Loris Zanatta

Breve historia del peronismo clásico

Traducción de

CARLOS CATROPPI

Sudamericana

A Giulia y Leonardo,

por que aprendan a quererse

Introducción

Este librito es y al mismo tiempo no es una historia del peronismo. No lo es por mil buenas razones. Por lo pronto, una buena historia del peronismo no podría caber en poco más de doscientas páginas. Una serie tan larga y compleja de peripecias exigiría narrar y explicar hechos, datos, situaciones, anécdotas, personajes y argumentos, sin los cuales correría el riesgo de esfumarse tras una uniforme pátina gris, o de quedar sepultada bajo la imponente mole de su líder. Pero, además, la historia del peronismo es todavía una historia en curso, lo cual significa que es la crónica de un movimiento hoy más que nunca vivo y palpitante, que ha capeado infinitos temporales, y mil veces ha cambiado de ropaje. Revivir completa esa historia implicaría dar cuenta de la mimética versatilidad del peronismo, empresa desde luego ardua; y no sólo eso, sino que, en verdad, obligaría a escribir una historia de la Argentina, con la que por una razón u otra la historia del peronismo viene confundiéndose desde hace bastante más de medio siglo. Por otra parte, también cabría agregar que sobre el peronismo se ha escrito y se sigue escribiendo tanto como para saturar el conocimiento y la paciencia, y que son tantos quienes han cumplido esa tarea con acierto que ya no se siente la necesidad de que aparezca un nuevo aprendiz de escriba a decir cosas que de puro conocidas resultan obvias. Opuestamente, y con igual grado de razón, sería justo recordar que de esa historia quedan muchos pasajes dudosos u oscuros, y que para el historiador resulta más frecuente toparse con la infinita serie de elucubraciones intelectuales sobre el peronismo que con documentos nuevos o poco conocidos que puedan ayudar a desnudar a este movimiento hasta sus intimidades más recónditas.

Con todo, en cierto sentido y por lo que se refiere a algunos aspectos, ésta es y quiere ser una historia del peronismo. Una historia breve, rápida, sencilla, ajustada a las convenciones habituales y, con frecuencia, forzosamente sumaria; aunque también, por qué negarlo, ambiciosa. Pero entendámonos: se trata de una historia limitada al peronismo “clásico”, al originario; una historia que se atiene a la parábola cumplida por el movimiento que maduró en las entrañas del régimen militar surgido en 1943 y que, después de salir vencedor y purificado de las elecciones de 1946, pasó de movimiento a régimen y, por último, fue arrollado por el conflicto con la Iglesia y la revuelta militar de 1955. Ello, por la convicción de que fue entonces cuando quedó plasmado el ADN del peronismo, y quedaron firmemente impresos sus rasgos más íntimos y persistentes, que luego habrían de verse atenuados o modificados por la historia que siguió, sin llegar a borrarse por completo. Pero, sobre todo, este trabajo es una historia del peronismo en el sentido de que propone de él, más allá de repasar sus características esenciales y las principales vicisitudes que afrontó, una lectura de conjunto. Lo que este librito al término de su veloz recorrido propone del peronismo, de ese ente tan ambiguo —incomprensible e indefinible para muchos, y para muchos otros fruto exclusivo de la Argentina, tierra que escapa a la comprensión intelectual y emotiva de los extraños—, es una interpretación: una clave que, en definitiva, sirva para procurar arrancarle sus secretos o, mejor dicho, para explicar por qué tales “secretos” no existen ni es lícito considerarlos tales. Esa clave ya es conocida en parte, y ha sido usada muchas veces; pero en parte no lo es, o al menos no en la forma en que aquí se la emplea.

Porque, en efecto, lo que esa clave trata de indagar del peronismo es su nexo antropológico con la historia argentina, el cordón umbilical que lo une a ella, a la estructura social y económica del país, a sus acontecimientos políticos e institucionales, a su ubicación geopolítica y sus relaciones internacionales. Esa clave busca, sobre todo, indagar el nexo del peronismo con ciertos potentes rasgos de la cultura política argentina, hijos, a su vez, de un imaginario social y religioso antiguo. Y lo intenta procurando despojar el advenimiento de Perón y la evolución del peronismo de cualquier imprudente determinismo, a fin de poder comprender su éxito y su vitalidad a la luz de la capacidad del hombre y su movimiento político, para traducir ese antiguo imaginario al contexto de un país en rápida y convulsiva transformación.

Para decirlo brevemente, el peronismo es situado aquí en la encrucijada entre la expansión de la sociedad liberal, burguesa, capitalista, y las reacciones que generó, en este caso, en un país periférico de cultura latina, en especial durante el prolongado período de pasaje del liberalismo a la democracia, del elitismo de los “notables” a la moderna sociedad de masas. En tal encrucijada, el peronismo se erigió en vehículo de una modalidad muy peculiar de ingreso en la modernidad: ni liberal ni burguesa, sino, por el contrario, antiliberal y antiburguesa. Esa modalidad se remitía de manera expresa a la naturaleza orgánica y corporativa de aquel imaginario antiguo, plasmado en siglos de catolicidad, y estaba enfrentada con la otra, de matriz liberal, que a sus ojos era hija de la Reforma protestante y de la cultura anglosajona. Así fue cómo el peronismo, en cuanto heredero de un imaginario que postulaba al mismo tiempo la armonía social y la unanimidad política, pudo dar forma a lo que durante tanto tiempo ha parecido constituir su “misterio”, y que tanto ha dividido los ánimos y las personas: el granítico amasijo de integración social y autoritarismo político, popularidad y monopolio del poder, consenso y pulsión totalitaria, nacionalismo y socialismo.

Visto de esa manera, el peronismo que surja de estas páginas no podrá ser ya esa flor, no precisamente única pero sí rara, que sólo podía brotar en suelo argentino. Sin dejar de conservar sus rasgos específicos, encontrará entonces el lugar que le corresponde en el nutrido y heterogéneo álbum de familia de las reacciones antiliberales, nacionalistas y corporativas, que en el período entre las dos guerras mundiales y aun después se propagaron con tanta fuerza por el mundo latino y católico de Europa y América.

1. La Argentina antes de Perón

De agropecuaria a industrial.
Una economía en transición

Cuando las Fuerzas Armadas tomaron posesión del poder y proclamaron la Revolución, ¹ el 4 de junio de 1943, la historia argentina dio vuelta una página. Que así fue realmente es algo que hoy aparece evidente, pero no podía ser tan claro para los contemporáneos: al fin y al cabo esa revolución era, en el fondo, un prosaico *golpe, sin masas en las calles ni derramamiento de sangre, y el gobierno militar que nació de ella no se distinguía precisamente por cohesión o claridad de propósitos. Y, sin embargo, de su seno surgirían pronto la figura y el movimiento que estaban destinados a cambiar el rostro de la Argentina, a suscitar el amor y el odio más viscerales que jamás haya conocido la historia política de ese país y a erigir en mitad de esa sociedad la empinada divisoria de aguas que, tarde o temprano, vería a cada argentino situarse a uno u otro lado de la vertiente: Perón y el peronismo.

Para que ello sucediera, mucho tenía que haber cambiado en los entresijos de este país que, a principios de siglo, parecía destinado a un futuro de impetuoso progreso bajo la guía de una clase dirigente culta e ilustrada, dotado de espíritu republicano y de instituciones liberales, protegido por la garantía que le otorgaba la inagotable riqueza agrícola de sus pampas e irrigado por la copiosa sangre de los inmigrantes europeos que acudían por millones. Pues el peronismo, como todos los grandes fenómenos históricos, no fue meramente el repentino fruto del genio, el olfato o la astucia del líder que lo creó y le dio su nombre, sino que fue también, en la misma medida, el resultado de otros cambios, más lentos y profundos, que ese líder supo interpretar y traer a la superficie desde el estado de latencia en que yacían, alineándolos en un proyecto más o menos coherente.

Para empezar, digamos que la Argentina de 1943 no era ya, o no era solamente, un país agrícola que se hallara por completo a merced del mercado y de los capitales británicos. Es verdad que sus grandes riquezas, por las que era conocida en el mundo y que constituían el motor de su economía, seguían siendo la carne y los cereales. Es más, en virtud de los pactos celebrados en 1933 con Gran Bretaña, por los cuales había otorgado ingentes privilegios a los ingleses, con tal de continuar teniendo abiertas las puertas de ese vital mercado, que cerraba filas en torno al Commonwealth, la Argentina había logrado salir antes y mejor que otros de las dificultades financieras planteadas por la gran crisis de 1929. Durante buena parte de la década de 1930, y por lo menos hasta que la feroz cuchilla de la guerra volvió a caer sobre sus exportaciones agropecuarias, había quedado confirmada como el más floreciente granero del mundo. Pero desde la Primera Guerra Mundial hasta la Gran Depresión y el terremoto desencadenado por el segundo gran conflicto bélico, en ese clima de ocaso del comercio libre y de frenético sálvese quien pueda, de economías de guerra, de nacionalismo económico, de proteccionismo comercial, necesariamente su estructura productiva había debido sufrir cambios de importancia, que hacían de ella un país más complejo y, sobre todo, en rápida transformación. Un solo dato basta para pintar la era de transformaciones que estaba cambiando el paisaje económico y social de la Argentina: entre 1943 y 1945, en plena Segunda Guerra Mundial, se dio por primera vez el caso de que la producción industrial superara a la agropecuaria; apenas una década antes había sido de alrededor de la mitad.

El hecho cierto es que en los años ’30, y a un ritmo cada vez más rápido a medida que la guerra volvía más inseguro y limitado el tradicional comercio argentino con Europa, tuvo lugar en el país un verdadero proceso de sustitución de importaciones. Escuetamente, lo que sucedió —principalmente en forma espontánea— fue que la Argentina, enfrentada en los primeros años de la década a dificultades financieras que la habían obligado a fijar cupos a las importaciones, a los innumerables obstáculos que ahora pesaban sobre el comercio internacional y a las dificultades por las que atravesaban sus clientes tradicionales, debió responder a la creciente demanda de bienes (estimulada por la rápida recuperación de sus volúmenes de exportación) produciendo por sí misma lo que hasta entonces importaba, o cuando menos los productos de consumo masivo típicos de los sectores textil y alimentario, cuya fabricación requería inversiones moderadas y tecnologías relativamente sencillas. En tal sentido la guerra, al absorber todos los esfuerzos económicos de los países industrializados, eliminó a éstos como potenciales competidores, viniendo a constituir una barrera proteccionista natural para la joven industria argentina. El resultado fue que durante toda la década inmediatamente anterior a la Revolución de junio de 1943 el crecimiento de la producción industrial duplicó el de la agropecuaria, y la importación de bienes industriales se redujo casi a la mitad.

Esa industria tenía, a su vez, algunas características específicas, que son de gran importancia para comprender en qué fuentes abrevaría el naciente peronismo y cuál era su perfil social. Ante todo, estaba extraordinariamente concentrada en la Capital y sus alrededores, el llamado Gran Buenos Aires, donde al comienzo de la guerra se ubicaba el 70% de las industrias del país. En segundo lugar, no era en modo alguno homogénea, puesto que se encontraba dividida entre un sector constituido por una miríada de microempresas, que habían surgido para satisfacer la demanda interna y, por consiguiente, dependían del crecimiento del poder adquisitivo de la mayor cantidad posible de argentinos, y unas pocas compañías enormes y poderosas, en su mayoría del rubro de la conservación industrial de carne vacuna, orientadas principalmente a la exportación y que eran de propiedad extranjera. Por lo demás, el capital extranjero, mayoritariamente británico, controlaba el grueso de la infraestructura más importante, desde los ferrocarriles a los teléfonos, desde el transporte urbano a la red eléctrica, y a través de sus estrechos vínculos con amplios sectores de la elite argentina condicionaba en significativo grado la vida política y económica del país. Esa incipiente industrialización, espontánea al principio, pasó con el tiempo a servirse del creciente dirigismo económico del Estado, que poco a poco iba reemplazando la ciega confianza en las virtudes del mercado, cultivada por las generaciones anteriores. Esto fue así ya en el período anterior a 1943, cuando, en sintonía con las políticas económicas adoptadas en alguna medida en todo el mundo para combatir la Gran Depresión, también los gobiernos conservadores de la Argentina se dieron instrumentos que les permitieran controlar el crédito y estimular el consumo, especialmente mediante la creación del Banco Central en 1934, cuya dirección fue puesta en manos del joven y perspicaz Raúl Prebisch. Y siguió siendo así, y con mayor razón, cuando asumió el poder el gobierno militar, empapado de ambiciones nacionalistas y decidido a adoptar una política industrialista.

Comprensiblemente, el temor que durante la guerra se extendía entre políticos y productores, y que terminó por obsesionar más que a ningún otro al propio Perón, era que, tal como el anterior conflicto en 1914, también la nueva guerra trajera recesión económica y provocara desocupación y agitaciones revolucionarias. Pero los hechos disiparon tal temor, no solamente porque el crecimiento medio de la economía entre 1939 y 1945 fue más que discreto, sino en medida aun mayor porque las cuentas nacionales acumularon durante la guerra un sustancioso superávit comercial, tanto con el socio más tradicional, Gran Bretaña (caso en que el superávit permanecía bloqueado, sin dejar por ello de representar una excelente garantía para la posguerra), como con los Estados Unidos y no pocos de los vecinos de América latina, con la consiguiente acumulación de dólares en los depósitos del Banco Central argentino. Con las cajas repletas de divisas obtenidas de la exportación a viejos y nuevos mercados, pero excluida del aprovisionamiento por las potencias que antes de la guerra habían sido sus proveedoras de productos industriales, se creó entonces en la estructura productiva argentina un enorme espacio que la industria nacional se apresuró a ocupar y que el gobierno militar sabría aprovechar con el tiempo para fortalecer esa misma industria, el mercado interno y las bases de consenso de las que disponía. De ese modo, al mismo tiempo que la Argentina, con la Revolución de junio, entraba en una de las etapas políticas más convulsionadas de su historia, el proceso de industrialización que ya estaba en marcha desde hacía tiempo experimentó una inmediata aceleración y comenzó a modificar no solamente el aspecto de la Capital y sus suburbios, sino, sobre todo, los destinos, los modos de vida y consumo y hasta los lugares de residencia y las expectativas de multitudes cada vez más grandes.

Metamorfosis social. La irrupción de las masas

La modificación de la estructura económica, en la década de 1930 y mucho más todavía durante la guerra, hizo que cambiara también la de la sociedad. Es más, la repercusión de los cambios económicos sobre la sociedad fue especialmente disgregadora en un contexto como el argentino, en el que los vínculos sociales eran de particular fluidez como consecuencia de la gigantesca y todavía reciente oleada inmigratoria que, lejos de haberse sedimentado en una estructura social estable, formaba aún un tejido fácilmente disgregable, en procura de su equilibrio y, por consiguiente, sujeto a bruscas y repentinas presiones y transformaciones. Debe quedar claro, sin embargo, que ni los inmigrantes europeos ni sus hijos constituían una suerte de minas flotantes por completo desvinculadas de la sociedad; por el contrario, habían echado ya sus raíces en ella. La escuela y el cuartel habían realizado, hasta cierto punto con ellos, una excepcional obra de nacionalización, y dentro de las propias comunidades inmigratorias había tenido lugar un proceso de diferenciación según el destino de sus integrantes, mientras estilos de vida y hábitos de consumo nacionales cada vez más homogéneos tendían, de alguna forma, a dar vida a un Homo argentinus que aparecía más y más alejado de su pasado europeo. Pero ese proceso de integración estaba todavía en curso, y la sociedad que de él iba surgiendo era tan dinámica y tan poco tolerante de las jerarquías consolidadas que mal podía conciliarse con los ritmos, los ritos y el estatus de las grandes y poderosas familias de la vieja Argentina. Éstas, en buena medida, retenían todavía en sus manos las riendas del poder, y con frecuencia se sentían inclinadas a contemplar con una mirada entre atemorizada y despreciativa a ese nuevo mundo que parecía dispuesto a echarlas del Olimpo.

Porque, en efecto, al observar el panorama social existente hacia 1943, lo que saltaba a los ojos de quien hubiera crecido en el clima de la Argentina opulenta pero provinciana de comienzos de siglo era su repentina entrada en la época de las masas, por lo menos en la Capital y el Gran Buenos Aires, verdadero corazón palpitante del país y lugar donde se definían sus destinos. No es sólo el hecho de que se extendiera y modificara el área urbana, a medida que en ese chato relieve las chimeneas empezaban a apuntar al cielo; en verdad, las calles, los paseos, los espacios públicos, en general, fueron siendo poblados por una muchedumbre infinitamente más abigarrada y tumultuosa que esa otra humanidad, habitualmente ordenada y deferente, que hasta entonces los había ocupado. Era como si de algún desconocido recoveco de la historia estuviera aflorando otra Argentina, hasta entonces escondida y remota, compuesta de clases populares recién urbanizadas, con la piel tostada por la herencia residual india o por los soles campesinos, ignorantes de los misteriosos códigos y las férreas etiquetas de la vida ciudadana. Dicho de otro modo: primero en los años ’30, con ritmo lento pero constante, y luego, durante la guerra, a velocidad vertiginosa, una nueva masa de migrantes invadió los suburbios de Buenos Aires y de las otras escasas ciudades argentinas con vocación industrial, Rosario sobre todo. Pero éstos no venían del otro lado del Atlántico; abandonaban sus somnolientos pueblos de provincia, expulsados por los nefastos efectos de la guerra sobre las actividades agropecuarias, y atraídos por las oportunidades que la crepitante economía de la metrópoli parecía ofrecerles. Hacia 1943 la Capital recibía unos 70.000 por año, que en los años siguientes llegarían a ser más de 100.000. El resultado se explica pronto: la Buenos Aires que todavía en 1910 superaba apenas el millón de habitantes ahora albergaba cuatro, y en su torno surgían grandes y hormigueantes centros industriales, poblados a su vez por centenares de miles de habitantes.

El nacimiento del peronismo y hasta su naturaleza misma resultarían incomprensibles, si no se tomaran en cuenta estas premisas. Y ello por variadas razones, de índole diversa, pero sobre todo porque con mucha frecuencia —pero no siempre— estos recientes migrantes, llegados en bandadas innumerables a los suburbios de la gran ciudad, sin redes sólidas de protección, sin canales de integración, fueron encontrando trabajo en los nuevos establecimientos industriales. Lado a lado con la vieja aristocracia obrera, encuadrada desde hacía décadas en núcleos organizados y bien preparados, en los que preponderaban las ideas reformistas y cuya presencia era más fuerte en los ferrocarriles y los servicios que en la industria productiva, estos trabajadores vinieron a representar una nueva y todavía informe clase obrera, sin experiencia organizativa ni raíces ideológicas, bien dispuesta para movilizarse en apoyo de quien ofreciera concederle esas mejoras por las que había dejado los campos. Si se considera que hacia 1943 apenas el 20% de los trabajadores estaba sindicalizado, que quienes ya lo estaban pertenecían a dos organizaciones enfrentadas, una socialista y la otra comunista, y, en fin, que las reivindicaciones formuladas por los obreros habían logrado obtener muy poco de un Poder Ejecutivo y un Congreso mayoritariamente sordos al estruendo que la cuestión laboral suscitaba en el país, se comprende que existían condiciones que podían favorecer al que primero empuñara la bandera de las reformas sociales y de la movilización de los trabajadores.

Pero en esa Argentina que iba cambiando sus circunstancias al mismo tiempo que la guerra las cambiaba también en el mundo, el problema obrero, aunque esencial, no era sino la punta de un iceberg mucho más grande, de una auténtica cuestión social que, ciertamente, venía siendo denunciada desde hacía mucho por reformistas de toda especie. Algunos, desde la izquierda, propiciaban la revolución regeneradora o el cambio de rumbo reformista; otros, desde el mundo católico o desde el universo nacionalista, auspiciaban la adopción de una política social que reequilibrara las relaciones entre las clases y, ahogando los conflictos, pudiera prevenir la revolución, que consideraban inminente. No es posible decir siquiera que los principales aspectos de esta cuestión social fueran mal conocidos, o que nunca se hubiera hecho nada por afrontarlos; esos aspectos eran la insuficiencia de los salarios para el sustento de las familias, habitualmente numerosas, de los sectores populares; la insuficiencia o la lisa y llana ausencia de una legislación que protegiera a los trabajadores en casos de accidente o enfermedad; los amplios bolsones de analfabetismo que los militares encontraban entre los jóvenes que se incorporaban al servicio militar obligatorio; las dramáticas condiciones de las viviendas, en los interminables suburbios urbanos donde la población se hacinaba en *conventillos, o en las *villas miseria, formadas por casuchas de cartón y chapa, que comenzaban a formarse; la insuficiencia de las obras de infraestructura urbana, que dejaban sin agua corriente ni redes cloacales a más de la mitad de los habitantes del Gran Buenos Aires… Para no hablar de los trabajadores rurales del interior, con frecuencia sometidos a regímenes de trabajo semiserviles.

Todo esto no impedía, por cierto, que, hablando en general, el estándar de vida medio de la Argentina fuera mucho más elevado que el de sus vecinos latinoamericanos y, durante la guerra, también que el de los europeos que llenaban las trincheras y debían sufrir los destructivos bombardeos y el permanente racionamiento de alimentos. Pero en el horizonte se adensaban ya factores anunciadores de grandes cambios: la rapidez cada vez mayor con que se producían las transformaciones sociales; el amenazador tictac de esa auténtica bomba de tiempo que era la explosiva combinación de urbanización e industrialización; las altas expectativas de ascenso e integración social, tan ampliamente difundidas; la fatal erosión que el alud inmigratorio había venido produciendo en las jerarquías tradicionales —que poco predisponía a tolerar desigualdades estridentes—; por fin, la creciente disponibilidad de recursos, propiciada por la peculiar coyuntura económica que la guerra había determinado. La incapacidad del orden político liberal, de sus instituciones y sus actores para responder oportuna y eficazmente a ese cúmulo de imperiosos desafíos, con la consiguiente profunda crisis de legitimidad y credibilidad que asaltó a dicho orden, hicieron el resto y llevaron a que todos esos grandes cambios se impusieran en forma de ruidoso temporal, a partir del trueno inaugural que descargó aquel 4 de junio de 1943: el golpe militar.

La crisis política. Declinación de la democracia representativa

En verdad, durante todos los años ’30, tanto el orden institucional basado en la Constitución de 1853 como el sistema político estructurado en función de la ley Sáenz Peña, que en 1912 había establecido el voto universal secreto y obligatorio para los varones, no habían hecho otra cosa que agrietarse, cayendo así en una crisis de legitimidad cada vez más evidente. Otro tanto sucedió con la sólida hegemonía de un partido popular como la Unión Cívica Radical. La voz oficial del peronismo, interesada en presentar el surgimiento de Perón como una suerte de providencial pasaje desde las tinieblas del pasado al más fulgurante futuro, presentaría más tarde esos años de decaimiento liberal como una “década infame”, subrayando con énfasis excesivo los tramos deteriorados de una arquitectura institucional cuyos cimientos, después de todo, habían servido a la clase dirigente liberal para conducir a la Argentina de las luchas fratricidas entre facciones, propias del siglo XIX, a una centelleante modernización. Hecha la aclaración, no cabe duda de que a partir de la crisis de 1930, cuando las Fuerzas Armadas quebraron, con la destitución del anciano líder radical Hipólito Yrigoyen, una larga tradición de gobiernos constitucionales civiles, la democracia argentina comenzó a recorrer un plano inclinado, al término del cual iba a terminar por estrellarse y perecer.

Fueron muchos los factores que condujeron al golpe de Estado del 6 de setiembre de 1930, con el que el general Uriburu, al tomar el poder por medio de la fuerza, provocó aquello que a la luz de lo que después sucedería aparece como un trágico trauma de la historia argentina, y como causa originaria de un endémico militarismo que se prolongaría por décadas. Esos factores eran los dramáticos efectos de la crisis económica mundial; la condición senil del presidente Yrigoyen, y el temor ampliamente difundido entre militares y conservadores de que ella le impidiera afrontar la crisis; la fractura del partido en el gobierno; la palpable reacción conservadora y nacionalista a los conflictos sociales y a la difusión de ideologías revolucionarias; un clima intelectual progresivamente antidemocrático y antiliberal que, tomando inspiración en las experiencias autoritarias y corporativas de Europa, atribuía a la democracia liberal la responsabilidad por la disgregación nacional y el subvertimiento de las jerarquías sociales tradicionales. Los proyectos autoritarios de Uriburu no hallaron eco suficiente para su concreción, y quien realmente salió vencedor de la crisis fue el general Agustín P. Justo, un liberal moderado que, ciertamente, no aspiraba a convertirse en el Mussolini argentino. Pero el hecho de mayor importancia es que el régimen político en que se sustentó Justo, aunque conservaba las formalidades exteriores de la democracia representativa y del Estado de derecho, constituía una traición a la sustancia y al espíritu de ambos principios. Vino a acentuarse así la pérdida de legitimidad y de credibilidad ante los ojos de la opinión pública y ante los de los propios actores políticos y sociales. Desde que resultó elegido Presidente en 1932, como candidato de la *Concordancia (una heterogénea coalición de partidos menores, en su mayoría de orientación conservadora), Justo se valió ante todo de la proscripción del sector mayoritario del partido radical; para entendernos, aquel que había ganado todas las elecciones realizadas desde 1916 en adelante. Por otra parte, el recurso de manipular las elecciones por medio del fraude se volvió cada vez más masivo y frecuente, tanto a nivel nacional como provincial, cuando los radicales, a partir de 1935, volvieron a las urnas con la expectativa de reconquistar el poder perdido años atrás, y aun más cuando Roberto Ortiz, sucesor de Justo en la presidencia desde 1938, se propuso devolver brillo y crédito a esa democracia jadeante, y se comprometió a respetar el espíritu y los procedimientos democráticos.

No hace falta decir que la divergencia entre democracia real, viciada por prácticas que la desnaturalizaban, y democracia ideal, recluida en el empíreo de los buenos propósitos, no hizo otra cosa que crecer, hasta convertirse en un abismo imposible de colmar. El sistema político argentino fue perdiendo así el contacto con una realidad social que, como hemos visto, se hallaba en rápida transformación, hasta convertirse en una suerte de simulacro vacío, cada vez menos capaz de desarrollar su principal función, que antes había parecido cumplir con suficiente eficacia: la de representar la variedad de intereses e ideales que maduraban en la sociedad, y canalizar sus tensiones fisiológicas dentro del marco de las instituciones democráticas, con respeto de la primacía de la ley. En otras palabras, era como si el sistema político hubiera dejado de procesar y metabolizar los cambios que se abrían paso a través de la sociedad, la cultura y los estilos de vida de la Argentina de esa época; como si hubiera quedado atascado y aislado en la celebración de una liturgia política cada vez más extraña a los ojos del creciente número de argentinos que la miraba con desconfianza y hostilidad, comprendiendo lo escarnecedor del ritual con el que un club de notables se eternizaba en el poder, en la misma cara de esa soberanía popular que invocaban en vano.

Al aniquilamiento del espíritu democrático emblematizado en los repetidos fraudes electorales venía a agregarse, para agravar la crisis de legitimidad del orden político liberal, a la estructural fragilidad del sistema político, de cuyos protagonistas, los partidos políticos, no puede decirse que hubieran logrado estructurar un escenario político nacional coherente y homogéneo. Más bien, el sistema de partidos se parecía a un rompecabezas de innúmeras piezas, difícilmente encastrables entre sí. El partido más grande, la UCR, más allá de estar dividido entre devotos seguidores de Yrigoyen y antipersonalistas que rechazaban ese estilo de liderazgo carismático, más allá de tener una doble alma, en parte preponderantemente aristocrática y laica y en parte más popular y tradicionalista, no dejaba de ser, además, un universo en grado sumo heterogéneo, de disciplina más bien laxa, con tupidas tramas de intereses y obligaciones clientelares, que se extendían a lo largo de todos sus cuadros dirigentes, y dotado de una ideología vaga y flexible en exceso. La izquierda del espectro político-ideológico estaba ocupada por el partido socialista y el comunista que, aunque diferentes, coincidían sin duda en tener organizaciones e ideologías más homogéneas y centralizadas. Sin embargo, aparte del hecho de que tanto su base social como sus cuadros estaban compuestos en lo esencial, salvo unos cuantos importantes núcleos de trabajadores urbanos, por profesionales e intelectuales de clase media, de origen sobre todo inmigratorio, su muy limitado arraigo geográfico pesaba como una piedra sobre su capacidad de representar a sectores sociales más amplios. Pese a sus esfuerzos en tal sentido, para muchos argentinos de extracción popular, sobre todo del interior del país, eran partidos de cultura y concepciones netamente europeas, orgánicamente atados al mundo urbano y por eso mismo incapaces de ganar partidarios más allá de la gran área metropolitana de la Capital y sus alrededores y de la *Pampa gringa, en la que la población era también, preponderantemente, de origen inmigratorio. Con algunas excepciones, el resto del país era para ellos un tabú prácticamente insuperable.

Pero lo que más debilitaba al sistema político argentino y más contribuía a privarlo de vertebración era la ausencia de un partido conservador de alcance nacional. Como un reflejo de los infinitos y atávicos particularismos que habían señalado el trabajoso nacimiento de la Argentina moderna, los conservadores seguían atados a sus intereses y clientelas locales, y a duras penas lograban poner en pie, con fines electorales, precarias confederaciones de endebles partidos provinciales, sin estructuras organizativas ni cuadros, sin órganos de dirección ni de disciplina y que carecían hasta de la estandarización ideológica típica de los modernos partidos de masas. Por lo tanto, y a medida que la extraordinaria dinámica social de los años ’30 erosionaba más y más la capacidad de los grupos dirigentes conservadores de mantener firmemente en sus manos las riendas del orden social, disgregando las comunidades tradicionales en las que el poder de esas clases dirigentes había sido siempre como el reflejo de una ley natural, una nueva herida se abrió en las relaciones entre el sistema político y el pueblo soberano. Una herida a cuya profundidad contribuía el hecho de que muchos inmigrantes de Europa, de tan decisiva intervención en la plasmación del nuevo rostro de la Argentina, no eran ciudadanos de la comunidad política, pues para no renunciar a sus ciudadanías de origen no habían querido adoptar la argentina, con el resultado de que nunca habían entrado a formar parte del electorado.

De modo que a fines de la década de 1930 continuaba creciendo sin cesar el gran vacío que se había abierto entre representantes y representados, entre el orden político liberal y la efectiva representación de la población. Y ya que, según suele decirse, en política no puede haber vacío que no se llene, así este vacío fue llenándose de a poco, en el sentido de que la crisis de legitimidad que su existencia implicaba quedó momentáneamente colmada por la creciente apelación de los grupos dirigentes de la década al apoyo de los representantes de los estamentos más poderosos: las Fuerzas Armadas, la Iglesia católica, las grandes asociaciones patronales. Así fue, en primer lugar, durante la presidencia de Justo, y con mayor intensidad después, una vez que, fracasado el efímero intento de reanimación de la democracia representativa emprendido por el presidente Ortiz, quien debió abandonar su cargo por el agravamiento de su salud, la presidencia pasó al poder del vicepresidente de Ortiz, Ramón S. Castillo, hasta el inevitable junio de 1943. Pero aquel apoyo, que para la renqueante democracia liberal pudo parecer una garantía de oxigenación que supliera a la que ya no provenía del ejercicio de una sana representatividad, terminó por ser el que cavaría definitivamente la fosa.

La larga marcha del “nuevo orden” nacionalista

Ya desde los años veinte, pero sobre todo en los diez años que precedieron al golpe de 1943, el espectacular crecimiento de la influencia de los estamentos o corporaciones, y del corporativismo como ideología, marchó de la mano de la declinación de la democracia representativa y la ideología liberal. Sin gran diferencia con Europa, a la que tan ligada estaba y en la que tanto se inspiraba, la Argentina fue escenario en esos años de una vigorosa reacción cultural y política, de matriz nacionalista y antiliberal. Precisamente en ese clima tuvo lugar la maduración intelectual de Perón; de él absorbió los elementos que caracterizarían para siempre su ideología y la de su movimiento.

Fue justamente entonces cuando el antiliberalismo nacionalista, sin llegar a converger jamás en una única veta ni alcanzar la homogeneidad ideológica absoluta, comenzó a expandirse como agua por los ámbitos más dispares, desde la literatura a la filosofía, de las universidades a las iglesias y los cuarteles, oponiéndose en términos cada vez más radicales al tradicional liberalismo argentino, y formulando propuestas de soluciones políticas y de doctrinas sociales que, aunque distintas entre sí, se situaban de todos modos en las antípodas del liberalismo. ¿Qué rasgos distinguían a ese antiliberalismo y, sobre todo, cuáles de esos rasgos vinieron a formar el humus del que iba a nutrirse el peronismo? Digamos que el antiliberalismo se alimentó, ante todo, del temor que en las elites sociales y políticas despertaba el rápido ingreso de la Argentina en la era moderna. No es casual que los episodios de agitación social que estallaron en la Capital a poco de terminada la Primera Guerra Mundial hubieran tenido su parte en la formación de las primeras milicias nacionalistas, ni que la llegada al poder de los radicales hubiera inducido en esos sectores sociales un generalizado malestar respecto del “dominio del número”, es decir, de la plebe inculta, por sobre los sectores dirigentes “naturales”. En síntesis, en la misma medida en que la Argentina, al modernizarse, empezaba a sufrir también las consecuencias indeseadas del progreso —como la difusión del conflicto de clases y de las ideologías revolucionarias, o la cacofónica superposición de partidos, culturas e ideologías, que es propia de los procesos de democratización, o bien el caos y el surgimiento de nuevos valores que resultan típicos de una sociedad de masas—, resonaban con mayor fuerza las voces de quienes imputaban todo eso al liberalismo y a su concepción del hombre, de la sociedad y del orden político.

Para esos cenáculos, para esas siglas de organizaciones nacionalistas y esas revistas que durante toda la década del ’30 nacieron y desaparecieron con la prontitud de los hongos, y que ejercieron una influencia intelectual desproporcionada para sus escasos efectivos, no podía caber duda de que, cualesquiera hubieran sido los méritos de los liberales en el siglo anterior, ya era hora de que la Argentina diera vuelta a la página y rompiera con el liberalismo. A su criterio, ese liberalismo, individualista en el plano filosófico, agnóstico en lo espiritual, materialista en lo económico y contractualista en lo social, y que se mostraba políticamente demasiado sensible a los cantos de sirena de la democracia, no era sólo una ideología anacrónica e insuficiente para afrontar los desafíos de una sociedad en la que el individuo había sido reemplazado por las masas organizadas y la comunidad rural por el trabajo en serie de las fábricas. Era mucho más que eso; a los ojos de esa generación de nacionalistas, el liberalismo aparecía como el padre de todos los gérmenes diseminados por el progreso, cuyo efecto era la disolución de la nación, la pérdida de su identidad a través de la subversión de las jerarquías tradicionales y la sumisión a filosofías y estilos de vida importados. Por hacer eso, el liberalismo les parecía el prólogo de la revolución social; según algunos, porque el contagio subversivo penetraba precisamente a través de las puertas que el liberalismo abría a las modernas libertades; para otros, porque al consagrar el principio de que el hombre era autónomo respecto de Dios minaba las bases del orden social tradicional e inducía a trepar la escalera que conducía al socialismo y el comunismo; para otros, en fin, porque al elevar la propiedad privada y las leyes del libre mercado a la condición de sagrados dogmas mercantilizaba las relaciones sociales y sentaba las bases de los conflictos de clase que alimentaban a los revolucionarios de cualquier condición y origen.

Puesto que el liberalismo, como lo habían demostrado las experiencias de Mussolini y de Oliveira Salazar, y luego la de Dollfuss, en Austria, la de Franco, la de Pétain y la del mismo Hitler, había llegado ya al fin del camino en su acción disolvente de lo que Dios y la naturaleza habían querido que estuviera unido, vale decir, la nación y la sociedad, era preciso darle sepultura y colocar en su lugar una ideología que asegurase aquella unidad orgánica. Ese principio rector de la nación entendida como un organismo coherente y homogéneo, de identidad inmutable a lo largo del tiempo, una comunidad a cuyo bien debían subordinarse los individuos y en nombre de cuya integridad cualquier diferencia de opinión sonaba a traicionera perfidia, era precisamente el eje en torno del cual se estructuraba el conglomerado ideológico nacionalista que era familiar en los cuarteles donde Perón y sus compañeros de armas iban escalando por entonces la jerarquía militar.

Más allá de sus innumerables matices, tal conglomerado giraba alrededor de unos cuantos puntos fijos. Si esa modernidad que minaba la homogeneidad de la nación, que perturbaba su paz y amenazaba su soberanía, contando para ello con la plena aprobación del liberalismo y el capitalismo, volaba empinada en las alas de la civilización anglosajona y de aquellos latinos que habían venido a convertirse en sus necios profetas, eso significaba que una reacción nacionalista que se propusiera rescatar los rasgos esenciales de la “argentinidad” no podía hacerle frente sino en nombre de otra civilización, justamente la latina o, mejor aún, la hispánica y católica. Así brotó exuberante y frondoso el hispanismo en el pensamiento nacionalista argentino de los años ’30, casi como si la emancipación de España en 1810 no hubiera implicado una ruptura, y sí la dolorida pero natural continuación de una estirpe.

¿En qué consistía, sintéticamente, ese remitirse al hispanismo o a la latinidad, que era el pan cotidiano de los nacionalistas de la época y en el que, a partir de 1943, estaban virtualmente empapados los discursos y decretos del gobierno militar? Al describir al enemigo anglosajón que los sitiaba como cultor del individualismo y el dinero, y a los comunistas como idólatras del colectivismo y el ateísmo, los nacionalistas argentinos se veían a sí mismos como los cruzados de la preponderancia del espíritu sobre la materia, de la solidaridad sobre el egoísmo, de la justicia sobre la explotación, de la comunidad sobre el individuo, de Dios sobre la sociedad. Tan hostiles y alérgicos a la democracia liberal y el capitalismo individualista como al estatismo totalitario del comunismo, no dejaron un momento de invocar una tercera vía, distinta y opuesta a unos y a otros. En esa tercera vía no serían sujetos sociales las clases enfrentadas ni los individuos sin freno, sino los estamentos, las corporaciones dispuestas a colaborar para devolver al organismo social el equilibrio y la armonía perdidos en el tránsito por caminos espurios, contrarios a la esencia de la nacionalidad. Serían los trabajadores, los propietarios, los profesionales, pero también los obispos, los generales y los académicos, los que conferirían nueva vida a la que los nacionalistas gustaban denominar una “democracia funcional”, o bien “orgánica”, que al liberar a la nación de esos “artificiales” oropeles democráticos de importación llamados partidos políticos, libertades individuales, laicidad del Estado, separación de poderes, le devolvería la unidad, la fuerza, la paz, y la llevaría por un camino de grandeza. Así, una vez recompuesta en su armonía y su homogeneidad, podría neutralizar a los enemigos internos y externos que nublaban sus horizontes, y expresarse por la voz única de un cuerpo sólidamente unido a través de un hombre fuerte, un *caudillo en quien se encarnaría el alma de la esencia nacional, el *ser nacional, casi como si la nación fuera un ser humano y no el cambiante producto de una historia.

Este crisol de ideas, en su mayoría compartidas por el nacionalismo europeo y el latinoamericano de la época, no presentaba un único rostro. Bajo los ropajes comunes se albergaban, en efecto, tanto un nacionalismo más conservador, al que preocupaba la restauración de las tradicionales jerarquías sociales, como otro más populista que consideraba urgente, para prevenir el estallido revolucionario, la adopción de una audaz política social que nacionalizara a las masas trabajadoras; había un nacionalismo clerical, decidido partidario de la supremacía de la Iglesia, y otro cesaropapista, que veía a la Iglesia, ante todo, como un formidable instrumento de poder y de cohesión social; uno más aristocrático y otro más plebeyo; uno que se mostraba obsesionado por la soberanía económica y otro más preocupado por la redención ideológica y espiritual; uno (mayoritario) que se mostraba favorable a la colaboración con los fascismos europeos, y otro mucho más indeciso y desconfiado. Pero estas diferentes facetas del nacionalismo en el cual maduró Perón sólo comenzarían a convertirse en grietas evidentes a partir del 4 de junio de 1943, acaso para pasar a ser caras diferentes del poliedro peronista. Antes de esa fecha, todos los esfuerzos confluyeron hacia un único objetivo: barrer del mapa a la Argentina liberal y fundar en su lugar un “nuevo orden”.

