Este volumen reúne los ensayos que, a partir de los años veinte, publicó Ludwig von Mises sobre el fracaso del Estado intervencionista. A ellos se añade un manuscrito sobre el mismo tema, escrito por el autor al poco de su llegada a Estados Unidos, e inédito hasta hace poco.

El fallo de fondo del intervencionismo, ya se aplique a la producción o a los precios es, según el autor, su incapacidad para conseguir los objetivos que la autoridad se propone con su intervención. Si bien puede obtener ciertos resultados inmediatos, produce efectos negativos no previstos ni deseados cuya corrección exige nuevas y nuevas intervenciones. Y también sus profundas e inevitables conexiones con la corrupción, con sus secuelas de clientelismo y perversión de la democracia: algo que la experiencia contemporánea parece confirmar de manera generalizada y contundente y que Von Mises describió y denunció hace más de setenta años con sorprendente clarividencia.

Ludwig von Mises

Crítica del intervencionismo

El mito de la tercera vía

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Titivillus 04.04.2024

Título original: Kritik des Interventionismus: Untersuchungen zur Wirtschaftspolitik und Wirtschaftsideologie der Gegenwart

Ludwig von Mises, 1929

Traducción: Jesús Gómez Ruiz

Editor digital: Titivillus

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Prólogo

Desgraciado el pueblo y siempre precaria su constitución, si su bienestar debe depender de las virtudes y de la conciencia de ministros y políticos.

BERNARD DE MANDEVILLE

La mayor parte de las normas destinadas […] a regular, dirigir o frenar el comercio han sido […] o errores políticos, o bien obra de hombres astutos en busca de su ventaja personal, con el pretexto del bien público.

GEORGE WHATLEY

1. Este volumen

La crítica a la economía planificada y al intervencionismo económico son dos de los principales temas de la reflexión teórica de Ludwig von Mises. Ambos temas fueron ya ampliamente desarrollados en Gemeinwirtschaft, la gran obra publicada en 1922 y en la que se formaron generaciones de jóvenes estudiosos[1].

Al problema del intervencionismo, sin embargo, le dedicó un tratamiento específico. La marea ascendente de las interferencias del Estado en la economía aconsejaba no abandonar el frente de la discusión crítica. Y así nació el volumen de 1929, Kritik des Interventionismus, subtitulado Untersuchungen zur Wirtschaftspolitik und Wirtschaftsideologie der Gegenwart (Estudios sobre la política económica y sobre la ideología económica de nuestro tiempo). Integran el volumen varios ensayos que Mises había empezado a publicar a partir de 1923 y un nuevo escrito sobre la economía controlada. El autor habría querido incluir también una crítica a las propuestas de estatización del sistema crediticio, utilizando un ensayo titulado «Verstaatlichung des Kredits?», que debía publicarse al mismo tiempo en la Zeitschrift für Nationalökonomie. Pero la redacción de la revista lo extravió y sólo apareció cuando el libro estaba ya listo para la imprenta[2]. El ensayo, no obstante, se incluyó en la edición (póstuma) de 1976 de Kritik des Interventionismus y en la posterior edición americana de 1977[3].

Esta obra constituye la primera parte del presente volumen. La segunda parte es un ensayo inédito hasta hace bien poco. Como es sabido, en agosto de 1940 Mises fue acogido, en calidad de exiliado político, en los Estados Unidos, donde obtuvo un puesto en el National Bureau of Economic Research. Aquí, con ayuda de Henry Bund y Thomas McManus, elaboró un manuscrito que permaneció inédito hasta que, recientemente, Bettina Bien Greaves lo encontró entre los papeles que le dejara Margit von Mises y que sólo ahora ve la luz en el presente volumen y en la edición realizada por la Foundation for Economic Education (USA) con el título Interventionism: An Economic Analysis.

Este hallazgo, sin embargo, no debe confundirse con la rica mina de documentos encontrados en Moscú, de la que también se ha hecho eco recientemente la prensa diaria[4]. En este caso se trata nada menos que de 38 cajas de documentos, incautados por los nazis en la casa vienesa de Mises y que posteriormente acabaron en poder de los soviéticos. Es un hallazgo sobre el que ya están trabajando varios estudiosos y que seguramente proporcionará nuevos datos sobre la vida de Mises y sobre su lucha contra el comunismo y el nazismo[5].

2. Conocimiento limitado y nacimiento de la economía política

En la introducción a una nueva edición de An Essay on the History of Civil Society de Adam Ferguson, escribe Duncan Forbes[6] que la «destrucción» del «mito del Legislador» fue tal vez «el coup más original y audaz de la ciencia social del Iluminismo escocés».

La pregunta surge espontánea: ¿Cómo fue que los moralistas escoceses pudieron destruir el mito del Legislador? Ello se produjo a través de lo que podemos llamar «teorema del conocimiento limitado», un teorema que consta de dos partes. La primera se refiere a la dispersión del conocimiento social y a la imposibilidad de que un único sujeto pueda centralizarla y convertirse así en portador exclusivo de un saber superior. Es un concepto que Adam Smith sintetizaba en las siguientes proposiciones: «Sea cual sea la especie de industria doméstica más interesante para el empleo de un capital, y cuyo producto puede ser probablemente de más valor, podrá juzgarlo mejor un individuo interesado que un ministro que gobierna una nación. El magistrado que intentase dirigir a los particulares sobre la forma de emplear sus respectivos capitales tomaría a su cargo una empresa imposible a su atención, impracticable por sus fuerzas naturales, y se arrogaría una autoridad que no puede confiarse prudentemente ni a una sola persona ni a un Senado, aunque sea el más sabio del mundo, de manera que en cualquiera que presumiese de bastarse por sí solo para tan inasequible empeño sería muy peligrosa tan indiscreta autoridad»[7].

Según esta primera parte del teorema, el conocimiento humano es por necesidad parcial y falible. Lo cual es ya de por sí suficiente para acabar con el mito del Gran Legislador, pues se niega la posibilidad de ese conocimiento superior en que aquel se basa.

Pero sin la segunda parte del «teorema del conocimiento limitado», la labor de los moralistas escoceses habría quedado incompleta; cuando se «falsifica» una teoría, se ha recorrido sólo un tramo del camino, y las cosas sólo se completan cuando se dispone de una nueva teoría que sustituye a la refutada. Los moralistas escoceses llegan a la segunda parte de su teorema, sacando partido de los inconvenientes. Esto es: el Gran Legislador daba sus órdenes a la sociedad mediante el establecimiento de una jerarquía obligatoria de fines; jerarquía que nacía de su presunta omnisciencia y que era aceptada en virtud de ese supuesto origen. Ahora bien, si nadie posee un conocimiento superior, esa jerarquía obligatoria de fines resulta imposible. ¿Qué hacer?

Nadie puede conocer todas las consecuencias que originan sus propias acciones. Se produce una verdadera «cascada» de resultados no intencionados, que pueden ser positivos y negativos. Si son positivos, bienvenidos sean; si son negativos, hay que hacer lo posible por evitarlos o defenderse de ellos. Por eso debemos permitir que cada uno decida sus propias finalidades basándose en su propio conocimiento y capacidad; lo cual hace que estas finalidades coincidan con lo que cada uno piensa que puede «controlar» y para cuya realización ofrece a los otros, a cambio de las prestaciones que necesita, lo que él es capaz de hacer.

Así es cómo la cooperación social se mantiene, no por la obligación de perseguir fines comunes, sino por una amplia trama de acuerdos referentes a los medios que recíprocamente nos proporcionamos unos a otros. Es decir, cada uno se ocupa de perseguir sus propios fines, dejando a los demás el control y la realización de sus respectivas finalidades. Ego y Alter se prestan recíprocamente unos medios, pero renuncian a ocuparse de los fines de los demás; y así, los fines de Ego, conseguidos con los medios de Alter, son un resultado no intencionado respecto al proyecto de este último; y las finalidades realizadas por Alter, mediante los medios de Ego, son un resultado no intencionado respecto al proyecto de Ego, encaminado a la persecución de otros y diferentes fines.

Todo esto, si bien no excluye que se puedan compartir voluntariamente ciertos fines, muestra cómo cualquier jerarquía obligatoria de fines es inútil y además perjudicial, ya que, al restringir las posibilidades de elección del actor, impide la movilización de todo el conocimiento de que es portador.

De aquí se deriva una importante consecuencia. Si se reconoce que a nadie puede atribuirse la omnisciencia, con ello mismo desaparece el «punto de vista privilegiado sobre el mundo». El «bien común» no es ya una meta imperativa y unívocamente dictada, sino una situación jurídico-normativa que permite a cada uno poner su propio conocimiento al servicio de sus propios fines y de la cooperación social. Hay un contraste neto entre la postura de los moralistas escoceses y la de los mercantilistas.

Comentando este contraste escribe Jacob Viner: «Los economistas clásicos sostenían que los hombres, persiguiendo sus propios intereses […], prestan al mismo tiempo el mejor servicio al bien común, o por lo menos un servicio mejor que el que habrían podido prestar si sus actividades hubieran sido estrictamente controladas por el gobierno; los mercantilistas, por el contrario, deploraban el egoísmo del comerciante y sostenían que la única forma de impedir que arruinase a la nación era someter su actividad a un riguroso control […]. Como dijo Fortrey, “los negocios públicos deberían ser dirigidos por un único poder, cuyo interés fuera exclusivamente el beneficio de la colectividad”, o sea por el político»[8].

Para el mercantilismo, la política tiene el mérito de generar lo óptimo. Pero el nacimiento de la economía política, tras el cual se halla la «destrucción» (por obra de los moralistas escoceses) del mito del Legislador, coincide exactamente con el rechazo de esta postura, con la crítica del Estado intervencionista, cuyo obvio déficit de conocimiento e inevitables fracasos se ponen en evidencia.

3. Los desarrollos austriacos del «teorema del conocimiento limitado»

Mises comparte plenamente el «teorema del conocimiento limitado». Comparte la primera parte, y así, refiriéndose a la imposible tarea del planificador, afirma: «En sus programas debe tener en cuenta todo lo que puede revestir una cierta importancia para la colectividad. Su juicio tiene que ser infalible; debe ser capaz de valorar con precisión la situación de las regiones más apartadas y de valorar correctamente las necesidades del futuro»[9]. Es decir, Mises sabe perfectamente que la planificación es una versión extremista del mito del Legislador.

Por otra parte, y haciendo suyas las enseñanzas de Menger, Mises sostiene que las «formaciones sociales» son en gran parte el «resultado espontáneo, no intencionado, de actividades específicamente individuales»[10]. Y esto significa que comparte también la segunda parte del teorema, que oportunamente aplica: «Es imposible defender el dualismo de la motivación que la mayoría de las teorías morales admiten cuando distinguen entre móviles egoístas y altruistas. La oposición entre la acción egoísta y la acción altruista se basa en una concepción que desconoce la verdadera naturaleza de los lazos que la sociedad establece entre los individuos. Las cosas no se presentan —ello es realmente una suerte— como si en mis acciones tuviera yo que escoger entre servir mis propios intereses o los de mis conciudadanos. Si así fuera, no sería posible la sociedad»[11].

Lo que Mises quiere decir es que toda acción sirve al mismo tiempo a Ego y a Alter. Ego persigue sus propios fines; pero, al tener necesidad de los medios que Alter proporciona, debe a su vez proporcionar a este los medios que le permitan alcanzar sus propios fines. Es decir, toda acción consigue las finalidades que la han originado sólo si permite la realización de los fines de los demás. Mises puede por lo tanto añadir: «No hay conflicto entre el deber y el interés, pues lo que el individuo da a la sociedad para hacer posible que exista como tal no lo da para fines que le serían extraños, sino para su propio interés»[12].

El Legislador no tiene suficientes conocimientos para «dirigir» la sociedad. Y la propia sociedad, los asuntos sociales pueden prescindir de la «iluminada» dirección del Legislador. La postura de Mises coincide, pues, plenamente con la de los moralistas escoceses[13], con los que, por supuesto, comparte también la crítica al mercantilismo. A este respecto, afirma: «Los sociólogos y los economistas de los siglos XVIII y XIX mostraron cómo opera la competencia en un sistema económico basado en la propiedad privada de los medios de producción; y esta fue una parte esencial de su crítica a la política económica intervencionista del Estado administrativo-asistencial de la época mercantilista. El análisis de la competencia les permitió comprender el carácter irracional de las medidas intervencionistas en cuanto a generadoras de efectos contrarios a los propios fines perseguidos, y por lo mismo a comprender que el ordenamiento económico que mejor responde a los fines económicos de los individuos es el que se basa en la propiedad privada. A los mercantilistas que se preguntaban cómo podían atenderse las necesidades del pueblo, en caso de que el gobierno se desentendiera de la marcha de las cosas, respondían que la competencia entre los empresarios proveería del mejor modo posible a abastecer los mercados de las mercancías demandadas por los consumidores»[14]. Así, pues, la economía política nace como crítica a las «ingenuas» doctrinas mercantilistas.

Mises da un paso más. Proyecta una nueva luz sobre el problema de la competencia: «Otra teoría hoy muy difundida se aferra al malentendido concepto de “libre competencia”. Esta teoría, basándose en postulados iusnaturalistas, idealiza el concepto de libre competencia, que habría de desarrollarse en condiciones absolutamente paritéticas, para descubrir luego que el ordenamiento social basado en la propiedad privada de los medios de producción no corresponde a ese ideal. Una vez que se pone tácitamente como fin supremo de la política económica la realización del postulado de la “competencia efectivamente libre y en condiciones paritéticas”, se pasa a proponer las distintas reformas […] Pero la economía no es un concurso hípico en el que los competidores participan en las condiciones fijadas por las reglas de una carrera. Si se trata de establecer qué caballo es capaz de recorrer un cierto trayecto en el menor tiempo posible, entonces es preciso hacer que las condiciones de la carrera sean lo más paritéticas posible. Pero ¿puede decirse realmente que la economía es una suerte de concurso en el que deba establecerse qué concurrente, en condiciones iguales para todos, es capaz de producir a costes más bajos?»[15].

¿De qué se trata? Mises quiere decir que es precisamente la diversidad de posiciones de los distintos agentes lo que hace que la competencia sea útil. Si todos estuviéramos en las mismas condiciones, sabríamos ya lo que, en cambio, tratamos de averiguar por medio de la competencia. Y esta no tendría ya lugar, no sería el instrumento mediante el cual tratamos de definir al desconocido empresario que, con sus medios materiales y su conocimiento específico, consigue ofrecernos los bienes y servicios que mejor pueden satisfacer nuestras necesidades.

Ya Böhm-Bawerk, maestro de Mises, había escrito que donde reina la igualdad (no la jurídico-formal, sino la material) «no se produce ninguna variación en el estado de quietud existente»[16]. Y añadía que sólo donde existen «innumerables oportunidades de apreciaciones diferentes» se dan «innumerables posibilidades de intercambio»[17]. Lo cual obedece no sólo a la división del trabajo, sino también a la diversidad de conocimiento[18].

Con razón, pues, siguiendo a Mises, afirma Hayek que «si por ventura existiera efectivamente la situación que presupone la teoría de la competencia perfecta, ello no sólo privaría de perspectiva real a todas las actividades descritas por el término “competencia”, sino que incluso las haría prácticamente imposibles»[19]. Conclusión a la que Hayek llegó tras haber puesto en el centro de su reflexión la cuestión del conocimiento: «Estamos evidentemente ante un problema de división del conocimiento análoga a la división del trabajo y al menos tan importante como ella. Pero a diferencia de esta última, que ha sido siempre uno de los principales temas de estudio desde el comienzo de nuestra ciencia, el de la división del conocimiento ha sido completamente preterido, aunque entiendo que es el problema verdaderamente central de la economía como ciencia social»[20].

Por lo demás, Hayek habría podido decir que el problema de la división del conocimiento es el problema central no sólo de la economía, sino de todas las ciencias, sociales o no: porque reconocer la parcialidad y la falibilidad de nuestros conocimientos exige que todos acepten la máxima crítica, que busquen la competencia como proceso por el que puedan corregirse nuestros errores y mejorarse nuestra condición[21].

4. Ignorancia y desequilibrio

Consecuencia de esto es que la competencia es un continuo «proceso de descubrimiento»[22] que genera la permanente movilización de conocimientos ampliamente dispersos en la sociedad, y ello implica una tendencia a maximizar «el uso del conocimiento»[23]: cada sujeto se beneficia del conocimiento de los demás.

Es evidente que nuestra infinita ignorancia sigue siendo tal. Pero tenemos que elegir entre un mecanismo que moviliza los conocimientos individuales y una situación en la que, fiándonos de la supuesta omnisciencia de algún Legislador o Tirano, renunciamos a maximizar «el uso del conocimiento» y nos contentamos con situarnos al nivel, mucho más limitado, del conocimiento que poseen ese legislador o ese tirano. Es cierto que la competencia no nos conduce a la omnisciencia, pero es innegable, en todo caso, que la falta de competencia genera un hábitat hostil a la exploración de lo desconocido y a la corrección de los errores. Elegir la competencia significa, pues, vivir al menos en un «ambiente» que fomenta la recepción de las continuas consecuencias no intencionadas de carácter positivo y que trata de corregir los resultados de carácter negativo.

No basta decir que el mercado no es perfecto. Si tuviéramos el conocimiento necesario para hacerlo perfecto, no tendríamos necesidad de él. Los planes de cada uno coincidirían con los planes de los demás, y no habría necesidad de recurrir al imperfecto mecanismo de ajuste que es el mercado, que lo único que hace es posibilitar la sustitución de una situación de desequilibrio por otra situación de desequilibrio[24]. Lo cual no es una consecuencia directa del mercado, sino del hecho de que cada uno, por varias razones, entre las cuales la materialización de determinados objetivos, reformula continuamente sus propios fines. Pero como los agentes que intervienen en el mercado se encuentran siempre con una estructura de los precios que les proporciona nueva información, el desequilibrio resultante es la alternativa a la situación de caos que se forma cuando no existen el mercado y la correspondiente estructura de los precios[25].

Lo anterior debería prevenirnos contra la fácil tentación de juzgar los resultados producidos por el mercado a la luz de la teoría del equilibrio económico general y su estado «óptimo». Esta teoría parte de la hipótesis de que «todos los miembros de la colectividad, aunque no son omniscientes en sentido estricto», conocen al menos «todo lo que es relevante para sus decisiones»[26]. Pero en tal caso, el equilibrio no es una situación que se alcanza, sino algo que se impone, ya que, si los sujetos «lo conocen todo, se hallan [ya] en equilibrio»[27]: ninguna decisión será irrealizable y ninguna oportunidad se perderá. Cada uno de los que participan en el mercado habrá previsto correctamente todas las decisiones relevantes de los otros; habrá proyectado sus propios planes con total conocimiento de lo que no puede hacer en el mercado, pero al mismo tiempo será plenamente consciente de lo que está en condiciones de hacer[28]. Ahora bien, si los agentes poseyeran ese conocimiento, no habría necesidad —conviene insistir en ello— del mercado. Además, siempre con referencia al equilibrio general, conviene añadir que «por lo general se olvida que el mismo no garantiza en absoluto el pleno empleo de todas las fuerzas disponibles, ya que para algún recurso será siempre posible un precio de equilibrio nulo, en cuyo caso ese recurso será sobreabundante»[29].

La crítica al sistema competitivo desde el punto de vista de la teoría del equilibrio económico general carece completamente de base, puesto que confronta la situación real del mercado, que brota de la libre negociación de los que en él participan[30], con una situación inexistente que, al tener que ser fruto de una condición de omnisciencia, no tiene posibilidad alguna de ser alcanzada y que, en todo caso, no garantiza el pleno empleo de los recursos disponibles.

El desequilibrio nace de la ignorancia, de la falibilidad, de la escasez de recursos materiales y de la obvia y necesaria mutabilidad de los proyectos humanos. Al movilizar todos los conocimientos dispersos, el mercado trata de colmar ese desequilibrio. Pero este seguirá siendo un dato inevitable, lo cual no constituye un fracaso del mercado, sino una consecuencia de nuestra condición.

Si el desequilibrio permanece a pesar de los conocimientos movilizados por el mercado, es ilusorio pensar que la intervención del Estado puede mejorar la situación. Más bien la empeora, puesto que toda intervención quita recursos a los ciudadanos que de inmediato podrían utilizarse más útilmente siguiendo las indicaciones que proporciona la estructura de los precios (en los cuales puede «leerse» lo que los consumidores demandan con mayor urgencia) y porque de este modo se priva de forma duradera a la sociedad civil de unos medios que le permitirían el «uso del conocimiento» y su incremento.

Pero los efectos del intervencionismo estatal van mucho más lejos. Además de rechazar la utilización del conocimiento actual (el conocimiento específico de los distintos individuos y el más general que proporciona la estructura de los precios), de arrebatar coactivamente unos recursos que la sociedad civil habría empleado para responder a la demanda de los consumidores, de reducir los medios y el conocimiento futuros, el intervencionismo crea situaciones de privilegio a favor de los beneficiarios de las distintas clases de intervenciones estatales. Lleva razón Mises cuando escribe: «Si la opinión pública siente por doquier un tufo de corrupción en el Estado intervencionista, no le faltan razones […] corruptores […y] corrompidos […] violan las leyes y son plenamente conscientes de que perjudican al bien colectivo. Y como poco a poco se van acostumbrando a quebrantar las leyes penales y las normas morales, acaban perdiendo enteramente la facultad de distinguir entre lo justo y lo injusto, entre el bien y el mal […] se acaba pensando que en el fondo pecar contra la ley y la moral forma “por desgracia parte de la vida” y burlándose de esos “teóricos” que quisieran que las cosas fueran distintas»[31]. Se afirma el hombre político que reparte «favores». El éxito depende de la magnitud del gasto público que el político puede, de un modo u otro, destinar a sus clientes. Precisamente lo contrario de lo que sucede en el mercado, en el que quien triunfa es el empresario que sabe ser competitivo y contener sus propios costes.

El intervencionismo mina las bases de la cooperación social. Si el Estado tiene que emprender alguna iniciativa, esta debería consistir en hacer de dominio público los «datos relevantes para la formación del precio de mercado» o de otro tipo que eventualmente posea[32]. En otras palabras, los científicos sociales «deberían preocuparse más por mostrar cómo unas medidas institucionales más sutiles pueden fomentar el funcionamiento de la mano invisible, en lugar de fijarse […] en cómo algunos resultados del mercado se desvían de un presunto optimum»[33].

5. La «restauración» mercantilista

La capacidad explicativa de sus teorías permitió a los principales representantes de la Escuela austriaca de economía atisbar las consecuencia que inevitablemente produce la sustitución del mercado por la planificación o la simple adopción de medidas de carácter mercantilista. En torno a 1910 afirmaba Carl Menger: «La política que persiguen las potencias europeas llevará a una guerra espantosa que acabará en revoluciones terribles, con la total aniquilación de la civilización europea y con la destrucción del bienestar de todas las naciones»[34]. Un estado de ánimo que también compartía Böhm-Bawerk, y que luego sería heredado por Mises y Hayek.

La clara percepción de lo que se perfilaba en el horizonte multiplicó las energías de los «austriacos». Ya en los Grundsätze, publicados en 1871, daba Menger una respuesta clarificadora a la cuestión de la propiedad privada. Escribía: «[…] la propiedad, al igual que la economía humana, no es una invención caprichosa, sino más bien la única solución práctica posible del problema con que nos enfrenta la naturaleza misma de las cosas, es decir la antes mencionada defectuosa relación entre necesidad y masa de bienes disponibles en el ámbito de los bienes económicos»[35].

El peligro no procedía exclusivamente de aquellos proyectos políticos que tenían como fin inmediato la abolición de la propiedad privada, sino también de aquel movimiento capitaneado por Gustav Schmoller que Marianne Weber describe con estas palabras: «Muchos eminentes estudiosos de economía política, como Adolf Wagner, Schmoller, Brentano, Knapp y otros, así como maestros del derecho, como por ejemplo Gneist, reconocen la legitimidad de la crítica social de inspiración socialista. Algunos de ellos consideran corresponsables del agravamiento de los conflictos de clase al laissez faire, al laissez passer de la doctrina librecambista y a la Escuela manchesteriana, con su aprobación de la búsqueda despiadada del lucro. Postulan que la política económica vuelva a orientarse hacia los ideales éticos y a que el Estado reglamente el contrato de trabajo. Estos hombres, que los adversarios llaman despectivamente Kathedersozialisten, influyen con sus lecciones y escritos en los estudiantes universitarios. Con el fin de ejercer su influencia en ambientes más amplios y sobre el Estado, en 1873 fundaron la Verein für Sozialpolitik»[36].

El objetivo era claro: someter la economía, como en el mercantilismo, al dominio de la política[37]. Lo cual se justificaba apelando a la supuesta imposibilidad de las ciencias sociales teóricas, en cuanto incapaces de captar «lo único e irrepetible». Es decir, se proclamaba la imposibilidad de las leyes económicas con el fin de desembarazar al poder político de todo límite y de permitirle así implantar un sistema de intervencionismo generalizado.

A Gustav Schmoller y a sus secuaces, que eran «la guardia de cuerpo intelectual» de la monarquía prusiana, les respondió Menger en 1883 con sus Untersuchungen über die Methode der Sozialwissenschaften, donde no sólo afirma enérgicamente la primacía de lo teórico en la construcción de la ciencia[38], sino que también percibe con toda lucidez que, incluso «contra la intención de sus defensores», el intervencionismo «conduce irremisiblemente al socialismo»[39].

Böhm-Bawerk, además de desarrollar una devastadora crítica de las teorías económicas de Marx[40], se opone a la «alta marea del escepticismo metodológico»[41], tal como aparece en los «socialistas de cátedra», y pone de manifiesto la falacia del intervencionismo, la imposibilidad de «acabar con la economía»[42].

La prematura desaparición de Böhm-Bawerk (1851-1914) y la hostilidad cultural y política frente al mercado despiertan en Mises un compromiso teórico directo sobre los problemas del socialismo y de la Sozialpolitik. Su primer ataque lo dirige contra la economía planificada, es decir contra la idea de articular una sociedad compleja mediante un plan único de producción y distribución. Su conocida conclusión es que la supresión del mercado, al hacer imposible la estructura de los precios, hace que también sean imposibles el cálculo y la acción económica[43].

Pero Mises se ocupa también de la cuestión metodológica, a través de la cual los «socialistas de cátedra» habían intentado proclamar la imposibilidad de las ciencias sociales teóricas; y afronta directamente la cuestión del intervencionismo. Sobre el primer punto, reafirma la primacía de lo teórico en la construcción de la ciencia, reprocha a los representantes de la Escuela histórica alemana el que no sepan «reconocer que la teoría se halla ya contenida en los mismos términos lingüísticos que todo acto de pensamiento implica»[44]. Sobre el segundo punto, en plena coincidencia también aquí con Menger, Mises insiste en que entre economía de mercado y socialismo no es posible ninguna «tercera vía».

Schmoller había declarado que quería un sistema distinto de la economía clásica inglesa y distinto también «de la teoría absolutista de un poder estatal que todo lo devora»[45]. Pero cuando se hacen este tipo de afirmaciones, conviene recordar que las mismas suponen una economía política que, más que la realidad de lo que sabemos y podemos, expresan «simplemente buenas intenciones»[46]. Entonces habrá que afrontar la «paradoja de las consecuencias». Y eso es precisamente lo que hace Mises cuando analiza minuciosamente toda una serie de intervenciones del poder público en la actividad económica. Puntualmente va evidenciando cómo tales intervenciones producen resultados contrarios a los fines que las propias autoridades pretendían alcanzar.

Ya se trate de intervenir sobre la producción, sobre los precios de los bienes y servicios, sobre la fijación de los tipos salariales o de las medidas orientadas a expandir artificialmente el crédito, las consecuencias que es preciso soportar contradicen siempre las «razones» con las que se pretendía «justificarlas». Así pues, el intervencionismo se halla en una situación desesperada, en la que todo fracaso empuja hacia nuevas intervenciones, hasta que la propiedad privada lo es sólo de nombre y las decisiones económicas se toman exclusivamente en el ámbito de la política[47].

6. Del intervencionismo al socialismo

El intervencionismo del antimarxismo prusiano no desemboca en una «tercera vía», sino que acaba en socialismo. Tenemos entonces dos modelos diferentes de realización de la sociedad socialista[48]. El primero es el modelo marxista, en el que la unidad productiva queda englobada en el aparato estatal. El segundo, que Mises llama modelo alemán, «aparente y nominalmente conserva la propiedad privada de los medios de producción, la empresarialidad y los intercambios del mercado»[49], pero en él es el gobierno el que decide «qué y cómo producir, a qué precios y a quién comprar, y a qué precios y a quiénes vender […]. El gobierno decreta a quién y en qué condiciones deben los capitalistas confiar sus propios fondos y cómo y dónde deben ocuparse los trabajadores asalariados»[50].

Este segundo modelo de socialismo es el que puso en práctica el nacionalsocialismo, y es un precipitado de las enseñanzas de la Escuela histórica alemana de economía[51]. La «restauración» mercantilista llevada a cabo por Schmoller ha demostrado ser una vía hacia la destrucción del mercado y de la sociedad libre que este hace posible.

Las vicisitudes históricas han demostrado tristemente lo fundado de tales críticas de Menger, Böhm-Bawerk y Mises a los socialistas de cátedra[52]. Al propio Mises y a Friedrich Hayek les correspondió llevar a cabo la tarea de renovar y ampliar estas críticas cuando la vocación intervencionista descubrió en la obra de Keynes, otro restaurador del mercantilismo, una nueva «justificación» del mismo. Exactamente como los «socialistas de cátedra», Keynes deseaba dar a la propiedad privada una existencia meramente aparente y formal. Según él, «no es la propiedad de los medios de producción lo que importa que el Estado asuma. Si el Estado se halla en condiciones de determinar el montante total de los medios destinados a aumentar los instrumentos de producción y el tipo base de remuneración de quienes los poseen, habrá realizado todo lo que se precisa»[53]. E impulsado por su escepticismo, llegaba a contar entre sus propios «ascendientes» a Bernard de Mandeville[54]. Pero este último, inspirador de las ciencias sociales «escocesas», recomendaba el consumo privado para fomentar la ampliación del mercado, mientras que el consumo «público» propugnado por Keynes lo que hace es negar el proceso de mercado.

El intervencionismo es una vieja y monótona historia. Nuestra presunción nos lleva a creer que ciertas medidas que en otras manos han producido efectos desastrosos e incluso trágicos, pueden generar en las nuestras unas consecuencias ventajosas[55]. Pero los efectos de un veneno no dependen de la identidad de quien lo suministra.

LORENZO INFANTINO

Primera parte

Crítica del intervencionismo

Estudios sobre la política económica
y sobre la ideología económica
de nuestro tiempo

Prólogo del autor

Los conflictos entre las naciones y los Estados, y dentro de ellos las disputas entre partidos, corrientes y camarillas, llaman nuestra atención en tal medida que ya no nos percatamos de que hoy sus protagonistas, a pesar de la dureza con que se combaten, siguen todos ellos los mismos principios de política económica. No son excepción ni siquiera los partidarios de la socialización de los medios de producción, toda vez que han renunciado a poner en práctica su programa, al menos de momento y en el futuro inmediato —como antes sucedió con los partidos de la Segunda Internacional y luego también con los de la Tercera Internacional con el paso al sistema de la NEP—. Casi todos los que se ocupan de problemas de política económica, y con ellos casi todos los gobernantes y líderes de partidos, siguen ahora como nuevo ideal un sistema que, según ellos, no sería ni capitalista ni socialista, es decir no contemplaría ni la propiedad privada ni la propiedad colectiva de los medios de producción: un sistema en el que la propiedad privada sería limitada, regulada y dirigida por intervenciones del gobierno y de otras fuerzas sociales dotadas de poderes coactivos (por ejemplo, los sindicatos). Llamamos intervencionismo a la política económica que persigue este ideal, y economía controlada al sistema que de él resulta.

Sobre este programa coinciden el comunismo moscovita y el fascismo; en él concuerdan las iglesias cristianas y las diversas sectas religiosas entre sí y con los musulmanes del Próximo Oriente y de la India, y todos ellos con los hinduistas, budistas y seguidores de las demás comunidades religiosas asiáticas. Y si analizamos los programas y la acción de los partidos de Alemania, de Inglaterra y de los Estados Unidos, advertimos que la diferencia entre ellos se refiere al cómo y no al si hay que intervenir.

Los ensayos y artículos reunidos en este volumen constituyen en su conjunto una crítica de la política económica intervencionista y de las ideologías en que se fundamenta. Cuatro de ellos han sido publicados a lo largo de los últimos años —tres en revistas y uno en el Handwörterbuch der Staatswissenschaften—. El segundo, que entre otras cosas se ocupa de las recientes teorías de Schmalenbach, se publica aquí por primera vez.

LUDWIG VON MISES

Viena, junio de 1929

1. Intervencionismo[56]

1. El intervencionismo como sistema económico

Desde que los bolcheviques abandonaron su intento de realizar de golpe en Rusia su ideal socialista de un orden social, adoptando en cambio la Nueva Política Económica (NEP), no hay en el mundo prácticamente más que un único sistema de política económica: el intervencionismo. Una parte de sus adeptos y defensores lo consideran un sistema sólo provisional, destinado a ser sustituido, tras una fase más o menos larga de experimentación, por una de las variantes del socialismo. Entre ellos se encuentran los socialistas marxistas, incluidos los bolcheviques, así como las distintas tendencias de socialistas democráticos. Otros, en cambio, piensan que el intervencionismo representa un orden económico permanente. Por el momento, sin embargo, esta diferencia de opinión sobre el futuro de la política intervencionista no pasa de ser una disputa académica. Sus seguidores y defensores coinciden plenamente en que se trata de la política económica que prevalecerá en los próximos decenios e incluso en las próximas generaciones. Tienen la convicción de que esa será la política económica del futuro previsible.

El intervencionismo pretende mantener la propiedad privada, pero al mismo tiempo quiere regular la actividad de los propietarios de los medios de producción a través de normas imperativas y sobre todo de prohibiciones. Cuando este control se lleva hasta el punto en que todas las decisiones importantes dependen de las directrices del gobierno; cuando ya no es el motivo del beneficio de los propietarios de los medios de producción, de los capitalistas y de los empresarios, sino la razón de Estado, lo que decide qué es lo que hay que producir y cómo producirlo, lo que tenemos es un orden socialista, aunque se mantenga la etiqueta de la propiedad privada. En este sentido tiene razón Othmar Spann cuando afirma que, en la sociedad así constituida, «formalmente existe la propiedad privada, pero lo que en realidad existe es el socialismo»[57]. La propiedad pública de los medios de producción no es otra cosa que socialismo y comunismo.

Pero el intervencionismo no quiere ir tan lejos. No pretende abolir la propiedad privada de los medios de producción; sólo quiere limitarla. Por un lado, considera que una propiedad ilimitada es funesta para la sociedad; por otro lado, piensa que el orden de propiedad pública es de todo punto irrealizable, al menos por el momento. Trata, pues, de crear un tercer orden: un sistema social equidistante entre el orden de propiedad privada y el de propiedad pública. Se propone evitar los «excesos» y peligros del capitalismo, aunque sin renunciar a las ventajas de la iniciativa y laboriosidad individual que el socialismo es incapaz de ofrecer.

Los adalides de este orden de propiedad privada dirigida, regulada y controlada por el Estado y otras instancias sociales, coinciden con las inveteradas aspiraciones de los políticos y de las masas populares. Cuando aún no existía la ciencia económica, y no se había descubierto que los precios de los bienes económicos no se «fijan» arbitrariamente, sino que obedecen rigurosamente a la situación del mercado, se intentaba regular la vida económica mediante órdenes gubernamentales. Pero la economía clásica puso de manifiesto que tales interferencias en el funcionamiento del mercado jamás pueden alcanzar los objetivos que la autoridad se propone. Por eso el viejo liberalismo, que construyó su política económica sobre la base de la economía clásica, rechazaba categóricamente tales intervenciones: ¡Laissez faire et laissez passer! Por su parte, los socialistas marxistas no juzgan el intervencionismo de manera distinta que los liberales clásicos. También ellos tratan de demostrar lo absurdo de todas las propuestas intervencionistas, tachadas despectivamente de «pequeñoburguesas». Pero la ideología hoy dominante en el mundo recomienda precisamente el sistema de política económica que rechazan tanto el liberalismo como el viejo marxismo.

2. Naturaleza de la intervención

El problema del intervencionismo no debe confundirse con el del socialismo. No se trata de saber si el socialismo es de algún modo concebible o realizable. Por el momento no nos interesa saber si la sociedad humana puede o no construirse sobre la base de la propiedad pública de los medios de producción. El problema que aquí queremos dilucidar es el relativo a las consecuencias de la intervención del gobierno o de otras instancias públicas en el orden social basado en la propiedad privada: ¿Pueden estas intervenciones conseguir los fines que se proponen?

Conviene, ante todo, delimitar claramente el concepto de «intervención».

1. Las medidas encaminadas a salvaguardar o garantizar la propiedad privada de los medios de producción no son intervenciones en el sentido que aquí nos interesa. Esto es tan evidente que no hay necesidad de insistir en ello. Si, no obstante, no es completamente superfluo hacerlo, es porque a menudo se confunde nuestro problema con el del anarquismo. En efecto, se arguye que si se considera indispensable la intervención activa del Estado para proteger el orden de propiedad privada, no se ve por qué no habría de permitirse su intervención en un ámbito más amplio. Es coherente el anárquico que rechaza toda forma de intervención estatal; pero no lo es quien, a pesar de reconocer justamente la inviabilidad del anarquismo y la necesidad de una organización estatal dotada de poderes y medios coercitivos para garantizar la cooperación social, pretende luego restringir esa función del Estado a una esfera bien limitada.

Salta a la vista el error de tal argumentación. Lo que nos interesa saber no es si se puede asegurar la convivencia entre los hombres sin ese aparato de coacción organizada que es el Estado o gobierno. Lo que deseamos saber es si (dejando a un lado el sindicalismo) existen sólo dos formas posibles de organización de la sociedad basada en la división del trabajo, o sea la propiedad colectiva o la propiedad privada de los medios de producción, o bien si puede existir, según la tesis intervencionista, un tercer sistema, basado en la propiedad privada y al mismo tiempo regulado por intervenciones estatales. El problema de la necesidad o no de la organización estatal debe distinguirse netamente del referente a los sectores y modalidades en que el Estado debe intervenir. Así como de la imposibilidad de renunciar a la presencia de un aparato estatal coactivo en la vida social no puede deducirse la conveniencia de coartar las conciencias, imponer la censura sobre la prensa y otras medidas por el estilo, así tampoco puede deducirse la necesidad, la utilidad o tan sólo la posibilidad de adoptar determinadas medidas de política económica.

Para proteger la propiedad de los medios de producción no es necesario adoptar las medidas que se aplican para proteger la competencia. Un error muy difundido es el que considera la competencia entre distintos productores de la misma mercancía como el punto esencial del ordenamiento social que se inspira en el ideal del liberalismo. Ahora bien, la esencia del liberalismo radica en la propiedad privada, no en el concepto —por lo demás erróneamente interpretado— de competencia. Lo decisivo no radica en la existencia de muchas fábricas de gramófonos, sino en que los medios de producción con que se fabrican los gramófonos no sean de propiedad pública sino de propiedad privada. En parte por este equívoco, pero en parte también a causa de una interpretación del concepto de libertad influido por doctrinas iusnaturalistas, se ha intentado impedir la formación de grandes empresas por medio de leyes antimonopolio y antitrust. No es este el lugar para valorar la utilidad de semejante política. Sólo conviene precisar que para valorar la función económica de una medida concreta es totalmente irrelevante su legitimación o deslegitimación por parte de una teoría jurídica cualquiera. La ciencia del derecho, del Estado y de la política nada útil puede decirnos en orden a adoptar una decisión sobre los pro y los contra de una determinada política. Y es totalmente irrelevante que este o aquel acto corresponda o no a las disposiciones de una ley o de una constitución, aunque se trate de una constitución tan venerada y famosa como la de los Estados Unidos de América. Si una legislación humana resulta contraproducente para sus fines, habrá que cambiarla.

Pero cuando se discute sobre la oportunidad de una política respecto a sus fines, jamás podrá valer como argumento el hecho de que la misma sea contraria a la ley, el derecho o la constitución vigentes. Todo esto es tan evidente que ni siquiera debería mencionarse, si no se olvidara con tanta frecuencia. Así como en otro tiempo se intentó derivar la política social del carácter del Estado prusiano y de la «monarquía social», así hoy, en el debate sobre política social en Estados Unidos, se apela a argumentos tomados de la Constitución y de la interpretación de los conceptos de libertad y democracia. Una respetable teoría sobre el intervencionismo, debida al profesor Commons y basada en gran parte en tales argumentos, ha tenido una gran repercusión práctica por cuanto ha representado en cierto modo la filosofía del partido de La Follette y de la política del estado de Wisconsin. La autoridad de la Constitución americana se circunscribe al territorio de la Unión. En cambio, la validez de los ideales de democracia, libertad e igualdad no tiene límites locales, y en nombre de estos ideales se reivindica por doquier la abolición de la propiedad privada o su «limitación». Pero todo esto nada tiene que ver con nuestro problema, por lo que debemos dejarlo a un lado.

2. Tampoco la socialización de una parte de los medios de producción es intervención en el sentido que aquí nos interesa. El concepto de intervención supone que la propiedad privada individual en cuanto tal no ha sido abolida, sino que continúa existiendo no sólo nominal sino sustancialmente. La estatización de una línea ferroviaria no es, como tal, una medida intervencionista; sí lo sería, en cambio, una ordenanza que impusiera a una empresa ferroviaria tarifas inferiores a las que aplicaría en caso de que fuera libre de hacerlo.

3. Tampoco caen bajo el concepto de intervencionismo las actuaciones del gobierno que se sirven de los instrumentos del mercado, por ejemplo las que tienden a influir en la demanda y en la oferta alterando los factores del propio mercado. La adquisición por parte del gobierno de partidas de leche para venderlo a precios políticos o incluso para repartirlo gratuitamente entre las familias pobres, o bien las subvenciones estatales a las instituciones culturales, no son intervencionismo. (Más adelante nos ocuparemos de la cuestión relativa a la posibilidad de considerar como «intervención» la forma en que el gobierno obtiene los recursos para llevar a cabo esta política). En cambio, sí sería intervencionismo la fijación de un precio máximo para la leche.

La intervención es una disposición particular dictada de forma autoritaria por el poder social mediante la cual se obliga a los propietarios de los medios de producción y a los empresarios a emplear esos medios de manera diferente a como lo harían en otro caso. «Disposición particular» significa aquí que la misma no forma parte de un sistema orgánico de disposiciones de la autoridad encaminadas a regular toda la producción y distribución, y por lo tanto a eliminar la propiedad privada de los medios de producción y sustituirla por la propiedad pública, es decir por el socialismo. Las disposiciones a que nos referimos pueden ser muy numerosas, pero mientras no lleven al dirigismo planificado de todo el sistema económico y no tiendan a sustituir de forma sistemática la motivación del beneficio, que es el resorte de la acción individual, por la mera observancia de las prescripciones gubernativas, deben considerarse disposiciones aisladas o particulares. Por «medios de producción» entendemos todos los bienes de orden superior, es decir todos aquellos bienes que no están aún disponibles para ser usados por el consumidor final, incluidas por lo tanto las mercancías almacenadas que los comerciantes catalogan como «listas para el uso».

Estas disposiciones pueden agruparse, pues, en dos grupos: las que frenan o impiden directamente la producción (en el sentido más amplio del término, es decir incluidos los desplazamientos espaciales de los bienes económicos) y las que fijan precios distintos de los que se formarían espontáneamente en un mercado no intervenido. A las primeras las llamamos intervenciones políticas sobre la producción, mientras que a las segundas, que por lo general se conocen con el nombre de precios administrados, las llamaremos intervenciones políticas sobre los precios[58].

3. Intervenciones políticas sobre la producción

Desde el punto de vista de la economía política, poco hay que decir acerca de los efectos inmediatos de las intervenciones políticas sobre la producción. No hay duda de que el gobierno o cualquier otro poder intervencionista pueden sin más conseguir los objetivos directos que se proponen. Pero que logren también conseguir así los objetivos indirectos más lejanos que persiguen con la política intervencionista, eso es ya harina de otro costal. Se trata en particular de saber si el resultado merece la pena, es decir si la autoridad que decide la intervención la decidiría igualmente si conociera con precisión los costes que esa intervención acarrea. Pongamos un ejemplo: el gobierno puede sin duda fijar un cierto arancel protector cuyo resultado inmediato puede muy bien responder a sus expectativas. Pero esto no significa que lo que el gobierno espera conseguir en última instancia con esa intervención lo consiga efectivamente. Y es aquí donde interviene la crítica del economista. Los teóricos del librecambio en modo alguno han querido afirmar que los aranceles protectores no sean posibles o sean perjudiciales, sino simplemente que tienen consecuencias no intencionadas y que no producen, ni pueden producir, los resultados que habrían debido producir según las intenciones de quienes los decidieron. Pero más importante aún es la demostración que ofrece la escuela librecambista, a saber que la protección aduanera —como por lo demás todas las otras formas de intervencionismo político sobre la producción— reduce la productividad del trabajo social. Que el efecto del proteccionismo sea, pongamos por caso, el cultivo de trigo en tierras menos fértiles mientras otras más fértiles quedan sin cultivar; o que una serie de medidas de política industrial relativas a la pequeña y la mediana industria (por ejemplo, el certificado de cualificación para el ejercicio de ciertas actividades industriales, como sucede en Austria, o bien ciertas facilidades fiscales a favor de las pequeñas empresas) acaben favoreciendo a las empresas menos productivas a costa de las más eficientes; o que una serie de limitaciones al empleo y al horario laboral de determinadas categorías de trabajadores (mujeres, menores) ocasione la reducción de la cantidad de trabajo disponible —en todos estos casos el resultado será siempre el mismo: con la misma cantidad de capital y de trabajo se produce menos de lo que se produciría sin la intervención política, o bien disminuye a priori la cantidad de capital o de trabajo disponible para la producción. No hay que descartar que la intervención se produzca igualmente, aunque se conozcan sus consecuencias, porque se piensa tal vez que con ella se conseguirán otros objetivos de naturaleza no puramente económica y valorados como más importantes que la previsible reducción del producto. Pero es bastante dudoso que tal sea realmente el caso, ya que todas las intervenciones políticas sobre la producción se presentan íntegramente, o al menos en parte, con argumentos que tratan de demostrar que no frenan la productividad sino que más bien la incrementan. Incluso las medidas legislativas destinadas a limitar el trabajo femenino o juvenil se promulgaron porque se pensaba que sólo habría perjudicado a los empresarios y a los capitalistas, beneficiando en cambio a las categorías protegidas, las cuales de esta forma tendrían que trabajar menos.

Cuando se critican los escritos de los «socialistas de cátedra», se afirma justamente que, en última instancia, es imposible ofrecer un concepto objetivo de productividad, y que todos los juicios sobre los fines de la acción humana son subjetivos. Sin embargo, cuando hablamos de reducción de la productividad del trabajo como efecto de las intervenciones políticas sobre la producción, no estamos en un terreno en el que la diversidad del juicio de valor impida afirmar algo sobre los fines y los medios de la acción. Si la creación de áreas económicas lo más autárquicas posible frena la división internacional del trabajo y anula las ventajas de la producción especializada en gran escala y de la asignación óptima del trabajo en el territorio, se obtiene un resultado sobre cuya indeseabilidad no debería haber diferencias de opinión entre la inmensa mayoría de los habitantes del planeta. Algunos, repito, pueden pensar que las ventajas de la autarquía superan sus inevitables desventajas; pero el hecho mismo de que habitualmente, al sopesar los pro y los contra de tales medidas, se tenga el valor de afirmar que las mismas no reducen la cantidad y calidad de los bienes producidos, o bien se prefiera al menos abstenerse de formular un juicio claro y explícito, demuestra que se es plenamente consciente de las escasas perspectivas que tendría la propaganda a favor de tales medidas en caso de que se dijera toda la verdad sobre sus efectos.

Todas las intervenciones políticas sobre la producción están destinadas a frenar directamente, de un modo u otro, la producción misma, ya por el simple hecho de que se descarten previamente algunas de las posibles aplicaciones de los bienes de orden superior (tierra, capital y trabajo). La autoridad política, por su propia naturaleza, no tiene poder para crear algo de la nada. Sólo los ingenuos inflacionistas pueden creer que el Estado es capaz de hacer más rica a la humanidad con su voluntarioso fiat-money. El gobierno no puede crear nada; sus órdenes no pueden excluir nada del mundo del ser, pero pueden borrarlo del mundo de lo permitido. No pueden hacer más ricos a los hombres, pero sí pueden hacerlos más pobres.

Todo esto aparece con tal claridad en la mayor parte de las intervenciones políticas sobre la producción, que sus responsables raramente tienen la desfachatez de gloriarse de ello. Enteras generaciones de escritores se han esforzado en vano en demostrar que el resultado de estas intervenciones puede ser distinto del que, en igualdad de condiciones, consiste inevitablemente en la reducción de la cantidad y la calidad de lo que se produce. No merece la pena criticar aquí los argumentos puramente económicos a favor del proteccionismo, ya que en el fondo se reducen a la mera afirmación de que los sacrificios que impone quedan compensados por otras ventajas de naturaleza no estrictamente económica, y que, por ejemplo, desde un punto de vista nacional o militar, podría auspiciarse una política de aislamiento más o menos neto del resto del mundo[59].

Realmente, es tan difícil ignorar que el único resultado permanente del intervencionismo político en la producción es la reducción de la productividad del trabajo, y por lo tanto también del dividendo social, que hoy nadie se atreve ya a defenderlo como específico sistema de política económica. Tan es así, que la mayor parte de sus defensores lo recomiendan sólo como un complemento de las intervenciones políticas sobre los precios, pues saben que es aquí, en la política de precios, más que en la intervención sobre la producción, donde puede apoyarse el sistema intervencionista.

4. Las intervenciones políticas sobre los precios

La política de precios se concreta en la imposición de unos precios de los bienes y servicios distintos de los que espontáneamente se formarían en el mercado.

Cuando los precios se forman espontáneamente en el mercado libre no obstaculizado por las intervenciones de la autoridad, los costes de producción son cubiertos por los ingresos. Si el gobierno impone un precio más bajo, los ingresos son inferiores a los costes. Por consiguiente, los comerciantes y los productores, a menos que se trate de mercancías perecederas que se desvalorizan rápidamente, se abstendrán de vender las mercancías en cuestión, en espera de tiempos mejores, cuando se hayan derogado las disposiciones intervencionistas. Si el gobierno no quiere que sus medidas provoquen la desaparición de la circulación de esas mercancías, no puede limitarse a fijar su precio, sino que al mismo tiempo tendrá que ordenar que todas las provisiones existentes se ofrezcan a la venta al precio prescrito.

Pero tampoco esto es suficiente. Al precio de mercado ideal, habría equilibrio entre demanda y oferta. Ahora, en cambio, que las disposiciones del gobierno han fijado autoritariamente un precio más bajo, la demanda sube, al tiempo que la oferta sigue siendo la misma. Las provisiones no son ya suficientes para satisfacer a todos aquellos que están dispuestos a pagar el precio fijado. Una parte de la demanda queda insatisfecha. El mecanismo del mercado, que en condiciones normales establece el equilibrio entre oferta y demanda, al ser modificado el nivel de los precios, deja de funcionar. Entonces los compradores que estarían dispuestos a pagar el precio fijado por el gobierno tienen que abandonar el mercado con las manos vacías. Aquellos que ocupan una posición estratégica en el mercado o que saben aprovecharse de sus conexiones personales con los vendedores acapararán todas las provisiones, mientras que el resto se quedan con las ganas. Para evitar estas consecuencias no intencionadas de su intervención, el gobierno tiene que añadir al precio impuesto y a la venta forzosa una nueva medida: el racionamiento, fijando la cantidad de mercancía que, al precio impuesto, cada uno podrá adquirir.

Si cuando el gobierno interviene se han agotado ya las provisiones, el problema no hace más que agravarse, ya que al precio impuesto por la autoridad la producción deja de ser rentable y por lo mismo se reduce o se abandona. Si la autoridad quiere que la producción prosiga, tendrá que obligar a los empresarios a producir, y entonces deberá fijar no sólo los precios de las materias primas y de las mercancías semielaboradas, sino también los salarios. Por otra parte, estas disposiciones no pueden ceñirse a uno o a pocos sectores de producción, que se desea regular por la importancia estratégica que se atribuye a sus productos, sino que deberá extenderse a todos los sectores productivos, es decir deberán regularse los precios de todos los bienes y de todo tipo de salario, y en definitiva el comportamiento de todos —empresarios, capitalistas, terratenientes y trabajadores—, puesto que en caso de que algunos sectores de la producción quedaran fuera de esta reglamentación, a ellos afluirían inmediatamente el capital y el trabajo, de tal modo que quedaría frustrado el objetivo que el gobierno pretendía alcanzar con su primera intervención. El gobierno quiere que una mayor cantidad de capital y trabajo se dirija al sector que ha creído oportuno regular por la especial importancia que atribuye a sus productos. Que precisamente ese sector quede desabastecido por efecto de la intervención, es algo que va totalmente en contra de las intenciones del gobierno[60].

Nuestro análisis nos indica con toda claridad que la intervención autoritaria en los precios en un sistema de propiedad privada de los medios de producción falla fatalmente el objetivo que con ella el gobierno pretendía alcanzar. Esa intervención no sólo no ha alcanzado el fin de quien la puso en práctica, sino que incluso ha sido contraproducente respecto a ese objetivo, ya que el «mal» que con ella se quería combatir sigue en pie e incluso se ha agravado. Antes de que el precio se impusiera por decreto, la mercancía —en opinión del gobierno— era demasiado cara; ahora incluso ha desaparecido del mercado. Este resultado no estaba en las intenciones de la autoridad, que deseaba más bien hacerla más accesible a los consumidores mediante la reducción del precio. Su intención era la contraria: desde su punto de vista, el principal mal es la penuria de esa mercancía, la imposibilidad de conseguirla. En este sentido, puede decirse que la intervención del gobierno ha sido ilógica y contraria al objetivo prefijado y, más en general, que cualquier programa de política económica que pretende servirse de tales intervenciones es impensable e irrealizable.

Si el gobierno no tiene la intención de enderezar las cosas, absteniéndose de intervenir y revocando el precio impuesto, no tiene más remedio que hacer seguir al primer paso todos los otros. Al decreto que prohíbe aplicar precios superiores a los fijados autoritariamente tiene que añadir no sólo un decreto que obligue a poner a la venta las provisiones existentes, y luego otro aún sobre el racionamiento, sino también un nuevo decreto que fije los precios de los bienes de orden superior y los salarios y, para completar la labor, un decreto que imponga la obligación de trabajar a los empresarios y a los trabajadores. Por lo demás, estas prescripciones no pueden circunscribirse a uno o unos pocos sectores de producción, sino que tienen que extenderse a todo el campo económico. No hay otra opción: o se renuncia a intervenir en el libre juego del mercado, o se transfiere toda la dirección de la producción y la distribución a la autoridad gubernativa. O capitalismo o socialismo. No hay tercera vía.

Tomemos otro ejemplo: el salario mínimo garantizado o tarifa salarial. Aquí es indiferente que sea el gobierno quien directamente impone la tarifa salarial, o que permita que los sindicatos, con la amenaza o el recurso efectivo a la coacción física, impidan que el empresario contrate trabajadores dispuestos a trabajar por un salario inferior[61]. El aumento de los salarios lleva consigo un aumento de los costes de producción y, por lo tanto, también los precios aumentan. Si consideráramos como consumidores únicamente a los perceptores de salarios, cualquier aumento del salario real resultaría imposible. Lo que los trabajadores obtendrían como perceptores de salario lo perderían inevitablemente en su calidad de consumidores. Pero en realidad no sólo existen consumidores que sean a la vez perceptores de salario; existen también consumidores que son perceptores de rentas de propiedad o actividad empresarial cuyos ingresos no aumentan la subida de los salarios, y esto significa que, al no poder hacer frente al aumento de los precios, se ven en la necesidad de restringir sus consumos. Por otra parte, la reducción de las ventas se traduce en despidos de trabajadores. Sin la coacción ejercida por los sindicatos, la presión que los parados ejercen sobre el mercado de trabajo haría descender necesariamente los salarios mantenidos artificialmente altos, hasta alcanzar la tasa natural de mercado. Pero, dado que esa coacción existe, esta salida debe descartarse. De ahí que el paro —que en el ordenamiento social capitalista es un fenómeno friccional que aparece y desaparece— se convierta, por efecto del intervencionismo, en una institución permanente.

Es esta una situación que el gobierno, desde luego, no desea, y por ello se ve obligado a intervenir de nuevo. Entonces obliga a los empresarios a readmitir a los trabajadores despedidos y a pagarles el tipo salarial fijado, o bien a pagar impuestos para financiar los subsidios de paro. Son cargas añadidas cuyo efecto es consumir o reducir fuertemente los ingresos de propietarios y empresarios, por lo que es posible que tengan que hacerles frente acudiendo, no ya de la renta, sino al capital. Aun suponiendo que la financiación de esas cargas se limite a absorber sólo las rentas, dejando intacto el capital, lo cierto es que a la larga la destrucción de este será inevitable. Los capitalistas y los empresarios tendrán que seguir viviendo y consumiendo aunque no obtengan rentas, y entonces tendrán que acudir a su patrimonio. Y este es precisamente —en el sentido a que antes se aludía— el aspecto irracional y contraproducente, respecto a sus propios objetivos, de la política encaminada a privar de sus rentas a los empresarios, capitalistas y terratenientes, aunque se les permita seguir disponiendo de los medios de producción. Pues es evidente que, si se destruye capital, resulta inevitable una nueva reducción de los salarios. Si no se acepta que sea el mercado el que fije el salario, es preciso abolir todo el sistema de propiedad privada. Con tarifas salariales impuestas coactivamente, el nivel de salarios sólo podrá elevarse de forma transitoria y al precio de futuras reducciones salariales.

El problema de las tarifas salariales ha adquirido en nuestro tiempo una tal importancia que resulta imposible discutirlo sin recurrir a un segundo modelo abstracto que tenga en cuenta las relaciones de intercambio de bienes en el mercado internacional. Imaginemos dos países —que llamaremos Atlantis y Thule— que mantienen un normal intercambio de bienes. Atlantis proporciona productos industriales y Thule productos agrícolas. De repente Thule —imbuido de las doctrinas de List— decide que es necesario implantar una industria propia recurriendo al proteccionismo. El resultado final de la industrialización forzada de Thule (conseguida artificialmente, gracias a los aranceles protectores) sólo puede ser la reducción de las importaciones de productos industriales procedentes de Atlantis, y paralelamente la reducción de las exportaciones de productos agrícolas hacia este país. Ambos países satisfacen sus propias necesidades prevalentemente mediante la producción interna, cuyo producto, al ser peores las condiciones de producción, lógicamente ha disminuido.

A este resultado final se ha llegado por el siguiente camino. A los aranceles impuestos por Thule sobre los productos de Atlantis, este país responde reduciendo sus propios salarios industriales. Pero esta reducción salarial no basta para compensar la incidencia de los aranceles. Pues en el momento en que los salarios empiezan a bajar resulta rentable ampliar la producción agrícola. Por otra parte, la reducción de las exportaciones agrícolas de Thule hacia Atlantis provoca la caída de los salarios en el sector agrícola de Thule y permite que este país haga la competencia a Atlantis gracia al menor coste de la propia fuerza laboral. Es evidente que, además del descenso de la renta de los capitales invertidos en la industria en Atlantis y de la renta de la tierra en Thule, en ambos países tienen que descender también los salarios. Al descenso de la producción corresponde un descenso en las rentas.

Pero ocurre que Atlantis es un «Estado social» y que, por lo tanto, los sindicatos impiden esta reducción de los salarios. Por eso los costes de producción en la industria de Atlantis siguen tan altos como antes de la aplicación de los aranceles por parte de Thule. Y como ahora se han reducido las exportaciones industriales hacia Thule, la industria de Atlantis debe proceder al despido de trabajadores. El retomo de los parados a la agricultura es frenado por la concesión de subsidios de paro, de tal suerte que el paro se convierte en una institución permanente[62].

Las exportaciones de carbón inglés han disminuido. Los mineros sobrantes que no pueden emigrar, porque nadie los requiere en el exterior, tienen que ser trasladados a los sectores de producción nacional en expansión, para compensar el descenso de las importaciones derivado del descenso de las exportaciones. A este resultado se llega a través de la bajada de los salarios en la industria minera. La influencia de los sindicatos sobre la formación de los salarios y los subsidios de desempleo contribuye a obstaculizar acaso durante años este ineluctable proceso, pero no de una manera definitiva. Al final, la involución de la división internacional del trabajo no puede menos de saldarse con una reducción del tenor de vida de las masas, que se agravará en la medida en que, mientras tanto, el intervencionismo «social» habrá causado una destrucción de capital.

La industria austriaca está hoy penalizada por el continuo aumento de los aranceles que otros países aplican a los productos austriacos y también por las nuevas trabas que se ponen a las importaciones (por ejemplo, a través de la política de cambios). La primera dificultad sólo puede superarse —a menos que haya una reducción de impuestos— mediante el descenso de los salarios. Todos los demás factores de producción son inelásticos. Las materias primas y los productos semielaborados hay que adquirirlos en el mercado internacional; el beneficio empresarial y el interés del capital —si se tiene en cuenta que la inversión de capital extranjero en Austria supera con creces la inversión de capital austriaco en el exterior— responden necesariamente a las condiciones del mercado mundial. Sólo el salario está estrictamente condicionado por la situación nacional, ya que una emigración masiva resulta imposible debido a la política «social» de los países extranjeros. Así que el recorte sólo es posible en los salarios. La política que mantiene artificialmente altos los salarios y que garantiza el subsidio de desempleo no puede menos de producir paro.

Es absurdo pretender aumentar los salarios en Europa por el hecho de que los salarios sean más altos en Estados Unidos. Si desaparecieran las barreras a la inmigración en Estados Unidos, Australia, etc., los trabajadores europeos podrían emigrar, iniciando así un proceso de reequilibramiento del nivel internacional de los salarios.

Paro permanente de millares y millones de trabajadores, por una parte, y destrucción de capital por otra, tales son las consecuencias del intervencionismo, es decir de la política que, por un lado, a través de la acción de los sindicatos, mantiene artificialmente alto el nivel salarial y, por otro, garantiza el subsidio de desempleo.

5. Efectos destructivos de la política intervencionista

La historia de los últimos decenios es incomprensible si no se tienen en cuenta los efectos de la injerencia sistemática del gobierno en la marcha de los procesos económicos de un sistema social basado en la propiedad privada de los medios de producción. Desde que se abandonó el liberalismo, el intervencionismo ha sido el principio inspirador de la política de todos los Estados europeos y americanos.

Cuando el hombre de la calle, que no es experto en economía, valora los acontecimientos, lo único que nota es que los «interesados» encuentran siempre el modo de burlar la ley, y acaba atribuyendo el mal funcionamiento del sistema exclusivamente al hecho de que la ley no es capaz de ir hasta el fin y a la corrupción que impide su aplicación. Los propios fracasos de la política intervencionista refuerzan en él la convicción de que es la propiedad privada la que tiene que ser controlada por leyes más restrictivas. El hecho de que sean precisamente los órganos del Estado encargados del control los que protagonizan la corrupción, en lugar de afectar a su confianza en la infalibilidad y pureza inmaculada del Estado, no hace sino llenarle de disgusto moral respecto a los empresarios y los capitalistas.

Ahora bien, la violación de la ley no es, como quieren hacernos creer los estatistas, un simple inconveniente que hunda sus raíces en la ineliminable debilidad de la naturaleza humana o un abuso que bastaría atajar para crear el paraíso en la tierra. Si realmente se observaran las leyes intervencionistas, llevarían en muy poco tiempo a resultados absurdos. Todo el mecanismo quedaría paralizado bajo el fuerte brazo del Estado.

A los ojos del hombre de la calle es como si agricultores y fabricantes de leche se hubieran conjurado para subir su precio. Y entonces interviene el Estado benefactor, en su papel de defensor del interés general contra los intereses particulares, del punto de vista de la economía general contra la economía privada, para poner remedio a la situación creada: desbarata el cártel de la leche, fija un precio máximo y persigue penalmente a los transgresores de sus prescripciones. La razón de que el precio de la leche no sea bajo, como desearía el consumidor, debe buscarse —piensa nuestro ciudadano— en las leyes, que no son suficientemente duras, y en la incapacidad de aplicarlas con suficiente rigor. No es fácil luchar contra el afán de lucro de los grupos que persiguen su interés particular a costa de los intereses de la colectividad. Lo que hace falta es endurecer las leyes y hacer su aplicación más estricta y despiadada, sin contemplaciones ni miramientos.

Lo cierto es que las cosas suceden de un modo muy diferente. Si la regulación de los precios se aplicara realmente, se bloquearían tanto la producción de leche como su distribución a las ciudades. Habría, no más, sino menos leche en circulación, e incluso vendría a faltar completamente. Si, a pesar de todo, los consumidores pueden seguir teniendo leche, es porque las prescripciones no se cumplen. Si se quiere mantener la impropia y absurda contraposición entre interés público e interés privado, habría que decir que quienes comercializan la leche, burlando la ley, son quienes verdaderamente fomentan el interés público, mientras que el burócrata, que quiere imponer precios oficiales, lo perjudica.

Es evidente que al comerciante que se salta las leyes y las ordenanzas para seguir produciendo a pesar de los obstáculos que le pone la autoridad no le motivan esas consideraciones por el interés público con las que siempre se llenan la boca los partidarios del intervencionismo, sino tan sólo el deseo de obtener beneficios, o por lo menos de evitar las pérdidas que sufriría si observara escrupulosamente las normas establecidas. La opinión pública, que se escandaliza por la bajeza de tales motivaciones y por lo indigno de este comportamiento, no comprende que, sin ese rechazo sistemático de las prescripciones y prohibiciones del gobierno, la política intervencionista no tardaría en causar una catástrofe. La opinión pública espera que la salvación definitiva venga de la rigurosa observancia de las disposiciones estatales «en defensa de los más débiles», y a lo sumo reprocha al Estado que no sea lo suficientemente enérgico para hacer todo lo que es necesario, y no encargar del cumplimiento de sus normas a sujetos más capaces e incorruptibles. Pero con ello los problemas de fondo del intervencionismo siguen intactos. Quien se aventura a mantener un tímido interrogante sobre si son legítimas las drásticas limitaciones al poder de disposición de propietarios y empresarios, queda marcado como individuo comprado, al servicio de intereses privados que perjudican a la colectividad, o, en el mejor de los casos, se le castiga desdeñosamente con la conjura del silencio. Y quien no quiere perder la reputación y la carrera debe cuidarse muy mucho de poner en cuestión el cómo del intervencionismo, o sea las modalidades concretas de su puesta en práctica. Pero ser sospechosos de estar vendidos al «capital» es lo menos que puede suceder —y absolutamente inevitable— a quien en la discusión se sirve de argumentos rigurosamente económicos.

Si la opinión pública siente por doquier un tufo de corrupción en el Estado intervencionista, no le faltan razones. La venalidad de los políticos, de los parlamentarios y de los funcionarios públicos es la única base en que se apoya el sistema; sin ella, este se derrumbaría sin remedio para ser sustituido por el socialismo o por el capitalismo. Para el liberalismo, las leyes mejores han sido siempre las que ofrecen un margen muy estrecho a la discrecionalidad de los órganos encargados de aplicarlas, para así poder evitar lo más posible las arbitrariedades y los abusos. El Estado moderno, en cambio, trata de potenciar el poder discrecional de sus órganos burocráticos. Todo se deja a la libre discreción de los funcionarios públicos.

No es este el lugar para discutir el problema de las repercusiones de la corrupción sobre la moralidad pública.

Es claro que ni los corruptores ni los corrompidos imaginan que su comportamiento contribuye a mantener en pie el sistema que la opinión pública y ellos mismos consideran justo. Ellos violan las leyes y son plenamente conscientes de que perjudican al bien colectivo. Y como poco a poco se van acostumbrando a quebrantar las leyes penales y las normas morales, acaban perdiendo enteramente la facultad de distinguir entre lo justo y lo injusto, entre el bien y el mal. Si no se puede producir o vender una mercancía sin infringir este o aquel reglamento, se acaba pensando que en el fondo pecar contra la ley y la moral forma «por desgracia parte de la vida» y burlándose de esos «teóricos» que quisieran que las cosas fueran distintas. El comerciante que ha empezado por infringir normas relativas al control de precios, prohibiciones sobre la importación o la exportación, precios oficiales, etc., acaba antes o después engañando a su colega comercial. La caída de la moral económica, denunciada como «efecto de la inflación», es en realidad el fenómeno inevitable que ha acompañado a las rígidas normas emanadas en el periodo de la inflación con el fin de «regular» todo el sistema económico.

Se afirma a veces que el sistema intervencionista se ha convertido en el fondo en algo tolerable gracias al laxismo con que es aplicado. Incluso la fijación autoritaria de los precios dejaría de sentirse como una molestia excesiva si el empresario puede «arreglárselas» con alguna propina o recomendación. Nadie, desde luego, niega que todo iría mucho mejor si no se dieran estas interferencias, salvo que se añada que algo habrá que hacer para dar satisfacción a la opinión pública. En una palabra, el intervencionismo sería un tributo que hay que pagar a la democracia para poder mantener el sistema capitalista.

Semejante argumentación sería comprensible en boca de un empresario o un capitalista imbuido en las ideas del socialismo marxista que pensara que la propiedad privada de los medios de producción es una institución que favorece a los propietarios, los capitalistas y los empresarios y perjudica los intereses de la colectividad, y que por lo tanto mantenerla es interés exclusivo de las clases ricas. Por lo tanto, si estas clases, haciendo algunas concesiones que no implican demasiados sacrificios, consiguen salvar la única institución que les favorece, aunque perjudique a la colectividad y las demás clases, sería una locura empeñarse en no hacer esas concesiones y comprometer con ello la supervivencia del ordenamiento social que sólo les proporciona ventajas.

Pero esta argumentación jamás podrá convencer a quienes no comparten semejante defensa de los intereses «burgueses». No hay razón para reducir la productividad del trabajo social con una serie de medidas equivocadas. Si se piensa que la propiedad privada de los medios de producción es una institución que sólo favorece a una parte de la colectividad y perjudica a otra, lo mejor sería acabar con ella. Pero si se reconoce que es útil a todos y que la sociedad humana basada en la división del trabajo no podría organizarse de otro modo, entonces es preciso mantenerla para que pueda desempeñar su función del mejor modo posible. Y no quiero referirme a la inevitable desorientación moral que se produciría si la ley y el código ético rechazaran —o incluso arrojaran dudas sobre— una institución que debe conservarse porque constituye el fundamento de la vida social. Por lo demás, ¿por qué habría de prohibirse algo si se sabe de antemano que en la mayor parte de los casos no se cumplirá?

Quien defiende el intervencionismo con estos argumentos se expone a sufrir una amarga decepción respecto a las dimensiones de la caída de la productividad por causa de las intervenciones estatales. Es cierto que la capacidad de adaptación de la economía capitalista ha permitido siempre al empresario superar los innumerables obstáculos que ha encontrado en su camino. Vemos a diario a empresarios que consiguen aumentar la cantidad y la calidad de los bienes y servicios que ofrecen al mercado sorteando todas las trabas jurídico-administrativas que obstaculizan su actividad. Pero esto no quita para que pudiéramos beneficiarnos de una enorme cantidad de bienes y servicios, sin necesidad de aumentar la cantidad de trabajo, si no lo impidiera la asfixiante presencia del Estado, destinada en todo caso —por supuesto de manera no intencionada— a empeorar las condiciones de la producción y de la distribución. Pensemos en las consecuencias de todas las intervenciones en materia de política comercial, sobre cuyos efectos reductores de la productividad no cabe la menor duda. Pensemos en la forma en que la lucha contra los cárteles y los trusts ha impedido la progresiva racionalización de la gestión empresarial. Piénsese en los efectos de las medidas de control de precios. Piénsese, finalmente, en el modo en que la política artificial de altos salarios —conseguidos a través de las distintas formas de sindicalismo obligatorio y en la negativa a salvaguardar la libertad de trabajo de quienes no quieren secundar las huelgas, a través de los subsidios de paro y el bloqueo de la libre circulación de mano de obra entre países— ha contribuido a transformar el paro de millones de trabajadores en un fenómeno permanente.

Estatistas y socialistas interpretan la gran crisis que padece la economía mundial desde el final de la guerra como crisis del capitalismo. Lo cierto es que esa crisis ha sido provocada por el intervencionismo.

En condiciones estáticas puede haber una economía con tierra no cultivada, pero no una economía con capital no utilizado y fuerza de trabajo en paro. A la tasa de salario que se forma en el mercado libre todos los trabajadores encuentran trabajo. Ceteris paribus, el posible despido de mano de obra en ciertos sectores, por ejemplo como consecuencia de la introducción de nuevas tecnologías que ahorran trabajo, tiene inevitables efectos depresivos inmediatos sobre el nivel de los salarios; pero a la nueva tasa de salarios más bajos todos los trabajadores encuentran ocupación. En el ordenamiento social capitalista el paro es siempre un fenómeno transitorio y friccional. Varias circunstancias que impiden la movilidad del trabajo pueden obstaculizar, tanto localmente como a nivel internacional, la igualación salarial para trabajos de la misma calidad, y, a la inversa, la diversificación de los salarios por trabajos de distinta calidad; pero jamás pueden conducir —si realmente hay libertad de iniciativa de empresarios y capitalistas— a ampliar la dimensión o a prolongar la duración del paro. Si la demanda de salario se ajusta a las condiciones del mercado, quien busca trabajo lo encuentra siempre.

