En Por una derecha liberal, el economista y politólogo Lorenzo Bernaldo de Quirós argumenta que la única derecha capaz de convertirse en un motor de la libertad individual y del crecimiento económico es una que asuma los principios del liberalismo clásico. Desde esta óptica realiza un análisis de cómo estamos, esto es, de la existencia de un Estado que no hace lo que tiene que hacer y que hace demasiadas cosas que no debiera. Al mismo tiempo describe las causas del desencanto de la ciudadanía con la política y los motivos que explican el auge de propuestas y soluciones populistas.

Un Estado de todos debe ser beligerante contra cualquier tipo de opresión y de privilegio, aplicando los principios de libertad y de igualdad ante la ley en lugar de aceptar pasivamente un ius singulare que da inmunidad a las grandes organizaciones o promueve medidas que premian a los más fuertes y castigan a los débiles. Asimismo, el autor apuesta por restaurar el Estado de derecho y solventar el anclaje de Cataluña en el Estado y, para ello, la solución no pasa por recentralizar el Estado, sino por conformar un modelo de federalismo competitivo.

Lorenzo Bernaldo de Quirós

Por una derecha liberal

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Titivillus 25.11.2018

Título original: Por una derecha liberal

Lorenzo Bernaldo de Quirós, 2015

Editor digital: Titivillus

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A mi madre, que me ha enseñado a amar la libertad

Prefacio

El ensayo a cuya lectura se invita no pretende plantear un programa de gobierno detallado para su protagonista, la derecha liberal española. Tampoco quiere centrarse en asuntos ligados a la urgencia de la coyuntura, sino que desea trazar una serie de ideas que podrían contribuir a renovar la filosofía de quien lidera la corriente anticolectivista en la vida pública española. Esta tarea tal vez parezca ambiciosa pero es bastante modesta tanto en sus objetivos como en sus pretensiones. A veces, la premura y la inmediatez de los acontecimientos políticos provocan una pérdida de orientación sobre cuál es el proyecto en el que se enmarca una determinada forma de ver y de enfocar la acción de gobierno o de oposición. Estas páginas son un recordatorio del «deber ser».

El destinatario de este libro es la burguesía española, un término, en apariencia anacrónico y demodé, que tiene una especial trascendencia porque agrupa a esos millones de españoles que encarnan los valores y virtudes que han hecho posible la creación de una sociedad abierta, libre y próspera en España y que muestran una clara predilección por una agenda reformista, orientada a adelgazar al Estado y a aumentar la libertad individual. Por eso, las páginas de este opúsculo son un rendido homenaje a esos héroes que desde el sector privado soportan sobre sus espaldas, cada día, el peso de un Estado manifiestamente mejorable.

El trabajo que el lector tiene ante sus ojos es una visión personal de cómo se contempla desde una derecha liberal la fascinante realidad y las potencialidades de España en el siglo XXI. Esta aproximación se ha intentado acometer dejando al margen cualquier concesión a la corrección política. En el proceso de creación de este texto me han asaltado numerosas dudas sobre la conveniencia o no de realizar determinados planteamientos, cuya formulación podría restarle atractivo ante buena parte de su público objetivo. Para bien o para mal, he resistido a esa tentación y he dejado volar la pluma para dibujar con ella mi ideal de una derecha liberal para las Españas.

Por una derecha liberal

El reinado de Felipe VI se inicia en un escenario de incertidumbre pero también de renovadas esperanzas. Tras la fachada del marco institucional creado por la Constitución de 1978 se perfilan sombras inquietantes. La España del siglo XXI se enfrenta a un malestar social, político y económico. Es cierto que los españoles gozan de los mayores niveles de libertad y de vida de su historia. También lo es que la situación social y económica de España no guarda parangón con la existente en los años treinta de la pasada centuria ni con la heredada de la Dictadura. Pero existe una sensación generalizada de que algo no va bien, de que una etapa toca a su fin y de que es imprescindible acometer cambios sustanciales para mantener un modelo garante de las libertades y promotor de la prosperidad.

La España del siglo XXI es una democracia consolidada pero existe una creciente desafección de amplios sectores de la opinión pública ante su funcionamiento. Esto no es sólo una consecuencia de la gran recesión experimentada por la economía española, sino del deterioro del marco institucional y de las mores en las que se enmarca la monarquía parlamentaria. Aunque el paralelismo con el final de la Primera Restauración debe ser usado con cautela, gran parte de las críticas al régimen adoptado en 1977 guardan una estrecha semejanza con las lanzadas contra la democracia liberal en la segunda década del siglo XX. La España actual es muy diferente —por no decir radicalmente diferente— a la de entonces pero se reproducen buena parte de los problemas que liquidaron la Restauración.

De entrada existe una creciente «sensación» de que la «sociedad política» persigue sus propios intereses y no los de la ciudadanía. Domina la convicción de que los grandes organismos del Estado son «burgos podridos» que se reparten entre los partidos sin tener en cuenta el interés general y la finalidad de las instituciones. Al mismo tiempo, se ha extendido la creencia de que la corrupción es un rasgo estructural del sistema, goza de impunidad y es encubierta por las fuerzas políticas dominantes y, en su prolongación jurisdiccional, por un poder judicial politizado e ineficiente. En suma, hay una percepción bastante general de que el sistema fletado en 1978 ha degenerado en algo al servicio de una nomenclatura partidista que obtiene beneficios a costa de explotar y pervertir las instituciones del Estado en su beneficio y en el de sus amigos.

Aunque esa descripción parezca exagerada, no ofrezca una visión exacta de la realidad y tal vez abulte los «vicios del sistema», lo cierto es que responde con bastante exactitud a la imagen percibida por un gran número de españoles, con independencia de sus convicciones ideológicas y de su estatus social. A izquierda y a derecha, y no sólo en los extremos de ambos bandos, hay una evidente decepción respecto al statu quo vigente. Tal vez este sentimiento tienda a desaparecer si la recuperación económica se consolida. También es probable que la dureza de la crisis haya hecho menos tolerables las deficiencias de la democracia española y las haya magnificado pero ello no permite ocultar que «algo huele a podrido en Dinamarca» y que los fundamentos del modelo político, económico, social y territorial de España necesitan una profunda revisión. Existe un cierto aroma a «fin de régimen».

Felipe VI se encuentra en una tesitura semejante a la de Juan Carlos I al final de la Dictadura. Entonces se trataba de transitar de un régimen autoritario a otro democrático sin traumas, sin vencedores ni vencidos. Ahora, el desafío es introducir las reformas y los cambios imprescindibles para revitalizar el Estado edificado a finales de los años setenta del siglo XX y darle una proyección de futuro. Don Juan Carlos ha entendido —o hay que suponerlo así— que los retos de España en los inicios de esta centuria recomendaban un impulso renovador capaz de crear las bases de una convivencia fructífera entre los españoles en una era de transformaciones de envergadura similar a la existente en la transición del franquismo a la democracia hace cuatro decenios.

Es evidente que España no corre riesgo alguno de volver a formas dictatoriales o autoritarias, pero sí de convertirse en un Estado ineficaz, sacudido por el demopopulismo y por las fuerzas centrífugas. En este sentido, el posicionamiento y evolución de los dos partidos dinásticos, Partido Popular (PP) y Partido Socialista Obrero Español (PSOE), es de una extraordinaria importancia. El esquema institucional fletado en 1977 se ha sostenido sobre la base de una izquierda y de una derecha moderadas que comparten las reglas del juego y se alternan en el Gobierno. Si este modelo quiebra, existe un claro riesgo de inestabilidad, como sucedió en la Restauración. A la izquierda y a la derecha de populares y socialistas sólo hay formaciones de aluvión sin otro discurso que el de la protesta y nucleadas alrededor de caudillitos de variopinta estirpe con un peligroso sesgo populista; variaciones extremas o suavizadas de la misma canción estatista.

La entronización del príncipe de Asturias como rey de España constituye también un relevo generacional que abre la oportunidad de espolear una regeneración de las Españas. Ortega pensaba que las generaciones constituían el motor de las transformaciones históricas porque respondían y encauzaban la sensibilidad de los tiempos.[1] Distinguía entre «generaciones acumulativas», aquellas que observaban una suficiente homogeneidad entre lo recibido y lo propio, y aquellas otras, las «polémicas», que sienten la necesidad de arrumbar y sustituir lo viejo. Estas dos actitudes son categorías intelectuales extremas y cabría establecer una alternativa intermedia, la de reformar en su raíz lo antiguo dando cauce a lo nuevo, a la imperiosa obligación de vivificar el sistema político y las instituciones que lo conforman. La experiencia histórica de las Españas aconseja tomar este camino.

La democracia española es imperfecta, o muy imperfecta si se quiere. No es el mejor de todos los mundos políticos imaginables, pero sí de los experimentados en la España de los últimos dos siglos. Por consiguiente, los españoles no tienen ninguna razón para avergonzarse del sistema en el que viven. Hay que mejorarlo, modificar lo que está mal y puede estar mejor, pero preservando lo mucho de bueno que tiene y rechazando la tentación «adanista», casi siempre presente, casi siempre desastrosa, de embarcarse en una política de tierra quemada, de arrasar lo que hay para construir sobre sus cenizas una comunidad política ideal. Éste es el sueño de quienes impugnan el régimen político-institucional existente en España. Como sucedió al final de la muerte de Franco, la reforma ha de imponerse a la ruptura.

En este contexto se sitúa el eje de este ensayo cuyo protagonista es un sujeto a medias ficción y a medias realidad: la derecha liberal. Ambos conceptos —derecha y liberal— han sido antagónicos en muchas etapas del discurrir hispano pero aquí y ahora se dan las condiciones para que confluyan en un programa de transformación para las Españas del siglo XXI. El ideario liberal es un credo evolutivo y reformista, un conjunto de principios para dar respuesta a cuatro exigencias básicas: una sociedad libre y plural cuyos miembros tienen convicciones diferentes; un Estado que dé cabida a su realidad plurinacional en una estructura armónica y equilibrada; una economía próspera y competitiva capaz de elevar de manera estable las oportunidades y el nivel de vida de los españoles, y la necesidad de aglutinar esos elementos en una estructura aceptable para todos.

La izquierda no es capaz de liderar un programa de modernización de las instituciones económicas y políticas de España. Por un lado, ha sido la principal responsable de uno de los factores que ha contribuido a deslegitimar las instituciones: la politización de «todo», basada en una concepción maximalista de la democracia en virtud de la cual la obtención de la mayoría permite al Gobierno hacer lo que quiera salvo, obviamente, suprimir la competencia para acceder a él, esto es, las elecciones libres. Por otro, la izquierda emergente no tiene por objetivo una transformación de la democracia española, sino una verdadera subversión de sus principios que, con todas sus deficiencias, no tiene alternativa salvo las incompatibles con la pervivencia de un régimen pluralista. Si un exceso de oligarquía es uno de los factores de descomposición de las democracias liberales, un exceso de demagogia es el otro. En el escenario español, éste se expresa en quienes consideran la monarquía parlamentaria un obstáculo para satisfacer las demandas de las «masas populares», una versión posmoderna de la contemplación de la democracia como una superestructura al servicio de la clase dominante.

El Gobierno del PP ha tenido un indudable éxito en conjurar una grave amenaza: la del colapso económico-financiero de las Españas. Ha conseguido sacar a la economía española de la recesión más dura y larga de su historia contemporánea y sentar las bases de la recuperación. Esto era imprescindible, pero no es suficiente. La modernización del sector público, la disminución del tamaño del Estado, la modificación del sistema electoral, la reducción del neopaternalismo gubernamental… son tareas pendientes y urgentes no sólo por razones de índole económica sino político-institucional. La agenda de una derecha liberal no ha de resignarse a ser el taller de reparaciones del colectivismo, sino aspirar a reconstruir un Estado fuerte pero limitado, centrado en una gestión eficiente de sus funciones tradicionales, que son las fundamentales para recrear una estructura política moderna. El Estado español está hipertrofiado por un exceso de grasa que es imprescindible eliminar.

La derecha liberal es modesta y humilde. Tiene un profundo respeto por la complejidad y la fragilidad del orden social y económico. Piensa que la buena sociedad está mejor servida por un Gobierno reducido y por un mercado dinámico y competitivo. Su ambición no es la imposición de un modelo social prefijado, sino proporcionar los medios que permitan a los españoles realizar las mejores decisiones posibles entre las diferentes finalidades y preferencias, individuales y colectivas, que, en un determinado momento, constituyen la matriz de los intereses y de las voluntades, a veces conflictivas, de los ciudadanos.

El proyecto de una derecha liberal es el único que garantiza un arbitraje óptimo entre todas las preferencias porque permite a un máximo de personas realizar sus metas vitales con el mínimo de costes y restricciones. Ahí radica, además, la fuerza del Estado, su capacidad de ser «inclusivo», de lograr la adhesión de la gente a instituciones colectivas de decisión y de asignación de recursos, y de minimizar las presiones corporativas de todo signo. Ésta es la «Ley de la igual libertad», que reconoce los mismos derechos a todos los seres humanos y establece como función básica del Estado su protección.

Por tanto, la derecha liberal ha de caracterizarse por una defensa radical de los derechos y libertades individuales, por la remoción de todas las barreras que impiden o lastran su despliegue en los planos social, económico y cultural. Es imposible e incoherente ser liberal en economía y autoritario en materia de costumbres, de asuntos morales o de cuestiones territoriales. El principio de igual libertad es, además, el antídoto contra los intentos de imponer desde los Gobiernos una visión partidista de la vida o de la civitas. Es, también, la senda para la preservación de determinados ideales tradicionales cuyo sustento ha de ser la libre adhesión de los individuos y no la fuerza del Estado. El recurso permanente al Boletín Oficial del Estado no es el medio adecuado para gobernar una sociedad y una economía moderna.

La derecha liberal ha de fortalecer el Estado. En España éste ha degenerado en una estructura corporativista, vampírica de la representación política, de la idea de un Gobierno para «todos» y del propio concepto de ciudadanía. Estos tres principios han sido erosionados, de manera gradual, por un Estado tentacular, convertido en un monopolista de la distribución de valores y de recursos por cuya apropiación compiten entre sí los diversos grupos de interés. Un Estado de todos debe ser beligerante contra cualquier tipo de opresión y de privilegio, aplicando los principios de libertad y de igualdad ante la ley en lugar de aceptar pasivamente un ius singulare que da inmunidad a las grandes organizaciones o promueve medidas que premian a los más fuertes y castigan a los débiles.

La historia española del último medio siglo es la de un éxito. Durante este período, su economía ha crecido de media a tasas muy superiores a las de los demás países desarrollados, sólo superada por los antiguos tigres asiáticos. En ese tiempo se ha consolidado un sistema democrático y ha emergido una sociedad avanzada. Siempre que se han creado las condiciones adecuadas, los españoles han demostrado una vitalidad y una energía creadora sorprendentes. Ésta es la realidad de las Españas, no la imagen cutre y negativa que algunos intentan proyectar. Ahora bien, avanzar por ese camino exige profundizar en la modernización de la economía y de las instituciones, restaurar el Estado de Derecho y solventar el anclaje de Cataluña en el Estado.

Abordar este asunto exige altura de miras, dejar a un lado los elementos emocionales cuyo predominio hace extraordinariamente complicado llegar a una solución razonable. Ahora bien, la resolución de la «cuestión catalana» requiere la revisión global del modelo de organización territorial del Estado establecido en el Título VIII de la Constitución. Su desarrollo ha degenerado en un «modelo» con todos los defectos de los esquemas federales y con ninguna de sus virtudes. La estrategia constitucional del «café para todos» ha conducido a crear un ineficiente e hipertrofiado monstruo de diecisiete cabezas que ha feudalizado la política española, ha resucitado el caciquismo, ha convertido en una tarea titánica la posibilidad de sanear y estabilizar las finanzas públicas y no ha conseguido integrar de manera estable a algunas comunidades históricas que, guste o no, tienen rasgos diferenciales respecto a las demás. La alternativa no pasa por recentralizar el Estado, sino por conformar un modelo de federalismo competitivo.

El ideario de la derecha liberal podría sintetizarse en las siguientes palabras de Joaquín Garrigues Walker: «Yo creo en un Estado que reconozca las libertades individuales y colectivas y que garantice los derechos humanos. Un Estado que fomente la competencia económica y no tolere los monopolios ni los privilegios. Un Estado donde todos los pueblos de esta comunidad que llamamos España puedan organizar su vida local en un régimen de máximas libertades. Un Estado donde nadie esté por encima de la ley y todos los poderes tengan que dar cuenta de sus actos».[2]

I

Vista a «las derechas»

La dialéctica izquierda y derecha es a menudo contestada por la teoría y la ciencia política con un argumento: este dualismo supone una simplificación extraordinaria de la realidad. Por añadidura, conduce a subdivisiones interminables dentro de los partidos ubicados en esos espacios políticos porque, a su vez, sería posible introducir dentro de ellos esa misma diferenciación. En la izquierda hay alas más derechistas que otras y en la derecha facciones más izquierdistas. A pesar de las objeciones a esa dualidad, existe un poderoso argumento a su pervivencia: es la forma más detectable y constante en que perciben la política no sólo por el común de la gente, sino también las élites.[3]

El término «derecha política» tiene múltiples connotaciones y remiten a él corrientes ideológicas que, en muchos casos, resultan antagónicas. Desde esta perspectiva es difícil establecer un criterio uniforme o dar un tratamiento homogéneo a las fuerzas conformadoras de un espectro cuya inspiración doctrinal y su aplicación a los problemas políticos, económicos y sociales del mundo contemporáneo presentan no sólo diferencias de grado y de forma, sino, a veces, de fondo y de naturaleza. En los países anglosajones, con sus avances y retrocesos, el ideario básico de la vieja y de la nueva derecha ha sido el liberal. América carece de una tradición premoderna y, por tanto, no existe nada parecido al conservatismo en el sentido europeo. Sus principios fundacionales son la democracia constitucional y la economía de mercado, el capitalismo democrático; en cambio, la Europa continental, incluida España, se ha sustentado sobre una historia y unas doctrinas de corte estatista, comunitarista o corporativista, tendencia que se ha intensificado desde la Gran Guerra hasta el tiempo presente.

Durante los años de la guerra fría esas diferencias quedaron en buena medida desdibujadas ante la existencia de una poderosa amenaza interna y externa, la Unión Soviética, que suponía una impugnación total de la democracia y del capitalismo occidental. En este escenario, las disputas «familiares» carecían de sentido. Estaba en juego la supervivencia de las sociedades abiertas ante el desafío del totalitarismo comunista. Tras el desplome de la Unión Soviética, las divergencias doctrinales entre las derechas democráticas se han puesto de manifiesto. Además, han renacido con una considerable capacidad de movilización opciones que desde el final de la segunda guerra mundial eran marginales, por no decir inexistentes, como una extrema derecha autoritaria, nacionalista, xenófoba y hostil al capitalismo. El intento de realizar un catálogo de cuáles son los principales rasgos o señas de identidad de la derecha ha de asumir una poderosa restricción previa; a saber, muchos o, al menos, algunos de los aparentes y comunes denominadores que definen esa corriente resultan incompatibles entre sí, lo que refleja la presencia de concepciones opuestas sobre aspectos básicos o sustanciales de la filosofía política y, por tanto, sobre su aplicación a la administración de la res pública.

Pese a ello, la derecha ha gobernado durante largos períodos de tiempo en casi todos los Estados occidentales y ha contribuido a construir un modelo de sociedad que, con salvadas excepciones, ha tenido un marcado carácter colectivista o, si no se quiere exagerar, estatista. Existen en la historia períodos o ciclos en los que una ideología se convierte en hegemónica, impregnando la sociedad y nucleando en torno a sus principios a todas las fuerzas políticas, sean de izquierda, de centro o de derecha. Esa primacía ideológica hace cristalizar un consenso en torno a sus supuestos que marca el signo de la evolución política, social y económica de un país durante un espacio temporal muy dilatado. Esas dinámicas son fáciles de detener e invertir cuando se inician, pero puestas en marcha son imparables porque entran a formar parte de los esquemas vitales y mentales de los ciudadanos, determinan sus preferencias y constituyen el motor de sus demandas.

Desde esa óptica, el siglo XX ha sido la «era del colectivismo», que ha tenido sus versiones duras —el nazismo, el fascismo y el comunismo— y las blandas de izquierda y de derecha. Desde el término de la Gran Guerra, los Estados del Occidente europeo, con diferente intensidad, se embarcaron en un acelerado proceso de crecimiento, impulsado tanto por las diversas tribus conservadoras como socialistas. En Occidente, sobre todo en Europa, la izquierda y las derechas extendieron las funciones del sector público reduciendo de manera progresiva la esfera de autonomía de los individuos y de la sociedad civil. El socialestatismo era la ola del futuro, y en la atmósfera de la segunda posguerra se pensó que era una concesión necesaria para restar potenciales adeptos al comunismo en los países fuera del Telón de Acero. Por eso, la derecha en lugar de combatir al socialismo, se resignó a moderarlo. Tampoco esta actitud ha de sorprender a nadie porque no es ajena, aunque resulte extraño, a la idea conservadora de la tradición. Si el consenso social se desplaza hacia las ideas colectivistas, es perfectamente natural adaptarse a él. De esta manera, la alternancia política en la Europa posterior a 1945 ha sido entre la «socialdemocracia de derechas» y la «socialdemocracia de izquierdas» y, en buena medida, así siguen las cosas.

Pero la alianza fáctica social-conservadora no ha obedecido sólo a razones oportunistas o a una resignación ante lo inevitable. Recibió el soporte de una concepción orgánica de la sociedad y del Estado contemplados como entidades con vida propia, fruto de la historia en el caso de la derecha y de una evolución social que se impone a las voluntades individuales por el lado de la izquierda. En este contexto, la reconstrucción de las comunidades, de la armonía social y de los valores cívicos supuestamente destruidos por el individualismo liberal y por el capitalismo se convirtió, a través de la herencia del conservadurismo, del corporativismo, del catolicismo social, del populismo, en proyectos que, de facto, estaban muy cerca del socialismo. Éste aspiraba a construir una sociedad nueva e igualitaria sobre las ruinas de la sociedad liberal. Los conservadores de todas las especies han querido resucitar, a través del uso del poder del Estado, su Arcadia perdida en el seno de una sociedad moderna lo que implicaba, entre otras cosas, controlar las «fuerzas del capitalismo salvaje» con el único medio a su disposición: la intervención estatal. Así pues, la deriva estatista registrada por los países europeos hubiese sido imposible sin el predominio o, mejor, sin la influencia del pensamiento antiindividualista y anticapitalista en los grandes partidos de la derecha continental. Esta afirmación queda ilustrada en la frase pronunciada por Jacques Chirac, presidente conservador de la República Francesa, el 10 de octubre de 1999: «Tony Blair es un socialista moderno. Esto significa que está cinco mil kilómetros a mi derecha».

Esa tendencia se vio reforzada por la convicción de que Occidente caminaba inexorable y gradualmente en una dirección colectivista. Era el signo de los tiempos, y resistirlo era inútil. Esta mentalidad no era ni es inconciliable con el acceso al Gobierno de partidos de derecha, ya se ha señalado, pero su papel se ciñó a administrar un Estado colectivizado y, como mucho, a corregir sus excesos. Si los conservadores tenían la tentación de revisar ese estado de cosas, los cantos de sirena de pensadores liberales como Hayek serían repudiados por el electorado. Por esta razón, la izquierda estaba convencida de que el statu quo colectivista era irreversible. En la práctica, la derecha europea, con singularidades de escasa intensidad y duración, aceptó acomodarse a ese entorno con resignación en unos casos —el conservadurismo británico prethacheriano—, y con un notable entusiasmo en otros —la derecha francesa— pero no se planteó transformarlo.

Aunque resulte paradójico, sorprendente, provocador y escandaloso para muchos, el régimen del general Franco constituye un microcosmos fascinante para ilustrar la tendencia estatista de la derecha en las décadas siguientes a la segunda guerra mundial. La Coalición Nacional que configura el franquismo desde el inicio de la guerra civil hasta la muerte del dictador no fue de facto un sistema de partido único. El Movimiento Nacional era un tigre de papel. Ni tuvo la pretensión de encuadrar a la población en él ni en una ideología concreta. Era un sistema autoritario que permitió un pluralismo —moderado, eso sí— dentro de las familias del régimen en el que Franco era el árbitro indiscutido y carismático. Como escribió el profesor Manuel Jesús González, el general «era un maximizador bajo constricciones. Maximizaba tiempo y poder… Giros notables de las directrices económicas no permitían inferir que el jefe del Estado hubiese cambiado de ideología en este terreno —de hecho no tenía ninguna—; simplemente introducía los cambios mínimos y necesarios, reconstruyendo un nuevo equilibrio de fuerzas…»[4] para conservar el mando.

Obviamente, el franquismo no era un modelo competitivo en el sentido democrático, pero pugnaron entre sí por obtener el favor del soberano —el invicto Caudillo—, convivieron en su seno y participaron en el diseño y la ejecución de sus políticas casi todas las ideologías inspiradoras de la derecha política del siglo XX: la democracia cristiana, los monárquicos conservadores y tradicionalistas, la tecnocracia y la versión española del fascismo italiano, la Falange. En otras palabras, el régimen agrupó durante cuarenta años a casi todos los movimientos del flanco derechista continental con una doctrina similar: el estatismo en sus versiones suaves y duras.

Como ocurrió en otros países del Viejo Continente, por ejemplo en la Francia de 1958 con el Plan Rueff-Pinay, o en la Alemania de Adenauer y Erhard, el régimen nacido el 18 de julio recurrió coyunturalmente y, por desesperación, a «políticas liberalizadoras». En eso consistió el Plan de Estabilización de 1957 a 1959, implantado para evitar la bancarrota provocada por la autarquía, por una pésima, por no decir inexistente, gestión macroeconómica y por el programa socializante del falangismo. Cuando aquella dramática coyuntura fue superada, se volvió al dirigismo con los Planes de Desarrollo y la modernización del estatismo y del intervencionismo. La profundización en la senda de la libertad económica era inviable porque constituía una bomba de relojería en la línea de flotación de la Dictadura.

En esa dinámica colectivista han existido fases en las cuales el liberalismo actuó como un freno a ese proceso. La concepción germano-occidental de la «economía social de mercado» floreció en los años cincuenta del siglo XX, y la asunción de sus principios fue la causa del milagro alemán. En Francia, el programa de estabilización, liberalización y apertura económica apoyado por De Gaulle fue elaborado y ejecutado por liberales como Jacques Rueff, Antoine Pinay o Louis Armand. El resultado fueron quince años de un crecimiento explosivo de la economía. Ahora bien, nunca se aceptó que la «sociedad opulenta» creada por el liberalismo económico en la primera década de la posguerra mundial hubiese de preservarse. Cuando esa situación parecía garantizada, la derecha y, desde luego, la izquierda retornaron a las intervenciones colectivistas con el pretexto de mejorar el funcionamiento de la economía y promover la justicia social.

En las postrimerías de los años setenta del siglo XX, tras el fracaso del keynesianismo macro y del intervencionismo micro para sacar a los Estados desarrollados de la estanflación, los Estados Unidos de Reagan y el Reino Unido de Thatcher rehabilitaron el liberalismo como programa político, y su liderazgo hizo del anticolectivismo una causa. No es de extrañar que estos dos países encabezaran lo que se denominó la «revolución liberal de los ochenta», porque, en ambos, el individualismo y el capitalismo tenían unas raíces sin parangón en otros Estados occidentales. Si bien es verdad que su ejemplo y su éxito tuvieron una influencia mundial, y consiguieron frenar el aumento del tamaño del Estado, no lograron reducirlo de manera permanente porque no fueron capaces de introducir reformas sustanciales en los programas del Estado del Bienestar. En el resto de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) las medidas liberales se entendieron en el sentido clásico; esto es, como un procedimiento quirúrgico y temporal para mantener sin alteraciones sustanciales el statu quo.

Cuando se avanza hacia la segunda década del siglo XXI, los sistemas democráticos maduros asisten a la emergencia de una creciente contestación. En ella confluyen movimientos de protesta y algunos antisistema. ¿Qué ha sucedido? La respuesta inmediata es que la Gran Recesión es la génesis de este problema. Es evidente que una crisis económico-financiera de las dimensiones y del alcance de la que se inició en el verano de 2007, cuyas secuelas no se han superado todavía, ha tenido un efecto directo sobre el malestar existente en las sociedades desarrolladas. Al igual sucedió con la Depresión de los años treinta del siglo XX que alimentó el totalitarismo en el Viejo Continente y puso en riesgo de supervivencia a las democracias liberales. Sin embargo, la causa del actual desencanto tiene raíces metaeconómicas.

El concepto de ciudadano —esto es, el ser miembro de un Estado con derechos y deberes iguales para todos— se ha disuelto en una estructura de castas cuyo objetivo es extraer rentas y privilegios del poder. Se ha recreado un modelo social, cuya representatividad de los intereses de la mayoría es en gran parte nominal. La aparente paradoja del Estado moderno es que es a la vez demasiado grande y demasiado débil. Su debilidad estriba en que hace demasiadas cosas y quiere seguir haciéndolas. El pueblo soberano no es el sujeto pasivo, la víctima inocente de unas «élites extractivas», como dirían Acemoglu y Robinson. Tiene una enorme responsabilidad en esa deriva. En última instancia, los ciudadanos deciden quién gobierna. La «clase política» no está compuesta por extraterrestres. Es un reflejo de los vicios y de las virtudes de la sociedad, y lejos de desatender las exigencias de ésta, las ha alimentado. En la práctica, los Gobiernos democráticos europeos han mostrado una enorme sensibilidad ante las demandas de todos los grupos sociales y han sido incapaces de resistirlas porque se ha liberado al Leviatán de sus cadenas. Las democracias han roto los frenos a la discrecionalidad gubernamental establecidos por el constitucionalismo clásico.

La actividad de los Gobiernos nacionales se resume en una permanente negociación con los grupos de presión que los sustentan o pueden desestabilizar a quienes han ofrecido y ofrecen transferencias de renta y prebendas para comprar su apoyo o su neutralidad. En este sentido, las democracias europeas han retrocedido hacia la premodernidad. Como en los Estados preliberales y precapitalistas, el moderno Leviatán ha monopolizado los valores cívicos y la distribución de los recursos en detrimento de la responsabilidad individual, de la sociedad civil y del mercado. En este contexto, el descontento existente es la expresión de la paulatina corrupción del principio representativo por un exceso de populismo en lugar de por un exceso de oligarquía como suelen sostener los críticos del sistema.

Con diferencias de matiz y de intensidad, las derechas y las izquierdas europeas adolecen de corporativismo. Poderosas minorías de buscadores y extractores de rentas tratan y a menudo consiguen imponer su agenda en detrimento de los intereses de la mayoría. La sustitución de reglas del juego claras y objetivas por normativas y políticas que benefician a los colectivos con más recursos y/o capacidad de chantaje para condicionar en su favor la actuación de las autoridades ha erosionado las bases de una sociedad y de una economía libres y prósperas. En ellas, los ciudadanos pagaban un precio —el respeto de la ley, de los derechos de los demás, la responsabilidad por los resultados de sus actos, la financiación de los bienes públicos— y el Estado se obligaba a respetar sus derechos, a garantizar el cumplimiento de los contratos, a impartir justicia, a defenderlos frente a la agresión externa y a no erigir barreras protectoras del statu quo ante la entrada potencial o real de nuevos competidores.

Ese marco institucional se ha deteriorado de manera progresiva a favor de un modelo en el cual la conexión entre derechos y deberes ha desaparecido por ucase gubernamental. Además, el grueso de los derechos demandados es «material», tienen un coste y alguien ha de pagarlo; es decir, su satisfacción está condicionada por los recursos disponibles y éstos son escasos. Por tanto, el cumplimiento de esas expectativas conduce bien a un endeudamiento crónico del Estado y, en el extremo, a su bancarrota; bien a transformar una sociedad de «beneficiarios» de la asistencia pública en una sociedad frustrada y de protesta cuando es imposible satisfacer las promesas de las que se siente acreedora. En el Viejo Continente, como escribió Bastiat, «El Estado es la gran ficción a través de la cual todo el mundo se esfuerza por vivir a costa de todo el mundo».

La deriva corporativista de la democracia continental ha pervertido el significado del pluralismo. Es obsceno considerar sociedad civil a la miríada de organizaciones cuya vida depende de los presupuestos estatales. El pluralismo se caracteriza por su voluntariedad, por su espontaneidad y por su dinamismo, lo que ayuda a configurar una sociedad abierta. El corporativismo es un aluvión de sociedades cerradas y yuxtapuestas que compiten entre sí o se alían para obtener dádivas del poder con dos efectos: excluyen de la ciudadanía a amplios estratos de la población y vacían de contenido real la representación democrática.

La fuerza del gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, radica en su capacidad y voluntad de representar al conjunto de los ciudadanos como algo diferente y superior a los grupos de los que éstos forman parte. En Europa, este principio sólo opera de manera marginal, asfixiado por un sector público tentacular en forma de un gasto público, de unos impuestos y de unas regulaciones desmesuradas. En este contexto, la libertad de los individuos de utilizar los medios de los que disponen para alcanzar los objetivos que desean y aceptar las consecuencias de sus actos está severamente restringida. Las democracias europeas han dejado de tratar a sus ciudadanos como seres adultos. Han fabricado un gigantesco y carísimo jardín de infancia.

En el medio y en el largo plazo, este statu quo es inviable. El mundo que emerge en los comienzos del siglo XXI es demasiado complejo para que las recetas de la derecha y de la izquierda, tal como las conocemos, sean una respuesta atractiva y eficaz para lidiar con los retos del presente y del futuro. La globalización, las tecnologías de la información, la necesidad de innovar, la evolución demográfica hacen insostenible el modelo socioeconómico prevalente en el Occidente europeo, definido por un excesivo e hipertrofiado Leviatán estatal inviable financieramente, a pesar de la abrumadora carga fiscal soportada por los ciudadanos; mantenedor de un aparato regulatorio que asfixia la creatividad y la iniciativa individual y de un Estado del Bienestar que no va a ser capaz de satisfacer en un horizonte temporal no muy lejano las expectativas materiales generadas en sus abnegados y explotados súbditos. Se ha creado un sistema condenado a crear frustración social y a lastrar el crecimiento económico.

Al mismo tiempo, el pluralismo y la segmentación registrada por las sociedades europeas ha quebrado las bases sociológicas; esto es, la clientela a la que se dirige el discurso de la izquierda y de la derecha contemporáneas. A pesar del igualitarismo de la primera y del corporativismo de la segunda, su actitud defensiva del statu quo vigente está condenada al fracaso. Siempre ha existido una pluralidad de valores que los hombres pueden y deben buscar y, por definición, estos valores difieren entre sí. El asunto central es que, en las modernas sociedades abiertas, su nacimiento y su desarrollo resulta más fácil que en otras etapas históricas. Aceptar esto no implica ser un relativista. La diversidad de valores es un hecho objetivo, no una arbitraria construcción de los hombres.

El papel y el significado de las tradiciones, de la religión, de la comunidad, de la familia… no son estáticos, y parece obvio que no son los del pasado; no se trasladan a la esfera pública. En gran medida se han privatizado. Han pasado a ser interpretados y vividos desde una perspectiva individual. No han desaparecido como sostienen con un pesimismo injustificado los «conservadores azules» y los «conservadores rojos». Se han individualizado. Se ha secularizado la sociedad, pero no las personas que la componen, y ésa es una fuente de paz civil. Ello no implica una desintegración del respeto y de la aceptación de unas normas que hacen posible el funcionamiento de la sociedad libre, pero éstas no pueden ser finalistas porque los fines de la vida son múltiples. Por tanto, en las modernas y complejas sociedades de este siglo, la autoridad ha de constreñirse a establecer el marco institucional que los individuos han de respetar para perseguir y, en su caso, alcanzar sus propias metas en colaboración o en competencia con los demás. Éste es el origen de la vitalidad y la creatividad de las sociedades abiertas. El error de partida de la izquierda y de la derecha era pensar que las instituciones y asociaciones voluntarias, el espíritu cívico, la simpatía hacia los otros descrita por Adam Smith, pueden existir y florecer sin funciones que cumplir. La asunción por los poderes públicos de muchas tareas antes desempeñadas por ellas las ha vaciado de responsabilidades y, por tanto, ha debilitado los incentivos de las personas a la cooperación.

El causante básico del deterioro de las comunidades, de las asociaciones voluntarias ha sido —es— el «monismo» o, como diría John Stuart Mill, el «intuicionismo». ¿Qué significa esa palabra?: la filosofía política construida sobre la creencia de que hay ciertas verdades apriorísticas, no sujetas a prueba empírica o racional alguna, que han de ser descubiertas y aceptadas por los individuos y, si esto no sucede, los poderes públicos están legitimados para imponerlas. Desde la derecha y desde la izquierda se ha pretendido forzar, a través de la coerción estatal, la imposición del peculiar concepto de la buena sociedad profesado por cada una de ellas, lo que sólo ha contribuido a debilitar los lazos de cooperación social y el sentido de la ciudadanía. En la práctica, las políticas desplegadas por ambas han pretendido recrear, esta vez sí, una sociedad estamental con rasgos previos a la modernidad, en la que el principio de igualdad ante la ley ha dado paso a legislaciones que conceden un tratamiento distinto a las personas —discriminaciones positivas se dice—, en función de su pertenencia a grupos determinados. En este entorno, la separación entre los socialistas y los conservadores se reduce a determinar la identidad de a quién/es se otorgan los privilegios.

Este panorama no es una novedad. En La democracia en América, Tocqueville ya denunció con inquietud los iniciales y tímidos movimientos del gobierno norteamericano de ocupar el lugar de las grandes asociaciones: «Cuanto más se emplea en realizar las actividades desempeñadas por las instituciones de la sociedad civil, cada vez más personas renuncian a la idea de asociarse… La moralidad y la inteligencia de un pueblo democrático se enfrentan a no menores riesgos que los de los negocios y los de la industria si el Estado se convierte en su competidor. Los sentimientos y las ideas se renuevan, el corazón se ensancha, y la mente humana se desarrolla sólo por la recíproca acción de unos hombres sobre otros».[5]

II

Las tres tentaciones de la derecha

La renovación de los ideales y del discurso de las derecha española es vital para salvaguardar la democracia representativa y reformar un statu quo que ella ha contribuido a crear. Es evidente que la derecha es plural y contiene tendencias diferentes en su seno. La cuestión fundamental es cuál de ellas ha de convertirse en el eje central de su ideario, en el principio inspirador de su acción. A estas alturas del siglo XXI, esa tarea no consiste en contener los avances del estatismo, sino en revertirlos. Para aplicarse a esa misión, la derecha española ha de tener claro tanto lo que quiere ser como lo que no quiere ser. Su posibilidad de liderar el siglo XXI pasa por convertir el liberalismo en el núcleo de su discurso. En este sentido, ha de evitar sucumbir a tres tentaciones…

La tentación conservadora

El conservadurismo es una doctrina política y social de reacción, nacida de la ruptura de una tradición y de la necesidad de encontrar argumentos «para» defenderla o restablecerla. Al mismo tiempo, no es un movimiento ligado a un devenir general de la historia occidental sino un ideario subordinado a las diferentes historias nacionales. Dicho esto, la palabra conservador implica una valoración positiva «de lo que es», trátese de prácticas de comportamiento, de convenciones, de tradiciones, de estándares morales o de instituciones políticas, económicas y sociales. Esta posición es de una extraordinaria debilidad y se enfrenta a una intrínseca contradicción cuando la tradición de la que se reclaman custodios los conservadores pierde vigencia y/o es sustituida por otra u otras de signo contrario. De ahí la imposibilidad de plantear en nuestro tiempo un verdadero proyecto político y social de índole conservadora, lo que hace oscilar a sus paladines entre el fatalismo, la nostalgia y el recurso a la ingeniería social para revivir un mundo perdido.

El término conservador describe una actitud de la mente y una línea política. Si se adopta la primera pauta valorativa, un socialdemócrata cabe ser calificado de conservador cuando exhibe una fuerte resistencia al cambio o a incorporar nuevas ideas. En buena parte de las democracias desarrolladas, conservadores y socialistas hacen suyo el axioma acuñado por lord Hugh Cecil para definir la posición conservadora: «Una disposición adversa al cambio».[6] En este marco intelectual, el peso de la prueba corresponde a quienes plantean el cambio que, por definición, implica incertidumbre e inseguridad. En consecuencia, muchos de los autodenominados progresistas son conservadores de nuevo cuño. Como los antiguos, defienden un sistema en donde una parte sustancial de la actividad social y económica se rige por un modelo de cooperación forzosa en lugar de por un sistema de cooperación voluntaria.

La distinción entre esas dos formas de organización social separa a los liberales de los conservadores y de los socialistas. Los primeros desean reducir el poder coercitivo del Estado sobre los individuos; los segundos, aumentarlo o mantenerlo. En ocasiones, los conservadores abogan por un Estado pequeño en unas áreas pero muy grande en otras. No se oponen por razones apriorísticas a la restricción de las libertades individuales, si hacerlo sirve para evitar la alteración estructural del orden vigente o el debilitamiento de la autoridad. Esa tesis se ve con claridad cuando se dice que ambos promueven políticas promercado. De nuevo existe en este terreno una línea divisoria básica. Los liberales adoptan esa postura no sólo por razones técnicas de eficiencia y de progreso económico, sino porque ello aumenta la esfera de autonomía de la gente. El apoyo conservador al mercado depende de si contribuye o no a la preservación del orden social existente. El problema de fondo es el escepticismo conservador ante la capacidad de que los individuos tomen decisiones acertadas por sí mismos y, en consecuencia, asume que otras instancias saben mejor que aquellos cuáles son sus necesidades. Quienes no forman parte de una élite esclarecida no son capaces de tomar responsabilidad de sus propios actos. Para los conservadores, el valor de la libertad está subordinado a otro más importante y elevado: la autoridad del Gobierno establecido que disciplina las pasiones de los individuos.

En numerosas ocasiones se sostiene que el nexo de unión de la actitud y de la doctrina conservadora es una aversión a las transformaciones impuestas; esto es, a los idearios y programas cuya pretensión es construir ex nihilo un orden social, político y económico. Esta tesis sostenida por ilustres representantes del liberalismo clásico [7] no es demasiado exacta. Los conservadores fueron los baluartes del Estado Absoluto cuando ellos lideraban y gestionaban ese esquema de organización política; luego han sustentado y administrado las distintas versiones del colectivismo cuando éstas se convirtieron en hegemónicas. En consecuencia, es incorrecto sostener su oposición a las mutaciones orientadas a producir un resultado concreto o a forzar a la gente a vivir de una determinada manera. De hecho, la preservación de un statu quo intervencionista se traduce en la imposición a los demás de una determinada forma de vivir y de ver el mundo.

Se suele afirmar también que la política conservadora no busca salvaguardar cualquier tipo de estado de la sociedad, sino su espontaneidad. Esta tesis es de nuevo falaz o, para ser rigurosos, equívoca. La configuración de un orden social depende de cuál es la infraestructura sobre la que se sustenta su proceso evolutivo y, de nuevo, ésta no es neutral. O bien está dirigida a la consecución de objetivos determinados o bien se limita al establecimiento de unas reglas del juego que no prejuzgan sus resultados. Ante esas dos opciones, los conservadores mantienen una permanente ambigüedad. Entre la seguridad ofrecida por un orden impuesto y la incertidumbre de otro espontáneo —basado en la libertad de acción y de elección de los individuos— el conservador se queda en un estado de parálisis u opta por la imposición si ésta se ajusta a sus intereses. Por regla general, es un espectador o, como mucho, un actor secundario de una realidad social y política creada por otros.

Como señaló Hayek,[8] la adhesión conservadora a las tradiciones conduce a la inacción, ya que implica bien la renuncia a ofrecer alternativas a la dirección en la que la sociedad se mueve, bien una actitud reaccionaria que les lleva a la marginalidad. En este sentido, los conservadores no tienen capacidad de impulsar cambio alguno cuando una determinada ideología se vuelve dominante. Ello explica su dilatada complacencia o complicidad con el colectivismo cuando han querido sobrevivir como una opción de Gobierno. Éste es también el resultado de la aversión del conservador a la teoría abstracta; hostilidad no adoptada por convicción, sino por la inexistencia de un sistema de ideas articulado y coherente, efecto inevitable de las diferentes historias nacionales que conforman los rasgos peculiares de cada conservadurismo.

En su diálogo con el filósofo conservador Michael Oakeshott, Hayek concebía el liberalismo clásico como un instrumento para combatir el colectivismo y promover la libertad. Por ello, abogaba por la introducción de reformas e innovaciones radicales para invertir la marcha estatista de las sociedades occidentales; el segundo, en su recensión en Camino de servidumbre, rechazaba esa postura. Si bien consideraba que el proyecto liberal anticolectivista es mejor que lo opuesto, constituye el mismo estilo de política. Esa orgullosa presunción de carecer de dogmas acarrea la carencia de un programa político propio y un rechazo ontológico de la innovación porque ésta siempre puede entrañar más pérdidas que ganancias. Por eso, los conservadores «son reluctantes innovadores y aceptan el cambio no porque lo deseen sino, como La Rochefoucauld acepta la muerte, porque es inevitable».[9]

Otro aspecto crítico del conservadurismo es su concepción sobre cuál es la fuente última de los valores que inspiran el orden social. Para los conservadores, ésta es trascendente, independiente y ajena a los deseos y preferencias individuales. Esa trascendencia no exige remitirse a una única fuente —léase la revelación divina, la tradición, la comunidad, la ley natural, una pluralidad de autoridades sociales, etc.—, pero se traduce en una visión de la sociedad como un ente compuesto de grupos dentro de los cuales los individuos viven y de los cuales extraen su identidad. Si el origen de los valores está más allá del individuo, han de ser descubiertos, interpretados y, en caso necesario, impuestos por alguien. La antigua superstición política asignaba esa tarea al derecho divino de los reyes y la presente se la atribuye al derecho divino de los parlamentos; esto es, a la mayoría coyuntural arrojada por unas elecciones. En este escenario, los conservadores, por razones altruistas o egoístas, da igual, son propensos a usar la fuerza del Estado para restringir la libertad individual. En este marco, la diferencia entre la esfera de lo público y de lo privado se diluye hasta casi desaparecer, eso sí, en pro de una buena causa…

Los liberales apoyan la existencia de fuertes convicciones morales, de vigorosas instituciones sociales, de familias pujantes, etc., y creen en su importancia para el correcto funcionamiento de una sociedad libre. Pero consideran que no es misión del Gobierno definir e imponer por decreto una única forma de lo bueno, de lo malo, de lo deseable y de lo indeseable, de lo bello o de lo feo, a una comunidad de individuos que, por definición, no profesa un credo único. Por añadidura, en una democracia, la materialización de esa agenda a través de la coerción estatal legitima el recurso a la misma de quienes tienen una concepción radicalmente opuesta de cuál es la buena sociedad y los medios para llegar a ella, lo que contribuye a generar un clima de «guerra civil fría»; una puesta en peligro de la paz social y de los propios valores que el conservador aspira a preservar. En este entorno, la defensa del pluralismo y la constitución de sociedades civiles vivas reposan en el ejercicio de la persuasión, de la libertad y del ejemplo individual, no en el intervencionismo del Estado. Eso sin contar con un postrero argumento: el paternalismo es un insulto proferido contra los seres humanos adultos, racionales y responsables. Por añadidura, la moralidad impuesta por la fuerza es profundamente inmoral.

En esta línea, una de las preocupaciones centrales de los conservadores es la decadencia moral y cultural de las sociedades contemporáneas en contraste con una anterior e hipotética Edad de Oro, en la cual la presencia de estándares absolutos de verdad y de moralidad, el respeto por la religión y por la autoridad eran los sustratos dominantes en las sociedades occidentales.[10] Este enfoque, que supone una de las piedras angulares del moderno conservadurismo social, trata de manera idéntica dos cuestiones heterogéneas. Por un lado, están las «patologías» de las cuales el Gobierno es responsable y, por tanto, son corregibles. Entre ellas se incluye un Estado del Bienestar que estimula la dependencia de los ciudadanos respecto al Gobierno y debilita la responsabilidad individual sobre sus propias vidas.

Por otro, concurren otras supuestas «patologías» de la sociedad de consumo que son subproductos de la modernidad, cuya valoración como buenas o malas es discutible y, en cualquier caso, ni es de la incumbencia de los poderes públicos «curarlas» ni tampoco tendrían capacidad de hacerlo si lo deseasen. Por ejemplo, los avances científicos registrados en las técnicas de la contracepción, los experimentados en las tecnologías reproductivas, la caída de la mortalidad infantil o la transformación de las economías industrializadas en economías de servicios, han liberado a las mujeres de sus roles ancestrales y han supuesto un giro profundo en el comportamiento sexual y en la estructura de las familias. A menos que se tome como referencia Irán, es impensable un retorno a la situación anterior a esos cambios. Muestras similares cabe extraer de materias como el aborto, la pornografía, las relaciones homosexuales, etc. Estas situaciones quizá resultan ofensivas para las mentalidades conservadoras pero ello no justifica ni legitima una intervención estatal para convertir preferencias y gustos individuales en mandatos obligatorios de comportamiento general.

El individualismo y el mercado competitivo no son contrarios a lo comunitario sino a la constitución por la fuerza de cuerpos intermedios; es decir, de una falsa y artificial sociedad civil. En el amplio y extenso modelo de cooperación social propugnado por el liberalismo, la gente no se mueve sólo por el interés propio. Ésa fue la posición de Adam Smith, de Tocqueville, de lord Acton y de la mayoría de los filósofos del liberalismo clásico. Ahora bien, lo «social» no se identifica con «lo político». Por su negativa percepción de la naturaleza humana, los conservadores no creen que las personas estén dispuestas a dedicar energía, tiempo y recursos al servicio de los demás, salvo que la autoridad les «anime» a hacerlo. Esta interpretación de la responsabilidad moral es errónea en el plano antropológico y no está respaldada por la evidencia empírica. El florecimiento de la sociedad civil es mayor allí donde los ideales del individualismo liberal están más vivos. Estados Unidos es una ilustración clara de esa afirmación.

En suma, el conservadurismo no parece ser una doctrina, si se asume su existencia como tal, capaz de convertirse en un proyecto coherente y atractivo para los individuos y para las sociedades del siglo XXI. Asigna al Estado un papel que ni puede ni debe cumplir; se sustenta sobre bases ajenas a la realidad y, por tanto, incapaces de garantizar la pervivencia de los valores que aspira a defender. El conservadurismo que ha mantenido su pujanza, el anglosajón, está anclado en la continuidad de una herencia liberal y capitalista. No es premoderno ni nostálgico. Impulsó la modernidad, el británico, o se fundó sobre ella, el estadounidense.

La tentación tecnocrática

La tecnocracia es el «gobierno de los técnicos». La prehistoria del concepto se encuentra en el ideal platónico de la «sofocracia», el otorgamiento de la administración de la polis a los sabios. Su fundamentación moderna proviene de la obra de dos autores franceses, Saint-Simon y Comte, y su filosofía se resume en dos axiomas básicos: todas las ciencias, no importa cuál sea su rama, afrontan una serie de problemas a solucionar, y la única diferencia entre ellas estriba en el campo al que se aplican. Desde esta perspectiva, cabe extender a la política el método empleado en las ciencias experimentales. Esto conduce a reemplazar el «gobierno de los hombres» por el de la «administración de las cosas». Esta doctrina abre la puerta a la planificación de la sociedad y de la economía. El cientifismo es otra manifestación del abuso de la razón; esto es, de conceder a alguien la capacidad de acumular todo el conocimiento y la información necesaria para controlar y dirigir los procesos sociales y económicos.

La tecnocracia tiene una considerable capacidad de seducción en situaciones de crisis, cuando las fórmulas de la política convencional y quienes las encarnan parecen incapaces de ofrecer soluciones a los problemas. En estas ocasiones, la apuesta por gabinetes tecnocráticos cuyos miembros no están condicionados por consideraciones de naturaleza partidista es tentadora. Esta alternativa es además un potente imán para una derecha que quiere huir del debate ideológico y pretende eludirlo con una cobertura científica a sus planteamientos o, mejor, a lo que hay que hacer para administrar la polis. De igual modo, las fórmulas tecnocráticas resultan atractivas y son coherentes con la concepción elitista conservadora; esto es, con la existencia de personas con un conocimiento superior a quienes corresponde de manera natural ejercer el mando.

La tecnocracia crea la imagen de que la administración de los asuntos públicos es separable de la política porque es una simple cuestión técnica. Como se ha comentado, este enfoque resulta atrayente cuando los Gobiernos democráticos convencionales parecen incapaces de aplicar las medidas necesarias para superar situaciones críticas. Al mismo tiempo, tiene también una especial atracción para las doctrinas que atacan la «política», considerada como un medio en virtud del cual los partidos anteponen sus intereses a los generales. Este planteamiento es erróneo y además tiene derivaciones peligrosas. De alguna forma es una de las versiones de la teoría del crepúsculo de las ideologías.

«La igualdad política es compatible sólo con la legitimidad democrática. Si existe la creencia de que el derecho a gobernar descansa en la consideración de características especiales, no puede evidentemente existir igualdad política».[11] Aunque para muchos resulte irreal o una concesión a la demagogia, la política no exige cualificaciones concretas para su práctica, no demanda un especial conocimiento técnico para su ejercicio. Ahora bien, la validez de esta tesis es directamente proporcional a la extensión de las funciones del Estado. Cuanto mayores sean éstas, más necesario es el recurso a los expertos y la dependencia de ellos por parte de los representantes del pueblo. Éste es un argumento adicional a favor de restringir la esfera de acción de los poderes públicos.

Dicho esto, la tecnocracia es un tipo de ideología cuyo presupuesto central es que la gestión de la cosa pública es disgregable de la política y que, si se hace esto, los tecnócratas tienen la capacidad de hacerlo mejor que los políticos. Dominados por una visión de corto plazo o ligada a consideraciones de cálculo electoral, propenden a no desarrollar las actuaciones que los expertos consideran imprescindibles para, por ejemplo, asegurar la estabilidad y el crecimiento de la economía. En la práctica, esta filosofía supone asumir que el proceso tecnocrático de toma de decisiones es superior al democrático porque los expertos sólo tienen en mente la eficiencia y los intereses permanentes del Estado frente a los partidos, cuyo móvil es maximizar votos para mantenerse en el poder.

La idea de que los tecnócratas son una especie de espíritus angélicos cuya única guía de conducta es el interés público es naif. Los técnicos no poseen una naturaleza diferente a la del resto de los mortales ni sus incentivos son distintos por el simple hecho de no ser «políticos» en el sentido coloquial del término. Ellos también maximizan su función de utilidad. Los partidos pretenden cosechar el mayor número de votos posible, y los tecnócratas, aumentar su poder. La diferencia es que los primeros han de lograr ese objetivo a través de una dinámica competitiva, con las deficiencias que se quiera, y los segundos no. Pero no existe motivo alguno para que el Gobierno de los tecnócratas pueda arrogarse superioridad «genética» alguna sobre el de los políticos. El ADN de ambos es el mismo. La única diferencia es el marco institucional en el que desarrollan su actividad. De hecho, su supuesta imparcialidad es una ficción en tanto las decisiones, por ejemplo, de carácter económico nunca son neutrales. Siempre hay posibilidad de elegir y ésa es una decisión cuyo componente ideológico es sustancial.

Una cosa es decidir cómo se gestionan los recursos y otra muy distinta cómo se asignan. La gestión es por definición técnica, la asignación es por esencia política. Si se decide iniciar un proceso de consolidación presupuestaria cuyo objetivo es lograr en un período de tiempo determinado un déficit cero o un superávit de las cuentas públicas, los medios para conseguirlo y la combinación de los mismos abren un amplio abanico de opciones. Es posible basar el ajuste sólo en la reducción del gasto público, en la subida de los impuestos o en una combinación de los dos. También hay que determinar los programas de gasto a recortar, etc. Estas decisiones no tienen, sólo ni principalmente, un carácter técnico: sino que reflejan una visión del modelo social y económico que se desea configurar y, por definición, ello implica la existencia de una filosofía determinada. En este contexto, la tecnocracia enfrentada a opciones de actuación y no a la simple ejecución de las políticas tiene inexorablemente un sesgo ideológico. Un caso práctico ilustra esta afirmación.

