Lucía Etxebarria, con el desparpajo que le caracteriza, se ha propuesto analizar lo que está pasando en España y explicárselo al ciudadano medio, que ya no puede más con esta tomadura de pelo. Desde la corrupción política hasta las numerosas leyes de educación, que no han hecho más que empeorar la situación, Etxebarria repasará el momento actual de este país inmerso en una crisis peor que la del resto de Europa, con el terrible añadido de los 5 millones de parados.

Lucía Etxebarria

Liquidación por derribo

Cómo se gestó la que está cayendo

ePub r1.1

Titivillus 29.10.17

Lucía Etxebarria, 2013

Ilustraciones: Javier Royo

Diseño de cubierta: Javier Royo

Editor digital: Titivillus

ePub base r1.2

NOTA INTRODUCTORIA
Por qué rompí una promesa

Hace tiempo, quizá a finales de 2011, sufrí uno de mis ataques impulsivos propios de una nacida en sagitario con ascendente en sagitario. Después de que un trol se tirara semanas enviándome enlaces a todas las páginas en las que mis libros se podían descargar gratuitamente, y tras comprobar que en una, para más inri, reseñaban la lista de los libros más descargados en español y yo tenía el dudoso honor de figurar en los primeros puestos, anuncié que para eso me valía más dejar de escribir. Y ésa era mi intención. No dejar de escribir, en realidad (yo escribo a diario, soy grafómana), pero sí dejar de publicar.

Más tarde abrí una página web. En ella publiqué un artículo sobre la infanta Cristina (previamente había intentado publicar versiones reducidas de ese artículo en el fallecido diario ADN y en el Magazine de La Vanguardia, pero ambos medios me dijeron que preferían no hacerlo). La respuesta no se hizo esperar. La página web desapareció. Cayó al día siguiente, hackeada. Y mi perfil de Facebook, en el que había publicado también el artículo, cayó también, y estuvo inactivo casi dos meses. Lo curioso es que muchas otras páginas de Facebook sí que publicaron el artículo, y mucha gente empezó a difundirlo por correo electrónico a sus listas de contactos. Y creo que finalmente ha sido el artículo más leído de todos los que haya escrito en mi vida.

En un desayuno con mi editora le comentaba que empezaba a resultarme muy frustrante tener que estar constantemente sometida a una autocensura férrea cada vez que escribo un artículo para un gran medio. La primera autocensura llega cuando sabes que no puedes tocar ciertos temas. Porque el medio tiene unas prioridades y un ideario que tú no debes ofender. Porque ellos son los que pagan y están en su perfecto derecho de echarte si no lo respetas. Porque hay unas imposiciones de espacio. Porque el medio vive de la publicidad. Por tantas razones… Ella me sugirió que recopilara todos los artículos que no había podido publicar en un libro. No sólo los recopilé, sino que amplié los temas. Y escribí parte de este libro. Unas ciento y pico páginas.

Entregué el manuscrito en agosto, y desde entonces sucedieron muchas cosas.

Entre ellas, sucedió que el IVA de los espectáculos teatrales subió al 21 por ciento, con lo cual una obra mía que ya estaba prácticamente contratada no va a ver la luz, porque la compañía que iba a producirla se dio cuenta de que con un IVA del 21 por ciento no les iba a resultar rentable estrenarla.

La gran mayoría de mis amigos iban perdiendo sus trabajos. Porque muchos son periodistas. Los padres de los compañeros de clase de mi hija se encontraban en parecida situación, víctimas de expedientes de regulación de empleo (ERE) en empresas de todo tipo. Una de mis mejores amigas, diseñadora de ropa, que había vivido durante años como una reina, vio cómo su empresa tuvo que cerrar en menos de un año, porque las tiendas a las que surtía no podían pagarle.

La medida de un IVA del 21 por ciento para flores, objetos de arte y antigüedades, hostelería, espectáculos y discotecas, entradas de teatro, cine, conciertos y servicios de peluquería de momento ha arruinado a mi amiga Clara —que tiene un hotel en Alcossebre y que ha decidido cerrarlo—, a muchos de mis amigos guionistas, actores y directores, a mi peluquera de toda la vida, que ya ha cerrado (en el barrio nos queda una peluquería china), a numerosas empresas de organización de espectáculos, a las cuatrocientas y pico salas de cine que han cerrado y a la productora que iba a estrenar mi obra.

Pero lo más triste llegó cuando este año falleció uno de mis amigos de la infancia y el velatorio tuvo lugar en un deslucido tanatorio a las afueras de Madrid, el más barato que la viuda pudo encontrar, porque el servicio funerario más económico en esta ciudad cuesta casi cinco mil euros. Sólo la urna funeraria ya cuesta seiscientos. Y las cenizas no te las pueden entregar en una caja de galletas. La legislación vigente exige que la urna cineraria (aquella que contenga cenizas) se ajuste a unos estándares respetuosos con el medio ambiente. Cuando una amiga de la viuda me explicó que la pobre mujer se las había visto y deseado para afrontar aquel gasto (su marido llevaba en paro dos años) fue cuando me di cuenta por primera vez de la barbaridad que implica aumentar un 21 por ciento el precio de una incineración, de una urna cineraria, del alquiler para el local de un velatorio… Por cierto, las coronas del velatorio también eran caras: el IVA del 21 por ciento se aplica —¿lo habían olvidado?— también a los arreglos florales.

Lo triste es que la subida del IVA no ayuda a nadie. Este experimento ya se había llevado a cabo previamente en Argentina, Grecia, Portugal e Irlanda. Los resultados han sido nefastos. A corto plazo, el aumento permitió generar más ingresos al Estado. Pero desalentó a la estructura productiva del país, al aplicarse un incremento significativo en una situación de crisis. Es decir, la inversión se redujo (como ejemplo, tomemos a la productora que no se atrevió a estrenar mi obra), y muchas empresas cerraron (tal y como sucedió con la peluquería de mi barrio). Se fomentó la economía en negro (piense usted qué prefiere: pagar la reforma de su casa encarecida con un IVA del 21 por ciento o llegar a un acuerdo privado con el reformista, que no haya factura y usted se ahorra casi un cuarto de lo que iba a pagar).

Tras la subida al 21 por ciento en Argentina, Grecia, Portugal e Irlanda la recaudación del IVA fue menor en términos de producto interior bruto, principalmente en un marco recesivo. Y minó las bases para un crecimiento sostenido a medio plazo. También se demostró que la tasa impositiva del IVA no es inelástica, sino que llega un punto en el cual un incremento en la alícuota no viene acompañado con una variación proporcional en la recaudación. Es decir, que llegado un punto, se deja de recaudar.

Lamentablemente, los argentinos, los griegos, los portugueses, los irlandeses, han tenido que presenciar los efectos en práctica. Porque sus políticos no quisieron prever los resultados en la teoría. Lo cierto es que en el escenario económico actual, la tasa del 21 por ciento de IVA produce más daños que bondades.

Esto se entiende muy fácilmente con una curva, una gráfica muy sencilla, diseñada por el economista Arthur Betz Laffer, que defiende que, en ocasiones, es precisamente con rebajas fiscales como se recauda más.

Esta gráfica, conocida como la curva de Laffer, relaciona niveles de recaudación con el aumento de impuestos.

La curva de Laffer se apoya en un sencillo dibujo: una «u» invertida, en un diagrama que coloca el tipo impositivo en el eje de abscisas, y la recaudación en el de ordenadas.

Según el modelo de la curva de Laffer, ¿qué ocurre al pasar de un IVA del 18 al 21 por ciento?

Ocurre esto:

Curva de Laffer.

El argumento de Laffer implica que existe un punto entre la ausencia total de impuestos y la presión fiscal del cien por cien, en el que se produciría la máxima recaudación por parte del Estado. Pero si un Gobierno sube más allá de cierto punto, su actividad recaudatoria fiscal puede provocar que gane menos dinero que gravando menos los bienes y servicios.

¿Han visto ustedes la película Blancanieves de Tarsem Singh? (Si tienen hijos, les recomiendo encarecidamente que la vean con ellos). Julia Roberts es la malvada reina, que cada vez que desea organizar una nueva fiesta aumenta un poco los impuestos. Llegado el momento, su chambelán le explica que ya no hay impuestos que recaudar, puesto que la población se ha empobrecido. Si esto lo entendió perfectamente mi hija de ocho años al ver la película, no veo cómo no lo ha entendido Rajoy.

No importa si los impuestos son directos o indirectos, un impuesto sobre los consumos es también un impuesto sobre la producción. El consumo es, por supuesto, el motivo principal de la producción. La razón por la cual trabajamos, invertimos o iniciamos un negocio es para ganar los ingresos necesarios para consumir. Si partimos de una tasa de IVA elevada, los consumidores cuentan con menos ingresos para destinar a otras compras. Si no hay dinero, no se puede comprar, y por lo tanto el crecimiento económico de un país cae.

Pues bien, situémonos en esta tesitura. Yo, deprimida y triste porque mi obra no se estrena, mi página web caída, la mayoría de mis amigos en paro, me llega una factura de la luz de doscientos euros (no, no dejo las luces encendidas por la noche y vivo en un piso de cien metros, no en una mansión), y un buen día alguien decide convocar una manifestación para rodear el Congreso. Manifestación convocada para el 25 de septiembre.

Yo vivo muy cerca del Congreso, precisamente. Desde más o menos el 15 de septiembre empezaron a pasar cosas raras. Mi teléfono no funcionaba, el Wi-Fi tampoco, había cortes extraños, y un helicóptero sobrevolaba mi edificio cada noche, para gran angustia de mi hija, a la que no dejaba dormir.

El 20 de septiembre llevo a la niña al colegio y me encuentro con que la calle Santa Isabel está cortada, tomada por la policía. Lo primero que pensé es que había habido un atentado terrorista.

Los camareros del bar Benteveo me explicaron que estaban desalojando el centro Casablanca.

¿Por qué desalojar un edificio que llevaba décadas vacío, cuya propiedad era irreclamable y cuyos ocupantes no habían dado problemas durante dos años y medio?

Debo explicar primero qué era el centro Casablanca.

El edificio sobre el que se creó el centro social Casablanca era un antiguo colegio. Llevaba abandonado desde que yo recuerdo, al menos desde que yo me mudé al barrio, hace de esto más de una década. No se sabe cómo, se pudo recalificar para darle uso residencial (¿estoy sugiriendo que la recalificación fue fraudulenta? Al menos, eso parece). La empresa Yoopro adquirió en 2001 este edificio por unos cuatro millones de euros. Se lo vendió en 2004 a la constructora Monteverde por unos doce millones de euros (sí, han leído bien: un pelotazo inmobiliario de ocho millones de euros). Monteverde empezó a hacer obras en el edificio, pero antes de finalizarlas, Monteverde quebró. El arquitecto Carlos Monteverde de Mesa, padre de Carlos Monteverde, dueño del 90 por ciento del grupo Monteverde S. L. fue autor de más de setenta proyectos ficticios, elaborados para el consistorio marbellí, por los que facturó a sociedades municipales más de cuarenta millones de euros entre 1996 y 1999. Carlos Monteverde, padre, fue imputado por corrupción en el marco del caso Malaya. Ahí se quedó muerto y enterrado otra vez el edificio fantasma, durante unos cinco años. En el 2010, el grupo inmobiliario Monteverde presentó ante los juzgados de lo Mercantil de Madrid concurso voluntario de acreedores, figura jurídica que sustituye a la antigua suspensión de pagos, al no poder hacer frente a sus deudas, según informó la compañía. Ese mismo año llegaron unos chicos y ocuparon el edificio.

Como el edificio está situado exactamente frente al colegio de mi hija yo pasaba por allí cada mañana. Los chicos salían a veces con sus bicicletas. Nos saludábamos. Los chicos organizaron talleres de teatro, de yoga, de juegos para niños, una biblioteca. Nadie en el barrio se quejó jamás. No había ruido, ni fiestas a altas horas de la mañana, ni drogas. Los chicos (digo «los chicos» porque en general eran jóvenes, por lo que recuerdo) nunca se llevaron mal con nadie. No le arrebataron su vivienda a nadie, y no destruyeron el edificio, que estaba en franco deterioro cuando entraron allí. En todo caso, mejoraron su estado.

A partir del 20 de septiembre cada noche, cada noche, debíamos sufrir la tortura del helicóptero. Supongo que la mayoría de entre quienes me leen no han sufrido la experiencia de un helicóptero sobrevolando por encima de su casa. Yo no la había vivido hasta entonces. El helicóptero hace mucho ruido e impide dormir.

Y después llegó el 25-S.

Esa tarde fui, como todas las tardes, a pasear a mi perra. En la calle Cervantes estaban los manifestantes. La calle Cervantes no está vecina al Congreso. Está cerca. Pero todo el perímetro del Congreso en un radio de doscientos metros estaba vallado. Así que nadie podía «rodear el Congreso». Me llamó mucho la atención que allí estuvieran, a ojo de buen cubero, casi la misma cantidad de manifestantes que de policías. Charlé con un amigo que me encontré (arquitecto de renombre, en absoluto sospechoso de radical o antisistema) y con tres activistas de Attac, ingenieros dos de ellos y economista el tercero. Después volví a casa.

Y a las nueve de la noche empecé a escuchar gritos, sirenas, lío. Me asomé al balcón, que da a la calle Atocha. Con mis propios ojos contemplé cómo unos antidisturbios agarraban a tres chicos muy jóvenes y los empujaban de mala manera contra la pared. Aquello debía doler. Fue imposible dormir en toda la noche.

La protesta ante el Congreso se saldó con sesenta y cuatro heridos y veintiocho detenidos.

Los días siguientes —26, 27 y 28— hubo concentraciones en la plaza de Neptuno. Sesenta mil personas llegaron a concentrarse de manera pacífica, en un ambiente relajado de protesta y de expectación, coreando lemas como «esta crisis no la pagamos» y «Gobierno dimisión», que han sido recogidos por un gran número de medios de comunicación del país e internacionales desplegados para la ocasión.

Un amplio y ostentoso despliegue de antidisturbios había ocupado todos los accesos a la plaza, hostigando a los primeros manifestantes que iban llegando con identificaciones. Se cortó el tráfico del Paseo del Prado en ambas direcciones, y se mantuvo un impresionante operativo de rodeo de la concentración. Los antidisturbios prohibieron a las cámaras de televisión montar el dispositivo para tomar fotos, y les conminaron a abandonar la zona.

El 28 de septiembre le escribí esta carta a Cristina Cifuentes, delegada del Gobierno en Madrid.

Estimada señora Cifuentes:

Le escribo desde mi casa. Ésta será la cuarta noche en la que yo no pueda dormir porque usted, (gracias a los impuestos que yo pago puntualmente), usted, decía, ha tenido a bien, de nuevo, sacar a la calle a mil cuatrocientos agentes y hacer que varios helicópteros sobrevuelen mi zona. En absoluto soy partidaria de tomar el Congreso. Yo creo en la democracia, pese a todo. Precisamente porque creo en la democracia encuentro absolutamente desproporcionada la respuesta que con la excusa de la «gestión del orden público» ha dado usted a la discrepancia ciudadana entre la que puede que hubiera alguna acción violenta o puede que no. Lo que yo le puedo contar es que hace tres noches contemplé cómo unos agentes lanzaban contra la pared a un chico que, por el aspecto, podría haber sido mi hijo, o incluso el suyo, que no iba armado ni los había provocado, y cuyo único delito, a lo que parece, había sido caminar por la calle Atocha y llevar al cuello un pañuelo palestino.

Señora Cifuentes: nadie ha tomado el Congreso, que yo sepa, y ni siquiera se han acercado a un león. No hay ningún policía gravemente herido y mucho menos fallecido. Sí hay, sin embargo, casi un centenar de manifestantes heridos en cuatro días. Algo pues, en mis cuentas, no cuadra.

Señora Cifuentes: yo no he acudido a manifestarme, pero como vecina del barrio llevo cuatro días contemplando y sufriendo este despropósito. Los derechos a la manifestación, a la libertad de expresión y a la información son derechos fundamentales, y nuestra Constitución los protege. No puede usted pues disuadir a los medios de comunicación de que informen sobre lo que pasa. Tampoco puede usted ponerle verjas al campo.

El 25 de septiembre apenas había dos mil manifestantes. Yo me pasé por el Congreso y pude comprobar que allí no se había concentrado un número tal de gente como para que los señores diputados pudieran en absoluto temer por su integridad, amén de que la actitud de los allí reunidos era más festiva que agresiva. Su torpeza y su mala gestión han conseguido que cada día vaya llegando más gente a Neptuno. El 25-S no eran ni tres mil personas (y mil cuatrocientos agentes). Hoy, diga usted lo que diga, debían ser sesenta mil. Desde luego, desde mi casa se apreciaba una enorme diferencia numérica entre los congregados un día y otro. Mañana quizá sean ochenta mil, porque con la represión está usted consiguiendo todo lo contrario de lo que pretende: en lugar de disuadir a la gente de manifestarse, está haciendo que prenda un movimiento espontáneo de simpatía, y preveo que cada día acudirán más personas a Neptuno. Su estrategia no es sólo contraria a los presupuestos de un Estado de derecho. Para colmo, es poco eficiente.

Señora Cifuentes: la función del Estado de derecho es la de sostener la paz, proteger a la población, reforzar la legitimidad democrática y garantizar el respeto a los derechos fundamentales recogidos en la Constitución. Los cuerpos policiales están para proteger a los ciudadanos, no para agredirlos. Yo no me considero antisistema en absoluto, ni mucho menos radical. Creo firmemente en la democracia y en la Constitución y por eso le ruego, en mi nombre, en el de mi hija y por su futuro, y en el nombre de muchos de mis vecinos, hartos de todo este jaleo, que reconsidere su postura y sus estrategias.

Atentamente,

LUCÍA ETXEBARRIA,

que ha escrito esto de un tirón con un

helicóptero sobrevolando su edificio.

Evidentemente, no recibí respuesta alguna.

Pocos días después, en el plató de De buena ley conocí a un representante del Sindicato Unificado de Policía (SUP).

Él me aclaró dos detalles:

—Uno, el propio SUP condenaba los incidentes que habían tenido lugar en Atocha.

—Dos, la orden que habían recibido era la de cargar si alguien tocaba las vallas del perímetro. Las vallas, repito, estaban a doscientos metros del Congreso. Le pregunté si la orden no le parecía cuanto menos exagerada. No me respondió, se limitó a encogerse de hombros.

El propio secretario general del SUP, José Manuel Sánchez Fornet, ya había sugerido que las cargas policiales llevadas a cabo la noche del martes día 25 en la estación de Atocha, tras la primera protesta de la Coordinadora del 25-S en los alrededores del Congreso, le deberían «costar el cargo a alguien». Así lo manifestó Sánchez Fornet en un mensaje difundido a través de su cuenta de Twitter:

A veces se carga sin razón. Lo del 25-S de Atocha y algún otro caso debe costar el cargo a alguien.

Asimismo, había apuntado que el problema en estas ocasiones no es de la propia policía sino «de quien la gobierna», de «algunos mandos» y de «algunos policías».

«Tenemos un grave problema que intentamos resolver», añadió.

Yo continúo con la historia…

El viernes 12 de octubre, a las ocho de la tarde quedé con mi amigo Daniel para ir a tomar un café. Pasamos por delante del centro Casablanca, ya desalojado. No había mucha gente. Estuvimos charlando con unos vecinos que nos contaron que unos chicos habían subido por los balcones, que habían venido los antidisturbios y que se habían ido. Ambiente normal, ningún problema.

Tarde de viernes normal y corriente. A las diez y media éramos tres en el bar: Marta, Daniel y Lucía. De pronto, escuchamos ruidos y vemos pasar uno, dos, tres, cuatro… ¿cuántos furgones? No podemos contarlos. Nos asustamos y salimos a la calle Santa Isabel, a ver qué estaba pasando.

Había allí unas treinta furgonetas y unos cien efectivos antidisturbios. Cortaron las calles Buenavista, Santa Isabel, Salitre, Santa Eugenia, San Ildefonso, con furgones de la policía y antidisturbios codo a codo, formando infranqueables murallas humanas. A nosotros nos pillan en la esquina de Santa Isabel con Santa Eugenia. Nos asustan de verdad. Hay muchos antidisturbios, armados, con escudos y lanzapelotas, y no hay salida. No hay salida porque en mi carnet de identidad figura aún la dirección de mis padres, de forma que yo no puedo decir que quiero regresar a mi casa para intentar sortear las murallas humanas. En los documentos de mis amigos, por supuesto, figura una dirección que no está situada en el barrio. Nos vemos, pues, atrapados.

Tengo una perrita, mi pequeña Leia. Yo soy una señora de cierta edad, bien vestida, con tacones. Con el caniche en brazos se me puede tomar por cualquier cosa menos por antisistema. Es más, un búlgaro que estaba por ahí me dice: «Tú no erres indignada, tú erres encantada, tú erres prosistema». En fin…

Yo intento hablar con los antidisturbios a ver si me explican qué narices está pasando. Uno de ellos me empuja ligeramente para que me mueva. No, no me agrede. Pero cuando un señor que va acorazado al estilo RoboCop te toca, el miedo te paraliza. Se trata de una reacción instintiva. El señor añade: «Si no quieren problemas, váyanse, no queremos hacer daño a nadie». Dado que estamos acordonados, yo no puedo volver a casa.

Un chico desde un balcón empieza a gritar: «Estamos hartos, iros de aquí, iros de nuestro barrio». Un policía le apunta con el lanzapelotas de goma.

La policía desaloja el locutorio de los paquistaníes (desde el que yo escribo a veces). La policía se introduce en un portal, se supone que van a buscar al chico del balcón.

Intento tuitear para que alguien venga a ver lo que pasa (prueba a tuitear con una perra caniche en brazos y dos antidisturbios a tu lado). Recibo tuits de lo más desagradable llamándome de todo menos bonita. Así lo cuento y parece hasta divertido. Pero fue aterrador. Cien policías armados dan mucho miedo, y el sentimiento de estar en guerra, en estado de excepción permanente. Cien policías y treinta furgones (que nosotros llegásemos a contar) y todo el dinero que eso supone para desalojar a setenta personas, a unos chavales, unos chavales que nunca han dado el menor problema en el barrio.

¿Por qué?

Yo no me considero ninguna antisistema, yo soy una señora normal y corriente, madre de una niña pequeña y dueña de una caniche que ni siquiera lleva rastas. No me considero una perroflauta, mucho menos una radical. Pero es más: allí nadie era perroflauta, ni antisistema, ni radical. Nadie había arrojado una piedra, éramos vecinos normales y corrientes y hemos visto cómo se nos trataba peor que a ganado.

Esto no es normal. No lo es. No es propio de un Estado social y democrático de derecho, como —según reza la Constitución en su artículo número 1— es mi país, en teoría.

A los sectores más conservadores de nuestro Gobierno se les llena la boca al hablar del respeto a la Constitución cuando toca hablar de la Sagrada Unidad de España. Estos mismos sectores, ¿cómo pueden saltarse la Constitución a la torera de una forma tan salvaje? ¿No piensan que en este barrio somos vecinos normales y corrientes, que no nos merecemos que se nos aterre de esta manera? ¿En qué cabeza cabe que un desalojo de setenta personas requiera de cien antidisturbios, treinta furgones de policía y varias calles cortadas?

No tiene el más mínimo sentido que se organizara semejante espectáculo aterrador para desalojar a setenta personas, repito, setenta personas, cuando no había habido ningún episodio de violencia que lo justificara, haciendo alarde de un gasto desproporcionado e innecesario en tiempos de crisis. Y montando un operativo que yo ni siquiera había visto en el Bilbao de los ochenta, en pleno auge del terrorismo de ETA y de las algaradas callejeras.

Lo curioso es que parece haber un doble rasero en el caso de los desalojos. Por ejemplo, yo tuve un estudio alquilado. La inquilina pagó sólo los dos primeros meses. Luego dejó de hacerlo. Empezó a poner música durante toda la noche. Amenazaba a los vecinos cuando se los encontraba por la calle. Cuando yo me presenté en el estudio y llamé a la puerta para ver qué pasaba, la chica, con la mirada completamente perdida, me amenazó a mí con un cuchillo. Avisé a la familia. Resultó que la chica padecía esquizofrenia, enfermedad mental que requiere de medicación. No sólo había dejado de tomarla, sino que además consumía alcohol. El consumo de alcohol en pacientes esquizofrénicos provoca brotes psicóticos. Un brote psicótico convierte a quien lo padece en peligroso, tanto para sí mismo como para los demás. La hermana de la inquilina —que era entonces la directora de una revista especializada en el público femenino que se distribuye con los periódicos de Vocento durante el fin de semana— me dijo que ella «no podía llevársela a casa porque tenía niños pequeños». Al parecer, los niños pequeños que vivían en el edificio no le importaban. Yo inicié el proceso de desahucio. Tardó más de un año. Los vecinos denunciaron amenazas. Yo denuncié amenaza con arma blanca. No pasó nada. La policía no intervino. Servicios Sociales no intervino. Y eso sucedía al lado del CSOA Casablanca, que sí mereció una intervención policial.

Queda claro que la policía desaloja cuando conviene. Cuando conviene a Cristina Cifuentes. Y que «las razones de seguridad» se tienen en cuenta cuando conviene a Cristina Cifuentes, no cuando implica la seguridad de unos vecinos en un edificio en el que vive una enferma mental con brotes psicóticos, y peligrosa. Incluso si muchos de esos vecinos son niños.

Cuando este verano alguien entró en mi casa, la robó y la destrozó, la policía ni siquiera se pasó a tomar huellas dactilares, o al menos a ver lo que había pasado. Y eso sucedió al lado del CSOA Casablanca.

Por esta razón, el despliegue de efectivos que a día de hoy (17 de octubre, días antes de que este libro se entregue a imprenta) sigue montado frente al edificio Casablanca parece que no tiene otro sentido que el de recordarnos a los del barrio que la policía no está para protegernos, sino para darnos miedo. Porque si no, yo no veo otra razón.

Yo no soy antisistema, no soy radical, no soy perroflauta, tampoco soy progre, dado que en mi armario no hay una sola chaqueta de pana, ni en mi discografía discos de Sabina o Lluís Llach (en todo caso sería una moderna de mierda). Tampoco soy «una enemiga de la policía». He vivido muchos años en este barrio y hasta ahora conocía a los agentes municipales y me llevaba bien con ellos.

Sí que soy madre, y sé que éste no es el mundo que quiero dejar a mi hija.

No quiero dejarle a mi hija una España en la que enterrar a un familiar supone pedir un crédito. En la que una peluquera de barrio pierde su negocio aunque ella no sea responsable de los errores de un modelo de desarrollo determinado, y unas finanzas que han contaminado gran parte del sistema bancario y de la economía real. Una España en la que un ministro «de Cultura» no se queja cuando se le impone a la industria cultural española el IVA más alto de toda la Unión Europea, condenándola pues a una sentencia de muerte efectiva. En la que tenemos permanentemente apostados un furgón de policía y varios agentes frente a un edificio vacío y de propiedad irreclamable, pero en la que no podemos confiar en que la policía venga a casa si nos la roban. En la que los continuos recortes en sanidad, educación y servicios sociales nos mantienen muy por debajo de la media de la Unión Europea en gasto social (22,7 por ciento en España frente al 30 por ciento en la Unión Europea). En la que el Estado pierde alrededor de 90 000 millones de euros cada año por fraude fiscal, once veces más que lo que ha destinado este año a sanidad, servicios sociales, educación, cooperación y Ley de Dependencia. En la que el endeudamiento y la dependencia exterior suponen un lastre para nuestra economía que agrava aún más la situación en la que nos encontramos. En la que los menos favorecidos están pagando los errores de los bancos que han permitido un altísimo nivel de endeudamiento. En la que la reforma fiscal es un claro ataque contra la renta disponible de las clases medias, que para colmo ya ha tenido efectos contractivos en la economía, como el incremento del paro y la disminución del producto interior bruto. En la que se ha aprobado una reforma laboral que ha dejado claro que sólo servía para destruir empleo en vez de para crear nuevos puestos de trabajo, como prueba el hecho de que el paro aumentó, no descendió, tras la susodicha reforma. En la que las empresas pueden aprovechar para «limpiar» plantillas, sustituyendo el personal no deseado por jóvenes que cobran mucho menos y que además suponen unas ventajas importantes en ahorro de cotizaciones a la Seguridad Social. En una España en la que las bajas por accidente laboral, huelga, maternidad, lactancia, o por enfermedad superior a veinte días te pueden suponer un despido. En una España en la que trece millones de personas viven en la pobreza. En la que cuatro de cada diez parados no cobran prestación.

En una España que a día de hoy es el país con mayor desigualdad social de la eurozona.

Aprendimos de Churchill que las sociedades pueden aguantar austeridad, recortes y sacrificios si vislumbran una luz de esperanza al final del túnel, y si alguien nos alienta a luchar unidos por una fe en el bien común. Porque sólo los mediocres pueden pensar que más vale lo malo conocido que lo bueno por conocer. Porque el tiempo no puede cambiar las cosas si la voluntad colectiva no se esfuerza en cambiarlas. Pero aquí nadie vislumbra ni de lejos la salida de la crisis, sino aún más recesión y paro. La historia enseña que hay un umbral del dolor: sin avisos previos, el hilo social puede romperse si se somete a grandes tensiones como consecuencia de la fatiga por la austeridad, la falta de esperanza y la excesiva tensión. Ya se está rompiendo. Ni siquiera en el Bilbao de los ochenta vi yo situaciones parecidas a las que estamos viviendo últimamente.

Viviendo en una situación así, escribir sobre ello se convierte en un acto de responsabilidad. Y por esta razón, rompí mi promesa de no volver a publicar y decidí escribir este libro. Porque en las situaciones que no habíamos previsto se encuentran las grandes oportunidades. Y lo hice consciente de las críticas a las que me exponía. Porque es siempre preferible una libertad peligrosa que una servidumbre tranquila, como dijo el argentino Mariano Moreno. Porque hace más ruido una persona gritando que cien mil calladas. Porque la palabra queda. Porque pensé que no tenía más remedio, que tenía que escribirlo para mi hija.

PRÓLOGO
España va mal

Este libro está escrito del tirón, casi por impulso. No pretende ser un tratado de economía ni de política. No pretende arreglar el mundo, ni siquiera el país. Pretende que amigos y conocidos —peluqueros, modistos, médicas, arquitectas, abogados, actores, escritores, administrativos, disc-jockeys, galeristas, ingenieras, veterinarias…— que se sienten ahora confusos y desorientados, por no decir aterrados, entiendan que si hemos llegado a esta crisis no ha sido porque «ésta es la herencia socialista», o porque «hemos vivido por encima de nuestras posibilidades», o porque «toda la culpa es de los malvados políticos que explotan al pueblo», o porque «el sistema está definitivamente podrido», y demás consignas simplistas que escuchamos demasiado a menudo no ya en ese bar Manolo al que se suele referir con sorna mi amigo Fernando, sino en tertulias radiofónicas y de la tele o en manifestaciones.

Este libro pretende ser simplista. Ésa es su vocación. Pretende que quien lo lea entienda unos fundamentos muy básicos sobre la burbuja inmobiliaria, la crisis financiera, la corrupción y la partitocracia en España. Pretende ser un libro fácil, que uno pueda leer en la playa. Pretende ser la primera de otras lecturas. Si este libro le interesa, quizá quiera conocer las obras de Joseph Stiglitz, Paul Krugman, Ramón Tamames o Ernesto Ekaizer. Y entonces accederá a explicaciones menos simplistas. Pero siempre hay que empezar por lo fácil. Hay que aprender a gatear antes de intentar andar, y a andar antes de echarse a correr.

Este libro no pretende ser ideológico ni posicionarse en ningún bando. Tampoco ser agresivo ni crear más crispación de la que ya hay. No quiere captar votos o simpatías para ningún partido político. Quiere abogar por la transparencia, la honradez, la democracia, la sensatez y la calma —en lo posible— en un contexto que se presenta muy difícil y en el que demasiada gente se está volviendo muy agresiva.

Este libro no quiere participar en escaladas simétricas de violencia ni cruces de insultos. No quiere jugar al «y tú más» tan frecuente en la política española.

Me explico con un ejemplo: la relación con mi actual pareja es de las más difíciles que he tenido en la vida, y eso que he tenido relaciones harto complicadas —usted nombre cualquier problema (a distancia, con alguien enfermo, con alguien que bebía…), yo he estado ahí—. En cuanto aparecía un conflicto, en lugar de cooperar para resolverlo, dialogando, recurría a dos tácticas: la evitación, o dejar de dirigirme la palabra y marcharse, o la escalada simétrica, es decir, responder a una queja con otra, estilo «oye, por favor, no te dejes la luz encendida por la noche, que no hay quien duerma». «Pues tú te la dejaste hace dos noches». «Ya, pero fue una cuestión puntual, y tú lo haces por sistema». Y así se embarca uno en una discusión de besugos y al final los dos acabamos hartos el uno del otro. Y el problema de la luz no se soluciona.

Al final opté por regalarle un libro muy útil (La asertividad, de Olga Castanyer)[*] amén de que con paciencia de santo Job le he ido dando unas charlas sobre las normas básicas de comunicación, que impusieron el citado libro, el sentido común y un curso de negociación empresarial que hice hace años.

Cuando creía que tenía el caso ganado, el otro día me encuentro con que mi hija me hace lo mismo: «Nena, el pijama no se deja tirado en el suelo». «Pues tú ayer dejaste tus zapatos en el suelo». ¿Dónde ha aprendido la niña una respuesta así? En el patio del colegio, por supuesto. Cuando los niños se pelean y se les acaban los insultos, empiezan con el «¡y tú más!».

Y lo mismo me pasa en reuniones de amigos. Pruebe usted a decir en público que le parece que la princesa Letizia o Angelina Jolie están excesivamente delgadas. Le garantizo que, si usted pesa más de sesenta kilos, alguien le dirá que usted está gorda (de nuevo la táctica «y tú más»), cuando lo que importa no es el peso de usted, sino el hecho de que a las chicas jóvenes se les vendan como modelos de belleza celebridades que tienen un problema más que evidente de infrapeso, y se les presente como glamuroso lo que en realidad es enfermizo.

La táctica del «y tú más» (la escalada simétrica de acusaciones, si quiere usted utilizar el término técnico) funciona como cortina de humo que destruye cualquier posibilidad de comunicación e impide solucionar el conflicto de base (la luz encendida, el pijama por el suelo, los role models erróneos). Lo triste es que se haya extendido a todas las capas de la sociedad, empezando por la política. Si habla usted de la memoria histórica, le saldrán hablando de Paracuellos o de Stalin, como dando por hecho que condenar los crímenes del fascismo significa legitimar los comunistas. Si se mete usted con Rajoy, le hablarán sobre Chávez. Si se escandaliza con la trama Gürtel, le hablarán del caso Faisán. Si critica algún discurso de la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT), le acusarán de proetarra, como si usted misma hubiera enviado cartas de extorsión. Si se queja de que hayan echado a Ana Pastor, le recordarán a Urdaci. Cuando se habla de redes clientelares, Intereconomía habla de Andalucía y Público de Valencia, y cada uno acusa al otro bando de haber sido más corrupto que el suyo. Cuando yo hablo en la radio y critico al Gobierno del señor Rajoy siempre llama un oyente que empieza a quejarse de Zapatero, como si el hecho de que Zapatero no hubiese sabido reconocer el alcance de la crisis —o admitirlo en público al menos— implicase que se le pueden perdonar a Mariano Rajoy todos sus errores, por ensalmo y contraste. Parece que nadie quiere llegar a un acuerdo o a una solución negociada, todo el mundo se empeña en radicalizar el conflicto. Cada partido culpa al otro de ser el responsable de la crisis («tú eres un mentiroso y un corrupto»; «y tú más»), y nadie propone medidas comunes y consensuadas para arreglar el desbarajuste. Y todo funciona así: en los programas sensacionalistas de televisión, en los debates políticos, en las redes sociales… Vivimos en un gran patio de colegio.

En 2006, en plena bonanza económica, en el Magazine de La Vanguardia, publiqué un artículo, «El cuento de nunca acabar», en el que avisaba de la crisis que se nos venía encima. Buscándolo, he caído en un blog en el que me ponían verde con comentarios como éste: «La izquierda de este país nos hunde en el desánimo». Pero yo no soy de izquierdas. Y jamás he hecho pública mi intención de voto.

Voy a explicarlo con un ejemplo de actualidad. Vamos a hablar de Andrea Fabra.

Cuando ni siquiera había acabado Derecho, su padre (a dedo), la colocó con veintiún años en la ejecutiva provincial de su partido (eso me hace dudar de que el sistema de partidos en España sea del todo limpio a veces). Con treinta y cuatro, sin haber ocupado más cargo que ése, su padre la colocó «por libre designación» (a dedo) como senadora por Castellón (y con esto hago notar que un senador no pueda elegirse de esa manera, y ya puestos me pregunto para qué narices sirve el Senado y para qué narices necesitamos un Senado tan nutrido). Se casa con el consejero de Sanidad de Madrid, elegido también a dedo (y aquí reclamo que se acabe el abuso de los cargos de libre designación, que fomentan el enchufismo y la corrupción: la alcaldesa de Madrid tiene ni más ni menos que 1525 cargos de confianza y libre designación con sueldos de cuarenta mil euros), quien dimitió después de que su suegro se saltase la lista de espera de trasplantes y recibiera uno de hígado en el hospital que no le correspondía y tras apenas treinta días de espera (y con esto defiendo la sanidad pública, porque parece que los que defienden la privatización recurren a ella cuando su vida peligra).

Andrea Fabra, después de ser senadora, llega a diputada yendo de número dos en las listas por Castellón, pese a que ya estaba imputada por corrupción. Tenía que ir de número uno, pero al propio PP le pareció escandaloso tal enchufismo (y con esto abogo por las listas abiertas, o al menos semiabiertas, para eliminar lo de colar a amigos y familiares en ellas, y denuncio que puedan entrar imputados en listas). Asegura sentirse muy solidaria con los cinco millones de parados, pero no va a devolver esos 1826 euros mensuales que cobra de plus por dietas y desplazamientos desde Castellón, aunque está probado que reside en Madrid (y con esto denuncio que otros 62 diputados están en la misma situación, y que no han tenido la decencia de renunciar a ese plus). Durante cuatro años, en la pasada legislatura, sólo hizo dos preguntas orales —muy poco trabajo—, pero se está llevando, con complementos y dietas, un sueldo bruto superior a 6400 euros al mes (y con esto denuncio que el Congreso está sobredimensionado, que no necesitamos tantos diputados si en realidad algunos no hacen casi nada). A eso súmele el sueldo que recibe de su partido, al que en parte subvenciona el Estado, es decir, usted y yo.

Y después de haber escrito esto, se lo voy a dejar muy claro: no me considero roja. Creo que Stalin fue uno de los mayores genocidas de la humanidad. Simplemente, me limito a contar hechos.

Pero en cuanto en este país denuncias, inmediatamente te caen sambenitos como «foca sociata», «de la ceja», «titiritera» o «izquierdosa».

Dividir un país en dos y darte a elegir entre un bando u otro es un juego manipulador en el que se olvida que entre el blanco y el negro puede haber muchísimos matices de gris, un juego que conviene al sistema, pero que no me conviene a mí. A nosotros.

Muchos creemos que las ideologías partidistas no son determinantes a la hora de resolver problemas concretos y que obligarte a tomar partido entre el clan A o el clan B es como darte a elegir entre los Corleone y los Soprano, olvidando que puede haber otras vías, otras formas de hacer las cosas. Creemos que podemos estar de acuerdo en algún caso con Rosa Díez, en otro con Patxi López y en otro con el alcalde de Vitoria, que es del PP (y cito a tres políticos vascos porque yo soy de allí, y porque a todos les he escuchado decir algo sensato alguna vez). También hemos caído en la cuenta de que, cuando gobiernan, las diferencias entre unos partidos y otros a veces no son tantas. En lo que se refiere a medidas económicas, sobre todo. Cada vez más los líderes nacionales de las respectivas formaciones son quienes concentran la atención mediática, no los programas. Programas que se han convertido en papel mojado, ideologías que cada vez son más difusas: el PP, por ejemplo, ha subido el IVA, una medida teóricamente nada liberal.

Pretender que hay solamente dos opciones es mañoso, tramposo y manipulador, y solamente conduce al distanciamiento y la división. Quienes pretendan vender un proyecto —cualquiera que sea— como «todo o nada», «conmigo o sin mí», solamente lograrán resultados de los que será difícil sentirse orgullosos, a menos que lo que pretendan sea, precisamente, dividir.

Sucede lo mismo con el mito de la «izquierda» y la «derecha». Si sólo ofrecemos al problema dos respuestas y ambas equivocadas, no estamos planteando bien el problema.

Un problema al que se ofrecen dos soluciones equivocadas es un problema para el que, en la práctica, no me han ofrecido solución. La opción frente al color negro no es solamente el blanco. Existen infinitos matices de gris, y además existen el rojo, el azul, el verde, el amarillo, y una amplia gama de tonos en Pantone. Siempre hay más de dos alternativas antagónicas.

En cualquier momento será preferible una propuesta de solución equivocada a un problema correctamente definido, que una propuesta de solución perfecta a un problema definido erróneamente. No interesa desgastarse buscando la mejor solución posible de un problema mal planteado. Es preferible buscar soluciones a problemas correctamente definidos, aunque cueste encontrar la solución.

Vivir en democracia implica reconocer que la pluralidad de pensamientos, opiniones y convicciones es enriquecedora, y que por lo tanto no se puede tener una visión dicotómica de izquierda contra derecha. Implica admitir que la propia visión del mundo nunca podrá ser definitiva ni segura. Implica confrontar mi visión con otras visiones, y saber que la propia experiencia o una mudanza de las circunstancias podrían obligarme a cambiarla o a enriquecerla. Implica ser consciente de que cualquiera puede decir blanco hoy, y negro mañana, y gris pasado mañana, porque todo fluye y nada es inamovible. Implica creer que la verdad nunca puede ni debe ser impuesta, que nunca puede ser la que yo propongo, o la que mi partido, familia, religión proponen, sino la que resulta del debate, del conflicto y, sobre todo, del interés común. Implica aceptar el pluralismo no resignadamente, sino como resultado de reconocer el hecho de que los hombres no marchan al unísono como los relojes o los metrónomos. Implica flexibilidad, apertura, disposición a cambiar, inclinación a la reflexión autocrítica, capacidad para escuchar al otro sin interrumpir ni gritar. Implica la certeza de que los conflictos son inevitables, y de que, a pesar de que no nos van a conducir a unanimidad alguna, nos van a enriquecer. Implica la exigencia del respeto. Implica saber discutir sin ofender, ni mentir, ni violentar, ni agredir, ni intimidar, ni desacreditar gratuitamente. Implica una afirmación positiva. Implica aprender a negociar y no pretender imponer. Implica muchas actitudes ahora pasadas de moda que estamos olvidando o que pierden prestigio a marchas forzadas, y que debemos recuperar si no queremos hundirnos más de lo que ya estamos: la buena educación, los modales, el respeto. Implica entender que sólo lograremos la democracia en lucha contra nosotros mismos: contra nuestra formación arcaica, contra nuestros anhelos de seguridad o de dogma, contra nuestra tendencia a despojarnos de la responsabilidad de la decisión y de la dificultad que supone el pensar por nosotros mismos para delegar en un líder, en un partido, en una religión, en un medio, contra la tentación de decidir que la sociedad, o los políticos, o una conspiración de cualquier tipo son los culpables de todo. Implica quitarse el disfraz de víctima. Y ponerse el traje de superhéroe, el de agente de cambio.

En realidad, no hay ninguna teoría, de cualquier clase que sea —ni política, ni filosófica, ni económica, ni psicológica, ni sociológica, ni antropológica— que pueda pretender un enfoque total y absoluto. No se puede abarcar en toda su complejidad un paisaje cuando sólo se mira desde un punto determinado. En un debate seriamente llevado y digno nunca debiera haber ganadores y perdedores: quien pierde gana, porque sostenía un error y salió de él; quien gana no pierde nada, porque sostenía una teoría que resultó corroborada. Por eso un debate nunca debe confundirse con una batalla ni con una guerra. Por eso este libro no quiere ser dogmático ni cerrado.

Y una vez expuesto todo lo anterior, quede claro que yo nunca he comunicado mi intención de voto, ni creo que lo haga jamás. Tampoco he recibido subvenciones ni he tenido cargo público alguno. Me cansa mucho que cuando voy a hablar en la radio si cuento algo, de inmediato alguien se me tire encima para llamarme «roja» o «de izquierdas». Resulta verdaderamente agotador.

Me cansa también el discurso fácil de «la culpa de todo la tienen los políticos», como si los ciudadanos no contribuyéramos a crear la realidad nacional. En primer lugar, votamos. Y si no votamos, si nos abstenemos, también estamos influyendo en la realidad de nuestro país. Porque la abstención no es una postura antisistema, sino que en realidad es la más prosistema que hay. Probablemente, si en las últimas elecciones de este país no hubiera habido una abstención tan alta, a día de hoy no tendríamos un Gobierno de mayoría absoluta. Porque la abstención beneficia siempre al partido que más votos se ha llevado.

Como me sorprende que haya gente que no lo entiende, lo explico a partir de un artículo que escribí poco antes de las pasadas elecciones.

Me dices que estás harta de corrupción, de cargos a dedo, de sueldos vitalicios, de que todos los trabajos que te ofrecen te exijan ocho horas o más de esfuerzo diario a cambio de cuatrocientos veinte euros…

Me dices que el 19-N te irás de marcha con tu novio, como cada sábado, y que cuando te levantes con resaca, como cada domingo, pasas millas de ir a hacer el canelo a ningún colegio electoral. A tu novio, el moderno y enrollao, se la pela votar, y tú no vas a ser menos.

Querida: el Parlamento tiene trescientos cincuenta escaños. Ninguno se queda vacío, nunca. Si te abstienes, tu no voto no cuenta en el sistema electoral, ni para mal ni para bien. Tu no voto va al partido más votado, y punto. (Si votas nulo, por cierto, el efecto es el mismo). Vuestra actitud no es ninguna manifestación de rebeldía contra el sistema. Muy al contrario, supone la postura más prosistema que hay. Sois un par de burgueses y ni siquiera os habíais enterado. Muy fuerte lo vuestro.

Piensa en las pasadas elecciones en Cataluña. La ganadora absoluta fue la abstención: 48 por ciento. Casi la mitad de los catalanes no votaron. Es decir, CiU no se llevó el 30 por ciento de los votos. En realidad, sólo le ha votado el 15 por ciento de los catalanes. Pero sí se ha llevado el 30 por ciento de los escaños. CiU está gobernando pese a que el 85 por ciento en realidad no la apoya.

En el referéndum para la Constitución europea, casi el 60 por ciento de los españoles se quedó en casa. Fue la participación más baja de toda la historia de la democracia. Y la tal Constitución se aprobó pese a que a los españoles nos la trajera floja.

¿Que te planteas votar en blanco? Nena, cuidado con la laca del cardado, que te está afectando a las neuronas. En España no se utiliza un sistema proporcional normal y lógico, en el que cada partido se lleva el tanto por ciento de escaños que ha conseguido en las urnas. En España utilizamos una complicada fórmula matemática, la ley D’Hondt, con una regla de salida básica: si no llegas al 3 por ciento de los votos, no entras en el juego (en Valencia es el 5 por ciento). Los votos en blanco, aunque no se le reparten a nadie, sí que hacen el saco de votos más grande, con lo que los porcentajes se hacen más pequeños. Así que votar en blanco hace más difícil a los partidos pequeños llegar a obtener escaños, o lo que es lo mismo, se lo hace más fácil a los partidos mayoritarios.

Si tú y tantos como tú votáis, diversificaréis el voto. Y si diversificamos el voto, la ley D’Hondt se hará más difícil de aplicar y menos abusiva. El panorama posible ahora es el de repartir los escaños entre cinco partidos: PP, PSOE, IU, Equo y UPyD. Los tres últimos quedarían eliminados o no muy bien representados debido a la ley D’Hondt. PP y PSOE se repartirían el 70 por ciento de los votos restantes. Pero si tú y tantos como tú votan, esos dos partidos ya no lo tendrán tan fácil: favoreceríais que la representación en las cámaras autonómicas y los ayuntamientos fuera más equitativa, y el debate político no sé si más justo, pero desde luego sí más entretenido.

Te propongo que te informes. Hay otros partidos que ni siquiera conoces, cuyo programa no has leído. Vota, lo que sea, pero vota. Eso sí que sería enrollado y molón.

Por eso, tanto si votamos como si no lo hicimos, los ciudadanos españoles somos responsables de la realidad política de este país. No del todo, por supuesto, porque como explicaré más adelante nuestro presunto sistema democrático no es tan democrático como pudiera parecer. Pero si queremos cambiarlo, al menos podríamos votar a partidos que tengan intención de modificar el sistema, en lugar de practicar el abstencionismo y esperar a que venga una revolución que no va a llegar.

Sí, claro, a muchos nos tentó pensar que la revolución llegaría y que nosotros participaríamos en ella. Era fácil creer, estando allí, que las cosas podían ser de otra manera. Eran tantas las sonrisas cómplices, los gestos de reconocimiento, los abrazos efusivos, las palabras cálidas, los amigos reencontrados. Todos estábamos convencidos de que aquello era un hito histórico, el principio de un cambio. Nos olvidamos de que tampoco era para tanto, de que por cada persona que estaba allí había cuarenta que no estaban y de que entre esos cuarenta ausentes, veinte ni siquiera se habían enterado de lo que estaba pasando. Nos olvidamos de que también se llenan los estadios de fútbol y los conciertos de U2. Que las grandes concentraciones masivas en España han tenido siempre que ver con eventos deportivos y no con el descontento de nadie.

Luego llegó un joven profesor de Sociología y se sentó a mi lado en la acera. Me habló de la ley de las consecuencias no deseadas de Merton, según la cual muchas protestas masivas acaban por conseguir exactamente el efecto contrario al esperado. Más tarde empezó a ser evidente la dispersión ideológica. Parte de los que allí estaban decidieron por su cuenta, sin votación ninguna, que nos representaban a los demás, y empezaron a articular propuestas: algunas muy sabias; algunas muy bonitas, pero irrealizables en la práctica; algunas que parecían dictadas en pleno consumo de psicotrópicos. Finalmente, nada de lo que reclamábamos se consiguió.

Es curioso que me haya pasado tres veces en mi vida (en las revueltas estudiantiles de 1987, en la manifestación masiva por el «no a la guerra» de Iraq de 2003 y en la manifestación masiva del 15-M en 2011), y que siga tropezando con la misma piedra. Que haya visto las mismas asambleas interminables, las mismas consignas repetidas desde labios diferentes, las mismas ansias de protagonismo de algunos que acababan por desvirtuar el discurso de todos, y que, aun así, a mi edad, siguiera creyendo que las cosas cambian, y me olvidara de que existe la ignorancia, la soberbia, que a nadie le gusta buscar vías convergentes en lugar de caminos paralelos y que por eso nunca llegaremos a un destino común. Es triste que haya visto la misma actitud prepotente en la derecha más conservadora y en la izquierda más radical: «Yo tengo razón, tú no», lo que prueba que ese tipo de actitud es propia de la naturaleza humana y no privativa de una ideología u otra.

Es triste que olvidara que la naturaleza humana es así: depredadora. Que olvidara que el egoísmo y el ansia de protagonismo no son en sí rasgos negativos, que no se pueden erradicar, ya que se fundan en la misma constitución de la humanidad, tan inherentes a ella como el altruismo y los actos heroicos, porque nuestra existencia como humanos requiere del peso de la miseria, de la pena, de los esfuerzos vanos y de los desengaños, porque no vivimos en un paraíso de nubes y de arpas ni tampoco somos todos tiernas ovejitas. Somos lobos para otros, y como los lobos, podemos morder o lamer según el caso. Es triste que me negara a aceptar que la desigualdad es inherente a la vida, que no proviene de los malos porque nosotros seamos los buenos, sino que cada uno de nosotros la llevamos dentro, como un manantial que no se agota, como dijo Arthur Schopenhauer.

Pese a que todo fuera tan triste al final, me quedo con la alegría y la esperanza con la que lo iniciamos, y me consuelo pensando que más vale no esperar y haber hecho lo posible, que esperar entusiasmado y no haber hecho, en el fondo, nada de nada.

Por eso precisamente creo que en un momento como éste deberíamos intentar ver lo bueno de la situación, teniendo en cuenta que la situación parece catastrófica.

En primer lugar, por primera vez en muchos años siento que a mi alrededor la gente está interesada por participar activamente en el sistema y entenderlo. Mi portero, el quiosquero, la del herbolario, el camarero, la librera, la taquillera, el taxista, la veterinaria… La misma peluquera que antes sólo hablaba de Belén Esteban ahora lo sabe todo de la prima de riesgo.

La segunda consecuencia afortunada será que tras dos décadas de intenso consumismo y frivolidad que estaban llegando ya a niveles escandalosos quizá ahora se nos presente la oportunidad de aprender a darle a cada cosa su justo valor y a replantearnos cuestiones como si un niño de catorce años debe tener un iPhone y una tele en su cuarto, si lucir dos tetas de plástico es algo realmente esencial para «sentirse bien con una misma» o si un bolso de Vuitton te hace más o menos falta que una bolsa de rafia. Muy poca gente hace cambios cuando está medianamente bien, de ahí que las crisis siempre representen una buena oportunidad para cambiar lo que no funciona, y para descubrir que no necesitamos tanto como creemos.

Cada vez que alguien me invita a cenar me toca explicarle por qué detesto el arroz y la pasta. Porque me recuerdan a cuando era pobre. Ganaba sesenta mil pesetas al mes, y veinte mil se iban en alquiler. A finales de mes me encontraba siempre sin un duro. Iba andando a todos los sitios y sobrevivía a base de espaguetis y arroz blanco, la comida más barata. Pasé unos dos años sin secador de pelo. No tenía dinero para comprarme uno. Cuando por fin pude adquirirlo, me pareció el mayor de los lujos. Pero casi no lo usé, ya había incorporado a mis rutinas lo de salir a la calle con el pelo mojado, incluso en invierno. Todavía lo hago.

En el barrio, un zambiano me abrió los ojos cuando me dijo lo siguiente. «¿Crisis? Aquí tenéis bares, coches, comida, medicinas para vuestros hijos. Casi ningún niño se muere antes de los tres años, tus amigas se compran ropa cada temporada. Ven a mi pueblo si quieres saber lo que es crisis». Me da vergüenza reconocer que tengo amigas que se compran ropa cada quince días. De Zara, sí. Pero la compran. Una de ellas se ha comprado una mascarilla para el pelo de ciento sesenta euros, el 10 por ciento exacto de su sueldo. Asegura que «la necesita».

Se avecinan tiempos muy duros. Para todos, para mí también. Facturo menos de la mitad de lo que facturaba hace cinco años, pero mis gastos han aumentado, entre otras cosas porque me han subido los impuestos. La subida del IVA me va a arruinar, puesto que yo soy autónoma y trabajo en el sector cultural. A mi alrededor todo el mundo es víctima de una psicosis de crisis: desánimo general. Y nos quedan dos opciones. O pasarnos el día deprimidos y frustrados, o recordar que no necesitamos un secador de pelo. Tampoco necesitamos vestir según la tendencia, mucho menos vestir así a nuestros hijos.

Podemos vivir sin coche desde el momento que la que escribe vive sin él, y sin televisor. Podemos, aunque no lo parezca, sobrevivir a base de arroz y espaguetis, lechuga y manzanas. Todos esos anuncios que nos hacen creer que seremos muy malas madres si no le compramos a nuestro hijo cierto producto son falacias. Nuestros hijos necesitan mucho más de nuestro cariño que alimentos enriquecidos en calcio, hierro y vitaminas cuya eficacia real, según la comunidad científica, es discutible, por no decir nula. Nosotros fuimos siete hermanos y mis padres no eran ricos, y sé que mi madre invertía en siete niños lo que las actuales familias destinan a uno solo. Y crecimos, como ustedes pueden comprobar si ven mis fotos, lozanísimos. Yo heredaba la ropa de mis hermanas, y no tengo ninguna vergüenza en reconocerlo. No tuve habitación propia. No crecí con un trauma por ello, tengo otro tipo de traumas bastante más complicados. Si algo marchó mal en la infancia, el problema no fue el de vivir sin lujos, desde luego.

Para intentar adelgazar acabamos gastando más dinero que en comer. Compramos cosas que no necesitamos (ropa y cosméticos, sobre todo) porque no sabemos diferenciar entre necesidad, deseo y capricho. Nos deshacemos de ropa sin remendarla, tunearla o arreglarla, sólo porque se ha pasado de moda y porque las nuevas generaciones no saben, ya no coser, sino pegar un botón, zurcir un siete o recoser un dobladillo. Y probablemente, no se pondrían una camisa remendada, aunque luego lleven vaqueros rotos que les han costado cien euros. Hemos vivido secuestrados por el espejismo consumista y somos víctimas de un síndrome de Estocolmo brutal y colectivo. Y somos como niños sobreprotegidos que no aprenden a andar porque se han pasado el día en brazos de sus madres. Se nos ha olvidado que quien compra lo superfluo acaba por vender lo necesario.

Uno de mis mejores amigos constituye un claro ejemplo andante de este despertar espiritual que a algunos les ha supuesto la crisis. Cuando le conocí, acababa de cumplir treinta años, había montado una pequeña empresa de reformas con dos compañeros de facultad y básicamente se dedicaban a instalar cocinas y baños en los barrios residenciales de chalets adosados que entonces proliferaban como hongos en la sierra norte de Madrid. Vivía con sus padres no porque lo necesitara —ganaba bastante dinero—, sino porque le era cómodo. Su madre, que nunca había trabajado fuera de casa, no tenía problema en hacer de criada para sus dos hombres y a su padre no le importaba que de vez en cuando se llevara chicas a dormir, más bien se sentía orgulloso de ello. Vivía pues a pensión completa y gratuita, así que se podía guardar todo el sueldo para él. Pero no ahorraba. Tenía un coche muy llamativo y salía todos los fines de semana con sus amigos a cenar en restaurantes caros y de copas por los antros de modernidad, hasta la amanecida, con alguna que otra rayita de coca para mantenerse. El resto del dinero lo gastaba en ropa cara, ordenadores, videojuegos, cine, conciertos y viajes. Era, aún es, un hombre muy guapo y parecía que lo tenía todo en la vida. A punto estuvimos de tener un romance, pero la diferencia de edad y de posturas vitales parecía insalvable. Así que me convertí en una mezcla de madre confesora y amiga. Llegué a escribir un artículo inspirado en él y sus amigos: trataba de los kidults o adultescentes, esos tipos de treinta años que viven como niños; que tienen iPad y zapatillas Converse; que se saben el nombre de todos los personajes de «Los Simpson» y son fanáticos de Star Wars; que ven más Cartoon Network que Fox News o CNN; que se van de marcha con su grupo de colegas, al que siguen considerando su «pandilla»; que no saben comprometerse en relaciones afectivas estables y monógamas; que adoran el desayuno de su mamá y en lugar de chaqueta llevan camisetas con la efigie de Naranjito.

Y de pronto, su mundo se desmoronó. Llegó la crisis y cesaron los encargos. Cada vez facturaban menos hasta que hubo que cerrar la empresa. Encontró trabajo en un estudio con jornadas maratonianas y sueldo de mileurista, y aún podía estar contento de no haber ido a engrosar las filas del paro. A su padre le dieron la jubilación anticipada y se dio cuenta de que no podía mantener los gastos de comunidad, luz y agua del enorme piso de Madrid, así que lo alquiló y se retiró a su pueblo natal de Cáceres, cumpliendo el sueño de su vida. Mi amigo se fue a vivir con otro a un piso compartido. Tuvo que aprender a limpiar y a cocinar, a poner lavadoras y a planchar camisas. Además, trabaja más que antes, así que los fines de semana está agotado. Pero ésa no es la única razón por la que ya no sale de noche. Económicamente, ya no puede permitírselo. Hace vida diurna. Da largos paseos por el Retiro, visita exposiciones gratuitas y ve películas en la Filmoteca, a dos euros la sesión. Me pide prestados ensayos y novelas porque le ha cogido el gusto a la lectura. Su vida sexual se ha reducido: a las chicas era más fácil convencerlas a las seis de la mañana, con muchas copas y muchas rayas en el cuerpo, que de día y sin estimulantes, porque le falla la labia, y ellas no se muestran tan desinhibidas. Además, no es tan fácil seducir a según qué féminas cuando ya no puedes invitarlas a restaurantes caros. Este verano se ha quedado en Madrid porque no tiene dinero para viajes, así que le presté mi casa a cambio de que me cuidara las plantas.

«¿Sabes? —me dice—. Antes, los domingos por la tarde, solía tener unas depresiones tremendas, un vacío espantoso, supongo que por el bajón del alcohol y la coca. Ahora me levanto a las ocho y me voy a correr. El otro día vi amanecer en el Retiro y me di cuenta de que era la primera vez que lo hacía estando sobrio. Entonces pensé que hacía años que no era tan feliz».

Evidentemente este cuento con final feliz no es aplicable a todo el mundo. No a familias desahuciadas, ni a aquellas que tengan que convivir con familiares en situación de dependencia, ni a parados de larga duración, ni a quienes sobreviven gracias a los comedores de Cáritas. Sería ridículo pensar que la crisis es buena, no lo es. Aun así no podemos permitirnos abandonar el optimismo. Debemos animarnos los unos a los otros. Leer, compartir ideas, reclamar el cambio, combatir colectivamente la frustración, la rabia y la violencia, la sensación de resignación y desánimo generalizados. Necesitamos sociedades civiles activas, que no deleguen, que no se rindan. Es importante que entendamos que cada uno de nosotros puede convertirse en agente y modelo de cambio, si se atreve a generar ideas e iniciativas y a transmitirlas de forma positiva y creativa. Porque todavía nos quedan dos cosas a las que nadie puede obligarnos: pensar y amar. Todo tirano fracasa en esta empresa con cualquier método que emplee. Pero para pensar, hace falta información. Información es conocimiento, conocimiento es sabiduría, sabiduría es poder.

Espero que los siguientes capítulos le animen a pensar por su cuenta. Y a seguir leyendo. Yo puedo estar equivocada. Le animo pues a que lea otras opiniones, a que coteje con otros datos, a que reflexione y comparta.

CAPÍTULO 1
Somos un país corrupto

Yo veraneo, desde hace tantos años que ya casi ni me acuerdo, en un pequeñísimo pueblo al sur de Marruecos, Sidi Rahal. Cada vez que invito a un amigo, alucina con la corrupción marroquí, pese a que ya vaya avisado. Por ejemplo, si un policía marroquí te para en la carretera, es bastante probable que lo haga simplemente porque tu matrícula es extranjera y espera un soborno. Si eres lo suficientemente listo y amable, y te enfrentas con él (aviso, para eso hay que tener mucho aguante y mucha mano izquierda), no tendrás que pagar nada. Incluso si de verdad hubieras cometido una infracción, es posible que te libres de la multa si llegas a un acuerdo con el agente. Conseguir cualquier cosa, desde una licencia de construcción hasta un fontanero, depende de tus relaciones y de lo que estés dispuesto a gastarte en propinas (nótese el eufemismo). La corrupción es ingrediente indispensable del plato del que se alimentan a diario los marroquíes. Un reciente barómetro publicado en Rabat por la ONG Transparency Maroc indica que la corrupción se ha banalizado hasta tal punto en Marruecos que sus ciudadanos tienen la convicción de que los sobornos constituyen una forma eficaz de resolver problemas. En sectores clave como la justicia o la Administración pública basta con pagar para obtener el servicio deseado, por lo que no se trata de una simple manipulación, sino de una manera de funcionamiento de la sociedad. De hecho, yo he tenido que recurrir al soborno, como todos los demás. No existía otra opción para alquilar. La reclamación es impensable. Nadie se lo plantea, por supuesto, porque existe una enorme falta de confianza en el sistema, y todo ello hace que ese fenómeno se haya convertido en un hecho social aceptado por todo el mundo. En definitiva, ser corrupto en Marruecos equivale a una práctica social admitida por la sociedad en su conjunto, puesto que el sistema funciona de este modo en varios niveles.

Nosotros, los españoles, nos escandalizamos cuando vamos a Marruecos. Los canadienses, los alemanes, los holandeses, se escandalizan cuando vienen a España a comprar un piso y la propia agencia inmobiliaria les sugiere que paguen una parte en negro. Cuando saben que en la selectividad casi todos los alumnos copian. Los periódicos europeos destacaron como hecho sorprendente que nuestro ministro de Economía hubiera sido presidente de Lehman Brothers España antes de acceder al cargo, y no acertaban a entender por qué los españoles no nos escandalizábamos. De la misma forma que nosotros nos escandalizamos en Marruecos, los noreuropeos se escandalizan aquí: España es corrupta, y eso es asín.

Vivimos en un país corrupto.

España está en el número 31 entre ciento setenta de los estudiados por Transparency International. Claro, qué bien, somos menos corruptos que Somalia o Guinea Ecuatorial.

Pero miren ustedes, por favor, lo que tenemos por delante: Nueva Zelanda, Dinamarca, Finlandia, Suecia, Singapur, Noruega, Países Bajos, Australia, Suiza, Canadá, Luxemburgo, Hong Kong, Islandia, Alemania, Japón, Austria, Barbados, Reino Unido, Bélgica, Irlanda, Bahamas, Chile, Qatar, Estados Unidos, Francia, Santa Lucía, Uruguay, Emiratos Árabes, Estonia y Chipre.

En Europa sólo Malta, Grecia, Portugal, Polonia e Italia figuran como más corruptos que nosotros.

Transparency International, la entidad transnacional sin ánimo de lucro volcada en la lucha contra la corrupción, destaca en su último informe que España, junto con sus primos de Grecia, Italia y Portugal, «adolece de una grave carencia de responsabilidad de los poderes públicos y una ineficacia, negligencia y corrupción tan enraizadas como faltas de control o sanción».

«Ya no se pueden pasar por alto los vínculos entre [la] corrupción y las crisis financiera y presupuestaria en estos países», señala Transparency. De los italianos, españoles, griegos y portugueses dice que en nuestros países «la corrupción consiste con frecuencia en prácticas legales, pero no éticas».

Siempre según Transparency, estas prácticas «legales, pero no éticas» se refieren a…

—la opacidad en las reglas que rigen a los grupos de presión;

—el tráfico de influencias;

—la permeabilidad entre los sectores público y privado.

«Las Administraciones públicas de estos países carecen del marco legislativo para responder de sus actos, de mecanismos de integridad y de modos para su puesta en práctica efectiva», apunta Transparency.

Unos cuantos ejemplos de la permeabilidad entre los sectores público y privado en España:

—José María Aznar privatizó Endesa. Hoy es asesor externo de la compañía, lo que significa que recibe doscientos mil euros al año por pasarse de cuando en cuando por algún consejo de administración.

Aznar es también asesor de la firma estadounidense Doheny Global Group, especializada en inversiones energéticas y medioambientales. Además, hasta diciembre de 2008 desempeñó labores de asesoría para la italiana Falck S. p. A., del ámbito de la energía mediante biomasa. Imparte clases en la Universidad Johns Hopkins e integra el consejo asesor de la empresa estadounidense J. E. Roberts, centrada en el sector inmobiliario, y es consejero del grupo de comunicación News Corp., presidido por el magnate Rupert Murdoch.

—Alfonso Arias Cañete, hermano del ministro de Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, es el director del área de energía nuclear en Endesa. Compañía, repetimos, que paga a Aznar doscientos mil euros al año por aparecer de cuando en cuando por la oficina.

—Felipe González es consejero independiente de Gas Natural Fenosa, y recibe 126 500 euros anuales.

—Elena Salgado fue contratada, inmediatamente después de abandonar la vicepresidencia de Asuntos Económicos, por Endesa. Percibe unos cuarenta mil euros anuales. Mientras ejerció como ministra, su Gobierno favoreció claramente los intereses de dicha compañía.

—Luis de Guindos fue presidente ejecutivo de Lehman Brothers, el banco responsable del seísmo que estuvo detrás de la crisis financiera y económica. La quiebra de Lehman Brothers hundió a los ahorradores españoles. Pocos días antes del crac bancario, De Guindos tranquilizaba a la prensa española diciendo que «eso nunca sucedería». Si entonces no fue capaz de predecir lo que se le avecinaba a su empresa —a una sola empresa—, ¿qué nos espera a nosotros? ¿Cuál es su credibilidad?

—Pedro Morenés, el ministro de Defensa en el gobierno de Rajoy, fue durante casi cuatro años, consejero de Instalaza, empresa fabricante de municiones y bombas especialmente deleznables como, por ejemplo, las llamadas bombas racimo, sobre las que en 2008 un tratado internacional suscrito por ciento siete países estableció la prohibición de uso, desarrollo y fabricación. También ha formado parte del consejo de administración de SAPA, la empresa guipuzcoana de la familia del presidente de la Real, Jokin Aperribay, especializada en carros de combate, cañones y otros elementos de artillería. Y presidente de la empresa Kuitver Estudios, especializada en I + D + i, cuyos miembros se definen como «asesores tecnológicos que basan su acción en el conocimiento del sistema y de las personas que lo gestionan». Algunos de los que hasta ahora eran los principales clientes de Kuitver, en concreto los ligados al sector de «seguridad y defensa», como Indra, Instalaza, INTA, Amper, Ariex Complex…, o las vascas Sener, SAPA-Placencia, ITP o Aernnova —es decir, «lo más granado» de la vergonzante industria militar vasca— estarán encantados con su nombramiento. También fue presidente y consejero de la empresa de seguridad privada Segur Ibérica, empresa privada que ha recibido adjudicaciones de contratos públicos por valor de más de cuatro millones de euros para la vigilancia y seguridad de diversas dependencias.

«España, Grecia y Portugal son casos claros de cómo la ineficacia, los abusos y la corrupción no están suficientemente controlados o sancionados», continúa el informe de Transparency.

Por si el informe no lo evidenciaba, el Pew Research Center, un centro de estudios de Estados Unidos, revelaba que italianos (65 por ciento), españoles (63 por ciento) y griegos (52 por ciento) se tienen a sí mismos por los más corruptos de Europa.

¿Qué significa exactamente que somos un país corrupto?

¿Cómo hemos llegado hasta aquí?

¿Hay algo que podamos hacer?

No quiero pecar de abundar excesivamente en la importancia de la corrupción en nuestro país. Según Transparency International somos el número 30 de 176. No se puede decir que la corrupción esté generalizada. Además, esta tesis suele convertirse en argumento de la extrema derecha para justificar la llegada de redentores de la patria.