El ejército, la Iglesia y la muerte de la Argentina liberal

El sentimiento nacionalista y el vago, pero efectivo, cuerpo de ideas que lo expresaban no habían movilizado masas antes de la aparición de Perón ni habían logrado cristalizarse en un gran movimiento o, sencillamente, en un partido. Por el contrario, permanecían dispersos en un pedregal de caprichosas siglas políticas, de vida tan efímera como, con frecuencia, estéril. Y, sin embargo, fueron impregnando el clima intelectual, político y social mucho más allá de su propio ámbito, a medida que se hacía más aguda e intolerable la percepción del divorcio entre la nueva Argentina, que cada día iba creciendo ante los ojos de todos, y sus instituciones políticas. No era sólo que el sentimiento nacionalista tocara una cuerda sensible, un difuso deseo de comunión, allí donde las rápidas transformaciones en curso parecían suprimir todo vínculo sólido; las ideas que proponía formulaban diagnósticos, ofrecían recetas e identificaban a amigos y enemigos, una historia y un destino nacional capaces de dar vida a un imaginario coherente, alternativo del que había sido típico del liberalismo.

El nacionalismo, que despreciaba los elaborados mecanismos de la democracia representativa y sólo sentía disgusto por la pluralidad de partidos e ideologías, en la que no veía otra cosa que la dispersión de las energías de la nación, se propagó por fuera de los canales representativos del Estado liberal, con el objetivo cada vez más explícito de destruirlos. Los ámbitos donde surgió con más significativa frecuencia, y donde por otra parte arraigó especialmente, por hallar allí terreno fértil, fueron las dos mayores y más fuertes corporaciones, sobre cuyos basamentos aspiraba a fundar un nuevo orden: las Fuerzas Armadas y la Iglesia, ya baluartes de la sociedad orgánica desde la Revolución de 1810, e incluso desde antes.

Varias razones habían permitido a ambas instituciones acumular influencia social y política en un grado hasta entonces sin precedentes; y también eran varias las razones que las habían llevado a estrechar entre sí una red muy tupida de relaciones mutuas, que no eran sólo institucionales, sino sobre todo ideales, en nombre de un irreductible antiliberalismo y de un nacionalismo igualmente radical. En primer lugar, el régimen político de la *Concordancia había procurado suplir su escasa y declinante legitimidad democrática por medio del apoyo de quienes, como el clero y los militares, parecían capaces de proporcionarle otra legitimidad sustituta. De hecho, durante todos los años ’30, pero principalmente bajo las presidencias de Justo y Castillo, Iglesia y Fuerzas Armadas cumplieron por largos períodos la función de apuntalar a esos gobiernos conservadores. A cambio de ello obtuvieron el apoyo del Estado al incremento de su peso institucional, y se afianzaron en la convicción de que eran las depositarias de la esencia histórica de la nación, de que constituían las fuerzas tutelares de su identidad, amenazada por una crisis a la que, antes que económica y política, consideraban moral. Poco a poco osaron llegar a la conclusión de que el régimen liberal no era susceptible de reformas; que, por el contrario, debido a su misma naturaleza constituía una de las causas de la crisis, y que su propio papel de guardianas últimas de la nacionalidad les daba el derecho de deponerlo. Eso fue justamente lo que sucedió el 4 de junio de 1943, por mano del ejército y con el activo apoyo eclesiástico.

La influencia y el prestigio de que gozaban, frente a un ordenamiento político cada vez más falto de legitimidad, eran potenciados por el hecho indudable de que constituían dos fuerzas de alcance nacional. En efecto, con la probable excepción de la escuela —pero no ciertamente de los partidos políticos—, no había en el país ninguna otra institución tan ramificada y con tanta presencia en todo el territorio, ni en tan estrecho contacto con todas las clases sociales. Conscientes de esa realidad, y tomando fuerza de ella, Iglesia y Fuerzas Armadas encontraban cada vez más natural invocar su condición “popular” y “democrática”, y contraponerla a los rasgos elitistas y oligárquicos del sistema político y social liberal, aun cuando la democracia que encarnaban era, por su carácter jerárquico y orgánico, la antítesis de la de tipo representativo.

En lo que al ejército se refiere, su irrupción en la escena política con el *golpe de 1930 había sido apenas una primera muestra de su creciente politización y de la gradual transformación de los cuarteles en el laboratorio donde se ponía a punto esa “nueva Argentina” que el ejército debía erigir sobre las ruinas morales y políticas de un orden liberal al que consideraba ya anacrónico. Y no es que entre los militares reinara consenso unánime respecto de los rasgos concretos que debería tener el nuevo edificio, como puede notarse por los caóticos enfrentamientos de facciones intestinas que tuvieron lugar tras ocupar el poder; pero unas cuantas ideas-guía pasaron a ser para ellos verdaderos dogmas, sobre todo entre la oficialidad de graduación intermedia, que en su mayoría había madurado, como el propio Perón, en pleno clima de reacción antiliberal. Así es que, cuando los vientos de la guerra dejaron de ser abstractas hipótesis que se estudiaban en el Colegio Militar y comenzaron a cosquillear la piel de la Argentina y a condicionar su futuro, pareció llegado el momento de poner en práctica tales ideas. La guerra moderna, sostenían, exigía la concreción del concepto de “nación en armas”, esto es, la movilización total de los recursos económicos y humanos en apoyo de la defensa nacional. Por lo tanto, en el plano económico era preciso enviar al canasto la religión de la libertad de mercado, que dejaba a la Argentina indefensa a merced de las potencias extranjeras, y pugnar por que el Estado asumiera el control de los recursos y los servicios que tuvieran carácter estratégico y se erigiera en conductor de una rápida y planificada industrialización, que sirviera para reforzar la capacidad del país de asumir su defensa y reafirmar su soberanía. En realidad, los militares habían dado ya grandes pasos en este último sentido: precisamente desde esa óptica habían fundado en 1941 la Dirección Nacional de Fabricaciones Militares y, por otra parte, en vísperas de la revolución de 1943 absorbían ya el 27% del presupuesto nacional. El corolario de todo esto en el plano político era que consideraban necesario eliminar la democracia partidista, a la que achacaban las divisiones que desgarraban a la nación, y reemplazarla por un sistema de representación corporativa por medio del cual el Estado impusiera la unidad nacional y cayera con todo el peso de la represión sobre movimientos e ideologías “extraños a la nacionalidad”. Precisamente en el plano ideológico, la nación en armas debía basarse en una “doctrina nacional”, en un conjunto de valores, símbolos y principios en los que se condensara su identidad histórica y que sirvieran de barreras infranqueables entre sus devotos hijos y los irreconciliables enemigos. Para la mayor parte de los oficiales que en 1943 pasaron de las palabras a los hechos y tomaron por la fuerza en sus manos el timón de la nación, tal doctrina no podía fundar sus raíces, sino en la civilización católica: el rescate de la “argentinidad” coincidió en buen número de ellos con la restauración de la “nación católica”.

A la luz de todo esto, y teniendo en cuenta que muchos jóvenes oficiales eran hijos o nietos de inmigrantes italianos e incluso alemanes, y que el ejército prusiano había impreso su indeleble marca en el espíritu del ejército argentino, no sorprende que en sus filas fuera entonces palpable un auténtico fervor por los fascismos europeos, en especial los de carácter católico, y que resonara también en ellas un desprecio igualmente fervoroso por las democracias liberales y por el comunismo ruso. En medio de la guerra mundial el ejército argentino, en pleno auge de crecimiento institucional, habiendo llegado a casi cien mil jóvenes conscriptos bajo bandera y convencido de ser el precioso sagrario en que se custodiaban los valores más puros de la nacionalidad y la unidad moral de la nación, se disponía a tomar el poder.

La reivindicación de la catolicidad de la nación y la irreducible aversión por el comunismo y el liberalismo a un tiempo fueron precisamente la encrucijada en que convergieron los caminos de Iglesia y ejército, y en la que maduraron, a lo largo de los años ’30, las características del nuevo orden político que cada uno a su manera se esforzaría por alcanzar, primero el gobierno militar, y después el peronismo. Aquellos fueron años de verdadero renacimiento de la Iglesia católica argentina, después de décadas de marginación, durante la etapa liberal de éxitos económicos y legislación laicista. Muchas razones, tanto locales como universales, ayudan a explicar el fenómeno. En parte, son razones coincidentes con las que habían llevado a las Fuerzas Armadas a ocupar el centro del escenario de la historia argentina; en parte, vienen de las tranquilizadoras respuestas que el intransigente catolicismo de la época parecía poder dar a muchos argentinos de distintas clases sociales que, al sentirse aplastados entre el proceso de rápida modernización en curso y los indeseables efectos que generaba, reclamaban orden y equidad, pero también una buena dosis de moral tradicional, que fortaleciera los débiles vínculos que mantenían unida a una sociedad en permanente transformación.

La Iglesia argentina, impulsada por ese clima y por el generoso apoyo de una serie de gobiernos que necesitaban desesperadamente contar con su aquiescencia y con la de la Santa Sede, se reforzó en todos los aspectos: en el institucional, mediante la multiplicación de las diócesis; en el social y político, con la creación en 1931 de la Acción Católica, que aseguró a la jerarquía eclesiástica la posesión de un poderoso instrumento de organización y movilización de sus fuerzas; en el intelectual, con revistas y cenáculos que se convirtieron en radicales fustigadores del liberalismo y el comunismo, y en usinas del nacionalismo católico. Su renovada capacidad de expresar inquietudes muy difundidas en la Argentina durante esos años de crisis y de cambios se manifestó de manera imponente en el Congreso Eucarístico Internacional de 1934, celebrado en Buenos Aires, que le sirvió para reapropiarse simbólicamente de los inmensos espacios públicos de la Capital.

Esa compleja y estructurada corriente de renacimiento católico se derramó de infinitas maneras sobre el régimen militar y sobre el universo ideal del propio Perón. Ante todo, su hostilidad por la democracia política y su explícita preferencia por un orden corporativo indujeron cada vez más al mundo católico a dejar de lado su siempre tibia adhesión a las instituciones liberales, y a cultivar con tenacidad y buen resultado la cristianización del ejército en nombre de la “nación católica”. Lo que se pretendía era que el ejército, una vez en el poder, implantara un “nuevo orden cristiano”; dicho de otro modo, que cristianizara la sociedad entera. Además de eso, una parte considerable del mundo católico, en especial la que se hallaba en más estrecho contacto con los sectores populares, planteaba la “cuestión social” que agitaba a la sociedad argentina. Atribuyendo su existencia al innato e inmoral egoísmo del mercado sin frenos, la corriente social del catolicismo llevó adelante una precoz campaña que, si por un lado sugería la colaboración entre las clases en el seno de las corporaciones como camino para circunscribir el conflicto, por otro afirmaba que sólo una mayor equidad podría prevenir los riesgos de revolución comunista, razón por la cual propugnaba reformas sociales dirigidas a reequilibrar las relaciones entre capital y trabajo. En síntesis, Iglesia y ejército elaboraron, en los años que precedieron a la Revolución de junio de 1943, la imagen de una suerte de contrasociedad y de un nuevo orden político, en la que la ya exhausta Argentina liberal debía encontrar muy pronto su tumba. En esa atmósfera maduraron la visión política y las ideas sociales de Perón.

1 En español en el original. En adelante, los términos o frases que el autor cite en nuestra lengua estarán precedidos por un asterisco (*) [N. del T.].

2. Los orígenes del peronismo
1943-46

El GOU y la Revolución de junio

El 4 de junio de 1943 una columna militar encabezada por el general Rawson tomó la Casa Rosada, sede de la presidencia, que ya había sido abandonada por el presidente Ramón Castillo. Nadie sabía con certeza quiénes eran ni qué se proponían esos oficiales que, sin disparar un solo tiro, acababan de realizar lo que la épica peronista celebraría después como la *Revolución de junio. Lo ignoraban los civiles, muchos de los cuales, al leer la condena del fraude electoral en los primeros documentos militares, se ilusionaron con que el golpe preludiaba una reivindicación de los radicales; pero las cosas tampoco estaban claras en los cuarteles, donde el caos reinaba hasta el punto de que muy pronto Rawson fue defenestrado por el general Ramírez, que asumiría como nuevo Presidente.

Pero la bruma que ocultaba las intenciones del nuevo gobierno se disipó con bastante rapidez, y permitió que aflorara su naturaleza radicalmente nacionalista; o, para ser más precisos, clerical-nacionalista, según el perfil confesional que el nacionalismo argentino había asumido en la década anterior. Nadie que estuviera un poco familiarizado con las ideas y el vocabulario del nacionalismo católico podía albergar dudas, ante los primeros pronunciamientos, respecto de la orientación de los militares ahora en el poder: todo en ellos, sus invocaciones a Dios, la Patria y la argentinidad, su compromiso de colocar de nuevo a Dios en la escuela y de regenerar al país en sintonía con su tradición histórica, su desprecio por los partidos políticos, por el liberalismo y las “ideologías foráneas”, evocaba los fundamentos de aquella ideología. Y a tal punto lo evocaba, que la Iglesia y el mundo católico fueron los primeros en alegrarse de un episodio que, lejos de limitarse a cambiar el elenco en el poder, terminaría por modificar el “sistema”, por curar a la Argentina de la infección liberal para devolverla a su destino de nación católica.

Entre bastidores del golpe militar, primero, y del propio gobierno, después, los arquitectos de la nueva orientación política eran justamente los jóvenes oficiales del GOU, sigla que al parecer significaba Grupo de Oficiales Unidos; una logia secreta en cuyo seno convivían nacionalismos de varios tonos, y en cuyas filas se destacaba ya, si bien junto con otros oficiales igualmente ambiciosos, el coronel Juan Domingo Perón. Unidad y organización, verdaderas obsesiones de Perón en los años venideros, figuraban ya a la cabeza de las preocupaciones del GOU: tras la toma del poder los militares tenían que edificar un nuevo orden y unificar a la sociedad argentina infundiendo en ella una doctrina nacional. Estaba muy claro para ellos, inspirados en una férrea lógica maniquea, quiénes eran los enemigos: en primer lugar el comunismo, espectro que los oficiales golpistas creían haber conjurado justo a tiempo, pues, como ya había sucedido en España, también en la Argentina parecía estar perfilándose la sombra amenazadora de un frente popular; luego el liberalismo “laico y agnóstico”, culpable del delito de haber privado a la nación de una doctrina moral; la masonería, quintaesencia del espíritu anticatólico y, por lo mismo, antiargentino; el imperialismo anglosajón, que, en las denuncias del GOU, dotadas de una notable carga antisemita, con frecuencia y de buena gana aparecía asociado con la infaltable conspiración judía; los políticos profesionales y sus partidos, cínicos corruptores de la armonía nacional.

Pero incluso después de abatir a tales enemigos, quedaban por definir las características de la “Nueva Argentina”, respecto de las cuales no había consenso ni claridad de ideas entre aquellos oficiales poco habituados a los problemas políticos y sociales. De ellos, Perón era sin duda uno de los pocos que tenían in mente algo más o menos concreto, empezando por la idea de que al Estado le correspondía la función de regular la riqueza, regir la política y orientar las relaciones sociales hacia la armonía. Para lograrlo, sostenían los documentos del GOU, nada sería mejor que inspirarse en las encíclicas sociales de los pontífices, garantía de una “política social cristiana”. Para tal fin, la Revolución debía avanzar hacia una organización de tipo corporativo de las clases sociales.

Tanto la composición del gobierno militar como sus primeras medidas reflejaron fielmente, a pesar de las profundas diferencias entre las diversas fracciones y orientaciones, ese clima político e ideal, sobre todo en su primer año y medio de vida, es decir, hasta que las crecientes presiones internacionales lo indujeron a introducir profundos cambios, a medida que la victoria de los Aliados en la guerra se iba perfilando más nítida en el horizonte. Sus afinidades con los fascismos europeos, y en particular con los dos autoritarismos católicos de la península Ibérica, saltaban a la vista y no podían constituir un misterio para nadie. Todos los ministros eran militares y nacionalistas, unos de tendencia más conservadora y otros más sensibles a las inquietudes sociales expresadas ya por Perón en el seno del GOU; la única excepción era el Ministerio de Hacienda, confiado a un civil de escaso peso. Los pocos militares que acogían con tibieza la idea de una revuelta nacionalista, concentrados principalmente en la Marina, fuerza unida con sólidos y antiguos vínculos con Gran Bretaña, fueron pronto dejados de lado en las sucesivas crisis que pautaron la tormentosa vida del gobierno militar. Es lo que sucedió con el almirante Storni, primer ministro de Relaciones Exteriores, que resultó arrastrado por el fracaso de sus acciones para sacar a la Argentina del aislamiento en que había caído por mantener la neutralidad en la guerra. Y es que precisamente la defensa a ultranza de la neutralidad, entendida como altiva reivindicación de soberanía, se encontraba entre los más sagrados dogmas nacionalistas, por más que en el fondo la neutralidad no fuera sino la coherente consecuencia de la visceral aversión por el comunismo soviético y el imperialismo liberal anglonorteamericano.

Mejor que con los ministros, el gobierno revelaba su naturaleza con la camada de jóvenes nacionalistas y militantes católicos que introdujo en los ministerios, en los gobiernos provinciales, en la enseñanza media y en las universidades, quienes en la mayor parte de los casos estaban animados por una furia iconoclasta que no tardó en manifestarse sin inhibiciones. En efecto, en sus primeros meses de vida el gobierno de los militares y sus jóvenes y entusiastas corifeos se dedicó a desmontar pieza por pieza el andamiaje de la Argentina liberal. Así, en el plano político se asistió al cierre del Congreso Nacional y a la disolución de los partidos políticos; la represión se exacerbó sobre todo con las raleadas fuerzas comunistas, pero pronto superó ese límite. Esterilizada ya toda forma de vida democrática, abolida la libertad de asociación y rígidamente limitadas las libertades personales, también la prensa fue sometida a una rígida censura, al tiempo que un alud de decretos inspirados en un sacro fuego moralizador se abatían sobre los espectáculos teatrales y cinematográficos.

El sector educativo, especialmente importante para los revolucionarios de junio, que lo consideraban el arma usada por el liberalismo para envenenar a la juventud argentina y desviarla del camino recto de la tradición católica, fue el que primero y más a fondo sufrió el accionar del hacha represiva. Universidades y escuelas superiores, puestas bajo las drásticas órdenes de hombres provistos de credenciales de irreprochable catolicismo y nacionalismo, sufrieron radicales purgas. La de los docentes universitarios fue profunda, y se extendió a quienes habían osado reclamar el retorno a la democracia y al respeto por los derechos individuales. La purga ejercida sobre los docentes de los demás ciclos educativos se basó en la valoración explícita de sus perfiles ideológicos; la de los estudiantes fue, al ser puesta en práctica, la señal para el desarrollo de conflictos extenuantes e indujo prolongadas interrupciones de las clases. Las nuevas autoridades ejercieron también pesada intervención sobre los programas de enseñanza, sometidos a una revisión de fondo que se orientaba a inculcar en los estudiantes la visión nacionalista de la historia y de la identidad nacional, a difundir la enseñanza de la filosofía tomista en menoscabo del método crítico de la ciencia moderna y, sobre todo, a erradicar ese carácter laico que hasta entonces había sido emblemático de la escuela pública argentina. El punto culminante de tal ofensiva fue el decreto con el que el ministro Gustavo Martínez Zuviría, célebre escritor católico conocido por el seudónimo de Hugo Wast, dotado de incansable verba antisemita, reintrodujo en las escuelas la enseñanza de la religión católica y la confió a la directa gestión de las autoridades eclesiásticas. Era suprimido así el máximo símbolo legislativo de la era liberal, la ley 1.420, que en 1884 había consagrado la condición laica del sistema educativo argentino.

Para sintetizar, digamos que, en líneas generales, los militares parecían convencidos de que podrían alzar al cielo, sin que nadie los molestara, las murallas de su ciudadela nacionalista, orgullosos de nadar contra aquella corriente que ya se disponía a acabar con buena parte de los regímenes en los que ellos se inspiraban, y a consagrar el dominio de los Estados Unidos, patria de ese liberalismo que aborrecían, sobre todo el continente americano. En los discursos oficiales, en las exposiciones de motivos de los decretos que sancionaban, en las proclamas que daban a la prensa o a la radio, todo se volvía un himno a la “revolución moral” que estaba reconciliando a la Argentina con los “eternos principios” en los que se fundaba su identidad nacional. Por lo demás, pensaban las nuevas autoridades, lo que valía para la Argentina valía también para todos los restantes países latinos de América. ¿No eran también esos países hijos de la civilización hispana y católica? ¿Y no estaban soplando ya en ellos vientos nacionalistas por completo semejantes a los que acababan de devolver a la Argentina su vocación histórica? Al gobierno militar le pareció natural, pues, proyectar fuera de sus fronteras esa energía regeneradora, y aun más: aspiró a liderar la liberación continental de los lazos del imperialismo norteamericano, que a su criterio mantenía a la América hispana, con el poder de sus capitales y la insidia de sus misioneros protestantes, con el cuello oprimido por el nudo corredizo del panamericanismo. De ahí sus esfuerzos por exportar la “revolución nacional”, que los convirtió en heraldos de la que estalló en Bolivia en diciembre de 1943 y los llevó a la desigual pulseada con los Estados Unidos. Pero ese enfrentamiento obligaría pronto a las autoridades argentinas a medirse con una realidad diferente de la que habían soñado, hasta romper, a principios de 1944, sus relaciones diplomáticas con las potencias del Eje, en busca de alivio a una presión que amenazaba sofocarlos. Pero la decisión de la ruptura sembró el desconcierto en las filas del gobierno, y lo obligó a pensar en su propio futuro en términos más realistas. En esa actividad se destacó por inteligencia y lucidez el coronel Perón, que así pasó a ser el hombre fuerte del régimen.

De las bambalinas al escenario. El ascenso de Perón

Al estallar la Revolución de junio, la opinión pública argentina aún no tenía idea de quién fuera este coronel Perón, pero para sus compañeros de armas distaba de ser un desconocido. Afable y dinámico, astuto y decidido, era ya un oficial de cuarenta y ocho años, con muchas y muy variadas experiencias a cuestas. Enseguida del golpe de 1930, del que había participado en segunda fila, fue por breve tiempo uno de los colaboradores del general Justo, y luego recibió la designación de profesor de historia militar en la Escuela Superior de Guerra. En el desempeño de esa función, afinó las dotes oratorias de las que tanto provecho sacaría más tarde, y se entusiasmó con el concepto de la nación en armas, elaborado medio siglo antes por el general alemán Colmar von der Goltz. Perón desarrolló dicho concepto en su libro Apuntes de historia militar, en el que teorizó acerca de la movilización y el encuadramiento organizativo de toda la población, en función de la defensa nacional. Destacado en Chile en 1936 como agregado militar de la embajada argentina en Santiago, dejó el cargo en 1938, cuando ya las autoridades chilenas le seguían la pista por actividades de espionaje. Al regresar al país, Perón vio trastornada su vida por el rápido agravamiento de las condiciones de salud de su mujer, Aurelia; la muerte de ella hizo vacilar las energías y la voluntad de Perón. Sólo comienza a salir de ese túnel de desconsuelo al embarcarse para Europa en febrero de 1939. Transcurre allí dos años, primero en Pinerolo, Piamonte, Italia, en el famoso cuerpo de Alpinos, y después como asistente del agregado militar de la embajada en Roma. Éste fue el único período en que Perón vio la guerra de cerca, en los viajes que realizó por varios países del continente.

Mayormente, lo que quedó en él de la experiencia europea fue la fascinación por el grado de organización de las masas alcanzado por los movimientos fascistas, por la espectacular liturgia política que se representaba en la vía pública y por el papel que esos movimientos asignaban a los sindicatos en la estructura del Estado. Ante sus ojos cada vez más ansiosos por ver enterrado el decadente régimen liberal de su país, todo eso aparecía como el futuro, como ejemplos vivientes de esa democracia “social” u “orgánica” que el nacionalismo argentino solía invocar a cada instante. No es de sorprender que Perón, inspirándose en tales modelos, guiado siempre por el imperativo de “la nación en armas” y saturado de la doctrina social católica que había tenido oportunidad de gustar en numerosas ocasiones, durante aquellos años en que había llegado a ser el pan de cada día en los cuarteles, se entregara con alma y vida, apenas llegó al país, a la actividad conspirativa que venía agitando al ejército desde hacía tiempo. Y, en efecto, resulta fácil reconocer su huella en los documentos del GOU, del que fue uno de los fundadores y animadores indiscutidos.

El 4 de junio de 1943 Perón no hizo aporte alguno significativo al éxito de la Revolución. Tampoco ocupó cargos de importancia en el gobierno revolucionario. Prefirió actuar entre bastidores, hasta que ingresó en el Ministerio de Guerra como brazo derecho del ministro, el general Farrell, un hombre al que Perón manipulaba. Su función era estratégica para orientar los rumbos del nuevo curso de los acontecimientos, pues ahora deberían pasar por sus manos los nombramientos de oficiales para los distintos cargos de gobierno y las designaciones en las guarniciones. En otras palabras, era el puesto ideal para promover primero el éxito de los hombres y las ideas del GOU dentro del gobierno, y para apuntalar después a la corriente que él representaba, entre las varias que convivían en el GOU.

Pero si el control del ejército era para Perón un objetivo clave, que le permitiría orientar la Revolución en el sentido deseado, el otro horizonte que tuvo en vista desde un principio fue el gremial. En ese sentido, sus ideas eran más radicales que las de los más conservadores entre los nacionalistas que llenaban tanto las filas del GOU como las del gobierno de Ramírez. En efecto, mucho más que ellos Perón consideraba que el objetivo esencial de la Revolución debía ser el de introducir una incisiva legislación social y atraer el movimiento gremial hacia la órbita del Estado. Había dos razones fundamentales para ello: primero, prevenir la revolución social, que estimaba más que probable al término de la guerra, quitando a los comunistas la bandera de la equidad; luego, dar al nuevo régimen la base social de masas sin la cual jamás podría consolidarse ni impedir el regreso al poder de los partidos tradicionales, porque, en su visión de la sociedad como un algo orgánico, la única forma de garantizar la unidad y la armonía de la nación, y de integrar a las masas apartándolas de ideologías que él y los nacionalistas de todos los tipos definían “antiargentinas”, era instaurar una política que reequilibrara las relaciones entre las clases y reconociera a los obreros lo que desde hacía tanto tiempo venían reclamando en vano.

Con esa óptica le fue fácil, una vez que el GOU se desembarazó de los últimos moderados, obtener la jefatura de un engranaje hasta entonces marginal de la administración pública: el Departamento Nacional de Trabajo, que Perón transformaría pronto, con el nombre de Secretaría de Trabajo y Previsión, en el principal motor de la Revolución. Hasta entonces, la actitud de los revolucionarios de junio frente a la cuestión social, a la que todos decían dedicarse, como fieles seguidores de las encíclicas pontificias, no había ido, en realidad, mucho más allá de la inercia del pasado, como no fuera para endurecer todavía más la represión contra los comunistas. Por supuesto, todos afirmaban el propósito de sentar las bases de la colaboración entre capital y trabajo, bajo la hegemonía del Estado, pero ¿qué estaban dispuestos a hacer para alcanzarla? Todos se declaraban impulsados por un genuino impulso de “conquistar” a la clase obrera, pero ¿cuál era el camino para conquistar mentes y corazones de trabajadores, cuya fe política era principalmente socialista o comunista, y que ya habían demostrado que preferían cruzarse de brazos ante un gobierno que les recordaba a las siniestras dictaduras fascistas?

Perón se había propuesto responder a esos interrogantes ya desde el mismo 4 de junio, cuando con la invalorable ayuda del teniente coronel Mercante, hijo y hermano de ferroviarios, había empezado a abrir una brecha en el muro de desconfianza de los obreros, entrevistándose con sus dirigentes y prestando atención a sus reivindicaciones. Con mayor razón lo haría desde su nuevo cargo, en el que gozaba de absoluta autonomía y contaba con hombres de confianza, entre los que se destacaba por cultura y experiencia José Luis Figuerola, un catalán de pura fe franquista y católica, que a su tiempo había sido, en España, un estrecho colaborador del dictador Primo de Rivera. Por supuesto, debió pasar bastante tiempo antes de que pudiera quedar bien claro adónde apuntaba Perón y qué frutos podía cosechar. Pero ya desde sus primeros discursos fueron muchos quienes tuvieron en claro que su propósito era imprimir a la Revolución un giro de carácter social, que pudiera sacarla del pozo en el que amenazaba caer si pretendía seguir nutriéndose sólo del bastón de la represión y de las bendiciones eclesiásticas. En síntesis, la cruz y la espada debían sumergirse en la fuente de la “justicia social”, y el nacionalismo tenía que impregnarse de la necesaria dosis de socialismo.

Lo que urgía hacer, dijo Perón, era “atraer, unir, organizar, nacionalizar” el movimiento gremial, e “integrarlo a la revolución”. Así “argentinizado”, vale decir, purificado de la contaminación marxista, el sindicalismo ocuparía el puesto que le correspondía “dentro del Estado, no contra él ni fuera de él”. En su seno, los intereses de los trabajadores se conjugarían “con otros igualmente legítimos” dentro del marco de una “justa, racional y patriótica armonía”. Su sintonía con los fundamentos del nacionalismo católico, que el gobierno pugnaba por tomar como puntal de un nuevo orden, era total e inocultable. Bastaría, para advertirlo, echar una mirada al decreto de fundación de la Secretaría de Trabajo y Previsión: asignaba al nuevo organismo la función de “reforzar la unidad nacional” y asegurar “una mejor armonía entre las fuerzas productivas”, a través de “una mayor justicia social y distributiva”, que garantizara “la suprema dignidad del trabajo” y “la pacífica convivencia en consonancia con los principios cristianos de la tradición argentina”.

Pero los hechos tenían que ser corroborados con palabras, y Perón, como buen militar refractario a las disputas de esos políticos e intelectuales que el régimen acababa de acallar, y orgulloso cultor del “mejor que decir es hacer”, ciertamente no se quedó de brazos cruzados. En unas cuantas semanas la Secretaría empezó a vomitar decretos que introducían de golpe en el mundo del trabajo cambios que no había sido posible obtener en largos años de lucha obrera. Comenzó por introducir el salario familiar para el personal del Estado, una medida que era reclamada a voz en cuello por los católicos sociales, que le prestaban su entusiasta apoyo. Luego siguió con una catarata de reformas que, en su conjunto, fueron formando el edificio de una legislación social más ajustada a la marcha de un país en rápida industrialización: contratos colectivos de trabajo, aumentos de salarios, jubilaciones, seguros de accidentes de trabajo, cobertura de enfermedades y maternidad, vacaciones pagas, colonias de vacaciones para las familias, grandes proyectos de viviendas populares, creación de un fuero judicial específicamente laboral, donde los derechos de los trabajadores pudieran ser adecuadamente defendidos de la resistencia opuesta por las patronales.

Por otra parte, y como jamás se cansó de repetir, para impedir que los obreros sucumbieran a los cantos de sirena del comunismo, y para “argentinizarlos”, era preciso que el fiel de la balanza de la justicia social recuperara el equilibrio, aligerando el platillo del capital al mismo tiempo que se abultaba el de los trabajadores, hasta entonces semivacío. Todo esto, naturalmente, bajo el ojo alerta del Estado, que en la óptica de Perón, a la vez que aborrecía la supeditación de los trabajadores a las cínicas leyes del mercado, temía y repudiaba su organización autonómica. Para obtener tales fines, la Secretaría se dedicó al estudio de una nueva legislación, en la que no sería difícil reconocer los ecos de la Carta del lavoro mussoliniana, o del Fuero del trabajo del franquismo. Y es que, en efecto, además de liquidar la autonomía y el pluralismo gremiales, Perón se proponía elevar al Estado a árbitro absoluto de las relaciones entre las clases y transformar a los sindicatos en órganos del propio Estado. Pero antes de que pudiera introducirse la nueva legislación cambiaron muchas cosas, dentro de la Argentina y más allá de sus fronteras, que obligarían al gobierno militar a rever sus planes.

La nacionalización de las masas. Dios, patria y pueblo

Desde comienzos de 1944, y con frecuencia cada vez mayor a medida que transcurría el tiempo, el gobierno de los militares tuvo que enfundar el arsenal triunfalista de los primeros momentos y adoptar una postura defensiva. Había demasiadas cosas que estaban cambiando a su alrededor, como para poder permanecer indemne. Por empezar, la guerra iba tomando un cariz que hacía presumir una victoria de los Aliados: ya había caído el fascismo en Italia, y hasta la propia España de Franco se apartaba de Alemania para intentar obtener algún crédito entre los anglonorteamericanos. Ahora parecía claro que en las Américas la hegemonía de los Estados Unidos tomaría dimensiones tales que el desafiarla con testarudas proclamaciones de neutralidad y con regímenes tan semejantes al fascismo sería no sólo temerario sino hasta autolesivo, ya fuera porque los norteamericanos iban alzando en torno al país un cordón sanitario que amenazaba estrangularlo o porque los éxitos de los Aliados estimulaban a la oposición argentina a que saliera de las catacumbas y reclamara la vuelta a las prácticas democráticas.

Frente a tan enormes presiones internas y externas, era inevitable que las divisiones hasta entonces existentes en el gobierno militar se convirtieran en grietas. ¿Qué debía hacerse, ahora que el camino que apenas se había empezado a recorrer parecía revelar la condición de peligroso callejón sin salida? Para que la Revolución de junio mantuviera alguna esperanza de no sucumbir al aislamiento internacional, y los militares no tuvieran que batirse en retirada, cubiertos de vergüenza, había que arrojar el lastre en que se habían convertido los dogmas, y el gobierno tenía que empeñar sus esfuerzos en ampliar su base de consenso. Al menos, eso fue lo que pensó Perón en 1944, y a lo que se dedicó con cada vez mayor tenacidad, una vez que logró desembarazarse de sus principales competidores en el cuerpo de oficiales y empezó a perfilarse como presunto beneficiario del régimen militar. Así fue que al desencadenarse en marzo de ese año la crisis que le costó la presidencia a Ramírez, el sucesor de éste en la presidencia, Farrell, se apresuró a nombrar ministro de Guerra a Perón, su delfín. Al control que ya se había asegurado de los sindicatos, Perón pudo sumar entonces el total control de las Fuerzas Armadas, completado cuando poco después ocupó también la vicepresidencia, que había quedado vacante.

El lastre del que primero empezó a liberarse Perón fue el constituido por los más conservadores y extremos de los nacionalistas, tan devotos de sus principios y tan fieles a sus mitos que no estaban dispuestos a abandonarlos, ni siquiera ante la evidencia de que así condenaban a la Revolución al aislamiento y la capitulación. Cuando en enero de 1944 Perón relegó al desván de los trastos viejos esa neutralidad absoluta que había enarbolado en tiempos del GOU, y apoyó la ruptura de relaciones diplomáticas con Alemania y Japón como un intento de atenuar la hostilidad de los Aliados, los nacionalistas puros y duros vociferaron contra la traición, y muchos de ellos abandonaron los cargos de gobierno. Pero Perón y el régimen militar se libraron así de aliados que ahora resultaban incómodos y que, de todos modos, carecían de predicamento popular. No era difícil imaginar que en cuanto se insinuara la posibilidad de que los partidos políticos tradicionales retornaran al poder estos nacionalistas volverían a buscar el amparo de Perón, como de hecho lo hicieron.

Único en intuir que había un posible paso, estrecho pero practicable, entre el melancólico abandono del poder y la obcecación suicida en la construcción de un régimen sin seguidores, Perón fue poco a poco imponiéndose sobre todos sus demás adversarios en el gobierno y en los cuarteles. Justamente esa capacidad suya de olfatear qué era lo que a su alrededor estaba cambiando para poder adecuarse ha sido con frecuencia individualizada como uno de los rasgos típicos de su personalidad, el proverbial pragmatismo de Perón, por no decir su liso y llano cinismo, entendido como la propensión a sacrificar coherencia ideológica con tal de conservar poder y acumular consenso. Pero, en realidad, da la impresión de que ya desde esa época Perón, como buen militar, ponía en práctica retiradas tácticas que le permitieran alcanzar sus objetivos estratégicos. En efecto, nunca hizo sacrificio de los fundamentos ideológicos de la Revolución de junio, que volveremos a ver aflorar a lo largo de toda su carrera política. A lo sumo trató de alcanzar sus objetivos a través de las vías que en cada ocasión le permitía el cambiante contexto, con el resultado de aparecer como un inescrupuloso y, más de una vez, de recoger resultados no precisamente de acuerdo con lo que eran sus deseos: la bien conocida heterogeneidad de los fines.

A medida que transcurría ese año de 1944 y la situación se iba complicando, Perón se ocupó, a un tiempo, de remachar el núcleo ideológico de la Revolución y de consolidarla, mediante la edificación de las bases sociales de las que hasta entonces había carecido. No pueden caber dudas de su fidelidad a los principios revolucionarios, puesto que los proclamó a los cuatro vientos e hizo de ellos el faro de toda su política. Así, por ejemplo, en un discurso que pronunció en junio en la Universidad de La Plata tomó y desarrolló en todos sus aspectos el principio de la nación en armas. Este discurso desató furor en Washington, donde su admonición a los inminentes ganadores de la guerra, de que no pretendieran imponer un “imperialismo odioso”, fue tomada como la confirmación de la hostilidad argentina hacia la democracia y de sus simpatías por los fascismos. El principio, de índole corporativa, de la armonía entre las clases sociales bajo la guía del Estado fue el aditamento infaltable de cada intervención, como la que en agosto desarrolló en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, en el intento de calmar la ansiedad de la elite económico-financiera congregada allí para escucharlo. Como dijo en julio ante los círculos católicos de obreros, Perón no se proponía renegar de la unión entre la Cruz y la Espada, que había sido fuente inspiradora de la Revolución, sino robustecerla mediante la fundación de un régimen basado en los conceptos de “Dios, patria y pueblo”.

Precisamente la intensa tensión que persistió a lo largo de todo el año entre los Estados Unidos y la Argentina seguía siendo prueba de que la ruptura con las potencias del Eje no había cambiado la naturaleza de la Revolución. En el fondo, la Argentina seguía siendo un país no beligerante, con el Congreso Nacional cerrado, los partidos políticos disueltos, la prensa amordazada, los docentes depurados y así por el estilo. Por cierto que no era la política social puesta en práctica por Perón la que podía inducir a Washington a cambiar su estrategia: a ojos norteamericanos el régimen argentino seguía siendo una copia de los fascismos europeos, que no solamente rompía la solidaridad panamericana y albergaba a peligrosos espías teutones, sino que amenazaba, además, con transformarse en vehículo de contagio, una vez que terminara la guerra. De allí que los Estados Unidos desataran una guerra política, económica y diplomática contra el gobierno de Farrell, al que no reconocieron, convocando a Washington a su embajador, bloqueando los depósitos argentinos en bancos norteamericanos y por medio de otras medidas.

Está de más decir que el ya precario límite entre política exterior del régimen militar y contexto político y social nacional desapareció por completo, dando pie a la formación de un único y conflictivo escenario político. Si Washington y la oposición argentina describían el conflicto como un episodio de la pulseada universal entre la democracia y los fascismos, Perón y el gobierno lo caracterizaban como el choque entre justicia social y privilegios oligárquicos, entre la orgullosa reivindicación de la “argentinidad” y los apetitos imperialistas, entre “nación” y “antinación”. Así, mientras los partidos tradicionales empezaban a levantar cabeza, aprovechando los vientos democráticos que los éxitos bélicos de los Aliados hacían correr hasta en la alejada Argentina, Perón procuraba acomodar las piezas de su rompecabezas. Consciente de que tarde o temprano los militares deberían volver a los cuarteles, despejando el camino a la elección de un gobierno constitucional, se abocó a entretejer alianzas políticas. En ese sentido, los compañeros de viaje ideales parecían ser aquellos radicales fieles a la tradición yrigoyeniana, nacionalistas y alérgicos a la idea de formar un frente de oposición que abarcara desde los conservadores a los comunistas. Sin embargo, Perón no halló entre ellos la adhesión que esperaba, si se exceptúa a algunas figuras menores y a los jóvenes intelectuales nacionalistas de un reducido grupo llamado FORJA (Fuerza de Orientación Radical de la Joven Argentina). También trató de ganarse el apoyo de la Sociedad Rural, de la Unión Industrial y de otras agrupaciones económicas opulentas. Era cierto, admitió, que sus políticas perjudicaban a estas entidades en sus ganancias inmediatas, pero las inmunizaban respecto de la revolución que indudablemente estallaría si no se prestaba atención a la cuestión social. En resumidas cuentas, se ofreció como dique opuesto al comunismo, aunque, en verdad, sin demasiado éxito: las poco halagüeñas perspectivas que afrontaba ahora el gobierno militar y su utilización de tonos cada vez más belicosos y radicales indujeron a la clase patronal a ir desentendiéndose poco a poco de él.