En la España franquista, los famosos tecnócratas no tenían una misma visión de cuál era el papel del Estado en la economía. La filosofía del Plan de Estabilización de Mariano Navarro Rubio y de Alberto Ullastres no era la misma que la de los Planes de Desarrollo de Laureano López Rodó y de Fabián Estapé. Una se apoyaba en la disciplina presupuestaria, en la liberalización de los mercados y en la apertura exterior; la otra se inspiraba en la planificación indicativa a la francesa. Los dos grupos eran tecnócratas y desarrollaron su actividad dentro del mismo régimen pero no compartían la doctrina económica que subyacía a sus políticas, más liberal la de los autores de la estabilización y dirigista la de los desarrollistas. Esto ilustra de una manera clara la ausencia de asepsia ideológica por parte de la tecnocracia.

Por otra parte, la pretensión de un conocimiento superior de los asuntos públicos y de su gestión por parte de los tecnócratas constituye una manifestación de la «fatal arrogancia» formulada por Hayek. Es en definitiva la traslación a los tiempos modernos del espíritu del despotismo ilustrado, y constituye un ataque frontal a la esencia de un sistema democrático en el que corresponde a los ciudadanos definir el orden de prioridades y los medios para alcanzarlas por parte de un Gobierno elegido por la mayoría. Sin duda, la revelación de las preferencias de la ciudadanía a través del proceso electoral es imperfecta pero es un error y, de mayor medida, pensar que un grupo de expertos iluminados por la técnica posee la capacidad de saber mejor que los ciudadanos cuáles son sus intereses y la manera de servirlos.

La crítica de la tecnocracia como sistema de Gobierno es antigua. El recurso a los tecnócratas ha sido tradicionalmente un modo para descalificar la política y, en definitiva, la manifestación de ella, que es la democracia. Esto no significa acusar a los tecnócratas de profesar ningún credo antidemocrático, sino poner de relieve que el denominado Gobierno de los expertos no es a priori superior al de los políticos y que, en numerosas ocasiones, el recurso a él sólo sirve para desacreditar el normal funcionamiento de la democracia; esto es, la posibilidad de generar Gobiernos capaces de resolver los problemas.

La tentación centrista

El centrismo es un espíritu multiforme. El objetivo de todos los centrismos es romper el dualismo imperfecto que domina el debate político. En ocasiones, como sucedió en España entre 1977 y 1982, invoca su necesidad para impedir el enfrentamiento fratricida entre la derecha y la izquierda, cuyo resultado fue la guerra civil. De este modo, quizá de manera inconsciente, la Unión de Centro Democrático (UCD) precisaba la pervivencia del fantasma de las dos Españas para existir. El miedo a reproducir un conflicto entre españoles fue uno de los elementos utilizados por la Dictadura para mantenerse en el poder, y su explotación subliminal en la restauración de la democracia fue uno de los factores determinantes del triunfo de la UCD. Este posicionamiento tuvo un éxito coyuntural por la presencia a su derecha de una formación muy ligada al franquismo, Alianza Popular (AP), y por una izquierda marxista. Cuando se constató que AP y el PSOE aceptaban el mismo sistema político, el centro como opción partidista tenía extendido su certificado de defunción.

Desde la óptica de la competencia política en una democracia, la existencia de un gran partido de centro no constituye un elemento de moderación sino una causa de radicalización. El hecho de que la franja central de la arena pública esté ocupada desalienta el «centrado» de los partidos situados a su izquierda y a su derecha. Éstos no pueden acercar sus posiciones y tienden a distanciarse cada vez más, lo que aumenta las tensiones. Si, además, ese partido pretende trascender a la mera función de bisagra y ser mayoritario contribuye a radicalizar la vida pública. El final de los sistemas de partidos cuyo eje es un centro mayoritario es la radicalización o la desaparición de aquél, absorbido o desbordado por la izquierda y por la derecha.[12] Así le sucedió al Zentrum en la Alemania de la República de Weimar, al Movimiento Republicano Popular (MRP) en la IV República francesa o al Partido Radical en Chile…

El centro como síntesis ideológica —«lo bueno de la izquierda y lo bueno de la derecha»— tiende inevitablemente a la esquizofrenia. Como escribió Duverger: «Todo centro está dividido contra sí mismo al permanecer dividido en dos mitades, centroizquierda y centroderecha. El destino del centro es ser separado, sacudido, aniquilado; sacudido cuando vota en bloque bien por la derecha bien por la izquierda; aniquilado cuando se abstiene». El centro es un mero lugar geográfico sin contenido sustantivo en donde coinciden los moderados de la izquierda y de la derecha y está condenado a un permanente desgarro interno como sucedió con la UCD.

Por otra parte, el centro está incapacitado para desarrollar un proyecto coherente. Como demuestra Sartori, está constituido básicamente por retroacciones, lo que conduce a los partidos ubicados en ese espacio a ser organismos pasivos con tendencia al inmovilismo. En otras palabras, las formaciones centristas están condenadas a una estrategia de mediación y de tibieza. Al estar desgarradas ideológicamente en dos, no pueden tomar iniciativas claras porque éstas las destruirían y, por tanto, son incapaces de llevar a cabo programa alguno. Son esclavas de la tercera vía pero ni siquiera por convicción sino por mero instinto de conservación. Sus mejores energías se derrochan en buscar compromisos que levanten las menores resistencias posibles.

El caso de la UCD es una constatación empírica de las ideas expuestas. Pilotó la transición de un sistema autoritario a uno democrático frente al continuismo representado por la AP liderada por Fraga y frente a la estrategia rupturista del PSOE. Su misión fue realizar el cambio en paz y elaborar una Constitución que diera cabida a todos los españoles. Cumplidos esos objetivos fue incapaz de mantener unidas a las fuerzas heterogéneas que lo componían. Aprobada la Constitución de 1978, la hora del consenso había terminado y era preciso gobernar con arreglo a un esquema de principios. Era preciso plantear una política distinta de la socialista y, aquí, los liberales, conservadores, democristianos, socialdemócratas y azules no podían ponerse de acuerdo. Por esa razón de fondo, no por las conspiraciones de los barones contra Adolfo Suárez, la UCD tenía que romperse y se rompió.

La búsqueda de una vía intermedia entre dos puntos del espectro político ni es una novedad ni ha significado siempre lo mismo. En la Europa de la posrevolución francesa, el liberalismo doctrinario aparecía como una tercera vía entre la reacción y el radicalismo. En la de finales de siglo, el corporativismo católico se ofrecía como un punto medio entre el capitalismo y el socialismo, y en la de entreguerras, los movimientos fascistas se definían como una alternativa al decadente demoliberalismo y al comunismo. En la historia reciente de España, como se ha comentado, la UCD, el centrismo, fue un intento más de esa índole y, además, una muestra de la tendencia degenerativa que suelen padecer este tipo de enfoques en las sociedades democráticas: la indefinición constante, la búsqueda enfermiza del consenso en todo y para todo y la vieja idea de que la verdad siempre está en el justo medio.

Todos los proyectos centristas son prisioneros del componente ideológico que predomina en el consenso social existente en un momento determinado; por ejemplo, el liberalismo en los doctrinarios y el estatismo en el corporativismo, en el fascismo o en la socialdemocracia. Este último punto es capital ya que, en la práctica, la esencia de la tercera vía se reduce a una cuestión: ¿Cómo se interpreta y se gestiona desde la izquierda y desde la derecha el consenso ideológico dominante en una sociedad? Éste suelen ser el resultado de la actuación de «políticos de oferta»; es decir, aquellos cuyas ideas desafían aspectos básicos del statu quo político, cultural, social y económico vigente en un momento determinado, que logran la aceptación de sus propuestas por la mayor parte de la población y de esta forma dan lugar al nacimiento de un nuevo consenso o paradigma que condiciona durante un largo período de tiempo los contenidos de las ofertas programáticas, de las fuerzas políticas con vocación de convertirse en Gobierno. A esta categoría pertenecen entre otros Franklin D. Roosevelt, De Gaulle, Reagan o Thatcher. Así pues, los políticos de la tercera vía siempre son administradores, más o menos competentes, de un consenso forjado por las ideas de otros. Por ello, la bondad o maldad de sus actuaciones dependerá de la bondad o maldad de las ideas dominantes, porque son gestores de la opinión, no creadores de ella.

En las democracias, las ideologías nunca logran imponer la totalidad de su ideario. Por eso, todos los partidos con vocación mayoritaria son mixtos. En ellos conviven y se plasman visiones distintas sobre la organización social, económica y política. El tema fundamental es cuál es el ingrediente principal de la mezcla, el núcleo central de ideas alrededor del cual los partidos articulan sus programas. Como se ha comentado en el primer capítulo de este ensayo, desde el final de la segunda guerra mundial hasta las dos crisis del petróleo (1973 y 1979) el consenso en la mayor parte de las democracias occidentales se tradujo en la concesión de un papel preponderante al Estado. El estatismo era el paradigma imperante y la derecha ofrecía como tercera vía una alternativa entre la socialdemocracia y el socialismo real. Curiosamente, fue otro primer ministro británico, el conservador Harold Macmillan, quien teorizó esa opción en su libro The Middle Way (Londres, 1938), título idéntico al ofrecido a la imprenta por Tony Blair sesenta años después. El objetivo del líder tory era el mismo que el del líder del Labour: renovar el discurso de su partido, asumiendo lo esencial del paradigma dominante.

El derrumbamiento del socialismo real y la crisis de la socialdemocracia desplazaron el consenso hacia los principios del liberalismo; es decir, hacia la conversión del mercado en el principio básico de articulación del orden económico. La cuestión no era cuánto mercado sino cuánto Estado. Este fenómeno fue independiente del color político de los Gobiernos. De la misma manera que, durante décadas, la derecha aceptó la sustancia de los planteamientos estatistas para llegar al Gobierno, la izquierda de finales de siglo se vio forzada a asumir la base del discurso liberal para alcanzar el poder y mantenerse en él. Parodiando a sir William Harcourt, cuando escribió hace casi un siglo «hoy todos somos socialistas», Blair podría haber dicho: «Hoy todos somos liberales».

El interés de la Tercera Vía de finales del siglo XX no radicó en ser una alternativa al liberalismo sino en el diseño de una oferta programática dentro del cosmos intelectual de la ideología liberal: el denominado «capitalismo de rostro humano». Esto suponía una radical revisión de los supuestos doctrinales de la gauche; en concreto, de sus fundamentos socialistas. En un estudio de esa época,[13] destacados intelectuales del New Labour —Anthony Giddens, John Lloyd y Paul Ormerod— discutieron con el liberal Michael Novak, el futuro de la izquierda. Sus planteamientos son muy interesantes: contemplaban el Estado socialdemócrata como un problema, no como una solución; reconocían la quiebra del Estado del Bienestar y no descartaban profundas reformas de corte liberal (por ejemplo, la introducción de un sistema de pensiones en régimen de capitalización o la privatización de la sanidad). Asumían la necesidad de una reforma fiscal sin rechazar la posibilidad de un flat tax o impuesto proporcional. No abogaban por intervenir sino por liberalizar los mercados y consideraban que el crecimiento económico ha hecho mucho más por aumentar el nivel de vida de las rentas más bajas que todas las medidas de redistribución puestas en marcha por los Gobiernos socialdemócratas. Por ello anteponían factores tradicionalmente ajenos al discurso socialista (la importancia de los incentivos, de la iniciativa y de la responsabilidad individuales…) a la retórica redistributiva clásica.

Por otra parte, algunas de las preocupaciones metaeconómicas de la Tercera Vía (el deterioro de las comunidades, la ruptura de las familias, el sentido del deber…) están en lo más hondo del pensamiento liberal. Adam Smith o Tocqueville, por poner dos ejemplos, han escrito páginas memorables sobre el ethos moral y cívico necesario para el buen funcionamiento de una sociedad libre. A su vez, rompieron con el victimismo, es decir, con la idea según la cual los males materiales de los individuos son consecuencia de la existencia de una estructura social injusta, y criticaron la cultura de dependencia provocada por muchos de los vigentes programas de asistencia social, otra de las consecuencias no queridas de las políticas socialdemócratas.

La renovación intelectual de la izquierda dentro de los parámetros del paradigma liberal fue uno de los fenómenos más importantes del final de la centuria pasada. Una izquierda liberal, desligada de los tics estatistas y colectivistas del socialismo clásico, es un elemento fundamental para afrontar el siglo XXI. Ese proceso renovador se interrumpió y la izquierda contemporánea, como le sucedió a la derecha en las décadas de esplendor colectivista, no se ha ajustado a un mundo postsocialista y se aferra a la defensa a ultranza de un modelo sin viabilidad futura.

III

Los fundamentos teóricos

de una derecha liberal

Antes de abordar este tema es fundamental precisar qué se entiende por liberalismo. Éste es un ejercicio esencial, no una prescindible elucubración erudita, ya que del alcance y del significado que se dé a ese vocablo depende de manera directa el proyecto político al que da origen. Por añadidura, la precisión de los contornos del término liberal es también relevante porque, a lo largo del último siglo y medio, el significado tradicional de la palabra ha sufrido múltiples modificaciones; en algunos casos una auténtica lobotomía intelectual que ha llegado a desnaturalizar su contenido y, por tanto, sus consecuencias políticas. En Estados Unidos y en otros lugares liberal se identifica o se asocia a una extensión de los poderes del Estado, en una manifestación clásica de la célebre perversión del lenguaje descrita por Orwell en 1984.

En sintonía con Hayek: «Por liberalismo entenderé aquí la idea de un orden político deseable que se desarrolló inicialmente en Inglaterra desde los tiempos de los Viejos Whigs, a finales del siglo XVII, hasta los de Gladstone, a finales del siglo XIX. David Hume, Adam Smith, Edmund Burke, T.B. Macaulay y lord Acton pueden ser considerados sus representantes típicos en Inglaterra. Fue su idea de libertad individual sometida a la ley la que inspiró originariamente los movimientos liberales de Europa continental y la que constituyó la base de la tradición política norteamericana. Algunos de los pensadores que vivieron en estos países, como Benjamin Constant y Alexis de Tocqueville en Francia, Immanuel Kant, Friedrich Schiller y Wilhelm von Humboldt en Alemania, y James Madison, John Marshall o Daniel Webster en Estados Unidos pertenecen plenamente a esa tradición».[14]

El grueso de la historiografía española ha estado con salvadas excepciones monopolizado en la derecha por el tradicionalismo conservador representado por figuras como Jaime Balmes o Juan Donoso Cortés y por el neocatolicismo, y en la izquierda, por los polígrafos de inspiración marxista. La hegemonía de esos dos paradigmas ha ofrecido una visión distorsionada del liberalismo como lo que fue, el creador del marco institucional de un Estado moderno, cuyas raíces se hunden en una tradición secular. Esto es mucho más relevante que el hecho anecdótico de que el término liberal se acuñase en las Cortes de Cádiz. De hecho, la corriente dominante del liberalismo español justifica la legitimidad histórica de éste mediante una apelación a la concepción del Gobierno limitado proveniente de la Edad Media y de la Segunda Escolástica que floreció bajo los monarcas de la Casa de Austria. Ésta fue la fuente de inspiración doctrinal dominante de los liberales españoles frente al despotismo ilustrado de los afrancesados y a la visión racional-constructivista, también de clara inspiración francesa, de un sector liberal que siempre fue minoritaria. Desde esta perspectiva, el objetivo de los liberales fue un intento de adaptar a los nuevos tiempos la Constitución histórica de las Españas, un proyecto intelectual y político semejante al del liberalismo anglosajón y al dibujado por Hayek en su obra.

¿Qué liberalismo?

El liberalismo clásico no es el resultado de una construcción teórica previa; surgió del deseo de extender y generalizar los efectos benéficos que brotaron de modo espontáneo a través de las progresivas limitaciones impuestas a los poderes del Gobierno por una razón muy simple: la desconfianza de los ciudadanos en ellos, su deseo de salvaguardar su vida, su libertad y su hacienda ante la voracidad del poder. Esas restricciones a la discrecionalidad estatal se forjaron a lo largo de un dilatado proceso de evolución histórica y si bien se ensayaron también en algunas partes del continente europeo, nunca lo hicieron o no pudieron hacerlo con la misma intensidad, coherencia y continuidad que en Inglaterra.

En la Europa continental los intentos de consolidar el esquema de un Gobierno limitado, por ejemplo en las ciudades-estado italianas, no perduraron; se vieron frustrados por el juego de tres factores: una creciente intervención de los poderes públicos en su vida cultural, social y económica, la imposición exterior de modelos de corte estatista y el auge de la monarquía absoluta.[15] Por el contrario, la sociedad inglesa era ya individualista en sus tradiciones legales, en su legislación referente a la propiedad y en su cultura social desde hacía siglos, y siguió siéndolo. Sólo después de haber descubierto que la mayor libertad disfrutada por los ingleses en el siglo XVIII se tradujo en un bienestar material sin precedentes, se intentó desarrollar una sistematización de la doctrina liberal. Esta iniciativa buscó y encontró precedentes en algunas corrientes del pensamiento político occidental que, aunque no lograron construir una visión sistemática de un orden social de la libertad, sí aportaron ideas seminales, precursoras o antecedentes filosóficos del cuerpo central del liberalismo clásico.[16]

El punto de partida de la teoría liberal es el individualismo; esto es, la percepción del individuo como el centro y la justificación del análisis social y, por extensión, del ordenamiento político. La premisa es clara, evidente y lógica. El individuo goza de existencia real y sólo él es capaz de razonar, de elegir y de actuar. En consecuencia, no se consigue entender el funcionamiento de la sociedad salvo que se la contemple como el resultado de la acción humana. En este sentido, la visión de la comunidad como un ente orgánico, provisto de vida propia y con fines distintos y/o superiores a los de las personas que la integran, es una falacia que además, en sus versiones más duras, ha tenido consecuencias funestas. El bien común, el interés general y otros conceptos «holísticos» carecen de significado y de entidad efectiva. Sólo son el producto de la interacción de los individuos. Este axioma es la piedra angular a partir de la cual se articula el edificio intelectual del liberalismo clásico.

Al mismo tiempo, la teoría liberal clásica nace del descubrimiento de un orden que se autogenera, de un orden espontáneo de la realidad social, creado por la acción humana pero no por un expreso designio humano. A través de un proceso de ensayo y de error, entre el instinto, la razón y la tradición, los individuos desarrollaron un conjunto de hábitos de conducta, de reglas generales de comportamiento y de instituciones que les permitieron primero sobrevivir y luego alcanzar cotas crecientes de libertad y de prosperidad. Además, esa dinámica evolutiva les incentivó a realizar un uso de sus conocimientos y de sus capacidades (mediante el paulatino aumento de la cooperación y el intercambio voluntarios) muy superior al que haría posible cualquier sistema centralizado o dirigido. Ese conjunto de hechos llevó a los pensadores liberales clásicos a explicitar y formalizar esos principios, así como a demostrar las ventajas de su aplicación general.

Sin embargo, la visión liberal clásica del orden espontáneo y su reformulación moderna no concede a cualquier tipo de proceso institucional evolutivo los mismos resultados ni considera todos igualmente deseables. La evolución de las instituciones no garantiza por sí misma el predominio final de aquellas que mejor aseguran la supervivencia, la libertad y la prosperidad de las sociedades y de sus miembros. A lo largo de la historia, numerosas organizaciones ineficientes y/o represivas han pervivido durante siglos y, también, muchas sociedades abiertas o más abiertas que las de su entorno han retrocedido hasta fórmulas sociales cerradas y/o tribales. Si bien el mundo ha tendido a caminar, con distinto ritmo, con regresiones a veces muy prolongadas, hacia las fórmulas de articulación social cada vez más complejas en las que los espacios para la cooperación voluntaria se ampliaron, nada presupone el inexorable curso de esa trayectoria.

Frente a otras corrientes de la filosofía política, el sistema liberal no se sustenta en la perfección utópica de los seres humanos —la «leyenda del buen salvaje»— sino en su falibilidad e ignorancia. Hume señala la restringida benevolencia y las limitaciones intelectuales de los hombres, así como el conflicto permanente entre sus necesidades infinitas y la escasez de los recursos para satisfacerlas. Sin embargo, de esas fragilidades se derivan los principios básicos de justicia que son a su vez las bases de un Gobierno limitado asentado en las tres leyes fundamentales de la naturaleza: la estabilidad en las posesiones, su transferencia por consentimiento y el cumplimiento de las promesas. Al mismo tiempo, la limitación del conocimiento humano es otra razón adicional para defender la sociedad libre. La cooperación voluntaria a través del mercado permite acumular, procesar y transmitir la información y los conocimientos dispersos entre millones de personas. Eso no lo lograría ni lo ha logrado jamás ningún planificador. En la práctica, el sistema de libertad bajo la ley implícito en la tríada humiana y su perfeccionamiento y estilización posteriores ayudaron a crear un marco institucional que aspira a convertir las debilidades del individuo en fortalezas.

Por eso, la idea capital del liberalismo clásico era y es muy sencilla. La observancia y la aplicación de reglas universales de justa conducta, que resguardan una esfera de autonomía dentro de la cual el individuo utiliza sus conocimientos y sus recursos para la consecución de los fines que desee, es la base del orden espontáneo. La tarea central del Gobierno consiste en constreñirse a observar y hacer observar esas normas sin excluir, como veremos, que pueda y deba desplegar algunas funciones que son necesarias para la preservación del orden social. En la práctica, esta concepción se limita a elevar a categoría intelectual los ideales del rule of law inglés, del Gobierno sometido a la ley, cuyos atributos generales son de sobra conocidos: ser impersonal, prospectiva, conocida, cierta, universal e igual en su aplicación. La ley no busca resultados concretos, sino que impone la prohibición de invadir el dominio protegido de cada uno.

¿Por qué un Gobierno limitado?

La respuesta utilitarista sería: porque ese entorno institucional funciona y asegura los mejores resultados, según el conocido aforismo de «la máxima felicidad para el mayor número posible». Sin embargo, este enfoque adolece de una considerable fragilidad y a su vez resulta peligroso. Por un lado, es ilusorio querer medir y comparar satisfacciones individuales que son por definición subjetivas. Es más, la subjetividad de las preferencias de los individuos hace que las imposiciones exógenas no logren maximizar el valor total de las acciones coercitivas que el Gobierno despliega con esa finalidad. Por otro, el utilitarismo abre el portillo hacia una ampliación ilimitada de las facultades estatales y, por ende, a una reducción del dominio privativo del individuo. Basta apelar a la voluntad, al interés o al bienestar de la mayoría para restringir y/o violar los derechos individuales.

En la práctica, el utilitarismo, con diversos matices y en sus diferentes versiones, ha sido uno de los vehículos intelectuales más potentes para liberar al poder de sus ataduras, para conceder a los gobernantes la justificación para aumentar sus atribuciones, para diseñar y ejecutar programas de ingeniería social tanto global como fragmentaria. Su paulatina aceptación como cimiento filosófico del ideario liberal y/o su influjo sobre un amplio sector del liberalismo y de la ciencia política contemporánea ha sido una de las causas determinantes de la pérdida y de la alteración de su verdadera fisonomía. Ha constituido un factor clave para la aceptación de muchas medidas antiliberales y también ha servido para debilitar la filosofía legal sobre la que se sostiene la garantía judicial de las libertades del individuo en la doctrina liberal clásica.

El principio básico para constreñir la coerción estatal al respecto de reglas generales de justa conducta es la expresión de un principio: ningún hombre o grupo de hombres puede lesionar la vida, la libertad o la propiedad de los demás. De esa declaración se deriva la libertad del individuo para actuar sin coerción; es decir, para plantear a través del uso de su propiedad o mediante su cooperación voluntaria con otros, cualquier acción no violenta ni fraudulenta respecto a terceros. Este axioma se sostiene en una condición sustantiva —la existencia de derechos naturales, fundamentales o humanos, según el gusto de cada cual— y en tres condiciones instrumentales; la separación o división de poderes, el control judicial de la acción gubernamental y la cooperación voluntaria a través del mercado. Ahora bien, este planteamiento constituiría una tautología si no se pudiese responder a dos preguntas fundamentales: primera, ¿por qué el individuo tiene derechos y éstos han de ser respetados? Segunda, ¿esos derechos constituyen restricciones incondicionales o condicionales?

Esas interrogaciones llevan a formular la cuestión fundamental de la filosofía política liberal. Ésta no es otra que la de la existencia del Estado o, mejor, las causas que hacen preferible la opción de un Gobierno limitado a la de la tiranía o la anarquía como principio de organización social. Como se ha apuntado, el concepto de la ley del liberalismo clásico, la codificación de los principios del common law anglosajón[17] y el orden espontáneo basado en ella presuponen la asunción de una cierta idea del individuo y una justificación de por qué tiene derechos. El liberalismo clásico acometió esa tarea con dos teorías básicas, el «iusnaturalismo» y el «contractualismo». Aunque ambos planteamientos han confluido a veces en una expresión común, por ejemplo en Locke, no siempre ha sucedido así ni tiene por qué suceder. Además, algunos modelos de contrato social —léase el rousseauniano— superan las tradicionales restricciones liberales y originan consecuencias contrarias a las preconizadas por el liberalismo. En cualquier caso cabe afirmar que existen diferentes y complementarias aproximaciones al problema que muestran la enorme riqueza del pensamiento liberal clásico, y todas conducen a una misma conclusión: la necesidad de limitar el poder político.

Como escribió Hume: «La razón, la historia y la experiencia nos muestran que las sociedades políticas han tenido un origen mucho menos preciso y regular —entiéndase que el formulado por el contrato social—; y si hubiéramos de elegir el momento en que el consentimiento público es menos tenido en cuenta en la cosa pública, sería precisamente el del establecimiento de un nuevo Gobierno».[18] La ironía de la crítica humiana es una afirmación fáctica pero no priva de potencia teórica ni de capacidad explicativa a la hipótesis contractualista, el paso del Estado de Naturaleza al Gobierno Civil, como una forma inteligente de describir el nacimiento del orden estatal y/o los límites de su acción. Los filósofos políticos, como los economistas o los sociólogos, suelen construir modelos que ayudan a entender mejor la realidad aunque no la reflejen en su totalidad.

De todas formas, la teoría contractualista es de naturaleza procedimental, y sus consecuencias político-institucionales dependen de la restricción previa sobre la que se sustente; esto es, sobre la fundamentación y el alcance de los derechos que el contrato ha de garantizar. Por ello, es posible diseñar un contrato social de corte autoritario, corporativista, socialdemócrata o liberal.[19]

Tampoco es rechazable a priori la afirmación de que los derechos individuales se apoyan en leyes naturales asentadas en principios inmutables y en verdades autoevidentes. El corolario es la obligación del Estado de protegerlas porque de lo contrario carece de legitimidad y no puede exigir obediencia. A diferencia de lo sostenido por sus detractores, esa conjetura no tiene por qué presuponer el origen divino de los derechos naturales ni cabe descalificarla por su carácter metafísico, sino que puede articularse a partir del simple ejercicio de la razón. La reconstrucción del iusnaturalismo por parte del pensamiento liberal contemporáneo ha mostrado la posibilidad de construir una ética objetiva basada en un análisis racional de la naturaleza humana.[20] De cualquier manera, la fuerza normativa de la teoría iusnaturalista, en todas sus expresiones, se erige en una poderosa salvaguarda de los derechos individuales y constituye un baluarte contra la coerción estatal.

Existe una visión más humilde sobre el nacimiento del Estado, la emergencia de los derechos individuales y la conveniencia de limitar las funciones del Gobierno, cuyo poder explicativo es considerable y no precisa recurrir a argumentaciones de carácter teleológico. Al mismo tiempo, ese enfoque incorpora los argumentos más relevantes del iusnaturalismo y del contractualismo en garantía de los derechos individuales. Se trata, una vez más, de la visión liberal de los derechos, de las instituciones y del Estado como el resultado de un proceso evolutivo, de una dinámica de selección cultural a través de la cual se ha tendido a limitar la coerción y a extender la esfera de autonomía de los individuos. Su formulación no supone ni precisa la remisión a ninguna forma de darwinismo social, como a veces declaran sus detractores. Por el contrario, es una descripción bastante sensata de las bases positivas y de las recomendaciones normativas que llevaron a una cristalización de los principios del liberalismo clásico y a su aplicación con distinta intensidad. Además, se ajusta con bastante exactitud a la evolución real de buena parte de las sociedades, al menos de las occidentales, a lo largo de su historia.

Quizá, el instinto primario más fuerte del ser humano es el de su conservación y, por tanto, su principal temor es la muerte violenta. Así lo vieron buena parte de los grandes pensadores políticos. Si una sociedad no cuenta con una organización que monopolice el uso de la coerción, la guerra civil y el todos contra todos, se convertiría en una enfermedad crónica. La ejecución y defensa privada de los derechos llevaría aparejada una dinámica de querellas, de represalias y de venganzas sin fin. No habría medio para arreglar los conflictos, para poner fin a las disputas ni para obligar a las partes a aceptar una solución. La ley del más o de los más fuertes se impondría. La vida no valdría nada y sería corta, brutal y precaria. De acuerdo con Nozick,[21] la emergencia de asociaciones protectoras privadas competitivas entre sí o con acuerdos colusorios dentro de un mismo territorio es una garantía insuficiente, inestable y poco eficiente para superar esos problemas. Los Gobiernos asumen la protección de la vida y de la hacienda de los individuos y suministran determinados bienes públicos no ofertables por el mercado porque pueden hacerlo a un coste inferior que los grupos privados voluntarios.

Esa demanda de seguridad dio lugar de manera paulatina al nacimiento de los Estados, al desarrollo de una agencia dominante que asegura la protección a todas las personas que habitan en su territorio, a cambio de ingresos,[22] y que tiene la potestad, la capacidad y la voluntad de castigar a quien recurra al uso de la fuerza sin su consentimiento. Desde esta perspectiva, un proceso evolutivo, similar a la mano invisible smithiana o al orden espontáneo hayekiano, más que un contrato social a lo Hobbes o a lo Locke, condujo a la aparición de los ordenamientos estatales. Entre otras causas, las amenazas exteriores, la anarquía interna, el crecimiento de la población, los descubrimientos tecnológicos, la aparición de economías de escala… están en la metamorfosis de las primitivas formas de organización política en el Estado moderno. Su existencia no necesita ser explicada por una decisión fundacional expresa, consciente y unánime. La búsqueda racional o intuitiva de riqueza y de seguridad impulsó el desencadenamiento de interacciones de suma positiva que hicieron emerger la jerarquía política. En terminología de la teoría de juegos, el papel del Estado ha consistido en transformar la no-cooperación en una opción con un coste prohibitivo.

Ahora bien, la supervivencia del individuo no depende sólo ni principalmente de la existencia de un aparato estatal que impida y castigue la agresión de terceros. Cualquier Gobierno lo suficientemente fuerte para evitar ese extremo lo es también para convertirse en un peligroso agente agresor. Por eso, el individuo ha de tener los instrumentos adecuados para sobrevivir por sus propios medios. Esto exige que se posea a sí mismo, tenga el derecho de propiedad absoluto sobre su cuerpo, libre de las injerencias coercitivas de otros sujetos y del propio Estado. El hombre tiene capacidad de pensar, de aprender, de evaluar y de elegir los instrumentos precisos para subsistir y para prosperar. Ello implica que el derecho de propiedad sobre él mismo se extienda también a la posibilidad de controlar y de apropiarse de los elementos primordiales que garantizan su existencia, de los frutos de su trabajo, y a intercambiarlos con otras personas sin, en ninguno de los dos casos, recurrir al robo, a la violencia y/o al fraude. Ésos son requisitos indispensables para salvaguardar su vida y su libertad. Cuando se ponen en entredicho, la vida humana corre riesgo. Ningún sumo legislador ha creado la propiedad ni nadie la ha inventado. Su desarrollo, su protección y su extensión han sido resultado de un proceso evolutivo y, casi siempre, la sanción de una realidad fáctica. La posesión es una realidad fáctica, un consenso sobre el aprovechamiento de los recursos escasos que, una vez instalado, da lugar a un statu quo. Una vez reconocido ese statu quo por el Estado, la posesión se convierte en propiedad y la misión del Estado es protegerla y defenderla.

La propiedad constituye la médula de todos los demás derechos individuales y es la fuente más poderosa para restringir la coerción estatal. El Estado protege al individuo frente a la agresión de terceros, pero la propiedad le protege frente a la potencial agresión del Estado. En pura lógica, el resto de las libertades (religiosa, de expresión, de pensamiento, etc.) no son otra cosa que manifestaciones y extensiones del derecho de propiedad sobre uno mismo, acotado tan sólo por la libertad-propiedad de los demás. Es inconsistente conceder o reconocer el derecho de cada individuo a su libertad personal; es decir, a la propiedad de su propio cuerpo y, al mismo tiempo, negar o condicionar el ejercicio de ese derecho cuando se refiere a la posesión de bienes materiales. No hay posibilidad lógica alguna de distinguir entre los denominados derechos civiles y los económicos. Esa distinción refleja una esquizofrenia intelectual insostenible. En suma, la configuración de un círculo de autonomía o de libertad del individuo supone asumir un campo de dominio o de propiedad absoluta de éste sobre aquélla. En este contexto, la única limitación coherente y aceptable, no se olvide, es el principio de igual libertad de los otros, el respeto a su propio ámbito de autonomía.

En los párrafos anteriores se ha señalado que, con independencia de argumentos de carácter moral, la razón primigenia para respetar la propiedad y sus manifestaciones concretas es que ésa es la única forma que tiene el individuo para asegurar su preservación. Sin embargo, esa posición es cuestionada por la postura utilitarista que tolera una violación de los derechos individuales para maximizar el bienestar general y/o para minimizar la violación de los derechos de la mayoría. Este planteamiento goza de una enorme aceptación en una época dominada por la corrección política y por la venenosa identificación de lo social con lo bueno y lo decente. Antes se ha avanzado la subjetividad de los valores individuales y, por tanto, la imposibilidad de medir la satisfacción general de las acciones de esa naturaleza. Sin embargo, hay otras dos razones adicionales para considerar inviolables los derechos de los individuos.

En primer lugar está la vieja y sabia proposición kantiana según la cual las personas son fines en sí mismas y no recursos explotables. Esto equivale a decir que no pueden ser sacrificadas o utilizadas para alcanzar otras metas sin su consentimiento. El motivo es la existencia de vidas separadas con proyectos distintos, intransferibles y no comparables. En segundo lugar no existe ente social alguno con vida propia independiente, al margen o por encima de la de los individuos que lo componen. Conviene recordar que no hay más que individuos diferentes con modelos vitales distintos. De ahí que utilizarlos para beneficiar a otros contra su voluntad entrañe una agresión. Significa que algunos hombres están facultados para perseguir cualquier meta que ellos deseen, a imponérsela a los demás mediante la fuerza, mientras que éstos tienen la «obligación ética» de poner sus vidas a su servicio, sutil reformulación de la esclavitud. Si se acepta que el principio de no-agresión ha de regir las relaciones interestatales, resulta inaceptable que no se predique lo mismo a las existentes entre el individuo y el Estado.

Uno de los pensadores liberales más brillantes y más injustamente olvidados, el gran Herbert Spencer, escribió: «Con la disminución de la guerra y el crecimiento del comercio, la cooperación voluntaria reemplaza cada vez más a la forzosa… Esto hace posible la creación de la vasta organización industrial que sostiene una nación».[23] Ésos son los efectos de generalizar el principio de no-agresión, un concepto «negativo» que es la base de los tres grandes valores de la sociedad liberal: la paz, la libertad y la justicia. El liberalismo clásico desarrolló esos principios bien a través del common law anglosajón bien mediante la codificación de una tradición jurídica —el derecho romano— en una norma escrita. Ambos cuerpos legales formaban la espina dorsal de los contrapesos «constitucionales» a la concentración del poder. La legislación moderna, lo conocido por ley en la mayoría de las sociedades contemporáneas, es algo diferente. Se ha transmutado en un mecanismo a través del cual se especifican reglas sobre cómo deben los individuos usar su libertad-propiedad e interactuar con otros. El abandono progresivo de un sistema legal soportado por normas generales que protegen el derecho de los individuos a perseguir sus propios fines es el principal instrumento para extender los poderes del Gobierno.[24] Esta conclusión es aún prematura y requiere una exposición algo más detallada.

Las consecuencias políticas del liberalismo

¿Cuál es la estructura estatal acorde con la filosofía política liberal? Esta pregunta lleva a una definición previa y estilizada de cuáles han de ser las funciones legítimas del Estado. A priori, el único fin por el cual es «justificable» la intromisión del Gobierno en la libertad de acción de la gente es para protegerla frente a la violencia o el fraude. Hacerlo por su propio bien físico o moral no es una razón suficiente y constituye una negación de la mayoría de edad moral y mental del hombre. Esto descalifica como hipótesis general la de un Estado benevolente y paternalista que interfiere en la vida de los ciudadanos con la benéfica intención de protegerlos de sí mismos. Ningún Gobierno está autorizado para decir a las personas que no hagan de su vida lo que quieran en busca de su propio beneficio. Desde esta perspectiva, la libertad en todas sus manifestaciones debe ser el principio general, y cualquier pretensión de injerencia en la esfera de autonomía individual ha de soportar la carga de la prueba a su favor. Sentado este axioma, lo que podríamos denominar el «liberalismo clásico» se agruparía alrededor de dos posiciones distintas, si bien no contradictorias.

Por un lado, los partidarios del Estado mínimo consideran que, más allá de la protección de los derechos individuales, el poder político carece de legitimidad para actuar y se convierte en una amenaza para la libertad. Su función primordial, de alguna manera, es civilizar o encauzar la anarquía. La protección universal suministrada por el Estado es la diferencia esencial de esta posición respecto al esquema de varias agencias protectoras en competencia o de una dominante y ése es también el «único» ingrediente redistributivo aceptable, es decir, compatible con los derechos del individuo. El Gobierno tiene que proteger a todos los ciudadanos frente a una potencial agresión interna y externa e impartir justicia; a saber, hacer cumplir los contratos y castigar el robo, la violencia y el fraude. Ésos son los bienes públicos puros, es decir, aquellos en cuya producción el Gobierno goza de ventaja competitiva y/o que constituyen un monopolio natural. En el marco teórico del Estado mínimo, los individuos pueden formar el tipo de asociaciones o comunidades que deseen y someterse a cualquier tipo de norma aceptada por sus integrantes siempre y cuando no dañen los derechos ajenos.

Por otro lado están los pensadores liberales que adoptan la distinción «miliana» entre las «funciones necesarias del Estado», que son las contenidas en la visión minimalista de la actividad estatal, y las «funciones facultativas», que sólo han de acometerse si no hay ninguna probabilidad racional de que se realicen por la iniciativa privada o social. En cualquier caso, esas políticas deben articularse de tal manera que estimulen el esfuerzo individual, hagan desaparecer todo aquello que lo obstaculiza y alienten el espíritu emprendedor. Su objetivo ha de ser el fomento de los esfuerzos privados, no en sustitución. Para el liberalismo clásico, ese tipo de programas tiene que constituir una educación para el público en el arte de emprender ambiciosos objetivos por medio de la energía individual y de la cooperación voluntaria. Por ello, el Estado debe abstenerse de intervenir y/o retirar su intervención cuando emergen alternativas privadas en esos campos.

Desde esta perspectiva, el liberalismo clásico delimitó de modo muy preciso tanto cuáles eran esas funciones facultativas como su alcance. Así, el Gobierno puede imponer a los padres la obligación legal de proporcionar a sus hijos una instrucción elemental, e incluso facilitarla de modo indirecto —bonos escolares—, o ayudar a aquellas personas a quienes la falta de recursos les veda el acceso a una atención médica básica, pero en ningún caso eso supone la prestación de esos servicios en régimen de monopolio estatal. Tampoco puede dejar que la gente se muera de hambre, pero la asistencia estatal ha de ser temporal y no proporcionar a sus destinatarios una situación tan deseable como la de quien la consigue sin ayuda de nadie.[25] También les parecía tolerable la intervención estatal para combatir los monopolios[26] y/o para financiar determinadas infraestructuras en ausencia de capital privado. Ésos son los campos en los que el pensamiento liberal clásico admitía con suma cautela la intervención estatal, pero también sus límites. De manera premonitoria, John Stuart Mill escribió: «Toda desviación de ese principio (el laissez-faire), a menos que se precise por algún gran bien, es un mal seguro».[27]

Dentro de esa restricción teórica previa, la respuesta político-institucional del liberalismo clásico al dilema planteado por la elección entre la tiranía y la anarquía fue el constitucionalismo. Escrita o no, la Constitución articula un marco normativo cuyos rasgos centrales son los siguientes: a) un Gobierno democrático, b) la separación de poderes,[28] c) una carta de derechos individuales, d) la revisión judicial y e) una estricta definición de las facultades de emergencia del Estado. En la práctica, las restricciones constitucionales al poder han sufrido desde hace décadas un persistente menoscabo, aunque de distinta intensidad según los países. Para que la protección de los derechos individuales sea operativa debe funcionar la tripartición clásica del poder y la revisión judicial de los actos del Ejecutivo y del Legislativo bien por una corte especializada (tribunales constitucionales) bien por la justicia ordinaria.

Aunque esos elementos mantienen una vigencia formal en todas las democracias, han perdido su carácter sustancial en la mayoría de ellas. Guste o no, las normas y la práctica constitucionales no están al margen del cambio intelectual, cultural y moral experimentado por los individuos y por las sociedades. La idea de que el Gobierno puede y debe resolver todos los problemas se ha convertido en un movimiento dominante y/o muy influyente. En este ethos intelectual, el ideal del Gobierno limitado goza de un frágil apoyo agravado por las mutaciones generadas en el entorno constitucional clásico por el funcionamiento del moderno proceso democrático. Cuando la democracia deja de ser un simple procedimiento para cambiar a los gobernantes sin derramamiento de sangre y se transforma en un medio para conseguir fines concretos mediante el uso de la fuerza, las restricciones a la acción estatal saltan en pedazos.

La división de poderes entre el Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial sólo tiene sentido en tanto se entiende la Ley como una norma general. Cuando la normativa constitucional considera a ciertos órganos competentes para emitir leyes dentro de un cierto procedimiento, es claro que se da por supuesto un concepto previo de la Ley. Sería un abuso político y una corrupción intelectual invertir esa relación y designar como Ley (en sentido formal) todo lo sancionado por los legisladores. En un Estado de Derecho impera la Ley en sentido sustantivo, y la actividad de todos los órganos del Estado está sometida a ella. De esta manera, el constitucionalismo liberal pretendía impedir que las instancias con competencia legislativa colocasen su propio imperio en lugar del de la norma general al no distinguirse los mandatos arbitrarios, las medidas y las órdenes administrativas de las «leyes». En consecuencia, un simple concepto formal de Ley, lo que impone el Legislativo, hace de éste un poder absoluto y elimina cualquier distinción entre los tres poderes clásicos. Esto supone en definitiva sustituir el absolutismo del monarca por el absolutismo de mil cabezas de los partidos políticos que, en determinado momento, se alcen con una mayoría.

La perversión del concepto sustantivo de la Ley afecta también de modo radical a la función de los tribunales de justicia como garantes de la libertad. De nuevo es preciso señalar que la Constitución propia de la democracia liberal se basa en la distinción entre regulaciones legales de carácter general y la aplicación de esas normas por el juez o por una autoridad administrativa. La invasión de la libertad y de la propiedad individual tiene lugar, no «por medio de una ley», sino «con arreglo a una ley». En consecuencia, la consideración como Ley de cualquier norma adoptada por el Legislativo elimina o, al menos, debilita de manera sustancial la capacidad de los tribunales de proteger las libertades individuales. El concepto de Ley, propio del constitucionalismo liberal, se ha visto sustituido de facto por un «concepto político» de la Ley que es tanto voluntad y mandato concretos como un acto de soberanía. Aplicada a la democracia, la Ley es la voluntad ilimitada del pueblo soberano.

Asimismo, la independencia de los jueces, del poder judicial, se convierte igualmente en una ficción cuando se desvirtúa el carácter general de la Ley. La independencia del juez respecto a los mandatos del Ejecutivo y del Legislativo tiene su esencial correlato en su dependencia respecto a la Ley. Esto es algo muy diferente a hacerlo de los mandatos y de las órdenes especiales de un superior. Si el Legislativo puede adoptar la forma de la Ley para dirigir mandatos al juez, éste deja de ser independiente; es un servidor de los órganos competentes para legislar, y si éstos usan su competencia legislativa para transformar las leyes en órdenes especiales, son los superiores jerárquicos del juez. Sólo en tanto se mantenga el carácter general de la Ley puede hablarse de un poder judicial independiente.

Por su parte, los derechos individuales han pasado de ser «negativos», una esfera protegida de acción, a «positivos», una exigencia de materialización de beneficios concretos que inevitablemente exige quitar a unos para dárselo a otros. Las libertades sancionadas por las cartas constitucionales de los siglos XVIII y XIX proporcionaban espacios y garantías para la acción libre del hombre pero no atribuían ventajas sustantivas a nadie. Eran derechos absolutos (incondicionales) porque no tenían «coste», porque su satisfacción no exigía la cooperación forzosa de los demás. Si tengo derecho a trabajar y nadie quiere contratarme, alguien (el Gobierno) debe forzar a otro para que lo haga. Así, los derechos iguales para todos del liberalismo clásico se han transmutado en desiguales, en discriminaciones. Los modernos derechos sociales son costosos y además generan expectativas de satisfacción crecientes que inexorablemente se traducen en un deterioro, por no decir en un creciente quebranto, de los primeros.[29]

La idea de igualdad ante la ley, de ciudadanos iguales en derechos, del liberalismo clásico se ha visto también menoscabada por la visión según la cual grupos de individuos concretos han de tener un tratamiento legal diferenciado (discriminación positiva) de acuerdo con determinados criterios de identidad étnica, sexual, cultural, religiosa, etc. En su traducción práctica, este planteamiento ha resucitado una estructura social de castas y de privilegios que, a pesar de su aparente modernidad y de su corrección política, nos remite a una oscura era preliberal de rasgos pseudotribales. Ésta es otra de las letales derivas de una concepción colectivista del orden social que, en definitiva, niega los derechos individuales y conduce a una guerra civil fría.

Pues bien, en realidad, el Ejecutivo y el Legislativo constituyen hoy un poder fusionado en la mayoría de los regímenes parlamentarios, y esta integración fáctica se ha convertido en un vehículo perfecto para el uso incontrolado del poder a favor de las facciones con mayores incentivos para organizarse y extraer privilegios del Gobierno. En este contexto, el poder judicial tiene enormes dificultades para ejercer un contrapeso efectivo a la discrecionalidad ya que como instrumento para interpretar y aplicar la Ley, está sometido a lo considerado como tal por el Legislativo. Este «esquema» institucional ha dinamitado el sistema de garantías de los derechos individuales establecido por el Estado liberal. Desde esta perspectiva, la extensión y/o la reducción de la libertad individual reposa básicamente en algo tan frágil y tan volátil como el estado de ánimo de la opinión.

En un proceso político competitivo, como lo es la democracia, el debilitamiento y/o la desaparición de las restricciones de las facultades gubernamentales impulsa el crecimiento inexorable del Estado. Las coaliciones políticas que favorecen el aumento de los gastos del Estado y/o la intervención de éste en la vida social y económica son siempre más numerosas y más eficaces que las que podrían intentar oponerse a esos movimientos. Aunque todos los ciudadanos sean a la vez «beneficiarios» y «contribuyentes» de la acción pública, les parecerá más rentable y menos costoso organizarse para que el Estado adopte medidas redistributivas a su favor, que hacerlo a fin de restringir la expansión del Gobierno. El cálculo racional de sus intereses les conduce a favorecer el aumento de su bienestar individual mediante el incremento de las aportaciones redistributivas del Estado y/o de las regulaciones. La difusión de los costes de la actividad pública y la concentración de los beneficios que produce constituyen un potente motor para el aumento del papel del Estado en las sociedades modernas. La política actúa así como un mercado competitivo: ejerce una selección natural en beneficio de las coaliciones de intereses más eficaces y elimina las menos eficaces en perjuicio de los intereses generales. Es la «mano invisible» de Adam Smith funcionando al revés.

Lo irónico es que el moderno y todopoderoso Jano Ejecutivo-Legislativo no es un vehículo para que la mayoría imponga sus fines a las minorías, ni siquiera un instrumento para que las élites político-burocráticas, la casta gobernante, hagan lo que quieran, sino un mecanismo al servicio de los múltiples grupos de presión y de interés que operan en las sociedades democráticas. La desaparición fáctica de la división de poderes en las democracias modernas ha creado un nuevo Leviatán que, a través de la legislación y del poder fiscal, gobierna con altos niveles de discrecionalidad, y cuya única restricción efectiva no es la Ley o la Constitución sino la opinión pública. La aceptación del juicio según el cual el pueblo no necesita protegerse de sí mismo faculta y legitima a los Gobiernos democráticos a perseguir fines concretos aunque ello suponga violar derechos de terceros.

A estas alturas es posible afirmar que dos tendencias ideológicas han operado en paralelo para erosionar las barreras levantadas por el constitucionalismo liberal al ejercicio de la coerción estatal: la regulación del capitalismo y la desregulación de la democracia. Cuantos menos controles tiene el moderno Estado democrático, más débil se vuelve al transformarse en un juguete de las distintas facciones, de esas singulares agrupaciones de buscadores de rentas a las que les resulta más provechoso obtener privilegios del poder que realizar actividades productivas en el mercado. Sin duda, algunos fenómenos recientes —véase la globalización— son fuerzas que, al poner de relieve las deficiencias y los costes de los sistemas social-corporativos, trabajan en su reforma. Ahora bien, eso no es suficiente para contrarrestar el poder del moderno corporativismo que se ha señoreado de las democracias desarrolladas.

La restauración del Gobierno limitado exige desplegar las baterías para iniciar una formidable batalla intelectual, una inversión ética como ha dicho Buchanan, para educar a las nuevas generaciones en las ventajas que la democracia liberal ofrece frente a la situación actual. Cabe imaginar y diseñar ingeniosos artilugios constitucionales para restringir la extensión de la coerción estatal, para sacar al zorro del gallinero. Pero no se introducirán o su vigencia será precaria si el consenso cultural imperante sigue envenenado por la ponzoña colectivista. Éste es el factor determinante que ha erosionado y erosiona las creencias sobre las que se asientan la creación y la conservación de las instituciones libres.

IV

Una cierta idea de las Españas

El discurso de la derecha liberal ha de incorporar también cuál es su idea de España. Esta cuestión parece elemental o, al menos, se da por supuesta. Sin embargo, no siempre está clara y, en cualquier caso, es conveniente explicitarla. En el fondo, una buena parte de las dificultades para articular un Estado para todos los españoles tiene sus orígenes en dos visiones diferentes de lo que ha sido el discurrir de la historia española. Ésta ha sido manipulada por unos y por otros al servicio de intereses de partido. Este partidismo particularista y, en suma, separatista no ha sido sólo monopolio de los nacionalistas periféricos, sino también del nacionalismo españolista. Así pues, la discusión sobre este asunto no es un simple ejercicio académico, tiene una enorme trascendencia práctica. «Ha existido siempre una estrecha relación mutua entre las convicciones políticas y las opiniones sobre los acontecimientos históricos […]. Sin embargo, las ideas históricas que nos guían en el presente no coinciden siempre con los hechos históricos».[30]

Al emprender esta tarea se ha optado por usar un término en apariencia equívoco para definir la textura de ese viejo Estado que ha agrupado a los habitantes de la Península durante siglos, las Españas; esto es, la construcción de una realidad geográfica, política, cultural común pero no uniforme aunque, en períodos de su devenir histórico, su diversidad se haya visto eliminada o menoscabada por la coerción del poder. Los hechos diferenciales, el catalán o el vasco por citar dos casos emblemáticos, no son una ficción creada por los nacionalistas. Han pervivido desde tiempos inmemoriales. Nadie ha logrado hacerlos desaparecer y para bien o para mal no existen perspectivas de su desaparición en un horizonte cercano.

Los intelectuales españoles han tendido a buscar en el pasado una Edad de Oro perdida a partir de la cual las Españas entraron en un proceso imparable de declive. Esta actitud les ha llevado a rechazar en bloque largos períodos de la historia y a mitificar otros a los que era preciso volver para restaurar la grandeza perdida. Ambos planteamientos han inspirado el grueso de las doctrinas políticas ensayadas en las Españas, al menos desde la gran crisis experimentada por la Monarquía Hispánica a mediados del siglo XVII. Para los publicistas de esta época, la plenitud histórica de las Españas se alcanzó en el reinado de los Reyes Católicos; los Ilustrados del siglo XVIII lanzaron furibundos ataques contra Felipe II, el impulsor definitivo de la decadencia; los liberales del XIX vieron en el absolutismo el factor determinante del declinar hispánico, y los ultramontanos hicieron lo mismo pero concediendo ese protagonismo al liberalismo. La Generación del 98 sólo miró con cierta benevolencia a la Edad Media y a los Austrias Mayores. Ortega fue más lejos. Para él, España no sólo sufría una enfermedad crónica, sino un existir patológico, producto de la pérdida de vitalidad germánica de los godos romanizados. De este modo declaraba incapaces de salvación a los peninsulares, puesto que su mal radicaba en las entrañas de la raza.

En el otro lado de la trinchera, gran parte de los pensadores catalanes, nacionalistas o no, formularon un pliego de cargo contra «el centro» basado en la ruptura por éste del pluralismo hispánico sobre el que se había realizado la unión de las coronas castellana y catalano-aragonesa, a través de un proceso de erosión de las libertades catalanas y de la exclusión del Principado de los asuntos de España, S.A. La culminación de esa trayectoria es la desaparición de sus instituciones propias con el advenimiento de los Borbones al Trono de España y la agudización del centralismo durante los siglos XVIII y XIX, que, con las breves y trágicas experiencias de las dos Repúblicas, alcanzó su apogeo durante la Dictadura franquista.

En ese dilatado espacio temporal, Cataluña se siente agraviada y marginada de la marcha de los negocios del Estado. En términos muy simplificados, ése es el fondo de la queja catalana, cuya acusación central es que el «Gobierno de Madrid» ha roto el binomio pluralismo-unidad sobre el que se fundaron las Españas.[31] Como es lógico, esa queja amplificó su audiencia, su credibilidad y sus reivindicaciones cuando el Principado, sobre todo Barcelona, se convirtió en una sociedad burguesa y rica a partir de finales del siglo XIX. Entonces adquiere mayor fuerza la idea de un centro cuyas «élites extractivas» devoran a cambio de nada la riqueza catalana. Dicho esto, el programa del gran partido de la derecha nacionalista, la Lliga, era también un proyecto de actualización y recreación del «antiguo pluralismo hispánico» y de conversión de Cataluña en un motor de la renovación de las Españas.[32]

En este contexto, uno de los elementos centrales para comprender la problemática de este momento es el legado del franquismo que ha envenenado y condicionado de manera capital el debate acerca de España o de las Españas. El régimen franquista constituye la cumbre del nacionalismo español. Durante la Dictadura se produjo una auténtica expropiación y mutilación por los vencedores de la guerra civil de la historia española. El Régimen del 18 de julio se proclamó heredero y continuador de la «verdadera historia patria», del proyecto de cristiandad postrenacentista,[33] truncado con la derrota de Rocroi y la paz de Westfalia. Su triunfo sobre la «antipatria» en 1939 simbolizó la revancha frente a la Modernidad, causa eficiente del decaimiento hispano desde el Siglo de Oro. A lo largo de cuarenta años, el franquismo explotó en su favor los grandes eventos del pasado español e hizo de ellos uno de los pilares de su legitimidad; el otro fue la religión. De esta forma, el nacionalcatolicismo se transformó en el núcleo de legitimación política y moral del sistema autoritario, expresado en el acróstico según el cual el Caudillo sólo era responsable ante Dios y ante la Historia.

El fruto de la hagiografía franquista, su consecuencia inesperada e indeseada, fue la práctica deslegitimación de España como concepto político, histórico y cultural en la vida nacional. En los primeros años de la democracia e incluso hasta muy avanzada ésta, se difuminó de manera progresiva como si los demócratas españoles se avergonzasen de él o lo considerasen sospechoso por el empleo que se le dio en la Dictadura. Ésta convirtió la Reconquista, la Hispanidad, el Imperio en caricaturas al servicio de la propaganda del Régimen, transformándolos en una especie de esperpento valleinclanesco en el que los hechos que entretejen el devenir hispánico se ven deformados en los espejos cóncavos y convexos de la narrativa autoritaria.

En algunas autonomías se ha producido un fenómeno similar. La Dictadura pretendió apropiarse y monopolizar en su beneficio la historia de las Españas. Los nacionalismos inventan una historia mítica de sus respectivas comunidades con la finalidad de negar la existencia de España. Desde una óptica política, su intención es similar a la empleada por los teóricos del Régimen anterior, edificar un pilar de legitimidad. El franquismo afirmó la unidad-uniformidad de las Españas para rechazar cualquier aspiración al autogobierno de los regionalismos, autonomismos o nacionalidades, da igual. Éstas exageran y extreman sus rasgos identitarios para fomentar el particularismo. Ambas posiciones distorsionan la percepción de qué son las Españas.

