Escribir de la Guardia Civil es escribir de España. Sereno en el peligro. La aventura histórica de la Guardia Civil ofrece un recorrido por el devenir español, desde 1844, en busca de una línea vertebradora que nos explique lo que de excepción tiene un cuerpo de seguridad pública que se conoce con el apelativo de benemérito: sus peculiaridades, sus claroscuros, sus miserias y, pese a todo, sus glorias. Lorenzo Silva, que ya conoce el éxito con sus novelas sobre los guardias civiles Bevilacqua y Chamorro, se aventura por el ensayo en busca del «carácter de esta peculiar institución y de los hombres, y más recientemente mujeres, que la integran».

Contra los tópicos más arraigados, que sobre el Cuerpo existen, esta obra presenta una interpretación personal del papel histórico de la institución. Muchos españoles todavía la ven como una entidad reaccionaria, cuando en realidad es una creación de la España liberal y ha sido históricamente motor de progreso.

Lorenzo Silva

Sereno en el peligro

La aventura histórica de la Guardia Civil

ePub r1.3

Titivillus 24.10.2022

Título original: Sereno en el peligro

Lorenzo Silva, 2010

Imagen de cubierta: Augusto Ferrer-Dalmau

Diseño de cubierta: Szipiondesign [Julio Pérez]

Editor digital: Titivillus

ePub base r2.1

Para los uniformados de mi familia, que me inculcaron con su ejemplo el valor que para un hombre tienen la disciplina y la integridad:

Lorenzo Silva Molina, comandante de Infantería; Manuel Amador, guardia de Seguridad, y Antonio Garrido, guardia civil, in memoriam.

Juan José Silva, capitán de Aviación.

Mantente en cuanto te ha sido prescrito como si fueran leyes que, si las transgredes, estarás cayendo en la impiedad. Y no prestes atención a lo que digan de ti, pues eso ya no es cosa tuya.

Epicteto, Manual.

Una orientación preliminar

Esto no es ni pretende ser, una historia de la Guardia Civil. De hecho, ni siquiera cabe considerarlo un libro de Historia, aunque esta sea en buena medida la sustancia que lo alimenta y que el lector podrá encontrar más de una vez entre sus páginas. Sería por mi parte presuntuoso y absurdo, careciendo de los pertrechos necesarios y sin haber dedicado al asunto los esfuerzos debidos, competir con quienes a esta fecha se han ocupado de estudiar con empeño y rigor científico el devenir de un cuerpo tan implicado en la historia reciente de España. Desde quienes tradujeron su labor en un análisis exhaustivo, como el que constituye la monumental Historia de la Guardia Civil de Francisco Aguado Sánchez (EHSA y Planeta, 1983-1985), hasta los que optaron por ofrecer un relato más sucinto, como el de Miguel López Corral en la reciente La Guardia Civil. Claves históricas para entender a la Benemérita y sus hombres (La Esfera, 2009). A los lectores que deseen una historia de la Guardia Civil los remito en primer lugar, y en función de su mayor o menor inquietud, a esos dos títulos, y desde sus páginas a la copiosa bibliografía que en ellos se cita. Se beneficiarán con ello del trabajo sistemático y documentado de historiadores que, por añadidura, conocen a fondo y desde dentro la realidad de un cuerpo que no siempre ha sido demasiado permeable a la mirada exterior.

Este libro nace con una ambición más modesta, o más atrevida, según se mire. La de ofrecer una síntesis divulgativa, destinada al lector general, de los principales acontecimientos que fueron conformando, a lo largo de sus más de 160 años de existencia, el carácter de esta peculiar institución y de los hombres, y más recientemente mujeres, que la integran. Unos acontecimientos no siempre bien conocidos, a menudo simplificados y no pocas veces objeto de consciente o inconsciente manipulación. A partir de ellos, me propongo esbozar una reflexión, por fuerza personal, en tanto que libre, sobre la significación que ha tenido y tiene la presencia de la Guardia Civil en la realidad española de los últimos dos siglos. La intención nace de la convicción de que esa significación no es en absoluto irrelevante, y de que por el contrario la actuación de los guardias civiles, en el discurrir cotidiano y los momentos excepcionales vividos por este país desde la fundación del cuerpo, constituye un fenómeno cuya singularidad y trascendencia quizá no hayan sido, hasta aquí, ponderadas como se debiera desde fuera de las filas beneméritas. Por si hiciera falta, y para lo que pueda valer, aclaro que quien esto escribe ni es ni ha sido guardia civil, ni pertenece de ninguna manera a la familia del tricornio, salvo que se compute como tal circunstancia el hecho de que el marido de una de mis tías abuelas lo llevara durante un breve periodo de tiempo, hasta 1936 (es decir, treinta años antes de que yo viniera al mundo).

Esta mirada desde fuera, que me resta conocimiento de causa a otros efectos, me permite sin embargo contar con la distancia suficiente como para tratar de entresacar los hechos que pueden servir para bosquejar una visión global de la Guardia Civil desde la perspectiva del ciudadano, así como para ensayar un balance de su pasado y de su presente no contaminado por agravios o reivindicaciones de raíz corporativa. Lo que no quiere decir que vaya a ser objetivo, porque nadie lo es y porque no niego mi predisposición a emitir un veredicto en términos generales favorable. Lo que trataré de justificar, tanto con los hechos históricos como con mi capacidad de razonamiento, es que ese veredicto no surge del capricho, ni de la necesidad de satisfacer otra deuda que la que se deriva de observar la realidad con afán de justicia y procurando no dejarse cegar por prejuicios ni acomodarse a los estereotipos de larga pervivencia y más o menos general aceptación.

Naturalmente, no he llegado aquí por casualidad. Quizá alguno piense, al ver un libro sobre la Benemérita firmado con mi nombre, en que desde hace algunos años vengo publicando novelas policiacas protagonizadas por un par de investigadores de la Guardia Civil. Pero eso no es la causa, sino una consecuencia más de una mirada estimulada por una serie de experiencias previas a la invención de esos personajes. Ya decía Descartes que una forma de conocimiento es proceder desde los hechos particulares para, a partir de ellos, tratar de inferir categorías generales. Esta ha sido, en buena medida, mi manera de acercarme a los guardias civiles y de ir forjando la noción de ellos, y de la institución a la que pertenecen, que inspira este libro.

Anotaré, por referirme a los dos extremos temporales, la primera y la última impresión que de mi trato con los guardias me devuelve mi memoria en el momento en que escribo estas líneas. La primera fue hace cerca de veinte años, en una curva a la salida de Córdoba, que tomé a 105 kilómetros por hora cuando una señal me conminaba a hacerlo a 80.

Trescientos metros más allá me detuvo una patrulla de Tráfico, y el agente que se me dirigió, tras saludarme respetuosamente y comunicarme que el radar había registrado mi exceso de velocidad, me identificó, rellenó el boletín de denuncia, me informó de que me asistía el derecho a alegar contra ella en quince días y me preguntó si deseaba firmarla. Todo ello sin el más mínimo reproche o descortesía. Firmé la denuncia, recurrí y al final gané el recurso, pero no por la negligencia de aquel guardia, que había cumplido con su cometido a la perfección, sino por la desidia burocrática de la jefatura provincial de Tráfico, que no logró tramitar en tiempo y forma el expediente.

La última vez que me los crucé fue hace tan solo unos días, con motivo de la inusual nevada que bloqueó Madrid. En medio de un escenario memorable, con todas las calzadas cubiertas por la nieve, y después de haber atravesado el centro de la ciudad sin tropezarme con ninguna autoridad (era domingo por la noche), tomé la autovía A-42, que bajo los copos que seguían cayendo con furia parecía a la sazón una carretera de Siberia. Los letreros luminosos advertían a los conductores que circularan solo por el carril derecho, para ir gastando la nieve con la rodada. Como es habitual en este país, más de la mitad de los que por allí transitaban desobedecían el aviso para adelantar por el carril central o incluso el izquierdo. Hasta que apareció un vehículo de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil. Un agente asomaba medio cuerpo por la ventanilla, jugándose el pellejo y comiéndose literalmente la nevada (iban a buena velocidad), mientras empujaba con una baliza luminosa a los indisciplinados para que se avinieran a coadyuvar a la seguridad ajena y a la suya propia. Gracias a ellos, y al menos mientras ahí estuvieron, se evitaron los bobos alcances que suelen colapsar las carreteras españolas en cuanto caen tres copos. Y en todo caso, fueron los únicos representantes del Estado con los que este conductor se encontró, tras dos horas en medio de la ventisca.

Podría contar otras muchas experiencias, mínimas (como lo son las dos que quedan referidas) o de más alcance. Recuerdo, entre las más impactantes, la que se dio en una compañía en la que trabajé un tiempo, y a la que una mañana llegaron dos guardias civiles de paisano en busca de información que podía servir para localizar al comando Madrid de ETA, entonces trágicamente activo. Estaban pendientes de recibir del juzgado la orden, pero el tiempo los acuciaba. Y lo que hicieron fue presentarse allí, pedir excusas por solicitar la información sin el papel judicial y rogar por favor que se les permitiera acceder a ella con la promesa de entregar el documento en cuanto lo tuvieran. Asumiendo, dijeron, que no tenían facultades para pedir tal cosa, y que podíamos negarnos a ello, en cuyo caso aguardarían a tener la orden. He sido abogado durante unos cuantos años, y puedo dar fe de otros comportamientos policiales menos escrupulosos con el ordenamiento jurídico y, sobre todo, menos considerados con el ciudadano.

Y no soy el único. Referiré también (y con ello acabo los ejemplos), lo que en cierta ocasión me confió un magistrado, cuyo nombre omito por razones que se entenderán. Después de muchos años trabajando con distintos cuerpos policiales, y dándose además la circunstancia de haber pasado algunos años de su vida profesional dentro de uno de ellos, me confesó que con nadie, ni siquiera con sus antiguos compañeros, se sentía tan tranquilo, en cuanto a la lealtad a la autoridad judicial y el respeto de las leyes y de los derechos de los ciudadanos, como cuando instruía una causa en la que intervenía la Guardia Civil.

Que individuos distintos, en circunstancias y contextos también dispares, obren con arreglo a un carácter común, tan marcado y tan identificable, no es, no puede ser en modo alguno fruto del azar. El carácter que todavía hoy, y a lo largo de la Historia, como trataremos de exponer, ha impregnado la conducta y la ejecutoria de los guardias civiles, con todas las salvedades y todos los altibajos que se quieran, y que también se consignarán, es el resultado de un designio y de una conjunción de factores de veras excepcionales. Por lo menos, en el contexto del zarandeado, atribulado y a menudo decepcionante país en el que a estos hombres y mujeres les tocó prestar sus servicios.

Esa excepcionalidad es justamente lo que trata de indagar, en sus causas y su decurso histórico, pero también en su realidad presente y en su proyección futura, el presente libro. Si de ella deja un mínimo testimonio, y este llega a unos cuantos lectores, su autor se dará por satisfecho, y sentirá que también ha cumplido con su deber para con los no pocos guardias, de todos los perfiles y graduaciones, en quienes a lo largo de su camino ha podido apreciar el sincero, meticuloso y abnegado afán de servir a su país y, sobre todo, a sus semejantes.

Viladecans, enero de 2010

Capítulo 1.
El capricho de la reina niña

Muchos de los éxitos que recuerda la Historia nacieron de un fracaso. A menudo las ideas que contienen un germen de progreso, y que suelen nacer antes de tiempo en las mentes de hombres más lúcidos que quienes les rodean, comienzan su andadura cosechando un áspero revés. Es este común desajuste lo que ha llevado a muchos precursores a la cárcel, que como observara el caudillo marroquí Ahmed Raisuni (mientras tenía en jaque a los generales españoles empeñados en conquistar su país) ha sido frecuente fábrica de líderes. Para bien y para mal. De la experiencia presidiaria sacaron su empuje dirigentes tan variopintos como el propio Raisuni o Adolfo Hitler, de memoria dudosa o infausta; o como Gandhi o Mandela, que con sus claroscuros supieron ser motor de mejora y avance para sus pueblos. Pero unos y otros tienen algo en común: su inicial fracaso los fortaleció en su empeño, en el que en algún momento lograron finalmente prevalecer.

En el origen de la Guardia Civil, una institución que ha atravesado con notorio éxito los últimos 166 años de la historia de España, hay también un amargo desaire. Convencionalmente se señala como día de su nacimiento el 28 de marzo de 1844, fecha en que se firmó el Real Decreto fundacional de un nuevo cuerpo de seguridad pública a cuyos integrantes se les llamó guardias civiles. Pero la historia, si no nos quedamos en la superficie de la formalidad administrativa, comenzó bastante antes. Veinticuatro años más atrás, para ser más exactos.

El día 30 de julio de 1820, el teniente general Pedro Agustín Girón, a la sazón ministro de la Guerra, presentaba ante las Cortes el proyecto para constituir la que había dado en denominar Legión de Salvaguardias Nacionales. La iniciativa, sentida y ambiciosa, paró en un descalabro total: después de un agrio debate, el proyecto fue desechado por amplia mayoría y con furibundo menosprecio de los diputados.

Pero pongamos la historia en su contexto. En primer lugar, ¿quién era este hombre? Pedro Agustín Girón las Casas Moctezuma Aragorri y Ahumada, según rezaba su nombre completo, era hijo de Jerónimo Girón Moctezuma y Ahumada, tercer marqués de las Amarillas, paje del rey Fernando VI y teniente de las Reales Guardias españolas, quien tras guerrear en América contra los ingleses y contra la República Francesa en el Rosellón llegó a ser teniente general, gobernador de Barcelona y Virrey y capitán general de Navarra. Pedro Agustín, cuarto marqués de las Amarillas, se había distinguido a su vez en la Guerra de la Independencia, donde había alcanzado sus ascensos militares, pero había caído en desgracia ante Fernando VII a partir de 1815, por sus ideas liberales que casaban mal con la deriva absolutista que quiso imponer el Deseado a su regreso. El pronunciamiento de Riego de 1820, que hiciera al rey comprender de pronto la conveniencia de abrir camino en la marcha por la senda constitucional, había llevado a Pedro Agustín Girón al primer Gobierno revolucionario progresista, donde desempeñaba la mencionada cartera de la Guerra. Desde ese puesto tomó conciencia de dos preocupantes realidades: el estado de profunda anarquía en que se hallaba el país, por cuyos caminos campaban a sus anchas los bandidos en que se habían convertido no pocos de los antiguos combatientes contra el invasor francés; y la indisciplina y la desorganización en que se hallaba sumida la Milicia Nacional, el cuerpo armado con que a la sazón se contaba para respaldar el orden, restablecida tras el pronunciamiento liberal por su apoyo popular pero carente de unidad y de profesionalidad más que discutible.

Todo ello lo llevó a concebir la creación de un nuevo cuerpo armado que sirviera para garantizar la seguridad pública. Era Girón un militar tecnócrata, liberal de convicción pero moderado en sus planteamientos, como quizá lo determinaba su ascendencia aristocrática, y para quien la libertad no estaba reñida con el orden y la exigencia del cumplimiento de los deberes personales y cívicos. Su Legión de Salvaguardias Nacionales debía lograr la paz y la seguridad en el interior del país, entendido el término «seguridad» en su significado de «custodia, amparo y garantía». Tras hacer alusión al estado de aflicción en que se encontraba la nación, a merced de los malhechores, indicaba el preámbulo de su proyecto que lo que se proponía no era por cierto crear algo radicalmente nuevo, sino recuperar el espíritu de instituciones existentes en España desde mucho tiempo atrás. En particular aludía a las Hermandades castellanas, los cuerpos de autodefensa de los ciudadanos libres, surgidos por primera vez en Toledo en el siglo XI, para hacer frente a los abusos de los señores feudales.

Las Hermandades, que tendrían una larga vida y diversas denominaciones (de las que la más conocida quizá sea la de la Santa Hermandad, que adoptaron bajo los Reyes Católicos), son instituciones de indudable interés por sí mismas, pero que además resulta pertinente describir someramente en estas páginas dedicadas a la Guardia Civil, por algunas llamativas coincidencias, en su funcionamiento y su devenir histórico, que la alusión a ellas en el proyecto de Pedro Agustín Girón nos impide reputar casuales. En efecto, surgieron las Hermandades como respuesta al bandidaje alentado por los señores feudales y los alcaides de las fortalezas castellanas, que no solo tenían a sueldo sino que amparaban tras sus muros a los indeseables que asolaban los caminos. Las Hermandades se sostuvieron pronto con tributos específicos, que garantizaban su solvencia económica, y se convirtieron en implacables defensoras de la ley y pesadilla de delincuentes. Su eficacia corría pareja a su dureza: sus integrantes, jinetes y ballesteros, ajusticiaban expeditivamente a los infractores, casi siempre con una única pena, el asaetamiento, que ejecutaban después de convidar al reo a un banquete en el que compartía mesa con sus verdugos. Penas menores eran los azotes y el corte de orejas, que llenó de desorejados los pueblos de Castilla. Por esto se hicieron pronto temibles, y se convirtieron en el más sólido apoyo del poder estatal de la época, esto es, el de los reyes, que los utilizaron no solo para plantar cara a las aspiraciones y desafíos de la nobleza, sino incluso, merced a su acometividad y disciplina, en sus guerras contra los reinos musulmanes. No poco protagonismo tuvieron, por ejemplo, en la campaña para la conquista del Reino de Granada emprendida por los Reyes Católicos, cuya Santa Hermandad Nueva tenía las características de una potente fuerza militar, fuertemente centralizada y sustraída por completo a sus orígenes concejiles para actuar como la punta de lanza del poder real.

A partir del siglo XVI, con la disolución de esta Santa Hermandad Nueva, las Hermandades cayeron en una cierta decadencia. Incluso llegaron a servir para lo contrario de lo que había llevado a su fundación: apuntalar el poder y amparar los abusos de los caciques locales. La caída vertiginosa de su prestigio llevó a sus filas a elementos más que sospechosos, y en época de Cervantes su descrédito era casi total, como atestiguan las páginas del Quijote: «Venid acá, gente soez y mal nacida; venid acá ladrones en cuadrilla que no Cuadrilleros, salteadores de camino con licencia de la Santa Hermandad». Sobrevivieron las Hermandades en Castilla de forma residual, con funciones al final meramente honoríficas, hasta su completa extinción en 1835.

Instituciones similares funcionaron en otros reinos. Hermandades medievales hubo también en Navarra y Aragón, y en Cataluña actuó, hasta bien avanzado el siglo XX, el famoso Somatén, especie de cuerpo de reserva de ciudadanos armados para perseguir el delito y restaurar el orden en caso de emergencia. La complejidad del tejido policial y parapolicial español a comienzos del siglo XIX la completaban los cuerpos regionales de seguridad. Entre otros, podemos mencionar a los Guardas de Costa del Reino de Granada, los Escopeteros Voluntarios de Andalucía, Los Migueletes y Fusileros del Reino de Valencia, los Guardas del Reino de Aragón, los Miñones y Migueletes de Álava, Vizcaya y Guipúzcoa y los Mossos d’Esquadra catalanes. Todos ellos proponía Pedro Agustín Girón refundirlos en un solo cuerpo distinto del ejército, lo que según argumentaba traería grandes beneficios. Por un lado, el ejército dejaría de desgastarse en operaciones policiales, y por otro, se terminaría con el trastorno social que producía el que los vecinos de los pueblos se vieran obligados a abandonar sus labores para perseguir bandidos, con el riesgo para sus vidas y el perjuicio para sus haciendas inherentes a tal empresa.

Un cuerpo único, una sola dependencia, un servicio uniforme, individuos escogidos. Tal era la propuesta, de la que aparte de la seguridad pública se seguiría una ganancia nacional más que significativa: «La circulación interior, obstruida en el día hasta un grado difícil de concebir, quedará libre de los inconvenientes que en la actualidad la entorpecen y de este modo el comercio y el tráfico de nuestro país, que debe prosperar rápidamente por efecto del nuevo orden de cosas, encontrarán en este Cuerpo una protección bien necesaria a sus operaciones». Y prosigue el proyecto: «Su existencia y la exactitud en el servicio harán pronto ilusorio el aliciente que pueda ofrecer a los malvados la profesión de salteadores. Por ello no solo se evitarán las extorsiones que con tanta frecuencia se cometen, sino que disminuyéndose los crímenes, serán en menor número los castigos, y una porción de la sociedad descarriada de su deber dejará de emplearse en esta criminal ocupación, luego que sepa que hay unas tropas siempre dispuestas a perseguirla».

Los dos pasajes transcritos acreditan el espíritu profundamente liberal que animaba el proyecto. En definitiva, se trataba de crear las condiciones para que el país pudiera superar su atraso, a través de la actividad económica y del cumplimiento de las leyes. Es el momento de decir que Pedro Agustín Girón, marqués de las Amarillas, tenía a la sazón como ayudante de campo a su hijo Francisco Javier María Girón Ezpeleta las Casas y Enrile, que habría de sucederle en ese título y también en el de duque de Ahumada, concedido por la reina gobernadora quince años después, en su segundo paso por el Ministerio de la Guerra. La implicación más que probable de Francisco Javier en la redacción de este proyecto, junto con la impregnación de su espíritu, resultan de vital importancia para entender el origen y el carácter de la Guardia Civil, el cuerpo que tras la muerte de su padre (en el año 1836) y ya convertido en quinto marqués de las Amarillas y segundo duque de Ahumada, iba a encargarse de constituir y organizar.

Pero regresemos al verano de 1820. El proyecto de Pedro Agustín Girón comprendía una detallada estructura militar, que suponía una simplificación burocrática respecto de la del ejército, para adecuar mejor la Legión de Salvaguardias Nacionales a su cometido. Especificaba el proyecto que para el servicio los Salvaguardias dependerían de las autoridades civiles (o «jefes políticos») reservándose las militares todo lo relativo a su «organización, inspección y reemplazo». O lo que es lo mismo: naturaleza militar, dirección civil. Otro rasgo que retendremos, a la hora de entender la peculiar filosofía inspiradora de la Guardia Civil, y que llevaría a condicionar su propia denominación.

Pero todos los esfuerzos del teniente general, todo su esmero en concebir un cuerpo que fuera a la vez eficaz y compatible con sus aspiraciones liberales, se estrellaron contra unas Cortes que vieron en él un ataque a la Milicia Nacional y un sesgo reaccionario. No sería esta la última ocasión en que el espíritu de una España regeneradora, distante por igual del despotismo y del desorden, sucumbía derrotado por uno o por otro, cuando no por la conjunción de ambos. Mucho de esto le tocaría vivir, después de sufrirlo en su remoto origen, al cuerpo que acabaría saliendo de aquel frustrado proyecto. En 1822, padre e hijo partieron al exilio en Gibraltar, del que no regresaron hasta que los Cien Mil Hijos de San Luis repusieron al rey Borbón en su poder absoluto. Pero en este nuevo periodo tampoco se contó con ellos.

De hecho, en la última década del reinado de Fernando VII el modelo que se impulsó desde el gobierno fue el de una policía civil, que prestaba especial atención a las ciudades, descuidando el ámbito rural (y por tanto, manteniendo desatendido el problema de la inseguridad de los caminos). Además se la cargó, por inspiración de Calomarde, con funciones de policía política, al perseguir como «enemigos de la Religión y el Trono» a los adversarios del régimen. En 1829 se fundaba el Real Cuerpo de Carabineros de Costas y Fronteras, para perseguir el contrabando (y el perjuicio que causaba a la Real Hacienda).

A la muerte de Fernando VII se abrió la espinosa cuestión sucesoria encarnada en su hija Isabel, aún niña, con su muy deplorable consecuencia la primera guerra carlista. De nuevo las reformas quedaban aplazadas para hacer frente a una emergencia nacional que no contribuiría, por cierto, a mejorar los problemas endémicos, y menos los de la seguridad interior. La madre de la joven reina Isabel II, y regente del trono, la napolitana María Cristina de Borbón Dos Sicilias, hubo de echarse en brazos del partido liberal para hacer frente a la ola involucionista que apoyaba las pretensiones al trono de Carlos María Isidro de Borbón, hermano de Fernando VII. En 1834 encargó formar gobierno a Martínez de la Rosa, bajo cuyo mandato se procedió a intentar extirpar los restos del feudalismo hispánico, incluyendo la desamortización de los bienes eclesiásticos dirigida por Juan Álvarez Mendizábal. La campaña militar contra los carlistas, bien atrincherados en sus bastiones de Navarra, el País Vasco, Cataluña y el Maestrazgo, dio un papel eminente a los generales, y en particular a Baldomero Espartero, el Pacificador que cerró en 1837 con el Convenio de Vergara el grueso del conflicto bélico (quedaría solo Ramón Cabrera, guerreando en Cataluña y Valencia) pero al precio de incorporar a un ejército hipertrófico a los cuadros y combatientes del enemigo. Tanto poder alcanzó Espartero, que se hizo nombrar príncipe (de Vergara), usó tratamiento de Alteza Real y forzó en octubre de 1840 el exilio de la regente, dejando en Madrid a su hija, la reina niña. No estaba nada mal, para un soldado de humilde origen hecho a sí mismo de batalla en batalla.

Espartero, convertido en regente, liquidó la policía civil anterior, potenciando el papel de la Milicia Nacional (que contaba con nada menos que 200 000 hombres, 60 000 más que el propio ejército). Acometió múltiples reformas, erigido en paladín del liberal-progresismo y ante la impotencia del partido moderado, pero pronto, por su talante autoritario y su tendencia a confundir la voluntad nacional con su voluntad propia, se ganó la enemistad de sus antiguos compañeros de armas (o de los más ilustres de ellos, como O’Donnell, Diego de León y Narváez), que se juramentaron contra él y acabaron conspirando para derribarle. Tras resultar fallida una primera intentona, los generales que no fueron fusilados tuvieron que exiliarse y siguieron alentando desde sus escondrijos la rebelión. En noviembre de 1842 estalló una revuelta popular en Barcelona, por la marginación de la industria textil catalana en beneficio de la inglesa, a causa de la anglofilia del regente. Espartero, ni corto ni perezoso, ordenó al capitán general de Cataluña, Van Halen, bombardear la ciudad desde el castillo de Montjuic. Con ello desencadenó el principio de su final. Los desatinos de Espartero llevaron a muchos progresistas a pasarse al moderantismo.

El 29 de junio de 1843 el general Serrano se alza en Barcelona contra el regente. Narváez avanza desde Valencia contra Teruel, toma la plaza y a marchas forzadas se planta en Torrejón de Ardoz, donde presenta batalla a los generales Zurbano y Seoane, que disponen de fuerzas muy superiores, sobre todo de la Milicia Nacional, fiel hasta el final a su protector. Pero no llega a haber combate. Los emisarios de Narváez persuaden a los generales esparteristas de rendirse. Soldados de uno y otro bando se abrazan. El 30 de julio de 1843, Espartero embarca en el Puerto de Santa María rumbo al exilio londinense.

Tras la marcha de Espartero, los moderados triunfantes toman posiciones. Narváez, ascendido a teniente general, asume la capitanía general de Madrid. Juan Prim, recién ascendido a brigadier, es nombrado gobernador militar de la plaza. Al frente del gobierno queda Joaquín María López, pero el verdadero hombre fuerte es Narváez, que vendrá a representar para el partido liberal-moderado lo que Espartero para el liberal-progresista. Según Modesto Lafuente (citado en este punto por Aguado Sánchez): «En la coalición triunfadora parecía prevalecer el elemento más liberal, pero realmente este elemento estaba ya dominado por el elemento conservador, cuyo jefe tenía el prestigio principal de la victoria y era tan atrevido como astuto. Era este jefe don Ramón María Narváez». Nacido en 1800, había comenzado su carrera en el selecto regimiento de Guardias Walonas. En 1833, al comenzar la primera guerra carlista, era solo capitán, pero ascendió rápidamente por sus acciones de guerra en Navarra. En 1837 organizó el Cuerpo de Ejército de Reserva de Andalucía, labor en la que tuvo la cooperación estrecha del segundo duque de Ahumada, Francisco Javier Girón, con el que batió a varios caudillos carlistas hasta Pacificar por entero Andalucía y Castilla, logro compartido que iba a cimentar la perdurable amistad entre ambos. En 1838 fue nombrado mariscal de campo.

Personaje carismático, elogiado como uno de los mejores estadistas del siglo por una variada nómina de apologetas (incluido Benito Pérez Galdós), se le atribuyen anécdotas tan sabrosas como la que supuestamente protagonizara en el trance de su última confesión, cuando al preguntarle el confesor si perdonaba a sus enemigos dio en responder que no podía, puesto que los había fusilado a todos. Aunque fue sin discusión el hombre fuerte del país desde el mismo momento en que Espartero embarcó al exilio, no se apresuró a ocupar el sillón. Dejó que otros lo precedieran, pagando el desgaste correspondiente. Primero solucionó el problema de la regencia, forzando que se declarase la mayoría de edad de Isabel II un año antes de la fecha estipulada. Luego se propuso solventar los problemas que seguía creando Cataluña, por las dificultades de la industria textil y por los llamados trabucaires, partidas carlistas, subsistentes de la guerra civil, que asolaban aquel territorio. Por tales motivos, el segundo duque de Ahumada fue nombrado inspector general militar, con el encargo de verificar el grado de disciplina del Ejército en Cataluña y Valencia, principalmente. Partió a su misión, con destino a Barcelona, el 29 de octubre de 1843.

Coincidiendo con su marcha, hubo nueva revuelta en Cataluña, al no haber podido cumplir Serrano las promesas que hiciera a sus habitantes. El catalán Prim fue el encargado de reprimir la de Barcelona, que liquidó rápidamente. En cambio en Gerona la revuelta republicana de Abdón Terradas se mantuvo hasta enero de 1844, mientras que en Levante numerosos jefes carlistas, como Serrado, La Coba y Taranquet, mantenían partidas que cometían todo tipo de atropellos.

En esa coyuntura asumió la jefatura del gobierno Salustiano Olózaga, que había hecho méritos al clamar en las Cortes contra la ineficacia de la policía, por no ser capaz de identificar a quienes atentaron contra Narváez el 6 de noviembre de 1843, disparando sus trabucos sobre su carruaje al pasar por la calle del Desengaño de Madrid (acción en la que resultaría mortalmente herido el coronel ayudante del general). Pero Olózaga duraría poco, del 20 al 29 de noviembre. Su empeño en restablecer la Milicia Nacional y en reconocer los ascensos militares concedidos por Espartero hasta el momento de pisar suelo inglés (dos medidas que no gozaban en absoluto del beneplácito de Narváez) precipitó su caída. Narváez pensó entonces en Manuel Cortina, que rechazó la propuesta, alegando que un jurisconsulto como él «no iba a estar a merced de un soldado». El espadón de Loja, como lo llamaban sus adversarios, en alusión a su pueblo natal, volvió entonces sus ojos hacia González Bravo, un hombre de oscuro historial, antiguo panfletista, que desde las páginas de El Guirigay, y con el seudónimo de Ibrahim Clarete, había ridiculizado con ferocidad a la regente María Cristina por sus amores con el guardia de Corps Fernando Muñoz, llegando a llamarla «ilustre prostituta». A sus treinta y dos años, este personaje se vio sentado en la presidencia del gobierno el 5 de diciembre de 1843. Tan solo un mes después, Narváez le puso a la firma al ministro de la Guerra nombrado por González Bravo, su subordinado el general Mazarredo, su propio ascenso a capitán general. Sobra decir que el ministro rubricó el nombramiento, dejando a Narváez colocado para hacerse con las riendas del país. Pero antes de eso, debía gestionar el regreso de la reina madre a Madrid, tal y como le había prometido a esta en el exilio francés. González Bravo, olvidando pasadas diatribas, no solo convino en la necesidad del regreso de María Cristina, sino que otorgó el título de duque de Riánsares a Fernando Muñoz, legalizando el matrimonio morganático entre ambos.

El 23 de marzo de 1844, María Cristina hacía su entrada triunfal en Madrid. Una de sus primeras diligencias fue imponer a González Bravo, su antiguo y embozado fustigador, la Gran Cruz de la Legión de Honor, que su tío el rey Luis Felipe de Francia le había concedido. Un acto sin duda repleto de una cruel ironía, que no tardaría en aflorar, para mal del joven y acomodaticio presidente del gobierno.

Cinco días después del regreso de la reina madre, el gobierno de González Bravo le presentaba a la reina Isabel II, que por entonces contaba trece años, el Real Decreto por el que se establecía una fuerza de protección y seguridad pública. En el preámbulo se la declaraba destinada a relevar de estas funciones al ejército y a la Milicia Nacional, el primero inadecuado por ser su finalidad principal defender el Estado, y la segunda por tener una existencia discontinua y ser su servicio transitorio. Por todo ello se optaba por crear un nuevo cuerpo permanente, separado del ejército, y con una organización distinta a la de los cuerpos de este, más fraccionada y diseminada. Sus filas habrían de nutrirse con oficiales y jefes especialmente seleccionados y con licenciados del servicio militar «con buena nota y justificada conducta». Se estipulaban también sus haberes, algo más elevados que los ordinarios, como correspondía a unos agentes que iban a desempeñar el servicio con una cierta independencia de la autoridad superior, que llegarían en algunos casos a ser depositarios de secretos importantes y que se verían «expuestos frecuentemente a los tiros del resentimiento y lisonjeados tal vez por los halagos de la corrupción».

A lo largo de 18 artículos, el Real Decreto desarrollaba la estructura orgánica del nuevo cuerpo, con una terminología a todas luces castrense, como lo era el personal que había de formarlo, disponiendo expresamente el artículo 12 que en cuanto a la organización y disciplina dependería de la jurisdicción militar, por lo que resultaba discordante la alusión a una «fuerza civil» contenida en el preámbulo, texto por el que Pérez Galdós reconocería a González Bravo, entre sus muchos desaciertos, y en contraste con ellos, el mérito de haber alumbrado «un ser de grande y robusta vida, la Guardia Civil», era en realidad obra del subsecretario de Gobernación, Patricio de la Escosura. Este afrancesado conspicuo, antiguo capitán de Artillería, intimó en sus estancias en Biarritz con un capitán retirado de la Gendarmería francesa, llamado Lacroix, de quien debió de recibir alguna inspiración. No iba a ser su articulado, sin embargo, el que sirviera de base fundacional para la futura Guardia Civil por lo que atribuirles la autoría de esta a González Bravo o Escosura no deja de resultar discutible.

Pero sí fue este Real Decreto de 28 de marzo de 1836 el que dio lugar al nombre de la institución. Cuando la joven reina leyó lo que le presentaban, y sin poder entender muy bien qué era aquello de «unas guardias armadas que podían estar al servicio y bajo la obediencia de los poderes civiles», dijo que entonces ella las llamaría «guardias civiles», para dejar así reflejada su doble condición. El capricho de la reina niña se incorporó a posteriori al texto, quedando denominado el nuevo cuerpo, formado por militares, y siendo militar su disciplina, con el tan paradójico como perdurable nombre de Guardia Civil.

Solo faltaba, para llegar a la Guardia Civil que había de conocer la Historia, que al duque de Ahumada, el hijo de Pedro Agustín Girón, se le diera la ocasión de reparar el desaire hecho en 1820 a su padre. Y merced a la confianza de Narváez, preparado ya para desembarazarse del insignificante González Bravo, iba a tenerla cumplidamente.

Capítulo 2.
Ahumada, el visionario

No es inhabitual que un hombre de ingenio pague un alto precio por demostrarlo por escrito. Al presidente González Bravo le llegó el momento de comprobarlo cuando una mano invisible depositó en manos de la reina madre, María Cristina, los artículos injuriosos que tiempo atrás le había dedicado bajo seudónimo, con la insinuación de su verdadera autoría. El antiguo libelista quedaba amortizado, y el 2 de mayo de 1844 Narváez asumió la presidencia del gobierno, tomando para sí la cartera de la Guerra, en la que mantuvo como subsecretario al brigadier sevillano Ángel García de Loygorri, conde de Vistahermosa, leal al nuevo presidente y viejo amigo del duque de Ahumada.

Durante el mes de abril se habían producido algunos acontecimientos relevantes para la formación del nuevo cuerpo. El todavía ministro de la Guerra, Mazarredo, mantuvo un tira y afloja con su colega de Gobernación, el marqués de Peñaflorida, para deslindar las funciones de ambos departamentos y en particular las responsabilidades que corresponderían en el nombramiento de su personal a los jefes militares y políticos. Como resultado, se dictó el Real Decreto de 12 de abril, que aclaraba el anterior de 28 de marzo en el sentido de que si bien el Ministerio de la Guerra se encargaría de la organización inicial de la Guardia Civil, reclutando sus efectivos entre los excedentes de personal del ejército, en lo sucesivo serían los jefes políticos los que se encargarían de los nombramientos de cargos y asignación de destinos. Este esquema habría dado lugar, interpreta Aguado Sánchez, a que la Guardia Civil se convirtiera en una suerte de simple vaciadero de un Ejército hipertrófico, sometido a los vaivenes políticos y expuesto a los caprichos del partido de turno. La falta de un inspector general, y los míseros sueldos que se contemplaban para la tropa, habrían conducido a una nueva institución precaria, con defectuosa organización militar y condenada a resultar inestable, manipulable y fallida.

Sea como fuere, el 15 de abril de 1844, este nuevo Real Decreto le fue remitido al mariscal de campo Francisco Javier Girón, duque de Ahumada, que se hallaba a la sazón en Cataluña en funciones de inspector general militar. Lo acompañaba la siguiente comunicación:

Al Mariscal de Campo Duque de Ahumada. Para llevar a cabo esta Soberana y Real disposición se ha dignado comisionar a V. E. como Director de la organización de la Guardia Civil y señalar para proceder a ello los puntos de Vicálvaro y Leganés. A fin de que V. E. pueda sin pérdida de tiempo dar principio al importante cometido que la digna acción de S. M. le confía y evitarle en lo posible consultas que naturalmente le ocurrirían para su mejor desempeño, debo decirle que V. E. queda facultado para proponer las medidas que conduzcan a la más útil organización de esta fuerza en vista de los elementos que para ello puedan emplearse, teniendo en consideración que del acierto de su primera planta depende su porvenir y el que produzca el feliz resultado a que se la destina. Muy recomendable e importante es la brevedad, pero más aún lo es la perfección. Las solicitudes de Jefes y Oficiales con los datos ya reunidos en este Ministerio pasarán a la dirección del cargo de V. E. para que en consecuencia puedan hacerse a S. M. las consecuentes propuestas en forma para todos los empleos de Jefes y Oficiales, debiendo V. E., proceder al nombramiento de las clases de tropa que han de componer el Cuerpo […] V. E. necesita manos auxiliares para los trabajos de la Comisión; puede V. E. por tanto proponer desde luego, su personal y la organización en el concepto de que todos los sueldos y gastos son desde ahora con cargo al Ministerio de la Gobernación.

Mediante esta comunicación, el ministro de la Guerra ponía en manos de Ahumada la labor de organización inicial de la Guardia Civil que había salvado para su ministerio. Las razones de su nombramiento hay que buscarlas en su competencia y rigor, que ya lo habían llevado al cargo de inspector general militar. Pero una vez recibida la encomienda, no podía dejar de influir en el duque la experiencia que había compartido un cuarto de siglo atrás con su padre, en la redacción del proyecto de la Legión de Salvaguardias Nacionales. Comparándolo con el que ahora se le ponía en las manos, forzoso era que sintiese preferencia por aquel, y desde bien pronto se aplicó a procurar que los decretos fundacionales quedaran sin efecto y sustituidos por otro más acorde a su concepción de lo que debía ser un cuerpo que devolviera (o trajera, porque era algo inédito) la seguridad al reino. El hombre había encontrado su destino en la Historia. Y la Guardia Civil acababa de tropezarse con el hombre que iba a ahormarla.

Pero antes de continuar con el relato, quizá sea oportuno dar algunas pinceladas biográficas sobre el personaje. Nacido en Pamplona el 11 de marzo de 1803, en el palacio del Virrey (cargo que entonces ostentaba su abuelo paterno, Jerónimo Girón), hacia las cuatro de la tarde, Francisco Javier Girón moriría el 18 de diciembre de 1869 en su domicilio madrileño del número 9 de la calle del Factor, a las dos y media de la madrugada. Su condición de miembro de la nobleza le hizo disfrutar de los privilegios otorgados a esta por Carlos IV e inició su carrera militar a la edad de doce años con el empleo de capitán de Milicias Provinciales. Hijo único, su infancia fue algo amarga, ausente casi siempre su padre por su implicación en la Guerra de la Independencia y sin el amparo de la madre, que prefería seguir al marido en sus correrías, mientras Francisco Javier quedaba a cargo de su abuelo, perseguido por afrancesado. De talla mediana y no muy buena salud en la adolescencia, los contratiempos vividos con su padre, exilio incluido, forjaron en él un carácter inflexible y ordenancista, además de proporcionarle grandes dotes de organización y una gran capacidad de trabajo. Afín a los moderados, no albergó especiales ambiciones políticas, contentándose con un puesto de senador vitalicio que compatibilizó con su dedicación a la Inspección General de la Guardia Civil. En cuanto a su hoja de servicios militares, la primera guerra carlista le daría ocasión de distinguirse y de demostrar su capacidad para el mando. Como coronel participó en la desarticulación de partidas carlistas en la provincia de Sevilla y más tarde en La Granja. Tras algún revés, como el que sufrió frente a los rebeldes en Moratalaz, Narváez lo captó para organizar el Ejército de Reserva de Andalucía, lo que forjó una sólida relación de camaradería entre ambos. En 1840 fue nombrado mariscal de campo por sus muchos méritos en combate, en las acciones de Yesa, Alpuente, Montalbán, Miravete, entre otras, y por el acoso al recalcitrante caudillo carlista Ramón Cabrera, hasta obligarlo a cruzar en retirada la frontera de Francia. Su carrera previa a la organización de la Guardia Civil se cerró con sumisión como inspector en Cataluña y Valencia, donde su labor se tradujo en una, minuciosa revisión de los muchos  problemas  que aquejaban al ejército de entonces, seguida de múltiples recomendaciones para mejorarlo en todos los aspectos, desde uniformidad y guarnición hasta la simplificación de la exasperante burocracia que lo agarrotaba. Según Aguado Sánchez, de quien tomamos esta semblanza, ello lo preparó, en no escasa medida, para la tarea de organizar el cuerpo de la Guardia Civil. Pero aparte de este historial, al hombre también se le atribuye un jugoso anecdotario, que no excluye la leyenda. Quizá la más repetida entre los guardias civiles, y transmitida de generación en generación, es la que refiere que siendo aún el duque un joven oficial, su padre, por entonces capitán general de Andalucía, recibió en su despacho al mítico bandolero José María el Tempranillo, ya convertido en arrepentido de la justicia, a la que ayudaba a capturar a sus antiguos compinches. El padre se dirigió al hijo y le dijo: «Mira, aquí te presento a José María el Tempranillo, un hombre valiente». A lo que el exmalhechor replicó: «No, mi general, yo no soy valiente, lo que ocurre es que no me aturdo nunca». Según se cuenta, aquellas palabras se le grabaron a fuego al futuro director de la Guardia Civil, que solía repetirlas a su gente cuando la despachaba a misiones que entrañaban peligro.

Fiel a este espíritu, sea o no cierta la anécdota, el duque no se aturdió frente al delicado encargo recibido mediante la Real Orden de 15 de abril. Y tan solo cinco días después, el 20 de abril de 1844, redactaba una comunicación a los ministros de Estado y Guerra, en la que les trasladaba sus primeras impresiones sobre la labor encomendada. En primer lugar, el contingente previsto de 14 333 hombres, repartidos en 14 Tercios, con 103 Compañías y 20 Escuadrones, resultaba imposible de reclutar, si es que se deseaba dotar el cuerpo con personal a la altura de su responsabilidad, por lo que proponía empezar por un número inferior e irlo aumentando progresivamente a medida que se fuera incrementando el crédito presupuestario. Tampoco veía con buenos ojos, según expuso, la ínfima dotación para la retribución de las clases de tropa, tan baja que los que se presentaran habían de ser «gente poco menos que perdida, y por lo tanto dispuesta a la corrupción, siendo estas las clases que merecen más atención, pues casi siempre tienen que prestar su servicio individualmente, y los que tengan la circunstancia de conocida honradez, talla, saber leer y escribir, y demás que se requieren, no querrán por cierto tener ingreso en un cuerpo, en que han de arrastrar grandes compromisos y fatigas, con la seguridad de que servirán más y ofrecerán más garantías de orden cinco mil hombres buenos que quince mil no malos, sino medianos que fueran». Es de subrayar esta preocupación, constante en Ahumada, por contar para la Guardia Civil con personas cuya instrucción mínima les permitiera saber leer y escribir. Detalle que ponía de relieve lo escogido del cuerpo que tenía en mente, en un país donde el índice de analfabetismo se situaba sobre el setenta y cinco por ciento de la población.

A partir de estas premisas, realizó un estudio previo de plantilla, reorganizando la que se le había proporcionado en los decretos fundacionales. Simplificó las unidades y sus planas mayores, rebajó el nivel de cinco de los Tercios, proponiendo que los mandaran tenientes coroneles en vez de coroneles, por su poca demarcación, y propuso que hubiera más oficiales subalternos, para que en su actuación aislada la «vigilancia fuera más inmediata». Y respecto a los empleos más modestos, para los que proponía el primer aumento de sueldo, incluso antes de que existiera el cuerpo, argumentaba: «Llegamos ahora al punto capital de esta organización, que es la dotación de sus individuos de tropa, pues la de sus jefes y oficiales es la correspondiente al servicio del Cuerpo. Si aquella no es la indispensable para proporcionar una subsistencia cómoda y decente no solicitarán tener entrada en la Guardia Civil aquellos hombres que por su disposición y honradez se necesita atraer. Una peseta y el pan es el jornal de cualquier bracero, que no tiene que entretener ni un vestuario, ni un equipo ampliado y lucido». Con todo, la propuesta del duque, que reducía los efectivos del cuerpo, ahorraba al erario público 4 665 320 reales al año.

Todas sus ideas las resumía en siete puntos, que elevó al Gobierno escritos de su puño y letra, y que se recordarían como las «bases para que un general pueda encargarse de la formación de la Guardia Civil». Tales bases eran, en síntesis, las siguientes:

Que esté conforme con la organización que deba darse al Cuerpo, encontrando en la actual grave falta de dotación a los guardias.

Que tenga intervención en el vestuario, caballos y monturas.

Que debe ser quien proponga a todos los jefes y oficiales.

Que hasta que cada Tercio se entregue, pueda decidir la separación de aquellos miembros cuya permanencia no convenga.

Que la organización debe ser progresiva, tercio a tercio.

Que cuanto haya hecho el Ministerio de la Gobernación debe pasar al general encargado de la organización.

Que todos los que tengan entrada en el Cuerpo se le deben presentar personalmente en Leganés (infantería) y en Vicálvaro o Alcalá (caballería), antes de marchar a las provincias donde se les destine.

Del examen de estos siete puntos no puede desprenderse un mensaje más nítido: plenos poderes para organizar el nuevo cuerpo, y libre decisión para conformarlo con arreglo a su criterio. La petición de Ahumada iba a resolverla el nuevo ministro de la Guerra y presidente del Gobierno, esto es, el todopoderoso Ramón María Narváez, mediante el nuevo Real Decreto de 13 de mayo de 1844, por el que se reconducía la organización de la Guardia Civil creada por el de 28 de marzo a la propuesta por el director al que se le había encomendado. Acogía el preámbulo del Real Decreto todas y cada una de sus peticiones. Se dejaba bien clara la dependencia del Ministerio de la Guerra en todo lo relativo al personal, debiendo «entenderse» en su servicio peculiar con las autoridades civiles, y contando con una Inspección General desempeñada por un general del Ejército. Se aceptaba tanto la reducción de efectivos respecto del proyecto originario como el principio de dotación progresiva de sus tercios. Y se recogían, literalmente, las reflexiones del duque de Ahumada sobre la necesidad de dotar de forma adecuada a los individuos de tropa. Esto llevaba a atribuir a los guardias un haber diario entre nueve y doce reales, en el caso de los de caballería, y entre ocho y diez y medio los de infantería. Es decir, más del doble de la propuesta original. En su articulado, el Real Decreto desarrollaba todos estos principios y la organización que había de darse al cuerpo. Es de destacar el artículo 20, que fijaba las condiciones exigidas para ser guardia civil, y en el que quedaba claramente formulada la voluntad de contar con individuos seleccionados:

Las circunstancias para entrar en la Guardia Civil han de ser en las clases de tropa: ser licenciados de los cuerpos del ejército permanente o reserva, con su licencia sin nota alguna; promover su instancia por conducto del alcalde del pueblo de su vecindad, con cuyo informe y el del cura párroco deberá dirigirse al jefe político de la provincia; esta autoridad, tomando los informes que estime oportunos, la pasará al comandante general de la provincia, y este al jefe del tercio; no tener menos de 25 años de edad ni más de 45, saber leer y escribir, tener cinco pies y tres pulgadas, lo menos, de estatura los que hayan de servir en caballería y dos los de infantería.

Para los oficiales, se exigía en todo caso que fueran mayores de treinta años, lo que garantizaba la incorporación a la Guardia Civil de personas con la madurez necesaria. La oferta de unirse al nuevo cuerpo no carecía de atractivo para los militares de graduación, aunque algunos de ellos lo veían con desconfianza, por temor a que la inestabilidad política que caracterizaba a la época lo convirtiera en una creación efímera. Con todo, al director general de la organización no le faltaron candidatos, y pudo efectuar una rigurosa selección en la que les dejó bien claro que en el nuevo cuerpo se exigiría un sacrificio en el servicio y una limpieza de conducta superiores a los que se les pedía en sus unidades de procedencia, teniendo además absolutamente proscrita la militancia política (contra lo que era usual en el ejército, después de tantos años de intervencionismo militar en la gobernación del país). La más mínima falta en el expediente, que el director examinaba personal y meticulosamente, conllevaba el rechazo. A Ahumada solo le interesaban hombres de «honor, valor y limpia conciencia».

Para las labores de organización, el director se instaló con su equipo en un edificio del siglo XVII sito en el 14 de la calle Torija de Madrid, todavía existente, y donde habían estado la residencia y las oficinas de los inquisidores madrileños del Santo Oficio, abolido pocos años atrás. En el verano de 1844 se fue recibiendo a los aspirantes en los acuartelamientos de Leganés, Vicálvaro y Alcalá. Pronto se vio que no sería fácil cubrir las plazas de tropa. A comienzos de junio, en los quince batallones que guarnecían Madrid, solo se había podido encontrar once hombres aptos para incorporarse a las unidades de infantería de la Guardia Civil. Ello llevó al duque a proponer la admisión de soldados de menor edad de la prevista en el Real Decreto de 13 de mayo, pero sin hacer concesiones en cuanto a su talla e instrucción mínima. También fue ardua la recluta de las unidades de caballería, con la dificultad añadida de la compra de semovientes y el equipo preciso. El 1 de agosto se contaba ya con 668 guardias de infantería y 368 de caballería, que a mediados de mes se habían incrementado hasta 758 y 415, respectivamente. El 1 de septiembre, el duque de Ahumada, como premio a su labor organizadora, fue nombrado primer inspector general del cuerpo, en analogía de derechos y sueldo con los demás directores e inspectores generales de las armas del ministerio de la Guerra, y la Guardia Civil se presentó en parada militar ante el Gobierno.

El desfile tuvo lugar donde hoy se encuentra la estación de Atocha. En total formaron 1500 guardias de infantería y 370 de caballería, con todos sus mandos y completamente uniformados, armados y equipados. Revistados por Narváez, con Ahumada a su izquierda, la impresión de marcialidad y disciplina que causaron los guardias fue excelente. Un rasgo que iba a distinguir a la Guardia Civil en todas las paradas militares en que participaría a lo largo de su dilatada historia.

En ese verano de 1844, Ahumada también puso a punto las cuestiones de intendencia, como los haberes del cuerpo, fijados por Real Orden de 30 de agosto, y que arrojaban en conjunto unos ingresos para los guardias civiles por encima del promedio de la clase social de procedencia, y también superiores a los de sus homólogos del ejército. Baste apuntar que un coronel vendría a ganar 36 000 reales de vellón anuales, frente a los 21 600 que percibía en el ejército, diferencia que en los tenientes era de 7300 a 5000. Eso sí, con todo y el esfuerzo hecho para aumentar sus ingresos, la diferencia con las clases de tropa era enorme, si tenemos en cuenta que un guardia de segunda percibía 2920 reales, un cabo 3285 y un sargento primero, 3832.

Por Real Decreto de 15 de junio de 1844 quedó fijada también la uniformidad del cuerpo, que variaba para caballería e infantería, pero que como elementos comunes contaba con casaca o levita azul, con cuello, vueltas y solapa de color encarnado, y pantalón de paño o lienzo azul o blanco. Como prenda de cabeza común, el sombrero de tres picos, que en seguida, por galicismo derivado de chapeau à trois cornes, se conocería popularmente por el nombre de tricornio. Para los jinetes se disponía que los correajes fueran negros, y para los infantes, de «ante de su color», es decir, amarillento. También se regulaban las armas que debían llevar unos y otros: carabina, dos pistolas de arzón y espada los de caballería; fusil corto, sable de infantería y pistola pequeña los de a pie. Aunque en los primeros tiempos, por estrecheces presupuestarias (hubo que adelantar a los guardias el dinero necesario para que se proveyeran inicialmente del equipo que iba a su costa), se les proporcionó armamento de circunstancias, como fusiles de chispa ordinaria a los infantes, sin pistola, y una sola pistola a los de a caballo.

Otros dos textos cruciales de esta etapa fundacional son los reglamentos para el servicio, aprobado el 8 de octubre de 1844, y militar, fechado siete días después. El primero, redactado por el ministerio de la Gobernación, sobre el borrador que dejara preparado el anterior subsecretario, Patricio de la Escosura, artífice del Real Decreto de 28 de marzo, estaba más en línea con una Guardia Civil sometida a la intervención de las autoridades políticas que con el modelo de autonomía militar, bajo la dirección civil en lo relativo al servicio, que había consagrado por inspiración de Ahumada el Real Decreto de 15 de mayo. Contenía numerosas disposiciones que habían de resultar problemáticas y que condujeron a conflictos entre los guardias civiles y los comisarios y celadores de Seguridad Pública. Dichos funcionarios, dependientes de los jefes políticos, se consideraban delegados de estos y quisieron poner a sus órdenes a los miembros de la Guardia Civil, a los que consideraban como los auxiliares o «empleados de protección» que la ley les atribuía y que no se les había facilitado hasta la fecha. Un sonado incidente lo protagonizó el comisario de Getafe, que ordenó al oficial de la sección, apenas llegaron los primeros guardias, que estos se personaran a la mañana siguiente a la puerta de su domicilio, vestidos de gala para ser revistados. La orden no solo no se cumplió, sino que el incidente le costó al comisario el puesto. La Guardia Civil, con el poderoso respalde del ministro de la Guerra, que a la vez era el presidente, dejaba así primer testimonio de su recio carácter.

La dependencia de los jefes políticos que establecía este reglamente para el servicio, y que Ahumada combatiría hasta hacerla desaparecer contrastaba con el limitado recurso que alcaldes y jueces podían hacer a esta fuerza, siempre a través de dichos jefes políticos o de sus delegados. Por el contrario, el criterio del jefe de la fuerza sería el determinante a la hora de elegir el medio para restablecer el orden en caso de que se viera alterado, antes de llegar a las armas, que en último recurso podían usarse para hacer valer el imperio de la ley. El artículo 37 del reglamento concedía a la Guardia Civil la trascendental función de instruir sumarias y atestados sobre la comisión de delitos, de donde vendría en mayor medida la autoridad de sus miembros.

En cuanto al reglamento militar, impulsado y concebido por el inspector general, y por consiguiente muy en línea con su personal concepto del cuerpo, regulaba todo lo relativo a instrucción, organización, reclutamiento, ascensos, disciplinas y obligaciones militares del guardia civil. Remachaba la dependencia del ministerio de la Guerra, y se concedía a la Inspección General la facultad de «establecer y perfeccionar el servicio privilegiado e interesante» a que se dedica el cuerpo, para concluir en «una vigilancia rigurosa acerca de la observancia del reglamento, así como su servicio especial». Únicamente la Inspección General sería la competente para entenderse con los ministerios de la Guerra y Gobernación «en la parte que a cada uno competa». El régimen interior estaría en todo marcado por las ordenanzas generales del ejército, primero y, después, por «lo que para su servicio especial y privativo», le marcase el reglamento especial dictado al efecto.

Queda patente en estas líneas la tensión entre los dos talantes, civilista y militarista, que, pese a la marcada personalidad de su fundador, caracterizará la historia toda de la Guardia Civil, hasta llegar a nuestros días. Y del texto se desprende la importancia concedida a la disciplina y la exactitud en el servicio, así como la intransigencia con que les serían exigidas a los miembros del cuerpo. Aparte de prever un régimen de continua inspección por parte de los mandos, en el que no podrían interferir los jefes políticos, declaraba este reglamento militar: «La disciplina que es elemento principal de todo cuerpo militar, lo es aún de mayor importancia en la Guardia Civil, puesto que la diseminación en que ordinariamente deben hallarse sus individuos hace más necesario en este Cuerpo inculcar el más riguroso cumplimiento de sus deberes, constante emulación, ciega obediencia, amor al servicio, unidad de sentimientos y honor y buen nombre del Cuerpo. Bajo estas consideraciones, ninguna falta es disimulable en los guardias civiles».

La cursiva es nuestra, y conviene retenerla porque marcará de forma destacada la idiosincrasia del cuerpo. Además, el duque ampliaba el catálogo de faltas que podían cometer los guardias, respecto de las que se preveía de ordinario para los militares. Lo eran, también, «cualquier inobservancia de lo marcado en sus reglamentos, la inexactitud en el servicio peculiar, ya sea de día como de noche; cualquier desarreglo en la conducta; el vicio del juego; la embriaguez; las deudas; las relaciones con personas sospechosas; la concurrencia a tabernas, garitos o casa de mala nota o fama; la falta secreto y el quebrantamiento de los castigos». Las faltas eran corregid con severidad, con penas que iban desde el arresto a la expulsión, pasan por la suspensión o el traslado. Y para los oficiales, el artículo 7.º contenía esta dura advertencia: «El menor desfalco o falta de pureza en el manejo de intereses será causa, desde luego, de la total separación del Cuerpo, sin perjuicio de las demás penas a que haya lugar con arreglo a las leyes».

Por lo demás, Ahumada subrayaba la autoridad de que quedaba investidos sus hombres, incluso frente al resto de los militares, al disponer en el artículo 9 del reglamento que cualquier militar, sin tener cuenta la graduación, «debía obedecer y acatar las órdenes» que le fuer intimadas por un guardia sobre objetos de su servicio.

La coexistencia problemática de estos dos reglamentos, con principios inspiradores tan dispares, provocaba a Ahumada una incomodidad persistente. Tanto fue así que no paró hasta producir un peculiar documento en el que se resumía, de forma integrada, su visión de la misión, el carácter y el funcionamiento del cuerpo que tan decisivamente había contribuido a crear. Su voluntad, cuya legitimidad puede resultar discutible desde la perspectiva actual, era poner a la Guardia Civil a resguardo de la contienda política, dotándola de una filosofía autónoma que le permitiera prestar su servicio civil sin menoscabo de la rígida disciplina militar y la ambiciosa envergadura moral que deseaba para ella. Paso previo fue la redacción de la circular de 16 de enero de 1845, germen de lo que sería finalmente la Cartilla del Guardia Civil, el manual que, aprobado por Real Orden de 20 de diciembre de 1845, se repartiría a todos los miembros del cuerpo, y en el que quedaría condensada la esencia del proyecto del fundador, asimilada con devoción por la mayoría de quienes se unieron a sus filas.

La lectura de este texto es fundamental para entender, aún hoy (cuando ya hace mucho que no está en vigor) a los guardias civiles. A todos ellos, en su paso por las academias, se les ha imbuido del espíritu que contiene. Desde el artículo 1 de su capítulo primero:

El honor ha de ser la principal divisa del guardia civil; debe por consiguiente conservarlo sin mancha. Una vez perdido, no se recobra jamás.

Exigencia máxima, y tolerancia cero, que se diría ahora, a quien viste el uniforme. Un rasgo tan importante como otros que se detallan en los artículos siguientes, en los que se resalta tanto la necesidad de actuar con el aplomo, el valor y la prudencia que reclama su servicio, como el escrupuloso respeto a los derechos del ciudadano que, en la tradición liberal que el duque había recibido por herencia paterna, se preocupa de exhortar a sus subordinados a observar siempre.

Así, la cartilla exige al guardia mostrarse «siempre fiel a su deber, sereno en el peligro, y desempeñando sus funciones con dignidad, prudencia y firmeza» (art. 4). Le conmina a ser «prudente sin debilidad, firme sin violencia, y político sin bajeza» (art. 5). «Procurará ser siempre un pronóstico feliz para el afligido, y que a su presentación el que se creía cercado de asesinos, se vea libre de ellos; el que tenía su casa presa de las llamas, considere su incendio apagado; el que veía a su hijo arrastrado por la corriente de las aguas, lo vea salvado; y por último siempre debe velar por la propiedad y la seguridad de todos» (art. 6). Pero precisa: «Sus primeras armas deben ser la persuasión y la fuerza moral, recurriendo solo a las que lleve consigo cuando se vea ofendido por otras, o sus palabras no hayan bastado» (art. 18).

Por otra parte, y en lo tocante al trato con los ciudadanos, ya advierte el artículo 3.º: «Las vejaciones, las malas palabras, los malos modos, nunca debe usarlos ningún individuo que vista el uniforme de este honroso Cuerpo». Pero sigue: «Será muy atento con todos. En las calles cederá la acera del lado de la pared […] a toda persona bien portada, y en especial a las señoras. Es una muestra de subordinación, para unos; de atención, para otros; y de buena crianza, para todos» (art. 12). «No entrará en ninguna habitación sin llamar anticipadamente a la puerta, y pedir permiso, valiéndose de voces da V. su permiso u otras equivalentes […]. Cuando le concedan entrar lo hará con el sombrero en la mano, y lo mantendrá en ella hasta después de salir» (art. 16). «Cuando tenga que cumplir con las obligaciones que impone el servicio, lo hará siempre anteponiendo las expresiones de haga V. el favor, o tenga V. la bondad» (art. 17). «Por ningún caso allanará la casa de ningún particular, sin su previo permiso. Si no lo diese para reconocerla, manteniendo la debida vigilancia a su puerta, ventanas y tejados por donde pueda escaparse la persona a que persiguiese, enviará a pedir al Alcalde su beneplácito para verificarlo» (art. 25). «Se abstendrá cuidadosamente de acercarse nunca a escuchar las conversaciones de las personas que estén hablando en las calles, plazas, tiendas o casas particulares, porque esto sería un servicio de espionaje, ajeno de su instituto». No parece necesario abundar más en la cita para dejar claro cuál era la clase de fuerza de seguridad que se pretendía.

La cartilla se ocupaba también, después de estas llamadas «Prevenciones generales para la obligación del Guardia Civil», de regular la actuación de los guardias en sus cometidos particulares, desde el servicio en los caminos y el control de armas o pasaportes, hasta la conducción de presos o las inundaciones, incendios y terremotos, contemplados en el capítulo noveno de la cartilla. Capítulo este tan breve como influyente, porque al regular la acción humanitaria del cuerpo, y colocarla en primera fila de sus misiones, contribuiría a ganarle el apelativo de la Benemérita, por su frecuente intervención en situaciones de desastre y el sacrificio en ellas de no pocos de sus miembros.

Plasmada, ahora sí, en negro sobre blanco la visión del fundador, la Guardia Civil dio comienzo a su trabajo. Y como veremos a partir del capítulo siguiente, no iba a defraudar en absoluto las expectativas.

Capítulo 3.
Azote de bandoleros

Entre el último trimestre de 1844 y los primeros meses de 1845, la Guardia Civil fue constituyendo y desplegando sus tercios por el territorio nacional. Especialmente relevante, y primero en formarse, sería el 1.er Tercio, con sede en Madrid, y a cuyo mando puso Ahumada al coronel Purgoldt competente militar de origen suizo de su absoluta confianza que ya lo había acompañado en su tarea de inspector general militar por tierras catalana y valencianas. También se organizaron con prontitud, atendiendo a la necesidad que planteaban los elementos criminales y/o sediciosos que pululaban por sus territorios, el de Cataluña, el de Andalucía Occidental, con sede en Sevilla, y el de Levante (números 2.º, 3.º y 4.º, respectivamente) a cuyo frente se situaron, asimismo, jefes experimentados y carismáticos. El coronel José Palmés, procedente de la Guardia Real, y comandante-gobernador del Fuerte de Atarazanas, se hizo cargo del tercio catalán, que se procuró dotar en lo posible de naturales del país, para facultar la coexistencia del cuerpo con sus gentes y con el cuerpo regional de los Mossos d’Esquadra, fundado a comienzos del reinado de los Borbones por un acérrimo partidario de estos, Pedro Antonio Veciana, bayle (juez) de Valls (paradójico origen, para una institución que andando el tiempo se convertiría en signo identitario frente al centralismo de origen borbónico). En Sevilla asumió el mando coronel José de Castro, a quien acreditaba su experiencia contra los caballistas de la campiña andaluza al frente de los Escopeteros Voluntarios de Andalucía. Vemos pues que, también en este punto, el duque distó de improvisar. Cada tercio fue ocupando sus sedes, en lugares estratégicos de las respectivas ciudades. El de Madrid se ubicó al principio en el Teatro Real, todavía en obras, y el de Barcelona en el Convento de Jerusalén. Por lo que toca a la Inspección General, con los años se trasladaría al Cuartel de San Martín (solar en la actualidad ocupado por las oficinas de Cajamadrid) desde su sede inicial del palacio de los inquisidores de la calle Torija.

Sucesivamente fueron dotándose el resto de tercios, hasta doce de los catorce inicialmente previstos (el de Baleares no se formaría hasta agosto de 1846, y el de Tenerife hubo de esperar hasta 1898, aunque como tal no quedaría constituido hasta 1936). A finales de 1844 eran apenas 3000 los guardias sobre el terreno, de los 5500 en que quedó fijada la primera dotación del cuerpo. En mayo de 1845, aún sin cubrir esa cifra, se dispuso el aumento de la plantilla a 7140 hombres.

El trabajo de Ahumada y de su equipo para lograr este rápido despliegue, con tan justos recursos (teniendo en cuenta además que buena parte de los reclutados quedó en Madrid) debió de ser febril, ya que las tareas logísticas hubieron de simultanearse con el trabajo de labrar el carácter del cuerpo y de sus gentes. Tarea esta que el inspector general asumió muy personalmente, imbuido de un talante a la vez severo y paternalista, que lo llevaba a vigilar y corregir con celo las desviaciones en que pudieran incurrir sus hombres respecto del camino trazado, pero también a estar pendiente de hacerles sentir vivamente su apoyo, tanto a los propios guardias como a sus familias, cuando por motivo del servicio alguna de ellas quedaba desamparada. Esta meticulosidad la extendía, además, a la previsión de cómo debía actuar, para su mayor eficacia y lustre, la Guardia Civil en todos y cada uno de los muy diversos ámbitos a los que se extendía su servicio.

En efecto, si algo sorprende, y aun impresiona, es la multitud de frentes a que tuvo que atender la Guardia Civil apenas fue creada, y durante su primera década de existencia. Y sorprende e impresiona, en no menor medida, la solvencia con que afrontó todos y cada uno de estos retos. No solo se trataba de limpiar de bandoleros los caminos, con ser esto ya bastante tarea. En lo que a este desafío respecta, su acción fue verdaderamente espectacular. Le bastó esa década, de 1844 a 1854, para convertir los caminos de España en vías seguras, en vez de despensa de malhechores. Y desde el primer momento pudieron los bandidos comprobar que tenían un grave problema.

Pero como decimos, no fue esta, con ser quizá la más relevante, y la que en última instancia había motivado su constitución, la única misión que le tocó llevar a cabo a la recién nacida Guardia Civil. Para apreciar la magnitud del logro, quizá convenga repasar antes esas otras encomiendas que recibió, de un gobierno sacudido por todas partes y que vio pronto en los hombres de Ahumada al más competente de sus auxiliares para contener a sus múltiples enemigos.

Ya en octubre de 1844 tuvo que intervenir para liquidar una conspiración esparterista en Madrid, que pretendía el asesinato de Narváez y tras la que estaba, entre otros, Juan Prim y Prats, indultado al final por el presidente, por la amistad que los unía (y las súplicas de su madre). En noviembre fue el general Zurbano el que se sublevó en Nájera, con escasos efectivos, en una intentona suicida que redujo la Guardia Civil de Logroño persiguiendo a los rebeldes hasta el puerto de Piqueras. Tras caer prisionero, el general fue fusilado. En la primavera de 1846, los progresistas, mejor organizados, lanzaron una rebelión a gran escala en Galicia, dirigida por el coronel Solís y el brigadier Rubín, y a la que se sumaron casi todas las guarniciones de la región, excepto Coruña y Ferrol. El teniente general Manuel Gutiérrez de la Concha organizó la resistencia gubernamental, basada en pequeñas columnas móviles encabezadas por guardias civiles, que minaron la moral de los esparteristas y acabaron haciendo cundir el desánimo en sus filas. En menos de un mes, Rubín acabó pasando a Portugal y Solís, desalojado de su bastión de Santiago, capituló en Orense. Sometido a consejo de guerra junto a sus oficiales, murió fusilado el 29 de abril.

La dureza de la represión no impidió que hubiera otras asonadas progresistas. Como el motín de agosto en Madrid, disuelto expeditivamente por el 1.er Tercio de la Guardia Civil, que practicó 300 detenciones, o la de noviembre en Valencia, capitaneada por un sargento, también capturado por los hombres del cuerpo. El partido moderado fue generoso con los guardias civiles. Les repartió numerosas cruces de María Isabel Luisa y ocho de San Fernando de primera clase.

Pero los moderados no solo tenían problemas a siniestra, sino también a diestra, y frente a ellos hubieron de emplearse igualmente los sufridos beneméritos. Si la sucesión en el trono de Isabel II dio lugar a la primera guerra carlista, la cuestión de su casamiento abriría nuevas crisis. Al principio la madre de la reina pretendió que desposara al conde de Trápani, su hermano (y tío de Isabel II). Pero Narváez le puso el veto, lo que condujo a la dimisión del presidente en febrero de 1846, aunque siguió controlando el ejército y regresó a la presidencia un mes más tarde, para volver a dejarla en abril. Por otra parte, los carlistas pretendían que la reina se casara con Carlos Luis, conde de Montemolín, e hijo de Carlos María Isidro, que había abdicado en él de sus derechos dinásticos. Pero Montemolín no aceptaba ser solo rey consorte, con lo que al final la reina se casó en octubre de 1846 con otro primo, Francisco de Asís, hombre de voz atiplada y buen carácter, pero escasa energía, a quien se acabaría conociendo con el hiriente apodo de Paquita. La segunda guerra carlista estaba servida.

Los elementos carlistas no habían dejado de infiltrarse en las regiones fronterizas, y por las tierras del País Vasco, Navarra, Cataluña y el Maestrazgo circulaban agitadores y partidas que pronto toparon con la Guardia Civil. En Cataluña esta se empleó con prudencia (por su escasez de efectivos) contra los trabucaires, que en seguida se percataron de que hacían frente a un enemigo mucho más organizado, motivado y capaz que el ejército. Esa experiencia sirvió a los guardias para tomar conocimiento del terreno, lo que les sería extremadamente útil para enfrentar la revuelta de los matiners, término con el que se conocería la segunda guerra carlista y que procede de la premura con que se alzaron y de la necesidad que tenían estas partidas guerrilleras de levantar los campamentos de madrugada para no ser sorprendidos.

La revuelta fue instigada por Montemolín desde Londres, donde estaba refugiado tras haberse fugado de su confinamiento en Francia. Las primeras acciones, a comienzos de 1847, encabezadas por los jefes guerrilleros Tristany y Ros de Eroles, tuvieron como objetivo preferente a los destacamentos de la Guardia Civil, que se defendieron con denuedo. Tomaron el relevo jefes como los autonombrados coroneles Boquica Gonfaus, contra los que lucharon los generales Pavía y Gutiérrez de la Concha. Este, como había hecho en Galicia frente a los rebeldes progresistas, recurrió a los disciplinados guardias, que entraron con frecuencia en refriega con los montemolinistas y fueron, de nuevo, profusamente condecorados. El gobierno trató de combinar la dureza con las ofertas de indulto, pero los recalcitrantes matiners no solo no cedían, sino que se permitían provocaciones como la entrada en abril en la ciudad de Barcelona, en lo que hoy es el barrio de Sants, donde sembraron el pánico. En julio, Ramón Cabrera, designado por los rebeldes como capitán general de Cataluña, Aragón y el Maestrazgo, cruzó la frontera de Francia. Traía con él unos mil montemolinistas, que pronto aumentaron hasta diez mil, con la recluta que iba haciendo a su paso por los pueblos. Formó cuatro pequeñas divisiones y diecisiete partidas que denominó batallones. Al frente puso a los jefes guerrilleros que habían brillado en las escaramuzas previas.

En el mando de las tropas gubernamentales se sucedieron los generales Pavía y Fernández de Córdoba, con resultados bastante poco alentadores, que culminaron en el descalabro de noviembre en Aviñó. Ello condujo al nombramiento, de nuevo, del general Gutiérrez de la Concha, que empezó a invertir el curso de la campaña, hasta que, en abril de 1849, Montemolín, que pretendía pasar a España para alentar la revuelta, fue detenido por unos aduaneros franceses. Su captura provocó el desánimo de sus partidarios. En el Maestrazgo, las partidas de Gamundi y Rocafurt sucumbieron ante el destacamento especial que la Guardia Civil envió a Caspe, donde el sargento del cuerpo José Buil se distinguió en la defensa del castillo, asaltado por los montemolinistas aprovechando que el grueso de las tropas se hallaban en misión de reconocimiento. En Cataluña, Cabrera logró eludir el acoso gubernamental, pero el 18 de mayo de 1849 se vio obligado a cruzar nuevamente en retirada la frontera. Los hombres del duque de Ahumada, el mismo que ya lo pusiera en fuga una década atrás, tuvieron no poca intervención en su derrota. Y no solo en el teatro de operaciones donde actuaba el llamado Tigre de Tortosa, sino en los demás lugares donde logró prender la rebelión montemolinista. En Burgos mantuvieron a raya al coronel Arnáiz, más conocido como Villasur que en Hontomín trató en vano de reducir a los pocos guardias que defendían la casa-cuartel a las órdenes del cabo Juan Manuel Rey. Incluso llegó a fusilar ante sus ojos al guardia Calixto García, puesto de rodillas para la ejecución. En León, el capitán Villanueva acabó con la partida de Muñoz Costales, después de que este se apoderase de dos cuarteles. En Toledo los beneméritos neutralizaron al comandante Montilla y al brigadier Bermúdez. Y en Navarra y País Vasco, los hombres del cuerpo desmantelaron la partida de Andrés Llorente en Estella y apresaron en Zaldivia al jefe de la rebelión en ese territorio, el general Alzáa, gentilhombre de Montemolín, que fue expeditivamente fusilado.

La efectividad de la Benemérita para librar al gobierno de todos sus adversarios políticos quedaba pues acreditada, hasta extremos que llegaron a preocupar al propio Ahumada. La significación de los guardias en la lucha contra progresistas y carlistas los hizo tan queridos a los ojos de los afines al gobierno como objeto de aversión por buena parte de la población, lo que iba en perjuicio no solo de su misión esencial, el mantenimiento del orden público, sino de su necesaria aceptación por parte de la ciudadanía. El duque así lo advirtió al Gobierno, que desoyó sus protestas, lo que movió al fundador a pedir el relevo de su cargo, aunque su petición no fue atendida.

