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Prólogo

Tras 12 años fuera de Los Pinos, la recuperación de la presidencia de México en 2012 por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), con Enrique Peña Nieto a la cabeza, fue, asimismo, el acto final de un largo ciclo político mexicano dominado por un partido que nació en 1929, cuando la energía de la Revolución mexicana aún se dejaba sentir. Nueve décadas más tarde, al concluir 2018, el partido creado por el expresidente y general Plutarco Elías Calles aparecía como una fuerza política desprestigiada, derrotada y en camino de convertirse en marginal.

La recuperación de Los Pinos por el PRI tras derrotar al Partido Acción Nacional (PAN) en 2012 concluyó dramáticamente seis años más tarde con una apabullante derrota electoral del priísmo infligida por la izquierda. A su vez, lo que fue un desastre para el viejo partido de Estado, para el sistema político en su conjunto significó la posibilidad de un cambio no sólo de gobierno, sino el inicio de una transformación sustantiva en la naturaleza misma de un régimen político creado y moldeado básicamente por el PRI y su estilo en el ejercicio del poder.

Pero volvamos a 2012. La recuperación de la presidencia y del control sobre el gobierno federal por parte del PRI les indicaba a muchos observadores nacionales y extranjeros que el grupo encabezado por Peña Nieto y con raíces en el Estado de México —siempre gobernado por el PRI y sus antecesores— volvía a posicionar al partido de Calles como el eje de la organización política del país durante más de un sexenio. Y es que ese partido, que se autocalificó como “el nuevo PRI”, se había impuesto de manera contundente sobre la fuerza de derecha que en el año 2000 le había arrancado, desde las urnas, la presidencia. Después de 12 años de panismo, el priísmo lo desbancó por un margen sustantivo: 16%. Por otro lado, aunque con menos contundencia, el PRI de Peña Nieto también se impuso a su otro rival, el de izquierda, Andrés Manuel López Obrador, candidato del Partido de la Revolución Democrática (PRD). En este último caso, la diferencia en votos no fue aplastante: 5.6%, pero sí suficiente para que el triunfo del mexiquense no pudiese ser cuestionado con efectividad ante los órganos electorales o la opinión pública, pese a las irregularidades registradas durante la campaña.1

Cuando 12 años atrás, en 2000, el PRI se vio obligado a ceder la presidencia, se refugió y reconstituyó en los estados.2 Ahí restañó sus heridas, preservó sus estructuras locales, acumuló recursos —el gobierno panista compró la paz con los gobernadores priístas, que eran mayoría, con la largueza fiscal que le permitieron los altos precios de sus exportaciones petroleras— y políticamente se reagrupó en torno al gobernador con mayores recursos económicos y demográficos: Enrique Peña Nieto. En 2012 el PIB mexiquense era superior al de las otras entidades federativas, salvo la capital del país, y su padrón electoral casi alcanzaba los 11 millones, equivalente a 13% del total nacional.3 Además, el PRI mexiquense mantenía un carácter particularmente compacto y disciplinado.

Seis años más tarde, a escala nacional, la derrota de Peña Nieto y su partido fue sonora. Su candidato presidencial, el exsecretario de Hacienda, de Energía, de Relaciones Exteriores y de Desarrollo Social, José Antonio Meade, pese a que contó con el apoyo total del gobierno, y al esfuerzo de la maquinaria priísta por comprar y coaccionar el voto, apenas logró acreditar 16.4% de los sufragios.4 En contraste, la izquierda, encabezada por tercera vez por Andrés Manuel López Obrador, obtuvo 53% de los votos. La derrota de 2018 significó para el PRI no sólo volver a dejar la presidencia, sino resignarse a tener una presencia marginal en el congreso federal. En la Cámara de Diputados, la coalición encabezada por Morena obtuvo 307 de los 500 escaños en disputa, en tanto que la encabezada por el PRI, sólo 62. En un Senado de 128 curules, las cifras fueron apenas 20 de 70.

México no es el único caso en que un partido autoritario, tras perder el poder, lo recupera vía las urnas. Un fenómeno similar había ocurrido ya en Taiwán, cuando el Kuomintang (KMT) — partido fundado en 1911 en la China continental y que de 1945 a 1987 gobernó esa isla como partido único— también perdió en las urnas un poder obtenido originalmente por la fuerza. Y si bien en 2008 el KMT retornó al Palacio Presidencial por voluntad ciudadana, en 2016 volvió a salir de ahí, al perder en un proceso similar al mexicano.

Luego de dos sexenios fuera de Los Pinos el PRI retornó a “su casa”, pero en un entorno diferente, pues si bien subsistieron prácticas del pasado no democrático: financiamiento partidista ilegal, autoridades parciales y corrupción endémica, las raíces del pluripartidismo se habían fortalecido. Había ya una oposición activa y una ciudadanía más participativa y consciente de su fuerza, que disponía de fuentes plurales de información.

Los cambios resultaron difíciles de controlar para un partido que, como el PRI, no había nacido para competir en las urnas, sino para ejercer y administrar un poder previamente adquirido y asegurado. En contraste, en 2018 una sociedad cada vez más demandante y con menor tolerancia a la corrupción y la ineficiencia protagonizó una insurgencia electoral —no la primera, pero sí la más efectiva— que en julio se volcó a favor de la opción de izquierda. Conducido por Enrique Peña Nieto, el partido en el gobierno consumió sus últimas reservas de capital político y, al final, se vio obligado a aceptar una derrota contundente. En vísperas de esas elecciones, el presidente mantenía una aprobación de apenas 20%5 y el candidato que él designó —¡que debió presentarse a la contienda como un tecnócrata sin filiación partidista!— quedó en un pobre tercer lugar.6 Más de uno de sus dirigentes expresó el temor de que su instituto dejara de ser políticamente relevante.7

En su inicio, el hundimiento con el que concluyó el gobierno del exgobernador del Estado de México no se vislumbraba siquiera como posibilidad. El flamante presidente aseguró que su partido se había puesto al día para ser compatible con la modernidad del país. Y es que por primera vez ese partido había sido capaz de alcanzar la victoria electoral por sí mismo, sin contar con el tradicional respaldo del gobierno federal, y acreditar un margen de triunfo con credibilidad, es decir, muy diferente de aquellas victorias absolutamente increíbles, como la de 1976, cuando el candidato priísta recibió 100% de los votos válidos, o la de 1988, con un fraude inocultable. Si el último candidato presidencial priísta ganador anterior a 2012, Ernesto Zedillo, en 1994, se adjudicó 48.7% de la votación, en 2012 Peña Nieto recibió su constancia de triunfador con el respaldo de sólo 38.2% de los electores, y aunque la autoridad validó su triunfo, los medios registraron que esa cifra tenía ya un componente importante de votos comprados.8

La restauración priísta en 2012 fue resultado de múltiples factores, pero no es aventurado suponer que una muy importante, como sucedió con el retorno ya comentado del KMT en Taiwán, tuvo que ver menos con el proyecto del triunfador y más con el fracaso del partido en el poder: el PAN. En 2000 los panistas se habían regodeado con el éxito de su histórico “asalto” democrático e incruento a la fortaleza autoritaria priista.9 Sin embargo, el refrendo de ese triunfo en 2006 fue con un margen de menos de 1% y bajo sospecha, un crecimiento mediocre de la economía —poco más de 2% anual, pese a los altos precios del petróleo exportado—, corrupción, militarización de la lucha contra las organizaciones del narcotráfico, aumento exponencial de la violencia —en ese sexenio se abrieron más de 102 mil carpetas de investigación por homicidio doloso,10 miles de desapariciones y violaciones de los derechos humanos—, todo sin haber logrado el objetivo: quebrarle el espinazo al crimen organizado.11

Las elecciones intermedias de 2015 se desarrollaron sin sorpresas, pero con un ligero retroceso para el partido del gobierno. En la renovación de la Cámara de Diputados el PRI recibió 30.69% de los sufragios, aunque ganó cinco de las nueve gubernaturas en juego. Sin embargo, al año siguiente el partido del presidente perdió siete de 12 elecciones estatales, resultado que los medios calificaron como “derrota histórica” tanto para el PRI como para Enrique Peña Nieto.12 Particularmente significativas fueron las pérdidas en Veracruz, Tamaulipas, Durango y Quintana Roo, plazas que habían permanecido en manos priistas desde la fundación de su partido.

El fracaso de 2016 llevó a que uno de los priistas más influyentes y representativos de sus cuadros “tradicionales”, el senador Manlio Fabio Beltrones, dejara la dirección del partido en manos de un personaje de poca experiencia partidista, pero de toda la confianza del presidente: Enrique Ochoa Reza, hasta entonces al frente de la Comisión Federal de Electricidad. En las tres elecciones locales de 2017 el PRI pareció recuperarse, pues perdió Nayarit, pero mantuvo el Estado de México y Coahuila. Sin embargo, ambas victorias fueron notoriamente dudosas: logradas por la vía de irregularidades evidentes, no generaron legitimidad para el partido y, pese a los recursos invertidos y a la manipulación de los institutos electorales locales, los resultados subrayaron más las debilidades del PRI y la presidencia que sus fortalezas. A juicio de algunos observadores calificados, lo ocurrido en esos dos estados terminó por constituirse en derrotas morales de los supuestos ganadores.13

Las victorias sin credibilidad y las derrotas abiertas del partido del gobierno en 2016 y 2017 fueron, en buena medida, reacción a los casos de corrupción mayúscula en el gobierno federal y de los “nuevos priistas” en los gobiernos de Veracruz, Chihuahua o Quintana Roo, de la imparable ola de violencia y del clima de inseguridad. Hubo otro factor muy importante: el surgimiento de una alternativa al sistema de partidos existente.

Desde 2014 empezó a operar en México un nuevo actor partidista de izquierda, el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), encabezado por el persistente y carismático Andrés Manuel López Obrador. Este partido-movimiento se propuso ocupar el espacio que estaba dejando un PRD cada vez menos opositor, más cercano al gobierno y más dividido. Morena se lanzó tanto contra la izquierda colaboracionista, PRD, como contra la derecha, es decir, el PAN y el PRI, a los que caracterizó como dos caras de una misma oferta: “el PRIAN”.14

Las elecciones de 2017 en el Estado de México fueron el preámbulo de la elección presidencial de 2018, y lo que mostraron en el corazón geográfico del peñanietismo fue que, pese a la intervención del gobierno federal en su favor y a los dados cargados que jugaron las instituciones electorales, el PRI por sí mismo ya no pudo superar a Morena. Al final, el priista Alfredo del Mazo, hijo y nieto de gobernadores, fue declarado ganador gracias al margen de 2.78% de votos que le dieron sus aliados: PVEM, PES y Panal. Si en ese entorno político particularmente favorable para el partido del gobierno Morena lo alcanzó, entonces se hizo evidente la posibilidad de que el nuevo partido de izquierda superara a escala nacional a la maquinaria priista.

La elección presidencial de 2018 fue espectacular. Para empezar, por su magnitud. No sólo estaba la disputa por la presidencia de la República y los escaños de las cámaras federales de diputados (500) y senadores (128), sino también centenares de cargos locales en 30 estados: 3 mil 326 posiciones en total. Enrique Peña Nieto y su partido se jugaban la reafirmación de la posición del PRI como el partido-eje histórico del sistema político mexicano. Para el PAN lo importante era que sus victorias locales de 2016 desembocaran en la recuperación de la presidencia. Al PRD le interesaba sobrevivir. Finalmente, para Morena y su líder el propósito inmediato era consolidarse, para lo cual tenían que romper el círculo de hierro de la partidocracia: PRI-PAN-PRD, que a lo largo de 30 años había dominado el panorama político nacional. Para el morenismo, sólo rompiendo ese círculo se podría lograr la meta sustantiva: cambiar la forma y el contenido del sistema político mismo, es decir, cambiar el régimen.

Desde finales de 2017 las encuestas empezaron a arrojar cifras que ponían sistemáticamente en la delantera a Andrés Manuel López Obrador.15 Un clima de alarma se hizo evidente en círculos gubernamentales, empresariales y de la derecha en general. La designación de un tecnócrata sin militancia partidista como candidato del PRI no encendió gran entusiasmo público, pese a que se destacaron la formación académica de José Antonio Meade, su experiencia por haber formado parte de gabinetes tanto del PAN como del PRI —lo que también garantizaba la continuidad— y, principalmente, el no estar bajo sospecha de corrupción personal. En el PAN, la candidatura fue muy disputada y finalmente recayó en el jefe del partido: Ricardo Anaya, un joven abogado y politólogo mexiquense de talante agresivo, militante del partido desde los 21 años e identificado con la modernidad administrativa. Sin embargo, durante la lucha interna por conseguir su postulación, dividió profundamente al PAN e hizo eje de su campaña el compromiso de llevar a juicio, por corrupto, al propio presidente de la República. El resultado fue un contraataque del gobierno, que logró tender un velo de sospecha sobre la probidad del panista, al acusarlo de negocios inmobiliarios poco claros en Querétaro.

Si durante un tiempo el llamado “PRIAN” funcionó, para 2018 esa posibilidad quedó descartada por las dirigencias, y la división entre los partidos que le dieron nombre a la dupla se ahondó a lo largo de la campaña. Anaya superó a Meade en los sondeos de opinión, pero no logró cerrar la brecha frente a López Obrador ni, todavía menos, superarlo. Las fuerzas de derecha, en particular los empresarios, jugaron con la idea del “voto útil”: hacer declinar a Meade para consolidar en torno de Anaya un gran frente antiLópez Obrador, pero el intento no prosperó, entre otras razones porque el presidente, único actor que podía eliminar al candidato del PRI de la contienda, no lo aceptó. Desde su perspectiva, si alguien debía declinar era Anaya.

Fue así como se llegó a un 1º de julio, cuando 56.5 millones de ciudadanos salieron a dar su voto (63.4% del padrón), del que Andrés Manuel López Obrador recibió 53.19%, Anaya 22.27% y Meade apenas 16.40%. La victoria contundente del candidato de izquierda fue reforzada por el hecho de que su partido, Morena, también se alzó con la victoria en el Poder Legislativo federal y en una buena cantidad de congresos estatales. Por primera vez en su historia, el PRI quedó como fuerza marginal tanto nacional como localmente. El peñanietismo se hundió y en el proceso arrastró a su partido.

El peñanietismo. La teoría y la práctica

La primera acción de Enrique Peña Nieto como presidente fue aparatosa. Logró que el 2 de diciembre de 2012, un día después de asumir el poder, las principales fuerzas políticas representadas en el Congreso pusieran su firma junto a la suya en un Pacto por México (PPM). Fue un golpe maestro. Dentro y fuera de México se difundió la imagen del joven presidente rodeado por los dirigentes del PRI, PAN y PRD en el Castillo de Chapultepec cuando, solemnemente, signaban ese documento.16 El mensaje fue claro: los adversarios electorales habían recibido de un vencedor generoso y negociador la invitación para ser acompañantes de un proyecto que buscaba acelerar la transformación de México por la ruta que se había tomado desde la década de 1980: el neoliberalismo económico. A inicios de 2014 la revista Time dedicaría una portada con la imagen de Peña Nieto y este encabezado: “Saving Mexico. How Enrique Peña Nieto’s sweeping reforms have changed the narrative in his narco-stained nation”.17

En la cúpula partidocrática no hubo ya una voz disidente y con autoridad que hiciera contrapeso a la posición presidencial. Para entonces Andrés Manuel López Obrador había decidido dejar el PRD y empezar a construir una nueva fuerza de oposición real. Por eso, en vísperas de iniciarse el nuevo gobierno, en septiembre y octubre de 2012, ya sin la presencia de López Obrador, los dirigentes perredistas propusieron y negociaron, primero con los representantes de Peña Nieto y después con los dirigentes panistas, la posibilidad de llegar a un gran acuerdo, a un pacto que desembocara en algo parecido a un gobierno de coalición.18 Fue así como nació el PPM.

Ya negociado, el PPM se presentó como un compromiso entre adversarios —que no enemigos—, quienes, tras superar sus naturales diferencias, buscaban los puntos de encuentro para lograr tres grandes metas: el fortalecimiento del Estado, la democratización de la economía y de la política, más la ampliación y concreción de los derechos sociales. Las tres se definieron de tal manera que, en teoría, no entraran en conflicto con los supuestos principios ideológicos de ninguno de los partidos firmantes. Para lograrlo, establecieron cinco ejes temáticos: 1. la sociedad de derechos y libertades; 2. el crecimiento de la economía, el empleo y la competitividad; 3. la seguridad y la justicia; 4. la transparencia, la rendición de cuentas y el combate a la corrupción, y 5. la gobernabilidad democrática. Para darles contenido a esos grandes temas, redactaron 95 “compromisos”, no sin advertir que su logro no debía ni podía ser tarea exclusiva de las dirigencias políticas: era necesaria la participación ciudadana en su diseño, ejecución y evaluación.

En la práctica, la participación ciudadana, si la hubo, se notó poco. El PPM finalmente no se tradujo en una mejoría de las percepciones de los trabajadores, ni en un combate efectivo a la corrupción; tampoco en la recuperación de la seguridad o en la instauración de una gobernabilidad democrática. En 2018 la aprobación del autor del PPM, el presidente, era francamente baja: apenas de 20 por ciento.19

En la práctica, el corazón del pacto fue un puñado de “reformas estructurales”, la principal de las cuales, por su concreción y el monto de los recursos en juego, fue la energética. Con el apoyo de las bancadas del PAN y del PRD en el Congreso, y con el aplauso casi unánime del sector privado nacional y extranjero, en diciembre de 2013 el presidente logró que se modificara la Constitución y se hiciera a un lado lo que a lo largo de mucho tiempo se había calificado como uno de los mayores logros del nacionalismo de la Revolución mexicana: el reservar para el Estado y su gran empresa, Petróleos Mexicanos (Pemex), la propiedad, la exploración, la explotación, la refinación, el transporte y la comercialización de los hidrocarburos, por así convenir al interés nacional.

Desde el sexenio de Miguel Alemán (1946-1952) la presidencia había intentado reintroducir el capital privado extranjero al campo de los hidrocarburos. Al suscribir “contratos riesgo”, primero con empresas extranjeras y, más adelante, al dividir el campo de la petroquímica en primaria y secundaria, donde ya se admitió a la empresa privada, sucesivos gobiernos ampliaron paulatinamente el área de lo privado en la explotación del petróleo. De todas formas, al suscribirse en 1993 el acuerdo internacional que redefinió la naturaleza misma del modelo económico mexicano: el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el gobierno de Carlos Salinas de Gortari se cuidó de no meter todavía el petróleo en ese saco. Eso no significó que se detuviera el paulatino abandono de Pemex como la empresa estatal indispensable e insustituible y se ampliaran los rubros en que podían entrar los capitales privados en materia de energía. El gobierno de Felipe Calderón pretendió concesionar la perforación en aguas profundas —donde, se dijo, residía la nueva frontera petrolera mexicana— a empresas privadas, pero la oposición en el Congreso se lo impidió. Finalmente, ya con el PRI de nuevo en el timón y el PPM como carta de navegación, Peña Nieto llevó a su conclusión lógica la reforma energética sin importar que una mayoría ciudadana no apoyara esa franca apertura a la inversión privada en hidrocarburos.20

El 20 de diciembre de 2013 una enmienda constitucional dio el banderazo de salida para acabar con los monopolios estatales en materia de petróleo y electricidad. La idea central, se aseguró, era mantener a Pemex y la Comisión Federal de Electricidad como “empresas productivas del Estado”, pero abrir todo el campo energético al capital privado, interno y externo, para, mediante inversión masiva y amplia competencia, descubrir y explotar nuevos yacimientos de hidrocarburos en circunstancias donde la producción local iba a la baja y la demanda interna, al alza.

Una vez abierto el mercado petrolero se iniciaron las licitaciones, y en 2017 se habían firmado más de un centenar de contratos en los que participaron más de 70 empresas privadas mexicanas y extranjeras. Se anunció entonces que el valor de las inversiones comprometidas, aún no efectuadas, podría sobrepasar los 160 mil millones de dólares.21 Sin embargo, el gobierno de Peña Nieto concluyó sin poder mostrar las bondades prometidas por la reforma: aumento de la producción y mejores precios. Para el mexicano promedio lo tangible fueron las bajas en la producción y los aumentos en el costo del combustible y la electricidad, la dependencia creciente del gas y la gasolina importados y los escándalos sobre la mala administración y la corrupción en Pemex, más un inaudito robo de combustible en los ductos de la empresa por el crimen organizado.22 En una encuesta levantada el mismo día de la elección de 2018, 59% de los consultados respondió que la reforma energética era perjudicial, y sólo 10% que era benéfica. En relación con el futuro, 28% se declaró en favor de cancelar la reforma, 56% deseaba que se revisara y apenas 13% aceptó que se dejara como estaba.23

En el ocaso del sexenio, México importaba 78% de las gasolinas que consumía, y la producción de Pemex había caído tanto que, a partir de octubre de 2018, importaba crudo ligero para surtir a sus propias refinerías, que, en cualquier caso, hacía tiempo que no operaban a plenitud y surtían apenas un tercio del mercado.24

La otra reforma muy controvertida y generadora de conflictos sociales fue la educativa, aprobada en diciembre de 2012, promulgada en febrero del año siguiente y que para septiembre tenía diseñado completamente su marco legal y estaba en marcha.

Elevar la calidad de la educación mexicana se había hecho indispensable, una meta que pocos, si es que alguno, ponían en duda. Sin embargo, el impulso reformista del gobierno en ese rubro rápidamente enfrentaría resistencias, al dar prioridad a la implantación de un sistema de evaluación de los docentes y toparse ahí con la casi inevitable oposición de la disidencia sindical.

En una maniobra que recordaba otras del pasado, el 26 de febrero de 2013 el gobierno detuvo a la líder vitalicia del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Elba Esther Gordillo, acusada de delitos financieros por 2 mil millones de pesos, la envió a la cárcel y propició el ascenso de una nueva directiva, encabezada por Juan Díaz de la Torre, comprometida a dar su apoyo a la reforma emprendida por el gobierno. Cinco años después, a punto de concluir el sexenio, los cargos contra la maestra Gordillo se diluyeron y salió de prisión. Ya en libertad, la dirigente se dijo dispuesta a recuperar su posición en el sindicato y a luchar contra la reforma educativa. Pero no era la única enemiga de la reforma: lo eran, primordialmente, el ala sindical disidente del movimiento magisterial: la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), y el movimiento de oposición encabezado por Andrés Manuel López Obrador.

La parte de la reforma educativa que se puso en marcha primeramente fue un mecanismo de evaluación de los docentes que, en la práctica, quitaba al poderoso sindicato magisterial, de un millón 619 mil 990 miembros, según cifras del SNTE,25 el control del reclutamiento y promoción de los maestros, argumentando que la corrupción en que había desembocado ese control incidía directamente en la mala calidad de la enseñanza.

La creación de un servicio profesional docente y el ingreso en éste mediante exámenes a cargo del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) se propusieron como las vías para dar forma a una estructura meritocrática que ya no supeditara la carrera magisterial a la lógica sindical.26 La evaluación de los maestros se inició en medio de resistencias, pero no se detuvo. El sistema estaba aún afinándose cuando el sexenio de Enrique Peña Nieto llegó a su final. Se calculó que, al cierre de 2018, se había evaluado prácticamente a la totalidad de los profesores.

Los intereses creados alrededor del sistema de la educación pública se convirtieron en obstáculos formidables. Los críticos y enemigos de la reforma, que la calificaron de laboral y punitiva, más que educativa,27 sostuvieron que la idea de someter a exámenes uniformes a docentes que se habían formado y operaban en entornos muy disímbolos —la capital del país o La Montaña de Guerrero, por ejemplo— ponía a quienes se encontraban en las zonas más pobres o aisladas del país en desventaja frente a los que laboraban en entornos más prósperos y comunicados. Desde esta perspectiva, antes de todo se debería dotar de mejores medios y condiciones a los maestros más rezagados y, sólo después, proceder a su evaluación.

Fue la CNTE la que opuso la mayor oposición a los cambios diseñados por la Secretaría de Educación Pública (SEP), encabezada por Aurelio Nuño, personaje importante del círculo presidencial. El conflicto desembocó en choques violentos que culminaron con el de Nochixtlán, en Oaxaca, que protagonizaron disidentes y autoridades y dejó un saldo de por lo menos seis muertos y más de un centenar de heridos.28

Al final, la movilización de los disidentes y el rechazo de la izquierda partidista —de Morena— a la reforma llevaron a un impasse. Tras el triunfo electoral de López Obrador y el dominio de Morena en el Congreso, los nuevos responsables anunciaron que se echarían abajo los cambios emprendidos en este campo por Enrique Peña Nieto, y en su lugar se pondría en marcha una transformación diferente, no punitiva, del magisterio. A finales de 2018 estaba en vilo la transformación de la educación de los niños y jóvenes mexicanos. En la última prueba internacional de PISA, la de 2015, México había quedado por debajo del promedio de los países en que se aplicó. Menos de 1% de los evaluados mexicanos alcanzó el nivel de excelencia en las tres áreas valoradas: ciencias, matemáticas y lectura.29 Otra prueba, Planea, diseñada por el INEE y aplicada en 2017, mostró que 66.2% de los alumnos de bachillerato estaba en el nivel 1, el más bajo de cuatro posibles, en matemáticas y 33.9% en español.30

Al inicio de 2018 la Auditoría Superior de la Federación constató que, aun hasta 2016, la calidad de la educación mexicana no había mejorado. La SEP argumentó que los resultados de su esfuerzo en ese campo no podían verse de inmediato y que mejorarían en los ciclos escolares de 2018 a 2019.31 Nadie negaba, insisto, en que era urgente un cambio de fondo en el modelo educativo mexicano: el problema estaba en cómo llevarlo a cabo.

La reforma a la Ley Federal del Trabajo estaba lista para ponerse en marcha desde el final del gobierno de Felipe Calderón, pero no fue sino hasta la administración de Enrique Peña Nieto cuando se hizo efectiva. La idea central del cambio en esa materia era poner a tono con la época neoliberal una legislación que conservaba mucho de la protección al trabajador sindicalizado propia del viejo modelo del desarrollo económico proteccionista y corporativo, el cual dio estabilidad a México en el pasado pero que, según sus promotores, ya en el siglo XXI se había convertido en un serio obstáculo para la dinámica de un mercado laboral que, en la práctica, tenía carácter mundial y debía regirse por sus reglas.32

El concepto de “flexibilidad laboral” fue el que constituyó el leitmotiv de esa reforma. En términos prácticos, flexibilidad significó dar al empleador un mayor campo de libertad para contratar, modificar las condiciones laborales y despedir a los contratados. La legislación también incorporó la subcontratación sin responsabilidad patronal, el contrato por horas, un límite al monto de pago de los salarios caídos y varias otras medidas favorables al patrón en función; se argumentó no favorecer al capital, sino hacer competitiva a la economía mexicana en el mercado mundial y aumentar el empleo.33

Por lo general, los sindicatos no opusieron gran resistencia a los nuevos lineamientos. Al final de su gobierno, Peña Nieto anunció que en su sexenio se habían creado 3.7 millones de empleos y que su política laboral debía considerarse exitosa.34 No obstante, un examen detallado sobre la calidad de esos empleos ponía en duda la naturaleza del sonado éxito. Las cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) sostenían que, en efecto, el desempleo era bajo, pero también que 34% de la población ocupada recibía apenas entre uno y dos salarios mínimos, en tanto que los empleados que percibían una remuneración más digna, superior a los cinco salarios mínimos, representaban apenas 5.8% de la masa trabajadora.35

La reforma en telecomunicaciones y radiosdifusión, que en principio debía disminuir la importancia relativa de las grandes concentraciones en ese ramo y propiciar la competencia, tuvo un éxito limitado. Efectivamente, entraron al mercado nuevos actores, pero al final del sexenio el gobierno refrendó por 20 años más, hasta 2041, las concesiones a las dos grandes televisoras, Televisa y TV Azteca, que juntas representaban 95% de las concesiones de televisión abierta.36 Así pues, el carácter duopólico de la televisión siguió sin cambio.

La reforma financiera, promulgada a inicios de 2014, que, se suponía, facilitaría un crédito más barato a empresas y hogares, tuvo un impacto limitado. En 2018 menos de 30% de las PYME estaban bancarizadas.37 Por otra parte, pese a lo relativamente pequeño de su mercado y el modesto crecimiento de la economía, la banca comercial tuvo ganancias extraordinarias —al final de 2017 la ganancia real de la banca comercial fue 20.6% superior respecto del año anterior, en tanto que el PIB per cápita creció apenas 1.01%—. En cambio, la reforma hacendaria sí fue más efectiva, ya que logró más que duplicar la recaudación fiscal, al pasar de un pobre 8% del PIB en 2006 a 17% en 2017. De todas formas, México seguía estando por debajo del promedio de América Latina: 22.7 por ciento.

La reforma del sistema de justicia penal se planteó antes del gobierno de Peña Nieto, en 2008, pero fue en 2016 cuando se puso en marcha. Se trató de un sistema acusatorio, que sustituyó los juicios escritos por los orales, lo que significó un cambio histórico y sustantivo, pero en su arranque mostró que, si bien los procesos eran efectivamente más ágiles, transparentes y con mejores resultados, la nueva modalidad jurídica aún tomaría mucho mayor tiempo del que se supuso para ser plenamente efectiva, en especial por la falta de personal calificado en las fiscalías y en la policía.38

Donde el fracaso de los intentos reformistas de Enrique Peña Nieto fue mayor y más visible fue en el combate a la corrupción, la violencia criminal y la inseguridad. En el primer renglón, ni siquiera se intentó el prometido combate a los corruptos. Por lo que hace a la disminución de la violencia desatada por el crimen —el organizado y el otro—, la estrategia del gobierno de Peña Nieto simplemente se abocó a mantener y continuar las políticas del calderonismo, por lo que, desde luego, obtuvo los mismos resultados.

Al arranque de su gobierno, Peña Nieto anunció que él y un grupo de políticos relativamente jóvenes eran la encarnación de ese “nuevo PRI” al que ya me he referido. Entre esos supuestos representantes de la renovación se encontraba un puñado de gobernadores de estados donde ese partido se había mantenido ininterrumpidamente en el poder y que habían significado gran apoyo en la campaña de Peña Nieto: Javier Duarte en Veracruz, César Duarte en Chihuahua y Roberto Borge en Quintana Roo. En 2017 ese trío de ejecutivos locales eran ya exgobernadores y, también —aunque no los únicos—, símbolos de la enorme corrupción del sexenio. De acuerdo con denuncias penales e investigaciones de la Auditoría Superior de la Federación, se sospechaba que entre los 22 gobernadores priístas cuyos gobiernos habían coincidido con el de Peña Nieto habían desviado ilegalmente recursos por 259 mil millones de pesos.39 Una minoría, cinco, habían sido arrestados o tenían orden de aprehensión; cuatro más, denuncias ante la Procuraduría General de la República, y los demás se encontraban libres, aunque no enteramente de sospecha.

La imagen misma de Enrique Peña Nieto quedó tocada por el tema de la corrupción, tras un reportaje de noviembre de 2014 elaborado por un grupo de periodistas del equipo de Carmen Aristegui, que dejó al descubierto que una residencia en las Lomas de Chapultepec, en la Ciudad de México, valuada en siete millones de dólares, había sido construida, según especificaciones de y para el presidente y su familia, por un contratista ligado de tiempo atrás a la obra pública del Estado de México, y que en ese momento era también parte del grupo que construiría el tren Ciudad de México-Querétaro: Juan Armando Hinojosa Cantú.40 Tras el reportaje, el proyecto se canceló, pero Aristegui y su grupo perdieron el espacio radiofónico que ocupaban en la empresa MVS. Más tarde, una Secretaría de la Función Pública, presidida por un personaje del propio equipo del presidente: Virgilio Andrade, declaró a Peña Nieto libre de cualquier conflicto de intereses relacionado con la mansión. Sin embargo, para entonces el llamado “escándalo de la Casa Blanca” había dejado ya una marca indeleble en su legitimidad y la de su gobierno. Con anterioridad, el PAN había hecho públicas grabaciones que divulgaban el uso puntual de programas federales de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol): Cruzada Contra el Hambre, para inducir el voto de los veracruzanos a favor del PRI.41 Posteriormente, un ejemplo similar, conocido como la “estafa maestra”, quedó también al descubierto. En ese caso las operaciones involucraron contratos por 7 mil millones de pesos, y se efectuaron entre secretarías de Estado, ocho universidades públicas y empresas inexistentes para, finalmente, desviar los recursos a las arcas del PRI.42 En buena medida, la percepción pública de una corrupción generalizada y sin castigo fue un factor que contribuyó decisivamente a la derrota electoral del gobierno en julio de 2018.

En medio de una atmósfera pública que demandaba medidas efectivas contra la corrupción, definida oficialmente como “el abuso del poder en beneficio propio”, en 2014 se propuso la creación de una fiscalía anticorrupción completamente independiente de la presidencia. En mayo de 2015 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto que creaba el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA).43 Sin embargo, pese a lo urgente y serio del tema, y aunque se dio forma a la estructura del sistema, el gobierno de Enrique Peña Nieto llegó a su final sin que se hubiera nombrado a ese fiscal.

La inseguridad y la violencia fueron dos de las peores herencias que el sexenio de Felipe Calderón le heredó al de Enrique Peña Nieto. Las ejecuciones registradas en el sexenio calderonista sumaron 83 mil y la cifra de desaparecidos se calculó en 25 276.44 Para hacer frente a tamaña ola de violencia, en buena medida producto de la lucha entre y contra las organizaciones de narcotraficantes —la “guerra contra el narco” del gobierno anterior—, se habilitó a la Secretaría de Gobernación como una supersecretaría que absorbería las tareas, las fuerzas y los recursos de la antigua Secretaría de Seguridad Pública.

El cambio en el organigrama del gobierno federal no significó gran cosa en la realidad. La estrategia del calderonismo se mantuvo en lo fundamental y finalmente Gobernación desempeñó un papel secundario en ese campo. Las acciones de envergadura contra el narcotráfico y otros aspectos del crimen organizado, como el robo a gran escala de combustible de los ductos de Pemex, las siguieron llevando el Ejército y la Marina. En cualquier caso, la intensidad de esa lucha no amainó. En una estadística hecha pública por el Ejército, se aceptó que entre 2007 y 2016 hubo diariamente un promedio de 1.07 encuentros armados entre efectivos de esa institución y las organizaciones criminales.45

El empleo de los recursos humanos y materiales del gobierno con el mismo enfoque del sexenio anterior llevaron a resultados similares. Siguiendo las propuestas del gobierno estadounidense, las acciones de las autoridades mexicanas se enfocaron en continuar con la captura o eliminación de grandes capos46 —el caso más notorio fue el de Joaquín El Chapo Guzmán, jefe del llamado cártel de Sinaloa, fugado y recapturado dos veces y finalmente deportado a Estados Unidos—, pero no se previó la proliferación de organizaciones más pequeñas al lado de algunas de las grandes, como la de Jalisco Nueva Generación, el grupo de los Beltrán Leyva o el Cártel del Pacífico (Sinaloa). Por otro lado, esas organizaciones más pequeñas expandieron sus actividades a campos distintos del tradicional, de la producción y comercialización de drogas, y afectaron de forma más directa a la población local: asaltos, robo de combustible, secuestros, cobro de protección, trata de personas y otras.47

De acuerdo con el registro que el semanario Zeta de Tijuana lleva de manera puntual y por entidad federativa, de diciembre de 2013 al 31 de julio de 2017 se habían registrado en México 104 mil 602 homicidios dolosos, cifra ya superior a las registradas en un periodo igual, de 44 meses, en el sexenio anterior.48 En 2018 la intensidad de la violencia no amainó, sino, al contrario, aumentó.

Ante la incapacidad del Estado para hacer efectivo su papel de protector de la sociedad contra la violencia criminal, en algunas de las regiones más castigadas se expandieron las organizaciones de autodefensa.49 Sería en Michoacán donde ese fenómeno adquiriría mayor relevancia, por la lucha entre las agrupaciones criminales y los productores de bienes agrícolas exportables.

En 2013 las organizaciones criminales La Familia, Los Caballeros Templarios, La Resistencia y el Cártel Jalisco Nueva Generación ya tenían presencia en 54 de los 113 municipios de Michoacán.50 Ante la impotencia del gobierno de esa entidad, en 2014 el gobierno federal decidió nombrar a un responsable para coordinar la acción de las fuerzas locales y federales y reimponer la autoridad en zonas donde ya se había perdido el control territorial. El nombramiento recayó en Alfredo Castillo, exprocurador mexiquense, que arribó a ese estado en calidad de comisionado para el Desarrollo Integral de Michoacán. Castillo redujo el protagonismo de las autodefensas y disminuyó la capacidad de acción del crimen organizado, pero al final del sexenio de Enrique Peña Nieto la violencia de los grupos criminales seguía siendo una realidad en Michoacán.51

Fue en Guerrero donde ocurrió el acto violento de mayor impacto político en el sexenio, y lo protagonizó la policía local de Iguala, en combinación con el crimen organizado. Sus reverberaciones cruzaron las fronteras de México y afectaron muy negativamente la imagen de Enrique Peña Nieto. Entre la noche del 26 de septiembre de 2014 y la madrugada del 27, una acción de violencia extrema de los policías municipales de Iguala, ordenada por un grupo de narcotraficantes locales: Guerreros Unidos, concluyó con un saldo de nueve muertos, 27 heridos y 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayoptzinapa, Raúl Isidro Burgos, desaparecidos.

Los asesinatos y la desaparición forzada de los estudiantes no tuvieron la atención inicial del gobierno que merecía el hecho. La tuvo como resultado del activismo de los padres de los estudiantes, que a su vez detonó una movilización mayor en México, la cual pronto tuvo réplicas en el exterior hasta llegar a los organismos internacionales y constituir un elemento en la campaña electoral de 2018.52

En un inicio, el gobierno y directamente el presidente pretendieron minimizar el asunto, como una desaparición más en un país con miles de personas desaparecidas (que en 2018 sumaban oficialmente 30 mil 485).53 Sin embargo, como consecuencia de las movilizaciones la Procuraduría General de la República arrestó a casi un centenar de personas —policías y presuntos delincuentes, además del alcalde de Iguala y su esposa— y en enero de 2015 presentó un informe al que se lo conoció como “la verdad histórica”: por un error, el grupo delictivo que controla la zona de Iguala y, por ende, el cultivo de amapola y el trasiego de opio, confundió la toma de varios autobuses por los estudiantes —los iban a utilizar para ir a la Ciudad de México a conmemorar la matanza de estudiantes de 1968— con una operación de un grupo rival —Los Rojos— para apoderarse de un cargamento de droga y ordenaron a las autoridades locales, que estaban a su servicio, detener la maniobra a como diera lugar, capturar a los normalistas, ejecutarlos, incinerarlos y tirar los restos en un río cercano.54 Al final, esa explicación fue rechazada por los familiares de las víctimas y puesta en duda por un grupo internacional de expertos forenses. Un punto crucial en la controversia entre autoridades y familiares de los estudiantes fue que no se les permitió a los investigadores entrar en las instalaciones del 27 Batallón de Infantería del Ejército ni someter a interrogatorio a sus mandos, ya que esa corporación tenía encomendadas tareas de inteligencia en la zona y varios militares fueron testigos directos de, por lo menos, la parte inicial del drama.

El gobierno de Peña Nieto llegó a su fin sin haber podido hacer creíble la explicación oficial sobre la tragedia de Ayotzinapa y el nuevo gobierno debió comprometerse, desde antes de asumir el poder, a reabrir todo el expediente, rehacer la investigación y no concluirla sino hasta dejar satisfechos con el resultado a los familiares y a la opinión pública nacional e internacional.

El desastre en que se convirtió el caso de los normalistas de Ayotzinapa, más el escándalo de la Casa Blanca, la impúdica corrupción de los gobernadores cercanos al presidente y una violencia e inseguridad que mostró la impotencia de todo el aparato de seguridad del Estado para contenerla se convirtieron en símbolos de la naturaleza del gobierno de Enrique Peña Nieto, pero también, y principalmente, del régimen del que éste era el último eslabón de una cadena que arrancó con la consolidación de la Revolución mexicana un siglo antes.

1 La irregularidad más notoria fue la falta de control sobre el gasto de los partidos: Martha Gloria Morales y Luis Alberto Fernández (coords.), La elección presidencial de México, 2012. Miradas divergentes, México, Fontamara, 2012.

2 Rogelio Hernández, “El refugio del PRI durante la alternancia panista”, Foro Internacional, vol. 55, núm. 1, enero-marzo de 2015, pp. 45-82.

3 A precios de 2008; fuente: <https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Entidades_federativas_de_M%C3%A9xico_por_PIB>, consultada el 20 de agosto de 2018.

4 Véase al respecto a Rogelio Gómez Hermosillo, “Lucro político con la pobreza: las prácticas de compra y coacción del voto en las elecciones de 2018”, en Bernardo Barranco, AMLO y la tierra prometida. Análisis del proceso electoral de 2018 y lo que viene, México, Grijalbo, 2018, pp. 81-98. En ese trabajo se encontró, con base en encuestas, que en ese año 33.5% de los electores recibió algún tipo de oferta que buscaba influir en su voto: la mitad la rechazó, pero 79% de esa mitad que aceptó el ofrecimiento dijo no tener problema en votar por otro partido diferente del que le ofreció algo a cambio del voto.

5 Encuesta Mitofsky, El Economista, 1º de marzo de 2018, documento disponible en <https://www.eleconomista.com.mx/politica/Impacta-el-periodo-electoral-en-la-aprobacion-del-presidente-20180301-0153.html>, consultado el 20 de agosto de 2018.

6 Véase <https://centralelectoral.ine.mx/2018/07/06/da-conocer-ine-resultados-del-computo-de-la-elección-presidencial-2018>, consultado el 20 de agosto de 2018.

7 Declaración de Dulce María Sauri Riancho, Proceso, 2177, 21 de julio de 2018.

8 Según un informe preliminar de la Comisión de Investigación de la Cámara de Diputados del caso de las tarjetas Monex y de otras instituciones financieras, que finalmente no tuvo consecuencias legales, el monto de las tarjetas repartidas por el PRI en vísperas de la elección de 2012 sobrepasó en 13 veces el gasto que le era permitido a su candidato por la ley (Aristegui Noticias, 12 de marzo de 2014).

9 El entusiasmo panista por su hazaña electoral en el año 2000 y su significado histórico como la transición a la democracia está bien captado en la obra de Guillermo H. Cantú, Asalto a Palacio. Las entrañas de una guerra, México, Grijalbo, 2001.

10 Sinembargo, 30 de marzo de 2018.

11 Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, Transición traicionada. Los derechos humanos en México durante el sexenio 2006-2012, México, CDHMAPJ, 2013; Javier Sicilia, Estamos hasta la madre, México, Planeta, 2011; Raúl Olmos, Fox, negocios a la sombra del poder, México, Grijalbo, 2017.

12 Animal Político, 7 de julio de 2016.

13 Bernardo Barranco (coord.), El infierno electoral. El fraude en el Estado de México y las próximas elecciones de 2018, México, Grijalbo, 2018.

