Lluís Bassets

Periodista y escritor. Publica sus artículos en El País, donde ha trabajado de corresponsal en el extranjero, responsable de Cultura y de Opinión y director adjunto. Es autor de numerosos libros sobre política española, catalana e internacional, entre otros La oca del señor Bush (2008), El año de la revolución. Cómo los árabes están derrocando a sus tiranos (2012), El último que apague la luz. Sobre la extinción del periodismo (2013), La gran vergüenza. Ascenso y caída del mito de Jordi Pujol (2014) y Lecciones españolas. Siete enseñanzas políticas sobre la secesión catalana y la crisis de la España constitucional (2017).

Lluís Bassets

La rebelión interminable

El año de la secesión catalana

diseño de cubierta: pablo nanclares

© Lluís Bassets, 2018

© Los libros de la Catarata, 2018

Fuencarral, 70

28004 Madrid

Tel. 91 532 20 77

WWW.CATARATA.ORG

La rebelión interminable

El año de la secesión catalana

E-ISBN: 978-84-9097-575-6

ISBN: 978-84-9097-559-6

DEPÓSITO LEGAL: M-32.402-2018

IBIC: jphF/jph/1dsej

este libro ha sido editado para ser distribuido. La intención de los editores es que sea utilizado lo más ampliamente posible, que sean adquiridos originales para permitir la edición de otros nuevos y que, de reproducir partes, se haga constar el título y la autoría.

PRESENTACIÓN

Nunca anteriormente, en ninguno de los casi cincuenta años de profesión periodística que voy a cumplir dentro de poco, había escrito tanto y tan intensamente. Y nunca había escrito tanto y tan apasionadamente de algo de lo que había escrito muy poco a lo largo de mi vida: Cataluña. Como si me fuera la vida en ello. En cierta forma, porque sentía que algo de mi vida iba en ello.

He escrito artículos, muchos artículos, y he escrito libros, cuatro con este, al menos entre 2011 hasta ahora, que tienen que ver con el proyecto de secesión catalana. Y no puedo decir que haya escrito con gusto. Incluso estará más cerca de la verdad reconocer que lo he hecho al principio sin ganas y, al final, con disgusto, una novedad para mí en mi trabajo profesional.

Hasta agosto de 2017 no me di cuenta. Muchas veces actuamos intuitivamente, incluso en el terreno moral, y no percibimos la trascendencia de nuestras decisiones hasta que hay algo que viene a enervarlas o ponerlas en relieve. En mi caso fueron los atentados de Barcelona y Cambrils del 17 de agosto los que me hicieron sentir de forma casi física que una poderosa fuerza opresiva gravitaba sobre las cabezas de los periodistas catalanes.

Mi respuesta fue de rebeldía y me llevó a intensificar mi dedicación periodística a Cataluña, a fin de cuentas, mi país, sobre el que me siento no tan solo con el derecho, sino incluso con la obligación cívica en cuanto a tener posiciones y argumentos políticos y a exponerlos libremente en público. Esa fuerza era la del conformismo, la resignación y, al final, la de la rendición intelectual. Que dejara de escribir sobre Cataluña era el propósito que yo pude atribuir en aquel momento a esta entidad casi metafísica que percibía entrometiéndose en mi vida profesional.

Necesitaba explicar mi posición y hacerlo de forma bien individualizada, algo que venía complicado por mis responsabilidades en la edición catalana de El País, el diario en el que he trabajado y trabajo desde 1982. La crisis catalana ha sido también una crisis del periodismo. El catalán y el español, en general. Ha sido una guerra en la que todo ha valido, incluida la mentira y el insulto en grandes dosis y por todas las partes, cada uno buscando liquidar al adversario y aplanar las opiniones del propio campo dentro de su correspondiente unanimismo. El papel que ha desempeñado El País en toda su historia y que sigue desempeñando actualmente, como fuerza dialogante y moderadora ante la tensión nacionalista y entre nacionalismos, fue objeto de ataques coordinados por parte de unos y otros, con el objetivo de provocar su rendición y el desentendimiento respecto a Cataluña.

Sobre mi posición ante el proceso independentista creo que nadie puede tener muchas dudas. Creo que lo he contado todo, sobre todo me he definido y nada me he guardado de mis opiniones y análisis. Quien quiera saber si estoy a favor de la prisión provisional de los políticos presos, qué pienso de la idea del golpe de Estado independentista y cuál es mi posición sobre la consulta tiene dónde buscar las frases exactas. No acepto las amalgamas que atribuyen a las personas las posiciones de los medios donde trabajan o que mezclan las posiciones de unos y otros por el mero hecho de convivir en las mismas páginas.

La técnica de la amalgama consiste precisamente en identificar como un todo, la prensa de Madrid, por ejemplo, o la prensa catalana, lo que es una realidad llena de complejidad y de matices, de opiniones individuales y de posiciones editoriales, para terminar descalificando al conjunto, por supuesto. Este es un proceso inquietante e inquisitorial que, ciertamente, no se practica en una sola dirección, en el que además se pierden las voces y responsabilidades de cada uno, eclipsadas y ahogadas por las voces unánimes y las responsabilidades difusas de los sujetos colectivos.

Gracias a la apertura del blog, que titulé Això va de democracia1, así, en catalán, con un subtítulo, “Contra el 1-O”, que luego viró a “Sobre el 21-S”, tuve la posibilidad de escribir casi a diario durante el trimestre caliente de 2017, el último, sin necesidad de molestar a los editores de las páginas en papel con una insistencia tal en la ocupación de su escaso espacio redaccional. Aunque el blog alcanzó unos notables niveles de lectura, naturalmente digital, creo que publicarlos de nuevo y ahora en papel permitirá que algunos lectores puedan acceder ahora a la lectura de lo que no estuvo entonces a su alcance.

El resultado es La rebelión interminable. El año de la secesión catalana, donde se recogen mis reflexiones de enero a diciembre y donde puede observarse el ritmo de los acontecimientos que rodean el proceso independentista en su último tramo, arrancando con un elemento de máxima relevancia política en un conflicto como es la gestión del tiempo. Acabo de decir que el sujeto de mis artículos es Cataluña, pero ahora debo corregirme o al menos matizar esta idea: en realidad, estos textos son una defensa de mi libertad de pensamiento y de expresión, que ha corrido grave peligro durante 2017 ante la presión de la peor censura, que es la que alguien pretende que uno ejerza sobre sí mismo.

Enero

1 de enero

El tiempo, ese gran jugador

El paso del año es un buen momento para recordar el papel del tiempo en la acción política. El control del tiempo es una de las palancas más interesantes en el combate por obtener y mantener el poder, que es la esencia de la política. Diferir los problemas, aplazarlos para fechas indeterminadas, cuando se sabe que no hay solución útil a mano, es un instrumento esencial del buen político.

Mariano Rajoy confía en la acción del tiempo. Siguiendo el ejemplo de uno de sus más longevos y penosos antecesores en la dirección del Ejecutivo español, ha situado la carpeta sobre el conflicto secesionista catalán en el montón de los problemas que resolverá el paso del tiempo. Sigue la filosofía de su homólogo Henry Queuille, que presidió el Consejo de Ministros francés en tres breves ocasiones entre los años cuarenta y los cincuenta, aplicando la doctrina por la que se hizo célebre: “No hay problema que no se resuelva gracias a la contribución del tiempo y de la falta de solución”.

En favor de Rajoy hay que reconocer no tan solo su activa contribución a la falta de solución del problema —y, paradójicamente, a su solución según el método Queuille—, sino también su responsabilidad y su activísima participación en la fabricación del conflicto. A su responsabilidad se debe la ausencia del PP catalán en la ponencia de reforma del Estatut de 2006, la campaña de recogida de firmas contra el nuevo Estatut, el recurso de su partido al Tribunal Constitucional, la parte del PP de las presiones que sufrió el alto tribunal y luego la más absoluta inacción política en los años de proceso independentista.

Rajoy no se ha convertido tan solo en el Señor No para los catalanes —no al pacto fiscal, no a la consulta, no a cualquier reforma de la Constitución—, sino que todo lo que ha hecho desde 2012 hasta prácticamente el nombramiento de Enric Millo como delegado del Gobierno y la apertura del despacho de Soraya Sánchez de Santamaría en Barcelona ha servido como combustible y estímulo al proceso independentista.

Que nadie se confunda respecto al diagnóstico. No es una cuestión de ineptitud política. Denigrar a Rajoy por falta de virtudes políticas es un ejercicio inane sin el más leve asomo de credibilidad. La dejadez respecto a Cataluña y la persistente abulia con que su Gobierno se ha enfrentado al conflicto son fruto de decisiones e ideas perfectamente coherentes y de una estrategia de repercusiones electorales calculadas.

Rajoy comparte con el independentismo una parte de la doctrina Queuille: es precisamente la inexistencia de una solución al conflicto secesionista lo que conducirá a la solución real y efectiva. Los independentistas creen que la salida será la independencia, mientras que Rajoy cree que será el mantenimiento de las cosas tal y como están o incluso mejor para quienes desconfían del autogobierno de los catalanes. Se entiende el desprestigio de la tercera vía entre unos y otros. ¿Para qué habría que preocuparse por encontrar una solución si precisamente la ausencia de solución es lo que va a producir la desaparición del problema?

Rajoy tiene motivos para estar agradecido al soberanismo catalán. Es dudoso que en 2011 hubiera obtenido la mayoría absoluta que le ha permitido gobernar sin control parlamentario durante cinco años —especialmente el quinto año de Gobierno en funciones—. Pero es seguro que no hubiera obtenido la investidura ahora gracias a la abstención del PSOE de no existir la reivindicación del referéndum por parte de Podemos y los grupos nacionalistas del Congreso. Los servicios prestados por el independentismo a Rajoy son inmensos e impagables. Y en honor a la simetría, la viceversa también es cierta. Rajoy no sería hoy presidente sin el independentismo y sin Rajoy el independentismo no tendría la fuerza que tiene.

Ahora se diría que Rajoy ha introducido una leve matización. Ha sustituido la mudez, la torpeza y el disparate prodigados durante cuatro años de acción del Gobierno y del PP en Cataluña por el diálogo, la coherencia y la profesionalidad. No está mal. Reconozcamos que la falta de solución ha crecido en Cataluña hasta niveles tan altos que no hace falta ya seguir promoviéndola para sacar rendimientos en el resto de España. Si hay que dialogar, en el fondo, es porque hay en juego una disputa por los votos socialistas y de Ciudadanos en Cataluña. Para el resto, Rajoy sigue teniendo clara la doctrina: dejar pasar el tiempo sin hacer nada, ni siquiera tocar la Constitución; que la falta de solución siga perforando al socialismo en toda España y que la combustión interna en los otros partidos, en Podemos y Ciudadanos, siga reforzándolo en su posición de Gobierno en minoría.

La doctrina Queuille tiene algún inconveniente. No es solo el tiempo lo que hay que controlar. La inacción política, con Francia metida en dos guerras coloniales consecutivas, la de Indochina y la de Argelia, fue la que se llevó por delante la Cuarta República y condujo a un cambio de Constitución y de régimen.

15 de enero

Bala de plata

Cuando ya no queda esperanza, aparece el arma secreta. En el último instante, justo cuando todo se da por perdido, llegará la salvación, el instrumento o el personaje milagroso que dan el vuelco definitivo y nos entregan la victoria.

Es la bala de plata con la que el héroe mitológico liquidaba a vampiros y licántropos; Santiago sobre el caballo blanco, que decantaba las batallas a favor de los cristianos; o el rey don Sebastián, al que esperan las huestes miserables de Canudos en su guerra desigual con el Ejército brasileño. El sitio de Barcelona en 1714 también la tuvo y era la Virgen de la Mercè, proclamada capitana generala e invocada en procesiones y rogativas por un grupo de clérigos, monjas y beatos fanáticos.

El arma secreta tiene una funcionalidad política. Es un instrumento para mantener la cohesión y proseguir el combate cuando la derrota está descontada. Sirve para contener las deserciones y apelar a un último sacrificio cuando ningún sacrificio sirve para nada. El nazismo también tuvo su arma secreta, nada menos que la construcción de la bomba atómica que permitía a sus partidarios seguir creyendo en la salvación in extremis en vez de una derrota ineluctable.

Cuando el procés está entrando ya en la última fase, este 2017 en el que se nos dice que se producirá el desenlace, la mayoría parlamentaria independentista, formada por Junts pel Sí y la CUP, acaba de exhibir también una misteriosa bala de plata, rodeada del mayor secretismo. En nuestra época el motivo de la última esperanza no puede ser, naturalmente, una figura o un instrumento redentor al que se convoca para auxiliar a las devotas tropas independentistas ante su inminente derrota en manos del unionismo.

La bala de plata que tiene el independentismo es jurídica, una ley llamada de transitoriedad que solo muestra, como el cebo en el anzuelo, un artículo primero por el que Cataluña se constituye en república social, democrática y de derecho. Es una especie de Constitución clandestina y anticipada, de forma que el anuncio del acuerdo entre Junts pel Sí y la CUP para impulsarla tiene la virtud adicional de convertirse en una proclamación adelantada de la independencia en el mundo de la posverdad, que es la única realidad del proceso desde hace mucho tiempo.

La debilidad del procesismo es extrema. Hablar de liderazgos es un sarcasmo. Su capacidad de aglutinar mayorías está estancada. Tres veces ha demostrado su fuerza y también sus limitaciones, a enorme distancia de lo que se necesitaba para saltar los altísimos muros de la legalidad y del reconocimiento internacional: en las elecciones de 2012, cuando Artur Mas pasó de 62 a 50 diputados en vez de obtener la mayoría absoluta indestructible que demandaba; en el 9-N, cuando solo un 37 por ciento de los catalanes participaron en la consulta declarada sobre la independencia; y el 27 de septiembre de 2015, cuando Artur Mas no obtuvo la mayoría de votos independentistas en las elecciones que convocó con la pretensión de presentarlas internacionalmente como un referéndum de autodeterminación.

La mayoría parlamentaria independentista, sometida a las veleidades revolucionarias de la CUP, solo se mantiene gracias al auxilio inestimable de Mariano Rajoy. Alguien habría tocado a retirada en condiciones políticas normales, es decir, de diálogo político efectivo, de intervención muy prudente y acotada de los tribunales y, sobre todo, de respuesta al proyecto independentista con una alternativa española seria. El primer Gobierno independentista de la historia de Cataluña ha demostrado una incapacidad y una pobreza de recursos espeluznante. Su mayor mérito es existir y haber conseguido pasar una moción de confianza. Hace cinco años que ha dejado de funcionar la idea de que los gobiernos trabajan. Son gobiernos sin obra. Si encima se hunde el castillo de naipes del proceso, solo queda entonces la disolución y unas elecciones que abran las puertas a un Gobierno que vuelva a gobernar.

La resistencia a reconocer esta realidad es enorme. Disolver, por más que se declaren constituyentes los próximos comicios, será el reconocimiento del fracaso y, aunque de forma vergonzante, del error estratégico colosal que ha significado el diseño del dichoso choque de trenes sin un cálculo realista de la correlación de fuerzas interna, española e internacional. Solo queda mientras tanto la bala de plata, la fórmula mágica que permite mantener el proceso más allá del proceso para que el procesismo siga aguantando. Siempre a la espera de un dirigente independentista lúcido y valiente, y también convincente naturalmente, que diga de una vez y claramente la verdad a los catalanes y, sobre todo, a los fervorosos creyentes procesistas.

30 de enero

La verdad de las mentiras

Santiago Vidal llevaba al menos dos meses difundiendo la buena nueva por pueblos y ciudades. Le acompañaban cargos locales de Esquerra Republicana y de l’Assemblea Nacional de Cataluña, agradecidos por su poder de convicción, que dejaba a los numerosos asistentes satisfechos y esperanzados ante la buena marcha del procés y la cercanía del objetivo tan anhelado, la segura celebración del referéndum y, a continuación, la muy probable proclamación de la independencia.

Estas charlas, a un ritmo que podía alcanzar dos por semana, han tenido hasta ahora un impacto muy extraño. Los vídeos se colgaban en las webs de las entidades soberanistas y se viralizaban a través de las redes sociales. Nadie entre quienes le acompañaban vio nada anormal en sus explicaciones sobre las actividades del Gobierno catalán en preparación del referéndum y de la independencia. Las televisiones locales daban la información del caso, e incluso alguna pequeña web nacionalista se hacía eco de las conferencias; pero nada llegaba a los grandes medios de comunicación, escritos y audiovisuales.

Puede que las noticias que difundía el exjuez fueran fabulaciones para darse notoriedad ante un público agradecido, pero algunas de sus expresiones más explícitas deberían haber suscitado inmediatamente la atención e incluso la alarma de las personas más responsables y escrupulosamente demócratas que le acompañaban. Los planes de recopilación de datos y fichas de policías y jueces, o de simples ciudadanos a efectos fiscales, no tan solo vulneran directamente la legalidad, como el propio exjuez reconoce con una sonrisa cómplice, sino que lo hacen en un territorio especialmente delicado como es el de la libertad y los derechos individuales. Resulta que el Estado propio e independiente que nos cuenta Santi Vidal es ya desde antes de existir un Estado policial.

Es decir, si nada de lo que anduvo contando Vidal era cierto, alguien de su entorno debió cortar en seco su ciclo de prédicas independentistas. El silencio cómplice que le ha acompañado es un indicio más de su verosimilitud. Y más todavía cuando ciertos periodistas de abierta militancia independentista han intentado presentar la publicación de la información como resultado de una filtración interesada o incluso de una intoxicación del CNI, especulando con el momento elegido para el lanzamiento de la bomba, cuando tenían las fuentes de la información en abierto a su disposición en las redes desde hacía dos meses. Algunos han llegado en su desvergüenza a descalificar el reportaje sobre los vídeos de Vidal por una supuesta falta de comprobación de las informaciones que contenían, cuando el problema es que la sociedad catalana ha mantenido en una zona de discreta sombra una información muy relevante, que al fin ha salido a la luz por la perspicacia y el criterio de un buen profesional.

Santi Vidal no está solo. Basta con perder unos minutos en las redes sociales para advertir los numerosos apoyos con que cuenta y la incomprensión con que una parte del mundo independentista ha recibido su fulminante destitución. No vale el argumento de su marginalidad. Basta con leer editoriales y columnistas del mundo independentista más subvencionado para darse cuenta de que hay muchos émulos de Vidal, que se hacen los advertidos respecto a los planes secretos e ilegales para el referéndum y para la independencia. Puede que el exsenador haya exagerado e incluso inventado para dar más colorido y verosimilitud a su prédica. Un café con un simple funcionario puede ser uno de los precontactos con la OTAN. Una charla con Pilar Rahola, una segura convención de colaboración con “los servicios secretos de un país no europeo”. Pero es difícil desatender a estas presuntas fanfarronadas, cuando son de todos conocidos el sonsonete oficial sobre las rupturas de la legalidad española, la explícita promesa de una ley de transitoriedad que significará una única ruptura de una sola vez, según el jurista que la ha fabricado y, la última, la base de datos fiscales recopilada por Oriol Junqueras, de improbable legalidad debido a las restricciones bien explícitas que contempla la Ley de Protección de Datos.

Las revelaciones del exjuez y las reacciones que ha suscitado indican, en todo caso, que buena parte del mundo independentista ve sin inquietud y con gran normalidad la eventualidad de una ruptura con la legalidad, que afecta además a los derechos y libertades individuales, ya no al final del proceso, sino incluso en la etapa actual de preparación del referéndum. La gravedad del caso viene acrecentada por la precariedad de la mayoría que sustenta al Gobierno de Puigdemont, garantizada por una fuerza antisistema y antieuropea como es la CUP. Tiene toda la razón el editorialista de La Vanguardia de este pasado sábado, al señalar la “enrarecida situación política que vive nuestro país”, así como el “clima de fabulación colectiva” con el que el soberanismo pretende sustituir su mayoría a todas luces insuficiente para hacer los pasos que promete hacia la independencia. No son invenciones las de Vidal. Si acaso, la verdad de las mentiras.

Febrero

6 de febrero

Si no es legal, no es democrático

Como resultado de su gran familiaridad con las leyes, puede que el subconsciente le haya jugado una mala pasada al exjuez Vidal. Gracias a su explícita e inesperada declaración sobre la ilegalidad de la recogida clandestina de datos fiscales por parte del Gobierno catalán, la ciudadanía catalana ha podido percibir lo que está en juego en el largo envite en el que está comprometido el soberanismo nacionalista. A pesar de las apariencias, no es un problema de relación con el Estado, la independencia; ni es tampoco un problema de democracia, el derecho a decidir. Es un problema de libertades individuales y de derechos fundamentales, que afecta a los valores y principios que rigen en una sociedad democrática.

La confusión acompaña siempre a las grandes batallas políticas y el proceso soberanista no iba a ser la excepción. De ahí que sea de agradecer la aportación de Santi Vidal al esclarecimiento de ideas y conceptos. Sus revelaciones arrojan una luz insólita, que nos hace descubrir un paisaje totalmente nuevo, en el que se invierte el sentido de las cosas e incluso de los colores ideológicos. No hay mayor falacia argumental en toda esta historia que la que se ha intentado en las últimas semanas para convencer a los comunes, asustados por la idea de que todo demócrata debe apoyar el derecho a decidir y más todavía si se trata de un ciudadano que se considere de izquierdas. Digámoslo bien claro, es exactamente al revés: no se puede ser independentista y demócrata cabalmente y estar a la vez a favor de este proceso independentista tal como lo han diseñado Artur Mas y sus amigos.

Nadie debiera discutir el principio de legitimidad de la aspiración independentista, indirectamente aceptada por el Tribunal Constitucional en su resolución que anula la declaración de soberanía. Muy distinto es que se acepte el camino elegido por el soberanismo convergente, que partió de la búsqueda de una mayoría social y política y ha terminado intentando conseguir la independencia mediante una mayoría parlamentaria inestable e incoherente como la que forman Junts pel Sí con la CUP, a partir de un falaz argumento como es la obligatoriedad de un referéndum de autodeterminación a plazo fijo e inmediato, que debe reconocer el Gobierno español bajo amenaza de su celebración fuera de la legalidad y sin autorización alguna.

El independentismo apresurado ha conseguido olvidar que un referéndum debe contar con todas las garantías de imparcialidad de las autoridades que lo convocan y de la Administración que se ocupa de su celebración. Nadie puede creer en la neutralidad de un Gobierno que promete a la vez celebrar el referéndum y tener a punto las estructuras del Estado independiente para su proclamación inmediata en caso de un resultado favorable. Nadie puede confiar tampoco en un Gobierno que prepara dichas estructuras de forma clandestina e ilegal, recogiendo datos y seleccionando personal en vulneración de derechos fundamentales, así como de la vigente legislación sobre protección de datos. El hiperdemocrático derecho a decidir, la democracia en abstracto, es bien a las claras un mero instrumento táctico para obtener la independencia para quienes están comprometidos en una tarea tan poco transparente y tan escasamente democrática.

No es un problema de prurito legalista, tal como quieren pintarlo ciertos independentistas. Nadie debiera necesitar muchas explicaciones respecto al principio que une ley y democracia. No es un capricho. La ley es imprescindible para la organización de elecciones y consultas democráticas por una razón nada caprichosa. Porque solo la ley puede proteger a los más débiles, a las minorías frente a las mayorías. Convocar un referéndum sin una mayoría de dos tercios en el Parlamento, sin un mandato electoral basado en los votos como el que pedía Junts pel Sí, con el agravante de la organización y financiación clandestina de las estructuras del Estado independiente, y la añadidura o bomba culminante final de la secretista ley de transitoriedad jurídica elaborada sin conocimiento del Parlamento, fuera de ponencia y del procedimiento, no es una ilegalidad tan solo, sino un acto profundamente antidemocrático y atentatorio de los derechos fundamentales de los catalanes. De todos, sin distinción.

La pretendida ruptura legal, de una vez e indolora, que ha explicado el jurista del procés, Carles Viver, es un cuento chino. Las ilegalidades ya han empezado y no solo en forma de incumplimiento genérico de las leyes, sino lo que es más grave, en forma de vulneración de derechos. El independentismo decente, que existe, y al que no hay que descalificar por razones de principio, no puede ni debe avalar este golpe de mano en el que se arriesga, además, el propio futuro del autogobierno catalán.

La tozuda persistencia de un independentismo que ya ha fracasado tres veces en la obtención de una mayoría plebiscitaria —dos en unas elecciones y una en una consulta ilegal— tiene que ver con la evidencia de que la ventana de oportunidad se ha cerrado y la certeza de que esa independencia que habían prometido no se producirá. Ahora es el momento de reconocerlo y de tomar otro camino, el correcto y civilizado, el del catalanismo pactista y moderado, sin plazos, legal, tranquilo y pausado, en absoluto oportunista e insurreccional —leninista, en cierta forma— como el que Mas, Puigdemont y Junqueras han tomado para aprovechar el mal momento de la crisis financiera, de la desunión europea y del surgimiento del populismo y del trumpismo. Siempre hay una regla de juego con la que se acude a las urnas. Si no es la que establece la ley y que todos han aceptado, es la regla de juego que impone una parte sobre el todo, un partido sobre el conjunto de la sociedad, que en este caso, además, está dividida en dos mitades casi simétricas.

Es evidente que quienes han osado esta aventura son fundamentalmente independentistas —es decir, fundamentalistas del independentismo— y solo accidentalmente demócratas, puesto que parecen dispuestos a sacrificar lo que haga falta por la independencia, incluyendo la autonomía catalana y las libertades y la democracia de todos. No están dispuestos a sacrificar de momento vidas y haciendas, suyas y ajenas, y esto ya es un consuelo, vistas las experiencias de todos conocidas. Pero no andan lejos en su visión autoritaria y rupturista de lo que debe ser un proceso independentista, sacrificando los medios a los fines, vulnerando libertades y principios si lo reclama la gloria de la patria emancipada.

12 de febrero

Antes de que sea tarde

La obstinación no debiera ser una política. En realidad, es la actitud más impolítica que pueda imaginarse. Pero es la que han adoptado Mariano Rajoy y Artur Mas, luego sustituido por Puigdemont, como protagonistas de un enfrentamiento que ya va para los cinco años de duración, sin desenlace previsible ni satisfactorio a la vista para ninguna de las partes.

Artur Mas ha jugado sus ultimísimas cartas en la escenificación de un juicio político en el que se presenta como víctima de la penalización del deseo de independencia de una parte de la sociedad catalana de la que se hace intérprete e instrumento. Sus planes respecto al ejercicio del derecho de autodeterminación —que esta es, sin eufemismos, la cuestión de fondo— cuentan con un amplio apoyo, pero ha quedado claro en las tres ocasiones en que las urnas han hablado con propósitos plebiscitarios desde 2012 —dos elecciones y un proceso participativo suspendido por el Constitucional— que la base del independentismo es insuficiente para recabar con autoridad los avales legales del titular de la soberanía, que es el Parlamento español, y obtener el reconocimiento imprescindible de la comunidad internacional.

La jugada que queda es la definitiva y la más peligrosa, porque de lo que se trata ahora es de someter a prueba a la democracia española, hasta el punto de demostrar al final del proceso lo que solo retóricamente cabía deducir ya desde el principio de los planteamientos más radicales: que Cataluña es una nacionalidad oprimida, un país ocupado, colonizado casi, y sometido a un régimen ajeno y extranjero.

Dos son las palancas para conducir a tal conclusión, que convertiría el caso catalán en uno de independencia “remedial” en el mismo capítulo en el que se hallaba nada menos que Kosovo. De una parte, la judicialización del proceso por parte del Gobierno de Rajoy, que ha llevado a olvidar cualquier vía política y a confiar exclusivamente a los tribunales la tarea de obstaculizar los planes de ruptura constitucional establecidos por el soberanismo: el radicalismo soberanista imagina a centenares de cargos políticos inhabilitados o incluso en la cárcel, la autonomía suspendida y la legitimidad de la democracia española cuestionada. De la otra, la fuerza parlamentaria decisiva de la CUP, con su correlato de movilización en la calle y su capacidad de suscitar la emulación de la izquierda radical: no es extraño que comentaristas de uno y otro lado hayan evocado el fantasma del Maidán, una permanente agitación callejera de fácil desbordamiento, que solo desde el territorio CUP se puede organizar y mantener.

Aún para alcanzar tal punto de ignición hace falta una actitud irritada del Gobierno central, capaz de precipitarse y autolesionarse en la represión que se le invita a desencadenar. No hay síntomas hasta ahora de que esto pueda suceder, más bien los hay en sentido contrario. A pesar de todo, entrar en este territorio es tentar al diablo, pero ni siquiera así, en las actuales circunstancias internacionales, está del todo claro que la democracia española pueda sufrir daños irreparables que la cuestionen a ojos del mundo y dejen en cambio el campo libre para que un independentismo, hasta ahora de base insuficiente, ensanche de pronto sus apoyos y su fuerza y consiga la desconexión.

Si hasta ahora el secesionismo ha calculado mal las fuerzas —apoyo electoral, simpatías internacionales, alianzas españolas y europeas—, nada indica que sea correcto este cálculo actual, todavía más arriesgado. Implica echar al fuego toda la leña de la movilización e incluso del sacrificio personal, algo que hasta ahora no se había producido y que sus seguidores desconocen. Hay que hacerlo en un momento de enorme fatiga “procesista”, no tan solo entre los creyentes, sino sobre todo en una sociedad catalana dividida, cuya mitad no independentista ha empezado a virar de la indiferencia a la irritación.

Más fácil es pensar que Rajoy practica, junto al inmovilismo, una calculada estrategia de restricción. Si el secesionismo busca su salida en la liquidación de la democracia española, Rajoy hace idéntica apuesta en la definitiva laminación del autogobierno catalán tal como lo hemos conocido en los últimos cuarenta años, con los márgenes extraordinarios que todavía tiene en educación, orden público, lengua y medios de comunicación, elementos todo ellos convertidos ahora en causa y origen de todos los males independentistas que a ojos de muchos conviene extirpar o, cuando menos, limitar. Esta estrategia perversa asigna a la tozudez de los independentistas el trabajo sucio de ofrecer la destrucción de un autogobierno que desprecian en aras de una independencia que no pueden conseguir.

Democracia española y autogobierno catalán han ido siempre de la mano. No es seguro que en los nuevos tiempos trumpistas funcionen las viejas ecuaciones históricas, pero sería bueno que unos y otros, Mas y Rajoy, dejaran de tentar a la suerte y renunciaran a aventuras y experimentos respecto a la resistencia de la democracia española y a la limitación del autogobierno catalán. Antes de que sea demasiado tarde, antes de que volvamos a las andadas, a la vieja historia que siempre termina mal.

20 de febrero

Artur Mas no es Rosa Parks

Es una evidencia que el expresidente catalán, ahora enjuiciado por prevaricación y desobediencia a una orden del Tribunal Constitucional, no tiene nada que ver con Rosa Parks, la militante de los derechos civiles que se negó a obedecer las leyes segregacionistas de Alabama en 1955. Lo ha explicado en las páginas de El País Cataluña el catedrático de Constitucional y columnista Francesc de Carreras para ilustrar precisamente la utilización de la posverdad por parte del secesionismo catalán.

Artur Mas no es Rosa Parks ni tampoco un émulo de Martin Luther King, Mahatma Gandhi o Nelson Mandela. Cataluña no es una nación oprimida, colonizada u ocupada. Las libertades de sus ciudadanos —las libertades catalanas— están perfectamente aseguradas, dentro de los límites razonables en que suelen estarlo en el conjunto de los países de la Unión Europea. El reconocimiento de su lengua propia y de su cultura se halla a unos niveles desconocidos en la historia. Su autogobierno, que incluye competencias de policía, medios de comunicación, educación y sanidad, es insólito en la historia de España y comparativamente con el resto de Europa. Y, sin embargo, Mas ha podido comparecer en un programa especial que le ha dedicado la primera cadena televisiva pública catalana, la de mayor audiencia, junto a los otros dos miembros de su Gobierno imputados por prevaricación y desobediencia, y se ha comparado con Rosa Parks.

Rosa Parks no quiso obedecer al conductor del autobús que la conminó a sentarse en la zona reservada a los ciudadanos designados por el color de su piel como sujetos desprovistos de los mismos derechos que el resto de la población. Artur Mas no quiso obedecer una orden del Tribunal Constitucional que le conminaba a cesar las actividades de organización de una consulta en la que se preguntaba a los catalanes si consideraban que Cataluña debía organizarse como un Estado independiente de España. La señora Parks desobedeció a la democracia segregacionista de Alabama y recibió el amparo de la Constitución de los Estados Unidos, mientras que el señor Mas obedeció a la democracia del Parlamento catalán y desobedeció a la Constitución española por la que se rige también la autonomía de Cataluña.

No estaba en juego la libertad de expresión de los catalanes, como ahora no está en juego la libertad de expresión del Parlamento catalán, conminado por el Tribunal Constitucional a suspender su hoja de ruta para la celebración de la consulta secesionista. El actual conflicto no existiría si fuera una cuestión de expresión libre de opiniones y deseos, tal como ha defendido la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, en un artículo publicado en The New York Times. El problema al que se enfrenta el Gobierno español es que una de sus comunidades autónomas, con un Parlamento de mayoría independentista, lleva cinco años intentando celebrar un referéndum de autodeterminación e incluso ha llegado a discutir sobre la conveniencia de proclamar unilateralmente la independencia.

Extremando los argumentos, el independentismo está intentando fabricar el caso de una nación oprimida, obligada a buscar la independencia unilateralmente, como Kosovo, para sacudirse el yugo insoportable que la oprime. Se entienden esas incursiones en el territorio de la posverdad, porque a la vez unos y otros acusan al Gobierno conservador español de pasividad y legalismo frente a un problema que solo puede resolverse por el diálogo político, aunque históricamente se ha solido zanjar por el método expeditivo y repugnante de la fuerza bruta.

También a la hora de buscar analogías, el independentismo catalán, afectado por el narcisismo propio de todos los nacionalismos, tiene un problema con su percepción de las dimensiones exactas del mundo. Cataluña es un país extraordinario, pero pequeño. La demografía de su lengua es muy limitada. No tiene fuerza coercitiva para desconectar unilateralmente. Su sociedad está dividida en dos mitades, por lo que no hay ni siquiera una amplia y persistente mayoría independentista como es obligado para pretender tal camino. Para que el mundo mirara a los catalanes —“El mundo nos mira”, dice una de las consignas— deberían armarla muy gorda, algo tentador para los coaligados anticapitalistas y antieuropeístas que sostienen al Gobierno nacionalista con sus deseos de convertir los ensueños de desobediencia civil en un Maidán barcelonés que tratara a España como si fuera Rusia en Ucrania. Mas, enarbolando la bandera del caos, no sería entonces Rosa Parks, sino Steven Bannon y Donald Trump, algo que no tiene buena prensa, al menos en Europa.