Otro frente, más neutral desde el punto de vista político, pero no menos exigente para los hombres del cuerpo, fue la represión del contrabando. Esta tarea, encomendada fundamentalmente al cuerpo de Carabineros, en tanto que responsable principal del resguardo fiscal de las fronteras, también la asumió la Guardia Civil, con arreglo al criterio expuesto por el duque en el capítulo XI de la cartilla: al ser una infracción de la ley, los guardias estaban obligados a perseguir todo contrabando del que tuvieran noticia, sin perjuicio de la competencia del cuerpo fronterizo. Y no se trataba de un empeño de segundo orden. Los contrabandistas de la época estaban bien organizados y eran en extremo violentos. Desde Gibraltar pasaban tabaco y tejidos, por la frontera pirenaica atravesaban el ganado y las armas, y en el interior del país se traficaba con moneda falsa y pólvora. A veces se hacía a gran escala, con alarde cuasimilitar. El 4 de junio de 1846 un contingente de 600 hombres de a pie y 200 a caballo se presentó en el puerto de Guaiños (Almería) para proteger el paso de un gigantesco alijo. Sobra decir que los carabineros del lugar fueron impotentes para evitarlo. Desde su despliegue, los guardias se emplearon en reducir este fenómeno, no muy diferente en su mecánica armada de la lucha contra bandoleros y guerrilleros carlistas, cosechando éxitos como del cabo Molero, del puesto de Huércal-Overa (Almería), que marchando a pie hasta Pechina (es decir, unos cien kilómetros) logró, tras interceptar un contrabando de pólvora, localizar la fábrica que la producía, para luego, sin arredrarse por el esfuerzo, volver a pie al punto de origen. Otra dificultad que hubo que vencer fueron los frecuentes intentos de compra por parte de los contrabandistas, como los tres mil quinientos duros que le ofrecieron al cabo González, comandante del puesto de Alhabia (Almería), tras encontrar en una cueva cuarenta y cuatro fardos. El cabo rechazó el soborno, que representaba unos veinte años de su sueldo, como rechazarían los guardias que apresaron a cuatro contrabandistas en el caserío de Matasanos (Córdoba) los cuatro reales ofrecidos por estos. Según las crónicas, uno de los guardias respondió, despectivo: «No hay oro en todo el mundo para comprarnos».

Pero de todos los servicios que le tocó asumir a la Guardia Civil su década fundacional, quizá ninguno fuera tan ingrato como las condiciones de presos. Antes de que existiera el ferrocarril, los traslados de presos eran una verdadera odisea, que complicaba el sistema penitenciario español de la época: depósitos correccionales para las condenas hasta dos años, cárceles peninsulares para delitos castigados con hasta ocho años y presidios de África para penas superiores. Como consecuencia, los guardias tenían que emprender con los reclusos, prendidos en la famosa «cuerda de presos», viajes de cientos de kilómetros a pie, sometidos a las inclemencias del tiempo y expuestos a toda suerte de accidentes. Una experiencia infrahumana para unos y otros, como lo eran las prisiones a que los conducían. Bien podía suceder que antiguos cómplices de algún prisionero los atacare en despoblado, para liberar al compinche, como le sucedió en julio de 1848 al guardia Miguel Prades, de Valencia, que resultó gravemente herido en la refriega, pero mantuvo al reo bajo su custodia. Tampoco cabía excluir que la gente reaccionara con violencia hacia los así conducidos, lo que llevó al duque de Ahumada, siempre escrupuloso y previsor, a dictar sus instrucciones para el particular: «Todo preso que entre en poder de la Guardia Civil debe considerarse asegurado suficientemente y que será conducido sin falta alguna al destino que las leyes le hayan dado: así como ellos mismos deberán creerse justamente libres de insultos, de cualquiera persona, sea de la clase que fuese, y de las tropelías que a veces suelen cometerse con ellos. El guardia civil es el primer agente de la justicia, y antes de tolerar que estas tengan lugar, debe perecer, sin permitir jamás que persona alguna los insulte, antes ni después de sufrir el castigo de la ley por sus faltas» (art. 2 del Capítulo XII de la Cartilla). Viendo el espectáculo que en nuestros días se produce con los detenidos a la puerta de los juzgados, se comprende que, todavía hoy, Ahumada sería un adelantado a su tiempo, en punto a la protección y respeto debido a los privados de libertad.

Por lo demás, el servicio, en el que los guardias habían de compartir las mismas fatigas que los penados (o más, como muestra el caso de unos guardias que conduciendo a un octogenario desfallecido a la altura de Galapagar, lo acabaron cargando a hombros), además de vigilarlos y defenderlos si era menester, dio no pocos sinsabores a los miembros del cuerpo. Las fugas se castigaban severamente, con el arresto inmediato del agente responsable en el mejor de los casos. Para prevenirlas, los guardias acabaron recurriendo a diversas astucias. La más famosa de ellas, despojar a los reos de cintos, tirantes y hasta botones, para que no pudieran caminar sin sostenerse los pantalones con las manos, lo que impedía el braceo inherente a la carrera, so pena de verse trabados por los tobillos por la prenda en cuestión.

Otros servicios de mayor lucimiento y prestigio prestados por los guardias fueron el socorro de náufragos (como los de la goleta inglesa Mary, embarrancada en la desembocadura del Guadalquivir el 9 de abril de 1848), entre otros muchos de índole humanitaria, con ocasión de incendios, inundaciones y otras catástrofes. De su significada actuación en este campo acabaría sacando el famoso apelativo de Benemérita (o lo que es lo mismo «digna de galardón»). Pero para completar el relato de su intensivo aprovechamiento en esta primera época, hemos de reseñar aún el servicio que prestan en campaña, formando parte del cuerpo de ejército expedicionario que en junio de 1847, bajo las órdenes del general Gutiérrez de la Concha, pase Portugal para ayudar al gobierno de ese país a sofocar la revuelta dirigida por la llamada Junta Revolucionaria de Oporto. Concha logró la capitulación de la plaza (lo que le valió la concesión del título de marqués del Duero) la Guardia Civil se encargó del mantenimiento del orden en la ciudad recién conquistada, con arreglo a las nuevamente escrupulosas instrucciones que había impartido al efecto el duque de Ahumada. Es de destacar que la orden de formar el destacamento la recibió el inspector general el 31 de mayo de 1847, y que en esa misma fecha cursó la orden de su formación y las «Instrucciones para el servicio de las secciones del Cuerpo de la Guardia Civil que se destinen a los Ejércitos de Operaciones». Siete días después quedaban aprobadas por Real Orden. Una muestra más de la diligencia pasmosa con que el cuerpo, bajo el impulso de su fundador, iba asumiendo las misiones encomendadas, pese a su variedad y lo escaso de sus efectivos.

Pero volvamos a lo que puede considerarse como la misión principal de la Guardia Civil en este periodo inicial, o al menos, la que, según se desprende de todos los textos fundacionales, influyó de forma más determinante en su formación: la seguridad de los caminos y la lucha contra el bandolerismo. Hay que comenzar diciendo que el del bandolerismo español es un fenómeno complejo, tan popular (y hasta célebre) como superficialmente conocido. En su génesis influyen una serie de factores, algunos digamos justificativos, como las desigualdades sociales y la pobreza derivada del atraso endémico del país y del inadecuado e injusto reparto de las tierras, tanto por su acumulación desproporcionada en algunas regiones (Extremadura, Andalucía) como por su atomización excesiva en otras (en el Norte del país). Otros factores que podríamos denominar objetivamente favorecedores fueron la áspera orografía del territorio, que facilitaba emboscadas y la ocultación de las partidas, y la deficiencia de la red viaria, que permitía a los salteadores, buenos conocedores del terreno, golpear una y otra vez con grandes garantías de éxito. Todas estas circunstancias, más algún gesto de generosidad o valor por parte de tal o cual bandolero (rasgo común en la psicología del gangster exitoso, de cualquier era y lugar) desembocaron en una visión romántica del oficio, que curiosamente ha caracterizado la percepción que de él ha venido prevaleciendo hasta nuestros días, con el refuerzo nada baladí de algún serial televisivo que tenía como gallardo héroe al desvalijador del prójimo.

Pero además de todo esto, existían razones más oscuras, en las que entramos de lleno en las motivaciones puramente asociales, y difícilmente asumibles, que estaban detrás de estas conductas. El bandolero tenía un modo de vida que lo eximía de trabajar, le granjeaba el temor y el respeto de la gente y le proporcionaba un fácil enriquecimiento. Todo ello representaba una tentación demasiado fuerte para ciertos individuos de carácter arriscado, muchos de ellos curtidos en la guerra de guerrillas contra el francés, o en las sucesivas guerras civiles que jalonaron el reinado de Isabel y por lo tanto acostumbrados a vivir peligrosamente y más proclives a rentabilizar en beneficio propio esas habilidades que a entregarse a las duras ingratas labores del campo. Hay que señalar además que en el bandolerismo español se distinguen dos fenómenos de naturaleza diversa. Uno sería bandolerismo en sentido propio, protagonizado por esos outsiders que de su arrojo y desprecio de la ley lograban vivir de sus fechorías. El otro es que se dio en llamar bandolerismo reflejo: el que, organizado por los caciques locales, aprovechando la inseguridad reinante y la posibilidad de imputar el crimen a otros bandoleros, les llevaba a armar y mantener partidas que asolaban la propia región donde incluso los organizadores desempeñaba responsabilidades públicas. Por eso, no debe sorprender que, cuando Guardia Civil comenzó a atacar el asunto, enviara a prisión a no pocos alcaldes, jefes clandestinos de otras tantas partidas de salteadores. Así ocurría por ejemplo con el de Malcocinado (Badajoz), que había formado una banda con dos empleados del ayuntamiento, o el de Pina (Teruel) que no solo actuaba como consejero de la partida del cabecilla el Segundo, sino que les custodiaba además las armas. Lo que plantea un llamativo paralelismo en este punto de la acción de la Guardia Civil con la labor de las Hermandades castellanas en la época medieval, al defender a la población de los atropellos de los caciques de entonces, los alcaides de castillos y fortaleza.

Ya lo fueran en sentido propio o respondiendo a este mecanismo reflejo, en cualquier caso los bandoleros suponían en España una calamidad pública de primer orden, por el daño que producían a la economía del país pero también a la integridad y la dignidad de las personas. No solo eran violentos sus robos, con rotundas técnicas de intimidación que buscaba anular a sus víctimas; aprovechándose del miedo que infundían, y de la impunidad de que gozaban, se servían de la fuerza para tomar por ella otros objetos de su codicia. No era nada infrecuente, más bien al contrario, que las mujeres sorprendidas por los bandidos en los caminos, o en los cortijos y las casas rurales aisladas, se vieran obligadas a satisfacer otro tributo, que servía para que el matón de turno calmara sus muy viriles ardores.

Como ya anticipamos, los criminales camineros pudieron intuir muy pronto que con la llegada de los guardias civiles su época dorada tocaba a su fin. Uno de los primeros avisos lo recibieron en la carretera de Extremadura en la noche del 7 al 8 de diciembre de 1844. Llegando la diligencia de Talavera de la Reina al término de Arroyomolinos, fue asaltada por un grupo de siete bandidos que obligaron a desenganchar las caballerías y amordazaron y vejaron a los viajeros. Cuando se daban a la fuga con el botín, fueron interceptados por una patrulla de guardias civiles, que los estaban aguardando. Viendo que tenían obstruido el paso, lucharon. Los cadáveres de seis bandoleros quedaron tendidos sobre el camino y el séptimo cayó prisionero. Para ejemplo, el jefe político de Madrid dio orden de que el carro con los cuerpos sin vida de los malhechores recorriera las calles de la ciudad escoltado por los guardias. La impresión fue memorable, y el alborozo entre arrieros y mayorales de diligencias, tan irrefrenable como entusiasta.

Hacer un repaso de todas las acciones y partidas desmanteladas en este decenio de 1844-54, o aún de una muestra escogida de ellas, excede de las dimensiones de este libro. Baste decir que cayeron una a una todas las «gavillas» (como también se las llamaba) que se habían enseñoreado de las carreteras, tanto principales (las seis radiales, sobre cuyo trazado se hicieron luego las actuales autovías) como secundarias. Por ejemplo, el clan de los Botijas, que controlaba implacablemente el paso por Despeñaperros, en la carretera de Andalucía, o la banda que sembraba el terror a la altura de El Molar, en la de Francia. Para ello, los guardias combinaron toda suerte de técnicas, desde aguardar al acecho a los bandoleros en los puntos donde solían atacar, hasta viajar escondidos en las propias diligencias. Con frecuencia debían entrar en combate con los criminales, nada dados a rendirse a la autoridad, y a menudo, por lo autoridad, y a menudo, por lo primitivo de su armamento de fuego, se luchaba cuerpo a cuerpo. No pocas muertes de bandidos por «estocada», es decir, por herida de arma blanca, registran los partes de la época.

Como ejemplo notable de todas estas acciones podemos reconstruir la singular historia del verdadero Curro Jiménez, el barquero de Cantillana, que inspiró la famosa serie televisiva, tan atractiva como llena de inexactitudes en su presentación de la figura del bandido. De hecho, Francisco López Jiménez, que tal era su nombre, nunca luchó (ni pudo hacerlo) contra los invasores franceses, ya que nació en 1820, y mucho menos contra ningún miguelete, ya que no los había en el extremo occidental de Andalucía, que fue su área exclusiva de actuación. Sin duda alguna, su acción más sonada fue el asesinato de Juan Guzmán, alcalde de La Algaba, que secretamente había organizado la partida del llamado Matasiete, un expresidiario que con otros veinte hombres trató de sorprender por encargo de Guzmán al famoso caballista, para eliminar la competencia. Tras adelantarse a sus atacantes, y desembarazarse de buena parte de ellos, Curro acabó con el instigador. Esta masacre tuvo lugar cuando aún la Guardia Civil no había llegado a la provincia, y la batida que emprendieron seis compañías del ejército fue infructuosa. Irónicamente, fue este bandido uno de los primeros detenidos por la Guardia Civil. En enero de 1845 lo atrapó el sargento Norcisa, comandante del puesto de Cantillana, su pueblo natal. Pero poco después el escurridizo criminal se fugó de la cárcel, aprovechándose de la escasa seguridad de los centros penitenciarios de la época. Todo un revés para los guardias, que vino a completarse cuando la partida de Jiménez les causó uno de los primeros muertos en su lucha por asegurar los caminos, el guardia Francisco Rieles. En sucesivos encuentros aún hirió a otros tres miembros del cuerpo. Pero tras un enfrentamiento, de nuevo, con los guardias del puesto de Cantillana, la banda quedó maltrecha y durante dos años pareció que Curro Jiménez se había esfumado sin dejar rastro. Reorganizada su partida en 1848, se unió a la sedición carlista, en un movimiento más táctico que ideológico, para hallar una salida a su trayectoria criminal. Pero el sargento Lasso, comandante del puesto de Sanlúcar la Mayor, herido de gravedad en una de las escaramuzas del bandido con la Benemérita, y el teniente Castillo, jefe de la sección, se juramentaron para acabar con él. Lo lograron el 2 de noviembre de 1849, fecha en que el barquero de Cantillana murió a manos de sus encarnizados perseguidores.

Prosper Merimée había hecho famoso, tiempo atrás, a José María el Tempranillo (también llamado por sus paisanos Medio Peo) forjando con su figura el arquetipo del bandido romántico. Pasado el ecuador del siglo, otro viajero francés, el barón de Davillier, escribió: «De los bandoleros ya no queda en España más que el recuerdo. Hoy los caminos son absolutamente seguros gracias a la activa vigilancia de los civiles». Los hombres del duque habían ganado su primera gran batalla.

Capítulo 4.
Revolución y contrarrevolución

Aparte de tener sus propios problemas, materializados en las guerras civiles derivadas del problema dinástico y, en última instancia, de la defectuosa cohesión y la precaria vertebración de los reinos y territorios que la formaban, la España del siglo XIX no pudo sustraerse a los movimientos revolucionarios que sacudieron en esa centuria el continente, y con los que hubo de lidiar al mismo tiempo. La revolución de 1848, que atravesó toda Europa desde que prendiera en enero su llama inicial en Palermo y Nápoles, también llegó a la península Ibérica y, como no podía ser de otra manera, adquirió su forma peculiar en la nunca apagada pugna entre moderados y progresistas.

Y ello, aunque en los años previos había habido no pocos intentos de reconciliación. La boda real, en 1846, propició una amplia amnistía, aprobada por el gabinete de Istúriz, el dirigente moderado que sucedió a Narváez tras su salida de la presidencia del gobierno. Ello devolvió a las Cortes a progresistas conspicuos como Álvarez Mendizábal, lo que contribuyó a precipitar la crisis del gobierno. En los primeros meses de 1847 se sucedieron en la presidencia el duque de Sotomayor (que incorporó a la cartera de Gracia y Justicia al joven y brillante Bravo Murillo), el conocido periodista Joaquín Francisco Pacheco y el ambicioso banquero José de Salamanca, que intrigaba en las proximidades de la corte con el aval del marido de la reina madre, el exguardia de Corps Fernando Muñoz. A su dimisión, por el curso adverso de la segunda guerra carlista, Inglaterra maniobró para colocar en la presidencia a otro personaje de singular talento para la intriga, el general gaditano Serrano Domínguez, favorito de la reina y de larga y cambiante vida. Si unas páginas atrás dábamos cuenta de su intervención decisiva en la caída de Espartero, tras haber sido su fiel partidario, más adelante habrá de consignarse cómo después de ser incondicional de Narváez se pasó al progresismo y cómo tras su cercanía a la Corona se distinguiría en el destronamiento de Isabel II y acabaría ocupando la presidencia del poder ejecutivo de la I República. Pero al final fue Narváez, que había sido alejado de la corte como embajador en París, el llamado a ocupar la responsabilidad. Resistió las presiones de palacio para nombrar a Salamanca ministro de Hacienda (el banquero, de hecho, acabó huyendo del país) y formó un gabinete de leales.

Todas estas idas y venidas en el ejecutivo se produjeron sin que hubiera en cambio alteración alguna al frente de la inspección general de la Guardia Civil. De hecho, el duque de Ahumada vio cómo su labor era elogiada, incluso, por destacados liberales progresistas como Pascual Madoz (el autor de la segunda desamortización) que manifestaría que la creación de la Guardia Civil «ofrecía al país un elemento de seguridad a cuya sombra el comercio, la industria y la agricultura podían verse libres de los azares que desgraciadamente sufrían en España estas fuentes de riqueza pública». Las cifras que podía exhibir el cuerpo así lo respaldaban. En 1846, detuvo a cerca de 5000 delincuentes y realizó aprehensiones de contrabando por un 80 por ciento de las efectuadas por el cuerpo especializado, los Carabineros, con un total de 19 000 servicios, que en 1847 se elevaron a 21 600. Y todo ello para un cuerpo que no llegaba a los 8000 hombres, divididos en la gestión de tantos frentes simultáneos como se expuso en el capítulo anterior. Semejante ejecutoria le valió a Ahumada el ascenso a teniente general, que le fue concedido con ocasión de la boda de la reina.

La revolución europea no pilló desprevenido a Narváez. El año que había pasado en París lo había puesto al corriente de lo que se cocía en el país vecino, y caída de Luis Felipe de Borbón y la proclamación de la república tras el motín del 21 de febrero debieron de sorprenderle solo hasta cierto punto. El 27 de febrero despachó a Francia al duque de Ahumada con la encomienda de rescatar a la princesa Luisa Fernanda, hermana de la reina y casada con el duque de Montpensier, hijo del destronado monarca francés. Acabó hallándola en Londres, y trayéndola a Madrid el 7 de abril. El presidente del gobierno, entre tanto, controlaba de cerca los pasos de los conspiradores revolucionarios españoles, entre los que se hallaban el coronel de la Gándara y José María Orense, además de los líderes progresistas más acreditados, como Mendizábal, Madoz, Manuel Cortina y el reconvertido Patricio de la Escosura. Todos ellos planeaban proclamar la república tras desalojar a los moderados y establecer un gobierno provisional. Narváez llegó a citar a Mendizábal a su despacho para advertirle de que estaba al corriente de lo que estaban tramando él y los suyos y ofrecerles «la rama de olivo». El ofrecimiento fue rechazado con modos altaneros, a lo que Narváez respondió: «el día que provoquen la sedición, no les daré cuartel». Y desde luego, el general se atuvo a su palabra.

La revuelta estalló en Madrid el 26 de marzo, en la plaza de los Mostenses. Su estratega y director militar fue el coronel de la Gándara, con ayuda del capitán Buceta (expulsado de la Guardia Civil tras su implicación en las revueltas gallegas) y el respaldo de unos setecientos militares esparteristas acuartelados en la villa y corte. Narváez dividió Madrid en sectores para su defensa. A la Guardia Civil le tocó la estratégica Puerta del Sol, a la que se dirigió el 1.er Tercio mandado por su jefe, el coronel Purgoldt. Desde su cuartel del Teatro Real avanzaron por la calle Mayor, que limpiaron de elementos rebeldes, así como la adyacente plaza Mayor. Ocupada la Puerta del Sol por la caballería del Tercio, por la tarde se dirigieron los guardias a reforzar las tropas gubernamentales en la plaza de la Cebada (escenario de violentos combates) y aseguraron la Puerta de Toledo. La rebelión quedó aplastada antes de la caída de la noche. El 5 de abril se publicó un decreto en el que se cubría de condecoraciones y ascensos a los guardias, que habían sido determinantes para la derrota de los revolucionarios.

Pero los cabecillas de la conspiración lograron escapar a la represión y el 7 de mayo volvieron a intentarlo. El capitán Buceta, junto a varios sargentos, sublevó al regimiento España y marchó hacia la Plaza Mayor. Advertido el movimiento por una patrulla de guardias, el coronel Purgoldt acudió a tomar posiciones en la Puerta del Sol con unos doscientos hombres. El duque de Ahumada abandonó la sede de la Inspección General para ponerse al frente de los suyos, y mientras subía por la calle Mayor, a la altura de la del Triunfo, recibió una descarga cerrada de los rebeldes que le mató al caballo y le causó una herida leve en la oreja. Logró esquivarlos y ya al mando de sus guardias atacó la Plaza Mayor, donde se había hecho fuerte Buceta con los soldados sublevados y numerosos paisanos. El propio Narváez y otros generales acudieron al lugar de la batalla, en la que se llegó a emplear la artillería. La rebelión quedó aplastada y las represalias, como ya advirtiera el espadón de Loja, fueron de una extrema dureza. Los detenidos, conducidos (como era su habitual cometido) por la Guardia Civil, formaron largas cuerdas de presos rumbo a Cádiz para ser deportados a Cuba y Filipinas. Narváez, decidido a asegurar firmemente el dique contra la marea revolucionaria, ordenó la concentración en Madrid de 4000 guardias civiles, consciente de que estos eran, entre todos los elementos armados con que contaba el Gobierno, los de más confianza, mayor calidad y más esmerada instrucción. Formó con ellos cuatro batallones de a mil hombres, traídos de casi todos los tercios del cuerpo (a excepción del II, estacionado en Cataluña, y el VII, que ocupaba de Andalucía oriental). Les pasó revista general en el paseo del Prado y les hizo luego desfilar por la calle de Alcalá. La imponente parada causó sensación, y Narváez felicitó a Ahumada por el «brillante aspecto y la aptitud» de sus hombres. Tenía motivos para el reconocimiento porque la eficacia y disciplina de los guardias le sirvieron para ganar un prestigio de estadista a escala continental, por el modo en que había detenido una oleada revolucionaria que en otros lugares de Europa causó mucho mayor quebranto. Tan fuerte se sentía que expulsó al embajador británico en Madrid, Bulwer Lytton (hermano del famoso novelista) por su connivencia con los alentadores de la conjura. Ahumada fue nombrado jefe permanente de las tropas que, en caso de alarma, debían reunirse en el Palacio de Oriente. Los 4000 guardias civiles quedarían concentrados en Madrid, asumiendo todos los servicios de seguridad del Estado, hasta el 19 de enero de 1849.

La revuelta también había estallado, aunque con menos fuerza que en la corte, que era el objetivo estratégico, en otras ciudades como Barcelona y Valencia, donde las tropas gubernamentales apenas tuvieron dificultad para sofocar las algaradas, al precio de unos pocos muertos y heridos. Más complicado fue restablecer el control del gobierno en Sevilla, donde el comandante de filiación progresista José Portal encabezó un contingente de 1500 paisanos armados, sublevó el regimiento de Caballería del Infante y marchó sobre el Real Alcázar. Hostigado por la Guardia Civil, atrincherada en el Ayuntamiento, y ante la imposibilidad de forzar el recinto, fuertemente defendido, emprendió la huida hacia Sanlúcar la Mayor, donde capturó y desarmó al destacamento de la Guardia Civil que mandaba el sargento Lasso (el artífice de la liquidación de Curro Jiménez y azote de caballistas). Pero, ante el acoso de las tropas gubernamentales, escapó a Huelva y de allí pasó a Portugal. El sargento y sus hombres fueron liberados.

Tal fue el desarrollo de la revolución en España, y tal la implicación y la significación de la Guardia Civil en su fracaso. Con ello acreditó por primera vez, y en grado quizá extremo, su disposición a sostener el orden vigente y al gobierno establecido, que en otros momentos históricos posteriores reiteraría, respecto de gobiernos de muy diverso origen y no menos diversa orientación. También se granjeó con ello, como había de sucederle otras veces, el fundado resentimiento de los sediciosos a los que plantara cara (fundado, por resultar decisiva para frustrar los planes de los rebeldes); exponiéndose para el futuro, en el que estos asumieran el poder, a su reticencia y represalia.

Pero los mismos gobernantes, que la utilizaban para reducir a sus adversarios políticos, se percataban de que esta no era la función con la que debía identificarse con carácter permanente la labor del cuerpo. Reconducida la situación, el 6 de junio de 1849 el ministro de la Guerra emitía una circular: «Restablecida la paz en toda la Península y vueltas a su estado normal las provincias, ha llegado el momento de que la Guardia Civil se dedique al objeto especial de su instituto».

Ni mucho menos, empero, acababa aquí la utilización de la Guardia Civil en la neutralización de levantamientos políticos. Y no hubo de pasar mucho tiempo antes de que tuvieran que emplearse sus hombres en los mismos cometidos, y en el mismo escenario que acogió los disturbios de 1348. La mecha revolucionaria volvió a prender en 1854, después de un proceso de descomposición del moderantismo verdaderamente digno de análisis, y al que no fueron ajenas las intrigas y corruptelas que se tejían en torno a la corte, donde el papel jugado por la sensual y joven reina, y su familia, pondría de manifiesto los claros inconvenientes que acarrea la presencia en la más alta magistratura del Estado de una persona que la hereda, abonando así de paso el incipiente sentimiento republicano que, por influjo de los movimientos revolucionarios europeos, empezaba a arraigar en España.

Hacia 1850, la dictadura liberal conservadora de Narváez, asentada en el pilar de la lealtad del duque de Ahumada y sus hombres, se resquebraja. El detonante es el conflicto con su joven y ambicioso ministro Hacienda, Bravo Murillo, a propósito del presupuesto militar. El ministro dimite, y el presidente también presenta su renuncia. Entre tanto, el padrastro de Isabel II, el duque de Riánsares, se ha asociado con el marqués Salamanca, vuelto del exilio, para explotar oscuros negocios privados, que suscitan el rechazo de Narváez. Entre unas cosas y otras, la reina le vuelve al de Loja la espalda, y el general, furioso, se marcha a Bayona, creyendo que la soberana (por la que siente una debilidad que algunos califican de amor platónico) no tardará en llamarlo. Pero nada de eso sucede. En lugar, la reina nombra presidente del gobierno a Bravo Murillo. Este se quien precipite los acontecimientos, al entrar en colisión con el ejército cuya hipertrófica plantilla está resuelto a reducir. En medio de la disputa llega a amenazar con «ahorcar a los generales con sus propias fajas». Hace algunos nombramientos saltándose el escalafón y con eso desencadena la insubordinación de los jefes militares. El general O’Donnell le dirige una airada comunicación, por la que será sancionado. Junto a Narváez, caído en desgracia, y los generales Gutiérrez de la Concha y Serrano Domínguez, comienza a conspirar. La facción uniformada del moderantismo está en el camino de rebelarse contra su propio partido. Por si acaso, a Narváez lo alejan, nombrándolo embajador en Viena.

El gabinete Bravo Murillo caerá en 1852, sucediéndole en la presidencia primero Roncali, luego Lersundi, y finalmente el joven periodista sevillano, de ascendencia polaca, Luis Sartorius, conde de San Luis, que se reservó para sí la cartera de Gobernación. Sus arbitrarias medidas en este cargo crearon un neologismo, polacadas, a imitación del término usual cacicadas. Pese a todo, la reina le entregó la presidencia del gobierno el 19 de septiembre de 1853. Apuntaba con ello maneras que hacían pensar en sus genes: no en vano era hija del absolutista Fernando VII, y como tal, en la percepción de los constitucionalistas, empezaba a comportarse. Para colmo, Sartorius se reveló pronto como un gobernante propenso a aprovechar el favor de la Corona en beneficio propio y de su camarilla. La ocasión, en forma de jugosas comisiones, la trajo la construcción de la red ferroviaria. Para sofocar las críticas, que le llegan tanto de progresistas como de los moderados críticos, el conde de San Luis impone la censura de prensa. También presiona a los gobernadores civiles, en su condición de ministro del ramo, para que sigan fielmente sus directrices, lo que le lleva a no pocos roces con Ahumada, que teme que las órdenes del presidente, contrarias a los reglamentos del cuerpo que con tanto esmero se ha ocupado de ajustar (y en especial, en lo tocante a garantizar la independencia de la institución de los jefes políticos), provoquen una indeseable contaminación de su acción. Pero ya es demasiado tarde para evitarlo. La revuelta está servida, y los guardias civiles se van a ver en medio.

La conspiración militar la encabezan O’Donnell, Serrano Domínguez y Ros de Olano. Envían un manifiesto a la reina, advirtiéndole de que la situación no puede ser tolerada por más tiempo. La juventud liberal progresista reparte también su manifiesto que dice cosas tan duras como estas: «La Constitución no existe. El Ministerio de la Reina es el ministerio de un favorito imbécil, absurdo, ridículo, de un hombre sin reputación, sin gloria, sin talento, sin corazón, sin otros títulos al favor supremo que los que puede encontrar una pasión libidinosa». No puede decirse que se anduvieran con medias tintas.

O'Donnell, que ha sido desterrado a Canarias, se oculta en Madrid. Mientras tanto, se prepara la sublevación en Zaragoza, donde se encuentra destinado el general conjurado Domingo Dulce. Apartado este oportunamente del mando, al aprovecha gobierno una visita del militar a Madrid para nombrarlo inspector general de Caballería, toma la dirección de la asonada el brigadier Hore, del regimiento Córdoba. Su intentona, el 20 de febrero de 1854, la desbarata el coronel del Tercio de la Guardia Civil de guarnición en la ciudad, León Palacios, que arrolla a los cazadores del Córdoba con sus guardias. Al brigadier Hore lo abaten las fuerzas gubernamentales en Zaragoza, y su segundo jefe, el teniente coronel Latorre, cae apresado con los restos del regimiento intentando ganar la frontera pirenaica. Tras un consejo de guerra, se lo fusila el 3 de marzo de 1854. La fecha que, ironías destino, había fijado con antelación para contraer matrimonio.

Sartorius ordena una batida policial para localizar a los conjurados pero todo es inútil. O’Donnell sigue en Madrid, pero cambia de escondite, trasladándose al número 3 de la Travesía de la Ballesta. Lo hace enmascare aprovechando el domingo de Carnaval. El 13 de junio, tras febriles preparativos, abandona este escondrijo y se traslada a la calle de la Puebla. Allí, con intervención de Ángel Fernández de los Ríos, implicado en la crisis de 1852, y director del periódico crítico Las Novedades, se redacta el manifiesto de la sublevación. Por inspiración del periodista se acepta restablecer la Milicia Nacional, aunque el general O’Donnell la limita a algunas ciudades (deduce Aguado Sánchez que por preferir contar con la ya asentada y más fiable Guardia Civil para garantizar la seguridad en el conjunto del país), y se proclama que para combatir la política absolutista dirigida por el favorito de la reina cabrá «llegar hasta la República, si preciso fuera».

Mientras tanto, el ministro de la Guerra, Blaser, al corriente de lo que se prepara, nombra al duque de Ahumada jefe de las tropas del sector de Palacio y zonas adyacentes, con inclusión del Teatro Real y calles Mayor y Arenal. El sentido del nombramiento es claro: el gobierno cuenta para proteger el centro neurálgico de la capital, y en él a la soberana, con quien ya se distinguiera en la contención del estallido revolucionario de 1848. La Historia y su tendencia a repetirse.

El 28 de junio de 1854 los sublevados reúnen sus fuerzas. O’Donnell abandona su guarida y pasa revista a las tropas en Canillejas. La reina está en El Escorial, y el ministro de la guerra, Blaser, furioso. Al final, el movimiento esperado les ha pillado por sorpresa. La reina regresa a toda prisa a palacio, donde entra de madrugada. El duque de Ahumada cursa órdenes a todos los tercios del Cuerpo para que se concentren en las capitales de provincia. El 1.er Tercio se reagrupa en Madrid. El Consejo de Ministros declara el estado de guerra. Mientras tanto los sublevados han entrado en Alcalá de Henares y Torrejón de Ardoz, donde han reducido a toda la guarnición de la Guardia Civil, mandada por el teniente Palomino, cuya negativa a unirse a la rebelión ensalza El Heraldo, el periódico de Sartorius. Blaser reúne a toda prisa un ejército de 5000 hombres. O’Donnell cuenta con unos 2000. Ambos chocan en Vicálvaro, una extraña batalla en la que las baterías gubernamentales, situadas bien a cubierto en el arroyo Abroñigal, castigan sin piedad a los rebeldes, que disponen en cambio de superioridad en cuanto a caballería, lo que deja el combate en tablas. Unos y otros se adjudican la victoria, y el capitán general de Madrid, Lara Irigoyen, recibe la máxima condecoración, la gran cruz de San Fernando.

Tras la Vicalvarada, como en adelante sería conocida, se produce una conferencia entre los conjurados. Caer sobre Madrid parece inviable, dada la resistencia que ha mostrado el bando gubernamental. Alguno propone ir sobre Zaragoza y utilizarla como base de la rebelión. Pero finalmente deciden trasladarse a Aranjuez, buscando los llanos manchegos, donde la caballería del general Dulce puede prevalecer fácilmente si las tropas leales al gobierno insisten en presentarles batalla. Muestra con ello O’Donnell una falta de decisión que permitirá a los gubernamentales reorganizarse. Blaser forma la división de Operaciones de Castilla la Nueva, que parte a Aranjuez en ferrocarril. Pero antes los operarios han de reparar la vía férrea, para lo que cuentan con la protección de la Guardia Civil del 1.er Tercio, dirigido por el brigadier Alós. El 5 de julio de 1854, Aranjuez cambia apaciblemente de manos. O’Donnell se ha retirado la víspera, dejando la plaza libre a sus enemigos. Comenzará a partir de aquí una pintoresca persecución, en la que el ejército de Blaser seguirá los pasos al rebelde hacia el sur, sin encontrarse nunca y, lo que resultará crucial, dejando desguarnecido Madrid, donde en ese momento ya se gesta otra revolución.

Pieza clave en los inminentes disturbios es el joven político malagueño Antonio Cánovas del Castillo, que llega a Aranjuez al tiempo que los gubernamentales y alcanza a O’Donnell a la altura de Puerto Lapice. Su intención es dar al movimiento un carácter más civil que militar. Parlamenta con el general en el trayecto hacia Manzanares, y al llegar a esta última localidad, el 7 de julio, redacta el manifiesto que sería conocido con su topónimo. En él se propugna la voluntad de los sublevados de restablecer las libertades y derechos constitucionales, reimplantando la Milicia Nacional y manteniendo a salvo el trono, pero sin ceder hasta que se restablezca el escalafón militar y se produzca, en forma de asamblea constituyente, la «regeneración liberal».

El capitán Buceta, que ya destacó en los sucesos de 1848, se ofrece para tomar Cuenca en audaz golpe de mano. Lo logra, pero por poco tiempo: los guardias civiles de la provincia marchan sobre la ciudad y tras una breve escaramuza ponen en fuga al revolucionario. Sin embargo, el manifiesto de Manzanares ha dejado tocado de muerte al gobierno de Sartorius. Ha logrado ampliar la base de la revuelta, que ya no es el rebrinco de unos generales con perfiles de querella interna en el seno del partido moderado: el manifiesto, con su promesa de restaurar la Milicia Nacional, no solo atrae a muchos progresistas, sino también a las clases populares, a quienes les es muy cara esta institución de laxa disciplina que permite sentirse a todos militares. Barcelona se une a la rebelión el día 14 de julio. Una comitiva de políticos progresistas viaja de Zaragoza a Logroño, donde vive retirado el duque de la Victoria, Baldomero Espartero, para ofrecerle la jefatura de la Junta revolucionaria. El viejo líder progresista, tras algún titubeo, acepta. Con Blaser persiguiendo hacia Andalucía al ejército de O’Donnell, el conde de San Luis presenta su renuncia. El poder, que nadie apetece tener, acaba recayendo en el general Fernández de Córdoba, mientras las juventudes liberales reparten proclamas por la capital y las multitudes ocupan las calles. Los guardias tienen orden del nuevo presidente de no provocar a los revoltosos. Su jefe en Madrid, el brigadier Alós, intenta mantener el difícil equilibrio pero tiene que acabar repeliendo por la fuerza el intento de un grupo de revolucionarios que quieren entrar en el cuartel del 1.er Tercio y la Inspección General para apoderarse de las armas. Lo que sí logran ocupar es el Gobierno Civil y el ministerio de la Gobernación (la actual presidencia de la Comunidad de Madrid, que entonces era también sede del consejo de ministros), reconquistados a las pocas horas por los efectivos gubernamentales. Crecidos por sus hazañas, los manifestantes vociferan en las inmediaciones del Palacio Real. El duque de Ahumada, jefe del sector de Palacio, apresta a quinientos hombres para su defensa. Es el objetivo más codiciado: allí está la reina junto a sus impopulares protegidos.

Destacados liberales forman la Junta de Salvación, opuesta al gobierno. Nombran presidente al general masón Evaristo San Miguel, y comisionan a Francisco Salmerón y Nicolás María Rivero para pedir audiencia a la reina. Esta, sorprendentemente, los recibe y escucha sus pretensiones (en síntesis, el restablecimiento de un gobierno liberal y de la constitución de 1837) pero no les da una respuesta. Les promete estudiar la propuesta y los despide. Poco después confirma a Fernández de Córdoba en la presidencia. Hacia el 18 de julio, las barricadas están ya en las calles, y la Guardia Civil, en especial su escuadrón de caballería, el único realmente eficaz con que cuenta el gobierno en la capital, se tiene que emplear a fondo para defender los edificios públicos y controlar los sectores que tiene asignados. En las calles madrileñas, donde la revuelta la dirigen personajes tan pintorescos como los toreros Pucheta (jefe de la barricada de la Puerta de Toledo) y Cúchares, se escuchan los mueras a la Guardia Civil. Monteras contra tricornios. El esperpento español en uno de sus instantes culminantes. Pero la cosa se pone seria. Los paisanos alzados en armas plantan enormes barricadas, a imitación de los revolucionarios franceses, e imponen su propia ley, que incluye la pena de muerte sin juicio previo a los ladrones. Un negro al que se sorprende con un lavamanos de plata es uno de los primeros ajusticiados (o asesinados, según se mire).

En la Plaza Mayor, los guardias del comandante Olalla tienen que defenderse a tiros para no ser linchados por la partida de revolucionarios que encabeza el coronel Garrigós, quien los ha intimado a bajar las armas con garantías de respeto de su integridad. Las masas logran matar a varios guardias, pero en pocos minutos la firme reacción de los beneméritos despeja por completo la plaza. Aunque con ello salvan sus vidas, el deterioro de la imagen del cuerpo entre la población es galopante. Pocos días después, las coplas populares hablan de niños y mujeres asesinados por los guardias. La reyerta va de mal en peor.

Las barricadas se refuerzan y se extienden por toda la ciudad. Las hay en Caballero de Gracia, Peligros, Montera, Arenal, Carretas, Postas, Preciados… Para expugnarlas se recurre a la artillería (labor en la que destaca el joven teniente Pavía) y a la caballería de la Guardia Civil, mandada por el capitán Palomino, que se multiplica para mantener a raya a los rebeldes. Los guardias civiles del 1.er Tercio, junto a su jefe, el brigadier Alós, quedan sitiados en su acuartelamiento, supuesto bastión de la que se ha llamado pomposamente «línea Córdoba», un cinturón defensivo de los centros del poder gubernamental. El jefe de la barricada de la calle de la Sartén, Camilo Valdespino, intima a Alós a rendirse, o mejor a pasarse a la revolución, prometiéndole el empleo de mariscal y amenazando con liquidarlo a cañonazos si no accede. El brigadier se mantiene firme y no hay bombardeo. Entre el resto de las tropas gubernamentales empieza a cundir el desánimo. Los cazadores de Baza, que defienden el sector de Palacio, se niegan a combatir al pueblo. La reina, que ha reemplazado en la presidencia del gobierno a Fernández de Córdoba por el duque de Rivas, jefe de un gabinete tan breve que fue conocido como el «Ministerio Metralla», llega a pensar en abandonar la capital, pero el embajador de Francia le advierte que cuando se abandona en medio de un motín no se suele volver. Isabel II llama entonces a palacio al representante de la Junta de Salvación, Evaristo San Miguel, a quien nombra ministro universal, y escribe a Espartero a Zaragoza, solicitándole que acuda con urgencia a Madrid. Al general O’Donnell le ordena regresar de inmediato a la corte.

El día 21, gracias a la diligencia de San Miguel, la Junta dicta el cese de hostilidades. Poco a poco vuelve la calma, pero los líderes revolucionarios están envalentonados y cada uno hace de su calle su reino. El general San Miguel recorre las barricadas calmando los ánimos. En la de la Sartén, Valdespino se muestra dispuesto a hacer las paces con los guardias a los que mantiene sitiados, pero en un momento alguien grita «¡Muera la Guardia Civil!» y por poco no se pasa de las confraternizaciones a la masacre. San Miguel y Valdespino son decisivos para impedirlo. El jefe de la barricada se encarga personalmente de disolver a los agitadores. Pero antes de que las aguas se remansen, aún se producirá alguna acción siniestra, como el linchamiento del jefe de policía, Francisco Chico, a quien llegan a sacar de la cama donde lo tiene postrado la enfermedad. El torero Pucheta excusa los atropellos por el desahogo lógico del pueblo por su triunfo, pero Valdespino se muestra resuelto, asegura, a que «la revolución no sea manchada». San Miguel, por su parte, dicta un bando prohibiendo los desmanes.

Por las calles empieza a correr el rumor de que la Guardia Civil será disuelta y sustituida por la Milicia Nacional, en la que esperan integrarse los revolucionarios. El día 25, Espartero hace su entrada triunfal en Madrid, y se funde en un abrazo público con su antiguo rival, el general O’Donnell. Entre tanto, el duque de Ahumada ha cesado en el mando del cuerpo, y el brigadier Alós saca a sus guardias de la ciudad. El día 27 de julio entregan la custodia del Palacio Real y la Inspección General a la Milicia Nacional, restablecida de manera fulgurante. Apenas una década después de su formación, parece llegada a su fin la Guardia Civil, deshecha en medio de las contiendas políticas.

Ilustrativo es el hecho de que tras el cese de hostilidades se dictara una orden concediendo generosos ascensos a todos los miembros del ejército (empezando por Leopoldo O’Donnell, autoascendido a capitán general, a imagen y semejanza de lo que hiciera Narváez, otro espadón aupado al poder por la fuerza de las armas), pero nada se dijera respecto de los guardias civiles, que habían combatido durante días, sin alimentos, apenas con el agua suficiente para soportar el calor sofocante del julio madrileño, y en muchos casos con fiebres y enfermedades intestinales que los llevaron al borde de la deshidratación. Para ellos, se duele Aguado Sánchez, «además de sus siete muertos y diecisiete heridos, solo hubo silencio, y hasta las armas perdidas e inutilizadas y los uniformes estropeados no se consideraron como pérdidas de guerra, determinándose que el armamento fuese dado de baja y el vestuario se repusiera con cargo a los haberes de cada uno».

Sin embargo, de la revolución sale un gabinete en el que se mezclan progresistas y conservadores. Lo preside uno de los primeros, Espartero, pero la cartera de la Guerra la ocupa el moderado O’Donnell. Este resulta decisivo para que la Guardia Civil sobreviva. Influye también el hecho de que, al haber salido los guardias de nuevo a los caminos que rodean la capital, hayan desaparecido los ladrones que se enseñorearan de ellos durante la concentración de los efectivos de la Benemérita para hacer frente a los disturbios. Los ayuntamientos, alineados con el nuevo régimen, insisten empero para que les sean devueltos «los guardias suyos», es decir, los que prestaban servicio en sus pueblos antes de que se produjera la concentración. Se nombra nuevo inspector general a Facundo Infante. Un veterano general, sexagenario y marcadamente progresista, con quien el cuerpo salvará el bache.

Capítulo 5.
Entre el pueblo y el cacique

Si en la fundación de la Guardia Civil fueron determinantes el poder que lograra concentrar Narváez y la rigurosa visión y la capacidad organizadora del duque de Ahumada, en su pervivencia tras su primer decenio de funcionamiento se revelará igualmente trascendente otro binomio análogo, aunque de distintas características: el formado por O’Donnell (verdadero hombre fuerte del gobierno revolucionario, elevado Espartero a la condición de figura más bien simbólica) y el general Infante, un hombre de notoria personalidad que tras ser nombrado inspector general de una maltrecha Guardia Civil supo entender lo que tenía entre las manos y cómo hacer para arraigarla en un terreno que a la sazón amenazaba con privarla de riego y extinguirla.

Esta visión no es compartida por algunos historiadores. En particular, Aguado Sánchez (que es nuestra guía principal para el relato de estos primeros años de la Benemérita, por su esfuerzo sin parangón en acopiar y consignar las circunstancias que los rodearon) juzga que la Guardia Civil no salió adelante sino por sus propios merecimientos, demostrados en esos diez primeros años de duro trabajo en los caminos y los pueblos de España. No es cuestión de restarles mérito a los guardias, forjados en el espíritu de Ahumada, que sin duda fueron quienes hicieron el grueso de la labor, y nadie más proclive que quien escribe estas líneas a ponderar el esfuerzo de los peones de brega por encima del de dirigentes y figurones. Pero el hecho innegable es que junto a esa tarea, de todo punto beneficiosa y sentida como tal por el grueso de la población (habría que excluir a los delincuentes), se había distinguido en demasía el Cuerpo en otro quehacer, mucho menos favorable para su subsistencia en el enrarecido ecosistema político que era la España del XIX. Merced al abuso de los guardias en la represión de asonadas y disidencias, empeño en el que habían demostrado además su temple y eficacia, se corría el riesgo de que quedaran identificados con una de las facciones en liza, y por tanto incapacitados para servir al conjunto de la nación. Mal bagaje para superar el vaivén continuo que seguiría marcando los acontecimientos en esa convulsa centuria y en la siguiente, no menos sacudida por las disensiones entre compatriotas. Quien más hizo por contrarrestar ese nefasto efecto, quien se aplicó con inteligencia y generosidad a impedir esa desgraciada consecuencia, que habría privado al país de uno de los pocos recursos públicos realmente efectivos y fiables con que contaba, y quien, en suma, acertó a consolidar a la Guardia Civil como patrimonio común de todos los españoles, fue, y es de justicia reconocerlo, el veterano general y curtido conspirador Facundo Infante Chaves.

Este militar, que se puso al frente de la Guardia Civil a la edad de 64 años, tiene una biografía digna de reseña. Nacido en Villanueva del Fresno (Badajoz), en una familia acomodada, estaba estudiando Derecho en Sevilla cuando se produjo la invasión napoleónica. En septiembre de 1808 lo nombran subteniente de los Leales de Fernando VII y por sus acciones de guerra (principalmente en la zona de Cádiz, distinguiéndose entre otras en las escaramuzas de Chiclana y Sancti Petri) asciende a capitán. Cae prisionero en Valencia, pero logra fugarse. Participa en la reconquista de Sevilla y acaba persiguiendo a los franceses en retirada hasta su propio territorio. Enemigo declarado del absolutismo, ha de emprender en 1819 el camino del exilio, del que vuelve tras el pronunciamiento de Riego. Bajo el gobierno revolucionario progresista asciende a teniente coronel y obtiene acta de diputado, condición en la que vota la incapacidad del rey, lo que lo obliga a refugiarse en Gibraltar cuando vuelve la ola absolutista. En 1825 embarca en Río de Janeiro con intención de llegar a Perú, aún en poder de España. Cruza a pie la cordillera andina pero cuando llega a Perú se lo encuentra convertido en república independiente. Su amistad con el general Sucre le vale el nombramiento de ministro del Interior de la nueva república, con la condición de no perseguir a ningún español y de que si España intenta recuperar su antigua posesión, será relevado de inmediato. La nostalgia de Europa lo mueve a instalarse en 1831 en París, donde recibe en 1833 la noticia de la amnistía general a la muerte de Fernando VII. Regresa entonces a España, donde ocupa la jefatura política de Soria y allí ha de fajarse en la persecución de la famosa partida carlista del cura Merino. En 1835 Mendizábal lo recluta como subsecretario del Ministerio de la Guerra, y en 1838, ya con el grado de brigadier, está de segundo jefe en Valencia a las órdenes de O’Donnell. Pasa por el Congreso y el Senado y durante la regencia de Espartero, mientras San Miguel desempeña la cartera de Guerra, ocupa la cartera de Gobernación, donde impulsa los institutos de segunda enseñanza, dependientes por aquel entonces de su departamento.

Tras la batalla de Torrejón, y la capitulación de sus compañeros y correligionarios Zurbano y Seoane, se exilia en Londres, desde donde escribe nuevos capítulos de su carrera conspirativa. Participa en las revueltas progresistas de 1846 y en 1847 logra acta de diputado por Betanzos. Con su ascenso a teniente general ocupa una plaza en el Consejo Real y escaño de senador vitalicio. Paralelamente, y desde su afiliación en su edad juvenil a la masonería, llegaría a ostentar el más alto grado en el Gran Oriente masónico español. Como se ve, un perfil nada anodino, y más que oportuno para dar la batalla por la legitimidad del cuerpo que le tocó dirigir ante la nada predispuesta España posterior a la revolución de 1854. Tuvo además otra circunstancia que lo reforzaría en este papel, y es que a partir de ese año, sacando partido de su condición de viejo parlamentario, ocupó la presidencia del Congreso, cargo este que, pasmosamente para nuestros estándares actuales, simultaneó con la Inspección General de la Guardia Civil.

Desde el primer momento, mostró su determinación en defender la institución a cuyo frente se había puesto. Su primera gestión fue lograr que el ministro de la Gobernación cursase órdenes terminantes a los gobernadores civiles para que fuesen drásticamente prohibidas todas las manifestaciones contrarias al cuerpo y para que se entregara a los tribunales, para su persecución, a quienes atentaran de obra o palabra contra sus miembros. Respetuoso en general con la obra de su antecesor (de quien quizá lo distanciaran el carácter y la posición coyuntural, pero con cuyo progenitor, no estará de más subrayarlo, compartía avatares biográficos e ideales de juventud, en la lucha contra el francés y contra el absolutismo) introdujo en ella algunas modificaciones significativas. La más visible y simbólica, la que dispuso en relación con la uniformidad. La hizo más sencilla, suprimiendo la casaca de gala, el pantalón de punto blanco y el botín azul turquí para la infantería, y para la caballería, además, las costosas botas de montar. Las levitas serían de una sola fila de botones, con cuello abierto encarnado, como bocamangas, hombreras y vivos, y el pantalón gris oscuro de paño marengo. La capota fue sustituida por esclavina de paño verde con hombreras de vivos rojos y cuello alto. En conjunto, estas modificaciones, y otras que no reseñamos, contribuían a darle al uniforme un aspecto más práctico, restándole algo de la prestancia que le había querido otorgar el duque con el diseño inicial, congruente con el espíritu que perseguía infundir al cuerpo, a cuyo tenor el guardia civil debía estar «muy engreído de su posición» (art. 21 del Capítulo 1.º de la Cartilla) y no olvidar que «el desaliño en el vestir infunde desprecio» (Ibíd, art. 10). Pero Facundo Infante sabía que era el momento de hacer economías, por una parte, y de acercar a los guardias al pueblo más que de alejarlos. Entre otras cosas, porque pasados los ardores revolucionarios, el Gobierno los necesitaba para imponer el orden, sesgo que dio a su política entre finales de 1854 y comienzos de 1855.

Este viraje encontró en el Parlamento su oposición, que escogió como blanco predilecto a la Guardia Civil. Llamativa fue la controversia que enfrentó al inspector general con el diputado de tendencia republicana Estanislao Figueras, que pretendía (fue acaso el primero) la desmilitarización del Cuerpo. El también presidente de la cámara se opuso a ello por considerarlo «el primer paso para su disolución». Tuvo así el cuestionado carácter militar de la Guardia Civil en un masón, conspirador y revolucionario su primer, vehemente y algo paradójico paladín. No menos curioso fue el debate que sostuvo Infante con el diputado Llanos, también progresista y masón, que se quejaba de que la Guardia Civil era demasiado cara y más barato saldría reponer lo robado a las víctimas de delitos con cargo al erario público. Alegaba Llanos: «Tenemos una Guardia Civil de 10 000 hombres que cuesta a la nación 40 millones de reales. Esa Guardia Civil está muy bien disciplinada, es muy subordinada, aprende a leer y escribir y presta muy buenos servicios, pero en medio de todo eso el guardia civil es un soldado muy caro». Se extendió Llanos sobre los lujos y dispendios que suponía su equipamiento y manutención (entre otros, que llevaran botas y no alpargatas, lo que a su juicio les restaba la ligereza necesaria para el servicio), para acabar proponiendo que se utilizara a sargentos, cabos y guardias para formar la reserva del ejército.

La respuesta de Infante fue tan memorable como demoledora. Comenzó por la última cuestión: «Si los sargentos y cabos de la Guardia Civil van a formar parte de la reserva, cuando esta reserva o los batallones de ella tengan que ponerse sobre las armas, ¿qué hace la Guardia Civil? ¿Se va con los batallones de reserva? […] Si se va con la reserva quedan los caminos abandonados y los malvados podrían hacer lo que no hacen desde que hay Guardia Civil en España. Por consiguiente no es admisible la idea que propone, en razón a que en la Guardia Civil hay necesidad de que los hombres honrados, honradísimos, que la componen y que tanto esmero en elegirlos tuvo mi digno antecesor, a quien me complazco en elogiar, no se diseminen; porque sería un perjuicio grande para el orden público el que los sargentos y cabos de la Guardia Civil se marchasen». Tras defender la necesidad y la justificación del equipo de los guardias, incluida su dotación de botas en vez de alpargatas, se lanzó a hacer una encendida reivindicación del cuerpo: «La Guardia Civil si no ha excedido, ha igualado a los más valientes, a los más andadores, a los más celosos por defender la causa de la libertad y el trono de nuestra Reina». Y tras repasar varias acciones recientes, en las que quedaban de manifiesto la abnegación y la honestidad de los guardias, rehusando sustanciosos sobornos y plantando cara a enemigos más numerosos, añadió: «Digo más: por economía se ha disminuido a la Guardia Civil, que no tiene 10 000 hombres, como ha dicho el señor Llanos, sino nada más que 8000, y que tendrá nueve dentro de poco; pero como fuera necesario retirarla de algunos puestos, no ha habido ni un solo pueblo de donde se haya retirado que no me haya escrito para que vuelvan; y son poquísimos los pueblos de España de todas las provincias en que no estén pidiendo diariamente la Guardia Civil. Véase, pues, cómo aunque llevan botas y no se pongan alpargatas y tengan baúl con mucha ropa, son apreciados por todo el mundo y nadie les encuentra los defectos que les ha encontrado mi antiguo amigo y compañero, el señor Llanos».

Los diarios de sesiones no registran la reacción del diputado crítico frente al sutil pero inequívoco venablo que suponía aquel antiguo amigo y compañero. Pero Facundo Infante aún había de remachar su discurso con una decidida toma de partido por sus hombres, frente a ese progresismo exaltado del que él mismo procedía. Una adhesión a sus guardias, para mayor incomodidad de su interlocutor, basada en la superioridad moral: «Para concluir, y para gloria de la Guardia Civil, debo referir otro hecho. Sabe el Gobierno, como lo saben los señores diputados, que se ofreció que el guardia civil que se reenganchase tendría 6000 reales. Pues bien, sobre 3000 guardias civiles han sido licenciados; de estos se reengancharon unos 1400, renunciando a los 6000 reales. La inmensa cantidad a que ha renunciado revela lo que es este Cuerpo. Señores, ¡unos pobres soldados renunciar a 6000 reales! ¿Y por qué esto? Porque decían al renunciar: Queremos más bien servir a un cuerpo de tanta honra que todo el dinero del mundo».

Este discurso parlamentario condensa de manera cumplida el espíritu de la gestión del general Infante al frente del cuerpo, o lo que es lo mismo, del asentamiento de la Guardia Civil como institución nacional, no apropiable por partido alguno, durante el bienio liberal. Reivindicados los guardias por primera vez como «defensores de la causa de la libertad» ante sus guardianes ideológicos, por alguien que podía exhibir tantas credenciales al respecto como el que más, además de verse enaltecidos como sacrificados servidores públicos, y como funcionarios que no por humildes dejaban de ser honrados e instruidos, se robustecían de forma decisiva los cimientos que echara el fundador. Quedaba la Benemérita consolidada como una pertenencia de todos los españoles que, por descontado, no dejarían de utilizar tirios y troyanos en beneficio propio, exponiéndola así a nuevas crisis. Pero tras superar la primera prueba de la verdadera alternancia, se sentaban las bases para que también esas crisis futuras pudieran afrontarse con éxito. Al visionario designio del general liberal-conservador y de orden, sucedió el sabio pragmatismo del general liberal progresista y masón. Uno dio consistencia al edificio. El otro lo acreditó como capaz, por su vigor moral y su entrega, de resistir los venideros seísmos.

Y es que posiblemente el secreto del éxito de la institución estuviera en la combinación de ambos factores. Por un lado, la percepción de su seriedad, tan querida y buscada por el duque como para referirse a la forma en que sus hombres debían llevar el bigote (aditamento facial que además les imponía como requisito), y reafirmada por el apartamiento de los guardias civiles, también con arreglo al mandato del fundador, de debilidades tales como el juego, la contracción de deudas o la aceptación de cualquier tipo de dádivas en pago de sus servicios (según el artículo 7.º del Capítulo 1.º de la Cartilla, el guardia civil no debe esperar de aquel a quien ha favorecido más que un «recuerdo de gratitud»). Pero si su circunspección los hizo respetados y útiles, lo que los hizo apreciados y necesarios fue la generosidad acreditada en el servicio a sus conciudadanos, que se vio rápidamente correspondida por estos. Conviene reseñar que, si bien en un principio los guardias podían considerarse servidores públicos relativamente pudientes, y en especial en comparación con sus homólogos del ejército, pronto sus haberes, que quedaron congelados en aquellas cifras iniciales durante mucho tiempo, se revelaron insuficientes para atender sus necesidades y las de sus familias, estrechez que agravaba la prohibición de tomar dinero a crédito. Y en este punto vino a socorrerlos la gratitud de las poblaciones donde se hallaban destinados, que si en muchas ocasiones empezaron costeando la casa-cuartel, continuaron con la prestación gratuita de servicios a los beneméritos y sus familias (tanto los maestros de escuela como los médicos rurales se abstenían de cobrarles) e incluso el suministro de alimentos. Esta comunión con el pueblo del que había salido, fue, históricamente, una de las mayores fortalezas del cuerpo, y su persistencia en el tiempo, pese a la presión que desde el poder recibía para ponérsele enfrente (presión que se agudizaría hasta lo insoportable bajo el régimen caciquil de la Restauración), la mejor garantía de su continuidad. El refuerzo de esta conciencia de servicio al pueblo es la gran aportación del bienio liberal.

Los quince años que van de 1854 a 1869, los quince últimos del reinado de Isabel II, supusieron un verdadero carrusel de nombramientos y destituciones, tanto al frente del gobierno como de la Guardia Civil, fruto de la descomposición de un régimen que vivió sacudido por la conspiración permanente de quienes resultaban desalojados del poder. Normalmente, los progresistas, cada vez más radicalizados y pronto en combinación con el creciente movimiento republicano. A ellos se sumaba la nunca extinguida amenaza carlista. Las intentonas de los montemolinistas, no exentas de planificación ni de ferocidad, fueron, eso sí, cada vez más calamitosas, culminando en la ominosa captura de que fuera objeto el propio Montemolín, a manos, como no podía ser menos, de la Guardia Civil. Tras entrar clandestinamente en España, el pretendiente cayó prisionero en Tortosa, el 21 de abril de 1860, y cuentan las crónicas que al encontrarse frente a sus captores dijo haber oído decir en el extranjero que eran «una gran institución que había contribuido a moralizar a España, purgándola de ladrones y gentes de mal vivir». No sería esta la última vez que la Benemérita cosechara ese insólito trofeo que es el elogio del adversario. Montemolín fue puesto de nuevo en la frontera de Francia, previa firma de la renuncia a todos sus derechos dinásticos, y murió en 1861.

Pero volviendo a la turbulencia del régimen isabelino, basta un simple repaso de la lista de gobiernos para apreciar hasta qué punto el país se instaló en la inestabilidad. Lo que en definitiva cabía esperar de una corte que era más bien un gallinero sobrado de gallos y con una sola gallina antojadiza que les otorgaba y retiraba su favor conforme soplaba el viento, en una sucesión de motines, revueltas y amagos de guerra civil a la que se prestaba, con entusiasmo digno de mejor causa, un pueblo ignorante y manipulado una y otra vez por la camarilla real y por una caterva de pretendidos estadistas. De uniforme o levita, ora revoloteaban en torno a palacio, ora se pasaban a la clandestinidad; ora fusilaban (siempre a los segundones del partido rival) ora escapaban por poco de ser fusilados. Tales eran los dirigentes de aquella España, con los que no es de extrañar que el país no llegara muy lejos, y en la que es verdaderamente de admirar que algo funcionase.

El gobierno de Espartero cayó en julio de 1856, tras varios meses de revueltas obreras y campesinas provocadas por la carestía de la vida y el aumento del paro, que impulsó la incipiente organización del proletariado en movimientos de inspiración marxista y socialista. En estas revueltas, por cierto, y siguiendo las instrucciones del ministro de la Gobernación, el ya conocido del lector Patricio de la Escosura, jugó la Guardia Civil un papel controvertido, bien reprimiéndolas con dureza, como ocurrió con las huelgas de braceros extremeños y andaluces o la huelga general textil de Cataluña, bien absteniéndose, como ocurrió en las revueltas de Valladolid y Palencia, donde acabó incendiada la fábrica de Cuétara. Al final, Escosura, caído en desgracia, arrastró a Espartero, y la reina depositó toda su confianza en O’Donnell.

El giro al centro que prometía el nuevo jefe del gobierno provocó una nueva revolución de julio, la de 1856, protagonizada por la Milicia Nacional, leal hasta el fin a don Baldomero. En los disturbios se distinguió un belicoso oficial de milicias llamado Práxedes Mateo Sagasta, llamado a altas responsabilidades en el futuro. Pero O’Donnell controló enérgicamente la revuelta en Madrid, en esta ocasión valiéndose de unidades militares más que del ya fogueado 1.er Tercio de la Guardia Civil. En cambio en provincias, donde la rebelión prendió con más fuerza, los beneméritos fueron decisivos. En Málaga, uno entre muchos ejemplos, el comandante del cuerpo José Villanueva concentró a sus hombres en el castillo de Gibralfaro y rindió a los milicianos amenazando con bombardear la ciudad desde la fortaleza. Extinguidos los motines, y harto de su tendencia a levantarse, O’Donnell desarmó y disolvió por completo la Milicia Nacional. Al frente de la Guardia Civil, reforzada tras la desaparición de su competidora, puso al teniente general Mac Crohon, tras cesar a Facundo Infante. Pero el mando de Mac Crohon sería breve, porque en octubre de 1856 cae O’Donnell como consecuencia de la llamada no sin sarcasmo «crisis del rigodón», escenificada durante un baile en palacio en el que la reina escogió como pareja no al presidente, sino a Narváez, que volvió a la jefatura del gobierno una vez más, nombrando para la inspección general de la Guardia Civil, de nuevo, a su viejo amigo el duque de Ahumada. Su primera medida fue derogar las reformas de vestuario de Infante, en lo que Aguado Sánchez califica como «equivocado inmovilismo».

En esta segunda y breve etapa al frente del cuerpo, el fundador hubo de hacer frente a una serie de motines republicanos, singularmente en Andalucía, y en especial en Jaén y Sevilla, donde olivareros alzados al grito de «¡Viva la república!» y otros elementos sediciosos son neutralizados por la Guardia Civil, que minimiza, gracias a la anticipación, las bajas propias y contrarias. Pero la represión que sigue es contundente, con al menos siete ejecuciones documentadas.

Narváez dimite en octubre de 1857, al negarse a ascender directamente a coronel al teniente Puig Moltó (dedúzcanse cuáles eran los méritos del oficial en la estimación regia). En la presidencia se suceden en apenas tres meses Armero e Istúriz, débiles jefes de gabinete que mantendrán a Ahumada al frente de la Guardia Civil. La vuelta al poder de O’Donnell, en 1858, supondrá su relevo definitivo, para pasar a desempeñar el cargo de comandante general del Real Cuerpo de Alabarderos, donde permanecerá hasta su retiro. Lo sustituye al frente de la Benemérita el teniente general Isidoro de Hoyos, vizconde de Manzanera y marqués de Zornoza, que accede al cargo el 2 de julio de 1858. Bajo la dirección de este curtido militar, distinguido en la guerra de la Independencia, destacado antiabsolutista purgado por Fernando VII y varias veces ascendido y condecorado en la primera guerra carlista, se iba a producir una importante reorganización y consolidación del cuerpo, aprovechando lo que será el periodo de mayor estabilidad de esta segunda mitad del reinado isabelino: el (relativamente) largo gobierno de O’Donnell y su Unión Liberal, en la que reunió a exmoderados y exprogresistas para tratar de superar la dinámica de golpes y contragolpes que había marcado la década precedente.

Entre otras importantes aportaciones, se debe a Isidoro de Hoyos la creación de la llamada Guardia Civil Veterana, con la que se trató de dotar a la villa y corte de un cuerpo de seguridad específico y permanente, vistas las especiales necesidades que tenía la capital.

Con esta unidad, formada por veteranos del cuerpo, se buscaba tener a disposición en la ciudad de Madrid a un contingente bien preparado que evitara en el futuro las concentraciones que en momentos de revueltas dejaban sin vigilancia la provincia. De esta Guardia Veterana saldría a partir de 1864 el Tercio de Madrid, un nuevo tercio común del cuerpo, dotado con personal de nuevo ingreso. También acometió Hoyos la reorganización del Colegio de Guardias Jóvenes de Valdemoro, fundado tiempo atrás y dotado de un primer reglamento orgánico por el general Infante en 1856. Con este nuevo impulso, la antigua y modesta Compañía-Colegio se convertiría en el productivo vivero de nuevos guardias, hijos a su vez de miembros del cuerpo, que tanto aportaría a las filas beneméritas. Por último, Hoyos llevó a cabo un considerable aumento de la plantilla, que en 1862 superaría los 13 000 hombres.

El poder de O’Donnell tuvo también su proyección fuera de las fronteras del reino, en la aventura de la llamada Guerra de África, el choque con el sultán de Marruecos por unos incidentes fronterizos en la zona de Ceuta, que llevó a la toma de la ciudad de Tetuán en 1860 y su posterior canje por una sustancial ampliación de los límites de Ceuta y Melilla, a partir del angosto perímetro de las plazas originarias. En esa guerra se distinguiría por su arrojo o temeridad, según se mire, el general Prim, que ganó el título de marqués de los Castillejos por su intervención en la batalla del mismo nombre. También tuvo su actuación destacada la Guardia Civil, que agregó una unidad a la fuerza expedicionaria, y dentro de ella, el teniente Teodoro Camino, de quien dejó escrito Pedro Antonio de Alarcón que en la batalla de Uad-Ras llegó a cargar una docena de veces al frente de sus guardias contra los jinetes marroquíes, lo que según el cronista lo convirtió el oficial que más enemigos había matado por su mano en la guerra. Otros servicios de más amable memoria los prestaron los guardias en la protección de los prisioneros marroquíes, o manteniendo la seguridad en las calles de Tetuán tras la conquista de la ciudad por los españoles.

Tras la borrachera de gloria que supuso la victoria africana, el gobierno de la Unión Liberal se deslizó hacia su declive. Un primer aviso fue la revuelta republicana de 1861. Al fin, O’Donnell dimite en febrero de 1863 y es reemplazado por el marqués de Miraflores, de tendencia moderada, que precipita la descomposición de la Unión Liberal y empuja hacia la conspiración a los descontentos progresistas. Como ministro de la Gobernación nombra a Rodríguez Baamonde, que no tarda en entrar en conflicto con el ahora denominado director general de la Guardia Civil, Isidoro de Hoyos, al negarse este a exhortar a los guardias a que «aconsejen» a los electores el voto por los candidatos gubernamentales en las elecciones de noviembre de 1863. En ese mes se pone al frente del cuerpo el teniente general Quesada Matheus, marqués de Miravalles, de tendencia netamente moderada, veterano de la guerra carlista y de la expedición marroquí. Fue un jefe breve (apenas 10 meses) pero que sin embargo llegó a una gran compenetración con los guardias, a los que visitaba en los puestos más apartados, y se declaró en plena sintonía con su espíritu de neutralidad política y respeto escrupuloso de los reglamentos. Al revés que sus antecesores, adoptó para sí el uniforme del cuerpo, y agradeció el derecho a seguirlo vistiendo que se le concedió después de cesar en el cargo.

Miraflores dura poco. En enero de 1864 lo sucede el moderado Lorenzo Arrazola, al que apenas un mes y medio después reemplaza Alejandro Mon, que nombra al frente de Gobernación a Antonio Cánovas del Castillo, durante los seis años anteriores subsecretario del departamento. En esa responsabilidad deberá enfrentarse a la insumisión progresista, encabezada por Prim. Su reacción fue una Ley de Prensa que abría el camino a que los delitos de opinión fueran juzgados en consejo de guerra por la jurisdicción militar. El descrédito del gobierno y la irritación de los militares por esta cacicada fueron notables. Mon acaba dimitiendo, y en septiembre de 1864, la reina, aconsejada por su madre, recién regresada del exilio al que partiera tras la revolución de 1854, llama de nuevo a Narváez. El viejo general trató de mostrarse conciliador, amnistiando los delitos de imprenta sentenciados con arreglo a la ley Cánovas. Pero el gesto no sedujo a los progresistas, que se reafirmaron en su desafío al Gobierno. La cartera de la Gobernación la ocupó González Bravo, y al duque de Ahumada le fue ofrecida de nuevo la dirección de la Guardia Civil. Pero el fundador rehusó el ofrecimiento, por las diferencias que mantenía con el general Fernández de Córdoba, ministro de la Guerra, desde la revolución de julio de 1854. Así fue como a Quesada Matheus lo sucedió al frente del cuerpo Ángel García de Loygorri, conde de Vistahermosa, procedente de la más rancia nobleza andaluza y narvaísta acérrimo.

Con esta nueva dirección, y de nuevo bajo el mando último del presidente del gobierno que alentara sus inicios, la Guardia Civil parecía predestinada, otra vez, a enfrentarse a sus conciudadanos, entre los que se extendían las ideas de los progresistas descontentos, encabezados por Prim, los socialistas que dirigía Pi y Margall y los demócratas (o republicanos) de Emilio Castelar. No era este el afán de los guardias, que por aquel tiempo protagonizaron por lo demás gestos reseñables de solidaridad con la población, como la asistencia que prestaron a las víctimas de la terrible epidemia de cólera de 1865, o la negativa a cobrar el estipendio que les correspondía por proteger a los recaudadores de contribuciones, a quienes los airados contribuyentes agredían cuando se presentaban en los pueblos a reclamar los pagos atrasados. La recompensa por ese odioso servicio prefirieron los guardias civiles destinarla a instituciones de beneficencia. Pero ya lo quisieran o no, de nuevo iban a ser confrontados con el pueblo. El detonante fue la famosa noche de San Daniel, en la que, tras la alianza sellada por los opositores al régimen el 6 de marzo de 1865, en una fonda de la calle Jacometrezo, se escenificó el arranque de la revolución que a la postre acabaría con la agónica y decadente monarquía isabelina.

Los incidentes tienen como origen el cese del rector de la Universidad Central, Juan Manuel Pérez de Montalbán, por negarse a instruir expediente a Castelar, catedrático de Historia de esa universidad. Furiosos con la medida, los estudiantes organizan una serenata para desagraviar al rector cesado y a la vez protestar contra el gobierno. Los estudiantes obtienen el permiso del gobernador civil, José Gutiérrez de Vega, que monta un fuerte dispositivo con el Tercio de Madrid para cuidar de que no se altere el orden. La serenata se lleva a cabo el 8 de abril, y la proximidad de estudiantes y guardias da lugar a una escalada de tensión que desencadena una algarabía de insultos y silbidos a los uniformados. Estos acaban por correr y disolver al gentío.

El lunes 10, festividad de San Daniel, debía tomar posesión el nuevo rector. La Guardia Civil ocupó literalmente la zona universitaria, en la calle de San Bernardo y aledaños, y garantizó el normal desarrollo del acto académico. Pero las algaradas que siguieron hicieron perder los estribos a Narváez, que se irritó con su ministro de la Gobernación. González Bravo, desbordado, ordenó a los guardias que cargaran, y estos, enardecidos por los insultos que llevaban horas y días sufriendo, se lanzaron contra los revoltosos con «rabiosa gallardía», según un testigo de los hechos, el novelista Pérez Galdós. La refriega duró varias horas, y causó no pocas bajas entre la población civil. Mal empezaba la revolución. Pero también de esta saldría vivo el cuerpo.

Capítulo 6.
De la «Gloriosa» a la Restauración

En el manifiesto redactado por Castelar el 15 de abril de 1865 se proclamaba la voluntad de instaurar la libertad de prensa, la unidad legislativa y el sufragio universal. Es momento de aclarar que hasta ese momento en las elecciones españolas no votaban todos, sino solo los varones con rentas suficientes, siguiendo el cínico criterio expuesto en su día por Joseph de Maistre, según el cual solo aquellos que se encontraban exentos de la necesidad de trabajar poseían el despejo suficiente para meditar juiciosamente acerca de los problemas de la cosa pública. El camino por el que el programa castelarista llegaría a llevarse a efecto, a pesar del comprensible entusiasmo popular, sería largo y azaroso, con varios intentos fallidos y el protagonismo casi absoluto de un carismático y audaz jefe militar que ya ha asomado varias veces a estas páginas: Juan Prim y Prats. De uno u otro modo, Prim estuvo detrás de todas las intentonas revolucionarias que culminaron en septiembre de 1868 con la llamada revolución Gloriosa o Septembrina, que enviaría al exilio a la ya amortizada y finalmente nefasta soberana Isabel II.