Más allá de los nacionalismos…
el español… y los otros…

La reconstrucción equilibrada del pasado de las Españas, las observaciones más agudas y lúcidas sobre su unidad y su diversidad son producto de ese paisaje intelectual al que se ha dado en llamar «la Tercera España». Su composición es plural, a veces sus representantes mantienen posiciones divergentes, pero existe una posición compartida: su rechazo a aceptar la versión mutilada de la historia española ofrecida por los dos bandos contendientes en la guerra civil. En los años siguientes al conflicto fratricida los liberales del exilio interior y exterior generan cuatro grandes reflexiones sobre el devenir histórico de las Españas: España en su historia de Américo Castro, España, un enigma histórico de Claudio Sánchez-Albornoz, España de Salvador de Madariaga y Aproximación a la historia de España de Jaume Vicens Vives. Con sus matices, en ocasiones importantes, su enfoque de la realidad es radicalmente contrario tanto del ofrecido por la derecha autoritaria como por los nacionalismos y ha de ser una de las banderas de la derecha moderna.

En los siguientes párrafos se va a realizar una rápida excursión por la historia española en la que se plantea de manera sucinta cómo ha visualizado España, o las Españas, la corriente liberal de la moderna historiografía hispana. En este viaje hay discrepancias entre los autores, ya se ha dicho, pero son de matiz que no de sustancia. Aunque, en su tiempo, muchos de ellos las exacerbaron —es de sobra conocida la agria polémica entre Américo Castro y Sánchez-Albornoz—, eso no puede ocultar sus coincidencias en lo fundamental.

El concepto o la idea de las Españas no empezó a formarse en la Edad Media sino mucho antes. Dentro de la organización administrativa romana, Hispania, si bien dividida en provincias, fue concebida como una unidad superior. Tito Livio la consideró una entidad sustantiva y habló de los hispanos en general sin distinguir entre las tribus que la poblaban. Floro, el historiador africano residente en la Tarraconensis, empleó la muy elocuente expresión «Hispania Universa» para designar la colectividad humana peninsular. «Roma hizo a España de dos maneras diferentes: primero uniendo a los hispanos en el denominador común de una cultura y de un estilo de vida y luego empujándolos a la comprensión de una unidad superior».[34] La España romana, poco antes de la caída del Imperio aparece ya como una entidad muy precisa en la primera Historia Universal que el cristianismo conoce, la escrita por Paulo Orosio. Este planteamiento culminó en la monarquía goda en la obra de san Isidoro de Sevilla.

La idea de esta España romano-goda nunca dejó de estar presente en al ánimo de las capas cultivadas durante los siglos siguientes, cuando gran parte de la península Ibérica estuvo dominada por el islam. Los reinos medievales mantuvieron vivo el impulso de recuperar la España perdida, de restaurarla. La conciencia de una empresa hispánica dirigida a la recuperación total de la Península existió en todos los reinos cristianos. Hasta el siglo XII asumieron la existencia de una cierta unidad política y se sintieron miembros de una cultura común, basada en la religión y en el recuerdo de la España goda y romana. A partir del siglo XI, los reinos medievales se habían aproximado cada vez más a una unidad dinástica. Sus monarcas descendían de un tronco común.

Desde esa centuria se despliega una «acción polifacética», en expresión de Américo Castro, de los tres principales reinos cristianos —Castilla, la Corona de Aragón y Portugal— cuya libertad de acción se enmarcó en un sentimiento de solidaridad hacia una causa común sin subyugamientos ni vasallajes mutuos. Esta manifestación del «pluralismo hispánico», de su cooperación voluntaria en una tarea compartida «permite enfocar bajo una nueva y agradable luz los continuados reclamos de castellanos, portugueses y catalanes en España y en los hechos españoles […] ningún cronista de esa época dudó nunca en utilizar las palabras España y español en el sentido geográfico, histórico o político».[35]

Esa larga trayectoria compartida cuajó en un embrión de unidad política con el matrimonio de los Reyes Católicos y la confluencia de ambas coronas bajo un soberano común con Carlos I. Castilla y la Corona de Aragón coprotagonizan la fundación del primer Estado español. Esa aspiración integradora no era sentida sólo en la clase dirigente, era enteramente popular. «El matrimonio aragonés de Isabel fue un deseo nacional, en oposición al matrimonio extranjero, tan extendido que hasta los chiquillos lo contaban en sus juegos, según cuenta el Cura de los Palacios».[36] Por añadidura, al advenimiento de los Reyes Católicos, las comunidades plurales que formaban las Españas se diferenciaban entre sí menos que las del país más centralista de Europa, Francia.

En coherencia con el ideal del «pluralismo hispánico», Isabel y Fernando dejaron intacto el armazón institucional de sus dos reinos. Fue una unión entre iguales, cada uno conservó sus propias instituciones. En el momento de formación de las grandes naciones-estado europeas, bretones y vasco-franceses, galeses y escoceses no obtuvieron un grado de comprensión similar a sus peculiaridades por parte de Francia y de Inglaterra. Los vascos mantuvieron sus fueros hasta el siglo XIX y Cataluña sus instituciones hasta el XVIII. Los gallegos no tenían libertades que perder porque vivían sometidos al señorío de obispos, abades y monjes. Galicia no tuvo representación en las Cortes castellanas porque a ellas sólo acudían los concejos libres y no había ninguno en tierras galaicas.

La Confederación catalano-aragonesa inspiró además la articulación institucional del Imperio, su estructura federativa. En el momento de la unión entre las dos Coronas, Aragón estaba débil y exhausta, pero aportaba grandes caudales de experiencia que supusieron una aportación decisiva para la administración y organización de lo que sería la Monarquía Hispánica. Castilla estaba más poblada, era más rica y tenía un extraordinario vigor y confianza en sus posibilidades, pero la asociación entre los dos reinos era claramente complementaria. A pesar de eso, se desperdició una ocasión extraordinaria para profundizar en la unión de las Españas cuando no se permitió a todos los españoles participar conjuntamente en la explotación y colonización de América. Una estrecha colaboración en esa tarea podría haber contribuido a unir más íntimamente a los dos pueblos sin romper sus singularidades institucionales.

Con los matices que se quiera, los Austrias no dieron paso alguno sustancial para caminar hacia una centralización de las Españas. Carlos I y Felipe II renunciaron a esa tarea cuando acometerla era más fácil, ya que los españoles tenían un sentimiento de plenitud histórica —de Destino Manifiesto, como dirían los norteamericanos— que eclipsaba los particularismos ante la potencia de un gran proyecto común. Felipe III no hizo nada en esa dirección y el intento centralizador del conde duque de Olivares en 1640 se saldó con un estrepitoso fracaso, con el desencadenamiento de una crisis que amenazó la supervivencia de la propia monarquía y con la salida del valido de Felipe IV. En la mente de los monarcas de la Casa de Austria nunca anidó la idea de construir una unidad estatal uniforme. Su monarquía fue un delicado engranaje con fuertes pesos y contrapesos de raigambre catalano-aragonesa bajo el cual no se alteraron en lo sustancial las tradiciones y libertades de los territorios integrados en ella, en un contexto de auge del absolutismo.

El rey de España reinaba sobre varios y muy diversos Estados, cada uno con su administración, sus Cortes, sus leyes y sus fueros. Castilla evolucionó hacia una forma estatal más centralizada pero no despótica. Las Provincias Vascongadas tenían un elevado nivel de autogobierno y la Corona de Aragón mantuvo su constitución pactista y descentralizada. En lo esencial, esa articulación plurinacional, construida por el genio de Fernando el Católico, llevó a tratar los asuntos de las Españas de una manera confederal. A pesar de las críticas esgrimidas antes y después contra su supuesta vetustez, contra su anacronismo, este esquema sirvió para administrar durante más de doscientos años y con una razonable eficacia uno de los mayores imperios conocidos por el mundo. Fue la expresión estructural del «pluralismo hispánico». En su debe, esa concepción evitó que se produjera una más estrecha asociación entre los diferentes territorios del Imperio con fines políticos y económicos, lo cual hubiera contribuido a fortalecer el sentimiento de participación en una empresa común. Ahora bien, la materialización de esta posibilidad no exigía la puesta en marcha de medidas centralizadoras. Hubiese bastado la conversión de la Monarquía Hispánica en un espacio económico común, eliminando las barreras arancelarias entre los territorios de la Corona. De hecho, éste fue el esquema adoptado por la monarquía austro-húngara y por el Imperio alemán en 1870.

Los Borbones introdujeron un giro radical en la manera de concebir la organización del Imperio. Liquidaron la constitución histórica de la Monarquía Hispánica, cuya paulatina evolución podría haber desembocado en un orden constitucional similar al británico. La gran crisis política y económica de la segunda mitad del siglo XVII planteaba dos opciones: una evolución de las instituciones hacia un Gobierno limitado, modernizando el esquema constitucional catalano-aragonés y revitalizando el poder de las Cortes de Castilla o la imposición de un sistema legal único y uniforme en las Españas. Los herederos de San Luis optaron por la segunda vía, ajena a la tradición y al pensamiento político de las Españas.

La creación y derogación de las leyes se identificó con la voluntad del monarca y, de este modo, se volatilizó cualquier restricción al ejercicio del poder regio. Se suprimieron las Cortes de Aragón —lo que no hizo Felipe IV ante la rebelión separatista de 1640, lo llevó a cabo el primer monarca de la dinastía borbónica tras una guerra dinástica— y las de Castilla se convirtieron en nacionales por una razón fundamental: la paulatina erosión de sus facultades tradicionales las convertía en un perfecto instrumento «constitucional» para el ejercicio del poder absoluto. Por eso, su papel como institución representativa del pueblo fue decorativo, un cascarón vacío. Carecían de potestad para proponer y aprobar las leyes. A pesar de eso, sólo se reunieron cuatro veces con Felipe V, una con Carlos III y otra con Carlos IV.

Los Borbones convirtieron el absolutismo y el centralismo en los factores sobre los que debía organizarse la unidad de España. Sus monarcas más notables realizaron un sincero intento de modernizar y de racionalizar el Estado con los instrumentos en los que creían y que conocían, los del despotismo ilustrado. También es cierto que en el siglo XVIII España recuperó la prosperidad económica y experimentó un resurgir del orgullo nacional, debilitado desde la segunda mitad del XVII. Pero el plan reformista borbónico no era la respuesta adecuada a la contextura vital, histórica, política y cultural de las Españas. Cuando la invasión de los ejércitos napoleónicos provocó el colapso del Estado y, casi en paralelo, se perdieron las Indias, se abrieron de nuevo las dos alternativas eternas para reconstruir política y económicamente las Españas, la uniformista y la pluralista. Se impuso la primera…

El «pero» al liberalismo español del siglo XIX es la prosecución del programa centralizador de los Borbones. Manuel Azaña, en su discurso en defensa del Estatuto de Cataluña en las Cortes republicanas de 1932, sintetiza con bastante precisión las causas del centralismo liberal: «Tuvo que combatir, [el liberalismo] al mismo tiempo que al pretendiente a la Corona, el movimiento fuerista en el que los monarcas pretendientes se apoyaban. Y esta desgraciada situación del liberalismo […] le obligó a esfuerzos enormes de asimilación […] El prestigio de la Corona se identificaba con la oposición al sentimiento local de las regiones. La Corona jamás vio bien a los regionalistas aunque fueran reaccionarios; había un enlace profundo, misterioso, preñado de consecuencias históricas entre el prestigio de la Corona y la oposición irreductible a transigir con el sentimiento autonomista, particularista o regionalista, y este enlace profundo se identificaba con la fidelidad a la Corona, con la unidad absolutista y centralista de España, y estos dos sentimientos querían identificarlos con el patriotismo español». En este contexto, los liberales del siglo XIX no tuvieron la posibilidad o la imaginación suficientes para superar el jacobinismo en lo que a la organización de las Españas se refiere y avanzar bien por la senda de un pragmatismo al estilo británico bien por la del federalismo de corte suizo o norteamericano.

El siglo XIX tiene mala fama. Se le percibe azotado por una crónica guerra civil —liberales versus carlistas—, dominado por una inestabilidad política permanente, por el caciquismo, por los pronunciamientos, por las conspiraciones judeomasónicas, por la liquidación de los últimos residuos del Imperio y, peor, como la etapa en la que comienza a cuajar el fantasma de las dos Españas y el atraso económico. Sin embargo, este enfoque es una verdad parcial y, por tanto, es en buena medida falaz. Con sus defectos y con sus virtudes, esa etapa constituye una etapa fecunda y constructiva. En ella se crean las bases de la España moderna. Se construyen los ferrocarriles, aparece la industria pesada en el País Vasco, se consolida la industria textil catalana, se establece un sistema financiero y tributario moderno, se reconstruye un país destruido política y económicamente por la guerra de la Independencia, que convirtió las Españas en un solar. Se liberalizó la tierra, se instauraron los modernos derechos de propiedad, se creó un sistema registral que permitió convertir la tierra en un activo económico y atraer capitales a la agricultura; se promulgaron la Ley de Aguas, la de Enjuiciamiento Civil, la de Enjuiciamiento Criminal, la de Matrimonio Civil, el Código de Comercio, el Código Civil y tantas y tantas leyes que han estado en vigor hasta el moderno régimen constitucional. Fueron los liberales del XIX quienes edificaron el cuerpo legal y las instituciones que permitieron un siglo de constitucionalismo y de libertad en medio de grandes dificultades militares, políticas y económicas, y quienes afrontaron un desafío de primer orden: el paso de las Españas de un imperio a una nación.

En este contexto es fundamental realizar un rápido análisis de la Restauración canovista (1876-1923), régimen vilipendiado por las izquierdas y por las derechas españolas que nunca han comprendido o querido comprender lo que en verdad fue: un magnífico período de la historia española y, no conviene olvidarlo, el más largo de paz, prosperidad y de libertad experimentado por España hasta 1977. Esta incursión no tiene una finalidad erudita, sino una enorme importancia política porque permite extraer importantes lecciones para quienes critican los «vicios» de la actual democracia española en los albores del reinado de Felipe VI. Muchos de los argumentos esgrimidos contra la Restauración guardan un paralelismo extraordinario con la presente coyuntura española.

V

¿Qué pasó con la Restauración?

Una lección a recordar

Como se ha apuntado, el sistema político fundado por Cánovas en 1876 —cuya vigencia se prolonga hasta el golpe de Primo de Rivera en 1923, cuarenta y siete años— ha sido descalificado tanto por la derecha autoritaria como por las izquierdas. Para la primera representa la expresión cabal del demoliberalismo, y para la segunda, un régimen de clase oligárquico y caciquil. Las descalificaciones lanzadas contra la Restauración guardan importantes semejanzas con las esgrimidas en la actualidad contra el sistema democrático vigente en España: la partitocracia, la corrupción, el divorcio entre la España real y la oficial, la contraposición entre la vieja y la nueva política, etc. La reivindicación de la Restauración tiene una especial relevancia porque, como ha escrito el profesor Pedro Schwartz: «El parlamentarismo actual supone, en mi opinión, una vuelta al sistema de la monarquía parlamentaria que existió en España durante muchos años, desde 1873 hasta 1923 […]. España ha vuelto a costumbres que tuvo durante tiempo, que construyó con esfuerzo durante el siglo XIX y que se suspendieron durante el siglo XX».[37]

De entrada es preciso desmitificar dos hipótesis sobre las cuales se ha apoyado una parte importante de las explicaciones económicas de la quiebra del régimen parlamentario en España. La primera se refiere a las consecuencias del Desastre del 98 sobre la economía española, consideradas una de las causas que agravaron el atraso material respecto a Europa; la segunda apunta a los supuestos efectos de la Gran Depresión sobre la España de los años treinta, que habría contribuido al fracaso de la experiencia republicana.

La pérdida de Cuba, Puerto Rico y Filipinas no fue una catástrofe económica para España. Con la desaparición de los últimos jirones imperiales, la sensación de que esa pérdida sería muy costosa para el país fue general, sobre todo en Cataluña, cuyas exportaciones eran absorbidas en un 60 por ciento por Cuba. Sin embargo, muy pronto esa idea desapareció. Cuba suponía cerca del 15 por ciento de las exportaciones españolas, muy por detrás del Reino Unido y Francia. Es cierto que hacia 1900 el comercio colonial había dejado prácticamente de existir y que se produjo una contracción de las exportaciones, pero ya en 1910 el volumen de las ventas al exterior tanto a precios corrientes como constantes era similar al que tenían en 1897, y en 1913 era netamente superior.[38] También es verdad que el ritmo de crecimiento de las exportaciones fue menor que en el período 1853-1899, pero eso se debe, como luego se mostrará, a las políticas proteccionistas iniciadas en 1891.

El Desastre también produjo efectos económicos positivos. Se repatriaron del orden de los 2.000 millones de pesetas que contribuyeron de manera sensible al desarrollo de España y, gracias a la desaparición de los gastos de guerra, se puso en marcha el plan de estabilización de Villaverde, que logró equilibrar el presupuesto y producir una serie de superávit presupuestarios no ya durante un año o un lustro sino durante un decenio. El rigor del ministro de Hacienda fue compatible con un saldo comercial positivo y con un considerable crecimiento industrial favorecido, entre otras cosas, por la vuelta de los capitales ultramarinos.

La Gran Depresión no ejerció impacto decisivo alguno sobre la suerte de la Segunda República porque apenas tuvo consecuencias sobre la economía nacional. Durante el período 1928-1933, España mantuvo un tipo de cambio flexible. Esta flexibilidad cambiaria permitió a la economía española responder a la debacle desencadenada por el desplome de Wall Street depreciando su tipo de cambio, camino vedado a los países con paridades fijas respecto al oro. En el período antes señalado, la peseta perdió un 50 por ciento de su valor; esto es, España se ajustó al escenario depresivo vía precios en lugar de vía cantidades (pérdidas de producción y empleo). A la vez, el comportamiento de la oferta monetaria fue razonablemente estable excepto en 1931. Desde algunos ámbitos se ha intentado relativizar este hecho con el argumento de que la crisis de los años treinta afectó básicamente a las economías industrializadas. Por tanto, España, una economía agraria, con una potencia industrial muy pequeña, sufrió menos que las economías avanzadas. Ahora bien, Polonia era un país más atrasado que España, e Italia no estaba muy lejos de la realidad económica española. Sin embargo, esos dos países soportaron fuertes caídas en sus índices de producción industrial mientras que el de España permaneció estable. La razón de ese dispar comportamiento se encuentra en el hecho de que polacos e italianos mantuvieron el patrón oro.[39]

De otro lado, el Desastre no pilló por sorpresa a las minorías rectoras del país. Éstas nunca dudaron de que España saldría mal parada de un conflicto con Estados Unidos. Además, un número considerable de quienes formaban parte de la intelligentsia española del momento se mostraba partidario de vender Cuba a los norteamericanos o sencillamente de abandonar la isla.[40] La reacción del resto del país ante el 98 fue de indiferencia e, incluso, de satisfacción en las capas de la sociedad española con rentas bajas, que ya no tenían que enviar a sus hijos a combatir en una guerra que ni entendían ni les interesaba. En suma, la sobrerreacción intelectual ante el 98 fue un producto de la fantasía porque difícilmente podía provocar una reacción catártica en España, —a diferencia de lo sucedido en Francia tras la derrota de Sedán—, un hecho que ni fue imprevisto ni conmocionó las entrañas del país.

El declive del liberalismo económico en España

El arancel de 1891 supuso el fin de la etapa librecambista iniciada en la segunda mitad del siglo y el comienzo de una era proteccionista que subsistiría hasta 1959. Cánovas enunció el ideal proteccionista con una considerable elocuencia: «La economía política debe aceptar el concepto de Patria y someterse a él. La Patria es una asociación de consumidores y productores para su ayuda mutua con el fin de crear una vida propia de la misma manera que se crea una familia individual». En este párrafo se apuntan las ideas organicistas, desarrolladas después por el Estado corporativo. Por ello, Raymond Carr, quizá de modo exagerado, dice que en Cánovas ya están los planteamientos económicos que desarrollarían Primo de Rivera y la República.

En 1892, Moret trató de volver a abrir la economía española al exterior, mediante un tratado de libre comercio con Alemania, pero la coalición proteccionista lo echó abajo en el Senado. Dicha coalición, articulada a partir de la Liga Nacional de Productores, integraba el textil catalán, el acero vasco y los grandes intereses trigueros castellanos. El eje Barcelona-Bilbao-Valladolid fue uno de los factores determinantes de la política económica a lo largo de toda la Restauración. Los dos grandes partidos aceptaron la protección, los conservadores por convicción, los liberales por temor al coste político de sostener la bandera de la libertad comercial y por miedo a que ésta elevase el desempleo. Se olvidaba que durante la fase librecambista (1860-1890) el crecimiento español fue similar al de los países desarrollados europeos, mientras que España quedó rezagada bajo la primera etapa proteccionista (1890-1913).[41] En 1922 España era el país europeo con barreras arancelarias más altas, sólo superadas por la Rusia soviética.

El intervencionismo del Estado en la economía no dejó de crecer. En 1904, la conservadora Ley de Construcciones de Ferrocarriles Ordinarios obligaba a las empresas privadas que entrasen en proyectos de esa naturaleza a comprar material español; a cambio, les garantizaba una rentabilidad mínima del 4 por ciento. En 1907, la Ley de Fomento de la Industria Nacional hizo obligatorios los productos locales en todas las industrias relacionadas con el Estado. En 1909, la Ley de Protección a las Industrias y Comunicaciones Marítimas ampliaba las ayudas a la fabricación de buques y obligaba (por vez primera) a consumir hulla nacional a las empresas que quisiesen entrar en el negocio. En 1917, el liberal Santiago Alba pone en marcha la Ley de Auxilio a las Industrias Nuevas, en las que el Estado aseguraba una rentabilidad mínima del 5 por ciento a los inversores y podía llegar a financiar hasta la mitad de la inversión total.

En el último Gobierno constitucional, Cambó puso la impronta del catalanismo en la política económica. Un programa proteccionista e intervencionista expresado con suma claridad en su deseo de «armonizar la empresa pública y la privada». El proyecto de Cambó era un paso más hacia la estatización de la economía. Así pueden calificarse sus deseos de estimularla a través de las obras públicas, de nacionalizar los ferrocarriles, de eliminar la legislación liberal minera de 1868 y de crear bancos estatales para proporcionar créditos baratos a los diversos sectores económicos. Sólo en la cuestión social, el catalanismo no se mostró intervencionista. Pensaba que en ese campo los problemas se resolverían con un alto nivel de producción y empleo.

La Dictadura de Primo de Rivera supuso el apogeo del estatismo, sólo superado en la historia española del siglo XX por el régimen del 18 de julio. La filosofía económica de la Dictadura puede resumirse en la reforma financiera y en la planificación económica llevadas a cabo por el ministro de Hacienda José Calvo Sotelo. En el primer escenario, los esfuerzos del Gobierno en pro de la introducción de un impuesto efectivo sobre la renta [42] fracasaron gracias a la oposición de los grupos conservadores cuyos intereses defendieron Abc y El Debate. Sin embargo, el segundo proyecto financiero, la consolidación de la deuda, fue un éxito.

Saneadas las finanzas, la Dictadura se propuso relanzar la economía mediante un plan decenal cuyos instrumentos fueron el presupuesto extraordinario, los monopolios estatales y las comisiones reguladoras especiales. El diagnóstico de los tecnócratas de la Dictadura era claro: la economía española era pobre porque no había logrado superar el shock heredado de 1898, lo que es falso. Ante esa situación, el Estado debía ayudar y orientar el desarrollo facilitando el nacimiento de la industria mediante la concesión de monopolios y la realización de obras públicas, idea esta procedente de los reformistas ilustrados del siglo XVIII.

El presupuesto extraordinario tenía como finalidad financiar las obras públicas sin subir los impuestos. La fuente de ingresos eran los empréstitos, cuyos intereses se cargaban sobre el presupuesto ordinario. Se partía de la hipótesis de que los ingresos ordinarios crecerían en una economía en expansión y serían suficientes para amortizar los intereses generados por la deuda. Junto a esto se crearon una serie de bancos estatales, como el Exterior de España, para evitar la dependencia financiera del exterior y penetrar en los mercados iberoamericanos; o el de Crédito Industrial, para proporcionar recursos a la industria. El cuadro se completaba con la creación de monopolios estatales, cuyo objetivo era proporcionar ingresos al Estado y servir a los intereses del nacionalismo económico. Así nacieron Campsa, que fue en sus orígenes un monopolio otorgado a un consorcio de treinta y un bancos españoles con el fin de impedir el control del mercado petrolífero por Standard Oil y Shell, y Telefónica, para evitar el control de las comunicaciones por ITT.

La combinación del proteccionismo con el nacionalismo económico llevó a la conclusión de que todos los artículos susceptibles de ser producidos en España debían serlo sin tener en cuenta su coste. De ahí la intervención estatal para salvar la producción doméstica de carbón, plomo y resina; para crear una industria automovilística propia o las medidas aplicadas para salvar el algodón nacional imponiendo aranceles prohibitivos al importado o para intensificar el cultivo y la producción de cereales. Como es lógico, esta política distorsionó el sistema de precios relativos de la economía y llevó a la creación de una serie de comités que regulaban desde la energía hidroeléctrica hasta la industria de pieles de conejo. En el ámbito social, la Dictadura introdujo un subsidio para las familias numerosas, un seguro de maternidad y creó los consejos paritarios, integrados por la Administración, los trabajadores y los empresarios, para resolver los conflictos laborales. La gran beneficiada de la política social del primorriverismo fue la Unión General de Trabajadores (UGT), que aprovechó su colaboración con el nuevo régimen para minar el apoyo de los trabajadores a la Confederación Nacional del Trabajo (CNT), ilegalizada por Primo de Rivera.

Sin embargo, en lo fundamental, el estatismo no avanzó en España por causas ideológicas, sino de manera acumulativa, a través de las concesiones realizadas a los diferentes grupos de interés en una dinámica similar a las descritas por los teóricos de la elección pública. Ahora bien, nadie puede ignorar que «lo peculiar es la intensidad con que se perseguía el ideal de la autosuficiencia nacional y la relativa facilidad con la que el intervencionismo encajaba en las tradiciones del Estado español».[43] El estatismo hispano no fue de corte fiscal porque la capacidad económica del país no lo hacía posible. España era un país pobre, incapaz de permitirse la mezcla de gasto público e impuestos elevados que empezó a desplegarse en los países más avanzados. Por eso, los Gobiernos eligieron la vía de la protección, de la creación de monopolios y de la reglamentación como instrumentos de política económica.

El declive del liberalismo político:
un breve apunte

El liberalismo español sufrió en las tres primeras décadas del siglo XX una decadencia similar a la experimentada en los demás Estados continentales. La transición hacia la democratización plena del sistema no tuvo su principal obstáculo en la supuesta incapacidad de la Restauración para abrirse a las nuevas fuerzas políticas y sociales, sino en el rechazo por una parte sustancial de estas últimas no sólo de la monarquía sino de los presupuestos fundamentales del régimen parlamentario y del mismo orden social. La República y la guerra civil son sólo las consecuencias lógicas y dramáticas de la radicalización que la izquierda y la derecha impusieron de manera acelerada a la vida española. Antes de entrar en mayores precisiones es preciso adelantar algunas tesis.

La actitud de los políticos de la Restauración hacia la democracia estaba cargada de escepticismo, pero ello no era una característica específicamente española; impregnaba el pensamiento de la época.[44] Este factor se veía agravado por la escasa capacidad de movilización política no sólo de los partidos dinásticos (liberales y conservadores), sino también de las formaciones contrarias bien a la forma de gobierno (los republicanos) bien al orden social (el movimiento obrero), cuya implantación era, por otra parte, marginal. En toda Europa, los partidos de masas no aparecerían hasta después de la Gran Guerra y sus efectos no fueron beneficiosos. La verdadera democratización de los grandes Estados de la Europa occidental no tuvo lugar hasta después de la segunda guerra mundial.

La corrupción electoral, una de las lacras que más irritaban a los críticos de la Restauración, no era una excepción en la Europa de la época.[45] Salvo en Inglaterra y en los países nórdicos, la compra de votos y la manipulación más o menos abierta de las elecciones eran prácticas comunes. En la Italia premussoliniana, en la Francia de la Tercera República e incluso en Estados Unidos, considerado por aquel entonces el país más democrático del mundo, las elecciones entendidas como un proceso competitivo y abierto entre las formaciones políticas no existían. Ahora bien, esta ausencia de competencia política fue uno de los hechos determinantes de que la clase política de los sistemas parlamentarios, incluida la de la Restauración, no se plantease la necesidad de democratizarlos. La propia «perfección» del mecanismo de alternancia entre los partidos dinásticos hacía completamente innecesario buscar el apoyo electoral tanto en las masas populares como en los intelectuales. Para decirlo en términos económicos, el sistema de incentivos de la Restauración no estimulaba su democratización, pese a la existencia del sufragio universal.

La inestabilidad de los Gobiernos de la Restauración, sobre todo a partir de 1912, su escasa duración (nueves meses entre 1913 y 1923), esgrimida tradicionalmente como uno de los indicadores clásicos de la descomposición e ineficiencia de los Gobiernos parlamentarios, tampoco era monopolio de la Restauración. La duración media de los Gobiernos europeos en el período de entreguerras fue inferior a los nueve meses con una sola excepción: Reino Unido.

La deslegitimación intelectual de la Restauración

El Desastre del 98 fue interpretado por un núcleo importante de intelectuales como una impugnación en bloque del modelo construido por Cánovas. La Restauración dejó de forma paulatina de contar con apoyos teóricos y doctrinales capaces de legitimarla y el monopolio de la opinión cayó en manos de gentes que exacerbaron sus defectos y contribuyeron de forma inconsciente y, a menudo, irresponsable a minar el sistema político liberal. De esta forma, la crítica al canovismo se convirtió en un torpedo lanzado a la línea de flotación del orden liberal y parlamentario en España. Enfrentado a una descalificación pública despiadada, el régimen canovista, a diferencia de lo que sucedería en la Segunda República, toleró una libertad de crítica total.[46]

Sobre el papel de los intelectuales en la demolición del régimen liberal español, José M. Marco ha escrito páginas fascinantes,[47] por lo que puede resultar más útil centrarse en el papel de la ideología y de sus máximos exponentes, los intelectuales, como variable operativa en los procesos de cambio sistémico. La ideología es un fenómeno importante para explicar el conflicto y el consenso existentes en una sociedad, pero es determinante para explicar los movimientos de la opinión pública. Las creencias sustentadas por ella dependen de las élites que son las productoras y distribuidoras de ideas. El grueso de la ciudadanía es básicamente consumidor de productos ideológicos fabricados por otros.

Las ideologías son vitales cuando se percibe que el orden existente funciona mal o encara serios riesgos internos y externos. En este contexto, los incentivos para la expresión ideológica se disparan. Por un lado, los defensores del statu quo se despliegan para defenderlo; por otro, sus debeladores encuentran la oportunidad de hallar un mercado propicio a sus planteamientos.[48] En la España de principios del siglo XX se daban todas las condiciones para que el debate ideológico emergiese con toda fuerza. El primer vector del conflicto, el Desastre del 98, sobredimensionado por los intelectuales, se convirtió en una enfermedad crónica. El segundo vector, los paladines intelectuales del sistema político, desaparecieron. Por eso, sus críticos gozaron del monopolio ideológico. Las razones para que una crisis crónica lleve a la quiebra de un régimen no son pues económicas o técnicas sino políticas e ideológicas.

Entre los grupos críticos a la Restauración se encuentra la denominada Generación del 98, que nunca tuvo un proyecto nacional. Su descalificación del sistema canovista es marcadamente nihilista. No planteó ninguna alternativa concreta a las lacras del régimen ni a su supuesto desfondamiento. Sus ocurrencias van de la mejor tradición del arbitrismo español del XVII a la construcción de metáforas cargadas de belleza literaria pero sin ninguna significación práctica. Su angustiado grito «salvar España» no se centra en nada concreto. Es una especie de amenaza cósmica que se cierne sobre el país. Con algunos matices, la posición de los miembros de esta generación es la de una elevada irresponsabilidad en el plano político. Contribuyeron a destruir esa «España libérrima» descrita con admiración por Unamuno, quizá porque sobreestimaban su fortaleza.

El ala del 98 de mayor contenido político es el regeneracionismo, cuyo máximo exponente es Joaquín Costa. Sus propuestas son semejantes a las de los Gobiernos militares nacionalistas y de izquierdas en Sudamérica durante el siglo XX. En el marco teórico y práctico del «costismo» resulta muy difícil combinar la política que el país «necesita» con el régimen parlamentario. Cuando es necesario un «cirujano de hierro» para aplicar una verdadera «política quirúrgica», el sistema liberal es un estorbo. Tal vez por ello, la actitud de una parte importante de los noventayochistas llevaba a la adopción de soluciones de corte autoritario.

No merece una mejor valoración la llamada Generación de 1914, que tiene en Ortega su cabeza de filas. Uno de los dramas políticos de la España contemporánea es el de la formación de sus élites. Las españolas de ese momento estaban empapadas de pensamiento alemán en un momento en el que había desaparecido de él no ya el liberalismo, sino cualquier rastro de valoración positiva del parlamentarismo y del capitalismo. Por eso, el concepto de libertad de la Generación de 1914 se parece mucho al del filósofo italiano Benedetto Croce, un hálito espiritual sin concreción política alguna.[49]

La propia evolución de Ortega ilustra muy bien los comentarios anteriores. En su juventud se sintió atraído por el socialismo ético de sus profesores neokantianos y escribió en una línea antiindividualista y antiutilitaria. Sus héroes eran socialistas reformistas como Lassalle y Bernstein.[50] El influjo de Schopenhauer y Nietzsche (1908) de Georg Simmel sobre el pensador español permite detectar el origen de algunos posos antidemocráticos en el pensamiento orteguiano. En su ensayo Socialismo y aristocracia (1913) descalificaba el capitalismo como un materialismo sin rostro y tenebroso y veía el socialismo como una vía para la mejora de la Humanidad. Aquí reaparece su conexión con Croce, para quien el liberalismo económico era un materialismo vulgar que conduce a un hedonismo utilitarista. Ortega y la mayoría de sus compañeros de viaje nunca entendieron la importancia de la libertad económica como garantía de la libertad política.[51]

Esa visión estatista, más en la dirección del socialismo de cátedra alemán que del nuevo liberalismo británico, es el nervio ideológico de su célebre conferencia de 1914, «Vieja y nueva política». Obviamente, los miembros de la Liga para la Educación Política, la organización de intelectuales creada al calor del acto del Teatro de la Comedia, se identificaban en buena medida con los planteamientos de Ortega y Gasset y tenían una visión crítica del viejo liberalismo fortalecida por su educación en Alemania, por el fuerte componente estatista derivado del krausismo (si hay una derecha y una izquierda hegeliana, Krause sería una especie de centro hegeliano, esto es, un socialestatista moderado)[52] y por la literatura francesa del último tercio del siglo XIX.

La distinción de Ortega entre la España vital y la oficial es tan brillante como difusa. Es una de esas imágenes capaces de deslumbrar momentáneamente pero que superado su inicial resplandor se muestran carentes de contenido. ¿Cuál era la España vital? La marginal de los socialistas, de los anarquistas y de los republicanos; la representada por el puñado de intelectuales de su generación, que tendría su gran oportunidad en la República y la desperdiciaría, o esa mayoría silenciosa o «masa neutra», como la definió Costa, ajena en buena medida a la política, que daba su aprobación tácita al régimen existente y que todavía se la dio expresamente en las elecciones municipales de 1931.[53]

El propio concepto de élite trazado por Ortega es una idea aproximada de lo que el ilustre pensador consideraba la España vital y resulta de una simplificación excesiva. Su visión de las minorías egregias no es la propia de una sociedad liberal. Es la de una república platónica gobernada por los intelectuales o, al menos, de una sociedad estamental regida por cuerpos intermedios nacidos no de la sociedad civil sino al amparo del Estado. La fuente de reclutamiento y de selección de las élites orteguianas no es una meritocracia abierta y móvil. Es una casta de carácter funcionarial o parafuncionarial que de forma directa o indirecta sus integrantes son miembros de la burocracia.[54] En segundo lugar, la sociedad civil de Ortega no es el resultado de la cooperación voluntaria de los ciudadanos sino una estructura de corte corporativo y estamental (la España de los profesores, los grandes cuerpos administrativos…).

La descalificación de la historia de España y de la Restauración (los hombres del 98 se descolgarán años después de esa visión tan negativa del pasado español y hablarán, como Unamuno, de «españolizar Europa») llevó a la construcción del «mito europeo», a la visión de Europa como la salvación de España. Esta mitificación de lo europeo cuando el Viejo Continente se encaminaba a la primera guerra mundial y la insistencia en la europeización de España tras ese conflicto, que haría resquebrajarse los cimientos de la civilización, resulta ingenua y, por qué no decirlo, miope. ¿Qué Europa hay que imitar en el período de entreguerras… la representada por la Italia de Mussolini, la Alemania de Hitler, la Francia de Herriot, Daladier o Laval…? Si el ideal de Europa es la identificación con la ciencia y se desea convertir a ésta en el motor de la europeización o modernización nacional, los planteamientos de la Generación de 1914 deberían haberse limitado al campo educativo en lugar de adentrarse por los complejos vericuetos de la política.

Desprovisto de fundamentos constructivos, el pseudoliberalismo español del período de entreguerras es de una esterilidad y de una frivolidad apabullante. Sí logró desacreditar el sistema de la Restauración, un régimen imperfecto pero civilizado y garante de las libertades individuales, sin ser capaz de plantear un modelo alternativo que lograse salvaguardar la libertad y evitar así la Dictadura de Primo de Rivera y el brutal embate de la izquierda y la derecha revolucionarias después. La influencia política de la Generación del 98 y de la del 14 es una de las grandes desgracias de la historia contemporánea de España.

En esta atmósfera, uno de los grupos que aprovecha la crisis para cuestionar no ya el sistema político sino la propia idea de España es el nacionalismo periférico. Ésa es quizá la brecha más perdurable abierta por el 98: la explosión desintegradora del separatismo. La pérdida del imperio creó las condiciones idóneas para que el nacionalismo catalán y el vasco encontrasen un filón que explotar ante la descomposición definitiva del proyecto de la España imperial, lo que va a representar, en el caso catalán, la primera quiebra del turnismo político diseñado por Cánovas. Frente a la demolición del presente y, en buena medida, del pasado español, los nacionalismos periféricos sí tendrán un «sugestivo programa de vida en común».

Una de las razones, y no la menos importante, por las que la Restauración resultó ser tan frágil a partir de 1912 fue que sus ideales se habían debilitado y habían sido minados, no por la gente que se consideraba contraria al régimen liberal, sino por aquellos mismos que deberían haber sido sus defensores, a quienes la Dictadura de Primo de Rivera y la República después habrían de enterrar. La pérdida de fe en el orden establecido de las élites primero y de la opinión pública después fue la clave. Por eso, la Restauración no cayó por el embate de sus enemigos. Se desfondó por sí sola, porque quienes deberían haberla defendido habían dejado de creer en ella. Esta idea se expresa claramente en la frase de Ossorio y Gallardo de 1930: «Los regímenes políticos no se derrumban ni perecen por el ataque de sus adversarios, sino por la aflicción y el abandono de quienes deberían sostenerlos».

La descomposición del régimen

La postergación de Maura y el asesinato de Canalejas en 1912 dieron el golpe definitivo al bipartidismo creado por Cánovas y Sagasta, uno de cuyos pilares fundamentales era la unidad de liberales y conservadores en torno a sus líderes. De esta forma, se rompía uno de los ejes fundamentales de la Restauración: el mecanismo de alternancia en el poder. Los partidos dinásticos se fragmentaron definitivamente en facciones,[55] diferenciadas más por razones de afecto personal, de interés o de tono social que por motivos doctrinales. Se llegó a lo que Fernández Almagro definió como la «disolución de los partidos históricos».

Como señaló Pabón, es a partir de ese momento cuando se liquida la Restauración, cuyo golpe de muerte se produce en 1917, el año de la Revolución rusa, con la sublevación de las Juntas de Defensa, el fracaso de la Asamblea de Parlamentarios y la huelga general revolucionaria. La España de Alfonso XIII no lograba por ninguna solución política recuperar el rumbo perdido en 1909, hundido en 1912, sustituido a partir de 1917 por el caos. En 1914 hubo 212 huelgas, 463 en 1918 y 1.060 en 1920. En 1921 se produjeron 18 atentados contra patronos, 12 contra dirigentes empresariales, 56 contra policías y 142 contra obreros. El propio Dato, presidente del Consejo, fue asesinado en 1921, y en ese mismo año se produjo el Desastre de Annual. La inflación parecía incontrolable. Los Gobiernos se mostraban impotentes a la hora de garantizar el orden público y la paz social. Habían perdido el monopolio de la violencia, pero las fuerzas contrarias a la Restauración (republicanos, socialistas y anarcosindicalistas) habían quedado también laminados por los acontecimientos de 1917.

En ese momento se recurre a los Gobiernos de concentración que, en acertada frase de Comellas, «fueron una medida de urgencia, no un sistema. Éste puede decirse que no existía ya».[56] En efecto, el recurso a los gabinetes de unidad nacional de manera permanente, como sucedió en los años posteriores a la Gran Guerra, suponía una negación no ya del turno canovista, sino del funcionamiento normal de un sistema constitucional articulado alrededor de un Gobierno responsable y de una oposición capaz de ser una verdadera alternativa de poder. En este clima se fraguó el golpe de Primo de Rivera, aceptado por la Corona, aclamado por la mayor parte de los intelectuales con Ortega a la cabeza y por la opinión pública. Este hecho marca el camino irreversible hacia el final del régimen liberal en España y a la instauración de la República. La Corona, la única institución del Estado que no había salido desprestigiada por el Desastre del 98, aprobaba la ruptura de la normalidad constitucional. La figura del Rey-Soldado creada por Cánovas para impedir los pronunciamientos militares se sumaba al golpe y ligaba su suerte a la del dictador.

Hay quien considera que si el Rey hubiese dicho no a Primo de Rivera todo hubiese sido diferente y tras una etapa de desorden se hubiesen abierto posibilidades de renovación al régimen.[57] Cualquier hipótesis en este sentido es pura ficción. El sistema canovista estaba quebrado y sus posibilidades de renovación interna eran muy difíciles de materializar porque no había elementos capaces de darle vida. La vieja política descrita por Ortega estaba agotada, pero las fuerzas de la nueva no se veían por ningún sitio, al menos por ningún sitio asumible. Nadie parecía estar por el orden liberal.

El nuevo catolicismo político impulsado por el padre Ayala al crear la Asociación Católica Nacional de Propagandistas (ACNP) en 1910 tampoco era un instrumento útil para revitalizar el agónico sistema liberal. Este movimiento hallaría en El Debate su gran medio de expresión. Su doctrina tenía un marcado sesgo anticapitalista, inspirado en las encíclicas papales; su política consistía en la oferta de una política social capaz de ganar a las masas frente al socialismo. En la práctica proponían medidas muy parecidas a las de los socialistas. Su ideal era un Estado corporativo, basado en sindicatos profesionales libres, muy diferente del régimen parlamentario liberal. En todo caso, el catolicismo español no tenía aún capacidad de movilización; su principal banderín de enganche, el ataque de la República a la religión, tardaría todavía en llegar.

Los socialistas no eran una opción integrable en el orden liberal porque sencillamente no lo aceptaban. El PSOE no eligió el camino de otros partidos socialistas europeos dispuestos a trabajar con lealtad dentro del sistema parlamentario. Su orientación central no era reformista sino revolucionaria, y sus concesiones al posibilismo, la llamada conjunción republicano-socialista, fueron una corrección táctica que sustituyó la inicial contraposición proletariado-burguesía por el enfrentamiento entre fuerzas progresivas (la conjunción) y el régimen monárquico. Esa misma actitud llevó al PSOE-UGT a colaborar con Primo de Rivera. Para los socialistas, la monarquía constitucional y la dictadura eran simples manifestaciones de un mismo fenómeno: el dominio de la clase burguesa sobre el aparato del Estado. Por añadidura, la utopía revolucionaria y demagógica fue una constante de la estrategia socialista. Siempre que tuvo ocasión, el socialismo español recurrió a la violencia para imponer su programa máximo, y ganaron batallas pero finalmente perdieron las guerras los partidarios de un socialismo reformista.

En todo caso, el grupo mayoritario del movimiento obrero español hasta 1936 era la CNT. Fundada en 1910, la central anarcosindicalista fue una excepción en el panorama mundial, en el cual el sindicalismo se orientaba desde fines del siglo XIX a mejorar las condiciones de vida de los trabajadores dentro del sistema capitalista. Por el contrario, el anarcosindicalismo español, tanto en su rama abiertamente terrorista (Durruti, Ascaso, García Oliver) como en la centrista (Pestaña), no sólo no tenía ningún interés en integrarse en el sistema de la Restauración, sino que aspiraba a destruirlo. El anarquismo español, mayoritario en Cataluña y poderoso en Levante, Andalucía y Extremadura, fue una de las mayores fuentes de violencia y crimen en la España de las primeras décadas del siglo XX, un factor de desestabilización no ya del sistema canovista, sino de cualquier sistema político.

Las lecciones de la Restauración
para la España del siglo XXI

De la descomposición de los sistemas liberales en el primer tercio del siglo XX cabe extraer una serie de lecciones.

Primera: los regímenes pluralistas se vieron sometidos a una crítica intelectual muy intensa tanto de quienes no querían terminar con ellos pero consideraban inaceptables sus deficiencias como de las fuerzas que pretendían destruirlos. Esta pinza intelectual deslegitimó el orden liberal ante la opinión pública e hizo que fenómenos que en otras circunstancias no se hubiesen traducido en una quiebra del sistema —la guerra, las crisis económicas, la inestabilidad gubernamental…— produjesen el derrumbe de las democracias liberales. En la España del siglo XXI comienzan a verse síntomas de esta naturaleza.

Segunda: los regímenes pluralistas se descompusieron también por un conjunto de factores entre los que destacan: la falta de respeto de los participantes en el juego político a las reglas constitucionales; la formulación de reivindicaciones inasumibles por el sistema político; la exacerbación del disenso hasta eliminar la posibilidad del diálogo político y/o el exceso de consenso que impedía adoptar medidas para solucionar los problemas. Es decir, un exceso de oligarquía o de demagogia hizo imposibles las soluciones pluralistas. De nuevo, esos fenómenos empiezan a estar presentes en la vida española.

Tercera: los regímenes pluralistas tuvieron dos enemigos principales: los que denunciaban que el juego parlamentario a través de los partidos llevaba a la descomposición nacional y los que consideraban el orden parlamentario como expresión de una dictadura de clase, la de los capitalistas. Cuando estos grupos impusieron su discurso, el régimen constitucional perdió el apoyo de las masas con el resultado bien de una guerra civil cuando las fuerzas en conflicto eran de similar magnitud (España), bien de una dictadura de partido cuando lograron imponerse los revolucionarios de derecha (Italia) o los de izquierda (la Unión Soviética). Este factor no está presente.

Cuarta: el derrumbe del régimen pluralista sólo es posible cuando su clase dirigente está dispuesta a abandonar el poder. Es el viejo proverbio chino de que «en los regímenes políticos, como en el pescado, lo primero que se corrompe es la cabeza». Sobre este punto existe una incertidumbre, sobre todo, a causa de la situación crítica del PSOE y del fortalecimiento de las opciones antisistema en la izquierda.

Y qué fue del liberalismo…

La Restauración fue un sistema bipartidista articulado alrededor de un consenso básico: los principios del liberalismo, gestionado por dos grandes formaciones políticas, conforme al modelo parlamentario británico, el Partido Liberal Conservador de Cánovas [58] y el Partido Liberal de Sagasta. El núcleo fundador del primero fue el pequeño grupo de oposición en las Cortes Constituyentes de 1869 a 1871, que se manifestaba distante tanto de los moderados —que habían protagonizado la vida política durante los últimos años del reinado de Isabel II— como de los revolucionarios de 1868. El segundo agrupaba a los sectores no republicanos del progresismo —el Partido Constitucional del general Serrano, el Partido Radical de Ruiz Zorrilla, los posibilistas de Castelar—, que aceptaban la Constitución monárquica de 1876. Su programa incluía la consecución del sufragio universal, la libertad de asociación religiosa, la separación de poderes y el libre comercio.

Si bien el liberalismo constituyó la filosofía en torno a la cual se organizaba el sistema político, el estatismo lo fue desplazando de manera progresiva en el ámbito económico. Los conservadores abrazaron el proteccionismo muy pronto e iniciaron una política intervencionista en la economía. Los liberales les siguieron por miedo al coste electoral de permanecer fieles al libre comercio y a la no injerencia estatal en la actividad productiva. El gradual estatismo que los dos partidos dinásticos habían propiciado e impulsado alcanzó su apogeo en la Dictadura de Primo de Rivera. Ésta proporcionó a la Restauración el golpe de gracia y de facto hizo desaparecer el ideario liberal de la vida pública de la Vieja Hispania.

Con la llegada de la Segunda República, el liberalismo fue identificado con la monarquía alfonsina y perdió toda influencia en la configuración de la dialéctica izquierda-derecha. Ésta rompió con la doctrina liberal y se organizó en cuatro corrientes: la derecha reaccionaria, simbolizada por el tradicionalismo carlista; la derecha autoritaria, representada por Renovación Española primero y por el Bloque Nacional después, con una ideología cuasi totalitaria y fascistoide; las versiones españolas del fascismo europeo —las JONS y la Falange—, y una derecha corporativista, inspirada en la doctrina social de la iglesia, la CEDA, liderada por Gil Robles. Éstas fueron las opciones derechistas que operaron en la Segunda República y que tras la guerra civil constituyeron la Coalición Nacional que soportó el franquismo. El liberalismo fue arrojado al baúl de los recuerdos como una antigualla y careció de presencia real en la escena política en la República de «trabajadores de todas las clases» y, por su propia esencia, en un régimen, el nacido de la guerra civil, que le atribuía, junto al comunismo y a la masonería, todos los males de la patria. Para bien o para mal, la filosofía liberal ha sido la única que no ha sido contaminada ni por el fracaso del experimento republicano ni por la Dictadura del general Franco.

VI

¿Qué ha funcionado mal?

Las instituciones, estúpido…

Las relaciones entre el liberalismo y la política han sido siempre conflictivas. De hecho, se ha hablado en muchas ocasiones de él como de una doctrina antipolítica. Los liberales se enfrentan a una alternativa diabólica. Para defender la libertad es necesario poner diques a la acción del gobierno pero, al mismo tiempo, los individuos muestran una considerable aversión al riesgo y miran al futuro más por los peligros que les amenazan que por las oportunidades que promete. Por ello, demandan al Estado protección no sólo física, frente a la agresión, sino también material, frente a las adversidades de la vida. En la democracia española, el equilibrio libertad-seguridad se ha roto en favor de la segunda. La elaboración de la Constitución se produjo en el momento de hegemonía ideológica estato-colectivista cuya transmisión a la acción estatal a través del proceso democrático ha sorteado con extraordinaria facilidad las frágiles barreras jurídicas impuestas al poder del Estado en la Ley de Leyes.[59] El estatismo español durante la democracia no ha sido el «carnívoro», no tiene nada en común con el muerto y enterrado totalitarismo de izquierdas o de derechas. Es del prototipo «vegetariano», social-corporativo, que ha sobrevivido como una realidad fáctica pese a su descrédito teórico y práctico en casi toda la Europa occidental. La izquierda ha empujado en esa dirección durante sus etapas en el Gobierno y la derecha no ha querido, no ha sabido o no ha podido, invertir esa tendencia. Como mucho ha logrado frenarla, y no siempre.

Desde esta perspectiva, el proyecto de Estado mínimo dibujado en este ensayo nunca se ha realizado en su plenitud, ni se pretende tal cosa en el horizonte inmediato. Sin embargo, constituye una fuente de inspiración, un ideal al que aspirar y una guía para articular un discurso y un programa de acción constructivo para la derecha española. «Los anarcocapitalistas tienen razón cuando reprochan a los teóricos liberales del Estado mínimo, Mises o Hayek, el cultivar una ilusión. La naturaleza de la política es tal que hace muy improbable, por no decir imposible, el Estado mínimo anhelado por los liberales clásicos».[60] Tal vez esta apreciación sea correcta, pero quienes la formulan cometen un grave error de análisis cuando consideran posible desembarazarse del Estado y de la política en un sistema democrático competitivo. Este enfoque conduce a colocarse en una posición de espléndido aislamiento, tentación atractiva en el plano intelectual, pero estéril en el práctico. La asunción de la realidad es el requisito previo para transformarla. Aunque disguste a muchos liberales, el camino hacia una sociedad y una economía libres en la España del siglo XXI pasa por emprender una tarea en apariencia humilde pero deseable y factible, la de reducir y limitar el poder del Estado. La alternativa, una revolución libertaria, resulta utópica en el corto, en el medio plazo y, salvo un milagro, en el largo. Como ejercicio doctrinal, como referencia de máximos, esa hipótesis es apasionante y fructífera, pero como proyecto político conduce a la melancolía. La política democrática plantea una tensión permanente entre el liberalismo y el estatismo, y es utópico pensar en una victoria total y definitiva de cualquiera de los dos.

Esa precisión es crucial porque el foco de preocupación en estos primeros compases del siglo XXI es la deslegitimación del marco institucional existente en España, el peligro de que deje de ser inclusivo, y hay que explicar el porqué. El papel central y más difícil del Estado consiste en establecer y hacer cumplir un conjunto de reglas del juego que produzca los incentivos adecuados para que las instituciones, las empresas y los individuos sean capaces de cooperar con eficiencia en un mundo complejo, de intereses y de valores competitivos, y crear un entorno capaz de integrarlos. Para ello hace falta un nuevo impulso reformista en España, porque el modelo vigente presenta signos claros de agotamiento. En el plano político, ello implica reformar las instituciones para dotarlas de imparcialidad, independencia y transparencia; en el económico, establecer unas condiciones favorables al crecimiento económico y a la participación creativa de los ciudadanos en el mercado. Instituciones distintas producen incentivos y resultados diferentes, y parece evidente que las adoptadas en España no proporcionan los adecuados. Un plan de esta índole exige realizar un gran esfuerzo político e intelectual para invertir la carrera expansiva de los poderes públicos. El marco institucional vigente no es el idóneo para construir una comunidad política fuerte, una economía pujante y una sociedad civil vigorosa.

Para saber a dónde se quiere ir es básico saber dónde se está, indagar qué ha sucedido para que la sociedad española esté inmersa en un clima de decepción y de frustración, interrogarse por qué corre el peligro de dejar de ser inclusiva y preguntarse si este estado de cosas es inevitable. La respuesta a esta última pregunta es un NO con mayúsculas. El malestar hispano no obedece a ninguna enfermedad incurable. Es la consecuencia de un marco institucional que ha tenido consecuencias no deseadas por sus creadores y por tanto puede ser reformado, y ha de ser reformado. El sistema político, jurídico y económico de España ha consagrado un modelo de corte estato-corporativista incapaz de dar respuesta a las exigencias de un Estado moderno en el siglo XXI. ¿Cómo se ha llegado hasta aquí? Todo empezó con la Constitución de 1978 y se consolidó con los Gobiernos del PSOE…

El artículo 1 de la Constitución española establece en su punto primero: «España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político». En el desarrollo de esa declaración constitucional ha primado de manera abrumadora el desarrollo del Estado Social en detrimento de la preservación de los principios del Estado de Derecho, y el adjetivo democrático ha degenerado en una herramienta para otorgar tanto a los legisladores como a los jueces un amplio margen de discrecionalidad. Cuando lo «social», entendido como la acción coercitiva de los poderes públicos, se troca en el paradigma interpretativo de toda la Carta Magna y, en particular, de los derechos fundamentales del individuo, la salvaguarda de éstos depende de los caprichos de las mayorías coyunturales salidas de las urnas. El predominio del componente «social-democrático» en la agenda de los Gobiernos y en la lectura del texto constitucional se ha traducido en una acelerada expansión de las funciones del Estado y en un recorte de la libertad de los ciudadanos.