Si no se hubiera impedido la libre formación del salario en el mercado, el resultado de la guerra mundial y de la nefasta política de los últimos decenios habría sido tal vez una lenta caída de los salarios pero no el paro. El paro masivo y permanente, que hoy se aduce como prueba del fracaso del capitalismo, no es en realidad sino la consecuencia de la política sindical que, a través del subsidio de paro, mantiene el salario por encima del nivel que el mercado no intervenido fijaría. Sin el subsidio de paro y sin el poder que tienen los sindicatos para impedir a las empresas contener sus reivindicaciones salariales contratando trabajadores no sindicados que desean trabajar, la presión de la oferta reconduciría el salario al nivel en que toda la mano de obra encontraría trabajo. Pero sobre las consecuencias de la política antiliberal y anticapitalista que se ha venido prolongando durante decenios podemos seguir recriminándolas, pero sin que nada podamos hacer para impedirlas. Sólo restringiendo el consumo y trabajando se pueden reconstruir los capitales perdidos, y sólo formando nuevo capital se puede aumentar la productividad marginal del trabajo y por tanto la tasa salarial.

Lo que no puede hacerse es combatir este desastre manteniendo el subsidio de paro. De este modo no se hace otra cosa que aplazar indefinidamente la inevitable adaptación final del salario a la reducida productividad marginal del trabajo. Y como los subsidios normalmente se detraen del capital y no de la renta, se sigue destruyendo capital y restringiendo la futura productividad marginal del trabajo.

Con todo, no hay que pensar que un inmediato allanamiento de las barreras que obstaculizan el funcionamiento del orden económico capitalista pueda eliminar de golpe los efectos de una política intervencionista practicada durante tanto tiempo. Gracias a la política intervencionista y otras medidas típicamente mercantilistas se han destruido ingentes cantidades de bienes de producción, y cantidades aún mayores han sido inmovilizadas en inversiones improductivas o escasamente rentables. La exclusión de grandes y fértiles áreas del planeta (como Rusia y Siberia) de los intercambios internacionales obliga ahora a echar mano de improductivas reconversiones en todos los sectores de la producción primaria y de la transformación. Aun contando con las mejores condiciones, se necesitarán años y años para poder borrar las huellas de la desastrosa política económica de los últimos decenios. En todo caso, si se quiere aumentar el bienestar general, no hay otro camino.

6. La doctrina del intervencionismo

El pensamiento precientífico se ha representado siempre la sociedad basada en la propiedad privada de los medios de producción como un auténtico caos, y que por lo tanto necesita un orden impuesto desde fuera a través de las normas de la moral y del derecho. Siempre se ha pensado que la sociedad sólo puede existir y durar si compradores y vendedores se atienen a criterios de justicia y de equidad. El gobierno debe intervenir para impedir toda posible desviación arbitraria en relación con el «precio justo». Esta concepción viene dominando todas las doctrinas sociales desde el siglo XVIII y tiene su máxima expresión, en toda su ingenuidad, en los escritos de los mercantilistas.

El siglo XVIII realiza un descubrimiento —por lo demás ya anunciado en algunos escritos muy anteriores sobre temas de moneda y precios— que de pronto pone en marcha una ciencia económica que viene a sustituir a las colecciones de preceptos morales y a los compendios de reglamentos de la administración pública y de observaciones aforísticas sobre su eficacia o ineficacia. Se descubre que los precios no están determinados arbitrariamente, sino que los fija la situación del mercado dentro de márgenes tan precisos que se puede hablar prácticamente de una determinación unívoca. Se descubre también que los empresarios y los propietarios de los medios de producción, a través de la ley del mercado, están al servicio de los consumidores y que su actividad no es arbitraria, sino que depende enteramente de que sepa adaptarse a determinadas condiciones. Todo esto constituye la base de la ciencia de la economía política y del sistema de la cataláctica. Allí donde los economistas anteriores no habían visto sino arbitrariedad y casualidad, se perciben ahora relaciones de necesidad y regularidad. La ciencia y el sistema podían finalmente sustituir a los comentarios a los reglamentos de la administración pública.

En la economía clásica, sin embargo, falta aún la clara convicción de que sólo la propiedad privada de los medios de producción puede proporcionar los fundamentos para construir una sociedad basada en la división del trabajo y que la propiedad colectiva de esos medios es simplemente irrealizable. La influencia del mercantilismo llevó a la economía clásica a contraponer productividad y rentabilidad, y a emprender aquel camino que la llevaría a formularse la pregunta de si una sociedad socialista no sería preferible a una sociedad capitalista. En todo caso, reconoció con total claridad que —dejando a un lado la solución conocida como sindicalismo, en la que obviamente no pensaba— existe sólo la alternativa capitalismo o socialismo y que, en el juego del sistema económico basado en la propiedad privada de los medios de producción, están destinadas a fracasar todas aquellas intervenciones que el pueblo reclama y que los gobernantes están encantados de poner en práctica.

Los autores antiliberales repiten machaconamente que las ideas de la economía clásica sirvieron a los «intereses» de la «burguesía» y que sólo por eso tuvieron éxito y ayudaron a la burguesía a triunfar. Lo cierto es que sólo la libertad creada por el liberalismo ha permitido el increíble desarrollo de las fuerzas productivas que ha tenido lugar en las últimas generaciones. Pero se equivoca quien piensa que la victoria del liberalismo haya sido facilitada por su actitud hacia el «intervencionismo». Contra el liberalismo estaban coaligados los intereses de todos los protegidos, los garantizados, los favorecidos y los privilegiados por la multiforme actividad del gobierno. Si, a pesar de todo, logró afirmarse, fue por su victoria cultural, que significó un jaque mate a los defensores de los privilegios. No era una novedad que todos los perjudicados por los privilegios pidieran su abolición. La novedad consistió en el éxito del ataque al sistema mismo que hacía posibles los privilegios, y eso se debió únicamente a la victoria cultural del liberalismo.

El liberalismo ha triunfado exclusivamente con y a través de la economía política. Ninguna otra ideología político-económica puede ser de algún modo compatible con la ciencia de la cataláctica. En la Inglaterra de los años veinte y treinta del siglo XIX se intentó utilizar la economía política para demostrar las disfunciones y la injusticia del ordenamiento social capitalista. De este intento partió luego Marx para construir su socialismo «científico». Sin embargo, aun en el caso de que estos escritores hubieran conseguido demostrar lo que reprochaban a la economía capitalista, habría debido en todo caso ofrecer la demostración ulterior de que un ordenamiento social distinto —por ejemplo socialista— sería mejor que el capitalismo. Y esto no sólo no lo hicieron, sino que tampoco lograron demostrar que un ordenamiento social basado en la propiedad colectiva de los medios de producción sería capaz de funcionar. Rechazar toda discusión de los problemas de una sociedad socialista, calificándola despectivamente de «utópica» —como hace el marxismo— no resuelve sin más el problema.

Con los medios de la ciencia no se puede decidir si una institución o un orden social son o no «justos». Según las preferencias, se podrá considerar «justo» o «inmoral» esto o aquello; pero si no se es capaz de sustituir lo que se condena por alguna otra cosa, es inútil incluso iniciar la discusión.

Pero no es este el problema que aquí nos interesa. Lo único importante para nosotros es que no se ha podido demostrar que entre —o junto al— ordenamiento social basado en la propiedad privada de los medios de producción y el ordenamiento basado en la propiedad colectiva (dejando al margen la solución sindicalista) sea imaginable y posible una tercera forma de sociedad. Esa tercera vía, basada en la propiedad limitada, controlada y regulada de forma autoritaria, es intrínsecamente contradictoria e irracional. Cualquier intento de realizarla seriamente está destinado a desembocar en una crisis, cuya única vía de salida será el socialismo o el capitalismo.

Es esta una conclusión de la ciencia económica que nadie ha conseguido refutar. A quienes quieren defender esa tercera forma de sociedad basada en la regulación autoritaria de la propiedad privada no les queda sino rechazar en bloque la posibilidad misma de un conocimiento científico de la realidad económica, tal como hizo en el pasado la Escuela histórica en Alemania y como hoy hacen los institucionalistas en Estados Unidos. En el lugar de la economía, formalmente abolida y prohibida, se coloca la ciencia del Estado y de la administración pública, que se limita a registrar las disposiciones de la autoridad y a proponer la adopción de otras nuevas, siguiendo con plena consciencia la línea de los mercantilistas e incluso la doctrina canonista del justo precio, arrojando por la borda, como chatarra inútil, todo el trabajo de la economía política.

La Escuela histórica alemana y sus numerosos seguidores, incluso fuera de Alemania, no han sentido la necesidad de afrontar los problemas de la cataláctica. Les bastaba y sobraba manejar los argumentos empleados por Schmoller y algunos de sus alumnos, por ejemplo Hasbach, en una célebre controversia sobre el método. Sólo tres autores comprendieron plenamente la problemática del principio de la reforma social en el decenio que va desde el conflicto constitucional prusiano y la Constitución de Weimar: Philippovich, Stolzmann y Max Weber. Pero de estos tres sólo Philippovich tenía conocimiento de la naturaleza y del objeto de la economía política teórica; en su sistema, sin embargo, la cataláctica y el intervencionismo se yuxtaponen sin mediación alguna, sin un puente que permita pasar de una al otro, y sin que ni siquiera se intente resolver el problema de fondo. Stolzmann, por su parte, trató de transformar en principios orgánicos las pocas e insuficientes indicaciones de Schmoller y Brentano. Era inevitable que su empresa fracasara; sólo hay que lamentar que el único representante de la Escuela que realmente se acercó al problema no tuviera la más pálida idea de lo que sostenían los representantes de la orientación que él combatía. En cuanto a Max Weber, se quedó a medio camino porque, ocupado como estaba en problemas totalmente diferentes, era fundamentalmente ajeno a la economía política, a la que tal vez se habría acercado más si la muerte no le hubiera sorprendido prematuramente.

Desde hace varios años se viene hablando de un despertar del interés por la economía política en las universidades alemanas. Se piensa, por ejemplo, en autores como Liefmann, Oppenheimer, Gottl y otros que combaten duramente el sistema de la economía política moderna subjetivista, que por lo demás sólo conocen en sus representantes «austriacos». No es este el lugar apropiado para afrontar la cuestión de la legitimidad de tales ataques. Nos interesa más bien hablar de los efectos que acaban teniendo sobre el análisis de la posibilidad del sistema basado en la regulación de la propiedad privada a través de la intervención estatal. Cada uno de estos tres autores liquida como totalmente errónea toda la labor de la economía política teórica del pasado —los fisiócratas, la Escuela clásica, los economistas modernos en particular—, y sobre todo la de los «austriacos», que denuncian como increíble ejemplo de aberración de la mente humana, y a la que contraponen un sistema de economía política que tiene la presunción de ser absolutamente original y de resolver definitivamente todos los problemas. Todo esto, obviamente, produce en el público la impresión de que esta ciencia es el reino de la incertidumbre, en la que todo es problemático, y que la economía política no es otra cosa que la opinión particular de los teóricos. El desconcierto creado por las obras de estos autores en el área de lengua alemana ha hecho olvidar que existe una teoría de la economía política y que su sistema —si exceptuamos algunas divergencias sobre determinados aspectos que a menudo se reducen a diferencias terminológicas— goza de la consideración unánime de todos los amantes de la ciencia, y en el fondo, al menos en las cuestiones básicas, también del consenso de aquellos autores, a pesar de sus críticas y reservas. Obviamente, como este aspecto decisivo ha pasado inadvertido, estos críticos tampoco han captado la necesidad de examinar el intervencionismo en la perspectiva de la teoría económica.

A todo esto se ha sumado el efecto de la controversia sobre los juicios de valor en la ciencia. En manos de la Escuela histórica, la ciencia política como disciplina universitaria se transformó en una especie de técnica para gobernantes y políticos. En las aulas universitarias y en los libros de texto se defendieron, y elevaron al rango de «ciencia», simples reivindicaciones político-económicas. La «ciencia» condena al capitalismo como inmoral e injusto, rechaza la solución propuesta por el socialismo por ser «demasiado radical», y recomienda el socialismo de Estado o bien el sistema de regulación de la propiedad privada mediante intervenciones autoritarias. La economía política no es ya algo que tenga que ver con el saber y el poder, sino simplemente con nuestras buenas intenciones. Finalmente, a partir sobre todo del segundo decenio de nuestro siglo, se ha empezado a advertir este contubernio entre enseñanza universitaria y política. El público empezó a desconfiar de los representantes oficiales de la ciencia, convencido de que su función principal consiste en dar el respaldo de la «ciencia» a los programas de los partidos políticos amigos. Ya no era posible tolerar el escándalo de que cada partido político se creyera legitimado para apelar al juicio de la «ciencia» considerado más favorable, que en realidad no era otra cosa que el juicio de los catedráticos encuadrados en el propio partido. Había que reaccionar. Y por eso, cuando Max Weber y algunos de sus amigos invocaron la necesidad de que la «ciencia» se abstuviera de formular juicios de valor y de que las cátedras dejaran de ser instrumentalizadas abusivamente para hacer propaganda de determinados idearios político-económicos, el consenso fue casi unánime.

Entre los que manifestaron su acuerdo con Max Weber, o que por lo menos no osaron oponérsele, se hallaban algunos intelectuales cuyo pasado era la negación misma del principio de objetividad y cuyos escritos no eran sino una paráfrasis de determinados programas de política económica. Su interpretación de esta «libertad respecto a los juicios de valor» fue muy particular. Ludwig Pohle y Adolf Weber se encararon con el problema fundamental del intervencionismo indagando los efectos de la actividad sindical sobre la política salarial. Los seguidores de la política sindicalista, capitaneados por Lujo Brentano y por Sidney y Betrice Webb, no fueron capaces de oponer ningún serio argumento a sus conclusiones. Pero el nuevo postulado de la «ciencia libre de valores» parecía liberarles de las dificultades en que se encontraban. Pudieron pasar alegremente por encima de todo aquello que no encajaba en sus esquemas, con el pretexto de que era incompatible con la dignidad de la ciencia mezclarse en las diatribas partidistas. Y así, el principio de la Wertfreiheit, que en perfecta buena fe había defendido Max Weber para relanzar la elaboración científica de los problemas de la vida social, se utilizó para poner la Sozialpolitik de la escuela histórico-realista a cubierto de la crítica de la economía política teórica.

Lo que se ignora de forma sistemática —tal vez no sin intención— es la distinción entre el análisis teórico de los problemas de la economía política y la formulación de los postulados de política económica. Cuando, por ejemplo al analizar los efectos de los precios administrados, decimos que, en igualdad de circunstancias, la fijación de un precio máximo, por debajo del precio que se formaría espontáneamente en el mercado libre, provoca una reducción de la oferta, y de ello deducimos que el control de los precios yerra el objetivo que la autoridad se proponía alcanzar por este medio, y que por lo tanto ese control es ilógico porque genera una política de encarecimiento, esto no significa formular un juicio de valor. Tampoco el fisiólogo formula un juicio de valor cuando afirma que suministrar cianuro es letal para la vida humana y que por tanto un «sistema alimentario» a base de cianuro sería ilógico. La fisiología no responde a preguntas referentes a la voluntad o a la finalidad de alimentar o matar; se limita a establecer qué cosas tienen efectos nutritivos y cuáles, en cambio, tienen efectos letales, y por tanto qué es lo que deben hacer, respectivamente, dietólogos y asesinos, de acuerdo con su lógica particular. Si afirmo que el control de precios es ilógico, quiero decir simplemente que no consigue el objetivo que normalmente se pretende alcanzar con ese medio. A un bolchevique que afirmara que quiere aplicar el control de precios porque su único objetivo es impedir que funcionen los mecanismos del mercado y transformar así la sociedad humana en un caos «carente de toda lógica», para así realizar más rápidamente su ideal comunista, nada se le podría objetar desde el punto de vista de la teoría del control de precios, como nada podría objetarse desde el punto de vista de la fisiología a quien quisiera suicidarse con cianuro. Cuando, análogamente, se denuncia la irracionalidad del sindicalismo y la inviabilidad del socialismo, esto no tiene absolutamente nada que ver con los juicios de valor.

Calificar de inadmisibles todos estos análisis significa privar de fundamento a la economía política. Vemos cómo jóvenes muy capaces, que en otras circunstancias se habrían ocupado provechosamente de los problemas económicos, pierden el tiempo en trabajos que no merecen su talento, y son así de poca utilidad para la ciencia, precisamente porque, víctimas de los errores que acabamos de denunciar, dejan de dedicarse a tareas de mayor fuste científico.

7. El argumento histórico y el argumento práctico a favor del intervencionismo

Puestos entre la espada y la pared por la crítica de la economía política, los representantes de la Escuela histórico-realista acaban apelando a los «hechos». Es innegable —dicen— que todas las intervenciones que la teoría califica de ilógicas han sido siempre y siguen siendo realizadas, y es impensable que nadie se haya percatado jamás de sus supuestos efectos prácticos contraproducentes. El hecho de que las normas intervencionistas hayan tenido una vigencia secular, y que el mundo, tras la desaparición del liberalismo, esté de nuevo gobernado por el intervencionismo, serían circunstancias que demuestran suficientemente la viabilidad del sistema y su plena eficacia, y no su irracionalidad. La enorme literatura que la Escuela histórico-realista ha producido sobre la historia de la política económica vendría a confirmar plenamente los postulados del intervencionismo[63].

A pesar de ello, el que determinadas medidas se hayan adoptado continuamente no demuestra que las mismas no sean irracionales. Lo único que demuestra —de manera irrefutable— es que quienes las han adoptado no se han percatado de su irracionalidad. Quiero decir que —al revés de lo que opinan los «empíricos»— no es fácil comprender el significado de una medida de política económica. Sin una visión coherente de todo el proceso económico, sin una teoría sistemática, es imposible comprenderlo. Los autores de obras de historia económica de ordinario tienden a simplificar alegremente el problema, limitándose a la mera descripción de los hechos económicos. Carentes del indispensable conocimiento de la teoría económica, tienen la osadía de afrontar tareas para las que no están en modo alguno preparados. Lo que ya había pasado inadvertido a los autores del material que utilizan, acaba igualmente pasando inadvertido a su atención. Cuando comentan una medida de política económica, raramente están dispuestos a verificar con el debido esmero si —y de qué forma— esa medida se ha llevado a la práctica, si sus efectos intencionados se consiguieron efectivamente y, en caso positivo, si esos efectos haya que atribuirlos a la medida en cuestión o a otras causas. Falta también la capacidad de reconocer los efectos a largo plazo de esa medida, ya se trate de efectos deseados o indeseados por quienes la tomaron. El que una gran cantidad de esas obras histórico-estadísticas, especialmente las de carácter histórico-monetario, sean de excelente calidad, se debe simplemente a la circunstancia de que sus autores tenían un patrimonio de conocimientos de teoría monetaria (ley de Gresham, teoría cuantitativa) que les permitía cumplir su tarea mejor que la media de los demás autores.

La principal cualidad que debe tener quien maneja los «hechos económicos» es la de dominar perfectamente la teoría económica. Su tarea consiste en interpretar, a la luz de la teoría, el material con que cuenta. Si no lo consigue, o lo consigue sólo de manera insatisfactoria, tiene la obligación de indicar exactamente el punto crítico y de formular el problema teórico interpretativo que surge, de tal modo que otros puedan cumplir la tarea en la que él ha fracasado, ya que el fracaso se debe cabalmente al intérprete, no a la teoría. Una teoría puede explicarlo todo. Las teorías no fallan en los problemas particulares; fallan en el conjunto de su sistema. Quien desea sustituir una teoría por otra tiene dos opciones: encajar esa teoría en el sistema dado, o bien formular un nuevo sistema en el que esa teoría encuentre su perfecta colocación. Es absolutamente anticientífico partir de un «hecho» empírico para declarar falsa la «teoría» o el sistema. El genio, que tiene el don de hacer progresar la ciencia con un gran descubrimiento, puede ser guiado por un suceso acaso ínfimo que ha escapado a los demás científicos; su mente se enciende ante todo objeto que se le presenta. Pero el científico verdaderamente innovador sustituye la vieja teoría por otra nueva, no por una simple negación; es siempre un teórico con la mirada dirigida hacia el conjunto y el sistema.

Sin embargo, no es este el lugar para analizar a fondo la cuestión epistemológica del conflicto entre sistemas, ya que aquí no se trata de una pluralidad de sistemas antagónicos. Cuando estudiamos el problema del intervencionismo, tenemos por un lado el sistema de la economía política moderna, incluidas todas las viejas teorías sin excepción; por otro lado, los que niegan el sistema y toda teoría, aunque al rechazar la posibilidad del conocimiento teórico, utilicen expresiones más o menos cautas. A estos sólo se les puede dar una respuesta: primero tratad de formular un sistema de explicación teórica que os satisfaga más que el nuestro, y luego hablaremos.

Todos los argumentos que aducen los detractores de la teoría económica son también, naturalmente, «teoría». Estos autores también escriben libros de «Teoría económica» y dictan cursos de «Economía política teórica». Pero lo que hace que estos primeros intentos sean aún insuficientes es la falta de una conexión sistemática de los diferentes teoremas de su «teoría», es decir la ausencia de una teoría general de la cataláctica. Sólo mediante (y en el ámbito de) un sistema, el postulado teórico se convierte en teoría. Es muy fácil hacer una serie de afirmaciones sobre el salario, la renta o el interés. Pero sólo se puede hablar de una teoría del salario y del interés cuando los distintos enunciados se relacionan en una explicación general de todos los fenómenos del mercado.

Las ciencias de la naturaleza pueden prescindir de todos los elementos que perturban sus experimentos y observar, coeteris paribus, las consecuencias del cambio de un solo factor. Si el resultado del experimento no se presta a ser encuadrado orgánicamente y a plena satisfacción en el sistema teórico utilizado, ello puede conducir a lo sumo a una reformulación del sistema mismo, o bien, en última instancia, incluso a sustituirlo por otro sistema. Pero es sencillamente ridículo pretender deducir del resultado negativo de un experimento la imposibilidad de un conocimiento teórico. En las ciencias sociales falta el experimento. No pueden observar coeteris paribus el efecto de un único factor. Y, sin embargo, no faltan quienes, partiendo de un «hecho» cualquiera, tienen la osadía de concluir que la teoría, o incluso toda teoría, ha sido refutada.

¿Qué decir, por ejemplo, de afirmaciones con estas: «La supremacía industrial de Inglaterra en los siglos XVIII y XIX fue la consecuencia de la política mercantil de los siglos anteriores»; o bien: «Corresponde a los sindicatos el mérito del aumento del salario real en las últimas décadas del siglo XIX y en las primeras del XX»; o también: «La especulación del suelo encarece los alquileres»? Quien enuncia estas tesis cree que las ha deducido directamente de la experiencia, piensa que no son anodina teoría sino fruto del árbol verde de la vida, y se obstina en no conceder la más mínima atención al teórico que trata de cribar la lógica de fondo de las distintas afirmaciones de «experiencia práctica» y de unificarlas en un contexto sistemático.

Pero todos los argumentos ideados por la Escuela empírico-realista no bastan para suplir la falta de un sistema teórico orgánico.

8. Escritos recientes sobre los problemas del intervencionismo

En Alemania, el país clásico del intervencionismo, ni siquiera se ha sentido la necesidad de medirse seriamente con la crítica formulada contra él por parte de la economía política. El intervencionismo ha triunfado sin necesidad de combatir, y ha podido ignorar alegremente aquella ciencia económica creada por ingleses y franceses que ya List marcara a fuego como perjudicial a los intereses del pueblo alemán. De los pocos grandes economistas alemanes, Thünen fue casi un desconocido, Gossen lo fue completamente, Hermann y Mangold no tuvieron influencia alguna. En lo que respecta a Menger, fue «liquidado» en la Methodenstreit. La ciencia oficial del Reich alemán se desinteresó completamente de todo lo que la economía política había venido aportando desde principios de los años setenta del siglo XIX. Todas las objeciones de que esa ciencia oficial ha sido objeto fueron sistemáticamente liquidadas y selladas con la marca infamante de apología de los intereses particulares de empresarios y capitalistas[64].

En Estados Unidos, que ahora parecen haberse puesto a la cabeza del intervencionismo, la situación es distinta. En el país en que trabajan J. B. Clark, Taussig, Fetter, Davenport, Young, Seligmann, es muy difícil ignorar todo lo que la economía política ha producido. Podía, pues, esperarse que allí se intentara demostrar la viabilidad y la racionalidad del intervencionismo. A esa tarea se dedicó, desde el otoño de 1926, John Maurice Clark, antiguo profesor de la Universidad de Chicago y ahora, prosiguiendo la obra de su célebre padre, John Bates Clark, profesor en la Universidad Columbia de Nueva York[65].

Lamentablemente, en toda su voluminosa obra sólo un pequeño capítulo de unas pocas páginas se ocupa del problema fundamental del intervencionismo.

Clark distingue dos tipos de control estatal (social) de las actividades económicas: el que regula los aspectos accesorios de la transacción principal (those in which the state is dealing with matters which are incidental to the main transaction) y el que regula los aspectos esenciales de la misma (those in which the ‘heart of the contract’ is at stake and the state presumes to fix the terms of the exchange and dictate the consideration in money or in goods, or to say that the exchange shall not take place at all)[*]. Esta distinción coincide, poco más o menos, con la que aquí hemos establecido entre intervención sobre la producción e intervención sobre los precios. Es evidente que cualquier consideración del intervencionismo desde el punto de vista de la economía política no puede proceder de otro modo.

En su valoración del control de los aspectos secundarios de las transacciones económicas (control of matters incidental to the contract), Clark llega a resultados parecidos a los que llegamos nosotros al examinar las intervenciones sobre la producción. En efecto, tampoco él puede menos de observar que esas intervenciones sólo pueden tener un efecto entorpecedor y paralizante sobre la producción (such regulations impose some burdens on industry[66]). Es este el único punto de su argumentación que nos interesa realmente, mientras que la discusión sobre los pro y los contra políticos de tales intervenciones carece de importancia para nuestro problema.

Al hablar del control de los aspectos esenciales de las transacciones económicas (control of the heart of the contract), al que corresponde aproximadamente nuestra categoría de las intervenciones políticas sobre los precios, Clark menciona ante todo la regulación del tipo de interés máximo en América. Sostiene que se burla ese control gravando a los prestatarios con una serie de cargas colaterales que hacen que el tipo efectivo supere el umbral del tipo nominal. Para los pequeños préstamos a los consumidores se habría desarrollado un auténtico tráfico ilegal, del que la gente seria se mantiene alejada, pero que precisamente por esto se ha convertido en campo propicio para elementos sin escrúpulos; y como estas transacciones no pueden realizarse a la luz del día, se ha llegado a pedir y aceptar tipos de interés enormes, que superan con mucho el nivel que se formaría si no se hubiera impuesto el tipo máximo. (Charges equivalent to several hundred per cent per year are the common thing. The law multiplies the evil of extortion tenfold)[67].

A pesar de todo, Clark no piensa que fijar un tope máximo en los tipos de interés sea un contrasentido. Dice que, sin duda, hay que dejar libre el mercado del crédito por lo que respecta a esta clase de préstamos a los pequeños consumidores, pero se debe prohibir por ley que se exijan intereses superiores a los que corresponden a la situación del mercado (The law […] may render a great service in preventing the exaction of charges which are materially above the true market rate). Y el medio más sencillo para alcanzar este objetivo es fijar un tipo legal para esta clase de préstamos que cubra ampliamente los costes y los incentivos necesarios y prohíba todos los tipos que superen ese límite (to fix a legal rate for this class of loans which liberally covers all costs and necessary inducements, and to forbid all charges in excess of this rate)[68].

Ahora bien, si el tipo máximo fijado por la ley refleja fielmente el tipo de mercado o lo supera generosamente, nada tenemos que objetar: quiere decir que ha sido inútil y superfluo fijarlo. Pero si permanece por debajo del tipo que se formaría espontáneamente en el mercado libre, aparecerán todas las consecuencias que el propio Clark señala puntualmente en los pasajes citados. Y entonces, ¿qué necesidad hay de fijar por ley un tipo de interés máximo? Clark responde que es necesario para impedir injustas discriminaciones (unfair discriminations[69]).

El concepto de unfair discriminations (llamadas también undue discriminations) proviene del campo de los monopolios[70]. Si el monopolista en cuanto vendedor está en condiciones de subdividir los potenciales compradores en varias franjas, en razón de su poder adquisitivo o de su intención de comprar, y les ofrece la misma mercancía o el mismo servicio en condiciones distintas, adecuadas a las diferentes franjas, seguramente se beneficiará respecto a un posible precio uniforme. Estas condiciones se verifican sobre todo en las empresas de transporte, en las eléctricas y en otras por el estilo. Las tarifas ferroviarias son un ejemplo clásico de esta diferenciación. Calificarlas de «injustificadas» no es correcto, como supone ingenuamente el intervencionista en su resentimiento antimonopolista. Pero aquí no debemos ocuparnos de la cuestión de la legitimidad ética de una intervención; lo único que hay que aclarar desde el punto de vista científico es que, frente a los monopolios, hay espacio para la intervención estatal.

También es posible un tratamiento diferenciado de las distintas franjas de compradores que va contra los intereses del empresario monopolista. Este tratamiento sólo es posible en aquellos casos en que la empresa monopolista es gestionada como parte de un conjunto mayor, dentro del cual obedece expresamente a finalidades distintas de la máxima rentabilidad. Prescindimos aquí de los casos en que se trata de alcanzar determinados fines de orden político, militar o social, y para ello se echa mano de empresas monopolistas que o bien son entidades de derecho público o dependen de ellas —por ejemplo tarifas ferroviarias que se fijan según criterios político-comerciales, o los precios diferenciados que aplican las empresas municipales de acuerdo con la renta de los usuarios—. En todos estos casos la diferenciación obedece a precisos objetivos de los intervencionistas y es avalada por ellos. Para nosotros, en cambio, los únicos casos importantes pueden ser aquellos en los que el monopolista practica una diferenciación que choca con la exigencia de rentabilidad de la empresa porque acaso tenga en cuenta los intereses de otra empresa suya que considera más importantes, o porque no quiere favorecer al usuario por motivos suyos particulares, o porque quiere forzarle a comportarse o no comportarse de determinada manera. En Estados Unidos algunas empresas han apoyado con frecuencia la capacidad competitiva de algunos fletadores, más próximos a su dirección, aplicando tarifas más baratas y obligando así a los demás competidores a abandonar el campo o a ceder sus empresas a precio de saldo. La opinión pública ha juzgado muy duramente estas iniciativas como un incentivo a la concentración de empresas y la formación de monopolios, y ha visto como algo muy negativo la desaparición de la competencia dentro de los distintos sectores de la producción. Sin embargo, no se ha caído en la cuenta de que la competencia por parte de productores y vendedores no tiene lugar sólo en el interior de los distintos sectores de producción, sino también entre todos los bienes afines desde el punto de vista del consumo —y tales son en sentido amplio todos los bienes— y que las consecuencias del aumento del precio de competencia hasta el nivel del precio de monopolio, producido por los pocos monopolios auténticos (como los del sector minero y sectores análogos de la producción primaria), no son, en definitiva, tan perjudiciales para la colectividad como erróneamente piensa el antimonopolismo ingenuo[71].

Ahora bien, en el caso del mercado crediticio al que se refiere Clark, y en particular en el del crédito a los consumidores, a los pequeños agricultores, a los pequeños comerciantes y a los artesanos, difícilmente podría hablarse de tendencias monopolistas. ¿Cómo serían aquí posibles las unfair discriminations? Si el préstamo no se concede al tipo de mercado, el solicitante se dirige sin más a otra institución. Por lo demás, es innegable que todo el mundo —especialmente entre estas categorías, siempre necesitadas de crédito— tiende a sobreestimar su propia solvencia y a considerar demasiado altos los tipos que exige el prestamista.

De la discusión sobre la fijación del tipo de interés máximo Clark pasa a la referente al salario mínimo garantizado. Un aumento «artificial» del salario —afirma— produce paro. El aumento salarial hace aumentar los costes de producción, y por tanto el precio de los productos, que no son ya absorbidos por el mercado en la cuantía en que lo eran al menor precio anterior. De este modo acaban formándose, por una parte, una masa de compradores insatisfechos que quisieran comprar las mercancías a precios inferiores a los que pueden obtener en el mercado, y por otra una masa de parados que estarían dispuestos a trabajar por un salario inferior al establecido; en medio se encuentran los empresarios, que estarían dispuestos a hacer que esta demanda y esta oferta potenciales coincidieran[72].

Hasta aquí podríamos estar plenamente de acuerdo con Clark. Pero luego él hace una afirmación totalmente errónea. Clark piensa que las mismas consecuencias producirían las medidas encaminadas a regular las condiciones accesorias del empleo de mano de obra (regulations affecting the incidental conditions of employment), porque también ellas hacen aumentar los costes de producción[73]. Pero esto no es exacto. Si se deja que el salario se forme libremente en el mercado de trabajo, las intervenciones sobre la reducción del horario laboral, el seguro obligatorio a cargo del empresario, las normas sobre el ambiente de trabajo, sobre vacaciones pagadas, etc., no se traducen en un aumento del salario por encima de la tasa de mercado. Todas estas cargas se trasladan al salario y son a cargo del trabajador. Si se ha podido ignorar esta circunstancia, es sobre todo porque estas intervenciones de política social fueron introducidas en tiempos de salarios reales crecientes y de un poder adquisitivo de la moneda decreciente, de modo que los salarios netos que los trabajadores se embolsaban seguían aumentando en términos monetarios y reales, a pesar de que fueran gravados cada vez más en el plano contable por esas cargas sociales crecientes para el empresario. En efecto, en sus cálculos, el empresario no sólo tiene en cuenta el salario del trabajador, sino también todos los costes derivados de su empleo.

Por tanto, Cuando Clark sostiene que los aumentos salariales, al igual que otras intervenciones a favor de los trabajadores, sólo pueden autofinanciarse si se demuestra que contribuyen a elevar el nivel de eficiencia individual del trabajador, a estimular ulteriormente en el empresario la experimentación de métodos más productivos, a acelerar la expulsión del mercado del empresario menos eficiente, trasladando su empresa a manos más capaces[74] —todo esto nada tiene que ver con nuestro problema, porque lo mismo puede afirmarse de un terremoto o de cualquier otra catástrofe natural.

Clark es un teórico demasiado experto e inteligente para no darse cuenta de que su argumentación es insostenible; y así concluye diciendo que el problema de establecer si una determinada intervención constituye una violation of economic law es fundamentalmente una question of degree. Es decir, en definitiva, se trataría de establecer en qué medida las modificaciones que la intervención introduce inciden sobre los costes de producción o sobre los precios de mercado. La ley de la oferta y la demanda no es thing of precision and inexorable rigidity. A menudo una pequeña variación en los costes de producción (a small change in costs of production) no tiene efecto alguno sobre el precio final, por ejemplo cuando el precio se fija en números redondos y los comerciantes caigan con ligeras desviaciones de los costes o de los precios al por mayor. Dicho esto, Clark concluye afirmando que fuertes aumentos salariales pueden ser una violation of economic law; mientras que si se trata de pequeños aumentos, la realidad puede ser muy distinta[75].

Así, pues, si bien se mira, Clark acaba por admitir todo lo que sostienen quienes definen el intervencionismo como contraproducente e irracional respecto a sus propios objetivos. Decir que las consecuencias de la intervención dependen cuantitativamente de la intensidad de la propia intervención significa afirmar un hecho obvio que nadie ha puesto jamás en duda. Es sabido que un terremoto de débil intensidad destruye menos que otro de intensidad fuerte, y que pequeñas sacudidas telúricas dejan huellas apenas perceptibles.

Por lo demás, es irrelevante que Clark insista en sostener la posibilidad de tales intervenciones, e incluso las defienda. Él se ve obligado a admitir que en tal caso sería necesario tomar ulteriores medidas específicas para eliminar las consecuencias no deseadas. Si, por ejemplo, se inicia un procedimiento de control de precios, a renglón seguido es preciso —si se quiere evitar el desequilibrio entre oferta y demanda— introducir el racionamiento y posteriormente, una vez que desaparece el interés por producir, estimular directamente la producción (should be directly stimulated)[76]. Es una pena que Clark interrumpa su argumentación en este punto. Si hubiera seguido, habría llegado inevitablemente a la conclusión de que sólo existen dos opciones: o abstenerse de toda intervención, o bien, si no se tiene intención de hacerlo, proceder —para eliminar la discrepancy between supply and demand which the public policy has created— a toda una serie de intervenciones sucesivas, hasta someter toda la producción y la distribución a la dirección del aparato coactivo estatal, es decir hasta la completa socialización de los medios de producción disponibles; en una palabra, hasta el socialismo.

Igualmente insostenible es la solución que Clark propone, por ejemplo, en el caso del salario mínimo garantizado. Esta solución consiste en emplear en obras públicas a los parados por causa precisamente de la introducción del salario mínimo garantizado[77]. Su apelación a la energy, intelligence and loyalty con que habría que sostener las intervenciones, no es sino un signo evidente de su confusión[78].

«El gobierno —afirma Clark en el penúltimo párrafo del capítulo de su libro dedicado a estas cuestiones fundamentales— puede hacer un gran bien simplemente garantizando que todos disfruten de los beneficios del tipo de mercado, sea el que fuere, evitando así que quien desconoce la situación del mercado sea explotado precisamente a causa de esa ignorancia»[79]. Esta afirmación coincide plenamente con la tesis liberal que limita la acción del gobierno a la función de impedir, mediante la defensa de la propiedad privada y la remoción de todo lo que obstaculiza la plena manifestación de sus efectos, que a los individuos y a los grupos se les impida el acceso al mercado. Y esto es simplemente una transcripción del principio laissez faire, laissez passer. No tiene especial importancia considerar —como hace Clark— que, para alcanzar este objetivo, se precise una especial labor de información. La ignorancia de la situación del mercado no puede ser, como tal, la circunstancia que impida al potencial comprador o a quien busca trabajo aprovecharse de la coyuntura; si a los vendedores y compradores no se les obstaculiza en la búsqueda de clientes y de quienes están dispuestos a trabajar, la competencia entre ellos conducirá a una reducción de los precios de los productos y a un aumento de los salarios hasta la tasa que corresponde a la situación del mercado. Las posibles iniciativas del gobierno encaminadas a proporcionar sistemáticamente información sobre los datos relevantes para la formación del precio de mercado no son en modo alguno contrarias al principio liberal.

El resultado de los análisis de Clark sobre el problema aquí planteado no se opone a lo que mantuvimos en los apartados anteriores. A pesar del celo con que ha intentado demostrar que las famosas «intervenciones» no son contraproducentes e ilógicas, lo único que ha conseguido establecer es que, en ciertas circunstancias, es decir cuando son cuantitativamente irrelevantes, esas intervenciones sólo tienen consecuencias mínimas, mientras que las intervenciones de mayor entidad cuantitativamente tienen consecuencias no deseadas, a las que es preciso hacer frente adoptando otras medidas extraordinarias. Por desgracia, Clark interrumpe demasiado pronto el análisis de tales medidas; si lo hubiera llevada hasta el final, como debía, habría podido demostrar que no hay otra alternativa: o se garantiza la libertad de la propiedad privada de los medios de producción, o se transfiere íntegramente su disponibilidad a la sociedad organizada, esto es a su aparato coercitivo, el Estado. En una palabra, habría demostrado que no puede haber más alternativa que entre socialismo o capitalismo.

De modo que también la obra de Clark, que es la última y más lograda expresión del intervencionismo americano, cuando afronta las cuestiones de fondo, llega en definitiva al mismo resultado de quienes sostienen que el intervencionismo es un sistema contradictorio y que produce efectos contrarios a los objetivos perseguidos; un sistema que, por consiguiente, es inviable y que, en todo caso, si se impone, no produce más que disfunciones en el normal mecanismo de la sociedad basada en la propiedad privada de los medios de producción.

También Richard Strigl, economista de la Escuela austriaca, al que debemos el tratamiento más reciente de estos problemas, muestra tener una particular simpatía personal hacia el intervencionismo, aunque no explícita como la de Clark. Cada línea de su ensayo, que se ocupa de los problemas teórico-salariales del intervencionismo[80], delata una actitud positiva hacia la Sozialpolitik en general y de la política sindical en particular, aunque todo ello envuelto en un lenguaje prudentemente limitativo, como solían hacer los escritores de siglos pasados para no despertar la suspicacia de la Inquisición o de la censura[81]. Pero todas las concesiones que su corazón hace a la mentalidad intervencionista se refieren tan sólo a aspectos secundarios y, sobre todo, al ropaje con que viste su teoría. En cuanto a la sustancia, el resultado del riguroso análisis de Strigl no puede menos de coincidir con las tesis del análisis científico del intervencionismo. El núcleo de su teoría se expresa en la siguiente frase: «Cuanto mayor es la producción del trabajador, mayor es también su ganancia, siempre que lo que produce sea lo que la sociedad demanda, y esto con independencia de que el salario se forme en el mercado libre o sea fijado por un contrato colectivo»[82]. Evidentemente, a Strigl no le gusta que sea así, pero no tiene más remedio que aceptarlo.

Strigl destaca sobre todo que el aumento artificial del salario genera paro[83]. Es, sin duda, lo que ocurre, cuando los salarios son elevados sólo en algunos sectores o en algunos países, o bien cuando el aumento no es uniforme en los distintos sectores y países, o también cuando las políticas monetarias tienen por objeto combatir el aumento general de los precios. Para comprender lo que actualmente sucede, el caso analizado por Strigl es particularmente importante. De todos modos, para comprender a fondo estos problemas, hay que partir de un supuesto ulterior: sólo si se parte de que el aumento salarial se verifique de forma uniforme y simultánea en los distintos sectores de producción y en los distintos países, y se excluyen con oportunas hipótesis las posibles objeciones teóricas de orden monetario, el resultado del análisis tendrá la validez general indispensable para comprender a fondo la naturaleza del intervencionismo.

De todas las medidas intervencionistas ninguna es hoy tan rechazada en Alemania y en Austria como la que se refiere a la jornada laboral de ocho horas. Desde varias partes se sostiene que no existe otra forma de superar las dificultades económicas que la abolición de la limitación legal de la jornada a ocho horas. Se pide la prolongación del horario de trabajo y una intensificación de los sistemas de trabajo y, por tanto, un aumento de la productividad, dando por supuesto, desde luego, que todo esto no vaya acompañado de un aumento salarial, o por lo menos que el aumento sea inferior al aumento de la productividad, de modo que en definitiva el coste del trabajo se reduzca. Al mismo tiempo se reclama un aligeramiento de las «cargas sociales» de todo género. En Austria, incluso la eliminación de las «aportaciones de previsión» a cargo del empresario, dando también aquí por descontado que las sumas ahorradas queden a disposición de la empresa. Se trata de reducir así, indirectamente, el coste de la fuerza laboral. En cambio, se atribuye escasa importancia a los intentos de conseguir directamente un recorte salarial.

En el debate que tiene lugar en las revistas especializadas de política social y en la literatura político-económica en torno a los problemas de la jornada de ocho horas y de la intensidad del trabajo, puede advertirse cierto progreso, lento pero constante, en la comprensión de los aspectos económicos de tales problemas. Incluso autores que no ocultan su predilección por el intervencionismo acaban por admitir la verdad de los principales argumentos que se esgrimen contra él. Sólo raramente nos topamos con esa ceguera de juicio que caracteriza a la literatura anterior a la guerra.

No se puede decir, desde luego, que el predominio de la escuela intervencionista haya sido definitivamente liquidado. Del socialismo de Estado y del estatalismo de Schmoller, así como del socialismo igualitario y del comunismo de Marx, hoy han quedado en la vida política sólo los nombres; el propio ideal socialista ha dejado de tener efectos políticos inmediatos, y sus mismos partidarios —incluso los que hace tan sólo unos años vertieron ríos de sangre para defenderlo— lo han abandonado o por lo menos acantonado provisionalmente. Pero el intervencionismo que tanto Schmoller como Marx defendieron junto y en contradicción con su propio socialismo —el primero con la total convicción del adversario de toda «teoría», el segundo con la mala conciencia de quien sabía que contradecía todas sus doctrinas teóricas— sigue conservando su hegemonía cultural.

No es este el lugar para examinar los posibles presupuestos políticos de un abandono de la política intervencionista por parte del pueblo alemán y demás países-guía. Quien observa las cosas sin prejuicios tiene más bien la impresión de que el intervencionismo sigue su marcha imparable. Al menos por lo que se refiere a Inglaterra y Estados Unidos, el hecho es indiscutible. Es cierto que los intentos de demostrar la racionalidad del intervencionismo desde el punto de vista de la economía teórica —no desde un determinado sistema, sino desde el de cualquier sistema— son hoy por hoy vanos, como siempre lo han sido. No hay un camino que conduzca de la economía política al intervencionismo. Todos los éxitos del intervencionismo en la política práctica han sido «victorias sobre la teoría económica».

2. La economía controlada

1. La teoría dominante de la economía controlada

Salvo raras excepciones, todos los que hoy hablan o escriben de cuestiones de política económica están a favor del intervencionismo. Esta unanimidad, sin embargo, no refleja en modo alguno una coincidencia sobre las medidas intervencionistas adoptadas por los gobiernos y demás poderes sociales coactivos. Estudiosos de política económica, periodistas y partidos políticos se adelantan a invocarlas; luego, una vez convertidas en normas legislativas, nadie se declara ya de acuerdo con ellas, y todos —incluso los políticos sobre los que recae directamente la responsabilidad de las mismas— denuncian que son insuficientes e inadecuadas, y piden que sean sustituidas por otras más convenientes. Pero una vez que se acepta esta petición, el juego comienza de nuevo. La invocación a no ceder sobre el intervencionismo es tan unánime como el rechazo de todas las medidas concretas de política intervencionista.

Desde luego, siempre que se habla de revocar íntegramente o en parte una determinada intervención, surgen voces que invitan a no cambiar nada de lo ya establecido; no tanto porque se esté de acuerdo con las medidas adoptadas, como más bien para rechazar posibles medidas que se consideran un mal mayor. Los ganaderos de cualquier país, por ejemplo, nunca han estado verdaderamente satisfechos con los aranceles y las disposiciones de política veterinaria que impiden la importación de ganado, carnes y grasas animales del exterior. Pero si son los consumidores los que piden su anulación, o por lo menos su atenuación, inmediatamente los ganaderos se baten por su mantenimiento. Los defensores de la ley de tutela de los trabajadores han criticado siempre la insuficiencia de todas las disposiciones a su favor adoptadas hasta entonces, juzgándolas a lo sumo como un pago a cuenta sobre lo que se les debe; pero luego, si alguien pide la revocación de una de estas disposiciones —por ejemplo, hoy, la limitación legal del horario laboral de ocho horas— inmediatamente se movilizan para defenderla. Quien haya realmente comprendido que la política intervencionista es por necesidad un contrasentido, y que es también contraria a sus propias finalidades, porque nunca puede obtener lo que sus promotores esperan de las medidas que adoptan, podrá también comprender perfectamente estas actitudes respecto al intervencionismo concreto. Lo único sorprendente es que se empeñen en aferrarse a la política intervencionista, a pesar de sus calamitosos resultados y el fracaso de todos los intentos de demostrar teóricamente su racionalidad. La idea de un posible retorno a la política económica liberal les parece a muchos tan absurda que ni siquiera se molestan en tomarla en consideración.

El argumento que suelen emplear los defensores del intervencionismo es que el liberalismo pertenecería a una época superada, mientras que la nuestra sería la época de la «política económica constructiva», es decir la época del intervencionismo. No se puede hacer girar la rueda de la historia hacia atrás —afirman— y recuperar un mundo ya definitivamente desaparecido. Quien hoy reivindica el liberalismo y lanza la consigna del «retomo a Adam Smith», pide lo imposible.

Ahora bien, no es cierto que el liberalismo actual sea idéntico al de los liberales de los siglos XVIII y XIX. El liberalismo moderno se basa ciertamente en las grandes ideas de Hume, de Adam Smith, de Ricardo, de Bentham y de Wilhelm von Humbold. Pero el liberalismo no es una teoría completa y cerrada, un dogma rígido, sino la aplicación de unas teorías científicas a la vida social de los individuos, a la vida política. Tanto la economía política como la sociología han hecho grandes progresos desde los tiempos en que se formó la doctrina liberal, y por ello el liberalismo ha tenido que transformarse, aunque manteniendo una idea básica. Quien se preocupe de estudiar el liberalismo moderno descubrirá inmediatamente qué es lo que le distingue del viejo liberalismo, y comprenderá que hoy no puede pensarse que el liberalismo se agota con Adam Smith, ni afirmar que la necesidad de superar el intervencionismo se identifica con la llamada a volver a sus doctrinas.

El liberalismo moderno se distingue del liberalismo de finales del siglo XVIII y comienzos del XIX al menos tanto como el intervencionismo moderno se distingue del mercantilismo de los siglos XVII y XVIII. No es coherente definir como anacrónico el retorno al libre cambio, si no se está dispuesto a considerar anacrónico el retorno al sistema proteccionista y prohibicionista.

Quienes atribuyen los cambios de la política económica simplemente al espíritu de los tiempos demuestran que es muy poco lo que esperan de una explicación científica del intervencionismo. Sostienen que hoy el espíritu del capitalismo habría sido sustituido por el dirigismo económico. El capitalismo habría envejecido y debería ceder el paso a la juventud de lo nuevo que avanza, que no sería otra cosa que la economía controlada por intervenciones estatales y de otro tipo. Quien cree seriamente que con tales afirmaciones puede refutar las inexorables conclusiones a que ha llegado la teoría económica en materia de efectos del proteccionismo o de regulación de precios, se equivoca de medio a medio.

Otra teoría hoy muy difundida se aferra al malentendido concepto de «libre competencia». Esta teoría, basándose en postulados yusnaturalistas, idealiza el concepto de libre competencia, que habría de desarrollarse en condiciones absolutamente paritéticas, para descubrir luego que el ordenamiento social basado en la propiedad privada de los medios de producción no corresponde a ese ideal. Una vez que se pone tácitamente como fin supremo de la política económica la realización del postulado de la «competencia efectivamente libre y en condiciones paritéticas», se pasa a proponer las distintas reformas. En nombre de ese ideal unos invocan el socialismo, que llaman «liberal» en cuanto ven en ese ideal la esencia del liberalismo; otros, en cambio, proponen diferentes tipos de medidas intervencionistas. Pero la economía no es un concurso hípico en el que los competidores participan en las condiciones fijadas por las reglas de una carrera. Si se trata de establecer qué caballo es capaz de recorrer un cierto trayecto en el menor tiempo posible, estonces es preciso hacer que las condiciones de la carrera sean lo más paritéticas posible. Pero ¿puede decirse realmente que la economía es una suerte de concurso en el que deba establecerse qué concurrente, en condiciones iguales para todos, es capaz de producir a costes más bajos?

La competencia como fenómeno social no tiene nada que ver con la competencia deportiva. Es una auténtica confusión conceptual deducir el postulado de la «igualdad de condiciones» de las reglas del juego deportivo o de las que presiden los experimentos científicos y tecnológicos de laboratorio, para trasladarlo a la política económica. En la sociedad, y en cualquier orden social posible —no sólo en el capitalista— existe competencia entre los individuos. Los sociólogos y los economistas de los siglos XVIII y XIX mostraron cómo opera la competencia en un sistema económico basado en la propiedad privada de los medios de producción; y esta fue una parte esencial de su crítica a la política económica intervencionista del Estado administrativo-asistencial de la época mercantilista. El análisis de la competencia les permitió comprender el carácter irracional de las medidas intervencionistas en cuanto generadoras de efectos contrarios a los propios fines perseguidos, y por lo mismo a comprender que el ordenamiento económico que mejor responde a los fines económicos de los individuos es el que se basa en la propiedad privada. A los mercantilistas que se preguntaban cómo podían atenderse las necesidades del pueblo, en caso de que el gobierno se desentendiera de la marcha de las cosas, respondían que la competencia entre los empresarios proveería del mejor modo posible a abastecer los mercados de los bienes y servicios demandados por los consumidores. De ordinario su exigencia de eliminar todas las intromisiones intervencionistas se formulaba en los términos totalmente genéricos de la necesidad de no limitar la libertad de competir. Al proponer la consigna de la «libre competencia», se proponían defender la función social de la propiedad privada de los medios de producción frente a las intervenciones del gobierno. Fue así como pudo nacer el equívoco por el que la esencia del programa liberal no debía buscarse en la propiedad privada sino en la «libre» competencia. Y así algunos críticos de la sociedad se dieron a perseguir un vago fantasma llamado «libertad de competencia efectiva», que no es sino la prueba de un mal planteamiento de los problemas y de la caída en las frases hechas[84].

Algunos consideran demasiado fácil tanto la apología del intervencionismo como la refutación de la crítica de que es objeto por parte de la teoría económica. Lampe, por ejemplo, afirma que esta crítica

sería fundada sólo si al mismo tiempo se pudiera demostrar que el sistema económico actual corresponde al modelo ideal de la libre competencia. Sólo si se parte de esta premisa, podría afirmarse que toda intervención del Estado es sinónimo de pérdida de la eficiencia económica. Pero hoy no existe ni un solo científico social que ose hablar de semejante armonía preestablecida, tal como la imaginaban los economistas clásicos y sus optimistas epígonos liberales. Sin duda, el mecanismo de los precios en la economía de mercado obedece a tendencias endógenas que tienen como meta un equilibrio de las relaciones económicas desequilibradas. Pero son fuerzas que sólo prevalecen en el «largo plazo», mientras que el proceso económico, en tanto se acerca a esta meta, […] se ve interrumpido por «fricciones» más o menos violentas. De donde se derivan situaciones en las que la intervención de los «poderes sociales» puede resultar no sólo políticamente necesaria, sino también económicamente oportuna, suponiendo siempre que el poder público vaya acompañado del dictamen técnico basado en un análisis rigurosamente científico, y que ese dictamen se siga luego efectivamente[85].

Lo que más sorprende de esta página es que no fue escrita en los años 70 u 80 del siglo pasado, cuando los «socialistas de cátedra» no se cansaban de aconsejar a las autoridades supremas sus infalibles remedios para la solución de la cuestión social y el advenimiento de una era radiante, sino en 1927. Es decir, Lampe sigue sin ver que la crítica científica del intervencionismo no tiene nada que ver con el «modelo ideal de libre competencia» ni con una «armonía preestablecida»[86]. Quien critica científicamente el intervencionismo no sostiene que la economía no obstaculizada por intervenciones del Estado sea perfecta y esté libre de fricciones; y tampoco afirma que toda intervención del Estado sea sinónima de «pérdida de eficacia económica». Su crítica tiende a demostrar simplemente que con esas «intervenciones» no pueden alcanzarse los objetivos que sus promotores pretenden alcanzar, y que más bien se obtienen efectos por ellos no queridos o incluso opuestos a sus mismas intenciones. A esto es a lo que deberían haber replicado los apologetas del intervencionismo. Pero es claro que no son capaces de hacerlo.

Lampe condensa en tres puntos su programa de «intervencionismo productivo»[87]. Primero, el poder público «debe esforzarse en conseguir una lenta reducción del nivel de los salarios». Lampe no ignora que los intentos del «poder público» para mantener artificialmente el nivel de los salarios por encima del que se formaría espontáneamente en el mercado no harían sino crear paro. Tampoco debería ignorar que su propuesta acaba justificando, aunque en medida reducida y por periodos limitados, precisamente las intervenciones que él mismo ha reconocido ser contraproducentes. Frente a tales concesiones e incertidumbres, los partidarios de las medidas drásticas tienen por lo menos el mérito de la coherencia. Lampe me acusa de desinteresarme de la duración y de las proporciones que puede alcanzar el paro friccional en sus fases de transición[88]. Lo cierto es que, si no hay intervenciones, el paro seguramente no durará mucho ni alcanzará grandes proporciones, mientras que es indudable que la puesta en práctica de las propuestas de Lampe —como él mismo no podrá negar según el tenor de sus propias afirmaciones— no puede tener otro resultado que prolongar su duración y ampliar su extensión.

Por lo demás, para evitar equívocos, conviene precisar que la crítica al intervencionismo no desconoce el hecho de que, eliminando ciertas intervenciones políticas sobre la producción, se provocan algunas fricciones de tipo especial. Si, por ejemplo, quitáramos hoy de golpe todas las barreras aduaneras, nos encontraríamos momentáneamente ante enormes dificultades, aunque el efecto último sería seguramente un extraordinario aumento de la productividad del trabajo humano. Ciertamente, no es posible suavizar estas inevitables fricciones diluyendo en el tiempo de manera planificada la eliminación del proteccionismo; pero seguramente de este modo tampoco se agrava. En cambio, en el caso de la intervención política sobre los precios —e igualmente en el del mantenimiento «artificial» de altos niveles salariales del que habla Lampe— una reducción lenta y gradual tendría, frente al corte drástico e inmediato, el único resultado de prolongar el periodo en que aparecen las consecuencias no deseadas de la intervención.

Los otros dos puntos del «intervencionismo productivo» de Lampe no precisan de una crítica especial: uno de ellos no tiene propiamente carácter intervencionista, y el otro se propone incluso eliminar las intervenciones. Cuando Lampe, en el segundo punto de su programa, pide al poder público que elimine los múltiples obstáculos que frenan la movilidad profesional y territorial de la fuerza de trabajo, esto no significa sino la eliminación de todas aquellas medidas mediante las cuales el gobierno y los sindicatos obstaculizan la libre circulación de la mano de obra; y esta, en definitiva, es la vieja aspiración del laissez passer, o sea lo opuesto del intervencionismo. Y cuando, en el tercer punto, pide Lampe al poder político que «se dote en breve tiempo de un observatorio fiable sobre la situación general de la economía», esto no es ciertamente intervencionismo. Una visión panorámica de la situación económica puede ser útil a todos, incluso a los gobiernos, con tal de que la información adquirida conduzca a abandonar el intervencionismo.

Si se compara el programa intervencionista de Lampe con las reivindicaciones que hace algunos años protagonizaban los adalides del intervencionismo, observamos cómo las pretensiones de esta escuela de pensamiento son hoy mucho más modestas. Es un resultado del que puede estar orgulloso quien siempre ha criticado el intervencionismo.

2. Las tesis de Schmalenbach

Si pensamos en la desolada pobreza y esterilidad de casi toda la literatura que tiene como fin legitimar el intervencionismo, resulta ciertamente merecedor de cierta atención un intento reciente de Schmalenbach de demostrar la ineluctabilidad de la «economía controlada».

Schmalenbach parte del supuesto de que la intensidad de capital en la industria aumenta de manera constante, con lo que los costes fijos van adquiriendo un significado creciente, al tiempo que los costes variables van perdiendo importancia.

El hecho de que una cuota creciente de los costes de producción sea fija marca el fin inminente de la vieja época de la economía libre y el comienzo de una nueva época, caracterizada por la economía controlada. Lo característico de los costes variables es que crecen efectivamente con cada unidad producida y con cada tonelada de producto […] Si los precios descienden por debajo de los costes de producción, se reduce la producción, ahorrando así una parte correspondiente de costes variables. Pero si la parte sustancial de los costes es fija, una reducción de la producción no sirve para rebajar los costes en la medida correspondiente. Y si en una situación así los precios bajan, no tiene ningún sentido reequilibrar la caída de los precios con una reducción de la producción. Mejor dicho, cuesta menos seguir produciendo a los costes de producción medios. Es cierto que en tal caso la empresa empieza a producir con pérdidas, pero estas son inferiores a las que se originarían si se redujera la producción, aun siguiendo soportando casi enteramente los viejos costes. Y así la economía moderna, con sus elevados costes medios, carece de aquel remedio que armonizaba espontáneamente la producción y el consumo, restableciendo así el equilibrio económico. Desde el momento en que los costes variables se han convertido de manera tan elevada en costes fijos, la economía no tiene ya la capacidad de adaptar la producción al consumo[89].

Es este «desplazamiento de los costes de producción en el interior de la empresa» lo que «casi exclusivamente» nos lleva a «abandonar la vieja forma de economía y a orientar el timón hacia la nueva». La «vieja gran época del siglo XIX, la época de la economía libre, sólo fue posible porque los costes de producción eran esencialmente de naturaleza variable; ha dejado de serlo cuando la cuota de los costes fijos ha comenzado a pesar cada vez más». Y como el aumento de los costes fijos no ha terminado aún, sino que prosigue, y previsiblemente proseguirá aún por mucho tiempo, hay que reconocer que «ya no hay esperanza alguna de poder volver a la economía liberal»[90].

Lo que, según Schmalenbach, demuestra el crecimiento de la cuota de los costes fijos es ante todo el hecho de que el aumento progresivo de la dimensión de las empresas «está ligado necesariamente a un crecimiento, si bien relativo, de aquellos órganos empresariales que podemos definir como la cabeza de este cuerpo económico»[91]. Sobre este punto tengo mis dudas. La superioridad de la gran empresa radica, entre otras cosas, precisamente en que sus costes de dirección son proporcionalmente inferiores a los de la pequeña empresa; y lo mismo puede decirse del resto del aparato directivo en el sector del comercio, especialmente en la dirección de ventas.

Schmalenbach tiene razón cuando subraya que los costes de dirección y algunos otros costes generales, si la empresa trabaja sólo a la mitad o un cuarto de su capacidad, no se pueden restringir sustancialmente. Pero como los costes de dirección, calculados por unidad de producto, disminuyen a medida que aumentan las dimensiones de las empresas y de los negocios, tienen una incidencia menor que la que tenían en el pasado, en una época en que las dimensiones empresariales eran más reducidas.

Pero el punto decisivo para Schmalenbach no es este, sino el aumento de la intensidad de capital. Él cree que puede deducir sin más el aumento de la cuota de los costes fijos de la progresiva formación de nuevo capital —que es un dato innegable de la economía capitalista— y del progresivo perfeccionamiento tecnológico del aparato productivo. Pero ante todo habría que demostrar que esto vale efectivamente para toda la economía y no sólo para las distintas empresas, ya que la progresiva acumulación de capital conduce a una reducción de la producción marginal del mismo y a un aumento de la productividad marginal del trabajo. Schmalenbach no ha tenido esto en cuenta, por lo que su tesis parte de un supuesto insostenible[92].

Pero prescindamos también de esta circunstancia y pasemos a un examen inmanente, por decirlo así, de las tesis de Schmalenbach. La cuestión es si un aumento de los costes fijos puede efectivamente inducir al empresario a adoptar un comportamiento que priva a la economía de la capacidad de adaptar la producción al consumo.

Consideremos una empresa que, ya sea desde el principio o bien debido a un cambio de la situación, no responde ya a las expectativas que en ella se habían puesto. Cuando la empresa se fundó, se calculaba que el capital invertido no sólo sería amortizado y remunerado al tipo de interés corriente, sino que también podría dar un beneficio. Ahora las cosas han cambiado. El precio del producto ha bajado hasta tal punto que sólo se puede cubrir una parte de los costes de producción (prescindiendo de los costes por intereses y amortización de las instalaciones). Una reducción de la producción no puede ayudar al empresario ni hacer más remunerativa su empresa, ya que cuanto menos se produce más aumentan los costes de producción por unidad de producto y tanto más aumentan las pérdidas sobre la venta de cada unidad de producto (siempre según nuestra hipótesis de que los costes fijos, aun prescindiendo de los costes por intereses y amortización del capital invertido, son muy altos en relación con los costes proporcionales). En tal situación, sólo hay una salida para evitar ulteriores pérdidas: liquidar la empresa. Pero esto no siempre es fácil. Por de pronto se espera que el precio del producto vuelva a subir, por lo que el cierre de la empresa no se considera oportuno, pues se piensa que los inevitables inconvenientes de una interrupción de la actividad serían superiores a las pérdidas que entrañaría seguir funcionando en periodos de crisis. En esta situación, por ejemplo, se encontraron hasta hace muy poco la mayor parte de las empresas ferroviarias, económicamente pasivas en el momento en que el avión empezó a hacer competencia al tren. Esas empresas contaban con una vuelta al tráfico ferroviario y por lo tanto con el saneamiento de sus cuentas en el futuro. Pero si no se dan estas condiciones favorables, no hay más remedio que cerrar la empresa. Las empresas que trabajan en condiciones menos favorables desaparecen, y así se restablece el equilibrio entre producción y demanda.

El error de Schmalenbach está en creer que la reducción de la producción provocada por la caída de los precios debe afectar de manera uniforme a todas las actividades de la empresa. Olvida que existe una segunda vía de salida, esto es la suspensión total de toda la actividad sólo de las instalaciones que trabajan en condiciones menos favorables y no están en condiciones de hacer frente, a la larga, a la competencia con las que producen a costes más bajos. Esto sucede sobre todo en las industrias de materias primas y de productos básicos. En la industria manufacturera, en la que una sola empresa suele producir varias especies de artículos, que tienen las más variadas condiciones de producción y de mercado, se puede reducir la actividad empresarial limitando la producción a los artículos que tienen mejor salida.

Esto es lo que ocurre en una economía libre, es decir no influida por las intervenciones del gobierno. Es, pues, totalmente inexacto afirmar que un aumento de los costes fijos pueda privar a esta economía de la capacidad de adaptar la producción a la demanda.

Evidentemente, si el gobierno interfiere en este proceso de ajuste imponiendo una tarifa protectora de cierta entidad, los productores pueden contar con otra posibilidad: formar un cártel con el fin de obtener beneficios de monopolio, una vez reducida la producción. La formación del cártel en este caso no es la consecuencia de situaciones surgidas del desarrollo endógeno de la economía libre, sino efecto de la intervención del gobierno y de la tarifa por él impuesta. En el caso del carbón y de los ladrillos, en ciertas circunstancias, el alto coste del transporte respecto al valor del producto puede llevar a la formación de cárteles de ámbito local, aunque no haya sido la intervención del gobierno la que lo haya causado; en el caso de ciertos metales, su cantidad está tan limitada a determinados yacimientos que se podría intentar un cártel mundial incluso en una economía libre. Todas las demás especies de cárteles —no se insistirá bastante en ello— deben su existencia no a una tendencia inmanente de la economía libre sino a la intervención estatal. También los cárteles internacionales han podido formarse, por lo común, sólo porque importantes áreas de producción y de consumo habían sido excluidas del mercado mundial mediante altas barreras proteccionistas.

La formación de cárteles nada tiene que ver con la relación entre costes fijos y costes variables. El hecho de que en la industria manufacturera la formación de los cárteles proceda con mayor lentitud que en la de productos básicos no debe achacarse, como piensa Schmalenbach[93], al desarrollo más lento de los costes fijos en aquella, sino a la circunstancia de que la producción concordada de bienes de consumo inmediatos, precisamente por su carácter muy variado y su dispersión en una multitud de empresas que la exponen más fácilmente a la competencia, ofrece dificultades mucho mayores y se presta mal al proceso de cartelización.

Según Schmalenbach, los costes fijos impelen a la empresa a hacerse más grande a pesar de la escasez de la demanda. En toda empresa existen instalaciones infrautilizadas que trabajan a costes crecientes incluso en caso de pleno empleo empresarial. Precisamente para explotar mejor estas instalaciones la empresa se hace más grande. «De este modo, sectores industriales enteros expanden su capacidad sin apoyarse en una paralela expansión de la demanda»[94]. Hay que reconocer que esto está ocurriendo efectivamente tanto en la Europa moderna, dominada por la política intervencionista, como, y especialmente, en el superintervencionista Reich alemán, donde se amplía la producción no es vistas al mercado sino a la redistribución de las cuotas de cártel y cosas por el estilo. Sin embargo, repito, estamos ante un fenómeno derivado del intervencionismo y no de un factor que exija la intervención.

El propio Schmalenbach, que —a diferencia de otros observadores de estos problemas— tiene una mentalidad económica, no ha conseguido liberarse del error en que ha caído toda la literatura económica alemana: el error de considerar el desarrollo que se ha producido en Europa, especialmente en el Reich alemán bajo la influencia de las altas tarifas proteccionistas, como resultado de las fuerzas que operan en una economía libre. Contra esta visión de las cosas no se insistirá demasiado en que las industrias del acero, del carbón y de la potasa están influidas en gran medida por la política intervencionista y, por lo que atañe específicamente a estas dos últimas, por las leyes del Estado que imponen pactos sindicales; y que es absolutamente inadmisible achacar a la economía libre lo que ocurre en estas industrias. La «ineficiencia económica permanente de los sindicatos», tan duramente criticada por Schmalenbach[95], no se debe a la economía libre, sino a la economía controlada. La «nueva forma de economía» es el resultado del intervencionismo.

Schmalenbach dice que está convencido de que en un futuro no lejano llegaremos inevitablemente a una situación en que las formas de esta nueva economía recibirán su poder monopolista del Estado, el cual vigilará la «observancia de las obligaciones derivadas del monopolio»[96]. Esta conclusión, cuando uno se niega, por el motivo que sea, a volver a la economía libre, confirma plenamente el resultado a que llega por fuerza cualquier análisis de los problemas del intervencionismo: es decir, que este, como sistema económico, es irracional y contraproducente respecto a los fines que se propone alcanzar. Cuando se ha reconocido esta realidad, no queda sino elegir entre abolir las intervenciones o transformarlas en un sistema en el que el gobierno guía cada paso del empresario, y las decisiones sobre cómo producir y en qué condiciones y a quién distribuir el producto corresponden al Estado; transformarlas, en una palabra, en un sistema socialista en el que de la propiedad de los medios de producción no quede más que el nombre.

Por lo que respecta a la economía de una sociedad socialista, no es este el lugar para ocuparse de ella, pues ya lo hemos hecho ampliamente en otro lugar[97].

3. El social-liberalismo[98]

Introducción

Heinrich Herkner, presidente de la Verein für Sozialpolitik, ha confiado a su autobiografía, publicada recientemente con el subtítulo Vida de un socialista de cátedra, la tarea de ayudar «a las futuras generaciones a comprender ese periodo de la política alemana que se llamó “Socialismo de Cátedra” y que ahora se acerca a su ocaso»[99]. En efecto, es innegable que el socialismo de cátedra hace ya tiempo que ha dicho todo lo que tenía que decir, y parece que también su hegemonía está tocando a su fin. Ha llegado, pues, el momento de examinar el legado de esta orientación científica.

Con motivo del septuagésimo cumpleaños de Gustav Schmoller, los más eminentes representantes de la orientación histórico-realista de la economía política alemana han colaborado en una obra destinada a exponer los resultados de esta economía en el siglo XIX[100]. La obra no cuenta con una síntesis de cuanto se expone en las cuarenta monografías que la integran. En el prólogo se declara expresamente que «corresponderá a una obra futura la tarea de hacer un balance de la naturaleza y alcance de los progresos conseguidos en su conjunto por la ciencia económica alemana»[101]. Si este balance global se hubiera hecho, no hay duda de que habría resultado bastante decepcionante. Más que de los distintos ensayos, de ese balance habría resultado que todos los objetivos que esa Escuela pretendía alcanzar sólo muy pocos se han conseguido, y que todas las veces que se aproximó a las grandes cuestiones de principio no supo sino apropiarse de los descubrimientos realizados por la tan despreciada economía teórica. En cada una de las contribuciones, incluso en las de nivel medio, se trasluce claramente ese trabajo teórico del que la Escuela quería mantenerse alejada y al que tanto se opuso. Basta leer, por poner un ejemplo, el ensayo de Bernhard sobre el salario, en el cual llega a la importante conclusión de que «la Escuela histórico-estadística apenas ha rozado los problemas del salario»; sólo ha puesto en marcha una serie de investigaciones científicas, pero frente a los grandes problemas «al final ha tenido que admitir que los procesos son más complicados que la suma de nuestras minuciosas indagaciones. Sobre las cuestiones centrales del salario, apenas podría indicarse un sólo estudio alemán actual, si no hubiera intervenido la llamada Escuela abstracta austriaca»[102]. Y si esto vale para el salario, o sea para uno de los temas predilectos de la Escuela de los socialistas de cátedra, imaginemos qué habría que decir sobre los demás problemas.

La misma impresión se saca de todas las obras colectivas análogas, que han sido la forma de publicación privilegiada de esta Escuela. En el Grundriss der Sozialökonomik, han sido autores «austriacos» los que han tratado los temas de historia de las teorías y de la economía política teórica. Y de las decenas de miles de páginas en cuarto que constituyen la tercera edición del Handwörterbuch der Staatswissenschaften, las únicas contribuciones que mantendrán un interés incluso en el futuro son las ya clásicas de Menger, Böhm-Bawerk, Wieser y algunos otros «teóricos».

Ahora tenemos una nueva y voluminosa Festschrift, obra conmemorativa que se propone exponer a través de monografías todo el ámbito de nuestra ciencia. Hay que alegrarse de que, en lugar de tantas misceláneas parecidas, que por la oscuridad de los problemas que tratan constituyen una auténtica tortura para el lector y son la desesperación de los libreros, empiecen a aparecer algunas que tratan de afrontar todo un sector de problemas. Por ejemplo, se ha aprovechado justamente la ocasión del 80 cumpleaños de Lujo Brentano, uno de los guías del socialismo de cátedra dentro y fuera de Alemania[103], para exponer la situación de la «ciencia económica de la posguerra».

El valor de las contribuciones es, por supuesto, muy desigual. No es necesario advertir que los veintinueve coautores han trabajado independientemente unos de otros y sin que cada uno tuviera en cuenta las teorías e ideologías de los demás. Y, sin embargo, se observa un rasgo común que enlaza a una serie de contribuciones, y puede suponerse que son precisamente las que los recopiladores consideran más importante y las que Brentano habrá leído con mayor satisfacción. Este rasgo común es la intención de defender y completar el «sistema Brentano». Con todo, las condiciones externas para llevar a cabo esta labor son hoy menos favorables que hace diecisiete años. Entonces, cuando se publicaron los escritos en honor de Schmoller, el socialismo de cátedra y la economía política histórico-realista estaban en el apogeo de su éxito y de su hegemonía política. Ahora, son muchas las cosas que han cambiado. Si los escritos en honor de Schmoller tenían un aire triunfalista, estos en honor de Brentano ofrecen un tono de rendición.