14 El concepto de “PRIAN” lo empleó con frecuencia Andrés Manuel López Obrador; véase, por ejemplo, Neoporfirismo, hoy como ayer, México, Grijalbo, 2014, p. 387.

15 En un promedio de sondeos de opinión, en noviembre de 2017, López Obrador tenía una ventaja de 11 puntos sobre quien le seguía, el candidato del PRI, la que se redujo en febrero de 2018, aunque en marzo volvió a subir, y para mediados de junio de 2018 se había duplicado a poco más de 22 puntos sobre el rival más cercano, esta vez, el candidato del PAN (El País, 26 de junio de 2018).

16 Véase <http://www.animalpolitico.com/2012/12/los-cinco-acuerdos-del-pacto-por-mexico>, consultado el 20 de agosto de 2018.

17 Time, artículo de Michael Crowley, 24 de febrero de 2014.

18 Excélsior, 9 de junio de 2013.

19 Consulta Mitofsky, “Evaluación 23 trimestres de gobierno de Enrique Peña Nieto”, 11 de noviembre de 2018.

20 De acuerdo con una encuesta publicada por el Pew Research Center de Washington, 59% de la muestra se oponía a la presencia de capital externo en Pemex y sólo 34% apoyaba la posibilidad. Fuente: Global Attitudes Survey, Q. 44, primavera de 2014.

21 Forbes México, 25 de abril de 2018.

22 Ana Lilia Pérez Mendoza, Pemex RIP. Vida y asesinato de la principal empresa mexicana, México, Grijalbo, 2017.

23 Cifras de Parametría, Milenio, 2 de agosto de 2018.

24 El Economista, 27 de agosto de 2018.

25 Véase <http://mexicanosprimero.org/index.php/educacion-en-mexico/enterate/noticias-de-hoy/4289-revela-snte-su-membresia>, consultada el 20 de agosto de 2018.

26 Véase <www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/2924/Resumen_Ejecutivo_de_la_Reforma_Educativa.pdf>, consultada el 20 de agosto de 2018.

27 Véase Hugo Aboites, La Jornada, 21 de julio de 2018.

28 Animal político, 20 de junio de 2016.

29 Véase <www.oecd.org/pisa/PISA-2015-Mexico-ESP.pdf>, consultada el 20 de agosto de 2018.

30 Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, Planea. Resultados nacionales, 2017. Educación Media Superior, México, INEE, 2017, p. 7.

31 Véase <http://informe.asf.gob.mx/Entrega3/Documentos/Auditorias
/2016_0153_a.pdf>, consultada el 20 de agosto de 2018.

32 Para un análisis de todos los temas de la reforma propuesta en 2012 por el calderonismo, puede consultarse el trabajo elaborado por el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública, “Ley Federal del Trabajo, propuestas de reforma, alcances y opinión pública”, México, Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, México, 2012.

33 Consejo Coordinador Empresarial, “Mensaje extraordinario, aprobación de la reforma laboral”, comunicado del 13 de noviembre de 2012.

34 La Jornada, 13 de agosto de 2018.

35 Cifras tomadas de Forbes México, 6 de abril de 2018.

36 Judith Mariscal, Estudio sobre el mercado de televisión abierta, México, Telecom/CIDE, 2011, p. 25.

37 Véase <http://www.opencap.mx/bancarizacion-en-mexico-2018>, consultada el 20 de agosto de 2018.

38 World Justice Proyect, México, “La nueva justicia penal en México. Avances palpables y retos persistentes”, documento disponible en <worldjusticeproject.mx/wp-content/uploads/2018/09/WJPMX-LaNuevaJusticiaPenalMexico_.pdf>, consultado el 20 de agosto de 2018; Benito Ramírez Martínez, “El ‘fracaso’ del sistema de justicia penal acusatorio en México”, Hechos y derechos, IIJ-UNAM, 29 de mayo de 2017.

39 Sinembargo, 22 de abril de 2017.

40 Daniel Lizárraga et al., La casa blanca de Peña Nieto, México, Grijalbo, 2015.

41 Véase <expansion.mx/nacional/2013/04/17/el-pan-acusa-al-gobierno-de-pena-de-usar-recursos-con-fines-politicos>, consultado el 20 de agosto de 2018.

42 Manuel Ureste Cava, Miriam Castillo y Nayeli Roldán, La estafa maestra, México, Temas de Hoy, 2018.

43 Diario Oficial de la Federación, 27 de mayo de 2015. Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de combate a la corrupción (<http://bit.ly/1HMkDYC>, consultado el 20 de agosto de 2018).

44 Semanario Zeta, 23 de noviembre de 2012; Proceso, 1887, 29 de diciembre de 2012.

45 La Jornada, 13 de mayo de 2017.

46 Véase al respecto la entrevista de Dolia Estévez con el general Michael Hyden, exjefe de la CIA, en Sinembargo, 1º de noviembre de 2018.

47 La bibliografía en torno del crimen organizado es numerosa; entre los trabajos recientes se encuentran los de Luis Astorga, ¿Qué querían que hiciera?, México, Grijalbo, 2015; Carmen Boullosa y Mike Wallace, A Narco History: How the United States and Mexico Jointly Created the Mexican Drug War, Nueva York, OR Books, 2015; Guadalupe Correa-Cabrera, Los Zetas Inc. Criminal Corporations, Energy and Civil War in Mexico, Austin, University of Texas Press, 2017.

48 Reportaje de Isaí Lara Bermúdez, del semanario Zeta, reproducido en Aristegui Noticias, 3 de septiembre de 2017.

49 Proceso, 1860, 23 de junio de 2012.

50 Proceso, 1931, 2 de noviembre de 2013.

51 José Gil Olmos, Las batallas de Michoacán, México, Ediciones Proceso, 2015.

52 Anabel Hernández, La verdadera noche de Iguala: la historia que el gobierno trató de ocultar, México, Grijalbo, 2016.

53 El País, 9 de octubre de 2018.

54 La Jornada, 28 de enero de 2015; Excélsior, 28 de enero de 2015.

La política

Todo se desmorona; el centro cede
La anarquía se abate sobre el mundo
…Se desborda la marea de la sangre, y por doquier
Se ahoga el ritual de la inocencia
Los mejores no tienen convicción, en tanto que los peores
Rebosan de apasionada intensidad.

W. B. YEATS, “El segundo advenimiento”, 1919

Lo inesperado

Uno de los aspectos más problemáticos del análisis de los procesos históricos del poder es la importancia de lo que no se espera. La ciencia política es una disciplina que desde sus inicios se vio imposibilitada de alcanzar el grado de las ciencias duras, pues debe trabajar con conceptos que no puede definir con precisión y con teorías e hipótesis muy inadecuadas para predecir.

Dentro de lo impredecible en estos procesos destacan las coyunturas críticas, concepto central en obras como la de Daron Acemoglu y James Robinson, Por qué fracasan los países. Los orígenes del poder, la prosperidad y la pobreza.1 Esas coyunturas pueden definirse como momentos de cambio relativamente inesperados que comportan discontinuidades importantes en las relaciones de poder. Aquí las palabras clave son inesperado y discontinuidad, pues se trata de acontecimientos sorpresivos capaces de afectar el equilibrio existente en una estructura de poder, y que por eso dan paso a equilibrios significativamente diferentes del anterior.

Las coyunturas críticas sólo pueden identificarse ex post facto, pues el tiempo es lo que permite comprobar si el hecho en cuestión realmente llevó a la ruptura de un equilibrio, si el que lo reemplazó es significativamente diferente del anterior o si es una simple variante y, por lo tanto, la coyuntura no reviste mayor importancia.

Ejemplo de un suceso realmente sorpresivo que alteró a fondo el curso de un conjunto de sociedades europeas fue la peste negra, o bubónica, del siglo XIV. Ese inesperado horror desembocó en una catástrofe demográfica que fue el disparador de un cambio de fondo en la naturaleza de las relaciones de trabajo de Inglaterra —y de otras sociedades—, al punto de que destruyó los cimientos de su estructura feudal, lo que a su vez fue la causa necesaria, aunque no suficiente, para que en el siglo XVIII se desencadenara ahí la revolución industrial e Inglaterra se convirtiera en el gran imperio global que fue.

Otro ejemplo fue el inesperado encuentro de Europa con América en el siglo XV, cuando la primera buscaba una nueva ruta comercial con Asia. Ese encuentro destruyó en poco tiempo las estructuras de poder de los grandes imperios prehispánicos de América, a la vez que impactó de manera decisiva las relaciones económicas y políticas dentro y entre países europeos. Y la lista puede expandirse para incluir lo mismo el estallido de la Primera Guerra Mundial que el de la Gran Depresión de 1929. En todos los casos se trató de acontecimientos no previstos, de enorme magnitud, que finalmente significaron la destrucción de equilibrios del poder y el surgimiento de otros nuevos que afectaron el destino de millones.

En el Reino de la Nueva España la prisión del rey al otro lado del Atlántico en 1808 abrió una inesperada coyuntura que alteró el equilibrio entre peninsulares y criollos y, finalmente, llevó a una gran rebelión y guerra civil que involucró a todas las clases y desembocó en la independencia. Cien años más tarde una rebelión encabezada por Francisco I. Madero condujo a la impredecible caída del régimen porfirista, que parecía tan sólido como el que más, y en un abrir y cerrar de ojos México experimentó una guerra civil y una revolución que ni el propio Madero había previsto.

El 24 de julio de 1968, un día después de que los granaderos reprimieron a los estudiantes preparatorianos en La Ciudadela —incidente que sería el inicio de una gran movilización estudiantil—, el embajador estadounidense en México, teniendo como base los informes de sus servicios de inteligencia y una encuesta propia, informó a sus superiores que 90% de los estudiantes mexicanos estaba satisfecho con el régimen existente y que era “muy poco probable que [el movimiento estudiantil] tome proporciones críticas, al menos en los próximos años”.2 Lo que siguió fue otro ejemplo de coyuntura crítica, y aunque aún se debate qué tanto modificó el equilibrio preexistente, la cosa política no volvió a ser lo que era.

Sólo el tiempo permitirá evaluar el impacto de fondo, primeramente, por lo ocurrido por la brutal violación de los derechos humanos de los estudiantes normalistas de Ayotzinapa por la policía de Iguala el 26 y 27 de septiembre de 2014 y, dos meses más tarde, en segundo lugar, por la publicación del reportaje del equipo de Carmen Aristegui en torno de una mansión de la familia presidencial y el conflicto de intereses mayúsculo que eso implicaba.

Quizá ahí hay otros ejemplos de coyuntura crítica, aunque pueden terminar como otros tantos casos de desaparición forzada y de corrupción al más alto nivel que provocan escándalo, incluso internacional, causan tensiones y movilizaciones, pero no cambian nada.

Otra, también terrible, coyuntura: la ejecución “a pleno sol” en Sinaloa de Javier Valdez, periodista, la cual indigna, aunque lamentablemente no sorprende.

Ya no tiene sentido enzarzarnos en discutir si el mexicano estaba por ser o no un Estado fallido. Para entender la coyuntura es mejor cortar ese nudo gordiano de la idea de Estado y aceptar que no existe en tanto esfera política superior, cuya razón de ser es definir y defender el supuesto interés general. Lo que ha fallado en el marco neoliberal es el complejo de arreglos entre grupos y clases.

Para una escuela de pensamiento, el Estado es una construcción ideológica que pretende que hay un ente político que está por encima de intereses particulares para defender el general, pero que, en la práctica, es una máscara que encubre lo que realmente está fallando: los arreglos políticos entre facciones, intereses e instituciones, que nunca han tenido como meta el “interés general”, sino apenas mantener la estabilidad y legitimidad de un arreglo que beneficia a unos más que a otros. Como en el epígrafe de esta sección, lo que ha fallado es el centro mismo de un sistema que se está desmoronando. Las razones son varias, pero destacan la corrupción y la voracidad de las élites. Ejemplos: al menos una quincena de exgobernadores está en la cárcel o con un proceso judicial abierto.

La posición teórica que niega la realidad y utilidad de la idea del Estado está bien desarrollada en un pequeño ensayo de Philip Abrams (1933-1981), historiador y sociólogo inglés de izquierda.3

Pero si no hay Estado, ¿qué hay entonces? Pues una estructura de relaciones de poder político y económico creada a lo largo de la historia y administrada por el gobierno en turno. El corazón de ese entramado son las relaciones de élites que operan dentro de un sistema económico global que permite a los pocos extraer de los muchos una cantidad de riqueza cada vez más ingente.

Desde esta perspectiva, las últimas veces que se vio al Estado como algo tangible, literalmente, de carne y hueso, fue hace siglos, cuando Luis XIV pudo decir y sostener, ¡a los 16 años!, “el Estado soy yo”. Sin embargo, tras la decapitación de Luis XVI en 1793 y el advenimiento de las diferentes formas de democracia moderna, ninguna persona o institución concreta puede arrogarse la encarnación del Estado, y éste se quedó en mera idea, en algo tan abstracto que terminó por ser nada.

Si lo único y verdaderamente real es la dominación de unos intereses sobre otros, apuntalada por un “monopolio de la fuerza legítima” (Max Weber), lo que ha habido en México ha sido la crisis de una cada vez más precaria dominación, pese a que desde 2006 el gobierno empleó a fondo su principal instrumento de “violencia legítima”: el Ejército. Según la Secretaría de la Defensa, entre 2007, cuando se inició la “guerra contra el narco”, y 2018, ya había habido 3 mil 921 enfrentamientos del Ejército con grupos del crimen organizado.4 Sin embargo, pese a este uso sistemático de la violencia de la mejor fuerza pública, el crimen organizado siguió imbatible. Si en los años ochenta del siglo pasado esos grupos delincuenciales eran poco más de media docena y estaban controlados por el gobierno, se calcula que al momento de escribir estas líneas son alrededor de 250 y que cuentan con la capacidad de controlar a autoridades locales y penetrar instancias federales.

Desde esta perspectiva, y para explicar la naturaleza de la coyuntura, viene a cuento la ya clásica definición de Harold D. Lasswell: “Política: quién obtiene qué, cuándo y cómo” (1936). Y es que en los últimos 30 o 40 años la corrupción tradicional se salió de madre. Todos los grupos en control de algunas de las diferentes partes del aparato gubernamental —presidencia, secretarías de Estado, gubernaturas, municipios, etc.— y en alianza con intereses privados, incluido el crimen organizado, se han lanzado a extraer el máximo de recursos en el menor tiempo posible sin importar el daño que causen al equilibrio histórico, siempre precario, entre clases, regiones, intereses y grupos.

Los resultados están a la vista: en 2015, 1% de la población mexicana concentraba 43% de la riqueza.5 En tanto que el año previo la economía en su conjunto creció en apenas 2.3%, la utilidad de los bancos casi se cuadruplicó (8.3%).6 En términos de Lasswell, el contenido de la política mexicana contemporánea ha sido la supeditación abierta del interés de los muchos al de los muy pocos.

En suma, México se ha convertido en un ejemplo de la hipótesis de Abrams: el Estado no existe. Lo que ha fallado, de manera dramática, no es ese ente fantasmagórico, sino la capacidad de la clase dirigente y sus instituciones para autolimitarse, moderar su desenfreno en la extracción de riqueza. De continuar por ese camino de corrupción, ineptitud, violencia y desigualdad, México, como comunidad nacional, seguiría perdiendo sentido.

Únicamente el correr del tiempo permitirá dilucidar si el impacto de estos hechos sobre el precario equilibrio que se mantuvo entre las fuerzas y proyectos en pugna en México afectó de manera esencial o no la trayectoria de la estructura de poder nacional: ningún análisis puede sustituir al paso del tiempo como el factor decisivo para saber la magnitud de lo que como comunidad estamos viviendo.

Ríos de ilegalidad

México ha vivido, pues, enmarcado por un Estado casi inexistente que ha resultado ideal para que sus dirigentes se muevan como peces en el agua. Y es que ese ambiente de reglas escritas inoperantes y de reglas ilegítimas o ilegales tácitas pero efectivas permite a quien lo domina extraer recursos a plenitud.

Los arrestos en Estados Unidos de Édgar Veytia, fiscal de Nayarit, y en Italia de Tomás Yarrington, exgobernador de Tamaulipas, ejemplifican las causas por las que México ha sido un país donde el Estado de derecho no arraiga y su sociedad ha estado indefensa ante quienes han organizado el ejercicio del poder público como una forma patrimonial para obtener beneficios.

Entre los que fueron asesores del presidente estadounidense Donald Trump, destaca Stephen K. Bannon. Según él, el gran enemigo interno que se ha de vencer en ese país vecino es su “Estado profundo” (deep State), los poderes de la alta burocracia y sus aliados. Pues bien, de este lado del río Bravo podríamos decir que la tarea urgente es acabar con el “antiEstado profundo”, con ese muy evidente y complejo sistema de complicidades de las élites del poder que ha impedido que en México las instituciones públicas desempeñen aceptablemente las tareas que les deberían ser propias: velar por la prosperidad, la seguridad y la justicia colectivas.

A los trumpistas les ha dado por fantasear con la “deconstrucción” de su Estado. A los mexicanos nos urge empeñarnos en acabar con lo que nos mantiene hundidos: un “antiEstado” de raíces profundas.

Pero ¿de qué se habla cuando usamos los conceptos de Estado o antiEstado profundos? En Estados Unidos o la Europa occidental y países similares, lo profundo de un Estado se refiere a esas estructuras gubernamentales que surgieron o se ampliaron y consolidaron como respuesta a la Gran Depresión de 1929 y a la Segunda Guerra Mundial y que, en términos generales, se las conoce como “Estado de bienestar”. Ese proyecto para aumentar y proteger el nivel de vida de las mayorías requirió la creación de infinidad de agencias estatales y el reclutamiento de especialistas para dar forma a un servicio civil de carrera y a su contraparte: nuevos impuestos de naturaleza redistributiva.

Toda esa gran estructura gubernamental arraigada a lo largo de la segunda mitad del siglo pasado generó sus propios intereses e inercias y se hizo casi inmune a los efectos de la alternancia de los partidos en el poder. Y eso es lo que el trumpismo ha querido modificar: bajar impuestos, quitar reglamentos que ponen trabas al gran capital y devolverle su “libertad” a la iniciativa privada.

Hace un siglo, un clásico de la sociología política, Max Weber, al examinar la naturaleza de la burocracia y elaborar un “modelo ideal” de ésta —inspirado en la administración prusiana—, previno que ese cuerpo integrado por profesionales bien preparados mejoraría la administración de lo público, pero podría llevar a imponer sus intereses y principios sobre las decisiones de los responsables políticos. Y advirtió: “Una burocracia muy desarrollada constituye una de las organizaciones sociales de más difícil destrucción”.7

Esta verdad sobre el “Estado profundo” la está descubriendo Trump, pero nosotros hace rato que tenemos lo contrario: una administración con pocos cuadros profesionales, comandada por políticos rapaces, da por resultado algo igualmente difícil de erradicar: el “antiEstado profundo”.

A México no le falta burocracia. Según el Inegi, en 2014 los empleados del sector público estatal eran casi cinco millones, repartidos entre las administraciones municipal, estatal y federal. Aquí lo que falta es dirigencia política de buena calidad y con sentido de misión.

En números, la burocracia mexicana era robusta, pero su debilidad estaba en quienes históricamente la han dirigido. Aquí el funcionario de carrera preparado, que logró puesto y ascensos por méritos, como lo supone el modelo ideal weberiano, fue más la excepción que la regla y siempre estuvo a merced de la voluntad del aparato político. Las islas de profesionalismo, como las fuerzas armadas o el Banco de México, fueron eso, islas. Aquí la voluntad del político y sus protegidos era la que decidía una y otra vez quién ocupaba qué puesto, independientemente de la preparación del candidato. Ésa era la voluntad que exigía “el moche” en muchos contratos de la obra pública, la que impulsaba o toleraba a magistrados corruptos, a ministerios públicos, procuradurías o fiscalías selectivos en la persecución de criminales, la que dejaba o ponía a las policías al servicio del crimen, la que llevaba a que las contralorías se hicieran “de la vista gorda” ante los grandes fraudes, a que los programas sociales fueran estructuras clientelares de partidos, a que las agencias de inteligencia vigilaran más a opositores que al crimen organizado, a que organismos autónomos como el INE, Oples, Inegi, ciertas universidades públicas, o incluso la Suprema Corte, fueran, en el mejor de los casos, semiindependientes. Aquí, el etcétera es larguísimo.

Volvamos a Yarrington o a Veytia. Al final, esos políticos fueron poderosos y acumularon riqueza porque se apoyaron en, y apoyaron al, “antiEstado profundo”. Para acabar con ellos hay que darle fin a la estructura de la que brotaron y empezar a construir un Estado verdadero, que si bien siempre tiene facetas desagradables, es preferible a lo que hemos tenido.

Desde su alta tribuna, un ministro guatemalteco aseguró: “Se ha afirmado que ‘el país nada en ríos de ilegalidad’. No es sólo que las autoridades no hagan cumplir las leyes. Es que los ciudadanos tampoco están dispuestos a acatarlas”.8

Desde esa perspectiva, México es prisionero de un círculo vicioso: los gobernados ven a sus autoridades no sólo como incapaces de hacer cumplir la ley, sino como quienes encabezan su violación. Por otra parte, los gobernantes se defienden señalando que entre los quejosos no hay quien pueda tirar la primera piedra por razón de que, con mayor o menor frecuencia, ellos, los ciudadanos, cotidianamente violan la letra o el espíritu de muchas leyes.

Si en este país resulta, por una característica de la cultura dominante, que todos somos culpables de corrupción —“la corrupción es cultural”, aseguró Enrique Peña Nieto—,9 entonces individualmente nadie es en realidad culpable. Y como los elementos centrales de la cultura cambian con lentitud, no quedaría más que tener paciencia y esperar a que pasen varias generaciones antes de que se diluya ese feo rasgo de nuestra manera de ser. Claro, hay otras maneras de enfocar el problema.

El México actual es resultado del violento choque entre las civilizaciones originales y Europa, choque que dio como resultado tres siglos de subordinación colonial. Ese marco legal — las Leyes de Indias— fueron el maridaje forzado de la legalidad prehispánica —usos y costumbres de la enorme mayoría— con normas europeas, resultado de la peculiar experiencia histórica española. Los códigos legales de entonces no emergieron, como en el caso de otras sociedades, de la propia experiencia y voluntad de la sociedad. Fueron impuestos y de cumplimiento relativo. De ahí, entre otras cosas, el famoso “se obedece, pero no se cumple”.

Tras la Independencia, los liberales mexicanos buscaron implantar partes sustantivas del código napoleónico en una sociedad que, en su mayoría, estaba lejos de poder, y de querer, asimilar como propia una visión legal forjada por experiencias muy ajenas, como la Revolución francesa o la rápida marcha de la globalización capitalista.

Tras la República Restaurada y su transformación en el Porfiriato al final del siglo XIX, la lucha por obligar a la “modernidad legal” se topó con muchos tipos de resistencia individual y colectiva. Para los resistentes, varios aspectos de esa legalidad eran, en la práctica, una amenaza a ciertas formas de vida acostumbradas, de ahí que buscaran no acatarlas, violarlas, reinterpretarlas a su conveniencia o negociarlas, como, por ejemplo, el servicio militar, las leyes contra la vagancia y el juego, el pago de impuestos y, principalmente, los cambios en la propiedad y posesión de tierras, bosques y aguas.10

La Constitución de 1917, producto de la Revolución mexicana, fue un esfuerzo por hacer que las normas legales estuvieran genuinamente ligadas a los intereses y prácticas de la mayoría. Sin embargo, muy pronto la utopía revolucionaria se transformó en un sistema político autoritario, en una economía básicamente extractiva y excluyente, que dio por resultado una sociedad profundamente desigual, injusta, oligárquica. En buena medida, como resultado de lo anterior, la legitimidad del nuevo pacto social se vio minada y las instituciones debilitadas, particularmente las jurídicas y las de supervisión sobre el manejo de los recursos públicos. Una atmósfera de impunidad generalizada se asentó en la vida pública.

En la quinta Encuesta Nacional sobre Cultura Política y Prácticas Ciudadanas levantada por la Secretaría de Gobernación (2012), a la pregunta “¿qué tanta confianza tiene usted en las leyes mexicanas?”, 67.56% de los encuestados respondió que poca y 12.80% de plano dijo que ninguna. En relación con “¿qué tanto confían en los jueces?” en una escala de 0 (nada) a 10 (mucho), 7.65% eligió 0, la mayoría —63.72%— se situó entre 5 y 8, y apenas 3.73% en 10.11 Uno puede aventurar que los índices de desconfianza siguieron creciendo.

La corrupción en México siempre ha sido notable, pero a partir de ese festín de escándalo e impunidad que fue el alemanismo (1946-1952), el fenómeno se agravó e institucionalizó, al punto de que México llegó a tener el primer lugar en Latinoamérica en materia de la población que pagaba sobornos por servicios a los que tenía derecho (51%).12

La experiencia de Guatemala, donde varios expresidentes están en prisión por corruptos, nos da idea del tipo de camino que podríamos tomar para convertir en meros arroyos nuestros —válgase el adjetivo— caudalosos “ríos de ilegalidad”. El factor determinante es una fuerte y creciente movilización social que obligue a “los que mandan” a rehacer el marco institucional. En el país vecino esa presión llevó a que su gobierno buscara y encontrara fuera de sus fronteras —en la ONU— al Hércules (un fiscal externo) que limpiara los establos de Augías.

En México, la presión ya existe. No vendría mal aprovechar el cambio de gobierno que ocurrió en 2018 para, en caso necesario, también acudir a la ayuda del exterior y enfrentar de manera radical nuestro problema “cultural”.

Para lo cual, desde luego, hay temores y resistencias. A finales de 1914, cuando era inminente la entrada de los zapatistas en la capital del país, el pánico se apoderó de muchos. Tanto había insistido la prensa en que Emiliano Zapata era la reencarnación de Atila que la legación inglesa concentró a sus conciudadanos, protegió su sede con alambre de púas, pidió armas a las autoridades y un par de ametralladoras a sus buques anclados en puertos mexicanos. Las “hordas” de ese movimiento sí llegaron, pero pasaron de largo, y todas las aprensiones fueron ridículas. Los cambios también llegaron, pero tardaron y sólo fueron catastróficos para algunos de los beneficiados por el antiguo régimen.

Lo anterior viene al caso porque hoy se vuelve a vivir algo parecido entre los grupos conservadores ante el triunfo de Andrés Manuel López Obrador y Morena: una mezcla de temor y desprecio por los recién llegados al poder que se refleja en sus comentarios, memes, tuits o escritos.

El zapatismo nació, como el morenismo actual, de los excesos oligárquicos; articuló muy buenas propuestas para reformar a México,13 y si bien no triunfó, a la larga cambió a México: los latifundios porfiristas desaparecieron y la tierra se repartió.

Imposible predecir —ya lo he dicho arriba— hasta qué punto el morenismo actual modificará las estructuras políticas y económicas de México. Lo intentará, pero tendrá muchas resistencias. Como sea, ya están los 50 puntos de un plan de austeridad y anticorrupción presentados por López Obrador: poder juzgar al presidente en funciones, rebaja drástica del sueldo y prestaciones de la alta burocracia, reducción del gasto de propaganda y publicidad oficiales, acabar con los “moches” de los congresistas y más. Aparte, están otros compromisos de gran peso en torno del gasto social, el déficit, los impuestos, la infraestructura, y cuadrar el círculo para encontrar la solución a la enorme violencia que vive México.

Que al enfrentar realistamente el proyecto habrá fracasos, ni duda. Como los planes de un estado mayor se trastocan y cambian en cuanto se inicia el choque con el enemigo, así las aspiraciones de transformación política deben rehacerse en cuanto afrontan las complejidades y resistencias de los intereses creados.

Esas primeras decisiones de López Obrador afectan, sin ambigüedades, no tanto a quienes fueron sus grandes adversarios, sino, en primer lugar, a él mismo y a quienes le ayudarán a manejar la maquinaria del gobierno para el cambio. Renuncia a un alto sueldo, a su pensión, a los privilegios de la “casa presidencial” y a los servicios del Estado Mayor Presidencial junto con sus aviones. Para una buena parte del público esas acciones son importantes por su alto contenido simbólico. Quizá haya problemas cuando se busque a personas bien preparadas y con experiencia para ocupar puestos que exijan conocimientos muy técnicos en la burocracia especializada, pero lo realmente difícil vendrá cuando se toquen los grandes intereses creados.

Hasta ahora las propuestas y decisiones del nuevo gobierno no parecieran encaminadas a llevar a México al desastre pronosticado por los sectores conservadores, sino, simplemente, a disipar la atmósfera de corrupción que ha envuelto por largo tiempo la vida pública. Pocos se pueden oponer con legitimidad a lo propuesto. El actual presidente aseguró a los hombres del dinero que no habrá déficit fiscal ni aumento de impuestos, y que se revisarán, pero no se anularán, los grandes contratos vigentes. Por lo pronto, ante sus primeras declaraciones el peso no siguió perdiendo terreno ni hubo fuga de capitales. En 1914 no llegó el imaginado y temido Atila del Sur, como tampoco en 2018.

Ahora bien, la “cuarta transformación” de México, en la medida en que se vaya haciendo realidad, afectará, por fuerza, no sólo a la alta burocracia sino algo más difícil: algunos de los intereses creados a la sombra de la corrupción y el privilegio. Deberán cobrarse esos impuestos que hasta ahora se habían condonado o diferido, acabar con concesiones claramente abusivas —algunas mineras, por ejemplo— y, en general, poner fin a esa relación tan estrecha entre gran capital y poder político, esencia de la “mafia del poder”. Para lograrlo, sería deseable proceder con prudencia, pero con firmeza, justificar bien ante el público cada acción para mantener, e incluso movilizar, el apoyo que llevó a la victoria electoral, pues acordar con el gran capital puede tornarse difícil.

En este inicio, los medios y los gobiernos extranjeros se manifestaron menos negativos y resentidos que las derechas locales. Y si el nuevo presidente de Colombia decidió hacer su primer viaje al exterior a Miami para ver a un senador republicano, López Obrador logró que fuera el secretario de Estado estadounidense el que viniera a verlo y en sus terrenos: a su oficina. Ese primer encuentro entre el nuevo presidente mexicano y los enviados del imperio salió bien, aunque nada garantiza que ése será el tono de la relación.

En conclusión: entre Andrés Manuel López Obrador y los grandes actores internos y externos se ha pasado de la hostilidad a los gestos amables, pero, como en 1914, dentro de los círculos conservadores difícilmente se dejará de ver al presidente y a los suyos como “los que no deberían estar”. Así pues, la resistencia al cambio es inevitable. Ojalá que la confrontación se desarrolle dentro de un marco diferente del de hace un siglo: uno institucional, civilizado.

En la última centuria, unas elecciones presidenciales mexicanas realmente competidas se decidieron en el campo de batalla; la disputa por la presidencia fue la causa de las rebeliones de Aguaprieta, delahuertista o escobarista. En otras, el fraude fue un factor decisivo. En 1910 desembocó en una revolución y, más adelante, se hizo acompañar de violencia y falta de credibilidad, como en 1929 (Vasconcelos contra Ortiz Rubio), 1940 (Almazán contra Ávila Camacho) o 1952 (Henríquez Guzmán contra Ruiz Cortines).

Algunas de las elecciones realmente disputadas no necesariamente involucraron una proporción significativa de la ciudadanía, pero otras sí, como ocurrió, además de en 1952, en 1988 (Cárdenas contra Salinas) o en 2006 (López Obrador contra Calderón). En esos casos la división y el encono dentro de la parte políticamente activa de la sociedad mexicana —una porción cada vez más amplia— fueron hondos y duraderos. En contraste, las elecciones sin competencia real, propias del periodo clásico del presidencialismo priista, generaron una división que quedó encapsulada y controlada en la cúpula misma del poder, como sucedió en las sucesiones de 1958, 1964 o 1970, donde el elector fue apenas espectador. La elección de 1976 fue un caso extremo: el candidato oficial no tuvo competidor registrado y en la cúpula no hubo tensión; por eso, pese al desastre económico de los tiempos, ganó con el ciento por ciento de los votos válidos.

Desde finales del siglo pasado y lo que va del actual los comicios presidenciales no sólo han sido contiendas competidas sino que han involucrado a más de dos candidatos efectivos. En las elecciones de 1994, 2000 y 2012, el fraude y la compra de votos se dieron, pero ya no jugaron un papel decisivo, aunque en 2006 sí dejaron otra marca indeleble.

En la elección de 2018 las sombras de una maquinación al “estilo clásico” volvieron a aparecer en el panorama político. En el mitin del 6 de mayo en la explanada de la sede nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), al presentarse al nuevo dirigente de ese partido —un exgobernador “duro”—, el candidato oficial reiteró su estrategia de mantener el control de Los Pinos: usar el esquema de las elecciones sucias del año anterior en el Estado de México y Coahuila. Otros indicadores fueron la conducta del Tribunal Electoral al sacar con fórceps a candidatos independientes para dispersar el voto opositor o el empeño de los grandes empresarios de aumentar deliberadamente en la sociedad la sensación de miedo al cambio para detener a López Obrador.14

Hubiera sido de desear que en un ambiente ya de por sí crispado no reapareciera la sospecha de las maniobras ilegales o ilegítimas, pero no fue el caso. La imaginación de Sabina Berman, por ejemplo, nos entregó en “La tentación del fraude” fábulas muy realistas de lo que podría haber sucedido en los meses anteriores al 1º de julio.15

El dictum de Karl von Clausewitz (1780-1831) que define la guerra como “la continuación de las relaciones políticas, la gestión de las mismas, con otros medios” se puede revertir y considerar: en una coyuntura como la que vivimos en julio de 2018 la política era una guerra por otros medios. Y es que lo que estaba en juego era algo más que un mero cambio de siglas partidistas y de personajes en los puestos del poder público: se jugaba un cambio de rumbo, un cambio de régimen.

En una discusión sobre la coyuntura política en Gran Bretaña se argumentó que lo más importante en su circunstancia posBrexit era llegar a determinar qué es lo que realmente era ese país como nación en ese momento —un antiguo gran imperio que rechazaba su unión con Europa— y qué aspiraba a ser. Se trataba de una variante del gran dilema que enfrentó el príncipe Hamlet: ser o no ser. Pues bien, la elección presidencial de 2018 colocaba a México en una posición similar a la británica o a la del príncipe danés: ser o no ser, seguir aceptando la fórmula política —ese “quién consigue qué, cómo y cuándo”— decidida de tiempo atrás por las dirigencias del PRI y del Partido Acción Nacional (PAN) o intentar ser otra cosa, lo que implicaba rupturas que, se insiste, deberán ser pacíficas, pero no fáciles ni rápidas: ni estarán exentas de errores o fallas.

Llegar a ser lo que hoy no somos requiere enfrentar los intereses creados de mucho tiempo atrás que han surgido o prosperado en un país de instituciones debilitadas o de plano quebradas y disfuncionales en extremo, dominado por la corrupción y con regiones sin ley, caracterizadas por una violencia cercana al “estado de naturaleza”. El cambio implica riesgos.

Hoy está muy extendida la idea de que el estado que guarda lo público en México no es el deseable. Donde ese consenso se rompe es en el cómo llegar a ser lo que podríamos ser: una comunidad nacional donde las instituciones funcionen según la letra y el espíritu de las leyes; ser una “potencia media” ya dejó de ser preocupación significativa, por lo que lo importante es no ser una sociedad subordinada a otras; superar desigualdades sociales evitables; dar forma a una economía viable; tener seguridad en la vida cotidiana y una estructura de autoridad —de gobierno— considerada como algo propio y digno, y no como la que existía: una estructura corrupta dedicada a extraer recursos de los más para concentrarlo en los menos.

¿Hay algo de utópico en las líneas anteriores? Sí, pero sin elementos utópico-realistas en el horizonte el presente se hace intolerable y el futuro, desalentador.

Para cualquier observador de la escena política mexicana ahora queda más claro lo que desde hace mucho se suponía: que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) ha sido instrumento para la transferencia ilegal de recursos públicos al PRI. El supuesto ya es casi certeza tras el juicio que se sigue a exfuncionarios por un fraude de al menos 250 millones de pesos que la SHCP autorizó que se destinaran a pagos por servicios educativos en Chihuahua a sabiendas de que, mediante el uso de empresas ficticias que servirían para financiar la fallida campaña electoral de ese partido en ese estado norteño en 2016, terminarían en las arcas del PRI.16

La trama fue muy sencilla, pero requirió una condición sine qua non: que quien se beneficiaría por la triangulación de recursos —esto es, el PRI— controlara toda la pirámide del aparato de gobierno, en particular la institución encargada de asignar y vigilar el uso de los dineros públicos, es decir, la SHCP. También, que tuvieran una influencia decisiva en los cuerpos encargados de vigilar las elecciones —el INE, el TEPJF y el instituto electoral local— para neutralizar cualquier intento de investigación sobre financiación y que, a la vez, los supuestos vigilantes fueran agresivos en la fiscalización de la contabilidad de la oposición.

Si se dieron las condiciones anteriores —el PRI las conjugó todas en el sexenio anterior, entonces se pudo proceder a crear empresas ficticias en Chihuahua y en cualquier otro estado, a las cuales el gobierno federal les pagaría por servicios, educativos o de otra índole, que no se prestarían. A su vez, esas empresas pagarían a otras, también ficticias, hasta lograr que el rastreo de los recursos se perdiera y éstos terminaran, con alguna merma a favor de los intermediarios, en las arcas del Revolucionario Institucional.

El plan falló porque, pese a todo, en Chihuahua el gobierno lo ganó un panista sui generis, Javier Corral, que echó a andar una investigación y realmente atrapó en sus redes a esos “peces gordos” que muchos años atrás el PAN había prometido —pero que nunca quiso— capturar.

En ciertos círculos se ha rechazado caracterizar al PRI como un partido de Estado. Antes del año 2000 muchos prefirieron calificarlo como predominante, hegemónico o algo semejante. Cuando al iniciarse el siglo actual perdió Los Pinos, esa discusión también pareció perder sentido. Se supuso que, de ahí en adelante, la maquinaria electoral creada por Plutarco Elías Calles sería un jugador más dentro de un sistema de partidos que había transitado del autoritarismo a la democracia, y que las elecciones sin competencia que habían caracterizado a México eran cosa del pasado. Por definición, se aseguró, en el nuevo sistema no podía haber un partido de Estado, ¿o sí?

Maurice Duverger advirtió en su obra clásica sobre los partidos políticos que esas organizaciones “sufren profundamente la influencia de sus orígenes”.17 Y el PRI se originó como partido de Estado. Fue ideado y creado desde la cumbre del poder para organizar ese poder, no para competir por él. El presidente Emilio Portes Gil decretó que los recursos de la nueva institución provendrían de un descuento a los sueldos de los burócratas, pues los servidores del Estado debían ser, en automático, soporte del partido al que debían su empleo. Cuando finalmente se aceptó que ese descuento por nómina era ilegal, se lo sustituyó con fondos públicos que no aparecían en la contabilidad oficial y con la asignación sistemática de recursos materiales y humanos de las secretarías de Estado y de los gobiernos locales para apoyar las campañas de los candidatos oficiales.

Se suponía que toda esa financiación estatal e ilegal había llegado a su fin con la derrota del PRI al inicio del siglo XXI. Y quizá fue el caso en el ámbito federal, pero no en entidades como el Estado de México, donde ese partido siguió apegado al viejo estilo y donde el PAN, supuesto verdugo de la antidemocracia, le permitió refugiarse sin modificar su naturaleza de origen y sin ser molestado.

La decisión del PAN, en los dos sexenios que gobernó, de no perseguir a los “peces gordos” de la corrupción priista y, en cambio, compartir generosamente con sus gobernadores la renta petrolera, se explica por la necesidad de contener junto con el partido de Estado al enemigo común: la izquierda encabezada por Andrés López Obrador. En 2012 lo anterior, aunado al rotundo fracaso del PAN como partido gobernante, abrió las puertas al retorno del PRI al poder nacional y a reactivar todas sus prácticas.

Se suponía que la SHCP era una de las pocas dependencias del gobierno federal que, junto con el Banco de México, y las secretarías de Relaciones Exteriores, Defensa y Marina, estaban constituidas por personal de carrera, comprometido con los propósitos de la institución. Sin embargo, frente a la presión y el embate de los intereses políticos de sus dirigentes ese compromiso fue relativo y, en determinadas circunstancias, nulo.

La larga batalla del México democrático contra la arraigada y terrible práctica de un partido de Estado que ni puede ni quiere cambiar debe seguir. Y Chihuahua ha demostrado que puede dar resultados.

El 68

En 2018 se cumplieron 50 años de la inesperada e histórica movilización de los jóvenes estudiantes mexicanos que demandaban un cambio en el orden político creado por la posrevolución y que concluyó con una represión tan alevosa como brutal. A esa inconformidad la movió algo más que un escueto pliego petitorio: el cuestionamiento del sistema mismo de autoridad. Buscó detonar una transformación cultural en toda una gama de estructuras: la familiar, la universitaria, la sindical y, desde luego, en la forma de gobernar.

En el 68 la exigencia de cambio mediante movilizaciones urbanas masivas se experimentó en muy diversos tipos de sociedades. La Guerra Fría llevaba ya más de dos decenios de conformar las ideologías y los privilegios a escala global. En México el orden establecido, al verse desafiado, buscó deslegitimar a los descontentos y justificar su represión, culpando a la “influencia externa”. Se negó a aceptar la otra posibilidad: que la inconformidad surgía de los defectos, inconsistencias y, finalmente, injusticias institucionalizadas por una maquinaria de poder asentada en una presidencia sin contrapesos, en un partido de Estado y en elecciones sin contenido.

En Washington, la American Historical Association programó para su reunión de 2018 (del 4 al 7 de enero) una serie de paneles en torno del significado del 68 ¡y vaya que tenían materia de estudio! En su programa, el tema de 1968 apareció en 44 sesiones, desde la Olimpiada en México hasta la huelga estudiantil en Dakar, el Black Power, el feminismo, la violencia policiaca de ese año en Japón y otros países. Desde luego, hay más temas sobre el 68: los choques con la policía de estudiantes y obreros en París, las movilizaciones en Estados Unidos, Berlín o Roma contra la guerra en Vietnam, las manifestaciones por el asesinato de Martin Luther King o contra el “socialismo real” en Praga o Varsovia, etcétera.

Al despuntar el 68 en México no había la sensación de estar al filo del agua. Cinco años atrás el gobierno de Adolfo López Mateos, en una muestra de confianza en el régimen, había ofrecido organizar los Juegos Olímpicos de ese año. Había riesgos, pero parecían ser más de carácter organizativo que político. Los de México serían los primeros que se celebrarían en un país periférico, después de los de Grecia de 1896. El reto era enorme: ofrecer unos juegos a la altura de las potencias centrales. Pero el beneficio político parecía ser mayor: México estaría en el centro de la atención mundial y su régimen posrevolucionario podría mostrar a los medios internacionales las bondades de su “milagro económico”, su cultura, la eficacia de sus instituciones de gobierno, y plantar la certeza de que pronto dejaría de ser “subdesarrollado”.