No todo el resto de la sociedad hizo lo mismo. Llegaban señales alentadoras de los que de allí a un par de años pasarían a ser los baluartes corporativos de la primera etapa de su régimen: las Fuerzas Armadas, la Iglesia católica, los sindicatos. En las filas militares, Perón había logrado reducir a la impotencia tanto a los escasos oficiales de tendencia liberal como a los más torvos émulos del Tercer Reich, y aunque contaba con buenas razones para temer su ansia de venganza y para dudar de la adhesión de la Armada, el grueso del ejército estaba de su lado. Además, la Revolución era obra de las Fuerzas Armadas, y si la oposición pretendía poner a éstas en contra de Perón hubiera debido ofrecerles una salida honorable, cosa que, lastimada por la opresión que venía padeciendo, no parecía dispuesta a hacer.

En cuanto a la Iglesia, durante buena parte de 1944 su cúpula y sus bases alabaron a Perón como el hombre de la Providencia, llegado para restaurar el orden cristiano. Es verdad que también la Iglesia estaba dividida; que la progresiva radicalización de Perón y sus esfuerzos en favor del sindicato único por rama de actividad, que absorberían también a las organizaciones católicas, hicieron surgir las primeras sospechas. Pero la posibilidad de que si la Revolución caía volvieran a mandar los liberales, ahora del brazo con comunistas y socialistas, representaba a ojos de los católicos un espantajo más que suficiente para sostener al avasallante coronel.

Perón hizo enormes progresos en su declarado intento de conquistar a la clase obrera: apretando el acelerador de las reformas, dando carácter legal al boom de nuevas convenciones colectivas de trabajo con sus correspondientes aumentos de salarios, aflojando el dogal de la represión cuando los gremios se mostraban dispuestos a colaborar, alentando la agremiación, catequizando dirigentes obreros o promoviendo nuevos dirigentes cuando los que estaban no terminaban de adecuarse a los nuevos tiempos. Por conveniencia algunos, por convicción otros, cada vez más sindicalistas iban a ver a Perón en la Secretaría.

Por entonces, nadie podía imaginar qué saldría de esto. Con todo, había ciertos indicios de formación de un nuevo bloque social, al que contribuían a amalgamar tanto las reformas sociales como el mito nacional, caros por igual a Perón. Uno de esos indicios fue el acto del 29 de julio de 1944, en que una multitud de trabajadores que voceaban a Perón manifestó, frente a un palco donde también se hallaban el presidente Farrell y el secretario general de la CGT (Confederación General del Trabajo), su apoyo al gobierno militar por su ardorosa defensa de la soberanía argentina, un hecho que poco antes hubiera sido inimaginable. En esa ocasión, y con frecuencia cada vez mayor a partir de entonces, Perón se dirigió a los trabajadores en términos agresivos y maniqueos, hablándoles “en comunista”, como dijo burlonamente, auspiciando la unión contra los “enemigos” y oponiendo pueblo a oligarquía. Era el precio a pagar para vencer su desconfianza y atraerlos a las filas de un gran movimiento social y nacionalista, pero era también una estratagema que en la mente de los miembros de las elites políticas y sociales fulguraría como evocación del espectro de la violencia y la lucha de clases, que Perón afirmaba querer suprimir; esto perjudicó seriamente su credibilidad a ojos de esas elites. A comienzos de 1945, la Argentina estaba virtualmente partida en dos; y quien tronaba desde la cima de esa divisoria de aguas era precisamente Perón; pero su posición parecía volverse más y más precaria.

Perón en 1945. Crisis y resurrección

Puede que 1945 haya sido el año más dramático y excitante vivido por la Argentina moderna. Pero, además, fue también el año que marcaría el destino del país y plasmaría su futuro. En su transcurso vio la primera luz el peronismo, un movimiento social nuevo que vino a engastarse en el corazón de la historia nacional y obligó a que cada argentino tuviera que vérselas con él, convirtiéndose por lo común en apasionado adherente o en airado detractor. Y si bien fue el año que consagró la buena estrella de Perón, hay que decir que comenzó con muy distintas perspectivas y que, a medida que pasaban los meses, ese lucero pareció más bien destinado a apagarse y perecer.

Lo concreto es que desde el comienzo mismo de 1945 el gobierno de la Revolución de junio crujía de manera preocupante. Ante una guerra cuyo resultado ya se descontaba, las presiones ejercidas desde el exterior para que se restableciera el orden constitucional llegaron a ser incontenibles; la oposición interna tomó de esas circunstancias la fuerza y el valor suficientes para alzar otra vez la cabeza y llenar de gente las calles; el gobierno mismo y las Fuerzas Armadas, que eran su baluarte, se mostraron cada vez más divididos respecto de la manera de conducir la transición y respecto de la estrategia que Perón aplicaba. Pero él, convertido ya en símbolo y timón de aquel gobierno, siguió con tenacidad su camino, aunque consciente ya de que los días de la Revolución estaban contados y que lo único que les quedaba a los militares era liberalizar su régimen, si no querían verse arrebatadas las riendas de la transición democrática. Así fue que poco a poco los militares fueron cediendo a civiles, algunos incluso del partido radical, la conducción de la mayor parte de los ministerios; también se atenuó la orientación clerical del gobierno, se normalizó la vida universitaria y fueron readmitidos los docentes que habían sido expulsados. Y la cosa no terminó allí: en agosto se levantó el estado de sitio, en vigor desde el triunfo de la Revolución, lo cual permitió que la prensa se expresara otra vez libremente y que los partidos se reorganizaran y volvieran a manifestarse. Por fin, tras aprobar un nuevo estatuto de los partidos políticos, el gobierno anunció la pronta convocatoria a elecciones, cuya diafanidad sería garantizada por las Fuerzas Armadas.

Era evidente que la Revolución se batía en retirada. Había tomado el poder para barrer del mapa la tan vituperada democracia liberal, pero era en el fondo a ella a quien ahora los militares se aprestaban a devolver ese poder. No habían podido fundar el “nuevo orden” del que por tanto tiempo habían estado colmados discursos y proclamas. Durante buena parte de 1945 el gobierno pareció confiar en su capacidad de evitar que la retirada se transformara en ruinosa derrota. Todavía en julio, aunque el terreno que pisaba el gobierno ya se había vuelto inseguro, el presidente Farrell recalcó el propósito de las Fuerzas Armadas de asegurar al país una transición moderada hacia la “auténtica democracia”, en consonancia con los parámetros ideales de la argentinidad. O sea que el ejército, autoerigido en custodio y tutor de la identidad nacional, no estaba dispuesto a reconocer su derrota ni a renunciar a ejercer sobre el orden político y social una supervisión que proscribiera las ideologías “foráneas”, la lucha de clases, el laicismo. Por otra parte, ése era el humor imperante en los cuarteles y expresado por el propio Perón cuando se quejó de que, habiendo librado a las universidades de los nostálgicos del Medioevo y procurado ganarse su buena voluntad, así como la de los estudiantes que guiaban la oposición al régimen militar, y habiendo readmitido a muchos profesores que habían sido expulsados, esos mismos docentes utilizaban, sin embargo, sus cátedras para difundir “doctrinas políticas contrarias a la esencia de nuestra nacionalidad”, cosa que a sus ojos “de argentino y cristiano” equivalía a una traición.

Decíamos que las presiones externas se habían vuelto insoportables en 1945. En el horizonte se perfilaba ya que la guerra llegaba a su fin y comenzaban a sentarse las bases de un nuevo ordenamiento mundial y hemisférico, la reducción de la Argentina a una condición de estado paria, aislado de todo y de todos. No solamente los Estados Unidos deseaban librarse de lo que consideraban un molesto resto de fascismo, sino que con ahínco aun mayor la Unión Soviética, su aliada, pedía por iguales razones que se excluyera al país de la Conferencia de San Francisco, de la que nacerían las Naciones Unidas. Y, por otra parte, la Argentina ya había quedado excluida del Acta de Chapultepec, por medio de la cual las demás naciones del hemisferio, bajo la conducción de los Estados Unidos, habían sentado las bases del nuevo sistema interamericano.

Perón podía muy bien jactarse de esas exclusiones como otras tantas condecoraciones que lucir, testigos de su intrépida defensa de la soberanía nacional, y hasta convertirlas en herramienta propagandística; sin embargo, sabía muy bien que resultaba imprescindible romper el cerco y ganar tiempo, en lugar de insistir en reivindicaciones de principios, perdidas de antemano. Fue por eso que en marzo decidió cumplir el tardío gesto de declarar la guerra al Eje, lo que alineó a la Argentina con el resto de los países de América y, como lógico corolario, lo llevó a establecer contacto con los soviéticos, sin deponer por eso el arsenal anticomunista de la Revolución, pero despertando ciertamente las iras de quienes se sentían guardianes de la pureza ideológica de ésta. Lo cierto es que sólo esos pasos podían abrirle a la Argentina, como se las abrieron, las puertas de los encuentros internacionales donde se estaba forjando el mundo de posguerra, encuentros de los que hubiera sido en grado sumo peligroso y perjudicial quedar excluidos. Por otra parte, esos pasos, junto con la progresiva liberalización del régimen militar, fueron necesarios para inducir a los Estados Unidos a descongelar sus relaciones con el gobierno argentino mediante el envío de un nuevo embajador, Spruille Braden. No es que en la Casa Blanca se hubieran resignado a convivir con Perón; en todo caso, se habían convencido de que aislarlo no proporcionaba dividendos, de que una organización panamericana sin la presencia argentina sería una construcción insensata y de que, en fin de cuentas, el destino de Perón ya estaba marcado y los Estados Unidos podían contribuir a acelerar su próxima salida de escena. Por eso fue que el embajador Braden llegó a Buenos Aires con el espíritu de un cruzado decidido a derrotar al demonio fascista. Braden, con su misticismo democrático, su inclinación por los negocios, sus métodos expeditivos y arrogantes y sus incómodas intromisiones en la vida política local, se reveló así como el prototipo de aquello que más furores desencadenaba en el nacionalismo argentino.

Braden estuvo en Buenos Aires entre mayo y setiembre de 1945, cuando debió regresar a Washington promovido a responsable de la política para América latina en el Departamento de Estado. Esos pocos meses le bastaron para convertirse en el símbolo de la oposición contra Perón, y en su líder más visible. Las relaciones que entabló con Perón fueron tan vehementes como tensas, una especie de prolongada pulseada que en el momento de irse parecía estar ganando, y de la que salió entre las aclamaciones de una multitud entusiasta, que lo despedía al grito de “libertad”, “libertad”. Pero no hay que suponer que, como a Perón le convenía afirmar, fuera Braden el gran titiritero que manejaba los hilos de la oleada de protestas que en 1945 puso al país en contra del gobierno y de su hombre fuerte. La verdad es que ese repliegue de un gobierno cuyo destino era cada vez más incierto se correlacionaba con el avance de un frente de fuerzas sociales y políticas heterogéneas, unidas por la voluntad de tomar venganza de los humillantes atropellos padecidos y de volver cuanto antes al imperio de la Constitución.

Los más encendidos animadores de las protestas fueron los estudiantes de la FUA, la Federación Universitaria Argentina, tanto en las casas de estudios como en las calles, como manifestaciones de desafío al gobierno y a la reacción de los grupos nacionalistas, por lo general, protegidos por la policía. Esto originó choques y violencias, hasta que cada bando tuvo sus caídos que llorar, honrar y vengar. En ese clima incandescente, los partidos políticos, aunque todavía aturdidos por los golpes que les había propinado la Revolución, volvieron a hacer oír su voz y comenzaron a negociar las alianzas necesarias para formar un frente bien cohesionado de radicales, socialistas y comunistas, y hasta de conservadores, decidido a obtener la caída de Perón y la rendición del gobierno. Ya libre de restricciones, también la gran prensa liberal, y en especial el prestigioso matutino La Prensa, se hizo portavoz de esas luchas, a lo que el régimen militar, no contando con influencia en los diarios más respetados y de mayor circulación, intentó oponer la propaganda por radio. A ese mismo coro se unieron, en fin, con todo su enorme peso, las asociaciones de productores rurales, industriales y comerciantes, hacia las que ahora Perón apuntaba su dedo señalándolas a su auditorio popular como una “oligarquía” tentacular. La mayor parte de estos empresarios, desilusionados de una revolución que, lejos de poner orden, alentaba las agitaciones sociales, no creía ya que Perón tuviera la voluntad de conciliar el capital con el trabajo; sobre todo porque los costos de su política social recaían en primer lugar en ellos. Ante esta debacle del régimen, los selectos miembros de la Sociedad Rural y de la Unión Industrial no dejaron de apresurarse a empujarlo hacia el abismo, con la esperanza de librarse de las reformas que había introducido.

El círculo se estrechaba en torno de Perón, y ello quedó revelado no solamente por las intrigas de Braden y el crecimiento de la protesta, que se evidenciaba sobre todo en ámbitos profesionales e intelectuales y entre las capas medias en general. Había también otras señales: en especial, el hecho de que aquel calor con que la Iglesia católica y el grueso de sus camaradas de armas habían acompañado el ascenso de Perón se estaba convirtiendo en tibio alejamiento. Un poco por las sospechas que despertaba su lenguaje, de más en más radicalizado, y otro poco porque ya su destino parecía irremediablemente marcado, tanto el ejército como la Iglesia empezaron a tomar distancia de él, para no verse arrastrados por su inminente caída. Cada uno actuaba, naturalmente, por sus propios motivos: el ejército, para salvaguardar su unidad y su prestigio, la Iglesia, para conservar las enormes ventajas adquiridas. Uno y otra alentaban la esperanza de poder conducir una transición moderada hacia una democracia protegida, es decir, sometida a su tutela e impermeable a la influencia comunista y laicista.

La hora del ajuste de cuentas entre el régimen militar y sus cada vez más numerosos y vociferantes opositores pareció sonar el 19 de setiembre, cuando la inmensa Marcha de la Constitución y la Libertad recorrió las calles de la Capital, en reclamo del inmediato retorno de los militares a los cuarteles y la entrega del poder a la Corte Suprema, en espera de elecciones libres. Perón denunció a esas decenas o centenares de miles de manifestantes como una multitud de reaccionarios y plutócratas, y ellos pidieron a grandes voces su cabeza, que en los días que seguirían parecieron, en verdad, a punto de obtener.

Pero el coronel no se había sentado a esperar que su hado se cumpliera. Aparte de conducir al régimen que integraba fuera del rígido armazón militarista y clerical de los primeros tiempos, había hecho cuanto estaba a su alcance para atraer a los trabajadores y a sus sindicatos. Y fue precisamente en estos momentos cuando impulsó al máximo grado su política social, apuró los tiempos para que la CGT fuera la única central sindical que contara con reconocimiento del Estado y apoyó con vigor político y oratorio creciente los paros de actividades y las reivindicaciones obreras. Sabedor de que estaba contra las cuerdas, de que perdía antiguos aliados y contaba ya con poco tiempo por delante, y de que sus apelaciones a industriales y terratenientes para que apoyaran las reformas tenían escaso eco, Perón dedicó todas sus energías a presentar el conflicto que dividía en dos a la Argentina como el choque entre un pueblo sediento de justicia social y una oligarquía egoísta, obediente a los poderosos del extranjero y muy dispuesta a ocultar ese choque tras la falsa dicotomía fascismo-democracia.

Eso no impidió que Perón siguiera invocando las encíclicas pontificias y aludiendo a un panorama de organización corporativa del equilibrio social, bajo la tutela del Estado. Pero la urgencia de reunir en su torno a un ejército numeroso de trabajadores dispuestos a sostenerlo lo llevó a forzar los tonos, con incitaciones al paro y demagógica celebración de las innatas virtudes obreras, para lo que recurrió a manos llenas al repertorio maniqueo de las representaciones del bien contra el mal, del pueblo contra sus enemigos y de la patria contra quienes la amenazaban.

Aunque nadie lo intuyó, y ninguno se lo esperaba, el éxito de Perón fue inmenso. La magnitud de ese éxito revolucionó la historia argentina, como poco a poco fueron comprendiendo todos a partir del 17 de octubre de 1945, el día en que, efectivamente, ese pueblo trabajador acudió a salvar a Perón. De simple pieza de un rompecabezas que incluía otras, con las que se debía combinar para formar un todo armónico y equilibrado, los trabajadores organizados pasaron a ser, con mucho, la pieza más importante del mosaico, superando a todas las demás. Y ello fue el preludio del extraordinario poder que adquirirían en el naciente universo peronista.

El nacimiento del peronismo y el triunfo electoral

La euforia de la oposición escaló a las estrellas después del extraordinario éxito de la marcha de setiembre. Perón, en cambio, parecía haber llegado ya muy cerca del límite de una carrera política brillante, pero breve. Y más se reforzaba esa idea por el caos que reinaba en los cuarteles: mientras sus hombres más fieles permanecían ahora a la defensiva, la Marina y los moderados que en otro tiempo habían sido derrotados por él en su portentoso ascenso, olfateaban la revancha inminente, con el cauto, pero no menos explícito, apoyo de los Estados Unidos. Así fue que, cuando a fines de setiembre el presidente Farrell pensó en aquietar las conspiraciones en curso mediante una reproclamación del estado de sitio, con suspensión de las garantías constitucionales y redadas en las filas de la oposición, la crisis, en lugar de remitir, alcanzó su ápice. La respuesta de los estudiantes fue ocupar las universidades. La policía entró en ellas y las desalojó, a fuerza de bastonazos y detenciones; pero entonces las calles se convirtieron en escenario de choques de violencia cada vez mayor entre las facciones opuestas. Ése fue el momento preciso en que en las cúpulas militares, temerosas de una auténtica derrota, de la que las Fuerzas Armadas podrían salir hechas jirones, se impuso la decisión de librarse de Perón de una vez por todas, para lograr así una retirada decorosa. Quien más, quien menos, con calculado cinismo o de mala gana, casi la totalidad de los oficiales de más alta graduación había terminado por convencerse de que era preciso sacrificar a Perón, esa molesta manzana de la discordia.

De modo que el 9 de octubre, cuando Farrell mismo consintió en ceder a las presiones que desde la más poderosa guarnición militar del país pedían su cabeza, Perón dimitió de todos sus cargos. Pero allí no terminó la cosa, porque las nuevas autoridades, temiendo de sus manejos para recuperar el poder, determinaron que fuera internado en la isla Martín García, que se encuentra en medio del río de la Plata. Ésos fueron los días en que se decidió el futuro del país. Los oficiales que habían sucedido a Perón no tardaron mucho en darse cuenta de que la suya era una victoria a lo Pirro; no solamente porque la formación del nuevo gobierno fue sumamente complicada, sino sobre todo porque tuvieron que rendirse a la evidencia de que la oposición, tras obtener la caída de Perón, quería ahora la de sus compañeros de armas y exigía la cesión inmediata del poder a la Corte Suprema de Justicia. Alguien de entre los manifestantes había colgado de una pared del prestigioso Círculo Militar de Buenos Aires un cartel que rezaba “Se alquila”. Si el objetivo de los oficiales había sido salvaguardar el honor y la influencia del ejército, se habían equivocado de medio a medio.

Perón, mientras tanto, no arriaba sus banderas; y menos que él los dirigentes gremiales, desconcertados tanto por la dimisión del coronel como por el temor de que las conquistas sociales por él concedidas fueran borradas ahora de un plumazo por el nuevo gobierno. Comenzaron entonces las maniobras para movilizar a los trabajadores en defensa de Perón, una tarea en la que descollaron el coronel Mercante y el sindicalista Cipriano Reyes. En algunos lugares la noticia de la detención de Perón fue recibida con manifestaciones y paros de actividades, pero la CGT, en la que perduraban núcleos de desconfianza hacia Perón, tardó en decidir qué se debía hacer. Por fin la dirección de la entidad gremial proclamó el paro general para el 18 de octubre, pero evitando invocar como motivo de la medida la libertad de Perón, que entretanto había logrado que lo trasladaran de Martín García al Hospital Militar de Buenos Aires. Pero ya en la mañana del 17 comenzaron a converger hacia la Capital columnas de trabajadores, salidas de los suburbios industriales. Algunos se sumaban a instancias de algún fogoso dirigente gremial, pero otros eran movidos por la preocupación que les causaba el desconocimiento de la suerte corrida por Perón; lo cierto es que la mayor parte acudía en forma espontánea. Vinieron a encontrarse en Plaza de Mayo, ante los muros de la Casa Rosada, dispuestos a no abandonar el lugar hasta que tuvieran certeza de que el coronel había sido liberado. Todo ello sucedía bajo la mirada entre sorprendida y despreciativa de los transeúntes, incrédulos ante la presencia de esa multitud proletaria en el salón de visitas de la ciudad.

Ésa fue la histórica jornada del 17 de octubre de 1945, que se cerró con un Perón radiante y triunfador que con actitud tranquilizadora y paternal se dirigía a la multitud de “su” plaza. En adelante sería ésa la simbólica viga maestra de la iconografía peronista, incorporada a la lista de los feriados con el nombre de “Día de la Lealtad” de los trabajadores hacia su líder. Pocos fueron quienes comprendieron al vuelo la situación; la oposición acunaría todavía por largo tiempo la ilusión de que esa plaza colmada era un espejismo. Pero lo que en realidad había sucedido era que la base social tan prolongadamente cultivada por Perón se había revelado súbitamente como sujeto político destinado a revolucionar las tradicionales coordenadas de la historia argentina.

Comenzó entonces una larga y tensa campaña electoral en vista de las elecciones generales, fijadas para el 24 de febrero de 1946. Derrotados sus enemigos políticos, y reconquistado ese ejército que por un momento parecía haber escapado de su mano, Perón pudo consagrarse a la campaña con la certeza de que el gobierno formado después de la crisis respondería con docilidad a sus órdenes. Y en verdad, pasado el gran temor de tener que capitular ante la furia de estudiantes y partidos, el grueso de las Fuerzas Armadas exhaló un suspiro de alivio y descansó, por compartir la orientación de Perón o porque optaba por el mal menor, en aquel hombre que parecía poder evitar la derrota de la Revolución y garantizar algún futuro a sus ideales. Fue precisamente entonces, apenas sorteado el peligro, cuando Perón contrajo nupcias con Eva Duarte, la mujer que se transformaría en el astro más luminoso y controvertido de su régimen.

Con sus veintiséis años, Eva, de humilde origen y aspecto etéreo, era tan emotiva como determinada. Estaba dedicada a su carrera en la radio, de futuro tan incierto como sus dotes de actriz. Había conocido a Perón en enero de 1944, cuando colaboró en la gran colecta nacional organizada para las víctimas del terrible terremoto que acababa de destruir la ciudad de San Juan. En desafío a las convenciones morales de la época, Perón y Eva, él viudo, ella soltera, separados por más de veinte años, decidieron vivir juntos. Todos los bienpensantes, y muchos de los camaradas de armas de Perón, consideraron que se trataba de un público e indecente concubinato; se agregaron a ello muy pronto los comentarios malévolos que solían formularse a costa de Eva, como de cualquier mujer del espectáculo, para crear un clima hostil en torno de la pareja. Lo cierto es que el haber conocido a Perón acarreó muy pronto a la volitiva y ambiciosa Eva considerables ventajas, tanto en su carrera artística, que pronto abandonaría, como en su nueva función de propagandista del gobierno y de su flamante compañero.

El mito que se construyó en su torno, y que ella misma cultivaría una vez llegada al ápice de su gloria, la quiere en situación heroica, a la vanguardia de sus *descamisados, los trabajadores en mangas de camisa de la jornada del 17 de octubre de 1945. En realidad, hay certeza de que Eva no desempeñó papel alguno importante en esos sucesos, que más que nada vivió en la desesperante espera por conocer la suerte corrida por Perón. Lo concreto es que por entonces no era todavía Eva Perón, ni mucho menos Evita, sino una joven mujer semidesconocida de aquel mundo del trabajo que pronto cantaría sus loas. En todo caso, su contribución a la dramática crisis de octubre de 1945 había sido indirecta e involuntaria, aunque no menos emblemática de un aspecto de su personalidad, que más tarde saldría prepotentemente a flote. En efecto, el casus belli invocado entonces por los militares que querían deshacerse de Perón había sido el nombramiento al frente del Servicio de Correos de Oscar Nicolini, un hombre cuya única credencial era la protección que le dispensaba Eva.

A pesar de la enorme sorpresa vivida el 17 de octubre, muy pocos hubieran apostado a la victoria de Perón en las elecciones, y de hecho fueron escasísimos quienes la pronosticaron. En efecto, entre las dos fuerzas en pugna la diferencia en contra del coronel parecía desproporcionada. Además, para muchos resultaba inconcebible que la Argentina pudiera elegir al símbolo más vivo del régimen militar, ahora que soplaban sobre América nuevos vientos de democracia. La oposición se apuró a formar un frente que se llamó Unión Democrática (UD), un nombre especialmente elegido para subrayar que el eje de toda la campaña giraría en torno de la defensa de la democracia contra el fantasma del fascismo, representado por Perón. Visto desde afuera, aparecía como un frente invencible. Sostenía su estructura la Unión Cívica Radical, y lo apoyaban el socialismo, el comunismo y el partido demócrata progresista. Menos convincente, en cambio, resultó su candidato a la presidencia, José P. Tamborini. Era un político de larga trayectoria, de honestidad por lo menos tan grande como su ausencia de atractivo. No era, en suma, un hombre apto para el convulsionado clima de movilizaciones y de transformaciones que vivía el país; mucho más se le adecuaban el carisma de Perón y sus credenciales de ajenidad a la política tradicional.

Pero, además de estar sostenida por los más importantes partidos argentinos, la UD se valía del abierto apoyo político y financiero de los grupos económicos más potentes, y de la gran prensa de opinión, de antigua y categórica tendencia democrática y liberal. Y como si todo eso no bastara, tenía también en su favor el influyente y en modo alguno discreto apoyo de la administración Truman, rutilante de prestigio y poder al día siguiente de haber triunfado sobre el nazismo. Pero por muy portentosa que pareciera la acumulación de fuerzas, su naturaleza y composición eran tales que revelaban la existencia de contradicciones y grietas que, en definitiva, le serían fatales. Así, los partidos cargaban el lastre del descrédito en que había caído la democracia representativa por espacio de más de diez años, y a ese humor antipolítico de muchos electores se sumaba el anticomunismo de muchos conservadores y radicales que estaban dispuestos a votar a Perón con tal de impedir que el partido comunista pudiera entrar a formar parte de un gobierno. Y eso no era todo; el propio apoyo de la prensa liberal y de las organizaciones patronales eran armas de doble filo. Los tonos clasistas que con frecuencia revistió ese apoyo, que llegaron a veces al extremo de exhibir desprecio y esnobismo contra los proletarios que vivaban a Perón, cubrió como con un velo el programa de gobierno de la UD, para nada conservador, y agudizó el temor de los trabajadores por la eventual restauración social que podría acarrear la victoria de Tamborini. En cuanto al apoyo estadounidense, su condición invasiva fue un verdadero bumerán, pues ofreció preciosa munición de guerra al arsenal de la propaganda de Perón, quien se valió de esa circunstancia para enfervorizar a las masas con una imagen de lucha titánica por la defensa de la nación contra las pretensiones de sus enemigos extranjeros.

Al comienzo de la campaña electoral, Perón podía parecer, frente al acorazado de la UD, una frágil cáscara de nuez que marchaba a la deriva. No contaba con verdaderos partidos, gran parte de la prensa le era hostil, los sectores económicamente poderosos no veían la hora de librarse de él y otro tanto deseaba la primera potencia hemisférica y mundial. Pero esa imagen era en realidad engañosa, por lo menos en parte, ya fuera porque las graves soluciones de continuidad que minaban el vasto frente de sus opositores constituían otros tantos puntos a su favor, o porque había podido disponer de tiempo y recursos abundantes para administrar como mejor le había parecido el poder del Estado, con el propósito, justamente, de hacerse de seguidores. Y no sólo eso; pudo seguir haciendo uso sin escrúpulos de tal poder en esos meses decisivos, en que retuvo más que nunca en sus manos los hilos que movían al gobierno. Un típico ejemplo de ello fue el decreto que de un día para otro, y ya casi en vísperas de las elecciones, concedió a los trabajadores el aguinaldo, o sueldo anual complementario.

Pero, además, Perón podía apoyarse ahora en el sólido pilar gremial, en el del ejército, que volvía a ver en él la tabla de salvación de la Revolución, y en el menos explícito pero no menos influyente de la Iglesia católica, tanto en sus jerarquías (que en las proximidades de las elecciones hicieron pública su carta pastoral en la que indicaban que los católicos no podían votar por candidatos que fueran partidarios del divorcio y de la escuela laica, situación que afectaba directamente a los opositores de Perón) como entre la mayoría de la base de creyentes, muchos de los cuales estaban enrolados con entusiasmo en las filas de los partidarios de Perón.

Claro que para ganar las elecciones se necesitaban partidos, dotados de autoridades, listas de candidatos y un aspirante a la presidencia, que en el caso era ya Perón. Pero no era posible pensar, dada la escasez de tiempo, y en vista de la heterogeneidad de sus partidarios, que de buenas a primeras pudiera ver la luz “su” partido. Y, en efecto, su candidatura fue levantada por dos agrupaciones; la primera fue el partido laborista, fundado el 24 de octubre de 1945 por un grupo de dirigentes sindicales, celosos de su autonomía y hostiles a la clase política tradicional, que proponían una audaz política de nacionalizaciones y de distribución del ingreso; la segunda fue una fracción de la UCR, la llamada Junta Renovadora, que como contraposición a los compañeros de ruta laboristas podía considerarse la quintaesencia de las tradiciones políticas argentinas, y que evidenciaba una tendencia mucho más moderada y tenía a su favor considerables grados de experiencia política y administrativa, y tupidas redes de clientes que serían muy útiles en provincias del interior, donde la agremiación obrera tenía escaso peso. Fuera de estos dos partidos, la candidatura de Perón alcanzó amplios grados de consenso entre las clases dirigentes provincianas tradicionalistas y conservadoras, entre la juventud radical de tendencia nacionalista del grupo FORJA y en la Alianza Libertadora Nacionalista, pequeña pero ruidosa y violenta vanguardia de lo que quedaba del fascismo argentino. Aunque eran muy diferentes entre sí, todas esas corrientes compartían la misma convicción de que Perón representaba la defensa de la identidad y los intereses nacionales, frente a una coalición a la que, con igual seguridad, suponían al servicio de ideologías e intereses ajenos a la nacionalidad.

La campaña electoral estuvo punteada por concentraciones multitudinarias, numerosos incidentes, paros de trabajadores, lock-outs empresariales, ataques y atentados, y por interminables recorridos en tren de una punta a otra del territorio. Tamborini y los suyos tripulaban el Tren de la Victoria, y Perón, muchas veces con Eva a su lado, otro tren rival que era tirado por una locomotora apodada La Descamisada. La tensión era enorme, y no contribuían precisamente a reducirla los tonos del enfrentamiento, reflejo de la generalizada convicción de que el país había llegado a una encrucijada de su historia y tenía necesariamente que elegir: para Perón y los suyos, la elección sería entre pueblo y oligarquía; para los opositores, entre democracia y fascismo.

El toque final de este cuadro ya de por sí bastante dramático lo puso, desde Washington, Spruille Braden. A la luz de esta última iniciativa, y del agua que en definitiva aportó al molino de Perón, parece evidente que de no haber existido el ex embajador tal vez el coronel se habría visto en la necesidad de inventarlo. Decidido a librarse de Perón, Braden resolvió meter la cuchara en la campaña, sin comprender que frente a un candidato que había demostrado poseer tantos partidarios era sumamente arriesgado reducir las elecciones a un plebiscito sobre la democracia. Así fue que el 11 de febrero de 1946 el Departamento de Estado publicó el Libro azul, una apresurada y con frecuencia poco escrupulosa colección de documentos que pronto se haría celebre. La publicación recogía deposiciones, crónicas y testimonios que se orientaban a demostrar que Perón y el régimen militar del que había nacido tenían estrechos vínculos con las potencias del Eje. Los hombres de la UD se alegraron, pensando que aquél sería el golpe del knock-out que mandaría a su rival a la lona. Sin embargo, se equivocaban: tan pesada interferencia de los Estados Unidos venía a corroborar la imagen, cara a Perón, de un enfrentamiento entre la Argentina y sus enemigos exteriores, en el que la UD representaba el poco lucido papel de caballo de Troya. Con astucia y rápidos reflejos, Perón no vaciló un momento en tapizar las paredes de todas las ciudades argentinas con unas fajas en las que se leía sólo “Braden o Perón”; al mismo tiempo, preparaba y mandaba a la imprenta un contradocumento defensivo, cuyo título era más importante que su contenido: Libro azul y blanco, los colores de la bandera argentina.

Por fin, custodiadas por las Fuerzas Armadas y en un clima de incandescencia que, sin embargo, no llegó a contaminar su pureza, el 24 de febrero de 1946 se hicieron las tan deseadas elecciones. Más de un mes duró la espasmódica espera de los resultados definitivos, que concluyó con la confirmación de que Perón, sorpresivamente, le había ganado a Tamborini por una diferencia de más de 300.000 votos. En términos porcentuales, el candidato triunfante había sido votado por el 55% de los argentinos varones mayores de edad, pero por efecto de la ley electoral vigente su coalición ocupaba más del 66% de las bancas de la Cámara de Diputados y todas las del Senado, menos dos. El país seguía partido en dos, pero ahora las riendas descansaban firmes en las manos de Perón.

3. La edad de oro
1946-49

El boom económico. Industria y nacionalismo

El 4 de junio de 1946, en el aniversario de la revolución de 1943, Perón juró el cargo de Presidente constitucional y dio inicio a su primer mandato. Antes de cederle la banda presidencial, Edelmiro J. Farrell había decidido promoverlo a general de brigada. Ningún obstáculo serio se oponía ya entre él y la mil veces proclamada intención de fundar la “nueva Argentina”: había sido elegido, pero la suya, no dejó de repetir, seguía siendo una Revolución. En esos momentos comenzó la época más brillante de su gobierno, que duraría más o menos un trienio, como si se tratara de un largo y alocado ascenso a toda carrera, destinado a no interrumpirse ya. Su popularidad y la de Eva fueron creciendo, sus adversarios no tuvieron más remedio que beberse el amargo trago de la derrota y la coyuntura económica le aseguró los abundantes recursos necesarios para la realización de su programa.

Ese programa, resumido en eslogan que incluso sería incorporado al preámbulo de la Constitución que se promulgaría en 1949, perseguía la obtención de tres postulados: independencia económica, soberanía política, justicia social. Ambicionaba, en resumidas cuentas, la regeneración integral de la sociedad argentina, con la convicción —típica de las revoluciones— de que antes del providencial advenimiento de Perón esa sociedad había vivido envuelta en las tinieblas. Para que tantos y tan grandes objetivos pudieran ser alcanzados, se requerían condiciones especialmente favorables, empezando por una base económica sólida que permitiera contar con los recursos y la autonomía necesarios para que el cambio de rumbo impulsado por el anterior gobierno militar terminara de cumplirse. En suma, la política económica debía ser uno de los ejes fundamentales de la “nueva Argentina”, del que dependerían las esperanzas de alcanzar éxito en los demás aspectos que se perseguían.

Ciertamente, Perón no era un economista: le gustaba teorizar acerca de la superioridad de la política sobre las leyes económicas, a las que miraba con desprecio apenas simulado, y acerca de los escrúpulos de los economistas, de quienes desdeñaba la pedantería. No fue casual que encomendara la dirección de la política económica a Miguel Miranda, un empresario con fama de mago de las finanzas y más considerado por su intuición, su determinación y su audacia, que por ser dueño de un conocimiento sólido de la ciencia económica. Esto no significa que Perón no tuviera firmes convicciones en materia económica, la primera de las cuales era, justamente, esa de que la economía debía estar al servicio de la política. En el caso concreto, la economía debía ser un instrumento por medio del cual su gobierno llevara a buen fin la Revolución, recuperando la soberanía nacional y asegurando a la sociedad argentina mayores grados de equidad y cohesión.

Una segunda convicción, vinculada directamente con la primera, era que la doctrina del liberalismo económico era perjudicial y estaba ya perimida, y que la Argentina debía librarse de ella cuanto antes. A dicha doctrina, y a sus consecuencias, atribuía Perón tanto la creciente división de la sociedad, portadora de revoluciones “antinacionales”, como la subordinación de los intereses nacionales a los de las potencias industriales. Y no es que se propusiera suprimir la economía de mercado, pues el modelo colectivista soviético le parecía aun más odioso y ajeno. Lo que creía era que las energías económicas debían estar estrictamente sometidas a la guía del Estado, que tenía absoluto derecho de hacer de ellas el uso que considerara más adecuado para los fines de alcanzar la grandeza nacional, la unidad y la armonía. Por lo tanto, el Estado debía ser la viga maestra de todo el sistema económico, el regulador de la actividad productiva, el supervisor de ojo atento del comportamiento de cada sector, el árbitro con poder suficiente para proclamar vencedores y vencidos, y para discernir premios y castigos, tanto en las relaciones entre capital y trabajo como entre las diferentes ramas de la economía; y todo ello debía hacerse en nombre de los supremos intereses de la nación. Para lograr ese fin, era no sólo urgente y necesario, sino obligatorio y de estricta justicia, nacionalizar sectores enteros, asumir el control del comercio exterior, planificar cuotas de producción y áreas de asignación de los recursos, manejar el crédito, etcétera. No puede decirse, en verdad, que el peronismo al proceder de ese modo estuviera abriendo, como pretendía, una vía nueva e inexplorada. Lo que hacía era ir tras las huellas de otros numerosos regímenes políticos, algunos democráticos y otros autoritarios, unos más conservadores y otros más progresistas, que habían buscado en el dirigismo estatal —sobre todo a partir de los años ’30— una salida del oscuro túnel de la guerra y la depresión.

La tercera convicción fundamental de Perón, asimilada en los cuarteles, donde era un dogma reverenciado, y que había sido robustecida por la reciente guerra, era que resultaba urgente eliminar la tradicional dependencia argentina de la exportación de sus materias primas agrícolas, dirigida especialmente al mercado británico, y de la importación de productos elaborados y maquinaria industrial, que principalmente venían de los Estados Unidos. La clave para acertar a ingresar en la espiral virtuosa que permitiría a la economía argentina sustraerse del yugo de la dependencia sería la industrialización, hacia la cual, en efecto, Perón quiso orientar los recursos y las energías del país. La industria debía ser prenda de desarrollo, que incrementaría la fuerza y la influencia argentina, pero también de bienestar, porque produciría ocupación e ingresos; pero por encima de todo proporcionaría soberanía y seguridad, rescatando a la Argentina de esa vulnerabilidad que primero la crisis de 1929 y después el aislamiento padecido durante la guerra habían hecho evidente. Tal vulnerabilidad se traducía tanto en una extrema volatilidad de los ciclos económicos del país como, sobre todo, en pesados condicionamientos de sus decisiones políticas y sus alianzas en el campo internacional.

Por último, Perón temía que tras la conclusión de la guerra sobreviniera un largo período de inestabilidad económica y política internacional, y estimaba probable una nueva guerra entre aquellas potencias a las que sólo el enemigo común había podido impulsar a luchar en un mismo bando. Pensaba que la economía argentina estaba expuesta a sufrir los topetazos provenientes de un mundo ocupado en lamerse las heridas que le había dejado el conflicto, y de interlocutores comerciales con escasa liquidez y proclives a encerrarse en sí mismos. ¿No había sucedido ya algo parecido al término de la Primera Guerra Mundial? ¿Y ello no había sido causa de graves convulsiones, que minaron las bases del orden social argentino? La historia, pues, no debía repetirse; y si realmente estallaba otra guerra, era preciso que la Argentina contara con medios que le permitieran sobrevivir a la parálisis de los intercambios comerciales que sería su consecuencia, y decidir con autonomía, a salvo de cualquier clase de chantaje, si le convenía participar en esa guerra y cómo lo haría. Todas esas circunstancias reforzaban en Perón el convencimiento de que su país tenía que apuntar, ante todo, a potenciar el mercado nacional. Con ese fin, Miranda instauró una política típicamente expansiva, basada en el estímulo al consumo y, en general, a la demanda interna, que pudiera estimular el crecimiento productivo y proteger las industrias que habían florecido en el transcurso de la guerra. La ocupación plena, la distribución más justa del ingreso, las facilidades para acceder al crédito y todas las demás consecuencias de esa política consolidarían su movimiento, ampliarían el consenso de que gozaba y prevendrían las agitaciones revolucionarias de la inmediata posguerra.