1. El socialismo de cátedra

El socialismo de cátedra no es una ideología homogénea. Así como a la idea socialista acompaña a menudo, sin una neta línea de demarcación, la idea sindicalista, así también en el socialismo de cátedra hallamos dos orientaciones del socialismo: el estatalista y el sindicalista (llamado a veces social-liberal).

Socialismo y sindicalismo son dos opuestos inconciliables, y cada una de estas dos ideologías está, a su vez, en inconciliable oposición con el liberalismo. No hay artificio dialéctico que pueda enmascarar el hecho de que la disponibilidad de los medios de producción corresponda sólo al individuo particular o a la colectividad, o bien a los grupos de trabajadores de los distintos sectores de la producción. Jamás podrá ser la política la que reparta la disponibilidad directa de determinados medios de producción entre la sociedad (el Estado), los sindicatos y los individuos particulares. La propiedad como control directo de los medios de producción es indivisible. Es cierto que puede imaginarse un ordenamiento social en el que una parte de los medios de producción sea propiedad del Estado o de otros organismos administrativos de la sociedad, otra parte de los sindicatos, y una tercera parte de los particulares. Tendríamos así una sociedad con una parte de socialismo, otra parte de sindicalismo y otra de capitalismo. Pero jamás podrá existir algo que sea un compromiso entre socialismo, sindicalismo y capitalismo respecto a los mismos medios de producción. Siempre se ha intentado ocultar, tanto en la teoría como en la práctica política, la incompatibilidad lógica y de principio entre estos tres posibles modelos de sociedad. Pero nunca se ha podido crear un sistema social que pudiera definirse como una síntesis o incluso una conciliación de estos tres principios antagónicos.

El liberalismo es una ideología que ve en la propiedad privada de los medios de producción el único, o al menos el mejor, fundamento posible de la sociedad humana basada en la división del trabajo. El socialismo aspira a transferir la propiedad de los medios de producción a la sociedad organizada, es decir al Estado. El sindicalismo, a su vez, asigna la disponibilidad de los medios de producción a los grupos de trabajadores de los distintos sectores de la producción[104].

El socialismo de Estado (o estatalismo, o también socialismo conservador) y el sistema a él afín del socialismo militar y del socialismo religioso contemplan una sociedad en la que «la gestión de la propiedad se transfiere a los individuos», pero su ejercicio efectivo es controlado o guiado por la colectividad estatal, de tal modo que «formalmente existe la propiedad privada, pero sustancialmente sólo hay propiedad pública»[105]. En semejante sociedad el agricultor, por ejemplo, «es un funcionario estatal, y por lo tanto debe producir, según ciencia y conciencia y según las normas prescritas por el Estado, lo que el país necesita. Una vez recompensado con los intereses y un sueldo mensual, todas sus pretensiones han sido satisfechas»[106]. Una parte de las grandes empresas pasa directamente a ser propiedad del Estado o de los municipios, mientras que todas las demás permanecen formalmente en manos de sus propietarios, quienes sin embargo tienen la obligación de gestionarlas según la voluntad del poder político. De este modo, toda la actividad económica se convierte en función pública, toda ocupación en «empleo público».

Cuando aún se tomaba en serio el programa socialdemócrata, que reclamaba formalmente la socialización de todos los medios de producción, parecía que entre el programa de los estatalistas y el de los socialdemócratas existiera una diferencia notable, aunque no radical. Pero hoy también en el programa socialdemócrata, al menos en la práctica diaria, sólo se habla de estatización directa en relación a las grandes empresas, mientras que para las empresas artesanas y campesinas se prevé sólo la orientación y el control por parte del Estado. Por lo tanto, desde este punto de vista, estatalistas y socialistas están ahora más próximos de lo que estaban hace diez años.

Pero la diferencia realmente fundamental entre el ideal social del estatalismo y el de la socialdemocracia no está tanto en este punto cuanto en lo que se refiere a la distribución de la renta. Para la socialdemocracia era evidente que tenían que desaparecer todas las diferencias de renta. Para el estatalismo, en cambio, la renta debe distribuirse de acuerdo con la «dignidad». Su principio es: a cada uno según su rango. Pero también en este punto la distancia entre estatalistas y socialdemócratas se ha reducido considerablemente.

También el estatalismo es verdadero socialismo, aunque pueda distinguirse en algunos puntos del socialismo del Manifiesto comunista y del Programa de Erfurt. El punto esencial es la actitud ante el problema de la propiedad de los medios de producción. Los socialistas de cátedra, al defender el estatalismo y postular la estatización de las grandes empresas y el control y guía de las demás por parte del Estado, hicieron auténtica política socialista.

Pero no todos aquellos a los que se conoce como socialistas de cátedra eran estatalistas. Lujo Brentano y su Escuela, si bien estaban absolutamente de acuerdo con los demás socialistas de cátedra sobre muchas cuestiones políticas contingentes y combatían junto con los socialdemócratas contra el liberalismo, en realidad lo que propugnaban era un programa sindicalista. Cierto que su sindicalismo no era en modo alguno límpido e inmaculado, como por lo demás tampoco lo era el de todos los demás grupos de la misma orientación. El programa sindicalista es tan contradictorio y lleva a consecuencias tan absurdas que lo hacen insostenible. Y, sin embargo, el sindicalismo de Brentano, aunque convenientemente disfrazado, sigue siendo sindicalismo a todos los efectos. Por lo demás, esto se manifiesta con toda claridad en la postura que Brentano y su Escuela adoptaron en lo referente a la obligación de sindicación y de huelga para todos los trabajadores y sobre la tutela de quienes quieren trabajar. Si a los trabajadores se les concede el derecho a paralizar la actividad del dador de trabajo siempre que este no acepte sus reivindicaciones, la disponibilidad de los medios de producción pasa de hecho a manos de los sindicatos. Y no se puede esquivar el problema confundiéndolo con la cuestión relativa al derecho de sindicación, es decir el derecho que tienen los trabajadores a organizarse en asociaciones, y con la cuestión de la no punibilidad del trabajador que no cumpla su contrato. En la cuestión de la tutela a quienes no secundan la huelga se trata de cosas toto coelo diferentes. Desde el momento en que el bloqueo del trabajo por parte de los trabajadores de una empresa o de todo un sector de la producción puede ser neutralizado contratando trabajadores de otros sectores o por una posible reserva de parados, los sindicatos no pueden forzar el salario por encima del nivel que habría alcanzado sin su intervención. Sin embargo, cuando la violencia obrera, bajo la mirada tolerante y cómplice del aparato estatal, impide sustituir a los huelguistas, los sindicatos pueden hacer todo lo que les venga en gana. Los trabajadores de las empresas «estratégicas» tienen entonces la posibilidad de imponer cualquier nivel salarial. Y podrían hacerlo a discreción si no se vieran obligados a tener en cuenta la opinión pública, y sobre todo la reacción de los trabajadores de los demás sectores de la producción. En todo caso, los sindicatos pueden fijar temporalmente el salario por encima del nivel que alcanzaría sin su intervención en consonancia con la situación económica existente.

Todos los que niegan la tutela a quienes desean trabajar deben, pues, plantearse la cuestión de cómo hacer frente a reivindicaciones salariales que sobrepasan este límite. Y a esta cuestión no se responde ciertamente apelando a la sensibilidad de los obreros o remitiéndose a comisiones paritéticas de representantes de trabajadores y empresarios. También en tales comisiones sólo puede alcanzarse el acuerdo si cede una de las partes. Si, en cambio, se pide la solución al Estado, bien sea recurriendo directamente a la magistratura o dejando el poder de arbitraje a un representante del Estado en la comisión, se vuelve exactamente a la misma posición que se quería evitar.

Un ordenamiento social que excluya la tutela de quien desea trabajar no puede durar y está destinado a una rápida decadencia. Esta es la razón de que todos los sistemas políticos, aun los más dispuestos a pactar con los sindicatos, han acabado condenando la huelga obligatoria para todos. Es cierto que la Alemania guillermina no consiguió garantizar con una ley especial la tutela a quienes no quisieran sumarse a la huelga, y que el intento de imponerlo fracasó precisamente por la oposición de Brentano y su Escuela. Pero no hay que olvidar que en la Alemania anterior a la guerra no habría sido difícil combatir una huelga en las industrias estratégicas contratando mano de obra entre los excluidos del servicio militar. La Alemania republicana no dispone ya de este instrumento. A pesar de la supremacía del partido socialdemócrata, el país ha combatido con éxito las huelgas en las industrias estratégicas con otro procedimiento, esto es garantizando enérgicamente la tutela del personal voluntario sustitutivo. En la Rusia soviética las huelgas son imposibles, y sobre la necesidad de neutralizar los efectos de las huelgas al menos en las industrias estratégicas, recurriendo al personal voluntario, Kautsky y Lenin están plenamente de acuerdo.

El estatalista confía en la sabiduría y en la responsabilidad de los funcionarios públicos.

Nuestros funcionarios públicos —afirma Knapp— se hacen cargo muy pronto de cuál es la situación cuando surge un conflicto de intereses económicos, y no se dejan avasallar ni siquiera por las mayorías parlamentarias. Sabemos cómo tratarlas. Ninguna dictadura se tolera tan bien y se acepta incluso con gratitud como la del funcionario público, integérrimo y muy competente. El Estado alemán es un Estado de funcionarios, ¡y esperemos que así siga! Porque es el único capaz de acabar con la confusión y los errores causados por los conflictos económicos[107].

Brentano y su Escuela no tenían tanta confianza en la infalibilidad de los funcionarios públicos, y por eso insistían en que se les llamara «liberales». Pero con el paso de los años ambas posturas fueron acercándose considerablemente. También la Escuela de Brentano luchó por la estatización y municipalización de una serie de empresas, así como la Escuela de Schmoller exalta ahora el papel de los sindicatos. Durante mucho tiempo ambas escuelas han estado divididas en su actitud frente a la política del comercio exterior. Brentano rechazaba el proteccionismo, del que la mayoría de los estatalistas eran partidarios. Y sobre este punto han sido estos últimos los que han acabado cediendo, al menos en parte. Así se vio claramente en la resolución a favor del libre cambio —aunque no muy neta— votada por la asamblea de profesores celebrada en Stuttgart en 1923.

El propio Brentano trató de aclarar la diferencia entre él y Schmoller sobre las cuestiones fundamentales de la política social en los siguientes términos:

Ambos éramos favorables tanto a la acción de asociaciones libres como a la intervención del Estado en todos aquellos casos en los que el individuo dejado a sí mismo sería demasiado débil para poder tutelar su propia personalidad y desarrollar sus propias capacidades. Pero desde el principio nuestras posiciones sobre ambas cuestiones eran contrarias. Mis estudios sobre la realidad inglesa me habían llevado a poner todas las esperanzas de emancipación de las clases trabajadoras principalmente en la libre actividad de sus organizaciones, mientras que Schmoller tendía mucho más a confiar al Estado la función de protector de las débiles[108].

La insistencia con que Brentano señalaba en 1918 su propia posición frente a la de Schmoller, cuando aún no se había manifestado claramente la crisis que arrastraría al sistema de Schmoller, y poco antes de que se evidenciara la crisis de su propio sistema, no destaca claramente las diferencias fundamentales entre ambas orientaciones, pero en todo caso sí es posible percibirlas.

2. Liberalismo y social-liberalismo

Las palabras no son esenciales. Lo importante es la sustancia, no la terminología. El término «social-liberalismo» es por lo menos extraño, ya que socialistas y liberales se excluyen recíprocamente. Pero a semejantes híbridos estamos ya acostumbrados. También socialismo y democracia son, en último análisis, inconciliables, y, sin embargo, hace tiempo que empleamos «socialdemocracia», que contiene una contradictio in adjecto. Si hoy la Escuela de Brentano, que ha hecho propio el sindicalismo, y una parte de los estatalistas «moderados» quieren definir como «social-liberalismo» o «liberalismo político-social» su orientación, nada tenemos que objetar. Pero en cambio sí habría mucho que objetar —y no por motivos de orientación política, sino en interés de la claridad científica y de la coherencia lógica— si sobre la base de esta definición desaparecieran las diferencias que existen entre liberalismo y socialismo, y se definiera como liberalismo algo que es opuesto a lo que la historia y la ciencia social llaman con este nombre. No sería una excusa para este comportamiento el hecho de que también en Inglaterra, patria del liberalismo, reina una análoga confusión conceptual.

Lleva razón Herkner cuando afirma que para el liberalismo la intangibilidad de la propiedad privada no es un fin dogmáticamente establecido, sino un medio para alcanzar fines más altos. Pero se equivoca cuando opina que en el sistema liberal este medio es «sólo temporal y condicionado»[109]. Liberalismo y socialismo coinciden en los fines supremos y últimos, pero se diferencian en que, para alcanzar los mismos fines, el liberalismo considera que el medio más indicado es la propiedad privada de los medios de producción, mientras que el socialismo sostiene que ese medio es la propiedad colectiva. La historia de la ideas en el siglo XIX ha visto esta, y solo esta, contradicción de ambos programas. Lo que separa netamente al liberalismo del socialismo es la distinta actitud respecto al problema de la propiedad de los medios de producción. Y cualquier otra presentación de las cosas conduce al equívoco.

Según Herkner, el problema del socialismo consiste en «introducir un sistema económico en el que la sociedad organizada en Estado asume directamente la función de cubrir las necesidades económicas de todos sus miembros. La función suprema del poder público en tal caso es sustituir la propiedad privada de los medios de producción, y la correspondiente persecución del beneficio por parte de los empresarios privados, por una economía en la que todo el proceso de producción y de distribución se ordena directamente a cubrir esas necesidades»[110]. Hasta aquí la descripción no es ciertamente exacta, pero al menos se expresa en términos suficientemente claros. Luego prosigue Herkner: «Si este sistema se introdujera con métodos liberales, es decir sin el uso de la violencia y sin quebrantar las normas jurídicas, y si fuera capaz no sólo de aumentar el bienestar material de las masas sino también de aportar un mayor grado de libertad individual, ninguna objeción podría haber ya desde el punto de vista liberal»[111]. Así pues, si el parlamento sometiera a votación el tema de la socialización, los liberales podrían muy bien votar a favor de la colectivización de la economía, porque en tal caso esta sería introducida «sin emplear la violencia y sin quebrantar las normas jurídicas», a menos que existan dudas acerca de la capacidad del nuevo sistema para garantizar el bienestar de las masas.

Herkner parece pensar que el viejo liberalismo defendió la propiedad como fin en sí mismo y no por sus consecuencias sociales, dando así a entender —al igual que Wiese y Zwiedineck— que existe un contraste entre viejo y nuevo liberalismo. Dice, en efecto, Herkner: «Mientras el viejo liberalismo consideraba la propiedad privada como una institución de derecho natural cuya seguridad, junto con la tutela de la libertad personal, constituía la primera función del Estado, hoy se tiende cada vez más a destacar el momento social de la propiedad. […] La propiedad no se defiende ya con motivaciones individualistas, sino por razones sociales y de funcionalidad económica»[112]. Análogamente, Zwiedineck opina que ya hoy se puede ser optimistas «sobre el poco tiempo que le queda a un ordenamiento de la propiedad que es fin en sí mismo y en exclusivo interés de los propietarios». Por tanto, también el liberalismo moderno, según Zwiedineck, defiende la propiedad por razones de «funcionalidad social»[113].

No es el caso de examinar aquí hasta qué punto las teorías yusnaturalistas no liberales pretenden defender la propiedad como categoría natural. Pero todos deberían saber que los viejos liberales eran utilitaristas (como a menudo se les reprocha) y que para ellos era evidente que las instituciones sociales y las normas éticas pueden defenderse no por sí mismas o en vistas a un cualquier interés particular, sino sólo por su funcionalidad social. Para el liberalismo moderno, reivindicar la propiedad privada de los medios de producción por su utilidad social y no por ella misma o en el interés de los propietarios, no significa en modo alguno cambiar en dirección al socialismo.

«De la propiedad y del derecho hereditario —prosigue Herkner— deriva también una renta que no procede del trabajo. El liberalismo simpatiza con la lucha que los socialistas libran contra la renta que no procede del trabajo y en interés de la justicia y para que todos los miembros de la sociedad puedan competir en igualdad de oportunidades»[114]. Que de la propiedad deriva una renta que no procede del trabajo es claro como el hecho de que la miseria deriva de la pobreza. Una renta no debida al trabajo es una renta que deriva de la disponibilidad de los medios de producción. Quien combate la renta que no procede del trabajo debe por ello combatir la propiedad privada de los medios de producción. Pero un liberal no puede simpatizar con quien así piensa. Si lo hace, simplemente no es liberal.

Pero ¿qué entiende Herkner propiamente por liberalismo?

El liberalismo es una concepción general del mundo, una especie de religión, una fe: fe en la dignidad y bondad naturales del hombre, en su elevado destino, en su capacidad de mejorar gracias al poder de la razón y de la libertad, en la victoria de la justicia y de la verdad. No hay libertad sin verdad. Y no hay verdad sin el triunfo de la justicia y sin progreso, y por lo tanto sin desarrollo, cuyos estadios sucesivos deben ser siempre preferidos a los anteriores. Razón y libertad representan, para el desarrollo espiritual, lo que la luz solar y el oxígeno representan para la vida orgánica. Ningún individuo, ninguna clase, pueblo o raza deben ser considerados como puro instrumento para los fines de otros individuos, clases, pueblos o razas[115].

Todo muy bonito y muy noble, desde luego. Pero también muy genérico y vago para que pueda aplicarse indiferentemente al socialismo, al sindicalismo y al anarquismo. Lo cierto es que en esta definición conceptual de liberalismo falta precisamente el único elemento decisivo: que el liberalismo considera como ideal social un ordenamiento basado en la propiedad privada de los medios de producción.

Ante este total desconocimiento del problema de fondo del liberalismo, no hay que extrañarse de que en Herkner aparezcan casi todos los equívocos que hoy circulan a propósito del liberalismo. «El liberalismo moderno [léase liberalismo político-social], al contrario que el viejo liberalismo, que se preocupaba ante todo de eliminar las trabas paralizantes, tiene su propio programa positivo y constructivo»[116]. Si Herkner hubiera comprendido que el principio del liberalismo radica en la propiedad privada de los medios de producción, se habría dado cuenta también de que el programa liberal no es menos positivo y constructivo que cualquier otro. Es típico de la mentalidad de la burocracia estatal —que, según Brentano, era «la única caja de resonancia de la Verein für Sozialpolitik»[117]— considerar positiva y constructiva sólo la ideología que postula el máximo número posible de oficinas y funcionarios públicos, y «negativa» y «antiestatal» la de quienes desean reducir la plétora de empleados estatales.

Tanto Herkner como Wiese[118] insisten en que el liberalismo no tiene nada que ver con el capitalismo. Pero ya Passow señaló que las expresiones polivalentes «capitalismo», «sistema económico capitalista», etc., no son más que fórmulas genéricas que, salvo raras excepciones, se emplearon desde el principio, no para aclarar y definir conceptualmente de manera objetiva los hechos de la vida económica, sino para criticar, acusar y condenar ciertos fenómenos económicos de los que, por lo demás, se tenía un conocimiento bastante somero[119]. Desde este punto de vista es claro que quienes atribuyen valor al liberalismo —lo entiendan como lo entiendan— traten de liberarse de un epíteto que sienten como un insulto y una ofensa degradantes. Pero si se considera justa la observación de Passow, según la cual en la mayoría de los casos en que el término «capitalismo» se asocia a un concepto bien definido se refiere al desarrollo y la expansión de la gran empresa[120], entonces es preciso admitir que entre liberalismo y capitalismo existen estrechas relaciones. Ha sido el liberalismo el que ha formulado los presupuestos ideológicos que han hecho posible la gran empresa industrial moderna. Y si se emplea el término «capitalismo» para indicar un sistema económico en el que las iniciativas económicas se toman en consonancia con los resultados del cálculo capitalista[121], las cosas no cambian. De cualquier modo que se quiera definir el concepto de capitalismo se verá siempre que el desarrollo del modo de producción capitalista ha sido posible tan sólo en el marco de un ordenamiento basado en la propiedad privada de los medios de producción. Por eso no podemos estar de acuerdo con Wiese cuando afirma que la esencia del liberalismo ha sido «oscurecida por su coincidencia histórica con el gran capitalismo»[122].

Según Wiese, lo que hace que el capitalismo parezca «iliberal» es «la insensibilidad ante la miseria ajena, el uso brutal de la competencia más despiadada, la tendencia a ejercer la prepotencia y a someter a los semejantes»[123]. Estos son sólo algunos de los lugares comunes tomados del bien conocido catálogo de las lamentaciones socialistas sobre el carácter degenerado y perverso del capitalismo y que delatan claramente la impotencia congénita de la ideología socialista para comprender la naturaleza y el funcionamiento del orden social basado en la propiedad privada de los medios de producción. Cuando, en la sociedad capitalista, el comprador trata de adquirir una mercancía preocupándose únicamente de encontrar la tienda donde pueda adquirirla más barata, esto no es «insensibilidad ante la miseria ajena». Cuando la empresa que adopta procedimientos más racionales elimina, mediante la competencia, a la que funciona de un modo menos racional, no estamos ante un «uso brutal de la competencia más despiadada» y de una «tendencia a la prepotencia para someter a los semejantes», es decir no estamos ante un fenómeno concomitante no deseado o una aberración del capitalismo, y mucho menos ante una realidad no querida por el capitalismo. Al contrario, cuanto mayor es la competencia, mejor alcanza su objetivo, que es racionalizar la producción. Si los coches de caballos han sido sustituidos por los ferrocarriles, el tejedor artesano por los telares mecánicos, el zapatero por la fábrica de zapatos, ello no se ha producido contra las intenciones del liberalismo. Y si un servicio ineficiente de transporte náutico con embarcaciones de vela es sustituido por una gran sociedad de navegación dotada de barcos de vapor, y una decena o un centenar de carniceros son sustituidos por una sociedad anónima que gestiona mataderos industriales, y si algunos centenares de tenderos son sustituidos por unos grandes almacenes, en todos estos casos nada tienen que ver «la prepotencia y el sometimiento de los semejantes».

Con razón el propio Wiese dice que el liberalismo «prácticamente aún no se ha realizado en medida suficiente, y las sociedades liberales tienen aún que ser creadas y educadas»[124]. De modo que lo que en realidad tenemos —aun considerando como sociedad liberal emblemática la Inglaterra de la época de la máxima expansión del capitalismo— es sólo un modelo extremadamente imperfecto de lo que el capitalismo plenamente desarrollado sería capaz de realizar. Por lo demás, hoy está de moda achacar al capitalismo todo lo que no gusta a sus críticos. ¿Por qué, en cambio, no se intenta imaginar a cuántas cosas tendríamos que renunciar si no existiera en absoluto el «capitalismo»? Es fácil inculpar al capitalismo cuando se frustran los propios sueños dorados. Pero si este puede ser un buen método para la propaganda de partido, en la discusión científica sería mejor evitarlo.

3. ¿Poder o ley económica?

Uno de los errores al que todas las variantes del socialismo de cátedra siguen tenazmente aferradas es la fe en la intervención del Estado en la vida económica. Según esta concepción, existirían —si se excluye el sindicalismo— tres posibles modos de disponer de los medios de producción en una sociedad basada en la división del trabajo: además de la propiedad privada y de la propiedad colectiva, existiría como tercera posibilidad la propiedad privada regulada por prescripciones estatales. La posibilidad teórica de este tercer sistema es el problema que en el debate ha asumido la forma de la antítesis: «¿Poder o ley económica?».

Para el socialismo de cátedra este problema tenía sobre todo un significado político. En efecto, la única posibilidad de legitimar la aspiración a adoptar una postura imparcial intermedia entre manchesterismo y comunismo era proponer un ideal social que pareciera «equidistante» de los ideales de ambos movimientos en lucha por la hegemonía. Y el único modo de poner el propio ideal a salvo de la crítica dirigida contra la idea de sociedad socialista era rechazar la idea de que las intervenciones en los mecanismos de la sociedad basada en la propiedad privada de los medios de producción no pueden alcanzar su objetivo, y que la finalidad del estatalismo podía alcanzarse mejor sólo en un sistema en el que la propiedad fuera sólo nominal y toda la producción dependiera de una autoridad central. Moeller ha observado atinadamente que la razón de la oposición de la Joven Escuela histórica a la economía política clásica era puramente práctica. Al oponerse a ella, Schmoller se proponía ante todo impedir que «el camino que conduce a la motivación científica de la Sozialpolitik práctica estuviera obstruido por el concepto de leyes externas, capaces de regular la historia independientemente del hombre». Pero Moeller se equivoca cuando, refiriéndose a una observación de Rist, quien negaba que la Escuela clásica jamás hubiera sostenido la validez universal de las leyes económicas, sostiene por su parte que «lo que obstruía ese camino no eran ciertamente las leyes de la economía clásica, siempre que fueran interpretadas correctamente»[125]. ¡Vaya si lo eran! Tan es así, que esas leyes demostraban que una intervención en los mecanismos del ordenamiento social capitalista no puede obtener los resultados que la autoridad espera alcanzar, de modo que esta no tiene más remedio que elegir entre renunciar a la intervención, o bien completar la labor y hacerse con el control de los medios de producción, llevando a cabo su socialización integral. Frente a este hecho, todas las consideraciones críticas de la Escuela histórico-realista erraban el blanco. No tenía ningún sentido argumentar que las leyes económicas no son «leyes naturales», y que la propiedad privada es «sólo» una categoría histórico-jurídica y no una categoría eterna. La nueva orientación debería haber sustituido la teoría cataláctica, descubierta por los fisiócratas y por la economía política clásica, por un sistema distinto capaz de dar visos de racionalidad a las intervenciones autoritarias en el juego del mercado de una sociedad basada en la propiedad privada de los medios de producción. Pero como esta sustitución no es posible, la Escuela en cuestión no tuvo más remedio que rechazar de raíz cualquier análisis «teórico» de los problemas económicos de la sociedad.

También se ha sostenido que existen muchas economías políticas. Pero sería como decir que existen muchas biologías y muchas físicas. Es cierto que en toda ciencia, en un mismo periodo, existen varias hipótesis y concepciones que compiten en la solución de problemas concretos. Pero el carácter lógico es homogéneo en cada ciencia. Esto puede aplicarse también a la economía política, y la mejor demostración de ello es que la Escuela histórico-realista, que por motivos políticos no estaba de acuerdo con la economía teórica tradicional y con su ulterior evolución, no sustituyó la teoría criticada por otra teoría, sino que de entrada negó la posibilidad misma de un conocimiento teórico de la economía.

La economía política conduce necesariamente al liberalismo, ya que por una parte muestra que, en la sociedad basada en la división del trabajo, existen sólo dos posibilidades opuestas de solucionar el problema de la propiedad: la propiedad privada y la propiedad colectiva de los medios de producción; y que, por tanto, la supuesta solución intermedia, representada por la propiedad «regulada», o es un contrasentido, porque no consigue los fines intencionadamente perseguidos y sólo provoca disfunciones en el proceso de producción capitalista, o bien debe llevarse hasta la socialización íntegra de los medios de producción. Por otra parte, la economía política muestra —pero esta adquisición teórica es sólo una conquista reciente— que una sociedad basada en la división del trabajo y en la propiedad colectiva de los medios de producción no es capaz de sobrevivir, porque en ella no es posible el cálculo económico y por lo tanto la racionalidad económica. La ciencia económica es, pues, un obstáculo para las ideologías socialista y sindicalista que hoy dominan en todo el mundo. De ahí la lucha que por doquier se libra contra la economía política y contra los economistas.

Zwiedineck-Südenhorst trata de reproponer con nuevo ropaje la insostenible doctrina de la supuesta tercera forma de sociedad, o tercera vía, que vendría a sumarse a las otras dos, basadas respectivamente en la propiedad privada y en la propiedad colectiva. El problema, según él,

no se refiere simplemente a la forma de la propiedad, sino también al estatuto igualmente y acaso aún más decisivo de las normas jurídicas que constituyen una especie de superestructura por encima de cualquier estatuto propietario, y por lo tanto de cualquier sistema económico. Hay que reconocer la decisiva importancia que esas normas jurídicas tienen para la forma misma que viene a revestir la cooperación de los distintos factores de producción (entendiendo como factores autárquicos no sólo el capital y la tierra por una parte y el trabajo por otra, sino también las diversas categorías de prestaciones humanas). El problema, pues, se refiere a todo lo que comprende el concepto de organización productiva. El único fin de esta organización tiene que ser poner al servicio de toda la economía las relaciones de poder que de vez en vez inciden sobre los distintos factores de producción; sólo entonces adquiere la organización un carácter económico-social. Evidentemente, estas relaciones de poder, es decir la ordenación de la propiedad, se convierten en parte integrante de la organización productiva. Pero esto no nos autoriza a concluir que la organización que los integra deba ser diferente para la economía individualista y para la colectivista; más bien, el problema consiste en saber si y en qué puede ser distinta[126].

También aquí, como en todos los demás representantes del estatalismo, se nos ofrece la idea de que las normas jurídicas, que son necesarias para «poner al servicio de toda la economía» la prosperidad privada, permitirían al gobierno alcanzar los objetivos que desea. No es casual que Zwiedineck haya adoptado recientemente, sobre el problema «poder o ley económica», una postura que le coloca plenamente en línea con los socialistas de cátedra[127].

Conviene subrayar que todas estas discusiones no sólo no aportan ninguna novedad, sino que repiten todos los viejos errores ya refutados cientos de veces. El problema no es si «el poder estatal» puede intervenir en la vida económica. Ningún economista negaría hoy, por ejemplo, la «posibilidad» de bombardear una ciudad o de introducir una prohibición de exportar. Tampoco el librecambista afirma que los aranceles no sean posibles; afirma sólo que los aranceles protectores no producen los efectos que el proteccionismo les atribuye. Del mismo modo, quien rechaza el control de precios, porque produce efectos contrarios a los objetivos deseados, no pretende negar con ello que las autoridades puedan fijar precios oficiales y vigilar su aplicación, sino simplemente que de este modo se pueda alcanzar el fin que la propia autoridad pretende lograr con el decreto en cuestión.

4. El «Methodenstreit»

Los argumentos con los que los representantes de la Escuela histórica rechazaron la admisibilidad del análisis «teórico» en economía fueron ya refutados a mediados de los años 70 [del siglo XIX], de forma puntal y definitiva, por Walter Bagehot. Los dos únicos métodos que la Escuela histórica consideraba admisibles él los define all-case method y single-case method. El primero opera exclusivamente a través de la inducción, pensando —erróneamente— que este es el camino que normalmente siguen las ciencias de la naturaleza. Bagehot demuestra que este método es absolutamente impracticable y que nunca ha dado resultados satisfactorios en ninguna ciencia. A su vez, el single-case method, que se propone la pura descripción de procesos históricos concretos, desconoce que no existe una historia económica y una descripción de la economía, si antes no existe ya una doctrina orgánica que aplicar (unless there was a considerable accumulation of applicable doctrine before existing).[128]

Hace ya tiempo que la controversia sobre el método ha quedado resuelta. Jamás una disputa científica terminó con una derrota tan contundente de una de las partes en conflicto. Así se admite sin reservas en el volumen a que nos estamos refiriendo. Löwe, por ejemplo, en su magistral contribución al análisis de la coyuntura, alude brevemente al problema del método y demuestra de manera totalmente convincente que las objeciones de los empíricos contra la teoría son insostenibles. Lamentablemente, hay que dar la razón a Löwe también cuando observa que «la fe ingenua en el “análisis imparcial” de los hechos, que ha hecho estéril el trabajo de toda una generación de estudiosos alemanes», se ha insinuado también recientemente en la ciencia americana[129]. Más deplorable aún es el hecho de que, a pesar de las fundamentales discusiones metodológicas de los últimos años, la ciencia alemana persista en los viejos errores hace ya tiempo refutados. Bonn, por ejemplo, alaba a Brentano por no haberse contentado, en su libro sobre la Agrarpolitik, con «ofrecernos el esqueleto de un sistema arrancado de la carne viva. Le horroriza la abstracción exangüe, la pura declinación de los áridos conceptos que conociera en sus años juveniles. Busca lo concreto de la vida»[130]. Tengo que admitir que la expresión «carne viva» me deja perplejo. La aplicación del adjetivo «exangüe» al sustantivo abstracción me parece absurda. ¿Qué debería ser lo contrario de una abstracción «exangüe»? ¿Una abstracción «sanguínea»? Ninguna ciencia puede prescindir de los conceptos abstractos; aquel a quien estos conceptos le horrorizan debería mantenerse apartado de la ciencia y tratar de salir adelante en la vida sin ellos. Si hojeamos la Agrarpolitik Brentano, observaremos que está llena de discusiones sobre renta de la tierra, precio del terreno, costes, etc., es decir de auténticas investigaciones teóricas que obviamente se sirven de abstracciones y conceptos abstractos[131]. Toda investigación que, de un modo u otro, toma posición sobre cuestiones económicas tiene que «teorizar». El empírico, por supuesto, no sabe que está haciendo teoría, lo mismo que Monsieur Joudain hablaba en prosa sin saberlo. Y como no lo sabe, acepta acríticamente teorías que son imperfectas e incluso erróneas, sin verificar a fondo su coherencia lógica. Para cada «hecho» no es difícil construir una teoría que lo explique; pero sólo la conexión de las distintas teorías en un sistema orgánico puede permitimos formar un juicio sobre la validez o no de la «explicación» hallada. Y, sin embargo, esto es precisamente lo que la Escuela histórica se ha negado a hacer: no ha querido reconocer la necesidad de elaborar lógicamente y a fondo las teorías, para luego ensamblarlas en un sistema orgánico. No tuvo voluntad ni capacidad de construir un sistema. Y por eso acabó empleando eclécticamente fragmentos de todas las teoría posibles, siguiendo indiscriminada y acríticamente ahora aquella opinión.

Pero los socialistas de cátedra no sólo no construyeron un sistema, sino que fallaron también completamente en la crítica a la moderna economía política teórica. La crítica constructiva a la teoría subjetiva del valor —y si la crítica no es constructiva no contribuye al desarrollo ulterior de la ciencia— no vino de fuera sino de sus propias filas. Fue su influencia la que determinó la gran revolución teórica de las últimas décadas. Los integrantes de la Escuela histórica fueron incapaces incluso de advertir el hecho de esta evolución de la teoría económica en un auténtico sistema. Cuando hablan de la economía política moderna, tienen siempre ante los ojos la situación de 1890, anclada aún en las definitivas contribuciones de Menger y Böhm-Bawerk. De lo que se ha hecho después en Europa y América apenas se han enterado.

La crítica que los principales representantes del socialismo de cátedra hicieron a la teoría de la economía política fue en gran parte poco pertinente, y sobre todo no estuvo exenta de un rencor personal absolutamente injustificado. Con frecuencia se prefirió sustituir la crítica por la broma de mejor o peor gusto, exactamente igual que en los escritos de Marx y sus epígonos. Brentano creyó que tenía que iniciar su crítica a la teoría del interés del capital de Böhm-Bawerk —una crítica que, entre paréntesis, no ha sido nunca compartida por nadie en los diecisiete años transcurridos desde que se formuló— con esta frase: «Como agudamente me decía un estudiante del primer semestre…»[132]. El profesor Totomianz, un ruso de origen armenio, en su Geschichte der Nationalökonomie und des Sozialismus, afirmó lo siguiente: «Uno de los críticos alemanes de la escuela psicológica observa con mucha ironía, aunque no sin un fondo de verdad, que el ambiente en que se desarrolló la Escuela austriaca fue el de la ciudad de Viena, una ciudad plagada de estudiantes y oficiales; es, pues, natural que para un joven estudiante deseoso de disfrutar de la vida, los bienes presentes tengan más valor que los futuros; y también es natural que un brillante oficial, al que por desgracia no suele sobrarle el dinero, tenga que pagar un cierto tipo de interés por el dinero que le prestan»[133]. La obra que contiene esta profunda crítica a la teoría de Böhm-Bawerk se publicó originariamente en ruso. Sus traducciones francesa, italiana y checa llevan respectivamente los prólogos de Rist, Loria y Masaryk. En el prólogo a la traducción alemana Herkner aprecia su exposición «clara y accesible a un amplio público»; considera que todas las ideas importantes y fructíferas elaboradas en Inglaterra, Francia, Alemania, Austria, Bélgica, Italia, Rusia y América tienen en Totomianz «un observador inteligente y amable»; Totomianz «posee una sorprendente capacidad para exponer adecuadamente el espíritu de hombres tan distintos como Fourier, Ruskin, Marx, Rodbertus, Schmoller, Menger y Gide»[134]. Juicios tanto más sorprendentes en cuanto formulados por un atento conocedor de la historia de las teorías económicas como es Herkner[135].

En la controversia sobre el método, el ala brentaniana de la orientación empírico-realista adoptó una actitud más prudente que la de los seguidores de Schmoller. Personalmente, a Brentano hay que reconocerle además el mérito de haber criticado duramente, ya desde la generación anterior, los trabajos histórico-económicos de la Escuela. Según él,

hay incluso quienes no han hecho más que algún extracto de documentos económicos, con lo que creen haber escrito un tratado de economía política. ¡Como si no se supiera que ese documento es apenas el primer paso del trabajo del economista! Luego hay que analizarlo con rigor, y por lo tanto recomponerlo en un marco de referencias concretas, y finalmente sacar del fragmento de vida que hemos reconstruido la lección que nos sugiere. Para esto, evidentemente, no basta hacer extractos minuciosos de documentos. Se necesitan capacidades de intuición y de combinación, perspicacia, y la cualidad científica más importante: la de saber reconocer el elemento común en la multiplicidad de los fenómenos[136]. Si esta falta, no tenemos otra cosa que una serie de detalles sin interés alguno […]. La economía política no sabe absolutamente qué hacer con una ensayística histórico-económica de este género[137].

E incluso, aludiendo evidentemente a las tendencias estatalistas que se manifestaban en los trabajos de la Escuela schmolleriana, Brentano califica de aberrante «confundir la apasionada tarea de resumir documentos de archivo con las investigaciones económico-políticas y los estudios de historia económica»[138].

5. Las doctrinas económicas del social-liberalismo

Fiel a sus principios, el socialismo de cátedra no construyó sistema alguno, al contrario de lo que intentaron hacer los fisiócratas y los clásicos por una parte y la economía subjetivista moderna por otra. No tenía ningún interés en formular un sistema de cataláctica.

Marx adoptó sin más el sistema de los clásicos, llegando a la conclusión de que en la sociedad fundada en la división del trabajo no existe, junto a los dos ordenamientos sociales basados respectivamente en la propiedad privada y en la propiedad colectiva de los medios de producción, una tercera posibilidad de organizar la sociedad. Cualquier intento de buscar una tercera vía lo calificó despectivamente de «pequeño-burgués». El punto de vista del estatalismo es muy otro. Desde el principio, se acercó a las cosas no con la voluntad de comprenderlas, sino con la intención de orientarlas a la luz de una visión ética preconcebida: «Las cosas deberían ser así», o «No deberían ser así». Una situación en la que no aparezca el Estado le parece totalmente caótica. Sólo la intervención de la autoridad suprema puede acabar con la arbitrariedad de los egoísmos interesados. La idea de que un ordenamiento social puede mantenerse sobre una constitución en que el Estado se vea limitado a tutelar la propiedad privada de los medios de producción le parece al estatalista tan absurda que sólo le inspira palabras de sarcasmo para los «enemigos del Estado» que creen en esta «armonía preestablecida». El estatalista, por una parte, considera insensato rechazar cualquier «intervención» del Estado en la vida económica porque ello significaría la anarquía; por otra parte, considera incoherente, una vez admitida la intervención del Estado para tutelar la propiedad privada, rechazar por principio cualquier intervención ulterior en otros ámbitos. Para los estatalistas, el único orden racional de la economía sólo puede establecerlo un modelo de sociedad en el que la propiedad privada siga nominalmente en vigor, pero que de hecho sea abolida, y el Estado mantenga en sus manos la dirección suprema de la producción y la distribución. Según ellos, la situación en la época áurea del liberalismo era hija de un Estado que había hecho dejación de sus deberes y dado demasiada libertad a los individuos y a sus intereses privados. Salta a la vista que para quienes así piensan es no sólo inútil sino incluso absurdo elaborar un sistema de cataláctica.

El mejor ejemplo de ideología del Estado de bienestar nos lo brinda la teoría de la balanza de pagos. Según la vieja versión mercantilista, esta teoría sostiene en esencia que, si el Estado no interviene, el país se expone a agotar sus reservas de oro. Los clásicos, por el contrario, demostraron que ese riesgo tan temido por los mercantilistas en realidad no existe, porque intervienen fuerzas que al final hacen imposible la hemorragia total. Por esta razón, los estatalistas han visto siempre la teoría cuantitativa como algo escandaloso, prefiriendo la teoría bancaria. En Alemania, tras la victoria de la Escuela histórica, la teoría monetaria fue incluso proscrita. Los teoremas típicos de la teoría bancaria están presentes en Marx[139] y en Wagner, en Helfferich y en Hilferding, en Havenstein y en Bendixen.

Tras dos generaciones de predominio de eclecticismo y de total renuncia a la formación de conceptos precisos, a muchos les cuesta hoy incluso comprender en qué consistía el contraste entre estas dos célebres escuelas inglesas. Palyi manifiesta su extrañeza al constatar que «un seguidor convencido de la escuela bancaria, M. Auxiaus, en ocasiones […] defiende el ‘contabilismo’ de Solvay»[140]. No hay que olvidar que el ‘contabilismo’ y todos los demás sistemas afines no son sino la aplicación coherente de los teoremas de la teoría bancaria. Si los bancos no son capaces de poner en circulación una cantidad de billetes superior a la que se necesita («elasticidad de la circulación»), desaparecen todas las perplejidades respecto a la adopción de la reforma bancaria propuesta por Solvay[141].

El social-liberalismo no podía compartir el punto de vista del estatalismo que declara no poder añadir ni una sola palabra a lo ya dicho por el viejo mercantilismo, y que su propia teoría se limita a destacar el instintivo egoísmo de los gobernados (la «gente interesada»), a los que no se les puede dejar hacer lo que quieran[142]. Por eso, el social-liberalismo tenía que demostrar de algún modo que, en su modelo de sociedad, es posible la cooperación entre los componentes de una sociedad basada en el intercambio sin asistencia del Estado. Pero no ha sido capaz de formular al respecto una teoría orgánica. Sólo algunos de sus partidarios se han justificado diciendo que una teoría de ese tipo sería prematura por la inexistencia de una previa recogida del material necesario; pero la mayoría, a lo que parece, ni siquiera ha percibido su urgencia. De modo que cuando unos y otros se han visto ante la necesidad de recurrir a principios teóricos, por lo regular los han tomado prestados del sistema clásico, casi siempre en su versión marxista. Y este es un nuevo punto que los distingue de los estatalistas, los cuales prefieren más bien inspirarse en el mercantilismo.

En todo caso, el social-liberalismo no ha dejado de aportar una contribución propia a la teoría de los efectos de la acción sindical sobre los salarios. Aquí no se podía apelar ni a la teoría clásica ni a la moderna. Con total coherencia, negó Marx que el salario pudiera elevarse como efecto de la acción sindical. Sólo Brentano y Webb se esforzaron en demostrar que la acción sindical puede conseguir aumentar de forma permanente la renta de la clase asalariada. La de Brentano-Webb es la teoría principal del social-liberalismo, si bien no ha sido capaz de superar la crítica científica. Baste recordar los argumentos al respecto de Pohle[143] y de Adolf Weber[144] y el análogo resultado a que llegó Böhm-Bawerk en su último escrito[145]. Por lo demás, ninguna persona seria osa hoy defender la teoría brentano-webbiana. Y es significativo que en toda la voluminosa obra que nos ocupa no haya un solo ensayo sobre la teoría del salario y sobre la política salarial. Sólo Cassau se limita a constatar que el movimiento sindical antes y después de la guerra ha procedido «sin una teoría del salario propia y autónoma»[146].

Schmoller, en la recensión a la primera edición del libro de Adolf Weber, plantea una objeción a su demostración de la imposibilidad de obtener normalmente, sin un aumento de la productividad, un aumento del salario a través de la simple negativa a trabajar. Según Schmoller, «estas abstractas discusiones teóricas sobre el precio» no llevan a ningún resultado práctico, ya que sólo se podrá formular un «juicio seguro» si «podemos medir uno por uno todos estos procesos extremadamente complejos». A lo que Adolf Weber responde denunciando en tal afirmación la bancarrota de nuestra ciencia[147]. Sólo que al estatalista le importa un bledo la bancarrota de la economía, pues el estatalista coherente niega de raíz la existencia misma de leyes que regulen la marcha de los fenómenos económicos. En todo caso, encuentra tranquilamente una escapatoria política al dilema, confiando al Estado la tarea de determinar el nivel de los salarios. Para el social-liberalismo, en cambio, la refutación de la teoría brentano-webbiana no es decisiva. Aun admitiendo que sea válida —algo que, como ya hemos dicho, nadie se aventura hoy a sostener a la vista de los argumentos de Adolf Weber, Pohle y Böhm-Bawerk—, seguiría siempre abierta la cuestión de fondo. Es decir, aun admitiendo que los sindicatos tengan efectivamente poder para incrementar el salario medio de todos los trabajadores por encima del nivel que se alcanzaría sin su intervención, es inevitable preguntarse hasta qué punto puede llegar este aumento. ¿Puede llegar hasta absorber enteramente la renta «que no procede del trabajo» y afectar al capital mismo? ¿O hay un límite que este aumento no puede sobrepasar? Tal es el problema que la «teoría del poder» tiene que resolver siempre que se halla ante un precio cualquiera. Pero hasta hoy ni siquiera ha intentado resolverlo.

El problema del poder no puede afrontarse a la manera del viejo liberalismo, que declaraba simplemente «imposibles» las intervenciones del poder coactivo. No hay duda de que los sindicatos, si son secundados por el Estado mediante su negativa a tutelar concretamente a quienes no quieren secundar la huelga, mediante el pago de un subsidio de paro, o bien forzando a los empresarios a contratar trabajadores, pueden sin duda elevar los salarios al nivel que deseen. Pero entonces el resultado es que los trabajadores de los sectores estratégicos pueden elevar arbitrariamente su salario a costa del resto de la población.

Pero aun prescindiendo de esto, el traslado del aumento salarial a los precios de los bienes instrumentales y de consumo podrán soportarlo los trabajadores, pero no ciertamente los capitalistas y los empresarios, cuya renta no aumenta en paralelo con el aumento de los salarios. Estos estamentos se ven obligados a reducir la acumulación, a consumir menos o incluso a echar mano del capital. De la medida en que se reducen sus rentas depende lo que decidan hacer. Pero una cosa será cierta en todo caso: que no se llegará por este camino a la desaparición ni siquiera a la reducción sustancial de la renta de propietarios y empresarios sin pasar antes por lo menos por una reducción o un estancamiento de las inversiones, o más probablemente (desde el momento en que no se ve qué es lo que pueda impedir que los sindicatos fuercen sus reivindicaciones hasta el punto de hacer desaparecer toda la renta no procedente del trabajo) por una auténtica destrucción de capital. Siendo esto así, habrá que admitir que la destrucción de capital no puede ser el medio para garantizar a los trabajadores un aumento permanente de su renta.

Los caminos que el estatalismo y el social-liberalismo pretenden seguir para aumentar las rentas salariales difieren entre sí, pero ninguno de los dos conduce a la meta deseada. El social-liberalismo, a menos que por un absurdo desee reducir o bloquear las inversiones, acaba también enfrentándose al dilema: capitalismo o socialismo. Tertium non datur.

6. Concepto y crisis de la «Sozialpolitik»

Casi todas las medidas de política económica adoptadas en las últimas generaciones han tenido como objetivo abatir gradualmente, no de nombre sino de hecho, la propiedad privada y sustituir el ordenamiento social capitalista por otro socialista. Este objetivo ya había sido confesado, hace algunas décadas, por Sydney Webb y claramente formulado en sus ensayos fabianos[148]. Puesto que el modelo de sociedad futura contemplado por las distintas corrientes socialistas era distinto, también tenían que serlo las opiniones acerca de los medios a adoptar para alcanzar este fin. Sobre algunas cuestiones las distintas corrientes estuvieron bastante de acuerdo; sobre otras, por el contrario, surgieron claras diferencias; por ejemplo, sobre el trabajo en las fábricas de las mujeres casadas, o sobre la protección de la artesanía frente a la competencia de la gran industria. Pero siempre hubo total acuerdo a la hora de rechazar el ideal social del liberalismo. A pesar de sus diferencias, las distintas corrientes socialistas coincidieron siempre en su lucha contra el «manchesterismo». Y, por lo menos sobre este punto, también estuvieron de acuerdo los adalides del «socialismo de cátedra» y los del estatalismo puro.

Los esfuerzos encaminados a sustituir gradualmente el capitalismo por alguna forma de sociedad socialista o sindicalista tomaron el nombre de Sozialpolitik. Jamás se dio una definición precisa de esta expresión, pues las definiciones conceptuales rigurosas jamás fueron el fuerte de la Escuela histórica. El uso del término ha seguido siendo ambiguo. Sólo en los últimos años, presionados por las críticas de la economía política, los defensores de la Sozialpolitik han intentado ofrecer una definición del concepto.

La definición más clara la dio Sombart en 1897: «Por Sozialpolitik entendemos aquellas medidas de política económica que tienen como fin o como resultado el mantenimiento, el desarrollo, o bien la represión de determinados sistemas económicos o de sus componentes»[149]. Amonn ha apuntado acertadamente algunas objeciones en relación con esta definición, y sobre todo ha criticado el hecho de que las medidas de política económica puedan caracterizarse siempre y sólo por el fin que persiguen y no por las consecuencias que tienen en el ámbito político; y también ha criticado el hecho de que la Sozialpolitik sobrepase la esfera que normalmente delimita la política económica[150]. Sin embargo, el punto decisivo es que Sombart establece como objetivo de la política social el cambio del sistema económico. Si se tiene presente que cuando formuló aquella definición militaba resueltamente en el campo del marxismo, y que por lo tanto para él la única política social posible en aquella época era la que conducía al socialismo, hay que admitir que captó perfectamente el núcleo de la cuestión. El único defecto de su definición conceptual, a lo sumo, es que incluye en la Sozialpolitik —véase su explícita mención de la emancipación de los campesinos como ejemplo de política social— las corrientes que tendían a realizar el programa liberal en una época en la que, en palabras de Marx, la burguesía era aún una clase revolucionaria. Sobre este punto muchos le han seguido, tratando repetidamente de definir la Sozialpolitik de forma que incluya también medidas de política económica distintas de las que tienen por objeto la creación de una sociedad socialista[151].

No merece la pena ocuparse de la estéril controversia sobre el concepto de Sozialpolitik que ha tenido lugar en los últimos años. De resolverla se ha ocupado la crisis que ha afectado al socialismo y al sindicalismo en todas las tendencias, con la victoria de la socialdemocracia marxista y de sus grupos afines.

Ya antes de la guerra, el estatalismo prusiano y el de los demás países influidos por Alemania, en cuyo modelo se habían inspirado, emprendieron la vía del socialismo en la medida que lo permitían las condiciones de entonces, sin provocar daños demasiado visibles a la economía nacional y una reducción demasiado marcada de la productividad del trabajo. Nadie puede negar, a no ser por un prejuicio partidista, que la Alemania prusiana de la era guillermina estuviera en las mejores condiciones, respecto a cualquier otra nación en el pasado y en el futuro, para emprender el experimento socialista. La tradición de la burocracia prusiana, la concepción que todas las clases cultas tenían de la función del Estado, la articulación jerárquico-militarista de la población, su disposición a obedecer ciegamente las órdenes de la autoridad: todo esto creaba aquellos presupuestos del socialismo que jamás se habían dado y que no se dan en ningún país. Para desempeñar funciones directivas en una sociedad socialista, no habrá nunca hombres mejores que los burgomaestres de las ciudades alemanas o los directores de los ferrocarriles prusianos. Ellos hicieron todo lo que estaba a su alcance para hacer posible un sistema económico colectivista. Si, a pesar de todo, este fracasó, quiere decir que era inviable.

Entonces llegaron de pronto al poder, en Alemania y en Austria, los socialdemócratas. Durante décadas no se habían cansado de proclamar que su socialismo no tenía nada que ver con el falso socialismo de los estatalistas, y que una vez llegados al poder se comportarían de manera muy distinta a los burócratas y profesores. Finalmente había llegado el momento de demostrar qué sabían hacer. Y no supieron hacer otra cosa que inventar una nueva fórmula y una nueva palabra: «socialización». En 1918 y 1919 todos los partidos políticos, en Alemania y en Austria, introdujeron en sus programas la socialización de los sectores económicos más apropiados. Ninguno de los pasos que entonces se dieron para la realización integral del socialismo de puro corte marxista encontró una seria resistencia. Las realizaciones efectivas, sin embargo, no superaron cualitativa y cuantitativamente lo que ya los «socialistas de cátedra» habían propuesto y acaso también intentado realizar. Sólo unos pocos insensatos de Munich pensaron que en la Alemania industrial podía implantarse el modelo aplicado en la Rusia agraria por Lenin y Trotsky sin provocar una catástrofe de proporciones inauditas.

El socialismo no ha fracasado por resistencias ideológicas, pues la ideología socialista sigue siendo en la actualidad la ideología dominante. Fracasó porque era irrealizable. Todo paso que nos aleje del sistema social de propiedad privada de los medios de producción reduce la productividad y por lo tanto provoca miseria e indigencia. Y como no se ha podido ignorar este hecho, ya que se ha ido imponiendo con la fuerza de las cosas a la conciencia general, a medida que se procedía por el camino del socialismo y se reducía la productividad del trabajo, se fue imponiendo la necesidad, no sólo de detener la marcha, sino de derogar las medidas ya adoptadas. Incluso los soviets tuvieron que ceder. En el campo, no han socializado la tierra, sino que la han distribuido entre la población rural. En la industria y el comercio, en lugar del socialismo puro, han introducido la NEP (Nueva Política Económica). Sólo la ideología no ha participado en esta retirada. Sólo ella continúa impertérrita aferrada a sus proclamas de hace décadas, e intenta explicar el fracaso del socialismo de todas las formas posibles a excepción de la única acertada: la radical imposibilidad de llevarlo a la práctica.

Sólo unos pocos de los muchos que querían preparar el camino al socialismo han reconocido que el fracaso no ha sido casual sino inevitable. Algunos han ido más lejos y han admitido, con plena coherencia, que todas las medidas inspiradas en la Sozialpolitik no tienen otro efecto que reducir la productividad del único sistema económico posible, el que se basa en la propiedad privada de los medios de producción; han admitido que esas medidas provocan un derroche de capital y de riqueza, y que por ello son constitutivamente destructivas. En la literatura económica reciente este abandono de los ideales en otro tiempo apasionadamente defendidos se conoce como «crisis de la Sozialpolitik»[152]. En realidad, se trata de algo más: se trata de la gran crisis mundial del destructivismo, de aquella política que intenta destruir el ordenamiento social basado en la propiedad privada de los medios de producción.

La tierra puede alimentar a la enorme masa de hombres que la habitan en la única forma en que los ha alimentado en las últimas décadas, es decir a través del sistema económico capitalista. Sólo del capitalismo puede esperarse un ulterior aumento de la productividad del trabajo humano. El que hoy, en cambio, la gran mayoría sea partidaria de una ideología que no quiere reconocer esta realidad, y por lo tanto propugne una política que conduce a la reducción de la productividad del trabajo y a la destrucción del capital acumulado, es el signo más profundo de la gran crisis de civilización.

7. Max Weber y el «socialismo de cátedra»

La oposición al socialismo de cátedra se inició, en términos generales, en Alemania, y se basaba en la constatación de la imposibilidad de excluir el análisis teórico en el estudio de los problemas económicos. El ataque a las doctrinas de los socialistas de cátedra vino ante todo de economistas tales como Dietzel, Julius Wolf, Ehrenberg, Pohle, Adolf Weber, Passow y otros. Por otro lado, los historiadores han criticado a su vez el modo en que Schmoller, Knapp y sus alumnos trataban de resolver los problemas históricos. Sirviéndose de su instrumental científico, todos estos críticos estudiaron las doctrinas de los socialistas de cátedra desde una posición externa. Aunque inicialmente, dada la posición y la reputación de los socialistas de cátedra, encontraron dificultades materiales, en el fondo la polémica con dicha orientación científica no fue para ellos un problema especial, ya que o nunca habían sido particularmente atraídos por ella, o bien, desde el punto de vista psicológico, la habían abandonado definitivamente sin dificultad.

El caso de Max Weber fue distinto. Para el joven Max Weber, las ideas del estatalismo prusiano, del socialismo de cátedra y de la reforma social evangélica eran la misma cosa. Él las había absorbido antes incluso de empezar a ocuparse científicamente de los problemas del socialismo de cátedra. Su postura obedeció a convicciones religiosas, políticas y éticas.

En la Universidad, Max Weber había estudiado derecho, y fue primero profesor libre y luego contratado en Derecho. Pero su inclinación le llevó más tarde a dedicarse completamente a la historia: no a las investigaciones históricas particulares, las que se pierden en minucias y pasan por alto los grandes fenómenos, sino a la historia universal, a las grandes síntesis históricas y a la filosofía de la historia. Pero la ciencia histórica no era su objetivo último, sino sólo un medio para lograr un conocimiento político más profundo. La economía política, en cambio, le era totalmente ajena. Había sido llamado a la cátedra de economía sin que con anterioridad se hubiera ocupado de esta ciencia: un hecho no raro en aquellos tiempos, por lo demás en perfecta consonancia con la concepción que la Escuela histórico-realista tenía de la naturaleza de las «ciencias del Estado», según la cual los historiadores e historiadores del derecho eran considerados expertos en economía política[153]. Poco antes de su prematura muerte, Max Weber se lamentaba de su escaso conocimiento no sólo de la economía teórica moderna, sino también del sistema clásico, y manifestaba el temor de no tener ya tiempo para llenar esta laguna que sentía como una dolorosa carencia.

Apenas aceptado este nombramiento, que le obligaba a explicar algunos cursos sobre los problemas que para el socialismo de cátedra constituían el contenido de la disciplina académica llamada «economía política», se dio perfectamente cuenta de la total insuficiencia de la doctrina dominante. El jurista y el historiador que había en él se rebelaron en primer lugar contra el modo en que la economía política oficial trataba los problemas jurídicos e históricos. Tal fue el punto de partida de sus primeras investigaciones metodológicas y epistemológicas; y esto le condujo ante todo al problema de la concepción materialista de la historia, y de aquí a interesarse por los problemas de la sociología de las religiones, sobre cuya base diseñó su gran plan para la construcción de un sistema de las ciencias sociales.

Pero todos estos estudios contribuyeron también a alejarle poco a poco de un ideal político juvenil inspirado en la Sozialpolitik y a acercarle progresivamente al liberalismo, al racionalismo y al utilitarismo. Fue para él una experiencia personalmente dolorosa, muy semejante a la que había impulsado a muchos otros estudiosos a apartarse del cristianismo. El estatalismo prusiano había sido su fe y su religión, y apartarse de él fue algo así como separarse de su patria, de su pueblo, incluso de toda la civilización europea.

En efecto, a medida que iba comprendiendo, cada vez con mayor claridad, que la ideología social dominante era insostenible, y se iba percatando de los efectos que tendría su aplicación práctica, empezaba también a darse cuenta del futuro que le esperaba al pueblo alemán y a todos los demás pueblos que encarnaban la civilización europea. Así como el cochemar des coalitions había turbado el sueño de Bismarck, así también a Weber le inquietaba la lúcida visión de los resultados a que le habían conducido sus estudios. Por más que se aferrara desesperadamente a la esperanza de que todo habría de resolverse de manera positiva, un oscuro presagio le decía insistentemente que la catástrofe se estaba acercando. Fue esto lo que minó su salud y lo que, especialmente tras el estallido de la guerra mundial, le puso en un estado de creciente agitación, empujándole a un activismo frenético que, para un hombre aislado como él, del que ninguno de los partidos existentes supo aprovecharse, tenía que resultar estéril y finalmente llevarle a la muerte.

A partir del periodo de Heidelberg, la vida de Max Weber fue una incesante lucha interior contra las doctrinas del socialismo de cátedra, lucha que no pudo llevar a término porque la muerte le sorprendió antes de que pudiera liberarse por completo de su fascinación. Y murió solo, sin dejar herederos que pudieran continuar la lucha interrumpida por su desaparición. Es cierto que hoy todos ensalzan su nombre, pero se ignora el verdadero alcance de su obra, y no cuenta con discípulos precisamente en los temas que para él eran más importantes. Sólo los adversarios han comprendido el peligro que las ideas de Max Weber pueden representar para su propia ideología[154].

8. El fracaso de la ideología dominante

Las ideas del socialismo y del sindicalismo, en todas sus variantes y tendencias, han perdido su fundamento científico. Sus partidarios no han sido capaces de oponer al sistema de economía teórica, que ha demostrado que esas ideas son insostenibles, un sistema mejor y más compatible con sus propias doctrinas. Y así han decidido negar radicalmente la posibilidad misma del conocimiento teórico en el ámbito de las ciencias sociales en general y de la economía política en particular, limitando su crítica a hacer objeciones inconexas contra los principios que constituyen la base del sistema de la economía teórica. Pero tanto su crítica metodológica como la que tiene por objeto los diferentes teoremas han revelado su falta de consistencia. De todo lo que Schmoller, Brentano y sus amigos anunciaron enfáticamente hace medio siglo como la nueva ciencia no ha quedado absolutamente nada. El hecho de que puedan utilizarse los estudios de historia económica, y que por lo mismo haya que cultivarlos, es algo sabido desde siempre y a nadie se le ha ocurrido negarlo.

Aun en el periodo áureo de la Escuela histórica, la ciencia de la economía teórica no se detuvo. El nacimiento de la teoría subjetivista moderna coincide con la fundación de la Verein für Sozialpolitik. Desde entonces, economía política y Sozialpolitik son dos realidades totalmente contrapuestas. Los partidarios de la Sozialpolitik desconocen hasta los elementos básicos del sistema teórico, e ignoran completamente los importantes desarrollos que se han venido produciendo en las últimas décadas en el campo de la teoría económica. Y cuando osan criticarla, no saben ir más allá de los viejos errores que ya Menger y Böhm-Bawerk liquidaron definitivamente.

Pero todo esto no ha afectado lo más mínimo a la ideología socialista y sindicalista, que conserva más que nunca su hegemonía cultural. Todos los grandes acontecimientos políticos y político-económicos de los últimos años se ven casi exclusivamente a través de sus lentes. Naturalmente, también aquí esa ideología ha fracasado. También a la ideología de los socialistas de cátedra puede aplicarse lo que Cassau dice del socialismo proletario: que todas las experiencias de las últimas décadas «han pasado a través de la ideología sin influir en ella; esta ha tenido muchas posibilidades de renovarse, pero nunca ha sido tan estéril como cuando florecían los debates sobre la socialización».[155] La ideología, pues, es estéril, pero domina. El liberalismo, en cambio, pierde terreno cada día que pasa, incluso en Inglaterra y Estados Unidos. Existen, claro está, diferencias notables entre las teorías de la Escuela estatalista alemana y el marxismo, por una parte, y lo que hoy en Estados Unidos pasa por el nuevo evangelio, por otra. Incluso en la terminología, los americanos son mucho más cautos que Schmoller, Held y Brentano. Pero en la sustancia las aspiraciones actuales de los americanos coinciden completamente con las doctrinas de los socialistas de cátedra, con las cuales comparten también el error de creer que su ideal social es favorable a la propiedad privada de los medios de producción.

Si hoy el socialismo y el sindicalismo, en conjunto, no dan un paso adelante; si asistimos a un retroceso incluso en relación a una serie de avances ya realizados en la dirección de la creación de una economía colectivista; y si hay incluso quien piensa en una limitación del poder de los sindicatos, todo esto no es fruto ni de un reconocimiento científico de la economía política ni una renuncia a la ideología social dominante. Hoy sólo unos pocos conocen la economía política en toda la faz de la tierra, y no existe un solo estadista o político que se preocupe de ella lo más mínimo. En cuanto a la ideología social, incluso la de los partidos que se dicen «burgueses» es de cabo a rabo socialista, estatalista, sindicalista. La explicación de la falta de progresos del socialismo y del sindicalismo, a pesar de la vigencia actual de la ideología dominante, se basa casi exclusivamente en que hoy es un hecho palmario el retroceso de la productividad del trabajo provocado por las medidas restrictivas respecto a la propiedad privada. Quien aún es prisionero de la ideología socialista buscará obviamente todas las escapatorias posibles para justificar este fracaso, renunciando a buscar su verdadera causa. Pero el único resultado es una mayor prudencia en la práctica.

La política no osa poner en práctica lo que la ideología dominante reclama, porque, instruida por amargas experiencias del pasado, en su subconsciente ha perdido toda confianza en la propia ideología. A pesar de ello, nadie piensa en sustituir la ideología claramente inservible por otra más funcional, ni espera alguna otra ayuda de la razón. Algunos se refugian en la mística, otros confían sus esperanzas a la llegada del «hombre fuerte», del tirano que pensará y proveerá por todos.

4. El antimarxismo[156]

En la Alemania y en la Austria alemana republicanas existe un movimiento que va adquiriendo una importancia creciente en la política y en las ciencias sociales. La mejor definición que de él podemos dar es la de «antimarxismo», como por lo demás suele a veces autocalificarse. Los presupuestos, la ideología, los métodos de lucha y objetivos de este movimiento no son homogéneos; el único elemento que los une es la declaración de guerra al marxismo. Pero ¡cuidado!: lo que se ataca no es el socialismo, sino el marxismo, y lo que se reprocha al socialismo marxista es que no es verdadero socialismo, el socialismo auténtico y único que hay que construir. Sería totalmente equivocado sostener —como hacen, por motivos puramente propagandísticos, los intelectuales de partido socialdemócratas y comunistas— que este antimarxismo aprueba o defiende la propiedad privada de los medios de producción. En realidad, aunque con otra presentación ideológica, no es menos anticapitalista que el marxismo.

Aquí sólo hablaremos del antimarxismo científico: nos referiremos al antimarxismo de la política práctica inmediata sólo cuando sea imprescindible para interpretar la doctrina.

1. El marxismo en la ciencia alemana

De ordinario se definen como marxistas sólo aquellos escritores que, perteneciendo a un partido marxista, tienen que aceptar y defender en sus escritos las doctrinas de Marx en las formas canónicas fijadas en los congresos del partido. La «ciencia» de estos hombres y mujeres no es otra cosa que una especie de escolástica. Su problema consiste en conservar la «pureza» de la doctrina auténtica. Todas sus demostraciones se realizan con argumentos de autoridad, en última instancia, naturalmente, la autoridad de Marx y Engels. Los marxistas no hacen otra cosa que certificar continuamente el colapso de la ciencia «burguesa» y la necesidad de buscar la verdad sólo en el marxismo.

El único significado de esta literatura marxista es haber promovido la carrera política de sus autores. Nada tiene que ver con la ciencia, ni siquiera con la ciencia alemana, que, como veremos, ha sido extraordinariamente influida por las doctrinas de Marx. Ni una sola idea ha producido esta literatura de epígonos, gris y repetitiva. Las grandes luchas que han agitado a los partidos marxistas —el debate sobre el revisionismo, sobre el concepto de dictadura, etc.— no han sido discusiones científicas sino meros debates políticos, y el método científico que las ha guiado es un método totalmente estéril para quien no sea un escolástico. Sólo Marx y Engels, no sus epígonos, han influido en la ciencia alemana.

En los años 70 y 80 del siglo XIX el socialismo estatalista y el socialismo de cátedra habían adquirido plena hegemonía en Alemania. La economía política había desaparecido. La economía política moderna, en cuya formación participaron sólo algunos austriacos despreciados como figuras excéntricas y un poco patéticas, pasó al principio totalmente inadvertida, al igual que la sociología no alemana, ambas igualmente sospechosas de manchesterismo. Los únicos estudios admitidos eran los históricos y estadístico-descriptivos; el principal requisito para tener carta de naturaleza en el mundo académico era la profesión de fe «social», es decir de socialismo de cátedra. A pesar, o tal vez a causa, de esta afinidad, los socialistas de cátedra se oponían a la socialdemocracia. Por lo demás, los escritos de Marx y Engels apenas eran objeto de atención por demasiado «doctrinarios».

La situación cambió con la llegada de una nueva generación formada por los alumnos de quienes en 1872 habían fundado la Verein für Sozialpolitik. Era una generación que en la Universidad no había oído una sola lección de economía política; que conocía los clásicos sólo de nombre y que lo único que sabía de ellos era que habían sido superados por Schmoller. Muy pocos habían tenido alguna vez en sus manos, y mucho menos leído, un texto de Ricardo o de Mill. A Marx y Engels tenían que leerlos por obligación, urgidos por la necesidad de hacer frente a la socialdemocracia, cada vez más dominante. Trataban entonces de escribir libros para refutar a Marx, pero con el único resultado de acabar a su vez, junto con sus lectores, fascinados por las ideas marxistas. No podía ser de otro modo, pues careciendo de toda familiaridad con la teoría económica y la sociología, se hallaban totalmente desarmados frente a lo que descubrían en Marx. Y si de Marx y Engels rechazaban las más extremosas reivindicaciones políticas, acababan recibiendo, mitigadas, sus teorías.

Este marasmo de los discípulos no tardó en repercutir en los maestros. En su artículo «Volkswirtschaft, Volkswirtschaftslehre und- methode», escrito para la tercera edición del Handwörterbuch der Staatswissenschaften[157], Schmoller atribuye a Jevons el mérito de haber criticado a Ricardo «por haber empujado el vagón de la economía hacia una vía equivocada». Y, con manifiesta satisfacción, observaba que Hasbach había añadido que «era precisamente la vía por la que la burguesía deseaba viajar». A lo largo de toda la polémica de la Escuela histórica alemana de economía contra la unilateralidad de Ricardo —proseguía Schmoller— «muchos seguidores de la vieja escuela» creyeron que podían seguir las huellas metodológicas de Smith, sin advertir que «sus teorías se habían convertido en una teoría de clase unilateral»[158]. Al socialismo no se le podía negar «ni el derecho a existir ni el reconocimiento de algunos efectos positivos», ya que, «nacido como filosofía de la miseria social, representa una orientación científica que cuadra con los intereses de los trabajadores, del mismo modo que la doctrina de la naturaleza post-smithiana se había convertido en una teoría hecha a la medida de los intereses de los empresarios»[159]. Estas palabras revelan claramente lo mucho que las ideas de Schmoller sobre el desarrollo histórico de las teorías económicas estuvieron impregnadas de ideas marxistas. Con mayor claridad aún aparecen las influencias marxistas en Lexis, de cuya teoría del interés dijo Engels que no era sino «una transcripción de la teoría de Marx»[160]. Böhm-Bawerk suscribe este juicio de Engels y observa que también las teorías de Dietzel y de Stolzmann eran muy semejantes en su planteamiento a las de Lexis, y que en la literatura de aquellos años (Böhm-Bawerk escribía en 1900) no era raro toparse con ideas y declaraciones análogas: parece más bien, añadía Böhm-Bawerk, «una orientación intelectual que empieza a convertirse en una moda»[161].

En la economía política esta moda no duró mucho. A los ojos de la generación de los discípulos directos de los fundadores de la Joven Escuela histórica, Marx pasaba por el teórico de la economía por excelencia. Pero cuando algunos discípulos de estos discípulos empezaron a interesarse más a fondo por la economía política, la fama del Marx teórico no tardó en esfumarse. Y al final también en Alemania se tuvo el valor de reconocer lo que la economía política teórica había producido en el extranjero, especialmente en Austria, y a redimensionar drásticamente la posición de Marx en la historia de la economía política.

En cambio, la influencia del marxismo en la sociología alemana ha sido creciente. Todos los resultados obtenidos en Occidente en el campo de la sociología fueron ignorados en Alemania durante mucho tiempo, en mayor medida aún que los obtenidos en la economía política teórica. Cuando más tarde empezaron los alemanes a ocuparse de problemas sociológicos, para ellos sólo existía una sociología: la concepción marxista de la historia y de la lucha de clases, convertida en punto de arranque del pensamiento sociológico alemán, y que ha acabado por influir, por lo menos en el tipo de problemas, sobre quienes pensaban haberla rechazado resueltamente. La mayor parte de los estudiosos no ha rechazado la doctrina en cuanto tal, sino únicamente sus consecuencias políticas y prácticas. Y los métodos aplicados han sido sustancialmente dos: el consistente en calificar la doctrina marxista de exagerada y demasiado totalizante, o bien el de declararla unilateral e intentar integrarla con nuevos elementos tomados prevalentemente de la doctrina política racista o nacionalista. No se ha querido reconocer el fundamental error del planteamiento marxista de los problemas ni tampoco el fracaso de sus intentos de solución. Se han hecho estudios historiográficos sobre el origen de la teoría marxista de la sociedad, sin advertir que lo poco que podía parecer válido había sido ya elaborado, de un modo incomparablemente más profundo, en Francia y en Inglaterra, por Taine y Buckle. Por lo demás, todo el interés se concentró sobre un problema totalmente irrelevante para la ciencia: la famosa teoría sobre la «extinción» del Estado. En esto, como en muchas otras cosas, más que formular una teoría, Marx y Engels lo que buscaban era una fórmula para la agitación social. Tenían, por una parte, que combatir el anarquismo y, por otra, mostrar que la «socialización» de los medios de producción que perseguía el socialismo no tenía nada que ver con la estatización y la municipalización propuestas por el socialismo estatalista y municipalista. Desde un punto de vista estrictamente político-partidista era comprensible que la crítica lanzada por el estatalismo contra el marxismo apuntara ante todo a este problema, en la sugerente perspectiva de denunciar las contradicciones internas de la doctrina marxista del Estado y de contraponer a los «antiestatalistas» Marx y Engels el estatalista Lassalle[162].

