dice Reporte índigo.

En tanto. Gamboa —uno de los favoritos de Salinas (lo hizo su director del Infonavit, después del Seguro Social y al final secretario de Comunicaciones)— era reinstalarse como la conciencia crítica de De la Madrid para convencerlo del error político en que había incurrido en la entrevista que dio a Carmen Aristegui.

Un peso especial en este cónclave lo tuvieron Enrique y Federico de la Madrid Cordero, hijos del expresidente: De hecho, después de Carlos Salinas, ellos eran los más interesados en resolver el conflicto político, no solo por sus intereses con el PRI o con la administración de Calderón (Enrique es director de Financiera Rural), sino por el objetivo de trabajar para un relevo generacional dentro del tricolor.

Este fue el contexto —agrega la revista electrónica que encabeza Ramón Alberto Garza— de las negociaciones en Coyoacán.

Con estos actos y bajo estos supuestos, no solo desacreditaron la controvertida entrevista, sino que terminaron por sepultar, políticamente hablando, a Miguel de la Madrid.

De ahora en adelante —señala el texto—, cualquier declaración o, incluso, algunos legados póstumos, tendrán que pasar por el filtro de esta, su «arrepentida secreta».

***

De esta magnitud es el poder de Carlos Salinas, el poder de callar a expresidentes y cualquier personaje político o empresarial.

Otro caso más, es el de Elba Esther Gordillo, creadora del partido Nueva Alianza (PANAL), si este libro se hubiera escrito hace unos 10 o 15 años, hablaríamos de ella como una priísta más a la que hay que odiar, ella fue Secretaria General del Partido cuando Roberto Madrazo estuvo como presidente Nacional. Pero ahora hablamos de ella como una «víctima» del peñismo en busca de legalidad tras las controvertidas elecciones del 2012.

Si profundizamos más en el tema, llegamos a Emilio Azcárraga Jean, la gran mano ejecutora mediática para legitimar a Peña Nieto en el poder, un personaje que está más bien del lado del partido que más le convenga. Durante los sexenios de Fox y Calderón les sirvió pero también fue servido con millonarias cantidades en conceptos de publicidad.

Ahora, Emilio Azcárraga se perfila para obedecer y ser obedecido por el gobierno de Peña Nieto (aunque suene contradictorio), actuando como el gran distractor para el pueblo de México, el gran bufón, el grande y millonario bufón que le da circo al pueblo mientras se aprueban las reformas estructurales propuestas por la federación.

Azcárraga le debe mucho a Peña, y en general al PRI y a la clase política, pero ellos también tienen conciencia de que ganarse a Televisa como enemigo sería el peor de sus errores. Azcárraga no es un priísta de manera formal, pero en los hechos, por conveniencia, ejerce como tal, y hay que odiarlo como tal.

***

Moreira, otro personaje priísta que saltó al escándalo por los fraudes millonarios cuando era gobernador de Coahuila, otro más en nuestro anexo de priístas a los que hay que odiar.

Según las denuncias, durante su gestión como gobernador, firmó decretos donde se adquiría una deuda de más de 32 mil millones de pesos —cifra que algunos consideran podría ser más alta— donde se utilizó documentación apócrifa, el caso actualmente se encuentra bajo investigación y sobre todo, bajo muchas dudas.

El caso, denominado «El Moreirazo», como muchos otros de corrupción donde se han visto involucrados integrantes del PRI, podría quedar impune, principalmente porque ahora el actual gobernador de Coahuila es Rubén Moreira, su hermano, quien le brinda toda la protección posible.

***

Otro más a la lista, Pedro Joaquín Coldwell, nombrado Secretario de Energía para la administración peñista, en un comunicado, la Secretaría de la Función Pública (SFP) detalló un monto de 10 millones 975 mil pesos como participación en el capital social del secretario en cinco empresas, cuyo objeto es la venta de gasolinas y están ubicadas en Cozumel, Quintana Roo, en el suroriente del país.

El 26 de mayo del 2014, la senadora del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Dolores Padierna, solicitó al presidente Enrique Peña Nieto retirar a Pedro Joaquín Coldwell como secretario de Energía por su supuesta ilegalidad por conflicto de intereses, pues como funcionario determinaba los contratos y los campos de exploración, cuando sus familiares supuestamente tenían negocios con Petróleos Mexicanos (Pemex).

La dependencia destacó en un comunicado que, contrario a lo que dijo la legisladora, las participaciones sí fueron declaradas en tiempo y forma por Joaquín Coldwell.

Es decir, uno de los más interesados en la aprobación de la reforma energética priísta es Coldwell, quien tendría ganancias millonarias —aun más— para él y sus familiares, explotando los recursos naturales que pertenecen a todos los mexicanos, no solo a sus parientes.

Por si fuera poco, de acuerdo a información publicada por La Jornada, por lo menos tres de las seis gasolineras que poseen en Quintana Roo el secretario de Energía, Pedro Joaquín Coldwell, y sus familiares han sido multadas en el pasado por negarse a ser verificadas por la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), de acuerdo con informes de este organismo.

Casualmente, desde el inicio de la administración peñista, las estaciones de servicio en las que tiene participación accionaria el titular de la Secretaría de Energía (Sener) no han sido objeto de revisiones o visitas de verificación por parte de la Profeco.

Entre las anomalías que la Profeco ha encontrado en algunas de las estaciones de servicio está la de vender combustibles fuera de las especificaciones establecidas por Pemex, así como diversos errores de repetitividad, entendidos como la inestabilidad de un instrumento en el despacho de combustibles; es decir, que presenta diferentes mediciones para la misma cantidad.

***

A Luis Videgaray —otro más al saco de priístas mentirosos y corruptos— ya no le quedó más remedio que admitir lo que todo el mundo, incluyendo el Banco de México, le dijo varias veces: Que la proyección del crecimiento de la economía mexicana en 2014 no crecería a 3.9%, sino a 2.7%.

El escándalo fue enorme. Fue el recorte más fuerte de la proyección del PIB en lo que va del sexenio. Tan fuerte que el PRI de plano tuvo que salir a tratar de evitar que Videgaray se siguiera tambaleando, ya que era clarísimo para la opinión pública que Videgaray se había convertido en un lastre para las finanzas mexicanas.

El propio Videgaray tuvo que salir a hacer control de daños, tratando de hacerle creer a la gente que el crecimiento del PIB de 2.7% era un gran logro. México crecerá más que Estados Unidos y Europa, dijo con gran cinismo.

El diario El Economista da a conocer que el PIB mexicano creció 3.9% durante 2012. El crecimiento fue igual al de 2011.