El incremento del Leviatán estatal hispano tiene su origen en una brutal alza del gasto destinado a ampliar la «red básica de seguridad» propugnada por el liberalismo clásico a quienes no la precisan y a incorporar nuevos y costosos derechos a la lista de los ya suministrados por las administraciones. Se ha erigido un sistema universal de prestación de servicios sociales que sería accesible a la mayoría de los ciudadanos si no soportasen una fiscalidad tan pesada. En la España democrática el Estado ha engordado por el crecimiento de los programas de transferencias, creadores de «derechos adquiridos e inalterables» insertados en un ruinoso, opaco y caótico mecanismo de subsidios cruzados. La única diferencia con otros países europeos es el retraso temporal en la estatización y universalización de la asistencia social, eso sí, compensado con creces por su vigoroso despegue desde 1982.

A partir del retorno de la democracia en 1977, el engrandecimiento del Estado del Bienestar se produjo a lo largo de la primera etapa de gestión del PSOE (1982-1996). El PP no se opuso a esa política y no la revisó una vez en el Gobierno. El gabinete Aznar (1996-2004) y el presidido por Rajoy han considerado intocables las partidas del gasto social —las pensiones, la sanidad, la educación, las prestaciones por desempleo, la dependencia…—, y no sólo eso… Se comprometieron a mantenerlas y a ampliarlas cuando la coyuntura económica lo hiciese posible. Por falta de convicción, por temor a perder las elecciones o, peor, por estar de acuerdo con el mantenimiento de un Estado del Bienestar como el actual, la derecha española ha manifestado una crónica alergia reformista en este campo. Se ha atado de pies y manos o ha optado por un marcado inmovilismo.

El Estado del Bienestar es el primordial bastión del colectivismo y, por tanto, su reforma ha de ser una de las señas de identidad de la derecha liberal en este siglo. La reducción de «la agenda social» del Estado es sin duda un camino erizado de dificultades políticas y técnicas, pero la discusión sobre la materia es de índole filosófica, no cabe eludirla y se resume en dos preguntas: ¿Tienen razón de ser en la sociedad española del siglo XXI las competencias asumidas por el Estado del Bienestar? ¿Cuál es la división adecuada de responsabilidades entre el Estado, la sociedad y el individuo? Una disminución del gasto público y de los impuestos a los niveles previos a su despegue liberaría una amplia capacidad de gasto a las familias para comprar servicios que ahora pagan por medio de los tributos, y dejaría a los Gobiernos los suficientes ingresos para ayudar a aquellos con mayor riesgo de caer en situaciones de infortunio. Además, la oportunidad de esta estrategia se ve fortalecida por la presión alcista sobre el gasto social inducida por el envejecimiento de la población, que hace insostenible el Estado del Bienestar tal como lo conocemos. Si esta sería la razón «positiva», fáctica, para revisar el papel del sector público como suministrador monopólico de bienestar social, existe también otra de carácter «normativo» y de mayor calado para emprender esa senda: el aumento de la libertad de elección de los individuos, el devolverles la responsabilidad sobre su vida.

La emergencia de los programas públicos de bienestar social ha producido un «efecto» expulsión. Ha desplazado o arrojado a la marginalidad las iniciativas desarrolladas por la sociedad civil para prestar asistencia básica a las personas y a las familias necesitadas. Las iglesias, los grupos comunitarios, las asociaciones de barrio, las fraternidades proporcionaron esos servicios y con un notable éxito en sociedades con un PIB per cápita muy inferior al actual, antes de que los Gobiernos los monopolizasen. De hecho, donde la intervención estatal es menor, las asociaciones voluntarias desempeñan una labor relevante. Las contribuciones privadas a los hospitales, a las escuelas, a las universidades y a otras organizaciones cívicas son abundantes en Estados Unidos por una razón: el Estado asistencial tiene una presencia menos predominante que en Europa.[61] En el Viejo Continente y en España la asunción por el sector público de la obligación de proveer protección social hace que los individuos no consideren necesario auxiliar a los otros ni interesarse por su suerte. Nadie o muy pocos se sienten culpables si no ayudan a quienes lo precisan, porque el Estado ya les arrebata demasiado dinero para hacerlo en su lugar. De esta manera, se ha destruido el «capital social» que existía y podría haberse desarrollado en las sociedades continentales, y se ha castrado el espíritu de solidaridad natural entre las personas, la «simpatía» hacia los demás descrita por Adam Smith en su Teoría de los sentimientos morales. Hasta un príncipe de una iglesia poco proclive al capitalismo, la católica, ha señalado que «el Estado interventor absuelve a la sociedad de su responsabilidad. Las familias escapan a su deber con el falso Estado asistencialista. La gente ya no practica la caridad y ve a los pobres como un problema delGobierno…».[62]

En su artículo 14, la Constitución española de 1978 proclama: «Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social». Esta máxima básica del Estado de Derecho ha perdido su vigencia en España. Los Gobiernos socialistas, con la complicidad expresa o tácita de todas las fuerzas parlamentarias, han desplegado un abanico de iniciativas con la finalidad de favorecer o proteger a una serie de colectivos, la famosa «discriminación positiva» o «acción afirmativa» en la terminología anglosajona. Se reconoce a determinados grupos la existencia de diferencias relevantes y con esa coartada se les concede un tratamiento legal privilegiado. La puesta en cuestión de esta política se ha considerado tabú en España y ha de dejar de serlo.

Una de las conquistas históricas de las democracias liberales fue el reconocimiento de derechos iguales a todos los ciudadanos. Conforme a este principio, las leyes son generales, no pueden hacer acepción de persona o de grupo y deben ser neutrales respecto a los valores y preferencias últimas profesadas por los individuos con independencia de su raza, de su sexo o de su condición, como proclama la Constitución. Ese enfoque es incompatible con medidas legislativas destinadas a complacer pretensiones de carácter particular o grupal. El cuestionamiento de esta política no versa sobre los pros o los contras de una discriminación legal favorable a un grupo específico, sino sobre por qué unas sí y otras no han de considerarse relevantes. ¿Por qué es importante ser mujer, homosexual, inmigrante, negro o musulmán y no lo es ser hombre, heterosexual, español, blanco y católico? En apariencia, la respuesta es fácil: la «relevancia» viene determinada por la pertenencia a grupos desfavorecidos o discriminados, parámetros valorativos llenos de subjetividad y, por tanto, una fuente de conflicto crónico.

Si el Gobierno legisla para satisfacer reivindicaciones grupales, genera incentivos para desatar movimientos en la dirección contraria y alimenta una dinámica social de todos contra todos. La virulencia potencial de esos conflictos es directamente proporcional a la intensidad con la que unos sectores perciban las legislaciones favorables a otros como una agresión o una lesión de sus derechos o de sus valores. El resultado de las «discriminaciones positivas» es una sociedad atomizada en fragmentos enfrentados entre sí y carente de cohesión. De este modo, la ciudadanía se disuelve en compartimentos estancos, en castas. En la era de la posmodernidad se reconstruye el Antiguo Régimen, en el cual los derechos no eran individuales ni generales. Se derivaban de la participación de la gente en un determinado estamento. Ello conduce a la tribalización del orden social; sentado el precedente no hay límite natural al número de grupos a favorecer. Todo dependerá de su capacidad de presión política. De esta manera, una de las bases del Estado de Derecho, el concepto de ciudadanos iguales en derechos y deberes, se ve dinamitado.

Desde el punto de vista económico, los programas de discriminación positiva producen efectos indeseados: alteran de manera artificial la toma de decisiones y la asignación de recursos dentro de las compañías, limitan la competencia, disminuyen los incentivos de sus «beneficiarios» para invertir en capital humano, ignoran las preferencias individuales y reducen la libertad de contratación de los empresarios y de los trabajadores. En la práctica no pretenden promover la igualdad de oportunidades sino la de resultados. Ante esta tesitura, el mercado siempre encuentra mecanismos para aminorar los costes de la legislación proteccionista si éstos son elevados; por ejemplo, las empresas sustituirán trabajo por capital, lo que aumentará el paro. La experiencia norteamericana ofrece algunas interesantes lecciones en uno de los capítulos favoritos de los discriminadores positivos, el de la igualdad de género.

En 1963, la Equal Pay Act impuso el principio de igual salario por igual trabajo en Estados Unidos y, en 1964, el Título VII de la Civil Rights Act prohibió a los empleadores la discriminación por causa de género con la imposición de graves sanciones si incurrían en ella. Medio siglo después, el ingreso medio de las trabajadoras norteamericanas es aproximadamente la mitad que el de los hombres y su fuerza laboral se concentra en determinados tipos de empleo. El grueso de las investigaciones realizadas sobre este asunto muestra que la «obcecación antifeminista» de los empresarios no es la causa determinante de la desigualdad salarial o de la menor presencia femenina en los puestos directivos de las compañías. Aunque haya casos concretos en aval de esa conjetura, son estadísticamente irrelevantes. Por regla general, esas situaciones dispares son el resultado de diferencias en las inversiones en capital humano de las personas y de la heterogeneidad de las opciones individuales cuyo origen tiene poco o nada que ver con un rechazo fundamentalista al empleo del factor de trabajo femenino.[63]

El «género» no determina la productividad y menos en las modernas economías de servicios en las que la fuerza física no es un elemento importante. Si un hombre de negocios actúa guiado por prejuicios incompatibles con la eficiencia productiva, pagará por ello un alto precio. Existen y existirán empresarios irracionales desconocedores de sus intereses y con comportamientos autodestructivos o con prejuicios talibanescos, pero son la excepción. Los empleadores no deciden contratar o despedir a la gente por razones de género, sino por la evaluación de los costes y de los beneficios de esa decisión. Esto no ha de causar sorpresa alguna. El mercado es un sistema de cooperación social voluntario y anónimo. Lo sustancial no es quién hace las cosas sino la eficiencia de cómo las hace. El consumidor quiere comprar los mejores bienes y servicios a los precios más bajos y ello es independiente de la raza, del género, de la religión, de la identidad sexual o de las ideas políticas de quienes los fabrican o se los suministran. Por ello, el capitalismo competitivo es el más poderoso antídoto contra la consolidación de prácticas discriminatorias. No las elimina de manera radical pero sí tiende a hacerlo o, al menos, a paliarlas de modo progresivo.

La mejora de la condición laboral de las mujeres pasa por reducir los costes que frenan su contratación y/o promoción profesional y por flexibilizar el mercado de trabajo para facilitar que la oferta y la demanda de mano de obra femenina se ajusten. A medida que una economía se acerca al pleno empleo y el capital humano escasea, las prácticas discriminatorias caen de manera drástica. La imposición por la fuerza de la ley de cuotas femeninas en el mercado laboral, en los consejos de administración, etc., viola el principio constitucional de igualdad ante la ley, devalúa a las mujeres al considerarlas incapaces de mejorar su posición y su estatus salvo que se recurra a la coerción y vulnera la libertad económica, el derecho de los individuos a gestionar los recursos de su propiedad como mejor les parezca.

La división o separación de poderes, otro de los estandartes del constitucionalismo clásico, no existe en España. Es un mito, un fantasma que ya ni siquiera recorre la escena nacional. Se ha certificado el «entierro de Montesquieu» anunciado por Alfonso Guerra hace tres décadas. El Legislativo y el Ejecutivo constituyen de facto un poder fusionado. El Parlamento es la cámara de resonancia de las leyes impulsadas por el Gobierno que ostenta la mayoría y, por tanto, ése es el legislador real. Las iniciativas legislativas planteadas por la/s oposición/es son marginales y sólo tienen probabilidades de prosperar cuando los Gobiernos tienen una acusada debilidad en el Parlamento. Por su parte, el Judicial es un poder virtual. A diferencia de lo que sucede en el mundo anglosajón, los jueces no crean derecho. Se limitan a aplicar la legislación positiva que emerge de las Cortes, esto es, el derecho emanado de la política. Su órgano de gobierno, el Consejo General del Poder Judicial, es elegido por el binomio ejecutivo-legislativo, y su composición es una expresión del equilibrio de partidos representados en el Parlamento. Por último, la cúpula del esquema jurisdiccional español, el Tribunal Constitucional, es también una representación de los diferentes grupos parlamentarios. En estas condiciones, hablar de separación de poderes y de independencia del Judicial es un sarcasmo. La probabilidad de que esa fusión de poderes origine entre sí alianzas estables prevaricadoras de las libertades formalmente protegidas por la Constitución es muy elevada y así lo enseña la experiencia hispana. España es un ejemplo paradigmático de la profecía de Tocqueville en La democracia en América: «El Gobierno que llamamos mixto me ha parecido siempre una quimera. A decir verdad […] no existe, porque en toda sociedad se acaba por descubrir un principio de acción que domina sobre los demás». Si algún día existió en España un equilibrio de poderes que se contrapesaban entre sí, ha desaparecido. Se ha visto sustituido por la partitocracia.

La propiedad privada, fundamento de todas las libertades individuales, se ha visto gravemente menoscabada. Su reconocimiento por la Constitución en el artículo 33 y la precisión de su contenido y su alcance en el artículo 348 del Código Civil —«el derecho de gozar y disponer de una cosa sin más limitaciones que las establecidas en las leyes»— se ha convertido en papel mojado, como dice el aforismo popular, en un enunciado virtual carente de significado sustantivo. No sólo las leyes sino un sinfín de normas de naturaleza administrativa, de ínfimo rango, de índole nacional, local y autonómica cuya constitucionalidad es dudosa la han transfigurado en un cascarón vacío, cuyo ejercicio y contenido están sujetos a la discrecionalidad del Gobierno central y de las administraciones subcentrales. La interpretación extensiva de la utilidad pública y del interés general en clave colectivista es norma general y ha puesto la propiedad al servicio de los designios de los políticos, gloriosa continuidad de los textos legales de la Dictadura franquista sobre la materia.[64] La idea de la «función social de la propiedad», acuñada por Léon Duguit a principios del pasado siglo y defendida en las encíclicas papales, es venenosa. La propiedad aparece como un mal sólo tolerable bajo ciertos límites. A pesar de la evidencia de que las sociedades con derechos de propiedad débiles tienen menos crecimiento, aquí sólo se insiste en debilitar los derechos de propiedad. No se entiende que la función social de la propiedad consiste en que ésta desempeñe su función económica; es decir, en incentivar inversiones a largo plazo y —de ahí la importancia de la libertad de transferencia— en posibilitar la constante reasignación eficiente de recursos, conceptos ambos complementarios.[65] Esta tendencia revela también algo muy peligroso: si el Estado es un arreglo institucional que suministra derechos de propiedad a cambio de impuestos, el interés de los gobernantes será establecer derechos de propiedad débiles e impuestos altos y el de los individuos será el contrario. El desequilibrio existente significa que los gobernantes están ganado la partida a los ciudadanos.

Esa precaria garantía afecta de manera directa a la libertad contractual. Ésta es sólo un intercambio de derechos de propiedad y está cercenada de manera muy significativa en España, de nuevo, por decisiones arbitrarias adoptadas por los poderes públicos. Los españoles tienen toda clase de impedimentos para realizar transacciones voluntarias referidas a la propiedad de su cuerpo, de los frutos de su trabajo, de los bienes muebles o inmuebles adquiridos legal y pacíficamente… Desde la Ley de Arrendamientos Urbanos hasta la Ley del Tabaco, toda una batería normativa impide o condiciona la celebración de pactos libres entre seres adultos y racionales, no para prevenir daños a terceros, sino para protegerlos de sus propias decisiones y para utilizar «su propiedad» en beneficio de otros sin su consentimiento. Así, la imposición de techos máximos anuales a la subida de los alquileres y la posibilidad del inquilino de prorrogar si lo desea su arrendamiento durante cinco años, por ejemplo, constituyen de facto una violación de la propiedad privada que además se acomete sin compensación alguna. La casuística es casi infinita…

En el conjunto de elementos restrictivos de la libertad, el derecho administrativo, emblema del intervencionismo, desempeña un papel trascendental. Ha desbancado al privado como método regulador básico, no ya de las relaciones entre el individuo y el sector público sino de los individuos entre sí. Ha transmutado los intercambios voluntarios entre las personas en el residuo de un sistema jurídico controlado y supeditado al poder estatal. Ha ayudado a extender y apuntalar el orden normativo basado en la desigualdad ante la ley al consagrar de facto una conexión señor-súbdito entre la Administración y los administrados sobre una base falaz: la identificación de la primera con la defensa del bien común o, si se quiere, del interés general, y de los segundos con la consecución de su interés propio. La regulación de los singulares especímenes agrupados bajo la categoría de Administraciones Públicas las sustrae al imperio del derecho común. A través de este derecho «privilegiado», la ley concede a la Administración potestades exorbitantes desconocidas en cualquier relación jurídica entre individuos. Entre ellas se encuentran la posibilidad de crear, modificar, o extinguir derechos por voluntad propia y a través de actos unilaterales; la no necesidad de declaración judicial para que los actos administrativos constituyan actos ejecutivos sin perjuicio de su control a posteriori por los tribunales, y la inembargabilidad de sus bienes… Ningún actor privado goza de esa posición.

Por añadidura, la división jurisdiccional entre lo público y lo privado permite al Gobierno interferir masivamente en los asuntos de los ciudadanos. El derecho administrativo, a diferencia del derecho civil, caracterizado por que todos los individuos tienen los mismos derechos, otorga a la Administración esferas mayores y excepcionales de acción exacerbando una situación de desigualdad entre administrados y administradores y hermanándose con una intervención estatal fuera de control, aunque se inserte en un cuadro de legalidad formal. En ésta encuentra apoyo la voluntad hegemónica del poder, su potestad de derribar cualquier obstáculo puesto a sus fines. No hace falta una extraordinaria sagacidad para llegar a una conclusión: los derechos económicos de los individuos tienen una protección incierta y están sujetos al antojo de los Gobiernos de turno. La reciente historia de España enseña que: «El desarrollo de las Constituciones muestra, a pesar de que todavía no se aprecie, el enorme significado de esta enseñanza: que las proposiciones jurídicas son incapaces de dominar, efectivamente, la distribución del poder estatal. Las fuerzas políticas reales operan según sus propias leyes, que actúan independientemente de cualquier forma jurídica».[66] ¿Cómo ha sido esto posible?

El centro y amplios sectores de la derecha española[67] han minusvalorado la amenaza para la libertad que suponía el peso del Estado en la economía y en la sociedad. Muchos arguyen que las libertades civiles y políticas no son vulneradas por la presencia de elevados niveles de gasto público, de impuestos y de regulaciones. Reconocen que esa dinámica expansiva de los poderes estatales recorta la libertad económica, pero no las demás, que son derechos inalienables y nadie los cuestiona en una sociedad democrática, moderna y desarrollada. El secular desprecio existente en España hacia la libertad económica explica por qué ha sido factible que el sector público absorba una porción tan grande de la renta nacional, por qué los individuos han estado dispuestos a aceptar una ascendente presión fiscal y por qué han consentido un cercenamiento de sus libertades económicas.

El argumento según el cual una cosa es un sistema de planificación central en el que los derechos individuales son aniquilados y otra muy diferente es una economía mixta en la que aquéllos están protegidos y el mercado constituye el principio rector de la asignación de los recursos, es una trampa retórica. Sin duda, el socialismo real es incompatible con la libertad y el estatismo democrático no lo es. Sin embargo, es innegable que cuanto mayor es la presencia del Estado en la vida económica, menor es el campo de acción libre para los individuos y para la sociedad civil. Si el fisco se apropia del 50 por ciento o más de los ingresos de un ciudadano, su margen de actuación y sus posibilidades de elegir disminuyen. Ésta es una verdad de Perogrullo pero se obvia con demasiada frecuencia.

Con todo, la actitud anticapitalista o, mejor, antimercado, de los españoles resulta poco comprensible. Los períodos en los que la Vieja Hispania ha adoptado políticas liberales o más cercanas a la doctrina del capitalismo competitivo son aquellos en los cuales se ha creado mayor riqueza y ésta se ha extendido a capas más extensas de la sociedad. Pero así son o han sido las cosas. Dígase lo que se quiera, la libertad individual implica la existencia de un espacio privado dentro del cual nadie puede entrar de un modo arbitrario sin ser castigado. Esa esfera de autonomía está acotada y definida no sólo por las libertades civiles y políticas, sino también por las económicas. En restaurar y ampliar ese espacio es en donde se juega la partida de la defensa de la libertad individual en la España del futuro.

Ante este panorama, la derecha liberal acepta la necesidad de utilizar los impuestos para financiar los bienes y servicios públicos esenciales, aquellos que el mercado no es capaz de suministrar o de hacerlo con eficacia.[68] A priori, se presume, el Gobierno tiene ventaja comparativa para mantener la ley y el orden, proteger los derechos de propiedad, hacer cumplir los contratos y ofrecer una red mínima de seguridad para aquellas personas que, por las razones que sean, no tienen recursos para acceder a la sanidad, a la educación o a una pensión para su vejez. Pero el carácter apriorístico de esas funciones gubernamentales no es estático. Los avances tecnológicos y la imaginación empresarial, la búsqueda de nuevas oportunidades, permiten recurrir al mercado para acometer quehaceres que han sido considerados «monopolios naturales» por el Gobierno, léase el uso de los arbitrajes privados para resolver litigios o la gestión privada de determinadas parcelas de la seguridad pública. Los «seguratas» no son otra cosa que policía privada. Esto implica que el marco institucional de un Gobierno limitado no es fijo ni inalterable.

Desde finales del siglo XIX hasta la Dictadura franquista, la presencia del Estado en la economía era pequeña. Sin duda, mostraba una trayectoria alcista, pero a cualquier español de aquellos períodos le resultaría inimaginable la dimensión que ha alcanzado. Hasta la etapa autárquico-falangista del franquismo (1939-1957), el estatismo patrio fue un producto de aluvión, no un plan deliberado para modificar la estructura básica de un Estado limitado en el terreno económico. Ahora el panorama es radicalmente distinto. Esta visión es una simplificación y habrá quien la considere una caricatura. La economía española tiene mayor libertad ahora que hace cuarenta o cincuenta años, pero hay una diferencia sustancial frente a la España en la que se gestó la decadencia de la democracia liberal: la consolidación del ideario estato-colectivista como el pilar fundamental del régimen alumbrado por la Constitución de 1978.

En la ecuación democracia-liberalismo, el componente democrático, entendido como tal, el viejo pronunciamiento vox populi, vox dei, se ha impuesto al liberal; esto es, al establecimiento de controles efectivos al Gobierno con independencia de quien lo ejerza. En las últimas cuatro décadas, el itinerario recorrido por España se ha caracterizado por un rápido crecimiento de las funciones estatales, amortiguado por imposiciones foráneas —el ingreso en el Mercado Común primero y en la Unión Económica y Monetaria (UEM) después—, por la obligación de hacer frente a escenarios económicos muy graves que impedían progresar por la senda estatista y, en menor medida, por los intentos de acercarse hacia un sistema de capitalismo democrático y competitivo. Cuando se aproxima a los años veinte del siglo XXI, España es uno de los países más estatizados de la OCDE.

En la pervivencia del estatismo hispano y en su progresión ha desempeñado un papel estelar una idea de rancia tradición patria: la desconfianza en el capitalismo provocada por lo que Sánchez-Albornoz denominó el «áspero igualitarismo» de los españoles. En la vieja Piel de Toro los individuos nunca han puesto obstáculos a la sumisión de cada cual a los poderes del Estado, encarnados en la persona de un rey «por la gracia de Dios»; de un Caudillo invicto o de partidos con millones de votos, pero a cambio de una exigencia: bajo cualquier autoridad nadie ha de sobresalir por encima de la media. El mediocre no excita ninguna clase de celos y, por eso, no sólo tiene todas las ventajas para conservar su puesto en Hispania, sino que dispone además de una ventaja notable: excluye del poder a los más capaces. Ese sustrato ancestral se ha visto alimentado por la hegemonía ideológica del colectivismo en la era democrática que ha encontrado en España un fértil caldo de cultivo para estimular uno de los peores instintos de los españoles: la envidia igualitaria.

El carácter de los pueblos es algo impreciso, difuso y dado a todo tipo de excesos y de caricaturas. Las generalizaciones son aventuradas y peligrosas cuando se aborda esta materia pero es evidente que, a lo largo de la historia, la envidia aparece como un tema recurrente en la obra de casi todos los tratadistas que se han acercado a la realidad española. En el siglo XI, Ibn Hazm de Córdoba escribía: «Con doble animosidad que en ningún otro país los españoles sienten envidia del sabio que nace entre ellos, minusvaloran cuanto hace, critican sus aciertos y se ensañan con sus errores». En el XVII, Baltasar Gracián consideraba la envidia como la «malignidad hispana» y, en el XIX, John Stuart Mill afirmaba en sus Consideraciones sobre el Gobierno representativo: «Los españoles persiguen con envidia a todos los grandes hombres, les amargan la existencia y generalmente logran detener sus propios triunfos». A diferencia del anglosajón, el español parece ser hombre inclinado a dolerse de la felicidad ajena.

El recorrido realizado hasta este momento conlleva a formular una preocupante conclusión: la degeneración del sector público en un monstruoso mecanismo de transferencia de rentas y de privilegios tiene perniciosos efectos político-institucionales. Ha contribuido a deslegitimar el propio Estado que ha perdido uno de sus rasgos esenciales: su carácter de representante de todos los ciudadanos, de institución imparcial por excelencia, de árbitro del juego entre los diversos intereses concurrentes en la sociedad española. Esta misión, la primera razón de ser del Estado, ha sido pervertida y explica en gran medida el deterioro del sistema democrático en España.

Del debilitamiento de la democracia a…

La democracia hispánica, como las europeas, asiste a la emergencia de una creciente contestación. Aunque carece de alternativa y sigue siendo la peor forma de Gobierno si se exceptúan todas las demás, su evolución presenta síntomas degenerativos de raíz estructural, agudizados por la Gran Recesión. El Gobierno de la mayoría se ha convertido en un artefacto para saciar los intereses de poderosos grupos de presión y de los partidos que compiten entre sí para alcanzar y/o conservar el Gobierno ofreciendo una inflación de promesas. Ésta es una de las principales causas de la desilusión de grandes sectores de la opinión pública respecto a la cosa pública. España adolece de un exceso de oligarquía y de populismo, dos de las patologías detonantes de la deslegitimación y, a veces, de la descomposición de los regímenes pluralistas.[69] El Estado hace demasiadas cosas y crea expectativas cuyo incumplimiento desencadena la frustración.

Los españoles se quejan de esta situación y elevan indignadas voces de protesta contra ella pero este lamento no deja de ser hipócrita. Ellos son los clientes del sistema, quienes determinan la asignación de los recursos, quienes eligen a sus gobernantes, quienes soportan el entorno institucional que alimenta una determinada forma de hacer política, y quienes tienen la oportunidad de modificar las cosas con su sufragio. La tesis de que el sistema no permite alterar la estructura de partidos dominante es falsa. La UCD desapareció después de gobernar España entre 1977 y 1982, y un montón de siglas más o menos importantes han pasado a mejor vida. Como se ha comentado en el primer capítulo de este ensayo, la «clase dirigente» no está formada por marcianos ni por seres venidos de otras galaxias. Es el fiel reflejo de la sociedad española. Si la presión competitiva en el mercado político es baja e impide el cambio, la culpa es del pueblo soberano, depositario último del poder. La hipocresía de los votantes se confirma por un hecho adicional: exigen cada vez más beneficios de la acción estatal y miran hacia otro lado cuando se habla de sus costes. En suma, la irresponsabilidad en la toma de las decisiones públicas no está sólo en el lado de la oferta (políticos), sino en el de la demanda (votantes).

La dinámica expansiva de la acción estatal ha debilitado la democracia española porque se han asignado a ésta finalidades ajenas a su esencia, a su razón de ser. Ésta no es otra que el procedimiento consensuado para sustituir a los gobernantes sin derramamiento de sangre y responde sólo a una pregunta: ¿Quién gobierna? [70] El principio mayoritario es moralmente aséptico. No vale utilizarlo como prueba irrefutable de la bondad o de la verdad de una cuestión, de la deseabilidad o no de una política. La democracia es un medio no un fin y, por tanto, atribuirle la consecución de metas concretas es un engaño o un autoengaño. A su vez, el método democrático corresponde al ámbito de la res publica y no es extensible al privativo del individuo y de la sociedad. Cuando se habla de democratizar la justicia, la empresa, los bancos, la familia… parece desconocerse que ello entraña alterar por la fuerza el libre funcionamiento de la sociedad. Recordar estas ideas es vital para entender por qué han pasado muchas cosas.

El sistema democrático patrio ha mutado en un gigantesco aparato redistributivo. Extensos sectores de la población obtienen rentas directa o indirectamente del Estado y quieren seguir haciéndolo. Por ello, la presión para incrementar las funciones de los poderes públicos se ha disparado, y ahí empiezan las dificultades. Como los recursos son por definición escasos, la tendencia a un incremento de la oferta-demanda de mayor gasto estatal tiende a generar un endeudamiento crónico cuando el Estado es incapaz de obtener los ingresos suficientes para financiarlo. Esta situación, ya se ha apuntado, se agravará en el futuro con efectos potencialmente explosivos. La trayectoria demográfica de España agudizará con mayor intensidad el desequilibrio entre los «derechos sociales» ofrecidos por el sector público y la obtención-búsqueda de los recursos precisos para satisfacerlos.

Existen múltiples conjeturas y una amplia literatura para explicar el aumento del Leviatán estatal español, pero todas ellas están ligadas a la evolución degenerativa experimentada por el sistema democrático.[71] Sin frenos efectivos a la actividad gubernamental, ésta tiende a satisfacer los deseos de los segmentos con más fuerza política. Éstos no tienen por qué corresponderse con los de la mayoría en sentido genérico sino con los de aquellos colectivos con capacidad y con medios para movilizarse, ejercer influencia y, así, obtener, conservar o ampliar las prebendas gubernamentales. Se trata de las célebres «élites extractivas» o «buscadores de rentas»,[72] cuyos incentivos para absorber la riqueza existente son superiores a los de esforzarse para crearla. ¿Cómo es compatible este fenómeno con la regla de la mayoría?

En verdad estamos gobernados por las mayorías parlamentarias salidas de las urnas, pero éstas constituyen una multiforme agrupación de minorías representativas de intereses especiales. Algunas de ellas son reducidas y están concentradas, como los procuradores de los tribunales, los arquitectos o los sindicatos; otras son grandes y están geográficamente dispersas, como los pensionistas. Su alianza con los políticos y con los burócratas forma el «triángulo de hierro» pro incremento de la agenda estatal descrito por Milton y Rose Friedman.[73] Los segundos ofrecen gasto público, regulaciones y otro tipo de privilegios a cambio de votos; los primeros los apoyan para obtenerlos. Todos los miembros de esa coalición tienen alicientes racionales para ofrecer y demandar más intervención estatal siempre y cuando los beneficios obtenidos de ella no sean superiores a su coste; esto es, los impuestos soportados por los contribuyentes. Incluso este desagradable escollo es sorteable durante un período de tiempo si el Estado se endeuda, lo que permite crear el espejismo de que la «comida» es gratis.

Este patrón de comportamiento produce ganancias coyunturales a las clases medias, que son el grueso de los votantes en la sociedad española. Pero esto es una ficción, una ilusión pasajera. Como se ha apuntado, los costes del gasto público y de las regulaciones se distribuyen entre muchos mientras que la parte mollar de sus beneficios se concentra en pocos. En consecuencia, éstos tienen potentes incentivos para promover la expansión del Estado. Cuando la tolerancia de la clase media a ser exprimida por el fisco comienza a resquebrajarse, los Gobiernos y/o sus oposiciones sucumben a la tentación de pretender expoliar a los «ricos»,[74] remedio demagógico y además ineficaz. Ese colectivo de contribuyentes es pequeño, los ingresos obtenibles de él son insuficientes para cubrir los desembolsos públicos, lo que conduce bien a permitir un aumento exponencial del endeudamiento del Estado y, en el extremo, su bancarrota, bien a volver al punto de partida: elevar los impuestos sobre el votante medio, víctima de un curioso efecto bumerán. En ese trayecto, el crecimiento económico se debilita y, con él, la capacidad de fondear el trinomio gasto-déficit-deuda generado por el sobredimensionamiento del sector público. La pescadilla se muerde la cola. El Estado español es un Robin Hood miope. Roba a todo el mundo pero da a mucha gente, no sólo a los pobres, la fracción del botín que sobrevive a sus enormes costos administrativos y a un notable derroche.

Todos los partidos españoles han colaborado en crear una «sociedad de expectativas»,[75] y el actual Gobierno del PP ha aceptado esa situación con fatalismo en unos casos y con un encendido entusiasmo en otros. Los españoles se sienten titulares y acreedores de derechos «materiales» —pensiones, sanidad, educación, prestaciones por desempleo, vivienda, dependencia, etc.—, pero no recuerdan que su gozo y su disfrute están condicionados por la cuantía de los recursos disponibles y que alguien ha de pagar la fiesta solidaria. Ello es imposible sin un elevado crecimiento económico, pero éste se ve lastrado por la elevada fiscalidad que se precisa para sostener el sistema y porque los «protegidos» tienen muchos más incentivos para impulsar políticas de reparto que de creación de riqueza. Es más rentable y requiere menos esfuerzo capturar el aparato estatal que asumir los riesgos de operar en un mercado abierto y competitivo. Sin duda, cada minoría puede perder más por las medidas que benefician a otras de lo que gana con las que ella obtiene pero ninguna tiene incentivos para preocuparse por el efecto acumulativo, agregado de las prebendas concedidas por los Gobiernos. Después de todo, ¿no es más agradable cumplir que rechazar los deseos del electorado? Ni al Gobierno ni a la oposición les interesa votar contra un proyecto concreto de dádivas estatales si ello les hace impopulares, mientras que hacerlo a favor les privará de muy pocos votantes.

El espectáculo alcanza tintes esperpénticos cuando las formaciones políticas que critican el sistema se autoproclaman como sus regeneradoras y se plantean con una catónica indignación su urgente revisión o su sustitución «por no se sabe muy bien qué»; no sólo no están dispuestos a reducir —UPyD y Ciudadanos— sino que, en algunos casos —Podemos o Izquierda Unida-Partido Comunista de España (IU-PCE)—, pretenden aumentar la oferta de pan y circo a los españoles. Pero no se llamen a engaño. Esa tropa no es ni sofisticada ni moderna. Su actitud y la de su legión de seguidores es sólo una actualización de una tendencia secular: los milenarios hábitos hispanos de acudir a abrevarse en el manantial de la gracia real contribuyeron eficazmente a crear esa mística de ilusiones, confianzas, exigencias, temores, orfandades que han llegado a caracterizar el estatismo español.

El drama de muchos ciudadanos españoles y de los movimientos que nutren su descontento es su incomprensión de las causas que hacen posible la libertad y la prosperidad. Quieren «vivir como yanquis y pensar como cubanos», singular manifestación de esquizofrenia. Para ellos, la democracia verdadera no es la democrático-liberal, una democracia falsa, burguesa y capitalista. La auténtica está más allá de las libertades formales y engañosas del liberalismo. Se encomienda al poder incontrolado del Estado en manos del «pueblo»; esto es, de la nueva nomenclatura, la tarea de conducirlos al paraíso. La degradación del componente liberal en las democracias las convierte en un edificio de cartón piedra que, merced a la ficción del Gobierno de la mayoría, puede llegar a consagrar situaciones despóticas. Una nación no puede sobrevivir con instituciones políticas que no se enfrentan al hecho esencial de la escasez. Éste es uno de los hechos de la vida y, si los políticos no lo aceptan, se amenaza la existencia de una sociedad próspera y libre.

La política española no es una empresa elevada, ni siquiera una causa ideológica, sino simplemente una ensalada de reivindicaciones caciquiles planteadas por intereses privados que desfilan por la escena disfrazados de defensores del interés público. Sus propuestas no responden a principios superiores, ni siquiera al vago humanitarismo de los antisistema. Son los subproductos de la flagrante promiscuidad política, el botín de un expolio organizado y perpetrado en los templos profanados de la democracia española. El Estado español ha degenerado en un bazar, en un zoco cuyos recursos fiscales y legales son saqueados gracias al juego del caciquismo y al intercambio de favores. Y los outsiders quieren participar en el reparto, o mejor…, controlarlo.

La corrupción

El fenómeno de la corrupción es otra manifestación de la falta de liberalismo en la democracia española. De acuerdo con los datos del último Global Corruption Barometer (GCB),[76] el indicador de referencia sobre esta materia en el mundo, España es el Estado de la Unión Europea con mayor corrupción, si exceptuamos a Italia y Grecia. Entre 2009 y 2013 esa siniestra variable se ha incrementado un 73 por ciento. De acuerdo con las estimaciones del GCB, los partidos políticos encabezan la lista de las instituciones corruptas [77] (según el 83 por ciento de los encuestados) seguidos por el Parlamento (67 por ciento), los jueces (51 por ciento), los empresarios (43 por ciento), la burocracia (42 por ciento), la Iglesia y los medios de comunicación (41 por ciento). Un 67 por ciento de los encuestados estima que la corrupción ha crecido en España durante los últimos dos años y un 88 por ciento la considera un problema serio o muy serio. En suma, el virus corruptie afecta al corazón institucional del Estado, una pésima e inquietante noticia. Ante este panorama, los casos que inundan los medios de comunicación de manera permanente no son una sorpresa ni un fenómeno aislado, sino la punta de un iceberg que refleja la existencia de un problema sistémico.

La corrupción es un tumor maligno incubado en los órganos vitales del cuerpo político cuya metástasis tiene dos efectos letales por orden de importancia: su impunidad mina la legitimidad de la democracia, y provoca una ineficiente asignación de los recursos, daña el desarrollo del sector privado y es lesiva para el crecimiento.[78] Si además se hace más perceptible en medio de una profunda crisis y se exige a los ciudadanos grandes sacrificios para salir de ella, su inaceptabilidad adquiere tintes explosivos. La ciencia política y la sociología han realizado sugerentes aproximaciones para entender ese fenómeno pero, en las últimas cuatro décadas, el análisis económico y los trabajos empíricos han proporcionado una brillante y contundente aportación para explicar sus causas y sugerir remedios para combatirla.

En sentido estricto, se entiende por corrupción un contrato expreso o tácito en virtud del cual alguien que ejerce tareas públicas o desempeña una actividad con incidencia sobre la asignación de recursos públicos utiliza su autoridad para obtener beneficios privados, sean de naturaleza monetaria, de estatus o de poder. Con su impropio comportamiento, el corrupto incumple su deber de ejercer su función de acuerdo con el interés general o, para ser preciso, con lo establecido por la ley. Éste es el fondo de todas las «relaciones contractuales» basadas en la corrupción y el elemento central para comprender su origen y su desarrollo. En términos económicos es, además, una contrastación empírica de la famosa ley de Say; a saber, la oferta potencial de corrupción crea su propia demanda. Ante este panorama, la pregunta es qué hacer.

Las propuestas basadas en la necesidad de incrementar la moralidad de los políticos-burócratas o la apelación a la misma para evitar la corrupción son deseables y comprensibles pero resultan insuficientes. Adolecen de una angélica ingenuidad y no conducen a ningún resultado práctico. Como enseña la teoría de la elección pública, los individuos en el sector público y en el privado persiguen sus propios intereses y, en consecuencia, tenderán a maximizarlos dentro del sistema en el que despliegan su actividad. Personas honradas y de moralidad intachable, inmersas en un entorno institucional deficiente, son capaces de cometer cualquier fechoría, mientras que gente con escasos escrúpulos morales se inclinará a comportarse de una manera impecable si las reglas dentro de las cuales opera le fuerzan a ello. Ésta es una expresión clara de La fábula de las abejas de Mandeville: los vicios privados se convierten en virtudes públicas si la ley y las instituciones crean los incentivos adecuados.

En el ámbito específico de los partidos políticos, las medidas clásicas para prevenir prácticas corruptas, léase la limitación de las donaciones dinerarias que reciben, el endurecimiento de las incompatibilidades, la creación de códigos de conducta, los controles internos, las auditorías externas, las listas abiertas, etc., son tan bienintencionadas como ineficaces. No sirven para eliminar o recortar la corrupción de modo sustancial. Además, en algunas ocasiones han contribuido a impulsarla porque «ennegrecen» actividades que a priori no tendrían por qué ser calificadas de corruptas. Si la corrupción es una manifestación paradigmática de «mercado» negro, iniciativas similares a las comentadas son inútiles. Los corruptos siempre tendrán potentes alicientes para eludirlas si ello les permite lograr lucrativas ganancias. Además, la ilegalidad de sus «horas extraordinarias» eleva la tasa de retorno de las mismas al elevar el riesgo en el que se incurre.

En este contexto, el debate sobre la financiación de los partidos es un tópico oportuno para ilustrar las afirmaciones anteriores. El argumento a favor de regular las aportaciones financieras a las fuerzas políticas es doble y en apariencia tiene una extraordinaria e indiscutible potencia. Proposición primera: quienes logran captar más fondos para sus campañas tienen mayores probabilidades de ganar las elecciones. Proposición segunda: los grandes donantes no son altruistas; proporcionan dinero a cambio de que sus patrocinados les beneficien cuando lleguen al poder. Estos dos temores resultan infundados. Ni la teoría ni la experiencia avalan que el «dinero» tenga un impacto decisivo sobre el éxito o el fracaso de un partido en los comicios. En una sociedad digitalizada, los costes de emprender campañas han descendido de manera dramática y los mensajes-programas lanzados a través de las nuevas tecnologías tienen una gran audiencia potencial y real, superiores a las de sus costosas alternativas convencionales. Podemos ha obtenido unos resonantes resultados en las elecciones al Parlamento Europeo sin disponer de colosales caudales económicos. Por otro lado, la regulación de las donaciones ha mostrado escasa efectividad. La prohibición de aceptar aportaciones dinerarias, acotar su cuantía o sufragar a los partidos parlamentarios sólo con fondos públicos estimula la imaginación para crear ingeniosos artilugios para burlar las prohibiciones.

La aceptación de que el dinero importa o manda es además contradictoria, porque priva de consistencia a las propuestas partidarias de limitar/eliminar los donativos privados y a la de financiar a las fuerzas políticas sólo a través de los presupuestos estatales. Esas dos opciones elevan las barreras de entrada en el mercado a los potenciales competidores y, por tanto, refuerzan el statu quo al que se le otorga un papel protagonista en la película de la corrupción. En España, los partidos que son percibidos como el símbolo de la corrupción reciben el 90 por ciento de sus ingresos de los Presupuestos Generales del Estado y aun así muestran una considerable predisposición a allegarse fondos de manera ilegal y a endeudarse con los bancos para conseguir más. Por tanto, no parece probable que una regulación más estricta y escrupulosa de la financiación de partidos sea un arma demasiado efectiva contra la corrupción. Las técnicas expuestas no capturan cuál es el origen del mal.

La experiencia muestra que la corrupción es proporcional a la extensión de la esfera de actuación de los poderes públicos. Cuanto más poder tienen el Gobierno y las demás administraciones para generar costes o beneficios privados con sus decisiones, mayor es el riesgo de corrupción. Basta mover una línea de un Plan de ordenación urbana o hacer a la carta los pliegos de una concesión administrativa para proporcionar pingües ganancias a los ganadores y un importante lucro cesante a los perdedores. Esto fomenta el desarrollo de esa industria extractiva, cuyo espíritu está presente a lo largo de este ensayo, la de los buscadores de rentas del sector privado y del público. En España, los principales focos de corrupción se han producido en los ayuntamientos y en las autonomías, que han visto aumentado de manera radical su poder con la descentralización de las competencias estatales. Al mismo tiempo, las prácticas corruptas han tenido una extraordinaria propagación en sectores, como el urbanístico, en los que las facultades discrecionales de las administraciones son muy altas. Por tanto, la disminución del tamaño del Estado y del intervencionismo administrativo son dos elementos básicos para combatir la corrupción. Los países con menor corrupción son aquellos con mayor libertad económica.

Por otra parte, la propensión de los políticos y de los burócratas a realizar «contratos corruptos» aumenta cuando se reduce el riesgo de que sus autores sean perseguidos, atrapados y castigados. Por ello, otro elemento disuasor básico es incrementar los costes de incurrir en ella. Los métodos para conseguir ese objetivo son muy variopintos y van desde el endurecimiento de las penas a los corruptos, incluida la cadena perpetua para quienes no devuelvan el dinero robado, hasta la confiscación de sus bienes para quienes hayan incurrido en casos de corrupción. No hay por qué acudir a medidas de excepción. El Estado de Derecho tiene los instrumentos suficientes para batallar contra la corrupción: la ley, el mercado y las instituciones.

En la lucha contra la corrupción, la despolitización de los organismos de control del Estado, del Gobierno y de la Administración proporcionaría una inestimable ayuda. «Todas» las entidades cuya misión es controlar el poder —Tribunal Constitucional, Consejo General del Poder Judicial, Tribunal de Cuentas, por citar tres instituciones emblemáticas— están dominadas y/o condicionadas por aquellos a quienes han de vigilar. Son una expresión bien de la mayoría coyuntural nacida de unas elecciones cuando el Gobierno cuenta con los votos precisos, bien de un reparto de cuotas entre los partidos cuando es necesario obtener la mayoría cualificada precisa para nombrar a los miembros de esos organismos. Esto supone, valga el casticismo, «poner al zorro a cuidar el gallinero».

En suma, uno de los factores detonantes de la deslegitimación de la democracia es la corrupción. Como el cáncer, si no se adoptan medidas para prevenirla o, sorteadas éstas, no se la extirpa de raíz, el sistema político termina por ser socavado y, en el extremo, destruido. La democracia es el gobierno de la opinión y no puede sostenerse si los ciudadanos la perciben como un instrumento para el enriquecimiento de los hombres públicos y de sus clientelas. Cuando esto sucede, las bases de su legitimidad saltan en pedazos y el caldo de cultivo para las opciones antisistema crece. Para evitar esa última deriva, resulta imprescindible aplicar todo el peso de la ley a los corruptos y establecer un marco institucional que, de no eliminarla, al menos la convierta en una excepción en vez de la regla.

El sistema electoral no es neutral

Las deficiencias institucionales de la democracia española y las perniciosas secuelas descritas hasta el momento guardan una estrecha relación con el sistema electoral vigente en España; es decir, con el mecanismo de selección de la dirigencia política hispana. La Ley para la Reforma Política de 1976 y la Constitución de 1978 optaron por una fórmula de proporcionalidad corregida, la famosa Ley D’Hont, frente a la proporcional o la mayoritaria puras. De este modo, se pretendieron combinar las ventajas de un Parlamento capaz de representar la pluralidad de opiniones presentes en el seno de la sociedad con la creación de Gobiernos estables. A simple vista, ese objetivo se ha cumplido. Desde 1977 no han existido en España gabinetes formales de coalición, esto es, compuestos por partidos diferentes, y todos los ejecutivos han agotado su mandato o los han acortado por razones de oportunidad. Esto significaría que se ha logrado un equilibrio entre los extremos de la ecuación, la representatividad y la gobernabilidad.

Sin embargo ese idílico panorama precisa algunas importantes matizaciones. Salvo en las fases en la que un partido ha logrado una mayoría absoluta, los Gobiernos españoles se han visto forzados a realizar pactos poselectorales para sobrevivir. Esta situación se ha estimado como un valor positivo en tanto obliga a los gobernantes a consensuar con las minorías su política y se conjura el abuso de poder derivado de tener una mayoría absoluta. Sin embargo, las hipotéticas virtudes de ese peculiar estilo de consenso han desvirtuado la responsabilidad de los Gobiernos ante los electores y, en el extremo, han conducido a aplicar programas o medidas contrarias a sus deseos. Este escenario es peor que el de una coalición formal y pública porque permite camuflar con mayor facilidad los intereses particulares que se favorecen. Al mismo tiempo, concede un extraordinario e irresponsable poder a los grupos minoritarios, cuyos votos son decisivos para que el gobierno se mantenga y, en caso de necesidad, dificulta de una manera extraordinaria la adopción de políticas imprescindibles para, por ejemplo, evitar la bancarrota de la economía. En suma, la búsqueda de la fórmula parlamentaria para garantizar la supervivencia de los Gobiernos de turno prima sobre la solución de los problemas.

Por el contrario, los sistemas electorales mayoritarios proporcionan ejecutivos y oposiciones fuertes y responsables. Quien accede a la gobernación no precisa establecer ninguna negociación ex post para desarrollar su manifiesto, y los electores tienen la posibilidad de juzgar con claridad el éxito o el fracaso de su gestión, y actuar en consecuencia. De este modo se reducen los costes de información/decisión de los ciudadanos. Además, la elección a través de distritos uninominales establece una conexión directa entre los votantes y sus representantes porque el candidato, aunque se presente por un partido, goza de mayor fuerza e independencia que si lo hace en una lista cerrada y bloqueada, en la cual los estados mayores de las formaciones políticas no dejan a los ciudadanos otra opción que votar a la totalidad de la candidatura que se les presenta. En este marco es imposible o muy difícil definir quién es responsable de qué.

Otro aspecto básico en contra de la proporcionalidad es la limitación que impone a la destitución de los Gobiernos. Con ella, un partido puede perder las elecciones o una parte sustancial de sus escaños y, sin embargo, tener la posibilidad de formar un Gobierno de coalición con otras fuerzas parlamentarias más pequeñas si logra articular una mayoría suficiente. En este escenario, los comicios dejan de ser un verdadero y decisivo juicio popular sobre la gestión gubernamental. En suma, los sistemas electorales proporcionales atenúan la competencia dentro del mercado político, permiten construir cárteles gubernamentales que pueden estar muy lejos de representar la «voluntad del pueblo» y restan estímulos a la renovación de los partidos políticos porque aminoran los costes de las derrotas electorales.

Por eso, la fórmula electoral de un país no es inocua, no define sólo quién gobierna sino cómo lo hace. En consecuencia, tiene una incidencia sustancial sobre algunas de las patologías analizadas, léase la corrupción. Los sistemas mayoritarios imponen una estrecha relación de los candidatos con los votantes, mientras que los proporcionales la establecen con el partido. Con listas cerradas y bloqueadas, los incentivos de los políticos a comportarse bien disminuyen. Se crea un clásico problema de free rider[79] que desencadena una opaca cadena de sucesivos traslados de responsabilidad de los votantes a los votados y de éstos a los partidos que, al final, licúa o facilita licuar cualquier rastro de quién hizo qué. Por el contrario, pocos miembros del Parlamento elegidos en circunscripciones unipersonales tienen capacidad de incurrir en prácticas corruptas porque, si lo hacen, la probabilidad de ser desalojados de su escaño se dispara. Ese castigo potencial pierde toda su virtualidad bajo la representación proporcional. Esta hipótesis teórica está respaldada por una ingente evidencia empírica.[80]

La fórmula electoral proporcional, comprendida la española, tiene una incidencia clara sobre la expansión del gasto público y de las regulaciones. Los gabinetes con posiciones parlamentarias frágiles entran en una dinámica de permanente negociación y regateo con las minorías para sacar adelante sus proyectos en el Parlamento. En consecuencia, los grupos minoritarios tienen la posibilidad de ejercer un derecho de veto sobre las decisiones del Gobierno, y éste las sortea concediéndoles prebendas. Por ello, la proporcionalidad refuerza todavía más la capacidad de acción de los buscadores de rentas y el crecimiento del Estado. No es casual que los países con sistemas proporcionales tengan una ratio gasto público/PIB superior a la de aquellos en los que impera el sistema mayoritario, y que ésta se concentre en aquellos programas con mayor capacidad de «comprar votos», las transferencias del Estado del Bienestar.

En apoyo de esa tesis, un reciente trabajo empírico que estudia la interconexión gasto público-democracia parlamentaria en cincuenta Estados desde el final de la segunda guerra mundial muestra que los países con sistemas parlamentarios basados en la proporcionalidad tienen niveles de gasto, de déficit público y de impuestos mayores que los mayoritarios. Los electores son capaces de discriminar entre dos partidos que compiten entre sí en la arena política, pero no son capaces de hacerlo si las políticas aplicadas dependen de la conformación de coaliciones postelectorales cuyos resultados son impredecibles. En promedio, los Estados con sistemas electorales proporcionales se traducen en un aumento del gasto público en el PIB del orden del 5 por ciento frente a los mayoritarios.[81]

Si la democracia es el procedimiento a través del cual los ciudadanos tienen la posibilidad de expulsar del poder a los Gobiernos que no les gustan, el mejor método electoral para conseguir ese objetivo es el mayoritario.

VII

Derecha e izquierda:

el debate sobre la igualdad

Todos los hombres no son iguales pero eso no es impedimento para que, legal y moralmente, tengan los mismos derechos civiles y políticos. Pero esa igualdad de trato por la ley conduce de manera inevitable a resultados materiales desiguales. Hay quien estima esto un mal y aspira a alterar la situación, lo que exige restringir la libertad individual bien de manera absoluta en las sociedades totalitarias, bien de modo relativo en las estatistas. Éste es el corolario irremediable de las doctrinas cuyo leitmotiv es lograr la igualdad. Este planteamiento suscita un conflicto sustancial, ya que cada individuo es un ser único en el Universo. Sus diferentes capacidades y potencialidades son personales y, por tanto, no cabe reducirlas a una teoría uniforme de la naturaleza humana cuya plasmación a través del uso de la coerción estatal mina los más básicos ideales de la libertad y de la valía individual.

En Derecha e izquierda,[82] Norberto Bobbio fijó la línea divisoria entre la izquierda y la derecha en los siguientes términos: «Para la primera, la igualdad es el valor predominante; para la segunda, la libertad ocupa ese lugar». Esa distinción es discutible y simplista. Al igual que en el resto de Europa, en España ambas opciones políticas han sucumbido a la tentación igualitaria con discrepancias de grado pero no de naturaleza. Se acepta la realidad de que las personas son muy diferentes, pero se atribuye esta situación a circunstancias ajenas al individuo, cuya corrección corresponde a los poderes públicos. Esta visión ha conducido a considerar inadmisible tratar de manera igual a individuos diferentes si ello se traduce en una desigualdad de sus posiciones efectivas. Por tanto, la única forma de estrechar esa brecha es tratarlos de distinta manera. Esta filosofía es uno de los mantras de la política nacional y una de las palancas para utilizar la fuerza estatal en pro de una sociedad más igualitaria, asumiendo que ello es una meta posible y deseable. Liberarse de esta atadura ha de ser una de las tareas básicas de una derecha liberal.

Además, el asunto de la desigualdad ha cobrado una extraordinaria actualidad en todas las sociedades avanzadas. Desde los años setenta del siglo pasado, la renta media de los individuos ha crecido en la mayoría de los países industrializados, pero se afirma que ese crecimiento no se ha distribuido de una manera uniforme. Este desequilibrio ha producido una ingente y polémica literatura que abarca desde la filosofía moral hasta la economía. A diferencia de lo sostenido por la sabiduría convencional, el debate no se restringe a los países más cercanos al ideal del capitalismo liberal y, en teoría, menos sensibles a cómo se distribuye el ingreso, léase Estados Unidos o Reino Unido, sino también a los europeos. Alemania presenta uno de los índices de desigualdad más altos del mundo desarrollado pese a contar con un gran Estado del Bienestar y con un sistema impositivo muy progresivo. Al mismo tiempo, las mayores diferencias de renta a escala mundial se ubican en sociedades y economías muy alejadas del sistema de libertad económica, léase México y Brasil.

Los remedios intervencionistas para solventar ese «problema» son ineficaces y conducen a desarrollos absurdos y perniciosos. Si existiese una sociedad con una igualdad económica perfecta, la oferta y la demanda de trabajo se igualarían en un punto en el cual todos los individuos obtendrían la misma remuneración. La brecha entre ricos y pobres desaparecería y los impuestos se limitarían a financiar bienes públicos puros, por ejemplo la defensa nacional o la justicia. Esta utopía gozaría de una perfecta igualdad y de una perfecta eficiencia. Pero… en un momento X… un empresario Y tiene una idea. Crea un nuevo producto y todo el mundo quiere adquirirlo, a través de transacciones voluntarias y, por tanto, satisfactorias para los compradores y el vendedor. Esto produce un resultado: el bien o servicio ofertado al mercado hace a su creador mucho más rico que a los demás. Considerar injusta esa ruptura de la igualdad previa es absurdo. La alternativa a no tolerar esa desigualdad sería una economía estacionaria y, por tanto, condenada a reducir el nivel de vida de todos los ciudadanos.[83]

Si esa desigualdad se estima asumible, la injusticia en el reparto de la renta-riqueza ha de provenir de factores externos perturbadores del proceso de mercado y, sobre todo, de la existencia de un marco institucional que conceda favores a grupos de interés que les permitan obtener retribuciones extraordinarias a costa de los demás. Ése es el caso de las subvenciones, de las regulaciones, de los aranceles o de la concesión de monopolios que benefician a personas, empresas o colectivos concretos a costa de los consumidores. Ahora bien, sólo existe un ente capaz de hacer este trabajo: el Gobierno. En este escenario, la desigualdad de la renta en el sentido de su injusticia no procede de un «fallo del mercado», sino de un «fallo del Estado» y su corrección es tan sencilla como eliminar ese tipo de prácticas, impropias de una economía capitalista.