No era la primera vez que un gobierno mexicano se proponía mostrarse como ejemplo. Poco antes de venirse abajo, en 1910, la dictadura de Porfirio Díaz lo intentó con las fiestas del centenario. Algo parecido ocurriría en 1968, pero los jóvenes pondrían al descubierto la naturaleza no democrática de la supuesta estabilidad.

De cualquier manera, al despuntar el 68 no se veían motivos de zozobra. Los malos entendidos con Estados Unidos a causa de la Revolución cubana habían quedado atrás. Internamente, las protestas del movimiento médico y de los estudiantes michoacanos entre 1964 y 1966 habían sido acalladas. La pax priista parecía total.

Ya se ha contado de muchas maneras cómo, en julio, un incidente entre estudiantes preparatorianos en la Ciudad de México desembocó, a causa de la manera autoritaria y estúpida de enfrentarlo, en las grandes movilizaciones del 1º de agosto, encabezada por el rector de la UNAM, o en la llamada marcha del silencio del 13 de septiembre.

Es aquí donde debe recalcarse que ningún régimen autoritario tolera movilizaciones no promovidas por la propia autoridad. Un desafío como el del 68, aunque pacífico, tiene el potencial de demandar más libertades y dar origen a organizaciones independientes, incompatibles con la naturaleza no democrática del sistema.18 Si los regímenes de ese tipo no frenan en su inicio tal clase de movilizaciones mediante la amenaza o la cooptación —y el movimiento estudiantil mexicano organizó su representación para que no pudiera ser cooptada—,19 entonces la represión a fondo es la respuesta de la autoridad. La Primavera Árabe es el ejemplo más reciente de este fenómeno.

El régimen mexicano, urgido por el inicio de la XIX Olimpiada, el 12 de octubre, optó por la salida extrema: la matanza de jóvenes desarmados reunidos la tarde del 2 octubre en la Plaza de las Tres Culturas. Esa decisión se reafirmaría con una segunda matanza: la del Jueves de Corpus de 1971.

El régimen político vivido a 50 años del 68 no es el de hace medio siglo, pero tampoco es el democrático que demandaron entonces los entusiastas inconformes. El de octubre de 2018 era ya un híbrido disfuncional que, en su esencia, mantenía vivas muchas de las razones que dieron origen a las movilizaciones del 68. Hay, pues, que reexaminar el 68 para profundizar en la naturaleza de ese conflicto, so pena de volver a tropezar con la misma piedra.

El periplo de Porfirio Muñoz Ledo

En la mitología griega fueron siete los que se lanzaron contra Tebas, pero en otra Tebas, en la de un congreso sin autoridad moral ni política, uno se lanzó con particular estilo, en su calidad de senador y diputado de oposición: Porfirio Muñoz Ledo.

Era común que en el pasado un político profesional se iniciara como crítico y terminara dentro del sistema. La carrera de Muñoz Ledo ha sido un periplo: a los 17 años empezó su actividad dentro del aparato del gobierno, y rápidamente llegó a las alturas: secretario de Trabajo primero y de Educación después, presidente del PRI y representante de México ante la ONU, entre otros cargos. Sin embargo, a los 53 años optó por encabezar, junto con Cuauhtémoc Cárdenas y un puñado de priistas, una sorpresiva rebelión contra su jefe nato: el presidente de la República. En la elección de 1988 la llamada Corriente Democrática enfrentó, en un inicio desde dentro y luego desde fuera, la hasta entonces incuestionada voluntad presidencial. Hay elementos para suponer que esa insurgencia ganó en las urnas, pero no se la reconoció. Lo que sí se reconoce, y la UNAM lo constató, es la carrera de Muñoz Ledo.

Fue en 1988, en su calidad de senador, donde la figura de este personaje realmente brilló. Ese Senado era un perfecto reflejo del sistema político que se negaba a aceptar que la movilización desatada entonces era el principio de algo nuevo. El 1º de ese septiembre ocuparon sus curules 64 senadores: 60 del PRI y cuatro del Frente Democrático Nacional (FDN): dos por Michoacán, e Ifigenia Martínez y Muñoz Ledo por el D. F., zonas tan claramente opositoras que ni el fraude pudo ocultar.

Como los anteriores, ese Senado era realmente un depósito de cuadros priistas en espera de un puesto mejor o del retiro. Quienes ocupaban las 60 curules habían llegado ahí por la voluntad del aparato, no de los votantes. Ninguno estaba preparado para enfrentar y debatir, y se requería mucha finura y conocimiento de la materia para hacerlo ante un Muñoz Ledo que, sin el respaldo de la fuerza, tenía la de la legitimidad de su reclamo. Esa finura y ese conocimiento no los hubo en las filas del PRI.

El 1º de septiembre de 1988 es ya imborrable en la memoria histórica. El senador capitalino fue “uno contra Tebas”. Con voz fuerte —fue campeón de oratoria— Porfirio interrumpió la lectura del último informe presidencial del sexenio y soltó su famoso: “¡Pido la palabra, señor presidente! ¡Solicito una interpelación!” La prensa informó que se armó la “batahola”. El presidente de la mesa pretendió callarlo con base en el artículo 69 de la Constitución —que establece que la obligación del titular del Ejecutivo era presentar un informe, no responder a nada—. Muñoz Ledo no se arredró, y argumentó que, como senador, tenía derecho a formular preguntas. El presidente no escuchó ni respondió, lo cual poco importó ante al hecho de que un senador, comportándose como tal y frente a la nación, hubiera roto la imagen del jefe del Ejecutivo como figura incuestionable, invulnerable y venerable. El 1º de septiembre dejaría de ser el “día del presidente”.

Muñoz Ledo siguió en otros ámbitos su intensa actividad como opositor, pero volvió al Congreso en 1997 como diputado. Fue una asamblea diferente. El PRI ya no tenía el control y Muñoz Ledo pudo poner al Legislativo en un diálogo de iguales con el Ejecutivo.

Hasta entonces, las respuestas a los informes presidenciales habían sido piezas oratorias perfectamente olvidables. En contraste, la que leyó Muñoz Ledo el 1º de septiembre fue un breve gran discurso, dado en una circunstancia que permitía suponer que México se encaminaba a una transición democrática efectiva y pacífica.

Hoy esa pieza oratoria tiene el tono y el contenido de lo utópico, pero en su momento pareció realista. Por primera vez desde 1929 la oposición presidía el Congreso y respondía al presidente y jefe del partido en el poder. Muñoz Ledo lo hizo de manera elegante: la forma fue parte del contenido. Imaginó y ofreció una transición democrática pactada y planteó sus términos. La transición no debía verse como un juego suma cero, sino como un “acercamiento al veredicto electoral”, al abandono de la “obcecación” y a la negociación para “la reconstrucción del pacto social sobre el que habrá de fundarse la legitimidad de las instituciones”. Gobernar debía ser sinónimo de escuchar, rectificar y “mandar obedeciendo”, para evitar que siguiera empequeñeciéndose “el horizonte de nuestros hijos”.

“A partir de hoy, y esperando que para siempre, en México ningún poder quedará subordinado a otro.” Ésta era la utopía: una estructura institucional legítima y fuerte, garante de los derechos ciudadanos, un Estado reformado, fin de los reductos autoritarios, y el resultado: una política que respondiera al interés ciudadano.

El remate del discurso anunciaba el fin de la época de los súbditos y el inicio de la de los ciudadanos, y para ello echó mano de la afirmación ritual del Justicia Mayor frente a los monarcas de Aragón al refrendar los derechos de los súbditos: “Nosotros, que cada uno somos tanto como vos, y todos juntos somos más que vos”.

Lo anterior se veía como posible en ese fin del siglo XX, pero finalmente la Tebas autoritaria sobrevivió y el horizonte mexicano siguió empequeñeciéndose. Sin embargo, el esfuerzo de Porfirio Muñoz Ledo, junto al de otros, mostró que, pese a todo, en México la política podía tener calidad, lo que no es poca cosa. Hoy este político está de vuelta en el sistema como presidente de la Cámara de Diputados y empeñado, a sus 85 años, en lograr el cambio a fondo de ese sistema. En 1947 Daniel Cosío Villegas supuso que el fin del ciclo priista sólo podría llegar como resultado de una ruptura interna del PRI: Porfirio Muñoz Ledo es la encarnación de esa predicción.

1 Bogotá, Planeta, 2012.

2 Sergio Aguayo, De Tlatelolco a Ayotzinapa. Las violencias del Estado, México, Ediciones Proceso, 2015, p. 20.

3 Philip Abrams et al., Antropología del Estado, México, FCE, 2015, pp. 17-70.

4 La Jornada, 13 de mayo de 2015.

5 Gerardo Esquivel, “Desigualdad extrema en México”, México, Oxfam, 2015, p. 16.

6 El Economista, 14 de mayo de 2017.

7 Economía y sociedad, México, FCE, 2014, p. 1177.

8 Reforma, 6 de febrero de 2018.

9 Véase <proceso.com.mx>, 8 de septiembre de 2014.

10 Romana Falcón, El jefe político, México, El Colegio de México, 2015.

11 Véase <encup.gob.mx/en/Encup/Quinta_ENCUP_2012>.

12 Transparencia Internacional, Las personas y la corrupción: América Latina y el Caribe, Berlín, TI, 2017, p. 15.

13 Felipe Ávila, Las corrientes revolucionarias y la Soberana Convención, México, INEHRM, 2014.

14 El País, 7 de mayo de 2018.

15 El Universal, 6 de mayo de 2018.

16 La explicación detallada de la operación está en Reforma, 19 al 27 de diciembre de 2017, y The New York Times, 21 de diciembre de 2017.

17 Los partidos políticos, México, FCE, 1969, p. 15.

18 Juan J. Linz, Totalitarian and Autoritarian Regimes, Boulder, Lynne Rienner, 2000.

19 Luis González de Alba, Los días y los años, México, Era, 1971.

La estructura social

El colapso de una sociedad puede resultar de una derrota frente al enemigo externo o interno. En México, sin embargo, desde el reembarque de la fuerza expedicionaria francesa en 1866, los grandes conflictos no han sido con el exterior.

Hoy México es teatro de dos guerras internas: una armada y brutal, donde se toman pocos prisioneros, y se libra en una decena de estados. Se trata de una guerra de las autoridades contra las bandas del crimen organizado, de las bandas entre sí y, a veces, de cualquiera de los armados contra los desarmados. Al lado de esas ofensivas y ejecuciones cotidianas se desarrolla otra guerra, silenciosa, que viene de muy atrás pero que en los últimos cuatro decenios se ha agudizado. Se trata de una guerra entre las clases que, por su dureza, está resquebrajando peligrosamente la de por sí no muy robusta solidaridad social mexicana.

Vayamos al conflicto más evidente, el armado, desatado contra y entre las organizaciones de narcotraficantes, ladrones de combustible, cobradores de piso y secuestradores, entre otros, con muchos “daños colaterales”. Su inicio se puede datar a partir de la “Operación Cóndor” en la década de 1970, al mando del general José Hernández Toledo —también responsable del operativo del 2 de octubre de 68 contra los estudiantes—, la cual no resolvió nada y sí complicó todo. Esa lucha escaló espectacularmente durante el gobierno de Felipe Calderón y su Iniciativa Mérida. Las estadísticas al respecto son de pavor: en el sexenio de Enrique Peña Nieto y aun hasta julio de 2017 se tenían registradas 104 mil 602 ejecuciones.1 La organización Causa en Común calculó que en 2017 los homicidios dolosos quizá superaron los 24 mil 600.2

Ahora, la otra guerra. En una tira cómica estadounidense muy vista, Doonesbury, de Garry Trudeau, uno de los personajes, Elmont, un homeless, es entrevistado por un conductor de radio. En el diálogo, aquél, dolido, asegura que con la reforma fiscal de Trump ha estallado ya una guerra fría social y que, en los hechos, se ha levantado una cortina de hierro que aísla a los fat cats (superricos) del resto de la sociedad.3 Ese diagnóstico cuadra perfectamente con lo que está sucediendo en Estados Unidos, pero también en México y en muchas otras partes. La “mano invisible” del mercado, que, se supone, socialmente distribuye de manera óptima los recursos disponibles y que da más a quien más contribuye a la creación de la riqueza, siempre ha mostrado enormes fallas, especialmente desde la derrota del Estado benefactor y el triunfo del neoliberalismo. Y es que en la práctica la mano que mueve al mercado está muy determinada por la política, por una correlación de fuerzas que hoy, abierta y descaradamente, favorece a los que más tienen y más acumulan, que no por fuerza son los que socialmente más lo merecen porque más contribuyen.

Los miembros de la cúpula gubernamental acumularon una notable riqueza personal vía salarios desmedidos: por ejemplo, el presidente de la SCJN recibe anualmente 4 millones 658 mil 775 pesos netos.4 La corrupción rampante le permitió a un exgobernador, el de Veracruz, Javier Duarte, según cifras de la Auditoría Superior de la Federación, desviar al menos 45 mil millones de pesos de dinero público.5 Esas cifras son poca cosa comparada con la acumulación de los grandes empresarios. Según estimaciones de Gerardo Esquivel, cuatro familias han acumulado una riqueza equivalente entre 8% y 9% del PIB nacional. El resultado es que 1% de los mexicanos con mayores ingresos se queda con 22% del ingreso disponible.6 Sin embargo, 56.7% de la población ocupada se encuentra en la informalidad, es decir, los empleos formales creados por las empresas de los grandes ganadores han dejado fuera a la mayoría, a los grandes perdedores.7 De haberse afianzado en nuestro país esa distribución del poder, de la riqueza y las oportunidades —la esencia de la guerra fría interna del siglo XXI—, la estructura institucional seguiría perdiendo legitimidad y viabilidad en un entorno cada vez más violento y brutal.

En suma, México libra simultáneamente dos guerras socialmente desastrosas. De acuerdo con el Inegi, para 61% de la población la inseguridad de su vida cotidiana es el principal problema que enfrenta el país (cifras de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública, 2017). En un entorno cada vez más marcado por la creciente distancia entre las clases y entre la “alta política” y la vida cotidiana del ciudadano, la violencia y la corrupción contarían con un medio ambiente propicio para continuar su desarrollo.

México, pues, vive entre dos salvajismos crecientes. Entre ambos pueden llevar a la ruina a todos. De ahí que el nuevo gobierno que entró en funciones en diciembre de 2018 declaró como objetivos prioritarios enfrentar ambos. Como se ha visto, el país ha atravesado por una larga y angustiosa etapa de violencia e inseguridad, pero también de corrupción e ineficacia institucional, debilidad de la economía, fragilidad de sus defensas ante un entorno internacional adverso y, principalmente, de acumulación de los efectos negativos de su histórica y creciente desigualdad social.

En México no sólo ha fallado el Estado —en la medida en que existe—, sino también la sociedad. Entre ambas arenas se ha creado un ciclo de retroalimentación y una incógnita: ¿dónde y cómo se puede romper el círculo vicioso?

Según The New York Times,8 en 2016 las estadísticas oficiales permitían afirmar una de dos cosas: que las tropas mexicanas encargadas de enfrentar al crimen organizado eran tiradores excepcionales —los marinos más que los soldados— o que en México hay una política de ejecución sumaria de prisioneros. Y es que, de acuerdo con los datos de la Cruz Roja, en los conflictos armados de los últimos 40 años en el mundo el promedio de bajas es de cuatro heridos por cada combatiente muerto. Sin embargo, en México las cifras son muy diferentes: ocho muertos por cada herido cuando el encuentro involucra al Ejército y 30 muertos cuando se trata de la Marina. Esto significa que cuando en México el Ejército reporta cuatro heridos es porque el enemigo sufrió 32 bajas fatales, y, en el caso de la Armada, ¡120!

En otras partes esos datos serían de escándalo, pues lo que revelan no es la excepcional puntería de soldados y marinos, sino que en la “guerra contra el narco” ideada por Felipe Calderón y seguida por Enrique Peña Nieto se optó por aplicar sistemáticamente lo que podríamos denominar la “solución Tlatlaya”, es decir, una política de ejecuciones sumarias de los prisioneros, pues llevarlos ante el juez les permitiría comprar su libertad. Como se sabe, en San Pedro Limón, municipio de Tlatlaya, Estado de México, el 30 de junio de 2014 un breve encuentro nocturno entre elementos del 102 Batallón de Infantería y un grupo de gente armada en una bodega dejó un saldo de 22 civiles muertos y un militar herido. Sin embargo, en esa ocasión el testimonio de una testigo, cuya hija menor de edad fue una de las personas fallecidas, permitió saber que de los 22 civiles sólo uno murió en el encuentro y que a los 21 restantes se los ejecutó, ya que se habían rendido o estaban heridos. El caso se conoció porque la revista Esquire difundió la versión de una testigo, pero fácilmente hubiera pasado inadvertido pues el gobernador de la entidad ya se había dado por satisfecho con la versión original del Ejército: durante un patrullaje y al repeler un ataque, murieron los 22 civiles, incluida la menor de edad.9 Ante lo revelado por la revista, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) entró en acción y algunos soldados fueron arrestados, pero hoy ninguno de ellos ha sido sentenciado, como ninguno de sus superiores.

La ejecución de los rendidos es una práctica muy antigua. En México, durante la guerra de Independencia por sistema se fusilaba o degollaba a los combatientes capturados. Al nacer México como nación también perdió lo que quedaba del orden colonial y brotó el bandidaje en gran escala; en esas circunstancias, la ejecución in situ de los bandidos capturados era vista como justa y necesaria. En la dura guerra civil entre liberales y conservadores se llegó a ejecutar incluso al personal de sanidad de los vencidos. Luego vino La Revolución (con mayúsculas) y en “La fiesta de las balas” Martín Luis Guzmán recreó con maestría la ejecución masiva de 300 prisioneros “colorados” por el general villista Rodolfo Fierro (se le hinchó el dedo de tanto apretar el gatillo), algo que en diferentes formas y magnitudes se repitió hasta el final de la Guerra Cristera de los años veinte y treinta del siglo pasado.

No todos los que cayeron prisioneros durante la Guerra Sucia de los setenta fueron liquidados, pero el Informe Final de Actividades de la Comisión de la Verdad del Estado de Guerrero10 ofrece nombres y circunstancias de ejecuciones de prisioneros en la época en que estuvieron activas las guerrillas de los profesores Genaro Vázquez y Lucio Cabañas.

El general Mario Arturo Acosta Chaparro, entre otros, ejecutaba personalmente y en una sola jornada en la Base Militar de Pie de la Cuesta no a 300 cautivos como lo hizo Fierro, pero sí a grupos de 14 a 16 prisioneros con un disparo en la nuca, usando siempre una pistola calibre 380 con silenciador a la que llamaban “la espada justiciera” (la ejecución era ilegal, pero “justa”); los cadáveres se arrojaban al mar. Se calcula que así se eliminó a mil 500 prisioneros.11 Finalmente vino la “Guerra de Calderón”, que se convirtió en otro eslabón de esta cadena. Obviamente buena parte de las 140 mil muertes violentas que, se calcula, ocurrieron entre 2006 y 201512 son resultado de la guerra actual. ¿Cuántas han sido ejecuciones a la Tlatlaya? No lo sabemos, pero ya Fernando Escalante había subrayado la correlación a partir de 2008 entre la presencia masiva de las fuerzas armadas federales y un aumento notable en muertes violentas.

A la sociedad mexicana le preocupa primordialmente el problema de la inseguridad y la violencia13 y confía en el Ejército más que en cualquier otra institución gubernamental. Todo indica, por tanto, que la eliminación sin juicio de posibles delincuentes no es algo que le inquiete mucho, lo que es un error, pues las campanas que hoy no doblan por los ejecutados en las Tlatlayas que puede haber habido, mañana tampoco tocarán por aquellos indiferentes que llegaran a estar en el lugar equivocado en el momento equivocado.

El 25 de julio de 2017, en Baja California Sur, Enrique Peña Nieto aseguró: “Son muchas las cosas buenas que pasan en nuestro país y que están pasando, y que están ocurriendo no sólo porque es decisión del presidente de la República, es parte de la responsabilidad que cada individuo, que cada ciudadano y que cada mexicano está asumiendo frente a los retos que nos toca vivir”. Sin embargo, justo al día siguiente se informó que la fiscalía de Tabasco había encontrado que, como rito de iniciación, a dos adolescentes que ingresaban en la vida criminal se les pidió comer la carne de una de sus víctimas.14 Si, como dijo Peña Nieto, aquí pasan algunas cosas buenas, también ocurren otras, que nunca debieron suceder, que son en parte responsabilidad de cada individuo, pero también de la sociedad, y primordialmente de quienes tienen y ejercen el poder político, económico, religioso y cultural.

Si en México el entorno fuera propicio, podrían ocurrir más “cosas buenas”, como que un joven mexicano ganó un concurso internacional de matemáticas en China y otro fue seleccionado en un certamen de piano en Kazajistán. Sin embargo, también se dan, y con más frecuencia, cosas que nunca deberían haber sucedido, como es el caso de ese par de sicarios de 16 y 17 años que no sólo son ya asesinos graduados, sino que descendieron al extremo de la barbarie vía su reclutamiento en las filas del crimen organizado. Ninguna sociedad que se precie de poseer un mínimo de justicia y solidaridad puede soportar la rutinización de la barbarie sin que se vea afectada de sus cimientos a su cúspide.

El hecho de canibalismo tuvo como marco el repunte de los homicidios en todo el país. Como lo señalara Santiago Roel, el aumento de ese delito coincidió con la Iniciativa Mérida (2008), plan alentado por Estados Unidos para agudizar la “guerra contra el narco” en el México de Felipe Calderón.15 Ese índice de violencia criminal bajó en 2012, pero en 2015 volvió a repuntar y en 2016 alcanzó, según el Inegi, la cifra de 23 mil 953 víctimas.

Al 2017 el gobierno de Peña Nieto se jactaba de haber creado casi tres millones de empleos, pero su propio secretario de Trabajo aclaró que, de ésos, cuya calidad, hay que subrayarlo, dejaba mucho que desear, sólo 400 eran nuevos en un país que debe generar 800 mil al año.16 Según cifras del Coneval, si la economía creciera, la pobreza no estaría afectando a 46.2% de la población.

Una característica de toda sociedad nacional contemporánea exitosa es un alto grado de solidaridad interna, que se expresa en la disminución de las distancias que separan a sus clases sociales y regiones. Esa disminución de la desigualdad es, a la vez, causa y efecto de un funcionamiento aceptable de las instituciones públicas: legales, educativas, de salud, seguridad, etcétera. Los casos ejemplares son los países escandinavos.

México, históricamente, se formó como sociedad nacional sin sacudirse su condición íntima de colonia de explotación, es decir, de una estructura social y política hecha para que los pocos explotaran a fondo a los muchos. Esa característica se mantiene. La forma de vida de las clases altas se exhibe sin recato en las más de 80 fotografías de Daniela Rossell en Ricas y famosas,17 donde se desborda la impudicia de un puñado de jóvenes ricas mexicanas y sus familias. Para igual propósito sirve hojear revistas como Club o Clase, donde se muestra que, por ejemplo, los “lunamieleros” (honeymooners) de esa clase acomodada tienen como destinos favoritos Bali, Grecia, Abu Dabi y Kenia, o que otros de sus miembros pueden pasar, sin problema, unas vacaciones de verano “atípicas” en Alaska, ascendiendo la Denaldi, la montaña más alta de Norteamérica.18

En fin, ¿qué “solidaridad nacional” real puede haber entre los 33 millones de mexicanos que hoy ganan de uno a tres salarios mínimos y las familias de esas jóvenes, rodeadas de sirvientes y espléndidamente fotografiadas en sus mansiones por Daniela Rossell? Ninguna. A su brutal manera, la cultura del narco busca cruzar el golfo que separa a su México del otro, del concentrador de riqueza, pero en ese proceso se hunde el futuro de México como proyecto nacional.

En la época previa a las elecciones de 2018, de las que me ocuparé más extensamente páginas adelante, un barco político empezó a escorar: el Partido de la Revolución Democrática (PRD) y algunos de sus ocupantes comenzaron a abandonarlo no para nadar, sino para abordar otro navío que veían prometedor: Morena. Esa operación de abandono y abordaje simultáneos tuvo sus riesgos, tanto para quienes hicieron su historia dentro del PRD y lo dejaban como para quienes los recibieron en Morena y, principalmente, para quienes vieron en el partido forjado por y alrededor de Andrés Manuel López Obrador y su proyecto la opción al fracaso, que fue la alternancia política encabezada en el año 2000 por el Partido Acción Nacional (PAN) y que terminó con el retorno del viejo PRI.

Para una parte muy importante de la sociedad mexicana, incluidos sectores de la derecha, los principales indicadores del fracaso de los gobiernos de 1982 ya eran claros. El más evidente era el raquítico crecimiento económico. Desde la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio (TLC), en 1994, hasta 2018, el crecimiento del PIB per cápita anual apenas superó 1 por ciento. La promesa hecha por el neoliberalismo cuando México fue aceptado en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), un club de países ricos, fue que en poco tiempo seríamos, efectivamente, uno de ellos. No fue el caso. En 1995 el PIB per cápita mexicano era de 7 mil 411 dólares, mientras que el promedio de la OCDE era de 20 mil 227; en 2015, ese mismo indicador fue de 17 mil 894 y de 40 mil 807 dólares respectivamente: ¡un avance de 7.2% respecto del promedio! A la velocidad a la que íbamos habría que esperar al siglo XXII para alcanzar la meta.19

Otro indicador del fracaso en el combate a la inseguridad es la violencia. En 2006 la tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes era de 9.6, pero en 2011 había aumentado a 23.5 (sexenio calderonista); después bajó, pero no mucho: 17.7 en 2014, y volvió a subir a 25 en julio de 2018. Las diferencias regionales del fenómeno son sorprendentes, pues en Chihuahua o Guerrero la tasa de homicidios es tres veces superior al promedio nacional.20

La desigualdad social es una característica histórica de México. Tampoco en este frente se ha avanzado, al contrario: un informe de la CEPAL de 2016 dice que en México, a diferencia del grueso de los países latinoamericanos, la pobreza aumentó.21 Finalmente, otro indicador que apunta en el mismo sentido y que en buena medida es su raíz, es la corrupción. ¿Cómo cuantificar este fenómeno del que la opinión pública nacional e internacional es consciente? En su medición de las percepciones, Transparencia Internacional pone a México en el lugar 123 de un total de 176 países clasificados según su grado de corrupción.22

Morena nació de la deriva de los líderes y grupos del PRD hacia la comodidad del compromiso con la cultura política del PRI, una cultura que pone el acento en el acceso y el ejercicio del poder en función de la extracción de recursos en beneficio de sus dirigentes y clientelas, sin mayor apego a los principios. De ahí que en la etapa inicial de la campaña de 2018 se observó, no sin preocupación, además de la desbandada de cuadros y militantes del PRD y de otros partidos menores, su migración a la única formación política a la que no se le podía culpar del fracaso de la transición, y que a la vez aparecía con posibilidades reales de enfrentar con éxito al PRI y al PAN en las elecciones de julio.

Carlos Gardel, en su tango “Volver”, sugiere “que 20 años no es nada”. En la vida de las colectividades, teniendo como trasfondo la historia larga, medio siglo también puede ser nada, pero también puede ser una eternidad. Sobre todo cuando el tempo histórico corre muy acelerado. Para México es un tiempo perdido ese medio siglo político transcurrido entre dos julios, el de 1968 y el de 2018, que empezó como una mera riña entre estudiantes en el centro histórico de la capital, los días 22 y 23, pero que en una semana escaló a una toma por el Ejército y con el empleo de una bazuca contra la preparatoria de San Ildefonso, para culminar con la masacre del 2 de octubre. Es el medio siglo que el país tardó en transformar al PRI de partido de Estado en fuerza marginal. En ese sentido, fue mucho tiempo, un tiempo que preservó males e incubó nuevas tragedias.23

La elección presidencial de 2018 abrió, finalmente, la posibilidad de hacer del cambio de gobierno algo más que un relevo sexenal: un cambio del régimen. La transformación en la naturaleza de la política mexicana que demandaron los estudiantes en el 68 pudiera estar ocurriendo apenas ahora, aunque pudo haber empezado mucho antes, en 1988, por ejemplo.

El contraste del 68 mexicano con el francés dice mucho sobre el potencial de cambio de aquella coyuntura. En Francia, la gran protesta estudiantil se extendió a sectores obreros. El gobierno resistió el embate, pero al año siguiente un referéndum sobre ciertas reformas del Estado desembocó en la derrota y renuncia de un personaje tan importante como el presidente Charles de Gaulle, fundador de la Quinta República. Aquí, en cambio, todo se hizo más rígido, más inflexible. Pero, claro, De Gaulle era una figura enorme por su papel como cabeza de la “Francia Libre” en la Segunda Guerra Mundial, un hombre que podía citar lo mismo a Sócrates que a Goethe, y que supo cuándo y cómo debía dejar el poder para dar paso a una nueva época. En contraste, Gustavo Díaz Ordaz —que tenía en común con De Gaulle sólo su personalidad autoritaria— simplemente le entregó el poder a otro autoritario y la democracia tuvo que demorarse. En la práctica, incluso apenas ayer la consigna del poder político y económico fue: cambios en la forma, pero con un fondo inalterado.

La manera como concluyó el 68 mexicano fue una tragedia nacional evitable que debió servir para mostrar, a propios y extraños, que el régimen imperante ya no era funcional, que urgía reemplazarlo por otra fórmula, democrática, que procesara mejor las demandas de una sociedad que había cambiado mucho desde que había surgido el PRI como el PNR de Plutarco Elías Calles o se había transformado en partido de masas durante el gobierno de Lázaro Cárdenas (PRM).

Eso fue lo que Pablo González Casanova trató de mostrar y urgir antes del estallido, en la ya citada La democracia en México, de 1965. Desde la academia, González Casanova invitaba al cambio pacífico, pero su llamado y otros fueron desoídos y las consecuencias, además de la violencia del 68 y la pérdida de legitimidad de la estructura de poder, fueron la persistencia del distanciamiento entre sociedad y gobierno, la Guerra Sucia, mayor corrupción e impunidad, una economía que perdió dinamismo, además de la pobreza, la marginación y la desigualdad social in crescendo y, al final, la violencia criminal desbordada y la degradación de la vida colectiva.

La resistencia al cambio de régimen que se demandaba hace más de medio siglo de manera tan sorpresiva como imaginativa, pacífica, inocente, prolongó la existencia de un arreglo que, como González Casanova había argumentado, no podía funcionar. El daño por no aceptar entonces y durante medio siglo más una genuina apertura democrática es imposible de calcular, pero se antoja enorme. Quienes han cargado con ese costo son millones, y quienes se han beneficiado, una minoría: la clase política que fue derrotada en julio de 2018 —la del lema “un político pobre, es un pobre político”— y quizá la oligarquía que se formó y consolidó al amparo de sus políticas fiscales y económicas, privilegios que no sólo se mantuvieron, sino que se expandieron.

En este sentido, es exacta la apreciación —en realidad, definición— de Blanca Heredia en relación con las estructuras derrotadas en las urnas en 2018. Heredia define ese ejercicio del poder bajo las siglas del PRI y del PAN como un entramado de acuerdos entre las élites que durante decenios —en realidad, por más de 70 años— sirvió de manera muy efectiva para gestionar la exclusión social en nuestro país.24

La exclusión está en la raíz de nuestra historia. La esencia de la estructura legal, social y cultural de la Nueva España —una colonia de explotación muy productiva para la Corona española y para las élites novohispanas, pero no para el resto de los súbditos— consistía en su efectividad para mantener al margen a indios, mestizos y, desde luego, negros, de los altos círculos de poder donde se discutían y se tomaban las decisiones del reino. La independencia cambió, pero no mucho, este panorama. Un siglo después, en vísperas de la Revolución mexicana de 1910, Andrés Molina Enríquez, en su libro clásico Los grandes problemas nacionales,25 caracterizó al México porfirista como una sociedad “comprimida”. En la mecánica de la estructura social de inicios del siglo XX el papel de las clases altas, formadas básicamente por criollos, era actuar como “compresoras” de las clases bajas, y el de estas últimas, sobrellevar esa “compresión”, aunque ya eran frecuentes los actos de resistencia.

Para Molina Enríquez la única forma de llegar a hacer de México una nación verdadera era superar esas medidas de exclusión. Proponía lograr esto por una vía evolutiva, pacífica y, por supuesto, de largo plazo: el mestizaje. Sin embargo, la coyuntura electoral de 1910 aceleró todo: provocó una movilización que rápidamente desembocó en rebelión para concluir en revolución. De esta manera, la “descompresión” fue radical y derrumbó buena parte de los muros que perpetuaban la exclusión social en nuestro país. México realmente cambió, al perder su carácter oligárquico y abrirse a la capilaridad social. No obstante, el empuje revolucionario fue menguando con el tiempo hasta quedar en un mero discurso hueco. Para finales del siglo pasado ya había tomado forma una nueva oligarquía y las esclusas que perpetuaban la separación entre las clases apenas si se abrían.

Un estudio que publicó El Colegio de México define las diversas desigualdades —pues son varias y se acumulan y refuerzan— “como las distribuciones inequitativas de resultados y acceso a las oportunidades entre individuos o grupos”.26 La “compresión” a la que hoy se somete a las clases menos favorecidas es resultado de la combinación de falta de oportunidades en materia educativa, de ingresos, de movilidad, de trabajo, de la migración y de los efectos negativos de cambios climáticos.

Son muchas las cifras e indicadores en el estudio citado, pero uno es particularmente relevante para sostener que el problema detectado por Molina Enríquez, la escasa movilidad social, reapareció y caracteriza al México de inicios del siglo XXI de una manera que recuerda al Porfiriato. En las condiciones actuales, 50.2% de los niños que nacen en una familia que se encuentra entre la quinta parte más pobre de la sociedad mexicana se quedará ahí por el resto de su vida; 26% logrará ascender al peldaño formado por el siguiente 20%, pero apenas un escuálido 2.1% escapará de ese destino e ingresará en el grupo formado por la quinta parte de los más afortunados. Lo contrario también es cierto: quien tiene la suerte de nacer entre la quinta parte que concentra el mayor ingreso, por ese solo hecho, tiene una enorme posibilidad —de 80%— de permanecer en ese nicho o en el inmediatamente inferior. Finalmente, aquellos que nacieron en los sectores intermedios tienen como destino más probable permanecer ahí, sin ascender en la escala social.27 Medida de esta forma, la movilidad social en Estados Unidos y Canadá es casi cuatro veces y seis veces mayor que la nuestra, respectivamente.

Visto desde esta ardua perspectiva, la insurgencia electoral de 2018 es en realidad una forma no violenta, muy institucional y civilizada, de una parte sustantiva de la ciudadanía mexicana de poner al frente del gobierno a un líder y un partido con el mandato de no seguir gestionando la exclusión, sino de tomar medidas audaces, revolucionarias, que desemboquen en una descompresión social significativa. “Por el bien de todos, primero los pobres” fue un eslogan que en 2006 irritó mucho a los espíritus satisfechos con el statu quo, pero en realidad es una propuesta que debe retomarse para disminuir los efectos perversos de la exclusión y conjurar una variante de las salidas violentas del pasado.

El gobierno presente debe estar dispuesto a usar a fondo su gran capital de legitimidad —30 millones de votos— para empezar a abrir las compuertas de la “descompresión social”, lo que liberaría, como ocurrió durante la Revolución, una gran energía creadora que hoy se malogra como resultado de la inmovilidad social que impide a los mejores de las clases menos favorecidas contribuir a plenitud a dar sentido al concepto de nación mexicana. Una nación caracterizada por la exclusión es un contrasentido.

1 Semanario Zeta, 3 de noviembre de 2017.

2 Véase <causaencomun.org.mx>, consultada en noviembre de 2018.

3 Washington Post, 5 de enero de 2018.

4 Véase <huffingtonpost.com.mx>, 27 de enero de 2017, consultado en noviembre de 2018.

5 Proceso, 2112, 22 de abril de 2017.

6 “Desigualdad extrema en México”, México, Oxfam, 2015, p. 15.

7 En un documento de la CEPAL, titulado “Panorama social de América Latina, 2018”, se demuestra que la participación del salario en México representó 37% del PIB en 1970, pero en 2016 apenas llegó a 27%, p. 51.

8 27 de mayo de 2016.

9 Véase <http://www.esquirelat.com/reportajes/14/09/17/esxclusiva-esquire-Testigo-revela-ejecuciones-ejercito>, consultado en noviembre de 2018.

10 Hilda Navarrete Gorjón et al., s. p. i., 15 de octubre de 2014.

11 Ibid., pp. 38 y 39.

12 Semanario Zeta, en Aristegui Noticias, 31 de mayo de 2016.

13 Inegi, ENCIG de 2015; Camilo Vicente Ovalle, Estado y represión en México. Una historia de la desaparición forzada, 1950-1980, tesis doctoral, Facultad de Filosofía y Letras, UNAM, 2018.

14 El País, 26 de julio de 2017.

15 Aristegui Noticias, 30 de julio de 2017.

16 Proceso, 2126, 29 de julio de 2017.

17 México, Océano, 2002.

18 Reforma, 28 de julio de 2017.

19 Véase <https://data.oecd.org/gdp/gross-domestic-product-gdp.htm>, consultado en noviembre de 2018.

20 México Evalúa, Centro de Análisis de Políticas Públicas, junio de 2016; El Universal, 31 de julio de 2018.

21 CEPAL, “Panorama social de América Latina”, 2017, Santiago de Chile, 2018, p. 96,

22 Véase <http://www.transparency.org/news/feature/corruption_perceptions_index_2016>, consultado en noviembre de 2018.

23 Una evaluación desde múltiples miradas del movimiento del 68 y su impacto en el medio siglo transcurrido desde entonces se encuentra en Ricardo Valero (ed.), 1968 aquí y ahora: a cincuenta años del Movimiento Estudiantil: testimonios y reflexiones, 2 vols., México, UNAM, 2018.

24 El Financiero, 4 de julio de 2018.

25 México, A. Carranza e hijos, 1909.

26 Desigualdades en México/2018, El Colegio de México/BBVA, 2018, p. 116.

27 Ibid., pp. 48-51.

La crítica

Si el Poder Legislativo no es un contrapeso al gran poder del Ejecutivo, ¿entonces para qué sirve?

En México apenas algunos periodistas-investigadores —actividad de alto riesgo— y ONG han intentado dar batalla a los abusos y omisiones de un Poder Ejecutivo que no sólo los combatió sino también los acusó de bullying.

La ausencia de equilibrio institucional es muy dañina, y ante un caso de posible corrupción en gran escala, expuesto en tribunales extranjeros, como fue la entrega en 2012 por parte de la gran empresa brasileña Odebrecht de por lo menos 10.5 millones de dólares como soborno a un miembro del equipo de campaña del entonces candidato presidencial del PRI, no hubo el esclarecimiento del hecho, ¡sino el despedido de quien empezaba a investigarlo, el fiscal para delitos electorales!

El caso Odebrecht llegó al Congreso por vía indirecta y, para sorpresa de casi nadie, el Senado, por decisión del grupo priista y sus afines, que aceptan al jefe del Poder Ejecutivo como su jefe, en vez de ahondar en la materia, logró aplazar la discusión del problema. Así, esa cámara (en otros países llamada alta), en vez de servir para destapar lo que el Ejecutivo quería que permaneciera tapado, avaló que se mantuviera en la oscuridad.

En principio, el sistema político mexicano es una estructura que, se supone, desde hace mucho sigue los principios expuestos y defendidos originalmente por el barón de Montesquieu y John Locke: que debe haber una división efectiva del poder para impedir los efectos negativos de su concentración. Sin embargo, desde que en México tomó forma efectiva un gobierno razonablemente estable, con la Restauración de la República, en 1867, sólo de manera excepcional el Congreso ha asumido el papel que le confirieron las constituciones. El Porfiriato nulificó al Legislativo en favor de un presidencialismo sin límites y, con apenas variantes, la Revolución mexicana reafirmó esa característica vía los poderes metaconstitucionales del presidente, esos que lo hicieron jefe indiscutible del partido de Estado, gobernadores y autoridades municipales así como de los congresos y de los poderes judiciales, amén de controlador de los medios y de las estructuras corporativas.1

Carlos Salinas de Gortari se vio forzado a dejar escapar los gobiernos de algunos estados y Ernesto Zedillo perdió el control de sus propios gobernadores, como Roberto Madrazo, y terminó perdiendo Los Pinos. En los dos sexenios que siguieron, los del panismo, el Congreso y los gobernadores recuperaron la independencia perdida, pero ese breve interludio de división de poderes no se empleó bien y concluyó con el retorno del PRI a la presidencia, en 2012. Las viejas prácticas del presidencialismo reverdecieron, y es que dejó de haber congresistas de oposición a la altura de las circunstancias, y los que hubo fueron anulados por el “mayoriteo” y la corrupción.

En esas circunstancias, ¿quién podía airear la vida política y sacar al sol los mil y un casos de corrupción, ineficiencia, crímenes y mal servicio a los intereses ciudadanos? No más de unas cuantas ONG, medios y movilizaciones, actores que, sin embargo, carecen de poderes constitucionales y apenas tienen una relativa arma de presión en un entorno social que no siempre les hace eco. Al final, sólo pueden ocupar parte del enorme vacío que deja la ausencia de un Legislativo independiente.

Los medios: televisión, radio y prensa, por lo general no se arriesgan a dar su apoyo a la independencia y a la investigación en temas delicados. Y Los Pinos mantenían su empeño en controlar y cooptar a los que se dejaran, que no eran pocos, como bien lo muestra un estudio publicado por Bloomberg.2 Según éste, los 540 millones de dólares que el gobierno federal gastó en publicidad en 2016 fueron un instrumento poderoso para inducir a muchos medios a sesgar sus coberturas. Pese a lo anterior y al empeño del crimen organizado y de los gobiernos estatales por silenciarlo, el periodismo de investigación sobrevivió, ese periodismo que dejó en claro la naturaleza de la Casa Blanca presidencial;3 el que ha mostrado la enorme red de intereses que Odebrecht tejió a expensas del interés de Pemex y del nacional.4 Una esclarecedora y arriesgada investigación sobre el fenómeno del huachicol (el robo de combustible a Pemex y sus terribles efectos sociales) se encuentra en el reportaje multimedia de Ernesto Aroche y Mely Arellano, “Puebla bajo amenaza”, y en el libro ya citado de Ana Lilia Pérez, Pemex RIP.5 Y hay más.

Trabajos como los anteriores —elaborados siempre en condiciones muy difíciles— debían ser obra no sólo de los medios y grupos de la sociedad civil, sino también de un Poder Legislativo que cuenta con personal y recursos para llevarlos a cabo, y deberían ser base de una acción sistemática que obligara al Ejecutivo a cumplir con su deber. Pareciera mucho pedir, aunque es lo que debemos exigir.