No era exactamente un gran logro, ya que 3 años antes la economía se desplomó debido a las pésimas políticas económicas de Felipe Calderón.

Pero la llegada de Enrique Peña Nieto al poder en 2012, y con ella la llegada de Luis Videgaray a la Secretaría de Hacienda, hizo que los analistas de finanzas del Banco de México de plano redujeran la proyección del PIB para 2013.

Sí; El 3 de diciembre de 2012, dos días después de que Peña Nieto tomara protesta, CNN reportó que analistas privados consultados por el Banxico redujeron la estimación que tenían para el PIB de 2013 de 3.56% —ya en sí menor al crecimiento de 2012— y lo dejaron en 3.44%.

Videgaray debería ser cesado por inepto y por causarle un enorme daño a la economía mexicana. Peña Nieto lo sabe, pero no lo despide porque es su amiguismo, y para él lo importante no es que haya gente competente en el gabinete, sino que sean lambiscones.

El control de daños para tratar de lavarle la cara a Videgaray, por lo tanto, no es para evitar que lo despidan, sino para tratar de disminuir el costo político para Peña Nieto y para el PRI por no hacerlo.

El problema es que a los que se llevan entre las patas es a los mexicanos.

***

El viejo PRI ha regresado al poder, con otras caras pero con las mismas mañas, el pueblo sigue dormido, algunos seguimos con la esperanza de que las cosas cambien para bien, el pueblo se conforma con el gobierno que cree merecer, el gobierno corrupto, de influyentismos, de impunidad.

El mexicano sigue durmiendo, es lo más cómodo para él, y seguirá así por mucho tiempo.

LAS VÍCTIMAS DEL «NUEVO» RÉGIMEN

Ilusamente, muchos creyeron que con la salida de Felipe Calderón de la presidencia se acabaría la denominada «narcoguerra». Pues no fue sí, lo único que sucedió respecto a ese tema es la confirmación de la colusión que siempre ha habido, pero que pocos se atreven a admitir, entre los priístas y los narcotraficantes, sea cual sea el cártel al que pertenezcan. Nuevamente con el PRI en la presidencia se ha demostrado que los tiempos no han cambiado, podrán cambiar de rostros, de estrategias, afirmarnos que son un partido renovado, pero los resultados a la vista siempre son los mismos, que son los priístas aquellos herederos de Porfirio Díaz, de Díaz Ordaz y de Salinas de Gortari, que es el mismo PRI represor, terrorista y asesino.

La masacre de Tlatlaya.

La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) anunció en Junio del 2014 que en un enfrentamiento había abatido a 22 presuntos delincuentes en la comunidad rural de San Pedro Limón, en el municipio de Tlatlaya, Estado de México, nuevas evidencias provenientes de medios extranjeros revelaron que los militares dispararon a sangre fría contra los jóvenes, algunos incluso menores de edad.

La revista Esquire publicó la versión de una mujer testigo de la masacre. «Ellos (los soldados) decían que se rindieran y los muchachos decían que les perdonaran la vida. Entonces (los soldados) dijeron “¿no que muy machitos, hijos de su puta madre? ¿No que muy machitos?”. Así les decían los militares cuando ellos salieron (de la bodega). Todos salieron. Se rindieron, definitivamente se rindieron. (…) Entonces les preguntaban cómo se llamaban y los herían, no los mataban. Yo decía que no lo hicieran, que no lo hicieran, y ellos decían que “esos perros no merecen vivir”. (…) Luego los paraban así en hilera y los mataban. (…) Estaba un lamento muy grande en la bodega, se escuchaban los quejidos», cita la publicación estadounidense en su edición de México.

The Associated Press informó de un nuevo testigo que involucra a militares de un fusilamiento extralegal. De acuerdo con la agencia, una mujer relató que vio cuando los militares dispararon y asesinaron a su hija Erika Gómez González, de 15 años. «Estaba en el suelo con una herida en la rodilla. Los soldados le dieron la vuelta al cuerpo aún con vida y le dispararon más de media docena de veces en el pecho», describió la agencia de noticias estadounidense, una de las de mayor alcance mundial.

Por su parte, el director de la división para las Américas de la organización internacional Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, afirmó que el asesinato por parte de elementos del Ejército Mexicano a un grupo de 22 presuntos delincuentes es la peor masacre de civiles del sexenio del Presidente Enrique Peña Nieto. «El testimonio de la testigo de lo ocurrido en Tlatlaya reflejaría que estamos ante la peor masacre de civiles por parte de militares de este sexenio», afirmó Vivanco en un comunicado.

¿Qué pasó en Tlatlaya?

En agosto del 2014, la organización internacional defensora de los derechos humanos pidió al gobierno de Enrique Peña Nieto esclarecer e investigar a fondo la muerte de 22 civiles a manos de elementos del Ejército, ocurrida el pasado 30 de junio durante un enfrentamiento. En un comunicado de prensa, el organismo, con sede en Nueva York, señaló que “han transcurrido casi dos meses desde que un grupo de soldados mató a 22 civiles y todavía hay más interrogantes que respuestas con respecto a qué sucedió verdaderamente ese día”.

Indicó que la investigación debería considerar adecuadamente las evidencias que señalan que militares habrían actuado de manera “irregular”. El anuncio oficial de la Sedeña dada a conocer horas después del supuesto enfrentamiento señalaba que se desató una balacera en la localidad luego de que elementos del Ejército fueron atacados por miembros de una organización criminal. Sin embargo, la versión dio un giro de 360 grados, cuando la prensa internacional retomó el caso y se reveló que los soldados habían atacado a los civiles. “Marcas de bala y manchas de sangre en las paredes dentro de una bodega de almacenamiento de grano en las montañas del sur de México cuentan una historia sombría de muerte que implica a soldados y presuntos delincuentes. Puede no ser la historia que cuentan los mismos funcionarios”, decía una nota publicada por AP, que decía tener pruebas de que los elementos del Ejército mexicano colocaron a los jóvenes en un paredón (improvisado dentro de una bodega) para dispararles. Ahora, los nuevos testimonios confirman la sospecha y exigen a las autoridades esclarecer qué pasó en Tlatlaya.

Militares de EdoMex, involucrados en “hechos de sangre”.

Los militares investigados por la matanza de 22 personas en Tlatlaya, Estado de México, pertenecen al Batallón 102 del Ejército Mexicano, el cual ya ha estado involucrado en otros “hechos de sangre”, indicó el periodista Juan Veledíaz.

En entrevista para Noticias MVS primera emisión, precisó que dicho batallón depende de la 22 Zona Militar, del Estado de México, que encabeza el general José Luis Sánchez León.