Aunque los buscadores y perceptores de rentas, perennes compañeros de viaje a lo largo de este ensayo, son una causa importante en la generación de desigualdades, no son la determinante. Los cambios tecnológicos y la globalización han elevado la demanda de trabajo cualificado en las economías desarrolladas y han reducido la de menor cualificación. En consecuencia, la distancia entre la remuneración de uno y otro colectivo se ha incrementado. Desde esta óptica, el aumento de la progresividad fiscal y de las transferencias de los individuos con remuneraciones más altas a quienes las tienen inferiores no resuelve la cuestión de fondo. Sólo sirve para castigar a quienes están mejor formados y son más productivos. Como este escenario viola cualquier principio de justicia y eficiencia, la solución a ese dilema es hacer real la igualdad de oportunidades.

En El precio de la desigualdad,[84] Stiglitz propone un método para medir el acceso de los individuos a las oportunidades ofrecidas por una economía moderna: la transmisión intergeneracional de la renta. Si una sociedad ofrece, como dirían los clásicos, una carrera abierta a los talentos, el éxito económico de sus ciudadanos sería independiente de la renta/riqueza de sus padres, de si han nacido ricos o pobres. Cuando esto no sucede, algo falla y el Estado debe remediarlo. Ahora bien, si una sociedad basada en la igualdad de oportunidades proporciona, ya se ha señalado, resultados desiguales, ¿cuál es la justificación para redistribuir ex post la renta? Por definición, la igualdad de oportunidades recompensa sólo las habilidades valoradas por el mercado. Éste se sustenta en la justicia conmutativa basada en el criterio del do ut des. El soberano-consumidor determina la distribución del ingreso cuando vota a favor de adquirir unos bienes y servicios en lugar de otros. En este supuesto, un amplio porcentaje de «valiosas» cualidades humanas no recibiría un pago «adecuado» o «justo». La conversión del igualitarismo en el principio básico de moralidad lleva a sostener que la felicidad de una persona no importa si otras son infelices. Ésta es la consecuencia inesperada del enfoque stigliano y conduce a un callejón sin salida.

John Rawls[85] trató de superar ese obstáculo con la noción de «igualdad democrática». De acuerdo con ella, una sociedad justa ha de incorporar dos principios: Primero, cada persona tiene derecho a gozar de un esquema de derechos y libertades básicas, civiles y políticas; las reconocidas y garantizadas por el liberalismo clásico y consagradas en los textos constitucionales. Segundo, las desigualdades sólo son tolerables cuando su subsistencia beneficia a los sectores de la población con menores niveles de renta, y si las ocupaciones remuneradas con rentas altas están genuinamente abiertas a la competencia.

La filosofía moral rawlsiana presenta fallas básicas. Las capacidades recibidas de manera natural por los individuos, vía «lotería genética», conceden a éstos una ventaja no accesible a los demás por vía competitiva. Los resultados materiales de estas desigualdades ¿deberían ser corregidos por los Gobiernos con unos impuestos más altos a los individuos con un coeficiente intelectual superior a la media? Ésta no es una pregunta retórica. Algunos autores han defendido esa solución.[86] Tampoco existe un argumento de peso para tratar de modo distinto a los activos obtenidos en la «lotería del mercado» o en la de la «herencia». El absurdo de este enfoque queda muy bien expresado en la novela Facial justice,[87] de L. P. Hartley, en la que los guapos y los feos son obligados por el Gobierno a someterse a operaciones de cirugía estética para asimilarlos a un estándar de belleza medio…

Aunque se analizará con detalle en un capítulo posterior, el Estado del Bienestar es una de las manifestaciones palpables de la ineficiencia de los programas redistributivos para lograr la mejora de las condiciones de vida de las personas con menores niveles de ingresos, uno de los dos aspectos esgrimidos por Rawls para tolerar la desigual distribución de la renta. Si se somete el gasto social a un criterio de eficiencia, entendida ésta por el número de familias, en porcentaje sobre el total, que son libradas del riesgo de caer en la pobreza por la intervención estatal, el resultado es desalentador.[88] En la siguiente tabla se muestra la posición de los hogares antes y después de «beneficiarse» de los programas de bienestar social en tres países del sur de Europa. Las ingentes cantidades de euros gastadas por los Gobiernos en esos países no parecen tener un impacto significativo sobre la posición de los más pobres.

¿Una nueva interpretación de la desigualdad?

«Una economía de mercado libre de interferencias contiene poderosas fuerzas de divergencia que son potencialmente amenazadoras para las sociedades democráticas y para los valores de justicia social sobre los que están basadas». Este argumento no es de Karl Marx, sino del economista francés Thomas Piketty en su El capital en el siglo XXI,[89] camino de convertirse en el Nuevo Testamento de la izquierda. Piketty predice un futuro terrible de claro sabor marxiano: el inevitable colapso del capitalismo a causa de una creciente concentración de la riqueza en manos de unos pocos. En esta centuria, los ricos serán cada vez más ricos y los demás cada vez más pobres.

En pro de su tesis, Piketty reconstruye los datos de distribución de la renta desde el siglo XVIII hasta la actualidad y avanza una conclusión: cuando «r», la tasa de retorno del capital, es superior a «g», la de crecimiento de la economía, la riqueza acumulada se incrementa más que el PIB y los salarios. Ésta es para el autor la «ley fundamental del capitalismo», sólo rota por las dos guerras mundiales y por las grandes crisis económicas registradas entre 1914 y 1950. Esos fenómenos fueron «igualitarios», porque la destrucción física de capital, las nacionalizaciones, el aumento de la tributación, la inflación y las quiebras provocadas por ellos arruinaron a una porción sustancial de capitalistas. En ausencia de esos procesos destructivos, la desigualdad siempre se ha incrementado.

La ingente masa estadística utilizada por Piketty no soporta sus apocalípticas profecías. Así, por ejemplo, la ratio capital-PIB en Francia y en Reino Unido en los siglos XVIII y XIX permaneció estable aunque «r» superó por muy amplio margen a «g» durante largos períodos de tiempo. Esta misma conclusión se aplica al porcentaje de la renta nacional absorbida por los propietarios del capital. En Reino Unido, ésta era prácticamente la misma en 1910 que en 1770, y en el Hexágono era menor en 1900 de lo que había sido en 1820. En Estados Unidos la renta controlada por el 10 por ciento de los más ricos se ha mantenido estable, entre el 40 y el 50 por ciento de la total, de 1910 a 2008. Estas cifras no son producto de la invención de quien escribe estas líneas sino las utilizadas por Piketty en su libro. Por último, en la mayoría de los países avanzados, el incremento de la ratio capital-PIB es atribuible al aumento de la vivienda en propiedad, Si se descuenta este hecho, la participación del capital en la renta nacional dibujada por Piketty disminuiría de manera significativa y, con ella, la desigualdad.

En Capital, Piketty examina la evolución de las rentas durante las pasadas décadas antes de ser sometidas a tributación y sin tener en cuenta la masiva expansión de los programas de transferencias después de impuestos existente en casi todas las economías desarrolladas. Durante los últimos cuarenta años, éstos han crecido en relación con el PIB mucho más de lo que lo han hecho los ingresos de los «ricos». Al mismo tiempo, Piketty ignora otra variable fundamental: el aumento del consumo por las capas de la población con rentas medias y bajas es incompatible con la hipótesis del empobrecimiento relativo de esos segmentos de la población. Si la concentración de la riqueza ha elevado el poder político de quienes la poseen, es inexplicable la brutal expansión experimentada por el gasto público y por los impuestos desde principios del siglo XX.

El paso de la descripción de un problema —la creciente brecha entre ricos y pobres— a su solución refleja las anteojeras ideológicas de Piketty, un eximio representante de la intelligentsia gauchista gala. Plantea un tipo impositivo mundial del 60 por ciento a partir de los ingresos superiores a los 200.000 dólares al año, que se elevaría al 80 por ciento de superar los 500.000. Para más inri, esa fiscalidad confiscatoria no tiene por meta elevar los ingresos del Estado para crear más oportunidades para los pobres o las clases medias —Piketty reconoce la escasa capacidad recaudatoria de esas alzas impositivas—, sino simplemente «poner fin a esas rentas». Esto implica que sólo es cuantificable la productividad y el valor del trabajo menos cualificado. Por tanto, cualquier otra fuente de renta no está justificada y puede ser confiscada.

La ignorancia de Piketty es abrumadora. Pensar que la fiscalidad confiscatoria propuesta en su libro carece de efectos económicos y sociales no resiste un análisis elemental. Contradice toda la literatura y la evidencia empírica disponible sobre la materia. De aplicarse, eliminaría los incentivos a trabajar, ahorrar e invertir no sólo de quienes ganan más sino de quienes quieren ganar más. El resultado sería una economía incapaz de impulsar la productividad y el crecimiento, único camino para elevar el nivel de vida de la población. En las sociedades avanzadas, la terapia pikettiana conduciría, con suerte, al estancamiento; en las economías en vías de desarrollo sería sencillamente letal. Eso sin contar que, salvo que una fiscalidad de esa naturaleza se impusiese coercitivamente a escala mundial, lo que es utópico, muchos Estados establecerían impuestos bajos para atraer el capital de aquellos a los que Piketty quiere confiscar su riqueza. En la práctica pretende dar apariencia y consistencia científicas a un a priori ideológico: el capitalismo es malo y sus contradicciones internas terminarán por destruirlo. Otra vez el fantasma de Marx con una diferencia sustancial: el Viejo Topo creía en la inevitabilidad del colapso capitalista de la economía y Piketty aspira a acelerarla con su fiscalidad confiscatoria.

Múltiples factores influyen en la distribución de los activos y de las rentas generadas por una economía de mercado. Entre ellos se encuentran las innatas habilidades y capacidades de los individuos, la naturaleza de la tecnología y las estructuras de mercado que determinan las oportunidades y distribución del capital físico y humano y, por qué no, la suerte. Al mismo tiempo, el sistema de mercado forma parte de un marco de leyes, instituciones y políticas que condicionan de manera positiva o negativa sus resultados. Ahora bien, la evidencia empírica demuestra con contundencia que si bien existe una estrecha correlación entre la democracia y el aumento de los impuestos y del gasto en porcentaje del PIB, su impacto sobre la desigualdad es irrelevante. En otras palabras, la presencia de una fiscalidad muy progresiva y de un elevado gasto social no ha logrado reducir la desigual distribución del ingreso, mejorando el estatus vital de los individuos y de las familias ubicadas en los umbrales de renta más bajos.[90]

Por último, la desigualdad de los resultados económicos ni es un mal en sí misma ni es una fuente de ineficiencia. No todos los individuos tienen la misma inteligencia, las mismas preferencias, la misma productividad, etc. Por lo tanto, la desigual distribución de la renta/riqueza es inevitable y positiva porque genera los estímulos necesarios para crear sociedades y economías dinámicas e innovadoras. Sin duda esta deducción resulta provocadora y políticamente incorrecta, pero las cosas son así y la búsqueda de la igualdad a través del aparato coercitivo del Estado carece de apoyo tanto desde un punto de vista moral como económico.

Desiguales e infelices,
una apostilla postrera y necesaria

El discurso sobre la infelicidad causada por el capitalismo está estrechamente ligado al de la desigualdad y, como él, se asienta sobre arenas movedizas. La tesis central de esta visión, elaborada en las universidades anglosajonas por economistas y politólogos como Richard Layard, Rudolph Nesse o Benjamin Radcliff, se sintetiza en los siguientes términos: las sociedades occidentales quizá sean cada vez más ricas, pero sus ciudadanos son menos felices. Lo importante no es el nivel absoluto de riqueza de una sociedad sino la posición relativa de los individuos en la distribución de la renta y su status social. Éstos son los determinantes básicos de la felicidad. Cuando los Padres Fundadores escribieron la Constitución de Estados Unidos y proclamaron el derecho de los individuos a perseguir la felicidad, nunca se les hubiese ocurrido pensar que ello supusiese asignar esa labor al poder coercitivo del Estado. Su pretensión de hacernos felices recuerda el aforismo de Hölderlin: «Siempre que el hombre ha querido hacer del Estado su cielo, lo ha convertido en su infierno».

La literatura sobre esta cuestión es ya muy extensa y sus paladines cuentan con una publicación académica, The Journal of Happiness Studies. Su análisis teórico parte de la concepción del mercado como un juego de suma negativa; esto es, las ganancias de unos se traducen en pérdidas para otros. En consecuencia, la lógica del capitalismo genera una «externalidad negativa», una forma de polución física; esto es, la desigualdad del ingreso produce insatisfacción y ésta tiene que ser corregida mediante la intervención del Estado. Así pues, lo importante no es el crecimiento del PIB, sino su repartición igualitaria. De ello depende el nivel medio de felicidad social. Con independencia de las consecuencias económicas de este planteamiento, sus fundamentos teóricos y fácticos son débiles. Además, en el caso de España y de otras economías desarrolladas, la pregunta es clara: ¿Cuánto más hay que subir el gasto y los impuestos para conseguir hacer a la gente más feliz?

No existe un baremo objetivo para medir la felicidad de las personas. Éstas tienen distintos estándares para evaluar lo bien o lo mal que están o se sienten, y emplean parámetros diferentes para juzgar su situación de acuerdo con sus particulares circunstancias. Es una tarea imposible el intento de agregar las preferencias individuales en una función de bienestar social. Además, el puro sentido común determina que la felicidad no es un estado permanente y estable sino oscilante y volátil. En los estudios psicológicos y antropológicos sobre la materia, la felicidad parece tener una dimensión múltiple, plural y condicionada no sólo por factores de índole monetaria, sino también culturales, emocionales o biológicos. Estas restricciones recomiendan ser prudentes. Es peligroso usar la coerción estatal para conseguir una meta cuyos estándares evaluativos son tan difusos. En la práctica, las políticas profelicidad son un ropaje moderno para lo de siempre, extender los poderes coercitivos del Estado.

Si uno se toma en serio las encuestas disponibles para analizar la felicidad de las sociedades, por ejemplo las ofrecidas por World Database of Happiness o por World Values Survey, sus conclusiones no soportan el aforismo «cuanto más capitalismo, menos felicidad». No existe una correlación positiva o significativa entre el tamaño del Estado del Bienestar, el grado de injerencia estatal en los mercados, la presión fiscal y el nivel de satisfacción vital de los ciudadanos. Por el contrario, ésta disminuye a medida que el gasto público y los impuestos se incrementan. Para decirlo de otra forma: la estatalización de la felicidad presenta tasas de rendimiento decrecientes. Paradójicamente, ese efecto negativo es mayor en los países en los cuales el votante medio se sitúa en el espectro ideológico «izquierda-centro izquierda».[91]

Aunque se rechace el PIB como un indicador adecuado para capturar la felicidad de los individuos, numerosos modelos econométricos muestran la existencia de una robusta correlación entre el crecimiento económico y el grado de satisfacción de los individuos con su propia vida. En todo tiempo y lugar, las personas con mayor renta relativa se sienten más felices, y el aumento del nivel de vida medio de los ciudadanos tiende también a aumentar su grado de felicidad. La gente dispone de más medios para perseguir sus fines y eso, obviamente, ayuda a que se sienta mejor. Por otro lado, la riqueza y el crecimiento explican, al menos en parte, la positiva evolución de otras condiciones sociales benéficas como la libertad, la tolerancia, el incremento de la expectativa de vida, la extensión de la educación, la movilidad social, la igualdad de la mujer, la solidaridad con los más desfavorecidos, etc.[92]

La discusión sobre este asunto no es baladí. Tiene una enorme importancia práctica. La izquierda necesita recrear su discurso, vender sus recetas clásicas en formatos en apariencia modernos, y en este sentido, su apelación a la felicidad, como lo es su política prohibicionista contra el consumo del alcohol, del tabaco, etc., se ha convertido en un argumento ético para descalificar al capitalismo liberal y abonar sus propuestas estatistas. Se convertirá sin duda alguna en una de sus banderas emblemáticas de este siglo, junto con la antiglobalización y el apocalipsis medioambiental.

Nuestro ogro filantrópico

En este ensayo se ha podido comprobar que el tamaño óptimo del sector público ha sido y es objeto de un debate permanente. Los liberales clásicos son partidarios de un Estado mínimo limitado a garantizar la defensa exterior, a suministrar justicia, a proteger los derechos de propiedad, hacer cumplir los contratos y ofrecer una red básica de seguridad a quienes sean incapaces de obtenerla con sus propios medios. Los socialistas de todos los partidos, de izquierdas y de derechas, propugnan una intervención estatal mucho más amplia para corregir los «fallos del mercado» y redistribuir la renta. Sin embargo, esa apasionante discusión político-filosófica es irrelevante en la actual coyuntura española. La crisis ha puesto de relieve la incapacidad de la economía nacional de financiar su actual nivel de gasto sin generar un endeudamiento insostenible en el medio y largo plazo. En 2013, a pesar de la ingeniería contable aplicada, el déficit para el conjunto de las administraciones públicas se situará en el 6,7 por ciento del PIB y la deuda pública mantendrá su carrera alcista durante los próximos años. Aunque la recuperación económica alivie el endeudamiento público, la existencia de un déficit primario en los contornos del 4 por ciento del PIB y una deuda que se situará por encima del ciento por ciento del PIB a finales de 2015 muestran que el ajuste presupuestario aplicado en España es insuficiente.

GRÁFICO 1. Relación entre la presión fiscal y el fraude debido a los impuestos [93]

La tesis manejada por todos los Gobiernos para justificar el «agujero» de las cuentas públicas es la insuficiencia de ingresos fiscales; es decir, los españoles no pagan los impuestos necesarios para cubrir los desembolsos de las administraciones públicas, por lo que éstas han de endeudarse. Este planteamiento confunde la causa del problema con sus efectos. La literatura económica y la evidencia empírica muestran la existencia de una estrecha correlación entre el sistema fiscal imperante en un país y su volumen de fraude/economía sumergida. Para decirlo con claridad: cuanto más altos son los tributos, mayor es la propensión de los individuos y de las empresas a defraudar (véase gráfico 1).

Además, el aumento del número de evasores crea una externalidad negativa, ya que se incrementa el coste de perseguir y castigar el fraude fiscal. Por ello, la bajada de los impuestos disminuye los incentivos para evadir, lo que eleva la recaudación tributaria. En España, aproximadamente la mitad del fraude y de la economía informal es directamente imputable a la excesiva carga impositiva soportada por los individuos y por las compañías.[94] El fisco español exprime tanto a los contribuyentes que el margen para que nuevas subidas de impuestos se traduzcan en mayores recursos para el Estado es inexistente. Por tanto, la manera de incrementar las bases fiscales, clamor permanente de los ministerios de Hacienda hispanos, pasa por disminuir la fiscalidad sobre las personas físicas, sobre las jurídicas y sobre el capital.

Es posible relativizar la dimensión del Estado en la economía nacional si se acude a comparaciones internacionales entre las ratios de gasto/PIB, de presión fiscal, etc., existentes en España y en otros países industrializados. Esto conduciría a considerar el «ogro filantrópico» hispánico como pequeño o mediano, lo que es un espejismo. De acuerdo con los datos de la última Encuesta de Población Activa, 14.543.906 millones de trabajadores del sector privado financian a 17.521.183 millones de ciudadanos —pensionistas, desempleados y trabajadores— cuyas rentas dependen del sector público. Cada cinco ocupados en la economía productiva mantiene a más de seis que no generan riqueza. Esta realidad no está distorsionada por el brutal incremento del paro y por su impacto alcista sobre los gastos para cubrirlo porque esta situación es el efecto estructural de un sistema de protección al desempleo que incentiva la permanencia en el paro de sus teóricos beneficiarios. Para más inri, el empleo público se sitúa prácticamente en los mismos niveles de 2007, el último año de la expansión, y muy pocas autonomías han puesto sus finanzas en orden o están en el camino de hacerlo (véase gráfico 2).

GRÁFICO 2. Ocupados sobre total de personas que viven de presupuestos

Aunque la recuperación de la economía se consolide, la reducción del binomio déficit/deuda será imposible o de breve duración sin reformar el denominado Estado del Bienestar. Éste absorbe el 52,6 por ciento del gasto público total y crecerá de manera exponencial en los próximos años por el envejecimiento de la población. Ante ese panorama, la consideración de esos programas como intocables es suicida. El pretexto para la inacción es el supuesto coste social, sobre todo para las capas más desfavorecidas de la población, que ello implicaría. Esto es una falacia. Como se ha indicado, Eurostat mide la eficiencia de un Estado Providencia por el porcentaje de los hogares que quedarían por debajo del umbral de pobreza, definido por el 60 por ciento de la renta media disponible en cada país, en ausencia de transferencias sociales. Si se aplica este test al Estado del Bienestar español, el resultado es de una mediocridad aplastante. Sin sus transferencias, un 22 por ciento de las familias españolas caerían por debajo de ese umbral. Con ellas, se reduce ese riesgo al 19 por ciento de los hogares. ¿Para conseguir ese «éxito» hace falta gastar más del 50 por ciento del presupuesto?

El Estado español tiene unas dimensiones que la economía no es capaz de soportar. La raíz de los problemas presupuestarios patrios no es la insuficiencia de los ingresos tributarios, sino el exceso de gasto. Sin un adelgazamiento de las funciones de las administraciones públicas no será posible reconducir su endeudamiento a la senda de la sostenibilidad y será necesario mantener una elevada fiscalidad para soportar el gasto estatal, lo que penalizará el crecimiento económico y la creación de empleo. Al mismo tiempo, cuanto mayores sean los grupos cuyos ingresos dependen del sector público, mayores serán las demandas políticas para aumentar su expansión y, de nuevo, la fiscalidad para hacerle frente. Éste es el círculo vicioso que puede conducir a una hispano-esclerosis, argumento desagradable en los albores de la recuperación.

En este contexto, la discusión entre liberales y estatistas se ve superada por la dura realidad: es imprescindible achicar el sector público español, condición sine qua non para reducir su endeudamiento y para que la economía crezca y genere riqueza y puestos de trabajo. Por añadidura, la estrategia fiscal y presupuestaria desplegada por el Ministerio de Hacienda desde 2011 no es explicable ni siquiera desde una óptica electoral. De los diecinueve Gobiernos de la OCDE que emprendieron drásticos recortes del gasto público entre 1975 y 2008, el 63 por ciento fueron reelegidos. Sólo perdieron las elecciones los que hicieron reposar el peso del ajuste en el aumento de los impuestos.[95]

VIII

La derecha liberal

ante el Estado del Bienestar

En su célebre informe, lord Beveridge escribió: «El Estado al organizar los seguros no debería eliminar el estímulo, la responsabilidad y la oportunidad; al establecer un mínimo nacional debería dejar sitio y estímulo a la acción voluntaria de cada individuo para proporcionarse a sí mismo y a su familia más que ese mínimo».[96] En una sociedad civilizada, ninguna persona ha de carecer de acceso a la educación, a la sanidad, a las pensiones por no tener dinero. Otra cosa muy diferente es construir un faraónico Leviatán estatal que de la cuna a la tumba controla a los individuos y a las familias en facetas fundamentales de su vida. La filosofía subyacente a los Estados Providencia contemporáneos no es la de proteger a los ciudadanos de la pérdida de renta debida a la enfermedad, la vejez u otras contingencias, sino la de crear una sociedad basada en los valores de un chato y ramplón igualitarismo, servido por un oneroso aparato centralizado y burocratizado que suministra servicios sociales en régimen de monopolio. La concentración del poder político y del económico en el Estado del Bienestar español debilita la responsabilidad individual y desincentiva la cooperación entre las personas. Ha dejado al individuo solo frente al Minotauro estatal.

El Estado Providencia abarca campos tan diferentes como las pensiones, la educación, la dependencia, la protección al desempleo y un sinfín más de «beneficios» sociales. Su esencia está desprovista de contenido teórico y moral. No es un mecanismo que proporcione una adecuada seguridad neta a los individuos, no es un instrumento para integrar a las personas más desfavorecidas en la sociedad civil ni es tampoco —ya se ha visto— una efectiva maquinaria redistributiva. No reduce la pobreza, la institucionaliza. No emancipa a las personas con menos recursos, las aprisiona en guetos de dependencia. No redistribuye de los ricos a los pobres, sino que cubre a todas las capas sociales con su manto protector.

Por otra parte, el aumento del papel del sector público en la educación y en la sanidad, por citar dos casos paradigmáticos, no ha tenido un impacto relevante en la mejora de los indicadores educativos o sanitarios de España, como se mostrará en este capítulo. Esto significa que la interrelación entre mayores desembolsos del Estado y mayor bienestar social es espuria o, al menos, tiene claros rendimientos decrecientes. Ésta no es sólo la experiencia española, sino la de la mayoría de los Estados de la OCDE. A partir de una ratio gasto público/PIB del 35 por ciento no se percibe ninguna mejora sustancial de las principales variables que miden el bienestar de los individuos si el sector público gasta más.[97]

Por lo que se refiere a España, la reforma del Estado Providencia, como se ha repetido una y otra vez en este ensayo, es imprescindible para reducir el déficit y la deuda pública. Nadie puede pensar en lograr la estabilización de las finanzas del Estado y de las administraciones periféricas sin acometer una profunda reforma de los programas sociales. Esta política no implica elevados costes sociales para las capas de la población con menores ingresos. Como se ha demostrado con anterioridad, el efecto del gasto gubernamental sobre ese colectivo es marginal, irrelevante a efectos estadísticos. En consecuencia, un ajuste presupuestario de esas partidas acompañado de su reforma liberaría recursos para proteger a las personas más desfavorecidas y permitiría a los demás asegurarse frente a los riesgos de la vida como mejor les convenga.

En medio de la telaraña de transferencias sociales gestionada por las administraciones públicas, este capítulo se centra en las tres grandes partidas del Estado del Bienestar patrio —las pensiones, la educación y la sanidad— que, junto al sistema de protección al desempleo, constituyen el corazón del Estado Providencia español, y se plantea un conjunto de reformas cuya finalidad es triple: aumentar la eficiencia, la responsabilidad individual y la libertad de elección de los españoles. Las ideas esbozadas no tienen por meta recortar sin más esos programas, sino introducir las fuerzas del mercado en sectores hoy monopolizados por los poderes públicos sin que haya ninguna justificación ética o de eficiencia. Ello implica la privatización de los grandes programas de bienestar social, entendida ésta por la transferencia de su gestión desde el sector público a actores que operan fuera de él, y permitir a los ciudadanos elegir quién les suministra los «bienes de mérito». De hecho, esta política lleva implantándose en numerosos Estados, entre ellos Suecia, considerada en el pasado el Olimpo del Estado del Bienestar socialdemócrata.[98]

La reforma de las pensiones: matar a Ponzi

La cobertura del retiro y la vivienda son las dos mayores inversiones realizadas por un español medio en toda su existencia pero entre ambas existe una diferencia radical. Un individuo es, o puede ser, propietario de su casa, pero no tiene derecho alguno de propiedad sobre su pensión porque la obtención de ésta se sustenta en un sistema de «reparto». Las contribuciones realizadas por una persona en toda su vida laboral para devengar una prestación económica proporcional a ellas cuando se jubile no se acumulan en ningún fondo, como el común de la gente piensa. Se emplean en sufragar a quienes están ya retirados y a quienes se jubilan en este instante con la expectativa de que las generaciones venideras se comporten de igual modo con quienes hoy contribuyen a pagar las jubilaciones. En la práctica, el régimen de reparto es un fraudulento y peligroso esquema de Ponzi [99] bautizado con el noble y equívoco apelativo de solidaridad intergeneracional. Para entender sus implicaciones resulta esencial describir su naturaleza y su funcionamiento, si bien es posible avanzar una conclusión: su insostenibilidad. De acuerdo con los últimos datos publicados por la Seguridad Social, el montante de estos dos flujos de dinero —cotizaciones sociales e importe gastado en pensiones— es el reflejado en el gráfico 3.

Desde hace un par de años, los superávits de la Seguridad Social se han volatilizado. El coste de las pensiones a sufragar es superior al de las cotizaciones sociales con las que, en teoría, deberían financiarse. Este desequilibrio patrimonial constituye un grave problema financiero y macroeconómico en el corto y medio plazo que se agravará en el largo a la vista de la mutación demográfica de España. En el gráfico 4 se muestra cuál ha sido el mapa poblacional español desde el censo de 1900 hasta el de 2014 y se incorporan las previsiones de población realizadas por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

GRÁFICO 3. Evolución de las cotizaciones a la Seguridad Social y del importe pagado por pensiones

GRÁFICO 4. Evolución de la población española por edades

De acuerdo con lo expuesto en el gráfico, la demografía en España se ha comportado de la siguiente forma:

— La franja de edades entre cero y quince años ha tenido oscilaciones crecientes hasta el año 2001. En ese ejercicio la población infantil en España fue inferior a la de 1900. En cambio, se han multiplicado por tres los adultos de entre quince y sesenta y cuatro años y por seis los mayores de sesenta y cinco años.

— A partir de 2001 la población menor de quince años también oscila, aunque esta vez su tendencia es decreciente. Si continúa la actual tendencia demográfica,[100] en el año 2052 habrá 5 millones de ciudadanos menores de quince años, más de 15 millones mayores de sesenta y cuatro y 21 millones con edades comprendidas entre los quince y los sesenta y cinco años. En términos actuariales, este escenario constituye un serio problema para financiar las pensiones.

— La población mayor de sesenta y cinco años ha tenido un crecimiento sostenido en el tiempo y desde el año 1900. Entonces no llegaba al millón de personas; en 2014 se sitúa en los 8,5 millones, y en el año 2052 habrá 15,2 millones de jubilados.

— Las cohortes de edad entre quince y sesenta y cuatro años han tenido una evolución diferente a la mostrada en las proyecciones anteriores[101] ya que, cuando se realizaron no se tuvieron en cuenta, entre otras variables, los flujos migratorios recibidos por España en los últimos quince o veinte años. Ahora, el INE ha incorporado esta variable. Dicho esto, la población entre quince y sesenta y cuatro años ha sido creciente hasta 2011 y a partir de este año ha comenzado a disminuir. En 2014, los últimos datos observados, se ha reducido en alrededor de 370.000 personas. La causa ha sido el envejecimiento de la población y la repatriación a su país de población inmigrante.

Otras situaciones llamativas de la probable evolución demográfica proyectada por el INE son:

— En los próximos cuarenta años nacerán en España un 24 por ciento menos de niños que en los últimos cuarenta años. Esto suponiendo que se incremente ligeramente el número medio de hijos por mujer.[102]

— En ese período morirán en España un 34 por ciento más de personas que en las últimas cuatro décadas.

— A partir del año 2018 se producirán más muertes que nacimientos.

— En los próximos cuarenta años España recibirá 16,7 millones de inmigrantes, pero 18 millones de personas abandonarán la Madre Patria en ese mismo período.

— En 2052 los mayores crecimientos de población se concentrarán en edades avanzadas. En concreto, el grupo de edad que más se incrementará es el de mayores de sesenta y cuatro años, un 89 por ciento, y llegarán a ser el 37 por ciento de la población total de España.

La combinación de todos esos elementos se traduce en un brutal aumento de la «tasa de dependencia», que pasará del 50,39 por ciento en estos momentos al 58,17 por ciento en 2022 y al 99,54 por ciento en 2052. Por cada 100 personas en edad de trabajar habrá 99,54 inactivas.

Se han realizado multitud de simulaciones y de proyecciones sobre la evolución demográfica y del gasto público en pensiones desde otros estudios[103] y organismos.[104] Todas coinciden. Se producirá una fuerte subida de los desembolsos realizados por ese capítulo presupuestario en los próximos años y décadas. Ante esta avalancha de pensionistas, es esencial y urgente abordar reformas de calado para conjurar la quiebra del sistema de pensiones. Las medidas convencionales que se proponen son las siguientes:

— Incremento en el número de años cotizados necesarios para obtener una pensión

— Retraso en la edad de jubilación

— Revalorización de las pensiones

— Reducción en el porcentaje sobre la base reguladora por cada año extra de cotización

— Introducir incentivos a la prolongación de la vida laboral

GRÁFICO 5. Gasto en pensiones en porcentaje del PIB

Se considera que ese paquete de actuaciones, junto a una positiva trayectoria del empleo y al alza de la productividad de la economía, aliviaría los problemas de sostenibilidad financiera de las pensiones públicas. Por desgracia, todo este catálogo de iniciativas son «parches», no resuelven el problema de un sistema de cobertura de retiro que es uno de los más onerosos de la OCDE y tiene instalada en su estructura una «bomba de relojería demográfica». Además, los «parches» suponen de hecho una disminución de las prestaciones recibidas por los jubilados. Trabajan más tiempo y cobran menos.

Por tanto, las reformas parciales no son la solución para hacer viable el «sistema de reparto». Ello exigiría bien un drástico recorte de las pensiones, bien hacer recaer sobre las generaciones futuras una carga fiscal insoportable. Cualquiera de esas dos alternativas o una combinación de ambas no sólo tiene unas consecuencias económicas negativas, sino que también conduce a una «guerra intergeneracional», porque es improbable que nuestros hijos y nietos acepten con resignación sacrificar su nivel de vida para sostener el de los jubilados. Ante este panorama, es preciso acometer una reforma estructural del modelo español de pensiones. Ello implica su transformación progresiva en uno basado en la «capitalización».

Este sistema parte de un principio: la conexión entre el ahorro acumulado por una persona y los beneficios que obtiene de él. En el caso de la cobertura del retiro, este principio se traduce en que los individuos capitalizan a lo largo de toda su vida laboral las contribuciones que obligatoriamente depositan en una cuenta personal residenciada en unas entidades creadas expresamente con este fin. En otros países en los que se ha instaurado con gran éxito la capitalización se las ha llamado «Administradoras de Fondos de Pensiones» (AFP).

Hace casi dos décadas, el Círculo de Empresarios[105] propuso la implementación en España de un esquema de esta naturaleza. Sus ejes centrales eran los siguientes:

— Cada trabajador aportaba obligatoriamente el 10 por ciento de su salario a las AFP para garantizar su pensión futura. Este porcentaje podría aumentarse en un 10 por ciento más si se quería incrementar la prestación. Al mismo tiempo, se realizaba una aportación complementaria del 3 por ciento para suscribir un seguro para cubrir imprevistos o siniestros y el coste de administración de la AFP. La suma de estas tres aportaciones todavía queda muy lejos del 29 por ciento del salario aportado por los trabajadores españoles a la Seguridad Social en la actualidad.

— Las AFP son empresas privadas cuya operativa está sometida a regulación estatal, a estrictos requisitos de control y supervisión ejercidos por un organismo público independiente.

— El Estado asume la obligación de complementar con recursos tributarios generales la pensión de cualquier trabajador que no logre obtener un nivel que la sociedad defina como pensión mínima.

En suma, la mecánica de este modelo es elegante y sencilla. Cada trabajador contribuye con una parte de su salario a una cuenta a su nombre y de su propiedad depositada en una AFP y ésta la invierte en una cartera diversificada cuyos rendimientos se acumulan durante el tiempo de cotización y el trabajador comienza a percibirlos cuando se jubila. De este modo, las pensiones quedan blindadas de la discrecionalidad política y se convierten en un potente instrumento de ahorro individual a largo plazo. En este idílico panorama emergen dos interrogantes: ¿Cómo se transita del «reparto» a la «capitalización»? y ¿cuánto cuesta esta transición? En el estudio elaborado por el Círculo de Empresarios se proponía el siguiente esquema:

— Los menores de veinticinco años y quienes se afilien por vez primera a la Seguridad Social se incorporarían de manera automática al sistema de capitalización y sus cotizaciones irían directamente a una AFP.

— Los trabajadores con edades comprendidas entre los veinticinco y los cuarenta y cinco años tienen libertad bien de permanecer en el régimen de reparto bien de trasladarse al de capitalización. En este supuesto recibirían un «bono de reconocimiento» por las contribuciones realizadas al modelo antiguo.[106]

— Los mayores de cuarenta y cinco años permanecerían en el sistema de reparto.

El régimen antiguo continuaría pagando las pensiones devengadas y las que se devenguen en el futuro producto de los cotizantes que permanezcan en él. Durante la fase de transición, la diferencia de las tasas de cotización entre ambos sistemas se transformaría en una «Tasa de Aporte a la Transición» cuyo objeto es contribuir a financiar los costes del sistema de reparto.

Si se hubiese implementado este cambio hace veinte años ya no quedaría nadie en el sistema de reparto y la deuda intrínseca de éste se reduciría a las pensiones actuales. Las generaciones futuras no se enfrentarían al pago de la cobertura del retiro de los mayores y los fondos capitalizados por las AFP estarían suministrando a la economía española flujos de inversión productiva que hubiesen aminorado el impacto sobre la actividad productiva de la Gran Recesión y de la crisis bancaria. En el horizonte del corto, del medio y del largo plazo, el modelo de pensiones de reparto es un lastre para el crecimiento económico de España, un escollo insalvable para reconducir las finanzas públicas a la senda de la estabilidad y una espada de Damocles sobre los propios pensionistas. En este escenario, la creación de un esquema de cobertura del retiro de capitalización es la única salida.

Por una educación libre y competitiva

En los últimos años, el gasto público en educación ha tenido en España un crecimiento casi exponencial. Ha ganado participación en el PIB, los Gobiernos han invertido en ella más fondos que en otros programas del Estado del Bienestar y los desembolsos por alumno son superiores a los de la media de la OCDE o de la Unión Europea de los Veintiuno… España ha realizado una extraordinaria apuesta presupuestaria porque se ha considerado que la inversión pública en formación era esencial para hacer efectiva la igualdad de oportunidades, dotar al país de un capital humano capaz de elevar la productividad de la economía y competir en un mundo globalizado. Todas las fuerzas políticas han coincidido en este punto.

En los siguientes gráficos se expone la evolución del gasto en educación en España durante los últimos veinte años. Por un lado, se muestra el importe global en miles de euros hasta 2010, que ha experimentado un incremento casi exponencial; por otro la participación del gasto educativo en el gasto público total ha crecido también de forma significativa. En suma, la educación ha sido uno de los capítulos del Estado de Bienestar priorizados por los sucesivos Gobiernos españoles, sean éstos del centro, de la izquierda o de la derecha.

GRÁFICO 6. Gasto anual en instituciones educativas por nivel de educación y alumno público (2011)

GRÁFICO 7. Evolución del gasto en educación en España

GRÁFICO8. Gasto en educación en España en porcentaje del gasto total

Si se establece una comparación con los países del entorno, la inversión en educación por alumno realizada en España no tiene nada que envidiar a la verificada en el resto de las economías industrializadas.

A pesar de esto, el porcentaje de estudiantes matriculados en centros públicos es significativamente inferior a la media de la OCDE. En Primaria, el 68 por ciento de los estudiantes se escolariza en instituciones educativas públicas, en la OCDE el 89 por ciento; un 28 por ciento lo hace en entidades docentes concertadas, en la OCDE un 8 por ciento, y el 4 por ciento restante cursa sus estudios en colegios privados independientes frente al 3 por ciento en la OCDE. En la Secundaria las cifras son similares. Estos datos muestran la amplia cobertura de los centros privados dependientes del Gobierno en todos los niveles de la enseñanza obligatoria. Si se suman los colegios públicos y los concertados, las administraciones controlan el 96 por ciento del mercado.

Otra variable relevante de la educación reglada es el porcentaje de personas que terminan la Educación Secundaria. En España, este porcentaje es significativamente inferior al del resto de los países de referencia, 8 puntos por debajo del de la OCDE y 12 por debajo del de la Unión Europea de los Veintiuno.

Por lo que se refiere a la Educación Terciaria los datos son:

1. Una mayor proporción de alumnos optan por la educación pública, el 86 por ciento frente al 71 por ciento en la OCDE.

2. El 78 por ciento de quienes acceden a una carrera universitaria consiguen el título en España, mientras que en la OCDE lo obtiene el 70 por ciento.

3. En España, un gran número de estudiantes decide continuar sus estudios de nivel superior en un país extranjero.

4. Las tasas de matriculación en Educación Terciaria en nuestro país son bajas.

5. En 2011 uno de cada cuatro jóvenes de entre quince y veintinueve años no estaba ni empleado ni en el sistema educativo en España.

6. Menos de un 5 por ciento de jóvenes de entre quince y veintinueve años tenía trabajo mientras estaba estudiando, proporción mucho menor que en la mayoría del resto de países de la OCDE (11 por ciento).

GRÁFICO 9. Comparativa entre gasto en educación y resultados del Informe PISA en España

Una vez descrito el importante esfuerzo presupuestario aplicado a la educación pública española, es básico evaluar sus resultados. En este sentido, resulta ilustrativo el gráfico 9.

Las tasas de abandono educativo temprano superan ampliamente las registradas en los demás Estados de la Unión Europea. Al estudiar estas estadísticas se observa que España es el país con un mayor abandono educativo: casi el 29 por ciento de los chicos de entre dieciocho y veinticuatro años y casi el 21 por ciento de las chicas de esta misma edad abandonan los estudios. El gráfico 10 mostrado en la página siguiente confirma esa tendencia.

A la hora de analizar la utilización de los fondos públicos asignados a la educación es interesante realizar algunas comparativas con los países del entorno reflejadas en la tabla siguiente y las gráficas 11 y 12.

GRÁFICO 10. Abandono educativo temprano en la UE (2012)

De igual modo es ilustrativo visualizar esta ratio diferenciando entre los centros públicos y los privados. En España esta diferencia es bastante grande, mucho mayor que en el resto de los países del entorno (véase gráfico 11).

Otro dato importante sobre el profesorado español es el número de horas netas de clase impartidas en la educación obligatoria durante el curso escolar, que es significativamente mayor en España que en el resto de países del entorno (véase gráfico 12).

GRÁFICO 11. Ratio alumnos-profesor por tipo de institución

GRÁFICO 12. Horas netas de clase impartidas en la educación obligatoria

La disposición de un buen nivel educativo es un requisito importante para encontrar empleo en una economía cuya especialización productiva en un mundo globalizado, el aumento de la productividad y de los salarios exige un capital humano de calidad. En España, el 54 por ciento de los adultos de entre veinticinco y sesenta y cuatro años ha logrado un título de Educación Secundaria, cifra inferior a la del promedio de la OCDE, el 75 por ciento. Este dato es mejor en el caso de las mujeres que en el de los hombres: el 53 por ciento de los hombres ha terminado con éxito la Educación Secundaria, en comparación con el 55 por ciento de las mujeres. En lo referente a los estándares internacionales sobre la calidad del sistema educativo, el estudiante promedio obtuvo una calificación de 490 puntos en lectura, matemáticas y ciencias en el Programa para la Evaluación Internacional de Estudiantes (PISA, por sus siglas en inglés) de la OCDE. Esta calificación es inferior a la de la media de la OCDE, de 497. En valores medios, las niñas españolas superaron a los niños por 1 punto, cifra menor que los 10 puntos de brecha existentes en la OCDE entre ambos géneros.

La educación está directamente relacionada con otro gran problema de la sociedad española: el desempleo. En los gráficos 13, 14 y 15 se observa la correlación directa entre el grado de formación de los individuos y su nivel de desempleo.

GRÁFICO 13. Evolución de la tasa de desempleo en personas que no terminaron la Educación Secundaria (%)

GRÁFICO 14. Evolución de la tasa de desempleo en personas que terminaron la Educación Secundaria pero no llegaron a la universidad (%)

GRÁFICO 15. Evolución de la tasa de desempleo en personas que terminaron la Educación Terciaria (%)

De lo anterior se deduce que el nivel de estudios de una persona influye a la hora de tener un empleo. Sin embargo, hay diferentes niveles. En la media de los países de la OCDE, si alguien no ha terminado la Secundaria, tiene una tasa de paro en su grupo de formación de 11,5 puntos, mientras que en la Unión Europea ésta es de 13,5 puntos, y en España, de 21,9 puntos. Si se cursa una carrera universitaria, la probabilidad de caer en el desempleo desciende notablemente. En la OCDE, la tasa de paro de este colectivo es del 4,4 por ciento, en la Unión Europea de un 4,3 por ciento y en España del 9 por ciento. La diferencia es sustancial.

A estas alturas del análisis resulta evidente que el modelo educativo español no funciona. Se invierte en él lo mismo que en el resto de países del entorno; los profesores dan más horas de clase que en el resto de países; hay menos alumnos por clase y, a pesar de eso, el porcentaje de estudiantes que termina la Educación Secundaria es menor, el de abandono escolar está a la cabeza del ranking europeo, etc. En suma, existe una falta de coincidencia entre los esfuerzos presupuestarios acometidos y los resultados cosechados.

La educación es pues una de las asignaturas suspendidas por España. Su deterioro no se ha visto corregido ni por la inflación legislativa de los últimos veinte años ni por el aumento de las partidas presupuestarias asignadas a ella. El capital humano formado en la «pública» es cada vez más deficiente y la teórica igualdad de oportunidades ofrecida por la educación universal y gratuita es un espejismo. Las familias con rentas medias y altas envían a sus hijos a centros de enseñanza privados cuyo coste no es asumible para aquellas con ingresos más modestos. Los fallos del modelo educativo español se explican por la estructura institucional en la que éste opera. Tiene todos los defectos de los mercados monopolizados por las administraciones. Impide asignar los recursos con eficiencia porque blinda a los centros controlados por ellas, de manera directa o indirecta —los concertados—, de la presión de la competencia y, por tanto, suprime los incentivos para suministrar un producto de calidad. Pero hay factores metaeconómicos relevantes.

El control de la enseñanza por el Gobierno central o por los periféricos genera el peligro, respaldado por la experiencia, de que las distintas administraciones intenten organizar la educación de tal modo que les permita moldear la mente de los alumnos a favor de sus posiciones políticas e ideológicas. Esto constituye no sólo un mecanismo de empobrecimiento del capital humano de cualquier Estado, sino un serio riesgo para la libertad individual. Si una población educada es una condición básica para el mantenimiento y florecimiento de una sociedad libre y democrática, ésta es por definición plural y no ha de sustentarse sobre un esquema de valores único y monopólico instaurado desde el poder.

Los riesgos del estatismo educativo se acentúan en los Estados multinacionales. En ellos, la respuesta a la pregunta de a quién corresponde dirigir la enseñanza tiende a convertirse en una causa de fricción entre las distintas nacionalidades integradas en una estructura estatal. La estatización de la instrucción se transforma en una fuente crónica de conflicto entre quienes aspiran a aplicar planes educativos uniformes en todo el ámbito estatal y quienes aspiran a hacer lo mismo en las administraciones periféricas. Las asignaturas científicas, en el sentido de que es posible impartirlas acudiendo a criterios objetivos, son sólo una parte de los programas. Esto significa que una gran parte de la formación de las escuelas se deriva de juicios valorativos, lo que en un modelo de enseñanza pública equivale a imponer a los alumnos el esquema de valores de los gobernantes y/o de las burocracias de la enseñanza.

La educación es el proceso a través del cual se transmite a las nuevas generaciones no sólo el conocimiento, sino también los principios sustentadores de una determinada forma de vivir y de organizar la sociedad. Esto implica enseñar a los niños las diferencias entre lo correcto y lo incorrecto, sobre lo que es importante en la vida, etc., y, por tanto, ha de estar dentro del ámbito de decisión de las familias y no del de los políticos o los burócratas. En una sociedad plural y, por tanto, compleja, un mercado monopolístico, incluido el educativo, no es capaz de reflejar los valores y satisfacer las preferencias de todos los padres. Cuando se pretende forzar una falsa uniformidad desde el poder, el conflicto está servido y la instrucción de los niños degenera en un estéril y dañino conflicto entre los diferentes partidos e ideologías.

Desde esta óptica, la función del Estado ha de ser la de regular, no la de suministrar, servicios educativos. Además, restringirse a exigir el cumplimiento por parte de las escuelas de unos estándares mínimos, ceñidos al conocimiento de los hechos y de las ciencias positivas, dejando la enseñanza de materias como la política, la religión u otros tópicos polémicos a la libre elección de los padres. En este marco, el Gobierno o los Gobiernos obligarían a todos los colegios a enseñar ciertas cosas pero no les impedirían impartir otras. Por tanto, los alumnos podrían ser educados en el budismo, en el cristianismo, en cualquier otra confesión religiosa o en ninguna si las familias tuviesen libertad de elegir a qué escuela quieren llevar a sus hijos para proporcionarles, más allá de los estándares señalados, una instrucción acorde a su concepto de la buena vida, a su ideario personal. Esto implica despolitizar la educación, único camino para evitar conflictos sobre aspectos que, por definición, son opinables y, en consecuencia, subjetivos.

Así pues, el control estatal de la enseñanza no sólo es ineficiente, sino también un foco de conflictividad política y una amenaza para la libertad individual. ¿Es posible resolver esos tres problemas? La respuesta es positiva y la solución es el bono o cheque escolar. ¿Cómo funciona esta propuesta?

Los padres recibirían del Gobierno un papel —el bono— por un importe equivalente al coste medio de un puesto escolar en un centro público.[107] Con él en su poder, decidirían a qué colegio público o privado quieren llevar a sus hijos. Pagarían sus estudios con ese cheque y pueden complementarlo con contribuciones personales si el precio de la escuela elegida fuese más elevado que el cubierto por el bono escolar. De esta forma se conseguirían cuatro objetivos: en primer lugar, los padres tienen la capacidad de elegir qué educación desean para sus hijos en lugar de la impuesta por los burócratas de la enseñanza; en segundo lugar, la oportunidad de elegir y decidir sobre un aspecto básico, la formación de sus hijos, estimula su interés, su participación y su dedicación en el proceso educativo; en tercer lugar, los bonos escolares promueven la competencia y, por tanto, conducen a reducir los costes, a incrementar la calidad y a fomentar la innovación; por último, permiten el acceso a las escuelas privadas de los alumnos de familias con rentas bajas y, por tanto, contribuyen a hacer efectiva la igualdad de oportunidades. ¿Desaparecería la enseñanza pública? No, salvo aquellas escuelas que ofreciesen un producto no deseado por los consumidores.

A título orientativo, Suecia introdujo este régimen en los años noventa del siglo pasado. Desde entonces, las escuelas privadas compiten con las públicas por captar estudiantes en igualdad de condiciones financieras y los padres eligen dónde quieren formar a sus hijos con absoluta libertad entre unas y otras. El mercado de la enseñanza ha dejado de ser un monopolio gestionado burocráticamente para transformarse en uno de los más liberales del mundo con unos resultados extraordinarios de acuerdo con los indicadores de excelencia educativa disponibles. En 1991 había poco más de 60 instituciones docentes privadas en el país; en 2000 habían aumentado hasta 475. El Paraíso del Estado del Bienestar socialdemócrata ha liberalizado la educación con gran éxito. ¿Por qué España ha de ser diferente?

Para terminar, los bonos escolares, como todos los mecanismos de libre mercado, protegen los derechos de todos: de las mayorías y de las minorías. Si, por ejemplo, el 60 por ciento de las familias catalanas desea un tipo determinado de educación, el otro 40 por ciento podría utilizar su cheque educativo para decidir la que ellos demandan para sus hijos. Desde luego, esto no es conciliable con un planteamiento en el cual se piensa que la misión de la enseñanza es fabricar «buenos» ciudadanos españoles o «buenos» ciudadanos catalanes, tarea imposible de abordar con una mínima objetividad. El tema es formar individuos con la mejor dotación de capital humano disponible y libres de proyectar su vida como deseen.

El mercado es bueno para la salud

La sanidad es otro de los grandes programas del Estado de Bienestar cuya reforma resulta imprescindible y ha de contemplar un criterio básico: los consumidores-pacientes son aquellos a quienes debe servir el sistema sanitario español. Antes de apuntar las líneas maestras de su reforma, es vital saber de qué se está hablando. La sanidad española tiene una razonable reputación por su calidad y por su accesibilidad. Entre 2000 y 2009 el gasto sanitario en España creció un 5,6 por ciento en promedio anual, mientras que en la OCDE lo hizo al 4,8 por ciento. En 2010 y 2011 cayó un 0,5 por ciento y un 2,8 por ciento, respectivamente, por razones presupuestarias, por la necesidad de reducir el déficit público. Si se analiza uno de los indicadores clásicos para evaluar la salud de una sociedad, la esperanza de vida, su aumento en España parecería avalar la efectividad de la expansión de los desembolsos del sector público en este ámbito.

España se encuentra entre los países de la OCDE con mayor perspectiva de vida (véase gráfico 16). Si se contempla la evolución temporal de esta variable es mejor que la experimentada por el resto de los Estados de la OCDE desde los años setenta de la pasada centuria. Ahora bien, la constatación de este hecho relativiza la incidencia del aumento del gasto público sobre la salud y el aumento de la expectativa de vida de los españoles por una razón elemental: en el período contemplado en el gráfico 17 casi todos los países industrializados gastaron más en sanidad que España.[108]

Por otra parte, el Euro Health Consumer Index de 2013,[109] un indicador cualitativo que mide el grado de satisfacción de los consumidores europeos con sus sistemas sanitarios nacionales, sitúa a España en el puesto número 19 de los 32 países analizados, pero con un factor corrector relevante: la valoración positiva de los usuarios de los servicios de salud españoles tiene una relación directa con su capacidad de acceder a la sanidad privada como complemento de la pública (véase gráfico 18).

GRÁFICO 16. Esperanza de vida en 2012

GRÁFICO 17. Evolución de la esperanza de vida en los últimos 50 años

GRÁFICO 18. Euro Health Consumer Index 2013

A la vista de lo expuesto hasta el momento, el sistema sanitario español no funciona mucho peor que el de otros Estados europeos y su coste es similar al de los demás países de la OCDE e inferior al de Francia, Italia y Alemania. La excepción es el gasto farmacéutico, sólo superado por el francés, en porcentaje del PIB.

Este escenario no es estático. Los medios económicos disponibles para financiar el sistema nacional de salud y otros capítulos del Estado del Bienestar tenderán a disminuir, mientras que sus costes presentan y presentarán una trayectoria alcista. Los cambios demográficos, el incremento de la demanda de cuidados sanitarios por una sociedad desarrollada, las innovaciones en tecnologías y tratamientos médicos, y los costes inherentes a un sector intensivo en capital humano cualificado crearán fuertes tensiones financieras en la sanidad pública española.

Una breve descripción del impacto de la demografía sobre el sector sanitario ilustra con bastante exactitud los desafíos a los que aquélla se enfrentará en un breve espacio de tiempo. Desde los sesenta y cinco años hasta su fallecimiento una persona incurre en el 75 por ciento de los gastos en salud que hará a lo largo de toda su vida. Además, cuanto mayor es la edad alcanzada, mayor es esta proporción. Ahora, el 80 por ciento del gasto sanitario total es consumido por mayores de sesenta y cinco años y la esperanza de vida está en 82,5 años; en 2051, la esperanza de vida será de 90,1 años [110] y la proporción de individuos con edades superiores a los sesenta y cinco años aumentará del 27 por ciento que representa, en 2014, al 71,5 por ciento en 2051.[111] Esto significa que el gasto sanitario se multiplicará por cuatro o por cinco, pero habrá un 30 por ciento menos de contribuyentes. Si a este dibujo se le suma el efecto del envejecimiento de la población sobre las pensiones, la combinación de las necesidades financieras de ambos programas del Estado del Bienestar hará recaer sobre los activos una carga tributaria insoportable.

La tesis a favor de mantener el statu quo se centra en dos puntos: primero, las deficiencias básicas del sistema pueden resolverse mediante una mejora de su gestión; segundo, su privatización supondría extender un certificado de defunción a la cobertura universal hoy garantizada por el Estado. Con independencia de sus repercusiones presupuestarias y financieras, esta sugerencia ignora el factor determinante del problema, esto es, la existencia de un marco institucional que genera incentivos conducentes a un aumento explosivo e ineficiente de la oferta y de la demanda de sanidad pública. El simple recurso a la teoría económica convencional permite entender con claridad la cuestión.[112]

Si el Estado ofrece bienes o servicios cuyo uso o consumo es individual a precio cero, por ejemplo sanidad, la cantidad demandada tenderá al infinito y, en cualquier caso, será muy superior a la que se produciría si los consumidores/usuarios tuviesen que pagar la totalidad o una parte de su coste. Por el lado de la oferta, la teoría y la evidencia empírica muestran que el intento del Gobierno de satisfacer esas «necesidades» lleva a expandir la inversión más allá de sus límites óptimos, lo que implica una presión alcista sobre el gasto público sanitario. Como esta política no puede sostenerse por tiempo indefinido debido a las restricciones presupuestarias, los Gobiernos recurren al racionamiento burocrático, por ejemplo a las listas de espera, para moderar la demanda con un resultado: el deterioro de la calidad del servicio.