26 de febrero

Choque de trenes pactado

Las posiciones son claras. Por si faltaba alguna precisión, el 11 de enero almorzaron clandestinamente Carles Puigdemont y Mariano Rajoy, en la Moncloa. Las relaciones personales parece que son buenas, pero las obligaciones de uno y otro son abiertamente incompatibles.

Puigdemont solo se siente atado por su compromiso para negociar los términos, fecha y pregunta de un referéndum en el que se incluya la posibilidad de independencia de Cataluña. Rajoy se siente obligado por un compromiso inverso: puede negociar cualquier cosa menos un referéndum que incluya una pregunta sobre la independencia de Cataluña.

El presidente catalán responde por la mayoría de diputados independentistas de Junts pel Sí y la CUP, que primero se comprometieron a la aprobación de tres leyes de desconexión y a proclamar la independencia en 18 meses y luego sustituyeron en su hoja de ruta el objetivo de la secesión por el de un referéndum, a ser posible pactado y, en caso contrario, unilateral.

El presidente español, por su parte, se debe a la actual Constitución, en la que no encuentra margen alguno para una consulta sobre la independencia de Cataluña y menos un referéndum de autodeterminación como el que se le exige. En 2013, el jurista Francisco Rubio Llorente defendió la posibilidad de que, sin reforma constitucional, mediante un simple cambio en la ley española sobre las modalidades de referéndum, se pudiera organizar una consulta en la que se preguntara sobre la independencia a los catalanes o al conjunto de los españoles.

Los márgenes eran estrechos entonces, en plena crisis financiera, con las autonomías españolas, incluida la catalana, intervenidas y bajo perfusión del FLA (fondo de liquidez autonómica), pero es difícil creer que existan o sean mayores ahora. El propio Rubio Llorente advertía que el camino del derecho a decidir ya emprendido unilateralmente dificultaba la iniciativa del referéndum legal y pactado que supondría su idea de reforma legislativa.

A todo ello se añade un obstáculo adicional. Los cinco años de proceso independentista han sido de creciente polarización entre los dos gobiernos y sus respectivos y poderosos aparatos políticos y mediáticos, públicos y privados, hasta alcanzar un acoplamiento de enorme rendimiento electoral. Los beneficiarios son los dos extremos, que se retroalimentan mutuamente: el independentismo apresurado con sus objetivos y plazos irrenunciables y el unitarismo inmovilista, que considera cualquier concesión, incluso verbal, como un premio al independentismo.

Rajoy representa la parte más fuerte en este conflicto y, por tanto, la que tiene mayor responsabilidad en su resolución. Pero tiene un problema de legitimidad, agravado por su pasividad política. Su Gobierno, su partido y él mismo se han ausentado de Cataluña e incluso de sus debates públicos desde que llegaron a la Moncloa. A pesar de que están en el origen del contencioso, han incumplido compromisos, algunos de ellos estatutarios, y han hecho gala de una actitud negligente, si no despreciativa, hacia el conjunto de los catalanes, incluidos los que no se sienten vinculados al proceso independentista. A través de la Fiscalía y la Abogacía del Estado, han subcontratado toda la obstaculización del proceso al Tribunal Constitucional y al poder judicial, a los que han sometido a una presión, con frecuencia implícita pero en muchos casos desvergonzada, de alta toxicidad para la imagen pública del Estado de derecho.

Puigdemont, por su parte, no tiene un mandato democrático ni mayorías de votos populares suficientes para llevar a cabo su plan. Los pasos que ya ha realizado la mayoría meramente parlamentaria de Junts pel Sí y la CUP vulneran el Estatuto de Cataluña y la Constitución y, lo que es más importante, los derechos políticos de los ciudadanos representados por las otras fuerzas de la cámara. El insulto del secreto con que se prepara la ley de transitoriedad jurídica se añade a la injuria del desbordamiento de la legalidad estatutaria y constitucional. Fuera de la burbuja mediática independentista y en el clima de saturación propagandística que vive Cataluña, es una ironía vender el cuento de que el independentismo no tiene libertad para expresarse, cuando lo que los tribunales están impidiendo es que los parlamentarios secesionistas alcancen sus objetivos sin respetar los procedimientos legales.

Así llegamos a los radicales desacuerdos del 11 de enero en la Moncloa y a la firme voluntad de ambas partes de cumplir sus compromisos hasta las últimas consecuencias. Si cada uno conoce perfectamente la posición del otro, como parece ser el caso, lo menos que pueden esperar los ciudadanos es que pacten la forma menos perjudicial posible para terminar de una vez con este largo calvario y procedan, inmediatamente después —probablemente tras unas nuevas elecciones—, a acordar esa tercera vía tan denostada y combatida por los mismos que ahora se verán obligados a resucitarla. Es decir, si tiene que haber choque de trenes, al menos que sea pactado.

Marzo

12 de marzo

Muere en la oscuridad

El proceso, como la democracia que pretende encarnar, está falleciendo en la oscuridad. Sin transparencia, sin debate abierto y plural, no hay democracia posible. Viejos y nuevos eslóganes lo predican, desde el grito de “¡Luz y taquígrafos!” hasta la sentencia que luce desde febrero bajo la cabecera de The Washington Post: “La democracia muere en la oscuridad”.

El proceso siempre ha sufrido una tensión insuperable entre sus necesidades tácticas y su objetivo estratégico, la necesaria coherencia interior y la búsqueda de aliados exteriores. El último caso es el de la ley de transitoriedad exprés, cuando las necesidades inmediatas —eludir los recursos, suspensiones e inhabilitaciones— para convocar la consulta sobre la independencia restringen la capacidad del movimiento para ensanchar su base y alcanzar la mayoría indestructible que Mas viene buscando desde 2012.

Cuanto más se fuerza la legalidad, se retuercen leyes y reglamentos y se limita la transparencia y el debate democrático, menos convincente aparece para los indecisos y los aliados exteriores. La restricción, que llega al secretismo y al ocultamiento, afecta nada menos que a la esencia misma de la democracia, es decir, a lo que constituía la piedra filosofal del proceso.

Así es como la astucia, dirigida a “engañar al Estado”, sustituye y destruye a la democracia, en detrimento de los ciudadanos. Esta es la segunda ocasión en que sucede, aunque en la anterior, el proceso participativo del 9-N, fue el presidente Mas quien protagonizó el engaño, mientras que en la próxima quien lo intentará será el propio Parlamento, secuestrado por una mayoría sin legitimidad ni capacidad legislativa para este cometido. Con la primera astucia gubernamental, los catalanes que no votaron se vieron perjudicados en el uso partidista de los presupuestos y las instituciones públicas, especialmente los medios de comunicación, mientras que en la astucia parlamentaria que se prepara el perjuicio es para sus derechos políticos, mermados por un uso partidista de la máxima institución representativa.

La retórica procesista ha llegado a invertir los términos del debate, en una contorsión próxima a la posverdad, hasta el punto de considerar la ruptura con la legalidad como condición imprescindible para que se haga realidad una democracia a la que se supone limitada o pervertida. No es extraño, en consecuencia, el frívolo regocijo con que se rechaza la defensa escrupulosa de la legalidad para cualquier decisión democrática, especialmente necesaria cuando se trata ni más ni menos que de la creación de un nuevo Estado.

Quienes sostienen tales argumentos olvidan que la legalidad sirve, ante todo, para defender a las minorías de las mayorías, tal como ha sostenido el notario Juan José López Burniol el pasado 10 de marzo en un artículo publicado nada menos que en El Punt Avui. “La dictadura de la mayoría no deja de ser dictadura por el hecho de que lo sea de la mayoría”, les ha recordado Burniol a los lectores del diario independentista. Y añade: “Esto significa que nunca se puede utilizar procedimientos para silenciar o reducir la presencia de las minorías, pervirtiendo, por ejemplo, el debate parlamentario; un fenómeno que alcanza el nivel del fraude más rechazable cuando una mayoría parlamentaria no se corresponde con una mayoría social, a causa de una ley electoral sesgada”.

Así es como el proceso no muere tan solo en la oscuridad, sino también en el fraude. No es “un engaño al Estado”, como aseguran con maquiavélica sonrisa sus dirigentes, como si “engañar al Estado” fuera otra garantía democrática, sino a los ciudadanos de Cataluña. Artur Mas perdió su último y tercer intento de plebiscitar el proceso a la independencia al obtener en las últimas elecciones autonómicas solo el 47,8 por ciento de votos a favor de la secesión. Si obtuvo una mayoría parlamentaria independentista fue debido a la legislación electoral española preestatutaria que ha venido primando el voto de las comarcas más nacionalistas sobre el área metropolitana de Barcelona. Y, para colmo, esta mayoría sobre la que pretende sustentar la hoja de ruta secretista es insuficiente para reformar la ley electoral, para reformar el Estatuto e incluso para renovar cargos electos que exigen mayorías cualificadas.

La muerte del proceso no llega tan solo con el fraude y con la oscuridad. También llega con la confusión, un capítulo en el que de nuevo es protagonista Artur Mas, el presidente que lo puso en marcha, y sobre el que ahora pesan graves sospechas de responsabilidades, al menos políticas, respecto a la corrupción oceánica en la que naufraga la imagen de Convergència Democràtica de Catalunya, el partido que se convirtió en la matriz del proceso gracias a su súbito giro independentista.

16 de marzo

El derecho escocés a decidir

David Cameron y Theresa May recogerán lo que han sembrado. No son Alex Salmond y Nicola Sturgeon quienes decidieron por un capricho secesionista la convocatoria del primer referéndum sobre la independencia en 2014 y quizás de un segundo por celebrar en 2018.

Cierto es que su partido, el Scottish National Party, como otros partidos nacionalistas, tiene en su programa el objetivo de la independencia, que se activó en 2011 cuando obtuvo por primera vez una mayoría absoluta en el Parlamento de Edimburgo y solicitó a Londres la celebración de un referéndum. Tanto entonces con Salmond como ahora con Sturgeon, el nacionalismo escocés ha partido de posiciones pragmáticas, que le conducen a buscar la ampliación gradualista del autogobierno en vez del asalto definitivo a los cielos.

Salmond intentó de Cameron un referéndum con tres opciones, que permitiera votar a los nacionalistas moderados y a quienes no son partidarios de la independencia por una mejora sustancial del estatus de Escocia en el Reino Unido en vez del rechazo o la adhesión a la independencia. El primer ministro británico prefirió jugárselo al todo o nada, confiando en su buena estrella y en su capacidad persuasiva, en un adelanto del referéndum del brexit, del que ya se veía brillante y arriesgado vencedor. Su antecesor laborista, Gordon Brown, le sacó las castañas del fuego con la única campaña persuasiva a favor de mantener el lazo británico; y también ayudaron las promesas, luego incumplidas, de incrementar el autogobierno en caso de una derrota de la independencia como la que se produjo.

Sturgeon ganó a continuación sus elecciones con el propósito de celebrar otro referéndum “en caso de un cambio significativo y sustancial en las circunstancias que prevalecieron en 2014, como sería que Escocia quedara fuera de la Unión Europea en contra de su deseo”. Es lo que hay ahora y por partida doble. Un 62 por ciento de los escoceses votaron en contra del brexit y la primera ministra británica ni siquiera ha consultado al Gobierno escocés antes de aprobar en Westminster su mandato para pedir el divorcio europeo dentro de este mes de marzo, ni tampoco se ha mostrado dispuesta a negociar un brexit suave que permita a Escocia seguir en el mercado único europeo sin abandonar el Reino Unido.

Se entiende que Bruselas y el conjunto de Europa simpaticen con Edimburgo, alguien que quiere entrar en el club cuando otros quieren irse: el separatista de un separatista es un unionista europeo. También se entiende que Madrid, en sintonía con Londres, mande a la cola de la adhesión a una futura Escocia independiente, para que no cunda el mal ejemplo.

De prosperar el nuevo referéndum y, sobre todo, de alcanzarse la independencia, el derecho a decidir, paliativo para países no colonizados del derecho de autodeterminación, habrá hecho un boquete en el territorio de la estabilidad occidental donde hasta ahora no había conseguido más que balbuceos. Sus partidarios deberán agradecérselo a Cameron y May, que son quienes han seguido el criterio del voto plebiscitario en vez de la democracia representativa a la hora de decidir las futuras relaciones de Reino Unido con Europa.

26 de marzo

Dos errores y un acierto

Seguro que muchos lectores reconocen al autor de este texto: “Como cualquiera puede empezar una guerra a voluntad, pero no acabarla, un príncipe, antes de embarcarse en una empresa, debe medir bien sus fuerzas”. Sí, es Maquiavelo, pero el de los Discursos sobre la primera década de Tito Livio, tan aleccionador como El príncipe e incluso más rico de sugerencias. El que nos ofrece en el capítulo titulado “El dinero es el nervio de la guerra”, según la opinión común, es un consejo que hubiera necesitado Artur Mas en septiembre de 2012 cuando empezó el proceso independentista.

Aquello no empezó con buen pie. Mas disolvió el Parlament para buscar una mayoría soberanista indestructible que le permitiera negociar a cara de perro con el Rajoy de la mayoría absoluta y se encontró en manos de Esquerra y con el principio del fin de Convergència. Falló, ante todo, en la evaluación de fuerzas. También en la confianza excesiva en sus propios medios, en el dinero (sobre todo de los presupuestos a su disposición desde que controlaba todas las grandes administraciones catalanas). Según Maquiavelo, no es el oro el nervio de la guerra, sino “muchos y buenos soldados, capitanes prudentes y buena suerte”.

Los errores fueron dos. El primero, respecto a las propias fuerzas. El independentismo ha hecho un gran salto, pero no cuenta con una mayoría suficiente y ha quedado estancado en su evolución al alza. Conseguir mayores avances, que nadie debe descartar frívolamente, requiere tiempo y persistencia en el inmovilismo de Madrid. Para que prosperaran los planes de Mas, cada uno de los hitos —elecciones anticipadas, consulta unilateral del 9-N y nuevas elecciones plebiscitarias insuficientes— debió arrojar resultados mejores y crecientes, lo que no ha sido el caso.

El segundo error afecta a las alianzas. Si con las propias fuerzas el error fue cuantitativo, en este caso es cualitativo. El independentismo apenas cuenta con simpatías exteriores significativas. Lo mismo sucede en el conjunto de España, donde las simpatías que suscita en la nueva izquierda se deben más a razones tácticas y oportunistas que a una adhesión a la idea de autodeterminación independentista.

¿El acierto? Artur Mas siempre evaluó correctamente el inmovilismo de Rajoy, con su negativa a un pacto fiscal, a la reforma de la Constitución, e incluso a cualquier forma de diálogo que pudiera haberse habilitado en 2012 para evitar la escalada que luego se ha producido. La actitud del PP ante Cataluña no ha variado y ha sido decisiva para la polarización, desde que se retiró de la ponencia del Estatut en 2005 y recogió firmas contra los catalanes antes de recurrir ante el Constitucional. Eso lo vio el expresidente catalán, de forma que ha podido moverse con la seguridad de que no habría oferta alguna que cortara el paso a la cabalgada independentista.

El proceso está tocando a su fin pero no se ha cerrado el momento maquiavélico en que hay que evaluar de nuevo las fuerzas de cara a un desenlace que los dirigentes dibujan como una ruptura con la legalidad. De nuevo hay que contar con las propias fuerzas, pero en este caso no para contarlas, sino para algo más difícil, como es movilizarlas de forma militante y permanente, incluso con riesgos violentos según aventuran a formular los más radicales. De nuevo hay que contar también con la evaluación de la fuerza del adversario, que se supone enorme, pero de dudosa capacidad de contención.

Cuenta a favor del procés que el listón cuantitativo está más bajo. Basta una masa de militantes bien distribuida por el territorio y sobre todo en Barcelona para obtener la situación disruptiva que justifique una culminación fructífera. No podemos engañarnos respecto al objetivo. Con el uso partidista de las instituciones —esperemos que no llegue a los Mossos d’Esquadra— el independentismo está erosionando la autonomía e intentando convertir este suicidio del autogobierno en la ruina de la democracia española. Autonomía y democracia están tan estrechamente vinculadas en la historia y en el propio texto de la Constitución que no puede haber una sin la otra, y de ahí la absurda idea de suspender la primera por la aplicación del artículo 155.

Quedan las alianzas. Si se llegara a una situación extrema, ese Maidán barcelonés ansiado por el independentismo más ardiente, se abriría una oportunidad de internacionalización. Aun así, con fuerzas de choque suficientes y un error en la reacción del Gobierno, no está claro en el panorama actual —Trump, Hungría, Polonia, Turquía— que un retroceso democrático evidente produjera la misma impresión en el mundo que pudieron imaginar en 2012 quienes hicieron los primeros cálculos. Cabe una repetición de los errores y que el acierto no sirva para nada, de forma que el desenlace confirme la insuficiencia independentista, el vacío internacional y la fortaleza del Estado.

Abril

9 de abril

La venganza del Estado

El Estado se vengará, ha dicho Puigdemont. En mitad de la repetición y del tedio, destaca la novedad de este argumento esgrimido por el voluntarioso presidente de la Generalitat, juramentado para hacer todo lo que humanamente esté en su mano hasta conseguir que se haga realidad el derecho a decidir en forma de un referéndum sobre la independencia de Cataluña. No se había escuchado todavía una frase como esta, aunque se desprenda sin dificultad alguna de la retórica utilizada anteriormente, especialmente por su predecesor, Artur Mas, sobre el Estado enemigo, al que hubo que engañar con astucias para llevar a los ciudadanos a las urnas el 9-N.

La funcionalidad del argumento es bien clara. Con el Estado vengativo no es hora de echarse para atrás ni de buscar componendas. Que nadie flaquee en su ánimo ni traicione los ideales defendidos hasta ahora con tanta intransigencia. La venganza ya está en marcha porque nadie va a perdonar las victorias conseguidas, por circunstanciales que parezcan.

En la perspectiva de los cinco años de procés, tiene todo su sentido. Se le declaró Estado enemigo. Se le humilló y engañó en la consulta del 9-N, un proceso participativo legal de cara a la galería pero auténtico intento de referéndum de autodeterminación en el que el independentismo pudo demostrar su resolución e incluso su fuerza. En los momentos más encendidos, trasladados a la escena mediática y diplomática internacional, sus dirigentes lo han declarado Estado fallido, Estado de democracia defectuosa o Estado autocrático, vigilado incluso por la fuerza militar como Turquía.

Toda esta denigración del Estado español declina las formas de una opresión que contrasta con una realidad que se despliega como un mar en calma y sin peligros en el horizonte. Hay que sobrecargarla con gran voluntarismo e imaginación para observar sobrevuelos de aviones militares, tanques que bajan por la Diagonal, maniobras militares en momentos cruciales o millares de espías y agentes provocadores infiltrados en las organizaciones independentistas. La fuerza del deseo es extraordinaria, como han podido comprobar los independentistas en los últimos cinco años, pero no alcanza hasta transformar los propósitos del adversario; a menos que la invocación de deseos no se convierta en provocación de acciones violentas, como algunas de las cabezas más calientes e irresponsables de la CUP parecen barruntar.

La declaración de Puigdemont es el toque de corneta que precede a la fase previa a la derrota. Cuando todo parece perdido, prende en la parte más débil de la tropa e incluso de la oficialidad la tentación de una rendición que el general se esfuerza por presentar como prematura o, en todo caso, tan peligrosa como la derrota misma. Se equivocará, les dice, quien ahora se entregue creyendo que salvará la piel, porque la venganza ya ha empezado a caer sobre los vencidos antes de que todo concluya. Ya es tarde para que los desertores sean bien recibidos por el enemigo. Quien ahora se rinda correrá la misma suerte que quien resista hasta el último minuto. Cuando todo está jugado, y este es ahora el caso, la dignidad exige continuar hasta el final aunque sepamos que la derrota es cierta. Referéndum o referéndum significa que es mejor caer vencidos que rendidos.

Dicho en otras palabras: el mito de Masada ya está cerca. Recuerden, sí, la guerra entre judíos y romanos, años setenta después de Cristo, narrada por Flavio Josefo. En el último episodio antes de la derrota final, empieza a resquebrajarse la moral entre quienes llevan las de perder. Es el momento de la resistencia numantina (Masada es la Numancia judía), en la que los más radicales se encierran con sus familias en la fortaleza del desierto de Judea. Perecerán de su propia mano, guerreros y familias, antes que caer vivos en manos de los romanos.

La venganza del Estado enemigo, Masada, el suicidio colectivo, son las piezas truculentas del puzle narrativo que nos acompaña estos días, en los que se encara la recta final en la que el procés se dará de bruces definitivamente con la realidad. Son las imágenes proyectadas de un teatro de sombras en los que España y Estado, Gobierno y Madrid, PP y Rajoy, parte del PSOE y C’s se mezclan en un sujeto dañino opuesto a Cataluña, soberanía, independencia, democracia, como un personaje exterior (ellos) y otro interior (nosotros) enfrentados en un relato polarizado y absurdo incapaz de encontrar un desenlace coherente y razonable. Quizás ha servido hasta ahora para entretener a los niños, pero a estas alturas solo produce cansancio y fastidio.

24 de abril

La épica, la historia, otra vez

Cuando el proyecto político hace aguas, echamos mano de la épica. Declaraciones, firmas solemnes y fotos para el álbum de la historia sustituyen a ideas, estrategias y decisiones factibles. En vez de un Gobierno tenemos una productora de eventos, Catalonia Productions, que hace vivir en el plano de la verdad fabricada lo que en el plano de los hechos es pura ficción. Otra vez hacemos historia, el mundo nos mira y anunciamos el voto de nuestras vidas, del que se acordarán hijos y nietos dentro de muchos años cuando vuelvan la vista atrás hacia los tiempos en que el país se hallaba sometido. Los únicos efectos seguros se verán en el Museo de Historia de Cataluña, donde podrán ingresar nuevas colecciones de fotos, documentos y plumas estilográficas.

Nada sucede por primera vez en esta ya larga historia de cinco años. Todo tiene un antecedente o un primer ensayo. Hay declaraciones, firmas y fotos que parecen clones de las fabricadas hace tres años, cuando se produjo el primer intento, o hace dos, cuando aquellas elecciones que iban a ser plebiscitarias. ¿O aquel primero ya fue el segundo, si contamos que todo se había ensayado en una versión menor en 2012, en las primeras elecciones anticipadas con las que Moisés iniciaba la marcha hacia la tierra prometida?

La sustitución de la acción política por la imaginación propagandística no significa, ni mucho menos, que todo sea propaganda y realidad fabricada sin causas conflictivas reales ni consecuencias. Es exactamente lo contrario. La intención es que finalmente los hechos se produzcan, inducidos desde la realidad virtual, aunque sean al menos por efecto reactivo de una respuesta contundente del adversario, el “Estado enemigo”, que desborde el actual equilibrio y produzca esa realidad rupturista tan deseada como hasta ahora ausente.

Llevan razón los panegiristas del procés: no hay suflé, no es una broma ni un capricho de unos dirigentes excéntricos o alocados, esto va en serio. Al menos en la intención de sus dirigentes y en la voluntad política de las fuerzas que representan. Otra cosa es que existan las condiciones para que se salgan con su propósito y hayan hecho concienzudamente sus deberes. No ha sido así, al menos hasta ahora. Solo para empezar, no han demostrado tener muy buen ojo al evaluar las propias fuerzas y las del adversario, al activar las posibilidades de ensancharlas y apoyarlas en alianzas y amistades exteriores, españolas e internacionales, y lo que es más importante al calibrar la capacidad de esfuerzo y de sacrificio por parte de la población que se pretende movilizar.

Los escenarios rupturistas suelen fallar por este flanco. Romper la legalidad, aunque sea de forma homeopática, como parece ser el caso, estrecha el camino de los apoyos, dentro y fuera. Hay una contradicción, con frecuencia insalvable, entre la intensidad de un movimiento, que exige rigidez y disciplina, y la extensión que quiere abarcar, que demanda ideas más imprecisas y objetivos más laxos y fáciles de alcanzar. La fe reduce el alcance mientras que la esperanza lo ensancha, pero la primera exige dogmas —fechas precisas— mientras que a la segunda le bastan horizontes optimistas.

Los datos en mano no son muy alentadores. La fe se mantiene pero cada vez es más compacta y constreñida al amplísimo núcleo militante, mientras que la esperanza afloja entre las amplias masas, a las que se les hace difícil creer que se cumplirán los objetivos y sus plazos. De ahí el regreso del espectáculo, que es una forma de liturgia, como es sabido el lenguaje plástico con que se avivan las virtudes teologales, y específicamente las dos más necesarias ahora, que son la fe y la esperanza, dando por sentado que la tercera, la caridad, el amor, que en este caso es a la patria, se halla ya en plena incandescencia.

Hay una enorme fatiga soberanista que se evidencia en el estancamiento de la oleada, registrada por las sucesivas elecciones, pero sobre todo en la incapacidad movilizadora que suscitan las atrocidades cometidas por el Estado. Las sonrisas de la revolución inicial han virado en malhumor y cansancio. Cataluña está llena de esteladas deshilachadas. La palabra “soberanista”, especialmente la de sus dirigentes, está devaluada y desprestigiada. Todo se fía, al final, a la incertidumbre de un minuto, glorioso e inesperado.

El regreso del espectáculo asegura que el procés siga vivo. Sirve también para mantener la verdad oculta y para mantener la tropa disciplinada, sin deserciones ni tentaciones de poner fin al combate, a la espera del minuto de oro, la épica, la historia.

25 de abril

La irresponsabilidad de las elites políticas

Hay que dar nuevas vueltas al actual desencuentro para encontrar claves interpretativas que sean útiles. Una de ellas permite entender la crisis soberanista catalana como la ruptura de un pacto entre dos elites políticas, representantes de realidades económicas y sociales más diferenciables que diferenciadas, sobre el que se había construido la estabilidad del sistema democrático y constitucional desde 1977.

Para que la democracia llegara a España y el país se incorporara plenamente a la normalidad europea e internacional, era imprescindible un pacto entre las elites de Barcelona y de Madrid, que debía significar, sin asomo de duda alguna, la recuperación de la autonomía que liquidó Franco con la derrota de la República. Como la legalización del Partido Comunista, la autonomía catalana era otra piedra de toque de la democracia.

Para traducirlo en términos de los inexactos sujetos esenciales, Cataluña necesitaba a España para volver a existir políticamente y España necesitaba a Cataluña para ser reconocida por Europa y el mundo como un Estado democrático, desinfectado del pasado dictatorial y de las amistades con Hitler y Mussolini.

Esto fue hace mucho tiempo. La memoria se pierde entre el trabajo preciso de los historiadores y la leyenda trabajada retrospectivamente por unos y otros para argumentar en las peleas políticas contemporáneas. La realidad es que hubo un pacto más o menos explícito —en algunos momentos sumamente explícito, con fotos muy expresivas, como la del acuerdo de Majestic entre Pujol y Aznar en 1996— que empezó a deshilacharse al menos desde el año 2.000, cuando el PP obtuvo la mayoría absoluta; aunque no culminó su deterioro hasta 2012, cuando Artur Mas convocó elecciones anticipadas para empezar el procés, después de dos años de recortes y de rigor en alianza y acuerdo todavía con el PP.

Todo había cambiado, entre 1977, momento de máxima sinergia entre Cataluña y España, y la primera década del siglo XXI, cuando Pasqual Maragall lanzó una advertencia, entonces escasamente comprendida, acerca de la marcha que llevaba la capital de España, convertida en la capital más próspera y dinámica de las autonomías inventadas en la transición, de la mano de un PP situado en todos los niveles de las administraciones y dispuesto a echar el resto para convertirla en el nudo y centro radial español. “Madrid se va”, escribió en su célebre artículo en El País. “Si Madrid se va solo por ahí, puede ser que un día se encuentre que los demás vamos todos juntos por otro lado”, advertía el artículo.

Las palabras de Maragall traducían una realidad de fondo históricamente novedosa. España, la España del PP, ya no necesitaba a Cataluña. Podía organizarse sin contar con ella. De forma que a Cataluña no le iba a quedar más remedio que acomodarse a la nueva situación si quería sacar todavía alguna ventaja o encajar silenciosamente la decadencia. Quien había hecho el diagnóstico también propugnó la medicina: el Estatuto de 2006; aunque el remedio fue peor que la enfermedad, sobre todo porque el PP no se avino y no hubo ni visión ni paciencia en la otra parte para mantenerle o acercarle en el nuevo consenso que ratificaron los catalanes en referéndum.

La sentencia del Tribunal Constitucional de 2010 rubricó esa visión española del PP que se siente cómoda en el mundo y en la democracia sin necesidad de que Cataluña la acompañe. Traducido: las elites antaño socias y amigas ahora se declaraban adversarias y dispuestas a librarse la guerra, una guerra política, cultural y geoeconómica como la que corresponde a nuestra época, aunque, atención, sin descuidar que en la última esquina de los enfrentamientos civiles esquinados siempre pueden relumbrar los puñales de la violencia civil.

Hay unas elites catalanas, poderosas, adineradas, con resortes económicos e institucionales ciertos y serios, que ya no quieren saber nada de las elites españolas. Cataluña se va, después de que Madrid, España, también se fuera. Todo esto era sin contar con la profundidad de la crisis. Que no iba a resolverse en tres años. Ni en cinco. Ni en siete. La crisis no es un ciclo depresivo, sino que es la época. Sin contar, tampoco, con que la corrupción, la misma corrupción devastadora, idéntica incluso a veces en las bacterias corruptas, corroía a todas las elites políticas, unas y otras, catalanas y españolas. Y sin contar, especialmente, que tanta fanfarronería de todos los que se iban hacia un lado o hacia otro era solo la alegre expresión de una época que no regresará nunca más, en la que la burbuja especulativa y corrupta enturbiaba el juicio de muchos dirigentes, líderes sociales y mediáticos y también empresarios y financieros.

El mal ya está hecho. La enemistad civil instalada entre las elites que antaño pactaban también: es decir, entre Cataluña y España. La parte de la globalización todavía no averiada permite a unos y otros hacerse la ilusión de que pueden seguir prescindiendo de las sinergias comunes que tan buenos rendimientos dieron en la transición. Pero la dura realidad que en algún momento deberán afrontar nuestras elites políticas es que gobernar España sin Cataluña y gobernar Cataluña sin España es la forma más rápida y fácil de tener menos España y menos Cataluña o, incluso, si situamos la reflexión al límite de la capacidad de disrupción que tiene nuestra época, de abocarnos a la destrucción de España y de Cataluña tal como las hemos conocido en los últimos cuarenta años, en paz, democracia, estabilidad y prosperidad.

Si en 1977 las elites políticas acordaron cómo avanzar hacia la democracia y hacia Europa, ahora, en el momento probablemente más peligroso de la historia de Europa desde 1945, con sus ideologías desarboladas y su prestigio corroído por la corrupción, han acordado que preferían seguir retrocediendo y dañándose mutuamente. Eso es lo que están haciendo unos y otros con su tozudo inmovilismo y su inquietante incapacidad ni siquiera para hablarse y dialogar honestamente.

Mayo

7 de mayo

Un proceso iliberal

La legalidad no es una condición suficiente. No basta con que el proceso sea legal para que sea democrático. Pero es una condición necesaria. Por muchos argumentos y excusas que se inventen, si no es legal, no es democrático.

Entre los argumentos y excusas está la idea de que la ley es un corsé, amparada en la mala traducción de rule of law como imperio de la ley, que denota una imposición. Una traducción mejor es regla de juego, que permite gobernarnos, no según el capricho de los humanos, sino según el criterio construido colectivamente, es decir, un gobierno de las leyes y no un gobierno de los hombres. La regla de juego, el derecho, obliga pero también protege a todos.

Este proceso, cualquier proceso democrático, exige garantías, que es lo que la ley proporciona. Es decir, separación de poderes entre quien hace la ley, quien la aplica y quien hace de árbitro sobre sus interpretaciones; protección de las libertades fundamentales: quienes estén afectados por este proceso podrán recurrir ante los tribunales y reivindicar sus derechos; y, finalmente, transparencia y control de la opinión pública a través de unos medios de comunicación que no dependan del Gobierno y tengan la libertad efectiva para la crítica y la denuncia.

Hasta el 27-S (las elecciones autonómicas de 2015), el proceso independentista circulaba por cauces asimilables a la democracia liberal. Sus dirigentes buscaban una mayoría social y parlamentaria que les permitiera convocar perentoriamente una consulta, en 2014, primero, luego 2016 o 2017, no en el medio y largo plazo.

El resultado a la vista está: Artur Mas, en las tres ocasiones (25-N, 9-N y 27-S) en que ha intentado construir esta mayoría que le permitiera al menos negociar en posición de fuerza con el Gobierno español ha obtenido un resultado notable pero insuficiente. Aunque no hay mayoría independentista para la imposición unilateral ni siquiera de una consulta sobre el futuro de Cataluña, de las tres votaciones también se deduce que no habrá forma de gobernar España sin tener en cuenta la fuerza del independentismo.

Artur Mas no ha querido rectificar ni terminar el proceso y menos lo quiere su sucesor, Carles Puigdemont, designado por imposición de la CUP y atrapado en el síndrome de una cierta emulación. ¿Si el moderado burló al Estado en el 9-N, qué no tendrá que hacer el indepe de toda la vida?

De ahí la deriva iliberal del proceso. Iliberal, sí. Es democracia, porque hay urnas y mayoría, pero es iliberal como en Hungría y Polonia, porque la regla de juego ya no es de todos, sino de quien impone su mayoría insuficiente. La división de poderes, las libertades fundamentales, el sistema de garantías y controles, la transparencia y el papel de los medios de comunicación desaparecen engullidos por la voluntad popular, el pueblo sagrado que arrolla con las urnas a quienes se interponen entre su deseo y su destino.

El momento iliberal del proceso todavía no ha culminado, aunque ya encontramos algunos episodios destacados en los incumplimientos de la regla de juego señalados por los letrados del Parlament, el Consell de Garanties Estatutàries y, naturalmente, el árbitro supremo, se quiera o no, que es el Tribunal Constitucional.

La ley de transitoriedad promete convertirse en la cúspide de la vulneración de la democracia liberal. Si son verdad las insinuaciones y filtraciones de unos y otros, la ley tendrá dos partes. Una, construida como una especie de miniconstitución anticipada, que solo entraría en vigor en caso de que la independencia saliera vencedora en el referéndum que se pretende organizar; y otra, que autorizaría al Gobierno para que organizara dicho referéndum, sustrayéndose de la legalidad constitucional española. Esta última parte es la que debe preocupar a los funcionarios y, en realidad, a todos los ciudadanos, porque significaría la suspensión de las libertades y derechos fundamentales y de la vigencia del Estado de derecho entre el periodo que se abre con la convocatoria del referéndum y la entrada en vigor de la nueva legalidad.