Previamente, soldados de dicha corporación, en diciembre de 2013, fueron señalados como responsables de la muerte de 4 personas —todos ellos, funcionarios del municipio de Arcelia, Guerrero. En aquella ocasión, según se reportó en medios locales, se habría tratado de una presunta confusión, pues pensaron que se trataba de un grupo criminal, que traía amas e iba vestido con ropa parecida a la de los militares; sin embargo, tras el asesinato, se aclaró que los 4 trabajan para el gobierno municipal e iban de cacería.

Veledíaz refirió que, además, dicho batallón enfrenta acusaciones de corrupción y sobornos del grupo delincuencial que opera entre Guerrero y el Estado de México: La Familia.

Sobre el caso Tlatlaya, indicó que ante la justicia militar, los 8 elementos del Batallón 102 no están acusados por homicidio, sino solo por “infracción de deberes”. Además, apuntó que los mandos del Batallón 102 no han sido llamados a testificar. La PGR anunció que a tres militares los acusará por el homicidio de 21 personas, quienes ya se habían rendido.

“Pudimos corroborar la identidad”, refirió sobre el teniente detenido. Se trataría de Ezequiel Rodríguez Martínez. Sobre él, expuso: “Este oficial, déjame decirte para contextualizar… es lo que se llama normalmente en el Ejército, un oficial de tropa… hizo su carrera a partir de los años 80, llega un momento en el que se le ofrece estudiar en el Colegio Militar, durante un año hace carrera técnica y se gradúa como subteniente, es un técnico en armas. ¿Esto qué quiere decir? Que no tiene la preparación suficiente, y eso se traduce muchas veces en que sus conocimientos no son los adecuados”.

“Solamente la justicia militar imputó a este y 7 elementos de tropa cuando existe algo que se llama cadena de mando”, señaló.

Cuando una persona con este rango (el oficial de tropa) va al mando de 10 efectivos, un pelotón, arriba de ellos hay otro, un capitán”, recordó.

Ayotzinapa: Reviviendo el 68.

Dicen que 20 años no es nada, pero tampoco 46. Han transcurrido tres generaciones desde la matanza de Tlatelolco del 2 de octubre, 9 gobiernos federales, muchos libros, testimonios, documentales, reflexiones, comisiones de la verdad sobre las herencias del movimiento estudiantil que cimbró al sistema autoritario priísta de esa época.

Sin embargo, las similitudes vuelven a presentarse entre una época y otra, aunque hay diferencias sustanciales que son importantes mencionar.

Como hace 46 años, hoy tenemos 10 semejanzas:

En las calles de la Ciudad de México vuelven a movilizarse miles de estudiantes de las dos instituciones principales de educación superior pública: el Instituto Politécnico Nacional y la UNAM. El primero es el epicentro y la UNAM, al igual que la UAM, la UACM y otras se han sumado a las demandas.

Existe un clima represor que tiende a la criminalización de la protesta social, como se ha visto desde el 1 de diciembre del 2012, y en otras entidades del país, especialmente Puebla, Veracruz y Quintana Roo.

Hay indicios de brotes de insurgencia no solo cívica sino de disidencia guerrillera. Vemos hoy la serie de ejecuciones extrajudiciales como la de Tlatlaya, en el Estado de México, y lo que está ocurriendo en Iguala, Guerrero.

Existe una falta de comprensión del gobierno federal de los reclamos de los jóvenes, no solo del Politécnico, sino de todos los grupos que se manifiestan. Los estudiantes y jóvenes se ven peligrosos, porque no están «controlados».

Existen dos tendencias en el gobierno, como en el 68: una dialoguista y otra represora. Como en el 68, hay una adelantada disputa por la sucesión del 2018 y los movimientos sociales se vuelven rehenes o instrumentos de esta disputa en la sombra.

Los medios de comunicación masiva están menos cerrados que en el 68, pero igualmente menosprecian a las nuevas disidencias. Están al servicio del «señor presidente».

Hay una restauración clara del modelo presidencialista. Lo más importante no es atender los reclamos y los derechos humanos que exigen los estudiantes sino «cuidar» la imagen presidencial.

La solidaridad de la sociedad civil del Distrito Federal es muy clara, ahora en el movimiento de #TodosSomosIPN como lo fue en el 68.

La autonomía es otro tema que está en juego. En el 68, el rector Barros Sierra le dio otra dimensión al movimiento del Consejo Nacional de Huelga cuando colocó la bandera a media asta en el campus de la UNAM. Ahora, cada vez más jóvenes y maestros están conscientes de la necesidad de la autonomía del IPN, cuyo director siempre ha sido nombrado por el presidente de la República y no por la comunidad estudiantil.

Existen presos políticos que no son admitidos por el gobierno federal porque eso atenta contra su imagen.

Las Diferencias:

Estas son las semejanzas. Sin embargo, hay 10 diferencias muy importantes que son las herencias a 46 años de distancia.

1.Hay menos temor a la represión militar y policiaca —al menos en el Distrito Federal— por los espacios ganados por la propia ciudadanía.

2.Existen medios de comunicación alternativos, mucho más interactivos y rápidos. Las redes sociales permiten crear movilizaciones mucho más dinámicas que hace casi cinco décadas, y una deliberación mayor.

3.Se trata de una juventud eminentemente digital y no analógica. Lo importante para ellos es su capacidad de interacción y convergencia. Los discursos verticales y analógicos ya no funcionan.

4.Hay una mayor fiscalización y observación de medios de comunicación y organizaciones internacionales, a diferencia de 1968. Ahora lo estamos viendo en el caso Tlatlaya, al que ya le habían dado «carpetazo».

5.Los brotes de insurgencia no son únicamente motivados por la disidencia social sino también, desgraciadamente, por el crimen organizado. Hoy es mayor la fuerza del narcopoder que hace 46 años.

6.Existe una menor ideologización en esta nueva generación. La guerra fría terminó. El bloque soviético desapareció, pero continúan los reclamos de justicia y dignidad. Hoy los derechos más importantes son los de la llamada «Tercera generación».

7.Es el segundo movimiento estudiantil y juvenil importante en dos años: primero el #YoSoy132 en plena campaña electoral presidencial y ahora #TodosSomosPolitécnico.

8.Hay un vacío de liderazgos intelectuales y políticos, al menos hasta ahora, entre estos jóvenes. Sus métodos son más horizontales, pero ya no tienen los referentes que antes tenía la generación del 68. En parte, esto dará origen a otros estilos y discursos.

9.La tentación de una represión abierta tiene un mayor costo. Además, ya no cuentan con los grupos paramilitares de choque que se formaron en el 68, como el Batallón Olimpia.