Ante este panorama, la reforma de la sanidad española es imprescindible. En este sentido, la opción favorita de los políticos es mejorar su eficiencia mediante la introducción de fórmulas como el copago, la reducción de la cartera de servicios y el impulso de medidas destinadas a recortar los costes administrativos y a aumentar la productividad. Esta estrategia es un paliativo, pero no una solución definitiva. Quizá sirva para contener de manera coyuntural la velocidad de crecimiento del gasto sanitario pero no solventa los problemas derivados del envejecimiento de la población y no da cabida a la competencia; esto es, al proceso por el cual las necesidades de los consumidores-pacientes pueden ser satisfechas con mayor eficiencia y a un coste más bajo.

La sabiduría convencional sostiene que la sanidad es diferente de otros productos y no cabe confiar su control al mercado. Éste no es capaz de suministrar asistencia sanitaria eficientemente debido al fenómeno denominado «selección adversa». El tomador de un seguro sanitario quizá sea más propenso a tener un siniestro que la población objetivo utilizada por el asegurador para establecer sus primas; es decir, existe una asimetría de información. Por ejemplo, la gente que compra un seguro sabe si fuma o no, pero la compañía aseguradora lo ignora. Ante este panorama, los aseguradores no entran en el mercado o cobran mucho por hacerlo. Ese supuesto «fallo de mercado» es perfectamente corregible y por ende es una alternativa razonable para cambiar el sistema sanitario español.

Cada individuo y/o familia estaría obligado a abrir una cuenta de ahorro para pagar el coste de su asistencia sanitaria, y a suscribir un seguro (catastrophic health insurance) para hacer frente a situaciones críticas o a emergencias. Las coberturas mínimas en ambos supuestos serían determinadas por el Gobierno. Si la gente deseara ampliarlas tendría la posibilidad de hacerlo pero ese plus no sería deducible del IRPF. Al mismo tiempo, el Estado garantizaría con cargo a la fiscalidad el acceso a la sanidad de todas aquellas personas sin recursos pero ello no tendría que implicar su prestación por parte de los poderes públicos. Un mecanismo de esta naturaleza garantizaría la universalidad y se traduciría en una mejor sanidad al restaurar la soberanía del consumidor, la innovación y la competencia. La hipótesis según la cual el mercado no es un instrumento adecuado para garantizar el binomio eficiencia-equidad en el sector sanitario carece, pues, de fundamento.

La sanidad pública y monopólica tal como la conocemos es inviable en términos financieros y tenderá a perder calidad. Su gratuidad es un mito porque los contribuyentes la sufragan a través de sus impuestos y éstos habrán de ser elevados en el futuro o, como se ha apuntado, habrá que aplicar un recorte radical de las prestaciones. Cualquiera de esas opciones no parece deseable ni en el plano económico ni en el social.

IX

La fiscalidad de una derecha liberal

El Estado tiene dos objetivos: uno, establecer y hacer cumplir las reglas del juego que protegen los derechos de propiedad y hacen posible la cooperación social; dos, favorecer el crecimiento económico y, de este modo, aumentar sus ingresos. «Los gastos que exige la administración de una comunidad que se rige conforme a principios liberales son tan escasos que los medios que se requiere para cubrirlos alcanzan una importancia mínima».[113] Ahora bien, la fiscalidad es el método por el cual el Estado emplea la fuerza para arrebatar a los individuos una parte de su propiedad. Se trata de un robo legal, sancionado por la autoridad y bendecido por la opinión pública. Los impuestos transfieren poder de gasto no del sector privado al público, de los individuos a la colectividad, sino de un sector basado en el intercambio voluntario entre las personas a otro soportado sobre la coerción. Como el uso de la fuerza ha de ser excepcional en una sociedad libre pero el recurso a ella es un rasgo esencial de la tributación, ésta es una de las razones básicas para la defensa de unos impuestos y de un gasto público bajos. Como escribió el juez Marshall, «el poder fiscal es el poder de destruir». Por eso, la derecha liberal contempla los impuestos como un mal necesario, el precio a pagar para preservar un marco institucional garante de los derechos individuales y suministrador de paz y seguridad.

La pregunta ¿cuántos ingresos fiscales debe detraer el Estado y cuáles son las figuras tributarias adecuadas para lograr esa meta? ha recibido numerosas contestaciones integradas en las «teorías de la imposición óptima».[114] Pero el fondo de esa cuestión trasciende a las disquisiciones técnicas porque afecta a tres aspectos básicos de la filosofía política: la definición de los fines perseguidos por la fiscalidad, el volumen y la naturaleza de los gastos gubernamentales a financiar, y los efectos políticos y económicos de los impuestos. Ese haz de temas se resume en uno: el de las relaciones del individuo con el Estado, y está en el corazón del debate entre la derecha liberal y el colectivismo. El sistema tributario español está al servicio del statu quo colectivista. Por un lado, la consolidación de una fiscalidad elevada está motivada por la financiación de los programas del Estado del Bienestar que absorben el grueso del gasto público; por otro, ese fenómeno está asociado de manera estrecha al objetivo de distribuir la renta y la riqueza. Esto condena a una imposición alta, lesiva para la libertad individual y para el crecimiento económico. El objetivo de los impuestos no consiste ya en recaudar, sino en dejar el menos dinero posible en manos de los contribuyentes.

La orientación redistributiva de la fiscalidad obedece a un error intelectual de primer orden. En una economía de mercado, la distribución de la renta y de la riqueza no se realiza por ninguna autoridad central, por ningún grupo o persona que controla los recursos y los asigna desde arriba conforme a algún criterio arbitrario. Lo que cada individuo o empresa obtiene procede de otras que se lo dan a cambio de algo o como un regalo; es decir, del intercambio voluntario y/o de un acto de liberalidad. En consecuencia, los resultados de este proceso no cabe calificarlos de injustos y su alteración a través de la tributación es una singular forma de trabajos forzados para los primeros;[115] una violación del axioma kantiano según el cual cada hombre es un fin en sí mismo y no tiene que ser utilizado como un medio. Por desgracia, esta restricción no inspira el modelo impositivo español ni el de la mayor parte de las sociedades desarrolladas.

La legislación fiscal imperante en España vulnera asimismo de una manera clara y frontal el principio de igualdad ante la ley consagrado en la Constitución, pisoteado con auténtica tenacidad en su desarrollo normativo desde hace décadas. Se discrimina a los contribuyentes de acuerdo con su estado civil —solteros o casados—, el tamaño de las compañías —pymes y grandes empresas—, el número de hijos, su nivel de renta —la progresividad del IRPF—, el origen de su capital —«ganado» o heredado—… y se utilizan las deducciones, un «pago» implícito realizado por el Gobierno, para favorecer a ciertos grupos o actividades, lo que requiere que otros paguen impuestos más altos o que otras partidas de gasto sean menores de lo que podrían serlo sin el intervencionismo tributario del Gobierno. El fisco español no trata igual a todos los contribuyentes. Los usa a modo de conejillos de Indias para sus planes de ingeniería social y para comprar votos.

En la teoría de la Hacienda, la hipótesis a favor de la neutralidad de los impuestos[116] tiene una sólida base: la de permitir a la gente emplear su dinero como estime oportuno en lugar de distorsionar el sistema económico en orden a promover decisiones que el Gobierno desea o a desincentivar las que no desea. Además, este dirigismo fiscal parte de la «fatal arrogancia», diría Hayek, de creer que el aparato gubernamental es capaz de acumular la información precisa para realizar una asignación eficiente de los recursos, en este supuesto, del dinero de los contribuyentes. Sin embargo, hay razones adicionales de índole política en pro de una fiscalidad neutral. Los impuestos suponen el uso de la coerción y no se incluye entre las legítimas facultades del Gobierno la de obligar a la gente a comportarse de una manera diferente a la que elegiría si fuese libre de actuar conforme a sus preferencias.[117] En otras palabras, los tributos no sólo reducen la libertad individual al confiscar una porción de los ingresos o del capital de los contribuyentes, sino también cuando les inducen a actuar en la dirección querida no por ellos sino por el poder fiscal.

El artículo 31 de la Constitución de 1978 dice en su aparado primero: «Todos los españoles contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica, mediante un sistema tributario justo, inspirado en los principios de igualdad y de progresividad que, en ningún caso, tendrá alcance confiscatorio». La fiscalidad progresiva rompe un criterio básico del Estado de Derecho, el de que todos los ciudadanos han de ser tratados por igual, lo que aplicado al ámbito tributario significa que ha de exigirse a todos iguales sacrificios en «proporción» a sus medios pecuniarios. No existe justificación alguna de carácter moral o ético para justificar la existencia de impuestos progresivos sobre la renta. Es una tributación de carácter ideológico, cuya única razón de ser es la de imponer una contribución a la actividad y a la economía, un castigo a quienes se han esforzado en proporcionar a los demás bienes y servicios que éstos han valorado más que los ofrecidos por otros productores. Se trata de una disfrazada confiscación de los ingresos de los trabajadores, de los beneficios de los empresarios y de la renta de los capitalistas más capaces. Altera de manera discrecional y por la fuerza la voluntad de los consumidores.

Por otra parte, la imposición progresiva es un mecanismo contrario a la movilidad social. Su existencia impide o limita la acumulación de capital por parte de los «nuevos» creadores de riqueza, de aquellos cuyas iniciativas y dinamismo amenazan de manera permanente el statu quo vigente en una economía de mercado. A éstos, la progresividad les impone un grave obstáculo para desarrollar sus ideas y expandir sus negocios porque se apropia de los beneficios obtenidos de iniciativas per se arriesgadas, por lo que los «incumbentes», los empresarios y los trabajadores «instalados», ven reducida la amenaza proveniente de potenciales competidores. De este modo, la mecánica tributaria extiende un manto protector sobre los instalados, lo que fomenta la rigidez y el inmovilismo en beneficio de los «ricos de siempre» frente a los «advenedizos». La ruptura del binomio esfuerzo-recompensa, provocada por la progresividad, es uno de los instrumentos de mayor eficacia para mantener la estructura de privilegios económicos y sociales. Esto produce el efecto paradójico de crear una alianza de hecho entre las grandes empresas y fortunas ya consolidadas, el «dinero viejo», y los teóricos defensores de la igualdad con un singular efecto bumerán: fortalecer la estructura de clases, permítase la licencia marxiana, que se pretende destruir.

La herencia y el patrimonio son dos de las principales bestias negras de la fiscalidad colectivista. La tesis a favor de la imposición sobre esos dos hechos es que, si bien cabría cuestionar la aplicación de una fiscalidad progresiva a las rentas o el capital «ganado», no cabe extender la misma presunción favorable a la preservación de la riqueza heredada o recibida por legado o donación. Este razonamiento ha sido defendido incluso por autores radicalmente contrarios al impuesto progresivo[118] y merece un comentario. La herencia es la expresión de dos hechos naturales y lógicos. Por un lado, quien acumula capital ha de tener libertad para disponer de él como se le antoje; por otro, los padres suelen querer ayudar a sus hijos. Es seguro que esta motivación es un factor determinante de sus incentivos para ahorrar, y es improbable que adopten este comportamiento si quien va a disfrutar en el futuro del sacrificio de su consumo presente es el Gobierno. Además, los beneficios económicos del capital privado no guardan relación alguna con si éste es ganado o heredado. La sociedad se beneficia de él tanto si se gasta como si se invierte en actividades productivas. En consecuencia, cualquier tributo sobre la herencia recae sobre el capital y/o sobre el consumo y, en cualquier caso, destruye o debilita los estímulos de los individuos a ahorrar. Por último, los impuestos sobre sucesiones, donaciones y patrimonio omiten un hecho fundamental: esas fuentes de renta ya han pagado tributos antes de ser transmitidas.

Cuando los colectivistas hablan sobre la fiscalidad del capital, la asocian con una ignorancia supina a una minoría de explotadores. Con independencia de que los capitalistas en una sociedad moderna se cuentan por millones (las clases medias poseen y adquieren activos generadores de rentas), los paladines de esta modalidad tributaria ignoran que todos los impuestos se sufragan en cierto modo con capital. Para hacer frente al pago del IRPF, los individuos y las familias han de ahorrar una parte de su renta que destinarían al consumo o emplearían en inversiones productivas. No hay tributo alguno que no se liquide con lo que de otra manera se hubiera ahorrado, y ninguno cuyo importe se perdonase o se redujese que se destinaría en su totalidad el consumo; una parte se guardaría como capital. Por consiguiente, todas las figuras tributarias reducen en mayor o menor proporción el volumen de ahorro disponible en la economía y, en consecuencia, disminuyen su potencial de crecimiento y el nivel de vida de los ciudadanos.

Los impuestos y el crecimiento económico

Los impuestos afectan a las decisiones de los individuos a ahorrar, trabajar e invertir en capital humano, a las de las empresas a producir, crear puestos de trabajo, invertir e innovar, y a las de los inversores a la hora de elegir los activos y los canales a través de los cuales asignan su capital. Por tanto, la fiscalidad tiene una incidencia decisiva sobre las fuentes de creación de riqueza y de bienestar de una economía. A su vez, el PIB no es una tarta de un tamaño fijo y estable. Puede aumentar o disminuir, y sobre su dimensión ejerce una influencia determinante el modelo tributario. Al mismo tiempo, el diseño de un sistema impositivo moderno ha de contar con una restricción relevante: la realidad comparada. En una economía abierta y globalizada, los países utilizan cada vez más los tributos como un mecanismo para mejorar su competitividad, y a su vez compiten entre ellos para atraer actividades productivas. En la mayoría de los países de la OCDE la estructura fiscal reposa sobre tres figuras principales: los impuestos sobre la renta y sobre las sociedades, las contribuciones a la seguridad social y la imposición indirecta. ¿Cómo afectan estos tributos al crecimiento?

En materia tributaria, el enfoque teórico colectivista se sustenta en tres falacias: primera, la oferta de trabajo es fija, una cantidad dada; segunda, el consumo de los hogares depende sólo de la renta disponible; tercera, la inversión obedece más a las ventas y a la utilización de la capacidad productiva que a su rentabilidad. En este marco intelectual, existe una relación mecánica de causalidad entre subir los impuestos y aumentar la recaudación. Esto significa asumir que la gente no reacciona ante la introducción de modificaciones en la carga tributaria que soporta. Esta visión del funcionamiento de la economía no tiene en cuenta que los individuos y las empresas responden a incentivos y a expectativas, entre ellos/as a la tasa de retorno de sus decisiones de trabajo, de ahorro y de inversión. Si los cambios en la tributación afectan de manera nociva a esas variables, más impuestos no se traducirán necesariamente en mayores ingresos para las arcas estatales. Al contrario, pueden disminuirlos por su impacto depresivo sobre la oferta y sobre la demanda agregadas. Esta tesis tiene un sólido fundamento microeconómico y permite entender e interpretar cómo se comportan los agentes económicos ante las modificaciones del sistema tributario.

Como enseña la moderna teoría del consumidor, basada en una larga tradición desde Irving Fisher hasta Robert H. Hall, pasando por Franco Modigliani y Milton Friedman, las decisiones de consumo de las familias dependen del valor descontado presente de los flujos de ingresos que esperan percibir en el futuro; esto es, de lo que se denomina su «renta permanente». En este contexto, un ascenso de la fiscalidad destinada a perdurar recorta esta renta permanente y, con ella, el gasto de los consumidores. En el caso español, la persistencia de una mayor carga tributaria tiene muchas posibilidades de consolidarse porque no se han reformado/recortado los programas estructurales de gasto público, cuyo crecimiento es exponencial. En esta tesitura, la respuesta de las familias a la elevación de su factura tributaria y al descenso de su renta permanente es disminuir su consumo o mantenerlo en tasas inferiores a las que serían posibles con una carga tributaria menor.

Si ésta es la reacción de los hogares en un «escenario normal», el impacto contractivo de las alzas impositivas tiene mucha mayor potencia en uno «anormal», como son las recesiones. El descenso de la renta permanente originado por el incremento de la fiscalidad se superpone a una situación en la que las familias están inmersas en una dinámica de desapalancamiento destinada a recortar sus deudas, experimentan una sensible reducción de su riqueza financiera e inmobiliaria, carecen de acceso al crédito y su renta disponible se ha visto erosionada tanto por la moderación de los salarios como por el aumento del desempleo.

Incluso si se acepta la hipótesis keynesiana según la cual el gasto privado responde sólo o principalmente a la evolución de la renta disponible, el caso a favor de subir la fiscalidad es rechazable. En un escenario de restricción crediticia, el efecto depresivo sobre la demanda agregada de un aumento de la tributación es demoledor porque las familias tienen vedado su acceso al mercado de fondos prestables y, de este modo, no pueden mantener y/o elevar sus niveles de gasto. Por tanto, éste depende sólo de la renta presente, aminorada por la subida de los impuestos, lo que las lleva a consumir menos.[119] En el caso de los tipos marginales sobre la renta, las fuentes disponibles muestran que, al disminuir la rentabilidad del trabajo después de impuestos, reducen la propensión de los individuos a trabajar más horas y a invertir en capital humano.[120] Si se grava cada vez más a los individuos más productivos, éstos comenzarán a actuar como aquellos con niveles de productividad más bajos.

Para darse cuenta de la brutal progresividad del IRPF español, basta señalar que los contribuyentes con bases imponibles superiores a 60.000 euros al año representan el 5,1 por ciento de los declarantes y aportan el 32,4 por ciento del total de la recaudación del impuesto. La franja comprendida entre los 36.000 y los 60.000 euros representa el 11,5 por ciento de las declaraciones y aporta el 23 por ciento del total recaudado. Además, la parte «más castigada» por el IRPF son las rentas del trabajo. Los ingresos entre 36.000 y 60.000 euros provienen en un 84 por ciento de rendimientos del trabajo, y los comprendidos entre los 60.000 y los 168.000 euros proceden de esa fuente en un 73,3 por ciento. Es pues la clase media cualificada la que soporta la mayor carga fiscal en España.

De igual modo, una fiscalidad empresarial agresiva tiene consecuencias negativas sobre la inversión y sobre la asunción de riesgos; penaliza los factores determinantes de la acumulación de capital y, por tanto, del crecimiento del PIB per cápita y del empleo. Si además las alzas de esa fiscalidad se producen en entornos recesivos y/o de contracción del crédito, las consecuencias depresivas de la subida de ese impuesto se acentúan. Aquí, el problema no es ya la disminución de la tasa de retorno de la inversión, el encarecimiento del coste del capital o la disminución de la posibilidad de autofinanciar nuevos proyectos, sino la supervivencia y viabilidad de las propias empresas. Finalmente, en una economía globalizada, la elevación de la imposición societaria debilita la capacidad de captar flujos inversores procedentes del exterior, sobre todo de inversión extranjera directa.

En esta misma línea, una fuerte imposición sobre las ganancias de capital, las célebres plusvalías, es un instrumento estéril para aumentar la recaudación y produce resultados distintos y opuestos a los esperados. Por un lado, la existencia de libre circulación de capitales permite desplazar éstos hacia aquellos lugares que les ofrecen un mejor tratamiento tributario, lo que se traduce en una pérdida de los ingresos para los Estados con una fiscalidad más agresiva; por otro, como las plusvalías sólo tributan cuando se vende el activo u activos que las generan, el incremento de los tipos que las gravan conduce a posponer su enajenación, lo que provoca también una caída de la recaudación proveniente de esa figura tributaria. Por añadidura, esa iniciativa eleva los costes de transacción y, de este modo, desincentiva el desarrollo de operaciones que producirían una asignación más eficiente de los recursos. La realización de las ganancias de capital, así como la decisión de dónde se ubica aquél, muestran una extraordinaria sensibilidad al tipo impositivo que se les aplique.

Las cotizaciones sociales constituyen un impuesto sobre el empleo. Cuando un empresario se plantea contratar a un trabajador no sólo contempla el salario que él ofrece y que el empleado demanda, sino los costes sociales que esa decisión implica. Éstos no se limitan a la remuneración, sino también a las cuotas a la Seguridad Social a las que ha de hacer frente. Así pues, el coste laboral unitario depende de dos componentes: el salario y las cotizaciones sociales. Si la combinación de ambos se traduce en un precio del factor trabajo superior al del mercado, los empresarios tenderán a demandar menos mano de obra, lo que se traduce en una tasa de paro más alta y en una contratación más baja. Al mismo tiempo, las altas cotizaciones a la Seguridad Social existentes en España, las segundas más elevadas de la OCDE, elevan los costes laborales de las empresas y, por tanto, afectan de manera negativa a su competitividad.

En el cuadro que se recoge a continuación quedan perfectamente reflejados los efectos perniciosos que las subidas de impuestos ocasionan en el crecimiento de la economía. Cada uno de los estudios que se citan es de un autor diferente, refleja períodos distintos en el tiempo así como un gran abanico de países. En lo que todos coinciden es en una misma conclusión: las subidas de impuestos tienen una correlación negativa con el crecimiento del PIB y, por tanto, los procesos de consolidación fiscal que descansan prioritariamente en un incremento de los ingresos no son exitosos.

Los principios de una reforma tributaria para España[121] han de traducirse en una rebaja de los tipos impositivos de la fiscalidad directa para estimular el trabajo, el ahorro y la inversión y en una disminución radical de la panoplia de deducciones/desgravaciones que distorsionan las decisiones de los agentes económicos y disminuyen la libertad de los individuos y de las empresas para utilizar sus recursos de la manera que consideren adecuada. La configuración de un sistema fiscal similar al existente en los Estados de la UEM es una mala elección. La fiscalidad de esa área es sensiblemente superior a la vigente en otros países industrializados y mucho más alta que en los emergentes. De hecho, el sistema impositivo europeo es una causa eficiente de la pérdida de dinamismo económico y de competitividad del Viejo Continente. Tampoco ha de rechazarse a priori la sustitución del actual IRPF, del Impuesto de Sociedades y de la fiscalidad sobre el capital por flat taxes o impuestos de tipo único sobre todos los hechos imponibles sometidos a esas figuras tributarias, eliminando todas las deducciones fiscales existentes.[122] En estos momentos, veinticinco Estados aplican este sistema. En promedio, el tipo para las personas físicas es el 16,6 por ciento y para las sociedades el 17,9 por ciento.[123] Si la opción es la preservación de los rasgos esenciales del vigente modelo tributario, habría que introducir cambios sustanciales en su diseño.

El fomento de la competitividad pasa por restaurar los incentivos a la inversión, a la creación de empleo y a la asunción de riesgos para incrementar la rentabilidad de la inversión después de impuestos, abaratar el coste del capital y aumentar las posibilidades de autofinanciación de las empresas. Para conseguir ese objetivo, hay que recortar la tarifa del Impuesto de Sociedades al 15 por ciento, tipo similar al existente en Irlanda para las compañías y algo mayor al tipo efectivo vigente en España hasta 2011. La potencial pérdida de recaudación estática derivada de esta rebaja impositiva se compensaría con la supresión de las deducciones existentes en el impuesto, que además impulsan a las empresas a realizar sus decisiones de gasto y de inversión en la dirección deseada por los Gobiernos de turno. Los únicos créditos fiscales serían la exención por reinversión de plusvalías y una deducción general en cuota del 10 por ciento de las inversiones en activos fijos nuevos.

Hay que recortar las cotizaciones sociales y equilibrar la parte de las mismas correspondiente a los empresarios y a los empleados para minimizar la distorsión que produce el desigual reparto de la brecha fiscal. Los tipos generales de contingencias comunes a cargo de la empresa y de los trabajadores no han de superar, respectivamente, el 15 y el 10 por ciento.[124] La rebaja de este «impuesto sobre el trabajo» estimularía la contratación al reducir los costes laborales y mejoraría la competitividad de las empresas, la famosa devaluación interna. El componente salarial de los costes laborales unitarios ha descendido a causa de la recesión y de la reforma laboral pero, antes o después, los salarios comenzarán a crecer, por lo que es vital que su parte fiscal, las cotizaciones, desciendan para mantener la competitividad.

La imposición patrimonial (sucesiones-donaciones y patrimonio) carece de sentido. Quiebra la equidad al recaer de forma desigual entre los contribuyentes no en función de su capacidad económica sino de la estructura de la misma o de su lugar de residencia, ya que las posibilidades de planificación fiscal no están al alcance de todos. De igual modo desalienta gravemente el esfuerzo individual, reduciendo así el potencial de crecimiento porque supone un gravamen recurrente adicional sobre el ahorro. En un contexto de libre circulación de personas y de capitales, estas figuras impositivas estimulan el «voto con los pies» hacia jurisdicciones más acogedoras de la riqueza y que reconocen íntegramente el derecho de propiedad, entre cuyas facultades no sólo está la de su utilización, sino la de la libertad de disposición a favor de quien se considere oportuno sin injerencias tributarias. Por todo ello, esta modalidad de imposición debería ser sustituida por declaraciones censales de patrimonio, de sucesiones o donaciones, a tipo cero, con lo que no existiría ningún incentivo al fraude y se maximizaría su función de ayuda al control tributario para el resto de tributos.[125]

El IRPF, tras las sucesivas reformas aplicadas, ha mejorado respecto al pasado. Sin embargo, adolece de algunas importantes deficiencias. Su estructura es todavía demasiado compleja, los tipos de los distintos tramos demasiado elevados, y se incluyen en él rendimientos que no responden a los obtenidos del trabajo. En la práctica es un impuesto dual que afecta a rentas dispares. Por ello ha de transformarse en un tributo que grave sólo a las nóminas. Su tipo máximo debería situarse en el 35 por ciento con dos tramos adicionales, uno intermedio del 25 por ciento y otro mínimo del 10 por ciento con un mínimo exento similar al actual, e indexado automáticamente en función de la inflación. Todos los rendimientos del capital tanto inmobiliario como mobiliario, incluidos los derivados de los fondos de pensiones cuando empiecen a percibirse, estarían gravados por un tipo único del 15 por ciento. La lógica técnica de una fiscalidad menor sobre el capital es sencilla: su elasticidad a los tipos es mucho más alta que la del trabajo. Por último, se debería introducir una deducción general de los gastos privados en bienes preferentes. En coherencia con la propuesta de reforma sanitaria esbozada en este ensayo, los desembolsos en sanidad se deducirían del IRPF.

Todas estas medidas contribuirían a mejorar la capacidad de crecimiento y de empleo de nuestra economía, a la vez que se mejoraría la justicia del sistema tributario entendida como un conjunto, máxime cuando reducirían el fraude. Como enseña la Ley de la Demanda, cuanto menores son los tipos de gravamen (precios), mayores son las cantidades demandadas (bases), por lo que a medio plazo el conjunto de iniciativas sugeridas apuntalaría la recaudación, cumpliéndose así la máxima del círculo virtuoso de la economía de oferta expuesta en su día por el profesor Laffer. Eso sí, exigirían una severa contracción del gasto público, tarea no abordada hasta la fecha e imprescindible aunque sea sólo por razones financieras y presupuestarias.

La defensa de una reducción sustancial de la carga fiscal soportada por los ciudadanos y por las empresas en España tiene pues un fundamento económico y filosófico. Se enmarca en cuáles deben ser las bases de una sociedad más libre y, también, más justa. La función del sistema impositivo ha de ser financiar las funciones esenciales del Estado —la defensa nacional, la justicia, la seguridad interna, la política exterior, la garantía de los derechos de propiedad y el cumplimiento de los contratos— y mantener una red de seguridad para cubrir las necesidades básicas de todas aquellas personas que por las razones que sean son incapaces de hacerlo por sí mismas. Un Estado de esta naturaleza exige una fiscalidad muy inferior a la existente y permite hacer efectivo el lema de Gladtone: «Dejad florecer el dinero en el bolsillo de los contribuyentes».

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La derecha liberal

contra el neopaternalismo

En su célebre conferencia de 13 de diciembre de 1978 pronunciada en el Club Siglo XXI, un político liberal español, Joaquín Garrigues Walker, miembro del Gobierno de la UCD presidido por Adolfo Suárez, afirmaba: «Las libertades individuales, concretas, con minúscula, están siempre amenazadas […]. Hay siempre una tentación por parte de todos los poderes públicos de “proteger” al individuo, de protegernos dictando leyes y más leyes, de tal suerte que nuestra esfera de actuación individual quede reducida, nuestros aciertos y errores disminuidos y, a fin de cuentas, nuestras libertades limitadas».[126] Garrigues no se refería a los peligros que se ciernen sobre las grandes libertades marcadas a fuego en los textos constitucionales de las democracias representativas, por ejemplo la libertad de expresión, de reunión, de asociación, sino sobre esas otras en «minúsculas», cuya erosión resulta imperceptible y difícil de cuantificar porque es la suma de múltiples prohibiciones que recortan la capacidad de las personas de vivir como quieran siempre y cuando no lesionen el derecho de los demás a hacer lo mismo.

En España ha tenido lugar en los últimos años, sobre todo en las dos legislaturas socialistas, una progresión de ese tipo de restricciones con la complicidad silente del PP en unas ocasiones y con su apoyo en otras. Del consumo de alcohol al del tabaco, por citar dos casos emblemáticos, a las restricciones impuestas a la publicidad de productos considerados «dañinos» por ucase de las administraciones, se ha desplegado en Hispania una panoplia de regulaciones que constriñen de manera injustificada la libertad de elección de la gente mediante el uso de la coerción estatal. Ello supone olvidar algo esencial: cada ser adulto es libre de asignar a su vida el precio que quiera, mientras su elección no entorpezca la libertad ni imponga costes al resto. Este axioma debería ser uno de los ejes centrales de una derecha moderna en España y un motivo para desmantelar el aparato interventor y represor del Estado en las elecciones vitales de los ciudadanos.

De momento, por nuestro bien, Papá Estado ha asumido la tutela progresiva de unos consumidores-ciudadanos a los que trata como menores de edad y a quienes considera incapaces de tomar decisiones racionales sobre sus hábitos de consumo y sobre sus estilos de vida. Esta «bienintencionada» actuación del Estado Terapéutico tiene implicaciones mucho más importantes de las que a simple vista parece. Con independencia de los perjuicios causados a industrias generadoras de miles de puestos de trabajo y de cientos de millones de euros para las arcas públicas, el neopaternalismo estatal es una muestra flagrante de la propensión de los poderes públicos a reducir la libertad de las personas, eso sí, «por su propio bien». Esta lamentable postura constituye uno de los mandamientos de la moderna Biblia de la corrección política, un virus que lamentablemente ha logrado un consenso político abrumador en España, paradójicamente, una de las sociedades a priori más permisivas y tolerantes de Occidente.

De entrada, las restricciones impuestas a la libertad de elegir de los individuos en nombre de la salud, por ejemplo, ofrecen un pretexto para extender la intervención pública hasta el infinito. ¿Por qué limitarse al tabaco o al alcohol? El consumo excesivo de café, de carne roja, de comida rápida, de azúcar, o actividades como conducir, escalar, bucear y un sinfín más de elecciones individuales, entrañan consecuencias potencialmente lesivas para la salud de quienes las practican. Ante este «aterrador» panorama, los Gobiernos españoles, incluido el del PP, se ven en la obligación de protegernos de nuestra, al parecer, incorregible tendencia al suicidio, de nuestra incapacidad de saber lo que es bueno para nosotros. Estas afirmaciones quizá parezcan excesos dialécticos pero no lo son a la vista de la reciente experiencia española. Cuando se permite a los burócratas decidir qué productos es posible consumir y en qué condiciones, la pérdida de libertad personal es inevitable.

En una sociedad libre, la exigencia legítima de los poderes públicos a las compañías es que éstas ofrezcan una información transparente de las características de los productos ofertados al mercado. Ésta sí es una función exigible a los poderes públicos, porque supone reducir los costes de información de los consumidores y contribuye a que éstos adopten sus decisiones con pleno conocimiento de causa. Por otra parte, esta política no necesita ningún tipo de regulación especial. Basta con remitirse a lo dispuesto en la legislación común para hacerlas observar. Al mismo tiempo, cualquier Gobierno tiene la capacidad de utilizar sus recursos para advertir a los ciudadanos, las famosas campañas de concienciación social, sobre los inconvenientes o la indeseabilidad de consumir determinado bienes y servicios. A partir de ahí, su intervención es poco justificable.

En España, cuya aceptación acrítica de cualquier tipo de moda o novedad «progre» es muy elevada, se está construyendo una sociedad basada en la falsa premisa según la cual si X es una causa eficiente o remota de la muerte, entonces X es una enfermedad, un problema de orden público-sanitario cuya prevención y tratamiento justifica la intervención de las autoridades y, por tanto, faculta una reducción de la esfera de autonomía individual. En la mayoría de los casos, este enfoque supone un grave deterioro del principal fundamento de una sociedad abierta: las personas son responsables de los actos libremente realizados. El abandono de este criterio permite a la gente liberarse de los efectos no deseados de sus propias acciones y a los Gobiernos extender su campo de intervención. Antes, los políticos aumentaban su poder mediante la declaración de estados de emergencia. Ahora, cada vez más, la salud pública es el pretexto para conseguir ese objetivo.

Por otra parte, una sociedad libre exige que el derecho de propiedad se respete, lo que implica la facultad de excluir a otros de su uso y disfrute. Desde esta óptica, incluir en el calificativo de lugares «públicos» los bares, los restaurantes, los hoteles, los taxis, los cines, los centros comerciales, las oficinas y un largo etcétera de posibles candidatos, y someterlos a normas coercitivas sobre cómo deben utilizarse, implica de facto la socialización de la propiedad y, además, impide a sus legítimos dueños responder a las demandas diversas de los consumidores. Ambas restricciones resultan inaceptables. Los propietarios de locales o establecimientos privados, cualquiera que sea su objeto social, deben tener la libertad de permitir o prohibir fumar, beber, hacer el amor, ver pornografía, ejercer la prostitución, etc., dentro de ellos, y asumir los costes o los beneficios derivados de esa decisión. Ésta es una cuestión elemental, olvidada casi siempre por los apóstoles de las prohibiciones. El enunciado «se reserva el derecho de admisión» es una gráfica expresión de esta idea. A nadie se le obliga a ir a un lugar que no le gusta, pero a nadie debe prohibírsele acudir si así lo quiere.

El paternalismo intervencionista de los Gobiernos patrios en los últimos años ha tenido como principal brazo armado al Ministerio de Sanidad, sea gestionado por la izquierda o por la derecha. Éste es el sancta santorum de la religión sanicrática. A estas alturas, nadie puede argüir que los consumidores ignoran los riesgos para la salud derivados de un uso abusivo del tabaco, del alcohol o de los productos con un exceso de colesterol malo. Desde hace años, los medios de comunicación, las administraciones, muchas organizaciones sociales y la propia publicidad de las «víctimas» han bombardeado a los ciudadanos con los peligros que supone fumar, beber en exceso, etc. Con este volumen de información y de propaganda, las prohibiciones carecen de sentido; son una negación de la mayoría de edad del ciudadano-consumidor, lo que plantea una pregunta inquietante: ¿Tienen los poderes públicos derecho a decidir si las personas son o no capaces de tomar decisiones libres y responsables? Si la respuesta es NO, las políticas prohibicionistas carecen de base. Si es SÍ, el terreno para recortar la capacidad de los individuos de gobernar su propia vida es de una extensión estremecedora.

En el pasado el argumento de los poderes públicos para imponer a la gente lo que era bueno para ella se basaba en axiomas de índole moral o religiosa que presuponían la existencia de una concepción a priori de lo que se estima la buena vida. En la actualidad, el nuevo paternalismo ha secularizado esa interpretación sacra a través de la teoría de las «externalidades» y de la llamada «economía del comportamiento» (behavioral economics). En ellas ha encontrado las razones técnicas para legitimar la coerción contra ciudadanos que no hacen daño a nadie. De acuerdo con la primera, la legitimación para restringir la libertad de elección de los individuos se sustenta en los costes no deseados sobre terceros impuestos por determinados hábitos de vida y de consumo; conforme a la segunda, la proposición de que muchos comportamientos humanos se desvían con demasiada frecuencia de la racionalidad y, por tanto, adoptan decisiones inconsistentes con sus propios intereses y sus verdaderos deseos. Sobre estos peligrosos presupuestos se soporta la creciente interferencia de los poderes públicos en la vida de la gente y conviene dedicarles algunos comentarios.

La moderna economía del comportamiento[127] considera que la gente tiende a tomar el statu quo como algo fijo e inmutable sin contemplar otras posibilidades, otros cursos de acción más beneficiosos para ella. Esto se debe a que los individuos sufren una variedad de errores cognitivos, incluidos la falta de autocontrol, el cortoplacismo, la tendencia a aceptar una situación determinada como algo definitivo, su propensión a primar el presente sobre el futuro, etc. Ello les conduce a actuar de una manera inconsistente con sus propios intereses. Por tanto, las intervenciones paternalistas son vitales para ayudarles a evitar esos errores. Si bien los teóricos de esta doctrina se presentan, al igual que los burócratas del Ministerio de Sanidad, como una posición intermedia entre el rígido antipaternalismo del liberalismo clásico y el paternalismo duro, su análisis concede de facto un cheque en blanco para este último. Esto es así, aunque se aceptase que políticos-burócratas fueran completamente racionales; es decir, si no exhibiesen los mismos «defectos» que el resto de los pobres mortales: una presunción excesiva y refutada por la experiencia.

Si el paternalismo es inevitable para evitar que la gente actúe en perjuicio de sí misma, la cuestión es dónde y en qué dosis ha de aplicarse. El primer e insalvable obstáculo para responder a esas dos cuestiones es cómo se determina y se prueba que el comportamiento o las elecciones adoptadas por un ser humano adulto son irracionales y que esa prevención no es en realidad una simple expresión de unas preferencias diferentes a las estimadas correctas, buenas o convenientes por Papá Estado y por sus servidores. Esta cautela introduce la presencia de un grado inasumible de discrecionalidad en las políticas paternalistas. Ni la teoría ni la evidencia empírica proporcionan base alguna concluyente para determinar cuáles son los deseos «verdaderos» de los individuos, según parece ocultos bajo una capa de irracionalidad que sólo los neopaternalistas son capaces de descubrir. Pero hay más.

Llevado a sus últimas consecuencias lógicas —y hay que hacerlo por un mero ejercicio de coherencia intelectual—, el análisis y las derivaciones normativas del neopaternalismo suponen de facto una impugnación de la democracia. La asunción de que los individuos son incapaces de evaluar los costes y los beneficios derivados de sus decisiones pone en entredicho la propia esencia del sistema democrático. Es imposible explicar por qué la gente no es racional para elegir cómo quiere vivir y sin embargo lo es para designar a sus gobernantes. Esta esquizofrenia es el producto de la manida falacia en virtud de la cual los individuos son irracionales en su vida privada y racionales en la pública. Como es obvio, esta dicotomía se cae por su propia base. Por otro lado, una inadecuada elección de los gobernantes tiene posibilidades de producir, y de hecho produce, daños en múltiples ocasiones, externalidades negativas a terceros derivadas de una potencial mala o pésima gestión de la cosa pública. ¿Cómo se evita eso? ¿Con una dictadura ilustrada? Ante la inexistencia de un baremo objetivo para evaluar qué acciones individuales son dañinas y han de ser prohibidas, cualquier tipo de justificación para demandar la intervención de los poderes públicos puede ser utilizada.

El segundo soporte doctrinal a favor del paternalismo es la «teoría de las externalidades».[128] Aplicado al tema que nos ocupa, el comportamiento de un individuo libre y adulto maximizador de su utilidad puede tener consecuencias negativas sobre terceros, lo que justifica la intervención pública para impedir esas conductas. En puridad lógica, esta tesis cabe ser extendida a todos y a todo, ya que los efectos externos constituyen un fenómeno omnipresente de la vida social. Un paseo por la calle nos enfrentaría a un amplio abanico de ellos: el ruido de los juegos infantiles, el olor a cocina de un restaurante, el sonido del tráfico, los gases de los tubos de escape… Si la Administración interviniese para corregir todas estas externalidades, los recursos de la economía nacional se consumirían en actividades de intervención y no quedaría mercado que corregir.

Milton Friedman arguyó que los escritos de Marx han causado más muertes que todas las inducidas por el abuso del alcohol, del tabaco o de las drogas a lo largo de la historia de la Humanidad, un muy largo período… Sobre la base de la economía del comportamiento, cabría pedir la prohibición de los libros del Viejo Topo, lo que demuestra la estupidez y la peligrosidad de extender el criterio de las externalidades más allá de lo que supone agredir de manera directa y evidente a los demás. Cuando un Gobierno pretende ocuparse de que los individuos tengan hábitos saludables, por qué no ocuparse de su salud mental.

Entonces, qué pasa con los efectos sobre terceros… ¿Habrá que respetar también su derecho a no ser dañados por las acciones de quienes ejercen su libertad? La respuesta es positiva, pero asumir esa hipótesis no hace la regulación ni conveniente ni necesaria. El mercado proporciona los incentivos necesarios para satisfacer las preferencias de todos los consumidores sin que el Estado tenga que intervenir. En el caso del tabaco, por ejemplo, habrá cines, restaurantes, centros comerciales, líneas aéreas, etc., para fumadores y otros para no fumadores, y el equilibrio entre unos y otros dependerá tanto de la intensidad de la demanda como de la calidad de la oferta. Nadie obliga a un espectador a entrar en un cine en el que se permita fumar como nadie fuerza a un espectador a ver películas pornográficas. Lo tolerante y lo sensato es respetar los gustos y preferencias individuales que, por definición, son variadas y subjetivas. De lo contrario, la única opción es construir el Gran Hermano orwelliano para que espíe de modo constante a la gente, lo que no parece demasiado atractivo y deseable.

Por otra parte, el recurso a las externalidades tiene a veces implicaciones problemáticas. Por ejemplo, el fumar eleva los costes del sistema sanitario pues los fumadores tienen una mayor proclividad a recibir asistencia médica, lo que presiona al alza el gasto público por ese concepto. Luego, su conducta genera una externalidad fiscal negativa sobre los contribuyentes, lo que justifica políticas para reducir su consumo. Al mismo tiempo, muchos fumadores mueren antes que quienes no consumen tabaco, lo que reduce los costes de la Seguridad Social —pensiones y sanidad— y genera una externalidad fiscal positiva. En el marco analítico de los efectos externos, la implicación de ese segundo supuesto sería que los Gobiernos subsidiasen el tabaco. Es evidente que nadie o muy poca gente endosaría una medida de esta naturaleza, pero su enunciado es una muestra de la complejidad de utilizar las externalidades como una guía sensata a favor de la intervención pública.

Cuando los neopaternalistas reconocen la fortaleza de los argumentos críticos, recurren a un poderoso reclamo para justificar la intervención estatal en la elección de cómo la gente desea vivir: apelar al potencial daño sobre los menores que una irrestricta libertad causaría. La pureza y la vida de las almas y los cuerpos infantiles estarían en peligro… De entrada, quienes mayor interés tienen en la protección de este colectivo y en salvaguardar su bienestar son sus padres. Esta elemental afirmación es ignorada a menudo por el neopaternalismo. Ahora bien, si esa pura reflexión de sentido común se acepta, el papel del Estado en este ámbito debe ceñirse al principio de una radical subsidiariedad. Es evidente que hay padres desnaturalizados, capaces de perjudicar a sus hijos, pero ésa no es la regla y, por tanto, es impresentable legislar como si lo fuese. La tentación y la tendencia de los poderes públicos a ocupar el papel que corresponde a los progenitores es sencillamente inaceptable.

La mayoría de los países impone una edad mínima para la compra de alcohol. La razón es que la gente joven puede caer presa de la adicción si se le permite beber en su edad temprana y ello puede dañar a otros si, por ejemplo, conducen bajo la influencia del alcohol. Poca gente quiere ver a un niño o una niña de doce años bebiendo ginebra a gollete y emborrachándose. Por ello, la prohibición de hacerlo parece razonable. Otra cuestión muy diferente es su efectividad. La experiencia enseña que los menores suelen sortear esas prohibiciones. Esto significa, como se verá a continuación, que las medidas coercitivas introducidas con la finalidad de proteger a los niños de la adquisición de hábitos poco edificantes —antes se calificaban de vicios— o no producen resultado positivo alguno o, peor, éste es exactamente contrario al esperado. Una de las muestras paradigmáticas de esta aseveración es…

El caso de la publicidad

La influencia de la publicidad sobre las elecciones de los consumidores es un debate constante en las ciencias sociales. El pliego de cargos contra esta actividad empresarial es interminable: crea necesidades artificiales, fomenta el consumismo —como si esto fuese malo per se—, estimula comportamientos indeseables. En el ámbito que nos ocupa, la acusación contra ella se centra en su hipotética capacidad de condicionar u orientar las decisiones de consumo, básicamente de tabaco y de bebidas alcohólicas, de los menores. Esta conjetura parece avalada por los hechos. Los datos disponibles muestran que en las sociedades desarrolladas, entre ellas España, este colectivo tiende a beber y a fumar cada vez más precozmente. Ante esta inquietante situación, los Gobiernos se sienten en la obligación de hacer algo, y una de sus iniciativas favoritas es la introducción de restricciones cuando no la proscripción de la publicidad de estos productos.

Esta posición tiene su sustento en una falsa verdad popular, a saber, la existencia de una estrecha relación de causalidad entre la publicidad y la propensión a consumir esos bienes. Sin embargo, esta aseveración es precipitada, superficial y carece de base. Un informe, ya clásico, sobre esta materia realizado por el Instituto de Psicología de la Universidad de Bonn demuestra que ningún estudio es capaz de mostrar una conexión directa entre la publicidad y el comportamiento de los niños.[129] El error del a priori prohibicionista es una teoría equívoca sobre cuáles son los factores determinantes de las elecciones realizadas por los consumidores.

La mayoría de los estudios publicados muestra que la prohibición de publicitar estos productos tiene un impacto despreciable, por no decir inexistente, sobre la propensión de los menores a convertirse en bebedores o fumadores y sobre sus incentivos para dejar de serlo una vez iniciado el hábito. De igual modo, no existe evidencia alguna de que la supresión o la flexibilización de esas interdicciones se traduzcan en un incremento de la ingesta de alcohol o de tabaco por quienes están en su minoría de edad. Al contrario, las «prohibiciones» aumentan el atractivo de esas mercancías para los no adultos, cuya predisposición al riesgo, ceteris paribus, es mayor que la de otras cohortes de edad.[130]

Por otra parte, el impedimento de publicitar estos productos en determinados medios y/o entornos, por ejemplo la televisión, los periódicos o la radio, no es efectivo en un escenario de cambio tecnológico. Simplemente genera un efecto desplazamiento. Las empresas tienden a desviar su estrategia publicitaria y de promoción hacia otros medios de comunicación, léase internet, que están desregulados o son muy difíciles de regular, y los propios menores promocionan estos hábitos a través de las redes sociales. En suma, las nuevas tecnologías constituyen un mecanismo de una enorme efectividad para sortear las medidas prohibicionistas. En consecuencia, su hipotético efecto disuasor sobre la demanda de alcohol o de tabaco de los jóvenes, incluidos los menores de edad, aquellos a los que la legislación pretende proteger, es en el mejor de los supuestos irrelevante.

Ante esta realidad, cualquier observador imparcial se planteará una pregunta: si la publicidad no aumenta el consumo de alcohol y de tabaco, por qué las empresas gastan grandes sumas de dinero en ella. La respuesta es elemental desde el punto de vista económico. Las bebidas alcohólicas y los cigarrillos son productos maduros, cuyas características básicas son ya conocidas por los consumidores. Por tanto, su demanda total no crece por mucho que lo haga la inversión publicitaria. En este entorno, el objetivo de la publicidad de las compañías productoras y distribuidoras de esas mercancías es arrebatar cuota de mercado a sus competidores haciendo más atractivas sus marcas e intentando fidelizar a sus clientes.

En apoyo de esta tesis es interesante observar los efectos de la publicidad sobre el tabaco. En muchos países y en Europa desde la implementación de la Directiva de 26 de mayo de 2003 se prohibieron las inserciones publicitarias de este producto en todos los media y, en algunos de ellos, el patrocinio por las tabaqueras de los eventos deportivos y de los atletas. A la vista de las permanentes proclamas sobre el aumento del tabaquismo entre los jóvenes y de los datos existentes a escala europea y mundial sobre el asunto, estas medidas han sido completamente inútiles.

Los hechos son tozudos y las relaciones entre la publicidad y los jóvenes permiten extraer una conclusión: los individuos no son manipulados ni manipulables por los contenidos de las campañas publicitarias. Éstas no controlan la sociedad ni inducen a la gente a actuar de una manera que no desean. Tan sólo ofrecen información y permiten al consumidor obtener una satisfacción más grande, para un determinado nivel de recursos, gracias a la disminución de sus costes de búsqueda. Esto satisface una demanda real de los consumidores y les permite elegir con mayor conocimiento la relación calidad-precio de las distintas ofertas presentes en el mercado. De nuevo, la gente no toma decisiones que son contrarias a sus propios intereses. Por eso, el grueso de las regulaciones introducidas para «proteger a los consumidores» de sí mismos carecen de sentido. El problema no consiste pues en reprimir la publicidad, sino en actuar para que los costes de acceso del consumidor a la información sean lo más bajos posibles. Esa sí es una función del Gobierno.

El espinoso tema del aborto

El debate de fondo sobre el aborto supera las fronteras de la izquierda y de la derecha en sentido amplio para insertarse en la legitimidad o no de los poderes públicos para interferir en las decisiones de los individuos. Éste es el meollo del problema porque es posible encontrar a los dos lados del espectro político individuos a favor y en contra del derecho de las mujeres a abortar. La división de los campos entre reaccionarios y progresistas por este asunto es demasiado superficial y se presta a la demagogia. En el PP hay gente a favor y en contra del aborto, pero también la hay en el PSOE, por citar a los dos grandes partidos del país.

A partir de una afirmación básica —ninguna mujer a priori desea abortar— es pertinente realizar algunas consideraciones. Por un lado están quienes consideran que el feto es un ser vivo, hecho científico probado, un individuo potencial y, por consiguiente, el aborto es un homicidio o, peor, un asesinato. Desde el momento en que el Gobierno prohíbe y castiga estos delitos, debe hacer lo mismo con el aborto. En consecuencia, la protección frente a una agresión contra el feto es de idéntica naturaleza a la que se reconoce a una persona como ente separado. Por otro lado están quienes estiman el nacimiento como el inicio de la vida civil y, por tanto, el momento a partir del cual los derechos han de ser protegidos. Si se tienen en cuenta esas dos perspectivas, las posiciones a favor y en contra de la libertad de las mujeres a interrumpir el embarazo tendrían una legitimidad y una racionalidad similares, y su calificación como retrógradas o avanzadas es un juego dialéctico sin sustancia, una discusión bizantina de escaso sentido práctico.

Se suele argumentar, y es cierto, que existe una considerable variedad de opciones para prevenir, léase el uso de anticonceptivos, y para reducir los incentivos a abortar. Así, la madre en solitario o de acuerdo con su pareja puede dar a su hijo en adopción e incluso podría transferir sus derechos sobre él a terceros a cambio de una compensación económica. Esta opción «economicista» quizá hiera la sensibilidad de algunos lectores, pero sería una alternativa razonable en un mundo en el que la demanda de bebés y de niños es de ordinario superior a su oferta. Si se permitiese la creación de un mercado libre en este campo, se eliminaría ese desequilibrio y se llevaría a cabo una transferencia de aquéllos de padres que no los quieren tener a otros que lo desean con ardor. El resultado de esta transacción sería beneficioso para todas las partes implicadas.

Dicho esto, la introducción de medidas restrictivas sobre el derecho a interrumpir el embarazo tiene una escasa capacidad disuasoria, aunque lleve aparejadas severas condenas penales. La decisión de abortar es siempre dramática. Cuando una mujer llega a tomarla, la ejecutará aunque ello suponga vulnerar la ley. Así lo demuestran los hechos. En este caso, la prohibición se traduce en la creación de un mercado negro cuya opacidad y falta de calidad-eficiencia representa, por ejemplo, elevar el riesgo para la vida de las mujeres que toman esa determinación, sobre todo para aquellas con menores niveles de renta o acudir a otros mercados. Desde esta perspectiva, las legislaciones prohibicionistas no consiguen los objetivos perseguidos y producen efectos perversos indeseados. En buena medida son una combinación de elevados sentimientos morales en unos casos con dosis notables de hipocresía o de ventajismo político en otros.

La aproximación a un análisis equilibrado del aborto implica asumir un principio esencial: el derecho absoluto de cada persona a la propiedad de sí misma. Esto supone admitir a las mujeres un dominio completo sobre su cuerpo y de todo cuanto se encuentra dentro de él. Si se acepta este planteamiento, las mujeres tienen el perfecto derecho tanto a mantener en su seno a un feto como a expulsarlo. En suma, las leyes restrictivas del aborto invaden su derecho a disponer libremente de un activo de su propiedad, su cuerpo. Esto no tiene nada que ver con la moralidad del aborto, sino con su legalidad, esto es, con el reconocimiento o no a ejercer un derecho individual, lo que es independiente de materializar o no su ejercicio. Se está pues ante un asunto cuyo tratamiento compete a la libertad y a la conciencia de las personas, ante lo que el Estado ha de guardar una estricta neutralidad.

Los antiabortistas afirman que el feto, al igual que los seres humanos ya nacidos, tiene derecho a vivir. Quien escribe estas líneas suscribe esta tesis pero con una restricción esencial: nadie puede imponer a los demás, por la fuerza, acciones o comportamientos que sustenten su vida. Esto implica la ilegitimidad de obligar a un individuo a utilizar el cuerpo de un tercero aun en el caso de que ello sea indispensable para su supervivencia. La voluntad de la madre es inalienable y, por tanto, no es lícito esclavizarla, lo que agrade o no, supone el obligarla a tener un hijo sin su consentimiento. Si ningún ser humano tiene el derecho de vivir a costa de los demás, qué argumento lógico conduce a que lo tenga el concebido no nacido. En numerosas ocasiones se sostiene que la madre ha consentido en concebir, esto es, ha realizado un contrato tácito con el feto, inquebrantable de manera unilateral. Este argumento es falaz por una razón elemental: es difícil, por no decir imposible, considerar al feto una entidad voluntaria y conscientemente contratante.

Otra tesis en contra del derecho al aborto es la consideración de que el niño ya nacido tampoco es capaz de valerse por sí mismo y, en consecuencia, la preservación de su existencia depende de sus padres. Esto significa que, llevada a sus últimas consecuencias lógicas, la posición de los partidarios del aborto conduciría a justificar el infanticidio. Este razonamiento es un sofisma. Todos los nacidos ya no están dentro del cuerpo de sus madres, poseen el derecho de autopropiedad, porque son seres distintos y adultos en potencia. Por tanto, es ilegal y entraña una violación de sus derechos cualquier agresión de sus padres contra su integridad física. Aunque los progenitores son los creadores del niño y, por tanto, sus propietarios, ese dominio paterno no es absoluto y, además, sólo persiste durante un espacio temporal, que normalmente viene determinado hasta que aquél alcanza la mayoría de edad.

Los derechos individuales tienen siempre un carácter «negativo»; esto es, delimitan las áreas dentro de las cuales nadie puede invadir la esfera de autonomía de los demás. Nadie tiene autoridad para exigir un acto a otro en contra de su voluntad porque ello implica realizar una coacción; es decir, una violación del derecho de la persona a disponer sobre sí misma y sobre sus propiedades. Ahora bien, la decisión libre de los padres de tener un hijo sí genera un contrato tácito en virtud del cual éstos están obligados a garantizar su supervivencia mientras sea menor de edad. Más allá de ese momento no cabe exigir a los progenitores ninguna obligación legal hacia sus hijos. Si las asumen, es un acto de liberalidad.

En el ámbito de lo público, la regulación sobre el aborto no tiene ni ha de guiarse por criterios morales o religiosos que inspiran y guían el comportamiento de los individuos en su privacidad. Quien escribe estas líneas es antiabortista pero no se considera legitimado para imponer a los demás obligaciones y deberes por la fuerza que lesionan de manera directa el ejercicio del primer derecho de propiedad; esto es, el del individuo sobre su propio cuerpo. Este criterio prima sobre cualquier consideración moral o religiosa, que, por definición, es subjetiva. Cuando se vulnera esa restricción básica, cualquier ataque a la libertad individual es legítimo o, mejor, está legitimado con independencia de cual sea la justificación ética, política, social o económica que se esgrima.