Durante mucho tiempo, la antropología no había estudiado la corrupción, entre otras muchas razones para evitar ser tachada de políticamente incorrecta, porque la conclusión rápida, y que se ha convertido casi en un axioma, sería: en los países con sol hay más corrupción, y en los sajones menos. Y una afirmación así, lógica, evidentemente, no suele caer bien en los países soleados.

Pero la corrupción no existe en el vacío social. Debe ser comprendida en relación con las lógicas culturales. Porque la corrupción es una práctica social, y varía de unos países a otros. Por lo tanto, hay que contextualizarla teniendo en cuenta los valores culturales y el estatus socioeconómico del país en el que aparece.

En este sentido, el estudio de la corrupción requiere, para Ludwig Huber, autor de Una interpretación antropológica de la corrupción, un análisis «desde dentro», que incluya la lógica de la acción de los actores involucrados[1].

Robin Theobald afirma que «bajo la lupa de las ciencias sociales, la corrupción resulta ser un fenómeno elusivo y complejo; de hecho, mientras más se la examina, más difícil es separarla de otras formas del intercambio social[2]».

El antropólogo francés Jean-Pierre Olivier de Sardan identifica un conjunto de «lógicas culturales» que, en su conjunto, constituyen un «complejo de la corrupción». Estas lógicas culturales se expresan en la práctica social cotidiana y no necesariamente están relacionadas con la corrupción.

Ejemplo claro: el hecho de que en España un alumno de la ESO pueda ser sorprendido copiando en un examen y lo peor que le pueda pasar sea que se lleve un parte, mientras que el mismo alumno en Alemania sería inmediatamente expulsado del instituto, o que en España un amigo te pueda enviar una carta con el currículum de su hijo (o con el suyo), para ver si hubiera un puesto libre en tu empresa, o pudieras mover el currículum, un tipo de cartita que yo recibo a menudo y que en Alemania le habría costado al remitente mi amistad. Con estos ejemplos creo que ha quedado claro que en España nos movemos en lógicas culturales diferentes de las que rigen en Alemania o en Estados Unidos.

En países como los mediterráneos y los árabes (y nosotros somos un país mediterráneo en cuya historia hay nada menos que ocho siglos de dominación musulmana), se otorga una importancia enorme a lo que en sociología se llama el «contexto social primordial» (la familia y los amigos, para entendernos). Esa importancia que concedemos a las relaciones sociales más básicas se convierte en el caldo de cultivo abonado para que crezca lozano lo que en países sajones sería considerado corrupción.

Informes como los de Transparency International nos aportan datos estadísticos sobre incidencias efectivas de la corrupción. Pero las ciencias sociales (los antropólogos y sociólogos) pueden presentar, como mucho, un estudio sobre la moral pública. Pueden explicar lo que sucede y por qué sucede, pero no pueden proponer soluciones inmediatas.

Eso sí, antropólogos y sociólogos coinciden en que la corrupción es una práctica social tóxica que afecta al desarrollo económico, a las instituciones estatales, a la consolidación de la democracia y al fortalecimiento de la sociedad civil.

Es decir…

Cuanto más tolerante es un país con la corrupción, menos democrático es.

La antropología entiende la corrupción no como una práctica objetiva, que se puede medir y cuantificar de modo que podamos decir «España está en el puesto número uno entre los países más corruptos de Europa» (en realidad, el pódium se repartiría, probablemente, entre España, Grecia e Italia), sino como una «categoría cultural».

El concepto mismo de corrupción tiene significados distintos para gente diferente, para países diferentes, y por razones diferentes, que además varían con el tiempo y que pueden ser comprendidas sólo en su contexto sociocultural e histórico específico.

Es decir: no existe una definición de la corrupción sin un juicio de valor que corresponda a determinadas condiciones socioculturales. Por este motivo Camps fue absuelto en España por un asunto que en Alemania habría acabado, sin duda, con su carrera política.

Para explicar cómo se gesta, se extiende y se acaba legitimando la corrupción en unos países más que en otros tenemos que referirnos primero a las redes sociales.

Ojo, porque el término redes sociales fue acuñado en sociología mucho antes de que Internet existiera. Así que no estamos hablando ni de Facebook ni de Twitter.

En sociología, las redes sociales son las redes de relaciones que establecemos y por medio de las cuales formamos nuestra personalidad, expresamos nuestra identidad y participamos en interacciones sociales. Durkheim, el padre de la sociología, decía que el término social hace referencia a aquello de que «el total es más que la suma de las partes».

Por lo tanto, cuando hablamos de redes sociales hablamos de redes de relaciones personales.

El término red social, en sociología, se refiere a un determinado número de personas que están vinculadas unas con otras por relaciones de reciprocidad o dependencia. Los participantes en estas redes pueden ser individuos, grupos domésticos, familias, grupos de parentesco o asociaciones creadas. La interacción entre los participantes implica el intercambio de favores. Intercambio de información, de servicios laborales, de recursos materiales, de apoyo en situaciones de crisis, de ayuda mutua o… de poder.

Las redes sociales son el concepto sociocultural más mencionado en los estudios sobre la corrupción.

En un libro que hoy tiene el estatus de clásico, Los amigos de mis amigos[3], el sociólogo Jeremy Boissevain explica por qué las redes sociales son la base de la corrupción, y sitúa en el centro de estas redes y del torbellino corrupto al Homo manipulator, el hombre que acumula poder y prestigio a través del manejo estratégico de estas redes sociales.

Pongamos un ejemplo.

Un estudio sobre la burocracia chilena, elaborado en 1994 por la profesora Larissa A. Lomnitz, describe cómo la clase media de este país logró conquistar y defender el monopolio de la Administración pública a través de la manipulación de redes sociales. Los miembros de esa clase media recurren al compadrazgo, un sistema tácito de ayuda mutua que consiste en el intercambio continuo de favores. El compadrazgo es el principal mecanismo para conseguir apoyo político, para lograr que a tu hijo le admitan en una escuela determinada, o para acceder a un puesto en la Administración pública.

La búsqueda de empleo —relata Larissa A. Lomnitz— comienza con la revisión mental de todas las relaciones personales con que se cuenta, hasta localizar a algún amigo que tenga relación con la oficina de nombramientos en el servicio dado. Similarmente, en la búsqueda de candidatos para llenar una plaza se suele revisar la lista de parientes y amigos, hasta encontrar a la persona adecuada[4].

Para participar en el sistema del compadrazgo, los actores deben respetar dos reglas. La primera, la reciprocidad. Los favores se devuelven. La segunda, la intangibilidad. Se descarta cualquier pago en dinero.

De esta manera, el compadrazgo se ve esencialmente como una relación personal entre individuos que se consideran del mismo nivel social, lo cual permite encubrir la relación con una «ideología de la amistad». Así, los compadres chilenos creen que sus favores nada tienen que ver con el nepotismo y el soborno.

En conclusión, «… el sistema de intercambio de favores y amistad llamado compadrazgo es muy habitual entre la clase media y es muy sensible a las diferencias de posición social. Sus requisitos incluyen una igualdad social, más la ocupación de posiciones en un nivel compatible para intercambiar favores».

Os suena de algo este sistema, ¿no? Larissa A. Lomnitz no hace sino relatar lo que sucede en España. Y este sistema que tanto nosotros como los chilenos encontramos lógico y aceptable resulta escandaloso para un sajón.

Voy a poner un ejemplo. Cuando yo trabajaba en una empresa multinacional dedicada a la venta de productos de ocio y cultura, la responsable del departamento de música era la novia del director de la tienda, hecho que no se ocultaba, por supuesto. La secretaria de personal era la novia del director de personal. En el departamento de comunicación, en el que yo trabajaba, todas y cada una de las personas contratadas habían llegado porque o bien eran amigas del director o bien habían sido recomendadas por un amigo del director. De hecho, yo era la única que había llegado a través de un anuncio en el periódico. Y que nadie crea por esto que estoy intentando desprestigiar a la empresa en la que yo trabajaba. Todos sabemos que el sistema español para conseguir un empleo se basa en las habilidades sociales y en las relaciones personales. En cristiano: en el enchufe. Sin embargo, si usted trabaja en una multinacional americana con filial en España (Arthur Andersen, por ejemplo) sabrá que si establece una relación con un compañero de trabajo debe ocultarla celosamente, pues si fuera descubierta uno de los dos debería abandonar la empresa. En Estados Unidos, el sistema de selección de personal es otro, no digamos ya en el Reino Unido o Alemania, donde cualquier relación personal estrecha entre un miembro de la empresa y un empleado al que hubiera contratado y que fuera anterior a su ingreso en la empresa sería vista con extremo recelo, e incluso le podría costar un disgusto serio.

Así pues, ¿dónde situamos los límites entre el aprovechamiento de relaciones sociales considerado como legítimo y los actos corruptos?

Para ilustrar este concepto, ¿qué mejor que darnos un paseo por el mundo y ver cómo cada país genera y legitima sus prácticas corruptas?

La India

Está considerado como uno de los países más corruptos del mundo, por lo cual existen innumerables estudios sobre la corrupción y su relación con el contexto social (según Transparency International, la India es el país que más recurre a los sobornos, junto con China). Por citar alguno de entre esos estudios, «Cosmologies and corruption in (South) India», de Pamela Price (presentado en una conferencia en la Universidad de Gothenburg, agosto, 1999) demuestra cómo en la sociedad india —altamente segmentada a través del sistema de castas— un funcionario público se ve enfrentado al dilema de tener que elegir entre lo que dictan las normas —establecidas por un código moral sajón durante la colonización inglesa— y lo que le dicta su tradición.

Según esta autora, la corrupción no es solamente la consecuencia de la ambición de los particulares, sino también, y más aún, un mecanismo de protección en un contexto sociopolítico inestable: como no puedes confiar en el Estado, debes confiar en tus relaciones.

Bengala Occidental

En Bengala Occidental la gente dedica mucho tiempo y esfuerzos a construir y mantener contactos de amistad y reciprocidad. Sobre la población pesa el imperativo moral de ayudar a los familiares, de forma que si en Occidente se considera corrupto enchufar a un cuñado para un puesto en la Administración pública, allí se considera una obligación.

¡En Bengala, la práctica de hacer uso de las relaciones personales en beneficio propio es social y culturalmente aceptado e invade también la esfera estatal, de modo que es prácticamente imposible prevenir la corrupción!

China

En China, el arte de hacer amigos con pequeños regalos y favores se denomina guanxi, un concepto de suma importancia en la vida cotidiana. Guanxi se refiere a redes sociales basadas en relaciones personales que se construyen alrededor de ciertos elementos comunes, como el de provenir de un mismo pueblo, haber asistido a la misma escuela, trabajar en la misma fábrica o pertenecer a la misma sección local del Partido Comunista.

Uno puede también acceder a la red guanxi a través de terceros: es decir, si es presentado por alguien que provenía del mismo pueblo, había asistido a la misma escuela, trabajaba en la misma fábrica o pertenecía a la misma sección local del Partido Comunista, y que actúa como garante de la persona a la que introduce en la red. Así, las redes se van interconectando a través de nodos, y un Homo manipulator listo puede extender sus relaciones sociales y económicas, y participar en ellas y controlar diferentes recursos.

Si uno pertenece a una red guanxi da por hecho que debe asumir obligaciones recíprocas, que se mantienen a través de un flujo permanente de regalos, pequeños favores o agasajos (cenas, comidas, reuniones, etc.).

(Inciso: leído esto, ¿somos los españoles tan diferentes de los chinos?).

En la red guanxi las relaciones están cargadas con un contenido ético muy importante; negarle a un miembro la ayuda solicitada implicaría «perder la cara», una carencia de sentimientos humanos, una violación de los códigos morales. Eso no descarta que la ayuda al otro se realice con un cierto sentido de interés propio y pensando en el beneficio material.

La red guanxi es necesaria en todos los aspectos de la vida social. Para conseguir un puesto de trabajo, una licencia para un negocio, un crédito, un departamento y hasta atención médica hay que recurrir a ella. Cada individuo, de todos los estratos sociales, pertenece al menos a una red guanxi, en la que debe invertir todo tipo de recursos, tanto económicos como de tiempo.

Cada hogar gasta entre el 10 y el 20 por ciento de sus ingresos para mantener sus redes, y según la Comisión Independiente contra la Corrupción en Hong Kong, los empresarios del enclave gastaron en 1993 entre el 3 y el 5 por ciento de sus inversiones en regalos con el mismo objetivo.

Ahora bien, la frontera que divide el regalo o el favor de la corrupción es por lo menos tan vaporosa como en el caso del compadrazgo en Chile que mencionamos arriba o como el caso de los trajes de Camps, de modo que en el discurso cultural chino existe muchas veces una línea fina entre el arte del guanxi y el del soborno.

Muchos autores consideran el guanxi como una forma de protocorrupción y advierten que vulnera las normas sociales, éticas, jurídicas y políticas del Estado. Sin embargo, según la antropóloga china Mayfair Mei-hui Yang, sería erróneo reducir el «arte del guanxi» a una noción occidental de la corrupción, porque las cualidades personales y éticas intrínsecas a las relaciones de reciprocidad tienen la misma importancia que las transacciones para el beneficio material.

Rusia

Lo que en china es guanxi en Rusia es blat.

La profesora Alena Ledeneva define el blat como el «uso de redes personales y contactos informales para obtener bienes y servicios escasos, y para encontrar una manera de evitar los procedimientos formales».

El blat tiene una larga historia entre los rusos, adquirió importancia vital en la Unión Soviética, donde, en un contexto de pobreza y escasez, se convirtió en una cuestión de supervivencia. El blat cubrió las necesidades del consumo personal y reorganizó la distribución oficial del bienestar material; el intercambio blat fue a menudo mediado y disimulado por una retórica de amistad y relaciones personales: compartir, ayudar, prestar apoyo amistoso, atención mutua, etc.

El blat permitió transferir recursos estatales inasequibles por la vía legal hacia círculos privados, y en cierta medida corregir las deficiencias e injusticias del «sistema». Por lo tanto, fue considerado como un mecanismo justo y legítimo que se distinguió del soborno, también porque no hubo pagos monetarios involucrados. En la práctica, sin embargo, al igual que en el caso del guanxi, las líneas entre el blat y la corrupción burocrática se diluyeron.

En la sociedad poscomunista, el blat ha perdido importancia y sufrido algunas modificaciones sustanciales. De acuerdo con la economía de mercado en la nueva Rusia, el intercambio de favores implica cada vez más pagos en efectivo, y la apertura democrática le ha quitado su connotación/excusa de que «generaba justicia en un sistema comunista injusto».

África

Todos en África tienen una experiencia rutinaria con la corrupción y asuntos similares, eso es parte del paisaje social. Hasta se ha convertido en parte del know-how popular para el buen uso de los servicios administrativos, y es indispensable para la supervivencia en el contexto poscolonial[5].

Esta situación se da a pesar del sinnúmero de programas e iniciativas anticorrupción impulsadas por cooperantes, organismos y empresas occidentales. En su afán por encontrar una explicación para el fenómeno, Arild Ruud afirma:

Desde un punto de vista culturalmente sensible se puede argumentar que el enfocar la corrupción sólo como problema en el mundo subdesarrollado nos impide entender que se trata de prácticas desarrolladas en un sistema normativo plenamente desarrollado, cuya validez moral no es menor que la de otros sistemas normativos. Más aún, un enfoque que trata los actos corruptos como objeto de estudio aislado no toma en cuenta los paralelismos que existen con otras prácticas sociales. El acto de la corrupción, si se contempla en un contexto aislado y no dentro de un contexto más amplio, es difícil de entender[6].

Para ubicar la corrupción en un contexto sociohistórico y cultural más amplio interesa conocer los estudios sobre la corrupción en África de Patrick Chabal y Jean-Pascal Daloz, y de Jean-François Bayart.

Para Chabal y Daloz, a diferencia del Estado occidental, que se caracteriza por su Administración independiente, el Estado africano es considerado como un recurso privado.

En suma, en un continente en el que no existe una distinción clara entre la esfera pública y la privada, la noción de la corrupción como es habitualmente entendida en la política y en las ciencias sociales occidentales tiene poco sentido.

En tales circunstancias, el nepotismo y la corrupción son fenómenos «normales», criticados no en términos éticos o morales, sino desde una perspectiva de exclusión: la corrupción es mala sólo en la medida en que el propio grupo queda al margen.

La misma dinámica del sistema promueve la continuación de relaciones sociales verticales (comunitarias, nepotistas o clientelares) y contribuye a la dilución de las fronteras entre las esferas pública y privada, ambas extraordinariamente favorables para que florezca la corrupción. Puede ser que esta situación no sea deseable a largo plazo para el país en su conjunto, pero queda perfectamente coherente y eminentemente razonable para aquellos africanos que logran beneficiarse del sistema tal como funciona.

Resumiendo: para entender el fenómeno de la corrupción hay que tomar en cuenta factores como la historia específica del país en cuestión y sus valores culturales. Una definición demasiado estrecha de la corrupción como «abuso de un cargo público para el beneficio privado» no permitiría entender por qué en diferentes sociedades y entre diferentes personas y grupos de la misma sociedad se encuentran diferentes formas y conceptos del fenómeno, por qué determinadas conductas son consideradas como legítimas y hasta loables por unos y violentamente rechazadas por otros.

Corrupción y lógicas culturales

Uno de los puntos en común de los estudios que acabamos de resumir es la referencia a redes sociales.

Estas redes sociales se encuentran en evidente contradicción con la percepción weberiana de un orden burocrático, que se sustenta en la separación nítida entre los sectores público y privado. (Cuando hablo de «percepción weberiana» me refiero a Max Weber, filósofo, economista, jurista, historiador, politólogo y sociólogo alemán, considerado uno de los fundadores del estudio moderno de la sociología y la Administración pública, reconocido como uno de los padres de la sociología).

Efectivamente, esta separación entre lo público y lo privado es un concepto noreuropeo que se difundió por los países noreuropeos a lo largo del siglo XIX y coincidió con la formación de los Estados nacionales.

La situación en países mediterráneos y poscoloniales es más compleja, y uno de los contenidos más importantes de su política es precisamente la negociación sobre la manera en que las instituciones y valores culturales tradicionales se ajustan a las disposiciones del Estado moderno.

En este sentido, a finales de los noventa, el antropólogo francés Jean-Pierre Olivier de Sardan identificó un conjunto de «lógicas culturales» que influyeron en el «complejo de la corrupción».

Estas lógicas culturales son normas sociales generalizadas capaces de suscitar la aprobación de la corrupción por parte de la sociedad.

Olivier de Sardan menciona cinco de estas lógicas culturales que están lo suficientemente arraigadas como para «comunicar con o influir en las prácticas de la corrupción».

Estas cinco lógicas culturales son predominantes en África, pero las podemos identificar en cualquier otro país en el que la corrupción se tolere y no se sancione.

Las cinco lógicas culturales de la corrupción son:

1. La lógica del regateo, que regula casi todas las formas de intercambio en África.

2. La lógica de los regalos o la costumbre de intercambiar pequeños obsequios.

3. La lógica de las redes sociales o el hecho de que para obtener desde una plaza de colegio hasta un puesto en la Administración pública haya que recurrir a redes de relaciones personales basadas en el intercambio de favores mutuos.

4. La lógica de la autoridad depredadora, que se refiere al supuesto derecho de los líderes y gobernantes a enriquecerse a costa de sus súbditos.

5. La lógica de la adquisición redistributiva, que se refiere a la presión social ejercida sobre los funcionarios públicos de redistribuir parte de sus ingresos a sus parientes o amigos.

Olivier de Sardan señala también que la precariedad convierte la corrupción en una estrategia de supervivencia. «La corrupción se ha convertido simplemente en una necesidad para sobrevivir. Uno tiene que ajustar entonces sus valores a su comportamiento».

Una vez establecido qué es corrupción y cómo se genera, analicemos pues el caso de España:

—la herencia de un país mayoritariamente latifundista;

—la herencia estructural de la dictadura;

—nuestras lógicas culturales;

—la politización de las instituciones públicas.

La corrupción ha sido una compañera constante de la política española en estos treinta años de democracia. Antes, también; pero no me pidan que me remonte a la España hispanorromana. Y lo ha sido no sólo por obvias razones antropológicas y sociológicas. También porque nuestra peculiar estructura político-administrativa, tan ramificada y compleja, con unos controles tan laxos, es extraordinariamente vulnerable a la corrupción.

Pero vayamos por partes…

La herencia de un país mayoritariamente latifundista

No toda España, por supuesto, pero gran parte de ella, sobre todo Andalucía, han sido provincias de economía latifundista.

En las economías latifundistas, un escaso número de hacendados posee la mayoría de las tierras cultivables, mientras que una multitud de pequeñísimos propietarios, de arrendatarios y de colonos cultivan el resto de los terrenos, que a menudo son de peor calidad.

El pequeño agricultor, en el mejor de los casos, podía adquirir una pequeña parcela para cultivarla con su familia. Pero, cuando ésta aumentaba, carecía de la posibilidad de ampliar su propiedad. Debía fragmentar lo que ya era una pequeña superficie de tierra en propiedad y, lo que contribuía al empobrecimiento del agricultor y de su familia. O si no, trabajaba por cuenta ajena. Por ejemplo, pensemos en aquellos «andaluces de Jaén, aceituneros altivos», a los que cantaba Miguel Hernández, que recogían la aceituna del señor latifundista a cambio de un jornal.

Los latifundismos son corruptos en sí mismos, puesto que parten desde el principio de una distribución injusta de la riqueza. Además, sientan las bases para una sociedad corrupta, incluso cuando la sociedad hace tiempo que ha dejado de ser agrícola. Porque para sobrevivir en una economía de latifundio, es necesaria una red social. El cacique crea su red social, por lógica, para defender sus privilegios. Y el campesino que trabaja por cuenta ajena necesita de una red social para subsistir. La familia es importantísima. Si una mujer, por ejemplo, se queda viuda, o si su marido sufre un accidente y no puede trabajar como jornalero, debe estar segura de que su familia de origen, o la de su marido, podrá cuidar de sus hijos. Por lo tanto es muy importante que ayudar a la familia extensa se considere una obligación moral que está por encima de cualquier consideración. También, al no haber seguridad social, debe infundirse a los hijos el deber sagrado de cuidar de sus padres, puesto que sin esa ayuda los ancianos no tendrán cómo sostenerse.

En Andalucía y en Extremadura, durante siglos, las redes sociales han garantizado la supervivencia, y por ello la lealtad y la familia, y el compromiso hacia ella, se consideraban imperativos morales absolutos. Y en cierto modo, aún se siguen considerando así.

En ese contexto puede entenderse el caso del hermano de Alfonso Guerra. Juan Guerra, supuestamente, había pasado de operario en la fábrica sevillana de Santa Bárbara, de vendedor de enciclopedias y de cobrar un subsidio de paro de 28 023 pesetas a obtener enormes ingresos y poseer chalets y lujosos coches. A finales de 1989, Juan Guerra fue contratado por el PSOE para trabajar en un despacho oficial de la Delegación del Gobierno en Andalucía en calidad de asistente de su hermano, con un sueldo de 129 370 pesetas líquidas al mes. El despacho era utilizado para actividades diferentes a las asignadas, según algunos medios, lo que le valió a Juan Guerra ser acusado y juzgado por los delitos de cohecho, fraude fiscal, tráfico de influencias, malversación de fondos, prevaricación y usurpación de funciones.

Pongo este ejemplo como caso paradigmático, pero evidentemente no se trata de un hecho aislado. Cualquier andaluz que me lea sabe que para conseguir un puesto en la Administración pública de la Junta de Andalucía es imprescindible recurrir a una red social, y que uno tiene el acceso garantizado si tiene a un familiar dentro. Casualmente, Andalucía ha sido un feudo del PSOE durante años, pero culpar exclusivamente al PSOE de este hecho sería tan ridículo como culpar a una mujer de ser la responsable de los cuernos que le ha puesto su marido. Fuera del ámbito de la Administración pública, Andalucía funciona exactamente igual. Si uno quiere comprar una casa en según qué zona de Sevilla, más le vale que esté bien relacionado dentro de la sociedad sevillana o que esté dispuesto a pagar por ella una cantidad exorbitante. El acceso a según qué barrios sólo se consigue con dinero o relaciones. Lo mismo vale para conseguir entradas para los toros, un lugar privilegiado desde donde ver las procesiones, un puesto en el ABC, etc. En mi opinión, si algún día el PP gobierna en Andalucía, las cosas no cambiarían gran cosa. Porque para que el inconsciente colectivo y las prácticas culturales cambien, haría falta que pasaran generaciones. El andaluz siempre va a primar a su familia o a cualquier persona cercana. Entre otras razones, procede de la economía latifundista.

Como no quiero herir susceptibilidades, he de dejar claro que la Comunidad andaluza no lidera el ranking de comunidades más corruptas en España. Ese dudoso honor lo compartiría, posiblemente, con la valenciana, o la balear, o la madrileña, o la catalana o con… Es imposible estar seguros. Si me he referido a la Comunitat Valenciana es simplemente porque se trata de una comunidad cuyos usos y costumbres conozco mejor que la balear. Quede claro que las redes sociales no funcionan sólo en territorios que fueron latifundistas.

La herencia estructural de la dictadura

¿Qué tienen en común el guanxi y el blat? Que han surgido como estrategias de supervivencia en países con dictaduras de larga duración. Los países en los que ha habido dictaduras son siempre más corruptos.

Por ejemplo…

¿Cuáles son los países europeos considerados más corruptos? Por si no lo hemos dicho Malta, Grecia, Portugal, Polonia e Italia.

¿Qué tienen en común estos países? Poca experiencia en democracia.

España sufrió la dictadura de Franco durante cuarenta años.

Malta fue protectorado británico hasta 1964 y un protectorado, por definición, no es democrático. Se conservan las autoridades políticas y la metrópolis controla política y militarmente. Aunque se independizó el 21 de septiembre de 1964, los británicos permanecieron en su territorio y mantuvieron un control total de los puertos, aeropuertos, correos, y emisoras de radio y televisión. La reina Isabel II seguía siendo la soberana de Malta, y un gobernador general ejercía la autoridad ejecutiva en su nombre. No se convirtió en una república hasta 1974. El 31 de marzo de 1979 se hizo efectiva la salida de los británicos.

En Grecia, la dictadura de los coroneles se mantuvo desde 1967 hasta 1974. En Portugal, los gobiernos totalitarios, incluyendo la dictadura militar (1926-1933) y el Estado Novo (1933-1974) duraron cuarenta y ocho años. En Polonia, la República Popular, es decir, la dictadura socialista, se mantuvo desde 1953 a 1989. Y por último, Italia sufrió la dictadura de Mussolini durante veintiún años.

En casos de dictadura, las redes sociales se convierten en una estrategia de supervivencia y, además, están legitimadas. Llegada la democracia, es muy difícil erradicar las redes sociales clientelares que se crearon en dictadura, y la tendencia, muy enraizada en el inconsciente colectivo, a confiar en las redes sociales antes que en el Estado.

Pensemos en nuestro país, en la posguerra. Si uno había combatido con los nacionales o era familiar de o estaba afiliado a la Falange, ya había entrado en una red que le garantizaba acceso a puestos públicos y todo tipo de beneficios o prebendas. Y si se daba el caso contrario, más le valía contar con una red social que le ayudara y le permitiera sobrevivir. Por poner un caso cercano: mis padres se hicieron pasar por los padres del hijo de un amigo, republicano que se había exiliado en Francia, para que el niño pudiera llegar a Hendaya, porque, al ser mi madre belga, tenía pasaporte y permiso para salir del país. Es decir, el padre del niño no tuvo más remedio que recurrir a los amigos y a un engaño para recuperar a su hijo. Los abuelos de mi amiga Gemma, profesores republicanos, fueron represaliados y no pudieron volver a trabajar. Sobrevivieron gracias a que sus familiares organizaron una red tanto para conseguir dinero para sacarlos como para sobornar a funcionarios y conseguir pasaportes falsos.

Ilegal entonces, pero legítimo a nuestros ojos.

En las dictaduras, la corrupción es la norma.

Para los amigos del régimen, la simple pertenencia al bando vencedor supone una serie de beneficios. Para los contrarios, la supervivencia depende de las redes y muchas veces de las infracciones de la ley. Los sobornos y las corruptelas, por lo tanto, son necesarios e incluso, a según qué ojos, legítimos. Desgraciadamente, estas estructuras perviven mucho después de que la dictadura haya acabado, pues se mantienen en el inconsciente colectivo.

Mi vecina, por ejemplo, acaba de conseguir plaza en la guardería del barrio, en la que supuestamente se había cerrado ya la lista de admisión, gracias a que su hermano trabaja en la Consejería de Educación de Madrid. Mi vecina no sólo no oculta el hecho, sino que lo explica con la mayor tranquilidad, porque «ya sabes que en Madrid las cosas funcionan así». Y usted que me está leyendo, viva en Andalucía, Valencia o Madrid, conocerá casos similares. Sin ir más lejos, la hermana de Esperanza Aguirre está colocada de asesora del Ayuntamiento de Madrid por 46 625 euros al año (y cito el caso para que se vea que soy ecuánime, y que nombro a los hermanos colocados de miembros de un partido y del otro, que ya antes he citado a Juan Guerra). Álvaro Ramírez de Haro y Aguirre, hijo de la que fuera la Lideresa, ya fue nombrado asesor del secretario de Estado de Comercio, Jaime García-Legaz. Sí, algunos me dirán que la hermana y el hijo tenían unos currículums excelentes, pero también les digo yo que la mujer del césar, amén de ser honrada, ha de parecerlo, y que nombramientos así en Alemania le habrían costado el puesto a la Aguirre. Allí un político no puede contratar, por norma, a familiares en organismos que dependan de su competencia.

La teoría de que los países que han sufrido dictaduras son más propensos a la corrupción la sostienen numerosos sociólogos y yo tiendo a creerla, en contra de la opinión de economistas como Eduardo Garzón, Adolfo Revuelta y Ricardo García Zaldívar, que me reprocharon que la incluyera en este texto.

Otra característica de estos países es que son católicos romanos, salvo Grecia, que es ortodoxa, prima hermana del catolicismo.

PIGS es el acrónimo despectivo con el que ciertos medios anglosajones se refieren a los países del sur de la Unión Europea: Portugal, Italia, Grecia y España (Spain, en inglés), para subrayar sus problemas específicos: corrupción, déficit incontrolado, contracción económica, desempleo galopante, endeudamiento, burbuja inmobiliaria, derrumbe de sus emisiones de deuda y, sobre todo, mentira y falseamiento de las cuentas. Tras la crisis de 2008, se sumó Irlanda, y ahora el acrónimo PIIGS se escribe con dos íes.

Max Weber en su libro La ética protestante y el espíritu del capitalismo establecía la inferioridad del cristianismo romano respecto al protestantismo para construir economías capitalistas solventes:

El mundo protestante es más exitoso económicamente que el católico gracias al influjo de la religión protestante en cada uno de sus individuos: amor al trabajo, honradez, ahorro y apego permitido a lo material […]. El católico es conformista y prefiere la seguridad, mientras que el protestante se atreve con el riesgo. La Iglesia católica castiga al hereje, pero es indulgente con el pecador. El protestante pone el énfasis no en la confesión, sino en la conducta. Cualquier fabricante sabe que es la falta de conciencia de los trabajadores de países como Italia uno de los obstáculos de su evolución capitalista y de todo progreso.

Weber se refiere aquí a un tema de rabiosa actualidad en la Unión Europea: la menor laboriosidad y productividad de los países del sur, y el escandaloso absentismo laboral. Según Weber, el protestante no considera el trabajo un castigo. Los católicos, en cambio, creen que se trata del máximo castigo de Dios por el pecado original, el que supuso la expulsión del Paraíso, donde no era necesario trabajar. «El católico se confiesa y redime sus corrupciones morales y económicas, pero el protestante debe enfrentarse a su propia conciencia, que es más exigente. Es así como los calvinistas incorporan la pureza y la ética moral al trabajo y a la economía. Y una de las principales causas que produce la diferencia entre la Europa del norte y la del sur», afirma Weber.

Simplificando las tesis de Weber, el grueso de países católicos y ultracatólicos tienden a corromperse porque no tienen unos valores sociales más allá del «peca, que luego Dios te perdona». Los católicos pueden recurrir a la confesión, de forma que no viven atemorizados por la mirada divina: cualquier pecado —el asesinato incluido— es redimible, lo que se traduce en una moral más laxa. En cambio, si un protestante peca, no hay vuelta atrás. Por lo tanto, para los protestantes el mensaje es otro: «Esfuérzate para ganarte a Dios y si pecas no tienes posibilidad de arreglarlo, por mucho arrepentimiento o contrición que sientas luego». Los protestantes tienen una ética del trabajo mayor, porque se supone que Dios recompensará al más hacendoso y castigará al holgazán. Y al corrupto, por supuesto, que no ha conseguido lo que tiene mediante el esfuerzo. La ética católica se centra más en la moral sexual. Precisamente, el gran problema de los países católicos es que fuera del catolicismo hay un gran vacío existencial: el concepto del honor tiene más que ver con la castidad de la mujer que con el valor de la palabra dada.

Idéntica tesis sostenía Amintore Fanfani en su libro Catolicismo, protestantismo y capitalismo[7], en el que afirmaba que «hay un abismo infranqueable entre la Iglesia católica y la concepción capitalista de la vida».

Diarmaid MacCulloch, catedrático de Historia de la Iglesia en la Universidad de Oxford, autor de la Historia de la cristiandad[8], considera razonables los argumentos de los dos sociólogos. «Los colectivos son más proclives que los individuos a pasar por alto algo que sucede delante de sus narices», ironiza.

Si hubiera un barómetro para medir el maridaje entre el Estado y la religión, Grecia se llevaría la palma confesional, por delante de Italia y España. La última demostración fue la jura del cargo del nuevo primer ministro heleno. Andonis Samarás hubo de jurar ante el nutrido grupo de prelados encabezados por el arzobispo de Atenas y primado de Grecia.

En España, los presidentes del Gobierno y sus ministros, incluso los tachados por el Vaticano de «laicistas furibundos» (como José Luis Rodríguez Zapatero), juran su cargo ante un crucifijo y la Biblia abierta por el Pentateuco, el llamado Libro de los Números.

Las medidas de austeridad impuestas a los italianos por el Gobierno del tecnócrata Mario Monti (bien arropado por ministros católicos, como Andrea Riccardi, hagiógrafo de Juan Pablo II y fundador de la Comunidad de Sant’Egidio, uno de los nuevos movimientos del catolicismo romano), excluyen de todo sacrificio a la Iglesia católica. El plan de ajuste asciende a 30 000 millones de euros, de los que buena parte proceden de un nuevo impuesto inmobiliario. Si la Iglesia católica italiana lo tuviera que pagar, Monti tendría 2500 millones más.

Han hecho lo mismo los nuevos gobernantes de Grecia.

En España, la Iglesia tampoco paga el impuesto sobre bienes inmuebles (IBI), pese a ser la segunda propietaria inmobiliaria después del Estado. Hay numerosos artículos sobre el tema en elpais.com del 21 de mayo de 2012, periodistadigital.com del 20 de marzo de 2012, o elmundo.es del 31 de mayo de 2012.

La Iglesia católica posee unos cien mil inmuebles en España. Si pagara el IBI se recaudarían unos 3000 millones de euros. (Algunos medios hablan de cinco millones, otros de 3000 millones. Para que la Iglesia tuviera que pagar 3000 millones debería disponer de un patrimonio inmobiliario de un billón de euros. Probablemente dispone de él. De todas formas, hago constar que se trata de un dato muy discutido, y que el lector puede disentir o investigar por su cuenta). Suficientes para salvar la sanidad española. La Iglesia ha aducido a menudo que no se debe gravar a la institución que más está ayudando a los que están pagando los platos rotos de la crisis, a través de Cáritas y de su red de parroquias, comedores y centros asistenciales extendidos por todo el territorio nacional. Pero lo cierto es que Cáritas, si bien es una ONG que se llama a sí misma católica, no se sostiene con fondos de la Iglesia, y así lo deja bien claro y lo explicita en su web[9].

La parte de recursos más importante de Cáritas Española es la que procede de donaciones privadas. «Cáritas cuenta con financiación procedente de las diferentes Administraciones españolas y de la europea. En primer lugar, debemos mencionar la financiación procedente de las entidades locales (principalmente de los ayuntamientos) y, en especial, la que corresponde a las comunidades autónomas». Por lo tanto, queda clarísimo que la Iglesia católica no subvenciona Cáritas.

También es cierto que la Iglesia no paga el IBI por los numerosos inmuebles que no tienen un fin social y no lucrativo, como pisos, bajos, garajes, etc.

En Grecia, Italia y España, las jerarquías religiosas viven en un clamoroso paraíso fiscal, pese a la enorme crisis y pese a que la población está viendo cómo le suben los impuestos.

En el fondo —en el marco de la igualdad de trato constitucional y de la no discriminación por razón de las creencias— subyace la pregunta de qué es lo que tendrían de especial los difererentes credos para que deban tener un trato de privilegio respecto a otras convicciones filosóficas, agnósticas o ateas. Qué plus añade a cada persona su fe como para que deba convertirse en ciudadan@ susceptible de ser privilegiad@ por el Estado.

Los acuerdos entre Iglesia y Estado de 1979 obligan a éste a «colaborar con la Iglesia católica en la consecución de su adecuado sostenimiento económico», conceden a la Iglesia «exención total y permanente» de todos los impuestos y le aplica todos los beneficios fiscales de cualesquiera leyes que se hagan, siempre que se «modifique sustancialmente el ordenamiento jurídico-tributario español».

Recientes investigaciones de Ludger Wössmann y Sascha Becker, profesores de Economía de la Educación en la Universidad de Múnich, señalan que las regiones alemanas protestantes eran (son) de promedio más ricas y desarrolladas que las católicas, y también tenían (tienen) mayor nivel de escolarización de mujeres.

En España, las tasas de paro más altas, por encima del 30 por ciento, se concentran en las regiones más católicas, si sirve para medir la religiosidad el porcentaje de contribuyentes que coloca la equis en su declaración de la renta pidiendo que Hacienda desvíe el 0,7 por ciento de su cuota fiscal para pagar los salarios de obispos y sacerdotes.

Andalucía y Castilla-La Mancha duplican el porcentaje de País Vasco y Cataluña.

Este mal llamado «impuesto religioso» lo pagamos en realidad todos, pese a que los obispos sostengan que son sus fieles los que tributan por este concepto. Pero el católico español no añade un euro a lo que debe pagar. Es Hacienda quien deduce ese 0,7 por ciento de su cuota.

Es decir, en la práctica, el sostenimiento del clero católico corre también por cuenta de ateos, agnósticos, protestantes, judíos, musulmanes, budistas, adventistas del séptimo día, testigos de Jehová y todos los etcéteras que quieran añadirse. Porque si yo fuera judía y quisiera que mi sinagoga recibiera dinero, lo tendría que pagar de mi bolsillo. Sin embargo, la Iglesia católica absorbe más de 10 000 millones de euros de los recursos públicos, más del 1 por ciento del producto interior bruto (PIB).

Italia confirma también las conclusiones de Wössmann y Becker, con un añadido: allí está demostrado que el norte, más rico pero menos religioso, es menos corrupto que el sur (territorio de la mafia), donde la tradición católica está más arraigada.

Dicho esto, quiero dejar claro que yo soy bautizada católica, me eduqué en la fe católica y, por lo tanto, puesto que no he hecho apostasía, me sigo considerando católica. La Iglesia católica no está sólo representada por el ala más fundamentalista de la Iglesia vaticana, que es la que actúa en España. Existen también la teología de la liberación o los cristianos de base. Y por supuesto, en el Reino Unido, Francia, Austria y en menor medida en otros países europeos hay muchos católicos y su Iglesia se sostiene allí perfectamente sin ayuda del Estado.

Pero una cosa son las tesis sociológicas y otra los hechos irrefutables. Lo que está estadísticamente comprobado es que hay más corrupción en países católicos que en países protestantes. ¿Qué fue primero, el huevo o la gallina? ¿La religión promueve la corrupción o ciertas religiones arraigan mejor en países con unas lógicas culturales previas? Obviamente, en algunos casos, la ecuación no se sostiene, como apuntan E. Garzón, A. Revuelta y R. García Zaldívar. (Véanse Austria, Bélgica, Francia o Baviera en Alemania). Food for your thoughts, que dicen los ingleses. Yo ahí lo dejo.

Nuestras lógicas culturales

España es un país con una gran tradición árabe, y por lo tanto africana.

Esto quiere decir que España comparte muchas de sus lógicas culturales.

Ya hemos explicado antes las lógicas culturales africanas, pero las voy a repetir, por si acaso:

—la lógica de negociar o del regateo, que regula casi todas las formas de intercambio;

—la lógica de los regalos, o la costumbre de intercambiar pequeños obsequios;

—la lógica de las redes sociales que convierte en imperativo moral la obligación de beneficiar en primer lugar a familiares o amigos en el caso de que se tenga acceso a un puesto de poder;

—la lógica de la autoridad depredadora, que se refiere al supuesto derecho de los líderes y gobernantes a enriquecerse a costa de sus súbditos; y

—la lógica de la adquisición redistributiva, que se refiere a la presión social ejercida sobre los funcionarios públicos de redistribuir parte de sus ingresos a sus parientes o amigos.

A continuación, algunos ejemplos de cómo se aplican estas lógicas en España.

La lógica del regateo

Si usted va a comprar o alquilar un piso en Londres, el precio es fijo. No puede usted negociar con el casero para que le rebaje cincuenta libras. En España, el precio que se menciona en el anuncio es, como todos sabemos, orientativo. Éste es un ejemplo entre muchos. Piense usted en la reforma de un piso, el encargo a una modista del traje de novia, los servicios de un fotógrafo, la compraventa de un coche. Incluso un hotel: puedes conseguir una rebaja sustancial en el precio si eres amiga de una amiga de la hija del dueño del complejo. Y lo sé porque yo misma la he conseguido. Los precios se negocian, y siempre hay opción a regateo.

La lógica de los regalos

¿De verdad hace falta que lo explique? Baste decir que en Estados Unidos hay fiestas de empresa, pero no hay cenas de Navidad. En el tema «regalos de Navidad» yo he visto cosas que nunca creerían, y seguro que ustedes también, y a veces es muy difícil establecer la diferencia entre lo que es un regalo o un soborno. La trama Gürtel, sin ir más lejos, se nutría de regalos.

La lógica de las redes sociales

Supongo que tampoco debo explicar lo de la lógica de las redes sociales. Por si hace falta, diré que en estos tiempos de crisis me llegan cada día dos o tres currículums de gente que quiere trabajar en una editorial, en una radio o en una emisora de televisión. El hecho de que estas personas piensen que deben enviarme los currículums a mí y no al jefe de personal de Onda Cero o Antena 3 ya lo explica todo.

La lógica de la autoridad depredadora

Para ilustrarla, un botón: las declaraciones al diario ABC de uno de los investigadores de la trama Malaya, cuyo nombre queda en el anonimato. «Son conductas asumibles por la sociedad. Es frecuente encontrarte a gente que te dice sin rubor que prefiere que se lo lleven los suyos (a quienes votan), a que se beneficien los contrarios; o que te suelten que antes lo han hecho todos los que han pasado por allí».

La lógica de la adquisición redistributiva

Para hablar de la lógica de la adquisición redistributiva puedo recurrir a muchos ejemplos. El primero, Urdangarin, que estuvo cobrando de Telefónica más de un millón de euros al año, incluso después de que se le hubiera acusado de desviar dinero público. Fue contratado sin ninguna experiencia en el campo y sin título universitario que le avalara. A continuación incluyo unos cuantos ejemplos más, a bote pronto, de familiares de cargos políticos que han sido contratados en cargos que dependían de la competencia de su familiar. No son todos los que están ni están todos los que son[10], pero se harán una idea de cómo funciona la lógica de la adquisición redistributiva.

—Familia Pons & Bertolín. Esteban González Pons, diputado, y Piluca Bertolín, directora creativa del departamento de marketing de Aguas de Valencia.

—Familia Cardona & Reyes. Juan José es alcalde de Las Palmas. Su cuñada Cristina Reyes es nombrada gerente de los servicios municipales de limpieza anuales. El interventor municipal considera que la decisión vulnera el Estatuto del Empleado Público.

—Familia García-Badell & Delibes. Regino fue jefe de gabinete de Esperanza Aguirre y es sobrino carnal del expresidente del Gobierno, Arias Navarro; su media naranja, Alicia, es viceconsejera de Educación del gobierno de Esperanza Aguirre.

—Familia Granados & Castellanos. Francisco es senador por Madrid, exsecretario general del PP en la comunidad y exconsejero de Esperanza Aguirre; Nieves Alarcón Castellanos es consejera de Caja Madrid Pensiones S. L.

—Familia Díaz Alperi. Luis, el padre, fue alcalde de Alicante y es diputado autonómico. Edna María, su hija menor, asesora de Turismo en el Ayuntamiento de Alicante. Otra hija, Elisa, accedió al gabinete jurídico tras unas polémicas oposiciones en las que quedó segunda, y que estaban supervisadas por el edil Luis Concepción, amigo íntimo de su padre.

—Familia Pérez García & Cerezo Rodero. David es alcalde de Alcorcón y diputado en la Asamblea de Madrid. Elena, su mujer, consejera a propuesta del PP en Telemadrid y jefa de gabinete del alcalde de Boadilla.

—Familia Rodríguez Ponga. Estanislao fue vicepresidente de Caja Madrid y exsecretario de Estado con los gobiernos de Aznar. Rafael, diputado por Cáceres y pendiente de ser nombrado secretario general del Instituto Cervantes. Por último, Flavia, directora general de Seguros y Fondos de Pensiones.

—Familia Fernández Díaz. Jorge es ministro del Interior y diputado. Alberto, concejal y presidente del grupo municipal del PP de Cataluña en el Ayuntamiento de Barcelona.

—Familia De la Merced & Llanos. Mercedes fue eurodiputada y concejala del Ayuntamiento de Madrid, y consejera de Caja Madrid. Su marido, José Antonio, exdirector general de Carreteras del Gobierno Aguirre, expresidente de la Confederación Hidrográfica del Tajo con el Gobierno de Aznar y director gerente de Transportes Ferroviarios de Madrid.

—Familia Valor & Climent. El padre, Miguel, es concejal de Cultura en el Ayuntamiento de Alicante. Su hija Olga, asesora de la alcaldesa, y su sobrina Rosana Nadal Valor, también.

—Familia Romero de Tejada y Picatoste. Cayetana es actualmente la directora de relaciones institucionales en la Sociedad Pública de Turismo de Madrid y ha sido asesora de los concejales de la Junta Municipal de Chamberí y Chamartín en el Ayuntamiento de Madrid. Su hermano Ricardo, exsecretario general de los madrileños y exalcalde de Majadahonda, se ha ganado la vida, entre otras cosas, como consejero de Caja Madrid.

—Familia Plañiol de la Calle & Cevallos Aguarón. Regina es consejera de Presidencia y Justicia del Gobierno de Esperanza Aguirre, diputada de la Asamblea de la Comunidad de Madrid y miembro del comité de dirección de la Fundación San Pablo CEU. Su marido Fernando es director de la secretaría general técnica del Canal de Isabel II.

—Familia Castedo & Ramos. Sonia es alcaldesa de Alicante y diputada autonómica. Su hermano abogado, especializado en llevar el Plan General de Ordenación Urbana de la ciudad, de cuya aprobación es responsable su hermana. Su amiga Julia Castelló es asesora a tiempo parcial y niñera de sus hijos. El marido de la amiga, alcalde pedáneo de Verdegás, también cobra un sueldo como asesor en el consistorio, adscrito al área de Urbanismo.

—Familia González & Cavero. Ignacio es presidente de la Comunidad de Madrid desde que dimitió Esperanza Aguirre. Su hermana Isabel, diputada de la Asamblea de Madrid. Su mujer ha sido reubicada en la patronal madrileña, y su cuñada Carmen Cavero es consejera de Cibeles Corporación, integrada en Caja Madrid.

—Familia Rodríguez Comendador & Hueso. Luis Rogelio es alcalde de Almería. Su mujer, Guadalupe Hueso Salas, asesora para asuntos de desarrollo provincial de Gabriel Amat, presidente de la Diputación Provincial de Almería y presidente del PP en la provincia. La susodicha es, además, madre del diputado provincial de Empleo, Amós García Hueso. Guadalupe ya fue asesora de un presidente de la Diputación, de su marido, cuando éste ocupaba el sillón de la presidencia. Su trayectoria profesional anterior se relacionaba con la decoración de interiores y la venta de artículos decorativos.

—Familia Dolón. Eduardo es alcalde de Torrevieja. Su primo hermano Fernando Sánchez es nombrado su asesor de Obras y Servicios. El primo hermano es además sobrino de un concejal, José Ramón Bujanda Sáenz, presidente de Saeca, empresa pública participada por la SEPI y el Ministerio de Agricultura. Cuñado de Miguel Arias Cañete, ministro de Agricultura.

—José Miguel Martínez. Presidente de la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (Selae), dependiente del Ministerio de Hacienda y concuñado de Cristóbal Montoro, ministro de Hacienda.

—Ángeles Alarcó Canosa. Presidenta y consejera delegada de Paradores Nacionales. Exmujer de Rodrigo Rato, exvicepresidente del Gobierno y exdiputado.

—Ricardo Cospedal García. Propuesto como director de la Fundación Carolina. Hermano de María Dolores de Cospedal, secretaria general del PP y presidenta de Castilla-La Mancha. Tras hacerse público, se ve obligado a renunciar.

—Ignacio López del Hierro. Marido de María Dolores de Cospedal. Propuesto como consejero de Red Eléctrica. Tras hacerse público, se ve obligado a renunciar.

—Rafael Rodríguez-Ponga. Propuesto como secretario general del Instituto Cervantes. Mientras tanto continúa de diputado. Hermano de María Flavia.

—María Flavia Rodríguez-Ponga. Directora general de Seguros y Fondos de Pensiones. Hermana de Rafael.

—Alberto Nadal Belda. Vicesecretario de Asuntos Económicos, Laborales e Internacionales de la CEOE, propuesto para ser consejero de Red Eléctrica; tras hacerse público se ve obligado a renunciar.

—Álvaro Nadal Belda. Director de la Oficina Económica de la Presidencia del Gobierno con rango de secretario de Estado. Casado con María Teresa Lizaranzu Perinat.

—María Teresa Lizaranzu Perinat. Directora general de Política e Industrias Culturales y del Libro.

—Hermanos Catalá Polo. Rafael es secretario de Estado en Fomento, y Raquel, delegada especial de la Agencia Tributaria en Madrid.

—José Canal Muñoz. Secretario general técnico del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, casado con Sonia Ramos Piñeiro.

—Sonia Ramos Piñeiro. Directora general de Apoyo a Víctimas del Terrorismo.

—Carmen Gámir. Jefa de prensa de la Secretaría de Estado de Presupuestos. Compañera sentimental de Alberto Núñez Feijóo, presidente de la Xunta de Galicia.

—Marcelino Oreja Arburua. Nombrado presidente de la entidad pública empresarial Ferrocarriles de Vía Estrecha (FEVE). Hijo de Marcelino Oreja Aguirre, marqués de Oreja, exdiputado y exministro de Asuntos Exteriores. Su tío Jaime Mayor es eurodiputado.

—Miguel Cardenal Carro. Presidente del Consejo Superior de Deportes. Hijo de Jesús Cardenal, exfiscal general del Estado con José María Aznar.

—Álvaro Ramírez de Haro y Aguirre. Asesor del secretario de Estado de Comercio, Jaime García-Legaz. Hijo de Esperanza Aguirre.

—María Zaplana Barceló. Asesora en la Secretaría de Estado de Turismo. Hija del exministro Eduardo Zaplana.

—Elisa Robles Fraga. Directora general del Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI), organismo dependiente de la Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación. Sobrina de Manuel Fraga Iribarne.

—Víctor Calvo-Sotelo. Secretario de Estado de Telecomunicaciones. Hijo de Leopoldo Calvo-Sotelo, expresidente del Gobierno.

—Familia Gómez Pomar & Miquel Subías. Julio, el marido, es presidente de Renfe. Eva, su esposa, asesora corporativa de Puertos del Estado.

—Familia Elorriaga & Pisarik. Gabriel es diputado. Beatriz María, senadora.

—Familia Mato & Adrover. Ana es diputada y ministra de Sanidad; Gabriel, eurodiputado.

—Familia Aragonés & Figar. Carlos es diputado del Congreso, y Lucía, consejera de Empleo y Educación en la Comunidad de Madrid.

—Familia Famaztella. Famaztella es el nombre de la empresa de José María Aznar, expresidente del Gobierno, y Ana Botella, alcaldesa digital de Madrid. Alejando Agag, yerno de los susodichos y comisionista de acreditado prestigio, también forma parte de ella.

—Familia Victoria & Jiménez. Salvador es el actual consejero de Presidencia y Justicia, y portavoz del nuevo ejecutivo de la Comunidad de Madrid. Su mujer, Mayte, es miembro del consejo de administración de Caja Madrid Pensiones.

—Familia Baltar Pumar. José Luis (padre) y José Manuel (hijo) son propietarios de la Diputación Provincial de Orense.

—Familia Blasco & Ciscar. Rafael Blasco fue consejero y es portavoz del PP en las Cortes valencianas. Consuelo Ciscar, directora del IVAM.

Etcétera…

La politización de las instituciones públicas

Las Administraciones más proclives a la corrupción son aquellas con un mayor número de empleados públicos que deben su cargo a un nombramiento político. En este sentido, el contraste entre España y los países europeos con niveles bajos de corrupción es como para echarse a llorar.

En una ciudad europea de cien mil a quinientos mil habitantes puede haber, incluyendo al alcalde, dos o tres personas cuyo sueldo depende de que el partido «X» gane las elecciones.

En España, el partido que controla un gobierno local puede nombrar multitud de altos cargos y asesores, y a la vez tejer una red de empresas (público-privadas), agencias, fundaciones, etc., que dependen de la discrecionalidad política del gobernante.

En total, en una ciudad media española puede haber cientos de personas cuyos salarios dependen de que el partido «X» gane las elecciones.

Esto genera diversos incentivos perversos para la corrupción:

1. Porque los empleados públicos con un horizonte laboral limitado por la incertidumbre de las próximas elecciones son más propensos a aceptar o a solicitar sobornos a cambio de tratos de favor que los empleados públicos con un contrato estable.

2. En otros países de Europa, los políticos locales están forzados a tomar decisiones junto con funcionarios que estarían dispuestos a denunciar cualquier sospecha de trato de favor. Pero en España toda la cadena de decisión de una política pública está en manos de personas que comparten un objetivo común: ganar las elecciones. Esto hace que se toleren con más facilidad los comportamientos ilícitos.

3. Por otra parte, al haber mucho más en juego en las elecciones, las tentaciones para otorgar tratos de favor a cambio de financiación ilegal para el partido son también más elevadas.

El tipo de gobierno local que predomina en España, en el cual un solo cargo electo —el alcalde y su mayoría de gobierno— acumula mucho poder, lleva a despropósitos tales como que en una ciudad de veinte mil habitantes se pueda recalificar un asentamiento romano para construir un complejo de cuatro mil viviendas (hablo de Altea, pero podría hablar de muchos otros sitios).

Se puede pensar que unos funcionarios públicos seleccionados mediante oposiciones pueden disfrutar de una plaza «en propiedad» de por vida, con independencia de su rendimiento, lo cual, según algunos, abona el caldo de cultivo para la corrupción. Pero algunos nombramientos precarios también lo son. Por ejemplo, los dos países menos corruptos del mundo en 2008, Suecia y Nueva Zelanda, eliminaron hace años el estatus funcionarial para la gran mayoría de sus empleados públicos, que en la actualidad se rigen por la misma legislación laboral que cualquier trabajador del sector privado.

El legislativo crea leyes para fomentar el empleo estable, pero los ayuntamientos, diputaciones y otros organismos públicos encabezan el ranking de entidades en las que existe mayor cantidad de empleo eventual o precario. Estos contratados, designados o elegidos a dedo, ante la incertidumbre de la renovación, se doblegan a los intereses del político de turno; y ante la eventualidad de que lo despidan si accede otro partido al poder, aceptará todo tipo de corruptelas o sobornos, como fórmula de granjearse amistades que, tras su salida de la Administración, pudieran derivar en favorecer su contratación en la empresa privada.

Este panorama crea en España una cadena humana que incluye trabajadores de empresas público-privadas, asesores, funcionarios sin opositar, cuadros del funcionariado, asesores, cargos electos, etc., que comparten un objetivo común: ganar las elecciones. Ganar las elecciones para perpetuarse otros cuatro años más en su sueldo, lo que les lleva a ser tolerantes y permisivos con aptitudes que vulneran la más mínima razón ética.

Por otra parte, se ven obligados a favorecer intereses privados y/o espurios por si acaso las elecciones no se ganaran.

Es evidente que una Administración no politizada reduciría la corrupción.

Para ello, haría falta un pacto de Estado, con profundas reformas legales (administrativas y penales) al que se comprometieran todos los partidos.

CAPÍTULO 2
La crisis financiera

Evidentemente, explicar la crisis financiera no es algo tan sencillo. De hecho, cada economista que he leído la explica a su manera. Déjenme que les diga que provengo de una familia de economistas. Mi padre era abogado y economista, dos de mis hermanos son profesores de Economía y un tercero es alto ejecutivo en una empresa, tras haber sacado la carrera de Económicas con matrículas. Pero yo, por aquello de que era niña, con a, y por lo tanto se esperaba que me casara (con un economista a poder ser) pero no que demostrara una gran valía intelectual, estudié dos carreras de letras. En una de ellas, Periodismo, obtuve las mejores calificaciones en Economía. Y me enamoré de mi profesor, ya de paso (sentimiento que él jamás sospechó, creo). Es decir, que yo no soy economista y que por tanto éste es un análisis periodístico. Pero lo cierto es que la economía no es una ciencia exacta, sino más bien una ciencia especulativa (vale, admito que es una ciencia especulativa con mucha parte exacta, los indicadores no engañan, ni la econometría ni la estadística, pero hay muchos economistas que olvidan esto, bien porque no tienen ni idea, bien porque no les conviene). La economía intenta comprender cómo funcionan las variables y los mecanismos económicos y qué factores impiden que se alcance un equilibrio. Entender la complicada interdependencia de todos los agentes, factores y variables que conforman el universo económico no es tan fácil. Por esto, muchos afirman que la economía es casi una ciencia esotérica, arcana, predictiva.

Todas las ciencias, incluidas las sociales, aspiran a formular las leyes por medio de las cuales se rigen los fenómenos que estudian. La economía intenta explicar y predecir cambios, y disponer de una base cada vez más sólida para intentar exponer una realidad, pero la palabra de un economista no es ley. No sólo los economistas se equivocan, sino que muchas veces sus teorías están determinadas por la ideología a la que se adhieren. Intentarán decirle que el país puede arreglarse si se toma tal medida o tal otra, pero en realidad puede que eso no sea cierto. Un ejemplo: si Luis de Guindos, nuestro actual ministro de Economía, es tan sabio y eficiente, ¿cómo es que no previó la debacle de la empresa que dirigía en España, Lehman Brothers, y negó la inminencia del desastre hasta el último momento? Las informaciones de The New York Times indicaban que Lehman quebraría, pero desde España, De Guindos se encargaba de negar por activa y por pasiva que aquello fuera a ocurrir. Lo cierto es que él era consejero asesor para España y Portugal, y es posible que no dispusiera de tanta información como creen algunos. La cuestión es que Luis de Guindos, por muy economista que sea, no tiene bola de cristal en casa. Y si la tiene, está claro que no la sabe usar.

Por otra parte, los economistas son muy dados a explicar en palabras enrevesadas lo que sería perfectamente explicable en un lenguaje sencillo y accesible. De todos es sabida la poca facilidad explicativa que tienen muchos economistas. A veces parece que lo que intentan es negarnos a los simples mortales el acceso al conocimiento revelado que a ellos les ha sido dado. Pero un economista no es necesariamente un genio o un gurú. Y todo esto lo escribo porque yo no soy economista.

Este capítulo está dedicado especialmente a todos aquellos ajenos al mundo de la economía y sus ilustrados exponentes. No esperen muchos tecnicismos ni un análisis profundo, pues no es la idea. La idea es que cualquiera pueda entender, grosso modo, el origen de la crisis financiera internacional y sus repercusiones en España. Pero, repito, se trata de una explicación simplista. Si más tarde usted quiere profundizar en el tema, debería leer a Stiglitz, a Krugman o a John Lanchester.

En el año 2001 se creó una burbuja, la llamada burbuja de Internet. Muchas empresas tecnológicas vieron cómo súbitamente el precio de sus acciones en bolsa ascendía en progresión estratosférica. Los inversores se volvieron locos comprando acciones de empresas de este tipo hasta que la burbuja explotó y miles de compañías quebraron. (Por ejemplo, Norris Communications fue fundada en 1988. Cambió su nombre a e.Digital en 1999, cuando cada acción valía 0,06 dólares. A finales de 1999, ascendían a 2,91 dólares, menos de un mes después llegó a 24,5 dólares por acción. Luego cayó hasta los valores de 0,08 y 0,20 en 2008 y 2009, respectivamente).

Para atajar la crisis, la Reserva Federal (FED, el banco central americano) decidió rebajar las tasas de interés con el fin de dinamizar la economía. La tasa de interés es el interés que los bancos te cobran por prestarte dinero. A partir de entonces los diferentes bancos de Estados Unidos empezaron a apostar por nuevas formas de crédito.

Una de ellas es el llamado crédito subprime. Este tipo de crédito (básicamente hipotecario) está destinado a personas de alto riesgo crediticio, cubierto por tasas de interés más altas que las estándar.

Subprime es un término inglés que significa algo así como «por debajo de lo óptimo» y que proviene de Estados Unidos, donde a este tipo de créditos también se los conoce como créditos B-paper, near-prime o second chance. Son un tipo de préstamo que se caracteriza por ser menos exigente con la solvencia o la capacidad de devolver los pagos que tienen las personas a las que van dirigidos. De hecho, el término subprime califica esa solvencia como «por debajo de la óptima». Los créditos subprime abarcan una variedad de instrumentos de crédito que incluyen las hipotecas subprime, los préstamos de coche subprime o las tarjetas de crédito subprime.

Pero entre todos, los más corrientes son las hipotecas subprime.

Las hipotecas subprime suelen tener un tipo de interés hasta de un 5 por ciento o más sobre el tipo de interés habitual en el mercado hipotecario, intentando así cubrir el riesgo de impago.

De esta manera, en Estados Unidos se creó una burbuja inmobiliaria similar a la española. Porque los bancos empezaron a conceder hipotecas subprime a diestro y siniestro, y los ciudadanos empezaron a comprar inmuebles como locos. Con dinero prestado, por supuesto. Aquí entra en juego algo que yo veo como un punto clave en todo esto, que es la irresponsabilidad del pequeño y mediano ahorrador, la familia, en esos momentos. Simplificando mucho, podríamos afirmar que no toda la culpa es de los bancos. El consumidor también tiene mucho que decir en los modelos económicos y en sus decisiones, y sobre esto volveré en el último capítulo.

Los bancos grandes decidieron que las hipotecas de bienes raíces eran más rentables que otros papeles, como los bonos del Tesoro, y comenzaron a comprarlas en grandes cantidades a los prestamistas hipotecarios. En la medida en que la demanda para esta inversión creció, comenzaron a ofrecerse hipotecas a tasas más altas —subprime— a clientes de muy alto riego, que no ofrecían excesiva garantía de que en el futuro pudieran pagar las cuotas.

El caso es que los bancos habían calculado que incluso si estos clientes hipotecarios dejaban de pagar sus cuotas, podrían recuperar su inversión vendiendo las propiedades entregadas. No contaron con que el precio de la vivienda podría desplomarse.

Para colmo, muchas de estas hipotecas eran suscritas a través de brókeres o mediadores comisionistas. Estas personas cobraban por hipoteca contratada, de forma que cuantas más hipotecas se firmaban, más cobraban. No es de extrañar que concedieran hipotecas a cualquiera. Incluyendo a gente sin trabajo estable (esto es real) o con historial de abuso de drogas, por poner ejemplos flagrantes.

Era de sentido común que personas sin capital suficiente para pedir un crédito dejarían de pagarlo una vez otorgado. También era de sentido común prever que el precio de la vivienda caería, porque las burbujas estallan antes o después.

El sistema financiero americano es muy complejo y necesitaría seis libros para explicarlo. Simplificando, los bancos comerciales y los de inversión emiten títulos que son negociados en bolsa. Para resumir, y a muy grandes rasgos: el banco vende la hipoteca de Zutanito. Se la vende a usted, usted se hace cargo de ella y de otras muchas otras. Repito que estoy simplificando, pero creo que así se entiende cómo funcionan estos productos bancarios.

Los bancos no guardan en un cajón los productos que firman, sino que los venden. Esa actividad se llama titularización. Y los productos que la actividad genera se llaman productos derivados, porque van naciendo, derivándose, unos de otros. Supongamos que usted tiene acciones de Banco Pepito, y que Banco Pepito ha prestado su dinero a personas que no se lo van a devolver, o que como mucho le pueden devolver casas cuyo precio de mercado va a caer en breve. ¿Qué es lo mejor que puede hacer? Deshacerse de esas acciones, por supuesto. Pero ¿a quién va a engañar para que se las compre, si esas acciones son claramente peligrosas y su valor en mercado va a caer?

Llega el momento de que monte una estafa.

Primero, coge sus acciones y las integra en un paquete financiero o un paquete de derivados. Es decir, una bolsa de acciones de diferentes compañías.

Hay que recordar que el pequeño inversor normalmente va a un asesor bursátil y él le aconseja en qué invertir. Hay inversiones de poco riesgo, de riesgo moderado y de riesgo altísimo. El asesor debe decirle el riesgo de cada una, para que usted elija si se quiere jugar su dinero a cambio de un posible beneficio —que viene a ser más o menos como jugar en el casino— o si prefiere ser un inversor conservador —es decir, coloca su dinero en inversiones que pueden reportarle mucho menos beneficio, pero que son más seguras.

Las agencias de calificación de riesgo evalúan de forma objetiva estos paquetes de acciones que salen al mercado y les ponen una nota. Esa nota «califica el riesgo de inversión», es decir, la posibilidad de que el inversor pierda su dinero.

Pues bien, basta con que convenzas a esas agencias de calificación de que mientan para que, a sabiendas de que cierto producto financiero es muy riesgoso, hagan creer a pequeños inversores que no lo es.

O sea, si yo quiero que esos pequeños inversores compren mis acciones del Banco Pepito, evidentemente yo pago a esta agencia para que mienta y ponga una nota falsa a mis acciones. Así he acabado colando un activo tóxico en el mercado bursátil.

Un activo tóxico es un paquete financiero potencialmente letal. Es decir, usted, pequeño inversor, ha ido a que le aconseje un asesor bursátil, y él le ha sugerido que se haga con una cartera de valores que incluye, digamos, acciones de Zara, Mango, Ikea y… Banco Pepito. Usted no sabe que las acciones de Banco Pepito son papel mojado, y también desconoce que en el paquete que le están vendiendo hay pocas acciones en realidad de Mango, Zara e Ikea.

Los activos tóxicos se parecen a los novios tóxicos. Tienen muy buen aspecto y son muy prometedores. Al principio, parece que te van a cambiar la vida para bien, pero te la acaban cambiando para mal.

Nadie ha podido probar de forma fehaciente que estos intercambios de favores existieran. O bien existieron, que es lo más probable, o bien las agencias de calificación de riesgo estaban operadas por oligofrénicos profundos. (La segunda también es una posibilidad que hay que considerar, por supuesto).

Sobre este punto es interesante tener en cuenta las remuneraciones del personal de dirección de los bancos, especialmente en el mundo desarrollado. Durante los últimos años, esas retribuciones han sido el resultado de los beneficios de corto plazo y, en muchos casos, de la cantidad de operaciones realizadas. Es decir, cobra por comisión: cuantas más operaciones haga, más gana.

Para colmo, los ingresos de las agencias de riesgo dependían de los intermediarios que solicitaban su evaluación, a fin de colocar sus instrumentos, con lo cual eran, al mismo tiempo, juez y parte en el proceso. Considerando los resultados, pareciera que fueron más parte que juez.

Es decir, que si mi cliente es Banco Pepito y es Banco Pepito el que me paga para ponerle nota a su riesgo, y me paga bien, ¿de verdad voy yo a ponerle mala nota al producto financiero que oferta ese banco?

Dicho proceso tuvo el efecto de esparcir el riesgo entre un mayor número de actores, lo cual también intensificó el impacto de la crisis cuando la burbuja estalló.

Nunca se ha podido probar que las agencias mintieran a sabiendas o que fueran sobornadas para que lo hicieran, pero… Un exalto ejecutivo de Goldman Sachs, el gigante estadounidense de la banca de inversión, se hartó de la situación y envió una carta pública de dimisión tras permanecer doce años en la compañía.

«Hoy es mi último día en Goldman Sachs [después de doce años]. Puedo decir honestamente que el ambiente es ahora más tóxico y destructivo que nunca».

Así comenzaba la carta que Greg Smith, director ejecutivo de la firma y jefe del negocio de derivados en Europa, Oriente Medio y África, publicó en The New York Times para explicar su dimisión.

Me pone enfermo cómo la gente habla cruelmente de timar a sus clientes. Durante los últimos doce meses he visto a cinco directores referirse a sus propios clientes como «marionetas», algunas veces en correos internos. […]

No tengo constancia de ningún comportamiento ilegal. Pero ¿se llevan las cosas al límite y se colocan productos complicados y muy lucrativos a clientes incluso si no son las inversiones más sencillas o las más adecuadas para ellos? Absolutamente. Cada día, de hecho. […]

Actualmente, la pregunta más común que recibo de mis analistas júnior sobre derivados es: «¿Cuánto dinero podemos sacarle a este cliente?» […]

El liderazgo tenía que ver con tener ideas, ser un ejemplo y hacer lo correcto. Ahora, si haces suficiente dinero para la firma, serás promocionado a una posición de influencia[11].

Greg Smith explicaba clara y contundentemente las reglas para ascender en Goldman Sachs:

—Cumplir con los ejes del banco. Convencer a los clientes para que inviertan en acciones o productos de los que el banco está intentando deshacerse porque no se ve en ellos un potencial beneficio.

—La caza de elefantes. Conseguir que sus clientes compren cualquier producto que traiga beneficio a Goldman, aunque no sea lo adecuado para ellos.