10.El intento de querer instrumentalizar o utilizar el movimiento para fines políticos personales o partidistas hoy es más grotesco que hace 46 años. Existe esta tentación, pero ya será más difícil operarla en la oscuridad.

Ayotzinapa: Torturados, quemados y en fosas comunes.

Cuando el estupor y la rabia por la ejecución de 22 personas a manos del ejército aún estaban pintados en la cara de los mexicanos, otra noticia peor, si cabe, les sacudía: 43 estudiantes habían «desaparecido» tras una redada policial. Y aparecieron. Al menos, una parte: se descubrieron varias fosas clandestinas que alojaban a un número indeterminado de personas con signos de tortura, quemados en parte, asesinados brutalmente.

Todo comenzó el 26 de septiembre en Ayotzinapa, Guerrero, donde alumnos de la Escuela Normal Rural fueron agredidos por fuerzas policiales del Estado mientras hacían colectas de víveres y de donaciones monetarias que solucionarían los problemas económicos de su instituto. También intentaban conseguir que algún conductor de autobuses les llevara al día siguiente a alguna de las protestas convocadas para evitar que se aprobara un reglamento que consideraban improcedente.

Pero alguien consideró que ya estaba bien de algarabía, que molestaban, y cargaron contra ellos. Se sabe que al alcalde de la localidad de Iguala, José Luis Abarca Velázquez, quería impedir que los estudiantes llevaran su protesta al lugar donde su esposa, María de los Ángeles Pineda Villa, rendía cuentas de su actividad al frente del DIF (Desarrollo Integral de la Familia). Encargó que les «callaran»… y se les fue de las manos. Y callaron para siempre a siete personas, 25 más resultaron heridas, y 43 estudiantes no aparecían.

En estos actos participaron tanto policías municipales de Iguala, como personas vestidas de civil, quienes debieron pasar «inadvertidos» para las múltiples fuerzas de pacificación de la zona, compuesta por federales, la gendarmería y las fuerzas armadas, cuya presencia es notoria en este Estado ante la vigencia del operativo «Guerrero Seguro». Los integrantes de ese operativo, supuestamente, luchan contra el crimen organizado.

El despertar del día después puso una sombra de temor que fue acrecentándose a medida que pasaban las horas y se carecía de noticias sobre el paradero de los muchachos. Se hablaba de detenciones, pero nadie sabía a dónde los habían llevado ni quienes. Sospechas había y muy fundadas, pero fuentes «oficiales» se habían apresurado a aventurar que estarían «escondidos» para huir de la policía y del castigo que «se merecían» por alterar el orden público, etc; etc.

La cruda realidad.

La cruda realidad llegó en forma de fosas donde había múltiples cadáveres (unos 28), y con ellas se empezó a «destejer» el entramado oficial de acusaciones contra los muchachos, contra la población, contra todo aquel que osó levantar el dedo hacia la alcaldía y la policía. Porque el alcalde y el jefe de este cuerpo, Felipe Flores Velázquez, habían desaparecido sin dejar rastro. No, no habían sido detenidos ni «levantados», como se dice en México. Se largaron a marchas forzadas para huir de los crímenes de los que eran responsables directos. De ellos partieron las órdenes de actuar contra los estudiantes.

Entonces comenzaron las detenciones y las confesiones, y salió a la luz lo que esos dos personajes intentaron tapar: que los jóvenes fueron metidos en camiones por la policía de Iguala y entregados al grupo delictivo «Guerreros Unidos», una escisión de los asesinos de los Beltrán Leyva. Parece más que comprobado que estos «guerreros» eran los verdaderos dueños de Iguala. El alcalde y la policía, sus esbirros, simples marionetas a su servicio.

Dos de los primeros detenidos (29 hasta este momento) confirmaron la ejecución de 17 estudiantes. Según reveló Iñaky Blanco, procurador de Justicia de Guerrero, los asesinos aseguraron que la orden de detener a los normalistas vino de Francisco Salgado, director de Seguridad Pública de Iguala, mientras que el líder de la organización delictiva Guerreros Unidos, llamado «El Chucky», fue quien ordenó asesinarlos.

Del resto de los chicos todavía no se sabe nada, pero se especula con que irán apareciendo en otras fosas, no muy lejanas, y en las mismas condiciones: torturados, quemados, destrozados…, por el «crimen» de protestar contra un sistema educativo con el que no están de acuerdo. Y por la inseguridad, y por la represión, y por la injusticia, y por la impunidad, y por tantas cosas…

Los padres de los estudiantes han informado de que un grupo de especialistas argentinos va a participar en el proceso de identificación de los restos para ayudar a esclarecer la verdad de los hechos. No se fían de las investigaciones «oficiales».

La represión de los normalistas.

El presidente de la Limeddh (filial de la Federación Internacional de Derechos Humanos, FIDH), la Organización Mundial contra la Tortura (OMCT), asociada a «Trabajar Juntos» por los Derechos Humanos. Todos ellos con estatuto consultivo ante la ONU [Resolución 1296 del ECOSOC]), Adrián Ramírez López, ha emitido un comunicado en el que, entre otras cosas, asegura que existen ataques sistemáticos en contra de las Normales Rurales (centros a los que pertenecían los desaparecidos) a lo largo y ancho del país, que tratan de destruir este modelo educativo utilizando todos los recursos a su alcance para su desaparición, desde el recorte presupuestario, el cierre de dichos centros educativos, las modificaciones de sus planes de estudio, la imposición de autoridades en los planteles; las campañas de calumnias y descalificación de sus egresados; la pérdida del derecho a las plazas laborales para sus egresados; la criminalización y represión sistemáticas, ejecuciones extrajudiciales, tortura, desaparición forzada y detenciones arbitrarias.

Para Ramírez, las reformas estructurales, y concretamente la educativa, «trata de acabar con este modelo de formación de los normalistas (La Escuela Normal Rural es una institución fundada en 1920 que tiene como objetivo la formación de los profesores que llegan a las comunidades más aisladas de México. Sus planteles se encuentran distribuidos en las regiones marginadas del país. Guerrero es el Estado más pobre y su Escuela Normal tiene un fuerte arraigo social, ya que los egresados de sus aulas, regularmente, son personas de muy bajos recursos que reciben el apoyo de su comunidad. Cuando un profesor rural se gradúa, la fiesta es en todo el pueblo que lo vio partir, que lo apoyó en sus estudios de manera económica y moral. Además, el pueblo que lo recibe le da asilo como un hijo más) y en este marco se inscribe la masacre de Iguala». Responsabiliza a los tres niveles de gobierno y, sobre todo, por negligencia criminal, al presidente de la república, Enrique Peña Nieto, al gobernador del Estado, Ángel Aguirre Rivero y al presidente municipal (alcalde) de Iguala, José Luis Abarca Velázquez.