Todos debemos obedecer las leyes, claro está. Las actuales, emanadas de la Constitución española, y las hipotéticas de una Constitución catalana que no existe ni sabemos si existirá. Las noticias que nos llegan de la opaca ley de transitoriedad nos dicen que habrá un momento fáctico, sin ley, en el que se intentará imponer las órdenes de la mayoría insuficiente a los funcionarios y a los ciudadanos. Si alguien considera vulnerados sus derechos y libertades y no obtiene protección del inexistente Estado de derecho catalán, que todavía no habrá nacido, no tendrá más remedio que acudir al único Estado de derecho que tendrá a mano que es el español, no hay otro.

Y si el Constitucional interviniera para anular esta extraña ley de transitoriedad, no sería para impedir el ejercicio del derecho de voto, sino para evitar que se suspendieran las libertades fundamentales por parte de quienes intenten crear un régimen de democracia iliberal o de facto a partir de una mayoría parlamentaria que no les permite ni siquiera modificar la ley electoral catalana.

22 de mayo

Nosotros, vosotros

Esto no es un artículo, sino un cuento político que empieza así:

Mi primera pelea no fue por el procés, sino por los pronombres. Cada vez que discutíamos de la independencia de Cataluña, y discutíamos mucho, desaparecían su yo y mi tú, que se convertían en un nosotros y un vosotros que a mí me indignaban. Ella se convertía en representante y portavoz de todos los que comulgaban con las mismas creencias y las mismas propuestas políticas mientras que yo, sin comerlo ni beberlo, me convertía en la figura simétrica, exactamente adversaria, de quienes se oponían.

Le costó percibir el problema. No es extraño, porque contó con ayudas. La primera, la que dividió a los catalanes entre independentistas y unionistas y más tarde entre independentistas y dependentistas. Más tarde, la que convirtió esta división entre demócratas y no demócratas, un eufemismo prudente por el más directo de fascistas, sencillamente.

Comprendió el problema que yo le planteaba el día en que al fin se decidió a leer la novela Patria, por recomendación mía largamente aplazada, de Fernando Aramburu. “Me ha gustado”, reconoció. “Me parece convincente su descripción del dolor ocasionado por ETA entre los familiares de los asesinados por la banda, y no tanto en cambio la psicología de los abertzales que dieron su apoyo moral a la violencia política”. Respiré aliviado porque me he encontrado a otros amigos independentistas que ni siquiera han querido leer el capítulo de promoción de la novela que han publicado los periódicos.

Ella no, ella la leyó entera y bien, más allá de la anécdota. Me hizo notar cómo en el País Vasco no fue el lenguaje, sino la violencia política la que dividió el país en dos segmentos, especialmente en los pueblos, donde todo el mundo se conoce: nosotros y vosotros, estás con unos o estás con los otros, o cedes a la presión ambiental y te sumas al apoyo a la lucha armada o te conviertes primero en sospechoso y muy pronto en culpable y, por tanto, fácil diana e incluso reo de muerte.

“Nada que ver”, me aclaró, con toda la razón, y yo se la di. “Mejor que nos hayan conducido unos corruptos que unos asesinos”, añadió. “Debieran leerla los papanatas que admiraban la violencia de los vascos, y sobre todo los que además les dan la razón echando en la cuenta del Estado español la corrupción del pujolismo”. Yo no había caído en la cuenta de la sutileza de mi amiga independentista. No es fundamentalmente por el antinacionalismo que se le supone a Aramburu por lo que muchos independentistas catalanes no quieren leer Patria, sino porque no soportan la destrucción de su mito de una Euskadi siempre más preparada que Cataluña para echar a andar sola sin España.

Y los pronombres, claro, que ni siquiera son una exclusiva de los nacionalismos a la hora de utilizarlos indecentemente para dividir a los ciudadanos en dos segmentos enfrentados. En el caso vasco, la perversidad es mayor porque no hay forma de salirse del mecanismo endiablado si no quieres utilizar las mismas armas, las armas. Lo hizo el GAL, con el patrocinio que todos conocemos, y ya se vio la catástrofe moral y política que organizaron. Por cierto, que Aramburu no hurta el cuerpo a todo esto: a la tortura, a la guerra sucia, a la responsabilidad del Estado en la retroalimentación de la dinámica violenta.

El lenguaje tiene la ventaja de que permite participar en sus guerras con las mismas armas lingüísticas. Y tengo que reconocer que la lectura de Patria me facilitó las cosas. “¿Por qué quieres incluirme en un vosotros, en un unionismo o en un dependentismo que no me representa?”, le dije. “Cuando alguien que no es catalán, un periodista británico o un intelectual sevillano, por ejemplo, defiende las mismas posiciones que yo defiendo, a ti te parece una prueba de la comprensión que tiene el proceso fuera de Cataluña”, le dije, creo que con toda la razón, “pero cuando lo hago yo...”.

Siempre he criticado la falta de reacción política del PP ante las reclamaciones catalanas, muchas de ellas legítimas. Siempre he pensado que habrá que acudir a las urnas en algún momento para consultarnos sobre cómo debe ser nuestra relación con España. Y nunca he escondido mi preferencia por una solución a la vasca, de reconocimiento de la especificidad catalana en la Constitución. Pero cuidado, a los catalanes se nos exige mucho más. Quienes no nos adherimos incondicionalmente al proceso no somos buenos catalanes y no somos buenos demócratas.

Patria de Aramburu está más cerca de Cataluña de lo que pensamos, tal como percibió mi perspicaz amiga. Siempre es mejor hablar que utilizar las armas, pero cuidado con las palabras. El lenguaje también sirve para excluir y dividir. Suele ser solo el comienzo, pero las palabras pueden tener consecuencias. Tienen la ventaja de que son reversibles. El perdón por las palabras indebidas e incluso los insultos es más fácil, y quizás es por donde debiéramos empezar si queremos rectificar y salir del laberinto.

Y aquí termina el apólogo. Que cada uno lo entienda como le parezca.

Junio

4 de junio

Mentarla es convocarla

Eso no ha terminado. Y lo que es más inquietante para muchos, sean independentistas o no, el punto final ni siquiera se atisba en el horizonte.

El objetivo es móvil e inasible. Toda sensación de avance precede a la de un inmediato aplazamiento. La experiencia demuestra que la fijación de objetivos claros y a plazo concluye en una demostración de una evidente insuficiencia de fuerzas con la simultánea y desesperante exhibición de una inercia suficiente para que el movimiento prosiga (desesperante para unos y otros: para quienes se desesperan porque no han alcanzado su objetivo y para quienes se desesperan por la amenaza de sucesivas repeticiones).

Ni siquiera es seguro que la colisión que se anuncia sea el punto final y la apertura de una nueva etapa despojada de los atributos más enojosos y fatigantes de la actual. Esto no ha sido hasta ahora una línea continua, sino llena de inflexiones e hitos, momentos cruciales presentados como decisivos, históricos, incluso, aunque luego hayan quedado en nada. Es perfectamente posible que este presunto punto final no sea más que un nuevo hito y que, una vez superado, sigamos dándole vueltas a la rueda del hámster.

En cada una de estas ocasiones decisivas ha habido un margen de indeterminación sobre el que los procesistas han construido su esperanza. En las elecciones avanzadas de 2012, plebiscitarias inconfesadas, la apuesta pedía una mayoría tan amplia de CiU con Artur Mas al frente que obligara a Rajoy a sentarse a negociar. En el proceso participativo del 9-N, la apuesta más alta era la remota eventualidad de una participación de tal nivel, con una cantidad de votos en favor de la independencia tan alta, que no hubiera más remedio por parte del Gobierno de Madrid que aceptar el resultado como un casi-referéndum de autodeterminación. También ha sucedido en las elecciones del 27-S de 2015, planteadas abiertamente como un plebiscito sobre la independencia, que el independentismo ha perdido, aunque se niegue a reconocerlo verbalmente y a pesar de que ya lo ha hecho políticamente con el regreso a la casilla del derecho a decidir y el referéndum.

Hay todavía una cuarta ocasión, oculta en la rectificación del Gobierno Puigdemont, en la que el procés ha perdido probablemente la baza más temible para el inmovilismo constitucional. Esta consistía en convertir los 18 meses de la última hoja de ruta en un proceso constituyente abierto y participativo, que ampliara la movilización, se abriera a los comunes y culminara con un texto constitucional que refrendar en el hito siguiente. Se ha optado por el camino contrario: el secretismo, los despachos, los abogados en busca de triquiñuelas legales o ilegales para engañar de nuevo a Madrid, el elitismo, en definitiva. A falta del proceso participativo se ha derivado hacia un proceso iliberal, fraguado en la ocultación y la sorpresa, con evidente peligro de conculcar los derechos de la oposición en el Parlament y de los ciudadanos, en particular los funcionarios, en las instituciones.

Perdidas cuatro oportunidades, la nueva convocatoria tiene toda la pinta de convertirse en otra ocasión para la exhibición a la vez de la fuerza y de los límites del movimiento, de manera que, a continuación, una vez superado el último escollo de la convocatoria del referéndum de autodeterminación imposible, sucederá lo de siempre: se fijará de nuevo el objetivo —la independencia— con un nuevo plazo. La convocatoria de elecciones autonómicas puede servir, sobre todo si se quieren presentar como constituyentes y blandir el señuelo de la elaboración de una Constitución que precedería a la declaración de independencia, naturalmente unilateral, en el caso de que no haya antes una negociación con Madrid.

Conclusión. El día de la marmota estará instalado entre nosotros mientras nadie rompa esta dinámica circular construida por Artur Mas de la que nadie de su entorno ni del independentismo ha sabido salir. Y la única forma de romperla es que aparezca de una vez por todas un proyecto alternativo capaz de interesar al menos a una parte de los votantes independentistas y, por supuesto, a la enorme masa de catalanes que desean un mejor autogobierno pero no quieren rupturas con la legalidad ni sueñan en la inmaculada concepción de la Cataluña independiente.

El día de la marmota no está exento de peligros. Sobre los márgenes de indeterminación apuestan los más osados. Ahora la apuesta tiene que ver con el uso de la fuerza, circunstancia imaginada como redentora para un procés que ya ha fracasado en cuatro ocasiones. Mentarla es convocarla, cosa que nadie, de un lado y de otro, debiera hacer a estas alturas del siglo XXI y de nuestra dolorosa experiencia histórica. En la vocación de quienes piensan en ella está la destrucción de la democracia española, una triste victoria para una Cataluña que siempre ha asociado su autogobierno con la libertad y la democracia en España. De ahí que, al final, sería la derrota segura de todos. Como para pensárselo dos veces.

9 de junio

Final de legislatura

Pronto, muy pronto, las urnas. Quizás incluso el primer día de octubre. Pero serán las de unas nuevas elecciones anticipadas y no las del referéndum, que no se podrá hacer ni se hará.

Lo ha dicho el propio presidente Puigdemont, el encargado por el Parlament para hacer este trabajo: anunciar fecha y pregunta de un referéndum de autodeterminación sobre la independencia de Cataluña. Toda su tarea se centraba en esto, y casi solo en esto. Y hoy ya lo ha hecho. La legislatura se puede dar por acabada.

Si no hay referéndum, que no habrá, no será su culpa. Él habrá hecho todo lo que era de su incumbencia para que se celebrase: esto es lo que podrá decirle a la CUP, que le dio la presidencia el 10 de enero de 2016, después de vetar a Artur Mas, con un límite de 18 meses; y que lo hizo sometiéndolo a vigilancia, bajo el compromiso de una moción de confianza, que cumplió el 28 y 29 de septiembre.

Ha sido una legislatura corta —la tercera legislatura corta desde 2010— y calificada de constituyente, sin que haya pruebas de que sea así. Todo lo que pueda tener de constituyente —las leyes de desconexión, las estructuras de Estado…— está escondido en un cajón, como prevención de la actuación del “Estado enemigo”, y es parte de un misterio casi metafísico, que preocupa con toda la razón a los funcionarios públicos.

Los marcos reguladores y sancionadores y las garantías que Puigdemont promete para este referéndum imposible son totalmente desconocidos y aparecerán, si aparecen, en pleno verano, repentinamente, con la voluntad de sortear cualquier impugnación. La otra cara de esta moneda es el carácter abiertamente iliberal que ha tenido que adquirir este momento constituyente pospuesto y oculto, tan alejado de la participación abierta y de la movilización de la gente que gustan a la CUP y que también podía encandilar a los comuns.

Sabemos que es el final de la legislatura, pero no sabemos, sin embargo, como será exactamente este final. Encaramos el final de la historia, pero el procesismo sigue y no tenemos ninguna garantía de que no vuelva cuando se convoquen de nuevo las elecciones, que querrán ser de nuevo constituyentes, una vez se vea que el referéndum no se ha hecho. El día de la marmota, ciertamente.

Con la incertidumbre hay que contar las facturas. Personales y colectivas o, mejor, institucionales. Algunas ya las estamos pagando: inhabilitaciones, está claro; pero también desbarajuste de unas instituciones mermadas, convertidas en instrumentos partidistas; desatención de la intendencia, en nombre de la independencia...

La Cataluña actual todavía no ha decidido si quiere ser una nación o una causa. Para ser nación hace falta algo más que decirlo cada día y conseguir que lo digan los demás. Los nacionales se tienen que comportar y sentirse como tales. No es el caso en una nación dividida en partes que no se comunican entre ellas y que tienen tendencia a excluirse mutuamente. Será necesario que las urnas aclaren la confusión.

15 de junio

Vanguardismo democrático y autonómico

La Generalitat la trajo la izquierda, no los nacionalistas, y fue una operación que empezó exactamente a los doce días de las elecciones del 15-J, que es cuando regresó a Madrid Josep Tarradellas, el anciano presidente catalán en el exilio. Los resultados de aquellas elecciones no pudieron ser más elocuentes: el voto del cinturón rojo de Barcelona, con sus grandes ciudades suburbiales y obreras, L’Hospitalet, Cornellà, Santa Coloma, Badalona, entre muchas otras, fue el que determinó la intensidad del cambio democrático en ciernes e incluso el dibujo del nuevo régimen como un Estado de las autonomías.

La leyenda ahora en curso entre los procesistas —es decir, los partidarios de alargar hasta el infinito los planes de consulta independentista imaginados por Artur Mas— es que la personalidad política de Cataluña es anterior a la Constitución y que fue reconocida por Adolfo Suárez en la persona de Josep Tarradellas, en un gesto de valentía e imaginación y en respuesta a la tozudez del dirigente catalán en el exilio y a la movilización catalanista, un gesto que ahora, cuando más se necesitaría, nadie —Rajoy el que menos— sería capaz de realizar.

Este es un excelente ejemplo de una falsificación histórica mediante la distorsión de hechos ciertos e incontrovertibles, reinterpretados mediante una proyección del presente sobre el pasado. El hecho que no permite discusión es que las elecciones las ganaron en Cataluña los socialistas y los comunistas, en contra de lo que deseaba Suárez, con sus esperanzas puestas en Jordi Pujol y su Convergència Democràtica, entonces coaligada electoralmente con otras fuerzas en el Pacte Democràtic per Catalunya. El Partit dels Socialistes de Catalunya y el Partit Socialista Unificat de Catalunya fueron la primera y la segunda fuerza, respectivamente, con el 28,5 por ciento y el 18,3 por ciento de los votos, relegando a la UCD de Suárez al tercer puesto, con el 16,9 por ciento, y al pacte de Pujol al cuarto, con el 16,8 por ciento.

Si se suma el 4,7 por ciento de Esquerra Republicana a la formación de Pujol se verá que el peso del nacionalismo fue más bien limitado. Nadie en Madrid imaginó que fuera necesario llamar a Tarradellas, entonces en su exilio de la Turena, para apaciguar al movimiento nacionalista mediante la recuperación de la institución republicana de la Generalitat. Si la Operación Tarradellas prosperó fue para impedir precisamente que la izquierda alcanzara el Gobierno en Cataluña y que Joan Reventós, entonces el primer secretario del socialismo catalán, fuera el primer presidente de la Cataluña democrática.

La simplicidad del pacto Suárez-Tarradellas tuvo un potencial fundacional impresionante, que probablemente superó a quienes lo imaginaron. El presidente catalán en el exilio reconocía a la monarquía y la monarquía lo reconocía a él, al honorable, único título que consta en el protocolo firmado en Madrid con ocasión del regreso del político republicano a la capital. Fue luego nombrado presidente de la Generalitat recién restaurada a título provisional y de la Diputación de Barcelona, triquiñuela que le permitió contar con una Administración y un Gobierno desde el primer día. Tarradellas solía decir a quienes le visitaban que solo quería un tampón para sellar los documentos oficiales y que los Mossos d’Esquadra se cuadraran a su paso. Es lo que tuvo, y poco más.

Fue el primer eslabón del Estado autonómico, que abrió la puerta a las preautonomías, de forma que hubo mapa autonómico y Estado de las autonomías antes que Constitución. Tarradellas fue el 125º presidente de la Generalitat, según una cuenta que se remonta a la denominación de los tiempos premodernos. La Generalitat como representación de los tres brazos del antiguo régimen catalán dejó de existir en 1714 y no fue recuperada como denominación hasta 1931 por la República, de forma que la continuidad política con los tiempos medievales es parte de la ficción narrativa respecto a la existencia de un Estado catalán disuelto en 1714 bajo la bota española, de la que hay que liberar ahora a los catalanes.

Tarradellas obtuvo una victoria política en varios frentes. Ante todo, porque regresó y dio sentido a toda su vida en el exilio. También porque fue el único hilo de continuidad con la República. Además, puso a Cataluña en vanguardia de la transición con una actitud abiertamente constructiva y dialogante e inauguró un periodo de prestigio catalán en el conjunto de España. Gracias a su personalidad, proporcionó relieve, autoridad y sentido de Estado a la institución. El protocolo y las formas eran instrumentos esenciales en la vida política para Tarradellas, un anciano que había pasado media vida en Francia, fascinado por la personalidad del general De Gaulle, que le sirvió de inspiración en muchos de sus actos más significativos.

La originalidad de los resultados electorales en Cataluña también significó la instalación de un mapa político diferenciado respecto al conjunto de España y organizado en dos ejes, el social entre derecha e izquierda y el propio del nacionalismo, entre partidos de obediencia estrictamente catalana y partidos con dependencia o relación con las fuerzas españolas. También en el País Vasco hubo unos resultados de orden similar, organizado en los dos ejes, que dio la victoria electoral al PNV y el segundo lugar a muy escasa distancia al PSOE, de forma que la preautonomía vasca pudo organizarse entre nacionalistas y socialistas, al modo del Gobierno vasco en el exilio, donde se hallaban coaligados. Su presidente, Jesús María de Leizaola, no regresó a Euskadi hasta diciembre de 1979, una vez refrendado el nuevo estatuto de autonomía vasco; y, mientras tanto, a la espera de las elecciones para el Parlamento de Guernica, fue el veterano socialista Ramón Rubial quien presidió la preautonomía.

La Operación Tarradellas fue la respuesta de un gobernante audaz e inteligente al vanguardismo democrático y autonómico catalán, pero también una demostración a escala de negociación bilateral, de aceptación de un hecho singular y diferencial y de reconocimiento de una realidad institucional histórica en beneficio final del conjunto. No hay que manipular la historia desde el presente, pero es lícito e incluso conveniente inspirarse en ella para construir el futuro.

18 de junio

Theresa May como Artur Mas

El procesismo catalán creyó encontrar su mejor espejo en Escocia, pero esa historia tan invocada le ha hecho la jugarreta de colocarlo enfrente un espejo menos agradable, como es el del brexit. Al final ha resultado que el independentismo británico respecto a la Unión Europea tiene más puntos en común con el independentismo catalán respecto a España de lo que este último quiere reconocer.

Las afinidades no se limitan a un solo plano y no pueden reducirse a la mera coincidencia semántica entre los independentismos que a ambos motiva y ocupa, uno respecto a Europa y otro respecto a España, o entre los pruritos conceptuales soberanistas más de fondo, sobre el control completo sobre los propios recursos y territorios.

Existen y son intensas, difíciles de ocultar incluso, las diferencias entre un independentismo imperial y con Estado propio y otro sin Estado y que se finge colonizado; entre una ideología nostálgica y con tropismos populistas conservadores y otra utópica y con deslizamientos cada vez más hacia el populismo de izquierdas.

Ambos demonizan a su adversario: burocrático, devorador, aniquilador de la identidad propia. Uno en Bruselas, otro en Madrid; nuevo imperio del maldito federalismo europeo y viejo imperio bajo los disfraces del centralismo de raíz castellana. Ambos dibujan una independencia perfecta e impecable, sin costes ni sacrificios, y hecha toda ella de bien, belleza, bondad… y gratuidad. Ambos trazan un camino indefectible, obligado y directo, en el que todos los pérfidos obstáculos que pueda levantar un adversario inepto y obstinado serán salvados limpiamente, con el mero impulso del deseo democrático y de la voluntad del pueblo.

No es extraño porque ambos beben, aunque lo nieguen, de fuentes profundas similares. Nada se entiende del brexit sin los tabloides británicos. Nada se entiende del procesismo sin el conglomerado público-privado de medios y productoras audiovisuales, debidamente impulsado y subvencionado, que ha animado la “transición nacional” de Artur Mas. En uno y en otro caso hay realidades indiscutibles sobre las que se construye el contencioso, abiertamente antieuropeo uno y disimuladamente antiespañol el otro. Pero también cuenta la construcción de unos relatos, trufados de verdades fabricadas por el discurso, sobre los que se asienta la necesidad perentoria de un momento definitivo, una ruptura histórica, aunque en un caso sea plenamente legal y en otra no. Y cuenta el determinismo de los plazos perentorios y radicales, pensados para convencer a los propios y vencer a los extraños, que se volverán en su contra cuando se incumplan bajo las acusaciones de procrastinación y engaño.

Los avatares electorales han acercado ahora las dos realidades en el plano incluso de líderes y peripecias. La comparación entre Theresa May y Artur Mas es tan inevitable como, al parecer, ofensiva, especialmente si se usa, como ha hecho el excanciller George Osborne, ahora periodista, la idea del zombi o muerto viviente aplicada a la política. El ex jefe de prensa del presidente catalán, Joan María Piqué, lo considera una falta de respeto y una muestra de mala educación y de mal gusto y así ha querido expresarlo públicamente en su cuenta de Twitter.

Lamentablemente para Piqué, las similitudes personales son extraordinarias y paralelas a las analogías que se pueden hacer entre brexit y procesismo. Theresa May no era partidaria del brexit, como Artur Mas no lo era de la independencia de Cataluña. Ambos son líderes de oportunidad, que deciden, encuestas en mano, surfear sobre la ola. Ambos se convierten en los más radicales de su bando después de haber sido los más componedores y ambos deciden erróneamente disolver de forma anticipada unos parlamentos en los que contaban con mayoría suficiente con la ambición de alcanzar una mayoría “indestructible” que les proporcione la estabilidad y la fuerza que no tienen. Ambos son desafortunados e infelices, perdedores, lo peor que se puede ser en la época del trumpismo, medidor de la calidad de la gente en función de su capacidad para el éxito.

El error de May y de Mas es el mismo: a partir de un cálculo erróneo de la correlación de fuerzas atisban la oportunidad maquiavélica. Han leído y creído entender al florentino, pero no han sabido aplicarlo a la realidad. No han sido virtuosos, en el sentido que le da Maquiavelo, derivado de virtú, la capacidad del príncipe para asir la oportunidad en el momento exacto de su madurez y sacar provecho de ella.

Artur Mas es políticamente un muerto viviente que anda como un zombi desde las elecciones de 2012. Theresa May lo es desde el 8 de junio, cuando pretendiendo obtener fortaleza y estabilidad para negociar el brexit en Bruselas se ha encontrado con una mayoría débil, un Gobierno inestable y ningún mandato claro. El brexit, como el procés, tienen cuerda para rato: si no tienen la razón, tienen muchas razones; sus bases electorales son amplias, aunque insuficientes; y lo que hay enfrente como respuesta no basta por el momento para acallarlos. Vivirán sus respectivas causas todavía, malvivirán incluso, pero deberán buscar líderes nuevos, porque esos dos líderes de vocación carismática son cadáveres políticos andantes y sin más futuro que la memoria nostálgica de sus planes desbaratados, sus promesas incumplidas y su destino frustrado.

Julio

2 de julio

Misteriosas garantías

Hasta ahora no tenemos la menor idea respecto al significado de la palabra “garantías” cuando sale de la boca presidencial de Carles Puigdemont. Es un significado tan vacío como la página de internet denominada garanties.cat, todavía no abierta, en la que se supone que se nos explicará en qué consisten los imprescindibles mecanismos necesarios para organizar un referéndum de autodeterminación el 1 de octubre.

La primera y más fundamental garantía para un referéndum, en el que el conjunto de una población pueda decidir si quiere separarse del único Estado democrático que ha conocido en su vida, no está escrita en ningún código ni contemplada por ninguna ley, y consiste en que sea todo el conjunto de población el que se sienta concernido y convocado a expresarse, y no solo una parte, por amplia que esta sea. Sin partidarios de mantener los lazos con España que se sientan impelidos a participar en el referéndum no tendrá legitimidad suficiente la expresión del deseo o voluntad democrática de quienes quieren separarse.

Una votación a la búlgara, por encima del 90 por ciento, solo se puede producir en países o territorios colonizados u ocupados, pero tiene nula credibilidad cuando se trata de sociedades modernas y plurales, donde hay sentimientos e identidades tan matizadas y compartidas como sucede en Cataluña, debidamente corroborados por las encuestas, elecciones y consultas informales hasta ahora celebradas. De ahí los esfuerzos de la campaña del sí por animar la campaña del no, tan intensos, casi, como los realizados para combatir a quienes se oponen a la idea misma de un referéndum.

Habrá que ver, por tanto, qué garantías dará mañana Puigdemont a quienes no quieren la independencia de Cataluña para estimularlos a que vayan a votar. Si el presidente consigue convencerlos, puede darse por seguro que el referéndum tiene el éxito asegurado, mientras que si ocurre lo contrario, por mucho que gesticule la CUP, no habrá dudas sobre su fracaso.

No será fácil convencer a quienes no quieren que Cataluña se constituya en una república aparte de España de que su opinión contará y de que es una justa abierta, es decir, que incluso su posición puede resultar victoriosa. En primer lugar, porque llevamos ya cinco años de proceso y no hace falta demostrar que la fiesta no se ha hecho para ellos, sino para los independentistas. A pesar de los devaneos entre el derecho a decidir o la independencia, consultas y declaraciones unilaterales, cada una de las piezas de este artefacto, incluidos los medios de comunicación públicos catalanes, está pensada para alcanzar la secesión, no para que los catalanes se expresen y decidan sobre las cuestiones políticas que les conciernen.

Es de temer, por tanto, que las únicas garantías exhibidas por Puigdemont tengan como destinatarios a esos socios de la CUP que con tantas reticencias y reproches lo sostienen —como la cuerda sostiene al ahorcado, por cierto—. Hay antecedentes sobre el tipo de garantías de que se trata, especialmente en las explicaciones del exjuez Vidal y del excantante Llach respecto a la capacidad represiva de una supuesta legalidad catalana en posición de superioridad respecto a cualquier otra legalidad. También las hay en la moción parlamentaria de Junts pel Sí y CUP que prevé retirar las ayudas a los medios que no accedan a publicar la publicidad del referéndum. Y en la vulneración de los derechos de los diputados y grupos parlamentarios que representan a la población más ajena o contraria al independentismo.

Estas garantías son iliberales, es decir, garantizan que el régimen que están engendrando no será en ningún caso una democracia liberal con división de poderes, Estado de derecho, primacía de la ley y esos “controles y contrapesos” a la americana que incluyen unos medios de comunicación fuertes y capaces de criticar a los gobiernos en la línea de Thomas Jefferson, que prefería un régimen con prensa y sin Gobierno que otro con Gobierno pero sin prensa. Donald Trump ronda muy cerca de todo esto.

Las otras garantías son nítidas y no ofrecen espacio para la controversia. El Consejo de Europa, a través de la Comisión de Venecia, las ha enumerado y analizado exhaustivamente. Hay una sola legalidad constitucional, que hay que cumplir. Hay que obedecer a los tribunales. No se puede reformar las leyes electorales durante el año anterior a una consulta como esta. No se puede celebrar un referéndum de autodeterminación de forma unilateral, sino que hay que pactarlo con el Estado del que se quiere separar. Es decir, debe ser constitucional y acordado. Con esta garantía, los adversarios de la independencia de Cataluña se sentirían impelidos a ir a votar con la misma intensidad que lo harían los partidarios e incluso quienes todavía, a estas alturas, no tienen una posición bien clara.

Si Puigdemont no las consigue, mejor que no convoque el referéndum, porque es de temer que sus garantías serán solo para la CUP y excluirán a la mitad aproximada de la población catalana. En el momento en que suceda, el presidente habrá definitivamente dejado de serlo de todos los catalanes para convertirse en un mero jefe de partido.

17 de julio

Dos estrategias de guerra

Son estrategias bélicas. Se trata de liquidar al adversario, o lo que es lo mismo, de situarlo en una posición tal de debilidad que permita imponer las propias posiciones sin necesidad de transacción. Cualquier otra salida es una concesión apaciguadora y una traición intolerable. Lo es incluso reconocer que hay un problema objetivo en el que cada parte ha hecho su contribución.

Para los procesistas, son traidores los seguidores de Colau en la medida en que permanecen en la ambigüedad de apoyar el referéndum de autodeterminación como si fuera una mera movilización popular. Para el PP y Ciudadanos, lo son los socialistas de Pedro Sánchez y especialmente el PSC que salen con una propuesta de reconocimiento nacional de Cataluña y la voluntad de actuar como salvavidas, justo cuando el secesionismo se ahoga en el torbellino de su radicalidad y sus contradicciones. Ambos juegan a la equidistancia, descalificada por unos y otros con idéntica entonación despreciativa y acusadora.

Para que todo suceda según el guion belicista es necesario un relato maniqueo que obligue a quienes se hallan en tierra de nadie a tomar posiciones a riesgo de caer abatidos por el fuego de ambos bandos. La presión aumentará cuanto más se acerque la fecha fatídica, de forma que desde el partido de la unidad de España se exigirá la adhesión sin matices a cuantas medidas se puedan tomar para impedir la celebración del referéndum: utilización del artículo 155, procesamientos e inhabilitaciones judiciales, recuperación de competencias sobre el orden público y enseñanza; y desde el partido de la secesión se exigirá la adhesión incondicional al referéndum, aunque sea para votar negativamente, bajo la amenaza del estigma antidemocrático, el espantajo del regreso al franquismo y, por supuesto, la expulsión al menos simbólica de la pertenencia a la comunidad catalana.

Podría alegarse que las metáforas bélicas no son adecuadas en un tiempo poco belicista, puesto que tanto los revolucionarios como los representantes del Estado por derrocar que debieran reprimirlos se manifiestan explícitamente hostiles a toda violencia. Pero las guerras de hoy son de nuevo tipo y pueden producirse incluso con expresa exclusión de ejércitos y armas convencionales, por el uso de los medios digitales, las armas geoeconómicas del comercio y las sanciones o la privatización de la seguridad. Y si conocemos los terribles resultados de estos nuevos conflictos posbélicos en zonas de fragilidad política y escasa seguridad jurídica, no tenemos todavía una idea exacta de qué ocurriría en nuestras latitudes, aunque sería mejor que no tuviéramos la oportunidad de experimentarlo voluntariamente.

Fijémonos en que los belicistas que conducen ambas estrategias apuntan estos escenarios en sus respectivos argumentos, en los que dibujan una situación extrema que conduciría finalmente al uso de la fuerza. Para los secesionistas y, especialmente, el conspicuo vicepresidente Junqueras, ya no hay Estado de derecho en España, la “legalidad española es ilegal” (sic) y el derecho internacional y la carta de Naciones Unidas amparan definitivamente el caso de autodeterminación catalana; una argumentación que conduce a la ya insinuada ocupación insurreccional de espacios públicos, propia del líder de un país colonizado u ocupado. Pero también la situación simétrica conduce a similares derroteros, con la identificación de un golpe de Estado, al menos en grado de tentativa, aunque luego el guion limite la represión a la acción punitiva de los tribunales, en vez de la tradicional apelación al uso legítimo de la coacción armada por parte del poder legalmente constituido. En el límite, unos quieren terminar con la democracia española y los otros con el autogobierno catalán, como si democracia y autogobierno no fueran las dos caras de una misma moneda.

Las estrategias belicistas han rendido un buen servicio a los objetivos que se proponían cada una de las partes. El secesionismo ha hecho implosionar al catalanismo posibilista y reformista y se ha convertido en hegemónico dentro de una Cataluña fragmentada y dispersa. El PP ha conseguido mantenerse en el Gobierno en mitad de la crisis financiera más severa desde la Guerra Civil y encara la etapa de fragmentación actual con el viento de popa para seguir gobernando.

A la hora de enjuiciar las responsabilidades, la victoria total que se busca exige también que la culpa recaiga entera sobre el adversario. ¿Quién si no el PP es el responsable único y último de lo que ha sucedido en Cataluña en los últimos años a ojos del independentismo? ¿Quién si no el independentismo sobrevenido de la antigua Convergència es el responsable también único y último de un proyecto de ruptura con la legalidad sin justificación en la pujante realidad de la autonomía catalana? No es verdad ni lo uno ni lo otro. Las responsabilidades son compartidas. Con dos matices: quien tiene más poder y la ley de su lado también tiene mayor responsabilidad política; quien pide riesgos a muchos a cambio de beneficios inciertos, tiene también una responsabilidad moral por la que deberá responder. A todos habrá que pedir responsabilidades, por sus decisiones e indecisiones, pero especialmente habrá que exigirlas a quienes han armado estas dos máquinas de guerra que nos conducen al desastre.

30 de julio

El descrédito de los independentistas

La independencia gana pero los independentistas pierden. Este es mi pronóstico, a la vista de los cinco años transcurridos desde el 11 de septiembre de 2012, cuando Artur Mas dio el disparo de salida del llamado procés. Que la independencia gane no quiere decir que haya independencia. Pero la independencia, que era una idea escasamente prestigiada hasta la sentencia del Tribunal Constitucional de 2010, no ha hecho más que mejorar desde entonces. Si antes se la consideraba una quimera, ahora ha entrado a formar parte de los mundos posibles. Si antes era propiedad de una franja pintoresca de la clase política, ahora bulle en la cabeza de la mitad de la población catalana. Si antes suscitaba una sonrisa de desprecio e incredulidad, ahora suscita respeto e incluso temor. Y no se podrá hacer política en Cataluña, ni en España tampoco, sin contar en el futuro con la sólida existencia de esta idea.