—Sentarte en una silla en la que tu trabajo sea operar con cualquier producto nombrado con un acrónimo de tres letras, sea opaco y no tenga liquidez.

Lo cierto es que leí la historia de Greg Smith en su momento, y, la verdad, me pareció un oportunista, cosa que no quita que, en algunas cosas, tuviera su razón. Bueno, existen estas prácticas y también otras más éticas… No todo es así. Cada asesor y cada agencia conocen los controles legales que hay, los que se pueden saltar, los que no se pueden saltar, con qué clientes se puede jugar más, con qué clientes menos… Todo negocio busca tener beneficios, siempre.

¿Y qué sucedió? Que llegó el día en que muchas de las personas que habían contratado créditos subprime dejaron de pagar las cuotas al banco. En ese momento, la FED subió el tipo de interés. Y claro, la gente tuvo más difícil pagar las hipotecas. Los bancos empezaron a tener problemas, la gente empezó a verse obligada a vender su casa, pero había muy pocos compradores, y por lo tanto el precio de la vivienda cayó en picado.

Crisis financiera al canto.

El sistema financiero en todos los países es la parte neurálgica de su sistema económico. Es aquí donde las empresas consiguen el crédito para sus inversiones.

Una crisis en el sector financiero hunde todos los sectores.

Los bancos no pueden conceder créditos. → El nivel de inversiones de las empresas desciende. → La oferta de empleo disminuye. → Muchas personas pierden su empleo y aumenta el paro. → Si no tienen trabajo, no tienen dinero, por lo tanto no pueden consumir. → Las empresas se arruinan.

Por esa razón la FED y el Gobierno se vieron obligados a intervenir, para frenar esta cadena, e inyectaron dinero público a diversas entidades en quiebra. Así, paradójicamente, premiaron a quienes o bien eran unos esquizofrénicos profundos carentes del más mínimo sentido común o bien habían aceptado sobornos. Y el dinero público, recordemos, se obtiene con los impuestos de los contribuyentes.

La realidad es que toda la ayuda que los bancos recibían la destinaban a compensar sus pérdidas o a lavar la cara de sus balances. Algunos, incluso, la dedicaron a repartir beneficios entre sus accionistas y directivos. Hasta el propio Obama, recién elegido presidente, calificó de «sinvergüenzas» a los directivos que se concedían a sí mismos sueldos multimillonarios después de haber provocado la crisis y de estar recibiendo ayudas procedentes del bolsillo de los ciudadanos.

Pero el flujo de dinero inyectado en los balances de los bancos no ha reactivado la economía. Más bien al contrario. Tanto Estados Unidos como España y la Unión Europea han destinado ingentes cantidades de dinero a rescatar y ayudar a las entidades en apuros. Sin embargo, las multimillonarias aportaciones de dinero público se han quedado en los balances de los bancos: se han destinado a la compra de otros bancos en peor situación, o al reparto de dividendos entre sus accionistas y directivos.

El 15 de septiembre de 2008 quebró Lehman Brothers, el gigante de la banca de inversión de Estados Unidos. Bush no pensó que fuera necesaria una inyección de dinero público, hasta que vio las consecuencias que tuvo el desplome de la entidad financiera.

La caída de Lehman supuso la mayor crisis financiera de la historia: debía 613 000 millones de dólares. Había comprado muchos, pero muchos, activos tóxicos.

Pocas horas antes de esta caída, los redactores económicos de El País se debatían ante la incertidumbre de si acabaría cayendo o no. De ello dependía la portada del día siguiente. Aunque aún no se sabía la repercusión que su quiebra tendría, se imaginaba que podía ser algo muy grave.

Al frente de Lehman Brothers España y Portugal se encontraba entonces Luis de Guindos. Las informaciones de The New York Times indicaban que Lehman quebraría. Los periodistas llamaron a De Guindos. Y De Guindos negó por activa y por pasiva que Lehman fuera a quebrar.

Luis de Guindos es nuestro actual ministro de Economía.

Ya tenemos, pues, montada la debacle financiera en Estados Unidos. Esta debacle generó una onda expansiva que afectaría a todo el sistema bancario occidental. La crisis es global.

Cayó Lehman. Cundió el pánico. Los mercados de crédito se cerraron. Los bancos cayeron en una crisis de confianza. Nadie se fiaba de nadie («¿no me irán a endosar activos tóxicos?») y dejaron de prestarse entre ellos. Como los paquetes de activos tóxicos circulaban por todo el planeta, nadie se atrevía a invertir. Los bancos estatales llegaron a proponer que los bancos privados les vendieran los activos tóxicos (las hipotecas basura que habían ido difundiendo), pero no consiguieron nada porque estaban dispersos por todo el mundo y porque suponían un valor gigantesco, prácticamente imposible de compensar.

Esta falta de confianza supuso el incremento del tipo de interés del mercado interbancario, que es el tipo al que se prestan entre sí los bancos, y aquellos que acudían allí a endeudarse vieron como ahora les resultaba más costoso hacerlo.

Resultado de este caos: las entidades financieras dejaron de prestar porque temían que los préstamos les supusieran quiebras y pérdidas. Era el fin de la financiación. Los empresarios empezaron a tener dificultades porque los bancos no les prestaban, muchos consumidores dejaron de obtener créditos. A menos créditos, menos inversión. A menos inversión, menos ventas. A menos ventas, menos consumo… Pérdidas, despidos, paro.

Los inversores especulativos (los que juegan en bolsa como el que lo hace al casino) abandonaron el mercado de derivados financieros e invirtieron su dinero en aquellos mercados donde preveían alcanzar rentabilidades rápidas y a ser posible sin rastro fiscal.

Los mercados apropiados para ello en ese momento eran aquellos que suben en crisis, aquellos a los que nunca puedes renunciar, aquellos en los que puedes ganar mucho dinero y fácilmente, comprando y vendiendo enseguida. Existen dos mercados con estas características: el del petróleo y el de productos alimenticios. Así que de repente hubo unas subidas espectaculares en los precios del petróleo y de los productos básicos en todo el planeta. Es decir, éramos pocos y parió la abuela. En plena crisis, se encarecieron los productos básicos.

La crisis financiera en España

Cuando la crisis empezó en España, el Estado no tenía déficit. Antes al contrario, tenía un superávit, mayor, por cierto, que el que tenía el Estado alemán.

En 2007, el superávit del Estado español era equivalente al 1,9 por ciento del PIB, más de seis veces superior al alemán, el 0,3 por ciento del PIB. Y un tanto parecido ocurría con la deuda pública, que representaba en España un 36,3 por ciento del PIB, mientras que la deuda pública alemana era del 50 por ciento.

Tener un superávit muy superior y una deuda pública muy inferior a la de Alemania no nos sirvió de nada. No nos protegió de la crisis.

En realidad, la crisis la agudizaron el Banco Central Europeo (BCE) y la banca alemana por un lado, y el Banco de España y la banca española por el otro.

La banca alemana jugó un papel clave en la génesis de la crisis y en su desarrollo.

Según el Banco de Pagos Internacionales (BPI, junio 2010), la banca alemana prestó 109 000 millones de euros a la banca española.

Los bancos españoles invirtieron masivamente no en la economía productiva del país, sino en hipotecas y en operaciones inmobiliarias. Y así se creó, como ya hemos contado, la burbuja inmobiliaria que, al explotar, provocó la enorme crisis y el enorme problema de la deuda privada de España.

La deuda privada en España alcanzó dimensiones astronómicas (227 por ciento del PIB).

La banca alemana consiguió enormes beneficios; beneficios que, por cierto, no invirtió en Alemania. En lugar de estimular la demanda interna (y ya de paso, la europea), los grandes beneficios que Alemania consiguió de su actividad especulativa en España (y en otros países periféricos de la eurozona, como Grecia y Portugal), los utilizó para acumular más y más euros, convirtiéndose en la mayor fuente de dinero en Europa. El euro le ha ido pero que muy bien a la banca alemana.

Ahora bien, cuando la burbuja especulativa inmobiliaria explotó, a la banca alemana le entró el pánico, pues tenía gran parte de su capital prestado a la banca española y, en mucho menor grado, al Estado español (un 10 por ciento de su inversión bancaria).

La banca alemana se puso histérica.

«¡¡¡El euro está en peligro!!!», clamaban.

Lo que estaba en peligro en realidad eran los fondos alemanes prestados a España y a otros países periféricos de la eurozona.

Para ser sinceros, el euro nunca estuvo en peligro. Su valor osciló, pero no bajó sustancialmente comparado con el dólar.

Total, que las tan traídas y llevadas políticas de austeridad tienen como fin que se pague a los bancos alemanes (y en menor parte a los franceses) la deuda que hemos contraído con ellos.

La mal llamada ayuda de la Unión Europea y del Fondo Monetario Internacional (FMI) a los países periféricos es ayuda para que paguen a los bancos alemanes y franceses primordialmente.

El problema es que las políticas de austeridad agudizan la crisis.

Es de cajón: si usted sube el IVA, sube la tarifa de la luz (en España es un 30 por ciento más cara que la media europea, y aquí los sueldos son más bajos), reduce las ayudas a la dependencia, elimina prestaciones, recorta en sanidad, en educación y, en general, empobrece a sus ciudadanos; sus ciudadanos no podrán consumir. Y si no consumen, la economía no se reactiva, porque el dinero no fluye. Si yo no vendo libros porque mis lectores no pueden comprarlos, me empobrezco. Si los ciudadanos no pueden comprar prácticamente nada, se crea un efecto dominó y nos empobrecemos todos.

Es lo que se llama (atención al término de argot económico) la Gran Recesión.

La Gran Recesión está causada por el enorme descenso de la demanda doméstica y por la escasez de crédito. Si los ciudadanos están arruinados, disminuye la demanda doméstica y por lo tanto la actividad económica. También descienden los ingresos del Estado y por consiguiente aumenta el déficit y la deuda pública.

Pero nuestro Gobierno actual representa a unos intereses determinados: los intereses de la banca. Porque cuando tu ministro de Economía era en el pasado el director de Lehman Brothers, ¿qué intereses podemos esperar que represente?

La crisis de Bankia

En la crisis de Bankia confluyen dos cajas de ahorro, Caja Madrid y Bancaja, pero en el análisis también podemos incluir a la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM), cuya crisis estalló antes.

Entre las tres habían acumulado un terrorífico volumen de créditos ligados al negocio inmobiliario.

Estas tres cajas comparten ciertas características comunes, que les confieren cierta singularidad dentro del sistema bancario español.

La cartera de préstamos de las tres entidades ha acumulado una gran concentración de préstamos a promotores inmobiliarios, con los que los miembros de los consejos de administración tenían fuertes vínculos, o que incluso se llegaban a sentar en los consejos como empresarios independientes. Es decir, y en cristiano. Resulta que yo soy presidente de Cajapepito, pero soy a la vez consejero de administración de Construcciones Fulanito. ¿Cómo no voy a conceder un préstamo de doscientos millones de euros a Construcciones Fulanito? Hombrepordiós… Por eso Caja Madrid y Bancaja, antes de convertirse en Bankia, realizaron operaciones de alto riesgo y escasa o nula rentabilidad.

Para colmo, los sueldos de los presidentes de las cajas se igualaron con los de los bancos privados, al mismo tiempo que las remuneraciones de los consejeros también alcanzaban cifras escandalosas.

El caso más flagrante es el de Miguel Blesa, antiguo presidente de la institución madrileña, que accedió al cargo gracias a su íntima amistad con José María Aznar. Miguel Blesa estaba, entre otros muchos consejos de administración, en los del Grupo Dragados, Endesa y Telemadrid. Y era vicepresidente de Iberia, así como presidente de la Fundación General de la Universidad Complutense. ¿Demasiado trabajo para un solo hombre? No es de extrañar que Bankia tuviera participaciones en Iberia, en Endesa y en Dragados. Si Telemadrid llega a salir a bolsa, seguro que Bankia también le habría prestado dinero.

El núcleo directivo de las cajas de ahorros no podía estar al margen de la bonanza. Además de retribuciones y fondos de pensiones millonarias, se les premiaba con puestos en consejos de administración de empresas participadas, muchas de ellas compartidas con promotores inmobiliarios. Así se cocinaron las condiciones ideales para la tormenta perfecta: todos los implicados tenían intereses en el negocio inmobiliario.

Por lo tanto, las cajas estaban sólo interesadas en aumentar el balance y generar beneficios a corto plazo. Incluso si estos beneficios podían suponer, a largo plazo, la ruina de los accionistas. A los directivos les daba igual porque si la situación cambiaba, ya tenían sus cláusulas de protección. En forma de fondos de pensiones e indemnizaciones millonarias.

Así surgió el agujero negro de Bankia: más de 23 000 millones de euros.

Eso sí, Aurelio Izquierdo, directivo de Bankia, responsable pues directo de este agujero, tiene derecho a catorce millones de euros en pensiones y compromisos de prejubilación.

Por cierto, Aurelio Izquierdo cobraba 200 000 euros anuales.

Bankia va a necesitar 23 465 millones de dinero público, tras perder 2979 millones en 2011.

En 2011, Rodrigo Rato percibía 2,4 millones de euros anuales como presidente de Bankia.

Miguel Blesa se llevó una indemnización de 2,8 millones de euros, peccata minuta si se comparan con los veinticinco millones que quería repartirse junto con otros nueve directivos por un plan de bonus. Rodrigo Rato, al llegar a la presidencia de la caja integrada en Bankia, suspendió este plan. Por su parte, Rato no ha aclarado si ha renunciado a su indemnización de 1,2 millones tras dimitir en Bankia. Banco Financiero y de Ahorros, matriz de Bankia, también deberá pagar una indemnización de 6,16 millones a Matías Amat, antiguo directivo de Caja Madrid.

Otras cajas

Los exdirectivos de cajas de ahorros son los responsables directos de las mayores quiebras de la historia del sistema financiero español. Financiaron proyectos urbanísticos especulativos, obras públicas ruinosas (aeropuertos vacíos, estaciones de trenes fantasma, edificios icónicos jamás utilizados, parques de atracciones ruinosos…), alimentaron tramas de corrupción y hasta llegaron a falsear las cuentas.

Y no sólo no han tenido que rendir cuentas, sino que han recibido indemnizaciones millonarias a su salida, tras años de cobrar sueldos estratosféricos.

Pese a que su gestión desastrosa le va a costar al contribuyente como mínimo 50 000 millones de euros en forma de ayudas públicas, ninguno de ellos ha ido a prisión. Ni les han embargado nada.

Uno por uno…

Nova Caixa Galicia

Entre otros proyectos ruinosos y delirantes, financió la Ciudad de la Cultura de Santiago. No es de extrañar que la entidad necesitara más tarde 3600 millones en ayudas públicas.

José Luis Pego fue su presidente durante nueve meses. Se fue con 18,5 millones, de los cuales 7,7 millones son por la jubilación anticipada; 3,9 millones por la indemnización; y 6,9 millones por el plan de pensiones.

José Luis Méndez, el exdirector general de Caixa Galicia recibió oficialmente un retiro de 16,5 millones.

Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM)

Del total de 53 000 millones de créditos concedidos por esta caja, 52 000 lo fueron a empresas vinculadas al sector inmobiliario.

No hay que ser economista para entender que si concentras todo tu riesgo en un solo sector y se pincha la burbuja inmobiliaria, tu caja de ahorros se arruina.

Y eso es lo que pasó, claro.

La CAM fue intervenida y ha recibido 5800 millones del Estado español.

La CAM invirtió en casi todos los proyectos ruinosos de los últimos años: el aeropuerto de Castellón, la Ciudad de la Luz de Alicante, Terra Mítica, la Ciudad de las Artes y las Ciencias, y otros.

El triángulo formado por políticos, banqueros y empresarios del ladrillo supuso que, sólo en la primera mitad de la pasada década, se aprobaran planes urbanísticos, algunos de ellos frenados por la crisis, equivalentes a levantar entera otra ciudad de Valencia, según los cálculos realizados por el catedrático Ernest García.

María Dolores Amorós, la exdirectora general de la CAM, dirigió la caja alicantina durante apenas diez meses. Nueve meses que le sirvieron para fijarse un sueldo de 600 000 euros y una pensión vitalicia (tiene cuarenta y nueve años) de 370 000 euros anuales.

Su antecesor en el cargo y también investigado, Roberto López Abad, se llevó 5,8 millones.

María Dolores Amorós está siendo investigada por la Audiencia Nacional y por la Fiscalía Anticorrupción por falsear presuntamente las cuentas.

Amorós llegó a reclamar diez millones por su despido improcedente cuando la caja fue intervenida por el Banco de España.

El expresidente de la CAM, Modesto Crespo, ha asegurado que sus competencias al frente de la entidad eran meramente representativas y comprendían, por ejemplo, visitas al expresident de la Generalitat Francisco Camps, al obispo de Alicante o a distintos empresarios.

Durante su declaración como imputado en la Audiencia Nacional, Crespo ha asegurado que no recibía ninguna remuneración de la CAM… aunque ha matizado que percibía trescientos mil euros en concepto de dietas por su asistencia a las reuniones del consejo de administración.

Crespo se encuentra imputado por supuestos delitos de estafa, apropiación indebida y manipulación del precio de las cosas. La acusación popular señala que conocía perfectamente la existencia de un crédito sindicado por 1200 millones de euros al proyecto inmobiliario de Polaris World, en el que participó la CAM.

La CAM concedió un crédito por cinco millones a un tipo de interés del 2,5 por ciento al propio Crespo para sus sociedades, cuando el tipo medio al que otorgaba financiación la caja era cercano al 7 por ciento.

Caixa Penedès

Ricard Pagès, expresidente de Caixa Penedès, también está siendo investigado judicialmente. El Banco Mare Nostrum, donde se integró la caja, ha recibido 916 millones del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB). Eso sí, Pagès se diseñó una pensionaza de once millones de euros y otras de nueve millones en total para tres de sus colaboradores.

Caixa Catalunya

Josep Maria Loza, exdirector general, recibió una indemnización de cinco millones y otros cinco millones por fondo de pensiones. Le sucedió Adolf Todó. Todó percibió 1,5 millones en 2011 y, según consta en la memoria de ese año, tiene derecho a una «prestación postocupación» de 3,55 millones.

Caixa Catalunya se ha integrado en Catalunya Caixa, el banco que ha recibido 2968 millones en ayudas públicas.

Bancaja

La caja valenciana y el banco filial han sido un verdadero filón para los directivos que contribuyeron a su hundimiento, antes de su fusión en Bankia. Así, Domingo Parra, exconsejero delegado de Banco de Valencia, pactó una indemnización de 7,1 millones que él asegura que no ha cobrado. Era la mano derecha de José Luis Olivas, presidente de Bancaja, que se vio obligado a renunciar a su indemnización cuando salió de Bankia, pero no al plan de pensiones, además de recibir 1,7 millones en 2011.

Caja Castilla-La Mancha

Juan Pedro Hernández Moltó presume de haber ganado sólo 130 000 euros al año al frente de la caja y de haberse ido al paro sin indemnización alguna cuando el Banco de España intervino la entidad el 29 de marzo de 2009. A Dios lo que es de Dios, al césar lo que es del césar, y al PSOE lo que es del PSOE, pero…

Esto no quiere decir que Caja Castilla-La Mancha deba ser un ejemplo para nadie. Esta caja financió operaciones desastrosas amparadas por los gobiernos regionales de José Bono y José María Barreda, como el aeropuerto de Ciudad Real, del que hablaré en el siguiente capítulo. La entidad hubo de ser rescatada con 9000 millones de euros de dinero público.

Resumiendo: la debacle general de las cajas de ahorros, que habían pedido dinero prestado al BCE, supuso el desastre de todo el sistema financiero español. Y esto se debió a la mala gestión, a la codicia, al amiguismo y al chanchullismo generalizados.

Qué pinta aquí el Banco Central Europeo (BCE)

El BCE es uno de los grandes problemas de la crisis. Básicamente, porque el BCE disfruta de un estatuto de independencia de los gobiernos, mientras que los gobiernos resultan dependientes del BCE.

Así pues, está en disposición de imponer condiciones a los gobiernos. Modula las inyecciones de liquidez, para que el sistema no se hunda, pero utiliza su inmenso poder como arma de chantaje.

Porque sin esas inyecciones muchos bancos no podían hacer frente a sus necesidades de liquidez ante los vencimientos de deuda emitida, ni tampoco podrían haber seguido acudiendo a las subastas de deuda pública en España e Italia.

Esta situación insólita ha convertido al BCE en el auténtico suprapresidente europeo.

Evidentemente, cuando el BCE inyecta liquidez (es decir, rescata) no lo hace gratis. Impone condiciones. Impone condiciones de forma autoritaria y exige más sacrificios, más recortes y más austeridad.

¿Qué consecuencias reales tiene un rescate del Banco Central Europeo?

Si rescatan a tu país, te tienes que hacer una idea de que va a pasar más o menos esto:

—Si eres autónomo, date a la droga o iníciate en la meditación zen. Lo vas a necesitar. Subida inmediata del IVA hasta el 21 por ciento. Si eres un pequeño comerciante, esto… ¿has pensado alguna vez en el suicidio? No lo hagas, siempre te queda la opción de hacerte monje.

—Ve a trabajar andando y olvídate del gimnasio (no lo ibas a poder pagar de todas formas). Se va a hacer una subida (aún mayor) del precio del transporte público. Y no vas a ir en coche, claro, porque la gasolina se va a encarecer aún más y van a aumentar los peajes (Bruselas específicamente ya ha pedido que aumente la tasa sobre carburantes y transporte).

—No te pelees, y los sábados ni bebas ni te drogues de más. Mejor que no tengas una bronca en la calle y te tengan que llevar a urgencias: te tocará pagar. Unos veinte euros, más o menos. Se impondrá el copago sanitario: en Grecia pagan tres euros por ir al médico, y en Portugal veinte euros por ir a urgencias.

—Disminución del número de empleados públicos por jubilaciones no cubiertas y despidos de los contratados temporales. Se estima el despido de al menos medio millón de trabajadores del sector público.

—El sueldo de los empleados públicos se reducirá hasta el 20 por ciento. Las pagas extras desaparecerán.

—Olvídate de estudiar una carrera. Se prevé una subida astronómica de las tasas universitarias y el recorte de becas en educación. Estudiar Arquitectura te saldrá por seis mil euros al año. Mejor te vas a Cambridge. ¡Ah!, los libros universitarios son caros. Y no se descargan.

—Cuida a tu abuelita, porque se prevé una bajada drástica de las pensiones. También puedes ponerla a pedir en la puerta de un cajero. Espero que no te toque cuidar de ella, porque las ayudas por dependencia se reducen un 15 por ciento.

—Hazte ya con un diu, no tengas más hijos, si los tienes. Si no… No tengas hijos. Las guarderías públicas en Madrid ya han subido un 175 por ciento. Esperad lo mismo para el resto de España. Os va a dar igual lo que cuesten, dado que no obtendréis plaza, ya que van a reducirlas.

—Vas a ir al paro, hazte a la idea. En Grecia, el paro, tras el rescate, se ha duplicado en dos años, pasando del 12,2 por ciento al 21,7 por ciento. ¿Por qué? Por una razón simple: cuando desciende el consumo, desciende la creación de empleo. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) ya ha avisado de que en España habrá un 25 por ciento de paro en el 2013.

—Si consigues trabajar, lo vas a tener muuuy jodido. Se prevé una reducción de salarios de un 30 por ciento (es lo que han descendido los salarios en Portugal, Irlanda y Grecia tras el rescate).

—Aprende a follar a oscuras. Ya ha subido la tarifa de la luz. De hecho, la tarifa de la luz es un 30 por ciento más cara que en el resto de la Unión Europea, siendo nuestro salario mínimo interprofesional de los más bajos de la zona euro.

—Deja de fumar y de beber. Inminente aumento de los impuestos especiales sobre el tabaco y el alcohol. Bruselas señala que los ingresos por estos impuestos en España son relativamente bajos y lo mismo ocurre con las tasas medioambientales y sobre los carburantes para el transporte.

—Hazte ateo. O budista. O rastafari. La Iglesia católica va a seguir sin pagar IBI. Pero a ti te lo van a subir.

Perspectivas

Desde todos los ámbitos se reclama saber cuál es el «verdadero valor de los activos tóxicos». Desde Bruselas nos exigen la actuación de expertos independientes que valorarán no sólo las carteras dañadas, sino todos los activos bancarios. La petición de expertos independientes deja por los suelos al Banco de España (que antes de la crisis era uno de los más prestigiosos de Europa, y va en serio), que es el responsable directo de evaluar la salud de las entidades bancarias. Desde Bruselas, la Unión Europea ya ha pedido que el Banco de España quede bajo la tutela del BCE.

Pero hay que tener en cuenta que si aumenta el paro, la morosidad aumentará hasta niveles insostenibles. Y los costes de la deuda pública pueden alcanzar cotas imposibles de financiar.

La crisis es global, la crisis es moral

Espero haber dejado claro en este capítulo que no se trata de una crisis, sino de una enorme estafa.

Cuando la especulación es más rentable que la actividad que crea riqueza, es decir, cuando se gana más jugando a la bolsa como en el casino que invirtiendo en empresas, bienes y servicios, los capitales se van a la esfera financiera especulativa porque allí tienen más rentabilidad relativa. Y eso supone una debacle. La riqueza para unos cuantos, para la cúspide de la pirámide, y la pobreza para los que están en la base.

En una sociedad verdaderamente democrática se debería penalizar la especulación y sus beneficios, extraordinarios pero letales para el resto de la economía, para conseguir que los mercados fueran más dinámicos y rentables.

Todo el mundo habla de bancos, de macroeconomía, de planes de rescate, de billones de dólares, de cuentas corrientes, de especulación, de comercio que se viene abajo… y se extiende la idea de que estamos sufriendo efectivamente una crisis económica gigantesca.

Pero no es sólo de economía de lo que hay que hablar.

¿Acaso es sólo una cuestión económica que en los años anteriores se haya dejado que los especuladores multimillonarios pudieran hacer lo que les viniera en gana, que las autoridades hicieran la vista gorda ante los engaños y las trampas contables de los grandes financieros?

Un directivo que con su mala gestión arruina a un banco público no sólo no tiene que responder por sus actos, sino que además recibe una indemnización millonaria. ¿Ésa es una cuestión económica o moral?

Que unas agencias de calificación de riesgo sospechosas de haber aceptado sobornos estén evaluando nuestra prima de riesgo, ¿es una cuestión económica o moral?

Que los directivos de los bancos que concedían dinero estuvieran en consejos de administración de las empresas que recibían ese dinero, ¿es una cuestión económica o moral?

Que se recalifique un terreno que pertenece al marido de una presidenta autonómica para construir una estación fantasma en medio de la nada, y que esa presidenta sea reelegida y admirada, ¿es una cuestión económica o moral?

Que el Gobierno central haya acudido al rescate de la Comunitat Valenciana para evitar el impago de un vencimiento de deuda de 123 millones de euros, y que ese rescate se haya hecho con fondos del dinero público; que la Comunitat Valenciana haya pasado de ser una de las más ricas de España a tener que ser rescatada por una mala gestión, y que los responsables de ese robo de las arcas públicas no sólo no estén en prisión, sino que hayan sido reelegidos, ¿es una cuestión económica o moral?

Inyectar billones de dinero público, billones para salvar a los bancos que han provocado la crisis, y recortar salarios, becas, sanidad, educación, ¿es una cuestión económica o moral?

Para explicar la crisis no sólo hay que hablar de mecanismos económicos, sino de los principios éticos, de los impulsos que guían la actuación no sólo de los poderosos y de los gobernantes, sino del conjunto de los ciudadanos.

«No es una crisis, es una estafa», oímos decir desde hace meses. Es una historia de robo, de complicidad, de sumisión, de ignorancia generalizada y de maniobras de distracción.

Cuando los valores morales en una sociedad son la codicia desaforada, el consumismo, la frivolidad, el sensacionalismo, el culto a la apariencia, el culto al cuerpo, el yo-mí-me-conmigo, el hedonismo, el solipsismo, el egoísmo, el ni-lo-sé-ni-me-importa, el no-leo-periódicos-porque-me-aburro-y-yo-sólo-leo-el-cuore, porque la-frivolidad-es-muy-moderna; cuando cada uno barre para casa y únicamente mira por lo suyo y le interesa menos que cero el bien común; cuando a los corruptos no sólo no se les condena sino que se les premia y se les admira, y se les vuelve a votar; cuando las palabras ética y moral se pasan de moda, antes o después el sistema cae, como ha quedado demostrado. Y se polariza: los ricos se hacen mucho más ricos; y los pobres, más pobres.

CAPÍTULO 3
El ladrillazo, una historia de terror

El cuento de nunca acabar

Érase una vez un país que permitía extraños y perversos convenios urbanísticos que todos los alcaldes utilizaban como forma de conseguir ingresos. Un país en el que había una isla que pertenecía a un ministro, y en esa isla, en sólo cuatro años, los distintos municipios modificaron, ¡227 veces!, sus planes urbanísticos. Un país en el que a otro ministro le intervinieron una conversación telefónica en la que admitía haber cobrado comisiones ilegales. Un país con un sistema judicial tan corrupto que no admitió la cinta [grabada] como prueba.

Un país en el que proliferaban campos de golf en su territorio declarado desértico y en plena sequía. En el que se recalificaban hectáreas de suelo rústico en favor de una empresa cuyo administrador único era el concejal de Urbanismo. Un país en el que el concepto vigilancia sobre construcciones ilegales y desviaciones del proyecto ni se concebía. En el que las sanciones sobre construcciones ilegales consistían en multas y no en demoliciones; multas que resultaba rentable pagar, pues eran de montante inferior a lo que se podía ganar revendiendo la construcción. Un país en cuyo urbanismo blanqueaban el dinero todas las mafias de Europa. En el que oscuras empresas privadas acaparaban pisos para generar una escasez aparente, pero falsa, y así subir los precios. En el que la expropiación de suelo a particulares para cederlo posteriormente a empresas con fines sociales era práctica usual, para que las tales empresas con fines «sociales» (es un decir) lo revendieran después a precios astronómicos y —obvia escribirlo— sin beneficio para fin social alguno. Un país en el que se extendió la creación, por parte de constructores y mafiosos varios, de partidos «políticos» (es otro decir) que se presentaban a elecciones locales sólo para conseguir la concejalía de Urbanismo y ejercer desde allí sus corruptelas mafiosas. En el que la corrupción institucionalizada se vinculaba a la obtención ilícita de fondos para los partidos. En el que un tercio del precio de la vivienda se pagaba en negro.

Un país en el que hubo que repetir las elecciones de toda una comunidad porque un candidato cambió de bando de la noche a la mañana en busca de dinero fácil. Un país lleno de víctimas: los estafados con las viviendas ilegales, los expropiados, los que no podían dejar la casa de sus padres. Un país en el que cuando los manifestantes coreaban «queremos un pisito como el del principito», la policía cargaba contra ellos sin que hubiera mediado provocación, pero ningún partido protestaba. En el que la clase política de ningún partido hizo nunca nada para solucionar la situación. Un país de policías, jueces, ministros y alcaldes corruptos, un refugio de ecomafias, un paraíso del blanqueo en el que a los habitantes parecía importarles más el entierro de una folclórica que el futuro de sus hijos. Un país en el que se habían esquilmado los mares, desertizado los campos, arruinado la agricultura, devastado los paisajes. Un país lleno de Marbellas.

Este artículo mío fue publicado en el Magazine de La Vanguardia en junio de 2006, y ya entonces se veía venir la crisis que iba a llegar. Durante cinco años, nadie quiso admitir la realidad. Y no sólo Zapatero. Yo recibí críticas muy duras por este texto, por parte de gente que no quería ver lo que estaba pasando porque ellos mismos se estaban aprovechando de la situación.

Seis años después, así es como están las cosas.

Una generación de españoles va a perder sus ahorros porque los ha dedicado a comprar viviendas cuyos precios han caído más rápido que la fama del padre Apeles… Y más que van a caer.

Una generación entera de españoles no podremos contar con lo que esperábamos para la vejez y para nuestros hijos.

Una generación entera de españoles viviremos peor que nuestros padres.

Una generación entera de españoles se ha especializado en ser constructores, promotores inmobiliarios, albañiles, fontaneros, electricistas, camioneros, cristaleros, fabricantes de puertas, vigas, grúas, baldosas o lavabos, aparejadores, vendedores de hipotecas, tasadores, registradores y un sinfín de ocupaciones relacionadas con la construcción (o con su hermana bastarda, la hostelería). Una generación entera se ha quedado en paro porque ese tipo de ocupaciones ya no se demandan. Y porque los que nos dedicábamos a otra cosa descubrimos que los demás no pueden comprar los productos que ofertamos, porque están en paro, o arruinados. O ambas cosas.

Si una economía depende del ladrillo, cuando el ladrillo cae, la economía se desploma.

Y no hay por dónde levantarla, porque donde se construyeron esas urbanizaciones ahora vacías y desoladas había viñedos, naranjales, huertos, zonas forestales, que ya no se pueden recuperar.

El desastre del «tsunami urbanizador» y la burbuja inmobiliaria se entiende como dos caras de una misma moneda: la crisis social y la crisis ecológica. Después de años vendiendo nuestro patrimonio público y natural a precio de saldo, el lógico reventón de la burbuja nos dejó un panorama de familias hipotecadas y sin trabajo, un modelo frágil en cuanto a la creación de empleo, con una dependencia absoluta de la construcción (y un desastre ecológico, fundamentalmente en la costa).

El milagro económico español era un espejismo, porque nos hemos dedicado a construir casas que no habríamos querido construir de haber sabido lo poco que iban a valer en el futuro: una casa sólo vale para vivir en ella, y si nadie quiere hacerlo, entonces no vale nada. Hemos comprado pisos que están cerrados o a los que vamos unos cuantos días al año. Y lo malo es que no los compramos porque tuviéramos tres meses de vacaciones o porque estuviéramos planeando nuestra jubilación en la costa, sino porque pensábamos que constituían una reserva de valor para el futuro.

Nos hemos dedicado a comprar coches y todoterrenos, televisores de pantalla plana, consolas y videojuegos, ordenadores para los niños. Nos hemos gastado tres mil euros en la comunión de la niña y quinientos en su cumpleaños. Nuestros bancos y cajas se han dedicado a prestar a empresas promotoras y constructoras, y a particulares. Ni las unas ni los otros pueden devolver los préstamos, y la quiebra se ha evitado (provisional y falsamente) gracias a la inyección de dinero público.

Nuestros ayuntamientos han disfrutado de unos ingresos insostenibles gracias a las recalificaciones de terrenos y se los han gastado en dispendios de nuevos ricos, en cenas dignas de romanos, en putas y cocaína, en campos de golf en zonas resecas, en palacios de congresos, auditorios y puentes colgantes y demás engendros arquitectónicos sin utilidad ninguna de renombrados y carísimos arquitectos, en parques temáticos, velódromos, museos de arte contemporáneo, estadios con apariencia olímpica, tranvías urbanos para recorrer un kilómetro, en gordas de Botero, en parques tecnológicos, en ciudades de las artes, ciudades de la cultura, ciudades de la justicia, ciudades de la luz, ciudades de la ciencia… en ciudades con las arcas arruinadas.

Finalmente, en cuanto este tipo de actividad insostenible se ha parado, la economía ha entrado en recesión. Para contribuir a entender un desvarío de consecuencias tan negativas, es necesario revisar dos escenarios diferentes, pero enlazados como dos amantes: la crisis financiera y la burbuja inmobiliaria.

La burbuja inmobiliaria

Para entender la burbuja, tenemos que retroceder y desandar la senda que han seguido los precios de la vivienda en España, sus causas, su predictibilidad y lo que podría haberse hecho para evitarla.

Ya hemos visto en estos años que este modelo, basado en el ladrillo y la hostelería, no es capaz de generar un fenómeno de arrastre en las economías locales. Porque apenas parte de la mano de obra es local (siempre sale más barato contratar a inmigrantes) y porque sólo genera empleo temporal.

Cuando la burbuja inmobiliaria explota:

—los pocos empleos temporales que se han creado en la construcción se pierden;

—de los muchísimos empleos que se crearon en hostelería, se salva una cantidad ridícula;

—el impacto ambiental es irreversible;

—las arcas públicas no pueden hacerse cargo de los (insostenibles) gastos de mantenimiento de infraestructuras a largo plazo;

—una minoría se llena los bolsillos con este negocio; y

—una mayoría se arruina.

La crisis dejará un total de 510 000 desahuciados.

El crecimiento del sector de la construcción

De 1996 al 2007, el crecimiento del sector de la construcción fue el más alto de la historia de España: un 5 por ciento al año.

Entre 1998 y 2007, el parque de viviendas creció en 5,7 millones, casi el 30 por ciento.

En el tercer trimestre de 2007, la construcción suponía el 13,3 por ciento del empleo total. En el 2006 había llegado al 15 por ciento del empleo total. Muy por encima, por ejemplo, del 6,7 por ciento de Alemania o del 8,5 por ciento del Reino Unido.

Una economía que depende del ladrillo un 15 por ciento es, por definición, una economía de burbuja, una economía suicida.

La oferta respondió a la mayor demanda, lo que dio lugar a grandes subidas de precios de la vivienda: de una tasa de inflación anual del 1 por ciento en 1995-1997 se pasó al 18 por ciento en 2003 y 2004. En media, entre 1995 y 2007, la inflación de la vivienda fue casi del 10 por ciento anual.

¿Qué es una burbuja?

Una burbuja especulativa, burbuja de mercado o burbuja financiera es un fenómeno que se produce en un mercado cuando se disparan los precios de un determinado activo o producto, normalmente debido a la especulación.

El mecanismo de la burbuja funciona así: el proceso especulativo lleva a nuevos compradores a adquirir cierto bien en particular con el fin de venderlo a un precio mayor en el futuro, lo que provoca una espiral de subida continua y alejada de toda lógica. El precio del activo alcanza niveles absurdamente altos hasta que la burbuja acaba estallando en el momento en que ya no hay compradores dispuestos a adquirir ese activo o producto.

En la facultad, nuestro profesor de Economía nos intentaba explicar los mecanismos de burbuja con un ejemplo muy gráfico: el del borracho que sale de marcha por Madrid. Empieza bebiendo en el bar de la esquina la caña a un euro. El bar Pepe cierra a las doce, así que el borracho debe ir a los pubs de Malasaña, con lo cual la cerveza le sale a seis euros. A las tres cierran los pubs y le toca irse a un after hours, donde le clavarán ocho euros por la cerveza. Y a las ocho, el borracho se desplomará porque ni sabrá cómo se llama.

El estallido de la burbuja, el crac, provoca una caída repentina y brusca de los precios, tan brutal como el coma etílico del borracho, llevándolos a niveles muy bajos, incluso inferiores a su nivel natural, y dejando tras de sí un reguero de deudas.

Una burbuja se caracteriza por la presencia de altos volúmenes de transacciones a precios que difieren mucho del valor económico fundamental. Es decir, y en cristiano, se caracteriza por muchas ventas de un activo o producto que se vende muchísimo más caro de su valor real. A menudo, la consideración de este precio como exorbitado se realiza a posteriori, tras un colapso brusco de la economía.

Todos conocemos la burbuja inmobiliaria, pero pocos sabemos que una de las primeras burbujas de la historia se dio… con tulipanes, a principios del siglo XVII en Holanda.

En aquella época, los bulbos de tulipán se convirtieron en piezas de coleccionista. En la década de 1630, los precios ascendían sin parar, alcanzando cifras desorbitadas; en 1635 se llegaron a pagar cien mil florines por cuarenta bulbos, y por un bulbo de la preciada especie Semper augustus se podían pedir 5500 florines. En esta situación, común a todo el país, se generó la ilusión de que siempre se ganaba en el mercado del tulipán, y de que independientemente de a qué precio se comprara, alguien siempre estaría dispuesto a pagar más. Así que los holandeses se lanzaron a comprar bulbos de tulipán como posesos, deshaciéndose de sus bienes más básicos para obtener dinero con el que poder adquirir tulipanes, con la esperanza de revender los tubérculos en un futuro y obtener así un beneficio.

Pero… a principios de 1637 sucedió lo impensable: por primera vez no se vendió una colección exclusivísima de tulipanes. Y algunos decidieron que había llegado el momento de vender todos sus bulbos. El pánico se apoderó del país cuando muchísimas personas que habían atesorado bulbos adquiridos a precio de diamante intentaron vender sus tesoros y se encontraron sin compradores.

La explosión de la burbuja dejó, como siempre ocurre, ganadores y arruinados. Ganaron aquellos que vendieron sus bulbos justo antes de la caída de precios. Se arruinaron quienes habían liquidado su patrimonio para especular con bulbos y al final se quedaron con tulipanes y sin casa. Y perdió Holanda, que durante años atravesó una importante depresión económica… causada por unas flores.

Si la burbuja de tulipanes resulta curiosa, no lo es menos la burbuja de los tamagotchis. Cuando los tamagotchis llegaron a España, sucedió algo parecido. Se agotaban nada más llegar, así que algunos listos compraban remesas enteras del juguetito porque había padres dispuestos a pagar cinco veces su precio con tal de que su hijo tuviera uno. Hasta que cada crío tuvo no uno, sino cinco, y los tamagotchis se pasaron de moda. Algo parecido ocurrió en los años ochenta con las botas Doc Martens, que entonces se compraban en Londres y se revendían en Madrid a cuatro veces su precio.

También hay burbujas especulativas en el mundo del arte. Quien compró un Schnabel en su día pensando que hizo la inversión del siglo, por ejemplo, ha descubierto que el cuadro vale ahora menos que cuando lo adquirió, en el caso de que encuentre comprador, y lo mismo va a suceder en un futuro, me temo, con las obras de Damien Hirst. La moraleja de la historia es que cuando el precio de cualquier tipo de bien o activo —ya sean tulipanes, activos financieros, acciones de Iberdrola, pisos, tamagotchis, botas o arte moderno— sube de pronto, hay que tener en cuenta que en general casi todo lo que sube, baja, y que no por casualidad se dice que más dura será la caída.

Pero centrémonos en la burbuja inmobiliaria española.

El colapso de la burbuja inmobiliaria llegó a España en 2008, calculándose que a finales del año había entre 650 000 y 1,3 millones de viviendas nuevas sin vender.

En todo caso, la revalorización de la vivienda en España entre 1997 y 2007 fue del 191 por ciento según The Economist.

Repetimos…

En sólo diez años, los precios de los pisos aumentaron el 200 por ciento.

En 2003, The Economist estimaba la sobrevaloración de la vivienda en España en el 52 por ciento.

¿Alguien hizo caso a The Economist? Nadie, empezando por los propios bancos y cajas españoles. Tanto altos cargos políticos como empresarios negaron repetidamente y hasta el final que hubiera una burbuja.

Una parte significativa de esta desaforada inflación de la vivienda se debió a motivos especulativos: la gente compraba casas como inversión, porque esperaba que se revalorizasen. Además, se consideraban una inversión segura, frente al riesgo de los activos financieros revelado por el desplome de las bolsas de valores de 2002. Es decir, como la crisis financiera provocó que nadie creyera en invertir en bolsa, los pequeños ahorradores, como un solo hombre, optaron por invertir en ladrillo. Un axioma que se repetía por entonces era «la vivienda nunca baja». Axioma que ha resultado ser falso. La vivienda nunca baja en el centro de Londres, París o Manhattan. Y punto.

¿Eran los responsables políticos conscientes de la burbuja?

El programa electoral del PSOE de 2004 hablaba de apostar «por un nuevo modelo de crecimiento más sólido que el actual». Su candidato a presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, decía: «Como tenemos un modelo económico basado en la construcción y en la hipoteca, las familias españolas están hoy más endeudadas que nunca en su historia». Y el entonces coordinador del programa económico del PSOE afirmaba: «Esa política de alquileres que proponemos […] evita que la gente, ante un cambio de expectativas, se ponga a vender y se produzca un desplome de precios, lo cual sería catastrófico». Pero el entonces ministro de Economía del PP declaraba: «La verdad es que estamos asentados en un ciclo largo y con pocas incertidumbres. Eso es indiscutible. Y lo importante es que es un modelo duradero».

Si lo sabían… ¿por qué no se intentó atajar la burbuja?

—Porque la construcción es un sector intensivo en mano de obra, lo que es importante en un país con una tasa de paro estructuralmente alta.

—Porque un aumento del valor de la vivienda favorece al votante medio, que es generalmente propietario de su casa.

—Porque el sector inmobiliario genera cuantiosos ingresos fiscales para el sector público, en los niveles nacional, autonómico y municipal. Por ejemplo, en 2004 suponía el 60 por ciento del presupuesto (excluyendo pasivos y transferencias corrientes) de la ciudad de Valencia y el 50 por ciento del de Madrid.

—Y por la corrupción, como se explicará más adelante. Este desafuero inmobiliario movía billones y billones de maletines y bolsas de basura llenas de dinero negro. Y nadie quería cargarse ese filón.

¿Cómo se creó esta burbuja?

El régimen del suelo, durante la etapa socialista, estaba sometido a una estricta regulación administrativa, en la que se establecía el número de metros cuadrados que se podían edificar en función de la demanda previsible (lo que se llamaba «suelo urbanizable programado»).

Pero la nueva Ley del Suelo de 1998, creada por el Gobierno Aznar, simplificó los tipos de suelo y los redujo a tres: urbano, urbanizable y no urbanizable. Salvo que estuviera expresamente prohibido por una disposición jurídica, todo suelo era, a partir de 1998, urbanizable. Y lo era mediante un procedimiento administrativo que agilizaba notablemente el sistema de licencias y permisos.

El texto aprobado cedía a las comunidades autónomas las competencias en materia de planificación del suelo y ordenación urbanística.

La oposición de izquierdas, PSOE e IU, no acogió con ningún entusiasmo la nueva Ley del Suelo, que, según su parecer, podría favorecer la especulación inmobiliaria. Advirtieron, con muy buen ojo (a Dios lo que es de Dios y al césar lo que es del césar), que cuando la posibilidad de construir una urbanización depende de una licencia municipal arbitraria o de una recalificación de terrenos, hay serias posibilidades de corrupción a lo largo del proceso.

Se suponía que esta ley reactivaría la economía porque con más suelo aumentarían las viviendas y bajarían los precios. Craso error. Los precios subieron. Se compraban y se construían viviendas no porque fueran baratas, sino porque eran caras y porque se tenían expectativas de que lo fueran aún más en el futuro. Así, la Ley del Suelo se convirtió en el inflador de aire que iba engrosando la burbuja, desencadenando una frenética actividad recalificadora gracias a la cual los gobernantes locales veían llenarse las arcas municipales, pero, sobre todo, sus propios bolsillos.

Por su parte, los intentos del Gobierno del PSOE de fomentar la vivienda protegida y en alquiler, y su nueva Ley del Suelo de 2007 fueron totalmente ineficaces. En realidad, el PSOE se limitó a cabalgar la burbuja hasta sus últimos estertores.

En teoría, la culpa fue del PP. Pero en la práctica ambos gobiernos la pifiaron y bien gorda en un asunto crucial: preservar a los ciudadanos de desmanes económicos que se lleven por delante sus ahorros, su empleo y su prosperidad.

Así pues, desde 1998 las Administraciones autonómicas empezaron a recalificar como locas, muy especialmente en la Comunitat Valenciana y la Costa del Sol. El Festival del Ladrillo, los Maletines y las Bolsas de Basura se acababa de inaugurar.

Ahora dejo hablar a Ricard Vergés, catedrático de Economía Inmobiliaria:

En España invertimos en la periferia, lo que nos convirtió desde 1999 en la primera potencia mundial en edificación, con más de 600 000 viviendas/año.

El problema estriba en que España era ya la primera potencia mundial en patrimonio residencial, con más de 1,5 viviendas por hogar. O sea, que soplábamos una burbuja con fondos que hubieran venido bien para otras cosas.

¿Cómo ha podido invertirse tanto dinero en la nueva burbuja? Haría falta bastante periodismo de investigación para aclararlo, ya que sin el beneplácito político, difícilmente los bancos habrían actuado como lo han hecho. Lo cierto es que ya en 2003, José M.ª Aznar alardeaba por un lado de poder construir tanto como Francia y Alemania juntas, lo cual sentó muy mal a ambos países, principales suministradores de los fondos comunitarios que recibíamos. Por otro lado, Rodrigo Rato denostaba públicamente el aumento de precios y el riesgo de burbuja, antes de perder el delfinato en beneficio de Mariano Rajoy. Finalmente, en verano de dicho año, llegaba al país la primera remesa de nuevos fondos[12].

Ante la inminente llegada del euro, el precio de la vivienda se disparó. ¿La razón? Había que blanquear pesetas, a riesgo de perderlas, de forma que a España fueron llegando capitales evadidos que se blanquearon mediante la compra de inmuebles.

La entrada de España en la zona euro, en el 2002, marcó el inicio de la debacle.

Hasta ese momento las cajas y los bancos españoles podían prestarse dinero entre ellos, según les sobraran o les faltaran fondos (lo que se llama «mercado interbancario estatal»). Pero con la entrada en la zona euro se podía pedir prestado a bancos extranjeros. Y… ¿a quiénes fuimos a pedir? Bingo: a los alemanes. Los mismos que ahora nos reclaman la deuda.

En el 2002 hubo una bajada histórica del tipo de interés (se entiende por tipo de interés el tanto por ciento que te cobra el banco por prestarte dinero), así que todo Cristo empezó a pedir créditos inmobiliarios (préstamos) con la intención de comprarse una segunda vivienda, vivienda que veían como inversión de futuro. Es decir, se pidieron créditos a los bancos con la intención de especular.

Los bancos españoles, para poder prestar ese dinero, debían a su vez pedirlo prestado, así que llamaron a los bancos europeos. Especialmente, a los alemanes, y, en menor medida, a los franceses.

Bancos y cajas de ahorro empezaron a conceder todo tipo de créditos inmobiliarios (lo que viene siendo tu hipoteca). Hasta 2002, si uno quería comprar una vivienda, el banco le podía conceder un crédito, como mucho, del 80 por ciento del valor del inmueble, y eso sólo en circunstancias excepcionales, con un avalista, una nómina y un trabajo fijo. A partir del 2002 se concedieron créditos que financiaban el ciento por ciento de la vivienda y a veces incluso más, hasta el 120 por ciento, por si acaso querías comprarte, de paso, un coche para ti y otro para tu señora.

A todo esto había que sumarle la inyección millonaria de pasta que llegaba a España procedente del Fondo de Cohesión europeo.

El Fondo de Cohesión es un instrumento estructural que, desde 1994, ayuda a los Estados miembros a reducir las disparidades económicas y sociales, así como a estabilizar sus economías.

A partir del 1 de enero de 2000, fueron cuatro los Estados miembros que podían ser subvencionados en el marco del Fondo de Cohesión: España, Grecia, Portugal e Irlanda.

(Inciso: hubo voces de economistas solventes que desaconsejaron las subvenciones por fondos de cohesión en España, Grecia y Portugal, y que alertaron de que no se les daría buen uso. Se les acusó de xenófobos. Sus agoreras profecías se han cumplido).

No voy a ponerme a explicar todo lo que el Fondo de Cohesión financiaba, pero sí remarcaré un detalle importante. Financiaba hasta el 85 por ciento de los gastos subvencionables de proyectos de gran envergadura que, para ser subvencionados, debían pertenecer a una de las dos categorías siguientes: a) proyectos medioambientales; b) proyectos de infraestructura de transporte destinados a establecer o a desarrollar las infraestructuras de transporte tal como son definidas por las directrices de la Red Transeuropea de Transporte (RTE).

En un contexto de burbuja, estos Fondos de Cohesión ayudaron a malacostumbrar a las Administraciones públicas, que empezaron a derrochar como locas.

Como comprenderán, los ayuntamientos empezaron a solicitar fondos para construir carreteras, autopistas, autovías y rotondas a punta de pala. Por no hablar de ramblas, rompeolas, paseos marítimos y diques sobre la playa. ¡Ah!, y por supuesto, trenes de alta velocidad y aeropuertos, olvidando que esos fondos eran dinero prestado y no regalado.

Aeropuertos y trenes, ese filón

«Éste es un país de feudos, como la Edad Media, ¿sabes? Quiero mi aeropuerto, mi centro de convenciones y el tren de alta velocidad», dice Stephen J. Matlin, director ejecutivo de la banca de inversiones Matlin Associates en Madrid. «Uno o dos aeropuertos no es el problema. El problema es cuando se hacen cientos de miles de proyectos, mil millones de dólares por aquí, mil millones por allí, muy pronto estamos hablando de un montón de dinero».

Los aeropuertos fantasma

Hablemos de aeropuertos: aeropuertos que no se iban a utilizar, pero que rentaban mucho en contratas, subcontratas, corruptelas y sobornos varios: los aeropuertos fantasma españoles. A menudo, grandes proyectos financiados por los contribuyentes con el dinero que se generó con el auge económico de España y que ahora simbolizan el derroche que ha contribuido a una caída espectacular.

De todos los aeropuertos que gestiona Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (Aena), sólo ocho son oficialmente rentables y más de una veintena dispone de otro aeropuerto a menos de una hora por carretera.

El Aeropuerto Central de Ciudad Real, previsto como un aeropuerto destinado a descongestionar Madrid, cuenta con una de las pistas centrales más largas de Europa. Su terminal es vasta y espaciosa, diseñada para manejar 2,5 millones de pasajeros al año, pero apenas maneja un puñado de vuelos semanales.

Los críticos dicen que desde el principio el objetivo del aeropuerto de Ciudad Real nunca fue ser viable, dado que su situación está muy lejos de la capital para servir a ningún propósito real. En realidad, el aeropuerto se construyó con el único propósito de enriquecer a los constructores.

El aeropuerto de Ciudad Real, a unos 235 kilómetros al sur de Madrid, fue financiado en gran medida por la Administración regional, que controlaba Caja Castilla-La Mancha, que terminó siendo la primera de las cajas de ahorros en tener que ser rescatada por el Banco de España. El aeropuerto, con un coste de unos 1100 millones, iba a tener una parada de tren bala para llevar a gente a Madrid, pero el dinero se agotó. Los críticos dicen que estando tan lejos de Madrid, nunca habría funcionado.

Madrid, mientras tanto, ha resuelto su problema de congestión mediante la construcción de una nueva terminal, la T4.

El aeropuerto de Huesca no ve un vuelo comercial desde hace nueve meses (cuando se escribió este libro). Su restaurante, eso sí, está ocupado con población local debido a que sirve buenas comidas. Costó 45 millones de euros. El ejecutivo ha invertido 28,4 millones de euros ininterrumpidamente desde el año 2003 hasta el 2011 en concepto de «apoyo y mantenimiento» en el aeródromo aragonés.

El aeropuerto de Castellón abrió sus puertas en marzo y aún no ha visto un avión. Más probable es que siga así por un tiempo, por lo que aún se está debatiendo si conceder una licencia. Fue construido con la mirada puesta en la promesa de los parques temáticos de futuro que todavía están por llegar, por lo que las previsiones son sombrías. En su entrada preside el desierto paisaje una estatua de veinticuatro metros del artista Juan Ripollés que representa al eximio Carlos Fabra, expresidente de la Diputación de Castellón, que encargó el proyecto y ha sido varias veces investigado por corrupción.

Los gastos que lleva generados: más de 155 millones de euros en su construcción, 30 millones en publicidad, 35 millones al año en mantenimiento y 84 000 euros anuales en el sueldo del director general, Juan García Salas, que, evidentemente, no dirige nada.

Sin contar la enorme escultura del eximio, que ha tenido un coste de 300 000 euros[13].

León convirtió un aeropuerto militar en uno comercial que sólo tiene un puñado de vuelos a la semana. Costó ochenta millones de euros. Tras doce años de funcionamiento su situación actual es preocupante. Ha perdido casi un 50 por ciento de sus pasajeros y es muy notoria la infrautilización de sus modernas instalaciones, en las que trabajan habitualmente sesenta personas.

Mientras tanto, en el sur de Murcia se construye un segundo aeropuerto, a media hora de distancia del antiguo, en perfecto estado. Ha costado 266 millones de euros. Ya en el año 2008 comienzan los primeros problemas con el retraso de las obras, que el presidente autonómico justificó porque «esto está pasando en casi la mayoría de las empresas que tienen dificultades». Pero llegó el año 2012… y el aeropuerto sin terminar. Como ya se sabe que un político que se precie ha de culpar a otros de su propia falta de previsión y de ideas, Ramón Luis Valcárcel ha culpado ya a la crisis, al Gobierno central, a las circunstancias y ¡a los propios murcianos[14]!

Las estaciones fantasma

Y si hay aeropuertos fantasma, también hay estaciones fantasma.

Tardienta (Huesca), Guadalajara-Yebes, Puente Genil-Herrera (Córdoba), Antequera-Santa Ana (Málaga), Huesca y Calatayud (Zaragoza) son, por este orden, las estaciones menos utilizadas, casi fantasmas, de Renfe.

Entre las seis, en 2011 sumaron sólo 750 000 usuarios, del total de 63 715 000 personas que recibieron las estaciones de alta velocidad. Madrid-Puerta de Atocha superó los quince millones de usuarios en 2010, sin contar Cercanías. Barcelona-Sants, los trece millones.

Tardienta es una pequeña localidad a menos de 25 kilómetros de Huesca. La estación de Tardienta está en un ramal de la línea que une Madrid con Barcelona y que, a la altura de Zaragoza, se desvía para alcanzar Huesca. Sólo la construcción de ese tramo, de ochenta kilómetros, costó en 2003 más de 221 millones de euros. Al año pasan por esta estación veinte mil viajeros.

En 2009, los AVE que pasaban por Tardienta sólo iban ocupados en un 6 por ciento.

Con poco más de mil habitantes, Tardienta bate cuatro récords entre las localidades que cuentan con estación de alta velocidad. El primero, el de ser el pueblo más pequeño que acoge una. El segundo, ser la localidad a menor distancia de otra parada, ya que está a 21,2 kilómetros de Huesca. El tercero, estar en el tramo por donde más lento va el AVE, sólo a ciento sesenta kilómetros por hora. Y el cuarto, ser la estación con menos usuarios. Ahí es na.

Guadalajara-Yebes es la segunda estación del AVE menos utilizada, según los datos del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF): ochenta mil personas acudieron a ella en un año, 219 al día.

Cuando se inauguró, sólo subían al AVE quince personas al día. Tras completarse el trazado de la línea y llegar a Barcelona, la cifra sólo ascendió a diecinueve personas. De hecho yo, que cojo el AVE a Barcelona cada semana, pocas veces he visto el milagro de que en el andén de Yebes haya más de tres personas. A veces, sencillamente no hay nadie. Y conste que las cuento, porque se ha convertido en uno de mis pasatiempos favoritos.

Guadalajara-Yebes fue casi desde el principio la estación más polémica de la línea de alta velocidad. Fue construida en medio de la nada, en un erial, a diez kilómetros de Guadalajara. El pueblo más cercano, Yebes, tenía trescientos habitantes. A su lado se construyó una ciudad, la Ciudad Valdeluz, para 34 000 personas, pero sólo viven dos mil. Por lo tanto, hay miles de viviendas vacías en medio de la nada.

¿Y de quién eran los terrenos que se compraron para construir esta estación?

De Fernando Ramírez de Haro, esposo de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre.

¿Dimitió entonces Esperanza Aguirre?

No, por supuesto.

La estación de Puente Genil-Herrera, licitada a finales de 2004, fue adjudicada a la constructora malagueña Sando por 7,2 millones de euros. Funciona desde diciembre de 2006. Cuenta con 328 usuarios de media por día para veintitrés trenes diarios. Aritmética simple: a cada tren que pasa, en Puente Genil suben catorce viajeros.

El problema es que para acceder a ella no hay servicio de autobús y el aparcamiento es de pago. Ya puestos, por lógica, si vas a coger el coche hasta allí y a gastar una fortuna en parking, sigues en coche hasta Madrid, porque te sale más barato ir en coche que pagar tren y aparcamiento.

Una vez la usé, llegando de Granada. Fui la única persona que subió a ese tren.

Los delirios arquitectónicos y los edificios icónicos

Si lo de las estaciones y los aeropuertos fantasma (que amén de ser un despilfarro de dinero, suelen tener un alto coste ecológico) les ha dejado ojipláticos, esperen a leer los desmanes arquitectónicos cometidos por arquitectos estrella para los «edificios icónicos» españoles.

El historiador y crítico de arquitectura William J. R. Curtis (autor de La arquitectura moderna desde 1900)[15] ya denunciaba en el 2009 los excesos cometidos en España y otros países por muchos profesionales que han reducido los edificios a «imágenes superficiales y gestos grandilocuentes».

«En España en particular hay muchos ruinosos proyectos monumentales que costará una fortuna terminar y administrar luego», afirmaba, asegurando que la arquitectura en España se había convertido «en una especie de vulgar publicidad que convenía a los objetivos de la plutocracia internacional y de los promotores inmobiliarios».

«El star system en el mundo de los arquitectos ha seguido con frecuencia ese juego y ha reducido así la calidad de sus intervenciones —explicaba Curtis—. Todo ello ha degenerado en una especie de operación de marcas que ha acompañado al consumismo y a la inflación de valores, fenómenos vinculados ambos a la explosión crediticia. Y así se han reducido los edificios a seductoras imágenes en las pantallas del ordenador».

Según Curtis, se trata de «una arquitectura que se correspondía en buena medida con los excesos del capitalismo y con la llamada lógica del mercado».

Pero ahora el sistema se ha derrumbado y ha arrastrado en su caída a muchos de estos proyectos del exceso.

El planteamiento en todos los casos es muy similar. Políticos sin decencia ni buen gusto ni dos dedos de frente que, al modo de los nuevos ricos de los realities de La Sexta, contrataban a dedo (repito: a dedo, sin concurso) al arquitecto más caro disponible para que construyera en su ciudad lo que se viene llamando un «edificio icónico». O sea, una cosa muy cara, muy grande y muy reconocible. Sin plantearse antes la necesidad o su futura utilidad: primero se crea el contenedor y luego ya se verá lo que cabe dentro. Todo ello sin ningún tipo de control del gasto que, como suele suceder, a la entrega de la obra ya se había quintuplicado. Y es que en este tipo de construcción faraónica, como en las más humildes reformas domésticas, también surge a cada paso un totalsi («total, si hay que colocar el revestimiento externo, mejor lo ponemos de platino e iridio, que hace como más de rico y sale sólo un poquitín más caro que el titanio que habíamos presupuestado», que viene a ser lo que pasó con mi cuarto de baño, que iba a costar seiscientos euros y se puso en los tres mil…). Y al final, amén de la fortuna que se ha llevado el arquitecto estrella, de lo que ha costado la broma, de los totalsi que ha habido que añadir al presupuesto… además, había que contratar a una empresa de ingeniería para evitar que el icono en cuestión se viniera abajo, porque los arquitectos estrella pintan unos bocetos espectaculares, pero de tensiones y cargas no suelen tener ni idea, por lo que parece.

Unos ejemplos (no son todos los que están, hay más, diseminados a lo ancho y largo de la geografía española, pero éste no es un libro de arquitectura, lo siento, así que he elegido sólo los más representativos):

La Ópera de Palma, un encargo que recibió Santiago Calatrava justo antes de las elecciones que desalojaron a Matas del poder balear y por el que percibió 1,2 millones de euros por… por nada. El fiscal anticorrupción Pedro Horrach considera que todo el expediente de contratación era «un montaje». Y argumenta a lo largo de veintisiete páginas el porqué de esta acusación aportando fechas y hechos que apuntan a que las bases del contrato se pactaron mucho antes de lo que pretendió hacerse ver.

El Ministerio Fiscal subraya que no existe estudio económico del proyecto ni sobre su ubicación. Ninguno de los diferentes informes emitidos por los servicios jurídicos de la Comunidad Autónoma avala que la contratación tuviera o pudiera hacerse por adjudicación directa. Tampoco hay un «mínimo» análisis sobre la viabilidad física del mismo, en una zona que «ni siquiera es [de] titularidad de la Comunidad Autónoma[16]».

Por ello, considera que fue el expresidente del Govern el que, a principios de 2007, decidió «de forma unilateral» que durante la campaña electoral de ese año presentaría un gran proyecto para Palma, «con la única y exclusiva finalidad de favorecer sus intereses propios como candidato a la presidencia» balear.

El objetivo de Matas era dar «un golpe de efecto» que le beneficiase en las urnas, pero decidió repercutir sus costes sobre «la Comunidad Autónoma» siendo, a juicio de la Fiscalía, «plenamente consciente de la práctica imposibilidad material e inmaterial económica del proyecto».

Santiago Calatrava es sin duda uno de los arquitectos más polémicos y cuyo nombre más suena como asociado a casos de corrupción. Presuntamente involucrado en algún oscuro cobro de facturas millonarias por realizar una maqueta o adjudicaciones a dedo, Calatrava está en el ojo del huracán.

Sus proyectos en la Comunidad Valenciana le han supuesto al arquitecto aproximadamente 115 millones de euros sin facturar el IVA ni pagar impuestos en España. Todos los contratos le fueron adjudicados desde la Generalitat Valenciana a través de procedimiento negociado sin publicidad (vulgo: a dedo), estableciendo como honorarios un porcentaje sobre el coste final de cada proyecto, que se duplicó o triplicó respecto al presupuesto inicial.

Uno de sus proyectos más emblemáticos, la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia, supuso una inversión de 1100 millones de euros, con un sobrecoste de 625 y un beneficio de 94 millones para el arquitecto. Han leído bien: 94 millones de euros para Calatrava. Libres de impuestos. Porque fueron facturados desde su despacho en Suiza para evitar el pago de impuestos en territorio nacional.

Otros proyectos, como las denominadas Torres de Calatrava —que Esquerra Unida del País Valencià (EUPV) bautiza como «torres fantasma»— no pasaron de la maqueta, lo que no evitó que Calatrava percibiera quince millones de euros. Y nunca pasaron de la maqueta porque el PP firmó el contrato a pesar de que el proyecto era inviable por cuestiones financieras y de legalidad urbanística.

Por el Centro de Convenciones de Castellón, Calatrava cobró 2,7 millones de euros, libres de impuestos, a pesar de que nunca se iniciaron las obras.

El Obelisco de Calatrava también merece una atención especial. Es una especie de chirimbolo sito en plaza de Castilla que le cuesta a Madrid en mantenimiento 158 000 euros al año, más de veintiséis millones de las antiguas pesetas. ¿Y por qué es tan caro el mantenimiento? Porque el susodicho obelisco o chirimbolo es altamente peligroso, ya que, situado cerca de una de las rotondas más transitadas de Madrid, está hecho con láminas movibles cuyos engranajes son muy delicados. Estas láminas están unidas por los extremos y tienen unos motores hidráulicos que las hacen bascular. Si una se desprendiera y cayera sobre un coche, el accidente podría ser sonado. Además, el engendro-monumento tiene mecanismos de alta precisión que exigen costosos programas informáticos y una revisión constante por parte de personal muy especializado.

Pero lo más grave del asunto es que el ayuntamiento apenas pone las láminas en marcha. Por otra parte, el engendro pocas veces permanece encendido —aunque se supone que de noche debería estarlo— porque la luz que se instaló también supone un importante consumo. De forma que la complicada obra de ingeniería que tan bonita iba a lucir se ha quedado en una especie de macrocolumna fea que se mueve menos que don Pimpón en una cama de velcro.

El monumento tiene 93 metros de altura y un total de 493 láminas de bronce bañadas… ¡en pan de oro! (Sí, en pan de oro, no se puede ser más nuevo rico). De forma que parece un enorme falo dorado, el Falo Perdido de Osiris que emerge de la tierra.

Por cierto, el monolito ni siquiera es original. Es idéntico a otro que diseñó Santiago Calatrava para el campus del Instituto de Tecnología Technion, en Haifa (Israel). El segundo obelisco es más pequeño: tiene una altura de veintiocho metros, y no es de oro, sino de acero. Los judíos parecen un poco más sensatos que los madrileños[17].

¿Cuánto costó la broma? No se sabe. El primer presupuesto de Acciona era de seis millones de euros. Posteriormente se dieron cifras más realistas y se habló de catorce millones de euros. Una incógnita que Caja Madrid, ahora Bankia, prefiere no despejar, pero que parece se acerca al doble del primer presupuesto.

Miguel Blesa, presidente entonces de Caja Madrid, hizo el discurso inaugural, muy orgulloso del regalito, ignorante del hecho de que su flamante caja iba a quebrar en breve, en parte debido a despilfarros como el del chirimbolo.

Me temo que en unas décadas habrá que llevarse el monolito por problemas causados por la gravedad y nuestros nietos dirán con nostalgia: «¿Os acordáis cuando éramos niños y estaban las torres antiguas aquellas, de KIO, y el chirimbolo de Calatrava? Lo tuvieron que demoler todo porque no había forma de mantenerlo».

Si queréis saber más de este arquitecto, siempre podéis entrar en la web, http://www.calatravatelaclava.com.

Pero no sólo en la Comunitat Valenciana y en Madrid ha dejado su huella este arquitecto. No se sabe exactamente cuánto costó la Pasarela Zubizuri de Bilbao, por ejemplo. El proyecto ha sido durante años duramente criticado por los transeúntes porque el tablero, con un adoquinado de vidrio translúcido, resultaba altamente resbaladizo con la lluvia, Y hay que tener en cuenta que en Bilbao llueve… ciento ochenta días al año. Tras las numerosas denuncias de sus ciudadanos que se habían pegado un trompazo morrocotudo (haciendo suya y literal la máxima bilbaína de «ahí va la hostia»), el ayuntamiento hubo de colocar una alfombra pegada al tablero en los meses de invierno. De la alfombra y de las indemnizaciones que se tuvieron que pagar por las denuncias, huelga decir que Calatrava no puso un euro.

En 2006, el Ayuntamiento de Bilbao autorizó al arquitecto japonés Arata Isozaki a erigir una plataforma que uniera la Pasarela Zubizuri con el paseo de las Torres Isozaki Atea. (Arata Isozaki merecería otro capítulo por sus proyectos fantasma, como un edificio icónico que hizo en Blanes, l’Illa Isozaki: plaza, jardines, restaurantes, tiendas y un hotel de doscientas cincuenta habitaciones… y que nunca se ha abierto al público, pero, repito, éste no es un libro de arquitectura). Calatrava puso el grito en el cielo y demandó al Ayuntamiento de Bilbao por los derechos morales de la integridad de su creación, ya que una barra de metal fue cortada.