La acogida de la teoría social marxista en Alemania se explica si se tiene en cuenta el rechazo de la teoría social utilitarista del siglo XVIII por parte del mundo intelectual alemán.

La teoría social teológico-metafísica define y postula al mismo tiempo la sociedad sobre la base de un criterio externo a la experiencia humana. La sociedad es querida por Dios, o por la «naturaleza», o por un valor objetivamente válido, y es querida de una forma determinada, de modo que pueda alcanzar los fines que otras entidades consideran buenas. Los hombres no pueden menos de plegarse a su mandato. El supuesto de que parten las doctrinas teológicas, y en parte también las metafísicas, es que esta sumisión del individuo al organismo social, definido en estos términos, impone al individuo un sacrificio del que sólo será resarcido por la conciencia de haber obrado bien y de poder obtener acaso en el Más Allá la recompensa por este buen comportamiento. Puesto que los hombres ignoran su destino, es la providencia la que los fuerza a seguir el camino recto: si son hombres de buena voluntad, lo hace a través de la revelación; si son hombres de mala voluntad, lo hace sirviéndose de hombres especialmente dotados o de instituciones que actúan como instrumentos del reino de Dios.

A esta teoría de la sociedad se opone el individualismo, que exige una explicación —desde el punto de vista tanto religioso como metafísico— de por qué el individuo haya de sacrificarse a la sociedad. La controversia que se plantea en el terreno de la teoría teológico-metafísica de la sociedad se refleja perfectamente en la contraposición —clásica en Alemania— entre teorías colectivistas (universalistas) y teorías individualistas de la sociedad[163]. Pero el error fatal consiste en creer que en esta clasificación haya espacio para todas las teorías posibles de la sociedad, siendo así que la misma acoge únicamente a las dos antiguas y contrapuestas teorías y excluye la teoría moderna basada en la filosofía utilitarista del siglo XVIII.

La teoría utilitarista de la sociedad, renunciando a toda metafísica, parte de un hecho de experiencia: la voluntad presente en todo ser viviente de aceptar la vida y de multiplicar sus energías. La mayor productividad de la acción humana, obtenida en régimen de división del trabajo, y no en la acción aislada, extiende cada vez más la cooperación social entre los individuos. Decir sociedad es decir división y cooperación del trabajo. Entre la sociedad y el individuo, en última instancia, no existen intereses antitéticos, porque en la sociedad cada uno puede perseguir sus propios fines mejor que en la acción aislada realizada fuera de la sociedad. Los sacrificios del individuo respecto a la sociedad son sólo provisionales, la renuncia a una ventaja menor a cambio de otra mayor. Tal es la esencia de la armonía de intereses de que tanto se habla.

La crítica estatalista y socialista no ha entendido nunca en qué consiste la «armonía preestablecida» teorizada, desde Smith a Bastiat, por la Escuela libre-cambista y que ellos rechazan con tanta vehemencia. El ropaje ideológico con que se cubre no es esencial a esa teoría. La sociología utilitarista trata de explicar el desarrollo de la sociedad humana —desde el supuesto estado natural propio de una mítica edad primitiva en la que no existía la sociedad, o desde la condición históricamente conocida de un pasado caracterizado por relaciones sociales rudimentarias, hasta la complejidad de los vínculos sociales modernos y los presumibles desarrollos del proceso de socialización— sobre la base de principios que todo individuo posee. Como en todas las concepciones teleológicas del desarrollo, el proceso de socialización se considera intrínsecamente «bueno», o sea como un valor, sin ulteriores especificaciones, en el fondo irrelevantes para el tema en cuestión. Quien cree en Dios, y mediante esta fe trata de comprender el desarrollo social, descubre en el mencionado principio una sabia institución predispuesta por Dios. Ni puede ser de otro modo: desde el momento en que el bien, o sea la condición social ya alcanzada, y más aún aquella a la que la sociedad parece acercarse, brota de las condiciones de la naturaleza humana, todas estas condiciones, aunque desde otro punto de vista pueden parecer un mal, una debilidad o un defecto, respecto al resultado que producen son consideradas un bien en cuanto que son otros tantos medios que conducen a un buen resultado. Así Smith piensa que la debilidad del hombre «no carece totalmente de utilidad», en cuanto que «cualquier parte de la naturaleza, si se examina atentamente, demuestra igualmente el cuidado de su Autor; e incluso en la debilidad y en la locura del hombre se puede admirar la sabiduría y la bondad de Dios»[164]. Es claro que aquí la fórmula teísta es sólo un accesorio y puede ser sustituida tranquilamente por el concepto de «naturaleza», como hace el propio Smith en otras partes de su obra, cuando habla de aquel «gran director que es la naturaleza», o cuando simplemente habla de «naturaleza». Entre la teoría de la sociedad de Smith y la de Kant no hay diferencia ni en la actitud de principio ni en el método. También Kant trata de explicar por qué vías la «naturaleza» conduce a la humanidad hacia el fin que le ha sido asignado. La única diferencia entre Smith y Kant consiste en que Smith consigue reconducir la formación de la sociedad a los elementos cuya presencia en el hombre puede comprobarse empíricamente, mientras que Kant sólo logra explicarla suponiendo una «tendencia» de los hombres a unirse en sociedad, ligada a una segunda tendencia que tiende a desunir la sociedad. De este antagonismo nacería —sin que se diga cómo— la sociedad[165].

Podemos revestir de formas teístas toda concepción teleológica, sin que por ello se pierda su carácter científico. La teoría darwiniana de la selección natural, por ejemplo, puede exponerse sin más interpretando la lucha por la existencia como un sabio dispositivo del Creador para el desarrollo de la especie. Y toda concepción teleológica nos muestra armonías, nos hace ver, por ejemplo, cómo de la acción convergente de las fuerzas brota lo que está al final de la serie evolutiva. Decir que las condiciones cooperan armoniosamente no significa sino que conducen al resultado que tenemos que explicar. Aun en el caso de que nos neguemos a considerar bueno el estado de cosas existente, todos los teoremas de la doctrina permanecen en pie. La explicación del mundo en la que, de específicas condiciones dadas y no susceptibles de ulterior análisis, debería haber surgido «necesariamente» esa determinada situación que nosotros conocemos, es independiente del modo en que queramos valorar esta misma situación. Las objeciones a la categoría conceptual de la «armonía preestablecida» no invalidan por tanto la esencia de la teoría utilitarista de la sociedad; afectan sólo a la forma en que se presenta.

También la teoría marxista de la sociedad podría interpretarse, sin cambiar su naturaleza, como una teoría de la armonía preestablecida: de la situación primordial, a través de la dialéctica de la realidad social, arranca el proceso que conduce a la meta del paraíso socialista. Lo que no funciona en esta teoría es su contenido; la forma externa, también aquí, es secundaria.

A la teoría utilitarista se la suele acusar de «racionalismo». Pero toda explicación científica es «racionalista». Lo que el intelecto no puede comprender, tampoco puede ser dominado por los instrumentos de la ciencia. En esta crítica no se suele tener en cuenta que la teoría liberal de la sociedad no explica el nacimiento y el desarrollo de los vínculos y de las instituciones sociales —como hace ingenuamente la teoría contractualista— sobre la base de los esfuerzos humanos encaminados conscientemente a su formación en las sociedades. Considera más bien las formaciones sociales «como el resultado espontáneo, la resultante no intencionada de actividades específicamente individuales de los miembros de una sociedad»[166].

El equívoco implícito en este juicio sobre la teoría de la «armonía» se repite, en otra versión, en el modo de concebir el problema de la propiedad. Puede pensarse que la propiedad privada de los medios de producción constituye la mejor forma de organización social, y tal es la opinión de los liberales; o bien se puede pensar que la mejor forma de organización social es la que se basa en la propiedad colectiva de los medios de producción, y tal es la posición socialista. Pero quien sostiene la primera de estas concepciones opuestas, debe sostener por ello mismo también la teoría de que la propiedad privada favorece a todos los miembros de la sociedad y no sólo a los propietarios[167].

Partiendo de la idea de que en la sociedad basada en la propiedad privada de los medios de producción no existen contrastes de intereses insuperables, se ha podido también constatar que la conflictividad disminuye a medida que aumenta la extensión y la fuerza de los vínculos sociales. Las guerras —las externas y las internas, representadas estas por las guerras civiles y las revoluciones— se evitan en la medida en que se refuerza la división del trabajo. El tipo humano del guerrero se transforma en el tipo del empresario, el «héroe» se convierte en «mercader». A la eliminación de la conflictividad y la violencia en el interior del Estado contribuyen las instituciones constitucionales democráticas, que tienden a mantener o a crear la armonía entre la voluntad de los gobernantes y la de los gobernados, evitando la guerra civil.

Al contrario de los utilitaristas, para los cuales la propiedad privada de los medios de producción garantiza una mayor productividad del trabajo social frente a la propiedad colectiva, los viejos socialistas creían en cambio que es precisamente esta la que asegura una mayor productividad, y que por tanto la primera tiene que ser abolida. Este socialismo utilitarista debe distinguirse de aquel socialismo que parte de una teoría de la sociedad sobre bases teístas o metafísicas y que invoca la creación de una economía colectivista porque entiende que es más funcional para la materialización de aquellos valores que la sociedad debe realizar, aunque no pueda justificarlos empíricamente.

A su vez el socialismo de Marx se distingue radicalmente, en sus motivaciones sociológicas, de estas dos variantes del socialismo que él califica de utópicas. Ciertamente, también Marx parte del supuesto de que el modo de producción socialista garantiza una productividad del trabajo mayor de la que es posible en una sociedad basada en la propiedad privada de los medios de producción. Pero niega que exista una solidaridad de intereses en la sociedad pasada y presente. Si existe solidaridad de intereses, es sólo dentro de las distintas clases, mientras que entre las clases lo único que hay es antagonismo de intereses, y la historia de todas las sociedades que hasta ahora han existido es una historia de lucha de clases.

La lucha como resorte del desarrollo social es el supuesto de que parte también un segundo grupo de teorías sociales. Se trata de aquellas teorías que ven en la lucha entre razas, pueblos y naciones la ley fundamental de la sociedad.

El error común a estos dos grupos de teorías que se inspiran en la sociología de la lucha radica en la exclusión de toda clase de asociación. Todas ellas tratan de demostrar por qué debe existir la lucha entre las clases, las razas, los pueblos o las naciones, pero pasan por alto por qué dentro de las clases, las razas, los pueblos o las naciones existe o puede existir la cooperación pacífica. Y el motivo de esta omisión no es difícil de comprender. Es imposible, en efecto, indicar un principio de asociación que actúe sólo en el interior de los grupos colectivos particulares y deje de actuar más allá de los mismos. Si la guerra y la lucha son lo que mueve todo desarrollo social, ¿por qué debe tratarse solamente de guerra y de lucha entre las clases, las razas, pueblos o naciones, y no también entre los individuos? Llevada a sus últimas consecuencias lógicas, esta sociología de la lucha no ofrece una teoría de la sociedad, sino una «teoría de la insociabilidad»[168].

Todo esto ha pasado inadvertido en Alemania —y lo mismo, a lo que entiendo, puede decirse con respecto a todos los pueblos eslavos y los húngaros— porque en este país existe una hostilidad apriorística frente a toda forma de utilitarismo. Y como la sociología moderna se basa en el utilitarismo y en la división del trabajo, esta actitud ha significado el rechazo de la sociología. Tal es el principal motivo de la reluctancia alemana a ocuparse de sociología y de la lucha contra la sociología como ciencia que durante decenios se ha librado en tierra alemana con tanta vehemencia. Como no se quería la sociología, se contentaron con un sucedáneo. Se adoptó, según la posición política, una de las dos versiones mencionadas de la «teoría de la insociabilidad», acentuando conscientemente el principio de la lucha, sin preocuparse de buscar también un principio de asociación.

Esta situación científica explica el éxito descontado de la sociología marxista en Alemania y en los países del Este. Respecto a las teorías de la lucha entre razas, pueblos y naciones, tiene por lo menos la ventaja de indicar un ordenamiento social futuro gobernado por un principio orgánico de asociación. Se ha aceptado esta solución, porque siempre ha parecido más aceptable que la renuncia, típica de las demás teorías, a cualquier solución, y porque era optimista y más satisfactoria que las teorías que en el proceso histórico no ven otra cosa que una desesperada lucha de una raza elegida contra la supremacía de razas inferiores. Quien ha querido llevar el optimismo más allá, sin preocuparse excesivamente del rigor científico, halló la solución del antagonismo, no en el futuro paraíso socialista, sino en la «monarquía social» ya existente.

Fue así como el marxismo se apoderó en Alemania del pensamiento sociológico y de la filosofía de la historia.

La sociología alemana vulgar tomó de la sociología marxista sobre todo su fundamental concepto de clase. Spann ha observado justamente que «hoy el concepto de clase lo suelen emplear incluso los llamados economistas burgueses en una única versión y en relación con una única problemática: la condicionada por el materialismo histórico de Marx»[169]. Junto con este concepto se ha absorbido también toda la vaguedad, la oscuridad y la confusión que le acompañan en Marx y Engels, y en todos sus seguidores del partido socialdemócrata o comunista, que repiten como loros su doctrina. Marx, en los treinta y cinco años que separan la publicación del Manifiesto comunista de su muerte, no fue capaz de dar una definición aproximada del concepto de clase, y el manuscrito del tercer volumen del Capital que dejó inacabado se interrumpe significativamente en el momento en que debería tratar de las clases. Desde la muerte de Marx han pasado cuarenta años, el concepto de clase se ha convertido en la piedra angular de la sociología alemana moderna, y aún estamos esperando una definición científica que marque sus límites precisos. No menos indeterminados son los conceptos de interés de clase, condición de clase, lucha de clase; e igualmente vaga es la visión de la relación entre condición de clase, interés de clase e ideología de clase.

Para Marx y su partido, los intereses de las distintas clases son inconciliablemente opuestos. Cada clase conoce exactamente su propio interés de clase y el modo de defenderlo. Por lo tanto, entre las clases no puede haber sino lucha permanente, en el mejor de los casos interrumpida por periodos de tregua. La idea de que puedan darse circunstancias que eliminan, o por lo menos atenúan, la lucha de clase antes de alcanzar la tierra prometida socialista se rechaza categóricamente. No existe una unidad superior en la que las distintas clases puedan conciliarse y desaparecer los antagonismos de clase. Las ideas de patria, nación, raza, humanidad sirven para enmascarar el único dato real del antagonismo de clase. La sociología vulgar no llega a tanto. Considera que bien podría ser como dice Marx, pero que no tiene que ser así necesariamente, y que no debería ser así. Es preciso dejar a un lado los intereses egoístas en nombre de los ideales de nación, patria, Estado. Y el Estado como principio racional por encima de las clases, como plasmación de la idea de derecho, debe intervenir y crear un ordenamiento social en el que se impida que la clase de los que poseen explote a las clases que no poseen, de tal modo que resulte superflua la lucha de clase de los proletarios contra los propietarios.

Junto a la teoría de la lucha de clases, la sociología estatalista alemana toma también del marxismo gran parte de su concepción de la historia. El parlamentarismo inglés, tan celebrado por la doctrina liberal, y con él todas las demás instituciones democráticas, se convierten así en pura expresión del dominio de clase de la burguesía; en la historiografía alemana sobre la Inglaterra contemporánea la acusación que con más frecuencia se hace al Estado inglés y a sus instituciones es la de ser capitalista y plutocrático. Al concepto inglés de libertad se contrapone un concepto alemán. La gran Revolución francesa y los movimientos de 1830 y 1848 se consideran movimientos de clase de la burguesía. El hecho de que en Alemania no triunfaran los rebeldes del 48 sino los sistemas reinantes fue toda una suerte, porque de este modo se abrió el camino al régimen de los Hohenzollern, que está por encima de las clases y de los partidos. Para los estatalistas alemanes —de acuerdo en esto con los marxistas— el imperialismo moderno de los Estados de la Entente es hijo del expansionismo capitalista. Los estatalistas toman también del marxismo una buena parte de la teoría de la sobreestructura, cuando por ejemplo acusan a la economía política clásica de representar los intereses de clase de los empresarios y de la burguesía y de ser una apologética del capitalismo. Cuán responsable fue Schmoller de todo esto, nos lo confirma el ejemplo que referimos anteriormente.

Lo que sobre todo conviene subrayar es que esta recepción de las principales teorías marxistas no ha ido precedida por ningún control crítico. Toda la atención de los estatalistas se dirigió prioritariamente a dulcificar aquellas partes de las teorías marxistas que más directamente apuntaban contra la idea del Estado y sus desarrollos político-nacionales en la Alemania capitaneada por Prusia; e igualmente se dirigió a poner esas teorías al servicio de las ideas del socialismo de Estado y del conservadurismo. El problema del marxismo se afrontó no como un problema político o, en el mejor de los casos, político-económico. De este modo la política se contentó con denunciar las exageraciones del marxismo y con mostrar que para la cuestión social había una solución distinta y mejor que la marxista: la reforma social. El ataque principal contra el marxismo no tuvo como blanco su programa de política económica sino sólo el político, y se centró sobre todo en la tesis de la prioridad del interés de clase sobre el interés nacional.

Sólo unos pocos trataron como problemas científicos las cuestiones planteadas por el marxismo. Sombart fue uno de los primeros que se ocuparon de desarrollar científicamente las ideas de Marx, continuando, renovando y reformando sus teorías. De él y de su obra reciente, que nos han dado la ocasión para este ensayo, hablaremos más ampliamente en las páginas que siguen.

La dependencia respecto a Marx es la característica distintiva de la ciencia social en Alemania. Es cierto que el marxismo ha dejado también algunas huellas en el pensamiento social en Francia, en Inglaterra, en los Estados Unidos, en los países escandinavos y en los Países Bajos. Pero la influencia de la teoría marxiana ha sido en Alemania incomparablemente más intensa, y el motivo principal ha sido sin duda el general rechazo de la sociología utilitarista[170]. También en Italia la influencia del marxismo ha sido notable, si bien duró mucho menos que en Alemania. En cambio, ha sido mucho más fuerte en los países de la Europa del Este, en Hungría y en los pueblos eslavos, los cuales, a pesar de la hostilidad política, dependen culturalmente del pensamiento alemán. El pensamiento social ruso ha estado totalmente dominado por el marxismo, y esto se refiere no sólo al pensamiento de los seguidores de los partidos revolucionarios en guerra abierta con el zarismo, sino también al de las universidades imperiales rusas. Altschul, traductor de los Elementos de Economía Fundamental de Gelesnoff, afirma en el prólogo: «En ningún otro país han encontrado las teorías de Marx tan rápida acogida en la ciencia académica y han ejercido tanta influencia sobre ella como en Rusia»[171]. En su odio hacia el liberalismo y la democracia, fue el propio zarismo el que, alentando la difusión del marxismo, abrió el camino a las ideas de los bolcheviques.

2. El socialismo nacional (antimarxista)

El lema del socialismo marxista es: «Lucha entre las clases, no entre los pueblos». Su proclama: «Ya no más guerras (imperialistas)». Su pensamiento recóndito: «Pero ahora y siempre guerra civil, revolución».

El lema del socialismo nacional es: «¡Solidaridad nacional! ¡Paz entre las clases!». Su pensamiento recóndito: «Pero guerra al enemigo extranjero»[172].

En estos lemas se compendia la actual fractura del pueblo alemán en dos bandos hostiles.

El gran problema político del pueblo alemán es el problema nacional, un problema que se presenta bajo tres aspectos: como problema de los territorios de lengua mixta en los confines del área de asentamiento alemán en Europa; como problema de la emigración alemana (creación de un área de asentamiento alemán en ultramar); y como problema de política comercial, o sea de creación de las bases materiales para mantener la población en el área de asentamiento alemán en Europa.

El marxismo ha ignorado completamente tales problemas. Todo lo que ha podido decir a este respecto es que en el futuro paraíso socialista no habrá lucha nacional: «El odio nacional se ha transformado en odio de clase», fomentado por la «pequeña burguesía» y explotado por la «burguesía»: eso es lo que proclaman los intelectuales de partido[173]. ¿Qué contrastes podrá haber aún cuando desaparezcan las diferencias de clase y la explotación?

El problema nacional es un problema político mundial, el mayor problema que el mundo tendrá que afrontar en el próximo futuro. Y afectará a todos los pueblos, no sólo al alemán. Sin embargo, en los siglos XVIII y XIX, en la época en que ingleses y franceses elaboraron las doctrinas políticas modernas, el problema tenía un significado muy distinto del que tiene actualmente en estos dos pueblos. El primer pueblo civilizado en el que el problema nacional se ha planteado con toda urgencia es el alemán. La doctrina política alemana debería haberse ocupado de él y ofrecido una solución política práctica. Los ingleses y los franceses jamás conocieron esos problemas de nacionalismo que normalmente se sintetizan en la fórmula inadecuada del derecho a la autodeterminación de las naciones. Pero la política alemana tenía estos problemas ante los ojos desde hacía décadas (y no sólo en Austria), y por lo mismo debería haber buscado una solución. Sin embargo, todo lo que la teoría y la praxis alemanas supieron decir sobre la materia fue proclamar el principio de la violencia y de la lucha, cuya traducción práctica ha llevado al aislamiento del pueblo alemán en el mundo y a la derrota en la Gran Guerra.

En las zonas limítrofes entre las áreas de asentamiento del pueblo alemán y las de los daneses, lituanos, polacos, checos, magiares, croatas, eslovenos, italianos y franceses, las fronteras nacionales no están trazadas con precisión. Existen amplias franjas de territorio en las que las poblaciones se mezclan, y en el corazón mismo de las zonas de asentamiento extranjero permanecen algunas islas lingüísticas, especialmente urbanas. Aquí la fórmula del «derecho de autodeterminación de las naciones» es inservible, ya que existen minorías nacionales que, cuando se aplica el principio mayoritario para elegir los gobernantes, acaban bajo autoridad extranjera. Si el Estado es un Estado de derecho liberal que se limita a proteger la libertad y la seguridad personal de sus ciudadanos, la hegemonía extranjera se advierte poco; pero se hace tanto más intolerable cuanto más se advierte la presencia del gobierno, cuanto más el Estado es Estado asistencial, cuanto más se extienden el estatalismo y el socialismo.

El pueblo alemán es el que menos de todos puede preferir una solución drástica y violenta de estos problemas. Ocupa el centro de Europa y está completamente rodeado en sus confines por otras naciones. Si aplicara este principio, debería agredir a todas ellas, y entonces este mismo principio conduciría inevitablemente a una coalición de las naciones limítrofes y, en breve, al cerco por parte de una constelación política mundial de enemigos. En tal situación Alemana sólo puede encontrar un único aliado: Rusia, hacia la cual los polacos, los lituanos y los magiares, y en cierto sentido también los checos, nutren una hostilidad análoga a la que sienten hacia Alemania, al tiempo que Rusia no tiene ningún punto de contacto directo con los intereses alemanes. Puesto que también la Rusia bolchevique, al igual que la zarista, para resolver el problema de las nacionalidades sólo conoce el criterio de la violencia, busca ya la amistad del nacionalismo alemán. No está muy lejos una política de alianza entre el antimarxismo alemán y el ultramarxismo ruso. Los diversos intentos para establecer lazos más estrechos entre el nacionalismo antimarxista alemán, por una parte, y el nacionalismo antimarxista de los fascistas italianos y el chovinismo magiar del «Despertar húngaro», por otra, están destinados a fracasar frente a las cuestiones palpitantes del Sur del Tirol y de la Hungría occidental.

La solución política violenta del problema de los asentamientos étnicos alemanes en las zonas fronterizas sería en todo caso menos aceptable para el pueblo alemán que para sus vecinos, aunque por doquier resultara viable en el sentido auspiciado, pues incluso una Alemania victoriosa en todos los frentes se vería obligada a mantenerse permanentemente en pie de guerra, empeñada sin cesar en una nueva guerra contra el hambre, y por lo mismo obligada a reconvertir su propia economía para prepararse a esa eventualidad y cargar con un peso que a la larga no podría soportar sin graves daños.

El problema de política comercial que el pueblo alemán tenía que resolver en el siglo XIX derivaba del proceso de transferencia a escala mundial de la producción en las áreas económicamente más favorables. En condiciones de plena libertad de intercambios, una parte de la población alemana habría emigrado, ya que la agricultura y parte de la industria alemana no habrían podido hacer frente a la competencia con los nuevos países que ofrecían territorios más fértiles y zonas más favorables a la producción. Por razones políticas, Alemania ha tratado de impedir esta emigración a través de su política aduanera. Pero aquí no podemos detenernos a explicar por qué este intento ha fracasado y por qué no podía menos de fracasar[174].

El problema de la emigración es la tercera forma en que se presenta el problema político-nacional que Alemania tiene que resolver en el plano práctico. El pueblo alemán no cuenta con territorios coloniales en los que descargar sus excedentes demográficos. Tampoco para este problema supo la teoría del nacionalismo alemán prebélico hallar mejor solución que la de la conquista violenta del espacio necesario.

Decenas de millones de hombres viven con dificultades en Europa mientras podrían vivir mucho mejor en América y en Australia. La distancia entre el tenor de vida de los europeos y el de sus descendientes en los territorios de ultramar se agrava cada vez más. Los emigrantes europeos podrían encontrar en esos países el puesto en el gran banquete de la naturaleza que su patria no les proporciona. Pero llegan demasiado tarde. Los descendientes de tres generaciones de europeos, que en el pasado prefirieron el Nuevo Mundo a Europa, no les permiten entrar. Los trabajadores organizados de la Commonwealth británica no toleran la llegada de nuevos competidores. Sus sindicatos no luchan contra los empresarios, como exige la doctrina marxista; su «lucha de clase» se dirige contra los trabajadores europeos, cuya inmigración —dicen— ocasionaría una reducción de la productividad marginal del trabajo y por lo tanto de los salarios. Los sindicatos de los países anglosajones lucharon por la participación en la Gran Guerra, con tal de eliminar los restos de la doctrina liberal de la libertad de circulación y de emigración. Tal era su verdadero objetivo militar, un objetivo que consiguieron plenamente. Multitudes de alemanes en el exterior fueron desarraigados, privados de sus bienes y de sus ganancias, y «repatriados». Hoy, no sólo en Estados Unidos, sino incluso en los más importantes países europeos, la emigración está limitada o incluso prohibida por leyes durísimas. Y los sindicatos estadounidenses o australianos desencadenarían sin pensarlo dos veces una nueva guerra más terrible y sangrienta, si fuera necesaria para defender las restricciones a la emigración frente al eventual ataque de Japón o una Alemania de nuevo poderosa.

Para la doctrina marxista y para la política de la Internacional se perfilan aquí algunas dificultades insuperables. Los teóricos han tratado de salir del paso simplemente ignorando el problema. Es significativo que la enorme literatura económica y político-social alemana anterior a la guerra, que sin embargo se ocupaba sistemáticamente y de forma exagerada de estas cuestiones, no contempla una sola obra capaz de informarnos exhaustivamente de la política de restricciones a la inmigración. En el exterior también han sido pocos los que se han atrevido a abordar un tema que la doctrina de la solidaridad interna de la clase obrera era a todas luces incapaz de explicar[175]. Este silencio denuncia mejor que cualquier otra cosa la parcialidad de la literatura económico-social marxista, especialmente la alemana. Y cuando ya no se podía ocultar el tema, sobre todo en los congresos internacionales socialistas, se esquivaban hábilmente los puntos delicados. Baste leer los informes del congreso internacional socialista celebrado en Stuttgart en 1907. Se votó en él una poco convincente resolución de contenido «algo esquinado y duro», como admitió el propio ponente, quien por lo demás se apresuró a atribuirlo a las circunstancias y al hecho de que, en todo caso, un congreso socialista no es la ocasión más indicada para «escribir novelas». «Son las cosas mismas las que chocan unas con otras violentamente —admitió—, y la expresión de los hechos esquinados es esta dura, esquinada resolución» (elegante eufemismo para decir que en el concepto ecuménico de solidaridad de clase del proletariado internacional algo falla). El ponente, pues, recomendó «aprobar por unanimidad esta trabajada resolución que representa una línea de compromiso entre las distintas posturas que se han manifestado». Pero el representante de Australia, Kröner, declaró secamente: «La mayoría del Partido laborista australiano es contraria a la inmigración de trabajadores de color. Yo personalmente, como socialista, reconozco el deber de la solidaridad y espero que con el tiempo se logre ganar a todos los pueblos a la causa del socialismo»[176]. Lo cual, traducido del australiano, significa: aprobad todas las resoluciones que os venga en gana; nosotros haremos lo que nos parezca. Desde que en Australia está en el poder el Partido laborista, como es sabido, este país tiene las leyes más rígidas contra la inmigración de trabajadores de color y blancos.

El antimarxismo nacionalista en Alemania tendría una gran función que cumplir en lo referente a la emigración. La cultura alemana podría elaborar una nueva teoría de la libertad de circulación internacional que tendría seguramente un eco inmediato entre los italianos, los escandinavos, los eslavos, los chinos, los japoneses, y en perspectiva entre todos los demás pueblos. Pero de todo lo que habría que hacer, hasta ahora no digo que algo se haya realizado, pero ni siquiera iniciado.

El antimarxismo nacionalista no ha demostrado ninguna creatividad, ni siquiera en la cuestión a la que atribuye la máxima importancia: la cuestión de la política exterior. Su programa para la inserción del pueblo alemán en la economía y en la política mundial no se distingue en modo alguno del que ha seguido la política alemana en las últimas décadas. Sólo ha sido más coherente y lineal en la medida en que lo es siempre cualquier doctrina teórica respecto a la acción del hombre político, empeñado a diario en vencer las resistencias que le impiden mantener el rumbo fijado. Pero hoy la solución política violenta es aún menos viable que en la Alemania guillermina. En la actualidad, también una Alemania que hubiera ganado la guerra carecería de preparación y de poder ante los problemas específicos de la identidad étnica alemana. En la situación mundial actual, sería incapaz de plegar todos los intereses opuestos de los demás pueblos, hasta poder obtener territorios coloniales de ultramar favorables al asentamiento de la población alemana y a la creación de condiciones de venta positivas para la industria alemana. Y, sobre todo, no podría asegurarse contra la reapertura del conflicto por parte de una nueva coalición de adversarios.

El antimarxismo nacionalista falla también en lo que respecta a las tareas inmediatas de la actual política alemana. Las minorías alemanas que viven en contextos estatales extranjeros, para luchar contra su integración forzada, tienen que reivindicar el máximo de democracia, pues sólo el autogobierno puede protegerlos de la opresión de funcionarios extranjeros, que dependen de autoridades extranjeras y que tienden a privarles de su identidad étnica. Deben reivindicar la plena libertad económica, porque todo intervencionismo es un instrumento de discriminación de las minorías alemanas en manos de un aparato estatal étnicamente extraño[177]. Pero ¿cómo puede luchar por la democracia y la libertad económica una minoría alemana que vive en países fronterizos, si en el propio Reich se hace una política opuesta?

El nacionalismo antimarxista, finalmente, falla también en el terreno científico. Si la teoría marxista del valor y de la distribución ha perdido todo crédito en la economía política, el mérito no es de este antimarxismo, sino de la crítica realizada por la Escuela austriaca, y especialmente por Böhm-Bawerk, a cuyos contundentes argumentos no han podido sustraerse ni siquiera los jóvenes seguidores de la economía política alemana. En cuanto a ciertos intentos recientes de acreditar a Marx como filósofo, si no tienen perspectiva alguna de éxito es porque el pensamiento filosófico ha alcanzado en Alemania un grado tal de madurez que inmuniza a los ambientes intelectuales frente a las ingenuidades de la «filosofía» de Marx y de los varios Dietzigen, Vorländer y Max Adler. En cambio, no hay duda de que en el campo sociológico las categorías y metodologías del materialismo marxista tienen cada vez mayor arraigo. Aquí el antimarxismo nacionalista habría podido desempeñar una buena función, pero se contentó con atacar los argumentos de la doctrina marxista considerados políticamente improbables, sin criticar sus principios fundamentales y sustituirlos por una teoría orgánica. En esta última tarea no podía menos de fracasar, ya que, por razones puramente políticas, su problema consistía en denunciar el espíritu occidental, que estaría impregnado de marxismo, un espíritu considerado tan ajeno a la realidad alemana como el individualismo del que sería hijo[178].

Pero esta crítica es radicalmente errónea. Ya hemos dicho que la contraposición entre sistemas de teoría social universalistas (colectivistas) e individualistas (nominalistas) establecida por Dietzel y Pribram y encarnada hoy, dentro del antimarxismo nacionalista, sobre todo por Spann, carece de fundamento. Así como es un error considerar el socialismo marxista como una continuación de la democracia liberal de la primera mitad del siglo XIX. El nexo entre el socialismo marxista y lassalliano, por una parte, y el programa de los demócratas anteriores al 48 era puramente externo, y desapareció en todo caso en el momento mismo en que los partidos marxistas llegados al poder pensaron que podían renunciar a la democracia. El socialismo no es una prolongación del liberalismo, sino su oposición. No se puede establecer un nexo interno entre liberalismo y socialdemocracia por el simple hecho de ser contrario a uno y otra.

El marxismo no procede del espíritu occidental. Y de hecho, como ya se ha observado, en Occidente no ha podido encontrar seguidores, porque ha sido incapaz de superar la sociología inspirada en el utilitarismo. Lo que más separa a Alemania de las ideas de Occidente es la gran influencia que las ideas marxistas han ejercido en ella. Y el pensamiento alemán no conseguirá superar el marxismo mientras no cesen las hostilidades contra la sociología inglesa, francesa y americana. No se trata, claro está, de adoptar pasivamente la sociología occidental, sino sólo de seguir construyendo e innovando sobre las bases que esta ha establecido.

3. Sombart como marxista y como antimarxista

Sombart confesó una vez con orgullo haber dedicado buena parte de su vida a luchar por Marx. Fue Sombart quien introdujo a Marx en la ciencia alemana y quien le hizo familiar al pensamiento alemán, y no ciertamente aquellos pedantes escasos de ideas de la especie de Kautsky y Berstein. Marxista es la problemática de su obra maestra, tan influyente, Der modeme Kapitalismus. El problema planteado por Marx en Das Kapital y en sus escritos históricos había que resolverlo una vez más y con los medios de un conocimiento avanzado. También aquí, como en Marx, se busca una recíproca compenetración entre análisis teórico y exposición histórica. Y si bien el punto de partida es intensamente marxista, su punto de llegada trata de ir más allá de Marx, distinguiéndose así netamente de los escritos del marxismo de partido, cuyos resultados están ya preestablecidos por la doctrina oficial.

Sombart basó su reputación de marxista y de estudioso en su pequeño volumen de 1896 titulado Sozialismus und soziale Bewegung im 19. Jahrhundert, del que se han hecho varias ediciones, cada una de las cuales ha ido recogiendo los sucesivos cambios de postura que Sombart ha ido adoptando frente a los problemas del socialismo y del movimiento social. Ahora tenemos la décima edición reelaborada, que ha alcanzado la consistencia de dos poderosos volúmenes[179]. En ellos trata Sombart de exponer y motivar su renuncia al marxismo —no al socialismo—. En ninguno de los dos volúmenes se habla del socialismo en general, sino sólo de «socialismo proletario» y de «marxismo».

Sombart se limita a ofrecer una historia y crítica del socialismo marxista, evitando exponer una teoría social propia, a la que alude brevemente sólo en algunos puntos. Habla con manifiesta nostalgia de las antiguas estructuras comunitarias medievales como la iglesia, la ciudad, la aldea, la tribu, la familia, el oficio, «en cuyo cálido nicho el individuo estaba envuelto y protegido como el fruto dentro de su cáscara», al tiempo que denuncia, con aversión no menos evidente, «ese proceso de desintegración que ha hecho añicos el mundo de la fe, suplantándolo por la ciencia»[180]. El mundo ideal del socialismo proletario, según Sombart, es una expresión de este proceso de desintegración. Y entre líneas puede leerse su reproche al socialismo proletario por su explícita aceptación del industrialismo moderno. «Sea cual fuere la crítica que el socialismo haya hecho del capitalismo, hay un aspecto que jamás le ha reprochado: los beneficios que nos ha proporcionado con los ferrocarriles y las fábricas, los altos hornos y las máquinas, los telégrafos y las motos, los gramófonos y los aeroplanos, los cines y las centrales eléctricas, el acero y los colores anilínicos». Al socialismo proletario, que rechaza únicamente la forma social pero no el contenido de la civilización moderna, Sombart contrapone su propio punto de vista, que privilegia la «utopía preproletaria», con su cariz «bucólico», que siempre había considerado la agricultura como la forma más noble de actividad y la cultura agrocampesina como su ideal[181].

Conviene detenerse un momento sobre este elogio del mundo agrario y de la Edad Media. Se trata de una idea que es común a toda la literatura del antimarxismo nacionalista, aunque se argumente de manera distinta según los autores. También Spann, que es algo así como el guía de esta orientación, piensa que el ideal social es la vuelta a la Edad Media[182].

Cuando lo que se ofrece al pueblo alemán como modelo son las instituciones y el ordenamiento económico de la Edad Media, sería conveniente aclarar a renglón seguido que una Alemania «bucólica», aun restringiendo al máximo sus propias exigencias, apenas conseguiría mantener a una parte de su población actual. Cualquier propuesta que implique una reducción de la productividad de la economía nacional comportaría indefectiblemente una disminución de la población y además, como efecto del empeoramiento de las infraestructuras materiales, una reducción de la capacidad defensiva que tan importante considera la ideología nacionalista. Tampoco el nacionalismo puede buscar la solución al problema alemán por este camino. No creo equivocarme si supongo que existe una precisa relación de causa y efecto entre la incompatibilidad del ideal «bucólico» con el desarrollo de las fuerzas nacionales y el pesimismo paralizante de las diversas teorías de la decadencia que hoy aparecen en varias formas por doquier.

Si fuera cierto que el retorno a formas de producción que tienen como efecto una menor productividad del trabajo social fuera invocado por el ethos específico del pueblo alemán, mientras los demás pueblos occidentales de distinta mentalidad, sobre todo los meridionales de origen latino y los eslavos orientales, permanecen fieles a los métodos que garantizan una mayor productividad, sería evidente el peligro para el pueblo alemán de ser arrollado por enemigos más numerosos y ricos. ¿Hasta qué punto los filósofos de estos pueblos vencedores no tendrían acaso razón de decir que fue la incapacidad de adaptación de los alemanes lo que impidió que se sirvieran de los métodos de producción que ellos mismos crearon? ¿Acaso no será juzgado como incapacidad del pueblo alemán el hecho de no haber sabido mantener el propio equilibrio frente a las conquistas de la técnica moderna?

En realidad, todos los escritores modernos que consideran suficientes ciertos factores externos de la vida para impedir el crecimiento interior y el desarrollo de las energías espirituales, lo único que hacen es poner de manifiesto el transfondo vulgarmente materialista de su tan cacareada concepción idealista. Quien es incapaz de mantener su propio equilibrio espiritual cuando se ve rodeado de motos y aparatos telefónicos, tampoco en la selva virgen o en el desierto encontrará lo que le falta, es decir la fuerza de vencer lo fútil con lo esencial. El hombre debe saber dominarse en todo momento y circunstancia en que le toque vivir. Buscar el ideal de la perfección armónica de la propia personalidad en épocas pasadas o en tierras lejanas es signo de una enfermiza fragilidad mental.

Sombart, como ya hemos dicho, deja traslucir entre líneas su propio ideal social. Nadie puede echárselo en cara. Pero también hay que condenar el hecho de que en una obra que se propone exponer y criticar una determinada forma de socialismo, no ofrezca una definición precisa del concepto de socialismo. Las páginas iniciales de la obra, que tratan de la idea de socialismo, son su parte más débil. Sombart rehúye definir el socialismo como un ordenamiento social basado en la propiedad colectiva de los medios de producción, porque considera que el concepto de socialismo debe tener una connotación social, es decir estar construido sobre la base de la ciencia social, y no contemplar tan sólo un sector parcial de la vida asociada como es la economía. Según Sombart, el mismo apasionamiento con que siempre se ha luchado por el socialismo impondría ampliar el término a problemas mucho más profundos que los de la «técnica económica»[183]. Y la definición conceptual que da Sombart recae —aunque en forma poco rigurosa— en lo que en definitiva es la connotación determinante del socialismo. Tras una larga discusión, llega a la conclusión de que la idea de socialismo implica los siguientes elementos constantes:

1. El ideal de una condición racional de la sociedad se contrapone a una condición histórica que es irracional; es decir un juicio sobre la perfección o imperfección de las condiciones sociales. A la esencia del socialismo como anticapitalismo corresponden ciertas características que son propias de todo tipo de socialismo; desde luego, el rechazo de la economía adquisitiva[184] por sus finalidades irracionales, que hunden sus raíces en el mundo de los instintos. Como el símbolo de la economía adquisitiva capitalista es el dinero (en su función actual, pero no necesariamente como medio de pago), ese es cabalmente el blanco preferido de la crítica socialista; puesto que todos los males de este mundo proceden de la obsesiva búsqueda del anillo de los Nibelungos, el socialismo quiere que el dinero sea de nuevo enterrado en el fondo del Rin. El socialismo lucha no sólo contra la economía «libre», sino también contra sus presupuestos básicos, o sea contra la propiedad «libre» o privada, y contra el contrato salarial «libre»[185]. De este último deriva la «explotación», de suerte que el punto programático esencial de todo socialismo es la eliminación definitiva de esta verdadera marca infamante de la vida social.

2. A la valoración de las condiciones sociales y a la formulación de un modelo racional de sociedad corresponde necesariamente el reconocimiento de la libertad moral de perseguir un reino de los fines con las propias fuerzas, y la fe en la posibilidad de realizarlo.

3. Del ideal y de la libertad se deriva inevitablemente la aspiración a realizar ese ideal, y por lo tanto un movimiento, surgido de la libertad, que parte de la realidad históricamente dada y persigue el fin racionalmente querido.

Pero profesar el socialismo significa también renunciar a la manifestación incontrolada del mundo de los instintos; por lo tanto, en lo que respecta al individuo, significa: renuncia, sacrificio, limitación de todo lo que es empíricamente individual[186].

La razón por la que Sombart da este rodeo, en lugar de mantener la única definición consagrada y pertinente de socialismo, no puede ser otra que la negativa a afrontar los verdaderos problemas económicos del socialismo. Esta negativa permea toda su obra y constituye sin duda su mayor defecto. Pero aún más palmaria que la renuncia a una rigurosa definición conceptual del socialismo es el hecho de que Sombart ni siquiera se plantea la cuestión de si es posible y viable un ordenamiento socialista. Y, sin embargo, sólo sobre esta base puede comprenderse qué significan socialismo y movimiento socialista.

Sombart dice que no quiere hablar de socialismo en general, sino sólo de socialismo proletario o marxismo. Pero también aquí su definición conceptual es insatisfactoria. El socialismo proletario, afirma,

no es sino el sedimento intelectual del movimiento social moderno, según la definición que ya di en la primera edición. Socialismo y movimiento social son […] la realización o el intento de realización del futuro y nuevo ordenamiento social que corresponde a los intereses del proletariado. El socialismo busca su realización en el ámbito ideal, mientras que el movimiento social la busca en el campo social. Definimos como socialismo moderno el conjunto de esfuerzos teóricos dirigidos a indicar al proletariado la meta de sus aspiraciones, a incitarle a la lucha, a organizar esta lucha, a señalar el camino por el que puede alcanzarse esa meta[187].

En esta definición se destaca una cosa: se trata de una definición marxista. No es casual que Sombart crea que puede tomar esta definición textualmente de la primera edición, que se remonta a la época en que él, según propia confesión, seguía la ortodoxia de Marx. En efecto, la definición contiene un elemento central de la ideología marxista: el concepto de que el socialismo corresponde a los intereses del proletariado. Este es un concepto específicamente marxista, que sólo en el conjunto de la doctrina marxista tiene sentido. El socialismo «utópico» del periodo premarxiano y el socialismo de Estado de las últimas décadas han auspiciado el advenimiento del socialismo en el interés, no de una clase particular, sino de todas las clases o de la colectividad. El marxismo introdujo en la doctrina dos axiomas: el primero afirma que en la sociedad existen clases cuyos intereses se oponen de manera irreconciliable; el segundo sostiene que el interés del proletariado exige la realización —sólo posible mediante la lucha de clases— de la socialización de los medios de producción, que corresponde a sus intereses en contra de los intereses de las demás clases.

El mismo tema reaparece en distintas partes del libro. Así, por ejemplo, leemos que muy pocos entre los intelectuales más influyentes del marxismo son de origen proletario y «por lo tanto participan naturalmente de sus intereses»[188]. En otro lugar afirma sin ambages: «El proletariado es inseparable de la idea de capitalismo; de la condición de clase del proletariado deriva necesariamente un antagonismo con la clase capitalista; esta relación de antagonismo desarrolla determinadas formas en el movimiento “social”: sindicatos, partidos socialistas, huelga, etc.»[189]. Es innegable que nos hallamos en plena concepción materialista de la historia. Sin embargo, Sombart no saca en este caso las consecuencias que Marx saca con total coherencia, es decir que la llegada del socialismo obedece a una ley necesaria de la naturaleza[190]. La «ciencia del capitalismo», fundada según Sombart por Marx, y con ella «la idea de que la vida social en nuestro periodo histórico obedece a una ley específica», demuestra que «la realización de cualquier reivindicación socialista depende de condiciones reales, objetivas, y que, por lo tanto, el socialismo no es “posible” siempre y en cualquier momento». Es decir, Marx «ha dado así una legitimación “científica” al concepto de resignación, el cual —lógicamente— nos aleja del socialismo y nos lleva a la reforma social»[191].

Aquí no nos interesa saber si es lógicamente más coherente la conclusión que de la doctrina de Marx deriva Sombart o la que derivan Lenin y Trotsky. Lo decisivo es el hecho de que Sombart, aunque sea inconscientemente, desde el punto de vista científico haya permanecido en el terreno del marxismo (por lo demás, las conclusiones reformistas, derivadas de la doctrina marxiana, ya las sacó Sombart en escritos anteriores; este es el «sombartismo», del que los marxistas ortodoxos hablan con todo el disgusto de que siempre hacen gala cuando se refieren a algo que no les va).

Pero cuando Sombart describe el capitalismo, lo hace siempre empleando las mismas expresiones de Marx y Engels[192].

Todo esto pone de relieve qué es lo que caracteriza la postura de Sombart sobre el marxismo: aún hoy, cuando concibe el marxismo, no a la manera burdamente materialista de sus fundadores, sino en la forma refinada que él mismo y otros representantes de su misma orientación han dado a la doctrina, y si bien él saca consecuencias prácticamente distintas de las de las de los ortodoxos, Sombart no niega en modo alguno sus principios básicos. Y tampoco discute el socialismo, aunque no lo defienda abiertamente (ni tampoco el religioso o el socialismo de Estado).

La objeción que Sombart hace a Marx no se refiere a la teoría de la lucha de clases, sino a la politización y a la consecuencia lógica que Marx saca, es decir la ineludible victoria del proletariado[193]. En otras palabras, Sombart no dice que la división en clases postulada por Marx no exista, y que los intereses bien calculados de los distintos estratos de la sociedad basada en la división del trabajo no sean contrapuestos sino en último análisis convergentes. Lo que dice es que la contraposición de intereses de clase debe ser superada éticamente. Para Sombart, junto al principio clasista existen «otros principios asociativos, y también principios de naturaleza idealista». En una palabra, el marxismo se equivoca cuando absolutiza el concepto de clase[194]. Sombart, en cambio, sostiene explícitamente que el interés de clase debe dejarse a un lado para dar paso a intereses superiores, es decir a los intereses nacionales. Reprocha a los marxistas su mentalidad no patriótica, su política cosmopolita, su antinacionalismo y pacifismo en política internacional, contrapuestos a la lucha de clase en política interna.

Sombart ignora completamente todos los argumentos que la crítica científica formula contra la doctrina marxista de las clases. Lo cual se comprende perfectamente si se tiene en cuenta que no quiere ni oír hablar de utilitarismo y de economía política teórica, y en el fondo sigue pensando que el marasmo es la verdadera ciencia del capitalismo. Marx, dice, «ha fundado […] la ciencia del capitalismo»[195]. Y esta nueva ciencia «ha demostrado desde hace tiempo, y podría decirse que definitivamente, que este sistema social es la mejor expresión de todo lo que significa destrucción y disolución de la civilización. De este modo Marx ha sido, si no el primero, ciertamente el más grande predicador de esta teoría»[196]. Para esquivar las consecuencias de la teoría de Marx, Sombart no halla otro medio, en definitiva, que apelar a Dios y a los valores eternos.

Sombart lleva razón cuando dice que no es función de la ciencia «formular un juicio de valor crítico sobre el socialismo proletario, poniendo de relieve la escasa fundamentación de sus distintas afirmaciones, de sus análisis y de sus principios». Pero se equivoca cuando añade que hacer crítica científica no significa sino «establecer nexos y valorar su alcance; nexos no sólo entre las distintas doctrinas y las distintas reivindicaciones políticas, ni sólo entre estos dos órdenes de ideas, sino también entre los contenidos de todo el sistema y los problemas de fondo de la cultura espiritual y del destino del hombre»[197]. Tal es, en efecto, el punto de vista del historicismo, que renunciaba por principio a formular teorías, contentándose con descubrir los nexos entre las distintas teorías científicas y entre estas y los distintos sistemas metafísicos. Una teoría sociológica —y como tal debe considerarse el marxismo, a pesar de toda su insuficiencia— sólo puede criticarse sometiendo a control su funcionalidad para explicar los fenómenos sociales. Pero una teoría sociológica sólo puede ser superada por un esquema explicativo teóricamente más satisfactorio[198].

La crítica de Sombart al socialismo proletario parte de un juicio de valor subjetivo —y no podía ser de otro modo— sobre lo que él considera «los valores de fondo» del proletariado. Es decir, se trata de una visión del mundo frente a otra visión del mundo, de una metafísica que se opone a otra metafísica. Pero todo esto nada tiene que ver con la ciencia. Se trata de profesión de fe, no de conocimiento. Son muchos ciertamente los que aprecian la obra de Sombart, porque no se limita al campo estrictamente científico, sino que ofrece una síntesis metafísica, y porque no es un mero trabajo de erudición, sino que imprime en la materia la impronta del espíritu y de la personalidad original del Sombart hombre y pensador. Y no puede negarse que tal es el verdadero carácter y el significado de su libro. Pero sólo servirá para convencer a quien comparte sin reservas la visión del mundo que tiene Sombart.

Sombart ni siquiera intenta someter a una crítica interna los medios que el socialismo propone para alcanzar sus fines. Ahora bien, sólo el análisis de la tesis de fondo del socialismo —la tesis de la mayor productividad del modo de producción socialista—, así como de la cuestión relativa a la posibilidad misma de un sistema económico socialista, puede preparar el terreno para un tratamiento científico del socialismo. También sobre el problema de la inevitabilidad del socialismo Sombart se limita a hacer alguna alusión crítica puramente marginal.

El libro de Sombart representa un singular fenómeno histórico-literario. No es raro que un estudioso cambie a lo largo de su vida su punto de vista y que en una nueva obra abandone lo que había sostenido con anterioridad e incluso que defienda lo que antes había combatido. El cambio de opinión suele manifestarse con la publicación de una nueva obra, como hizo por ejemplo Platón, que a la República hizo seguir Las Leyes. Pero es ciertamente muy raro que un escritor exponga, como ha hecho Sombart, la lucha de toda su vida con un problema reformulando continuamente la misma obra. Nada, en efecto, nos autoriza a suponer que la versión que ahora se nos ofrece sea la versión definitiva de lo que Sombart tiene que decimos acerca del socialismo. Él tiene ante sí aún largos años de estudio; habrá que hacer nuevas ediciones de su Sozialismus, no sólo porque se hayan agotado las anteriores, sino también porque Sombart no ha terminado aún con los problemas del socialismo. Tal como es hoy, el libro representa sólo una etapa en su larga batalla contra el marasmo. Y la razón es que, en realidad, Sombart no se ha liberado aún del hechizo de esta doctrina en la medida que quisiera. Mentalmente tiene aún un largo camino que recorrer.

Esta batalla interior de Sombart con los problemas del marxismo adquiere sin embargo un significado que va mucho más allá de su persona en cuanto que su pensamiento es típico del intelectual alemán. Su libro, en cada una de sus ediciones, ha reflejado exactamente lo que sobre este problema piensa el alemán que forma parte de la clase cultural dominante. Las etapas en los cambios de opinión de Sombart son también las etapas de los cambios de opinión de la clase cultural dominante en Alemania, de la que él fue guía en materia económico-social durante toda una generación.

4. El antimarxismo y la ciencia

El antimarxismo está lleno de resentimiento contra el capitalismo, en lo que coincide con el marxismo. Pero también está lleno de resentimiento contra el programa político del marxismo, especialmente contra su supuesto internacionalismo y pacifismo. Pero con el resentimiento no se hace ciencia, y tampoco política, sino a lo sumo demagogia.

En cambio, ningún escándalo suscita entre los antimarxistas la teoría marxista, con la cual ningún pensador puede estar de acuerdo en el plano científico. Ya hemos visto en qué alta consideración sigue teniendo aún hoy Sombart al Marx científico. El antimarxista sólo está dispuesto a criticar el sesgo político que se ha dado a la teoría marxista, no su contenido científico. Condena duramente los desastres que la política marxista ha causado al pueblo alemán, pero cierra los ojos ante los daños que han infligido a la vida cultural alemana la vulgaridad y la pobreza de las problemáticas marxistas y sus soluciones. Y sobre todo no ve que la miseria política y económica es una consecuencia de la miseria cultural. Aún no ha aprendido a apreciar la importancia de la ciencia para la vida de un pueblo, porque continúa preso de la doctrina marxista y sigue pensando que en la historia no deciden las ideas sino las relaciones de fuerza «reales».

Se puede estar de acuerdo con el antimarxismo cuando sostiene que el renacimiento del pueblo alemán pasa por la superación del marxismo. Pero esta superación, para ser definitiva, debe ser obra de la ciencia, no de un movimiento político inspirado en el resentimiento. El camino de la liberación de la ciencia alemana de las cadenas del marxismo pasa por la superación del historicismo, que durante décadas la ha tenido paralizada. En la economía política y en la sociología debe abandonar el miedo a la teoría e incorporar todo lo que se ha conseguido en el campo teórico —también por los alemanes— en las últimas generaciones.

Lo que Carl Menger dijo hace más de cuarenta años a propósito de la literatura económica alemana de su tiempo sigue siendo válido en la actualidad y se extiende a toda la literatura sociológica: «Poco considerada en el exterior porque no se comprenden sus características», la economía alemana ha permanecido aislada durante mucho tiempo, «no ha recibido la influencia de ningún serio adversario, y también le ha faltado una verdadera autocrítica, debido a la inquebrantable confianza que tiene en sus métodos. Quien en Alemania seguía una orientación diferente era marginado más bien que combatido»[199]. Una mayor familiaridad con las obras de la sociología alemana y extra-alemana ajenas a la corriente estatalista e historicista podría contribuir a superar el punto muerto en que hoy se encuentran las escuelas dominantes en Alemania. Y no beneficiaría sólo a la ciencia alemana. Graves problemas esperan una solución que sería imposible sin la colaboración alemana. Pero sobre este punto cedamos de nuevo la palabra a Menger: «Todo gran pueblo civilizado tiene una particular misión en la construcción de la ciencia, y el extravío de la comunidad científica de un pueblo, o de una parte importante de la misma, deja atrás una laguna en el desarrollo del conocimiento científico. Tampoco la economía política puede permanecer al margen de la colaboración consciente del espíritu alemán»[200].

La ciencia alemana actual debe ante todo aprender a valorar con exactitud la importancia real del marxismo. No sólo los marxistas sino también los antimarxistas sobrevaloran en forma desproporcionada el marxismo como teoría científica; y no menos excesiva es esta sobrevaloración por parte de quienes no quieren reconocer a Marx el mérito de haber sido el primero en formular los conceptos esenciales del marxismo, pero luego no tienen nada que decir sobre la validez científica de estas teorías. Sólo quien es capaz de ver la realidad sin los anteojos de los marxistas puede esperar acercarse a los grandes problemas de la sociología. Sólo cuando la ciencia alemana se haya librado de los errores marxistas en los que hoy se halla profundamente empantanada, y sólo entonces, desaparecerá también en la vida política la fuerza de los lemas marxistas.

5. La teoría del control de precios[201]

Introducción

La idea de que los precios están determinados unívocamente, o al menos dentro de estrechos márgenes, por la situación del mercado es relativamente reciente. A parte de algunas vagas intuiciones de economistas anteriores, sólo los fisiócratas y los economistas clásicos elaboraron un sistema de intercambios y de estática de mercado. La ciencia de la cataláctica supera así aquel indeterminismo de la teoría de los precios que derivaba el nivel de los mismos de las pretensiones de los vendedores, sólo limitadas por su sentido de justicia.

Quien sostiene que la formación del precio es puramente arbitraria no tarda en invocar su disciplina normativa desde fuera. Si el vendedor carece de conciencia, si no teme la ira de Dios y pretende más de lo «justo», debe intervenir la autoridad terrena para restablecer el derecho. Para los precios de ciertas mercancías y servicios, en relación a los cuales se atribuye, sin mucha lógica, al comprador y no al vendedor el poder de apartarlos del precio justo, se pide la fijación de precios mínimos. Se exige de la autoridad que ponga orden allí donde reinan el desorden y la arbitrariedad.

El liberalismo, doctrina que aplica a la realidad práctica los conocimientos de la economía política y de la sociología científicas, rechaza todas las interferencias en el juego del mercado, considerándolas superfluas, inútiles y perjudiciales. Superfluas, porque, al margen de las mismas, actúan en todo caso unas fuerzas que limitan la arbitrariedad de las partes que intervienen en el intercambio del mercado; inútiles, porque no es con ellas con las que se puede realizar el propósito de las autoridades de reducir los precios de los bienes esenciales; perjudiciales, porque alejan la producción y el consumo de las vías más racionales desde el punto de vista de la demanda. A veces el liberalismo ha llegado a definir como imposibles las intervenciones del gobierno sobre la formación de los precios. Las siguientes consideraciones nos dirán en qué sentido. No hay duda de que el gobierno puede dictar decretos para regular los precios y castigar sus posibles violaciones. Sería, pues, más exacto definir los precios administrados no como imposibles sino como inoportunos, ya que van contra las propias intenciones de las autoridades que los imponen.

El liberalismo fue muy pronto suplantado por el socialismo, el cual se propone sustituir la propiedad privada de los medios de producción por la propiedad colectiva. El socialismo como tal no necesita rechazar la teoría científica de los precios; en efecto, teóricamente podría reconocer su utilidad para comprender los fenómenos de mercado de un ordenamiento social basado en la propiedad privada de los medios de producción. Pero, en tal caso, debería también sacar todas las consecuencias y considerar, en consonancia con el liberalismo, superfluas, inútiles y perjudiciales todas las intervenciones del gobierno y de otros poderes en la formación de los precios. En la doctrina marxista existen suficientes indicaciones en esta dirección teórica, junto a otras teorías y otros postulados totalmente incompatibles con ellas. Por ejemplo, esas indicaciones son evidentes en el escepticismo con que el marxismo considera la posibilidad de aumentar de forma permanente el nivel de los salarios con instrumentos sindicales, y en el rechazo de todas aquellas tácticas que Marx califica de «pequeñoburguesas». Sin embargo, en el plano político concreto, es innegable que en el marxismo prevalece la influencia del estatalismo. Como teoría, el estatalismo es la doctrina de la omnipotencia estatal; como praxis, es la política que aspira a poner en orden los asuntos terrenos mediante mandatos y prohibiciones. El ideal social del estatalismo es una forma particular de comunidad socialista. Cuando nos referimos a este ideal social, se habla de socialismo de Estado o también, según las circunstancias, de socialismo militar o religioso. Exteriormente, el ideal social del estatalismo no se distingue mucho de la forma que adopta, al menos en la superficie, el ordenamiento social capitalista. El estatalismo no quiere derribar todo el ordenamiento jurídico tradicional y convertir formalmente toda la propiedad privada de los medios de producción en propiedad estatal. Sólo contempla la estatización de las principales empresas industriales, mineras y comerciales, mientras que en la agricultura y en las pequeñas y medianas industrias la propiedad debería seguir vigente al menos de forma nominal. En realidad, todas las empresas están destinadas a convertirse sustancialmente en empresas del Estado. Es cierto que los propietarios siguen siendo nominalmente titulares de la propiedad y del derecho a obtener de ella una renta «adecuada» o «proporcionada a su estado»; pero en realidad todo negocio se convierte en una oficina, toda ocupación en un empleo público. Los precios se regulan desde arriba, y es la autoridad gubernativa la que establece qué, cuánto y cómo producir. No existen especulación, beneficios «excesivos» o pérdidas. Y tampoco existe innovación, a no ser que sea encargada por el gobierno. Las autoridades lo dirigen y vigilan todo.

Una de las características de la doctrina estatalista es que no puede imaginar la convivencia social entre los individuos a no ser en la forma de un ideal socialista. La semejanza exterior entre el ideal del «Estado social» que persigue y el ordenamiento social basado en la propiedad privada de los medios de producción enmascara las diferencias sustanciales que los separa. Para el estatalista, todo lo que contradice la supuesta identidad de estos dos sistemas sociales es una anomalía transitoria y una culpable violación de las disposiciones gubernativas. Si el Estado afloja demasiado las bridas del gobierno, basta que las vuelva a tomar firmemente en la mano para que se restablezca el orden perfecto. Que la vida social esté sometida a ciertas condiciones, y que obedezca a leyes comparables a las leyes de la naturaleza, son conceptos totalmente ajenos a la mente del estatalista. Esta lo reduce todo a una cuestión de poder; y su idea de poder es burdamente materialista.

Si bien el estatalismo no ha conseguido con su ideal de sociedad futura suplantar a los demás ideales socialistas, en el plano político-táctico ha superado ciertamente a las demás orientaciones socialistas. Hoy todos los grupos socialistas, al margen de sus divergencias ideológicas y estratégicas, tienden, en el plano político-práctico, a influir sobre los precios mediante intervenciones tras las cuales se halla siempre el poder coactivo del Estado.

La teoría del control de los precios tiene la función de analizar los efectos causados, en un ordenamiento social basado en la propiedad privada de los medios de producción, por las intervenciones de la autoridad en la formación del precio de mercado. No le corresponde, en cambio, analizar los efectos del control de los precios en un ordenamiento social socialista que nominal y aparentemente haya mantenido la propiedad privada de los medios de producción y que por tanto, para dirigir la producción y el consumo, se sirva, junto a otros instrumentos, de los precios administrados. En este caso, los precios administrados tienen sólo un significado técnico, no inciden sustancialmente en la marcha de los procesos económicos, y la sociedad socialista que los maneja no se diferencia por ello sustancialmente de una sociedad socialista organizada de otro modo.

La importancia de la teoría del control de precios deriva de la convicción bastante común de que, junto a los dos ordenamientos sociales basados respectivamente en la propiedad privada y en la propiedad colectiva de los medios de producción, es teóricamente posible un tercer sistema social en el que la propiedad privada de los medios de producción se mantiene efectivamente, si bien «regulada» por intervenciones de la autoridad. Esta concepción, representada en las últimas décadas por los socialistas de cátedra y por los solidaristas, ha sido y sigue siendo tenida en gran consideración por muchos hombres y partidos políticos. Por un lado, esa concepción tiene una función en la interpretación de la historia económica de la Edad Media y comienzos de la historia moderna, y por otro constituye la base teórica de la política intervencionista moderna.

2. El control de los precios

a) Los precios administrados

Entendemos por «precios vigilados» aquellos precios administrados que se acercan sustancialmente a los precios que se formarían espontáneamente en el mercado libre, de tal modo que sus consecuencias son casi irrelevantes. Los precios vigilados se proponen, pues, a priori una función bastante limitada, en el sentido de que no pretenden excluir la influencia de los factores de mercado ni persiguen grandes objetivos político-económicos. El caso más sencillo es aquel en el que la autoridad se limita a aceptar los precios de mercado, sancionándolos de algún modo mediante su intervención. Una situación análoga se verifica cuando el gobierno fija un precio máximo superior y un precio mínimo inferior al precio de mercado. Distinto es el caso en que el precio administrado se emplea como instrumento para forzar a un monopolio a atenerse al precio de competencia ideal, en lugar de aplicar un precio de monopolio más alto. Si la autoridad gubernativa crea un monopolio (de farmacias, de notarías, de deshollinadores), o bien limita el número de competidores para fomentar la formación de acuerdos monopolísticos entre ellos (por ejemplo, mediante el sistema de concesión de licencias a los taxis), entonces debe recurrir necesariamente a los precios administrados si no quiere obligar a los usuarios a pagar un precio de monopolio. En ninguno de estos casos la intervención de la autoridad provoca una desviación del precio respecto al nivel que se formaría espontáneamente en el mercado.

No es idéntico pero tampoco demasiado diferente el caso en que la tarifa establecida por el gobierno priva al vendedor de la posibilidad de pedir, en circunstancias excepcionales y con la seguridad de conseguirlo, un precio superior al que podría pretender en circunstancias normales. Así, por ejemplo, imponiendo a los taxis una cierta tarifa, se impide que sus titulares se aprovechen de las ocasiones en que los usuarios estarían dispuestos a pagar un precio superior a la tarifa normal por transportes de este tipo. El usuario con posibles, que en una noche lluviosa se encuentra en la estación de una ciudad que no conoce, cargado de niños y equipaje, estaría encantado, para llegar a un hotel lejano, de pagar mucho más que la tarifa normal, si ese es el único modo para saltarse a los demás viajeros que se disputan los pocos y acaso el único medio disponible. Y, viceversa, el taxista que tiene en cuenta la mayor ganancia que podría obtener aprovechándose de las ocasiones extraordinarias, podrá aplicar tarifas inferiores con tal de aumentar la demanda de su servicio en los periodos en que el trabajo es menor. La intervención de la autoridad tiene, pues, el efecto de impedir las oscilaciones hacia arriba y hacia abajo del precio del servicio, respectivamente, en los periodos de fuerte y escasa demanda, y de fijar así un precio medio. Si el precio impuesto es incluso inferior a este precio de competencia ideal, tenemos un auténtico precio administrado puro, al que nos referiremos más adelante.

Análogo es el caso en que la autoridad no fija directamente los precios, pero impone al vendedor, por ejemplo a los restaurantes, exponer públicamente sus precios. También aquí se tiende a impedir que el vendedor se aproveche de las especiales ocasiones en que puede obtener de determinados clientes un precio superior al normal. Este, desde luego, lo tendrá en cuenta en sus cálculos. Si se le impide aumentar los precios en las circunstancias favorables, le será más difícil reducirlos cuando estas son adversas.

Otros precios vigilados se proponen impedir que se obtengan beneficios ocasionales con motivo de acontecimientos excepcionales. Una avería imprevista en la red eléctrica en una gran ciudad que dejara a oscuras a la población durante varios días provocaría de inmediato una subida extraordinaria del precio de las velas y un notable beneficio ocasional para los vendedores que poseen una buena reserva de las mismas. Si la administración interviene e impone simultáneamente un precio máximo para las velas y la obligación de venderlas hasta agotar las reservas, la medida no podrá tener efectos permanentes ni sobre la oferta ni sobre su precio de mercado, ya que la avería eléctrica no tarda en repararse. La misma intervención puede tener también efectos para el futuro, si los productores y vendedores de velas esperan que se repita un caso semejante y lo tienen en cuenta a la hora de programar los precios y las reservas de velas. Si prevén que cuando se repitan estas ocasiones favorables a la venta de un cierto producto intervendrá la autoridad para impedir que se explote la coyuntura, ello será suficiente para provocar un aumento en el precio para situaciones normales y una disminución del incentivo para aumentar las reservas.

b) Precios administrados puros

Son precios administrados puros aquellos precios controlados con los que la autoridad fija un precio que se aparta del que se formaría espontáneamente en el mercado libre. Si lo fija por encima del precio de mercado, elige la solución del precio mínimo; si, en cambio, lo fija por debajo, opta de ordinario por la solución opuesta del precio máximo.

Examinemos ante todo este último. El precio natural o estático que se formaría en el mercado libre expresa una situación de equilibrio de todos los precios y servicios en la que precios y costes coinciden. Si una intervención de la autoridad viene a alterar este equilibrio, y los vendedores tienen que ofrecer su mercancía a un precio inferior al que se formaría espontáneamente en el mercado libre, sus ingresos serán inferiores a sus costes. En tal caso, los vendedores —a no ser que se trate de mercancías fácilmente perecederas que se deprecian rápidamente— se abstendrán de vender y conservarán sus mercancías en el almacén a la espera de tiempos mejores, en la esperanza de que la intervención del gobierno sea transitoria. Este retraimiento de los vendedores crea entonces una situación en la que los potenciales compradores no pueden adquirir la mercancía que desean, y tal vez la sustituirán por otros bienes que normalmente no habrían adquirido, por ser menos adecuados para satisfacer su necesidad. (Hay que añadir además que, en tal caso, los precios de estos sucedáneos experimentan un aumento en razón de su mayor demanda). Es evidente que la intención de la autoridad no era provocar este resultado. Al fijar el precio de cierto producto, su objetivo era hacerlo más accesible a los potenciales compradores a un precio más bajo, no ciertamente privarles de la posibilidad de obtenerlo. Por ello se ve en la necesidad de asociar a la fijación del nivel del precio que tiene que pagar el comprador, la obligación al vendedor de ceder la mercancía a los potenciales compradores al precio máximo establecido, hasta agotar todas las existencias. Y es entonces cuando surge la mayor dificultad que comporta la intervención autoritaria de los precios. El juego del mercado hace que el precio se fije al nivel en que oferta y demanda tienden a coincidir. El aumento de potenciales compradores dispuestos a pagar la mercancía al precio de mercado es suficientemente alto para garantizar la absorción de toda la mercancía existente en el mercado. Si el precio, debido a la intervención de la autoridad, se sitúa por debajo del que se formaría espontáneamente en el mercado libre, habrá para la misma cantidad de mercancía un mayor número de compradores potenciales dispuestos a pagar el precio inferior fijado por el gobierno. Oferta y demanda ya no coincidirán; la demanda superará a la oferta, y el mecanismo de mercado, que en otro caso tiende, mediante sucesivos ajustes del nivel de precios, a hacer coincidir oferta y demanda, dejará de funcionar gracias precisamente a esta intervención de la autoridad.

Lo que entonces suceda, para eliminar del mercado a un número de compradores potenciales, de modo que sólo se pueda distribuir la cantidad de mercancía disponible, nada tiene ya que ver con el mercado. Puede suceder que la mercancía sólo pueda conseguirla el primero que se presente, o bien quien mantenga buenas relaciones personales con el comerciante. Durante la última guerra hemos visto episodios de uno y otro tipo, originados por los distintos intentos de control de precios: se lograba conseguir la mercancía al precio oficial, o bien porque se era amigo del vendedor, o bien porque se habían ocupado los primeros puestos de la cola ante la tienda. Ahora bien, el gobierno no puede contentarse con el resultado de esta selección de los compradores. El objetivo de su intervención es garantizar a todos la mercancía en cuestión al precio oficial, y evitar que haya gente que no puede comprarla por su menor poder adquisitivo. Y por esta razón tiene que dar un paso más, tras la imposición de la venta forzosa: racionar la mercancía. Esto significa que la cantidad de mercancía que cada consumidor puede adquirir no depende ya del comprador y el vendedor. Es la autoridad gubernativa la que ahora distribuye la cantidad de mercancía disponible entre quienes la solicitan, y cada uno recibirá la cuota que le corresponda de acuerdo con la ordenanza sobre el racionamiento y al precio establecido por la autoridad.

Pero la autoridad no puede detenerse aquí. Las intervenciones a que hasta ahora nos hemos referido afectan sólo a la cantidad de mercancía disponible en el mercado. Una vez agotadas las existencias, los almacenes dejarán de llenarse, porque la producción ya no cubre los costes. Por lo tanto, si el gobierno quiere seguir garantizando el aprovisionamiento del mercado de los consumidores, tendrá que dar un nuevo paso y decretar la obligación de producir esa mercancía; y luego, si es necesario para alcanzar este objetivo, deberá fijar también los precios de las materias primas y productos semielaborados, y acaso también de la fuerza laboral; y luego aún obligar a los empresarios y a los trabajadores a producir y a trabajar a esos precios.