Que paguen todos.

Precisamente, es la cabeza del Gobernador la que se pide a gritos (aunque ya se urgía su renuncia días atrás) en todo el país, en manifestaciones y actos convocados por centros educativos y organismos de derechos humanos. Los ciudadanos quieren acabar con la impunidad, con las agresiones sistematizadas de quienes deberían protegerles, y con los abusos de sus dirigentes. Claman justicia y piden que se detenga a todo aquel que esté implicado, sea quien sea.

Ante la gravedad de este nuevo caso de asesinato masivo, el presidente Peña Nieto ha salido a la palestra para apaciguar ánimos, se supone, pero su intervención, además de corta, ha sido demasiado «tibia». Le ha faltado contundencia. Quizás, porque delante de su residencia tiene a dos grupos pidiendo justicia: padres de los 49 niños que murieron en la guardería ABC de Hermosillo (Estado de Sonora) hace cinco años, y familiares de las mujeres desaparecidas en Ciudad Juárez desde hace 20.

Por más que se le llene la boca de que su «prioridad» son los derechos humanos, los mexicanos siguen sin ver ni un solo avance.

«Guerreros Unidos», el cártel sospechoso de la masacre de estudiantes.

El cártel «Guerreros Unidos» es el principal sospechoso de la masacre de los 43 estudiantes mexicanos desaparecidos el pasado 26 de septiembre del 2014. Aunque tres de sus líderes han sido capturados, esta banda criminal sigue operando en el estado de Guerrero.

«Guerreros Unidos», un cártel que opera principalmente en el estado de Guerrero, ha sido señalado como responsable material de la presunta masacre que sufrieron los 43 estudiantes desaparecidos en Iguala.

El procurador estatal de Guerrero, Iñaky Blanco, afirma que la Policía de Iguala está vinculada al narcocártel y establece que uno de sus líderes, alias «El Chucky», ordenó el secuestro y las ejecuciones de los 43 estudiantes desaparecidos el 26 de septiembre durante la protesta estudiantil contra las reformas educativas en la localidad de Iguala.

Asimismo, Blanco cita el testimonio de dos sicarios pertenecientes a esta organización criminal que confesaron haber llevado a «17 de ellos [estudiantes] al colmo de un cerro en El Pueblo Viejo, donde tienen fosas clandestinas y donde los mataron».

Esta banda de crimen organizado, cuya principal fuente de financiación es el traslado de cocaína a Chicago, ha tenido al menos cuatro líderes en los últimos tres años. A pesar de que los cabecillas han sido capturados, el cártel ha seguido operando en el estado de Guerrero.

Los criminales arrestados por la desaparición de los 43 estudiantes declararon ante las autoridades mexicanas que la orden de acudir al lugar donde se encontraban los manifestantes la dio el director de seguridad pública municipal, Francisco Salgado Valladares. Asimismo, añadieron que la instrucción de secuestrar y asesinar a los estudiantes la recibieron de un sujeto apodado «El Chucky», líder de los «Guerreros Unidos».

«José Luis Abarca, alcalde con licencia de Iguala, trabajaba para “Guerreros Unidos” y ordenó el ataque del 26 de septiembre en el que murieron seis personas, además de la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa», afirma René Bejarano, líder de la corriente Izquierda democrática nacional del PRD, dejando patente la complicidad entre «Guerreros Unidos» y el poder político de Iguala.

Murillo Karam pudo haber detenido al alcalde de Iguala.

El procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, pudo atraer en 2013 el caso del asesinato del líder de la organización Unidad Popular, Arturo Hernández Cardona, y detener al alcalde de Iguala, José Luis Abarca; le di datos, nombres, fechas, ubicaciones, no hizo nada, pudo detenerlo, sostuvo René Bejarano, quien le dio seguimiento al caso.

En entrevista para Noticias MVS primera emisión, consideró que «ahora se trata de evadir responsabilidades que cada quien tiene», pero él tiene pruebas de que tanto la PGR como la Segob —a través del Cisen— pudieron haber investigado desde el año pasado, al alcalde Abarca, quien ahora se encuentra prófugo de la justicia y está involucrado en el asesinato de 6 personas, 28 calcinados y 43 desaparecidos en Iguala.

Bejarano recordó que Abarca está señalado por testigos como el asesino material de Hernández Cardona, levantado y asesinado en Iguala.

Bejarano retomó lo dicho por Murillo, en una entrevista radiofónica, en la que afirmó que actualmente puede detener en cualquier momento al alcalde con licencia, pues su fuero es estatal y no federal; ¿por qué no lo detuvo antes?, preguntó.

«En pocas palabras desde el primer momento se hicieron las denuncias, tengo anotado todo y puedo recordar algunas fechas», mencionó.

Las fechas y datos que aporta Bejarano son las siguientes:

—2 de junio 2013, desde Acapulco, denunció públicamente que José Luis Abarca estaba detrás del asesinato del líder de la UP, pues dio a conocer amenazas previas.

—Las amenazas fueron denunciadas ante autoridades estatales por uno de los otros 2 asesinados junto con Cardona. No se ratificó la denuncia, el 30 de mayo de 2013, porque ese día tres de la UP fueron levantados.

—El 3 de junio fueron encontrados los cuerpos de 3 personas, entre ellos Cardona.

—El 5 de junio de 2013, la senadora Dolores Padierna presentó un punto de acuerdo ante la comisión permanente del Congreso, para que el Comisionado Nacional de Seguridad diera un informe sobre lo ocurrido en Iguala.

—Después fue aprobado un punto de acuerdo en el que la Comisión Permanente solicita a la PGR ejerza su facultad de atracción para aclarar hechos acontecidos en Iguala.

—También el gobernador pidió oficialmente que se atrajera el caso porque se presumían delitos de carácter federal.

—Cita con el procurador Murillo Karam, en sede de la PGR, el martes 2 de julio de 2013 a las 8 de la mañana. La reunión terminó aproximadamente a las 9:30am. Participó la subprocuradora Mariana Benítez, una diputada y Bejarano.

—En la reunión se señalaron indicios fundados de múltiples delitos de carácter federal.

—Al no tener respuesta de PGR en más de un mes, el 5 de julio 2013, Nicolás Villa —testigo de los asesinatos— aceptó declarar. El 7 de agosto fue confirmada el acta notarial, con una imputación directa contra el alcalde de Iguala.

—El 15 de agosto de 2013 en Acapulco el procurador Murillo dijo que en los delitos eran del fuero común y declinó atraer el caso. Eso quedó consignado en el periódico El Sur.