Otras voces, otros ámbitos

La labor del científico social es, por naturaleza, efímera: investiga y publica, pero la realidad cambia y su aportación tiene un ciclo vital relativamente corto. Sin embargo, hay casos de obras con longevidad, y la obra de don Pablo González Casanova a la que ya me he referido: La democracia en México,6 publicada en 1965 y reimpresa muchas veces, es una de ellas. En su núcleo duro, el libro es un gran proyecto nacional: identifica las transformaciones necesarias en la estructura de poder que harían posible no sólo el crecimiento económico de México, sino su desarrollo social, y mantiene su vigencia tanto por su calidad teórica como moral.

México ya no es la nación que daba albergue a 35 millones de habitantes como hace 54 años, sino a más del triple, y, de tener un sistema de partido de Estado, pasó a uno híbrido y ahora a uno de izquierda, pero el examen que entonces llevó a cabo don Pablo sobre nuestro sistema político fue el mejor diagnóstico político de aquel momento y casi todos los temas entonces abordados mantienen su centralidad.

Antes de 1965 los mexicanos interesados en tener una visión de conjunto de nuestro sistema político del momento sólo podían consultar obras elaboradas por la mirada externa: Robert C. Scott, Mexican Government in Transition (1959); Howard Cline, Mexico: Revolution to Evolution (1963), o Frank Brandenburg, The Making of Modern Mexico (1964). Todas ofrecían una visión relativamente optimista, pues si bien descubrían en México obvias deficiencias institucionales, producto del subdesarrollo, finalmente declaraban al país bien encaminado en la construcción de una democracia bona fide, pues ya tenía un grado aceptable de participación política y canales para que a los grupos sociales se les tomara en cuenta.

González Casanova puso en duda ese optimismo, a la vez que fue el primer académico mexicano posrevolucionario que proporcionó una visión global de nuestro sistema político a la altura de la mejor ciencia social de la época. Fue una visión no determinada por los intereses teóricos y prácticos de alguno de los polos de la Guerra Fría, sino por un nacionalismo constructivo y progresista.

El México político en que se elaboró La democracia en México fue el del presidente Adolfo López Mateos y en el que se publicó, el de Gustavo Díaz Ordaz, esto es, la “etapa clásica” del sistema político mexicano, donde un sistema formalmente democrático, pero efectivamente autoritario, se acopló a los requerimientos de la Guerra Fría e incluso la usó para lograr la aceptación de su falsa democracia. En ese México se dejaban sentir fuertemente las influencias de la Revolución cubana, como también las del anticomunismo duro de los medios de comunicación, la Iglesia, las organizaciones empresariales y los aparatos de seguridad. En tal ambiente, el objetivo del gobierno era la búsqueda de un tipo de equilibrio: por un lado, defendía el mantenimiento de relaciones diplomáticas con Cuba, López Mateos se proclamaba de “izquierda dentro de la Constitución” e imponía el reparto de utilidades, pero por el otro se asesinaba a Rubén Jaramillo, se encarcelaba a líderes sindicales, se reprimía el movimiento médico y se mantenía una relación sistemática y de colaboración estrecha con la estación de la CIA en México.7

En ese entorno, tras examinar los elementos centrales de las estructuras sociales y del poder así como de la relación de ambas con la economía, González Casanova abordó la esencia teórica de la bipolaridad mundial y examinó la realidad política mexicana a la luz tanto del análisis marxista como del liberal y sociológico. En una época en que imperaban las ortodoxias entre los analistas, González Casanova intentó algo excepcional: un diálogo constructivo entre ambos enfoques para poder usar todos los instrumentos teóricos disponibles en su explicación de México y para finalmente hacer muy sólida su conclusión: la urgencia de democratizar al país.

A la izquierda radical que en ese 1965 entraría en acción en Ciudad Madera, Chihuahua, don Pablo, un convencido de los logros del cardenismo, le expuso las razones para no optar aún por la “radicalización verbalista”, preludio del choque violento, y sí empeñarse en explorar y explotar todo lo que aún podía dar de sí la acción pacífica en un país donde el proletariado todavía no contaba con una organización independiente y fuerte. A la derecha le pidió visión de largo plazo y le propuso que, en condiciones de un mercado interno protegido pero muy pobre, lo adecuado, lo inteligente, no era el autoritarismo, sino hacer realidad lo que Seymour Martin Lipset llamó “la ciudadanía económica y política plena al través del sufragio universal y del derecho de negociar colectivamente”.

Hace más de medio siglo González Casanova elaboró y propuso a todas las clases y actores políticos ese gran proyecto nacional, cuyo centro era la democratización política como requisito para la social. La democratización era el medio para negociar sin violencia las diferencias de intereses de clase, para reducir desigualdades, aumentar el poder de compra de las mayorías, fortalecer el mercado y, finalmente, dar forma a una realidad material más digna para todos.

De 1965 a la fecha el autor de La democracia en México se ha radicalizado para converger con las posiciones del EZLN, pero su propuesta de entonces mantiene su vigencia.

En materia de noticieros, se suponía que íbamos de la Z (Zabludovsky) a la A (Aristegui), pero algo pasó en el camino y, cuando un tribunal federal se negó a amparar a Aristegui contra un evidente caso de censura, nos enviaron de regreso.

En 2016 el senador Jesús Casillas (PRI) propuso que la sala de conferencias del Senado se nombrara Sala de Prensa Jacobo Zabludovsky,8 la cual no es una posición aislada: en los diarios nacionales del 3 de julio de 2015 aparecieron planas completas con esquelas que lamentaban la muerte del periodista, firmadas no sólo por particulares sino por gobiernos locales, empresas, fundaciones, agencias de noticias, radiodifusoras, instituciones del gobierno y más.

La importancia de Jacobo Zabludovsky como personificación de un estilo de periodismo en México es innegable. Se inició en la televisión como simple lector de noticias provenientes de agencias, pero en 1970, en el noticiero 24 Horas, dio un salto cualitativo, al dirigir todo un equipo de reporteros, tener noticias e imágenes propias, comentarlas o suprimirlas para, finalmente, llegar a moldear una imagen de México, de su sistema político y del sistema internacional —el de la Guerra Fría—, que un gran público terminó por hacer suya.

Si en la segunda mitad del siglo XX la televisión que ha sido Televisa jugó en México el papel de ministerio de cultura popular, Zabludovsky se desempeñó durante un tiempo como una especie de ministro de propaganda del régimen presidencialista y autoritario. Por eso para muchos miembros de un teleauditorio cautivo el 2 de octubre en Tlatelolco no ocurrió, la matanza del Jueves de Corpus de 1971 se registró básicamente como un compromiso del presidente para investigarla, el golpe de 1976 contra un Excélsior que estaba dando formas a un periodismo crítico se convirtió en un mero conflicto interno y el levantamiento del EZLN de 1994 no tenía otro cariz que el que presentó el gobierno: un alzamiento, posiblemente instigado desde el exterior, y sin motivo real para desafiar el orden.

En ese contexto, ¿qué significaba el homenaje a Zabludovky que propuso el senador priista? ¿Qué traslucía el duelo institucional, y de un sector de la élite, por su desaparición? ¿Nostalgia por la forma de ver y entender el mundo durante la Guerra Fría y el autoritarismo priista clásico? ¿Apoyo indirecto a los intentos de restauración del momento? El problema no era Zabludovsky como persona, admirada por muchos y criticada por otros, sino el ensalzamiento, desde el poder político y económico, de un periodismo incompatible con la democracia y en una coyuntura donde aún no se definía si en el país la democracia avanzaba o retrocedía.

Walter Lippmann (1889-1974) señaló en Liberty and the News9 que “La prensa [esto incluye la radio y la televisión] es, literalmente, la biblia de la democracia, es el libro [y pantalla] que le sirve a las personas para guiar su conducta. En muchos casos es el único libro serio que leen. Es el único de cada día”.

Para que la prensa en cualquiera de sus formas sea esa “biblia de la democracia” debe servir de apoyo real y cotidiano a las tres condiciones que, de acuerdo con Robert Dahl, un clásico en la materia, hacen posible esta forma de gobierno. Esas condiciones, necesarias aunque no suficientes, son: a) que el ciudadano tenga la posibilidad real de formular libremente sus preferencias políticas, b) que éstas se difundan para que las conozcan la sociedad y la autoridad, c) que su proceso de evaluación por quienes toman las decisiones se haga sin discriminación por su origen o contenido.10

Para formular las preferencias ciudadanas, difundirlas y asegurar su atención efectiva en los órganos de gobierno, como sugiere Dahl, se requiere el concurso constante de una prensa vigilante, libre y plural. Y la prensa encarnada por Televisa y Zabludovsky nunca cumplió ese papel. Sin pluralidad, selectivo y manipulador, 24 Horas fue uno de los mejores apoyos del régimen autoritario.

Muy en su derecho quienes, como particulares, hacen público su duelo por la muerte de alguien. Sin embargo, cuando el pésame lo expresan gobiernos estatales y fundaciones, e incluye una propuesta como la del senador Casillas, su significado se modifica. La apología de la trayectoria de Jacobo Zabludovsky no ocurrió en el vacío, sino justamente cuando se suprimió la mejor muestra del otro periodismo, de ese que se sitúa a 180° de la posición y papel jugado por 24 Horas: el de Carmen Aristegui.

Como en el caso de Excélsior en 1976, la desaparición del noticiero de Aristegui de MVS en marzo de 2015 no fue resultado de un “conflicto entre particulares”, sino un esfuerzo desde el poder para impedir que echara raíces un efectivo medio masivo de divulgación y comentario de la noticia con relevancia política independiente y muy crítico: la antítesis de lo que fue 24 Horas.

El homenaje al periodismo antidemocrático proviene de la élite; el apoyo a Carmen Aristegui de un auditorio que apreciaba su esfuerzo por mantenerse independiente. Ambas expresiones eran reflejo de una lucha mayor: la que se libra entre nuestra vieja raíz autoritaria y los brotes de pluralismo democrático.

En octubre de 2017, tras casi 18 años al aire, desapareció el espacio radiofónico matutino de noticias y análisis encabezado por Leonardo Curzio dentro de la programación de Radio Mil. De manera inesperada, se lo puso en una disyuntiva sin solución aceptable posible: si quería mantener su noticiero, debía acabar de inmediato con la “tertulia política” de los jueves, una mesa de discusión donde, junto con dos analistas y académicos reconocidos: María Amparo Casar y Ricardo Raphael, analizaba el fondo, no siempre evidente, de los sucesos políticos.

Para hacer bien su tarea, claro lo oscuro o evidente lo oculto, Curzio y sus colegas tenían por fuerza que incomodar a quienes deliberadamente buscaban que sus segundas intenciones o errores no salieran a la luz. De ahí la sospecha de que alguien en la estructura de poder decidiera acabar con ese espacio que intentaba esclarecer algunas partes oscuras del discurso y de la conducta del poder.

En realidad, la cancelación del programa de Leonardo Curzio no se se inscribía en las acciones de una “temporada de censura” propiamente dicha, pero lo que sí ha habido son temporadas donde esa vieja práctica, que viene desde la época colonial, se acentúa.

En México la cacería de quienes ofrecen localmente noticias e interpretaciones que son incómodas para el poder se convirtió en una permanente. La organización internacional Article 19 reportaba que entre 2000 y 2017 los periodistas cuya muerte, se presume, se relacionó con su actividad profesional, ya sumaban 111.11 Obviamente los poderes que buscan acallar con violencia extrema a los medios públicos son tanto formales como fácticos. ¿Cuántos de los asesinatos y desapariciones de comunicadores son obra del crimen organizado y cuántos son de alcaldes o gobernadores? No lo sabemos, pues la gran mayoría de esos crímenes permanece impune.

La censura extrema en México: asesinar al informador incómodo, es la más evidente e indignante, pero hay otra más sutil, más extendida, tan efectiva o más que la violencia, la que se ejerce por la vía de dar o retirar la publicidad del gobierno a los medios, que a veces también la emplea la empresa privada (recuérdese el Excélsior de Julio Scherer). En el primer año de la administración de Enrique Peña Nieto el gasto en publicidad federal fue de 7 mil 119 millones de pesos.12 Sumada a la que gastaron los gobiernos estatales, el monto ascendió a 12 mil millones.13 Con tal cantidad de dinero se podía dar vida o muerte a un medio, fuera de prensa escrita, radio o televisión.

En las grandes urbes, para el caso de comunicadores a escala nacional y con contactos con medios internacionales, los censores no se han atrevido a usar la violencia, pues les causaría un problema mayor que el que pretenden resolver. Para ello se han valido de los concesionarios: la misma fórmula utilizada con Aristegui en relación con la Casa Blanca se empleó con Curzio, con el mismo resultado.

En el caso de Carmen, se adujo que sus colaboradores habían usado sin autorización el nombre de la empresa; en el de Curzio, que el rating del programa de análisis era bajo, pero es obvio que lo que molestó al poder fue que María Amparo y Ricardo Raphael pusieron en claro que un supuesto gesto de altruismo del PRI no era tal, sino una maniobra para obtener más ventajas electorales de las que ya tenía: en efecto, al proponer renunciar a los cuantiosos recursos públicos que se daban a los partidos y suprimir a legisladores plurinominales, el PRI, como partido entonces en el poder, podría recurrir a recursos privados, legales e ilegales, más a todos los programas sociales del gobierno federal y, además, tendría la sobrerrepresentación en el Congreso que en ese momento le impedía la fórmula de los legisladores plurinominales. Todo lo anterior quedó en claro en la tertulia que, por eso, fue la última.

La censura en México tiene, por lo menos, un origen colonial. Ni la Independencia ni el marco legal republicano y supuestamente democrático han logrado eliminarla. Para combatirla no queda más camino que aumentar el reclamo, interno e internacional, en su contra, hasta que en la práctica sea contraproducente para los censores.

La élite del poder mexicana —política y económica— llegó a distinguirse más por sus carencias y defectos que por sus logros. Entre las primeras destacan un casi nulo sentido de la responsabilidad, falta de pudor y débil noción del ridículo. Un año antes de las elecciones presidenciales de 2018, conscientes del efecto que esto ya tendría en las urnas, PRI y gobierno se decían dispuestos a cambiar y combatir una de sus características históricas: la tolerancia a la corrupción, mediante el Sistema Nacional Anticorrupción. Además, aunque muy tardíamente, Peña Nieto se disculpó por la mala “percepción” generada por los términos en que se adquirió la Casa Blanca de Las Lomas, y se deshizo de uno de sus excesos de humor negro: el obsequioso secretario de la Función Pública, Virgilio Andrade.

En ese contexto no encajaba bien una demanda por 10 millones de pesos que Humberto Moreira, exgobernador de Coahuila y expresidente del PRI, presentó contra Sergio Aguayo, académico y analista político. Moreira aseguró que un artículo de opinión publicado el 20 de enero de 2017 por Aguayo le causó un daño moral porque en él afirmó que la carrera del profesor y político coahuilense “desprende hedor corrupto” e impunidad.

En derecho, el daño moral se define como la afectación que sufre una persona en sus sentimientos, afectos, creencias, decoro, honor y reputación por la acción de otra. Por eso, Moreira declaró que Aguayo, “utilizando medios de comunicación impresos y electrónicos de difusión masiva atentó en contra de mi honor, vida privada y mi propia imagen también lesionando mis sentimientos, afectos, creencias, decoro, reputación, así como la consideración que de mi persona tienen los demás”.

¿Cómo se puede reparar un quebranto al honor y reputación, en caso de existir, de una persona? En el pasado podía ser con un reto a duelo, pero hoy, según la ley, la reparación se puede lograr con dinero y una retractación pública. Ésta, se puede argumentar, tiene algún sentido, pero ¿el dinero? Quizá sacarle 10 millones de pesos a un académico —entonces medio millón de dólares— puede darle alguna satisfacción al ofendido, pero por grande que sea la suma, el dinero no repara reputación u honor supuestamente dañados.

Sergio Aguayo, y con él muchos más, supuso que la finalidad de la demanda de Moreira era enviar un mensaje a quienes desde los medios se atreven a asumir uno de los papeles que, se supone, deben jugar con plena libertad: el de evaluar las acciones del poder, de cualquier poder. En ningún sistema que pretenda ser democrático y libre se puede prescindir de medios masivos que den cabida a opiniones críticas sobre los actores políticos. Así, en Estados Unidos la prensa está hoy rebosante de opiniones críticas —algunas muy duras y para muchos excesivas— contra el presidente Trump.

En el ámbito de juicios y opiniones un columnista rara vez dispone de los medios para probar los innumerables casos de corrupción que se discuten en México, pero puede y debe hacer un juicio sobre ellos. Es su papel. La opinión de Sergio Aguayo sobre Moreira no salió de la nada: la deuda que su gobierno le construyó y dejó a Coahuila es de escándalo: más de 30 mil millones de pesos. En lo que respecta a corrupción, entre las muchas fuentes que pudo haber usado Aguayo para sustentar su juicio se encuentra lo publicado en 2013 por Dolia Estévez en Forbes: “The 10 most corrupt Mexicans of 2013” (Los 10 mexicanos más corruptos de 2013),14 donde aparece Moreira. El exgobernador de Coahuila se quejó entonces por medio de su abogado, pero el 3 de enero de 2014 Steven Zansberg, de la firma de abogados en Colorado Levine Sullivan Koch & Schulz, le respondió que su queja no procedía y citó las fuentes de donde Estévez formó su juicio. Si Aguayo no dijo nada nuevo, ¿por qué la demanda y por qué en ese momento?

Sergio Aguayo tiene una hipótesis: el haber anunciado su propósito de investigar la masacre que perpetraron Los Zetas en Allende, Coahuila, en marzo de 2011. Allí se cometió uno de los mayores asesinatos en masa del México contemporáneo, que le costó la vida a 200 o 300 personas (la cifra exacta aún no se conoce).15 Ahondar en ese tema podría sacar a flote la magnitud de la corrupción y del crimen organizado en Coahuila, sus raíces y su red de complicidad, lo cual no debe convenirle a los actuales o pasados miembros del aparato de gobierno local y federal. Es una mera hipótesis, pero plausible.

En fin: la mejor manera de defender el honor de un funcionario es su biografía y refutar con datos contundentes las acusaciones, no intimidar a los comentaristas, pero ¿no es eso pedir mucho a quienes consideran, como dice Fabrizio Mejía inspirado por un priista clásico, que “la moral es un árbol que da Moreiras”?

En los hechos, Sergio Aguayo fue el primero en quien recayó la cólera por provocar “daño moral”. Poco después, sobre Carmen Aristegui y, de refilón, sobre la editorial que publicó: La casa blanca de Peña Nieto (2015). El presidente de MVS demandó a la conductora de noticias por el prólogo que escribió para esa obra y exigió que en cualquier nueva edición se suprimiera esa parte del libro que explica su sentido. En esas páginas Aristegui se refiere al “derrumbe moral” de los dueños de la empresa radiofónica que la echaron junto con su equipo del noticiero que conducía después de haber hecho pública la existencia de la lujosa mansión conocida como la Casa Blanca, vendida en términos muy favorables a la familia presidencial por un contratista a su vez favorecido por los gobiernos encabezados por Enrique Peña Nieto. La reacción del público fue tal que el presidente se vio obligado a reconocer que había causado “gran indignación” social, y a pedir perdón por haber propiciado una mala “percepción” por la forma y términos de la transacción.

Si para evitar una demanda legal cada opinión o juicio crítico emitido por un comentarista tuviera que estar sustentado con el tipo de pruebas propias de un proceso legal, la crítica al poder o a los poderosos sería casi imposible, pues conseguir tales pruebas requeriría tener acceso a documentos confidenciales e invertir meses o años de trabajo e investigación, justo al estilo del que dio por resultado el reportaje de la Casa Blanca. Como respondió el carrancista Luis Cabrera a quienes le pidieron que probara sus acusaciones contra los sonorenses en el poder en los años veinte del siglo pasado: “Yo los acuso de corruptos, no de tarugos”. Las pruebas que los ofendidos le piden a Aguayo o a Aristegui no suelen dejar rastros, pero se pueden inferir por sus consecuencias.

Tener pruebas documentales precisas sobre cómo se adquirieron y manejaron los dineros de Coahuila entre 2005 y 2011 (en la gubernatura de Humberto Moreira) o de qué manera Los Pinos trató con MVS el tema de Aristegui, requiere tener acceso a los archivos vivos de la Secretaría de Hacienda, de la Contraloría, del Cisen, grabaciones o entrevistas con los “operadores políticos”, lo cual es imposible. Sin embargo, algo puede inferirse de un incidente al final del gobierno de Felipe Calderón, cuando el propio dueño de MVS hizo pública la forma y contenido de la presión ejercida sobre él desde la presidencia para que obligara a Aristegui a disculparse por haber hecho en su noticiero una acotación que ofendió a la presidencia. Si eso ocurrió por un comentario pidiendo que se aclarara el rumor sobre el gusto del presidente por la bebida, ¿cómo habrá reaccionado esa misma instancia ante el reportaje sobre una Casa Blanca de 7 millones de dólares?

Si el observador de la vida política nacional no dispone de los documentos que le permitan sustentar ante un juez sus sospechas o afirmaciones sobre conductas ilegales o ilegítimas de personajes con poder, entonces, para cumplir con su papel de opinar, pero sin arriesgarse a ser demandado, ¿debe escribir en clave y confiar que el lector logre entender el argumento? Pero ¿cómo podría ser una escritura blindada contra la acusación de “daño moral”? Un ejercicio de la crítica hecho en esos términos resulta ridículo e indigno para su autor, para el lector y para el país. Sin embargo, además del silencio y en circunstancias como las descritas es válido preguntarse si hay otro camino para no correr el riesgo de terminar demandado y asediado.

1 Jorge Carpizo, El presidencialismo mexicano, México, Siglo XXI Editores, 1978.

2 Bloomberg citado por Reforma, 11 de enero de 2017.

3 Aristegui Noticias, “La casa blanca de Enrique Peña Nieto”, documento disponible <http://www.periodismo.org.mx/assets/2014-reportaje.pdf>, consultado en noviembre de 2018.

4 Véase Raúl Olmos, “El señor de los sobornos”, Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, o el capítulo correspondiente en Ana Lilia Pérez, Pemex RIP, México, Grijalbo, 2017.

5 Véase <ladob.com.mx>, 20 de febrero de 2017, consultado en noviembre de 2018.

6 México, Era, 1965.

7 Philip Agee, Inside the Company: CIA Dairy, Nueva York, Stonehill, 1975, y Jefferson Morley, Our man in Mexico, Lawrence, University Press of Kansas, 2008.

8 El Universal, 6 de julio de 2016.

9 Nueva York, Brace and Howe, 1920.

10 Poliarquía, New Haven, Yale University Press, 1971.

11 Véase <https://twitter.com/article19mex>, consultado en noviembre de 2017.

12 Article 19 y Fundar, “El gasto en publicidad oficial del gobierno federal 2014”, México, julio de 2015, p. 5.

13 WAN-IFRA, “Comprando complacencia: publicidad oficial y censura indirecta en México”, París, 2014, p. 3.

14 Forbes, 16 de diciembre de 2013.

15 El País, 8 de junio de 2016.

La corrupción. La debilidad cultivada

Tras desviar miles de millones de pesos, en menos de tres años un exgobernador de Veracruz podría quedar en libertad. La Auditoría Superior de la Federación detectó que en 2017 el gobierno del Estado de México desvió mil 40 millones de pesos de fondos federales destinados a programas de salud, pero el responsable último de tamaña anomalía, el exgobernador, ya está protegido en su calidad de miembro del Senado.1 ¿Sorprende lo anterior? No, pues ese tipo de situaciones eran desde hace mucho parte de los “usos y costumbres” del sistema.

Algunos observadores han insistido en explicar tanto la corrupción como las violaciones a los derechos humanos por la existencia de “pactos de impunidad”. De ser así, bastaría con identificar pactos y participantes, y actuar en consecuencia, para cambiar una situación inaceptable. Sin embargo, quizá ese enfoque no sea el mejor para explicar lo profundo, complejo y arraigado de la omnipresente corrupción y abuso del poder.

Un pacto es un acuerdo entre dos o más partes que generalmente no se sustenta en un documento formal. Quienes ven el desastre mexicano como resultado de pactos de inpunidad entre autoridades suponen que se trata de fallas en las instituciones públicas. Sin embargo, la experiencia sugiere que la impunidad no es una anomalía de gobierno, sino que ¡es el sistema de gobierno!

Desde su origen, la estructura de poder se consolidó teniendo la impunidad como parte esencial de su naturaleza. Se trata de un rasgo sistémico que va más allá de cualquier pacto o serie de pactos posible.

Para mejor explicar la naturaleza estructural de la impunidad mexicana se puede partir de un hecho evidente: desde que adquirió forma y contenido nuestro Estado nacional, básicamente después de la Restauración de la República, en 1867, y principalmente a partir de la reelección sistemática de Porfirio Díaz en la década de 1880, se fueron configurando dos sistemas o reglas de gobierno paralelas. Por un lado, estaba el sistema formal, cuya columna vertebral era la Constitución de 1857. Esa carta suponía una república conformada por ciudadanos, laica, democrática, federal, con división de poderes y con todas las libertades y garantías individuales propias de un Estado de derecho moderno. Por el otro, cuajó una estructura informal, inconstitucional, que se consolidó alrededor de la férrea dictadura del general Porfirio Díaz. Se trató de un sistema de poder basado en un hombre fuerte, con reelección sistemática en la presidencia a partir de 1884, que negó la división de poderes —el Congreso y la Suprema Corte respondían a sus deseos—, subordinó a los gobernadores y municipios, controló a la prensa y sólo dejó actuar políticamente, dentro de límites estrechos, a personajes y grupos afines. Más que el Ejército, el instrumento de fuerza que le permitió imponerse sobre una sociedad de pocos ciudadanos y muchos súbditos fue su alianza con las oligarquías regionales y nacional —donde destacaban los extranjeros—, la administración de los conflictos locales vía las jefaturas políticas y la acción de los cuerpos de rurales.

En ese contexto, el sistema formal simplemente sirvió de velo para cubrir el que realmente operaba, el autoritario y personalista que giró alrededor del “necesario” Porfirio Díaz. El castigo o la impunidad la decidían Díaz y sus delegados. No la justicia.

Tras la Revolución de 1910, los dos sistemas volvieron a emerger. El nuevo marco constitucional, además de poseer las características democráticas formales de la época, añadió los derechos sociales en beneficio de las clases populares. Sin embargo, desde el inicio adquirió preponderancia el otro sistema, el no legal, pero realmente imperante.

El sistema político real usó la Constitución de 1917 como velo para ocultar su verdadera naturaleza, la autoritaria, y lo hizo bastante bien. Por otro lado, perfeccionó su operación. A partir de 1935 la figura centralizadora del poder fue también el presidente, pero acotado por la no reelección, lo que institucionalizó la renovación de la élite. Aceptó lo que Díaz había rechazado: un gran partido de Estado, al que le proveyó una base de sustento masiva y organizada: CNC, CTM, CNOP, etcétera. El Ejército terminó por quedar fuera del partido, pero en la práctica mantuvo su papel como la gran estructura de apoyo de última instancia del régimen.

Tanto en el Porfiriato como en la posrevolución, la ausencia de poderes Legislativo y Judicial autónomos, de organizaciones independientes de la sociedad civil, de partidos de oposición fuertes y de medios de información libres llevó a que, en la práctica, la impunidad de funcionarios y sus asociados —los poderes fácticos— fuera la regla. Sólo el presidente o, en asuntos secundarios, el Ejecutivo local, podían llamar a cuentas a corruptos y arbitrarios. Cuando lo hacían, el motivo no era “aplicar la ley”, sino castigar a enemigos y desleales. Y cuando se empleaba la fuerza, como en octubre de 1968, por citar un caso, no había recurso legal que pudiera proteger a quien era blanco del enojo del Ejecutivo.

Al concluir el ciclo de la Revolución mexicana, 1910-1940, con el cardenismo, México entró en una etapa de estabilidad política relativa. Eso fue posible porque ya habían fraguado los cimientos de un contrato social más o menos efectivo que legitimó al presidencialismo autoritario. Por lo menos eso reflejaron la cohesión de la élite y las encuestas sobre la cultura cívica de la época.2 Siempre se tuvo conciencia de vivir en un entorno no democrático, pero también en un régimen que prometía “justicia social” a campesinos y trabajadores, que abría oportunidades a las clases medias y que a los grandes empresarios les ofrecía un mercado interno protegido. Y la democratización política era tema pospuesto, pero no cerrado.

Ese contrato social posrevolucionario dejó de operar en la década de 1980. Años más adelante, la gran desigualdad social del neoliberalismo, más la atmósfera de violencia e inseguridad, la mediocridad del crecimiento económico y una corrupción e impunidad rampantes, nos han dejado sin contrato alguno. Lo que queda de pegamento social sólo se ve en una orilla de la sociedad civil —la solidaridad a raíz de los sismos, por ejemplo— pero no en la opuesta, donde operan gobierno y poderes fácticos.

El entusiasmo que despertó el 2000 por las posibilidades de una “transición democrática” se disipó. La ausencia de un acuerdo social y de confianza en las instituciones hizo que la contienda electoral de 2018 se viera más como una crisis que como la “fiesta democrática” que resultó ser.

Y es que los signos políticos eran ominosos. Las elecciones previas del Estado de México y Coahuila oficialmente las ganó el partido del gobierno, pero sin credibilidad. En ambos casos, el INE y el TEPJF se mostraron como instituciones capturadas por el gobierno y su partido, con una función diferente: ya no asegurar la limpieza del juego electoral, sino simplemente avalar el triunfo del PRI. Finalmente, la forma en que se pretendió evitar que la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales cumpliera su tarea difícilmente podía ser más obvia: cesar al fiscal justo al inicio de la campaña electoral vía la orden de un procurador interino y para obstaculizar una investigación por corrupción de carácter internacional, que en otros países ya ha avanzado mucho: el dinero ilegal que la empresa constructora brasileña Odebrecht —la gran contratista fundada hace más de 70 años, que tiene negocios en toda América Latina, Estados Unidos, Europa, África y Asia— inyectó en campañas electorales a cambio de contratos y favores.

Esa investigación, de la que no sabemos su naturaleza, debería determinar el verdadero monto de los sobornos pagados, a quién se le pagaron, aclarar si terminaron como financiamiento ilegal de la campaña presidencial de 2012 y, finalmente, qué contratos se firmaron con las empresas de Odebrecht y en qué condiciones.3 En esa coyuntura, la explicación oficial sobre el despido del fiscal: violación al código de ética de la PGR (?) por divulgar datos que debían permanecer en la confidencialidad, simplemente no convenció. En fin, con o sin fiscal, el caso Odebrecht alcanzó a la cúspide del poder y proyectó su sombra sobre 2018.

El presidente Enrique Peña Nieto se quejó de una tendencia de la sociedad mexicana que ve en la corrupción gubernamental la causa de todos los males de la vida pública.4 Obviamente, no todos nuestros grandes problemas nacionales son producto directo y exclusivo de la corrupción, pero prácticamente en todos y cada uno de ellos ese factor está presente y en algunos casos es determinante. Se puede hacer una enumeración de esos problemas tan corta o larga como se quiera y comprobar que, en todos, es un componente que juega un papel.

Hagamos el ejercicio. Si a mediados de 2017 apenas 48% de los ciudadanos decía apoyar la democracia y 71% de ellos estaba insatisfecho con la forma como operaba el sistema político,5 ello se explica en buena medida por la percepción de su corrupción. Si 75% de los mexicanos dijo que vivir en su ciudad era inseguro,6 tal percepción tiene en su base un elemento muy objetivo: el aumento imparable de la violencia (2017 fue el año más violento del sexenio de Peña Nieto). El crimen organizado no cedía, sino avanzaba. La impunidad, otra cara de la corrupción, colocaba a México en el cuarto lugar entre 69 países7 y en esa fecha se calculaba que 98% de los actos criminales en el país quedaban impunes.8 Por eso está tan generalizada la sospecha de una relación estructural entre criminales y autoridades.

El costo económico de la corrupción en nuestro país se calculó para 2015 entre 5% e incluso 10% del PIB.9 Los desastres naturales son poco naturales y mucho producto de negligencias y corrupción. Lo mismo se puede argumentar sobre los enormes daños a la ecología: deforestación, derrame de sustancias tóxicas en ríos y mares y más.

El PRI anunció en 2012 que su retorno a Los Pinos se significaría por sus “reformas estructurales”, pero posiblemente pasará a la historia por la acentuación de una de sus características históricas: la corrupción.

¿Entonces, partimos de que los llamados “desastres naturales” no son naturales y de que hasta cierto punto son previsibles y mitigables?

En la cumbre del clima de 2015 que reunió a más de 120 países en París para abordar el tema de los daños asociados al cambio climático, la ONU sostuvo que los efectos de ese cambio ya habían costado la vida a 600 mil personas en todo el mundo y causado daños materiales por 4 mil 100 millones de dólares.10 Y si claramente la naturaleza no es la responsable de ese desastre — los gases de efecto invernadero pasaron de 27 a 49 gigatoneladas de CO2 entre 1970 y 2010—, tampoco lo son muchos otros: “Es de sobra conocido que no existen desastres naturales, sino desastres socialmente construidos; son producto de una exposición vulnerable [de la sociedad] ante una amenaza natural”.11 Éste fue el punto de partida y el meollo de la exposición que hizo en agosto de 2017 el doctor Sergio Puente en un seminario interdisciplinario en El Colegio de México al que también me referiré más adelante: el MB, convocado para reflexionar sobre lo acontecido hace 30 años en la capital del país, otro suceso clasificado como “desastre natural”: el sismo del 19 de septiembre de 1985. Desde la perspectiva presentada, el concepto mismo de “desastre natural” debería eliminarse por ocultar más de lo que explica.

Posiblemente la tragedia sucedida en la ciudad de Pompeya hace mil 938 años resultó inesperada, pero los actuales habitantes de Nápoles, alrededor de un millón, ya tienen plena conciencia del riesgo que implica vivir a nueve kilómetros del Vesubio. Lo mismo puede decirse hoy de los habitantes de la Ciudad de México: sabemos que nos encontramos en una zona sísmica con un subsuelo poco firme y, además, con un volcán activo muy cercano.

Las ciudades, como bien señala Puente, “constituyen la expresión de la máxima artificialidad lograda por el hombre sobre la naturaleza”. Sin embargo, las ventajas de esa artificialidad tienen una contraparte: el riesgo. Las sociedades urbanas son, en mayor o menor medida, “sociedades de riesgo”. Eso lo sabemos o deberíamos saberlo y actuar en consecuencia.

En octubre de 2017 se anunció la formación del huracán Patricia en el Pacífico. El fenómeno fue estudiado y clasificado como uno de los meteoros potencialmente más devastadores de su tipo, y su trayectoria indicaba que tocaría tierra en México. Finalmente, entró por una parte relativamente despoblada y los daños resultaron ser mucho menores de lo esperado. El presidente Enrique Peña Nieto atribuyó entonces lo mínimo del daño a que “el embate de este huracán convocó a la unidad de todos los mexicanos, cerramos filas, generando una gran energía positiva, hubo —para quienes son creyentes— cadena de oración, rezos, llamados”.12 Sin entrar en el tema de la existencia y efectos de la “energía positiva” o del valor de los rezos, es obvio que, como sociedad, particularmente en las urbes, no debemos delegar nuestro bienestar en factores tan poco confiables y sí en la prevención, principalmente porque se pueden hacer cálculos y tomar medidas frente al fenómeno. En realidad, Patricia activó toda una red institucional de prevención, aunque finalmente no llegó a ponerse a una prueba mayor.

La caída de Tenochtitlan a inicios del siglo XVI abrió la posibilidad de cambiar esa ciudad a otro sitio menos vulnerable a inundaciones y sismos (en Guatemala se hizo tras los terremotos del siglo XVIII), pero no se hizo entonces y ahora ya no se puede.

En una megalópolis de 20 millones de habitantes organizar la prevención es tarea compleja, pero el México de hoy ya no está tan desprotegido como el de 1985. Se cuenta con organizaciones especializadas: Sinaproc, Cenapred, Fonden, Fipreden, Fopreden, etc., y la Ciudad de México dispone de una alerta sísmica que funciona. Lo que aún está por verse en un país dominado por la corrupción es si los reglamentos para construcción aprobados a raíz del desastre de 1985 realmente se han observado.

Si a mediano o largo plazo “es ineluctable” la reedición del sismo de 1985 que cobró seis mil víctimas confirmadas y 20 mil desaparecidos, entonces el concurso de la sociedad informada es fundamental. De acuerdo con Sergio Puente y su interpretación de los resultados de una encuesta en la hoy alcaldía Cuauhtémoc de la capital del país, un eslabón débil en la cadena de prevención es la sociedad misma, su cultura cívica. La encuesta muestra, entre otras cosas, que sólo 1.5% de quienes habitaban inmuebles clasificados de alto riesgo habían hecho algo para reforzarlos, en tanto que en los de bajo riesgo, 29% hizo lo mismo. Apenas 17% de los encuestados había recurrido a las autoridades para información o asesoría relacionada con el riesgo. La responsabilidad de la prevención es de sociedad y gobierno, pero 34% de los encuestados puso toda la carga en el gobierno y 24%, exclusivamente en los particulares.

El siguiente gran sismo llegará, inevitablemente. Sigue vigente la idea de que nos conviene considerar que el tiempo apremia. Pese a la multitud de temas nacionales urgentes, hay que ir a marchas forzadas a la cultura cívica de la corresponsabilidad.

“La política en México no era [es] otra cosa que la continuación del crimen por otros medios.” Esta definición, inspirada en Carl von Clausewitz, es la que, como resultado de su brutal experiencia, lanza Javier Sicilia en su libro El Deshabitado.13 Se trata de una definición parcial, pero no falsa. El reto no es desmentirla, sino actuar para hacerla obsoleta.

Hoy, en nuestro país, la corrupción alcanza niveles para los que conceptos como escandaloso o desenfrenado se quedan cortos. La tolerancia y la complicidad de la red de instituciones que teóricamente debería frenar y castigar a los responsables — desde la Procuraduría General de la República, la Secretaría de la Función Pública y el Poder Judicial hasta los legisladores y sus partidos— es, en realidad, un sistema armado a lo largo del tiempo para impedir llamar a cuentas a los grandes corruptos y corruptores. Obviamente, esos corruptos no se encuentran sólo en el espacio gubernamental, actúan en todos los ámbitos de la sociedad.

El caso más conspicuo de corrupción sistémica y de su encubrimiento es el del citado Javier Duarte, que se escondió no de una justicia que en realidad lo solapó siempre, sino apenas de la mirada pública. El hartazgo y la ira de esa mirada no se dirige sólo contra Duarte y los suyos en Veracruz, sino contra toda la estructura de autoridad y poder del país. La Auditoría Superior de la Federación (ASF) presentó 85 denuncias penales por actos de simulación en 15 gobiernos estatales. Esa simulación consiste en esconder desvíos en el manejo del presupuesto, moviendo temporalmente recursos de una partida para tapar faltantes en otra, al punto que administrar lo público es saber hacer un hoyo presupuestal para tapar otro en un juego sin fin.

La revisión de las cuentas de los gobiernos salientes en 2017 de Veracruz, Chihuahua y Quintana Roo resultan muy reveladores de la naturaleza de ese juego de simulaciones, al mostrar, finalmente, faltantes por 97 mil millones de pesos.14 El responsable de la ASF, Juan Manuel Portal, ya ha calificado de “histórico” el monto de las anomalías en las cuentas dejadas en Veracruz por un Duarte que al inicio fue reputado por el presidente Enrique Peña Nieto como ejemplo del “nuevo PRI”. Un informe del auditor local veracruzano da la dimensión de lo “histórico” del personaje: el monto por “solventar” de su gobierno ascendió a 55 mil millones de pesos.15

Otro caso paradigmático es el de la mencionada Odebrecht. Sus representantes confesaron durante un juicio en Nueva York, en diciembre de 2016, que su empresa había montado una oficina especializada en ofrecer y manejar sobornos para conseguir contratos. Un soborno relativamente pequeño: 10.5 millones de dólares en un contrato de 39 millones de dólares, fue dado a funcionarios de Pemex en México. Sin embargo, se sabe que desde 2010 Odebrecht firmó un rosario de contratos con la petrolera mexicana hasta sumar 5 mil 200 millones de dólares. Muchos de esos convenios se hicieron sin licitación, no obstante que Pemex ya había sido advertida de las prácticas irregulares de la empresa brasileña que, sobre la marcha, aumentaba el costo de las obras de manera notable: un contrato en Minatitlán, por ejemplo, se pactó inicialmente en 635 millones de dólares, pero luego le agregaron 420 millones más, es decir, un aumento de 66%, y de que, además, incumplía con los plazos de entrega. Todo indica que Pemex asumió esos incumplimientos sin chistar.16

Si el único soborno a Pemex admitido hasta ahora en Estados Unidos por Odebrecht fue el ya mencionado de 10.9 millones de dólares, es válido preguntarse cuál podrá haber sido el total de sobornos requerido para lograr contratos por 5 mil 200 millones de dólares. De mantenerse la proporción, la cifra rondaría los ¡mil 404 millones de dólares!

Quienes hasta hace no mucho han controlado al Estado mexicano contemporáneo lo han convertido en una estructura muy eficiente para extraer recursos a la sociedad vía la corrupción. En tales condiciones, ningún auténtico proyecto nacional puede florecer, incluso si se tratase de uno de derecha. Así pues, el desastre del gobierno del “nuevo PRI” en Veracruz (“sí merezco abundancia”, escribió repetidamente la esposa del gobernador Duarte) o el de Pemex —un país petrolero que debe importar la mitad de su gasolina porque sus seis refinerías simplemente no fueron puestas al día y el crimen organizado perforó sus ductos y robó combustible a voluntad— son sólo dos entre un enorme abanico de ejemplos disponibles.

La corrupción iba camino de hacer a México inviable, por inefectivo, como Estado moderno de derecho y, además, lo ha debilitado frente a un gobierno estadounidense que lo trata como el indeseable de la América del Norte.

Sería socialmente suicida tolerar que la política siga siendo lo que asegura Sicilia que es: la continuación del crimen por otros medios.

Otro libro publicado en 2017 fue el último tomo de la trilogía de Enrique González Pedrero País de un solo hombre: el México de Santa Anna,17 pero ¿la calidad de la vida política mexicana de ese año es realmente superior a aquella trágica y vergonzosa de hace 180 años? La interrogante puede parecer absurda; se supone que hace mucho tiempo México superó las debilidades y errores del arranque de su historia como nación independiente. Sin embargo, si ahondamos en el tema, quizá nos veamos obligados a concluir que las debilidades, deformaciones y corrupción que caracterizaron la época de Santa Anna siguen con nosotros o han reaparecido.

Si bien se puede argumentar que en alguna medida errores, deficiencias y crímenes del siglo XIX fueron del tiempo y las circunstancias y no sólo del santanismo, ese argumento ya no es válido para comprender la situación de la segunda década del siglo XXI. Los errores, deficiencias, corrupción y crímenes de hoy son responsabilidad plena de sus autores individuales, ya no de los tiempos ni de las circunstancias.