Tras la noche de San Daniel, que en lo que a la Guardia Civil respecta vino a suponer un nuevo episodio de distanciamiento abrupto con la población, O’Donnell reclama el gobierno. Narváez dimite y la reina vuelve a confiar una vez más en su otro general de cabecera, quien a su vez cesa a Vistahermosa al frente de la Guardia Civil y lo sustituye por el ya septuagenario Hoyos, que apenas aguanta un semestre en el cargo. El 28 de diciembre de 1865 lo releva el mariscal Serrano Bedoya, cuya gestión sería decisiva en la definición de la actuación del cuerpo durante el llamado sexenio revolucionario. El nuevo director general, que había probado sus primeras armas contra los carlistas, había visto cómo Narváez le negaba los ascensos concedidos por Espartero, de quien era seguidor. El desaire lo aproximó al bando de O’Donnell, que lo promovió a diversos puestos de alta responsabilidad, entre ellos la capitanía general de Madrid. Pero también lo unía una estrecha amistad con Juan Prim, el general que a la sazón conspiraba para derrocar al gobierno que había nombrado a Serrano Bedoya.

A un primer pronunciamiento fallido en Villarejo de Salvanés en enero de 1866 le sucede la llamada Sargentada de San Gil en junio de ese mismo año, alentada por Prim desde el exilio y dirigida sobre el terreno por el general Blas Pierrad. Aunque en esta última intentona, y gracias a la implicación de sus sargentos (de ahí el nombre) se logró sublevar a varios regimientos en Madrid, la firmeza de las fuerzas leales al gobierno, entre ellas el Tercio de Madrid, desmontó el golpe. Entre los guardias destacó el ya teniente coronel Teodoro Camino (el belicoso combatiente de Uad-Ras), que repitió al frente de sus guardias a caballo la faena que hiciera contra los jinetes marroquíes, pero esta vez cargando contra los artilleros rebeldes emplazados en la calle Preciados, a los que redujo sin problemas. Al jefe del primer Tercio, el coronel Carnicero (ironías de la onomástica) le tocó expugnar la muy bien defendida barricada de la calle de la Luna, donde dejaron la vida un comandante y diez guardias. A la asonada siguieron consejos de guerra sumarísimos, que concluyeron en la condena a muerte de medio centenar de sargentos, cabos y soldados. Una vez más, siguiendo la constante de los pronunciamientos decimonónicos españoles, se sacrificaba a la tropa y los cabecillas salían indemnes. Pierrad huyó y Prim asistió al fracaso desde la seguridad de su exilio londinense.

Tras la cuartelada, O’Donnell, fortalecido por la victoria, aplicó mordaza a la prensa y suspendió las garantías constitucionales, lo que lo puso en conflicto con el Senado. Colocó a la reina en el dilema de escoger entre la cámara y él, pero la soberana le dio la espalda. Furioso, el general juró que nunca más volvería a palacio mientras Isabel II fuera su inquilina y se retiró a Biarritz, donde murió el 5 de noviembre de 1867, ceñido a su juramento. Su sustituto no sería otro que el incombustible Narváez, quien en la Sargentada había recibido en el hombro una bala perdida que pudo tomar como un tiro de suerte, ya que lo trajo de vuelta al poder. Si es que eso podía reputarse fortuna.

Para su gobierno vuelve a contar con González Bravo en Gobernación. Su labor principal consiste en desmantelar los ayuntamientos y diputaciones en que se habían hecho fuertes los unionistas (nombre que adoptó la coalición opositora). También se disuelven las Cortes y se convocan elecciones para marzo de 1867. En la nueva cámara salida de estas los unionistas bajan de 121 a 4 escaños. Al frente de la Guardia Civil Narváez releva al dudoso Serrano Bedoya y coloca al moderado Rafael Acedo Rico, conde de Cañada. Por lo demás, el de Loja intenta acercarse a los disidentes, pero su desalojo de las instituciones ha persuadido ya a estos de que han de asaltar el poder por la fuerza.

Tras una reunión en Ostende en la que están presentes los militares Prim, Pierrad, Milans del Bosch y Pavía y los civiles Sagasta, Ruiz Zorrilla y Manuel Becerra, se decide la invasión por el Pirineo catalán. Para defenderlo, el gobierno concentra en la frontera a la Guardia Civil, no fiándose de la resistencia que puedan ofrecer a la intentona los Carabineros del Reino. Entre tanto, se produce el relevo al frente de la Guardia Civil, donde el conde de Cañada deja su puesto al teniente general José Antonio Turón y Prats, un militar atípico por su falta de militancia política, algo entonces insólito entre los uniformados. La intentona se produce finalmente en el verano de 1867. Blas Pierrad consigue la adhesión de los carabineros y numerosos paisanos y marcha sobre Zaragoza. El capitán general Manso de Zúñiga sale atropelladamente a su encuentro y muere de un balazo en la refriega. Pierrad, sin embargo, se retira cuando le llegan noticias de que la Guardia Civil ha concentrado medio millar de hombres para capturarlo.

Este nuevo revés de los unionistas será el último triunfo de Narváez al servicio de Isabel II. El 23 de abril de 1868 muere en Madrid. Despojada en el lapso de un año de sus dos principales paladines, la reina se queda sola. Nombra a González Bravo jefe de gobierno, cargo este que simultanea con la cartera de Gobernación. Pero al antiguo gacetillero, convertido por azares de los cargos en experto policial, le queda poco de desempeñar esas responsabilidades. Los generales más prestigiosos del momento (Serrano Domínguez, Serrano Bedoya, Domingo Dulce, Ros de Olano) conspiran abiertamente y su destierro a Canarias no bastará para neutralizarlos. Por si eso fuera poco, Prim, sabedor de que una fragata ha zarpado rumbo a las islas para traer a Cádiz a los conjurados, embarca rumbo a Gibraltar. El 18 de septiembre de 1868 el brigadier Topete, jefe del puerto de Cádiz, se subleva, convirtiendo a la ciudad andaluza en capital de la revolución. Allí se reunirán todos los jefes militares comprometidos, que celebran una conferencia a bordo del buque Zaragoza. Queda convenido que encabezará el movimiento el más caracterizado de todos: el general Serrano Domínguez, duque de la Torre y antiguo favorito de la reina (condición que, combinada con la intimidad de la soberana, le había valido un pintoresco sobrenombre, el General Bonito). Topete queda en Cádiz al frente de la junta revolucionaria y a Prim se lo comisiona para levantar las guarniciones mediterráneas. Serrano Domínguez se pone al frente de todas las tropas que puede reunir en Andalucía, incluida la Guardia Civil, y se dispone a marchar contra Madrid. En la capital, Gutiérrez de la Concha sustituye al dimitido González Bravo, y nombra al marqués de Novaliches responsable del mando militar de Andalucía. Este, con 9000 hombres, parte al encuentro de Serrano Domínguez, a cuyo ejército planta batalla en el puente de Alcolea, en Córdoba. En los dos bandos hay guardias civiles, y la refriega es indecisa hasta que una esquirla de granada arranca media mandíbula al jefe gubernamental. Las tropas leales a la reina se retiran y Serrano avanza hacia Madrid.

Allí, Gutiérrez de la Concha cede el poder a una junta provisional de claro color unionista presidida por Pascual Madoz. La reina, que asiste a los acontecimientos desde San Sebastián, se exilia a Pau. El 3 de octubre el duque de la Torre hace su entrada triunfal en Madrid y el 5 ordena la vuelta a los cuarteles de todas las tropas. El día 8 se forma el gobierno provisional con Serrano Domínguez como presidente, Juan Prim como ministro de la Guerra y Sagasta en Gobernación. Todos ellos progresistas, y con notoria marginación de los demócratas o republicanos, a quienes se concede como consolación la alcaldía de Madrid para Nicolás María Rivero. Al frente de la dirección general de la Guardia Civil, en la que se habían sucedido Blaser (el negligente perseguidor de O’Donnell tras la Vicalvarada) y el viejo carlista convenido Zaratiegui, se pone de nuevo el general Serrano Bedoya, uno de los más relevantes de los generales conjurados, lo que demuestra la importancia que concedieron los revolucionarios al cuerpo.

Y es que el nuevo gobierno no iba a privarse, como sus antecesores, de utilizar a los guardias para neutralizar a la oposición. El descontento de los republicanos creció cuando Prim se autoascendió a capitán general (para no faltar a la costumbre de los militares pronunciados, luego reproducida por algún otro en épocas posteriores), negándole en cambio el ascenso al republicano Escalante, que había contribuido a la adhesión de Madrid a la revolución con sus Voluntarios de la Libertad, más de 20 000 milicianos armados con los fusiles obtenidos bajo presión del gobernador militar. El desarme de estos, encomendado al 14.º Tercio de la Guardia Civil (numeración que había adoptado el antes llamado de Madrid), se llevó a cabo con tacto, para evitar conflictos, pero no pudieron evitarse totalmente los tumultos y las consabidas cargas de la caballería benemérita. En otros lugares el desarme de los milicianos se revelará trágico. En Cádiz, al grito de ¡República federal o muerte!, los milicianos se atrincheran en el Puerto de Santa María y aprovechan la salida de las tropas para hacerse con la capital. La Guardia Civil logra reducirlos después de ocho días de duros combates. Otro tanto sucede en Málaga y hay también enfrentamientos en Zaragoza, Barcelona, Valladolid, Badajoz, Tarragona… La Septembrina se resquebraja apenas iniciada, y el reconocimiento de la monarquía por la nueva constitución de 1869 no va a mejorar las cosas.

El nuevo gabinete, con Prim como jefe del gobierno, tras ocupar Serrano la posición de regente, y con Sagasta siempre en Gobernación, habrá de enfrentarse a la insurrección republicana, que toma la forma de revolución federal, bajo el impulso de jefes como Salmerón, Castelar y Pi y Margall. Para colmo los carlistas han aprovechado el vacío en el trono para reorganizarse y promover de nuevo la conspiración a favor de su nuevo candidato, Carlos María de Borbón, también conocido como Carlos VII por sus adeptos y como el Niño Terso por sus oponentes. Obligado a distraer fuerzas para perseguir a las partidas carlistas que se infiltran por los Pirineos y empiezan a actuar en varias provincias, el gobierno se ve sorprendido por los federales en diversos puntos, como Tarragona, donde Pierrad, convertido en ferviente republicano, encabeza un motín que acaba con el linchamiento del secretario del gobierno civil. Esta vez, sin embargo, Pierrad no logra huir: capturado por la Guardia Civil, acaba encerrado en el castillo de Montjuic. Pese a estos éxitos puntuales, los federales, de extracción urbana, demostraron no estar muy dotados para la guerrilla. Las fuerzas gubernamentales, con protagonismo de los beneméritos, consiguieron reducirlos, reeditando así los guardias la eficacia de los tiempos fundacionales, en que debían atender varios frentes simultáneos.

Esta acumulación de necesidades, unida al deseo del nuevo gobierno de asimilar la Benemérita al régimen nacido de la revolución de 1868, llevó a Serrano Bedoya a aprobar una nueva organización, basada en las jefaturas provinciales o comandancias, mandadas por tenientes coroneles, lo que relegaría a funciones más burocráticas a los coroneles jefes de los tercios. Una consecuencia del cambio era que se vinculaba más la acción diaria al ministerio de la Gobernación, por la relación directa entre gobernadores provinciales y jefes de comandancia, disminuyendo el peso del ministerio de la Guerra y de paso el carácter castrense del cuerpo. Un nuevo episodio de la dialéctica entre civilismo y militarismo, con ventaja para el primero, aunque en los guardias siguió coexistiendo su doble condición. Por otro lado trató de borrarse la adhesión a la reina de una parte de la institución, singularmente el Tercio de Madrid, que fue disuelto por Prim el 2 de octubre de 1868 para ser recreado ocho días más tarde, ya como 14.º Tercio. También el régimen septembrino lo necesitaba, frente a los republicanos.

Pero por si faltaba algo, vino a reverdecer el bandolerismo andaluz. Espoleados por las sucesivas retiradas de los guardias de los campos, para participar en las luchas civiles, a lo largo de 1869 (que en amarga coincidencia iba a ser el último de vida de Ahumada) los bandidos se habían vuelto a adueñar de los caminos de Sevilla y Córdoba, a menudo con la connivencia, de nuevo, de los caciques locales. La batalla para su erradicación la dirigiría el antiguo republicano Nicolás María Rivero, nombrado para la cartera de Gobernación en relevo de Sagasta el 11 de enero de 1870. Y su principal ejecutor sobre el terreno fue Julián Zugasti, nombrado gobernador de Córdoba tras el cese de su antecesor, el inoperante duque de Hornachuelos. La manera en que este se produjo es digna de referirse. En febrero, el duque envió un telegrama urgente refiriendo al ministro que había aparecido en el cielo un gran resplandor rojizo y pidiendo instrucciones sobre qué debía hacerse. Rivero respondió con otro telegrama: «Eso es una aurora boreal, y significa que los gobernadores deben presentar su dimisión».

Bajo el mando de Rivero, en combinación con Zugasti y otros gobernadores, la Guardia Civil se empleó con dureza contra los bandoleros, que no solo habían perdido el miedo a la Benemérita, sino que eran extraordinariamente resueltos y activos. Robos, secuestros, asesinatos, sin excluir a los niños entre sus víctimas, eran moneda corriente. El colmo vino cuando secuestraron cerca de San Roque (Cádiz) a los ciudadanos ingleses John y Antoine Bonell, ocasionando un delicado incidente diplomático con Gran Bretaña. Tras pagar el rescate, financiado por los británicos con promesa de restitución por parte de las autoridades españolas, la Guardia Civil, que seguía los pasos a los bandidos, trabó enfrentamiento con ellos y los abatió a todos. Eran, entre otros, los famosos Malaspatas y Cucarrete, que llevaban largo tiempo aterrorizando a la comarca del campo de Gibraltar.

La oposición empezó a clamar que los bandoleros no morían en enfrentamiento, como sostenían los guardias, sino que se les disparaba por la espalda cuando huían. Nacía así la que sería tristemente conocida como Ley de Fugas, denunciada en las Cortes por Pi y Margall, y respecto de la que en efecto había cursado Prim, por medio del entonces ministro de la Gobernación, Nicolás María Rivero, unas instrucciones reservadas que acabaría sancionando el Tribunal Supremo en su sentencia de 26 de junio de 1876, al declarar que «los individuos de la Guardia Civil, en caso de fuga de presos, podrán hacer uso de sus armas, quedando exentos de responsabilidad aunque de los disparos resultaran heridos o muertos». La polémica estalló en el debate parlamentario del 20 de diciembre de 1870, en que el conservador isabelino Francisco Silvela arremetió contra la Guardia Civil acusándola de sesenta y tantas muertes por la espalda. Cánovas del Castillo lo respaldó, calificando las muertes de asesinatos. En el trasfondo del debate estaba el hecho de que la regresión del fenómeno, debida a la enérgica acción gubernamental, había puesto al descubierto a algunos de los acomodados protectores de los bandoleros, por lo general desafectos al régimen, lo que planteaba entre los opositores el temor de que se les tratara con idéntica contundencia que a los bandidos. La réplica dolida de Rivero, acusando a los parlamentarios críticos de hacerles el caldo gordo a los malhechores, no impidió su dimisión, cinco días más tarde. El gobernador Zugasti fue amenazado de muerte y a Prim alguien le pasó una lista de diez nombres de opositores dispuestos a asesinarlo. El día 27 de diciembre Prim disuelve los Voluntarios de la Libertad, y pocas horas después mantiene un agrio debate en la cámara con motivo de la discusión del proyecto de lista civil de la Casa Real.

Uno de los diputados rivales, el gaditano José Paúl, le dijo al presidente: «Mi general, a todo cerdo le llega su San Martín». Esa misma tarde, sobre las 19.30, cuando la berlina verde de Prim embocaba la calle del Turco bajo una intensa nevada, diez hombres abrieron fuego de retaco, pistola y trabuco sobre ella. La investigación identificó como cabecilla de la partida y ejecutor material a Paúl, y se sugirió la instigación del propio Serrano y del duque de Montpensier, por haber reclutado a algunos de los asesinos personas de su confianza. Pero nada pudo probarse. El 30 de diciembre, Prim moría a causa de las heridas recibidas. El 2 de enero de 1871 llegaba a Madrid el duque de Aosta, Amadeo de Saboya, elegido por Prim para reinar en España con el nombre de Amadeo I. Lo primero que hizo el nuevo monarca fue presentar sus respetos ante el féretro del malogrado general.

Asumió la jefatura del gobierno Serrano, retornando Sagasta a Gobernación, y pronto se evidenció la escasa simpatía con que contaba el monarca importado. Muchos jefes militares se negaron a prestarle juramento de adhesión, y famosa se hizo la descalificación de Castelar, que escribió que era una vergüenza para la nación de la que en otro tiempo eran «alabarderos, maceros y nada más que maceros, los pobres, los oscuros, los hambrientos duques de Saboya». La creciente inseguridad impulsa a Sagasta a redactar un proyecto de policía civil, militarmente organizada, llamada Cuerpo de Orden Público, pero que no llega a ponerse en pie, por lo que la ingrata función sigue correspondiendo a la Guardia Civil. La dimisión de Segismundo Moret como ministro de Hacienda precipita la renuncia de Serrano y su relevo el 24 de julio por Ruiz Zorrilla, que se reserva la cartera de Gobernación. Su gobierno apenas dura tres meses, dando paso al gabinete del contraalmirante Malcampo, sustituido dos meses después por Sagasta, convertido en jefe de un nuevo partido llamado constitucional, mientras que Zorrilla y los republicanos formaban el radical.

Enredado Sagasta en un escándalo por unos dineros distraídos del erario público para pagar caprichos recreativos del rey, volvió Serrano por veinte días a la jefatura del Gobierno. Tras su breve y fallida gestión, se hacen con el poder los radicales y Ruiz Zorrilla regresa a la presidencia. Cesa entonces como director general Serrano Bedoya, a quien lo sustituye en el cargo el teniente general Cándido Pieltain, incondicional de Prim como su antecesor. Pieltain dispuso la reorganización de la burocracia central del Cuerpo y a imitación de Infante rediseñó la uniformidad, haciéndola más sencilla y moderna (el cambio fue efímero, porque la Restauración impuso el regreso a la uniformidad de Ahumada, para disgusto de los miembros del cuerpo, ya acostumbrados a la comodidad de la nueva). Además dotó a los guardias de revólver y una linterna por pareja para el servicio nocturno. Por otra parte, impulsó la creación de la Sociedad de Socorros Mutuos, a partir de las que ya funcionaban en algunas comandancias.

Harto de la ingobernabilidad del país, Amadeo I abdica el 11 de febrero de 1873. Ese día se proclama la república por 258 votos a favor y 32 en contra. Es investido como presidente Estanislao Figueras, que nombra ministro de Gobernación a Pi y Margall y de la Guerra a Fernández de Córdoba, otro de esos personajes decimonónicos hispánicos que culmina así una trayectoria absurda, desde su destacado papel como defensor de Isabel II en la revolución de 1854. La población estalla de júbilo al grito de «¡Viva la República Federal!». Algunos se dejan llevar por el entusiasmo y queman fincas o asesinan a destacados monárquicos. La Guardia Civil, que tiene la misión de mantener el naciente orden republicano, se encuentra en su totalidad absorbida por la guerra carlista, que se ha recrudecido, con el audaz despliegue de los partidarios de Carlos VII por las provincias vascongadas, Navarra, Cataluña, Aragón y algunos focos dispersos de Andalucía.

El 24 de febrero, el presidente de la Asamblea Nacional, Cristino Martos, ordena al 14.º Tercio de la Guardia Civil que ocupe los edificios del gobierno. Los guardias (según Aguado Sánchez, entendiendo que la orden es legal, por emanar del órgano en el que reside la soberanía de la República) obedecen. Pero de esa pugna entre el legislativo y el ejecutivo acaba saliendo triunfante el segundo, en la persona del ministro de la Gobernación, Pi y Margall. El gobierno se remodela y los jefes del 14.º Tercio son relevados. Algunos, molestos por el castigo sufrido por haber obedecido a la autoridad legalmente constituida, se pasarán a las filas carlistas. Asume el mando del tercio el coronel José de la Iglesia y Tompes, veterano del cuerpo, que ha de jugar un destacado papel para mantener la eficacia de su unidad, crucial por su situación geográfica, como instrumento leal del poder legítimo. El problema está en determinar cuál es ese poder, en medio de las turbulencias de la I República Española, plagada de conspiraciones y de rivalidades entre sus prohombres. Tanto más importante fue la jefatura del 14.º en cuanto que a lo largo de 1873, y tras el cese del general Pieltain por desavenencias con Pi y Margall, la dirección general se hallaría vacante u ocupada por jefes de circunstancias, lo que vino a provocar una considerable sensación de acefalia en la Guardia Civil.

La primera prueba le llega al coronel de la Iglesia el 23 de abril. Los hechos coinciden con la ausencia de Madrid del presidente Figueras. Este ha debido trasladarse de urgencia a Barcelona para sofocar la revuelta de la Diputación, que aprovechando el desgobierno acaba de proclamar el Estado catalán. Salen a la calle los miembros de la Milicia de Madrid, de tendencia más bien monárquica, así como los reconstituidos Voluntarios de la Libertad. La Guardia Civil se limita a interponerse entre unos y otros, evitando el que parece casi inevitable choque entre ambos. Pero resulta que Pi y Margall, jefe interino del ejecutivo en ausencia de Figueras, se halla detrás de la demostración de los Voluntarios. Ese mismo 23 de abril Pi y Margall dispone que en adelante la dependencia de la Guardia Civil lo será solo de las autoridades civiles. La hostilidad creciente hacia los beneméritos provoca el repliegue de estos, que se acogen a sus acuartelamientos. Los que salen se exponen a ser atacados por los milicianos, como le ocurrió a más de un guardia que hubo de tirar de sable para defender su vida. Empieza a correr el rumor de que el coronel jefe de la Guardia Civil en Madrid es un monárquico encubierto, y Pi y Margall ordena su destitución y la de casi todos sus oficiales. Los hombres del 14.º Tercio, molestos por una represalia que sienten como injustificada, desacatan la orden. Los oficiales destinados a relevar a los destituidos no se presentan.

En julio, Pi y Margall consuma su golpe y Figueras huye a Francia. El nuevo capitán general de Madrid, Mariano Sodas, consciente de la situación en que se encuentra el 14.º Tercio, intenta acercarse a los resentidos guardias, pero Fernando Pierrad, ministro de la Guerra y hermano del general revolucionario, organiza una encerrona en la que trata de neutralizar al coronel de la Iglesia, junto al coronel del primer Tercio y el director general en funciones de la aún descabezada Guardia Civil, el brigadier y secretario general del cuerpo Juan Álvarez Arnaldo. Cuando se presenta en el ministerio el ayudante del 14.º Tercio y advierte al ministro que los guardias de Madrid están dispuestos a acudir a sacar por la fuerza a su coronel, Pierrad los deja ir.

Pi y Margall nombra director general al conciliador Socías, que apoya a los guardias de Madrid, sitiados literalmente por las milicias revolucionarias. Cinco semanas después de tomar el poder, Pi y Margall se ve incapaz de hacer frente a todos los frentes que tiene abiertos. A la lucha contra los carlistas y la revuelta independentista desatada en Cuba, aprovechando la debilidad de la metrópoli, hay que sumar la sangrienta insurrección cantonal, con Cartagena como principal foco, pero con gravísimos incidentes en otras localidades como Orihuela y Alcoy, donde los cantonales asesinan al alcalde, republicano, y decapitan al capitán de la Guardia Civil para pasear luego por las calles su cabeza, clavada en una pica. Pi y Margall es depuesto y sustituido por Nicolás Salmerón, republicano centrista, apoyado por Castelar, republicano conservador, que asume la presidencia de la Asamblea.

Salmerón encargó al general Manuel Pavía la pacificación de Andalucía y a Martínez Campos la liquidación de la revuelta cartagenera, para lo que este no dudó en sitiar la ciudad y declarar pirata a la escuadra sublevada. Las medidas de firmeza vinieron complementadas con la disposición de aumentar los efectivos de la Guardia Civil a 30 000 hombres. Aunque este aumento no se llegó a materializar, acreditaba la apuesta de la I República por los beneméritos, única esperanza a la sazón de restablecer el perdido orden interior. El 6 de septiembre Salmerón permuta su cargo con Castelar, para evitarse firmar la sentencia de muerte de un cabo que había desertado para unirse a los carlistas. Siendo ya Castelar presidente, se decreta el procesamiento del coronel de la Iglesia, por conspirar contra la República. Su familia es expulsada del pabellón que ocupa y al coronel lo conducen a prisiones militares. En la dirección general del cuerpo reemplazan consecutivamente a Socías los generales Acosta y Portilla Gutiérrez. Al coronel de la Iglesia, a quien urge reparar el perjuicio causado, se lo pone en libertad condicional, en tanto se celebra un consejo de guerra que nunca llegaría a abrirse. Se le abonan todos sus haberes, pero no se le asigna destino. Queda en Madrid en situación de disponible.

Entre tanto, Figueras, Pi y Margall y Salmerón han comenzado a conspirar para defenestrar a Castelar. Enterado del movimiento el capitán general de Madrid, Pavía, gaditano como Castelar y muy agradecido a este (no está de más reseñar que gracias a la Gloriosa había ascendido de comandante a teniente general), resuelve impedirlo por la fuerza. Entra en contacto con el coronel de la Iglesia y lo sondea para saber si puede contar con la adhesión de la Guardia Civil de Madrid en caso de que Castelar, como han convenido sus adversarios, pierda la decisiva votación que ha de tener lugar en la Asamblea Nacional el 2 de enero de 1874. Lo que en ese caso se propone Pavía es disolver las Cortes y le pregunta al coronel, a quien desea encomendar la ejecución material de esta acción, si la tropa lo obedecerá para llevarla a cabo. De la Iglesia le responde, escueto: «Así lo espero, mi general».

En la votación, Castelar resulta literalmente barrido. Se nombra para sustituirlo al diputado Eduardo Palanca y se disponen los parlamentarios a votar uno a uno a los ministros. Pero Pavía ya se ha apoderado de los puntos estratégicos de la ciudad. El coronel de la Iglesia entra en el hemiciclo y, dirigiéndose al presidente de la cámara, Salmerón, le expone que la votación ya no tiene objeto. Lo hace con mayor corrección y más respeto que otro jefe de la Benemérita que asaltará el palacio de las Cortes un siglo más tarde, pero con manifiesta firmeza. A eso sucedió un alboroto en el que según el diario de sesiones muchos diputados se declararon dispuestos a dejarse matar y a no desalojar la sala sino empujados por las bayonetas. Castelar ordenó al ministro de la Guerra en funciones que redactara la destitución de Pavía. De la Iglesia se dirigió a Salmerón para decirle que la Asamblea estaba disuelta, y cuando el presidente de la cámara le informó de que Pavía estaba destituido, el coronel replicó: «Ya es tarde para eso».

Poco después irrumpieron las fuerzas del 14.º Tercio para desalojar a los parlamentarios. Salmerón abandonó la sala, seguido por sus maceros. Aunque hubo algún disparo al aire, el único herido fue un diputado que se descalabró al lanzarse desde una ventana. Emilio Castelar, destrozado, fue uno de los últimos en abandonar el hemiciclo.

Como sin duda intuía el que sería su último presidente, la I República estaba acabada, y en su apuntillamiento fueron decisivos los mismos guardias civiles que la habían defendido durante aquel convulso año contra sus muchos enemigos, de fuera y de dentro. Una paradoja, que dejaba para la historia del cuerpo una imagen de todo punto deplorable, la de unos servidores del pueblo y de la ley arreando con sus fusiles a los legisladores y representantes de ese pueblo.

En la jefatura del ejecutivo de lo que, disuelta la cámara, ya no puede propiamente considerarse una república, se coloca el general Serrano Domínguez, que forma un gabinete con constitucionalistas como Sagasta, radicales como Cristino Martos y republicanos como el titular de Gobernación, García Ruiz. El golpe es en general bien acogido, tanto por el pueblo como por el ejército, y el gobierno resultante, de corte autoritario, puede actuar con la energía necesaria para, una vez sofocada la revuelta cantonal en Cartagena (logro que culminó en diciembre de 1873 el sobrino de Serrano, el general López Domínguez), combatir a los otros rebeldes, los carlistas, que han puesto sitio a Bilbao y la bombardean a diario. Serrano Domínguez asume personalmente el mando de las tropas, entre las que se cuentan numerosos efectivos de la Guardia Civil, para cuya dirección general ha vuelto a designarse al apolítico José Turón y Prats, que ya ocupara el puesto, desde el lado isabelino, en los albores de la Gloriosa. Otro caso de adaptación asombrosa a los vaivenes de la política española de su tiempo.

En abril de 1874, Serrano Domínguez logra levantar el sitio de Bilbao, pero no expugnar Estella, donde Carlos VII ha instalado su corte y el embrión de su proyectado estado, donde por no faltar no falta ni una incipiente Guardia Civil. En julio de 1874 el caudillo carlista Dorregaray, al mando de 25 batallones, traba batalla en Abárzuza con los gubernamentales, mandados por el veterano general Gutiérrez de la Concha, marqués del Duero, que resulta muerto en el combate. Un golpe durísimo para el gobierno, por el prestigio del militar abatido, pero que Dorregaray no aprovecha para marchar sobre Madrid. Las operaciones también fueron intensas en Cataluña, Aragón y Valencia. En todas ellas, la Guardia Civil resulta decisiva para frustrar los propósitos de los legitimistas, lo que aconseja su dependencia estrecha de las autoridades militares, aunque en diciembre de 1874, el ministro de la Guerra, Serrano Bedoya, comunica a su compañero de Gobernación, Sagasta, que se ha prevenido a los jefes militares para que, allí donde la sublevación carlista vaya quedando neutralizada, pasen los guardias a desempeñar sus funciones ordinarias de velar por el orden público, sometidos en ellas a las autoridades civiles.

Contenida la acometividad del carlismo, el jefe del partido alfonsino, Cánovas del Castillo, creyó llegado el momento de proponer la restauración monárquica en la persona de Alfonso de Borbón, el joven hijo de Isabel II, que por su inspiración firma en diciembre de 1874 el conocido como manifiesto de Sandhurst, el colegio militar británico donde a la sazón cursaba estudios. En él, hace profesión de su españolidad, su catolicismo y su liberalismo. El 29 de diciembre de 1874, el general Martínez Campos proclama en Sagunto a Alfonso XII como rey de España. En seguida lo secunda el grueso del ejército. Cánovas del Castillo queda detenido en el gobierno civil de Madrid por orden de Sagasta, jefe del gobierno. Pero el 31 de diciembre de 1874 lo releva al frente del gabinete, mientras el presidente, Serrano, se exilia en Biarritz. El 7 de enero Alfonso XII desembarca en Barcelona y el 14 hace su entrada en Madrid. La revolución ha pasado a la Historia.

Capítulo 7.
De «La Mano Negra» al teniente Portas

En los capítulos precedentes queda concentrada, en síntesis forzosamente apretada, la azarosa historia de los tres primeros decenios de la Guardia Civil. Es de notar en ellos que coincidiendo con una abracadabrante incertidumbre institucional, con el encadenamiento de revueltas y conspiraciones, con el cambio incluso de régimen político a medio camino, y con todas las idas y venidas en el gobierno y al frente del propio cuerpo que por su singularidad y relevancia nos hemos detenido en detallar, la labor de los beneméritos no solo se desarrolló de forma eficaz y constante, sino que además se extendió a ámbitos muy sensibles, como fueron las acciones que tuvieron que afrontar en medio de las querellas políticas internas, sin que su imagen ni su estima por parte de la población saliera excesivamente malparada.

Habían actuado los guardias siempre al servicio del poder constituido, sin adoptar iniciativas propias para cambiar el curso de los acontecimientos (salvo la notoria y final excepción del coronel de la Iglesia en el golpe de Pavía) y en general (salvo alguna excepción también, como la reacción airada en la noche de San Daniel) sin ensañarse con aquellos a los que les tocaba reprimir por orden superior: usando de la fuerza con prudencia, soportando estoicamente provocaciones y, llegado el caso, actuando con la contundencia necesaria pero sin buscar el encarnizamiento con los ciudadanos rebeldes. La inspiración ahumadiana de tal proceder resulta evidente con solo releer los artículos de su Cartilla que quedaron transcritos páginas atrás. Todo ello, junto a su labor sobresaliente en el mantenimiento de la seguridad interior y en el servicio al pueblo con ocasión de calamidades y catástrofes, les había permitido atravesar los años de la monarquía isabelina, la revolución y la república, sin concitar más aversiones de las inevitables, gozando del respeto general (incluidos muchos de sus adversarios) y alcanzando una consolidación institucional notable.

En efecto, cuando Alfonso XII ocupa el trono, la Guardia Civil se halla firmemente asentada en sus funciones. Todavía tendrá que distraer algunos esfuerzos para hacer frente a la no del todo sofocada revuelta carlista, pero este asunto, prioridad del joven monarca, que apenas pone el pie en el país se desplaza al frente del Norte para revistar y arengar a las tropas que allí combaten, queda cerrado poco tiempo después. Lo logra una combinación de éxitos militares (primeramente en la zona de Vizcaya y luego en los focos resistentes de Aragón y Cataluña) con hábiles sobornos y componendas, que culminan con la sumisión a Alfonso XII del veterano carlista Ramón Cabrera, a cambio de un generoso indulto, poniendo así fin a su larguísima trayectoria como insurgente. Su deserción viene a compensar sobradamente otra, significativa para la Guardia Civil, por excepcional: la del coronel Freixas, jefe del tercer Tercio, que en julio de 1873 abandonó el cuartel de la Rambla al frente de sus guardias y en el llano del Llobregat, a la altura de Sant Boi, les comunicó su intención de ponerse al servicio de Carlos VII, única alternativa monárquica a la descompuesta república. No sobra indicar que al final, de 150 hombres, siguieron a Freixas solo 26 guardias y varios oficiales. Los demás volvieron a Barcelona, donde fueron aclamados por el pueblo por su lealtad republicana.

La liquidación del ensueño carlista llegará finalmente en 1876. A finales de 1875, aniquilada ya la insurrección en Cataluña y Aragón, se hizo un llamamiento general a filas, que incluyó la concentración total de la Guardia Civil. Se formó un contingente de 150 000 hombres, dividido en dos cuerpos de ejército, uno para reducir las provincias vascongadas, al mando del general Quesada, y el otro dirigido por Martínez Campos, para reconquistar Navarra. El 19 de febrero de 1876, las tropas gubernamentales, al mando del general Primo de Rivera, entran en Estella. El 24 de febrero, Carlos VII abandona San Sebastián. Cruza la frontera por Valcarlos, pronunciando en el acto un tan histórico como incumplido «Volveré». El 20 de marzo, Alfonso XII regresa a Madrid, donde es triunfalmente recibido por la población. Un pequeño lunar empaña el día: al cruzar la Puerta del Sol, el anarquista tarraconense Juan Oliva le dispara con una pistola, fallando el blanco. El frustrado magnicida será detenido, juzgado y ejecutado, pero el incidente, en el momento liminar de la pax alfonsina, es todo un presagio.

En junio de 1876 se aprueba una nueva Constitución, que declara la soberanía compartida entre el rey y las Cortes (bicamerales, como las actuales, con Senado y Congreso de los Diputados), pero reservándole al monarca la potestad de disolver las cámaras, vetar leyes y nombrar al gobierno. Del derecho a voto no dice nada, para eludir de entrada un sufragio universal que se implantará por vía legislativa en 1890 (y por descontado, solo para los varones). Con este instrumento y el poder que logra reunir el inspirador de la ley fundamental, Cánovas del Castillo, más el prestigio de la Corona bajo la que se ha eliminado toda la resistencia interior, se abre un periodo de inédita estabilidad política, que vendrá a robustecerse con la integración en el régimen de una parte de sus disidentes, bajo el paraguas del partido liberal de Práxedes Mateo Sagasta, y el establecimiento de un sistema de alternancia con los conservadores de Cánovas. Todo parece pues favorable, no solo para el progreso y la paz del país, sino también para que la Guardia Civil, dedicada plenamente a sus tareas civiles, termine de cuajar y perfeccionar su papel en el seno de la sociedad española.

Las razones por las que el régimen canovista no logrará esto, sino más bien todo lo contrario, hay que buscarlas en las dos carcomas con las que se inaugura el edificio de la monarquía alfonsina, imperceptibles a primera vista bajo el lustre de sus laureles militares y la elocuencia y habilidad de sus experimentados jefes políticos, pero intensa y profundamente infiltradas en su estructura: por un lado, la precaria situación en lo que le queda a España de su viejo e inmenso imperio colonial; y por otro, el arraigo, en importantes y crecientes sectores de la población, de un impulso de insumisión y rebeldía social exacerbado por tres décadas de revoluciones fallidas, en las que los ciudadanos han acudido una y otra vez a las barricadas para no sacar otra cosa que sangre y palos y contribuir al medro de jerifaltes y caciques cuyos herederos ahora se reparten cómodamente el pastel.

En las colonias, en efecto, la situación se hallaba ya muy deteriorada. El alcance de esta obra impide examinar la cuestión en profundidad, pero tanto en Cuba, desde el grito de Yara lanzado en 1868 por el abogado y terrateniente masón Manuel Céspedes, que reuniría a la voz de «¡Viva Cuba Libre!» a cerca de 8000 sediciosos, como en Filipinas, donde el médico mestizo José Rizal, educado en España, intentaba sin éxito una vía de entendimiento con la metrópoli (respetando a los habitantes originarios de las islas y limitando los insoportables privilegios de las órdenes religiosas, gestoras despóticas de sus recursos), los acontecimientos, con el oportuno aliento e interesado concurso de la potencia emergente de los Estados Unidos de América, se precipitaban hacia el desastre. Por cierto que en ambos territorios hubo Guardia Civil. Tanto en Cuba como en Filipinas el cuerpo prestó un servicio esencial para la seguridad interior, dificultado por las características climatológicas y geográficas de ambas colonias, y también le tocaría, como en la Península, llegado el momento de la insurrección, hacer frente a los rebeldes. En esa labor se distinguió con su habitual firmeza y entrega, y es de destacar la abnegación que mostraron los miembros de la Guardia Civil Indígena de Filipinas, formada a partir del Tercio en comisión creado en Luzón en marzo de 1868 y el regimiento indígena de infantería número 5. Los guardias civiles filipinos probarían sus cualidades en la expedición de febrero de 1876 contra los rebeldes musulmanes de Joló, que consiguieron tomar, desalojando al sultán, tras un exitoso desembarco en Zamboanga. Otro hecho de llamativo heroísmo fue el debido a los guardias indígenas Domingo Pablo Sebastián, Cándido Sánchez Alana y Germán Galafón Domingo, integrantes del puesto de Pangil, que el 14 de septiembre de 1885 hicieron frente a medio centenar de hombres armados y lograron repelerlos, resultando los tres heridos y causando siete muertos a los atacantes.

En cuanto al frente interior, la proclamación de la monarquía, con ser bien recibida por muchos, no había ni mucho menos extirpado el sentimiento republicano español. Durante el sexenio revolucionario, este sentimiento se había desarrollado y plasmado no solo en la república unitaria vigente como forma de gobierno constitucional durante el año 1873, sino también en los experimentos federales y cantonales, que aun frustrados, subversivos y en buena medida de infausta memoria, por los atropellos cometidos por los elementos más fanatizados, no dejaron de suponer para muchos españoles la encarnación romántica de una legítima y siempre burlada aspiración de justicia social. Aspiración esta cuya pertinencia se vería reforzada por el incipiente desarrollo económico y la industrialización del país, gestionada con mano de hierro por los poderosos y en perjuicio notorio y con frecuencia abusivo de las clases populares, que alimentaron con su sudor el enriquecimiento de una minoría poco dispuesta a compartir los réditos del progreso. Entre los republicanos desairados, y el movimiento obrero que inexorablemente se extendía por el país, el régimen canovista encaraba un desafío digno de tenerse en cuenta. Pero, confiado en su fuerza, resolvió afrontarlo de una manera arrogante e intransigente, lo que no hizo sino agravar la brecha social española y preparar un siglo XX lleno de infortunios para la nación. Y su instrumento preferido fue la Guardia Civil, que no se sustraería a los desperfectos que esa estrategia de dura represión traía aparejados.

Los residuos del republicanismo derrotado logró el régimen extinguirlos con relativa rapidez. Ya el 4 de febrero de 1875 Cánovas expulsa del país a Ruiz Zorrilla, el dirigente republicano más destacado. Desde el exilio este alienta la sublevación, que se materializa en el alzamiento del comandante Villarino en Navalmoral de la Mata, el 2 de agosto de 1878, al grito de «¡Viva la República y abajo los consumos!». La intentona, más bien folclórica, es prontamente sofocada por los guardias civiles, pero Ruiz Zorrilla no descansa y logra adherir a su causa a un cierto número de jefes militares, lo que lleva a la proclamación de la República en Badajoz el 5 de agosto de 1883 por el teniente coronel de caballería Serafín Asensio Vega. Le siguen Santo Domingo de la Calzada y la Seu d’Urgell, pero la enérgica reacción gubernamental desactiva pronto la sublevación y sus cabecillas huyen a Portugal y Francia. Tras la intentona, se restablecieron las garantías constitucionales, que habían quedado suspendidas, pero se dictaron nada menos que 173 condenas de muerte. El episodio le costó temporalmente el poder a Cánovas, sustituido por Posada Herrera (con Sagasta en la presidencia del Congreso), pero en enero de 1884 el rey repuso al conservador al frente del gabinete, desde donde vivirá una última intentona desesperada, la del capitán de Carabineros Higinio Mangado, en abril de ese mismo año. Mangado, a quien seguían carabineros que con él habían pasado a Francia, fue frenado en seco por sus propios compañeros de cuerpo en el puesto de Valcarlos, por donde pretendía entrar en el país. En la refriega cayeron Mangado y siete de sus hombres, y el resto sufrió los rigores de la justicia gubernamental.

Habiendo aplastado de forma tan expeditiva a los republicanos, podía creerse Cánovas en condiciones de reducir a cualquier enemigo interior. Pero a cada poder le surge el oponente apropiado a su naturaleza, y el que iba a convertirse en la pesadilla del régimen era el anarquismo, tanto rural como urbano. Sobre el peculiar éxito en España de la ideología anarquista, derrotada a escala continental por la versión marxista del movimiento obrero, mucho se ha escrito y no es este el lugar de ahondar en ello. Pero sin duda pesaron, en las simpatías que el ideario ácrata y sus métodos recibieron entre los españoles, una historia llena de indisciplina, tanto social como institucional, donde no solo el pueblo tendía con facilidad a la desobediencia y el desorden, sino que los próceres cambiaban con soltura de los despachos ministeriales a los escondrijos y disfraces propios del proscrito, y viceversa. Los españoles, que habían desalojado a Napoleón con el invento de la guerrilla, y que vivían en un país de dudosa vertebración en muchos aspectos, abrazaron con entusiasmo el método anarquista, basado en la clandestinidad, el caos y la contundente propaganda por el hecho, como el ideal para erosionar el poder que las clases dominantes habían establecido sobre la sociedad por mediación del potente Estado salido de la Restauración. Y el Estado, para salir al paso de esta amenaza, emplearía sin titubear su mejor ariete: la Guardia Civil.

Es momento de indicar que la monarquía alfonsina se comportó con el cuerpo de una manera contradictoria. Por un lado aumentó su plantilla en una medida limitada, hasta los 16 000 hombres, y no fue demasiado generosa ni con los haberes de los guardias (claramente desfasados), ni con sus pensiones (que los abocaban a la indigencia) ni con la dotación presupuestaria, que llegó a resultar insuficiente para comprar, caballos dignos del servicio. Pero por otro le encomendó importantes responsabilidades y le otorgó trascendentales funciones, además de dotarla de considerable autoridad. En particular, destaca la condición de «centinelas permanentes» que por ley se otorgó a los guardias civiles, lo que suponía que cualquier atentado contra estos era objeto del más severo castigo. En congruencia con ello, se estableció un nuevo régimen de acceso y selección que continuaba con el elitismo iniciado con Ahumada, al añadir a la necesidad de saber leer y escribir (en un país que seguía siendo muy mayoritariamente analfabeto) el dominio de las cuatro reglas (algo entonces muy raro entre los españoles) y mantener la exigencia de una estatura mínima nada desdeñable para la época (1,677 metros para infantería y 1,690 para caballería), amén de la previa e irreprochable experiencia militar, de la que solo se eximía «por su especialidad y dialecto» a los aspirantes de las provincias vascongadas. Una vez incorporados los guardias, se sometían a la formación profesional continuada en el propio puesto, cuyo comandante les pasaba una hora diaria de academia, con un periodo más intenso para los nuevos, de entre seis meses y un año, en el que prestaban servicio acompañando al comandante o a un guardia de primera clase. El sistema, complementado con un control continuo del nivel de los guardias, dio buenos resultados. Se creó además el Colegio de Oficiales de Getafe, radicado en el antiguo Hospitalillo de San José de esa localidad madrileña, para nutrir la oficialidad de base de la Guardia Civil con candidatos extraídos entre sargentos de todas las armas (dos de cada tres) y del propio cuerpo (el tercio restante). Siendo buena la idea, los modestos medios del Colegio, y la discriminación a favor de los de fuera y en perjuicio de los de la propia Benemérita, que eran los más experimentados en su servicio peculiar, contribuyeron a que no tuviera demasiado éxito. Tras formar a varias promociones de segundos tenientes, poco apreciados por los suyos, acabó cerrando en 1903.

Por otra parte, también se reforzó la importancia militar de los guardias civiles, al ser tenidos en cuenta por la ley que regulaba el ejército como un cuerpo más de este, con autonomía para desarrollar sus funciones civiles en tiempo de paz. Se ponían bajo el mando militar al declararse el estado de guerra, conforme prevenía la Ley de Orden Público. Por esta vía se integró la Guardia Civil, como un cuerpo militar más, y especialmente escogido, en las campañas contra los carlistas, donde muchas unidades militares ordinarias fueron encuadradas por guardias civiles, esto es, siendo los guardias los cuadros de dichas unidades para asegurar su cohesión y disciplina. Además, en la ruralizada sociedad española de la época (más del 70 por ciento de la población vivía fuera de las zonas urbanas), le tocaba a la Guardia Civil, responsable única del control de las áreas rurales, velar por la seguridad de la mayoría de los ciudadanos. Pero también en las ciudades tuvieron que seguir dando el callo los guardias. El proyecto de Cuerpo de Orden Público, embrión de la futura policía civil, que Sagasta bosquejara en 1870, como ministro de Amadeo I, no se llevó a efecto más que en escasa medida y en la ciudad de Madrid, por lo que en el resto de grandes ciudades, con la obligación de atender a una conflictividad social creciente que eso implicaba, la responsabilidad seguía siendo de la Guardia Civil. Incluso en la capital, dado el empaque insuficiente del Cuerpo de Orden Público, el 14.º Tercio continuó constituyendo el auxiliar decisivo para mantener el orden.

Así lo evidenciaron las algaradas de noviembre de 1884 (la llamada noche de Santa Isabel, tras la clausura de la universidad por el autoritario gobernador civil y conspicuo canovista Raimundo Fernández Villaverde) y julio de 1885 (cuando el mencionado e impopular gobernador fue abucheado al acudir junto al gobierno a recibir al rey en la estación de Atocha). En la primera ocasión los guardias civiles ocuparon la universidad, y en la segunda, después de recibir disparos (o eso se alegó) cargaron contra la multitud, causando un muerto y seis heridos. Dos acciones que no contribuyeron precisamente a su popularidad aunque por aquellos mismos días se multiplicaran los esfuerzos beneméritos en auxilio de la población, durante los graves terremotos de Granada y Málaga en la Nochebuena de 1884 o la nueva epidemia de cólera que en la primavera y el verano de 1885 asoló el país.

Pero regresemos a los anarquistas. Su primer aldabonazo serio lo dieron en el campo andaluz, a través de la peculiar sociedad secreta conocida como La Mano Negra. Hacia el año 1878, se puso de manifiesto que la estadística criminal se había disparado en la provincia de Cádiz, y más en particular en la comarca jerezana: a los robos y actos de violencia contra las personas, se sumaban los actos vandálicos, como incendios, destrozos de viñas y otros cultivos. Pronto llegaron los asesinatos, y en las paredes blancas de los cortijos empezaron a aparecer unas manos negras (dibujadas con carbón, recorriendo el contorno de la propia mano apoyada). El movimiento, arraigado en Andalucía gracias a las desigualdades ancestrales en la propiedad de las tierras y en el disfrute de la riqueza, tenía, como su propia iconografía, inspiración internacional: otras Manos Negras actuaron en Francia contra la restauración borbónica, en Italia y en Nueva York. La clave era la ley del silencio que imponían a sus miembros, en la que cifraban, al estilo mafioso, todo su poder. Pero hacia 1883, los periódicos empezaron a informar con cierto sensacionalismo de la hermética organización criminal, lo que hizo cundir el pánico entre la población y engordar rápidamente su leyenda. Aparte de los crímenes propios, se les adjudicaban los cometidos por partidas de bandoleros comunes.

Fue la Guardia Civil, como ya se habrá imaginado el lector, la encargada de desvelar el misterio y neutralizar la amenaza. A su frente se hallaba por aquel entonces el teniente general sexagenario Tomás García Cervino, que había relevado poco antes a Fernando Colomer, marqués de la Cenia, quien había dirigido el cuerpo con pulso firme y talante austero durante los siete primeros años del reinado de Alfonso XII. Hijo de labrador y curtido soldado, Cervino se mostró buen conocedor del medio rural y como gestor, poco proclive a las innovaciones, refiriéndose siempre a Ahumada como «genio organizador». La manera en que los guardias entonces a sus órdenes dieron en desvelar el secreto de La Mano Negra no está exento de ribetes rocambolescos. El primer hilo para tirar de la madeja lo puso sobre la mesa el capitán excedente del cuerpo (y jefe de los guardias rurales de Jerez) Tomás Pérez Montforte, al encontrar, supuestamente, un cuaderno que contenía el reglamento de la sociedad secreta. Según otras versiones, este Pérez Montforte fue acusado por algún campesino de inducirle a quemar cosechas, por lo que bien pudiera estar dentro de la organización y, arrepentido o resentido, decidió tirar de la manta. El cuaderno, con un significativo preámbulo, contenía un reglamento de nueve artículos que describía el funcionamiento de la organización.

Decía el preámbulo: «Considerando que todo cuanto existe y aprovecha para el bienestar y goces de los hombres ha sido creado por la fecunda actividad de los trabajadores. Que por efecto de la absurda y criminal organización de la sociedad presente los trabajadores lo producen todo y los ricos y holgazanes se lo quedan entre sus uñas. Que por esa causa ellos aseguran el imperio eterno sobre los pobres, dentro de cualquier forma de Gobierno que sea […] Que la propiedad adquirida por la renta o el interés es de las que deben considerarse como mal adquiridas, por no haber otra que la directamente adquirida con el trabajo productivo […] Por estas razones y en vista de que todas las leyes están hechas en provecho de sus privilegios y en contra de nuestros derechos: declaramos a los ricos fuera del derecho de gentes y declaramos que para combatirlos como se merecen y es necesario, aceptamos todos los medios que conduzcan al fin, incluso el hierro, el fuego y aunque sea la calumnia. Declaramos querer ser vengadores de nuestros hermanos y para este objeto, y aclarar el gran día de la revolución popular, se fundó en España esta asociación que trabajará de acuerdo con las del mismo carácter y tendencias de todos los países». En el articulado se establecían las reglas de sigilo que debían observar sus miembros para garantizar el carácter secreto de la organización, que incluían la obligación de mantener un oficio fuera de sospecha, así como el castigo para quienes contravinieran ese sigilo: suspensión o «muerte violenta» según la gravedad del desliz. También se pagaba con la muerte, instantánea, la deserción de la que sus fundadores definían como «una grande y formidable maquinaria de guerra», o la desobediencia de las órdenes que emanaban del llamado «Tribunal Popular», formado por diez individuos de la organización. Su constitución, según expresaba su reglamento (que también lo tenía) venía motivada por la necesidad de castigar los crímenes de la burguesía en tanto llegara la revolución social, y mientras la Asociación Internacional de Trabajadores permanecía en la clandestinidad a la que la habían arrojado los gobiernos burgueses al ponerla fuera de la ley. Según este reglamento serán los miembros del tribunal los que decidan a quién ha de represaliarse y cómo, y cada uno «inventará todos los medios de pegar fuego, de asesinar, de envenenar y, en fin, todos los medios de hacer daño». También se solía aleccionar al responsable de ejecutar la acción sobre lo que debía declarar caso de ser apresado.

Entre agosto y diciembre de 1882, La Mano Negra ordena una cadena de asesinatos que desatan el terror, entre los que destacan el cometido en la venta de Trebujena (Jerez) y el cortijo del Algarrobillo (La Parrilla). La gente abandona los cortijos y los campos y la prensa urge al gobierno a actuar. El director general de la Guardia Civil, Cervino, comisiona al capitán José Oliver Vidal, del 14.º Tercio con guarnición en Madrid, que acude a Cádiz al frente de su compañía a mediados de diciembre de 1882. Veterano de Marruecos y de la tercera guerra carlista, en la que mandó una columna que operó en Daroca y Gandesa y alcanzó el grado de coronel del ejército, Oliver entra en contacto con Montforte y los jefes de las líneas de Arcos y Sanlúcar de Barrameda y organiza a sus hombres para vigilar y analizar todos los movimientos en los alrededores de los puntos donde se han producido los hechos. Fruto de esa vigilancia es la captura de cinco «manos negras» cuando estaban reunidos para preparar el «encargo» de un vecino al que había que asesinar por no haberse avenido a entregar tres mil reales a cambio de no incendiarle su finca. También se descubrió que tres vecinos de Villamanín, asesinados en el verano de 1882, lo habían sido por no guardar el secreto de la organización.

Tras las primeras detenciones, La Mano Negra reacciona para hacer patente su fuerza, pero solo consigue que sus activistas, perseguidos en caliente, sean rápidamente detenidos por los guardias. Viéndose derrotados, llegan a atentar contra Oliver, que se había ganado los sobrenombres de Contra-mano y Mano-dura, pero pronto empiezan las delaciones en cadena y hacia mediados de 1883 unos dos mil «manos negras» atestan las prisiones de Cádiz y Jerez y varios edificios suplementarios habilitados como cárceles de circunstancias. Los presos pertenecen en su gran mayoría a la FTRE (Federación de Trabajadores de la Región Española), la sección española de la Internacional Anarquista, cuyo principal ideólogo es el tipógrafo Anselmo Lorenzo, y que cuenta en Andalucía con 40 000 afiliados y con 13 000 en Cataluña. Según los críticos del régimen, este es el único crimen de muchos de ellos, y las pruebas en su contra, simples fabricaciones. Los medios afines a los anarquistas proclaman que todo es un burdo montaje a partir de unos asesinatos producidos por rencores personales.

La presión de la prensa internacional, que ante las abultadas cifras de detenidos habla del restablecimiento en España de la Inquisición, lleva al gobierno, que a la sazón encabeza Sagasta, a indultar a cuatrocientos detenidos. El antiguo oficial de milicias, y por tanto viejo rival de los guardias, había puesto en ellos una vez más su confianza (como ya lo hiciera en su paso por el ministerio de la Gobernación durante el sexenio revolucionario) y les había otorgado toda la autoridad necesaria para acabar con el problema. Pero una vez restablecido el orden y neutralizada la amenaza, debía contentar a los suyos.

Oliver fue esclareciendo uno por uno los asesinatos. Especial atractivo para la prensa tuvo la detención de Isabel Luna, joven activista de 23 años, o la de Manuel Gago, Monteagudo, imputado como asesino por la espalda de su primo Bartolomé Gago, el Blanco de Benacoaz, en La Parrilla. Según la investigación, el Blanco era miembro de la organización, así como los propietarios para los que trabajaba, los hermanos Corbacho, y estos, temiendo que fuera a delatarlos, organizaron el crimen, que ejecutaron los «manos negras» de La Parrilla, entre ellos el Monteagudo. El largo proceso, visto ante la Audiencia Provincial, terminó con seis penas de muerte, que fueron cumplidas, otras ocho de diecisiete años y cuatro meses y dos absoluciones. El anarquismo español registraría el hecho en su larga lista de agravios, y a los ejecutados en su censo de mártires. Oliver, por su parte, sería recordado por los suyos como uno de sus más competentes oficiales, prosiguiendo su carrera como jefe del Cuerpo de Orden Público en Madrid.

El 25 de noviembre de 1886 Alfonso XII muere en el palacio de El Pardo, como consecuencia de la tuberculosis que padecía desde hacía tiempo. Tras la muerte de su primera mujer, María de las Mercedes, se ha casado con María Cristina de Habsburgo, archiduquesa de Austria, quien en el momento de la muerte del rey está embarazada de su primer hijo, el futuro Alfonso XIII. Según los historiadores oficiales, el rey expiró exclamando «¡Qué conflicto, qué conflicto!», lo que vendría a condensar su angustia ante la situación en que dejaba al país y a su reina, en un momento en el que se mascaba el malestar larvado bajo la aparentemente eficaz alternancia entre los dos grandes partidos. A decir de los maliciosos, sus últimas palabras fueron algo más ásperas: «Cristinita, guarda el coño y de Cánovas a Sagasta y de Sagasta a Cánovas». El hecho cierto es que, convertida en regente, se atendría a esa pauta. Tras la muerte del rey, Sagasta cede el gobierno a Cánovas. El 17 de mayo de 1886 nace, ya como rey, Alfonso XIII.

Entre 1886 y 1889, aprovechando la incertidumbre que representa tener a un bebé en el trono, hay amagos de reacciones tanto desde el carlismo como desde el republicanismo, pero no llegan muy lejos. El verdadero enemigo del régimen, que en un exceso de optimismo creen sus dirigentes haber aniquilado con el desmantelamiento de La Mano Negra, es el anarquismo, presto a resurgir justo en la otra esquina de la península: Cataluña. Es un grupo escindido de la FTRE de Anselmo Lorenzo, el denominado Pacto de Unión y Solidaridad, el que va a dar el paso decidido hacia el terrorismo, con letal eficacia.

Ha llegado el momento de las bombas Orsini, así llamadas por Felice Orsini, el nacionalista italiano que lanzó una al paso de Napoleón III en 1858. Estas bombas, que detonaban por contacto, merced a un dispositivo de fulminato de mercurio, aterrizaron en España de la mano de los anarquistas italianos que también trajeron la Idea a la península (desde la llegada, en 1868, del activista Fanelli, que entró en contacto con Anselmo Lorenzo para lanzar el movimiento ácrata español). La ofensiva se inicia hacia 1889, con Sagasta de nuevo al frente del gobierno, y mandando la Guardia Civil el teniente general Tomás O’Ryan, uno de los más ilustrados y cosmopolitas jefes que conocería el Cuerpo, que hablaba con soltura cuatro idiomas y había estado como observador en Austria y en la Guerra de Crimea. Merced a una reorganización del ministerio de la Guerra en agosto de 1889 (por la que, entre otros cambios, brigadieres y mariscales asumieron su denominación actual de generales de brigada y división), su cargo volvía a ser el de inspector general que ostentara en su día el fundador.

En enero de 1889 una bomba Orsini estalla en el comercio Batlló de Barcelona matando a un dependiente. En febrero de 1890 hay otra bomba en la calle de Ausiás March, y el 2 de mayo estallan varios artefactos más. La Guardia Civil, que ha montado un dispositivo para vigilar la celebración del 1 de mayo, detiene a numerosas personas. En julio de 1890 llega al poder Cánovas, con intención de mantener el orden público a toda costa. El país ya no es el mismo, ni la política tampoco, entre otras cosas por la reciente aprobación del sufragio universal bajo la administración de Sagasta, pero el prócer malagueño no se da por aludido. Nombra a dos «duros»: Francisco Silvela en Gobernación, y Fernández Villaverde en Gracia y Justicia. O’Ryan cesa al frente de la Benemérita y lo sustituye el joven teniente general Luis Daban, de tan solo 48 años, que morirá poco después. A este lo sigue Romualdo Palacio, también malagueño como Cánovas, veterano de la tercera guerra carlista y con fama de hombre duro por su gestión como capitán general de Puerto Rico, de donde fue cesado por Sagasta en 1887 por sus excesos contra los independentistas. Será el encargado de hacer frente a la ofensiva anarquista, que se recrudece después de la crisis de finales de 1891 en el gabinete de Cánovas, provocada por el choque entre Silvela, que respalda la detención por parte de la Guardia Civil de la duquesa de Castro-Enríquez, a raíz de una denuncia de malos tratos a una sirvienta, y el grueso del partido canovista, que la reprueba. De la crisis sale como nuevo ministro de Gobernación Fernández Villaverde. A comienzos de 1892 hay unas algaradas anarquistas en Jerez que culminan con el degollamiento con una hoz de un joven apellidado Palomino, escribiente de profesión, a manos de un exaltado conocido como el Lebrijano. La carga posterior de la Guardia Civil deja tres muertos, se practican decenas de detenciones y en los juicios posteriores se dictan cuatro sentencias de muerte. El gobierno, inclemente, ejecuta a garrote vil a los cuatro reos, incluido el Lebrijano.

El mismo día de las ejecuciones, dos bombas Orsini estallan en la sede de la patronal en Barcelona. Otra bomba explota en la Plaza Real, matando a un mendigo. La Guardia Civil y la policía judicial practican en los días siguientes varias detenciones. Entre los apresados se encuentran tres anarquistas italianos. Los hechos causan tal conmoción, y es tal la escalada de acciones y de detenciones de activistas prestos a atentar, que acaba precipitando la caída del gobierno de Cánovas. El 7 de diciembre de 1892 el presidente dimite y lo reemplaza Sagasta, a quien le va a tocar bregar con la peor parte del conflicto. Demostrando su capacidad de olvidar pasados roces, Sagasta, a través de su ministro de Gobernación, Venancio González, mantiene en la Inspección General de la Guardia Civil al «duro» Romualdo Palacio.

El 24 de julio de 1893 marca el punto de inflexión en los acontecimientos. El capitán general Arsenio Martínez Campos se dispone a pasar revista a las tropas en la Gran Vía de Barcelona. En ese momento, el anarquista barcelonés Paulino Pallas arroja dos bombas Orsini a los pies de su caballo, que cae destrozado por la metralla. Varios oficiales quedan heridos, entre ellos el propio general, algunos paisanos resultan afectados también por la explosión (entre ellos una joven a la que se le amputa la pierna) y muere el guardia civil Jaime Tous. Pallas es capturado por los guardias y policías que salen en su persecución. Juzgado en consejo de guerra, se lo fusila el 6 de diciembre en los fosos de Montjuíc. Antes de recibir la descarga grita: «¡Seré vengado!».

Y vaya si lo fue. El 7 de noviembre de 1893, mientras se representaba en el Teatre del Liceu el segundo acto de la ópera Guillermo Tell, una bomba Orsini lanzada desde el cuarto piso hacía explosión entre las filas 13 y 14 del patio de butacas. La sala quedó a oscuras, cundió el pánico y se produjo una avalancha hacia la salida. En total, veinte muertos y cien heridos. La laboriosa investigación que siguió fue conducida por el joven teniente de la Guardia Civil Narciso Portas (nacido en La Habana en 1870, e incorporado al cuerpo en la isla caribeña) por aquel entonces jefe de la línea de Gracia. Sus pesquisas lo llevaron a al descubrimiento de un depósito de explosivos en Vilanova i la Geltrú y otro en una cueva al pie de Montjuíc. El hallazgo de los artefactos permitió reconstruir cómo habían sido fabricados, ayudó a conectar la organización clandestina con los atentados anteriores y finalmente desembocó en la detención de más de cien personas. El 21 de abril de 1894 morían ejecutados siete anarquistas en los fosos de Montjuíc, y el 27 de julio se abría el consejo de guerra por el atentado del Liceu. Su cerebro, Santiago Salvador Franch, se sentaba en el banquillo, tras reponerse del tiro que se pegara en un costado cuando dos guardias civiles irrumpieron para detenerlo en su escondite de Zaragoza. Según la versión policial, claro. Para sus correligionarios, no se trataba sino de un caso más de extralimitación de los agentes del orden. Durante todo el proceso, Salvador se comportó de forma sumisa (incluso trabó amistad con el capellán de la cárcel, pidiéndole las obras de Balmes) y llegó a implorar clemencia enviando fotos en las que aparecía con su hija a personas influyentes. Todo fue en vano. Condenado a la pena capital, en el momento de su ejecución gritó: «¡Viva la anarquía!».

A esas alturas, era evidente que el terrorismo anarquista barcelonés era un fenómeno bien organizado y con conexiones internacionales. El gobierno liberal promulgó una ley antiterrorista, de la que fue ponente José Canalejas, y que los conservadores consideraron excesivamente blanda. El descontento en el estamento militar, por la inseguridad y por la política de recortes presupuestarios de los liberales en relación con el ejército colonial, provocó la caída de Sagasta. En marzo de 1895, Cánovas volvía a la presidencia. Justo a tiempo de encontrarse con el que sería el más salvaje atentado de los anarquistas en Barcelona, la bomba arrojada al paso de la procesión del Corpus Christi por la calle de Cambios Nuevos (o Canvis Nous), que causó doce muertos y cien heridos, todos paisanos de extracción humilde que presenciaban el acto religioso. La reacción gubernamental fue inmediata, y el teniente Portas, por su acreditada eficacia, tomó las riendas de una investigación que en dos meses había llevado a la cárcel a doscientas personas, muchas de ellas inocentes. Mediante interminables y ásperos interrogatorios, se llegó a establecer quiénes debían quedar en libertad y quiénes estaban tras el atentado. Su principal responsable resultó ser el italiano Ascheri, autor material, que había asumido la acción ante los titubeos de sus compañeros Nogués y Burleta, y el fabricante de la bomba, el cerrajero Alsina. Los cuatro fueron ejecutados.

El éxito de los métodos de Portas le valió ser nombrado en septiembre de 1896 jefe de la sección especial de policía judicial encargada de lidiar con el terrorismo anarquista, en la que se integraron guardias civiles (entre ellos otro teniente, Canales) y los inspectores Plantada y Teixidó. La unidad especial se hizo pronto famosa por su efectividad y sus tácticas resolutivas. Los periodistas sensacionalistas hablaban de toda clase de torturas, arrancamiento de uñas incluido. Uno de los más incisivos era Alejandro Lerroux, dirigente del partido republicano. Sea como fuere, a Portas se le encomendó una misión, que además tenía detrás una creciente sensibilización popular, desde que el activismo ácrata había dado el comprometido paso de cometer atentados indiscriminados. Y Portas, como buen benemérito, la cumplió.

Para el verano de 1897, el terrorismo anarquista estaba bajo control. O eso parecía. El 8 de agosto, el anarquista italiano Angiolillo asesinaba a Antonio Cánovas mientras descansaba en el balneario de Santa Águeda, en Guipúzcoa. La Idea había consumado su desquite.

Capítulo 8.
Del 98 a la Semana trágica

Muerto Cánovas, su sistema siguió funcionando durante unos años con el relevo entre Sagasta, que seguía al frente de los liberales, y Francisco Silvela, que asumió las riendas del partido conservador. Pero con la desaparición de su inspirador, y llegada al vencimiento la factura de sus errores, el régimen de la Restauración resbalaba hacia su descomposición inevitable. La situación en las colonias estaba a punto de venirse abajo. Había surgido un nuevo frente en Marruecos, tras la desgraciada aventura del general Margallo en la zona de Melilla en 1893, pagada con la vida por el imprudente general, y origen de un conflicto del que habían de derivarse ulteriores y gravísimas calamidades. Y la derrota policial del movimiento obrero, en la figura de su vanguardia terrorista, no era más que un espejismo momentáneo, que además, por la dimensión y la intensidad de la respuesta represiva, iba a tener un coste futuro muy superior al beneficio inmediato.

El protagonismo de la Guardia Civil, encarnado por esas dos figuras en cierto modo paralelas, el capitán Oliva, liquidador de la Mano Negra, y el teniente Portas, azote del anarquismo barcelonés, merece alguna reflexión. Porque esas dos figuras y su ejecutoria contribuyeron a convertir a la Benemérita en la bestia negra del obrerismo, y sus nombres y su labor han quedado en la memoria de la izquierda española asociadas a las connotaciones más nefastas. Contra los dos, además, se produjeron atentados. Ya hemos aludido al que sufriera Oliva, pero hemos de añadir que el 5 de septiembre de 1897 el teniente Portas fue tiroteado en plena plaza de Cataluña, mientras recibía novedades de sus auxiliares en la sección especial los inspectores Plantada y Teixidó. Resultaron herido Teixidó y Portas, y al agresor, de apellido Sempau, se lo condenó a la pena capital, que le fue finalmente conmutada.

Es muy de imaginar que ambos oficiales de la Guardia Civil se condujeron en sus investigaciones con una falta de miramientos que hoy consideraríamos como maltrato policial. Hasta donde llegaran regularmente las torturas, si alcanzaron los extremos truculentos en que se recreó la prensa sensacionalista, o fueron menos espectaculares, es cuestión que ya no podremos dilucidar, y que de seguro conocería sus excepciones, para mejor o para peor. Pero resulta difícil creer que esos dos hombres, como pretendería la propaganda anarquista, fabricaron una montaña de pruebas falsas para enterrar a personas inocentes o generosos luchadores por la libertad. Lo del amaño parece poco coherente con su ejecutoria previa y posterior, con la filosofía que había demostrado tener una y otra vez el cuerpo al que pertenecían y con su implicación en los hechos: ambos actuaron a posteriori de crímenes notorios y alarmantes, acudiendo al lugar de los asesinatos por orden superior el uno, en su condición de responsable de la demarcación donde estallaron las bombas el otro. Y considerar luchadores por la libertad a quienes tirotean por la espalda o arrojan bombas a la muchedumbre es algo que a estas alturas del siglo XXI, al menos, es un juicio que pocos podrán seguir manteniendo. Como detalle curioso, no sobra referir lo que acabó ocurriendo entre uno de estos dos oficiales, el teniente Portas, y uno de sus más acérrimos fustigadores, el radical Alejandro Lerroux. Años después de los hechos, cuando ya Portas no estaba destinado en Cataluña, sino en Alcalá de Henares, Lerroux volvió a la carga en el parlamento, donde ya ocupaba escaño, sobre el tema de la guerra sucia contra el anarquismo y los fusilamientos de Montjuíc, asunto predilecto de los sectores adversos al régimen para provocar su desprestigio. Portas, harto del acoso y de lo que consideraba una difamación, retó a duelo al político, notorio espadachín, que incluso recibía clases de esgrima en las dependencias de su periódico, para hacer frente a esta clase de lances. Lerroux no consideró, sin embargo, oportuno o prudente cruzar su acero con el del benemérito, y rehusó el duelo. Al final Portas lo increpó en plena calle, donde acabó corriéndolo a bastonazos. Al día siguiente, el hasta entonces inclemente censor de la Benemérita hizo público un comunicado en el que dejaba claro que «sus acusaciones no habían sido nunca dirigidas contra la Guardia Civil». Y desde ese momento el conspicuo jefe republicano mostró un talante totalmente distinto frente a los guardias.

En todo caso, lo que resulta evidente es el deterioro que para la imagen del cuerpo supuso su puesta en vanguardia de la represión del obrerismo violento, y que llegó a tal extremo que en julio de 1901 el gobierno de Sagasta cursó una circular a todos los gobernadores civiles exhortándoles a velar por el respeto a la institución, tomando enérgicas medidas administrativas y emprendiendo acciones legales contra quienes faltaran al respeto de su buen nombre. Flaco favor, porque la persecución encarnizada de quienes con sus ataques ponían de manifiesto el severo desgaste al que la política del gobierno había expuesto a los guardias civiles no hacía sino acrecentar el daño causado.

Pero volvamos a 1897. Lo verdaderamente preocupante en esos días es lo que sucede en las lejanas colonias de Cuba y Filipinas. Dos casos distintos y distantes, parafraseando a un político español del siglo XX, pero cada uno con su interés, y cada uno escenario de multitud de episodios apasionantes y aun fascinantes que en este libro, por su alcance, no podemos aspirar a detallar. Tampoco en lo que se refiere a la Guardia Civil, que en Cuba tenía cerca de 5500 hombres y en Filipinas, al final del dominio español sobre el archipiélago, 3000 hombres y cuatro tercios de la Guardia Civil Indígena, incluido el llamado, por analogía con el de Madrid, Tercio de la Veterana, que velaba por la seguridad de Manila. Digamos que la mayor diferencia entre ambas colonias fue el ingente esfuerzo que se hizo para defender Cuba, la joya de la Corona, mientras que en Filipinas, mucho más remota y menos interesante para los políticos de la metrópoli, el gasto fue mucho menor, lo que también repercutió en la actuación de los beneméritos.

Había, en efecto, una escasa guarnición militar para hacer frente al movimiento insurreccional que, dirigido por el Katipunan, sociedad secreta cuyo nombre en tagalo significa asamblea de nobles o ancianos, encontró en Emilio Aguinaldo a su más significado dirigente. El gran problema de las fuerzas españolas para doblegar la revuelta lo constituyó el hecho de que la mayoría estaban formadas por unidades indígenas, cuyos miembros se pasaban con armas y bagajes a los rebeldes al primer enfrentamiento. De esta tendencia no estuvieron exentos los tercios ordinarios de la Guardia Civil, en muchos de cuyos puestos los guardias se unieron al enemigo tras asesinar a sus oficiales españoles, pero sí el de la Veterana de Manila. Gracias a ella no cayó la capital en el verano de 1896, aunque Aguinaldo se apoderó del grueso de su provincia. La lealtad de la Veterana fue también decisiva para que el general Polavieja, que dirigió la lucha contra los independentistas a partir de 1897, con el refuerzo de quince mil soldados peninsulares, lograra con una exitosa ofensiva desalojar a los insurgentes del terreno que habían ganado, reconquistando localidades como Silang, donde hallaron escondida a la viuda del teniente Briceño, jefe local de la Guardia Civil, muerto a manos de sus hombres. Hubo sin embargo un acto desgraciado e inútil bajo el mando de Polavieja: la ejecución en el parque Luneta del médico mestizo José Rizal, representante moderado de la causa filipina y partidario de una autonomía del archipiélago bajo soberanía española. Su absurda muerte, que lo elevó a la condición de mártir de la independencia de un país cuyos habitantes hoy no pueden paladear sus textos (porque la mayoría de ellos no entiende el limpio castellano en que escribiera sus novelas Noli me tangere o El filibusterismo), selló la ruptura de Filipinas con España.

De poco sirvió que el general Fernando Primo de Rivera, marqués de Estella por su brillante acción de conquista del feudo carlista, y padre del futuro dictador, lograra tras reemplazar a un enfermo Polavieja acabar con Aguinaldo. Lo hizo por la vía del soborno y el exilio en Hong Kong, que el líder rebelde aceptó por la comprometida situación en que lo había puesto el acoso de las tropas leales a España. De que la compra de Aguinaldo resultara inútil se encargó la escuadra norteamericana del almirante Dewey, que fondeada en Hong Kong respaldó la constitución de la «República Centralizada de Filipinas», con el propio Aguinaldo como líder, y el 1 de mayo de 1898 redujo a pavesas en la bahía de Cavite la vieja escuadra de barcos de madera del almirante Montojo. Tras el enésimo desastre para añadir a la larga lista de desgracias de la Armada española, los tagalos, envalentonados por el amparo yanqui, se lanzaron contra la capital. La Veterana los combatió durante mes y medio, hasta que ya no pudo contener más a los asaltantes. El 13 de junio de 1898 se firmaba la capitulación. La Guardia Civil indígena fue disuelta, los soldados españoles repatriados. La aventura de España en Filipinas llegaba así a su fin.