Desde luego, para llevar a cabo todo eso se necesitaban ingentes recursos. La Argentina de 1946 los tenía en buena cantidad; durante la guerra había acumulado reservas monetarias notables, y ahora que los mercados estaban reabriéndose se hallaba en condiciones de lanzarse a cuantiosas adquisiciones, generosos gastos y ambiciosas inversiones. Hasta 1948, cada uno de los indicadores anunciaba buen tiempo; tanto la balanza comercial como la de pagos mostraban saldos sustanciosamente activos. Si bien poco a poco fueron decreciendo las reservas y los activos comerciales, ello se debió sobre todo al hecho de que las importaciones, impulsadas por la demanda de maquinarias y de energía para la industria, y por la convicción de Perón de que frente a la guerra inminente era conveniente que la Argentina alcanzara el mayor grado posible de autosuficiencia, se multiplicaron por seis. Es cierto que la declaración de inconvertibilidad de la libra esterlina, decretada por los británicos, congelaba el superávit con Gran Bretaña y hacía imposible utilizar esos recursos en la adquisición de productos industriales norteamericanos; sin embargo, más de la mitad de las reservas de divisas que custodiaba el Banco Central en 1946 estaba en dólares y oro, que podían ser libremente empleados. Y no sólo eso: tan ingente cantidad permitió al gobierno mantener estable el valor de la moneda y contener la inflación dentro de límites aceptables, con consecuencias sumamente positivas para el nivel de los salarios. Para completar este cuadro de tinte predominantemente rosado, había precios elevados y una inmensa demanda para el bien que abarrotaba los silos de la Argentina: el trigo, nuevo y auténtico maná en un mundo asediado por el hambre.

De acuerdo con esas premisas, Perón y Miranda sólo tenían que hacerse de los instrumentos operativos necesarios para poner en marcha una política económica que cambiara el rostro productivo y social de la Argentina. A ese propósito, Perón había inducido a Farrell, antes incluso de instalarse en la Casa Rosada, a nacionalizar el sistema financiero. El Banco Central, lejos ya de actuar de manera autónoma, se convirtió, bajo la dirección de Miranda, en instrumento de la política monetaria y crediticia del gobierno, reduciendo a los bancos privados al papel de meros ejecutores de sus instrucciones. Cuáles fueran esas instrucciones quedó develado por el alud de créditos aprobados en esos primeros años de gobierno y por los sectores en que se concentraron. En efecto, entre 1945 y 1948, el número general de créditos concedidos se multiplicó por cinco, pero los otorgados al sector privado lo hicieron por tres, y los concedidos al sector público por treinta (los recibidos por la industria se multiplicaron por seis, y los del sector agropecuario por dos). Todos esos créditos eran concedidos a tasas de interés inferiores a la inflación, vale decir, en condiciones extraordinarias. Inútil será decir que el beneficio fue un poco para todos, inversores y consumidores, y que al compás del nacimiento de nuevas industrias la Argentina vivía una feliz etapa de plena ocupación.

Pero el más importante de los instrumentos de la política económica de Perón fue el IAPI (Instituto Argentino de Promoción del Intercambio). Creado en mayo de 1946, fue puesto también en manos de Miranda, que hizo de él algo así como el puesto de avanzada del inmenso poder que había acumulado. Entre las mil funciones confiadas al IAPI, sin duda la tarea clave fue el control del comercio exterior. Cuando menos hasta 1948, el IAPI pagó a los productores agrícolas, obligados a venderle su producción, alrededor de la mitad del precio de venta en el mercado internacional, mientras que el Estado la colocaba a precio real en dicho mercado. De esa manera, no solamente fijó precios máximos para los alimentos en los comercios minoristas del país, con la consiguiente ventaja para el bolsillo de los trabajadores y, de rebote, para el crecimiento general del consumo, sino que transfirió de la economía rural a la urbana, a través de inversiones, créditos, subsidios y otras medidas, una parte importante de las jugosas ganancias obtenidas.

La citada estrategia quedó expresada en el Primer Plan Quinquenal para el desarrollo, del cual Perón y su fiel colaborador Figuerola efectuaron un exhaustivo análisis de la disponibilidad potencial de fuentes energéticas y de materias primas, y sobre esa base desarrollaron un plan de inversiones públicas masivas, destinado a aprovechar tales recursos. Naturalmente, el objetivo era apurar la industrialización, cosa que realmente sucedió. Pero el plan, impulsado por el espejismo de la autosuficiencia, no intentó seleccionar mucho entre industrias “naturales” (dedicadas a la manufactura de bienes en los que Argentina era rica) e industrias “artificiales” (que sólo podían crecer a la sombra de los subsidios estatales y del proteccionismo aduanero). En todo caso, los resultados fueron impresionantes, al menos en ese primer trienio, al punto de justificar el exuberante optimismo de Perón, quien al elevar el plan al Congreso había dicho que “… para realizarlo, no será dinero lo que falte”. Así, bastará decir que el producto bruto interno creció a un ritmo de 8%, y el consumo a un espectacular 14%, y que quienes más se beneficiaron con el proceso de sustitución de importaciones y el despegue del consumo popular, que fueron sobre todo las ramas principales de la industria liviana, la textil, la alimentaria y la de producción de electrodomésticos, tuvieron en apenas tres años crecimientos superiores al 100%.

Como era lógico que sucediera, el modelo económico adoptado por Perón implicó también una seguidilla de nacionalizaciones, con el consiguiente incremento del peso del sector público en la economía, que en tiempo brevísimo pasó del 36% al 47%. En efecto, el Estado tomó el control de los servicios públicos y las fuentes de recursos energéticos: gas, teléfonos, puertos, reaseguros, transportes urbanos y así por el estilo. Pero la nacionalización que más enorgulleció a Perón fue la de los ferrocarriles, en cuya adquisición a sus propietarios ingleses el gobierno empleó las libras inconvertibles que los británicos adeudaban. Sobre la conveniencia de tal nacionalización arreció la polémica; muchos historiadores formulan serios reparos, considerando el estado de obsolescencia en que se encontraban los ferrocarriles británicos y los enormes desembolsos que exigiría su renovación. Pero ese acto fue para Perón el coronamiento simbólico de la “nueva Argentina”, libre y soberana, que debía su emancipación del dominio español al general San Martín y que ahora él arrebataba al dominio económico inglés. *“Perón cumple”, proclamaba un enorme pasacalle fijado al frente del palco desde el cual, el 1º de marzo de 1948, menos de una semana antes de las elecciones de renovación de bancas parlamentarias, el gobierno tomó posesión oficial de los ferrocarriles británicos. La Argentina había alcanzado su independencia económica, proclamó repetidas veces Perón. En efecto, los progresos logrados eran evidentes y enormes. Pero muy pronto, antes aun de que terminara ese año 1948, algunos problemas irresueltos empezaron a asomar a la superficie; la onda expansiva del boom económico se atenuó, y dejó en descubierto la cara menos rutilante de la moneda.

Políticas sociales. La equidad; la construcción de consenso

En sus primeros tres años, la presidencia de Perón llevó a cabo tal distribución de la riqueza y estimuló hasta tal punto el consumo popular que se creó un aura verdaderamente mítica, destinada a plasmar su identidad para siempre, y con mayor razón a partir del momento en que aquellos años de vacas gordas se esfumaron en un recuerdo remoto, pero admirable, más brillante todavía a la luz de las penurias que siguieron. Sería difícil decir en qué medida esa poderosa corriente de bienestar fue debida a las especiales condiciones que adquirió en la posguerra la economía argentina, y hasta qué punto se debió al genio de Perón y a las decisiones tomadas por él y su movimiento. Igualmente arduo sería establecer si las restricciones de los tiempos que siguieron fueron en realidad el precio que la Argentina se vio obligada a pagar por esos años de euforia y superabundancia, y durante los cuales su comportamiento fue el de la cigarra antes que el de la hormiga. Lo único indiscutible es que fueron precisamente las políticas sociales las que se impusieron como el verdadero baluarte del gobierno peronista: fueron el adhesivo que lo mantuvo unido, el propelente que le aseguró una popularidad a toda prueba. La “justicia social”, por opinable que sea en cuanto concepto, se convirtió así, en efecto, en su marca de fábrica, sacada a relucir en cada marcha callejera, en cada acto político, en cada manifestación. Por otra parte, la ocupación plena, los aumentos de salarios y una mayor equidad en el acceso a los recursos figuraban precisamente a la cabeza de la lista de objetivos de Perón, convencido de que únicamente de ese modo podría la Argentina, además de ser más justa, alcanzar mayor armonía, mantenerse más firmemente unida y ser más poderosa.

En relación con esto, los datos son más elocuentes que cualquier comentario. Empezando por los aspectos macroeconómicos, puede verse que la porción de riqueza nacional que constituía el pago de los asalariados, que en 1946 todavía era el 37% del total, llegó tres años después al 40%, y en 1950 al 47%. Por primera vez en la historia argentina, los salarios recibían una tajada más grande que la que obtenían las ganancias de capital, las rentas y los intereses financieros. Y no es que se tratara de aumentos sólo nominales, sobre todo en los primeros tres años de gobierno; durante ese lapso, el poder adquisitivo de los trabajadores dio un repentino salto hacia adelante, que según algunas estimaciones fue del 40%, pero que otros hacen llegar incluso al 60%. No puede sorprender, entonces, que el consumo, que en 1945 constituía el 81% del producto nacional, creciera en un trienio hasta alcanzar el 93%. Para dar un ejemplo, el consumo de carne creció hasta el punto de reducir a extremos raquíticos los saldos exportables, y eso a pesar de que fue en esa misma época cuando la producción alcanzó su pico histórico. Tanto el consumo de vino como el de cerveza crecieron alrededor del 40% en pocos años, en demostración de que en las mesas de las familias argentinas empezaban a abundar bienes que antes eran raros; por otra parte, las comidas de esas mismas familias se preparaban a partir de 1949 en artefactos de gas, y era cada vez más común ver en las casas una heladera eléctrica (sus ventas se multiplicaron por cuatro), y en los placares de sus dormitorios muestras de indumentos y zapatos que, a juzgar por los incrementos de las ventas, eran mucho más nutridas que en el pasado.

Tampoco puede sorprender, por otra parte, si se tiene en cuenta el papel que Perón atribuía al Estado, que un significativo aumento de la presión fiscal se correlacionara con el boom del gasto público, que pasó de un mísero 21% de los años de preguerra a aproximadamente el 30%. No hay que olvidar, además, que el gobierno siguió apoyando a los sindicatos en sus negociaciones con las patronales, lo que llevó a la celebración de convenios sumamente ventajosos para los trabajadores. Esa corriente distributiva, la más considerable de la historia argentina, no se basaba sólo en aumentos de salarios; basta pensar en las numerosas medidas adoptadas por el gobierno para controlar los precios de los bienes de primera necesidad y las tarifas de servicios esenciales, como la electricidad, los teléfonos, el transporte automotor, y en la morigeración impuesta a los alquileres de bienes raíces (en 1947, el 70% de los habitantes del Gran Buenos Aires habitaba viviendas alquiladas), que hizo que el gasto por locaciones para vivienda fuera prácticamente nulo, en comparación con el alza del costo de vida.

Por todo lo indicado, es indudable que los primeros años del peronismo transcurrieron en un clima efervescente, que estuvo caracterizado por un fenómeno que afectó hasta extremos inéditos y en medida diversa a casi todos los sectores sociales, pero principalmente a las capas medias y populares: la movilidad social, desde luego ascendente. A su vez, esa movilidad reflejaba a un país que cambiaba su cara a medida que las áreas rurales se despoblaban y crecían las cifras de ocupados en el sector industrial y, aun más significativamente, en el terciario. La profunda huella dejada por ese período excepcional e irrepetible quedó recogida en el censo de 1960, el primero después del ordenado por Perón en 1947. De sus cifras resultaba que la mitad de los hijos de los obreros había entrado a formar parte de la clase media, y otro 40% había subido al cielo de la calificación de trabajador especializado, abandonando los tristes círculos de la mano de obra no especializada.

Como es natural, la movilidad social encontró un canal privilegiado en el sistema educativo. La educación argentina no tenía que partir de cero, porque la clase dirigente liberal le había dispensado siempre máxima atención; pero tampoco caben dudas de que el peronismo, un poco para responder a la masiva urbanización y mucho para favorecer la integración social y el compromiso nacional de las familias obreras, invirtió desde el principio abultadas sumas en educación. Los resultados no faltaron, pues la inscripción en establecimientos de todos los tipos aumentó con mayor rapidez que el crecimiento demográfico, como una demostración de que la escuela primaria abría ahora sus puertas a miembros de las capas más marginales de la población, y la escuela secundaria a muchos hijos de empleados y obreros. Algo parecido sucedió también en las universidades, cuya matrícula creció a un ritmo anual superior al 10%. No fue casual, pues, que la tasa de analfabetismo, ya baja en relación con los estándares comunes en países de América latina, descendiera por primera vez por debajo del 10% en la población mayor de 14 años. Hay que decir, por lo demás, que desde sus primeros años de gobierno Perón se apresuró a transformar a la escuela en un instrumento que pudiera plasmar nuevas generaciones de argentinos en armonía con los dictados de su Revolución: programas, libros de texto y selección de los docentes fueron amoldados, pues, al nuevo curso político. En las universidades, el intento implicó una nueva y amplia oleada represiva, dirigida a sofocar el clima de antiperonismo que en ellas reinaba. Nuevamente intervenidas por Farrell en abril de 1946, las casas de estudios se sublevaron, hasta que el orden reimpuesto por Perón llegó de la mano con la dimisión o el despido de alrededor del 70% de los docentes, reemplazados mayormente por hombres en sintonía con el gobierno (mejor si tenían credencial del partido peronista…), y por la suspensión o la expulsión de numerosos estudiantes. Por último, la pax peronista descendió sobre las universidades en octubre de 1947, con una reforma que confiaba la designación de los rectores al ministro del ramo y suprimía toda forma de autonomía y de representación estudiantil.

Otro sector en el que las políticas sociales del gobierno peronista introdujeron profundos cambios y produjeron grandes frutos fue el sanitario. Confiado a Ramón Carrillo, médico católico dotado de excelentes dotes organizativas, y excelentemente financiado, el Ministerio de Salud Pública aumentó en poco tiempo la cantidad de camas hospitalarias y llenó toda la Argentina de dispensarios y salas de atención ambulatoria. Tampoco se detuvo en eso, ya que llevó a cabo eficaces campañas para acabar con las enfermedades endémicas que todavía afligían al país, o para mejorar la prevención sanitaria, al menos mientras el gobierno pudo disponer de los recursos suficientes para respetar el ambicioso plan de inversiones en la red cloacal y en otros aspectos de infraestructura. Bien pronto se vieron los resultados, pues la mortalidad infantil comenzó a disminuir, mientras crecía la expectativa de vida de la población. Tampoco en este campo faltaron las sombras que oscurecían un paisaje, en líneas generales, brillante. El sueño, caro a Carrillo, de un sistema sanitario que fusionara dentro de una estrategia integrada las intervenciones de tratamiento de las enfermedades y la asistencia social fue sacrificado a la decisión política de disociar este último aspecto, fundamental, del cual pasó perentoriamente a ocuparse Eva Perón. De igual modo, la idea de basar el sistema en un principio universalista, de prestaciones iguales para todos los ciudadanos, naufragó muy pronto bajo los embates corporativos, en especial los de los sindicatos más poderosos, celosos de los servicios sanitarios que sus organizaciones mutuales comenzaban a ofrecer a los afiliados y sus familias.

Las consecuencias distributivas de las políticas peronistas también tuvieron su manifestación en la construcción de viviendas populares, que sirvieron para paliar el gravísimo déficit habitacional que padecían las grandes áreas urbanas, y en especial la Capital de la república. Estimulados por los generosos créditos del Banco Hipotecario y por las facilidades de una ley específica de 1948, e indirectamente por la prisa con que muchos propietarios tomaron la decisión de deshacerse de inmuebles que a consecuencia de la congelación dispuesta por la ley de alquileres ya no producían renta alguna, muchos inquilinos pudieron, por primera vez, comprar la vivienda que ocupaban. Pero tampoco en este caso hubo sólo efectos virtuosos. Por un lado, la mayor parte de quienes pudieron llegar a ser propietarios pertenecían al sector medio o a la “aristocracia” obrera, mientras que los millares de trabajadores recién llegados a las ciudades no tenían otro remedio que aglomerarse en las llamadas *villas miseria; además, el ritmo de crecimiento de las ciudades más grandes fue tan elevado que pronto el gobierno empezó a retrasarse en las necesarias obras de urbanización, con lo que la mayor parte de las viviendas no podía acceder al agua corriente ni a la electricidad.

Algo parecido, en fin, pasó también en el plano previsional, en el cual la “nueva Argentina” peronista completó el embrionario sistema jubilatorio creado por la clase dirigente liberal a principios de siglo y parcialmente desarrollado por los gobiernos posteriores, incluido el de la Revolución de junio. Transcurridos los primeros tres años de gobierno, los cotizantes eran ya más de dos millones y medio; en tanto, el Plan Quinquenal preveía un sistema de seguridad social universal, que garantizaría una pensión a todos los trabajadores a partir de los sesenta años, y una cobertura aseguratoria en caso de enfermedad, accidente, desocupación, etcétera. Es más, en 1948 una ley instituyó la concesión de pensiones a todos los ancianos sin medios de subsistencia, si bien limitada sólo al territorio de la Capital. Por hallarse en etapa todavía embrionaria, este sistema al que muchos contribuían, pero del que todavía eran pocos los que se beneficiaban, podía proporcionar a las cuentas públicas enormes cantidades de capital con que financiar inversiones y gastos estatales.

En síntesis, la previsión social dio un inmenso salto adelante, y la mayor parte de los trabajadores se sintió por primera vez protegida por el Estado. Al mismo tiempo, pronto se hizo sentir la resistencia de los sindicatos que, gracias a su mayor fuerza de negociación, contaban con servicios mutuos sectoriales más ricos. Por eso no llegó a ver la luz un auténtico sistema jubilatorio universal, sino que prevaleció una extremada fragmentación corporativa, en la que quienes mayores ventajas obtuvieron fueron aquellos que ya estaban mejor: una característica que se convirtió en rasgo típico del Estado de bienestar peronista.

Bases corporativas del orden político peronista

Perón llegó al poder por la vía electoral y juró fidelidad a una Constitución que le imponía las típicas trabas de un Estado de derecho y de un sistema político democrático. En otros términos, ello lo comprometía a respetar la separación de poderes, los derechos individuales fundamentales, el pluralismo político, la libertad de prensa y de opinión, etcétera. Pero Perón tendía a concebir su éxito como una revolución, como el proceso de emancipación del “pueblo” respecto del dominio oligárquico e imperialista, y el rescate de la identidad histórica argentina respecto de las ideologías que la habían socavado. Ello lo inducía a considerarse investido de una legitimidad que iba mucho más allá de los límites fijados por la carta constitucional en vigor, que no era otra, naturalmente, que la decididamente liberal de 1853. Por lo tanto, la investidura a través de elecciones fortaleció la ya sólida convicción de Perón de que poco importaba que la Constitución pusiera límites a su poder, pues la soberanía otorgada por el pueblo le daba el derecho de ir más allá de su espíritu y, si fuera necesario, de infringir también la letra. Después de todo, ¿no era la suya una revolución popular y antiliberal?

Así, una vez electo Presidente, Perón se abocó a fundar un orden político conforme con los principios doctrinarios de su Revolución, lo cual significa que se dio a la ardua empresa de organizar la sociedad argentina sobre bases corporativas, si bien manteniendo inalterada en lo formal la estructura liberal del Estado. Al concebir a la nación como una suerte de organismo, cuya salud dependía de la armonía entre los diferentes órganos y de la neutralización de sus enemigos, Perón intentó inducir (u obligar) a todos los sectores sociales, y a todas las instituciones del Estado, a que se organizaran y contribuyeran, cada uno en su específica función, en la edificación de la “nueva Argentina”. Al hacerlo, tendió cada vez más a concentrar el poder en sus manos, privar de sus tradicionales funciones a las instituciones representativas y alterar el Estado de derecho. De ahí que, poco a poco, la estructura liberal consagrada en la Constitución fuera debilitándose y comenzara a transformarse en un simulacro detrás del cual se alzaba, portentoso, el poder del Estado peronista y de las mayores corporaciones: los sindicatos, las Fuerzas Armadas, la Iglesia y aun otras. Por su parte, la oposición, a la que ni siquiera la derrota electoral había dotado de mayor prudencia, adoptó actitudes tan intransigentes y provocativas que, paradójicamente, sirvieron para facilitar el propósito de Perón de marginarla de la vida política.

Para empezar, muy pronto la separación de poderes quedó reducida a poco menos que una farsa. Con dominio absoluto del Senado y neto predominio en la Cámara de Diputados, los legisladores peronistas relegaron al bloque de los cuarenta y cuatro diputados radicales a la función de ruidosos, pero impotentes, testigos de la revolución peronista. Alguna vez que las críticas subieron de tono o se pasaron de la raya, la mayoría optó por formular la acusación de “desacato al Presidente de la República”, y dejar definitivamente fuera del recinto al legislador díscolo. Aunque divididos en grupos contrapuestos, los representantes del peronismo en el Congreso se hallaban unidos por una ciega fidelidad a Perón, que quedaba asegurada con las órdenes que él impartía en sus diarios encuentros con las autoridades de bloque parlamentario. Por otra parte, no era precisamente un estímulo a la capacidad de juicio autónomo de los legisladores peronistas el hecho de que la mayoría de ellos no se destacara por experiencia política ni por preparación intelectual, y debiera directamente a Perón el enorme privilegio de ocupar una banca en el Parlamento. En resumidas cuentas, el Congreso se fue transformando de a poco en caja de resonancia de las decisiones de Perón; en un lugar donde los debates, salvo raras excepciones, eran escasos y previsibles, si es que no tomaban la forma de homenajes al jefe. Hubo decisiones de importancia que el Congreso tomó apenas en horas.

Análogo fue el destino del Poder Judicial, si bien su absorción implicó el empleo de dosis más elevadas de arbitrariedad y coacción. Temiendo que la Corte Suprema, el organismo que tenía a su cargo velar por la constitucionalidad de las leyes, pusiera palos en las ruedas de su Revolución, Perón encargó a los legisladores que le respondían que incoaran los procesos de destitución de la mayoría de los ministros de la Corte. Es verosímil pensar que los miembros del tribunal, todos ellos nombrados antes del arribo de Perón al poder, difícilmente hubieran estado dispuestos a secundarlo en sus iniciativas; empero, resulta grotesco el pretexto constitucional invocado por senadores y diputados peronistas para desembarazarse de los ministros: les imputaron haber faltado a sus obligaciones de jueces del supremo tribunal al reconocer como legítimos los dos gobiernos surgidos de los golpes de estado de 1930 y 1943; a uno de ellos debía Perón su extraordinario encumbramiento. Lo cierto es que en abril de 1947 el Congreso destituyó a todos los miembros de la Corte, con excepción de uno: Tomás Casares, un jurista católico en sintonía con la “nueva Argentina”. Los magistrados removidos fueron sustituidos por togados de incuestionable lealtad. Abierto ya el camino, hubo en todo el país una purga a fondo de miembros del Poder Judicial. A partir de allí fue un valor corriente que, toda vez que un juez pusiera un obstáculo a la marcha de la Revolución, el gobierno debía buscar la manera de neutralizarlo o sacarlo de en medio.

Ni siquiera las provincias quedaron libres del afán por ordenar, organizar y unificar la vida nacional bajo la autoridad de Perón y al servicio de la Revolución: con la sola excepción de Corrientes, en 1946 todas habían elegido gobernadores peronistas. A no dudarlo, la consagración del federalismo por el texto constitucional no bastaba para proteger las autonomías provinciales. De todos modos, fueron más que nada los violentos enfrentamientos entre grupos peronistas, en parte causados por diferencias políticas, pero más que nada por las luchas desatadas para apropiarse de los despojos de la victoria, los que entre 1946 y 1949 obligaron a Perón a enviar la intervención federal a un significativo número de provincias. Naturalmente, la única que había permanecido en manos opositoras no se salvó de ser intervenida, ya en setiembre de 1947.

No sólo la organización del Estado y sus tres poderes debieron adaptarse al nuevo curso. Otros principios liberales, teóricamente protegidos por la Constitución, fueron también objeto de duros ataques. Resulta típico, a ese respecto, el caso de los medios de comunicación. Es verdad que hasta 1946 los medios de orientación liberal eran dueños de la situación; sin embargo, el panorama cambió con suma rapidez. Así, por ejemplo, el más difundido y popular de esos medios, la radio, cerró sus micrófonos a la voz de la oposición, que dejó de llegar a los hogares de los argentinos. Con los medios escritos, Perón actuó en dos diferentes planos. Uno fue represivo: fueron clausuradas las publicaciones socialistas y buena parte de las radicales, mientras que los tradicionales diarios liberales, La Nación y La Prensa, se veían constreñidos a la moderación o la autocensura por un goteo constante de medidas de censura y de boicots administrativos. El otro plano consistió en crear, merced a enormes presiones políticas y a la ayuda de algunos grupos financieros, un poderoso grupo editorial, orgánicamente vinculado con el gobierno a través de la *Subsecretaría de Informaciones.

En esos primeros años de gobierno peronista, la centralización del poder se combinó con el esfuerzo por robustecer el apoyo de los pilares corporativos en los que el nuevo orden político reconocía estar basado (siempre y cuando, claro, las grandes corporaciones depusieran todo resto de autonomía y pusieran su considerable influencia en la sociedad a disposición de la “nueva Argentina”). Por supuesto, las Fuerzas Armadas seguían siendo poderosas. No obstante, y si bien muchos oficiales veían con buenos ojos la política de desarrollo industrial y justicia social que llevaba a cabo el gobierno peronista, otros eran mucho menos entusiastas de que esa política tuviera como escudo a la base sindical, temerosos de que los gremios usurparan la misión tutelar sobre los destinos de la nación de la que creían debían hallarse investidas las Fuerzas Armadas. Perón, para asegurarse de obtener de ellas una neutralidad benévola, recurrió una vez más a esa política que a veces se denomina del palo y la zanahoria. El garrotazo fue aplicado en 1947, bajo la forma de una purga que expulsó de los cuarteles a los elementos menos confiables, los cuales empezaron a cultivar un sordo rencor y a planear la venganza. La zanahoria, en verdad muy sustanciosa, consistió en recompensas materiales: el presupuesto militar se incrementó hasta tal punto que la Argentina pasó a ser el país de América latina con más elevada asignación de recursos para ese fin, y el cuerpo de oficiales creció de manera desmesurada. A principios de 1949, Perón podía considerarse satisfecho: soplaba todavía alguna brisa de inquietud en las filas militares, pero nada que pudiera constituir una real preocupación.

Con la Iglesia católica, en cambio, puede decirse sin vacilaciones que hasta 1949 las relaciones fueron poco menos que idílicas. Por supuesto, no faltaba una que otra nube: parte del clero sentía aprensión respecto del margen de libertad de la Iglesia ante el gobierno, y otros temían que los excesos de retórica de Perón pudieran llegar a encender la mecha de la lucha de clases. Sin embargo, en el conjunto puede decirse que ésos fueron años en los que las nubes no llegaban a empañar el radiante horizonte. Había para ello muy buenos motivos. Ante todo, también la Iglesia pudo sacar partido, no menos que otros, de esa efervescente época de vacas gordas y finanzas holgadas. En efecto, el gobierno dedicó ingentes recursos al presupuesto dedicado al culto y al potenciamiento institucional de la Iglesia, invirtiendo sobre todo en seminarios y en institutos de enseñanza católica, cuidando siempre, es claro, de premiar a los obispos más comedidos. Lo que a ojos de la Iglesia aparecía más importante era que por tales medios el gobierno peronista parecía honrar su compromiso de cristianizar a la Argentina, tras la larga era de dominio liberal. Ésa fue justamente la llave de la breve pero intensa luna de miel entre la Iglesia y el peronismo. Perón, en efecto, reivindicó con insistencia la inspiración católica de su gobierno, de sus medidas y de todo su movimiento, al punto de aparecer ante la Iglesia como bastante más que un mero dique opuesto a la amenaza comunista, lo que no era poco: se alzaba como el hombre providencial que estaba conduciendo a la Argentina de vuelta a sus raíces católicas. Testimonio de esto es, más que ninguna otra cosa, el empeño con que el gobierno buscó adormecer aun el más mínimo rebrote de anticlericalismo dentro de su heterogénea coalición, y en 1947 procuró que el Congreso convirtiera en ley de la nación el decreto de 1943 que había introducido la enseñanza de la religión católica en las escuelas públicas. Por lo demás, en esos primeros años toda la política educativa fue confiada a hombres de probada fe católica y de sólida fidelidad a la Iglesia, quienes se dedicaron a demoler por entero la estructura de laicismo en que tradicionalmente se sustentaba la escuela en la Argentina. Como natural corolario de semejante grado de compromiso, Perón esperaba una diligente colaboración de la Iglesia en la edificación del orden peronista. Ya se verá que tal expectativa terminó por inducir equívocos y tensiones.

Por fin, la más firme columna corporativa del primer peronismo, la que mayor aporte hizo para plasmar su identidad, la que alimentó su popularidad y condicionó sus destinos fue el sindicalismo. No es casual que Perón dedicara especial atención a la consolidación del movimiento obrero. Ya desde los tiempos del gobierno militar se habían echado las bases de las premisas jurídicas y políticas para que los sindicatos obreros se unificaran, excluyeran de su seno a los sectores comunistas y antiperonistas, y pasaran a ser así una vértebra esencial del nuevo régimen. Ahora Perón se apresuró a hacer legitimar esas premisas por el Congreso, el cual consagró el criterio de que los trabajadores serían representados legalmente sólo por sindicatos que hubieran obtenido del gobierno el derecho de asumir tal representación, y el otro principio de que invariablemente habría un solo sindicato por rama de actividad. Así quedó allanado en la práctica el camino a la unificación de la CGT, a su ejercicio del monopolio de la representación gremial y a su transformación en una especie de aparato estatal. Para obtener tales objetivos Perón recurrió, como de costumbre, al habitual sistema de premios y castigos, aunque más no fuera porque la CGT no se mostraba del todo maleable ni manifestaba gran entusiasmo por sacrificar su antigua autonomía en el altar de las ventajas alcanzadas. Por el contrario, las presiones del gobierno no impidieron que en noviembre de 1946 fuera elegido para conducir la central obrera Luis Gay, un viejo sindicalista decidido a defender su independencia. Pero muy pronto Perón y la prensa que le respondía montaron una campaña que tenía por objeto hacer aparecer a Gay como un traidor a la causa de los obreros, en combinación con los sindicatos estadounidenses. Obtuvieron al fin la cabeza de Gay y su sustitución por hombres de probada fidelidad. Sin embargo, aun después de perdida su antigua autonomía, los sindicatos no resignaron su capacidad de defender los intereses de los trabajadores; a tal punto que hubo huelgas frecuentes en los tres primeros años de gobierno peronista, y de tal condición que más de una vez obtuvieron más de lo que el gobierno consideraba oportuno, sobre todo en lo que respecta al control de las condiciones de trabajo en las fábricas, donde la autoridad de los empresarios quedó notablemente limitada. Eso sucedió tanto por la función clave que los sindicatos desarrollaban en la legitimación del orden peronista como por el espectacular salto que experimentó el número de afiliaciones a los sindicatos a partir de 1946. En síntesis, la CGT se convirtió por entonces en la flecha más potente en el arco de Perón, pero esa misma potencia condicionó las decisiones del Presidente, y le dejó menos libertad de la que hubiera deseado. Perón quiso muy pronto valerse de los dirigentes obreros para restablecer la disciplina entre los afiliados a los sindicatos (en suma, para inducirlos a que abandonaran la herramienta del paro de actividades), de modo que no entorpecieran el curso de la Revolución, que procuraba alcanzar una provechosa colaboración entre las clases sociales. Pero, como se verá, obtuvo resultados desparejos.

Además de organizar el orden político y social de la “nueva Argentina”, Perón debió afrontar, en los primeros años de su mandato, otro desafío político decisivo. Antes aun de entrar en la Casa Rosada tuvo que vérselas con el carácter centrífugo de la precaria coalición que lo había llevado al poder, que corría riesgo de disolverse. El carisma de Perón, aunque fuerte, no parecía suficiente para colmar como por encanto el profundo surco que separaba a los laboristas de los radicales de la Junta Renovadora, ni para hacer cesar las tremendas luchas por el poder que estallaron entre unos y otros ya al día siguiente de la victoria electoral. Los primeros detestaban tanto el “profesionalismo” político y la moderación social de los radicales como éstos aborrecían el origen sindical y el diletantismo político de los laboristas. Perón, que estaba imposibilitado de optar por unos en perjuicio de otros, porque ello equivaldría a privarse de una base de apoyo vital en el momento en que debía luchar al mismo tiempo en mil frentes diferentes, se erigió en árbitro de los conflictos que los oponían, mientras trataba de amalgamar bajo su autoridad las filas de ambos grupos contendientes. Con ese propósito creó el Partido Único de la Revolución, que más tarde sería el Partido Peronista. En los estatutos de esta agrupación política, la figura de Perón aparecía situada por encima de los órganos electivos. El nacimiento del nuevo partido no impidió que los enfrentamientos entre las dos alas partidarias principales en todos los campos de batalla, desde los ámbitos de política local en las provincias hasta el Congreso, hicieran temblar los cimientos. La fusión en un partido unificado fue vista como un verdadero trauma, sobre todo por los laboristas, celosos de su autonomía y robustecidos por su condición de generadores del 70% de los votos peronistas. Uno de sus más prestigiosos dirigentes, Cipriano Reyes, negó su adhesión a la nueva formación, y se convirtió en acérrimo enemigo de Perón, al extremo de que sufrió cárcel bajo la acusación de atentar contra la vida del Presidente. Sin embargo, Perón logró imponer poco a poco su autoridad y colocó en la cúpula del partido a toda una nueva camada de dirigentes que habían crecido a la sombra de su figura y carecían de tradición política; esos dirigentes impusieron en las estructuras del partido el principio de la obediencia al líder.

De Eva Perón a Evita

Fue precisamente en esos primeros años del gobierno de Perón cuando llegó al cenit la estrella de quien, aun antes de entrar en el mito, había logrado instalarse con fuerza y prepotencia en el centro del régimen y en el corazón de los peronistas: Eva Perón, que pronto sería conocida como *la compañera Evita. Su ascenso se basó por completo en su inagotable fuerza de voluntad y en el igualmente enorme poder de quien era su marido; fue una escalada fulminante, y en apenas un par de años la llevó a ocupar un papel y desempeñar una función que serían cruciales para la popularidad del régimen y para la identidad del movimiento peronista.

Aquella joven poco conocida, que el 8 de febrero de 1946, en una concentración de la campaña electoral, había sido acallada por los gritos de una multitud desilusionada mientras intentaba explicar que Perón no iba al acto porque había sufrido una indisposición, encontró muy pronto, tras el triunfo del peronismo en las elecciones, la manera de hacerse oír, respetar y obedecer, no solamente por las multitudes, sino también por ministros, diplomáticos, representantes gremiales y periodistas, para no hablar del marido. Su visibilidad crecía de día en día. Empezó a visitar fábricas, oficinas, talleres y otros numerosos ámbitos de trabajo, y a recibir tres veces por semana a cantidades crecientes de trabajadores que atravesaban dificultades, de mujeres abandonadas, de desocupados y pedigüeños. Por su parte, la prensa de gobierno dio énfasis a sus acciones y comenzó a brindarle espacio y servirle de eco, a fin de que su figura fuera haciéndose cada vez más popular entre los seguidores de Perón. Nunca se había visto que una *primera dama, que por añadidura era joven y de humilde origen, en lugar de diluirse en el anonimato, hiciera resonar sus pasos, con ayuda del marido, en el proscenio social y político. También fue por entonces cuando ella misma empezó a vanagloriarse de sus orígenes. Ventiló con orgullo sus pasados itinerarios de miseria y marginación, llamó al “pueblo” de los *descamisados —del que ella misma acababa de salir— a agruparse, arrojando palabras de fuego contra los “oligarcas”, que no tardaron un momento en pagarle con el mismo odio.

Perón llevaba apenas tres meses en el gobierno cuando la estrella de Eva y las expectativas suscitadas por su informal y todavía incipiente acción en el terreno social se mostraban ya tan crecidas que el Presidente se vio inducido a darle un despacho en el edificio del Ministerio de Trabajo, sucesor de aquella inicial Secretaría de Trabajo y Previsión, y por eso mismo lugar muy caro para los trabajadores. Su actividad allí se hizo pronto frenética, y su diario contacto con los trabajadores y los gremios, por una parte, y con Perón, por la otra, terminó de hacer de ella el astro más rutilante del firmamento peronista. A partir de esa instancia fue como si el torrente vital del régimen pasara, cada vez más fluida e intensamente, a través de las venas de Evita; ella alimentaba el vínculo entre Perón y las masas obreras y, en general, populares. Esto hacía que la infatigable acción de Eva fuera, más que un mero acto simbólico, auténtico ejercicio del poder; no encuadrado en ninguna institución específica, pero ciertamente más concreto y eficaz que el despintado Congreso Nacional. Se confirma así que, debajo de la estructura liberal del Estado, el esquema de poder peronista hundía sus raíces en un terreno muy diferente. En tal situación, Eva aprovechó de su privilegiada posición para apoyar las reivindicaciones obreras, a la vez que intentaba moderar la orgullosa autonomía sindical.

Por lo demás, a Perón, que debía atender varios frentes, no le disgustaba que su mujer, en nombre de él mismo, y por lo tanto lejos de cualquier posible rivalidad política, se ocupara de mantener vivo y vital ese contacto con el “pueblo” que él había sido el primero en cultivar. Pronto vio, sin embargo, que debía hacer frente a una serie de resistencias que ese activismo inédito levantaba en otras no menos potentes esferas de las que componían la galaxia peronista, y antes que en ninguna otra en las Fuerzas Armadas. Y no sólo eso; poco a poco, la popularidad y el poder de Eva fueron creciendo lo bastante para permitirle más libertad de acción de la que Perón probablemente había pensado concederle, hasta el punto de condicionarlo en la toma de decisiones políticas y de hacer que ella se volviera irreemplazable. Un momento clave en ese aspecto fue el prolongado viaje de Evita por Europa, en 1947. Más allá de sus toques pintorescos, el recorrido europeo de Eva fue una misión política hecha y derecha. De la noche a la mañana ella se convirtió en embajadora de la “nueva Argentina” ante la opinión pública internacional, con las miras puestas en recuperar la confianza tras las tensiones del período bélico, mal que les pesara al hábil canciller, Juan Atilio Bramuglia, y al paciente trabajo de su diplomacia.

No hace falta decir que esto fue para Eva la consagración humana y política. La Europa en ruinas no pudo evitar recibir y hasta celebrar a esta graciosa y exuberante first lady de un país que con sus silos abarrotados de trigo y su futuro radiante requería —ya que no admiración y respeto, si se tiene en cuenta el desdén con que las cancillerías europeas consideraban a Perón y su régimen—, cuando menos tacto y cordialidad. Ciertamente en París, lo mismo que en Lisboa, en Roma, en el Vaticano, las maneras amables no alcanzaron para ocultar la incomodidad por la presencia de un huésped al que en realidad nadie había invitado, excepción hecha del general Franco. Y este huésped era una dama que llenaba las crónicas mundanas de la prensa con sus vestidos lujosos y sus preciosas joyas, con sus famosos caprichos y sus célebres retrasos, para no hablar del dinero arrojado al aire para regocijo de las multitudes, o de los rumores que corrían sobre la apertura de jugosas cuentas en bancos suizos, del indiscreto ímpetu con que Evita cantaba las loas de la Argentina peronista o de la pretensión de recibir una alta condecoración pontificia, que fue causa de un desagradable incidente con el Papa. El hecho concreto es que la figura de Eva se impuso por entonces en la prensa y en las revistas ilustradas del mundo entero y llevó su popularidad a la cima, tanto en su patria como en el extranjero.