Veamos algunas de las características centrales del México político examinado por González Pedrero. Dejemos de lado, por el momento, la polémica sobre sobre la existencia misma del Estado. Adoptemos cualquier definición; no es difícil concluir que, a mediados del siglo antepasado, en México el Estado sólo existía en papel. Si el rasgo característico del Estado moderno es la capacidad institucional de monopolizar efectivamente la fuerza legítima para centralizar el ejercicio de un poder que en principio no es personalizado, sino ejercido a través de un aparato administrativo profesional que engloba el grueso de las relaciones políticas en un territorio determinado, entonces eso simplemente no existía… pero tampoco en el México actual.

A mediados del siglo XIX cada región amplió su autonomía hasta donde le fue posible, al punto de que Texas se separó del resto del país y Yucatán se declaró independiente en 1841 y en 1846, y luego la Guerra de Castas mantuvo durante medio siglo algunas regiones de esa península fuera del control gubernamental. Algo de eso se repite en la actualidad. Hace ya un buen número de años que la “fuerza legítima”, la del Estado —Ejército, Armada y policías—, ha dejado de controlar regiones completas de México. Ejemplos sobran. En marzo de 2011 y a lo largo de varios días, Los Zetas, por venganza, llevaron a cabo una matanza de entre 200 y 300 personas y la destrucción de sus viviendas en Allende, Coahuila, sin que ninguna autoridad formal quisiera o pudiera hacerse presente para impedirlo.18 Hoy la policía estatal y federal puede llegar a Las Varas, Chihuahua, e imponer su autoridad, pero sólo temporalmente, pues en cuanto se marchan, La Línea y el cártel de Sinaloa vuelven a disputarse el control de esa zona que, en realidad, es tierra de nadie.19 Historias similares ocurren en Tamaulipas, Sinaloa o Guerrero, por mencionar otros casos.

Pasemos a instituciones concretas. Entre 1825 y 1857 hubo en México 16 presidentes, 33 jefes de gobierno provisionales, la Secretaría de Guerra cambió de titular 53 veces, la de Asuntos Exteriores 57, la de Gobernación 61 y la de Hacienda 87. Y de esos cambios, 91 ocurrieron en sólo tres años, ¡justo los años de la guerra de México con Estados Unidos! Las instituciones eran meros cascarones vacíos. De 1988 a la fecha la PGR ha tenido 15 titulares, pero su falta de eficacia sigue sin cambio. Con o sin fiscal de la FEPADE, los delitos electorales son evidentes y siguen impunes. No hay institución.

En el santanismo el Ejército fue un actor central, totalmente inmiscuido en la política, con frecuencia, a invitación de alguna de las facciones en pugna. Hoy el Ejército ya no es actor político directo, pero de nuevo, y por exigencia y deficiencia de las autoridades civiles, desempeña papeles que no le son propios y con resultados nada positivos. Por otro lado, cuando el ejército de Santa Anna se confrontó con otra fuerza armada profesional: el invasor estadounidense, no pudo contenerla. En la actualidad el enemigo armado no es externo sino interno: el narcotráfico. En prácticamente todos los choques entre Ejército y grupos criminales aquél se impuso y, sin embargo, el adversario sigue en pie y su actividad ilegal continúa prosperando. En la guerra contra el narcotráfico autoridad que no se impone pierde.

La corrupción de ese México sin Estado, régimen o instituciones del siglo XIX era evidente. A Santa Anna, tras perder una pierna, se lo llamaba el “quince uñas”, y se decía que tenía a 5 mil personas al cuidado de sus propiedades. De nuevo, hoy la corrupción se mantiene como elemento central del espacio público. Y la lista de males comparables entre pasado y presente puede seguir: la desigualdad social, la desconfianza en la impartición de justicia, la insuficiencia de la recaudación y la recurrencia a préstamos y endeudamiento, la manipulación electoral, etcétera.

Mucho ha cambiado México en los dos siglos pasados, es natural. Lo que ya no es natural, y sí desesperante y desmoralizador, es comprobar lo poco que ha cambiado en las esencias de su vida pública.

Se trata, volviendo al tema, de hartazgo: si el comentario que voy a citar hubiera ocurrido en el antiguo régimen —el del priismo sin contrapesos y “nacionalismo revolucionario”—, hubiera constituido un escándalo diplomático, pero en 2016 simplemente se aceptó como un fact of life que, por evidente, ni siquiera ofendía. Lo dijo la embajadora de Estados Unidos Roberta S. Jacobson en una reunión con miembros de nuestro Poder Legislativo el 9 de agosto de ese año: “hay un tema en el que todos [los mexicanos] están de acuerdo: ¡ya basta de corrupción!”,20 tema del que casi todos tenemos conciencia.

De acuerdo con una encuesta de opinión publicada por Reforma en ese momento, el 11 de agosto, 77% de quienes respondieron tenían una opinión desfavorable sobre la manera como el gobierno de Enrique Peña Nieto llevaba a cabo el combate a la corrupción, y eran mayoría (55%) quienes consideraban que esa corrupción iba en aumento precisamente en el ámbito encargado de combatirla: el gubernamental.

A pocos, si es que a alguno, escapa que, en efecto, los mexicanos estamos hartos de la corrupción. Sin embargo, ése no es realmente el tema. Lo significativo no es lo que se dijo —una verdad del tamaño de una catedral—, sino quién lo dijo. Desde Venustiano Carranza (y la Revolución mexicana) hasta la llegada al poder de los neoliberales, el principio de la no intervención de una nación en los asuntos de otra se colocó en el centro de la política exterior mexicana. La definición de intervención implicaba no sólo la injerencia efectiva y directa de un gobierno en asuntos internos de otro país —por ejemplo, demandar a México elecciones inmediatamente después de la caída de Victoriano Huerta en 1914 u organizar una invasión a Cuba en 1961—, sino también meros pronunciamientos negativos de un gobierno sobre la situación política de otro, por ejemplo, la publicación de un “libro blanco” por el Departamento de Estado estadounidense en 1927, Bolshevik Aims and Policies in Mexico and Latin America, donde se acusaba a Plutarco Elías Calles de pretender construir un sistema bolchevique en Nicaragua. Es comprensible que las opiniones positivas de la misma fuente sobre nuestros gobernantes y sus políticas nunca contaran como intervención, aunque en sentido estricto también lo fueran.

Ahora bien, desde que en la década de 1980 se decidió globalizar a México como remedio a la crisis del modelo económico, el principio de no intervención en su versión original tuvo que dejar de funcionar como guía, siempre relativa, de la política exterior. En 2017 incluso el presidente mexicano opinaba sobre asuntos internos de otro país. Peña Nieto criticó indirectamente a un candidato presidencial estadounidense, a Donald Trump, y ni quién se escandalizara, al contrario, se reclamó más vigor en esa postura.21

¿Qué puede explicar la decisión de la entonces embajadora de la potencia hegemónica de subrayar indirecta pero públicamente que Washington considera la corrupción en México como un problema? Una interpretación es ésta: el interés nacional de Estados Unidos en relación con nosotros, sus vecinos, tiene varios componentes, pero uno particularmente importante es la estabilidad interna, por estar ligada a la seguridad fronteriza. Idealmente, a Estados Unidos le convendría tener al otro lado del río Bravo a un vecino tan estable y con un sistema político tan ordenado como Canadá, pero no es el caso. Desde que la expresión “entre México y Estados Unidos, el desierto” dejó de tener sentido a finales del siglo XIX, la Casa Blanca se ha preocupado, y presionado, por lograr que la estabilidad sea una característica de su vecino sureño. Lo consiguió durante un tiempo, con la dictadura de Porfirio Díaz, y por un tiempo mayor, con la “dictadura perfecta” (Mario Vargas Llosa dixit) del priismo.

Sin embargo, en los últimos decenios México no ha estado medianamente bien administrado y ha requerido de varios rescates financieros, su economía ha expulsado a millones que se han ido como indocumentados al norte, la violencia interna no amaina, su gobierno ha sido impotente frente al flujo ilegal de armas del norte, la violación de los derechos humanos se hizo cada vez más evidente, la Iniciativa Mérida no abatió significativamente la producción y exportación de drogas a Estados Unidos. Encima de todo, la democracia electoral —hace poco estrenada— como forma de hacer efectiva la “rendición de cuentas” estaba lejos de ser lo que se suponía debía ser: fuente de legitimidad y estabilidad de la vida pública mexicana.

La lista anterior se puede ampliar, pero es suficiente para alimentar la insatisfacción de la embajadora y sus superiores con el estado de cosas en México. Tenían razón en subrayar que la corrupción es un elemento particularmente disfuncional y que en buena medida es un mal que la dirigencia política podría combatir si realmente hubiera tenido sentido de responsabilidad. Como no lo tuvo, la crítica externa abierta y privada, apoyada en el hartazgo ciudadano, obligaría a esa élite del poder —incluido el gran capital— a comprender que ya rebasó el límite, el de nosotros y el de Washington.

Como sea, vale insistir en lo obvio: para México, la mejor política externa es una buena política interna.

En principio el soberano es el pueblo, pero como 87 millones de personas —los empadronados— no pueden reunirse cada vez que se deben tomar decisiones políticas y vigilar su implementación, la alternativa ha sido un sistema de representación. Pero en ese sistema ¿son realmente los electores quienes eligen a representantes y mandatarios: presidentes, gobernadores, etcétera? Y los escogidos ¿efectivamente representan los intereses y la voluntad de sus electores?

Hay multitud de indicadores que permiten contestar negativamente a las interrogantes anteriores y afirmar que el supuesto soberano —la ciudadanía— no elige, sino apenas, y, en el mejor de los casos, legitima a quienes previamente fueron designados candidatos por los jefes de sus partidos. Finalmente, los electos pocas veces actúan como defensores del interés general porque, entre otras cosas, sus intereses particulares son distintos.

Un ejemplo de los muchísimos del cual se puede echar mano para probar la no representatividad de los “representantes” es la forma en que éstos procesaron en 2016 la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción y de Responsabilidades Administrativas (especialmente la llamada “Ley 3 de 3”). Como sabemos, alentado por intereses empresariales, harto de ser extorsionado y con el respaldo de 634 mil 143 firmas, un grupo de ciudadanos presentó al Congreso un proyecto de ley para disminuir el alto —y creciente— grado de corrupción que caracteriza la vida pública mexicana. Un elemento clave de ese detallado proyecto, de 85 páginas, fue exigir que los funcionarios que decidían sobre el destino de los asuntos públicos llenasen un formato donde apareciera su declaración patrimonial, de impuestos y de ausencia de conflicto de intereses. Sin embargo, al momento de discutir y votar el proyecto —ya fuera de tiempo y de madrugada— los senadores priístas y sus aliados verdes, más unas cuantas y convenientes ausencias de otros legisladores, no hicieron obligatorio que esas declaraciones fueran públicas. Los diputados actuaron de igual forma y, al final, nació una ley anticorrupción engorrosa, sin los dientes originales, y los supuestos soberanos seguirían sin saber si sus representantes los estaban representando o simplemente los estaban burlando.

En suma, senadores y diputados le negaron a su superior, el pueblo mandante, su derecho a conocer datos indispensables para evaluar la conducta de los supuestos servidores. En vista de lo anterior, cabe preguntarse quién ha sido efectivamente el soberano.

El soberano es ese poder político supremo que toma las decisiones por sí y ante sí sin tener que dar cuenta de sus acciones a nadie más. En la monarquía absoluta el rey era el soberano, y ése fue el caso en México en tanto parte del Imperio español en América hasta inicios del siglo XIX.

Regreso a mi planteamiento inicial: la interpretación original de cómo ejercer hoy la democracia y la soberanía vía representantes surgió de un hecho obvio. Como la densidad demográfica y el mero número y complejidad de los asuntos públicos hacen imposible que el pueblo esté siempre reunido y deliberando sobre la cosa pública, John Locke (1632-1704) elaboró la teoría del parlamento como encarnación de la voluntad del pueblo. Dicha teoría nunca convenció a Jean-Jacques Rousseau (1712-1778), quien elaboró una interpretación radical del concepto de democracia: si el soberano es realmente el pueblo, entonces éste y sólo éste encarna la “voluntad general” y no puede delegar su poder y su responsabilidad en nadie: no en un príncipe, tampoco en el legislador. En la “democracia directa” de Rousseau no tienen cabida diputados, senadores, partidos o grupos de interés, pues inevitablemente éstos transforman la voluntad general en voluntad particular. El modelo de Rousseau eran los cantones democráticos de la Suiza de su época, pero hoy en ningún país puede reunirse a todos los ciudadanos a discutir todo. De ahí lo inevitable de la representatividad y de sus distorsiones, pero si a lo anterior se le introduce el tema del fraude electoral y la corrupción, las distorsiones pueden llegar a ser la característica dominante del sistema, como ha sido el caso de México.

Todavía hoy muy pocos, pese al cambio de régimen, se atreverían a afirmar que nuestros parlamentarios son la encarnación de la voluntad ciudadana. De acuerdo con una encuesta de 2015 y en una escala de 0 a 10, donde 10 significa corrupción total, los mexicanos calificaron los partidos políticos con 9 y a los “altos funcionarios públicos” con 8.8.22

En la ocasión que describo, con la ley anticorrupción, la sociedad civil, al obligar al Congreso a discutir leyes contra la corrupción, rescató algo de su soberanía, pero otra parte de la misma se la apropió el Congreso al negarle una buena ley anticorrupción. Desde luego, en la medida en que en este caso el PRI y sus aliados obedecieron la voluntad de su “jefe nato”: el presidente, pues éste se quedó con otra tajada de la soberanía efectiva —en el pasado la tenía casi toda—. Si a lo anterior se añade la capacidad de los gobernadores y los poderes fácticos para imponer sus intereses sobre los mayoritarios y a la potencia hegemónica del norte de imponer los suyos sobre los nacionales —la guerra contra el narco—, entonces, ¿quién ha sido hasta ahora el soberano? El nuevo gobierno, el encabezado por Andrés Manuel López Obrador, propone, también, ser el inicio de un nuevo régimen, más dispuesto a la relación directa con los gobernados. Se abre la posibilidad de una autoridad más cercana y abierta al ciudadano, pero sólo el tiempo dirá hasta qué punto el soberano teórico es también el soberano efectivo.

1 Sinembargo, 26 de septiembre de 2018.

2 Gabriel A. Almond y Sidney Verba, The Civic Culture: Political Attitudes and Democracy in Five Nations, Princeton, Princeton University Press, 1963.

3 Reforma, 23 de octubre de 2017.

4 Aristegui Noticias, 16 de octubre de 2017.

5 Latinobarómetro, 2016, y Encuesta GEA-ISA, junio de 2017.

6 Inegi, 17 de julio de 2017.

7 Índice global de impunidad, Puebla, Universidad de las Américas, 2017.

8 CEESP, 2012.

9 El Financiero, 2 de marzo de 2017.

10 The New York Times, 23 de noviembre de 2015.

11 Ésta y las demás citas y datos fueron tomadas de “Una megalópolis en riesgo: la Ciudad de México y el desafío de la prevención de un riesgo anunciado”, en José Luis Lezama y Boris Graizbord (coords.), Los grandes problemas de México. El medio ambiente, México, El Colegio de México, 2010.

12 Reforma, 27 de octubre de 2017.

13 México, Grijalbo, 2016, p. 63.

14 Reforma, 14 de noviembre de 2016.

15 El Universal, 16 de febrero de 2017.

16 Raúl Olmos y Daniel Lizárraga, Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, en Aristegui Noticias, 15 de febrero de 2017.

17 México, FCE, 2017.

18 Ginger Thompson, Anatomía de una masacre, disponible en <www.propublica.org/article/allende-zetas-cartel-masacre-y-la-dea>.

19 Proceso, 2123, 8 de julio de 2017.

20 Reforma, 10 de agosto de 2016.

21 El Universal, 7 de marzo de 2017.

22 Reforma, 20 de febrero de 2015.

La violencia. Los años perdidos

Hay varias formas de medir una tragedia; la demografía proporciona una: la AVPP. Más adelante se entenderá que es un elemento clave de una tragedia mexicana. La cifra y su interpretación es resultado del trabajo de dos investigadores en el campo de la demografía: Alejandro Aguirre (El Colegio de México) y Fortino Vela (Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco).

La demografía es una disciplina social que, efectivamente, puede ofrecer información puntual e incluso hacer predicciones bastante precisas por razón de que trabaja con datos numéricos de fuentes que son, dentro de lo posible, confiables.

AVPP significa años de vida potencialmente perdidos. La cifra de 4 millones 979 mil 565 son AVPP de una parte de la población mexicana entre 2007 y 2012 como consecuencia de los asesinatos ocurridos nada más en el lapso que corresponde al sexenio de Felipe Calderón, es decir, al de la llamada “guerra contra el narcotráfico”, política que como vimos en los casos de Tlatlaya, Iguala, Apatzingán, Chilapa o Tanhuato, siguió cobrando víctimas a granel.

Los AVPP parten del supuesto de que toda persona podría vivir su promedio de esperanza de vida, que en México es de 75 años. Así, cualquiera que fallece antes de esa edad pierde los años que le faltaban para alcanzarla. El cálculo del concepto anterior toma como materia prima las estadísticas vitales de mortalidad y registros administrativos de la serie 1990-2013 del Inegi. Ese cálculo requiere una metodología bastante compleja —por lo menos para quien esto escribe— que, en esencia, divide a la población mexicana registrada como fallecida cada año según sus edades y causas, y luego extrae el número de defunciones por cualquiera de los motivos oficialmente registrados: enfermedades (destaca la diabetes), desnutrición, accidentes u homicidio. Después calcula cuál debería haber sido el lapso de vida al que hubiera podido aspirar cada fallecido si la razón de su deceso —en el caso que interesa, el homicidio— no se hubiera dado. Obviamente, en caso de un adulto mayor muerto a causa de su diabetes, si hubiera podido evitar o controlar el mal, su promedio de vida hubiera podido ser de 10 o 15 años más. Por este mismo razonamiento podemos suponer que si un joven de 20 años no hubiera sido abatido por un criminal o por una autoridad, hubiera podido prolongar su vida más de medio siglo, socialmente, el lapso más útil. Claro que la elaboración del cálculo preciso de Aguirre y Vela es más complicada.

El trabajo en cuestión fue expuesto como investigación en curso en un seminario interdisciplinario tan informal como interesante en El Colegio de México: el seminario MB. La importancia de lo encontrado permite un juicio político y moral más puntual sobre los efectos de la política que, sin mucha reflexión sobre su naturaleza y costos, lanzó Felipe Calderón a finales de 2006 y que dio el tono de su sexenio; algo no muy diferente de lo que ocurrió con su colega estadounidense George W. Bush tras su injustificable e inmoral decisión de invadir Irak en 2003.

El homicidio es un fenómeno que desafortunadamente se da en cualquier sociedad y época y, desde luego, no todos los homicidios están relacionados con el crimen organizado, pero cuando su registro sube abruptamente indica una razón atípica y un fallo mayúsculo en el tejido social. Eso fue precisamente lo que sucedió en el sexenio calderonista. La curva de los homicidios saltó de menos de 10 mil a cerca de 30 mil (27 mil 213) entre 2007 y 2011; luego bajó, pero ya no mucho. Y resulta que ese aumento afectó desproporcionadamente a los hombres, pues la relación respecto de las mujeres fue de casi siete a uno.

Además, el mayor número de homicidios del periodo se concentró en jóvenes. Las cifras pueden refinarse por años, pero en términos generales las víctimas convergen en el grupo de edades que va de los 15 a los 49 años. Es por eso que la tragedia del homicidio en México cegó, como en la mayoría de las guerras, básicamente vidas principiantes.

Es claro que no todos los homicidios registrados en el periodo estudiado están relacionados con la guerra contra o entre los cárteles del narco, pero la impresionante alza en su tasa anual coincide plenamente con ese fenómeno. También es claro que las cifras oficiales, única base del estudio de Aguirre y Vela, no recogen toda la magnitud del problema. ¿Cuántos caídos en esa batalla sin sentido están aún en fosas no excavadas, o fueron incinerados o disueltos en ácido? El problema de los desaparecidos lo viene arrastrando México desde, por lo menos, la época de la Guerra Sucia de los setenta, pero en los últimos tiempos se ha agudizado. Al inicio de 2019 la cifra oficial que manejaba Alejando Encinas, subsecretario de Gobernación, era de 40, de las cuales 180 estaban reportadas como desaparecidas a partir de 2006.1

¿Y la razón de esta guerra? Para algunos ninguna justifica una guerra, pero para otros, desde hace milenios las hay justas e injustas. Sin embargo, en el caso de la guerra —los puristas dirán que ésa no es guerra, sino campaña— contra el narcotráfico se puede cuestionar no sólo desde su justicia sino desde el sentido común: la acción armada contra los cárteles de la droga puede resultar espectacular y, por un tiempo, ganarle puntos políticos locales y externos a quien la encabeza, pero finalmente no sirve de gran cosa para lograr lo que se supone que es su objeto central: poner fin al consumo de las sustancias prohibidas: 4 millones 979 mil 565 años perdidos de manera brutal, finalmente, ¿en aras de qué?

En el caso concreto de Ciudad Juárez, si al despuntar el presente siglo la esperanza de vida de los hombres era de 66.8 años, la violencia llevó a que en 2010 fuera de 57.7 años.2 El semanario Zeta de Tijuana lleva un registro minucioso de las cifras de la violencia en México. Según esa fuente, entre diciembre de 2012, inicio del gobierno de Enrique Peña Nieto, y enero de 2017, el número de ejecuciones en el país fue de 90 mil 634,3 y si se agregan los 5 mil 799 homicidios registrados entre febrero y abril,4 el total es ya de 96 mil 433. Por su parte, entre 2007 y 2016 la Secretaría de la Defensa registró 3 mil 921 encuentros violentos entre el Ejército y el crimen organizado: ¡1.07 por día!5

México es una zona de desastre en seguridad y violencia. Las propuestas para prevenir el delito y combatir el crimen organizado no faltan, pero dados los gobiernos anteriores, a lo más que se podía aspirar era a que la situación no empeorara. Sin embargo, desde la sociedad hay que ahondar en la discusión de las causas, efectos y posibles soluciones a la violencia e inseguridad galopantes para actuar en la coyuntura política con el cambio de gobierno en 2018.

En un seminario sobre violencia y paz que dirige Sergio Aguayo en El Colegio de México, en mayo de 2017 se abordó el tema “¿Qué hacer con las policías?” El ponente, Raúl Benítez Manaut, discutió las profundas contradicciones legales y políticas que implica la creciente participación de las fuerzas armadas en tareas de policía. Benítez examinó errores de fondo en la política de seguridad actual y presentó los varios modelos posibles de policía para nuestro país. Inevitablemente, el examen tocó el polémico tema de militarización o semimilitarización en esos modelos. En la discusión, Jorge Amador Amador, director de Seguridad Pública de Ciudad Nezahualcóyotl, argumentó en favor de mantener y actuar políticamente en función de la diferencia en la naturaleza de las tareas y de las conductas propias de militares y policías. Vale la pena detenerse en el tema.

Amador apuntaló sus afirmaciones con la experiencia en Ciudad Nezahualcóyotl, cuya “policía vecinal de proximidad” —alrededor de 2 mil elementos en un municipio de un millón 140 mil habitantes— fue reconocida en 2015 por el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) con el premio “gobierno y gestión local” en un concurso de 159 proyectos con impacto social. Lo notable fue que entre 2013 y 2015 la acción política y policiaca bajó en 64% el índice delictivo de ese municipio.6

La acción de las fuerzas armadas, sostuvo Amador, está basada en un concepto de mando central y vertical, donde la superioridad diseña y ordena las operaciones con base en su información de inteligencia. En ese modelo, los subordinados, entrenados básicamente en el uso a fondo de la fuerza, deben cumplir con lo ordenado; las consideraciones sobre las consecuencias y efectos de su acción son tema relevante para “la superioridad”, no para la tropa.

En contraste, en el modelo implantado en Ciudad Nezahualcóyotl, el policía de a pie debe evaluar en cada caso las posibles consecuencias de su acción, en particular del uso de la fuerza. De antemano, no puede saber cómo tendrá que proceder tras tomar contacto con una situación problemática. Deberá usar su criterio y sensibilidad antes de actuar. Idealmente, debe ser conocedor de los derechos ciudadanos y estar familiarizado con el entorno social y cultural, conocer el vecindario y ser reconocido por éste, vivir con empatía la situación y tomar decisiones acordes. Una parte importante de la información relevante para el policía no debe venir de arriba sino del entorno. Claro que en esa actividad policiaca también hay una cadena de mando, pero es más corta que en el Ejército, y el tipo de relación del policía con sus superiores es diferente de la que tiene el soldado con los suyos, pues, en teoría, la medida del éxito es muy diferente.

Un ejemplo de esa diferencia es la letalidad. En México la del Ejército es notable. De los 3 mil 327 encuentros registrados entre militares y delincuentes entre 2006 y noviembre de 2012, en cuatro de cada 10 hubo letalidad perfecta: todos los presuntos delincuentes resultaron muertos.7 De la policía se espera otra cosa: un uso mínimo de la fuerza, más consignados y menos muertos.

Finalmente, está el enorme problema de la corrupción endémica. El policía tiene, debe y puede ser más o menos vigilado por el ciudadano organizado y por el responsable político: la autoridad local. En el caso del Ejército esto es prácticamente imposible.

En resumen, pareciera que por lo menos en uno de los 2 mil 462 municipios y alcaldías que hay en México ha disminuido de manera significativa el índice de delitos. Seguramente hay otros casos con experiencias similares. Debemos identificarlos y estudiarlos y, usando esas experiencias, elaborar un gran proyecto para recuperar la seguridad que nos arrebataron. Sin embargo, reformar a fondo el conjunto de las policías locales y federal es una tarea de años y la exigencia de seguridad es apremiante. De ahí una innovación del gobierno que asumió el poder en 2018: la creación de una Guardia Nacional, una cruza de policía con Ejército, con mando civil, que deberá operar en 2019 en coordinación con policía, Ejército y Armada bajo el supuesto de que estos dos últimos tendrán que volver a sus cuarteles en un periodo no mayor de cinco años.

De hecho, la “guerra contra las drogas” iniciada en la época del presidente estadounidense Richard Nixon ya se perdió. En uno de sus principales frentes de batalla: México, el fracaso se hizo obvio hace tiempo y a escala internacional el caso aún se debate. En cualquier caso, México debe retomar la posición que intentó en 1940 y que Estados Unidos lo obligó a abandonar: delinear una política en función de sus intereses y necesidades, sin atarse a prioridades ajenas.

Para comprobar el fracaso de la política contra el narcotráfico mantenida por Calderón y luego por Enrique Peña Nieto no hay que ir muy lejos: es suficiente leer la prensa de la época. Sin importar, por ejemplo, que centros vacacionales hayan estado repletos de turistas, militares y policías, se dan operaciones del crimen organizado con su secuela de muertos. Es en ese ambiente de política fallida donde el Senado discutió en abril de 2016 cuál debía ser la posición de México en una sesión especial de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre el sistema internacional de control de las drogas.

Las ideas ahí ventiladas fueron un reflejo fiel de las que han circulado en ámbitos nacionales más amplios: la política prohibicionista imperante es inviable porque no disminuyó la producción ni el consumo de drogas prohibidas y sí ha tenido un altísimo costo en vidas y recursos públicos, además de las violaciones de derechos humanos, castigo sin sentido a miles de jóvenes —los “peces pequeños” en el inmenso mar del negocio de las drogas— y de corrupción institucional en gran escala.

El comercio internacional de drogas lo empezaron las grandes potencias siglos atrás: notoria, aunque no exclusivamente, Inglaterra, que obligó a China a consumir el opio producido en India. Actualmente los términos han cambiado, pues las economías centrales son las grandes consumidoras y los países periféricos, como el nuestro, los productores y exportadores, pero las posiciones prohibicionistas siguen sin funcionar y el mayor daño lo padecen los países con las estructuras institucionales más débiles.

A estas alturas, después de un siglo de convenciones y acuerdos internacionales, desde la conferencia de Shanghái en 1909 sobre el opio hasta el Plan de Acción sobre las drogas de la ONU en 2009, la producción, comercio y consumo de drogas persiste pese al gasto anual de alrededor de 100 mil millones de dólares de los gobiernos en la guerra global contra las drogas.8 El informe de la ONU de 2015 calculó en 246 millones las personas que consumieron alguna droga prohibida en 2013. Javier Sicilia, líder del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, ha calculado que las muertes y desapariciones causadas por el crimen organizado en México desde fines de 2006, año en que el gobierno emprendió su “guerra contra el narcotráfico”, ya suman alrededor de 200 mil.9 En nuestro país, el grueso de las personas en prisión por posesión de narcóticos son varones de entre 20 y 30 años que recibieron penas de un año o menos.10 Todas las cifras de ese periodo indican que la política oficial seguida a escala mundial y local ha sido un fracaso socialmente muy costoso.

Históricamente, el Estado mexicano ha sido muy débil. Esa debilidad la ocultaron parcialmente los autoritarismos y sus “presidentes fuertes” —el Porfiriato y la posrevolución—, pero cuando, a partir de diciembre de 2006, el gobierno de Felipe Calderón lanzó toda la supuesta fuerza del Estado contra los narcos, éstos contraatacaron con sus dos mejores armas: la violencia extrema y la corrupción. Y Calderón fracasó, pese a contar con el apoyo del gobierno estadounidense vía la Iniciativa Mérida.

Estados Unidos tampoco ha ganado su “guerra contra las drogas”, pero con un Estado relativamente fuerte su fracaso no ha sido tan evidente ni escandaloso y su estructura institucional mantiene la normalidad de la vida colectiva. En contraste, en México, literalmente, hay regiones políticamente colapsadas, donde de tiempo atrás las decisiones de autoridad las toman los cárteles de la droga.

Y si Estados Unidos, el país que ha dictado los lineamientos de la política prohibicionista mundial, ya está legalizando el consumo de marihuana, con mayor razón el gobierno mexicano debe replantearse, y rápido, la naturaleza misma de su política sobre todo tipo de enervantes. Mantener la inercia, como lo hizo el gobierno de Peña Nieto, es cosa de vida y de muerte.

En 2015 alguien filtró al periódico Süddeutsche Zeitung 11.46 millones de documentos sobre 215 mil compañías y 14 mil 153 clientes del despacho de abogados panameño Mossack-Fonseca (MF), que desde 1977 se ha especializado en crear para sus clientes empresas off-shore, firmas formalmente localizadas en países donde sus dueños no tienen actividades. Se trata de fórmulas para evadir al fisco, las devaluaciones, los enemigos y la opinión pública. MF es el cuarto despacho más importante de su tipo a escala mundial.

Aunque no es el principal, es famoso entre quienes quieren ocultar grandes fortunas, y aunque su portal asegura que nunca se le ha acusado de actividades ilegales,11 alguien que lo ha investigado concluye que “si las firmas que crean empresas fantasmas fueran los autos que usan los ladrones para huir, entonces quizá Mossack Fonseca sería el vendedor más siniestro de tales autos”.12

El Süddeutsche Zeitung decidió compartir los documentos con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación de Washington y con 370 periodistas y medios de 78 países, entre ellos Aristegui Noticias y Proceso en México. El examen de su contenido provocó casi de inmediato una crisis en Islandia.

Esa definición de política de Lasswell que ya he citado en estas páginas: “Política: quién consigue qué, cuándo y cómo” (1936), viene al caso, pues la existencia de “paraísos fiscales” obedece a una estrategia tácita de las élites del poder internacionales para decidir quiénes, cuándo y cómo pueden ocultar su riqueza a las agencias fiscales y a la opinión pública, y blindarse frente a las devaluaciones.

La decisión de legalizar y preservar los “paraísos fiscales” es ilegítima, pero conveniente para mantener “dentro de la ley” la evasión fiscal, y es criminal por facilitar el blanqueo de grandes sumas de dinero. Su ilegitimidad proviene de posibilitar a los grandes capitales el no contribuir con la parte proporcional al pago de impuestos y abandonar el barco primero. Es criminal, además, porque sirve al crimen organizado para el blanqueo de dinero.

Las potencias occidentales han actuado contra el presidente de Siria Bashar Al Assad, por dictatorial y corrupto, pero se han abstenido de hacerlo contra los paraísos fiscales que permitieron a Rami Makhlouf, primo de Al Assad, el hombre más rico de Siria y administrador de la fortuna del presidente, mantener durante 11 años millones de dólares en una firma fantasma, Drex Technologies, que maneja precisamente MF.13 Y como muestran los Panama Papers, el caso de Siria se repite en decenas de países.

En México los documentos filtrados han puesto ya al descubierto una maniobra financiera de Juan Hinojosa Cantú, el multicitado contratista favorecido durante años por Enrique Peña Nieto. Cabeza del Grupo Higa, además de construir obra pública erigió famosas casas (la Blanca, en la Ciudad de México para la familia presidencial, y la de Malinalco, para el entonces secretario de Hacienda). Pues bien, los Panama Papers muestran que en 2015, cuando la Secretaría de la Función Pública iba a iniciar la investigación que finalmente concluyó que no había conflicto de intereses entre las operaciones de Higa y las casas de los altos funcionarios, el señor Hinojosa mandó 100 millones de dólares a MF para que los ocultara de la manera en que esa empresa sabe hacerlo.

En 2016 el gobierno de Peña Nieto, pese a una reforma fiscal, decidió que la recaudación ya no daba para mantener el gasto público y anunció enormes recortes para ese año y el siguiente. En tales condiciones de precariedad del fisco, la información sobre las maniobras para esconder capitales de personajes como Juan Hinojosa Cantú, los socios de Oceanografía (Amado Yáñez, Martín Díaz y los hermanos Rodríguez Borgio) y otros son prueba empírica de lo adecuado de la definición de política de Lasswell: si uno logra que MF lo acepte como cliente (a Carlos Hank Rhon lo rechazaron), las reglas del sistema político de México y de muchos otros países han permitido extraer grandes capitales y ocultarlos en Panamá o en otro paraíso fiscal para evitar no sólo tiempos económicos difíciles, sino el infierno creado por los recaudadores de impuestos. Ese tipo de política es una de las razones por las cuales la desigualdad social va en aumento en casi todo el mundo.

Desde 1909 hasta 2009 hubo por lo menos seis convenciones internacionales para prohibir la producción, el comercio y el consumo de drogas. En 2016 se reunieron en Washington, por cuarta ocasión, 56 jefes de Estado para acordar medidas contra la proliferación nuclear. ¿Por qué no se ha actuado con la misma energía contra los paraísos fiscales, tan dañinos para el buen gobierno? Por razones de la política de y para las élites, la cual no goza de legitimidad pero sí de muchos recursos.

En el discurso cívico México suele presentarse como un país pacífico que ha sufrido agresiones pero nunca ha sido agresor. Pues bien, a propósito de nuestra última guerra, contra el narcotráfico, no es inútil reflexionar sobre qué tan pacífica ha sido nuestra historia nacional y si la violencia vivida es o no un eslabón más de una cadena.

Desde 1810 la mayoría de nuestras guerras ha sido civil. Básicamente, la violencia padecida en los últimos dos siglos mexicanos ha sido producto de la lucha de una parte del país contra otra, teniendo al grueso de la sociedad como espectador y víctima.

Una guerra formal entre México y una nación extranjera fue la que se libró entre nuestro país y Estados Unidos entre 1846 y 1848; el resultado, como sabemos, fue un desastre, entre otras cosas porque ocurrió cuando México aún no cuajaba como Estado-nación y no pudo movilizar todos los recursos que un Estado nacional consolidado puede y debe usar. Un conflicto anterior, la invasión española en Tamaulipas en 1829, no ha quedado en la memoria como guerra porque fue breve, de poca monta y nunca hubo la formalidad de una declaración. Aunque a la acción de la Armada francesa en Veracruz entre abril de 1838 y marzo de 1839 se la conoce popularmente como la “Guerra de los Pasteles”, en realidad fue una acción limitada para cobrar reclamaciones. A la segunda acción armada francesa en México, la que sucedió entre 1862 y 1867, se la califica de intervención porque se inició como otra acción limitada por parte de España, Inglaterra y Francia para obligar a México a reanudar el pago de deudas y reclamaciones; sin embargo, terminó por ser una auténtica y fracasada guerra de conquista que, ésa sí, contribuyó a consolidar a México como nación.

Las acciones de fuerza de Estados Unidos en Veracruz y Chihuahua en 1914 y 1916-1917 nunca se convirtieron en guerras, por lo limitado de los objetivos del agresor y la enorme disparidad de poder. Por esta última razón Carranza no aceptó la “invitación” que le hiciera en enero de 1917 el ministro alemán Arthur Zimmermann para entrar formalmente en guerra con Estados Unidos. Durante la Segunda Guerra Mundial México se declaró en “estado de guerra” contra el Eje, pero su participación armada fue simbólica y su papel se centró en el plano comercial y en proporcionar mano de obra —braceros— a Estados Unidos.

La sangre mexicana ha corrido en grande en las guerras internas. Para empezar, en la larga guerra de Independencia, especialmente en su primera mitad. Luego en la lucha contra los separatistas texanos o la dura Guerra de Reforma entre liberales y conservadores de 1857 a 1861, con su prolongación hasta la caída del Segundo Imperio, en 1867. Los combates continuaron entre los propios liberales hasta que el general Porfirio Díaz se impuso a sus adversarios en Tecoac, en 1876.

La pax porfírica (1877 a 1910) no fue exactamente eso. En esos años el gobierno mexicano libró dos guerras contra sendas naciones que se encontraban dentro de su propio territorio. La primera fue la Guerra de Castas contra los mayas en Yucatán, que una parte de los rebeldes sostuvo desde 1847 contra criollos, mestizos y sus aliados indígenas, hasta la caída de Chan Santa Cruz en 1901. Esa guerra quizá cobró un cuarto de millón de vidas. La segunda fue la guerra intermitente contra los yaquis en Sonora, conflicto que enfrentó a la nación yaqui —como los mayas, los yaquis tenían su lengua, su territorio, sus leyes y su ejército— con los gobiernos locales y nacional desde la Colonia, a todo lo largo del siglo XIX y aun entrado el XX, cuando hubo choques armados con los propios revolucionarios sonorenses, que incluyeron bombardeos aéreos contra los yaquis en los años veinte. Las ascuas del conflicto aún subsisten.

La gran guerra civil iniciada en 1910, que se conoce como la Revolución mexicana, más o menos concluyó en la década de 1920, pero se engarzó con la Guerra Cristera que se libró en el centro del país entre 1926 y 1929, cuyos rescoldos se reavivaron en la Segunda Cristiada de los años treinta.

En la segunda mitad del siglo pasado la represión en Chihuahua, Guerrero y otros puntos del país en las décadas de 1960 y 1970 llevaron al desafío de las guerrillas de izquierda y a la Guerra Sucia. Derrotadas esas guerrillas urbanas y rurales, en enero de 1994 la acción armada reemergió bajo la forma del Ejercito Zapatista de Liberación Nacional (EZLN). La lucha fue corta, pero tuvo un fuerte impacto político y el EZLN permanece.

¿Cuándo se puede datar el inicio de la “guerra contra el narco”? Fue con el gobierno de Felipe Calderón (2006-2012), cuando el Ejército se lanzó de lleno contra los cárteles y a recuperar los territorios que dominaban. En el sexenio de Enrique Peña Nieto las muertes atribuidas a esta brutal guerra sobrepasaron los 100 mil.14

A lo largo de más de la mitad de su historia independiente México ha estado envuelto en algún tipo de guerra. El nuestro no es un país agresivo, pero tampoco se ha permitido ser pacífico.

A veces las guerras forjan naciones pero otras las desbaratan. La guerra contra el narcotráfico es de estas últimas.

Según la presidencia de Enrique Peña Nieto, en México la corrupción es cultural y el descontento ciudadano apenas un “mal humor social”. Lo anterior implica que la corrupción sólo la curará el paso de las generaciones y que lo otro no importa, pues es un mero estado de ánimo sin base, ya que “México está avanzando”.

En la Biblioteca Nacional de Madrid, en un acto previo a la recepción del Premio Cervantes, Fernando del Paso hizo otro diagnóstico: “México es un país en decadencia”, y al recibir el premio fue más claro: “Las cosas no han cambiado en México sino para empeorar, continúan los atracos, las extorsiones, los secuestros, las desapariciones, los feminicidios, la discriminación, los abusos de poder, la corrupción, la impunidad y el cinismo”. Y remató: la llamada “Ley Atenco” del Estado de México “pareciera tan sólo el principio de un Estado totalitario”.

Para Del Paso la decadencia del país tiene una doble raíz: un sistema encabezado por “gobernantes ineptos y corruptos” y una sociedad “bulímica” que no reacciona en defensa propia.

Se puede argumentar que el autor de Noticias del Imperio exageró. Es verdad que a una parte de la élite del poder de nuestro país no le incomodaría contar con un sistema totalitario que le permitiera llevar al límite su vocación extractora y depredadora, pero no tiene la capacidad ni las condiciones para hacerlo. El totalitarismo requiere un auténtico líder carismático, un Estado centralizado y bien organizado y un partido realmente disciplinado; nada de eso hay en México. Necesita una ideología que le dé sentido a su acción, al estilo del nacionalsocialismo o del marxismo-leninismo, pero el partido de Estado no contaba con ideología sino, apenas, con una mentalidad autoritaria.

Finalmente, el entorno internacional no está para totalitarismos. Estados Unidos —nuestro poder externo dominante— se embarca regularmente en luchas para las cuales no le sería funcional un vecino con proyectos absurdos, abiertamente antagónicos al democrático, aunque hay que reconocer que algunos de los críticos del presidente Donald Trump no dudan, en su visión peculiar del mundo, en hacer referencia a elementos fascistas.

Por otro lado, Del Paso fue un tanto injusto con su sociedad, al no distinguir el grado de responsabilidad de los gobernantes y de los gobernados. Es verdad que el grueso de los mexicanos es renuente a actuar contra los abusos del poder, pero hay una minoría que sí reacciona, pese a la enorme desventaja y riesgo que conlleva enfrentar la maquinaria y los intereses creados por los “ineptos y corruptos”. De esta lucha hay ejemplos a la vista. Hoy destacan las actividades de los padres de los 43 estudiantes desaparecidos en Iguala en 2014, que han logrado movilizar en su apoyo a una parte de la sociedad mexicana e incluso internacional. Pero también es cierto que, pese a su esfuerzo, aún no han obtenido justicia, aunque tras el cambio de gobierno y régimen en 2018, la Secretaría de Gobernación se comprometió a reabrir el caso y resolverlo.

En Estados Unidos alguien comentó en relación con el fiasco que ha sido la investigación oficial en torno de la tragedia de Iguala: “Si esto hace el gobierno mexicano cuando todo el mundo lo está viendo, ¿qué no hará cuando no lo ven?”15

Más desigual, menos evidente que la lucha de las familias de los desaparecidos en Iguala es la de aquellos que en otras partes del país también insisten en encontrar a sus desaparecidos, pero lo están haciendo casi solos. Un ejemplo son los familiares de 50 desaparecidos agrupados en la organización VIDA de La Laguna, zona de tránsito de la droga, azotada por la violencia extrema al punto de que entre 2010 y 2014 Torreón y su área metropolitana se encontró entre las 50 más violentas del mundo.