Entre tanto, a miles de kilómetros de allí, en las Antillas, las fuerzas españolas, incluidas las de la Guardia Civil, pasaban por apuros no menores. En cuanto a la Benemérita, interesa anotar que había trabajado duramente para reducir el bandolerismo, tan pujante en la isla como en la metrópoli, lo que le había granjeado las simpatías de los propietarios, que contribuían a su financiación. Eran los guardias civiles de Cuba expertos conocedores del terreno y, cuando se generalizó la insurrección, se convirtieron en tropas tan valiosas como lo habían sido en las guerras carlistas, funcionando de manera análoga, encuadradas en las unidades del ejército, aparte de defender sus puestos desplegados sobre el territorio, con heroísmo a menudo memorable.

Los rebeldes mambises, profusamente financiados y armados por los norteamericanos, dieron la primera señal de su poderío a comienzos de 1895 en Baire, cuando 2000 independentistas atacaron a las fuerzas españolas, poniéndolas en fuga. Por aquel entonces en la isla, aparte de las fuerzas de la Guardia Civil, había una guarnición de 14 000 soldados. Pronto ese contingente se eleva a 40 000. El 15 de abril desembarca en Cuba José Martí, que el 5 de mayo es nombrado jefe supremo de la revuelta, con Máximo Gómez como comandante en jefe y Antonio Maceo como comandante general de Oriente. Los mambises, con gran apoyo en la población y perfecto conocimiento del terreno, comenzaron a infligir reveses a las tropas españolas. Los puestos de la Guardia Civil son sitiados una y otra vez. El del poblado de Provincial resistió durante doce horas a más de cuatrocientos mambises. El de Dolores, sitiado por el cabecilla José María Rojas Falero y 300 hombres, y mandado accidentalmente por el guardia de segunda clase Cándido Santa Eulalia, se negó a rendirse, aunque el independentista, por medio de un mensaje escrito, le había ofrecido, aparte de salvar su vida, el ascenso a sargento primero si deponía las armas y se les unía. La respuesta, que se hizo célebre, no tiene desperdicio, y permite saber un poco mejor quiénes eran aquellos humildes y dignos guardias:

Señor Don José María Falero. Muy Señor mío: Enterado de su atenta carta, debo manifestar que yo soy muy español y sobre todo pertenezco a la Benemérita Guardia Civil y que habiéndome mis dignos jefes honrado con el mando de este destacamento, primero prefiero mil veces la muerte que yo serle traidor a mi patria y olvidar el juramento de fidelidad que presté a la gloriosa bandera española, en cuya defensa derramaré mi última gota de sangre antes de cometer la vileza de entregarme con vida a los enemigos de España y de mi Rey. El ascenso que me proponen para nada lo necesito pues estoy orgulloso de vestir el uniforme de la Guardia Civil y soldado y mi mayor gloria sería morir con él. Mis jefes saben premiar a los que saben defender su honra, y así es, que reunido aquí con todos mis dignos compañeros, rechazamos con energía todas vuestras predicaciones y amenazas, y estrechados como buenos hermanos y como defensores de este pedazo de terreno gritamos pero muy alto, para que ustedes lo oigan: ¡Viva España! ¡Viva nuestro Rey! ¡Viva la Guardia Civil! Aquí estamos dispuestos a morir, vengan cuando gusten a tomar el pueblo, para que lleven su merecido. Dolores, 27 de octubre. El guardia de segunda, Cándido Santa Eulalia.

Impresionado, Falero escribió un nuevo mensaje anunciando que dejaba por ese día «de cumplir su deber» y haría desistir a sus jefes de tomar el pueblo, porque era infame acabar con la vida de unos héroes. Y al guardia, pese a ser «enemigos por las ideas» le ofrecía que «en lo tocante a la personalidad» lo considerara «su amigo y servidor».

Pero ni el heroísmo de los guardias, ni la muerte prematura de José Martí, ni el inmenso despliegue militar que en años sucesivos hizo España en la isla, y que culminaría con los 200 000 hombres que llegaría a tener bajo sus órdenes Valeriano Weyler (el general que recibió el encargo de liquidar la insurrección tras el fracaso de Martínez Campos), fueron suficientes para conservar la colonia. Los guardias se dejaron la piel en el campo, Weyler reprimió con energía a los conspiradores independentistas y se empeñó en aislar Maceo, erigido en comandante militar de los mambises, con su espectacular sistema de trochas (franjas de terreno desbrozado, fuertemente vigiladas y defendidas, que atravesaban la isla de Sur a Norte para impedir los movimientos del enemigo). Finalmente el general logró acabar con Maceo, sorprendido y muerto el 7 de diciembre por el comandante Cirujeda, pero no pudo extinguir la resistencia de Máximo Gómez, pese a rodearlo con 40 batallones, en los que las enfermedades tropicales causaron más de 30 000 bajas. El 1 de enero de 1897, el heroico puesto de Dolores volvía a recibir la conminación a rendirse. Esta vez se le anunciaba que los rebeldes habían emplazado una pieza del 12 y tenían 500 hombres prestos al asalto. El guardia Badal, que mandaba el puesto y estaba en la cama con fiebres, no respondió: aprestó a sus nueve hombres (tres de ellos también enfermos) a la defensa. Aguantaron quince cañonazos y nutrido fuego de fusil antes de retirarse, conservando el armamento y poniéndose a salvo en el destacamento más cercano. A Badal se le concedió por el hecho la cruz de San Fernando de primera clase.

Tras la muerte de Cánovas, el duro Weyler fue reemplazado por el general Blanco. Intentó una política más conciliadora, que incluyó la concesión de autonomía política a la isla. Pero era tarde, y aquello ya no bastaba. Los Estados Unidos envían el 25 de enero de 1898 a La Habana el navío de guerra Maine, para «garantizar la vida y las propiedades de los norteamericanos». El 15 de febrero, el barco, amarrado en el puerto, salta por los aires. Mueren 256 de sus 355 tripulantes. Sobre quién lo hizo han circulado varias teorías: los estadounidenses atribuyeron la acción a los españoles, con cuyo pretexto declararon la guerra; algún periódico norteamericano se la cargó a los propios rebeldes cubanos, para forzar la entrada de Estados Unidos en el conflicto; otras fuentes apuntaron a una explosión espontánea en la santabárbara del buque; y no faltan investigadores que, con apoyo en documentos recientemente desclasificados, imputan el hecho a los propios norteamericanos. Sea como fuere, los estadounidenses entraron en liza, deshicieron en Santiago la flota del almirante Cervera y fueron cruciales para desequilibrar la guerra en tierra. De nada sirvió el heroísmo de los españoles en combates como el del Caney, donde 472 soldados (incluido el cura Gómez Luque, exsargento de la Guardia Civil que volvió a empuñar las armas en la ocasión) hicieron frente durante días a una división norteamericana compuesta por 7000 hombres.

En diciembre de 1898, los acuerdos de París entregan Cuba a los Estados Unidos (con una promesa de independencia de cuyos avatares da buena cuenta la historia posterior) junto a Puerto Rico y Guam. Con la venta en 1899 a Alemania de las islas Carolinas, Marianas y Palaos, indefendibles por su lejanía y la pérdida total de la flota, el imperio en el que no se ponía el sol se convertía en un definitivo recuerdo.

El mazazo al orgullo nacional, redondeado por el ominoso regreso de los miles de soldados enfermos y derrotados (aquellos buenos chicos, armados con fusiles excelentes que no sabían cómo usar, según los definió un general español) fue tremendo. Sobre aquel país melancólico y que mantenía sin resolver, más bien al revés, sus conflictos internos, iba a asumir plenamente sus funciones el rey Alfonso XIII, de nada prometedor ordinal. Ocurrió el 17 de mayo de 1902, fecha en que el nieto de Isabel II cumplía los dieciséis años. En el gobierno estaba Sagasta, a quien le había tocado el triste trago de liquidar los retales del imperio, con Weyler en el ministerio de la Guerra y Moret en Gobernación. Al viejo dirigente liberal le apetecía poco seguir en la brecha, y de hecho llegó a presentar su dimisión poco después, pero el rey lo forzó a seguir en el cargo, lo que aceptó de mala gana.

El reinado personal de Alfonso XIII no comenzó demasiado bien. De nuevo el foco de las revueltas vino de Cataluña, soliviantada por el decreto sobre el uso del catalán en la enseñanza que había preparado el ministro de Instrucción Pública, el conde de Romanones. Se trataba no de limitar el uso del «dialecto» (como se denominaba al idioma) en la enseñanza, sino que se utilizara para enseñarles en él la doctrina a los niños que ya conocieran el castellano. La norma dio origen a unas algaradas estudiantiles que acabaron con una pareja de guardias a caballo irrumpiendo en la universidad barcelonesa tras haber sido apedreados por unos estudiantes que se refugiaron allí. Las protestas del rector, las disculpas del gobernador civil, y el respaldo de Weyler a los guardias, acabaron desencadenando en diciembre la crisis del gobierno. A Sagasta lo reemplazó Francisco Silvela, que nombró para Guerra al general Linares y para Gobernación a Antonio Maura.

Sagasta apenas sobrevivió un mes a su cese. Murió el 5 de enero de 1903, y el valor simbólico de su desaparición, con la que se consumaba la del tándem que había sostenido el reinado de Alfonso XIII en su minoría de edad, vino subrayado por el atentado que sufrió el monarca el 10 de enero de 1903, a cargo de José Collar, al que se presentó como un perturbado mental, resentido con el acompañante del rey, el duque de Sotomayor. A lo largo de febrero se suceden los disturbios, en Reus, Barcelona, Cádiz, Vigo, con múltiples huelgas de las que se abstienen los socialistas, por considerar su jefe (y fundador del PSOE en 1879), Pablo Iglesias, que las movilizaciones no buscan mejoras para los trabajadores sino que están relacionadas con oscuros fines políticos. En abril hay graves sucesos en Salamanca, donde los estudiantes entran en refriega con la Guardia Civil, que responde a las pedradas con cargas que se saldan con dos estudiantes muertos, contribuyendo a que la consideración popular de los beneméritos salga una vez más malparada. También estalla el caos en Madrid (con una batalla campal en Lavapiés, entre las 7000 cigarreras de la fábrica de tabacos y las fuerzas del orden), Asturias, Jumilla, Almería. El 31 de mayo, al paso por la calle Mayor de Madrid de la carroza que conduce al rey Alfonso XIII y a su flamante esposa, María Victoria Eugenia de Battenberg, el anarquista Mateo Morral arroja un ramo de flores que contiene una bomba. La pareja real resulta ilesa, pero 23 madrileños pierden la vida. En julio, desbordado, cae Silvela, sustituido por Fernández Villaverde.

Tampoco este lo tuvo fácil: el 1 de agosto hubo de enfrentarse una huelga general, que desató el motín anarquista de Alcalá del Valle (Cádiz), donde un grupo de 500 agitadores desarmó a los guardias del pueblo y tomó la casa-cuartel, lo que originó la contundente respuesta de la Guardia Civil de la provincia. Hubo decenas de detenciones y de procesamientos, tras unas enérgicas diligencias en las que según la oposición se había recurrido intensivamente a la tortura. La campaña de descrédito contra el cuerpo fue feroz, llegando a acusarse a los guardias de la castración del detenido Salvador Mulero, que examinado por la academia de Medicina sevillana resultó estar entero, lo que, salvo milagro quirúrgico improbable para la época, denotaba la poca agudeza visual del periodista de El Gráfico que daba fe de haber constatado la emasculación. En las diligencias especiales que instruyó sobre aquellos hechos el magistrado de la Audiencia de Sevilla Felipe Pozzi, se exoneró de toda responsabilidad a la Guardia Civil.

En cualquier caso, la situación había llegado a tal extremo que desde el gobierno empezó a plantearse la sustitución de la Guardia Civil en aquellas funciones de orden público que de manera tan alarmante la estaba minando como institución y en la estima de la ciudadanía. Desde el propio cuerpo, a través de sus boletines internos, empezaron a alzarse voces pidiendo que no se enviara a los guardias a disolver tumultos urbano; manifestaciones, porque era exponerlos una y otra vez a ser agredido; insultados, trance en el que lo único que podían hacer era tirar del armamento que tenían (a la sazón, el fusil Máuser) lo que traía siempre con consecuencia la provocación de bajas entre los manifestantes, demasiado a menudo heridos graves o muertos. Se sugirió la conveniencia de que en esas ocasiones los guardias llevaran munición de menor potencia ofensiva. Y estas consideraciones fueron decisivas para que se impulsara el nuevo cuerpo de Seguridad y Vigilancia, con sus dos ramas, de policía uniformada y de paisano. Sucesor del cuerpo de Orden Público y antecesor de la policía civil actual, se lo destinaría a enfrentar ad hoc el problema de la conflictividad urbana, equipado con el material adecuado, en vez de las armas de guerra de las que tenían que echar mano los sufridos beneméritos.

A comienzos de siglo, la Guardia Civil cuenta con más de 18 000 hombres repartidos en 18 tercios, más dos comandancias en las islas. En Madrid y en Barcelona se establecen dos nuevas comandancias de caballería, agrupando los escuadrones de las comandancias anteriores. Pese a lo dicho en el párrafo anterior, estas fuerzas a caballo seguirán haciéndose más que necesarias en las dos capitales para contribuir al mantenimiento del orden público, ante la incapacidad para la tarea de las nuevas fuerzas policiales, todavía en estado incipiente.

En cuanto a su estructura orgánica, el paso del Valeriano Weyler por el ministerio de la Guerra supuso la supresión de la dirección general, con lo que el ministro, cuyo imperioso carácter apenas cabía en su escueta humanidad (de menos de metro y medio de estatura), buscaba someter al cuerpo por completo a su autoridad, reduciendo la excesiva autonomía que según su criterio había alcanzado con los sucesores de Ahumada. La medida fue revertida el 30 de mayo de 1902, con el Real Decreto que puso a la firma de Alfonso XIII el nuevo ministro de la Guerra del gabinete Silvela, Arsenio Linares, y por el que se restablecía la Dirección General de la Guardia Civil. Poco después se incorporaba como su titular Camilo García de Polavieja, el antiguo capitán general de Filipinas, militar prestigioso y el más condecorado de su época, todo un espaldarazo por parte del régimen al vapuleado cuerpo, aunque su gestión, más bien rígida, no le granjeó demasiado aprecio entre sus subordinados. Más simpatías recibió su sucesor Vicente Martitegui, director general de 1903 a 1905, y más aún el sustituto de este, el teniente general Joaquín Sánchez Gómez, antiguo ayudante del general Romualdo Palacio y por tanto buen conocedor del cuerpo. Su gestión abarcó un lustro, hasta 1910, caracterizado por la inestabilidad y los cambios de gobierno continuos entre los liberales, cuyo nuevo líder era Segismundo Moret, y los conservadores, que tras la muerte de Francisco Silvela y el desgaste definitivo de Fernández Villaverde pasó a liderar el abogado mallorquín y exliberal Antonio Maura.

Uno de los desafíos que tuvo que enfrentar la Guardia Civil en torno al cambio de siglo fue el resurgimiento, en el terreno que le era más propio la España rural, del casi olvidado bandolerismo. Un fenómeno que no carecía de conexiones con la política de la época. El bipartidismo canovista había evolucionado sin apenas disimulos a un régimen caciquil y corrupto, basado en las elecciones amañadas, para las que era crucial el concurso de los jerifaltes locales, afanosos artífices y muñidores del reiterado pucherazo electoral (expresión que surge del acto de romper el puchero de barro en el que se depositaban los votos, a guisa de urna). Procuraban los caciques controlar férreamente a la población, labor en la que se valían de la Guardia Civil, algunos de cuyos individuos, bien por someterse al mandato del poder, o por las ventajas particulares que les procuraba estar a bien con los notables, se avenían a servirles, abriendo así un nuevo foco de impopularidad para el cuerpo. En su célebre biografía del torero sevillano Juan Belmonte, Manuel Chaves Nogales ofrece un ilustrativo ejemplo de hasta dónde podían llegar a empeñarse los guardias civiles en la defensa de los intereses de los oligarcas. Recuerda Belmonte cómo se las gastaban con los torerillos que como él se infiltraban en las fincas para torear a las reses bravas sin permiso del dueño: «La cosa más seria que hay en España, según dicen, es la Guardia Civil y pronto tuvimos ocasión de comprobar su fundamental seriedad los pobres torerillos que íbamos a Tablada para aprender a torear. Con los guardias civiles no había dialéctica ni cabían bravatas. Se echaban el máuser a la cara y disparaban […] A un muchacho le metieron en el pecho un balazo».

Pero contaban los caciques con otros auxiliares, aún más expeditivos, y en la más ancestral tradición española. Matones que allí donde no llegaba la persuasión por la promesa de favores, o el recurso a la autoridad encarnada por la Benemérita, completaban con la extorsión y el crimen la labor de convencimiento del electorado. Quedaban luego estos sujetos ociosos entre elección y elección, y para subvenir a sus gastos en tal periodo se dedicaban a amenazar y expoliar por cuenta propia. Nada nuevo bajo el sol. Y, tampoco fue una novedad, en esta industria se toparon, como sus antecesores, con los guardias civiles, o por lo menos con aquellos que seguían creyendo en el cumplimiento de los deberes de protección general que se les habían encomendado, antes que en los beneficios de ser serviles con los poderosos.

Acción famosa fue el desmantelamiento del garito de juego de Peñaflor (Sevilla), donde con complicidad de personas influyentes y bien conectadas, un procurador llamado Juan Andrés Aldije y apodado el Francés, en combinación con otro sujeto de mote Manzanita, atraía a incautos jugadores acaudalados a los que mataban y enterraban después de desvalijarlos. La perseverancia del cabo Atalaya, del puesto de Peñaflor, permitió hallar en diciembre de 1905 los cuerpos enterrados en el huerto del Francés y detener a los dos asesinos, que fueron ajusticiados. Otro famoso delincuente que cayó fruto del celo de los beneméritos fue el bandido de Estepa apodado Vivillo, que fue extraditado desde Argentina, donde se había refugiado, para responder de múltiples robos de caballerías y de un homicidio, aunque por falta de pruebas acabaría quedando en libertad y regresando a morir al otro lado del Atlántico. O el malagueño Luis Muñoz García, más conocido como el Bizco de Borge. Este último, a quien se acusaba de la muerte de dos guardias civiles, y a quien se atribuía por obra de su defecto ocular prodigiosa puntería, fue objeto de una batida en toda regla, que culminó con su muerte en enfrentamiento con la pareja del cuerpo compuesta por los guardias José Sánchez y Cristino Franco.

Pero sin duda el más famoso de estos bandidos terminales fue el también estepeño Francisco Ríos González, alias Pernales, cuyas acciones llevaron a algunos, por última vez, a tratar de hacer reverdecer el mito del bandolero romántico. Con tan solo 1,49 metros de estatura, pero duro como el pedernal y de mirada fría como el hielo, el Pernales empezó su carrera con un intento de secuestro, en la persona del hijo de un hacendado de Estepa. Apresado por la Guardia Civil, las mañas de su abogado le valen la absolución judicial. Cuando recobra su libertad, se asocia con otros dos compinches y se presentan en un cortijo de Cazalla, donde roban 12 000 pesetas, amarran al cortijero y uno tras otro y en su presencia violan a su mujer. El teniente Verea, de la Guardia Civil, logra detenerlos, pero tres días después se fugan de la cárcel de Sevilla. Los beneméritos, inasequibles al desaliento, reanudan su búsqueda. El Pernales se presenta en el cortijo Hoyos el 25 de marzo de 1906 para buscar al apodado el Macareno, antiguo cómplice de su tío, otro bandido estepeño llamado el Soniche, a quien el Macareno había traicionado. Según se cuenta, el Pernales amarra al traidor a un árbol y le da lenta muerte a cuchilladas, mientras fuma con parsimonia un habano. Su fama corre como la pólvora por la comarca.

En adelante, al Pernales le basta con presentarse en los cortijos para que sus dueños, aterrados y sin mediar palabra, le entreguen mil pesetas, que es lo que les pide, aparte de comida en alguna ocasión. Por su parte, da generosas propinas a los pastores, para que le avisen de los movimientos de la Guardia Civil. Las críticas que el gobierno empieza a cosechar por su inoperancia frente al bandolero llevan al refuerzo del dispositivo para su captura con guardias de otras provincias. El Pernales y su cómplice, el Niño de la Gloria, han de cambiar de aires para eludirlos. En la tarde del 30 de mayo de 1907 intentan perpetrar un atraco entre Alcolea y Villafranca, en la provincia de Córdoba. Esa misma noche el sargento Moreno Collantes, acompañado de dos guardias, se los tropieza y entabla tiroteo en el que cae muerto el Niño de la Gloria y resulta herido Pernales, que sin embargo logra escapar.

Poco después el Pernales se consigue un nuevo auxiliar, que se le ofrece voluntario y que responde al sobrenombre de el Niño del Arahal. Logran dar varios golpes, pero el acoso de los guardias los lleva a poner rumbo a Valencia, con la intención de abandonar el país. En las primeras horas del día 31 de agosto de 1907, el guardia civil retirado Gregorio Romero, guarda de una finca sita en la sierra de Alcaraz, en el término municipal de Villaverde de Guadalimar (Albacete) ve pasar a los bandidos montados en sus caballos. Da aviso a las autoridades y al encuentro del Pernales sale el teniente Haro, junto al cabo Calixto Villaescusa y los guardias Lorenzo Redondo, Juan Codina y Andrés Segovia. Sorprenden a los dos bandidos mientras descansan, pero el teniente, en vez de atacarlos sin más, destaca al cabo y al guardia Segovia («acompañados por un práctico», dice el parte oficial, lo que denota cómo Haro planificó la operación para sacar partido del terreno) hacia la cima de la sierra, para cortar la retirada a los bandidos. Al poco, el Pernales y su compañero se ponen en marcha, mientras Haro se les aproxima con el resto de su fuerza. Llegados a unos pasos de donde están Villaescusa y Segovia, estos les gritan el «¡Alto a la Guardia Civil!», respondido a tiros por los bandoleros. En el choque resulta muerto el Pernales, mientras que el Niño del Arahal logra darse a la fuga. De poco le sirve, porque desde más de cien metros de distancia el guardia Codina le acierta y da con él en tierra. Hubo dudas de esta versión, por parte de la prensa más crítica, aunque lo pormenorizado y coherente del parte del teniente Haro y lo verosímil del desarrollo de los hechos que se desprende de su relato, le confieren una razonable credibilidad. Por ilustrativo, transcribiremos el comentario que publicaría el día 2 de septiembre de 1907 el periódico El Radical órgano del partido republicano de Lerroux: «Ha muerto el Pernales y no hay que llevarlo a la leyenda. Más digno de admirar es el pobre guardia que se expone a morir, en cumplimiento de un deber, por tres pesetas; tanto más de admirar cuanto que estos pequeños destacamentos de cuatro o cinco hombres van al peligro voluntariamente, pues nadie lo ve, nadie los vigila, y bien pueden si quieren esquivar el peligro». Todo un ejemplo de giro copernicano, donde los hubiere.

La entrega de los guardias, además, tuvo otras facetas ingratas. Come consecuencia de la campaña contra los bandoleros, no solo cayeron estos famosos caballistas, sino gente de otra especie: oficiales de juzgado, secretarios de ayuntamiento que expedían documentos falsos, alcaldes como los de Marinaleda y Pedrera, concejales de Aguadulce, Estepa y otras localidades, guardias municipales, y hasta jueces y forenses, que encubrían a los bandidos y denotaban la tolerancia de la sociedad local para con aquellos audaces muchachos. Todo ello llevó al nombramiento de un juez especial para Estepa, y a vivos debates en las Cortes en los que el ministro de Gracia y Justicia, Romanones, hizo una defensa cerrada de la Guardia Civil, acusada de disfrazar de cargos comunes lo que no era, para sus detractores y los del gobierno, sino una persecución política. El macroproceso que se sigue contra los acusados en Sevilla acaba con la absolución de todos ellos. Ruedan en cambio las cabezas del jefe de la comandancia y del capitán y el teniente que habían osado detener a los protectores de bandoleros, llegando a atreverse incluso con un juez. Desenlace bien poco ejemplar, de no ser porque la liquidación del Pernales y su compañero, cuyos cadáveres fotografiados se convirtieron en tétrica acta de defunción del bandolerismo, secó la cantera de intrépidos caballistas, volviendo inocuas la venalidad y la ligereza de quienes los habían amparado.

Pero cerrado un frente, se abría otro. De nuevo los problemas van a venir de Barcelona, donde los anarquistas no han cesado de actuar, recurriendo a auxiliares tan pintorescos como Juan Rull, confidente de la policía de día y colocador a sueldo de bombas por la noche, y protagonista en 1908 de un sonado proceso que acabó con su condena a muerte y posterior ejecución. En 1907 se había fundado Solidaridad Obrera, embrión de la futura e influyente Confederación Nacional del Trabajo (CNT). El activismo anarquista coexistía con el creciente sentimiento catalanista, que con antecedentes en el movimiento de Prat de la Riba, redactor en 1892 de las llamadas Bases de Manresa para la restitución del autogobierno de Cataluña, ganaba adeptos entre los catalanes por la continua percepción de Madrid y sus delegados como represores de la población. El gobierno Maura fue poco sensible a la mezcla explosiva que suponía este fenómeno y, preocupado tan solo por proteger a la burguesía industrial barcelonesa (que en su desconfianza hacia la policía y hacia la Guardia Civil había llegado a contratar los servicios del detective Arrow, de Scotland Yard) y por lo que con visión reduccionista llamaba orden público, aprobó a comienzos de 1908 una discutida ley antiterrorista. Pero la cosa era más compleja. Desde 1907 Prat de la Riba presidía la Diputación de Barcelona, y dirigía la sección de Hacienda del ayuntamiento de Barcelona Pedro Corominas, uno de los procesados por la bomba del Corpus Christi. Cataluña, y en especial Barcelona, se había ido convirtiendo en un territorio cada vez más inestable. Y en esto, alguien metió la pata.

En Beni Bu-Ifrur, a unos pocos kilómetros de Melilla, unos rifeños dieron muerte en julio de 1909 a cinco obreros españoles que trabajaban en la construcción del ferrocarril que unía la plaza española con las minas del monte Uixan, explotadas por una compañía en la que tenían intereses señalados próceres del régimen, como el conde de Romanones. El general Marina, jefe militar de Melilla, organizó una expedición de castigo, que se internó en territorio marroquí, quedando en situación comprometida ante el macizo montañoso del Gurugú. Pidió a Madrid refuerzos, que el ministro de la Guerra, Linares, le concedió. Para ello se movilizó a los reservistas, lo que hizo estallar la oposición popular. Cuando los primeros movilizados, encuadrados en el sufrido batallón de cazadores de Las Navas, unidad siempre destinada al combate en primera línea, suben a los trenes en la estación de Atocha, una muchedumbre se reúne al grito de «¡Guerra a la guerra!» para impedir su partida. La caballería de la Guardia Civil ha de despejar la vía y los andenes para permitir la salida del convoy.

Si los madrileños no estaban por una guerra gratuita, una aventura colonial extemporánea que solo obedecía a intereses de sus dirigentes, menos la respaldaban los barceloneses, de donde era buena parte de los reservistas movilizados. Se estaba gestando un nuevo desastre. Lo que la Historia recordaría como la Semana Trágica de Barcelona.

Capítulo 9.
La refundación del general Zubía

Entre el 19 y el 22 de julio de 1909, con los ánimos cada vez más caldeados por la movilización de los reservistas catalanes para incorporarse a la nueva guerra marroquí, hubo en el área metropolitana barcelonesa numerosos incidentes y enfrentamientos entre obreros y fuerzas del orden. El gobernador civil, Ángel Ossorio, publicó un bando advirtiendo que si seguían los disturbios «lanzaría a la Guardia Civil para restablecer el orden con todos los medios a su alcance».

Desoyendo la amenaza, los anarquistas y socialistas forman el sábado 24 el comité de huelga, con el apoyo del abogado lerrouxista Emiliano Iglesias, que se había hecho célebre por su defensa del pedagogo anarquista Ferrer i Guárdia, imputado como instigador del frustrado regicidio de Mateo Morral. Iglesias se muestra poco proclive a la implicación directa del partido radical al que representa. Los socialistas, representados por Fabra Rivas, no quieren una huelga violenta, «con atracos a bancos», como llegan a proponer los anarquistas. Pero finalmente serán estos los que impongan sus pretensiones. El lunes 26, los piquetes toman la ciudad y obligan a toda la población a adherirse al paro. El gobernador cumple su amenaza y ordena a la caballería de la Guardia Civil que cargue contra los huelguistas. Los guardias, procurando dosificar la fuerza, aunque nadie atiende sus advertencias, logran poner en funcionamiento los tranvías. El ministro de Gobernación, Juan de la Cierva, que por ausencia de Maura es además jefe del gobierno en funciones, fuerza una junta de seguridad que acaba con la dimisión del gobernador. Se declara el estado de alarma y toma el mando la autoridad militar, el general Santiago. Sus fuerzas son escasas, y muchas unidades simpatizan con los reservistas reacios a marchar a África. Los agentes del cuerpo de Seguridad son aún menos fiables: una sección completa, con sus dos oficiales, desaparece en los primeros instantes, abandonando su armamento. Queda pues sola, como fuerza de choque, la siempre socorrida Guardia Civil.

Lo que sigue adquiere pronto tintes catastróficos. El general Santiago ordena la paralización del restablecido servicio de tranvías. Los anarquistas han colocado barricadas por toda la ciudad y han conseguido multitud de armas (muchas de ellas, al adoptar las autoridades militares la errónea disposición de armar a los obreros del parque de Artillería, que se pasan a los huelguistas). Pronto empiezan las quemas de conventos, y los guardias civiles, única fuerza que realmente puede plantar cara a lo que ya es manifiestamente una revolución, ha de multiplicarse para proteger los edificios gubernamentales, puntos neurálgicos como las centrales eléctricas y de gas, atacar en combinación con los zapadores las barricadas que obstruyen las calles y tratar de amparar a los religiosos sobre los que se ceban las iras de las masas revolucionarias. El general Santiago dicta un bando advirtiendo que se hará fuego sin previo aviso contra los revoltosos, pero ello no hace menguar el fervor violento de estos. Los combates se prolongan durante tres días, hasta que la llegada de refuerzos enviados por el gobierno, incluidos nuevos contingentes de la Guardia Civil concentrados de otras comandancias, fuerza la rendición de los sublevados. La contumaz barricada de Robadors, en las Atarazanas, cae al asalto. Otras muchas las echarán abajo, tras deponer las armas, los mismos paisanos que las habían levantado, conminados a ello por las triunfantes fuerzas del orden. Otra humillación para añadir a la cuenta de agravios de los barceloneses, pero es de entender que aquellos guardias no estuvieran dispuestos a asumir ellos, tras haber hecho el esfuerzo que supusieron los combates, aquel más que penoso y desagradable trabajo.

La presión gubernamental lleva a que los elementos más combativo; se retiren al bastión de Poblé Nou, donde al entrar los guardias civiles, para tratar de reducirlos, se encuentran con que las terrazas están llenas de francotiradores. Hay que limpiarlas una por una, y en la refriega muere el teniente Gabaldón y caen gravemente heridos tres guardias. En El Clot resisten los últimos núcleos, hasta que el general Bandreis, al mando de un fuerte contingente de guardias civiles, logra doblegarlos. La revolución barcelonesa ha quedado sofocada. El balance: 296 heridos y 104 muertos entre la población (entre estos, seis mujeres y cuatro religiosos de ambos sexos) y 124 heridos y ocho muertos entre los miembros del ejército y los agentes de la autoridad. La Guardia Civil tuvo dos muertos y 49 heridos. Pero siendo trágico, quizá no es este el peor daño que se deriva para la Benemérita de los acontecimientos de aquella desdichada semana de julio, sino la brecha casi irreparable que se ha abierto entre ella y la ciudadanía. El pintor Ramón Casas lo dejó magistralmente plasmado en su famoso óleo La carga (1899), donde un guardia civil a caballo parece hacer esfuerzos para que su montura no pise a un obrero caído en el suelo durante la disolución de una manifestación; aunque también hay lecturas mucho menos amables, que apuntan a la altivez del benemérito, desde su ventajosa posición, sobre el indefenso manifestante que ha rodado por el suelo. Véalo el lector por sí mismo, y saque la interpretación que prefiera.

El fusilamiento de Francesc Ferrer i Guardia el 13 de octubre, en la fortaleza de Montjuíc, tras su fulminante detención el mismo 31 de agosto, acusado de ser el cerebro de la revolución, vino a rematar el estropicio. Ferrer i Guardia, que acababa de regresar a Barcelona procedente de París y Bruselas, donde había tratado de refundar su Escuela Moderna tras ser absuelto de la acusación de complicidad en el atentado de Mateo Morral, no tenía nada que ver con la huelga. El escritor Anatole France afirmó en una famosa carta abierta: «Su crimen es el de ser republicano, socialista, librepensador; su crimen es haber creado la enseñanza laica en Barcelona, instruido a millares de niños en la moral independiente, su crimen es haber fundado escuelas». En París y otras ciudades de Europa hubo manifestaciones contra el gobierno español. Antonio Maura, el liberal que con sus ideas regeneracionistas se había incorporado a los conservadores con el proyecto de «hacer la revolución desde arriba», quedaba convertido en el vil represor de la sempiterna revolución desde abajo. Y solo era el comienzo.

Los años que siguieron, en efecto, fueron de constante deterioro de la situación. A finales de ese año 1909, que además de los acontecimientos de Barcelona registró el desastre del Barranco del Lobo, primer descalabro serio de la nueva aventura bélica marroquí, sustituyó a Maura el liberal Segismundo Moret. A este lo desplazaría en febrero de 1910 el nuevo líder de los liberales, Canalejas, con el que Alfonso XIII, aconsejado por el también liberal conde de Romanones (persona de su confianza, con quien compartía negocios y cacerías), jugó a reproducir el esquema Cánovas-Sagasta, previendo su futura alternancia con el momentáneamente quemado Maura. Y no dejó Canalejas de atacar algunas de las raíces del mal, como el odiado impuesto sobre los consumos, procedente del siglo anterior, que suprimió, o las desigualdades en el servicio militar, derivadas de la posibilidad de las clases pudientes de librarse de hacerlo pagando un sustituto, que eliminó con su nueva ley del servicio militar obligatorio. Pero las reformas económicas fueron insuficientes para calmar el profundo descontento popular, y la reforma militar no impidió que a África, esto es, a la guerra (que tras la costosa victoria de 1909 se reabriría en 1911 con la llamada campaña del Kert contra el caudillo rifeño El Mizián) siguieran yendo solo los humildes. Los hijos de familias acomodadas, mediante el sistema de cuotas, cumplían el servicio militar en la península. El establecimiento en 1912 del protectorado hispano-francés sobre Marruecos, que implicaba el envío al país norteafricano de nuevos contingentes de tropas y hacía surgir en el horizonte la posibilidad de ulteriores sacrificios, dada la poca disposición de los naturales de las agrestes regiones del Rif y el Yebala a acatar la autoridad de los españoles, no vino sino a agravar el rechazo a la impopular aventura colonial.

Por todo ello no es de extrañar que la presidencia de Canalejas (aunque este fuera un político capaz, que hizo por superar la falta de sintonía que sentía por la figura regia para mejorar las cosas) resultara en extremo agitada. Le tocó vivir innumerables huelgas, al calor de la campaña promovida por republicanos, socialistas y anarquistas para erosionar el régimen a cuenta de la torpe inculpación y ejecución de Ferrer i Guardia, y que de paso servía para desprestigiar también a la justicia militar, sin duda poco idónea para gestionar la conflictividad política del país, pero que una y otra vez tenía que resolver sobre ella. De un lado, la mayoría de las algaradas se producían bajo estados de excepción, con vigencia de la ley marcial; por otro estaba la llamada Ley de Jurisdicciones, gestada en 1906 por el general Luque y Coca (por cierto, republicano confeso) y que encomendaba a los tribunales militares el enjuiciamiento de los delitos de opinión (injurias y calumnias) dirigidas contra el ejército o cualquiera de sus cuerpos. Huelgas generales hubo en Madrid, Barcelona, Zaragoza, Vizcaya, incluso llegó a amotinarse la tripulación de un barco de guerra, la fragata Numancia. Pero lo más grave estuvo en los pueblos. En Canillas de Aceituno, en la serranía de Málaga, intentaron linchar a un recaudador de impuestos, que corrió en seguida a refugiarse a la casa-cuartel. Cuando el cabo comandante del puesto quiso parlamentar con la multitud, fue gravemente herido. Sus dos compañeros presentes en la casa-cuartel lograron salvarlo por los pelos y defendieron el puesto hasta que llegaron refuerzos. En Penagos (Santander), el cabo Vicario acude con tres guardias a rescatar a la corporación, rodeada por un millar de paisanos furiosos. Cuando va a dirigirse a ellos, lo rodean, le quitan el fusil y lo matan a quemarropa. Sus tres hombres se hacen fuertes en la casa consistorial, pero pronto solo queda uno de ellos, el guardia Malpelo, en condiciones de hacer fuego. Rodilla en tierra, y dispuesto a vender caro su pellejo, enfrenta solo a la muchedumbre que forman los agresores, causándoles cuatro muertos y disuadiéndolos del asalto.

Lo peor fue lo que pasó en Cullera, donde un voluntarioso juez, Jacobo López, titular del juzgado de Sueca, se presentó con su secretario y un alguacil para tratar de sofocar por el diálogo el motín que había estallado en el pueblo aprovechando la ausencia de la Guardia Civil, concentrada en Valencia para hacer frente a la enésima huelga general. Los huelguistas, dirigidos por el anarquista Juan Jover, alias el Chato de Cuqueta, acaban con el juez y sus hombres, que en vano sacan los revólveres para defenderse. Al secretario lo apuñalan con una aguja de alpargatero; al alguacil lo apuñalan y lo tiran al Júcar, aplastándolo con una piedra para hundirlo. El juez perece de un hachazo en la cabeza. Los guardias regresan y en pocos días esclarecen los hechos. El Chato y los suyos son procesados y condenados, pero finalmente se les concede el indulto, bajo la presión de Lerroux, que había convocado otra huelga general para el caso de que se les ejecutara. La investigación de los guardias se puso en entredicho, con nuevas denuncias de torturas. El gobierno acabó nombrando un tribunal médico, formado por médicos civiles y militares y dirigido por el rector de la Universidad de Valencia, que certificó no haber encontrado vestigios de que a los procesados se les hubiera infligido tormento alguno.

El general Martitegui, de nuevo director general del cuerpo, agradeció al capitán general de Valencia, Echagüe, que hiciera públicos los resultados, y respecto de cómo se había seguido el proceso desde la Benemérita, le escribió: «Segura conmigo del éxito de la prueba, ni la preocupaba esta ni sentía otra impaciencia que la natural por la vindicación de la nueva afrenta recibida. Hoy deja a los tribunales el castigo de los impostores y prosigue tranquila su misión benéfica y protectora, con el estímulo de su propia conciencia». He aquí los términos del conflicto: de un lado unas masas populares cada vez más cargadas de motivos y más propensas a la furia incontrolada; y de otro, unos resignados guardias abocados a enfrentarlas una y otra vez y a ser escogidos como diana de todas las críticas y de todos los improperios.

Como triste colofón de su accidentado mandato, Canalejas cayó asesinado el 11 de noviembre de 1912 ante el escaparate de la librería San Martín, en la Puerta del Sol, a manos del anarquista Manuel Pardiñas. Tras él tomó el relevo al frente de los liberales el conde de Romanones, una de cuyas primeras diligencias fue la creación de la Dirección General de Seguridad, a cuyo frente se situó Ramón Méndez Alanís, con el objetivo de reorganizar la policía gubernativa y especial responsabilidad en la capital. El trabajo, germen de la moderna policía civil española, lo acabaría haciendo, tras la súbita muerte de Alanís, su sucesor, el general procedente de la Guardia Civil Manuel de la Barrera. De donde se sigue la paradoja de que la Benemérita fuera clave, incluso, en la formación de la que había de ser su futura competidora.

A Romanones lo sucede Eduardo Dato, nuevo jefe de los conservadores tras negarse Maura a formar gobierno. Quisieron los nuevos gestores del régimen prorrogar el viejo sistema de manipulación a conveniencia de los resultados electorales, lo que cebó aún más la ira popular. El estallido más grave se dio en el pueblo malagueño Benagalbón, donde un grupo de vecinos se lanzó al asalto del colegio electo al correrse la voz de que había habido compras de votos. El cabo del pueblo y los tres guardias de que dispone se personan para tratar de apaciguar los ánimos. Alguien da la voz de ir a por ellos y se desata una verdadera carnicería A tres los cosen a cuchilladas, aunque sobrevivirán. El cuarto, el guare Domingo Almodóvar, acaba con la cabeza separada del tronco. Los guardias eran fundadamente remisos a emplear los fusiles contra la gente pero, e puestas con crudeza las cosas, por aquellos días y en aquella España el dilema era acabar como Malpelo, vivo tras darles pasaporte a cuatro, o como Almodóvar, hecho trozos por permitirse un instante de duda. Con el escarnio que a los instigadores del crimen, como ocurrió en el caso de Benagalbón, los acabara indultando por conveniencia política de un régimen que tenía necesidad de purgar su mala conciencia.

Volvió después de Dato el conde de Romanones, mediada ya la Primera Guerra Mundial, en la que España mantendría una neutralidad tan oportuna como rentable. Poco después comienza a gestarse, a principios de 1917, la huelga general revolucionaria. Como anticipo, se suceden los conflictos por toda la geografía nacional. Incapaz de sujetar la situación, Romanones cede el mando al demócrata liberal Manuel García Prieto, marqués de Alhucemas, que apenas gobierna unos meses, hasta mediados de año. Durante su mandato hubo de enfrentarse a la delicada situación que habían planteado las Juntas de Defensa, órganos en principio ilegales que agrupaban a militares descontentos por la situación del ejército, y en particular por los favoritismos en los ascensos y la prodigalidad en las recompensas que se otorgaban a los destinados en el frente marroquí. La iniciativa rozaba la insubordinación, cuando no la sedición, pero contaba con una cierta indulgencia real.

Cuando Dato retorna al poder, en el verano de 1917, se ve obligado a legalizar las juntas, que desafían sin ambages al gobierno. La muestra de debilidad del régimen alienta a quienes anhelan derribarlo, que ven llegada (así lo entenderán tanto Lerroux como Pablo Iglesias) la hora de asestarle un golpe definitivo. En marzo, los dirigentes del sindicato socialista, la UGT, Julián Besteiro y Francisco Largo Caballero, y los de la CNT, Ángel Pestaña y Salvador Seguí (conocido como el Noi del Sucre) acuerdan el lanzamiento una huelga general indefinida. El 5 de julio se reúne en Barcelona una asamblea de parlamentarios, con 20 senadores y 39 diputados, incluidos Lerroux y Pablo Iglesias, que suscriben el 18 un documento en el que piden una amplia autonomía para Cataluña, por influjo de los sectores catalanistas, representados por Cambó, y proponen cambiar la estructura del estado, para lo que se postulan como asamblea constituyente. Hacen también un guiño a los militares junteras, al manifestar su deseo de que «el acto realizado por el Ejército […] vaya seguido de una profunda renovación de la vida pública española, emprendida y realizada por sectores políticos». Los socialistas, con la aquiescencia de Lerroux, buscan conectar el movimiento político con la huelga. Los anarquistas, recelosos de toda connivencia con los partidos burgueses, se resisten.

A comienzos de agosto la huelga está preparada. En Madrid se ha formado un comité revolucionario, cuyos miembros son los socialistas Besteiro, Largo Caballero, Daniel Anguiano y Andrés Saborit. Se lanzan octavillas animando a atacar a los guardias para quitarles las armas, y también dirigidas a estos para que se sumen al pueblo y no defiendan más «a los malhechores de la patria». La policía de Madrid detiene en pleno al comité revolucionario, pero ello no impide que comience la movilización. En la capital el ejército ametralla a los huelguistas. En Bilbao estos hacen descarrilar un tren matando a veinte personas. En Cataluña los regionalistas y republicanos se muestran dubitativos (Lerroux ha huido a Francia), pero los anarquistas se lanzan a la calle con su acometividad proverbial, profusamente armados con granadas artesanales que no llegan a funcionar como se esperaba, lo que facilita el trabajo de los guardias. En Asturias, un joven comandante recién llegado de África y llamado Francisco Franco sale de Oviedo al mando de una columna de soldados y guardias para sofocar la revuelta en la cuenca minera, hallando esta en relativa calma. Aun así la huelga general revolucionaria, que dista mucho de ser un éxito, produce 93 muertos, cuatro de ellos en las filas beneméritas.

Para la Guardia Civil, empero, no todo es política. En estos años se producen también algunos de los más famosos casos criminales que pasaron por sus manos. Como las primeras andanzas del bandido Pasos Largos, el siniestro asesino múltiple de Ronda, veterano de Cuba y detenido por los beneméritos tras laboriosa batida en el verano de 1915. O el no menos llamativo crimen del Sacamantecas, cometido en Gádor (Almería) por el curandero Paco Leona, que secuestró, desangró y le arrancó «las mantecas» al niño de siete años Bernardo González, para curar la tuberculosis al hacendado Francisco Ortega, apodado el Moruno por su aspecto atezado. En esta ocasión los guardias del puesto tuvieron que vencer los obstáculos que se les opusieron para procesar a un propietario influyente, como era el Moruno, pero acabaron llevándolo ante los tribunales, de los que resultaría su condena a muerte, como la de Leona y sus cómplices en el secuestro.

Aunque el que quedará sobre todo para los anales es archiconocido como el crimen de Cuenca. Una historia desdichada, provocada por la desaparición del pueblo conquense de Osa de la Vega en agosto de 1910 del pastor José María Grimaldos, alias el Cepa, y por los rumores que en seguida corrieron de que lo habían matado el mayoral y el guarda de la finca en que trabajaba, Gregorio Velasco y León Sánchez, que al parecer lo hacían objeto, por su retardo mental, de continuas burlas y vejaciones. Tras llevarlos a la casa-cuartel e interrogarlos, los guardias pusieron a Velasco y Sánchez a disposición del juez de Belmonte. Ante la falta de pruebas, quedaron en libertad pocas semanas después. Pero dos años más tarde llegó a Belmonte un nuevo juez, Emilio Isasa Echenique, que prestando oídos a la insistencia de la parentela de Grimaldos, manda detener otra vez a Velasco y Sánchez. Los guardias los llevan a su presencia y ambos quedan detenidos a disposición del juez en el depósito municipal. En los interrogatorios reiteran su inocencia, pero Isasa insiste. Aquí es donde divergen las versiones. Según los historiadores del cuerpo, que invocan la documentación oficial del caso, los guardias han terminado su labor, y es el juez el que lleva el peso de los interrogatorios. Según el relato que abrazarán sus críticos, a partir de los reportajes que hiciera para El Sol el entonces joven periodista Ramón J. Sender (y que luego recrearía, ya como novelista, en su libro de ficción El lugar de un hombre), los guardias, azuzados por Isasa, se emplean con una violencia inaudita para arrancarles a los detenidos la confesión. «Son tiempos en que la Benemérita», dice una moderna cronista del hecho, siguiendo esta versión, «se compone de agentes sin ninguna formación. Muchos de ellos, como gran parte de la sociedad española de aquellos años, se declaran analfabetos. Con un fusil en la mano se sienten los dueños del mundo. Espoleados, además, por el juez Isasa, que los arenga y que les marca personalmente la línea de acción, emplean todo tipo de presiones y de torturas físicas para que León y Gregorio se declaren culpables de un crimen que ellos juran no haber cometido». Es de notar cómo este relato, que no cita sus fuentes, echa mano del falso tópico del analfabetismo de los guardias para mejor denigrarlos, con saña que no extiende, dicho sea de paso, al muy alfabetizado y obcecado juez.

Ya sea gracias a las torturas policiales o por simple empecinamiento judicial, según las versiones, el 1 de mayo de 1913 se procesa a los dos detenidos. Antes de salir hacia la cárcel los reconocen dos facultativos, el forense del juzgado y el médico de Osa de la Vega, que atestiguan, según informe que se conserva, que ninguno de los dos procesados tiene lesión ni señal «de ningún género». Enviados a prisión, y la causa a la audiencia, esta la devuelve al juzgado por no verla clara, pero el juez porfía y logra que se abra el juicio el 25 de mayo de 1918. En este, y aconsejados por sus letrados, ambos acusados confiesan y el jurado popular los condena a 18 años de cárcel, aunque saldrán seis años después gracias al indulto general de Primo de Rivera.

En febrero de 1926, inopinadamente, reaparece Grimaldos. Sender se pasea con él por el pueblo, para que los vecinos vean que no es un fantasma, y comienzan a circular las acusaciones de tortura policial. Se abre por orden del Ministerio de Gracia y Justicia procedimiento para revisar la causa y depurar posibles responsabilidades penales, ya que, dice la orden, hay fundamentos para estimar que a los reos les fueron «arrancadas mediante violencia sus confesiones sumariales». De los guardias implicados en los hechos, solo queda en activo Telesforo Díaz, que se verá convertido en el chivo expiatorio. El 23 de junio de 1932, abrumado por el proceso en su contra, angustiado por la pobreza a que le abocaba el embargo de parte de su sueldo y la enorme fianza que había debido pagar endeudándose (o según otros, devorado por el remordimiento) se pega un tiro. Según Aguado Sánchez, este suicidio inducido por la justicia es el único y real crimen de Cuenca.

Alega el historiador del cuerpo (basándose en el estudio que del caso hizo el capitán Fernando Rivas Gómez) que los guardias, a la vista de las acusaciones del vecindario, tan solo se limitaron a entregar a los sospechosos al juez, y que a partir de ahí todo fue por impulso y a disposición de la autoridad judicial, por lo que mal pudieron torturar a nadie. Es obvia su intención apologética, pero ahí está también el informe de los forenses, de quienes no cabe presumir que tuvieran interés en jugársela para proteger a unos simples guardias. ¿O dieron en mentir a solicitud del juez? Imposible averiguarlo ya. La memoria de los hechos vino a complicarse con la película que medio siglo después rodó Pilar Miró, sobre guión de Salvador Maldonado (seudónimo de Lola Salvador), donde se daba rienda suelta a la recreación visual de las torturas más infames, ya popularizadas por la campaña anarquista contra Narciso Portas, y muy singularmente el arrancamiento de uñas. Según el nieto de León Sánchez, su abuelo afirmaba en efecto haber sufrido este tormento, así como que los guardias lo ataron por sus partes y lo mantuvieron durante días sin agua y a dieta de bacalao seco. Fuera o no cierto, la reacción desmedida de llevar a la cineasta ante un tribunal militar por su película y secuestrar esta fue una torpe defensa de la Guardia Civil, y más tratándose de hechos tan lejanos.

Al mando del cuerpo se suceden a lo largo de la segunda década del siglo XX varios directores generales de heterogéneo perfil. Alguno dejó poca huella, como el exministro y teniente general Luque y Coca (el denostado autor de la Ley de Jurisdicciones), mucho más atraído por la política, o los efímeros Enrique Orozco y Antonio Tovar, que dirigieron la época de transición entre 1915 y 1917. Más peso tuvo y más huella dejó el teniente general Ángel Aznar Butigieg, que pese a mandar el cuerpo durante poco más de un año (de enero de 1912 a marzo de 1913), tomó una serie de medidas de perdurable alcance.

En los años inmediatamente anteriores a su mandato ya se habían abordado algunas cuestiones apremiantes, como la adaptación y simplificación del vestuario (sesenta años después, el diseñado por el fundador había dejado manifiestamente de ser práctico para el servicio, amén de resultar muy costoso de mantener) y algunas mejoras económicas, en forma de pluses y ayudas, que paliaron algo la penuria en que vivían los guardias (también con los haberes congelados desde su fijación inicial). Por otra parte, el gobierno Canalejas había aprobado en 1911 un incremento de plantilla de 800 hombres, hasta acercar el total del cuerpo a los 19 000. Aznar se ocupó de mejorar la formación de los guardias y de sus familias: potenció el colegio de guardias jóvenes de Valdemoro y fundó en Madrid el Colegio Infanta María Teresa, en el que se daba instrucción a los hijos del cuerpo y se les ofrecía residencia a los que destacaban para que cursaran estudios superiores.

Promovió además el estudio, primero en Valdemoro y luego en las comandancias, de las nuevas técnicas dactiloscópicas y de identificación, en las que los guardias fueron pioneros en España. Y abordó la renovación sistemática del parque de casas cuartel, muchas de ellas inadecuadas o ruinosas, y otras en precaria situación de uso, como reveló el episodio chusco de un rico propietario que al ir los guardias del pueblo a buscar a su hijo para que se incorporara a filas, reaccionó airado exigiéndoles que abandonaran el inmueble que había cedido sin título alguno al cuerpo como casa-cuartel. Por último, se le debe a Aznar una decisión de corte más simbólico, pero que también ha llegado hasta nuestros días: la elección como patrona de la Guardia Civil de la Virgen del Pilar, proclamada el 8 de febrero de 1913.

La revolución de 1917, con su resaca, le tocó gestionarla al general Salvador Arizón, nombrado en julio de ese mismo año. Tras la huelga, y la condena a cadena perpetua de los miembros del comité revolucionario, las Juntas de Defensa se crecen y desafían al gobierno de Dato. Llegan a dirigirse al rey, al que le plantean su voluntad de intervenir en política «para salir de la somnolencia y evitar la ruina de la patria». Dato dimite y lo sustituye el liberal García Prieto al frente de un gobierno de concentración nacional, en el que las juntas imponen al ministro de la Guerra (Juan de la Cierva), y los partidos se reparten gobiernos civiles y ayuntamientos, quedando no pocos de ellos en manos republicanas. A Arizón se lo confirma al frente de la Guardia Civil, que tiene que actuar con sumo tacto en los convulsos meses que siguen, hasta la caída del gabinete en marzo de 1918. Para resolver la crisis se forma un nuevo gobierno de concentración, presidido esta vez por Maura, y con García Prieto en Gobernación. Ese año trae el armisticio que pone fin a la Gran Guerra y la mortífera epidemia de gripe, en la que los guardias han de trabajar a destajo para enterrar cadáveres, contagiándose en alguna comandancia todos los hombres. Tras la declaración del presidente norteamericano Wilson a favor del derecho de autodeterminación de las nacionalidades, el exingeniero militar Francesc Maciá exige la libertad política de Cataluña, hasta llegar a la independencia. Los nacionalistas vascos piden otro tanto.

El rey encarga formar gobierno al conde de Romanones, que cierra las Cortes para estudiar las peticiones catalanistas. Pero toma otra decisión, que será providencial para la Guardia Civil: sustituye a Arizón por el general Juan Zubía Bassecourt. Su largo mandato (setenta y seis meses, coexistiendo con nada menos que once gobiernos) atravesará años tan difíciles como los precedentes, en los que sin dejar de enfrentar los múltiples problemas de la gestión diaria, acometerá reformas que serán determinantes para actualizar el cuerpo y reparar la erosión sufrida bajo el interminable y penoso ocaso del régimen político nacido de la Restauración. Si Ahumada fue el fundador, no pocos consideran a Zubía como el refundador de la Guardia Civil.

Nacido en Sevilla en 1855, hijo de un comisario de policía judicial, desarrolló su carrera militar en la tercera guerra carlista, en Cuba (donde mandó columnas mixtas con guardias civiles, familiarizándose con su forma de ser y actuar) y en Marruecos, donde participó en la campaña de 1911. Nada más asumir el mando, tomó conciencia de que el principal frente lo tenía en Cataluña, y en especial en Barcelona, donde sus hombres, considerados como fuerzas de ocupación, eran abiertamente increpados, y donde los anarquistas, nada disuadidos por anteriores reveses, y cada vez más conscientes de su apoyo en las masas obreras, porfiaban en proseguir la revolución con nuevos y más eficaces métodos, como los sabotajes de servicios públicos y la acción de los pistoleros, orientada a los atentados contra personas escogidas (patronos o agentes del orden) y los atracos a mano armada. La intransigente respuesta de la patronal, que lejos de contemplar la posibilidad de acceder a alguna de las justas reivindicaciones obreras, incluía la contratación de matones para practicar una suerte de contra terrorismo, no facilitaba las cosas. Y los guardias, atrapados en medio.

Pero sin descuidar las cuestiones operativas, de las que nos ocuparemos más adelante, la gran aportación de Zubía fue la profunda reorganización interna de la institución, aunque al llegar al cargo, y entrevistado por la Revista Técnica de la Guardia Civil, declaraba: «¿Reformas? ¿Quién piensa en eso ahora? Mire usted, desde que estoy sentado frente al insigne fundador del Cuerpo y voy hojeando las sabias disposiciones que dictó, cada vez me convenzo más de que debe uno mirarse mucho antes de querer reformar nada de lo que hizo aquel señor […]. Reforma desde luego, no. Adaptarse al medio actual, marchar al compás de tiempo, sí. Pero muy despacio, meditándolo y pensándolo mucho, oyendo opiniones, informándose bien…».

Muchas cosas debían hacerse, sin embargo, y Zubía se puso a ello. Lo más destacable fue el espectacular aumento de plantilla, impostergable para un colectivo agotado por la necesidad de multiplicarse para contener la conflictividad social violenta en las ciudades y al que, por otra parte, se le demandaba desde numerosas poblaciones que ampliar; la red de puestos repartidos por el territorio. En conjunto, el incremento acordado sucesivamente por el gobierno conservador de Dato y el liberal de García Prieto, fue de más de 6000 plazas, situando los efectivos totales del cuerpo en 26 000 hombres. Buena parte de estos refuerzos, vista si eficacia en el control de motines y levantamientos, se destinó a la creación de comandancias de caballería, que en Madrid llegaron a formar un tercio propio, el primero enteramente montado. Se aumenta el número de tercios y comandancias, que llegan en 1922 a 27 y 65 respectivamente, y el grueso del esfuerzo se traduce en el aumento de puestos, que alcanzan la cifra de 2782. Se crea, por último, el llamado Tercio Móvil, con sede en Madrid y dos comandancias, que actúa como gran reserva para el mando para casos de necesidad, a fin de evitar la continua distorsión de las concentraciones.

Otra importante innovación fue la introducción del generalato propio de la Guardia Civil, cuestión muy discutida y a la que se oponían desde otras armas y cuerpos del ejército, alegando que la finalidad de la Guardia Civil no era la guerra. Finalmente se crearon cuatro plazas de general de brigada (una de las cuales la ocuparía el vilipendiado Narciso Portas, como secretario general del cuerpo) y una de general de división, que era además el subdirector. En escalones inferiores, y por encima del grado de sargento, se introdujo la figura del suboficial, que años después recibiría la actual denominación de brigada.

También se ocupó Zubía de la reforma de la uniformidad y armamento. Redujo el uso de la guerrera gris-verde, introducida en la reforma de uniformidad de 1911, y volvió al azul tradicional del cuerpo para la mayoría de los servicios, pero cambiando el tono originario por uno más oscuro y sufrido y adaptando las prendas a las nuevas necesidades. El 18 de abril de 1925 se implantaría definitivamente como uniforme de diario el traje de color gris-verde. En Marruecos, por excepción, los guardias civiles allí destinados vistieron uniforme del mismo color que el del ejército: de rayadillo blanco y azul en las primeras campañas y caqui a partir de 1911, aunque, eso sí, conservando el tricornio como prenda de cabeza. En cuanto al armamento, en 1921 se dotó a los guardias de pistola Star de 9 mm, en sustitución del revólver y, a partir, de 1922 del mosquetón Máuser modelo 1916 en lugar del viejo fusil de la misma marca. El gravoso esfuerzo que hasta entonces había supuesto para los guardias la adquisición y entretenimiento del uniforme vino a aliviarse con la creación del fondo de Vestuario por Real Orden de 16 de abril de 1920, que suponía 7 pesetas mensuales para la tropa de infantería y 7,50 para caballería.

Fue justamente en este capítulo, el de las retribuciones, en el que Zubía hizo el esfuerzo quizá más significativo, en tanto que suponía la dignificación y el reconocimiento de unos servidores públicos a los que se recurría muy intensamente, cuyo servicio era fatigoso y sacrificado como pocos otros, y que padecían el agravio de vivir con sueldos de otro siglo y muy inferiores a los de otros colectivos con mucha menor exigencia (como los vigilantes municipales, sin ir más lejos). Los premios de reenganche, de los que dependían para subsistir, se les pagaban con tal retraso que muchos guardias se veían obligados a vender dichos crédito a usureros por menos de la mitad de su importe. Bajo la dirección de Zubía el cuerpo tuvo dos aumentos consecutivos de retribuciones, que situaron los salarios en términos razonables, sin dejar de resultar modestos, y limaron en buena medida el abrupto diferencial que se había venido manteniendo entre guardias y mandos, como imponía la lógica para unos hombres que no eran simples soldados, sino profesionales llamados a ejercer la autoridad. A título demostrativo, en 1920 los sueldos anuales de los guardias quedaron fijados en 2063,75 pesetas (171,97 mensuales), los de los sargentos en 2400 (200 mensuales), los de los tenientes en 4000 (333,33 mensuales) y los de los capitanes en 6000 (500,00 mensuales). Contaban además guardias, cabos y sargentos con premios por constancia, que dependiendo de los años de servicio aumentaban sus haberes entre 20 y 60 pesetas mensuales. La mejora salarial no iba a hacer que nadie se apuntara a la Guardia Civil por el afán de enriquecerse, pero permitía que los guardias dejaran de ser unos pobres de solemnidad.

Justo era este reconocimiento económico para unos profesionales cuya integridad y entrega quedaban una y otra vez de manifiesto en las ocasiones más difíciles, como la que se dio en Ugíjar en 1920, tras el asesinato de los guardias civiles Cristóbal Ortega Rojas y Eduardo Guzmán Gamero, cuando conducían presos a los integrantes del clan gitano de los Tartajas, habituales del robo de caballerías. Entre ellos había varias mujeres, y una de ellas llevaba en brazos a una niña. El guardia Guzmán, al percatarse del frío que iba pasando la pequeña, desmontó y la subió a su caballo, donde la cubrió con su capote. Al coronar el puerto del Lobo, uno de los hombres aprovechó un descuido y se lanzó sobre él. El resto del clan reaccionó y acabaron con la vida de los guardias, a los que mutilaron con saña. Pocos días tardaron los compañeros de los fallecidos en capturar de nuevo a los homicidas, a quienes hubieron de proteger, y protegieron, de las iras y los intentos de linchamiento por parte de los lugareños, para depositarlos sanos y salvos en la cárcel de Granada. Ni los malogrados Ortega y Guzmán, ni sus compañeros que preservaron a los Tartajas de la venganza popular, tuvieron poeta que los cantara, pero quede aquí su recuerdo para compensar, así sea una pizca, otras visiones de la mítica rivalidad entre gitanos y beneméritos, donde, como suele suceder en toda pugna humana, ambos bandos pusieron víctimas y victimarios.

Por lo demás, el prestigio de la Guardia Civil cruzaba fronteras. Guatemala, El Salvador y Colombia pidieron y recibieron misiones de guardias, para instruir a sus fuerzas policiales. Y entre 1922 y 1927 contribuyeron a formar la Guardia Civil del Perú, que existió hasta 1988 con ese mismo nombre, y cuyo himno reconocía su deuda con la Benemérita española. Carambolas del destino: en el mismo país donde fuera ministro de Interior, cien años atrás, Facundo Infante, el providencial jefe y sostenedor del cuerpo tras la revolución de 1854.

Capítulo 10.
Haciendo república

El 5 de febrero de 1919, como reacción al despido de ocho empleados de la compañía popularmente conocida como la Canadiense (por ser de esta nacionalidad sus accionistas, aunque su centro último de decisiones estaba en Bélgica), se inicia un conflicto que va a marcar el recrudecimiento de la lucha obrera en Barcelona. La Canadiense abastece de fluido eléctrico a su zona metropolitana, y a partir del 21 de febrero los paros dejan sin suministro al 70 por ciento de la industria radicada en ella. El día 23, y con la CNT (bajo las directrices de Seguí y Pestaña) agitando resueltamente el conflicto, se suman los empleados de la otra compañía de suministro eléctrico de Barcelona, lo que provoca la paralización total de la ciudad, que se completa con la adhesión a la huelga de los trabajadores de las empresas de agua y gas. La reacción gubernamental consiste en ocupar con tropas la sede de las compañías y militarizar y decretar la movilización de los empleados. La orden, dictada el día 5 por el capitán general de Barcelona, Milans del Bosch, se desobedece masivamente. El gobernador Montañés persuade al gerente de la Canadiense, Fraser Lawton, para que negocie con los sindicalistas y acepte sus condiciones. Tras el triunfo de sus pretensiones, estos ponen fin a la huelga el 13 de marzo.

La demostración de poder que acaba de hacer la CNT la anima a lanzar una nueva huelga el día 23, exigiendo la liberación de cinco obreros presos. El ejército ocupa Barcelona y se dedica a buscar a los cenetistas, registrando a los ciudadanos y rompiendo el carnet del sindicato a aquellos a quienes se lo encuentra. En noviembre de 1919 se incorpora como nuevo gobernador civil de Barcelona el general Severiano Martínez Anido, veterano de Filipinas y Marruecos, que da instrucciones a sus hombres para que se empleen con dureza, incluyendo el recurso a la tristemente célebre Ley de Fugas, debida al progresista Nicolás María Rivero y bendecida por el Tribunal Supremo. De ella haría Martínez Anido intensivo uso en los dos años siguientes.

El 1 de diciembre, los empresarios decretan un cierre patronal que afecta a 150 000 obreros, a los que se les exige la devolución del carnet de la CNT para levantarlo. Con el apoyo y la instigación de Martínez Anido se organiza la Unió de Sindicats Llíures, sindicatos a sueldo de la patronal e infestados de pistoleros que van a responder al terror con terror. Aunque finalmente el cierre patronal se levanta a comienzos de 1920, sin haberse devuelto los carnés, la tensión irá en aumento y una espiral de violencia se apoderará de las calles barcelonesas.

Entre tanto en Madrid se van quemando los gobiernos. A Romanones lo sucede Maura, a este Sánchez de Toca y a continuación vendrá el maurista Allendesalazar. Al último le toca el trago amargo de la rebelión del cuartel del Carmen, en Zaragoza, donde el 9 de enero de 1920 unos soldados y cabos, adoctrinados por el quiosquero anarquista Ángel Chueca, asesinaron al sargento y los oficiales de guardia y se hicieron fuertes en el recinto militar. La rebelión quedó sofocada horas después por los guardias civiles del cercano cuartel de Casa-Monta, pero fue un serio aviso sobre cómo podía actuar la pujante infiltración anarquista, incluso en las mismísimas dependencias militares.

En mayo de 1920 vuelve Eduardo Dato al poder. La estrategia de dureza de Martínez Anido convierte Barcelona en un remedo de Chicago. Entre 1920 y 1921 la guerra entre pistoleros anarquistas y patronales provoca 313 atentados, con 255 muertos y 733 heridos. O más bien deberíamos decir 256 muertos. La víctima mortal que completa esa cifra se produce en Madrid y no es otro que el mismísimo presidente del Gobierno, Eduardo Dato Iradier, tiroteado en su propio coche oficial desde una motocicleta con sidecar el 8 de marzo de 1921. Los autores del crimen son tres anarquistas barceloneses, expresamente venidos desde la Ciudad Condal para ejecutarlo: Pedro Mateu, Luis Nicolau y Ramón Casanellas. La investigación que llevó a cabo con mezcla de perspicacia y fortuna un suboficial de la Guardia Civil, José Cristóbal Maté, permitió hallar escondida la motocicleta y las armas empleadas y detener a Mateu en Madrid. Nicolau y Casanellas ya se habían escabullido. Los dos se pusieron a salvo en el extranjero, pero el primero acabaría extraditado por el gobierno alemán y sentándose en el banquillo con Mateu, en octubre de 1923. Condenados a muerte, fueron indultados con motivo de la onomástica del monarca.

Tras la presidencia interina del conde de Bugallal, ministro de Gobernación, vuelve a la jefatura del gobierno Allendesalazar. Los clamorosos fallos de seguridad que puso de manifiesto el magnicidio llevaron a Bugallal a crear en junio de 1921 la nueva Dirección General de Orden Público, antecesora de la futura Dirección General de la Policía, por Real Decreto que especificaba que los dos cuerpos de policía, tanto uniformada (Seguridad) como de paisano (Vigilancia) actuarían a las órdenes de los gobernadores civiles, coordinados con el cuerpo de la Guardia Civil. Para ampliar la plantilla de los cuerpos policiales se abrieron convocatorias a las que acudieron no pocos guardias civiles, por las mejoras económicas que podían obtener en el cambio. Los primeros directores de la Escuela de Policía también fueron dos beneméritos, los tenientes coroneles Ignacio Reparaz y José Osuna.

Entre tanto, Martínez Anido proseguía con su guerra, secundado por su inspector general de orden público (equivalente a los actuales jefes superiores de policía) Miguel Arlegui Bayonés, general de la Guardia Civil, pero en esta responsabilidad al frente de los agentes de Seguridad y Vigilancia. Tenía Martínez Anido el respaldo de amplios sectores de la burguesía catalana, incluso catalanistas, como Cambó, que se había declarado a favor de las fuerzas de seguridad, señalando que aquella «era la única política que podía hacerse». La patronal Fomento del Trabajo Nacional le hizo el 11 de mayo un homenaje al gobernador en el que le entregó más de cien mil firmas de apoyo.

El verano de 1921 trae una sobrecogedora noticia: las tropas de la comandancia de Melilla, a las órdenes del general Manuel Fernández Silvestre, han sido aniquiladas con su jefe por los rebeldes rifeños. Más de 9000 soldados mueren en los combates que se desarrollan entre finales de julio y comienzos de agosto. En ellos se ven también implicados los guardias civiles de los puestos que se habían ido estableciendo en esa zona del protectorado. Cuando los sitian los rebeldes, los beneméritos los defienden como ya hicieran en Cuba y Filipinas. Se hará célebre la lucha de los de Nador, que se atrincheran en la fábrica de harinas y la iglesia y resisten durante días un feroz asedio bajo el inclemente calor rifeño, sin apenas agua ni provisiones, hasta que, agotadas las municiones y la esperanza de socorro, han de deponer las armas, no sin sufrir multitud de bajas en la refriega. Según Aguado Sánchez, su resistencia fue decisiva para que no cayera Melilla, desguarnecida, en tanto llegaban por mar para defenderla los legionarios de Millán Astray y Franco. Pero si hemos de guiarnos por el testimonio del líder de la revuelta rifeña, Mohammed ben Abd el-Krim el Jatabi, fue él quien no quiso tomar la plaza, porque la fuerza militar que dirigía no estaba aún preparada para sostenerla y no dudaba que los españoles intentarían reconquistarla por todos los medios.

La gigantesca debacle africana, que confirmaba los más negros presagios de los más agoreros detractores de la extemporánea aventura colonial alfonsina, provocó reacciones contrapuestas. Muchos cargaron contra el rey, de quien se sospechaba, por su proximidad personal a Silvestre, su antiguo ayudante de campo, que había alentado el avance temerario y a la postre suicida del difunto general. Pero las crudas imágenes que empezaron a llegar de los miles de cadáveres de soldados españoles, mutilados por los rífeños y pudriéndose al sol, enardecieron la sed de venganza de otra parte de la población, para la que los jefes militares que dirigieron la contraofensiva de reconquista, gracias al oportuno enaltecimiento de habilidosos periodistas, adquirirían pronto perfiles de héroes épicos. En todo caso, el descalabro echó abajo al débil gobierno Allendesalazar, cuyo ministro de la Guerra, Luis Marichalar, Vizconde de Eza, pasaría a la Historia como el gestor de la mayor catástrofe del ejército español en la era contemporánea.

El 12 de agosto Maura forma nuevo gobierno, aunque la persistente inestabilidad social, pese al curso aparentemente exitoso de las acciones de reconquista en Marruecos, impide que su gabinete dure más allá de cinco meses. Para sustituirlo el rey designa a otro maurista, el exliberal Sánchez Guerra. Siguen los asesinatos en Barcelona, y en agosto de 1922 escapa por poco de engrosar la lista el líder anarquista Ángel Pestaña. En octubre son Martínez Anido y Arlegui los que sufren un atentado tras el que los agentes a sus órdenes, haciendo una más que probable aplicación de la ley de fugas, acaban con la vida de tres presuntos terroristas. El hecho provoca un escándalo mayúsculo, la destitución de Arlegui por el director general de Orden Público, y la dimisión de Martínez Anido como protesta por esta medida.

Entre tanto, se gesta la insubordinación del ejército, por el descontento existente entre los militares destinados en Marruecos, los llamados africanistas, frente a los de las Juntas de Defensa o junteros, a los que consideraban subversivos. Contra los africanistas jugaban la investigación encomendada al general Picasso para esclarecer las responsabilidades del descalabro de 1921 (más conocido como el desastre de Annual, por el nombre de la posición principal tomada por los rífeños) y el descubrimiento de irregularidades como el desfalco de más de un millón de pesetas en la comandancia de Larache. El conflicto forzó la renuncia de Sánchez Guerra y el nombramiento de un gobierno de concentración nacional dirigido por Manuel García Prieto, con Niceto Alcalá Zamora en el ministerio de la Guerra y el duque de Almodóvar del Valle en Gobernación. El director general de Orden Público fue cesado, pero el general Zubía, acreditando tanto su buen desempeño como su habilidad en unos tiempos más que inestables, fue confirmado una vez más al frente de la Guardia Civil.

El año de 1923 trae el caos a Barcelona. El 27 de febrero muere un dirigente del sindicato Lliure. Once días después cosen a balazos en la calle Cadena a los anarquistas Noi del Sucre y Francisco Comas, mientras al otro lado de Barcelona matan a un guardia civil. En las semanas siguientes se suceden los asesinatos. La situación está fuera de control. En la Diada del 11 de septiembre, durante las ofrendas florales en la Mancomunidad y la Diputación, se prodigan los mueras a España, lo que provoca una carga de la Guardia Civil que deja una veintena de heridos. En el banquete de Acció Catalana, junto a los insultos contra España y Castilla, se lanzan vivas a la República del Rif, constituida por los rebeldes marroquíes y dirigida por Abd el-Krim para combatir a los españoles. El gesto escuece: son momentos complicados en la campaña africana, una guerra de desgaste de inciertas perspectivas. El día 13, el capitán general de Cataluña, Miguel Primo de Rivera, lanza el manifiesto del golpe. A mediodía del día 14, Alfonso XIII lo llama para hacerle entrega del poder.

Primo de Rivera forma un directorio militar. Nombra a Martínez Anido subsecretario de Gobernación y Arlegui accede a la dirección general de Orden Público. Zubía, indiscutido, continúa. El flamante dictador reorganiza el estado de arriba abajo. Disuelve los ayuntamientos y diputaciones. También la Mancomunidad de Cataluña, el organismo semiautonómico que venía funcionando desde 1914 (y que tuvo como primer presidente a Prat de la Riba). No se privó de prohibir el uso público del catalán (hasta en las iglesias), la senyera y la sardana, lo que hizo que Cambó, que había apoyado el golpe con la promesa de Primo de que reconocería las instituciones regionales, se retirase de la vida pública. Además, el general golpista nombra militares como delegados gubernativos. Reorganiza la Hacienda y los cuerpos de Seguridad y Vigilancia. Lo único de lo que no toca nada es la Guardia Civil. Según Aguado Sánchez, porque a la sazón esta vivía ya una época de oro. Quizá la declaración sea hiperbólica, visto como estaba el país. Pero lo indudable es que, bajo la dirección de Zubía, la Benemérita había logrado sustraerse a la catástrofe circundante.