Este enfoque no guarda relación alguna con criterios de oportunidad política ni con la casuística concreta de en qué supuestos es legal o no interrumpir el embarazo, sino con un principio superior, el de la libertad del individuo adulto para hacer con su cuerpo lo que le plazca. Además, ésta es casi con toda seguridad la postura de la mayoría de quienes prestaron su apoyo al centro-derecha en las últimas elecciones generales, sean o no partidarios del aborto.

XI

La derecha liberal y el nacionalismo

Popper definió el nacionalismo como una «temible herejía de la civilización occidental», e Isaiah Berlin le adjudicó un alto voltaje de peligrosidad. Los pensadores liberales más lúcidos[131] vieron en el nacionalismo una de las principales amenazas para la sociedad abierta y pronosticaron su alianza con los movimientos socialistas en un formidable frente contra la libertad. Nunca tuvieron la visión optimista e ingenua, a diferencia de otras escuelas de pensamiento, acerca de su carácter efímero, de su inevitable desaparición con la autodeterminación de las naciones y con el avance de las luces de la Ilustración. La historia les ha dado la razón.

La amenaza para la libertad proveniente del nacionalismo es la combinación de una concepción orgánica de la sociedad con una visión metafísica del Estado. En su praxis radical o moderada, estos dos elementos configuran el substrato intelectual del nacionalismo, su profundo antiindividualismo y sus tics autoritarios cuando se convierte en una opción política articulada. El hecho es que la patología nacionalista, la inflamación del sentimiento de pertenencia a una comunidad, ha infectado las sociedades de este fin de siglo, convirtiéndose en un poderoso reclamo de fidelidades políticas. Cuando se mezclan la fuerza de un sentimiento —la irracionalidad— con el poder de una maquinaria estatal moderna, los riesgos son evidentes.

Dos conceptos de nación: un poco de historia

La moderna teoría de la nación, como el propio liberalismo, tiene un doble y opuesto origen: el anglosajón y el continental o, para decirlo con mayor precisión, el franco-alemán. Se trata en definitiva del conflicto entre el Gobierno limitado del constitucionalismo liberal y el Gobierno ilimitado de la filosofía rousseauniana y del Volk germano. La diferencia entre ambos es idéntica a la que existe entre la Revolución inglesa de 1688 y la Revolución francesa de 1789. En la tradición anglosajona la nación es el resultado de un dilatado proceso de evolución a lo largo del cual se ha ido garantizando a los individuos un conjunto de derechos y libertades. La Commonwealth es incomprensible al margen de su naturaleza sancionadora y garante de la autonomía individual. Por ello, la idea de nación de la Revolución inglesa lleva al Gobierno limitado, que es la constitución histórica del país desde la Carta Magna.

Sin embargo, el concepto de nación surgido en las antiguas Galias tiene un significado muy diferente. Cuando los revolucionarios franceses derrocaron el ancien régime, Francia estaba en peligro de disolución. La liquidación de la monarquía, de la Iglesia y de la aristocracia como factores legitimadores de la unión llevó a la necesidad de establecer un nuevo principio de legitimidad capaz de simbolizarla. Obviamente, en este marco, la nación, como fetiche del Nuevo Régimen, no podía ser el resultado de un proceso de evolución histórica que resultaba inseparable de las fuerzas representativas del Viejo Régimen. Era necesario construir una identidad nueva, expresión de la voluntad popular surgida de la Revolución. El resultado fue la República, Una e Indivisible, que convirtió, por vez primera, la nación en un concepto abstracto, un producto racional-constructivista en la terminología hayekiana.

En esta misma línea, la aportación del pensamiento germano a la idea colectivista de la nación constituye un elemento que, si en apariencia resulta contradictorio con la visión francesa, en la práctica la complementa. Los historiadores alemanes de finales del siglo XIX desempeñaron un papel esencial en crear un clima de opinión favorable al nacionalismo y al imperialismo. Fue, en verdad, «la guarnición de distinguidos historiadores, la que preparó la supremacía de Prusia al mismo tiempo que la suya propia, y ahora tienen en Berlín su fortaleza, la que creó las ideas por las que la ruda energía centrada en una región con más aristas que las zonas de tradición latina se utilizó para absorber y endurecer el difuso, sentimental y curiosamente poco político talento de los alemanes».[132] En este proceso que acompañó a la unificación alemana se encuentra el inicio de la dinámica por la cual Alemania se fue apartando poco a poco del tronco común de la tradición occidental.

La característica fundamental de esas concepciones de la nación es su carácter absoluto e ilimitado. Al identificar la nación con la soberanía popular se eliminaban las restricciones clásicas al ejercicio del poder. Nadie puede oponerse a la nación porque ello significa enfrentarse a la voluntad del pueblo por ella representada. De esta manera, los derechos individuales son absorbidos y neutralizados por la idea nacional. La «nación total» deja al individuo solo y desprotegido frente al poder. El ideal galicano de nación prima la independencia nacional sobre la individual. La nación en armas implica una lucha por la supervivencia a la que todo debe subordinarse.

Las consecuencias de estas dos visiones de la nación son muy diferentes. La idea de nación anglosajona representa la hostilidad al poder absoluto, pero no sólo al de los reyes sino también a toda forma de absolutismo. Apoyada en la existencia de derechos individuales que no pueden ser sacrificados en el altar del Gran Ser Nacional, tiende a la diversidad y no a la uniformidad, a la armonía y no a la unidad. Para ella, en sus diferentes versiones (utilitaristas o iusnaturalistas), los individuos tienen derechos y el autogobierno consiste en crear las condiciones para que sean respetados y ejercidos. La idea nacional anglosajona impide el sacrificio de las libertades individuales en nombre de un ideal colectivo de índole superior. Los individuos son soberanos, no la nación.

Las discrepancias en el seno del liberalismo acerca de cómo debe entenderse el hecho nacional tienen su origen en la obra de John Stuart Mill. En el folleto titulado Del gobierno representativo, Mill sostiene que «cuando existe el sentimiento de nacionalidad en los individuos disgregados de un pueblo, hay una razón prima facie para unirlos a todos bajo un mismo gobierno».[133] Los límites del Estado deben coincidir con los del espacio habitado por la nación. Mill, británico al fin y al cabo, no entendió que la constitución histórica del continente era muy distinta a la vigente en Britania y, por tanto, que la independencia nacional podía muy bien no coincidir con la de las personas que viven dentro de la nación. Como ha señalado Popper, «el error fundamental de esta doctrina es el supuesto de que los pueblos o naciones existen antes que los Estados —algo así como raíces— como unidades naturales, que en consecuencia deberían estar ocupados por Estados. Pero la realidad es la contraria: son los pueblos o naciones los creados por los Estados».[134]

La respuesta más completa a las tesis millianas fue la proporcionada por lord Acton.[135] Para él la existencia de varias naciones dentro de una misma organización política tiene efectos similares a la independencia de la Iglesia frente al Estado, convertirse en una firme barrera contra la extralimitación de los poderes del Gobierno más allá de su esfera legítima de actuación. En este sentido, Acton considera que la coexistencia de varias naciones dentro de un mismo Estado no sólo es un mecanismo de salvaguardia para la libertad sino también una de las condiciones de una vida civilizada. La articulación de esa diversidad nacional en un sistema federal introduce elementos competitivos entre las distintas instancias de Gobierno territorial que constituyen una salvaguarda muy importante frente a los potenciales abusos del poder.

Los fundamentos del nacionalismo

El nacionalismo es una manifestación de lo que se ha venido denominando «colectivismo metodológico»:[136] la tendencia a tratar los conjuntos como objetos concretos con existencia real. Sin embargo, estos términos, usados para referirse a los colectivos, no tienen existencia objetiva; nunca se presentan ante nuestra mirada como objetos de observación. Son construcciones mentales sin entidad real. En su formulación moderna, esta corriente de pensamiento es el producto de las conexiones entre el positivismo y el hegelianismo. Los políticos han encontrado rentable explotar el principio ideológico según el cual el individuo sólo puede realizar todas sus potencialidades humanas como parte de un colectivo cuyas metas serían objetivamente determinadas por las Leyes Inexorables de la Historia, por la raza, etc. Bajo este planteamiento subyace lo que Popper definió como «holismo»; esto es, el supuesto según el cual los grupos sociales no pueden ser considerados como meros agregados de personas. El grupo social es más que la mera suma total de las relaciones meramente personales que existan en cualquier momento entre sus miembros.

El nacionalismo es una manifestación típica de las filosofías holísticas. En su caso, el holismo se manifiesta en la convicción de que los individuos pertenecen a un grupo concreto —la nación— cuyas formas de vida son radicalmente distintas a las de otros pueblos. Esa alma máter nacional forja el carácter de las personas integradas en el grupo, que no puede ser comprendido salvo por referencia a él. El individuo no es la fuente primera y última de valoración, sino sólo el producto de valores definidos de manera colectiva. Por ello, el primer fundamento del nacionalismo es siempre y por definición el colectivismo.

El segundo fundamento de las tesis nacionalistas es que la nación es un ente con vida propia cuyo comportamiento es similar al de un organismo biológico. Esta visión organicista implica que lo que el organismo nacional necesita para su desarrollo constituye metas comunes; que éstas sean supremas y que, en el supuesto de que entren en conflicto con otros valores, deben prevalecer. Más aún, la conversión de la nación en una entidad orgánica obliga a considerar antinaturales todos los valores e ideas forjados por los individuos. De todo ello se extrae una conclusión fundamental: la unidad humana esencial en la que la naturaleza del hombre se realiza no es lo individual o la asociación voluntaria que puede ser disuelta, abandonada o alterada a voluntad, es la nación, una relación única que ata a los seres humanos dentro del todo orgánico, indisoluble e incomprensible para la razón.

En tercer lugar, el nacionalismo liquida cualquier vestigio de racionalismo crítico, ya que convierte a los individuos en seres incapaces de sostener ideas diferentes a las definidas como correctas por el colectivo. Los valores, las ideas o las políticas no se defienden en función de su verdad o falsedad, de su justicia o de su injusticia, sino porque son los valores del grupo que le ayudan a sobrevivir y desarrollarse. Como la nación es la única instancia que da sentido a la vida individual, puede exigir a las personas que la integran una lealtad acrítica.

La fusión del nacionalismo con el estatismo es lo que confiere un enorme poder destructor a las tesis nacionalistas. Presuponer la superioridad de las decisiones colectivas sobre la acción y las elecciones individuales implica necesariamente que exista una entidad colectiva bien definida capaz de materializar esas aspiraciones. Ésta es la aportación principal del hegelianismo a las tesis nacionalistas. La teoría metafísica del Estado funde la nación con el aparato de gobierno en una entidad mística superior y trascendente. El Estado es visto como la encarnación política de la nación, la unión en cuerpo y alma del sentimiento y de la fuerza para configurar un orden racional y bueno al cual las vidas de los individuos están subordinadas.

La gran innovación del nacionalismo contemporáneo es su encarnación en un partido político más que en un movimiento. Los partidos nacionalistas están tan convencidos de ser la nación como el Club Jacobino creyó personificar la voluntad del pueblo y el PCUS a la clase obrera; cualquiera que se les oponga se está oponiendo a la expresión única de la voluntad nacional. Peor aún: quien no los apoye es un traidor a la patria. En otras palabras, la identificación de los partidos nacionalistas con la nación tiene un claro signo totalitario y recuerda aquella célebre frase de Stalin: «Fuera de la influencia del partido no hay actividad consciente de los trabajadores». No puede haber nación sin un partido que la encarne, como no puede haber cristianos sin Iglesia.

Este conjunto de planteamientos tiene dos consecuencias: la naturaleza y la extensión de las actividades dejadas a la autonomía individual se reducen y se adopta la actitud de juzgar los procedimientos de decisión colectiva a la vista de su capacidad para identificar lo que es objetivamente bueno —el interés nacional—. En este caso, es evidente que resulta relativamente fácil para una élite esclarecida —la clase política nacionalista— situarse en una posición superior lo que le permite sustituir los juicios y preferencias de los ciudadanos por los suyos propios. La semejanza con otro tipo de nomenclaturas no puede sorprender a nadie. A ella le corresponde guiar al pueblo ciego hacia la tierra prometida de la independencia nacional.

Las causas de la enfermedad nacionalista

Tradicionalmente se ha contemplado el nacionalismo como la respuesta a las heridas infringidas en los valores de una sociedad por elementos extraños a ella. En este sentido, el nacionalismo constituiría una respuesta frente a una agresión exterior. Los socialistas, en unión con muchos conservadores, han señalado a la sociedad capitalista como la causa del resurgir nacionalista. En la sociedad posindustrial de este final de siglo, el capitalismo ha destruido las comunidades tradicionales y los lazos de solidaridad entre las personas en favor de la atomización social. En la soledad y el aislamiento del mundo moderno, el nacionalismo sería la búsqueda de compañía, de un sentimiento de hermandad y fraternidad perdidas, la nostalgia de la tribu. Sin embargo, éstas no parecen ser razones suficientemente consistentes para explicar la cuestión. «El infringir una herida sobre el sentimiento colectivo de una sociedad, o cuando menos sobre sus líderes colectivos, tal vez sea una condición necesaria para el nacimiento del nacionalismo, pero dista mucho de ser suficiente».[137]

La nación debe contener dentro de sí un grupo de personas que estén en busca de un foco de lealtad o de poder. El nacionalismo necesita empresarios políticos capaces de convertirlo en una actividad comercialmente explotable. En pura lógica de public choice, el interés de la vanguardia nacionalista exige exacerbar lo más posible las señas de identidad propias para definir su presencia e imagen en el mercado. En el plano de la competencia política democrática, esta estrategia conduce a una escalada de la presión sobre la sociedad civil para que ésta se pliegue a la propaganda nacionalista. La necesidad de captar votos lleva a dividir a los ciudadanos en tres categorías: los buenos (los nacionalistas), los menos buenos (los indiferentes) y los malos (los adversarios del nacionalismo). Los nacionalistas sólo pueden maximizar su utilidad, los votos, convirtiendo sus intereses particulares (la conquista del poder) en la defensa de un interés público (el de la nación) que les otorgue una posición hegemónica en el mercado político. De ahí su necesidad de actuar como verdaderos monopolistas que discriminan concediendo premios y castigos para conseguir una posición de predominio en el mercado donde actúan.

Esto ¿qué significa? Pues algo muy sencillo: la ecuación «partido=nación=Estado» desencadena una dinámica de control de la vida pública por parte de los nacionalistas y la contemplación del pluralismo como una amenaza. Por definición, el nacionalismo tiene vocación de partido único. Las experiencias en este sentido son de todos conocidas. No puede afrontar la competencia democrática como una fuerza política normal porque no lo es. Se identifica con el todo y no con una porción de la realidad, y, en última, instancia no es capaz de aceptar de buen grado la alternancia democrática porque ello supondría asumir el riesgo de que dominen la nación fuerzas contrarias a ella.

La falacia nacionalista

Hace tres décadas, Margaret Thatcher hizo una afirmación que causó escándalo en la opinión bienpensante. La Dama de Hierro dixit: «La sociedad no existe. Hay individuos, hombres y mujeres, y hay familias». Sin embargo hay muchos e ilustres antecedentes a su punto de vista acerca de los individuos, de las sociedades y de las naciones. En el capítulo 17 del Leviatán, «Del Estado», Hobbes escribe con claridad: «El bien común no difiere del individual, y aunque por naturaleza los hombres propenden a su beneficio privado, procuran a la vez por el beneficio común». Jeremy Bentham, en la introducción a Los principios de la moral y la legislación, realizaba la siguiente reflexión: «¿Qué es el interés de la comunidad? La respuesta parece sencilla; el interés de la comunidad es la suma de los intereses de los miembros que la componen». Y, por su parte, el viejo y sabio David Hume señaló que «la nación no es más que una colección de individuos».

Sin embargo, estos ilustres pensadores y la mayoría de los teóricos del liberalismo clásico no negaron la realidad de la sociedad o de la nación sino de un determinado enfoque de ellas. En efecto, los individuos se relacionan entre sí y pueden tener algunas características comunes, habitar el mismo territorio, hablar el mismo idioma, etc. La gente puede describir este tipo de relaciones con términos tales como «sociedad» o «nación», pero éstos reflejan y/o expresan relaciones individuales. La colectividad no existe. Nadie se ha encontrado jamás con «la sociedad», con «Francia», con «España». La nación no es una entidad orgánica, viva, animada de inteligencia.

A partir de aquí puede entenderse cómo se enfoca desde una óptica liberal el fenómeno nacionalista. De entrada, una nación está compuesta de individuos y, por tanto, en el mejor de los casos, el llamado interés nacional es una forma abreviada de referirse a los intereses individuales y, en el peor (que suele ser el más común), es un instrumento para que los detentadores del poder persigan sus particulares fines. Este planteamiento es a menudo descrito como individualismo metodológico y sostiene que no puede realizarse una explicación correcta del funcionamiento de los fenómenos complejos si no los expresamos en términos de acciones y reacciones de los individuos que los integran. El individuo es la única fuente de valoración porque sólo él es capaz de actuar y perseguir fines concretos.

Esto es lo que permite analizar dichos fenómenos colectivos —agregados de individuos— con rigor y permite hacer de la persona el principio y el fin del discurso moral y político, lo que implica la reformulación de ambos. El enunciado «España es un bello país» es comprensible. El sustantivo colectivo representa un conjunto de cosas, relaciones e individuos comprendidos en esa parte del territorio. Pero es insensato decir: «España piensa que…» o «España ha decidido…». Cuando se convierte la nación en un sujeto de acción personalizada o se comete el error de imaginarla como un superindividuo se está describiendo con los rasgos de un club totalitario.

El fallo fundamental del colectivismo metodológico es su incapacidad de ver cómo la cooperación voluntaria entre individuos soberanos puede originar algo superior a lo que estaba en su intención sin recurrir a explicaciones holísticas o totalizadoras. Adam Smith y los moralistas escoceses del siglo XVIII explicaban este fenómeno a través de los procesos de mano invisible. Positivistas y hegelianos sólo consideran posible conseguir esos resultados mediante una «dirección consciente» de todas las fuerzas sociales, lo que en última instancia lleva de manera inexorable al uso de la coerción.

El nacionalismo supone la pretensión racional de controlar y dirigir los esfuerzos de los integrantes del grupo en la dirección considerada adecuada para lograr el propósito común. El colectivismo metodológico olvida un hecho fundamental; la civilización es el resultado de la acumulación del conocimiento individual; no se explica por la consciente combinación de todo ese conocimiento en un cerebro individual sino en símbolos que nosotros usamos sin ser siempre conscientes de ello, en hábitos, tradiciones e instituciones; es decir, en un conjunto de elementos que permiten acumular el conocimiento disperso que una sola mente no puede atesorar.

XII

Una federación para las Españas

En 1955, Salvador de Madariaga escribía: «El problema para mí más grande de cuantos asedian a España: el de la pluralidad frente a su unidad… Para mí ha de ser la cuestión más angustiosa que se les plantee a quienes hereden de la Dictadura el Gobierno de España».[138] A estas alturas del siglo XXI, con un sistema democrático con altos niveles de descentralización, la inquietud del ilustre ensayista liberal ha cobrado una renovada virulencia en Cataluña. Aunque desde el nacimiento de ETA hasta antes de ayer el País Vasco fue el principal foco de preocupación, la realidad es que las relaciones de las Españas con los territorios forales fueron de una cooperación secular, entorpecida en ocasiones, a veces largas, por desencuentros. Pero Euskadi nunca ha sido un «problema» en la misma medida en que lo ha sido y lo es Cataluña. Además, la Constitución aprobada en 1978, con la configuración de un sistema de organización territorial del Estado que se ha traducido en la creación de diecisiete miniestados, ha fortalecido una tendencia ancestral española, el sentimiento del «patriotismo» con una intensidad inversamente proporcional a la de la zona circundante a la que se toma de referencia: mucho más patriota de su aldea que de su provincia, de su provincia que de su región, de su región que de su Estado.

Así pues, la articulación del binomio unidad-diversidad precisa una profunda revisión. El esquema de descentralización dibujado por el Título VIII de la Constitución no ha logrado resolver de manera satisfactoria esa dualidad. A diferencia del federal o del regional, el estado autonómico no define con precisión cuáles son las competencias exclusivas y/o compartidas de los distintos niveles de Gobierno. Se trata de un vocablo vacío de sentido que cada uno puede rellenar a su manera.[139] El resultado de esa indefinición ha sido la generación de una dinámica de conflicto y/o de negociación permanente. Por añadidura, la dinámica descentralizadora experimentada por la vieja Piel de Toro en las últimas tres décadas ha de contemplarse en el escenario de las profundas transformaciones que han impactado de manera sustancial a los Estados-nación. La globalización, la progresiva eliminación/reducción de las barreras a la circulación de bienes, servicios y capital a escala global, ha desencadenado procesos simultáneos de integración económica y de separatismo político. En un mercado mundial, en economías abiertas, el tamaño no es un factor decisivo para la supervivencia de los países ni para su prosperidad. Así pues, muchos Estados con siglos de existencia a sus espaldas se enfrentan a un vaciado de sus funciones hacia arriba (instituciones supranacionales) y hacia abajo (regiones y municipios) y, en el extremo, a tensiones secesionistas.

La progresiva balcanización o la quiebra de un espacio económico común en España tiene costes elevados. La fragmentación del mercado único en submercados regionales e incluso locales con normativas diferentes y, en muchos casos, contradictorias eleva los costes de transacción y, por tanto, tiende a reducir el crecimiento y la renta per cápita de sus habitantes. La ruptura o el debilitamiento de la unidad de mercado impiden aprovechar las economías de escala de operar en un espacio económico mayor y con reglas del juego comunes. En este contexto, los incentivos de los inversores extranjeros y nacionales para localizar sus recursos y/o sus empresas en las áreas afectadas por esa dinámica centrífuga disminuyen, y los existentes para deslocalizar sus activos hacia otras zonas aumentan.

En el caso español, la situación descrita se agrava porque la mayor parte de los Gobiernos autonómicos y de las corporaciones locales practican políticas de corte intervencionista. Al mismo tiempo, han levantado barreras proteccionistas no arancelarias para resguardar a sectores concretos de la competencia exterior, entendida ésta tanto la procedente del resto del Estado como la de fuera de las fronteras de éste.

Cuando, además, las autonomías y los municipios gestionan casi dos tercios del gasto y de los ingresos estatales y tienen un poder normativo que afecta a la mayor parte de las actividades económicas, la combinación de la ruptura de la unidad de mercado con la presencia de economías regionales con altos niveles de regulación, de gasto y de deuda pública constituye un pesado lastre para el desarrollo. Se pierden las ventajas de la división del trabajo derivadas de la existencia de un área económica de ámbito nacional y, al mismo tiempo, se imponen modelos que distorsionan el funcionamiento de los mercados domésticos e impiden realizar una asignación eficiente de los recursos. El efecto acumulado de estas dos situaciones conduce a una reducción del potencial de crecimiento de la economía española en su conjunto.

De igual modo, la asimetría entre la capacidad de gastar y la responsabilidad de ingresar ha producido una tendencia crónica a una expansión irresponsable del gasto y del endeudamiento autonómico. Los Gobiernos periféricos no se han visto forzados a elevar los impuestos para financiar sus programas porque el grueso de sus recursos procede de la Administración Central. Por otra parte, la ausencia de reglas presupuestarias eficaces que garanticen la disciplina y la estabilidad financiera de las comunidades autónomas y de los ayuntamientos es un enorme problema. Sin un marco normativo de esa naturaleza existe el serio riesgo de que un comportamiento presupuestario irresponsable de uno, de varios o de todos los Gobiernos periféricos desestabilice las finanzas del Estado.

Todas estas aseveraciones son ciertas pero no tienen nada que ver con la descentralización territorial del Estado sino con el pésimo diseño institucional adoptado en España sobre la materia. En los grandes Estados federales —Estados Unidos, Suiza, Australia o Canadá— no sucede eso. Ante esta situación, la mejor solución para las Españas es crear un auténtico sistema federal, y la derecha ha de ser su impulsora. Ahora bien, es básico tener en cuenta que éste ha de ser concebido como un proceso dinámico, no estático. «Cualquier particular designio o modelo de competencias entre jurisdicciones es meramente una fase, un ensayo de una realidad política en constante evolución».[140] Para decirlo con mayor claridad, los Estados federales modernos asisten bien a tendencias centralizadoras bien a pulsiones secesionistas y ese equilibrio inestable es un hecho irremediable.

Uno de los principales objetivos del gran proyecto concebido por los Padres Fundadores de la Constitución estadounidense fue el federalismo, cuyo objetivo era preservar la libertad individual y la libertad económica frente al poder de los Gobiernos. Los federalistas entendían que la libertad de comercio, de movimientos de las personas, de circulación del capital, permitía salvaguardar las libertades y explotar mejor las economías de escala y la división del trabajo ofrecidas por la inmensidad del continente americano. Gracias en parte a ese esquema institucional de centros de poder competitivos entre sí, dentro de un orden social basado en el capitalismo competitivo, Estados Unidos se convirtió en un país rico y libre. A estas alturas del siglo XXI, la división territorial del poder es una alternativa superior a la ofrecida por la centralización; además, es la fórmula idónea para organizar un Estado, las Españas, que es una nación de naciones.

Las ventajas del federalismo competitivo

La oferta y la demanda de bienes, de servicios públicos y de transferencias depende de factores como la renta, las condiciones geográficas, las tradiciones regionales y locales, la ideología… Esto significa que la capacidad de un organismo centralizado para acumular toda la información necesaria para realizar una asignación eficiente de los recursos y satisfacer las distintas demandas de los individuos es escasa, por no decir que está condenada al fracaso, como ha mostrado la experiencia de los sistemas de planificación central. Cuando todos los ciudadanos disfrutan de un paquete idéntico de bienes, servicios y políticas públicas, quizá se beneficien por igual de algunas de las ventajas proporcionadas por la centralización, básicamente de las mismas de las que se aprovecharían en una estructura descentralizada —por ejemplo, la protección contra la agresión exterior— pero, al mismo tiempo, si la heterogeneidad de las prioridades de los individuos es alta, esa oferta homogénea resultará ineficiente y, en el peor de los casos, degenerará en una fuente de conflictos.

En el marco teórico del federalismo competitivo, la distribución de competencias entre las diversas esferas de gobierno se produce a través de una relación de intercambio entre las economías de escala y la diversidad de las preferencias. En principio, las autoridades regionales/locales están mejor equipadas para conocer y satisfacer los deseos de sus ciudadanos. Así pues, son capaces de proporcionar aquellos bienes y servicios en los cuales las economías de escala son bajas y la heterogeneidad de las inclinaciones alta. Este esquema permite combinar la diversidad con la prestación monopolística de una serie de bienes y servicios públicos —por ejemplo, la defensa, la garantía de los derechos de propiedad, etc.— que reducen los costes de transacción y hacen posible el proceso de cooperación voluntaria a través del mercado. En otras palabras, la existencia de costes de transacción explica por qué un Estado federal está compuesto por unos pocos niveles de gobierno con múltiples funciones asignadas a cada uno de ellos, en lugar de por miles de jurisdicciones con una tarea cada una.

Protege la libertad y promueve la eficiencia

La competencia entre las distintas esferas de gobierno protege la libertad de los individuos y promueve la eficiencia. Todo Leviatán tiene una marcada propensión a extraer la mayor porción de renta y riqueza posible de los ciudadanos-contribuyentes. Ese objetivo es más fácil de lograr en los grandes Estados centralizados. De ahí que los límites al poder impuestos por el federalismo competitivo produzcan más incentivos para generar riqueza, porque suelen tener un gasto público y una presión fiscales menores. ¿Cómo funcionan estas restricciones? Sin duda, las formalizadas en las reglas constitucionales son importantes, pero su potencia se ve acentuada y complementada por la ofrecida por otros mecanismos informales.

En su libro Exit, Voice, and Loyalty,[141] Albert O. Hirschman desarrolló la útil distinción entre el proceso mediante el cual los individuos expresan sus preferencias a través de decisiones de entrada o de salida y aquellas otras que se manifiestan con algún tipo de comunicación escrita o verbal. En la estructura del federalismo competitivo, la acción de las jurisdicciones autonómicas y locales está constreñida por estas opciones. Si las estrategias económicas y los marcos normativos e institucionales están descentralizados, la gente tiene la posibilidad de «votar» con los pies, y con su capital, si aquéllas/os no les gustan o les perjudican (Exit).

Voice es el medio de protesta a través del proceso político y, a pesar de sus deficiencias, es también un factor limitador del poder depredador de los Gobiernos. Éste se ve fortalecido en los esquemas descentralizados. La diversidad incrementa la capacidad de comparar, de elegir y controlar, porque en las comunidades políticas pequeñas los ciudadanos tienen más incentivos y facilidad para obtener información. En los sistemas federales los votantes pueden hacer comparaciones directas sobre cómo funcionan las políticas públicas y tomar sus decisiones conforme a su nivel de satisfacción respecto a ellas mejor de lo que lo podrían hacer en un sistema centralizado, en el que la responsabilidad se diluye.

Bajo un federalismo competitivo, la imposición de elevados impuestos y regulaciones incrementa los costes relativos de producción en las áreas geográficas que aplican esas políticas y fomenta la «importación» de bienes y servicios a costa de los producidos a escala local. Por otra parte, los propietarios de los factores de producción tienen la opción de «exportar» su capital, en sentido amplio, a otras zonas en las cuales existan climas económicos más benévolos. La intervención de las autoridades autonómicas y/o locales en la economía altera los precios relativos de los bienes, de los servicios, del capital y del trabajo localizados dentro de su ámbito territorial. Desde que las economías de esas zonas toman y no imponen precios, la única posibilidad de aislarse de las repercusiones negativas de sus decisiones es cerrar sus mercados, esto es, impedir la libertad de «emigración» de los factores de producción.

Impulsa la convergencia de los niveles de renta

En términos dinámicos, el federalismo competitivo tiende a estrechar las desigualdades de renta existentes en su esfera territorial sin necesidad de acciones redistributivas del Gobierno central. Uno de los ejemplos más claros de este proceso es la convergencia del PIB per cápita interestatal en el sistema más cercano a los principios del federalismo clásico, el estadounidense. En él no existen grandes programas federales de transferencias dirigidas a igualar la renta dentro del territorio de la Unión. El Sur de Estados Unidos ilustra esta afirmación. La guerra de Secesión lo destruyó. Pasó de ser la región más rica de América a la más pobre. En los años cincuenta del siglo XX la economía sureña inició un vigoroso crecimiento porque los Estados de la zona, para atraer inversiones, ofrecieron mercados laborales más flexibles, programas de bienestar social menos generosos e impuestos menores que los del Norte.[142]

Este proceso no es sorprendente ni casual. Las fuerzas del mercado tienden a disminuir las diferencias entre los niveles de vida de las jurisdicciones que componen una economía integrada. Bajo condiciones de movilidad, los recursos productivos se desplazan hacia los territorios donde son relativamente escasos y en los que la tasa de retorno esperada es más alta porque también lo es su potencial de crecimiento económico. Desde el momento en que las regulaciones, los impuestos, los programas de gasto… alteran los salarios relativos y la rentabilidad del capital, desempeñan un papel decisivo en acelerar o retrasar los procesos de convergencia real.[143]

Restringe la expansión del sector público

El peso del Estado expresado en la participación de los impuestos y de los gastos públicos en el PIB es inferior en los Estados federales clásicos (Australia, Suiza, Estados Unidos, Canadá) que en los grandes Estados centralizados (Francia, Suecia, Noruega), en aquellos en los cuales existe sólo descentralización administrativa (Italia) o en aquellos modelos de federalismo cooperativo (Alemania), como puede verse en la tabla de la página siguiente. Esto significa que la competencia interestatal en las federaciones ayuda a frenar el crecimiento de dos de las variables que más distorsionan el funcionamiento de la economía —el volumen del gasto público y la presión fiscal— y reducen su potencial de crecimiento. En otras palabras, ceteris paribus, cuanto más descentralizados estén el gasto y los impuestos, menor suele ser la intrusión del Gobierno en la economía.

En la práctica, el federalismo competitivo constituye un eficaz complemento, aunque no un sustituto, de las reglas explícitas destinadas a constreñir la extensión del poder fiscal y presupuestario de los Gobiernos[144] y, en consecuencia, propende a producir un tamaño de Estado más eficiente que sus alternativas. Esto es así salvo que el marco institucional existente a escala del Estado fomente la aparición de «buscadores de rentas» dentro de las distintas jurisdicciones y/o incentive la competencia entre los Gobiernos locales y regionales para realizar esa singular y lucrativa actividad. En este caso, el tamaño del sector público tenderá a crecer.[145]

Las tres sólidas-falsas razones contra el federalismo competitivo

A priori, el binomio centralización/armonización podría resultar eficiente: a) si una organización descentralizada restringe y/o distorsiona la competencia; b) si genera externalidades negativas sobre el conjunto del sistema económico, y c) si impide explotar las economías de escala. A pesar de su aparente consistencia, este planteamiento adolece de una serie de fallas sustanciales.

En primer lugar, si la competencia entre los diferentes niveles de Gobierno es restringida por barreras al comercio a los movimientos de los factores o es distorsionada por regulaciones, impuestos y subsidios regionales, existe un punto para considerar la cooperación interestatal o interregional un medio adecuado para mejorar la asignación de los recursos. Sin embargo, la respuesta a ese problema no exige una armonización de normas y de reglas forzosa. Basta la apertura exterior de la economía y la supresión, si las hay, de las trabas a las salidas del capital y del trabajo de los territorios que las imponen. Esos dos instrumentos son contrapesos suficientes. Por ejemplo, si toda la economía española se convirtiese en un «gueto» estatizado e intervenido, esa situación sólo sería «sostenible» si España se convirtiese en una fortaleza proteccionista, lo que resulta imposible o, al menos, impensable, salvo que se abandonase la Unión Europea.

En segundo lugar, la tesis según la cual la centralización o una armonización impuesta son el único camino para restaurar la unidad de mercado contra los intereses proteccionistas de los niveles inferiores del Gobierno e imposibilitar la generación de externalidades negativas al conjunto de la economía es una falacia. En realidad sucede todo lo contrario. En virtud de su incapacidad de afectar a los precios relativos de la totalidad del mercado federal, los Estados-miembros son incapaces de exportar el coste de sus decisiones a los demás. Si hay movilidad de los recursos, no tienen, como ya se ha señalado, otra elección que asumir el coste de sus políticas. En suma, los Gobiernos (autonómicos y locales) encaran limitaciones poderosas a sus posibilidades de distorsionar de manera unilateral —esto es, sin la colaboración de todos los demás integrantes de la Federación o del Gobierno central— la estructura de precios relativos de toda la economía. En verdad, la competencia interjurisdiccional genera externalidades positivas porque fuerza o incentiva la corrección de las políticas y de los marcos normativos e institucionales que causan pérdidas de bienestar.

En tercer lugar, el tamaño de un estado, de una región o de un municipio no es el elemento básico que determina la posibilidad de aprovechar las economías de escala. Eso sólo sucede en un entorno proteccionista en el cual el mercado está circunscrito a un territorio más o menos reducido, más o menos amplio. En este supuesto, la centralización, la creación de una «economía nacional», fomentaría la división del trabajo y permitiría explotar las economías de escala generadas por ese movimiento. Ahora bien, en un mundo globalizado las fronteras geográficas no delimitan el mercado y, por tanto, la dimensión territorial no condiciona el éxito o el fracaso económico de los distintos niveles de gobierno. Todos ellos compiten en el mismo mercado: el mundo. Es el régimen de comercio existente la variable explicativa básica de esos fenómenos. En este sentido, unidades estatales mínimas, Hong Kong o Suiza, con libertad de comercio tienen un PIB per cápita muy superior al de macroestados con economías menos abiertas a la competencia interna y externa, como Rusia.[146]

Federalismo, redistribución e igualdad

Otro de los argumentos a favor de la centralización y/o de la armonización estatal se formula en los siguientes términos: sólo medidas de esa índole garantizan una oferta uniforme de las principales prestaciones sociales del Estado de Bienestar. A ellas han de tener igual acceso y con una oferta de similar calidad todos los ciudadanos, al menos a un nivel aproximado a las preferencias del «votante medio». Este planteamiento tiene una implicación clara: los ciudadanos de las regiones más pobres votarán por impuestos más altos para toda la Federación, porque esto concede al Gobierno mayores recursos para transferir rentas, mientras que los individuos y las regiones más ricas pueden tener preferencias opuestas. Ceteris paribus, en el extremo, esto crea un escenario en el cual la Administración Central se debate entre mantener programas redistributivos a favor de las regiones pobres, enfrentarse a posibles movimientos de protesta de quienes los financian y, en cualquier caso, introducir distorsiones que reduzcan la eficiencia y productividad de la economía tanto si hacen una cosa como la otra.

Al margen de su deseabilidad, cuestión discutible y discutida, las políticas redistributivas de carácter territorial tienen efectos perversos e inesperados. Por un lado, desincentivan la asignación de los recursos a sus usos más productivos; por otro, agudizan las resistencias de sus supuestos «beneficiarios» a realizar los ajustes precisos para elevar su productividad y, por ende, el nivel de vida de quienes viven y trabajan en su territorio. Al liberar a los Gobiernos autonómicos o locales de cualquier responsabilidad sobre las políticas que aplican, los subsidios y transferencias suministrados por la Administración Central crean una situación de «riesgo moral», que fomenta la perpetuación de las malas gestiones. Cuanto peores son éstas y más pobreza generan, más «donaciones» reciben del Estado.

El Mezzogiorno italiano muestra con una claridad abrumadora la ineficacia de estas políticas. Durante más de medio siglo, esta región italiana ha recibido ingentes transferencias fiscales del Norte rico, pero no han servido para que aquél reduzca su diferencial de renta con éste. De igual modo, las transferencias obtenidas por las regiones menos favorecidas del Canadá, las marítimas, tampoco han servido para que éstas avancen en convergencia real.[147] Por el contrario, la supresión de los mecanismos de redistribución territorial de la riqueza es una condición para que la reducción de las desigualdades regionales se produzca.[148] Algo similar cabe decir de los resultados de las grandes transferencias de rentas realizadas a Andalucía, Extremadura o Castilla-La Mancha en los últimos treinta años. La brecha en los PIB per cápita se ha mantenido igual.

La combinación armonización/redistribución territorial de la rentas desincentiva a que las autonomías pobres utilicen los instrumentos a su alcance —fiscalidad y regulaciones bajas— y exploten las ventajas comparativas que poseen —menores costes de su mano de obra— para converger con aquéllas. El mercado se vuelve «no contestable» y se neutraliza el proceso competitivo en virtud del cual se produciría de manera natural y espontánea la tendencia a la igualación de los niveles de vida dentro de una estructura descentralizada. Es más, la evidencia empírica disponible muestra la inexistencia de una relación de causalidad o una correlación robusta entre el tamaño del Estado y el nivel de desigualdad.[149]

La provisión de servicios públicos

Otra crítica recurrente contra la competencia fiscal entre las jurisdicciones es que puede conducir a una carrera bajista de los ingresos tributarios y llevar a una suboferta de bienes y de servicios públicos.[150] Si se acepta como criterio normativo que todos los ciudadanos han de tener acceso a los denominados «bienes de mérito», por ejemplo, la sanidad, la educación, etc., es factible alcanzar ese objetivo mediante la fijación por parte del Estado de una oferta pública mínima y universal, financiada con cargo a sus presupuestos. A partir de ese «suelo», las comunidades autónomas y/o los municipios podrían elevar esos mínimos y/u ofertar otros programas de bienestar pero financiándolos con sus propios ingresos. Esto permitiría ofrecer una red de seguridad básica para todos los ciudadanos y, a la vez, evitar una expansión incontrolada de los gastos sociales. Por otra parte, un esquema de esa naturaleza haría posible también dar entrada a la iniciativa privada en la provisión de esos programas y/o experimentar con sistemas de introducción de la competencia en ellos lo que contribuiría a mejorar su calidad.[151] En otras palabras, la oferta de servicios públicos no tiene por qué corresponder a ningún nivel de Gobierno. Puede estar en manos del sector privado.

En conclusión, la armonización no requiere una acción central coordinada. Cuando sirve a los intereses de los miembros de un Estado descentralizado, la convergencia entre las políticas sociales, los impuestos y las regulaciones se produce espontáneamente a través de las fuerzas competitivas desencadenadas por la movilidad interregional de los recursos. A través de la mano invisible de la competencia intergubernamental, los niveles de imposición y de regulaciones de las distintas jurisdicciones tienden a converger, especialmente los que afectan al capital, el factor de producción con mayor movilidad.

Los problemas del federalismo competitivo

La descentralización forma parte de un sistema político-institucional más amplio. Por lo tanto, su configuración institucional es un determinante fundamental para que la competencia interjurisdiccional despliegue o no todos sus beneficios. El dilema fundamental es cómo se articula un esquema en el cual el Gobierno central y los regionales y locales se contrapesen unos a otros y produzcan un equilibrio eficiente. La consecución de este objetivo se complica por la dificultad de atribuir «para siempre» funciones a las distintas administraciones, y también al mercado, ya que los avances tecnológicos abren cada día nuevas oportunidades para que la iniciativa privada desempeñe tareas antes en manos de los poderes públicos. Este conjunto de problemas hace vital definir cuáles son los rasgos institucionales básicos sin los que el federalismo competitivo no funcionará bien.

De entrada está el riesgo de que los Gobiernos regionales acometan políticas fiscales irresponsables que conduzcan a niveles de deuda y de déficit insostenibles. Esto es bastante posible cuando las administraciones subnacionales no se enfrentan a fuertes restricciones para recurrir al endeudamiento y cuando los distintos niveles de gobierno tienen escaso poder tributario y sus ingresos reposan en gran medida en las transferencias procedentes de la Administración Central.[152] En este supuesto, tienen poderosos incentivos para incurrir en grandes deudas porque creen que el ejecutivo nacional correrá en su ayuda si se enfrentan al riesgo de ir a la bancarrota. Esto ha conducido a crisis fiscales importantes en numerosos países, entre ellos Argentina y Brasil, por citar dos ejemplos paradigmáticos. Por otra parte, una estructura descentralizada hace más difícil coordinar la política fiscal en sentido contracíclico. Las jurisdicciones de la periferia persiguen estrategias expansivas cuando la nacional va en la dirección contraria o a la inversa. Además, es dudoso que sean capaces de disciplinar el gasto público en las fases bajistas del ciclo cuando no han querido, no han podido o no han sabido, hacerlo en las de expansión.

En principio, la propia dinámica del federalismo competitivo pondría freno a los excesos presupuestarios cometidos por las administraciones periféricas. Si el Gobierno central adquiere un compromiso creíble en su negativa a rescatar a los Gobiernos periféricos que hayan incurrido en niveles de endeudamiento demasiado abultados y/o se encaminen en esa dirección y además existen mercados de crédito eficientes, las jurisdicciones regionales y locales bien tendrán serias dificultades para cubrir a través del recurso a la deuda la financiación de sus déficit, bien deberán pagar unos elevados tipos de interés para hacerlo, bien se verán abocadas a subir los impuestos. En suma, la dinámica de ajuste del sistema las forzará a disciplinarse.[153]

Sin embargo, el juego de ese proceso depende de manera crítica de cómo se organizan las mayorías en los parlamentos. En este sentido, la variable crucial es si una jurisdicción periférica y/o una formación política de un ámbito territorial determinado son decisivas para decidir quién gobierna. Las regiones que tienen una posibilidad alta de resultar determinantes tienen un tratamiento más favorable en términos de producción de bienes públicos locales, una mayor capacidad de extraer transferencias del centro o, mejor, de los demás Gobiernos, etc. El papel desempeñado por el sistema electoral es, pues, crítico y tiene profundas implicaciones para la presencia o la ausencia de restricciones presupuestarias para las administraciones periféricas.

Cuando la coalición gobernante o el Gobierno nacional dependen de los intereses regionales, los límites a la actuación presupuestaria de los miembros de la Federación o de cualquier otra estructura descentralizada son débiles. Esto lleva a la consecuencia paradójica de que el federalismo competitivo, para ser de veras eficaz, necesita un Gobierno central fuerte capaz de resistir los movimientos oportunistas y centrífugos de las unidades administrativas locales y regionales. Por eso, el modelo vigente más cercano al ideal del federalismo competitivo, el de Estados Unidos, establece duras limitaciones a la capacidad de endeudamiento de los estados y de los municipios de la Unión.

En este contexto, la situación española es paradigmática. Por un lado, nota positiva, la transferencia de la soberanía monetaria a la UEM impide al Gobierno/banco central acudir en socorro de las empresas y/o Gobiernos con problemas porque carece de potestad para inyectar dinero. Sin embargo, las autonomías y los ayuntamientos han visto como se les liberaba de las ataduras impuestas por la Ley de Estabilidad Presupuestaria a su capacidad de emitir deuda y generar déficit. Antes tenían que cerrar sus cuentas en equilibrio; ahora basta con que la economía crezca el 2 por ciento para que puedan incurrir en déficit. Esta normativa estimuló la expansión de esos dos desequilibrios y mucho más en un escenario de crisis económica. Carece de sentido que el Estado español vea limitada su programación presupuestaria por su participación en la UEM y, sin embargo, ayuntamientos y comunidades autónomas, gestoras del grueso del gasto público y cuyos saldos deuda/déficit configuran junto al del Estado el total, carezcan de limitación seria alguna a su discrecionalidad.

Las funciones del Gobierno central

En este contexto es interesante realizar algunas consideraciones de naturaleza normativa que permitan entender cuáles han de ser las funciones esenciales de las diferentes jurisdicciones del Gobierno en un sistema de federalismo competitivo. Éste es un elemento fundamental ya que ese esquema institucional reposa en la distribución territorial del poder y, en consecuencia, quedaría incompleto sin realizar algunas reflexiones sobre el asunto. A priori es preciso señalar que se trataría de configurar un «Estado mínimo» o, al menos, limitado, en el sentido de que los poderes del Ejecutivo nacional y de los estatales estarían claramente enumerados y limitados esto es, «pocos y definidos» —como escribió James Madison en el número 45 de El Federalista—, que, además, resultan imprescindibles en un auténtico orden federal.[154]

Por un lado, el Estado debe mantener o crear los incentivos «positivos» del mercado, esto es, los que recompensan el buen comportamiento económico. Si no se hace esto y los poderes públicos se apropian demasiada renta y riqueza de los ciudadanos-contribuyentes, éstos carecerán de estímulos para asumir riesgos. Ahora bien, es necesario también sostener los incentivos de mercado «negativos»; es decir, los que sancionan las malas gestiones de los individuos, de las empresas y de los propios Gobiernos. En caso contrario, los agentes económicos y gubernamentales no tienen acicate alguno para evitar una mala asignación de recursos.

Por otro lado, muchas de las actividades realizadas por el Gobierno central y/o transferidas a las autonomías y a los ayuntamientos serían desempeñadas por el sector privado a menor coste y con mayor eficiencia. Esto significa que la privatización ha de ser considerada como una alternativa/complemento a la descentralización. Si uno de los objetivos que se persiguen con esa estructura estatal es reducir el tamaño del Estado, hacerlo más eficiente y más cercano a los deseos de los ciudadanos, el traspaso de actividades y programas públicos a la iniciativa privada cumple esa meta de un modo todavía más eficaz.

Desde esta óptica, las tareas básicas de la Administración Central serían las siguientes:

a) El Tribunal Supremo ha de ser la instancia última de apelación en todos los procesos civiles, mercantiles y penales, y el garante de las libertades esenciales de los ciudadanos consagradas en la Constitución frente a las acciones de los Gobiernos central, regional o local.[155]

b) Asegurar el libre movimiento de bienes, personas, servicios y capitales dentro del ámbito territorial del Estado. Éste es un poder federal fundamental y además está consagrado en el artículo 139 de la Constitución española y la Ley de Unidad de Mercado aprobada por el Gobierno Rajoy concede los instrumentos para ello.

c) Impedir a las administraciones periféricas otorgar subsidios, imponer regulaciones o desplegar políticas discriminatorias contra las compañías y los habitantes de otras zonas del territorio nacional. Este principio aparece recogido en el párrafo segundo del artículo 138 de la Constitución española, que dice: «Las diferencias entre los Estatutos de las distintas comunidades autónomas no podrán implicar, en ningún caso, privilegios económicos y sociales».

d) Establecer un marco normativo que asegure la estabilidad de las finanzas públicas del Estado, lo que supone imponer límites precisos a la capacidad de endeudamiento y de generación de déficit de las autonomías y de las corporaciones locales. Esta iniciativa no sólo es deseable per se sino también para poder cumplir los criterios presupuestarios fijados por la UEM.

e) Proporcionar asistencia a aquellos territorios del Estado que sufran impacto de shocks externos no imputables a su propio comportamiento. Esta disposición permite realizar un papel de «asegurador de última instancia» sin incurrir en una situación de riesgo moral.

f) Controlar las prácticas restrictivas de la competencia cuyo impacto sea estatal. Este es un elemento esencial para impedir, aquí sí, que determinadas prácticas regionales o locales generen externalidades negativas en el conjunto del sistema económico.

g) Asegurar y financiar una red mínima de seguridad que permita el acceso de los ciudadanos de todo el Estado a la sanidad y la educación, a las prestaciones, a una pensión, a las prestaciones por desempleo; en definitiva, a los programas básicos de protección social.

h) Supervisar el funcionamiento del sistema financiero y de los mercados de valores, ya que ambos pueden generar externalidades sobre la totalidad de la economía.

i) Realizar aquellas obras e infraestructuras públicas que sean necesarias para extender y/o facilitar la vertebración del mercado único, las comunicaciones interestatales y las destinadas a la conexión de España con el exterior, esto es, aquellas que por su propia naturaleza no acometería nadie si no lo hiciese el Gobierno de la nación.

El federalismo competitivo es la consecuencia lógica de aplicar los principios del liberalismo político y económico a la organización territorial del Estado. Desde esta perspectiva, constituye un poderoso instrumento para proteger la libertad individual, promover la creación de bienestar y riqueza para todos, preservar la unidad dentro de la diversidad e introducir un Gobierno eficiente. Y, además, es una fórmula más realista que las posibles alternativas que se plantean para preservar un mercado común en España y una unión más perfecta.

Per Catalunya i l’Espanya Gran

La crisis entre el Gobierno central y la Generalitat de Catalunya es una dilatada y crónica trayectoria de desencuentros. El matrimonio entre el Principado y el Centro se ha caracterizado siempre por una especie de desconfianza mutua, basada en juicios de valor sobre las intenciones de cada uno de los cónyuges. En sus versiones extremas, esa dialéctica ha llevado en ocasiones a rechazar, desde Cataluña, el fet español, una superestructura de poder sin sustancia, y desde el Centro, a negar el fet diferencial catalán o a reconocerle un contenido simbólico cuando no folclórico. La tensión entre estas dos posiciones está en el origen de las políticas asimilistas aplicadas desde los Gobiernos de Madrid y de las actitudes separatistas del Principado a lo largo de los últimos tres siglos. Las fuerzas centrífugas y centrípetas han logrado converger en ocasiones, el Estatuto de 1932 y la Constitución de 1978, pero estos compromisos siempre han terminado de manera abrupta en medio de recriminaciones mutuas. En este escenario, la pregunta es clara: ¿Es reconducible el problema catalán? Desde la perspectiva de una derecha liberal, el ser miembro de cualquier comunidad es una elección, una expresión de la soberanía individual frente a la tesis según la cual la identidad de las personas está definida por su pertenencia a un ente colectivo. Ese derecho de los individuos puede satisfacerse a través de numerosos arreglos político-institucionales, desde la independencia hasta el federalismo.

Para abordar «la cuestión catalana» es vital partir de un hecho básico. Si por su reconducción se entiende la pretensión de encontrarle una solución definitiva, la probabilidad de alcanzar ese objetivo es remota en el corto y en el medio plazo. El anclaje de Cataluña en la estructura estatal de las Españas es problemático, dinámico, no estático. Si algo define a los catalanes es la permanencia de una tenaz voluntad de ser, de regir su porvenir y su destino. Esta actitud vital ha pervivido en los períodos más hostiles a su expresión. «No os hagáis ilusiones. Pasará este Parlamento, desaparecerán todos los partidos que están aquí representados, caerán regímenes, y el hecho vivo de Cataluña subsistirá».[156] Esta profética declaración del líder catalanista Francesc Cambó guarda toda su vigencia. Por tanto, cualquier iniciativa para resolver el «problema catalán» ha de ser modesta en sus objetivos. Conducirá a la frustración pensar que cualquier acuerdo o, peor, imposición tendrá per se un carácter definitivo. Se está ante un proceso evolutivo, de ensayo-error, cuyo resultado final es imposible determinar. Como diría Ortega, «el problema catalán no es soluble, es conllevable».

El paso previo e indispensable para alcanzar una fórmula de concordia es el desarme sentimental del conflicto. El talante de los catalanes ante la realidad oscila entre dos puntos, el seny —léase, la capacidad de hacerse cargo de situaciones concretas, la disposición al pacto y al compromiso— y la rauxa —el predominio de los impulsos emocionales y la propensión a jugarse la partida a todo o a nada—. Cuando el «rauxismo» ha dominado la escena, la política ha desbarrado en el Principado por las pendientes de un misticismo mesiánico. De nuevo Cambó expresa este fenómeno con una indudable agudeza: «Os he dicho que hay que evitar que el problema catalán se convierta en sentimental… porque… los espíritus se conturban y los cerebros no reflexionan… Cataluña, contra lo que muchos creen, es un pueblo casi morbosamente sentimental».[157]

En este contexto no cabe interrogarse sobre quién tiene razón, quién tiró la primera piedra, o cuáles son las causas remotas del conflicto. Estos planteamientos principistas o esencialistas son estériles y abocan a un callejón sin salida porque las pretensiones catalanas y las del gabinete central apelan a fuentes de legitimación distintas. De igual modo es absurdo e innecesario manejar armas arrojadizas para justificar posiciones a favor o en contra de las reivindicaciones de Cataluña como las balanzas fiscales u otros argumentos de carácter técnico-económico. Si se adoptan aproximaciones de esta índole, la pugna entre las demandas políticas del Principado y el marco institucional vigente está condenada a encanallarse. Entonces… ¿qué hacer?

La «cuestión catalana» pone de relieve una vez más las deficiencias del esquema de organización territorial del Estado alumbrado por la Constitución de 1978. La distinción constitucional entre «regiones» y «nacionalidades» realizada en la Ley de Leyes reflejaba un hecho evidente: la realidad política, histórica y cultural de Cataluña y del País Vasco no tienen nada que ver con la de Extremadura, Murcia o La Rioja. Nadie ha de sentirse ofendido. Por esto existía y existe una justificación para no dotar a todas las autonomías de las mismas competencias. La concesión al delicado mosaico hispánico de idénticos estatutos y regímenes político-administrativos fue un fallo descomunal, desencadenó una orgía autonomista que ha desembocado en un magma de intereses clientelares que ahora resulta muy difícil revertir. «Desde que se aceptó la homogeneidad, se planteó el tema del techo autonómico. Pero ahora hay unos Estatutos que han marcado un techo como el nuestro».[158] De ahí al «queremos más», la transición es inevitable. La UCD, con el apoyo del PSOE, defendió primero y abandonó después el proyecto de «autonomía a la carta» para las comunidades autónomas en favor del criterio de «uniformidad generalizada de las autonomías y homogeneización de los procesos».[159] Así, se jaleó el nacimiento de autonomismos artificiales que contribuyeron a sembrar los vientos cuyas tempestades se recogen ahora. En la práctica, la descentralización desplegada desde 1978 ha sido una nueva forma de uniformismo. Si se hubiese respetado la idea primigenia, que era de facto la de un federalismo asimétrico, es muy probable que la cuestión catalana no hubiese alcanzado los actuales niveles de crispación.

Cuando se esgrime la santidad de la Carta Magna como un pretexto para no modificar el statu quo, es preciso tener en cuenta el razonamiento anterior. Que nadie se escandalice, pero da igual que un texto constitucional declare que sólo hay una e indisoluble nación, la española; tampoco sirve traer a cuenta razones históricas para justificar las pretensiones integradoras o particularistas del todo o de una parte. Del mismo modo, es irrelevante afirmar que sólo la decisión mayoritaria del pueblo español tiene la facultad de decidir quién forma o no parte del Estado. Cuando la mayoría de los ciudadanos de un territorio determinado aspira a constituirse en Estado o en algo muy parecido, y se siente justa o injustamente tratada por el resto, se está ante un hecho político que las normas constitucionales han de contemplar o terminarán por romperse. La reforma constitucional es un instrumento para ajustar la Ley de Leyes a la realidad, para garantizar su pervivencia como instrumento integrador.