No está claro que los progresos de la idea de independencia hayan mejorado al independentismo. Lo han ampliado, sin duda. Le han dado una mayoría de gobierno. Pero puede ser que los progresos de las ideas hayan empeorado a quienes la enarbolan. A veces sucede. El independentismo tiene muchos méritos y entre otros, y el que más, el de prestigiar la idea de independencia, hasta el punto de que ha invadido e incluso canibalizado a casi todo el catalanismo, eso sí, a costa de dividir a la sociedad catalana. El problema, su problema, es que no ha conseguido el aprobado en lo más importante, en la asignatura que podía darle, y que puede darle todavía —no insultemos al futuro— la auténtica credibilidad que merece un proyecto político de gobierno.

Si el independentismo quiere ponerse a la altura de los progresos que ha hecho su idea, los independentistas deben demostrar ante todo que son capaces de gobernar en las condiciones constitucionales actuales, cosa que no hacen ahora, absorbidos como están por los reflejos revolucionarios de su proyecto rupturista. Y de hacerlo sin perder su orientación estratégica, pero también sin dejarse llevar por la impaciencia y la precipitación. Así es como hay que hacer las cosas en democracia, en condiciones de división de poderes y en un Estado de derecho internacionalmente reconocido, como es el caso de España. Esta es la prueba liberal que no han sabido pasar y que probablemente les va a costar muchísimo superar, sobre todo si su mayoría parlamentaria sigue dependiendo de fuerzas poco fiables, escasamente democráticas o abiertamente iliberales, obligadas a inventarse una dictadura anticatalana para justificar sus desmanes rupturistas e ilegales.

No es obligatorio, tal como intentan vender los independentistas, que un Gobierno compuesto todo él entero por partidarios de la independencia se dedique exclusivamente a pensar y trabajar para la independencia en la primera legislatura en que se cuentan como una mayoría parlamentaria, sin considerar ni su limitado apoyo en votos ni mucho menos el respeto al marco legal y constitucional. Hay quien se ha preguntado con motivo de los relevos al frente de los Mossos si puede un jefe de la Policía ser independentista. Puede, y probablemente es mejor que lo sea si el Gobierno y la mayoría parlamentaria lo son, pero esto no significa que deba ser un independentista fanático y dispuesto a saltarse la legalidad para conseguir la independencia violentando a sus conciudadanos y violentando el funcionamiento regular de la democracia a la primera ocasión que se presente.

Si el independentismo cree que su obligación es aprovechar una precaria e insuficiente mayoría parlamentaria, conseguida en circunstancias excepcionales y en un clima de agitación que tiene ya cinco años de vida, es que su idea de independencia es muy elemental y su estrategia para alcanzarla lo es todavía más. Haciendo así las cosas solo conseguirán desprestigiarse ellos mismos y, a continuación, desprestigiar de nuevo la idea misma de independencia. Muchos catalanes temerán ser gobernados por unos individuos iliberales y populistas en el mejor de los casos, y zoquetes y elementales en el peor, incapaces de respetar y hacer respetar la legalidad y de prepararse con toda la legitimidad para obtener las mayorías indestructibles que necesitan para alcanzar su objetivo. No sería la primera vez en la historia de Cataluña.

Poco se puede esperar de este proyecto si el precio es terminar con la democracia española, tal como algunos predican a voz en grito, enarbolando como si fuera una sentencia judicial el reportaje sobre las cloacas del Estado realizado y producido por Jaume Roures. Para que la independencia siga ganando, el independentismo debe abandonar sus planes alocados, imposibles e irresponsables, por iliberales, por ilegales y, al final, por antidemocráticos. Como los comunistas cuando se decidieron por el eurocomunismo o los islamistas por la participación en los sistemas democráticos, el independentismo debe discriminar entre sus objetivos a largo plazo y la gestión política del presente. Nadie puede exigirles que no sigan trabajando en pos de su sueño, pero sí que regresen a la cultura de gobierno que ahora están abandonando.

Agosto

18 de agosto

Fin de la frivolidad

La mano negra ha zanjado. La historia irrumpe con violencia cuando menos se la espera y no en las fechas fijas de los buenos deseos y de las agendas voluntaristas. Las urden y preparan los cerebros del terror, cuando escogen sus objetivos en función de las citas electorales o de los debates que polarizan nuestras sociedades, como se ha visto ya en numerosas ocasiones, desde los atentados de Madrid en 2004, en vísperas de las elecciones generales, hasta el del pasado abril en París en mitad de la campaña electoral.

Es posible que en lo alto haya algún lector literalista del Corán, alguien que quiera espantar incluso a los millares de turistas musulmanes que suelen pasearse por La Rambla de Barcelona, con velo incluido, para que no vuelvan a acercarse nunca más a una ciudad que identifican con todas las prohibiciones de su rigorismo islámico. Pero quien ha tomado esta decisión criminal lee los periódicos, sigue los informativos televisivos y actúa en las redes sociales, es decir, sabe cuáles son las preocupaciones de las sociedades europeas, la española y la catalana incluidas. Su vocación es interferir a través de una violencia inusitada e incomprensible en la imagen extraordinaria que se ha fraguado Barcelona, hasta el punto de convertirse en una de las ciudades de mayor atractivo turístico del mundo.

Por más que se quiera mirar hacia otro lado, la cita con el terror afecta a dos de los debates que más han polarizado a la sociedad española en los últimos meses, como son las funciones de la Policía autonómica y el modelo turístico que conviene a Barcelona. De una parte, el atentado de ayer viene a recordarnos la trascendencia de una buena coordinación policial y la absurda polémica sobre los deberes constitucionales de todas las policías. Cualquier cosa que pueda sembrar la discordia entre policías o establecer dudas sobre a qué autoridades deben obediencia es un mal servicio a los ciudadanos y una fisura en la seguridad de todos, que a buen seguro querrán aprovechar los terroristas. Está claro que los Mossos d’Esquadra, como policía integral de Cataluña, necesita contar con todos los medios de coordinación internacional para combatir esta plaga, pero es dudoso que esta coordinación sea posible si sus mandos extienden constantemente sombras de duda sobre el comportamiento constitucional de sus comandados.

De la otra parte, el atropello masivo y mortal demuestra que no caben las metáforas ni las licencias literarias a la hora de las culpabilizaciones políticas y sociales. Las expresiones y pintadas que designan a los turistas como terroristas han encontrado un eco siniestro en el atentado de ayer. Seguro que sus descerebrados autores no llegaron tan lejos en su imaginación, como tampoco es lícito pensar que las mentes dirigentes del terror hayan atendido específicamente a estos llamamientos de connotaciones criminales. Pero el efecto sangriento está ahí, a pocos días de las apelaciones contra los extranjeros. Lo más suave que puede decirse es que hay una frivolidad irresponsable y en buena parte culpable en las organizaciones políticas que han emprendido estas campañas de agitación de tintes xenófobos y, lógicamente, también en quienes se asocian con ellos o requieren sus votos parlamentarios.

El terrorismo de masas, dirigido a erosionar los valores y la convivencia, se está convirtiendo en rutina en las sociedades europeas. La época de la frivolidad ha terminado. Ahora sí que nos mira el mundo entero, para saber qué haremos de esa Barcelona dolorida por ese ataque salvaje, que quiere empobrecerla y destruirla como ciudad solidaria, abierta y libre. ¿Dejaremos que los terroristas interfieran y condicionen el debate sobre Barcelona, sobre su seguridad y su turismo?

25 de agosto

Morir por Barcelona

La última vez en que tantas personas perdieron la vida o fueron gravemente heridas en los seiscientos metros que separan Canaletas del Liceo fue hace ochenta años. Las grandes ciudades han solido ser a lo largo de la historia el escenario de innumerables catástrofes y matanzas bélicas y Barcelona no es la excepción. En la capital catalana empezó el Corpus de Sangre y la guerra de Cataluña (1640-1652), el único periodo de la Edad Moderna en que ha existido una independencia efectiva respecto a la Corona española, aunque fuera bajo protección de la Corona francesa. También la capital catalana fue protagonista de la guerra de sucesión, que terminó con el sitio y saqueo de la ciudad y la pérdida de las libertades e instituciones tradicionales catalanas en 1714. Barcelona, como cualquier ciudad europea que se precie, habrá padecido en su historia una docena de sitios y numerosos bombardeos, aéreos y terrestres, desde el que sufrió de mano de Almanzor en el 985 hasta el de Mussolini en 1938, pasando por el que le infligió un catalán, el general Joan Prim en 1843.

La anterior ocasión, hace ocho décadas, tuvo por testigo a uno de los mayores escritores del siglo XX, el británico George Orwell, que lo contó en su Homenaje a Cataluña, en un capítulo que transcurre entero en La Rambla, en buena parte en los mismos seiscientos metros donde el 17 de agosto cayeron muertos y heridos decenas de ciudadanos de todo el mundo. Orwell no narra tan solo su participación en la última guerra en la que nos entrematamos los españoles y los catalanes, sino que en este capítulo explica su peripecia, arma en mano, en la sede del Partido Obrero de Unificación Marxista (POUM) en plena Rambla, un episodio de la Guerra Civil dentro de la Guerra Civil, doblemente incivil, por tanto, entre los días 3 y 7 de mayo de 1937.

Muchos son los muertos y heridos caídos en La Rambla de Barcelona, que es como decir el corazón del corazón de Cataluña, durante el sangriento y totalitario siglo XX. Todos los conflictos y combates ideológicos y políticos, todas las causas triunfantes y perdidas se han cobrado su factura de sangre bajo sus plátanos. En la Semana Trágica fue donde las tropas dispararon contra la muchedumbre que protestaba por las levas de reclutas para la guerra de África. En los Fets d’Octubre de 1934, en el edificio sindical del CADCI (Centre Autonomista de Dependents del Comerç i de la Indústria), cayeron tres dirigentes insurrectos del Partit Català Proletari. El insomne presidente catalán Lluís Companys todavía pudo pasear por La Rambla aquella madrugada del 19 de julio de 1936 poco antes de que los militares se sublevaran en los cuarteles e iniciaran su descenso hacia el centro de la ciudad, donde fueron aplastados por fuerzas de la Guardia Civil, Guardia de Asalto y las milicias obreras, principalmente anarquistas. Y luego, los Fets de Maig de 1937, en los que anarquistas y poumistas fueron primero derrotados y, en el caso de los trotskistas, detenidos y posteriormente liquidados por los agentes estalinistas, en un adelanto del Gran Terror que alcanzaría a la plana mayor del bolchevismo, incluyendo al propio cónsul de Stalin en Barcelona, Vladímir Antónov-Ovséyenko, ejecutado junto a su esposa en Moscú apenas unos meses después, en febrero de 1938.

Ahora, en el enigmático y globalizado siglo XXI, este tramo trágico de la mejor avenida catalana ha sido el escenario del combate desigual entre el fanatismo del autodenominado Estado Islámico y los pacíficos e inermes turistas que se amontonan en nuestras calles. Si hasta ahora se mataba y se moría en batallas y guerras por la anarquía, el pacifismo, el comunismo, el fascismo o el estalinismo, ahora esos monstruosos yihadistas criados en Ripoll han bajado a La Rambla a matar en nombre de Alá a unos pobres ciudadanos del mundo fascinados por Barcelona, campo de batalla secreto de una guerra misteriosa que ha terminado con sus vidas. Después de tanto tiempo pugnando con “el Estado enemigo”, tal como el expresidente Artur Mas calificó a la España de Rajoy, de pronto Cataluña ha sido atacada salvajemente por el auténtico “Estado enemigo” de los catalanes, de los españoles y de la humanidad entera, que son las huestes yihadistas.

Por si alguien albergaba alguna duda, ha quedado claro que la capital catalana era el símbolo de todo lo que odian y quieren destruir estos fanáticos nihilistas. Una forma de vida, ante todo: las libertades individuales, la tolerancia, la paz y la prosperidad españolas y europeas, la convivencia entre ciudadanos de todas las procedencias, un sistema político liberal y democrático en el que caben todos y una sociedad acogedora, plural y abierta. También sus monumentos, que atraen a millones de turistas pero inducen con su fascinación el magnetismo perverso de los instintos destructivos. La cristiana y severa Sagrada Familia y La Rambla profana y canalla estaban en el catálogo de la destrucción yihadista, junto a las ya derribadas Torres Gemelas y los otros objetivos intactos que son la Torre Eiffel, el Parlamento británico o la plaza de San Pedro.

La fecha del 17 de agosto es un hito que separa dos épocas barcelonesas, como ya lo fue en una dimensión distinta el 19 de junio de 1987, con las 21 víctimas mortales del atentado perpetrado por ETA en los almacenes Hipercor del barrio de Sant Andreu, y como ha venido sucediendo en otras ciudades golpeadas por idénticas atrocidades. Nada puede seguir como antes después de sufrir un ataque de esta envergadura. Descubrimos de pronto algo que sabíamos, pero habíamos olvidado, individual y colectivamente, como seres humanos y como sociedad, y es que somos mortales, los humanos y las sociedades. Se impone la seriedad, tal como la entiende Vladímir Jankélévitch. Es el final de la frivolidad y la ligereza.

“La seriedad es una alusión a la tragedia y un llamamiento al orden”, nos dice el filósofo francés. La última muestra de esta ligereza que nos cuesta abandonar es anotar como una indiscutible victoria catalana la eficaz y rápida acción de los Mossos d’Esquadra, que han liquidado y detenido a los terroristas, después y a pesar del daño irreparable que nos han infligido en esta derrota acreditada del 17-A: en las vidas humanas destruidas, en la confianza erosionada y en la discordia sembrada, mantenida en sordina gracias a la psicoterapia social que ha venido a sustituir a la política democrática, tal como señaló Susan Sontag tras los atentados del 11-S en Nueva York y Washington.

No es novedad y entra en los planes terroristas. La víctima se siente culpable y termina dañándose a sí misma. Cada atentado enerva en nuestras sociedades reacciones autodestructivas: entregar nuestros valores democráticos y liberales, culpabilizar al extranjero de piel oscura y religión distinta, transferir sobre el adversario político la responsabilidad de nuestra desgracia o reducir el espacio de la libertad de expresión, una forma también de transferencia de culpas sobre los humoristas, los periodistas, los artistas o los intelectuales. Es decir, acercarnos al rostro siniestro de quien nos ataca como si quisiéramos asemejarnos a él. Nadie escapa, ni unos ni otros, a la atracción por este síndrome de suicidio liberticida y menos en momentos de alta tensión política como el que sufre actualmente España, de la que nos ofrecen abundantes y diarias muestras el pozo oscuro de las redes sociales en el que se reflejan en forma grotesca y lacerante las ideologías políticas.

Por una parte, los gobiernos realizan esfuerzos ímprobos de imperturbabilidad, porque saben que caerá todo el peso del desprestigio sobre el primero que muestre su habitual y mezquina propensión al aprovechamiento de cualquier momento emocional para sacar ventaja política o electoral. Por otra, cada uno atiza a los suyos para provocar y obtener del adversario político el fallo que ellos evitan, al igual que hace el delantero con el defensa en cuanto entra en área de penalti. Hay un falso luto que cubre esta escena de tensión, destinada a crecer en los próximos días, a medida que se acerca la fecha ahora innombrable del primero de octubre.

La pertinaz entrevistadora de La Sexta que es Ana Pastor le preguntó al presidente Puigdemont el pasado domingo cómo pueden afectar estos hechos al proceso y a la convocatoria del primero de octubre, obteniendo un pujolista “ahora no toca” que no suscitó esta vez ninguna repregunta. El “respeto a las víctimas” evocado por Puigdemont se convierte así en la justificación de un tabú dictado unilateralmente a los medios desde el mismo momento del atentado, de forma que a la niebla parlamentaria y jurídica del camino hacia el referéndum ilegal se suma ahora la espesa cortina de una prohibición de apariencia moral para el ejercicio del derecho a pensar y a formular las preguntas más incómodas a las que está obligado el periodismo responsable.

La pregunta sobre el 1-O no relaciona el independentismo con los atentados, ni establece relación perversa alguna, ni como causa ni como efecto, como insidiosamente han venido propagando con sus amalgamas y tergiversaciones el Gobierno de Puigdemont y sus portavoces desde el mismo 17-A. No hay semejanza con los atentados de Madrid del 11 de marzo de 2004, en los que fueron el ocultamiento culpable de la autoría y luego las mentiras y las invenciones conspiranoicas los elementos determinantes para la opinión pública, primero en los resultados electorales y luego en los desperfectos sobre el prestigio de Aznar y de su Gobierno. Ha sido, en cambio, la memoria de aquellos atentados la que ha gravitado sobre la actuación de los responsables políticos, Ayuntamiento, Generalitat, Gobierno español, con la clara conciencia del momento definitorio al que se enfrentaban, lleno de riesgos pero también de oportunidades, y esperando unos y otros que fuera el adversario quien cometiera errores semejantes a los del PP hace 14 años.

Para Puigdemont ha sido el momento de mostrar que preside un Gobierno competente y moderno, capaz de gestionar una crisis de esta envergadura precisamente a pesar del hándicap que significa la tensa y absoluta dedicación durante su mandato al proyecto de referéndum del 1-O. Para Rajoy, a su vez, apoyado en la inacción y en el retraimiento que lo han caracterizado desde el primer día, es la ocasión de exhibir el perfecto funcionamiento del Estado de las autonomías en la comunidad más conflictiva y en un tema tan sensible como la lucha antiterrorista. El éxito reconocido por todos de los Mossos d’Esquadra, curiosamente, satisface ambas pretensiones, y confirma a ambos presidentes respecto a sus respectivas actitudes ante el 1-O, el gran tabú de esta crisis sobre el que no caben preguntas ni se aceptan comentarios.

El interrogante que ahora se plantea, legítimo, apropiado, incluso obligado desde el primer momento, es saber cómo compaginarán ambos gobiernos, el de Rajoy y el de Puigdemont, la exigencia de unidad y de coordinación y la demanda de confianza que surge del conjunto de la población, la catalana pero también la española, con el plan del referéndum del 1-O. Se trata de una pregunta molesta, de apariencia impertinente incluso debido a la dificultad o incluso a la imposibilidad de una respuesta seria y satisfactoria, pero perfectamente lícita e incluso de obligada formulación para los periodistas, que nos debemos ante todo al derecho a la información de los ciudadanos y no a las conveniencias o a los intereses de los Gobiernos y de los dirigentes políticos. Así es como son esas sociedades libres y abiertas que los terroristas quieren destruir.

Septiembre

11 de septiembre

El mundo nos mira

Al fin, el mundo nos mira. La secesión catalana ha tardado mucho en emerger. Durante cinco años los gobiernos primero de Artur Mas y luego de Carles Puigdemont han realizado ingentes esfuerzos y utilizado abundantes recursos públicos en lo que han llamado la internacionalización del conflicto. A pesar de todo, los resultados obtenidos por el aparato de diplomacia pública paralela secesionista hasta este pasado mes de agosto han sido francamente mediocres.

Cierto, el secesionismo ha conseguido un puñado de primeras páginas de la prensa internacional, sobre todo cuando ha fabricado imágenes de gran potencia visual, como ha ocurrido desde 2012 en todos las Diadas, estas jornadas del 11 de septiembre multitudinarias y coloristas, organizadas con la precisión de un inmenso reloj humano. Pero la triste y brutal realidad es que la historia hecha por los catalanes no ha conseguido levantar cabeza y ocupar el primer plano internacional hasta el 17-A, cuando han sido unos atentados yihadistas los que han colocado el conflicto secesionista en el mapa de una forma que no habían podido imaginar quienes se dedican profesionalmente a ello desde la Generalitat.

La imagen impactante de esta irrupción de la historia universal en la pequeña historia catalana nos la ofreció la manifestación del 26 de agosto, en la que los organizadores independentistas aparecieron como los alquimistas perversos que convierten una protesta contra el terrorismo y en apoyo a las víctimas en una apología de la secesión y una impugnación del Gobierno español y de la monarquía. No son extraños los lamentos del día siguiente ante el flagrante error cometido ante el mundo por parte de las mentes sensatas que todavía quedan en el mundo secesionista.

Apenas dos semanas después, los días 6 y 7 de septiembre, Cataluña ha irrumpido de nuevo, y esta vez todavía con más fuerza, en una agenda tan competitiva como es la de la actualidad internacional. Es una noticia de amplio y profundo alcance, especialmente europeo, que el Gobierno regional de uno de los países miembros de la UE convoque de forma unilateral un referéndum de autodeterminación, en vulneración de la legislación constitucional, sin base jurídica alguna en el derecho internacional y contraviniendo las órdenes de los tribunales y del Gobierno central.

Lo es en el objetivo que se persigue, la secesión, algo insólito en la zona de gran estabilidad de fronteras que es la Europa más occidental. Pero también lo es por el método empleado, mediante una primera ley destinada a convocar el referéndum que significa la derogación de la Constitución española, y una segunda destinada a organizar la gestión del resultado, que significa la proclamación preventiva de una república provisional —de peculiares características como régimen político—, que se convertiría en realidad solo en caso de un resultado positivo de la consulta.

Si, tras el caso catalán, llegara a consolidarse el ejercicio del derecho a decidir en esta área de Europa, fácilmente se produciría un efecto dominó que actuaría prácticamente en todos los actuales 27 países socios de la UE: empezaría por España misma, y más concretamente por el País Vasco, donde el ahora moderado PNV no tendría más remedio que echarse en brazos del mundo exetarra. Las comunidades valenciana y balear, tal como algunos ya insinúan, serían objeto de una ambición irredentista catalana que se extendería también a las comarcas aragonesas de habla catalana y francesas del Rosellón, Cerdaña y Capcir. En este último caso se trata de fronteras trazadas en 1659, que se cuentan entre las más veteranas de Europa.

La república catalana que se nos propone es, de entrada, una amenaza geopolítica directa para Francia e indirecta para toda Europa; una nación con reivindicaciones territoriales fuera de sus fronteras —al estilo de la Hungría de Viktor Orban— y un estímulo para la fragmentación del espacio europeo adicional al brexit, en un momento de enorme incerteza respecto a la estabilidad internacional y de serias amenazas para la seguridad —unas todavía regionales y de tono menor con origen en Rusia, y otras mucho más agudas y globales, como la crisis nuclear norcoreana.

La similitud con Hungría —y también con la Polonia populista de Jaroslaw Kaczynski— se extiende al modelo de democracia que dibujan las dos leyes, la del referéndum y la de la transitoriedad, y sobre todo al método expeditivo utilizado para su aprobación en el Parlamento catalán esta pasada semana, con flagrante menosprecio de la legalidad, los reglamentos y los derechos de los diputados y de sus representados. Se trata de democracias plebiscitarias, basadas en la dictadura de la mayoría y el desprecio a la minoría. Con abstracción de todo control judicial, incluso de los organismos soberanos propios. Sin división de poderes propiamente dicha. Y con una vocación intervencionista en la sociedad civil y en los medios de comunicación que se expresa tanto en la legislación como en las prácticas utilizadas por el Gobierno.

La mirada del mundo no puede ser piadosa hacia esa Cataluña de tan dudosa calidad democrática. Sobre todo, porque desde fuera se difuminan o apenas se perciben los negrísimos tintes de la caricatura de Rajoy que dibujan la izquierda radical y el secesionismo. Si acaso, esa mirada exterior, ahora tan escéptica con los secesionistas, estará también muy atenta a la capacidad de Rajoy para resolver el envite al que se enfrenta con la pericia y el respeto a la cultura democrática que exige la pertenencia al club de los países más desarrollados y puntillosos con la legalidad constitucional y con los derechos humanos.

La tarea no es fácil. Rajoy debe impedir el referéndum pero a la vez seguir donde estaba como gobernante europeo y democrático. Cuando el mundo nos mira de verdad, todos quedamos retratados, cada uno a su modo. Rajoy no ha quedado muy bien en los últimos cinco años, incluso diez, si se añade el tiempo en que dirigió al PP desde la oposición, abonando en buena medida el desafío secesionista antes de demostrar su incapacidad para darle respuesta o al menos para domesticarlo. Su estrategia se ha revelado francamente mejorable, si no totalmente enmendable. Pero nada excluye que pueda hacerlo bien e incluso muy bien a partir de ahora, precisamente en el momento más difícil, después de haberlo hecho mal o muy mal.

Hasta ahora solo Artur Mas y Puigdemont lo han hecho peor, y en el caso de los dos presidentes catalanes, sin que exista paliativo alguno para sus respectivos desastres. Mas, por haber inventado una hoja de ruta imposible y no haberse descabalgado en las numerosas ocasiones en que tuvo oportunidad, cada vez que recibía un aviso de esas urnas por él tan evocadas. Puigdemont, por haberse convertido en un complaciente mayordomo de la revolucionaria CUP, a la que ha ido obedeciendo en todas y cada una de sus órdenes. Siendo Mas y Puigdemont insuperables, es Rajoy quien tiene la oportunidad ahora, y luego a partir del 2-O, para enmendar sus errores pasados e incluso convertirse en quien encuentre la piedra filosofal de este rompecabezas de las Españas al que tanto ha contribuido con su quietismo y su incapacidad política.

14 de septiembre

Nada que ver con la libertad de expresión

El rey de la astucia que era el destronado Artur Mas fue el primero en introducir en el proceso las artes de la ambigüedad y del engaño al Estado, que en realidad es engaño al Estado de derecho y, por lo tanto, a todos los conciudadanos, catalanes incluidos. Las astucias de Mas no son como la “puta y la ramoneta” de Pujol, que combinaba una de cal y otra de arena, sino la capacidad de convertir una acción política en dos cosas a la vez, en buena parte contradictorias.

El 9-N fue el ejemplo y el modelo. La inocente intención inicial era que los catalanes pudieran expresar su opinión, para que el Gobierno, una vez conocida, actuara en consecuencia y pidiera una negociación “con Madrid”. Mariano Rajoy, que lo compró o al menos se hizo el despistado gracias a los buenos oficios del exjesuita Joan Rigol, se encontró con el susto de una altísima participación y de un resultado que rozaban la catástrofe política. Con un poco más de participación, aquella cándida consulta se hubiera podido convertir en un referéndum de autodeterminación seguido al día siguiente de una proclamación de la independencia, aunque fuera para negociar desde una posición de fuerza. Era el modelo Macià 1931 y Compays 1934.

Todo lo que se hizo el 9-N entraba en el capítulo de la libertad de expresión de los catalanes, aunque la intención era convertir esta libertad individual en el derecho colectivo a la autodeterminación, en una especie de extraña alquimia política de gran eficacia. Las acciones judiciales contra los responsables de la 9-N se convertían así en ataques a la libertad de expresión, como sucede con los autos y sentencias del Tribunal Constitucional que paralizan o dejan sin efecto votaciones y resoluciones parlamentarias, como si la suma de las libertades de expresión individuales, debidamente organizada por el ANC y el Gobierno, pudiera convertirse en un derecho inalienable a la autodeterminación.

Un buen ejemplo de esta confusión, que desgraciadamente afecta también a zonas de la izquierda no independentista y, lo que es peor, a entidades y organismos profesionales periodísticos, lo tenemos en las actuaciones de la Guardia Civil y la Fiscalía en Tarragona y Valls, en búsqueda de material del referéndum prohibido del 1-O. En este caso, encima, nada hay que tenga que ver con la libertad de expresión, que nadie ha coartado ni limitado, como no se ha hecho en todos los cinco años del proceso. Imprimir papeletas y hojas de registro de un plebiscito de adhesión a una secesión unilateral no forma parte de los capítulos de las libertades fundamentales que protegen la Constitución española y los convenios internacionales de Naciones Unidas. Nada tendría que decir, por ejemplo, el Colegio de Periodistas de Cataluña, hasta ahora indiferente a los ataques directos, nominales e intimidadores del consejero Forn y el mayor Trapero contra Enric Hernàndez y El Periódico de Catalunya que dirige.

Lo mismo sucede con la obediencia al Tribunal Constitucional respecto a la publicidad institucional. Es toda una paradoja que los periodistas independentistas de un diario independentista exijan a la empresa que ponga en peligro el proyecto empresarial, los puestos de trabajo e incluso la comunicación de la información y de las opiniones independentistas en nombre de la desobediencia a un tribunal. Todo ha cambiado en el proceso, incluso los conceptos políticos. De hecho, esto es el proceso, una inversión de conceptos que quiere acabar convirtiéndose en una inversión de soberanías, una revolución. Y, probablemente, el propósito más militante es conseguir que el diario se sacrifique en el altar de la autodeterminación para cargar a la cuenta de la democracia española la desaparición de una opción ideológica legítima e incluso necesaria.

Esperemos que nada de esto suceda, que la libertad de expresión y todas las demás libertades queden perfectamente defendidas y preservadas, lo que no es nada evidente cuando se confunde la prohibición de acciones por un plebiscito con el debate o la difusión de la información sobre el plebiscito. En los dos extremos, a ambos lados, hay quien quiere destruir la democracia española, unos por española y los otros por democracia, e incluso otros más por ambas cosas. Sería imperdonable que lo consiguieran.

17 de septiembre

¿Urnas o Guardia Civil?

Para acabar de liarla ya sabemos desde ahora que no estamos de acuerdo ni siquiera en qué consiste la cita con las urnas del 1-O. Formalmente se nos dice que es un referéndum de autodeterminación, naturalmente unilateral, debido a que Rajoy no ha querido hacerlo pactado. Ya he escrito aquí que a mí me parece un plebiscito de adhesión a la declaración de independencia unilateral, en el que nada importa lo que se vote con tal que se vaya a votar. Pues bien, los comunes creen que es otra cosa y no les importa que los demás lo vean de otro modo: se trata de una mera movilización en apoyo del derecho a decidir, y su resultado no es vinculante, diga lo que digan los organizadores.

En la interpretación de unos y otros del carácter de la cita del 1-O encontramos ya adelantada la interpretación de los resultados y, por lo tanto, la pelea del 2-O. Para los convocantes, al menos los más radicalizados, que son casi todos, solo hay que contar los síes y los noes y luego proceder, prescindiendo de la participación. Hemos llegado a escuchar cosas curiosas, como que incluso con una participación del 20 por ciento los resultados serán válidos y se deberán aplicar. ¿Quiere decir esto que tenemos asegurada una declaración de independencia a toda costa por parte del Parlamento reducido (Junts pel Sí y CUP, quizás con algún descolgado de CSQP)?

El juego de momento es este. Hacer como si se fuera a cumplir hasta las últimas consecuencias el plan prefijado hacia la independencia (recordemos, de paso, que la versión anterior todavía más dura programaba la declaración unilateral para el caso en que no se pudiera celebrar el referéndum). Una apuesta tan alta aparenta tener dos objetivos: tratar de obtener una improbable e inesperada concesión de última hora del Gobierno central y, a la vez, tratar de movilizar a los votantes del no con el espantajo de la victoria del sí y de la independencia inmediata. Esto quiere decir que este juego no es un juego. Que si se está preparado para llegar hasta el final se puede terminar fácilmente llegando al final.

Los comunes y Ada Colau, en cambio, se inclinarán por interpretar los resultados, sean los que sean, como un mandato para negociar, aunque su participación, si llegara a ser significativa, podría dar aún más cuerpo a la opción radical independentista. Ya sabemos que ahí la izquierda tiene frecuentes problemas estéticos, aunque los suele disfrazar de argumentos éticos. Las urnas pueden ser perfectamente ilegales. También las ponen Maduro en Venezuela, Putin en Crimea, Erdogan en Turquía y tantos otros déspotas y tramposos en muchos países africanos y asiáticos, fundamentalmente.

Hay urnas democráticas y otras que no lo son. Hay urnas con garantías y otras que no tienen ninguna, como es el caso del 1-O. Colau quiere garantías para los funcionarios municipales, y hace muy bien. De hecho las quiere también para ella, aunque no lo diga: no quiere arriesgarse a una inhabilitación que rompa su brillante carrera política. Pero no le preocupan las otras garantías, las que afectan a los derechos de los ciudadanos, como el uso de datos personales, el respeto a las minorías parlamentarias, el vacío de derecho que crean las leyes de desconexión, la ausencia de división de poderes y tantas otras cosas, algunas de las cuales las suscitó precisamente Joan Coscubiela, en su ya famosa intervención en el Parlamento.

Lo mismo ocurre con la Guardia Civil. Puestos a recordar, pensemos que el 19 de julio de 1936 fueron guardias civiles quienes ayudaron a aplastar el levantamiento fascista en Barcelona. Su jefe, por cierto, fue fusilado por Franco al terminar la guerra. ¿Urnas o guardias civiles? ¿Cómo es posible que alguien plantee así las cosas? ¿Qué urnas? Las de Franco, Putin, Erdogan y Maduro. ¿Qué Guardia Civil? La del Poema del cante jondo de García Lorca y de Tejero o la que comandaba el general Aranguren en 1936 y la que instruye a la Policía bosnia o palestina en misiones de Naciones Unidas?

Quien pidió que se eligiera entre urnas y Guardia Civil fue un periodista de un digital barcelonés. Fue una pregunta que hizo a la alcaldesa Ada Colau, durante una entrevista en una radio privada. Naturalmente, la alcaldesa no lo dijo claramente, pero se entendió muy bien su respuesta. Y días después hemos podido ver las consecuencias en la equívoca posición de su partido respecto al 1-O: sí, pero no; movilización, pero de resultados no vinculantes; y, finalmente, una ración más de confusión en la olla de la confusión generalizada que ya tenemos, por si no era suficiente todavía.

Está claro que muy poca gente en Cataluña se atreve a decir en público que puestos a elegir es mejor el Estado de derecho que la vulneración de la legalidad, lo que quiere decir, naturalmente, no ir a votar el 1-O. Quizás es posible querer urnas y Guardia Civil, pero hoy por hoy, mientras tanto, mientras no se haga política para poner urnas, los jueces seguirán necesitando una Policía judicial que cumpla sus mandatos perfectamente legales. Tal vez la dicotomía debería ser entre urnas o jueces. ¿Verdad que no funciona tan bien? ¿O quizás gustaría más la elección entre Mossos d’Esquadra y Guardia Civil?

18 de septiembre

La resurrección de Franco

Nos metimos en el túnel del tiempo y ahora estamos llegando ya al franquismo, a la ley Fraga, la censura previa y el estado de excepción de 1969. Lo dice el presidente rebelde y lo aplauden incluso algunos intelectuales de los que lo vivieron. El hispanismo romántico, sobre todo periodístico, también se apunta. ¿Qué más fácil de entender para un lector despistado que aquella famosa España eterna, la de la Guerra Civil y la de Franco, nunca se fue y que la transición, la democracia y el éxito de paz, prosperidad y apertura al mundo eran cuentos de hadas o meras anécdotas volátiles?