—Esto, pese a que el caso denunciado implicaba el uso exclusivo de armas para el Ejército, desaparición forzada, secuestro, tortura, asesinato, presunción de delincuencia organizada, lavado de dinero.

—En agosto, el sacerdote Raúl Vera denunció públicamente al alcalde de Iguala.

—El jueves 14 de noviembre 2013 en oficinas alternas en Polanco, Bejarano se reunió con el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, para que hiciera la investigación a través del Cisen. Tampoco accedió.

—Este año, se turna un desglose a la PGR en marzo de 2014.

«Quizá no hubiera pasado lo de Iguala», refirió Bejarano sobre la reciente masacre.

«¡Cuántas cosas tuvieron que pasar para que finalmente tuvieran que intervenir!», lamentó.

«¿Porqué no hicieron caso a declaraciones ante notario, a Raúl Vera, a los medios?», cuestionó.

Y se dijo dispuesto a declarar ante el Ministerio Público junto con los testigos del asesinato de Cardona. Pero pidió protección para él y su familia.

Alcalde de Iguala, principal responsable de desaparición de normalistas: procurador de Guerrero.

José Luis Abarca, alcalde con licencia de Iguala, es el principal responsable de desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa, señaló el procurador de Guerrero, Iñaky Blanco.

El fiscal dijo que Abarca fue omiso en su deber, además de que cometió múltiples conductas ilícitas. Dadas sus condiciones tuvo la obligación jurídica para evitar el resultado, indicó Blanco en conferencia de prensa.

También aseveró que promoverá un juicio en contra de Abraca por la «violación de garantías de la población».

Sobre la identificación de los 28 cuerpos encontrados en fosas clandestinas, dijo que hasta el momento no se puede afirmar o negar que sean de los estudiantes.

«En el lugar se encontraron 6 fosas, 28 cadáveres, debemos esperar resultados periciales. Necesitamos soporte técnico… sería irresponsable decir que se trata o no de los normalistas», expresó.

Confirmó que 22 policías municipales fueron trasladados al Cereso de Tepic e indicó que se ha vinculado a 30 personas con los hechos violentos, que derivaron en seis personas muertas y 25 heridas.

Indicó que hasta hoy no hay señalamientos ni denuncias ante la Procuraduría en contra de la esposa del alcalde, María de los Ángeles Pineda Villa.

Enfatizó que existe una investigación abierta contra todos los presuntos involucrados.

***

Ese es el «nuevo» PRI, el asesino de estudiantes, coligado con narcotraficantes, hambrientos de poder y dinero.

¿Permitirá el pueblo de México que siga gobernando?

BIBLIOGRAFÍA

La corrupción en México, un modus vivendi al alza. (http://www.informador.com.mx/mexico/2013/471820/6/la-corrupcion-en-mexico-un-modus-vivendi-al-alza.htm)

EL MODESTO.

Andrés Granier Melo. (http://es.wikipedia.org/wiki/Andrés_Granier_Melo)

Donó Pemex a Granier 333 millones de pesos. (http://www.tabascohoy.com/2/notas/index.php?ID=148719)

Suprema Corte exonera a excontador de Andrés Granier. (http://diario.mx/Nacional/2013-08-29_441c2d78/suprema-corte-exonera-a-ex-contador-de-andres-granier/)

Juez del D. F. concede amparo a hijo de Andrés Granier. (http://www.proceso.com.mx/?p=349423)

Desastre en el último año de Granier; detectan faltante de más de 5mmdp. (http://www.proceso.com.mx/?p=349808)

Andrés Granier gastó hasta en chicles. (http://www.vanguardia.com.mx/andresgraniergastohastaenchicles-1810922.html)

Hacienda denuncia a un hijo de Andrés Granier. (http://yucatan.com.mx/mexico/hacienda-denuncia-a-un-hijo-de-andres-granier)

Embargan propiedades de Granier con valor de más de 2 millones de pesos. (http://aristeguinoticias.com/1508/mexico/embargan-propiedad-de-granier-con-valor-de-2-millones-de-pesos/)

Tabasco: decomisan «billetiza» de $88 millones al tesorero de Andrés Granier. (http://aristeguinoticias.com/2305/mexico/fotos-decomisan-billetiza-de-100-mdp-al-tesorero-de-andres-granier-en-tabasco/)

Plagian a notario que dio fe del decomiso en Caso Granier. (http://www.redpolitica.mx/estados/secuestran-notario-que-dio-fe-del-decomiso-millonario-ex-tesorero-de-granier)

Andrés Granier presume propiedades y un amplio guardarropa. (http://www.adnpolitico.com/gobierno/2013/05/15/andres-granier-presume-sus-propiedades-y-guardarropa)

Andrés Granier insiste en que es inocente y perseguido por Núñez. (http://www.jornada.unam.mx/2013/06/27/estados/030n1est)

Desvíos de Granier fueron a parar a la campaña de Peña, acusa AMLO. (http://www.proceso.com.mx/?p=345021)

EL PRECIOSO.

Mario Marín Torres. (http://es.wikipedia.org/wiki/Mario_Marín_Torres)

Políticos envueltos en escándalos sexuales. (http://www.sexenio.com.mx/articulo.php?id=2715)

Lydia Cacho. (http://es.wikipedia.org/wiki/Lydia_Cacho)

Amnistía Internacional. (http://alzatuvoz.org/lydia/)

Niega Mario Marín conversación con Kamel Nacif. (http://www.wradio.com.mx/noticias/niega-mario-marin-conversacion-con-kamel-nacif/20060215/nota/249619.aspx)

«Una farsa», orden de detención contra Kamel Nacif: Lydia Cacho. (http://www.cimacnoticias.com.mx/node/48272)

Otro consentido sexenal. (http://www.expresionlibre.org/site2/opinion/mandujano_001.php)

El millonario gasto de Mario Marín por el caso Lydia Cacho. (http://www.animalpolitico.com/2011/01/el-millonario-gasto-de-mario-marin-por-el-caso-lydia-cacho/#axzz2hdgIWCng)

Cacho insiste en castigar a Marín. (http://www.diariocambio.com.mx/2012/enero/politica/250112-sr-politica-cacho-insiste-castigar-a-mar-n.htm)

Análisis de la Sentencia al caso Lydia Cacho en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. (http://www.desdeabajo.org.mx/wordpress/analisis-de-la-sentencia-al-caso-lydia-cacho-en-el-instituto-de-investigaciones-juridicas-de-la-unam/)

EL CORRECAMINOS.