Pero la verdadera consagración de su poder llegó el 8 de julio de 1948, cuando su intensa pero dispersa actividad de ayuda social confluyó en la Fundación Eva Perón que, creada con una dotación de 10.000 pesos, en pocos años acumularía un patrimonio valuado en 3.500 millones. Desde entonces, sus adversarios en las filas peronistas empezaron a derrumbarse como bolos de madera, por más que fueran gremialistas, embajadores o ministros. Los puestos que dejaban libres fueron cubiertos mayormente por gente de su propio círculo, colmado de arribistas, iluminados y oportunistas, unidos en el hecho de que debían todo a Eva y le profesaban la devoción más ciega. Y no sólo eso, sino que su poder fue extendiéndose cada vez más a lo largo de los numerosos tentáculos del régimen, hasta conquistar posiciones clave en el gobierno, el Congreso, el partido peronista, la prensa, la diplomacia, la justicia y, sobre todo, la potentísima CGT. Naturalmente, ello fue posible porque la Fundación Eva Perón era mucho más que una enorme fábrica de poder político. Era el vehículo de la inmensa popularidad de Eva, el instrumento decisivo para que en su torno se creara un aura mítica, una sacralidad profana, pero no por eso menos sólida, típica de quienes sacrifican su vida al bienestar de los demás y a la pureza del ideal que siguen. Fuera o no realmente así, y fueran o no legítimos los medios empleados para alcanzar los fines que se proponía, lo cierto es que a partir de ese momento se convirtió en Evita, el amado icono del pueblo peronista; ese pueblo que la veía manifestarse en forma de hada diligente que dispensaba hospitales, escuelas, centros deportivos, colonias de vacaciones, asilos de marginales, casas de atención para mujeres indigentes, dinero para los casos de emergencia y juguetes para el día de Reyes. Vale decir que a través de ella el gobierno de Perón llegó donde jamás había llegado ningún poder público, abriendo un proceso de identificación entre ese pueblo y su régimen, una identificación incluso más ética que material, que ya nada podría destruir.

Ahora bien, los métodos a los que Eva recurrió para potenciar su Fundación reflejaron la naturaleza del régimen, del que ya había pasado a ser un engranaje clave. Aun cuando el grueso de la financiación provenía de los gremios, del Estado y de los recursos de la Lotería Nacional, la organización seguía siendo formalmente independiente. Eso significa que era absolutamente libre en cuanto al destino que daba a los fondos que recibía, a tal punto que nadie vio jamás un balance de la Fundación. Además, el enorme poder acumulado permitió a Eva obtener generosas pero forzadas donaciones de empresas de todo tamaño, o recabar aportes voluntarios de industriales ansiosos de no incurrir en sus iras, notoriamente vengativas. Pronto se desdibujaron los límites entre la Fundación y el Estado, como, por otra parte, ya había ocurrido en general con los límites entre el Estado y el movimiento peronista. Todo ello evocaba los rasgos típicos del Estado patrimonial, un Estado del que Perón y su partido creían poder disponer como de cosa propia, en virtud del monopolio que decían conservar de la voluntad del “pueblo” y la identidad de la nación. En síntesis, hacia 1949 la obra de Eva se prefiguraba ya como un extraordinario canal de integración social y ética de las masas populares, y al mismo tiempo como un portentoso instrumento de demolición de las instituciones republicanas y del espíritu democrático y pluralista.

Un último aspecto del febril activismo de Eva en el primer trienio de gobierno peronista revistió importancia para coronar su portentoso encumbramiento, y para hacer aun más familiar su figura. En esa sociedad en la que el *machismo era todavía un estilo de vida inconmovible, Eva prestó especial atención al universo femenino. Hay quienes piensan incluso que tal compromiso basta para justificar la inclusión de la figura de Eva en el Olimpo del feminismo. Pero a ese respecto el mito ha distorsionado muy a menudo la realidad, ya manipulada en su momento por la propaganda del régimen y por la propia autobiografía de Eva. No cabe duda de que ella trastornó roles, violó hábitos y demolió estereotipos, ni tampoco de que su acción en materia social hizo mucho por sus connacionales de sexo femenino. Pero no por eso hubo una ruptura con el pasado; por el contrario, las cosas que cambiaron en la condición de la mujer argentina fueron más bien consecuencia secundaria e involuntaria del papel que Eva jugó dentro del régimen peronista. Muy poco de lo que Eva era podía servir de preludio al moderno feminismo, del que en cambio había rastros antiguos y profundos entre las militantes socialistas y radicales, entonces alineadas en la vertiente política antiperonista. La mujer bosquejada por Eva Perón no era un individuo en busca de su autonomía y sus derechos, sino “el baluarte inviolable de la familia”; era la esposa y madre que velaba por la felicidad y la armonía del pueblo argentino. La mujer a la que Eva se dirigía era, primero y antes que mujer, una *compañera, una militante del peronismo. Así, su llamado a que las mujeres se organizaran y sus esfuerzos por integrarlas en las filas del Partido Peronista Femenino, que ella fundó en 1949, reflejaban la aspiración de integrarlas en la comunidad organizada conducida por Perón, respecto de quien, además, instaba a sus seguidoras a que le profesaran “confianza ciega” y “subordinación”. En resumen, el de la mujer y sus derechos era otro de los numerosos campos de batalla de su virulenta cruzada contra la “oligarquía”. Esto queda confirmado por lo que constituye el mayor mérito de Eva en ese campo: la ley que el 9 de setiembre de 1947 introdujo el sufragio femenino. Ella se esforzó con alma y vida por obtenerla, más que nada, pues ya estaba cerca de hacerse realidad, para vencer la indiferencia de los peronistas hacia ese inmenso y todavía virginal reservorio de votos. La ley fue aprobada también con los votos de la oposición, en la que figuraban quienes venían reclamando hacía tiempo el voto femenino; además, respondía a compromisos internacionales ya suscritos por la Argentina.

A la acumulación de poder en manos de Eva, a sus arbitrariedades y su odio por los enemigos de Perón, se contrapuso un no menos intenso desprecio hacia ella por parte de los antiperonistas, y de todos quienes tenían motivos para temer su influencia. Si la izquierda y los radicales no digerían su autoritarismo y su demagogia, los conservadores tampoco ocultaron el visceral desprecio de clase que por ella sentían. Pronto también la Iglesia empezó a sentir alarma por las incursiones en el terreno que constituía su apostolado, tanto en el campo social como en el educativo, y a mirar con desconfianza el culto profano que echaba incienso sobre su personalidad. Pero fueron sobre todo las Fuerzas Armadas las que trataron de limitar su radio de acción. Algunos porque la ira los cegaba al ver a una mujer en la cumbre del poder, otros porque les chocaba su actitud radical violenta y plebeya, otros aun por considerar escandaloso su dominio sobre importantes instituciones sin tener título formal alguno para ello, y todos, en fin, porque temían que su popularidad inmensa limitara la influencia militar; lo cierto es que los oficiales argentinos cultivaron un sordo rencor hacia Eva. Hasta llegaron alguna vez a tener duros enfrentamientos con Perón, que de todas maneras resultaron infructuosos, porque el escudo de Eva era el apoyo popular y de su marido, entonces en el punto más alto de la gloria.

En conclusión, lo cierto es que en la figura materna y protectora, pero también provocadora y vengativa de Eva, en su lenguaje directo entretejido de contraposiciones maniqueas entre bien y mal, amigos y enemigos, peronistas y no peronistas, una multitud de argentinos —en gran parte de extracción popular— pudo detectar un algo de familiar y tranquilizador, y a ella empezó a dirigirse para que sus personales ruegos llegaran hasta Perón, sorteando las murallas burocráticas que lo impedían. Fue casi la trasposición al plano secular de un imaginario religioso aún plenamente vital, contra cuyo fondo se destacaba la figura de Eva Perón como mediadora divina, como una suerte de Virgen María.

Guerra Fría y Tercera Posición

Perón dedicó mucho tiempo y grandes energías a la política exterior. Ya lo había hecho en tiempos del GOU, pero siguió haciéndolo como funcionario del régimen militar y prolongó esa acción desde la Casa Rosada, sobre todo en sus primeros años en ella, cuando el mundo se hallaba como en suspenso entre paz y guerra, entre un orden internacional que acababa de derrumbarse y el otro, bipolar, de la Guerra Fría. Había excelentes motivos para ese empeño: económicos, porque para industrializar la Argentina hacían falta las libras que Gran Bretaña mantenía bloqueadas, adquirir tecnología y maquinarias en los Estados Unidos y colocar en el mercado internacional, al precio más alto posible, la ubérrima producción cerealera de las pampas; políticos, por la necesidad de deshacer el aislamiento padecido durante la guerra y recuperar el prestigio y la confianza que las ambiciones, el potencial y la importancia estratégica de la Argentina merecían; militares, por la urgencia de precaverse en el plano internacional del muy concreto riesgo de un nuevo conflicto mundial; ideológicas, porque Perón, seguro de la validez universal de su evangelio revolucionario, encontró natural buscar seguidores más allá de las fronteras.

En esos primeros tres años de frenético activismo internacional, Perón persiguió, pues, dos objetivos no fáciles de conciliar y con frecuencia contrapuestos: por un lado, intentó devolver lustre e influencia a la Argentina, insertándola con plenos títulos en el nuevo orden mundial; por otro, hizo uso del escenario internacional para afirmar su carisma mediante la exhibición del indómito espíritu de independencia de su régimen, y la difusión de lo que eran sus bases ideológicas. A la primera de esas tareas dedicó alma, cuerpo y paciente diplomacia el más brillante y más independiente de los ministros del primer gobierno peronista, el canciller Juan Atilio Bramuglia. La tarea no fue fácil ni estuvo exenta de costos, porque el imaginario nacionalista del que todo el espectro político argentino se hallaba impregnado era refractario a aceptar la inserción en un organismo internacional cualquiera que amenazara poner límites a la soberanía nacional y obstaculizar el grandioso destino de la Argentina. Fue así que Bramuglia no tuvo que convencer sólo al inquieto peronismo de la necesidad — vital para la Argentina, sedienta de capitales y mercados— de ocupar un lugar en el concierto de las naciones y aceptar sus condiciones. Ni siquiera pudo limitarse a sufrir las previsibles acusaciones de traición que le lanzarían los pequeños, pero influyentes y ruidosos, núcleos del nacionalismo. La propia oposición, radical, conservadora y comunista, rápida para echarle en cara la “venta” de la soberanía argentina a las potencias hegemónicas, se erigió en escollo que, sin embargo, no le impidió obtener importantes éxitos. Consagrado Presidente, Perón no demoró en someter al Congreso la ratificación de la Carta de las Naciones Unidas y de las resoluciones de la Conferencia Panamericana de Chapultepec. De paria internacional que era, la Argentina pasó muy pronto a ocupar su asiento en los principales organismos internacionales. Incluso fue elegida miembro no permanente del Consejo de Seguridad en 1947, y en esa situación pudo demostrar Bramuglia toda su capacidad diplomática en los ardientes meses del bloqueo soviético de Berlín, con máximo beneficio para el prestigio del país. Al mismo tiempo, las relaciones diplomáticas parecieron encaminarse hacia la normalización, tanto con los Estados Unidos, que tomando nota de la fallida estrategia de Braden enviaron a Buenos Aires un embajador mucho más conciliador, como con la Unión Soviética, con la que Perón, a pesar de su visceral anticomunismo y de las resistencias que despertaba en sus aliados, estableció formales relaciones. Habiendo salido ya del pozo de aislamiento en que había estado sumida hasta entonces, y rica de la carne y el trigo que medio mundo necesitaba desesperadamente, la Argentina de Perón firmó en apenas un bienio más de treinta acuerdos comerciales bilaterales. Su orgulloso nacionalismo no le impidió ocupar su lugar en el sistema panamericano que el gobierno de Truman impulsaba con fuerza y adherir a la Organización de Estados Americanos, fundada en Bogotá en 1948. Antes aun, en 1947, ya había suscrito el TID, Tratado Interamericano de Defensa, cuya ratificación, sin embargo, Perón demoró por largo tiempo. Es decir que Perón, más allá de sus altisonantes declaraciones de independencia y de equidistancia en los asuntos internacionales, no dejó de dar a la diplomacia estadounidense seguridad de que en caso de nueva guerra contaría con el apoyo argentino.

Pero si todos esos pasos fueron un claro indicio del retorno de la Argentina al seno de la comunidad internacional, mucho más numerosos fueron los que cumplió Perón por el camino que había comenzado a ser recorrido ya en tiempos del gobierno militar. Tal camino fue bautizado por Perón como la Tercera Posición, y entendido como la natural proyección al ámbito internacional de los fundamentos ideológicos de su régimen, igualmente hostil al comunismo y a las democracias liberales y capitalistas. Y a tal punto que, en los primeros años de su gobierno, cuando aún no se habían consolidado los bloques de la Guerra Fría, pero ya soplaban otra vez sobre los destinos del mundo los vientos de la guerra, Perón se sintió con bastante fuerza para proponer una “solución argentina” de la crisis internacional. Esa solución estaba basada en una “política social internacional de inspiración cristiana”, según el modelo que entendía haber adoptado en su patria, necesaria para acabar con las injusticias del capitalismo y su nefasta consecuencia, el crecimiento de la aprobación popular con respecto al sistema comunista. En tal sentido, Perón fue al mismo tiempo el heredero de la “tercera vía internacional”, que por un tiempo habían perseguido los fascismos europeos de matriz católica, y el precursor del no alineamiento en el sistema bipolar de la Guerra Fría, que tendría cada vez más difusión en los años venideros. De modo que la Tercera Posición, lejos de ser una manifestación fugaz de oportunismo en la política exterior, fue realmente un puntal de la identidad y el consenso peronistas, la prenda más concreta de la orgullosa defensa de la soberanía argentina frente a los poderosos del mundo, que Perón reivindicaba obsesivamente.

En el plano político, la Tercera Posición peronista procuró entonces erigirse como sólido bastión de la civilización latina, hispánica y católica, amenazada por la barbarie del comunismo ateo y por el aun más intolerable dominio de la cultura anglosajona y protestante. Perón no ahorró medios con tal de ubicarse al frente de un bloque latino de naciones que, a los dos lados del Atlántico, y bajo el patrocinio espiritual de la Santa Sede, pudiera sustraerse de la órbita de las grandes potencias que se aprestaban a plasmar el orden mundial. Tal fue, por otra parte, el significado del propio periplo europeo de Eva Perón en 1947, y en esa misma perspectiva deben interpretarse los generosos envíos de trigo (de cuya distribución Perón tenía la llave, en esa época de tanta demanda y tan escasa oferta) a los países ibéricos y a Italia, y a los hambreados vecinos de la Argentina. Y lo mismo vale para el esfuerzo peronista por difundir el evangelio de la “nueva Argentina” a los cuatro puntos cardinales del orbe latino, tarea en la que tuvieron destacada participación los nuevos “agregados obreros” con que ahora contaban las embajadas del país. El punto culminante de tal política fue la decisión de nombrar embajador en Madrid, en abierto desafío al aislamiento que las Naciones Unidas habían decretado para España, unido a la determinación con que Perón sostuvo al general Franco, aprovisionándolo de abundantes créditos y alimentos.

Pero aunque esa política contribuía a fortalecer fronteras adentro el aura de intrépido nacionalista de que se revestía Perón, y a difundir la imagen de una Argentina fuerte, independiente y volitiva, no puede decirse que esto armonizara con la potencia efectiva del país ni que fuera a ser el anuncio de grandes éxitos. Al dividirse el mundo en dos bloques enfrentados, como consecuencia de la Guerra Fría, la esperanza de Perón de atraer a los países latinos de Europa para que formaran parte de un bloque de naciones dotadas de independencia frente a los Estados Unidos se reveló una fatua ilusión. La propia Santa Sede, lejos de ver en la Argentina peronista el baluarte de la civilización católica, comenzó a hallar en aquella insistencia en la Tercera Posición un perjudicial elemento de división del Occidente cristiano frente al más temible de los enemigos, el comunismo soviético. Algo mejor le fue a Perón en América, donde su apelación a la unidad de las naciones latinas en nombre de los comunes intereses y destinos, frente a la supremacía estadounidense, encontraba terreno mucho más fértil que en Europa. Sólo que ese proselitismo peronista fue visto como un directo desafío al panamericanismo y desembocó en una permanente pulseada con los Estados Unidos que, si bien hizo crecer el mito de Perón entre los nacionalistas de todas las latitudes, no podía ciertamente mostrarlo vencedor; y con mayor razón porque más de una vez los países vecinos interpretaron el cortejo a que se los sometía, y las presiones o las amenazas de que eran objeto, como pesadas interferencias en su vida interna de parte de una potencia con mal disimuladas miras hegemónicas y que, por lo tanto, era de cuidado.

En el plano económico, los principales objetivos de la política exterior peronista consistían en tejer una trama de intercambios que favoreciera la industrialización, y en hacerse independientes del dominio inglés y norteamericano. Por esos motivos, entre otros, Perón consideró oportuno no suscribir los acuerdos de Bretton Woods, es decir, que mantuvo a la Argentina fuera del Fondo Monetario Internacional. Y fue en función de esos puntos de vista que su gobierno no desperdició ocasión de cruzar espadas con los Estados Unidos en los foros internacionales, en nombre de un orden económico internacional más equitativo, ni de invocar la necesidad de mejorar los términos del intercambio o impulsar la integración latinoamericana. Con el fin de abrirse nuevos mercados y de obtener bienes para la industria, sin hacer uso de las preciosas pero limitadas reservas de divisas, la Argentina peronista recurrió entonces a la firma de numerosos acuerdos comerciales bilaterales para el intercambio de trigo o carne con materias primas minerales, petróleo, maquinarias u otros bienes. Privado de otras fuentes de divisas, y viendo cómo se agotaban en las alocadas adquisiciones de posguerra las grandes reservas acumuladas durante el conflicto, el país trató de sacar provecho de su elevada producción de cereales para mantener altos los precios y acrecentar así sus ingresos.

Pero no todo anduvo como hubiera deseado Perón. Hacia 1948 la producción mundial de trigo estaba ya en condiciones de satisfacer la demanda general, y la Argentina iba perdiendo el excepcional poder de elegir clientes y fijar precios. Es más, por comprensible que pudiera ser esa insistencia en vender a precios exorbitantes sus productos alimentarios, le estaba confiriendo una poco envidiable fama de lucrar con el hambre de los demás. Pero lo que sobre todo reveló que la áspera política antiimperialista de Perón no había contribuido a reducir la dependencia argentina de los capitales y los productos industriales norteamericanos fue la imposibilidad de emplear los créditos en libras bloqueados por Gran Bretaña para la adquisición de maquinarias en los Estados Unidos. En efecto, escasa de dólares y con el gobierno y el mercado norteamericanos poco inclinados a cerrar acuerdos con alguien que centraba su mística política en la hostilidad hacia los Estados Unidos, la industria argentina empezaba a dejar ver sus limitaciones. Ni siquiera el Plan Marshall, con el que tanto había contado Perón, resultó de ayuda: la Argentina fue excluida de él, y los dólares que Perón había esperado ver afluir a sus cajas en pago de aprovisionamientos alimentarios a Europa por cuenta de los Estados Unidos no llegaron jamás.

En el plano militar, puede decirse que pasó algo similar a lo que sucedía en el terreno político y económico. La Argentina adhirió al Tratado de Río de Janeiro, con el que tomó forma el sistema defensivo panamericano. Sin embargo, logró imponer el principio de que, ante una agresión extracontinental contra una potencia americana, los demás países no estarían automáticamente obligados a acudir en su defensa. La Argentina de Perón volvía así a la comunidad continental, pero sin sacrificar a ello la orgullosa reivindicación de su soberanía. Al hacerlo renovó sus credenciales nacionalistas, pero a costa de hacer más tardía y penosa la inevitable peregrinación a Washington: la inexorable influencia de la Guerra Fría y de las presiones que de ella derivaban para quien pretendiera mantenerse fuera, los vitales requerimientos de capitales y de instalaciones industriales y la necesidad de complacer a las Fuerzas Armadas, dotándolas de los más modernos armamentos estadounidenses, pronto obligarían a Perón a emprender ese viaje.

Como si todo eso no bastara para precarizar los indudables éxitos obtenidos en política internacional por el primer peronismo, su abundante uso del proselitismo ideológico acentuó aun más la enorme desconfianza que había hacia él. Desde los agregados obreros en las delegaciones diplomáticas hasta las misiones sindicales, desde las visitas militares a las culturales y estudiantiles, desde el imponente aparato propagandístico hasta los manejos ocultos, el gobierno peronista recurrió a mil maneras diferentes de proyectar los puntos esenciales de su doctrina más allá de las fronteras. Es indudable que así obtuvo seguidores, pero también viscerales hostilidades, entre sus vecinos y en Washington, donde no dejaba de ser visto como un temible agitador que operaba en el corazón de la órbita occidental, más notorio aun por la firmeza con que, rechazando las admoniciones estadounidenses, mantuvo abierta la embajada soviética en Buenos Aires y permitió que el partido comunista argentino continuara operando en la legalidad. Y no ciertamente por ningún inesperado ataque de fascinación por el modelo soviético, al que seguía haciendo blanco de sus flechas y del que se consideraba, con su régimen de “justicia social”, único verdadero y eficaz adversario, al punto de haberlo vuelto inofensivo, sino en todo caso para reafirmar el verbo de la Tercera Posición y hacer uso de la velada amenaza de cerrar acuerdos con los soviéticos, si no se ablandaba la posición de Truman respecto de la “nueva Argentina”.

A la luz de cuanto antecede, y a pesar de los abrazos y los intercambios de sonrisas entre Perón y los quizá demasiado numerosos embajadores norteamericanos que entonces desfilaron por la Argentina, no sorprende que entre Washington y Buenos Aires nunca terminaran de hacerse las paces. Truman siguió tan desconfiado como de costumbre ante ese régimen no menos autónomo, propenso al autoritarismo y al proselitismo, y no dejó de alternar circunstanciales aperturas con fuertes presiones dirigidas a calmar su irreductible actitud antinorteamericana. Perón, por su parte, se internó por un camino que una vez tomado no sería posible dejar sin pagar enormes costos, ni siquiera cuando la conveniencia comenzó a hacer aconsejable la retirada. Así, mientras permitía que Bramuglia operara para cerrar las heridas que habían quedado abiertas tras los feroces choques con Braden y para normalizar las relaciones con los Estados Unidos, la violenta denuncia del imperialismo norteamericano siguió teniendo un papel tan importante en la ideología peronista, en su identidad y en su liturgia, que Perón se vio obligado a reiterarla al infinito, incluso cuando no podía sino acarrear daño al interés nacional.

Un factor que contribuyó a limitar la eficacia de la política exterior peronista, entonces y después, fue su escasa coherencia y linealidad. Lejos de dejar el timón en las manos de Bramuglia, Perón involucró en la tarea, o al menos dejó que imprimieran en ella profundas marcas, a otras numerosas personalidades, y prácticamente a todos sus principales apoyos corporativos. Sucedía así que los esfuerzos del ministro eran malogrados o contradichos por las misiones diplomáticas que emprendía el senador Molinari, por los planes hegemónicos que imaginaban los agregados militares o por el activismo ideológico de los agregados gremiales. Por fin, el incontenible ascenso de Eva Perón hizo sentir su inmenso peso también en las relaciones internacionales, ya que en agosto de 1949 contribuyó a sacar de en medio al demasiado autónomo y prestigioso Bramuglia, reemplazado por un admirador de ella, tan fiel como desconocido, joven e inexperto.

4. De la Revolución a la institucionalización del régimen
1949-52

La reforma constitucional

Receptor de las loas de su pueblo, ya perfectamente unido y organizado en partido y sindicatos, reverenciado por las más poderosas estructuras corporativas, temido o respetado más allá de las fronteras, empujado por un crecimiento económico vigoroso, Perón pensó en dar lugar a la “nueva Argentina” en la Constitución. En vista del velo de sacralidad que cubría al viejo texto de 1853, y de la importancia de poder invocarlo como apoyo de sus credenciales democráticas, no quiso arrojarlo al cesto de los papeles sino reformarlo, tal como muchos lo venían proponiendo desde hacía tiempo, con el fin de imprimir en él los rasgos salientes de su doctrina y de adecuarlo a la nueva era que su advenimiento al poder había abierto en la Argentina.

Lanzada por Perón el 1º de mayo de 1948, la idea de reformar la Constitución movilizó a partir de ese momento todos los engranajes del movimiento peronista y de su propaganda, imponiéndose como el nuevo campo de batalla entre gobierno y oposición. Por otra parte, ningún obstáculo se alzaba en el camino de Perón tras las elecciones de ese año, en las que se aseguró el dominio de ambas cámaras del Congreso, con una cómoda mayoría superior a los dos tercios necesarios para convocar una Asamblea Constituyente. La cuestión en disputa era clara: para Perón, era necesario insertar en el texto constitucional los principios sociales caros al movimiento peronista, con el fin de actualizar su contenido decimonónico, centrado exclusivamente en las libertades individuales; la oposición, en cambio, aunque se mostraba dividida sobre la conveniencia de participar o no en las elecciones de constituyentes, estaba convencida de que el propósito de Perón era dar un paso decisivo para la edificación de un régimen fascista y para perpetuarse en el poder. No es casual que la discusión se concentrara desde un principio en el artículo 77, que prohibía la reelección del presidente: radicales y socialistas acusaban a Perón de querer quitarlo, y él negaba esa intención, aunque sus diputados y militantes estuvieran trabajando ya por la reelección.

Nada pudo hacer el frente antiperonista contra la portentosa máquina lanzada ya a la reforma constitucional. Minoritaria en el país, y excluida por añadidura del acceso a los más difundidos medios de información, la oposición sufriría una enésima derrota electoral: a sus constituyentes no les quedaría sino la protesta y alimentar la sospecha de que servían de tapadera democrática de un régimen que a su juicio no era para nada democrático. No quiere decir esto que todo resultara fácil para Perón. Fue precisamente el arduo escollo de la reelección el que removió aun más las ya agitadas aguas del peronismo, el que desató entre sus diferentes fracciones, figuras y personalidades una lucha por el poder sin exclusión de golpes bajos. Tras la fascinadora sonrisa de Perón, se desató una guerra de posiciones en las filas de su movimiento, de bases institucionales más bien frágiles y en el que el poder solía medirse en función de la proximidad o la lejanía que se tuviera con el líder. Había quien, sobre la base del principio de no reelección, había aspirado a suceder a Perón al término de su mandato; otros se habían encaramado al carro de Evita, con la esperanza de desplazar a la competencia y llegar así más pronto a la cima del poder; otros aún, lo apostaban todo a su sosegada sumisión a Perón.

Por un momento pareció que el vencedor de esa sorda batalla sería el coronel Mercante, héroe del 17 de octubre de 1945 y popularísimo gobernador de la provincia de Buenos Aires, la de mayor peso en el país. Su elección a la presidencia de la Asamblea Constituyente dio la impresión de ser la ceremonia de coronación de quien siempre se había sentado a la diestra de Perón y estaba en gracia con Evita. Pero la suya fue una victoria a lo Pirro; es probable incluso que el éxito mismo constituyera el inicio de su posterior decadencia. Los que eran incondicionales de Perón, en efecto, interpretando la voluntad de éste, le allanaron el camino a la reelección mediante la oportuna modificación del artículo 77. Indignada, la oposición abandonó el recinto de las deliberaciones, pero el mensaje era igualmente muy claro para los peronistas: quien había impuesto la orden, con el peso de su carisma y de su poder, no era otro que Perón. En resumidas cuentas, no habría delfines ni espacio para las pocas personalidades que gozaban de popularidad, independencia de espíritu y posiciones influyentes. Por si quedaran dudas, pronto lo demostró la salida de escena de algunas de las figuras fundamentales del primer peronismo: Mercante mismo, Bramuglia, Figuerola y otros.

Pero si la introducción de la cláusula de reelección ilimitada del Presidente daba consistencia material a los fantasmas evocados por la oposición, las otras reformas constitucionales podían reflejar, tanto en los principios ideales que las inspiraban como en su contenido, la circunstancia de que el peronismo había abierto ya en la historia argentina una nueva página. Es el caso de los nuevos derechos sociales incorporados al texto de la Constitución: derechos de los trabajadores, derechos de la ancianidad, de los niños y las familias, derecho de todos los ciudadanos al acceso a la educación, la cultura y la recreación. Ello se ve con mayor razón en la incorporación al texto constitucional de los fundamentos del nacionalismo económico, en imitación de una tendencia ya consolidada, inaugurada en América latina por la revolución mexicana. Aumentaron los poderes de intervención del Estado en la economía, y las fuentes energéticas y las riquezas del subsuelo fueron proclamadas de propiedad pública. Pero lo que cambió de manera radical fue, sobre todo, la orientación filosófica de la Constitución. No por casualidad el encargado de preparar una parte sustancial del proyecto de reforma había sido Arturo Sampay, un conocido jurista católico que conjugaba el visceral antiliberalismo de los nacionalistas con la ambición de restaurar un nuevo orden cristiano, basado en las encíclicas sociales de los pontífices. Sampay es una figura emblemática de la enorme deuda intelectual del peronismo con el nacionalismo católico. El principio de inviolabilidad de la propiedad privada cedió, pues, el paso al concepto de su “función social”, orientada a la búsqueda del “bien común”, y los presupuestos ideales del liberalismo del siglo XIX cedieron amplio terreno a los postulados corporativos caros a Perón.

En la actitud típica de un régimen revolucionario que aspiraba a fundar un nuevo orden social y reivindicaba el monopolio de la identidad nacional, lo cual le hacía considerarse legitimado para modelarse una carta magna a medida, el nuevo texto constitucional equivalió a inocular una generosa dosis de peronismo en la vieja Constitución liberal. Comenzaba ya en el preámbulo, cuyo texto se vio enriquecido por la invocación a una nación “socialmente justa, económicamente libre y políticamente soberana”, eslogan heredado por Perón del nacionalismo de los años ’30. El añadido viene a confirmar que la Constitución de Perón, más que aspirar a fundar un nuevo pacto social entre todos los argentinos, expresaba la ambición peronista de encarnar el destino histórico del país y, por consiguiente, de plasmarlo con su propia doctrina. Siempre y cuando, claro, no se tomara esa doctrina como la ideología de un partido entre otros de ideologías diversas, sino como “doctrina nacional”, la mejor para todo “buen argentino”. En fin, el peronismo se constitucionalizó a la vez en el centro y en la periferia, ya que la reforma de la Constitución nacional allanó el camino para emprender la de numerosas constituciones provinciales. A partir de entonces, las diferencias entre el partido, la nación y las instituciones del Estado fueron todavía más tenues de lo que habían sido hasta entonces.

En determinados aspectos —especialmente en su notable sensibilidad por la realidad social de la que era ya una nación industrial— el nuevo texto constitucional, aprobado por unanimidad por los constituyentes peronistas y jurado, con la muerte en el alma, por los pertenecientes al radicalismo, era realmente más moderno y estaba mucho más actualizado que el de la vieja Constitución. Pero en él se contenía entero el núcleo ideológico del peronismo, no sólo por haber otorgado al Presidente, invocando la voluntad popular, de la que el partido decía hallarse investido, poderes todavía más amplios y arbitrarios, como el de suspender derechos constitucionales y el de negar el reconocimiento legal a partidos y organizaciones sospechosos de poner en peligro la libertad; también, y sobre todo, por la idea de “democracia orgánica” que en él alentaba; vale decir, por la concepción de que la sociedad era un organismo natural, de cuyos miembros el Estado esperaba colaboración en la búsqueda del bien común, aun a costa de su independencia. Esto explica por qué no se les reconocía explícitamente a los trabajadores, a quienes tantos derechos habían sido concedidos, el derecho de huelga; o por qué Perón se valió de la reforma constitucional para apretar las clavijas del control sobre las Fuerzas Armadas, acción prestamente llevada a cabo por el lealísimo general Franklin Lucero, designado jefe del ejército; o por qué, siendo la Iglesia tan importante en el esquema constitucional, no se hubiera pensado en librarla de la rígida y anacrónica coraza del patronato, por el cual el Estado se reservaba el control de las designaciones al frente de las sedes episcopales.

En síntesis, la reforma constitucional proyectó a Perón a la cima de su poder y de su gloria, al dotarlo de los últimos instrumentos que le faltaban para construir una Argentina a su imagen y semejanza, una Argentina peronista. Pero en otros aspectos la reforma fue un punto de inflexión decisivo en la trayectoria de su gobierno: fue el momento a partir del cual comenzaron a oírse los primeros chirridos en el amplio entramado corporativo que lo sustentaba, el momento en que echaría a andar la resistencia a la concentración del poder en sus manos.

La *comunidad organizada

Pero por el momento, ni los ya citados chirridos, ni la desconfianza ni los temores resultaban suficientes obstáculos para la marcha triunfal que el gobierno peronista se aprestaba a iniciar. Sin embargo, algunas nubes amenazadoras parecían adensarse sobre el gobierno en 1949: en primer lugar, la brusca desaceleración del crecimiento económico, y luego el peso aplastante de los condicionamientos internacionales, cada vez más difícil de disimular tras la orgullosa reivindicación de la soberanía nacional. Perón, firme en el puesto de mando, más popular que nunca y dueño de inmensos poderes, pero enfrentado a desafíos que amenazaban desgarrar su muy heterogénea base social, apretó el paso hacia la organización y unificación de su movimiento y de la sociedad argentina toda, a fin de que nada pudiera obstaculizar su camino ni sembrar en él la discordia. El objetivo era hacer de la “nueva Argentina” una *comunidad organizada, es decir, orgánica, unida y armónica, en cuyo seno cada clase social, cada género de actividad y cada territorio desarrollara su función específica dentro de un espíritu de colaboración con los demás órganos de la sociedad y en sintonía con la doctrina nacional por medio de la cual Perón le había señalado el camino, y que era conocida ya con el nombre de *justicialismo. Por otra parte, organización y doctrina eran los dos baluartes de su régimen, que invocaría mil veces en las plazas que se colmaban con la muchedumbre de sus devotos. La sociedad argentina ganaría en cohesión, y la nación aumentaría su poderío sobre la base de esos baluartes. Así organizadas y reguladas, aun las poderosas y numerosas corporaciones a las que tanta atención y cuidado prestaba el peronismo debían deponer su autonomía, sacrificando sus intereses sectoriales por el bien y la armonía de la comunidad, y poniéndose al servicio de la voluntad popular encarnada en Perón. No fue casual que justamente entonces, apenas sancionada la reforma constitucional, comenzaran los graduales, pero cada vez más evidentes y agresivos, esfuerzos por “peronizar” el Estado, las instituciones y las corporaciones, y hasta la cultura, el mundo del espectáculo, el deporte, la religión misma. Este proceso de “peronización” resultó sin duda ventajoso para Perón, que pronto vino a encontrarse rodeado de hombres y de grupos tan leales como obedientes; pero fue también arriesgado y costoso, por las reacciones y el descontento de muchos que habían querido el advenimiento de Perón y que lo habían sostenido, pero no por eso estaban dispuestos a seguirlo en su pretensión de abarcar todo y a todos en el amplio abrazo de su régimen. Esas personas e instituciones fueron las que a su tiempo tomarían el camino que desde las playas del peronismo llevaba a otras riberas.

Un momento clave del paso a la “comunidad organizada” fue, en el mismo 1949, la reorganización del partido peronista. Los crónicos conflictos que enfrentaban, sobre todo, a políticos contra sindicalistas, y que agitaban sus aguas hasta hacer de él un instrumento demasiado a menudo ineficaz, fueron acallados de una vez por todas. Es más, el partido se transformó en un organismo subdividido en ramas —política, sindical, femenina—, todas ellas unidas de igual manera al centro, constituido por Perón, y confundidas más que nunca con las instituciones del Estado, con lo que el partido pasó a ser el emblema del orden corporativo del peronismo. En otras palabras, se convirtió en la organización unida y sólida, orgánica y disciplinada, fortalecida por la posesión de una doctrina oficial y dotada de una escuela para la formación de cuadros políticos, que Perón venía propiciando desde hacía tiempo. Como guía del funcionamiento del ahora denominado *Partido Justicialista se impuso el principio del *verticalismo, entendido como obediencia al jefe. Así, de acuerdo con la carta orgánica del partido, “… el general Perón es el jefe supremo del peronismo, quien lo inspira realiza y guía...”; el líder podía “… modificar o anular las decisiones de las autoridades del partido…”, y hasta “… controlar su actuación, designarlos o reemplazarlos”. No terminaba allí la cosa. Se hizo cada vez más explícita la ambición de poseer el monopolio de las virtudes cívicas. Como rezaba una de las *Veinte verdades del justicialismo, proclamadas por Perón el 17 de octubre de 1950 desde el balcón de la Casa Rosada, “… para un peronista no puede haber nada mejor que otro peronista”.

Desde luego, el partido se volvió más calmo y maleable, aunque al precio de la esterilización de su vida interna, de la muerte de cualquier forma de democracia dentro de sus filas, de la generalización del culto a la personalidad y el encumbramiento de una nueva oleada de cuadros, que en su mayoría carecían de prestigio, personalidad o autonomía. Esto no sucedió sólo en el partido; tuvo lugar también en el Congreso, pues a partir de entonces las listas de candidatos electorales debieron responder al mismo principio, y en las provincias, donde se impuso pronto sin lucha el mismo modelo ya adoptado en el nivel nacional. La nueva ley de partidos políticos, aprobada a fines de 1949 entre escandalizadas acusaciones de totalitarismo por parte de la oposición, vino a ser la inviolable tapa que cerraba herméticamente la olla que hasta entonces había estado en perpetua ebullición, y la transformaba en una suerte de pozo opacamente pacífico. En efecto, la ley introducía severas normas que volvían imposible la formación de coaliciones de oposición, a la vez que minaba el terreno en torno de quienquiera pretendiese introducir vientos de escisión en las filas peronistas. Al mismo tiempo, la reforma electoral, en un sentido aun más rígidamente mayoritario, complementada por la cirugía mayor practicada sobre las circunscripciones electorales, aseguraba a Perón y a su partido un dominio absoluto e incontrastable, incluso en un distrito como la Capital Federal, donde estaba lejos de ser hegemónico.

En ese peronismo que estaba a punto de transformarse en Estado, muy decidido a imponer la unidad y la disciplina entre sus seguidores, y entre los argentinos en general, Perón buscó codificar la doctrina, reduciéndola a una serie de auténticos dogmas. La doctrina, decía, es “el cemento indestructible del peronismo”; todo peronista debía “llevarla en el bolsillo, leerla todos los días, comprenderla y, en fin, sentirla”; pero además tenía que “inculcarla”, por el bien y la armonía del movimiento *justicialista, que no necesitaba políticos sino “predicadores” de su sana doctrina. En cuanto al contenido, nada en él indicaba un alejamiento de sus raíces originarias, las mismas que se nutrían del humus del pensamiento nacionalista prebélico, de la nación en armas, del corporativismo y el reformismo social de matriz católica. Pero hacia 1949 hubo un cambio en ese aspecto, importante y que tendría consecuencias. Lejos de reconocer su deuda para con esas fuentes, Perón comenzó a proponerse como el creador de un evangelio nuevo, insistiendo obsesivamente en el concepto de *justicialismo y procurando por todos los medios ganar para sí el crédito de fundador de una nueva religión política. El líder afirmaba ser el fiel y natural portavoz de esa religión, deudora sólo del pueblo soberano que lo había llevado al poder, no ya de aquellas corporaciones que, con la Iglesia y las Fuerzas Armadas a la cabeza, primero que nadie y jactándose de encarnar la esencia de la identidad nacional, aspiraban a tener bajo su tutela a ese mismo pueblo. Típico fue, en tal sentido, el discurso con que Perón cerró el Primer Congreso Nacional de Filosofía, celebrado en Mendoza en abril de 1949. En ese texto presentó la “comunidad organizada” que estaba edificando sobre las ruinas de la Argentina liberal como “una doctrina nueva en el campo político mundial”, portadora de armonía social y de democracia y libertad verdaderas. E igualmente típico fue el hecho de que comenzara terminantemente a señalar, como exclusivas fuentes del *justicialismo, a sus propios discursos pronunciados a partir de 1945. Desde entonces el buen peronista fue intimado, en tanto ocupaba el lugar que le correspondía en el orden piramidal del movimiento, a abrevar en tal serie de manuales, decálogos, eslóganes y “verdades”, emanaciones todas de una única e indiscutible fuente: Perón, acompañado cuando mucho por Evita, ya instalada en la cima del Olimpo peronista. Por lo demás, la propia liturgia política del peronismo comenzó a reflejar desde 1949 el intento de alcanzar una férrea unidad y una sólida organización, librándose de disensiones inoportunas y de los condicionamientos que pudieran plantear las corporaciones que habían apadrinado al movimiento en sus comienzos. Por ejemplo, el “día de la Lealtad” de los trabajadores para con su líder —la celebración del 17 de octubre que, como fecha de nacimiento del peronismo, había sido impuesta al país entero en carácter de fiesta nacional— cambió precisamente entonces sus connotaciones. De aquella típica escenografía del líder que dialogaba con su pueblo desde el balcón de la Casa de Gobierno desaparecieron, como por encanto, las ceremonias religiosas que hasta entonces la complementaban; y no era eso todo porque ahora, en los discursos del líder, el mismo “pueblo” que había sido héroe y protagonista de la triunfal epopeya peronista quedaba limitado al papel de mero instrumento de su providencial advenimiento.