Salta a la vista que, en una sociedad basada en la división del trabajo y en la propiedad privada de los medios de producción, es inconcebible un control de los precios como intervención aislada de la autoridad en el juego del mercado. Ese control no puede alcanzar el objetivo que el gobierno se propone con él, por lo que se ve en la necesidad de proceder, paso a paso, más allá del decreto aislado que fija el nivel del precio, hasta hacerse con el poder discrecional sobre los medios de producción y sobre la fuerza de trabajo, disponiendo qué es lo que hay que producir, cómo producirlo y cómo distribuirlo. La intervención aislada en el mercado sólo puede desviar el mecanismo de distribución de las mercancías a los consumidores, apartando a estos de las que consideran más urgentes y empujándolos hacia los sucedáneos menos apropiados para satisfacer sus necesidades; es decir, no alcanza nunca los resultados que la autoridad se propone con sus intervenciones. La historia del socialismo de guerra es un ejemplo clamoroso de lo que estamos diciendo. Paso a paso, los gobiernos que han interferido en los mecanismos del mercado se han visto en la necesidad de pasar de las intervenciones aisladas iniciales sobre los precios a la definitiva socialización de los medios de producción. Y este camino se habría recorrido aún más rápidamente si los precios administrados se hubieran respetado y no hubieran sido burlados alegremente por el mercado negro. Si esos gobiernos no llegaron a dar el último paso y a socializar realmente todo el aparato productivo, se debe sólo al final anticipado de la guerra que puso fin al mismo tiempo a la economía bélica. Pero quien analiza a fondo las distintas medidas de la política económica de guerra puede comprobar claramente todas las fases que acabamos de describir: primero el control de los precios, luego la venta forzosa, a continuación el racionamiento, después las normas taxativas sobre la reglamentación de la producción, y finalmente los intentos de asumir la dirección planificada de todo el sistema de producción y distribución.

El control de precios ha tenido históricamente un papel importante sobre todo en la devaluación de la moneda y en la política inflacionista. Los gobiernos han tratado siempre de mantener constante el nivel de los precios a pesar de la devaluación monetaria y el aumento de la cantidad de moneda en circulación; y lo mismo han hecho también durante la última guerra mundial, que conoció la mayor inflación de la historia. Los gobiernos comenzaron castigando penalmente toda alteración de los precios en el momento mismo en que pusieron la fábrica de la moneda al servicio de la hacienda pública. Supongamos que al principio tuvieron éxito. Aquí queremos prescindir completamente de que la guerra provocara también una reducción de la oferta de mercancías, y suponer que por este lado no hubo fuerzas capaces de alterar la relación de cambio consolidado entre mercancías y dinero. Prescindimos también de la mayor necesidad monetaria de las distintas unidades económicas debida a la prolongación de los tiempos de traslado de la valuta, a la fuerte limitación de las relaciones de compensación y a otras restricciones típicas de los tiempos bélicos. Dejamos, pues, a un lado todas estas circunstancias y examinamos simplemente el problema de las inevitables consecuencias de un eventual restablecimiento autoritario del viejo nivel de los precios monetarios en presencia, coeteris paribus, de una creciente cantidad de moneda en circulación. Al aumentar esta última, reaparece en el mercado un nuevo y desconocido deseo de comprar. Es decir, se crea, como se dice técnicamente, una «nueva capacidad de compra». Pero, ante la imposibilidad de aumentar los precios, la competencia entre estos nuevos compradores potenciales y los que ya están en el mercado permite sólo una parcial satisfacción de la demanda. Habrá entonces*potenciales compradores que estarían dispuestos a pagar el precio que se les pide, pero que se verán obligados a abandonar el mercado con las manos vacías y a volver a casa con el dinero en el bolsillo. El gobierno, al aumentar el dinero en circulación, se propone desviar las mercancías y los servicios de las vías tradicionales y orientarlas hacia los empleos que estima más oportunos. Se propone adquirir estas mercancías y estos servicios, no requeridos, como teóricamente también sería posible. Debe, pues, auspiciar que como medio de intermediación de los intercambios siga el dinero y sólo el dinero. No le sirve una situación en la que el mercado permita que una parte de los compradores potenciales se vaya con las manos vacías, sino que más bien él mismo quiere adquirir bienes y servicios, es decir servirse del mercado, no destruirlo. Por otra parte, ese control autoritario de los precios produce precisamente el efecto de destruir el mercado en el que se contratan bienes y servicios en dinero; y el mercado, apenas puede, trata de ayudarse de otro modo. Y entonces reaparecen, por ejemplo, ciertas formas de trueque, de cambios recíprocos de mercancías y servicios sin intermediación monetaria. Para el gobierno, que no está equipado para estas formas de transacción directa, porque no dispone de mercancías propias, una tal situación es realmente intolerable. Lo único que puede crear, ya que en el mercado es sólo titular de dinero y no de mercancías, es que el poder de compra de la unidad monetaria no se reduzca más aún por el hecho de que quienes tienen dinero no estén seguros de poder comprar las mercancías que desean. Ahora bien, como comprador de mercancías y de fuerza de trabajo, el gobierno no puede respetar el principio de que los viejos precios deben ser respetados. En una palabra, tampoco el gobierno, como emisor de la cantidad de moneda añadida, puede escapar a la necesidad que describe la teoría cuantitativa.

Una vez que el gobierno ha establecido un precio superior al que se formaría espontáneamente en el mercado libre, y ha impedido (fijando un precio mínimo) la venta a un precio inferior, las ventas se derrumban. A un precio de mercado inferior, demanda y oferta coinciden; a un precio superior, fijado autoritariamente por el gobierno, la demanda es inferior a la oferta y una parte de la mercancía no encuentra compradores. El objetivo del gobierno al imponer un precio mínimo era ciertamente asegurar mayores beneficios a los vendedores; pero el resultado es muy distinto. Por ello tiene que recurrir a otras medidas, medidas que a su vez, paso a paso, le llevan a hacerse con el control total de los medios de producción.

Entre las diversas medidas que fijan autoritariamente un precio mínimo, especial importancia práctica tienen las que se refieren al nivel de los salarios, es decir al salario mínimo. Estas tarifas puede imponerlas el gobierno directamente, o bien indirectamente a través de medidas sindicales cuyo objetivo es precisamente fijar un salario mínimo. Si el sindicato consigue, con la huelga o la amenaza de huelga, imponer un tipo salarial mínimo superior al que se formaría espontáneamente en un mercado libre, es sólo porque detrás está el gobierno, que no asiste con la protección de la ley a quienes se niegan a secundar la huelga, confiriendo así eficacia a la acción directa que ejerce el sindicato para imponer la abstención del trabajo. Para un análisis de principio de la naturaleza y significado del control de precios, es totalmente indiferente preguntarse si el aparato coercitivo que le confiere eficacia es el «legítimo» de la administración estatal o bien el tolerado de una organización que ejerce de hecho un poder público. Cuando el salario mínimo impuesto a un sector industrial supera el nivel del salario que se formaría espontáneamente en el mercado libre, los costes de producción de este sector aumentan y con ellos aumenta también el precio final del producto, al tiempo que las ventas caen en la medida correspondiente. Entonces hay que recurrir al despido de trabajadores, lo cual provoca un descenso del salario en otros sectores de producción. En este sentido se podría suscribir la teoría del fondo de salarios a propósito de los efectos de los aumentos salariales no derivados del mecanismo del mercado. Lo que los trabajadores obtienen en un sector de la producción lo pierden los trabajadores de otros sectores. Si se quiere evitar estas consecuencias, hay que vincular al salario mínimo la obligación de no reducir las plantillas. Pero esto conduce inevitablemente a la reducción, en el sector de producción afectado, de la tasa de beneficio, ya sea que a una parte de los trabajadores se les paga sin estar efectivamente empleados, ya sea que se emplea a todos los trabajadores sin reducir el volumen de la producción y vendiendo el producto con pérdida. En tal situación, quien desarrolla la actividad empresarial pensará abandonar ese sector, y si el Estado quiere impedírselo, tendrá que apelar a medidas especiales.

Si la imposición del salario mínimo no se limita a un único o a pocos sectores de producción sino que se extiende a todos los sectores económicos de un país o incluso a nivel internacional, el consiguiente aumento del precio de los productos puede no originar una recesión del consumo[202]. En efecto, los aumentos salariales expanden la capacidad de consumo de los propios trabajadores; estos pueden consumir más y adquirir los productos, aunque estos se hayan encarecido (evidentemente, también podrían verificarse desplazamientos a nivel de la producción). En cambio, los capitalistas y los empresarios, a no ser que echen mano del capital, tendrán que reducir el consumo, ya que su renta no aumenta, y por lo tanto no puede cubrir el aumento de los precios. El aumento generalizado de los salarios ha transferido, pues, a los trabajadores las cuotas de beneficio empresarial y de renta del capital correspondientes a la tasa de reducción del consumo de estos últimos. El aumento de la renta obrera se aprecia en el hecho de que, como consecuencia de la reducción del consumo de capitalistas y empresarios, los precios de los bienes de consumo no aumentan en la misma medida que los costes inducidos por los aumentos salariales, sino en medida algo inferior. Sin embargo, puesto que —como es bien sabido— aun en el caso de que la renta procedente de la propiedad se repartiera entre los trabajadores, la renta individual de estos se incrementaría de forma insignificante, no hay razón para hacerse ilusiones sobre los efectos cuantitativos de esta limitada reducción de la renta procedente de la propiedad. Si, en cambio, se supone que el aumento de los salarios y de los precios es de tal magnitud que transfiere a los trabajadores gran parte o incluso la totalidad de la renta real de empresarios y capitalistas, entonces interviene otra consideración: los empresarios y los capitalistas dispuestos a seguir viviendo de su actividad empresarial e inversora, pero que no pueden hacerlo con los beneficios del capital invertido en la empresa, acabarán echando mano del capital. Así pues, la supresión de la renta de la propiedad a través de un aumento salarial impuesto desde fuera produce una destrucción de componentes estructurales del capital y, por consiguiente, una reducción progresiva de la renta nacional. (Por lo demás, el mismo efecto provoca todo intento de reducir la renta procedente de la propiedad o de la actividad empresarial mediante la socialización de la producción y la distribución). Si se quiere evitar estas consecuencias, no hay otra solución —según los estatalistas— que quitar a los propietarios privados la disponibilidad de los medios de producción.

Todo cuanto hemos dicho hasta ahora es sólo aplicable a aquel tipo de control de precios que tiende a desplazar el precio del nivel que alcanzaría espontáneamente en el mercado libre. Pero si el control de precios pretendiera impedir, no este precio de competencia, sino el precio de monopolio, entonces las consecuencias serían muy otras. En este caso el gobierno dispone para sus intervenciones de todo el margen de oscilación del precio entre el de monopolio más alto y el de competencia más bajo. Dentro de este margen las intervenciones sobre los precios pueden ser eficaces; es decir, en ciertas circunstancias, el gobierno puede decidir intervenir sobre una renta específicamente monopolística. Supongamos, por ejemplo, que en un área económica aislada, un cártel de productores de azúcar mantiene el precio del producto por encima del nivel que alcanzaría en el mercado libre. Si en una situación tal el gobierno impone un precio mínimo sobre la remolacha, superior al nivel que habría alcanzado en el mercado, los efectos del precio mínimo, a que nos referimos anteriormente, podrían producirse sólo cuando la intervención de la autoridad se dirigiera específicamente contra el beneficio de los monopolistas del azúcar. Es decir, tales efectos tendrían lugar sólo si el precio de la remolacha se fijara a un nivel tal que la producción de azúcar no fuera ya rentable ni siquiera al precio de monopolio, por lo que el monopolio del azúcar se vería obligado a aumentar el precio del producto, pero a reducir al mismo tiempo la producción, para adaptarla a la caída tendencial de las ventas.

3. Significado de la teoría del control de precios para la teoría de las formas de sociedad

El resultado teórico más importante de un análisis a fondo de los efectos del control de precios es que, en el ordenamiento social basado en la propiedad privada de los medios de producción, las intervenciones de la autoridad sobre la formación del precio de mercado tienen exactamente el efecto contrario al que se deseaba obtener. Para evitar estas consecuencias, el gobierno no puede detenerse en las medidas particulares de intervención sobre los mecanismos del mercado, sino que debe prolongar gradualmente su acción hasta la expropiación definitiva de los medios de producción de manos de los empresarios y capitalistas. En tal situación, es indiferente saber cómo la autoridad regulará la distribución de la renta y si en ella reservará o no al empresario y al capitalista una posición privilegiada. Lo decisivo es que no podrá detenerse en una sola intervención, sino que necesariamente tendrá que proceder hasta llegar a la socialización de los medios de producción. De donde se desprende lo absurdo de la idea de que, entre un ordenamiento social basado en la propiedad privada de los medios de producción y otro basado en la propiedad colectiva, pueden existir formas intermedias, como por ejemplo el mercado «regulado». En una sociedad basada en la propiedad privada de los medios de producción, los precios sólo pueden ser regulados por el mercado. Si se elimina, del modo que sea, este juego, la producción de este tipo de sociedad carece de sentido, se hace caótica, y entonces el Estado, para evitar el caos, tiene que asumir el control integral de los medios de producción.

En este sentido podría aceptarse la idea de los viejos liberales y de una parte de los viejos socialistas, esto es la concepción que afirma que, mientras se mantenga la propiedad privada de los medios de producción, es imposible eliminar la influencia del mercado sobre la formación de los precios y, por consiguiente, sobre la producción y la distribución, e imponer precios que se aparten de los fijados por el mercado. Su formulación de la tajante alternativa «propiedad privada o propiedad colectiva de los medios de producción, capitalismo o socialismo», no era fruto de un estéril doctrinarismo, sino del profundo conocimiento de los principios básicos de la sociedad. En realidad, para una sociedad basada en la división del trabajo, sólo existen dos posibilidades de organización; las formas intermedias, de la clase que sean, sólo son imaginables en el sentido de que una parte de los medios de producción es propiedad de la sociedad y otra parte lo es de los individuos privados. Pero mientras se deje a los individuos la libre disposición de los medios de producción, será imposible eliminar el precio de mercado con intervenciones externas sin abolir al mismo tiempo, en una sociedad así estructurada, el principio regulador de la propiedad basada en la división del trabajo.

6. La estatización del crédito

El escritor finlandés Arthur Travers-Borgstroem ha expuesto sus ideas sobre la reforma social en un libro, Mutualismo, publicado también en alemán, en 1923, y que culmina con la propuesta de estatalizar el crédito. El autor, en 1917 había creado en Berna una fundación que lleva su nombre entre cuyos fines tiene el de premiar las mejores investigaciones sobre la estatización del crédito. El jurado del premio, del que forman parte los profesores Diehl, Weyermann, Milhaud, Reichesberg, los banqueros Milliet, Somary, Kurz y otros, ha concedido el premio en esta ocasión a un ensayo de Robert Deumer, director del Reichbank de Berlín. El ensayo fue posteriormente publicado por la Asociación mutualista finlandesa[203].

El contexto en que aparece el libro pone bien de manifiesto cómo y por qué la posibilidad teórica de estatización del crédito no representa en modo alguno un problema para el autor, quien más bien se preocupa únicamente de describir sus modalidades de realización. Deumer expone, en sus más mínimos detalles, la propuesta de estatizar todas las empresas que en Alemania tienen que ver institucional y profesionalmente con el crédito y de crear un monopolio nacional del mismo. Pero no es ese proyecto lo que aquí nos interesa, pues es claro que no se prevé su realización en un próximo futuro y que, si se pensara algo por el estilo, se produciría ciertamente en unas condiciones tan diferentes, que harían inservible el proyecto de Deumer. No tiene, pues, ningún sentido entrar aquí en los detalles de su «Proyecto de ley sobre la estatización del sistema crediticio y bancario», y discutir, por ejemplo, su artículo 10, párrafo 1, que reza así: «Quien, tras la estatización del crédito, ejerza institucional y profesionalmente cualquier actividad crediticia y bancaria será castigado con una multa de hasta 10 millones de marcos-oro y con prisión de hasta 5 años, o bien a una de estas dos penas»[204].

El único interés de orden general que puede tener el trabajo de Deumer se refiere más bien a las razones que aduce a favor de la estatización del crédito, y al modo en que argumenta la posibilidad de llevar a efecto la reforma que propugna, de tal modo que quede a salvo la superioridad de la gestión «empresarial» sobre la «burocrática». En su exposición, Deumer no hace sino repetir ideas que podemos decir son ampliamente compartidas al menos por la gran mayoría de nuestros contemporáneos y que, más bien, probablemente hoy ya nadie discute. Sin embargo, si se aceptan estas ideas de Deumer, de Travers-Borgstroem y de los mutualistas, hay que considerar también no sólo auspiciabas y realizables, sino también absolutamente necesarias y urgentes, la estatización del crédito y todas las demás medidas que conducen al socialismo. La favorable acogida que encuentran en la opinión pública todas las propuestas que tienden a limitar el ámbito de la propiedad privada y de la libre manifestación del espíritu empresarial nos demuestra que ha sido ampliamente aceptada la crítica que los «socialistas de cátedra» en Alemania, los solidaristas en Francia, los fabianos en Inglaterra y los institucionalistas en Estados Unidos han dirigido siempre contra la economía basada en la propiedad privada de los medios de producción. Si estas propuestas no se traducen hoy en la práctica, no es porque la literatura de orientación «social» y los partidos políticos estén programáticamente en contra de ellas. ¡Todo lo contrario! La explicación debe buscarse más bien exclusivamente en el hecho de que las estatizaciones y municipalizaciones de ciertas empresas, y en general de toda la inversión estatal, no han hecho sino provocar desastres financieros y graves disfunciones en la producción y en el mercado, en lugar de los grandes resultados que de ellas se esperaban. Sólo la ideología no se ha enterado aún de este gran fracaso de la praxis. Sólo ella prosigue impertérrita magnificando el valor de la empresa pública y despreciando la empresa privada. Sólo ella sigue creyendo que quien se opone a sus proyectos de reforma lo hace únicamente por mala voluntad, por egoísmo e ignorancia, mientras que cualquier persona sin prejuicios no puede menos de aprobarlos sin reservas.

Así las cosas, parece oportuno analizar atentamente las ideas básicas del libro de Deumer.

1. Interés privado e interés público

Según Deumer, en la actualidad los bancos sirven exclusivamente a los intereses privados, mientras que de los intereses públicos se ocupan únicamente en la medida en que no se oponen a los primeros. No financian las empresas de importancia estratégica para la economía nacional, sino sólo las que prometen maximizar los beneficios. Por ejemplo, «financian una fábrica de aguardiente o cualquier otra empresa que produce cosas superfluas para la economía nacional». «Desde el punto de vista nacional, su actividad no sólo es superflua sino también perjudicial». La banca «ha impulsado empresas cuyos productos no constituyen una respuesta a una necesidad, y probablemente ha incentivado también el consumo superfluo en la medida en que, a su vez, ha reducido el poder adquisitivo destinado a la demanda de bienes cultural y racionalmente más importantes. Además, su política crediticia ha privado de créditos a empresas estratégicas para la economía nacional, lo cual puede conducir, si no a una contracción de su producción, por lo menos a una elevación de los costes del crédito y por lo tanto de los costes de producción de bienes de más amplio consumo»[205].

Evidentemente, Deumer olvida que en un sistema de mercado el capital y el trabajo se distribuyen entre los distintos sectores de producción de tal forma que por doquier, excepto en lo que respecta al premio por el riesgo, el capital obtiene un mismo rendimiento y el trabajo un mismo salario. Produciendo bienes «superfluos» se gana ni más ni menos que produciendo bienes útiles. El empleo de capital y de trabajo en los distintos sectores de producción está determinado, en último análisis, por el comportamiento de los consumidores en el mercado. Si aumenta la demanda de un cierto producto, suben los precios y los beneficios, y de este modo surgen nuevas empresas y se expanden las que ya existen. Son, pues, los consumidores los que deciden si debe afluir una mayor o menor cantidad de capital a este o a aquel sector. Si los consumidores desean más cerveza, se producirá más cerveza; si desean asistir a un mayor número de representaciones de teatro clásico, los teatros ofrecerán estas representaciones y menos comedias ligeras, farsas y operetas. Es el gusto del público, no el director de teatro, el que decide si La viuda alegre o El jardín del Edén tienen mayor aceptación y un mayor número de representaciones que el Tasso de Goethe.

Por supuesto, los gustos de Deumer son diferentes de los de la masa. Él piensa que la gente debería distribuir de otro modo sus propios recursos, y sobre este punto seguramente habrá muchos otros que piensen como él. Pero de esta opinión, distinta de la de la masa, Deumer saca la conclusión de que para orientar correctamente el consumo de la economía nacional se precisa establecer un sistema económico planificado de tipo socialista a través de la nacionalización del crédito. Y en este punto ya no podemos estar de acuerdo con él.

La economía socialista, dirigida por una autoridad central sobre la base de un único plan, puede concebirse en sentido democrático o bien en sentido dictatorial. Si hay democracia, es decir si la autoridad central responde a la voluntad popular manifestada a través de los votos y las elecciones, entonces no podrá comportarse de manera diferente a como se comporta la economía capitalista: producirá y destinará al consumo lo que la gente quiera, es decir alcohol, tabaco, literatura vulgar y teatro y cine de pésimo gusto, así como todo aquello que está de moda. La economía capitalista tiene también en cuenta los gustos de pequeños grupos, y los empresarios producen también bienes demandados no por todos sino por una parte de los consumidores, mientras que la economía democrática centralmente planificada, al tener que responder el gobierno a la mayoría de la población, no tendrá por qué tener en cuenta los gustos de la minoría; se orientará exclusivamente según los gustos de las masas. En todo caso, aun cuando la economía planificada fuera dirigida por un dictador que, ignorando los deseos del pueblo, impusiera la producción de lo que él considera conveniente, y por lo tanto ofreciera a la gente la ropa, la comida y las cosas que esta desea, no habría garantía de que se produciría lo que «a nosotros» nos parece conveniente. Los críticos del orden social capitalista tienden siempre a suponer que en la sociedad socialista que imaginan se hará siempre lo que ellos consideran que es correcto. Aun cuando no lleguen a pensar que será uno de ellos quien tendrá que desempeñar la función de dictador, esperan en todo caso que el dictador contará siempre con su consejo. Y así llegan a formular la famosa contraposición entre productividad y rentabilidad. Califican de productivas las acciones económicas que a su entender son convenientes, y rechazan el sistema social capitalista porque en él las cosas son distintas, desde el momento en que en él se trabaja por el beneficio, por lo que es preciso tener en cuenta la demanda de los consumidores, que son los verdaderos señores del mercado y de la producción. Estos críticos olvidan además que un dictador podría actuar también de una manera totalmente distinta de sus deseos, que no existe garantía alguna de que desee efectivamente «lo mejor» y que, aun suponiendo que así fuera, conoce también cuáles son los medios para realizarlo.

Un problema aún más grave es si la dictadura de un hombre «mejor» o de un grupo de hombres «mejores» puede mantenerse a la larga contra la voluntad de la mayoría. ¿Hasta cuándo soportará el pueblo una dictadura económica que no le da lo que necesita y desea consumir, sino sólo lo que los que mandan consideran conveniente? ¿Acaso no acabará la masa imponiendo que la producción tenga en cuenta sus gustos y deseos, y que vuelva a lo que los reformadores sociales han querido excluir?

Podemos estar de acuerdo con la opinión de Deumer cuando afirma que los consumos de nuestros conciudadanos son con frecuencia reprobables. Pero quien así piensa, que intente convencer a sus propios conciudadanos de la irracionalidad de sus comportamientos; que explique lo peligroso que es el consumo de alcohol o tabaco, la estupidez de tantas películas y de muchas otras cosas. Quien desea fomentar la difusión de la buena literatura, que imite a los grupos evangélicos que afrontan enormes sacrificios materiales para difundir a bajo precio la Biblia en los hoteles y en otros lugares públicos. Y si luego todo esto no es suficiente, no hay duda de que la voluntad de sus conciudadanos tendrá que ser violentada. Organizar la economía según el criterio del beneficio significa organizarla en consonancia con la voluntad de los consumidores, de cuya demanda dependen los precios de las mercancías y por lo tanto los beneficios del capital y de la empresa; mientras que organizaría de acuerdo con el criterio de la «productividad nacional» significa organizarla, en caso de que se aparte de este criterio, según la voluntad de un dictador o de un grupo de dictadores.

Es cierto que en el orden capitalista una parte de la renta nacional es absorbida por los consumos de lujo de los ricos. Pero, al margen de que se trata de una parte muy pequeña que no incide en los términos globales de la producción, el lujo de los ricos tiene efectos dinámicos que permiten considerarlo como uno de los más importantes factores de progreso. Toda innovación nace como «lujo» de unos pocos ricos, para convertirse luego —tras abrir nuevas vías a la industria y al consumo— en una «necesidad» para todos. Baste pensar en la moda, en las instalaciones de iluminación y sanitarias de nuestras casas, en los automóviles y en el turismo. La historia económica demuestra que el lujo de ayer se ha convertido en necesidad de hoy. Muchas de las cosas que en los países subdesarrollados se consideran un lujo son ya patrimonio de las masas en los países desarrollados. En Viena, tener un automóvil se considera un lujo (¡no sólo a los ojos de Hacienda!), mientras que en Estados Unidos hay uno por cada cuatro o cinco habitantes.

Por lo demás, el crítico del sistema capitalista no puede apelar al argumento sobre el consumo de lujo si desea mejorar las condiciones de vida de las masas, ya que hasta ahora nadie ha conseguido desmentir las afirmaciones de los teóricos y las experiencias de la práctica que demuestran que sólo la producción capitalista garantiza la máxima rentabilidad posible. Si en el sistema planificado se produce menos que en una economía privada, es claro que será imposible satisfacer las necesidades de las masas mejor de como hoy se hace.

2. ¿Gestión burocrática o gestión empresarial del sistema bancario estatalizado?

La escasa productividad de las empresas públicas suele atribuirse a su gestión burocrática. Para lograr que las empresas estatales, municipales y públicas en general consigan los mismos resultados que la empresa privada, sería preciso organizarlas y dirigirlas con criterios empresariales. Por eso, desde hace décadas, se ha venido intentando todo lo posible para hacer tales empresas más productivas a través de la comercialización. El problema se ha ido agravando a medida que ha ido extendiéndose la gestión estatal y municipal, sin que por ello se haya dado ni un solo paso hacia la solución.

Deumer considera también necesario «gestionar el monopolio bancario estatal según criterios empresariales», y a tal fin formula una serie de propuestas para alcanzar este objetivo[206]. Estas propuestas no difieren de otras muchas sugeridas en los últimos años o de las que en diversas circunstancias se han llevado a cabo. Se trata de establecer una formación adecuada, de apoyar a los más capaces, de remunerar convenientemente a los empleados, de hacer que los directivos participen en los beneficios, etc. Pero Deumer entiende tan poco el fondo de la cuestión como todos aquellos que con esta o aquella reforma tratan de organizar según criterios de rentabilidad un sistema de empresa pública que por la fuerza de las cosas obedece a criterios opuestos.

La «gestión empresarial» no es, como opina Deumer siguiendo la opinión dominante, una forma de organización que baste simplemente injertar en la empresa pública para desburocratizarla. La que ordinariamente se conoce como «gestión empresarial» es la esencia misma de la empresa privada, orientada exclusivamente a la obtención de la máxima rentabilidad; y lo que ordinariamente se conoce como «burocratización» es la esencia misma de la empresa pública, orientada hacia objetivos «nacionales». Por más que nos esforcemos en sobreponer a la empresa pública las formas externas de la empresa privada, jamás podrá ser aquella «gestionada según criterios empresariales».

El empresario actúa bajo su propia responsabilidad. Si no produce con criterios económicos, es decir con costes mínimos de capital y trabajo, aquello que los consumidores demandan con mayor urgencia, sufrirá pérdidas, y al final no sólo su patrimonio sino también su poder de decisión sobre los medios de producción pasará a manos más capaces. En una economía capitalista los medios de producción pueden siempre pasar a manos de quienes tienen la capacidad de emplearlos de la mejor manera para satisfacer las necesidades de los consumidores. La empresa pública, en cambio, es gestionada por hombres que no sufren las consecuencias del éxito o fracaso de sus comportamientos.

Se objeta que esto puede aplicarse también a los altos directivos de las grandes empresas privadas, las cuales tienen que ser gestionadas con los mismos criterios «burocráticos» que se aplican a las empresas estatales o municipales. Pero quien emplea este argumento demuestra ignorar cabalmente la radical diferencia que existe entre la empresa pública y la empresa privada.

En la empresa privada, que busca el beneficio, cada departamento y cada división está sometida al control de la contabilidad y del cálculo basado en el mismo principio de rentabilidad. Los departamentos y secciones que no rinden son reestructurados o abandonados; los empleados y directores que no responden a los requisitos de su actividad —es decir, que no demuestran en los resultados obtenidos haber cumplido las tareas que les habían sido asignadas— son despedidos. Sobre toda sección de la empresa reina el control que ejerce la contabilidad, que calcula hasta el último céntimo. Lo que decide es el cálculo monetario y solamente el cálculo monetario. Cualquier iniciativa obedece al criterio de la máxima rentabilidad. Lo único que los propietarios de las empresas (es decir, de los accionistas en las sociedades anónimas) esperan de sus directivos es que obtengan beneficios.

Muy distinta es la situación de las oficinas y de los juzgados encargados de administrar los asuntos del Estado. Para sus cuentas no existe un criterio contable riguroso como el que existe en la economía en virtud del mecanismo de los precios de mercado. Por ello no es fácil, en la dirección empresarial de la administración estatal, circunscribir las tareas de las oficinas subordinadas tal como hace el empresario con sus subordinados. Si se quiere salvaguardar la unidad de la administración, y si no se quiere transferir todo el poder de decisión a los órganos ejecutivos de las oficinas subordinadas, es indispensable regular minuciosamente toda la actividad de estos órganos mediante directrices burocráticas y circulares de todo tipo que prevean todos los casos posibles e imaginables. Y así, para todo órgano burocrático resulta un deber obedecer estas directrices, de modo que a la postre el verdadero problema no es tanto el éxito o el fracaso de su actuación como el observar formalmente los reglamentos. El burocratismo no es un inconveniente derivado de algún defecto organizativo o de la incompetencia del personal burocrático, sino la esencia misma de toda gestión empresarial que no obedece a criterios de rentabilidad.

Cuando el Estado y los municipios invaden el campo de la policía y la administración de justicia, el burocratismo se convierte en un problema fundamental de la organización social. Ni siquiera una empresa pública que obedezca exclusivamente a criterios de rentabilidad puede evitar la gestión burocrática. Se ha intentado superar el burocratismo haciendo que los directivos participen en los beneficios; pero desde el momento en que no han de soportar las posibles pérdidas, esta medida se convierte en una invitación a la temeridad, que se trata de compensar disminuyendo la autoridad de los gestores mediante directrices de la superioridad, la creación de comisiones y la apelación a la opinión de los «expertos», creando así una mayor regulación y burocratización.

Normalmente, se espera de las empresas públicas que no obedezcan sólo a criterios de rentabilidad. Esa es precisamente la razón de que estén en manos del gobierno. También Deumer exige que el sistema bancario nacionalizado sea orientado más por la economía pública que por consideraciones de interés privado, y que invierta sus recursos no donde se obtiene un mayor rendimiento, sino donde sirven mejor al interés nacional[207].

No analizaremos ciertas consecuencias de semejante política crediticia, como el mantenimiento de empresas que funcionan al margen de toda racionalidad económica. Nos ocuparemos sólo de sus efectos sobre la gestión económica de la empresa pública. Si la dirección del servicio del crédito público o de una de sus secciones presenta un balance que arroja pérdidas, puede justificarse diciendo: «Es cierto que desde el punto de vista de la rentabilidad, que sólo tiene en cuenta los intereses económicos privados, nuestra gestión no ha sido brillante; pero hay que considerar que, frente a la menor rentabilidad que indica la contabilidad de la empresa, están los servicios prestados a la economía nacional que, por supuesto, no se reflejan en el balance: por ejemplo, todo lo hecho en apoyo de las pequeñas y medianas empresas, para mejorar las condiciones materiales de las clases populares, que son la “espina dorsal” del Estado, y muchas otras iniciativas en tal sentido. Pues bien, todo esto no puede expresarse en términos exclusivamente monetarios». Pero en tales condiciones cualquier cálculo de rentabilidad pierde todo significado para la empresa, y para controlar el comportamiento de la empresa pública no queda sino apelar al criterio de la burocratización. La gestión tiene que ser reglamentada, y los puestos deben ocuparlos sujetos dispuestos a respetar supinamente esos reglamentos.

Por más vueltas que le demos, resultará imposible dar con un punto de organización que pueda liberar a la empresa pública de la rigidez del formalismo burocrático. Es cierto que en los últimos tiempos muchas grandes empresas también se han burocratizado. Pero es un error pensar que esta burocratización es el resultado de su gran dimensión. La gran empresa permanece inmune a los peligros del burocratismo mientras obedezca exclusivamente a criterios de rentabilidad. Sólo si se imponen otros criterios que no sean la búsqueda del mayor beneficio pierde su carácter de empresa capitalista. Ha sido la política estatalista e intervencionista hoy imperante la que ha obligado a las grandes empresas a burocratizarse cada vez más, por ejemplo haciendo que tengan que nombrar para la alta dirección no a experimentados hombres de negocios, sino a sujetos con buenas relaciones y contactos en los ambientes oficiales; a embarcarse en operaciones ruinosas para complacer a los políticos, a los partidos influyentes o al gobierno; a mantener en pie empresas que deberían haber sido abandonadas a su destino, o a reanimar empresas o instalaciones de las que no tienen necesidad alguna. El maridaje entre política y negocios no sólo ha sido funesto para la política, como suele reconocerse, sino que ha perjudicado mucho más a los negocios. Muchas grandes empresas, preocupadas excesivamente por consideraciones políticas, se han dejado inocular los gérmenes del burocratismo. Todo esto, sin embargo, no justifica las propuestas encaminadas a burocratizar completa y formalmente toda la producción a través de la nacionalización del crédito. ¿Cuál sería la situación de la economía alemana si se hubiera nacionalizado el crédito a partir del año 1890 o incluso 1860? ¿Y quién puede imaginar las posibilidades de desarrollo que se impedirían si se nacionalizara en la actualidad?

3. Riesgos de la excesiva expansión del crédito y de la inmovilización

Cuanto hemos dicho hasta ahora se refiere a todos los intentos de transferir las empresas de manos de empresarios privados a las del Estado, especialmente el sistema bancario, cuyos efectos difícilmente se distinguirían de la nacionalización. Pero, además, la estatización del crédito comporta otros problemas de política crediticia que no podemos pasar por alto. Esto significa que el banco estatal se reserva la facultad de crear inflación.

Deumer se empeña en demostrar que el monopolio estatal del crédito no se aprovecharía para fines fiscales. Pero los verdaderos riesgos de la estatización del crédito no van en esa dirección, sino que radican en el terreno de la formación del valor de la moneda.

Como es bien sabido, el crédito bancario del que se puede disponer mediante cheques tiene los mismos efectos sobre el poder adquisitivo de la unidad monetaria que los billetes de banco. Deumer propone también la emisión por el banco estatal de «certificados garantizados» o «títulos no convertibles»[208]. En una palabra, el banco estatal podría siempre crear inflación.

La opinión pública pide siempre «dinero barato», es decir tipos de interés bajos. Pero la verdadera misión de los bancos de emisión consiste en oponerse a estas exigencias para salvaguardar su propia solvencia y mantener la paridad de sus billetes frente a las monedas extranjeras y el oro. Si al banco central se le exime de la obligación de rescatar sus certificados y títulos, podrá expandir a voluntad el crédito según los deseos de los políticos y será demasiado débil para desoír el clamor de quienes demandan más crédito. Ahora bien, el sistema bancario se nacionaliza, en palabras de Deumer, precisamente para «acallar las quejas de las pequeñas empresas industriales y las muchas empresas comerciales que dicen que sólo con grandes dificultades y sacrificios pueden conseguir los créditos necesarios»[209].

Hace sólo unos años habría sido indispensable exponer detalladamente las consecuencias de la expansión del crédito. Hoy ese esfuerzo no es ya necesario. La relación entre expansión crediticia y subida de los precios y los tipos de cambio exterior es hoy de sobra conocida, gracias no sólo a la labor de esclarecimiento de algunos economistas, sino también a las experiencias y doctrinas americanas e inglesas con las que los alemanes han llegado a familiarizarse. Sería, pues, superfluo insistir sobre este punto.

4. Conclusión

El libro de Deumer revela claramente que el estatismo, el socialismo y el intervencionismo han agotado su curso. En apoyo de sus propuestas, Deumer no es capaz de aportar más que los viejos argumentos del socialismo y del marxismo, refutados ya cien veces, pero cuya crítica él ignora. Tampoco le preocupan los problemas que las experiencias socialistas de los últimos años han puesto de manifiesto. Sigue impertérrito en el terreno de la ideología, que celebra ingenuamente cualquier nacionalización como progreso salvador, sin preocuparse de las conmociones que en los últimos años han cuarteado gravemente sus fundamentos.

El libro de Deumer ni siquiera será tenido en cuenta por la política. Lo sentimos por el autor, que tanto esfuerzo, inteligencia e indiscutible competencia ha dedicado al servicio de su idea. Pero no podemos menos de alegramos en interés de una progresiva e intensa recuperación de la economía alemana.

Segunda parte

El intervencionismo

Un análisis económico

Prólogo

Ludwig von Mises tuvo una larga vida —de 1881 a 1973—. Nació dentro las fronteras del inmenso Imperio austrohúngaro y fue durante muchos años el principal portavoz de lo que vino a llamarse Escuela austriaca de Economía. Esta escuela se diferencia de otras escuelas de pensamiento económico en que no maneja agregados, grandes cifras o datos históricos. Su enfoque de la Economía es micro, en lugar de macro. Retrotrae todos los fenómenos económicos a las acciones de los individuos —a sus valores subjetivos y al valor que cada participante en el mercado asigna a la utilidad marginal de un bien o servicio concreto—. Los austriacos ven la economía mundial como una gigantesca subasta en la que cada cual está siempre pujando por los diversos bienes y servicios que desea, ofreciendo a cambio algo que ya tiene. Empezando desde el punto de vista del agente individual, y por medio de razonamientos lógicos paso a paso, Mises y sus colegas austriacos fueron capaces de explicar la formación de los precios, de los salarios, el origen del dinero, las leyes de la producción, del comercio, etc.

Mises fue prolífico. Escribió muchos libros y artículos. Viajó y dio conferencias a lo largo y ancho de Europa y se labró una reputación internacional de firme defensor del capitalismo, a la par que de ardiente crítico del intervencionismo. Sin embargo, la abrumadora popularidad de John Maynard Keynes, sus doctrinas macroeconómicas y sus propuestas de intervención gubernamental y de programas de gasto público en línea con las convicciones políticas imperantes, silenciaron durante muchos años las enseñanzas de Mises.

Antes de que los alemanes, bajo Hitler, ocuparan Austria, Mises abandonó Viena para ir a Suiza. Enseñó en Ginebra, en el Instituto de Estudios Internacionales hasta 1940, cuando emigró a los EE. UU. Tenía una reputación bien consolidada en Europa. Pero cuando llegó a América, a la edad de 59 años, no era más que un extranjero en tierra extraña; tenía que empezar de nuevo, casi desde cero. Consiguió pronto una plaza en el National Bureau of Economic Research, que le dio la oportunidad de escribir el manuscrito de este libro.

Quien esté familiarizado con las obras de Mises, en este libro no se encontrará con demasiadas sorpresas. Mises criticó con frecuencia los diversos aspectos del intervencionismo gubernamental, así como también describió muchas veces cómo la intervención gubernamental pone trabas a los intentos de los individuos para alcanzar sus diversos fines. No obstante, en ninguna de sus otras obras explica Mises el intervencionismo y sus consecuencias con tanta claridad y de modo tan simple como lo hace aquí.

Mises escribió Intervencionismo: un análisis económico[210] en alemán, su lengua nativa. Una vez que los doctores Thomas McManus y Heinrich Bund lo hubieron traducido al inglés, Mises dio el visto bueno para su publicación. Sin embargo, nada más se hizo con el manuscrito al parecer, y finalmente se le perdió de vista. Cuando este proyecto se desvaneció, Mises no tuvo más remedio que ocuparse en otras obras y conferencias. En 1944 publicó Bureaucracy y Omnipotent Government. En 1945 obtuvo una plaza de profesor visitante en la Graduate School of Business Administration de la Universidad de Nueva York, y retomó la enseñanza. Después, en 1946, se integró en la Foundation for Economic Education como asesor a tiempo parcial. Escribió a continuación muchos otros libros, entre los que destaca su obra maestra, La acción humana, en 1949.

El presente ensayo fue escrito en 1940, antes de que los EE. UU. entraran oficialmente en la II Guerra Mundial. Mises da muestras de una rara penetración en lo relativo a las economías de guerra de la Alemania de Hitler y de la Italia de Mussolini. También critica a los gobiernos de los países aliados anteriores a la guerra por haber primado el socialismo y el intervencionismo en detrimento de los métodos capitalistas de producción. Concretamente, achaca la falta de preparación militar de los aliados a que estos habían caído víctimas de la propaganda anticapitalista, y a que habían dedicado más esfuerzos a impedir que la guerra fuera una fuente de lucro que a crear las condiciones económicas para la producción de armamento. «Cuando las naciones capitalistas abandonan en tiempo de guerra la superioridad industrial que su sistema económico les ofrece, sus fuerzas para resistir y sus posibilidades de victoria se ven considerablemente reducidas… La derrota de Francia y la destrucción de las ciudades inglesas fue el primer precio que hubo que pagar por la supresión intervencionista del lucro en la industria de guerra» (pp. 351-353).

A lo largo de su carrera, Mises señaló que los individuos se enfrentan al riesgo y la incertidumbre en su lucha por sobrevivir. Encuentran muchos obstáculos —tanto naturales como impuestos por el hombre—. Las catástrofes naturales tales como los terremotos, las inundaciones, los tornados, los huracanes, los corrimientos de tierras, las avalanchas y los incendios pueden desbaratar sus planes. En cuanto a los obstáculos que la naturaleza pone en su camino, los hombres no tienen otra alternativa que afrontarlos lo mejor que puedan. Sin embargo, en lo que respecta a los obstáculos artificiales, la situación es distinta; los hombres no son completamente impotentes; tienen la capacidad de evitarlos y/o removerlos.

Al explicar cómo funciona el mercado, Mises criticaba las artificiosas intervenciones del gobierno —controles, regulaciones, restricciones, privilegios especiales, y subsidios para unos a expensas de otros—. Siempre señaló, tal y como hace en este libro, que aun con la mejor de las intenciones, las intervenciones del gobierno dan lugar a condiciones que hasta sus propios defensores consideran peores que aquellas que se pretendía mejorar. Sin embargo, también explicó que esos obstáculos, puesto que son obra del hombre, eran evitables y removibles, —una vez que la gente se diera cuenta de que el gobierno no debe interferir en las relaciones interpersonales pacíficas.

Mises también hizo hincapié en que las competencias del gobierno deben ser limitadas. Es tarea del gobierno proteger por igual la vida y las propiedades de todas las personas bajo su jurisdicción. También le corresponde resolver las disputas entre particulares, con el fin, en la medida de lo posible, de garantizar una justicia igual para todos. En todo lo demás, el gobierno debería dejar que la gente se labre su propio destino. Es una gran suerte que este manuscrito, que explica en términos tan claros estos principios básicos, haya reaparecido entre los papeles que Mises dejó a su muerte y ahora vea la luz.

BETTINA BIEN GREAVES

Octubre de 1997

Prólogo del autor

El propósito de este ensayo es analizar, desde un punto de vista económico, los problemas que plantea la interferencia gubernamental en la economía. Las consecuencias políticas y sociales del intervencionismo[211] sólo pueden entenderse y juzgarse sobre la base de una adecuada comprensión de sus implicaciones y sus efectos económicos.

Desde el momento en que los gobiernos europeos de las últimas décadas del siglo XIX se embarcaron en esta política, que todavía hoy se juzga «progresista» pero que realmente supone una vuelta al mercantilismo del siglo XVII y principios del XVIII, los economistas han señalado persistentemente la incoherencia y la inutilidad de estas medidas, y han predicho sus consecuencias políticas y sociales. Gobiernos, partidos políticos y opinión pública han ignorado de forma igualmente persistente sus advertencias. Han ridiculizado el supuesto doctrinarismo de la Economía «ortodoxa» y han alardeado de sus «victorias» sobre la teoría económica. Pero fueron estas unas victorias pírricas.

La inevitable sucesión de acontecimientos que siguió a la aplicación de medidas intervencionistas corroboró de forma completa las predicciones de los economistas. Las consecuencias políticas previstas, la inestabilidad social, las dictaduras y la guerra no dejaron de aparecer.

Este ensayo no trata específicamente el New Deal estadounidense. El tema es el intervencionismo en general, y sus conclusiones son válidas para cualquier forma de intervencionismo, independientemente del país que se considere. Ya existía un considerable grado de intervencionismo en Estados Unidos antes de 1933. El New Deal no es más que la forma actual específicamente norteamericana de una política que comenzó en todas partes, «incluidos los Estados Unidos», hace varias décadas. Para el economista no hay nada nuevo en el New Deal Sólo se diferencia de la política del káiser Guillermo II o de la de la República de Weimar en la medida que las circunstancias norteamericanas del momento exigen. Y enfrenta al pueblo americano al mismo dilema en el que el pueblo alemán se encontraba hace diez años.

Este ensayo es de carácter económico y, por lo tanto, no aborda los aspectos legales y constitucionales del problema. Las leyes y las constituciones como tales tienen una importancia secundaria. Están para servir al pueblo, no para dominarlo. Se formulan y se interpretan de forma que hagan posible un desarrollo económico beneficioso para el bienestar de todos los grupos de la nación. Si no consiguen cumplir este objetivo, se deben cambiar tanto las leyes como la forma de interpretarlas.

La literatura sobre esta materia no escasea, ciertamente; casi todos los días aparecen nuevas aportaciones. Pero casi todos estos estudios se centran exclusivamente en determinados conjuntos de medidas y en sus efectos a corto plazo. Lamentablemente, este método de análisis es inadecuado. Sólo muestra las consecuencias inmediatas de intervenciones puntuales, sin considerar los efectos indirectos ni tampoco las consecuencias a largo plazo. Sólo tiene en cuenta los supuestos beneficios, e ignora los costes y los quebrantos.

Por supuesto, jamás se podrá llegar de este modo a una evaluación completa de las consecuencias económicas y sociales del intervencionismo. No puede negarse que ciertos individuos o pequeños grupos de individuos puedan a veces verse temporalmente privilegiados o beneficiados como consecuencia de medidas intervencionistas. La cuestión es, sin embargo, qué otros efectos se derivan de estas medidas, sobre todo cuando se intenta, del mismo modo, otorgar privilegios a grandes sectores de la población, o incluso a toda la nación. Es esencial, por tanto, estudiar la totalidad de una política intervencionista, no solamente en sus efectos a corto plazo, también a largo plazo.

Considerar mis planteamientos como una crítica a los estadistas y políticos en el poder sería malinterpretarlos completamente. Mis críticas no se dirigen hacia los hombres, sino hacia la doctrina. Al margen de cuál sea la constitución del país, los gobiernos siempre han perseguido aquella política que la opinión popular consideraba correcta y beneficiosa. Si hubieran intentado enfrentarse a las doctrinas imperantes, pronto habrían tenido que ceder su puesto a aquellos deseosos de complacer las demandas del hombre de la calle. Los dictadores sólo pueden hacerse con el poder y mantenerlo si están respaldados por el beneplácito de las masas. El totalitarismo de nuestra época es producto de la amplia aceptación de la ideología totalitaria; sólo una filosofía diferente puede vencerlo.

Si queremos entender los problemas económicos, tenemos que mantenernos libres de todos los prejuicios y de las opiniones preconcebidas. Si ya de antemano estamos convencidos de que las medidas que propugnamos para beneficiar a ciertos grupos o clases, como por ejemplo los trabajadores o los agricultores, realmente les benefician y no perjudican a otros grupos; y si no estamos dispuestos a abandonar nuestros prejuicios, nunca aprenderemos nada. El verdadero cometido del análisis económico es verificar si las políticas que propugnan los diferentes partidos y grupos de presión conducen realmente a los resultados que sus defensores desean.

No se trata de si el sistema capitalista (es decir, la economía de mercado) es bueno o malo. La verdadera cuestión es si la sustitución de la economía de mercado por otro sistema iría en interés de la mayoría de la gente. Cuando alguien señala alguna circunstancia desfavorable que la economía de mercado no ha sido capaz de eliminar, no prueba por ello que el intervencionismo o el socialismo sean factibles o deseables.

Ciertamente, esta es la crítica menos defendible. Es costumbre culpar al capitalismo de los efectos no intencionados de las políticas encaminadas a su eliminación. El hombre que degusta su café del desayuno no dice «El capitalismo ha traído a mi mesa esta bebida». Pero cuando lee en los periódicos que el gobierno de Brasil ha ordenado la destrucción de parte de la cosecha de café, no dice «Así es el gobierno», sino que exclama «Así es el capitalismo».

Un análisis de los problemas que en este libro se tratan debe observar estrictamente las reglas de la lógica y tiene que evitar todo lo que pueda perturbar el juicio objetivo en relación con las emociones. Por consiguiente, me he abstenido de hacer más ameno este ensayo incluyendo anécdotas acerca de las ridículas paradojas que se desprenden de las políticas económicas contemporáneas. Tengo la certeza de que el lector serio sabrá apreciarlo.

Algunos pueden objetar que no es suficiente estudiar estos problemas desde el punto de vista económico exclusivamente. Estos problemas van, según se dice, más allá de los aspectos meramente económicos, puesto que abarcan la política, la filosofía de la vida y los valores morales. No estoy en absoluto de acuerdo. Todos los argumentos políticos de nuestro tiempo giran alrededor del capitalismo, el socialismo y el intervencionismo. Hay, desde luego, muchas más cosas en la vida. Pero nuestros contemporáneos —no sólo los economistas— han situado el tema de la organización económica en el centro de su pensamiento político. Todos los partidos políticos limitan su atención a los aspectos económicos; recomiendan sus programas con la afirmación de que su puesta en práctica hará más ricos a sus partidarios. Todos los grupos de presión luchan por mejoras económicas; todos los partidos son hoy partidos económicos. Hitler y Mussolini proclaman: «Nosotros, los ‘desposeídos’, salimos a la luz para reclamar nuestra parte de las riquezas de los plutócratas». La propiedad es la obsesión de nuestro tiempo. Nos guste o no, es un hecho cuya existencia no podemos negar.

Por lo tanto, no es la arrogancia o la estrechez de miras lo que lleva al economista a estudiar estos asuntos desde el punto de vista económico. Nadie que no sea capaz de formarse una opinión independiente acerca de la reconocida dificultad y elevada complejidad técnica del problema del cálculo en una economía socialista debería tomar partido en el debate entre socialismo y capitalismo. Nadie debería hablar acerca del intervencionismo si no ha estudiado sus consecuencias económicas. Con esto se pondría fin a la habitual práctica de discutir estos problemas desde el punto de vista de los errores, falacias y prejuicios imperantes. Sería más ameno evitar las verdaderas cuestiones y limitarse a emplear frases al uso y consignas que apelen a los sentimientos. Pero la política es un asunto serio. Quienes no quieran reflexionar sobre su problemática hasta el final, deberían mantenerse alejados de ella.

Ha llegado el momento en que nuestros contemporáneos han de reconsiderar minuciosamente sus ideas políticas. Toda persona capaz de pensar debe admitir con franqueza que las dos doctrinas que durante los últimos veinte años han acaparado exclusivamente el escenario político han fracasado notoriamente. Tanto el antifascismo como el anticomunismo han perdido completamente su significado desde que Hitler y Stalin han dejado de ocultar al mundo su alianza[212].

Espero rendir con este libro un servicio a aquellos que quieran clarificar sus ideas y entender mejor los problemas del mundo de hoy.

No quiero acabar este prólogo sin expresar mi sincero agradecimiento a mis dos colegas, doctores Heinrich Bund y Thomas McManus, quienes me asistieron en la preparación del manuscrito y en su traducción.

LUDWIG VON MISES

Noviembre de 1941

Introducción

1. El problema

Llamamos capitalismo o economía de mercado al sistema de cooperación social que se basa en la propiedad privada de los medios de producción.

Por otra parte, se llama socialismo, comunismo, o economía planificada al sistema de cooperación social basado en la propiedad pública de los medios de producción. Los términos «capitalismo de Estado» o «economía autoritaria» tienen en esencia el mismo significado.

Se afirma con frecuencia que es posible un tercer sistema de cooperación social como forma permanente de organización económica, un sistema de propiedad privada de los medios de producción en el que el gobierno interviene, por medio de mandatos y prohibiciones, en el ejercicio de la propiedad. Se llama a este tercer sistema intervencionismo. Todos los gobiernos que no se declaran abiertamente socialistas tienden a ser hoy intervencionistas, y todos los partidos políticos recomiendan al menos cierto grado de intervencionismo[213]. Se asegura que el sistema intervencionista está tan lejos del socialismo como del capitalismo; que, como una tercera solución a los problemas sociales, está a mitad de camino entre los dos sistemas, y que recoge las ventajas de ambos, evitando los inconvenientes que les son propios.

En este estudio se analizará la cuestión de si realmente tenemos razones para considerar que el intervencionismo es un sistema de cooperación social posible y viable. Intentaremos responder a la pregunta de si el intervencionismo puede conseguir lo que sus defensores esperan de él; si es que no trae, quizá, consecuencias diametralmente opuestas a las que se perseguían con su puesta en práctica.

Tal análisis tiene un valor superior al meramente académico. Con la excepción de los dos países socialistas, la Rusia soviética y la Alemania nazi, el intervencionismo es hoy el sistema económico predominante en todo el mundo. Por tanto, el conocimiento del intervencionismo y sus inevitables consecuencias es un prerrequisito esencial para comprender los problemas económicos actuales.

Nuestra intención es abstenernos de formular juicios de valor en este análisis. Por consiguiente, no nos planteamos la cuestión de si el intervencionismo es bueno o malo, moral o inmoral, recomendable o condenable. Únicamente nos planteamos la cuestión de si, desde el punto de vista de aquellos que desean ponerlo en práctica, el intervencionismo sirve a sus intenciones o más bien las frustra. En otras palabras, ¿consigue su puesta en práctica los fines apetecidos?

Para responder a estas preguntas tenemos ante todo que aclarar el significado de los términos capitalismo, socialismo, gobierno e intervención.

2. Capitalismo o economía de mercado

En la economía capitalista los medios de producción son propiedad de particulares o asociaciones de particulares, como las sociedades mercantiles. Los propietarios usan los medios de producción directamente para producir, o bien los prestan, a cambio de una compensación, a otros que quieran producir con esos bienes. Los particulares o las asociaciones de particulares que producen con fondos propios o prestados se denominan empresarios.

A primera vista, parece que los empresarios deciden qué debe producirse y cómo realizarse esa producción. Sin embargo, como no producen para sus propias necesidades sino para las de todos los miembros de la comunidad, tienen que vender lo producido en el mercado a los consumidores, es decir a aquellos individuos que desean usarlos y consumirlos. El empresario sólo tiene éxito y obtiene beneficios si sabe cómo producir de la forma mejor y más barata —es decir, con un mínimo empleo de material y mano de obra— los artículos más urgentemente demandados por los consumidores. Por lo tanto, son realmente los consumidores, no los empresarios, quienes determinan la dirección y el objetivo de la producción. En la economía de mercado los consumidores son los soberanos. Ellos son los amos, y los empresarios deben esforzarse, por su propio interés, en satisfacer los deseos de los consumidores de la mejor forma que puedan.

Se ha dicho que la economía de mercado es una democracia de consumidores, porque hace posible que las preferencias de los consumidores se expresen en un plebiscito celebrado día a día. Tanto la acción de votar en unas elecciones como la acción de gastar dólares en el mercado son formas de expresar la opinión pública. Los consumidores, comprando o absteniéndose de comprar, deciden el éxito o el fracaso de los empresarios. Son ellos quienes hacen pobres a los empresarios ricos y ricos a los empresarios pobres. Desposeen de los medios de producción a aquellos empresarios que no saben cómo emplearlos del mejor modo en beneficio de los consumidores y los transfieren a quienes saben hacer de ellos un uso mejor. Es cierto que sólo los empresarios que producen bienes de consumo tienen un contacto directo con los consumidores; sólo ellos dependen directamente de las órdenes de los consumidores; sólo ellos reciben directamente sus órdenes. Pero transmiten esas ordenes, y su dependencia de ellas, a los empresarios que producen bienes de capital para el mercado. Los productores de bienes de consumo tienen que comprar donde pueden, al menor coste posible, los bienes de capital necesarios para satisfacer en última instancia las demandas de los consumidores. Si no consiguen abastecerse a los precios más asequibles, o si en la producción no emplean los bienes de capital de forma óptima, serán incapaces de satisfacer los deseos de los consumidores a los precios más asequibles; otros empresarios más eficaces, que tengan un mejor conocimiento de cómo comprar y cómo producir, les expulsarán del mercado. El consumidor, como comprador, tiene la posibilidad de seguir su propio gusto o criterio. El empresario debe abastecer su empresa de la forma que dicte la satisfacción más eficaz de los deseos del consumidor. Si el empresario se aparta de la línea fijada por los consumidores, sus ingresos se resienten; lo que da lugar a pérdidas, poniéndose así en peligro su posición como empresario.

Tal cosa es la cacareada insensibilidad del empresario, que todo lo contabiliza en dólares y centavos. No le queda más remedio que actuar de esta manera por orden de los consumidores, quienes no desean correr con los gastos innecesarios en los que incurran los empresarios. Lo que en el lenguaje corriente se llama economía no es más que la ley que los consumidores imponen a la actividad de los empresarios y sus auxiliares. Son los consumidores, mediante su conducta en el mercado, quienes determinan indirectamente los precios y los salarios y, por consiguiente, la distribución de la riqueza entre los miembros de la sociedad. Sus elecciones en el mercado determinan quién debe ser empresario y propietario de los medios de producción. Con cada dólar que gastan, los consumidores influyen en la dirección, volumen y naturaleza de la producción y la comercialización.

Los empresarios no son una clase o estamento cerrado. Cualquier persona puede convertirse en empresario si tiene la capacidad de prever la evolución futura del mercado mejor que sus conciudadanos, si es merecedor de la confianza de los capitalistas, y si sus intentos de actuar por su cuenta y riesgo y bajo su responsabilidad tienen éxito. Uno se convierte en empresario, literalmente, si da un paso al frente y se expone al escrutinio imparcial que el mercado realiza con todo aquel que quiera convertirse en empresario o permanecer como tal. Todo el mundo tiene la prerrogativa de elegir si desea someterse a este riguroso examen o no. No es necesario esperar a ser llamado; es preciso dar un paso al frente por propia iniciativa, y preocuparse de dónde y cómo se van a obtener los medios para desarrollar la actividad empresarial.

Durante décadas se ha venido afirmando repetidamente que el ascenso de los pobres a la condición de empresario ya no era posible en la etapa del «capitalismo tardío». Nunca ha sido probado este extremo. Desde que esta tesis se proclamó por primera vez, la composición de la clase empresarial ha cambiado de arriba a abajo; una parte considerable de los antiguos empresarios y de sus herederos ha desaparecido, y los empresarios más destacados de hoy son de nuevo lo que solemos llamar hombres hechos a sí mismos. Esta constante renovación de la élite empresarial es tan antigua como la misma economía capitalista y forma parte integral de ella.

Lo que es cierto para los empresarios, también lo es para los capitalistas. Sólo el capitalista que sabe cómo emplear su capital adecuadamente (desde el punto de vista del consumidor), es decir, que sabe cómo invertirlo de forma que los medios de producción se emplearán de la forma más eficaz en servicio de los consumidores, podrá conservar e incrementar su patrimonio. Si no quiere sufrir pérdidas, el capitalista tiene que asignar sus recursos a proyectos que tengan éxito. En la economía de mercado, el capitalista, al igual que los empresarios y los trabajadores, sirve a los consumidores. No parece necesario aclarar en este contexto que los consumidores no son solamente consumidores; la totalidad de los consumidores engloba a la totalidad de los trabajadores, de los empresarios y de los capitalistas.

En un mundo donde las condiciones de la economía no varían, las cantidades exactas que los empresarios gastarían en medios de producción tales como salarios, intereses y alquileres retornarían a ellos posteriormente, incluidas en el precio de sus productos. Los costes de producción igualarían el precio de los productos y los empresarios no obtendrían beneficios ni sufrirían pérdidas. Pero el mundo real cambia constantemente, por lo que toda la actividad industrial es inherentemente incierta y de carácter especulativo. Se producen bienes para cubrir una demanda futura, de la que sabemos positivamente poco en el presente. Es de esta incertidumbre de donde surgen los beneficios y las pérdidas; beneficios y pérdidas que dependen del éxito que los empresarios tengan en la predicción del estado futuro de la demanda. Sólo el empresario que prevea las necesidades futuras de los consumidores mejor que sus competidores obtendrá beneficios.

Es irrelevante para el empresario, como servidor de los consumidores, si los deseos y necesidades de estos son sensatos o descabellados, morales o inmorales. Él produce lo que los consumidores quieren. En este sentido, es amoral. Produce whisky y armas, como también alimentos y vestidos. No es su misión enseñar a razonar a los consumidores soberanos. Si un empresario, por convicciones éticas personales, se abstiene de producir whisky, otros empresarios lo harán siempre y cuando haya demanda de whisky y este se compre. No es que la gente beba whisky porque hay destilerías; sino que hay destilerías porque a la gente le gusta beber whisky. Esto puede parecer deplorable, pero no es la misión de los empresarios mejorar la moralidad del género humano. Y no se les debe culpar si quienes tenían esa misión han fracasado en su tarea.

Por lo tanto, el mercado en la economía capitalista es el proceso que regula la producción y el consumo. Es el centro neurálgico del sistema capitalista. A través de él, las órdenes de los consumidores son transmitidas a los productores, con lo que se asegura un funcionamiento armonioso del sistema económico. Los precios de mercado se sitúan ellos mismos en el nivel que iguala la oferta y la demanda. Cuando aparecen más bienes en el mercado, suponiendo que el resto de factores permanezca invariado, los precios caen; del mismo modo, cuando todo lo demás no varía, si la demanda se incrementa, los precios suben.

Aún hay más. El que en una sociedad basada en la propiedad privada de los medios de producción algunos de esos medios sean de propiedad y gestión pública, no quiere decir que esa sociedad sea un sistema mixto que combina socialismo y propiedad privada. Mientras sólo existan algunas empresas de propiedad pública, permaneciendo el resto en régimen de propiedad privada, las características de la economía de mercado que determinan la actividad económica permanecerán, en esencia, inalteradas. También las empresas de propiedad pública, en su calidad de compradoras de materias primas, bienes intermedios y mano de obra, así como también en su calidad de vendedoras de bienes y servicios, deben adaptarse al mecanismo de la economía de mercado; están sujetas a las mismas leyes del mercado. Para conservar su posición, también ellas deben esforzarse por obtener beneficios o, al menos, por evitar las pérdidas. Cuando se intenta mitigar o eliminar la sujeción a esas leyes, cubriendo con subsidios públicos las pérdidas de estas empresas, lo único que se consigue es cambiar esa sujeción por otra. Esto es así porque los recursos para los subsidios deben sacarse de alguna parte. Pueden obtenerse a través de impuestos; la carga impositiva produce efectos en el mercado, no en el gobierno recaudador; es el mercado y no la agencia tributaria el que decide sobre quién recaerá el impuesto y cómo afectará este a la producción y al consumo. Estos hechos ponen de manifiesto la soberanía del mercado y la inexorable fuerza de sus leyes[214].

3. La economía socialista

En un orden socialista todos los medios de producción son propiedad de la nación. El gobierno decide qué se va a producir y cómo ha de producirse, y distribuye a cada individuo una parte de los bienes de consumo.

Este sistema puede ponerse en práctica de acuerdo con dos modelos diferentes.

Un modelo —que podemos llamar modelo marxista o modelo ruso— es puramente burocrático. Todas las empresas son departamentos del Estado, como las administraciones del Ejército, de la Marina o de Correos. Cada fábrica, tienda o granja mantiene la misma relación con la organización central superior que la que mantiene una estafeta de correos con el sistema postal. Toda la nación constituye un solo ejército de trabajadores en servicio obligatorio; el comandante en jefe de este ejército es el jefe del Estado.

El otro modelo —al que podemos denominar sistema alemán— se diferencia del primero en que, en apariencia y nominalmente, conserva la propiedad privada de los medios de producción, los empresarios y los intercambios en el mercado. Los empresarios realizan compras y ventas, pagan a los trabajadores, contraen deudas y las amortizan, pagando los intereses. Pero sólo son empresarios nominales. El gobierno dice a estos aparentes empresarios qué deben producir y cómo deben producirlo, a qué precios y a quién deben comprar y vender. El gobierno dispone a quién y en qué términos deben confiar los capitalistas sus fondos, y dónde y por qué salario deben trabajar los obreros. Los intercambios en el mercado no son más que una parodia. Como todos los precios, salarios y tipos de interés son fijados por las autoridades, no son más que una mera apariencia; en realidad no son otra cosa que relaciones de cantidades determinadas autoritariamente. Las autoridades, y no los consumidores, dirigen la producción. Se trata de socialismo con la apariencia exterior del capitalismo. Se mantienen los distintivos de la economía capitalista de mercado, pero aquí tienen un significado completamente diferente al que poseen en una verdadera economía de mercado.

Tenemos que llamar la atención sobre esta posibilidad para evitar confundir socialismo con intervencionismo. El intervencionismo, un sistema de economía de mercado lastrada, se diferencia del socialismo precisamente en que aún es una economía de mercado. Las autoridades pretenden influir en el mercado por medio de su poder coactivo, pero no desean eliminar completamente el mercado. Quieren que la producción y el consumo sigan líneas diferentes a las que un mercado sin trabas prescribiría, y pretenden lograrlo introduciendo en el mercado órdenes, directrices y prohibiciones, para cuyo cumplimiento cuentan con el poder y el aparato coactivo.

Pero estas son intervenciones aisladas; no se combinan en un sistema integrado que regule todos los precios, salarios y tipos de interés y donde, por tanto, la orientación de la producción y el consumo recaiga en manos de las autoridades.

No compete a este ensayo plantear la cuestión de si una economía socialista es viable. El objeto de nuestro análisis es el intervencionismo, no el socialismo. Por consiguiente, sólo de pasada señalamos que el socialismo es inviable como sistema económico universal, porque una sociedad socialista sería incapaz de realizar cálculos racionales en materia económica. El cálculo económico que empleamos en la economía capitalista está basado en precios de mercado, que se forman en el mercado para todos los bienes y servicios, incluidos por consiguiente los bienes de capital y los servicios laborales. Sólo con precios monetarios es posible reducir a un denominador común los costes derivados del gasto en distintos bienes y distintas calidades de trabajo, de tal forma que puedan ser comparados con precios ya presentes en el mercado o que puedan estar presentes en él. De este modo es posible establecer, en cifras concretas, el efecto probable de una acción planeada y conocer los efectos reales de las acciones llevadas a cabo en el pasado. En una economía socialista, que no fija precios para los bienes de capital —no hay mercado para los medios de producción porque todos ellos son propiedad del Estado— no habría oportunidad de hacer tales cálculos.

Supongamos, por ejemplo, que el gobierno de un país socialista quisiera construir una casa. La casa puede ser de ladrillo o madera, piedra, hormigón o acero. Cada una de estas opciones, vistas desde la óptica evaluadora del gobierno, presenta distintas ventajas, requiere distinta cantidad de materiales y mano de obra y tiene distinto plazo de ejecución. ¿Por cuál se decidirá el gobierno? No puede reducir la mano de obra a emplear ni las distintas clases de materiales necesarios a un común denominador, por lo que no puede compararlo entre sí. Tampoco puede incorporar a sus cálculos el plazo de ejecución o la vida útil de la casa. Por lo tanto, no puede comparar los costes con los beneficios, o los gastos con los ingresos. Desconoce si sus decisiones al emplear los factores de producción son racionales desde el punto de vista de su propia valoración de los bienes de consumo.

A mediados del siglo pasado, por ejemplo, a un gobierno así se le hubiera presentado la cuestión de restringir la cría de ovejas en Europa para reubicarla en Australia. O la cuestión de si convenía sustituir el caballo por el vapor. ¿De qué medios disponía el gobierno para averiguar si estas u otras innovaciones eran provechosas desde el punto de vista económico?

Sí, dicen los socialistas, pero el cálculo capitalista tampoco es infalible; el capitalista también puede equivocarse. Ciertamente, esto es algo que sucedía en el pasado y volverá a suceder de nuevo, porque toda actividad económica mira hacia el futuro, y el futuro es siempre desconocido. Todos los planes son inútiles cuando las expectativas acerca de los acontecimientos futuros no se cumplen. Pero esta objeción no viene al caso. El día de hoy, calculamos en función de nuestras expectativas presentes acerca del futuro. El problema no radica en el hecho de que el gobierno pueda equivocarse porque no juzga bien el futuro, sino en su incapacidad de hacer cálculos siquiera en función de sus valoraciones y expectativas actuales. Si, por ejemplo, un gobierno emprende la construcción de hospitales para tuberculosos, puede descubrir más tarde, cuando se haya encontrado una forma más simple y eficaz de combatir la enfermedad, que el capital y la mano de obra no fueron sabiamente invertidos. Pero el quid de la cuestión es: ¿cómo puede el gobierno saber hoy la forma más económica de construir hospitales?

Algunos ferrocarriles construidos en torno al año 1900 no se hubieran construido si se hubiera podido prever el desarrollo del tráfico motorizado y de la aviación. Pero el empresario que entonces construía ferrocarriles sabía qué alternativa de construcción debía escoger desde el punto de vista de sus valoraciones y expectativas de aquel tiempo, y sobre la base de los precios de mercado que reflejan las evaluaciones empresariales de la demanda en el futuro. Pero esto es precisamente lo que el gobierno de una comunidad socialista no podrá saber. Ese gobierno será como el capitán de un barco que trata de navegar en alta mar sin los recursos de la ciencia o el arte de la navegación.

Hemos supuesto que el gobierno ha decidido emprender cierto proyecto. Pero incluso llegar a esta decisión requiere cálculo económico. La aprobación para construir una central eléctrica sólo puede darse cuando se llega a la conclusión de que tal proyecto no distraerá recursos productivos de otros usos más urgentes. ¿Cómo se puede asegurar esto sin recurrir al cálculo?

4. El Estado capitalista y el Estado socialista

En una economía de mercado el papel del Estado es la protección de la vida, la salud y la propiedad privada de los ciudadanos contra la violencia o el fraude. El Estado garantiza el funcionamiento armonioso de la economía de mercado por medio de su poder coactivo. Se abstiene, sin embargo, de cualquier interferencia con la libertad de acción de la gente que se ocupa en la producción y la distribución, siempre y cuando tales acciones no impliquen el uso de la violencia o el fraude contra la vida, la salud, la seguridad o la propiedad de otros. Es precisamente este aspecto el que da el carácter de economía de mercado o economía capitalista a una comunidad.

Si los liberales[215], los liberales clásicos, se oponen a la interferencia gubernamental en la esfera económica, es porque tienen la certeza de que la economía de mercado es el único sistema de cooperación social viable y eficiente. Están convencidos de que ningún otro sistema estaría en situación de proporcionar mayor bienestar y felicidad a la gente. Los liberales ingleses y franceses y los padres de la constitución de los EE. UU. insistieron sobre la protección de la propiedad privada, no para fomentar los egoístas intereses de una clase, sino más bien para proteger a toda la gente en conjunto, y porque vieron que en el sistema de la economía de mercado, el bienestar de la nación y de cada individuo estaban mejor asegurados.

Es, por lo tanto, una ingenuidad decir que los defensores de la propiedad privada genuinamente liberales son enemigos del Estado porque quieren ver limitado el campo de actividad del gobierno. No son enemigos del Estado sino adversarios tanto del socialismo como del intervencionismo, porque creen en la superior eficacia de la economía de mercado.

Todavía más ingenuos eran los metafísicos prusianos cuando sostuvieron que el programa de los partidarios de la economía de mercado es negativo. Para esos defensores del totalitarismo prusiano, todo lo que se opusiera a su deseo de crear más empleos públicos era negativo. El programa de los defensores de una economía de mercado sólo es negativo en el sentido en que todo programa es negativo: que excluye otros programas. Precisamente porque los auténticos liberales apoyan decididamente la propiedad privada de los medios de producción y la economía de mercado, están necesariamente en contra del socialismo y del intervencionismo.

Bajo el socialismo, todos los asuntos económicos son responsabilidad del Estado. El gobierno da órdenes a todos los sectores de la producción, como hace con el Ejército o la Marina. No existen esferas de actividad privada; todo lo dirige el gobierno. El individuo se asemeja a un interno de un orfanato o de una penitenciaría. Tiene que hacer el trabajo que se le ordena y sólo puede consumir el lote que le haya asignado el gobierno. Sólo puede leer los libros y periódicos publicados por la editorial del gobierno, y sólo puede viajar si el gobierno le facilita los medios para hacerlo. Tiene que aceptar la ocupación que el gobierno eligió para él, y debe cambiar de ocupación y domicilio cuando el gobierno lo ordene. En este sentido, podemos decir que los ciudadanos de una comunidad socialista no son libres[216].

5. El Estado intervencionista

Bajo un sistema de economía de mercado controlada o intervencionismo, tanto el gobierno como los empresarios son agentes separados que actúan en la esfera económica. El dualismo del mercado y las autoridades también existe en el sistema de la economía controlada. En contraste con el sistema de economía de mercado puro, sin embargo, las autoridades no se limitan a prevenir las perturbaciones que puedan surgir de los intercambios en el mercado. El gobierno mismo interfiere con sus intervenciones puntuales; ordena y prohíbe.

La intervención es una orden específica de la autoridad mediante el recurso al aparato de poder social; obliga al empresario y al propietario de los medios de producción a emplear esos medios de forma distinta a como ellos los hubieran empleado bajo la presión del mercado. La orden puede tomar la forma de mandato o de prohibición. El mandado o la prohibición no tienen que emanar necesariamente del gobierno. Pueden proceder de otras fuentes que, además, aporten su propio mecanismo encargado de vigilar su cumplimiento. Si la autoridad tolera, o incluso apoya, este procedimiento, el resultado es el mismo que si las órdenes provinieran directamente del gobierno. Un gobierno que no desea tolerar tal situación y se opone recurriendo a los resortes del poder a su alcance, si no tiene éxito, significará que otra autoridad ha logrado establecerse desafiando la supremacía gubernamental.