Emilio Gamboa Patrón. (http://es.wikipedia.org/wiki/Emilio_Gamboa_Patrón)

Dale pa' tras cabrón (Primera Parte). (http://jenarovillamil.wordpress.com/2010/05/31/emilio-gamboa-patron-dale-pa'—tras-cabron-primera-parte/)

Emilio Gamboa Patrón: discreción, su arma más temida. (http://www.eluniversal.com.mx/nacion/141228.html)

EL TÍO INCÓMODO.

La Herencia de Peña Nieto. Luis Aldana. 2012. (https://www.epublibre.org/libro/21816)

Exgobernadores priístas: Poder, Impunidad y Corrupción. (http://www.notinfomex.info/2012/05/exgobernadores-poderimpunidad-y.html)

Denuncian a Arturo Montiel ante PGR. (http://www.elsiglodedurango.com.mx/noticia/82403.denuncian-a-arturo-montiel-ante-pgr.html)

Libra Montiel acusaciones sobre enriquecimiento ilícito. (http://www.jornada.unam.mx/2006/12/01/index.php?section=estados&article=044n4est)

Peña Nieto regala notarías a políticos cercanos. (http://www.animalpolitico.com/2012/02/pena-nieto-regala-notarias-a-politicos-cercanos/#axzz2mpS3PPjf)

Montiel, bajo investigación de Hacienda. (http://www.proceso.com.mx/?p=294807)

Arturo Montiel, su alcoholismo y los silencios sobre su fortuna. (http://www.proceso.com.mx/?p=312222)

EL NARCOPOLÍTICO.

NYT: Beltrones y Carrillo Olea, ligados al narco. (http://www.jornada.unam.mx/1997/02/23/times.html)

El oscuro pasado de Beltrones. (http://www.sinembargo.mx/opinion/16-08-2011/1444)

Manlio Fabio Beltrones: NarcoPolítico y Mafioso. (http://www.noticiasdecaborca.com.mx/2012/08/manlio-fabio-beltrones-narcopolitico-y-mafioso/)

Beltrones estaría pidiendo «moches» a ediles. (http://nuevarepublica.com.mx/nacional/index.php?p=book&idbook=0000000111)

EL CHISTOSITO.

La impunidad de Murillo Karam. (http://www.losangelespress.org/la-impunidad-de-murillo-karam/)

Monex distribuyó tarjetas a operadores priístas, admite Karam. (http://www.proceso.com.mx/?p=314551)

Videgaray y Murillo Karam se investigarían a sí mismos por caso Monex. (http://aristeguinoticias.com/2301/mexico/videgaray-y-murillo-karam-se-investigarian-a-si-mismos-por-caso-monex/)

Explosión de la Torre Ejecutiva Pemex. (http://es.wikipedia.org/wiki/Explosión_de_la_Torre_Ejecutiva_Pemex)

Explosión en Pemex, por acumulación de gas: PGR. (http://www.animalpolitico.com/2013/02/accidente-en-torre-de-pemex-por-explosion-de-gas-acumulado-pgr/#axzz301iZtgxY)

La mentira de lo ocurrido en la Torre de #Pemex (explicado de manera sencilla con leyes de la física química). (https://pocamadrenews.wordpress.com/2013/02/06/la-mentira-de-lo-ocurrido-en-la-torre-de-pemex-explicado-de-manera-sencilla-con-leyes-de-la-fisica-quimica/#more-32580)

Tragedia en Pemex: El fantasma del atentado de Los Zetas (extracto del reportaje que se publica bajo el titulo Vulnerabilidad a los accidentes… y los atentados en la edición 1892 de la revista Proceso). (http://apiavirtual.net/2013/02/05/tragedia-en-pemex-el-fantasma-del-atentado-de-los-zetas/)

Comentario del procurador Murillo Karam enfurece a tuiteros. (https://mx.noticias.yahoo.com/blogs/caldero/comentario-del-procurador-murillo-karam-enfurece-a-tuiteros—-182524480.html)

Victimas de explosión en Pemex denuncian a Murillo Karam y Lozoya. (http://www.24-horas.mx/victimas-de-explosion-en-pemex-denuncian-a-murillo-karam-y-lozoya/)

EL GENOCIDA.

Emilio Chuayffet. (http://es.wikipedia.org/wiki/Emilio_Chuayffet)

Emilio Chuayffet es destituido como secretario de Gobernación. (http://www.inep.org/Efemerides/1/04011998.html)

Acteal: Chuayffet y la matanza. Ricardo Rocha. (http://www.eluniversal.com.mx/columnas/80690.html)

Chuayffet, “la sangre de mujeres y niños inocentes de Acteal te juzgarán por siempre”: Las Abejas de Acteal. (http://desinformemonos.org/2012/12/chuayffet-la-sangre-de-mujeres-y-ninos-inocentes-de-acteal-te-juzgaran-por-siempre-las-abejas-de-acteal/print/)

Increpan a Chuayffet en Madrid; le recriminan la matanza de Acteal. (http://www.proceso.com.mx/?p=357416)

EL ESPÍA.

Denuncia AMLO que Osorio Chong y Murillo Karam se hicieron inmensamente ricos durante sus gobiernos. (http://lopezobrador.org.mx/2013/05/19/denuncia-amlo-que-osorio-chong-y-murillo-karam-se-hicieron-inmensamente-ricos-durante-sus-gobiernos/)

Osorio Chong y el retorno de los «brujos». (http://www.reporteindigo.com/reporte/mexico/osorio-chong-y-el-retorno-de-los-brujos)

Videgaray y Osorio, peñistas clave, son investigados por el SAT y la UIF de Hacienda. (http://www.sinembargo.mx/27-05-2012/245892)

EL TÍTERE.

Impulsan redes ventajas y desventajas de Telecom. (http://www.imagendelgolfo.com.mx/resumen.php?id=41014358)

Conoce 5 ventajas y desventajas de la Ley Telecom. (http://www.merca20.com/conoce-5-ventajas-y-desventajas-de-la-ley-telecom/)

La reforma de telecomunicaciones dañaría el libre acceso a Internet. (http://www.qore.com/articulos/19547/La-reforma-de-telecomunicaciones-danaria-el-libre-acceso-a-Internet#sthash.hUDbewqu.dpuf)

Reforma en telecomunicaciones: verdades, engaños y peligros. (http://www.proceso.com.mx/?p=336389)

Lo bueno y lo malo de la reforma político-electoral. (http://www.animalpolitico.com/blogueros-blog-invitado/2014/01/29/lo-bueno-y-lo-malo-de-la-reforma-politico-electoral/#axzz37HT0L4Od)

«Incertidumbre» enmarca a la reforma política, opinan. (http://www.informador.com.mx/mexico/2013/500614/6/incertidumbre-enmarca-a-la-reforma-politica-opinan.htm)

Ventajas y desventajas de la Reforma Energética. (http://reforma-energetica2013.blogspot.mx/)