El alcalde de Bilbao, Iñaki Azkuna, adujo que los derechos de los dueños prevalecían sobre los del arquitecto. Y aprovechó para recordar las caídas de los usuarios del puente y el coste de las reparaciones del suelo de cristal: seis mil euros al año, según el portavoz del PP Antonio Basagoiti.

Juristas y arquitectos locales apoyaron la posición del ayuntamiento, argumentando que las modificaciones no afectan a los derechos de Calatrava[18].

En noviembre de 2007, un juez local le dio en parte la razón a Calatrava al reconocer que se habían dañado los derechos morales del creador, sin embargo falló a favor del concejo bilbaíno y permitió la conexión de Isozaki.

Calatrava apeló el fallo y contra todo pronóstico, el juez se decantó por el demandante (Calatrava), y el demandado (Ayuntamiento de Bilbao) tuvo que pagar treinta mil euros para mitigar los daños morales ocasionados al artista con la afrenta[19].

Otro despropósito mayúsculo ha sido el de la Ciudad de la Cultura, en Santiago de Compostela, de Peter Eisenman.

Esta ciudad, que ocupa 148 000 metros cuadrados en las faldas del monte Gaiás, ha consumido casi cuatrocientos millones de euros de los fondos autonómicos. Cuatro veces más de lo presupuestado. Aparte de esos 400 millones, el mantenimiento de la Ciudad de la Cultura cuesta 4,5 millones de euros al año.

Posee una biblioteca más grande que la Biblioteca Nacional de Berlín, con los anaqueles mayoritariamente vacíos, cuyas salas suelen estar tan vacías como los anaqueles.

Cuenta también con un Palacio de la Ópera con tres ascensores en el escenario, y con capacidad para montar tres óperas en un mismo día, como si fuera el Lincoln Center de Nueva York. Un Palacio de la Ópera al nivel del Lincoln Center para una ciudad de noventa mil habitantes. No suena muy lógico. Ni muy necesario en una región, Galicia, no particularmente aficionada a la ópera. En Galicia, la gente no suele desplazarse de una ciudad a otra para ver un concierto. Y aunque lo hiciera, ¿cómo se puede mantener el presupuesto para subvencionar las óperas si ya se lo han gastado en el edificio en sí?

«El poder económico que tiene el Gobierno gallego aquí sobre los medios es tan grande que nunca hubo una investigación rigurosa para demostrar el disparate del proyecto. Y a nadie se le ocurría pensar cómo íbamos a llenar esos edificios y con qué presupuestos». Son palabras de Pedro de Llano, arquitecto gallego, catedrático de Arquitectura y autor del libro Arquitectura popular en Galicia: razón y construcción[20].

Cuando Roy Batty dijo aquello de «he visto cosas que nunca creeríais. Atacar naves en llamas más allá de Orión. […] Rayos cósmicos en la oscuridad cerca de la puerta de Tannhauser…», le faltó añadir: «Hongos gigantes que se comen la plaza de la Encarnación».

La plaza de la Encarnación es un espacio de casi una hectárea y media de superficie situado en pleno centro histórico. Hasta tal punto es histórico que allí estuvo situada la puerta norte de la muralla romana y otra de la muralla abadí de Isbiliya. La primitiva plaza de la Encarnación se empedró en 1720 y en su centro se colocó una fuente de mármol blanco, que se surtía de agua proveniente de los caños de Carmona.

En el año 2004 el Ayuntamiento de Sevilla convoca un concurso internacional para «poner en valor» este espacio. Resultó ganadora la propuesta Metropol Parasol del arquitecto Jürgen Mayer. Una estructura de madera en forma de dos setas gigantes. Como todo «edificio icónico» que se precie, debía batir algún récord para que la gente no se quedara tranquila hasta que no se hiciera una foto para demostrar que había estado allí. Pues toma récord: dicen que se trata de la estructura de madera más grande del mundo. Tiene unas dimensiones de 150³ 70 metros y una altura aproximada de 26 metros. Como resultado, la pobre fuente se ha quedado arrinconada, olvidada, despreciada frente a los enormes hongos surgidos de las profundidades.

El caso es que la plaza de las Setas (que no la de la Encarnación) ya se ha convertido en una referencia. Los turistas no pueden irse de la ciudad sin verla.

A diferencia de la Ciudad de la Cultura o los desmanes de Calatrava, hay gente contenta con las Setas de Jürgen Mayer. Toda el área cercana se ha revitalizado. Los propietarios de los puestos están encantados. Los de los pisos, también. El entorno ha progresado respecto a la situación que había antes: descampado, suciedad, polvo, aparcamiento de coches, obras, vallas, degradación.

Pero los detractores de las setas gigantes aseguran que casi cualquier actuación habría mejorado la zona y que había alternativas menos costosas. Menos costosas en euros: cien millones. Menos costosas en cultura, en identidad, en paisaje, en historia. La fuente no se ve, y las setas galácticas nada tienen que ver con el paisaje sevillano. Parecen más bien del paisaje del Nueva York de Roy Batty.

Córdoba también quería su edificio icónico, y se gastó diez millones de euros en el proyecto de Rem Koolhaas para el palacio de Congresos, también Palacio del Sur, un edificio horriblemente desproporcionado en relación con la Mezquita, situada enfrente[21]. Diez millones de euros tirados a la basura porque el palacio nunca se construirá. El centro de congresos y auditorio diseñado por Rem Koolhaas, premio Pritzker de arquitectura —un enorme engendro de acero y cristal que hubiese gozado de unas vistas privilegiadas a la Mezquita y al Guadalquivir— fue el proyecto estrella de los gobiernos municipales de Rosa Aguilar y de su programa electoral. Pero la tardanza en hacer avanzar el proyecto, el elevado coste del mismo, los problemas de financiación y, finalmente, la crisis han terminado por tumbar los planes de construirlo.

Todos corruptos

Descartado, por tanto, que nos pongamos a jugar al juego de «y tú más», a ver cuál de los dos partidos la ha cagado más, y sabiendo que en el futuro quizá se den cambios por las deficiencias de los sistemas de financiación, hay que buscar los aspectos comunes de ambos partidos en los escándalos del ladrillazo: los municipios más corruptos tienen entre manos importantes desarrollos urbanísticos, lo que conlleva recalificaciones de suelo y un aumento importante de población.

El ladrillo ha hecho millonarios a muchos. Algunos, pocos, irán a la cárcel. Los demás se han forrado a costa de los recursos de otros.

A partir del pistoletazo de salida que supuso la Ley del Suelo de 1998, la burbuja inmobiliaria y la corrupción se dieron la mano como novias y caminaron juntas por la Senda de Ladrillos Amarillos, que nos llevaba a todos directos a la crisis.

Recuerden, lectores, que los ayuntamientos se financian a través de los convenios urbanísticos, y ésa es una vía de penetración perfecta para la corrupción.

Para que se dé una trama corrupta hacen falta dos factores: el institucional y el privado.

—El factor institucional. De un lado, miembros del equipo de gobierno del ayuntamiento o la comunidad de turno, que llevan mucho tiempo en sus cargos y que han tejido una tupida red de intereses alrededor. Se sienten cómodos en su cargo y se creen impunes e inasequibles al desaliento y a la justicia.

—El factor privado. De otro, empresarios que aspiran a repartirse el pastel. Y abogados que asesoran, sacan tajada y disponen además de relaciones privilegiadas en despachos influyentes.

Si a estos elementos se une que el municipio esté en una zona costera, en especial la mediterránea de norte a sur —Costa del Sol, de Murcia, Comunitat Valenciana y Cataluña—, el cóctel explosivo de la corrupción estaría servido.

Lo de la zona costera no es imprescindible. Ya hemos visto que se puede recalificar un erial en medio de la nada para hacer más rico aún a cualquier político.

Y es que sólo con la intención de recalificar un terreno rústico y convertirlo en urbano comienza a moverse mucho dinero.

El funcionamiento de las tramas sigue un patrón bien definido.

Los personajes

1. Un alcalde, un concejal de urbanismo o unos técnicos municipales dispuestos a llenarse los bolsillos. Pueden actuar por separado, pero normalmente lo hacen en grupo.

2. El intermediario. Alguien ajeno a ellos —aunque puede ser la misma persona, como Juan Antonio Roca en Marbella— que conozca las interioridades de la localidad, en especial terrenos tentadores susceptibles de posibles recalificaciones.

3. Empresarios de dos tipos: a) La rata de pocos escrúpulos, b) El honrado empresario que en principio no quería llegar a corromperse, pero que no tiene más remedio que hacerlo, hastiado ante el evidente hecho de no poder conseguir ni una adjudicación de obra si sigue los cauces legales.

Una vez tenemos a los personajes del elenco, nos falta la trama.

El guión

Los promotores compran los terrenos cuando aún no se puede edificar, a un precio muy bajo.

Pagan una cantidad a los corruptos del ayuntamiento implicado.

Los corruptos recalifican el terreno y lo convierten en edificable.

Los promotores revenden el solar, ya a un precio mucho más elevado. O bien construyen sobre él.

El desenlace

Dinero fácil para todos y posibilidad de repetir la operación casi hasta el infinito.

La corrupción urbanística renta más dinero que la droga, según fuentes policiales, y tiene la ventaja de que las penas son menores.

Los casos de corrupción afectan a casi todo el territorio nacional en una proporción similar, si bien donde más se ha construido es también donde aparecen más zonas señaladas, como es el caso de Madrid, Cataluña, Andalucía, parte de Galicia y todo el Levante. Por partidos políticos, el color azul del PP se impone, seguido muy de cerca del rojo de los socialistas. En Cataluña, el partido con más denuncias resulta ser CiU, seguido —no tan de cerca— del PSC y finalmente del PPC.

Los últimos datos que maneja la Fiscalía General del Estado hablan de setecientas treinta causas abiertas y señalan a Madrid, Málaga, Sevilla y Baleares como las provincias que más investigaciones policiales han concentrado: 560.

Desde 2004, se ha detenido a más de mil personas imputadas en tramas de corrupción inmobiliaria e intervenido numerosos bienes, valorados en más de 3000 millones de euros.

Tres mil millones de euros intervenidos. El dinero público robado podría ascender a 25 000 millones, o más. Si este dinero no se hubiera robado, el rescate sería innecesario.

En todos los escándalos[22] hay un punto en común: los municipios afectados tienen entre manos importantes desarrollos urbanísticos.

El caso vasco

¿Recordáis los libros de Astérix?, cuando se decía: «Toda la Galia está ocupada. ¿Toda? No. Una pequeña aldea resiste al invasor…». Pues de la misma manera, hay una región en España que resiste a la corrupción. El País Vasco.

En Euskadi no se da —o sí que se da, pero se da con mucha menor intensidad y frecuencia, tan mínima como para que no se advierta— la corrupción urbanística.

Para explicar este hecho diferencial he escuchado todo tipo de argumentos, desde los referidos a «la herencia jesuita» (lo juro), hasta al hecho de que Euskadi fuera en origen un territorio minifundista y matriarcal, o incluso al hecho de que el terrorismo impide que el turismo prospere.

Pero ya no hay terrorismo y sí hay efecto Guggenheim, y Euskadi sigue siendo la región menos corrupta de España.

Del caso vasco hay unas cuantas lecciones que se pueden aprender, y que nos deberían servir a todos:

1. La reserva obligada de vivienda protegida en todos los suelos.

En Euskadi existe una ley de rango autonómico (la Ley 17/94 de Medidas Urgentes, conocida con el nombre del consejero Maturana) según la cual dos de cada tres viviendas han de ser viviendas protegidas.

Estas reservas obligatorias de vivienda protegida deben estar el 75 por ciento en suelo urbanizable y el 40 por ciento en suelo urbano, gracias a la aprobación y entrada en vigor de la Ley de Suelo y Urbanismo.

La reserva obligada de vivienda protegida en todos los suelos reduce esencialmente las posibilidades de obtener plusvalías por la transformación del suelo.

En otras comunidades autónomas, estas reservas obligatorias no existen o son notablemente menores a las que en el País Vasco tenemos, y por lo tanto, el incremento del valor que pueden sufrir los suelos desde su situación «rural» a «urbanizado» es mucho mayor.

Es decir, si las viviendas que se pueden construir ya tienen su precio tasado, regulado por ley muy por debajo de su precio de mercado, la posibilidad de especular es mínima. Y así: ¿qué sentido tiene entonces sobornar o dejarse sobornar?

2. La ordenación territorial en Euskadi está regulada mediante un completo sistema que limita la autonomía del planeamiento municipal.

De esta forma se le impide a la corporación de turno, «animada» por los intereses lucrativos de promotores o constructores, hacer lo que le venga en gana.

Las Directrices de Ordenación Territorial (DOT), los Planes Territoriales Parciales (PTP) y los Planes Territoriales Sectoriales (PTS) regulan el marco en el que se puede desarrollar el planeamiento.

El posible crecimiento de pueblos está seriamente limitado por criterios de sostenibilidad y racionalidad, equilibrio territorial, aprovechamiento de las infraestructuras o el no agotamiento de los recursos naturales y del medio ambiente.

3. Como algunos saben, el mapa político de Euskadi está muy fraccionado.

Las comunidades autónomas más corruptas son aquellas en las que el mapa político es monocolor y en las que un mismo partido lleva gobernando de forma caciquil durante años: la Comunitat Valenciana y Andalucía. Porque si no hay oposición, no hay control.

El fraccionamiento caleidoscópico de la representación política supone que las decisiones urbanísticas y relativas a la gestión del territorio se deben tomar entre varios partidos, lo cual no favorece la corrupción.

En Euskadi hay al menos siete partidos —además de las agrupaciones electorales de ámbito local o independientes— que imposibilitan en la mayor parte de las instituciones la acumulación de mayorías absolutas o gobiernos monocromáticos; y en casi todos los casos, los gobiernos de coalición multipartita no coinciden entre las distintas Administraciones con competencias ejecutivas y normativas.

4. El sistema competencial también es distinto en Euskadi.

En Euskadi hay cinco administraciones con competencias legislativas y ejecutivas sobre el territorio: municipal, foral, autonómica, estatal y europea.

Dicho a lo bruto, es más difícil sobornar a las diez o quince personas cuya firma se necesita para conseguir recalificar un terreno, que a dos o tres.

Aunque sea por la vía del reparto ramificado de las responsabilidades en su participación, a un número elevado de gestores públicos les resultaría más difícil conchabarse. Sobre todo si unos son del PP, otros del PSOE, otros del PNV y otros de Amaiur, quienes, como todos sabemos, no se llevan precisamente bien los unos con los otros.

En Euskadi solemos decir que cada vez que hay un proyecto importante aparece una plataforma en contra y una manifestación montada. Sí, por supuesto, la plataforma y la manifa de turno, que son muy de nuestro folclore local, pueden llegar a ser auténticos incordios. Pero lo cierto es que el hecho de que la población vasca sea tan «incordiona» según algunos —o participativa según otros—, imposibilita o dificulta al menos que el Julián Muñoz de turno (Julen Etxebeste si estuviera en Bermeo) pueda sacar el dinero del ayuntamiento en bolsas de basura.

¿Cómo se podría acabar con la corrupción urbanística?

Mediante un pacto entre todos los partidos.

El pacto debería incluir compromisos políticos, como la destitución inmediata de cualquier cargo electo o de libre designación que esté procesado (en procedimientos que gracias a la existencia de indicios suficientes hayan permitido abrir el juicio oral) o condenado por la justicia.

Además, podrían incluirse medidas contra el transfuguismo, como la pérdida inmediata del acta de concejal del tránsfuga.

Los miembros de las corporaciones municipales deberían respetar principios básicos que fomenten prácticas no corruptas:

—Transparencia informativa: se deberían facilitar datos de todas las obras públicas que cada ayuntamiento acomete.

—Conservación de documentos.

—Prohibición de aceptar regalos.

—Cualquier compra que realicen las Administraciones públicas debería estar ejecutada a precios de mercado e incluir, necesariamente, al menos tres ofertas de proveedores diferentes, para poder elegir la más baja.

—Transparencia total de las Administraciones públicas: cualquier decisión tomada por un funcionario dentro del cumplimiento de su profesión podría ser conocida por el resto de ciudadanos, excepto por cuestiones relacionadas con la seguridad. Ningún miembro de la administración podría negarse a satisfacer las necesidades de información no sólo de los periodistas, sino de los votantes.

—Ausencia de cargos de designación política: actualmente en todo el territorio nacional existe un elevado número de cargos cuya designación ha sido realizada sin ningún criterio de méritos. Para cubrir el lugar de los altos cargos de las Administraciones públicas deberían realizarse pruebas objetivas, en lugar de ser por designación partitocrática, designándose estos cargos por méritos propios.

—La remuneración de los sueldos públicos debería ser homogénea. No es lógico que un concejal en Alcalá de Henares pueda cobrar diez veces más que uno en Pontevedra, por ejemplo. Y debería ligarse a factores económicos medibles con el índice de precios de consumo (IPC). Los políticos no deberían jamás poder decidir sus propios sueldos.

—Incompatibilidad del cargo público con el ejercicio de actividades privadas relacionadas directamente con los asuntos en que tenga que intervenir por razón de su cargo.

Es decir, un cargo público no podría:

—pertenecer a consejos de administración u órganos rectores de empresas cuya actividad esté relacionada con las que gestione el ayuntamiento;

—desempeñar cargo representativo o ejecutivo en sociedades concesionarias, contratistas de obras, servicios o suministros, arrendatarias o administradoras de monopolios o con participación o aval del sector público local;

—tener participación superior al 10 por ciento en el capital de dichas empresas.

Como se ve, las medidas propuestas son de fácil aplicación y no requieren de una reforma de la Constitución, ni de una ley orgánica, ni nada por el estilo. ¿Por qué, entonces, no se realizan acciones inmediatas? Por una razón simple: demasiado dinero está en juego. Y ese dinero va a los bolsillos precisamente de los mismos que podrían cambiar las leyes.

La conclusión lógica es que si la ciudadanía no toma conciencia de los defectos del sistema y exige que se cambien, acabar con la corrupción va a ser imposible.

CAPÍTULO 4
Cristina no atina

Vengo de hablar con mi asesor fiscal, y le explico mi triste situación:

—Oye, verás, es que mi marido creó una sociedad y me puso a mí como administradora, y ahora le reclaman una pasta de Hacienda y me llaman a mí…

—Debería verlo, pero ya te advierto que sí, que te la van a reclamar a ti. Este… ¿Tú has firmado las cuentas anuales?

—Pues sí, yo firmaba todo lo que él me pasaba.

—Pues entonces lo siento, pero no puedo ayudarte en nada. Tienes que pagar esa cantidad.

—Es que parece que ha evadido dinero y que lo puso en una cuenta fantasma en no sé qué paraíso fiscal.

—Eso es delito, ya te estás buscando un abogado. Esto es muy serio, puedes acabar en la cárcel.

—Pero es que yo nunca miraba lo que él me daba, yo firmaba y punto. ¿No vale con que mi marido diga que yo no tenía ni idea?

—Ante la ley, no; a no ser que tú puedas justificar que eres analfabeta y que no podías leer lo que firmabas, o que no estabas en plena posesión de tus facultades mentales, y no es el caso. Ahora tú eres responsable, porque tú eres la administradora de la empresa.

—¿De verdad me estás diciendo que no tengo salida?

—Enséñame primero toda la documentación, pero si la situación es como la describes, ya te digo que lo mejor es que te busques un abogado.

Y entonces le digo que le he hecho una pregunta trampa, que en realidad estoy a punto de escribir un artículo y que quiero entender por qué Cristina de Borbón no está imputada. Y entonces mi gestor, señor ultraconservador, votante del PP de toda la vida, me dice:

—Eso, querida, nadie lo entiende.

Los hechos…

La infanta Cristina recibía de Aizoon cada semana entre seiscientos y setecientos euros por unos servicios que no se han llegado a detallar.

La hija del Rey cobraba de la inmobiliaria por la presentación de facturas como si fuera un proveedor más.

La infanta, según el sumario, ganó en tres años a través de esta empresa no menos de 510 000 euros.

La infanta, en tanto que administradora de Aizoon, tenía que saber necesariamente que esta sociedad no había alquilado ni vendido un piso en su vida.

La infanta Cristina, según consta en el sumario de la causa instruida contra Iñaki Urdangarin por el caso Nóos, recibió en una cuenta a su nombre 12 671 euros procedentes de Nóos Consultoría, una de las sociedades satélite que Iñaki Urdangarin y su socio Diego Torres presuntamente usaron para desviar buena parte de los dieciséis millones de euros que aparentemente entraron al Instituto Nóos, entidad, en teoría, sin ánimo de lucro.

Puestas así las cosas, la frase patibularia que lanzó en su día Isabel Pantoja tiene todo el sentido: «Soy como la infanta, pero no tengo una sociedad con nadie». Con un par. Y por mal o bien que nos caiga esta señora, el caso es que tiene toda la razón. Si la infanta no está imputada, ¿por qué lo va a estar ella?

Es muy difícil justificar, visto todo lo anteriormente expuesto, que doña Cristina no conociera nada sobre los negocios de su marido. Porque una mujer que firmaba cuentas anuales y presentaba cada semana facturas de seiscientos euros firmadas por ella misma a una sociedad inmobiliaria que en la vida alquiló o vendió un piso, y no se dio cuenta de que podía ser una tapadera fiscal, puede hacer pensar que no entiende lo que ocurre a su alrededor.

Aunque el matrimonio ingresaba más de un millón de euros anuales en sueldos de Telefónica y La Caixa que probablemente no percibirían sin mediar su inclusión en la Familia Real, un incremento patrimonial de una docena de millones a través de una sociedad compartida no debería pasarle desapercibido a la infanta. Podría haberse planteado las preguntas elementales sin necesidad de incurrir en el espionaje conyugal. Tan simple como: «Iñaki, cariño, estos ocho millones de euros —siete más la reforma— que nos hemos gastado en el palacete de Pedralbes, ¿de dónde han salido?». No parece una pregunta muy complicada de plantear. Vamos, suena menos complicada que otras que se hacen a menudo las parejas, del estilo «¿dónde estuviste ayer hasta las siete de la mañana?». Teniendo en cuenta que no se trataba de un asunto estrictamente matrimonial, sino que estaba en juego el prestigio de la Corona, según se acaba de demostrar, llama aún más la atención que no la formulara.

Si diésemos por buena la suposición de que la infanta Cristina no termina de entender cómo funcionan las cosas, que alguien me explique a santo de qué es directora del área social de La Caixa y por qué cobra 250 000 euros anuales. Quizá no es la más adecuada para el puesto, entre otras cosas, porque La Caixa no tiene delegación en Washington, que es donde ha residido la infanta durante tres años.

Según su abogado, y según la propia declaración de Iñaki Urdangarin, pese a que hay papeles que le incriminan en toda la trama de estafa, el yernísimo no sabía lo que firmaba. Realmente esto suena de lo más sospechoso. Si una persona firma documentos sin entender su contenido, se puede deber a varios factores. Entre ellos, los siguientes: un analfabetismo funcional, por ejemplo. Es decir, que la persona sea capaz de leer y escribir su nombre, su dirección, algunas frases sencillas, pero no de entender y/o asimilar frases complejas. Un cociente de inteligencia límite sería otra hipótesis. Un grado de ingenuidad tan grande como para que pudiéramos asimilarlo a un trastorno de personalidad (lo que los psicoanalistas franceses llaman «el abuso de debilidad», es decir, que ciertas personas particularmente vulnerables debido a un trastorno afectivo son muy manipulables). Sinceramente, y sin conocerle personalmente, no me da la impresión de que Iñaki Urdangarin encaje en ninguna de las tres hipótesis. Pero si nos fiamos de lo que dicen su abogado y él mismo, parecería que Urdangarin padece un problema cognitivo muy serio dado que no recuerda prácticamente nada de lo que hizo hace tres años, según él mismo ha declarado. Pero tampoco me resulta coherente. La amnesia es un estado patológico en el que la memoria se ve afectada por diversas causas: un accidente, una lesión cerebral, un trauma en el hipocampo… Si el señor Urdangarin padeciera o padeciese una condición tan grave, no podría haber estado trabajando en Telefónica en un puesto de responsabilidad tal como para que se le retribuyera con más de tres millones de euros al año.

Por cierto, Iñaki tiene una sordera bilateral o, lo que es lo mismo, sordera completa, o eso alegó en su momento (véase Libertad Digital, del 14 de enero de 2012 o eleconomista.es, del 8 de enero de 2012). El expediente militar del duque de Palma permite afirmar que se libró de hacer el servicio militar obligatorio en Ceuta alegando «sordera permanente» mientras ganaba títulos con el equipo de balonmano del Fútbol Club Barcelona y con la selección española.

Si Urdangarin no sabía lo que firmaba y además sufre una sordera completa (lo que le convertiría, técnicamente, en un discapacitado), que alguien me explique por qué trabajaba en Telefónica con un sueldo exorbitante y por qué Telefónica pagó su mansión en Washington, los colegios de los niños y los viajes a España durante los tres años que residió allí. Si Iñaki Urdangarin es más corto que el pelo de Sinéad O’Connor, no me explico por qué, aparentemente, se le pudieron conceder diecisiete millones de euros del erario público por la cara, sin necesidad de que se presentara a concurso público alguno.

El argumento de «nos sale más barato tener Familia Real que un presidente de la República» no se sostiene, dado que el mantenimiento de la tal familia nos sale a todos los españoles por un pico:

—Los presupuestos detallan un gasto de veinticinco millones, pero mantienen en secreto las partidas que pagan los ministerios de Hacienda, Interior y Defensa. A ello hay que sumar treinta y cuatro millones para conservación de palacios y jardines.

—Por cierto: se consumieron en el ejercicio 2010-2011 unos 8,5 millones de kilovatios por hora de electricidad y otros veintisiete millones de gas, así como 0,2 millones de litros de agua. Se realizaron unas 700 000 llamadas telefónicas y se ingresaron hasta 1,8 millones de euros por la venta de un helicóptero que estaba en leasing. Se gastaron unos 120 000 euros en limpiar candelabros, otros 16 800 en instalar un sistema para proteger las botellas de vino de las bodegas de palacio y otros 550 000 en una sala privada de cine… Para que se hagan una idea.

Si sólo nos fijamos en lo que gastaban Iñaki y Cristina, es como para echarse las manos a la cabeza (estos datos se han publicado en El Diario de Mallorca, 18 de enero de 2012):

—gastos de los móviles de la familia, 16 000 euros en cinco años (¿llamaban a Pekín cada tarde o qué?);

—alquileres de coches, 48 000 euros;

—catering de comida japonesa para una fiesta, 5000 euros;

—acondicionamiento de la bodega del palacete de Pedralbes, 30 000 euros;

—compras de partidas de vino de Baigorri, 6500 euros;

—más de seis mil euros por estancias en hoteles de Roma, África y Estados Unidos;

—2114 euros de vuelos entre Minneapolis y Baltimore;

—una vajilla de 1741 euros y otras compras personales de la propia Cristina de Borbón.

Y no sigo con toda la lista porque el sumario tiene cuatro mil folios.

Todo esto, claro, presuntamente pagado con dinero público y no precisamente el dinero que España paga al Rey «para el mantenimiento de su Familia y Casa».

Pero incluso si se sostuviera ese argumento de «la monarquía nos sale muy barata» (que no se sostiene por parte alguna)…

—Díganme ustedes si es moral que tengamos que mantener los dispendios de unos señores entre todos sólo porque nacieron en un sitio y no en otro.

—Tenemos un Rey que, según la revista Forbes, posee una fortuna estimada de 1790 millones de euros, lo que le haría el sexto hombre más rico de Europa. La familia Real llegó a España sin recursos económicos y sobrevivió en el exilio gracias a la ayuda de otras familias reales (Gil-Robles habla, en su diario, de las estrecheces que sufrió Don Juan; Pilar Urbano lo menciona en El precio del trono; Carlos Seco en su libro Alfonso XIII también menciona «las relativas estrecheces» que pasó la familia). Al parecer, los Borbones se mantenían con fondos del erario público y constituían un ejemplo de austeridad en comparación con otras casas reales. Si esto es así, yo no entiendo muy bien cómo en treinta y cinco años Don Juan Carlos de Borbón habría podido amasar tamaña fortuna. Me encantaría que alguien me lo explicara.

—Su hija menor firmaba las cuentas anuales de una empresa que, al parecer, era la tapadera para un desvío de fondos públicos y presentaba facturas semanales a esa empresa. El abogado de Doña Cristina nos asegura que, pese a ser Doña Cristina mayor de edad y licenciada, no leía lo que firmaba ni tampoco conocía las actividades de la empresa para la que trabajaba (digo «para la que trabajaba» porque parece que les presentaba facturas), lo cual resulta de lo más sorprendente. Como resulta sorprendente que no se haya imputado a Doña Cristina. Lo que a mí me ha quedado clarísimo (y les quedará clarísimo a todos ustedes, lectores y lectoras, si preguntan a un gestor) es que si yo mañana me encontrara en su misma situación, es decir, si fuera yo quien hubiera firmado las cuentas anuales de una empresa acusada de desviar fondos del erario público, a mí me habrían imputado.

—El marido de su hija podría sufrir un trastorno afectivo, una amnesia, un problema cognitivo o podría no entender bien lo que estaba pasando. «Podría» muchas cosas. Lo que presuntamente ha declarado es que no recuerda nada de lo que hizo hace tres años y que firmaba documentos de la empresa que dirigía sin leer o entender su contenido.

—Parecen habernos dejado claro que por ser quienes son los colocan en puestos para los que aparentemente no están ni de lejos capacitados y, presuntamente, les regalan dinero del erario público en cantidades bochornosas sin que tengan que pasar por concurso público alguno.

En fin, todo lo anterior está expresado en un lenguaje muy crudo, pero resumen el argumentario que cualquier español escuchará en el restaurante, el metro, el taxi o el bar Manolo a la mínima que se hable del caso Urdangarin, un escándalo que ha puesto sobre el tapete cuestiones muy serias.

La primera, que en España por apellidarte Borbón o estar casado con alguien que se apellide así puedes tener acceso a un sueldo de muchos ceros. Nadie ha sido capaz de especificar, desde la propia Telefónica, a qué se dedicaba exactamente Iñaki Urdangarin. Ningún periodista sabe a ciencia cierta en qué consistía el trabajo que desempeñaba en Washington. Lo que sí se conoce es que le reportaba 2,5 millones de euros anuales. En Telefónica, tan sólo tres personas han tenido una asignación superior a la del marido de la infanta: César Alierta, Julio Linares y José María Álvarez-Pallete. Y Telefónica es una empresa que emplea a ¡269 000 trabajadores en todo el mundo!

El contrato de Urdangarin tenía una cláusula que contemplaba su despido en el supuesto de que tuviera que sentarse en el banquillo por el caso Nóos: en ese supuesto sería despedido. Aun así, se estipulaba que recibiría una indemnización equivalente a tres anualidades: 4,5 millones de euros. No sé si advierten ustedes que eso significa que se le habría compensado con 4,5 millones de euros ¡en el caso de que hubiera indicios vehementes de que es un corrupto! Lo aclaro cometiendo una redundancia porque es tan alucinante y tan difícil de creer que más valía escribirlo dos veces por si acaso no se entendía bien.

Pero ¡menos mal!, en un comunicado publicado el 28 de agosto de 2012, Urdangarin explicó que había adoptado la decisión de solicitar una excedencia temporal «ante la posiblidad de que el procedimiento judicial abierto pudiera tener alguna incidencia negativa para el grupo». Al irse él y no ser despedido, parece que no le corresponde la indemnización.

Los ingresos del duque de Palma incluían, además, otras retribuciones en especie más difíciles de cuantificar. Sus gastos y los de su familia corrían por cuenta de Telefónica: entre ellos, el alquiler de la lujosa casa que los Urdangarin-Borbón ocupaban en Chevy Chase, la escolarización de sus cuatro hijos en el elitista liceo de Rochambeau o los frecuentes viajes privados que la familia realizaba a España, tanto a Madrid como a Vitoria.

Por si esto fuera poco, el Estado (utilizando dinero de todos los españoles) se hace cargo de los gastos de seguridad de Urdangarin y su familia en Washington, cuya responsabilidad recae en cinco miembros de las Fuerzas de Seguridad del Estado que eran relevados cada tres meses, según las citadas fuentes. El presupuesto en seguridad se eleva a ¡más de cuatrocientos mil euros anuales!, que se reparten entre el sueldo de los policías, las dietas y el alquiler de una vivienda cercana a la residencia de los duques de Palma.

Por cierto, esa exclusiva casa en la que residían los Urdangarin en Chevy Chase, Washington D. C., cuyo alquiler, repito, corría a cargo de Telefónica, fue presuntamente decorada y acondicionada con dinero público. Según un artículo de El Mundo del 17 de enero de 2012, los duques de Palma usaron fondos procedentes de las arcas de Valencia y Baleares para pagar la reforma de los sistemas eléctricos, de agua y seguridad de la mansión en la que residieron durante su estancia en Estados Unidos.

Aparte, la infanta Cristina recibía 72 000 euros del Rey como asignación para sus gastos privados.

Pero no sólo Urdangarin disfruta de los privilegios de estar emparentado con la Familia Real.

Jaime de Marichalar, que ni siquiera tenía título universitario (hizo algunos cursos de Economía) pasó de vivir en París, en un bajo de cuarenta metros cuadrados, y trabajar para entidades como la banca Indosuez y Credit Suisse en cargos de segundo nivel a cobrar alrededor de un millón de euros anuales, por su trabajo en Credit Suisse, que era su principal ocupación, y por su participación como miembro de los consejos asesores de Art + Auction y del grupo de lujo Louis Vuitton-Möet Hennessy (LVMH) para España, y de los consejos de administración de Cementos Portland Valderrivas (filial de Fomento de Construcciones y Contratas), Loewe, Winterthur Vida España y de la Sociedad General Inmobiliaria. En cuanto el señor se divorció, la mayoría de estas empresas —¡oh, casualidad!— dejaron de requerir sus hasta entonces valiosísimos servicios. Lo que nos hace sospechar que tales servicios sólo tenían sentido debido a su relación con la Familia Real. Cuentan que al pobre ni siquiera le avisaron de su cese y se enteró al acudir todo emperifollado al consejo mensual de Winterthur… Y que casi se ahorca con el fular del disgusto.

Por su parte, la infanta Elena cobra doscientos mil euros anuales en la Fundación Mapfre, para la que trabaja como «directora de proyectos sociales y culturales». Se supone que está encargada de «integrar laboralmente a personas discapacitadas y niños con problemas de exclusión». Cualquiera sabe que una persona que no pertenezca a la Familia Real tiene que presentar un currículum bastante amplio para llegar a cobrar doscientos mil euros. Y que, en circunstancias normales, el ser diplomada (ojo, diplomada, y no licenciada) en Magisterio y haber dado clases de inglés en un colegio no supondrían ni de lejos currículum suficiente para optar al puesto, máxime cuando el puesto de profesora de inglés no se obtuvo por concurso ni oposición, puesto que Elena era copropietaria del colegio en el que trabajaba. Así pues, siendo la infanta diplomada en Magisterio, y siendo su único trabajo previo el de profesora de niños (en el que se había contratado a sí misma), lo normal es preguntarse: ¿no habrá personas con más formación y con salarios más económicos para este empleo?

Como mucha gente sabe, las fundaciones no pagan impuestos por el dinero que invierten en ellas. Y, probablemente, es por ello que Iñaki Urdangarin creó la Fundación Deporte, Cultura e Integración Social (FDCIS) —destinada, en teoría, a la ayuda de niños marginados, discapacitados y enfermos de cáncer— para presuntamente evadir al paraíso fiscal de Belice parte del dinero público recaudado por procedimientos, al parecer, ilegales en Administraciones y empresas privadas. Por lo tanto, las fundaciones resultan un medio ideal para pagar sueldos vitalicios a algunas personas elegidas a dedo que no tienen siquiera que fingir que trabajan.

Como ya he dicho antes, era difícil que Cristina trabajase para La Caixa si residía en Washington, ya que en un cargo tan importante como directora del área social retribuido con noventa mil euros anuales, no se puede optar a teletrabajo. Pero como aparte se supone que Cristina no está suficientemente capacitada para desempeñar tamaña responsabilidad, no se entiende que la elijan para ese cargo directivo.

Por lo tanto, suena a que los noventa mil euros anuales para Cristina desde La Caixa, los doscientos mil euros anuales para Elena desde Mapfre, el millón de euros que se llevaba Jaime de Marichalar desde diferentes compañías, y los 2,5 millones de euros anuales para Iñaki Urdangarin —que probablemente sumen más de tres millones si tenemos en cuenta los gastos que se abonan aparte— son pagos por ser miembros de la Casa Real.

(Como nota cotilla hago constar que durante años Isabel Sartorius trabajaba como directora de relaciones institucionales de la Fundación Puleva, recibiendo un sustancioso sueldo pese a que apenas aparecía por la oficina, como ella misma ha reconocido, ya que en aquella época sufría una severa depresión y apenas salía de su casa).

Cuando el diario El Mundo publicó que el Instituto Nóos de Urdangarin y el Gobierno de Jaume Matas amañaron un concurso de sesenta mil euros en 2004, año y medio antes de que organizase los multimillonarios congresos sobre turismo y deporte que investiga la Fiscalía Anticorrupción, y cuando se supo que la impunidad y el descaro del fraude fueron tales como para que tanto la oferta ganadora como las dos perdedoras se remitieran desde el mismo fax de la sede de Nóos en Barcelona, y cuando el mismo diario publicó que el yernísimo había cobrado 750 000 euros por mejorar la imagen de la Sociedad General de Autores (SGAE), los periodistas y la Casa Real ya sabían que lo que se había publicado sólo constituía la punta del iceberg. Los periodistas habían publicado únicamente aquellas noticias sobre las que había datos contrastados y clarísimos, pero habían tenido acceso a otro tipo de informaciones y documentos, que revelaban que la trama urdida por Urdangarin y Torres había desviado mucho, pero mucho dinero público.

La prensa ya ha publicado que el Rey conocía los enjuagues e irregularidades de su yerno Urdangarin desde antes de 2006, cuando le instó a abandonar sus actividades en el Instituto Nóos y, posteriormente, a trabajar fuera de España. Presuntamente, el Rey llamó personalmente a César Alierta para que empleara a su yerno, un trabajo por el que el ínclito cobraba una auténtica fortuna pese a que, aparentemente, no está formado para desempeñarlo y pese a que desde la propia empresa nadie pueda especificar en qué consistían exactamente sus funciones. Muchos españoles se preguntan hoy si el Rey hizo bien o si debió, como manda la ley, denunciar los delitos que entonces descubrió por la prensa y que hoy están siendo juzgados.

La conclusión lógica es que los usos y costumbres del país (las «lógicas culturales» a las que nos referíamos en el primer capítulo) promueven en España que la Familia Real quede impune igual que los directivos de empresas que malversan dinero de sus accionistas o los políticos que abusan del dinero público.

Aunque una de las consecuencias del escándalo haya sido que la Casa Real finalmente haya hecho públicas sus cuentas, el patrimonio de la monarquía sigue siendo un misterio. Antes del caso Urdangarin casi nadie conocía ni la cuantía ni el destino del dinero público entregado al Rey para «el sostenimiento de su Familia y su Casa», una renta de alrededor de ocho millones de euros anuales. Aún hoy ese dinero sigue fuera del alcance de la fiscalización del Tribunal de Cuentas.

El artículo 56 de la Constitución establece que «la persona del Rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad». Es decir: el Rey tiene la condición de persona inviolable, una institución de derecho feudal que ninguna Constitución moderna reconoce. Está por encima de toda corrupción posible, y se sitúa a sí mismo al margen de todo control judicial. Para entendernos, aunque cometiera un asesinato, no podría ir a prisión, por si no lo habían entendido ustedes. Mucho menos por un quítame allá esas pajas, como serían los delitos de malversación o cohecho, por ejemplo.

Durante años ha habido un constante apagón informativo sobre la vida y negocios del Rey. No se sabe a qué negocios se dedica. Sólo se sabe que, según la revista Forbes, su fortuna asciende a 1790 millones de euros. Y conste que en esta estimación no se asocian los bienes del Estado de los que disfruta: palacios varios, coches, yates, empresas de seguridad a su servicio, caballos, cuadras y un larguísimo etcétera.

¿Cómo ha conseguido el Rey amasar una fortuna estimada por las revistas Forbes y Eurobusiness en 1790 millones de euros? Nadie lo sabe. Nunca los negocios de la Corona o los favores que empresarios y grupos de poder han procurado a la Familia Real han estado sujetos al escrutinio público. Una se pregunta por qué los empresarios mallorquines sumaron una colecta, sugerida por el propio Rey, de 2600 millones de pesetas, para pagar el yate real Fortuna, suma a la que el Gobierno regional de Jaume Matas (PP) añadió cuatrocientos millones más. Cuatrocientos millones de fondos públicos. Es decir, cuatrocientos millones pagados de nuestros impuestos. De nuevo, un despilfarro absurdo de dinero público entregado a quien menos lo necesita.

Por si acaso los lectores no lo recuerdan, la Transición democrática esquivó la cuestión de someter a decisión popular la forma republicana o monárquica, a diferencia de lo que había acontecido a la salida de otras dictaduras, como en Italia o Grecia. La jefatura del Estado es patrimonio de una familia determinada simplemente porque el dictador Franco lo decidió así.

La larga lista de empresas que, presuntamente, han colaborado con Urdangarin, también nos da qué pensar. Volkswagen, SGAE, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA), Seat, Meliá, Tous, Repsol, Bancaja, Iberdrola, Aguas y Ayuntamiento de Valencia o la Comunidad Balear. Aparentemente, el sistema de actuación de Urdangarin era simple hasta el extremo: insistir hasta conseguir encargos para poder luego cobrarlos a precios probablemente abusivos. Sirva de ejemplo que el Villarreal Club de Fútbol pagó 690 000 euros por un informe de diez folios copiados de Internet. ¿Y cómo llega un señor que no tenía otra experiencia laboral que haber sido jugador de balonmano a conseguir semejantes encargos? ¿Por qué le vas a pagar a un mindundi sin trayectoria profesional probada una cantidad exorbitante por un informe que no necesitas? Resulta evidente que la trama fue posible en la medida en que se percibía una conexión con la Casa Real.

Yo soy muy mal pensada. ¿Podría yo preguntarme si no será que las empresas pagan a cambio de favores en el futuro? ¿Si se avenían a pagar a Urdangarin esperando en el futuro un posible trato de favor desde la Casa Real? ¿Podría yo preguntarme si las empresas no hacían sino repetir jugadas que ya se habían hecho previamente? ¿Podría preguntarme si la Casa Real no habría emprendido negocios similares en el pasado? Son hipótesis, preguntas… y ustedes creer que soy una conspiranoica o una mal pensada.

De hecho, tal y como expone la investigación, algunos negocios se cerraron en la misma residencia real de Marivent. ¿Y debemos creer que el Rey no estaba al tanto de la naturaleza de las reuniones de su yerno? Si añadido a esto recordamos que el nombre del Rey estuvo asociado a estafas que recuerdan mucho a ésta (con Manuel Prado y Colón de Carvajal, KIO; o con Javier de la Rosa, en sucesivos negocios del petróleo ligados con algunas monarquías árabes), y si pensamos que según parece fue el propio Rey quien ayudó a conseguir un trabajo fuera de España a Urdangarin (Sobre este tema, se pueden consultar las siguientes fuentes: http://www.lavanguardia.com/politica/20111217/54241228622/el-rey-aconsejo-a-urdangarin-trabajar-fuera-de-espana.html, http://politica.elpais.com/politica/2011/12/17/actualidad/1324128348_576495.html y http://www.elmundo.es/elmundo/2011/12/17/espana/1324126240.html), las dudas más que razonables sobre la actividad del monarca proliferan como hongos venenosos. ¿Sería yo de nuevo una mal pensada si sospechara que el Rey habría podido tejer un entramado de negocios como consecuencia del estatus privilegiado de la monarquía española? ¿Sería yo muy mal pensada si me temiera que el caso Urdangarin ha sido la pústula rota por la que han empezado a supurar sospechas como las mías, que me consta que muchos comparten?

Los antecedentes de otros escándalos advierten que lo más probable es que muy pocos de los implicados en la trama lleguen a ser sancionados. El tiempo transcurrido hasta que se ha destapado el escándalo juega a favor de la prescripción de los delitos. Los usos del país —las lógicas culturales de las que tanto hemos hablado— promueven que las personas de la Familia Real queden impunes, igual que los directivos de empresas que han malversado el dinero de sus accionistas o los políticos que han hecho mal uso del dinero público.

La justicia no es igual para todos. No es lo mismo nacer infanta que tonadillera o escritora.

Hay otro tema que llama mucho la atención en el caso Urdangarin. En un país dividido en dos, en el que existen dos facciones mortalmente enfrentadas que se llaman a sí mismas «izquierda» y «derecha» —pese a que en lo tocante a políticas económicas la presunta izquierda aplicó políticas de lo más liberal y la presunta derecha ha subido impuestos, una medida tradicionalmente socialdemócrata—, la única cuestión en la que todos parecen estar de acuerdo es que no les gusta la Familia Real. Desde Intereconomía y Libertad Digital hasta el diario Público, el caso Urdangarin ha abierto la veda para que se publiquen artículos muy críticos con la Corona en prácticamente todos los medios españoles. Sólo La Razón, tradicionalmente monárquica, defiende al Rey contra viento y marea. Como bien afirmaba The Wall Street Journal en un artículo sobre la crisis española, «la Corona española pierde su brillo».

España es una nación en la que escasea el sentimiento monárquico. Eso sí, se trata de un país que, según dicen las encuestas, no se siente especialmente monárquico, pero tampoco fervientemente republicano. Esta ambigüedad se entiende cuando tenemos en cuenta que si hoy la Corona es una institución fuerte, se debe a que no tanto los españoles como las fuerzas políticas la consideraban útil, y no porque creyeran en anacronismos tales como el derecho divino. En esa presunta utilidad radica la clave para entender las continuas referencias al juancarlismo: el hecho de que los partidos políticos no olvidan que el monarca facilitó considerablemente la Transición a la democracia.

Tradicionalmente, la derecha ha sido la que más ha apoyado a la monarquía y la que más la ha defendido, como continuadora de un pasado de siglos y representante de unos principios y valores asociados al ideario más conservador, como son las diferencias de clase y el catolicismo. Pero la derecha, en su reacción a lo que consideraron como un giro pronacionalista del Gobierno de Zapatero y a las negociaciones con ETA, exigió al Rey unos gestos contra el ejecutivo que en buena ley no le correspondían. Cuando el Rey no los escuchó, desde los medios de la derecha más radical se comenzó a poner en duda la utilidad de la monarquía.

En cuanto a la izquierda española, nunca ha sido promonárquica. Felipe González llegó a afirmar en su momento que él era «republicano por convicción y monárquico por necesidad», y en esa ambigüedad se han movido durante mucho tiempo los políticos del PSOE. IU siempre ha sido clara y abiertamente antimonárquica.

También son antimonárquicos los partidos nacionalistas, por razones evidentes.

Pero está claro que los propios miembros de la Familia Real han hecho méritos para quitarle el lustre a la Corona. Urdangarin presuntamente realizó alzamiento de bienes; Froilán se dispara manejando una escopeta para la que no tiene ni edad ni autorización (y, por lo visto, tampoco vigilancia paterna…); un significativo 14 de abril, el país descubre que el monarca se distrae de preocupaciones anteriores cazando especies protegidas (al módico precio de 45 000 euros la cacería, que se supone ha pagado un empresario amigo del Rey…) y, para rematar, que la Reina está tan intranquila por todo lo anterior que se queda en Grecia visitando a unos primos y no va a hacerle una miserable visita a su marido ingresado hasta tres días después de que entre en el hospital.

Durante años ha sido la prensa rosa la principal aliada de la monarquía: «Mira qué bonita es la niña», «qué inteligente y discreta parece la Reina», «qué galán y qué alto es el Príncipe», «qué campechano es el Rey», «Letizia es toda elegancia y glamur» y demás topicazos. Si a este almíbar y merengue se le añade un manto de silencio en los medios que ha cubierto durante años cualquier actividad referida a la Familia Real, concluimos que, en España, la realeza ha sido, durante mucho tiempo, irreal. Pero el caso Urdangarin ha abierto la caja de Pandora y ha hecho que muchos se replanteen la credibilidad de la institución e incluso la monarquía como forma de Estado.

CAPÍTULO 5
El opio del pueblo

Iam pridem, ex quo suffragia nulli uendimus, effudit curas; nam qui dabat olim imperium, fasces, legiones, omnia, nunc se continet atque duas tantum res anxius optat, panem et circenses.

[Hace ya mucho tiempo, desde cuando no vendíamos nuestro voto a ningún hombre, que hemos abandonado nuestros deberes; la gente que alguna vez llevó a cabo comando militar, alta oficina civil, legiones, todo, ahora se limita a sí misma y ansiosamente espera por sólo dos cosas: pan y circo].

Juvenal, Satire, 10.77-81

Esta bonita frase la acuñó Juvenal para referirse a la costumbre de los emperadores romanos de organizar grandes fastos de circo a fin de ganarse el favor de la plebe.

Los espectáculos de circo romano tenían las siguientes funciones didáctico-políticas:

—que el pueblo pudiera contemplar a su divino emperador en la tribuna, en su función de otorgante y semidiós;

—que el pueblo se embebiese en la contemplación de la osadía y el coraje de los gladiadores, que se convertían en héroes nacionales; y

—el castigo de los que quebrantaban la ley, que eran devorados por las bestias.

A día de hoy, a nadie se le devora, pero sigue siendo tan importante la visión del divino emperador en la tribuna como para que nuestro presidente del Gobierno decidiera ignorar el mayor incendio forestal en la historia de España para irse a un partido, porque él sabe muy bien de la importancia de la foto.

En el circo romano, los espectadores trataban de conseguir sangre del gladiador victorioso ya que creían que ésta les daba salud y suerte. Y con el sudor, las mujeres hacían cremas para el cuerpo. Las mujeres, y en especial las matronas, pagaban sumas desorbitadas por pasar la noche con un gladiador o atleta musculoso. Algunas ponían como condición que el semental no se lavara después de la lucha o la competición.

A día de hoy, los jugadores son también «héroes nacionales» y como tales se les presenta. Lo que harían muchas españolas por una noche con uno de los jugadores de la selección daría pie a una novela, pero no es ése el tema de estas páginas.

Estos héroes nacionales no tienen nada de patriotas. Cobran sueldos millonarios por lo que hacen. Las primas que han recibido por ganar la Eurocopa ascienden a trescientos mil euros por jugador. Si lo multiplicamos por veintitrés jugadores y sumamos al cuerpo técnico, son más de siete millones de euros. Libres de impuestos.

Repito, siete millones de euros que no tributan impuestos, en un contexto de crisis, por ganar la Eurocopa.

Y estas primas no se van a donar a ninguna causa.

Por otra parte, sus sueldos millonarios proceden de nuestro dinero, porque el fútbol también está subvencionado.

Sus sueldos millonarios los pagamos todos los ciudadanos, ya que el fútbol español está subvencionado por el Estado.

En nuestro país el fútbol está subvencionado por cuatro vías diferentes:

—El hecho de que el Estado no reclame a los clubes el pago de las deudas millonarias que tienen con Hacienda y con la Seguridad Social (752 millones de euros a Hacienda; 10,6 millones de euros a la Seguridad Social).

—Las escandalosas recalificaciones de dudosa legalidad de terrenos deportivos que han permitido a los clubes españoles hacer auténticos pelotazos con la reventa de esos terrenos, que les habían sido regalados en su día con la expresa intención de que fueran suelo deportivo.

—Las subvenciones directas de ayuntamientos y comunidades autónomas a clubes. Dos millones de euros al Racing de Santander desde el Gobierno cántabro. El 3 de abril de 2006, el Gobierno cántabro compró la marca Racing de Santander por diecisiete millones de euros. Dos millones de euros recibe el Xerez del ayuntamiento…

—Los apoyos de las televisiones autonómicas. Canal 9 da 30 millones al año al Valencia; 25, al Villarreal; y 12, al Levante. Telemadrid pagaba 60 millones de euros a Real Madrid, Atlético de Madrid y Getafe. Canal Sur paga unos seiscientos mil euros al año a los equipos andaluces de Segunda. (Véanse El confidencial, 10/8/12; El diario vasco, 17/1/07; El País, 25/6/08; El Mercantil Valenciano, 26/12/09).

Debo aclarar, antes que nada, que a mí me gustaba el fútbol. Como deporte. Pero es que ha dejado ya de ser un deporte. Hace décadas que dejó de ser un deporte para transformarse en un negocio.

La Fédération Internationale de Football Association (FIFA) posee más de mil millones de dólares y en 2011 ganó trescientos millones simplemente cobrando comisiones a las federaciones integrantes. Y la compraventa de jugadores —los cuales encuentran en un Mundial o una Eurocopa el escaparate perfecto para su exposición, de forma que una competición de este tipo es para un jugador como una gira de promoción— mueve cientos de millones de dólares que quedan en manos de los dirigentes de los clubes, de los intermediarios y representantes, y por supuesto, de los jugadores.

¿Por qué se subvenciona el fútbol?

Porque ya no es un deporte. Porque se ha convertido en un instrumento de manipulación ideológica y política. Un espectáculo que más que diversión es maniobra diversionista.

El fútbol profesional es el verdadero opio del pueblo, mucho más que la religión, pues ésta no llena la vida de los hinchas desde el lunes hasta el miércoles y desde el viernes hasta el fin de semana con la misma intensidad ni de la misma manera absoluta.

El fútbol polariza la atención y actúa de un modo muy parecido al opio, con un subidón breve, embriagador y engañoso.

Es cierto que quien más, quien menos, todos los gobiernos hacen del deporte (pasivo, televisivo) una herramienta ideológica para construir una efímera unión nacional y una fuente de gloria moderna y barata, de cartón piedra, de decorado de tramoya.

En efecto, en todas partes se cuecen habas. Pero, como decía Juan Gelman, en algunas se cuecen sólo habas… En nuestro caso, la «superioridad» y el «poderío» de la Roja nada tienen que ver con un país en bancarrota y con un Estado del bienestar dinamitado.

Durante el Mundial celebrado en Sudáfrica en 2010, Terry Eagleton, uno de los críticos literarios británicos más influyentes, escribió en The Guardian que el fútbol es opio para el pueblo y que si se quiere pensar en un verdadero cambio político, habría que abolirlo.

Yo no estoy por abolir el fútbol, pero me parece una locura que en época de crisis no se les exija a los clubes el pago de sus deudas y se les siga subvencionando en muchos casos desde ayuntamientos y comunidades autónomas declarados en bancarrota técnica.

Esta situación de morosidad general de los clubes se da en una dramática crisis económica general, que está suponiendo ya importantes recortes en necesidades básicas de la población, como educación, sanidad y gasto farmacéutico.

En nuestro país, los ejemplos de esta utilización del fútbol como maniobra de distracción sobran:

—José Luis Rodríguez Zapatero hizo coincidir la aprobación de la reforma laboral con el debut de España en el Mundial de fútbol, el 16 de junio de 2010.

—El anuncio del recorte de 10 000 millones de euros en Sanidad y Educación también coincidió con un evento deportivo. La noticia se conoció el 9 de abril de 2012, y al día siguiente tuvo lugar el derbi entre el Atlético y Real Madrid.

—Asimismo, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, dio a conocer ese mismo día antes del partido que las tarifas del transporte público subirían un 11 por ciento.

—También se decidió pedir una inyección de 19 000 millones de euros de dinero público para Bankia (y después ha habido más inyecciones), lo que supone el mayor rescate financiero en España, coincidiendo con la Final de la Copa del Rey, que enfrentó al Athletic de Bilbao con el Fútbol Club Barcelona, equipo que se hizo con la Copa.

—Y, por supuesto, el anuncio del rescate a la banca se hizo coincidir con el día del primer partido de la Eurocopa.

Snejanka Bauer, comisaria de la exposición Héroes, santos y goleadores celestiales, que se inauguró en Suiza con motivo de la Eurocopa, cree que «al igual que los creyentes reencuentran en su parroquia el paraíso perdido, sentimiento de seguridad y unidad, así celebran los hinchas de fútbol la fe en su equipo […/…]. El fútbol representa el nuevo amor, el punto en común de una parroquia con valores de seguridad y unidad […/…]. Puede incluso sustituir valores perdidos como el hogar y la familia».

Por eso creo que no es casualidad que el fútbol español haya sido subvencionado.

Sí, repito: subvencionado. Mediante subvenciones encubiertas.

A este respecto, el presidente del Bayern Múnich, Uli Hoeness, ha comentado: «Para mí es el colmo, es impensable. Pagamos cientos de millones de euros [a España] para que salgan de la mierda y luego los clubes se eximen de pagar la deuda. Esto no puede ser así».

La Comisión Europea inició, en los primeros meses de 2012, una investigación por las posibles ayudas públicas ilegales de las que se benefician los clubes de fútbol españoles por sus elevadas deudas pendientes con Hacienda y la Seguridad Social.

La investigación se inició a raíz del elevado volumen de esas deudas pendientes y el cómodo pago escalonado aceptado por Hacienda y la Seguridad Social constituyen una ventaja comparativa financiera muy importante para los clubes españoles respecto a los de otros países europeos. El ejecutivo comunitario está comenzando a analizar los datos para verificar si se trata de una ayuda pública incompatible con el derecho europeo. Cuanto mayor sea el volumen de deuda pendiente y más largo el plazo para abonarla, más grave es la distorsión a la competencia y más grave la situación de ayuda del Estado. La investigación se inició en marzo de 2012 a raíz de una queja presentada ante la Comisión Europea por los directivos de clubes alemanes, que consideraban que ese trato privilegiado permite a los equipos españoles fichar a estrellas futbolísticas. Mientras tanto, los clubes de otros países que respetan las leyes y pagan sus impuestos y cotizaciones dentro de los plazos legales no pueden permitirse esos fichajes. Eso sí, no tienen que hacer copago de medicamentos y sus sueldos doblan a los nuestros. Incluso el eurodiputado conservador alemán Elmar Brok presentó una pregunta formal a la Comisión Europea para interesarse por el trato de favor por parte del Estado español del que se benefician los clubes de fútbol nacionales. En el caso de que el Gobierno no cobrara de inmediato las deudas pendientes, la Comisión podría presentar una denuncia contra España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Y eso no es todo, ya que el Gobierno no ha facilitado la deuda de los clubes con la Seguridad Social, aunque se presume que asciende también a varios cientos de millones de euros. Ciertamente, la Administración siempre ha puesto enormes trabas para detallar de forma individualizada la deuda particular de cada uno de los equipos. Parece que se trata de un asunto de importancia estratégica.

Casi lindando el secreto de Estado.

La diferencia de trato a los clubes con respecto al resto de empresas o ciudadanos del país resulta realmente insultante. Si una pequeña empresa debe a la Seguridad Social, es embargada casi de inmediato.

Mientras los clubes españoles se reforzaban con fichajes estelares y copaban las finales de la Champions y de la Liga europea pese a su deuda descomunal, equipos como el Rangers, un histórico escocés abocado a la quiebra, vio cómo le quitaban diez puntos y ha tenido que rebajar el salario de sus jugadores un 75 por ciento.

Las grandes estrellas que juegan en España son trabajadores multimillonarios de empresas casi todas en ruina. Juegan en la mejor liga del mundo, pero también en la más morosa.

La barra libre para el fútbol parece estar tocando a su fin, al menos ésa es la sensación. Tras iniciarse la investigación de la Comisión, los clubes se apresuraron a pagar la deuda ante la amenaza de no poder jugar ligas internacionales. Supuestamente, todos los clubes han negociado y llegado a acuerdos para realizar sus pagos con Hacienda, después de que el ministro Wert, más o menos obligado por la Comisión Europea, tomara cartas en el asunto. Pero hay clubes que han llegado a acuerdos con sus trabajadores para que retiren las denuncias. Es el caso de varios equipos de Primera División.

Resolver la deuda con Hacienda se ha convertido en una prioridad para el secretario de Estado para el Deporte, Miguel Cardenal, un hombre del fútbol. Cardenal ha asegurado que habrá «sanciones muy duras» para aquellos clubes que no cumplan.

Al parecer la clave está en los futuros derechos de televisión. Los clubes pignorarán parte de esos derechos, o lo que es lo mismo, los dejarán en prenda, ante la Liga de Fútbol Profesional, para poder competir, de tal forma que si no cumplen con sus compromisos con Hacienda, ésta podrá reclamarlos. La idea es que se empiece a aplicar en la temporada 2014-2015.

No es la primera vez que el Gobierno sale al rescate de los clubes de fútbol, incapaces de pagar sus deudas con la Administración. En 1985 y 1990 se recurrió a un porcentaje de la recaudación de las quinielas para que los clubes pudieran ir liquidando su deuda.

Por no hablar de otras ayudas públicas al fútbol.

El 22 de diciembre de 2005, el Boletín Oficial de Cantabria publicó una subvención anual de dos millones de euros al Racing de Santander. La ayuda la daba el Gobierno cántabro por la promoción de la comunidad que hace el equipo de fútbol. El 3 de abril de 2006, el Gobierno cántabro compró la marca Racing de Santander por diecisiete millones de euros.

El Osasuna refinanció su deuda gracias al Gobierno foral, que además le paga 1,5 millones al año por llamar al estadio Reyno de Navarra.

El presidente del Xerez, Joaquín Morales, se encerró en noviembre en el ayuntamiento para reclamar la subvención de dos millones que recibe cada año. El Xerez es líder en Segunda.

¿Y qué decir del entramado inmobiliario-especulativo-corrupto de los clubes de fútbol españoles?

Atención a las recalificaciones ilegales para pelotazos millonarios.

Real Madrid. Las torres galácticas, un pelotazo de quinientos millones de euros

El Real Madrid hizo el negocio del siglo con la recalificación de su antigua ciudad deportiva, en plena Castellana, la zona más cara de la capital.

En 1960, el ayuntamiento expropió una parcela de 141 961 metros cuadrados para que el Real Madrid tuviera un campo de entrenamiento. El club lo compró por 11 000 970 pesetas. Cuando en 2000 Florentino Pérez accedió al cargo gracias al fichaje de Figo, el club consiguió convertir en edificables los terrenos. En el barrio, la edificabilidad es de 0,3 metros de pisos por cada metro cuadrado de suelo, pero el ayuntamiento accedió a que el Madrid edificase 1,7 metros por metro cuadrado. Sólo el PSOE se opuso al acuerdo al considerarlo un pelotazo para este equipo sin justificación y que la ciudad perdía con el acuerdo.

Los socialistas afirman que el ayuntamiento lleva ya gastados doscientos millones en infraestructuras y accesos a las torres. Pero apenas hubo crítica o polémica.

En sus cuentas, el Real Madrid reconoce «un beneficio extraordinario de 501 886 000 euros» por la operación. Aproximadamente lo mismo que se ha gastado en fichajes desde 2000.

CiU denunció ante la Comisión Europea que el beneficio, que permitió al Madrid reflotarse, era una ayuda encubierta del Estado, pero la Comisión lo archivó.

El convenio está recurrido ante el Tribunal Superior de Madrid.

Barça. El pelotazo del Miniestadi, 250 millones de euros

El Ayuntamiento de Barcelona aprobó la recalificación del Miniestadi del Barça. En total, es un negocio que puede suponer unos ingresos cercanos a los 250 millones de euros.

En los terrenos del Miniestadi, cercanos al Camp Nou, que ocupan alrededor de 130 000 metros cuadrados de extensión, se prevé la construcción de 1625 viviendas, un pabellón deportivo, más de mil seiscientos aparcamientos, un gran hotel… Un pelotazo.

El problema, dice el portavoz de los vecinos, es que «con la construcción de las viviendas, el barrio tendrá unos siete mil vecinos más. Y no tenemos infraestructuras para dar servicios. Nos dicen que construirán más de mil seiscientos aparcamientos, pero ya estarán cubiertos, y serán incluso insuficientes para los nuevos vecinos que vendrán a vivir aquí. Y nos dicen que ganaremos infraestructuras, pero lo cierto es que el barrio de Les Corts pierde suelo, pierde equipamientos y pierde zona verde. Por poner un ejemplo, es una vergüenza que si alguien quiere ir a una piscina pública, tenga que desplazarse hasta Hospitalet de Llobregat, porque en el barrio no hay ninguna».

Valencia Club de Fútbol. Recalificación a la carta: 180 millones de euros

El presidente del Valencia Club de Fútbol es el promotor inmobiliario Juan Soler. Soler ha negociado con el ayuntamiento de Rita Barberá, del PP, una doble recalificación que permitirá al club demoler el estadio de Mestalla, vender el suelo y construir un nuevo campo en una parcela pública que se privatiza.

La tercera operación, que el presidente del Valencia, en su día, no dudó en calificar de «pelotazo», consiste en construir 2700 viviendas.

Y todavía no se sabe qué pasará con la actual ciudad deportiva del Valencia —¿la cuarta?—, situada en una zona muy apetecible para cualquier promotor.

Negocios redondos cuyos beneficios no son capaces de concretar sus impulsores, pero que superan ya los 180 millones de euros.

En 2004, el ayuntamiento y la Generalitat Valenciana, ambas del PP, concedieron al Valencia Club de Fútbol la recalificación para viviendas y comercios de Mestalla. El acuerdo creaba una empresa mixta para levantar un estadio olímpico en terreno público. Pero era poco para Soler, que consiguió el control total sobre el futuro campo —del que desaparece el anillo olímpico— y la edificabilidad que quería en Mestalla.

Así, el Valencia quería vender nueve torres de dieciséis alturas con viviendas para tres mil personas y una zona comercial con lo que hubiera obtenido unas ganancias de trescientos millones. Pero la operación se detuvo en febrero de 2009 y todavía no hay fecha para la reanudación de las obras.

El nuevo campo se construyó en un suelo para instalaciones públicas, que el consistorio recalificó. El Valencia sacó limpios al menos cien millones de euros.

Paralelamente, Soler cerró un plan urbanístico en Riba-roja de Túria, donde otro ayuntamiento del PP le ha aprobado una nueva ciudad deportiva y 2700 viviendas. Un «pelotazo para el club», admitió Soler, que compró el suelo rústico por 36 millones de euros y los vendió por 160 millones a una promotora. Descontados gastos y compensaciones, el beneficio supera los ochenta millones de euros.

Los socialistas han llevado a los tribunales las dos operaciones, lo que ha desencadenado la ira del club y que el PP los acuse de «antivalencianistas».

Levante Unión Deportiva: 52 millones y subiendo

El otro equipo de Valencia, el Levante, obtuvo en 2002 la recalificación de parte de la parcela del estadio. Allí levantó un complejo hotelero y una galería comercial, con los que ganó 52 millones.

El club consiguió, además, una segunda recalificación para construir viviendas y hacer un nuevo campo en otra zona de la ciudad en una operación cuyos beneficios están por calcular.

El primer paso para la construcción del nuevo estadio del Levante ya está hecho, un gran paso, por cierto: la recalificación del actual estadio del Levante Unión Deportiva. En su lugar se querían construir torres de hasta veinte alturas, en total, unas quinientas quince viviendas pero no se hará de forma inmediata.

Real Murcia. A Primera por el ladrillo: doscientos millones de euros

Jesús Samper, expresidente de la Liga de Fútbol Profesional, ha hecho un negocio redondo con el Real Murcia. El empresario madrileño lo compró en 1999 cuando el equipo estaba en Segunda B y era una ruina. Al poco, adquirió por nueve millones de euros (precio de saldo), 2000 km² de suelo rústico que parecía imposible recalificar. Imposible para la cooperativa que los tenía, pero no para el presidente del Murcia club. Samper firmó un acuerdo en 2001 con el alcalde Miguel Ángel Cámara, del PP, para construir allí un nuevo estadio, un enorme centro comercial y un campo de golf con los que ha ganado unos doscientos millones.

En el 2006, el Tribunal Superior de Justicia de Murcia sentenció que el alcalde le había perdonado al club terrenos por valor de veinte millones de euros y que el Murcia tiene que cedérselos a la ciudad.

Junto al estadio hay ahora dos centros comerciales, pero el ayuntamiento no ha mejorado los accesos, lo que provoca atascos kilométricos que llegan a colapsar la autovía del Mediterráneo.

Eso sí: el Murcia ha roto el mercado de fichajes de Segunda al tirar de talonario para hacer una plantilla de lujo.

Real Zaragoza: veinte millones de euros con una recalificación

Juan Alberto Belloch, del PSOE, recalificó las oficinas del club —de dos plantas—, para construir un edificio de doce alturas en el que construir cien viviendas, ninguna de ellas protegida.

El Gobierno aragonés y el ayuntamiento, ambos en manos del PSOE, lo aceptaron. En seis meses estaba aprobado, inicialmente con los votos favorables de todos los grupos (PSOE, PP, PAR y Chunta Aragonesista).

El actual presidente del club fue consejero de Economía del PSOE y el principal accionista es constructor. Sólo IU, que no tiene ni un concejal, critica el proyecto. El club ingresó unos veinte millones con la operación.

Sevilla y Betis: entre cincuenta y sesenta millones de euros

El Ayuntamiento de Sevilla, del PSOE, aprobó en noviembre de 2003 recalificar dos terrenos al Betis y al Sevilla, de forma que los clubes obtuvieron beneficios de entre veinticinco y treinta millones de euros cada uno gracias a convertir en uso comercial parte de sus terrenos.

El convenio con el Betis permitió al club terminar la remodelación de su estadio mediante la construcción de un edificio de treinta mil metros cuadrados —con oficinas, tiendas y un hotel— sobre una parcela municipal junto al campo.

El acuerdo con el Sevilla le permitió construir veinte mil metros para usos comerciales y oficinas en los bajos de su estadio.

Durante las obras, el Sevilla jugó en el estadio olímpico de La Cartuja, un coloso con capacidad para sesenta mil espectadores que costó más de 139 millones, veinticinco de los cuales salieron del ayuntamiento.

El estadio de La Cartuja es el más afectado por las recalificaciones de ambos clubes. Su rentabilidad, visto el improbable éxito de la candidatura olímpica de Sevilla, pasaba por el uso conjunto del Betis y el Sevilla. La actual coalición gobernante entre PSOE e IU prefirió el populismo a la adecuada explotación de los medios y bienes municipales.

El Sevilla planea construir una ciudad deportiva con hospital, centros de residencia y ocio, y hasta helipuerto en una finca de seis mil metros cuadrados en el municipio sevillano de Bollullos de la Mitación. Y todo gratis. Pero, gracias a la crisis, el proyecto no ha salido adelante.