Zubía pasó a la reserva en marzo de 1925, lo que llevó a su sustitución por el teniente general Ricardo Burguete Lana, que prosiguió la labor de su antecesor de consolidación del cuerpo. En el plano Ricardo Burguete orgánico introdujo una nueva distribución territorial en cuatro Zonas (noroeste, nordeste, centro y sur), cada una con un general de brigada al frente. Creó un nuevo tercio en Madrid, el 27.º, que junto al famoso 14.º se instaló en el nuevo acuartelamiento de la calle Guzmán el Bueno (luego sede de la Dirección General), y otro en Marruecos, el 28.º, con cabecera en Ceuta. Se unificaba así la gestión de la Guardia Civil del protectorado, que a partir de 1926, tras la derrota de Abd el-Krim por la coalición de fuerzas francesas y españolas, ejercería sus funciones en un territorio pacificado. Mejoró también ligeramente Burguete las retribuciones, y en cuanto a la formación, bajo su mandato se puso en marcha la Academia Especial de la Guardia Civil, que abrió sus puertas en febrero de 1927, aunque ya estaba prevista en una norma de 1907, para sustituir a la fallida escuela de Getafe en la formación de oficiales. La Academia Especial se nutrió de sargentos y suboficiales propios, lo que mejoró la cualificación de la oficialidad, hasta entonces seleccionada entre la de infantería y caballería del ejército y entre los sargentos del cuerpo por antigüedad y previo un examen.

El crimen más sonado de los años de Primo de Rivera fue sin duda el del expreso de Andalucía, un doble asesinato cometido en dicho tren en la noche del 10 de abril de 1924, en las personas de dos funcionarios de correos a los que eliminaron para robar las sacas que custodiaban. La conspiración criminal la formaban cinco personas. Su cerebro era José María Sánchez Navarrete, funcionario de Correos como los asesinados, homosexual e hijo de un teniente coronel de la Guardia Civil, además de caprichoso y bastante manirroto, según las malas lenguas. Aunque la Guardia civil localizó en seguida al taxista que recogió a los asesinos en la estación de Alcázar de San Juan, donde se bajaron del tren después de cometer el crimen, la investigación quedó estancada hasta que el día 22 apareció en una pensión del número 105 de la calle Toledo el cadáver de Antonio Teruel. De profesión croupier (en paro, tras prohibir el juego la dictadura) y con malos antecedentes, Teruel acababa de suicidarse con un revólver. El registro permitió encontrar varias pruebas de que había participado en el asalto. El interrogatorio de su mujer condujo a sus cómplices. Navarrete cayó en seguida, pero los otros tres, el receptador Honorio Sánchez, José Donday (pareja de Navarrete y encargado de alquilar el taxi) y Francisco Piqueras, más conocido como Paco el Fonda, se habían evaporado.

A Sánchez y a Piqueras los localizó la Guardia Civil al poco de su identificación como autores del crimen. Al último lo cazó el guardia Manuel Ardilla, por muy poco, en el tren en el que ya escapaba a Portugal con una documentación falsa que no engañó al avispado benemérito. Según cuentan las crónicas del cuerpo, Paco el Fonda se admiró de lo «activos y astutos» que eran los guardias, les reconoció su valía y declaró que sin ellos España sería una jaula «de locos sueltos y desgraciados» como él. El texto de la anécdota parece algo decorado por quienes la contaron, pero su sustancia bien podría ser verdadera. El quinto miembro de la banda, Donday, se entregó voluntariamente en la embajada de España en París. Fue el único que se libró de la pena de muerte, que se ejecutó por fusilamiento el 10 de mayo.

La dictadura de Primo de Rivera supuso, además del enterramiento de las responsabilidades del desastre de Annual (más que oportuna, por cuanto se aproximaban peligrosamente a palacio) y la liquidación de la guerra de Marruecos (con un ingente esfuerzo militar, todo hay que decirlo), una pacificación interior, mezcla de intimidación y negociación. Escondidos o en el extranjero los anarquistas, el régimen se aproximó a los socialistas, con los que estableció fructíferos contactos. A cambio de su colaboración, Largo Caballero, jefe de la UGT, tomó posesión como miembro del Consejo de Estado, lo que acarreó la dimisión en el PSOE de Indalecio Prieto, que tanto se había distinguido en el Congreso exigiendo las responsabilidades por el desastre de 1921, sobreseídas para siempre por indulgencia de la dictadura.

Pero no dejó de haber intentonas anarquistas, como la que se produjo por el paso a través de la frontera francesa en Bera de Bidasoa (Navarra) de unos 50 activistas, con la cooperación de un contrabandista apodado el Señorito. Los atacantes, que desarmaron a los carabineros que protegían los puestos fronterizos, se toparon con la resistencia denodada del cabo comandante del puesto de Bera, Julio de la Fuente, y de su auxiliar, el guardia José Aureliano Ortiz. El cabo murió al comienzo del desigual tiroteo que se entabló entre guardias y anarquistas, pero el guardia resistió hasta agotar su munición. Al final los atacantes lo mataron a cuchilladas y arrojaron su cuerpo al Bidasoa. La movilización del ejército obligó a la partida a regresar a Francia. Seis activistas cayeron prisioneros, según el atestado, con «panfletos suscritos por Miguel de Unamuno, Blasco Ibáñez, José Ortega y Gasset y Rodrigo Soriano». Tras un accidentado consejo de guerra, primero absolutorio, y revisado luego, tres de ellos murieron ajusticiados a garrote vil.

Otro frente para el dictador fueron sus propios compañeros del ejército, en el que no se habían apagado las disensiones entre junteros y africanistas. El detonante fue el nuevo sistema de ascenso por méritos de guerra, que favorecía a los oficiales de infantería en detrimento de los artilleros (quienes por tradición ascendían solo por antigüedad por considerarse, decían, «todos igualmente valientes»). Publicado el decreto correspondiente, el 17 de julio de 1926, las unidades de Artillería se encierran en sus cuarteles y Primo, tras reducir su rebelión enviando tropas de infantería, disuelve el arma. Luego forma un directorio civil, aunque con numerosos militares en las distintas carteras, como Martínez Anido en Gobernación. En Hacienda nombra al joven jurista José Calvo Sotelo. Mientras tanto, los militares descontentos preparan otra intentona. Es su cerebro el coronel Segundo García, y entre sus socios están los generales Weyler, Aguilera y Batet y el luego célebre capitán de infantería, veterano de la Legión, Fermín Galán Rodríguez. Tras la conjura hay también políticos de diversas tendencias, entre los que destaca el conde de Romanones, e intelectuales como Machado, Ortega y Gasset, Blasco lbáñez y Gregorio Marañón. También se espera poder contar con parte de la Guardia Civil de Madrid.

La intentona, conocida como la Sanjuanada, bien conocida y prevenida por el gobierno, es un rotundo fracaso. La Guardia Civil, desplegada por la capital, no secunda el golpe. A los políticos y generales se les imponen abultadas multas gubernativas. Al capitán Galán y otros oficiales de bajo rango, condenas de entre seis y ocho años de cárcel. Galán cumplirá condena en el castillo de Montjuic, donde evocará a su admirado Francesc Ferrer i Guardia. Considerará un orgullo estar encerrado en el mismo sitio en que estuvo el malogrado anarquista, y terminará de cuajar y perfilar en prisión, mientras escribe febrilmente, sus ideas para el establecimiento de una sociedad libertaria.

El ascenso de Burguete a la cartera de Guerra obliga a buscar un nuevo director general para el cuerpo. El elegido es el teniente general José Sanjurjo Sacanell, héroe de la guerra de Cuba, donde sirvió a las órdenes del comandante Cirujeda (el que acabara con Antonio Maceo), y de las campañas marroquíes, en las que había cosechado dos cruces Laureadas de San Fernando, la máxima condecoración militar española, amén del título de Marqués del Rif. Fue un director general carismático y paternalista, apreciado por los guardias de toda clase y condición por su disponibilidad para atender sus problemas, y que por su parte desarrolló tal apego por el cuerpo que llegó a decir que era «una orquesta donde los profesores saben perfectamente su misión, y el que la dirige apenas tiene que hacer otra cosa que mantener en la mano su batuta». Al mando de la Guardia Civil le tocó hacer frente a otra intentona político-militar en enero de 1929. La acción, rápidamente abortada, triunfó sin embargo en Ciudad Real, donde los efectivos del primer regimiento de artillería ligera se hicieron con el control. Tras un incidente con los guardias civiles del puesto de Miguelturra, que se negaron a unirse a la sublevación, la noticia de que son los únicos que se han alzado lleva a los artilleros a deponer su actitud. El general Sanjurjo se presenta en Ciudad Real y dirige la detención por la Guardia Civil de todos los jefes y oficiales del regimiento.

Pero mucho viaje a la fuente acaba rompiendo el cántaro. Con Primo de Rivera acabaría a la postre otro levantamiento militar, organizado a comienzos de 1930 por el general Manuel Goded, héroe de la guerra marroquí y a la sazón gobernador militar de Cádiz, junto con numerosos militares republicanos (entre ellos, el general Queipo de Llano y el aviador Ramón Franco, hermano de Francisco, ascendido ya a esas alturas a general por sus acciones bélicas en el protectorado). Para pararlo, el dictador escribió a todos los capitanes generales y jefes de los cuerpos de Guardia Civil y Carabineros, sondeándolos sobre su adhesión. Todos se la manifestaron, pero no a él, sino al rey. Decepcionado, Primo de Rivera presentó la dimisión. En su lugar, el rey nombra al general Berenguer, conde de Xauen, un militar cortesano y más bien desacreditado por su ejecutoria en Marruecos (donde era Alto Comisario en los días del desastre) que intenta una política conciliadora como paso previo al restablecimiento de la normalidad constitucional. En la sombra parecen maniobrar los viejos políticos del régimen, para renovar el rancio bipartidismo caciquil. Pero el país ya es un hervidero de republicanos de toda especie y condición.

Por la república apuestan abiertamente políticos moderados, como Alcalá-Zamora y Miguel Maura, intelectuales como Unamuno (y con él, las masas estudiantiles de todo el país, en la represión de cuyas algaradas han de emplearse una y otra vez los guardias civiles y de Seguridad) y un número creciente de militares agrupados en la Asociación Republicana Militar (ARM), que propugna una república democrática proclamada por medio de un «movimiento popular apoyado por el ejército». El 17 de agosto de 1930 se reúnen en el Círculo Republicano de San Sebastián los dirigentes republicanos más importantes: Alejandro Lerroux, Manuel Azaña, Santiago Casares Quiroga, Niceto Alcalá Zamora, Miguel Maura y los socialistas Indalecio Prieto y Fernando de los Ríos, entre otros. Es el llamado pacto de San Sebastián, por el que se acuerda apoyar por las masas el movimiento republicano «cuando las tropas hayan salido a la calle». En octubre, los componentes del pacto se constituyen en Gobierno Provisional de la República, mientras se sigue conspirando para determinar cómo ha de ser proclamada. Los militares no quieren lanzarse ellos, y que parezca una cuartelada más, y los civiles han acordado que el paisanaje espere a que las tropas salgan de los cuarteles. En esas, el 12 de diciembre de 1930, el capitán Fermín Galán, rehabilitado tras indultársele de la condena impuesta por su participación en la Sanjuanada, se subleva en Jaca, donde se halla destinado. Lo secunda el capitán García Hernández. Galán proclama la república y anuncia en su famoso bando de artículo único que quien se le oponga «será fusilado sin formación de causa». La Guardia Civil de Jaca no se suma a la rebelión. Atrincherados en la casa-cuartel, los guardias disparan contra los sublevados. En el tiroteo muere el sargento comandante del puesto y los rebeldes desisten de tomar la dependencia benemérita, que dejan rodeada y vigilada.

Casares Quiroga, que había llegado esa misma madrugada a Jaca, informado de las intenciones de Galán y con el encargo de disuadirle de ellas, y que por estar agotado del viaje se había echado a dormir, descubre con espanto al despertar que el impulsivo capitán ya se ha echado al monte. Le recrimina que por su imprudencia la república se ha perdido; pero Galán, que se ha lanzado ante la indecisión de los políticos y contra la amistosa advertencia de Mola, a la sazón director general de Seguridad, y que lo conoce y respeta por su valor en Marruecos, ya no pude retroceder. Con una columna de mil hombres marcha sobre Huesca. En el camino se encuentra con el general Las Heras, gobernador militar, acompañado de una sección de guardias civiles. En la refriega mueren un capitán y un guardia y quedan malheridos un teniente y el general, que fallecerá días después. A la altura de Ayerbe sale al paso de la columna el general Dolía, con tropas de Zaragoza y Huesca. Capturado García Hernández por las fuerzas gubernamentales, Galán, rodeado y sabiéndose perdido, se entrega al alcalde de Biscarrués. Tras un consejo de guerra sumarísimo, los dos capitanes caen ante el pelotón de fusilamiento. Con ambos, luego convertidos en mártires de la República, muere la ensoñación de un mundo nuevo, que Galán plasmara en sus escritos, vehementes, visionarios y un punto ingenuos, pero acaso no tan delirantes como se ha dado en reputarlos (como cuando vaticina, por ejemplo, la inevitable implosión del entonces pujante comunismo, o la inutilidad de la persecución de los religiosos). Para Sanjurjo, no obstante, su derrota es una gran noticia, y el heroísmo de los guardias caídos al oponérsele, una página de gloria del cuerpo que se apresura a ponderar en los más altos términos en una orden general que hace llegar a todos sus hombres.

Otra intentona en Madrid, tres días después, con protagonismo de un Ramón Franco que sobrevuela el Palacio de Oriente para bombardearlo, desistiendo en el último momento al ver a unos niños jugando, también logra abortarla el gobierno. Pero la monarquía, asentada sobre la constitución fósil que urdiera Cánovas medio siglo atrás, hace aguas por todas partes. La sentencia Ortega y Gasset con su famoso Delenda est Monarchia, y su naufragio lo pilotará un gris almirante llamado Juan Bautista Aznar, nombrado jefe del gobierno en sustitución de Berenguer el 18 de febrero de 1931. Aznar convoca en marzo elecciones municipales para el 12 de abril y de diputados para el 7 de junio. El ministro de la Gobernación, marqués de Hoyos, sondea a los gobernadores civiles sobre las opciones de los monárquicos, exhortándolos a ponerlos de acuerdo para favorecer la victoria. En ella confían, a la vieja usanza, los candidatos del régimen, como Romanones y La Cierva. El 24 de marzo hay gravísimos incidentes en la facultad de Medicina de San Carlos, donde los estudiantes comprometen a tal extremo a los guardias de Seguridad que han ido a reprimir su motín, que se hace necesaria la intervención de la Guardia Civil, a pie y a caballo. La refriega, con lluvia de pedradas desde las azoteas de la facultad, y los guardias entrando en el recinto universitario para imponer el orden, se salda con numerosos heridos y algún muerto (también entre los agentes) y la petición de cese de Mola y del jefe de la fuerza.

El escritor y aristócrata Agustín de Foxá nos deja, en su novela Madrid de Corte a checa, un testimonio sabroso, repleto de matices que a buen seguro sabrá apreciar el lector, sobre el momento que atravesaba el país y la significación que en él tenían los beneméritos:

Aquello llenó de indignación a la Corte. Porque los guardias civiles eran ya la última garantía de un régimen que se desmoronaba. Y era triste pensar que aquellos majestuosos caballeros de las órdenes militares y aquellos gentileshombres y mayordomos, y los del brazo militar de la nobleza de Cataluña y los maestrantes de Sevilla y Zaragoza que trepan por la desnudez de su árbol genealógico hasta llegar a la pureza del octavo apellido y los fastuosos primogénitos de los Grandes, indolentemente apoyados en las mesas de mármol junto a los lentos relojes musicales, y los Monteros de Espinosa que entre la nevisca y la piedra gris de El Escorial custodian los ataúdes de los Reyes antes de meterlos en el pudridero, que toda aquella espuma de la Historia de España, la nata y flor de los más bellos nombres de Castilla, tuvieran que confiar la defensa de la monarquía a aquellos hombres modestos y asalariados, a aquel tricornio charolado y temible, bueno para enfrentarse con los bandoleros y los gitanos, pero incapaz para detener el curso implacable de la Historia.

En tan agitado ambiente, que demostraba que de facto la monarquía ya no existía como régimen político, se celebraron las elecciones el 12 de abril. Después de tantos años sin acudir a las urnas, los ciudadanos se agolpan en los colegios electorales. En el ministerio de la Gobernación empiezan a recibirse noticias alarmantes de los recuentos. La monarquía resultaba barrida incluso en el distrito de Palacio de Madrid, habitado en buena medida por personal al servicio de la Corona. Según empezaría a decirse pronto por Madrid, por el rey no votaron ni sus alabarderos. Treinta y cinco capitales caían del lado de la opción republicano-socialista. Los monárquicos sacaban más concejales, pero solo en las localidades más pequeñas. Romanones, ministro de Estado del gobierno Aznar, se dirige a Sanjurjo y le pregunta si se puede contar con la Guardia Civil. Obsérvese el rapto de insensatez del ministro cortesano, que sugiere nada menos que la posibilidad de anular por la fuerza la abrumadora voluntad del pueblo (los resultados rurales estaban muy condicionados por el sistema caciquil de compra de votos, y en aquel contexto eran casi irrelevantes). Para llevar a cabo el desatino, invoca Romanones el sempiterno conjuro: los sables y los máuseres beneméritos. Pero al frente de la Guardia Civil se encuentra alguien mucho más consciente de la realidad. Sanjurjo, que apenas dos semanas antes ha recibido del monarca la orden de Carlos III (la última que Alfonso XIII concedería como rey) se muestra circunspecto y responde con cautela al ministro: «Estos resultados producirán hondo efecto». Y remata: «Hasta ayer por la noche, podía contarse con ella». A buen entendedor, si el conde lo era, con esas pocas palabras bastaba.

El ministro de la Guerra, Berenguer, sin consultar a nadie, cursa a los capitanes generales y a la dirección general de la Guardia Civil un telegrama en el que reconoce la derrota monárquica y pide a sus subordinados que procedan con la máxima severidad, manteniendo a toda costa la disciplina y prestando la colaboración que se requiera para preservar el orden público. Y añade que los destinos de la patria han de seguir «el curso lógico que les imponga la suprema voluntad nacional». Los miembros del gobierno, con su presidente al frente, saben ya que no pueden sofocar por las armas lo que de las urnas ha salido. Romanones admitirá que es el fruto de ocho años de errores, aunque quizá es muy autoindulgente en las cuentas. Desde hace algunos más de ocho años, el rey y su camarilla, de la que don Álvaro de Figueroa conde de Romanones forma parte, están levantando piedra a piedra, despropósito a despropósito, y muerte a muerte, el edificio del régimen que alborea en el horizonte. Haciendo república.

Los miembros del Gobierno Provisional de la República se reúnen en casa de Miguel Maura. Pasado el mediodía del día 13, difunden una nota en la que declaran que las elecciones han tenido el valor de un plebiscito desfavorable a la monarquía y favorable a la república, con el valor de un «veredicto de culpabilidad contra el titular del Supremo Poder». Comienzan a aparecer banderas tricolores en las calles, y el gobierno, desmoralizado, no acierta a encontrar una solución.

Esa misma noche, según unas fuentes, o a la mañana siguiente, según otras, Sanjurjo cursa el siguiente telegrama cifrado a los jefes de tercio del cuerpo: «Disponga V. S. las órdenes convenientes para que las fuerzas de su mando no se opongan a la justa manifestación del triunfo republicano que pueda surgir del ejército y del pueblo». El hecho cierto es que en las primeras horas del día 14 la Guardia Civil protege los principales edificios públicos madrileños, pero no hace nada por impedir la manifestación espontánea de júbilo popular que a lo largo del día se va extendiendo por la calle de Alcalá y la Puerta del Sol, ante el enojo del ministro de la Gobernación. El todavía director general de Seguridad, Emilio Mola, que constata la pasividad de la fuerza pública, opina que la Guardia Civil responderá a lo que se le requiera, pero no así el resto del personal a sus órdenes. El caso es que según algunos testimonios se llegó a ordenar a los guardias civiles que protegían el ministerio de la Gobernación que disolvieran a la gente que empezaba a congregarse enfrente, y el capitán al mando de la fuerza le dijo al responsable político que si tal intentaba, los guardias no lo seguirían. De lo que no cabe duda es de la nula disposición de los guardias de Seguridad allí presentes. Uno de ellos era el abuelo materno de quien esto escribe y, según su testimonio, todos los agentes se negaron en redondo a cargar contra los manifestantes. En cualquier caso, el mensaje que le llega al rey es que los republicanos encuentran adhesiones en el ejército y las fuerzas del orden, y a las once de la mañana expone a sus ministros su firme deseo de irse del país.

El conde de Romanones se reúne con Alcalá-Zamora, que había sido su pasante, en casa del doctor Marañón. El líder republicano le asegura al monárquico que Sanjurjo (que ha tenido ya contactos con Lerroux) ha ofrecido su adhesión al nuevo régimen, y le dice que el rey debe partir antes del anochecer. En Barcelona, Lluís Companys se ha hecho con el ayuntamiento e iza en el balcón la nueva bandera. Francesc Maciá, a su lado, proclama el Estat Cátala, dentro de la federación de repúblicas ibéricas. A Barcelona le siguen Salamanca, La Coruña, Zaragoza… El rey, que recibe a través de Romanones el ultimátum de Alcalá-Zamora, comprende que no debe demorar su marcha. A las cinco reúne su último consejo de ministros y les lee su documento de renuncia, en el que reconoce haber perdido el amor del pueblo, alega que si erró fue sin malicia, y anuncia que no va a luchar por sostenerse en el trono porque quiere apartarse «de cuanto sea lanzar a un compatriota contra otro en fratricida guerra civil». «Por todo ello», añade, «suspendo deliberadamente el ejercicio del poder real y me aparto de España, reconociéndola así como única señora de sus destinos». Le ha llevado tres turbulentos decenios llegar a esa conclusión.

A las siete de la tarde, los miembros del Gobierno Provisional se dirigen al ministerio de la Gobernación. No llegan hasta cerca de las ocho, por lo que cuesta abrirse paso entre la multitud. Miguel Maura es el primero en entrar, gritando: «¡Señores, paso al Gobierno de la República!». El piquete de guardias formado en el vestíbulo les presenta armas, para pasmo de Manuel Azaña, que viene detrás, y que durante todo el camino ha temido que los ametrallen al verlos. Josep Pía, en su brillante testimonio de aquellos días, roza el escarnio al describir el escaso valor físico de Azaña, frente a la desenvoltura, casi chulesca, del líder conservador, que un año antes había ido a palacio a anunciarle en persona al rey que se pasaba al bando republicano, porque creía perdida la monarquía y consideraba que no debía dejarse solas a las izquierdas en el nuevo régimen. Ya dentro del ministerio, Maura envía a casa al subsecretario del departamento, máxima y última autoridad que en él queda del gobierno monárquico, y se posesiona del despacho del ministro, desde donde empieza a hacer llamadas para designar gobernadores civiles en todas y cada una de las provincias. Alcalá-Zamora, entre tanto, dicta los decretos nombrando ministros: Maura en Gobernación, Azaña en Guerra, Lerroux en Estado…

Llamado a presencia del gobierno, comparece Sanjurjo. El nuevo gabinete republicano lo confirma como director general de la Guardia Civil, otorgándole además plenos poderes sobre el ejército y la policía gubernativa. Esto acredita el entendimiento a que Sanjurjo ha llegado con el nuevo régimen, pero también que se halla al frente de la única fuerza con cuya cohesión y férrea disciplina se puede contar para hacer una transición ordenada. Otro de los legados del general Zubía, conseguido, como apunta Miguel López Corral, mediante un severo y fulminante régimen de correcciones a los guardias que observaban algún comportamiento indigno, y que, si bien implicaba para los beneméritos una intransigencia hacia sus faltas como no sufría ningún otro uniformado, los hacía los más fiables de todos. A cambio de su cooperación, Sanjurjo exige que se facilite la salida de la familia real. El rey viaja hasta Cartagena en coche, protegido por guardias civiles, para allí embarcar en el buque de la Armada que lo llevará al exilio. La reina y los infantes salen al día siguiente en tren con rumbo a Irún, también escoltados por miembros de la Benemérita, con el propio Sanjurjo al frente, que impiden que sean agredidos en las estaciones intermedias y los llevan indemnes hasta la frontera de Francia.

Por su famoso telegrama, y por esta rapidez en ponerse al servicio de las nuevas autoridades, se ha señalado a Sanjurjo como clave (y desde algunos sectores monárquicos como culpable) del advenimiento de la II República. No puede decirse, que el director general de la Guardia Civil fuera un fervoroso republicano, aunque hubiera tenido sus fricciones con el rey. Más bien cabría interpretar que en aquella encrucijada histórica se encontró en un puesto donde las circunstancias lo abocaron a comportarse como lo hizo. Porque estaba al frente del cuerpo que llegada la crisis estaba llamado, por historia, vocación y capacidad, a asumir el peso del mantenimiento del orden público. Y eso le hacía demasiado difícil oponerse al curso de unos acontecimientos que ya había marcado de manera inequívoca la expresión de la soberanía popular. Pero por otra parte, era natural que los nuevos gobernantes lo buscaran, y buscaran el entendimiento con él, porque también ellos necesitaban contar con la fuerza que dirigía, para evitar el caos y mantener en pie la arquitectura básica del Estado.

La confianza que en la Guardia Civil pusieron los republicanos, y a la que ella respondió con prontitud y eficacia, protegiendo la instauración del nuevo régimen, vino a demostrar que, tras el calvario que había atravesado en la monarquía alfonsina, la Benemérita se las había arreglado para escapar a su podredumbre. Aquel nuevo alarde de supervivencia ratificaba su fortaleza como institución. Oportunamente, porque fortaleza iba a hacerle falta, en el siguiente lustro.

Capítulo 11.
De Doval a Condés: gestando el desastre

«La voluntad popular ha querido la República y la Guardia Civil respetará y defenderá la legalidad establecida por las urnas». Así se expresaba su director general, José Sanjurjo, poco después del 14 de abril de 1931. Confirmado en su puesto por el gobierno provisional, es decir, con la aquiescencia de Maura y Azaña, también recibió la confianza del gabinete que salió de las primeras elecciones, a Cortes constituyentes, el 28 de junio de 1931. Para entonces ya se había hecho evidente que no iba a ser nada fácil obedecer y prestar servicio a una república que nacía profundamente dividida, con enemigos poderosos a diestra y siniestra, y sin que su sola proclamación, como en definitiva era lógico, borrara de un día para otro los graves desequilibrios y tensiones que habían despachado al exilio al titular de la dinastía.

El país se hallaba sumido en una crisis económica pavorosa, tras el crack del 29, que entre otras cosas había llevado a la insolvencia a las arcas públicas. Los sectores más radicales del movimiento obrero (sobre todo, los anarquistas, pero también fracciones del PSOE) se sentían poco representados por una república que en seguida percibieron como burguesa. Los derrotados monárquicos, entre los que se hallaba buena parte de la oligarquía urbana y rural, así como el grueso del clero, la reputaban en cambio demasiado extremista y revolucionaria. Si a eso se le sumaban los incipientes movimientos fascistas, imitadores de sus homólogos de Italia y Alemania, y que cuajarían en la Falange Española fundada en 1933 por José Antonio Primo de Rivera, hijo del dictador, el panorama se presentaba más que sombrío.

Y en especial lo era para la Guardia Civil, cuya actitud en el advenimiento de la República no había borrado para los más izquierdistas su imagen de represora del pueblo (así lo evidenciaba la prensa anarquista y comunista, que pedía su disolución como representante de la «España oscurantista y sanguinaria») ni tampoco había desterrado en los más derechistas las esperanzas de que se comprometiera en el derribo del régimen republicano. Así se desprendería de la defensa cerrada que desde sus medios afines recibió el cuerpo cuando se puso sobre el tapete su posible disolución, o de los cantos de sirena que una y otra vez le lanzaron desde sectores golpistas y fascistas. José Antonio llegó a escribir que frente a otras instituciones que caducaban o no medraban «por falla de perseverancia o de solidaridad» la Guardia Civil seguía como siempre: «no mejor ni peor, sino perfecta».

Los críticos no lograron su objetivo. Al principio, y una vez estabilizada la situación tras la proclamación de la República, miembros del gobierno provisional como Azaña se mostraron algo indecisos sobre la conveniencia de mantener el instituto, por la repulsa que suscitaba en buena parte de la población. Pero pronto, cuando los beneméritos empezaron a hacer sacrificios en defensa del orden republicano, se persuadieron de que conservarlo era imprescindible, aunque también se tomaran medidas para desarrollar otros cuerpos policiales especializados en lidiar con la conflictividad urbana, que seguía siendo, por su falla de preparación y equipo específicos, la asignatura pendiente de los hombres del tricornio. De ahí vendría la creación, a partir del existente cuerpo de Seguridad, del que en adelante se llamaría Cuerpo de Seguridad y Asalto, fundado a comienzos de 1932 sobre la idea de Maura de convertir la llamada Sección de Gimnasia (los primeros antidisturbios del cuerpo policial) en las Compañías de Vanguardia, posteriormente bautizadas como Guardia de Asalto. Los miembros de esta aumentaron a buen ritmo: en 1936 contaba con unos 9000, entre guardias, suboficiales y oficiales. Pero los guardias civiles siguieron siendo necesarios, no solo para la vigilancia de las vastas zonas rurales, sino también, en más de una ocasión, para hacer frente a las consecuencias de los yerros que la bisoñez llevó a cometer a los miembros de la nueva fuerza de seguridad. Tras los sucesos de Castilblanco, en diciembre de 1931, que luego reseñaremos, el propio Manuel Azaña asumió la defensa de la Guardia Civil, y no sería el único entre las filas republicanas. También se pronunciaron a favor de los beneméritos Lerroux, Casares Quiroga o el socialista Julián Besteiro. Según cuenta Azaña en sus memorias, este se le presentó, en pleno debate, sobre la disolución, para decirle: «La Guardia Civil es una máquina admirable. No hay que disolverla, sino hacer que funcione en nuestro favor».

Por su parte, tampoco los sectores más derechistas consiguieron que la Guardia Civil se convirtiera en una amenaza para el orden establecido, por la vía de ganarla para las conspiraciones que culminaron con la rebelión o alzamiento de julio de 1936. Lograron atraer a no pocos elementos de entre sus filas, eso es cierto, merced a la desmoralización y la irritación que producían entre los guardias las campañas de acoso al cuerpo lanzadas desde los sectores más radicales de la izquierda, y que tenían su frecuente secuela en sucesos violentos donde los civiles veían en peligro sus vidas, cuando no dejaban viudas a sus mujeres y huérfanos a sus hijos. Pero este descontento no se tradujo en la defección generalizada que buscaban quienes los tentaban y les agasajaban los oídos. La Guardia Civil, como colectivo, siguió obedeciendo a sus jefes nombrados por las autoridades republicanas, así como a estas, y no dudó en enfrentarse a los actos de sedición, incluso cuando, como sucedió con la asonada de 1932, había no pocos de los suyos entre las filas de los golpistas. Y aun en 1936, cuando se hizo efectiva la fractura total de los españoles, la Guardia Civil dio más de la mitad de sus hombres a la defensa de la República, amén de ser decisiva para que esta retuviera las principales ciudades del país, donde su fuerza marcaba la diferencia (en sitios más pequeños, los efectivos del cuerpo, mucho más reducidos, siguieron a menudo la suerte que por superioridad numérica dictaron las unidades militares sublevadas).

Pero regresando a 1931, la primera prueba de lo que se venía encima se produjo los días 11 y 12 de mayo, cuando masas de incontrolados se lanzaron a quemar iglesias y conventos, primero en Madrid, y luego en otras ciudades como Valencia, Málaga, Sevilla, Granada, Alicante, Murcia… Miguel Maura, que tuvo noticias previas de que se preparaba algo así, quiso sacar a la Guardia Civil para impedirlo, pero Azaña se opuso, lo que provocaría, dicho sea de paso, la dimisión temporal del ministro conservador. El espectáculo de las iglesias ardiendo, las graves pérdidas producidas como fruto de aquel acto de barbarie (se perdieron para siempre cuadros de Zurbarán, Van Dyck y Claudio Coello) y sobre todo la sensación de caos y desorden, consentidos por orden superior, fueron algo más que un mal augurio. Para contener estos y otros disturbios (toma de tierras, ataques a casas cuartel), se acabó declarando el estado de guerra, con lo que apenas un mes después de proclamada, la II República se veía inmersa en la misma espiral de subversión-represión que había protagonizado la agonía de la monarquía alfonsina. El anarcosindicalismo se lanzó a una campaña de huelgas salvajes, como la de la Telefónica (entonces propiedad de la norteamericana ITT). El 28 de mayo, en Pasajes (Guipúzcoa), un contingente de la Guardia Civil se vio bloqueado en el puente de Miracruz por una masa furiosa de huelguistas y, sin otro medio para restablecer el orden, se abrió paso a tiros. Como resultado, ocho muertos y un centenar de heridos. Lo milagroso, como diría Maura, fue que en lugar tan estrecho la mortandad no fuera mayor. A raíz de estos incidentes se aceleró la creación de la futura Guardia de Asalto y se decidió concentrar a los guardias civiles en su labor en las zonas rurales.

Pero tampoco el campo español era precisamente un balneario. La reforma agraria prometida por la República avanzaba despacio y entre los recelos de todos: tanto los campesinos, que se impacientaban, como los propietarios, que temían el expolio. Recogida la cosecha de aquel año 1931, vino el paro agrícola estacional, y la incertidumbre y la tensión consiguientes, unidas a la necesidad de tantas familias sin recursos, precipitaron los acontecimientos. Los campesinos sin tierras, agitados por propagandistas eficaces, se prodigan en acciones violentas. Por esas fechas ya no es ministro Miguel Maura: tras la renuncia de Alcalá-Zamora, por discrepar de la opción laica y anticatólica que se introduce en la constitución, el conservador, que también votó contra la enmienda constitucional, rechaza el ofrecimiento de Azaña, nuevo presidente del gobierno (cargo que combina con la cartera de Guerra) para continuar en Gobernación. Lo sustituye Santiago Casares Quiroga, a quien le tocará bregar, con Sanjurjo en la dirección general (pero cada vez más distanciado del gobierno), con uno de los periodos más negros de la historia de la Guardia Civil. A lo largo de aquel otoño menudean las escaramuzas, e incluso los asesinatos a traición de guardias civiles, por campesinos o activistas anarquistas. Montemolín, Sevilla, Tarrasa, Gilena, Andújar… Topónimos todos ellos que serán sinónimo de luto para la familia benemérita. Pero el que va a llevarse la palma es el de Castilblanco, en Badajoz. Situado en la llamada Siberia extremeña, aislada por la barrera natural del río Guadiana, este pueblo de apenas 2500 habitantes vivirá el último día de 1931 uno de los episodios más desgraciados de la historia del cuerpo.

El hecho vino preparado, de una parte, por los propagandistas que, como la célebre Margarita Nelken, recorrían por aquellos días los pueblos de la provincia invitando a los campesinos a la rebeldía y a la confrontación con la Guardia Civil. De otra parte, por los caciques y terratenientes que no solo se negaban a poner a disposición de los campesinos tierras para cultivar, sino que, frente a sus reivindicaciones, azuzaban a las autoridades para que enviaran a la Guardia Civil a neutralizarlas. Así ocurrió en Castilblanco el 31 de diciembre de 1931, cuando el cacique local pidió al alcalde que ordenara a la Guardia Civil disolver la concentración pacífica de 300 campesinos frente al ayuntamiento y la Casa del Pueblo. Recibida la orden de la autoridad municipal, a la que con arreglo a la nueva legalidad republicana debía obedecer, el cabo comandante del puesto, José Blanco González, acudió con tres guardias al lugar donde se concentraban los campesinos. Los civiles tenían una relación cordial con la gente del lugar, tanto que uno de ellos, Francisco González Borrego, estaba comprometido con una chica del pueblo. El cabo Blanco, por su parte, era un hombre de buen carácter y contaba con la simpatía de sus vecinos, a los que esa tarde instó a disolverse con palabras conciliadoras. Pero uno de los guardias, Agripino Simón, se encaró con una de las mujeres, Cristina Luengo, apodada La Machota, a la que recriminó que acudiese a la manifestación con una niña en brazos. La discusión desembocó en un golpe de Simón a la mujer, lo que provocó la intervención de un vecino, Hipólito Corral, que se plantó ante el guardia. Este, en la tensión del momento, acabó tirando de cerrojo y disparándole con su máuser a bocajarro. A partir de ahí se desató la cólera entre los campesinos, que no tuvieron excesivas dificultades para desarmar a los otros dos guardias y al cabo, confiadamente mezclados con ellos y sin las armas prevenidas. El primero en caer fue el cabo, atacado por detrás con una navaja cabritera, y posteriormente rematado con su propia arma y a cuchilladas. De nada sirvieron las peticiones de clemencia de los guardias y de algunos vecinos. El ensañamiento de la multitud llegó a extremos espantosos. El teniente coronel que hizo el parte oficial de los hechos describió así el estado en que halló los cuerpos: «Los ojos no existen. Los dientes han desaparecido también como consecuencia de los inhumanos golpes recibidos. Los cráneos, destrozados, dejan salir la masa encefálica y son, en fin, los cuerpos despojos acribillados y finalmente machacados con piedras». El general Sanjurjo, que acudió en cuanto supo lo ocurrido a Castilblanco, echó mano de sus peores recuerdos africanos cuando declaró ante los periodistas: «Esto no lo he visto hacer a los cabileños con los soldados españoles en Monte Arruit».

La calificación de los hechos como «desahogo obligado del espíritu oprimido», debida a la socialista Margarita Nelken, no contribuyó por cierto a que entre las filas del cuerpo la noticia fuera acogida con templanza. Una reunión de jefes llegó a sugerir al director general la posibilidad de sublevarse contra el régimen, lo que Sanjurjo rechazó de plano, por la inconveniencia de alzarse por unos hechos que afectaban tan directamente a la Guardia Civil y porque consideraba que era un hecho aislado y en modo alguno respaldado por las autoridades republicanas. No obstante, aconsejó a sus hombres que en adelante no pecaran de los excesos de confianza que habían llevado al cabo Blanco y sus hombres al martirio, y que denunciaran «aquellas excitaciones que en mítines y reuniones se hacen a las masas obreras para enfrentárnoslas, olvidando que por ellas también laboramos, pues sin el orden y la paz social que defendemos, su existencia y bienestar se verían comprometidos». Y añadía: «Que sepan todos que si nuestros muertos nos llegan al alma, también nos duelen los que caen frente a nosotros en la lucha de la obcecación, el engaño o la incultura con el cumplimiento estricto del deber». Los hombres de la Benemérita tomarían buena nota de las advertencias de su director general. Pero su resultado sería trágico, aumentando el saldo de los caídos frente a sus fusiles.

Así ocurrió en los incidentes que hubo en Écija, Epila, Zalamea de la Serena, Calzada de Calatrava o Xeresa, donde los guardias se emplearon con dureza. Y sobre todo, en el pueblo de Arnedo (La Rioja), que el 5 de enero de 1932 fue el escenario de una de las más desafortunadas actuaciones de la historia de la Guardia Civil. En el origen, una vez más, el cacique: Faustino Muro, dueño de una fábrica de calzados que, tras presionar a sus empleados con el despido si no votaban por los partidos monárquicos, había llevado a cabo su amenaza. El conflicto que se abrió a continuación trató de resolverlo el gobernador civil, pactando la admisión de los despedidos por otros empresarios locales. Pero el día que se presentó en Arnedo para cerrar el acuerdo, los sindicatos organizaron una huelga general. Había además rumores de reparto de armas entre los huelguistas, que corlaron con tachuelas los accesos. La Guardia Civil hizo un despliegue extraordinario para mantener el orden; en total la fuerza la componían 28 hombres, al mando del teniente Juan Corcuera Piedrahita. A las cuatro de la tarde, los manifestantes decidieron reunirse en la Plaza de la República. Llegaron por un lado las mujeres y niños, que encabezaban la marcha escoltados por los guardias, y por otro los hombres, que se separaron al llegar a la plaza. Esto desconcertó al teniente, que apostó a sus hombres en el zaguán del ayuntamiento (donde estaba reunido el gobernador con los industriales y el alcalde) y los soportales de la plaza. Varios hombres se encaminaron hacia la casa consistorial, ante lo que el teniente destacó al sargento Antonio Herráez con dos guardias para cortarles el paso. De pronto, uno de ellos quedó aislado al rodearlo las mujeres, momento en que uno de los manifestantes inició un forcejeo con él. Se oyó un disparo, que alcanzó en la pierna a uno de los guardias. La multitud empezó a gritar y restallaron al unísono los cerrojos de los fusiles. Alguien gritó: «¡Fuego!». El teniente negaría haber sido él, pero los guardias, que obedecieron la voz, contradijeron su versión.

La plaza quedó despejada en un abrir y cerrar de ojos. Cuatro hombres, una mujer y un niño cayeron muertos allí mismo, y otros treinta vecinos, malheridos, recibieron en el acto el auxilio de los abrumados guardias. Cinco de ellos murieron en los días siguientes. Once muertos, en total, que iban a traer graves consecuencias para el cuerpo, y que, como señala Miguel López Corral, bien habrían podido evitarse con unos tiros al aire o con un mejor despliegue de la fuerza, que al teniente Corcuera nadie lo había instruido para organizar.

Como consecuencia de los hechos de Arnedo, la suerte de Sanjurjo estaba echada. Azaña no hizo caso de las voces que le pedían su destitución inmediata y hasta su procesamiento, como tampoco de los que aprovecharon para exigir con más fuerza la disolución del cuerpo. En cuanto a este, los hechos lo persuadían cada día más de que debía contar con la fuerza y la disciplina que representaba, y por lo que toca al general, que no era santo de su devoción, decidió esperar a momento más propicio, por el prestigio que Sanjurjo tenía dentro del ejército, y por el descontento que podía causar en sus filas si lo sacrificaba con aquel motivo. Aguardó un mes y lo que hizo fue nombrarlo jefe del cuerpo de Carabineros, un destino menor, en comparación, pero que le procuraba una salida más o menos decorosa. También le iba a dar la oportunidad de viajar por todo el país, lo que aprovecharía para el arriesgado movimiento en que se embarcaría meses más tarde.

Al frente de la Guardia Civil se puso a otro militar veterano de Cuba y África, pero de perfil bastante menos llamativo que Sanjurjo: el general de división Miguel Cabanellas Ferrer, notorio masón y hombre de talante calculador, como tendría ocasión de demostrar en lo sucesivo, al frente de la Guardia Civil (en dos periodos, del 3 de febrero de 1932 al 15 de agosto del mismo año y del 15 de febrero de 1935 al 3 de enero de 1936) y en otras decisivas coyunturas. Como jefe del cuerpo le tocó ocuparse de la campaña de huelgas revolucionarias que lanzaron los anarquistas, tras el fracaso del levantamiento de la cuenca del Llobregat a finales de febrero de 1932, que había terminado con sus líderes Buenaventura Durruti y Francisco Ascaso detenidos y deportados a Guinea Ecuatorial. Las protestas se extendieron por todo el país, pero cabe destacar la de Écija. Allí, el entonces capitán Lisardo Doval desarticuló una vasta organización que se ramificaba hasta la propia Sevilla, donde descubrió un gran almacén de explosivos. Con motivo del 1 de mayo los socialistas declararon la huelga general, y el 8 de julio, en la Villa de don Fadrique (Toledo), los campesinos, espoleados por su alcalde comunista, se apoderaron del pueblo y empezaron a quemar campos. Los propietarios pidieron auxilio a la Guardia Civil, pero su actuación solo logró que los agentes fueran cercados por los revoltosos y obligados a mantener una defensa casi desesperada hasta que llegaron al pueblo otros doscientos guardias a las órdenes de Cabanellas. Un miembro del cuerpo perdería la vida en la refriega.

El entusiasmo con que anarquistas, socialistas y comunistas impulsaban todos estos desórdenes, unido a la aprobación del estatuto de autonomía para Cataluña, que muchos militares veían como una agresión intolerable a la sacrosanta unidad de la patria, empujaron a Sanjurjo a prestar oídos a las invitaciones a la rebelión que durante el año anterior se había negado a secundar. El ejército no escapaba al clima de división que dominaba el país, como lo demostró el incidente entre el general Goded y el teniente coronel Mangada, cuando el primero pidió en un acto castrense un viva a España «y nada más» y el segundo contestó con un viva a la República y se arrancó la guerrera, acto de insubordinación que condujo a su arresto. El incidente le costó a Goded su puesto como jefe del Estado Mayor Central, y días después fue el general Riquelme, jefe de la división de Valencia, el que al pedir un viva para la República se encontró con que varios oficiales gritaban «¡Viva España!». Los oficiales acabaron también arrestados, pero eran síntomas claros de que la conspiración se extendía entre las filas militares. El hecho no le pasó inadvertido a Azaña, que pronto tuvo además información directa de los movimientos de Sanjurjo, a través de Lerroux, amigo personal del general, que traicionó su confidencia por creer que le debía más lealtad a la República. Sanjurjo, por lo demás, constató en sus viajes las dificultades que entrañaba su aventura. Pese a su ascendiente sobre la Guardia Civil, ni siquiera esta se manifestaba resuelta a alzarse contra las autoridades republicanas, salvo el 4.º Tercio, con sede en Sevilla, que fue el lugar que escogió para lanzar su rebelión el 10 de agosto. Lo acompañaba el teniente coronel Verea, jefe de la comandancia, que como capitán persiguiera años atrás al Vivillo y al Pernales. Sanjurjo arengó a la tropa con palabras inequívocas: «Soy un general sublevado contra el gobierno y me dispongo a perderlo todo para procurar un beneficio a España. Ya me conocéis como militar y como director vuestro que he sido. Si confiáis en mí, seguidme. Si me creéis un traidor, fusiladme». Los guardias estallaron en vítores al general, y con su apoyo Sanjurjo logró hacerse sin dificultad con la capital andaluza y Jerez. Pero su golpe fracasó en el resto del país, especialmente en Madrid, donde los guardias civiles, dirigidos por el coronel jefe del 27.º Tercio, José Osuna Pineda, hicieron frente con determinación a los militares sublevados, obligándolos a rendirse.

Azaña ordenó que el grueso de las tropas marchara sobre Sevilla. Sanjurjo, viendo que solo contaba con los guardias sevillanos para defender su causa, comprendió que la lucha no tenía sentido y se entregó al gobernador civil de Huelva. En el juicio al que se lo sometió (y que terminó con una condena a muerte de la que sería indultado con el voto en contra de Casares Quiroga y el favorable de Azaña y Prieto) dejó una de esas frases para la historia, y que quizá retrate como pocas otras la realidad incierta y convulsa del país en que le tocó vivir. A la pregunta del juez de con quién contaba para su rebelión, repuso Sanjurjo: «Con usted el primero, si hubiera llegado a triunfar».

La neutralización del golpe llevó, entre otras cosas, a una reorganización del cuerpo. El 4.º Tercio fue disuelto, y muchos de sus oficiales encarcelados o deportados a Villa Cisneros (entre ellos, Lisardo Doval, que en coherencia con su trayectoria como azote del anarquismo andaluz se había unido al golpe de Sanjurjo). En cuanto a la Dirección General de la Guardia Civil, quedó suprimida. Sus funciones se transfirieron a una Inspección General encuadrada en el ministerio de la Gobernación, lo que dejaba clara la voluntad del gobierno de reforzar la vertiente civil del cuerpo, frente al militarismo que representaba Sanjurjo. Cabanellas, que no había querido seguir a Sanjurjo en su intentona, pero mostró su disgusto con estos cambios, fue cesado y sustituido en la Inspección General por Cecilio Bedia, un general de brigada, lo que rebajaba notablemente el rango militar de la jefatura del cuerpo, que desde 1873, y con la sola excepción del propio Cabanellas, solo habían desempeñado tenientes generales. La intención de irle restando espacio a la «monárquica» Guardia Civil, y potenciar paulatinamente la «republicana» Guardia de Asalto, era patente.

Pero para desgracia de esta, a comienzos de 1933 los anarquistas, inasequibles al desaliento, lanzaron una nueva ofensiva en el campo andaluz. Y la llamada prendió con especial intensidad en el pueblo gaditano de Casas Viejas, de apenas 1000 habitantes abocados al hambre por la negativa de los terratenientes a dejarles cultivar las tierras. El 10 de enero, dirigidos por el viejo jornalero Francisco Curro Cruz, conocido por el apodo de Seisdedos, por tener esta peculiaridad física, proclamaron el comunismo libertario. Salieron a la calle con sus escopetas, colocaron banderas anarquistas por todo el pueblo y se dirigieron al alcalde para que ordenara a los guardias civiles entregar las armas. Pero el sargento Manuel García Álvarez, comandante del puesto, se aprestó con sus tres hombres a defenderlo. Los anarquistas se lanzaron al ataque. Con sus perdigonazos le reventaron un ojo al guardia Román García y alcanzaron en la cabeza al sargento. Los dos morirían días más tarde, pero antes de perder el conocimiento ayudaron a sus compañeros a resistir. Estos, Pedro Salvo y Manuel García Rodríguez, aguantaron hasta que llegaron los guardias civiles de Medina Sidonia, que dispersaron a los atacantes; unos huyeron, y otros se refugiaron en sus chozas. Entre estos últimos, Seisdedos con su numerosa familia, hijos y nietos, adultos y niños. Dispuesto a plantar batalla.

Para rendirlo, el gobernador civil envió un contingente de guardias de Asalto mandado por el teniente Fernández Artal. El teniente destacó a un emisario, el guardia Martín Díaz, para parlamentar con el viejo anarquista. Pero un tiro proveniente de la choza acabó con su vida. En la mañana del día 12, noventa guardias de Asalto mandados por el capitán Rojas Feigenspan se personaron en el lugar. Según declararía, traía órdenes terminantes del director general de Seguridad, Arturo Menéndez, de actuar sin contemplaciones. Luego se dijo que esas órdenes provenían del propio Azaña, que presa de la cólera había llegado a pedir que se les apuntase a los anarquistas a la barriga, para que no hubiera supervivientes. Sea como fuere, el capitán Rojas prendió fuego a la choza y ordenó disparar contra ella. Acabó así con toda la familia, salvo la pequeña nieta de Cruz, que logró escapar de las llamas. A continuación registró choza por choza el pueblo y detuvo a catorce campesinos, sospechosos de haber participado en la revuelta. Los alineó junto a las ruinas de la choza de Seisdedos, al lado de los cadáveres calcinados y el cuerpo del agente Díaz. Y dio la orden de fuego. Los fusiles tronaron. Catorce muertos más en Casas Viejas.

El hecho causó comprensible horror en la opinión pública. Ramón J. Sender viajó al pueblo para investigar los sucesos, lo que dio como fruto una serie de reportajes, como los que años atrás hiciera sobre el crimen de Cuenca. Recogidos luego en su libro Viaje a la aldea del crimen, no solo denuncian la brutalidad vengativa de los guardias de Asalto, que demostraron carecer de la serenidad y proporcionalidad que precisa quien se enfrenta a una alteración del orden público como aquella, sino que también dan testimonio de la sensatez de los guardias civiles que se encontró sobre el terreno, y que se ofrecieron para protegerle tanto de los ánimos exaltados de la gente del lugar como de las amenazas que recibiría de los responsables de la masacre.

La matanza de Casas Viejas precipitó la caída de Azaña y en última instancia la convocatoria de elecciones en noviembre de 1933. En ellas votaron por primera vez las mujeres, conquista que le debieron a la republicana liberal Clara Campoamor, y frente a la que se situaría, por ejemplo, la ya mencionada Margarita Nelken, por entender que muchas votarían lo que les mandaran sus confesores. Si lo que temía la beligerante dirigente socialista (y como dato curioso, primera traductora de Kafka al español) era que ganaran las derechas, no anduvo descaminada. De aquellos comicios salió un gobierno presidido por Alejandro Lerroux (dudosamente la opción de los confesores, tras haber declarado en su juventud que a todas las monjas había que «elevarlas a la categoría de madres») y respaldado por la coalición derechista CEDA. Se abre así lo que los historiadores de tendencia izquierdista llamarán bienio negro, y que en efecto lo fue, por muchos motivos, aunque no todos imputables a quienes alcanzaron el gobierno. Con las derechas en el poder, se recrudeció la revolución, a la que se sumaron los sectores socialistas más radicales, encabezados por el antiguo consejero de Estado de Primo de Rivera, Francisco Largo Caballero. Pretextos no les faltaron. La derecha triunfante no se privó de rehabilitar generosamente a los jefes militares implicados en el golpe de Sanjurjo, y optó en cambio por postergar a los que se habían significado en defensa de la legalidad vigente. La percepción en amplios sectores de la izquierda era que de la República se habían apoderado sus enemigos (aunque en puridad, pocos españoles podían exhibir una ejecutoria republicana tan larga y perseverante como el nuevo presidente del gobierno) para emprender una suerte de contrarreforma que anulara los logros del bienio anterior. Si estos eran insuficientes, para la idea de la justicia social que animaba al movimiento revolucionario, menos aún prometía el gobierno radical-cedista. La hora de salir a conquistar los derechos de los trabajadores por la fuerza había sonado. La ofensiva que se produjo durante las últimas semanas de 1933 dejó ochenta y seis muertos, entre ellos nueve guardias civiles, elevados por el gobierno Lerroux a la categoría de mártires de la República.

Pero lo peor vendría en 1934. Hubo un aviso en la primavera, en tierras de Extremadura, donde numerosos cuarteles de la Guardia Civil fueron atacados. En Montemolín, cuyo nombre resultaba de nuevo adverso a los beneméritos (ironías del destino: el mismo de aquel torpe pretendiente al que derrotaron una y otra vez), el guardia Emilio Martín fue muerto a hachazos y posteriormente mutilado por negarse a entregar la correspondencia oficial que portaba. Sin embargo, la verdadera prueba iba a llegar en octubre, cuando la UGT de Largo Caballero, ante la posibilidad de que Lerroux incorporase al gobierno a ministros de la CEDA, lanzó una revolución que estalló con fuerza en la cuenca minera asturiana (no así en el resto del país, donde fracasó) y que pilló completamente desprevenidas a las autoridades.

El primer objetivo de los revolucionarios fueron las casas cuartel. Estas, según se decía en sus instrucciones para la sublevación, eran «depósitos que convenía suprimir». Y se aconsejaba que se estudiaran sus características defensivas para encontrar el mejor modo de acabar con ellas. Los revolucionarios estaban bien surtidos de dinamita, y este fue el medio principal para demoler la resistencia que los beneméritos, como en ellos era obligado y habitual, opusieron a la revuelta. A lo largo del día 5, noventa y ocho casas cuartel fueron destruidas con explosivos. La lista sería interminable: Mieres, Rebolleda, Santullano, Caborada, Posada de Llanes, Pola de Laviana, Sama de Langreo, El Entrego, Ciaño… En estos dos últimos puestos perecieron los guardias al completo, junto a sus familias. El de Caborada, excepcionalmente, se entregó sin oponer resistencia, merced a los oficios del teniente Torres Llompart, militante socialista. Frente al de Sama de Langreo, uno de los mayores, se juntaron cerca de 2000 revolucionarios, a los que se dispuso a hacer frente el capitán Alonso Nart, con los sesenta guardias que había logrado reunir. El edificio, una casa de vecinos, ofrecía nulas condiciones para su defensa. Resistieron allí 30 horas, y cuando ya se quedaban sin municiones, Nart ordenó una salida a la desesperada. Los mineros, que estaban bien apostados, diezmaron a los guardias y persiguieron por todo el pueblo a los que lograron escapar. Nart, herido en la refriega, se encaramó a un montículo desde donde siguió luchando él solo contra medio millar de atacantes. Al final cayó muerto a balazos y los revolucionarios mutilaron su cadáver con saña.

La revuelta se extendió a León y Palencia, donde los guardias siguieron escribiendo páginas de glorioso (o inútil) heroísmo. El teniente Halcón, jefe de la línea de León, salió al paso de los revolucionarios que marchaban sobre la capital, y con un puñado de guardias mantuvo a raya durante un día a cerca de 3000 enemigos. Al final, agolados y sin municiones, fueron aplastados por los mineros. Al teniente Halcón le pusieron un cartucho en la boca y lo hicieron explotar.

Aquella revolución produjo 1200 muertos (la Guardia Civil tuvo 111, y 182 heridos) y provocó la enérgica reacción del gobierno, que envió al general Franco con las tropas de los Regulares y la Legión para aplastarla. El futuro dictador llevó a cabo la misión con la dureza que había puesto en práctica una y otra vez en las campañas africanas donde hiciera su meteórica carrera de ascensos. Con él se llevó al ya comandante de la Guardia Civil Lisardo Doval (rehabilitado tras su implicación en la Sanjurjada), al que conocía por ser ambos paisanos y compañeros de promoción en la academia de Toledo. Por sugerencia de Franco, a Doval se lo nombró delegado del ministro de la Guerra para el orden público en las provincias de Asturias y León. El comandante ya había estado en 1917 por Asturias como jefe de línea de Gijón, donde se había ganado fama de duro, y conocía bien el terreno. Con ese conocimiento, y sin andarse con contemplaciones, atacó los núcleos de la revolución y capturó a sus responsables, incluyendo a su líder máximo, González Peña, al que cazaron sus guardias en Ablaña, el 3 de diciembre, cuando se disponía a huir por mar. Para alcanzar estos resultados, se calcula que detuvo a 7000 personas. Practicó registros sin orden judicial y recurrió con largueza a las torturas, incluidas las detenciones y amenazas de violación de las mujeres y las hijas de los mineros. Como consecuencia de las atroces palizas murió un número indeterminado de detenidos, y en un solo día sacaron a cerca de veinte de ellos de la cárcel de Sama para ser fusilados.

Alejandro Lerroux, que había clamado contra los métodos utilizados por el teniente Portas con los anarquistas barceloneses en el castillo de Montjuic, se veía ahora en la incómoda situación de que bajo su gobierno se reeditara el atropello, pero elevado a la enésima potencia. Ordenó al director general de Seguridad, Valdivia, que abriera una investigación. Lo que este descubrió lo horrorizó al punto de exigir al ministro que se cesara a Doval. El ministro le trasladó la petición a Lerroux, que lo relevó dándole una salida airosa. Nombrado jefe de Seguridad en el protectorado de Marruecos, acabó partiendo en noviembre de 1935 a una jugosa misión en el extranjero: una estancia en Nueva York para «estudiar las organizaciones policiales de aquella localidad». El chollo se le acabó con la victoria del Frente Popular, que lo convocó en febrero de 1936 para que regresara a su destino en Teruel. Doval no acudió, temiendo que se lo procesara por sus acciones en Asturias, y fue expulsado del cuerpo. Volvió tras la sublevación del 18 de julio para unirse a los rebeldes. En el verano de1936 mandaba la columna que desbarataron las milicias de Mangada (el vehemente oficial republicano arrestado por Goded) en Peguerinos (Ávila). Durante aquellos años, al margen de las luchas políticas que demandaban una y otra vez el grueso de sus energías, la Guardia Civil completó algunos servicios de interés en su servicio ordinario. Entre ellos, dos acciones que parecían retrotraerla a sus tiempos más remotos, como la persecución de los bandidos róndenos Francisco Flores Arrocha y Juan Mingolla, Pasos Largos. Tras el primero, ladrón de ganado y asesino, anduvieron los guardias durante un año, y en la refriega que acabó con su vida, el 31 de diciembre de 1932, también la perdió el guardia Teodoro López. En cuanto a Pasos Largos, viejo conocido del cuerpo, que ya lo enviara a prisión dos décadas atrás, al salir de prisión, ya en la sesentena, se dedica un tiempo a la caza furtiva, para más adelante empezar a recorrer los cortijos extorsionando a sus habitantes. Una pareja lo apresa y lo envía a la cárcel. Cuando sale de nuevo, en enero de 1934, lo hace cargado de odio contra los guardias y en seguida se hace con una escopeta, con evidente ánimo de venganza. El capitán Hernández, que ya dirigiera la búsqueda de Flores Arrocha, organiza una batida para capturarle. El 18 de marzo, en la cueva de El Palmito, en la serranía de Ronda, Pasos Largos, que se niega a entregarse, muere en tiroteo con el sargento del cuerpo Antonio Gil Ramírez. Es el último bandolero decimonónico, que se ha adentrado como un anacrónico intruso hasta el segundo tercio del siglo XX.

Por lo visto, García Lorca estuvo tentado de escribirle un romance a Flores Arrocha. Parece difícil entender qué podía verse de cantable en un sujeto que entre otras cosas asesinó y mutiló a sangre fría a una mujer y a su hija de meses. Pero quizá bastaba el hecho de que disparase contra los civiles y se hubiera cobrado la vida de uno. El mérito de esa acción era evidente leyendo el famoso Romance de la Guardia Civil Española, con el que el poeta de Fuentevaqueros, sirviéndose de la potencia de su verso (sin par en el siglo XX español), dejó grabada a fuego en el inconsciente colectivo una imagen tan lúgubre como desalmada: «Tienen, por eso no lloran, / de plomo las calaveras».

La revolución de 1934, que tanto se ensañó con los guardias, tuvo también, paradojas del país y del propio cuerpo, su episodio benemérito. Fue en Madrid, en el parque de automóviles, donde estaba destinado el teniente Fernando Condes. Un joven oficial, distinguido y condecorado en la campaña africana, que se había incorporado a la Guardia Civil para hacer carrera, y que al llegar a Madrid tomó contacto con destacados marxistas, entre ellos (una vez más) Margarita Nelken, con quien, dicen, compartió lecho. También se reencontró con su amigo el teniente Castillo, otro joven oficial curtido en Marruecos y de ideas izquierdistas, que se había incorporado a la Guardia de Asalto. Condes y Castillo dieron en organizar un esperpéntico plan de ataque a la presidencia del gobierno, donde esperaban hacer prisionero a todo el ejecutivo, completando los escasos efectivos que habían logrado comprometer con militantes socialistas disfrazados de guardias civiles. Descubierto el complot, Condes fue expulsado del cuerpo y condenado a una cadena perpetua que apenas duró un año.

En febrero de 1936 ganó las elecciones el Frente Popular, una coalición de socialistas, comunistas, anarcosindicalistas y burgueses antifascistas que se formó para luchar contra la derecha radical, los falangistas de José Antonio y el Bloque Nacional de Calvo Sotelo. Con tal motivo, Condes fue indultado, readmitido y ascendido a capitán. No fue el único afectado por el cambio de gobierno. Otros agraciados por el gabinete que presidía nuevamente Manuel Azaña fueron los encausados por sucesos como el de Castilblanco o por la revolución asturiana. En el extremo contrario, todos los militares que habían sido rehabilitados por el gobierno derechista o que se habían distinguido a su servicio se vieron relegados. Así, Franco pasó de la jefatura del Estado Mayor Central a Canarias, Goded fue a Baleares, y Mola, el exdirector de Seguridad de la dictadura, promovido por el propio Franco a la jefatura de las tropas de Marruecos, a Navarra. La excepción fue el general Sebastián Pozas Perea, que había sustituido en la Inspección General de la Guardia Civil a Cabanellas en enero de 1936, y que fue confirmado en su puesto. Pero ello es explicable por las peculiaridades del personaje, en las que nos detendremos más adelante. Con estas idas y venidas, de la prisión a los honores, de la primera línea al ostracismo, la República acreditaba su inestabilidad, que no era sino la de un país ya irremediablemente partido en dos.

Solo faltaba la llama que prendiera la mecha. Y en esos primeros meses de 1936, el fuego fue más que abundante. Menudearon las huelgas y motines, como el de Yeste, en Albacete, que se saldó con la muerte de un guardia, otros 15 heridos y 17 campesinos muertos. A las algaradas debió hacer frente una Guardia Civil desmotivada por las críticas y por el clamor que desde las filas de la izquierda se lanzaba para su disolución: uno de los partidos de la coalición gobernante, el PSOE, llevaba incluso este punto en el programa. Para remate, se sumó la acción de los pistoleros fascistas, que ayudarían a terminar de cebar la bomba de relojería en que se había convertido el país.

El 14 de abril, durante el desfile de celebración del aniversario de la República, unos exaltados de filiación izquierdista arrancaron a dar vivas a Rusia y mueras a la Guardia Civil al paso de las tropas de esta por la tribuna presidencial. El alférez del cuerpo Anastasio de los Reyes, que se hallaba cerca junto a otros guardias, vestidos todos de paisano, les recriminó a los revoltosos su actitud. De pronto sonaron unos disparos y el alférez y dos guardias cayeron heridos. Los guardias civiles repelieron la agresión y el caos se apoderó de la muchedumbre. Hubo tres bajas entre los civiles presentes. En cuanto el alférez De los Reyes, murió en el camino al hospital. Su entierro iba a ser funesto para el desarrollo de los acontecimientos, pese a las precauciones que adoptó el general Pozas. El teniente coronel González Valles, jefe del parque móvil, donde estaba destinado el alférez, dio publicidad al sepelio, lo que provocó que en él se congregaran numerosos simpatizantes de organizaciones derechistas y líderes como Gil Robles y Calvo Sotelo. El acto, plagado de vivas a España y a la Guardia Civil, fue tomado como un desafío por el ministerio de la Gobernación, que envió a la Guardia de Asalto para disolver al gentío. Al mando del contingente estaba el teniente José del Castillo, compañero de conjura de Condes e instructor de las milicias socialistas. Castillo sacó la pistola y ordenó cargar a sus hombres. La acción causó treinta heridos y seis muertos, entre ellos el señalado falangista Andrés Sáenz de Heredia. El ministro de la Gobernación, Amos Salvador, presentó su dimisión, pero la catástrofe era ya inevitable. A la ira de los fascistas se sumaba el descontento que se extendía en las filas militares, donde el nuevo gobierno practicó una caza de brujas de colosales dimensiones. Solo en la Guardia Civil fueron removidos de sus puestos 26 de 26 coroneles, 68 de 74 tenientes coroneles, 99 de 124 comandantes y 206 de 308 capitanes (entre ellos, Santiago Cortés, futuro defensor de Santa María de la Cabeza). No cabe duda de que muchos (que no todos) eran desafectos a la República, pero cabe cuestionar la prudencia de semejante razia en las filas de quienes debían contribuir a sostenerla.

Castillo pagó su exceso de celo el 12 de julio de 1936, cuando cayó víctima de un atentado a todas luces perpetrado por pistoleros fascistas en venganza por su actuación en el entierro del alférez De los Reyes. La respuesta no se hizo esperar, y en su gestación tuvo singular protagonismo su amigo el capitán Condes. Al frente de un grupo de guardias de Asalto y militantes del Frente Popular, se presentó primero en la casa de Gil Robles, y al no hallarle allí, en la de José Calvo Sotelo, el antiguo ministro de Hacienda de Primo de Rivera y ahora líder de la oposición al gobierno. Esgrimiendo una falsa orden de detención para su traslado a la Dirección General de Seguridad, sacaron al diputado derechista de su casa. En el camino, el militante socialista Victoriano Cuenca, panadero de profesión y guardaespaldas de Indalecio Prieto, disparó contra Calvo Sotelo, causándole la muerte. Nunca se sabrá si Condes tenía previsto este desenlace o si, como apuntan otras fuentes, el pistolero, conocido por su carácter violento, decidió por sí solo dar ese paso, y Condes, ante los hechos consumados, no tuvo más remedio que pechar con él. Según el testimonio de Prieto, días después el capitán le confesaría que estaba desesperado y dispuesto a quitarse la vida por su implicación en aquel crimen tan vil.

Aquella muerte marcaba el tránsito a un nuevo, y trágico, momento histórico. No deja de ser un desdichado símbolo que en ese punto de inflexión de la historia de España, una vez más, hubiera un guardia civil. Fernando Condes, a su manera, acató su destino. Murió el 27 de julio de 1936 en el frente del Guadarrama, encabezando una columna de milicianos que iba al encuentro de las tropas nacionales. Dicen que fue uno de sus propios hombres quien lo abatió, por la espalda.

Capítulo 12.
Julio de 1936: tricornios decisivos

Entre el 18 y el 19 de julio de 1936, tres aviones despegan de tres lugares distintos con un general a bordo. Un pequeño bimotor militar Dragón Rapide lo hace en la madrugada del 18 desde el aeródromo de Getafe, en Madrid. Otro Dragón Rapide, esta vez civil, lo hace pasadas las dos de la tarde del día 18 del aeródromo de Gando, en Las Palmas de Gran Canaria. Por último, un hidroavión militar Savoia S-62 despega a las once de la mañana del 19 de aguas de Mallorca. La Historia, con la inestimable ayuda del cine, recuerda bien al pasajero del segundo de estos aviones: el general Francisco Franco Bahamonde, actor señalado de la guerra marroquí y de la represión de la revuelta obrera asturiana de 1934, como hechos de armas más notorios de su carrera. Mucho menos se recuerda, empero, a los otros dos generales.

El que ocupa el primero de los aviones citados es el general Miguel Núñez de Prado, otro veterano de Marruecos, donde se ha distinguido no menos que Franco, al que de hecho tuvo a sus órdenes en las operaciones de reconquista de la zona de Melilla tras el desastre de Annual. El que viaja en el hidro, por último, es el general Manuel Goded Llopis, otro militar curtido en la revuelta asturiana y antes en la lucha con los rifeños, frente a los que se batió con arrojo en el desembarco de Alhucemas de septiembre de 1925. Tres aviones, tres generales africanistas y tres destinos muy distintos, que sirven como metáfora de lo que fueron el alzamiento militar y la guerra civil que estalló en el verano de 1936. Elegimos sus historias porque no solo valen a estos efectos, sino también para ilustrar la diversa suerte que jugó y corrió, según los lugares, el colectivo al que van dedicadas estas páginas.

Es curioso consignar que de los tres generales, uno viste de paisano, y los otros dos, en cambio, portan el uniforme que acredita su condición. Uno se dirige a su destino sin demasiada prisa, haciendo incluso una escala de una noche que demora su llegada hasta el día siguiente, mientras que los otros dos apremian al piloto a que llegue cuanto antes. Uno va a sobrevivir a aquel verano y a medrar con sus consecuencias. Los otros dos, ni lo uno ni lo otro. El lector perspicaz habrá acertado que el general de paisano, sin prisa y superviviente es el mismo, y que los otros dos son los que reúnen las tres circunstancias opuestas. La clave está en dónde aterriza cada uno, y con qué intenciones.

Franco, el futuro caudillo, toma tierra bien entrado ya el día 19 en el aeródromo de Sania Ramel, en Tetuán. Allí lo reciben el coronel Sáenz de Buruaga y el teniente coronel Yagüe, que se han asegurado de que las tropas del protectorado secundan plenamente la rebelión militar contra la República, de hecho iniciada el día 17 de julio en las plazas africanas. Con esta garantía, que lo es de las unidades más combativas y acreditadas del ejército español, Franco, que se ha puesto ya su uniforme, se presenta en Tetuán para encabezar el movimiento. Núñez de Prado, en cambio, aterriza en Zaragoza, desde donde han llegado al gobierno, al que se mantiene leal, preocupantes noticias sobre la posible adhesión a la revuelta del jefe de la división orgánica aragonesa, el exinspector general de la Guardia Civil Miguel Cabanellas. En cuanto a Goded, baja del avión en la Aeronáutica Naval de Barcelona, ciudad donde según todas las noticias la rebelión se encuentra en comprometida situación, por haberla advertido a tiempo el gobierno de la Generalitat y haberse movilizado contra los rebeldes las masas populares y las fuerzas de orden público. Franco entra entre vítores en Tetuán, aclamado por las tropas sublevadas como su jefe indiscutible. Núñez de Prado se encuentra con que Cabanellas, respaldado por las tropas y la Guardia Civil de Zaragoza, ha dominado ya la provincia para unirla a la rebelión. La entrevista con el sedicioso, lejos de concluir en la persuasión que confiaba lograr por su antigua camaradería africana, termina con su arresto. Posteriormente Núñez de Prado será trasladado a Pamplona y puesto a disposición del general Mola.

Goded se presenta en el edificio de la Capitanía General de Barcelona, donde arresta y destituye al general Llano de la Encomienda, opuesto a sumarse al golpe. Con las fuerzas que lo obedecen, planta cara a la Guardia de Asalto y a las milicias anarcosindicalistas que se han echado a la calle, pero empieza a intuir que su lucha carece de sentido cuando ve avanzar contra él los tricornios de la Guardia Civil. Siguiendo instrucciones del jefe de la zona, el general José Aranguren, el coronel jefe del Tercio Urbano de Barcelona, Antonio Escobar, ha puesto a sus guardias a las órdenes de la Generalitat, escenificando el gesto con una orden de vista a la izquierda al pasar la formación benemérita por la Via Laietana frente a la Conselleria de Ordre Públic, donde a la sazón se encuentra el president Lluís Companys. Escobar y los suyos se dirigen hacia las calles donde grupos de guardias de Asalto y paisanos encabezados por los belicosos anarquistas Ascaso y Durruti se baten contra las tropas de los cuarteles del Bruc y de Lepanto. La decisiva intervención de los disciplinados civiles desequilibra el combate en contra de los militares sublevados. Goded se resiste a rendirse, a lo que lo insta el general Aranguren, pero cuando esa misma tarde los cañones empiezan a bombardear el edificio de Capitanía, el también general alzado Fernández Burriel comunica a los sitiadores la capitulación de los rebeldes. Los mossos d’Esquadra salvan por poco a Goded del linchamiento y lo llevan a presencia del presidente de la Generalitat, Lluís Companys, que le hace leer una declaración por radio: «La suerte me ha sido adversa y yo he quedado prisionero. Por lo tanto, si queréis evitar el derramamiento de sangre, los soldados que me acompañáis quedáis libres de todo compromiso».

Sometido a consejo de guerra, el frustrado jefe de la sublevación en Cataluña acaba sus días fusilado en los fosos de Montjuic, por donde tantos otros pasaron antes, según hemos ido recogiendo en nuestro relato. Es el 12 de agosto de 1936. En cuanto al general Núñez de Prado, no llegará a vivir tanto, ni a beneficiarse de un proceso, así sea sumario y de escasas garantías. Las manos en las que ha caído, las del general Mola, son las peores que podría imaginar. Se trata del cerebro del golpe militar, el conocido como el Director, calidad en que firma sus siniestras «instrucciones reservadas», donde puede leerse, por lo que a Núñez de Prado incumbe, lo siguiente: «Ha de advertirse a los tímidos y vacilantes que el que no esté con nosotros, está contra nosotros, y que como enemigo será tratado. Para los compañeros que no son compañeros, el movimiento será inexorable». Congruente con ese principio de actuación, Mola manda fusilar a Núñez de Prado el 24 de julio de 1936.