Sin duda, el gobierno tiene poder para dictar tales mandatos y prohibiciones, así como también la capacidad de asegurar su cumplimiento, por medio de la fuerza policial. Pero las cuestiones que nos preocupan en este ensayo son: ¿Permiten estas medidas al gobierno conseguir lo que pretende? ¿Acaso no producirán estas intervenciones resultados que, desde el propio punto de vista del gobierno, son menos deseables que las condiciones en el mercado libre?

Por lo tanto, no nos ocuparemos de la cuestión de si el gobierno está en manos de hombres capaces o incompetentes, elevados o innobles[217]. Ni siquiera el más noble y capaz de los hombres podrá alcanzar su meta si no emplea los medios adecuados.

Tampoco nos toca a nosotros tratar sobre las intervenciones de las autoridades en materia de consumo. Las autoridades pueden, por ejemplo, prohibir temporal o permanentemente el consumo de determinados alimentos —digamos que por razones religiosas o sanitarias—. En tal caso, asumen el papel de protector del individuo. Lo consideran incapaz de velar por sus propios intereses; ellos, sus paternales supervisores, lo protegerán de todo mal.

La cuestión de si las autoridades deben o no actuar de ese modo es materia política, no económica. Si uno cree que la autoridad la otorga Dios y que su misión consiste en actuar como agente de la Providencia para con el individuo, o si uno cree que la autoridad tiene que representar los intereses de la sociedad frente a los intereses en pugna de los individuos egoístas, esta actitud le parecerá justificada. Si las autoridades son más sabias que sus súbditos, de inteligencia limitada; si conocen mejor que el propio individuo qué es lo que potencia su felicidad, o si las autoridades se sienten llamadas a sacrificar el bienestar del individuo para favorecer el del grupo, entonces no debería dudar en fijar metas a las acciones de los individuos.

Desde luego, sería un error creer que la tutela que las autoridades ejercen sobre el individuo se limitará a la esfera de la salud, que se sentirían satisfechas con prohibir o limitar el uso de venenos peligrosos como el opio, la morfina e incluso el alcohol y la nicotina, pero que en otros campos la libertad individual quedará intacta. Una vez que se admite el principio de que las elecciones individuales respecto al consumo deben ser supervisadas y restringidas por las autoridades, la extensión de estos controles dependerá exclusivamente de las autoridades y de la opinión pública que las sostiene. Por lo tanto, oponerse a las tendencias que quieren someter toda la actividad individual al cuidado del Estado es una imposibilidad lógica. ¿Por qué proteger sólo el cuerpo del daño causado por venenos o drogas? ¿Por qué no también proteger nuestras mentes y nuestras almas de doctrinas y opiniones peligrosas que ponen en peligro nuestra salvación eterna? Privar al individuo de la libertad de elección en el consumo conduce a la abolición de toda libertad.

Ahora podemos volver al aspecto económico del problema. Cuando la Economía trata los problemas del intervencionismo contempla sólo aquellas medidas que afectan principalmente a los medios, y no a los fines de la acción. Y no tiene ningún otro patrón con el que juzgar estas medidas que no sea el de si son eficaces para alcanzar los objetivos que las autoridades persiguen. La circunstancia de que las autoridades tengan la facultad de restringir la capacidad de elección del consumidor, pudiendo así alterar los datos del mercado, queda fuera del ámbito de estudio de la Economía.

Por estas razones no nos ocupamos de las medidas autoritarias que apuntan directamente hacia la regulación del consumo y que consiguen su objetivo sin afectar a otros campos. Tomamos las acciones de los consumidores en el mercado y no entramos a considerar en qué medida esas acciones están influidas, si es que lo están, por las autoridades. Aceptamos las valoraciones de los consumidores como un hecho, y no nos preguntamos si los consumidores compran máscaras antigás por su propia iniciativa o porque el gobierno les ha ordenado hacerlo; tampoco nos preguntamos si compran menos bebidas alcohólicas porque prefieran otros bienes o porque el gobierno penalice la ebriedad. Al contrario, nuestro cometido es analizar las intervenciones de las autoridades dirigidas, no hacia los consumidores, sino hacia los propietarios de los medios de producción y los empresarios. Y no nos preguntamos si esas intervenciones están justificadas o son conformes a nuestros deseos o los deseos de los consumidores. Nos limitamos a investigar si esas medidas pueden lograr los objetivos que el gobierno desea alcanzar.

6. Las demandas en pro de una reforma moral

Antes de comenzar, no obstante, parece aconsejable entrar a considerar una doctrina que merece cierta atención, aunque sólo sea porque está respaldada por algunos de nuestros más distinguidos contemporáneos.

Nos referimos a la creencia de que no es necesaria la intervención del gobierno para llevar a la economía de mercado por caminos distintos de los que esta hubiera seguido en ausencia de perturbaciones. Los reformadores sociales cristianos y algunos partidarios de las reformas sociales por motivos éticos creen que la conciencia religiosa y la conciencia moral tienen que guiar a las «buenas» personas también en la esfera económica. Si todos los empresarios se preocuparan no sólo del beneficio y de sus propios y egoístas intereses individuales, sino también de sus obligaciones sociales y religiosas, las órdenes del gobierno no serían necesarias para reconducir las cosas por sus justos cauces. No sería necesaria la reforma del Estado, sino más bien una purificación moral de la Humanidad, un retorno a Dios y a la ley moral, el abandono de los vicios de la insolidaridad y el egoísmo. Entonces, no sería difícil armonizar la propiedad privada de los medios de producción con el bienestar social. Se habría liberado a la economía de las perniciosas consecuencias del capitalismo sin necesidad de que el gobierno hubiera restringido con sus intervenciones la libertad y la iniciativa individuales. Se habría destruido el Moloch capitalista sin necesidad de reemplazarlo por el Moloch estatal.

No es el caso de tratar aquí sobre los juicios de valor subyacentes a esta doctrina. Lo que estos críticos encuentran de objetable en el capitalismo es irrelevante, y los errores y malentendidos que expresan no tienen que preocuparnos. Sólo nos interesa su propuesta de constituir un orden social con el doble fundamento de la propiedad privada de los medios de producción y de una ley moral que delimite el ejercicio de ese derecho de propiedad. Supuestamente este orden social ideal no es ya capitalismo porque los individuos, especialmente los empresarios, los capitalistas y los propietarios ya no toman el beneficio como guía de sus actos, sino que se guían por sus conciencias. Supuestamente, tampoco es intervencionismo, porque no requiere la intervención del gobierno para asegurar el funcionamiento de la maquinaria económica.

En la economía de mercado el individuo es libre en sus acciones en la medida en que la propiedad privada y el mercado se extienden. En ella sólo cuentan sus valoraciones. Prevalece su elección, cualquiera que sea esta. Su acción constituye para los demás participantes en el mercado un hecho que deben tener en cuenta. Las consecuencias de su acción en el mercado se manifiestan en beneficios o pérdidas; que son el único engranaje transmisor de su actividad a la maquinaria de la cooperación social. La sociedad no dice al individuo qué tiene que hacer y qué no; nadie da órdenes ni demanda obediencia, no se emplea la fuerza si no es en defensa de la propiedad privada o el mercado frente a la violencia. La cooperación es el resultado del funcionamiento del mercado. Quienes se niegan a adaptarse lo mejor posible al orden de cooperación social sufren las consecuencias de su rebelión, de su negligencia y de sus errores. Esa coordinación no requiere del individuo más que este actúe en su propio interés. Luego no se necesitan órdenes de una autoridad para decirle qué debe y qué no debe hacer, y no se necesita tampoco el instrumento coactivo para hacer cumplir esas órdenes.

Mas allá del ámbito de la propiedad privada y el mercado se extiende el ámbito de las acciones ilícitas; la sociedad ha erigido allí barreras para la protección de la propiedad privada y del mercado contra la violencia, la estafa y el dolo. Aquí no reina ya la libertad, sino la obligación. No todo está permitido, existe una línea que separa lo lícito de lo ilícito. Aquí el poder policial está preparado para intervenir. Si no fuera así, todo individuo podría infringir libremente las barreras del ordenamiento legal.

Los reformadores cuyas propuestas se discuten aquí quieren establecer normas éticas suplementarias al ordenamiento legal y al código moral diseñadas para mantener y proteger la propiedad privada. Desean que la producción y el consumo sean diferentes a los de un mercado sin trabas, en donde no existen limitaciones a los individuos, salvo la de no violar la propiedad privada. Quieren eliminar las fuerzas que guían los actos individuales en la economía de mercado. Las llaman insolidaridad, egoísmo, afán de lucro y cosas por el estilo, y quieren reemplazarlas por otras fuerzas. Hablan de conciencia, de altruismo, de temor de Dios o de amor fraterno. Y quieren sustituir la «producción por el lucro» por la «producción para el uso». Creen que esto sería suficiente para asegurar la cooperación armoniosa de los hombres en una economía basada en la división del trabajo, por lo que no serían necesarias las intervenciones —mandatos o prohibiciones— de una autoridad.

El error inherente a esta doctrina es que ignora el importante papel que juegan en el mercado fuerzas que ella considera inmorales. Precisamente porque la economía de mercado no exige nada del individuo en lo que se refiere al uso de los medios de producción; precisamente porque el individuo no tiene por qué hacer nada que no sea en su propio interés; precisamente porque la economía de mercado le acepta como es; y precisamente porque su «egoísmo» es suficiente para coordinarle con el conjunto de la cooperación social, su actividad no necesita ser dirigida por normas ni por autoridades que obliguen a observarlas. Si el individuo mira por su propio interés dentro del marco que proporciona la propiedad privada y el mercado, está ya haciendo todo lo que la sociedad espera de él. Al perseguir el beneficio, su acción necesariamente se hace social.

Intentar sustituir el afán de lucro, principio inspirador de la propiedad privada de los medios de producción, por las llamadas motivaciones morales, significa destruir la intencionalidad y la eficacia de la economía de mercado.

No podemos crear un orden social razonable que sustituya a la economía de mercado limitándonos a aconsejar al individuo que siga la voz de su conciencia y que sustituya el egoísmo por el altruismo. No es suficiente proponer que el individuo no compre al precio más bajo y que no venda al precio más alto. Sería necesario ir más allá y establecer normas de conducta que orienten la actividad individual.

El reformador piensa, por ejemplo, que el empresario es duro y egoísta cuando emplea su superioridad para batir a un competidor menos eficiente, forzándole a abandonar su posición como empresario. ¿Pero qué se supone que debe hacer el empresario «altruista»? ¿No debe vender nunca a precios por debajo de los de sus competidores? ¿O, acaso en determinadas circunstancias, se le reconocerá el derecho de vender más barato que sus competidores?

También piensa el reformador: el empresario es duro y egoísta cuando se aprovecha de las condiciones del mercado, negándose a abaratar sus productos lo suficiente como para ponerlos al alcance de los pobres, quienes no pueden pagarlos a los altos precios corrientes. ¿Qué se supone que debe hacer el «buen» empresario? ¿Debe acaso regalar sus productos? En la medida en que fije cualquier precio por ellos, no importa lo bajo que sea, siempre existirá una demanda insatisfecha. ¿Qué compradores potenciales tiene el empresario derecho a excluir de la adquisición de los bienes al insistir en el mantenimiento de un precio determinado?

No procede analizar aquí en detalle las consecuencias de una desviación del precio de mercado. Si al vendedor no se le permite vender a precios más bajos que sus competidores menos eficientes, al menos una parte del inventario quedará sin vender. Si en beneficio de los pobres se espera de él que venda por debajo del precio de mercado, sus existencias no bastarán para satisfacer a todos aquellos que desean pagar sus artículos a bajo precio. Hablaremos más sobre este asunto en nuestro análisis sobre las interferencias en la estructura de precios[218]. De momento, sólo deseamos señalar que no es suficiente decirle simplemente al empresario que no debe guiarse por el mercado. Tendríamos que decirle qué tiene que hacer. Tendríamos que decirle cuánto podría recortar o elevar sus precios. Si la búsqueda del beneficio ya no ha de determinar qué tiene que producir y en qué cantidades, tendríamos que darle órdenes precisas que él tendría que obedecer. Esto significa que su actividad tendrá que ser dirigida por medio de auténticas órdenes de tipo autoritario, las mismas que los reformadores pretendían hacer innecesarias apelando a la conciencia, la moralidad y el amor fraternal.

Cuando hablamos de precios «justos» o de salarios «adecuados» debemos tener presente que el único patrón con el que podemos medir lo justos o lo adecuados que son los precios y los salarios es su compatibilidad con un orden social ideal. Si este orden social ideal se busca fuera de la economía de mercado, no puede entonces alcanzarse con sólo exhortar a los individuos a que sean «justos» en sus acciones. Es necesario especificar qué es justo o injusto en cada caso. Es más, deben dictarse normas que regulen con exactitud todos los casos posibles, y debe establecerse una institución encargada de interpretar con autenticidad esas normas, de hacerlas cumplir, y también de complementarlas y modificarlas cuando sea necesario. Es irrelevante el que esta autoridad sea el terrenal Estado o un clero teocrático.

Los reformadores dirigen su exhortación a renunciar al egoísmo en favor del altruismo a los empresarios y los propietarios, a veces también a los trabajadores. Pero el factor decisivo en una economía de mercado son los consumidores. Son ellos quienes determinan las actitudes de empresarios y propietarios. Los reformadores tendrían que conseguir que el consumidor renunciara a bienes mejores y más baratos para poder proteger a los productores menos eficientes. Los consumidores tendrían que boicotear aquellos bienes cuya venta pone en peligro el mantenimiento de las condiciones que se consideran socialmente deseables. Y los consumidores tendrían que imponerse a ellos mismos restricciones en sus compras para que sus conciudadanos menos opulentos puedan comprar. Si los reformadores esperan esta actitud del consumidor, entonces tendrían que decirle cómo, dónde, y qué debería comprar, y a qué precios. Además, tendrían que tomar medidas para obligar a obedecer al consumidor que no siga las instrucciones. Pero entonces los reformadores habrían incurrido en aquello que precisamente querían evitar, esto es, habrían regulado la economía con órdenes precisas y penalizado su desobediencia.

1. Interferir mediante restricciones

1. La naturaleza de las medidas restrictivas

Medidas restrictivas son aquellas que las autoridades adoptan principalmente con el propósito de apartar la producción, en el sentido más amplio de la palabra —esto es, incluido el comercio y el transporte—, del camino que hubiera seguido en una economía no sometida a trabas. Toda interferencia desvía la producción de los canales que prescribe el mercado, pero la característica peculiar de las medidas restrictivas se halla en el hecho de que ese desvío de la producción es un resultado necesario, no inintencionado, de la intervención, y es ese desvío precisamente lo que la autoridad pretende conseguir. Toda intervención también provoca necesariamente una desviación del consumo respecto del camino que hubiera seguido en una economía de mercado sin trabas. Las medidas restrictivas no son una excepción. Sin embargo, la desviación del consumo no es el objetivo que persiguen quienes imponen medidas restrictivas; su objetivo es influir en la producción. El hecho de que estas medidas influyan también en el consumo es para ellos un efecto secundario que no desean en absoluto, o que aceptan como inevitable.

Las autoridades, a través de medidas restrictivas, prohíben la fabricación de ciertos bienes, prohíben la aplicación de ciertos métodos de producción, o la hacen más difícil y cara. Las autoridades eliminan de este modo algunos de los medios indispensables para la satisfacción de las necesidades humanas. El efecto de la intervención es que las personas se encuentran en una posición en la que sólo pueden emplear sus conocimientos y capacidades, su esfuerzo y sus recursos materiales de una manera menos eficiente. Tales medidas hacen a la gente más pobre.

A pesar de todos los intentos de invalidar el argumento, se trata de un hecho incuestionable. En un mercado sin trabas, existen fuerzas que tienden a asignar todos los medios de producción a los usos que son más beneficiosos para la satisfacción de las necesidades humanas. Cuando las autoridades interfieren en este proceso con el objeto de dar un empleo distinto a los factores productivos, lo único que consiguen es empeorar el abastecimiento, no mejorarlo.

Esto ya ha sido probado de forma excelente e irrefutable, en lo que respecta al grupo más importante de medidas restrictivas, por el amplio estudio que han recibido los efectos provocados por las barreras al comercio internacional. A este respecto, parece superfluo añadir algo más a las enseñanzas de la economía política clásica.

2. Costes y beneficios de las medidas restrictivas

Podría pensarse que los inconvenientes que ocasionan las medidas restrictivas al disminuir la productividad, empeorando consiguientemente el abastecimiento, son compensados con creces por ventajas en otros campos. Las autoridades pueden afirmar, por ejemplo, que la preservación de un grupo de productores menos eficientes es tan importante que el consiguiente recorte en el consumo parece bastante justificado. Podrían considerar justificado encarecerle a la gente el pan, de tal forma que los propietarios de tierras menos fértiles puedan aumentar sus ingresos. Las autoridades podrían también considerar propio de los grandes estadistas prohibir la introducción de determinada maquinaria, con el objeto de proteger a aquellas empresas que no pueden permitirse tales instalaciones por la competencia de industrias mejor equipadas. Prohibiendo los grandes almacenes, las cadenas de tiendas y otras formas similares de organización comercial, las autoridades hacen posible que los pequeños minoristas se mantengan en el mercado, aunque se lesionen los intereses de los consumidores.

Si se adoptan tales medidas con plena consciencia de sus efectos, si las autoridades se dan perfecta cuenta de lo que están haciendo y de los resultados que van a obtener, podría desaprobarse su acción sólo si se desaprueba el objetivo. Pero no es posible considerar que los actos de las autoridades carecen de propósito o de sentido. Desde el punto de vista de sus objetivos y propósitos, sus actos parecen correctos. Para mejorar la situación de los agricultores, imponen una carga en el pan que compran los consumidores; para conseguir este propósito, al imponer un arancel proteccionista o al prohibir la importación de grano y de harina, han escogido los medios adecuados.

Todos sabemos que estas cosas se presentan al público con un enfoque muy diferente. Se intentó con éxito convencer a la opinión pública de que las barreras arancelarias no reducen la oferta, sino que más bien la incrementan. Tanto la protección del pequeño artesano frente a la competencia de los «gigantes», como la protección del pequeño tendero contra la competencia de los grandes almacenes y las cadenas de tiendas, fueron presentadas como medidas en pro del bienestar colectivo que servían para proteger a los consumidores contra la explotación. Esta era la única forma de conseguir un clima favorable para un programa político cuya verdadera esencia radica en la concesión de privilegios y ventajas a determinados grupos sociales, a expensas del resto de grupos de la sociedad.

3. Las medidas restrictivas como privilegios

Se cree que las medidas restrictivas son favorables a los productores, mientras que las políticas cuyo objetivo es no dañar el funcionamiento de los procesos de mercado favorecen a los consumidores. Los defensores de las primeras justifican su postura señalando que el cometido de las autoridades no es adoptar políticas en beneficio de aquellos que sólo se limitan a consumir el producto de los esfuerzos de otra gente; más bien, las autoridades deberían servir al hombre que desempeña un papel activo en la producción. Pero en un sistema basado en la división del trabajo, todos son productores y consumidores. No existen consumidores cuya renta no proceda de la producción. El consumidor es o un empresario, o un propietario de medios de producción, o un trabajador. O bien, como miembro de una familia, es mantenido por un empresario, por un capitalista o por un trabajador. Cada productor, por otro lado, es necesariamente un consumidor. Es una ingenuidad afirmar que tan sólo una simple medida o política protegerá los intereses de los productores contra los intereses de los consumidores. La única afirmación que puede hacerse con propiedad es que casi todas las medidas restrictivas[219] aportan ventajas sólo a un grupo limitado de gente, mientras que perjudican a todos los demás, o al menos a la mayoría. Las intervenciones, por lo tanto, pueden ser consideradas como privilegios que se otorgan a algunos a expensas de otros.

Los privilegios benefician al receptor y perjudican la posición de otros miembros del sistema. Si los privilegios benefician sólo a un número limitado de personas, entonces consiguen su propósito; benefician a esas personas a expensas de otros no favorecidos. Sin embargo, si todos se benefician igualmente, entonces el sistema de privilegios carece de sentido. Si los aranceles proteccionistas benefician sólo a los productores o a varios grupos de productores en una medida diferente, entonces algunos productores disfrutan aún de privilegios. Pero si todos los productores reciben la misma protección, entonces la política proteccionista se vuelve contraproducente. Nadie gana, y todo el mundo pierde.

4. Las medidas restrictivas como gasto público

Podría considerarse que algunas medidas restrictivas están justificadas si se las ve como parte de la política de gasto público, en lugar de verlas como medidas orientadas a la producción y la oferta. Si por amor a la naturaleza, o por fines científicos, queremos preservar una extensión de tierra en su estado natural como parque nacional y, por lo tanto, queremos mantenerla al margen de cualquier fin productivo, podremos contar con la aprobación general siempre y cuando mantengamos este plan dentro de los límites de los presupuestos públicos. Podríamos creer entonces más apropiado no imponer la carga de este gasto a los propietarios de esas tierras sino distribuirla entre todos los ciudadanos comprándoles las tierras en lugar de expropiárselas. Pero esto no es importante de cara a nuestro análisis.

Lo decisivo es el hecho de que consideremos esta proposición desde el punto de vista del gasto, no de la producción.

Este es el único punto de vista correcto que puede asumirse en relación con las medidas restrictivas. Estas medidas, cuyo único efecto posible sólo puede ser el deterioro del abastecimiento, no deben ser consideradas como políticas orientadas hacia la producción. Surten sus efectos en el consumo, pero no en la producción. Las medidas restrictivas jamás pueden dar como resultado la eficiencia económica, nunca pueden estructurar un sistema de producción de bienes, ni tampoco pueden dar lugar a la mejora del abastecimiento. Se puede discrepar sobre si es aconsejable establecer un arancel a la importación de grano para proteger a los Junkers prusianos de la competencia de los agricultores canadienses, quienes cultivan tierras más fértiles. Pero si defendemos un arancel para proteger a los productores de grano prusianos, no estamos recomendando una medida que favorezca la producción o el abastecimiento de grano, sino una medida pensada para subsidiar a los propietarios alemanes de tierra a expensas de los consumidores alemanes de grano. Jamás será posible basar un sistema económico sobre tales subsidios privilegiadores; estas medidas sólo pueden considerarse como gastos de recursos obtenidos por otras vías. Cuando Luis XIV otorgaba con cargo a los ingresos públicos una canonjía a uno de sus favoritos realizaba un gasto; no política económica. El hecho de que las medidas restrictivas no merezcan una consideración diferente de estos privilegios reales queda obscurecido por la técnica con que se ejecutan. Pero esta no cambia la naturaleza esencial de las medidas. Que tales gastos estén justificados o no, no concierne a la evaluación económica; incluso los reyes del ancien régime no siempre concedían favores a hombres indignos.

Indudablemente, hay casos en que las medidas restrictivas parecen justificadas para la mayoría de nuestros ciudadanos. Pero todas las medidas restrictivas se traducen fundamentalmente en gastos. Disminuyen la oferta disponible de medios de producción para otros bienes. En consecuencia, sería contrario a la lógica presentar una economía de mercado lastrada por tales medidas como un sistema diferenciado de cooperación social en contraste con una economía de mercado libre de trabas. Una medida restrictiva debe considerarse como una política de gasto, no como un medio para incrementar la oferta de bienes productivos.

Una vez que reconocemos la verdadera naturaleza de las medidas restrictivas y rechazamos ser confundidos por los ingenuos esfuerzos que pretenden justificarlas como «promoción del bienestar» o incluso «promoción de la producción», descubrimos que los fines perseguidos por esas medidas se alcanzan con frecuencia de un modo mucho más barato por medio de subsidios directos con cargo a los fondos públicos. Si no impedimos a los productores que obtengan el máximo rendimiento posible de los recursos productivos disponibles, no perjudicaremos la productividad de la economía y estaremos en una mejor posición para detraer de una mayor riqueza los medios necesarios para subsidiar a aquellos a quienes deseemos privilegiar.

2. Interferencia por control de precios

1. La alternativa: las medidas autoritarias contra las leyes económicas

Los controles de precios tienen como objetivo fijar precios, salarios y tipos de interés a niveles diferentes de los que prevalecerían en un mercado no intervenido. Las autoridades, o los grupos expresa o tácitamente autorizados por estas con poder para controlar precios, fijan máximos o mínimos. Y para hacer cumplir lo decretado, se emplea la fuerza policial.

El objetivo que subyace a esta interferencia en la estructura de precios del mercado es privilegiar al vendedor (en el caso de precios mínimos) o privilegiar al comprador (en el caso de precios máximos). El precio mínimo hace posible que el vendedor obtenga mejores precios por los bienes que ofrece; el precio máximo permite al comprador adquirir los bienes que desea a un precio menor. Dependerá de las condiciones políticas que el grupo favorecido por las autoridades sea uno u otro. A veces se establecen precios máximos, a veces mínimos; unas veces salarios máximos, otras mínimos. Sólo en los tipos de interés se han fijado únicamente máximos, nunca mínimos. Así lo han exigido siempre las conveniencias políticas.

La ciencia económica se desarrolló a partir de las controversias sobre las regulaciones de precios, salarios y tipos de interés impuestas por los gobiernos. Durante cientos e incluso miles de años, las autoridades han intentado influir sobre los precios recurriendo a sus aparatos de poder. Han impuesto las penas más severas a aquellos que se negaron a obedecer sus órdenes. Las vidas perdidas en esta lucha son innumerables. En ningún otro campo la policía ha empleado su poder con tanto afán, y en ningún otro caso el espíritu vindicativo de las autoridades ha encontrado un respaldo tan entusiasta por parte de las masas. Y sin embargo, todos estos intentos fracasaron en sus objetivos. La explicación que de estos fracasos ha facilitado la literatura filosófica, teológica, política o historiográfica refleja precisamente la opinión de las autoridades y las masas. Se afirmaba que los seres humanos son egoístas y malos por naturaleza, y que las autoridades habían sido demasiado débiles y excesivamente reacias a emplear la fuerza; lo que hacía falta eran gobernantes duros y sin miramientos.

El descubrimiento de la verdad tiene su origen en la observación de los efectos de esas medidas en un campo de aplicación muy concreto. Entre las medidas de control de precios, tienen especial importancia los intentos de las autoridades de imponer a las monedas adulteradas el mismo valor que a las monedas con pleno contenido metálico, y el mantenimiento de un tipo de cambio fijo entre el oro y la plata, después entre el oro y el papel moneda depreciado. Las razones del fracaso de todos estos intentos se descubrieron enseguida, y fueron formuladas en la ley que toma el nombre de Sir Thomas Gresham. Desde este temprano comienzo aún había un largo camino hasta el gran descubrimiento de los filósofos ingleses y escoceses del siglo XVIII de que el mercado sigue ciertas leyes que vinculan en una relación necesaria a todos los fenómenos que en él se dan.

El descubrimiento de las inevitables leyes del mercado y del intercambio fue uno de los más grandes logros de la mente humana. Puso los cimientos para el desarrollo de la sociología liberal e hizo nacer el liberalismo, que trajo con él nuestra cultura y economía modernas. Desbrozó el terreno para los grandes avances tecnológicos de nuestra era. Y fue, al mismo tiempo, el punto de partida de una ciencia sistemática de la acción humana, es decir, de la economía.

Las mentes primitivas distinguían entre el bien y el mal, lo justo y lo injusto en el actuar del hombre. Creían que la conducta humana podía evaluarse y juzgarse con los patrones establecidos de una ley moral heterónoma. Pensaban que la acción humana es libre en el sentido de no estar sujeta a las leyes inherentes de la conducta humana. Argumentaban que el hombre debería actuar de acuerdo con la moral; si actuaba de forma distinta, Dios le castigaría en el más allá, si no en esta vida; las acciones del hombre no tienen otras consecuencias.

Luego no hay límites, en principio, a lo que la autoridad puede hacer mientras que no entre en conflicto con una instancia más poderosa. La autoridad soberana es libre para ejercer el poder siempre y cuando no traspase las fronteras del territorio bajo su soberanía; puede llevar a término todo lo que desee. Existen leyes físicas que no puede cambiar; pero en la esfera social no existen límites a lo que puede realizar.

La ciencia de la Economía Política dio su primer paso con el descubrimiento de que existe otro límite a la soberanía de los que ocupan el poder. El economista mira más allá del Estado y de su aparato de poder y descubre que la sociedad humana es el resultado de la cooperación. Descubre que en el ámbito de la cooperación social actúan leyes que el Estado no puede modificar. Advierte que el proceso de mercado, resultado de esas leyes, determina los precios y proporciona el fundamento de la cooperación humana. Los precios ya no son el resultado de la actitud arbitraria de los individuos basada en su sentido de la justicia, sino que se les identifica como el resultado necesario e inequívoco del juego de las fuerzas del mercado. Cada constelación de datos concreta produce una estructura de precios específica como inevitable corolario. No es posible variar esos precios —los precios «naturales»— sin haber modificado previamente los datos. Toda desviación del precio «natural» desencadena fuerzas que tienden a devolver al precio a su posición «natural».

Esta opinión se opone frontalmente a la creencia de que la autoridad puede alterar los precios a voluntad con sus órdenes, prohibiciones y castigos. Si los precios están determinados por la estructura de los datos, si son el elemento del proceso que hace efectiva la cooperación social y al que se subordinan las actividades de todos los individuos para satisfacer las necesidades de todos los miembros de la comunidad, entonces una modificación arbitraria de los precios —esto es, una modificación independiente de los cambios en los datos— ha de crear necesariamente perturbaciones en la cooperación social. Es verdad que un gobierno fuerte y decidido puede imponer decretos sobre precios y puede tomarse cruel venganza sobre quienes no los obedezcan. Pero no conseguirá el objetivo que persigue a través de esos decretos. Su intervención no es más que uno de los datos del proceso, la cual produce ciertos resultados de acuerdo con las ineludibles leyes del mercado. Es extremadamente improbable que al gobierno le agraden esos resultados; y es extremadamente improbable que cuando esos resultados aparezcan, el gobierno no los juzgue menos deseables incluso que las condiciones iniciales que pretendía modificar. En ningún caso tales medidas consiguen lo que la autoridad se propone. Las intervenciones en los precios son, pues, desde el punto de vista de la autoridad que las pone en práctica, no sólo ineficaces e inútiles, sino también contrarias al objetivo inicial, dañinas y, por consiguiente, ilógicas.

Quien pretenda refutar la lógica de estas conclusiones está negando la posibilidad del análisis en materia económica. En tal caso, no existiría la ciencia económica y todo lo que se ha escrito sobre Economía no tendría sentido. Si las autoridades pueden fijar los precios sin dar lugar a una reacción en el mercado contraria a sus intenciones, entonces es inútil tratar de explicar los precios a partir de las fuerzas del mercado. La verdadera esencia de esta explicación reside en la hipótesis de que a cada configuración del mercado le corresponde una estructura de precios y que en el mercado operan fuerzas que tienden a restaurar esa estructura «natural» si se la perturba.

En su defensa de los controles de precios, los representantes de la Escuela Histórica de Economía Política, y en nuestros días los institucionalistas, razonan muy lógicamente desde su punto de vista porque no admiten la teoría económica. Para ellos, la Economía no es más que un conjunto de órdenes y medidas autoritarias. Es ilógico, sin embargo, el proceder de quienes estudian, por un lado, los problemas del mercado con los métodos del análisis teórico, y por otro, se niegan a admitir que los controles de precios producen inevitablemente resultados contrarios a los pretendidos.

La única alternativa son las leyes estatales o las leyes económicas. O los individuos pueden determinar arbitrariamente los precios en el mercado y, por lo tanto, la autoridad puede encauzar los precios en la dirección que desee; o bien los precios los determinan las fuerzas del mercado, conocidas habitualmente como oferta y demanda, y las intervenciones de la autoridad inciden en el mercado tan sólo como uno de tantos factores. No existe término medio entre estos dos puntos de vista.

2. La reacción del mercado

Los controles de precios paralizan el funcionamiento del mercado. Destruyen el mercado. Privan a la economía de mercado de su fuerza motriz y provocan su colapso.

La estructura de precios del mercado se caracteriza por su tendencia a equilibrar la oferta y la demanda. Si la autoridad intenta fijar precios diferentes a los del mercado, la tendencia al equilibrio deja de prevalecer. En el caso de precios máximos, hay compradores potenciales que no pueden comprar, aun a pesar de que estén dispuestos a pagar el precio fijado por las autoridades, o incluso un precio mayor. O bien —en el caso de precios mínimos— hay vendedores potenciales que no encuentran compradores, aun estando dispuestos a vender al precio establecido por las autoridades, o incluso a precios menores. El precio ha dejado de ser el medio de seleccionar qué compradores y vendedores potenciales pueden comprar o vender y cuáles no. Ha entrado en funcionamiento un criterio de selección diferente. Puede consistir en que sólo aquellos que lleguen primero o quienes ocupen una posición privilegiada derivada de circunstancias especiales (contactos personales, por ejemplo) sean los únicos que finalmente puedan comprar y vender. Pero también puede suceder que sean las propias autoridades quienes se encarguen de regular la distribución. En cualquier caso, el mercado ya no es capaz de organizar la distribución de los bienes hacia el consumidor. Si se quiere evitar el caos, y si no se quiere dejar que el azar o la fuerza determinen el resultado de la distribución, la autoridad debe encargarse de la tarea empleando algún sistema de racionamiento.

Pero el mercado no sólo se ocupa de distribuir una cantidad dada de bienes listos para el consumo. Su principal tarea consiste en dirigir la producción. El mercado asigna los medios de producción a aquellos usos que cubran las necesidades más urgentes. Si se fijan precios máximos por debajo del precio de mercado ideal para ciertos bienes de consumo solamente, sin que al mismo tiempo se regulen también los precios de todos los bienes de producción complementarios, entonces aquellos bienes de producción que no sean completamente específicos se emplearán con mayor intensidad en la producción de otros bienes de consumo cuyo precio no esté controlado. De este modo, la producción se desviará de los bienes más urgentemente demandados por el consumidor hacia otros bienes que, desde el punto de vista del consumidor, son menos importantes, pero que, sin embargo, se hallan libres de regulaciones. Si la intención de las autoridades era facilitar el acceso a esos bienes urgentemente demandados tasándolos con precios máximos, entonces la medida es un fracaso. La producción de esos bienes se restringirá o cesará completamente. Tampoco tendría mucho efecto fijar los precios de los bienes complementarios, a no ser que todos los bienes complementarios tengan un uso tan específico que sólo puedan emplearse para producir los bienes de consumo con precio tasado. Puesto que el trabajo no posee esa característica, podemos omitirlo en nuestras consideraciones. Si la autoridad se resiste a aceptar el hecho de que el resultado de sus medidas para abaratar un bien es que la oferta de ese bien cesa completamente, entonces la autoridad no puede limitarse a intervenciones que afecten solamente a los precios de todos los bienes y servicios necesarios para su producción. Tiene que ir más lejos e impedir que el capital, el trabajo y la actividad empresarial abandonen esa línea de producción. Debe fijar los precios de todos los bienes y servicios, así como también los tipos de interés. Y debe impartir órdenes concretas especificando qué bienes deben producirse, de qué forma hay que hacerlo y a quién deben venderse.

Un control de precios aislado no consigue influir en el funcionamiento de la economía de mercado del modo que pretenden quienes lo adoptan; resulta —desde su punto de vista— no sólo inútil, sino también contraproducente, porque agrava el «mal» que querían aliviar. Antes de que el control de precios entrara en vigor, el precio del bien era, en opinión de la autoridad, demasiado caro; ahora ha desaparecido del mercado. Pero no era esta la intención de la autoridad, que tan sólo quería abaratar el bien para el consumidor. Antes al contrario, desde su punto de vista debemos considerar la falta del bien, su no disponibilidad, como un mal mayor; el objetivo de la autoridad era incrementar la oferta, no disminuirla. Por lo tanto, podemos decir que un control de precios aislado contradice su propio objetivo, y que un sistema de política económica que se base en tales medidas es vano y contraproducente.

Si para remediar los males creados por esa intervención aislada la autoridad no desea cancelar el control de precios, entonces debe acompañar este primer paso con medidas de mayor alcance. Es preciso añadir otras órdenes a la orden inicial de no cobrar precios más altos que los decretados —la orden de vender todo el inventario, instrucciones sobre a quién vender y en qué cantidad, controles de precios que comprendan bienes complementarios[220] y salarios, trabajo obligatorio, controlar el tipo de interés y, finalmente, órdenes de producir e instrucciones acerca de las posibilidades de inversión para los propietarios de medios de producción—. Estas regulaciones no pueden quedar restringidas a una rama o unas pocas ramas de la producción, deben cubrirla por completo. Tienen, necesariamente, que regular los precios de todos los artículos, los salarios, y la actividad de todos los empresarios, capitalistas, terratenientes y trabajadores. Pero esto significa que la dirección de toda la producción y la distribución queda en manos de las autoridades. La economía de mercado, intencionadamente o no, se ha transformado en una economía socialista.

Sólo existen dos situaciones en las que los controles de precios pueden emplearse eficazmente a pequeña escala:

1. El control de precios conduce a una restricción de la producción porque hace imposible para el productor marginal producir sin pérdidas. Los factores de producción no especializados se trasladan a otras ramas de la producción. Los factores de producción altamente especializados, que bajo precios de mercado se empleaban en la medida que permitían las oportunidades de usos alternativos de los factores complementarios no especializados, ahora se emplearán en menor escala; una parte de ellos no se empleará. Pero si la cantidad de factores altamente especializados es tan limitada que en un contexto de precios de mercado están completamente empleados, entonces existe cierto margen para que las autoridades puedan ordenar reducciones de precios. La fijación del precio no causa una restricción de la producción mientras no absorba por completo el total de renta de los productores marginales. Una intervención que no vaya más allá de este límite no disminuye la oferta. Pero al tiempo que se incrementa la demanda, provoca desajustes entre la oferta y la demanda que conducen a una situación caótica, a menos que las mismas autoridades se encarguen de la distribución de los productos entre los respectivos compradores.

Un ejemplo: la autoridad debe establecer alquileres máximos para apartamentos y para almacenes en zonas urbanas céntricas. Si la autoridad no llega tan lejos como para hacer más atractiva para los propietarios la utilización agrícola del suelo, esta acción no hará disminuir la oferta de apartamentos y almacenes[221]. Sin embargo, a los precios fijados por la autoridad, la demanda excederá a las disponibilidades. Cómo distribuyan las autoridades esas disponibilidades limitadas entre quienes estén dispuestos a pagar el alquiler tasado, es irrelevante. No importa cuál sea la distribución, el resultado será detraer una parte de los ingresos del propietario del suelo para dársela a los inquilinos. La autoridad ha tomado riqueza de unos individuos para dársela a otros.

2. La segunda situación en la que los controles de precios pueden emplearse con cierto grado de eficacia es en el caso de precios de monopolio. El control de precios puede tener éxito en este caso si no intenta rebajar los precios por debajo del nivel al que se situaría el precio competitivo en un mercado sin monopolios ni restricciones. En el caso de precios de monopolio establecidos por un cártel internacional de productores de mercurio, una autoridad mundial (o internacional) puede forzar con éxito controles de precios que hagan bajar el precio del mercurio por debajo del punto al que se vendería si compitieran varios productores. Por supuesto, lo mismo cabe decir en el caso de monopolios institucionales. Si una intervención de las autoridades ha creado las condiciones necesarias para que existan precios de monopolio, un nuevo decreto puede destruirlas de nuevo. Si mediante el reconocimiento de un derecho de patente un inventor estuviera en situación de fijar precios de monopolio, entonces la autoridad puede también retirar el privilegio previamente reconocido fijando un precio para el artículo patentado que sólo sería posible en un orden competitivo. Así, la tasación de precios era eficaz en tiempo de los gremios, cuyo objetivo eran los precios de monopolio. Luego puede también ser eficaz contra los cárteles, nacidos de los aranceles proteccionistas.

A las autoridades les gusta evaluar de modo optimista los efectos de sus actuaciones. Si la tasación de precios tiene el efecto de que bienes de inferior calidad van sustituyendo a los de mejor calidad, las autoridades están muy dispuestas a ignorar la diferencia de calidad e insisten en la ilusión de que sus intervenciones han tenido el efecto deseado. A veces, y de forma temporal, puede alcanzarse un pequeño éxito, aunque el precio a pagar es altísimo. Los productores de bienes afectados por la tasación de precios pueden optar por soportar las pérdidas durante cierto tiempo en lugar de afrontar nuevos riesgos; pueden temer, por ejemplo, que sus fábricas sean saqueadas por las masas soliviantadas y que el gobierno no pueda ofrecer una protección adecuada. En tales circunstancias, el control de precios puede conducir al consumo de capital y así, indirectamente, al deterioro en el abastecimiento de productos.

Si se excluyen las dos excepciones mencionadas, los controles de precios no son el instrumento adecuado para que las autoridades encaucen la economía de mercado dentro de los canales que ellas desean. El poder de las fuerzas del mercado demuestra ser superior al de las autoridades. Ellas tienen que enfrentarse a la alternativa de aceptar la ley del mercado tal como es, o intentar sustituir el mercado y la economía de mercado por un sistema sin mercado, esto es, por el socialismo.

3. Salarios mínimos y desempleo

De entre las políticas de fijación de precios, la estructura de salarios determinada por la actividad sindical es de la mayor importancia práctica. En algunos países los gobiernos directamente han establecido salarios mínimos. En otros países, los gobiernos intervienen en la fijación de salarios sólo de forma indirecta, dando su aquiescencia a la presión activa de los sindicatos y sus miembros sobre las empresas y sobre aquellos que no respetan sus órdenes en materia salarial y desean trabajar. Los salarios fijados de forma autoritaria provocan el desempleo permanente de una parte considerable de la fuerza laboral. De nuevo aquí, el gobierno interviene frecuentemente otorgando subsidios al desempleo.

Cuando hablemos de salarios nos referiremos siempre a salarios reales, no monetarios. Es obvio que a una variación en el poder adquisitivo de la unidad monetaria le sigue siempre, tarde o temprano, una variación en la tasa de salarios nominales.

Los economistas siempre han tenido muy presente que también los salarios son un fenómeno de mercado, y que en el mercado existen fuerzas que tienden a devolverlos al punto acorde con las condiciones allí existentes en el caso de que estos se alejen de la tasa de mercado. Si los salarios caen por debajo del nivel que el mercado prescribe, entonces la competencia entre empresarios que buscan trabajadores volverá a elevarlos. Si los salarios se elevan por encima del nivel de mercado, una parte de la demanda de servicios laborales desaparecerá y la presión de quienes han quedado desempleados hará que los salarios disminuyan de nuevo. Hasta Carlos Marx y los marxistas han sostenido siempre la imposibilidad de que los sindicatos eleven permanentemente los salarios de los trabajadores por encima del nivel establecido por las condiciones del mercado. Los defensores del sindicalismo nunca han contestado a este argumento. Se han limitado a condenar la Economía como «ciencia lúgubre».

Negar que unos salarios por encima del nivel que el mercado prescribe han de conducir necesariamente a la reducción del número de trabajadores empleados es lo mismo que afirmar que la cuantía de la oferta laboral no influye en los salarios. Unas pocas consideraciones probarán lo falaz de tales afirmaciones. ¿Por qué los tenores de ópera reciben una paga tan elevada? Porque la disponibilidad de tenores es muy pequeña. Si fuera tan grande como la de chóferes, sus ingresos, de acuerdo con la demanda, se hundirían inmediatamente al nivel del salario de los chóferes. ¿Qué hace un empresario si necesita trabajadores especialmente cualificados, de los que sólo hay un número limitado disponible? Eleva su oferta salarial para persuadir a esos trabajadores de que abandonen las empresas competidoras y así atraerse aquellos que él busca.

Mientras que sólo una parte de la fuerza laboral, sobre todo trabajadores cualificados, esté afiliada a un sindicato, la subida de salarios forzada por los sindicatos no provoca desempleo, sino que ocasiona un descenso de los salarios de la mano de obra no cualificada. Los trabajadores cualificados que pierden su trabajo como consecuencia de la política salarial de los sindicatos entran en el mercado de mano de obra no cualificada y, por lo tanto, incrementan la oferta. La consecuencia de unos salarios más altos para los trabajadores organizados es unos salarios más bajos para los trabajadores no organizados. Pero tan pronto como todos los trabajadores en todos los sectores de la economía se organizan, la situación cambia. Los trabajadores que pierden el empleo ya no pueden encontrar trabajo en otras industrias; permanecen desempleados.

Los sindicatos ratifican la validez de este punto de vista cuando intentan impedir la entrada de trabajadores en su sector productivo o en su país. Cuando los sindicatos rehúsan admitir nuevos miembros o hacen su admisión más difícil con elevadas cuotas iniciales, o cuando se oponen a la inmigración, ellos mismos demuestran su convicción de que si descendieran los salarios, un número mayor de trabajadores podría encontrar empleo.

También cuando recomiendan la expansión del crédito como medio de reducir el desempleo, los sindicatos admiten la exactitud de la teoría salarial de los economistas, a quienes en otros casos despachan con el calificativo de «ortodoxos». La expansión del crédito reduce el valor de la unidad monetaria y, en consecuencia, hace que suban los precios. Si los salarios monetarios permanecen estables o, al menos, no suben en la misma proporción que los precios de los bienes, esto implica una reducción de los salarios reales. Y la reducción de los salarios reales hace posible emplear a más trabajadores.

Finalmente, tenemos que considerar un tributo a la teoría «ortodoxa» sobre salarios el que los sindicatos se impongan a sí mismos restricciones en lo que se refiere a la fijación de los salarios. Los mismos métodos por los que los sindicatos fuerzan al empresario a pagar salarios un diez por ciento por encima de los que prevalecerían en una economía sin trabas harían posible unos salarios todavía mayores. ¿Por qué, entonces, no pedir incrementos del 50 o del 100 por cien? Los sindicatos se abstienen de tal política porque saben que un número aún mayor de sus miembros perderían el empleo.

Para el economista, los salarios son un fenómeno de mercado; su visión es que los salarios están determinados en todo momento por los datos corrientes acerca de la oferta en el mercado de medios físicos de producción y de servicios laborales, y por la demanda de bienes de consumo. Si los salarios se fijan, por intervención, a un nivel más alto que el que se deriva de las condiciones del mercado, una parte de la oferta de trabajo[222] no podrá ser empleada; el desempleo se incrementa. Es precisamente la misma situación que se da en el caso de las mercancías. Si los propietarios de esas mercancías demandan un precio por encima del de mercado, no podrán vender la totalidad de sus existencias.

Si, por el contrario, tal y como sostienen los defensores de la fijación de salarios por parte de los sindicatos o del gobierno, no es el mercado lo que determina en última instancia los salarios, surge la siguiente cuestión: ¿por qué no hacer que los salarios sea aún más altos? Que los trabajadores tengan ingresos lo más altos posible es, sin duda, algo deseable. ¿Qué es lo que detiene entonces a los sindicatos, si no es el temor a un desempleo más elevado?

Los sindicatos contestan diciendo que no persiguen salarios altos, sino salarios «justos». Pero ¿qué significa «justos» en este caso? Si incrementar los salarios mediante una intervención no provoca efectos que puedan lesionar los intereses de los trabajadores, entonces es una injusticia, ciertamente, no incrementarlos aún más. ¿Qué impide a los sindicatos y a los miembros del gobierno, a quienes les está confiado el arbitraje de los conflictos salariales, subir los salarios todavía más?

En algunos países se quería que los salarios quedaran fijados de tal forma que supusieran la confiscación de todos los ingresos de los empresarios y de los capitalistas, excepto los salarios por la actividad de gestión, para ser distribuidos entre los asalariados. Para lograrlo, se dictaron órdenes prohibiendo el despido de trabajadores sin una autorización especial del gobierno. A corto plazo, esta medida permitía eludir un incremento del desempleo. Pero provocaba otros efectos a largo plazo contrarios a los intereses de los trabajadores. Si empresarios y capitalistas no reciben beneficios e intereses, no pasarán hambre ni mendigarán, vivirán del capital acumulado. Sin embargo, el consumo de capital cambia la proporción entre capital y trabajo, disminuyendo así la productividad marginal del trabajo y conduciendo, en última instancia, a unos salarios menores. Va en el propio interés de los asalariados que nunca se consuma capital.

Debe señalarse que las anteriores afirmaciones se refieren a un campo tan sólo de la actividad sindical, es decir, a su política de fijación de salarios por encima de las tasas que hubieran prevalecido en un mercado no controlado. Las demás actividades que los sindicatos lleven o puedan llevar a cabo no hacen al caso.

4. Las consecuencias políticas del desempleo

El desempleo, como fenómeno permanente de considerable magnitud, se ha convertido en el principal problema de los países democráticos. Que millones de personas estén permanentemente excluidas del proceso productivo es una circunstancia que no puede tolerarse ni un solo instante. El parado quiere trabajar y ganar dinero porque considera que las posibilidades que le ofrece un salario son mayores que el dudoso valor de un ocio permanente en la pobreza. Se desespera porque es incapaz de encontrar trabajo. Es de entre los desempleados de donde los aventureros y los aspirantes a dictadores seleccionan sus tropas de asalto.

La opinión pública juzga la presión del desempleo como una prueba del fracaso de la economía de mercado. La gente cree que el capitalismo ha demostrado su incapacidad para resolver los problemas que plantea la cooperación social. El desempleo surge como la inevitable consecuencia de las antinomias, de las contradicciones de la economía capitalista. Pero la opinión pública no llega a advertir que la verdadera causa del desempleo masivo y prolongado hay que buscarla en la política salarial de los sindicatos y en el apoyo que a esa política otorga el gobierno. La voz del economista no llega al público.

El hombre corriente siempre ha creído que el progreso tecnológico privaba a la gente de su medio de vida. Por esta razón, los gremios perseguían a todos los inventores; por esta razón los artesanos destruían las máquinas. Hoy día los que se oponen al progreso tecnológico cuentan con el apoyo de hombres considerados comúnmente como científicos. En libros y artículos se afirma que el desempleo tecnológico es inevitable, al menos en el sistema capitalista. Para combatir el desempleo se recomienda reducir la jornada de trabajo; puesto que los salarios semanales permanecen estables o descienden en menor proporción, o incluso se incrementan, esto significa, en la mayoría de los casos, un incremento mayor de las tasas salariales y, por lo tanto, un mayor desempleo. Los proyectos de obras públicas también se recomiendan como medios para proporcionar empleo. Pero si los fondos necesarios se reúnen por medio de bonos del gobierno o a través de impuestos, la situación no cambia. Los fondos empleados en los proyectos de ayuda deben ser retirados de otros procesos productivos, el incremento de las oportunidades de empleo queda contrarrestado por un descenso de esas oportunidades en otros sectores de la economía.

En último lugar, se recurre también a la expansión crediticia y a la inflación. Pero con precios en ascenso y salarios reales en descenso, las demandas sindicales de salarios más altos se aceleran. Sin embargo, tenemos que señalar que las devaluaciones y medidas inflacionarias similares han tenido, en algunos casos, éxito en aliviar temporalmente los efectos de la política salarial de los sindicatos y en detener por un tiempo el crecimiento del desempleo.

En comparación con el ineficaz tratamiento que del problema del desempleo hacen los países tradicionalmente llamados democráticos, la política de las dictaduras parece extremadamente eficaz. El desempleo desaparece si se introduce el trabajo obligatorio, incorporando a los desempleados al ejército o a otras unidades militares, a campos de trabajo y servicios obligatorios similares. Los trabajadores en estos servicios tienen que conformarse con salarios que están muy por debajo de los de otros trabajadores. Gradualmente, se intenta perseguir una nivelación de los tipos de salario elevando los sueldos de los trabajadores de estos servicios y disminuyendo los del resto de los trabajadores. El éxito político de los países totalitarios se basa sobre todo en los resultados obtenidos en la lucha contra el paro.

3. Inflación y expansión del crédito

1. La inflación

Inflacionismo es aquella política que persigue elevar los precios y los salarios monetarios o contrarrestar la amenaza de un descenso de los precios como consecuencia de un incremento en la oferta de bienes de consumo.

Para entender el significado económico del inflacionismo tenemos que hacer referencia a una ley fundamental de la teoría monetaria. Esta ley dice lo siguiente: El servicio que el dinero presta a la comunidad económica es independiente de la cantidad. No importa si la cantidad absoluta de dinero en una economía cerrada es grande o pequeña. A la larga, el poder adquisitivo de la unidad monetaria se establecerá por sí solo en el punto en que la demanda de dinero sea igual a la cantidad. La circunstancia de que a todo individuo le gustaría tener más dinero no debe engañarnos. Todo el mundo quiere ser más rico, tener más bienes, y este deseo se expresa diciendo que se quiere más dinero. Pero si recibiéramos una suma adicional, la gastaríamos incrementando nuestro consumo o nuestras inversiones; a la larga, no incrementaríamos en absoluto nuestros saldos de efectivo, o bien no los incrementaríamos significativamente en relación con nuestras mayores disponibilidades de bienes y servicios. Es más, la satisfacción que se deriva de la recepción de dinero adicional dependerá de si se recibe una parte mayor que la de los demás, y de si se recibe antes. Un habitante de Berlín, que en 1914 hubiera exultado con la perspectiva de recibir una herencia inesperada de 1000 marcos, en el otoño de 1923 no se habría inmutado por una suma de 1 000 000 000 de marcos.

Si dejamos a un lado la función del dinero como patrón de pagos aplazados, esto es, el hecho de que hay derechos y obligaciones expresadas en cantidades fijas de dinero con vencimiento en el futuro, es fácil darse cuenta de que en una economía cerrada no importa si la cantidad total de dinero es x millones de unidades monetarias o 100x millones. En el segundo caso, los precios y los salarios se expresarán simplemente en cantidades mayores de esa unidad monetaria.

Lo que los defensores de la inflación desean y a lo que los partidarios del dinero sano se oponen no es el resultado final de la inflación, es decir, el incremento de la cantidad de dinero por sí mismo, sino más bien los efectos del proceso por el que el dinero adicional entra en el sistema económico y hace variar gradualmente precios y salarios. Las consecuencias sociales de la inflación son dobles: (1) el significado de todos los pagos diferidos se ve alterado en beneficio de los deudores y en perjuicio de los acreedores; (2) los cambios en los precios no ocurren simultáneamente ni tampoco en la misma medida para cada bien o servicio concreto. Por lo tanto, mientras que la inflación no haya ejercido por completo sus efectos en precios y salarios, habrá grupos que ganen y grupos que pierdan. Los que ganan son quienes pueden vender los bienes y servicios que ofrecen a precios más altos, mientras que pagan a los precios antiguos los bienes y servicios que compran. Por el otro lado, los que pierden son quienes tienen que pagar precios más altos mientras que reciben precios bajos por sus propios productos y servicios. Si, por ejemplo, el gobierno incrementa la cantidad de dinero para pagar el gasto en armamento, los empresarios y los trabajadores de las industrias bélicas serán los primeros en obtener ganancias de la inflación. Los otros grupos sufrirán los incrementos de precios hasta que los precios de sus productos y servicios se eleven también. Es en este retraso en la variación de los precios de los distintos bienes y servicios en lo que se basa el efecto potenciador de las exportaciones e inhibidor de las importaciones generado por la reducción del poder adquisitivo de la moneda nacional.

Puesto que la naturaleza de los efectos que los inflacionistas buscan con la inflación es sólo temporal, nunca hay suficiente inflación desde su punto de vista. Una vez que la cantidad de dinero deja de incrementarse, los grupos que cosechaban ganancias durante la inflación pierden su posición privilegiada. Puede que conserven las ganancias adquiridas durante la inflación, pero ya no podrán obtener más. El incremento gradual de los precios de los bienes que con anterioridad eran más baratos comparativamente equilibra ahora su posición, porque en su calidad de vendedores ya no pueden esperar que los precios que ellos cobran suban más. En consecuencia, el clamor en pro de la inflación persistirá.

Pero, por otro lado, la inflación no puede continuar indefinidamente. Tan pronto como el público advierte que el gobierno no tiene la intención de parar la inflación, que la cantidad de dinero continuará creciendo sin que puedan preverse límites, y que, consecuentemente, los precios monetarios de todos los bienes y servicios continuarán su escalada sin posibilidad de detenerlos, todo el mundo se inclinará a comprar todo lo que pueda y reducirá al mínimo su tenencia de efectivo. Mantener efectivo en tales condiciones implica incurrir no sólo en la habitual pérdida de intereses, sino también en considerables pérdidas derivadas de la disminución del poder adquisitivo del dinero. Como las ventajas de mantener dinero en efectivo se adquieren con sacrificios tan grandes, todo el mundo restringe más y más sus saldos de efectivo. Durante las grandes inflaciones de la Primera Guerra Mundial, este proceso se denominó «una huida hacia los bienes» y como el crack-up boom. El sistema monetario se sitúa al borde del colapso; sobreviene el pánico, que acaba en una completa desvalorización del dinero. Se recurre al trueque o a un nuevo tipo de dinero. Algunos ejemplos de este proceso son los continentales en 1781, los asignados franceses en 1796, y el marco alemán en 1923.

Se emplean muchos argumentos falsos para defender el inflacionismo. El menos dañino es la afirmación de que una inflación moderada no hace demasiado daño. Es preciso admitirlo. Una pequeña dosis de veneno es menos perniciosa que una dosis grande. Pero no hay ninguna justificación para administrar el veneno en primera instancia.

Se dice que en ocasión de una gran emergencia puede justificarse el recurso a medidas que, en condiciones normales, no se contemplarían. Pero ¿quién decide si la emergencia es lo suficientemente grave como para requerir la aplicación de medidas peligrosas? Todo gobierno y todo partido político en el poder tiende a considerar las dificultades a que se enfrenta como especialmente extraordinarias, y a concluir que cualquier medio para combatirlas está justificado. El toxicómano, que dice que se abstendrá a partir de mañana, nunca vencerá la adicción. Debemos adoptar una política sana hoy, no mañana.

Con frecuencia se afirma que no es posible un proceso inflacionario mientras existan trabajadores desempleados y máquinas inactivas. También esto es un peligroso error. Si en el proceso inflacionario los salarios permanecen en principio inalterados, cayendo en consecuencia los salarios reales, se podrán emplear más trabajadores mientras estas condiciones prevalezcan. Pero ello no modifica los otros efectos de la inflación. El que las instalaciones ociosas reinicien la actividad depende de si los precios de los bienes que pueden producir están entre aquellos que experimentan primero el alza en sus precios debida a la inflación. Si no es este el caso, la inflación no conseguirá hacerlas funcionar de nuevo.

Aún más grave es el error inherente a la tesis de que no podemos hablar de inflación cuando el incremento de la cantidad de dinero se corresponde con un incremento en la producción de bienes de capital o de medios productivos. En lo que concierne a las variaciones en precios y salarios derivadas de la inflación, es irrelevante en qué se vaya a gastar el dinero adicional. No importa de qué manera se obtengan los medios para gastar, los intereses de una comunidad y de sus ciudadanos quedarán mejor satisfechos en todo caso si se pavimentan las calles y se construyen casas o fábricas, en lugar de destruirlas. Pero esto no tiene nada que ver con el problema de la inflación. Sus efectos en los precios y la producción se hacen sentir aun cuando la inflación se utilice para financiar proyectos útiles.

La inflación, la emisión de papel moneda adicional y la expansión crediticia son siempre intencionadas; no son nunca actos de la Providencia que golpean a la gente, como un terremoto. No importa lo grande o lo urgente que pueda ser una necesidad, esta sólo se puede satisfacer con los bienes existentes, con bienes producidos restringiendo el consumo de otros bienes. La inflación no produce bienes adicionales, sólo determina cuánto debe sacrificar cada ciudadano individual. Como los impuestos o la deuda pública, es un medio de financiación, no de satisfacción de demandas.

Se afirma que la inflación es inevitable en tiempo de guerra. También esto es un error. Un incremento en la cantidad de dinero no crea los pertrechos de guerra —ya sea directa o indirectamente—. Más bien deberíamos decir, en el caso de que un gobierno no se atreva a revelar al público la factura de los gastos de guerra ni tampoco se atreva a imponer en el consumo restricciones que no pueden evitarse, preferirá la inflación a los otros dos medios de financiación: impuestos y deuda pública. En cualquier caso, la gente ha de pagar el armamento y la guerra restringiendo otros consumos. Pero es políticamente conveniente —aunque fundamentalmente antidemocrático— decirle a la gente que el incremento del gasto en guerra y armamentos crea las condiciones para un auge e incrementa la riqueza. En cualquier situación, el inflacionismo es una política corta de miras.

Muchos grupos dan la bienvenida a la inflación porque perjudica al acreedor y beneficia al deudor. Se tiene por una medida en favor de los pobres y en contra de los ricos. Es sorprendente hasta qué punto los conceptos tradicionales perviven aun cuando las condiciones han cambiado completamente. Antiguamente, los ricos eran los acreedores, y los pobres, en su mayoría eran los deudores. Pero en la época de los bonos, las obligaciones, las cajas de ahorros, los seguros y la seguridad social, las cosas son diferentes. Los ricos han invertido su riqueza en fábricas, almacenes, casas, fincas e inventarios, y en consecuencia son más deudores que acreedores. Por otro lado, los pobres —a excepción de los agricultores— son con más frecuencia acreedores que deudores. Una política en contra del acreedor perjudica los ahorros de las masas. En particular, va contra las clases medias, los profesionales, las fundaciones y las universidades. Todo beneficiario de la seguridad social cae víctima también de la política contraria a los acreedores.

No es necesario examinar específicamente la contrapartida del inflacionismo, esto es, el deflacionismo. La deflación es impopular precisamente porque favorece los intereses de los acreedores a expensas de los deudores. Ningún partido político ni ningún gobierno ha puesto nunca en práctica de forma consciente un proceso deflacionario. La impopularidad de la deflación se pone de manifiesto por el hecho de que los inflacionistas hablan constantemente de los males de la deflación, con el objeto de dar a sus peticiones de inflación y expansión del crédito una apariencia de justificación.

2. Expansión del crédito

Un factor fundamental de la conducta humana es que la gente valora los bienes presentes más que los bienes futuros. Una manzana disponible para el consumo inmediato se valora más que otra disponible dentro de un año. Una manzana disponible en un año, en cambio, se valora más que la manzana disponible dentro de cinco. Esta diferencia en la valoración aparece en la economía de mercado con la figura del descuento, que afecta a los bienes futuros comparados con los presentes. En las transacciones de dinero, este descuento se llama interés.

El interés, por lo tanto, no puede ser abolido. Para deshacernos del interés tendríamos que impedir a la gente que valorase una casa habitable hoy más que otra que no podrá usarse hasta dentro de diez años. El interés no es algo específico del sistema capitalista solamente. En una comunidad socialista también habrá que considerar el hecho de que una hogaza de pan que no estará disponible para el consumo hasta dentro de un año no satisface el hambre del presente.

El interés no tiene su origen en la coincidencia de la oferta y la demanda de préstamos de dinero en el mercado de capitales. Más bien, la función del mercado de préstamos, que en el lenguaje de los negocios se denomina mercado monetario (para el crédito a corto plazo) y mercado de capitales (para el crédito a largo plazo), es ajustar los tipos de interés de los préstamos en dinero a la diferencia de valoración entre los bienes presentes y los bienes futuros. Esta diferencia de valoración es la verdadera fuente del interés. Un incremento de la cantidad de dinero, no importa cuál sea su volumen, no puede a la larga influir en el tipo de interés.

Ninguna otra ley económica es más impopular que esta: que los tipos de interés son, a largo plazo, independientes de la cantidad de dinero. La opinión pública se resiste a ver en el interés un fenómeno de mercado. Se cree que el interés es un mal, un obstáculo al bienestar humano y, por lo tanto, se demanda su eliminación o, al menos, que se reduzca considerablemente. Y se considera que la expansión del crédito es el medio adecuado para procurar «dinero fácil».

No hay duda de que la expansión del crédito conduce a una reducción a corto plazo del tipo de interés. Al principio, la oferta adicional de crédito fuerza al tipo de interés para préstamos de dinero por debajo del punto en el que se hubiera situado en un mercado no manipulado. Pero está igualmente claro que ni siquiera la expansión del crédito más grande puede cambiar la diferencia de valoración entre bienes presentes y bienes futuros. El tipo de interés debe retornar en última instancia al punto que se corresponda con esa diferencia de valoración. La descripción de este proceso de ajuste es el cometido de la rama de la economía conocida como teoría del ciclo económico.

Para cada constelación de precios, salarios y tipos de interés* existen proyectos que no se llevarán a cabo porque el cálculo de su rentabilidad muestra que no tienen posibilidades de éxito. El empresario no se atreve a emprenderlos porque sus cálculos le convencen de que no ganará, sino que perderá con ellos.

La falta de atractivo de esos proyectos no es una consecuencia de las condiciones del dinero o el crédito; se debe a la escasez de bienes económicos y de fuerza laboral que deben ser dedicados a usos más urgentes y, por lo tanto, más atractivos.

Cuando el tipo de interés es reducido artificialmente por la expansión del crédito se crea la falsa impresión de que empresas consideradas previamente no rentables, pasan a serlo. El «dinero fácil» impulsa a los empresarios a embarcarse en negocios que no hubieran emprendido a tipos de interés más altos. Con el dinero prestado por los bancos, entran en el mercado con una demanda adicional y provocan un alza de los salarios y de los precios de los medios de producción. Por supuesto, este auge quedaría frenado en seco en ausencia de nuevas expansiones del crédito, porque las subidas de precios harían que esas nuevas empresas volvieran a ser no rentables. Pero si los bancos continúan con la expansión crediticia ya no hay freno. El auge continúa.

Pero el auge no puede durar indefinidamente. Hay dos alternativas. Los bancos pueden continuar expandiendo el crédito sin restricciones, provocando una constante escalada de precios y una creciente orgía de especulación, la cual, como en todos los demás casos de inflación irrestricta, acaba en un crack-up boom y en un colapso del sistema monetario y crediticio[223]. O los bancos paran antes de que se alcance este punto, renunciando voluntariamente a expandir más el crédito y desencadenando así la crisis. En ambos casos, lo que se sigue es la depresión.

Es obvio que un mero proceso bancario como es la expansión del crédito no puede crear más bienes ni más riqueza. Lo que la expansión crediticia consigue realmente es introducir una fuente de error en los cálculos de los empresarios, que les induce a evaluar erróneamente los negocios y los proyectos de inversión. Los empresarios actúan como si existieran más bienes de capital de los que hay realmente disponibles. Planifican la expansión de la producción a una escala para la que la cantidad de bienes de capital disponibles es insuficiente. Tales planes están abocados al fracaso a causa de esta insuficiencia. El resultado es que habrá fábricas que no podrán funcionar por falta de factores de producción complementarios; otras no podrán ser terminadas; y algunas no podrán vender sus productos, porque los consumidores desean más intensamente otros bienes que no podrán fabricarse en cantidad suficiente, ya que los factores productivos necesarios no están disponibles. El auge no es un exceso de inversión, sino una inversión mal orientada.

Se suele replicar que esta conclusión sólo es válida si al principio de la expansión crediticia no existen ni capacidad ociosa ni desempleo. Si existieran, las cosas serían diferentes, según se dice. Pero esto no afecta al argumento.

El hecho de que una parte de la capacidad productiva que no puede ser transferida a otros usos no se esté utilizando es una consecuencia de los errores del pasado. En el pasado se hicieron inversiones bajo hipótesis que resultaron ser incorrectas; el mercado demanda ahora algo distinto de lo que puede producirse con esas instalaciones[224].

La acumulación de inventarios es especulación. El propietario no desea vender los bienes al precio de mercado actual, porque espera obtener un precio mayor en el futuro. El desempleo laboral es también una manifestación de la especulación. El trabajador no desea cambiar de localidad o de ocupación, ni tampoco quiere reducir sus demandas salariales, porque espera encontrar el puesto de trabajo que él prefiere, en el lugar que él desea y con un salario mayor. Tanto los propietarios de mercancías como los desempleados se niegan a ajustarse a las condiciones del mercado, porque esperan nuevos acontecimientos que cambien las condiciones del mercado en su beneficio. Como, por ello, no realizan los ajustes necesarios, el sistema económico no puede alcanzar el «equilibrio».

En opinión de los defensores de la expansión crediticia, para emplear la capacidad productiva ociosa, para vender los inventarios a precios aceptables para los propietarios y para hacer posible que los parados encuentren empleos con salarios satisfactorios, sólo se necesita el crédito adicional que esa expansión proveería. Esta es la visión que subyace a todos los planes para pump priming. Y sería correcta tanto para los inventarios de bienes como para los desempleados si se dan dos condiciones: (1) si los incrementos de precios provocados por la cantidad de dinero y crédito adicional afectan uniforme y simultáneamente a todos los demás precios y salarios, y (2) si los propietarios de inventarios excesivos y los desempleados no incrementaran sus precios ni sus demandas salariales. Esto conseguiría que las tasas de intercambio entre estos bienes y servicios y el resto de bienes y servicios variaran en el mismo sentido en que hubieran cambiado en ausencia de expansión crediticia, reduciendo los precios y los salarios para poder encontrar compradores y vendedores.

La trayectoria del auge no es diferente porque en sus comienzos exista capacidad productiva ociosa, inventarios no vendidos o trabajadores desempleados. Supongamos, por ejemplo, que hablamos de minas, existencias y mineros del cobre. El precio del cobre se encuentra en un punto en el que ciertas minas no pueden continuar produciendo de forma rentable; sus trabajadores deben permanecer desocupados si no quieren cambiar de trabajo; y los propietarios de las existencias de cobre sólo podrán vender una parte de ellas si no desean aceptar un precio más bajo. Lo que se necesita para poner las minas inactivas y los mineros desempleados a producir de nuevo y para dar salida al cobre almacenado sin que baje su precio es un incremento (p) de los precios de los bienes de capital en general, que permitiría una expansión de la producción total, lo que a su vez vendría seguido de un incremento en el precio, las ventas y la producción de cobre. Si este incremento (p) no se materializa, pero los empresarios actúan como si se hubiera materializado inducidos por la expansión crediticia, los efectos en el mercado del cobre serán los mismos que si p realmente hubiera tenido lugar. Pero todo lo que se ha dicho antes sobre los efectos de la expansión del crédito se aplica a este caso también. La única diferencia es que la mala inversión, en lo que concierne al cobre, no precisa la retirada de trabajo y capital de otros sectores de la producción que, en las condiciones existentes, sean considerados más importantes por los consumidores. Aunque esto se debe solamente al hecho de que, en lo que se refiere al cobre, el auge provocado por la expansión del crédito tropieza con capitales y fuerza laboral mal asignados previamente, y que aún no han pasado por el proceso de ajuste normal del sistema de precios.

El verdadero significado del argumento de la capacidad ociosa, de los inventarios no vendidos —o, como se dice impropiamente, invendibles— y de la fuerza laboral desocupada, se nos revela ahora. El inicio de toda expansión crediticia se encuentra con esos residuos de antiguas asignaciones de capital erróneas, y aparentemente las «corrige». En realidad, no hace sino perturbar el funcionamiento del proceso de ajuste. Las existencias de medios de producción ociosos no invalida las conclusiones de la teoría monetaria del ciclo económico. Los partidarios de la expansión del crédito cometen un error cuando creen, contemplando los medios de producción ociosos, que la eliminación de todas las posibilidades de expansión del crédito perpetuaría la depresión. Las medidas que ellos proponen no asegurarían una prosperidad real, sino que interferirían constantemente en el proceso de reajuste y retomo a una coyuntura normal.

Es imposible explicar los cambios cíclicos de la economía con otro instrumental que no sea lo que habitualmente se conoce como teoría monetaria del ciclo económico. Incluso aquellos economistas que no reconocen en la teoría monetaria la explicación adecuada del ciclo económico nunca han intentado negar la validez de sus conclusiones acerca de los efectos de la expansión del crédito. Para defender sus teorías sobre el ciclo, que difieren de la teoría monetaria, no les queda más remedio que admitir que el auge no puede darse sin que al mismo tiempo se produzca una expansión crediticia, y que al final de esta marca también el punto de inversión del ciclo. Los adversarios de la teoría monetaria se refugian en el argumento de que la fase de auge en el ciclo no tiene como causa la expansión crediticia, sino otros factores, y que la expansión del crédito, sin la que sería imposible el auge, no se debe a una política orientada a la rebaja del tipo de interés y al fomento de la ejecución de proyectos de inversión adicionales, sino que, de alguna manera, la desencadena una coyuntura favorable al auge en la que no intervienen ni los bancos ni las autoridades.

Se ha afirmado que la expansión crediticia se desencadena porque los bancos, cuando sube el tipo de interés «natural», no elevan en concordancia los tipos a los que ellos prestan[225]. También este argumento pasa por alto el aspecto central de la teoría monetaria del ciclo. El que la expansión crediticia tenga su origen en la relajación por parte de los bancos de las condiciones del crédito, o en que no las endurezcan de acuerdo con la nueva situación del mercado, tiene una importancia secundaria. Sólo es decisivo el hecho de que existe expansión del crédito porque existen instituciones que creen su deber influir en los tipos de interés para conceder crédito adicional[226]. Quien crea que la expansión del crédito es un factor necesario en el movimiento que fuerza el auge de la economía, que necesariamente viene seguido de crisis y depresión, tendría que admitir que el medio más seguro para lograr un sistema económico libre de ciclos es impedir la expansión crediticia. Pero, aun a pesar de que, en general, existe acuerdo sobre las medidas a tomar para suavizar las oscilaciones del ciclo, no se presta atención a las medidas para impedir la expansión del crédito. Se confía a la política del ciclo económico la tarea de perpetuar el auge creado por la expansión crediticia y, además, de impedir la crisis. Las propuestas para prevenir la expansión del crédito son refutadas porque, supuestamente, perpetuarían la depresión. Ninguna prueba de que la teoría que explica el ciclo económico como resultado de las intervenciones en favor del dinero barato puede ser más convincente que la obstinada negativa a abandonar la expansión del crédito.