El coste del terreno salió de la venta de otro de un millón y medio de metros cuadrados que el ayuntamiento (esta vez del PP) recalificó. Así, los constructores pagarían un sobreprecio por esos terrenos (que luego recuperarían gracias al sobrecoste de las dos mil trescientas viviendas), de modo que el Sevilla no pagaría nada.

Hércules, Osasuna, Sporting, Atlético, Espanyol… aluvión de proyectos

Y seguimos…

El Hércules de Alicante también quería una recalificación para hacer un nuevo estadio. Su anterior presidente, Enrique Ortiz, es un constructor investigado por recibir presunto trato de favor del exalcalde Luis Díaz Alperi, del PP.

El Sporting de Gijón está deseando recalificar sus terrenos de Mareo. El Osasuna busca seis millones de euros con la venta de sus campos de entrenamiento y no descarta proyectos similares. El Atlético de Madrid intenta obtener la recalificación de su estadio para construir pisos…

El opio del pueblo o por qué es tan importante para los políticos apoyar el fútbol

Expuesto lo anterior, la duda surge inmediatamente. ¿Por qué es tan importante para los poderes fácticos conceder a los clubes este trato de favor? Algo deben recibir a cambio, lógicamente. Pero los beneficios que reciben no son tangibles, sino más bien estratégicos.

Nuestra sociedad es en teoría católica y en la práctica agnóstica. Un 73 por ciento de los españoles se declara católico, pero de ese 73 por ciento, ni siquiera el 30 por ciento va a misa. Y evidentemente, casi nadie se casa ya virgen. A día de hoy, muy poca gente quiere depender de una moral impuesta que le diga lo que hay que hacer y lo que no. Pero parece que este sentimiento religioso se transforma y reaparece como el Guadiana, vinculado a un rito mucho más superfluo: once hombres en calzoncillos persiguiendo una pelota mientras tratan de esquivar a otros once rivales que quieren esa misma pelota.

Los perseguidores de la pelota son multimillonarios. Ganan un sueldo desproporcionado en función del servicio que aportan a la sociedad y del esfuerzo físico o intelectual que realizan.

Y es que resulta evidente que se están tomando medidas de promoción del fútbol para distraer a la sociedad de la gravedad de la crisis. Los gestores del sistema alimentan desesperadamente con el fuelle de la ignorancia las cortinas de humo que atemperan los ánimos. La Eurocopa funcionó bien y millones de personas no dudaron en salir con la banderita a festejar no se sabe muy bien el qué. Y más tarde, el propio Rajoy despedía a la delegación olímpica con un discurso tan demagógico como cursi con el que aprovechó para hacer un paralelismo entre el sacrificio de los deportistas y el de su Gobierno.

En resumen: poco pan y mucho circo.

CAPÍTULO 6
Porque nos va la vida en ello

Quizá algunos de los lectores han pasado por la experiencia de tener a un familiar internado en un hospital, a la espera de un trasplante de médula. Por favor, recuerden que si ese familiar hubiese enfermado en Estados Unidos, o bien habría fallecido (así de simple) o bien su enfermedad habría arruinado al resto de la familia, pues su tratamiento habría costado tres millones de dólares. Han leído bien: tres millones.

Cualquiera que me lea, sin duda, cuenta con un familiar o un amigo que ha sido tratado de cáncer, o leucemia, o artrosis, o pancreatitis, o un infarto, o que sufrió un accidente de tráfico, o laboral, o un asalto, o que se quemó, o intoxicó, o cortó en un accidente doméstico…

¿Ya tiene identificado a ese amigo o familiar? Vale. Ahora piense usted que si viviera en Estados Unidos eso le podría haber costado la ruina a la familia.

¿Creen que exagero? No, en absoluto. Cada treinta segundos una familia estadounidense se declara en bancarrota por su incapacidad para pagar las facturas médicas.

Voy a poner un ejemplo que viví personalmente. Mis excuñados residen en Estados Unidos. Él es informático y ella es ama de casa. Tienen dos hijos. El pequeño empezó a sufrir unas migrañas que fueron aumentando de intensidad hasta que una noche el niño se despertó aullando de dolor. Los padres se presentaron con él en urgencias. Los médicos pensaron que sufría una meningitis. El niño estuvo sometido a observación y chequeo durante una semana y los médicos estaban cada vez más perplejos porque no encontraban ni virus ni infección, ni conseguían determinar el mal que lo aquejaba, hasta que, por fin, se descubrió la razón de las jaquecas: el oculista se había equivocado en la prescripción de las gafas y la criatura llevaba un año usando unas que no se correspondían con su graduación. La factura ascendió a tres mil dólares. El padre de la criatura estaba convencido de que el seguro la cubriría. Pero no. El seguro médico en Estados Unidos funciona de una forma parecida al seguro de la casa en España. Si su casa sufre un siniestro, el seguro llama a un perito que decide si el seguro lo cubrirá. Y si el seguro se niega, más vale que tenga usted dinero disponible. Entre los supuestos que el seguro cubría no estaba incluido el error de otro profesional que, para colmo, no estaba asociado al seguro. Además, al no tratarse de una enfermedad propiamente dicha, no se incluía en ninguna categoría. Así que la familia tuvo que pedir un crédito para pagar la factura.

Cuarenta y siete millones de personas en Estados Unidos (el 15 por ciento de los ciudadanos) carecen de cobertura sanitaria. Entre los que sí la disfrutan hay grandes diferencias. Si se pertenece a un gremio bien sindicado se accede a una buena cobertura sanitaria, aun cuando nunca será tan buena como la que existe en cualquier país de la Unión Europea. Los demás, cien millones de personas, un tercio de la población, están cubiertos, pero precariamente (como es el caso de mi excuñado). Y no piense usted que los no asegurados son mendigos, perroflautas o hippies bohemios, no. La gran mayoría de personas que no tiene ninguna cobertura sanitaria trabaja, pero su trabajo no les proporciona seguro médico.

Así las cosas, los estadounidenses han de recurrir a carísimos seguros médicos. Y si uno es diabético o asmático, le es prácticamente imposible asegurarse.

En Estados Unidos, el 40 por ciento de las personas que se están muriendo como consecuencia de una enfermedad terminal manifiestan estar preocupadas por cómo ellos o sus familiares pagarán sus facturas médicas. Un 12 por ciento tiene que vender parte de sus propiedades para poder hacer frente a los recibos. Y más de cien mil personas mueren en Estados Unidos al año por falta de atención médica, según el profesor de Harvard David Himmelstein.

La gran paradoja es que Estados Unidos es el segundo país que más dinero destina a sufragar la sanidad —cinco mil euros per cápita al año frente a los mil setecientos de España— y el que tiene el sistema más deficiente de todo el Primer Mundo.

Repito: Estados Unidos es el segundo país del mundo que más dinero destina de su PIB a sanidad (el primero es Malta que, como recordarán, es uno de los países más corruptos de la Unión Europea según Transparency International). Eso quiere decir que del dinero total del país, los ciudadanos gastan un 60 por ciento más en el cuidado de su salud que en España.

Veamos ahora la calidad de la sanidad de Estados Unidos.

La tasa de mortalidad infantil es un buen indicador del nivel de salud de un país. En Estados Unidos es de seis muertes por cada mil nacimientos normales. En España, la tasa está en 3,4 por mil, casi la mitad e inferior incluso a las de Finlandia, Alemania, Francia y Noruega.

La tasa de mortalidad materna en parto (esto es, las mujeres que mueren cuando dan a luz) es otro indicador fiable. Según datos del Banco Mundial, en España fallecen seis mujeres por cada cien mil niños nacidos vivos. España ocupa así el noveno lugar de un ranking total de ciento veinticinco países, por encima de Estados Unidos, pues allí fallecen veintiuna mujeres por cada cien mil nacidos vivos. La diferencia es muy significativa. Hay que tener en cuenta que en Estados Unidos muchas mujeres dan a luz en su casa no porque crean en el parto natural, sino porque no pueden permitirse pagar el hospital. De ahí la elevada tasa de mortalidad en el parto.

La tasa de obesidad en adultos en Estados Unidos es exactamente el doble que la española.

Según su esperanza de vida, España ocupa el puesto duodécimo del mundo, mientras que Estados Unidos está en el trigésimo séptimo.

Estas estimaciones han sido elaboradas por la Organización Mundial de la Salud (OMS), Unicef, el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) y el Banco Mundial.

¿Por qué esta desproporción entre gastos y resultados?

Porque del 16 al 30 por ciento del coste del aseguramiento en Estados Unidos va a cubrir los costes administrativos. Entre estos costes están los escandalosamente altos ingresos de los ejecutivos. Un ejemplo: William McGuire, presidente de United Health Group, recibe al año 37 millones de dólares, más 1776 millones de dólares en acciones. Las compañías de seguros privados están entre las que reportan más beneficios en Estados Unidos. Beneficios para sus accionistas, no para sus asegurados, se entiende.

Todo un negocio… Un negocio para las grandes empresas sanitarias privadas. No para los ciudadanos. El negocio redondo, porque todos los ciudadanos necesitamos servicios de salud. Todos sin excepción. Hay gente a la que no le gustan las bebidas con gas. Y no las bebe. Coca-Cola nunca hará negocio con ellos por muchas campañas publicitarias estupendísimas que haga. Lo mismo podemos decir del iPhone. Hay un segmento de la población que no sabe ni quiere usarlo (mi madre, sin ir más lejos) y a los que Apple nunca llegará. Pero todos, absolutamente todos, necesitamos ir al médico. En el fondo, privatizar la sanidad es como privatizar el aire.

Con los datos en la mano es evidente que no es ya difícil, sino imposible, defender las excelencias del aseguramiento privado sobre la financiación pública. Pero lo están haciendo los economistas liberales en España, que dominan el campo de la economía sanitaria de nuestro país.

¿Lo hacen porque ellos son ricos y pueden pagarse un seguro privado?

Probablemente sí, pero además… Hay otra razón mucho más interesante.

Ni desde el punto de vista económico ni desde el de calidad, la sanidad privada supera a la pública. Si en España vamos por la senda de la privatización, la consecuencia directa será que tendremos una sanidad de peor calidad, que aumentará su gasto y podremos invertir aún menos en otros sectores, como la educación, los servicios sociales, la investigación, las pensiones… (sectores en los que apenas estamos invirtiendo ahora).

La estrategia de Artur Mas, Dolores de Cospedal, Esperanza Aguirre, Mariano Rajoy y demás políticos que insisten en privatizar la sanidad es clarísima: hay que desviar el gasto público (que es lo que nos exigen los mercados, es decir, los bancos, las agencias de calificación y otros) al sector privado. De esta forma, el sector privado tendrá acceso a nuevo dinero, fresco y fácil.

Nunca lamentaré bastante no haber guardado aquel informe de la Comisión Europea que comparaba el tamaño de la economía de la Unión con el de Estados Unidos e identificaba en el sector público europeo con un nivel de servicios aceptables una debilidad. Porque era una «oportunidad de negocio» que aquí se perdía. Se referían a educación y sanidad.

La idea de simultanear sanidad pública y privada constituye el gran negocio para las aseguradoras. Los tratamientos fáciles y poco costosos los gestionarán ellas y los largos y costosos los derivarán a la Seguridad Social.

Poco antes de escribir este libro, yo me pillé la mano con un cajón de la cocina (de hecho, tecleando rememoro a menudo el accidente, porque la fractura no ha soldado bien, y me cuesta. Soy muy propensa a los accidentes domésticos: como buena sagitario no tengo «conciencia de pericuerpo»). Me presenté sola en el hospital de Sant Pau porque mi compañero se quedaba a cuidar de mi hija. Me pasaron a la sala de espera. Allí había una niña, venga a llorar. Le pregunté su edad. Tenía 18 años, estudiaba en Barcelona, tenía una otitis. Llevaba dos horas allí. Su familia estaba en Girona. Yo sé que las otitis duelen muchísimo, he pasado alguna. Pero creo que también lloraba porque estaba asustada y sola. Me presenté ante la enfermera. Le dije que por favor le dieran un calmante a esa chica. Me dijo que como enfermera ella no podía administrar nada sin autorización del médico. «¿Y dónde está el médico?». «Ocupado, y aún puede tardar horas». Y luego me miró: «Tú eres escritora, ¿no? Escríbelo. Cuenta cómo está la situación».

Creo que resulta bastante obvio que no se está recortando en sanidad porque la cosa esté así de mal, sino porque la sanidad es un gran negocio, y si se privatiza, al estilo de Estados Unidos, muchos se van a hacer multimillonarios.

Se podría recortar de muchas otras partidas.

Los toros se subvencionan: las fiestas taurinas nos cuestan 564 millones al año. (Véase www.20minutos.es/noticia/276608/0/fiestas/).

Los clubes de fútbol también han estado subvencionados, de forma indirecta. Como ya hemos visto en el capítulo anterior, deben más de 750 millones a Hacienda y 10,6 millones a la Seguridad Social. (Aunque mientras escribo este libro se supone que les han obligado ya a pagar la deuda). Pero siguen las subvenciones de ayuntamientos y comunidades autónomas, las recalificaciones sospechosas, las compras de las televisiones autonómicas y demás tratos de favor y subvenciones varias.

Se podrían eliminar los sueldos y pensiones vitalicias de los cargos políticos, y prohibir por ley que los expresidentes cobren de la empresa privada a la vez que disfrutan de su pensión: González y Aznar siguen sin renunciar al sueldo de ochenta mil euros, mientras reciben altas retribuciones de Gas Natural y Endesa, por ejemplo.

Se podría prohibir que un político cobre del Estado y de la empresa privada: Ángel Acebes cobra del Congreso y de Iberdrola, por ejemplo.

Se podrían recortar los sueldos de los cargos políticos. Si un ciudadano tiene que cotizar 35 años para percibir una jubilación, no veo por qué los diputados lo hacen a los siete, ni por qué no tributan un tercio de su sueldo del IRPF, como hacemos los demás.

Se podrían endurecer las penas contra el fraude fiscal. El 72 por ciento de este fraude proviene de las grandes empresas que facturan más de 150 millones de euros al año, y de la banca.

Ahorraríamos noventa mil millones de euros.

Se podría eliminar el concordato con el Vaticano. El ahorro final estaría entre los seis mil y los diez mil millones de euros. Jesús predicaba la pobreza, y la Iglesia se debe mantener mediante las aportaciones de los fieles, como ya dijo el propio san Pablo.

Esa niña que lloraba en urgencias podría ser su hija. Peor aún, usted podría padecer leucemia.

Y si la padeciera, un seguro privado no le ayudaría, porque los mejores especialistas están en la Seguridad Social. Lo sé porque se trata de una enfermedad que he vivido de cerca.

Usted que me lee: tome conciencia, por favor. El fútbol es un negocio. Los toros, una tortura. Los gastos del Congreso, un lujo innecesario. Las pensiones vitalicias, una enorme falta de ética. La fe es una opción. Pero la salud es un derecho.

Espero que le haya hecho reflexionar sobre por qué debemos todos, a toda costa, defender con uñas y dientes nuestro sistema de Seguridad Social. Porque nos va la vida en ello.

CAPÍTULO 7
Plasenzuela. Dejad que los ricos se acerquen a mí…

Acabando de escribir este libro, en julio de 2012, leí en el diario El País un reportaje de Guillermo Abril titulado «La omertà de Plasenzuela», del que a continuación extracto algunos párrafos (sería interesante leerlo entero: el reportaje está colgado en Internet[23]).

Se habla del mayor caso de corrupción de Extremadura. Hay unos seis millones de euros cuyo destino se ha volatilizado. Cuatro imputados por delito continuado contra la Seguridad Social, fraude en subvenciones, malversación de caudales públicos, prevaricación y fraude y exacciones ilegales. Ayudas europeas, estatales y autonómicas de las que no queda rastro. Proyectos que nunca existieron. Trabajadores que nunca trabajaron. Retenciones de salarios que jamás llegaron al Estado. Una biblioteca cerrada y sin luz por impago. Una piscina que el año pasado tuvo que enchufarse a un grupo electrógeno. Naves vacías de viejos proyectos con los que se intentó frenar la emigración del campo. Plasenzuela llegó a presumir de ser un municipio sin paro. De los pocos que aumentó la población en el medio rural. Aquello fue en los años ochenta y noventa. Hoy quedan montones de paja y abono a los que es mejor no acercarse para evitar las pulgas; esqueletos de edificios a las afueras del pueblo. El sueño del desarrollo rural en ruinas. […]

El anterior Gobierno local recibió una subvención de la Junta de Extremadura para levantar un polideportivo. Ese dinero nunca llegó a la empresa constructora. Abandonaron la obra. El plan de proveedores, en vigor desde mayo de este año, obligó a Plasenzuela a saldar la deuda, algo más de cien mil euros, según González [exalcalde de Plasenzuela]. Se pagó al constructor. Y de esta forma tan sencilla, se ha acabado abonando dos veces el mismo proyecto. Con el dinero de todos. […]

El municipio está en bancarrota. Van tres alcaldes en cuatro años. La deuda es de ocho mil euros por vecino. […]

Un concejal socialista recién salido del pleno recuerda algún episodio de cuando venían los inspectores de Trabajo al pueblo y todos los que estaban dados de alta como empleados del Ayuntamiento acudían a la plaza a hacer como que trabajaban. «Todos somos culpables, el 80 por ciento del pueblo se ha beneficiado», dice otro socialista, cuñado del imputado José Villegas. Un empresario venido a menos menciona que quizá fue demasiado llamativo lo del Audi del antiguo alcalde, sus tres chalets, las llamadas a su novia en Brasil con el teléfono del Ayuntamiento […].

La factura del móvil municipal del mes de mayo de 2007 sumó 1157 euros en llamadas internacionales. Fue lo primero que levantó la sospecha de Adrián González, o eso dice. El cabrero acababa de entrar en el Ayuntamiento como concejal socialista, en las filas de Villegas. Lo nombraron tesorero y teniente de alcalde. Comenzó a ver cosas raras, como la factura telefónica, aunque tampoco le dejaban husmear demasiado. En febrero del año siguiente, por intercalar otro momento llamativo, le preguntó al alcalde José Villegas cómo hacía para mantener a raya a la oposición. Villegas le respondió (según González): «Muy sencillo, di de alta al marido de la portavoz del PP». Poco después, el ganadero se presentó ante los barones regionales del PSOE con documentos que apuntaban ciertos fraudes. Villegas fue separado del partido. Adrián González le relevó en la alcaldía a finales de julio de 2008. A principios de agosto, sonó el timbre de su casa. Era un vecino del pueblo. Venía a preguntar cuándo le daba de alta en la Seguridad Social. «Como es usted el nuevo alcalde…», le dijo. No fue el único. Una semana más tarde lo denunció ante la Fiscalía sin saber toda la mugre que podía emerger de un pueblo de quinientos habitantes. Uno de esos días, se levantó de madrugada y acudió a la colina donde guarda sus cabras. Las llamas no habían alcanzado aún las pacas de alfalfa y pudo apagarlas. […]

En enero de 2010 el pueblo acumulaba una deuda de 2,9 millones de euros con la Seguridad Social, según un informe. «De 1997 a 2007 [todo el mandato de Villegas] no se pagó un duro», dice el cabrero. Con esa cifra se puede hacer un cálculo rápido. Sale a unas setenta personas dadas de alta de media cada mes. No siempre eran los mismos, según la hipótesis de la investigación. A unos se les contrataba en junio, a otros en julio y así sucesivamente. Incluso hubo cincuenta magrebíes cotizando un tiempo, aunque nunca pisaron el pueblo. A muchos sólo se les daba de alta unos días, los justos para acceder al subsidio agrario. Y, mientras tanto, el Ayuntamiento retenía la cotización a la Seguridad Social. Pero no lo ingresaba en las arcas públicas. Se esfumaba. Igual que las subvenciones y ayudas a proyectos que nunca existieron. Pero había trabajo. Una burbuja de pleno empleo. Todos contentos. Y en silencio. […]

En este pueblo, uno tiene la sensación de recorrer una España a escala. El símbolo de algo que pudo ser y pinchó a medio camino. La fiebre del dinero barato. Las ayudas al desarrollo dilapidadas. La confusión entre lo público y lo privado, sea con un teléfono municipal o con viajes de ocio a Puerto Banús, como los de Carlos Dívar. La deuda se renegocia en Madrid y no en Bruselas. Y el alcalde viaja a la capital en autobús y se entrevista con «unos señores de traje» que hacen «cuentas en una calculadora». Lo recuerda Adrián González junto a su ganado. Por el camino que linda con su parcela va un hombre con sombrero de paja. Sus pisadas levantan polvo como una interrogación en la tarde. Mira de reojo. No pierde detalle. Es un policía nacional al que trasladaron hace unos años a Cáceres. Se vino a vivir a Plasenzuela. La casualidad le colocó al frente del caso. Como si fuera el sheriff, las cabras oscuras lo siguen desde el redil con mirada ausente.

Me dirán ustedes que éste es un caso aislado. Pero no lo es. Es un caso paradigmático. En España hay muchas Plasenzuelas. E incluso si no las hubiera, que las hay, lo que es terrorífico es que el sistema esté organizado de tal modo como para que pueda haberlas. (Por ejemplo, el Plan de Empleo Rural [PER], en Extremadura, exigía un número determinado de peonadas para cobrar un subsidio durante todo el año. Inmediatamente las peonadas, reales o compradas, se convirtieron en fuente de fraude porque no se creó un sistema para atajarlo o controlarlo, mucho menos para prevenirlo). Lo que es aún más terrorífico es que un pueblo entero colabore en semejante despropósito. Cual Fuenteovejuna moderna, en Plasenzuela actuaban todos a una. No se le puede echar la culpa simplemente al alcalde, porque a lo que parece todos —o casi todos— sabían, todos colaboraban y todos chupaban, porque a nadie se le ocurrió que el pan para hoy es el hambre de mañana. Extrapole usted el caso de Plasenzuela a la realidad nacional y tendrá una explicación de lo que ha pasado en España. El dinero público despilfarrado alegremente. El amiguismo y las compras de favores. Las redes clientelares. La corrupción generalizada. Los banquetes de ayer y el hambre de hoy.

Éste es el país de la picaresca, oigo decir. Ésta es la tradición española. Pero el término picaresca no lo define. Es un país de mafiosos, de ladrones, de gánsteres o de atracadores.

Y no es tan simple como decir que la culpa de todo la tienen los políticos. Primero, porque a los políticos los votó la ciudadanía española, incluso en el caso de comunidades como la valenciana, en las que lo que estaba pasando era más que evidente. Segundo, porque para que se llegue a semejante descalabro, todo un pueblo debe haber colaborado, con lo cual el discurso que leemos a menudo en las redes sociales de «los malvados políticos frente al honrado pueblo» no se sostiene. No es un discurso responsable, porque no nos hace reflexionar sobre el problema real. Y si no podemos identificar el problema, ¿qué posibilidades tenemos de solucionarlo?

La culpa tampoco es de los alemanes. Como si nosotros hubiéramos necesitado de ayuda externa para destruir un país. En el momento en el que sale a la luz la realidad española, ¿quién en su sano juicio va a confiar o invertir en España? Y ¿quién va a ser tan hipócrita como para descalificar a los que no quieran hacerlo? Ni el origen ni la solución a nuestros problemas está en el extranjero, y no se les puede pedir a los demás que hagan por nosotros lo que nosotros no hicimos.

Si en un pueblo de quinientos habitantes han desaparecido seis millones de euros, ¿qué no va a desaparecer en una comunidad entera? ¿Nos sorprende que la Comunitat Valenciana, que fue una de las más prósperas de España, haya pedido el rescate? Y lo peor es que si no establecemos medidas legales urgentes para prevenir y castigar seriamente la corrupción, en cuanto nos den el dinero del rescate y éste fluya, nos arriesgamos a que la historia se repita.

Vivimos en un país fracasado, tocado y hundido. Un barco al que ha arrastrado al fondo una tripulación que no sabía pensar en el bien común, en el que desde el capitán al grumete, pasando por los marineros, han ido robando provisiones de la bodega y vendiendo las cartas de navegación. Un país en el que en plena crisis Mariano Rajoy ha indultado a Tomás Gómez Arrabal, exalcalde de la localidad malagueña de Valle de Abdalajís, condenado por doce delitos de corrupción, y a tres concejales también condenados por delitos continuados de prevaricación. ¿Un país carcomido por la mentalidad colectiva de la corrupción, el engaño, el chanchullo… o todavía estamos a tiempo de solucionar el problema entre todos?

Nos gusta creer que los culpables de la crisis son los políticos, que son corruptos irremediables. Y pensamos sin remordimiento que las pequeñas corruptelas que vemos a nuestro alrededor son minucias sin importancia. Piense usted en quienes conoce. La camarera del bar que está cobrando el paro y trabaja en negro; la dependienta que se despidió del trabajo para cobrar el paro e irse a hacer un viaje a Tailandia; la profesora de instituto que fingió una baja por depresión y que se pasó un año viviendo alegremente del Instituto Nacional de la Seguridad Social; la señora que, tras un accidente, llevaba un collarín innecesario para fingir una lesión cervical que no existe y cobrar del seguro y la baja de la Seguridad Social; los que cobran y pagan en negro la reforma de un piso; las agencias inmobiliarias que cuando te iban a vender un piso te advertían de antemano que una parte debía pagarse «en B» e incluso se permitían escribírtelo por mail, sin miedo a que quedara constancia; la vecina que obtuvo una plaza de guardería saltándose la lista de espera porque su cuñado trabaja en la Consejería de Educación, la madre de la Campanario, el yerno del Rey… A su alrededor, ustedes conocen miles de casos como éstos. Cuando leemos este reportaje y nos ponen la realidad ante los ojos no es tan fácil ya decir eso de que la culpa es de los políticos.

Para hacernos una idea de cómo es este país, pensemos en la piratería. España tiene el dudoso honor de ser el país que más piratea del mundo. En teoría es China, pero al hacer la ratio entre el número de descargas y el número de habitantes, resultamos ser nosotros. Cuando intenté explicar en un debate a un abogado que a) yo no cobro subvenciones ni fondos de dinero público; que b) hacer una novela como El contenido del silencio requiere unos tres años y una labor ingente de documentación; y que c) si no me pagan por mi trabajo no puedo seguir escribiendo porque no tengo de qué comer, la respuesta de este abogado, representante de los internautas españoles, fue «búscate otro trabajo». Así de simple. Este abogado tan amable y comprensivo, y tan respetuoso con mi trabajo se llama Josep Jover. Creo sinceramente, y sin ironía lo digo, que tiene un punto sociópata. Entendiendo por sociopatía la incapacidad de sentir empatía por los problemas ajenos. Cuando voy a Francia y cuento la situación, los franceses alucinan. En Francia no se piratean libros, jamás. El respeto a la cultura está demasiado acendrado. En cuanto a las descargas de música, las hacen los adolescentes; nadie mayor de veinte años se descargaría música de su grupo favorito, son conscientes del daño que le pueden hacer. Pero aquí la idea es otra. ¿Para qué pagar algo que puedo robar impunemente? ¿Me importa acaso a mí un comino el futuro de la cultura o el bien común? Pues eso.

Precisamente porque ésa es la mentalidad española, los niveles de corrupción y de calidad de gobierno en España son más parecidos a los de dictaduras en vías de desarrollo que a los propios de democracias avanzadas con décadas de pertenencia a la OCDE. En el informe de Transparency International, ése es el nivel que tenemos: el de una dictadura bananera. La corrupción integrada está en nuestra cultura, y éste es un hecho innegable. Seguro que han visto ustedes en telefilmes o en películas americanas que si a un alumno de un high school americano le pillan copiando en un examen o descubren que alguien le ha hecho un trabajo, eso significa su inmediata expulsión y la extinción de cualquier remota posibilidad de que ese alumno llegue algún día a la universidad. En institutos y universidades españolas, copiar se considera lo normal. A nadie le expulsarían por eso. ¡Si a la propia madre de la princesa Letizia la pillaron con una chuleta en un examen, y la señora no era una adolescente, precisamente! (Véase vanitatis.com del 18 de julio de 2012 e intereconomia.com del mismo día). De la misma forma nadie se escandaliza aquí si su hermano le enchufa en un trabajo, o si trabaja en una oficina en la que la mitad de la plantilla es de la misma familia, sin que la empresa sea familiar. Y por eso permitimos que el 20 por ciento de los nuevos altos funcionarios del Estado sea familiar de otro alto funcionario.

Pero no podemos conformarnos con este argumento de que la corrupción es un rasgo cultural, porque si decimos «vale, es así, no se puede cambiar» y nos encogemos de brazos sería como admitir que la verdadera democracia no tiene cabida y nunca la tendrá en nuestro país. Lo que sucede es que el problema de la corrupción es el de la pescadilla que se muerde la cola. En un país corrupto impera la desconfianza social, por lo tanto será cada vez más corrupto. Si yo estoy convencido de que el dinero de mis impuestos no va a revertir en el bien común, sino que va a ir a las reformas del chalet de Fabra, o a las putas y la cocaína del concejal de turno, lo normal es que intente defraudar ese dinero. Para que se pierda en tonterías, mejor me lo gasto yo. De esa manera, los países desarrollan culturas en las que predomina la desconfianza social como consecuencia de unos elevados niveles de corrupción, de forma que la corrupción crea más corrupción. Si el de al lado lo hace, yo también. Peor aún: se crea una admiración hacia la figura del corrupto. Si este señor ayer estaba de camarero en una barra y hoy se pasea en Porsche con un Rolex en el brazo, yo también quiero hacerlo, caiga quien caiga.

Sabiendo que en nuestro país existe una gran cultura de la corrupción, lo suyo sería evitar los mecanismos que puedan favorecerla. Para poner una analogía: ¿por qué hay menos spree killers —es decir, asesinos que de una sentada se llevan por delante a varias personas, como el asesino de Denver— en España que en Estados Unidos? No porque aquí haya menos psicopatía (basta darse un paseíto virtual por Twitter para comprobar que no es así). Por la simple razón de que aquí no hay libre acceso a las armas. Si usted fantasea con llevarse por delante a todo un centro comercial, le va a ser difícil hacerlo si es imposible que compre usted un rifle de repetición. De la misma manera, si no hubiera un sistema que favoreciera la corrupción, sería más difícil que ésta se diera.

Las Administraciones públicas y los strong-mayors

Las Administraciones más proclives a la corrupción son aquellas con un mayor número de empleados públicos que deben su cargo a un nombramiento político. Y en este sentido la diferencia entre España y otros países europeos con niveles bajos de corrupción es abismal. En una ciudad europea de cien mil a quinientos mil habitantes puede haber, incluyendo al alcalde, dos o tres personas cuyo sueldo depende de que el partido «X» gane las elecciones. En España, el partido que controla un gobierno local puede nombrar multitud de altos cargos y asesores. Y éstos, a su vez, tejer una red de agencias y fundaciones. En total, en una ciudad media española puede haber cientos de personas cuya subsistencia y modus vivendi dependen de que el partido «X» gane las elecciones. En un pueblo como Plasenzuela, el pueblo entero puede depender del alcalde.

Para colmo, en España toda la cadena de decisión de una política pública está en manos de personas que comparten un objetivo común: ganar las elecciones. Mientras que en la mayoría del mundo occidental los políticos locales están forzados a tomar decisiones junto con funcionarios que estarían dispuestos a denunciar cualquier sospecha de trato de favor.

De esta manera, en muchas ocasiones los partidos políticos no trabajan por el interés general a partir de la voluntad expresada por una ciudadanía, sino que se convierten en un zoco de intereses particulares, de camarillas, de amiguismos y de enchufes.

¿Existe alguna manera de arreglar esto? Existe. ¿Han visto ustedes Gangs of New York[24]? Deberían. Es una gran película y además ilustra muy bien lo que actualmente sucede en España. En ella, el gobierno de la ciudad aparece capturado por redes clientelares e incluso criminales. Más o menos lo mismo que en Marbella, Valencia o Madrid. Pero unos años después la situación cambió. El tipo de gobierno local que había en Nueva York, que es el mismo que existe ahora en España, ya no existe allí. En la película se describe la alcaldía de Nueva York en la época, regida por un sistema muy particular, que se ha dado en llamar strong-mayor: un solo cargo electo, el alcalde y su mayoría de gobierno, acumula mucho poder. A día de hoy el sistema que rige la alcaldía de Nueva York es el de city manager. En esta nueva forma de gobierno, los cargos electos retienen la capacidad legislativa, pero el poder ejecutivo pasa a manos de un directivo profesional nombrado por una mayoría cualificada de concejales. Este director profesional o city manager se queda como alcalde por un período de tiempo que no coincide con el ciclo electoral. Por lo tanto, ese city manager no depende del partido de turno. Así, el partido que gana las elecciones tiene las «manos atadas» a la hora de hacer nombramientos, puesto que ya existe un directivo profesional que gestiona la organización administrativa. Y olvídese usted de los cargos de libre designación. Porque no hay. No se puede usted traer ni a su secretaria, ni a su asesor de urbanismo, ni a su jefe de prensa, ni a su comisionado de relaciones ciudadanas, ni a ningún cargo que se le ocurra o invente para la ocasión. Porque allí los mecanismos institucionales imponen que se seleccionen empleados públicos cuya continuidad en el cargo dependa de su competencia o mérito y no de su lealtad política. Es decir, su secretaria será la que tenía el anterior alcalde.

Este tipo de gobierno de city manager, o sus variantes, es el que predomina en las Administraciones locales de los países occidentales que presentan menores niveles de corrupción.

Un inciso: los dos países menos corruptos del mundo en 2008, Suecia y Nueva Zelanda, eliminaron hace años el estatus funcionarial para la gran mayoría de sus empleados públicos, que en la actualidad se rigen por la misma legislación laboral que cualquier trabajador del sector privado.

Muchos pueden creer que libre designación es un sinónimo de a dedo. Y es cierto que lo es en lenguaje coloquial. Pero en el lenguaje administrativo de la función pública, libre designación es un procedimiento de nombramiento de personal, a dedo, sí, pero reglado. Lamentablemente, lo que ocurre es que en las prácticas políticas usuales las reglas no se respetan. Siempre será el Gobierno del que se trate el que decida quién ocupa la plaza de libre designación. Otra cosa es que dichas plazas sean excesivas o innecesarias. A veces se saltan a la torera el procedimiento para el nombramiento, otras se hacen muchos más nombramientos de los efectivamente vacantes y en otras muchas se incumple la reserva de los puestos de trabajo a personal funcionario. La libre designación y su opacidad son enfermedades que infectan a todos los partidos políticos. Por poner un ejemplo: la alcaldesa de Madrid tiene ni más ni menos que ciento cincuenta asesores de libre designación, que cobran de media un sueldo de cincuenta mil euros al año.

El propio expresidente del Tribunal de Cuentas de España, Manuel Núñez, cree que el germen de la corrupción se encuentra en la generalización de los puestos de libre designación entre los funcionarios con altas responsabilidades en materia de control económico y financiero (entrevista en Laproductividad.com):

Si repasáramos los más de novecientos veinte informes de fiscalización elevados por el Tribunal al Parlamento, nos encontraríamos con muchas deficiencias e irregularidades puestas de manifiesto por el Tribunal —asegura—. Asimismo, si analizamos el vertiginoso deterioro que han sufrido las cuentas públicas en los últimos ejercicios, no nos podemos sentir satisfechos, máxime cuando la situación en ellas descrita está acompañada de una situación social preocupante, especialmente por el elevado nivel de paro con singular incidencia en las nuevas generaciones que pretenden acceder al mundo laboral; así como de planteamientos de recortes y de ajustes en la prestación de determinados servicios públicos.

Las redes clientelares

Pero los cargos de libre designación son sólo una forma de pagar favores. Hay más. Los partidos en España crean redes clientelares muy amplias. Las fundaciones varias asociadas a partidos políticos, la privatización de empresas en las que luego hay que colocar a amigos (véase el caso de Telefónica), las concesiones de servicios públicos a empresas privadas, las televisiones, las subvenciones…

Las redes clientelares causan grandes problemas. Uno de los más evidentes es el de la creación de grupos de presión que se resisten a los cambios. Voy a poner un ejemplo claro. Hasta los amantes de los toros son capaces de entender que en una situación de crisis en la que se está recortando en sanidad y educación, no es de recibo subvencionar con seiscientos millones los espectáculos taurinos (rechazados por gran parte de la población y seguidos por muy poca: sólo el 1 por ciento de los españoles va a los toros, y un 90 por ciento no han ido a una corrida [de toros] en su vida), pero cuando uno sabe que el lobby taurino implica a ganaderos y a grandes fortunas que en muchos casos son familia directa de altos cargos del PP, la situación se ve de otra manera. Y éste es un ejemplo entre otros tantos.

Las redes clientelares envenenan la política y corrompen el sentido mismo de la democracia, porque cuando la gente vota a candidatos basándose exclusivamente en los beneficios personales que les aportan, puede decirse que la ideología, los partidos y los programas no encierran ningún significado.

Vamos a poner un ejemplo cercano. Grecia. ¿Dónde ha aplicado Grecia la «austeridad»? Sí, ha recortado el gasto público y ha subido los impuestos. Pero la reducción del gasto estatal no fue de ninguna manera estratégica y el aumento en la recaudación por impuestos ha sido igualmente equivocado, centrándose en medidas fáciles. Las mismas medidas fáciles que se están tomando aquí. Dificilísimas para la población, pero fáciles para el Gobierno, porque evitan el conflicto con los grupos de presión con los que los partidos mantienen unos vínculos de interdependencia gracias a las redes clientelares. Las grandes fortunas o la banca, entre otros. Lo que está matando a Grecia no es la austeridad en sí misma, sino la falta de un impulso reformador que la acompañe. El problema de Grecia no es el exceso de austeridad, el problema de Grecia es la falta de cambios estructurales profundos en su sistema de gestión política. El problema de Grecia es idéntico al problema español.

En el imaginario nacional percibimos el cargo público como la oportunidad perfecta para enriquecernos, no como el servicio al bien común. El caso Dívar es un ejemplo. Carlos Dívar dimitió, pero no fue a la cárcel. Porque no se consideraba que lo que había hecho fuera delito. Lo que nos da pie a pensar que muchos otros jueces puedan haber hecho lo mismo, pero que quizá no se han creado tantos enemigos como Dívar. El simple hecho de que un juez en España no esté obligado a dar cuentas de lo que hace con el dinero público y que, por lo tanto, Dívar nunca tenga que responder ante otro juez de por qué se gastó en cenas con su amigo íntimo el dinero público, es campo abonado para la corrupción. El hecho de que ese amigo recibiera la Cruz al Mérito Policial con distintivo rojo, que lleva aparejada una pensión vitalicia del 10 por ciento de su salario, reservada según la ley a actos de heroísmo, medalla que no han recibido los 74 agentes que fueron condecorados por participar en las difíciles labores de rescate del terremoto de Lorca, hace pensar que quizá requiera una gran dosis de valor y aguante acompañar a cenar a un señor así. El hecho de que se contemple que alguien como Carlos Dívar se pueda llevar una indemnización de doscientos mil euros puede hacer pensar a cualquiera que ser juez no es un cargo público al servicio del bien común, sino una plataforma para llevar una vida de lo más regalada. (Aunque hay que señalar que Dívar renunció, finalmente, a su indemnización). Ya no podemos acabar con la crisis, pero sí debemos evitar que ciertas situaciones se repitan. La lucha contra la corrupción en España requerirá cambios significativos en la cultura política y de cada ciudadano, porque esta crisis ha demostrado que es urgente el cambio de un sistema de control y responsabilidad claramente defectuoso por otro que funcione mejor.

Vamos a la Comunitat Valenciana para poner otro ejemplo. El Gobierno de esta autonomía, del PP, no respetó en ningún momento los principios básicos que se le suponen a un partido conservador: bajo nivel de endeudamiento, gestión eficiente, ausencia de intervencionismo económico… Creíamos que un Gobierno de derechas debía ser un Gobierno liberal en términos económicos. Sin embargo, el Gobierno de Valencia era un gobierno altamente intervencionista.

Un ejemplo entre los mil que podríamos facilitar sobre cómo actuaba el PP en Valencia: los sueldos en la empresa pública que gestionaba la depuradora de Pinedo. Los jardineros, treinta mil euros anuales; el responsable del sistema informático, más de sesenta mil, y el jefe de planta disfrutaba de una retribución superior a la del propio presidente del Gobierno. La empresa disponía de 141 licencias de antivirus para sólo treinta ordenadores. Como podía darse por hecho, la depuradora de Pinedo arrastra hoy pérdidas millonarias que deberán ser cubiertas con el dinero de todos los ciudadanos o con el recorte de prestaciones sociales.

Y éste es sólo un ejemplo de las numerosas empresas públicas en las que el PP distribuía sus favores en la Comunitat Valenciana. El número de empresas públicas en esta autonomía ha aumentado un 30 por ciento en los últimos diez años.

En Canal 9, la televisión pública valenciana, trabajaban 1850 personas: más que en Antena 3 y Telecinco juntas. Acumuló una deuda de 1140 millones de euros. Ingresaba cinco millones de euros por trimestre mientras que gastaba más de cincuenta. Mantener esa televisión (que muchos entendían como un vehículo publicitario para la Generalitat Valenciana y una empresa que servía para pagar los favores que debía el PP) le costaba a cada familia unos mil trescientos euros al año. (Atención, y ojo: no todos los trabajadores de esa empresa eran enchufados del PP. Algunos entraron haciendo oposiciones muy duras. Conste en acta).

Como ustedes saben, finalmente esta televisión va a hacer un expediente de regulación de empleo (ERE). De los ciento treinta cámaras en plantilla, 127 serán despedidos. Evidentemente, tres cámaras no serán suficientes para la «nueva televisión valenciana». De forma que se va a subcontratar a una empresa que a su vez pagará a los cámaras que contratará. Empresa subcontratada, por supuesto, por el Gobierno de la Generalitat Valenciana. La Generalitat llama a esto una «externalización» del servicio. Probablemente podríamos llamarlo un nuevo pago de favores, un nudo más en la red clientelar.

¿Aún sorprende que la Comunitat Valenciana haya pedido un rescate?

En Andalucía, con un Gobierno de color diferente al de Valencia, se repiten muchas de las características del ejemplo anterior: Canal Sur también arrastra una deuda ingente. Esta televisión dilapida diez veces más dinero del que genera. El número de empleados, 1667, también es superior al de la suma de Antena 3 y Telecinco. Y la deuda acumulada se va cubriendo con decenas de millones recibidos anualmente a través de dinero público.

La red de clientelismo de la Junta, al igual que la valenciana, se extiende a todos los ámbitos de la economía. En Andalucía, 120 000 personas reciben el PER. Lo curioso es que los parados del sector agrícola no suman 120 000 personas, lo que significa, por narices, que algunos de los que reciben el PER o bien están trabajando, o bien no pertenecen a este sector. De cajón.

Además, la Administración andaluza es la única de todo el Estado que dispone de otra paralela. Existen ochenta mil trabajadores de la Junta que han llegado a su puesto mediante oposición. Y treinta mil empleados elegidos mediante libre designación. En los primeros meses de 2011, la Junta trató de equiparar a estos últimos a los funcionarios vía decreto. Esto suena a un intento de asegurar los puestos de trabajo de personas cercanas al partido antes de las elecciones de mayo. Pero sigue gobernando el PSOE gracias a la coalición con IU.

Como ustedes ya saben, la Comunitat Valenciana está gobernada por el PP y la andaluza por el PSOE desde que se fundó.

Cataluña, sin embargo, ha estado comandada por una coalición de corte nacionalista que ha dejado un balance en nada diferente a los anteriores.

Durante los siete años de Gobierno del tripartito se incrementó un 50 por ciento la contratación de trabajadores públicos. El número de funcionarios destinados a tareas burocráticas pasó de 35 000 a 45 000 trabajadores.

En ese período:

—se triplicó el personal de las empresas públicas (de 10 822 a 45 273);

—se multiplicó por diez el número de empleados de las fundaciones (de 604 a 6443);

—creció un 134 por ciento el personal contratado en los consorcios autonómicos (de 8851 a 20 743);

—aumentó un 38 por ciento el número de trabajadores de las entidades de derecho público (de 8895 a 12 302);

—creció un 41 por ciento el personal de las sociedades mercantiles de la Generalitat (de 4122 a 5812).

La Generalitat de Catalunya llegó al extremo de gastar en diferentes informes contratados a personal externo a la Administración pública más de treinta millones de euros en 2007.

Otros datos que sirven como pequeñas pinceladas para iluminar el cuadro.

El presidente de la Diputació de Barcelona cobra 8265 euros brutos al mes.

El coordinador general de dicha Diputació, que es un cargo de confianza de libre designación, cobra 108 904 euros. Hasta 47 de esos cargos lo son por libre designación. De entre esos 47, veinte cobran más de cien mil euros al año.

En el momento de escribir este libro, el alcalde de Sabadell cobra más que el mismo presidente del Gobierno: 82 000 euros al año. Además percibe unos ingresos de 30 736,20 euros de la Diputació de Barcelona. En total, la retribución alcanza 112 736,20 euros. Sus cargos de confianza tampoco lo pasan mal que digamos. Los elegidos a dedo del alcalde son el coordinador de Espacio Público, que cobra 78 499,88 euros; el coordinador de Urbanismo, que se lleva 78 499,82 euros; el de Trabajo, Formación e Industria y el comisionado de Deportes, que se llevan 70 000 euros cada uno; la comisionada de Innovación y Planificación, el comisionado de Derechos Civiles y Ciudadanía, y el comisionado de Relaciones Ciudadanas, que reciben 58 999,92 euros; la coordinadora de presidencia, que se lleva 57 848,28 euros por un 60 por ciento de dedicación, y la coordinadora de la Secretaría de la Alcaldía, 46 000 euros.

Los dos primeros sueldos de esta lista son superiores al del presidente del Gobierno. El tercero y el cuarto superan la retribución de los ministros. El resto, menos el último, superan el salario de un director general del Estado. Además, estos sueldos pueden verse incrementados un 16 por ciento por un complemento de dedicación.

Si estos datos les han interesado, les aconsejo que se den un paseíto virtual por el blog http://www.sueldospublicos.com y comprueben que no se trata de un caso aislado. Primero se deprimirán, luego se enfurecerán (o al revés) y creo que al final estarán ustedes de acuerdo conmigo en que los sueldos públicos deben unificarse según unos baremos estándares de forma que a mismo puesto, mismo sueldo, y que los cargos de confianza o libre designación deben terminar. El propio hecho de que un jefe de prensa sea un cargo de libre designación, por principio, me hace dudar de la limpieza de cualquier cargo público. Porque te hacen pensar que algo grave deben estar escondiendo todos y cada uno como para que no pueda permitirse nadie contar con un jefe de prensa imparcial. ¿Qué se supone que ese jefe de prensa podría revelar para que dé tanto miedo tener un jefe de prensa que no sea el amigo de uno?

¿Y la televisión catalana? ¿Es rentable? ¿Qué creen ustedes? Sólo en el año 2008 la diferencia entre gastos e ingresos del canal supuso una cifra superior a los 250 millones de euros.

Teniendo en cuenta todos esos datos no sorprende que Cataluña sea la comunidad más endeudada de España en términos absolutos y la tercera en relación al PIB. Y que haya tenido que pedir un rescate.

Quede claro que he puesto ejemplos de tres comunidades autónomas con gobiernos de signo político diferente, para que se vea que no se trata de un problema de partidos, sino un problema de fondo, de mentalidad y de estructuras. No podemos decir «es culpa de este partido» o «es culpa de la clase política» cuando tantísima gente está implicada en la red clientelar. De hecho, no he puesto nombres y apellidos de determinados cargos que trabajan en las televisiones que he citado a los que conozco personalmente y de los que puedo asegurar que no hacen absolutamente nada. Conozco en dos casos a sus subordinados directos. Y esos subordinados directos me llamaban a menudo para quejarse de sus jefes: jamás está en el despacho, se la pasa comiendo con este y aquel político, cuando aparece por el despacho es sólo para gritar… Pero esos subordinados también están allí contratados por libre designación, porque fueron elegidos precisamente por ese jefe contra el que tanto despotrican. Esos subordinados, por lo tanto, constituyen uno de los eslabones de la cadena clientelar, y si el paisaje político cambiara, ellos se verían en la calle. Esos subordinados van a manifestaciones y sueltan inflamadas arengas en el bar Manolo, hasta el día en que a uno de ellos le hice ver que en el fondo él también era un corrupto, aunque él mismo no fuera consciente de ello. Faltó poco para que me pegara, por supuesto.

Otra de mis amigas trabaja en una fundación directamente subvencionada por la Generalitat de Catalunya, fundación que se ha visto señalada en numerosas ocasiones por su opacidad, y cuyo nombre ha aparecido en los medios más de una vez acusada directamente de corrupción. Esa fundación elabora informes que en realidad no son tan importantes y por los que recibe una cantidad exagerada de dinero. Mi amiga, socióloga de carrera, es perfectamente consciente de que lo que ella está haciendo no sirve para nada. Pero ¿acaso deja su trabajo? No, por supuesto. Y supongo que ella es consciente de que el hecho de que su padre fuera en su día un nombre muy conocido en el PSC serviría para que ella fuera contratada.

Tengo también un amigo que pudo hacer un documental subvencionado con fondos de la Generalitat. Su padre también es un político conocido. Estos dos amigos, por supuesto, abominan de la corrupción en las conversaciones de sobremesa. Para ellos, corrupción es lo de Urdangarin y lo de Camps, pero lo suyo no.

Estoy segura de que los jardineros de la depuradora de Pinedo tampoco caían en la cuenta de que formaban parte de una red corrupta.

Con esto quiero dejar claro que las redes clientelares son extensísimas, y que a veces muchos de los que se benefician de ellas se mienten a sí mismos, y no quieren ver su implicación en el entramado.

Pongo otro ejemplo. Imaginemos un pueblo de la costa andaluza o alicantina. Un alcalde recalifica una zona forestal para beneficiar a su amigo el constructor. Unos cuantos maletines se intercambian por el camino. El constructor hace una urbanización. La caja de ahorros le concede a Paco una hipoteca para que se compre una casa en dicha urbanización. Una hipoteca del 110 por ciento de lo que cuesta el piso. Paco trabajaba en una empresa de suministros de ventanas de aluminio que vivía de surtir a las constructoras de la zona, todas ellas implicadas en tramas de corrupción, y todas ellas edificando en zonas recalificadas de forma fraudulenta o sospechosa. Paco cobraba «a comisión», y por lo tanto vivió muy bien en unos años dorados en los que vendía lotes y lotes de ventanas. Su esposa trabajaba de secretaria en la inmobiliaria que vende los pisos de las urbanizaciones. La esposa de Paco, por supuesto, sabía que parte de los pisos se pagaba en dinero negro, porque era imposible no darse cuenta. Llega la crisis. La empresa de ventanas quiebra. La inmobiliaria, también. A Paco le despiden. A su esposa, también. No pueden pagar el piso. Los desahucian.

Finalmente, Paco y Laura son víctimas de la red de corrupción, pero también fueron agentes en ella. No dijeron nada cuando el banco les concedió un crédito en unas condiciones delirantes, pese a que en los periódicos se hablara ya del tema. No dijeron nada cuando decidieron comprar un piso en una zona que se había recalificado de manera fraudulenta, pese a que en los periódicos se hablaba ya del tema. Laura no abrió la boca cuando trabajaba en la inmobiliaria sobre el dinero B que corría por allí. Y Paco, que ya en la empresa de ventanas había oído hablar de los chanchullos del constructor y el alcalde, tampoco se sentía mal por trabajar para corruptos y contribuir a su enriquecimiento.

Es innecesario decir que Paco y Laura votaron durante años al alcalde corrupto.

Por supuesto, ahora Paco y Laura culpan de sus desgracias a la herencia socialista, a los políticos, al BCE, a Angela Merkel, a la banca o al sistema. Nunca se plantean que ellos fueron, en parte, responsables de su situación actual.

Por eso dichas redes son tan difíciles de desmantelar, porque se trata de un problema endémico, estructural, que ha permeado muy hondo en el subsuelo de nuestra sociedad. Y con este ejemplo quiero explicar que Paco y Laura también son agentes sociales, y que deben tomar conciencia de ello. Quizá hayan aprendido del error, y a partir de ahora leerán más periódicos y serán más conscientes del alcance de sus actos. O quizá no. En cualquier caso, la historia invita a una reflexión profunda.

La historia de Paco y Laura nos enseña que si hemos consentido que los partidos se convirtieran en máquinas recaudadoras (por la vía legal y la ilegal) y avasallaran el terreno que debían ocupar las instituciones, los profesionales y la ciudadanía, algo de culpa nos tocará a los no políticos. Las cosas pueden cambiar desde el momento en el que reconozcamos que todos somos agentes sociales, y que sin el esfuerzo de todos por modificar las estructuras más profundas, un cambio no será posible.

Un sistema de redes clientelares acaba dañando terriblemente el tejido económico del país, pues en la práctica se comporta como un parásito que chupa no sólo los recursos del sector privado, sino el dinero que se recauda vía impuestos.

Un sistema de redes clientelares altera también la percepción social de la realidad. Por eso en la mentalidad de toda la población española ya se ha instalado como un prión la idea de que para ser un empresario de éxito no se requiere inteligencia y capacidad de esfuerzo e iniciativa emprendedora, sino estar afiliado al partido en el poder y disfrutar de los contactos adecuados.

En una democracia funcional sería inconcebible que pocas personas reunieran semejante poder y lo utilizaran casi en exclusiva en su propio beneficio. Pero evidentemente muchos son los últimos interesados en que la situación política cambie. Y así seguiremos teniendo una democracia de baja calidad, o de baja intensidad, o una simiocracia, o una cleptocracia o una corruptocracia, como cada quien quiera llamarla.

Ya hemos dejado algunos problemas claros: el de los cargos de libre designación, el hecho de que los sueldos públicos no estén unificados, la existencia de redes clientelares que van extendiéndose a subvenciones, televisiones y empresas públicas…

Hablemos de otro: el de las listas abiertas.

Las listas cerradas surgieron en el contexto de la Transición. Ese sistema se creó por muchas razones. Básicamente para que el sistema no se desestabilizara y se fragmentara en exceso en un contexto excesivamente frágil. En una democracia recién nacida, se argumentaba, no conviene que haya demasiados partidos, porque no habrá estabilidad. Como esa argumentación suena un poco endeble, otra argumentación podría ser que no se pasa así como así de una dictadura a una democracia, y que el sistema de listas abiertas podía hacer perder privilegios a muchos. En fin… elijan ustedes la explicación que más les guste.

Se suponía que las listas cerradas partían de la base de que lo importante era votar ideas. Que uno votaba el programa del partido y no la personalidad de un candidato.

Sin embargo, muchos creemos que las ideologías partidistas no son determinantes a la hora de resolver problemas concretos. Que podemos estar de acuerdo en algún caso con Rosa Díez, en otro con Patxi López y en otro con el alcalde de Vitoria, que es del PP (y cito a tres políticos vascos porque yo soy de allí, y porque a todos les he escuchado decir algo sensato alguna vez, y esto ya lo he dicho al principio del libro). También hemos caído en la cuenta de que cuando gobiernan, las diferencias entre unos partidos y otros a veces no son tantas. Y para colmo, hoy los personalismos en torno al liderazgo han desplazado el foco mediático de atención de los votantes desde las siglas del partido a la personalidad de los candidatos. Por ejemplo, creo que en Cataluña mucha gente votó a Alicia Sánchez Camacho, sin pensar tanto en que votaban al PP como en el carisma de la candidata. Cada vez más, los líderes nacionales de las respectivas formaciones son quienes concentran la atención mediática, y si no fuera así los asesores de campaña e imagen no existirían. Pero sigue habiendo diferencias entre los partidos: el PSOE nunca hubiera privatizado la educación y la sanidad, y por supuesto, Izquierda Unida siempre ha sido eso: Izquierda y no tiene nada que ver con el PP.

El caso de Andrea Fabra (lamento repetir el ejemplo a todas horas, pero es un ejemplo de moda y que todo el mundo entiende) ilustra las desventajas de las listas cerradas. Tras ser elegida como senadora por designación territorial (a dedo, por su padre), Andrea Fabra salió en las listas de Castellón como número dos. Su padre intentó que fuera como número uno, pero sus propios compañeros de partido le disuadieron ante el escándalo que se podía generar. Porque ¿cuál era el mérito de Andrea Fabra para salir en listas? Ser hija de su padre, dado que su carrera política no ha sido muy visible y no se le conoce logro alguno. De hecho, su actividad como diputada, aparte del ya clásico «que se jodan», ha sido mínima.

Las listas cerradas crean dos fenómenos perversos que se retroalimentan. En primer lugar, el partido fuerza la candidatura de sus fieles, más allá de sus méritos. Es decir, antes incluiré a la hija de Fabra que a cualquiera otra, cuyos méritos quizá sean mayores. Por otra parte, una vez elegidos, los diputados o concejales no tienen apenas incentivos para hacerlo bien en relación con los ciudadanos, mientras tienen todos los incentivos para hacerlo bien respecto a sus direcciones partidistas que son, en realidad, a quienes les deben el puesto. Puede que ya de paso le interesen los ciudadanos, pero no es a ellos a quienes les deben la elección, y por lo tanto ya salen atados de pies y manos para responder antes a las necesidades de su partido que a las reales de sus votantes.

Otro problema que crean las listas cerradas es el de los famosos paracaidistas.

El sistema electoral de listas permite garantizar a cualquiera que será diputado (o senador) sin ninguna dificultad. El procedimiento es sencillo: basta con colocarlo en una lista en un puesto seguro. En cualquier lista. Sin condiciones. En principio, yo puedo haber nacido en Valencia, residir en Madrid, tener familia vasca y sin embargo entrar por una lista en Andalucía.

Nuestro sistema electoral permite, por ejemplo, que todos los ministros logren ser diputados, por el procedimiento de ubicarlos en distintas provincias, aunque no tengan nada que ver con esas demarcaciones. Son los famosos candidatos paracaidistas.

José Apezarena nos recuerda en su blog que tal procedimiento no sirve en Francia y que por esa razón tres conocidas figuras políticas nacionales francesas se han quedado sin escaño. Ségolène Royal no ha conseguido salir elegida por La Rochelle; Marine Le Pen, hija de…, y presidenta del ultraderechista Frente Nacional, no ha sido elegida en Hénin Beaumont, y el centrista François Bayrou se ha quedado compuesto y sin escaño en Pyrénées-Atlantiques.

Aquí, sin embargo, no sólo puedes tener un diputado por Léon que en realidad es de Murcia, sino que incluso en listas municipales te pueden colar a paracaidistas. La mitad de los concejales de Leganés no viven en esa ciudad, por ejemplo.

El cunero es un subtipo del paracaidista. Se entiende por cunero a aquel candidato que siendo originario de una comarca, provincia o región, sin embargo no ha vivido en ella, y que por lo tanto desconoce sus problemas y sus intereses. El cunero, aun siendo —según consta en su DNI— originario de la zona por la que se presenta como candidato, espiritualmente, es tan paracaidista como aquel que ha sido impuesto por los comités centrales radicados en Madrid a una comunidad local.

¿Representan las listas abiertas una solución a todos estos problemas de paracaidistas, cuneros, enchufismo, familiares y deberes para con el partido? Depende. Si se planteara una reforma profunda y esencial de la misma Constitución para ir a un modelo electoral distinto, de matriz anglosajona, nos encontraríamos con el mismo problema que tienen los anglosajones. Allí sí hay listas abiertas. Y por lo tanto el candidato que se presenta o es muy rico, para poderse pagar su campaña, o está financiado por un grupo empresarial o un lobby, al que le deberá el favor. Por lo tanto, la imparcialidad del candidato no está asegurada.

Jordi Sevilla propone en su blog una reforma que parece bastante sensata. «Toda lista lleva un máximo de suplentes por si sucede algún imprevisto con los titulares. Por tanto, hoy, se presentan listas que incluyen tantos candidatos como puestos a elegir se convocan. Y además, unos suplentes. Pues bien, se debería poder tachar individualmente de la lista hasta tantos titulares como suplentes haya, sin que ello invalide la papeleta». Así podrías, si quieres, no votar a Andrea Fabra, o a cualquier representante de la lista que no te dé buena espina o de cuyo apellido, historial o reputación desconfíes, o que no haya nacido en tu provincia. Los candidatos ya no tendrán que estar sometidos solamente a lo que digan los aparatos de los partidos. Según Sevilla, si se siguiera este sistema, los partidos se esmerarían en seleccionar a los candidatos adecuados porque un elevado número de tachaduras pondría en cuestión la validez de su trabajo interno.

Otro problema de las listas electorales: en las listas electorales no debería haber imputados.

Imaginemos que usted va a solicitar un puesto de trabajo en una empresa privada. Imaginemos que usted quiere un puesto de auditor. Si en su currículum figura que está imputado en un procedimiento judicial por un delito cometido durante su actividad profesional anterior como auditor y directamente relacionado con ésta, le garantizo a usted que si opta al puesto fuera de España, no lo va a conseguir. Si en España es usted primo del gerente, o la amante del director, quizá lo consiga. Si usted estaba en la tele autonómica y se descubrió un desfalco cuando usted era gerente, no hay problema: le contratarán a usted en la tele local, como de hecho ya ha sucedido.

¿Cómo puede entenderse entonces que una persona que esté imputada tenga acceso al privilegio de ser elegida para un cargo público? La máxima de que una persona es inocente hasta que no se demuestre lo contrario es intocable para el común de los ciudadanos. Vale. Pero de la misma forma que cualquier mujer con dos dedos de frente no se liaría con un señor que ha acumulado denuncias de su ex por maltrato (digo «con dos dedos de frente», porque temerarias las hay en todos lados), y de la misma forma que usted no contrataría como niñera de sus hijos a alguien cuya anterior empleadora hubiera sembrado dudas sobre el recurso a la mano larga a la hora de solucionar problemas con los críos, en el caso de los candidatos a cargos públicos, cualquier sospecha razonable de participación en un delito, en la medida que sea, debería ser suficiente para su invalidación. Puede ser que un imputado sea finalmente absuelto del delito en que se le implica, pero no hay que olvidar que la imputación en un procedimiento judicial la dicta un juez que cuenta con los argumentos o sospechas suficientes para hacerlo.

Y, además, en la mayoría de los sumarios la imputación de los candidatos españoles está relacionada con sospechas de enriquecimiento indebido durante el ejercicio de su mandato. Es de locos. Si la Ley Electoral permite en España esta barbaridad, y si los propios partidos políticos no lo prohíben dentro de sus normas internas, nos encontramos con un problema gravísimo.

Según medios como diariodeleon.es del 13 de febrero de 2011, publico.es del 18 de noviembre de 2009, o upyd.es, en España hay alrededor de ochocientos políticos imputados en casos de corrupción. De entre ellos, unos cien se presentaron en las listas en las últimas convocatorias electorales. En 2009, la justicia española tenía abiertas 730 investigaciones judiciales por corrupción. El oro y la plata se lo llevaban, lógicamente, el PSOE con 264 causas y el PP con 200.

Los dos partidos mayoritarios, PP y PSOE, se tiran a la cabeza todos los días los casos de corrupción del contrario. Pero ambos —y, en menor medida, otros partidos— incluyeron imputados en sus listas. Más de ochenta candidatos —más del 50 por ciento del PP y cerca del 35 por ciento del PSOE— están implicados en casos que investiga la justicia. Con todas las comunidades, superan el centenar. Algunos son de gran dimensión, como la red Gürtel; otros tienen que ver con cuestiones aparentemente menores. Además, la corrupción no son sólo prevaricación y escándalos urbanísticos. El pasado 2011, por poner otro ejemplo de corrupción, nos hemos enterado de que el 20 por ciento de los nuevos altos funcionarios del Estado es familiar de otro alto funcionario. Este dato ya lo había mencionado. Lo repito para que usted, lector o lectora, no lo olvide y lo comente en el bar Manolo, porque es escandaloso.

Más de 4000 millones de euros se han ahogado en la charca de la corrupción en menos de diez años. El retraso del Tribunal de Cuentas en la fiscalización de las fuerzas políticas no ayuda a acabar con el problema.

Pero, básicamente, habría de ser el ciudadano de a pie el que exigiera un cambio en la Ley Electoral o en el código interno de los partidos. Si el 83 por ciento de los ciudadanos considera que las candidaturas no deben incluir a personas con procesos judiciales abiertos, según el sondeo de Metroscopia, ¿qué hacemos que no salimos a la calle a exigirlo?

En Brasil, la movilización ciudadana consiguió impulsar en 2010 una ley que prohíbe a los candidatos corruptos presentarse a las elecciones. Por poner un solo ejemplo entre ochocientos, aquí nuestro eurodiputado por el PP Pablo Zalba sigue en su cargo, y volando en primera, después de que el equipo de The Sunday Times le pillara con las manos en la masa aceptando un soborno y encima le grabara en vídeo.

La propuesta de reforma de la Ley Electoral elevada al Parlamento en 2011 hubiera acabado con las listas cerradas, pero una vez más fue bloqueada por PSOE y PP, que cerraron un acuerdo parlamentario para evitar que la ley les impidiese incluir imputados en sus listas.

Para colmo, al no ser independiente el poder judicial, es fácil que un imputado nunca sea juzgado.

El caso más claro: Carlos Fabra. El expresidente de la Diputación de Castellón, ese «político ejemplar», que dijo Rajoy, lleva nada menos que siete años alargando el proceso judicial en el que se halla inmerso. Desde que el juzgado número 1 de Nules abriera diligencias para investigar la posible comisión de varios presuntos delitos contra la Administración pública y, posteriormente, un posible fraude fiscal, se han practicado un sinfín de pruebas e interrogatorios y en la instrucción han participado hasta nueve jueces, dado el carácter temporal de la plaza, y cuatro fiscales. Cada juez iba abandonando la plaza y cediéndosela a otro que la abandonaba a su vez a favor de otro que… La Fiscalía pide quince años de cárcel por soborno, tráfico de influencias y fraude fiscal. Fabra ha sido incapaz de explicar de dónde vienen 5,3 millones de euros que han aparecido en 94 cuentas bancarias a su nombre. Carlos Fabra tendrá que explicar también cómo le ha podido tocar siete veces la lotería (2,2 milloncejos de euros de nada). La compra de billetes premiados es un método habitual utilizado para blanquear «dinero no justificado», según los expertos. A cambio del boleto ganador, la persona que quiere lavar dinero ofrece un sobreprecio al tenedor original del premio, que al estar exento de tributación permite dar salida a los fondos.

Según los expertos, la probabilidad de ganar el gordo del sorteo de la lotería de Navidad es de una entre 16,5 millones. Que te toque siete veces por tanto es de una entre… saquen ustedes calculadora. Según los peritos, también se olvidó de declarar al fisco 1,7 millones de euros de nada. Se da por hecho que los delitos acabarán por prescribir y Carlos Fabra no irá a la cárcel. Pero a Carlos Fabra se le votaba, estando imputado y todo. Sí, le votaban esos Pacos y Lauras que hoy están en el paro y que culparán de sus males a la herencia socialista.

Otra reivindicación de la ciudadanía debería ser que los delitos por corrupción no prescriban. Porque al paso que vamos, los cargos contra Fabra prescribirán, igual que los cargos contra Urdangarin.

Pero olvidémonos por un momento de Carlos Fabra e intentemos explicar por qué el poder judicial no es independiente en España.

La no independencia del poder judicial

Empecemos por lo básico. El Estado se divide en tres poderes, pero sólo dos de ellos —el ejecutivo y el legislativo— están sometidos a elecciones. El judicial, no.

Es notorio y manifiesto que los integrantes del poder judicial se dividen entre progresistas y conservadores. O ésa es la nomenclatura judicial. La división entre jueces progresistas y conservadores equivaldría, en cristiano, a ser del PSOE o del PP. La fractura entre ambos bloques, de hecho, suele llevar a frecuentes problemas en órganos como el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), los tribunales Supremo y Constitucional o la Audiencia Nacional, por citar sólo algunos. Esto es así aunque el poder judicial debería, teóricamente, ser independiente.

Esta filiación ideológica de los jueces ha sido objeto de denuncia en numerosísimas ocasiones y los escándalos en los que los partidos políticos se acusan de corromper jueces son el «Sálvame Deluxe» de cada día de los abogados. En la realidad de España el poder judicial no es independiente. ¿Cómo podría serlo si los integrantes de sus más altas instituciones son designados directamente por los partidos políticos a través del Gobierno y del Parlamento?

El CGPJ, por ejemplo, que es la más alta institución del poder judicial, cuenta con veinte vocales, todos ellos nombrados por el Parlamento. Carlos Dívar fue obligado a dimitir por no justificar viajes por un importe de 28 000 euros en viajes desde 2008. Pero cada vocal del CGPJ gastó 22 000 euros en viajes en 2011, según algunas fuentes. Esas mismas fuentes aseguran que la dimisión de Carlos Dívar es una «venganza» del PSOE que ha forzado a «sus» jueces a acorralar a Dívar. No tenemos ni idea de si se trata de una venganza o no, pero el mero hecho de que se pueda publicar el rumor y de que el rumor sea más que verosímil ya dice mucho sobre la nula independencia del poder judicial.

El Tribunal Constitucional, por ejemplo, se compone de doce magistrados de los que ocho son nombrados por el Parlamento, dos por el Gobierno y dos por el CGPJ. Con lo cual creo que queda claro que el Tribunal Constitucional tampoco es independiente.

Para designar vocales del CGPJ o magistrados del Tribunal Constitucional, el Parlamento requiere una mayoría de tres quintos, que vienen a ser el 60 por ciento de los escaños. El PP y el PSOE ocupan en el Parlamento el 92 por ciento de los escaños. De esta manera ningún magistrado o vocal puede llegar a serlo sin el voto a favor bien del PP, bien del PSOE.

El poder judicial toma a menudo decisiones meramente políticas; legaliza e ilegaliza partidos, por ejemplo, decide la impugnación o no impugnación de candidatos, e instruye y decide en los juicios en los que los partidos políticos pleitean entre sí.

Por lo tanto, si hemos demostrado que el poder judicial participa en la política, y que los integrantes de ese poder judicial sólo pueden llegar a serlo con el beneplácito de uno de los dos grandes partidos podemos concluir:

—primero, que el poder judicial no es independiente en este país; y

—segundo, que el poder judicial es un agente activísimo en la toma de decisiones políticas.

Cierto que el poder judicial no responde a un proceso democrático en ningún moderno Estado de derecho, pero también es cierto que en muchos países su independencia está menos cuestionada.

Por ejemplo, en el mismo país donde se articuló el sistema de separación de poderes, el Reino Unido, a los integrantes del máximo órgano judicial, la Supreme Court, no los elige el Parlamento. Son designados por una comisión formada por el presidente y el vicepresidente de la propia Supreme Court, un miembro de una comisión al efecto de Inglaterra y Gales, otro similar de Escocia y otro de Irlanda del Norte.