La figura de Mola, «ingeniero» del alzamiento militar contra la República, merece algún detenimiento. Nacido en Santa Clara, Cuba, en 1887, hijo de un capitán de la Guardia Civil y de una natural del país, había pasado su adolescencia entre Gerona y Málaga, donde adquirió una mediana instrucción que unida a sus innegables dotes intelectuales lo predispuso para ser, tras su incorporación a la Academia de Toledo en 1904, un militar algo más cerebral que la media de sus compañeros. En los tiempos que le tocó vivir, los de las campañas africanas, abundaba más otro tipo de oficial, temerario y no en exceso cultivado. Ello le permitió, tras hacer una carrera razonablemente lucida en Marruecos, donde mandó tropas indígenas, alcanzar el cargo de director de Seguridad de la agonizante monarquía, pecado que luego le tocaría purgar. Enviado a la reserva tras el golpe de Sanjurjo, rehabilitado gracias a la derrota de las izquierdas en 1933, fue de nuevo castigado con el traslado a un destino menor, el gobierno militar de Pamplona, tras el retorno de Azaña al gobierno en 1936. Lo que hasta parece benigno, en su condición de autor de un panfleto ofensivo titulado El pasado, Azaña y el porvenir. A lo largo de estos años desarrolló un odio visceral hacia el marxismo y el comunismo, a los que creía a punto de apoderarse del país. Desde su destierro en Pamplona, se aplicó a organizar la rebelión, contactando con cuantos militares desafectos a la República pudo encontrar. Entre otros, el exiliado Sanjurjo, al que ofreció ser cabeza de la sublevación. También implicó a los carlistas, aunque a punto estuvo de romper con ellos por engorrosas diferencias sobre si el nuevo estado debía ser una república o una monarquía.

Fue él quien diseñó la estrategia y fijó la fecha del alzamiento para el 18 de julio, tras el detonante que le proporcionara el asesinato de Calvo Sotelo, aunque las tropas africanas finalmente se adelantaran a la larde del 17. Y fue él, también, quien en las aludidas instrucciones reservadas marcó la pauta despiadada que iba a dominar la sublevación: «Se tendrá en cuenta que la acción ha de ser en extremo violenta para reducir lo antes posible al enemigo, que es fuerte y bien organizado. Desde luego, serán encarcelados todos los directivos de los partidos políticos, sociedades o sindicatos no afectos al movimiento, aplicándoles castigos ejemplares a dichos individuos para estrangular los movimientos de rebeldía o huelgas». La exhortación a esta violencia extrema, entre otras cosas, venía marcada por una constatación previa, también recogida en las instrucciones reservadas: que tanto en Madrid, donde la sublevación no contaba con apoyos suficientes, como en otras grandes ciudades, es decir, allí donde había contingentes importantes de Guardia Civil y Guardia de Asalto, unidades mucho más preparadas y disciplinadas que el precario ejército de soldados de reemplazo que iban a movilizar los rebeldes, era harto probable que la rebelión fracasara. Ello determinaba la necesidad de asegurarla en las ciudades más pequeñas y las zonas rurales, para marchar cuanto antes sobre la capital y reducirla.

Como demostró la actuación de Escobar en Barcelona, pero también la de las unidades de la Guardia Civil de Madrid, que contribuyeron a aplastar la rebelión encabezada por el general Fanjul, o las de Valencia, Bilbao y Málaga, igualmente determinantes para que esas ciudades permanecieran leales al gobierno, el Director, que no en vano se había criado en una casa-cuartel de la Benemérita, no andaba descaminado en su previsión. Cifraba Mola sus principales esperanzas, además de sus propias fuerzas, en el ejército de África; en Zaragoza, donde se había asegurado la cooperación del masón Cabanellas (pese a su aversión a la masonería); y en Sevilla, donde contaba con el general Queipo de Llano, protagonista de un abrupto viaje, desde el republicanismo más militante (como líder de la ARM, el grupúsculo de militares que conspiraron por la república en 1930) hasta su activa participación en el golpe, con encarnizado cumplimiento de las directrices de Mola para la eliminación del adversario. Queipo, que como republicano dejara sentenciado para la posteridad que hasta el 14 de abril de 1931 el ejército no había sido más que «una corporación de lacayos al servicio de la Casa de Borbón», que había sido premiado con generosidad por la República, y que en la fecha del alzamiento dirigía el cuerpo de Carabineros, se revelaría finalmente, en combinación con Franco y sus tropas africanas, como organizador de la principal plataforma ofensiva de los rebeldes sobre Madrid. Nada que deba extrañarnos, en un país tan pródigo en personajes capaces de luchar a muerte por una idea y contra ella. Y una paradoja más: el cuerpo que dirigía Queipo no lo secundó y permaneció mayoritariamente leal al gobierno.

Los rebeldes se hicieron también con Galicia, la mayor parte de Castilla La Vieja y León y la mitad norte de Extremadura. A Mola, en cambio, le falló Cataluña, que había contado con levantar pese al escollo de Barcelona, y también se vio sin la Armada y la Aviación, que en buena medida no secundaron el golpe. El día 20 de julio, el general Sanjurjo moría al estrellarse con el avión que lo traía de Portugal. Este contratiempo, unido a todos los anteriores, causó en Mola, según su mordaz biógrafo Blanco Escola, un abatimiento rayano en la depresión. Por aquellas fechas, Andalucía apenas estaba consolidada, más allá de las ciudades de Córdoba y Granada y el corredor Sevilla-Jerez, y las tropas de Aragón y Navarra, llamadas a marchar sobre Madrid, tenían que dividirse entre este esfuerzo y el de proteger Zaragoza frente a la embestida que se les venía encima desde Cataluña. A eso debía sumarse la imposibilidad de llevar a las tropas de África a la península por mar, ante la hostilidad del grueso de la flota. Entre tanto, Franco, ya entregado por completo a la rebelión y dispuesto a hacerse con sus riendas, negociaba con Hitler para que le prestara los aviones que necesitaba a fin de poder trasladar por aire a Sevilla a los legionarios y regulares de Marruecos. Mola impulsó la creación de una Junta de Defensa Nacional con Cabanellas como presidente, pero el propio designado fue consciente de su papel decorativo, a la espera de que en el seno del bando sublevado se definiesen las fuerzas. El curso de aquel verano sangriento, a cuyo término las unidades de Franco se plantaron a orillas del Manzanares, en tanto que las que había enviado Mola desde el norte se atascaban en la sierra de Guadarrama, decidió la designación del gallego como caudillo único el 1 de octubre de 1936. A partir de ahí, Mola jugó un papel subalterno, hasta su extraña muerte en accidente de aviación, el 3 de junio de 1937, en el pueblo húrgales de Alcocero. Entre los restos del avión se halló la cámara Leica que el general siempre llevaba consigo, para fotografiarlo todo.

¿Qué había sucedido, entre tanto, en el lado republicano? El golpe había pillado por sorpresa, hasta cierto punto, al gobierno. Aunque había fuertes rumores de que la rebelión era inminente, se habían creído (o querido creer) el juramento que Mola le había hecho a su superior inmediato, el general Batet, de no estar implicado «en ninguna aventura». El presidente del Gobierno, el galleguista Casares Quiroga (que ocupaba el puesto tras la elevación de Azaña a la presidencia de la República, después de la renuncia de Alcalá-Zamora) presentó en la medianoche del 18 su dimisión. Lo sustituyó el presidente de las Cortes, el exradical lerrouxista (además de masón y Gran Maestre del Gran Oriente español) Diego Martínez Barrio, que al frente de un breve gobierno de conciliación logró parar el golpe. Incluso llegó a hablar con Mola, que le dijo que ya no podía echarse atrás, porque los «bravos navarros» que se habían puesto a sus órdenes lo matarían. Logró no obstante Martínez Barrio contener la sublevación en la mayor parte del país, manteniendo la fidelidad de no pocas unidades del ejército (especialmente, como se dijo, de la Armada y la Aviación), la inmensa mayoría de los miembros de los cuerpos de Seguridad y Asalto y Carabineros y algo más de la mitad de los efectivos de la Guardia Civil. Por su distribución y calidad, no obstante, los guardias leales a la República pesarían mucho más que los rebeldes. Para empezar, de los siete generales del cuerpo, tan solo se alzó uno. Y la lealtad de los beneméritos de Cataluña, Madrid y Levante sería crucial para articular la sólida columna vertebral de la España republicana que, sin contar con nada ni medio comparable a los generosos apoyos que recibió Franco de las potencias del Eje, iba a ser capaz de plantar cara durante tres años a la maquinaria bélica que levantaron los sublevados.

No es tarea fácil describir la actitud de la Guardia Civil ante el golpe. Resumiendo mucho, podemos decir que hubo lugares donde poco o nada pudo decidir. Volviendo a los tres escenarios con que abríamos este capítulo, tal fue el caso del protectorado marroquí, donde la fuerza de los sublevados era tal que habría sido suicida oponérseles. No quiere esto decir que no hubiera quienes dentro del cuerpo arrostraran ese riesgo. Para ejemplo, el comandante Rodríguez-Medel, jefe accidental de la comandancia de Pamplona, el corazón del levantamiento, que murió por ir allí a oponerse a este (a manos de sus propios hombres, hecho peculiar en la historia benemérita); pero como puede comprenderse, su osadía no fue la norma. En segundo lugar, hubo otros sitios donde la Guardia Civil habría podido contribuir a inclinar la suerte del lado de la República, o cuando menos a dificultar el triunfo de la sublevación, pero optó por sumarse a esta, como fue el caso de Zaragoza (o el de Sevilla y otras capitales andaluzas). Y por último, hubo lugares donde su intervención, al servicio decidido de la legalidad republicana, llevó a aplastar la rebelión: el caso de Barcelona y de otras ciudades, donde los beneméritos, codo a codo con los guardias de Asalto y los ciudadanos en armas, convertidos en inequívocos soldados del pueblo, fueron claves para derrotar a los sediciosos.

Afirma Aguado Sánchez que la Guardia Civil no se sentía a gusto con la República, lo que a su juicio obedecía a la evidencia de que la República, pese a haberse apoyado en ella en su proclamación, no quería a la Guardia Civil. Ambas afirmaciones tienen un fondo de verdad incuestionable, que vuelve tanto más meritoria la conducta de esos cientos de jefes y miles de hombres del cuerpo que el 18 de julio decidieron seguir acatando la ley y enfrentarse a unos militares que entre otras cosas decían venir a reivindicarlos frente a la campaña de acoso que sufrían desde la izquierda radical. El propio Franco había declarado, meses antes del golpe, que no pensaba sublevarse, salvo si llegaba la hora del comunismo o disolvían la Guardia Civil. Pero, tomada en un sentido absoluto, la aserción del historiador del cuerpo admite alguna discusión. Había entre la Guardia Civil una porción, no del todo desdeñable, de oficiales y agentes que simpatizaban con la República. El autor cuenta con el testimonio de su tío abuelo, guardia civil en Málaga en el verano de 1936. Según sus recuerdos, los guardias eran mayoritariamente republicanos, y llegaban a enfrentarse a los oficiales por su despotismo, como ilustran dos anécdotas. En cierta ocasión, un teniente recién llegado del Tercio le preguntó a otro, veterano del cuerpo, si allí se pegaba, como era costumbre hacer con los legionarios insumisos. El oficial veterano le respondió que hiciera como mejor creyera, pero que recordara que allí cada uno llevaba colgada una pistola. Elocuente fue, también, la forma de pedir que se indultara de la pena de muerte a un guardia que había matado a su cabo, por aprovechar mientras lo enviaba de correría para entenderse con su mujer. Estando todos los oficiales en el patio del cuartel, los guardias les arrojaron encima el retrato del director general. Al final el guardia fue indultado. Con este ambiente, no sorprenderá que en Málaga la Guardia Civil no secundara el alzamiento, pese a recibir en los primeros momentos órdenes en tal sentido de algunos oficiales comprometidos con los sediciosos y que acabaron recluidos como reos de rebelión militar en un barco-prisión. Un destino al que sin embargo escapó el capitán cajero, hombre considerado con los guardias, y al que estos facilitaron un mono de miliciano y lo ayudaron a cruzar las líneas en el frente de Estepona. Pero aparte de estos elementos más o menos díscolos, había otros muchos que, imbuidos del espíritu de Ahumada, y como demostraron en las calles el 18 de julio, continuaban dispuestos a acatar las órdenes de la autoridad legalmente constituida, pese a su disgusto por la deriva que habían tomado los acontecimientos, y aunque algunos lo hicieran con cierta tibieza, ante el fracaso consumado de aquella sublevación ejecutada con tan irregular fortuna.

Por otra parte, entre los republicanos no todos estaban tan convencidos de que la Guardia Civil era una mala hierba que debía erradicarse del solar español. Algún indicio, además, les llegaba desde fuera, como cuando se solicitó su presencia para garantizar la limpieza del plebiscito del Sarre, organizado por la Sociedad de Naciones, lo que patentizaba su prestigio internacional. De hecho, el resultado de la acción de la República a lo largo de los cinco años que vivió en paz relativa fue de potenciación del cuerpo y mejora de las condiciones de los guardias, a los que se les aumentó el sueldo (por obra tanto de los gobiernos de derechas como de los de izquierdas) y cuya plantilla se amplió hasta alcanzar cifras récord. El 18 de julio de 1936 (aunque los datos no son pacíficos) había unos 35 000 guardias civiles, tantos como nunca antes. De ellos, unos 20 000 quedaron en la zona gubernamental y unos 15 000 en la sublevada. Los que conservó a su lado la República no solo recibieron, al menos en los primeros días, la gratitud y el afecto de la población, sino que en seguida se revelaron imprescindibles para la dirección de las improvisadas tropas con que contaba el bando gubernamental, al frente de cuyas unidades se situaron no pocos miembros del cuerpo. Pero ya antes del alzamiento y de demostrarse su utilidad había en el seno de los partidos republicanos (incluso de izquierdas, como el PSOE) personas que habían aparcado sus veleidades antibeneméritas, y que al apostar por el restablecimiento del orden, para evitar que la República se viera desbordada por la revolución, no podían sino contar con la Guardia Civil. Tal era el caso de Azaña, que en su famoso discurso de Comillas de 1935 dijo estar dispuesto a contener tanto a los elementos facciosos como a las masas exaltadas, y pidió que no lo llamaran si no iban a dejarle gobernar. Algo que implicaba, sin duda, recurrir ampliamente a los guardias civiles.

No está de más retener esta idea, para comprender mejor lo que ocurrirá muchos años más tarde, cuando los herederos históricos e ideológicos de esa sensibilidad republicana moderada, al llegar al poder, establezcan con el instituto armado una relación que en nada se compadecerá con esa consideración como enemigo irreconciliable. Otra cosa es lo que sucedería en los días siguientes al alzamiento, cuando la República cayera en manos de otros sectores más radicales, estos sí, profundamente enemistados con la Guardia Civil, a la que se habían enfrentado una y otra vez, como hemos visto, con profusión de sangre y muertos por ambas partes. A partir de ahí, la subsistencia de la Guardia Civil en la zona republicana se volvería problemática y a la postre acabaría resultando inviable. El giro lo marcó la entrega de armas al pueblo decidida por el socialista José Giral, que sustituyó a Martínez Barrio al frente del gobierno el día 19 de julio. Si su predecesor, en su fugaz mandato, había intentado evitar una guerra civil, Giral actuó desde el comienzo sobre la convicción de que esa guerra ya estaba en marcha y había que sumar tantos efectivos como fuera posible a la causa de la República. En consecuencia, decidió entregar armas a las milicias, arriesgada maniobra a la que hasta entonces se había opuesto con firmeza el general Miaja, jefe de la división orgánica de Madrid. En la decisión de armar a la población apoyó resueltamente a Giral el inspector general de la Guardia Civil, el general Pozas Perea, cuyos oficios habían sido decisivos para liquidar los pocos apoyos con que contaba la sublevación en las unidades madrileñas del cuerpo y para asegurar la lealtad de las de Barcelona, debido a la estrecha relación de confianza que mantenía con el general Aranguren.

Es el momento de ofrecer algunos detalles sobre el perfil de este militar, cuya actuación sería de tanta trascendencia en aquellos días, y más a partir de su nombramiento, el propio 19, como ministro de Gobernación del gabinete Giral. Había accedido a la Inspección General de la Guardia Civil, con el grado de general de brigada, el 7 de enero de 1936, nombrado por el gobierno de transición de Pórtela Valladares para suceder a Cabanellas y gestionar el orden público en los inminentes comicios de febrero. Antiguo gentilhombre de cámara de Alfonso XIII, y como el presidente del gobierno con un pasado marcadamente monárquico, Pozas había desarrollado una brillante trayectoria en Marruecos, donde entre otras acciones había mandado la columna que reconquistara en 1926 las ruinas del malhadado campamento de Annual, consiguiendo una medalla militar individual y dos ascensos por méritos de guerra. Ya en la sesentena cuando accedió al cargo, pertenecía como Pórtela a la masonería, lo que le proporcionaba provechosos vínculos a izquierda y derecha. Gracias a ellos, y a su desempeño durante los comicios, en los que los guardias a sus órdenes contribuyeron a garantizar la limpieza del proceso electoral que llevaría al Frente Popular a la victoria, y se mostraron luego poco enérgicos con algunos excesos que se produjeron en la celebración de los resultados, fue confirmado al frente del cuerpo por el nuevo gobierno de Azaña. Su diligencia para hacer frente a un primer conato de rebelión militar en marzo, con gestiones directas ante Franco y otros generales descontentos, le permitieron ganarse la plena confianza del gobierno del Frente Popular, que le sería ratificada, tras su actuación durante aquellos cruciales días de julio, con la entrega de la cartera ministerial.

Pozas envía una compañía de la Guardia Civil para ordenar el reparto de armas a los milicianos. Con los fusiles disponibles se logra armar cinco batallones. Pero el grueso de las armas (45 000 cerrojos de fusil) está en el cuartel de la Montaña, donde se han hecho fuertes los rebeldes, con el general Fanjul a la cabeza. Su situación es poco menos que desesperada, ante la negativa a sumarse a la sublevación de casi todas las unidades con que contacta. Algunas, levantadas en un primer momento, han tenido que deponer las armas; es entre otros, el estrambótico caso del regimiento de artillería de Getafe, predestinado a cubrir a Fanjul con sus baterías, pero que tras mantener un duelo de bombardeos recíprocos con la base aérea de la misma localidad, se ha rendido ante la mayor precisión de los aviadores y la presión de las masas obreras que lo hostigan. Finalmente es el propio cuartel de la Montaña el bombardeado por tierra y aire, lo que fuerza la capitulación de Fanjul el día 20, con la consiguiente irrupción de los milicianos armados en el recinto y el exterminio de sus defensores, ante la incapacidad de las fuerzas del orden para detener la matanza. El pueblo en armas ha enseñado los dientes, y no será la última vez. Con los fusiles obtenidos en el cuartel de la Montaña se armará a miles de milicianos más, que rápidamente se harán con el control de la capital.

Pero para completar este capítulo dedicado al estallido de la Guerra Civil, debemos hacer referencia a otros episodios, que se harían especialmente célebres, y en los que los guardias civiles tendrían un indiscutible protagonismo. Algunos de ellos iban a ser, además, trascendentales para el curso del conflicto, bien por afectar directamente al desarrollo de las operaciones, bien por su valor propagandístico. Nos referimos a las varias gestas defensivas (con perfiles numantinos, para no contrariar la tradición) que protagonizaron diversos jefes y numerosos agentes del cuerpo que abrazaron el bando rebelde, y en las que se puso a prueba una vez más la determinación de los beneméritos de no ceder ni un palmo de terreno ni rendir al enemigo la posición que les había sido confiada por aquellos a quienes en este trance consideraban, por convicción o por circunstancias, sus superiores.

Tal fue el caso de multitud de pequeños puestos que quedaron aislados, y cuyos comandantes se negaron a entregar las armas a la población, como les pedían los dirigentes locales del Frente Popular, o bien trataron de oponerse a los desquites, en forma de detenciones ilegales y atentados contra significados derechistas, que se desataron por doquier. Podríamos citar muchos ejemplos, en especial en las provincias de Badajoz y Sevilla. Pero quizá el más significativo sea el del puesto de Tocina, en esta última provincia, donde siete guardias civiles con sus familias, al mando del sargento Lorenzo Vega primero y, tras la muerte de este, del cabo Floriano Martínez Azón, resisten durante doce días el asedio de los milicianos. Estos, en su mayor parte mineros, les arrojan para tratar de reducirlos profusión de dinamita e ingenios incendiarios, y hasta envenenan con arsénico el pozo que les abastece de agua. Cuando el 30 de julio los libera una columna de guardias civiles, el cabo Martínez Azón, que ni siquiera estaba destinado en el puesto (el azar de la guerra lo sorprendió allí, y se unió a sus compañeros) se presenta como jefe accidental al comandante que la manda. Tras ponerse a sus órdenes y dar la novedad, le quita toda importancia a su acción, ya que, le dijo, «venían venciendo».

Otra modalidad de resistencia, en el extremo opuesto, fue la que se ofreció en las ciudades que, unidas al alzamiento gracias al aporte decisivo de los guardias civiles, mandados por jefes comprometidos con la rebelión, quedaron cercadas por el enemigo. Tal fue el caso de Guadalajara, finalmente sublevada por el empeño del comándame Pastor, segundo jefe de la comandancia, que se impuso a su dubitativo teniente coronel. En seguida fue a por ella la potente columna que mandaba el coronel Puigdengolas, con profusión de guardias chiles en sus filas, además de milicianos y miembros de otras unidades militares. Tras asegurar Alcalá de Henares para la República (con su valor simbólico, por ser la cuna del presidente Azaña) Puigdengolas marchó sobre la capital alcarreña, donde aplastó la rebelión. Parecida suerte corrió Albacete, que acabó cayendo tras sufrir un duro asedio, varios bombardeos aéreos y un feroz asalto en el que se distinguió la infantería de marina de Cartagena. Precisamente allí, a Cartagena, fueron trasladados, prisioneros, los guardias chiles sublevados. Cuarenta y tres de ellos serían fusilados en alta mar, para que no se oyesen los disparos, y arrojados al agua por los marineros leales al gobierno. Otros cuarenta desertarían nada más poner el pie en Porto Cristo, donde los enviaron como parte del frustrado desembarco del capitán Bayo para reconquistar la rebelde Mallorca para el gobierno de la República.

Pero hubo más casos análogos. Merece reseñarse la suerte dispar que corrieron las guarniciones asturianas, donde se concentró la Guardia Civil de la provincia, dejando sobre el terreno a sus familias, rodeadas del ambiente más hostil que quepa imaginar, frescas aún en la memoria la revolución del 34 y la represión subsiguiente. Volvió a quedar sitiado el cuartel de Sama de Langreo, con 180 guardias y sus familias dentro. El líder minero Belarmino Tomás los intimó a rendirse y, ante su negativa, después de dejar salir a mujeres y niños, destruyó el cuartel con explosivos. Murieron todos los defensores. Otro caso de heroísmo más allá de lo concebible fue el del guardia Antonio Moreno Rayo, que defendió él solo el cuartel de Caravia contra quinientos mineros, disparando desde diversas ventanas y resistiendo ataques con dinamita. Hubieron de fusilarlo sentado en una silla, porque ya no se tenía en pie. Las dos grandes ciudades del Principado, Gijón y Oviedo, cuyas guarniciones también secundaron la rebelión, con protagonismo de los beneméritos, vivieron sendos asedios, de desigual resultado. En Gijón, los guardias se hicieron fuertes en el cuartel de Simancas, desde donde resistieron hasta el 21 de agosto, copiosamente cañoneados por la artillería gubernamental y sin otra defensa que la del crucero rebelde Almirante Cernerá, que iba y venía frente al puerto gijonés. Al final, la resistencia fue inútil, y los defensores acabaron pidiendo al buque de guerra que bombardeara el cuartel, con el enemigo ya dentro. En Oviedo, el coronel Aranda, de nuevo con el concurso fundamental de la Guardia Civil, logra resistir tres meses de asedio, hasta que las tropas enviadas en su socorro desde Galicia rompen el cerco.

Sin embargo, el caso más notorio e influyente de este tipo de resistencia fue el que protagonizó la plaza de Toledo, donde el teniente coronel jefe de la comandancia, Romero Basart, había ordenado que se concentrara la Guardia Civil de la provincia, para secundar la rebelión. En total, acudieron unos 700 guardias, que unidos a otros 400 militares de diversas procedencias (algunos se encontraban allí de permiso) se hicieron con la ciudad. Asumió el mando el coronel Moscardó, jefe de la Escuela Central de Gimnasia, sita en el histórico edificio del Alcázar, al que se replegaron los rebeldes cuando las columnas republicanas enviadas desde Madrid hicieron acto de presencia. Lo que sucedió a continuación es sobradamente conocido. Aquellos guardias resistieron durante más de dos meses, hasta el 27 de septiembre de 1936, el ataque encarnizado de las fuerzas gubernamentales, que llegaron a emplazar 20 cañones alrededor de la vieja fortaleza y a descargar sobre ella 500 bombas de aviación y 12 000 cañonazos.

Moscardó y los guardias a sus órdenes protagonizaron una defensa desesperada, viéndose obligados a salir de los escombros de noche para robar comida o intentar enganchar el fluido eléctrico, en medio de un paisaje espectral iluminado por los potentes focos con que los rodearon los sitiadores. Largo Caballero, a la sazón ministro de la Guerra, acudió repetidas veces a Toledo, para tratar de impulsar una conquista que nunca se produjo. Los actos de heroísmo individual fueron incontables, pero quizá el más espectacular fuera el del cabo del cuerpo Cayetano Rodríguez Caridad, que antes había sido minero y que se ofreció para vigilar las minas que excavaban los sitiadores, a fin de derribar los muros del edificio llenándolas de explosivo. Murió precisamente al hacer explosión la carga situada debajo de uno de ellos. Pero aún sin muros, apostados en los escombros, los guardias siguieron resistiendo. Junto a ellos estaban sus familias, con las que pasaron todas las estrecheces del asedio, alimentándose de los caballos y hasta del pienso que se guardaba para estos. Finalmente, Franco desvió la ruta de sus columnas que marchaban sobre Madrid para liberar el Alcázar, decisión tácticamente cuestionable, pero que supuso un éxito propagandístico total.

Por último, hubo otro tipo de resistencia, más atípica, protagonizada por grupos de guardias civiles pertenecientes a comandancias indecisas que se reunieron de forma azarosa y que se hicieron fuertes en un reducto más o menos de ocasión. Tal fue el caso de una parte de los guardias de la comandancia de Badajoz, cuya capital permaneció leal a la República por la obediencia de las unidades militares allí presentes y por la clara fidelidad republicana del jefe de la comandancia, el comandante Vega Cornejo, así como de las fuerzas de Carabineros, abundantes por la proximidad de la frontera. En Villanueva de la Serena, sin embargo, se reunieron un centenar de guardias, a las órdenes del capitán Manuel Gómez Cantos, de triste fama posterior, que se declaró en desobediencia a los jefes de su demarcación y resistió durante diez días los ataques del enemigo. Al final, Gómez Cantos logró evacuar a su tropa y a numerosos civiles hacia la provincia de Cáceres, donde tras varias escaramuzas alcanzó las líneas nacionales.

Pero para completar el relato que estamos haciendo falta la que quizá sea la más extrema y perturbadora gesta defensiva protagonizada por los miembros del cuerpo. Correspondió a una parte de los que estaban destinados en la comandancia de Jaén, que tras rocambolescas peripecias, ante la pusilanimidad de su jefe, el teniente coronel Iglesias, y la vacilación del segundo jefe, el comandante Nofuentes, acabaron reunidos en el santuario de Santa María de la Cabeza, en plena Sierra Morena. Fueron para ello decisivos los oficios del capitán jefe de la línea de Andújar, Antonio Reparaz, que fingió mantenerse leal al gobierno, con lo que logró ganarse la confianza de Miaja, que dirigía las operaciones de las tropas gubernamentales en la zona. Fue Reparaz el que consiguió que los guardias que se habían concentrado en Jaén, sospechosos la mayoría, como en efecto así era, de simpatizar con los rebeldes, fueran trasladados al santuario con sus familias. Allí se hizo con las riendas el capitán Santiago Cortés, cuya mano dura y cuya marcada significación derechista, demostradas inconvenientemente en la jornada del 14 de abril, le habían valido un destino burocrático en la capital jienense. Tuvo que imponerse al entonces jefe accidental de la comandancia, el comandante Nofuentes (tras llamar Pozas al inepto Iglesias a Madrid), y al capitán Rodríguez Ramírez, más antiguo que él. No le costó mucho. Como demostraría, de determinación andaba sobrado. Cortés aprestó a sus hombres, en total unos 250, para resistir en el templo y varios edificios próximos, con los que montó una especie de rudimentaria línea defensiva. Cuando en los pueblos circundantes se tomó conciencia de que los guardias del santuario se habían unido a la sublevación, se organizó el cerco en torno a ellos.

El asedio superó todos los límites de resistencia humana imaginables. Se prolongó durante más de siete meses, en los que los sitiados acabaron comiendo hierbas y raíces, además de los indigestos madroños que les procuraban los árboles de una loma cercana. Estuvieron aislados durante buena parte de ese tiempo, comunicándose cuando podían con palomas mensajeras que les arrojaban desde el aire, como los víveres y municiones. En esta labor se distinguió el capitán de aviación Carlos Haya, que le pidió a Franco un avión Douglas DC-2 para dedicarlo solo al socorro del santuario. Con él llegó a hacer cuatro viajes al día, desafiando a los cazas republicanos. A lo largo del otoño, el invierno y buena parte de la primavera los guardias resistieron asaltos de infantería, bombardeos aéreos y artilleros, y hasta varios ataques con carros de combate, sin que nada de eso les hiciera aflojar en su resistencia (a los carros, envalentonados por un bombardeo de la aviación nacional, llegaron a atacarlos a pecho descubierto).

Al final, apenas quedaba un muro del santuario en pie. Franco autoriza a Cortés la rendición, entre otras cosas en atención a las mujeres y niños que sufren junto a los guardias las penalidades casi delirantes del asedio. Pero el tozudo capitán, con una cerrazón que cuesta comprender, habida cuenta de la inutilidad de la resistencia y de las vidas que aún puede salvar, se niega.

Por la noche, los sitiadores iluminan con reflectores las ruinas, y los haces de luz descubren entre ellas las figuras de los guardias, con los fusiles cruzados sobre el pecho, vigilantes. Apenas son ya un puñado de fantasmas, pero no aflojan en su defensa. El 27 de abril de 1937, el capitán Cortés dirige a Franco y a Queipo de Llano, por conducto de paloma mensajera, este desesperado mensaje, que acredita el estado de ánimo de los defensores:

A las 14 horas veo avanzar hacia este campamento diez tanques blindados que son el último recurso a que podían recurrir nuestros enemigos para la consecución de sus siniestros propósitos. Aunque las palomas soltadas esta mañana aún se encuentran sobre los escombros de este Santuario, con la fe que como cristiano y patriota pongo en todos mis actos, me permito dirigirme nuevamente a V. E., para ponerle en conocimiento estos hechos, por si aún fuera tiempo de que pensasen en lo necesario que nos es el auxilio que hace tiempo vengo interesando. No lo pido por mí ya que al fin y al cabo mi vida vale poco, pero sí por los 1200 seres inocentes que me lo suplican sin perder la esperanza de su liberación. Dios guarde a V. E. muchos años.

Pero Franco ya les había dejado bien claro a sus generales que el santuario, de nulo valor estratégico para sus planes de campaña, no podía convertirse de objetivo sentimental en objetivo militar, y nada hizo por enviar el socorro tan insistente y ciegamente pedido por Cortés. Con el salvamento del Alcázar ya había agotado su cuota de romanticismo. El día 30 de abril de 1937, el coronel Morales y el teniente coronel Cordón, jefes de las fuerzas republicanas sitiadoras, atacan el santuario con «todo lo que tienen», incluyendo una docena de carros de combate. Los defensores ya son solo espectros andrajosos y enfermos, que disparan alucinados sus fusiles. La lucha, como en tantas otras ocasiones, llega al arma blanca: los guardias se defienden a la bayoneta como fieras acorraladas. Incluso uno de ellos, tras arrojar sin éxito una botella incendiaria contra un carro, la emprende a machetazos contra la mirilla. La batalla se prolongará durante un día entero. Hacia las tres de la tarde del 1 de mayo, un impacto de artillería entierra en cascotes a Cortés. Sus hombres, conscientes de que sin su valor demente la defensa es imposible, alzan bandera blanca.

Cortés, gravemente herido, fue evacuado al hospital de sangre de la XVI brigada, donde fue imposible salvar su vida, pese a la intervención quirúrgica a que lo sometió el cirujano de Valdepeñas. Enterrado en una fosa común, junto a otros muertos del santuario, sería posteriormente desenterrado e inhumado en el escenario de su desorbitada gesta, a donde también llevaron los restos del capitán Haya, derribado sobre el frente aragonés en 1938, y al que Cortés nunca conoció.

Tras la caída del santuario, los vencedores hicieron formar a todos los guardias que se podían tener en pie. Eran 42. El jefe de la XVI brigada, Martínez Cantón, le preguntó al oficial que los mandaba, el alférez Carbonell, dónde estaban los demás. Al responderle que allí estaban todos, el jefe republicano no pudo sino reconocer su valor. «Con doscientos como vosotros llego yo a Burgos», añadió. El gobierno de Valencia dio órdenes de que se respetara escrupulosamente a los prisioneros y a sus familias, cosa que se cumplió bajo la estrecha vigilancia de comisarios políticos y oficiales. Pero el valor propagandístico de la gesta fue enorme. Y tuvo otros efectos. Sin las fuerzas que debieron distraerse para reducir aquel foco de insensata resistencia, los nacionales tuvieron más fácil forzar la caída de Málaga. En cuyos montes, por cierto, eran otros guardias civiles (y así consta a quien esto escribe por testimonio directo de uno de ellos, antes citado en este mismo capítulo) los que en la primera línea del frente mantenían a raya y segaban con sus ametralladoras las filas de las tropas africanas.

Quede aquí el inventario de historias beneméritas de estos oscuros días. Podrían contarse muchas más, pero con las que quedan reseñadas basta para mostrar cómo los guardias civiles, llegada la ocasión en que el país al que servían se rompiera por la mitad, se vieron alcanzados por su fractura y supieron ser, con su disciplina sobrecogedora, los más expuestos y cruciales combatientes de uno y otro lado.

«La Guardia Civil muere pero no se rinde», reza el letrero que los nacionales colocaron junto al santuario reconstruido. Una frase que se tiñe de amargura al leerla a la luz de lo que pasaría con la Benemérita en aquella guerra y después de ella, en uno y otro bando.

Capítulo 13.
El dilema de Franco: la segunda refundación

Frente a su protagonismo en los primeros compases de la contienda, donde desempeñaron como hemos visto un papel a menudo determinante para decantar el curso de los acontecimientos en uno u otro sentido, los guardias civiles pasarían a un segundo plano, más allá de los muy excepcionales asedios, en cuanto se estabilizaron las líneas de los diversos frentes y dieron comienzo las operaciones militares propiamente dichas. Aunque quizá habría que referir la afirmación a la Guardia Civil como institución, ya que guardias civiles que a título individual jugaron un papel destacado los hubo en uno y otro bando.

Lo dicho resulta evidente en el bando republicano. Tras el golpe y la entrega de armas al pueblo, con el consiguiente despliegue en los frentes y en la retaguardia de las milicias de partido, socialistas, anarquistas y comunistas, las unidades de la Guardia Civil que habían permanecido leales a la República, al igual que el resto de fuerzas de seguridad, se aplicaron como pudieron a mantener el orden, en un entorno que cada vez resultaba menos propicio a ello. Ni los guardias ni los agentes de Seguridad, en aquellos primeros meses, pudieron evitar los atropellos, los asesinatos y los desmanes de todo tipo que se produjeron, así como tampoco controlar a los milicianos que iban y venían del frente, con un sentido más bien particular de lo que era el deber de mantenerse en el puesto en tiempo de guerra. Para que llegaran a asumirlo habría que esperar a la organización del Ejército Popular de la República, y a la atribución de autoridad efectiva a las fuerzas del orden sobre los emboscados, desertores y delincuentes de toda especie que se movían a placer por la retaguardia republicana. Pero para entonces, en la zona gubernamental, ya no existía la Guardia Civil.

Fue su anterior inspector general, Sebastián Pozas, quien en su calidad de ministro de la Gobernación dispuso la liquidación del cuerpo, mediante el decreto de 30 de agosto de 1936, con estos motivos:

La extensión y gravedad de la rebelión militar ha tenido fuerte repercusión en todos los cuerpos y organismos del estado. Requiere especial atención por parte del Gobierno cuanto afecte a los Institutos armados, entre los cuales se encuentra el de la Guardia Civil. Buen número de unidades y destacamentos de dicho Cuerpo ha permanecido fiel a su deber, ofreciendo un magnífico ejemplo de lealtad, abnegación y heroísmo; pero otras fuerzas del Instituto, por prestar servicios en las provincias sometidas a la sublevación militar o por haberla secundado, han quedado de hecho fuera de la disciplina del Cuerpo. Se impone en estas condiciones una reorganización completa del Instituto de la Guardia Civil, que alcance no solo a la debida depuración de los cuadros de mando y tropa, sino a la propia estructura del Cuerpo.

Como consecuencia, el decreto disponía la reorganización de la Guardia Civil, que pasaría a llamarse Guardia Nacional Republicana. A su mando se situó el general de brigada de la Guardia Civil José Sanjurjo Rodríguez-Arias (sin ninguna relación con el exdirector general y luego golpista José Sanjurjo Sacanell). Pero en la práctica se trataba de un cuerpo totalmente desnaturalizado, dirigido por comités locales y provinciales, algunos de tan deplorable memoria como el de Madrid, compuesto en su mayoría por guardias civiles conductores destinados en el parque de automovilismo, y al que no se le ocurrió nada mejor que llevar a cabo una repulsiva labor de persecución a través de la checa autodenominada Spartacus, de dirección anarquista y sita en la iglesia de las Salesas Reales, en la calle Santa Engracia de la capital. Desde ella se dedicaron a investigar y purgar a los compañeros, muchos de ellos denunciados por viejas rivalidades personales o domésticas que nada tenían que ver con su compromiso con la causa republicana. Llegó a darse la paradoja de que acabaran en la checa hombres que se batían el cobre en el frente de la sierra, denunciados por otros que estaban emboscados en Madrid. En total, la checa Spartacus llevó a la muerte a medio centenar de guardias. Los muchos enemigos que la Benemérita tenía entre las fuerzas que habían asumido la vanguardia defensiva de la República (solo en apariencia, pues algunas de ellas, como es sabido, perseguían otros objetivos últimos) empezaban a cumplir su viejo sueño de acabar con ella.

De las filas de la Guardia Nacional Republicana, extraña y amorfa reconversión del cuerpo fundado por Ahumada, hubo muchos que prefirieron desertar en cuanto tuvieron ocasión, para pasarse a la zona nacional y unirse a la Guardia Civil que allí continuaba existiendo. Otros muchos se mezclaron con las columnas combatientes que acudieron al frente a cortar el paso al ejército rebelde o se integraron después en el Ejército Popular, donde por su instrucción y habilidad en combate desempeñaron puestos de responsabilidad como cuadros de las unidades, a la vieja usanza del cuerpo, ya acreditada en las guerras carlistas. Entre unas cosas y otras, el terreno quedó abonado para que en diciembre de 1936 se aprobara un nuevo decreto que refundía en un nuevo cuerpo de Seguridad los existentes cuerpos de Vigilancia, Seguridad y Asalto y Guardia Nacional Republicana, con un grupo uniformado, dividido en dos secciones, Urbana y Asalto, y otro civil, dividido en tres secciones, Policía interior, Policía exterior y Policía especial o política. El proceso de unificación se dio por concluido en agosto de 1937. A partir de esta fecha no existe en el lado republicano Guardia Civil ni nada que quepa considerar sucesor de ella.

Esta decisión no puede juzgarse sino como un error mayúsculo por parte de sus autores, porque supuso dilapidar, con manifiesta ingratitud hacia los miles de guardias que en julio de 1936 se jugaron todo por la legalidad vigente, un activo valiosísimo para la defensa y la cohesión de la República, tras la traición de una buena parte del ejército. Fijarse en la minoría de guardias que se había sublevado, olvidando a la mayoría que se había mantenido fiel a su deber para con las autoridades legalmente constituidas, fue una miopía de nefastas consecuencias. Porque no había nada en el ideario del cuerpo amortizado que se opusiera a los valores republicanos, como habían demostrado cumplidamente sus miembros el 14 de abril de 1931 y a lo largo de los cinco años que siguieron, en los que derramaron una y otra vez su sangre en defensa de la ley y fue por la utilización ruin e interesada de otros, tanto a izquierda como a derecha, la mayor parte de sus excesos. Y porque el nuevo cuerpo, pese al empeño que pusieron sus integrantes, no llegó a ser una maquinaria ni la mitad de efectiva que la tan despreciada Guardia Civil. Ni en el frente ni en la retaguardia.

De las peripecias de los antiguos guardias civiles que permanecieron en la zona republicana podríamos contar mil historias, y seguramente hay muchas más que se han perdido. Como representantes de todos ellos, nos referiremos a las vicisitudes que atravesaron el coronel Escobar y el general Aranguren, los responsables del aplastamiento de la rebelión barcelonesa. En cuanto a este último, su actuación le valió el nombramiento de jefe de la división orgánica de Cataluña, desde el que tuvo poco margen de maniobra, por el poder que concentraron, de un lado, el Comité de Milicias Antifascistas, y de otro, la Conselleria de Defensa de la Generalitat. Luego asumió la comandancia militar de Valencia, cuya importancia venía dada por la presencia en la capital del gobierno de la República. Cuando entraron en la ciudad las tropas nacionales, se negó a huir, por considerar que no había cometido ningún delito. Fue sometido a consejo de guerra y condenado a muerte. Su familia apeló ante Franco al argumento del paisanaje (ambos eran de El Ferrol), al parentesco lejano que había entre ellos y a la antigua amistad que los había unido durante sus días de África. Pero todo fue inútil. Murió fusilado el 21 de abril de 1939, en el barcelonés Camp de la Bola, amarrado a una silla (de nuevo un benemérito en ese trance, aunque frente a distintos adversarios) para sostenerlo pese a sus graves heridas. A los que acabaron con sus días les dijo que lo hicieran sin remordimiento, que solo le quitaban dos o tres años de vida, y que peor era para el que lo acompañaba en aquel trance, el teniente coronel Molina, al que por lo menos le estaban quitando treinta.

En cuanto al coronel Escobar, se incorporó al ejército del Centro, con el que intentó sin éxito detener a las columnas del ejército de África que avanzaban desde Extremadura. Posteriormente combatió en la batalla de Madrid, donde resultó herido en el frente de la Casa de Campo, no muy lejos de donde perdió la vida el mítico Buenaventura Durruti, que muy bien habría podido considerarse su enemigo natural, y junto al que lo habían llevado a luchar las circunstancias, antes en Barcelona y ahora en la capital de la República. Durante su convalecencia pidió permiso para ir al santuario de Lourdes, como hombre profundamente creyente que era; permiso que Azaña le concedió y tras el que, contra lo que muchos temían, volvió a la zona republicana. Luego de ejercer como director de Seguridad en Cataluña, donde trató de poner orden en las revueltas anarquistas contra el gobierno, lo que le costaría ser objeto de un atentado, combatió en Brúñete y en Teruel. La capitulación de la República le llega ya como general en Ciudad Real, donde, al igual que Aranguren, en vez de huir elige correr la suerte de sus hombres y se entrega al general Yagüe. Juzgado y condenado por rebelión militar, en uno de los muchos ejercicios de lógica inversa que hicieron los vencedores en esa ficción de justicia que eran los consejos de guerra contra los vencidos, acabó enfrentándose en los fosos de Montjuic a los fusiles de los hombres del cuerpo al que había pertenecido y del que con su integridad escribió una de las más dignas páginas. De nada sirvieron las peticiones de clemencia que elevaron a Franco destacados eclesiásticos, como el cardenal Segura. Los mismos guardias del piquete rindieron honores a su cadáver. Era el 8 de febrero de 1940. Diez meses después, el 15 de octubre, se vería ante el pelotón de fusilamiento, en esos mismos fosos, el president Lluís Companys, a cuyas órdenes se pusiera Escobar en la jornada decisiva del 19 de julio de 1936. Ahora estaban todos juntos: con el fracasado Goded, con el infortunado Ferrer i Guardia y con tantísimos otros.

Sus casos son solo dos entre miles. Quien quiera un inventario detallado del altísimo precio que hubieron de pagar los muchos guardias civiles que no secundaron el alzamiento y cometieron el crimen de seguir luchando por la legalidad vigente, tiene un minucioso inventario en el documentado trabajo de José Luis Cervero, Los rojos de la Guardia Civil. Lo que allí puede leerse vulnera una y otra vez las reglas de la más elemental humanidad. Aparte de ser no pocos de ellos pasados por las armas, estos guardias sufrieron cárcel, ostracismo y, por lo que toca a aquellos que tras la oportuna depuración fueron readmitidos en el cuerpo, ser considerados como auténticos leprosos, destinados a los peores sitios y las más duras fatigas. Lo que en la España de la posguerra significaba, por ejemplo, ser enviados al monte a combatir a los maquis, destino que muchos de ellos no pudieron soportar y que acabó conduciéndolos al suicidio. Pero no paró ahí la venganza. También alcanzó a sus viudas y huérfanos, a los que repetidamente se les denegó, con vileza insuperable, el mínimo socorro que habrían supuesto para ellos, en su sobrevenida indigencia, las parcas prestaciones a que tenían derecho por la puntual cotización de sus progenitores y esposos a los montepíos y mutualidades del cuerpo.

Volviendo a 1936, en la zona nacional la Guardia Civil no fue disuelta, sino que se dispuso su continuidad dentro del nuevo estado que se fundó por los sublevados. La primera medida, publicada en el Boletín Oficial del 24 de julio de 1936, fue el cese como inspector general de Sebastián Pozas Perea (que ni aún idealmente lo alcanzaba, porque a la sazón ya era ministro de la Gobernación del gobierno de la República). En su lugar se nombró al general de brigada del cuerpo (único dentro del generalato benemérito que se había sublevado) Federico de la Cruz Boullosa, jefe de la segunda zona con sede en Valladolid. Como dato anecdótico, era hermano del subsecretario de la Guerra, que en vano había intentado hacer desistir a Moscardó de su actitud sediciosa y convencerlo de entregar el Alcázar a las fuerzas gubernamentales. Mandó este general los restos de la Guardia Civil que habían quedado del lado rebelde hasta el 12 de marzo de 1937, en que fue sustituido por el general de brigada de Infantería Marcial Barro García, que compatibilizaba esta función con la jefatura de la 13 brigada de Infantería con cuartel general en Valladolid. El bajo rango del nuevo inspector general, y el carácter de pluriempleo que para él tenía la jefatura del cuerpo, subordinada a su mando sobre tropas combatientes, son ilustrativos del papel, subalterno, que jugaría la Guardia Civil en la zona nacional. Aparte de velar por el orden en la retaguardia, lo que no era demasiado arduo, por el régimen de férrea disciplina que entre los suyos habían impuesto los sublevados, y el terror a que habían reducido a los pocos desafectos que no habían enviado al paredón, operó la Guardia Civil en su ya antigua condición de policía militar en campaña, papel que ya desempeñara en la lejana expedición portuguesa de Gutiérrez de la Concha, la guerra marroquí de O’Donnell y tantos otros conflictos. Un papel, en suma, puramente auxiliar.

Eso no quita para que a título individual y excepcional hubiera en el lado nacional guardias civiles que se significaran por sus acciones de combate. En los primeros tiempos lo hicieron, por ejemplo, el capitán honorario Carlos Miralles, que con una guerrilla de guardias civiles contribuyó a fijar el frente del norte en el puerto de Somosierra durante los primeros días del conflicto. O el comandante Lisardo Doval, que ya ha pasado por estas páginas, y que al frente de 800 hombres marchó sobre la localidad abulense de Peguerinos, para tratar de ganar esa parte de la sierra, dominada por ayuntamientos del Frente Popular. Para su desdicha, sus hombres, poco cohesionados y peor guiados por un oficial que no había medrado precisamente dirigiendo grandes unidades en el campo de batalla, se tropezaron con el numeroso contingente que el mucho más hábil Mangada había desplegado en la zona. Mangada dejó que los hombres de Doval fueran ocupando lomas y disgregándose, y entonces cayó con toda su gente sobre los nacionales, que salieron en desbandada. El escaso prestigio que esta acción le valió a Doval como jefe militar hizo que pasara a otros menesteres, en concreto a desempeñar la jefatura de seguridad de Salamanca, donde en aquel momento estaba el cuartel general de los sublevados. Allí fue donde tuvo su papel, más acorde a sus capacidades, en el desmantelamiento de la conspiración falangista encabezada por Manuel Hedilla, y que acabó con este condenado a muerte y después, porque así lo aconsejó a Franco su astucia, indultado y desterrado a Canarias.

Más adelante habría otros guardias civiles implicados en destacadas acciones de guerra, pero a título puramente individual y encuadrados en otras unidades. Tal sería el caso del capitán Enrique Sierra Algarra, condecorado con la Cruz Laureada de San Fernando por su desempeño al frente de la 50 compañía de la XIII bandera de la Legión, en el combate de Cerro Gordo (Teruel) el 27 de diciembre de 1937. Caso más bien excepcional de unidad combatiente formada por guardias chiles fue el de la llamada Compañía Expedicionaria de la Comandancia de Zaragoza, íntegramente formada por hombres del cuerpo y mandada por el capitán del mismo Roger Oliete Navarro, que entre octubre de 1936 y comienzos de 1937 protagonizaría temerarias operaciones de guerrilla en la zona de la sierra de Albarracín. Por su arrojo en ellas no tardó en ser conocida como compañía de la Calavera. Emblema este que acabaron adoptando y colocándose sobre las guerreras, en un escudo que constaba de un cráneo sobrepuesto a las siglas G-C entrelazadas (el distintivo tradicional del cuerpo) sobre un fondo negro.

Más allá de estas intervenciones puntuales y algunas otras que hemos de pasar por alto aquí, la guerra la sostuvieron otros, singularmente las tropas de choque africanas, el Tercio y los Regulares. Estos, merced a su acometividad suicida, apoyada por el moderno material de guerra aportado y manejado por alemanes e italianos, compensaron una y otra vez la escasa sapiencia estratégica del director de la guerra del bando nacional, superado continuamente por quien los hados malévolos dieron en ponerle enfrente: el general Vicente Rojo, uno de los más brillantes estrategas (si no el mejor) del ejército español, cuya apuesta por la causa de la República contribuyó a que esta salvara Madrid del asalto lanzado por Franco en el otoño de 1936 y prolongara la resistencia, casi, hasta el esperado estallido del conflicto mundial. Pero, como es sabido, no dio más de sí el talento de Rojo, ni el sacrificio ingente de los soldados que se dejaron la piel por la causa republicana. El 1 de abril de 1939, con todos sus objetivos militares alcanzados, según expresó en su famoso parte, el caudillo declaraba terminada la guerra y cautivo y desarmado al ejército enemigo.

Tocaba reorganizar el país, para dejarlo a la medida exacta de los deseos del vencedor. Y también le tocó someterse a esta reinvención, como no podía ser menos, a la Guardia Civil. Sobre este momento histórico crucial hay disparidad de versiones. Hay quienes aseguran que Franco, acabada la guerra y sin necesitarla ya en sus funciones de gendarmería de campaña, pensó seriamente en disolver la Guardia Civil. Otros, especialmente entre los historiadores afines al dictador y los más rancios apologetas del cuerpo, lo rechazan como anatema. Por los indicios de que disponemos, en particular la demora con que se aprobó la ley que reorganizaba el instituto, y que no llegó hasta el 15 de marzo de 1940, nos inclinamos por la primera versión. También es la que respaldan los historiadores más caracterizados del cuerpo. Aguado Sánchez, siempre razonable y coherente, pese a su sesgo más bien glorificador de la Benemérita e indulgente para con sus flaquezas, admite de forma implícita que el pensamiento pasó seriamente por la cabeza de Franco, aunque lo imputa a influencias externas de algunos de sus generales más próximos e incondicionales, deseosos de neutralizar un cuerpo sobre el que pesaba el estigma (añadimos nosotros) de su dudosa reacción el 18 de julio de 1936. Que la tibieza en la adhesión al movimiento nacional era una tacha en la mente del dictador lo prueba fehacientemente el cuerpo de Carabineros, suprimido de un plumazo y con peregrinas razones que no bastaban a encubrir el verdadero motivo: su abrumadora lealtad a las autoridades republicanas.

Abunda en esta interpretación, pero con un jugoso argumento adicional, Miguel López Corral, quien añade al círculo de los que invitaban al jefe del estado a enviar el baqueteado tricornio al desván de la Historia a su cuñado, y a la sazón ministro de la Gobernación, Ramón Serrano Suñer. Un personaje digno de retrato pormenorizado y aparte, para el que no hay en estas páginas el espacio necesario, pero del que bastará con decir que era, por cálculo evidente de Franco, el representante de la facción triunfante de la Falange, tras el fusilamiento en prisión de su fundador, José Antonio Primo de Rivera, y la desactivación por la vía penitenciaria del inquieto e imprudente cabecilla de la facción opuesta, Manuel Hedilla. Era además Serrano Suñer partidario entusiasta de la Alemania nazi, con la que se alinearía tras el estallido de la contienda mundial, y para la que pediría la formación de la famosa División Azul, a fin de ayudarla a machacar el bolchevismo y hacer pagar a Rusia sus culpas en la reciente carnicería patria.

Como apunta Corral, tenía además Serrano Suñer un amigo algo peculiar, que respondía al nombre de pila de Heinrich y se apellidaba Himmler. Este le había enseñado un maravilloso artefacto que habían puesto a punto en Alemania, y que al cuñado del generalísimo fascinó hasta el extremo de considerar idónea su traslación a la nueva España que surgía de la victoria nacional. El artefacto en cuestión no era otro que la organización de la que Himmler era Reíchsführer (es decir, jefe nacional): la Schutz-Staffel, más conocida por la siglas SS, representadas con dos runas en el cuello de los uniformes de sus miembros. Una compleja estructura, creada sobre la base de las bandas de matones que habían ayudado con sus dotes de persuasión al partido nacionalsocialista, o NSDAP, a ganar las elecciones de 1933, y que había crecido, desde sus modestos inicios como cuerpo de seguridad del partido, hasta engullir todo el aparato policial del Estado. Era, también, la más formidable maquinaria de esa índole que conociera la Historia, capaz de controlar a toda la población del país más pujante de Europa y mantenerla uncida, hasta su aniquilación, al yugo del régimen más criminal, demente y autodestructivo inventado por el hombre. Según el autor al que venimos citando, lo que Serrano Suñer pretendía era replicar este modelo sobre de la base de la Falange, para someter a los españoles, es de presumir, a una asfixia similar a la que padecían los alemanes, creando de paso magníficas oportunidades de vida y empleo para los portadores de camisa azul, como ya sabían y disfrutaban sus homólogos germanos de camisa parda y uniforme negro.

Providencial debemos considerar, imaginando el monstruo que habría podido nacer, que Franco fuera un tipo lo bastante frío como para desoír a la familia y acabar atendiendo las sugerencias que le llegaban desde otro sitio. Y salvadora debemos considerar, incluso quienes tengan mayores dificultades para apreciarla por la experiencia propia adversa o por la herencia ideológica recibida, la subsistencia de la Guardia Civil, un cuerpo a fin de cuentas profesional y concebido por un hombre cabal, honesto e ilustrado, en vez de la aberración que diseñaron unos psicópatas carentes de cualquier escrúpulo.

Los que lograron inclinar el ánimo del jefe supremo fueron un grupo de generales, entre los que se encontraban Várela, Muñoz Grandes (organizador bajo la República del cuerpo de Asalto), Vigón y Camilo Alonso Vega (viejo compañero de Franco de los días fundacionales del Tercio, en Marruecos, y con gran ascendiente personal sobre él). Ellos lo persuadieron de que no podía dejarse el orden público en manos de un ejército desgastado por la guerra, teniendo un cuerpo veterano y que había acreditado su eficacia para controlar la retaguardia y el escabroso territorio español. Le hicieron ver además lo arriesgado de confiar en las milicias falangistas (de las que el propio Muñoz Grandes era responsable, lo que lo surtía de abundantes y fundados motivos para la desconfianza). Franco, que después de todo era un militar monárquico y tradicional, debió entender finalmente que antes que lanzarse a imprevisibles experimentos más valía aprovechar y rehabilitar una institución curtida y consolidada a lo largo de la Historia, con los ajustes precisos para adecuarla a su personal proyecto de nación. Fue así como se produjo la segunda refundación, la franquista, del cuerpo fundado por Ahumada. Una refundación que en buena medida equivalió a una tentativa de convertirlo en otra cosa, subvertir su filosofía y liquidar algunas de sus más fecundas aptitudes. Pero como veremos, y aunque en la mente de muchos españoles siga instalado, aún hoy, como estereotipo indestructible de la Benemérita, aquel nuevo cuerpo troquelado por el designio dictatorial, solo a medias y transitoriamente tuvo éxito tan habilidosa y ventajista maniobra. Desde su tumba, desde sus reglamentos y su Cartilla, y desde su convicción e inteligencia, el duque de Ahumada iba a dar la batalla, atestiguando la solidez de su obra y salvándola de tamaña degradación.

Se materializó la refundación franquista en la ya citada Ley de 15 de marzo de 1940. Por medio de ella se consumaba la liquidación del cuerpo de Carabineros, de tan impertinentes querencias, refundiéndolo en la nueva Guardia Civil, que a sus competencias tradicionales sumaba el resguardo fiscal y la vigilancia de fronteras y costas, incorporando en su seno al escaso contingente de carabineros que se había salvado de la quema. Como señala Aguado Sánchez, la exposición de motivos de la ley está llena de argumentos pintorescos, por no decir sofísticos e inexactos. Valgan como ejemplo los siguientes:

Los acontecimientos políticos sufridos por España en el último decenio, con la implantación de la República, afectaron hondamente a todas las organizaciones nacionales, pudiendo asegurarse que no hubo una sola a la que no alcanzase el espíritu destructor de aquellos gobernantes. El benemérito Cuerpo de la Guardia Civil, creado por el Duque de Ahumada, y que constituyó la coronación de la obra iniciada por la Reina Católica con la organización de la Santa Hermandad, no se libró del influjo de aquellos hombres que, desde la oposición, habían intentado minar el espíritu benéfico del Instituto para crearle en el país un ambiente de odiosidad, fomentando, por un lado, la lucha de clases y los movimientos revolucionarios, y, por otro lanzando desde el poder a la represión a las fuerzas de Orden Público, con órdenes de crueldad hasta entonces desconocidas [alusión más que probable a la orden de tirar a la barriga atribuida, pero nunca contrastada, a Manuel Azaña en los sucesos de Casas Viejas]. Al acometerse la reorganización de las fuerzas de Orden Público, hemos de salvar del naufragio de la revolución aquel espíritu y valores tradicionales que hicieron del Instituto de la Guardia Civil uno de los cuerpos más prestigiosos en que se inspiró la organización de las fuerzas de Orden Público en distintos países. Recogiendo aquellas enseñanzas y mejoras que el transcurso del tiempo y las experiencias de la guerra han señalado como más necesarias a los intereses nacionales, pretende esta ley…

No es preciso seguir, ni precisará tampoco el lector estrujarse las meninges para discernir cuáles eran esos «intereses nacionales» que hacían «necesarias» las «mejoras y enseñanzas» que se trataba de poner en práctica. Sobre el papel de Ahumada como ejecutor del plan de Isabel la Católica más vale extender un piadoso silencio.

Pero más adelante el texto nos ofrece otras claves de interés:

Los Tercios de Frontera, que por esta ley se crean, nutridos con gente joven, de vocación decidida, formarán unidades selectas que fortalecerán la organización militar de nuestras tropas de cobertura. El necesario enlace y compenetración que ha de haber entre las unidades del Ejército y las fuerzas de la Guardia Civil en el conocimiento, vigilancia y defensa de nuestras fronteras, han aconsejado que el mando superior de los indicados Tercios y de parte de sus unidades inferiores se asigne a jefes y oficiales del ejército.

He aquí la primera señal de la segunda desnaturalización que se trataba de infligir al cuerpo, tras la nada desdeñable, puesta sinuosamente de manifiesto en el párrafo anterior, de colocarlo por primera vez al servicio de una particular ideología interpretativa de lo que debía ser España. Se trataba de convertir a la Guardia Civil en un cuerpo más del ejército, con misiones especializadas, eso sí, como la labor de gendarmería y ocupación interior y la de centinela del perímetro territorial, pero organizadas sobre la base de y bajo la subordinación a los mandos militares. Era esta una novedad notoria respecto del diseño de Ahumada. Cierto era que este había optado por reclutar a los guardias de entre los miembros selectos del ejército, por entender que ellos le aportarían la solidez y la disciplina que precisaba; que se había empeñado, además, en dotar al cuerpo de condición militar (para mantener esa disciplina y esa solvencia en el servicio); y que se había empleado a fondo para sujetarlo a la dirección de personal del ministerio de la Guerra, aparte de afinarlo para actuar como soporte y fuerza de reserva del ejército en coyunturas bélicas. Pero no era menos cierto que se había cuidado de mantener a sus guardias como una fuerza independiente, y los había dotado de una filosofía de servicio a la ley, a las autoridades civiles y al ciudadano (una vez más, remitimos a la relectura de la Cartilla, en el capítulo 2 de este libro) que no era, ni muchísimo menos, la propia de un soldado. Y lo que Franco reforzaba con su ley era la condición soldadesca, coherente con su concepción de la Guardia Civil como un engranaje más para el mejor funcionamiento del gigantesco cuartel en que quedaba transformado el país.

Para completar la descripción del cuadro, no es ocioso apuntar que en aquellos momentos seguía vigente el estado de guerra, que se mantendría nada menos que hasta el año 1948, por lo que cualquier acción contra los guardias civiles, caracterizados como miembros del ejército, daba lugar a la aplicación del Código de Justicia Militar y al correspondiente consejo de guerra, lo que también se extendía a cualquier conducta irregular o insatisfactoria para el mando en que pudieran incurrir los propios beneméritos. En suma, se vivía en la práctica bajo una suerte de reedición, por vía tan indirecta como eficaz, de la tristemente famosa Ley de Jurisdicciones de 1906, que en su día derogara la República y que Franco, merced al simple ardid de mantener sumido al país en estado bélico permanente, no necesitó reinstaurar.

No menos dignas de ser paladeadas detenidamente son las consideraciones que llevan, según se declara en el preámbulo de la ley, a disolver el cuerpo de Carabineros (en síntesis, que la experiencia decía que a veces los carabineros perseguían delincuentes ordinarios y que los guardias también aprehendían alijos). Pero como no podemos aquí recrearnos en todo el texto, más bien debemos pasar a transcribir el crucial artículo 16 de la norma legal, que remacha cuanto se viene diciendo por si a alguien le quedaran dudas de lo pretendido:

Agotado el personal de los jefes procedentes de los cuadros actuales de la Guardia Civil, todas las vacantes en los empleos de coronel y teniente coronel, y las restantes, después de aplicado lo que en el artículo anterior se especifica para los demás empleos, se servirán por los jefes y oficiales del Ejército de Tierra que lo soliciten y cumplan las condiciones que se establezcan. Los que las obtengan servirán en el Cuerpo de la Guardia Civil, sin ser bajas en los escalafones de las armas de procedencia, por el tiempo que se fije, habida cuenta de una parte de las conveniencias y eficiencias de los servicios, y de otra de la necesidad de que conserven, en todo momento, la aptitud física necesaria en el Arma de donde proceden y a la que seguirán perteneciendo. El ingreso en el servicio de la Guardia Civil se iniciará por las escalas inferiores, continuándose hacia las superiores a medida que vaya faltando personal de jefes y oficiales del Cuerpo de la Guardia Civil.

Puesto en plata: a fin de no cargar de tareas al agotado ejército… se inundaba con sus cuadros la Guardia Civil. Eso sí, manteniendo el nexo de los así transferidos con sus armas de procedencia, listos siempre para la guerra. Esta medida fue redondeada con otra, que acreditó a la nueva Benemérita como vaciadero del ahora hipertrófico ejército vencedor (justo eso que Ahumada no quería que fuera su cuerpo, tras las guerras carlistas). Urgía resolver el problema de cubrir las plazas que no habían podido dotarse con el personal antiguo del cuerpo y con el de nueva recluta, pese a habérsele exigido a este requisitos significativamente rebajados (entre ellos, la estatura, que pasó a ser de 1,560 metros; nada menos que 11 centímetros menos de lo que se pedía medio siglo atrás). Para ello, el general Várela, ministro del Ejército, por orden de 1 de septiembre de 1941, destinó a la Guardia Civil, con el empleo de guardias de segunda, y sin pasar ninguna prueba de aptitud, a 10 000 sargentos provisionales y de complemento excedentes de la guerra civil. Por esta vía, y por primera vez en su historia, vistieron el uniforme del cuerpo hombres analfabetos y semianalfabetos; a los que no cometeremos la ruindad de escarnecer, por ser falta atribuible no a ellos sino al atraso de su país y porque muchos de ellos, con no poco esfuerzo, aprendieron lo suficiente para poder desempeñar con dignidad su labor. Pero en todo caso resultaba obvio que la nueva Guardia Civil refundada por Franco no era el cuerpo escogido y elitista concebido por Ahumada, aparte de estar nutrido por afectos a un régimen, el suyo, en contra del principio de independencia y neutralidad que rigiera siempre la labor del fundador. Esta es, todavía hoy, la Guardia Civil que tienen en mente muchos españoles. Pero no es, ni mucho menos, y como se han encargado de demostrar los que han servido en ella después, con otras leyes y bajo otras premisas bien distintas de las de aquel estado autocrático, la Guardia Civil.

En otro orden de cuestiones, la reforma incluyó la aprobación de dos nuevos reglamentos, militar y para el servicio, que refundían los anteriores y los adaptaban a las necesidades del nuevo régimen. El reglamento militar, aprobado el 23 de julio de 1942 por el ministerio del Ejército, configuraba la nueva Guardia Civil como una gran unidad militar tipo cuerpo de ejército, pasando a segundo plano su carácter de policía uniformada. Incluso en los términos, ya que hablaba de comandancias, compañías y secciones, en lugar de comandancias, compañías y líneas, terminología tradicional que luego se recuperaría. El reglamento del servicio, aprobado el 14 de mayo de 1943 por el ministerio de la Gobernación, recogía en una primera parte, en refundición de conveniencia, buena parte de la Cartilla de Ahumada, desarrollando en apartados posteriores los pormenores del servicio con arreglo a los principios e instituciones del nuevo estado. En él, la Guardia Civil conviviría con un nuevo cuerpo urbano uniformado, la Policía Armada, recreada y renombrada para borrar el indeseable recuerdo del republicano cuerpo de Seguridad (cuyos miembros fueron convenientemente purgados), y con un nuevo cuerpo policial de paisano, el que tendría como denominación oficial Cuerpo General de Policía o Policía Gubernativa, y con el tiempo y en la jerga popular, la Secreta.

Otro aspecto que abordó la reforma fue la cobertura de las necesidades sociales y profesionales de los guardias civiles una vez alcanzada la edad que los incapacitaba para la fatiga del servicio ordinario: de ahí viene la costumbre de dotar con guardias veteranos los servicios de seguridad rutinarios de edificios oficiales, o la colocación de los más viejos como guardas, ordenanzas o bedeles. Se reorganizó el despliegue orgánico del cuerpo, que ahora aumentaba su tamaño con los tercios de frontera. En total se dotaron 41 tercios (entre rurales, mixtos y de costas y fronteras) más otros dos móviles, en Madrid y Barcelona, repartidos en las cuatro zonas anteriores al 18 de julio de 1936.

Como resultado de todas estas medidas, la plantilla orgánica de la Guardia Civil se incrementó en 1940 hasta los 54 000 miembros, que pronto registró nuevos aumentos, hasta arrojar un total en números redondos de 60 000, cifra en que quedó fijado el contingente de la nueva institución para atender a las múltiples necesidades que se derivaban de los servicios que tenía atribuidos. Constituía pues una fuerza significativa, a la que se reequipó con nuevas armas: además del clásico fusil de repetición y la pistola reglamentaria, se les dio el subfusil ametrallador Star, que se fabricó en grandes cantidades y del que hicieron uso frecuente los guardias en la guerra que comenzaría pronto contra los maquis. En cuestión de retribuciones, se les fijaron relativamente ajustadas, suprimiendo algunos pluses. Para dar una idea, el sueldo de un teniente rondaba las 580 pesetas mensuales, el de un sargento 375 y el de un guardia 300.

En la uniformidad se introdujeron algunas modificaciones, aunque en los primeros años, y por la penuria reinante, hubo diversidad de colores y tejido, llevando cada uno el que podía procurarse, e incluso contemplándose excepciones a las reglas ordinarias. Para el uniforme diario siguió prevaleciendo el gris verde, con algunas innovaciones como el capote al estilo alemán y las bolas de media caña, de idéntica procedencia. El sombrero siguió siendo el tricornio, con funda de hule negro, salvo para los tercios de frontera, equipados con gorra de paño gris verdoso. Como novedad curiosa, fue entonces cuando dejaron de ser la G y la C entrelazadas el emblema del cuerpo, sustituidas al modo del ejército por un distintivo de oro sobre campo rojo, y consistente en un aspa formada por las fasces (símbolo de autoridad) y la espada (que representa la ley). Como señala Aguado Sánchez, este símbolo, que es el que se ha mantenido hasta la actualidad, tiene la peculiaridad de que la espada aparece colocada con la empuñadura en la parte superior, en contra de los principios de la heráldica, donde las espadas así dispuestas representan armas vencidas o trofeos de guerra.

Merece también alguna mención el modo en que se organizó la formación del personal. Tras unos primeros años de relativo descuido, se hizo evidente la necesidad de restablecer para los guardias el mecanismo tradicional de enseñanza a través de la academia de los puestos, imprescindible para subsanar las carencias culturales y técnicas de toda índole de los nuevos miembros de aluvión. En cuanto al resto del personal, la labor formativa se encomendó al Centro de Instrucción, que tenía el empeño en principio razonable de sistematizar la formación de todas las clases de tropa, suboficiales y oficiales del cuerpo. En la práctica, sin embargo, la instrucción que allí se daba se correspondía más con las necesidades de las tropas corrientes de infantería (entre otras, y citamos del plan de estudios: higiene del soldado, defensa contracarros, gases de combate y defensa contra los mismos, organización y defensa del terreno, enmascaramiento…) y poco o nada con las que habrían sido lógicas en un cuerpo dedicado al trabajo policial. También en este influyente aspecto prevalecía la militarización.

La mayor parte de estas reformas se introdujeron siendo inspector general del cuerpo el general de división Elíseo Álvarez Arenas, que ejerció esta responsabilidad desde septiembre de 1939 hasta el 13 de abril de 1942. En esta fecha fue sustituido por el también general de división Enrique Cánovas de la Cruz, que recuperó la denominación de director general para la jefatura del cuerpo y se mantuvo al frente de este hasta julio de 1943. En esta fecha vendría a sustituirlo el general Camilo Alonso Vega, de cuyos trascendentales oficios para impedir la disolución de la Guardia Civil ya se dejó constancia más arriba.

Paisano del dictador, curtido a su lado bajo las banderas del Tercio en las vaguadas y los riscos del Rif, Alonso Vega iba a dejar una impronta que los historiadores del cuerpo coinciden en señalar como solo comparable a las de Ahumada y Zubía. Como ellos, combinaría algún paternalismo con la exigencia inflexible de responsabilidades, pero con bastante más peso de esto último. A él se debe buena parte del carácter que adquiriría en esos años la institución benemérita, para bien y para mal (bien es la exactitud en el servicio, mal el autoritarismo caciquil, rasgos ambos que sus modos de mando impulsaron). Bajo su personal dirección, que se prolongó durante doce años, iba a terminar de conformarse la Guardia Civil de la dictadura, y sobre todo iba esta a hacer frente a un nuevo y correoso enemigo: la oposición interior al régimen, materializada en los irreductibles guerrilleros del monte.

Capítulo 14.
Entre don Camilo y el maquis

En los primeros días de Octubre de 1944, dos nutridos grupos de antiguos combatientes republicanos, curtidos tras varios años de lucha contra los alemanes como integrantes de las FFI (Fuerzas Francesas del Interior), se infiltran en territorio español en las proximidades de los puertos de Valcarlos y Errequidorra, a ambos costados del frondoso bosque de Irati (Navarra). Entre uno y otro suman unos 700 hombres, que actúan a las órdenes de Jesús Monzón, alias Mariano, antiguo contramaestre de la Armada, de ideología comunista y autotitulado secretario general del PCE. Pertenecen a la llamada Agrupación de Guerrilleros y, aparte del entrenamiento y la experiencia en la lucha clandestina, han sacado de su paso por la Resistencia francesa abundante armamento de origen británico que utilizan en su incursión. Visten incluso uniformes proporcionados por los aliados, y al atravesar la frontera no solo están violando los límites de la nueva España franquista, sino contraviniendo también las órdenes de su hasta entonces jefe supremo, el general De Gaulle, que les ha prohibido acercarse siquiera a la línea divisoria entre los territorios francés y español.

Apenas cruzan la frontera, se fraccionan en pequeños grupos. Algunos, al ser descubiertos y denunciados, regresan a Francia. El día 4, una de las partidas guerrilleras se enfrenta con el destacamento de Policía Armada de Izalzu, causando a las fuerzas del orden tres muertos: dos policías y un guardia civil que les servía como práctico del terreno. Son las primeras víctimas de una larga y encarnizada guerra que se prolongará durante una década, causando cientos de bajas a uno y otro bando y salpicando con su ferocidad a innumerables civiles.

En días sucesivos continúan las infiltraciones, por distintos puntos del Pirineo navarro. El 19 de octubre, 3000 guerrilleros invaden el valle de Aran, en el Pirineo leridano. Es la constatación de que, como habían advertido en días anteriores los servicios de observación de la Guardia Civil de Fronteras, la Unión Nacional Española (formada en Toulouse por los exiliados republicanos, y también llamada Junta de Liberación) ha concentrado sus fuerzas para lanzar una gran ofensiva sobre el territorio español. Jesús Monzón cuenta con 10 000 guerrilleros bien entrenados y altamente concienciados, avezados en la lucha subversiva contra las tropas de Hitler. Ahora que la suerte de la guerra es definitivamente adversa al Eje, cree llegado el momento de iniciar la reconquista, aprovechando la soledad en que queda el régimen con el desmoronamiento de los que en la Guerra Civil fueron sus valedores. Los informes enviados por los guardias no han encontrado gran eco en las autoridades, que los han considerado demasiado alarmistas. Por eso, cuando a Franco le dan la noticia de la invasión, en medio de una cacería, pregunta atónito: «¿Y qué hace la Guardia Civil?».

La invasión del valle de Aran, con todo y su espectacularidad, acaba en un sonoro fracaso. Los guerrilleros logran tomar algunos pueblos y reducir algunos puestos de la Benemérita. Incluso llegan a rendir la cabecera de línea de Bossóst, a donde se han replegado los guardias que han podido escapar y desde la que plantan cara a los invasores hasta agotar sus municiones. Pero a pesar de sus intentos no logran hacerse con la capital del valle, Vielha. El general Yagüe acude al frente de la 42 división, con la que lanza una maniobra de cerco sobre el pequeño territorio que al amenazar con embolsar a los guerrilleros los desmoraliza rápidamente. El PCE envía a Santiago Carrillo, que releva del mando a Monzón y ordena la retirada general. La aventura causa 32 muertos y 216 heridos a las tropas que repelen la invasión y 129 muertos, 249 heridos y 218 prisioneros entre los maquis (palabra de origen francés, o mejor dicho corso, derivada de maquisard, o «matorral», con la que se denominará a estos combatientes irregulares).