Ante una rebelión separatista, la contestación clásica de los Gobiernos centrales era suspender la autonomía de las administraciones sedicentes u obligarlas por la fuerza a permanecer dentro del Estado. La otra alternativa ha sido permitir la disgregación pacífica de la vieja estructura territorial —la antigua Checoslovaquia—; establecer un dispositivo constitucional que regule el ejercicio del derecho de secesión —Canadá—, o la aceptación por el Parlamento estatal de un referéndum sobre la independencia —Reino Unido—. En un Estado democrático europeo del siglo XXI, el recurso a fórmulas de fuerza para mantener la unidad estatal parece poco recomendable y no basta suspender el autogobierno por ucase. Hay que implantar esa decisión, lo que implica violencia y afrontar un riesgo de rebelión civil, si los «suspendidos» tienen el apoyo mayoritario de la sociedad, incluso el de aquellos contrarios a la secesión pero partidarios de gozar de un alto nivel de autogobierno.

Hasta estos momentos, la evolución de la cuestión catalana es un caso de manual del denominado «dilema del prisionero» formulado en la teoría de juegos. El interés óptimo de las partes implicadas en el conflicto —la Generalitat de Catalunya y el Gobierno central— conduciría a lograr un acuerdo en virtud del cual los jugadores implicados en él conseguirían un mejor resultado que si se empeñasen en maximizar sus estrategias propias. Cualquier estrategia no cooperativa sería peor para ambos pero, a pesar de ello, la maximización de sus intereses individuales, no importa su justicia o su legitimidad, conduce a un resultado en el que las dos partes implicadas en el litigio pierden y producen daños colaterales no deseados y de alcance imprevisible para ellos y para terceros.

La tendencia a comportamientos no cooperativos se acentúa cuando se practica el llamado «juego del ultimátum». En él, un jugador X realiza una única y definitiva propuesta; el otro, Y, sólo tiene la posibilidad de aceptarla o de rechazarla. En caso de no aceptación, ninguno de los dos ganaría nada. Por tanto, cabría esperar que el jugador Y la suscribiese porque ello mejorará su situación, ya que inició el juego sin ganancia alguna. Sin embargo, la evidencia empírica arroja una conclusión diferente. Ante una situación percibida como abuso de poder y/o chantaje por parte de X, Y tiende a preferir castigar a su contrincante aunque ambos lo pierdan todo.

En este marco teórico es posible analizar y entender la iniciativa de plebiscito popular planteada por Convergencia i Unió (CiU) y sus aliados, su proyecto de permitir a los ciudadanos del Principado manifestar su opinión sobre la conversión de Cataluña en un Estado y si éste debería ser independiente. La tajante negativa del Gobierno Rajoy a esa puja era la esperable en el juego del ultimátum. La cesión a las demandas catalanas supondría vulnerar un principio básico, el de la soberanía del pueblo español, y pondría en riesgo la propia razón de ser del Estado, la preservación de su integridad territorial. Esto lleva de manera inexorable al enfrentamiento, porque factores no racionales o, para ser más precisos, superiores a la maximización del beneficio individual de los jugadores determinan su comportamiento.

En el corto y medio plazo, las consecuencias económicas de la cuestión catalana son relevantes y negativas para las dos partes en conflicto. La secesión de Cataluña o la consolidación de un escenario permanente de incertidumbre y, por tanto, de inestabilidad serían un problema para la economía española. Por el lado cuantitativo, Cataluña representa alrededor del 25 por ciento del PIB español; por el cualitativo, la credibilidad de la amenaza de segregación aumentaría la percepción de riesgo-país del conjunto del Estado, restaría atractivo para ubicar inversiones extranjeras en España y produciría un «espera y ve» de la inversión doméstica y extranjera. En última instancia, España siempre podría ser rescatada, vía no transitable para una Cataluña al margen de la Unión Europea.

Si se mantiene un escenario de incertidumbre sine die sobre la celebración o no de un plebiscito, si las tensiones independentistas en Cataluña persisten o se agudizan o si la independencia llegase a producirse, la economía catalana entraría en la senda de un acelerado declive cuyo resultado sería un empobrecimiento brutal del Principado. Con una coyuntura económico-financiera grave, por no definirla de desesperada, Cataluña asistiría a una emigración masiva de capital financiero, empresarial y, también, humano hacia el resto del Estado o hacia el exterior. Al mismo tiempo, el Gobierno central dejaría de suministrar los recursos necesarios para financiar a una parte del territorio en rebeldía tácita o expresa. En este caso, Cataluña se vería abocada a la suspensión de pagos y a una depresión económica de larga duración.

¿Y si se produjese la independencia? En veinte o treinta años, un Estado catalán podría sobrevivir y prosperar en una economía abierta cuyo mercado es el mundo. Con disciplina macroeconómica, mercados libres y un entorno de garantía de los derechos de propiedad y de seguridad jurídica, Cataluña podría ser viable. Aunque esa estrategia liberal se aplicase, extremo improbable a la vista de la disparidad de idearios entre las fuerzas proindependentistas, los costes de transición hasta llegar a ese escenario serían muy elevados. Supondrían de facto el sacrificio de una generación en pro de un hipotético bienestar futuro de la siguiente. Ésta no es una profecía ideológica sesgada, sino una apreciación puramente técnica, de una lógica implacable.

La fuga de capital humano, financiero y de empresas se dispararía. De igual modo, Cataluña no lograría financiar en el mercado su deuda pública, convertida ya en un bono cuasi basura pese a la cobertura ofrecida en la actualidad por el Estado. Sus entidades financieras no tendrían acceso a la ventanilla del Banco Central Europeo (BCE) ni, por supuesto, al mercado interbancario español y, obviamente, sufrirían una retirada de depósitos abrasiva. Con los actuales Tratados de la Unión Europea no podría incorporarse, al menos de manera inmediata, al mercado único ni al euro. Esto forzaría bien a crear una moneda propia, bien a «eurizarse» unilateralmente y asumir un shock deflacionista demoledor para la economía del Principado. Por último, se vería obligada a soportar los costes de los programas del Estado del Bienestar, financiados hoy en parte o en su totalidad, por ejemplo las prestaciones por desempleo, por las aportaciones del Estado.

El caso de Quebec es ilustrativo. En 1995, los ciudadanos quebecois votaron en contra de independizarse de Canadá en un plebiscito convocado previo acuerdo entre el Gobierno federal y el regional. La provincia canadiense tenía y tiene rasgos similares a los de Cataluña: un idioma propio, una participación en el PIB de la economía nacional del orden del 20 por ciento, una población algo mayor que la del Principado y un potente movimiento separatista, motor de la secesión. Los independentistas perdieron por un estrecho margen la consulta pero ésta tuvo un impacto negativo sobre la región de mayoría francófona del que no ha logrado recuperarse. El anuncio de la convocatoria de la consulta se tradujo en una rápida fuga de personas, de capitales y de empresas desde Quebec hacia otras zonas del territorio canadiense, en especial hacia Ontario. Como dato relevante cabe señalar que en 1995, año de la consulta, la inversión en la provincia cayó un 12 por ciento respecto a la registrada en 1994. La dinámica de deslocalización de factores de producción no se invirtió después de la derrota de los independentistas, entre otras cosas porque, a pesar de haber perdido el plebiscito, han mantenido su apuesta soberanista, lo que ha generado dudas permanentes sobre la evolución futura de la provincia y ha debilitado su atractivo para la ubicación en su territorio geográfico de actividades productivas. Durante los últimos dieciocho años el crecimiento de la economía, del PIB per cápita y del empleo han sido inferiores a su evolución en el resto del Canadá.

Los desarrollos expuestos son optimistas porque, ceteris paribus, suponen que una secesión es inocua en el plano político-social, porque no se producirían reacciones violentas en contra de ella, dentro y fuera de Cataluña, conducentes a situaciones con distintos grados de violencia. Esta presunción resulta atrevida, por no calificarla de ingenua. Las rupturas de los Estados, incluso cuando son pactadas, tienen efectos imprevisibles sobre la conducta de los ganadores y de los perdedores del proceso. Ésta es otra variable fundamental a tener en cuenta cuando la gente se introduce por estas peligrosas sendas. Pero todas esas contraindicaciones sobre las consecuencias de una hipotética secesión de Cataluña no justifican el inmovilismo, el esperar que el tiempo resolverá el conflicto, en la confianza de que, como los costes de la separación superan con mucho a sus potenciales beneficios, los catalanes no asumirán ese riesgo.

El modelo de organización territorial del Estado diseñado en la Constitución de 1978 está en crisis y la cuestión catalana es la manifestación de ese hecho. Ello implica proceder a una reforma constitucional que recree o reinvente el esquema de las Españas. No tiene por qué constituir amenaza alguna para la «sagrada unidad de la patria» ni para su estabilidad macroeconómica la concesión a Cataluña de un tratamiento fiscal similar al del País Vasco o Navarra o una relación parecida a la de un Estado Libre Asociado. Por último, es impensable lograr un acuerdo institucional estable sin modificar de manera radical el mecanismo de transferencias interregionales. Las zonas ricas del territorio nacional no tienen por qué subvencionar a las pobres, lo que además no ha servido para avanzar en la convergencia real entre las regiones españolas sino para crear mecanismos de clientelismo político pagado con el dinero de otros. El autogobierno ha de ser financiado por quienes lo demandan.

En este contexto cobran una rabiosa vigencia las palabras escritas por Azaña hace ochenta años: «Los catalanes son nacionalistas. Si no descaradamente separatistas (y muchos lo son) débese a que no pueden separarse por la fuerza o no les conviene. Puestas así las cosas, el problema consiste en decir si conviene y es posible resistir e imponerse por la fuerza, o transigir con moderación, buscando una postura en la que podamos estar cómodos. La asimilación de Cataluña es ya imposible, ni por la fuerza ni por la expansión del Estado. Tenerlos subyugados: ¿de qué sirve? La política de Primo de Rivera condujo a envenenar la cuestión. Exterminar a los catalanes no parece hacedero, por muy unitario o españolista que se sea; en tales condiciones, lo prudente es procurar un acuerdo que pueda ser un principio de reconciliación, problemática».[160]

En defensa de los conciertos económicos

La evidente necesidad de acometer una profunda transformación del modelo de organización territorial del Estado se estima imprescindible por casi todo el mundo, pero se vuelve a incurrir en el absurdo de sostener la estrategia del «café para todos». Esto afecta de una manera directa a la singularidad representada por los conciertos económicos vasco y navarro, considerada por muchos un anacronismo, un privilegio inaceptable que debería desaparecer o alterarse de forma radical en el diseño futuro de un Estado federal. Desde una óptica estrictamente política, esta posición abolicionista abriría un segundo frente en el País Vasco sin haber cerrado el catalán, lo que resulta de una extraordinaria miopía cuyo resultado sería romper el anclaje de Vasconia en las Españas y proporcionar al independentismo un poderoso banderín de enganche.

Con independencia de los aspectos económico-financieros de la foralidad, su conceptualización como un régimen de «privilegio» refleja una visión alicorta, jacobina y constructivista, como diría Hayek, del proceso de formación histórica de la nación española. Las Provincias Vascongadas participaron en él de manera activa y protagonista preservando su singularidad política, jurídica, económica y cultural durante siglos. A nadie se le ocurrió considerar esa situación como una amenaza a la «sagrada» unidad de la patria. Esta situación es el reconocimiento de la pluralidad de las Españas, que por cierto, coincidente con su período de máximo esplendor, sufrió su primer golpe con la entronización del absolutismo borbónico y, posteriormente, con la asunción por casi todas las constituciones del siglo XIX de un sesgo centralista que consideraba los «fueros» una antigualla.

Por otra parte se ha tendido a identificar la pervivencia de las peculiaridades institucionales del País Vasco y de Navarra como una secuela anacrónica o una reliquia del antiguo régimen, y a calificar a sus defensores de carcas irredentos y/o independentistas. Se olvida la potente tradición liberal fuerista que integró en un marco intelectual consistente la pervivencia de las instituciones seculares de Vasconia y de Navarra con la construcción de un Estado moderno.[161] Los liberales de la Revolución Gloriosa de 1868 mostraron hacia las aspiraciones vascas una comprensión y una simpatía mayores que cuantos Gobiernos se habían sucedido en Madrid desde comienzos del siglo XIX, y los liberales vascos de aquellos días, que opusieron una encarnizada resistencia a la avalancha carlista, eran decididamente fueristas. Eso sí, se trataba de un foralismo reformista, convencido de la necesidad de adaptar las viejas leyes de Vasconia al liberalismo político y económico. A ninguno de ellos se le ocurría defender la existencia de aduanas interiores o la limpieza de sangre…

La identificación de la defensa de los fueros vascos con el carlismo, con la reacción a la monarquía constitucional, es una caricatura. La insurrección carlista no tuvo en sus comienzos la preservación de la foralidad como un factor determinante, sino la defensa de los derechos del pretendiente al trono, el infante Carlos María Isidro. Si había buenas razones para temer que los gabinetes isabelinos violasen los fueros, Fernando VII los había violado al actuar como monarca absoluto sin que ninguno de quienes se levantaron contra su hija se hubiera alzado entonces contra él. La defensa carlista de los fueros fue táctica, justificada por la necesidad de garantizarse el apoyo de la ciudadanía de Vasconia y de Navarra a la Causa de la Tradición, sobre todo en las zonas rurales. De ahí la sorpresa y el desaliento de los liberales vizcaínos, alaveses y guipuzcoanos cuando la Ley de 21 de julio de 1876 abolió de facto los fueros vascos, agravio sólo compensado en parte por la concesión al País Vasco de los conciertos económicos en 1878, que fueron suprimidos en 1936 por el franquismo en Vizcaya y Guipúzcoa («Provincias traidoras»).

En buena medida, la Disposición Adicional Primera y la Derogatoria Segunda de la Constitución de 1978 son la adaptación a la modernidad del viejo sueño del fuerismo liberal y el reconocimiento y la vigencia del autogobierno vasco en el marco de una España plural. Éste es el significado constitucional de los Derechos Históricos de los Territorios Forales y el anclaje del País Vasco en España, una de cuyas piezas básicas son los conciertos económicos, que no sólo tienen un evidente respaldo en la Constitución sino también un fundamento muy sólido desde el punto de vista presupuestario y tributario. Los territorios forales poseen amplias competencias en materia de gasto y de impuestos y realizan una aportación, el famoso «cupo», a la financiación los bienes públicos puros suministrados por el Estado. Podrá discutirse si esa contribución es alta o baja, suficiente o insuficiente, pero no su base. Al mismo tiempo, la existencia de una correspondencia estricta entre lo que se gasta y lo que se recauda crea el marco adecuado para garantizar la disciplina presupuestaria y, por tanto, la estabilidad de las finanzas públicas. En el plano político, el cupo y las modificaciones de los conciertos han de ser negociados entre el Gobierno central y los de los territorios forales, lo que constituye de facto y de iure una relación contractual.

Es difícil entender los porqués de los ataques a los regímenes forales, salvo por su puesta en evidencia de la pésima gestión de los fondos públicos realizada por una buena parte de las autonomías. La mayoría han gastado y se han endeudado sin recato porque no se han visto forzadas a subir los impuestos para financiar sus despilfarros. Esta dinámica ha llevado a casi todas ellas a una posición cercana a la bancarrota y a poner en riesgo la estabilidad financiera del Estado. Por el contrario, la lección a extraer de los regímenes forales del País Vasco y Navarra es evidente: han sido un instrumento de una extraordinaria efectividad para lograr una combinación razonable y equilibrada entre la demanda de gasto público de los ciudadanos y los impuestos necesarios para financiarlo. Esto se ha traducido en unos niveles de déficit y de deuda en relación al PIB por debajo de la media del resto de las comunidades autónomas y en la configuración de un entorno fiscal favorable al nacimiento, desarrollo y localización de actividades productivas. En este marco, la tentación de atribuir, en su totalidad o en parte, a esas autonomías ricas la responsabilidad de la pobreza de otras porque gozan de «privilegios» es similar a la vieja retórica tercermundista según la cual la riqueza del norte era a costa de la miseria del sur.

El emponzoñado asunto del derecho de secesión

El ejercicio del derecho a la secesión, la posibilidad de que una parte de un Estado rompa su relación jurídico-política con él, es un elemento de alto voltaje político y de una potente carga emocional. Si la discusión de este asunto se plantea en términos maximalistas, entre los defensores a ultranza de preservar a toda costa la unidad forzosa del Estado y los partidarios radicales de la separación el problema es insoluble. La negación extrema de esa facultad combinada con su afirmación extrema provoca una interminable guerra de desgaste que imposibilita una solución ordenada e inteligente a esas dos contrapuestas exigencias. En este escenario parecería razonable establecer una regla operativa de rango constitucional que establezca las condiciones para ejercitar ese derecho. Esta actitud pragmática causará irritación a los maximalistas del nacionalismo español y a los del catalán pero no merece ser rechazada sin una discusión razonada.

Los independentistas suelen recurrir al argumento de la «supervivencia» de su cultura o de su propia nación para justificar el derecho de secesión y los españolistas emplean un razonamiento similar pero en la dirección opuesta. Esto les lleva a plantear el conflicto entre Cataluña y el Centro en términos existenciales. Si lo que está en juego no es la expresión de la identidad nacional, sino la propia existencia de la nación, no existe restricción alguna para hacer cualquier cosa en pro de su salvación y, en concreto, plantea una dicotomía muy peligrosa entre la libertad individual y la persistencia de la comunidad con muchas posibilidades de desembocar en una restricción de los derechos de los no nacionalistas, que pasarían a la condición de ciudadanos de segunda clase. Esto supondría reproducir dentro del nuevo Estado la «opresión» denunciada por los secesionistas contra ellos con anterioridad.

A efectos prácticos, los individuos tienen la posibilidad de elegir si desean o no permanecer en un determinado Estado; por ejemplo, pueden abrazar una nacionalidad distinta a la de su país de origen. En las sociedades abiertas, ningún Gobierno tiene legitimidad para coartar esa elección y, de hecho, no lo hace. Así pues, ser miembro de una nación o de un Estado obedece a una decisión individual, no a la forza del destino. Al mismo tiempo, la propia democracia es la expresión de la autodeterminación individual en el ámbito de lo político; en este caso, en la elección de quienes nos gobiernan. De igual modo, el derecho de una región o de una nación a cortar sus lazos con un Estado sería la expresión acumulativa del derecho de los individuos a autogobernarse. Este mecanismo de decisión no es diferente al del principio mayoritario sobre el que se sustenta el Gobierno democrático. Esta posición no es monopolio del nacional-independentismo. Ha sido sostenida por destacados representantes del liberalismo clásico: «El principio del derecho de autodeterminación de los pueblos, corolario necesario del principio de los derechos del hombre. Ningún pueblo y ninguna parte de un pueblo deben ser retenidos contra su voluntad en un conjunto estatal que rechazan».[162]

Como se ha apuntado en el capítulo XI, el debate académico sobre qué es una nación tiene una larga tradición, ofrece visiones muy diferentes y no permite llegar a un consenso unánime sobre su significado. Para algunos historiadores en España hay sólo una realidad nacional, la española; para otros, España carece de entidad nacional… Lo mismo podría decirse sobre Cataluña o el País Vasco. A efectos políticos, una nación existe sólo cuando sus miembros participan de un sentimiento común de pertenencia a una comunidad en el sentido de la metáfora de Renan, «un plebiscito cotidiano». La existencia de una nación así descrita no implica per se su conversión en una entidad estatal. Ahora bien, si se respetan los derechos individuales, es una ardua tarea explicar por qué se excluye de ellos el de los individuos a romper sus lazos con un Estado.

Por tanto, para fundamentar la secesión no hace falta acudir al victimismo, al maltrato o a la opresión de las minorías nacionales por la mayoría ni a otras razones de carácter estatocolectivista. Pero la aceptación de este razonamiento no termina ahí. Tiene otras implicaciones. Si, por ejemplo, una mayoría de catalanes decidiese separarse del resto del Estado, habría que asumir que, en el seno de una Cataluña independiente, las minorías han de poder a su vez segregarse del Estado catalán. Ésa sería la única manera de hacer efectivo el «óptimo de Pareto»,[163] es decir, una decisión que mejora la situación de unos, los partidarios de la independencia, sin empeorar la de los demás, los contrarios a ella. Además, una Cataluña independiente y aspirante a formar parte de la Unión Europea estaría obligada a asumir el artículo 2 del Tratado de la Unión, que protege los derechos y libertades de las minorías.

Al margen de esas consideraciones teóricas, la búsqueda de una fórmula racional para afrontar la cuestión catalana y desactivar su deriva hacia un escenario insostenible tiene un interesante precedente en Canadá. En 1998, la Corte Suprema de ese país aceptó el derecho de Quebec a la autodeterminación pero rechazó su ejercicio mediante una declaración unilateral de independencia. Dos años más tarde, en coherencia con esa resolución, se promulgó la Clarity Act. En ella se estableció el procedimiento a través del cual la provincia francófona y, supuestamente, cualquier otra podría abandonar el Estado canadiense. Para ello se establecieron tres requisitos básicos: Primero, la pregunta sometida a referéndum debe ser clara e irreversible sobre la secesión, léase, ¿Quiere usted separar Quebec de Canadá? ¿Quiere que Quebec cese de ser una parte de Canadá y se convierta en un Estado independiente? Segundo, la respuesta a esta cuestión ha de mostrar un soporte mayoritario a la opción secesionista. La Corte Suprema no determina cuál es el umbral específico sobre la materia, remitiendo a los actores políticos su fijación. En cualquier paso parece evidente que para que una decisión de ese alcance sea efectiva hace falta algo más que el 51 por ciento de los electores y obviamente niveles de participación del electorado cualificados. Una mayoría coyuntural y un elevado abstencionismo no bastan para separarse. Tercero, cumplidas estas exigencias, el Gobierno federal está obligado a entrar en negociaciones con los secesionistas dentro del respeto a tres principios básicos: la democracia, el constitucionalismo y la protección de las minorías. La Clarity Act respeta el derecho de secesión pero exige un expreso apoyo de los ciudadanos a ella y no admite su ejercicio unilateral.

¿Podría buscarse una alternativa pareja en España? Sí, pero ese proceso ha de acometerse «de la ley a la ley», lo que supone el respeto y cumplimiento de los mecanismos legales previstos para modificar el texto constitucional. Así se produjo la transición de la Dictadura a la democracia en el bienio 1976-1977. En la España del siglo XXI, la reforma es una opción preferible a la ruptura como lo fue hace cuarenta años.

A modo de epílogo

Cuando se ha llegado al final de este ensayo, el autor es consciente de que las ideas plasmadas en él no son compartidas por muchos españoles, incluidos sectores significativos de la derecha, que siguen confiando en el Estado para resolver sus problemas e imponer su particular forma de ver la vida. Sin embargo, se ha llegado a una tesitura en la cual España ha de optar entre un sistema de corte liberal en lo político, en lo social y en lo económico o empeñarse en sostener un modelo de tipo colectivista que está en la raíz de la mayor parte de los problemas patrios. El funcionamiento de la economía, de la sociedad y de las instituciones está lastrado por un exceso de Estado, por la atribución a «la política» de un campo de actuación que no le corresponde. Las administraciones cumplen mal sus funciones básicas y desempeñan otras que no les son propias.

En este contexto, la estrategia de dejar que los acontecimientos evolucionen en espera de que las aguas vuelvan a su cauce y la recuperación económica desactive el descontento constituye un análisis errado. Los conservadores de todos los partidos asumen que el consenso social existente en Hispania es de carácter colectivista y, por tanto, una estrategia política que pretenda cambiar el statu quo está condenada al fracaso, a sufrir el rechazo de los electores. Esta apreciación no está avalada por la experiencia. Por un lado, las creencias existentes en una sociedad no son estáticas. Están sometidas a un proceso permanente de ensayo y error; por otro, los ciudadanos pueden tener una determinada forma de pensar y de votar, pero éstas no son inmunes a los resultados prácticos de las políticas, a su impacto sobre su libertad y sobre su bienestar. En este sentido, la consideración del sentimiento de la opinión pública como algo inmutable es un error. Un Gobierno cuyos planes reformistas introduzcan un cambio radical en el funcionamiento de la política, de la economía y de la sociedad desplazará el consenso ideológico imperante hacia uno nuevo articulado alrededor de su ideario si su programa tiene éxito, articulando así una coalición social mayoritaria.

¿Es posible eso en las Españas? Obviamente no, si la derecha española considera que su misión es introducir retoques técnicos en el modelo estatista vigente en vez de romper con él. Ésta fue la política adoptada por la UCD, dispuesta a competir por el centroizquierda con el PSOE, y ésta puede ser la tentación del PP ante el desconcierto y la desorganización reinantes en las filas del socialismo patrio, ante la irrupción de la izquierda antisistema y ante el miedo de los electores moderados a la llegada al poder de un frente popular. Un comportamiento de esta naturaleza quizá tenga éxito en el corto plazo pero va en la dirección opuesta al mandato de cambio proporcionado por los ciudadanos al centroderecha y supone reconocer que el único discurso viable es el estatista, causa determinante de gran parte de los males que aquejan hoy a las Españas. La fascinación centrista por la socialdemocracia condujo a la desaparición de la UCD y a sentar al socialismo en el poder durante dieciséis años.

El poscolectivismo requiere la recreación política, económica, social y cultural del liberalismo, y la derecha debe ser su paladín. Las Españas del siglo XXI necesitan una terapia liberal que abra las ventanas de unas estructuras cerradas y anquilosadas a los aires de la renovación y permita desplegar la energía creadora de los españoles. Es esencial liberar a los individuos y a la sociedad de las cadenas de un Estado colectivista que restringe la libertad y lastra la prosperidad. Sirvan unas palabras de Margaret Thatcher para cerrar este breve epílogo: «El Reino Unido [léase España] y el colectivismo no son la misma cosa. Os daré mi visión: el derecho del hombre a trabajar como él quiera, gastar lo que genere con su esfuerzo, disponer de sus propiedades, tener al Estado como sirviente, no como amo. Ésta es la esencia de un país».

LORENZO BERNALDO DE QUIRÓS es presidente y socio de la consultora Freemarket Corporative Intelligence, especializada en estrategia y operaciones. Es también académico del Cato Institute, una institución de investigación en políticas públicas y director de la Fundación Internacional para la Libertad, presidida por Mario Vargas Llosa, y vicepresidente del Instituto Von Mises de Barcelona, institución que tiene como misión la creación y difusión de ideas y proyectos sobre los retos de una sociedad abierta.

Asimismo, también es miembro del Consejo Editorial del diario El Economista y colabora de manera habitual en los principales medios de comunicación nacionales. Ha sido asesor económico del Círculo de Empresarios, director de estudios económicos de la Cámara de Comercio e Industria de Madrid y director de relaciones institucionales de la Confederación Española de Empresas del Metal.

Es autor de Por una derecha liberal (2015), un razonamiento acerca de por qué la derecha española debe alejarse del conservadurismo y acercarse al liberalismo. Entre otras publicaciones, es coautor, con Jordi Sevilla, de ¿Mercado o Estado? Dos visiones sobre la crisis (2011) y participó en las obras colectivas Podemos. Deconstruyendo a Pablo Iglesias (2014) y El estallido del populismo.

Notas

[1] Ortega y Gasset, J., El tema de nuestro tiempo, Espasa-Calpe (Colección Austral), 1975, pp. 11-19. <<

[2] Garrigues Walker, J., Un nuevo modelo de Estado, Unión Editorial, 1980, p. 26. <<

[3] Sartori, G., Partidos y sistemas de partidos, Alianza Editorial, 1980, pp. 107-109. <<

[4] González, M.J., La economía política del franquismo (1940-1970), Taurus, 1970, pp. 21-22. <<

[5] Tocqueville, A., La democracia en América, II, Alianza Editorial, 1980. <<

[6] Cecil, lord H., Conservatism Home Universitary Library of Modern Knowledge, Williams and Norgate, 1912, p. 1. Versión castellana de R. Luengo Tapia, Conservatismo, Labor, 1929. <<

[7] Hayek, F.A., Los fundamentos de la libertad, Unión Editorial, 1975, pp. 514-529. <<

[8] Hayek, F.A., Los fundamentos de la libertad, Unión Editorial, 1975, pp. 514-516. <<

[9] Oakeshott, M., Rationalism in politics and other essays, Liberty Fund, 1991, p. 413. Versión castellana de E.L. Suárez, El racionalismo en la política y otros ensayos, Fondo de Cultura Económica, 2000. <<

[10] Himmelfarb, G., One nation, two cultures, Alfred A. Knopf, 2012. <<

[11] Friedrich, C.J., Man and his government, McGraw-Hill, 1963, p. 296. Versión castellana de J.A. González Casanova, El hombre y el Gobierno, Tecnos, 1968. <<

[12] Sartori, G., Partidos y sistemas de partidos, 1, Alianza Editorial, 1980, pp. 165-217. <<

[13] Novak, M., Is There a Third Way?, IEA Health and Welfare Unit, 1998 <<

[14] Hayek, F.A., Principios de un orden social liberal, Unión Editorial, 2001, p. 43. <<

[15] Véase Stark, R., The Victory of the Reason, Random House, 2005. <<

[16] Las corrientes filosóficas de los sofistas, de los estoicos, el individualismo de la ley romana teorizado por Cicerón o los escolásticos españoles de los siglos XVI y XVII son sin duda precursores intelectuales del liberalismo clásico. <<

[17] También el derecho romano clásico constituyó una firme garantía del dominio privado del individuo. El common law, en realidad, es el superviviente del derecho romano, un derecho de casos y de acciones, constantemente adaptadas a la realidad por el pretor. Las reglas del liberalismo clásico aparecen resumidas en la famosa frase de Ulpiano: Iuris praecepta haec sunt: honeste vivere, alterum non laedere, suum cuique tribuere. <<

[18] Hume, David, Essays, Liberty Fund, 1987, p. 474. Versión castellana de C. Martín Ramírez, Ensayos morales, políticos y literarios, Trotta, 2011. <<

[19] En The Limits of Liberty. Between Anarchy and Leviathan (Chicago University Press, 1974; versión castellana de V. Sardón, Los límites de la libertad. Entre la anarquía y el Leviatán, Katz, 2010), James M. Buchanan resuelve ese obstáculo con el requisito de la aceptación unánime de las reglas del juego y demuestra que eso sólo es posible si se aseguran los derechos individuales descritos por el liberalismo clásico. Los individuos jamás concederían poder absoluto sobre su vida, su hacienda o su libertad a uno, a varios o a muchos. <<

[20] Una exposición contundente y sólida de esta postura se encuentra en Murray N. Rothbard, The Ethics of Liberty, Humanities Press, 1982 (versión castellana de M. Villanueva, La ética de la libertad, Unión Editorial, 2009), o en el ensayo de Ayn Rand «The Objetivist Ethics», incluido en la obra colectiva The Virtue of Selfishness, Signet, 1970, pp. 13-39. <<

[21] Nozick, R., Anarchy, State, and Utopia, Basic Books, 1974. Versión castellana de R. Tamayo, Anarquía, Estado y utopía, Fondo de Cultura Económica, 1998. Su tesis sobre la inevitabilidad del Estado y la inviabilidad de un sistema anarcocapitalista ha sido impugnada por Rothbard. <<

[22] La creación de una autoridad central fue necesaria para resolver el problema del free rider. <<

[23] Spencer, H., «The great political superstition», en The man versus the State. With six essays on government, society and freedom, Liberty Fund, 1982, p. 135. Versión castellana de T. Clemente Cano, El hombre contra el Estado, Unión Editorial, 2012. <<

[24] Está perniciosa deriva se ha producido en casi todas las sociedades avanzadas, tanto en las de tradición legal anglosajona como en las de tradición continental. <<

[25] Sobre este punto, los liberales clásicos no lograron ni han logrado alcanzar un consenso. <<

[26] La moderna teoría económica ha mostrado que las conductas monopolísticas sólo son sostenibles si el Gobierno las crea mediante regulaciones que imponen barreras de entrada en el mercado. Una detallada explicación de este enfoque se encuentra en Stigler, G.J., Chicago Studies in Political Economy, Chicago University Press, 1988. <<

[27] Mill, J.S., Principios de economía política, Fondo de Cultura Económica, 1985, p. 812. <<

[28] Aquí se inserta también el federalismo, la gran aportación estadounidense al constitucionalismo liberal. <<

[29] Para una profundización en esta tesis, véase Sartori, G., La democracia después del comunismo, Alianza Editorial, 1993, pp. 118-123. <<

[30] Hayek, F.A., El capitalismo y los historiadores, Unión Editorial, 1974, pp. 9-10. <<

[31] La mejor exposición de este enfoque se encuentra en Noticia de Cataluña, de Jaume Vicens Vives (1954). <<

[32] «España no será nada; será el gran país invertebrado […] hasta que no vuelva a tener un ideal imperialista, hasta que no se sienta una nación de naciones»; palabras de Francesc Cambó recogidas por Carlos Seco Serrano en su prólogo al Cambó de Jesús Pabón (Editorial Alpha, Barcelona, 1999, p. VIII). <<

[33] El término se debe a Florentino Pérez Embid. <<

[34] Sánchez-Albornoz, C., España, un enigma histórico, Editorial Sudamericana, 1956, p. 358. <<

[35] Vicens Vives, J., Noticia de Cataluña, Destino, 2012, p. 157. <<

[36] Menéndez Pidal, R., Los españoles en la historia, Espasa-Calpe, 1982, p. 178. <<

[37] Schwartz, P., «Parlamentarismo y autoritarismo. La derecha española ante la crisis del liberalismo», en Cortázar, G. (coord.), Nación y Estado en la España liberal, Noesis, 1995, p. 277. <<

[38] Prados de la Escosura, L., De imperio a nación. Crecimiento y atraso económico en España (1780-1930), Alianza Universidad, 1988, p. 182. <<

[39] Choudhri, E.U., y L.A. Cochin, «The Exchange Rate and the International Transmission of Business Cycle Disturbances», Journal of Money, Credit and Banking, vol 12, 1980. <<

[40] Véase Cacho Viu, V., Repensar el 98, Biblioteca Nueva, 1998, p. 87. <<

[41] Prados de la Escosura, L., De imperio a nación. Crecimiento y atraso económico en España (1780-1930), Alianza Universidad, 1988, p. 221. <<

[42] El llamado «impuesto global» que gravaba toda la renta en lugar de gravar por separado las distintas fuentes de ingresos. <<

[43] Carr, R., España 1808-1975, Ariel, 1992, p. 379. <<

[44] Dos de los más destacados pensadores liberales de principios de siglo, lord Acton y Herbert Spencer, se mostraban muy críticos con la democracia, que consideraban sinónimo de igualitarismo y despotismo. Por ello eran partidarios de imponer límites severos al poder del Parlamento. <<

[45] El caciquismo engrandecido por la retórica regeneracionista controlaba sólo el 20 por ciento de los escaños, es decir, no era la regla general del sistema, como ha mostrado José Varela en su colaboración en Cortázar, G. (coord.), Nación y Estado en la España liberal, Noesis, 1995. <<

[46] En su ensayo De cepa criolla (1910), Unamuno escribe: «Si alguna intolerancia hay —y es mucha menos de la que se dice— será en las costumbres; en la aplicación de las leyes reina el espíritu de más amplia libertad». <<

[47] Marco, J.M., La libertad traicionada, Planeta, 1997. <<

[48] Para un análisis más detallado de este punto, véase Sartori, G., «Politics, ideology, and belief systems», en American Political Science Review, 1969, p. 398. <<

[49] En Repensar el 98 (Biblioteca Nueva, 1998), Vicente Cacho Viu apunta también a la influencia del pensamiento francés posterior a la derrota de Sedán como uno de los elementos que iban a condicionar la revisión intelectual de la España postnoventayochista. <<

[50] Para tener una visión más detallada de las ideas políticas del joven Ortega, es interesante el ensayo de Fernando Salmerón «El socialismo del joven Ortega», en Salmerón, F., et al. (eds.), José Ortega y Gasset, Fondo de Cultura Económica, pp. 111-130. <<

[51] En la introducción a La rebelión de las masas, Ortega y Gasset simboliza en Estados Unidos lo peor del viejo liberalismo económico y comenta que tras la Gran Depresión ya nadie puede poner a Norteamérica de modelo: «Ha puesto de manifiesto las deficiencias del capitalismo», dice. <<

[52] Véase Ureña, E.M., Krause, educador de la humanidad, Unión Editorial, 1991. <<

[53] No puede olvidarse que en las elecciones del 12 de abril los monárquicos consiguieron 22.150 concejales frente a los 5.875 de los republicanos y que esos mismos «burgos podridos», como les definió Azaña con escaso pudor democrático, votaron por las derechas en 1933. <<

[54] «Qué esperar de un país donde los jóvenes “ilustrados”, que podrían llevarlo por otros caminos, sólo anhelan vivir de un gobierno del que muchos reprueban las raíces… Queremos asegurar nuestra pitanza ordeñando un poder al que nos oponemos», Aub, M., La calle de Valverde, Destino, 1988, p. 311. <<

[55] El Partido Conservador se dividió entre ciervistas, idóneos y mauristas, y el Liberal se fragmentó en romanonistas, garcía prietistas y albistas. <<

[56] Comellas, J.L., Historia de España moderna y contemporánea, Rialp, 1997, p. 359. <<

[57] Sólo algunas guarniciones (Cataluña y Zaragoza las más importantes) se sumaron al pronunciamiento, y los gobiernos civiles se mantuvieron leales al Gobierno legal. <<

[58] Como recordó Canalejas, «Cánovas cuidó de advertir que los conservadores eran liberales». Canalejas, J., La política liberal en España, Compañía Iberoamericana de Publicaciones, p. 104. <<

[59] En los programas económicos de «todos» los partidos políticos españoles de la época, con la excepción de la pequeña Federación de Partidos Demócratas y Liberales de Joaquín Garrigues Walker, posteriormente integrada en la UCD, se incluía la planificación como un instrumento esencial de política económica. <<

[60] Panebianco, A., El poder, el Estado, la libertad, Unión Editorial, 2009, pp. 331-333. <<

[61] Las donaciones del sector privado a las charities equivalen al 2 por ciento del PIB estadounidense. Esta cifra excluye el tiempo dedicado a esas labores por los voluntarios y, también, las donaciones informales. <<

[62] Entrevista del periodista Chris Matthews al cardenal Bergoglio. <<

[63] Frankel, E., Equity and Gender, Cato Institute, 1988. <<

[64] La declaración XII del franquista Fuero del Trabajo establecía que «todas las formas de propiedad quedan subordinadas al interés supremo de la Nación»; el artículo 30 del Fuero de los Españoles sometía su ejercicio a «las necesidades de la Nación y al bien común» y en el punto X de la Ley de Principios del Movimiento se reconocía el derecho de propiedad privada «como condicionado a su función social». <<

[65] Alchian, A., «Some Economics of Property Rights», Il Politico (30-4), 1965, pp. 816-829. <<

[66] Jellinek, G., Reforma y mutación de la Constitución, Centro de Estudios Constitucionales, 1991, p. 84. <<

[67] Con diferencias de grado, en casi todos los partidos españoles con presencia parlamentaria la libertad económica es un derecho de segundo orden. Desde Unión, Progreso y Democracia (UPyD) hasta Podemos, pasando por todos los demás, el componente estatista es el dominante. <<

[68] Las principales características técnicas de los bienes públicos son que no pueden suministrarse en cantidades individuales y que no puede excluirse a las personas de su utilización. Para evitar el problema del «gorrón» (disfrute gratuito de esos bienes), el Estado exige impuestos. Rothbard sostiene que los bienes públicos puros no existen porque «ningún bien satisface la categoría samuelsoniana de “bienes de consumo colectivo” […]. En realidad, si un bien es “verdaderamente colectivo” en el sentido técnico de Samuelson, es que no es un bien, sino una condición natural del bienestar humano». <<

[69] Aron, R., Démocratie et totalitarisme, Gallimard, 1965, pp. 166-201. <<

[70] Una exposición detallada de esta idea se encuentra en Popper, K. R., La responsabilidad de vivir, Paidós, 1994, pp. 175-181. <<

[71] La teoría de la elección pública, formulada por James M. Buchanan y Gordon Tullock, ha generado una literatura enorme sobre esta cuestión. <<

[72] El concepto de «élite extractiva» ha sido acuñado por Daron Acemoglu y James A. Robinson en su libro Why Nations Fail (versión castellana de M. García Madera, Por qué fracasan los países: los orígenes del poder, la prosperidad y la pobreza, Deusto, 2012), y el de «buscadores de rentas» por Anne O. Krueger en «The Political Economy of the Rent-Seeking Society», American Economic Review, 64, 1974, pp. 291-303. <<

[73] Friedman, M., y R. Friedman, La tiranía del statu quo, Ariel, 1984. <<

[74] La definición de «rico» es también arbitraria. Depende de lo que convenga en cada momento a los políticos. <<

[75] El concepto de «sociedad de expectativas» ha sido creado por Giovanni Sartori. Véase Sartori, G., La democracia después del comunismo, Alianza Editorial, 1993, pp. 118-124. <<

[76] Éste es un informe elaborado anualmente por Transparency International a partir de una encuesta realizada sobre una muestra de 114.000 personas distribuidas en 107 países. <<

[77] Esto no es una novedad española. El GCB arroja que en 51 de los 107 países analizados, los encuestados consideran a los partidos políticos los principales agentes de la corrupción. <<

[78] El trabajo de Vito Tanzi «Corruption around the World: Causes, consequences, scope, and cures» (IMF Working Paper 98/63, 1998) es un clásico sobre la materia. <<

[79] Free rider. En economía, se refiere a una persona que se beneficia de los recursos, bienes o servicios sin tener que pagar el coste de la prestación. <<

[80] Pe2003. <<

[81] Persson, T., G. Roland y G. Tabellini, op. cit. <<

[82] Bobbio, N., Derecha e izquierda, Punto de Lectura, 2000. <<

[83] Véase Mankiw, G., «Defending the one percent», Journal of Economic Perspectives, 2013: 27(3), pp. 21-34. <<

[84] Stiglitz, J.E., El precio de la desigualdad, Taurus, 2012. <<

[85] La primera exposición de esta ideas se encuentra en el libro de John Rawls A theory of justice, Harvard University Press, 1971 (versión castellana de M.D. González, Teoría de la justicia, Fondo de Cultura Económica, 1975). Sus tesis fueron perfeccionadas en su libro Political liberalism, editado por Columbia University Press en 1993 (versión castellana de H. Rubio, Liberalismo político, Fondo de Cultura Económica, 1995). <<

[86] Roemer, J.E., A general theory of exploitation and class, Harvard University Press, 1982. Versión castellana de M. Pascual Morales, Teoría general de la explotación y de las clases, Siglo XXI, 1989. <<

[87] Hartley, L.P., Facial justice, Hamish Hamilton, 1960. <<

[88] El umbral de pobreza queda definido por el Eurostat como el 60 por ciento de la renta media de cada país excluidas las transferencias sociales. <<

[89] Piketty, T., El capital en el siglo XXI, Fondo de Cultura Económica de España, 2014. <<

[90] Acemoglu, D., S. Naidu, P. Restrepo, y J.A. Robinson, «Democracy, Redistribution and Inequality», Working Paper 19746, NBER, diciembre de 2013. <<

[91] «Veenhoven and Haggerty, Trend Average Happiness in Nations: 1946-2004», Trend Report 2005, World Data Base of Happiness, 2005. <<

[92] Friedman, B., The moral consequences of economic growth, Knopf, 2005. <<

[93] Nota metodológica: En el gráfico se ha reflejado: • En el eje de abscisas, la presión fiscal de cada uno de los 27 países de la Unión Europea. La presión fiscal está calculada como los ingresos por recaudación fiscal en porcentaje del PIB. Los datos son de 2011 y se han calculado a partir de datos de los servicios de la Comisión Europea publicados en Taxation trends in the European Union. • En el eje de ordenadas, el porcentaje de fraude directamente imputable a los impuestos, es decir, del total de fraude fiscal (ciento por ciento) que se comete en un país, qué porcentaje es directamente imputable a los impuestos directos e indirectos. Otras causas que se valoran son: el desempleo (que en el caso español es la causa que más cuenta), el autoempleo, el crecimiento del PIB, la moral tributaria del país y la libertad comercial. Éstas son las conclusiones de un modelo reflejado en el trabajo «Shadow Economies in Highly Developed OECD Countries: What are the Driving Forces?», de Friedrich Schneider y Andreas Buehn, publicado en octubre de 2012. <<

[94] Schneider, F., y A. Buehn, «Shadow Economies in Highly Developed OECD Countries: What are the Driving Forces?», Institute for the Study of Labor (IZA Discussion Papers, 6.891). 2012. <<

[95] Alesina, A., «Fiscal adjustments: What do We know and what are doing?», Working Paper 10-61, George Mason University, septiembre de 2010. <<

[96] Beveridge, W., «Social insurance and allied services», BG, diciembre de 1942. <<

[97] Tanzi, V., Government versus markets, Cambridge University Press, 2011, pp. 229-250. <<

[98] Blomqvist, P., «The Choice Revolution: Privatization of Swedish Welfare Services in 1990’s», Social Policy and Administration (38-2), abril de 2004, pp. 139-155. <<

[99] El esquema de Ponzi es una operación fraudulenta de inversión que implica el pago de intereses a los inversores de su propio dinero invertido o del dinero de nuevos inversores. Esta estafa consiste en un proceso en el que las ganancias que obtienen los primeros inversionistas son generadas gracias al dinero aportado por ellos mismos o por otros nuevos inversores que caen engañados por las promesas de obtener, en algunos casos, grandes beneficios. El sistema funciona solamente si crece la cantidad de nuevas víctimas. <<

[100] Las proyecciones de población que ha construido el INE constituyen una simulación estadística del tamaño y la estructura demográfica de la población que residiría en España en los próximos años en caso de mantenerse las tendencias demográficas actuales. Estos datos muestran, básicamente, el efecto que sobre la población futura tendría la presente estructura poblacional, con la población existente hoy en España y con los comportamientos demográficos hoy observados. <<

[101] En otras proyecciones anteriores de estudios realizados hubo errores importantes por no incorporar los flujos migratorios que ha tenido España a lo largo de los últimos quince años. Estudios de entonces fueron «La Seguridad Social en el umbral del siglo XXI. Estudio económico actuarial», MTSS, noviembre de 1995; «La reforma del sistema público de pensiones en España», de J. Herce y V. Pérez-Díaz, La Caixa, Colección de Estudios e Informes, nº 4, diciembre de 1995, y «Estudios económicos de la OCDE», Madrid, diciembre de 1995. <<

[102] Pasaría a 1,51 en veinte años y a 1,56 en cuarenta años, frente a los 1,36 de 2011. <<

[103] Jiménez-Martín y Sánchez-Martín (2007); Díaz Jiménez y Díaz Saavedra (2007); Balmaseda, Melguizo y Taguas (2006). <<

[104] Grupo de Trabajo sobre el Envejecimiento de la Población, Comité de Política Económica de la Comisión Europea. <<

[105] Piñera, J., Una propuesta de reforma del sistema de pensiones en España, Círculo de Empresarios, 1996. <<

[106] El bono habría supuesto una emisión de deuda del Estado para pagarlo a los trabajadores del 2,5 por ciento del PIB en aquellos momentos. <<

[107] La idea fue acuñada y desarrollada por Milton y Rose Friedman en su libro Free to choose. A personal statement, Harcourt Brace Jovanovich, Nueva York, 1980. Versión castellana de C. Rocha Pujol, Libertad de elegir, Orbis, 1983. <<

[108] Factores como la dieta o el clima tienen un influjo claro sobre la superior esperanza de vida de los españoles. <<

[109] Este ranking, publicado por Health Consumer Powerhouse, establece una puntuación de 1.000 —puntuación máxima— a 100 —mínima— para evaluar la satisfacción de los usuarios de salud en Europa. El cuestionario afecta a los derechos e información de los pacientes, a las listas de espera, a la oferta de medicamentos, etc. <<

[110] Fuente: elaboración propia a partir de las conclusiones del documento «Proyecciones a largo plazo de la esperanza de vida en España», de Marta Guijarro y Óscar Peláez, publicado en Estadística Española, 51 (170), (2009), pp. 193-220. <<

[111] Fuente: Proyecciones de población del INE. <<

[112] Buchanan, J.M., «The inconsistencies of the National Health Service», en The Road to Economic Freedom, II, Edward Elgar Publishing Limited, 2006, pp. 161-177. <<

[113] Mises, L. von, El socialismo, Unión Editorial, 2003, p. 491. <<

[114] Mankiw, N.G., M.C. Weinzierl y D.F. Yagan, «Optimal Taxation in Theory and Practice», The Journal of Economic Perspectives, 23 (4), 2009, pp. 147-174. <<

[115] En 2014, de los 365 días del año, un contribuyente español con un sueldo medio de 24.400 euros brutos dedicó 184 a trabajar para el Estado, esto es, para pagar sus impuestos (IRPF, IVA, Seguridad Social, Impuestos Especiales y otros impuestos). Becheret, C., «Día de la Liberación Fiscal 2014», Civismo, julio de 2014. <<

[116] Situación caracterizada por el igual tratamiento fiscal equivalente a todos los agentes de la producción. <<

[117] Obviamente, la restricción a la libertad de actuación es no interferir sobre las de los demás. <<

[118] Mill, J.S., Principios de economía política, Fondo de Cultura Económica, 1985, pp. 602-603. <<

[119] Campbell, J.Y. y N.G. Mankiw, Consumption, Income and Interest Rates: Reinterpreting the Times-Series Evidence, NBER, 1989. <<

[120] Johansson, A., Heady, C., Arnold, J, Brys, B., y Vartia, L., Taxation and Economic Growth, OCDE, Economic Department Working Papers (620), 2008. <<

[121] La Reforma Fiscal elaborada por el Gobierno del PP en julio de 2014 no se considera relevante a efectos de este capítulo. <<

[122] Este sistema está vigente en las repúblicas bálticas, Islandia, República Checa, Eslovaquia o Rusia, por citar algunos ejemplos. <<

[123] Edwards, C., y D.J. Mitchell, Global Tax Revolution, Cato Institute, 2008, pp. 57-78. <<

[124] Es evidente que la reducción sería mayor si se instaurase el sistema de capitalización de las pensiones expuesto en el capítulo VIII. <<

[125] Por eso, las «teorías de la imposición óptima» recomiendan eliminar la fiscalidad sobre el capital. Véase Mankiw, N.G., M. Weinzierl, y D. Yagan, Optimal taxation in theory and practice, Mimeo, 2009. <<

[126] Garrigues Walker, J., Un nuevo modelo de Estado, Unión Editorial, 1980, pp. 15-16. <<

[127] El papel seminal sobre esta corriente es el elaborado por Daniel Kahneman en «Maps of Bounded Rationality: Psychology for Behavioral Economics», American Economic Review (93), 2003. <<

[128] El padre fundador de esta teoría fue A. C. Pigou en su libro Wealth and Welfare, MacMillan, Londres, 1912. <<

[129] Recogido por Bergler, D., «The effects of commercial advertising on children», International Journal of Advertising 18 (4), 1999, pp. 411-425. <<

[130] Furnham, A., Children and advertising, The allegations and the evidence (Risk controversies), Social Affairs Unit, 2000. <<

[131] Véase lord Acton, «Nationality», en Essays in the history of liberty, Liberty Classics, 1985. <<

[132] Acton, lord, «German Schools of History», en Rufus Fears, J. (ed.), Essays in the study and writings of history, Selected writings of Lord Acton, vol. II, Liberty Classics, pp. 342-364. <<

[133] Mill, John Stuart, Del gobierno representativo, Tecnos, 1985, pp. 182 y ss. <<

[134] Popper, Karl, En busca de un mundo mejor, Paidós, 1994, p. 159. <<

[135] Acton, lord, Essays in the history of liberty, Liberty Classics, 1985, pp. 425 y ss. <<

[136] Véase Hayek, F.A., The Counter-Revolution of Science, Liberty Fund., 1952. Versión castellana de D. Antiseri, La contrarrevolución de la ciencia: Estudios sobre el abuso de la razón, Unión Editorial, 2003. <<

[137] Berlin, I., Contra la corriente, Fondo de Cultura Económica, 1983, p. 429. <<

[138] Madariaga, S. de, Memorias de un federalista, Espasa-Calpe, 1995, p. 215. <<

[139] Sobre el propio contenido y significado del Estado de las Autonomías no hubo nunca opiniones coincidentes en la etapa constituyente. Para Gregorio Peces-Barba (PSOE) era la idea de un Estado Federal. Para Óscar Alzaga (UCD) era «un esquema federal de caucho en el que cabe un traje a medida», para el presidente del Senado, Antonio Fontán (UCD), «se acercaba más al modelo regional italiano que al federal». Ramon Trias Fargas (CiU) veía la Constitución de 1978 como «una estructura federal» y el Estatuto de Cataluña como «la virtual Constitución de un Estado miembro: Cataluña». <<

[140] Friedrich, C.J., Gobierno constitucional y democracia, vol. I, Instituto de Estudios Políticos, 1975, p. 380. <<

[141] Harvard University Press, 1970. <<

[142] McKinnon, R, «Market-Preserving Federalism in the American Monetary Union», en Blejer, M.I., y T.Ter-Minassian (eds.), Macroeconomic Dimensions of Public finance: Essays in Honour of Vito Tanzi, Routdledge, 1997, pp. 73-93. <<

[143] Barro, R.J., y Xavier Sala i Martín, «Convergence», Journal of Political Economy, 100, abril de 2002, pp. 223-251. Wildasin, D.E., Factor Mobility and Redistributive Policy: Local and International Perspectives, Vanderbilt University, 1996. <<

[144] Brennan, G., y J.M. Buchanan, The Power to Tax: Analytical Foundations of a Fiscal Constitution, Cambridge University Press, 1980. <<

[145] Anderson, G, y R.D. Tollison, «Legislative Monopoly and the Size of Government», Southern Economic Journal (54), 1988, pp. 529-545. <<

[146] Alesina, A., y A. Spolaore, The Size of Nations, MIT Press, 2003, pp. 82-95. <<

[147] Padovano, F., A Model of Inter-Jurisdictional Redistribution and Income Convergence, trabajo presentado en el CREI, 2005. <<

[148] Véase Padovano, F., A Model of Inter-Jurisdictional Redistribution and Income Convergence, trabajo presentado en el CREI, 2005, p. 21. <<

[149] Peltzman S., «The Growth of Government», en Chicago Studies in Political Economy, Chicago University Press, 1988, pp. 3-84. <<

[150] Musgrave, R.A., The theory of public finance, McGraw-Hill, 1959. <<

[151] Hayek, F.A., Individualism and economic order, Chicago University Press, 1948, pp. 255-261. <<

[152] Obviamente es más atractivo para los políticos recurrir al endeudamiento que subir los impuestos. <<

[153] Weingast, B.R., «The Economic Role of Political Institutions: Market-Preserving Federalism and Economic Development», Journal of Law, Economics, and Organization (11), 1995, pp. 1-31. <<

[154] Loewenstein, K., Teoría de la Constitución, Ariel, 1982, p. 156. <<

[155] El Tribunal Constitucional no tiene razón de ser como una jurisdicción aparte, ya que las tareas que le están asignadas podrían ser desarrolladas por una Sala del Tribunal Supremo. <<

[156] Discurso de Francesc Cambó ante el Congreso de los Diputados, 13 de diciembre de 1934. <<

[157] Discurso de Francesc Cambó ante el Congreso de los Diputados, 25 de junio de 1934. <<

[158] Jordi Pujol, declaraciones al diario El País, 12 de abril de 1981. <<

[159] Este espíritu se refleja con claridad en la intervención de Rodolfo Martín Villa ante el Congreso de los Diputados el 17 de septiembre de 1980 en el Debate sobre la cuestión de confianza. <<

[160] Azaña, M., Memorias políticas y de guerra (1931-1939), Obras completas, vol. IV, Ediciones Oasis, México, 1969, p. 151. <<

[161] Azaola, J.M., Vasconia y su destino. II. Los vascos ayer y hoy, vol. 1, Ediciones de la Revista de Occidente, 1976, pp. 301-307. <<

[162] Mises, L. von, Nación, Estado y Economía, Unión Editorial, 2010, p. 68. <<

[163] Dada una asignación inicial de bienes entre un conjunto de individuos, un cambio hacia una nueva asignación que al menos mejora la situación de un individuo sin hacer que empeore la situación de los demás se denomina «óptimo de Pareto». <<