El grupo VIDA nació en abril de 2013, es decir, antes de la desaparición forzada de los estudiantes de Ayotzinapa, pero cuando ya funcionaba el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, como efecto de los daños causados por la vorágine de violencia desatada por la “guerra contra el narcotráfico”.

El objetivo de quienes se unieron y dieron forma a VIDA era simple: unir fuerzas para demandar a la autoridad que cumpliera con su deber y diera con el paradero de los que desaparecieron. Dos de las mujeres del grupo —a una le desaparecieron a un hijo y a la otra al esposo, chofer de un taxi cuyo GPS mostró que estuvo en instalaciones de la policía antes de que le perdieran el rastro— llevan años en su empeño y aseguran que la respuesta de la autoridad ha sido todo menos satisfactoria. Ambas, una de ellas bajo evidente tratamiento por cáncer, están lejos de pertenecer al México acomodado, pero sostienen que es su voluntad seguir empeñadas en tocar puertas, demandar y seguir empujando la pesada maquinaria de los ministerios públicos para que se busquen a sus desaparecidos.

Las de VIDA no son ciudadanas a las que les quede el adjetivo de “bulímicas”, y su enojo es más que el “mal humor” del que hablaba Peña Nieto: es rabia pura y un profundo agravio, pues son ellas las que han tenido que movilizarse, organizarse, invertir recursos escasos y transformarse en investigadoras para conocer en qué circunstancias desaparecieron el hijo y el esposo, a quiénes se debe investigar y dónde están, es decir, las que hacen lo que el gobierno no hace. Laguneros por la Paz, otra ONG, propició la aparición de VIDA y le mantiene el apoyo, aunque admite que la tarea rebasa, con mucho, las posibilidades de la parte activa de la sociedad.

En fin, que si México pudo ser visto efectivamente en decadencia por uno de sus mejores escritores, la culpa no puede repartirse por igual.

Antes que la amnistía

Se dijo que se abre una ventana de oportunidad histórica que hay que aprovechar, pero ya. ¿De qué ventana se estaba hablando en el seminario Violencia y Paz en El Colegio de México al discutir “¿Olvido, verdad o justicia?” el 17 de julio de 2018? Pues de la oportunidad que se presentó con el cambio de gobierno para redefinir la naturaleza de la política que se ha seguido para enfrentar la brutal violencia criminal que envuelve hoy nuestro país.

Mónica Serrano sostuvo que la naturaleza de esa violencia es la de una guerra, de un conflicto armado no internacional. Y ésa es también la conclusión de dos instituciones internacionales especializadas en el tema: The War Report 2017 de la Academy for International Humanitarian Law and Human Rights (Ginebra) y el Armed Conflict Survey del Instituto Internacional de Estudios Estratégicos (Londres). Y es que su definición de conflicto armado cuadra con nuestra realidad: “Confrontación sostenida, entre dos o más adversarios organizados, que recurren a la fuerza armada de manera intencional”. En ese sexenio, y aun hasta febrero de 2018, se habían abierto 102 mil 327 carpetas de investigación por homicidios dolosos,16 que se sumaron a las más de 104 mil del sexenio anterior.17

Fue en ese contexto que la magistrada en retiro, ya anunciada como secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, presentó la posición de este gobierno sobre el tema.

La hoy responsable de esa secretaría clave partió de aceptar lo evidente: que una violencia sin freno azota al país, que se acumulan por millares los asesinados, desaparecidos y desplazados y, que aun hasta ahora, los aparatos del Estado no han estado, ni de lejos, a la altura de la magnitud del desastre. En ese momento, para ella el gobierno que heredaría ese desastre —un conflicto cuya intensidad no ha disminuido—, reconocerá, sin regateos, la magnitud de la tragedia que vive el país y el monumental fracaso de los últimos gobiernos al enfrentarla. La nueva administración se propone intentar ganar la paz y, en el proceso y en la medida en que tal cosa es posible, reparar moral y materialmente el daño brutal que se ha causado a la sociedad y, principalmente, a las víctimas sobrevivientes, como son los familiares.

Es claro que el nuevo gobierno apenas está en la etapa de diseñar el proyecto para enfrentar tan complicado y aterrador problema. Es por ello que, de entrada, se declaró abierto a escuchar, discutir posibilidades e imaginar salidas. Es esa búsqueda de nuevas estrategias para encontrar la deseada “luz al final del túnel” lo que hace que éste sea un momento aún moldeable y que obliga política y moralmente a aprovecharlo.

Desde la perspectiva del nuevo gobierno, puede y debe echarse a andar una “justicia transicional”. De acuerdo con las Naciones Unidas, ésta comprende “toda la variedad de procesos y mecanismos asociados con los intentos de una sociedad por resolver los problemas derivados de un pasado de abusos a gran escala, a fin de que los responsables rindan cuentas de sus actos, servir a la justicia y lograr la reconciliación”.18

Olga Sánchez Cordero reafirmó que Andrés Manuel López Obrador, en principio, aceptaba explorar todas las avenidas posibles para lograr la paz, incluso algún tipo de amnistía —no amnistía generalizada— y la formación de una comisión o varias comisiones de la verdad. Finalmente, el nuevo gobierno estaría dispuesto a discutir el espinoso tema de la legalización de sustancias prohibidas. Obviamente, esa agenda desembocó en una discusión de “alta intensidad”.

Para Javier Sicilia, generador del Movimiento por la Paz con Justicia y Libertad y víctima de la violencia (su hijo fue asesinado en Morelos en 2011), el término amnistía —relacionado etimológicamente con amnestia, es decir, con olvido o perdón—, no debía siquiera discutirse. Tras los comentarios de Santiago Corcuera y Mariclaire Acosta Urquidi sobre la justicia transicional, fueron otros padres y madres de desaparecidos quienes centraron la discusión.

Para esas víctimas, que una y otra vez denunciaron la ineficacia, insensibilidad, corrupción y falta de recursos y voluntad política de las autoridades y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos incluso, lo primero deberá ser aclarar el destino de los desaparecidos, un universo trágico de cientos de fosas clandestinas y más de 30 mil personas cuyo paradero se desconoce, que incluyen no sólo a civiles sino a miembros de las propias policías.

En términos generales, en ese momento el problema quedó esbozado así. El nuevo gobierno estaba dispuesto a enfrentar la peor de las herencias que recibiría del régimen que estaba por concluir: la guerra inconclusa contra el narcotráfico; en materia de desaparecidos, dispuesto a oír a los interesados, a crear comisiones de la verdad y, para hacerlas efectivas, incluso a recurrir a fiscales y equipos profesionales internacionales, como en Guatemala. Después, y sólo después, se abordaría la naturaleza de la amnistía —no faltará quien la llame amlistía—, que en cualquier caso deberá tener límites muy precisos, trazados con la aceptación de las víctimas.

En suma, la ventana de oportunidad está tan abierta como complicada, pues también está el factor externo: demanda de drogas, flujo de armas, blanqueo de dinero. Menudo problema no sólo para el nuevo gobierno sino para todos nosotros.

1 Proceso, 2212, 23 de enero de 2019.

2 Manuel Ordorica, Coyuntura Demográfica, núm. 9, diciembre de 2015, p. 17.

3 Véase <www.zetatijuana>, 12 de marzo de 2017.

4 El Financiero, 22 de mayo de 2017.

5 La Jornada, 13 de mayo de 2017.

6 El Universal, 2 de diciembre de 2015.

7 Alejandro Madrazo et al., “La guerra contra las drogas en México”, Cuadernos de trabajo, CIDE, 2016.

8 Véase <http://www.countthecosts.org/es/los-siete-costos>, consultada en noviembre de 2018.

9 Reforma, “Revista R”, 27 de marzo de 2016.

10 Carlos Galindo, “México y las convenciones en materia de drogas”, Instituto Belisario Domínguez, 28 de marzo de 2016.

11 Véase <http://www.mossfon.com>.

12 Ken Silverstein, “The law firm that works with oligarchs, money launderers, and dictators”, VICE Magazine, 3 de diciembre de 2014.

13 Silverstein, op. cit.

14 Para ser exactos, 104 mil 602. Véase <https://aristeguinoticias.com/0309/mexico/lo-que-no-dice-el-vinforme-104-mil-602-ejecutados-con-pena-nieto>.

15 New York Times, 26 de abril de 2016.

16 Sinembargo, 30 de marzo de 2018.

17 Véase la nota 13.

18 Justicia transicional y derechos económicos, sociales y culturales, Nueva York y Ginebra, ONU, 2014, p. 5.

Paréntesis. Hacia el 1º de julio de 2018

Para preservar el tono de efervescencia e impredecibilidad que reinaba en la gran mayoría de los mexicanos interesados en la contienda de 2018, pero también para mantener la discusión y la incertidumbre sobre el sistema electoral mexicano y su fragilidad, este capítulo no está narrado desde el año 2019, sino que está armado —no cronológicamente— con reseñas “en tiempo real” de algunos momentos previos a los últimos comicios presidenciales.

A estas alturas ya no se puede suponer que las próximas elecciones (del 1º de julio de 2018) serán limpias. Los indicadores son muy visibles. Lo que cabe preguntarse es hasta qué punto será posible volver a cargar los dados y para beneficiar a quién.

En relación con el beneficiario, la respuesta no es obvia. Según las encuestas, el personaje que postula el partido del gobierno no tiene visos de poder ganar.1 Por lo tanto, Jorge G. Castañeda, coordinador de estrategia de la campaña del panista Ricardo Anaya, ha hecho una propuesta: si el objetivo del PRI, del PAN y de muchos otros intereses —los poderes fácticos— es detener a Andrés Manuel López Obrador, lo procedente es que José Antonio Meade y el gobierno cesen sus ataques contra Anaya y arríen banderas en beneficio de la coalición del panista. Se trataría, en los hechos, aunque no necesariamente en la forma, de reactivar al PRIAN, esa alianza de facto entre PRI y PAN que se forjó a partir de la necesidad de Carlos Salinas de contar con aliados ante su falta de legitimidad tras la elección de 1988. Castañeda lo formula así: a partir de los debates, Anaya ya ha asegurado su segundo lugar en la carrera electoral y ahora buscará “seducir el voto no anayista pero no lopezobradorista para que se venga con nosotros”.2 En tal coyuntura, las dirigencias del PRI, sus recursos y las bases que logren arrastrar pueden ser la parte crucial de los “seducidos” por un anayismo con posibilidades de triunfo. Anaya en el poder garantizaría, por su naturaleza, el mantenimiento, en lo esencial, de un statu quo que tan buenos dividendos le ha dado al sistema y durante tanto tiempo.

En esa estrategia de parar “a como dé lugar” a López Obrador, los priistas pueden aportar mucho, pues son quienes hoy por hoy tienen las posibilidades materiales, el know how, el control de las instituciones y los operadores a ras de suelo para cargar mejor los dados electorales. Ya están en ello. Un ejemplo es la transformación del Bronco de gobernador de Nuevo León a candidato presidencial e instrumento especializado en golpear al puntero en las encuestas: López Obrador. En el primer debate entre candidatos, aquél fue quien más ataques lanzó contra éste y el que menos golpes recibió.3 Está cumpliendo bien el papel que le asignó el PRI, y a quien más puede beneficiar ya no es a Meade, sino a Anaya.

De que El Bronco es criatura del PRI y del gobierno federal no puede haber duda. Según la investigación de Rafael Cabrera, del equipo de Carmen Aristegui, por lo menos 2 mil 432 militantes priístas se registraron para ayudarle a conseguir las firmas que necesitaba para ser candidato presidencial independiente. Cabrera cotejó el padrón del PRI con la lista de auxiliares efectivos del Bronco en el INE y concluyó que el Revolucionario Institucional le facilitó al gobernador con licencia de Nuevo León 16.58% de sus aparatos.4 Para completar esa operación fue necesario que cuatro de los siete magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), los enteramente incondicionales del PRI y de la presidencia, obligaran al INE a dar por buena la candidatura del regiomontano, pese a que no contó con el total de las firmas válidas requeridas.

Desde luego que el indicador más acabado y complejo de la forma en que alterarán el fiel de la balanza es la declaración del propio Meade de que seguiría el camino trazado por el PRI en las elecciones del Estado de México de 2017.5 La mecánica de esos comicios está bien examinada por Bernardo Barranco y sus colaboradores en El infierno electoral. El fraude del Estado de México y las próximas elecciones de 2018.6 Desde sus experiencias como consejeros y exconsejeros electorales locales o extitular de la Fepade, los ocho autores de la obra, ninguno con filiación partidista, muestran la trama del fraude con el que el PRI ganó esa gubernatura: dinero ilegal, compra del voto, captura de las instituciones encargadas de vigilar y certificar el proceso, e intimidación de los opositores. Y esa enorme maquinaria sigue operando. El instituto electoral local acaba de aprobar las planillas municipales de todos los partidos, excepto las de Morena-PT y PES, a las que les negó registro en 15 municipios y las dejó pendientes en 71 más.7 En el norte del país, en Chihuahua, el gobernador Javier Corral ya puso en claro el mecanismo por el cual durante el gobierno priista anterior se crearon empresas fantasma a las que se proveyó de recursos federales para que, finalmente, éstos fueran a dar a las arcas del PRI.8 De los 7 mil 670 millones de pesos de recursos federales que desaparecieron en la llamada “estafa maestra”,9 buena parte bien pudo haber seguido el mismo camino que en Chihuahua y terminar en el PRI, lo mismo que las operaciones fraudulentas de los supermercados del ISSSTE.10

En suma: el presidente tiene en el PRI una poderosa “maquinaria infernal” (Barranco dixit) para ganar elecciones a la mala. ¿La mantendrá al servicio de Meade o aceptará la invitación de Anaya-Castañeda? ¿Hasta dónde piensa que puede llegar con un juego electoral sucio? ¿Intentará repetir el 2006? ¿Irá más lejos? ¿Habrá ya reparado en el alto precio que el país tendría que pagar por ello?

Está claro, pues, que las elecciones de 2018 se van a dar “a la mexiquense”, es decir, en condiciones de inequidad extrema para impedir el cambio. Por tal razón, para frustrar esa estrategia, se va a requerir una auténtica insurrección electoral de quienes consideran injusto e intolerable prolongar el actual desastre nacional ya no un sexenio, sino un minuto más.

Lo que hoy destaca en la arena pública es el empeño del gobierno por usar sus desgastadas estructuras para sacar de la jugada al candidato presidencial de la oposición de derecha: Ricardo Anaya, del PAN, al que ve como obstáculo para su inverosímil proyecto de mantener al PRI en la presidencia. La maniobra resulta peligrosa en tiempos de cólera ciudadana y en el contexto de un sistema político deslegitimado por la violencia, la ineficacia, la desigualdad y la corrupción.

En la difícil coyuntura actual, el gobierno está usando una muy desprestigiada Procuraduría General de la República (PGR) para intentar sacar de la jugada al candidato presidencial del PAN, cuando la campaña electoral ya está adelantada y el aspirante del gobierno está muy atrás en las preferencias electorales. Al difundir la sospecha de que al candidato panista se le investiga por haberse beneficiado ilegalmente de una transacción inmobiliaria, se busca desencadenar una crisis en la coalición que encabeza y cerrar así una jugada de suma cero que supone que lo que pierda el panista beneficiará al priista.

Aquí conviene recordar que hoy el gobierno del PRI está volcando al candidato del PAN al mismo juego sucio al que un gobierno del PAN, el de Vicente Fox, sometió a Andrés Manuel López Obrador en abril de 2005, cuando, usando también a la PGR, orquestó —con el entusiasta apoyo de la SCJN, el PAN, el PRI, los medios de información y los empresarios— el ridículo desafuero del candidato de izquierda, aunque no por lavar dinero sino ¡por no haber retirado la maquinaria que estaba abriendo una calle para dar acceso rápido a un hospital! Hace 12 años la maniobra fracasó, pero no antes de haber dañado sin remedio todo el proceso electoral.

Para el PRI, detener a Anaya, segundo lugar en las preferencias electorales, no tendría ningún sentido si la maniobra no prevé volcar luego el peso de la maquinaria del gobierno y sus aliados, otra vez, contra el primer lugar: López Obrador. En 2006 Fox tuvo que recular en su empeño por eliminar al tabasqueño como candidato de la izquierda, pero logró mantener al PAN en la presidencia, aunque con una ventaja de apenas 0.56%, recurriendo a acciones ilegítimas de la presidencia y de organismos empresariales.

La de 2006 fue una victoria sin legitimidad y tuvo efectos muy negativos. La situación actual se presenta aún más difícil para el PRI. Y es que en México, como en otros países, el sentido del voto lo determina cada vez menos la identidad con un partido y cada vez más el rechazo a otro, el del gobierno. Eso significa que hoy el motor del voto ya no es tanto un sentimiento positivo, sino uno negativo.11

En 2006 muchos votaron menos por dar apoyo al anticarismático Felipe Calderón y más por vetar a Andrés Manuel, “peligro para México”, según la propaganda negativa panista de entonces. Doce años después, para muchos quedó claro que el peligro no era éste, sino el PAN, que desvirtuó la alternancia, embarcó al país en la desastrosa “guerra contra el narco” y abrió la puerta al “nuevo PRI”, que a su vez acrecentó la inseguridad y la corrupción. En una encuesta de Consulta Mitofsky del año pasado (octubre de 2017), el rechazo al PRI como partido era de 51.7%, al PAN de 35% y de 34.7% a Morena. Otra encuesta más reciente (15 de febrero de 2018), de Reforma, encontró que, de la muestra, 47% nunca votaría por el PRI, 12% por Morena y 7% por el PAN. Así pues, el PRI va en primer lugar, pero en negativo; neutralizar a Anaya difícilmente cambiará la actitud del electorado. Claro, el PRI es el partido que más votos podrá comprar el 1º de julio, pero ¿le alcanzará para revertir el rechazo?

A lo largo de su historia México ha experimentado coyunturas en que las principales variables de su proceso político se han tensado en busca de un cambio. Cuando esos impulsos se toparon con resistencias intransigentes al cambio, la sociedad debió pagar un precio muy alto por el choque. Ejemplos clásicos fueron los procesos de independencia, la Reforma o la elección de 1910. El mal aprendizaje de las contradicciones de entonces hizo que el país viviera episodios de gran violencia y destrucción. En principio, este 2018 aún puede llevar a buen puerto las crecientes demandas de cambio sustantivo sin tener que cargarle a la sociedad un costo adicional que ya ha estado pagando por tener que vivir en un sistema político disfuncional, desmoralizador y corrupto que en ciertas regiones ha llevado a una violencia criminal equivalente a la de una guerra de baja intensidad.

En fin, más vale que aquellos que se han beneficiado de las ventajas de la actual estructura de poder no intenten en 2018 repetir el 2006 federal o el 2017 del Estado de México, pues volver a deslegitimar así el proceso electoral sería cerrar la válvula de escape constructivo de la presión acumulada en estos tiempos de cólera.

En Cándido (1759) Voltaire hace decir a su personaje que el optimismo “es la manía de insistir que todo va bien cuando las cosas van mal”. Bueno, hoy en México el optimismo es la manía de insistir que, si bien las cosas van muy mal, aún es posible cambiar la ruta que llevamos; de lo contrario, pueden ir mucho peor.

Lo que se llevaron los vientos de la elección presidencial de 2006 fue algo que se empezaba a construir entre nosotros los mexicanos, pero que resultó relativamente fácil de perder: la confianza. Confianza en las instituciones electorales, en el sistema político mismo, finalmente, y en el futuro previsible del país.

La tesis que en ese campo se maneja en Confianza y cambio político en México: contiendas electorales y el IFE,12 trabajo de Reynaldo Ortega y María Fernanda Somuano, es clara e importante por sus implicaciones: el resultado más significativo de la elección presidencial de 2006 no fue el precario segundo triunfo del PAN en las urnas presidenciales ni, menos aún, la supuesta consolidación de la democracia formal alcanzada seis años atrás, sino precisamente lo contrario: el malogro de la oportunidad histórica de convertir la gran legitimidad ganada en el proceso electoral de 2000 —generada cuando las urnas hicieron que el PRI cediera pacíficamente el control que durante 71 años había mantenido sobre una presidencia sin contrapesos— en el cimiento de la etapa moderna y democrática de México. Desde esa perspectiva, 2006 fue la coyuntura que puso al país en el camino de retorno al pantano político del que recién había salido y que, además, apagó en muchos el entusiasmo por empezar a escribir un capítulo distinto en el proceso del desarrollo político mexicano.

Los indicadores que manejan Ortega y Somuano muestran de manera efectiva lo que muchos han detectado intuitivamente: que la insuficiente confianza que la ciudadanía tiene en el órgano encargado de llevar a cabo los procesos electorales: el Instituto Federal Electoral (IFE), hoy Instituto Nacional Electoral (INE), afecta la calidad política en su conjunto.

Apoyados en James Coleman y otros autores, Ortega y Somuano definen confianza política como “el grado de certeza en el cumplimiento de las obligaciones derivadas de las normas y reglas establecidas por un entorno específico”,13 y rastreando las causas de las sospechas de fraude electoral —documentadas por los autores en la elección de 1988, pero que se remontan al origen mismo de la práctica electoral en el siglo XIX— se explica parte de la precaria confianza política en México. Tómese la definición propuesta, más las prácticas electorales o cualquier otro indicador disponible: inevitablemente se llegará a la conclusión de que en el México actual la desconfianza es generalizada, y por ello Jacques Rogozinsky, director de Nafinsa y cercano a Carlos Salinas, explica que en nuestro país 99% de las empresas es familiar.14 Y es que, entre otras razones, para muchos mexicanos toda relación fuera de la institución familiar es insegura.

Entre los años 2000 y 2006 la confianza ciudadana en los procesos electorales varió entre 40 y 70%, pero tras los sucesos de 2006 —en esa elección los autores no ponen el acento en el fraude al estilo 1988, sino en las condiciones en que se dio la campaña y el rechazo al recuento pese a lo cerrado del resultado—, cayó. En 2013 quien dijo tener mucha confianza en el árbitro electoral fue apenas 16%; el resto osciló entre algo (43%), poca (29%) y nada (11%).15 Y eso que, en términos relativos, el hoy INE destaca por ser la estructura mejor evaluada dentro del conjunto de instituciones políticas: los partidos, por ejemplo, apenas lograron que 1% de los mexicanos declarara sentirse plenamente confiado en su desempeño, frente a 75% que expresó poca o nula confianza en aquél.16

La legitimidad de las instituciones políticas depende inicialmente de su origen, pero al final, de su desempeño.17 Dentro del sistema institucional hay diferencias en ese campo. Así, ante un hipotético conflicto entre el presidente y el IFE-INE, 49% de los encuestados le creería más al instituto y sólo 13% al presidente, pese a que este último tiene su origen en una elección general y el IFE-INE no.18

Descomponiendo el universo ciudadano por región y estratos sociales vía niveles de ingreso, Ortega y Somuano hallan que la mayor desconfianza en torno del IFE-INE anida en el sur del país, pero socialmente en los sectores de clase media baja. Aquellos que confían más en la institución se encuentran en el norte y centro del país, donde el desarrollo es mayor, pero en estratos de menores ingresos.19 Una paradoja que hay que explicar.

Hoy el INE hereda lo que le dejó el IFE. Después de la elección presidencial de 2012, 46% de los ciudadanos consideraba que el trabajo de ese instituto era bueno o muy bueno: falta ganar a la otra mitad.

Sólo cuando el perdedor acepta que su derrota fue en buena lid —como es el caso del reciente referéndum boliviano—, la democracia ha pasado la prueba. Y en el proceso mexicano eso aún no ocurre. Por ello, el trabajo aquí examinado concluye que la desconfianza generada en la elección de 2006 sigue pesando —principalmente entre los identificados con la izquierda—.20 Sin confianza, el cambio político no es otra cosa que recorrer el camino de regreso a donde empezamos. Las elecciones de 2018 determinarán si el viento traerá de vuelta lo que se llevó en 2006.

¿De qué sirvió realmente a la sociedad mexicana la última “fiesta de la democracia” del 5 de junio de 2015, tan sucia en su conjunto, tan violenta en algunas regiones y tan costosa en su totalidad: 37 mil millones de pesos?21 ¿Realmente las urnas fueron la voz de un “soberano” que apenas en 47% acudió a votar, y que de esa minoría casi 5% anuló su voto? Después de la batalla, el todo no es muy distinto de lo que era. Lo destacado del ejercicio de junio fue la acción de las maquinarias partidistas y lo mal que las urnas reflejan un descontento que las encuestas sí alcanzan a registrar.

Hay procesos electorales que son disparadores de cambios reales, pero el de 2015 no lo fue. Elecciones intermedias con significado fueron, por ejemplo, las de 1997, que hicieron que el viejo presidencialismo autoritario perdiera el control de la Cámara de Diputados. En contraste, la elección de 2015 fue en gran medida la reafirmación del statu quo. Algunos gobiernos locales cambiaron de signo y aparecieron nuevos actores, pero no se modificó el corazón del poder político.

La elección de 2015 se desarrolló en un marco de desconfianza. María Amparo Casar encontró que 91% de los ciudadanos ve los partidos políticos como instituciones corruptas —¡de ahí surgió 99.72% del total de los candidatos!, puesto que de los 43 mil 416 ciudadanos que se presentaron al juicio de los electores, únicamente 0.28% lo hizo como independiente—.22 Por lo que hace al árbitro: el INE, menos de un tercio de la ciudadanía le tiene confianza.23

Y es que el proceso que le dio el triunfo a Felipe Calderón en 2006 significó, por la manera en que se llevó a cabo, la ruina prematura del gran esfuerzo que se había hecho en el año 2000 por introducir la confianza en la autenticidad del voto y lograr que las urnas fueran el cauce privilegiado de nuestra pluralidad política. En 2006 el PAN y sus aliados optaron por revivir y hacer propio el espíritu de las viejas elecciones trampeadas; esa herencia se reafirmó en el “año Monex” y ahora.

Los atropellos a la letra y al “espíritu de las leyes” en el proceso que acaba de concluir, del que oficialmente los presidentes de la República y del INE se dicen orgullosos, constituyen un catálogo de ilegalidades completo: distribución de televisores por Sedesol y la SCT, y el uso de programas sociales para inducir el voto; el mismo fin tuvieron tanto el apoyo al empleo temporal como el reparto de tarjetas de ayuda para “padres de familia” con hijos en edad escolar. Igual propósito tuvieron el sacar del aire un noticiero independiente con amplia audiencia (Carmen Aristegui) y la suspensión temporal de la evaluación de los docentes para intentar desactivar a maestros movilizados contra la reforma educativa, etcétera.

En muchas partes se echó mano de la inducción del voto vía despensas, materiales de construcción, fertilizantes, cobijas, electrodomésticos o dinero en efectivo, más campañas de desinformación en las redes sociales. Sin embargo, nadie hizo todo esto con tanto descaro y con la complicidad de las autoridades electorales como el PVEM, o “sector verde del PRI”: propaganda donde y cuando no se debía —desde papel para envolver tortillas hasta espectaculares y pantallas de cine—, vales para medicinas, uso de datos confidenciales para ubicar a electores y obsequiarles kits escolares, reparto de lentes o boletos para cines, trato abiertamente favorable en tiempo y contenido en noticieros nacionales de televisión, mensajes por las redes sociales de artistas ligados a las televisoras, etc.: una infame joya de la Corona.

En México ser delincuente tiene sentido, puesto que la cifra negra de impunidad del delito es de 99.7%.24 El PVEM adoptó plenamente esa lógica, violó la ley y tuvo un pequeño éxito: su votación en 2012 pasó de 6.44 a 7.07% en la siguiente. Su meta era sumarse al Panal para darle al PRI y al gobierno el control de la Cámara de Diputados, y, en aras de ese logro de corto plazo, no dudó en sacrificar lo poco que quedaba de la credibilidad de las instituciones electorales. Esa victoria pírrica de los verdes y ese innoble esfuerzo tuvieron un costo altísimo para la legitimidad electoral en su conjunto.

Entre los aspectos novedosos y significativos de la elección pasada, destaca la implantación regional de Morena, un partido dispuesto a actuar como oposición de izquierda real; aunque con 8.4% de la votación, su objeto de llegar a ser la primera fuerza de izquierda requerirá grandes esfuerzos y mucha honradez. La caída del PRD abrió un espacio de multipartidismo competitivo real en la capital del país. Por otro lado, el triunfo como gobernador de Nuevo León del candidato independiente Jaime Rodríguez abre tanto posibilidades como interrogantes: el gran capital de su estado le da su apoyo, pero lo importante es saber cómo administrará el propio, el de tipo político, y hasta qué punto mantendrá su independencia y cómo la usará.

Para resumir, la elección mostró que “mover a México” en sentido real y positivo es una descomunal y demorada tarea.

Entre las conclusiones positivas de las elecciones de 2016 está que una derecha, el PAN, resquebrajó el proyecto de otra derecha: el PRI de Enrique Peña Nieto, de hacer del siglo XXI “otro siglo priista”. Para la izquierda resultó alentador —no más que a Morena—, pese a nadar a contracorriente, que se haya afianzado como alternativa ante un PRD desfondado. Finalmente, es de celebrar que la decencia política se haya anotado un triunfo en Chihuahua, donde Javier Corral se impuso a sus adversarios de dentro y de fuera.

Elegir es el acto de seleccionar de entre un conjunto. En política es el proceso que teóricamente permite al elector designar de entre un conjunto a quien debe ejercer, en su nombre, un cargo público. La práctica data de milenios, pero en sistemas no democráticos los electores son una persona o una minoría. En la democracia moderna, cuyo origen está en la Grecia del siglo V a.C. y echó raíces en la Europa de la Ilustración desde finales del siglo XVIII, los electores ya son el conjunto de ciudadanos. Sin embargo, esos electores apenas si pueden optar entre los miembros de un pequeño conjunto de personajes previamente seleccionados por las cúpulas de los partidos con registro, que con frecuencia no son los mejores.

Es verdad que hoy y aquí también existen los candidatos independientes, pero éstos tienen que contar con recursos materiales y cumplir con una serie de requisitos fuera del alcance del ciudadano normal. Así pues, en la democracia moderna son las dirigencias partidarias —verdaderas estructuras oligárquicas, como lo demostró en su estudio clásico Robert Michels— las que designan a los candidatos, y lo hacen según sus intereses, no en función de los del elector.

Como sólo un puñado de individuos puede ser candidato, para intentar mantener el elemento democrático en las “democracias reales” idealmente quienes compiten deberían presentar programas de gobierno que efectivamente resultaran contrastantes, auténticas alternativas ideológicas y de gobierno. Eso ocurre sólo a veces. De nuevo idealmente, la lucha por ganar el apoyo ciudadano debería darse dentro de un marco de relativa igualdad de recursos materiales, emitir el sufragio previa difusión de los diferentes programas y los datos personales relevantes del candidato para permitirle al ciudadano tomar una decisión informada y racional. En cualquier caso, la coacción y la dádiva deben estar ausentes, y, finalmente, el recuento de los votos debe hacerse de manera limpia. Si una o más de esas condiciones no se cumplen, la legitimidad del proceso se debilita o se pierde del todo.

Esas elecciones de 2016, como casi todas las del pasado, se llevaron a cabo en un ambiente en que los electores se encontraron muy alejados de los partidos. En general, más de 80% de los ciudadanos mexicanos desconfía de los partidos políticos.25 Obviamente, sin confianza en el partido es difícil que se la tenga al candidato, y el caso de Veracruz resultó un ejemplo perfecto: ahí “los tres grandes”, PRI y PAN-PRD, ofrecieron al elector una opción entre candidatos impresentables: los Yunes.

Además, en términos generales, en varios estados el elector no tuvo ante sí para escoger un abanico de programas realmente diferentes. Y es que el famoso Pacto por México de 2012 uniformó las grandes líneas programáticas del PRI, PAN y PRD, al punto de que hizo posible coaliciones PAN-PRD, es decir, unificó a los dos mayores partidos de oposición, pese a que, teóricamente, sus proyectos políticos deberían ser incompatibles. Fue la disputa del poder por el poder mismo lo que forjó de manera natural alianzas que deberían ser contra natura. Es verdad que en el caso de Veracruz Morena logró abrir espacio a la alternativa, pero aquí jugó, con mucho, otra variable muy importante: la disparidad en los recursos materiales.

Es imposible saber cuánto “dinero negro” —recursos gubernamentales y privados no registrados por el INE y, por lo tanto, ilegales— entró en la campaña de 2016 y en qué medida desequilibró la competencia, ni, principalmente, hasta qué punto se dedicó a la compra de votos. Los datos del Banco de México permiten saber que en épocas electorales el circulante de efectivo (billetes y monedas) se dispara. En la de 2015 el aumento de ese tipo de dinero fue de 28 mil 956 millones de pesos, cuando en los mismos meses del año anterior, no electoral, fue de menos de la mitad: 11 mil 459 millones.26

En 2016 los millones de spots irritaron, pero no informaron, y otro tanto de pobres —en gran parte, resultado histórico del tipo de política dominante— fueron convertidos, una vez más, en clientela de los compradores de votos. Los medios informaron con regularidad de esa práctica, en la que se repartieron despensas cuyo valor osciló entre 100 y 800 pesos, tarjetas de débito por 500 o 600 pesos y compra directa del sufragio aun hasta por mil pesos.27

En suma, las elecciones del 5 de junio no fueron las peores, pero estuvieron lejos, muy lejos, de acercarnos a las que aspiramos y merecemos.

No deja de tener gracia que en esta coyuntura electoral nos venga a visitar el secretario de Estado norteamericano Rex Tillerson para prevenirnos sobre la posible injerencia rusa en los comicios. Si desde el exterior alguien ha interferido en la vida política mexicana a lo largo de casi dos siglos es, precisamente, Estados Unidos. Su primer representante aquí, Joel Roberts Poinsett (1825-1830), fue central en la creación de la logia masónica yorkina, un protopartido político que apoyó y se apoyó en Vicente Guerrero en su pugna con los masones del rito escocés, ligados a los europeos y monarquistas. Desde entonces, ¿cuándo no ha interferido Estados Unidos, aunque en distinto grado y según las circunstancias, en nuestra vida interna? Hoy es el mismísimo lobo el que nos previene “que viene el lobo, [otro lobo]”.

También tiene gracia que, además de otros temas, la derecha mexicana coincida en éste con Tillerson, asuma como propia su advertencia y se lance abiertamente a una campaña para ligar el supuesto designio ruso con la candidatura de Andrés Manuel López Obrador.

En la teoría de la conspiración entre éste y Putin, se supone que Andrés Manuel debe pagar el apoyo del segundo, de donde se deduce que, si Morena triunfara en la elección presidencial, el tabasqueño entregaría algo de valor al líder ruso. Entre los primeros que hicieron esa acusación sin pruebas se encuentra el vocero de José Antonio Meade, el poblano Javier Lozano.28 Remarco el gentilicio por razón de que fue en Puebla donde el lunes 29 de enero de 2017 se lanzó una campaña telefónica en la que, en 30 segundos, una voz anónima le informaba al escucha que Putin estaba financiando la campaña de López Obrador porque, de ganar, éste le entregaría el petróleo mexicano a Rusia. Por lo tanto, concluía el mensaje: “No permitas que López Obrador traiga al enemigo ruso. Piénsalo y pasa la voz”.29

Quizá sin proponérselo, los autores de la supuesta conspiración coincidieron en el tiempo en que los medios financieros anunciaban urbi et orbi que en la llamada ronda 2.4 el gobierno de Enrique Peña Nieto acababa de entregar a la empresa petrolera neerlandesa Shell nueve de los 19 bloques subastados para explotar gas y petróleo en el Golfo de México, en zonas donde, se supone, hay miles de millones de barriles de crudo y un potencial de producción de gas de 4 mil millones de pies cúbicos diarios. Además de Shell, también adquirieron derechos de explotación empresas de Qatar, Malasia, España. Al final, algo se le dejó a la empresa “productiva del Estado” que antaño fue la única que debía y podía explotar nuestra riqueza petrolera: Pemex.30

Y en relación con los rusos y nuestros hidrocarburos, resulta que quien sí le abrió una discreta puerta de acceso a Moscú fue el gobierno de Peña Nieto: aceptó firmar un contrato con Lukoil, gran empresa petrolera rusa, para la explotación de petróleo en aguas someras mexicanas.31 En tales circunstancias, con las nuevas subastas de zonas petroleras que se harán en lo que resta de 2018 —“año de Hidalgo”—, no es aventurado suponer que difícilmente quedará zona petrolera mexicana sin adjudicación para cuando tome posesión el próximo gobierno.

Hasta hoy, es Shell la petrolera internacional que tiene la mayor presencia en México y, por lo tanto, ésta, y no los rusos, tendrá la mayor capacidad de presión sobre los futuros gobiernos mexicanos. Se repite, así, algo parecido a lo que ocurrió hace un siglo, cuando El Águila Oil Company, empresa petrolera inglesa creada al final del Porfiriato —cuyo dueño, lord Cowdray, después vendió a la Royal Dutch Shell—, dominaba el escenario petrolero mexicano. Ese dominio sólo acabó en 1938, cuando el presidente Lázaro Cárdenas expropió y nacionalizó toda la industria petrolera. Así pues, en política de energéticos, como en otros muchos aspectos, México pareciera haber entrado en un segundo Porfiriato, con oligarquía y con la explotación de sus recursos naturales dominada por el capital externo. Los rusos ya no tienen mayores posibilidades.

Lo llamativo de la actual reedición de la propaganda electoral del miedo a los rusos elaborada por la derecha mexicana y estadounidense es que, en buena medida, tiene como base algo que, en principio, ya debía ser historia: las rancias fórmulas anticomunistas de la Guerra Fría. Esa guerra acabó hace casi 30 años y Rusia ya dejó de ser marxista, pero a nuestra derecha aún le resulta redituable seguir explotando la asociación oro de Moscú-izquierda mexicana-“disolución social”-fin de la libertad y de la democracia mexicana (democracia que, en realidad, nunca ha existido).

En 2006, la acusación de una supuesta conspiración entre López Obrador y Hugo Chávez (apoyada por Rusia) fue tema central de la campaña electoral de Felipe Calderón y le funcionó como eje de un triunfo “haiga sido como haiga sido”. El resultado fue un sexenio catastrófico, que hundió a México en una violencia imparable. ¿Puede volver a funcionar la fórmula en 2018? ¿Volveremos a tropezar con la misma piedra?

Para Reynaldo Ortega la democratización es un tipo de insurgencia, y las elecciones, uno de sus campos de batalla. Esa visión es el eje de su Presidential Elections in Mexico. From Hegemony to Pluralism,32 libro que puso en circulación en 2017.

Elecciones presidenciales competidas, apegadas a la ley y con resultados aceptados como legítimos apenas si hay alguna en la historia de México, quizá sólo la primera, la de la edad de la inocencia: la de Guadalupe Victoria en 1824. La crucial elección de Francisco I. Madero en 1911 se ganó con más de 99.27%, pues no había opción real. No fue sino hasta 2000 cuando México casi vivió una elección bona fide, pero la manchó el dinero sucio de los Amigos de Fox y del Pemexgate.

En zigzag, con lentitud, la realidad mexicana se sigue aproximando a la definición de democracia política contemporánea. Es verdad que hay cada vez más espacio para la sociedad en el proceso político, pero aún no alcanzamos la normalidad democrática de nuestra época.

La obra de Ortega es compacta (188 páginas), llena de teoría y datos, y aparece justo en los inicios de la campaña electoral de 2018. Al examinar con detalle los últimos 47 años de la historia política y electoral mexicana, el autor primero define sus conceptos: partidos políticos, democratización, tipos de elecciones, etc., y luego examina para el caso mexicano la utilidad de las principales teorías disponibles sobre la democratización. Este trabajo descansa en una densa base cuantitativa resumida en 57 cuadros, gráficas y mapas. Finalmente, todo el material —cualitativo y cuantitativo— converge para desarrollar una tipología y examen de las elecciones mexicanas de los últimos decenios que podría aplicarse en otros casos.

En la tipología básica están primero las elecciones cuyos resultados sólo reafirmaron las políticas y los equilibrios existentes (1970, 1976 y 1982). Un segundo tipo lo conforman esas otras donde, pese a que el partido en el poder logró mantener la presidencia, sí modificaron la naturaleza del proceso político: se trata de los comicios de 1988, 1994 y 2006. En ese 1988, por ejemplo, el PRI ganó, pero todo empezó a cambiar; en un tercio de distritos las cifras de la victoria priista representaron más de 100% de la población adulta, pero en el resto su vieja hegemonía se rompió. Sólo la “concertacesión” PRI-PAN mantuvo el triunfo priista, y desde entonces México dejó de ser, en términos de Sartori, un sistema de partido hegemónico para pasar a uno de partido dominante.

Finalmente están las elecciones que realinearon el gran tablero político: las de 2000 y 2012. Aquí se examinan los efectos de la reforma electoral de 1996 y de la aparición del primer gobierno dividido, tras las elecciones intermedias de 1997. Se ven, con datos y correlaciones, los efectos del financiamiento público de los partidos, de la propaganda, de los efectos de discriminar el gasto en función de las preferencias del electorado. Se examina la importancia de mensajes dirigidos a los votantes independientes y los efectos del “voto estratégico”. Se subraya la gran importancia de las identidades partidistas, la correlación entre encuestas y resultados, más los efectos de identificar mal a los electores (gastar en programas sociales para pobres que no son tales y dejar fuera a los que efectivamente lo son). En fin: para los interesados, y de cara a 2018, el examen de estrategias y tácticas pasadas tiene ideas relevantes.

Naturalmente, la institución central de esta investigación son los partidos políticos, particularmente, los de oposición. Los procesos políticos dependen mucho de su naturaleza, de su capacidad de movilizar a militantes y simpatizantes para poder dar forma a coaliciones de éxito. Un argumento central es que en el México contemporáneo —aquí entra en juego la explicación histórica—, las grandes barricas donde se empezó a fermentar lo que sería la oposición partidaria fueron las inconformidades acumuladas por una sociedad agraviada, las acciones de trabajadores organizados, los movimientos estudiantiles y sus liderazgos. Éstos fueron los elementos primarios de los que emergieron los partidos de oposición. Sin dichos componentes, no obstante la existencia de la sensación de agravio que pueda permear en la sociedad, no se construye la oportunidad política que lleve a que partes sustantivas de la población se movilicen en calles, plazas y urnas para desafiar el orden existente.

Es la conformación de los partidos de oposición lo que explica la emergencia de una amenaza al statu quo, así como la consecuente aceptación por parte de la estructura dominante de concesiones que terminan por abrir el camino para transitar de elecciones sin contenido propias del autoritarismo a elecciones competidas. El gran desafío para los partidos de oposición en su esfuerzo por el cambio es poner de su lado a segmentos importantes de la ciudadanía. Por eso, algunas de las elecciones de la época estudiada pueden definirse como coyunturas críticas que permiten analizar el meollo de la estructura del proceso político.

La investigación de Ortega es una manera muy fructífera de revisar las últimas ocho elecciones presidenciales y, en particular, de entender lo que está por venir, pues, sin duda, 2018 será una nueva coyuntura crítica.