No son, ni mucho menos, los primeros hombres en armas contra el régimen con que se las han debido ver, dentro del territorio nacional, las fuerzas del orden desde el final de la guerra. Al irse desmoronando los distintos frentes, partidas de combatientes republicanos se han echado al monte, tanto en Asturias y Galicia como en la cordillera central, las sierras de Aragón o las serranías andaluzas. Desde sus escondrijos, dan en cometer crímenes de toda índole (sobre todo robos, para su propia subsistencia) y atentados contra los agentes de la autoridad o contra quienes consideran afectos al régimen. Pero estos ataques de 1944 muestran un salto cualitativo. La oposición interna ya no se basa solo en partidas aisladas de luchadores recalcitrantes que funcionan por libre y a la desesperada, sino que va a estar organizada como un verdadero ejército dirigido desde sus centros de decisión en el exterior (la Junta de Toulouse) y en el interior (sus delegados que actúan desde la clandestinidad en territorio español, incluso en Madrid).

Contra ellos llegarán a luchar, según las ocasiones y las circunstancias, unidades del ejército y de todos los cuerpos de seguridad del nuevo estado, pero el peso sustancial de la contienda lo asumirá la Guardia Civil, cuya forma de actuar, e incluso su organización y despliegue, se verán profundamente condicionados por esta amenaza. La razón es que los guerrilleros van a preferir actuar en zonas rurales, y en especial en aquellas que por sus características geográficas son más inaccesibles, lo que los llevará a los escenarios clásicos del bandolerismo decimonónico: las serranías andaluzas, los montes de Toledo y las cordilleras Ibérica y Central; amén de las zonas montañosas de la cornisa cantábrica y Galicia. Parajes, todos ellos, en el territorio de la Guardia Civil. Este despliegue lleva a Aguado Sánchez a negarles el título de guerrilleros, porque a su juicio estos están presentes allí donde hay objetivos estratégicos sobre los que golpear para debilitar al enemigo, y no en despoblados y desiertos donde no hay otra ganancia que la posibilidad de esconderse de sus fuerzas de policía. El tecnicismo puede ser válido desde la perspectiva de la ciencia militar, pero con arreglo al entendimiento usual del término, bien puede respetárseles el título a aquellos combatientes que, forzados por la situación a luchar en manifiesta desventaja, optaron por ubicar su guerra irregular en el escenario que les era más propicio para plantear sus operaciones. Otra cosa es en que desembocó ese planteamiento, al final del conflicto, con personajes y acciones que sugieren otros apelativos.

Al frente de esta Guardia Civil, obligada a convertirse en una suerte de miniejército siempre en alerta, dentro de un país nominalmente en paz, estaba como ya dijimos más arriba el general Camilo Alonso Vega. Un tipo nada vulgar que, tras su pasado legionario y su intervención en las operaciones de Asturias en 1934, se había distinguido en la conquista de Levante y Cataluña, llegando con sus hombres hasta la frontera de Port-Bou, en persecución de las ya desbaratadas y fugitivas fuerzas republicanas. De él se cuentan anécdotas como poco dignas de ser reseñadas, como las dos recogidas en la semblanza que le hace Aguado Sánchez. Una, protagonizada en 1938, cuando tras participar en la toma de Benicarló le salió al paso un sacerdote muy alterado que había estado escondido y que le pidió que escarmentara duramente los atropellos que se habían cometido. Según Aguado, Alonso Vega le sugirió que se calmara, y aquel sacerdote, andando el tiempo, se convertiría en el cardenal Tarancón. En otra ocasión, años después, y siendo ya director general de la Guardia Civil, recibió una carta de Pío Baroja, pidiéndole recomendación para que un guardia conocido suyo, y natural de Bera de Bidasoa, fuera destinado allí. Uno de los oficiales ayudantes advirtió algunas faltas de ortografía en la misiva e hizo mofa del escritor. El general lo cortó en seco, diciéndole que don Pío tenía razones sobradas para escribir como le viniera en gana.

Era, también, como ya se vio, el hombre que había persuadido a Franco de mantener el cuerpo, hasta el punto de que el dictador había formado con guardias civiles el núcleo de la guardia que velaba por su seguridad personal (gesto bien significativo) y había promulgado, como acto de reconocimiento suplementario, una norma según la cual el cargo de director general lo desempeñaría un teniente general, segunda categoría de mayor rango en el escalafón militar, detrás de la de capitán general que él mismo ostentaba. Aunque el propio Alonso Vega accedió al cargo siendo general de división, el desfase se corrigió en 1947, cuando al frente del cuerpo recibió el ascenso al grado superior. En parte, como reconocimiento al desempeño de sus hombres, quienes, según le había prometido al jefe supremo tras la molesta sorpresa de Aran, lucharían a destajo para erradicar aquella insidiosa plaga alentada por los enemigos de la España franquista, los comunistas y anarquistas que tan empecinados se mostrarían en hostigarla.

Alonso Vega rediseñó la organización del cuerpo, con 43 tercios más tres móviles, distribuidos en seis zonas (Sevilla, Barcelona, Zaragoza, León, Valencia y Madrid). Coyunturalmente crearía una zona especial en Teruel, al mando del general Manuel Pizarro Cenjor, para hacer frente a la potente Agrupación Guerrillera de Levante y Aragón (AGLA). También promovió la mejora económica de los guardias, con salarios que doblaban los de antes de la guerra, pero que no les sacaban de la estrechez, porque el coste de la vida, en ese mismo periodo, se había cuadruplicado. Donde quizá hizo una aportación más significativa fue en la enseñanza: impulsó la creación de academias regionales para la formación de guardias, potenció el Colegio de Guardias Jóvenes de Valdemoro, reformó el Centro de Instrucción (haciendo especial énfasis en la formación de los comandantes de puesto) y puso en marcha la Academia Especial de la Guardia Civil. De este centro, al que se incorporaban alféreces procedentes de la Academia General Militar, para ser instruidos específicamente como mandos del cuerpo, se fue nutriendo una nueva oficialidad que renovó la muy mejorable que se encontrara Alonso Vega a su llegada a la dirección general, compuesta por los restos subsistentes tras la guerra civil y por la masa de oficiales del ejército absorbidos después. Una oficialidad que, como luego se verá, acabaría, por su preparación y nivel intelectual, contribuyendo no poco a la transición del cuerpo hacia el modelo que demandarían momentos históricos posteriores. Todavía dejaba bastante que desear la formación policial, tanto de estos oficiales como del resto de los empleos, pero poco a poco se iban creando las condiciones para una mayor profesionalización de los hombres de la Benemérita, en punto a las tareas que les imponía su condición de servidores de la ley, una y otra vez postergadas por su uso como fuerza militar.

Ahora bien, enunciadas las aportaciones positivas, corresponde señalar los aspectos en que su mandato supuso una amarga prueba para los hombres a sus órdenes, y que le valieron apelativos como el Director de Metro (que consta que le complacía) y Don Camulo (que de seguro no lo divertía tanto). Destacó Alonso Vega en la imposición de una disciplina férrea, que suponía la expulsión del cuerpo por los motivos más nimios, y que sirvió para instaurar entre los guardias un régimen de verdadero terror. Los convirtió así, según indican autores como López Corral, en verdaderos autómatas sumisos y despersonalizados, en contraste con el orgullo y la seguridad en sí mismos que había caracterizado desde siempre a los beneméritos, desde la época fundacional hasta los convulsos años de la II República, y que tanto ayudó a que se ganaran el respeto de sus conciudadanos y se armaran de una autoridad moral que pesaba tanto o más que sus fusiles. El miedo a la expulsión, o al arresto, o a la prisión militar, precipitó a muchos guardias a la obediencia ciega y a no pocos jefes y oficiales al despotismo y al caciquismo más aborrecibles, que en el extremo más leve conducía a la utilización de sus subordinados para resolver sus más ínfimos menesteres personales, y en el más grave llevaría a acciones tan execrables como la del teniente coronel Manuel Gómez Cantos en Mesas de Ibor, que más adelante detallaremos. Tampoco faltarían los casos chuscos, como el del capitán Glaría Iguacén, al que sus guardias apodaban Tarzán, por su hábito de subirse a los árboles o camuflarse entre los matorrales para sorprender a los hombres a sus órdenes caminando a menos de los doce pasos reglamentarios de distancia o pasando por el punto en cuestión a una hora distinta de la prescrita.

Para tener una idea del alcance de las medidas disciplinarias, entre los años 1950 y 1954, casi 3000 guardias civiles fueron separados del cuerpo. También hay que reseñar los efectos físicos que producía la intensificada dureza del servicio, con jornadas extenuantes, correrías de hasta ocho días durmiendo a la intemperie y otras sevicias, y sobre los que resultan bien elocuentes las cifras que ofrece Miguel López Corral: de la media de 125 muertos anuales que tenía el cuerpo en 1943 se pasó a 257 en el periodo entre 1943 y 1952, con 378 fallecidos solo en el año 1946. Pero las bajas no preocupaban el exceso al director general, en una España empobrecida donde, el alistamiento en la Guardia Civil, por ásperas que fueran las condiciones del servicio, era una salida airosa al hambre, en especial en las zonas ancestralmente más deprimidas del país. «¡Gallegos y andaluces a duro!», decía Alonso Vega, en frase que se hizo célebre, para subrayar que no contaba con tener problemas en tapar los huecos que se abrieran en sus filas.

Cuando arreciaba la guerra contra el maquis, y por tanto el castigo contra aquellos miembros del cuerpo que no estaban a la altura de los sacrificios que su director general les exigía, Alonso Vega difundió una orden general que nos sirve para ilustrar su talante inflexible:

En la profesión militar quien se limita a cumplir su deber vale muy poco para el servicio. El servicio con riesgo es el que da honor o lo quita. La pulcritud en el vestir, la obediencia al superior, la perfección de los ejercicios teóricos y prácticos, el levantamiento de atestados y la redacción de actas, el servicio peculiar en condiciones normales, constituyen obligaciones de fácil desempeño, de carácter burocrático o de mera policía, que si bien contribuyen notablemente para el buen concepto profesional, ni implican riesgo grave, ni dan gloria. En la lucha con la criminalidad, a veces en campo abierto, cuando es necesario adoptar una actitud militar y acometer una función de armas, es la ocasión para mostrarse a la altura de la dignidad que exige, el uniforme y para cumplir con las más rigurosas obligaciones que a la Guardia Civil imponen su condición de fuerza armada y el Reglamento del cuerpo. Cuando la conducta no es la adecuada y el servicio de las armas no proporciona honores, acarrea justas sanciones…

Honores o sanciones: sin término medio. Para completar el retrato de don Camilo, es preciso hacer constar la largueza con que no solo amparó, sino que alentó las extralimitaciones de los hombres a sus órdenes. La lucha contra el maquis se convirtió, por su directo y personal impulso, en una guerra sin reglas ni cuartel, en la que rara vez se hacían prisioneros y donde no pocos de los cadáveres que se recogieron del monte llevaban las balas clavadas en la espalda, en peculiar e informal resurrección de la vieja y siniestra ley de fugas. Podrá alegarse en su descargo que los guerrilleros no eran menos implacables, sobre todo en su época terminal, cuando se habían convertido en tipos lobunos que no vacilaban en asesinar y golpear a los más débiles. Esto incluía desde paisanos desarmados, por la simple sospecha de colaborar con los guardias, hasta las propias familias de estos, como prueban los ataques a casas cuartel con mujeres y niños dentro, el asesinato a sangre fría de la mujer y el hijo del cabo Borrego (jefe del destacamento del pueblo valenciano de Losa del Obispo, que se negó a entregar las armas a los guerrilleros de la partida de Grande que lo atacaron) o el episodio del secuestro de la esposa del teniente coronel Roger Oliete (el jefe de la famosa compañía de la Calavera de la Guerra Civil, y que también se fajaría en la lucha contra el maquis). Pero no estamos hablando de una comprensible, aunque no justificable, reacción en caliente, sino de una política fría y sistemática y, si algo distingue de los malhechores a los hombres en armas que defienden la ley, es atenerse a esta en el uso de aquellas. No cabe duda de que consignas como las que el Director de Hierro dio a sus hombres contribuyeron a que el cuerpo, o al menos la fracción de él empeñada en esta guerra, sufriera un envilecimiento paralelo al que, como diremos, vivieron sus adversarios, y que quizá nunca antes, ni en los momentos más crudos de la lucha contra el anarquismo catalán, ni en los mayores desafueros cometidos contra los bandidos andaluces, ni en medio de las convulsiones de la II República (salvedad hecha de la represión asturiana) había impregnado la actuación de la Benemérita. Pero lo que es aún peor, bajo su mandato se cometió uno de los actos más sórdidos y perturbadores de toda la historia del cuerpo, cuando esta intemperancia criminal dio en dirigirse contra los propios compañeros de fatigas.

Nos referimos al ya aludido y tristísimo suceso de Mesas de Ibor, pueblo cacereño situado al norte de la sierra de Guadalupe, donde operaron famosos maquis como el Francés, Chaquetalarga o Quincoces. No fue, sin embargo ninguno de ellos el que desencadenó los acontecimientos, sino el guerrillero apodado el Gacho, de nombre Jerónimo Curiel, que tenía en el pueblo un hermano al que los civiles le requisaron la escopeta para que dejara de dedicarse a la caza furtiva. En represalia, el Gacho se presentó en Mesas de Ibor al mando de una numerosa partida (unos cuarenta hombres) el 17 de abril de 1945. Lanzaron su asalto al anochecer, sorprendiendo desprevenidos (y divididos) a los cuatro guardias que componían el destacamento allí enviado desde el cercano puesto de Almaraz. A los guardias Timoteo Pérez Cabrera y Juan Martín González los neutralizaron en el cuartel, y al cabo Julián Jiménez Cebrián y al guardia Sostenes Romero Flores, en las tabernas del pueblo, donde confraternizaban descuidados con la población. Según Miguel López Corral, que ha investigado en detalle los hechos, y cuyo relato seguimos, los guerrilleros solo pretendían desarmar a los guardias y quitarles los uniformes (estos últimos les eran muy útiles, ya que el disfraz, tanto con ellos como con los de otras unidades militares, e incluso con vestimentas sacerdotales, era una de sus técnicas preferidas de enmascaramiento). Pero algo se salió de lo previsto cuando el guardia Martín se volvió contra sus captores y uno de ellos hizo fuego hiriéndolo gravemente. El médico del pueblo, tras reconocerlo, insistió en que debía llevársele sin pérdida de tiempo al hospital para salvar su vida, pero el Gacho se negó, lo que tendría consecuencias fatales para el guardia, que murió desangrado. El guerrillero solo pensaba en su exhibición, que aparte de desvestir a los guardias y quitarles el armamento incluía ir con ellos a las tabernas a beber en presencia de los vecinos, cerrando la ceremonia el desfile en formación de toda la partida cantando La Internacional. Antes de regresar a sus escondrijos en el monte, les dejó bien claro el sentido de su acción: «He hecho con vosotros lo mismo que habéis hecho con mi hermano, desarmaros». Y les ofreció unirse a ellos, para librarse de la reacción de sus jefes, que les auguró que no sería precisamente benigna.

El Gacho conocía bien al jefe de la comandancia cacereña, el teniente coronel Manuel Gómez Cantos, que ya asomó a estas páginas en su calidad de capitán jefe de los guardias sublevados y atrincherados en Villanueva de la Serena en los primeros días de la Guerra Civil. También lo conocían los dos guardias y el cabo, pero confiaron en que comprendería la situación de impotencia a que habían quedado reducidos por el ataque de enemigo tan superior en fuerzas. Con ello probaron su ingenuidad. Tan pronto como le llega la noticia, Gómez Cantos informa a don Camilo: «Recibo telefonema cifrado del capitán de Navalmoral que en términos de informes adquiridos me manifiesta negligencia sin límites de la fuerza y apatía incalificable que comprobaré urgente y personalmente y obraré con gran energía como requiera y exija el caso ocurrido». Acude Gómez Cantos al pueblo, que toma literalmente con cientos de guardias. Lo acompañan sus oficiales y una sección de jovencísimos polillas (como se conoce de modo coloquial a los guardias salidos del colegio de Valdemoro, y criados desde su niñez en la disciplina del cuerpo) que le hacen de guardia pretoriana. Toma las riendas de la sumaria investigación y tras el informe del teniente jefe de la línea, Cipriano Sáenz, y con el aliento del capitán Planchuelo, de la compañía de Trujillo, les comunica a los guardias la sentencia que por sí y ante sí dicta para ellos: fusilamiento.

A las cinco de la tarde, en la plaza principal, con todos los espantados vecinos del pueblo contemplándolo, Gómez Cantos ordena despejar el espacio público y que se saque a los tres guardias, esposados y sin sus uniformes, y se los conduzca junto a un muro de adobe que hay en una esquina. Estos se muestran enteros, sin lamentar su suerte ni pedir clemencia, y aún obedecen las últimas órdenes de su vesánico jefe, que consisten en leer en voz alta unas cuartillas que previamente han tenido que escribir con el inventario de lo que los maquis les han sustraído. A continuación, aúlla Gómez Cantos, en voz bien alta para que todos lo oigan: «¡Y por tanto, han demostrado ser ustedes unos cobardes, por dejarse desarmar por el enemigo! No quiero que haya un solo cobarde en mi comandancia. Marchen de frente a aquella pared. ¡Avance el pelotón y cinco que tiren bien!».

La orden se cumplió en sus términos, o casi. Los tiradores cometieron un ligero fallo de puntería y al guardia Sostenes hubo de rematarlo en el suelo con su pistola un suboficial, mientras el infortunado, entre estertores, murmuraba los nombres de sus cuatro hijas. Luego de consumado el triple asesinato, Gómez Cantos ordenó que los cuerpos fueran arrojados a una fosa común (de donde sus familiares no fueron autorizados a sacarlos sino hasta meses más tarde). Seis días después, el 23 de abril de 1945 (como coincidencia que no podemos dejar de anotar, el mismo día en que Heinrich Himmler da el paso de traicionar a su ya desesperado jefe Adolf Hitler), el teniente coronel Gómez Cantos decide conmemorar a su modo la fiesta de las letras con un texto de su autoría que convertido en orden reservada dirige a sus hombres trasladándoles ideas como estas que nos permitimos entresacar:

Por primera vez desde que fui destinado para el mando de esta comandancia fuerza de la misma destinada al fin primordial que nos encomendó la superioridad de persecución y exterminio de huidos, ha tenido ante una partida una actuación cobarde, precedida de entrega de armamento, municiones, correajes, uniformes y el tricornio que tanto nos caracteriza, manteniéndose desarmados en su destacamento, carentes de valor para iniciar la persecución de aquellos que tanto mancilló [sic] un honor, con la agravante de que un compañero, herido mortalmente por su heroísmo, pedía auxilio en estado preagónico. Hecho tan bochornoso […] merecen [sic] mi repulsa, pues abrigaba la confianza de que mandaba fuerza que en todo momento respondería sin regatear sacrificios en defensa de los intereses patrios, prestigio del uniforme que llevamos por fama. Como el delito cometido por estos exbeneméritos tiene marcada taxativamente pena en el Código de Justicia Militar, con ejemplar castigo en el acto, a dicho Texto legal me ajusté y ante todas las fuerzas formadas en el lugar se consumaron los hechos y bajo mi mando director y personal, hube de cumplir con rigor los mandatos de dicho Código para castigo de los culpables y ejemplo de las fuerzas que lo presenciaban en formación propia del caso […]. Para borrar esta mancha que sobre la comandancia pesa, exhorto a todos en general y dispongo que sin reparar fatigas [sic] y sacrificios, con exposición de la vida en cuantas ocasiones se presenten, se emprenda una campaña eficaz, que permita en corto espacio de tiempo aminorar y exterminar en todo caso a los guerrilleros que merodeen por la provincia o acampen por la misma. En cuantos casos de negligencia se sucedan faltas que menoscaben nuestro honor, tened presente que aplicaré a los culpables el máximo castigo para el que estoy autorizado, proponiendo en todo hecho aun siendo falta leve, el traslado de comandancia para el corregido […], pues no tienen cabida en mi comandancia los que olviden el concepto del deber, demuestren tibieza en el servicio o negligencia de cualquier clase, que rápidamente sancionaré.

Persecución y exterminio, para el enemigo, y exigencia a los guardias de exponer la vida «en cuantas ocasiones se les presenten», firmada y rubricada por un jefe que sabe que no serán escasas y que a él no se le ha de presentar ninguna. Huelgan los comentarios sobre el tipo de jefatura y la filosofía que representaba este hombre, pero para completar el cuadro habrá que consignar que, procesado Gómez Cantos, por la insistencia del obispo de la diócesis, a quien enfureció la ejecución de tres católicos sin darles capilla ni cristiana sepultura, el Tribunal Supremo de Justicia Militar, que debía sancionar además la omisión de todas las formalidades legales para imponer la pena de muerte (entre ellas, el consejo de guerra con derecho a defensa), condenó al teniente coronel a un muy benévolo año de prisión, apreciando la atenuante de que el imputado había obrado «impulsado por poderosos motivos de índole moral y patriótica». Para que esa circunstancia se tuviera en cuenta fueron decisivos los oficios de Alonso Vega, que protegiendo a un homicida de su propia gente, y destinándolo luego nada menos que al Centro de Instrucción de la Dirección General, para que pudiera adoctrinar a otros oficiales, consumó el más insigne desatino que quepa atribuirle al frente del instituto benemérito.

En lo que toca al fenómeno del maquis, condensarlo en unas pocas páginas, como esta obra exige, es tarea francamente difícil. Para su conocimiento detallado, que sin duda merece la pena, por lo que nos enseña del país y el tiempo en que se desarrolló, forzoso es remitir a las obras de quienes lo estudiaron en profundidad. Como estudios clásicos, y de muy diversa orientación, cabe citar, por un lado, los de los miembros del cuerpo Aguado Sánchez y Limia Pérez (este último basándose en su experiencia en la persecución y neutralización final de los guerrilleros); y por otro, el del conocido dirigente comunista, y responsable desde el exilio de la oposición interior al régimen, Enrique Líster. Entre los más recientes, los trabajos de Hartmut Heine sobre la guerrilla gallega y de Secundino Serrano sobre el conjunto del fenómeno, del que ofrece una valiosa panorámica general.

A efectos de nuestro relato, diremos que el maquis o guerrilla presentó perfiles dispares, tanto por la procedencia de sus miembros como por su distribución geográfica, así como en función del momento temporal en que desarrollaron sus acciones o de la orientación ideológica que las presidía. Comenzando por este último extremo, la inmensa mayoría de ellos se sujetaba a las directrices del partido comunista, que si ya en la Guerra Civil descolló por su capacidad organizadora y la disciplina en el combate contra las tropas nacionales, no fue menos sobresaliente en la posguerra en cuanto a su empeño en erosionar desde dentro el régimen. Pero también es destacable la actuación de los anarquistas, que extendieron sus operaciones, principalmente, al territorio que había sido durante décadas su feudo tradicional, Cataluña, con audaces golpes de mano que alcanzaron gran repercusión. En su instrucción y organización tuvo un papel decisivo un viejo conocido del lector, Pedro Mateu Cosidó, uno de los artífices del atentado contra Eduardo Dato, a quien encomendaron la tarea los dirigentes de la CNT, Esgleas, Santamaría y Federica Montseny. Para ello, Mateu se sirvió de un selecto grupo de militantes, entre los que cabe mencionar nombres legendarios como los de Quico, Facerías, Caraquemada y Wences, o como los integrantes de la llamada Sección de Defensa, encabezada por Joaquín Llopis y Francisco Arago. Todos estos activistas se especializaron en atracos y robos de coches, que perpetraban con gran desfachatez aprovechándose de los pocos medios con que entonces contaban las fuerzas del orden, así como de los puntos flacos de su despliegue. Apostados en Castelldefels y el Garraf, se convirtieron en el terror de los automovilistas, a los que desvalijaban con la ventaja que les daba saber que por la zona solo había guardias a pie.

También se distinguieron por los atracos a bancos, y por acciones tan audaces como el asalto al Hotel Pedralbes en compañía de varias prostitutas (utilizando luego a los huéspedes como escudos frente a la policía). O como el saqueo del conocido meublé llamado La Casita Blanca, donde cazaron en plena refriega amorosa clandestina a un buen puñado de indefensos burgueses de la ciudad. El más contumaz y peligroso de los combatientes anarquistas fue Francisco Sabater Llopart, alias Quico, que llegaría a ser considerado enemigo número uno del régimen. Natural de L’Hospitalet de Llobregat, tuvo una infancia conflictiva, que lo llevó a diversos reformatorios y una trayectoria turbulenta tanto en tiempos de la República como durante la Guerra Civil, en la que acabó perseguido por la policía republicana por zanjar sus disputas con un comisario político en el frente de Teruel matándolo de un tiro. Sabater fue la pesadilla de las fuerzas del orden durante casi dos décadas. Tras organizar múltiples partidas y participar en decenas de acciones, cruzando y descruzando la frontera una y otra vez, y habiendo sido confinado en repelidas ocasiones por las autoridades francesas, entró por última vez en España en enero de 1960. El mítico guerrillero anarquista acabó cayendo en Sant Celoni, adonde llegó en busca de ayuda médica después de resultar gravemente herido en el tiroteo con una sección del cuerpo, no sin matar antes de una ráfaga de metralleta a su jefe, el teniente Fuentes. A Quico, que había enfrentado una y otra vez a policías y guardias, lo abatió el subcabo del Somatén (cuerpo de seguridad formado por voluntarios civiles y reinstaurado por Franco en 1945) Abel Rocha Sanz. La escena fue digna de un western, con los dos hombres situados a cincuenta metros, frente a frente. Sabater acertó al somatenista en una pierna, pero este (que, dicho sea de paso, era hijo de un miembro de la Guardia Civil) tuvo mejor puntería.

No fue, empero el Quico el último de los guerrilleros anarquistas en caer. Ese honor le corresponde a Ramón Vila, Caraquemada, muerto el 6 de agosto de 1963 en enfrentamiento con guardias de Manresa.

Pero volviendo a nuestra exposición, el grueso de la guerrilla antifranquista tuvo inspiración y dirección comunista. Y como también apuntamos, presentó rasgos diversos según sus zonas de actuación. Más aislada en Galicia, Asturias, Extremadura, Andalucía occidental o la cordillera Central, donde la combatió con eficacia, desde Miraflores de la Sierra, el comandante Enrique Sierra Algarra, de quien páginas atrás referimos su laureada intervención en la guerra al frente de una compañía de la Legión. Y más organizada y temible en las zonas de la cordillera Ibérica, con la acción del AGLA (Agrupación Guerrillera de Levante y Aragón) y en Andalucía oriental, donde iba a brillar de forma especial el hábil y astuto dirigente José Muñoz Lozano, alias Roberto; probablemente el más preparado y carismático de los jefes del maquis, que logró alzar un peligroso ejército de más de doscientos activistas con el que asoló las provincias de Granada y Málaga.

Del AGLA se ocupó el ya citado general Manuel Pizarro Cenjor, que movilizó un dispositivo excepcional para acabar con aquellos bien organizados guerrilleros, responsables de decenas de muertes de guardias civiles y de paisanos y de acciones que habían producido al régimen tanta conmoción como el descarrilamiento en febrero de 1949 del tren Madrid-Barcelona a la altura del barranco Ull de Asma, causando 40 muertos y 130 heridos. Según el relato de Enrique Líster, Pizarro no dudó en emplear «toda clase de fuerzas y armas, desde los pistoleros falangistas hasta la aviación; desde divisiones del Ejército a la organización de contrapartidas guerrilleras, poniendo en juego criminales recursos de provocación sobre todo en el campo; la aviación de reconocimiento y bombardeo fue empleada en muchas zonas guerrilleras, contra las que se sostuvo una feroz guerra de tierra quemada…». Aguado Sánchez califica de exageraciones estas afirmaciones, y precisa que Pizarro solo tuvo a sus guardias, algunos efectivos del Somatén y un grupo especial de policía gubernativa (simultaneó su condición de jefe de la zona especial con la de gobernador civil de Teruel), sin que las unidades militares, y solo de infantería, pasaran de actuar como auxiliares en alguna operación puntual. Otras fuentes acreditan, en cambio, el recurso a medios que podemos calificar cuando menos de inhabituales, como el incendio de montes y bosques enteros para privar de resguardo a los guerrilleros. En lo que toca a las contrapartidas, su uso consta sin duda alguna, y supusieron un mecanismo que merece la pena, así sea sucintamente, describir en estas páginas.

Eran las contrapartidas grupos de tres o cuatro guardias, vestidos como los guerrilleros y entregados a su mismo modo de vida (es decir, refugiados en el monte y en permanente correría), que servían para, haciéndose pasar por miembros del maquis, descubrir a sus colaboradores, que a partir de ahí se convertían en confidentes y valioso hilo del que tirar para apresar a los activistas. Esto, según la versión oficial. Según los propios guerrilleros, los de las contrapartidas cometían todo tipo de atrocidades sobre la población, para extender entre ella el rechazo a la lucha del maquis al identificarlos como parte de este. Sin descartar que algún caso de esto último pudiera producirse, cuesta aceptar que esa fuera la tónica general de unos hombres adoctrinados en la lucha sin cuartel contra el enemigo, pero a la vez imbuidos de un sentido de protección de los vecinos sobre los que los guerrilleros, guste o no a quienes los reivindican, acabaron ejerciendo frecuente extorsión, acuciados por sus propias y desesperadas circunstancias. En todo caso, añadiremos que este sistema no fue ni mucho menos una invención de Pizarro o de los otros jefes beneméritos que dirigieron la guerra contra el maquis. Ya lo utilizó muchos años atrás en Córdoba, en la lucha contra el bandolerismo, el gobernador Zugasti, de cuyos afanes quedó en su momento oportuna constancia en estas páginas.

Los guerrilleros de Levante fueron reducidos a una profunda desmoralización a partir del año 1949, cuando la Guardia Civil localizó el campamento general de cerro Moreno, donde los diplomados (o instructores en la lucha clandestina) enviados desde Toulouse preparaban y adoctrinaban a los militantes y planificaban la acción subversiva. A las siete de la mañana del 7 de noviembre, una compañía de la Guardia Civil cayó por sorpresa sobre el cuartel general guerrillero, dando comienzo a una feroz refriega que se prolongó durante algo más de tres horas y en la que se registró fuego intenso de fusiles, armas automáticas y granadas. Hacia las 10, se hizo el silencio. Todos los maquis estaban muertos. Los beneméritos solo tuvieron un herido.

Este hecho marca el comienzo del declive de la agrupación, que es tanto operativo como moral. Un hecho que así lo muestra es el que le tocó sufrir al simpatizante y auxiliar de los maquis Nicolás Martínez, que temiendo ser descubierto y detenido huyó al monte con sus tres hijas, de 19, 21 y 23 años. Una vez entre los guerrilleros, hubo de asistir al doloroso espectáculo ofrecido por aquellos hombres que, en una reacción común en situaciones de aislamiento y privaciones como lo es la militancia clandestina, empezaron a pelearse por las tres mujeres jóvenes que de pronto se ofrecían a sus ardores de lobos solitarios, hasta acabar pasándoselas de unos a otros. Otro síntoma de la decadencia se registró en la aldea de Fresneda de Altarejos, cuando diez activistas que irrumpieron en ella para procurarse provisiones fueron puestos en fuga por una turba de vecinos armados con escopetas, palos y hoces. Los últimos guerrilleros levantinos, Pepito de Mosqueruela y el Rubio, cayeron en enfrentamiento con los guardias en julio de 1952.

En cuanto a la lucha contra los guerrilleros del célebre Roberto, su cerebro fue el teniente coronel Eulogio Limia Pérez, que desarrollaría hábiles y novedosas tácticas para reducir a un jefe verdaderamente temible, que se distinguió tanto por la audacia y contundencia de sus acciones como por la férrea disciplina impuesta a sus hombres. Roberto primero neutralizó a varios jefes y miembros de partidas reacios a someterse a sus órdenes, por un procedimiento que se haría famoso y haría cundir el terror entre los dubitativos (una complicada y cruel técnica de estrangulación en la que se empleaba una soga de esparto y que requería el concurso de cuatro hombres). Con una bien ganada fama como azote del enemigo merced a la liquidación de varios guardias civiles, su objetivo predilecto, se convirtió hacia 1948 en el dueño y señor del maquis en Granada y Málaga. Instalado en su inaccesible cuartel general de cerro Lucero, en el límite entre ambas provincias, lanzó una efectiva campaña de acciones terroristas, sobre todo asesinatos y secuestros, de los que sacaba abultados rescates que eximían a sus hombres de recurrir a los atracos (o en la jerga guerrillera, recuperaciones) de los que tanto dependían otros grupos de resistentes. Para acabar con él, Limia Pérez empleó tácticas mucho más calculadas y menos indiscriminadas que las de Pizarro Cenjor. Gracias a ellas, fue desarrollando en sus guardias destrezas en las tareas de información que iban a ser de vital importancia en años venideros, y que contribuirían, paradójicamente desde esta guerra que hundía sus orígenes en el más oscuro pasado del país, a modernizar la labor del cuerpo para enfrentar los desafíos que le traería el futuro; en particular, los planteados por nuevos criminales, más pertrechados y sofisticados.

De entrada, Limia no se apresuró a practicar detenciones ni interrogatorios. Durante meses se limitó a recabar información, utilizando intensivamente contrapartidas y confidentes. Gracias a esa labor discreta, logró que se confiaran los colaboradores de Roberto sobre el terreno, que dicho sea de paso estaban muy bien pagados, con gratificaciones de hasta 500 pesetas que le facilitaban al jefe guerrillero la recluta de militantes, por la solución económica que unirse a él representaba para sus familias. Cuando hubo reunido suficientes datos, Limia lanzó una operación espectacular. El 23 de agosto de 1950 concentró 300 guardias y rodeó los pueblos de Salar y Loja, donde 93 y 61 jóvenes, respectivamente, habían acordado incorporarse a la Agrupación Guerrillera en vez de cumplir el servicio militar. Tras el golpe, Roberto reorganiza sus fuerzas, distribuye grados entre sus subalternos, de sargento a comandante, los uniforma (boina azul, cazadora, pantalón de pana, botas de campo y canadiense) y plantea un redespliegue en el que asigna a sus hombres nuevas demarcaciones, incluyendo Rute y Priego, en Córdoba, por ser «zonas de fuerte economía» que ofrecen perspectivas de financiación. La estrategia, que choca con la bien informada acción de los beneméritos, fracasa. Se suceden las detenciones y eliminaciones de partidas, empiezan a menudear las entregas de guerrilleros y Roberto reagrupa los restos de sus fuerzas en la zona de Málaga.

En ese punto, Limia combina la propaganda con el acoso operativo. Tira unas hojas con el título A los bandoleros engañados, donde después de detallar los nombres de 68 guerrilleros muertos en refriegas con las fuerzas del orden, con indicación de los lugares y fechas de cada una de ellas, les hace saber que sus días están contados, en caso de persistir en esa actitud. Merece la pena transcribir algunas frases:

Os halláis desconcertados y sin poderos fiar de esos farsantes que ante vosotros se titulaban enlaces de confianza, que cobran sobradamente sus servicios y después son los primeros en facilitar la localización de vuestras guaridas, para que su maniobra no la lleguéis a conocer. Mientras tanto, esos jefes de partida hacen sus misteriosos viajes, que terminan en la deserción, con el pretexto de misiones especiales. Al darse cuenta de estas maniobras ya han sido varios los que se han decidido por desertar o presentarse a las Autoridades, y como bien sabéis vosotros a la vista de todos está la bondad del trato que han recibido […] De continuar aislados, vuestros hogares, faltos de vuestra eficaz ayuda, sufrirán hambre y miseria; vuestros ancianos padres os maldecirán, vuestras esposas no perdonarán el abandono en que las tenéis y vuestros infelices hijos renegarán de quien no cumple sus deberes de padre, por vuestro bien se os aconseja os presentéis a las Autoridades. La ocasión no puede ser mejor para ello, ya que ante vuestra vida de vagabundos y seres abandonados, los que os han de juzgar serán los primeros en compadecerse del engaño de que, un día fatal en vuestra vida, os hicieron víctimas unos vulgares asesinos.

La información permitía a Limia dar allí donde dolía, y su técnica, como percibirá el lector, se adelanta a la que años después se empleará para erosionar psicológicamente a otros movimientos armados. Aunque Roberto porfió, pronto quedó sin apoyos. Escondido en Madrid, fue detenido en la plaza de España de la capital junto a su compañera Ana Gutiérrez, la Tangerina, en una operación del grupo especializado de la comandancia de Málaga dirigido por el sargento Ansó. Su colaboración permitió desarticular lo que quedaba de su grupo.

Roberto cayó en 1951. Ya un par de años antes el PCE había advertido la inutilidad de la lucha armada a través del maquis, dando a través de su dirección en el exilio la consigna de concentrarse en la acción sindical, que se revelaría mucho más fructífera y menos desastrosa que la lucha en el monte. Y es que al idealismo y el entusiasmo de los primeros guerrilleros, aquellos que en plena Segunda Guerra Mundial se repartieron desde Aran por la península o se lanzaron desde Uxda en lanchas rápidas hacia Almería o Melilla, había sucedido el empecinamiento desesperado de los que acorralados en el monte se daban a toda suerte de atropellos sobre la población (asesinatos, robos y violaciones) deteriorando la imagen de la causa ante ella y ante las potencias democráticas. Estas, ya no solo no cabía esperar que apoyaran su lucha, como habían soñado aquellos primeros expedicionarios, sino que exigieron al exilio de Toulouse que cesaran los desmanes de sus combatientes. En 1957, en los Picos de Europa, cae Juan Fernández Ayala, el Juanín, último de los maquis del Norte, de filiación socialista. La dramática aventura de los guerrilleros toca a su fin.

El balance de la guerra es demoledor. Según las cifras que da Aguado Sánchez, los maquis cometieron 953 asesinatos, más de quinientos sabotajes, cerca de 6000 atracos y casi un millar de secuestros. Las fuerzas del orden abatieron a 2173 guerrilleros, detuvieron o capturaron en combate a 2841 y otros 546 se entregaron. Acusadas como colaboradoras, fueron detenidas nada menos que 20 000 personas. La policía tuvo 23 muertos y 39 heridos, y el ejército, además de los sufridos en las invasiones de 1944, 27 y 39 respectivamente. Pero el mayor tributo lo pusieron los beneméritos: 257 muertos y 370 heridos, según las cifras oficiales, que algún investigador, con base en las bajas por muertes publicadas en el boletín oficial del cuerpo en esos años, eleva a un millar de fallecidos. Según López Corral, la cifra verdadera podría estar en algún punto intermedio, ya que hay que descontar de ese millar los muertos por otras causas (con la alta mortalidad natural que entonces se registraba entre los guardias) y de las oficiales se habrían escamoteado los caídos en varios hechos singulares y notorios.

No cabe duda del ingente sacrificio que hicieron los guerrilleros, la magnitud de cuyas cifras pone además de relieve la dureza con que se los combatió, y no va desde estas páginas a restársele valor a la entrega de quienes, con sus claroscuros, lo dieron todo por sus ideas. Pero tampoco fue desdeñable, sean cuales sean las cifras reales, el quebranto que en esta contienda asumieron los beneméritos. Y sus familias, que además de ser en alguna ocasión objetivo militar, tuvieron que vivir sumidas en la angustia mientras el padre o esposo pasaba días y días en el monte, y guardar su luto cuando lo que al fin volvía era su cadáver transportado por los compañeros. Por excepción, esta tragedia benemérita tuvo quien la escribiera, y con talento y hondura. Fue un autor sobresaliente entre los de su generación, Ignacio Aldecoa, y el libro se llama El fulgor y la sangre. Relata la espera de unas mujeres de guardias civiles que saben que uno de sus hombres no va a volver. Sus páginas son un homenaje a las víctimas de uno y otro bando, en esta guerra cuyo curso y métodos, como siempre, decidieron desde la retaguardia otros que no habían de arrostrar las consecuencias.

Capítulo 15.
El reto de ETA: la acción y la reacción

El día 7 de Junio de 1968, a la altura del punto kilométrico 446,700 de la carretera N-I, en el término municipal de Villabona (Guipúzcoa), el guardia civil José Pardines Arcay, de 25 años, destinado en el destacamento de Tráfico de san Sebastián, avista un Seat 850 Coupé blanco con matrícula Z-73956 y dos hombres a bordo. El vehículo despierta sus sospechas, por algún motivo que no podemos precisar, y decide dar el alto a sus ocupantes. El coche se detiene. Pardines le pide al conductor la documentación y, mientras el guardia se agacha para comprobar los datos de matrícula, motor y bastidor, los dos hombres salen del automóvil. «Esto no coincide», murmura Pardines. Es todo lo que le da tiempo a decir, antes de que uno de los dos, Xabier Etxebarrieta Ortiz, alias Txabi, que en ese momento saca la pistola, le dispare a la cabeza. Un camionero que pasa por la carretera, creyendo que se le ha reventado una rueda, detiene su vehículo y se baja. Al ver lo ocurrido, se dirige hacia el lugar de los hechos para intervenir a favor del herido, pero el acompañante de Txabi, Iñaki Sarasketa, lo encañona. El camionero tiene tiempo de ver cómo Txabi le descerraja cuatro tiros en el pecho al guardia civil, que ha quedado tendido boca arriba. Acto seguido, los dos pistoleros se dan a la fuga. En seguida rebasan al compañero de Pardines, Félix de Diego, que se encuentra dos kilómetros más allá, al otro extremo del tramo de obras por cuya seguridad, así como por la del tráfico, velaban los dos agentes. Pero De Diego, que no se ha percatado de lo ocurrido, no hace nada por cortarles el paso.

El guardia Pardines ha tenido la desgracia de tropezarse con el que en ese momento es el jefe operativo de la organización Euskadi Ta Askatasuna (ETA). Se convierte así en la primera víctima mortal de este grupo terrorista, que ya lleva una década actuando, pero que hasta esa fecha no había pasado de la distribución de propaganda, el sabotaje y la comisión de atracos para financiarse o los robos de vehículos para procurar movilidad a sus activistas. De hecho, la Guardia Civil, que les sigue los pasos desde su fundación, el 31 de julio de 1959, ha logrado desarticular muchas de sus células o comandos, así como incautarles abundante material. La tarea, de todos modos, tiene sus complicaciones. Los etarras vienen a ser los herederos más vehementes de la frustración de amplios sectores de la población vasca por la abolición de los fueros que decidiera el régimen canovista, como castigo por la connivencia de las provincias vascongadas con el carlismo. Este descontento lo catalizaría en primera instancia Sabino Arana a través del soberanismo de tintes xenófobos representado por su Partido Nacionalista Vasco (PNV), que se verá bastante suavizado tras la Guerra Civil y el poco airoso papel en ella desempeñado por su heredero, el lehendakari Aguirre (famoso por jugar a varias barajas, que llegaron a incluir la carta del mismísimo Mussolini, y por inspeccionar a las tropas montado en un caballo blanco, veleidad que le valió el sarcástico mote de Napoleontxu). Ya desde el exilio, Aguirre tratará de salvar los muebles apelando a las grandes potencias internacionales. Ante la escasa respuesta, su sucesor, Leizaola, modera sus aspiraciones.

ETA, cuya gestación se prolonga a lo largo de la década de los 50, viene a devolverle al sentimiento nacionalista su primitivo empuje. Ello le reporta un nada desdeñable apoyo en sectores de la población vasca, en especial entre el clero, que acoge sus asambleas y ampara a sus militantes, lo que plantea engorrosas trabas a la acción policial, por el fuero especial de que gozan los lugares sagrados. Con todo, a las alturas de 1968, y aunque los etarras llevan años cometiendo sabotajes y atracos, los beneméritos están todavía lejos de imaginar que se encuentran ante uno de los más enconados y mortíferos adversarios de su historia. Hasta mediados de los 60, el País Vasco ha sido, por el alto nivel de vida y la baja delincuencia, un destino tranquilo y codiciado, que copan los más antiguos para criar a sus hijos en un entorno más próspero y favorable. También ha habido muchos vascos que han aportado sus esfuerzos al cuerpo (recuérdense las excepciones previstas para facilitarles el ingreso, a fin de contar con agentes que dominasen la lengua del país). Pero a partir de esa década, Euskadi se convertirá en una permanente sucursal del infierno para los guardias y sus familias. La muerte del guardia Pardines será la primera señal.

El camionero que ha visto caer al guardia avisa a su compañero. Este da la alarma a sus superiores y se organiza un dispositivo de control de las carreteras. En Tolosa, Txabi y Sarasketa son detenidos por una patrulla del cuerpo. El jefe etarra vuelve a sacar el arma, pero esta vez se enfrenta a un enemigo prevenido y la suerte le es contraria. Herido de gravedad por los disparos de los agentes, morirá en el hospital de Tolosa poco después. Sarasketa logra huir, pero al día siguiente un perro policía de la Benemérita lo localiza escondido en la iglesia de Regil (o en un gallinero, según versiones). Años más tarde declarará que la muerte de Pardines desbordó sus previsiones: «Fue un día aciago. Un error. Era un guardia civil anónimo, un pobre chaval. No había ninguna necesidad de que aquel hombre muriera». En cualquier caso, así se escribe la Historia, y aquel 7 de junio iba a marcar la frontera tras la que se iniciaban, a fecha de hoy, cuatro décadas largas de dolor y muerte. Después de Pardines, ETA iba a matar a otras 946 personas. De ellas, 210 guardias civiles, incluido, en macabra coincidencia, el compañero de Pardines, Félix de Diego, que tras quedar impedido en un grave accidente de moto fue asesinado en su silla de ruedas el 31 de enero de 1979, en la terraza de un bar de Irún, de tres tiros que dos etarras le dispararon a bocajarro en presencia de su mujer.

Cuando se materializa esta nueva amenaza, que tomará el relevo de los maquis como pesadilla de los beneméritos, la Guardia Civil, superada la crisis relativa que viviera en la primera década de posguerra, es un cuerpo asentado y en plena transformación, en un país que después del fin de la autarquía y la apertura al exterior, a partir de mediados de los 50, afronta también el cambio. A través del desarrollo económico, España sienta las bases para superar la dictadura y transitar a una democracia homologable a la de los países de su entorno, aunque eso haya de esperar a la extinción física del dictador. Este, atenuada su fiereza vindicativa contra los vencidos de la contienda civil (que entre las décadas de los 50 y 60 salen de las cárceles), ha trocado sus viejos recelos hacia la Benemérita por una querencia absoluta, como van a poder comprobar los guardias que tiene más cerca, en su escolta personal, ante los que más de una vez, según su propio testimonio, el poco expresivo general exclamará: «¡Qué equivocado estaba con la Guardia Civil!». No es para menos, después de la laboriosa limpieza que han completado los guardias en lo que se refiere a los contumaces guerrilleros del monte, y de su contribución al control y represión de cualquier clase de disidencia. Aunque en los nuevos tiempos, con el traslado de la resistencia antifranquista de las sierras a los polígonos industriales y las aulas universitarias, a escenarios urbanos en suma, el protagonismo en esta tarea van a asumirlo la Policía, que pondrá para ello a punto un artefacto de turbia memoria, la Brigada Político-Social, y los muy sumisos jueces, que harán funcionar sin mayores aspavientos el engendro denominado Tribunal de Orden Público.

La Guardia Civil, entre tanto, ha recorrido un trecho importante en el camino de su profesionalización y de su adaptación a las necesidades que plantea la labor policial que demandan los tiempos. Alonso Vega ha dejado la dirección general para ascender al ministerio de Gobernación, desde donde seguirá apoyando, con su impulso político, el crecimiento y el fortalecimiento de un cuerpo que con su inaudita entrega ha sabido ganarse sus más profundos afectos. Nombrado coronel honorario de la Benemérita por los jefes de esta, reconocimiento que antes ya obtuvo el general Zubía, lucirá como él con orgullo el uniforme y el tricornio que en tal calidad le corresponden.

Su aliento y apoyo es decisivo para la creación en 1959 de la Agrupación de Tráfico, a la que pertenecía el infortunado guardia Pardines, y que desde entonces constituye quizá la más perceptible muestra de la presencia de la Benemérita en la sociedad. Fue Alonso Vega quien inclinó la balanza a favor del cuerpo que había dirigido, ya que esta competencia en un principio estaba atribuida a la Policía Armada. Pero justo en el momento en que se hizo evidente que el tráfico rodado iba a comportar importantes responsabilidades públicas, necesitadas de una acción coordinada, el ministro atendió las reivindicaciones que se le hicieron desde la Guardia Civil, basadas en la tradicional vigilancia a cargo de sus hombres de carreteras y caminos. El parque de automovilismo de Madrid y la comandancia móvil también radicada en la capital servirían como base para la formación inicial de la Agrupación. Desde sus primeros servicios, sus miembros contribuyen a incrementar la seguridad de las carreteras españolas, resortes fundamentales para el aumento de la riqueza nacional, y sirven para mejorar la percepción social de la Guardia Civil, encarnada por unos agentes que, si bien son la faz antipática del estado cuando les toca denunciar una infracción, también se mantienen al pie del cañón contra toda suerte de adversidades y pronto se distinguen por su competencia para resolver toda clase de incidencias. La eficacia de su despliegue, su entrega al trabajo y la razonablemente generosa dotación de recursos desde sus primeros tiempos (en forma de motos y vehículos) permiten esperar que cuando surja un problema en la carretera no tardará mucho en aparecer la patrulla de Tráfico para gestionarlo. Una actuación policial en la que el servicio a la ciudadanía prima sobre su vigilancia y represión, y que coadyuvará a que los guardias civiles empiecen a sacudirse el pesado estigma de ser meros esbirros del régimen.

No menos importante, de cara a impulsar la evolución del cuerpo, es el desarrollo durante estos años de su servicio de información (el futuro SIGC) que si ya empezó a rendir resultados en la lucha contra los guerrilleros, verá aumentada su importancia en la lucha contra el terrorismo etarra. Este, al tiempo que inflige al instituto su más duro castigo, es acicate de su mayor esfuerzo en el perfeccionamiento de las técnicas de investigación policial. Y no solo de ellas: tampoco será desdeñable su influencia en la formación de expertos en explosivos, operaciones especiales y antidisturbios, campo este en el que la respuesta conducirá finalmente a la formación de los actuales Grupos Rurales de Seguridad o GRS, integrados por especialistas con los que la Guardia Civil superará por fin sus tradicionales carencias en medios para el control efectivo de multitudes, déficit que tantas tragedias causara a lo largo de su historia. En la puesta a punto de estas nuevas capacidades, como señala Miguel López Corral, será determinante la aportación de los oficiales procedentes de la Academia General de Zaragoza, con un perfil distinto al del oficial tradicional (curtido sobre todo en el mando de tropas de infantería). Se trata de un oficial mucho más abierto y sofisticado y que en no pocos casos se ha enriquecido con una formación universitaria complementaria. Además, señala el autor citado, estos oficiales van a desarrollar una conciencia corporativa y un espíritu crítico hacia esa excesiva influencia del ejército que se traduce en una mentalidad conservadora, militarista y adicta al régimen y sus valores; mentalidad a la que, como parte del mismo entramado tutelar, ellos empezarán poco a poco a sustraerse.

En este sentido, el de la desmilitarización (y si se permite la licencia, la desfranquización, en tanto que la absorción del cuerpo por el ejército era rasgo esencial y distintivo de la Guardia Civil refundada por el régimen) ya se habían dado algunos pasos a fines de los 50. Tras el cese en la dirección general de Alonso Vega, se sucedieron en esa responsabilidad los tenientes generales Martín Alonso y Eduardo Sáenz de Buruaga. Con ellos, y en especial con este último (el mismo a quien encontramos páginas atrás como coronel en julio de 1936, al pie de la escalerilla del avión que llevó a Franco a Tetuán) poco se movieron las cosas. Pero en 1959, con su sucesor, el teniente general Antonio Alcubilla Pérez, y por impulso del ministro  del  Ejército,  Antonio  Barroso Sánchez-Guerra, se promulgó el decretoley de 16 de julio, que dispuso que en adelante el mando de las unidades de los Tercios de Frontera de la Guardia Civil lo desempeñarían jefes y oficiales del cuerpo, en vez de mandos del ejército. Se acababa así con la anomalía que introdujo la Ley de 1940, y se avanzaba hacia la recuperación por la Guardia Civil de la autonomía que con todas las fluctuaciones expuestas, y sin perjuicio de su carácter militar, tuviera desde su fundación.

Sería ya en los setenta, al llegar a los puestos de mayor responsabilidad oficiales que habían desarrollado toda su carrera en las filas beneméritas, cuando el cuerpo afrontaría de forma decidida este proceso. En particular, cuando estos oficiales accedieron al Estado Mayor del instituto, órgano creado en la refundación franquista, y que había servido hasta entonces, justamente, para reforzar la incardinación de la Guardia Civil como parte del ejército. La llegada a este Estado Mayor, por otra parte, de jefes militares singularmente preparados, como José Antonio Sáenz de Santamaría, favorecería desde su lado el cambio. El impulso definitivo lo traería la instauración de la democracia, a la que la Guardia Civil, sin perjuicio de los elementos involucionistas que cobijaba entre sus filas, y que tanto y de forma tan desafortunada se hicieron notar, se incorporó con sorprendente naturalidad merced a esta modernización o civilización subrepticia que había sido alentada desde su propio seno. Un movimiento, dicho sea de paso, que la devolvía a su orientación original y a la filosofía de su fundador, cuyo influjo, mantenido a pesar de todos los pesares durante la travesía del túnel del régimen autoritario, se mostraría tan benéfico como ya se había revelado a lo largo de un túnel anterior, el que el canovismo y su descomposición hicieran atravesar a los guardias civiles.

Por su elocuencia, citaremos la exposición que de este interesante fenómeno hace el autor al que venimos mencionando, Miguel López Corral, que tiene el valor suplementario de representar una mirada proyectada desde el interior de la propia familia benemérita:

Favorecidos por un número cada vez mayor de promociones asentadas en lo alto del escalafón, por la asunción de puestos de responsabilidad en la cúpula de mando, por la tendencia civilista de la sociedad española y por la formación universitaria que habían obtenido sus más brillantes integrantes […] fueron capaces de hacer sombra a los oficiales de Estado Mayor del ejército y de imponer sus propios criterios, por lo general bien argumentados intelectual y jurídicamente a partir de la experiencia de mando, conocimiento del cuerpo y la realidad del servicio. Por eso, cuando el franquismo tocó a su fin, no les resultó difícil desplazar de los órganos de decisión y planificación a la estructura de poder omnímodo que había sido el Estado Mayor, lo que ponía fin a una etapa y daba comienzo a otra…

En estos años, por otra parte, la Guardia Civil contaría con un nuevo despliegue territorial, que simplificaba y racionalizaba los anteriores, demasiado condicionados por los sucesivos avatares históricos. El artífice del cambio fue el general Luis Zanón, director general del cuerpo entre 1962 y 1965. Se conservaron las seis zonas existentes, aunque en 1974 se trasladó de Zaragoza a Logroño la cabecera de la 5.ª, agregando las provincias de Zaragoza y Huesca a la 4.ª, con sede en Barcelona. Otra adaptación motivada por el reto terrorista: esa 5.ª zona era la que comprendía Euskadi y Navarra. Los tercios quedaron fijados en un número de 26, más uno móvil, repartido en tres comandancias del mismo carácter: Barcelona, Madrid y Sevilla. Las comandancias se hicieron coincidir con las provincias, una por cada excepto en Madrid (con la 111, interior y la 112, exterior), Cádiz (Algeciras y Cádiz), Barcelona (Barcelona y Manresa), Asturias (Gijón y Oviedo), Baleares (Palma e Inca) y las dos correspondientes a Ceuta y Melilla. Este despliegue, más ceñido que el anterior a la organización territorial del Estado, sería la base del vigente en la democracia.

En lo que habría de esperar a esta la puesta al día del cuerpo era en las condiciones de vida y trabajo de los guardias y sus familias, en especial en los más de tres mil puestos repartidos por toda la geografía nacional. La precariedad de la vida en las casas cuartel, muchas de ellas en estado ruinoso o insalubre, las eternas jornadas sin apenas descansos y el autoritarismo en el trato dispensado por muchos de los mandos, que veían en el guardia más a un soldado que a un profesional policial (aspereza que dentro de la casa-cuartel se hacía extensiva a las familias de los agentes), eran síntomas de un atraso institucional que tardaría en enmendarse. Otro tanto puede decirse de los salarios, que se mantenían en niveles exiguos, tanto más si se los comparaba con los ingresos de una población que empezaba a recoger los frutos del despegue económico. Por no hablar de los derechos sociales. Es verdad que los guardias tenían vivienda gratis (con una calidad acorde al precio) y economatos para abastecerse a precios reducidos. Pero carecían de cobertura sanitaria, que no recibirían hasta después de la muerte del general cuya carrera tantas veces cubrieron. Tampoco su formación estaba, en general, a la altura de las circunstancias. En las academias seguía mandando la instrucción militar y el orden cerrado, en lugar de primar los saberes policiales. Los guardias, en este aspecto, y también hasta que la democracia corrigiera tan insólito desequilibrio, tendrían que aprender por el camino y casi por sí solos.

Regresando al fenómeno etarra, el zarpazo de junio de 1968, aun siendo fruto de la impremeditación, demuestra que en el seno de la organización terrorista se ha ido gestando la resolución de dar un salto cualitativo desde los tiempos ingenuos de los primeros comandos, marcados todavía por la indefinición en cuanto al camino a seguir. Entonces, los elementos de adscripción católica, entre los que no faltaban seminaristas, se resistían al uso de la violencia; por otro lado, había elementos nacionalistas que veían con malos ojos la relación con el PCE (m-1), cuyos líderes se venían ofreciendo a los separatistas para formarlos en la lucha armada, porque la E de sus siglas remitía en definitiva a la odiada España, con la que se trataba de romper.

Aquellos primeros activistas que pasaron hacia 1964 con armas y documentación falsa por, entre otros, los pasos fronterizos de Valcarlos y Bera de Bidasoa (testigos de tantas incursiones de diverso signo, como hemos referido) y que pronto fueron desarticulados por las fuerzas del orden, han sido sustituidos por una nueva militancia, de nítida dirección marxista, representada por el propio Txabi. Un joven alumno de Económicas de Deusto (en el momento de su muerte cuenta solo 23 años) que pese a sus ojos azules, su cara redonda y su aspecto aniñado, apuesta resueltamente por golpear duro y convertir los grupúsculos existentes hasta entonces en ejército guerrillero para emprender la lucha revolucionaria. Así se ha acordado en la V Asamblea, celebrada en la casa de ejercicios espirituales que la Compañía de Jesús tiene en Guetaria. Son tiempos de fascinación por la figura del Che Guevara, y los cachorros de la lucha abertzale, ya desde antes de que Txabi tumbe de un tiro al guardia Pardines, y aunque el despistado Iñaki Sarasketa no se haya dado cuenta, están por hacer sangre de veras.

Lo prueba lo que sucede inmediatamente después de la muerte de Txabi, y bajo la dirección de su sucesor, José María Eskubi Larraz, alias Bruno. Tras descartar una respuesta en forma de ataques a patrullas de la Agrupación de Tráfico, como propone Bruno en un primer momento, por su impredecible resultado, se resuelve atentar contra un objetivo de peso, el jefe de la Brigada Político-Social de Guipúzcoa, Melitón Manzanas. Es la llamada operación Sagarra (manzana, en euskera). Manzanas es un policía que se ha significado en la represión de los simpatizantes del movimiento independentista vasco. En su biografía, según se rumorea, hay un episodio bastante siniestro: su papel como colaborador de la Gestapo (o Geheim Staats-Polizei, la policía secreta de Hitler) a la que habría ayudado a detener a judíos que trataban de huir a través de la frontera francesa. Tres etarras lo esperan el 2 de agosto de 1968 a la puerta de su chalet de Irún, irónicamente llamado Villa Arana. Cuando aparece, lo abaten de siete disparos. Bajo una densa lluvia, que dificultará su persecución, se dan a la fuga.

Se abre así la espiral acción-reacción que el ideólogo abertzale José Luis Zalbide previera en 1965 con estas proféticas palabras (que tomamos de la oportuna cita que de ellas hace López Corral):

Supongamos una situación en la que una minoría organizada asesta golpes materiales y psicológicos a la organización del estado haciendo que este se vea obligado a responder y reprimir violentamente la agresión. Supongamos que la minoría organizada consigue eludir la represión y hacer que esta caiga sobre las masas populares. Finalmente, supongamos que dicha minoría consigue que, en lugar de pánico, surja la rebeldía en la población de forma que esta ayude y ampare a la minoría en contra del estado, con lo que el ciclo acción-reacción está en condiciones de repetirse, cada vez con mayor intensidad.

La respuesta del estado franquista es exactamente la prevista por Zalbide. Declaración del estado de excepción, incremento de la dureza de la respuesta represiva, creciente rechazo entre la población de la acción policial y creciente simpatía por los luchadores que se le enfrentan. La represión obtiene en un principio un éxito aparente, forzando el repliegue de ETA, pero solo para atacar con más fuerza y asestar un golpe decisivo, ya con la propaganda a su favor. El 3 de diciembre de 1970 comienza el famoso proceso de Burgos, el macrojuicio militar a que son sometidos los etarras detenidos, que se salda, merced a una habilidosa campaña abertzale en el exterior, con la condena del régimen, pese al indulto final de los sentenciados a muerte. No es el propósito de estas páginas, porque el asunto requiere un estudio específico que excede con mucho su alcance y aun la cualificación de su autor, hacer un relato exhaustivo de la historia de la lucha contra el terrorismo de ETA. Quizá no pueda hacerse este relato, con el sosiego debido y la ecuanimidad necesaria, hasta que esa organización y sus actividades entren en la categoría de recuerdo del pasado. A los efectos de nuestra narración, señalaremos solo algunos hitos principales de esta larga guerra que ya dura medio siglo, y algunos de los efectos que su desarrollo y sostenimiento tendrá para el cuerpo.

Sin duda uno de los más cruciales de esos hitos es el suceso que tuvo lugar a las 9.30 del 20 de diciembre de 1973, en la madrileña calle de Claudio Coello. En los tres años transcurridos desde el proceso de Burgos, la acción de ETA se ha intensificado notablemente, y también la respuesta policial. En lo que se refiere a la Guardia Civil, se trabaja a marchas forzadas para construir un servicio de información adecuado a la amenaza, vista la poca funcionalidad de las antiguas brigadillas (que responden a las viejas enseñanzas de la lucha contra el maquis) para combatir un enemigo que exige infiltrarse en su nada permeable entorno, así como controlar sus pasos por las áreas urbanas donde se mueve como pez en el agua. Sobre todo, en las grandes ciudades. Por lo que toca a Madrid, en las últimas semanas la banda ha demostrado su capacidad atracando una armería y quitándole el armamento a un centinela de la Capitanía General. Los servicios de información de la 111 comandancia, según refiere su entonces jefe, el también historiador Aguado Sánchez, han detectado los movimientos de unos vascos extraños en la calle Mirlo. Según Aguado, se dio aviso de su presencia, pero nada se hizo, aunque hay fuentes que aseguran que ante el temor de que ETA pudiera preparar un secuestro de envergadura, se tomaron medidas de protección de personalidades. Sea como fuere, no era ese el plan de los terroristas, y las medidas de nada sirvieron.

Ese 20 de diciembre, al pasar frente al número 104 de la calle antes citada el vehículo oficial del almirante Luis Carrero Blanco, presidente del gobierno, un potente artefacto colocado en el subsuelo hace explosión. El almirante viaja en un coche sin blindar, que vuela por el aire y desaparece en el patio interior de un inmueble cercano. Junto a él mueren su conductor y el jefe de su escolta. Los dos policías que lo siguen en otro coche, y que lo ven desaparecer en la explosión, quedan atónitos. La operación Ogro ha logrado su objetivo. Carrero, número dos del régimen, y promesa de pervivencia de su ala más dura cuando le llegue la hora a su fundador, ha pasado a la Historia. Es la pieza de mayor calibre que ha cobrado ETA hasta esa fecha. Y hasta hoy.

El golpe es sensacional, y pone en evidencia todo el aparato de seguridad del Estado, como ya lo hiciera, medio siglo atrás, la eliminación del antecesor de Carrero, Eduardo Dato. Al frente de la Guardia Civil está el general Iniesta Cano, un «duro» del régimen, que cursa a sus hombres un inquietante telegrama, en el que tras informarles de lo ocurrido y pedirles que extremen la vigilancia, les indica: «Caso de existir choque o tener que realizar acción contra cualquier elemento subversivo o alterador del orden, deberá actuarse enérgicamente, sin restringir ni lo más mínimo el empleo de sus armas». El espíritu expeditivo de Alonso Vega resurge con todo su brío, en un momento y un país donde es muy otra la respuesta que demandan las circunstancias. Tanto es así que el ministro de la Gobernación, Carlos Arias, que no es precisamente un blando (basta con preguntarlo a los supervivientes de sus diligencias por la Costa del Sol durante la guerra, que le valieran el sobrenombre de Carnicerito de Málaga), lo llama a su presencia y lo obliga a revocar la orden y a indicar a los guardias civiles que se pongan a las órdenes de los gobernadores civiles. Lo que en ese momento no sabe Iniesta es que el coronel José Antonio Sáenz de Santamaría, a la sazón jefe del Estado Mayor del cuerpo, ha demorado, con buen criterio y en tanto se calman los ánimos, cursar el primer telegrama, por lo que las unidades reciben ya directamente el segundo.

Esta actuación (considerada por algunos historiadores como un amago de golpe por el titular de la dirección general) y su postura de responder con firmeza, le valdrán a Iniesta una gran popularidad entre los sectores más ultras del régimen, que en el sepelio del almirante llegan a lanzar gritos de «¡Iniesta al poder!». El nombrado al frente de la presidencia del gobierno, sin embargo, sería el propio Arias Navarro, bajo cuyo mandato se iba a desatar la gran ofensiva de ETA, con la cooperación del FRAP (Frente Revolucionario Antifascista y Patriótico), un grupo marxista-leninista de acción directa fundado en los sesenta por el comunista Julio Álvarez del Vayo, que procedía de la militancia socialista y que en la II República había llegado a ser ministro de Estado (Asuntos Exteriores) del gobierno de Juan Negrín.

Son meses en los que los atentados se suceden con una frecuencia desasosegante. El régimen parece desbordado. El punto culminante lo marca el atentado de la cafetería Rolando, en la calle Correo de Madrid, justo enfrente de la Dirección General de Seguridad, el 13 de septiembre de 1974. Con 13 muertos, es la primera gran masacre de ETA. Como respuesta, se potencia el SIGC y se lanzan los GOSI (Grupos Operativos del servicio de Información, antecedentes de los GAO, o Grupos Antiterroristas Operativos, que luego canalizarán el grueso del trabajo de información en la lucha contra ETA, con reiterada eficacia). Un operativo de estos, dirigido por los capitanes Martínez Herrera y Sánchez Valiente, junto al SIGC de Madrid del capitán Pinto Vila y los servicios de información de la Policía encabezados por el comisario Conesa, logra desmantelar la base logística utilizada en los atentados contra Carrero y la cafetería Rolando. En la operación, culminada pese a la falta de medios (el SIGC de Madrid no tenía vehículos propios, y debía moverse en taxis y coches particulares) se detiene al dramaturgo Alfonso Sastre y a su compañera Genoveva Forest.

Pero la espiral no se detiene: raro es el mes que no cae algún policía o guardia civil, y el régimen decide recurrir a la mano dura. Llegan así los famosos fusilamientos del 27 de septiembre de 1975. Son cinco los condenados. Por un lado, tres militantes del FRAP: José Humberto Baena (imputado por el atentado mortal contra el policía Lucio Rodríguez en la madrileña calle de Alenza) y Ramón García Sanz y José Luis Sánchez-Bravo (por la muerte del teniente de la Guardia Civil Antonio Pose, en Carabanchel). A ellos se suman dos etarras: Juan Paredes Manot (acusado de la muerte del policía Ovidio Díaz durante un atraco al Banco de Santander de la calle Caspe de Barcelona) y Ángel Otaegui Etxebarria (al que se imputa por la muerte del cabo del SIGC Gregorio Posadas, en Azpeitia). Las movilizaciones internacionales para lograr la clemencia de Franco, que incluyen al mismísimo Vaticano, son estériles. En los piquetes de fusilamiento, según testigos presenciales, se mezclan policías y guardias civiles. Otros llegan en autobuses para presenciar la ejecución. Los que aprietan el gatillo son voluntarios. Otros muchos cientos, en aquellos días de hostilización permanente y asesinatos continuos, se habrían ofrecido a reemplazarlos.

Aquellos policías y guardias, al disparar sus armas, no solo acaban con los condenados, sino de rebote con el propio régimen, nacido con el pretexto de los disparos atribuibles a la acción de otro guardia y otros policías, el capitán Condes y los guardias de Asalto que secuestraron a Calvo Sotelo de su casa para darle el último paseo. Muy verosímilmente, la ola de condenas que por estos hechos recibe España desde todos los rincones del mundo, y en particular la del papa Pablo VI, contribuye a precipitar el deterioro de la salud del viejo caudillo, que tras una sucesión de anginas de pecho y colapsos gastrointestinales muere en el hospital de la Paz de Madrid en la madrugada del 20 de noviembre de 1975. Lo que le deja a su sucesor, Juan Carlos I, es, en lo que al problema vasco se refiere, un auténtico polvorín, con el que lidiarán con más pena que gloria los primeros gobiernos de la monarquía. El conflicto del Norte llegará así a convertirse en un auténtico escollo para la transición democrática que pretende impulsar el joven rey, y a la que una y otra vez amenaza con hacer descarrilar.

El 6 de abril de 1976, 29 reclusos, entre ellos destacados dirigentes de ETA, se evaden del penal de Segovia. El día 11, el guardia civil Miguel Gordo muere electrocutado al tratar de retirar una ikurriña colocada sobre un cable en la calle León de Barakaldo. El día 18, el dirigente Eduardo Moreno Bergaretxe, Pertur, y otros dos etarras intentan pasar la frontera por (de nuevo) Bera de Bidasoa para celebrar el Aberri Eguna, o Día de la Patria Vasca. Se topan con la Guardia Civil, que en el tiroteo mata al etarra Enrique Alvarez Gómez, Korta. En esa jornada, los guardias han de retirar decenas de ikurriñas con explosivos adosados, extremando la precaución. El 25 hay un nuevo tiroteo entre etarras y guardias cerca del puesto fronterizo de Etxalar. Es otra vez Pertur, que intenta la maniobra frustrada en Bera. Uno de los terroristas es herido y capturado. Así transcurre, en resumen, un mes normal, bajo el mandato del firme e hiperactivo ministro de la Gobernación del primer gobierno de Juan Carlos I, Manuel Fraga lribarne.

Para resolver el problema, el nuevo presidente, Adolfo Suárez, que sustituye a Arias Navarro en julio de 1976, oscila entre continuar con la represión enérgica (y heterodoxa, a la luz de las reglas de un estado de Derecho como el que se quiere instaurar) y ofrecer una generosa reconciliación sobre la que poder edificar la inminente democracia, en la que se brindarán cauces legales a la expresión de la voluntad de autogobierno de pueblo vasco. La opción por la segunda vía lleva a autorizar el uso de la ikurriña, tras las gestiones en enero de 1977 de Rodolfo Martín Villa, titular del ministerio del Interior (nombre que ha adoptado el antiguo departamento de Gobernación). El teniente coronel Antonio Tejero Molina, jefe de la comandancia de Guipúzcoa, cursa un télex solicitando instrucciones sobre si debe rendir honores militares a la nueva bandera cuando sea izada. La pregunta sobre la ikurriña precipita su relevo. El impetuoso jefe, que ha impulsado en Guipúzcoa la creación de los grupos GALA (especializados en la infiltración en el entorno abertzale), causará en su nuevo destino Málaga, nuevos dolores de cabeza a sus superiores, como cuando desoyó las instrucciones del gobierno civil para enterrar discretamente y a la hora de comer a un guardia asesinado y lo hace a las doce de la mañana llevando él mismo a hombros el féretro por las principales calles.

El gesto final de la estrategia conciliadora es la generosa amnistía decretada por el gobierno en su reunión del 20 de mayo de 1977. Abarca etarras con delitos de sangre, para los que se negocia su deportación a Bruselas. De su inutilidad hablan pronto los hechos. El 4 de junio los GRAPO (los oscuros Grupos Revolucionarios Antifascistas Primero de Octubre) asesinan en Barcelona a los guardias Rafael Carrasco y Antonio López Cazorla. ETA aguarda a que pasen las primeras elecciones democráticas, el 15 de junio. Poco después, el día 25 de julio, lanza una ofensiva en la que hiere a un guardia civil en Ordizia, ataca el cuartel de La Salve en Bilbao y mata un policía armado de tres tiros en la nuca en Nanclares de Oca. En un comunicado, ETA declara su voluntad de proseguir la lucha armada y se proclama como una organización «socialista, revolucionaria, vasca y de liberación nacional». El cambio de régimen nada significa para los terroristas.

Mientras la transición democrática prosigue su andadura y se redacta la nueva constitución, en Euskadi continúa la guerra. ETA amplía sus objetivos e incluye entre ellos la central nuclear de Lemóniz, entonces en construcción. Un primer ataque al destacamento de guardias que la custodian, en la noche del 17 de diciembre de 1977, es repelido por estos, que logran herir a un etarra al que sus compañeros abandonan. El 16 de marzo de 1978, en cambio, los terroristas tienen éxito: setenta kilos de Goma-2 echan abajo parte de la estructura, causando 2 muertos y 14 heridos. Durante todo ese año las acciones serían constantes, multiplicándose los atentados contra fuerzas del orden. En noviembre, un plante de la Policía Armada obliga al ministro Martín Villa y al vicepresidente, el teniente general Gutiérrez Mellado, a presentarse en el cuartel del cuerpo policial en Basauri. Allí Martín Villa les dice que se está avanzando en la erradicación del terrorismo. Con todo, cuatrocientos policías serán trasladados. Al día siguiente, el guardia civil Manuel Criado muere de un tiro en el cuello en Tolosa, mientras prestaba el servicio de seguridad del partido de fútbol entre el equipo local y el Tudela. El día 20, cuatro comandos apostados en las inmediaciones abren fuego contra los policías que hacían gimnasia en el exterior del cuartel de Basauri. Causan dos muertos y diez heridos. En los días que restan hasta el referéndum constitucional del 6 de diciembre, el promedio será de un atentado diario. El primer muerto tras el referéndum tarda solo tres días: es el jefe de la policía municipal de Santurce, Vicente Rubio Ereño, a quien asesinan por la espalda el día 9 mientras tomaba unos chiquitos en el bar. Y suma y sigue.