Pero si la unidad política y doctrinal del movimiento peronista era indudablemente necesaria para edificar la *comunidad organizada, vale decir, la sociedad orgánica que poblaba el imaginario de Perón y de sus seguidores, no puede decirse tampoco que fuera suficiente. En efecto, para que todos los órganos del “cuerpo” social cumplieran su cometido y siguieran trabajando al unísono por el bien común y la armonía del conjunto, era necesario organizar y unificar a la sociedad en su totalidad. Claro que hacerlo no sería precisamente fácil, a menos que se echara mano a medidas de coacción y obligatoriedad cada vez más drásticas. Los trabajadores ya estaban en gran parte encuadrados, a través de la CGT, en el esquema corporativo peronista, pero no podía decirse lo mismo del resto de sectores e instituciones de la sociedad. Iglesia y Fuerzas Armadas, por ejemplo, gozaban de amplia autonomía, y se vislumbraba difícil y llena de riesgos la obtención de su adhesión incondicional a la comunidad organizada peronista. Y ni hablar, desde luego, de las corporaciones que mayor resistencia ofrecían a Perón: las universidades, donde el antiperonismo contaba con las más nutridas organizaciones estudiantiles; la prensa escrita, en la que sobrevivían importantes bolsones de oposición; las organizaciones de productores industriales y agropecuarios, en las cuales Perón procuraba también abrir brecha, como una manera de equilibrar el excesivo poderío sindical y para echar las bases de la tan deseada colaboración entre capital y trabajo.

De modo que a partir de 1949 Perón, recurriendo alternativamente al palo y a la zanahoria, con resultados que a veces eran alentadores y a veces decepcionantes, se esforzó por “peronizar” cada uno de esos ámbitos. En las Fuerzas Armadas impuso la homogeneidad, o la compró a fuerza de prebendas, ya desde los inicios del *justicialismo. Se empecinó en mantener bajo control a la Iglesia católica mediante la antigua institución del patronato, y discriminó cada vez más abiertamente entre el clero fiel a su régimen y el que se mostraba demasiado celoso de su autonomía como para ser digno de confianza y favores. Frente a las universidades, en 1950 se valió del poder y los recursos de los rectores para crear de la nada un organismo devoto del peronismo, la Confederación General Universitaria, o CGU. En la prensa escrita, el hacha cayó sobre las voces antiperonistas supérstites, mientras el apoyo gubernamental se volcaba sobre la ya gigantesca orquesta de las publicaciones periódicas peronistas; en 1951 pasó a ocupar el lugar de primer violín el venerable matutino La Prensa, arrebatado a la familia Gainza Paz y cedido a la CGT. En las organizaciones productivas, en fin, Perón fue abriendo brecha de a poco, hasta horadar el muro de hostilidad que se alzaba ante él mediante la creación, en 1952, de la Confederación General Económica, CGE, el brazo patronal de la *comunidad organizada. Se valió para ello del invalorable apoyo de José Ber Gelbard, un empresario del interior.

En el apogeo de ese frenético proceso de centralización e institucionalización de su régimen, y en medio de un panorama de agonía del pluralismo político y de la autonomía de las mayores corporaciones, Perón se dispuso a obtener un enésimo triunfo electoral, que llegó puntualmente el 11 de noviembre de 1951, al resultar reelecto con el 62,5% de los sufragios, arramblando con el grueso de los votos femeninos, de las clases populares y de las provincias, y afirmándose incluso, aunque sólo con el 53%, en la capital, Buenos Aires, verdadero bastión antiperonista. La intentona insurreccional que menos de dos meses antes había capitaneado el general Menéndez no había hecho sino favorecerlo, al permitirle declarar el estado de sitio, suspender las escasas libertades constitucionales que aún quedaban y reprimir a la oposición y sus órganos de prensa. También jugó en su favor la conmoción provocada por el empeoramiento de la salud de Evita, cuya exuberante vitalidad aparecía cada vez más debilitada. Pero más allá de todo, lo cierto es que Perón se hallaba indudablemente en el cenit de su gloria, aun en medio de las mil dificultades que se acumulaban a su alrededor. El nuevo y purificador baño electoral vino a ratificar sus rasgos plebiscitarios, y reforzó en él la determinación de apelar al “pueblo” para monopolizar el poder y emplearlo en la consolidación de la “nueva Argentina”.

Las primeras grietas en el orden económico y social

Es evidente que si Perón aceleró bruscamente alrededor de 1949 el ritmo de edificación de su régimen fue por la sensación de omnipotencia que la enorme popularidad y devoción de que estaba rodeado le conferían, pero también por otra razón. Necesitaba mantener firme el control, en un momento en que el portentoso mecanismo de distribución de la riqueza empezaba a tener algunas fallas, y con él entraba en zona de peligro la relativa paz social de sus primeros años de gobierno. La caída de Miranda en 1949, y su sustitución por Alfredo Gómez Morales, mucho más abiertamente supeditado a las leyes económicas, fue la señal de que se pasaba de la lírica a la realidad. Se había llegado al final de una intensa y burbujeante etapa de boom económico, y había que pasar a otra menos heroica, de adecuación a una realidad económica no precisamente rosada. Al fin de cuentas, hasta entonces nadie había tenido que pagar las cuentas por el notable mejoramiento de la situación de los sectores populares. Desde luego, los industriales habían debido pagar altos salarios y los productores agropecuarios habían recibido menos de lo que hubieran podido ganar de haber vendido su producción a precios del mercado internacional, y unos y otros habían debido soportar el considerable incremento de la presión fiscal; pero también habían obtenido ganancias excelentes, gozando de crédito abundante y barato, y de las extraordinarias oportunidades que ofrecía un mercado interno en crecimiento, hasta el punto de que incluso el rencoroso antiperonismo de las organizaciones patronales se había moderado bastante. Después de todo, el mismo Perón había ido a buscar el primero de los ministros de Agricultura de su gobierno de entre las filas de la Sociedad Rural.

Pero ya en la segunda mitad de 1948 comenzaron a multiplicarse los inquietantes presagios de un inminente temporal. En primer lugar, el panorama internacional cambiaba rápidamente, lo cual no era un detalle de escasa importancia. En la economía argentina, la gallina de los huevos de oro, la que había suministrado el combustible necesario para industrializar el país, alcanzar plena ocupación y distribuir más equitativamente la riqueza, seguía siendo siempre la producción agropecuaria. Pero ya hemos visto que hacia 1949, por culpa del Plan Marshall, Europa había logrado romper el cerco del hambre. Al recuperar otros tradicionales productores de granos su antigua posición en el mercado mundial, la capacidad de negociación de la Argentina sufrió menoscabo. El resultado fue que los estratosféricos precios con los que tanto había contado Miranda para alimentar la maquinaria de la economía peronista comenzaron a bajar, al punto de que en sólo tres años los términos del intercambio de los productos argentinos se desplomaron un 36%. Tampoco había estallado entre los Estados Unidos y la Unión Soviética la nueva guerra tantas veces dada por cierta por Perón, con lo que algunas de sus decisiones y algunas de sus medidas de previsión fundamentales podían aparecer ahora imprudentes. Ése es, por ejemplo, el caso de su estrategia de apostar constantemente al enorme valor estratégico de los cereales argentinos, o de gastar apresuradamente las enormes reservas monetarias acumuladas durante la Segunda Guerra Mundial, con la idea de que era necesario usar las divisas en la compra de bienes de todo tipo antes de que el estallido del nuevo conflicto hiciese de ellas poco más que papel de estraza. Y como si todo eso no bastara, el boom del consumo interno redujo los saldos exportables de alimentos, y la progresiva limitación de las ganancias de los empresarios quitó el incentivo para nuevas inversiones. Por último, ya en la década de 1950 hubo dos años seguidos de terrible sequía. No hace falta decir que las exportaciones, menos lucrativas de por sí, sufrieron entre 1949 y 1952 un dramático traspié en cantidad. La Argentina, al no poder cumplir todos los compromisos de exportación pactados, perdió la confianza de no pocos clientes, mientras el gobierno, con tal de mantener contenidos los costos del consumo interno, autorizaba la producción de una suerte de pan negro. La economía argentina, seca ya la fuente que la había alimentado, dejó de crecer con el enloquecido ritmo de los primeros años peronistas, para entrar en un sombrío período de estancamiento.

Pero hubo también un segundo y no menos grave síntoma del peligro que ahora amenazaba a aquella virtuosa fábrica de riqueza, consenso, paz y justicia social que Perón había venido guiando con firme mano. En 1949 los cimientos comenzaron a temblar con la inflación, que hasta 1952 crecería a un promedio del 33% anual. El ascenso de precios se convirtió pronto en una vertiginosa espiral que, a su vez, era alimentada por la de los salarios nominales, en una estéril pero interminable sucesión de corridas. Esa espiral no sólo excavó un abismo entre la Argentina y sus principales clientes externos, que tenían crecimientos de precios mucho más moderados, sino que terminó por desarticular la ya frágil estructura de precios del mercado interno, erosionando especialmente los salarios reales de los trabajadores. Como es natural, de ello brotaron conflictos entre capital y trabajo, entre consumidores y comerciantes, entre Estado y corporaciones. Por primera vez desde el advenimiento del peronismo fueron muchos los argentinos que llegaron a sentir que a las ganancias de unos se correspondían las pérdidas de otros. Fue así que el espejismo peronista de la armonía social que podía ser lograda por la refundación de una sociedad organizada, hasta entonces desvirtuada por el virus liberal, que por un momento había parecido al alcance de la mano, empezó a desvanecerse en el horizonte.

Perón no tenía otra alternativa que la de protegerse, pero procurando no erosionar las bases de su modelo económico y menos aun las del consenso político del que gozaba. Claro que para mantener el régimen de plena ocupación alcanzado durante la guerra, para preservar en la medida de lo posible el poder adquisitivo de los salarios y para sostener a la industria, considerada la base en la que se apoyaba la independencia de la nación, se necesitaban capitales frescos, urgentes y en abundancia. Las maneras de obtenerlos no eran muchas ni tampoco misteriosas: había que recuperar el nivel de exportaciones y, a la vez, atraer inversiones extranjeras que suplieran la ahora escasa liquidez del Estado. Son soluciones en sí mismas arduas, pero que en el caso de Perón y de su régimen lo eran mucho más, por la simple razón de que el camino que era preciso recorrer exigía, de algún modo, cortejar a aquellos contra quienes más se había combatido: a los dueños de grandes extensiones de tierra, es decir, la vituperada “oligarquía”, y al imperio, o sea, a los Estados Unidos, el único lugar de la tierra donde los capitales abundaban. Así es que hasta 1952 Perón y Gómez Morales se dedicaron a transitar con prudencia dicho camino, renovando a cada paso la ritual apelación a la unidad sacrosanta de los peronistas contra los enemigos de la nación. La amarga píldora fue dorada al máximo de lo posible, para que no resultara demasiado indigesta. Por ejemplo, se descartó desde un principio cualquier brusca devaluación, por más aconsejable que resultara para favorecer las exportaciones, por el devastador efecto que hubiera tenido para el bolsillo de los asalariados. Tampoco la industria recibió la terapia de shock que habría requerido para hacerse competitiva fuera de las fronteras. Lo cierto es que el gobierno se las arregló para reanimar la agricultura de exportación por el procedimiento de invertir el curso transitado hasta entonces, beneficiándola con subvenciones —mediante la compra de sus productos a precios superiores de los que ahora alcanzaban en los mercados internacionales— y derivando hacia ella una proporción mayor de los ahora enflaquecidos créditos, con el propósito sobre todo de incentivar la mecanización del campo, o sea, la productividad. En una visión de conjunto, no puede decirse que a principios de 1952 estuviera ya resuelta la grave crisis de las exportaciones, sea por el inesperado golpe sufrido por la producción agropecuaria en razón de la sequía, sea por la escasa eficacia de esa serie de medidas extremadamente cautelosas. Y algo parecido cabe decir de la lucha contra la inflación, que entretanto crecía al amparo de los espectaculares incrementos del crédito y del consumo, y por el creciente desequilibrio entre entradas y salidas en el presupuesto del Estado. Tampoco en este caso le resultaba posible a Gómez Morales recurrir a rígidos remedios monetaristas. Cerrar con brusquedad la canilla crediticia y dedicarse a podar drásticamente el gasto público hubiera equivalido a renegar de los principios mismos del *justicialismo, poniendo en serio peligro la supervivencia de la industria nacional y el nivel de vida de los trabajadores, y quién sabe si no también la propia reelección de Perón. De modo que el ministro procuró mantenerse como podía en la cuerda floja, dentro del escaso espacio que se le concedía, aumentando uno que otro impuesto o suprimiendo algún gasto, imponiendo cierto tímido límite al crédito o posponiendo una que otra erogación en infraestructura o en obras públicas. Tales medidas sirvieron, sí, para ir enjugando de a poco el déficit, pero resultaron impotentes para detener la inflación o la ya crónica carrera de precios y salarios.

En esa situación fue cuando Perón, ya reelecto, anunció el 18 de febrero de 1952 la puesta en práctica del *Plan de Emergencia del que se venía hablando desde hacía al menos tres años. En los hechos, consistía en el congelamiento de tarifas, precios y salarios por un plazo de dos años; pero la verdadera novedad —o, en todo caso, lo que pareció un auténtico vuelco respecto de lo anterior— fue la filosofía en la que se inspiraba el plan. Si hasta poco antes Perón había hecho flamear a los cuatro vientos la bandera de la justicia social, ahora los discursos aparecían cargados de una sola admonición: “producir, producir, producir”. A tal punto fue así que se preocupó de puntualizar que al término del plan los aumentos de salarios serían proporcionales al crecimiento de la productividad. El sentido último de sus palabras era que lo que podía hacerse por mejorar la equidad ya había sido hecho; ahora llegaba el momento de “arremangarse” y dedicarse a producir. Sólo que en el fondo no había un verdadero cambio, y el cambio de rumbo no sería fácil de introducir. No era un vuelco hecho y derecho porque, en el fondo, fiel a su credo organicista, Perón interpretaba que había llegado sencillamente el momento de contener a los trabajadores en nombre de la armonía social, así como antes había sido necesario favorecerlos con el mismo motivo. Y no sería fácil introducir estos cambios, porque el peso de los trabajadores en su movimiento y la dependencia que habían llegado a tener de su aprobación le atarían las manos más de lo que él esperaba y deseaba.

A las dificultades indicadas se añadían otras, no menos espinosas. Si bien incentivar las exportaciones y yugular la inflación eran medidas clave para la superación de los escollos que se alzaban ante la economía argentina, por sí solas no bastarían para la reactivación económica. El ahorro interno escaseaba, y no sería ciertamente el gobierno el que se propusiera promoverlo, a costa del consumo al que debía su fortuna política. Por lo tanto, la única forma de reactivar la industria era atraer capitales externos, que podrían ser aplicados tanto a incrementar la producción, reduciendo así la dependencia de las importaciones en aquellos rubros estratégicos de la economía que requerían grandes inversiones, prohibitivas para el Estado (por ejemplo, la industria petrolífera), como a obtener las divisas indispensables para importar bienes que resultaban vitales para la industria argentina. Por eso Perón inició los acercamientos con las grandes compañías petrolíferas de los Estados Unidos, y empezó a evaluar si sería oportuno aflojar la tensión que reinaba en las relaciones con Washington, confiando más que nada en que en noviembre de 1952 el general Eisenhower sería elegido para ocupar la Casa Blanca. Pero aun en esa situación se vio obligado a tomar en cuenta el desajuste entre sus necesidades en materia económica, que lo inducían a adaptarse al nuevo orden mundial, ocupando su lugar en las filas de la familia occidental, y sus intereses políticos, por los que estaba obligado a intentar reverdecer los mitos nacionalistas que alimentaban al movimiento peronista. Pronto debería pagar un precio por ese desajuste.

Armonía y disensión en el orden corporativo

El cambio de rumbo impuesto por Perón a partidarios y opositores a partir de la reforma constitucional de 1949, corroborado por la triunfal reelección de 1951, le sirvió para consolidar su régimen y reforzar el poder de que gozaba. Con las riendas firmemente en sus manos, parecía invencible. Pero aquel giro tuvo altos costos que, sumados a las consecuencias de los serios obstáculos con los que chocó el modelo económico, terminarían por abrir las primeras peligrosas grietas en los pilares corporativos que le servían de apoyo desde su acceso al poder. Con el tiempo, esas grietas llegarían a erosionar tales bases de sustentación hasta debilitarlas e, incluso, derribarlas; al caer, aplastarían al régimen que habían venido sosteniendo. Para decirlo de otro modo, el impulso “peronizante” ejercido sobre los más variados ámbitos de la vida argentina había tenido la consecuencia de que el gobierno y su líder empuñaran con mayor firmeza que nunca las riendas; pero, al mismo tiempo, mientras impulsaba definitivamente a la oposición a tomar el camino conspirativo, el mismo impulso indujo, como se habrá podido observar, múltiples y crecientes resistencias en el seno mismo de aquellas corporaciones de las que en tan alto grado dependía la solidez de la “nueva Argentina”. Sobran los ejemplos en tal sentido. Primero que todos el de las Fuerzas Armadas, que habían sido fuertes desde siempre y en la arquitectura del peronismo seguían siendo en gran medida autónomas, en virtud del derecho de veto en relación con los destinos de la nación que se habían conquistado durante el nacimiento y la elaboración del movimiento peronista y después, con el ascenso del mismo Perón. No puede caber duda de que ahora, a partir de 1949, Perón redobló los esfuerzos por encaminar las energías militares en favor de su régimen, reduciendo a la vez la autonomía de que gozaban las Fuerzas Armadas. Tampoco puede caber duda de que esos esfuerzos, si alcanzaron éxito, dejaron también muchos motivos de irritación y provocaron auténticos desgarramientos. La inoculación de masivas dosis de doctrina peronista en los cuarteles se concretó de diferentes modos, en primer lugar a través de la asidua obra de propaganda y seducción desarrollada por Perón en sus numerosos discursos y en las continuas visitas a las guarniciones de todo el país. El natural corolario de todo esto fueron las designaciones hechas, justamente, en 1949. Al colocar al leal Franklin Lucero al frente del ejército, Perón pudo contar desde entonces con la garantía de que el alineamiento ideológico con su régimen sería en adelante un factor determinante para la carrera de los oficiales. Como de costumbre, no dejó de aceitar los engranajes de la cooptación con generosas dosis de privilegios y prebendas: aumentos de sueldos, otorgamiento de permisos de importación de automóviles, generosas promociones. No fue casual que hacia 1951 las cúpulas militares pudieran ser consideradas ya probadamente fieles a Perón y al *justicialismo. Pero eso no significaba la completa normalización de una institución en verdad difícil de domesticar, si se consideran los bolsones de descontento que en ella hormigueaban. Para no hablar de la marina, esto era especialmente notable en la *Escuela Superior de Guerra. Allí se incubaban odio y rencores muy profundos hacia Perón. Los oficiales con esos sentimientos eran minoría y estaban divididos entre sí, pero abrevaban en una amplia lista de frustraciones, común a muchos camaradas de armas: no aceptaban la transformación de las Fuerzas Armadas en organismos subordinados de gobierno ni su supeditación a los sindicatos; tampoco toleraban la sacralización de la figura de Perón, ni mucho menos la de su esposa; en los privilegios de los que la oficialidad era objeto denunciaban la mano de la serpiente tentadora, que buscaba mellar el temple militar al precio de un plato de lentejas. Los oficiales más extremistas, nacionalistas y conservadores de antiguo estilo que tenían como guía al general Menéndez, tomaron las armas contra el gobierno en setiembre de 1951. No tuvieron éxito; por el contrario, su fracaso mostró la fuerza extraordinaria de Perón, y con su acción contribuyeron a reforzar el aura popular del Presidente frente a las inminentes elecciones de renovación de mandato. Pero, a la vez, la represión que se desató sobre toda la oposición y las purgas con que se decapitó a las Fuerzas Armadas inmediatamente después de la fallida sublevación hicieron aun más profundas esas heridas de las que el golpe había sido el síntoma, dando a entender, además, que tarde o temprano las heridas volverían a sangrar.

Menos evidente y cruento, pero no menos importante para los destinos del régimen peronista, fue el enfriamiento que poco a poco lo distanció de la Iglesia católica, a la que tantas ideas, tantos hombres y tanto apoyo debía. También en este caso fue la reforma constitucional el momento clave, porque la ya mencionada decisión de Perón de no aprovechar la ocasión para barrer de la Constitución el antiguo instituto del patronato, que al conferir al gobierno la última palabra en materia de nombramiento de obispos limitaba la autonomía de la Iglesia, introdujo un duro obstáculo en las relaciones con la Santa Sede y con una parte, por el momento minoritaria, del clero argentino. Lejos de dar crédito a las justificaciones de Perón de que no había querido incitar el ánimo anticlerical de las masas trabajadoras, el papa comenzó a dudar de sus intenciones, asociándolas tal vez a actitudes tomadas por Mussolini en Italia durante la larga etapa fascista. Así fue que el cielo de las relaciones entre el gobierno y la Iglesia, que hasta entonces había brillado límpido, empezó a cargarse con nubes de equívocos y sospechas. A Perón le parecía desagradecida y retrógrada esa Iglesia que, en lugar de prestarle un apoyo entusiasta, reclamaba autonomía, cuando él era quien la había hecho objeto de mil atenciones y la había aproximado a los sectores obreros, que de otro modo hubieran estado muy dispuestos a echarse en brazos del comunismo. Por su parte la Iglesia se representaba el riesgo de que Perón, en lugar de dedicarse a restaurar su antigua preponderancia, pretendiera reducirla a mero instrumento de gobierno, a ficha valiosa pero subordinada del gran rompecabezas de su *comunidad organizada. Tras la aparente sintonía entre Iglesia y Estado, y las recurrentes invocaciones peronistas a la catolicidad de la “nueva Argentina”, había empezado a sonar la alarma de una irreparable discordia, cuyas manifestaciones todavía eran débiles, pero no por cierto invisibles: no se creó ninguna diócesis nueva, no se nombró un solo obispo titular y el presupuesto para el culto fue sometido a un tratamiento de adelgazamiento, en tanto que las tradicionales “misas de campaña” debieron ceder terreno en la liturgia del régimen al culto de la “cristiandad peronista”, y el gobierno discriminaba abiertamente entre el “clero bueno” que lo seguía y el que estaba optando por confinarse en sus parroquias. Un aluvión cada vez más tumultuoso de cuadros católicos comenzó un silencioso éxodo de las filas peronistas, y en ese marco no dejaron de aparecer pronto las primeras chispas, tímidos presagios de más significativos incendios. Por ejemplo, la carta de adhesión que Perón y Eva remitieron a cierto congreso de espiritistas que se celebraba en Buenos Aires, o su ausencia sin aviso en el acto de inauguración del Congreso Eucarístico Nacional de 1950.

Por fin, en aquellos años de vacas flacas también le llegaron problemas a Perón de donde menos hubiera podido imaginarlo: el mundo del trabajo, que era sin duda el punto de apoyo esencial de su base social. Es claro que nunca llegaron a ser tales como para minar su inmensa popularidad; no obstante, la lucha entre clases y sectores sociales, y entre las diferentes corporaciones, para dividirse recursos que iban siendo cada vez más escasos y para librarse de pagar los costos del estancamiento, se reavivó como nunca en esos años. El problema residía en que el Estado no disponía ya de las cuantiosas riquezas que hasta entonces le habían permitido contentar a todos y a cada uno. Por supuesto, la armonía entre capital y trabajo que tan cara le era a Perón debió enfrentar un duro desafío, y la CGT fue llamada cada vez con mayor frecuencia a desempeñar el papel de guardiana del orden corporativo, antes que el de defensora del salario y los derechos de los trabajadores; en otras palabras, su función era ahora asegurar la disciplina de la clase obrera y su fidelidad al gobierno. Era una tarea delicada y riesgosa, tanto para la CGT como para Perón. Los dirigentes obreros tenían que avalar cada vez más frecuentemente los actos de represión de los reiterados paros de actividades, y al hacerlo corrían muy a menudo el riesgo concreto de perder legitimidad a los ojos de sus bases y ser sobrepasados. Los trabajadores, por su parte, se habían acostumbrado demasiado a apelar con éxito al apoyo de Perón como para resignarse a ceder el poderoso medio de presión que poseían. El resultado fue que más de una vez indujeron al Presidente a ceder y apoyar sus reivindicaciones, lo que en fin de cuentas era el precio que Perón debía pagar por mantener unido a su “pueblo” y preservar incontaminado el mito que lo designaba como “el primer trabajador” de la república. También para esto hay abundancia de ejemplos. Baste recordar la obsesiva campaña mediante la cual la CGT difundió la admonición de producir, que tanto le era cara a Perón, y tachó a las huelgas de cobardes atentados contra la revolución peronista. Naturalmente, no por eso cesaron las huelgas, en esos años en que la inflación roía los salarios; más bien parece haber sucedido todo lo contrario, si se tiene en cuenta la marejada de agitación que pasó de los ingenios azucareros a la industria de conservación de la carne, y luego a las empresas gráficas, los bancos y los ferrocarriles. Para hacerles frente, el gobierno no se privó de usar la fuerza: declaró ilegales la mayor parte de los paros, intervino los sindicatos que los propiciaban o les quitó estatus legal, arrestó y condenó a dirigentes bajo acusaciones de sabotaje y traición. Con todo, muchas veces llegó a aceptar las reivindicaciones de los trabajadores, claro que asegurándose de que en adelante se expresarían mediante los canales institucionales rígidamente controlados por el régimen. Hacia 1950, el nuevo estatuto que se había dado la central obrera, la marginación de sus dirigentes más independientes y combativos, y el hecho de que, al crearse la rama sindical del partido peronista, la actividad agremiativa quedaba definitivamente encuadrada dentro de él, completaron su metamorfosis en aparato, integrante de la *comunidad organizada. Se trataba de un aparato gigantesco y multiforme, si se tiene en cuenta el aumento del número de afiliados, el desarrollo de la burocracia administrativa en los sindicatos y la inmensa cantidad de servicios que éstos prestaban, que incluían centros de salud, organizaciones mutuales, emprendimientos turísticos y colonias. Al fin, en síntesis, la fuerza del régimen y el consenso del que gozaba lograron calmar o absorber las protestas de los sectores obreros más intransigentes y más celosos de su autonomía; pero lo lograron a costa de transformar los sindicatos en inexpugnables baluartes del conformismo, debilitando de paso el entusiasmo revolucionario de los primeros tiempos. Fue un precio que, a juzgar por la escasa vitalidad sindical de pocos años más tarde, en el momento de la necesidad, resultó excesivamente caro.

En esos mismos años, el gobierno peronista hizo grandes esfuerzos por ganar posiciones en un terreno que siempre le había sido hostil, aunque no del todo ajeno: el mundo empresarial, tanto de la industria como del agro. Por otra parte, la idea de unificarlo, organizarlo y poner sus energías al servicio de la comunidad organizada peronista cuadraba plenamente con el espíritu corporativo del *justicialismo. El sector, ciertamente lastimado por el choque de 1945 con Perón, no era en modo alguno compacto, sobre todo en su frente industrial. Está claro que tras las elecciones de 1946 la Unión Industrial Argentina había tomado una orientación claramente antiperonista, y que por eso fue decapitada, ya que Perón la privó del reconocimiento legal que su gobierno se arrogaba el derecho de conceder o retirar. Pero en las filas industriales prevalecieron mayormente actitudes moderadas hacia un gobierno que, si bien había multiplicado los costos con sus políticas sociales, también había promovido el consumo, dispensado créditos a intereses negativos, protegido el mercado interno y conducido la política cambiaria con el claro fin de proteger la producción nacional. De ahí que no fuera tan raro encontrar entre los industriales quienes creyeran con firmeza en el industrialismo y el nacionalismo económico de Perón, sobre todo en la rama que más había crecido durante la guerra, la metalúrgica. Pronto el gobierno hizo esfuerzos por atraer esos elementos a su órbita. Por otra parte, ya desde 1946 Perón había pensado hacer algo parecido con la inamistosa Sociedad Rural, procurando dividirla mediante el otorgamiento de favores a aquellos dirigentes que se mostraran dispuestos a colaborar con su gobierno, cosa que no bastó para aplacar la hostilidad que la Sociedad Rural le profesaba. Lo cierto es que, hasta 1950, poco o nada había surgido de esos esfuerzos de Perón, y aunque hubo varias siglas que se sucedieron unas a otras no surgió la organización que pudiera coronar el sueño de un organismo corporativo específico del mundo de la producción y que fuera fuerte y bien cohesionado, de modo de poder cerrar el círculo de la colaboración entre capital y trabajo bajo la égida del Estado. Por cierto que el empeoramiento del ciclo económico no favoreció esos intentos: los industriales agudizaron sus quejas por los altos costos que debían afrontar a causa de la elevada protección social, del ausentismo irrefrenable y de la escasa productividad obrera. Pero precisamente el oscurecimiento del horizonte económico hacía más urgente para Perón la necesidad de unir y organizar a los productores. Los necesitaba para poder controlar un foco de enfrentamiento social que podía escapársele de las manos, pero también para apoyarse en la fuerza de negociación de los industriales como en un escudo que le permitiera poner algún límite a las reivindicaciones de los sindicatos obreros, que sólo servían para alimentar la ya enloquecida espiral inflacionaria. Fue precisamente entonces cuando la rápida y casi completamente espontánea consolidación de cierta confederación de industriales de provincias, partidarios del modelo económico dirigista del gobierno, y capaces de ir poco a poco conquistando posiciones de mando en el nivel nacional, indujo a Perón a apurar los tiempos de creación de la auspiciada corporación de productores. Así fue que en diciembre de 1951 promovió el nacimiento de tres confederaciones nacionales de productores, la de la industria, la del comercio y la de la agricultura, que en agosto de 1952 formarían la CGE, Confederación General Económica, dominada por los pequeños y medianos industriales y dirigida por José Ber Gelbard, campeón de la burguesía nacional y de su alianza con los obreros peronistas. Éste fue un nuevo y fundamental paso hacia la creación de la *comunidad organizada. Sin embargo, pronto vería Perón cuáles eran sus límites.

La muerte de Eva

En la parábola cumplida por Eva Perón desde el fasto de 1949, cuando se encontraba en la cima de su poder y su gloria, hasta la enfermedad que la llevaría a su temprana muerte en el lluvioso invierno de 1952, se refleja también la melancólica transformación del peronismo, de jactancioso movimiento de regeneración nacional a régimen de tonalidad gris. Evita era, más que nada y que nadie, la cruz y la delicia del movimiento, su emblema y su símbolo.

Delicia porque ella, por orígenes y temperamento, encarnaba el alma popular y revolucionaria del peronismo, hoguera que mantenía encendida y reavivaba día a día, cuando ya los vientos habían dejado de impulsar el barco. Sus realizaciones en materia de ayuda social, los torneos deportivos y las colonias de vacaciones que llevaban su nombre, los fajos de billetes de banco que según necesidad sacaba de un cajón de su escritorio, punto de arribo de las largas filas de necesitados y marginados que se aglomeraban en su torno; todo eso, y aun más sus modales, bruscos y expeditivos con los adversarios, dulces y solícitos con los peronistas, su lenguaje franco, violento y con frecuencia procaz, eran rasgos que indisponían contra ella a los diplomáticos refinados y a los argentinos instruidos, pero eran a la vez ingredientes de su carisma, elemento de vital importancia para robustecer el cordón umbilical que unía a Perón con los trabajadores, que eran el núcleo esencial de su régimen. Por eso, Evita era ahora un centro vital del peronismo; y resultaba un componente de tan esencial importancia, porque su aura de sacralidad y la inmensa popularidad de que gozaba, hábilmente amplificada por un aparato propagandístico excepcional, hacían posible que Perón se valiera de ella para poner límites a las presiones de las corporaciones de orientación más conservadora, en particular las Fuerzas Armadas. De ese modo podía presentarse ante ellas como el punto de equilibrio entre fuerzas contrapuestas que, de no estar él, terminarían por desgarrar el país; actitud que adoptó al menos por breve plazo, es decir, mientras el disgusto hacia la arrebatada verba de Evita no alcanzara niveles de riesgo y en tanto las condiciones del país no aconsejaran aquietarla. Nada tiene de casual, pues, que en febrero de 1949 Perón se resistiera a las cúpulas militares que procuraron imponerle el alejamiento de Evita del escenario político, mientras que, por el contrario, en agosto de 1951 cedió ante los mismos antagonistas, cuando opusieron el veto a la candidatura de Evita a la vicepresidencia de la nación, consciente del impulso que una negativa suya a aceptar ese veto daría a las conspiraciones que, como bien sabía, estaban incubándose en los cuarteles.

Pero hemos dicho que Evita era el apoyo y la delicia del régimen, y también su cruz, o su lastre. En mucho mayor medida que Perón, en fin de cuentas más sabio, más prudente o más experimentado que ella, Evita dio extraordinario impulso al rápido proceso por el que a partir de 1949 el peronismo monopolizó el poder y trató de fundir Estado, nación y partido, en perjuicio tanto de la ya débil oposición como de las corporaciones, que hasta poco antes todavía brillaban en el firmamento peronista. Su violenta retórica maniquea, tejida de inextricables contraposiciones, de amor por los amigos y odio por los enemigos, mantenía alta la tensión y activa la movilización de las clases trabajadoras, pero al mismo tiempo era de un carácter tal que alzaba en torno del peronismo una empalizada hasta tal punto empinada y rígida que cada argentino se veía obligado o bien a saltarla para caer dentro del campo peronista, jurando eterna lealtad al líder, o a permanecer afuera, a costa de hallarse en terreno enemigo. Con esa acción, Eva tendió cada vez más a integrar por una parte y a expulsar y excluir por otra, es decir, a aislar al gobierno y a comprometer el delicado equilibrio entre las corporaciones, sobre el cual basaba Perón la estructura de su “nueva Argentina”. No sorprende, pues, que con el tiempo su juvenil ardor y su primitiva cosmología en blanco y negro se volvieran incómodos y hasta embarazosos para el líder.

Fue precisamente entonces, hacia 1949, cuando Eva conquistó la cima absoluta de la iconografía peronista, proporcionando un decisivo aporte a la sacralización del régimen y al culto de la personalidad que había surgido en torno a Perón, en el preciso momento en que el acceso al empleo público exigía, como requisito fundamental, la afiliación al partido peronista. Las imágenes de Perón y Evita atiborraban ahora calles, escuelas y paseos, desplazando incluso a quienes habían contribuido en gran medida al nacimiento y la popularidad del peronismo, como el coronel Mercante, ahora relegado al olvido. Los textos escolares no escaparon al bombardeo propagandístico; la figura de Evita, esbozada con los rasgos del hada buena y providencial, se volvió familiar a niños y jóvenes de cualquier grado y condición, en igual medida que su pensamiento y que su vida misma, resumidos en la autobiografía de Eva, La razón de mi vida, e impuestos como objeto de adoración cotidiana y de lectura obligatoria. Erigida en emblema de la justicia social, de la redención de los humildes y la dignidad de los trabajadores, Eva llegó a ser objeto de un culto profano y en ocasiones grosero, como cuando elevaron su candidatura al Nobel de Literatura en virtud del enorme éxito de su autobiografía, aunque el libro no hubiera sido escrito por ella, o como lo reflejaron los faraónicos proyectos aprobados por el Congreso, en ocasión de su muerte, de edificar una estatua y un mausoleo que no tendrían igual en el mundo.

El aura que había crecido en torno de ella, ya fuera por genuina devoción popular o por el repique constante de los medios de comunicación, pasó a ser el punto de apoyo de las ambiciones peronistas de alcanzar la autosuficiencia política y doctrinaria, de las pulsiones totalitarias liberadas por el organicismo del régimen y del intento justicialista por transformarse en algo así como una religión política. No es casual que Eva desarrollara y cultivara un papel clave en la nueva simbología religiosa del régimen, ya emancipada de cualquier explícita remisión a la catolicidad y dedicada a definir los términos de una cristiandad peronista, popular y no jerárquica, de la que Evita se erigió en quintaesencia, al punto de recibir el altisonante título de *Jefa espiritual de la nación. Por lo demás, fueron buenas muestras del éxito alcanzado en este aspecto las desgarrantes escenas de devoción que acompañarían su enfermedad y su muerte, con las peregrinaciones masivas, las reliquias y las imágenes iluminadas en las esquinas y las inagotables misas en su memoria, convertidas en tribunas de un clero que por su activa y declarada adhesión al peronismo parecía situarse al borde de la herejía. Apenas muerta Evita, no dejaron de elevarse al Vaticano apresuradas peticiones de beatificación. En tal sentido no es de sorprender que, así como había resultado indigesta a los militares, Eva terminara por ser una espina clavada en la carne de la Iglesia católica, a la que ya disputaba el monopolio de lo espiritual, pretendiendo encarnar la “verdadera” cristiandad.

Dicho esto, hay que puntualizar también que la Eva Perón de los últimos años de su breve vida fue menos que nunca en esa época un mero concentrado de palabras y carisma, un símbolo o un mito, es decir, una realidad etérea y no material. No, fue, en todo caso y sobre todo, una mujer de poder; una mujer cuyo vínculo privilegiado con Perón le permitió acumular una enorme influencia, que ella demostró bien que ejercía con inocultable placer y con aun mayor desfachatez. Aunque dispuesta a emplear esa influencia al servicio de Perón, no puede haber duda de que por ella alcanzó un peso gigantesco y una autonomía mucho mayor de la que tenía en los primeros años. Los hombres y las mujeres que le debían su encumbramiento en la constelación de estrellas del régimen fueron cada vez más numerosos, y se multiplicaron tanto en el partido, cuyos cuadros de dirección terminó por controlar, como en el Congreso, donde contaba con gran número de fieles, en la CGT —conducida por el fiel José Espejo, y por añadidura atada estrechamente al Ministerio de Trabajo, cuyo titular era hechura de Eva—, en la acción social de alcance capilar confiada a la Fundación Eva Perón —ahora una enorme maquinaria político-administrativa, con miles de empleados y funcionarios— y, por fin, en la prensa, que ella controlaba directamente o sobre la cual podía influir gracias a los buenos oficios de los serviles y siniestros Raúl Alejandro Apold y Carlos Aloé. Incluso en la política exterior, una vez que se libró de Bramuglia, pudo hacer pesar durante bastante tiempo sus ambiciones de exportar el *justicialismo a otros países de América latina, iniciando una diplomacia de presión a través de ayudas humanitarias, propaganda y penetración sindical, que no siempre fue bien recibida por sus destinatarios.

Y, sin embargo, el año de la reelección, ese 1951 que vio la apoteosis de Perón, fue también el del comienzo del descenso del telón para Eva. Mejor dicho, el telón bajaría sobre su vida y su poder concreto, porque el mito, aun más potente, la sobreviviría y continuaría poblando el imaginario y la historia de los argentinos, los que la habían amado y los que la habían detestado, e inclusive los que nacieron después de su muerte y la conocieron ya transfigurada. En agosto de aquel año 1951, Eva probó por primera vez en mucho tiempo el amargo sabor de la derrota, al chocar con los límites de lo que hasta entonces había sido fulmíneo ascenso. Fue cuando un plan largamente madurado por sus más íntimos seguidores desembocó en una inmensa manifestación popular en el centro de Buenos Aires, que tenía por fin “convencer” a Evita de que respetara la voluntad popular, esto es, que aceptara acompañar a Perón en las elecciones, como candidata a la vicepresidencia. En esa ocasión llegó a lo más alto su unión mística con el pueblo peronista, a la vez que la liturgia del régimen exhibía su más emotiva prueba de eficacia. Pero fue también la oportunidad en que la “comunidad organizada” llegó a su punto crítico más delicado. La plaza colmada de peronistas y el veto militar, la soberanía del pueblo invocada a cada instante y las bases corporativas del régimen estuvieron a punto de chocar abiertamente, con lo que habrían hecho saltar por el aire la ambición, central en Perón, de restaurar la armonía nacional mediante el garantido equilibrio entre los diferentes órganos de la sociedad.