1 Reforma, 18 de abril de 2018.

2 Reforma, 20 de abril de 2018.

3 Sinembargo, 22 de abril de 2018.

4 Aristegui Noticias, 23 de abril de 2018.

5 Véase <www.animalpolitico.com>, febrero de 2018.

6 México, Grijalbo, 2018.

7 La Jornada, 23 de abril de 2018.

8 Véase <www.chihuahua.gob.mx>, 11 de diciembre de 2016.

9 Manuel Ureste Cava et al., La estafa maestra, México, Temas de hoy, 2018.

10 Ana Lilia Pérez, Aristegui Noticias, 15 de abril de 2018.

11 Thomas Edsall, “What motivates voters more than loyalty? Loathing”, The New York Times, 1º de marzo de 2018.

12 México, El Colegio de México, 2015.

13 Ibid., p. 23.

14 Conferencia en Sonora, 22 de febrero de 2016.

15 Ortega y Somuano, op. cit., p. 85.

16 Ibid., pp. 87-86.

17 Ibid., pp. 95-96.

18 Ibid., p. 109.

19 Ibid., pp. 120-124.

20 Ibid., p. 128.

21 Jorge Alcocer, Aristegui Noticias, 6 de julio de 2015.

22 María Amparo Casar, México: anatomía de la corrupción, México, IMCO/CIDE, 2015, p. 23.

23 Reforma, 30 de marzo de 2015.

24 Casar, op. cit., p. 56.

25 Informe país sobre la calidad de la ciudadanía en México, 2014, México, IFE/El Colegio de México, 2015, pp. 127-128.

26 El Financiero, 2 de junio de 2016.

27 Forbes México, 20 de mayo de 2016; El Universal, 5 de junio de 2016.

28 El Universal, 18 de enero de 2017.

29 Véase <http://www.periodicocentral.mx>, consultado el 1º de febrero de 2018.

30 Forbes México, 31 de enero de 2018.

31 Véase <mundo.sputniknews.com>, consultado el 1º de febrero de 2018.

32 Cham, Palgrave Macmillan, 2017.

Andrés Manuel López Obrador

El concepto de “populismo”, concepto cargado, se emplea de manera muy laxa y, en cualquier caso, no hay una definición generalmente aceptada.1 Si bien el proyecto de Andrés López Obrador se ha calificado de populista, debe tener un adjetivo: de izquierda. En cualquier caso, aunque afirma “primero los pobres”, no busca identificarse exclusivamente con los intereses de un grupo o clase social, sino aceptar la diversidad política, social y cultural de México y ejercer el poder buscando el equilibrio viable entre intereses contradictorios.

En su origen, ya sea el ruso (los narodniki) o el estadounidense (los populists) del siglo XIX, la meta de quienes formaron esos primeros movimientos era crear entre las masas rurales conciencia de la explotación a la que estaban sometidas, activarlas políticamente y generar una presión que modificara en su favor al régimen zarista en un caso y a un capitalismo desenfrenado en el otro. Finalmente, los narodniki fracasaron, y muchos pagaron con la vida su intento. El populist movement estadounidense corrió con mejor suerte: si bien no se hizo del poder, una de sus figuras centrales, William Jennings Bryan, rozó la posibilidad de ganar la presidencia en 1896 y fue secretario de Estado con Woodrow Wilson. Los estragos de la Gran Depresión de 1929 llevaron a que elementos centrales del populismo del People’s Party se incorporaran en el New Deal de Franklin D. Roosevelt.

En América Latina, Juan Domingo Perón en Argentina o Getulio Vargas en Brasil han sido considerados ejemplos clásicos de populismo. En el caso de México, el gobierno del general Lázaro Cárdenas ha sido caracterizado como populista por varias razones, positivas para algunos —reforma agraria, expropiación petrolera, apoyo al sindicalismo—, aunque negativas para otros. Treinta años después, algunos encontraron adecuado deslegitimar a Luis Echeverría por populista, aunque, de haberlo sido, lo fue sólo de forma, no de contenido.

Pero ¿qué se entiende exactamente por populismo? Como casi todos los conceptos de las ciencias sociales, el término populismo tiene historia y multiplicidad de usos, pero carece de una definición precisa y de una teoría. Comoquiera que sea, una de las características centrales de todos aquellos movimientos o gobiernos calificados o reputados de populistas son sus críticas a las élites conservadoras y, más exactamente, a las oligarquías.

En sus tres campañas presidenciales (2006, 2012 y 2018), Andrés Manuel López Obrador usó un discurso antielitista, donde atacó a la “mafia del poder”, esa mezcla de políticos representados por Carlos Salinas, priista, y Diego Fernández de Cevallos, panista, que sistemáticamente operaron en contubernio con la administración en turno. Entre los grandes empresarios, a Claudio X. González se lo mencionó una y otra vez como la personificación del gran capital aliado con quienes hasta hacía un momento habían controlado el gobierno y los partidos para dar forma al crony capitalism (capitalismo de clientelas), donde la ganancia es resultado no precisamente del juego del mercado y la competencia, sino de las conexiones entre empresarios y políticos en un contexto muy corrupto, que ha dado por resultado una formidable concentración del ingreso. En México, según los cálculos en 2018 de Gerardo Esquivel, hoy subsecretario de Hacienda, 1% de la población de mayores ingresos concentraba 22% del ingreso total (en Suecia, 7 por ciento).2

La otra característica sine qua non del populismo es identificar a una parte de la sociedad con el todo o con su esencia, sean los campesinos, los trabajadores, los “descamisados” del peronismo, etcétera. Por eso el populismo, según Jan-Werner Müller, es antipluralista. En cualquier caso, ha adquirido una connotación negativa que implica que, bajo una apariencia democrática, esconde una esencia antidemocrática.3 Es aquí donde la característica del concepto no corresponde con el discurso o la realidad del lopezobradorismo, que abarca no sólo a “los pobres” (43.6% de la población, según el Coneval), sino también a las clases medias. De acuerdo con las cifras de Francisco Abundis, director de la encuestadora Parametría, el 1º de julio de 2018 los electores de menores ingresos efectivamente prefirieron a López Obrador sobre los otros candidatos, pero no por mucho. En realidad, la ventaja del tabasqueño sobre sus rivales fue más notable entre los votantes de mayores ingresos (en proporción de dos a uno), y todavía mayor cuando la variable fue la escolaridad. Abundis concluye: “El voto del ganador de la contienda electoral provino de la clase media y no de la gente de menores ingresos como se ha argumentado por algunos analistas”.4 Así pues, en algunos de los intentos de definiciones esa parte esencial del concepto de “populismo” no cuadra bien con la fuerza que encabeza López Obrador: hay que buscar otra más amplia.

Urbe et orbi, desde un año antes de las elecciones de 2018 PRI, PAN, PRD y sus aliados anunciaban que Morena amenazaba con ser el advenimiento ya no del comunismo, sino, precisamente, del populismo. En ese contexto, para el antimorenismo, el lopezobradorismo se presentaba como un “mesianismo tropical” que, si bien no significaba un asalto frontal contra el sistema de propiedad, sí era lo más cercano: un autoritarismo caudillista con aumentos impositivos, gasto público demagógico, peligro para la privatización energética, etc., todo lo cual desembocaría en una crisis económica y política mayúscula, similar a la de Venezuela. Que el ejercicio efectivo de la responsabilidad de gobernar de Andrés Manuel López Obrador cuando fue jefe de Gobierno del entonces Distrito Federal (2000-2005) no respaldara esa visión apocalíptica de sus enemigos era lo de menos. Lo demás era impedir a como diera lugar que esa tercera y última campaña presidencial del morenista tuviera éxito.5

Pero si, objetivamente, Morena y López Obrador no se proponían introducir ningún cambio radical en la naturaleza del capitalismo mexicano, sino apenas adecentar su administración política, ¿a qué le temían realmente los que le temían? Quizá a los efectos de una cierta redistribución de la riqueza y, primordialmente, a la eventual rendición de cuentas.

Entre los resultados de la encuesta nacional citada en el capítulo anterior, de febrero de 2018, al preguntar por qué partido nunca votaría en la elección presidencial de 2018, 47% seleccionó al PRI y 12% a Morena. Al hacer la pregunta en sentido positivo: por cuál sí votaría, éste quedó en primer lugar. Sin embargo, PAN y PRD —léase, la oposición “leal” al gobierno y enemigos jurados de Morena y de su líder, López Obrador— alcanzaban sumados 19 por ciento.6

Los datos de la encuesta sugerían que lo ideal para quienes tratarían de que 2018 no fuera un parteaguas histórico y que las elecciones concluyeran en algún tipo de “gatopardismo” — cambios en la superficie, pero no en el fondo— sería construir un gran frente PRI-PAN-PRD que enfrentara a Morena. Teóricamente, según los datos, ese frente podría haber obtenido 31.7% del voto, más lo que le añadieran sus rémoras: los partidos chicos que irían con la coalición, y así, con la mano en la cintura, se podría aplastar a la única oposición real.

La corrupción gubernamental campeaba en buena parte de nuestro hemisferio, pero algunas de sus sociedades ya han empezado a reaccionar. Aquí, al otro lado del Suchiate, en 2015 el presidente Otto Pérez Molina fue acusado de corrupción, destituido y encarcelado. En Perú, el expresidente Ollanta Humala, que gobernó entre 2011 y 2016, estuvo en prisión preventiva con cargos por corrupción, y no obstante que llevó su proceso de libertad siguió siendo investigado. Desde 2007 otro expresidente peruano, Alberto Fujimori, está en prisión por su responsabilidad en matanzas durante su gobierno. Y otro expresidente de Perú, Alejandro Toledo, y su esposa, también podría ir a prisión, pues estaban acusados de lavado de dinero.

En El Salvador, también en 2017, el expresidente Elías Antonio Saca fue llevado a la prisión de Mariona, acusado de enriquecimiento ilícito, y otro expresidente, Mauricio Funes, estaría acompañando a Saca de no haber huido a Nicaragua. Rafael Callejas, expresidente de Honduras, ingresó en prisión en Estados Unidos en 2015 por participar en un esquema de corrupción dentro de la FIFA, y Ricardo Martinelli, expresidente de Panamá, quedó preso en su país acusado de haber usado recursos públicos para espiar a rivales políticos. Finalmente está el caso más reciente y muy diferente de los anteriores, porque implica a un expresidente muy popular: Luiz Inácio Lula da Silva, de Brasil, condenado por una acusación de corrupción por haber recibido un departamento y una casa de manos de contratistas de la obra pública.

Lula ha apelado. Si eso le ocurrió a un personaje tan popular dentro y fuera de su país, ¿qué podría suceder con los políticos mexicanos, tan desprestigiados por haber sumido al país en la corrupción extrema?

En suma, el verdadero temor de quienes todavía en 2018 tenían las riendas del poder no lo representaba el tipo de populismo que parecía representar Andrés López Obrador, sino que México ingresara en el grupo de países que llaman a cuentas a sus gobernantes. ¡Y vaya que si hay cuentas pendientes!

Así, todavía es frecuente escuchar, como crítica de sus propuestas, pero sobre todo de su actuar, que Andrés Manuel López Obrador es peligroso por populista, caudillista y “mesías tropical”; en suma, porque no es negociador y “razonable”.

“Yo soy yo y mi circunstancia y si no la salvo a ella no me salvo yo”, escribió José Ortega y Gasset en las Meditaciones del Quijote (1914), lo cual podría avalar cabalmente López Obrador. Su actuar está estructuralmente conectado con su circunstancia: su época, país, clase y experiencias en el trato con el poder. Entonces, para explicar al López Obrador de los últimos decenios, cuando se convirtió en líder político nacional, hay que revisar sus circunstancias y su empeño por cambiarlas. Y tales circunstancias han sido el producto de un arraigado autoritarismo que se rehúsa a jugar limpio con quienes, como el tabasqueño, no actúan como la llamada “oposición leal”, sino como oposición real, y por eso no puede dar cuartel.

No es éste el lugar para abundar en la biografía de Andrés Manuel López Obrador, pero sí para destacar situaciones que lo han moldeado: el rosario de trampas y fraudes electorales que durante mucho tiempo impidieron que México transitara de un régimen caduco a uno diferente, a una democracia más o menos promedio, como la que ya han experimentado países donde por lo menos el conteo de los votos ha dejado de ser problema.

En 1983 el gobernador de Tabasco, Enrique González Pedrero, puso al joven López Obrador (30 años) al frente del PRI estatal —ahí la herencia de Garrido Canabal seguía viva y bloqueaba cualquier alternativa a ese partido—, pero en un abrir y cerrar de ojos lo echaron del puesto por intentar ir contra la esencia de ese partido: crear “comités de base” para que dejara de ser mero instrumento de los presidentes municipales y respondiera más a las demandas de sus bases. Para compensarlo, se le hizo oficial mayor, el encargado de los dineros, pero López Obrador renunció antes de siquiera haberse sentado en la silla del despacho. En 1987 el PRI nacional también echó de sus filas a Cuauhtémoc Cárdenas por proponer algo similar: que la selección del candidato presidencial se hiciera en consulta con la membresía. Tras la elección truqueada y sin credibilidad de Carlos Salinas en 1988, Andrés Manuel se encontró ya en las filas del neocardenismo.

Ese neocardenismo lo lanzó de inmediato al vacío: sin recursos, lo hizo su candidato en Tabasco en 1988 y en 1994. Que fuera declarado derrotado ambas veces no fue extraño: lo que sorprendió fue que haya sido capaz de generar una gran movilización en uno de los subsistemas priistas menos propicios para la oposición, al punto de que obligó al gobierno a reconocerle 22% del voto en 1988 y 38.7% en 1994. Dar vida a una organización opositora en un Tabasco acostumbrado al monopolio tricolor y llevar a cabo un “Éxodo por la Democracia” en 1991-1992 y una “Caravana por la Democracia” en 1995, fue todo un logro, al grado de que hizo imposible que un gobernador priista, Salvador Neme, se mantuviera en el poder, y de que orilló a otro, Roberto Madrazo, a operar con un evidente déficit de legitimidad.

Haber sobrevivido en la lucha contra el autoritarismo en su estado forjó el estilo de hacer política de López Obrador. En el año 2000, en la Ciudad de México —un ambiente más propicio para la oposición—, logró que como parte de la alternancia —la circunstancia— se le reconociera su triunfo a la jefatura de gobierno y, más tarde, relevara a Cuauhtémoc Cárdenas como cabeza del movimiento electoral opositor de izquierda.

En 2006, en calidad de candidato presidencial del PRD, se enfrentó ya no al antidemocrático PRI, sino al supuestamente democrático PAN, que intentó su desafuero con el pretexto que ya se ha descrito en otro capítulo. Una gran movilización lo restituyó en la candidatura, pero una campaña bien orquestada: “AMLO, un peligro para México”, y una activa intervención ilegal del presidente y de un organismo empresarial, más la negativa de la autoridad electoral a sancionar esas acciones o aceptar un recuento de los votos pese a que la diferencia original entre López Obrador y el candidato panista fue de apenas 0.62%, le dieron la victoria a la derecha.

En 2012, de nuevo candidato, enfrentó a un PRI muy duro: el de Atlacomulco. El viejo partido se impuso con el apoyo de una gran inversión en la compra de votos —tarjetas Monex— sin que la autoridad electoral interviniera. Ahí están algunos de los componentes de las circunstancias que han hecho a López Obrador.

Es frecuente que el nacimiento de un partido sea obra de un líder fuerte. Al PRI lo formó Plutarco Elías Calles; al PAN, Manuel Gómez Morin; al PRD, Cuauhtémoc Cárdenas. Morena no hubiera nacido como partido en 2014 de no ser por el empeño opositor de López Obrador, por su periplo por los 2 mil 458 municipios de México, por su rechazo a ser cooptado o intimidado. Que su liderazgo tiene características de caudillo es tan innegable como natural. Es resultado de “sus circunstancias”. Y esas circunstancias se pueden resumir así: en 1988 el círculo de poder optó por jugar sucio con la oposición cardenista, en 2000 aceptó el veredicto de las urnas que favoreció a la derecha. Desde 2006 hasta 2018 mantuvo su veto al hoy presidente y ese veto ilegal e ilegítimo fue la circunstancia que moldeó el yo del tabasqueño. Hoy en el poder, no niega su circunstancia y sí se mantiene en pos de salvarla.

Quienes dieron forma, contenido y uso al concepto de “mesías tropical” en 2006 —que no obstante le reconocían instinto popular (encomiable si es “bien usado”), fogosidad, inteligencia, capacidad de persuasión y, sobre todo, posibilidades de triunfar— clamaron al cielo, o al fraude, para que se le impidiera el triunfo al personaje así caricaturizado.

Los que optaron por introducir referencias bíblicas en las campañas electorales lo hicieron acuñando y difundiendo con gran entusiasmo —celebrando lo ingenioso de su idea— lo de “mesías tropical” para definir y descalificar a Andrés Manuel López Obrador —al que también tildaban de apóstata, rancheril, rijoso, redentorista, amarranavajas, nimbado y populista en el peor sentido del término—, un personaje al que, con razón, vieron no como un actor político, sino como al enemigo de un statu quo que los beneficiaba. Se trató de una definición cargada de menosprecio y clasismo. Supusieron que con un par de palabras se podía sintetizar y deslegitimar el estilo, el liderazgo, el proyecto y el demorado esfuerzo de alguien que proponía reconstruir el sistema de poder que emergió del agotamiento de la Revolución mexicana, especialmente en su fase neoliberal.

Si ya definir a López Obrador como mesías —el anunciado por los profetas y al que Dios enviaba a liberar a su pueblo y traerle la paz, según el Antiguo Testamento— era una burla, agregarle el calificativo de “tropical” remachaba el desdén. Imaginar un mesías en el Medio Oriente era posible, pero ¡¿en el trópico?!, absurdo. Ya lo había asegurado Montesquieu: en el trópico la sangre se adelgaza y todo, plantas, animales y hombres, es de menor calidad. Así que “mesías tropical” fue una doble descalificación que perfilaba al personaje en cuestión como una excentricidad, alguien que podría ser un distractor, pero de ninguna manera, un actor al que se le pudiera tomar seriamente en cuenta en el drama político de un México encaminado a consolidarse como nación moderna.

Sin embargo, contra todas las expectativas y pronósticos de esos personajes e intereses, logró construir un partido político y un movimiento social de oposición que alcanzó la presidencia por la vía pacífica e institucional, pese a la propia historia de México, país refractario, como dije antes, a la práctica genuina de la democracia política.

En esa coyuntura, quienes le colgaron a López Obrador el sambenito de “mesías” o de “peligro para México” como forma de anularlo políticamente no dejaron de ver con horror cómo parte importante de la sociedad desoyó sus opiniones y una mayoría absoluta le dio un mandato, y a su partido, para que redefinan el rumbo del país mediante una modificación de su régimen político, entendido el concepto de régimen no en un sentido formal, sino sustantivo: el de las reglas efectivas, reales, del juego del poder, de ese que afecta la distribución de las cargas y de los beneficios de la actividad social.

En vísperas de la elección, con una mezcla de angustia y de esperanza de influir en el ánimo de los electores indecisos, quienes descalificaron a López Obrador se vieron obligados a asumir el papel de profetas, de nuevos Jeremías7 que anunciaban grandes males si en el último momento el pueblo no enmendaba sus preferencias. Bueno, esos nuevos Jeremías aseguraban que López Obrador significaría el regreso del abominable priismo clásico, del autoritarismo puro, del que cerrará y arruinará a la economía, hará un pacto de impunidad con el crimen organizado y con el presidente saliente, echará por la borda la reforma educativa, pondrá a Morena en manos de sus hijos, aceptará en su partido a corruptos, no entenderá la complejidad del sistema internacional y propiciará movilizaciones constantes. En una palabra, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguraría la ruina del país y la pérdida del futuro.

Esos profetas le pedían a los seducidos por el populismo y la demagogia amlobiana que, por lo menos, votaran diferenciadamente, que no se entregaran de lleno al mal, sino que lo limitaran apoyando en el Congreso a los partidos tradicionales.

No cabe duda de que los temores de esos profetas del desastre ante el posible triunfo de López Obrador tenían base, pero se explicaban menos por los argumentos que esgrimían y más porque, desde que tomó el poder, el tabasqueño está en posibilidad de afectar sus intereses particulares, que van de la posible pérdida de los escandalosos privilegios fiscales de grandes grupos empresariales (miles de millones de pesos) a la de los beneficios y el estatus que dan los privilegios del poder o del acceso a los corredores de ese poder. Sin embargo, era mucho pedir que un reacomodo o reestructuración de la estructura del poder fuera rechazado por quienes han sido las víctimas de un sistema oligárquico, corrupto hasta la médula, brutalmente extractivo, que ha congelado la movilidad social, cuyo modus operandi significa para la mayoría tener como horizonte la grisura y la angustia permanentes, la injusticia y la indignidad de ser tratado como súbdito y no como ciudadano.

Lo dicho: los elementos de la coyuntura política actual fueron puestos en su lugar, y, desde hace tiempo, por los que clamaron al cielo, o al fraude, por que los salvaran del “mesías tropical”.

Otro de los calificativos contra Andrés Manuel López Obrador es el de emisario del pasado, es decir, no se ha puesto ni se podrá poner al día y entender la complejidad del futuro. No habla inglés —la lingua franca de ese futuro—, no tiene posgrado ni está familiarizado con la tecnología, ya cumplió 65 años, es provinciano; en fin, no es el personaje adecuado para encabezar al México de hoy.8

Una de las críticas que se le han hecho al presidente de la República es que se propone conducir al país a una reedición del pasado. Obviamente tal cosa es imposible, pero lo que sí es verdad es que su discurso se distinguió en todo momento del de sus adversarios por su constante referencia a ciertos momentos políticos históricos. A tres, para ser precisos: la Independencia, la Reforma y la Revolución, coyunturas críticas, revolucionarias, donde emergieron al primer plano los grandes problemas y contradicciones en el proceso de formación de la nación. Problemas y contradicciones que persisten, cuya raíz no ha sido arrancada y siguen nutriéndose de prácticas, estructuras y desequilibrios que se generaron en ese México histórico.

Ahondar en el pasado no quiere decir añorarlo o buscar revivirlo. Daniel Cosío Villegas, uno de los autores favoritos de López Obrador, dedicó años al estudio del México de Juárez y Díaz en su Historia moderna de México para explicarse la “crisis de México” de la posrevolución. Fijarse en el pasado es una manera de conocer, tratar de entender y enfrentar hoy, con los instrumentos de hoy, los temas de la nación, en particular su feroz y persistente desigualdad social, generadora lo mismo de estructuras oligárquicas que de las del crimen organizado.

La idea de Faulkner que ya cité en esta obra: “El pasado nunca está muerto. Ni siquiera es pasado”, le permitió al novelista explicar las complejas y brutales relaciones humanas en el ambiente racista del sur estadounidense. En el país vecino la esclavitud fue abolida en 1865, pero sus efectos siguen sintiéndose hoy: de lo contrario, no se entendería la fuerza política de Donald Trump.

Vivimos en un mundo globalizado y tecnologizado, eso es lo que hay que entender para dominar el futuro. Sin embargo, el mantenimiento de nuestra cohesión como sociedad y de nuestra relativa soberanía requiere tener presente todas y cada una de las luchas y pugnas internas y externas del pasado, hacer su disección y actuar con ese conocimiento en el aquí, el ahora y el futuro. La historia tiene mucho que decirnos sobre el surgimiento y desarrollo del bandolerismo, lo mismo que las razones y efectos del tipo de tratados que suscribimos con Estados Unidos, de nuestra relación económica con el mundo externo, de la migración, del comercio ilícito, del tráfico de armas, de los fracasos en la construcción de una policía efectiva, de las disparidades regionales, de los agravios de las comunidades originales, de las razones de la pobreza.

Entender la política petrolera nacionalista de la Revolución mexicana que culminó en la nacionalización de 1938, conocer el proyecto económico y político de Pemex en sus etapas formativas y de expansión exitosa no es nostalgia, sino guía para empezar a diseñar soluciones. Lo mismo puede decirse de los ferrocarriles o de la banca cuando eran nacionales.

Tener un ojo en el pasado para entender el origen y la evolución de los problemas que forman la agenda de este sexenio no es únicamente la vía para diseñar soluciones realistas, prever los límites de las políticas que intentarán solucionarlos, sino hacer a los responsables de la conducción de país personajes más sensibles, abrir las puertas a la empatía y comprensión del gran “México profundo” (Guillermo Bonfil) o de las razones y la mecánica de la persistente “cultura de la pobreza” (Oscar Lewis).

En El nombre de la rosa (1980) Umberto Eco desarrolla una trama de misterio: muertes inexplicables de monjes benedictinos del siglo XIV dedicados a la traducción y copia de libros en una aislada abadía, donde, al final, un astuto franciscano descubre que la causa de esas muertes no es el diablo, sino un veneno en las hojas de un texto secreto —un segundo libro de la Poética de Aristóteles—: el monje que ocultaba la obra —un monje loco— apreciaba el valor del libro, pero no su mensaje: la legitimidad de la risa, de las visiones antisolemnes del mundo.

Para el bibliotecario de Eco, un mundo donde la risa fuera bien vista sería un mundo donde la densa atmósfera de temor de la época se aligeraría, y se perdería un elemento fundamental para sostener y acrecentar el miedo colectivo. A la vez, ese miedo era insustituible para impedir el desafío al orden establecido, a las instituciones autoritarias, a sus privilegios.

La visión del monje de Eco, defensor de un mundo sumido en el miedo y la inmovilidad, es propia de espíritus y sistemas autoritarios. En la política mexicana, las campañas del miedo como las desatadas a partir de 2006 por la coalición de derecha que dominó nuestro país desde hace decenios operan en el mismo sentido previsto por el personaje de Eco. Por eso, como graves profetas que preveían contra los males que podría traer un triunfo de Morena en las urnas, sus adversarios difundieron en los medios una visión apocalíptica de las consecuencias de esa victoria. En 2006 fue “un peligro para México”, y en 2018: “López Obrador muestra una enfermiza obsesión por el poder”, “siempre tiene la habilidad de situarse por encima de la ley”, “es un político que no acata las reglas democráticas”, “un voto por él… es un voto por el corporativismo, el clientelismo, el autoritarismo y la intolerancia”, etc. (citas tomadas de la campaña en redes sociales “Piensa tu Voto”).

Si de pensar bien el voto se trataba, todas las características atribuidas al líder de Morena se podían encontrar claramente desde hace mucho, y con largura, en la realidad priista: en el PRI del Estado de México, por ejemplo, que, movido por “una enfermiza obsesión por el poder”, llevaba ya 89 años ininterrumpidos de ejercerlo, que “siempre tiene la habilidad de situarse por encima de la ley”, como lo mostró la última camada de exgobernadores de ese partido hoy acusados de peculado, “que no acata las reglas democráticas”, lo mismo en la caída del sistema en el 88 que en Coahuila en 2017. Un voto por López Obrador, se decía, “es un voto por el corporativismo, el clientelismo, el autoritarismo y la intolerancia”, pero resulta que el padre y la madre del corporativismo mexicano es la relación histórica del PRI con la CTM, la CNC, el SNTE, el STPRM, etcétera.

Vuelvo a plantear qué temían realmente quienes desataron la campaña del miedo contra Morena en 2017-12018 en una sociedad azotada cotidianamente por la violencia, la corrupción y la desigualdad extrema. Les atemorizaba, además de ser llamados a rendir cuentas, la pérdida de privilegios y —agrego— el posible cambio en la naturaleza del juego político mismo.

La Restauración de la República terminó en la consolidación de un régimen oligárquico presidido por Porfirio Díaz. La Revolución que lo derrocó en 1911 desordenó ese arreglo y, durante buen tiempo, dentro del nuevo régimen, hubo el juego de una derecha que se hizo fuerte en secretarías como Hacienda, en el Banco de México y en el círculo de los nuevos banqueros, y una izquierda afianzada en las organizaciones de masas. Sin embargo, con el alemanismo, la Guerra Fría y la muerte del general Cárdenas, esa ala de izquierda se debilitó hasta casi desvanecerse.

Sin su izquierda y con la crisis de 1982 —la de la economía basada en la sustitución de importaciones—, el PRI y el gobierno fueron tomados por el salinismo y sus neoliberales. La firma del TLCAN y sucesos concurrentes desembocaron en la reemergencia del carácter oligárquico del régimen político. Indicador de esa reoligarquización de México ha sido la gran concentración del ingreso y la prosperidad del gran capital, pese al mal desempeño del conjunto de la economía.

Frente al panorama descrito, en 2018 Morena representaba la posibilidad de recrear un polo político, cultural y social que hiciera posible el juego que alguna vez hubo entre izquierda y derecha en México, juego que podría, por la vía paulatina del cambio institucional, moderar la oligarquía y crear una economía menos extractiva y concentradora, más dinámica y creativa, que revigorice la movilidad social y genere un clima de menor polarización y violencia.

Se advirtió oportunamente que era casi imposible evitar que la campaña política de 2018 se desarrollara de nuevo en un marco negativo, de miedo y sospecha de fraude, pues los hasta entonces ganadores tenían exceso de temor y falta de visión, como el monje loco de Eco. Por suerte, el grueso de la sociedad mexicana apoyó, con información y sin miedo, la esencia de un juego político limpio de esa coyuntura, que acabó por reconstruir el México plural y nos aleja de la neooligarquización.

David Frum, analista político y conservador, sostiene que si en Estados Unidos los líderes y financiadores de la derecha republicana llegaran a concluir que la democracia electoral (un ciudadano, un voto) va a llevar a la pérdida permanente del grado de poder que históricamente han tenido como grupo —el de los dueños del dinero, blancos, partidarios de un gobierno que cobre el mínimo de impuestos e imponga restricciones mínimas al capital y el que no estorbe a la concentración del ingreso ni los privilegios de clase—, entonces buscarían transformar ese país en un sistema donde la mayoría no pueda imponer candidatos que tengan el veto de los conservadores.9 Por ello, Donald Trump tiene su apoyo. Y si en 2016 el candidato minoritario alcanzó el poder vía la magia del Colegio Electoral, para el futuro buscarán otro.

Desde esa perspectiva se explica que, pese a que el grupo y los intereses que hoy dominan al Partido Republicano en el país del norte no necesariamente se identifican con el poco elegante estilo de gobernar de Donald Trump, lo respaldan. Y es que, no obstante que ese “estilo brutalista”, el trumpismo, debe ser apoyado según la élite conservadora, ha logrado bajar los impuestos, ha eliminado restricciones ambientales y se ha empeñado a fondo por desmantelar el “Estado benefactor”. La principal preocupación de la dirigencia republicana, derecha dura, es hacer frente al desafío que representan las demandas de los grupos y sectores subordinados, como son muchos de los afroamericanos, los latinos o los obreros blancos desplazados por la globalización. Para los conservadores, Barack Obama es algo que no debió haber sido: por eso han fortalecido la campaña desatada en su contra por Trump y minimizado las obvias fallas del actual presidente. Todo eso, claro, es una hipótesis, pero muy útil para examinar el caso mexicano.

Desde el inicio, los grupos privilegiados de México tuvieron la certeza de que la democracia no era el sistema que convenía al país. En el siglo XIX, a Lucas Alamán, por ejemplo, no le cupo duda de que sólo las minorías criollas, educadas y empresariales podían llevar con éxito las riendas del poder en un México independiente. Por eso aceptaron pagar el precio de apoyarse en un personaje con tan pocas prendas morales como Santa Anna, una especie de Trump de la época.

A inicios del siglo XX, en 1907, el presidente Porfirio Díaz, “el insustituible”, aceptó finalmente que quizá los mexicanos ya habían madurado lo suficiente como para intentar la democracia electoral (entrevista con Creelman). Sin embargo pronto se desdijo y en 1910 volvió a reelegirse.

La Revolución de 1910 tuvo un lema muy simple: “Sufragio efectivo, no reelección”. Cuando finalmente la facción triunfadora se hizo del poder, abjuró del lema. En 1928 el general Álvaro Obregón impuso su reelección como presidente, pero su asesinato hizo que el grupo sonorense, para evitarse daños mayores, reimplantara la no reelección, aunque no el sufragio efectivo.

Tras las crisis económicas y políticas de las décadas de 1980 y 1990, el grupo en el poder, priista, volvió a plantear que tal vez la democracia política era la salida ante la creciente falta de legitimidad del priismo en su etapa neoliberal. La coyuntura era favorable para un conservadurismo reformista, pues mientras la izquierda moderada (el neocardenismo) y la radical (el neozapatismo) se habían desgastado por chocar de frente con el sistema, la “oposición leal”, la panista, se había fortalecido.

Debilitados tanto el sistema priísta como las opciones de izquierda: la electoral y la armada, desaparecida la Guerra Fría, con la llamada “tercera ola democrática” aún vigorosa, el panismo foxista “asaltó Palacio”, según el título del libro de Guillermo Cantú.10 Sin embargo a la distancia se ve que el asalto no fue tal: desde dentro, un tecnócrata ya había abierto las puertas de Palacio: Ernesto Zedillo.

En el México del año 2000, como lo sugiere Frum para el caso estadounidense, la democracia política resultó aceptable para la derecha porque no le afectó sus intereses creados. Al contrario: pareció consolidarlos, al inyectarle legitimidad al sistema que los sustentaba. Esa derecha se dio el lujo de proclamar entonces que lo suyo no era una mera alternancia de partidos en el poder, sino la mismísima transición democrática.

Pero pronto la “hazaña” de ese año alcanzó su justa dimensión. La izquierda electoral renovó su liderazgo y, encabezada por Andrés Manuel López Obrador, se propuso su propio “asalto a Palacio”. Fue entonces cuando la derecha abandonó la pretensión democrática —como hoy pareciera hacerlo la estadounidense— y optó primero por el desafuero de López Obrador y, al fracasar, se decidió en 2006 por una elección al “haiga sido como haiga sido”. El corolario fue una violencia incontenible, producto de una “mala guerra contra el narcotráfico”, y el retorno del PRI a Los Pinos.

Electa la izquierda, la cuestión fundamental sigue siendo la misma de hace más de un siglo: ¿la derecha mexicana está dispuesta a aceptar por fin un juego limpio como la vía política para darle al sistema la legitimidad que la sociedad reclama a voz en cuello y por la que se pronunció en las urnas?

La de 2018 no fue la primera insurgencia electoral en México, pero sí la primera en obligar a quienes controlan los hilos del poder a reconocer que les sería más peligroso resistir que aceptar la derrota y negociar el cambio.

Una manera de interpretar lo sucedido en la larga y enconada contienda electoral que culminó con la derrota en toda la línea del viejo partido de Estado y sus aliados es volver a un clásico de la teoría elitista del poder: José Ortega y Gasset, que en 1930 publicó La rebelión de las masas. Se trata de un gran manifiesto del elitismo, a la vez que una interpretación de un tiempo político signado por la movilización de las clases populares en el mundo de la primera posguerra mundial: bolchevismo, sindicalismo, fascismo, justo al inicio de la Gran Depresión. A Ortega, justificador del predominio de las “minorías excelentes” que, hay que subrayarlo, no eran necesariamente equivalentes a las élites económicas, le alarmó la irrupción de las masas en el “pleno poderío social”, la cual significaba la expansión de la mediocridad propia del “hombre masa”, de su cultura y de su indiferencia ante la excelencia propia del individuo que se impone a sí mismo responsabilidades más allá de las que su entorno le demanda. El pensador liberal, individualista y conservador temía que la mediocridad terminara por ganarle la partida a la excelencia de las élites. Así pueden interpretar algunos lo que está sucediendo en esta coyuntura crítica de la política mexicana: una instancia más de la rebelión de las masas.

Hasta hoy y aquí, la preocupación de Ortega había resultado infundada. El “poderío social” de la masa insumisa irrumpió violentamente en los espacios políticos mexicanos un par de veces: durante la Independencia y sus secuelas, y durante la Revolución mexicana, pero en ambas ocasiones esas masas fueron replegadas finalmente a su lugar de origen, a los márgenes. Con los liberales, quienes irrumpieron en la zona reservada para los pocos fueron los sectores medios. En 2018 los que parecieron abrirse paso al centro del escenario fueron una mezcla de sectores populares y clase media, marginados, irritados o ambas cosas.

Una forma de interpretar el arribo de Andrés Manuel López Obrador a la presidencia es la antropológica de Guillermo Bonfil, sintetizada en su ya referido México profundo. Una civilización negada. Lo ocurrido el 1º de julio de 2018, el triunfo electoral contundente de la izquierda, bien puede verse como un intento exitoso, no de las “masas” de Ortega, sino de la nación profunda, de volver a romper el círculo de hierro que las élites han construido alrededor de la presidencia desde el fin del cardenismo. Para Bonfil, el México que había controlado los procesos políticos, económicos y culturales de la posrevolución era el “México irreal, dominante, pero sin raíces, carne ni sangre”.11 Para el antropólogo, el México real era el otro, el de las mayorías que desde siempre han conformado el “México profundo”, el que una estructura de poder oligárquica insiste en mantener como eso, como una masa indiferenciada e inculta que es objeto de explotación, pero nada más, sin dejarle asumir el papel protagónico que por breves periodos tuvo en el pasado.

La última vez que el poder se abrió al México profundo fue durante el gobierno del general Lázaro Cárdenas (1934-1940). Después de enfrentarse al poder tras el trono (Calles), el joven presidente Cárdenas llamó, alentó y organizó a campesinos y trabajadores urbanos para que se convirtieran en la base social, masiva, del régimen. Con ellos transformó el partido de cuadros creado por Calles en 1929 —el PNR— en partido de masas: el PRM, y, para darle razón de ser, revivió el espíritu de cambio social generado por la Revolución mexicana: reforma agraria, sindicalismo, educación socialista y expropiación de la industria petrolera.

Con el cardenismo se vivió la única ocasión en que las instituciones del nuevo régimen se orientaron de manera decidida hacia políticas de izquierda. Concluido ese gobierno, las masas fueron retiradas, de grado o por fuerza, del escenario de la “gran política” mexicana.

La elección de López Obrador es la primera ocasión en que un movimiento multiclasista con orientación a la izquierda llega al poder pacíficamente sin que lo encabece un “superior” (un cura Hidalgo o un terrateniente Madero). Arribó por la vía de las urnas, aunque antes debió pasar por muchas instancias de violencia y represión: 1968, 1971, las guerrillas de los setenta, el levantamiento zapatista de 1994, la masacre de Aguas Blancas de 1995, Atenco y la APPO en 2006, Oaxaca en 2016, entre otros, así como por fraudes electorales apenas disimulados: 1988, 2006, el Estado de México y Coahuila de 2017 y el que se intentó, pero no alcanzó, en 2018, por ejemplo, y por marchas, protestas y movilizaciones, desde las encabezadas por los mineros de Nueva Rosita en 1951 y las del doctor Nava en 1961-1963, hasta el “Éxodo por la Democracia” de los noventa o el “plantón de Reforma” de 2006, las múltiples marchas por los desaparecidos de Iguala, más otros sucesos de similar importancia.

Nuestra actual “rebelión de las masas” ha resultado ser lo que temió Ortega: una demanda de “pleno poderío social”, pero no para imponer el dominio de la mediocridad, como suponía el filósofo —en México la mediocridad es la de su élite—, sino para enfrentar la corrupción, regenerar el tejido social y rehacer una institucionalidad torcida o derrumbada.

Ojalá la energía generada por la movilización electoral de 2018 sea bien dirigida y alcance para enfrentar una tarea que, hoy, se antoja propia de Hércules.

1 John B. Judis, The Populist Explosión. How the Great Recession Transformed American and European Politics, Nueva York, Columbia Global Reports, 2016.

2 “Desigualdad extrema en México”, México, Oxfam, 2015, p. 15.

3 Jan-Werner Müller, ¿Qué es el populismo?, México, Grano de Sal, 2017, pp. 14 y 35.

4 “¿Quienes eligieron a AMLO como presidente?”, Milenio, 10 de julio de 2018.

5 Hubo una amplia campaña de miedo en las redes sociales, financiada generosamente por grandes empresarios y diseñada por intelectuales y profesionales de la propaganda para insistir, como en 2006, que el triunfo de Andrés Manuel López era un “peligro para México”. Tatiana Clouthier, Juntos hicimos historia, México, Grijalbo, 2019, pp. 168-179; Ejecentral, 14-20 de marzo de 2019.

6 El Universal, 17 de julio de 2017.

7 Jeremías pronosticó que su pueblo sería castigado por negarse a escuchar la palabra de Dios.

8 Véase la amplia lista de objeciones hecha por los empresarios mexicanos más importantes, con Larrea a la cabeza, en Reforma, 30 de mayo de 2018.

9 Trumpocracy: The Corruption of the American Republic, Nueva York, HarperCollins, 2018.

10 Asalto a Palacio, México, Grijalbo, 2001.

11 México profundo. Una civilización negada, México, Conaculta, 1987, p. II.

El cambio

Ley es de fortuna que ninguna cosa en un ser mucho tiempo permanece.

FERNANDO DE ROJAS, La Celestina

En las ciencias sociales funciona una especie de ley de la relatividad o un principio de incertidumbre: sus conclusiones son siempre, llamémoslas así, imprecisas. Todo análisis está afectado por los prejuicios e intereses del observador. Esa ley, ese principio, afecta cualquier enunciado que aspire a responder cómo está hoy México.

¿Está en “situación de bancarrota”? Como presidente electo, Andrés Manuel López Obrador usó esa expresión para definir la condición del Estado que el gobierno saliente le entregaría en diciembre de 2018. De inmediato, con una lente diferente, Claudio X. González, otros “hombres de empresa” y políticos del viejo régimen, como Miguel Ángel Osorio Chong, respondieron que México y su economía estaban bien, que el presidente electo debería cuidar sus palabras, pues podía dañar el clima de las inversiones.

Según el Diccionario esencial de la lengua española, bancarrota tiene tres acepciones: quiebra comercial, ruina económica y “descrédito de un sistema o doctrina”.1

La quiebra comercial no caracteriza hoy a México, pero el estado de salud de sus intercambios no es el óptimo. Tampoco está en ruina económica, pero el último déficit en cuenta corriente de la balanza de pagos fue de 18 331 millones de dólares. Más importante todavía es que la deuda externa total acumulada llegó a 481 mil millones de dólares —lo que rebasa 40% del PIB—,2 que, además, no se empleó en infraestructura, y su pago consume más de 11% del gasto del sector público.

El crecimiento del PIB para 2017 se calculó en 2.0%, y el per cápita, en apenas 0.75%. En contraste, las utilidades de la banca experimentaron un crecimiento “sin precedentes”: 137 mil millones de pesos, esto es, 28.4% más que las del año anterior (CNBV).

Desde la perspectiva de los ingresos tributarios, esos recursos con los que se quiere mejorar el entorno material de los más pobres pasaron de un bajísimo 8.4% del PIB en 2006 a 12.8% en agosto de 2018, pero aún siguen lejos del promedio de los países de la Organización para el Comercio y el Desarrollo Económicos (OCDE): 34.3% del PIB, e incluso del promedio de los países latinoamericanos: 22.7% del producto.3 Como se le mire, en ese campo la situación de México no es de congratularse.