La presión que sufren los guardias civiles y sus familias es literalmente insoportable. Empieza a tomar carta de naturaleza el que será conocido como síndrome del Norte, el trastorno de estrés postraumático al que se verán sometidos no pocos guardias civiles tras su paso por Euskadi, debido a la dureza del servicio, las continuas muertes de compañeros y la hostilidad de la población. Sobre este último aspecto, y desde la perspectiva de las familias, es interesante transcribir el documento que recoge Aguado Sánchez, y que por aquellos días se hizo circular anónimamente. Dirigido «A la opinión pública», y firmado por una autodenominada Comisión de familias, decía:

1. Asesinan a nuestros hijos, maridos, hermanos y novios como si de alimañas se tratara. Son cazados como liebres, sin reacción ciudadana en su defensa. 2. Públicamente son insultados en romerías y fiestas, incluso en festejos populares organizados por centros religiosos. En verbenas aguantamos gritos y cánticos amenazantes. 3. Jóvenes esposas vascas, casadas con guardias de la tranquilidad, aguantan resignadamente insultos en mercados donde públicamente son tachadas de txakurras (la traducción del vascuence significa «perras») por dormir con txakurros y tener txakurritxus. 4. Las familias sin pabellón, que han de vivir en pisos particulares, tienen que ocultar la profesión de sus esposos y mentir al vecindario. Para no delatar el servicio del marido, no pueden tender ropa ni signo alguno relacionado con los uniformes. 5. Los funerales por los asesinados se celebran en cuarteles, por rechazo de los templos que ellos defendieron con sus vidas. Son honras fúnebres rutinarias, con los mismos sermones y condenas de cumplido. Al final, unas medallas que no hemos pedido ni queremos. Enterrado el caído no hay más recordatorio, y a esperar nueva víctima. Nada de aniversarios que tan profusamente celebran por sus asesinos. 6. Nuestros niños viven anonadados en ambiente incierto. Son criaturas obligadas a mentir para ocultar dónde trabajan sus padres. 7. La caridad cristiana no la vemos ni en nuestra defensa ni en sermones pastorales, y menos con desagravios públicos, sino todo lo contrario. 8. Aceptamos resignadamente esta vida que nos ha tocado, pero no se la deseamos a nadie. Lo que pedimos es solo comprensión y respeto a nuestra forma de vida, que gustosamente sacrificamos por todos los demás.

Faltaba mucho, en aquellos días de 1978 y 1979, para que las víctimas de ETA recibieran el respeto y el homenaje que les llegaría décadas después; en especial, los guardias civiles. Faltaba mucho, aún, para que sus muertes y su sufrimiento se sintieran como propios por el grueso de la población no ya vasca, sino española. Para muchos españoles, y en especial para los que se autotitulaban progresistas, incluidos algunos que andando el tiempo, al convertirse ellos mismos en objetivo de ETA, se significarían por su repudio, los guardias asesinados eran unos muertos ajenos y casi naturales, que habían hallado el fin que ellos mismos se buscaran y que no merecían grandes alardes de compasión. Eso contribuyó a crear en el seno del cuerpo una sensación de soledad, y en algunos de resentimiento, que explicará, aunque no justifique, algunas conductas posteriores, de triste memoria.

La UCD de Adolfo Suárez gana las primeras elecciones celebradas bajo la vigencia de la Constitución. A Martín Villa lo sucede un teniente general, Ibáñez Freiré. Para compensar, en el ministerio de Defensa (que refunde los tres ministerios militares heredados del franquismo), se sitúa por primera vez desde la Guerra Civil un paisano: Agustín Rodríguez Sahagún. Para ETA, todo esto es irrelevante. Ese año asesinará a 78 personas, 22 de ellas guardias civiles. El golpe más sanguinario es el de la cafetería California 47, en Madrid. La explosión que la destruye se lleva por delante 8 vidas y deja 60 heridos. En sectores inmovilistas del ejército se extiende un peligroso nerviosismo.

El año 1980 registra las primeras elecciones autonómicas vascas, que arrojan el triunfo del PNV, bajo cuyo mandato Euskadi empieza a recorrer la senda del autogobierno. La violencia etarra, sin embargo, no afloja. De hecho, va a más: a lo largo de esos doce meses hay un centenar de asesinatos. La Guardia Civil pone 32 de los muertos. Otros 41 son civiles. Los ánimos de algunos están cada vez más crispados.

La historia, como es sabido, no acaba aquí. Prosigue durante otros largos treinta años, con multitud de acontecimientos, idas y venidas, treguas y rupturas. Para combatir a este enemigo pertinaz, los guardias civiles recurrirán a todos los medios a su alcance. Algunos no son legales ni legítimos. En esos años de plomo, y en los siguientes, muchos guardias serán procesados por torturas, y no pocos condenados. Según el testimonio de un miembro del cuerpo que llegó destinado a Guipúzcoa por aquellos días, el primer día que entró en el acuartelamiento, al abrir una puerta, vio el suelo copiosamente manchado de sangre. Cuando fue a mirar mejor, un guardia veterano lo empujó hacia fuera y le dijo que mejor se marchara a tomar el fresco. Hechos como este no son motivo para el orgullo, pero a quienes sientan inclinación a formular juicios sumarios sobre la conducta de sus semejantes, cabe sugerirles que se pongan en la piel de un hombre que ha recogido más de una vez del suelo los trozos de un compañero, volado por alguna de las muchas bombas-trampa que en esos días, junto al seguro y ventajoso tiro en la nuca, utilizaban los etarras.

En algún momento, ante la falta de colaboración de Francia, durante muchos años retaguardia segura y santuario de ETA, se recurrió a los procedimientos más rocambolescos para obtener información. Como el que según el relato de un jefe del cuerpo tenía como auxiliares a las mujeres de los guardias, que pasaban a Francia con sus hijos pequeños y se acercaban a grabar con radiotransmisores escondidos en los coches de bebé las conversaciones de activistas que se citaban en la calle. Otro oficial refiere momentos aún más embarazosos, como los vividos a bordo de una avioneta civil en la que sobrevolaba territorio francés durante un seguimiento, cuando invadieron en el curso de este un sector restringido del espacio aéreo y la Fuerza Aérea Francesa envió dos cazas Mirage a interceptarlos. Para el piloto civil galo que estaba a los mandos del aparato, aquello supuso el susto de su vida.

Centro neurálgico de buena parte de esas operaciones era el cuartel guipuzcoano de Intxaurrondo, y artífice de ellas el comandante segundo jefe de la comandancia (luego ascendido hasta general) Enrique Rodríguez Galindo, cuyos métodos, muy discutidos (y años después condenados por la Justicia, en el caso Lasa-Zabala), se revelaron sin embargo de una enorme eficacia en cuanto se contó con la colaboración francesa. La sucesión de golpes que desde Intxaurrondo recibió la organización fue espectacular. De entrada, contra sus comandos operativos en suelo vasco: valga como ejemplo la neutralización el 15 de junio de 1984, en Hernani, del núcleo duro del comando Donosti, compuesto por Jesús Zabarte, Juan Luis Lekuona y Agustín Arregi, que degeneró por la resistencia numantina de los dos últimos en una batalla campal en la que ambos perderían la vida. Y luego, el acoso a la propia dirección de ETA, que culminaría con la detención de su máximo dirigente, Francisco Mujika Garmendia, alias Pakito, el 29 de marzo de 1992 en la localidad francesa de Bidart. Con la caída de este terrorista, responsable del atentado contra la casa-cuartel de Zaragoza que produjo 11 muertos, entre ellos 5 niños, el cuerpo completaba el que quizá sería el más alentador de sus servicios en la guerra contra la banda, ya que en el mismo paquete caían los otros dos miembros del directorio Artapalo: José Luis Álvarez Santacristina, Txelis, y José María Arregi Eroslarbe, Fitipaldi. También es digna de reseña la operación que permitió descubrir el arsenal central de ETA en la empresa Sokoa el 5 de noviembre de 1986. Para ello se empleó el ardid de vender a los terroristas un misil tierra-aire Stinger, en el que se ocultó una baliza que, una vez que los etarras, como era previsible, llevaron tan valioso artefacto a su sancta sanctórum logístico, permitió ubicar este.

Estas operaciones, y otros cientos de ellas que podrían mencionarse, ponían de manifiesto que la Guardia Civil, en respuesta al desafío etarra, había levantado un poderoso y sofisticado aparato de información, que en años sucesivos siguió perfeccionando y que finalmente llevaría a la banda terrorista al borde del estrangulamiento operativo (sobre todo, a partir de la detención en 2008 del jefe militar que rompió la última tregua declarada hasta la fecha, Mikel Garikoitz Aspiazu Rubina, Txeroki, y de sus improvisados sucesores). La eficacia y el sacrificio de los beneméritos les granjearon incluso el respeto de algún que otro etarra, como el jefe de un comando que en cierta ocasión le confesó al oficial de la Guardia Civil que lo había detenido, para asombro de este, que con él se entendía bien, porque ambos eran oficiales y militares. «Si yo fuera español, me haría txakurra, como tú», remachó.

Pero como más arriba se dijo, renunciamos a ofrecer aquí la historia completa de un conflicto que necesita más espacio y, probablemente, otro cronista. Uno que escriba desde el exterior del túnel y que pueda indagar, sin la servidumbre que imponen tantas heridas todavía abiertas, en las razones y en las sinrazones de unos y de otros.

Capítulo 16.
Del 23-F al 11-M

A las 18.22 horas del 23 de febrero de 1981, el teniente coronel Antonio Tejero Molina, al frente de un par de centenares de guardias civiles, irrumpe en el hemiciclo del Congreso de los Diputados, donde en ese momento se celebra la segunda votación para la investidura como presidente del gobierno de Leopoldo Calvo-Sotelo, el candidato de la UCD para sustituir al dimisionario Adolfo Suárez. La operación la han bautizado los golpistas con el nombre en clave Duque de Ahumada. Un muy dudoso homenaje para un hombre que jamás se alzó, ni pasó por su mente hacerlo, contra el poder legalmente constituido.

Lo que a partir de ahí sucedió no es preciso referirlo. Ya lo registraron las cámaras de Televisión Española en una grabación que dio la vuelta al mundo. Ciento siete años después de que lo hicieran los guardias civiles del coronel de la Iglesia, siguiendo órdenes de Pavía, otros beneméritos entraban en el centro de la soberanía nacional para acabar con el régimen y hacían uso de sus armas para intimidar a los parlamentarios. Con dos matices nada irrelevantes. Frente a la corrección del coronel de la Iglesia, Tejero iba a comportarse de forma despectiva y chulesca, llegando a la brutalidad matonil cuando intentó derribar de una zancadilla al vicepresidente en funciones y teniente general Manuel Gutiérrez Mellado, auténtica bestia negra de los sectores ultras del ejército por su estrecha complicidad con Suárez, el traidor que había enterrado el Movimiento y, sobre todo, había legalizado por sorpresa el PCE en la Semana Santa de 1977. En segundo lugar, Tejero no pretende desalojar sin más a los diputados del hemiciclo, como hiciera de la Iglesia (cuyo jefe, Pavía, a diferencia de los espadones habituales en su siglo, tampoco ambicionaba el poder y en seguida dejó paso a otros). Su objetivo es mantenerlos secuestrados para con esa extorsión propiciar la entrega del poder a una suerte de directorio militar. En él imagina que se integrará el teniente general Jaime Milans del Bosch, a la sazón capitán general de Valencia, bajo cuyas órdenes y en combinación con el cual actúa. Se han conocido no mucho tiempo atrás, pero a los dos los ha unido un mismo sentimiento de ira ante el curso que están tomando los acontecimientos: evolución política del régimen, gestión de los asuntos militares, crecimiento incontrolado del terrorismo, quiebra de la unidad nacional con la puesta en marcha de las autonomías vasca y catalana y la imitación de sus pretensiones por regiones como Andalucía y Galicia… Por otra parte, y como los dos se han significado por su ideología, eso ha afectado a sus carreras. Tejero, que tras su apartamiento de la comandancia de Málaga urdió una chapucera conjura (la operación Galaxia), por la que ha recibido una benigna condena, está sin destino real. Milans, a quien han adelantado en los ascensos otros generales más modernos, se halla aparcado en la capitanía general de Valencia, poca cosa para sus méritos.

Sobre la trama de este golpe se han escrito muchos libros, y los que aún se escribirán. En síntesis, parece evidente que antes de aquel día estaban en marcha varias líneas conspirativas, algunas de ellas implicadas de uno u otro modo en la erosión brutal a que fue sometido el presidente Suárez, incluso desde las filas de su propio partido, y que precipitó su dimisión justamente para evitar que lo derribara un golpe de mano. También es más o menos de general aceptación que en la acción que al final se llevó a cabo convergieron, bastante mal encajadas, conspiraciones diversas, lo que probablemente produjo una serie de malentendidos, tanto sobre los objetivos finales como sobre los apoyos con que contaba la asonada. Si a eso se une el poco seguimiento que entre las propias filas militares tuvieron los golpistas, la firme reacción de aquellos responsables del gobierno (todos ellos de segunda fila) que no estaban secuestrados y, en fin, la intervención pública del rey Juan Carlos I, se entiende mejor el fracaso de la intentona.

Un tercer personaje explicaría la conjunción tan variopinta de afanes y maneras que se produjo en aquella cuartelada: el general de división Alfonso Armada Comyn, un hombre de extrema proximidad al monarca (había pasado muchos años en su secretaría personal, desde donde incluso pudo redactar el primer discurso que leyó el rey ante las Cortes, el 22 de noviembre de 1975) y que lo siguió viendo con cierta frecuencia en los meses inmediatamente anteriores al golpe. Según Milans, fue Armada quien le hizo sentir que todo contaba con el impulso de la Zarzuela; Armada lo negó, aunque deslizando alguna ambigüedad para la interpretación libre de los malévolos. Si todo fue una mala apreciación por parte de Milans, o si el malentendido lo tuvo Armada en sus conversaciones privadas con el rey, o si nadie malinterpretó nada y alguno o cada uno pretende haber jugado un papel distinto del que en verdad jugó, es todavía hoy asunto de apasionada discusión. De lo que no parece caber duda es de que el que lo entendió todo mal fue Tejero, engañado o no por Milans. Porque cuando Armada se presentó en el Congreso y le hizo saber que iba a subir a la tribuna para proponerles a los políticos la formación de un gobierno bajo su dirección y con participación de todos los partidos, comunistas incluidos, el vehemente teniente coronel lo mandó «a tomar por culo» y le dijo que para eso él no había tomado el palacio de las Cortes. Finalmente, le impidió dirigirse a los secuestrados y lo expulsó de allí. Este enfrentamienlo representaba de la forma más gráfica la mayonesa sin ligar que aderezaba aquel golpe. Por un lado, el oleoso Armada, que buscaba (con presuntos alientos superiores, ya fueran reales o imaginarios) ser el hombre providencial que contendría la hemorragia que se había llevado por delante a Suárez y el que, al frente de todas las fuerzas políticas, encauzaría la severa crisis económica e institucional que vivía el país, para proseguir, una vez tapadas las vías de agua, con el programa democrático. En el extremo opuesto, el derroche de testosterona de Tejero, que solo quería barrer aquella inmundicia que había traído la democracia para volver a las verdaderas esencias de la patria. Un taimado golpista decimonónico de estirpe moderada, frente a un ultranostálgico dispuesto a remedar, como si nada, julio del 36.

Y Milans, en medio de los dos. O no. Sea como fuere, en cuanto el rey le pidió que depusiera su actitud, se vio desarmado. También cuando comprobó que la guarnición de Madrid, y en particular su querida División Acorazada (de la que había sido jefe, y que intentó sublevar a través de oficiales afines a él) no daba el paso de secundarlo. Los tanques no salieron a las calles de la capital, como sí hicieron en Valencia los que él tenía a sus órdenes. Para impedirlo fue decisivo el teniente general Guillermo Quintana Lacaci, a la sazón capitán general de Madrid: un militar leal, que defendió esa noche la legalidad constitucional aunque había servido en la Guardia de Franco, como en un alarde de honradez les recordó a sus superiores, por si los disuadía, cuando iban a promocionarle. Un hombre a quien la banda ETA, con su particular criterio, acabaría asesinando tres años después, cuando, ya retirado, salía de su casa con su mujer para ir a misa.

Pero centrémonos en el aspecto benemérito del golpe. De cara a la opinión pública, el protagonismo de los guardias civiles, gracias a las imágenes televisivas, es total. El tricornio que porta Tejero (no así sus hombres, tocados todos ellos con la gorra de visera reglamentaria) deja grabada para la Historia una imagen que, junto a su zafio modo de expresarse y conducirse, causa un daño inmenso a la institución. El gesto hosco de Tejero, su porte autoritario, incluso, por qué no decirlo, el bigote, remiten al rostro más atrabiliario de la Benemérita. Pero, más allá de él, ¿cuál es la intervención de la Guardia Civil en la intentona? Para empezar hay que decir que los ciento y pico hombres que Tejero ha reunido, con ayuda de una guardia pretoriana de oficiales afines, son de ocasión, la mayor parte de ellos reclutados del parque de automóviles y de otros destinos no operativos. Muchos, además, acuden sin saber muy bien a qué, arrastrados por los acontecimientos, como a menudo ocurre en esa clase de situaciones. Las imágenes de varios de ellos, al día siguiente, descolgándose por las ventanas del Congreso, es bastante ilustrativa sobre su compromiso con el golpe.

No faltan, desde luego, entre las filas beneméritas, quienes simpatizan con un movimiento de ese tipo. La sangría del Norte pesa mucho y caldea los ánimos, y entre los integrantes del cuerpo, prácticamente todos ellos incorporados a él bajo el régimen franquista, se deja sentir el troquel por el que se les ha pasado, que en buena medida es el de la refundada Guardia Civil al servicio y mayor gloria del dictador. De hecho, entre los guardias que en seguida moviliza el director general del cuerpo, el teniente general Aramburu Topete, para rodear el edificio, incomunicar a los ocupantes de Congreso y en definitiva neutralizar el golpe, los hay que simpatizan con los que están dentro. Quizá por eso, el cordón de seguridad resulta bastante permeable, permitiendo numerosas entradas y salidas. Dos guardias civiles enviados al Congreso por los responsables del CESID (el centro de inteligencia de la Defensa), para evaluar la situación, regresan a las dos horas diciendo que han visto a sus compañeros con muy buena moral y que «tiene todo muy buena pinta», lo que no deja lugar a dudas de sus simpatías y aconseja al oficial responsable, y futuro director del centro, Javier Calderón, quitar rápidamente de en medio a aquellos dos elementos. Pero para entonces ya ha empezado a extenderse, entre los guardias civiles, una sensibilidad muy diferente, que comparten una fracción de los mandos y una porción creciente de la base del cuerpo.

Esta sensibilidad, que es extensiva a otros cuerpos de las Fuerzas Armadas, y que llevará, entre otras cosas, a que nada menos que el 24 por ciento de sus miembros, según sondeos fiables, voten al PSOE en octubre de 1982, se ha manifestado entre los guardias incluso antes de la caída del régimen. Sucedió en el funeral del capitán asesinado por el FRAP Antonio Pose, el 17 de agosto de 1975. Al terminar el acto, varias mujeres de guardias gritaron su descontento al entonces ministro del Ejército, Coloma Gallegos, y al director general del momento, el teniente general José Vega. Los insultaron, les tiraron monedas y llegaron a zarandear sus vehículos. El motivo: las ínfimas condiciones en que los guardias desarrollaban su peligroso y con frecuencia mortal servicio. Después de la muerte del dictador, y con las reivindicaciones aún sin atender, se produce algo insólito: a finales de diciembre de 1976, un grupo de guardias civiles se manifiesta junto a miembros de la Policía Armada en la plaza de Oriente en demanda de mejoras salariales y de su inclusión en la Seguridad Social, de la que a esa fecha, como si fueran una suerte de parias, siguen excluidos. Uno de ellos hace unas reveladoras declaraciones a la revista Cambio 16:

No queremos ser ya más un simple instrumento de represión, no queremos que se nos utilice continuamente contra nuestro pueblo, nosotros somos parte de él […]. Las reivindicaciones económicas han servido como detonante para plantear y hacer llegar a la opinión pública nuestro auténtico problema de marginados sociales… Hemos llegado a un extremo que tanto para la gente como para nuestros superiores, nosotros no representamos más que una máquina represiva.

La reacción de sus jefes es tan desproporcionada como demencial: el capitán general de la región, José Vega (el exdirector general del cuerpo zarandeado año y medio atrás), cursa órdenes a la División Acorazada para que envíe blindados TOAS y efectivos de operaciones especiales para disolver a los manifestantes, que se han concentrado frente al ministerio de la Gobernación. El despropósito indigna al jefe de la división, que en esos días es, casualmente, Jaime Milans del Bosch, quien se niega a enviar sus blindados «para romper una manifestación de servidores del orden público». La orden se reitera y los TOAS salen y se sitúan en los puestos asignados. Pero la mediación de Gutiérrez Mellado, que baja a hablar personalmente con los manifestantes, hace innecesaria su intervención. Suárez, que no estaba al tanto de la situación de los guardias, da instrucciones para que se los incluya en el ISFAS (Instituto Social de las Fuerzas Armadas). Bajo su presidencia, además, se revisarán al alza, de forma significativa, todos los salarios militares, incluidos los de la Benemérita, que el franquismo, en asombroso impago de los servicios y la adhesión que demandaba a los uniformados, había mantenido en niveles de miseria, completamente desfasados respecto de los ingresos medios de la población.

Por todo ello, aquel 23 de febrero, en la Guardia Civil y en el resto de unidades militares, no había solo resentidos hacia la democracia. Y el peso de los que sí participaban de ese resentimiento no bastaba ya para desequilibrar la balanza y arrastrar hacia su lado a los indecisos. Hubo, en el golpe, algunos otros guardias civiles, aparte de los que entraron con Tejero. Es el caso del capitán Gómez Iglesias, destinado en el CESID, que fue condenado por su colaboración en la logística del asalto, tanto para conseguir los autobuses que trasladaron a los guardias como en otras delicadas gestiones. O el del también capitán, y asimismo en la órbita del centro de inteligencia, Sánchez Valiente (que ya se distinguiera, por cierto, en la creación de los GOSI, los primeros grupos de lucha antiterrorista): su oscuro comportamiento en aquella jornada vino seguido de su súbita desaparición y su huida a Estados Unidos, donde vivió durante bastantes años, lo que ha planteado sospechas en algunos medios sobre su posible implicación en la coordinación de la asonada con los planes de la CÍA. No está de más recordar que el entonces secretario de Estado norteamericano, Alexander Haig, declaró en la noche del 23 de febrero que lo del Congreso era «un asunto interno de España», lo que hace pensar que como en tantas otras ocasiones similares, a lo largo y ancho del mundo, la CIA estaba perfectamente al tanto del golpe y sus jefes esperaban a ver si triunfaba o no para adaptarse a la situación. Para el gobierno del feroz anticomunista Ronald Reagan, quizá no era tan malo que en España dejaran de celebrarse elecciones y mandaran durante un tiempo unos militares conservadores que mantuvieran a raya al adversario.

Más allá de lo que queda dicho, y de los guardias civiles que acompañan a Tejero, no hay más aportación del cuerpo al golpe. De hecho, el grueso de las fuerzas rebeldes lo constituyen las tropas de Valencia, que siguen a su capitán general, y en Madrid algunos elementos aislados de la División Acorazada, que toman los estudios de RTVE en Prado del Rey y que al mando del comandante Pardo Zancada se unen a los guardias atrincherados en el Congreso. Justo enfrente, en el Hotel Palace, se encuentra el director general de la Benemérita, el teniente general José Luis Aramburu Topete, que va a dirigir con mano firme la oposición de la Guardia Civil a la aventura golpista.

Aramburu, que accede en abril de 1980 a la dirección general, siendo solo general de división (como hiciera Alonso Vega, cuyo precedente se invoca para designarlo) es un personaje de jugosa biografía y notable carácter. Su promoción al puesto, codiciado por los tenientes generales del ejército (ya que está mejor pagado que una capitanía general) se produce por el recelo que al entonces ministro, Rodríguez Sahagún, le inspiran los candidatos de esa graduación. El historial de Aramburu es dilatado y brillante, desde su incorporación en plena Guerra Civil como alférez provisional a una unidad de ingenieros, cuerpo en el que desarrolla su carrera. Un episodio señalado de su trayectoria militar es el que comparte, paradójicamente, con Milans y Armada, los más significados jefes de la trama golpista: los tres han estado en la División Azul y en ella se han visto obligados a acreditar su valor en combate. El que menos, Armada, artillero. El que más, Aramburu, que al frente de su pequeña unidad de ingenieros resistió durante la batalla de Krasny Bor un durísimo fuego enemigo y paró el avance de los carros T-34 soviéticos. Entre sus condecoraciones cuenta, por esta y otras acciones, con dos cruces de Hierro otorgadas por los alemanes. Hay fotografías de un jovencísimo José Aramburu, con el uniforme de la Wehrmacht, casco de acero y su cruz prendida al pecho.

Es un tipo irónico y templado, de ágil inteligencia. Para ejemplo, una anécdota que data de los tiempos en que, ya de vuelta a España, trabajaba construyendo en la frontera pirenaica fortificaciones para tratar de atajar las infiltraciones de los maquis. Las construcciones son endebles, por la pésima calidad del cemento y los materiales empleados. Un oficial francés, con el que inspecciona las obras, se lo hace notar con condescendencia. «¿Cree usted que estas defensas podrían contener a nuestras fuerzas?», cuestiona. A lo que Aramburu, sin arrugarse, le responde rápidamente: «No las hacemos pensando en ustedes, sino en los alemanes, por si vuelven a llegar a Hendaya».

Gracias a este hombre, lúcido y resuelto, y a quien trabaja codo con codo con él en el Hotel Palace, el director general de la Policía, Sáenz de Santamaría, el grueso de la Guardia Civil cumple esa noche de febrero de 1981 con su deber de defender la legalidad y el golpe quedará sofocado sin efusión de sangre. En un primer momento, Aramburu intenta parlamentar con Tejero personalmente, pero después, con buen criterio, les deja esta labor a otros mediadores, a los que el golpista parece más receptivo. Son el propio Armada, cuya actitud en esos momentos resulta confusa, y el teniente coronel Eduardo Fuentes Gómez de Salazar, destinado en el Estado Mayor del Ejército y amigo personal del comandante Pardo Zancada. Él será quien negocie con este y con Tejero las condiciones de la rendición: en esencia, que la responsabilidad solo alcanzará a los oficiales. Primero lo acuerda con Pardo, que exige ser el último en abandonar el edificio. Fuentes obtiene la confirmación de Aramburu y este le pide que negocie también con Tejero. El intermediario recuerda así lo que sigue, en conversación con el periodista Francisco Medina, autor del libro Memoria oculta del Ejército:

Entonces [Pardo] me pasó, me metió dentro de las Cortes, en un despacho de un auxiliar, una habitación pequeña, y estaba allí Tejero rodeado por todos sus oficiales. Todos con gabardinas verdes, que impedían que se vieran las estrellas. Yo estaba muy nervioso, porque no sabía cómo iban a reaccionar ellos. […] Cuando vino Pardo ya con todos los capitanes, empecé ya, pero mucho más enérgicamente… «Ha pasado esto, Pardo me ha dicho esto, me ha dicho el mando esto… Y ahora falta su opinión». Y Tejero me dijo: «Mira, en principio yo estoy de acuerdo en todo lo que haga Pardo, pero no voy a tomar ninguna decisión sin consultar a mis subordinados. Así es que te ruego que esperes aquí». […] No sé cuánto estuvo fuera, porque perdí la noción del tiempo, y entonces volvieron ya, formaron un poco en plan militar, se cuadró Tejero y me dijo: «Mira, aceptamos las condiciones totales que ha puesto Pardo menos una. […] Que aquí el más antiguo soy yo y el último que sale soy yo».

El teniente coronel Fuentes acabó ideando una solución para resolver aquel absurdo escollo: como el palacio tenía dos puertas, que cada uno saliera el último por una de ellas. Así fue como a las 10 de la mañana del día 24 los guardias abandonaron el Congreso. Antes de la salida, hubo momentos de nerviosismo, entre los que se precipitaron y los que no querían rendirse así como así. Uno de los guardias se quejó de que fueran a entregar las armas «sin limpiar a España de cuatro». Pardo se le encaró y le preguntó si era militar. Al responderle el guardia que sí, le dijo: «¿Y para qué tenemos nosotros las armas? Para usarlas cuando nos atacan. ¿O es que nosotros somos ahora los que pegan un tiro en la nuca?». Los guardias que los rodeaban, los hombres que la víspera habían tomado el Congreso y puesto en jaque a la democracia, rompieron a aplaudir al oír aquellas palabras del comandante.

Ese día, el ejército y la Guardia Civil dieron un paso de gigante para incorporarse con normalidad a la España democrática. El precio fue alto, sobre todo en términos de imagen y en lo que toca singularmente a la Benemérita, cuyo tricornio quedó como icono de aquella aventura disparatada. Pero esta supuso, en cierto modo, el haraquiri de los restos que quedaban en el cuerpo de aquella versión refundada y anómala que había alumbrado el régimen anterior. No es que quedaran del todo extirpados, pero sí inutilizados, y los guardias civiles, definitiva e inequívocamente al servicio de la legalidad constitucional. Un año después, sería un sargento del cuerpo, destinado en el CESID, el que interviniera la documentación que permitió desmantelar la intentona golpista conocida como el 27-0, por estar planeada su ejecución para el 27 de octubre, a fin de impedir que gobernara el PSOE, que había vencido de forma arrolladora en las elecciones. De dejarse utilizar por los enemigos de las libertades, aquel 23-F la Guardia Civil pasaba a estar en vanguardia de la lucha contra la involución.

No nos resistimos a transcribir las palabras de un alto jefe del ejército, que resumen de manera certera cómo fue posible, tras el fracaso del golpe del 23 de febrero, que los uniformados aceptaran la supremacía de la autoridad civil (consumada por la reforma militar del ministro socialista Narcís Serra), renunciaran a las pretensiones de autonomía y de mantenimiento de su influencia (o vigilancia) que tan torpemente habían exhibido los miembros de la cúpula militar en los primeros años de la Transición y, en suma, se acomodaran a un régimen democrático concebido sobre premisas muy distintas de las que regían la vida del país cuando se incorporaron a filas. Y para más inri, bajo las directrices de un gobierno formado por el PSOE, siglas que remitían a la revancha de los perdedores de la guerra que esos mismos militares, o aquellos de quienes eran herederos directos, habían ganado.

Dice este anónimo general, en testimonio recogido de nuevo por Francisco Medina en el libro antes citado:

El militar, lo sigue siendo ahora, es una mezcla de derechas en su ideología, es bastante católico practicante, es muy patriota, pero luego tiene la justicia metida en el cuerpo… y es un poco socialista en algunas cosas.

Rota pues la identificación biunívoca entre ejército y Franco, con la llegada al poder del PSOE comienza el normal itinerario de los militares, y entre ellos los beneméritos, al servicio de la nueva España democrática. Es un camino en el que, en estos treinta años, muchos han sido los acontecimientos, y no pocas las dificultades de toda índole, en especial las que tuvieron que ver con la lucha contraterrorista, que siguieron sometiendo al cuerpo a una presión que no siempre gestionaron debidamente todos sus integrantes. La poca distancia temporal que nos separa de este último periodo impide referirlo con perspectiva histórica, y tampoco es afán de quien esto escribe ser demasiado prolijo acerca de hechos que, por recientes, estarán en buena medida en la memoria del lector. Importa más bien señalar la tendencia, de consolidación, profesionalización y puesta al día, de un cuerpo que, en el momento de escribir estas líneas, puede considerarse totalmente homologado con el resto de policías de los países desarrollados.

Un primer paso dentro de este proceso lo supone la Ley de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, elaborada por el gobierno socialista y aprobada por las Cortes en el año 1984. En ella se sientan las bases que regulan el funcionamiento de la Guardia Civil y de los restantes cuerpos policiales, con respeto pleno de los principios derivados del nuevo ordenamiento constitucional, y en especial, su papel primordial como garantes de los derechos y libertades fundamentales de los ciudadanos: como corresponde a una policía que debe preservar el equilibrio entre libertad y seguridad, y que tiene como misión proteger a la ciudadanía en vez de mantenerla bajo control. Un texto legal no resuelve los problemas (ni impide los abusos y desviaciones), pero su existencia, y más cuando se impone a un cuerpo esencialmente disciplinado como la Guardia Civil, forjado durante siglo y medio en el servicio de la ley, ya supone un importante avance. Es de notar que el debate, que también en este momento se planteó desde algunos sectores, sobre la posible disolución de la Guardia Civil, o al menos su desmilitarización, se resolvió conservándola, con su denominación y uniforme (tricornio incluido, aunque del uso diario se desplazara a favor de la teresiana) y dejando intacto su carácter militar, aun subrayando su dependencia de Interior para el servicio y encomendando a Defensa las cuestiones de personal. Regresando, en suma, al esquema originario que planteara el duque de Ahumada, tras la etapa de intensificada militarización que había supuesto el franquismo.

Tampoco es ocioso subrayar que esta decisión la tomó el gobierno del PSOE y de Felipe González, un socialista que sin embargo dio el difícil paso de distanciarse del marxismo. Un heredero, por tanto, de aquel espíritu moderado de la II República que, tras el ejercicio del poder, trocó su desconfianza hacia los guardias en aprecio y hasta en fascinación por su aptitud para contribuir a la gobernación del país. Una vez más, los antiguos enemigos del cuerpo se convertían en sus valedores. Era el PSOE de Besteiro, que pedía a Azaña que no lo disolviera, sino que antes bien lo potenciara, y no el de Largo Caballero, que llevó su liquidación en el programa electoral de febrero de 1936 y acabó consumándola, tras el estallido de la Guerra Civil, pocos meses después. Habrá de observarse, además, que de este mantenimiento de sus señas de identidad no se benefició la Policía, cuyo nombre y uniformidad se cambiaron (incluso el color, del gris al marrón y de este al azul actual) para distinguirla de la Policía Armada y de aquella policía de paisano que tanto se habían significado en la represión tardofranquista. Y aún sería objeto de otra redenominación, años después. Lo que indica no solo el diferente grado de consolidación de las dos instituciones, sino también la capacidad de una y otra, por su cultura y trayectoria, de sobreponerse al estigma del régimen autoritario.

Por la dirección general pasa después de Aramburu el teniente general Sáenz de Santamaría, que regresa así al cuerpo en cuyo Estado Mayor estuvo destinado anteriormente, y cuya gestión impulsa con brío la modernización de la Guardia Civil. Durante su mandato, de 1983 a 1986, potenció las unidades aéreas y creó la Guardia Civil del Mar. También convivió, en el debe del balance, con el oscuro episodio de los atentados del GAL, respecto de los que siempre negó cualquier conexión mientras estuvo en el cargo, aunque años después llegaría a admitir que durante esos años no siempre se había mantenido la acción policial dentro de la ley, sino que en ocasiones se había estado en el borde: «a veces en el de dentro, a veces en el de fuera». Y aún fue más claro: «En la lucha contraterrorista, hay cosas que no se deben hacer. Si se hacen, no se deben decir. Si se dicen, hay que negarlas». Fue muy criticado por ello, aunque no tuvo efectos penales para él.

Sáenz de Santamaría dio el relevo al primer civil que desempeñaría la dirección general del cuerpo: Luis Roldan. Un falso ingeniero (luego se supo que había amañado su currículum) cuya gestión no pudo ser más contradictoria. Por una parte, movilizó grandes recursos económicos para el instituto, tanto en material de todo tipo como en infraestructuras, acometiendo una intensa renovación del deteriorado parque de casas cuartel. Como consecuencia de estos esfuerzos inversores, mejoraron mucho las condiciones de trabajo de los guardias, y también su imagen ante la ciudadanía. Además, siendo él director general la Guardia Civil cosechó su mayor éxito en la lucha antiterrorista, la detención de la cúpula etarra en Bidart en marzo de 1992. Momento más que oportuno para descabezar a la banda, en vísperas de las Olimpiadas de Barcelona y la Expo de Sevilla, que transcurrieron con toda normalidad. En otro orden de cosas, bajo su mandato se tomó una decisión de gran trascendencia, que liquidaba el último anacronismo que impedía a la Guardia Civil insertarse de modo pleno en la sociedad: la incorporación a sus filas de la mujer, en 1989, después de 145 años de mantenerse como un cuerpo exclusivamente masculino (con la excepción, más bien marginal, de las matronas, auxiliares que entre otras cosas servían para practicar registros físicos sobre mujeres). A lo largo de los veinte años transcurridos desde entonces, la mujer se ha incorporado a casi todas las unidades del cuerpo. Un cambio de gran calado simbólico, para una institución cuyo fundador, como se recordará, impusiera a sus miembros la obligación de llevar viril bigote.

Bajo el mandato de Roldan, en suma, se consuma el idilio de los socialistas con la Guardia Civil, a la que atribuyen cada vez más responsabilidades. Un ejemplo ilustrativo es la seguridad del Palacio Real, que encomendada en un principio a la Guardia Real, pasó luego a una empresa privada, registrándose clamorosos fallos con ambas. Finalmente, ante la puerta acabaron apareciendo los socorridos tricornios (y allí siguen). Otro detalle no menos elocuente es la estrecha relación de afecto que estableció con ellos el secretario de Estado de Seguridad, Rafael Vera, luego condenado por el caso Segundo Marey, y que a la vuelta de los años lo llevaría a escribir una novela donde el héroe es un guardia civil (El padre de Caín, 2009). Algo que, como ya se ha comentado, resulta altamente insólito en la literatura española.

Con aquel primer director general civil, la Guardia Civil creció en importancia, en prestigio y en aprecio del poder hasta cotas antes desconocidas. Aumentó la plantilla y se mejoró la formación, tanto inicial como de especialización. También se actualizaron sus emolumentos, aunque siguieran siendo los más bajos de todos los cuerpos policiales. Pero, como es bien sabido, Luis Roldan se dedicó además a otras cosas. Tras una rocambolesca huida, acabó detenido en el aeropuerto de Bangkok, el 27 de noviembre de 1995, y condenado por malversación de fondos públicos, cohecho, fraude fiscal y estafa. Según los hechos probados de la sentencia, durante su mandato Roldan birló 435 millones de pesetas de los fondos reservados que tenía asignados, y cobró comisiones ilegales de las constructoras que hacían las casas cuartel por importe de otros 1800 millones. Tan fabulosas sumas nunca aparecieron, y tras pasar 15 años en prisión quedó en libertad en marzo de 2010. Otro nombre para la memoria funesta del cuerpo.

Los noventa fueron, en cierto modo, una década negra para la Guardia Civil. Al humillante escándalo de Roldan se sumaron otros dos no menos dañinos. El primero, el llamado caso UCIFA, que acabó con la imputación y condena, en sentencia ratificada por el Tribunal Supremo en enero de 1999, de varios agentes de la unidad central antidroga por tráfico de estupefacientes. El caso presentaba cierta complejidad. Parte de las entregas eran pagos a confidentes, que los guardias se veían obligados a hacer sin una cobertura legal adecuada (que a día de hoy sigue faltando en España para este tipo de actuación policial, común en todo el mundo) porque era la única forma de obtener ciertas informaciones necesarias para sus investigaciones. Sin embargo, la fácil disponibilidad de droga incautada, y el hábito de distraerla para este propósito, despertó la codicia de algún guardia, que según la sentencia acabó vendiéndola con fines más particulares.

El otro gran escándalo fue el caso Lasa-Zabala, que acabó con el entonces ya general Galindo en prisión, junto a varios de sus colaboradores y el exgobernador civil de Guipúzcoa, Julen Elgorriaga. La causa tuvo su origen en el secuestro en el sur de Francia, en octubre de 1983, de dos miembros de ETA, José Antonio Lasa y José Ignacio Zabala, su posterior asesinato y el abandono de los cuerpos, sepultados en cal viva, en una fosa en Alicante. El GAL reivindicó la acción mediante una llamada a la cadena SER de Alicante un año después, aunque los cadáveres no aparecieron hasta 1985. Según los hechos probados de la sentencia, los autores de las muertes fueron los guardias civiles (para entonces ya dados de baja en el servicio, por inutilidad psicológica) Felipe Bayo y Enrique Dorado, que habrían actuado siguiendo instrucciones del entonces comandante Galindo y con la aquiescencia del gobernador civil. Los etarras, secuestrados poco después de una serie de acciones terroristas, y posiblemente torturados para sacarles información (la sentencia no afirma este hecho, por no permitir probarlo el estado en que se hallaron los cuerpos) habrían sido luego asesinados para borrar rastros. Todo habría sucedido en la casa conocida como La Cumbre, en San Sebastián, un inmueble vacío utilizado por las fuerzas de seguridad y que Bayo y Dorado, en las reconstrucciones efectuadas, demostraron conocer. Ambos, además, habían sido ya condenados por torturas, y por su posterior incapacidad se les habían otorgado generosas pensiones, en la cuantía máxima permitida por la ley.

La instrucción fue accidentada y tuvo gran repercusión en los medios, por el perfil de Galindo y el del instructor (el juez Javier Gómez de Liaño, luego condenado por prevaricación por el llamado caso Sogecable, aunque el Tribunal de Estrasburgo acabaría reconociendo que se habían conculcado sus derechos fundamentales en ese proceso). Algunos de los imputados dijeron y se desdijeron, y entre los testigos de cargo había notorios enemigos de los guardias, como un traficante de drogas al que habían detenido en alguna ocasión. El testimonio de este, y el de un policía de la escolta del gobernador, que declaró haber oído, en el coche en que Elgorriaga iba con Galindo en la noche del secuestro, las palabras «han caído dos peces medianos», fueron claves para incriminar a ambos responsables, en cuanto a su conocimiento de los hechos. En entrevista mantenida en prisión años después con el autor de este libro, el general Rodríguez Galindo negó con tono enérgico y dolorido tener nada que ver con aquellas muertes. Haciendo hincapié, justamente, en que todo lo que había contra él eran dos testimonios dudosos, uno por el testigo, otro por la imprecisión.

La verdad judicial, en todo caso, sería que aquellos dos cadáveres los hizo la Guardia Civil. Galindo fue condenado a la pena máxima, treinta años de prisión. Se sumaba esta condena a las que ya ratificara en 1984 el Supremo para el teniente coronel Castillo Quero, el teniente Gómez Torres y el guardia Fernández Llamas, por el llamado caso Almería: la tortura y asesinato de los jóvenes Juan Mañas, Luis Cobo y Luis Montero, en mayo de 1981, después de confundirlos con terroristas y bajo la conmoción del atentado que un día antes había acabado con la vida del teniente general Valenzuela. En adelante, y para tratar de evitar casos como estos y otros excesos, así como para refutar mejor las sistemáticas denuncias de torturas que presentaban los etarras capturados, se establecieron protocolos más rigurosos en cuanto al control por médicos forenses del estado físico de los detenidos antes y después de ser interrogados en las dependencias policiales.

En estos años, coincidiendo con acontecimientos tan poco satisfactorios, se produce sin embargo una sustancial mejora en la formación y los resultados de los guardias destinados a la investigación criminal. Se dota a la Guardia Civil de las técnicas y recursos criminalísticos más avanzados, esfuerzo este en el que pesa, y no poco, el ingrato recuerdo del misterioso crimen de Los Galindos, un asesinato múltiple cometido el 22 de julio de 1975 en un cortijo sevillano, y que nunca se resolvió, entre otras cosas, por la escasa precaución que tuvo la intervención inicial de los guardias en la escena del crimen, borrando huellas que habrían sido cruciales para su esclarecimiento. Enmendada esa carencia, y establecidos los procedimientos adecuados, se empiezan a recoger los frutos. Son los años en que agentes del cuerpo resuelven casos tan sonados como el del largo y penoso secuestro de la farmacéutica de Olot Ángels Feliu, mantenido desde noviembre de 1992 hasta marzo de 1994 por una trama criminal en la que no faltaban policías locales. La operación la culminan en 1999, con la detención de estos delincuentes, los guardias de la Unidad Central Operativa (UCO), dirigidos por el entonces capitán Fustel, que por ese éxito alcanzaría incluso una cierta celebridad, a la postre contraproducente.

Esos mismos guardias pasaron de héroes a villanos tras la puesta en libertad de Dolores Vázquez, acusada de la muerte de la joven Rocío Wanninkhof (y como tal, imputada por varios jueces y condenada en primera instancia por un jurado popular). El crimen, acaecido el 9 de junio de 1999 en Mijas Costa (Málaga), se acabó atribuyendo al ciudadano británico Tony Alexander King, cuyo ADN se halló en el cadáver de otra joven, Sonia Carabantes, asesinada el 14 de agosto de 2003 en la cercana localidad de Coín. Era el mismo que había aparecido en la colilla de un cigarro de la marca Royal Crown recogida del talud donde murió Rocío, y eso llevó a conectar los dos casos y a condenar al británico como autor de ambas muertes. Entonces se dijo que la Guardia Civil había acusado a Dolores Vázquez porque era una mujer antipática y porque el vecindario la tenía enfilada, sin más pruebas. Los mismos medios que tiempo atrás habían presentado a Vázquez como una asesina fría y calculadora, pasaron sin mayor rebozo a reivindicarla como víctima atropellada por la animadversión policial.

La verdad, como siempre, es algo más compleja: en el sumario obraban varios indicios sospechosos y objetivos; entre ellos, la mala relación con la chica de Dolores, fallos en la coartada que esta ofreció y la misteriosa presencia de su coche en el lugar del crimen, con dos hombres sin identificar, y sin que ella admitiera habérselo prestado a nadie ni denunciara su robo. Los indicios no resultaban concluyentes, por lo que los jueces, tras la aparición de King, decidieron archivar la causa contra ella. Sin embargo, y esto no deja de tener su valor, no dictaron su sobreseimiento definitivo, sino tan solo el archivo provisional. Teniendo en cuenta la presión de los medios, el matiz resulta relevante. Quizá la actuación de aquellos guardias (que, por cierto, tuvieron la diligencia, por nadie reconocida, de recoger aquella colilla que resolvería el crimen y salvaría a Vázquez) no fuera tan arbitraria.

El 11 de septiembre de 2001, unos terroristas islámicos estrellan dos aviones comerciales contra las Torres Gemelas de Nueva York y un tercero contra el Pentágono, en Washington. Como respuesta, el presidente norteamericano George W. Bush lanza un ataque fulminante sobre Afganistán.

Las policías de todo el mundo occidental endurecen su respuesta contra el hasta entonces algo descuidado terrorismo yihadista, que tras este golpe espectacular se convierte en prioridad máxima y fundamental de su trabajo. Incrementan para ello los recursos, tanto humanos como de información, destinados a prevenir esta amenaza. Todas las policías occidentales… excepto la española, cuyos responsables políticos apenas destinan unas pocas decenas de agentes, entre la Policía y la Guardia Civil, para cubrir este frente. Situación que se mantiene después del 15 de marzo de 2003, cuando el presidente Bush, el primer ministro británico Tony Blair y el presidente del gobierno español, José María Aznar, se reúnen en las Azores para decidir la invasión de Irak sin el apoyo de la ONU, contra el criterio de buena parte de la comunidad internacional, la oposición feroz de la mayor parte de los musulmanes y el rechazo mayoritario de la población española. Incluido el vicepresidente del gobierno, Rodrigo Rato.

España aporta una flotilla de la Armada para apoyar en los primeros días de la invasión a las fuerzas anglonorteamericanas en tareas de retaguardia, en la ciudad portuaria de Basora. Una vez reducida la resistencia iraquí y conquistado todo el país, el gobierno envía una fuerza de 1300 militares de tierra, con la que se forma el núcleo de la Brigada Multinacional Plus Ultra, reforzada por unidades salvadoreñas, hondureñas y guatemaltecas y mandada por un general español. Sobre el terreno asignado a los españoles, las provincias de Diwaniya y Nayaf (esta última, centro religioso de los chiles, por estar allí el mausoleo de su profeta Alí) se sucederán tres contingentes distintos. En el segundo viaja, como Provost Marshall, en terminología militar estadounidense, o jefe de policía militar, el comandante de la Guardia Civil Gonzalo Pérez. Es esta una misión, como hemos visto, tradicional en el cuerpo, la de apoyo a las fuerzas militares en campaña, que después de realizarse en tantos otros escenarios y contextos a lo largo de toda su historia, se prolonga en las modernas misiones de paz en el exterior (Bosnia, Kosovo, Guatemala, Haití, etc.). Esta de Irak, que en teoría es de ayuda a la reconstrucción del país, no es una excepción. El comandante Gonzalo, entre otras tareas, se encarga de instruir, organizar y dirigir a la nueva policía iraquí. Es un hombre de estatura imponente, enérgico y carismático, que se toma muy en serio su labor.

El 25 de enero de 2004, el comandante Gonzalo, junto a un grupo de policías iraquíes a sus órdenes y su intérprete Nasser, español de padre sirio, levanta el acta del material incautado del domicilio de un tal Nahi Mrej, sospechoso de dirigir una banda de salteadores de caminos que opera en la zona de Al Hamza, a unos treinta kilómetros de Base España, el cuartel general de las tropas en Diwaniya. Entre las 7.30 y las 8.00 de la mañana, aparece Nahi Mrej en un Opel Omega azul marino con otros tres ocupantes. El comandante y los policías se apostan para sorprenderlo, cuando, de repente, una mujer rompe a gritar. El Opel maniobra para volver a salir a la carretera y se da a la fuga. Gonzalo, junto a tres policías y su intérprete, sale tras él en un pick-up de la policía iraquí. Así comienza una persecución que dura aproximadamente unos diez minutos (entre 6 y 10 kilómetros) por una carretera secundaria de doble sentido. Al salir de una curva, el vehículo de los sospechosos se cruza en el lateral izquierdo de la calzada entre dos coches que ya se encuentran allí. En el lateral derecho hay otros dos automóviles estacionados. El vehículo policial se detiene a la altura del Opel Omega, y cuando el comandante y sus hombres abren las puertas para apearse, comienzan a dispararles desde los cuatro flancos. Un disparo alcanza al comandante en la frente. Evacuado por sus hombres, todos los intentos de reanimarlo, tanto en la Base como luego en España, fracasan. El comandante Gonzalo se convierte en la única baja mortal en combate de la Brigada Plus Ultra. Su altura, que lo convierte en un blanco fácil, y su arrojo de civilón, así lo propician.

La misión española en Irak se identifica desde la sensibilidad musulmana como complicidad en la ocupación del país. Poco después de la muerte del comandante Gonzalo la situación empeorará al ser atacadas las tropas españolas por los insurgentes chiles del Ejército del Mahdi del clérigo Muqtada Al Sadr, que llegarán incluso a tratar de entrar en fuerza en la base española de Nayaf. Pero nada de esto aconseja a los responsables de Interior, departamento en ese momento encabezado por Ángel Acebes, hombre de plena confianza del presidente, reforzar el dispositivo policial para la prevención del terrorismo islámico, que sigue infradotado hasta extremos alarmantes. Los pocos agentes que lo componen no tienen ni intérpretes suficientes para descifrar las conversaciones que graban en la intervención de teléfonos de sospechosos, siempre en árabe dialectal o lenguas bereberes.

En la mañana del 11 de marzo de 2004, cuatro trenes de cercanías, cargados de pasajeros, hacen explosión en las estaciones madrileñas de Atocha, Santa Eugenia y El Pozo. En total, estallan diez mochilas-bomba, que siegan la vida de 191 personas y causan heridas a más de 2000. Es el mayor atentado terrorista jamás realizado en Europa. Las investigaciones, que se desarrollan a marchas forzadas, con la ayuda de los teléfonos móviles utilizados para detonar los artefactos, conducen a imputar el ataque a terroristas islámicos, contra la inicial declaración del gobierno atribuyendo a ETA el golpe. Así lo confirmarán los jueces años después. El día 14 de marzo, y contra todo pronóstico, el PSOE gana las elecciones, y su líder, José Luis Rodríguez Zapatero, llega a la presidencia del gobierno. Su primera medida al frente del ejecutivo es ordenar la retirada de las tropas españolas de Irak.

Las circunstancias pavorosas del atentado, y sus repercusiones políticas, llevan a múltiples especulaciones. Algunas salpican a la Guardia Civil, cuando se sabe que uno de los acusados de estar detrás del ataque terrorista, el marroquí Rafá Zouhier, es un confidente de la Unidad Central Operativa (UCO) que había advertido de los movimientos extraños de un minero llamado Trashorras. De este se descubre que está implicado en la distracción de una mina asturiana de los explosivos utilizados en el atentado. Se llega a decir que la Guardia Civil estaba al tanto de lo que se preparaba, y que lo dejó suceder para que el PP perdiera el poder. La presencia al frente de la UCO del entonces coronel Félix Hernando, antiguo colaborador de Rafael Vera en su época en la secretaría de Estado de Seguridad, abonaría para algunos esta tesis. La imputación, de una gravedad extrema (implica nada menos que acusar a mandos policiales de autoría, por cooperación necesaria, de 191 asesinatos) queda ahí, sin que nadie la persiga desde instancias oficiales, como correspondería si no se prueba su veracidad.

No es este el lugar de entrar a fondo en asunto tan vidrioso, y que tantos ríos de tinta ha hecho y hará correr. Pero habrá que anotar que Trashorras fue objeto de seguimiento por la UCO, así está documentado, y que, al no advertirse que saliera de Asturias, se pasó el caso a la comandancia, como un caso local y en apariencia común. Hasta entonces, no era nada infrecuente que los mineros distrajeran explosivos para usos particulares, y los guardias habían desesperado de que se los castigara por ello, dada la benignidad judicial que por sistema rebajaba estas conductas a infracciones administrativas. Que a partir de ahí hubo una negligencia deplorable, un hilo que trágicamente se dejó de seguir y que supone un grave fracaso del cuerpo, es evidente. De eso a la complicidad criminal, media un largo y abrupto trecho.

Después del 11-M, se reforzaron las unidades, tanto de la Guardia Civil como de la Policía, para la investigación y prevención del terrorismo islámico. De unas pocas decenas, se pasó a cientos de agentes encargados de combatir a estos activistas tan letales como escurridizos que, en el horizonte del siglo XXI, han tomado el relevo.

Como advierte el poeta: La guerra no ha acabado, nunca acaba.

Epílogo.
El futuro: ¿militares o policías?

Hasta aquí, el relato. Las páginas que anteceden son o pretenden ser una síntesis, parcial y subjetiva, como todas las narraciones, de la aventura histórica de un cuerpo y de las personas que a través del tiempo sirvieron en sus filas. Fueron muchos miles, a lo largo de siglo y medio, y de la intensidad nada desdeñable con que se vieron mezcladas en la historia de su país aspiramos a haber dado cuenta, mínimamente, en los capítulos anteriores. Entre esos guardias y entre sus jefes, como se ha visto, hubo personajes de toda laya: heroicos y miserables, diestros y torpes, providenciales y fatídicos. Pero de los hombres que pasaron por la nómina del cuerpo que fundó el duque de Ahumada lo que no puede decirse es que fuera gente vulgar, y rara vez que se caracterizaran por ser cobardes o cicateros en esfuerzo. En lo que a esto respecta, así como en su compromiso con el deber y en el cumplimiento de su cometido, pocos otros colectivos, si es que hay alguno, se les pueden equiparar en la España contemporánea. Muchos de los pasajes que quedan referidos así lo atestiguan, y es este un carácter que los guardias acreditaron desde sus principios.

Se cuenta que uno de los primeros guardias, o lo que es lo mismo, uno de aquellos tipos mostachudos, curtidos en las guerras carlistas, y altos en comparación con el resto de la población española de la época, estaba una noche haciendo guardia, a caballo, en el portalón del Teatro Real, donde iba a celebrarse una función de gala. Un carruaje intentó pasar en dirección contraria y el guardia, que ostentaba el grado de cabo, lo atajó. Ir en carruaje ya señalaba en aquel tiempo a quien así viajaba como una persona principal, pero lo que no sabía el cabo era que dentro iba el todopoderoso general Narváez; el mismo que había alentado y bendecido la creación del cuerpo. Sin arredrarse por ello, el guardia le dijo al cochero que por ahí no se podía pasar. «Este coche sí», repuso el cochero, altivo. «Ni ese coche ni ninguno», reiteró el guardia. En ese momento, el general gritó desde el interior: «¡Adelante, cochero!». Al escucharlo, el cabo le explicó, respetuoso, que tenía orden de que por ahí no pasara nadie. «Esa orden no reza conmigo», le dijo Narváez. Pero el guardia, lejos de arrugarse, explicó: «Al comunicármela no me han dicho que haga ninguna excepción con nadie. El coche de Vuestra Excelencia no puede pasar por aquí». Ahí el general montó directamente en cólera y ordenó a su cochero que arreara a los caballos. El cabo, sin perder la sangre fría, avisó: «Mi general, si Vuestra Excelencia pasa por aquí, será atropellando estas armas, encargadas de cumplir una consigna». Su firmeza hizo que el presidente diera su brazo a torcer y entrara por donde todos, echando pestes.

Al llegar al palco, Narváez llamó a Ahumada. Furioso, le informó: «Un cabo de la Guardia Civil me ha puesto en ridículo, sin tener en cuenta mi cargo ni mi categoría». El duque le pidió a Narváez que lo dejara indagar lo sucedido. Cuando regresó, le dijo al presidente que aquel cabo no había hecho más que cumplir con la orden que tenía, por lo que no había cometido falta alguna. Narváez repuso: «Comprendo que si tenía la consigna esa, ha hecho bien en cumplirla. Pero también es triste gracia que llegue uno a esta posición social para tener que soportar arrogancias de un cabo. Yo no puedo consentir de ninguna manera que quede por encima de mí ese hombre; así es que, mañana mismo, me lo traslada usted a un puesto fuera de Madrid». Era la orden del gran espadón del XIX español, del hombre más poderoso del país. Ahumada saludó y abandonó el palco. Volvió a investigar el incidente, y a comprobar el celo del cabo. Al día siguiente fue a ver a Narváez. Cuando este lo recibió, se cuadró ante él y le dijo: «Aquí tiene usted, mi General, el bastón de mando de la Guardia Civil, y aquí», y le mostró un oficio, «el traslado del cabo a otro puesto, firmado por quien me ha sucedido en el mando, según las ordenanzas».

«¡Qué exagerado es usted!», exclamó Narváez. «La cosa no es para tanto». Pero Ahumada, muy serio, le replicó: «Ya lo creo que lo es. No hemos creado un cuerpo como la Guardia Civil para pisotear su prestigio a las primeras de cambio. El traslado de ese hombre es una injusticia que yo no cometo de ninguna manera». Al final, Narváez recapacitó y dijo a su subordinado: «Rompa usted el oficio y recoja el bastón que tan bien maneja. Y dele este cigarro puro en mi nombre al cabo, pues tengo mucho gusto en que se lo fume la única persona que se ha atrevido conmigo. Estos son los soldados que España necesita».

Alguna elaboración literaria tiene seguramente la anécdota, tal y como ha llegado hasta nosotros. Pero la esencia, con bastante probabilidad cierta, lo es a su vez del talante y el comportamiento de unos hombres cuyas acciones no siempre se han contado con la ecuanimidad necesaria. Por exceso de inquina, en unos casos. Por exceso de jabón, en otros. Y por el sorprendente desentendimiento que de su peripecia y sus nada anodinos avatares han demostrado los escritores españoles, y en general todos los autores de ficciones narrativas en cualquier medio. Una negligencia que se extiende al conjunto de nuestra Historia: qué habría hecho Hollywood con nuestro siglo XIX, esa época descabellada en la que, como hemos visto, los guardias cargaban a caballo por la calle Preciados contra los artilleros atrincherados tras colosales barricadas, mientras el pueblo en armas se unía con entusiasmo a la refriega. Pero el vano es especialmente clamoroso cuando se mira a los beneméritos, salvo raras excepciones ausentes, o como mucho reducidos a eternos secundarios grotescos o malvados, en el relato literario de la España contemporánea. Así lo constataba el que fuera director general del cuerpo, José Luis Aramburu Topete, con palabras que por su justeza no nos resistimos a transcribir:

Desgraciadamente no ha habido escritor de mérito que haya sabido aprovechar el rico filón que ha brindado la intensa historia de la Guardia Civil, si exceptuamos, ya avanzado en el tiempo, a Ignacio Aldecoa, que bebió en la fuente del propio cuerpo para encontrar el argumento […]. Después, Tomás Salvador escribiría su magnífica novela «Cuerda de presos». Es cierto que la figura uniformada de azul o de verde, siempre tocada de acharolado sombrero, y siempre formando parte del paisaje, se ha hecho visible con relativa frecuencia en la novelística o en la filmografía, pero, no lo es menos, el hecho de que pocas veces haya sido captado el verdadero espíritu y la auténtica realidad de la Institución. Las más se la ha presentado convertida en imagen tópica, hecha de personajes de piedra o acartonados, que bien podrían formar parte de un museo de cera. No cabe duda de que esto ocurre cuando se desconoce la esencia de las cosas y, consecuentemente, en este caso, de la Guardia Civil. También, no hay por qué negarlo, ha existido un cierto temor, cuando no prohibición, a dañar siquiera sea rozando, el prestigio de la Institución, y esto ha inhibido a todo aquel que en principio tenía algo que decir. Se dice que en tiempos de rígida censura cinematográfica, un quisquilloso censor, defensor de la fama y prestigio del cuerpo, rechazó una escena en la que unos presos conseguían fugarse pese al esfuerzo de la Guardia Civil, esgrimiendo el incontestable argumento: «Un guardia civil nunca falla un disparo». Opiniones así […] ni agradan ni benefician al Cuerpo y sí, en cambio, han dado lugar a tanto recelo y precaución a la hora de escribir sobre unos hombres sencillos, cuyas emocionantes vidas ofrecen una gama temática sin límites.

Contra ese vacío, principalmente, se rebelan estas páginas. Los que han desfilado por ellas podrían dar lugar, cada uno, a una novela. En cierto modo, lo que aquí queda hecho es el inventario, incompleto, de los cientos de novelas posibles, de las decenas de personajes memorables (no siempre, o no solo, por sus virtudes) que justificadamente podrían protagonizarlas. Alguno lo logró, pese a todo, como el coronel y luego general Escobar, que tuvo su novela en aquella con la que Luis Olaizola ganó el premio Planeta de 1983. Muchos otros lo merecerían. Sus semblanzas en este libro, siempre demasiado fugaces, valen por el bosquejo de esas novelas que acaso algún día alguien escribirá. Y la suma de ellas, por una suerte de novela improvisada sobre el apasionante, accidentado y contradictorio viaje de todos ellos.

Hemos procurado no omitir las sombras de la historia, a veces atroces. Hemos intentado, también, esquivar las tentaciones justicieras y maniqueas de cualquier índole, tanto respecto de los guardias como de quienes en cada momento fueron sus adversarios. Y no nos hemos privado de hacer ver sus luces, aunque no fueran constantes, y aunque el estereotipo se las escatime. Por ejemplo, su sentido de la justicia y de la honestidad, que los opuso a menudo al cacique, en defensa de la ley, si bien en otras ocasiones, sin duda demasiadas, y sobre todo en ciertas épocas, se pusieron al servicio de aquel y en contra de sus vecinos. Nada nuevo bajo el sol. También lo hicieron aquellos hombres de la Hermandad castellana, que nació contra los señores para acabar proporcionándoles sicarios. Pero los guardias, más de lo que se cree, se atuvieron a aquella máxima del duque de Ahumada que les exhortaba a ser «políticos sin bajeza». Y lo han seguido haciendo: en la primavera de 2010, un expresidente de una comunidad autónoma, procesado por gravísimos cargos de corrupción, por los que se enfrentaba a una petición fiscal de 25 años de cárcel, se quejaba amargamente de que la culpa de todo la tenía «un sargento de la Guardia Civil» que la había tomado con él. Con esta alusión al grado de quien había llevado a cabo las pesquisas, acaso trataba de minimizar la entidad de la acusación. A muchos, al contrario, sus palabras nos sirven para comprender cuánto vale un modesto, valeroso y honrado sargento del cuerpo. Gente como él explica la buena imagen que arroja la Guardia Civil en las encuestas, y que hayan sido los gobiernos progresistas (los de las dos repúblicas, y los de PSOE con Juan Carlos I) los que más ampliaron sus plantillas. Muchos otros antes, como el cabo que paró a Narváez, lo arriesgaron todo para enfrentarse a los abusos del poderoso, y alguno, como queda dicho y contado, lo acabó perdiendo. Que no se olvide.

Hubo alguien que, recordando uno de los pasajes más comprometidos de la historia benemérita, la Segunda República, dejó escrita una semblanza de los guardias que bien merece la pena rescatar aquí. Se trata de Julio Camba, que en su Haciendo República afirmaba:

La Guardia Civil era una de las pocas cosas que funcionaban bien en España. De aquí su impopularidad. Al español no le gusta que las cosas funcionen bien, porque si las cosas funcionan bien, él tendrá que funcionar bien a su vez, y este sistema no le ofrece ventaja ninguna. Con un tren que salga siempre a la hora exacta, por ejemplo, no habrá ninguna seguridad de llegar a tiempo a la estación, y de igual modo, con un ministro honrado o insobornable no se podrá jamás conseguir un destinillo ni activar un expediente.

La Guardia Civil era exacta, era honrada, era insobornable. Yo he jugado muchas veces al tute con el cabo de la Guardia Civil en los cafés del pueblo, y era en vano que le dejase cantar siempre las cuarenta, porque si en época de veda se me ocurría salir al campo con una escopetilla, nadie me libraba de pagar la multa correspondiente. […]

No, no había en toda España una organización comparable a la Guardia Civil, y lo aseguro yo, que no solo la conozco de jugar al tute, sino que he sido conducido por ella desde un extremo de la Península hasta el extremo opuesto, dicho sea con todas las salvedades debidas a mi natural modestia y sin el menor propósito que se me conceda un alto cargo. La Guardia Civil era técnicamente, de lo mejor que había en España; pero ¡qué quieren ustedes! ¡Había disparado tantas veces contra de pueblo soberano! Yo, la verdad, ignoro contra quién habría podido disparar la Guardia Civil, de no hacerlo contra el pueblo, soberano o no. ¿Debía haber disparado tal vez contra las Hijas de María? No creo que hubiera hecho muchos remilgos para ello en caso necesario; pero la Guardia Civil tenía por misión el mantenimiento del orden, y las Hijas de María, como tales Hijas de María, no se pronunciaron contra ese orden. […]

La República la tomó contra la Guardia Civil no porque el imperio de la justicia hiciera innecesario ya defender el orden por medio de la fuerza, ni porque hubiera cesado el malestar del pueblo, […] sino tan solo porque durante cincuenta años no la tuvieron a su lado, y ahora, cuando la tenían a su lado, seguían creyendo que la tenían enfrente. Por esto […] la tomó con la Guardia Civil, y primero intentó sustituirla […]. Luego, al ver que no podía sustituirla, quiso modificar su reglamento. Después se conformaba ya con modificarle el uniforme, y por último, ¿saben ustedes lo que hizo? Pues aumentar su consignación para que hubiera más guardias civiles que nunca y para que estos guardias civiles estuviesen mejor retribuidos que jamás.

En todo caso, todo esto es el pasado. El presente tiene otros rasgos, por fortuna; en general, bastante menos trágicos que los de otras épocas, y también muy distintos de los tradicionales. Aparte de la incorporación de la mujer, en las dos últimas décadas se han unido al cuerpo muchas personas que no obedecen en absoluto al perfil, marcadamente rural, y en buena medida endogámico, que dominaba la recluta hasta fechas recientes. Muchos hombres y mujeres criados en el entorno urbano, y sin relación previa con la institución, se han incorporado a ella. No pocos de ellos con estudios superiores, necesarios para algunas de las modernas especialidades (por poner un ejemplo, solo en el laboratorio de ADN trabajan decenas de biólogos). Ellos, y ellas, han traído un cambio sociológico considerable, que es el que explica, entre otras cosas, que más de un tercio de la plantilla esté afiliado a la AUGC (Asociación Unificada de Guardias Civiles), una asociación profesional (los sindicatos siguen prohibidos en el cuerpo, por su carácter militar) que reivindica abiertamente la desmilitarización del instituto. La AUGC ha terminado por obtener reconocimiento oficial, con su incorporación a un órgano consultivo, el Consejo de la Guardia Civil, en el que están representados guardias, suboficiales y oficiales. Su acción de más impacto fue sin duda la manifestación que en 2007 reunió a 3000 agentes uniformados, y con tricornio, en la Plaza Mayor de Madrid, para protestar por su situación laboral y pedir, una vez más, que el cuerpo dejara de tener carácter militar. Celebrada en el mismo escenario en el que tantas veces combatieron los guardias, durante las revoluciones del XIX, la movilización no podía ser más simbólica, ni más indicativa de la transformación vivida por el cuerpo.

Descartado de momento que se disuelva la Guardia Civil (ninguna de las fuerzas políticas con capacidad para llevarla a cabo ha dejado de apreciarla) queda abierto el debate sobre la doble condición, militares y policías, de los guardias civiles. Pocos dudan, dentro y fuera del cuerpo, de que la faceta que debe prevalecer es la primera: los guardias no son y nunca han sido simples soldados, ni como tal debe tratárselos, como hizo la dictadura franquista, y antes de ella tantos otros que se sirvieron de ellos para emplearlos como fuerza de choque en sus particulares guerras. Ya su fundador tuvo ocasión de rebelarse contra ese uso. Los guardias son agentes de la autoridad y auxiliares cualificados de la administración de justicia: para eso deben formarse y a eso deben atender sobre todo, lo que en la sociedad en que viven y los tiempos que corren ya supone un alto grado de exigencia.

Ahora bien, ¿han de seguir siendo, a la vez, militares? La experiencia histórica dice que esta condición ha fortalecido su capacidad de respuesta y contribuido a su eficacia. También, para los sucesivos gobiernos, contar con una fuerza bien instruida y disciplinada, desplegada en todo el territorio nacional, representa un activo de primer orden. Eso explica, probablemente, que ninguno haya dado el paso de desmilitarizarla. Los ochenta mil guardias civiles forman una máquina de valor inestimable, que compensa, en cierto modo, la actual descentralización del estado de las autonomías, y viene a ser la mejor antena con que cuenta el gobierno central: está presente en todas partes, incluso allí donde las policías autonómicas la han relevado de las tareas de seguridad ciudadana, y controla las fronteras, las costas y los aeropuertos. Si además se tiene en cuenta la sustancial reducción de los efectivos militares, tras la implantación del ejército profesional, la Guardia Civil juega un papel en la defensa nacional, como fuerza de reserva, todavía más importante que en otras épocas. Todo ello hace poco plausible, al menos a corto plazo, su desmilitarización.

Pero ¿qué sería lo deseable? Para muchos de sus hombres y mujeres, está claro: la disciplina militar es una carga que no resulta fácil de llevar, y menos con la labor que ellos desarrollan. Otros muchos, en cambio, están muy imbuidos de su condición, que asocian a una tradición que se honran en seguir, y por nada del mundo querrían ser civiles. Como opinión de terceros, nos permitimos apuntar esta: «La Guardia Civil es un instituto militar que está fundado en dos bases primordiales, que son la obediencia al mando, es decir, al poder público, es decir, al Gobierno, y la responsabilidad. La Guardia Civil no ha desmerecido jamás, ni un minuto, de su tradición a este respecto. Conste así una vez más». Aunque pueda sorprender a alguno, son palabras de Manuel Azaña y Díaz, presidente de la II República española. Y aunque no fuera siempre lúcido, ni como gobernante ni como intelectual, no deja de tratarse de una de las mejores cabezas pensantes que ha dado España. A pesar del tiempo transcurrido desde que lo dijera, quizá también en este asunte como en otros muchos, capta la esencia de la cuestión. Si no fuera militar la Guardia Civil pasaría a ser otra cosa. Así lo saben, o lo intuyen, quienes como tal la mantienen. No es fácil dar el paso de cambiar por otra una máquina que ha demostrado durante años funcionar más que razonablemente. Lo que no quita para que sea un error que a los guardias, en su régimen de vida y disciplina, se les trate como a los reclutas que no son. En suma: militares y policías; pero sin que lo segundo quede desvirtuado por lo primero. Sin que la disciplina sea pretexto nunca más para despersonalizar o menoscabar a profesionales a los que se les exige tener criterio e iniciativa. Algo que es perfectamente posible, desde una visión avanzada, y no trasnochada ni ramplona, de la profesión militar.

No se trata, en todo caso, de ninguna profecía, ni siquiera de un pronóstico. Es una apuesta personal, y la realidad bien podrá, si le place, desmentirla. Lo que importa es que los guardias, militares o no, continúen de forma honrosa para ellos y provechosa para el país la historia que escribieron sus antecesores. Esos hombres (y más de una mujer, ya) que una y otra vez se mostraron serenos en el peligro, como les prescribiera su fundador; ya se diera este frente al criminal en los caminos, frente al rebelde en el monte o frente al enemigo en el campo de batalla. A veces con la razón y la justicia de su parte, otras veces sin más amparo que el desnudo de la ley, que no siempre es bueno ni suficiente, y otras, ni con lo uno ni con lo otro; pero al final acertando, muchos de ellos, a mantener la entereza y la dignidad.

También, es quizá especialmente necesario recalcarlo, hubieron de mostrar su serenidad, y lo hicieron, en ese trance al que tantos hombres justos y decentes se vieron abocados a lo largo de la historia de España, y al que escaparon en cambio tantos oportunistas, déspotas y criminales. Ese instante que retratara con maestría el pintor Antonio Gisbert en su célebre cuadro titulado Fusilamiento de Torrijos en la playa de San Andrés. El observador poco avezado no identificará a los guardias con los prisioneros entre los que se encuentra Torrijos, sino más bien con los hombres uniformados que se ven desdibujados al fondo y que forman el pelotón de fusilamiento. Cierto es que los guardias hicieron muchas veces, y así lo hemos contado, esa odiosa tarea detrás de los fusiles. Pero también se pusieron delante, incluso atados a una silla para sostenerse, como el infortunado general Aranguren, ajusticiado por orden de Franco, o como el no menos desdichado guardia Moreno Rayo, fusilado por los mineros enfurecidos.

A otros los lincharon, o los apuñalaron, o les dispararon por la espalda, o los hicieron volar en pedazos con explosivos. El 25 de agosto de 2010, en la ciudad afgana de Qala-i-Naw, un talibán infiltrado vació el cargador de un fusil de asalto AK-47 sobre el capitán José María Galera, el alférez Abraham Bravo y su intérprete Ataollah Aefik Talili. Ellos son los últimos, en el momento de revisar estas líneas.

Un correligionario de Torrijos, el general Facundo Infante, luchador como él por las ideas liberales en una España retrógrada que gritaba su querencia por las cadenas, lo dejó dicho, en frase que citamos más atrás y que ahora repetimos: «La Guardia Civil si no ha excedido, ha igualado a los más valientes, a los más andadores, a los más celosos por defender la causa de la libertad». Cierren sus palabras estas páginas, porque pesen a quien pesen y escandalicen a quien escandalicen, también son ciertas y de justicia. Y que tampoco se olviden.

Viladecans-Getafe-Montevideo, 13 de enero-27 de agosto de 2010

LORENZO SILVA (Madrid, 1966). Estudió Derecho en la Universidad Complutense de Madrid y ejerció como abogado de empresa desde 1992 hasta 2002.

Ha escrito numerosos relatos, artículos y ensayos literarios, así como varias novelas, que le han valido reconocimiento internacional. Una de ellas, El alquimista impaciente, obtuvo el Premio Nadal del año 2000. Esta es la segunda en la que aparecen los que quizá sean sus personajes más conocidos: la pareja de la Guardia Civil formada por el sargento Bevilacqua y la cabo (en la última novela) Virginia Chamorro. El 15 de noviembre de 2010, le fue concedido por la Guardia Civil el título de Guardia Civil Honorífico por su contribución a la imagen del Cuerpo. Otra de sus obras, La flaqueza del bolchevique, fue finalista del Premio Nadal 1997 y ha sido adaptada al cine por el director Manuel Martín Cuenca. Ganador del Premio Planeta 2012 con la novela La marca del meridiano.

Además de sus novelas policiacas, Silva ha publicado numerosos libros de no ficción, así como obras destinadas a jóvenes.