Los partidos políticos no se rigen por un sistema democrático

Si nos hemos puesto a mirar por qué este sistema falla como una escopeta de feria y cómo podríamos intentar subsanar sus deficiencias, no podemos pasar por alto una de las paradojas más feroces de nuestro sistema democrático. El hecho de que nosotros votamos a gente que no ha sido votada. Que hemos votado, por ejemplo, a un presidente del Gobierno que no fue elegido por sus propios compañeros, sino designado como sucesor por el presidente anterior, cual si de una monarquía estuviéramos hablando. Y es que nuestro actual presidente, como todos sabemos, fue designado por José María Aznar, sin haber concurrido nunca a ningún tipo de votación.

Porque los partidos carecen de democracia interna y los candidatos están sujetos a la disciplina de partido.

Los votantes pueden elegir a los candidatos, pero a los candidatos nos los imponen. Y los candidatos han ascendido sin que medie en ello voluntad popular de ningún tipo.

En Estados Unidos —por ejemplo—, los partidos republicano y demócrata se someten a elecciones primarias que no organizan ellos, sino los propios poderes públicos. Es así tanto en el caso de elecciones presidenciales como para elegir a los candidatos a representantes, a senadores, a gobernadores y a alcaldes.

No sólo el sistema de elección no es democrático, sino que el sistema dentro del partido es completamente dictatorial.

Primero expliquemos cómo se llega a ser diputado o diputada y luego hablaremos de lo que uno puede llegar a hacer cuando lo es.

Cómo llega uno a ser diputado o diputada

En España hay casi 3428 partidos políticos, pero el Parlamento sólo tiene 350 escaños. El 92 por ciento de estos escaños —unos 322— son para PSOE y PP. El 8 por ciento restante —unos 28 escaños— son para repartir entre las otras 3426 fuerzas políticas del país.

Lo normal sería que el Parlamento tuviera un número de escaños y que cada escaño equivaliese a equis número de votos.

Sería lo normal, pero no nos regimos por lo normal.

Por dos razones. Porque el sistema establece circunscripciones provinciales y, a su vez, un enrevesado sistema en el que los representantes parlamentarios lo son por mayoría en sus provincias respectivas.

La segunda es porque se aplica la Ley 5/1985 del Régimen Electoral General, que impone el llamado sistema D’Hondt y además elimina toda candidatura con menos del 3 por ciento de los votos en su circunscripción. Si resulta que tú llegas al 2,70 por ciento de los votos (y son muchos), todos ellos van directamente al partido más votado.

Resultado: en las Cortes españolas los grandes partidos están sobrerrepresentados, o sea, que tienen más diputados de los que les corresponden. Y esto lo consiguen a costa de los partidos minoritarios, que están infrarrepresentados, puesto que ceden a los mayoritarios varios escaños de los que les corresponderían legítimamente.

Y lo fuerte es que partidos como UPyD e IU pueden quedarse a seis mil votos de un escaño. Esto disuade al votante informado que sabe que si vota a UPyD o a IU en según qué sitios puede acabar regalándole su voto al PP, así que perversamente se está disuadiendo de votar a partidos minoritarios en según qué circunscripciones electorales.

Mediante este sistema llegamos a paradojas como la que vivimos en las elecciones generales de 2004, en las que la tercera fuerza más votada del país —IU, con 1 280 000 votos— resultó la sexta en número de diputados —con cinco—. En esas mismas elecciones, CiU obtuvo 830 000 votos —un 36 por ciento menos que IU—, pero acumuló el doble de diputados —diez en total—. En 2008, IU necesitó casi 485 000 para conseguir escaño, cuando al PP y al PSOE le costaron 66 000. En total, dos millones de ciudadanos votaron listas que no obtuvieron representación.

En Dinamarca (uno de los países menos corruptos del mundo, según Transparency International), por ejemplo, se contrarrestan los efectos de D’Hondt con un modelo de la llamada elección proporcional. De eso resulta un Parlamento mucho más fragmentado, en el que todas las fuerzas están representadas.

En 2010 se elevó al Parlamento español una petición de reforma del sistema electoral para mejorar la representatividad del cómputo, que obviamente fue automáticamente rechazada y enterrada por PP, PSOE, CiU y PNV.

La disciplina de partido

Ahora que ya sabemos cómo estas 350 personas han llegado a ser diputados, veamos qué pueden hacer con su escaño.

En el artículo 67 de la Constitución española se prohíbe expresamente la llamada «interdicción del mandato imperativo». Es decir, se prohíbe cualquier presión sobre el voto de un senador o diputado.

Pues bien, los partidos, cuando les interesa —a la hora de legalizar a otros partidos, por ejemplo—, defienden la Constitución con uñas y dientes, pero este artículo en particular se lo pasan por el forro de los mismísimos: los diputados y senadores votan no según su voluntad, sino sistemáticamente la consigna que dicta en cada momento la cúpula del partido.

Es lo que se conoce como disciplina de partido. Por eso precisamente, y sabiendo cuántos escaños tiene cada partido, pueden predecirse los resultados de una votación en el Parlamento antes de que ésta sea efectiva. Porque si los parlamentarios contradicen la disciplina de partido, el asunto se salda con sanciones al parlamentario.

Y así las cosas, ¿qué más nos daría tener 350 diputados o 35? Nos ahorraríamos mucho dinero y el resultado en votaciones sería el mismo.

Por no decir ya que el Senado, que nos sale por un ojo de la cara y medio, nos sobraría. Se trata de una Cámara obsoleta que no representa a nadie, salvo a ellos mismos y sus propios intereses. La llaman Cámara de representación territorial. En dicha cámara, 266 senadores reciben una asignación básica de 2813,91 euros mensuales (no dejen de visitar la obsoleta web del Senado). Sueldo base al que hay que sumar los complementos en función del cargo que ocupan en el Senado, las dietas por asistir a las sesiones… Sueldos que se ganan por hacer… ¿qué exactamente? Pues no queda muy claro. El Senado sólo tiene una función específica, que se sepa, la del artículo 155: tomar medidas contra una comunidad autónoma rebelde. Y ¿han oído ustedes alguna vez hablar de una comunidad autónoma rebelde a la que haya disciplinado el Senado? Pues yo tampoco. Así que no sabemos qué hacen los senadores, para qué sirve lo que hacen, ni, en general, quiénes son ellos, en qué lugares se enamoraron, de dónde son o a qué dedican el tiempo libre. Los senadores pasan la legislatura en silencio, totalmente desapercibidos. La Constitución les otorga también algunas funciones relevantes en teoría, pero inoperantes en la práctica, como la autorización de los acuerdos de cooperación entre comunidades autónomas; la dotación, distribución y regulación del Fondo de Compensación Interterritorial; así como la apreciación de la necesidad de dictar leyes de armonización de las disposiciones normativas de las comunidades autónomas. Algunos de esos senadores, como fue el caso de la ínclita Andrea Fabra en su día, son elegidos «por designación territorial». O sea, a dedo, por su padre en aquel caso. Y pueden añadir a su sueldo lo que se llevan por el cargo que ya ejercen en otra Administración. Por ejemplo: se puede ser presidente de un Parlamento autonómico y además senador. Se puede ser alcalde de una gran ciudad y además senador. No hay incompatibilidad alguna.

Así las cosas, los partidos mayoritarios suelen utilizar el Senado para garantizar una dorada y tranquila jubilación política a personas a las que hay que agradecer servicios prestados, pero que empiezan a sobrar —a veces incluso a molestar— en puestos de mayor responsabilidad.

Pues eso, habiendo quedado claro cómo se llega a ser diputado o senador, de una manera nada democrática, y sabiendo que una vez se ha llegado allí cada uno debe hacer lo que le indica la voz de su amo y no su conciencia, se preguntarán ustedes por qué, si queda expresamente prohibida en la Constitución, existe —y además abiertamente— la disciplina de partido. ¿Se trata acaso de un extraño fenómeno parecido al de las meigas, que no creemos en ellas pero haberlas, haylas?

En Estados Unidos, por ejemplo, demócratas y republicanos cuentan con libertad de voto. Tanto así que, en 2008, el controvertido plan de rescate financiero propuesto por el presidente Bush —republicano— prosperó pese al voto en contra de muchos republicanos y a favor de tantos otros demócratas.

¿Hacia dónde podríamos ir?

Explicadas así las cosas, nos queda claro que este sistema tiene fallos y que se trata de fallos subsanables, así que lo lógico es que nos preguntemos si existen posibles soluciones. En este sentido, el diario Público consultó a politólogos y sociólogos que seleccionaron 21 propuestas concretas para diseñar una democracia menos corrupta[25]. No existen fórmulas milagrosas o recetas llave en mano, pero sí hay ya intuiciones y realidades. Estas propuestas no pretenden ser la panacea, pero sí que se han aplicado en otros lugares, en algunos casos, o ya están muy maduras tras años debatiéndose en la universidad o incluso en el Congreso, en otros.

Una Ley Electoral más proporcional

La propuesta: un sistema que no anule la voz de los territorios, pero que sea más proporcional y dé a los partidos pequeños la representación que justamente les corresponde, anulando los privilegios de los que hoy disfrutan los partidos mayoritarios.

Dificultad: exige la reforma de una ley orgánica y de la Constitución de 1978.

Como ya he explicado antes, el sistema electoral español es de los más injustos de Europa. Muchas de las fórmulas alternativas se inspiran en el modelo alemán, que combina la proporcionalidad y el voto territorial: se vota una lista de partido con circunscripción única y también a un diputado territorial. Eso sí, el sistema alemán tiene un fallo: para entrar en el reparto nacional se necesita superar el 5 por ciento. Pero nada impediría bajar el umbral en el español.

Listas abiertas

Propuesta: permitir que el ciudadano pueda elegir a quién vota de una lista.

Dificultad: exige la reforma de una ley orgánica, que requiere mayoría absoluta.

Como ya he explicado antes, España tiene la opción más restrictiva: lista cerrada y bloqueada. La elabora el partido y el elector la tiene que aceptar entera. El hecho de que a día de hoy casi todas las listas cuenten con imputados incentiva la abstención y la desconfianza en el sistema. Dan Kselman, del Instituto Juan March, ha demostrado que la corrupción es más fácil donde las listas son cerradas y bloqueadas.

Este sistema implica, por ejemplo, que un ciudadano de Valencia que deseara apoyar al PP en las últimas autonómicas tenía que votar también a todos los imputados de la papeleta. Si la lista se desbloqueara, tendría la opción de votar al PP y tachar a los imputados.

Las fórmulas que se proponen son variadas y se aplican en muchísimos países. La que a mí me parece más sensata es la que antes he mencionado: la de tachar individualmente de la lista hasta tantos titulares como suplentes haya, sin que ello invalide la papeleta.

Elecciones primarias para los candidatos

Propuesta: elegir a los candidatos mediante primarias abiertas a toda la sociedad.

Dificultad: debe ser asumido por los aparatos que controlan los partidos.

Como ya he explicado antes, los partidos eligen a sus líderes y candidatos como quieren: sólo están obligados a respetar una apariencia democrática. Pero según los expertos, ello explica en parte el bajo nivel de afiliación en España y sus problemas para conectar con la sociedad. También sucede que a veces el sistema de designación designa —valga la redundancia— al candidato menos idóneo para unas circunstancias determinadas. Aznar eligió a Rajoy, presumiblemente, porque era de perfil gestor (y porque era su amigo), pero en tiempos de crisis un país necesita a un líder carismático, no a un gestor contenido y apocado que en lugar de tranquilizar o inspirar a la ciudadanía, acaba por sembrar más desconfianza.

Una encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas apunta que la mayoría cree que toda la sociedad debería poder participar en la elección de candidatos, tal y como se hace en Estados Unidos. Allí, cualquiera puede registrarse para participar en las primarias de los partidos. Aunque evidentemente sólo podrá ascender quien cuente con apoyo de sus compañeros o con el apoyo financiero de un lobby.

Revocación del mandato

Propuesta: dar a los electores la posibilidad de destituir a un cargo electo.

Dificultad: exige la reforma de la Constitución.

En algunos países, los cargos electos se arriesgan a tener que pasar una reválida a mitad del mandato. Si la opinión pública se muestra contraria a su gestión, pierden el puesto.

En el 2002, el entonces gobernador de California Gray Davis no contaba con las simpatías de quienes le habían votado. Sus electores no estaban de acuerdo con la política del Gobierno de Davis y el fracaso de los demócratas en responder a las condiciones sociales que empeoraban y a la inseguridad de la economía. De forma que reunieron las firmas necesarias para convocar un referéndum y pedir su destitución. Su sustituto resultó ser un candidato mucho más popular: Arnold Schwarzenegger.

Esta posibilidad (recall, en inglés) está prevista en dieciocho estados de Estados Unidos y en países como Venezuela y Bolivia. Y puede aplicarse también contra diputados. Andrea Fabra habría, con toda seguridad, perdido su escaño si el sistema pudiera aplicarse en España.

El problema que plantea es que sería fácil que los lobbies lo utilizaran en beneficio propio. De hecho, el ejemplo de Arnold Schwarzenegger da mucho que pensar. Los únicos méritos de Schwarzenegger eran su popularidad a raíz de haber sido protagonista de grandes blockbusters de Hollywood y el hecho de estar casado con una Kennedy (a la que era infiel, por cierto, aunque sus votantes no lo sabían), no sus conocimientos de gestión, economía o política. De hecho, Schwarzenegger declinó participar en debates con los otros candidatos. El caso es que el actor llegó al cargo con la promesa de que iba a acabar con el déficit presupuestario en California y siete años después el déficit había aumentado. Su gestión no fue en absoluto mejor que la de Davis. Eso sí, durante los siete años que estuvo en el poder en el estado de California apareció en los medios día sí y día también. El actor le dijo «sayonara, baby» al cargo con unos índices de aprobación del 23 por ciento, una cifra muy pobre comparada con el 65 por ciento del que gozó al acceder al Gobierno de California en 2003. La deuda pública que deja en su estado es, en contraste, inmensa: 21 000 millones de dólares.

Referéndums vinculantes e iniciativas legislativas

Propuesta: disminuir las restricciones para que los ciudadanos puedan promover referéndums vinculantes o iniciativas legislativas.

Dificultad: exige la reforma de la Constitución.

En teoría, los ciudadanos españoles pueden participar en la construcción de la agenda política a través de los referéndums y de la iniciativa legislativa popular (ILP), que permite llevar propuestas a las cámaras. Repito: en teoría.

La práctica es otra. En primer lugar, la iniciativa para convocar referéndums corresponde al Gobierno. En segundo lugar, no son vinculantes. Es decir, que incluso si en un referéndum la población votara, por ejemplo, a favor de la independencia de una región, eso no significaría que el Gobierno la declarase.

Existen las ILP. Esto es, según la Constitución los ciudadanos pueden presentar peticiones, cargos de justicia, avaladas por sus firmas, para que se tome en consideración política un determinado asunto público, como puede ser la reforma de un estatuto o una ley, o incluso una enmienda constitucional. Para ello deben recoger quinientas mil firmas.

Pero estas iniciativas tienen vetados muchos temas, como todos aquellos regulados por ley orgánica (derechos fundamentales, estatutos de autonomía…). Por esta razón, la subida del IVA no se puede someter a una ILP, de la misma manera que no se puede pedir un cambio en la Ley Electoral.

En países como Estados Unidos o Suiza la iniciativa de referéndums no está en manos de las autoridades, sino de los ciudadanos. Y continuamente hay consultas vinculantes.

Presupuestos participativos

Propuesta: facilitar la participación ciudadana en la toma de decisiones entre elección y elección.

Dificultad: los críticos advierten de que los grupos organizados pueden acabar dirigiendo las asambleas en beneficio propio.

Frente a la opción de ir a votar cada cuatro años y nada más, los presupuestos participativos hace años que vienen ensayándose como fórmula complementaria que fomente la participación democrática. Empezaron en Porto Alegre (Brasil) en la década de 1990 y se han extendido mucho, sobre todo en el nivel municipal.

La idea es que las autoridades sometan a debate público en qué se gastan determinadas partidas de inversión.

Memorias de participación

Propuesta: incluir en las políticas públicas memorias de participación y de rendición de cuentas.

Dificultad: ninguna.

Cualquier proyecto urbanístico o de infraestructuras importante debe contar con una memoria de impacto ambiental. Los expertos en nuevas fórmulas de participación aspiran a replicar el modelo para la participación y la rendición de cuentas. De esta manera cualquier política pública debería plantearse desde su origen qué canales de participación abre y cómo va a rendir cuentas de lo hecho una vez terminado. Es decir, si usted va a construir un aeropuerto debería explicar a los ciudadanos cuánto dinero va a gastarse en él, a quién va a otorgar la concesión de la obra, cómo piensa rentabilizar esa inversión y por qué justifica la necesidad de esa inversión. No sería tan fácil entonces plantear la construcción de aeropuertos fantasma o ciudades de las artes sin artes, y por lo tanto se vallaría y se controlaría un campo abonado para la corrupción.

Consejos deliberativos

Propuesta: implicación de ciudadanos en la toma de decisiones políticas.

Dificultad: ninguna.

En Francia se llama Comisión Nacional del Debate Público y afronta asuntos de ámbito nacional. Francia, país en el que tradicionalmente las decisiones no se concertaban y se imponían, abrió así la vía de la corresponsabilización. Por ejemplo, la nueva línea ferroviaria de alta velocidad (TGV) de París-Lyon ha sido sometida a debate público, así como el proyecto ferroviario Burdeos-España.

La selección de este consejo de ciudadanos entre una muestra socialmente representativa permite reflejar de mejor forma la diversidad de la sociedad. Pero para llevar a cabo efectivamente la deliberación se requiere de un número reducido de personas. Y aquí entra la complicación para ver cómo se elige a estas personas. Normalmente se hace por sorteo, con criterios de pluralidad como los que aplica Televisión Española en «Tengo una pregunta para usted». En algunos casos, para optar al sorteo uno ha debido inscribirse previamente en un registro. En otros, se selecciona por sorteo a ciudadanos de forma aleatoria, a partir de los nombres inscritos en el padrón municipal.

En Ontario (Canadá) se encargó a un consejo nada menos que la reforma electoral. En Chile en particular, un caso paradigmático de democracia participativa, en cuanto mecanismo consultivo, han sido los cabildos culturales. Los consensos o resultados que derivan de estos mecanismos no son vinculantes; sólo funcionan como una forma de evaluación y orientación para la actividad de los representantes.

Sin duda, el más conocido de los métodos deliberativos es el jurado ciudadano. Los jurados ciudadanos, también llamados células de planificación o dictámenes ciudadanos (Planungszelle), fueron desarrollados por el profesor de sociología Peter C. Dienel. En Alemania están dirigidos a conseguir la deliberación sobre un tema concreto de una muestra representativa de la población formada por un grupo de alrededor de veinticinco ciudadanos aleatoriamente seleccionados, que durante aproximadamente una semana son liberados de sus obligaciones laborales y tratan de discutir propuestas de solución para un problema determinado mediante discusiones en grupo. Los resultados de sus deliberaciones se resumen en un documento llamado dictamen ciudadano (Bürgergutachten), que se presenta ante los decisores políticos. En Alemania se han utilizado con mucha frecuencia para decidir usos de instalaciones municipales, para infraestructuras o para planificación urbana como en Regensburg o Hanover.

En el Reino Unido, los jurados ciudadanos dependen de los ayuntamientos.

Un ejemplo de jurado ciudadano en el Reino Unido premiado por el Institute for Public Policy Research y The Guardian fue en 2000 el Juvenile Jury de Cambridge.

En el caso español estos mecanismos reciben el nombre de consejos ciudadanos o núcleos de intervención participativa y han sido utilizados en especial en el País Vasco y Cataluña.

Por ejemplo, a finales de 1998 se celebró en Corbera de Llobregat un consejo ciudadano. Se constituyó un equipo entre diferentes ciudadanos elegidos de forma aleatoria entre los que constaban en el padrón municipal, que se reunió en sesiones de trabajo para deliberar. En Lleida, Sitges o Santa Coloma de Gramenet se reunieron estos consejos para tratar cuestiones medioambientales, y en Sant Quirze del Vallès para tratar de urbanismo.

En Rubí (Barcelona), en 1999, se hizo un ensayo de democracia directa en el que los ciudadanos decidieron sobre el presupuesto municipal. Su decisión fue vinculante. También discutieron sobre impuestos. En el primer consejo participaron 75 personas mayores de 16 años, escogidas al azar, que decidieron el uso de un antiguo campo de fútbol. En el Consejo de los Niños fueron los más pequeños los que tuvieron voz y voto en el diseño de las áreas de juego de algunas plazas de la ciudad. Rubí lleva alrededor de 1 200 000 euros invertidos en obras de mejora urbana realizadas previa consulta a las asociaciones de vecinos.

Los presupuestos participativos no son algo nuevo. Al otro lado del Atlántico, en la ciudad brasileña de Porto Alegre, llevan confeccionándose así desde hace más de veinte años. Esta ciudad del sur del Brasil que Rubí toma como referencia ha aplicado la siguiente fórmula: la ciudad se divide en dieciséis sectores y en cada sector hay cinco comisiones temáticas que discuten el orden de prioridades. Las reuniones son abiertas a todos los ciudadanos, pertenezcan o no a una asociación o grupo; las coordinan representantes municipales y en ellas se decide cómo van a repartirse los recursos.

Naciones Unidas puso a Porto Alegre como ejemplo de organización municipal en la Cumbre Mundial de Ciudades que se celebró en Estocolmo en 1999.

Ley de transparencia

Propuesta: aprobar una ley que obligue a las Administraciones a divulgar toda la información que tengan.

Dificultad: ninguna.

Access Info es una ONG internacional que defiende el derecho ciudadano a acceder a la información de interés público en manos de los gobiernos y en 2006 eligió Madrid como sede mundial. ¿El motivo? España es el país más grande de la Unión Europea sin ley de transparencia.

Este tipo de leyes ya existen en Estados Unidos desde la década de 1960 y obligan a las autoridades a contestar a cualquier ciudadano preguntas como ésta: ¿a qué empresa ha contratado el Departamento de Salud para la limpieza de sus hospitales y por cuánto dinero?

Los expertos ven este tipo de norma como un elemento anticorrupción clave. En España, esta información se canaliza con preguntas parlamentarias, pero los gobiernos disponen de un sinfín de artimañas para ignorarlas. Algunos países, como la India, colocan en Internet toda la información por iniciativa propia.

El ejecutivo prometió acabar con la anomalía española, pero el proyecto está paralizado. El PP ha presentado un anteproyecto de ley de transparencia, pero desde el Consejo de Estado se ha objetado que no se haya solicitado informe a la Fiscalía General del Estado, ni al Ministerio de Defensa, ni a las comunidades autónomas, ni del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales.

Además, en España, la Corona no estará sujeta a la ley de transparencia.

Las cuentas de la Casa Real

Propuesta: hacer públicas las cuentas de la Corona.

Dificultad: la obstrucción de los partidos mayoritarios.

Existen en España ocho instituciones públicas —como el Consejo de Estado— con autonomía financiera y sin control externo. Pero ninguna llega tan lejos como la Casa Real, que recibe una asignación anual sin tener que explicar cómo la gasta.

En 2010, esta asignación ascendió a 8,9 millones de euros y cubre sólo una mínima parte del dinero público que se dedica a la institución, cuyo monto global se desconoce. ERC ha denunciado al Tribunal de Estrasburgo la opacidad de las cuentas de la monarquía.

«El Rey recibe de los presupuestos del Estado una cantidad global para el sostenimiento de su familia y Casa, y distribuye libremente la misma», dice la Constitución. Por lo tanto, y ateniéndonos a la propia Constitución, nada impide que las cuentas de la Corona fueran tan transparentes como las de la monarquía británica.

Acceso a las cuentas de los partidos

Propuesta: la fiscalización real de las cuentas de los partidos y su acceso público.

Dificultad: exige la reforma de la Ley Orgánica del Tribunal de Cuentas.

Siempre que estalla un escándalo que afecta a las cuentas de los partidos políticos, la respuesta es idéntica: «Nuestros presupuestos han pasado todos los controles del Tribunal de Cuentas».

Es cierto. Pero también es una trampa: la fiscalización del Tribunal de Cuentas se limita a trabajar con el material que le proporcionan los partidos, sin capacidad auditora real y sin posibilidades de acceder a las tripas ni a las fundaciones de los partidos. Para colmo, la información que recibe el Tribunal de Cuentas es, además, reservada: nadie puede acceder ni siquiera al listado de proveedores de los partidos. El único órgano fiscalizador que lo permite es el de Galicia.

Todos estos déficit son subrayados regularmente por el Consejo de Europa.

Hacer público el patrimonio de los políticos

Propuesta: publicación del patrimonio completo de todos los cargos electos.

Dificultad: ninguna. Ya existe en Castilla-La Mancha.

Los expertos en corrupción consideran clave el acceso al patrimonio completo de los cargos públicos. Varias instituciones han dado pasos, pero de forma parcial.

La única excepción es Castilla-La Mancha, que ha optado por la máxima transparencia al respecto: publica en el Boletín Oficial el patrimonio completo, todas las rentas, todas las inversiones, todos los bienes, todas las actividades de diputados y altos cargos, incluida la presidencia.

Diputados a tiempo completo

Propuesta: impedir que los parlamentarios puedan tener un bufete privado.

Dificultad: ninguna. Una mayoría de partidos apoya la idea, pero no avanza.

Cualquier parlamentario puede compatibilizar hoy su actividad parlamentaria con un bufete privado y otras actividades remuneradas. De hecho, más de cuarenta parlamentarios simultanean su actividad con negocios privados.

La línea que delimita el conflicto de intereses entre los negocios privados y la actividad parlamentaria es fina como un tabique de obra. El caso Gürtel, por ejemplo, que ha desvelado las actividades paralelas del exdiputado del PP e imputado Jesús Merino: según la Agencia Tributaria, entre 2002 y 2008 ingresó como parlamentario menos de quinientos mil euros. En el mismo período, sus consultorías y las de su esposa sumaron 8,4 millones asesorando a empresas.

Políticos sin privilegios

Propuesta: eliminar privilegios en las pensiones de los diputados y fijar criterios claros para coches oficiales.

Dificultad: ninguna. La mayoría de partidos admite que hay que «racionalizar».

Cuando se recuperó la democracia, se acordó que los parlamentarios tenían derecho a percibir la pensión máxima con sólo ocho años cotizados. Y el argumento le pareció bien a todo el mundo: la represión franquista había impedido a muchos cotizar.

Pero han pasado más de treinta años y los parlamentarios que han votado ampliar de quince a veinticinco años el cómputo para calcular las pensiones siguen disfrutando de aquella decisión.

Los expresidentes del Gobierno y, con variantes, de varias comunidades disfrutan de otro privilegio: una pensión vitalicia de ochenta mil euros al año. La izquierda minoritaria la quiere eliminar cuando se perciben otras ganancias privadas importantes. José María Aznar percibió en 2010 ingresos superiores al millón de euros y Felipe González recibe, sólo de Gas Natural, 126 000 euros al año.

La decisión de UPyD de renunciar al coche oficial para sus concejales ha forzado el debate al respecto. Todos los partidos admiten que deberán «racionalizarse» este tipo de gastos. Los expertos apuestan por fijar criterios objetivos.

En España hay veintidós mil coches oficiales, que se emplean en actividades tan importantes para la población como llevar a la alcaldesa Rita Barberá de compras, a la alcaldesa Ana Botella (otra designada a dedo y no votada) a la peluquería, o al concejal del PP de Valencia Miguel Domínguez al gimnasio (en los tres casos se recogió en vídeo el uso del vehículo). El juez Carlos Dívar utilizaba el coche para ir a misa.

Los presupuestos generales de 2012 reflejan que la flota de coches oficiales no ha sufrido ningún recorte en el Gobierno central, mientras que las autonomías y ayuntamientos los han multiplicado por cinco en los últimos diez años. España tiene veintidós veces los coches oficiales de Estados Unidos, una exageración si se tiene en cuenta que en Estados Unidos viven más de trescientos millones de habitantes frente a los poco más de cuarenta millones que habitan en España.

Y mientras, en Madrid y Barcelona nos han impuesto el tarifazo con los billetes de metro. Metro que no utilizan los cargos públicos, lo que sí hacen en otros países, como el alcalde de Nueva York, que viaja en metro; o en Holanda, donde la reina se traslada habitualmente en bicicleta.

Corrupción sin prescripción

Propuesta: eliminar la prescripción en los delitos de corrupción.

Dificultad: exige la reforma del Código Penal y de otras leyes orgánicas.

La mayoría de delitos de corrupción se han ido castigando cada vez con más dureza en el Código Penal. Y pese a ello, muchos acaban sin juicio porque ya han prescrito. Expertos como Víctor Lapuente, de la Universidad de Gotemburgo, sostienen que España lidera probablemente un ranking informal de delitos de corrupción que no se juzgan por haber prescrito. Entre las causas, destaca la saturación de la justicia y que aquí suele empezarse a investigar más tarde.

Por ello, sería imprescindible que en España no prescribiesen los delitos de corrupción. Así se evitarían no sólo escándalos como los de Fabra, sino como el del expresidente italiano Berlusconi, que salió absuelto del caso Mills —que le debería haber costado cinco años de cárcel— porque el delito prescribió.

Límites a los regalos

Propuesta: establecer que cualquier regalo superior a cincuenta euros no declarado sea considerado cohecho.

Dificultad: exige reformar el Código Penal.

Algunos de los mayores casos de corrupción que han estallado en España en los últimos años, como Gürtel y Brugal tienen en su origen regalos a cargos electos. La clave para que sean considerados cohecho no depende de su valor, sino de que se regale en razón del cargo o a cambio de algo. Para cortar por lo sano cualquier ambigüedad interpretativa y que como tal se incluya en el Código Penal, se propone que todo regalo valorado en más de cincuenta euros no declarado en un hipotético registro que incluya la identidad del obsequiante sea considerado cohecho. Ahora no existe registro alguno, ni siquiera para los regalos realizados a la Casa Real.

Algunos ERE, sin dinero público

Propuesta: las empresas con beneficios que inicien un ERE deberán pagar el paro de los despedidos.

Dificultad: exige una reforma legal ya encarrilada.

El ERE anunciado por Telefónica con las plazas llenas ha acabado de inflamar a los indignados: la exigencia de que las empresas con beneficios que abran un ERE tengan que costear el paro de los despedidos se ha convertido en emblema del 15-M y probablemente será su primera victoria tangible.

La demanda cuenta con un apoyo social tan alto que Telefónica ha replanteado el expediente, pese a tener la ley a favor: asumirá el paro de los despedidos, que el Estado no abonará. El PSOE ha presentado una enmienda para que esta decisión ahora voluntaria sea obligatoria.

Dación en pago para la vivienda

Propuesta: que la entrega del piso cancele la hipoteca y la deuda con el banco.

Dificultad: exige la reforma de la Ley Hipotecaria, que se debatirá en una subcomisión del Congreso.

En varios estados de Estados Unidos la entrega del piso cancela la deuda con el banco (hay una película con Tom Hanks y Julia Roberts que toca el tema: Larry Crowne, nunca es tarde[26]).

En España, cuando hay desahucio, el banco se queda con el piso y el cliente tiene que seguir pagando. Si dejamos de abonar varios recibos de nuestro préstamo hipotecario, el banco puede decidir iniciar el procedimiento de ejecución. Si la sucursal decide que no vamos a poder pagar lo que le debemos, en lugar de negociar, envía nuestro caso a sus servicios jurídicos para que inicien los trámites para subastar el inmueble.

Si no podemos pagar la hipoteca, el banco subasta la vivienda. Si nadie puja por ella, queda desierta y se la adjudica la entidad financiera por un 50 por ciento de su valor. Si este porcentaje no alcanza el total de deuda pendiente más los gastos, la persona que pierde el inmueble sigue con una deuda por el resto. Responde durante el resto de su vida con todos sus bienes, presentes y futuros. En cuanto a los ingresos por nómina, se establece una cantidad cercana a los mil euros (según determinados parámetros familiares) que es inembargable (en el caso de perder la vivienda habitual). Pero si se cobra en algún momento por encima de esta cantidad, el banco nos puede embargar el resto.

En este intercambio desigual, por el que se fija a cuánto asciende la deuda pendiente, el banco contabiliza el piso devuelto a un precio baratísimo: el 50 por ciento de la tasación. Y el tasador, para colmo, trabaja para el banco. Después, el banco no está obligado a revender el piso por ese precio, así que puede hacer negocio con él.

La patronal ha advertido por carta al Gobierno de que la dación en pago supondría un gran perjuicio para el sistema financiero. Pero gracias a la presión social, se están recogiendo quinientas mil firmas para una ILP, lo que ha forzado la creación de una subcomisión parlamentaria.

No sólo se propone que la entrega del piso cancele la deuda, sino también elevar del 50 por ciento al 75 por ciento el porcentaje sobre el precio de la tasación cuando el banco se queda con el piso.

Registro antiparaísos fiscales

Propuesta: establecer un registro de mínimos que ayude a seguir el hilo del dinero hacia paraísos fiscales.

Dificultad: cualquier iniciativa efectiva debe tener escala internacional.

La Constitución española, en su artículo 31.1, establece, como principios generales del ordenamiento tributario, que «todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad, que, en ningún caso, tendrá alcance confiscatorio».

Pero ya en la Revolución francesa los ricos transfirieron sus bienes al exterior para proteger su patrimonio y eludir el pago de los impuestos sobre sus ganancias.

Un paraíso fiscal es un país extranjero que posee una serie de características peculiares, la más importante de las cuales es que aplica impuestos mínimos o cero sobre capitales extranjeros. Actualmente existen más de doscientas jurisdicciones que ofrecen uno u otro incentivo a los inversionistas no residentes. Bahamas, Bermudas, Islas Caimán, República de Vanuatu, Mónaco y Andorra son ejemplos de países en los cuales no existe imposición sobre la renta ni sobre la plusvalía del capital.

Hong Kong, Liberia y Panamá son ejemplos en los cuales las sociedades no pagan impuestos sobre las rentas o ingresos recibidos fuera del territorio nacional. También dentro de la Unión Europea hay países como Luxemburgo y Holanda que ofrecen ventajas impositivas a los holdings y a aquellas sociedades que operan fuera del propio territorio.

Muchos expertos coinciden en que la salida de la crisis, el futuro del Estado del bienestar, la lucha contra la corrupción y la esencia misma de la democracia dependen en buena medida de hacer más difícil que el dinero llegue a los paraísos fiscales. Y pese a que ha habido avances por el empuje del G-20, queda mucho terreno por recorrer.

Los expertos insisten también en que las medidas, para ser efectivas, deben ser globales o al menos a escala europea. Y en este sentido van casi todas las propuestas de un reciente documento de la Fundación Alternativas elaborado por José Luis Escario[27]: creación de una agencia mundial específica, establecimiento de sanciones multilaterales contra los Estados que no cooperen con unos mínimos que habría que redefinir al alza, etc.

Todas esas acciones, de momento, parecen tan impracticables que resultan utópicas. Pero sí que se incluye una sugerencia que podría implantarse sin esperar a los demás: crear un registro de compañías mucho más exhaustivo que los existentes, que incluya información relevante para seguir la pista del dinero y haga menos opacas estas estructuras.

Tasa Tobin

Propuesta: establecer una tasa para las transacciones financieras especulativas.

Dificultad: para que sea eficaz, debe adoptarse a escala internacional.

Hace ya cuarenta años que el premio Nobel de Economía James Tobin propuso una tasa mínima de apenas el 0,1 por ciento para las transacciones financieras especulativas. A finales de los noventa se creó una organización internacional, la Asociación por una Tasa sobre las Transacciones Especulativas para Ayudar a los Ciudadanos (Attac), que se fijó como prioridad impulsar una propuesta que desde hace años tiene resuelta ya cualquier dificultad técnica.

El G-20 ha amagado con impulsar tasas inspiradas en la propuesta de Tobin. Pero nada se ha llevado a la práctica.

Fiscalidad justa

Propuesta: recuperar los impuestos sobre el patrimonio y de sucesiones, y gravar más las sociedades de inversión de capital variable (sicav) y los dividendos.

Dificultad: que, ante la libre circulación de capitales, baje la recaudación.

El objetivo sería que paguen más los que más tienen. Hay varias posibilidades: recuperar el impuesto sobre el patrimonio (eliminado en 2008) y el de sucesiones (casi finiquitado en las comunidades donde gobierna la derecha), gravar más a las sicav…

Las sicav son un instrumento de inversión que permite invertir dinero y diferir el pago de impuestos, a través de una sociedad anónima cuyo objetivo social es invertir en activos financieros. Así, los más ricos tributan al 1 por ciento hasta que deciden qué momento es mejor para declarar. Tras sus siglas, se oculta un auténtico paraíso fiscal legal en España, que no puede ser controlado por la Agencia Tributaria, y para crearlo únicamente se necesita un capital mínimo de 2 404 048 euros. Con este mecanismo legal, las grandes fortunas españolas, la élite financiera, no necesitan llevarse su dinero al extranjero, ni evadirlo, porque aquí, en España, pueden tenerlo cómodamente, y retirarlo y usarlo cuando quieran, como si de un banco se tratase, y sin que su actividad pueda ser fiscalizada por el Ministerio de Hacienda.

Si usted tiene una empresa y al final de año ha ganado dinero, tiene que pagar un 30 por ciento. Si es una persona que ha ganado el dinero trabajando, ha de tributar el IRPF a un tipo que puede llegar al 30 por ciento para rentas altas. Si es una persona que ha ganado el dinero por rentas del capital, pagará un 21 por ciento. Si monta una sicav, pagará un 1 por ciento, a menos que saque el dinero (entonces pagará un 21 por ciento).

Está claro que las rentas del capital están primadas y que dentro de éstas, las Sicav están ultraprimadas.

Muchos expertos creen que de una fiscalidad más justa va a depender la sostenibilidad del Estado del bienestar, e investigadores como Armin Schäfer han demostrado incluso que la desigualdad es el mayor factor de erosión de la democracia.

¿Dónde estamos ahora?

Así las cosas, a día de hoy tenemos un Gobierno de mayoría absoluta con un presidente al que impusieron como candidato de su partido en lugar de al que ninguno de nosotros ha elegido.

Mariano Rajoy llegó al poder en una situación política excepcional que hubiese sido envidiable en cualquier otra circunstancia porque tenía por delante cuatro años de mayoría parlamentaria absoluta y un panorama electoral despejado. Y antes de cumplir siquiera el año de mandato, Rajoy ha conseguido quitarle a Zapatero el título de presidente menos popular en toda la historia de la democracia española, y anda que no era difícil. A Mariano Rajoy, evidentemente, no le gusta hablar en público y además no lo hace particularmente bien —no olvidemos ese momento, justo antes de que rompiera a aplaudir como loca la tantas veces mencionada en este libro Andrea Fabra, en que el presidente empezó a tartamudear y articuló así un vocablo para la posteridad, «des-in-cintin-tin-tin-tivadores»—. A Mariano Rajoy nunca le ha preocupado mejorar su comunicación personal con los ciudadanos o asentar su liderazgo sobre su capacidad de convicción, su verbo o su carisma. Básicamente se presentó como un gestor, no como un orador ni como un líder. Nadie recuerda una conferencia de prensa en la que no se limitara a salir del paso. Pero en circunstancias como éstas, cuando los ciudadanos contemplan asombrados cómo se dice una cosa un día y se hace otra al siguiente, sin que el presidente les ofrezca una explicación plausible y ven cómo un programa electoral se incumple sistemáticamente punto por punto, un presidente del Gobierno no puede presentarse así de esquivo y distante.

Tampoco su equipo de Gobierno le ayuda a mucho. La voz nasal de Cristóbal Montoro recuerda más a un teleñeco que a un portavoz económico que transmita solidez y liderazgo. Luis de Guindos tampoco parece un macho alfa precisamente, sino que más bien da la impresión de un estudiante temeroso enfrentado a un tribunal de oposición.

Mariano Rajoy se ha encastillado en su Moncloa y ha sacrificado el diálogo en el altar de la mayoría absoluta. Cierto es que el diálogo podía haber sido extremadamente difícil, pero en momentos como éstos lo peor que se puede hacer es alimentar la crispación y habría que dar al menos una imagen de que en el país podemos avanzar todos hacia un futuro común. La opacidad del presidente del Gobierno y la dificultad para saber qué piensa y qué modelo de sociedad y de Estado desea (más allá de que sea eficiente y de que garantice la estabilidad presupuestaria) alimentan una continua confusión. Cuando el principal agente comunicador se limita a afirmar crípticamente «haremos lo que tengamos que hacer y estamos donde estamos», la población se aterra y corre a sacar el dinero del banco y a esconderlo bajo el colchón.

Para colmo, Mariano Rajoy no ha tomado ninguna medida simbólica (recortar los coches oficiales, por poner un ejemplo) ni ha hecho nada realmente significativo que trasladara a la ciudadanía la sensación de que, de verdad, esta crisis nos afecta a todos y todos la pagamos por igual. Porque es cierto, como dice el Gobierno, que el empobrecimiento ha sido general, y lo va a seguir siendo, pero no es comparable el sacrificio que se le pide a una familia cuyos ingresos no llegan ni a mil euros al mes, que el que se le pide a otra con un patrimonio de diez millones, porque no hay progresividad en el impacto de ese sacrificio. No basta con bajar el salario de los concejales. Sin ir más lejos, ahora que sabemos que existen 63 diputados que residiendo en Madrid cobran dietas de mil ochocientos euros al mes por desplazamiento de su circunscripción, se les podría haber exigido tajante e inmediatamente que renunciaran a ellas. Evidentemente, la crisis no se habría salvado, pero el gesto habría sido simbólico y bien recibido.

En lugar de eso, el señor Rajoy se ha quedado solo y con todo el mundo en contra. Está dilapidando el caudal de confianza que se le depositó en las urnas. Los autónomos, los funcionarios, los médicos, los estudiantes, los profesores, las madres de familia y los profesionales de la cultura están que trinan.

En plena guerra mundial, Churchill, un hombre de enorme voluntad, se la contagió a su pueblo cuando ya nadie creía en el Reino Unido. Sus enfervorizados discursos y su actitud combativa mantuvieron alto el ánimo de la población civil y casi con total seguridad fueron decisivos en el hecho de que pese a los bombardeos alemanes, y en un combate desigual contra un adversario más resuelto y mejor equipado y entrenado, los sentimientos cívicos de sus compatriotas se galvanizaran y aglutinaran en uno solo. ¿Y si Churchill no se hubiera dirigido al pueblo británico? ¿Y si lo hubiera hecho tartamudeando o diciendo «haremos lo que tengamos que hacer»? A día de hoy viviríamos probablemente en el escenario descrito por Philip K. Dick en su maravillosa novela El hombre en el castillo, después de que los nazis hubiesen ganado la guerra.

Un presidente elusivo y temeroso y un equipo de Gobierno carente del menor atisbo de carisma y garra son las peores maldiciones que le pueden caer a un país en tiempos de crisis. Los inversores no se arriesgan y los pequeños ahorradores transfieren su dinero a cuentas en bancos extranjeros. Estudiantes y jóvenes, y también los no tan jóvenes, emigran y en la calle se palpa una violencia cada vez menos soterrada. No hablo sólo de las manifestaciones y las protestas, también de la actitud general: cartas incendiarias al director en los periódicos, llamadas agresivas de los oyentes a los programas de radio, respuestas fuera de tono en el mostrador del ambulatorio… Precisamente, mientras escribo esto escucho desde la calle los coros, los pitos, las consignas y las soflamas de la enésima manifestación de esta semana. (Se entiende claramente desde mi piso, que es el sexto: «La revolución p’alante y al que no le guste que se joda y que se aguante»).

Esa sensación de desánimo, de frustración, de resignación, se ha ido extendiendo sobre nosotros como un manto de niebla. El ciudadano medio, ese españolito que cambiaba de coche cada cuatro años, que tenía tres teles en casa —una en el salón, otra en el dormitorio y otra para los niños—, que había llevado a sus niños de viaje a Disneyland París y a su señora de escapada a un balneario, al que le gustaba aparentar y que tenía confianza en el futuro, votó al PP convencido de que Mariano Rajoy nos sacaría de la crisis, bajaría los impuestos y crearía empleo, y ahora se queda atónito cuando ve que el mismo partido que hace menos de dos años había recogido cuatrocientas mil firmas contra la subida del IVA, lo sube; y que el mismo presidente que dijo que jamás tocaría las pensiones, las recorta, y sigue recortando cual Mariano Manostijeras de aquí y de allá. Él todavía no ha perdido su trabajo y, con suerte, incluso mantiene el mismo sueldo, pero como las barbas de su vecino ve recortar, cada vez consume menos, por si acaso, sin darse cuenta de que entre las familias que no consumen porque no pueden y las que no consumen por si acaso, esta desaceleración del consumo está agudizando todavía más la crisis. El pesimismo se contagia, porque el miedo es la única emoción que se transmite más rápido que un virus, y ésta no es una frase poética, sino un axioma que se estudia en psiquiatría.

Hace poco compré un libro sobre la depresión en la Cuesta de Moyano, que me costó exactamente un euro. El libro viajó conmigo a París y allí se quedó, en la habitación de un hotel, y por esa razón ahora no recuerdo ni el título ni a la autora. El caso es que sí recuerdo que había un capítulo entero que trataba sobre el hecho de que la depresión es contagiosa. Se sabe que se transmite de padres a hijos, aunque nunca ha quedado claro si las causas son genéticas o ambientales, o se trata de una mezcla de ambos factores. Lo curioso es que también se sabe que los cuidadores de enfermos de depresión acaban por enfermar. Es decir, contrata usted a una enfermera joven, sana y feliz, que disfruta de una relación estable y que no ha conocido la depresión en su vida, y la pone a cuidar de un anciano deprimido o a trabajar en una planta psiquiátrica. Al cabo de un año, la enfermera también está deprimida. Los investigadores no acaban de dar con la causa exacta del fenómeno, y el libro incluso aventuraba teorías tan arriesgadas como la existencia de campos electromagnéticos y la prevalencia del campo negativo sobre el positivo.

Martin Seligman, uno de los psicólogos que acuñó el concepto de inteligencia emocional, menciona a menudo en sus escritos el hecho de que la sensación de falta de control, de indefensión, es un elemento de tensión y altamente deprimente. Una persona puede afrontar sin problemas una situación de desempleo si, por ejemplo, se ha despedido voluntariamente del trabajo porque no soportaba a su jefe y vive en un país en el que no es tan difícil encontrar otro. El problema surge cuando da la impresión de que la realidad escapa a su control, y empieza a pensar que nunca jamás tendrá otro trabajo. El desempleo a largo plazo se asocia con una disminución de la autoestima y de la propia valía, más acusada en los hombres, puesto que tradicionalmente la sociedad valora a éstos por lo que hacen (por su trabajo) y a las mujeres por cómo lucen y cómo se desarrollan (por su belleza y por sus cualidades como novias, esposas y madres).

Ya en 1944, el doctor Antonio Vallejo-Nágera describía la llamada neurosis del paro, en un momento en el que el fantasma del desempleo no constituía la amenaza social que es hoy en día. «El neurótico del paro —decía Vallejo-Nágera— supedita toda su felicidad a la obtención de un trabajo, y cree que nunca será feliz si no lo encuentra». Teniendo en cuenta que según las previsiones de la OCDE en el 2013 uno de cada cuatro españoles estará en el paro, nos enfrentamos a un momento único en la psicología social, sobre todo si pensamos que esta crisis se da en una sociedad altamente individualista y que ha dado especial importancia a los signos externos de riqueza. Si bien muy probablemente ningún niño padecerá desnutrición ni fallecerá de una gripe por falta de medicamentos, a muchos les supone un mazazo el hecho de perder el coche, la segunda residencia, las vacaciones en la playa, los vermús de los domingos.

Pero las verdaderas consecuencias afectarán al tejido social. Jóvenes que no van a poder emanciparse en condiciones de precariedad laboral, lo que supone que no podrán casarse y que la natalidad descenderá todavía más. Familias obligadas a compartir techo no por afecto o por vínculo, sino por necesidad, matrimonios que no se divorcian porque no se pueden permitir hacerlo, con el consiguiente aumento de la tensión y los comportamientos agresivos. Una generación que vivirá peor de lo que vivieron sus padres, cuando ha sido criada, precisamente, en la ley del mínimo esfuerzo, por unos padres que, intentando no repetir los comportamientos autoritarios de los suyos, los educaron desde la sobreprotección y no los prepararon, desde luego, para enfrentarse a la que está cayendo ni en el plano psicológico ni en ningún otro.

Durante la Depresión de 1929 se creó una situación de «pánico bancario». Muchos bancos eran solventes, pero circularon rumores dando a entender que no lo eran. Como resultado, numerosos depositantes hicieron cola para retirar sus ahorros. Los bancos no pudieron hacerse cargo de la demanda, porque no tenían suficiente dinero en efectivo. Y así, se originó la profecía autocumplida: los depositantes causaron de facto que sus propios y peores miedos fueran confirmados. Por supuesto, este hecho no explica la Crisis del 29, pero sí que es un ejemplo que se suele citar en psicología social para explicar la evidencia de la naturaleza autoconfirmativa de las ideas, o cómo, cuándo y por qué los esquemas sociales acaban por configurar la propia realidad social. En la situación que estamos atravesando es fundamental que en el nivel individual no nos dejemos llevar por el pánico o el desánimo, porque si no, lo iremos contagiando hasta crear un pánico colectivo, un pánico que desincentiva el consumo y por lo tanto el crecimiento económico. (Ojo: cuando hablo de consumo, no quiero decir consumismo). Pero por desgracia, en el Gobierno español no hay un Churchill, ni siquiera un «aprendiz de…», y cada vez que nuestro presidente o alguno de sus ministros habla en público, la desconfianza crece.

Los humanos no somos cobayas ni perros, pero siempre que los psicólogos nos quieren convencer de que el optimismo funciona, acaban por mencionar a estos bichos. Primero nos cuentan que Richard Morris, profesor de Neurociencia de la Universidad de Edimburgo, llevó a cabo en su laboratorio un experimento que constaba de dos pruebas consecutivas.

En la primera prueba introdujo a una docena de cobayas en un estanque de agua enturbiada con un poco de leche, para que no vieran unos cuantos montículos que había colocado en el fondo. Éstos eran cobayas «con suerte», porque mientras braceaban para flotar se podían apoyar y descansar temporalmente en los promontorios ocultos en el fondo del estanque, antes de proseguir su marcha en busca de una salida.

A otra docena de cobayas la metió en un estanque similar, pero sin los montículos. Estos conejillos «sin suerte» no tenían más remedio que nadar sin descanso para no ahogarse.

Después, Morris sacó a todos los exhaustos animalitos del agua para que se recuperaran. Cuando hubieron descansado, les hizo la segunda prueba: el investigador echó a los veinticuatro cobayas en el estanque que no tenía montículos en el fondo.

Mientras los cobayas del grupo «con suerte», a los que en el primer experimento les había tocado el estanque con montículos donde apoyarse, nadaban a un ritmo tranquilo, el grupo de cobayas «desafortunados» chapoteaba desesperadamente sin rumbo.

Justo antes de ahogarse, Morris los rescató uno a uno y los devolvió a sus jaulas, extenuados y probablemente sorprendidos de estar vivos.

Cuando el investigador calculó los minutos que los cobayas se habían mantenido a flote, descubrió que los cobayas «con suerte» habían nadado más del doble del tiempo que los «desafortunados».

El señor Morris concluyó que los cobayas del primer grupo nadaron más tranquilos y durante más tiempo porque recordaban los invisibles montículos salvadores de la primera prueba, y estaban motivados, pues tenían la esperanza de encontrarlos. Pero los cobayas del segundo grupo, que durante la primera prueba no habían encontrado apoyo alguno, tenían menos motivación para nadar. Y por tanto —de cajón—, no lo hacían.

Mientras tanto, en un laboratorio de la Universidad de Pensilvania, el profesor Martin Seligman estudiaba con un método parecido el comportamiento de perros que habían sido expuestos a diversas situaciones estresantes.

Seligman formó dos grupos de canes elegidos al azar. Metió al primer grupo en una jaula de metal en la que los animales recibían molestas descargas eléctricas cada pocos segundos. Hiciesen lo que hiciesen, los pobres perros no podían escapar.

Introdujo al otro grupo en una jaula igualmente electrificada, pero de la que los perros escapaban empujando con el morro un panel que tenían enfrente.

En un segundo experimento, Seligman puso a todos los perros en una jaula electrificada de la que podían salir saltando una pequeña pared.

Como ustedes, lectores perspicaces, ya habrán adivinado, el segundo grupo de perros saltó la pequeña pared sin problemas, y el primer grupo se quedó paralizado.

Seligman calificó de indefensión aprendida la reacción de estos perros pasivos y sufridores, y pensó que los animales habían aprendido en el primer experimento a sentirse indefensos. Por lo tanto, cuando los encerraban, ni siquiera consideraban la posibilidad de que pudieran encontrar una salida.

En cierta manera, se habían convertido en perros desesperanzados, «recordaban lo ocurrido en la primera prueba y daban por hecho que sus respuestas no servirían para nada, por lo que ¿para qué intentarlo?», especuló Seligman.

Resultó que los canes del primer grupo, con el tiempo, también sufrían más enfermedades físicas y morían antes que los perros que no habían experimentado la situación de indefensión.

Ustedes dirán, y con razón, que el señor Seligman es un sádico y un maltratador de animales y que qué narices tiene esto que ver con lo que yo les estoy contando.

Quiero que ustedes se den cuenta de que el mismo fenómeno de indefensión aprendida se puede producir artificialmente en las personas.

Las personas que disfrutan de un razonable sentido de control sobre sus circunstancias se enfrentan más positivamente a los problemas que quienes piensan que no controlan sus decisiones o que éstas no cuentan. Las primeras atenúan mejor sus emociones negativas, incluso en situaciones de intensa ansiedad. El sentimiento persistente de indefensión en situaciones de adversidad anula cualquier esperanza o posibilidad de mostrarse optimista, puesto que uno siente que nada puede hacer para cambiar lo que inevitablemente le va a venir dado y que no le queda otra que resignarse a su suerte. Y para el que no siente esperanza, no es posible ver las oportunidades y posibilidades de cambio, aunque las tenga enfrente.

Por esto es importante que un ciudadano participe activamente en la vida política, sea a través de asambleas, grupos, redes sociales, foros de discusión, afiliación a un partido político, manifestaciones o cualquier otra forma de implicación, pues si no, no tendrá la sensación de que tiene control sobre su realidad y sobre su vida.

En principio, yo debería acabar este libro con un mensaje optimista, del tipo «si todos mantenemos la fe, el bache se superará y habremos aprendido de la experiencia». Desgraciadamente, carezco de bola de cristal y no puedo ver el futuro. Lo que sí puedo recordar a los que me leen es que, pese a todo, aún vivimos en el Primer Mundo. Nuestros hijos están vacunados, no padecen raquitismo, no corren el riesgo de contraer la malaria o la viruela, el agua que bebemos no está contaminada, y jamás casaremos a nuestras hijas a cambio de una dote (no al menos si ellas no quieren, todavía conocemos demasiados casos de matrimonios por conveniencia en la alta sociedad española). No se trata de verlo todo de color de rosa, sino de trabajar de la mejor manera posible para enfrentar entre todos la que está cayendo. Como decía Walter Benjamin, si yo fuera objeto sería objetiva, pero como soy sujeto, soy subjetiva. Por esta razón, desde estas páginas, escritas del tirón, quiero rogarle que recuerde que los abrazos son gratuitos, como lo son los paseos por el campo (en su defecto, por el parque), las conversaciones con los amigos, el sexo (no en todos los casos, es cierto), la relectura de los libros que ya teníamos olvidados, o la reescucha de los viejos vinilos de jazz que algunos aún conservamos. Le recuerdo que sus padres y sus abuelos no tenían ni móvil, ni contestador automático, ni Internet, ni teléfono y en muchos casos no tenían ni bañeras ni agua corriente, y ello no les impidió enamorarse, tener amigos, engendrarle a usted o a su padre o a su madre, sentirse felices a ratos, y en alguna ocasión incluso ser genuinamente felices, con esa felicidad constante del que es feliz y no se siente feliz. Les recuerdo que yo misma, en aquella época en la que no tenía secador de pelo porque no podía pagarlo y en la que dormía con leotardos de lana, dos camisetas y dos jerséis, uno encima del otro, como capas de cebolla porque en mi apartamento no había calefacción, ni central ni de ningún tipo, me enamoré, salí, conocí gente, leí libros maravillosos y me lo pasé tan bien y tan mal como cualquier otra chica de mi edad que tuviera un secador de pelo y pudiera dormir con pijama.

Cuando la felicidad nos sale al paso, no suele ir vestida como esperábamos encontrarla. No va disfrazada ni de historia de amor pasional ni de coche deportivo. Suele tener más que ver con sentimientos como la calma, la autoaceptación y la serenidad. Suele esconderse en el término medio en todas las cosas. La felicidad consiste principalmente en controlar la propia vida; en aceptar y querer ser lo que uno es. Esperar una felicidad relacionada exclusivamente con el bienestar material demasiado grande es un obstáculo para la propia felicidad. La felicidad no depende de lo que nos falta, sino del esmerado cultivo y buena administración de lo que tenemos. La felicidad se hace, no se halla. Brota del interior, no viene de fuera. No consiste en las muchas cosas poseídas, sino en el modo de gozarlas, aunque sean pocas. La edad de la acumulación irracional ha llegado a su fin. Cada día son más las personas que buscan un significado espiritual para su vida más allá de la posesión (que no siempre implica disfrute) de bienes de consumo.

En tiempo de crisis, cuando se nos pinta cada paisaje en tonos grises y negros, es cuando más importante resulta aprender serenidad y calma. La tristeza hace que la inactividad se convierta en una forma de vida, provocando una situación de desánimo. De hecho, la emoción más invasiva y paralizante que hay es precisamente la tristeza. Ningún deprimido consigue grandes logros. Hay que ser optimista y eso no quiere decir ser ingenuo. No implica cerrar los ojos y esperar que un hada agite la varita de cristal y nos conceda un futuro almibarado, sino crecerse ante la adversidad y confiar en las propias fuerzas. Lo que se ha dado en llamar una «conducta proactiva» orientada antes a la resolución de problemas que al chapoteo en el lodazal de la autocompasión. Un optimismo proactivo es el de las buenas decisiones, no el de las buenas intenciones.

Sí, nadie dijo que sea fácil, pero se puede. En esta crisis todos tenemos que asumir nuestra parte de responsabilidad. Y por tanto tenemos que pensar que podemos cambiar cosas. Podemos recoger firmas, asociarnos, manifestarnos, escribir cartas al director, organizar plataformas ciudadanas, arriesgarnos a votar a partidos nuevos que, con toda seguridad, serán los primeros interesados en cambiar la Ley Electoral, hablar con nuestros hijos adolescentes y explicarles la situación, educarlos en la autonomía y en la proactividad en lugar de en la sobreprotección, que es la tónica educativa que impera en esta sociedad. Podemos leer, informarnos, reclamar, observar la realidad, no quedarnos parados ante los cambios, participar en la nueva realidad, que no muerde, entrenarnos para detectar patrones generales por encima de respuestas concretas, creer en la «dinámica de síntesis» para escapar a la «parálisis del análisis», superar el miedo a fallar y a cometer errores, poner en cuestión el statu quo, incluida nuestra propia forma de ver las cosas hasta el momento, encontrar nuevas formas de abordar los retos futuros, explorando nuevas vías y evitando las respuestas fáciles a los problemas.

En una época como ésta, marcada por los cambios acelerados, no podemos conducir mirando por el espejo retrovisor. Ni confiar en salir adelante utilizando aquellas herramientas que han funcionado en el pasado. Haciendo lo de siempre, conseguiremos lo de siempre. Por lo tanto nos toca abandonar la rutina y proponernos hacer las cosas de manera diferente. Primero, en el nivel individual. Después, en el nivel social. Por poner un ejemplo, yo ya no voy a poder vivir de lo que vivía, la escritura, y tengo que replantearme todo mi esquema de vida. Quizá, usted que me lee, está en la misma situación. Podemos deprimirnos por ello o tomárnoslo como un reto. Yo ya me he pasado varios meses deprimida, así que ahora me toca cambiar. Nos guste o no, el mundo está cambiando a toda velocidad. Y como decía Keynes:

La verdadera dificultad al cambiar el curso de cualquier organización reside no en desarrollar nuevas ideas, sino en librarse de las viejas.

CAPÍTULO 8
Hacia dónde va Cataluña

Atención: este capítulo no va en contra del derecho a la independencia de nadie. A título personal, si por mí fuera mañana mismo el señor Mas podría organizar una consulta en Cataluña. Repito: a título estrictamente personal, y siendo consciente de que nuestra actual Constitución no lo permite y que la organización de ese referéndum o consulta exigiría previamente que el señor president de la Generalitat hablase con el Tribunal de Estrasburgo, dado que el señor Mas ha insistido siempre en que quiere que Cataluña sea una nación dentro de Europa.

Este capítulo está escrito por alguien que colabora en La Vanguardia, medio que se ha decantado por una postura proindependentista muy clara, y que recibe por lo tanto dinero de ese medio.

Este capítulo es de una persona que antes de escribirlo ha tenido largas conversaciones con votantes de CiU, con históricos del PSUC, con redactores del Ara y con catalanes residentes en Cataluña que votarían «no» en un referéndum sobre la independencia. Quiero recordar que según todas las encuestas, incluidas aquellas publicadas por sectores afines al independentismo, no toda Cataluña es independentista. Cataluña está dividida —siempre según las encuestas— al 50 por ciento, más o menos.

La situación me recuerda mucho a la de mi comunidad. No la de mi comunidad autónoma, sino la de vecinos. Hace unos años, la comunidad (esta vez sí, la autónoma) nos envió a un inspector que nos contó que nuestro edificio (que tiene casi cien años) no era saludable, y que por lo tanto o acometíamos una serie de reformas, o nos iba a caer una multa tremenda. Las reformas eran muy caras y exigían pues unas derramas desorbitadas, que algunos vecinos no se veían en condiciones de pagar. Así que la comunidad (de vecinos) se dividió en dos facciones. Los que promovían la insurgencia y se negaban a hacer las reformas, y los que opinábamos (yo entre ellos) que más valía hacer reformas que encontrarse una mañana con que se nos caía la casa encima, en el sentido literal. Las broncas fueron antológicas, porque por mucho que los «prorreformas» ganásemos nuestro particular referéndum, los «insurgentes» no aceptaron el resultado. Y se negaron a pagar. La cosa fue degenerando en un argumento digno de película de Álex de la Iglesia y a día de hoy todavía muchos no se hablan si se encuentran en el ascensor, y han pasado años. En cualquier caso, no es agradable vivir en un edificio en el que se respira tanta tensión y crispación.

Me lo he pensado mucho antes de escribir este capítulo, porque sé que me va a costar el odio de mucha gente en esta situación polarizada. Mi familia ha sido amenazada por ETA durante años y sin embargo he tenido que escuchar ni se sabe la de veces cómo se me acusaba de «proetarra» simplemente por decir que es de sentido común pensar que cada pueblo tiene derecho a su independencia. Últimamente he recibido millones de insultos sólo por hablar de lo que hablo en este capítulo, y se me ha acusado de «españolista», lo cual no deja de ser gracioso teniendo en cuenta que hasta ayer, como quien dice, yo era una peligrosa proetarra. En fin, como poco tengo ya que perder, incluyo el capítulo pese a todo, sabiendo que me dibujo otra diana, a la que podrán disparar muchos. Es el problema de situarse, una vez más, en el gris, en lugar del blanco o el negro.

Tengo un amigo votante de CiU (por cierto, también tengo amigos votantes del PP). Ayer me preguntó directamente que cómo me posiciono yo respecto a la independencia de Cataluña.

Hay dos respuestas: la simple y la políticamente correcta es «yo no soy catalana y por lo tanto no me debo posicionar».

La segunda respuesta es la de la novelista, que quiere ver toda la historia desde el punto de vista narrativo e incluso —por qué no decirlo— épico, y sería ésta.

Sí que estoy a favor de un referéndum, desde el momento en el que creo en la democracia y por lo tanto considero que si una amplia mayoría de la población de una región decidiera, por las razones que fuera, que no desea pertenecer a un Estado central, lo lógico sería respetar la voluntad de una mayoría.

Para realizar esta consulta, que nuestra Constitución prohíbe expresamente, soy consciente de que Cataluña debería antes reclamar su derecho a realizarla ante el Tribunal de Estrasburgo. Pero pienso que si dicho referéndum sólo se ganase por un 56 por ciento, la situación que se crearía sería muy difícil. Y desde luego, no me gustaría nada vivir en un país con los mismos problemas que Montenegro, pero amplificados, dado que Cataluña tiene casi exactamente diez veces la población de Montenegro.

Yo no soy nacionalista ni puedo serlo, porque carezco de identidad nacional. Mi madre es mezcla de vasco y belga. Mi padre era vasco, pero en su familia había ingleses e irlandeses. Mis primos son irlandeses. Mis sobrinos son canadienses. Mi hija es canadiense. Mis otros sobrinos tienen pasaporte americano, así como dos de mis hermanos. Estos dos hermanos previamente tuvieron pasaporte británico, pero cambiaron de nacionalidad, la una por matrimonio y el otro por residencia. Y me queda una hermana con pasaporte británico. Por si se han liado, tres de mis hermanos nacieron en Cardiff, Gales, porque mis padres vivían allí. Yo, de casualidad, nací en Valencia y tengo pasaporte español. Mi primer idioma es el español, pero sueño en inglés en muchas ocasiones, y a veces en francés. Chapurreo mal que bien el italiano y el catalán. Puedo pedir cosas en euskera. Por lo tanto nunca me he sentido «orgullosa de ser española» ni nada por el estilo, aunque tengo clarísimo que mi «idioma emocional», el de mi «estructura profunda» es el español, y por eso escribo en español, pese a que podría hacerlo perfectamente en inglés.

Es decir, intelectualmente puedo entender la emoción de aquel que se siente hijo de una patria, pero emocionalmente no puedo compartirla.

Por cierto, mis padres se conocieron en un pueblo que se llama Bermeo, en el que residían sus familias. Este pueblo tiene un rompeolas de cuatrocientos metros de largo. En este rompeolas estuvo pintada la palabra independentzia durante años, en los tres colores de la ikurriña… ¡Desde 1980 más o menos! ¿Saben ustedes los litros de pintura y las horas de trabajo que se necesitan para decorar un rompeolas de cuatrocientos metros de largo? Además, se necesita de paso la colaboración de un pueblo entero. En ese pueblo, por cierto, no se vende el diario El Mundo, ni ABC, ni La Razón. No se venden en los quioscos. Y sólo en un quiosco, el de la estación, puede uno encontrar El País.

Pero en 2007 el envite del oleaje del mayor temporal registrado en el siglo XX en Euskadi arrancó en la madrugada del lunes setenta metros de la sección superior del rompeolas. Las obras de recomposición superaron los 12 millones de euros. Y con la reconstrucción, adiós pintada.

Un signo premonitorio, como comprobarán ustedes después.

A partir de esas premisas, si yo tuviera que elegir una nacionalidad, por obligación, me gustaría decir que soy vasca, por una cuestión estética y sentimental. Me gusta Euskadi. Me emociono cada vez que voy. Me parece un lugar precioso donde se come y se bebe de maravilla. Y si mañana Euskadi se independizara y me garantizasen que podría disponer de mejores condiciones de vida que las que tengo aquí, allá me iba sin dudarlo. Pero precisamente por esa razón estoy pensando en irme a vivir a Francia, porque aquí en Madrid cada vez se vive peor. Y en Barcelona no se vive mucho mejor. Lo sé porque durante los últimos tres años, casada con un catalán, he vivido una semana en cada ciudad, en un régimen de vida muy complicado que no le deseo a casi nadie.

Después le digo a mi amigo votante de CiU que parece que no lee periódicos… Y me reconoce que la verdad es que no, no los lee, al menos no a diario, porque trabaja mucho y tiene tres niños. Por eso, supongo, no recuerda que lo que está haciendo Mas ya lo hizo Juan José Ibarretxe en el 2008. Cuando propuso el Plan Ibarretxe, planteó la misma reivindicación para un referéndum similar al que se supone que está a punto de organizar Mas. Pero el Tribunal Constitucional se lo impidió. Entonces Ibarretxe anunció que iba a ir a reclamar a Estrasburgo.

Entretanto, llegaron las elecciones del 2009…

PNV, 30 escaños; PSOE, 25; PP, 13.

Pacto PP-PSOE.

Y fin del sueño soberanista de Ibarretxe.

Dos cosas muy importantes que los lectores no vascos tienen que tener en cuenta…

El PNV no podía esperar, ni de lejos, semejante subidón de votos del PP y del PSOE. Lo que sucedió es que mucha gente que tradicionalmente no votaba de pronto votó al PP o al PSOE precisamente porque les asustó el discurso independentista del PNV.

Si un pacto PP-PSOE hubiera sido una aberración en cualquier parte de la Península, en Euskadi alcanzó tintes ya no sólo de delirio, sino peligrosos. Más de una vez oí yo: «El Patxi López se ha puesto una diana, y se va a buscar un tiro». Nadie se esperaba ese resultado, el PNV menos que nadie.

Este amigo de CiU que no lee periódicos no está siguiendo por lo tanto la campaña de las elecciones vascas. Ni la precampaña. Así que cuando le pregunto yo: «En mitad de todo el revuelo independentista catalán, ¿qué ha dicho Urkullu sobre otra posible consulta soberanista en Euskadi?», él me dice que no lo sabe.

Pues ha dicho lo siguiente:

Euskadi quiere y puede exigir el reconocimiento de su realidad nacional, quiere y puede tener voz en el mundo y decidir su futuro en libertad. Éste es nuestro compromiso. En 1839 se abolieron los Fueros. Se abolió la lege zaharra de este pueblo. En 2015 refrendaremos la lege berria. Un acuerdo constituyente para la nueva Euskadi en paz y libertad, un nuevo estatus político para Euskadi[28].

Ahora vamos a jugar, a ver lo que ha querido decir Íñigo Urkullu:

—Calladitos estamos más guapos porque estamos como ausentes.

—Construiremos un puente aunque no haya río.

—Cuando teníamos todas las respuestas cambiaron todas las preguntas.

—Hagamos de cada solución un problema.