Si Perón se allanó al fin a aquel imperativo, e indujo a Eva a renunciar a sus aspiraciones políticas, ella empezó a concretar esa renuncia poco después del tumor que le fue diagnosticado en setiembre. Es probable que el mal hubiera sido descuidado y que, como pensaban muchos, se hubiera visto agravado por la enorme carga de estrés a la que había estado sometida Evita en los últimos años. Lo cierto es que abrió una larga y por momentos misteriosa agonía, que por meses y meses tuvo sin aliento a la Argentina entera. Durante esos meses el país se vio inundado por la celebración de Eva y por su propia autocelebración. El punto culminante de ésta, La razón de mi vida, el libro redactado por un periodista español y reordenado por un más prosaico ministro peronista, fue, según Eva, “el hijo que nunca tuve”. Su destino quedó cumplido el 26 de julio de 1952. Anticipando el prolongadísimo luto y las escenas de dramática y a veces histérica emoción que durante mucho tiempo conmoverían al país, un locutor anunció por la radio oficial que Eva Perón había “entrado en la inmortalidad”. Perón y su régimen recibían la misión de administrar la complicada herencia de Eva, pero ya nada sería como antes.

5. La segunda presidencia y el giro no completado
1952-55

Segundo Plan Quinquenal: el pasaje de la distribución a la producción

El Plan de Emergencia, con el que en 1952 el gobierno peronista había procurado poner freno a la inflación y salir de las estrecheces del estancamiento, tuvo resultados alentadores. Mejores, tal vez, de lo esperado, por lo menos en algunos aspectos, como el índice de inflación, que pasó del 39% al 4% entre 1952 y 1953, como efecto de la congelación impuesta a la carrera entre precios y salarios, y del ahorro, que creció a buen ritmo. También el déficit fiscal fue reducido a términos más que aceptables, gracias a una exacerbación de la presión fiscal y a considerables recortes de las inversiones; pero seguían siendo componentes de enorme peso del déficit la política de subsidios a la agricultura, introducida en 1949 y que resultaba ahora más gravosa por el derrumbe de los precios internacionales y el inmenso costo financiero que el Estado había asumido con la nacionalización de los ferrocarriles.

Más allá de esos resultados, el problema de fondo seguía siendo poner los cimientos de un crecimiento económico sólido y continuado, que permitiera el progreso de la “nueva Argentina” y garantizara a la base popular del peronismo la conservación del elevado estándar de vida alcanzado en la etapa de las vacas gordas. A ese propósito ya comenzaba a abrirse camino en Perón y su equipo económico el reconocimiento de que tal vez el modelo que tanta riqueza había distribuido y tanto consenso había procurado al Presidente durante su primer mandato tal vez no fuera ni recuperable ni conveniente, y sí un obstáculo para alcanzar los objetivos que hemos enunciado. Pero lo que ya en ese momento se perfilaba como la vía económica más racional se contraponía tan decididamente con el imperativo político del régimen, de responder adecuadamente a las expectativas de las bases que el mismo régimen había movilizado mediante la invocación a tambor batiente del nacionalismo económico, que ahora se imponía tomar algunas decisiones incómodas. Por lo menos en un primer momento, no pareció que a Perón le faltara valor para encarar esas decisiones. Hubo dos medidas que así lo revelaron: el Segundo Plan Quinquenal, en vigor desde comienzos de 1953, y el proyecto de ley de inversiones extranjeras, enviado al Congreso en abril, en vísperas de la muy esperada visita de Milton Eisenhower, hermano del Presidente norteamericano, que Perón esperaba allanaría el camino para la llegada de capitales estadounidenses. El Estado conservaba en esas iniciativas su papel dirigista, y por otra parte su enunciación fue acompañada por un bombardeo propagandístico destinado a tranquilizar a los peronistas sobre la fidelidad que las nuevas medidas guardaban a la “doctrina nacional”. Sin embargo, tanto el contenido textual como el espíritu de ambas decisiones dejaban entender claramente que el modelo económico del primer peronismo era ya en amplia medida cosa del pasado.

El Segundo Plan Quinquenal partía de una implícita autocrítica del que lo había precedido. Juzgando que un crecimiento que se sostenía principalmente por la expansión del consumo no podía ser sino aleatorio, y deseando echar las bases de un desarrollo que fuera de carácter menos precario, el plan se proponía reformas auténticamente estructurales. En efecto, había quedado demostrado con claridad que el crecimiento del consumo y, en general, de las industrias de bienes de consumo, terminaba por implicar una verdadera explosión de importaciones de tecnología y maquinarias, sacando dramáticamente a la luz la dependencia de la economía argentina de las manufacturas y el aprovisionamiento energético extranjeros: una situación que ciertamente volvía vacua la obsesionante reivindicación de “independencia económica” del régimen. Para remediar esa situación, el plan quinquenal redefinía las prioridades económicas nacionales, concentrando las inversiones en los sectores de base, aquellos en los que una industria mejor integrada y una economía menos vulnerable debían necesariamente basarse. En otras palabras, las inversiones deberían favorecer la sustitución de importaciones en las áreas estratégicas de la industria pesada (y en especial en la siderurgia), los transportes, la energía. Y, en efecto, en los pocos años de gobierno que aún le quedaban a Perón fueron ésos los sectores en los que más se concentró el esfuerzo estatal, que para alcanzar tal fin redujo gastos e inversiones en otras áreas, en especial, las de defensa y de salud pública.

Pero la Argentina de 1953 no era ya el país opulento de algunos años antes, y ciertamente no tenía sobra de capitales para aplicar a la obtención de objetivos tan ambiciosos, más todavía si se pretendía evitar que el esfuerzo recayera en los hombros de los trabajadores. Menos aun podrían soportarlo los productores agropecuarios, ya afectados por el derrumbe de los precios de los granos y la carne, y que al mismo tiempo desempeñaban el vital papel de principal fuente de las divisas extranjeras, sin cuyo aflujo la Argentina se vería obligada a cerrar la canilla de las importaciones. Por otra parte, los jóvenes economistas que rodeaban a Gómez Morales en el nuevo gobierno habían aprendido la amarga lección de los años de alta inflación, y no estaban dispuestos a sacrificar la disciplina fiscal para alcanzar resultados que a la larga se revelarían efímeros. Por supuesto, la racionalización del gasto era una ayuda; además, gracias a la aplicación del Plan de Emergencia y al crecimiento del ahorro interno, la economía marchaba ahora a toda vela sobre bases estables. Sin embargo, sin una intensa inyección de capitales privados, que forzosamente deberían ser extranjeros, los objetivos del plan quinquenal no podían ser sino quimeras. El aparato propagandístico del justicialismo, que tantas loas había cantado a la independencia económica, a la emancipación de los dictados del capital predatorio, a la preponderancia de la política sobre la economía y del Estado sobre el mercado, había venido a encontrarse ahora en un tramo delicado, en el que el desajuste entre las palabras y los hechos amenazaba arrasar con la credibilidad del gobierno a los ojos de sus más fieles seguidores.

La ley de inversiones extranjeras, que equiparaba el capital venido de afuera con el nacional y permitía a aquél generosos porcentajes de repatriación de beneficios, no era en sí misma ni complicada ni temeraria, ahora que el fantasma de una nueva guerra parecía haber sido aventado y las vías comerciales estaban otra vez abiertas. En todo caso, el problema que le planteaba al gobierno era de orden político: ¿sería posible que la base social del partido aceptara, digiriera o cuando menos tolerara un cambio de rumbo que afectaba las más sensibles cuerdas de la identidad peronista? Por cierto, no cabía esperar que la oposición le diera una mano al gobierno, o hiciera algo por facilitarle el camino. Lo que en realidad hizo, ahora que estaba reducida al silencio y libre de responsabilidades de gobierno efectivas, y que también era presa del mismo fuego sagrado nacionalista, fue aprovechar la tentadora ocasión para denunciar la traición de Perón, que se aprestaba a vender al extranjero los recursos naturales argentinos, empezando por el petróleo.

Ante el desafío, y más todavía ante la reanudación de los conflictos obreros y el escaso entusiasmo demostrado por su partido, Perón empezó a flaquear. De hecho, los efectos prácticos de la ley fueron escasos, y ciertamente no proporcionados con las expectativas de atraer capitales extranjeros en cantidad suficiente para crear nuevos y modernos polos productivos, que permitieran reducir el peso de las importaciones e incrementar las exportaciones de manufacturas. Cuando el gobierno se arriesgó a firmar un contrato para la explotación petrolífera con una subsidiaria de la Standard Oil, las acusaciones de la oposición y el espeso silencio en las filas de su propio partido lo indujeron a retirar prontamente la mano que había arrojado aquella primera piedra. Lejos de movilizar el inmenso aparato político y propagandístico de que disponía, usado tantas veces en tan diferentes causas, prefirió dejar morir el proyecto en una comisión parlamentaria. Por cierto que el plan quinquenal sufrió las consecuencias, y, por ejemplo, el primer alto horno de SOMISA, la gran empresa siderúrgica de San Nicolás, en la provincia de Buenos Aires, que hubiera debido ser la perla de la corona, sólo inició su funcionamiento poco antes de la caída de Perón. También siguieron sufriendo graves desequilibrios de funcionamiento el sector de los transportes y, sobre todo, el energético, como lo prueban los apagones que afectaron a varios centros urbanos. Se incrementó la producción petrolífera, en manos de la empresa estatal YPF, pero no hasta el punto de satisfacer el crecimiento del consumo: las importaciones de petróleo debieron duplicarse.

Al cumplirse en 1954 el plazo para el vencimiento del congelamiento de precios y salarios, Perón volvió a hallarse ante el espectro de una frenética reanudación de los conflictos entre capital y trabajo y de una nueva espiral inflacionaria, y perdió completamente el ánimo. Era comprensible, si se tiene en cuenta que las grandes movilizaciones obreras que volvían a colmar las calles de la Capital, y las excelentes condiciones que en la mayor parte de los casos lograron arrancar a las patronales le imponían una vez más el dilema del que se había vuelto prisionero: o satisfacía a sus bases, al precio de oponer serios obstáculos a los planes de desarrollo en curso, o seguía adelante con la nueva estrategia económica, a riesgo de comprometer o desgastar lo que era el centro de gravedad de su ordenamiento político y social, la relación con los trabajadores.

Para responder al desafío, Perón apeló a su repertorio corporativo tradicional. Trató de implementar un pacto social CGT-CGE, que pudiera permitirle continuar con el nuevo curso económico sin descontentar a los trabajadores. El resultado de este esfuerzo por mantenerse con un pie en cada lado fue que, en lugar de alcanzar la tan deseada armonía social, se llegó a una estéril parálisis que desagradó por igual a todo el mundo. Ése fue el resultado del *Congreso Nacional de la Productividad y el Bienestar Social, reunido por Perón en marzo de 1955, después de una intensa y masiva campaña preparatoria de la prensa gubernamental. Las exigencias de industriales y sindicatos se revelaron inconciliables, y el gobierno puso en evidencia que ya no tenía ni la fuerza ni los medios suficientes para imponer una solución, más allá del hecho de que dicha solución, cualquiera que fuera, hubiera implicado pagar un alto precio, ya en términos políticos, ya en términos económicos. Los industriales, a quienes se les asignaba un papel protagónico en la recuperación del crecimiento productivo, propusieron un urgente paquete de medidas: había que poner fin al ausentismo crónico, idear nuevas formas de incentivos individuales que estimularan la bajísima productividad y limitar en los establecimientos fabriles el enorme poder de las comisiones internas, que trababan toda posibilidad de disponer del personal con mayor libertad. A su vez, los sindicatos asumieron la defensiva, un poco por convicción y otro poco por la presión de unas bases que no estaban dispuestas a tolerar los cambios en curso. Perón procuró guardar el equilibrio entre unos y otros, sin decidirse a inclinar la balanza hacia ninguno de los dos lados. El resultado fue que, como suele decirse, el parto de la montaña fue un ratoncito ridículo: el encuentro que había sido pensado como el inicio de grandes cambios vino a cerrarse con un documento anodino, sin ningún efecto práctico.

Pero hay que admitir también que 1955, que sería el año de la caída de Perón, no se caracterizó en absoluto por ser una etapa de decadencia económica. Al contrario, a su término dio como saldo un sostenido crecimiento, con buena balanza comercial, una moderada tasa de inflación y una dinámica salarial que, en líneas generales, pudo ser mantenida bajo control. Resulta acertado afirmar que la economía tuvo poco o nada que ver con la crisis que acabaría con su gobierno. Pero lo cierto es que la dificultad que el cambio de rumbo económico puso de manifiesto entonces fue un asalto a la naturaleza misma del régimen peronista. Era inevitable que el peronismo, resuelto a retrotraer a la Argentina a la unidad orgánica de sus principios, y reivindicando para sí y para su doctrina el monopolio del poder político, de la representatividad social y de la identidad nacional, terminara por asimilar, introyectar y padecer todas las agudas contradicciones de un país que ya se había lanzado a la búsqueda de la modernidad; un país cada vez más plural y diferenciado, en el que no era posible seguir considerando los conflictos y las divergencias como manifestaciones patológicas que amenazaban su organismo, sino como fenómenos estrictamente fisiológicos de una típica sociedad industrial, urbana y no precisamente inculta.

La imposible armonía. Génesis de una crisis del régimen

La segunda presidencia de Perón estuvo permanentemente supeditada a una serie de dilemas. Por un lado, estaba la contraposición entre la necesidad de cultivar la alianza con el empresariado y fomentar sus planes productivos, y la de no dejar que la clase obrera se sintiera abandonada o traicionada. Por otro lado, la voluntad genuina de abrirse a los capitales externos y a la amistad con los Estados Unidos se contraponía a la de reafirmarse como campeones de la soberanía; por otro, en fin, la voluntad de absorber y unificar todos los aspectos de la vida argentina a la sombra de su doctrina nacional debía enfrentarse con la de neutralizar las violentas reacciones de la oposición y de las corporaciones, despojadas cada vez más de sus autonomías. Por eso fueron años en que el masivo consenso alcanzado por el peronismo, puntualmente confirmado por las elecciones de 1954, no pudo impedir que el clima político y social del país oscilara bruscamente entre paz y guerra, entre violencia y conciliación. Fueron también años en los que Perón se esforzó, con éxito cada vez menor, por contener dentro de las coordenadas del orden corporativo los impulsos contrapuestos que desde su advenimiento al poder venían desgarrando al país, y que el agotamiento de la breve edad de opulencia volvía aun más irreconciliables. Convencido de que el Estado, del que era ya la encarnación, contaba con la fuerza, el prestigio y el consenso suficientes para reconducir a la Argentina a la unidad y la armonía, debió tomar nota de que el efecto de esa pretensión era precisamente que sobre él y sobre su régimen recaía cada conflicto que se planteaba en el país. Y ello sucedía sin que pudiera contar con ningún mecanismo institucional eficaz para asimilar o esterilizar los conflictos, ya que en su ímpetu revolucionario había hecho de cada institución un instrumento de su poder; un instrumento más comprometido en adularlo que en estructurar consenso, o en instaurar una política de largas miras para la desactivación del disenso. Pero sobre todo, el singular origen de su Revolución —corporativa, sí, pero también electoral y popular— concedía a los trabajadores un poder de veto que le ataba las manos, sobre todo en esta etapa en que se proponía restablecer el equilibrio entre las clases conteniendo las reivindicaciones obreras que en otros tiempos había fomentado.

Las oscilaciones fueron particularmente brutales en el curso de 1953, cuando el humor de los trabajadores, exasperados por el largo congelamiento de los salarios, se volcó cada vez con mayor frecuencia sobre sus dirigentes sindicales, comprendido José Espejo, secretario general de la CGT. Perón, muy al tanto del peligro que corría la credibilidad de esos dirigentes en el preciso momento en que debían desarrollar la dura tarea de poner límites a las reivindicaciones obreras, no vaciló un instante en decapitar al consejo directivo en pleno, sin dejar de celebrar a la central obrera como la “columna vertebral” de la Revolución. Trató, en suma, como siempre, de salvaguardar la integridad de su aura carismática de protector de los obreros descargando sobre sus funcionarios la responsabilidad por las penurias de los trabajadores, a fin de presentarse a sí mismo como último y milagroso remedio. De igual forma procuró calmar el descontento popular por los crecientes rumores de corrupción en las filas del gobierno destapando la olla en tal grado que su secretario personal Juan Duarte, el poderoso y hasta entonces mimado hermano de Evita, quedó seriamente comprometido. El discutido suicidio de Duarte suscitó un escándalo en el país. Tampoco fue eso todo; Perón se propuso enfriar también la difundida exasperación por el encarecimiento de los precios de numerosos bienes, que ya había inducido al muy poderoso y combativo sindicato de trabajadores de la energía eléctrica, Luz y Fuerza, a movilizarse contra el fenómeno. Para tratar de retomar las riendas de esa situación, dio participación a la CGT en las comisiones formadas para vigilar los precios, a la vez que cooptaba para ocupar puestos en las cúpulas de los sindicatos a numerosos activistas que, por ser las cabezas visibles de las protestas, hubieran podido menoscabar su autoridad.

Por supuesto, al mismo tiempo se iba reiterando el rito del encuentro entre el líder y su pueblo. En abril de 1953 la CGT concentró sus efectivos en la Plaza de Mayo en defensa de Perón, que más que nunca era objeto de los ataques de la oposición y de las trampas tendidas por los “infiltrados”, quienes aun diciéndose peronistas osaban desafiar la disciplina del movimiento mediante luchas y reivindicaciones incompatibles con el camino trazado por el líder. Ése fue el acto público en el que se activó la ya latente espiral de violencia y venganzas, que ningún intento de conciliación podría ya detener, como no fuera por breves y efímeros momentos. El estallido entre la multitud de algunas bombas, colocadas por comandos de la oposición que estaban decididos a sembrar el caos con tal de voltear a Perón, provocó algunas víctimas y una reacción peronista —en parte espontánea, en parte atizada por el líder desde el balcón de la Casa Rosada—, que ciertamente no se hizo esperar, tal vez porque ya existían planes represivos listos para aplicar en una ocasión semejante. Las víctimas inmediatas de la reacción fueron las sedes de los partidos de la oposición y el local del aristocrático Jockey Club de Buenos Aires, dados a las llamas por turbas que vivaban a Perón, ante la mirada indiferente de la policía. Las cárceles, además, abrieron sus puertas para unos 4.000 opositores, tanto dirigentes políticos como militantes y personalidades de distintos ámbitos sociales. A algunos de ellos, como ya había sucedido antes con otros presos políticos, no se les ahorraron odiosas torturas, consistentes mayormente en descargas eléctricas, que tenían por objeto arrancar confesiones y delaciones. Por cierto que la espiral de violencia reanimó por un instante en las filas peronistas el espíritu revolucionario, debilitado por las dificultades económicas y por la burocratización del régimen; permitió también a Perón hacer resonar una vez más su acostumbrado repertorio maniqueo, que oponía al pueblo contra sus enemigos y a la nación contra la antinación, y que resultaba extremadamente útil y sugerente para convocar de nuevo a su movimiento bajo las antiguas y sagradas banderas. Pero esa reacción también profundizó el abismo que el régimen se había creado a su alrededor, y terminó por convencer a muchos de los más indecisos y desilusionados de que no había caminos alternativos entre doblegarse al orden peronista y procurar librarse de él a cualquier costo.

Vista con ese trasfondo, la aparente primavera con que se cerró el año 1953 y empezó 1954, para muchos anticipatoria de la tan deseada paz y conciliación en la Argentina, no era sino una breve tregua. Es verdad que el Congreso aprobó una amplia amnistía, mientras establecía contactos y reuniones hasta ese momento impensables con los partidos de oposición y con algunos conspicuos representantes de los sectores económicos más acendradamente antiperonistas. Sin embargo, es cierto también que para muchos, peronistas o no, esas medidas eran apenas la prenda que se pagaba a los Estados Unidos para captar su benevolencia y sus capitales, si es que no eran meras maniobra orientadas a dividir el frente opositor, atrayendo los elementos potencialmente mejor dispuestos a colaborar con el régimen y aislando a los más recalcitrantes. En concreto, nada permitía pensar que el régimen se propusiera poner en marcha una auténtica liberalización. Por el contrario, nunca hasta entonces, cuando la economía empezaba ya a resurgir y la comunidad organizada parecía asunto hecho, había asumido tan a fondo el peronismo la postura típica de un régimen autoritario ya institucionalizado, confortablemente tendido sobre los almohadones del consenso popular alcanzado en sus primeros años de estrepitoso ascenso. El propio Perón daba la impresión de preocuparse mucho menos que antes por los asuntos cotidianos del Estado, y parecía preferir vagar por el amplio horizonte de la política internacional, cultivar su pasión por el boxeo y las motos, por los artistas del espectáculo y los ídolos deportivos o, como susurraban los malintencionados y era ya vox populi, dedicarse a la recién inaugurada última ala de su edificio corporativo, la UES, Unión de Estudiantes Secundarios, con particular atención por su rama femenina.

Las profundas contradicciones que, tras la eterna sonrisa de Perón y la dorada pátina de su popularidad, minaban el precario equilibrio entre sus objetivos y su base social volvieron a hacerse sentir en abril de 1954, en el momento preciso en que, concluida la artificial hibernación de precios y salarios, volvieron a abrirse, como se recordará, las negociaciones entre los sindicatos y las patronales. De inmediato quedó claro que las posiciones de las dos partes estaban alejadísimas; pero ahora el gobierno se mostraba tan decidido a mantener la balanza en equilibrio, evitando que, como en otros tiempos, se inclinara del lado de los trabajadores, que prefirió mantenerse apartado de los conflictos que ya se anunciaban. Desde fines de 1953 disponía de los instrumentos necesarios para mantener bajo control los impulsos que surgían de las fábricas, por medio de una política de rígida centralización de la labor de las comisiones paritarias encargadas de renovar las convenciones colectivas de trabajo. Sin embargo, pronto descubrió que no sería fácil hacer frente a la onda de choque, como no fuera desatando la guerra contra la propia tropa que le respondía. Así fue que aumentaron las huelgas y con frecuencia se llegó a ver a los dirigentes sobrepasados por sus bases, en tanto se producían violentos choques entre sectores obreros moderados y radicalizados, y algunos pretendían apelar directamente a Perón. Por su lado, los industriales empezaron a dudar del cambio de rumbo económico anunciado por el Presidente, y consintieron en su mayor parte en dar aumentos salariales significativamente mayores de lo previsto por el propio gobierno. Un par de años atrás todavía es probable que Perón hubiera intervenido para premiar a los trabajadores más fieles y disciplinados, y encarcelar como conspiradores a sueldo del enemigo a los cabecillas de las protestas. Pero ese tiempo había pasado, y ahora, lejos de disponer de recursos suficientes para satisfacer a todos, Perón se encontraba ante el crudo conflicto entre capital y trabajo por la distribución de las escasas riquezas disponibles: el mismo conflicto que, en gracia de la doctrina justicialista, creía haber eliminado para siempre.

Cuando 1954 llegó a su fin, ya en vísperas del año terrible de la caída del líder, Perón y su gobierno parecían trastabillar en sus propias contradicciones, con el serio riesgo de ir a parar al suelo. Cada vez más el peronismo se iba pareciendo a una serpiente que se muerde la cola: la drástica peronización del régimen había deteriorado las relaciones con las corporaciones más poderosas, sobre todo la Iglesia y las Fuerzas Armadas, en las que tras el manto del consenso habían venido acumulándose odios y rencores. El equilibrio corporativo de los primeros tiempos se había quebrado en favor del otro potente baluarte del régimen, el movimiento obrero, potenciado todavía más que antes por el éxodo de católicos y nacionalistas, cuyas filas habían sido llenadas por cuadros de origen sindical. Por supuesto, Perón confiaba en su autoridad sobre los trabajadores para limitar cualquier posible exceso, pero la absoluta centralidad asumida por el movimiento obrero en la constelación peronista acentuó aun más los temores y el distanciamiento de las demás corporaciones, preocupadas por la metamorfosis que estaba experimentando un régimen que ahora, dominado cada vez más por una lógica y una retórica clasistas, se les aparecía como un lejano pariente de aquel tan netamente corporativo de los albores. Cuanto más maduraba ese apartamiento, más prisionero se volvía Perón de su base sindical y más permeables se mostraban al canto de las sirenas conspirativas —y a las denuncias de la oposición, que llamaba a la cruzada colectiva contra la dictadura— aquellos que lo habían protegido al comienzo: el clero y el laicado católico, los oficiales cada vez más descontentos con la orientación que había tomado el régimen y con la función de mero servidor del partido, que ahora debían cumplir las Fuerzas Armadas y hasta los nacionalistas más doctrinarios.

Perón parecía estar, como siempre, en la cumbre de su poder, y es indudable que todavía contaba con el apoyo de los sectores populares, si bien mucho más manso y flojo que antes; pero en torno de su figura se extendía ahora el foso que lo aislaba del mundo, que no estaba comprendido dentro de su régimen por haber sido excluido o, sencillamente, por haberse quedado afuera. A fuerza de peronizar el Estado y la sociedad, había creado las condiciones para que se formara un amplio y poderoso frente antiperonista, capaz ya de unir a la oposición tradicional con los nutridos núcleos disgregados del universo peronista. El rastrojo ya cubría los campos, listo para arder; y fue el mismo Perón quien, en noviembre de 1954, al lanzar su primer ataque directo contra la Iglesia, arrojó el fósforo que daría origen al gran incendio.

Entre la Tercera Posición y Occidente

Era inevitable que las contradicciones que corroían al peronismo en el país se vieran igualmente reflejadas en su política exterior. En el fondo dicha política, condensada en la fórmula de la Tercera Posición, era en gran medida la proyección, allende las fronteras, de la doctrina y los objetivos del *justicialismo. Por otra parte, también en ese ámbito habían crecido con el tiempo la influencia sindical y el recurso al proselitismo ideológico, en tanto perdían peso los ambiciosos objetivos geopolíticos caros a los militares y la aspiración eclesiástica de hacer de la Argentina peronista el faro de la cristiandad iberoamericana. Los motivos eran obvios, y en parte tenían que ver con la creciente autonomía del peronismo respecto de sus referentes corporativos, y más todavía con la evolución de las relaciones internacionales, que pronto quitaría espacio y vitalidad a la Tercera Posición.

En lo que respecta a las Fuerzas Armadas, aquellos sueños de grandeza continental que habían cultivado en los años cuarenta debieron ajustar cuentas con la realidad en la década siguiente, ya que los temores que inducían en los vecinos impulsaban a éstos a correr más pronto a ponerse bajo el amparo de Washington. Pero lo que resultó todavía más importante para los militares fue la evidencia de que la consolidación de un mundo bipolar volvía temeraria una política exterior de abierto desafío a los Estados Unidos, que era en lo que consistía, de hecho y en espíritu, la Tercera Posición. Bien lo comprendieron al evaluar la conveniencia o inconveniencia de cerrar un tratado militar con Washington, similar a los que la administración de Eisenhower negociaba ya con los demás países latinoamericanos. Los estados mayores admitían que la firma de un tratado de esas características acarrearía un perjuicio político para el gobierno, al empañar sus hasta entonces cristalinas credenciales de nacionalismo; pero la seguridad nacional saldría ganando porque con tal acuerdo las Fuerzas Armadas argentinas tendrían acceso a los aprovisionamientos militares de la mayor potencia mundial, con lo que sobre todo podrían asegurarse de no quedar aisladas, mientras sus vecinos, y en especial el Brasil, se reforzaban gracias a la privilegiada relación que mantenían con la Casa Blanca. Como era de esperar, Perón al fin no firmó, prefiriendo pagar el precio de la desilusión de sus camaradas de armas antes que echar una mancha sobre el mito de nuevo San Martín que lo rodeaba, y que era una de las claves de su carisma y de su atractivo popular.

La Iglesia, aunque también era celosa de la soberanía argentina y se hallaba atravesada por sólidas vetas de fobia antiyanqui, había empezado a tomar distancia de la Tercera Posición peronista, antes incluso que los propios militares. Después de esperar que ésta constituyera el preludio a la reunión de las naciones católicas de ambas márgenes del Atlántico bajo los cálidos auspicios del Vaticano, por lo que llegó a acoger con entusiasmo lo que en algún momento se llamó “el pequeño Eje” Buenos Aires-Madrid, no tardó en comprobar, a medida que la Guerra Fría iba imponiendo sus reglas, el caprichoso espíritu de que la Tercera Posición estaba animada. Apenas quedó claro que los Estados Unidos serían quienes guiarían el frente de países occidentales en su oposición contra el comunismo, empezaron a multiplicarse las señales enviadas por la Santa Sede a las iglesias nacionales para que se abstuvieran de ponerle palos en las ruedas a la nación líder. Mirado desde ese punto de vista, el peronismo empezaba a ser percibido como una indeseable fractura del campo occidental, que podía llegar a servir para abrirle las puertas a la infiltración comunista. En el mundo católico, la propia noción de civilización católica o latina, tan cara al primer peronismo, fue poco a poco disolviéndose en la otra, más vasta y vaga, y con mayor capacidad de contención, del Occidente cristiano que se unía contra el enemigo comunista. Por eso fue desapareciendo de la política exterior la inspiración católica, tan importante antes para los fines de su legitimación, con lo que los caminos de Perón y de la Iglesia empezaron a bifurcarse también en ese aspecto.

Desgastadas sus bases corporativas, y con cada vez menores reservas de oxígeno en el mundo ya cristalizado del bipolarismo, no sorprende que la Tercera Posición viniera a ser con el tiempo el campo de acción privilegiado del sindicalismo peronista, sobre todo en el período de apogeo político de Evita, cuando las apelaciones a la inspiración latina y católica de la política exterior cedieron paso a la preponderancia de la ideología de la “justicia social”, con eventuales y embrionarios rasgos de tercermundismo. No por casualidad los enmarañados hilos de los problemas que Perón debió tomar entre manos a la muerte de Evita, sin saber o poder desenredarlos, venían de los primeros años cincuenta. Precisamente mientras se consolidaba la Guerra Fría y el horizonte económico se oscurecía, sugiriendo a Perón que lo mejor sería dejar de lado el arsenal antinorteamericano, su creciente proyección ideológica más allá de las fronteras le iba poniendo incómodos obstáculos en su camino a Washington, y hacía que se multiplicaran las tensiones con los vecinos y con los Estados Unidos. En esos años el gobierno peronista no escatimó medios para ampliar el frente latinoamericano, buscando enlaces y tratando de captar seguidores dondequiera que el terreno pareciera apto para lograrlo. A veces se trataba de cortejar gobiernos ideológicamente afines; otras, de hacer sentir el peso de su hostilidad a otros gobiernos, a través de la distribución de dinero, propaganda y en alguna ocasión hasta armas, a sindicatos, estudiantes, partidos y periódicos de oposición. Se llegó incluso a crear una central sindical de inspiración justicialista, ATLAS, Agrupación de Trabajadores Latinoamericanos Sindicalistas, que nació en 1952 de una costilla de la CGT. Es cierto que los admiradores de Perón y de su régimen crecían casi por todos lados, por el recrudecimiento de la efervescencia social en gran parte del continente, pero también lo es que los que se oponían a él por todos los medios eran igualmente numerosos. Los había en América latina, donde florecieron denuncias sin fin sobre las injerencias de los agregados obreros de las representaciones diplomáticas argentinas y acusaciones directas a la diplomacia de Perón, de financiar a este o aquel candidato e incluso de complotar contra las autoridades constituidas para favorecer la entronización de gobiernos amigos. También tenía enemigos en los Estados Unidos, donde por largo tiempo se temió el espectro del surgimiento de un bloque latinoamericano conducido por la Argentina, lo cual suscitó una extenuante pulseada entre Washington y Buenos Aires por la extensión de la influencia de cada uno a todos los países de América del Sur. Perón tendría sus satisfacciones en esa pulseada, pero a la larga le torcerían el brazo.

Tal era, pues, el escenario en el que Perón se encontró cada vez más profundamente inmerso durante sus últimos años de gobierno. Por un lado, todo lo impulsaba a hacer perecer silenciosamente la Tercera Posición y a cultivar la armonía en las relaciones con los Estados Unidos. La tantas veces profetizada guerra no había estallado ni parecía estar ya en el orden del día, después del armisticio en Corea. América latina estaba anclada con más solidez que nunca en el área de influencia norteamericana, la economía argentina se hallaba sedienta de capitales, divisas y productos que únicamente Washington podía asegurarle en cantidad suficiente, y la elección de Eisenhower llenaba a Perón de ilusiones, ya fuera por su instintiva fe en los hombres de armas o porque todo hacía pensar que la orientación de su política no sería la exportación del evangelio democrático, sino la lucha a cualquier costo contra el comunismo.

Pero había también hechos y signos que inducían u obligaban a Perón a no desprenderse tan fácilmente de la Tercera Posición, por el poder que conservaba como arma política e ideológica, y por la importancia crucial que revestía en el universo de valores y en la identidad de su movimiento. Así, por ejemplo, de la nueva elección de Getulio Vargas como Presidente del Brasil, en 1950, Perón extrajo la esperanza de que otra vez comenzara a soplar en el continente un viento portador de instancias sociales y nacionalistas como las del que había llevado al justicialismo al poder en la Argentina. El hecho de que no mucho después lograra alcanzar el éxito electoral o revolucionario Ibáñez en Chile, Paz Estenssoro en Bolivia y Velasco Ibarra en el Ecuador, todos ellos líderes que habían estado exiliados en la corte de Perón en los años inmediatamente anteriores, dio impulso aun mayor al fuego del entusiasmo. ¿Había llegado por fin la hora de la unión latinoamericana? ¿Volvería a brillar la estrella de la Tercera Posición? El intercambio de visitas en 1953 entre Perón e Ibáñez, y la firma del *Acta de Santiago, con la cual Perón pensó echar las bases de ese proyecto, sembraron, en efecto, en gran parte del continente, la ilusión (o el temor) de que era precisamente ese el camino que se había abierto, coronado además por la adhesión de otros Estados. Y no sólo eso: los aparentes éxitos diplomáticos eran sabrosos bocados para el siempre hambriento espíritu nacionalista, que de fronteras adentro había venido tropezando con no pocas frustraciones.

Pero los supuestos éxitos no tardaron en revelarse vanos, y hasta contraproducentes. Pronto quedó demostrado que no había atajos ni alternativas fáciles para la resolución de los problemas que estaban induciendo a Perón a suavizar las divergencias con Estados Unidos. La tensión intrínseca entre el intento de cultivar la amistad de los países vecinos y la actitud de promover en ellos la causa *justicialista, entre una política exterior realista y otra que se basaba en la preponderancia de la ideología, pesó como piedra de molino en el ocaso de la Tercera Posición. Cada vez más temido por sus intromisiones, por sus miras hegemónicas y sus altisonantes ataques al imperialismo norteamericano, el gobierno peronista perdió en última instancia más amigos que los que logró ganar. Con el Brasil, la rivalidad prevaleció sobre la colaboración; la amistad con Ecuador y Chile le enajenó las simpatías del Perú, y con el Uruguay la tensión no decreció un momento. Chile mismo le dio al fin la espalda, dejando caer el Acta de Santiago; a su vez, el gobierno revolucionario de Bolivia, lejos de seguir el camino trazado por Perón, apuntó a ganarse las simpatías de Washington.

Como aquel que, a costa de esfuerzos inmensos y fatigosos, pero al fin inútiles, procura mantenerse erguido sobre dos cabalgaduras, con un pie en cada una de ellas, Perón marchó mucho tiempo, en las postrimerías de su régimen, entre el viejo y el nuevo camino. Jamás se decidió a dejar de una vez lo viejo por lo nuevo, y terminó por ser prisionero de su doble discurso: un discurso que le permitía dar confidencialmente seguridades a la Casa Blanca, mientras le echaba encima las muchedumbres en los actos peronistas, y que aseguraba a los suyos su eterna fidelidad personal a los principios nacionalistas de la Revolución, mientras se hacía el propósito de volver definitivamente la página en las relaciones con Estados Unidos. Así fue que Perón –tal como lo revelan la silenciosa muerte de los proyectados contratos petrolíferos con las compañías estadounidenses, la aprobación de la intervención militar occidental en Corea y la sucesiva negativa a mandar allí tropas, y los actos de equilibrismo cumplidos a propósito de la crisis guatemalteca de 1954– quedó inmóvil en mitad del río, paralizado por los costos de su propio éxito.

El conflicto con la Iglesia y el resurgimiento de la oposición

Si la crisis del régimen peronista había empezado a madurar ya a fines de 1954, no fue ciertamente porque la oposición política se hubiera revigorizado repentinamente; ni mucho menos porque la Argentina liberal, enterrada por Perón diez años antes, estuviera ahora resurgiendo de sus cenizas. Los partidos políticos tradicionales, aunque reconfortados y prontos para aprovechar la oportunidad que se les estaba ofreciendo, no fueron quienes pusieron a Perón al borde del abismo en el que se precipitaría en setiembre de 1955. En verdad, si ello llegó a suceder fue porque las decisiones y los actos de Perón impulsaron a quienes manejaban la tupida trama de poder, cuyos hilos lo habían sostenido hasta entonces, a ponerse en su contra; él mismo se había ocupado de despedazar esos hilos, imponiendo a todos y cada uno de los actores la adopción de un calco de la “comunidad organizada” justicialista. La pretensión de monopolizar el poder y las fuentes de la legitimación política, ya lo hemos visto, había llevado a Perón a una encrucijada de la que partían dos caminos, que no eran sino otros tantos callejones sin salida; uno llevaba a la parálisis, y el otro a la implosión de su movimiento, desgarrado ya por impulsos de orientación contrapuesta.

En efecto, en sus últimos años de vida el gobierno peronista llevó hasta el extremo sus pulsiones totalitarias, expresadas en su ambición de representar a la sociedad entera y fundir todos los conflictos y todas las estructuras de ésta dentro del marco de una comunidad orgánica y homogénea, de la que Perón era padre y garante. Es indudable que el peronismo jamás llegó a ser totalitario, como por otra parte, a fuer de ser sinceros, es cierto que ningún régimen lo ha sido nunca completamente. Los partidos, la Iglesia, las Fuerzas Armadas, algunas publicaciones periódicas, algunos intelectuales y artistas para los que Perón —seguro como estaba del divorcio entre ellos y las más profundas cuerdas emocionales de “su” pueblo— reservaba más indiferencia y desdén que censura o violencias, siguieron gozando de cierta relativa autonomía, aunque cada vez más limitada y vigilada. Pero eso no quita que el régimen empezara a parecerse cada vez menos a aquel joven retoño revolucionario de los comienzos, y cada vez más a un anciano bien nutrido, decidido a disfrutar de su madurez y de los resultados recogidos en una vida de éxitos, regodeándose ante la adulación de hijos y nietos. Ésa fue justamente la época del más desenfrenado culto a la personalidad, cuando se impuso el nombre de Perón y el de Eva Perón a escuelas, centros asistenciales, calles, plazas, alguna ciudad capital de provincia y hasta provincias enteras; cuando se veían por las calles de la capital caravanas dominicales de “motonetas” (scooters), con las chicas de la UES coreando a su paso “… la juventud, / con decisión, / sigue el camino indicado por Perón…”; cuando libros y manuales escolares estaban atiborrados de grandilocuentes elogios a las dotes excepcionales y sobrenaturales del líder; cuando los niños y las familias eran receptores del adoctrinamiento en hoja impresa, ejercido desde los textos, las fotos, las historias y las notas firmadas que difundían las revistas populares, incluso las dirigidas a la infancia, ya definitivamente embanderadas al servicio del régimen; de las fiestas llenas de brillo, como el primer gran festival cinematográfico de Mar del Plata, en 1953, que Perón aprovechó para pavonearse entre estrellas de la pantalla grande; del pan y circo de los grandes campeones deportivos de automovilismo, boxeo, fútbol, que con Juan Manuel Fangio a la cabeza se ubicaban entusiastas en la falange de propagandistas del régimen. Por lo demás, fue también la época en que se intensificaron más allá de toda medida las incitaciones a la delación, el capilar control policíaco y los crecientes y siniestros actos de represión y violencia, que en todo caso siempre fueron de limitada amplitud en ese régimen que gozaba de un consenso social amplio y proclamaba una ideología embebida en cristianas invocaciones a la armonía social.