Habría que ignorar todos los hechos de la historia económica reciente si se quisiera negar que las medidas encaminadas a reducir los tipos de interés se reputan como deseables y que la expansión crediticia es considerada el medio más fiable para alcanzar ese objetivo. El hecho de que el suave funcionamiento de la economía y su progreso ininterrumpido se vean perturbados una y otra vez por los auges artificiales y las consiguientes depresiones, no es una característica necesaria de la economía de mercado. Es, más bien, la inevitable consecuencia de las reiteradas intervenciones cuyo propósito es abaratar el dinero mediante la expansión del crédito.

3. El control de cambios

Los intentos del gobierno para forzar una valoración de la moneda nacional basada en el crédito o papel moneda mayor que su precio de mercado provoca los efectos que describe la Ley de Gresham. Da lugar a una situación que generalmente se califica como escasez de divisas; una expresión desorientadora. Cualquiera que ofrezca menos que el precio de mercado, sea cual sea el producto, no podrá comprarlo; y esto se cumple tanto para las divisas como para todos los demás bienes.

Una característica esencial de los bienes económicos es que no son tan abundantes como para satisfacer todos los usos. Un bien del que, en este sentido, no hubiera escasez sería un bien libre. Puesto que el dinero es necesariamente un bien económico, no un bien libre, un dinero que no sea escaso es algo inconcebible. Los gobiernos que adoptan una política inflacionista pero al mismo tiempo afirman que no han disminuido el poder adquisitivo de la moneda nacional están pensando en otra cosa cuando se quejan de la escasez de divisas. Si el gobierno se abstuviera de actuar una vez que ha incrementado la cantidad de moneda nacional recurriendo a la inflación, el valor de esa moneda caería en relación con la moneda metálica y con las divisas extranjeras, y su poder adquisitivo disminuiría. Sin embargo, no habría «escasez» de moneda metálica ni de divisas. Los que estuvieran dispuestos a pagar el precio de mercado obtendrían por su dinero cualquier cantidad que desearan de moneda metálica o de divisas. Quienes compran bienes han de pagar el precio que se deriva del tipo de cambio de mercado; y tendrán que pagarlo en moneda metálica (o divisas) o bien pagarlo con la cantidad de dinero nacional que determine el tipo de cambio exterior del mercado.

Pero el gobierno no desea aceptar estas consecuencias. Como es soberano, se cree omnipotente. Puede promulgar leyes penales; tiene los tribunales y la policía, patíbulos y cárceles están a su disposición, luego puede eliminar a quien quiera rebelarse. Por consiguiente, prohíbe que los precios suban. Por un lado, el gobierno imprime dinero adicional, lo lleva al mercado y crea así una demanda adicional de bienes. Por el otro lado, ordena que los precios no suban, ya que piensa que puede hacer cualquier cosa que desee.

Ya hemos hablado de los intentos por fijar los precios de los bienes y servicios. Ahora tenemos que examinar los intentos por fijar los tipos de cambio exterior.

El gobierno culpa del deterioro del cambio exterior al déficit de la balanza de pagos y a la especulación. Reacio a abandonar la fijación de los tipos de cambio, toma medidas para reducir la demanda de divisas. Sólo las podrán comprar quienes las necesiten para un propósito determinado que el gobierno autorice. Cesarán las importaciones de bienes que el gobierno considere superfluos; se suspenderá el pago de amortizaciones e intereses a los acreedores extranjeros; no se podrá viajar al extranjero. El gobierno no se da cuenta de que sus esfuerzos para «mejorar» el saldo de la balanza de pagos son vanos. Si se importa menos, también se exportará menos. Los ciudadanos que, así, gasten menos en viajes al extranjero, en productos importados o en el reembolso de préstamos extranjeros no emplearán ese dinero no gastado en incrementar sus saldos líquidos; lo gastarán en el país, incrementando así los precios en el mercado nacional. Como los precios suben al comprar los ciudadanos más en su país, se podrá exportar menos. Los precios suben, no sólo porque las importaciones se han vuelto más caras en moneda nacional; suben porque la cantidad de dinero se ha incrementado y porque los ciudadanos han incrementado su demanda de productos nacionales.

El gobierno cree que puede lograr su propósito nacionalizando el cambio de divisas. Quienes reciban moneda extranjera —procedente de exportaciones, por ejemplo— deberán, por ley, entregarla al gobierno, recibiendo a cambio sólo la cantidad en moneda nacional que corresponda al tipo de cambio por debajo del de mercado fijado por el gobierno. Si este principio se hiciera cumplir sistemáticamente, las exportaciones cesarían por completo. Como el gobierno no desea este resultado, finalmente tiene que ceder. Otorga subsidios a la exportación para compensar las pérdidas que los exportadores sufren al ser obligados a entregar al gobierno, al tipo fijado por este, las divisas que reciben.

Por otro lado, el gobierno vende divisas a aquellos que las empleen para propósitos que gocen de la aprobación del gobierno. Si el gobierno se mantuviera en esta ficción y exigiera sólo el precio oficial para esas divisas, estaría subvencionando a los importadores (no el comercio de exportación en sí). Como esta no es la intención del gobierno, la compensación viene, por ejemplo, con una elevación proporcional de los impuestos a la importación o gravando con impuestos especiales los beneficios y las transacciones de los importadores.

Un control de cambios implica la nacionalización del comercio exterior y de todos los negocios con el extranjero; pero no altera los tipos de cambio. Que el gobierno suprima o no la publicación de los tipos de cambio que verdaderamente reflejan las condiciones del mercado es indiferente. En el comercio exterior, los únicos tipos de cambio significativos son los que reflejan el poder adquisitivo de la moneda nacional.

Los efectos de esa nacionalización de todas las relaciones económicas con el exterior en la vida de los ciudadanos son tanto más intensos cuanto menor es el país y más estrechas sean sus relaciones económicas internacionales. Los viajes al exterior, los estudios en universidades extranjeras y la lectura de libros y periódicos publicados más allá de las fronteras sólo son posibles si el gobierno facilita las divisas necesarias a los particulares. Como medio para reducir el precio de las divisas extranjeras, el control de cambios es un completo fracaso. Pero es un eficaz instrumento para las dictaduras.

4. La fuga de capitales y el problema del «dinero caliente»

Se dice que el control de cambios es necesario para evitar las fugas de capitales. Si un capitalista teme que el gobierno confisque completa o parcialmente sus propiedades, procurará salvar lo que pueda. Sin embargo, es imposible retirar capital de las empresas y transferirlo a otro país sin soportar grandes pérdidas. Si existe un temor generalizado a una confiscación gubernamental, el precio de las empresas o negocios en funcionamiento desciende hasta el nivel que refleja la probabilidad de tal confiscación. En octubre de 1917, las empresas en Rusia, que representaban inversiones de millones de rublos-oro, se vendían por el equivalente a unos pocos céntimos; más tarde eran completamente invendibles.

El término «fuga de capitales» es desorientador. El capital invertido en empresas, edificios y fincas no puede huir; sólo puede cambiar de manos. El Estado que va a confiscar no pierde nada con esa huida. El nuevo propietario pasará a ser la víctima de la confiscación, en lugar del propietario anterior.

Sólo el empresario que ha advertido el peligro de confiscación a tiempo puede evitar la amenaza de pérdida por otros medios distintos a la venta de su empresa. Puede abstenerse de renovar las partes del equipo que se van gastando o estropeando, y puede trasladar las sumas que de este modo ahorra a otros países. O puede también dejar en el extranjero los fondos producto de sus exportaciones. Si emplea el primer método, sus instalaciones dejarán de producir tarde o temprano o, al menos, dejarán de ser competitivas. Si escoge el segundo, tendrá que restringir o incluso detener su producción por falta de capital circulante, a menos que pueda pedir prestados fondos adicionales.

Con esta excepción, la fuga de capitales no pone en peligro el botín de un Estado que quiera confiscar, completa o parcialmente, las empresas localizadas en su territorio.

Los propietarios de dinero, pagarés, depósitos y otros derechos de cobro se encuentran en mejor posición que los propietarios de empresas o inmuebles. Sin embargo, no sólo les amenaza la confiscación; también la inflación puede privarles de parte de su propiedad. Pero son ellos los únicos que pueden comprar divisas y transferir su capital al extranjero, puesto que su propiedad consiste en dinero efectivo.

A los gobiernos no les gusta admitirlo. Creen que el deber de todo ciudadano es sufrir pacientemente las medidas confiscatorias; incluso en el caso de que —como sucede con la inflación— esas medidas no beneficien al Estado sino sólo a ciertos particulares. Una de las misiones asignadas al control de cambios es evitar la fuga de capitales.

Tomemos un ejemplo histórico. Durante los primeros años que siguieron al armisticio de 1918, era posible vender en el extranjero billetes de banco alemanes, austriacos y húngaros, así como también bonos y otros títulos de crédito pagaderos en las monedas de estos países. Sus gobiernos impidieron tales ventas, tanto de forma directa como indirecta, obligando a sus súbditos a entregarles las divisas obtenidas en la transacción. ¿Se enriquecieron con esta intervención las economías alemana, austriaca o húngara, o se empobrecieron? Supongamos que en 1920 los austriacos podían vender a los extranjeros bonos hipotecarios a un precio de 10 dólares por cada 1000 coronas de nominal. De este modo, el acreedor austriaco hubiera salvado alrededor del 5 por ciento del valor nominal de sus derechos de cobro. Esto no hubiera afectado en absoluto al deudor austriaco. Sin embargo, cuando este hubiera tenido que reembolsar su deuda nominal de 1000 coronas, que en 1914 se valoraba en unos 200 dólares, esas 1000 coronas reembolsadas en 1922 habrían tenido un equivalente de unos 1,4 centavos. La pérdida de aproximadamente 9,98 dólares la hubiera sufrido el tenedor extranjero, no el austriaco. ¿Puede decirse, entonces, que una política que impida tales transacciones está justificada desde el punto de vista de los intereses austriacos?

Quienes disponen de saldos líquidos intentan, en la medida de lo posible, evitar los peligros de la devaluación hoy presentes en todos los países. Mantienen elevados saldos bancarios en aquellos países donde exista la menor probabilidad de devaluación en el futuro inmediato. Si cambian las condiciones y temen por sus fondos, transfieren esos saldos a otros países que, por el momento, parezcan ofrecer mayor seguridad. Esos saldos, que siempre están preparados para la huida —el llamado «dinero caliente»— han tenido una notable influencia en los datos y en el funcionamiento del mercado monetario internacional. Suponen un serio problema para la operativa del sistema bancario moderno.

Durante los últimos cien años, todos los países han adoptado el sistema de reserva centralizada. Para facilitar al banco central la puesta en práctica de una política de expansión interna del crédito, se persuadió a los demás bancos del sistema para que depositaran el grueso de sus reservas en el banco central. Los bancos redujeron entonces sus reservas metálicas a la cantidad necesaria para la actividad diaria normal. Ya no consideraron necesario casar los vencimientos de sus cobros y de sus pagos, de tal forma que fueran capaces de cumplir completamente sus obligaciones con puntualidad y en todo momento. Para atender los reintegros que diariamente les presentaban al cobro sus depositantes, consideraban que era suficiente poseer activos que el banco central juzgara como una base satisfactoria para otorgar créditos.

Cuando comenzó la afluencia de «dinero caliente», los bancos no vieron ningún peligro en el incremento de los depósitos a corto plazo. Confiando en el banco central, aceptaron los depósitos y los emplearon como base para conceder préstamos. No advirtieron el peligro que estaban concitando. En ningún momento pensaron en los medios que algún día iban a necesitar para reintegrar esos depósitos que, claramente, siempre están prestos para la mudanza.

Se aduce que la existencia de tal «dinero caliente» exige un control de cambios. Consideremos la situación de Estados Unidos. Como hasta el 5 de junio de 1933, los Estados Unidos no habían prohibido la posesión de oro a los particulares, los bancos podrían haber gestionado un negocio de depósitos de oro como una rama especial de su actividad, separada del resto de sus operaciones. Hubieran comprado oro para esta rama de actividad conservándolo en su poder o bien lo habrían depositado en los bancos de la Reserva Federal exclusivamente para su custodia. De este modo el oro hubiera sido esterilizado en lo que concierne a la moneda y sistema bancario norteamericano. El que haya surgido un problema de «dinero caliente» sólo se debe a que el gobierno ha intervenido, prohibiendo a los particulares[227] la posesión de oro. El hecho de que un efecto no deseado provocado por una intervención haga necesarias otras intervenciones no justifica el intervencionismo.

Por supuesto, toda esta cuestión ya no tiene importancia. Los capitales en fuga ya han alcanzado su último puerto, América. No existe ningún otro lugar seguro al que puedan huir si este refugio también falla.

4. Confiscación y financiación

1. Confiscación

La confiscación completa de toda propiedad privada equivale a implantar el socialismo. Por lo tanto, no trataremos este asunto en un análisis dedicado a los problemas del intervencionismo. Sólo nos interesa aquí la confiscación parcial de la propiedad. Y esta confiscación se plasma hoy principalmente en los impuestos.

Las motivaciones ideológicas no hacen al caso. La única cuestión que nos interesa es sólo qué se pretende con estas medidas y qué es lo que realmente se obtiene de ellas.

Tratemos en primer lugar el caso de los impuestos que sólo gravan directa o indirectamente la renta. En todos los países existe hoy una tendencia a gravar las rentas elevadas a tasas mayores que las que se aplican a las rentas bajas. En el caso de rentas que superen una cierta cantidad, la mayoría de los países fijan tasas que, incluso nominalmente, llegan hasta el 90 por ciento. Los métodos prescritos por la ley para determinar la cuantía de la renta, y la interpretación de esas leyes por parte de las agencias tributarias, calculan rentas considerablemente mayores de las que se deducirían de la aplicación de principios contables ortodoxos. Si los contribuyentes no pudieran eludir algunos impuestos sirviéndose de las lagunas presentes en las leyes, sus cuotas fiscales excederían con mucho la cuantía de sus verdaderas rentas. Pero los legisladores intentan cegar esas lagunas.

La opinión popular tiende a creer que los impuestos exorbitados sobre rentas muy elevadas no afectan a las clases menos opulentas. Pero esto es una falacia. Los perceptores de ingresos elevados normalmente consumen una proporción menor de esos ingresos y ahorran e invierten una proporción mayor que los perceptores de rentas menos cuantiosas. Y el capital sólo puede formarse a través del ahorro. Sólo la parte de la renta que no se consume puede acumularse como capital. Si se hace pagar a las rentas altas una proporción mayor del gasto público que a las bajas, se impide que el capital cumpla su función. Se elimina la tendencia —presente en las sociedades con capital en crecimiento— al incremento de la productividad del trabajo y, por lo tanto, se elimina también la tendencia al incremento de los salarios.

Obviamente, lo mismo puede decirse, aun con mayor razón, de todos los gravámenes sobre el patrimonio. Gravar el capital, por ejemplo a través de impuestos sobre sucesiones o sobre el patrimonio para pagar el gasto público, equivale a consumirlo directamente.

El demagogo dice a los electores: «El Estado tiene que hacer frente a grandes gastos. Pero ustedes no tienen por qué preocuparse de cómo se reúnen los fondos para esos gastos. Serán los ricos quienes los aporten». El político honrado diría: «Por desgracia, el Estado necesita más dinero para hacer frente a sus gastos. Serán ustedes en todo caso quienes soporten la mayor parte de la carga, porque son ustedes quienes perciben y consumen la mayor parte del total de la renta nacional. Deberán elegir entre dos métodos. O restringen su consumo ahora, o consumen ahora el capital de los ricos, con lo que poco después tendrán que padecer el descenso de sus salarios».

La peor clase de demagogo va todavía más lejos cuando dice: «Tenemos que armarnos y, posiblemente, ir también a la guerra. Pero esta circunstancia, no sólo no hará descender sus niveles de vida, sino que incluso los elevará. A partir de este momento daremos comienzo a un amplio programa de viviendas e incrementaremos los salarios reales». Ante esto, hay que decir que con una cantidad limitada de materiales y mano de obra no se puede fabricar armamento y construir viviendas simultáneamente. Herr Göring[228] era más honesto a este respecto. Él dijo a su pueblo «cañones o mantequilla», pero no «cañones y (por lo tanto) más mantequilla». Este acto de sinceridad es la única cosa que Herr Göring podrá alegar en su favor ante el tribunal de la Historia.

Un sistema fiscal que sirviera a los verdaderos intereses de los asalariados, gravaría sólo la parte de renta que se consuma, y no la que se ahorre o invierta. Unos impuestos altos sobre el gasto de los ricos no perjudican los intereses de las masas; sin embargo, cualquier medida que impida la formación de capital o que consuma el capital, sí los lesiona.

Desde luego, existen circunstancias que hacen inevitable el consumo de capital. Una guerra onerosa no puede financiarse sin recurrir a esta perjudicial medida. Pero quienes conocen los efectos del consumo de capital intentarán limitar ese consumo a lo estrictamente necesario, no porque esto beneficie al capital, sino porque va en interés del trabajador. Pueden darse situaciones en las que sea inevitable quemar la casa para no congelarse, pero quienes lo hagan deben darse cuenta del coste que ello implica y de que tendrán que arreglárselas sin ella en el futuro. Debemos hacer hincapié en esto, especialmente en el momento presente, para poder refutar los errores corrientes acerca de la naturaleza de los auges ocasionados por el rearme y la guerra.

Los costes del rearme pueden pagarse bien a través de la inflación, del endeudamiento, o de impuestos que obstaculizan la formación de capital, o incluso lo consumen. La forma en que la inflación lleva a un auge no requiere mayores explicaciones. Los fondos procedentes del endeudamiento sólo pueden transferir la inversión y la producción de un sector a otro; el incremento de producción y consumo en un sector de la economía se compensa con el declive de la producción y el consumo en otra parte. Los fondos que se desvían de la formación de capital y que se retiran del capital ya acumulado pueden tener como efecto un incremento del consumo presente. De este modo, es posible incrementar el consumo de carácter militar sin que descienda proporcionalmente el consumo civil. Puede que esto se califique como un «estímulo» a la economía. Pero no debemos pasar por alto el hecho de que todos los efectos de esta prosperidad, que ahora se juzgan favorablemente, habrá que pagarlos en el futuro con una depresión y con la reducción del consumo.

2. La financiación del gasto público

El hambre sólo puede aplacarse con pan ya existente; el pan futuro no puede alimentar a nadie en el presente. Sería ocioso insistir en estas verdades evidentes si no fuera necesario refutar falacias con respecto a la obtención de fondos para el gasto público.

Con frecuencia se dice que la guerra no sólo se libra en nuestro interés, sino también en el de nuestros hijos y nietos. Esto sólo significa que ellos deberán pagar parte de los costes de la guerra. Por lo tanto, sólo una parte del gasto de guerra se pagará con nuestros impuestos; el resto habrá de financiarse con deuda; los intereses y la amortización de esa deuda recaerán sobre las generaciones futuras.

Esto carece de sentido. Una guerra sólo puede librarse con armas hoy disponibles. Los materiales y la mano de obra que se asignan a la producción de armas hay que extraerlos del conjunto de medios de los que hoy disponemos; por lo tanto, el conjunto de bienes de los que hoy puede disponer la gente tendrá que disminuir. Esos medios salen de la renta y de la propiedad presentes. A los nietos sólo les afecta en la medida en que su herencia será menor. Ningún sistema de financiación podrá alterar esta circunstancia.

Que una parte de los gastos de guerra se cubran con endeudamiento, sólo significa que los recursos que se hubieran dedicado a la producción de otros bienes ahora se emplean en la guerra. El endeudamiento significa un diferimiento del pago sólo para la persona que ocupe el cargo de Secretario del Tesoro. Para los ciudadanos, la deuda significa que pagarán inmediatamente la factura a través de la reducción de su consumo en el presente. El que presta, ya no puede disponer de lo prestado hasta el vencimiento.

Una persona puede comprar un frigorífico a plazos si alguien le concede el crédito necesario. El conjunto de los ciudadanos del mundo o el conjunto de los de una economía cerrada, tomados como uno solo, no pueden comprar nada a crédito. Tampoco pueden hacernos ningún préstamo quienes todavía no han nacido. A este respecto, podemos pasar por alto los préstamos del extranjero; hoy [1940] impensables para los Estados Unidos.

Igualmente errónea es la opinión de que el endeudamiento del gobierno favorece a los ricos. Si tuviéramos que imponer mayores impuestos a los ricos de los que hoy ya soportan, tendríamos que confiscar sus negocios, esto es, tendríamos que implantar el socialismo. Pero como no queremos ir tan lejos y como no deseamos imponer mayores impuestos sobre las masas, elegimos la vía aparentemente indolora del endeudamiento.

Los socialistas dirán: «Esta es precisamente la cuestión. Usted no quiere implantar el socialismo. Alemania, sin embargo, prueba que el socialismo es superior en la producción de armamento. El ejército alemán es el mejor equipado del mundo. Hoy, la clave del problema mundial es que los nazis tienen mejores armas».

Este argumento tampoco hace al caso. Alemania está mejor equipada porque durante los últimos ocho años ha restringido el consumo de toda la población y ha puesto todo su sistema productivo al servicio del rearme. Víctimas de una increíble ceguera, Inglaterra, Francia y las pequeñas democracias no se armaron para la defensa. Aun después de que la guerra ya había comenzado, no la tomaron en serio. La lucha contra el lucro derivado de la industria de guerra les parecía más importante que la lucha contra los nazis.

Para la industria armamentista rige el mismo principio que para el resto de las industrias: la empresa privada es más eficiente que la empresa pública. Hace cien años la mayoría de los cañones y los rifles eran fabricados en los arsenales del gobierno por pequeños artesanos. Los empresarios privados no encontraban atractiva la producción de armas. Sólo cuando se dieron cuenta de que lo que realmente querían las naciones era exterminarse unas a otras, empezaron a producir armamento. Su éxito fue espectacular. Las armas producidas por grandes empresas privadas han dado mejor resultado en el actual conflicto que las producidas por los arsenales estatales. Todas las mejoras y perfeccionamientos habidos en los pertrechos de guerra tienen su origen en empresas privadas. Los arsenales estatales fueron siempre por detrás, aceptando las nuevas técnicas, y los expertos militares siempre han sido reacios a aceptar las mejoras que los empresarios suministraban.

En contra de la creencia popular, las naciones no libran guerras para que las fábricas de armas se lucren. Las fábricas de armas existen porque las naciones hacen la guerra. Los empresarios y capitalistas que producen las armas producirían otros bienes si la demanda de armas no fuera más intensa que la del resto de los bienes. La industria de guerra alemana también se desarrolló en régimen de empresa privada. Como industria nacionalizada, puede mantener durante algún tiempo la ventaja que ha obtenido como empresa privada.

En Inglaterra se dice hoy frecuentemente: «Si los trabajadores ingleses asumen los grandes sacrificios que la guerra les impone, tienen derecho a demandar que su noble actitud sea recompensada después de la guerra con la abolición del capitalismo y la adopción del socialismo». Es difícil encontrar un argumento más erróneo que este.

Si los trabajadores de Inglaterra defienden su país, su libertad y su cultura contra el asalto de nazis y fascistas, y contra los comunistas, quienes a todos los efectos son aliados de los nazis[229], lo hacen por ellos y por sus hijos, no por los intereses de ninguna otra gente de quien, en el futuro, puedan exigir recompensas. La única recompensa que esos grandes sacrificios pueden darles es la victoria, y con ella la seguridad de que no se verán en la misma situación que las masas de Alemania y Rusia. Si los trabajadores ingleses no creyeran que la esperanza de este éxito les compensa de la carga que la guerra les impone, no lucharían; se rendirían.

Si creemos que el socialismo es un sistema mejor, que asegura una existencia mejor para la gran mayoría de la gente que la que el capitalismo proporciona, entonces deberíamos adoptar el socialismo sin tener en cuenta la paz o la guerra, y sin considerar si los trabajadores han sido valientes o no en la misma. Sin embargo, si creemos que el sistema económico que Hitler, Stalin y Mussolini llaman «plutocracia» garantiza una vida mejor para las masas que el socialismo, no se nos ocurriría «recompensar» a los trabajadores haciendo descender su nivel de vida al de los alemanes, italianos o rusos.

3. Las obras públicas y su financiación

Los empresarios tratan de acometer sólo proyectos que puedan prometer beneficios. Esto significa que procuran emplear los escasos medios de producción de tal forma que las necesidades más urgentes queden satisfechas en primer lugar, y que no se dedicará capital y trabajo a la satisfacción de necesidades menos urgentes mientras que existan necesidades en cuya satisfacción ese capital y esa fuerza laboral se puedan emplear.

Cuando el gobierno interviene para llevar a cabo un proyecto que promete, no beneficios, sino pérdidas, sólo oímos hablar de las necesidades que esa intervención satisface, pero nunca oímos nada acerca de las necesidades que quedan insatisfechas cuando el gobierno desvía los medios necesarios para cubrirlas a otros propósitos. Sólo se tienen en cuenta los beneficios de la acción del gobierno, no los costes.

No es misión del economista decirle al público qué debe hacer y cómo debería emplear sus recursos. Pero es su deber advertir a los ciudadanos de los costes. Esto es lo que le diferencia del charlatán, que siempre habla de lo que la intervención añade, nunca de lo que quita.

Consideremos, por ejemplo, un caso del pasado, aunque no muy lejano, que hoy podamos juzgar con objetividad. Se propone que un ferrocarril, cuya construcción y explotación no arroja beneficios, se hará realidad mediante un subsidio del gobierno. Puede que ese ferrocarril, según se dice, no sea rentable en el sentido habitual de la palabra, y que, por lo tanto, no sea atractivo para empresarios y capitalistas; pero que contribuirá al desarrollo de toda la región. Fomentaría los negocios, el comercio y la agricultura, lo que redundaría en el crecimiento de la economía. Habría que considerar todo esto si la construcción y explotación de ese ferrocarril hubiera de evaluarse desde un punto de vista más amplio que el de la rentabilidad exclusivamente. Desde el punto de vista de los intereses privados, la construcción del ferrocarril puede parecer desaconsejable. Pero desde el punto de vista del bienestar nacional, resulta beneficioso.

Este es un razonamiento profundamente equivocado. Por supuesto, no puede negarse que los habitantes de la zona por la que pase el ferrocarril se beneficiarán. O, mejor dicho, beneficiará a los propietarios de tierras de esa región y a aquellos que han realizado allí inversiones que no puedan transferirse a otro lugar sin que su valor disminuya. Se dice que el ferrocarril desarrolla las fuerzas productivas de las regiones por las que discurre. El economista lo expresa de forma diferente: el Estado paga subsidios procedentes de la recaudación de impuestos para la construcción, el mantenimiento y la explotación de esa línea, la cual, sin esa asistencia, no podría construirse ni explotarse. Estos subsidios transfieren una parte de la actividad productiva de lugares que ofrecen mejores condiciones naturales a lugares menos apropiados. Se cultivarán tierras que, teniendo en cuenta su distancia a los centros de consumo y en vista de su baja fertilidad, no permitirían una producción rentable a no ser que se subsidie indirectamente a través de subvenciones al sistema de transporte, cuyo coste no pueden sufragar tales cultivos. Ciertamente, esos subsidios contribuyen al desarrollo económico de una región donde, en otro caso, se hubiera producido menos. Pero el incremento de producción en el área del país favorecida por la política de ferrocarriles del gobierno debe contrastarse con las cargas impuestas a la producción y al consumo en aquellas partes del país que tienen que pagar los costes de la política del gobierno. Las tierras poco productivas, de menor fertilidad o más remotas, son subvencionadas con cargo a los impuestos, los cuales recaen sobre la producción de las tierras más fértiles o bien directamente sobre los consumidores. Las empresas localizadas en la región menos ventajosa podrán expandir su producción, pero las empresas situadas en zonas más favorables tendrán que restringir la suya. Esto se puede considerar como «justo» o políticamente conveniente, pero no debemos engañarnos y creer que la medida hace aumentar la satisfacción total; en realidad la reduce.

No se debe considerar el incremento de producción en la zona que cubre el ferrocarril subsidiado como «un progreso desde el punto de vista del bienestar nacional». Estos progresos se reducen a que ciertas empresas desarrollan su actividad en lugares que, en otras condiciones, se hubieran considerado desfavorables. Los privilegios que el Estado otorga indirectamente a estas empresas por medio de los subsidios al ferrocarril no se diferencian en nada de los privilegios que el Estado otorga a otras empresas ineficientes bajo distintas condiciones. En última instancia, el efecto es el mismo tanto si el Estado subvenciona u otorga privilegios a un zapatero remendón, por ejemplo, para que pueda competir con los fabricantes de zapatos, como si favorece el cultivo de tierras no competitivas pagando con fondos públicos parte de los costes de transporte de sus productos.

No importa si es el propio Estado quien emprende la actividad no rentable o si este subvenciona a una empresa particular para que se haga cargo de esa actividad. El efecto sobre el conjunto de los ciudadanos es el mismo en los dos casos. El método empleado en la concesión de subsidios tampoco es relevante. No importa si se subsidia a los productores menos eficientes para que puedan producir o incrementar su producción, o si se subvenciona a los productores más eficientes para que no produzcan o para que disminuyan su producción. Que se paguen subsidios por producir o por no producir, o que el gobierno compre los productos para retirarlos del mercado, es irrelevante. En cualquier caso, los ciudadanos pagan dos veces —una como contribuyentes que pagan indirectamente el subsidio, y después otra vez como consumidores, con precios más altos por los bienes que compran y reduciendo su consumo.

4. Empresarialidad «altruista»

Cuando los autodenominados «progresistas» usan la palabra lucro, pierden la compostura. Les gustaría eliminar completamente el lucro. En su visión, el empresario debería servir a la gente de forma altruista, sin buscar el beneficio. No ha de recibir nada o contentarse, si el negocio tiene éxito, con un pequeño margen sobre sus costes reales. Nadie cuestiona que el empresario ha de soportar siempre las posibles pérdidas.

Pero es precisamente el afán de lucro en la actividad empresarial lo que da sentido y significado, guía y dirección, a la economía de mercado basada en la propiedad privada de los medios de producción. Eliminar el lucro es llevar la economía de mercado al caos.

Ya hemos hablado de la confiscación de los beneficios y de los efectos de tal medida. Ahora discutiremos la limitación de los beneficios a un porcentaje determinado de los costes. Si el empresario recibe más cuanto mayores sean sus costes, se da la vuelta al incentivo para producir de la forma más barata posible. Toda reducción de los costes de producción disminuye sus ingresos; cada incremento de los costes de producción significa mayores ingresos para él. No hay que presuponer en este caso una intención siniestra por parte del empresario. Sólo debemos entender lo que una reducción en los costes de producción significa para el empresario.

En general, el empresario puede reducir costes de dos formas diferentes: mediante prudentes compras de materias primas y productos intermedios, y adoptando métodos de producción más eficientes. Ambas suponen un alto grado de riesgo, además de requerir inteligencia y previsión. Como cualquier otra acción del empresario, decidir si ha llegado el momento más oportuno para comprar, o si es mejor esperar más, implica especular sobre un futuro incierto. Un empresario que ha de soportar la totalidad de las pérdidas, pero que sólo participa de una parte de las ganancias, siendo esa parte mayor cuanto más elevados sean los gastos, se encuentra en una posición distinta de la del empresario al que se le abonan o se le caigan la totalidad de los beneficios o de las pérdidas. Su actitud ante los riesgos del mercado queda radicalmente alterada. Tenderá, en consecuencia, a comprar a precios más altos que el empresario de una economía libre. Lo mismo puede decirse en cuanto a las mejoras en los métodos de producción. Siempre implican riesgo; son necesarias inversiones adicionales de cuya rentabilidad futura no se tiene certeza. ¿Por qué iba un empresario a incurrir en riesgos si, en caso de que tenga éxito, se le penaliza con una reducción de sus ingresos?

5. Corporativismo y sindicalismo

1. Corporativismo

El corporativismo[230] es un programa, no una realidad. Hay que señalarlo desde el principio para evitar equívocos. En ningún lugar se ha intentado llevar a la práctica este programa. Ni siquiera en Italia, aun a pesar de la constante propaganda, se ha hecho nada realmente para implantar el sistema del Estado corporativo (stato corporativo).

Se ha intentado caracterizar las distintas ideologías políticas y económicas como específicas de determinadas naciones. A las ideas occidentales se han contrapuesto las alemanas y las eslavas; se han descubierto supuestas diferencias entre la mentalidad latina y teutónica; concretamente, en Rusia y Alemania se habla de la misión del pueblo elegido, cuyo destino es regir el mundo y llevarlo a la salvación. A la vista de tales tendencias, es necesario subrayar que todas la ideas políticas y económicas que dominan el mundo de hoy han sido desarrolladas por pensadores ingleses, escoceses y franceses. Ni los alemanes ni los rusos han aportado ni un ápice a los conceptos del socialismo; las ideas socialistas llegaron a Alemania y Rusia desde Occidente, al igual que lo hicieron las ideas que muchos alemanes y rusos estigmatizan hoy como occidentales. Lo mismo puede decirse del corporativismo. Proviene del socialismo gremial inglés, y es necesario estudiar las obras de este movimiento hoy casi olvidado para obtener información acerca de las ideas básicas del corporativismo. Las publicaciones italianas, portuguesas y austriacas, los programas de los partidos, y otros comentarios acerca del Estado corporativo carecen de un significado preciso y evitan las afirmaciones y las formulaciones exactas; encubren las dificultades reales apelando ampliamente a populares eslóganes. Los socialistas gremiales ingleses, sin embargo, demuestran mayor claridad en la presentación de su programa, y Sidney y Beatrice Webb han ofrecido una formulación completa del objetivo y funcionamiento de este sistema[231].

En la utopía corporativista el mercado es reemplazado por el juego de lo que los italianos llaman corporaciones, esto es, organizaciones de adhesión obligatoria integradas por la totalidad de personas ocupadas en una determinada industria. Todo lo que concierna exclusivamente a esa industria, es decir, los asuntos internos de cada corporación[232], es gestionado por la propia corporación, sin injerencias por parte del Estado o de personas que no pertenezcan a esa corporación. Las relaciones entre las diferentes corporaciones se regulan a través de la negociación entre ellas o mediante una asamblea conjunta de los representantes de todas las corporaciones. El Estado, esto es, el parlamento elegido por sufragio universal, y el gobierno responsable ante él no intervienen en absoluto, o sólo cuando las corporaciones no consiguen llegar a un acuerdo.

Al diseñar sus planes, los socialistas gremiales ingleses tenían en mente el patrón del gobierno local inglés y su relación con el gobierno central. Propusieron crear el autogobierno en las industrias. Del mismo modo que los condados y las ciudades se ocupaban de sus propios asuntos locales, las distintas ramas de la producción administrarían sus propios asuntos internos dentro de la estructura del cuerpo social en su conjunto.

Sin embargo, en una sociedad basada en la división del trabajo no existen problemas internos en los negocios, empresas o industrias que incumban sólo a los directamente interesados, y que no afecten a otros ciudadanos. Todo el mundo está interesado en ver que cada negocio, empresa e industria se gestione tan eficazmente como sea posible. Todo despilfarro de fuerza laboral o de materiales en cualquier industria afecta individualmente a cada ciudadano. Es imposible dejar las decisiones sobre la elección de los métodos de producción y sobre la clase y cantidad de los productos exclusivamente a los directamente ocupados en esa industria, porque tales decisiones le conciernen a todo el mundo, no sólo a los miembros de la profesión, el gremio o la corporación. Aunque el empresario en la economía capitalista sea el jefe en su propio negocio, está sujeto sin embargo a las leyes del mercado; si quiere evitar las pérdidas y obtener beneficios, ha de esforzarse por satisfacer lo mejor posible los deseos de los consumidores. La industria organizada corporativamente, que no habría de temer la competencia, no sería el siervo de los consumidores, sino su señor en el caso de que fuera libre para regular a voluntad los problemas internos que, supuestamente, sólo a ella le conciernen.

La mayoría de los que proponen el Estado corporativo no desean eliminar a los empresarios ni a los propietarios de los medios de producción. Quieren que la corporación sea una organización que encuadre a todas las personas implicadas en una línea concreta de la producción. Las disputas entre el empresario, los propietarios del capital invertido en la empresa y los trabajadores, en lo que se refiere a la disposición que se hace del beneficio bruto y a la distribución de ingresos entre estos distintos grupos son, en su opinión, meros problemas internos que han de resolverse de forma autónoma en el seno de la empresa, sin injerencias exteriores. Pero nunca se explica cómo se lleva esto a la práctica. Si los empresarios, capitalistas y trabajadores de una corporación han de organizarse en bloques separados, y si son estos bloques los que han de negociar, nunca podrá haber acuerdos, a no ser que empresarios y capitalistas renuncien voluntariamente a sus derechos. Y si las decisiones se toman directamente, o indirectamente (eligiendo comités), por votación de todos los miembros, cada uno con el mismo poder de voto, serían entonces los trabajadores, más numerosos, quienes obtendrían mayoría sobre los empresarios y capitalistas, pudiendo así rechazar sus reivindicaciones. El corporativismo tomaría entonces la forma del sindicalismo[233].

Lo mismo puede decirse del problema de las escalas salariales. Si esta espinosa cuestión también la decide el voto general de toda persona comprometida con la industria, siendo el valor del voto igual para todos, el resultado más probable será la igualdad de salarios, independientemente del tipo de trabajo realizado.

Con el objeto de tener algo que distribuir y con lo que pagar, la corporación debe primero obtener ingresos mediante la venta de sus productos. Luego esta ocupa en el mercado la posición de único productor y vendedor de los bienes que produzca su sector. No tiene que preocuparse de la competencia que puedan ejercer los fabricantes de esos bienes, porque tiene la exclusiva de fabricación para esos bienes. Tendríamos pues una sociedad de monopolistas. Esto no quiere decir necesariamente que todas las corporaciones estarían en posición de fijar precios de monopolio; pero muchas industrias podrían hacerlo y obtener beneficios de monopolio de diversas cuantías. La organización corporativista de la sociedad ofrecería, pues, algunas ventajas concretas a ciertos sectores de la producción, así como a los que están implicados en ellos. Habrá industrias que podrán incrementar tanto sus ingresos totales restringiendo la producción, que aquellos que las integren recibirán una parte relativamente mayor de los bienes de consumo del país. Algunas industrias pueden incluso lograr un incremento absoluto del consumo de sus miembros aun a pesar de que la producción nacional disminuya.

Esto es suficiente para señalar los defectos del corporativismo. Las corporaciones no tienen ningún incentivo para producir de la forma más eficiente posible. Están interesados en reducir la producción para poder fijar precios de monopolio; dependerá de las condiciones de la demanda a las que se enfrente cada industria el que a los miembros de una corporación les vaya mejor que a los de otra. La posición de una corporación será más fuerte cuanto más urgente sea la demanda de sus productos; la urgencia de la demanda posibilitará que algunas de ellas reduzcan la producción, y aun así, incrementen sus beneficios totales. Todo el sistema degeneraría en un despotismo irrestricto, ejercido por las industrias productoras de bienes vitales en el sentido estricto de la palabra.

Difícilmente puede creerse que alguna vez se intente seriamente poner en práctica un sistema como este. Todas las propuestas de corporativismo prevén la intervención del Estado, al menos en el caso de que las corporaciones no alcancen un acuerdo en asuntos que afecten a varias de ellas[234]. Dentro de estos asuntos, ciertamente habrá que incluir los precios. No puede asumirse que las corporaciones llegarán a un acuerdo sobre precios. Si el Estado tiene que intervenir fijando los precios, entonces todo el sistema pierde su carácter corporativo y pasa a ser socialista o intervencionista.

Pero la política de precios no es el único punto que muestra la inviabilidad del sistema corporativista. Este sistema hace imposibles todos los cambios en el proceso productivo. Si la demanda ha cambiado o si hay que sustituir los antiguos métodos de producción por otros nuevos, habrá que transferir capital y fuerza laboral de una industria a otra. Estas son cuestiones que exceden los límites de cualquier corporación. Una autoridad superior debe intervenir, y esa autoridad sólo puede ser el Estado. Pero si es el Estado el que decide cuánto capital y cuántos trabajadores debe emplear cada corporación, es entonces el Estado, y no las corporaciones, quien tiene la última palabra.

2. El sindicalismo

El corporativismo o socialismo gremial resulta ser sindicalismo. Los trabajadores de cada industria reciben el control de los medios de producción y continúan produciendo por cuenta propia. No tiene importancia si los antiguos empresarios y capitalistas tienen o no una posición especial en el nuevo orden. Ya no son empresarios y capitalistas en el mismo sentido en que lo eran en la economía de mercado. Sólo pueden ser ciudadanos que disfrutan de privilegios en cuanto a las decisiones que conciernen a la gestión y a la distribución de los ingresos. La función social que cumplían en la economía de mercado ha sido asumida por la corporación. Aunque en la corporación sólo los antiguos empresarios y capitalistas tuvieran derecho a tomar decisiones y recibieran la parte más importante de los ingresos, el sistema seguiría siendo sindicalismo. No es una característica económica del sindicalismo que cada sindicalista tenga los mismos ingresos, o que se le consulte en cuestiones de política comercial; lo esencial es el hecho de que los individuos y los medios de producción están rígidamente adscritos a determinadas líneas de producción, de tal forma que ningún trabajador y ningún factor productivo es libre para trasladarse de una línea a otra. Que el eslogan «los molinos para los molineros, las imprentas para los impresores» se interprete de tal forma que las palabras «molineros» e «impresores» incluyan o no a los antiguos propietarios de los molinos y de las imprentas, y que a estos se les conceda una posición más o menos privilegiada, carece de importancia.

Lo decisivo es que la economía de mercado, en la que los propietarios de los medios de producción y los empresarios, así como también los trabajadores, dependen de las demandas de los consumidores, se sustituye por un sistema en el que las demandas de los consumidores ya no determinan la producción, sino que se encarga de hacerlo un sistema en el que sólo prevalecen los deseos de los productores. El cocinero decide qué va a comer cada uno y en qué cantidad. Como el cocinero tiene el derecho exclusivo a preparar la comida, quien la rechace pasará hambre. Tal sistema podría tener aún cierto sentido si las condiciones permanecen inalteradas y mientras que la distribución del capital y del trabajo entre las diferentes líneas de producción correspondan en cierta medida a las condiciones de la demanda. Pero siempre sobrevienen cambios. Y cualquier cambio en las condiciones hace inviable el sistema.

El postulado sindicalista de que los trabajadores debieran apropiarse de los medios de producción es un síntoma de la opinión que los trabajadores se forman del proceso productivo desde la estrecha perspectiva que su posición les proporciona. Toman por una institución permanente el centro donde desarrollan a diario las mismas tareas; no se dan cuenta de que la actividad económica está sometida a constantes cambios. No saben si las empresas para las que trabajan obtienen o no beneficios. ¿Cómo, si no, podría explicarse que los empleados de un ferrocarril que obtiene pérdidas exijan «los ferrocarriles para los ferroviarios»? Los trabajadores creen ingenuamente que es únicamente su trabajo lo que produce rendimientos y que los empresarios y capitalistas no son sino parásitos. Psicológicamente, esto puede explicar cómo se concibieron las ideas del sindicalismo. Pero comprender cómo surgieron las ideas del sindicalismo no hace de él un sistema viable.

Los sistemas sindicalista y corporativista se basan en el supuesto de que la estructura productiva existente en un determinado momento permanecerá invariada. Sólo en el caso de que este supuesto sea correcto sería posible prescindir de las transferencias de trabajo y capital desde un sector a otro. Y las decisiones en cuanto a tales cambios han de tomarlas una autoridad superior a la corporación o el sindicato. Ningún economista respetable ha calificado nunca el ideal sindicalista como una solución satisfactoria al problema de la cooperación social. El sindicalismo revolucionario de Sorel y los partidarios de la action directe no tienen nada que ver con el programa social del sindicalismo. El sistema de Sorel era un conjunto de tácticas políticas cuyo objetivo era la implantación del socialismo.

El socialismo gremial inglés floreció por un breve periodo y después desapareció casi por completo. Sus primeros defensores lo abandonaron porque se dieron cuenta, obviamente, de sus inherentes contradicciones. En cuanto al corporativismo, todavía hoy juega un papel de cierta importancia en los escritos y en los discursos de los políticos, pero ninguna nación ha intentado ponerlo en práctica. La Italia fascista, que es la que con más énfasis ensalza el corporativismo, impone las órdenes del gobierno en toda actividad económica. Luego no hay lugar para las corporaciones autónomas en la Italia «corporativa».

Existe una tendencia general a asignar el término «corporación» a ciertas instituciones. Los organismos consultivos del gobierno o los cárteles que el gobierno crea y hace funcionar bajo su supervisión son calificados como instituciones corporativas. Pero tampoco ellos tienen nada que ver con el corporativismo.

De cualquier forma que lo abordemos, el hecho es que el corporativismo o el sindicalismo no pueden eludir la elección: economía de mercado o socialismo. ¿Cuál de los dos?

6. La economía de guerra

1. La guerra y la economía de mercado

La democracia es el corolario de la economía de mercado en los asuntos internos; la paz es el corolario en cuanto a la política exterior. La economía de mercado significa cooperación e intercambios pacíficos de bienes y servicios. No puede sobrevivir cuando las masacres están a la orden del día.

La incompatibilidad de la guerra con la economía de mercado y la civilización no se advierte plenamente porque el desarrollo progresivo de la economía de mercado ha alterado el carácter original de la guerra. Ha transformado gradualmente la guerra total de la Antigüedad en la guerra de soldados profesionales en los tiempos modernos.

La guerra total es una horda en movimiento, luchando y saqueando. Toda la tribu, todo la gente se va; nadie —ni siquiera las mujeres o los niños— permanece en su casa, a no ser que tenga que desempeñar allí tareas esenciales para la guerra. La movilización es total y toda la gente está siempre preparada para ir a la guerra. O se es guerrero o se trabaja en apoyo del guerrero. Ejército y nación, ejército y Estado, se identifican. No se distingue entre combatientes y civiles. El objetivo de la guerra es aniquilar por completo la nación enemiga. Los vencidos —hombres, mujeres y niños— son exterminados; ser reducido a la esclavitud es una muestra de clemencia. Sólo la nación victoriosa sobrevive.

Por el contrario, en las guerras libradas por soldados profesionales, es el ejército el que se encarga de la lucha, mientras que los ciudadanos que no pertenecen a las fuerzas armadas hacen su vida normal. Los ciudadanos pagan los costes de la guerra; pagan por la manutención y el equipamiento del ejército, pero en todo lo demás se mantienen al margen de los acontecimientos bélicos. Puede ocurrir que las acciones de guerra arrasen sus casas, devasten sus tierras y destruyan sus otras propiedades; pero esto también forma parte de los costes de la guerra que ellos han de soportar. También puede ocurrir que sufran el saqueo de los beligerantes o eventualmente sucumban a sus manos —incluso a manos de su «propio» ejército—. Pero estas son eventualidades no consustanciales a las operaciones militares; obstaculizan los planes de los jefes del ejército en lugar de favorecerlos, y no son toleradas si quienes están al mando tienen un completo control sobre sus tropas. El Estado en guerra que ha reclutado, equipado y mantenido el ejército considera un delito el saqueo, los soldados fueron reclutados para luchar, no para saquear en provecho propio. El Estado quiere que la vida civil se mantenga en su estado habitual para poder preservar la capacidad contributiva de todos los ciudadanos; los territorios conquistados son considerados como dominios propios. El sistema de economía de mercado se respeta durante la guerra para servir a las existencias del esfuerzo bélico.

La evolución que desde la guerra total condujo a la guerra librada por soldados profesionales debería haber eliminado por completo las guerras. Fue una evolución cuyo objetivo final sólo podía ser la eterna paz entre las naciones civilizadas. Los liberales del siglo XIX se daban perfecta cuenta de estos hechos. Consideraban la guerra como un residuo de una edad oscura que estaba condenado a desaparecer, del mismo modo que lo hicieron instituciones pasadas como la esclavitud, la tiranía, la intolerancia y la superstición. Creían firmemente que el futuro traería las bendiciones de una eterna paz.

Las cosas han ido por otros derroteros. El proceso que había de traer la pacificación del mundo ha tomado la dirección contraria. Esto es algo que no puede entenderse como un mero hecho aislado. Somos hoy testigos del auge de una ideología que niega conscientemente todo lo que se ha venido considerando como cultura. Los valores «burgueses» son reemplazados por los del proletariado. Y, en la misma línea, el ideal «burgués» de una paz eterna se sustituye por la glorificación de la fuerza. El pensador político francés Georges Sorel, apóstol de los sindicatos y de la violencia, fue el padrino tanto del bolchevismo como del fascismo.

Hay poca diferencia entre que los nacionalistas quieran la guerra entre las naciones y los marxistas quieran la guerra entre clases, esto es, la guerra civil. Lo importante es el hecho de que ambos predican la guerra de aniquilación, la guerra total. También es importante que los grupos antidemocráticos cooperen juntos, como hacen hoy, en lugar de luchar unos contra otros. En cualquier caso, siempre son aliados virtuales cuando se trata de atacar a la civilización occidental.

2. Guerra total y socialismo

Si tuviéramos que considerar como Estados las hordas de bárbaros que cayeron sobre el Imperio Romano desde el Este, tendríamos que decir que formaban Estados totales. La horda se regía por el principio político que los nazis llaman hoy el principio del Führer [caudillaje]. Sólo la voluntad de Atila o Alarico contaban. Un huno o un godo no tenía derechos ni un ámbito de vida privada. Todos los hombres, mujeres y niños eran simples unidades en el ejército de su gobernante o en las tareas de abastecimiento de ese ejército; tenían que obedecer incondicionalmente.

Sería un error suponer que esas hordas tenían una organización socialista. El socialismo es un sistema social de producción que se basa en la propiedad pública de los medios de producción. Estas hordas no tenían producción socialista. Cuando no vivían del pillaje de lo conquistado y tenían que cubrir sus necesidades con su propio trabajo, las familias producían sus propios recursos por su cuenta. El gobernante no se ocupaba de esos asuntos; hombres y mujeres iban por libre. No había planificación ni socialismo. El reparto del botín no es socialismo.

La economía de mercado y la guerra total son incompatibles. En las guerras de soldados profesionales sólo estos luchan; para la gran mayoría la guerra sólo es un acontecimiento negativo, no una ocupación activa. Mientras que los ejércitos se combaten, los ciudadanos, los granjeros y los trabajadores intentan desempeñar sus ocupaciones habituales.

El primer paso que condujo de nuevo de la guerra de soldados profesionales a la guerra total fue el servicio militar obligatorio. Eliminó gradualmente la diferencia entre soldados y ciudadanos. La guerra ya no fue sólo asunto de los mercenarios; implicaba a todo el que tuviera la aptitud física necesaria. El lema «una nación en armas» expresaba en principio una empresa que no podía llevarse a cabo por falta de recursos financieros. Sólo una parte de la población masculina apta para el servicio recibía entrenamiento militar y era destinada al ejército. Pero una vez emprendido este camino, no es posible detenerse en un punto intermedio. A la larga, la movilización del ejército absorbería incluso los hombres indispensables para mantener la producción doméstica, responsables de la manutención y el equipamiento de los combatientes. Fue necesario distinguir entre ocupaciones esenciales y no esenciales. Había que eximir del combate a los hombres ocupados en actividades esenciales para el abastecimiento del ejército. Por este motivo, la tropa y mano de obra disponible quedó a disposición y criterio de los jefes militares. El servicio militar obligatorio pretende reclutar para el ejército a todo aquel que reúna las condiciones físicas; sólo los enfermos, los impedidos, los ancianos, las mujeres y los niños estarán exentos. Pero cuando se revela que una parte de los aptos para el servicio que trabajan en la industria pueden ser reemplazados por los ancianos, por los jóvenes, por los poco aptos físicamente y por las mujeres, ya no hay razón para distinguir, en cuanto al servicio obligatorio, entre los físicamente aptos y los no aptos. El servicio militar obligatorio conduce así al servicio laboral obligatorio para todos los ciudadanos que estén en condiciones de trabajar, hombres y mujeres. El comandante en jefe tiene poder sobre toda la nación, sustituye el trabajo de los físicamente aptos reclutando a otros menos aptos, y envía al frente a todos los que estén en condiciones de luchar y de los que se pueda prescindir en la retaguardia sin poner en peligro el abastecimiento del ejército. El comandante en jefe decide, pues, qué bienes deben producirse y de qué forma. También decide cuál ha de ser el uso de esos bienes. La movilización ya es total; la nación y el Estado se han transformado en un ejército; el socialismo de guerra ha sustituido a la economía de mercado.

En relación con esto, es irrelevante si los antiguos empresarios tienen o no una posición privilegiada en el sistema del socialismo de guerra. Puede llamárseles gestores, con altos cargos en las fábricas que, ahora, sirven al ejército. Puede que reciban raciones mayores que aquellos que, antiguamente, sólo eran empleados de oficina u obreros. Pero ya no son empresarios. Son gerentes de unidades de producción a quienes se les dice qué y cuánto han de producir, dónde y a qué precios deben comprar los medios de producción, y a quién y a qué precios han de vender los productos.

Si la paz se considera como una mera tregua durante la cual la nación tiene que armarse para la próxima guerra, en tiempo de paz es tan necesario orientar la producción para la guerra como preparar y organizar el ejército. Sería ilógico entonces demorar la movilización total hasta la ruptura de hostilidades. A este respecto, la única diferencia entre la guerra y la paz es que en tiempo de paz, los hombres que irán al frente aún trabajan en la retaguardia. La transición de la paz al estado de guerra no es más que la movilización de esos hombres.

Es evidente que, en última instancia, la guerra y la economía de mercado son incompatibles. La economía de mercado se pudo desarrollar sólo porque la revolución industrial había hecho retroceder el militarismo y porque hizo a la guerra total «degenerar» en guerra de soldados profesionales.

No vamos a examinar la cuestión de si el socialismo necesariamente conduce a la guerra; ya que para el tema que nos ocupa no es necesario. Bastará con señalar que los agresores no pueden llevar a cabo una guerra total sin implantar el socialismo.

3. Economía de mercado y defensa nacional

Hoy, el mundo se divide en dos campos. Las hordas totalitarias están atacando a las naciones que desean mantener la economía de mercado y la democracia; se afanan por destruir la «decadente» civilización occidental para sustituirla por un nuevo orden.

Se cree que esta agresión obliga a sus víctimas a ajustar su sistema social a las exigencias de la guerra total, esto es, a sustituir la economía de mercado por el socialismo y a reemplazar la democracia por la dictadura. Hay un grupo que, en tono desesperado, dice: «La guerra conduce inevitablemente al socialismo. Al intentar defender la democracia y repeler el ataque del enemigo, nosotros mismos estamos aceptando su orden económico y su sistema político». En los EE. UU., este argumento es el principal soporte del aislacionismo. Los aislacionistas creen que la libertad sólo puede preservarse manteniéndose al margen de la guerra.

Los «progresistas», de muy buena gana, defienden la misma tesis. Aplauden la lucha contra Hitler porque están convencidos de que la guerra traerá necesariamente el socialismo. Quieren que Norteamérica participe en la contienda para derrotar a Hitler e introducir su sistema en los EE. UU.

¿Es esto una verdad necesaria? ¿Debe una nación, para defenderse de la agresión de países totalitarios, hacerse también totalitaria? ¿Es un país que disfruta de democracia y economía de mercado incapaz de luchar con éxito contra un enemigo totalitario y socialista?

Muchos creen que la experiencia de la actual guerra prueba que el régimen socialista de producción reúne mejores características en cuanto a la producción de armas y material de guerra que la economía de mercado. El ejército alemán goza de una enorme superioridad en toda clase de equipamientos que un ejército requiere. El ejército francés y el del Imperio Británico, que tenían a su disposición los recursos del mundo entero, entraron en guerra deficientemente equipados y armados, y han sido incapaces de superar esa inferioridad. Son hechos que no pueden negarse, pero tenemos que interpretarlos correctamente.

Incluso en la época en que los nazis llegaron al poder, el Reich alemán estaba, con mucho, mejor preparado para una nueva guerra de lo que los expertos ingleses y franceses suponían. Desde 1933, el Reich ha concentrado todos sus esfuerzos en la preparación de la guerra. Hitler ha transformado el Reich en un campamento armado. La producción de guerra se expandió hasta el límite. La producción de bienes para el consumo privado se redujo al mínimo. Hitler se preparó abiertamente para una guerra de aniquilación contra Francia e Inglaterra. Ingleses y franceses actuaron como si no fuera con ellos. Durante esos críticos años que precedieron al estallido de la II Guerra Mundial, había en Europa, fuera de los países totalitarios, sólo dos partidos: los anticomunistas y los antifascistas. No se trataba de denominaciones asignadas por gentes ajenas o por sus adversarios; las adoptaron ellos mismos.

Los antifascistas —en Inglaterra, principalmente el Partido Laborista; en Francia, el Frente Popular— emplearon un duro lenguaje contra los nazis. Pero se oponían a cualquier mejora en el armamento de sus países; en toda propuesta de expansión de las fuerzas armadas sospechaban intenciones fascistas. Confiaron en el ejército soviético, de cuya fuerza, superior equipamiento e invencibilidad estaban convencidos. Lo que sí creían necesario era una alianza con los soviets. Para ganar el favor de Stalin era necesario, según decían, impulsar una política interna inclinada hacia el comunismo.

Los anticomunistas —los conservadores ingleses y la «derecha» francesa— veían en Hitler el Sigfrido que destruiría el dragón comunista. Por consiguiente, veían con simpatía el nazismo. Etiquetaron como mentira «judaizante» la afirmación de que Hitler planeaba aniquilar Francia y el Imperio Británico y aspiraba a dominar completamente Europa.

El resultado de esta política fue que Inglaterra y Francia se precipitaron a la guerra sin estar preparadas. Sin embargo, aún no era demasiado tarde para enmendar las omisiones. Los ocho meses que transcurrieron entre la ruptura de hostilidades y la ofensiva alemana de mayo de 1940 habrían sido suficientes para procurar equipamiento a las fuerzas aliadas, el cual les hubiera permitido defender con éxito la frontera oriental francesa. Pudieron y debieron utilizar el potencial de sus industrias. No puede culparse al capitalismo de que no lo hicieran.

Una de las leyendas anticapitalistas más populares quiere hacernos creer que las intrigas de la industria armamentista han hecho resurgir el espíritu de la guerra. El imperialismo moderno y la guerra total son, supuestamente, los resultados de la propaganda de guerra llevada a cabo por escritores a sueldo de los fabricantes de armas. Se cree que la I Guerra Mundial comenzó porque Krupp, Schneider-Creuzot, DuPont y J. P. Morgan querían grandes beneficios. Para evitar que vuelva a ocurrir tal catástrofe, se cree necesario evitar que las industrias armamentistas obtengan beneficios.

Apoyándose en este razonamiento, el gobierno de Blum[235] nacionalizó la industria de armamentos francesa. Cuando comenzaron las hostilidades y se puso de manifiesto la necesidad perentoria de orientar la capacidad productiva de las industrias francesas al servicio del rearme, las autoridades francesas consideraron más importante impedir el lucro derivado de la guerra que ganar la guerra. Desde septiembre de 1939 a junio de 1940, Francia no luchó realmente contra los nazis, sino que luchó contra el lucro que la guerra podía proporcionar. En este particular, tuvieron éxito.

También en Inglaterra, la principal preocupación del gobierno era impedir el lucro derivado de la guerra, en lugar de procurarse el mejor equipo posible para las fuerzas armadas. Como ejemplo, puede citarse la tasa del 100% sobre los beneficios procedentes de la guerra. Aún más desastroso para los aliados fue el hecho de que, también en EE. UU., se dieron pasos para impedir los beneficios de guerra y se anunciaron en este sentido medidas aún más drásticas. Esta fue la razón por la que la industria americana sólo ha aportado una pequeña parte de la ayuda que podría haber ofrecido a Inglaterra y Francia.

Los anticapitalistas dicen: «Esta es precisamente la cuestión. El mundo de los negocios no es patriótico. Se nos dice que nos separemos de nuestras familias y que abandonemos nuestros trabajos; se nos manda al ejército, donde arriesgamos nuestra vida. Sin embargo, los capitalistas exigen sus réditos aun en tiempo de guerra. Si a nosotros se nos obliga a luchar por el país, debería obligárseles a ellos a trabajar por la patria desinteresadamente». Estos argumentos trasladan el problema al ámbito de la ética. Pero no se trata de ética sino de conveniencia.

Quienes detestan la guerra por motivos morales porque consideran que matar y mutilar a la gente es inhumano, deberían intentar reemplazar las ideas que conducen a la guerra por otras que aseguren la paz permanente. Sin embargo, si una nación pacífica es atacada y tiene que defenderse, sólo cuenta una cosa: la defensa debe organizarse tan rápida y eficazmente como sea posible; los soldados deben recibir el mejor equipo y las mejores armas. Y esto sólo puede lograrse si no se interfiere en el funcionamiento de la economía de mercado. La industria armamentista, que en el pasado obtuvo grandes beneficios, hizo posible la victoria al equipar y aprovisionar los ejércitos tan eficazmente. Fue debido a las experiencias suministradas por las contiendas del siglo XIX como la producción de armamento directamente gestionada por los gobiernos cesó en su mayor parte. En ninguna otra época se ha demostrado tan fehacientemente la eficacia y la capacidad productiva de los empresarios como en la I Guerra Mundial. Sólo a la envidia y al resentimiento irreflexivo se debe el que la gente se oponga al lucro de los empresarios, cuya eficacia hace posible ganar la guerra.

Cuando las naciones capitalistas abandonan en tiempo de guerra la superioridad industrial que su sistema económico les proporciona, su capacidad de resistencia y sus oportunidades de vencer se reducen considerablemente. Puede entenderse fácilmente que algunas consecuencias puntuales del esfuerzo bélico se consideren injustas. El hecho de que los empresarios se enriquezcan con la producción de armamento es sólo una más de las consecuencias insatisfactorias e injustas que la guerra provoca. Los soldados arriesgan su vida y su salud. Que mueran en el frente anónimamente, mientras que los jefes del ejército y sus oficiales están seguros y a salvo recibiendo los honores y los ascensos, también es «injusto». Exigir la eliminación del lucro en la industria de guerra no es más razonable que exigir que los jefes del ejército, sus oficiales, los cirujanos y los hombres de la retaguardia hagan su trabajo sufriendo las mismas privaciones y peligros que el soldado del frente. No es el lucro derivado de la guerra lo condenable. ¡Es la propia guerra!

Estas ideas acerca del lucro en la guerra revelan también muchos errores acerca de la economía de mercado. Todas aquellas empresas que en tiempo de paz ya tenían todo el equipo necesario para producir armas y otros suministros bélicos, trabajan desde el primer día a las órdenes del gobierno. Pero aun trabajando a plena capacidad, todas esas fábricas sólo pueden producir una pequeña parte de lo que el esfuerzo bélico requiere. Luego se trata de dedicar a la producción de guerra fábricas que anteriormente no producían armamento y de construir otras nuevas. En ambos casos son necesarias considerables inversiones. Que estas inversiones produzcan o no rendimientos depende no sólo de los precios de los primeros pedidos, sino también de los pedidos servidos mientras dura la guerra. Si la guerra acaba antes de que esas inversiones puedan amortizarse con cargo al resultado bruto de explotación, los propietarios no sólo no obtendrán beneficios, sino que perderán parte de su capital. El argumento popular a favor de una industria armamentista sin ánimo de lucro pasa por alto, entre otras cosas, el hecho de que las empresas, que tienen que acometer la producción en un área que todavía no han desarrollado, deben obtener el capital necesario de los bancos o en el mercado de capitales. No podrán reunirlo si su uso previsto no ofrece expectativas de beneficio sino sólo riesgos de pérdidas. ¿Cómo un empresario concienzudo puede persuadir a un banquero o a un capitalista de que le preste dinero si ni siquiera él mismo ve ninguna perspectiva de rentabilidad en su inversión? En la economía de mercado, donde el deudor tiene la responsabilidad de reembolsar el préstamo, no hay lugar para transacciones en las que el riesgo de pérdida no se compense con la perspectiva de ganancia. Es sólo la expectativa de beneficio lo que permite al empresario comprometerse a pagar los intereses y devolver el principal. Al eliminar la esperanza de beneficio, se hace imposible el funcionamiento de todo el sistema empresarial.

Lo que se le pide a la industria viene a ser esto: Abandonen las líneas de producción en las que han trabajado con éxito hasta ahora. No se preocupen de la pérdida de sus clientes habituales ni de la depreciación de su maquinaria inactiva. Inviertan nuevo capital en una línea con la que no están familiarizados. Pero ténganlo en cuenta, pagaremos unos precios que no les permitirán amortizarla nueva inversión en un periodo de tiempo breve. Pero si, aun de este modo, todavía obtienen beneficios, los confiscaremos por la vía fiscal. Además, les presentaremos públicamente como «traficantes de muertos».

También en la guerra, sólo existe la elección entre la economía de mercado y el socialismo. La tercera alternativa, el intervencionismo, ni siquiera es posible en guerra. Al comienzo de esta contienda podría haber sido posible nacionalizar toda la industria, pero no cabe duda de que esto hubiera significado un completo fracaso. Si uno no quería adoptar ese método, la economía de mercado debería haber sido aceptada con todas sus implicaciones. Si se hubiera escogido el mercado, la avalancha de Hitler se podría haber parado en las fronteras orientales de Francia. La derrota de Francia y la destrucción de las ciudades inglesas fueron el primer precio a pagar por la supresión intervencionista de los beneficios de la industria de guerra.

Cuando la guerra ya estaba en marcha, la discusión sobre las medidas en contra del lucro derivado de la guerra tendría que haber cesado. Después de obtener la victoria y establecer un orden mundial donde no hubiera que temer nuevas agresiones, habría habido tiempo más que suficiente para confiscar esos beneficios. En cualquier caso, antes de que la guerra haya acabado y las inversiones se hayan amortizado, es imposible saber si una empresa ha obtenido realmente beneficios o no.

7. Consecuencias económicas, sociales y políticas del intervencionismo

1. Las consecuencias económicas

El intervencionismo no es un sistema económico, es decir no es un método que permita a quienes lo adoptan conseguir los objetivos apetecidos. Es simplemente un sistema de procedimientos que perturban y a veces destruyen la economía de mercado. Obstaculiza la producción e impide que las necesidades humanas sean satisfechas. No hace más ricos a los ciudadanos, sino más pobres.

Admitamos que las medidas intervencionistas pueden proporcionar ventajas a ciertos individuos o grupos de individuos a expensas de otros. Algunas minorías pueden obtener privilegios que les favorecen a costa de los demás ciudadanos. Pero la mayoría de las personas o la nación en su conjunto experimentan, como consecuencia del intervencionismo, tan sólo una pérdida.

Consideremos, por ejemplo, el caso de los aranceles. No hay duda de que se pueden garantizar ciertos privilegios a un grupo de productores, por ejemplo a los propietarios de minas de cobre; los consumidores sufrirán una pérdida al tiempo que los productores saldrán ganando. Si todos los sectores productivos y todo tipo de trabajo deben tener una misma protección, todos, como consumidores, tendrán que perder lo que ganan como productores. Y no sólo esto, sino que cada uno sufrirá pérdidas, ya que el proteccionismo aleja la producción de las condiciones naturales más ventajosas, con lo que reduce la productividad del capital y del trabajo, esto es aumenta los costes de producción. Si los aranceles introducen apenas una o varias cargas protectoras, pueden ser útiles a los intereses de algunos grupos; pero un sistema completo de aranceles sólo puede rebajar el nivel de satisfacción de todos.

Unas medidas restrictivas aisladas son comparativamente menos perjudiciales. Reducen la productividad y hacen más pobres a los ciudadanos, pero permiten que el proceso siga funcionando. El mercado puede adaptarse a estas medidas aisladas. Muy distintos son los efectos cuando se trata de medidas tendientes a fijar los precios, los salarios y los tipos de interés a niveles distintos de los que se formarían espontáneamente en un sistema de libre mercado, o en el caso de que se pretenda eliminar los beneficios. Tales medidas paralizan el funcionamiento de la economía de mercado. No sólo alejan la producción de los canales que conducen a la mejor y más eficaz satisfacción de la demanda del consumidor, sino que también originan un derroche de capital y de trabajo; crean un paro masivo permanente. Pueden conducir a un auge artificial, pero al mismo tiempo llevan a la subsiguiente depresión. Transforman la economía de mercado en un caos.

La opinión común atribuye todos estos males al sistema capitalista. Y, como remedio de los indeseados efectos del intervencionismo, se pide un intervencionismo aún mayor. Se acusa al capitalismo de los efectos de las acciones del gobierno que persiguen una política anticapitalista.

Especialmente significativo es el caso del monopolio. Es posible, e incluso probable, que en una economía de mercado no obstaculizada por la injerencia del gobierno se den condiciones que, temporalmente, puedan llevar a la aparición de precios de monopolio. Podemos considerar probable, por ejemplo, que incluso en una libre economía de mercado pueda formarse un monopolio internacional, por ejemplo, del mercurio, y que puedan formarse monopolios locales de ciertos materiales de construcción y de algunos combustibles. Pero estos casos aislados de precios de monopolio no crean el «problema del monopolio». Todos los monopolios nacionales y —con pocas excepciones— todos los monopolios internacionales deben su existencia a la legislación sobre aranceles. Si los gobiernos tuvieran seriamente la intención de combatir los monopolios, emplearían las medidas eficaces de que a tal respecto disponen; es decir, eliminarían los aranceles. Bastaría con esto para que el «problema del monopolio» desapareciera como por encanto. En realidad, a los gobiernos no les interesa acabar con el monopolio; tratan más bien de crear las condiciones para que los productores puedan imponer en el mercado precios de monopolio.

Supongamos, por ejemplo, que el sistema productivo nacional, a pleno rendimiento, produce una cantidad m de un determinado bien y que el consumo interior al precio del mercando mundial p más el impuesto de importación d (es decir el precio p más d) asciende a la cantidad n-n, que es superior a la cantidad m. En tales condiciones, el arancel permitirá a los productores nacionales vender sus productos a un precio superior al del mercado mundial[236]. El arancel proteccionista es eficaz y consigue su objetivo. Tal es, por ejemplo, el caso de los productores de trigo en los países europeos industrializados. Sin embargo, si m(es decir la cantidad producida) es superior al consumo interior a los precios del mercado mundial, entonces el gravamen a la importación no da ninguna ventaja a los productores nacionales. Así, un arancel sobre el trigo o sobre el acero en Estados Unidos no tendría efecto alguno sobre los precios; no comportaría en cuando tal un aumento del precio de la producción nacional de trigo o de acero.

Pero si los productores nacionales quieren obtener ventajas de los aranceles proteccionistas incluso cuando m es superior al consumo interno al precio del mercado mundial, entonces crean un cártel, un trust o algún tipo de fórmula monopolista y se conciertan para reducir la producción. De este modo tienen la posibilidad, en caso de que el estado de la demanda (según el comportamiento de la curva de demanda) lo permita, de obligar a los consumidores a pagar precios de monopolio que son superiores a los precios del mercado mundial, pero inferiores al precio del mercado mundial más el gravamen a la importación. Lo que en una primera instancia se obtiene de inmediato a través de los aranceles, en un segundo momento debe perfeccionarse por la organización monopolista que el arancel proteccionista hace posible.

La mayoría de los cárteles internacionales fueron posibles porque el mercado mundial en su totalidad fue dividido en áreas económicas nacionales mediante los aranceles y otras medidas relacionadas con ellos. Que los gobiernos no son sinceros en absoluto en su actitud respecto a los monopolios lo demuestra claramente su tendencia a la creación de monopolios mundiales incluso para aquellos bienes para los que las condiciones necesarias para la formación del monopolio exigen especiales medidas al margen de la legislación proteccionista. La historia económica de los últimos diez años nos muestra numerosas medidas que los diversos gobiernos adoptaron —aunque luego no tuvieran éxito— con el fin de crear monopolios mundiales del azúcar, la goma, el café, el estaño, y otros productos.

En la medida en que el intervencionismo consigue los fines que el gobierno se propone, crea también una escasez artificial de bienes y un aumento de los precios. Y en la medida en que los gobiernos persiguen fines distintos de estos dos, fracasan; o más bien, se producen efectos que los propios gobiernos consideran menos deseables aún que la situación que pretendían remediar. Del caos al que el intervencionismo conduce sólo se puede salir por una de estas dos vías: volviendo al mercado libre o implantando el socialismo.

Una economía de libre mercado no es un sistema recomendable desde el punto de vista de los intereses de empresarios y capitalistas. El interés particular de un grupo o de individuos particulares no tiene necesidad de la economía de mercado; es el bienestar general el que la necesita. No es cierto que los defensores de la economía de mercado sean defensores de los intereses egoístas de los ricos. Los intereses particulares de los empresarios y de los capitalistas invocan el intervencionismo para protegerse de la competencia de individuos más eficientes y activos. El libre desarrollo de la economía de mercado debe tutelarse no por el interés de los ricos, sino por el de todos los ciudadanos.