Examinemos, finalmente, en nuestro contexto, la definición de bancarrota como “descrédito de un sistema o doctrina”. Viene al caso el “Manifiesto por un liberalismo renovado” que, desde el lado del capital, formula uno de los más famosos órganos de opinión mundial y análisis del sistema económico liberal desde hace 175 años: The Economist.4 Sin apartarse un milímetro de la defensa del liberalismo que enarboló en su número inicial de 1843 y del neoliberalismo actual, la revista acepta que hoy se viven los prolegómenos de una rebelión popular contra las élites liberales. Y si bien ese semanario sostiene la validez de estos principios: respeto a la dignidad humana, mercados abiertos, límite a la acción del gobierno y fe en el progreso por la vía del debate y la reforma, acepta que su práctica deja mucho que desear.

The Economist no usa el término bancarrota para calificar la situación de hoy del neoliberalismo, pero sí una de sus acepciones: “Descrédito de un sistema o doctrina”. Los trabajadores dudan de su equidad, pues lo ven cargado a favor de los monopolios corporativos, que ha fracasado en proveer respeto a los derechos de todos y que las clases gobernantes viven muy separadas del grueso de la población; en pocas palabras, en una burbuja: “Sus miembros van a las mismas universidades, se casan entre ellos, viven en los mismos barrios, trabajan en las mismas oficinas” y esperan que el pueblo se mantenga lejos del poder y se contente con un algún progreso material. Sin embargo, ese progreso hoy no se da porque hay un estancamiento de la productividad y persisten los efectos de la crisis de 2008. La revista británica concede que el “interés común” que presupone la ideología liberal no existe, que lo que hay es la creciente polarización de las sociedades, la cual se define como la lucha entre el “precariato” y los “patricios”, algo que tiene ecos de lo expresado en 1848 por el Manifiesto del Partido Comunista.

El mercado —que nunca ha funcionado como sistema de competencia perfecta— puede ser un mecanismo útil para asignar recursos escasos. Sin embargo, no está hecho para promover la justicia social, ya que da más al que de entrada tiene más y menos al que ingresa en el juego con menor capital, preparación, conexiones sociales y factores similares.

En México ese tipo de mercado, más la corrupción de los últimos decenios, ha generado tanta desigualdad y desventajas para tantos que el nuevo régimen exige un proceso de descompresión social, y enfrenta un tsunami de demandas, muchas de difícil solución. Sin embargo, la legitimidad del liderazgo de Andrés Manuel López Obrador es enorme, y el nuevo presidente está dispuesto a emplearla a fondo para hacer aceptable a la mayoría que el “desfacedor de entuertos” acumulados durante sexenios va a requerir tiempo y negociaciones constantes. Pero sólo en la medida en que el apoyo al cambio se mantenga, pese a los problemas que generará, se podrá ganar el futuro.

Tomó al menos medio siglo derribar con votos la muralla del viejo sistema político. La tarea del gobierno electo en 2018 es una combinación complicada de destrucción, reconstrucción e invención.

Tras las elecciones, los medios mostraron a decenas de personas en las puertas de la llamada casa de transición. Llegaban de todas partes para cualquier tipo de demandas, peticiones, denuncias y ofrecimientos: solicitar un préstamo o ayuda para un enfermo, presentar quejas u ofrecer un currículum para acceder a un puesto en el nuevo gobierno. Recibir y contestar esas demandas era una labor ingente, pero lo verdaderamente difícil va siendo responder a aquellas que formulan los grandes conjuntos sociales: clases populares y medias, así como las instituciones, los grupos de interés y de presión —nacionales y extranjeros—, los personajes del gran dinero y de la potencia del norte.

La teoría de los sistemas políticos señala que un exceso de demandas sobre los centros de decisión y las instituciones del Estado puede llevar a que, por insuficiencia de recursos o de capacidad, éstas no se procesen de manera apropiada y dejen insatisfechos a los demandantes. A la larga, ello disminuiría el apoyo al régimen o, peor aún, podría producir su colapso. Para operar razonablemente, todo sistema debe tener, además de apoyo, formas de controlar la formulación de exigencias. Para ello debe contar con gate keepers o mecanismos para controlar el flujo, la naturaleza y los puntos de acceso de las demandas a los centros de decisión.5 Comoquiera que sea, al llegar a los simbólicos 100 primeros días de gobierno, la aceptación presidencial rondaba en 80 por ciento.6

La solución que hace tiempo encontró la derecha para disminuir la presión de las exigencias sociales fue desmantelar el llamado Estado de bienestar y redirigir hacia el mercado una parte cada vez mayor de las demandas sociales, como salud, educación, ayuda a desempleados, pensiones, servicios, infraestructura, seguridad. En The Crisis of Democracy, estudio que la Comisión Trilateral creada en 1973 por David Rockefeller pidió a —no es redundancia— tres famosos académicos, uno estadounidense, Samuel P. Huntington; otro europeo, Michel Crozier, y otro japonés, Joji Watanuki,7 se señala que la democracia occidental sería inviable al sostener las premisas que habían dado origen al Estado benefactor tras la Segunda Guerra Mundial. Ese Estado había asumido cada vez más responsabilidades ante su sociedad, lo que implicaba el mantenimiento de burocracias enormes e ineficientes y gastos crecientes. De seguir ese proceso, sería inevitable el quiebre del fisco de Estados Unidos, Europa Occidental y Japón.

Con tales premisas, la solución para esos coautores era obvia: la mayor parte de las exigencias sociales se debía redirigir al mercado. Para disminuir la carga sobre el Estado, había que privatizar lo privatizable: educación, salud, industria estatal, infraestructura, comunicaciones, pensiones, investigación científica, etcétera. Esas recomendaciones se siguieron en muchos países y el resultado es el mundo actual, caracterizado, en lo social, por una creciente concentración de la propiedad, la riqueza y los privilegios, pobreza notable en algunas sociedades ricas e imbatible en sociedades pobres, clase media a la baja, salarios reales en declive o estancados, empleo precario y poca movilidad social, destrucción acelerada de la ecología, con sus agregados en el caso de sociedades como la mexicana: violencia criminal imparable, corrupción generalizada y deterioro institucional.

López Obrador, lo que representa y quienes lo apoyan no se proponen, como buen número de sus críticos siguen insistiendo, volver a un imposible statu quo anterior al neoliberalismo. Él y muchos de sus seguidores proyectan una profunda transformación en beneficio de las mayorías. Para empezar, buscan frenar la brutalidad del modelo de mercado “realmente existente” y regresarle al Estado un papel activo, capaz de crear un orden más justo y propio del siglo XXI.8

Al final, fue el factor político el que inclinó la balanza en relación con quién y dónde se edificará el nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Difícilmente hubiera podido ser de otro modo. La lucha entre el viejo régimen y lo que busca ser uno nuevo no se resolvió con la elección de 2018, que fue tan sólo el capítulo inaugural de una serie de confrontaciones que ocurrirán en otros escenarios muy diversos.

La decisión de ubicar el nuevo aeropuerto —“la obra pública más costosa e imponente de inicios del siglo XXI”— en el antiguo lago de Texcoco la anunció el gobierno de Enrique Peña Nieto en 2014 y la respaldó con estudios técnicos y, ante todo, con el espaldarazo de algunos de los grupos empresariales de interés — de presión— más poderosos de México, empezando por el del hombre más rico del país: Carlos Slim, cuyo yerno, Fernando Romero (de 47 años de edad), se asoció con Sir Norman Foster (de 83), arquitecto de fama mundial, para elaborar el diseño ganador de la obra. Ésta se pensó en grande, como parte de algo que podría calificarse como Aerotrópolis.

De acuerdo con el proyecto original, el nuevo aeropuerto podría llegar a tener seis pistas y ser uno de los tres mayores del mundo, con capacidad para 120 millones de pasajeros anuales (equivalente a la población de México en 2015), y a servir como polo de desarrollo económico, incluso dar vida a un bosque de 670 ha, etcétera. Su costo: 169 mil millones de pesos (58% sería dinero público),9 que, sin embargo, en agosto de 2018, con un avance de 30%, había ascendido a 285 mil millones por la devaluación del peso.

Tras una consulta convocada por el presidente entonces electo, Andrés Manuel López Obrador, que no podía ni pretendía ser vinculante ni representativa —abarcó sólo 538 municipios—, en la que participaron un millón 67 mil ciudadanos, la mayoría (69%) pidió cancelar el gran proyecto y apoyó otro más modesto, en Santa Lucía, y el reacondicionamiento de los aeropuertos existentes o cercanos a la capital del país.

Desde su campaña presidencial, López Obrador se declaró contrario al proyecto aeroportuario de Peña Nieto y sus poderosos aliados empresariales. Por eso no debió sorprender que tras la consulta declarara que, “obedeciendo” el mandato ciudadano, al asumir el poder cancelaría el plan peñanietista, en favor del de Santa Lucía. El en ese momento presidente electo hizo saber que además del costo había otras razones para la cancelación: el plan que ya habían trazado grandes capitales para aprovechar la obra y efectuar una magna especulación inmobiliaria alrededor de ésta, pues se proponían hacer de las 660 ha del viejo aeropuerto algo similar a lo hecho años antes en Santa Fe: una macrourbanización de lujo.10 La maniobra especulativa también incluía terrenos aledaños al nuevo aeropuerto, adquiridos o donados tiempo atrás, cuando sólo unos cuantos sabían del proyecto.11

Es verdad, como se ha señalado, que la viabilidad del nuevo aeropuerto estaba respaldada por estudios técnicos, pese a lo blando del terreno y a que podría afectar la captación de agua para reabastecer los mantos friáticos que proveen 67% del agua que consume la capital. Pero también es cierto que, al diseñar el nuevo aeropuerto, se desecharon estudios críticos, como el elaborado por la Comisión Nacional del Agua, que en octubre de 2012 le presentó a Peña Nieto el ingeniero José Luis Luege Tamargo. En ese documento se aseguraba que sería un enorme error construir un aeropuerto en la zona federal del lago de Texcoco por razón de que pondría en riesgo su carácter de regulador hídrico y, a la larga, provocaría hundimientos e inundaciones no sólo del aeropuerto sino en la ciudad misma.12

Texcoco y Santa Lucía presentan problemas y retos técnicos: este último también está en una zona lacustre, aunque su hundimiento sería menor que en Texcoco. Sin embargo, el corazón del problema dejó de ser técnico y se convirtió en político. Su resolución determinaría dónde estaría no sólo el nuevo aeropuerto sino el centro del poder político, ese que, siguiendo una vez más a Lasswell, decide “quién consigue qué, cómo y cuándo”, es decir, dejó de estar en manos de esos 16 multimillonarios cuyas fortunas, se calcula, crecieron en promedio 20% en un año y que en marzo de 2018 sumaban algo más de 140 mil millones de dólares,13 y pasó a manos de las instituciones de un gobierno electo de forma democrática.

Con la elección de 2018 se dio un golpe muy fuerte a la base partidocrática del viejo régimen, pero la plutocrática seguía intacta. La dura reacción del CCE, la Coparmex, el PRI, el PAN, Citibank, BBVA Bancomer, las calificadoras Fitch y HR Ratings, etc., mostraron que esa base de la estructura de poder presidida por Peña Nieto resintió el golpe.

Esta vez López Obrador eligió el momento, el terreno y las condiciones del choque con esa parte de la élite del poder que durante decenios confutó con el viejo régimen. El resultado final de la confrontación de alguna manera determinó la naturaleza del proyecto del gobierno que se inició en diciembre de 2018, de modo semejante a lo ocurrido en 1935 a raíz del choque entre el presidente Cárdenas y el Jefe Máximo, por citar un ejemplo que dio paso a un cambio social sustantivo en el país. La lucha en torno de la ubicación del nuevo aeropuerto fue algo más que una pugna sobre una gran obra pública: fue un enfrentamiento por decidir quién tendría el poder y para qué.

Las elecciones de 2018, federal y locales, no fueron entonces un mero eslabón de la ya larga cadena de cambios sexenales de administración, sino algo más: el inicio de un proyecto de cambio político de gran calado.

Desde el día siguiente a la votación, el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, empezó a anunciar nombramientos, a tomar decisiones sobre grandes obras de infraestructura, a encabezar o promover reuniones con grupos de la sociedad civil, a recibir a diplomáticos, etcétera. La fuerza de su triunfo: 53%, y la distancia entre él y quien le siguió: 30.9%, llevó a que las instituciones electorales simplemente no tuvieran campo de maniobra para fallar al estilo de 2006. Y como esa ola de sufragios inesperada la constituyeron votos reales, su contundencia fue aceptada por todos los involucrados. En principio un voto vale tanto como cualquier otro, pero, en la práctica, uno ganado limpiamente vale más que el comprado o inducido, pues viene cargado de legitimidad y de compromiso del votante con lo que votó.

En el pasado, la transmisión del poder sexenal ocurría entre miembros del mismo partido, y a partir del año 2000 entre dos partidos que ya habían dejado de ser distantes: el PRI y el PAN. En ambas situaciones siempre hubo campo de entendimiento entre lo que se iba y lo que venía, pero en 2018 ganó una oposición real. Y si partimos de que lo acontecido en la última elección es más que un cambio de gobierno, la “cuarta transformación” anunciada por el lopezobradorismo significará un cambio pacífico de régimen, algo inédito en México.

Aquí conviene detenerse en la definición del concepto de régimen político: se trata del conjunto de instituciones que regulan la lucha y el ejercicio del poder y los valores que las animan.14 Nada indica que en México el conjunto institucional y su marco legal vayan a cambiar radicalmente, pero sí los valores que van a animar a esas instituciones: por lo menos eso es lo que da a entender el discurso del gobierno de López Obrador.

Hasta ahora, como he dicho, en los últimos sexenios la meta objetiva de quienes han dirigido las instituciones mexicanas ha sido extraer de la sociedad el máximo de recursos para beneficio personal y de su grupo. Una extracción compatible con la pretensión de que el país vivía en un Estado de derecho, pese a que en casi todos los ámbitos de lo público era visible la extensión de la corrupción y del crimen organizado. Forzar a la corrupción a batirse en retirada y revertir la ola de violencia que nos ahoga significará ya un cambio en la naturaleza real de los valores y acciones del régimen. Pero hay más. Habrá otro cambio de fondo si efectivamente se logra regresarle al Estado la capacidad de regular el mercado y revertir su natural tendencia a promover que acumule más el que tiene más: redistribuir el ingreso y dar prioridad a los que hasta ahora han recibido menos afianzará la idea de un nuevo régimen sin necesidad, como en el pasado, de una revolución.

Si la esencia del sistema de partidos es la relación sistemática entre sus componentes, el eclipse del PRI en las urnas, de ese partido que dio forma y modeló nuestra cultura cívica a lo largo de casi un siglo, tiene que ser otro poderoso factor del cambio de régimen.

A partir de la victoria de la izquierda en 2018 los vencedores deberán enfrentar cotidianamente lo que Maquiavelo juzgó la tarea más difícil y peligrosa del arte de la política: llevar a buen puerto el cambio de un régimen. Y es que en esa fase se tienen en contra a los perjudicados por el cambio, pero también a los que queden insatisfechos por razón de que no recibieron cuanto esperaban. Enemigos del nuevo régimen es lo que va a sobrar.

Un elemento más de esa propuesta y mandato de más de la mitad de los electores es revertir 30 años de política económica neoliberal.15 Sin embargo, habrá quien interprete el significado de la votación de manera más restrictiva, en tanto que otros pueden hacerlo más agudamente, incluso de forma más amplia que la expresada por el propio líder tabasqueño.

Para un segmento de los 30 millones 113 mil ciudadanos que optaron por la coalición encabezada por López Obrador, lo que pudo haber motivado su preferencia no fue tanto poner fin al modelo económico entonces vigente, sino algo menos ideológico: su indignación frente a una de las características más evidentes del ejercicio del poder, su enorme corrupción y cinismo, visibles en contratos multimillonarios de obra pública amañados o —valga la contradicción— en empresas inexistentes, sobregiros, adquisiciones de chatarra o bienes y servicios a precios inflados, conflicto de intereses, gobernadores dedicados al saqueo sistemático del erario, endeudamiento injustificable, legisladores a la caza de “moches”, obras mal hechas, sueldos y prestaciones fuera de proporción, ejércitos de “asesores”, nepotismo, etcétera.

Una argumentación similar se puede hacer sobre quienes optaron por dar su apoyo a la coalición del hoy presidente como respuesta a la ola de violencia que ahoga a México. En vísperas de la elección, según datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la tasa de homicidios era la mayor desde 1997, primer año de su registro: 11.01 por cada 100 mil habitantes.16 Para un conocedor del tema como Jorge Carrillo Olea no haber atacado a tiempo y bien las causas sociales de la violencia hizo que en los últimos años a la actividad del crimen estructurado se sumara — como ya lo esbocé en otro capítulo— algo más amorfo y difícil de controlar: la criminalidad que brota de manera no organizada en muchas partes como producto de la descomposición social.17

Obviamente la votación de 2018 se nutrió también de lo expresado por Andrés Manuel López Obrador: la voluntad de aquellos que, tras reflexionar sobre las razones del comportamiento insatisfactorio o franco deterioro de los indicadores económicos y sociales del país, escogieron apoyar el rechazo del proyecto que se echó a andar siguiendo los lineamientos del llamado Consenso de Washington (1989). La propuesta central del proyecto neoliberal es cada vez más cuestionada: que a menor papel del Estado en la economía corresponde un mayor vigor de su crecimiento. Se supuso también que ese crecimiento, como el de la marea, pondría a flote lo mismo los botes de los ricos que los de los pobres, pero no fue así. Lo que ha habido es un magro crecimiento del PIB (alrededor de 2% para el periodo), la innegable concentración del ingreso y el estrangulamiento de la movilidad social y de los horizontes de esos grupos marginados del crecimiento, que, según Carrillo Olea, nutren el crimen no estructurado.

Otra razón, y de raíz más profunda, para explicar la votación de 2018 fue el rechazo a la corrupción. Se trató de la culminación del esfuerzo histórico, largo, por poner fin al sistema y a la cultura política creados por el Partido Revolucionario Institucional.

Los antecedentes de la insurrección electoral antipriista de 2018 son muchos y muy diversos. Se pueden rastrear, como ya he apuntado antes, en movimientos sociales ineludibles. Aquí anoto algunos más: la fundación misma del PAN en 1939, el movimiento navista de 1953-1963 en San Luis Potosí, “Los Cívicos” de Guerrero a partir de 1960, la acción desesperada del profesor Arturo Gámiz y la docena de compañeros que atacaron el cuartel de Ciudad Madera, Chihuahua, en 1965, el movimiento estudiantil del 68 y sus violentas secuelas en los setenta, la Corriente Democrática de 1986, el EZLN, la movilización contra el desafuero del jefe de Gobierno de la Ciudad de México en 2004.

En julio de 2018 el PRI perdió también su tradicional control sobre el Congreso. En ese año, en la LXIV Legislatura, el priismo no alcanzó sino una presencia muy disminuida: 13 de 128 senadores y 47 de 500 diputados. Aún retenía, ciertamente, una respetable cantidad de gubernaturas. Sin embargo, la mayoría de esos gobernadores quedó acotada por congresos que ya no controlaban y por un gobierno federal en manos de su mayor adversario. ¿Las pérdidas y el acotamiento del otrora gran partido de Estado significan que México tendrá un nuevo régimen? Ése es el nuevo proyecto, pero para alcanzarlo aún deberán salvarse obstáculos enormes.

El régimen que reemplazó al porfirista no quedó formado sólo por los ganadores de la Revolución mexicana. Se le adhirieron otros actores que, para la segunda mitad del siglo pasado, ya conformaban ese almácigo de políticos, empresarios y líderes de organizaciones de masas que se conoció como “la gran familia revolucionaria”.

El centro del nuevo sistema fue una presidencia casi sin contrapesos, que tenía como base social las organizaciones de masas del PRI: la Confederación Nacional Campesina (CNC), la Confederación de Trabajadores de México (CTM), los grandes sindicatos de industria y la Confederación Nacional de Organizaciones Populares (CNOP). Por otro lado estaban las organizaciones empresariales: Concanaco, Concamín, Canacintra y otras, como el Consejo Coordinador Empresarial, y la más selectiva: el Consejo Mexicano de Negocios. Además, esa pirámide del poder incluía la burocracia y sus organizaciones sindicales, la dupla de raíces coloniales: la Iglesia católica y las fuerzas armadas, así como a otros actores políticos con los que debió negociar para mantener subordinados.

Finalmente, en la medida en que por motivos de vecindad y asimetría de fuerza la gran potencia del norte consideró que ciertos temas y problemas mexicanos, como la migración o el crimen organizado, afectaban directamente su seguridad y sus asuntos internos, el “factor estadounidense” también actuó como parte de esa estructura de poder. La lista de los componentes de esa compleja estructura de lo que hoy quizá se puede llamar “el nuevo viejo régimen” es larga, se fue construyendo a lo largo de un siglo y su reestructuración va a ser una empresa mayúscula.

Antes de que lo destruyera la Revolución, el régimen porfirista funcionó como una alianza oligárquica, si se la compara con la actual, relativamente simple. En buena medida, esa sencillez fue lo que llevó a que cuando su centro vital falló, Porfirio Díaz, la primera etapa de su desmantelamiento fuera violenta, pero relativamente rápida. El Ejército quedó eliminado en 1914, las diferencias entre los vencedores también se resolvieron de manera tajante: cuando el Congreso Constituyente se reunió en Querétaro en 1916, el villismo y el zapatismo ya estaban neutralizados. La Iglesia tardó un poco más en doblegarse, pero para el momento en que nació el partido de Estado, 1929, ya no desafiaba al régimen; lo mismo sucedió con los terratenientes, a los que el cardenismo les dio el golpe de gracia en los años treinta sin que pudieran resistirse con efectividad. El punto culminante del proceso fue el enfrentamiento, en 1938, del presidente con los inversionistas extranjeros: los empresarios petroleros. En resumen, a la Revolución le tomó casi tres décadas acabar con lo viejo y reemplazarlo con lo propio.

Andrés Manuel López Obrador y su partido-movimiento, con un amplio respaldo ciudadano, lograron culminar la serie de luchas electorales con dados cargados que se iniciaron en 1988, y requirieron 30 años más para llegar al triunfo del 1º de julio de 2018. El resultado inmediato de esa elección ha sido la marginación del PRI, con la posibilidad de su extinción —como ya he apuntado arriba— en el mediano plazo. Sin embargo, está en ciernes una etapa tan o más complicada que la anterior: enfrentar a un crimen organizado fuera de control, lograr que la gran riqueza deje de practicar el corrupto y disfuncional “capitalismo de componendas”, juegue limpio y, además, acepte una distribución menos injusta de la riqueza. Se debe lograr la profesionalización de la burocracia, moralizar un sistema de justicia ineficaz e injusto, redirigir la actuación de las fuerzas armadas, aumentar y sostener la independencia relativa de México frente a Estados Unidos y un largo etcétera.

El sistema, estructura de poder o régimen que sustituye al derrotado en la elección de 2018 tiene que aceptar muchos de los intereses creados del pasado. Pero su carácter va a depender de la forma en que los acomode y de las reglas que les imponga para participar en el nuevo juego político. Hoy estamos viviendo, para usar la caracterización que hizo Churchill en 1942 de la batalla de Inglaterra contra Alemania, no el final de un viejo régimen, quizá ni siquiera del principio de su final, sino, apenas, el final del principio del gran esfuerzo mexicano por dar forma a uno nuevo, democrático, incluyente y justo, o por lo menos cercano a lo justo.

En síntesis, cambiar la trayectoria de un gran navío toma tiempo y consume energía. La inercia dificulta el viraje. Para la nave del Estado mexicano cuentan, pues, además de las inercias sociales y culturales generadas a lo largo del siglo que el país ha vivido en el régimen que concluyó, las resistencias de los grandes intereses creados: las concentraciones de capital, los sindicatos, el crimen organizado, la partidocracia, etcétera. Esas resistencias pueden ser un factor tan o más importante que las inercias en las dificultades propias del cambio de rumbo. Finalmente, algunos de los grupos que inicialmente apoyaron y proveyeron la energía para el cambio, una vez que se inició como resultado de la elección del 1º de julio de 2018, formularon demandas contradictorias que incluso chocan con las decisiones de quien tiene la responsabilidad última de conducir la transformación.

Como los tres factores mencionados —inercias, oposición de los favorecidos en el viejo orden y contradicciones en la heterogénea coalición triunfante— operan al mismo tiempo, modificar la naturaleza del sistema de poder se convierte en una tarea en extremo delicada.

En El Príncipe, Maquiavelo advirtió que en política no había empresa más complicada para el gobernante que aquella que buscaba introducir nuevas leyes (reglas) en el ejercicio del poder, pues los beneficiados por el antiguo arreglo se tornarían en opositores feroces y una parte de los que apoyaron la empresa del cambio se mudarían en descontentos, e incluso acaso en adversarios, al advertir que no se les concede lo que esperaban (capítulos III y VI).

Suponiendo que la clase política que ha asumido el control del aparato de gobierno de nuestro país venza las inercias, supere los sabotajes y armonice los intereses encontrados de sus heterogéneos apoyos, su reto de fondo debe ser aclararse y aclarar para el resto del país hacia dónde puede y debe dirigir la empresa común. En su libro de ensayos El rapto de la interioridad,18 Tomás Calvillo, historiador y poeta, considera que el México que deja el viejo régimen es una sociedad sumida en un caos producto de un círculo vicioso de impotencia e impunidad. Es más, desde su perspectiva, México ya había dejado de ser una auténtica comunidad nacional porque había perdido los “horizontes en común” que alguna vez tuvo, pese a no haber superado sus desigualdades históricas.19

De ser certero el diagnóstico de Calvillo hecho en vísperas de las elecciones de 2018, la gran tarea del nuevo gobierno y de la parte activa de la sociedad será, además de buscar un significado a la existencia en medio del caos de una modernidad avasalladora y brutalmente sometida a los valores del mercado, emplear la energía y el poder político ganados en las movilizaciones y las urnas, para recuperar el sentido profundo de la vida en común, de la polis, es decir, de ese “habitar juntos” que implica el término que nos legaron los griegos.

En el pasado inmediato las grandes ideologías que surgieron a la par de la Revolución Industrial, la democracia liberal y el socialismo, fueron durante un buen tiempo la carta de navegar o de marear, según el caso, de gran número de sistemas políticos. Sin embargo, el ideario socialista encarnó en un “socialismo real”, se hundió con el fracaso soviético al finalizar el siglo pasado. Fue entonces cuando uno de los teóricos de la democracia liberal, Francis Fukuyama, consideró que ésta había llegado a su meta y era ya el único futuro posible.20 Sin embargo, con el neoliberalismo desbocado y su empeño en poner fin al Estado benefactor para favorecer abiertamente una muy antidemocrática e inhumana concentración del poder y la riqueza, la “democracia real” al estilo de la que hoy domina en Estados Unidos —white nationalism— y amenaza con expandirse ya no tiene respuesta para el ciudadano promedio de un país como el nuestro.

Ante la ausencia de las grandes utopías del pasado, hoy y aquí, además de esforzarnos por ponerle fin a las herencias nocivas de lo que ya está siendo un antiguo régimen —desigualdad, violencia fuera de control y corrupción de todo el aparato institucional— es indispensable darse a la tarea de elaborar nuestra propia hoja de ruta, una visión de futuro colectivo aceptable, si no para todos, sí para la mayoría.

La idea es generar una utopía, aunque sea modesta, pero surgida de nuestra propia experiencia. Alguna vez, cuando aún estaba viva, la Revolución mexicana funcionó como tal, pero a partir del alemanismo se fue apagando hasta morir, a finales del siglo pasado, y dejar un gran vacío en la imaginación colectiva. A estas alturas, es claro que un Estado nacional que carece de un proyecto colectivo con dosis de utopía que sea su marco moral y que no cuente con el respaldo y el compromiso de una mayoría no tiene gran futuro.

1 Diccionario esencial de la lengua española, 2006, p. 177.

2 Véase <www.indexmundi.com/mexico/debt_external.html>.

3 Revenue Statistics in Latin America and the Caribbean 2018.

4 Véase 15 al 21 de septiembre de 2018.

5 David Easton, A System Analysis of Political Life, Nueva York, Wiley & Sons, 1965, pp. 58-59.

6 ADN Político, 10 de marzo de 2019.

7 The Crisis of Democracy, Nueva York, New York University Press, 1975.

8 El 17 de marzo de 2019, en una ceremonia en Palacio Nacional, Andrés Manuel López Obrador anunció que el periodo neoliberal había concluido en México y que el Estado asumiría un papel activo en la economía.

9 Véase <consulmex.sre.gob.mx/laredo/images/stories/docs/SCT/dan02416%20naicm-espaol.pdf>.

10 El Universal, 30 de octubre de 2018.

11 Proceso, 2189, 13 de octubre de 2018; Aristegui Noticias, 2 de octubre de 2018.

12 El Universal, 29 de cotubre de 2018.

13 Forbes, 6 de marzo de 2018; <www.bbc.com/mundo/noticias-42583948>.

14 Norberto Bobbio y Nicola Mateucci, Diccionario de política, México, Siglo XXI Editores, 1988, p. 1409.

15 La Jornada, 23 de agosto de 2018.

16 Animal Político, 25 de agosto de 2018.

17 La Jornada, 24 de agosto de 2018.

18 México, El Colegio de San Luis, 2018, p. 31.

19 Ibid., p. 59.

20 El fin de la historia y el último hombre, México, Planeta, 1992.

Epílogo. El color del futuro

El 1º de diciembre de 2018 Andrés Manuel López Obrador rindió protesta como improbable presidente constitucional de México — es el 68° mexicano en encabezar el gobierno del país a partir de su independencia—. La verdadera importancia de ese acto residió no sólo en que una vez más se cumplía con el mandato constitucional de cambio de responsable del Poder Ejecutivo, sino que quien llegó al cargo lo hizo como opositor abierto no sólo del presidente saliente y su partido sino de todo el sistema de poder que Enrique Peña Nieto había encarnado, y así lo declaró López Obrador en su discurso de toma de posesión. Ahí, en el recinto del Poder Legislativo, se comprometió a cumplir con lo que considera el corazón de su mandato: cerrar el ciclo de economía neoliberal abierto 35 años atrás que finalmente acentuó una corrupción endémica y amplió aún más la brecha histórica entre los extremos de pobreza y riqueza de la sociedad mexicana. Por otro lado, paradójicamente, el discurso de lo que se proponía ser un nuevo régimen subrayó su propósito de rescatar y actualizar los valores de nacionalismo y de justicia social propios de la Revolución mexicana en su etapa de mayor vitalidad.

Si, finalmente, el ambicioso proyecto político delineado por Andrés Manuel López Obrador en su campaña presidencial y en sus dos discursos de toma de posesión: uno en el Congreso de la Unión y el segundo, horas más tarde, en el Zócalo de la Ciudad de México, se materializa, al menos parcialmente, con el final del gobierno de Enrique Peña Nieto y la inauguración del encabezado por su némesis se habrá cerrado un ciclo de la historia política y social mexicana, iniciado con la promulgación de la constitución carrancista de 1917 —momento de arranque del régimen de los triunfadores en la lucha interna de la Revolución mexicana—, y concluido con el fracaso rotundo de la última camada de sus sucesores: los priistas neoliberales.

El tiempo que concluyó al finalizar 2018 había principiado con la violenta caída de Porfirio Díaz en 1911, que tras la conclusión de la cruenta guerra civil que siguió mantuvo una notable estabilidad. Desde esa perspectiva histórica, a partir del 1º de diciembre de 2018 el ancien régime mexicano dejó de ser aquel simbolizado por la figura del presidente Díaz y su lugar lo ocupó el que emergió con la victoria del carrancismo, que primero derrotó al golpista Victoriano Huerta y luego los proyectos revolucionarios más radicales, encabezados por Emiliano Zapata y Francisco Villa. Este que hoy ya se puede ver como “el nuevo viejo régimen” se caracterizó por el autoritarismo, primero, de hombres fuertes: Carranza, Álvaro Obregón y Plutarco Elías Calles, y a partir de la segunda mitad de los treinta por el predominio de un presidente también fuerte, no reelegible, pero apoyado por un partido de masas y de Estado: el PRI, el cual en su última etapa —de finales del siglo pasado a la fecha— debió compartir el poder con otro partido, que originalmente había sido su opositor desde la derecha: el PAN.

Sin embargo, a partir de la consolidación de una opción de izquierda en ese mismo periodo PRI y PAN descubrieron que tenían más intereses en común que diferencias. Como resultado de la no reelección, de la creación de una amplia base social, de su organización corporativa y de su flexibilidad ideológica, el régimen mexicano del siglo XX fue uno de los más estables y longevos del mundo de su época.

La peculiaridad del hoy nuevo antiguo régimen mexicano es que no cayó como los anteriores de nuestra historia: el colonial, el imperial, encabezado por un Habsburgo, o el porfirista, en medio del fuego y la pólvora. López Obrador y su movimiento-partido lo derribaron sin recurrir a la violencia. En la esfera internacional la superación de la Guerra Fría dio por resultado que la potencia hegemónica de la región, Estados Unidos, no considerara prioritario interferir con la decisión de las urnas en torno del destino del régimen al sur de su frontera. Más todavía: en la visión simplista de Washington una buena muralla a lo largo de la frontera sur bastaría para que México dejara de preocuparle a Estados Unidos.

El arreglo político que recuperó la no reelección y engendró al PRI como fórmula concebida para superar una crisis coyuntural —la causada por el asesinato en 1928 de Obregón, el último gran caudillo de la Revolución— fue un éxito en términos de supervivencia. Ese siglo priista incluye los años de preparación del terreno para la aparición del partido, pero también la primera docena de años del siglo XXI donde debió convivir y compartir la presidencia con Acción Nacional. Y es que, en la práctica, los dos sexenios panistas no significaron una discontinuidad en la naturaleza del ejercicio del poder. Ya en su segunda mitad el siglo priista se caracterizó por la capacidad de su clase dirigente para administrar su decadencia y prolongar su vida en el poder hasta el punto de agotar sus fuerzas y, ya sin otra salida viable, entregar la plaza sin violencia ni aspavientos, dejando como legado la agudización de las desigualdades sociales y regionales, la permanencia de la mitad de la población en la pobreza, un crecimiento económico mediocre, un crimen organizado extremadamente violento, millones de jóvenes —el “bono demográfico”— con el futuro cancelado y un inacabable etcétera.

Desde esa perspectiva, López Obrador y su movimiento bien pueden explicarse como un subproducto de la larga “guerra de retaguardia” del priismo, de ese gestionar, a base de combinar represión y cooptación, la lenta descomposición de lo que alguna vez había sido el régimen de una revolución llena de energía que logró su mejor momento durante la presidencia del general Lázaro Cárdenas (1934-1940). Fue en esos años treinta cuando una política de masas sostenida por la reforma agraria, el sindicalismo, la educación popular y el espíritu de la nacionalización de la industria petrolera consiguió crear, organizar y consolidar su gran base de masas y acumular el capital político suficiente para poder vivir, a lo largo de decenios, de sus réditos.

La gestación de lo que hoy se define a sí mismo como un nuevo régimen no tiene una fecha precisa. Sin embargo, ese principio bien pudiera encontrarse en el gobierno de Miguel Alemán (1946-1952), cuando la clase gobernante y sus aliados empresariales se propusieron, sin abandonar la retórica revolucionaria, hacer de la extracción de recursos a la sociedad la esencia íntima de su gestión política. La relativa solidez de lo construido hasta entonces permitió que fuera efectivo ese enfoque brutal del poder. El dominio presidencial alcanzó entonces su cenit, y el ambiente internacional de la Guerra Fría permitió, en nombre del anticomunismo, descalificar y reprimir con efectividad a la oposición. Sin embargo la represión del movimiento estudiantil de 1968 y la Guerra Sucia de los años posteriores hicieron que las mermas de la legitimidad del sistema empezaran a acumularse. Veinte años más tarde ese déficit en el “derecho a gobernar” llevó a una ruptura dentro del PRI y a una insurrección electoral. Sólo el fraude abierto de 1988 permitió mantener la continuidad del sistema.

Fue entonces cuando un López Obrador muy joven —al que ya he descrito—, pero ya con experiencia como líder social, hizo su gran apuesta política y se unió a la oposición conducida por Cuauhtémoc Cárdenas.

La lógica del proyecto de Andrés Manuel López Obrador consistió en romper con el PRI, su partido de origen en Tabasco, unirse a uno de izquierda moderada que había optado por la vía no armada para llegar al poder, el PRD, y ofrecerle su capacidad como organizador de grupos populares, como lo había hecho en La Chontalpa. La idea era arrancarle al PRI sus bases populares y movilizarlas electoralmente en favor de una nueva, aunque modesta, utopía: la construcción de una democracia política que permitiera, sin desbordar el marco capitalista, la redistribución de las cargas y los beneficios del proceso productivo en favor de los sectores menos favorecidos por el modelo neoliberal, ese que el presidencialismo priista y tecnocrático acababa de imponer a raíz de la crisis terminal del canon de la sustitución de importaciones.

La larga marcha de López Obrador de coordinador de un programa social del Instituto Nacional Indigenista en Nacajuca (1977-1982) a jefe de Gobierno de la capital del país, a constructor de un partido que en 2018 se hizo del control de la presidencia, el Congreso federal y más de la mitad de los congresos locales, está llena de situaciones improbables que requirieron enorme fuerza de voluntad: rechazar la cooptación, y física: recorrer el país municipio por municipio, varias veces y en plan de organizador; hacer frente a la escasez de recursos materiales, y superar el temor que genera todo choque con un autoritarismo donde el Estado de derecho es sólo teórico y la violencia desde el poder una realidad que, llegado el caso, podía ser feroz.

La derrota de Enrique Peña Nieto, del priismo del Estado de México y del priismo en general, fue la consecuencia del empuje de una voluntad opositora a prueba de desaliento encarnada en un partido-movimiento, pero también de la lenta pero sistemática descomposición de un sistema que, de revolucionario, devino en reaccionario, rapaz, abiertamente corrupto en todos sus niveles e ineficiente en extremo.

El año de 2014 fue el punto de inflexión, la entrada en barrena del gobierno de Peña Nieto y, finalmente, del régimen mismo. El escándalo de la llamada Casa Blanca, expuesto por el grupo de periodistas de investigación encabezado por Carmen Aristegui, dejó al descubierto un ejemplo claro e irrefutable de las ligas corruptas entre contratistas de las grandes obras públicas y altos funcionarios del gobierno, en ese caso, del mismísimo presidente de la República. Poco antes, ese mismo año, había ocurrido otro escándalo mayúsculo, el de “la noche de Iguala”: el asesinato de nueve personas a manos de la policía de esa ciudad y la desaparición forzada de 43, estas últimas estudiantes normalistas de una de las regiones más pobres del país, entregados para su desaparición al crimen organizado por esa misma policía la noche del 26 de septiembre, más la incapacidad de las autoridades locales y federales para dar una respuesta creíble. Todo ello subrayó la corrupción, la ineptitud y la torpeza del gobierno para hacer frente a una ola de violencia, brutalidad e impunidad, que al final del sexenio de Enrique Peña Nieto se resumió en la cifra de 123 mil homicidios dolosos.

La Casa Blanca y la noche de Iguala marcaron nacional e internacionalmente al gobierno de un supuesto nuevo PRI encabezado por Peña Nieto y un grupo de jóvenes gobernadores corruptos en extremo. En los dos ámbitos, el local y el externo, se consideró, con razón, que esos y otros escándalos eran indicadores y símbolos de la descomposición profunda de la estructura del poder en México. En la elección de 2018 el aparato priista intentó una vez más sus tradicionales manipulaciones del proceso electoral, pero la evolución de la cultura política mexicana, el efecto de las redes sociales y el tamaño de la inconformidad ciudadana acumulada hicieron que el esfuerzo por repetir los fraudes del pasado no alcanzara a erigir sino apenas un dique muy débil para contener el impacto de la gran ola de insatisfacción generada por decenios de corrupción, autoritarismo y, finalmente, alejamiento de las élites respecto de la sociedad que gobernaban.

El esfuerzo de quienes tomaron la dirección política de México en 2018 para, de la ruina institucional del sistema que caducó, levantar uno más digno y eficaz no tiene asegurado el éxito. Los intereses creados por las viejas fórmulas extractivas de gobernar son muchos y muy fuertes. El proyecto de quienes durante largo tiempo fueron oposición y hoy tienen la responsabilidad de tomar las grandes decisiones y hacer realidad una nueva forma de administrar lo público va a ir tomando forma sobre la marcha. El futuro de México y del mundo es una gran incógnita: sabemos lo que no funcionó, pero no hay modelo alternativo claro y disponible que dé certeza sobre cómo deben ser los arreglos que conduzcan a hacer realidad lo que sí se quiere: un Estado de derecho real y estable, sin grandes desigualdades sociales, con una economía que crezca sin destruir la naturaleza, una relación de cooperación con el exterior que deje espacio para una razonable autonomía. En suma, tras el agotamiento del priismo, México está embarcado en una gran aventura: escribir un nuevo capítulo de su historia sin contar con una guía clara de cómo ganar el futuro deseado, de un color que todavía no está en la paleta, pero teniendo buen número de capítulos de su historia ya escritos, puntos de referencia, quizá, sobre lo que puede y debe hacerse, y sobre aquello que no se debe repetir.

«Tras el agotamiento del priismo, México está embarcado en una gran aventura:
escribir un nuevo capítulo de su historia.»

El poder vacío no escatima ideas para exprimir (en el sentido barroco de «explicar») la naturaleza de la política, su crítica y la estructura social en nuestro país, lo que constituye el bagaje para analizar, por momentos acaso sin piedad, los lastres de un PRI muy venido a menos, como la violencia, la corrupción y la violación de los derechos humanos, así como las realidades que no previó ni como partido ni como gobierno: las elecciones de 2018, la enseña lopezobradorista y, finalmente, el inimaginado cambio que, cuando despertó, ya estaba ahí.

Con hechos descritos puntualmente, con cifras documentadas, con la luz de fundadas teorías políticas y no con un adarme de citas, sino con una razonada exposición de ellas, este libro da cuenta de la decadencia de un sistema que incluso en el año 2000, con la engañosa alternancia, parecía imbatible.

Lorenzo Meyer (Ciudad de México, 24 de febrero de 1942) es profesor-investigador emérito del Sistema Nacional de Investigadores y también lo es de El Colegio de México. Es doctor en relaciones internacionales de El Colegio de México y cuenta con estudios de posdoctorado en el Departamento de Ciencia Política de la Universidad de Chicago. Publicó su primer libro, México y Estados Unidos en el conflicto petrolero, en 1968. Desde entonces a la fecha ha publicado18 libros de su autoría y seis más como coautor. Entre los más recientes se encuentran Nuestra tragedia persistente y Distopía mexicana; éstos, junto con El poder vacío, constituyen un minucioso examen de la historia política mexicana de las últimas décadas.

El poder vacío
El agotamiento de un régimen sin legitimidad en México

Primera edición digital: septiembre, 2019

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