—Hoy soy más vasco que ayer, pero menos que mañana.

—Kalean gora, kalean bera, kalean gora zezenak.

—Pienso hacer a Madonna consejera de Cultura, ahora que sabe cantar en euskera.

—Tendremos referéndum en el 2015.

Esto es lo que dice el titular de El Mundo que Urkullu ha querido decir: «Urkullu reclama la independencia».

Porque saben que una asociación PNV-independencia conviene a sus intereses.

Pero Urkullu, claro, lo que se dice claro, no habla.

Ningún ornitólogo ha podido descifrar el canto del Urkullu.

Desde aquí, pues, les invito a que me digan que ha querido decir Urkullu. ¡Hagan sus apuestas!

En cuanto a lo que creo que va a pasar en Cataluña. Si Mas quiere hacer un referéndum, el Constitucional le negará la posibilidad. Así que tendrá que ir a Estrasburgo. Eso le da un margen de tres o cuatro años, hasta el 2015, la misma fecha que —oh, casualidad— menciona Urkullu. Por lo tanto, le deja unos tres o cuatro años tanto para que él haga campaña por la proindependencia como para que otros hagan campaña a la contra. Si Mas tiene dos dedos de frente, y si algo ha aprendido del ejemplo vasco, sabe que nunca se debe dar una consulta por ganada, mucho menos en un país de siete millones y medio de personas en el que el 60 por ciento del censo electoral no tiene apellido catalán.

También hay que recordar que grandes bancos catalanes como La Caixa dependen de dinero español, y que amén de las presiones de estos bancos, también habrá presiones de empresarios.

Mi amigo de CiU me asegura que «todo el pueblo catalán está a favor de la independencia». Perdone si soy una escéptica, pero eso mismo pensaba Ibarretxe y por eso se lanzó a aquel pulso soberanista que perdió. Por eso en estas cosas lo que yo he aprendido es que hay que ser extremadamente prudentes.

Y no todo el pueblo catalán quiere la independencia.

Miremos las encuestas.

—Según la encuesta elaborada por el Gabinet d’Estudis Socials i Opinió Pública (Gesop) y publicada por El Periódico (diario de posición proindependentista), el 50,9 por ciento de los catalanes votarían «sí» en un referéndum de independencia, un 36,9 por ciento elegirían «no» y un 12,2 por ciento no sabe o no contesta. Pero el porcentaje cambia en caso de que la separación del Estado español supusiera la salida también de la Unión Europea. Esntonces, el 40,1 votaría que sí a la independencia y el 47,8 que no (con un 12,1 que no sabe o no contesta).

—Según la encuesta de la Generalitat, el 55 por ciento está a favor de la independencia (no se indica el número de encuestados en la muestra).

—Según la encuesta de La Vanguardia, el 51 por ciento está a favor de la independencia (la muestra de La Vanguardia es de mil doscientos encuestados).

—Según la encuesta de Intereconomía, el 66 por ciento está EN CONTRA de la independencia (no se indica el número de encuestados en la muestra).

—Según la encuesta del Centro de Estudios de Opinión (CEO), el CIS catalán, votaría a favor de la independencia un 51,1 por ciento. (Todos estos datos pueden encontrarse en Internet).

Descarto las encuestas de Intereconomía y la de la Generalitat porque ambas responden a intereses partidistas. En ese caso, la encuesta más optimista, la del CIS, sitúa el «sí» en el 51 por ciento. Pero parece más realista la del Gesop, porque el CIS, lógicamente, está controlado por la Generalitat.

En cualquier caso, un 51 por ciento a favor significa que hay un 49 por ciento que no lo está. Que puede estar claramente en contra o indeciso. Eso no quiere decir que «todo un pueblo» esté por la independencia. Eso quiere decir que existe ese 60 por ciento del censo electoral que no es catalán del seny, que no tiene apellidos catalanes, y que de entre ellos hay muchos que no se dejan arrastrar por el discurso de Mas.

Recordemos que en el caso de Montenegro, la Unión Europea fijó en un 55 por ciento de tope mínimo, con un 50 por ciento de participación mínima, para que el resultado del referéndum celebrado en 2006 para independizarse de Serbia fuera reconocido por la comunidad internacional.

Dicho lo cual, cualquier politólogo o sociólogo entenderá que el presidente Mas no va a pedir un referéndum hasta que una encuesta fiable (y una encuesta fiable no es ni la de Intereconomía ni la de la Generalitat) le garantice al menos un 60 por ciento de los votos, ya que los resultados de las encuestas nunca son fiables, de forma que si te garantizan un 55 por ciento, puedes encontrarte con un 45 por ciento o un 60 por ciento. Arriesgarse a perder el referéndum supone no volverlo a tener en mucho tiempo, como ya sucedió en Quebec (el referéndum se perdió dos veces, dos, en 1980 y 1995), y por tanto perder definitivamente el tren de la posible independencia.

Para entender esto, nada mejor que ir a The Economist, medio neutral donde los haya a la hora de analizar el problema:

Por muy ilusionados que estén los separatistas, las encuestas no están a su favor. Un tercio de los catalanes son separatistas convencidos, mientras que otros sólo están furiosos porque el dinero de sus impuestos se deriva a regiones más pobres. Aseguran que se les arrebata el 8 por ciento de la recaudación impositiva catalana. Y dados los recortes en Educación y Sanidad, se sienten atracados.

Nadie duda de que el partido del señor Mas, CiU, que solía ser muy ambiguo respecto a la cuestión de la independencia ahora la desea a largo plazo, pero también está claro que su interés primordial es el incremento del avance de dinero que ha pedido al Gobierno central. Sus votantes son de clase media y por lo tanto no son de natural belicoso. «Es como querer irse de casa, pero sin enfadar a papá», declara Pilar Rahola, que fue diputada en su día por una formación independentista. Esos votantes tampoco son amigos de la inestabilidad. Los recuerdos de la guerra civil, en la que el separatismo fue sofocado, son demasiado dolorosos. Por eso el señor Mas no utiliza tanto la etiqueta «secesionismo» o «independentismo» como la de «soberanismo», añadiendo que nadie es independiente respecto a la Unión Europea.

Una transición no violenta requeriría por tanto un cambio de reglas en Bruselas y en Madrid. Puede que no lleguen. Entre tanto, el señor Mas reclama un cambio radical, aunque en principio financieramente neutral, del sistema fiscal español, que permitiera a su Gobierno recaudar impuestos y enviarlos desde allí a Madrid y no a la inversa. Para los nacionalistas, éste sería el primer paso hacia la independencia[29].

Mi amigo de CiU está convencido de que sí que habrá referéndum. Yo le he dicho que no tengo bola de cristal, y que ni la política, ni la sociología, ni siquiera la estocástica, son ciencias exactas. Mi amigo de CiU ha entendido perfectamente lo que quería decir, y acto seguido me ha dicho: Nena… tu hauries de ser política!

En el Camp Nou, en un partido Barça-Madrid, los asistentes, como un solo hombre, dibujaron una senyera. ¿Eso significa que toda Cataluña está a favor de la independencia? Cualquier profesor de opinión pública contestaría: «No necesariamente, porque la muestra es sesgada». Porque los que se han posicionado —teóricamente— con este gesto a favor de la independencia son los seguidores del Barça, lo cual es como decir que todo Euskadi estaba a favor de la independencia porque en Bermeo todos —o casi todos— lo estaban (en ausencia de un profesor de opinión pública, lo contesto yo, que por algo saqué un bonito sobresaliente en dicha asignatura).

El 11 de septiembre, una manifestación de seiscientas mil personas (un millón y medio según otras fuentes) recorrió Barcelona. ¿Eso significa que toda Cataluña está a favor de la independencia? No necesariamente, porque Cataluña tiene siete millones y medio de habitantes.

En el caso de que hubiera habido una manifestación importante en cada pueblo catalán, se habría podido hablar de algo así. Les pongo un ejemplo parecido: la manifestación en repulsa al asesinato de Miguel Ángel Blanco congregó a un millón de personas (seiscientas mil según otras fuentes). Eso no quiere decir que absolutamente todo Euskadi estuviera posicionado así, y ni siquiera que lo estuviera la mayoría de Euskadi (pese a que me guste creer que sí).

Un ejemplo más reciente y mucho más esclarecedor: en Madrid, las manifestaciones del 15-M convocaron a un millón de personas (y ésas sí que eran un millón). Y sin embargo, en la Comunidad de Madrid salió vencedor el PP.

Explicaba cómo el plan soberanista de Ibarretxe se frustró al perder el PNV en las elecciones del 2009 su tradicional superioridad en las urnas tras que en el 2007 Ibarretxe anunciara un futuro referéndum por la independencia. Algunos vascos me apuntaban que el resultado de esas elecciones tenía que ver con que se habían ilegalizado las formaciones abertzales, pero eso no tiene nada que ver, y me explico.

Imagine que tiene diez votantes: cuatro votan al PNV, tres votan al PSOE, uno vota al PP y dos votan a formaciones abertzales.

Si elimina a los dos que votan a los abertzales eso nunca redundaría en contra del PNV, sino, en principio, a su favor, puesto que como ningún escaño del Parlamento autonómico queda libre, en el reparto le hubieran debido corresponder más escaños al PNV, nunca menos, dado que los escaños se repartirían entre tres formaciones, no entre más.

En realidad, la subida de votos a favor del PP y del PSOE se debió, entre otros factores, al discurso independentista del PNV. El PNV es un partido de derechas, y como buen partido de derechas, integraba a mucha gente que habla euskera, que ha llamado a sus hijos Aitor y Begoña, que se va a tomar txikitos con el jersey al hombro… pero que son industriales o familia de industriales, y que no se querían jugar los garbanzos.

Lo cierto es que si no se hubieran ilegalizado las formaciones abertzales, el PNV habría podido pactar con dichas formaciones para contraatacar el pacto PP-PSOE. El pacto PNV-abertzalismo habría sido absolutamente contra natura. Pero el otro también. La política hace extraños compañeros de cama.

Algo parecido sucedió en el caso del referéndum de Quebec en 1980. Las encuestas salían favorables al «sí» en un 70 por ciento. El resultado fue que ganó el «no» con el 57 por ciento de los votos escrutados.

Les voy a poner otro ejemplo. Espero por su bien que no se relacionen con consumidores de cocaína. En el caso de que para su desgracia lo hagan y hayan intentado convencerlos de que dejen el hábito, seguro que han oído las siguientes frases mantra: «No es para tanto», «yo casi no me meto» y «todo el mundo se mete». Evidentemente el consumidor está convencido de que él o ella «casi no se mete» y de que «todo el mundo se mete» porque se mueve en un mundo en el que casi todo el mundo consume, y no concibe que, como en Expediente X, «hay algo más ahí fuera», y que existen personas que jamás se han metido ni se van a meter, y ni siquiera lo imaginan.

Un ejemplo más. Yo misma. Cuando gané el Nadal, mi agenda era de las más nutridas de Madrid. Había trabajado durante años en comunicación y relaciones públicas, y me salían amigos de debajo de las piedras. Aun así, no supe prever el escándalo que podía crear un trajecito que a mí me parecía de lo más normal, o mis declaraciones, que yo no encontraba en absoluto subidas de tono. En el mundo en el que yo me movía —escritores, artistas plásticos, músicos, cineastas, actores, bailarines—, a mí se me consideraba una burguesita, una pija. Jamás habría imaginado que bastaba con cambiarme de sitio para convertirme de pronto en una provocadora y una iconoclasta.

Con los dos ejemplos anteriores les quiero decir que la mayoría nos movemos en grupos que comparten nuestra opinión y nuestras ideas de la vida y que incluso en nuestros lugares de trabajo esto va a ser así, porque es evidente que un votante de IU no suele acabar trabajando en Price Waterhouse ni un pepero del ala radical se decanta por estudiar trabajo social. Las personas tendemos a relacionarnos con nuestros afines, gente que tiene gustos y valores parecidos, que frecuentan los mismos lugares, que pertenecen a un nivel socioeconómico similar al nuestro, etc. En pocas palabras, personas con estilos de vida parecidos e ideologías parecidas. Incluso nuestros vecinos suelen tener nuestras mismas ideas, y por eso elegimos vivir en Gràcia o en Pedralbes, en Baraka o en Getxo, en Malasaña o en el barrio de Salamanca.

¿Qué quiero decir con esto? Que, evidentemente, si planteo la cuestión de la independencia catalana en mi muro de Facebook, casi con total seguridad puedo prever que los catalanes que escriban serán proindependentistas, pero si la planteáramos en el muro de Elvira Lindo (no digamos ya en el de Pedro J. Ramírez o Albert Boadella, caso de que tengan uno) te puedes encontrar una cosa muy distinta.

Por simple curiosidad, yo he planteado la pregunta «¿qué votarías en un referéndum a favor de la independencia catalana si se celebrara mañana mismo?» a gente que podría votar en ese referéndum (es decir, a catalanes) dentro de mi grupo de conocidos en Barcelona.

La respuesta ha sido:

—T1, 50 años, mujer, trabaja en una multinacional americana: no. Hija de vascos.

—T2, catalán, hijo de catalanes, trabaja en gestión cultural: no.

—A., 28 años, mujer, trabaja en moda: no. Nacionalizada española, residente en Cataluña desde hace años, nacida rusa.

—G., catalana, hija de catalanes, trabaja en cine: no (esta respuesta me ha sorprendido de verdad).

—R1, catalana, hija de catalanes, abogada: no.

—R2, actualmente en paro, catalana e hija de catalanes: sí.

—X., hijo de gallegos, trabaja en la Generalitat: sí.

—A., escritora y editora, catalana, hija de catalanes, escribe en catalán, histórica del PSC: no.

—J., escritor, votante de ERC: sí.

—M., lleva una agencia de modelos, catalana de pura cepa. Respuesta: Ara no toca. Es decir: «Mi corazón es independentista, pero ahora votaría no».

La abrumadora mayoría de noes en las respuestas sorprende mucho teniendo en cuenta que, excepto en dos casos, se trata de gente que habla en catalán y trabaja en catalán. También sorprende porque la misma pregunta en mi muro de Facebook arrojó una inmensa mayoría de síes. Deja de sorprender si se tiene en cuenta que en cuatro casos de mi encuesta por correo electrónico me responden autónomos cuyos trabajos dependen de España y se resentirían en el caso de que Cataluña se independizara, y que realmente temen un boicot como a un tornado. Y es evidente que pertenecen a ese 50 por ciento de catalanes que según la encuesta publicada por El Periódico votarían «no».

Posiciones similares las vi yo en el 2009 cuando votantes de toda la vida del PNV que yo conocía se decantaron de pronto por el PSOE o en algún caso, incluso, por el PP (esto fue en Vitoria, claro: un votante de PNV bilbaíno jamás votaría al PP, no entra en su código genético). Sí, hablan euskera; sí, celebran el Alderdi Eguna[30]; sí, alardean de que no tienen un solo apellido maqueto en su árbol genealógico, pero me decían «éste no es el momento adecuado para la independencia», que traducido al castellano quiere decir «tengo una empresa conservera y mis clientes son españoles, no me pidas que arruine mi negocio».

El 63 por ciento del PNV es independentista. El 37 por ciento no lo es. Pero de eso se han enterado los del PNV después de las elecciones del 2009, no antes. Si lo hubieran sabido antes, Ibarretxe, evidentemente, no habría planteado su plan. Para los no vascos… quiero que entiendan que ser del PNV es como ser del Barça, de hecho, hay un dicho que reza: «Yo como mis aitas, PNV» (aitas significa «padres»). Es decir, un votante del PNV cuyos padres votaron al PNV y que de repente deja de votar al PNV era algo que antes del 2007 ni se concebía.

De la misma manera, CiU es un partido de derechas, que defiende intereses de gente de derechas. Lo cierto es que la burguesía catalana y la vasca no se parecen mucho, dado que la burguesía catalana no es burguesía industrial, así que los escenarios son diferentes. Pero aun así… Gran parte del empresariado catalán es muy conservador.

En una encuesta reciente, el 30 por ciento de los votantes de CiU votarían «no» en un hipotético referéndum.

Sin embargo, gran parte del electorado del PSC, partido posicionado a favor del «no», votaría «sí».

En este contexto llama mucho la atención lo que ha declarado Pere Navarro, del PSC:

Sabemos que hay muchas personas que están preocupadas con esta deriva independentista. Por ello, el PSC quiere abrir las puertas del partido a todas estas personas preocupadas que quieren construir un país con paz, responsabilidad, ambición y en común con los demás pueblos de Europa[31].

En cristiano, lo que Navarro está diciendo es lo siguiente: «Quiero hacer lo que ya hicimos en Euskadi, llevarme a los votantes de CiU no soberanistas, tal y como allí nos llevamos a algunos del PP. Sé que lo tengo más fácil que en Euskadi, porque Euskadi nunca había tenido, en toda la democracia, un lendakari del PSOE, mientras que aquí en Catalunya el PSC es un partido fuerte, y sí que hemos tenido presidentes de la Generalitat socialistas, algunos de ellos queridísimos, como Maragall».

¿Qué nos enseña esta historia?

La respuesta evidente es que nunca debes dar un referéndum por ganado antes de ganarlo y nunca debes vender la piel del oso antes de cazarlo.

La segunda, más importante y más útil para la vida, es que no debes pensar jamás que las opiniones de tu grupo de afines son las únicas que existen, las más importantes o las preponderantes.

Una última reflexión es, dentro de cien años, ¿qué va a ser de los conceptos de independencia, frontera o soberanía en el marco de una Europa que muy probablemente sea federal?

Antes de seguir adelante hay algunos mitos que creo importante desmontar y que he escuchado a menudo en Barcelona:

—«En España hay un boicot contra los productos catalanes».

Mentira difundida tanto desde el nacionalismo extremo catalán como desde el español. No lo hay. Quizá hay algún señor en el barrio de Salamanca que se puede permitir el lujo de poder elegir entre comprar Veuve Clicquot o Freixenet. El resto de los mortales estamos a verlas venir. El otro día estábamos en la Filmoteca, esperando a ver la película, y nos enzarzamos en una trepidante conversación sobre por qué las pechugas de pollo del Mercadona han subido treinta céntimos. Los que allí hablábamos éramos una arquitecta, una funcionaria del Registro de Alcorcón, tres periodistas y un responsable de marketing. Todos compramos marcas blancas, y se supone que somos muy afortunados porque aún pertenecemos a ese 75 por ciento de la población española que no está en paro. ¿De verdad alguien se cree que en semejante contexto un consumidor que está preocupado porque con esas subidas de treinta céntimos en cada producto la cuenta final de la compra semanal se encarece quince o veinte euros se va a poner a mirar si el origen de las galletas es Aguilar de Campoo o Santa Coloma de Farners?

—«España nos impuso el pacto fiscal».

Falso. El cabeza de lista de Solidaridad por Girona (independentistas donde los haya), Toni Strubell, ya afirmó que «Convergència rechazó el concierto económico hace treinta años».

En respuesta a estas declaraciones, el propio expresidente de la Generalitat Jordi Pujol y el exsecretario general de CDC Miquel Roca han lamentado que la mayoría de los catalanes no quisieran ni exigieran un modelo de concierto económico durante la Transición.

Pujol ha coincidido con Roca en que no pedir el concierto en ese proceso constituyente del nuevo período democrático «fue un error», si bien ha remarcado que eso se debió a que entonces las fuerzas predominantes en Cataluña eran PSC, PSUC y UCD.

Sólo ERC y Convergència, como ha recordado Pujol, defendían un modelo de financiación similar al vasco, pero apenas tenían representación. Pujol ha reconocido que Convergència podría haberse «plantado» en la negociación del Estatut de Sau, vetar su aprobación a cualquier precio y esperar «quizá dos años, como planteaba Josep Tarradellas».

En cualquier caso, el concierto se negoció hace treinta años. Eso quiere decir que los votantes de entonces son los que hoy tienen de cuarenta y ocho años para arriba. Desde entonces, Cataluña ha crecido en un millón de habitantes, en gran parte gracias a la inmigración. Evidentemente, era mucho pedir que treinta años después, cuando pides un cambio de concierto en el contexto de la crisis económica más salvaje que ha vivido este país, el Estado central te lo fuera a conceder alegremente. Los Reyes Magos, por cierto, son los padres. Y el show de Anne Germain era un montaje.

—«Queremos un referéndum ya y España nos lo niega».

Atención, no te lo niega España, te lo niega la Constitución española. Y de momento te lo niega la Constitución, y de paso, también el Tratado de Maastricht. Digo «de momento» porque el asunto se lía en unos vericuetos legales bastante complicados que voy a intentar simplificar.

Es como si una pareja se quiere divorciar. No vale con que ella diga «me voy de casa y me llevo a los niños y al perro». Necesariamente debe contar con un abogado y un procurador, y presentar su reclamación al juzgado. Se trata de un trámite engorroso (que me lo digan a mí), pero ineludible.

Empecemos porque en España tenemos una Constitución muy particular, una Constitución que los propios nacionalistas catalanes ayudaron a redactar y que suscribieron como un pacto político para poder existir dentro de España. Una Constitución que fue aprobada en 1978 por referéndum, referéndum en el que también participó el pueblo catalán. Un texto constitucional redactado, entre otros, por el antes citado Miquel Roca, exsecretario general del CDC e histórico nacionalista catalán. Según esta Constitución no se pueden convocar referéndums o consultas que afecten a la unidad de España. Ni desde el País Vasco, ni desde Cataluña, ni desde el cantón de Cartagena. Nuestra Constitución en ese punto es similar a la de Estados Unidos. En nuestro caso esa imposibilidad se incluyó por tratarse de una Constitución redactada en un momento de transición desde una dictadura a una democracia. En el caso de Estados Unidos, porque se redactaba después de una guerra de secesión.

Un pequeño apunte histórico a este respecto:

Durante el bienio 1977-1978, Juan Carlos I y el heterogéneo bloque de poder ensamblado en torno a Adolfo Suárez supieron encauzar una Transición a la democracia que no permitió a los españoles expresarse sobre el tipo de régimen político que deseaban y que, a través del artículo 8 de la Constitución de 1978, sancionaba la indisolubilidad territorial del Reino. En aquel momento, la propia izquierda catalana se dividió sobre la línea que tenía que seguir en la Transición: de un lado, los partidos mayoritarios, PSC y PSUC, optaron por aceptar la monarquía como mal menor y participar en la elaboración de la Carta Magna. Del otro, la extrema izquierda boicoteó el proceso constituyente por considerarlo continuista con el régimen franquista y propugnó el «no» y la abstención en el referéndum del 6 de diciembre de 1978. Se entiende, pues, por qué en los años ochenta y noventa ésta fuera algo más beligerante que el PSUC/IC a la hora de reclamar el derecho a decidir de los catalanes sobre su futuro (en la práctica, el PSC apenas habló de él).

Por lo tanto, para hacer ese referéndum que Mas propone se exige un cambio de la Constitución.

«¡Pues que la cambien! —claman los nacionalistas—. ¿Acaso no la han reformado ya últimamente?».

Cierto, pero…

Cuando digo «cambio» no quiero decir «reforma». La reforma se refiere a los títulos no fundamentales. El cambio se refiere a los títulos fundamentales (en este caso, a los artículos 1 y 2).

La convocatoria de un referéndum de esta naturaleza exigiría previamente la revisión de la Constitución de acuerdo con lo previsto en el artículo 168. Sería precisa por lo tanto una reforma total de la Constitución para que se pudiera convocar un referéndum sobre la posible secesión de una región u otra (fuera Cataluña, Euskadi o el Valle de Arán). No basta una reforma de la Constitución para que la pregunta pueda formularse, sino que es necesario un cambio de Constitución.

O sea, no se puede reformar esta Constitución que tenemos, sino que habría que redactar otra, puesto que en ésta la unidad nacional viene expresa en los dos primeros artículos, lo que se ha dado en llamar «Títulos fundamentales».

Lo normal es que para exigir ese cambio de Constitución los catalanes reclamaran al Tribunal de Estrasburgo. Por un razón muy simple: porque Mas habla de «una nación europea», y si se independiza sin el beneplácito del Tribunal de Estrasburgo ya se puede ir olvidando de su idea de nación europea.

Así que «España no nos deja independizarnos», no. Europa tampoco te deja.

Y no te lo permite de momento porque el derecho constitucional europeo reconoce que en todos sus Estados regirán las Constituciones de cada uno de los Estados miembros, excepto que Estrasburgo decida en contra.

Así se estipula en el artículo 4.2 del Tratado de Maastricht.

Art. 4.2.2. La Unión respetará la igualdad de los Estados miembros ante los tratados, así como su identidad nacional, inherente a las estructuras fundamentales políticas y constitucionales de éstos, también en lo referente a la autonomía local y regional. Respetará las funciones esenciales del Estado, especialmente las que tienen por objeto garantizar su integridad territorial, mantener el orden público y salvaguardar la seguridad nacional. En particular, la seguridad nacional seguirá siendo responsabilidad exclusiva de cada Estado miembro.

Y de momento, Mas no ha hecho ninguna petición a Estrasburgo, que yo sepa (este capítulo se escribió antes de las elecciones del 25-N, aunque se ha intentado actualizar todo lo posible).

Quede claro que no se puede plantear un referéndum sin pasar por Estrasburgo antes. Y no entiendo por qué cada vez que he intentado explicar esto se me ha llamado «españolista» y no «europeísta» en todo caso.

Como creo que no queda muy claro, me extiendo un poco más, porque prefiero resultar pesada antes que dejar que se me malentienda.

En términos constitucionales, España y Cataluña se encuentran en una posición distinta a la del Reino Unido de Gran Bretaña y Escocia, o Canadá y Quebec. Nadie discute en estos dos países que se puede convocar un referéndum para que los ciudadanos de Escocia o de Quebec puedan decidir si quieren ser independientes o no. Su Constitución se lo permite. La nuestra, no. La nuestra impide cualquier referéndum que incumba a la unidad nacional. Porque la nuestra se redactó en el contexto de una Transición, no lo olvidemos. Y, repito, uno de los que coescribieron el texto fundacional fue precisamente Miquel Roca.

Insisto, a riesgo de hartar al lector, para que quede claro: en España, según la Constitución, no se puede convocar un referéndum para que los ciudadanos de una nacionalidad o región decidan si quieren constituirse en Estado independiente. No lo puede convocar la comunidad autónoma, pero tampoco el Estado. No es un problema de titularidad de la competencia para convocar tal referéndum, sino de la inconstitucionalidad absoluta de convocarlo. El propio acto de preguntar es anticonstitucional.

Tampoco en Estados Unidos cabría un referéndum sobre la independencia de Nueva Orleans mientras no se reformara la Constitución y se suprimiera la atribución del poder constituyente al pueblo de Estados Unidos. Ambas constituciones se parecen en ese aspecto.

El problema con el que tenemos que enfrentarnos no es si se autoriza o no la celebración de un referéndum en Cataluña (que preguntara si los ciudadanos de dicha nacionalidad quieren constituirse en Estado independiente), sino si estamos dispuestos a cambiar de Constitución en España, porque con los artículos 1 y 2 actuales no puede convocarse este plebiscito.

Y sin los artículos 1 y 2 dejamos de tener Constitución.

Quiere decirse que el problema constitucional no lo tiene Cataluña.

Lo tiene España.

El Estado no puede dar respuesta al problema de la convocatoria de un referéndum acerca de la independencia de Cataluña, o del País Vasco, sin poner en cuestión previamente los fundamentos de su propia definición constitucional. Con lo cual el Tribunal Constitucional jamás podrá aprobar un referéndum del tipo que plantea Mas. Artur Mas debería pues apelar a Estrasburgo. Porque Artur Mas ha declarado en todo momento que su objetivo es ser «una nación europea».

En este sentido, desde la lógica y desde el pensamiento racional, si CiU hubiera ganado con mayoría absoluta las elecciones del 25-N, Artur Mas podría reclamar a Estrasburgo. Pero como no ha sido así, no se puede pedir referéndum. No está usted pidiendo que hagan una encuesta de mercado sobre si es mejor Fairy o Mistol, está demandando una consulta que debe ser aprobada desde Estrasburgo. Y les recuerdo que al propio president le conviene retrasarla hasta que no haya duda de que va a salir el sí.

En el Tratado de Maastricht no consta Cataluña como Estado miembro. El Tratado de la Unión tampoco regula nada acerca de la posible secesión de una región. Es decir, el ingreso de Cataluña en la Unión Europea no es imposible, pero haría falta un proceso largo hasta conseguirlo.

Respecto al pacto fiscal

En un artículo sobre Ibáñez, el dibujante, en mi sección de La Vanguardia, mencioné que Escobar, el padre de Zipi y Zape, había fallecido en la pobreza. No es así. Falleció en un hospital, atendido por sus familiares, no pobre, aunque eso sí, tampoco todo lo rico que hubiera sido si no hubiese cedido sus derechos en un contrato leonino que hoy sería ilegal.

¿Y por qué había escrito yo esto? Porque había leído la historia del pobre Escobar olvidado en la peor de las miserias, repetida una y otra vez en numerosos foros y artículos de Internet dedicados al cómic español. Y como bien dijo aquel ministro nazi, una mentira mil veces repetida adquiere consistencia de verdad.

Algo parecido me pasa a mí, que cargo con una acusación de plagio que se va difundiendo por todo Internet. Por mucho que yo explique y repita que todos mis libros están reeditados y traducidos, y que cuando se prueba una acusación de plagio de libro, por ley, se retira del mercado, alguien me va a redirigir a un artículo u otro que corra por la red con datos falsos.

Me pasó lo mismo un día hablando de la supuesta deuda que España tiene con Cataluña. Los unos me enseñaban un artículo en el que un sesudo economista probaba que España adeuda a Cataluña miles de millones. Los contrarios enarbolaban otro en el que un no menos prestigioso economista aseguraba que lo que decía su colega no tenía ni pies ni cabeza.

El caso es que yo no puedo saber quién tiene la razón porque no tengo acceso a todos los datos ni de la Hacienda de la Generalitat ni de la española. ¿Por qué? Porque no todos esos datos son públicos. España es el único país de la Unión Europea con más de un millón de habitantes que no cuenta con una ley de transparencia. Y para colmo, cuando los datos son públicos, eso no quiere decir que sean accesibles. «Llevamos años pidiendo que los presupuestos generales del Estado se recojan en una hoja de cálculo —afirma Victoria Anderica, de Access Info—. Si no, los datos no son reutilizables y no se puede hacer un análisis exhaustivo». Access Info abandera la lucha para obligar a los Gobiernos a abrir los archivos de los organismos públicos. Pero en Access Info Europe cunde el desánimo por el modo en el que se ha tramitado el texto de la futura ley de transparencia española.

Paradójicamente, «ha sido todo menos transparente», aseguran en un diario.

Un conocido axioma reza que «información es conocimiento, conocimiento es sabiduría, sabiduría es poder». Por eso no es de extrañar que precisamente los que tienen el poder nos nieguen el acceso a la información. A mí llámenme paranoica, pero yo creo que si un partido reclama la independencia de una región respecto a un Estado central, lo normal es que lo haga por razones de identidad y cultura, no por dinero.

Probablemente a mí no me sonaría todo tan raro (hoy pacto con el PP, mañana me peleo a muerte con ellos) si pudiera tener acceso a datos que no me dan y así pudiera elegir por mí misma cuál de las versiones me creo. En fin, yo creo que cualquier nación tiene derecho a su identidad, a su cultura y a su autodeterminación. Pero ninguna nación será de verdad independiente y libre si se les niega a los ciudadanos el acceso a los datos de sus organismos públicos, porque la libertad es hija del conocimiento, no de las arengas.

Lo triste de todo el asunto es que la crisis fiscal en la que andan metidas las autonomías va a seguir dañando la confianza de los inversores en la solvencia del país, en gran parte. Empecemos por el hecho de que nadie tiene ni puñetera idea sobre cuánto dinero deben realmente, así que el galimatías autonómico le pondrá las cosas aún más difíciles, además de que los inversores de fuera estarán llenísimos de desconfianza cuando vean que una región del país se muere por largarse. Y por descontado que cuanto más aplacemos el problema peor estará el sistema, con la opinión pública catalana cada vez más hostil y el nacionalismo español cada vez más exacerbado y crispante.

Quedan por discutir dos cosas. Primero, si las exigencias catalanas son o no razonables. Segundo, la evidencia de que el sistema de financiación autonómica es un desastre y tenemos que reformarlo. Es probable que Cataluña recibiera más dinero que ahora en un sistema más justo, pero no inevitable; las balanzas fiscales en otros estados federales son comparables al caso español. El déficit fiscal de Connecticut es, casualmente, el mismo 9 por ciento del PIB del que se quejan los nacionalistas catalanes.

Dejemos claro que, de la misma manera que cuando a mi novio le dio por largarme yo asumí el asunto y no le he vuelto a llamar, considero que si la población de una región quiere la secesión, o sea que quiere independizarse de un país, no tiene mucho sentido obligarles por la fuerza a viajar con un pasaporte con el que no se identifican. Un pueblo tiene derecho a reclamar un rediseño de su relación con el Estado a que pertenece, y no hay nada que diga que dicha relación deba ser eterna e inamovible. Como yo no soy catalana, me parece obvio que son los catalanes los que deben decidir si quieren o no quieren seguir formando parte del Estado español. Pero si los catalanes quieren ser una nación dentro de Europa, ese referéndum no se puede convocar de ninguna manera sin el permiso previo del Tribunal de Estrasburgo.

Me doy cuenta de que quizá no hayan sopesado todas las consecuencias de la decisión, así que puede que convengan unas breves líneas sobre el tema.

En el hipotético caso de que Cataluña se independizase de España, las consecuencias inmediatas serían las siguientes.

VERSIÓN A O VERSIÓN CATASTROFISTA

—Salida automática de la Unión Europea (después se vería si se vuelve a entrar, pero en principio no puede quedarse como Estado miembro).

—De resultas de lo anterior, la pérdida de todas las ayudas comunitarias.

—La salida del euro se traduciría en la necesidad de acuñar una nueva moneda, que previsiblemente se devaluaría con respecto al euro.

—La necesidad de crear un Ejército catalán y unas embajadas catalanas en condiciones (las de ahora son muy suntuosas, pero no cuentan con una infraestructura real para ejercer como cuerpo diplomático en condiciones). Esto, como comprenderán, supone un gasto. Amén del enorme desembolso que supone la creación —en el nivel burocrático— de un nuevo Estado.

—Las empresas catalanas tendrían serios problemas para vender en España. Las exportaciones de Cataluña al resto de España están valoradas entre 60 000 y 70 000 millones de euros.

—Las pensiones en España derivan de la caja única del Estado Central, de forma que si Cataluña se independizara, es fácil deducir que las personas mayores se quedarían sin pensión en la nueva nación.

—Cataluña recibe cantidades ingentes de gasto público desde el gobierno central (pensiones, desempleo, rescates bancarios, salarios públicos, infraestructura, ayuda fiscal directa, etcétera) y no tiene acceso al mercado de la deuda (por algo la están rescatando), así que la crisis fiscal postindependencia haría que Grecia pareciera un pícnic.

—Jamás un país que ha logrado la independencia ha recibido una rebaja fiscal. Todos los procesos de independencia han generado mayor presión recaudatoria para sus ciudadanos por simple economía de escala. Los bienes que son de titularidad estatal continuarían perteneciendo a España. Los catalanes tendrían que empezar todo el sistema de embajadas y representaciones consulares casi ex novo.

—No habría acceso a los recursos hídricos (lo siento, pero el Ebro está en Aragón).

—Habría que pelear mucho por un trato arancelario preferente desde la UE.

Hay que tener en cuenta también que Cataluña tiene un déficit actual de 6000 millones de euros. Las razones de este déficit no están claras. Cataluña acusa al Estado central de ser el responsable, y el Estado central argumenta que la culpa la tiene la mala gestión catalana. Dado que ni siquiera Access Info ha podido saber la respuesta a la pregunta, y dado que España es el único país de Europa con más de un millón de habitantes que no tiene una ley de acceso a la información pública, no estoy en condiciones yo de saber la razón real del déficit. Cada cual cuenta la feria como le va en ella, pero el déficit ahí está.

Escrito lo cual y visto lo visto, la consecuencia inmediata de una independencia catalana sería, en principio, el empobrecimiento del país, lo cual, ojo, no quiere decir que la independencia no sea viable. Sí quiere decir que se trata de un proceso complicado, y que requiere una transición que no siempre es un camino de rosas, y si no que se lo pregunten por ejemplo a los bielorrusos. Si esta situación la va a gestionar un Gobierno de talante liberal como el que defiende CiU, no hay que ser muy lumbreras para entender que la consecuencia inmediata podría ser un desmoronamiento del Estado del bienestar.

VERSIÓN B O VERSIÓN OPTIMISTA

Una segunda versión habla de un enriquecimiento de Cataluña. Esta versión, lógicamente, es la que defiende CiU. Como los datos que se pueden manejar son sobre modelos hipotéticos en ambos casos, me es imposible posicionarme de un lado u otro.

Desde la propia web de CiU nos cuentan que el proyecto es viable y hablan de varios casos claros que ellos toman como ejemplos: Escocia y las repúblicas bálticas.

Analicémoslos uno por uno.

Escocia

Escocia tiene previsto un referéndum para la independencia en el 2014. Escocia tiene una moneda propia, la libra escocesa. En Escocia tú puedes pagar indiferentemente con libras esterlinas o escocesas. Fuera de Escocia, la libra escocesa no es válida.

Escocia es un país rico, que no depende de Inglaterra para (casi) nada. Exporta no sólo whisky y jerséis de shetland sino… petróleo. El del mar del Norte. Cuenta además con una más que floreciente industria turística.

Y como todos sabemos, Escocia no depende de la Unión Europea. Por lo tanto, no se empobrecería si se independizara del Reino Unido.

El único problema que plantea el referéndum es… la posibilidad de que no salga un «sí». Porque de las encuestas nunca se debe fiar uno (cuando yo estudiaba periodismo teníamos una asignatura, opinión pública, que trataba de cómo falsearlas). Evidentemente, el resultado de una encuesta no va a ser el mismo si el muestreo lo realizas en Pedralbes que en Berga.

Hay que recordar el famoso caso de los referéndums de la independencia de Quebec en los que, contra todo pronóstico, ganó el «no», no una, sino dos veces, aunque las encuestas concedían una aplastante mayoría al «sí», especialmente en el segundo caso, en 1995, con un 70 por ciento. El «sí» finalmente se llevó el 40 por ciento.

En Escocia, las encuestas no dan al independentismo un 50 por ciento, así que Alex Salmond de momento lo tiene un pelín complicado para dar por seguro que los escoceses le apoyarán todos a una, en plan hordas de Braveheart.

Otro problema lo tendría Salmond, y gordo, si el referéndum se ganase por un 55 por ciento raspadillo (55 por ciento es el mínimo necesario para declarar la independencia). Evidentemente, si usted está en un país en el que casi la mitad de su gente no quería irse de donde estaba, se puede ver metido en un problema peliagudo, por no decir cruento, estilo balcánico. Por lo tanto, las más elementales leyes de la prudencia aconsejan que no declare la independencia a no ser que tenga una aplastante mayoría de sus ciudadanos a favor de que lo haga.

Estonia, Letonia y Lituania

Tampoco estos países estaban dentro de la Unión Europea (de hecho, se incorporaron más tarde, tras independizarse, porque dada su privilegiada situación estratégica en el mar Báltico, Europa los quería acoger con los brazos más que abiertos), ni su balanza de pagos dependía exageradamente de la antigua Unión Soviética, y además, tienen petróleo. Es decir, que a priori lo tenían todo muy fácil.

Pero…

Veamos veinte años después lo que ha pasado.

—Letonia. En poco tiempo pasó de una estructura económica socialista a un experimento ultraliberal. Atención, la política económica neoliberal es la que defiende CiU, ténganlo en cuenta si siguen leyendo. En política, los letones siempre han estado gobernados por la «derecha» que estableció un tipo impositivo único para todos los asalariados (flat-tax) del 23 por ciento en 1997, despido libre y prácticamente gratuito, condiciones fiscales muy ventajosas para las empresas y sin costes a las ganancias de capital. Repito: la misma política económica que defiende a capa y espada CiU.

En la práctica, esto quiere decir que cierta gente se hizo muy rica, pero que el país se empobreció y el ciudadano medio se encontró de la noche a la mañana más pobre y con menos recursos sociales que los que tenía en la antigua Unión Soviética, donde al menos la sanidad y la educación eran gratuitas. El resultado es que los partidos de izquierda (socialistas y comunistas) han pegado un rebrote espectacular.

—Lituania. Junto con Letonia, se cuenta entre las economías más deprimidas de Europa en la actualidad. Resultado de otro experimento neoliberal: al igual que Letonia, Lituania se subió al tren de un auge impulsado por la banca y los bienes raíces a principios de esta década. La construcción llegó a dominar la economía y los bajos índices de interés estimularon el boom inmobiliario. Muchos lituanos contrataron hipotecas con tipos de interés bajos en monedas extranjeras. Con el inicio de la crisis, el precio de la vivienda se desplomó, la construcción entró en un punto muerto y en poco tiempo miles de personas perdieron sus puestos de trabajo y empezaron a dejar de pagar sus deudas.

El índice de suicidios ha aumentado en un país que ya batía récords mundiales: 35 por cada cien mil habitantes.

Ante un déficit creciente que amenazaba con llevar al país a la bancarrota, Lituania redujo el gasto público en un 30 por ciento: la reducción incluyó una rebaja drástica en los salarios del sector público, de entre el 20 y el 30 por ciento, y un recorte de las pensiones de un 11 por ciento.

Pero el Gobierno no se detuvo ahí y subió los impuestos de una gran variedad de artículos, como por ejemplo de los productos farmacéuticos y el alcohol. El impuesto de sociedades se elevó del 15 al 20 por ciento. El IVA pasó de un 18 a un 21 por ciento.

—Estonia. Es una de las naciones más avanzadas en el campo de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC). Y además, produce petróleo: 7642 barriles por día. Por otra parte, al considerarse más escandinava que soviética (está al ladito de Finlandia) ha incorporado a su gestión política muchos de los imperativos de la tradicional socialdemocracia escandinava, y no ha aplicado medidas neoliberales tan extremas como las otras dos repúblicas bálticas. No es una economía floreciente, pero le va mejor que a las otras dos.

Les invito a reflexionar sobre las consecuencias de una potencial e inminente independencia catalana gestionada por un Gobierno de corte neoliberal estilo CiU. Ojo, repito: al estilo neoliberal, no otro tipo de gobierno. Cataluña se vería en breve no ya como Lituania, sino como España… Porque Rajoy ha demostrado que aplicar medidas neoliberales a un Estado empobrecido empobrece aún más ese Estado. Y el mismo riesgo se corre si se aplican medidas neoliberales a un Estado recién independizado. Adiós sanidad y educación gratuitas, recortes en pensiones, tipos impositivos altísimos…

Si les retallades actuales no les gustan, ya pueden prepararse para las que vendrán.

Porque Cataluña en un modelo neoliberal quizá no podrá sostener de ninguna manera el Estado del bienestar del que disfruta actualmente.

Y porque la política de CiU nunca va a gravar a las grandes empresas, las grandes fortunas o los grandes inversores en el caso de que se presente la crisis económica que inevitablemente vendría aparejada con la transición a la independencia.

Hay que tener en cuenta un detalle. Para justificar sus retallades, el señor Mas culpaba al Gobierno central. Sin embargo podía haberlas evitado de haberse aplicado el impuesto de sucesiones, tal y como aparentemente le sugería (o eso se ha rumoreado) su consejero de Economía Mas-Colell. Es decir, puestos a elegir entre tocar el Estado del bienestar o tocar a las grandes fortunas, el señor Mas decidió no tocar a las grandes fortunas.

No añado más.

Con lo cual, lo dejo muy claro: no estoy en absoluto en contra de que Cataluña se independice. Pero para ello debe pasar antes por Estrasburgo.

¿Cómo sería el futuro Estado catalán?

Y por otra parte, sería muy importante para cualquier catalán saber en qué condiciones o bajo qué modelo de Estado se le sugiere la independencia.

Un catalán debería saber si le están ofreciendo vivir en una república dentro de una Europa federal o por el contrario le están ofreciendo vivir un experimento neoliberal al estilo Letonia o Bielorrusia. Personalmente, yo, como no soy dueña de una gran fortuna, nunca querría vivir en el segundo caso.

Para decirlo en catalán, nada mejor que copiar y pegar el mail que me envió un amigo:

Per posar un exemple, què passaria amb els fons de pensions o el dels aturats que hem acumulat durant tants anys a l’Estat espanyol? Com garantiria la independència que no hi hauria més corrupció a Catalunya si ara mateix ja s’està produint per part dels propis empresaris i funcionaris catalans? Continuaria sent una dictadura encoberta amb el fals nom de democràcia? O augmentaria el poder de decisió del poble mitjançant un canvi de la llei electoral? Formaríem part d’Europa? I de ser així, qui garantiria que no estaríem igualment sotmesos a la troika, tal i com succeïx ara a l’Estat espanyol? Crec que quan es parla d’independència només es fa des del sentiment i no s’exposa de forma clara i transparent les possibles dificultats que hauríem de superar[32].

O, por ponerlo en otras palabras, tal y como lo expresaba Pablo Antonio Rosa Carmona en una carta al director publicada en El País (16/9/12) y en El Periódico (18/9/12).

Quiero una Catalunya lliure. Por eso me manifesté el 11 de septiembre en Barcelona. Quiero una Catalunya libre de banqueros corruptos y usureros, donde la vivienda no sea un lujo especulativo y las ejecuciones hipotecarias, la norma, mientras siguen montones de viviendas vacías; donde no se produzcan engaños impunes como las cláusulas suelo o las preferentes. La quiero libre de Millets, Montulls, Urdangarines (y, si puede ser, también de Cristinas de Borbón), libre de hijos de Pujol que se comportan como señoritos andaluces, de especuladores y políticos mentirosos que, sin pudor alguno, se envuelven en la senyera para justificar recortes sociales y aplican las mismas recetas que la derecha del otro lado del Ebro. Quiero un país donde se distribuya la riqueza y, en lo fiscal, se apliquen el progresismo, la justicia y la equidad; donde no manden los bancos y los mercados y sí los ciudadanos y ciudadanas. Donde no existan una reforma laboral retrógrada y unas tristes políticas generadoras de miseria y desigualdad. Deseo una república sin Borbones, donde las urnas (y no las braguetas desabrochadas) pongan y quiten, y existan mecanismos válidos de control social sobre los órganos del Estado. Donde sea el pueblo el que, soberanamente y desde la diversidad, decida nuestra forma de Estado, el modo de definirnos, de vivir las culturas (y lo escribo en plural), de sentirnos, de pervivir y de relacionarnos con el mundo que consideremos más oportuno. Lo deseo solidariamente. Por eso me manifesté el día 11.

Es decir, la construcción de un Estado, la propuesta de un futuro Estado independiente, por muy poéticas que sean las promesas que se hagan, por muy encendidas las soflamas, y muy emotivas las consignas con las que se promueva, no significa nada si no va acompañada de una idea clara de la sociedad que vivirá en él, del modelo de Estado que se creará.

Como solía decir Franklin D. Roosevelt, «los hombres necesitados no son libres».

Ni independientes, por supuesto.

En ese sentido, CiU hace mucho ruido pero pocas nueces. Gracias a su recién estrenado independentismo, la coalición ha sabido desviar la atención de la sociedad del espinoso tema de los recortes sociales y la privatización de los servicios públicos. Habría que preguntarse si detrás de la pancarta Catalunya, nou Estat d’Europa que encabezó la gran manifestación del pasado 11 de septiembre, se propugna independencia real o una dependencia político-económica de un directorio supranacional de corte neoliberal que muy poco se diferencia del nacionalismo español al que presuntamente se opone y del que se quiere desmarcar. ¿Independencia de España pero dependencia de los mercados financieros supranacionales? Al fin y al cabo, el votante de toda la vida de CiU ha sido el empresariado catalán.

La crispación y la polarización

Mientras escribo estas líneas aún sigo casada con un catalán y empadronada en Barcelona, de forma que el tema me afecta. Y lo que me afecta de verdad es ver cómo la situación en Barcelona se ha crispado tanto como la situación en Madrid. Cuando intentas explicarle a alguien por qué si quieres un referéndum tienes que pasar obligatoriamente por Estrasburgo, inmediatamente te acusan de «nacionalista española», de «española» o de «fascista», ante lo cual, lo suyo sería responder: «¿Desde cuándo española es un insulto? ¿Por qué, de la noche a la mañana, 37 millones de personas se despertaron siendo insultables per sé? ¿De cuándo acá haber nacido con un pasaporte u otro te vuelve mejor o peor persona? Porque en mi caso, fue sólo por una cuestión de circunstancias que no naciera con un pasaporte británico como tres de mis hermanos, y desde luego, no creo que mi hija sea peor o mejor que yo sólo porque tenga pasaporte canadiense». En realidad, a mí los conceptos patria y bandera siempre me han recordado a aquella canción de Brassens, cantada por Paco Ibáñez, que decía que «en la fiesta nacional yo me quedo en la cama igual». Por otra parte, desde la otra facción tampoco son muy amables que digamos. Los insultos a lo catalán y a los catalanes proliferan como hongos en un ambiente enrarecido.

El nacionalismo extremo españolista dice sin pudor que «los catalanes nos roban, el Estatut rompe España, la lengua castellana se rompe, los toros se mueren…». Los insultos continuos y las campañas contra los intereses catalanes, el trabajo sucio y burdo de acoso y derribo, la mirada y los intereses centralistas que se cerraron en banda lo han conseguido: ya estamos en una época nueva, Cataluña ha pasado de la desafección a su despegue, buena parte de la sociedad catalana ha llegado a la conclusión de que España no comprende a los catalanes y los rechaza; y que seguir formando parte del Estado español sólo le acarreará desprecios e insultos. Es una reacción lógica y emotiva, pero ¿es racional?

Es decir, ¿me considerarían ustedes muy paranoica si pensara que tanto a un bando como al otro les viene muy bien esta cortina de humo que de momento está distrayéndonos de temas importantes, como la destrucción acelerada del Estado del bienestar y la sobreimposición de los intereses de los mercados y de los bancos por encima de los de los ciudadanos?

La creación de la Unión Europea y del ideal europeísta que la sostiene tuvo como principal objetivo desterrar el nacionalismo extremo en Europa y buscar la unidad política del continente. Hace menos de ochenta años, un joven francés o inglés podía dar su vida para luchar contra Alemania. Hoy en día, gracias a Dios, la mentalidad pacifista va por delante de la belicista. El deber de los europeos es evitar que la guerra vuelva a nuestro continente rechazando toda forma de nacionalismo extremo, racismo o xenofobia, sea del corte que sea. Cuando una reivindicación nacionalista empieza a tomar tintes xenófobos, tenemos un problema. Y gordo.

Del colorido kit ideológico que despliegan los políticos de cualquier bando en sus mítines a la caza de votos, siempre surge el recurso a la polarización y la búsqueda de enemigos flamantes para librar contra ellos quijotescas batallas. El aparato propagandístico de los políticos se alimenta demasiadas veces (desgraciadamente, casi todas) de monstruos perversos y arengas sanguíneas. No se trata de administrar y ser eficientes, sino de crear un discurso épico, pasional, emocional, nada racional y «más grande que la vida».

Dentro de esa tradicional lógica del «nosotros contra ellos» se inscribe cualquier discurso nacionalista extremo e irracional, sea vasco, catalanista, ruso o kosovar. ¿Quiere usted una Cataluña independiente? Perfecto, vaya a Estrasburgo. No me insulte a mí cuando le explico que no le queda a usted otra que irse a Estrasburgo para luchar por ello. ¿Cree usted en la unidad de España? Razónelo, no recurra al insulto y a la crispación.

Cataluña se está convenciendo de que su nacionalidad nunca tendrá encaje en este Estado. En el Estado de Rajoy, tan empeñado en «españolizarlos». Porque los nacionalistas españoles, con la bandera tan inflamada, probablemente conseguirán que fracase su proyecto de una España unida en nombre de la sagrada unidad de España. Es como cuando le dices a un niño: «Tienes que estudiar matemáticas, a ver si apruebas, que pareces tonto», y le das un cachete. Evidentemente, suspenderá. Cualquier pedagogo le dirá que lo que debería usted decir es: «Confío en ti, sé que eres muy inteligente, y con voluntad y esfuerzo puedes aprobarlo».

En realidad, yo soy muy consciente de que no hay ninguna república relevante que no sea culturalmente nacionalista, desde Estados Unidos y Rusia hasta Francia, Alemania y Japón, pero ¿es mucho pedir un mínimo de racionalidad y de buenas maneras a la hora de que cada cual luche por lo suyo?

El problema, claro está, se encuentra en los grados de nacionalismo que un país puede desarrollar. Ningún país excesivamente nacionalista ha dejado de ser cerrado, autoritario y decadente. Ningún nacionalismo extremo va a lograr, en estos tiempos modernos y multilaterales, una prosperidad que no sea efímera, sea español, o catalán, o serbio.

Tal y como se lo plantean los extremistas de un bando o del otro, parece que todo hay que hacerlo desde el odio. «¿Quieren la independencia? ¡Que se vayan esos hijos de puta, que les pongan un muro y que se mueran de hambre!», frente a «los españoles nos roban y nos explotan» (¿todos?, desde luego, los de mi barrio no deben ser, porque vivo en un barrio en el que el hambre, y la pobreza, y la exclusión social se ven cada día —por ejemplo, a las nueve de la noche en la calle Magdalena, del barrio de Lavapiés en Madrid, hay auténticas colas para hurgar en los cubos de basura del supermercado Dia— y en este contexto el lema «España nos roba» puede resultar muy insultante).

Al revés, yo creo que un nacionalista verdadero jamás deja de sufrir cuando se daña la marca (un término muy en boga últimamente) de su país. Ni cuando esa marca queda asociada a discursos hostiles y excesivos, y gestualidades bananeras de un lado y de otro. Si eso es el nacionalismo, me temo que estoy con Albert Camus, quien dijo alguna vez: «Amo demasiado a mi país para ser nacionalista». En cualquier caso, yo no me considero nacionalista por la sencilla razón de que, a mi pesar, tengo una sangre demasiado mezclada y una experiencia de vida demasiado descentrada como para haberme creado una identidad nacional respecto a nadie.

Roland Barthes señalaba que lo que caracteriza al fascismo no es, contrariamente a lo que se suele pensar, que base su acción en prohibir (opinar, expresarse, hacer), sino todo lo contrario: la basa en obligar (a opinar, expresarse, hacer). Y la obligación pasa muchas veces por la invisibilización de lo disidente. Así como bajo Franco la cultura española era un retablo de feria por el que iban desfilando las danzas y tradiciones folclóricas de cada región —los aragoneses y sus jotas, Andalucía con su flamenco, los gaiteros gallegos, y, sobre todo, el flamenco y los toros—, la cultura catalana vista y corregida por los consellers de Cultura pujolistas es la sardana de los domingos en la plaza del pueblo, los concursos de castells, la Patum de Berga…

Pero parece que esos nacionalistas catalanes olvidan que también Barcelona —esa ciudad bastarda, cosmopolita y multicultural— es catalana, que también son catalanes esos dos millones y medio de hijos de charnegos, esos dos millones y medio que provienen de aquellos andaluces, extremeños y, en menor medida, gallegos, que llegaron a Cataluña en los años cincuenta y sesenta a trabajar por un jornal mísero, y que no fueron discriminados por su lengua y su cultura, sino condenados al analfabetismo y la miseria, y gracias a cuyo esfuerzo se construyó la Cataluña actual. Los descendientes de la inmigración representan el 60 por ciento del censo actual, y de no haberse producido este amplio fenómeno inmigratorio, Cataluña tendría ahora dos millones y medio de habitantes, y no siete y medio. Y este 60 por ciento del censo actual habla catalán, pero también escucha a Justo Molinero y celebra la Feria del Rocío (y multitudinariamente, por cierto, se pueden ustedes pasar por Cerdanyola a verlo). En Badalona, L’Hospitalet, Cornellà y Barcelona se celebra la Feria de abril, que consiste en bailar sevillanas y pasarte toda la noche entre banderas andaluzas. Lo hacemos cada año. Y, por cierto, el president de la Generalitat le pone flores todos los años, por el día de Andalucía, a la estatua de Blas Infante, rodeado de cientos de autocares llenos de banderas blancas y verdes que vienen de todas partes de Cataluña a rendir homenaje al insigne político, creador de la nación andaluza.

Por lo tanto, ese «ser esencial» del que hablaba Pujol cuando decía eso de «lo que importa de un pueblo no es su política, sino su ser esencial» (en el prólogo a Construir Catalunya)[33] se ha mezclado ya. Se ha mezclado ya no sólo con esos dos millones y medio de personas, sino también con toda la inmigración latinoamericana y magrebí que ha llegado en los últimos años. Y se ha mezclado en un mundo que cada vez más encuentra difícil asociar una identidad humana o un sentido de ser con una cultura monocroma, inalterable y basada en tradiciones que se remontan a hace siglos.

¿Es Cataluña una entidad homogénea? ¿De qué Cataluña hablamos, de la actual división administrativa o es otra que incluye otros territorios? ¿Qué pasa con «los países catalanes»? ¿Cuánto tardaría Cataluña en tener ella misma divisiones internas? ¿Y las disputas territoriales y otras que pudiera tener no con el estado, sino también por ejemplo con Aragón?

Sentimientos

Hace treinta años nadie habría concebido siquiera en Estados Unidos que pudiera haber un presidente negro. Hace treinta años la población afroamericana no llegaba siquiera al 20 por ciento, hoy es el 40 por ciento. Pero el caso es que Estados Unidos ya no es un país blanco, sino un país mezclado. Casi ningún afroamericano estadounidense, empezando por el propio presidente, puede alardear de una negritud pura. Y poco a poco el mismo concepto del WASP[34] va desapareciendo en medio de un melting pot en el que hay latinos, asiáticos, afroamericanos pero, sobre todo, población mestiza. Los negros, asiáticos y latinos representaron el 79 por ciento del crecimiento demográfico del país entre 2000 y 2009, de forma que en la próxima generación, dentro de cincuenta años, y por primera vez en la historia de Estados Unidos, la población caucásica estará en minoría, y cualquier mito nacionalista sobre los descendientes del Mayflower, el pavo y el Día de Acción de Gracias podrá tener valor como cuento de hadas, no como signo de identidad. Apelar desde Cataluña o desde España al «ser esencial catalán», al «orgullo de ser español» o a una escuela determinista, hija bastarda de aquel Volksgeist[35] romántico que tan nobles servicios acabó rindiendo al Tercer Reich, y de la rancia concepción decimonónica del nacionalismo culturalista y esencialista, según la cual cada región geográfica crea un universo cultural propio impermeable —y casi incognoscible— para aquel que no comparta su lengua y su tradición, ya resultaba ridículo en los años treinta, pero completamente absurdo a día de hoy, en el que el lendakari se apellida López y los catalanes han tenido un president que se apellidaba Montilla.

La nación, el pueblo, la lengua… la omnipresencia de estos términos en el discurso político y periodístico del nacionalismo español y el catalán (enemigos irreconciliables en teoría, pero sospechosamente parecidos en su edificio ideológico) difícilmente puede hallarse en los actuales escritos y reflexiones de ningún intelectual o político francés (a menos que el político se apellide Le Pen). Ni en el discurso de Sarkozy ni en los libros de Houellebecq encontrará usted machaconas y constantes referencias a la nación francesa, al pueblo francés, a la lengua francesa. Esa idea de que la nación es una, homogénea en sus orígenes, eterna en su ser, inalterable ante la historia, detentadora de una unidad de destino en lo universal, y que el deber supremo es mantenerla así por los siglos de los siglos, le sonaría a cuchufleta a un francés o a un británico, y a discurso nazi a un alemán o a un austríaco. El letal mito nacionalista que identifica alegremente lengua y etnia, y aún genética (como se atrevió en su día a hacer Xabier Arzalluz) se fundamenta en el desprecio de la historia, y en la realidad plural —que cada vez lo será más— de las sociedades modernas.

¿Usted quiere un Estado independiente? Perfecto, yo ya le he explicado el proceso. Si Mas cuenta con un apoyo mayoritario para ganar un referéndum, se va al Tribunal de Estrasburgo y lo pide. A partir de ahí me molesta tanto que usted me insulte diciéndome que yo le robo como me molestó en su día el taxista que me echó de un taxi porque le dije que era vasca. No sé si los «españoles» les roban. En caso de haber un robo, sería por parte de cuatro políticos que desde luego no me han pasado a mí los dividendos de su latrocinio, así que deje de insultarme a mí y abandone ya el lema «España nos roba» a favor de uno menos sensacionalista, pero también menos crispante, del estilo «quiero una secesión», y punto. No polarice, por favor, ni recurra a la descalificación del contrario para hacer valer sus intereses. Ya ha sido duro oír todo tipo de descalificaciones durante años porque he querido escribir mi apellido con una grafía vasca como para escucharlas ahora porque en algún foro me he atrevido a decir que el pacto fiscal lo concertó la propia Cataluña, y que era esperable que no les fueran a conceder un cambio de concierto precisamente en medio de una crisis económica. Si ustedes dos, dos partidos de derechas enfrentados entre sí, pero con programas políticos muy parecidos tanto en lo económico como en lo social, quieren jugar a descalificarse mutuamente, allá ustedes. Pero no me metan a mí por medio, ni a tantos otros que tenemos pasaporte español. Yo, en particular, no tengo el canadiense (al que hubiera podido optar en su día) por pura pereza (no soy dada a los trámites burocráticos), no por españolismo, y mucho menos por nacionalismo.

Y he de decir que gracias a Dios los insultos sólo los he recibido en foros de Internet, pero que nadie me ha gritado o insultado por las calles de Barcelona, Lleida, Girona o Tarragona hasta el día de hoy. Así que me gustaría pensar que tanto los nacionalistas españoles extremos como los nacionalistas catalanes extremos son una minoría, pero de lo que no me cabe duda es de que estamos entrando en una atmósfera de crispación tan innecesaria como peligrosa.

Así que para terminar, voy a contar la anécdota del taxi…

Joven era yo cuando subí en un taxi dispuesta a ver a mi amor, feliz y contenta de la vida. El taxista estaba escuchando la COPE y la encendida arenga de Jiménez Losantos contra los vascos. No contra Ibarretxe, no. Contra los vascos en general. El taxista, enardecido, soltó aquello de «un muro les pondría yo pa no volver a saber de ellos». Yo, muy digna, le solté: «Verá usted, yo soy vasca, y no me ha gustado lo que acaba de decir porque en realidad…». No me dejó hablar más, me interrumpió a gritos. Así que me bajé del taxi en el mismo semáforo y evidentemente no pagué la carrera.

Salí del taxi llorando, por cierto.

Resumiendo

¿Creo yo en el derecho de cualquier comunidad dependiente de un Estado central —sea en España, el Reino Unido, Canadá o Rusia— a respetar los derechos de quienes viven en ella y a pedir la independencia de dicho Estado central si el sentimiento de sus habitantes es ése?

Sí.

¿Creo en un proyecto de Europa federal que cada vez se está haciendo más lejano y difuso debido a la supranacionalización de los intereses financieros?

Sí.

¿Si yo viviera en Cataluña votaría «sí» en un referéndum por la independencia?

Votaría no.

Pero como dijo Voltaire (o quien fuera que lo dijera, porque la cita es apócrifa): «Puedo no creer en lo que dices, pero defenderé con mi vida tu derecho a decirlo».

¿Creo que en estos momentos se está utilizando la disputa entre dos nacionalismos aparentemente enfrentados —pero que tienen exactamente las mismas ideas sobre cómo gestionar el patrimonio público y a quién beneficiar en caso de conflicto entre los intereses de los ciudadanos y las grandes fortunas— como cortina de humo para disfrazar las medidas de recortes en servicios públicos y subidas de impuestos en artículos de primera necesidad, cuando no se está gravando a las grandes fortunas ni a los artículos de lujo?

También.

¿Soy consciente de que este capítulo me va a acarrear los odios carniceros de infinidad de lectores que me escribirán correos electrónicos y dejarán mensajes en mi muro de Facebook llamándome de todo menos bonita?

Por supuesto.

Dicho lo cual, si voy a defender con mi vida el derecho de los demás a decir lo que piensan, ¿cómo no voy a ejercer el mío?

CAPÍTULO 9
Algunos apuntes sobre los resultados de las elecciones catalanas

¿Por qué ha perdido CiU?

Creo que por tres razones sobre todo:

1. La huida de parte de sus votantes.

2. Los recortes.

3. Las acusaciones de corrupción llovían sobre mojado.

CiU se ha pegado tamaño batacazo, en parte, por parecidas razones a las que en el 2009 le supusieron al PNV la pérdida de su hegemonía. Porque los votantes de CiU son de derechas.

La movilización del 11-S desbordó a CiU en sus planteamientos. La formación entonces decidió presentarse como la única fuerza que podía liderar el proceso y «apropiarse» de un estado de opinión que en realidad CiU no había creado. Mas se reconvirtió de golpe en Mas el Mesías, un «estadista» de alto nivel dotado de una misión histórica: llevar Cataluña a la «plenitud nacional». Pero puestos a votar a un partido que «garantice» una apuesta independentista muchos electores han optado por ERC. Y una parte importante del electorado no ha sido tan tonto como para olvidar, pese a la cortina de humo de la independencia, que la verdadera misión histórica de Mas es mucho más prosaica: ser el ejecutor político de una inmensa reorganización de la sociedad al servicio del capital financiero, a base de recortes y privatizaciones.

En el 2009, el PNV no podía esperar, ni de lejos, semejante subidón de votos del PP y del PSOE. Lo que sucedió es que mucha gente que tradicionalmente no votaba de pronto votó a PP o a PSOE precisamente porque les asustó el discurso independentista del PNV.

Gran parte de los votantes de CiU son empresarios o pequeños empresarios. Puede que una pequeña parte de esos votantes se hayan animado a votar al PP, aunque lo dudo. Creo más bien que el PP ha ganado un escaño más porque ha recibido votos de quienes en otras elecciones se abstuvieron (no olvidemos que estas elecciones han sido las de mayor participación de la Historia) y que parte de la tradicional masa votante de CiU se ha ido a Ciutadans.

Los catalanes se sienten estafados. Alguien canaliza ese sentimiento de frustración hacia los sueños de independencia y ese sentir cristaliza en una gran manifestación, claro. Los catalanes se manifestaban, a su manera, contra la representación más palpable del fracaso de nuestras élites políticas, que es esta crisis. Y algunos, muchos, muchísimos, por la independencia. Históricamente CiU ha sido nacionalista pero no independentista, por mucho que el señor Mas quisiera hacer suya una manifestación que no lo era y que no sólo fue independentista.

Eso es lo que ocurre cuando uno se erige en estandarte de lo que en realidad nunca ha sido.

Así que, con «independencia» de mi apoyo o no a una u otra opción, creo que hay que felicitar a quien se ha posicionado con fuerza y coherencia durante tantos años, y éstos son ERC y Ciutadans. PSC ha quedado en la indefinición y el voto destinado a PPC ha sido en parte absorbido por Ciutadans, en tanto que el voto ha radicado esencialmente en el tema soberanista. CiU ha perdido parte del electorado entre ERC (independentistas) y Ciutadans como alternativa de derechas ajena al PPC.

El PP se mostraba muy contento con los resultados de las elecciones porque pasa de dieciocho escaños a diecinueve. Pero si lo analizamos, tampoco es para tanto. El descalabro de CiU y Artur Mas, y la caída en desgracia del PSC colocaba al PPC, liderado por Alicia Sánchez Camacho, en una posición cómoda, pero no precisamente gloriosa: el fracaso rotundo de CiU no se ha traducido en un igualmente rotundo éxito del PP. Los populares han quedado como la cuarta fuerza política, cuando eran la tercera en el Parlamento resultante de las elecciones de 2010.

El voto que debería haber sido para el PPC fue para Ciutadans. Por eso éstos han triplicado su representación en el Parlament, mientras que el PP, con once puntos más de participación y un PSOE en pleno descalabro, sólo ha logrado un escaño más.

No, Alicia, no es para tanto.

Recordemos que hasta hace apenas unos meses el PP estuvo apoyando a una CiU que ya estaba instalada en su proyecto de autodeterminación. Y, sobre todo, que hasta el mismo día de las elecciones el PP sigue manteniendo acuerdos con CiU en ayuntamientos y diputaciones, por mucho que en campaña proclamasen su ruptura total con el partido de Artur Mas.

El PP se debate, por lo tanto, entre dos escenarios posibles

Uno: podría mantener todos los acuerdos vigentes con CiU y, en su caso, intentar establecer nuevos acuerdos de gobernabilidad con los nacionalistas catalanes.

En ese caso, se verían obligados a explicar por qué mantienen todos los acuerdos que tienen en ayuntamientos e instituciones catalanas con un partido, CiU, al que miembros del PP y del gobierno han señalado públicamente como extremadamente corrupto.

Dos: podría romper relaciones con un partido que se muestra decidido a mantenerse en la senda que conduce a la independencia de Cataluña.

También hay que tener en cuenta otro factor para entender el descalabro de CiU: que a Mas no le han perdonado los recortes. Por lo tanto, sin darse ni cuenta, Mas ha hecho campaña para ERC. Su discurso soberanista ha beneficiado a otro partido, no al suyo.

Hay un tercer factor que nadie ha apuntado y que creo que merece la pena analizar: las acusaciones de corrupción contra Pujol. De los turbios negocios de Marta Ferrusola y su exageradamente próspera empresa de flores y plantas que se llevaba tantos encargos de la Generalitat catalana sin concurso alguno (el del World Trade Center, sin ir más lejos) se ha hablado mucho. Las sospechas de enriquecimiento ilícito del clan Pujol se hunden en la historia reciente de Cataluña tanto como el origen de su mandato. Un Pujol recién elegido se enfrentó a una querella de la Fiscalía por el caso Banca Catalana. Se salvó sin siquiera ser procesado, cuando Felipe González cesó al fiscal general del Estado que consideraba que había indicios para hacerlo. Los años noventa del siglo XX fueron fértiles en negocios de la familia Pujol y en sospechas sobre la legitimidad de esos negocios. Se han cumplido más de tres lustros desde que diputados del PSC preguntaban en el Parlament por los negocios de la señora Ferrusola con empresas de la Generalitat, en concreto, de Hidroplant. Los datos oficiales del registro mercantil arrojan más de dos docenas de sociedades activas con el marbete familiar, a las que habría que sumar otras tantas que en su día tuvieron actividad. En demasiados casos esas sociedades atraían suculentas contrataciones con la Generalitat. Y muchos recuerdan la frase que ERC soltó en un mitin: «El 15 por ciento de las familias catalanas vive en la pobreza, pero una cosa son las familias y otra cosa es La Familia, la Cosa Nostra». No dio nombres, ni falta que le hizo. Por lo tanto, incluso si no se ha probado que Jordi Pujol tenga ciento diecisiete millones de euros en Suiza, tampoco a nadie le ha sonado demasiado inverosímil que los tuviera.