Finalmente, tenían razón las casandras de dentro y de fuera que decían que la democracia no podía echar raíces en España de ninguna manera, quienes se extrañaban de ver a Carrillo, Pasionaria y Alberti sentados en los escaños del Congreso de los Diputados y a Tarradellas en el Palau de la Generalitat. La tenían también todos los perdedores de aquella transición, quienes nunca quisieron aceptar la Constitución ni después la autonomía. Y la tienen, faltaría más, los jóvenes de hoy todavía indignados con el mundo que han recibido, sin Unión Soviética, sin ideologías y con el reto de inventarse un horizonte revolucionario sin la clase proletaria que tenía que hacer las revoluciones, según el manual marxista al uso.

He aquí, pues, que todo era todo mentira. Que la verdad de España era el 23-F, recreado ahora en los guardias civiles de paisano que registran imprentas y oficinas de periódicos y digitales buscando papeletas y urnas. Podemos respirar tranquilos, porque de nuevo todo está en orden. Las esencias de todo tipo vuelven a su sitio: la España reaccionaria, la Cataluña democrática y republicana, la derecha infame, la izquierda mitificada.

Lo dicen los informativos de televisión y los periódicos, lo escriben los columnistas y lo predican los políticos secesionistas: Franco ha resucitado. Ahora no censura artículos, sino que impide la publicación de la publicidad del plebiscito secesionista del 1-O. No disuelve manifestaciones y asambleas, sino que cierra servidores de internet y entrega citaciones y conminaciones dentro de las oficinas de imprentas y periódicos digitales para que no difundan los anuncios de la convocatoria. No detiene, incomunica y tortura estudiantes y obreros, sino que convoca a alcaldes y cargos políticos a declarar ante el juez. Pero no importa, todo el mundo se estremece horrorizado: Franco ha resucitado.

Hay que decir que todos estos esfuerzos, tan convenientes para la internacionalización del conflicto, encuentran una buena confirmación en las amenazas del fiscal general del Estado, José Manuel Maza; de la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría; y, sobre todo, del presidente Mariano Rajoy. El dirigente del PP catalán, Xavier García Albiol, ya no cuenta en esta fase pero fue el auténtico precursor. Los cuatro tienen asegurada la Cruz de Sant Jordi como mínimo por los servicios prestados a la independencia de Cataluña con su prodigiosa capacidad para hacer exactamente lo que sus adversarios habían calculado como la jugada óptima que esperaban. Todo lo que perdieron en el desastre de la pitada al rey y Rajoy en la manifestación contra el terrorismo o, aún más, en las dos sesiones vergonzosas del Parlamento lo han recuperado en una semana gracias a la prodigiosa inhabilidad del Gobierno de Rajoy.

No hay sorpresa alguna. Todo esto mucha gente lo ha dicho y hace tiempo, años, desde 2012 como mínimo. Este es un problema político que debe resolverse haciendo política. Está muy bien que el Estado de derecho funcione y que los jueces hagan su trabajo, pero no es suficiente. De hecho, no sirve de nada si no se hace política. Y la primera fase de la política y la fundamental es la palabra.

No se trata tan solo de dialogar, que también, sino de algo más elemental. Rajoy todavía no nos ha dicho qué quiere hacer con Cataluña, además de boicotear el Estatuto, impugnarlo y recortarlo, y hacer que todo el peso de la ley caiga sobre quienes la transgredan. Y ya han pasado diez años así, con este vacío ideológico absoluto sobre Cataluña.

Ahora, en la fase donde estamos, ya no es tiempo para reproches. Pero es que, además, advertido desde hace cinco años de la necesaria respuesta política a medida que subía la apuesta catalana, nada ha hecho tampoco desde entonces y nada parece que quiera hacer aun cuando el partido está ya avanzado y, francamente, todo hace temer una derrota y por goleada; la de todos, claro. Ahora nos dicen que hay que esperar al 2-O. ¿Nadie despertará antes, sea dentro del Gobierno o sea del PP? ¿No despertará ninguno de los que dicen apoyarlo, como son C’s y PSOE? ¿No despertará la sociedad civil española?

Si nadie despierta, esta es mi quiniela para dentro de quince días: sota, caballo, rey.

19 de septiembre

Catalanes: ¡ya no tenemos Gobierno!

Cada día está más claro que el autogobierno de Cataluña, fruto de esfuerzos políticos ingentes durante todo el siglo XX, ha dejado de existir. Y no ha sucedido por una decisión ajena, tomada fuera de Cataluña, en Madrid, concretamente, sino por voluntad explícita de la mayoría que gobernaba hasta ahora. Entre todo y nada, han preferido la nada que vivimos estos días: “Aut Caesar aut nihil”, “César o nada”, fue el grito casi de guerra frente al Senado antes de que las tropas del gran Julio cruzaran el Rubicón. Todo a la espera de la santa e inmaculada independencia, naturalmente.

El Gobierno Puigdemont decidió primero tirar por la borda el Estatuto en la sesión infame del 6 de septiembre en que la presidenta del Parlamento, Carme Forcadell, renunció a cualquier idea e incluso formalidad conforme con la neutralidad de su cargo y se convirtió en el ujier jurídico de la mayoría de Junts pel Sí y CUP. Solo faltaba después la repetición de la infamia antiparlamentaria el 7 de septiembre y la decisión sorprendente de decretar vacaciones y cerrar el Parlamento hasta después del 1-O.

Está claro que Cataluña ya no tiene autoridades reconocidas a las que obedecer, tal como han señalado todas las asociaciones de jueces en un comunicado conjunto. No tenemos Gobierno, tenemos el Parlamento cerrado, el presidente y el vicepresidente se han convertido en líderes de los piquetes informativos del 1-O y el Estatuto, nuestra ley fundamental, ha sido invalidado en la práctica por quienes juraron respetarlo.

Por no tener, no tenemos tampoco medios de comunicación públicos, puesto que los que había, Catalunya Ràdio y TV3, han sido privatizados y son ahora propiedad plena e instrumento descarado de la mayoría soberanista y soberana que se ha apoderado de la Administración catalana.

Para acabar de rematarlo, las actuaciones torpes y absurdas del fiscal general del Estado y del propio Gobierno de Rajoy han permitido al independentismo la construcción de un relato sobre el retorno del franquismo de gran eficacia dentro y fuera de España, que dispara las alarmas de unas entidades periodísticas y de un Síndic de Greuges muy sensibles a las vulneraciones que pueda hacer el PP, pero de una indulgencia absoluta con las presiones y los desbordamientos que vienen del Gobierno Puigdemont.

Dan muy mala impresión, sin duda, las entradas de policías de paisano a imprentas y medios digitales o el bloqueo de servidores para impedir la publicidad del plebiscito del 1-O, pero todavía es hora de que se condenen desde Barcelona las intolerables admoniciones y censuras públicas del consejero de Interior, Joaquim Forn, y del mayor de los Mossos, Josep Lluís Trapero, contra los periodistas Enric Hernández y Luis Mauri y contra El Periódico de Catalunya, acusados de una campaña contra la Policía catalana que nunca existió, pero cuya invención fue un instrumento más de propaganda secesionista.

El destrozo ya es muy grande. Está visto, pues, que los catalanes tampoco tenemos a estas alturas instituciones neutrales en las que confiar, nadie aceptado por todos que pueda dirimir los conflictos o juzgar sin parcialidad. Ni el Colegio de Periodistas defiende a todos los periodistas con el mismo criterio, ni el Síndic investiga y diagnóstica con la misma imparcialidad. Suspendidas las instituciones, anulada la vigencia del Estatuto y de la Constitución, que es la que protege los derechos fundamentales, parece claro que estamos solo a un paso del momento hobbesiano.

Esperemos que todavía haya remedio y trabajemos para no cruzar este límite, porque en la selva de Hobbes solo se aplica la ley del más fuerte. Muchos han olvidado que las leyes sirven, ante todo, para proteger a los más débiles, por lo que es muy grande la responsabilidad de quienes las quieren anular a su gusto en nombre de un improbable objetivo que al final nos dejará a todos a la intemperie.

20 de septiembre

La matanza del Caudillo

Hay muchas cosas que no sabe Rufián, tal como Joan Coscubiela demostró en su ya célebre discurso ante el Parlament de Catalunya en aquellas sesiones de la vergüenza del 6 y 7 de septiembre en que se aprobaron fraudulentamente y con malas artes las leyes de desconexión. Ahí está el hashtag #noloserufian2 como símbolo digital de su ignorancia.

Sin embargo, sí hay una cosa que Rufián cree y dice saber: Franco ha resucitado, pero va a morir de nuevo el primero de octubre, precisamente el Día del Caudillo, en el que el régimen militar y fascista celebraba “la exaltación de Francisco Franco a la jefatura del Estado” en tal fecha exacta de 1936. Según Rufián, lo van a matar los votos del plebiscito secesionista y lo harán, como en los sacrificios rituales, a través de un chivo expiatorio que carga los pecados del franquismo, llamado Mariano Rajoy.

Todo cuadra en este cuento en el que España, o el Estado, como gustan decir los independentistas, es la bruja mala y los secesionistas y republicanos izquierdistas son Hänsel y Gretel. El último movimiento de los astutos estrategas del procés es un quiebro que convierte el referéndum independentista en movilización contra el PP, el último residuo del franquismo al que hay echar del poder. El fiscal Maza regaló este movimiento estratégico al designar a más de 700 alcaldes como sospechosos y ordenar inútiles registros a imprentas y digitales. Ada Colau no podía quedar impasible ante la resurrección del franquismo esgrimida por los independentistas y sugerida por la miopía gubernamental.

El siguiente paso está servido en bandeja: incluso a los adversarios del independentismo, o a quienes habían quedado vejados por la iniquidad cometida por Junts pel Sí y la CUP, se les ofrece el voto negativo, nulo o blanco en una votación que no dilucidará la secesión, sino el final de Rajoy como presidente del Gobierno y que simbólicamente resuelve, al parecer, un trauma generacional. Franco murió en la cama y la democracia llegó porque los reformistas del franquismo y la oposición se pusieron de acuerdo. Ahora se trata de repetir la jugada: primero resucitar a Franco y luego matarlo a través de la derrota de Rajoy, y romper a la vez con la democracia constitucional, ya que la democracia constitucional no supo romper con el franquismo.

Así es como encaramos el Día de la Matanza del Caudillo, como una repetición y corrección en diferido del final del franquismo, cuando el mundo entero quedó admirado de que España cambiara de régimen sin armar otra guerra civil y sin secesiones ni cantonalismos. Rufián, que no sabe nada, y sus amigos, que la saben larga, lo proclaman bien alto: aquí está de nuevo Franco, lo vamos a matar, proclamaremos la república, jo no tinc por, nada nos asusta, ni la guerra civil que el vanidoso amigo Julian Assange osa convocar en sus provocaciones en Twitter.

Hillary Clinton ha dicho recientemente de Assange que “es en parte nihilista, en parte anarquista, en parte exhibicionista y en parte oportunista”, probablemente, “a sueldo del Kremlin o de alguna forma apoyando sus objetivos propagandísticos por resentimiento hacia Estados Unidos y Europa”. Seguro que Rufián tampoco sabe nada de todo esto y, si lo supiera, tampoco le daría la menor importancia.

21 de septiembre

Los errores del 6 de octubre, otra vez

Ahora se cumplirán 83 años de los errores del 6 de octubre, justo cuando parece que los estamos repitiendo de nuevo. Para el independentismo de toda la vida, el único error fue fallar. Es decir, no haber acumulado suficientes energías y no haber calculado cuál era la auténtica correlación de fuerzas de cara a que la proclamación de la república catalana dentro de la República Federal Española no acabara como acabó, muy mal, con muertos, heridos, detenidos todos los altos cargos de la Generalitat, incluido su presidente Lluís Companys, y suspendida la autonomía.

Hay un error, fundamental, que no puede reconocer el independentismo puro, es decir, la ideología que pone la independencia de Cataluña por encima de todo, incluida la legalidad, los derechos de las personas y, en el límite, como ocurre con toda ideología nacionalista radicalizada, incluso las vidas. Este error es el de romper con la legalidad en la que se fundamenta el autogobierno catalán. Lo cometió Companys y lo ha cometido ya Puigdemont, representantes ordinarios del Estado en Cataluña en rebelión frente al Estado, la Constitución y el Estatuto que habían jurado respetar y hacer respetar.

Para Josep Tarradellas, detenido en 1934 con todo el Gobierno Companys, el principal error fue depender de las fuerzas políticas y sindicales españolas, es decir, no haber contado únicamente con la voluntad y la capacidad de los catalanes. De este error, que Joan Esculies ha subrayado (Evitar el error de Companys. Tarradellas y la lección de los Hechos de Octubre, Edicions de 1984), se desprende otro error, base fundamental para entender el tarradellismo, y este es que la unidad de los catalanes no estaba asegurada. La CNT-FAI no participó y, encima, como correspondía a la polarización de la época, era un conflicto de clase; simplificando, entre los rabassaires y los propietarios agrícolas que dividía a los propios catalanes. No es extraño que Companys se encontrara solo delante de su micrófono radiofónico, sin respuesta ciudadana y sin fuerzas armadas que le defendieran.

Aquellos errores entonces se vuelven a repetir ahora, formulados en otros términos, dado que, afortunadamente, la época es muy distinta. No hay militarismo dentro de la vida política (sustituido por la violencia simbólica del mundo digital), la polarización evidente no es entre dos ideologías totalitarias, el contexto internacional y geopolítico son muy diferentes y también lo es el de la sociedad española, mucho más rica y moderna de lo que era en tiempos de la República.

Veamos los errores. Hoy, como entonces, los catalanes estamos divididos. La experiencia nos dice precisamente que para mover las cosas en la difícil relación entre Cataluña y España se debe preservar la unidad civil y asegurar que las reivindicaciones catalanistas sean compartidas, aunque solo sea en parte, incluso por los partidos más ajenos al catalanismo. Así es como se ha logrado todo a lo largo del siglo XX. El catalanismo posibilista y pactista es el auténtico padre de la Cataluña autogobernada que conocemos, mientras que el independentismo no es más que una ideología estéril, que lo quiere todo y termina con nada.

En contra de las ideas tarradellistas, también el independentismo ha pasado ahora una alianza con la izquierda radical española, que despoja la reivindicación catalana de toda transversalidad y la convierte en protesta anticonservadora y anticonstitucional, de ruptura con la democracia española. Para ensanchar su base, ante la fuerza insuficiente del movimiento, ha optado por la extrema izquierda en lugar de las fuerzas de la centralidad, que son las que de verdad le pueden asegurar avances efectivos en el autogobierno. Ahora es lo contrario: el independentismo, incluso desde el fracaso, es el que quiere ayudar a la extrema izquierda a desalojar a Rajoy.

Hace cinco años que hablamos de los errores del 6 de octubre. Un alto cargo del Gobierno de Artur Mas me dijo entonces, cuando todo empezaba, que no los repetirían. Yo me lo creí, pero ahora veo que estaba equivocado: me engañó o se engañaba a sí mismo. Los han cometido todos, uno tras otro: han roto la legalidad, regalando en bandeja la respuesta del Gobierno central; han calculado mal las fuerzas, sobre todo la fuerza de la legalidad democrática; han roto la unidad civil catalana y a la propia sociedad catalana, por lo que su ruptura se ha convertido en buena medida en el enfrentamiento de la mitad de los catalanes contra la otra mitad; se han lanzado finalmente, gracias a la CUP, en brazos de los movimientos antisistema.

Los errores no son de un solo lado y todos vienen de lejos. La responsabilidad política mayor es la de quien tiene más poder y ha tenido más oportunidades de evitar que se llegara hasta aquí, que es Rajoy. Pero no se puede olvidar la responsabilidad moral y catalanista de quienes han planificado y dirigido todo esto desde Cataluña, con más engaños que verdades, con más cálculos irresponsables que análisis fríos y objetivos y, finalmente, con decisiones aventuristas que rompen la legalidad y ponen en peligro la convivencia.

22 de septiembre

Movilización, no referéndum

Ada Colau quería una movilización en lugar de referéndum y ya la tiene. No habrá referéndum, porque su logística ha sido desarticulada por la Guardia Civil. Se convertirá en una movilización por la república catalana independiente. Cuando la gente dice que votará significa que protestará. Llevarán una papeleta, impresa en casa, y la meterán en una urna, que también llevarán o de casa o del club. Lo hará mucha gente, sin duda. Pero no habrá censo, ni mesas, ni urnas homologables, sino una mera ficción de referéndum. Quizás habrá quien pretenda dar unos resultados, pero no tendrán ningún tipo de credibilidad.

Las garantías son la gente, nos dicen los convocantes: el referéndum eres tú, la garantía eres tú, la papeleta eres tú, nos dicen los independentistas. Es decir, cuanta más gente participe, más garantías, tal como las explican los organizadores. Es decir, que no son garantías para un referéndum, sino para la movilización. Las garantías para el referéndum eran las condiciones de neutralidad y de legalidad, mientras que las garantías de la movilización significan la máxima participación y luego la máxima resistencia.

Es decir, el proceso ya está en manos de la calle, donde comenzó el 15-M y surgió Podemos. Difícil retroceder a partir de ahora, sobre todo por parte de lo que queda de Gobierno. Como nadie querrá ceder, es fácil entrever que lo que ayer vimos solo es el comienzo de la intervención. A menos que haya un gesto de responsabilidad extrema, lo que es de prever es que en los próximos días se pierda lo que queda del autogobierno. Sobre todo si después de la movilización del 1-O llega la declaración unilateral de independencia que exigía la CUP en el caso que se pudiera hacer el referéndum.

Solo una recuperación de la dirección del proceso por parte de las mentes más realistas y prudentes de Junts pel Sí permitiría preservar el autogobierno y evitar la pérdida de competencias que conllevará la intervención progresiva que se producirá de aquí al 1-O o después, en caso de que se produzca la DUI. La fórmula probablemente más sencilla sería que Puigdemont disolviera inmediatamente el Parlamento y convocara elecciones autonómicas, de forma que así se evitaría mayores pérdidas de la autonomía y, sobre todo, el crash final.

No sucederá. Aquí nadie baja del burro. Además, ahora está en la calle y en manos de la CUP, Colau, Iglesias y Otegui. Lo mismo se puede decir de Rajoy, que no ha tenido ni siquiera la prudencia de extender la mano después de hacer el gesto de autoridad que se le pedía. Esto iba de democracia. Cada uno la entiende a su manera, bien contradictoria, pero entre todos se la pueden cargar. No habrá referéndum, pero habrá 1-O. No habrá referéndum, pero hoy no estamos mejor que ayer, al contrario. Y así seguiremos a menos que la política, es decir, la palabra, el diálogo, los parlamentos, vuelvan otra vez tomar el control. Habría que cortar la escalada y no esperar al 2-O para hacerlo. Quizás en octubre ya será demasiado tarde.

23 de septiembre

El mundo le mira (a Rajoy)

Rajoy ha conseguido desarticular el referéndum, pero será más difícil que desarticule la movilización del 1-O, que va dirigida directamente contra él. La posibilidad de celebrar una consulta que tenga un mínimo de credibilidad en cuanto a censo, interventores y recuentos es casi nula, a pesar de los esfuerzos de Puigdemont; pero esto no quiere decir que el 1-O sea ya un fracaso, ni que sea inútil todo lo que está haciendo el Gobierno catalán para dar la impresión de que se celebrará. Cuanta más gente se movilice y vote, aunque sea en muy malas condiciones, más fuerza podrá exhibir, sobre todo internacionalmente.

Si Rajoy cree que ya ha ganado la partida y que ahora todo es cuestión de dejar que el movimiento vaya desgastándose, se equivocará radicalmente. Lo que acabamos de ver solo será el comienzo si no entra de una vez la acción política, que significa diálogo entre las dos partes y propuestas concretas de cambios sustanciales para Cataluña. Desde ahora hasta el 1-O, Rajoy ya puede dar por perdida a buena parte de la ciudadanía ofendida con los métodos expeditivos y antidemocráticos exhibidos por Puigdemont en las jornadas nefastas del 6 y 7 de septiembre. Los ciudadanos que aún exhibían su discrepancia con el referéndum ilegal y unilateral casi han enmudecido y, todo hay que decirlo, indignados unos con Rajoy, pero otros intimidados por el ensanchamiento del unanimismo que se está produciendo de forma muy peligrosa entre los catalanes.

Lo más inquietante es la incapacidad de encarar políticamente el conflicto que exhibe Rajoy. La represión, por justa y proporcionada que sea, no servirá para invertir la dinámica independentista, que no mermará mientras Rajoy no pronuncie palabras de conciliación y tienda la mano a quienes lo desafían, en lugar de ceñirse al guion de la legalidad y de la amenaza a quien no la cumple. Hay mucho bastón y nada de zanahoria, tal como se vio en la intervención del presidente del Gobierno el miércoles por la noche, donde no hizo ni la más ligera insinuación dialogante.

Rajoy hace así las cosas porque no hay nada que tema tanto como la pérdida de autoridad del Estado, que es el reproche que muchos le hacían hasta el día de las detenciones. Pero, una vez recuperada, tal como se entiende que ha sucedido gracias a la jornada del 20 de septiembre, ha llegado ya la hora de la política, y eso es lo que se le empieza a reclamar internacionalmente, de forma pública por parte de los medios de comunicación más serios y de forma discreta y sin reflejo público por parte de los gobiernos. Cuanto más tarde Rajoy en ofrecer la zanahoria, más difícil lo tendrá para defender su recurso a los jueces y la Policía como únicos medios para detener la secesión. Y cuanto más tarde en ofrecer la mano tendida, mayor será la tentación del Gobierno independentista de tirar lo que queda del autogobierno a la hoguera de la revuelta contra Rajoy.

El momento del diálogo llegará y tardará quizás menos de lo que ahora nos parece, cuando estamos en el momento de máxima tensión. Si no llega desde dentro, y agarrándose a las mínimas expresiones de conciliación que vienen desde el socialismo, especialmente el catalán, o del nacionalismo vasco, será desde fuera, donde pronto se verá la dimensión europea que puede llegar a adoptar la amenaza secesionista. Y no será precisamente por solidaridad con el secesionismo, sino al contrario, para intentar evitar un mal ejemplo que puede acabar extendiendo el incendio por el entero continente. La idea de que toda población con capacidad para identificarse a sí misma como una nación pueda tener el derecho a decidir es geopolíticamente subversiva y, desde el punto de vista de la Unión Europea, una amenaza más peligrosa que el brexit.

24 de septiembre

La semana de todos los peligros

Queda una semana y los augurios no pueden ser más nefastos. Lo peor está por llegar. El enroque es formidable, de un lado y del otro. Ni un paso atrás. La máquina judicial está en marcha y no hay duda alguna de que arrollará todo lo que encuentre a su paso. La movilización en la calle, de dudoso control, no ha hecho más que empezar y puede desembocar en un intento de huelga general. Ambas dinámicas convergen en un concepto nefasto de nuestra historia, una grave figura penal que muchos venían pronunciando en sus grados de tentativa desde que Puigdemont iba enunciando sus propósitos pero que ahora toma cuerpo con las masas en la calle: la sedición.

El Gobierno de Puigdemont sabe perfectamente que el referéndum no se celebrará. Ha sido disuelta la Sindicatura Electoral, el organismo “responsable de garantizar la transparencia y la objetividad del proceso electoral y el ejercicio efectivo de los derechos electorales”, con el objetivo de evitar la efectividad de las multas de 12.000 euros diarios acordada por el Tribunal Constitucional para sus miembros. Aunque es una forma reticente de obedecer al tribunal, el vicepresidente Junqueras aseguró que “este organismo ha hecho ya su trabajo” y que su disolución no afecta a la convocatoria a las urnas.

Las garantías que ofrecía la Sindicatura ya eran muy limitadas. Su creación y los nombramientos salen de las turbulentas sesiones parlamentarias de los días 6 y 7 de septiembre, en las que se aprobaron de forma antirreglamentaria y fraudulenta las dos leyes rupturistas con las que se pretendía organizar el plebiscito secesionista y proclamar al final los resultados, con el efecto “legal” de activar el segundo de los textos “legales”, el que organiza la transición y la fundación de la república catalana.

Ahora, el organismo que debía garantizar todos estos pasos, la votación, el recuento y la proclamación de resultados, ha dejado de existir y en su lugar el Gobierno de Puigdemont pretende que los síndicos destituidos trasladen la responsabilidad de su labor a una imprecisa agrupación de entes públicos, académicos y observadores internacionales, que sugieren el encargo de la tarea a una comisión sin cobertura legal alguna y el incumplimiento incluso de la ley del referéndum.

La última y discutida garantía acaba de fundirse, pero el Gobierno secesionista sigue empeñado en proclamar que se celebrará y en seguir sustentando la ficción de que tiene instrumentos para que así sea. Puigdemont ha hecho todo lo que estaba en su mano, y mucho más, desoyendo cualquier criterio de prudencia y de legalidad. Ha desobedecido hasta límites que nadie hubiera podido pensar en un presidente salido de las filas de la antigua Convergència, pero dotado de una obstinación digna del militante más radical de la CUP. Ahora se ha visto perfectamente por qué cayó Mas y fue él el elegido. El último paso del calvario convergente era que su presidente trabajara para Esquerra y para la CUP.

En esta semana de todos los peligros la obstinación de Puigdemont puede llevar a tirar dos piezas fundamentales del autogobierno a la hoguera de la movilización: el entero orden público y los medios de comunicación públicos. El daño que puede infligirse a sí mismo el Gobierno catalán es enorme, pero es muy intensa la tentación de procurar un daño mayor al Gobierno de Rajoy demostrando que la democracia española se cae a trozos en sus manos. Como Sansón, que prefiere morir aplastado por el templo con todos los filisteos dentro, así están actuando los dirigentes del procés. Saben que sin la recuperación de la competencia de orden público no hay autonomía y sin libertad de expresión no hay democracia. Si hasta ahora era más que discutible que la prohibición de contratar publicidad institucional de un referéndum ilegal por un tribunal fuera una auténtica limitación a la libertad de expresión, el control sobre los medios públicos catalanes desde el Gobierno central no ofrecería ya ningún tipo de dudas a nadie.

Mossos y TV3 son los dos emblemas de éxito de la Cataluña autogobernada hasta hoy mismo, algo que no debieran olvidar ni unos, los que están dispuestos a tirarlos a la hoguera, ni los otros, que pueden tener la tentación de aprovechar la circunstancia para tirarlos a la hoguera. El optimismo indeclinable del soberanismo puede crear espejismos venenosos. De llegar hasta tal punto, será más difícil recuperar el autogobierno con sus competencias actuales que restaurar el prestigio de la democracia española dentro de Europa.

Dice el expresidente de la Generalitat, José Montilla, que “después del 1 de octubre hará falta dialogar, negociar y pactar”. ¿No se puede hacer nada antes? “Pedir prudencia, proporcionalidad y tratar de evitar las provocaciones”. O algo todavía mejor: decirles basta a Puigdemont y a Rajoy. Ambos ya han demostrado hasta donde podían llegar. Cada uno tiene lo que quería: Puigdemont, la desobediencia; Rajoy, la autoridad del Estado. Si queda algo de sensatez y responsabilidad no hay que esperar al 2 de octubre para empezar a “dialogar, negociar y pactar”. Hay que hacerlo desde hoy mismo, como pide Montilla.

25 de septiembre

He nacido con el derecho a decidir

Volvamos por un momento al principio, a esa extraña publicidad en favor del derecho a decidir que prohibió la justicia antes de que cayera todo el peso del Estado sobre el proyecto secesionista. Era extraña, de entrada, porque el plebiscito ya no va de derecho a decidir, sino de ratificar la ley de transitoriedad y fundación de la república, y significaba por tanto que, quien vote, y vote lo que vote, no expresará una opinión libremente entre elegida entre varias, sino que contribuirá directamente a engordar el cuórum de la adhesión a la secesión unilateral que se ha propuesto la mayoría de Junts pel Sí y CUP con la votación del 7 de septiembre.

Digámoslo bien claro: ya era un engaño cuando empezó su emisión y lo es más todavía vista ahora mismo, porque, al parecer, de lo que se trata ni siquiera es de decidir, sino meramente de echar a Rajoy y proclamar la república. En cuanto a engaños, ya no viene de uno, después de tantos como ha habido, tantos o más que la campaña del brexit. Lo difícil es encontrar algo que no sea engaño en la propaganda y el discurso de la ANC, Òmnium y compañía. Era tan afortunado y eficaz el eslogan que sus propietarios han querido retenerlo y repetirlo incluso cuando convocan directamente a votar a favor de la independencia y contra el régimen del 78. Esta publicidad jugaba como cebo para pescar a Colau e Iglesias, antes de que fuera la represión del Estado la que convocara a la alianza contra natura entre quienes cercaron el Parlament y quienes fueron cercados en el Parlament en 2011, después del 15-M.

Esta publicidad prohibida se dirige personalmente a cada uno de los votantes potenciales, para apelar a una especie de derecho humano fundamental que nos viene dado desde el nacimiento. Este derecho innato, en caso de existir, al contrario de lo que dice la publicidad prohibida, no debería tener nada que ver con la autodeterminación de los pueblos, la vieja idea centenaria que sirvió para la emancipación de los países colonizados, sino con una idea aún más vieja y más eficaz, más potente y respetable, porque no se trata de un discutible y discutido derecho colectivo, sino de un fundamental e inalienable derecho individual: la libertad, el derecho a decidir por uno mismo y la obligación para una persona libre que hizo decir a Kant la frase famosa: “Atrévete a pensar”.

Este es el derecho a decidir que corresponde defender hoy. El personal, no el colectivo, el de pensar individualmente y no en grupo. El de no dejarse empujar por lo que piensan los demás, por la propaganda sobre el derecho a decidir o por la coacción que equipara la abstención en el referéndum con el apoyo a Rajoy, a su quietismo y a sus métodos. Este es el derecho a decidir que no tiene ninguna garantía en la convocatoria del 1-O y que por eso mismo se convierte en el derecho a elegir entre ir o no a votar, participar en el plebiscito de ratificación de una secesión ilegal y unilateral, improbable e increíble, o expresar nuestra disconformidad con una forma tan torpe de hacer las cosas, sin respeto de las garantías y de los procedimientos, sin cobertura legal y, lo que es peor, con mofa y befa de los derechos de las minorías parlamentarias y de los ciudadanos que las representan y con intimidación sobre las personas, sobre todo en los pueblos y ciudades pequeñas.

Una vez entendemos que es individual, el derecho a decidir también podría servir para describir lo que es la democracia. Es decir, el Gobierno con el consenso y la participación de los gobernados. Visto así, parece bastante claro que desde 2010, con la sentencia del Constitucional sobre el Estatuto de Cataluña, se ha roto este consenso imprescindible entre Cataluña y el Gobierno del PP, por lo que la traducción práctica, no la quimérica, significa que hay que encontrar un nuevo consenso sobre la forma de gobernarnos juntos, catalanes y españoles, que habrá que refrendar libremente de una forma u otra, ya sea en una consulta referendaria, ya sea en unas elecciones.

Yo también he nacido con el derecho a decidir, claro que sí. Todos hemos nacido con el derecho a decidir, catalanes y no catalanes, pero de ninguna manera significa que obligatoriamente estemos convocados a dar nuestra adhesión a un plebiscito para la secesión de Cataluña, amparado en un derecho a la autodeterminación de los pueblos colonizados que es claramente inservible en nuestro caso. Como tampoco estamos obligados por la misma regla de tres a apoyar a Rajoy para parar el independentismo. El derecho a decidir es ante todo el derecho a no participar en esta convocatoria fraudulenta del 1-O y a no dejarse arrollar por el maniqueísmo y la doble coacción de unos y otros.

27 de septiembre

Erdogan en Cataluña, ni de broma

Comparar la España de Rajoy con la Turquía de Erdogan es, en el caso más leve, una exageración. Y ya se sabe que todo lo que se exagera es también insignificante, según el dicho magistral de Talleyrand. Quizás los que lo hacen, como es el caso de algunos periodistas en la sala de prensa de la Comisión de Bruselas, no saben cuántos ciudadanos detenidos, funcionarios destituidos, condenas penales y exilios ha habido bajo el régimen de Erdogan desde el intento de golpe de Estado de julio de 2016. Quizás no conocen las restricciones bien efectivas de la libertad de expresión, con cierre de periódicos, radios y canales de televisión, que se han producido ya no entre los partidarios de la secta Gülen, presuntamente la que organizó el golpe militar, sino entre todos los partidos de la oposición, demócratas, kurdos, laicos e izquierdistas.

Entre quienes comparan la Turquía de Erdogan con la España de Rajoy debe haber tres clases de personas: los que lo hacen con toda la conciencia y mala fe de los propagandistas contra el Gobierno español y en favor del proceso; quienes son sencillamente unos indocumentados, como estos periodistas europeos; y, finalmente, los que hablan de la realidad de sus deseos: saben que no es la Turquía de Erdogan, pero querrían que lo fuera e incluso trabajan para que lo llegue a ser.

Su empeño con la independencia y su detestación de la actual autonomía de Cataluña dentro del sistema constitucional español los lleva a preferir intensamente el fin de la democracia antes que una derrota del proceso. Está claro, pues, que el precio que han fijado al desenlace desfavorable del proceso que ya se acerca es que sea a la turca, es decir, que provoque una reacción del Gobierno central de dimensiones análogas a las que provocó el golpe de Estado frustrado en Turquía.

No es necesario que nos comparemos con Turquía para saber que el balance de lo ocurrido hasta ahora no es precisamente alentador. Ya hemos dejado muchos pelos en esta gatera tan desgraciada en la que nos han metido entre unos y otros. El autogobierno de Cataluña está gravemente herido, esperemos que no sea de muerte, como desearían también los hooligans de ambas orillas. Pero buena parte de las heridas son autoinfligidas: en propiedad no hay Gobierno ni Parlamento ni instituciones reconocidas por todos, gracias a que 72 diputados se saltaron a la torera toda la legislación catalana vigente, incluidos los dictámenes y consejos jurídicos de todo tipo, y nos dejaron desguarnecidos y desautorizados.

Los medios de comunicación públicos, TV3 y Catalunya Ràdio, con la ayuda de algún otro privado y bien subvencionado, se han convertido en el Iskra de la revolución catalana (el Iskra era el órgano periodístico bolchevique, que tenía funciones organizativas como las que tienen los programas punteros de la Corporación Catalana de Radio y Televisión). Desde las ondas se difunden las consignas y se pide vigilancia, e incluso se solicitan denuncias de los oyentes sobre los movimientos de los furgones policiales. Muchos de sus tertulianos y periodistas más entusiastas siguen la consigna del presidente Puigdemont respecto a los alcaldes socialistas y aprovechan cualquier ocasión para interpelar a los políticos y periodistas que aún no se han dejado convencer de las bondades del proceso. Los medios de todos se han convertido en instrumentos sectarios y de partido, y una auténtica vergüenza dada su dependencia de los impuestos que entre todos pagamos.