Ventajas y Desventajas de la Reforma Energética en México. (http://globalworkteam.com/blog/ventajas-y-desventajas-de-la-reforma-energetica-en-mexico/#sthash.mmMCwh2h.dpuf)

Ventajas y Desventajas Reforma Energética. (http://renergetica.blogspot.mx/)

Los contras de la Reforma Energética: Contaminación. (http://www.sdpnoticias.com/columnas/2013/12/13/los-contras-de-la-reforma-energetica-contaminacion)

A empresarios no les conviene invertir en Pemex. (http://nuevarepublica.com.mx/nacional/index.php?p=book&idbook=0000000154)

Lo bueno, lo malo y lo feo de la Reforma Educativa. (http://www.elfinanciero.com.mx/archivo/lo-bueno-lo-malo-y-lo-feo-de-la-reforma-educativa.html)

Exponen desventajas de Reforma Educativa. (http://www.yucatanalamano.com/noticia/Campeche/Exponen-desventajas-de-Reforma-Educativa.html)

México: La reforma educativa no es educativa. (http://www.kaosenlared.net/america-latina/59118-méxico-la-reforma-educativa-no-es-educativa.html)

20 cosas que no sabías de la Reforma Hacendaria de EPN. (http://elmanana.com.mx/noticia/5017/20-cosas-que-no-sabias-de-la-Reforma-Hacendaria-de-EPN.html)

OPINIÓN: Lo bueno, lo malo y lo que falta sobre la reforma hacendaria. (http://mexico.cnn.com/opinion/2013/09/13/opinion-lo-bueno-lo-malo-y-lo-que-falta-sobre-la-reforma-hacendaria)

Reforma hacendaria: Sucesión de errores. (http://www.proceso.com.mx/?p=356710)

2.º informe de Peña: nuevo aeropuerto, Oportunidades cambia a Prospera y no habrá nuevos impuestos. (http://www.animalpolitico.com/2014/09/cercan-palacio-nacional-horas-del-mensaje-de-pena/)

Ejidatarios de Atenco, en “alerta” tras anuncio de nuevo aeropuerto. (http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2014/09/02/pobladores-de-san-salvador-atenco-anuncian-medidas-contra-construccion-de-aeropuerto-en-texcoco-9072.html)

LA MANO QUE MECE LA CUNA.

Carlos Salinas atrás de gobierno de Peña. (http://elmanana.com.mx/noticia/23257/Carlos-Salinas-atras-de-gobierno-de-Pea.html)

Salinas de Gortari y Peña Nieto: Similitudes históricas. (http://www.vanguardia.com.mx/salinasdegortariypenanietosimilitudeshistoricas-1492290.html)

Salinas-Peña, ¿la ruptura? (http://www.proceso.com.mx/?p=366423)

MÁS PRIÍSTAS A LOS QUE HAY QUE ODIAR.

Las polémicas confesiones de Miguel de la Madrid Hurtado. (http://www.sdpnoticias.com/nacional/2012/04/01/las-polemicas-confesiones-de-miguel-de-la-madrid-hurtado)

Por miedo, Miguel de la Madrid se retractó de acusaciones contra CSG. (http://www.jornada.unam.mx/2009/05/16/politica/012n2pol)

La Herencia de Peña Nieto. Luis Aldana. 2012. (https://www.epublibre.org/libro/21816)

Pedro Joaquín Coldwell tiene casi 11 mdp de participación en gasolineras: SFP. (http://www.elfinanciero.com.mx/economia/coldwell-sfp-declaracion-patrimonial-monto-empresas-cozumel-pemex.html)

Gasolineras de Joaquín Coldwell evaden revisiones de la Profeco. (http://www.jornada.unam.mx/2013/06/02/politica/005n1pol)

La historia secreta de las mentiras de Videgaray sobre el raquítico PIB de 2.7%. (http://www.blogdeizquierda.com/2014/05/la-historia-secreta-de-las-mentiras-de.html)

LAS VÍCTIMAS DEL «NUEVO» RÉGIMEN.

Tlatlaya, primera gran masacre del gobierno de EPN, según HRW, se vuelve tema mundial. (http://www.sinembargo.mx/19-09-2014/1121286)

Tlatlaya: Militares de EdoMex, involucrados en «hechos de sangre». (http://nuevarepublica.com.mx/nacional/index.php?p=book&idbook=0000000452)

2 de Octubre, 10 semejanzas y 10 diferencias entre el 68 y 2014. (http://regeneracion.mx/causas-justas/2deoctubre/)

Ayotzinapa: Torturados, quemados y en fosas comunes. (http://nuevarepublica.com.mx/nacional/index.php?p=book&idbook=0000000470)

«Guerreros Unidos», el cártel sospechoso de la masacre de estudiantes. (http://nuevarepublica.com.mx/nacional/index.php?p=book&idbook=0000000478)

Murillo Karam pudo haber detenido al alcalde de Iguala. (http://nuevarepublica.com.mx/nacional/index.php?p=book&idbook=0000000475)

LUIS ALDANA (Puebla, México, 10 de abril de 1984). Ingeniero en Ciencias de la Computación por parte de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Ha trabajado como docente, diseñador, publicista y programador en diversas instituciones.

Sobre Ciencias Computacionales ha escrito los siguientes títulos: Data Mining, principios y aplicaciones (2005), Principios de Geometría Analítica y Álgebra Lineal (2004), La Integral: Un enfoque computacional (2004), Transmisión y Comunicación de Datos (2005), Principios de programación en C++ (2009) e Introducción a las Bases de Datos (2010).

En 2008 escribe hasta ahora su único libro sobre religión, La Historia de un Gran Hombre, mientras que, sobre política en México, escribió: Ventajas y Desventajas del Plan Puebla-Panamá (2003); 10 panistas a los que hay que odiar (2009), La Losa (2010) y La herencia de Peña Nieto (2012), libros caracterizados por sus fuertes críticas al sistema político mexicano.

Participó activamente en la campaña electoral, a través de redes sociales, de Andrés Manuel López Obrador en 2012, además de ser uno de los principales organizadores de la marcha #PueblaConAMLO en Mayo del mismo año.

Es fundador, editor, columnista y director de Nueva República, Diario Político de México, que desde 2010, a través de este medio y de diversos blogs y redes sociales, se dedica a denunciar violaciones a los derechos humanos y actos de corrupción por parte del gobierno de México.

En este 2014 regresa al mundo del ensayo político con 10 priístas a los que hay que odiar, catalogado por la crítica como «un desafío al “nuevo” régimen».

Para más información puede visitar: http://elportafoliodeluisaldana.blogspot.com