Sí que parece que a nadie le interesó sacar este tema mientras PP y CiU pactaban. Sólo interesó sacar la artillería pesada en el momento adecuado: todo sonaba a revancha cuando el pacto se rompió, como el novio abandonado que empieza a contar secretos inconfesables de la novia que lo ha dejado. El caso es que, incluso sin haberse probado nada, el estigma de la corrupción siempre ha salpicado a CiU, y ahí el PP ha dado donde más duele, pero con un resultado que no esperaba. Es decir, que las acusaciones de corrupción sí han debilitado a CiU pero este debilitamiento no ha beneficiado al PP, y sí en cambio a ERC.

¡Atención! Hay que tener en cuenta que el recuento de votos se hace según la Ley D’Hondt. En 2010 CiU tenía alrededor de 1 200 000 votos. En estas elecciones han perdido 100 000 votos, o sea, les quedan 1 100 000. ERC, por lo contrario, pasa de 200 000 a casi 500 000. Pero no pesa igual un voto en Barcelona que en Lleida, Tarragona o Girona… En el caso de Ciutadans hay que tener en cuenta que básicamente su electorado es de Barcelona, y por lo tanto el peso en escaños es muy elevado.

No hay más que mirar los resultados finales de las elecciones: CiU obtuvo 50, ERC 21, PSC 20, PP 19, ICV-EUiA 13, Ciutadans 9 y CUP 3. El carácter puramente formal y fraudulento de la Ley D’Hondt es evidente una vez más: se establece un porcentaje mínimo de votos, el 3 por ciento, para tener derecho a representación parlamentaria (además de impedir la presentación de muchas candidaturas con la exigencia de avales) y se establece un mecanismo de circunscripciones territoriales que hace que por cada diputado CiU necesite 22 246 votos, ERC 23 632, PSC 26 166, PP 24 799, IC 27 604, Ciutadans 30 547 ¡y CUP 42 073 votos!

El papel de CiU

En su comparecencia ante los medios de comunicación al confirmarse el resultado, Artur Mas destacó que de las urnas no ha salido ninguna fuerza que pueda plantear una alternativa de gobierno a CiU, y que existe en el Parlament la posibilidad de articular una mayoría soberanista. No obstante, advirtió que para hacer posible esta mayoría el acuerdo debe servir para garantizar también la gobernabilidad del país en una dinámica de gobierno atenazada por los recortes y de la cual CiU no puede hacerse «responsable única».

El mensaje fue directo a ERC y han terminado pactando.

En cristiano: independencia a cambio de recortes.

El papel de ERC

ERC ha recogido el guante y Oriol Junqueras ha respondido lo siguiente: «ERC asumirá toda la responsabilidad que le corresponda en este momento histórico, estará a la altura de sus responsabilidades». Y ha añadido: «Buscaremos las fórmulas más adecuadas no sólo con las otras fuerzas políticas, y lo digo en plural, con toda la pluralidad de estas fuerzas que se han comprometido a tirar adelante una consulta, sino también con las fuerzas sindicales, empresariales, universitarias, cívicas y sociales».

¿Esto qué quiere decir? Pues parafraseando a Bécquer:

«¿Y tú me lo preguntas? Poesía eres tú». O sea, que han pactado.

¿Qué ha pasado?

ERC y PP ponen cada uno su elevado precio a la posible colaboración: que renuncie a los recortes (ERC), o que renuncie al referéndum (PP).

¿Mas podía elegir?

Sí, pero si hasta ahora el nacionalismo ha actuado con demagogia populista, no hay razón para cambiar tras las elecciones. De ahí que, Mas eligiera a ERC.

CiU, que tenía que buscar rápidamente un socio para gobernar y aprobar los presupuestos, tiene ante sí dos posibilidades: la primera, regresar a la senda del sentido común y aplazar sus ansias soberanistas para dejarse de cortinas de humo y enfrentarse con la crisis; la que ha elegido, ir de perdidos al río y pactar con una formación radical y en cierta medida antisistema (en ERC, por ejemplo, las decisiones se toman de forma asamblearia).

¿De verdad CiU cree que puede ir a Bruselas a pedir la independencia con una alianza tan contranatura? Es como si una pija de Pedralbes se presenta ante su papá a pedirle pasta para irse a vivir de okupa en una masía de Lleida con su novio perroflauta. No es imposible, pero parece irrealizable. Y más extraño aún es que no se dé la escisión de Unió, la facción más conservadora de CiU.

¿Será Cataluña independiente?

Deep Blue fue una supercomputadora desarrollada por IBM para jugar al ajedrez. Fue la primera que venció a un vigente campeón del mundo, Gary Kaspárov, con un ritmo de juego lento. Era una computadora de procesamiento paralelo masivo capaz de calcular doscientos millones de posiciones por segundo. En junio de 1997, Deep Blue era capaz de calcular 11,38 gigaflops[36], aunque toda esta potencia no estaba pensada en realidad para jugar al ajedrez.

Si a Deep Blue se le preguntara si quiere ser catalana, española, europea o apátrida, manejaría bases de datos, imágenes, información varia, parámetros económicos, sistemas impositivos de cada país, etc., etc. y finalmente decidiría a qué región se adscribiría.

Pero las personas no son computadoras. Las personas somos monos evolucionados, y de ahí que llevemos genéticamente impreso un sentimiento de tribu y de identidad. Quiero decir que una mujer puede ser catalana y ciudadana del mundo, un mundo convulso e insolidario donde manda la especulación, el consumismo, el odio por lo diferente, la intolerancia, la xenofobia y muchas fobias más. Y en medio de todo este caos volverá su mirada y su memoria atrás y verá el mar donde se bañaba de pequeña y escuchará la canción con la que la acunaba su madre, que era la misma canción con la que su abuela acunó a su madre y con la que ella acuna ahora a sus hijos, y ese sentirse protegida en medio del caos por el amor que siente hacia su patria, su lengua, su tradición, muy probablemente no sea racional ni lógico, pero será muy potente.

El individuo se siente unido a la nación y este sentimiento de pertenencia es tan fuerte que moviliza las emociones más profundas. Porque la concepción que añora la integridad o la autenticidad de la patria es en realidad la transposición simbólica de la añoranza melancólica de una estado puro, originario, una especie de paraíso.

Cada individuo, cada hombre, cada mujer, tiene conciencia de su propia finitud, de que en esencia es alguien temporal y limitado. Por eso, es fácil convencerle de que forma parte de algo que él ha ayudado a construir y que quedará una vez se vaya, de que forma parte de algo más grande que lo integra. Es la razón que hace que algunos terroristas sean capaces de morir por una idea. Así es como aparecen esas llamadas a hacer Historia, a la construcción de un ente nacional, a conseguir lo que los ancestros no pudieron… En definitiva, a trascender. Y cuando esa llamada se alía con el mapa emocional de cada uno, y con todos los recuerdos que tiene asociados a una lengua y a un determinado clima y paisaje, es fácil animar a los individuos a seguir a un líder y una Idea, con mayúsculas. El nacionalismo se nutre de ese substrato emocional.

Claro que todos somos libres de organizarnos los conceptos como queramos. Puede que yo valore más a los que se los organizan siguiendo las reglas de la lógica, pero sé que, en el fondo, todos decidimos desde el sentimiento. Y entiendo que hay que alcanzar compromisos, no sólo entre los ideales y la realidad sino incluso entre ideales, que a veces colisionan: libertad/igualdad, libertad/seguridad, pertenencia a una nación/seguridad económica. En resumen: que todo compromiso sea imperfecto no quiere decir que todo compromiso sea igualmente válido.

Ese sentimiento profundo de amor a una patria, a una lengua, a un pasado y una identidad común supone un caramelo para cualquier político avispado que sepa manipularlo, y que articule un discurso basado en la generación de elementos diferenciadores, la presión para obtener concesiones de los gobiernos centrales, y en proyectar toda la culpa de una crisis en el Gobierno central o en cualquier otro enemigo externo sobre el que se pueda proyectar el foco de conflicto. Porque la población en general no vota con el cerebro, sino con el corazón.

Muchos no saben, no sabemos, lo suficiente como para interpretar el Estatut, casi nadie tiene claro qué parte de sus impuestos quieren que maneje el Gobierno regional, ni qué idea tienen ellos del «federalismo». Ninguno tenemos acceso a los datos de la Hacienda de la Generalitat ni de la española. ¿Por qué? Porque no son públicos. España es el único país de la UE con más de un millón de habitantes que no cuenta con una Ley de Transparencia. (Para colmo, cuando los datos son públicos, no quiere decir que sean accesibles). A todos, desde cualquier nacionalismo extremo, sea vasco, catalán o español, se nos intenta vender un esquema polarizado de «buenos» (nosotros) y «malos» (los otros).

Esta polarización, «nosotros contra ellos», es una estrategia muy antigua, de la que ya hablaba Maquiavelo en El Príncipe. («Un príncipe poderoso y valiente superará las dificultades infundiendo a sus súbditos terror con la amenaza de las vejaciones del enemigo», decía). Hoy día, esta estrategia se utiliza desde diferentes partidos, ideologías y candidatos durante los procesos electorales. El ser humano es más emocional que racional («nosotros somos seres racionales… de los que piden las raciones en los bares», como cantaba un antiguo novio mío) y es fácil apelar al sentido de pertenencia a la tribu desde el miedo a la tribu enemiga. De hecho, se puede asegurar que las actuales campañas electorales en el mundo se articulan, de una u otra forma, con base en la generación e institucionalización del miedo. Por un lado, miedo a que las cosas empeoren y se pierda lo que se tiene o ha logrado. Por otro, miedo a que se amenace el sistemas de creencias y valores predominante. Cualquier discurso nacionalista exacerbado sabe que debe gestionar, aprovechar, articular o desarticular, según sea el caso, las estrategias del miedo.

Aquellos más capaces de movilizar las emociones de la gente serán los que consigan que los votantes teman, rechacen y luchen contra sus adversarios (los de los políticos), haciéndoles creer que son sus propios adversarios (haciéndoles creer que el enemigo del señor político es también enemigo de los señores que le van a votar). Los que convenzan o aparenten, también, de cara a la sociedad, ser más aptos para combatir la inseguridad pública y dotar de garantías de estabilidad, bienestar y desarrollo futuro a los electores, serán los que ganen en unas elecciones.

La adscripción política e ideológica entraña una posición cargada de significados culturales, que refleja en su orientación costumbres, hábitos, preferencias, filias y fobias, afectos y odios. Es decir, el voto también es resultado de un proceso sociocultural y político. En este sentido, refleja al propio votante: su pasado, su presente y su futuro. Lo que ama. El acto de votar sintetiza y refleja las lealtades, los sueños y esperanzas del que vota. Y al votar, esa persona no sólo se enfrenta y se reencuentra con la urna, sino también con sus problemas, sus necesidades, sus emociones, sus deseos, sus pasiones, sus expectativas y sus sentimientos. El/la votante es él/ella y sus circunstancias, en la que múltiples factores inciden en su comportamiento y definen la orientación de su voto. Por eso no es tan fácil juzgar un voto catalán o vasco desde una perspectiva centralista. Porque no responde al mismo criterio emocional.

Por lo tanto es imposible que desde estas líneas, y sin bola de cristal, se pueda hacer un análisis lógico de hacia dónde irá la deriva nacionalista, porque presumiblemente las decisiones de los catalanes serán más emocionales que lógicas.

Pero por si acaso, y como aviso a navegantes, cierro este capítulo con una frase inmortal de Maquiavelo: «Todos los Estados bien gobernados y todos los príncipes inteligentes han tenido cuidado de no reducir a la nobleza a la desesperación, ni al pueblo al descontento».

Epílogo

Desde que empezó el proceso de edición de este libro con Editorial Planeta, en agosto de 2012, han pasado muchas cosas en el mundo y en España. Por eso, al final del libro he querido plantear algunas preguntas que han surgido en estos cinco meses.

—¿Qué pasaría si los bancos españoles en problemas no recibieran ayudas y se les dejara caer?

—¿El problema de la corrupción en España es solventable a corto plazo?

—¿Qué conclusiones podemos sacar de la victoria de Obama?

—¿Dónde se sitúa la frontera entre lo moral, lo legal y los desahucios?

—¿Las tasas judiciales son constitucionales?

¿Qué pasaría si los bancos españoles en problemas no recibieran ayudas y se les dejara caer?

Desde el estallido de la crisis financiera muchas entidades bancarias españolas han afrontado problemas muy serios. El gobierno ha acudido en su ayuda inyectándoles de una u otra forma dinero público. Es decir: dinero perteneciente a todos los ciudadanos, recaudado a través de impuestos, que ha ido a parar a manos privadas.

Imaginemos que el Estado no ayudara a estos bancos…

Un banco en problemas es un banco que no puede atender los pagos que tiene comprometidos.

Si no puede atender estos pagos será liquidado: desaparecerá como entidad. En cristiano: en primer lugar, el banco tendrá que vender todo aquello que posea y que tenga valor. En segundo lugar, con el dinero recaudado de esa venta, tendrá que reparar sus deudas.

Pero, claro está, si el banco se está liquidando es porque no tiene suficiente dinero para abonar sus deudas. Por mucho que venda, no podrá pagar a todos aquellos a los que les deba dinero, así que algunos se quedarán sin cobrar.

Pero ¿quién se quedará sin cobrar?

Pues eso lo decide la ley, que se rige por el siguiente criterio:

Cobrarán primero aquellos que menos riesgo hayan asumido en sus operaciones con el banco.

Los últimos en cobrar (o lo que es lo mismo, los primeros en asumir pérdidas) serán aquellos agentes económicos que más riesgo hayan contraído en sus operaciones bancarias.

A la hora de decidir quién no cobra, se sigue el siguiente orden, de mayor a menor posibilidad de cobrar:

—Propietarios de bonos garantizados.

—Clientes depositantes.

—Propietarios de bonos no garantizados.

—Propietarios de bonos subordinados.

—Y, por último, accionistas.

Este criterio no es arbitrario, sino que sigue un orden lógico. La lógica se basa en la premisa de que, cuanto mayor riesgo existe, más dinero se puede ganar, pero también perder. Como quien asume riesgos sabía que el dinero podía perderse, se beneficia pues a quien no ha asumido riesgos. Ya que quien ha asumido los riesgos lo ha hecho como quien juega al casino, esperando poder ganar dinero desde ese riesgo.

Cuando una persona o un fondo invierte en un banco contrayendo un riesgo elevado tiene que ser consciente de que su inversión dependerá del funcionamiento del banco: si al banco le va bien, el inversor ganará mucho dinero; pero si le va mal, perderá mucho dinero.

Según este criterio, los últimos en cobrar serán los accionistas. ¿Por qué? Porque son aquellos agentes que han corrido mayores riesgos en sus operaciones con el banco. Las acciones son un elemento de inversión con un riesgo elevado que genera mucha rentabilidad. El accionista sabe que, cuando el banco va bien, las acciones generan dividendos cada año. También debe saber que, si el banco va mal, las acciones se pierden.

Se supone que los accionistas ya han ganado bastante dinero con este tipo de inversión, dado que las acciones de los bancos les rentaban dinero cada año, antes de que el banco quebrara. Por eso se entiende que deben ser los primeros en asumir pérdidas.

Si alguien más tiene que quedarse sin cobrar, ¿quiénes serán? Los propietarios de los bonos subordinados. Ésta es una inversión de menor riesgo que las acciones, pero todavía con un alto riesgo y alta rentabilidad.

Si una vez descartados los accionistas y los propietarios de bonos subordinados todavía quedasen pérdidas por traspasar, los siguientes serían los poseedores de bonos no garantizados. Porque este tipo de inversión tiene menor riesgo que los bonos subordinados y que las acciones.

En penúltimo lugar se encuentran los depósitos de los clientes. Es decir, el dinero de aquellos ciudadanos que han depositado en el banco sus ahorros. Para entendernos, el dinero del ciudadano de a pie, el asalariado medio. Ciudadanos que no han especulado, sino que simplemente han confiado sus ahorros al banco. Estos depositantes no han corrido riesgos ni han ganado mucho dinero con esa actividad, por lo que se entiende que, en caso de liquidación, tengan prioridad a la hora de cobrar.

Y ya, por último, el banco tendrá que pagar a los propietarios de los bonos garantizados. Estos bonos son un elemento de inversión muy seguro, de mínimo riesgo y también de mínima rentabilidad. Puesto que sus propietarios no han ganado mucho dinero con este tipo de inversión, se entiende que deben ser los primeros en cobrar, o —lo mismo me da que me da lo mismo— los últimos en asumir pérdidas.

Por lo tanto, si a un banco se le deja caer y es liquidado, los propietarios de los bonos garantizados pueden estar tranquilos porque cobrarán con toda seguridad.

Y con casi total seguridad, después de devolver el dinero de los bonos garantizados sobrará dinero para devolver a los depositantes sus ahorros.

Saber con total seguridad cuántas pérdidas tienen los bancos españoles es muy difícil. Pero se han hecho muchas estimaciones sobre estas cantidades, desde diferentes fuentes de todo tipo. La estimación más pesimista calcula que las pérdidas serían de 300 000 millones de euros. La más optimista es la de la Unión Europea: menos de 100 000 millones de euros (y por eso el rescate será de esa cuantía).

Sean estimaciones optimistas o pesimistas, todas calculan que las pérdidas de los bancos españoles nunca serían tan grandes como para no poder devolver los depósitos en caso de liquidación de las entidades. Es decir, las pérdidas no serían tan grandes como para que el ciudadano medio perdiera sus ahorros.

Una cantidad de digamos 200 000 millones es una cantidad relevante, no cabe duda. Pero puede ser absorbida por los inversores más arriesgados de los bancos. O sea, por los accionistas, los poseedores de bonos subordinados y los poseedores de bonos no garantizados.

Incluso empleando la estimación más pesimista (300 000 euros), habría suficiente margen para que las pérdidas no llegasen a afectar a los depositantes.

En otras palabras, si el gobierno NO ayudase con dinero público a los bancos españoles en problemas, éstos tendrían que ser liquidados y tendrían enormes pérdidas. Pero las pérdidas afectarían a los inversores más arriesgados y nunca a los depositantes. Nunca a los ahorradores medios. Nunca al ciudadano de a pie. Los ciudadanos podrían recuperar sus ahorros aunque el Gobierno no ayudara al banco. Por lo tanto, ni los ahorradores del banco ni el Estado tendrían que sufrir las consecuencias de la mala gestión de los bancos.

Los costes los tendrían que asumir los accionistas y otros inversores más arriesgados. Esto es normal y lógico, pues se embarcaron en operaciones arriesgadas y han perdido. Repito el símil: es como si alguien va a jugar en el casino y pierde. Estos inversores arriesgados son fundamentalmente grandes entidades financieras y grandes empresas. Agentes que, debido a su tamaño y potencial, pueden asumir pérdidas.

Liquidar bancos problemáticos tiene un coste alto. Nos lo han repetido muchas veces, lo hemos leído hasta la saciedad. Es cierto, tiene un coste alto para los bancos y las empresas. No para el Estado o para los ciudadanos.

Porque en el caso de que se liquidaran entidades se generaría un efecto dominó que terminaría afectando a más bancos y a más empresas. Por ejemplo, si yo liquido la Caja de Ahorros de Horcajo de la Sierra y uno de los accionistas principales es el Banco de La Purísima Concepción, está claro que el Banco de la Purísima caerá con la caja.

Por lo tanto la pregunta clave es:

Si el coste hay que sufrirlo de todas formas, ¿por qué tienen que padecer todo el coste los ciudadanos corrientes y no padecerlo en absoluto los inversores privados? ¿Por qué se ayuda a las entidades con dinero público si esta ayuda va a beneficiar a accionistas privados, no al Estado ni al ciudadano medio?

¿Por qué tenemos que pagar estas ayudas los ciudadanos corrientes en recortes y subidas del IVA?

¿Por qué tienen que padecer todo el coste los ciudadanos corrientes que nunca se arriesgaron en las operaciones bancarias, que apenas ganaron dinero con ellas, y que además en general no gozan de suficientes recursos para soportar recortes, subidas y tasas?

¿Por qué no deben padecerlo en absoluto los inversores privados, que se arriesgaron, ganaron dinero con ello, y que además tienen un colchón económico mucho mayor como para afrontar la pérdida?

La forma en la que se están traspasando las pérdidas de los bancos a los ciudadanos no sólo atenta contra la justicia social. También atenta contra la lógica económica.

¿El problema de la corrupción en España es solventable a corto plazo?

No. Así de simple.

Access Info Europe tendrá que pagar tres mil euros por preguntar cuáles son las medidas que España está implementando para luchar contra la corrupción. Según la sentencia del Tribunal Supremo que cierra el caso que comenzó en 2007, ni Access Info ni ningún ciudadano tenemos derecho a solicitar esa información.

¿Qué medidas ha adoptado España para luchar contra la corrupción? Ésta es la pregunta que la organización Access-Info envió en el año 2007 al gobierno español. El gobierno no respondió. Access-Info fue a los tribunales para intentar conseguir una respuesta. Cinco años después sigue sin tenerla. Además el Tribunal Supremo les condena a pagar tres mil euros de costas del juicio. Por preguntar.

El principal argumento del Tribunal Supremo es que la información solicitada por Access Info Europe sobre el cumplimiento de España con las obligaciones impuestas por la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción es en realidad una forma de pedir explicaciones al gobierno y no una solicitud de información en sí.

El Tribunal no se pronuncia sobre la alegación principal, que es la violación del derecho de acceso a la información, reconocido internacionalmente como un derecho fundamental.

El Tribunal Supremo reconoce que la Administración incumple con su obligación de contestar, escudándose en la figura del silencio administrativo, y condena en costas a quien reclama amparo judicial con una sentencia que ni siquiera entra en el fondo del asunto. El riesgo de tener que pagar costas y tasas es un desincentivo enorme para el ciudadano y hace menos probable que alguien decida impugnar judicialmente la falta de respuesta a una solicitud de información.

España debe informar cada dos años a Naciones Unidas de las medidas que está tomando para luchar contra la corrupción. Pero esa información, si es que se envía, es secreta. Los ciudadanos no podemos saber —ni preguntar, por lo visto— qué está haciendo el gobierno para acabar con la rampante corrupción que asola el país.

¿Qué conclusiones podemos sacar de la victoria de Obama?

Hasta el último minuto nadie estaba seguro de si lo iba a conseguir, y éstas han sido quizá las elecciones más reñidas de la historia de los EE. UU. Miento: las elecciones más reñidas tienen que ser las de la primera legislatura de George W. Bush contra Al Gore, puesto que no está claro que, de hecho, fuera el candidato más votado.

Yo he vivido por primera vez en persona las elecciones muy de cerca porque mi sobrina ha colaborado en la campaña de Obama. Lo que me sorprende es que no haya arrasado teniendo el oponente que ha tenido. Y más desde el último debate, donde Obama puso toda la carne en el asador. Al contrario que Romney, que se contradecía constantemente y, sobre todo, no era nada transparente. Eso, pasando por alto las declaraciones que salieron a la luz en las que Romney descalificaba a los latinos diciendo que vivían del cuento, además de otras lindezas.

Una de las razones por las que parece que los republicanos podrían haber perdido se resume en las palabras de McConnell’s: «Lo más importante que queremos conseguir es que Obama sea un presidente de un solo mandato». Es decir, no hablas de deuda, ni de cambio climático, ni de globalización ni de sanidad pública. Simplemente vas a atacar a la yugular y hacer el ataque lo más personal posible. Entretanto Obama usa otra táctica: no ataca al contrario sino que defiende sus ideas. Para colmo, y esto no lo tenía Romney, cuenta con la simpatía de las mujeres (gracias a la presencia constante de Michelle en la campaña), de los inmigrantes (el discurso de los republicanos es muy agresivo con respecto a la inmigración, y el propio Obama es mulato, hijo de inmigrantes, no hay más que decir) y de los gays y lesbianas.

Entre un 18 y un 25 por ciento de los norteamericanos son de origen hispano y, dado que aún tienen familia en México, El Salvador, Guatemala…, no les gusta escuchar propuestas inhumanas sobre controlar la inmigración, porque esto significa que sus parientes nunca podrían vivir con ellos.

Entre un 8 y un 10 por ciento de los americanos son gays y lesbianas, y les ha gustado que los demócratas presentaran a una candidata por Wisconsin que no se avergüence de reconocer que es lesbiana. De hecho, será la primera senadora que admite serlo en la historia de Estados Unidos.

Un 56 por ciento de los americanos son mujeres. Todas sabemos quién es Michelle Obama. Pero ¿alguien sabe cómo se llama la mujer de Romney? En fin, instintivamente vamos a sentir más simpatía por alguien que demuestra clarísimamente que confía en el criterio de su mujer que por alguien que parece tratarla como un florero y no le da un papel claro a su lado.

Si en el PSOE tuvieran dos dedos de frente esta historia les debería enseñar algo. Ante discursos que se basan en el odio y la descalificación del contrario, conviene oponer discursos que se basen en objetivos concretos, y conviene dar una imagen de coherencia y estabilidad. A ver si hacen autocrítica y aprenden de lo que ha pasado, porque el PP se lo está poniendo muy fácil, pero ellos no lo están aprovechando. El PSOE atraviesa una situación muy grave, la peor en treinta y cinco años. En un momento en el que todos le estamos viendo las orejas al lobo del PP (especialmente esos pequeños empresarios que votaron al PP convencidos de que la economía mejoraría y se han encontrado con que su negocio se va a la ruina merced a la subida de IVA del 21 por ciento), nadie ve en el PSOE una alternativa convincente. El drama del PSOE es que se ha anquilosado en un partido zombi en el que los militantes no cuentan: quienes deciden no tienen nada que decir y quienes tienen algo que decir no deciden.

Hay algunas diferencias más entre Obama y el PSOE. El PSOE perdió el último tren para recuperar un buen porcentaje de los votos perdidos con acciones como la votación en contra de los recortes a diputados, el mismo día del «Rodea el congreso», o con la negativa a viajar en clase turista. El problema del PSOE es la falta de coherencia entre su discurso, sus acciones y comportamiento. Su falta de coraje a la hora de exigir transparencia, a la hora de terminar con la corrupción, con las componendas, con los enchufes, con el bipartidismo… Esos extraños silencios mientras la calle se desgañita. El PSOE ya no responde a las expectativas de muchos y por eso se ha formado la que se ha formado en la calle sin que ningún partido sepa estructurar y canalizar las demandas reales de la ciudadanía. Así que, con un poco de suerte, los trastos viejos e inútiles se irán aparcando en el baúl de los recuerdos, y la necesidad nos obligará a formar alternativas reales y coherentes. Creo que es el momento de que el PSOE haga un sano ejercicio de autocrítica e inicie una reestructuración muy profunda, desde las bases.

¿Dónde se sitúa la frontera entre lo moral, lo legal y los desahucios?

La frontera entre lo legal y lo moral está por definir.

Sobre la «oleada» de muertes que ha supuesto el ejercicio por parte de los bancos de su derecho al desahucio hay que decir lo siguiente:

Uno: Que siempre han existido suicidios de deudores. El cerrajero que me cambió la cerradura me contó que él había presenciado uno en un desahucio, hacía años, cuando abrió la puerta y se encontró con el inquilino en la cama, muerto; había ingerido una sobredosis de pastillas. La diferencia es que ahora se les da publicidad y antes no. Pero si sacásemos a la luz las estadísticas nos quedaríamos aterrados. El suicidio se ha convertido en la principal causa de muerte no violenta en España. Le ha robado el puesto a los accidentes de tráfico. En 2008 hubo 3457 suicidios, una cifra que por primera vez supera a los fallecidos en accidente de tráfico (3021). Eso significa una media de nueve suicidios diarios. En realidad, tres suicidios por desahucio no suponen una cifra tan alarmante.

Dos: Estadísticamente la cifra de suicidios por desahucio es absolutamente residual en comparación con los préstamos con garantía de inmuebles que hay concedidos en el país.

Tres: Hay muchos más suicidios de mujeres que han vivido con maltratadores psicológicos, de hombres y mujeres que han sufrido acoso laboral o de adolescentes que sufren bullying que de desahuciados. Si quieren ver cifras en Francia, por ejemplo, lean el libro de Marie France Hirigoyen El abuso de debilidad y otras manipulaciones, editado en español por Paidós. Las estimaciones para España, oscilan entre un 5 y un 11,5 por ciento de trabajadores afectados por el acoso laboral. Si en Suecia entre el 10 y el 20 por ciento de los suicidios tienen su origen en situaciones de hostigamiento psicológico, podemos concluir que las cifras de España no serán muy diferentes (Pérez Bilbao, 2001).

Habría que preguntarse si no nos estamos tomando la excepción como norma.

De la misma manera que la ley establece una serie de mecanismos a favor del propietario cuando el inquilino no paga el alquiler, la norma fija es que, en caso de que un ciudadano no pueda abonar las cuotas de la casa que ha comprado, ésta vuelva a manos del que le ha dado el dinero para comprarla.

Dicho lo cual, el desahucio no es sino una manifestación más de la necesidad del cumplimiento de las obligaciones recíprocas que mana de todo contrato. Incluso la «dación en pago», que muchos presentan como alternativa, es una suerte de desahucio, sólo que en este caso la deuda queda zanjada de manera excepcional.

Pero hay que aclarar una cosa. La dación en pago requiere una hipoteca «pura». Esto quiere decir que si tú contratas una hipoteca en la que se supone que puedes devolver la casa en caso de no poder afrontar el crédito sería como si pido a mi amiga Marta que me preste dinero para comprarme unos Louboutin y como no le puedo devolver el dinero, le devuelvo los Louboutin cuando ya están viejos y se han pasado de moda (y he roto un tacón, de paso). Los pisos son ahora mucho más baratos que hace diez años, porque el precio depende de la oferta y la demanda, no está fijado con unos límites. Lo de comprar pisos «se ha pasado de moda», como lo de comprar Louboutin, porque la fiebre inmobiliaria fue, en muchos sentidos, una locura. Comprar pisos era «lo que se llevaba» y el precio se disparó, de la misma forma que el precio de los Louboutin se dispara si son de temporada, pero puede bajar cuando se pasen de moda los zapatos de tacón.

El banco te prestó dinero, no te regaló un piso. Mi amiga Marta me presta el dinero, no me ha regalado los zapatos, ni me los ha vendido ella. Sería muy distinto si el propio banco te hubiera vendido el piso, pero no es el caso. El banco sólo te prestó el dinero.

En el caso de las «hipotecas puras» (aquellas en las que puedes devolver el piso sin más, como las que se contratan a veces en Estados Unidos), el mayor riesgo asumido por el banco (el riesgo de que le devuelvas un piso cuyo valor en mercado ha bajado) se traduciría, a la hora de financiar al comprador, en la aplicación al crédito de diferenciales sobre interés superiores. Es cierto que en Estados Unidos existe la dación en pago, pero en esos casos se pagan hipotecas a intereses muy abusivos. Se daría entonces la paradoja de que precisamente aquellos a los que más se quiere proteger a futuro, los que padecen una situación económica más precaria y tienen menor capacidad de ahorro, serían los que tendrían que pagar un interés más alto y a veces también un seguro. (Sí, porque pagas un seguro para minimizar el riesgo de que el banco pierda dinero. Sí, vale, en España también podrías contratar, en el momento de la compra, un seguro para el supuesto de impago sobrevenido, pero casi nadie lo hace porque encarece el precio de la casa).

Si se admitiera la dación en pago, el sistema bancario español se hundiría.

Por otra parte, no beneficiaríamos a familias de clase baja precisamente, porque la mayoría de casas cuya hipoteca se está dejando de pagar son segundas viviendas. Esa casa que la gente se empeñó en comprar en la playa.

Veamos un ejemplo típico de pareja que ahora está siendo desahuciada, en el artículo «La historia de un desahucio», publicado el 28 de octubre de 2012 en el blog «El francotirador» del diario digital Las Provincias:

Raquel comenzó a trabajar joven en una fábrica de piezas para la automoción. Mario acabó arquitectura. […] En plena vorágine inmobiliaria pronto encontró trabajo «de lo suyo», que para eso en casa se habían gastado los ahorros con el fin de que el niño fuera universitario. […]

Mario y Raquel, tras cuatro años de noviazgo y con el viento a favor, se hipotecaron a treinta años como paso previo a una boda como Dios manda. […] Una hipoteca de 300 000 euros para un piso de 80 metros cuadrados con parking, piscina y parque en la comunidad. Con todas las facilidades de pago. Como golosina, el epitafio de que si no compraban ahora al año que viene valdría casi el doble. «Un piso nunca pierde valor», le dijo a Raquel. Un lema en época de bonanza. Con la euforia de la firma de la hipoteca, la pareja añadió un vehículo familiar porque los niños vendrían pronto y la luna de miel con el todo incluido en Punta Cana.

La cuota superó los mil euros al mes, casi lo mismo que ganaba Raquel en la fábrica. Pero Mario era un arquitecto de futuro en una gran constructora que hacía pisos como churros y que encima había metido cabeza en el sector público. Un futuro de vino y rosas por el que valía la pena votar al superpartido político que había conseguido el milagro económico.

Vino la niña; luego, el niño. Los viajes en pareja se convirtieron en vacaciones familiares a tocateja y se reformaron la cocina y los baños para darle un toque más personal a la vivienda. Los críos fueron a colegios de pago con uniforme, comedor y autobús. La tele de plasma, las dos videoconsolas y la máquina de gimnasia eran bienes de primerísima necesidad.

Entre calada y calada, Mario recuerda cómo cinco años después de la boda, la primera en perder el trabajo fue Raquel. Recortes de personal por una crisis recién llegada y que todos apuntaban a que sería pasajera. […]

El paro de Raquel no daba para pagar la hipoteca pero el sueldo de Mario permitía vivir recortando en lo extraordinario. Al año siguiente sacaron a los niños del colegio de pago, los seguros médicos pasaron a ser sólo para los críos y las vacaciones de verano se quedaron en un fin de semana. Se apretaron el cinturón como mandaban los políticos.

El despido de Mario fue un mazazo. […] Recortes y poco más fue la justificación. Los pisos no se venden y las instituciones no pagan los servicios prestados.

El paro dio para subsistir los primeros meses. La prioridad fue pagar la hipoteca, un sueño que pasó a ser pesadilla. Hablaron con el director del banco, el que les ofreció el paraíso, que de un plumazo desmontó el castillo de naipes con el imperativo de que lo primero era la letra. […]

Los abuelos comenzaron a pasar dinero de forma periódica para pagar gastos básicos. Y era cada vez más habitual que los niños comieran en casa de los dos jubilados, que sostenían muchas bocas con una paga que ya no daba para pasar quince días en Benidorm.

Mario, entre calada y calada, recuerda cómo en la construcción ya nadie le quería ni como peón. Raquel se puso a limpiar en algunas casas que acabaron por despedirla porque en aquellos hogares el paro y la crisis entraron también como un huracán.

Pasaron de dar ropa a pedirla, a recibir libros prestados, incluso a pasar por el banco de alimentos. Raquel ya no se pudo tapar sus incipientes canas ni con el tinte de casa. Los niños, a veces, no se acababan la cena y las sobras eran el primer plato y único para Mario, en un hogar donde las naranjas pasadas sirvieron para el zumo, los restos de carne para hacer croquetas y la paella que sobraba los domingos en casa de mamá se congelaba para casi toda la semana. La abuela siempre echaba arroz de más.

A Mario le martilleaba cada día aquello de que había vivido por encima de sus posibilidades. Se lo hicieron creer, sentirse culpable. En la época de abundancia, la sociedad, los bancos, las constructoras y los políticos le convencieron de que ésa era la única forma de vivir.

Analicemos el caso. Si Mario trabajaba como arquitecto en el sector público y tenía dos dedos de frente ¿no se daba cuenta de dónde procedía su dinero? Por otra parte ¿por qué la responsabilidad de esta historia la tiene sólo el banco? ¿Acaso Mario era estúpido? No lo parece, si fue capaz de sacar una carrera como arquitectura. ¿Por qué era fundamental endeudarse por tomar unas vacaciones familiares a tocateja? ¿Por qué se reformaron la cocina y los baños para darle un toque más personal a la vivienda? ¿Por qué los críos fueron a colegios de pago con uniforme, comedor y autobús? ¿Por qué la tele de plasma, las dos videoconsolas y la máquina de gimnasia? Yo no tengo ni tele de plasma (ni de otro tipo), mi hija no va a un colegio de pago ni tiene consola, no tengo maquina de gimnasia, ni coche. ¿Mario era subnormal y no se daba cuenta, como yo, de que endeudarse es peligroso? ¿Mario era una pobre víctima del banco? No, por favor. Si hemos perdido el norte y la idea de que existe en la vida algo que se llama «responsabilidad personal» y nos empeñamos en ver a Mario como una víctima, estamos tergiversando las cosas.

Sí, en esta historia en particular, es cierto que Mario vivió por encima de sus posibilidades. Entonces deberíamos hacer autocrítica y plantearnos hacia dónde nos conduce una vida empeñada en aparentar y en no valorar otro logro que el material. Pero, por favor, no me hagan ver a Mario como una pobre víctima inocente. Mario fue un nuevo rico con ínfulas, como tantos otros, y un descerebrado. Mario nunca hubiera debido pedir una hipoteca cuyo importe superase el 30 por ciento de los ingresos, y su banco nunca se la debería haber concedido. Pero aquí hay dos responsables. Si yo puedo vivir sin tele de plasma, sin vacaciones de lujo, sin coche, sin colegio de pago para mi hija, Mario también. Si Mario no es capaz de ver que él, por supuesto, es responsable de esa situación, es que Mario tiene un nulo sentido de la responsabilidad adulta y del crecimiento personal, porque se supone que los seres humanos aprendemos, sobre todo, por el método de prueba-error.

A la hora de hablar pues del problema de los desahucios, deberíamos hablar de muchos problemas interrelacionados: del problema de la espiral de locura de una sociedad consumista, del problema de la usura, de las tasaciones falsas, de las subastas notariales a la baja, de las cláusulas abusivas a las hipotecas, del sistema de avales…

El problema de la usura

El problema de esa cláusula, impuesta por alguna entidad y «denunciada» en privado por estos agentes, es que obliga al deudor a pagar un 29 por ciento de tipo de interés anual desde el primer día en que desatiende sus obligaciones prestatarias.

Veintinueve por ciento, han leído bien. Sí, existen cláusulas de moratoria al 29 por ciento. Es el coste para muchos españoles de no poder atender las cuotas de la hipoteca de su piso. Una tasa que llevaría a que el afectado viera su crédito doblarse en apenas tres años. Porque el 30 por ciento se considera usura. La frontera entre lo legal y la usura es un 1 por ciento. La frontera entre lo legal y lo moral está por definir.

El problema de las tasaciones

Tasaciones y subastas notariales a la baja que terminan por hundir a los deudores. Es decir, que el banco me tasa la casa en mucho menos de lo que yo la compré. Desgraciadamente, esto lo sé por experiencia, porque hace poco me planteé poner mi casa como aval para una deuda con Hacienda, y el mismo banco que me prestó el dinero para comprarla me la tasó por prácticamente la mitad de lo que había pagado.

El problema de los bienes futuros

El artículo 1911 del Código Civil dice «del cumplimiento de sus obligaciones responderá el deudor con todos sus bienes presentes o futuros». En realidad, esto es una salvajada. Significa que te quitan la casa pero, en general, cuando te han quitado la casa ya ha bajado de precio y tú aún debes dinero al banco, con lo cual jamás de los jamases podrías volverte a comprar ni un coche sin que el banco se lo llevara.

Si ese artículo se eliminara se permitiría no sólo que mucha gente que ha perdido el piso pudiera al menos comprar un coche para ir a trabajar. Permitiría también que aflorara el dinero negro de aquellos endeudados que no desean tener nada a su nombre ante el temor a ser ejecutados.

El problema de las cláusulas abusivas o desconocidas

Cláusulas que estaban en las hipotecas que en su día firmaron muchos. Existe en España la obligación legal de que el contenido de estos créditos sea leído en presencia de las partes con especial identificación de las condiciones. Pero no se hace. ¿Quién no lo hizo? ¿El que compró la casa (el demandante de fondos), el que la vendió (el oferente), el intermediario o el doble fedatario público, el notario, el registrador…? El caso es que hay gente que ha firmado intereses de demora cercanos al 30 por ciento sin saberlo (parece ser que fue el caso en el suicidio de Eibar) o costes de reclamación y ejecución disparatados que ahora provocan que los afectados se lleven las manos a la cabeza.

Yo recuerdo que, cuando compré mi casa, el notario leyó las condiciones de la compra y yo firmé sin enterarme de gran cosa. La mayoría de mis amigos hicieron lo mismo.

Se debería, por ley, establecer un cuestionario en el que el prestatario (el que recibe el dinero prestado) reconociera y firmara ante quien correspondiera su explícita aceptación de cada uno de los puntos del contrato que puede condicionar su futuro.

El problema del sistema de avales

Imaginemos que para que te compraras una casa tu padre te avaló con la suya y luego a ti te desahucian y aún debes parte del dinero al banco. En ese caso, es más que posible que la subasta notarial permita al banco o a la caja de ahorros quedarse con el piso de tus padres sobre una tasación actualizada a la baja (porque han tasado el piso de tus padres a un valor por debajo de mercado). Resulta que cuando tú compraste la casa pudo más la credulidad («¡la vivienda nunca baja!») o la propia codicia («total, si las cosas vienen mal dadas, puedo vender el piso en tres años por el doble de lo que he pagado») que la sensatez. Y resulta que el piso de tu padre, que ya se había pagado hacía veinte años se pierde, ante la impotencia de tu padre y la tuya. Por lo tanto, es necesario algún tipo de mecanismo disuasorio o limitador si se avala con la residencia de los padres, de los familiares, o de cualquier persona que sólo disponga de una residencia. Un banco no debería aceptar ese tipo de avales.

Lo que debería regular una futura Ley Hipotecaria en vista de lo que ha sucedido sería lo siguiente:

—Impedir que los bancos financien al que no puede pagar. Prohibir la concesión de hipotecas en los casos en los que parezca claro que existen muchas posibilidades de que el demandante de fondos no podrá cumplir sus obligaciones en el futuro. (En ese caso, no se le hubiera concedido la hipoteca a Mario, sin ir más lejos).

—Si no se puede pagar, que el banco sólo pueda exigir el valor del bien más unos intereses razonables de demora con un límite temporal. Nada de que el banco tenga derecho sobre tus bienes futuros.

—No permitir que se firme ninguna hipoteca sin un conocimiento clarísimo de las condiciones. Repito por segunda vez: se debería, por ley, establecer un cuestionario en el que el prestatario (el que recibe el dinero prestado) reconociera y firmara ante quien corresponda su explícita aceptación de cada uno de los puntos del contrato que puede condicionar su futuro.

¿Las tasas judiciales son constitucionales?

Imagina que mañana te ponen una multa de cien euros. Si eres inocente y quieres recurrirla, te van a poner un impuesto de doscientos euros por recurrir una multa. O sea, que aunque ganes el recurso, vas a perder cien euros. Nadie va a recurrir multas.

La última ocurrencia de este Gobierno ha sido la aprobación de una ley que obliga a los ciudadanos a pagar una tasa por acceder a los Tribunales de Justicia. Esta nueva tasa oscilará entre 100 y 1200 euros y será de obligado cumplimiento para aquellas familias que superen los 1100 euros mensuales.

Un despido, disputas por una herencia, negligencias médicas, multas… En definitiva, cualquier contencioso civil rascará aún más los bolsillos de los españoles, y ese dinero, ojo, no irá a mejorar la justicia, sino que va a Hacienda. Sí, a Hacienda.

La justicia va a ser para ricos, la sanidad para ricos, la educación para ricos. Este Gobierno se salta a la torera la Constitución cuando les sale de los mismísimos, excepto, eso sí, cuando se trata de invocar la Sagrada Unidad de España.

Las tasas son las siguientes

Orden jurisdiccional civil:

Verbal y cambiario: 150 euros.

Ordinario: 300 euros.

Monitorio, monitorio europeo y demanda incidental en el proceso concursal: 100 euros.

Ejecución extrajudicial y oposición a la ejecución de títulos judiciales: 200 euros.

Concurso necesario: 200 euros.

Apelación: 800 euros.

Casación y extraordinario por infracción procesal: 1200 euros.

Orden jurisdiccional contencioso-administrativo:

Abreviado: 200 euros.

Ordinario: 350 euros.

Apelación: 800 euros.

Casación 1200 euros.

Orden social:

Suplicación: 500 euros.

Casación: 750 euros.

(Se pueden consultar estos datos en el BOE. en Internet: http://www.boe.es/boe/dias/2012/11/21/pdfs/BOE-A-2012-14301.pdf).

Las tasas judiciales van a acabar con la Justicia, tal y como se concibe en una democracia avanzada. Porque, so pretexto de la crisis económica, el Gobierno ha perpetrado un crimen contra la democracia y uno de los mayores retrocesos del Estado de Derecho.

El acceso a la justicia es el derecho soporte o garantía de todos los demás derechos fundamentales y libertades públicas. El derecho a la salud, o la educación quedarán en papel mojado si la víctima no puede reaccionar frente a sus lesiones por el efecto disuasorio de las tasas.

Pongo un ejemplo para que se entienda, expuesto por la abogada Verónica del Carpio en su blog veronicadelcarpio.wordpress.com. Es el caso real de un tetrapléjico por accidente de tráfico que pide indemnización. Verónica del Carpio lo cuenta así:

Lo adelanto, y el lector, si quiere, que no siga leyendo: DIECINUEVE MIL QUINIENTOS CINCUENTA EUROS para poder ejercer el derecho constitucional a defenderse en los tribunales, un derecho que es un pilar del Estado de Derecho, que diferencia el Estado de Derecho de la ley de la selva, que garantiza que el más débil tenga una oportunidad, que está en la Constitución y en los convenios internacionales para impedir la arbitrariedad del más poderoso y del Estado…

[…]

Ocupante de un vehículo, que sufre tetraplejia y múltiples lesiones a consecuencia de un accidente de tráfico; entre lesiones, secuelas, invalidez, ayuda de tercera persona, etc., importe de la reclamación a las compañías aseguradoras del vehículo en el que viajaba y del tercer implicado: 1 300 000 euros.

Tasa judicial que correspondería por interponer demanda en primera instancia: 300 euros más el 0,5 por ciento de la cuantía hasta 1 000 000 de euros, más el 0,25 por ciento de la cuantía que exceda de 1 000 000 de euros: 6050 euros.

Si hubiese que recurrir en apelación: 800 euros más el 0,5 por ciento de la cuantía hasta 1 000 000 de euros más el 0,25 por ciento de la cuantía que exceda de 1 000 000 de euros: 6550 euros.

Si hubiese que llegar al Tribunal Supremo en recurso de casación (1200 euros más el 0,5 por ciento de la cuantía hasta 1 000 000 de euros, más el 0,25 por ciento de la cuantía que excede de 1 000 000 de euros): 6950 euros.

Total para las tres instancias: 19 550 euros. Diecinueve mil quinientos cincuenta.

Antes del Gallardonazo, la tasa era cero.

El lesionado no tiene derecho a justicia gratuita porque ganaba, hasta la fecha del accidente 1600 euros al mes. El límite de la justicia gratuita que exime del pago de tasa es el doble del llamado IPREM (indicador público de renta de efectos múltiples), aproximadamente 1100 euros al mes por unidad familiar. A día de hoy se encuentra totalmente asfixiado económicamente pues el coste de su asistencia mensual (necesita ayuda especializada las veinticuatro horas del día) supera en casi diez veces la pensión de invalidez que recibe.

Miguel Caride, abogado de Ourense que lleva este caso, según cuenta Verónica del Carpio en su blog, lo explica muy claramente:

En casos como éste, una vez que entre en vigor la ley de tasas, ¿qué vamos a hacer? ¿Dejar de demandar y matar definitivamente en vida a víctimas como ésta? ¿Demandar por la décima parte de lo que señala el baremo para así pagar una tasa «asequible»? ¿Tragar por la miseria que ofrezca una compañía y que no llegue ni para cubrir un año los gastos de asistencia del perjudicado? ¿Organizar una colecta especial a través de las redes sociales para conseguir el dinero necesario para que […] pueda pagar la tasa judicial que le permita demandar […]?

Esta tasa sería la misma si quien demanda gana mil quinientos euros al mes o si el que demanda es un millonario o una multinacional, porque no se gradúa por capacidad económica; se paga igual aunque se llegue a un acuerdo con un abogado para que lleve el asunto gratis o para que cobre cuando gane y si gana y sin pago no hay pleito ni recurso.

Por lo tanto, si este tetrapléjico está demandando a una compañía de seguros que efectivamente tiene mucho más dinero que él, la compañía de seguros puede permitirse recurrir, y probablemente el enfermo no pueda hacerlo.

Otro caso real que sucedió en Málaga: unos padres tendrían que haber abonado 11 300 euros al Estado en concepto de tasas por la reclamación de 600 000 euros de indemnización que hicieron para su hija, con gravísimos daños cerebrales causados por una negligencia médica en un parto, y a quienes sólo les dieron la razón en el Tribunal Supremo, en sentencia de 23 de diciembre de 2002.

Otros casos: Un afectado por las preferentes que reclamase por la vía civil al banco 100 000 euros, tendrá que pagar al Estado a partir del 22 de noviembre de 2012 una tasa de 300 euros —juicio ordinario civil— más 500 euros de tasa variable (0,5 por ciento de los 100 000 euros). Es decir, 800 euros, a los que tendrá que añadir otros 1300 euros si presenta recurso de apelación por no estar conforme con la sentencia de primera instancia. Esto ya suma 2100 euros.

La recaudación continuaría si finalmente, el sufrido ciudadano decide buscar justicia en el Tribunal Supremo, que no estudiaría el caso sin el pago de otra tasa más de 1700 euros. Total: 3800 euros. La cuantía ascendería notablemente si el dinero invertido en las preferentes fuese mayor, como ha sucedido en numerosas ocasiones.

Una comunidad de propietarios que reclame una deuda de 2100 euros tendrá que pagar una tasa de 921. En el caso particular de mi comunidad de propietarios, el dueño del sex shop de la primera planta lleva meses sin pagarnos, y dado que la cuantía que hemos de reclamarle es altísima, es muy probable que no podamos pagar la tasa exigida para iniciar la reclamación.

El Colegio de Abogados de Málaga ha calculado otros ejemplos significativos de la incidencia de las nuevas tasas:

—Separación o divorcio sin liquidación de sociedad de gananciales, las tasas en ambas instancias serán de 1280 euros.

—Cuando se discute sobre un inmueble, la cuantía procesal es el valor de ese inmueble a precio de mercado, por ejemplo si el valor son 300 000 euros, las tasas en primera y en segunda instancia (recurso), ascenderá a 4100 euros, y si se recurriese ante el Tribunal Supremo, habría que añadir 2700 euros.

—En un pleito contra una constructora sobre un piso vendido sin licencia, a 300 000 euros, la tasa en primera instancia sería de 1800 euros.

—En el caso de un niño que muriese en un accidente de avión, la legislación aplicable obligaría a la compañía aérea a pagar un millón de euros a los padres del niño fallecido (de acuerdo a un caso real). La tasa por reclamar sería de 5300 euros.

Esta tasa es anticonstitucional.

Porque el derecho a la tutela judicial efectiva, que es un derecho fundamental, cuenta con amparo en el artículo 24 de la Constitución. La potestad tributaria está recogida en el artículo 31.1 de la Constitución y ésta no goza de tal protección cualificada. No se puede supeditar un derecho fundamental a una mera potestad administrativa. Sacrificar un derecho fundamental sólo para que Hacienda pueda recaudar dinero es una auténtica barbaridad, y un atentado contra el Estado de Derecho.

Un servicio público horizontal como la Justicia debe ser soportado por impuestos generales

Nunca por tasas a pagar por el usuario directo. ¿Por qué? Porque la justicia es un servicio público.

Una sentencia judicial que invalida un acto administrativo contribuye a que la Administración pillada en falta se cuide en lo sucesivo y preste mejor servicio a todos. Una sentencia que declara nulo un despido sienta ejemplaridad para los restantes empresarios. Cada vez que se dicta justicia en minúsculas gana la Justicia en mayúsculas porque cada vez que se dicta una sentencia se resuelve un caso concreto pero aumenta la atmósfera de seguridad jurídica y credibilidad en la Justicia. Todos nos beneficiamos de que el sistema judicial funcione. La Justicia es un servicio público, jamás debe ser un lujo al servicio de aquellos que puedan pagarlo.

Una tasa desorbitada por acceder a una respuesta por jueces conculca el derecho a la igualdad (art. 14 CE), en la vertiente objetiva (trato igual a distintas situaciones jurídicas) y en la vertiente subjetiva (trato igual a distintos sujetos).

Voy a explicar lo que quiere decir esto:

Imagina que tienes que recurrir ante la administración por cualquiera de estas causas:

—Tienes una casa, va a pasar por allí una carretera.

—Te expropian forzosamente tu vivienda, a un precio ridículo.

—Eres funcionario y tu jefe te acosa.

—Ha habido una oposición y existen serias sospechas de que el puesto estuviera dado de antemano.

En este caso, una decisión de la administración afecta a varias personas. Los expropiados serán más de uno, los que prepararon la oposición durante años y se encontraron con que no la aprobaban serán muchos, las víctimas del acosador pueden ser varias. Pero sólo se beneficiará aquel que pueda demandar. Unos se aguantarán y no demandaran porque sencillamente no podrán afrontar tanto coste (tasas, costas, minutas y periciales: una verdadera fortuna), y otros jugarán a la ruleta judicial. Por lo tanto los afectados pueden ser muchos, pero sólo los ricos podrán defenderse.

En la práctica, la Administración, por estar exenta de pagar tasas, apelará los fallos desfavorables de forma sistemática y en cambio, el particular se lo pensará mucho antes de seguir la lucha judicial

De esta manera se destruye el principio clásico de «igualdad de armas procesales». Por lo tanto, se atenta contra uno de los pilares de la democracia.

Tampoco son iguales todos los «particulares» recurrentes

No es lo mismo el dueño de un bar de mi barrio recurriendo una multa municipal por humos sobre la vía pública, que el McDonald’s por idéntica razón. Pero la nueva tasa judicial les grava por igual.

Las tasas no respetan ningún criterio de proporcionalidad. ¿200 euros para recurrir una multa de tráfico sin detracción de puntos? ¿800 euros por apelar? ¿1200 euros por presentar un recurso de casación?

Por si fuera poco, la distancia o margen de proporcionalidad se ensancha «contra cives» ya que se admite la duplicidad de tasas judiciales, pues el criterio estatal podrá coexistir con los autonómicos sobre la actividad judicial. Es decir, en Cataluña usted pagará las tasas judiciales estatales y las autonómicas.

Por lo tanto el sistema de tasas judiciales es inconstitucional, injusto y discriminatorio. Por supuesto que entrarán muchos menos asuntos en sus tribunales. Pero no se pueden descongestionar los tribunales a costa de la indefensión masiva de los ciudadanos.

Anexo

Diputados, senadores y alcaldes se han bajado el sueldo, pero aún mantienen exenciones fiscales de hasta el 70 por ciento, pensiones vitalicias, indemnizaciones y transporte gratis

Pensión parlamentaria. Todos los diputados y senadores jubilados que se hayan mantenido en el cargo durante al menos siete años tienen derecho a pensión parlamentaria, esto es, a una pensión complementaria. El Estado les garantiza el 80 por ciento de la pensión máxima que cobran el resto de españoles, ya que, en caso de no alcanzar esa cantidad con la pensión que les correspondería por la cotización de su vida laboral, se les otorga una pensión parlamentaria que subsane esa diferencia. Si su señoría ha mantenido su condición de parlamentario entre nueve y once años, el porcentaje garantizado sube al 90 por ciento y al ciento por ciento cuando el mandato es de once años o más.

Indemnizaciones económicas. Perder o abandonar un escaño también supone cierto beneficio. Y es que tras años dedicados al servicio público la vuelta a su profesión puede acarrear «problemas», esgrime la normativa de las Cortes Generales. En especial, la carencia de cobertura por desempleo. Para evitar este agravio sus exseñorías tienen derecho a recibir una indemnización, que será de una mensualidad de la asignación constitucional (2817,87 euros) por cada año de mandato parlamentario, hasta un límite de veinticuatro meses. Esta indemnización también se cobra cuando se disuelven las cámaras, puesto que su continuidad dependerá de las urnas. Eso sí, en el momento en el que vuelvan a ocupar su escaño, dejan de percibirla.

Diputados del Parlamento de Cataluña

De la misma manera que los diputados y senadores del Congreso, los diputados del Parlamento de Cataluña también reciben una asignación idéntica para todos ellos, que los presupuestos de la Generalitat del 2010 fijan en 43 697,78 euros anuales. La cifra asciende si, además, ocupan un cargo como el de presidente de un grupo político o portavoz, por el que obtienen 51 129,54 euros anuales y 43 825,32 euros, respectivamente.

Desplazamiento pagado. Todos los diputados catalanes también reciben una indemnización por desplazamiento en función de su lugar de residencia. Los miembros del Parlamento residentes en Barcelona o en su área metropolitana disponen de 21 605,22 euros anuales para cubrir estos costes. Esta cantidad asciende cuanto más lejos de la capital residan. Por ejemplo, los diputados del Camp de Tarragona tienen 30 156,56 euros al año para cubrir los costes de desplazamiento para asistir a las sesiones parlamentarias, mientras que los diputados de Terres de l’Ebre disponen de 30 411,92 euros anuales.

Exministros del Gobierno español

Sueldo durante dos años. Jurar el cargo de ministro también garantiza un futuro cómodo. Y es que, tras perder o abandonar la titularidad de una cartera, el exministro sigue cobrando el 80 por ciento del sueldo durante dos años. Es decir, unos 64 300 euros anuales. Una cantidad a la que se le añade la retribución como diputado (puesto que la mayoría de ministros lo son) y otras pensiones, como la de excomisario europeo. Uno de los que gozan de ambas remuneraciones es el exministro de Economía, Pedro Solbes. Además de su sueldo como diputado por Madrid, el también exvicepresidente cobra una pensión vitalicia de la Unión Europea de 3375 euros mensuales que le corresponde por haber ocupado el cargo de comisario de Asuntos Económicos y Monetarios durante cuatro años y siete meses. En los presupuestos de 2009 se destinaron 1,87 millones de euros para pagar las pensiones a exministros.

Expresidentes del Gobierno español

Pensión vitalicia. En el caso de los expresidentes, la dotación que les corresponde es vitalicia. La cantidad que reciben también viene fijada por los presupuestos generales del Estado. En este sentido, los presupuestos de 2009 establecieron 270 470 euros a repartir entre los entonces tres exjefes del Gobierno vivos (Adolfo Suárez, Felipe González y José María Aznar. José Luis Rodríguez Zapatero, todavía era presidente).

Apoyo diplomático. Además de su pensión vitalicia, los expresidentes mantienen el tratamiento de «presidente» y en sus desplazamientos fuera del territorio nacional pueden gozar del apoyo de los servicios de representación diplomática española.

Coche oficial. Mantienen un coche oficial y un servicio de guardaespaldas. El transporte les sale gratis.

Personal. También tienen a su disposición dos empleados a sueldo del Estado. Para poder realizar su función de expresidentes, el Estado les destina una dotación para gastos de oficina y alquiler de inmuebles.

Exconsejeros de la Generalitat

Tienen derecho a una pensión durante un máximo de dieciocho meses, aunque dejan de percibirla en el momento en el que obtienen otra retribución del erario público. La cuantía está fijada anualmente en los presupuestos de la Generalitat. La partida de este año fue de 127 000 euros en pensiones de exconsejeros.

Expresidente del Parlamento

Las personas que desde 1980 hayan ostentado el cargo de presidente del Parlamento catalán tendrán derecho a percibir, durante el mismo tiempo que hubieran permanecido en él y, como máximo durante veinticuatro mensualidades, una asignación equivalente al 80 por ciento de la retribución mensual correspondiente al ejercicio del cargo, lo que supone una pensión de 122 000 euros anuales, aproximadamente.

Además, si ostentan el cargo durante dos años como mínimo, al llegar a los sesenta y cinco años tienen derecho a recibir una pensión vitalicia del 40 por ciento del salario que recibían como presidentes del Parlamento: unos 61 000 euros al año. Ambas percepciones son incompatibles entre sí, como cobrar por ocupar cualquier otro cargo público (sea de la Generalitat o del Estado).

Expresidente de la Generalitat de Catalunya

Sueldo. Para garantizar que los expresidentes de la Generalitat «puedan atender sus necesidades personales y políticas con la dignidad que corresponde a las altas funciones ejercidas», tienen derecho a percibir durante la mitad del tiempo en el que estuvieron en el cargo una asignación mensual equivalente al 80 por ciento de la retribución mensual que les correspondía como presidentes. Si el dirigente socialista José Montilla se jubilase ahora, se embolsaría durante dos años unos 135 000 euros anuales.

Pensión vitalicia. Además, a partir de los sesenta y cinco años, tienen derecho a una pensión de jubilación vitalicia. La cantidad de esta retribución será del 60 por ciento del que fuese su sueldo mensual como presidente.

Sede gratuita. El Govern de la Generalitat tiene que facilitar a los expresidentes los medios necesarios para que puedan disponer de una oficina.

Fuentes consultadas

LIBROS

BAYART, Jean François, The State in Africa: The Politics of the Belly, Londres, Longman, 1993.

BLUNDO, Giorgio, «Corruption in Africa and the Social Sciences: A Review of the Literature», en Giorgio Blundo y Jean-Pierre Olivier de Sardan (eds.), Everyday Corruption and the State: Citizens & Public Officials, Londres/Nueva York, Zed Books, 2006.

—, y Jean-Pierre OLIVIER DE SARDAN, La Corruption au quotidien en Afrique de l’Ouest. Approche socioanthropologique comparative: Bénin, Niger et Sénégal, Maguncia, Universidad Johannes Gutenberg, Working Paper núm. 17, 2003.

BOISSEVAIN, Jeremy, Friends of Friends: Networks, Manipulators and Coalitions, Oxford, Basil Blackwell, 1974.

—, «The Place of Non-Groups in the Social Sciences», en Journal of the Royal Anthropological Institute of Great Britain and Ireland, núm. 4, 1968.

HUBER, Ludwig, Una interpretación antropológica de la corrupción, Instituto de Estudios Peruanos, 2005.

LEDENEVA, Alena V., Russia’s Economy of Favours. Blat, Networking and Informal Exchange, Cambridge, Cambridge University Press, 1998.

LOMNITZ, Larissa A., «El compadrazgo, reciprocidad de favores en la clase media urbana de Chile», en Larissa Adler Lomnitz (ed.), Redes sociales, cultura y poder: ensayos de antropología latinoamericana, México, Flacso, 1994.

PRICE, Pamela, «Cosmologies and Corruption in (South) India. Thinking Aloud», en Forum for Development Studies, núm. 2, pp. 315-327, 1999.

RUUD, Arild Engelsen, «Corruption As Everyday Practice. The Public-Private Divide in Local Indian Society», en Forum for Development Studies, núm. 2, pp. 271-294, 2000.

SCHRAMM, Matthias, y Markus TAUBE «The Institutional Economics of Legal Institutions, Guanxi, and Corruption in the PR China», en Internet Centre of Corruption Research, Contribution 10, 2002 (www.icgg.org/downloads/contribution10_schramm.pdf consultado en julio de 2012).

THEOBALD, Robin, Corruption, Development and Underdevelopment, Durham, Duke University Press, 1990.

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Las referencias periodísticas remiten a artículos publicados en los medios citados. Clicar para ver los enlaces.

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e-pesimo

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Universidad de Educación a Distancia

Epílogo y anexo

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Armak de Odelot

Contencioso

Saque de Esquina

Verónica del Carpio

Quiero agradecer el trabajo de Eduardo Garzón, Adolfo Revuelta y Ricardo García Zaldívar, que tuvieron la paciencia de leerse el libro y hacerme estupendas sugerencias

Notas

[*] Olga Castanyer Mayer-Spiess, La asertividad: expresión de una sana autoestima, Bilbao, Desclée de Brouwer, 2011. <<

[1] Ludwig Huber, Una interpretación antropológica de la corrupción, Lima, Instituto de Estudios Peruanos, 2005. <<

[2] Robin Theobald, Corruption, Development and Underdevelopment, Durham, Duke University Press, 1990. <<

[3] Jeremy Boissevain, Friends of Friends: Networks, Manipulators and Coalitions, Oxford, Basil Blackwell, 1974. <<

[4] Larissa A. Lomnitz, «El compadrazgo, reciprocidad de favores en la clase media urbana de Chile», en Larissa Adler Lomnitz (ed.), Redes sociales, cultura y poder: ensayos de antropología latinoamericana, México, Flacso, 1994. <<

[5] Jean-Pierre Olivier de Sardan, «A Moral Economy of Corruption in Africa», The journal of Modern African Studies 37, núm. 1, pp. 25-52. <<

[6] Arild Ruud, «Corruption As Everyday Practice. The Public-Private Divide in Local Indian Society», en Forum for Development Studies, núm. 2, pp. 271-294, 2000. <<

[7] Amintore Fanfani, Cattolicesimo, Potestantessimo nella Formazione Storica dell Capitalismo. Milán, 1934. <<

[8] Diarmaid MacCulloch, Historia de la cristiandad: los primeros tres mil años, Barcelona, Círculo de Lectores, 2011. <<

[9] http://www.caritas.es/cCaritas_financiacion.aspx. <<

[10] MUY IMPORTANTE: la permanencia en los cargos y la información no están actualizadas, debido al lapso entre la escritura del libro y la publicación del mismo. Tómense, pues, como datos de referencia no actualizados. Están accesibles en http://genoveses.blogspot.com.es/2012/03/1-parte-libro-de-familia-genovesa.html y http://genoveses.blogspot.com.es/2012/03/2-parte-libro-de-familia-genovesa.html. <<

[11] The New York Times, 14 de marzo de 2012 http://www.nytimes.com/2012/03/14/opinion/why-i-am-leaving-goldman-sachs.html?_r=3&hp=&pagewanted=all consultado en agosto de 2012. <<

[12] http://www.ricardoverges.com/pdf/InformeArquitectos.pdf. <<

[13] http://www.elmundo.es/elmundo/2012/01/09/valencia/1326137938.html «La escultura inspirada en Fabra llegará antes que los aviones al aeropuerto de Castellón», 12 de enero de 2012 (consultado en agosto de 2012). <<

[14] «Valcárcel no descarta un retraso en las obras del aeropuerto de Murcia», http://www.soitu.es/soitu/2008/11/18/info/1227022412_290169.html (consultado en agosto de 2012). <<

[15] Madrid, Hermann Blume, 1986. <<

[16] http://www.lasprovincias.es/rc/20110211/mas-actualidad/sociedad/calatrava-declara-caso-palma-201102111130.htm (consultado en agosto de 2012). <<

[17] http://www.focus.technion.ac.il/May09/campusStory1.htm (consultado en agosto de 2012). <<

[18] http://es.wikipedia.org/wiki/Zubizuri#cite_note-ElCorreo-3 (consultado en julio de 2012). <<

[19] http://www.elcorreo.com/vizcaya/20090311/local/audiencia-vizcaya-condena-ayuntamiento-200903111048.html (consultado en agosto de 2012). <<

[20] Santiago de Compostela, Xerais, Fundación Novacaixagalicia, 2006. <<

[21] «El Palacio del Sur de Córdoba cuesta ahora 67 millones», http://elpais.com/diario/2008/11/29/andalucia/1227914539_850215.html (consultado en agosto de 2012). <<

[22] #nolesvotes. <<

[23] http://politica.elpais.com/politica/2012/07/20/actualidad/1342806881_123105.html (consultado en julio de 2012). <<

[24] Filme de Martin Scorsese (2002). <<

[25] «Veintiuna ideas inspiradas en el 15-M», Público, 5 de junio de 2011 http://www.publico.es/espana/380220/21-ideas-inspiradas-en-el-15-m (consultado en agosto de 2012). <<

[26] Tom Hanks, 2011. <<

[27] José Luis Escario, Paraísos fiscales: agujeros negros de la economía globalizada, Madrid, Los Libros de la Catarata, 2011. <<

[28] www.eaj-pnv.eu/documentos/nuevo-estatus-politico-para-euskadi_9926.html. <<

[29] The Economist, «Europe’s next independent state?», 22 de septiembre de 2012. <<

[30] Día del partido en euskera. Es el día del Partido Nacionalista Vasco, que se celebra el último domingo de septiembre, cercano siempre al día de San Miguel, patrón de Euskal Herria y del PNV. <<

[31] «El PSC apela a los votantes no soberanistas de CiU», e-Notícies, 27 de marzo de 2012. <<

[32] Por poner un ejemplo: ¿qué sucedería con el fondo de pensiones o con los de prestaciones de desempleo que se han estado acumulando en el Estado? ¿Cómo nos garantiza la independencia que no se extenderá la corrupción en Cataluña si ahora la cometen los mismos empresarios y funcionarios catalanes? ¿Continuaría siendo una dictadura encubierta bajo el falso nombre de democracia? ¿Aumentaría el poder de decisión del pueblo mediante un cambio de la ley electoral? ¿Formaríamos parte de Europa? De ser así, ¿quién nos garantiza que no estaríamos sometidos a las mismas imposiciones de la troika y los mercados, tal y como sucede ahora en el Estado español? Creo que cuando se habla de independencia sólo se habla desde el sentimiento y no se mencionan de forma clara y transparente las posibles dificultades que habríamos de superar. <<

[33] Jordi Pujol, Barcelona, Pòrtic, 1980. <<

[34] Acrónimo en inglés de «blanco, anglosajón y protestante» (white, anglo-saxon and protestant). <<

[35] En alemán, «espíritu del pueblo». <<

[36] FLOPS: Floating point operation per second. Operaciones de coma. FLOPS: Floating point operation per second. Operaciones de coma flotante por segundo. A octubre de 2012 el superordenador más rápido del mundo Titán, destinado a la investigación científica en el Departamento estadounidense de Energía. Tiene una capacidad de 20 petaflops (20 000 000 000 000 000 cálculos por segundo). <<