El caso peor sucede en la tierra de nadie en la que se están adentrando los Mossos. Cada vez se ve más clara la estrategia de Puigdemont, que destituyó al consejero Jordi Jané y al director de los Mossos Albert Batlle en clara previsión del momento actual, en que, por decirlo crudamente, nos encontramos a un paso de donde no deberíamos haber llegado nunca, la desobediencia del mando de un cuerpo armado, que ya sabemos qué es lo que eso significa. Si la competencia de orden público se pierde, provisional o definitivamente, esta será también una herida autoinfligida, hija directa de la irresponsabilidad y la frivolidad de unos dirigentes torpes y cegados.

Me dicen que la libertad de expresión está en peligro y que las entidades profesionales se movilizan. Pregunto: ¿hay alguien que no haya podido expresar sus puntos de vista? ¿Alguien ha sido privado de palabra en algún medio? ¿Se han producido censuras, castigos o despidos en algún medio público o privado por publicar informaciones? ¿O acaso hay alguien procesado o incluso encarcelado por haberse expresado en favor de la independencia de Cataluña? Quizás los periodistas de Bruselas me lo podrían decir.

Hay censura, ya lo sé, pero me parece que es la prohibición de la difusión de la publicidad de un plebiscito convocado ilegalmente para conseguir la secesión de Cataluña. Es decir, todo el mundo puede defender la independencia o el derecho a la autodeterminación, pero los tribunales han censurado la propaganda del referéndum. ¿Es esto, no? A mí no me gusta, es cierto. No me gusta ninguna censura. ¿Pero es más grave la prohibición de la publicidad del referéndum que los ataques a los periodistas disidentes desde los poderes públicos catalanes, a los que se les niega informaciones y se les abronca y denuncia públicamente, por el único pecado de hacer una información que no les gusta? ¿Es normal que un consejero como Forn y alguien con un arma al cinto como el mayor Trapero empiecen una rueda de prensa señalando a periodistas?

No quiero perder el hilo: el autogobierno ha sido agredido desde dentro, por el Gobierno Puigdemont, y ciertamente también desde fuera, por el Gobierno Rajoy; y entre los dos lo están matando. Montoro ha liquidado la autonomía financiera. La Fiscalía asusta a los alcaldes, a los directores de colegios, a los ciudadanos convocados a formar mesas o votar. Un juez ha detenido e interrogado a un puñado de altos cargos de la Generalitat. Otros han dado órdenes de cerrar páginas web oficiales y privadas. Y aquí no se ha acabado.

El método subterráneo de Rajoy, que lleva a una intervención invasiva de la autonomía por la puerta de atrás, evitando la actuación abierta y parlamentaria del artículo 155, podría ser reversible si lograra su objetivo, detener el referéndum, sin grandes desperfectos más; pero, de lo contrario, con la aplicación del 155 y la intervención entera de la autonomía, podemos encontrarnos cantando el responso y lanzando a la basura los mejores cuarenta años de nuestra historia.

Todo muy poco edificante e impropio entre poderes que funcionen y actúen dentro de la legalidad. Pero esta es la cuestión: hay dos legalidades, la ficticia del independentismo y la efectiva constitucional, que pugnan por imponerse una encima de la otra y ambas están planchándose el autogobierno que teníamos. Los de aquí lo han sacrificado en nombre de la independencia, a riesgo de quedarse compuestos y sin novio; y los de allí se la están puliendo para evitar la independencia, pero vaya usted a saber si querrán volver a la situación anterior, cuando un poder catalán se sintió lo suficientemente fuerte como para desafiar el poder constitucional español. Ojalá de la pelea no salga una España como la Turquía de Erdogan, que es lo que algunos sueñan.

28 de septiembre

El síndrome del 26 de enero

Hemos hablado mucho del 6 de octubre, fecha de 1934 en que el presidente catalán Lluís Companys proclamó el Estado catalán dentro de la República Federal Española, pero a la vista está que también habrá que hablar de otra fecha, capaz de evocar repeticiones históricas, y este es el 26 de enero del año 1939, cuando cayó Barcelona.

Nos lo recordó Karl Marx en El 18 brumario de Luis Bonaparte, cuando evocó con ácida ironía la teoría hegeliana de la repetición de la historia, una vez como tragedia y otra como farsa. No lo ven así quienes sufren en su cerebro la percusión de los fantasmas históricos, temerosos o, a veces, esperanzados en que la segunda versión sea tan trágica o más que la original.

Las fechas históricas no suelen andar sueltas, sino que se encadenan unas y otras al igual que sucedió en el momento original. Si durante meses e incluso años, prácticamente desde que arrancó el procés en 2012, viene surgiendo el fantasma de los Fets d’Octubre, ahora nos llegan imágenes y palabras evocadoras del final trágico de aquella secuencia, cuando las tropas franquistas entraron en Barcelona y arrasaron con lo que quedaba del poder autonómico tras la pavorosa Guerra Civil.

Las imágenes de la caída de Barcelona golpean con intensidad en las cabezas de quienes despiden a los guardias civiles como se hace con las tropas que van a la guerra o salen a conquistar un territorio extranjero. También en las de quienes creen que la única solución será un gran escarmiento que dejará sin palabras y sin autonomía a los catalanes que han osado retar al Estado y romper unilateralmente con España, a pesar de los numerosos inconvenientes y desperfectos que pueda acarrear: para la democracia española y para la otra mitad de los catalanes.

Dice Margaret MacMillan que las ideologías reviven el pasado en forma de profecía, pero cuando las ideologías se convierten en programa político de perentoria realización, entonces se vive la repetición de los hechos del pasado como la cristalización de un deseo: repetir la jugada, para que esta vez salga bien o sea la definitiva. Los independentistas quieren repetir un 6 de octubre para que en 2017 termine no tan solo con la proclamación de la república catalana, sino con su instalación como nuevo Estado europeo. Quienes critican el proceso, incluidos algunos independentistas reticentes con el camino iliberal elegido, lo reviven, en cambio, como tenebrosa amenaza de repetición de aquel fracaso.

Lo mismo sucede en el campo adversario. Volver a conquistar Barcelona y llenar sus balcones de banderas españolas es el deseo del anticatalanismo redivivo que está creciendo en todo el territorio español. El retorno de este fantasma se concreta también en otra fecha, el 5 de agosto de 1938, cuando Franco firmó en Lleida el decreto de abolición del Estatuto de Cataluña. Estos ensueños, tan reconfortantes para algunos, lo son también para el independentismo más necesitado de una resurrección del franquismo para explicar su fuga hacia adelante y su ruptura brutal con la legalidad estatutaria y constitucional.

Para la mayoría de los ciudadanos, catalanes y españoles, esta fantasmagoría del pasado destruye cuarenta años de democracia y de autonomía, considerados hasta hace cuatro días como los mejores de nuestra historia, de España y de Cataluña. Ojalá tenga razón el viejo Marx y sea solo como farsa que se repitan y no como la tragedia que unos y otros parecen insistentemente convocar.

Octubre

1 de octubre

A los que dudan: no vayáis a votar

Si hay una votación que nada tiene que ver con la democracia es la que se ha organizado este domingo en Cataluña con la pretensión de conseguir la secesión unilateral de España. Aunque parezca innecesario repetirlo, es elemental la idea de que una votación debe ser legal para que sea democrática. El voto emitido sin previo acuerdo entre todos sobre la regla de juego por la que se rige la votación es un mero panfleto, no tiene ningún valor ni ninguna credibilidad.

La exhibición de falta de escrúpulos democráticos que hizo la mayoría independentista en el Parlamento catalán los días 6 y 7 de septiembre debiera quitar las ganas de votar a cualquiera. Esta es la primera y más elemental razón por la que nadie debe ir a votar, sea cual sea su ideología, incluida la independentista. No hay que ir a votar, fundamentalmente, porque se ha cambiado la regla de juego y no se han respetado los derechos de la minoría y, por tanto, no es una votación democrática.

Habrá quien vaya a votar para ver si consigue echar a Rajoy, como movilización contra el PP. Si no es un referéndum, que sea al menos una protesta. También se equivoca. Quien quiera echar al PP que calcule bien la jugada, porque con su voto lo reforzará. Cuanto más alta sea la participación y más ánimos tenga Puigdemont para proclamar la independencia, más apoyos tendrá Rajoy en el conjunto de España, electorales sobre todo, y más los tendrá también en una Unión Europea cada vez más hostil al independentismo. El mensaje que llega desde Bruselas, Berlín y París, a través de los rotativos políticos mejor conectados con el poder, es bien claro: la UE no admitirá una declaración unilateral de independencia y serán Macron y Merkel quienes le pedirán a Rajoy que termine de una vez con el disparate, en el momento en que la economía tiene viento de cola y la UE cuenta con la oportunidad de hacer un salto hacia adelante en su integración.

Habrá quien piense en ir a votar, pensando que reforzará a Puigdemont y Junqueras para negociar una mejora del autogobierno que inevitablemente se deducirá de la votación. Craso error. Votar hoy sirve exactamente para lo contrario. Cuanta más gente participe hoy, más difícil será una buena negociación en condiciones, de la que surja una ampliación del autogobierno como desean muchos catalanes, y con mayor razón todavía si de la votación se deduce, como es lo más lógico, una declaración unilateral de independencia que pondrá en peligro directamente los actuales niveles de autogobierno y algunas competencias concretas, como seguridad, enseñanza y medios de comunicación, que han sido manoseadas y utilizadas de forma partidista por Puigdemont.

Se entiende que quien sea independentista, de toda la vida o de reciente adscripción, tenga pocas dudas sobre si debe ir a votar. Debiera al menos tenerlas si se considera demócrata, liberal y europeísta, características todas ellas incompatibles con este final tan patético del procés, en manos del rupturismo con la legalidad, entregado a las prácticas más iliberales y en dirección contraria a la construcción de una Europa unida, en paz y seguridad. La independencia a las bravas no se producirá e incluso alejará la posibilidad de que algún día se haga por caminos democráticos, liberales y europeístas.

Quedan por convencer los que dudan porque están a favor del derecho a decidir. Joan Coscubiela, en sus ya famosas intervenciones parlamentarias de los días 6 y 7 de septiembre, dio con los argumentos más claros respecto a la cuestión. Las chapuceras leyes de desconexión que han servido para convocar el referéndum erosionan el derecho a decidir y hacen mucho más difícil el referéndum legal y pactado que Coscubiela ha propugnado desde que empezó el procés.

En resumen, cada voto este domingo depositado servirá exactamente para lo contrario de lo que la propaganda ha pretendido inculcar en los ciudadanos. Hará más difícil el referéndum correcto y posible, más dificultosa la ampliación del autogobierno catalán y todavía más utópica la independencia en el marco de la Europa a la que pertenecemos.

Los únicos argumentos al final irrebatibles son los que afectan a la zona de las emociones y los sentimientos, que apelan el honor y la dignidad de Cataluña y a la humillación del pueblo catalán. Pero este tipo de apelaciones debieran suscitar las mayores sospechas porque, al no pertenecer al territorio de la razón, son los de más fácil manipulación por parte de los gobiernos.

Quien vote no lo hará convencido con la cabeza, sino con las tripas y el corazón. No es buena cosa, ciertamente, y da que pensar sobre cómo hemos podido llegar hasta aquí.

2 de octubre

Bajo la mirada del mundo

El mundo nos miraba y no le ha gustado lo que ha visto. El balance no puede ser peor para la imagen del Gobierno y como corolario de España. Rajoy ha evitado el referéndum de autodeterminación, pero el precio que ha pagado ha sido el de una severa erosión del prestigio democrático español.

Los socios europeos esperaban que hiciera lo que tenía que hacer, especialmente para evitar que la crisis catalana se convierta en crisis europea. Pero que lo hiciera bien. Tenía muchas cosas a favor: el principio de legalidad, también una solidaridad europea de principio y obligada entre socios, incluso el interés común en reforzar el camino de la unión y la integración.

El Gobierno independentista hizo su propia contribución al desprestigiarse ante los socios internacionales. Primero, con su irresponsable gestión de los atentados del 17 de agosto, convertidos en ocasión para erosionar al Gobierno en Madrid. Y luego, con la fraudulenta aprobación parlamentaria de las dos leyes iliberales de desconexión, la del referéndum y la de la transición y fundación de la república.

Con estas cartas en la mano, a Rajoy solo le faltaba paralizar el referéndum de forma que fuera aceptable y comprensible para el conjunto de España y, especialmente, para los preocupados socios europeos. El combate que debía librar, se ha visto ahora, era consigo mismo. Primero contra su laconismo. Un dirigente político es, ante todo, alguien que sabe comunicar con los ciudadanos, explicarles lo que está haciendo y hacer comprensibles sus decisiones más difíciles. No es el caso de Rajoy, que incluso cuando debe dar cuenta de jornadas tan difíciles como la de ayer, se atiene a un guion previsible e inane, sin capacidad alguna de conectar.

El segundo combate consigo mismo afecta al campo político, donde Rajoy se mueve como un presidente ausente, como si atendiera aquel viejo consejo del dictador: “Haga como yo, no se meta en política”. Rajoy la subarrienda a los abogados del Estado, a los jueces, a los fiscales, a los policías, incluso, al final a los ciudadanos, confluyendo así por pasiva en la inteligente técnica del outsourcing (externalización) de un procés, que es digital y ha confiado a los ciudadanos la realización práctica del referéndum. El resultado es la catástrofe del 1-O, en la que han sufrido físicamente los ciudadanos en manos de los policías, mientras los responsables de los delitos y los desperfectos, de uno y otro lado, se siguen enfrentando verbalmente a través de sus respectivos medios de comunicación.

Esto tampoco puede gustar fuera de España. No gustaba Puigdemont y ahora no gusta Rajoy. Y no gusta esta realidad de dos gobiernos enfrentados en una situación de doble poder, que evoca momentos prerrevolucionarios y alienta el recuerdo de los peores años de nuestra historia, cuando España se hizo triste y mundialmente célebre entre 1936 y 1939.

4 de octubre

Sobre los inconvenientes de la DUI

Quien haga la declaración de independencia será responsable del mayor daño posible que pueda hacerse a Cataluña y a los catalanes, a España y a los españoles y, de rebote, a Europa y a los europeos. El objetivo que persiguen no es la independencia, a pesar de lo que indica su nombre, porque actualmente la independencia es totalmente imposible: sin reconocimiento internacional, sin fuentes de financiación, con un pesadísimo endeudamiento, con la mitad de la población catalana en contra y sin haber atendido ni a una sola de las condiciones mínimas exigibles para el referéndum, incluida la credibilidad de su recuento, tal como exige el Consejo de Europa.

¿Qué quieren entonces los dirigentes del procés que se proponen ahora realizar un acto de tal envergadura y gravedad? Provocar la suspensión de la autonomía por el artículo 155 y la detención del president y de parte —o de todo— el Gobierno. Cargarse, en definitiva, las instituciones de autogobierno y dañar, quién sabe si de forma definitiva, el llamado régimen de 1978.

Si llegamos a este caso, no cabe la menor duda de que Cataluña se sumirá en el caos. Afectará seriamente a la economía. Provocará las desinversiones que hasta ahora no se han producido. Las empresas se descapitalizarán. Los activos inmobiliarios perderán valor. Puede que caiga el turismo, para satisfacción de quienes lo detestan.

Al sufrimiento que producirá una DUI (declaración unilateral de independencia) en los catalanes, deberá añadirse el daño que sufrirá el conjunto de España y los españoles, su economía, su imagen, su estabilidad política; algo que alegrará, sin duda, a quienes cifran su máximo objetivo en terminar con la democracia española, unos por española, pero muchos otros también por ser una democracia, naturalmente representativa y liberal.

Una buena prueba de la gravedad que revestiría una DUI es el significativo artículo publicado ayer por el exconsejero de Economía, Andreu Mas-Colell, en el diario Ara, bajo el título de “El primer día de lo que viene luego” (“El primer dia del que ve després”). Mas-Colell descalifica la DUI, con muy buenas palabras que fingen hacer lo contrario, y propone una tregua de entre uno o dos años de “suspensión activa y temporal de la unilateralidad”.

Si hay alguien que sabe de qué va esta historia es Mas-Colell, y seguro que confía en encontrar alguna salida mejor respecto al actual desastre en el plazo de un año o dos; al menos, la posibilidad de unas nuevas elecciones que no aparezcan estigmatizadas como la derrota final del procés, puesto que a estas horas ya debíamos haber dejado atrás la autonomía. “Peor que hacer una DUI sería que hiciéramos una DUI a falta de otra cosa”, dice agudamente el exconsejero.

La DUI es el final épico del procés, algo altamente valorado entre los partidarios de la independencia, tal como reconoce el insigne economista. Pero de la épica no se come y tampoco da obligatoriamente réditos políticos. Quienes quieren hacerla son como el tuerto que pierde un ojo y se queda ciego a cambio de que quien tiene los dos sanos también se quede tuerto. La DUI hará sufrir mucho a España, pero más sufrirá y perderá Cataluña. Dos adjetivos, que no dejaré de escribir, merecen quienes la propugnan: frívolos e irresponsables. Y también falsos patriotas, patriotas de hojalata, que pretendiendo salvar a la patria la hundirán en la miseria.

4 de octubre

La visita del miedo

La vieja y siniestra dama ha venido de visita. Trae encargos de todos, seamos sinceros y no nos atengamos a sectarismos: de un lado y de otro, todos le han pedido que nos haga llegar sus mensajes y obedezcamos sus designios, que significan paralizar nuestro entendimiento y nuestra voluntad.

Por un lado, el gran y monstruoso Leviatán, la arcaica bestia marina a menudo olvidada, que Hobbes adoptó como símbolo del Estado, se nos ha presentado de repente y en vivo. Y eso que aquí, el domingo, solo enseñó la uña afilada y sucia de una de sus pezuñas, probablemente la más pequeña, aunque le bastó para sembrar el dolor y la consternación solo con un rasguño. Lo explicó muy bien aquí mismo, en las páginas de El País, Cristian Segura, que la ha visto muchas veces de cerca y ha sabido dominar la ansiedad que provoca su mera visión. Saber que ya está aquí nos da toda una idea del momento político al que hemos llegado. Mejor no imaginar cómo será si se desata y nos golpea con toda la fuerza de su bestialidad.

Por otro, observamos fascinados cómo incubamos el huevo de una nueva serpiente, un pequeño Leviatán que ya quiere nacer, lejos aún del tamaño adecuado, pero ya con los mismos designios e incluso reflejos del pavor propios del original. Lo dijo claramente Carles Puigdemont el primero de julio en una reunión de alcaldes que ya entonces manifestaban su compromiso de poner las urnas este primero de octubre tan agitado.

“Damos miedo y más miedo que daremos”, dijo el presidente rebelde. Tenía toda la razón y aún se quedó corto. El miedo se ha instalado en nuestra vida cotidiana y nos impele ya a reprocharnos unos a otros, a callarnos o participar en actos y eventos de muchos tipos que la vieja dama nos va sugiriendo. Así es como la economía del miedo rige la vida política catalana desde que fue invocada por sus máximos dirigentes.

Sufrimos una incursión primera, violenta, salvaje, que nos despertó del letargo de los tiempos inocentes, cuando no había miedos ni angustias que interfirieran en nuestras decisiones y deseos. Fueron los atentados del 17 de agosto, inmediatamente aprovechados para acuñar una expresión negacionista, inventada por alguien que ya pensaba en el día siguiente. “No tenemos miedo”, gritaban los manifestantes contra el terrorismo, sin saber que preparaban así los eslóganes para encararse a la Policía española en el momento más arriesgado del procés.

La vieja dama no falla y pasea por todos lados su figura siniestra y flaca. Ha venido de visita y está claro que le gusta la ciudad y el país que ahora la acogen. La vimos el domingo, desafiada por las multitudes en los colegios electorales. La percibimos también dentro de las casas y en los despachos, en las conversaciones interrumpidas entre familiares y amigos. La masa la reclama cuando se mueve, cuando crece, al acosar a los disidentes o al enfrentarse a las fuerzas de seguridad. Nos habla con el ruido de los rotores de los helicópteros y con los gritos de la multitud, con los disparos de fogueo, las balas de goma y los gases lacrimógenos que siempre acaban saliendo cuando sobre el asfalto se libra la pelea por el poder.

Mentían quienes decían que no teníamos miedo, porque tenemos, y mucho. Decía la verdad, en cambio, el presidente Puigdemont cuando decía que daba miedo y que haría mucho más todavía. La vieja dama vino de visita y ya se ha emparejado, ahora con Puigdemont, ahora con Rajoy, los presidentes del miedo.

5 de octubre

Peor que el brexit

Hay un brexit duro y otro brexit blando o amable. Aunque en grado distinto, ambos son nocivos y tóxicos y ni siquiera es seguro que pueda llegar a buen puerto ninguno de los dos. Su negociación ha sido hasta ahora como un tobogán. Tan pronto se acelera y llena de optimismo como se estanca y oscurece hasta dibujar el peor brexit de todos, que es un final sin acuerdo, con una desconexión catastrófica, mala para Reino Unido y mala también, aunque algo menos, para los Veintisiete.

Theresa May consiguió relanzar la negociación gracias a un discurso conciliador en Florencia el pasado 22 de septiembre. Le ha durado algo más de un mes. Su ministro de Exteriores, Boris Johnson, fanático y popular apóstol del brexit heavy metal, quiere demostrar que el gabinete está dividido y que él mismo puede hacerlo mejor que May. Por eso le ha trazado unas líneas rojas en artículos de prensa y en sus celebradas intervenciones en la conferencia anual del partido conservador, hasta el punto de que Manfred Weber, el jefe del grupo del Partido Popular Europeo en el hemiciclo de Estrasburgo, el mayor de la Cámara, ha pedido su destitución si los británicos desean que las negociaciones de divorcio lleguen a buen puerto y en plazo.

Si el momento es difícil para la Unión Europea, para su Parlamento es una oportunidad. La aprovechará con el brexit, que necesita su aprobación. Y la aprovechó ayer en otra crisis, encapsulada en su país de origen, pero ahora en plena implosión internacional. Antes y mejor que los diputados de la carrera de San Jerónimo, antes y mejor que los diputados del Parc de la Ciutadella, en Estrasburgo se ha hablado de “la Constitución española, del Estado de derecho y de los derechos fundamentales en España a la luz de los acontecimientos de Cataluña”.

El brexit fue el primero de la serie. Luego llegó Trump, con sus vociferantes alegatos antieuropeos y sus simpatías por Nigel Farage, al que quería de embajador británico en Washington. No hubo el tres en raya populista, con Marine Le Pen en la presidencia de la República y la UE en crisis de destrucción, pero llega ahora la secesión catalana, recibida por la ultraderecha, Farage incluido, como muestra de que Bruselas es Moscú y la UE de los 27 una cárcel de pueblos. No es porque el secesionismo sea de ultraderecha, que no lo es. Es porque es esencialmente populismo antieuropeo, por método, por proyecto e incluso por los valores cívicos que dice defender.

“¿A quién aprovechará esta fractura?”, se ha preguntado el jefe de filas liberal, el flamenco Guy Verhofstad. “A los antieuropeos, a quienes quieren destruir nuestra unión”, ha sido su respuesta. La independencia catalana no se producirá encapsulada en la política española, y solo tendrá visos de realidad si consigue infectar a Europa y amenazar a los socios europeos con la destrucción del euro y la fragmentación de la Unión. La Comisión y los principales grupos parlamentarios han dado ya su respuesta a esta amenaza más letal que el brexit: respeto a la legalidad constitucional y diálogo político y, por supuesto, actuaciones inteligentes y proporcionadas para restaurar el orden desafiado por la rebelión.

6 de octubre

Al señor Mercados no le gusta la independencia de Cataluña

El dinero es cobarde, todos lo sabemos. Es el primero que huye cuando ve que las cosas van mal. Y esto se refleja muy bien en las bolsas, que hablan con sus oscilaciones sobre su valoración de la situación política. La primera cosa que dicen las bolsas es buena para quienes creen posible la independencia de Cataluña: el señor Mercados también se la cree y, como es cobarde, lo demuestra huyendo.

La noticia no es el traslado de las sedes centrales de empresas catalanas fuera de Cataluña. Quizás lo será en algún momento, si llega a convertirse, como es previsible, en un auténtico éxodo masivo. La noticia es la reacción de las bolsas a las decisiones de las cúpulas empresariales. En cuanto a las empresas cotizadas, después de una semana de pérdidas, las decisiones de traslado han empezado a dar ganancias. Es decir, al señor Mercados no le gusta nada la idea de una Cataluña independiente, es decir, premia la unión y castiga la secesión.

¿Qué es lo que dio plausibilidad a la idea de la independencia que se hace el señor Mercados? Pues es bien claro. La celebración del referéndum ilegal el domingo a pesar de los obstáculos con que se toparon los votantes, incluida la intervención de la Policía, y la huelga de país el martes. El Gobierno de Puigdemont demostró que controla el territorio y la población e incluso que es capaz de ejercer un cierto grado de coacción sobre los alcaldes socialistas, a quienes exigía la colaboración con el 1-O, y sobre los policías y guardias civiles que sus partidarios sitiaron en los hoteles de la costa.

Por contraste, Rajoy demostró que Cataluña se le ha escapado de las manos, al menos esta semana. La lectura bursátil es clara: los dirigentes independentistas hacen siempre lo que dicen, al contrario de lo que le pasa a Rajoy, que dice lo que después no podrá hacer. En consecuencia, como la independencia tiene credibilidad, las bolsas reaccionan.

Segundo dato importante, este contra los independentistas. Las bolsas caen porque la independencia, en lugar de ser el camino de rosas que han prometido los últimos cinco años, es un auténtico calvario. Las expectativas, que de eso se trata cuando se habla de la volatilidad del dinero, son muy malas: a una declaración unilateral de independencia solo la podrá seguir el caos y el desorden.

Tratándose de los valores bancarios, Sabadell y Caja, lo que nos dice el señor Mercados aún es más concreto y desmiente de nuevo las fantasías europeístas de la propaganda del proceso. Las acciones de los bancos catalanes cotizan a la baja cuando se quedan en Cataluña y al alza tan pronto se van. Saben que una Cataluña independiente quedaría automáticamente fuera de la Unión Europea y no quieren perder ni la liquidez del Banco Central Europeo ni el pasaporte que tienen los bancos dentro de la Unión.

Estas oscilaciones también nos dicen algo sobre el nuevo país, que será más pobre y de futuro más incierto, pero también nos dicen otra cosa del país actual. El señor Mercados, de hecho, está indignado con los que lo rigen, dispuestos a sacrificar la riqueza del país y de sus ciudadanos y a destruir su trama empresarial y bancaria, antes que bajarse del burro de su obsesión independentista. La verdad es que el señor Mercados se pone nervioso solo con oír hablar de la DUI y seguro que los días que quedan seguirá tomando decisiones que demostrarán su disgusto.

Si se diera el caso de que Puigdemont declarara de golpe la suspensión de la DUI, la reacción de las bolsas sería de euforia y quizás quedarían paralizadas muchas de estas decisiones empresariales que perjudican a Cataluña y a los catalanes. ¡Ánimo, presidente! ¡Piense más en los catalanes y menos en sus fantasías independentistas!

8 de octubre

Cambio de clima

Hay algo que ha comenzado a cambiar esta semana. Aún no acaba de cuajar ni ha sido captado tampoco por la demoscopia, pero parece claro que hay dos vectores nuevos como mínimo en el complejo campo de fuerzas desencadenado por el 1-O. Uno es el rebrote intensísimo de nacionalismo español, expresado en la inundación de banderas constitucionales en los balcones y en las manifestaciones contra la independencia en toda España e incluso en Cataluña. La otra es la aparición innovadora de una demanda cívica de soluciones a los políticos bajo la bandera de la ausencia de banderas, tal como se ha expresado en las manifestaciones este sábado ante los ayuntamientos de toda España bajo la consigna de “Parlem”, “Hablemos”.

Los catalizadores del cambio son, sin demasiadas dudas, los tres graves acontecimientos de la semana: la celebración traumática del fallido referéndum de autodeterminación, la primera “huelga de país” que ha conocido Cataluña y la estampida de las empresas catalanas ante el anuncio de la inminente declaración unilateral de independencia.

En el rebrote de españolismo hay una reacción al hartazgo de esteladas, mientras que en las manifestaciones en favor del diálogo hay una reacción al hartazgo de banderas de todo tipo. Si el primer vector es una fuerza unitarista simétrica en relación con la fuerza separadora del independentismo, con la pretensión de neutralizarlo como mínimo y si es posible vencerlo, el segundo reclama el retorno a la palabra, que es el instrumento por excelencia de la política, en lugar de la amenaza, la presión en la calle o la violencia represora. Por un lado, pues, choque de nacionalismos, y antinacionalismo, por otro. Estos dos vectores nuevos son paralelos, el primero respecto a la voluntad liquidadora de la secesión, en aplicación sobre todo del artículo 155 de la Constitución, y el segundo respecto a las iniciativas de moda estos días en Barcelona, alrededor de una mediación y de una negociación incluso entre los gobiernos de Madrid y de Barcelona.

He dicho que no hay todavía datos demoscópicos, pero sí hay intuiciones de quienes se dedican a hacer las encuestas de opinión. Y parece que la opinión española está virando respecto a Cataluña, y no precisamente en sentido negativo. Paradójicamente, en el mismo momento en que se intensifica el nacionalismo español, podría estar configurándose una mayoría de españoles dispuestos a admitir una solución “a la vasca”. También sucede lo mismo respecto a una reforma constitucional que reconozca la singularidad catalana. E incluso ya parece que habrá pronto encuestas que detectarán la aparición de una mayoría en favor de la celebración de un referéndum pactado y legal sobre el futuro de Cataluña, aunque todavía es una tendencia muy débil y minoritaria entre los votantes del PP.

A la vista de la correlación de fuerzas nuevas que se está componiendo y de la fluidez de la situación, lo más sensato será evitar decisiones precipitadas, como sería la DUI el mismo martes, o incluso tergiversadoras o tramposas, como sería una DUI en fases o diferida, que no dejaría de ser lo mismo de cara al orden constitucional que el Gobierno se ha propuesto restaurar. Hay que decir pues que DUI es DUI, del mismo modo que brexit es brexit según la sentencia ya superada de la señora May. En nuestro caso, sin embargo, no hay una DUI dura y una DUI ligera, sino que todas son duras y no admiten otra fórmula que las que ya han propuesto las dos personalidades más lúcidas y razonables del campo independentista, que son Andreu Mas-Colell y Santi Vila.

La conclusión, pues, es bien clara: si no queremos dañarnos a nosotros mismos esta semana, justo cuando el clima ha comenzado a cambiar e incluso en algunos aspectos se suaviza, necesitamos que Puigdemont y Junts pel Sí se libren de una vez de la dictadura de la CUP y paralicen la DUI. El resto son florituras.

9 de octubre

Incentivos para evitar el desastre

El suicidio es la tentación final. Cumplir a rajatabla el compromiso sin que importe el precio. Es una variante de la destrucción mutua asegurada, aunque en este caso la mayor destrucción la sufrirán Cataluña y los catalanes, que perderán la autonomía después de haber tirado a la basura su capitalidad económica. En el fondo, es una desgraciada filosofía de la acción política emparentada, aunque sea lejanamente, con el yihadismo.

Puigdemont ha dado muestras suficientes de que está dispuesto a tirarse por la ventana si da réditos a su idea de independencia. En su cálculo inicial está la idea de que solo amenazando con el arma letal última será posible obtener alguna ventaja, por pequeña que sea. Visto ahora que nada podrá obtener, solo le queda el sacrificio que sirva de siembra para el futuro, como hicieron los insurrectos irlandeses en la Pascua de 1916: quince de sus dirigentes fueron fusilados, pero tres años después ya existía el Estado independiente. En este caso, los sacrificios podrían ser la cárcel o, como mínimo, las inhabilitaciones y las multas, pero a efectos prácticos desempeñarían un papel similar.

El objetivo de la DUI, por tanto, no es obtener ahora el Estado independiente, sino producir el mayor daño posible a la economía española y obtener una represión generalizada que haga más honda la herida y más evidente la humillación de los independentistas hasta generar una reacción e incluso una ampliación de la base de sus seguidores. El inconveniente de este paso tan arriesgado es que significa perder las instituciones de autogobierno y corre el peligro de encontrarse con una reacción de signo contrario, del estilo de lo que sucedió en Francia después de la revuelta de Mayo de 1968, con sus correspondientes efectos electorales adversos.

Quienes desean un victoria absoluta sobre el independentismo preferirán incluso este escenario, que da la oportunidad de liquidar al nacionalismo catalán para una generación, aunque a su vez contiene sus riesgos, como puede ser dejar una siembra de resentimiento entre los más jóvenes, con la eventualidad de que llegue a reflejarse en el reforzamiento de los comportamientos antidemocráticos e incluso violentos.

Los partidarios del suicidio se están encontrando en las últimas horas con la resistencia de quienes promueven una tregua o un alto el fuego (Andreu Mas-Colell, Santi Vila, Toni Castells), porque valoran el mantenimiento de las actuales instituciones de autogobierno, temen la falta de apoyos exteriores y consideran que el movimiento necesita todavía reforzarse y ampliar su base. La estampida empresarial ha reforzado esta posición, aunque no ha hecho mella en los revolucionarios de la CUP, ni siquiera en parte de los economistas indiburgueses, partidarios de convertir a Cataluña en un paraíso fiscal fuera del euro y de la UE. Pero, de otra parte, la multitudinaria manifestación de la sociedad civil contra la independencia, aunque ha alertado a los moderados, probablemente ha reforzado a los más radicales.

Cabe imaginar el grado de tensión interior en el núcleo dirigente del procés, oscilando entre el suicidio y una rendición más o menos maquillada. No sirven las opciones intermedias, como una supuesta DUI blanda, diferida o meramente aplazada, porque a estas alturas Rajoy se la tomará exactamente igual que una DUI dura. Ante este callejón sin salida, quienes pretenden actuar como mediadores o facilitadores del diálogo están pensando en la búsqueda de algún incentivo para que Puigdemont renuncie a la DUI.

La posición de Ada Colau lo expresa de forma explícita: ni DUI ni artículo 155. Puigdemont debe comprometerse a retirar la DUI y Rajoy a no aplicar el artículo excepcional de la Constitución para intervenir la autonomía catalana. Tiene un inconveniente, y es que Rajoy no ha aplicado el 155 y tampoco ha manifestado intención alguna de hacerlo, pero es dudoso que pueda comprometerse a no aplicarlo sin la retirada previa de la DUI. Si acaso, podrían hacerlo simultáneamente: uno, Puigdemont, entregar la única arma de disuasión que le queda, que es la DUI, y el otro, convertir en un compromiso su línea de renunciar al artículo 155.