2. Gobierno parlamentario e intervencionismo

El gobierno del pueblo se basa en la idea de que todos los ciudadanos están unidos por intereses comunes. Los padres de las constituciones modernas no han descuidado el hecho de que a corto plazo los intereses particulares de determinados grupos pueden entrar en conflicto con los de la inmensa mayoría. A pesar de ello, confiaban en la inteligencia de sus propios conciudadanos. No dudaban de que estos serían lo suficientemente razonables para comprender que sus propios intereses de grupo, en caso de chocar con los intereses de la mayoría, deberían ser sacrificados. Estaban convencidos de que todo grupo reconocería que los privilegios no pueden mantenerse a largo plazo. Los privilegios sólo tienen valor si benefician a una minoría y lo pierden apenas se hacen más generales. Cuando se conceden privilegios a todo grupo de ciudadanos, esos privilegios pierden todo su valor y todo el mundo sale perjudicado.

El gobierno del pueblo, por lo tanto, sólo puede afirmarse en un sistema de economía de mercado. En este sistema sólo tienen valor los intereses de los ciudadanos en cuanto consumidores. A ningún productor se le garantiza un privilegio, ya que los privilegios que se conceden para producir cercenan la productividad e influyen negativamente sobre el grado de satisfacción de la demanda de los consumidores. Nadie sale perjudicado si el mayor nivel posible de satisfacción de los consumidores, conseguido al coste más bajo posible, se acepta como guía principal de la política; lo que los productores pierden como productores, al serles negados los privilegios, lo ganan como consumidores.

Todo progreso tecnológico perjudica ante todo a los intereses adquiridos de los empresarios, de los capitalistas, de los propietarios de tierras, de los trabajadores. Pero si el deseo de evitar estos perjuicios induce a adoptar medidas encaminadas a obstaculizar el desarrollo de nuevas tecnologías, esto a largo plazo perjudica no sólo a los intereses de todos los ciudadanos, sino también a los de aquellos que esperaban ser beneficiados. El automóvil y el avión perjudican a la industria ferroviaria, la radio perjudica a los periódicos, el cine al teatro. ¿Habrían podido los automóviles, los aviones, la radio, las películas ser prohibidos para salvar los intereses de los empresarios, capitalistas y trabajadores perjudicados? La gran conquista del viejo liberalismo consistió en abolir los privilegios de las corporaciones, abriendo así el camino a la industria moderna. Si hoy viven sobre la tierra muchas más personas que hace doscientos años y si los trabajadores de los países del Occidente civilizado viven mucho mejor que sus antepasados, y desde algunos puntos de vista mejor incluso que Luis XIV en su palacio de Versalles, ello sólo se debe a la liberalización de las fuerzas productivas.

La idea subyacente al gobierno representativo es que los miembros del parlamento representan a la nación en su conjunto, no a las diversas provincias o los intereses particulares de los propios electores. Los partidos políticos pueden tener diferentes opiniones sobre lo que debe considerarse útil para toda la nación, pero no deberían representar intereses particulares de algunas regiones o grupos de presión.

Los parlamentos de los países intervencionistas se hallan hoy muy lejos de lo que expresa este viejo principio. Hay representantes de la plata, del algodón, del acero, de la agricultura, de los trabajadores. Y ningún legislador siente como deber propio representar a la nación en su conjunto.

La forma democrática de gobierno destruida en Alemania y Francia por Hitler no podía funcionar, ya que estaba infestada por todas partes de espíritu intervencionista. Pululaban los partidos que defendían intereses locales y profesionales. Cualquier proyecto de ley que se presentara y cualquier medida ejecutiva eran valorados a la luz de un único criterio: ¿qué ofrece a mis electores y a los grupos de presión de los que dependo? Los representantes de una región vinícola lo valoraban todo desde el punto de vista de los productores de vino. Para los representantes de los trabajadores, los problemas de la defensa nacional no sólo no existían, sino que además eran un pretexto para aumentar el poder de los sindicatos. Los portavoces del frente popular francés reclamaban la cooperación con Rusia, los de la derecha una alianza con Italia. Ningún grupo se preocupaba por el bienestar y la independencia de Francia; en todo problema se limitaban a ver las relaciones con, y los efectos sobre, los intereses particulares de específicos grupos electorales. El intervencionismo había transformado el gobierno parlamentario en gobierno de los grupos de presión. No fueron el parlamentarismo y la democracia los que fracasaron. Fue el intervencionismo el que paralizó tanto el parlamentarismo como la economía de mercado.

El fracaso del parlamentarismo resulta más evidente en el ejercicio de la autoridad delegada. El parlamento cede voluntariamente al ejecutivo su propio poder legislativo. Hitler, Mussolini y Pétain gobiernan a través de la «delegación de poder». La dictadura adquiere así visos de legalidad mediante un vínculo formal con las instituciones democráticas. En realidad, la democracia desaparece y sólo queda su terminología, del mismo modo que en el sistema del socialismo «alemán» quedó abolida la propiedad privada aunque se conservara su nombre. También los tiranos de la antigua Grecia y los Césares romanos conservaron la fraseología de la República.

Con el actual estado de desarrollo de los medios de comunicación y de transporte, ninguna emergencia puede justificar la delegación del poder. Incluso en un país extenso como Estados Unidos, todos los representantes pueden reunirse en la capital en veinticuatro horas. Se podría incluso mantener el cuerpo legislativo en sesión permanente. Y cuando fuera oportuno mantener en secreto los procedimientos y las decisiones, podrían celebrarse sesiones secretas.

Con frecuencia se nos dice que las instituciones democráticas son sólo una máscara para la «dictadura del capital». Los marxistas se sirvieron de este eslogan durante mucho tiempo. Georges Sorel y los sindicalistas hicieron lo mismo. Hoy Hitler y Mussolini piden a las naciones que se levanten contra la «plutocracia». Como respuesta, baste observar cómo en Gran Bretaña, en los dominios británicos y en Estados Unidos las elecciones son absolutamente libres de toda coacción. Franklin D. Roosevelt ha sido elegido presidente por la mayoría de los votantes. Nadie ha sido obligado a votar por él. A nadie se le ha impedido exponer en público su opinión contraria a la reelección de Roosevelt. Los ciudadanos americanos eran libres de decidir y han decidido libremente.

3. Libertad y sistema económico

El primer argumento que se aduce contra la propuesta de sustituir el capitalismo por el socialismo es que en el sistema económico socialista no podría haber espacio para la libertad del individuo.

Se dice que el socialismo significa esclavitud para todos. Es imposible desmentir la verdad de este argumento. Si el gobierno controla todos los medios de producción, si el gobierno es el único que da trabajo y tiene el derecho exclusivo de decidir la educación que el individuo debe recibir, cuándo y cómo debe trabajar, entonces el individuo no es libre. Tiene la obligación de obedecer, pero no tiene derechos.

Los defensores del socialismo jamás han sido capaces de presentar un verdadero argumento en contra. Replican que en los países democráticos de economía de mercado hay libertad para el rico, no para el pobre, y que por esa libertad no merece la pena renunciar a la presunta felicidad del socialismo.

Para analizar estos problemas, es preciso ante todo comprender qué se entiende realmente por libertad. La libertad es un concepto sociológico. En la naturaleza y con respecto a la naturaleza no hay nada a lo que podamos atribuir ese término. La libertad es la oportunidad que el sistema social concede al individuo para modelar su propia vida de acuerdo con sus propios proyectos. Que el hombre tiene que trabajar para sobrevivir es una ley natural que ningún sistema social puede modificar. Que el rico pueda vivir sin trabajar no perjudica la libertad de quienes no se hallan en tan afortunada situación. En la economía de mercado, la riqueza representa la recompensa que concede la sociedad en su conjunto por los servicios que en el pasado se han prestado a los consumidores, y sólo puede preservarse mediante el continuo servicio en interés de los consumidores. El hecho de que la economía de mercado recompense actividades coronadas por el éxito al servicio del consumidor no perjudica a los consumidores, sino todo lo contrario. Nada de esto perjudica al trabajador; al contrario, se beneficia grandemente por el aumento de la productividad del trabajo. La libertad del trabajador que no es propietario se basa en el derecho a elegir el puesto y el tipo de su propio trabajo. No está sometido a la arbitrariedad de ningún soberano. Vende sus servicios en el mercado. Si un empresario se niega a pagarle el salario ligado a las condiciones del mercado, el trabajador buscará otro dador de trabajo que, por su propio interés, estará dispuesto a pagarle el salario de mercado. El trabajador no debe a quien le da trabajo pleitesía y obediencia; sólo le debe sus servicios; recibe el salario no como un favor, sino como una merecida recompensa.

En la sociedad capitalista, también el pobre tiene la posibilidad de salir adelante con sus propios esfuerzos. Esto tiene lugar no sólo en el mundo de los negocios. Quienes hoy ocupan las posiciones más elevadas en las profesiones, en el arte, en las ciencias y en la política, son, en la mayor parte de los casos, hombres que han partido de la pobreza. Entre los pioneros y líderes hay hombres nacidos casi exclusivamente de padres pobres. Quienes aspiran a una completa realización, sea cual fuere el sistema social, tienen que vencer el obstáculo de la apatía, del prejuicio y de la ignorancia. Es difícil negar que el capitalismo ofrece esta oportunidad.

Hay ejemplos de grandes hombres que fueron tratados mal por sus contemporáneos. Algunos de los grandes maestros de la moderna escuela francesa de pintura tropezaron con grandes dificultades y apenas pudieron vender sus cuadros. ¿Piensa alguien que un gobierno socialista sería más comprensivo con un arte que, para los criterios tradicionales, no pasa de ser un garabato? El gran compositor Hugo Wolf escribió una vez que era una auténtica vergüenza que el Estado no se ocupara de sus propios artistas. Pero lo que Wolf tuvo que soportar se debía a incomprensión de viejos y reconocidos artistas, críticos, y amigos del arte; un gobierno socialista se habría fiado del juicio de expertos designados por el Estado, que seguramente no habría sido más benévolo con un hombre que era irritable, asocial y mentalmente inestable. Cuando Sigmund Freud formuló sus teorías, las autoridades establecidas, médicos y psicólogos, es decir los expertos cuyo juicio debe ser decisivo para el gobierno, le vituperaron y declararon chalado.

Pero en una sociedad capitalista el genio tiene por lo menos la posibilidad de proseguir en su trabajo. Los grandes pintores franceses fueron libres de pintar; Hugo Wolf se dedicó a poner música a los poemas de Mörike; Freud pudo continuar sus investigaciones. Ninguno de ellos habría sido capaz de producir nada si el gobierno, siguiendo la opinión unánime de los expertos, les hubiera encargado un trabajo que les privaba de la oportunidad de realizar su propio destino.

Por desgracia, sucede a veces que, por razones políticas, las universidades no consiguen nombrar como profesores a hombres destacados en el campo de las ciencias sociales, o los despiden después de haberlos contratado. ¿Podemos creer que la universidad de un país socialista reclutaría a profesores que enseñan doctrinas no gratas al gobierno? En un Estado socialista incluso el publicar es tarea del gobierno. ¿Se imprimirán libros y periódicos con los que está en desacuerdo? ¿Habrá libertad para montar una representación teatral inapropiada?

Comparemos la posición en que se encuentran la ciencia, el arte, la literatura, la prensa y la radio en Rusia y Alemania con la de América; así podremos comprender qué significa libertad y falta de libertad. También en América hay cosas criticables, pero nadie puede negar que los americanos son más libres que los rusos y los alemanes.

De la libertad de creación científica y artística se sirve tan sólo una pequeña minoría, pero todos se benefician de ello. El progreso consiste siempre en sustituir lo viejo por lo nuevo; progreso significa cambio. Una economía planificada no puede proyectar el progreso; ninguna organización puede programarlo. Esto es lo único que desafía toda limitación y reglamentación. El Estado y la sociedad no pueden promover el progreso. Ni tampoco el capitalismo puede hacer algo por el progreso. Pero —y este es ya un resultado suficiente— el capitalismo no pone barreras insuperables en el camino del progreso. La sociedad socialista se hace completamente rígida porque quiere hacer imposible el progreso.

El intervencionismo no priva a los ciudadanos de toda libertad. Pero cada una de las medidas que se adoptan arrebata una parte de libertad y limita el campo de acción de los individuos.

Consideremos, por ejemplo, el control de cambios. Cuanto más pequeño es un país, más importante es la parte que desempeñan las operaciones de comercio exterior. Si el pago de libros y periódicos extranjeros, de viajes y de estudio en el exterior dependen de que el gobierno proporcione las correspondientes divisas, toda la vida intelectual de un país acaba dependiendo del control del gobierno. Bajo este aspecto, el control de cambios no es en absoluto distinto del sistema despótico del Príncipe de Metternich. La única diferencia es que Metternich hacía abiertamente lo que el control de cambios realiza de un modo camuflado.

4. La gran decepción

No puede negarse que dictadura, intervencionismo y socialismo son hoy extremadamente populares. Ningún argumento lógico puede debilitar esta popularidad. Los fanáticos se niegan obstinadamente a oír las enseñanzas de la teoría económica. La experiencia no es capaz de enseñarles nada. Se adhieren sin titubeo alguno a sus propias opiniones preconcebidas.

Para comprender las razones profundas de tal obstinación, hemos recordado que las personas sufren porque las cosas no siempre suceden del modo deseado. El hombre nace como ser asocial y egoísta y sólo durante la vida aprende que no está solo en el mundo y que existen otros hombres que tienen también sus deseos. Toda vida y experiencia le enseñan que para realizar sus propios proyectos debe adaptarse a la sociedad en su conjunto, debe aceptar la voluntad y los deseos de los demás como hechos, y debe adaptarse a estos datos con el fin de obtener realmente algo. La sociedad no es lo que los individuos desearían que fuera. Todos nuestros conciudadanos tienen de los demás una opinión menos buena de la que tienen sobre sí mismos. No se les asigna en la sociedad el lugar que creen les corresponde. Cada día lleva a la presunción de cada uno —¿y quién está realmente libre de presunciones?— nuevas decepciones. Cada día muestra a cada uno que su voluntad está en conflicto con la de los demás individuos.

El neurótico trata de eludir tales decepciones refugiándose en los sueños con los ojos abiertos. Sueña en un mundo en el que sólo su voluntad es determinante. En este mundo de sueños es un dictador. Sólo sucede lo que él aprueba. Sólo él da órdenes; los demás obedecen. Sólo su razón es suprema.

En este mundo secreto de sueños, el neurótico asume el papel de dictador. Se cree César, Gengis-Khan, Napoleón. Cuando en la vida real se dirige a sus semejantes tiene que ser más modesto. Se contenta con aceptar una dictadura que está en manos ajenas. Pero en su mente, que es la de un neurótico, este dictador es el que recibe sus órdenes; está convencido de que el dictador hará exactamente lo que él quiere que se haga. Un hombre que no recurre a ninguna cautela y que está convencido de que se convertirá en dictador será considerado como un enfermo por sus compañeros y tratado en consecuencia. Los psiquiatras le calificarán de megalómano.

Nadie ha visto jamás con buenos ojos al dictador que hace cosas distintas de las que, en cuanto defensor de la dictadura, consideraba justas. Quienes propugnan la dictadura tienen siempre en mente el dominio incontrolado de su propia voluntad, aunque ese dominio tenga que ser realizado por algún otro.

Analicemos, por ejemplo, el eslogan «economía planificada», que hoy es particularmente popular, pseudónimo, de socialismo. Todo lo que los individuos hacen tiene que ser primero ideado, es decir planificado. Toda la economía es en este sentido una economía planificada. Pero los que, con Marx, rechazan la «anarquía de la producción» y quieren sustituirla por la planificación, no tienen en cuenta la voluntad y los proyectos de los demás. Sólo una voluntad tiene la dignidad de decidir, sólo uno es el plan que debe ser realizado, o sea el plan que cuenta con la aprobación del neurótico, el plan justo, el único plan. Toda resistencia debe ser quebrantada; nadie debe impedir al pobre neurótico ordenar el mundo según su plan; cualquier instrumento se permite para garantizar que prevalezca la superior sabiduría de quien sueña con los ojos abiertos.

Es esta la misma mentalidad de aquellas personas que, en una exposición celebrada en París, mientras observan un cuadro de Manet, exclaman: «¡Esto no debería permitirlo la policía!». Y la misma mentalidad de quienes gritan: «¡Habría que hacer una ley que prohibiera esto!». Y, reconózcanlo o no, tal es la mentalidad de todos los intervencionistas, socialistas y defensores de la dictadura. Hay sin embargo algo que odian más que al capitalismo, esto es el intervencionismo, el socialismo o la dictadura que no se adapta a su idea. ¡Con qué ardor se han combatido entre sí comunistas y nazis! ¡Con qué afán los defensores de Trotsky combaten contra los defensores de Stalin, o los secuaces de Strasser contra los de Hitler!

5. Las raíces del éxito de Hitler

Hitler, Stalin y Mussolini proclaman constantemente que habían sido elegidos por el destino para conducir el mundo hacia su salvación. Sostienen que son los líderes de la juventud en su lucha contra las viejas generaciones. Traen del Este la nueva cultura que debe sustituir a la agonizante civilización occidental. Quieren dar el coup de grace al liberalismo y al capitalismo, pretenden vencer el inmoral egoísmo con el altruismo; proyectan sustituir la democracia anárquica por el orden y la organización, la sociedad de «clases» por el Estado total, la economía de mercado por el socialismo. La suya no es una guerra para la expansión territorial, el botín o la conquista de la hegemonía como eran las guerras imperialistas del pasado, sino una santa cruzada para un mundo mejor en el que poder vivir. No albergan la menor duda sobre tal empresa, pues tienen la convicción de que han nacido «en la ola del futuro».

Existe una ley de la naturaleza, afirman, según la cual los grandes cambios históricos no pueden realizarse pacíficamente o sin conflictos. Según ellos, sería inútil y estúpido descuidar la cualidad creativa de su trabajo a causa de algunos inconvenientes que la gran revolución mundial lleva necesariamente consigo. Opinan que no se debe descuidar la gloria del nuevo Evangelio por motivo de los pecados de los judíos, masones, polacos y checos, finlandeses y griegos, de la decadente aristocracia inglesa y de la corrompida burguesía francesa. La debilidad y la ceguera respecto a los nuevos criterios de moralidad demuestran sólo la decadencia de la agonizante pseudocultura capitalista. De nada sirve, afirman, el grito y el llanto de un viejo hombre sin fuerza; no detendrá el victorioso avanzar de la juventud. Nadie puede detener la rueda de la historia o retrasar el reloj del tiempo.

El éxito de semejante propaganda es aplastante. La gente no se preocupa de comprender el contenido del nuevo evangelio; comprende simplemente que es nuevo y quiere ver en este hecho su necesaria justificación. Igual que una mujer acepta una nueva moda justo para cambiar, así en política se da la bienvenida a una moda que se supone nueva. La gente se apresura a cambiar las «viejas» ideas por otras «nuevas», porque teme parecer retrógrada y reaccionaria. Se une al coro de los que destacan las imperfecciones de la civilización capitalista, y habla con gran entusiasmo de las acciones de los autócratas. Nada está hoy más de moda que la difamación de la civilización occidental.

Esta mentalidad ha facilitado a Hitler conseguir sus propias victorias. Los checos y los daneses han capitulado sin luchar. Los oficiales noruegos cedieron grandes franjas de su país al ejército de Hitler. Los holandeses y los belgas se rindieron tras una breve resistencia. Los franceses han tenido la audacia de celebrar la destrucción de su independencia como un «renacimiento nacional». Hitler ha empleado cinco años para llevar a cabo la Anschluss de Austria; dos años y medio después sometió al continente europeo.

Hitler no dispone de una nueva arma secreta. No debe su victoria a un excelente servicio secreto que le informa de los planes del enemigo. Tampoco la famosa «quinta columna» ha sido decisiva. Ha triunfado porque sus presuntos enemigos compartían totalmente las ideas que él sostenía.

Sólo los que, sin reservas y sin excepciones, consideran la economía de mercado como la única forma viable de cooperación social, se oponen a los sistemas totalitarios y son capaces de combatirlos con éxito. Quienes desean el socialismo se proponen adoptar en su propio país el sistema de Rusia y de Alemania. Estar a favor del intervencionismo significa emprender un camino que inevitablemente conduce al socialismo.

No se puede combatir con éxito una lucha ideológica haciendo constantes concesiones a los principios del enemigo. Los que rechazan el capitalismo porque piensan que es el enemigo de los intereses de las masas, quienes proclaman que, «por supuesto», tras la victoria sobre Hitler la economía de mercado será reemplazada por un sistema mejor y que, por lo tanto, se debería ahora hacer todo lo posible para instaurar el más completo control gubernamental de los asuntos económicos, en realidad están luchando por el totalitarismo. Los «progresistas» que hoy se enmascaran de «liberales» pueden sin duda declamar abiertamente contra el «fascismo», pero su política no hace sino allanar el camino al nazismo.

Nada puede ser más útil al éxito del movimiento nacionalsocialista que los métodos empleados por los «progresistas» para denunciar al nazismo como partido al servicio de los intereses del «capital». Los trabajadores reconocen esta táctica demasiado bien para dejarse engañar una vez más. ¿Acaso no es cierto que, desde los años setenta del siglo XIX, los socialdemócratas, que aparentemente estaban a favor de los trabajadores, en realidad combatieron vigorosamente contra todas las medidas del gobierno alemán favorables a los trabajadores, declarándolas «burguesas» y contrarias a la clase trabajadora? Los socialdemócratas votaron coherentemente contra la nacionalización de los ferrocarriles, la municipalización de los servicios públicos, la legislación laboral, el seguro obligatorio de enfermedad, accidentes y vejez; contra el sistema de seguridad social alemán adoptado posteriormente por todo el mundo. Luego, después de la guerra [la Primera Guerra Mundial] los comunistas calificaron al partido socialdemócrata alemán y a los sindicatos de «traidores a su clase». Y así fue cómo los trabajadores alemanes se dieron cuenta de que todo partido que buscaba su apoyo definía a los partidos contrarios como «siervos del capitalismo», y su adhesión al nazismo no sufrió lo más mínimo por tales frases.

Si no queremos olvidarnos totalmente de los hechos, debemos reconocer que los trabajadores alemanes son los más seguros defensores del régimen hitleriano. El nazismo los ha conquistado completamente mediante la eliminación del paro y la reducción de los empresarios a meros gestores de las fábricas. En cambio, han quedado decepcionados los grandes grupos, los comerciantes y los campesinos. El trabajador está muy satisfecho y apoyará a Hitler, a no ser que la guerra se desenvuelva de tal modo que destruya sus expectativas de una vida mejor una vez que se logre la paz. Sólo una derrota militar puede privar a Hitler del apoyo de los trabajadores alemanes.

El hecho de que los capitalistas y los empresarios, al hallarse frente a la alternativa entre comunismo y nazismo, elijan el segundo no requiere ninguna ulterior explicación. Prefieren vivir como directores de producción bajo Hitler que ser «liquidados» como «burgueses» bajo Stalin. A los capitalistas no les gusta más que a los demás seres humanos dejarse matar.

Qué peligrosos efectos puedan producirse por la convicción de que los trabajadores alemanes se oponen al régimen de Hitler lo demuestra la táctica inglesa del primer año de guerra. El gobierno de Neville Chamberlain creía firmemente que la guerra acabaría gracias a una revolución de los trabajadores alemanes. En lugar de concentrarse vigorosamente en el rearme y la lucha, se pensó en lanzar desde los aviones hojas volanderas en las que se decía a los trabajadores alemanes que Inglaterra hacía la guerra no contra ellos, sino contra su opresor, Hitler. El gobierno inglés, se decía, sabía perfectamente que el pueblo alemán, en particular el mundo del trabajo, era contrario a la guerra y se veía forzado a sufrirla por el propio dictador.

También en los países anglosajones los trabajadores saben que los partidos socialistas, que se disputan su aprobación, suelen acusarse recíprocamente de favorecer al capitalismo. Los comunistas de toda confesión lanzan esta acusación contra los socialistas. Y entre los comunistas los trotskistas emplean el mismo argumento contra Stalin y los suyos. Y viceversa. El hecho de que los «progresistas» lancen la misma acusación contra el nazismo y el fascismo no impedirá que un día los trabajadores sigan a otra banda con camisas de otro color.

Lo malo de la civilización occidental es la aceptada costumbre de juzgar a los partidos políticos simplemente preguntándose si parecen bastante nuevos y radicales, sin analizar su sabiduría, si están en condiciones de alcanzar sus fines. No todo lo que existe hoy es razonable; pero esto no significa que todo lo que no existe sea sensato. La terminología habitual del lenguaje político es estúpida. ¿Qué es la «izquierda» y qué es la «derecha»? ¿Por qué Hitler tiene que ser de «derecha» y Stalin, su contemporáneo amigo, de «izquierda»? ¿Quién es el «reaccionario» y quién el «progresista»? Las reacciones contra una política irresponsable no deben condenarse. Y el progreso hacia el caos tiene que ser sometido a crítica. El hecho es que nada debería aceptarse sólo porque es nuevo, radical y a la moda. La «ortodoxia» no es un mal, si la doctrina en que se basa es buena. ¿Quién está contra los trabajadores, los que quieren rebajar sus condiciones al nivel ruso, o los que persiguen para los trabajadores los niveles capitalistas de los Estados Unidos? ¿Quién es «nacionalista», quien pretende someter la propia nación al dominio del nazismo, o quien desea salvaguardar su independencia?

¿Qué habría pasado con la civilización occidental si sus pueblos hubieran manifestado siempre esta preferencia por lo «nuevo»? ¿Y si hubieran acogido como «ola del futuro» a Atila y sus hunos, la religión de Mahoma, o los tártaros? También ellos fueron totalitarios y obtuvieron éxitos militares que dispusieron a los débiles a capitular. Lo que hoy necesita la humanidad es liberarse del habitual uso de eslóganes insensatos y volver a un sano modo de razonar.

8. Conclusiones

Este ensayo no se plantea la pregunta de si el socialismo —propiedad pública de los medios de producción, economía planificada— es de algún modo un sistema mejor que el capitalismo o si el socialismo constituye un sistema viable de cooperación social. No se discuten los programas de aquellos partidos que quieren sustituir el capitalismo, la democracia y la libertad por el totalitarismo socialista según el modelo alemán o ruso. De estos problemas ya me he ocupado en otro volumen[237]. Mi análisis actual tampoco se interesa por los problemas de la bondad o no de un gobierno democrático de las libertades civiles, y tampoco se orienta a establecer si la dictadura es o no la mejor forma de gobierno.

Aquí solo se ha querido ilustrar cómo la política económica del intervencionismo, que sus defensores suelen presentar como una política socioeconómica progresista, se basa en un error. Este volumen demuestra que no es cierto que el intervencionismo pueda conducir a un sistema duradero de organización económica. Las distintas medidas con que el intervencionismo pretende dirigir la actividad económica no pueden alcanzar los objetivos que sus propios defensores, honestamente, tratan de conseguir con su aplicación. Las medidas de una política intervencionista crean unas condiciones que, desde el punto de vista de quienes las propugnan, son efectivamente menos deseables que los males que deberían remediar. Los efectos son desempleo, depresión, monopolio, miseria. Es posible que tales medidas creen condiciones tales que permitan que unas cuantas personas se enriquezcan, pero todos los demás resultan más pobres y menos satisfechos. Si los gobiernos no abandonan estas medidas y retornan a la libre economía de mercado, si persisten obstinadamente en el intento de compensar con ulteriores intervenciones los inconvenientes generados por las medidas anteriores, constataremos al final que hemos adoptado el socialismo.

Es además un trágico error pensar que democracia y libertad son compatibles con el intervencionismo o también con el socialismo. Lo que se entiende con expresiones tales como gobierno democrático, libertades civiles y libertad personal sólo puede existir en una economía de mercado. No es casual que por todas partes, con la instauración del intervencionismo, las instituciones democráticas hayan desaparecido una tras otra y que, en los países socialistas, el despotismo oriental haya podido seguir con éxito por el mismo camino. Tampoco es casual que la democracia sea atacada por doquier, tanto por los defensores del comunismo ruso como por los del socialismo alemán. El radicalismo de la «derecha» y el radicalismo de la «izquierda» se diferencian sólo en detalles insignificantes; coinciden, en cambio, en sus acusaciones contra el capitalismo y la democracia.

La única elección del género humano está entre economía libre de mercado, libertad y democracia por un lado, y socialismo y dictadura por otro. Una tercera vía, un compromiso intervencionista no es posible.

Podemos añadir que esta conclusión es coherente con algunas de las enseñanzas de Karl Marx y de la ortodoxia marxista. Marx y los marxistas tacharon de petit bourgeois al conjunto de medidas que constituyen el intervencionismo, destacando su carácter contradictorio. Marx consideraba que era inútil el que los sindicatos trataran de obtener salarios más elevados para toda la clase obrera en una sociedad capitalista. Y los marxistas ortodoxos han protestado siempre contra las propuestas encaminadas a atribuir al Estado, directa o indirectamente, la competencia de fijar tasas salariales mínimas. Marx elaboró una doctrina según la cual es necesaria la «dictadura del proletariado» para preparar el camino al socialismo, la «fase más alta de la sociedad comunista». En los muchos siglos de transición, no habría lugar para la democracia. Y así Lenin pudo con razón referirse a Marx para justificar su reino del terror. Por lo que respecta a lo que sucedería tras la implantación del socialismo, Marx lo único que dijo es que el Estado desaparecería.

Las victorias obtenidas por Lenin, Mussolini y Hitler no han sido derrotas del capitalismo, sino consecuencias inevitables de la política intervencionista. Lenin derrotó el intervencionismo de Kerenski. Mussolini obtuvo su victoria sobre el sindicalismo italiano, que culminó con la ocupación de las fábricas. Hitler triunfó sobre el intervencionismo de la República de Weimar. Franco consiguió su victoria, en España y en Cataluña, contra el sindicalismo anarquista. En Francia, la caída del front populaire siguió a la dictadura de Pétain. Siempre que se ha adoptado el intervencionismo, tal ha sido la lógica consecuencia de los hechos. El intervencionismo conducirá siempre al mismo resultado.

Si hay algo que la historia puede enseñamos, es que ninguna nación ha alcanzado jamás un elevado nivel de civilización sin la propiedad privada de los medios de producción y que la democracia sólo ha podido prosperar allí donde la propiedad privada de los medios de producción ha sido respetada.

Si nuestra civilización tuviera que desaparecer, no sucedería porque ya ha sido condenada, sino porque los hombres se niegan a aprender de la teoría y de la historia. No es el destino lo que determina el futuro de la sociedad humana, sino el hombre mismo. La decadencia de la civilización occidental no es fruto de una acción divina, algo que no se puede remediar. Si esto sucede, es el resultado de una política que aún puede abandonarse y ser sustituida por otra mejor.

LUDWIG VON MISES (Lemberg, 1881 - Nueva York, 1973). Economista y filósofo austriaco. Es el principal representante de la tercera generación de la Escuela Austriaca de economía.

Estudió y se doctoró en la Universidad de Viena, donde fue discípulo directo de Böhm-Bawerk. De 1920 a 1934 mantuvo en Viena su propio seminario en el que participaron ilustres economistas como Friedrich Hayek, Fritz Machlup o Lionel Robbins. Tras enseñar unos años en el Instituto Universitario de Altos Estudios de Ginebra, en 1940 se refugió en los Estados Unidos huyendo de las amenazas nazis. A partir de 1946, ya nacionalizado como ciudadano americano, da clases en la New York University durante 24 años. Allí retomaría su seminario, entre cuyos discípulos destacaron Murray N. Rothbard, George Reisman, Israel Kirzner, Ralph Raico, Leonard Liggio y Hans Sennholz. A pesar de la marginación de que fue objeto por las nuevas corrientes positivistas y por el rampante keynesianismo, su influencia fue enorme. Sus ideas inspiraron el «milagro» de la recuperación económica alemana después de la Segunda Guerra Mundial.

Es autor de obras fundamentales como La teoría del dinero y del crédito (1912), Socialismo (1922), La acción humana (1949), y de centenares de artículos y monografías.

Notas

[1] Trad. it., Socialismo, Rusconi, Milán, 1990 [trad. esp.: Socialismo, Editorial Hermes, México, 1961; 2.ª ed., Instituto Nacional de Publicaciones, Buenos Aires, 1968; 3.ª ed., Western Books Foundation, Nueva York, s/f.]. En la presentación de una reimpresión de la versión americana de esta obra escribe Hayek: «Cuando se publicó Socialismo por primera vez, tuvo un impacto profundo. Gradualmente, pero de forma radical, modificó las concepciones de muchos jóvenes idealistas, que volvían a los estudios universitarios tras la Primera Guerra Mundial. Lo sé porque yo era uno de ellos. Sentíamos que la civilización en que habíamos crecido se había derrumbado. Estábamos dispuestos a edificar un mundo mejor, y fue este deseo de reconstruir la sociedad el que indujo a muchos de nosotros a estudiar economía. El socialismo prometía realizar nuestras esperanzas de un modo más racional, más justo. Y entonces apareció este libro. Nuestras esperanzas se desvanecieron. Socialismo nos convenció de que nuestra búsqueda iba por un camino equivocado» (op. cit., p. 23). <<

[2] Cfr. Ludwig von Mises, Autobiografía di un liberale, trad. it., Rubbettino, Soveria Manelli-Mesina, 1996, p. 145. <<

[3] A Critique of Interventionism, Arlington House, New Rochelle, 1977. <<

[4] La noticia del hallazgo de los documentos de Mises la dio Richard Ebeling el 1.º de noviembre de 1996. Hans-Hermann Hoppe se refirió a ella en The Wall Street Journal del 30 de enero de 1997. <<

[5] Más información sobre el tema en «Mises Memo. News from the Ludwig von Mises Institute», primavera de 1997. <<

[6] D. Forbes, Introducción a A. Ferguson, An Essay on the History of Civil Society, Edinburgh University Press, 1966, p. XXIV. <<

[7] A. Smith, La richezza delle nazioni, trad. it., Utet, Turin, 1975, p. 584 [trad. esp.: Riqueza de las naciones, Bosch, 1954, vol. II, p. 192]. <<

[8] J. Viner, Studi sulla storia del commercio internazionale, trad. it. en Commercio internazionale e sviluppo economico, Utet, Turín, 1968, p. 99. Para un amplio tratamiento de los temas mencionados, remito a L. Infantino, L’ordine senza piano, La Nuova Italia Scientifica, Roma, 1995 [trad. esp.: El orden sin plan, Unión Editorial, Madrid, 2000]. <<

[9] L. von Mises, Socialismo, cit., p. 241 [trad. esp., p. 206]. <<

[10] L. von Mises, en este vol., p. 165. Sobre la afirmación de Menger, véase Sul metodo delle scienze sociali, trad. it., Liberilibri, Macerata, 1996, p. 162. Conviene recordar que Menger, fundador de la Escuela austriaca de economía, contribuyó, en palabras de Hayek, «más que ningún otro, a aclarar la idea del origen no intencionado de las instituciones sociales» (F. A. Hayek, Individualismo: quello vero e quello falso, trad. it., Rubbettino, Soveria Manelli-Mesina, 1997, p. 43, nota 3). <<

[11] L. von Mises, Socialismo, cit., p. 439 [trad. esp., p. 407]. <<

[12] Op. cit., p. 440 [trad. esp., p. 408]. <<

[13] Conviene hacer aquí una precisión. En Crítica del intervencionismo emplea Mises la expresión «sociología utilitarista», a la que atribuye el mérito de haber dado razón de la Gran Sociedad como orden social que renuncia a la intervención omnipresente del Legislador, a la política como variable independiente. Hoy sabemos, con mayor precisión y gracias sobre todo al trabajo de Hayek, que no se puede poner en un mismo saco a los moralistas escoceses y a los utilitaristas, que desde Bentham, James Mill, Ricardo y John Stuart Mill llegan hasta la teoría del equilibrio económico general y más: porque esta es una tradición que no renuncia al mito del Legislador o del óptimo. La teoría de Mises configura en todo caso un orden social de tipo «escocés». Conviene añadir que Mises, para referirse a la teoría social que él sostiene, ha ido abandonando con los años la palabra «sociología», hablando en cambio de «praxeología», es decir de teoría de la acción. <<

[14] L. von Mises, en este vol., p. 96-97. Una reciente reafirmación de esta idea en F. Romani, «I limiti della politica economica», en La società leggera, Marsilio, Venecia, 1995, p. 29. <<

[15] Op. cit., p. 96. <<

[16] E. von Böhm-Bawerk, La conclusione del sistema marxiano, trad. it. en AA. VV., Economia borghese ed economia marxista, La Nuova Italia, Florencia, 1971, p. 63 [trad. esp.: La conclusión del sistema marxiano, Unión Editorial, Madrid, 2000, p. 1091. <<

[17] E. von Böhm-Bawerk, Teoría positiva del capitale, trad. it., Utet, Turín, 1957, p. 260 [trad. esp.: Teoría positiva del capital, Ediciones Aosta, Madrid, 1998]. <<

[18] Op. cit., p. 215. <<

[19] F. A. Hayek, «Il significato della concorrenza», trad. it. en F. Donzelli (al cuidado de), Conoscenza, mercato, pianificazione, Il Mulino, Bolonia, 1988, p. 294. <<

[20] F. A. Hayek, «Economía e conoscenza», trad. it. en F. Donzelli (al cuidado de), Conoscenza, mercato, pianificazione, cit., p. 246. <<

[21] Sobre el tema, véase W. W. Bartley III, Ecologia della razionalità, trad. it., Armando, Roma, 1990. <<

[22] La expresión «proceso de descubrimiento» es de Hayek, Nuovi Studi di filosofia, economia e storia delle idee, trad. it., Armando, Roma, 1988, pp. 197-208. <<

[23] F. A. Hayek, La presunzione fatale, trad. it., Rusconi, Milán, 1997, p. 136 [trad. esp.: La fatal arrogancia, Unión editorial, 1990 (2..ª ed., 1997)]. <<

[24] S. Ricossa, Dov’è la scienza economica?, Di Renzo Editore, Roma, 1997, p. 48. <<

[25] L. von Mises, en este vol., p. 214. Id., Il caos pianificato, en Apéndice a Socialismo, cit., pp. 575-647. <<

[26] F. A. Hayek, «Economia e conoscenza», cit., p. 241. <<

[27] Ibidem. <<

[28] Kirzner, Concorrenza e imprenditorialità, trad. it., Rubettino, Soveria Manelli-Mesina, 1997, p. 43 [trad. esp.: Competencia y empresarialidad, Unión Editorial, 2.ª ed., 1998]. <<

[29] S. Ricossa, «Sugli abusi del razionalismo nell’economia politica», en Rivista di politica economica, abril de 1988, p. 12. La sobreabundancia de un recurso es consecuencia de que otros recursos, que podrían combinarse con el primero, son escasos, es decir se orientan a aplicaciones más urgentes o remuneradoras. Como explica Mises, es imposible esquivar esta situación: «Es evidente que un simple proceso bancario como la expansión del crédito no puede crear más medios y riqueza. Lo que en realidad consigue la expansión del crédito es introducir una fuente de errores en los cálculos de los empresarios […]. Los empresarios actúan como si pudieran disponer de un número de bienes de producción mayor que el que efectivamente está a su disposición» (en este vol., p. 304). El boom, la inflación y la depresión siguen puntualmente. <<

[30] M. N. Rothbard, Man, Economy and State, Nash Publishing, Los Angeles, 1970, vol. II, p. 887. Véase también L. Infantino, L’ordine senza piano, cit., pp. 56-9 [trad. esp., pp. 90-92] <<

[31] En este vol., pp. 59-60. <<

[32] Op. cit., pp. 87. <<

[33] N. Barry, «In Defense of the Invisible Hand», en Cato Journal, 1985, p. 148. <<

[34] Cfr. Mises, Autobiografia di un liberale, cit., pp. 64-5. <<

[35] C. Menger, Principi fondamentali di economia, trad. it., Galeati, Imola, 1909, p. 47 [trad. esp.: Principios de economía política, Unión Editorial, Madrid, 2.ª ed., 1997, p. 152]. La misma idea está ya en Hume, Trattato sulla natura umana, trad. it., Laterza, Roma-Bari, 1982, vol. II, pp. 512-26. <<

[36] Marianne Weber, Max Weber, trad. it., II Mulino, Bolonia, 1995, p. 200. Max Weber pertenecerá en los años ochenta al Verein, pero confiará más tarde a Mises (Autobiografía di un liberale, cit., 136): «Ya sé que el Verein für Sozialpolitik no le gusta. A mí aún menos. Pero es un hecho que se trata del único punto de encuentro para quienes cultivan nuestra disciplina. Es inútil que lo critiquemos desde fuera. Debemos trabajar dentro de la asociación y tratar de corregir sus defectos. Trato de hacerlo en la medida de mis posibilidades, y también Vd. debería hacerlo». <<

[37] Para una valoración de la relación que Schmoller mantuvo con las doctrinas mercantilistas, véase lo que escribe en «Das Merkantilsystem in seiner historischen Bedeutung», en Schmollers Jahrbuch, 1884. <<

[38] Sobre este punto, remito a lo que ya escribí en el Prólogo a Mises, Autobiografia di un liberale, cit., pp. 9-13. <<

[39] C. Menger, Sul metodo delle Science sociali, trad. it., Liberilibri, Macerata, 1996, p. 189. <<

[40] E. von Böhm-Bawerk, La conclusione del sistema marxiano, cit. <<

[41] E. von Böhm-Bawerk, La teoria positiva del capitale, cit., p. 252. <<

[42] E. von Böhm-Bawerk, Potere o legge economica?, trad. it., Rubettino, Soveria Mannelli, 1999 [trad. esp: ¿Poder o ley económica?, en E. von Böhm-Bawerk, Ensayos de teoría económica, vol. I: La teoría económica, Unión Editorial, Madrid, 2000]. <<

[43] L. von Mises, Socialismo, cit., pp. 137-55. <<

[44] L. von Mises, Problemi epistemologici dell’economia, trad. it., Armando, Roma, 1988, p. 52. <<

[45] Véase Marianne Weber, Max Weber, cit., 201. <<

[46] Ludwig von Mises, en este vol., p. 70. <<

[47] Escribe Mises: «el hombre de la calle […] acaba atribuyendo el mal funcionamiento del sistema exclusivamente al hecho de que la ley no es capaz de ir hasta el fin y a la corrupción que impide su aplicación. Los propios fracasos de la política intervencionista refuerzan en él la convicción de que es la propiedad privada la que tiene que ser controlada por leyes más restrictivas» (en este vol., p. 57). <<

[48] Ibidem, p. 253. <<

[49] Ibidem <<

[50] Ibidem <<

[51] Ludwig von Mises, Autobiografía di un liberale, cit., p. 197. <<

[52] Conviene señalar que Mises (en este vol., p. 293) imputa a las medidas intervencionistas el paro creciente y recuerda que «los aventureros y los aspirantes a dictadores reclutan sus tropas de asalto entre los parados». Conviene también añadir que Mises (p. 175) ya en 1925 había previsto la futura alianza entre el socialismo soviético y el nazi. <<

[53] J. M. Keynes, Teoría generale dell’occupazione, dell’interesse e della moneta, trad. it., Utet, Turín, 1971, p. 522. <<

[54] Op. cit., p. 515. <<

[55] L. von Mises, en este vol., p. 260. <<

[56] Archiv für Sozialwissenschaft und Sozialpolitik, vol. 56, 1926. <<

[57] Cfr. O. Spann, Der wahre Staat, Leipzig, 1921. <<

[58] Puede surgir cierta duda sobre la oportunidad de distinguir aún un tercer grupo formado por las intervenciones de política fiscal, es decir aquellas intervenciones que consisten en la expropiación de una parte del patrimonio o de la renta. Si renunciamos a esta ulterior distinción es por un motivo justificado. Los efectos de tales intervenciones son en parte idénticos a los efectos sobre la producción, en parte influyen sobre la distribución de la renta de la producción sin apartar esta de su camino. <<

[59] Para la crítica de estas afirmaciones véase mi libro Nation, Staat und Wirtschaft, Viena 1919, pp. 56ss (con especial referencia a la política alemana desde finales de los años 70 [del siglo XIX] en adelante). <<

[60] Sobre la medida en que los precios administrados son eficaces contra los precios de monopolio, véase infra, capítulo V, pp. 197 ss. Para valorar con exactitud el significado de los precios administrados respecto a los precios de monopolio, conviene no fiarse de la terminología popular corriente que ve monopolios por todas partes, sino referirse al concepto científico de monopolio tal como lo define la economía política. <<

[61] Repárese en que el problema no está en saber si los trabajadores, coaligados en los sindicatos, pueden obtener un aumento duradero y general del nivel de salarios, sino en que un aumento salarial obtenido artificialmente mediante el recurso a la coacción física no puede menos de tener sus efectos. La dificultad teórica de orden monetario, relativa a la imposibilidad de un aumento generalizado de los precios sin alterar la relación entre la cantidad de dinero y su demanda, se supera suponiendo que el aumento de los salarios va acompañado de una correspondiente reducción de la necesidad de dinero debida a la reducción de la disponibilidad de caja (por ejemplo, porque aumentan los vencimientos del pago de los salarios). <<

[62] Sobre los límites de la posibilidad de un aumento provisional de los salarios debido a la coalición sindical de los trabajadores, véase mi artículo «Die allgemeine Teuerung im Lichte der theoretischen Nationalökonomie», en Archiv für Sozialwissenschaft und Sozialpolitik, vol. 37, pp. 570ss. Sobre las causas del paro, véase C. A. Verrijn Stuart, Die heutige Arbeitslosigkeit im Lichte der Weltwirtschaftslage, Jena, 1922, pp. 1ss; Robbins, Wages, Londres, 1922, pp. 58ss. <<

[63] Véase Zwiedineck-Südenhorst, «Macht oder ökonomisches Gesetz?» (Schmollen Jahrbuch, vol. 49), pp. 278ss. <<

[64] Para una perfecta descripción de este modo de proceder, véase Pohle, Die gegenwärtige Krisis in der deutschen Volkswirtschaftslehre, Leipzig, 1921, pp. 115ss. <<

[65] Véase J. M. Clark, Social Control of Business, Chicago, 1926. <<

[66] Op. cit., p. 451. <<

[67] Op. cit., 453ss. <<

[*] Op. cit., p. 450. Para evitar equívocos, quiero precisar que esta distinción nada tiene que ver con la distinción que se hace en derecho público entre essentialia, naturalia y accidentalia negotii. <<

[68] Op. cit., p. 454. <<

[69] Ibidem. <<

[70] Entre la amplia literatura americana sobre esta materia, véase Nash, The Economics of Publics Utilities, Nueva York, 1925, p. 97; Wherry, Public Utilities and theLaw, Nueva York, 1925, p. 3ss, 174. Véase también Clark op. cit., pp. 398ss. <<

[71] Véase al respecto mi libro Gemeinwirtschaft, Jena, 1922, pp. 382ss. [trad, esp.: Socialismo, 3.ª ed. WBF, Nueva York s/f] y Liberalismo (Jena, 1927), pp. 80ss. [trad, esp.: Liberalismo, ahora en Sobre liberalismo y capitalismo, Madrid, 1995]. <<

[72] Véase Clark, Social Control of Business, cit., p. 454. <<

[73] Op. cit., p. 455. <<

[74] Ibidem: «may prove self-sustaining through raising the level of personal efficiency, through furnishing an added stimulus to the employer’s search for improved methods, and through hastening their business to those who will conduct it more efficiently». <<

[75] Ibidem: «A large increase in wage rates may be a ‘violation of economic law’, in the sense in which we are using the term, where a small increase would not be». <<

[76] Op. cit., p. 456. <<

[77] Ibidem <<

[78] Op. cit., p. 457. <<

[79] Op. cit., p. 459: «can do a great deal of goods by merely seeing to it that everyone gets the benefit of the market rate, whatever that is, and thus preventing the ignorant from being exploited on account of this ignorance». <<

[80] Véase Strigl, Angewandte Lohntheorie, Untersuchungen über die wirtschaftlichen Grundlagen der Sozialpolitik, Leipzig y Viena, 1926. <<

[81] Op. cit., en particular pp. 71ss. <<

[82] Op. cit., p. 106. <<

[83] Op. cit., pp. 65ss, pp. 116ss. <<

[84] Para la crítica de tales errores, véase Halm, Die Konkurrenz, Munich y Leipzig, 1929, en particular pp. 131ss. <<

[85] Véase Lampe, Notstandsarbeiten oder Lohnabbau?, Jena, 1927, pp. 104ss. <<

[86] Sobre la «armonía preestablecida», véase infra, pp. l62ss. <<

[87] Lampe, op. cit., pp. 127ss. <<

[88] Lampe, op. cit., p. 105. <<

[89] Schmalenbach, «Die Betriebswirtschaftslehre an der Schwelle der neuen Wirtschaftsverfassung», Zeitschrift für Handelswissenschaftliche Forschung, vol. 22,1928, pp. 244ss. <<

[90] Op. cit., pp. 242ss. <<

[91] Op. cit., p. 243. <<

[92] Véase A. Weber, Das Ende des Kapitalismus?, Munich, 1929, p. 19. <<

[93] Op. cit., p. 246. <<

[94] Op. cit., p. 245. <<

[95] Op. cit., p. 247. <<

[96] Op. cit., pp. 249ss. <<

[97] Véase Mises, Die Gemeinwirtschaft, cit., pp. 94ss. <<

[98] Zeitschrift für die Gesamte Staatswissenschaft, vol. 81, 1926. <<

[99] Véase Die Volkswirtschaftslehre der Gegenwart in Selbstdarstellungen, al cuidado de F. Meiner, vol. I, Leipzig 1924, p. 113. <<

[100] Die Entwicklung der deutschen Volkswirtschaftslehre im 19. Jahrhundert, Leipzig 1908, 2 vols. <<

[101] Op. cit., vol. I, p. VIII. <<

[102] Véase Bernhard, «Der Arbeitslohn» (en op. cit., vol. I, XI), pp. 11ss. <<

[103] Véase Festgabe für Lujo Brentano: Die Wirtschaftswissenschaft nach dem Kriege. Neunundzwanzig Beiträge über den Stand der deutschen und ausländischen sozialökonomischen Forschung nach dem Kriege, al cuidado de M. J. Bonn y M. Palyi. Vol. I: Wirtschaftspolitische Ideologien. Vol. II: Der Stand der Forschung, Munich y Leipzig, 1925. En adelante indicaremos los distintos ensayos de esta obra con el nombre del autor, el número del volumen y la página. <<

[104] El sindicalismo como ideología social no debe confundirse con el sindicalismo como táctica. La táctica específicamente sindicalista (l’action directe de los sindicalistas franceses) puede estar también al servicio de una ideología distinta de la del sindicalismo; por ejemplo, con los instrumentos de la táctica sindicalista se puede perseguir también el socialismo. <<

[105] Como sucede con el nuevo sistema social concebido por Spann, Der wahre Staat, Leipzig 1921, p. 249. Cfr. Honigheim, Romantische und religiös-mystisch verankerte Wirtschaftsgesinnungen, vol. I, p. 264. <<

[106] Así P. von Arnim, Ideen zu einer vollständigen landwirtschaftlichen Buchhaltung, 1805 (citado en Waltz, Vom Reinertag in der Landwirtschaft, Stuttgart y Berlin 1904, p. 21). <<

[107] Véase Knapp, Die Landarbeiter in Knechtschaft und Freiheit, 2.ª ed., Leipzig 1909, p. 86 (ahora también en Einführung in einige Hauptfragen der Nationalökonomie, Munich y Leipzig, 1925). <<

[108] Véase Brentano, Ist das System Brentano zusammengebrochen?, Berlín 1918, pp. I4ss. <<

[109] Véase Herkner, Sozialpolitischer Liberalismus, vol I p. 41 <<

[110] Op. cit., p. 43. <<

[111] Op. cit., p. 44. <<

[112] Op. cit., p. 49. <<

[113] Véase Zwiedineck-Südenhorst, Zur Eigentums- und Produktionsverfassung, vol. II, p. 447. <<

[114] Véase Herkner, Sozialpolitischer Liberalismus, cit., p. 49. <<

[115] Op. cit., p. 39. <<

[116] Op. cit., p. 47. <<

[117] Véase Brentano, Ist das System…, cit., p. 19. <<

[118] Véase Herkner, Sozialpolitischer Liberalismus, cit., p. 38; Wiese, Gibt es noch Liberalismus?, vol. I, p. 22. <<

[119] Véase Passow, Kapitalismus, Jena 1918, pp. 1ss. <<

[120] Op. cit., pp. 132ss. <<

[121] Véase mi Gemeinwirtschaft, cit., pp. 110ss. <<

[122] Véase Wiese, Gibt es noch Liberalismus?, cit., p. 23. <<

[123] Ibidem <<

[124] Op. cit., p. 16. <<

[125] Véase Moeller, «Zur Frage der Objektivität des wirtschaftlichen Prinzips», en Archiv für Sozialwissenschaft, vol. 47, p. 163. <<

[126] Véase Zwiedineck-Südenhorst, Zur Eigentums- und Produktionsverfassung, cit., p. 430ss. <<

[127] Véase Zwiedineck-Südenhorst, «Macht oder ökonomisches Gesetz?», cit., pp. 273-292. <<

[128] Véase Bagehot, The postulates of English Political Economy, en Works, al cuidado de Russell Barrington, Londres 1915, vol. VII, pp. 100-104. <<

[129] Véase Löwe, Der gegenwärtige Stand der Konjunkturforschung in Deutschland, vol. II, pp. 365ss y 367ss. <<

[130] Véase Bonn, Wirtschaftspolitische Ideologien, cit., «Geleitwort: Lujo Brentano als Wirtschaftspolitiker», vol. I, p. 4. <<

[131] Brentano, Agrarpolitik, Stuttgart 1897, pp. 60ss y 83ss. <<

[132] Véase Brentano, Konkrete Grundbedingungen der Volkswirtschaft, Leipzig 1924, p. 113 (subrayado mío). <<

[133] Véase V. Totomianz, Geschichte der Nationalökonomie und des Sozialismus, Jena 1925, p. 152. Aun prescindiendo de la «crítica» a Böhm-Bawerk mencionada anteriormente, la obra de Totomianz es un intento absolutamente estéril y equivocado. En la p. 146, por ejemplo, hallamos esta afirmación: «Mientras que el mérito de Menger consiste principalmente en la elaboración de una nueva metodología, los otros dos representantes de la Escuela austriaca, Böhm-Bawerk y Wieser, construyeron una aguda teoría del valor». De esta formulación habría que deducir que en la elaboración de la nueva teoría del valor Menger tuvo menos méritos que Böhm-Bawerk y Wieser, lo cual es absolutamente falso. Por lo que respecta a la exposición de la teoría de la utilidad marginal, Totomianz la inicia con estas palabras: «La economía está hecha de bienes. Estos bienes están en cierta relación con el bienestar del hombre. Esta relación con el bienestar se expresa en dos grados o estadios distintos: uno inferior y otro superior. Nos encontramos ante el superior cuando el bien no sólo es útil sino también necesario para nuestro bienestar, de tal suerte que la posesión o la pérdida de ese bien implica la privación de un consumo o de un disfrute». No son mejores las exposiciones de los demás economistas. Puesto que el ruso no es mi fuerte, no estoy en condiciones de decidir si estos absurdos deben atribuirse al texto original o a la traducción alemana. <<

[134] Op. cit., pp. 7ss. <<

[135] Véase Herkner, «Die Geschichte der Nationalökonomie», en Festschrift für Lujo Brentano zum sibzigsten Geburtstag, Munich y Leipzig 1916, pp. 223-35. <<

[136] Cursivo añadido. <<

[137] Véase Brentano, «Über den grundherrlichen Charakter des hausindustriellen Leinengewerbes in Schlesien», en Zeitschrift für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte, vol. 1,1893, pp. 319ss. <<

[138] Op. cit., p. 322. <<

[139] Marx no se dio cuenta de que aceptando la «teoría bancaria» aceptaba implícitamente las bases en que Proudhon fundamentaba sus ideas sobre el banco de cambio. En general, Marx no tenía una idea clara del sistema bancario; a menudo seguía acríticamente las tesis de los teóricos de la escuela bancaria. Los comentarios que solía añadir a las citas demuestran claramente lo poco que dominaba estos problemas. Basta considerar, por ejemplo, su comentario sobre el carácter esencialmente católico del sistema monetario y esencialmente protestante del sistema crediticio, Das Kapital, vol. III, parte II, Hamburgo 1911, p. 132. Más característica aún es otra observación que él añade a propósito de la afirmación fundamental de la teoría bancaria según la cual «basta poner en circulación una cierta cantidad de billetes de una esterlina para expulsar otros tantos soberanos de oro». Esto, afirma Marx, es «un truco archiconocido de todos los bancos», Das Kapital, cit., vol. I, p. 84. Ahora bien, ¿qué interés podrían haber tenido los bancos para recurrir a este «truco»? Ningún interés tenían los bancos en atraer soberanos mediante la emisión de billetes. Su único interés se centraba en aumentar la emisión de billetes, para poder así conceder más créditos y obtener mayores intereses. Tal era el «truco» bien conocido de los bancos, no otro. <<

[140] Véase Palyi, Ungelöste Fragen der Geldtheorie, vol. II, p. 514. <<

[141] Sobre el tema véase Mises, La teoría del dinero y del crédito (trad. esp.: Unión Editorial, Madrid 1997), p. 68 [N. del Tr.]. <<

[142] Sólo los gobernados tienen «intereses particulares» egoístas e ignoran lo que realmente les conviene. El funcionario estatal y el príncipe son siempre sabios y altruistas… <<

[143] Véase Pohle, Die gegenwärtige Krisis in der deutschen Volkswirtschaftslehre, Leipzig 1921, pp. 29ss. <<

[144] Véase A. Weber, Der Kampf zwischen Kapital und Arbeit, Tubinga 1920, pp. 411 ss. <<

[145] Véase Böhm-Bawerk, Macht oder ökonomisches Gesetz?, en Gesammelte Schriften, al cuidado de Weiss, Viena 1924, pp. 230ss [trad. esp.: ¿Poder o ley económica?, en E. von Böhm-Bawerk, Ensayos de teoría económica, vol. I, Unión Editorial, Madrid 1999, pp. 231-308]. <<

[146] Véase Cassau, Die sozialistische Ideenwelt vor und nach dem Kriege, vol. I, p. 136. <<

[147] Véase A. Weber, Der Kampf…, cit., p. 405. <<

[148] Vease S. Webb, «Die historische Entwicklung», en Englische Sozialreformer, al cuidado de Grunwald, Leipzig 1897, p. 44. <<

[149] Véase Sombart, «Ideale der Sozialpolitik», en Archiv für soziale Gesetzgebung und Statistik, vol. 10, pp. 8ss. <<

[150] Véase Amonn, «Der Begriff der “Sozialpolitik”», en Schmollers Jahrbuch, 48, 1924, pp. l60ss. <<

[151] Es típico el hecho de que la Escuela histórica, que en todo lo demás sólo conoce categorías históricas, crea que puede aplicar el concepto de Sozialpolitik a las antiguas civilizaciones babilónica y azteca. <<

[152] Véase Pribram, Die Wandlungen des Begriffes der Sozialpolitik, vol II, pp. 249ss. <<

[153] Marianne Weber refiere que su marido, en el periodo docente transcurrido en Friburgo, dijo con «divertida hipérbole»: «Las primeras grandes lecciones de economía política que oí fueron las que yo pronuncié» (Marianne Weber, Ein Lebensbild, Tubinga 1926, p. 213. <<

[154] Véase Wilbrandt, «Kritisches zu Max Webers Soziologie der Wirtschaft», en Kölner Vierteljahreshefte für Soziologie, 5, pp. 171ss; Spann, «Bemerkungen zu Max Webers Soziologie», en Zeitschrift für Volkswirtschaft und Sozialpolitik, nueva serie, vol. III, pp. 761ss. <<

[155] Véase Cassau, Die Sozialistische Ideenwelt, cit., p. 152. <<

[156] Weltwirtschaftliches Archiv, vol. 21, 1925. <<

[157] Schmoller, «Volkswirtschaft, Volkswirtschaftslehre und- methode», en Handwörterbuch der Staatswissenschaften, 3.ª ed., vol. VIII, p. 426. <<

[158] Op. cit., p. 443. <<

[159] Op. cit., p. 445. <<

[160] Véase Engels, «Vorrede zum III Band des Kapitals», 3.ª ed., Hamburgo 1911, pp. XIISS. <<

[161] Véase Böhm-Bawerk, Einige strittige Fragen der Kapitalzinstheorie, Viena 1900, pp. 111ss. Sobre Brentano véase también Spann, Der wahre Staat, Leipzig 1923, pp 141 ss. <<

[162] Véase por ejemplo Kelsen, Sozialismus und Staat, Leipzig 1923. <<

[163] Véase Dietzel, «Individualismus», en Handwörterbuch der Sozialwissenschaften, 4.ª ed., vol. V, pp. 408ss; K. Pribram, Die Entstehung der individualistichen Sozialphilosophie, Leipzig 1912, pp. 1ss. Para la crítica de estas concepciones véase L. von Wiese, «Dietzels “Individualismus”», en Kölner Vierteljahrshefte für Sozialwissenschaften, Munich y Leipzig 1922, pp. 54ss. <<

[164] Véase A. Smith, The Theory of Moral Sentiments, Edimburgo 1813, parte II, sección II, cap. III, p. 243. <<

[165] Véase Kant, Idee su einer allgemeinen Geschichte in weltbürgerlichen Absicht, en Sämtliche Werke, Insel-Ausgabe, vol. I, pp. 227ss. <<

[166] Véase Menger, Untersuchungen über die Methode der Sozialwissenschaften, Leipzig 1883, p. 178. La crítica de F. von Wieser (Theorie der gesellschaftlichen Wirtschaft, en Grundriss der Sozialökonomik, Tubinga 1914, Sec. I, pp. 242ss) a la teoría racionalista-utilitarista en general, y a su formulación mengeriana en particular, no afecta a la sustancia de la misma. El significado de esta crítica radica en la distinción que Wieser hace —seguramente bajo la influencia de Tarde— entre jefe y masa, y en el mayor relieve que da a lo que Wund llama el principio de la heterogénesis de los fines. <<

[167] Que es lo que afirma Smith, op. cit., parte IV, cap. I, pp. 417ss. <<

[168] Véase Barth, Die Philosophie der Geschichte als Soziologie, 3.ª ed., Leipzig 1922, p. 260. <<

[169] Véase O. Spann, «Klase und Stand», en Handwörterbuch der Staatswissenschaften, 4.ª ed., p. 692. <<

[170] Si en Estados Unidos aumentara la influencia de los antiutilitaristas como Veblen, arraigaría el marxismo, y las consecuencias no tardarían en manifestarse. <<

[171] Véase Gelesnoff, Grundzüge der Volkswirtschaftslehre, trad. alemana de E. Altschul, Leipzig 1918, p. III. <<

[172] Las ideas del socialismo nacional no deben buscarse en el partido nacionalsocialista. Este último es sólo una parte —entre las más radicales especialmente en el plano de la táctica de partido— de un movimiento más amplio del socialismo nacional que abarca todos los partidos de ideología ético-racial, y que tiene en Oswald Spengler y en Othmar Spann sus portavoces culturales más destacados. Una breve pero instructiva síntesis de las ideas del socialismo nacional puede leerse en el programa del Grossdeutsche Volkspartei Österreichs redactado por Otto Conrad (Richtlinien deutscher Politik, Programmatische Grundlagen der Grossdeutschen Volkspartei, Viena 1920). <<

[173] Véase Otto Bauer, Die Nationalitätenfrage und die Sozialdemokratie, Viena 1907, pp. 263, 268. <<

[174] He intentado demostrarlo en mi ensayo Nation, Staat und Wirtschaft, cit., pp. 45ss. <<

[175] El tratamiento más completo de este problema es el de Prato, Il protezionismo operaio, Turín 1910 (trad. francesa de Bouigin, París 1912). En Alemania el libro ha pasado casi totalmente inadvertido. <<

[176] Internationaler Sozialistenkongress zu Stuttgart, 18-24 de agosto de 1907, Berlin 1907, pp. 57-64. <<

[177] Véanse las excelentes consideraciones de F. Wolfrum, «Der Weg zur deutschen Freiheit» (Freie Welt, Gablonz, IV, Heft 95) y Staatliche Kredithilfe? (ibid., Heft 99). <<

[178] Véase W. Sombart, Das Lebenswerk von Karl Marx, Jena 1909, p. 3. <<

[179] W. Sombart, Der proletarische Sozialismus («Marxismus»), 10.ª ed. reelaborada del escrito: Sozialismus und Soziale Bewegung, Jena 1924, vol. I: Die Lehre; vol. II: Die Bewegung. <<

[180] Vol. I, p. 31. <<

[181] Op. cit., pp. 257ss. <<

[182] Véase O. Spann, Klase und Staat, cit., pp. 298ss. <<

[183] Vol. I, pp. 5ss. <<

[184] Cursivo añadido. <<

[185] Cursivo añadido. <<

[186] Vol. I, pp. 12ss. <<

[187] Op. cit., pp. 19ss. <<

[188] Op. cit., p. 75. <<

[189] Vol. II, p. 261. <<

[190] Vol. I, p. 305. <<

[191] Op. cit., p. 304. <<

[192] Op. cit., pp. 32ss. <<

[193] Op. cit., pp. 368ss. <<

[194] Op. cit., p. 356. <<

[195] Op. cit., p. 304. <<

[196] Vease W. Sombart, «Das finstere Zeitalter», en Neue Freie Presse, 25 de diciembre 1924. <<

[197] Ibidem. <<

[198] No puedo extenderme en la crítica de la teoría de las clases; remito a mi Gemeinwirtschaft, cit., pp. 265-352. <<

[199] Véase C. Menger, Untersuchungen über die Methode der Sozialwissenschaften, cit., p. XX. <<

[200] Op. cit., p. XXI. <<

[201] Handwörterbuch der Staatswissenschaften, 4.ª ed., vol. VI, 1923. <<

[202] Prescindo aquí de las fuerzas monetarias que influyen sobre los precios. <<

[203] Die Verstaatlichung des Kredits (Mutualisierung des Kredits). Gekrönte Preisschrift der Travers-Borgstroem-Stiftung in Bern, Verfasser Dr. Robert Deumer, Berlín, XII-371 páginas. Verlag Duncker & Humblot, Munich y Leipzig 1926. <<

[204] Op. cit., p. 335. <<

[205] Op. cit., p. 86. <<

[206] Op. cit., p. 210. <<

[207] Op. cit., p. 184. <<

[208] Op. cit., pp. 152ss. <<

[209] Op. cit., p. 184. <<

[210] A pesar de la semejanza en el título, se trata de una obra muy diferente de Crítica del intervencionismo, publicada por Mises en 1929 con varios estudios escritos con anterioridad (Primera parte del presente volumen). —Ed.] <<

[211] A lo largo de este ensayo, el término «intervencionismo» se emplea en el sentido que le han dado muchas generaciones de economistas, esto es, la interferencia gubernamental en la vida económica. No debe confundirse con su acepción política, que en el plano internacional significa lo contrario de «aislacionismo», al hilo de la actual controversia norteamericana acerca de la guerra. <<

[212] Ya en 1925 predije la cooperación de nazis y bolcheviques, en mi artículo «Anti-Marxism» (Weltwirtschaftliches Archiv, vol. 21, p. 279) reimpreso en mi libro Kritik des Interventionismus, p. 106 [ahora en este volumen, pp. 175]. <<

[213] Los marxistas ortodoxos, sin embargo, recomiendan el intervencionismo reconociendo plenamente el hecho de que este paraliza y destruye la economía de mercado capitalista y, por tanto, en su opinión, conduce al socialismo. Este era el argumento formulado hace ya un siglo por Friedrich Engels. <<

[214] Para un examen más completo de este punto, tengo que remitirme a lo expresado en mi libro, Nationalökonomie, Theorie des Handelns und Wirtschaftens (Ginebra, 1940), pp. 224-228. <<

[215] El término «liberal» se emplea aquí en el sentido que generalmente se le atribuía en el siglo XIX. En los países anglosajones «liberal» ha venido a significar lo contrario de lo que este término significaba en el pasado; hoy significa intervencionista radical o incluso socialista. Aquellos a quienes uno hubiera llamado en el pasado liberales, los socialistas norteamericanos y los intervencionistas los llaman hoy reaccionarios, conservadores, o realistas económicos. En este cambio semántico, la victoria de las ideas intervencionistas y el abandono de la economía de mercado se ponen claramente de manifiesto. El antiguo liberalismo ha perdido hasta el nombre. <<

[216] La «libertad», dicen los metafísicos prusianos, «es un concepto meramente negativo». La libertad, decía Lenin, es «un prejuicio burgués». <<

[217] Hegel llamó al Estado «el Absoluto». Ferdinand Lassalle dijo que «el Estado es Dios». El profesor Werner Sombart, en su libro Socialismo alemán, que es un bestseller del Tercer Reich y ha sido traducido al inglés y al francés, afirma que el Führer recibe órdenes de Dios. No queremos contradecir las afirmaciones de estos grandes hombres. Sólo queremos poner de relieve que no tienen nada que ver con nuestro actual análisis. <<

[218] Ver cap. II, epígrafe 2. <<

[219] La limitación que aquí implica la palabra «casi» no debe entenderse en el sentido de que existen medidas restrictivas que no perjudican a nadie; quiere decir solamente que tales medidas, no sólo no benefician a nadie, sino que suponen desventajas para todo el mundo. <<

[220] La fijación directa de precios de los medios materiales de producción que no puedan emplearse en el consumo directo puede omitirse; si se fijan los precios de todos los bienes de consumo así como también los salarios y los tipos de interés, y si se obliga a trabajar a todos los trabajadores y a producir a todos los propietarios de los medios de producción, entonces los precios de los medios materiales de producción quedan fijados indirectamente. <<

[221] Para simplificar, no consideramos los costes de construcción. <<

[222] Los economistas entienden por oferta de trabajo, oferta de servicios laborales por parte de los trabajadores, y viceversa, entienden por demanda de trabajo la demanda de servicios laborales por parte de los empresarios; justo lo contrario del sentido que se da a ambos conceptos en el lenguaje corriente. [Trad.] <<

[223] Según se explica en este mismo apartado. <<

[224] En ausencia de expansión crediticia, puede haber instalaciones no utilizadas plenamente. Pero no distorsionan el mercado más de lo que pueden hacer las tierras submarginales no utilizadas. <<

[225] [Fritz] Machlup (The Stock Market, Credit and Capital Formation, Londres, 1940, p. 248) habla de «inflacionismo pasivo». <<

[226] Si un banco no puede expandir el crédito, no podrá crear un auge, aunque reduzca su tipo de interés por debajo del tipo de mercado. No conseguiría más que hacer un regalo a sus deudores. La conclusión que se extrae de la teoría monetaria del ciclo en relación con las medidas estabilizadoras no es el postulado de que los bancos no deben bajar sus tipos de interés, sino que no deben expandir el crédito. [Gottfried] Haberler (Prosperity and Depression, Ginebra, 1939, p. 65ss) no ha comprendido este punto, y por ello, sus críticas no se sostienen. <<

[227] La posesión de oro sólo estaba prohibida para los estadounidenses, no para los extranjeros, quienes depositaban su oro en los bancos norteamericanos, pudiendo retirarlo y repatriarlo a voluntad. (Nota del Trad.) <<

[228] [Hermann Göring (1893-1946) fundó y dirigió la Gestapo, la policía secreta de la Alemania nazi, hasta 1936. Se ocupó del rearme alemán previo a la II Guerra Mundial, y más tarde fue nombrado jefe de las fuerzas aéreas alemanas. En 1946 los aliados le juzgaron en Núremberg por crímenes de guerra, y fue condenado a la horca. Pero dos horas antes del momento fijado para la ejecución, eludió el patíbulo ingiriendo un veneno. —Ed.] <<

[229] [Recuérdese que cuando Mises escribió estas líneas, Alemania y la Unión Soviética eran aliados según el tratado de no agresión que firmaron en 1939. —Ed.] <<

[230] Corporativismo: El nombre dado a una particular forma de organización económica (economia corporativa; en alemán Ständestaat) de origen italiano, propuesta en la época de Mussolini. [El corporativismo garantizaría la total autonomía de cada rama de actividad económica o «gremio», que tendría una autoridad absoluta sobre sus asuntos internos, sobre salarios, horario, producción, etc. Los asuntos que afectaran a otras ramas se dirimirían por arbitraje intergremial o por laudo gubernamental. Tal organización era inviable, y por lo tanto, nunca se llevó a la práctica. Para más detalles, ver L. von Mises, La acción humana (Unión Editorial, 6.ª ed., 2001, pp. 957-969. —Ed.] <<

[231] Ver Sidney y Beatrice Webb, A Constitution for the Socialist Commonwealth of Great Britain (Londres, 1920). <<

[232] Los Webb lo definen como «el derecho de autodeterminación de toda profesión», op. cit., p. 277. <<

[233] [Sindicalismo: Movimiento obrero cuyo objetivo era transferir a los trabajadores las acciones de la empresa propiedad de los empresarios, los propietarios y los capitalistas, de tal modo que ellos, los trabajadores, fueran los propietarios y gestores del negocio. Las consignas «el ferrocarril, para los ferroviarios» o «las minas, para los mineros» que gritan en sus reuniones, muestran cuáles son sus fines. Para una explicación detallada, véase Mises, La acción humana, cit., o también la entrada alfabética en Percy L. Greaves, Jr., Mises Made Easier (1974/1990). —Ed.] <<

[234] Cf. el discurso de Mussolini en el senado italiano, el 13 de enero de 1934. <<

[235] [Léon Blum (1872-1950), gobernante socialista francés que en 1936 reunió una coalición de radicales socialistas, socialistas y comunistas en el Frente Popular. —Ed.] <<

[236] Para mayor simplicidad prescindimos de los costes de transporte. Pero habría cierta dificultad para introducirlos. <<

[237] Socialism, trad. ingl., Londres, 1936 [véase nota 1 de p. 91. <<