Frente a una apoteosis tal, a una tan cotidiana demostración de fuerza y popularidad, que confería al régimen peronista el aspecto de un árbol gigantesco, de raíces bien afirmadas en la tierra, los partidos tradicionales eran apenas débiles vocecitas, para peor veladas por la acción de los medios de comunicación y por las consecuencias del mantenimiento ad infinitum del estado de sitio. La larga travesía por el desierto que se veían obligados a realizar había raleado sus filas y reducido a jirones el amplio frente de los derrotados de 1946, que habían osado desafiar a Perón. Y en el fondo todos ellos debían hacer frente a un mismo dilema: o se obcecaban en la más pura, áspera y dogmática de las oposiciones, aun a sabiendas de que era estéril, o tomaban nota del fenómeno que todos veían, es decir, del surgimiento de este nuevo sujeto político creado por Perón, tan sólido como popular, y procuraban influir sobre su evolución y su comportamiento. No estuvieron libres de esas divisiones los miembros del partido radical, cuyos principales líderes hacían con asiduidad sus entradas y salidas de la cárcel, o debían elegir el exilio en Montevideo, en algún caso después de haber sido expulsados del Congreso por “desacato al Presidente de la República”. La Unión Cívica Radical había estado repartida durante muchos años en dos corrientes: “unionistas” e “intransigentes”. Entre los intransigentes, ya dueños de la conducción, los dos principales líderes, Balbín y Frondizi, mostraban claras diferencias. Los partidarios de Ricardo Balbín no cesaron ni por un instante de denunciar la “tiranía peronista” ni de conspirar, tanto en los cuarteles como entre civiles, para abatirla y restaurar la democracia liberal. Los seguidores de Arturo Frondizi, en cambio, que ciertamente no eran más condescendientes con el régimen, se ocuparon de reverdecer los rasgos nacionalistas y las apelaciones a la solidaridad social que habían caracterizado al radicalismo originario, desafiando a Perón en su propio terreno y expresando, en suma, una ideología que no era menos antiliberal ni menos organicista que la justicialista. También los socialistas estaban divididos, en una separación que, grosso modo, reproducía la tradicional diferenciación entre el ala reformista y la revolucionaria o maximalista. La primera procuraba crear un amplio frente democrático antiperonista, mientras que la segunda, minoritaria en el partido, se proponía disputarle a Perón la representación de la clase obrera, con un sector, el de Enrique Dickmann y sus escasos seguidores, que llegaría al extremo de adherir al peronismo con tal de volver a marchar del brazo con el “pueblo”. Un problema análogo afrontaban los comunistas; el partido se debatía entre la hostilidad a Perón y la evidencia de que el movimiento que éste conducía les había arrebatado la clase proletaria, con lo que existía el impulso de desactivar el frente con los partidos burgueses y tratar de reconquistar la confianza de los trabajadores, mezclándose, si era necesario, con el propio pueblo peronista. Pero donde la cuña introducida por Perón llegó más a fondo fue entre los conservadores, sector en el que no le costó mucho encontrar interlocutores dispuestos a moderar los tonos y a comprender sus razones; sobre todo cuando, ya muerta Evita y aplacado el inicial impulso revolucionario, el gobierno se dio a cortejar sus filas y a contemplar sus intereses.

Así las cosas, la única esperanza de reconquistar el perdido protagonismo que podían albergar los partidos tradicionales, liberándose a la vez de Perón, era que las piezas a la deriva de ese régimen terminaran por abrir brechas lo bastante profundas para insinuarse en ellas y mandarlo así definitivamente a pique. Las brechas, en efecto, por más que estuvieran ocultas eran perceptibles por ojos atentos y sensibles, y además se venían profundizando desde hacía tiempo. Provenían de la creciente contraposición entre la masiva propagación del régimen peronista y la celosa defensa que las más sólidas y potentes corporaciones, la Iglesia y las Fuerzas Armadas, ejercían de sus propias prerrogativas. De ese modo, a fines de 1954 el régimen peronista comenzaba a mostrar la paradójica imagen de un gobierno que, siendo todavía extraordinariamente popular, se encontraba aislado; de un régimen tan encerrado en su triunfalismo y su autosuficiencia que impulsaba a todos los fragmentos heterogéneos y hasta opuestos que formaban la oposición a unirse en su contra; en ese mosaico entraban los que siempre se le habían opuesto, los desilusionados, los expulsados, los que sencillamente se habían quedado afuera, desde los partidos a las corporaciones, y desde los nacionalistas frustrados por ese intento no completado de fascismo hasta los comunistas contrariados por esa forma de socialismo que no tenía traza de marxismo.

La naturaleza del conflicto que se anunciaba se manifestó con toda claridad en las palabras con las que Perón, el 10 de noviembre de 1954, denunció una serie de actividades antiperonistas que endilgó a parte del clero, sin excluir a algunos obispos, a la Acción Católica y al asociacionismo de cuño confesional en general. Eran acusaciones más que previsibles; Mussolini había dirigido alguna vez invectivas muy parecidas contra la Acción Católica italiana. Perón las formuló, además, con el tono seguro y jactancioso de quien cree estar bien afirmado en el sillón del poder, por más que sus palabras fueran, en realidad, la primera palada para cavarse su propia fosa. Dijo que los “malos católicos” y algunos “curas perturbadores” estaban haciéndose culpables de “hacer política”, vale decir, de sembrar la disensión y la inquietud en los sindicatos, entre los empresarios, los estudiantes y los profesionales; en resumidas cuentas, de atentar contra la armonía de la *comunidad organizada en nombre de la autonomía de la Iglesia y de la catolicidad de la nación. Esto le parecía a Perón, que se consideraba el creador de una ideología y un orden social profundamente cristianos, el amargo fruto de una malévola ingratitud. Su fastidio y sus temores estaban exacerbados por la circunstancia de que un grupo de católicos liberales acababa de fundar un partido demócrata cristiano, en el que le parecía ver la larga mano de algún obispo, y acaso también la de la propia Santa Sede. Y, sin embargo, desde que el peronismo había izado con éxito las banderas de la doctrina social de la Iglesia, bien poco espacio quedaba en la Argentina para un partido de esa naturaleza.

Lo cierto es que Perón, al atacar frontalmente a la Iglesia, apuró los tiempos de algo que, de todos modos, ya se estaba incubando. Fue un cañonazo dirigido a las gruesas y oscuras nubes que se adensaban en el horizonte de su régimen, que se resolvió en lluvia torrencial descendida sobre su cabeza. De ese modo fue Perón mismo quien creó las condiciones para que se iniciara un proceso de reacción en cadena, el cual se volvía cada vez más incontrolable a medida que desplegaba sus fuerzas, y sólo terminaría con su caída. Con su actitud, no sólo se ganó la abierta animosidad de una institución potente en el país e influyente en el exterior, como era la Iglesia argentina, sino que también produjo un desgarramiento en las Fuerzas Armadas, que desde hacía mucho tiempo se consideraban el baluarte de la “Argentina católica”. En ellas, la obligación de elegir entre la fidelidad a Perón o a la Iglesia desencadenó una sorda agitación que las conmovería hasta las raíces. Y eso no era todo, ya que el incipiente conflicto con la Iglesia dañó también la imagen del régimen peronista en el exterior, y lo volvió a situar entre los parias internacionales, situación de la que casi acababa de salir; vale decir, en la lista de regímenes de los que se sospechaba merecían escasa confianza en el choque entre el Occidente cristiano y el comunismo. Y ello, cuando Perón más necesitaba salir de las estrecheces que implicaba la pretensión de ser independiente.

El choque con la Iglesia que así se anunciaba abrió otros frentes, no menos problemáticos para el peronismo. El régimen experimentaría los enormes costos de ello a medida que los hechos se precipitaran. La apelación a la identidad católica de la Argentina, que para el orden justicialista había sido prenda de unidad e inspiración de orgánica armonía, se volvió desde entonces causa de conflicto y fractura, y no sólo fuera del movimiento peronista, sino incluso dentro de él. En efecto, al combatir a la Iglesia Perón pareció volverse por primera vez contra una fuente clave y explícita de su doctrina y del consenso de que gozaba: curiosamente, la misma actitud que había evitado tomar cuando le hubiera convenido atenuar su nacionalismo, o reducir a menores proporciones el poder de los sindicatos. No hay duda de que esa actitud sembró el caos y el desánimo en las conciencias de muchos peronistas, militantes o simples votantes, y los impulsó a quedarse observando, desalentados, la evolución de un conflicto para el que no estaban preparados y que apenas podían comprender, seguros como estaban de la natural sintonía que debía existir entre su identidad política y su fe. Una cosa era responder a la habitual y ritual llamada a las armas contra la mal afamada oligarquía, y otra muy diferente hacerlo para entrar en combate con la Iglesia. En esas grietas, numerosas y profundas, cobijándose a veces bajo las banderas católicas y cultivando otras la creciente ira de los militares, pudieron ir insinuándose los partidos de oposición, para así alcanzar el espacio político y la fuerza de acción, que de otro modo jamás habrían conseguido alcanzar. Los dramáticos hechos de 1955 lo demuestran categóricamente.

El año 1955 y la caída de Perón

¿Por qué atacó Perón a la Iglesia? ¿Por qué tomó la decisión de exponerse a un conflicto del que a primera vista no podía obtener nada, pero que podía hacer que lo perdiera todo? Así planteada, la pregunta no tiene respuesta, como no sea la de que también los líderes se equivocan, lo cual es indudable, o la que quiere ver en ello la irracional confianza en su propia omnipotencia de un jefe embriagado de poder, lo que es muy verosímil. Con todo, la respuesta asume otra luz si se visualiza el ataque de Perón a la Iglesia católica como la agresiva e irritada reacción de un hombre que percibía que la criatura que había formado empezaba a rechinar; de un líder que se afanaba por conservar unido lo que a duras penas lograba mantenerse en esa condición: su *comunidad organizada, jaqueada por las divisiones internas, debilitada por las necesidades del cambio de rumbo económico, atacada por los opositores, pero, por sobre todo, desafiada por las corporaciones mismas que habían contribuido a darla a luz pero que ahora no estaban dispuestas a dejarse absorber dentro de ella.

Mirado así, el conflicto con la Iglesia no fue casual, no fue un relámpago en un cielo sin nubes. Todo lo contrario: puede considerárselo el ominoso trueno que abre el temporal largamente anunciado. Sus causas fueron tanto las tensiones específicas entre el gobierno y la Iglesia, que en fin de cuentas contendían respecto de quién, y con qué títulos, podía arrogarse el derecho de reivindicar fidelidad a los principios cristianos en los que ambos afirmaban inspirarse, como las tensiones de índole mucho más genérica entre el régimen peronista y las más antiguas y potentes corporaciones. El gobierno aspiraba a ejercer el monopolio del poder y el de la “argentinidad”; la Iglesia y el ejército pretendían conservar firmemente en sus manos las riendas del país y seguir controlando sus destinos, por encima incluso de la fractura existente entre peronistas y antiperonistas. En otros términos, Iglesia y ejército estaban dispuestos a reapropiarse de la función tutelar que habían ejercido sobre la vida y la evolución de la nación, una función que a su entender les correspondía y que Perón les había usurpado, con lo que en vez de unir a la Argentina la había desunido más.

Con tales premisas, no sorprende que nada ni nadie pudiera detener el alud desatado tras el discurso de Perón de noviembre de 1954. No había terminado de pronunciarlo cuando ya el enorme engranaje que unía como por vasos comunicantes al Estado, el partido peronista, la prensa y la administración pública se puso en marcha para actuar en consecuencia. En pocos días caía el hacha sobre los grandes privilegios de que había gozado la enseñanza católica en la escuela y las universidades; la prensa se vio inundada de ataques a la “infiltración clerical”, y las masas fueron convocadas por el partido y los sindicatos para que expresaran su solidaridad con Perón. No hubo tolerancia para los primeros sacerdotes que protestaron desde el púlpito, los que fueron prontamente arrestados. Es probable que Perón haya pensado que por tales medios refrescaría la memoria de las autoridades eclesiásticas; es decir, que les recordaría cuánto debían a su catolicísimo gobierno y cuán peligroso era desafiarlo, considerando los nunca desaparecidos restos de anticlericalismo que había entre los trabajadores y que sólo gracias a él, a Perón, habían permanecido calmos durante tanto tiempo. La Iglesia, en síntesis, debería extraer de esto las debidas enseñanzas para el futuro y pensar dos veces antes de volver a intentar erosionar las bases de sustentación de la *comunidad organizada para huir del control del gobierno. Pero si ése fue su cálculo, pronto se reveló equivocado. La Iglesia y los católicos no eran tan monolíticos ni tan fáciles de reconducir al sendero del orden, y, por otra parte, una vez liberados los demonios del anticlericalismo, tampoco le resultaría fácil a Perón volverlos a la calma. A la vez, tampoco el desconcierto que suscitó en los cuarteles el repentino ataque a la Iglesia sería suprimido como por encanto, ni la oposición dejaría escapar semejante oportunidad de poner al líder contra las cuerdas. De modo que ya no era posible volver al punto de partida; y, en efecto, la escalada del conflicto fue inmediata. Aunque se mostró prudente, la jerarquía eclesiástica no podía dejar de responder al ataque de la manera más pública y oficial, es decir, a través de una carta pastoral en la que reafirmaba su plena independencia y ponía en guardia al régimen sobre cualquier indebida injerencia. A su turno, Perón y el partido justicialista no se mostraron muy sutiles: bastaron un par de días para que el Congreso aprobara una ley de divorcio. Con esto, el enfrentamiento con la Iglesia tuvo un nuevo salto adelante, pero causó también las primeras ruidosas defecciones en las filas peronistas.

La aparente calma de los primeros meses de 1955, zarandeada por continuos rumores y alarmas, sólo interrumpida por los frenéticos intentos pacificadores de un verdadero ejército de voluntariosos tendedores de puentes, no podía engañar a nadie. También sonaban vacuas y rituales las terminantes palabras tranquilizadoras de Perón, quien en marzo aplicó un bálsamo a las heridas, frescas aún, con su afirmación de que “los problemas fundamentales del país” podían considerarse resueltos. Una piedra había caído sobre las aguas, y las ondas seguían ya su curso en forma independiente. Circulaba ya, en la Capital y en las provincias, una creciente cantidad de fantasmales e irreverentes octavillas, producidas más que nada en ambientes católicos, que bajo las narices de la censura oficial atacaban al gobierno e incitaban a las Fuerzas Armadas a rebelarse. Mientras tanto, se intensificaban los contactos entre los dirigentes de los partidos políticos tradicionales y altos oficiales del ejército y la marina, y a su compás iban tomando forma planes cada vez más plausibles y concretos de insurrección antiperonista. En abril ya la tensión había subido a la estratosfera, con la prensa desatada otra vez contra el clero, el gobierno decidido a suspender la enseñanza de la religión en las escuelas públicas y las parroquias transformadas en refugios de la conspiración, en los que no era raro ver circular militantes y dirigentes de partidos en verdad poco habituados a pisar un templo. También iban surgiendo aquí y allá los sabotajes y las primeras bombas, atentados que impulsaron el furibundo ataque al clero del secretario general de la CGT, pronunciado en pie junto a Perón, en el balcón de la Casa Rosada, durante el acto del 1º de mayo.

A esa altura ya la crisis alcanzaba su cenit. Había pasado de las ondas radiales a las calles, de las palabras a los hechos, de la represión legal a la violencia. No casualmente se multiplicó la cantidad de prelados y de militantes del catolicismo que fueron a parar tras las rejas, y se multiplicaron las “renuncias” de legisladores y funcionarios peronistas. Los católicos empezaron a concentrarse frente a la Catedral de Buenos Aires, en abierto desafío a la prohibición de reuniones al aire libre que implicaba el estado de sitio; eran acompañados, con frecuencia cada vez mayor, por representantes de los partidos de oposición. Por fin el gobierno, ante la envergadura de esos actos de resistencia y la tenacidad que evidenciaban, se resolvió a dar otro paso, aún más terminante: la reforma de la Constitución, con el objeto de sancionar la separación entre la Iglesia y el Estado. El Congreso se manifestó en un abrir y cerrar de ojos en favor de la iniciativa, y la fiesta nacional del 25 de mayo, alguna vez vidriera de la catolicidad del Estado argentino y de la nación toda, transcurrió en un clima envenenado, en total ausencia de contacto entre las autoridades civiles y las eclesiásticas. Era un escándalo, el enésimo, y ya nada sorprendente. En poco tiempo más correría la sangre y caerían abatidos los últimos puentes.

La chispa que precipitó la crisis fue la celebración del Corpus Christi, el 11 de junio, que el gobierno intentó acotar dentro de los estrechos límites de una procesión religiosa, pero que en el contexto del conflicto en marcha se transformó en una masiva manifestación contra el régimen por las calles del centro de Buenos Aires. Durante los desórdenes que siguieron, ardió una bandera argentina. El episodio encendió todavía más, si cabe, los lastimados ánimos, sobre todo una vez que el ministro del Interior imputó la responsabilidad a los manifestantes católicos. Pero el episodio de la quema de la bandera fue, hoy se sabe bien, una provocación urdida en las filas oficiales, con el fin de desacreditar a la oposición. Lo cierto es que las consecuencias fueron tan dramáticas como nefastas: Perón habló al país echando más nafta al fuego; grupos de peronistas atacaron a los fieles que iban a entrar a misa en la Catedral; se decretó la expulsión del país de dos obispos, bajo la acusación de subvertir el orden constituido, con lo que Perón fue objeto de automática excomunión; el Congreso sometió a juicio a Tomás Casares, el católico miembro de la Corte Suprema que había logrado sobrevivir a la peronización de ese tribunal en 1947; la flor y nata del catolicismo argentino fue a dar a la cárcel como consecuencia de severas redadas, mientras Perón y la CGT convocaban a Plaza Mayo para repudiar la ofensa inferida al pabellón nacional y reanimar al “pueblo” aturdido por los acontecimientos.

Pero todavía faltaba lo peor. Pocos días después, el 16 de junio, entraron en escena por primera vez las Fuerzas Armadas. En verdad, sólo lo hizo la marina, cuya rabia acumulada encontró desahogo en el bombardeo de la Casa Rosada y de la plaza que la circunda; acción militarmente fracasada, cuyos inútiles impactos provocaron la muerte de decenas de víctimas inocentes: se habla hasta de trescientos. Una vez cesada la alarma y retirados los cuerpos sin vida, las turbas peronistas consumaron rápidamente su venganza incendiando la curia eclesiástica y los más antiguos y ricos templos de las inmediaciones; todo esto sucedía a escasos cientos de metros del escritorio presidencial, ante la mirada cómplice de policías y bomberos.

Por paradójico que parezca, precisamente en esos momentos todo el mundo pareció recuperar su sano juicio, ya fuera con el propósito de salvar al régimen del abismo en el que estaba a punto de precipitarse, ya con el de evitar al país una guerra civil que aparecía inminente. Pero fue apenas una lucecita de esperanza la que brilló por un momento en ese frío invierno de 1955, impuesta más que nada por la voluntad del ejército. Esta fuerza armada era la que había salvado a Perón en la tremenda crisis que acababa de concluir, y con la fortaleza que le conferían la fidelidad y la disciplina demostradas exigió un cambio de rumbo, a la vez que tensaba el lazo en torno al cuello del Presidente. En el fondo, al hacer tal cosa el ejército retomó simplemente el papel de último y supremo juez de los destinos de la nación; una función de la que se consideraba investido desde hacía tiempo. Perón, por consiguiente, en lugar de llamar a revista a sus tropas para el choque final con el enemigo, se decidió a intentar apagar el incendio. Anunció que la revolución peronista había terminado; en adelante, prometió, sería el Presidente de todos los argentinos. Secundó esta declaración con la liberación de presos políticos, el levantamiento del estado de sitio y la concesión, por primera vez, del permiso para que los líderes de la oposición pudieran tener acceso a los micrófonos de la red nacional de radiodifusión. También anunció el compromiso del gobierno de contribuir a la reconstrucción de las iglesias quemadas, y acusó de su destrucción a comunistas y masones. Pero, por sobre todo, produjo profundos cambios en su gobierno, del que salió el tan criticado ministro del Interior, Ángel Gabriel Borlenghi.

Pero ya era tarde, y todo sonaba poco creíble. Perón había cerrado todas las puertas y las dinámicas desatadas por la crisis no podían cesar como por encanto. Así es que continuaron los atentados, los enfrentamientos entre facciones, la agitación en cuarteles, iglesias y sindicatos, las acres polémicas desatadas por las primeras intervenciones radiofónicas de radicales y socialistas. Perón recurrió una vez más al viejo método plebiscitario, que con tanto éxito había empleado otras veces. Trató, en resumidas cuentas, de poner en escena un nuevo 17 de octubre, con la idea de que un tour-de-force extraordinario haría que la oposición agachara la cabeza y a la vez le permitiría a él liberarse de la camisa de fuerza que el ejército le había impuesto. Así fue que el 31 de agosto presentó su renuncia al cargo de Presidente, dirigida a las autoridades de su propio partido. Lo que obtuvo con ello, tal como esperaba y deseaba, fue la organización de una multitudinaria concentración en Plaza de Mayo, en cuyo curso la muchedumbre “le impuso” permanecer en el poder.

La crisis entró entonces en su último y decisivo acto. En la referida concentración, un Perón galvanizado por el recurso que acababa de descubrir tuvo el más violento de sus innumerables discursos. Dijo que la oposición no había respetado su sincera apelación a la pacificación, por lo cual los peronistas se habían conquistado el derecho de reprimirla con la violencia. Cualquiera que sea descubierto intentando alterar el orden y atentar contra la autoridad, especificó, “podrá ser muerto por cualquier argentino”, y terminó con una frase lapidaria: “Por cada uno de los nuestros que caiga, caerán cinco de ellos…”. Ante esto, importa poco que luego intentara convencer a las cúpulas militares de que no había abandonado la política de conciliación; sobre todo porque después, presintiendo ya el acto final de aquel drama, la CGT ofreció a los uniformados la creación de milicias obreras, con lo que agudizó los temores y las preocupaciones de éstos. Por fin, el 16 de setiembre, desde la católica y conservadora Córdoba llegó la noticia de que el ejército se había sublevado, codo a codo con la marina, y de que se proponía marchar hacia la Capital para obtener la renuncia de Perón. Al frente de la revuelta se hallaba un general de orientación nacionalista y profunda devoción católica, Eduardo Lonardi. Los choques de los días sucesivos entre los insurgentes y las fuerzas leales concluyeron con la dimisión de Perón, su dolorosa huida y su asilo en una cañonera de la marina del Paraguay, apostada en el puerto de Buenos Aires. Los militares lo habían abandonado, el clero celebraba su caída y los sectores empresarios, desilusionados de sus vacilaciones, se alzaban de hombros; en tanto los trabajadores, tristes y desorientados, comenzaban ya a echarlo de menos.

Epílogo

Es notorio que ni Perón ni el peronismo hallaron su fin en las dramáticas jornadas de setiembre de 1955. Al contrario, uno y otro conservaron tanta importancia y vitalidad que repasar las sucesivas etapas de su trayectoria no es sino seguir la pista de la atormentada historia argentina, de entonces a hoy. Los primeros en percatarse de ello —militares, políticos o eclesiásticos— fueron quienes, habiendo logrado deponerlo, debieron hacer por sí mismos la experiencia de que la sombra de Perón y la fuerza de su movimiento seguirían persiguiéndolos, y de que era ilusorio en la Argentina pensar en sentar las bases de un orden político cualquiera sin el concurso de ambos. Ello fue especialmente válido para los partidos democráticos, que más que nadie se embelesaron con la idea de que la *Revolución Libertadora de 1955 era una sublevación democrática que se proponía arrancar a la Argentina liberal del foso en que la había hecho caer Perón. Ésa era una idea sin fundamento, apenas una piadosa ilusión; no solamente porque Perón, aunque derrotado, conservaba sus fuerzas y mantenía íntegro el mito que lo rodeaba, sino, sobre todo, porque el factor que primordialmente había decidido su caída no era la fuerza moral de una sociedad civil democrática, sino la rebelión de las más potentes corporaciones contra un líder y un orden político que habían pretendido adueñarse de sus tradicionales prerrogativas. En suma, lo sucedido en 1955 no fue una revolución liberal y democrática, sino la revancha de las corporaciones contra un régimen nacido de sus entrañas, pero que más tarde había tratado de hacer de ellas los mudos baluartes de su orden total, potencialmente totalitario; a tal punto que justamente las Fuerzas Armadas y la Iglesia pasaron a ser, a partir de entonces, los atentos guardianes del destino nacional.

Perón, exiliado de país en país hasta que por fin recaló en España, trató por todos los medios de no perder el control de su movimiento: alentó a los fieles herederos de sus principios corporativos y nacionalistas, pero también a los jóvenes que quisieron erigirlo en portaestandarte de la revolución socialista; cortejó a obreros y estudiantes y procuró, como antes, ganarse la confianza de sacerdotes y militares, de la derecha y de la izquierda, de todas las innumerables encarnaciones de ese movimiento que había pretendido y seguía pretendiendo constituir la esencia misma de la nación, cuidando siempre, claro, que ningún otro personaje aprovechara su larga y forzada ausencia para asumir el puesto que él conservaba. Prohibido y vejado, siguió siendo el incómodo convidado de piedra de la política argentina, el que impedía que ésta se consolidara sin él. En 1973 por fin, ya viejo y cansado, con una nueva esposa a la que no dejó de hacer remedar el papel que había sido de Evita y rodeado de una comitiva ambiciosa y siniestra, volvió al país como triunfador, entre las aclamaciones de las muchedumbres. Pero algunos de entre esas muchedumbres le pedían que trajera otra vez la paz, la tranquilidad y el bienestar, mientras otros le exigían conducir la revolución nacionalista y socialista contra el “imperio” y la “oligarquía”. Murió al año siguiente dejando al país en el pantano, presa de las convulsiones y contradicciones que agitaban a su ya ingobernable movimiento.

Lo sobrevivió ese mismo heterogéneo y cacofónico movimiento creado por él. El peronismo logró superar las largas proscripciones, las violencias intestinas, la represión militar y hasta la paulatina declinación del peso de obreros y sindicatos. Logró incluso lo que parecía más arduo para un movimiento de esa naturaleza, basado en el carisma y el aliento regenerador de su fundador, que lo inducía a demoler reglas e instituciones en nombre del “pueblo”, de la “justicia”, de la “nación”: pudo superar la muerte del líder, institucionalizando sus estructuras y procedimientos. Y hasta tal punto pudo hacerlo que aún hoy sigue ocupando el centro del escenario político argentino, sin haber perdido del todo, por otra parte, esa atávica intolerancia por los límites que imponen a su poder el Estado de derecho liberal y el pluralismo político típico de las sociedades modernas, con los que a veces se le hace difícil convivir. Ello, en fin de cuentas, es una muestra de la pertinacia y la solidez de la obra de Perón, y aun más de su perfecta y efectiva correspondencia con las expectativas, las creencias y las emociones de buena parte de los argentinos.

Pero vale la pena interrogarse acerca de la naturaleza más íntima y profunda del peronismo, de sus fundamentos antropológicos y de sus horizontes ontológicos, y también acerca del lugar que le corresponde ocupar en el amplio universo de fenómenos políticos y sociales que se le asemejan. En tal sentido, conviene despejar el campo de equívocos —de duración ya excesivamente larga—, y en especial del muy difundido que sostiene que el peronismo es único e incomparable, y hasta indescifrable e incomprensible, debido, según algunos, a que es demasiado multiforme y cambiante o, para decirlo con palabras de Eva Perón, a que no es otra cosa que un “sentimiento”, a cuyas cuerdas sólo puede ser sensible el ánimo del “pueblo” argentino. En verdad, el peronismo no es menos único ni más incomparable que cualquier otro fenómeno histórico. Lo que su pretendida singularidad revela es, en todo caso, el universo ideal en que se funda, ocupado por un sentimiento nacionalista profundo y por la convicción de encarnar una mancomunidad de historia y de destino, cuya más íntima esencia es impermeable al transcurso de las épocas y a las influencias del mundo exterior.

Es siempre espinoso hablar de “fascismo” a propósito de Perón y su movimiento, por lo urticante que resulta el tema para algunos, y por lo trillado que es para otros. Y, sin embargo, ello es lícito y sensato como nunca antes, por lo menos en relación con el régimen peronista del lapso 1946-1955. Si hacerlo puede parecer démodé, es porque desde un principio sus enemigos lo motejaron de fascista, lo cual vuelve vetusto y sospechoso todo intento de retomar antiguas fórmulas y polémicas; pero, además, se debe a que el concepto de fascismo que prevaleció durante largo tiempo en muchos historiadores del peronismo es francamente reductivo, con un aire hoy un poco anticuado. Para entendernos, digamos que es un concepto más preocupado por encontrar razones para la condenación moral y política que por comprender y analizar —no necesariamente justificándolas— las causas del éxito peronista y del consenso que el peronismo alcanzó. Esa concepción busca definir al peronismo remitiéndose estrictamente a sus características estructurales, en particular forma a sus bases sociales y a su modelo económico, pero por eso mismo deja de lado o subestima los elementos ideológicos, culturales, antropológicos, institucionales, que constituyeron su tramado. Es decir, que desecha precisamente aquellos rasgos por los cuales el peronismo emerge con un típico perfil de “fascismo genérico”: como ciudadano de pleno derecho, si bien con notables singularidades, de una heterogénea familia histórica en la que cada uno de los miembros exhibe un carácter específico, pero todos, al fin, presentan algo profundo que los mancomuna.

Desde esa visión, pues, si es verdad que lo que resalta en el peronismo es su sólido anclaje a la clase obrera, que le confirió un carácter popular muy especial y a la larga terminaría por atar las manos de su propio líder, no hay duda de que con mayor o menor intensidad atesora en sí la esencia de los fenómenos fascistas, comenzando por su intrínseca pulsión totalitaria, por más que nunca haya llegado a manifestarse por completo a causa de la resistencia corporativa, de un contexto internacional hostil, de los desequilibrios presentes en su base social y de los estrangulamientos que debió sufrir el modelo económico peronista. Aquí entendemos a esa pulsión totalitaria como aspiración ideal, antes que como realización práctica. La entendemos como vocación de saturar de sí a la sociedad en cada uno de sus ámbitos y aspectos político-ideológicos, y a construir con ella, o en todo caso a reconstruir, una comunidad orgánica; vale decir, una comunidad cohesionada y homogénea, que en el caso presente debía ser una comunidad unida en su “argentinidad”, en conformidad con las leyes naturales y en acatamiento de las divinas, y en la que cada miembro y cada grupo debía cumplir funciones específicas, dirigidas a alcanzar la armonía y el equilibrio del organismo en su conjunto. Por lo demás, de esa concepción derivan precisamente los restantes elementos por los que el peronismo constituye un digno miembro de la heteróclita familia de los “fascismos genéricos”: en primer lugar, el nacionalismo, entendido tanto en términos políticos e ideológicos como culturales y espirituales, y su reverso, el antiimperialismo o la xenofobia, conjugados en clave de contraposición ideológica a las influencias externas, que el peronismo suponía que atentaban contra la integridad histórica y social de la nación; luego, en segundo lugar, su instintiva aversión por el pluralismo, en el que el peronismo vio siempre emboscada la artificial división del cuerpo orgánico de la nación, la enfermedad que atentaba contra la salud y la armonía del organismo social; en tercer término, el esfuerzo por organizar y nacionalizar a las masas y a los diversos sectores sociales a través de una representación funcional, es decir, corporativa, estructurada en torno del Estado, el partido y el líder, fundidos en un único haz y, con el tiempo, cada vez menos diferenciables, lo cual implica una representatividad “de hecho” que en el régimen peronista pesó siempre mucho más que la representatividad formal, expresada a través del voto; en cuarto término, su irrefrenable tendencia a suprimir, en nombre de la unidad de la nación, las divisiones entre los poderes del Estado, típicas del constitucionalismo liberal, para imponer el dominio de un movimiento nacional que, si nunca llegó a cristalizar en un verdadero partido único, en los hechos actuó como si lo fuera y asumió actitudes correspondientes, negando a la oposición la posibilidad de competir en condiciones de mínima igualdad; en quinto lugar, su genética vocación por la regeneración de la nación y la “redención” del pueblo, es decir, su ambición de ponerse al frente de una especie de proceso regenerador revolucionario, el baño catártico del cual surgirían la “nueva Argentina” y su ciudadano, el “nuevo argentino”; en sexto lugar, el hecho de que al peronismo no le faltó, por cierto, el impulso expansionista típico de los fascismos, por más que dicho impulso terminara por quedar circunscripto, merced a los condicionamientos económicos y políticos, dentro de los restringidos límites del proselitismo ideológico; por fin, aunque de particular importancia, la condición profundamente religiosa del peronismo, no solamente en sus ritos y en la estética de su simbología, deudora en tantos aspectos de la liturgia católica, sino en su misma esencia, es decir, en la concepción orgánica de la sociedad, hija indiscutida y directa del organicismo católico. A tal punto fue así que el intento de secularizar dicho legado, de pasar de vehículo de una política religiosa a régimen fundador de una religión política, fue precisamente lo que le costó al peronismo la crisis que marcaría el fin de su régimen.

En fin, nada atestigua mejor la vocación tendencialmente totalitaria del peronismo que el hecho de que se lo pueda interpretar desde la derecha y desde la izquierda, como restauración y como revolución, en sentido nacionalista o socialista, jerárquico o igualitario. Reflejo de esa vocación totalitaria es el ilimitado campo que abarcan sus estructuras corporativas, verdadero sistema venoso de la regenerada comunidad organizada nacional. A tal punto es así que sus actores contrapuestos no pensaron jamás en abandonar la casa paterna, ni durante el período de oro ni en los largos años de proscripción: era para ellos inconcebible dejar el sitio que a su criterio encarnaba la esencia permanente de la nación, fuera del cual comenzaba el inseguro y ajeno territorio de la “antinación”. Era mejor, en todo caso, disputarse la posesión de la fortaleza misma, hincar en ella su propia bandera, imponer su modo de interpretar los textos sagrados, convertirse en fin en paladines del “verdadero” peronismo, esto es, de la “argentinidad”. Por otra parte, el mismo organicismo que alimentaba ese imaginario se prestaba a lecturas distintas y hasta opuestas. Invocando tal imaginario se podía sacrificar los derechos de los individuos al orden y las jerarquías del organismo social, es decir, enfatizar los aspectos nacionalistas y autoritarios; pero se podía también subordinar esos derechos al bienestar colectivo y a la homogeneidad de la sociedad, en una concepción no menos totalitaria, pero enteramente volcada a la igualdad y a la justicia social. En el fondo, muchos peronistas oscilaron en épocas y contextos diferentes entre una y otra orilla, sin abandonar por eso en ningún momento el caudaloso río que los había visto nacer y crecer.

Pero si el movimiento peronista tuvo entonces, y ha seguido teniendo hasta ahora, tanto y tan extraordinario éxito, si siguió siendo más popular que ningún otro en la Argentina, y continúa siéndolo hoy, no se debió por cierto a la coacción que ejerció sobre todas las formas de disenso. La coacción existió, y en enorme medida, pero no fue nunca indiscriminada ni especialmente brutal y masiva, lo que viene a confirmar el amplio consenso con que siempre contó el peronismo. Desde luego, salta a la vista que la casualidad y el buen sentido, la historia y la suerte, contribuyeron a dejarlo fuera de aquello que puso fin a los días de tantos otros miembros de su familia política: la guerra, o, cuando menos, lo libraron de tener que afrontarla. Y es evidente también que el largo período de persecuciones y proscripción que comenzó a sufrir desde el mismo día en que cayó Perón revitalizó sus fibras y renovó sus filas, y acabó por transformar en víctima a quien antes había sido victimario. Pero su persistente y genuina popularidad reconocía también otros orígenes, otras fuentes, de hecho más antiguas y hasta más profundas, que el propio extraordinario salto adelante que el peronismo pudo imprimir en las condiciones de vida de los trabajadores.

Cabe imaginar que la primera de esas fuentes haya sido la familiaridad, la habituación de gran parte de los argentinos de la época con el organicismo social católico, del que el peronismo se erigió en devoto intérprete. Ello pesó especialmente sobre los argentinos de extracción popular, inmigrantes o no, que eran también los menos expuestos a las ideas, las modas y los estilos de vida modernos, típicos de la era liberal-burguesa, tan difundidos en cambio entre las elites cultas y cosmopolitas de las principales ciudades. La segunda de dichas fuentes es la tan difundida como insatisfecha ansia de integración, que dominaba a la sociedad argentina desde la época de la inmigración masiva, y que se acentuó todavía más como consecuencia de los bruscos cambios sociales que se verificaron en los años de la Gran Depresión, y después, durante la guerra. En ese sentido, no pueden caber dudas de que la involución del régimen liberal después del *golpe de 1930 despojó de legitimidad a la democracia constitucional a los ojos de aquellos —individuos, corporaciones o sectores sociales— que pasaron a sentirse excluidos y privados de representación y protección. Para éstos, la apelación peronista a extirpar el virus liberal y así volver a fundar la comunidad organizada de los argentinos era mucho más que una nostálgica llamada a recuperar el paraíso perdido: era un acto muy concreto, una manera efectiva de avanzar por el camino de la integración social. Por último, una tercera, fundamental e inagotable fuente del consenso peronista fue el carácter periférico de la industrialización argentina. Aquí hay que entender, sí, por “modernización” el nacimiento de la industria, la intensificación de la movilidad social y territorial de los ciudadanos, la multiplicación de las transacciones comerciales, pero también y en mayor medida la difusión de nuevas ideas y nuevos modelos políticos, nuevos estilos de vida y de consumo, nuevos valores éticos y nuevos códigos morales, que, en general, chocaban con los que habían sido tradicionales. La modernización argentina fue periférica en el sentido de que gran parte de la población, en coincidencia con la lectura misma que de ella hizo el peronismo, la percibió como un proceso de disgregación de la comunidad organizada nacional inducido desde afuera. En ese proceso participaban el capital británico que explotaba al país, el materialismo y el individualismo de origen anglosajón, la ética y las “sectas” protestantes, la democracia liberal (caballo de Troya, a su vez, del socialismo y el comunismo), ideologías todas que atentaban contra la pureza de la “argentinidad”. Ante todos esos elementos, Perón y el peronismo ofrecían bienes tan valiosos como escasos, que eran tan necesarios como apetecidos por sus seguidores: protección, sentido de pertenencia, chivos expiatorios.

Para concluir, entonces, si se rasca a fondo la corteza que hizo de su régimen un socio ad honorem del genérico universo fascista de mediados del siglo XX, el peronismo revelaría estar dotado de un núcleo ideológico y antropológico mucho más sólido y antiguo; un núcleo “populista”, cuyo centro estaba ocupado por la tonante reivindicación de la soberanía del pueblo, entendido como comunidad organizada, esto es, en oposición a la concepción liberal de esa soberanía, de matriz iluminista. Para el peronismo, ese pueblo ejercía la democracia en el plano social, no en el de los derechos civiles y políticos. Ese pueblo, en virtud de su histórica homogeneidad, no se expresaba a través de la representación política liberal, en la que creía ver la trampa que lo privaba de la soberanía, sino por medio de una democracia plebiscitaria, o a través de la afinidad encarnada en su líder, término natural de su unidad de historia y destino, y de su conformación homogénea. Era una concepción muy favorable a la integración social y a la nacionalización de las masas excluidas, pero también muy refractaria al pluralismo político e ideológico, y más todavía al respeto por reglas e instituciones estables y neutrales, orientadas a preservar la existencia de tal pluralismo; una concepción que, además, era intrínsecamente patrimonialista, es decir, proclive a no ver en el Estado una entidad política y jurídica pública y permanente, sino un instrumento ético: el lugar en el que vive y se reproduce la eterna identidad nacional, y del cual, por lógica consecuencia, el movimiento que monopoliza esa identidad tiene absoluto derecho de posesionarse, como de una cosa propia. Fue esa visión del hombre, de la sociedad y de la creación entera, tan antigua como arraigada y popular, la que indujo a los peronistas a percibirse sinceramente como una auténtica democracia, y a sus opositores, con igual grado de razón, a ver en él una dictadura totalitaria.

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