Hay que reconocer que es muy difícil encontrar incentivos para que un chantajista suelte el arma de su chantaje, a pesar de que esté dirigida fundamentalmente a su propia cabeza. El problema, entonces, es encontrar un incentivo para que Puigdemont abandone la DUI sin que el precio sea moral y jurídicamente inaceptable. Esta es la cuestión que deberá ocuparnos en las horas que quedan antes del desastre.

10 de octubre

Balance de la destrucción

No ha terminado todavía. Y puede alcanzar lo que aún no hemos conocido: lo irreparable. Pero la destrucción ya ha empezado. De hecho, empezó hace tiempo, desde que unos dirigentes irresponsables y frívolos decidieron torcer el camino civilizado y liberal, democrático y pragmático, que había emprendido Cataluña desde que empezó a salir de la larga noche del silencio franquista.

El balance a estas horas ya es estremecedor. La capitalidad económica de Barcelona está arruinada. Su prestigio internacional, en entredicho. Su futuro aparece ya hipotecado. El poder y la influencia de Cataluña han entrado en la pendiente, empujada por los mismos que prometían conseguirlo todo y nos están dejando en nada. Más provincia que nunca, repartiendo las sedes de sus empresas por España, gracias a los pésimos oficios de quienes querían convertirla en república independiente.

Y lo que es peor, la revolución de las sonrisas, que decía admirar al mundo cuando solo se admiraba a sí misma en rituales ejercicios de narcisismo y de petulancia, se ha convertido en una revolución hosca y siniestra que todo lo devora antes de devorar a sus hijos, como dicta la propia naturaleza de este tipo de fenómenos. Devoró el sistema de partidos, uno detrás de otro; devoró biografías políticas de primer plano para sustituirlas por el reinado de la mediocridad y la impericia; ha devorado incluso las instituciones, instrumentalizadas y liquidadas en su prestigio y en su función, la última de todas nuestro cuerpo de policía, los Mossos d’Esquadra.

Los cuentos surgidos de una mitología autocomplaciente hablaban de un solo pueblo, de la concordia entre lenguas y culturas y de la armonía entre amigos y familias. Todo se ha perdido. Todo ha quedado dañado. Dos pueblos donde pretendían que había uno solo. Dos resentimientos que se retroalimentan. Con los instintos balcánicos instalados en nuestros pueblos y ciudades.

La sociedad entera, las empresas, las familias, la cultura, los medios de comunicación, las amistades, todos obligados a tomar partido: o con unos o con otros, soberanistas o unionistas, ahormados en la siniestra división que inventaron los padres ideológicos de este artefacto diabólico llamado procés. Las recientes manifestaciones han demostrado que contamos con dos masas soberbias, temibles, en expansión y capaces de ocupar las ciudades, listas para el choque civil.

Todo lo que se ha construido desde los años sesenta, en feliz armonía de ideologías, lenguas, culturas e identidades, cuelga ahora de un hilo. La Cataluña real, la Cataluña feliz y libre, rica y plena que hemos conocido, la mejor Cataluña de nuestra historia compartida con el resto de los españoles, se halla en peligro de muerte; mientras que esa Cataluña imaginaria e inventada de los dirigentes procesistas muestra ya sin descaro su auténtica faz antieuropea e iliberal, más próxima a Kosovo que a Dinamarca, a Osetia o Transnistria que a Suiza o Irlanda, dispuesta a dar sus zarpazos letales sobre la democracia española a la que detesta.

Proclamar una república catalana en las actuales condiciones, sea en directo o en diferido, con elecciones o sin ellas, en una versión dura o en otra blanda, es un acto irresponsable e inmoral, basado en un plebiscito sin garantía alguna, que no cuenta ni con legitimidad ni con apoyo legal, sin mayoría electoral ni social, sin apoyos de los gobiernos europeos e internacionales, ni siquiera el beneplácito del Vaticano, y con las únicas complicidades más o menos explícitas de regímenes como el de Maduro y de personalidades turbulentas como Julian Assange o Edward Snowden.

El único clavo ardiente de legitimación al que se agarran los dirigentes de esta revolución antieuropea son las torpes y condenables cargas de la Policía en la jornada del falso referéndum del 1-O, cuando el erróneo criterio del Gobierno, especialmente de la Fiscalía y del Ministerio del Interior, convirtió a los alcaldes, a los ciudadanos e igualmente a los policías y guardias civiles en los escudos humanos bajo los que se escondieron los dos gobiernos políticamente enfrentados.

Hoy es el día de decir basta a todo esto. De la decisión que tomará el máximo responsable político y moral del desastre en ciernes depende el futuro de todos nosotros, del pueblo catalán que tanto invocan quienes lo han conducido al precipicio, del conjunto de los españoles y también de los europeos. Pasamos en estos momentos la enorme vergüenza de constatar como Cataluña se ha convertido ya en un problema para Europa, después de haber desempeñado un papel brillante y creativo que había admirado al mundo.

“El nacionalismo es la guerra”, dijo François Mitterrand en el Parlamento de Estrasburgo en un discurso testamentario en 1995. El nacionalismo pertenece al territorio de las pasiones oscuras de Europa, según ha señalado el presidente Macron.

Señor Puigdemont, muy honorable presidente constitucional que fue de la Generalitat de Catalunya, usted ya es el responsable del enorme daño hecho a Cataluña hasta hoy, pero todavía está a tiempo de hacer honor a sus títulos y a su responsabilidad para sus conciudadanos y evitar el paso trágico que dice estar dispuesto a dar.

11 de octubre

Independencia mediopensionista

Declarar la independencia y a la vez suspender sus efectos. Esta es la extraña fórmula para la culminación del procés. Una declaración que ni siquiera es una proclamación y que rehúye la palabra “unilateral” elegida por los propios independentistas cuando empezaron esta historia. He ahí una DUI que es auténtica, pero que, sin embargo, no es tal declaración, esconde que sea unilateral y solo exhibe la independencia como un derecho ganado en la jornada del primero de octubre, gracias a la astucia de los organizadores, a la movilización ciudadana y a las magulladuras recibidas durante una intervención policial de una torpeza política inexplicable.

Al final, tanta confusión exige dos aclaraciones. La primera, sobre la validez del plebiscito del 1-O. La segunda, sobre las leyes que han permitido celebrarlo y han organizado su aplicación. Puigdemont reivindicó la jornada de votaciones e incluso la legitimidad de los resultados y solo dejó entender que la ley de transitoriedad y de fundación de la república no empezarán a aplicarse, no se sabe muy bien durante cuánto tiempo. Poco convincente, de cara al Gobierno español e internacionalmente y, sobre todo, de cara a los catalanes que se han visto marginados del proceso independentista y han sufrido ya los efectos de la fuga hacia delante de las últimas semanas.

La retórica del diálogo con que Puigdemont adornó su discurso no convierte al 1-O en un referéndum con garantías, ni a sus resultados en homologables y aceptables, ni a las leyes de desconexión iliberales e inconstitucionales en un marco legal constitucional y legítimo. Sustituir las palabras, “diálogo” en vez de “unilateralidad”, tiene su sentido, pero ninguna credibilidad después de los niveles de tensión y de división que ha sufrido la sociedad catalana, con la estampida empresarial y con la pérdida de la capitalidad económica de Barcelona.

Para que no se entienda el acto de ayer como una DUI con voluntad suspensiva, Puigdemont debe reconocer que no hubo referéndum y dejar sin validez las leyes tramitadas los días 6 y 7 de septiembre. Esta sería la auténtica mediación que ahora tanto busca, pero no con agentes internacionales, ni siquiera con otros del resto de España, sino con los catalanes excluidos y amedrentados por la cabalgada independentista, representados por la mitad vacía del hemiciclo los días 6 y 7 de septiembre.

Este será el regreso a la normalidad constitucional, la única base para el regreso a la conversación civil, al diálogo político y a la perspectiva del pacto que permita la recuperación del consenso constitucional. No hay independencias mediopensionistas, como no hay medios embarazos. La oferta de diálogo tiene una única virtud, y es que todavía permite una aclaración definitiva que recupere la confianza de los ciudadanos, de los mercados y de las empresas. Esto significa renunciar a esta DUI que quiere disimular que es una DUI. La única ventaja de esta DUI disimulada es que es una ostensible renuncia a la solemnidad que la CUP exigía y no ha obtenido. Es muy poco. Es insuficiente. No basta.

12 de octubre

Europa respira

Durante unos pocos días Cataluña ha sido el mayor dolor de cabeza de la Unión Europea. Tras cinco años sin atención internacional, al fin el conflicto entre Barcelona y Madrid ha emergido como un problema europeo de un potencial destructivo mayor incluso que el brexit. Esto es lo que querían los dirigentes del procés, pero justo cuando se asomaban al abismo han tomado conciencia del desperfecto que estaban punto de perpetrar, no en España, como desea parte del secesionismo, sino en el proyecto de integración europea, que es la idea política más preciosa y civilizada imaginada por la humanidad en toda su historia.

Europa no se podía permitir una secesión insurreccional que infectara el continente en la zona de máxima estabilidad de sus fronteras. De ahí la contundencia de los mensajes dirigidos a Puigdemont respecto al Estado de derecho y al cumplimiento de los deberes constitucionales. Retirar la declaración unilateral de independencia (DUI), invalidar el plebiscito del 1-O y dar por no aprobadas las leyes de desconexión son requisitos para el regreso a la normalidad democrática y a la posibilidad de un diálogo sobre el futuro de Cataluña. No ha sido Rajoy quien se lo ha dicho a Puigdemont, sino Europa entera.

Solo faltaba que el independentismo catalán evocara el caso de Eslovenia, como modelo de una secesión a plazos, a partir de un referéndum con mediación europea final. Era mentar la bicha. Los 74 muertos y 300 heridos de la guerra de diez días entre serbios y eslovenos fueron solo el aperitivo de las guerras yugoslavas (diez años, 130.000 muertos, cuatro millones de desplazados), que nos recordaron el pasado de sangre y fuego del que venimos.

Hay un balance de daños que ya pesa gravemente sobre los catalanes. Cataluña tiene hoy menos poder efectivo, económico, sobre todo, pero también político y de influencia. Sin entrar en el desprestigio de sus instituciones, especialmente de la presidencia, tras culminar los cinco años de desgobierno con una falsa declaración de independencia, una auténtica exhibición de fake news capaz de alejar por una larga temporada la atención de la opinión internacional después de mantenerla en vilo durante las últimas semanas.

Esto se ha acabado. La gloria de Puigdemont ha durado ocho segundos, entre la frase en que asume los resultados del plebiscito y la siguiente, en que declara la suspensión de la independencia que no llegó a nacer. Este instante es el tiempo de vida de la república y de Puigdemont como su jefe de Estado. El fruto más precioso de esta aventura es que el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, se le dirigiera directamente para conminarle a eludir el paso irreversible que iba a dar y no dio. Hemos transgredido la prohibición de Tarradellas: sobre todo, no hagamos el ridículo.

Ahora Europa solo espera una cosa, no de Puigdemont, sino de Rajoy. Que lo haga bien. Que no se equivoque. Que no humille a nadie. Que regrese con los catalanes de la mano al método europeo por excelencia, que es el del diálogo, la negociación y el pacto.

13 de octubre

Estamos todavía a tiempo

Sí, todavía estamos a tiempo. Puigdemont todavía está a tiempo. Junts pel Sí aún está a tiempo.

¿A tiempo de qué? De detener la catástrofe que comenzó los días 6 y 7 de septiembre y se desató virulentamente a partir del primero de octubre.

De lo que ya no estamos a tiempo es de evitar las heridas profundísimas que se han producido. Como máximo estamos a tiempo de curarlas.

El daño a la economía catalana, al prestigio de su capital y del país, la pérdida de poder y de influencia en España y en el mundo, la fractura profundísima provocada en la sociedad, el surgimiento de pulsiones nacionalistas enfrentadas, todo esto ya no tiene remedio, solo requiere espíritu de pacificación y de reconciliación y mucha paciencia.

Pero hay tres cosas que todavía se pueden enmendar o, al menos, detener, y estas son la hemorragia de empresas, de capitales y de inversiones que aún sigue y seguirá hasta que no haya una señal fuerte de estabilidad; el horizonte de un autogobierno descabezado o paralizado por la aplicación del artículo 155 de la Constitución; y, finalmente, la expectativa para cientos de personas, cargos públicos o funcionarios, de verse condenadas por los tribunales, multadas o inhabilitadas.

Los partidarios de que cuanto peor, mejor, que son los auténticos responsables de habernos llevado hasta donde estamos ahora, quieren también ir aún más lejos y seguir haciendo daño a Cataluña y a los catalanes. Carles Puigdemont debe decir “prou”, “basta”, a la vista de que las ambiciones tan altas que se proponía están desembocado en una Cataluña real cada vez más pequeña, cada día más pobre, cada hora que pasa más débil y, para colmo, más dividida y herida.

Y eso lo tiene que hacer cuanto antes. No tiene que esperar al lunes para responder al requerimiento de Rajoy y decirle que no ha habido declaración de independencia. Tampoco tiene que esperar al próximo jueves, cuando vence el plazo para empezar a aplicar el artículo 155, para decir que corrige el error cometido. Debe decir basta ahora y lo tiene que hacer por Cataluña, para dar la señal de que la economía vuelve a ser fiable, para evitar que la aplicación del artículo 155 nos deje sin competencias fundamentales para el autogobierno de todos y también para no hacer más daño a las personas que han encabezado y protagonizado este desgraciado procés, de forma que no se les añadan sufrimientos personales al sufrimiento que ya significa su derrota política.

El patriotismo catalanista exige hacerlo y hacerlo lo antes posible. Este viernes, mejor que el lunes. Cualquier otra decisión significa alargar la agonía y profundizar en el daño que se está causando. El único diálogo que puede haber es sobre estas cuestiones: para limitar los daños, para preservar el autogobierno y para minimizar las consecuencias inevitables de las vulneraciones de la legalidad.

Y una vez hecho esto, que en buena lógica significará la ruptura de la frágil mayoría sustentada en los escaños de la CUP, solo queda una opción. Disolver esta legislatura nefasta e ir a unas elecciones catalanas tan pronto como sea posible.

15 de octubre

¿Qué hacemos con el independentista accidental?

Tengo un amigo independentista que no fue a votar el 1-O. Me lo confesó a los pocos días. No fue por una cuestión moral. Es jurista de profesión y le repugna la idea de que un Gobierno legalmente constituido vulnere la legalidad y la Constitución. Mi amigo quisiera poder votar en un referéndum legal y pactado, pero no es seguro ni siquiera que en tal referéndum votara por la independencia. ¡Ah! Entonces no es independentista, me dirán los que fueron a votar el 1-O y los que siempre votarán independencia en cualquier referéndum en que se les formule la pregunta sobre la cuestión.

Tienen razón. Mi amigo no es un independentista de verdad. Y él, que lo sabe, asegura que su independentismo es instrumental. Es decir, reivindica la independencia para conseguir mayor y mejor autogobierno para Cataluña. ¡Ah! Entonces es un independentista, me dirán otros amigos que tengo en Madrid, que consideran cualquier cambio en el actual estatus quo una concesión a la deslealtad independentista.

Puede ser. En todo caso, el independentista accidental, que no fue a votar el 1-O, merece alguna consideración, porque me temo que en la parte de la población catalana que se encuentra en esta posición, quizás entre un 20 o un 30 por ciento, está la clave de las mayorías actuales y futuras. Ante todo, porque acredita algo que no todos los independentistas pueden acreditar. Es demócrata y liberal, partidario del Estado de derecho y del respeto a la Constitución, europeísta de verdad. Si todos los independentistas fueran accidentales, el procés habría tomado otros derroteros y no se habría convertido en la trituradora de partidos, instituciones, relaciones y personas que es ahora.

El independentista accidental considera que lo más importante son las personas. Las personas antes que la independencia. No puede estar de acuerdo, por tanto, en el uso perverso del lenguaje que han utilizado los dirigentes del procés para separar la sociedad catalana entre un nosotros y un vosotros excluyentes y divisivos que conducen directamente al conflicto civil. Tampoco puede estar de acuerdo en convertir a la gente en la única garantía de la celebración de un referéndum sin cobertura legal que no tenía garantía alguna. Menos todavía puede estar de acuerdo con que a la gente que fue a votar pensando que tenía garantías se la tratara como si fueran delincuentes porque pretendían introducir una papeleta en una urna.

El independentista accidental también considera que los valores democráticos son más importantes que la independencia. Ni se le ocurriría, como sí es el caso de otros independentistas que yo me sé, imaginar una independencia autoritaria, sea de derechas o de izquierdas, sea como la que quería Estat Català en los años treinta, próxima a los fascismos, sea como la que quiere la CUP en el siglo XXI, próxima a la Venezuela de Maduro.

Lo que mejor resume la posición del independentista accidental es que sitúa a Cataluña por encima de la independencia. Todo es cuestión de jerarquía de ideas, y una cosa y otra son al fin y al cabo meras ideas. Para el independentista accidental, la Cataluña real que hay que hacer independiente son los catalanes y su futuro, mientras que para el independentista, digamos, fundamentalista, la Cataluña real está formada por la mitad de los catalanes que participan de la comunidad imaginaria representada en la historia, es decir, los catalanes muertos y sus descendientes vivos de hoy.

El independentista auténtico, fundamentalista, radical, prefiere una Cataluña inventada, imaginada e imaginaria, pero independiente, antes que la Cataluña real, posible, viva que tenemos actualmente. Para que su sueño se haga realidad, tendrá que poner a Cataluña y a los catalanes, la democracia y las libertades, al servicio exclusivo de la independencia, y esto solo se consigue con métodos ciertamente desagradables.

El independentista accidental pone la independencia al servicio de Cataluña, no Cataluña al servicio de la independencia. De ahí que sea muy escasa la diferencia que separa al independentista accidental del autonomista accidental. Esta línea es fácil de cruzar y la hemos cruzado muchas veces en la historia de Cataluña, y especialmente en los últimos cuarenta años. Eso es lo que quiere hacer ahora el independentista accidental, encontrar el acuerdo con el conjunto de los españoles que permita poner el autogobierno catalán constitucional al servicio de Cataluña, de los catalanes; es decir, convertirse en autonomista accidental y a ser posible en autonomista definitivo, porque al fin Cataluña ha conseguido establecer una relación estable y satisfactoria con el conjunto de España.

No es fácil. No le ayudarán ni el independentismo fundamentalista ni el unionismo fundamentalista. Los fundamentalistas no ayudan nunca, porque son los que ponen su idea nacional, independencia catalana, unidad española, por encima de los valores democráticos y de las personas. Ahora el peligro es claro, la alarma está sonando. Los fundamentalistas cabalgan. Quieren destruir el autogobierno de Cataluña y el Estatut, quieren cargarse la democracia española —unos por democracia, otros por española y los peores de todos por ambas cosas—, quieren derogar la mejor Constitución que hemos tenido los catalanes y los españoles en toda nuestra historia y están dispuestos a que lo paguen las personas, la gente, el pueblo, dicen.

Si nadie pone remedio, la semana próxima pueden triunfar. Unos quieren una dictadura desatada que al fin justifique su cabalgada ciega y otros quieren una dictadura ciega que permita terminar con la desleal cabalgada. Debiéramos impedírselo y no hay mejor manera de hacerlo que dejar de lado la DUI y celebrar unas elecciones anticipadas para votar masivamente, no entre un sí y un no, sino entre todas las opciones políticas que se presenten. Señor Puigdemont, disuelva, por favor, y váyase.

18 de octubre

Políticos presos

En España hay políticos presos y, más concretamente, dos políticos catalanes que están presos. ¿Están presos por sus ideas y son, por tanto, presos de conciencia? No parece que sea este el caso, según se lee en el auto de la jueza de la Audiencia Nacional que dictó la prisión incondicional acusando de sedición a Jordi Sánchez y Jordi Cuixart.

En España hay ahora dos políticos presos y hubo hace unos días, después del 20 de septiembre, algunos altos funcionarios del Departamento de Economía y Hacienda de la Generalitat, catorce concretamente, que estuvieron detenidos y a disposición del juez durante unas horas, acusados de prevaricación, malversación y desobediencia.

¿Unos y otros son presos políticos como han asegurado las máximas autoridades catalanas y se han ocupado en difundir sus abundantes medios propagandísticos? Es dudoso, a pesar de la facilidad propagandística con que puede cambiarse el orden de las palabras para convertir a los políticos catalanes presos en presos políticos catalanes.

Este juego semántico es uno de los trucos esenciales del procés. Consiste en confundir las libertades políticas de expresión, manifestación y reunión con las acciones políticas con efectos prácticos que realizan las instituciones o los individuos. Es como si los actores independentistas jugaran en un circo de dos pistas, una en la que se trata únicamente de manifestar sus deseos, anhelos y pensamientos, lógicamente protegidos por las libertades fundamentales constitucionales, y otra en la que las expresiones verbales o escritas se convierten en actos con efectos legales vinculantes y conminativos para el resto de los ciudadanos, que también en buena lógica se hallan vigilados por los tribunales para su adaptación a la Constitución.

Así es como la presidenta o la mesa del Parlamento se acogen a la libertad de expresión para defenderse cuando toman decisiones para aprobar leyes que conducirán a un referéndum y a la secesión catalana, pero en caso de que nadie impugne sus actos parlamentarios, como ha hecho el Tribunal Constitucional, nadie duda de que tendrán resultados y desembocarán en pasos decisivos hacia la independencia.

Lo mismo sucede con los políticos presos. La autoridad judicial no se ha interesado por sus ideas o por sus manifestaciones públicas. De hecho, si algo hay en el momento político español actual es una sobreabundancia de declaraciones públicas y de expresiones a veces muy vehementes de ideas, deseos, proyectos e intenciones. No estamos faltos en absoluto de libertad de expresión. El interés de la justicia ha sido por las acciones presuntamente delictivas de estos políticos y funcionarios presos o detenidos por unas horas.

Se entiende perfectamente que quienes los apoyan en sus actividades y en sus propósitos los defiendan. Si no lo hacen ellos, ¿quién lo hará? Pero que no los defiendan por motivos falsos es lo mínimo que se puede pedir. Y la única defensa que cabe y que también merecen es como personas que quieren subvertir el orden legal establecido, es decir, para decirlo con palabras antiguas y fuertes, como revolucionarios.

Hannah Arendt hace una inteligente distinción entre desobediencia civil y revolución que viene como anillo al dedo para poner un poco de orden en las ideas sobre este movimiento que se presenta como pacifista, inocente y feliz en sus buenos propósitos y en sus benévolos objetivos. “Quien practica la desobediencia civil —dice la filósofa— acepta, mientras que el revolucionario rechaza, el marco de la autoridad establecida y la legitimidad general del sistema de leyes”.

El desobediente civil, que se acoge a la Constitución para ver protegidos sus derechos, sí puede convertirse en un preso político cuando la autoridad le detiene y encarcela precisamente por actuar en defensa de la legalidad, como hizo Rosa Parks en 1955 cuando vulneró una legislación del Estado de Alabama discriminatoria con la población de color con el objetivo de obtener la protección de la Constitución de Estados Unidos. Lo que defiende el desobediente civil es el ejercicio de una libertad constitucional, limitada precisamente por la ley de rango inferior democráticamente aprobada de un Estado.

El revolucionario, en cambio, vulnera la ley para subvertir la ley y cambiarla por otra, la suya, y en el caso de la secesión catalana, intenta forzar la creación de un demos catalán que anule y se apodere del demos español en Cataluña hasta conseguir el surgimiento de una soberanía propia efectiva y la consiguiente secesión de España. Difícil acogerse, por tanto, a la idea de desobediencia civil o a la de libre expresión de las ideas, dos de los casos invocados por los militantes del procés.

¿Los revolucionarios presos son presos políticos? No lo son si se entiende como lo entendemos en España, donde pesa muy lógicamente la memoria viva del franquismo, cuando no había Estado de derecho como ahora, sino meramente un Estado autocrático con derecho, es decir, con leyes o decretos leyes aprobados antidemocráticamente y sin atender a la división de poderes.

El problema con el franquismo es que ahora estamos en una ceremonia de la confusión que pretende hacerlo revivir como si fuera una etapa no superada de nuestra historia. Con las actividades clandestinas de quienes organizaron astutamente el 1-O y con las magulladuras recibidas en los colegios electorales por las brutales cargas de la Policía, una parte de la población catalana ha tenido la oportunidad de vivir de nuevo en sus cabezas, como si estuvieran en los años setenta, aquella lucha antifranquista en la que la mayoría no participó. Y con los políticos presos tiene ahora la oportunidad de reconstruir también la victimización de los héroes del procés como si fueran luchadores por la democracia y contra Franco.

Hay que decir que son políticos presos y no presos políticos, puesto que no los hay en propiedad en un Estado de derecho constitucional y democrático. Pero sí son políticos revolucionarios presos. Presos en razón de que pretendían anular el orden legal constituido y crear uno nuevo y arriesgaban por ello que les pasara lo que les está pasando. También estaría bien que ahora no se hicieran los despistados. No hacían desobediencia civil ni estaban ejerciendo la libertad de expresión o de manifestación.

Ellos hacen bien en presentarse como víctimas de la supuesta vulneración de las libertades públicas protegidas por la Constitución, pero el Gobierno, cuyo poder en Cataluña están desafiando, hace muy mal al explicar de forma tan torpe por qué la justicia los detiene. Lo hace tan mal el Gobierno que en el fondo se merece que le restrieguen por la cara la existencia de presos políticos, porque son presos fabricados por la política o, lo que es peor, por la ausencia de política, especialmente por parte de Mariano Rajoy. Que nadie se extrañe, por tanto, del éxito de la operación propagandística en curso.

21 de octubre

La gran mentira

Después de la gran vergüenza, la del pujolismo, ahora estamos sufriendo de lleno y crudamente la gran mentira, la del proceso independentista. La gran mentira ha llegado justo después de la gran vergüenza y, en sentido estricto, también es la continuación. El economista Francisco Trillas acierta cuando dice que el independentismo es la fase superior del pujolismo (La Hora, 11 de agosto de 2017). Incluso se diría que sin la gran vergüenza de la corrupción pujolista no se hubiera podido organizar la gran mentira del independentismo.

Las pruebas de la gran mentira van llegando, ahora con más rapidez que lentitud, como ha ido pasando también con la corrupción del pujolismo, el tres por ciento y el caso Palau. Los actores de la gran mentira, empezando por el insurgente en jefe Artur Mas y siguiendo por la indiburgesia (burguesía independentista hecha al abrigo del pujolismo como la boliburgesia se ha hecho al amparo del chavismo), son las señales más sólidas de la continuidad entre las dos grandezas, la fundacional de la vergüenza y la crepuscular de la mentira.

La presidencia de Mas se cocinó en los fogones de Marta Ferrusola, fruto del consenso dentro del núcleo duro familiar y del partido (el “pinyol”). Y el enriquecimiento del entorno de familiares y de amistades y asistentes salió del control del Diario Oficial de la Generalidad, con las concesiones, contrataciones y servicios derivados de una Administración creada de nueva planta y de crecimiento exponencial en sus treinta años de absoluto control político, a excepción de los siete años de travesía del desierto.

Entre las dos grandezas no hay diferencias morales. Patriotismo y enriquecimiento van asociados en esta historia. Los impuestos son buenos sobre todo cuando los pagan los demás. Todo está permitido al servicio de la nación, incluso la comisión del tres por ciento, una parte para el partido y la otra para asegurarse el futuro. No hablemos ya de la colocación de hijos, familiares lejanos y amigos.

Lo mismo ocurre con la justicia: solo es independiente cuando va a favor. De lo contrario, está manipulada por el Gobierno del Estado. El pujolismo lo organizó muy bien, desde el caso Banca Catalana, cuando denunció la acusación de la Fiscalía contra Jordi Pujol como “una jugada indigna” del Gobierno socialista y azuzó las masas y su televisión TV3 contra el PSC. No muy distinto del acoso a los guardias civiles que registraron el 20 de septiembre la Conselleria de Economía con un mandato judicial por malversación, prevaricación y desobediencia en relación con el 1-O y no cumpliendo órdenes del Gobierno de Madrid.

Nada se entendería de la pasión por separar legitimidad y legalidad si no hubiera una larga tradición de transgresión de la ley en una confusión entre intereses públicos, nacionales, e intereses privados y familiares, fácilmente corruptibles o directamente corruptos. Quienes ya tienen la costumbre de saltarse las leyes para evadir los impuestos se ven así gratamente estimulados a saltarse la ley para hacerle la cama al Estado opresor y conseguir la independencia o, como mínimo, una ampliación del poder que ya tienen.

La gran mentira es también la tapadera de la gran vergüenza. Esta es otra y bien relevante continuidad política bajo la que asoma la relación tan provechosa como vergonzante entre Convergencia y el Partido Popular. Es la tapadera de la alianza sagrada entre burguesías corruptas, que se escenificó en el Pacto del Majestic, y es la tapadera de las políticas de recortes compartidas que estallan con las protestas del 15-M, y de las que Artur Mas se quiere librar a la brava con su repentino giro soberanista.

La deconstrucción de la gran mentira no ha comenzado hasta muy avanzado el proceso. Destacan algunas aportaciones periodísticas, como la que hicieron Xavier Vidal-Folch y José Ignacio Torreblanca en este diario (“Mitos y falsedades del independentismo”) o el libro conjunto de Josep Borrell y Joan Llorach (Las cuentas y los cuentos de la independencia). Pero, en buena parte, la deconstrucción se ha hecho casi sola, prácticamente sin que el Gobierno español, tan acostumbrado al buen entendimiento con los nacionalistas, haya hecho nada para desmontarla.

Ahora, al final del trayecto, se ha visto la envergadura de las falsificaciones que habían acompañado a la propuesta de independencia. Casi todo era mentira, pero basta con elegir tres ejemplos capitales de cómo la realidad ha desmentido las fantasías del independentismo: ya hemos visto que nunca habrá Estado propio dentro de una Europa que está plenamente identificada con el socio que es España, que la Cataluña independiente sin banca ni grandes empresas difícilmente será el país próspero y líder que nos dibujaron, y que ahora tenemos una Cataluña dividida y cuarteada en lugar de aquella unidad del pueblo catalán en pos del objetivo patriótico de la plena soberanía que nos habían predicado.

La gran mentira tiene una facilidad reproductiva prodigiosa, como lo demuestra la última fabricación a la que se agarra el independentismo como último recurso argumental. De acuerdo, nos reconocen en contra de lo que nos habían dicho hasta ahora, no estaremos en Europa, seremos más pobres y estamos divididos, pero se nos ha de admitir que somos las víctimas de un combate desigual en el que nuevamente Cataluña es atacada por las reminiscencias de la dictadura franquista.

La munición para esta última mentira ha venido de fuera, como siempre, y la ha proporcionado el Gobierno del PP con su torpe actuación: primero, las órdenes de la Fiscalía para interrogar preventivamente a setecientos alcaldes por si querían poner las urnas en sus ayuntamientos; luego, la intervención desproporcionada e inútil de la fuerza pública para evitar el “delito” de depositar un voto en la urna; y, finalmente, la prisión incondicional para los dos Jordis como sospechosos de sedición.

El resultado, ciertamente espantoso, es que una parte de la población catalana ha vivido estas semanas como una recuperación del antifranquismo, que les ha permitido experimentar la clandestinidad de la organización del plebiscito del 1-O y la represión por parte de la Policía, mientras que el resto de los ciudadanos se han convertido en sospechosos de complicidad con esta “dictadura ficticia”, añadiendo un motivo más de división y de hostilidad entre catalanes en función de sus ideas.

Un periodista de TV3, por ejemplo, se ha permitido publicar en el diario Ara una lista de intelectuales y escritores amigos de su familia —todos ellos en lengua castellana— a los que acusa, sin pruebas, de haber callado ante de la actuación de la Policía el 1-O, fundamentalmente porque han osado explicar su posición contraria a la independencia.

Lo mismo ha hecho el exrector de la Universidad de Girona, Josep Maria Nadal, de nuevo a las páginas del diario Ara, que, sin aportar prueba alguna, ha acusado nada menos que de complicidad con la Policía española al escritor Javier Cercas, al que señala como si hubiera “justificado la actuación del 1 de octubre”, lo que ha desmentido el escritor gerundense en una carta al mismo diario.

El espíritu de delación y de venganza se está instalando entre las filas de un cierto independentismo, sobre todo a medida que se acerca el final y se pincha la burbuja de la gran mentira. De hecho, es el final lógico de una aventura política que comenzó dividiendo a los catalanes entre soberanistas y unionistas, nosotros y vosotros, buenos catalanes y catalanes malos, en definitiva.

Entre los delatores y confidentes que se dedican a estas tareas sucias, destaca por su persistencia y dedicación algún comisario político que ya censura anticipadamente a los catalanes que no se opongan al artículo 155 como si fueran los equivalentes de los franceses colaboracionistas con el nazismo, señalados como la Cataluña de Vichy.

Esto es Cataluña, pero lo que nos está pasando pertenece directamente al mundo de las fake news que llevaron a la victoria del brexit al referéndum y de Trump en las elecciones americanas. Aquí nos está llevando a unas experiencias de enfrentamiento civil realmente inquietantes, que deberían hacer reflexionar a quienes las protagonizan, no por lo que significan ahora mismo, sino, sobre todo, por el mensaje balcánico que contienen y que puede fructificar dolorosamente en un futuro inmediato.

21 de octubre

Seguimos estando a tiempo

A pesar de todo, todavía queda margen. La destitución del Gobierno catalán entero y la limitación de funciones del Parlament de Catalunya no serán efectivos hasta que no las apruebe el pleno del Senado a finales de la semana próxima. Cuando suceda, las dos máximas instituciones del autogobierno catalán quedarán en manos del Gobierno central. No se tocan de momento las competencias autonómicas, pero se hace algo mucho más drástico y efectivo, como es asumir desde Madrid los poderes catalanes.

Mientras tanto, el todavía presidente de la Generalitat tiene todavía una opción en sus manos para evitar que el Senado apruebe tan trascendentales medidas y es, ni más ni menos, que asumir los cuatro objetivos que se propone Rajoy en su decisión de aplicar el artículo 155. Esto significa, fundamentalmente, convocar inmediatamente elecciones autonómicas y convencer a Rajoy de que se regresará a la legalidad y se recuperará la normalidad y la convivencia, además de dar una señal fuerte a los mercados y a los inversionistas y empresarios respecto a la buena marcha de la economía catalana.

Nada indica que Puigdemont sea capaz de entrar en esta lógica, que buena parte de sus seguidores entenderán como la de una rendición. Pero hay poderosas razones para evitar que culmine el procedimiento lanzado este sábado para desposeer a las dos instituciones más importantes de la Generalitat de sus poderes. La primera, y más importante, es preservar el actual grado de autogobierno, el mayor de la historia de Cataluña y uno de los más amplios que puedan observarse en los estados descentralizados en el mundo. La sustracción de poderes desde Madrid por la aplicación del 155 producirá una mutación autonómica que necesariamente terminará afectando a las competencias catalanas y que va a repercutir en el conjunto del Estado autonómico.

Hay más razones para la rectificación. Haría bien Puigdemont en pensar en el futuro de los catalanes a la vista de la catástrofe empresarial que ha desencadenado con su desprecio de la seguridad jurídica. También haría bien en pensar en las heridas infligidas en la convivencia con su política divisiva e irresponsable, en vez de emperrarse en el inexistente mandato de una mayoría inexistente obtenido en un plebiscito celebrado sin condiciones y sin garantías. Basta con que convoque las elecciones y con que convenza al Senado de que las celebrará en condiciones aceptables en cuanto a neutralidad de la Administración y de los medios de comunicación públicos, en vez del vergonzoso alud de sectarismo y de propaganda que hemos vivido en los últimos meses.

La historia ha impartido lecciones a los catalanes que algunos se empeñan en no aprender. Este es un país pequeño y sin poder suficiente para hacer vida aparte. Su fuerza reside en su unidad y en su capacidad para integrar a quienes llegan, en la disponibilidad para el pacto y en la ejemplaridad de su convivencia. Ahora la tentación será a la exageración y a la grandilocuencia. No estamos ante un nuevo 1714 ni en una nueva entrada de los nacionales como algunos se han apresurado a denunciar, sino ante la oportunidad de una rectificación racional y razonable, que permita consolidar el autogobierno que tenemos e incluso pensar en nuevos horizontes dentro de España.

Quienes lo querían todo están a punto de dejarnos sin nada. Si la consigna es lanzar a los catalanes a una absurda resistencia, vacía de racionalidad y de legitimidad, estamos perdidos todos.

23 de octubre

Cataluña en otoño

Este artículo es para un amigo extranjero inquieto, que me formula en privado unas preguntas que normalmente los periodistas no nos hacemos en público. ¿Estamos en puertas de la independencia catalana? ¿Será Cataluña un nuevo país con fronteras, aranceles, moneda propia y Ejército, fuera de la UE y de la OTAN? ¿O habrá una intervención militar española e incluso el riesgo de una nueva guerra civil?

Nada de todo esto sucederá, le digo. Pero lo que sí sucederá y está ya sucediendo es que hemos entrado en una crisis que se antoja larga y confusa, en la que todos, catalanes y españoles, saldremos perdiendo, además de sufrir y de pelearnos entre nosotros.

Cataluña no solo no será independiente, sino que saldrá disminuida y debilitada, con menos fuerza para negociar en el inevitable intento de recuperar el consenso constitucional que debe producirse. España también dejará muchos pelos en la gatera, sobre todo respecto a su imagen, al prestigio de sus instituciones y al atractivo de su brillante historia de recuperación de la democracia y de apertura al mundo.

Otro amigo, este catalán, me recomendó atinadamente que retuviéramos bien las condiciones de vida y de bienestar que hemos conocido porque ya no regresarán jamás: las empresas que se han ido —los dos grandes bancos catalanes y ochocientas empresas más detrás—, los viejos partidos ahora disminuidos y destruidos, las instituciones autonómicas desprestigiadas e intervenidas, los medios de comunicación antes compartidos, la alegría de vivir y la convivencia en una sociedad plural y ahora entristecida y dividida...

En unas semanas, desde el 19 de agosto, han pasado cosas que nunca pudimos imaginar. Primero, los atentados de aquella jornada trágica, perpetrados por jóvenes musulmanes aparentemente integrados. Luego, sus nocivos efectos en la sociedad catalana, con explícitas e insólitas divisiones entre las distintas policías; la aparición de una extraña y probablemente programada idolatría hacia la Policía catalana; y, al final, la manifestación que debía ser de rechazo al terrorismo y fue manipulada para humillar al rey y al Gobierno con la exhibición de banderas secesionistas y eslóganes, como “Vuestras políticas, nuestros muertos”, que atribuían al Gobierno español la responsabilidad de los atentados.

Luego, entre el 6 y el 8 de septiembre, lo peor, un asalto a la legalidad constitucional y un golpe al Estatuto de Autonomía por parte de una mayoría parlamentaria independentista de 72 diputados sobre 135, formada por la coalición burguesa Junts pel Sí y la extrema izquierda asamblearia de la CUP. Haciendo caso omiso a los letrados del Parlamento, al Consejo de Garantías Estatutarias y al Tribunal Constitucional español, el Gobierno de Carles Puigdemont vulneró incluso el reglamento y los derechos de la oposición para aprobar dos leyes que debían permitir la celebración de un referéndum de autodeterminación el primero de octubre y proclamar la república catalana independiente a las 48 horas.

Es difícil contar a los amigos de fuera cómo ha llegado tan lejos el Gobierno catalán en su interpretación populista de una democracia sin reglas, que atiende a las manifestaciones en la calle y a organizaciones extraparlamentarias que se arrogan la representación popular. Tampoco es fácil contarles lo que sucedió el 1-O, en una especie de plebiscito de movilización contra el Gobierno de Rajoy, que fue incapaz de impedir su celebración pacíficamente y terminó mandando a una Policía antidisturbios que tampoco pudo impedirlo pese al abundante e indiscriminado uso de la fuerza.

De pronto, se había alumbrado la peor imagen de España, la del franquismo represor, ante el estupor de unos y la satisfacción de otros; una victoria propagandística que inmediatamente tuvo su contrapartida en la realidad, al menos desde tres ángulos: el de las empresas que votaron con los pies ante la verosímil independencia, el de las instituciones y gobiernos europeos, que han cerrado filas con Rajoy y se han declarado hostiles a la secesión y el de la mitad no secesionista de la sociedad catalana que, por primera vez, ha salido masivamente a la calle.

¿Cuánto tiempo se prolongará esta descomposición política? ¿Qué consecuencias tendrá la intervención del autogobierno mediante el artículo 155 de la Constitución? ¿Qué resultados producirá en la democracia española y en la buena marcha de la economía? ¿Habrá una reacción centralista y conservadora? Estas son las nuevas preguntas que sin duda me formulará mi amigo. Todavía no puedo adelantarle nada, pero le digo que Cataluña ya está en pleno otoño y que luego llegará el invierno, cuando añoraremos la luz del verano que no volverá.

25 de octubre

Es la hora de la bandera negra

Cuando se estrecha el sitio, antes de que se levante la bandera blanca, los intransigentes levantan la de signo contrario, la bandera negra. Su significado es claro: ni un paso atrás, antes la muerte que la derrota. Es la hora de liquidar a los dubitativos y traidores, para prepararse ante el asalto final en el que todo se jugará por la conjugación de la fortuna y del valor.

La bandera negra catalana es también un símbolo del militarismo independentista. La organización armada de Estat Català en los años veinte y treinta se llamaba Bandera Negra. Se inspira en las señeras que exhibían los sitiados de 1714, con una calavera en su centro, como los piratas, y ha sido rediseñada para los tiempos presentes. Lleva una estrella blanca en un lado, evocando las estrellas solitarias roja o blanca de la estelada y una cruz de San Andrés blanca, evocación inevitable de las dos tibias cruzadas sobre la calavera de la enseña pirata.

Cuando aparece la bandera negra, mala señal. Quiere decir que van mal dadas. Ha ido apareciendo de forma esporádica en los cinco cansinos años del procés, pero ahora ha irrumpido en las grandes manifestaciones. La vimos en la del sábado 21 de octubre, en la gran concentración de apoyo a los dos Jordis que fue también de rechazo al 155, y me temo que la veremos todavía más en los acontecimientos que se preparan, sobre todo si Carles Puigdemont no da el paso atrás que ahora mismo muchos le están demandando.

Los de la bandera negra tienen muy claros cuáles son los siguientes pasos. Declaración unilateral de independencia y, a continuación, movilización en las calles para bloquear los edificios públicos e instalaciones donde se hallen las autoridades catalanas afectadas por la aplicación del artículo 155. Luego, organización de la desobediencia y de la resistencia pacífica ante las destituciones de directivos en toda la Administración, Mossos, TV3, sistema escolar y sanitario. Probablemente, organización de una asamblea de electos y quizás incluso de un Gobierno en la clandestinidad.

Todo con el objetivo de obstaculizar la aplicación del 155 hasta obligar al Gobierno a recurrir a un artículo todavía más duro de la Constitución, como es el 116, que trata de los estados de alarma, excepción y sitio y que puede alcanzar a la suspensión de las libertades públicas y al nombramiento de un gobernador militar.

Si esto llegara a suceder, los de la bandera negra no tienen muchas dudas de que la posibilidad de una mediación, primero, y de una negociación, después, estaría mucho más cerca. Descuentan los desastrosos efectos colaterales que produciría una evolución tan drástica, sobre la economía, la vida diaria, la convivencia y la imagen de Barcelona, de Cataluña y de España, sin hablar ya de la libertad y el futuro de muchas personas o del riesgo de violencia que pudiera poner en peligro la integridad y la vida de los ciudadanos. O quizás no los descuentan, sino que, al contrario, los incluyen en la negrura de su bandera luctuosa por todo lo que se está perdiendo, a su parecer parte de la presión suicida que hay que realizar sobre el Gobierno de España para que se entre a negociar.

Frente a la bandera negra se alza la presión sobre Puigdemont para que convoque elecciones anticipadas para el Parlamento de Cataluña. Toda la prensa propiamente barcelonesa, La Vanguardia, El Periódico e incluso el independentista Ara, apoya esta opción. La apoyan la Cámara de Comercio y el Círculo de Economía. También el Partido Nacionalista Vasco y el PSC. El espacio de los comunes y Podemos no pueden estar en contra. Y la única duda que queda es si el gesto de renunciar a la DUI implícito en esta convocatoria y el hecho mismo de repartir de nuevo las cartas entre todas las opciones —no escoger entre un sí o un no a la independencia— bastarían para que Rajoy frenara el designio, al parecer sin retroceso, de aplicar el artículo 155.

Una súbita convocatoria electoral ahora provocaría, sin duda, una descongestión en una sociedad crispada y agarrotada. Daría un respiro a todos. Sería al menos una pausa o tregua en la marcha sin freno hacia ninguna parte y obligaría a ordenar el balance de estos cinco años y a reformular los programas. Todo en favor de la razón y de la argumentación, después de años de sentimientos y de pasiones. Se abriría la puerta a un realineamiento, quién sabe si desfavorable al soberanismo.

Si llegar a la urnas es el objetivo que Rajoy propuso para su intervención en Cataluña, ¿qué mejor demostración de la eficacia del 155, utilizado solo como amenaza? En caso contrario, es decir, de que Puigdemont convocara elecciones y Rajoy persistiera en su destitución y en la intervención de la autonomía, tendría muy difícil explicar dentro y fuera que no se trata de la interrupción dudosamente constitucional de un proceso electoral perfectamente legal, dando así argumentos a quienes pretenden tachar la aplicación del 155 como un golpe de Estado. Mal negocio para los demócratas y, de nuevo, buen negocio para los de la bandera negra.

27 de octubre

Frívolos e irresponsables

También la épica ha fallado. Un gol del Barça produce mayor conmoción que esta falsa declaración de independencia. La ciudad ha seguido su vida como un día cualquiera. Algún que otro cohete perdido. Una bocina que no consigue eco en la Diagonal abarrotada por de coches. Todo se fía a las celebraciones orquestadas por la gran organizadora de eventos que es la ANC.

No hay alegría. Quien no está triste, está cansado, harto. Es una auténtica república independiente pero de Ikea, encapsulada en la casa independentista, que recoge abrazos y euforias impostadas solo en el edificio del Parlament y en la concentración ante sus puertas.

Es el inconveniente de las repúblicas virtuales. La anterior, el 10 de octubre, duró ocho segundos y aún hay discusión sobre si hubo proclamación y quién la hizo. La de hoy durará unas horas, pero mientras exista no tendrá repercusión alguna en la realidad. No la ha tenido en el control del territorio ni en la actuación de un Gobierno desaparecido, sin nada que decir en el Parlament y nada que hacer en las consejerías, fuera de organizar la desbandada para evitar los efectos del 155.

La república de hoy ni siquiera ha sido proclamada, sino que es fruto de una resolución y un método de votación aconsejados por los abogados penalistas. Son los inconvenientes del poder sin responsabilidad. Romper la legalidad y a la vez aprovecharse de la legalidad obliga a rarezas de difícil explicación. Por ejemplo, el voto secreto de los diputados secesionistas para evitar responsabilidades personales. Y luego el papelón de Puigdemont y de Junqueras. El primero, con su desconcertante declaración, en la que se desdijo de las elecciones anticipadas y endosó al Parlament la decisión sobre la independencia. Ambos con sus silencios y su desprecio por las instituciones: ni un discurso, ni un mínimo debate parlamentario en el día más señalado de la legislatura.

Se entiende que el independentismo se agarre como a un clavo ardiendo a la denuncia del 155 e incluso que desee su aplicación drástica e inmediata, de forma que sus numerosos y graves pecados queden inmediatamente ocultos por la severidad del castigo que se les imponga desde el denostado Madrid.

Al margen de las responsabilidades, que se les van a exigir, lo que es seguro es que no los absolverá la historia. Es difícil imaginar un daño mayor con una expectativa de ganancias tan escasa, si no nula. La exhibición de irresponsabilidad y de frivolidad que han hecho Artur Mas, Carles Puigdemont y Oriol Junqueras es impropia de los dirigentes de un país tan serio y civilizado como había demostrado ser Cataluña hasta ahora.

28 de octubre

República nonata, año cero, poder cero

Esta república no pasará del fin de semana. De hecho, dejó de existir nada más nacer, gracias a la forma que adquirió el parto, antiheroica, incomprensible, confusa, además de contraria a toda legalidad, como todo lo que han hecho quienes la han engendrado.

Sus primeras horas de vida, si es que esto es vida, no se han hecho notar en ningún sitio. Barcelona no se ha convertido en una fiesta, apenas un poco en Girona y alguna otra pequeña ciudad, y punto. Pero lo más importante es que sus autoridades han desaparecido, han renunciado a ejercer el poder que sobre el papel se otorgaban a sí mismas y ni siquiera han abierto la boca. Una república invisible, muda y sorda, que ni siquiera exhibe símbolos y gestos, es una república inexistente, que no ha nacido, nonata.

Ahora sí que se acabó el cuento. El relato ya no da más de sí. No se lo cree nadie. Y el proceso iba sobre todo de relato, de hacer ver que las cosas eran como deberían ser algún día, según la febril imaginación independentista. No hay gente abducida por medios y por sistemas escolares, pero sin medios y sin sistema escolar no había posibilidad de construir la ficción y luego mantenerla.

La república solo vive hoy en boca de los periodistas y tertulianos indepes de TV3, Catalunya Ràdio y RAC1, haciendo casi todos como si Cataluña fuera un país independiente o, como ya recoge la Wikipedia, como si hubiera una disputa entre dos estados y dos legalidades por el control del territorio. La república nonata solo vive, pues, en Wikipedia y morirá en cuanto se demuestre lo que todo el mundo ya sabe, que es que es el Estado español el que controla el territorio y la integridad de sus instituciones.

Esto se ha producido gracias a la modalidad de aplicación del artículo 155 elegida por Mariano Rajoy. La efigie inmóvil durante cinco años solo ha hecho un movimiento. ¡Pero vaya movimiento! Jaque mate. El catalanismo de siempre, pragmático y pactista, puede respirar hondo. No se ha perdido ni una sola competencia. La intervención de la autonomía llega tasada en el tiempo y en sus objetivos. Y todo se resolverá como se resuelven las cosas en el mundo civilizado, democrático y libre: con las urnas famosas, en unas elecciones donde cada uno podrá votar la opción que mejor le parezca en lugar de verse forzado a elegir entre un sí y un no dramáticos, trágicos incluso, donde se juega de una vez por todas el ser o no ser del país.

El mensaje internacional es comprensible para todos. Hay un problema serio, con el que se pretende confrontar legalidades y legitimidades, y se resuelve con los instrumentos de la razón y de la democracia liberal y representativa, que son los que mejor resultado nos han dado a todos en Europa y en todo el mundo, en lugar de los instrumentos del populismo, que son los plebiscitos, las movilizaciones en la calle y las emociones desbordadas, que a menudo terminan mal. Fijémonos que Rajoy ofrece a Europa una victoria no solo de la unidad —no habrá secesión—, sino también de los valores liberales y democráticos, del Estado de derecho y de la razón antipopulista —la suspensión del Gobierno es puramente instrumental para poder celebrar elecciones inmediatamente—.

Se me dirá que todavía es demasiado pronto para lanzar las campanas al vuelo. De acuerdo. Antes hay que ver cómo se acaba de resolver el impasse de este fin de semana, y especialmente el control de los Mossos, de las consejerías y sobre todo de la vicepresidencia y la presidencia. Pero lo más probable es que se imponga la cordura y se haga todo plácidamente y sin problemas. Quien los busque lo pagará personalmente a la hora de las facturas que inevitablemente pasará y debe pasar la justicia.

También hay que ver si las tres principales fuerzas independentistas aceptan las elecciones. Lo más normal es que lo hagan, tal vez con la excepción de la CUP, que solo quería bailar el mambo y ya lo ha bailado. En lugar de la resistencia, los dirigentes del procés tienen que dedicarse a organizar sus defensas jurídicas, y en lugar de poner en marcha la república, lo que tendrán que hacer es preparar a toda pastilla la campaña electoral. La fijación de una fecha electoral es también una garantía de que todo el mundo acudirá como las moscas a la miel: esto son unas elecciones para los partidos políticos, la miel que todos quieren.

También se me dirá que el problema persiste y que las elecciones no arreglarán nada. El problema, tras la combustión del independentismo, difícilmente se podrá plantear en los mismos términos y con el relato obsesivo y asfixiante de los últimos cinco años: por lo tanto, habrá una mutación política. Y las elecciones, en todo caso, han servido ya para evitar la secesión y la destrucción del autogobierno, además de abrir la posibilidad de un cambio demoscópico ahora mismo ni esperado ni entrevisto. Recordemos solo que después de la revuelta de mayo de 1968, en que los estudiantes izquierdistas pusieron al general De Gaulle contra las cuerdas, no fue precisamente la izquierda la que ganó las elecciones. ¡Atención a las primeras encuestas!

29 de octubre

Ahora sí que hay prisa

Los que tenían muchas prisas para hacer referendos y proclamar repúblicas imaginarias tendrán que espabilar porque ahora sí que aprieta el tiempo. Y los aprieta sobre todo a ellos, para que decidan de una vez, sin más demora, si quieren presentarse a las elecciones o prefieren organizar la resistencia al artículo 155.

Como son muy astutos y están habituados desde siempre a repicar e ir a la procesión, querrán hacer ambas cosas, pero si no se dan prisa y no se ponen manos a la obra corren el peligro de no hacer bien ni una cosa, organizarse para las elecciones, ni la otra, oponerse a un artículo 155 que la gente empezó olvidar justo cuando Rajoy declaró convocadas las elecciones.

Cuanto más se entretengan los independentistas en discusiones bizantinas sobre la existencia de la república y de su Gobierno más difícil les será organizarse para las elecciones. La formación de coaliciones, por ejemplo, cuestión crucial incluso para determinar la estrategia independentista, deberá resolverse antes del 7 de noviembre.

El independentismo está ahora mismo a un paso del frikismo que significa hablar de Gobierno usurpador, de ocupantes, de fuerzas coloniales, de colaboracionistas, de pasar a la clandestinidad o de gobernar desde el exilio, un lenguaje que conduce directamente a boicotear las elecciones para no rubricar su derrota. Basta escuchar ciertas tertulias y leer a ciertos columnistas para darse cuenta de que son muchos los que ya están en este viaje de fumadores de marihuana. El exconvergente Ignasi Guardans lo ha descrito magistralmente en un tuit este pasado sábado 28 de octubre: “La idea de que en Cataluña tengamos una especie de Palmar de Troya nacionalista con @KRLS [Puigdemont] de Papa Clemente me da mucha pereza”.

Si el independentismo se presenta, como es de esperar, lo primero que debe hacer es ver si puede ir en coalición repitiendo Junts pel Sí. Los partidos independentistas lo tienen muy difícil porque, entre el primero de octubre del presunto referéndum de autodeterminación y la falsa proclamación de la república el 27 de octubre, muchas cosas se han roto entre ellos, dentro del PDCat, entre el PDCat y ERC y entre Puigdemont y Junqueras.

Muchos sapos tendrán que tragar los dirigentes si quieren repetir. Para olvidar los insultos, las traiciones y los agravios, pero también para coincidir en los objetivos. Algunos, animados por este personaje tan peculiar que es Albano Dante Fachin, sueñan incluso con embarcar a los comunes en una imposible coalición alrededor de la reivindicación de un referéndum legal y pactado. No sucederá, entre otras razones porque el relato ya se ha roto, el cuento se ha terminado, la estrategia ha hecho aguas y sus conceptos, el derecho a decidir, la idea de un referéndum sobre la independencia, el ensueño del Estado propio, todo esto quedará cuestionado y superado.

El independentismo ha perdido y el problema que tiene ahora es darse prisa para aceptarlo. Se ha desplazado totalmente de la centralidad de la que ha gozado, al menos desde 2010. Cuanto más tarde en darse cuenta del cambio de época, más difícil le será organizarse para presentarse a las elecciones, decidir si quiere ir en una sola coalición o cada uno organizado en los partidos tradicionales.

Esta es la gracia de las elecciones en una democracia multipartidista. En cuanto se convocan, todo el resto deja de interesar. Cuanto más se entretengan los independentistas en adaptarse a la nueva situación y en tomar decisiones, menos poder tendrán. No valen las encuestas del pasado, que ya no cuentan cuando se ha producido un terremoto político como el que acaba de producirse en Cataluña. La idea de independencia ha hecho huir a las empresas, ha unido a Europa y al mundo alrededor de la integridad del Estado español y ha despertado a los partidarios de la unidad española que hasta ahora habían callado. Después de estos tres despertares, nada será igual. Y los independentistas, si hacemos caso a lo que dicen y hacen, todavía no se han enterado.

31 de octubre

No era una bomba nuclear, sino un misil certero

Ahora ya sabemos, al fin, qué es el artículo 155 y también sabemos que funciona y cómo funciona. Sirve para destituir al Gobierno de una comunidad autónoma que se sitúa fuera de la ley gracias a una mayoría parlamentaria suficiente para controlar las instituciones. Había muchas dudas sobre su utilidad e incluso sobre sus efectos. Algo está ya bien claro: ha sido fulminante. Ahora sí que puede decirse con toda propiedad, sobre todo después del primer día laborable, que ha quedado bien claro qué legislación tiene vigencia en Cataluña, la Constitución española, y qué Gobierno es el responsable de todo lo que sucede en su territorio, el que preside Mariano Rajoy.

El artículo 155 tenía funciones disuasivas, como la bomba nuclear. Con su carácter coercitivo, servía para convencer a las comunidades autónomas sobre la necesidad de cumplir la Constitución en su territorio. Su indefinición permitió pensar que podía convertirse en una absorción de una Administración por otra y en una anulación de la autonomía. Es lo que hubiera sucedido en caso de que se hubiera aplicado en la versión de seis meses solicitada inicialmente al Senado. Los sectores más centralistas del PP y de C’s soñaban incluso en convertirlo en el instrumento de recuperación de las competencias más polémicas, educación, finanzas, medios de comunicación y orden público, que son las que el Gobierno de Puigdemont ha utilizado de forma más insidiosa para organizar el referéndum y luego preparar la independencia.

No ha hecho falta nada de todo esto. Ni una sola competencia ha sufrido. Al contrario, el artículo 155 ha servido para defender el autogobierno catalán y el instrumento utilizado para conseguirlo ha sido la disolución del Parlamento, el más democrático que pueda haber. Nadie podrá alegar dentro y fuera de España que no se busca el consenso de los gobernados, expresado de la forma más democrática que existe, que es el de las elecciones multipartidistas propias de los sistemas liberales de democracia representativa.

El éxito de Rajoy con la disolución es deslumbrante. Ha prestigiado a España como sociedad y a España como Estado de derecho. Ha prestigiado la democracia representativa frente a los populismos. A pesar de sus cinco años de inmovilismo, ha resuelto la crisis rápida y limpiamente, cumpliendo así la demanda que se le hacía desde las capitales europeas.

Lo siento mucho por los obsesos contra el PP, pero el tanto que se ha apuntado el partido del Gobierno ante la opinión española e internacional es de los que hacen época. Solo faltaba la demostración ayer lunes de la eficacia de su decisión con la excelente reacción de la bolsa. Quirúrgica, minimalista, tan breve como lo son los plazos para celebrar elecciones, esta aplicación del 155 intensiva solo puede encontrar el rechazo de los directamente afectados o la estupefacción dubitativa de los beatíficos equidistantes como Ada Colau.

Políticamente, además, es un golpe certero al independentismo, pues lo obliga a concentrarse en una difícil campaña electoral, en vez de seguir bregando por dar una ficción de vida a la república nonata, falsamente proclamada el 27 de octubre. Solo faltaban las peripecias rocambolescas de Puigdemont y sus consejeros fugados a Bélgica, que terminarán lastrando al independentismo ante las elecciones, sobre todo por el ridículo colosal al que ha llegado, justo en el momento en que se encuentra bajo la mayor intensidad de los focos mediáticos de todo el mundo.

Noviembre

1 de noviembre

Guardad para siempre las esteladas

La estelada es la bandera de la mala suerte. En la versión burguesa azul o en la versión socialista roja, es la enseña de las derrotas catalanas. Allí donde hay esteladas huele a batallas perdidas. El presidente Companys la hizo retirar del Palau de la Generalitat durante los Fets d’Octubre, pero no hubo nada que hacer. Ya había salido, todo el mundo la había visto y aunque la república proclamada quería ser federal y española, aquellos hechos malhadados se convirtieron en un hito separatista y una derrota catalana.

La estelada en sus diferentes versiones es una bandera imaginada para dividir y separar. Quisiera ser la bandera de un combate contra el enemigo exterior, el invasor, el ocupante, el colonizador, pero acaba siendo la bandera de la discordia entre catalanes. No podía encontrar otra mejor el proceso, máquina política de trinchar, que comenzó por los partidos, siguió por las instituciones y ha terminado por las amistades y las familias. Por cierto, ahora trincha a sus dirigentes, que pagarán muy caro haberse aventurado a levantarla para nada.

El expresidente Puigdemont la ha llevado también a la misma capital europea, con una explícita vocación de trinchar las relaciones entre España y sus socios europeos, y la seguridad de que si esto sucediera, también dañaría las mismas instituciones de la UE. ¡Ay de los europeos si se dejaran encandilar por las esteladas!

Este tipo de Gobierno fantasmagórico en el exilio o en itinerancia pretende presentarse como un ejemplo de responsabilidad y de espíritu pacífico, cuando es exactamente lo contrario. Son la zorra que no puede alcanzar las uvas y dice que son verdes. Puigdemont y los suyos especularon con echar la gente a la calle para bloquear las instituciones e impedir así la aplicación del artículo 155, pero cuando vieron que Rajoy solo quería elecciones se dieron cuenta de que la gente no los seguiría. Con la altivez de quien se siente obedecido por las masas, ahora nos dicen que por responsabilidad y pacifismo no han querido lanzar al pueblo catalán a la violencia.

La estelada ha dejado de producir el efecto encantador que tenía hasta ahora. Cuando la quimera se deshace, también deja de ser atractivo el símbolo que la encarna. Enfrente de la señera, la limpia, clara y vibrante cuatribarrada, esta bandera de resonancias revolucionarias y soviéticas es el símbolo de la decepción, del desengaño y, por tanto, también de las ilusiones sin fundamento, de las grandes mentiras del proceso, del ridículo que el presidente Tarradellas nos tenía prohibido y, finalmente, de una mala suerte querida y buscada con tozudez.

Guardad las esteladas y no las saquéis nunca más. Si hay que lucir banderas que sean las de las únicas victorias catalanistas ciertas, que son las que nos han dado la unidad y el realismo, el pactismo y el posibilismo, la democracia y la prosperidad, el autogobierno en Cataluña y la responsabilidad en la gobernación española. No hay nada de lo conseguido en el siglo y medio de catalanismo que no sea hijo de la señera, mientras que de la estelada solo hemos sacado disgustos y desgracias, muertes, incluso.

¿Por qué deberíamos inventar una bandera de enfrentamiento cuando tenemos una más grande, que es de paz y de alianza, y nos hermana con Aragón, Valencia, las Islas e incluso más allá, y nos vincula con la roja y amarilla de las Españas, surgida de los mismos colores y de la misma pasión de convivencia y fraternidad?

3 de noviembre

El desastre

Era un camino desconocido, ciertamente. Lo anunció frívolamente Artur Mas solo ponerlo en marcha en 2012. Ahora estamos llegando al cabo de la calle y lo que nos encontramos no puede ser más triste y doloroso, pero también más incierto. Que nadie se asuste con las cosas que hemos visto en el último mes, porque, si seguimos así, todo puede empeorar más todavía.

El paisaje hoy es desolador. Medio Gobierno en la cárcel y la otra mitad en fuga, con órdenes de detención europea solicitadas por el fiscal. Las instituciones de la Generalitat, tan costosamente recuperadas, Presidencia, Gobierno y Parlamento, suspendidas hasta el 21 de diciembre. Los partidos, ocupados en organizar una campaña electoral inevitablemente condicionada por la acción de la justicia.

El vodevil rocambolesco de Puigdemont en Bruselas, como no podía ser de otra forma, está virando hacia situaciones dramáticas. El 1-O fue tan solo el aperitivo, el rasguño de Leviatán, el monstruo marino imaginado por Hobbes como símbolo del Estado, que ha despertado con toda su fuerza en cuanto alguien ha querido romperlo y ha proclamado, incluso, su ruptura, como sucedió el viernes 27 de octubre.

Se sabía que la pasada semana se llegó a la peor de las situaciones posibles: una declaración unilateral de independencia y simultáneamente la aplicación del artículo 155 de la Constitución. Hoy se ha llegado a la peor de las consecuencias, como es el encarcelamiento de medio Gobierno y la orden de detención para la otra mitad. Históricamente, es lo que suele suceder, por cierto, con quienes intentan romper el orden legal y desgajar un Estado nuevo de uno ya existente.

Si la convocatoria de las elecciones por parte de Mariano Rajoy robó la iniciativa al Gobierno de Puigdemont, incapaz de traducir la proclamación de la república en hechos, ahora la estrategia rupturista elegida por Puigdemont con su huida a Bélgica ha obtenido el fruto más consecuente, que es el encarcelamiento de la parte de su Gobierno que se había quedado en Barcelona.

El auto de la juez Lamela se deduce del comportamiento de Puigdemont para dictar la prisión incondicional: le sirve para fundamentar el riesgo de fuga, pero también la voluntad de proseguir la acción presuntamente delictiva por parte de los miembros del Gobierno catalán disuelto. Solo se escapa de la prisión incondicional el exconseller Santi Vila, que dimitió justo antes de la DUI. Vila fue el único que respondió a las preguntas del fiscal y del juez, cosa que no hicieron los otros encausados, al igual que hicieron los Jordis en sus correspondientes interrogatorios.

El encarcelamiento de medio Gobierno de Puigdemont aconsejará a los partidos independentistas la construcción de una gran coalición republicana en favor de la libertad para los consejeros, pero no está claro que vaya a soldar las graves divisiones entre los dirigentes independentistas, acrecentadas en las horas previas a la DUI por la tensión entre Oriol Junqueras y Carles Puigdemont, resuelta al final en favor del primero, favorable a la DUI y no a las elecciones autonómicas.

La dureza del fiscal en la tipificación de los delitos —rebelión, sedición y prevaricación— y de la juez en las medidas cautelares constituye un estímulo a los acusados para que opten por una defensa política y rupturista, en la que se rechace la legitimidad del Gobierno y de la justicia española. También es un estímulo a la radicalización del independentismo, que desde ayer impugna la democracia española y la separación de poderes y pretende volver a trasladar el conflicto a la calle, aunque desde la intervención por el artículo 155 cuente con menos medios materiales e institucionales para la movilización.

4 de noviembre

Las turbulencias que nos esperan

Hay dos formas, al menos, ambas bien interesantes, de leer la súbita estampida de los dos bancos catalanes y de dos mil empresas, una como reproche y otra como advertencia. La primera es bien clara. Los empresarios que callaron durante cinco años ahora se precipitan a votar con los pies: ustedes, con lo que están haciendo, no tienen mi adhesión.

Junqueras lo minimizó con excusas de mal pagador, como si los empresarios no atendieran a las señales de los mercados, a la actitud de los inversores o al significado de la salida de la zona euro, y sí a las presiones del malvado Rajoy o a la ideología supuestamente conservadora y españolista de quienes tomaron tales decisiones. O peor aún, tal como lo interpretó uno de sus economistas de cabecera, como si hubieran sido las imágenes de la reprobable actuación policial el 1-O, y no el propio referéndum unilateral e ilegal con sus propósitos de independencia automática e inmediata, las que hubieran provocado el pánico empresarial.

Si esta lectura es diáfana sobre la imposibilidad de una independencia catalana, profecía que se confirma a sí misma desde el momento en que la hace suya una parte tan sustancial de la sociedad, la segunda lectura, como admonición, es la que explica lo que está sucediendo ahora, una vez liquidado el proyecto de independencia fácil y feliz y cuando nos dirigimos hacia un camino que se antoja lleno de curvas, barrancos y obstáculos, si es que no nos espera una catástrofe de dimensiones desconocidas.

Lo que dice la admonición es descorazonador porque es una apuesta por el peor de los escenarios, una vez visto que no habrá independencia: esto va duro y va para largo, gocemos lo que tenemos hoy porque lo que tendremos mañana será peor, que no regrese nadie de los que se han ido y que se den prisa quienes todavía están a tiempo de ponerse a resguardo. La causa de tan preocupante indeterminación, que no permite otear una salida al conflicto ni siquiera en el horizonte bien próximo de las elecciones del 21-D, es la ausencia de dirección, o de liderazgo, si se quiere, en ninguna de las dos partes enfrentadas.

El Gobierno de Rajoy es el más débil que haya tenido la democracia. Por su mayoría parlamentaria insuficiente, por la corrupción devastadora que ha erosionado la credibilidad de su partido y por la personalidad del propio presidente. A ello se añade un nuevo desequilibrio de poderes, que algunos observadores como Juan Rodríguez Teruel (“El procés y judicialización de la megapolítica”, Agenda Pública) consideran una fenómeno generalizado, entre el Ejecutivo y el Judicial, de forma que este último es el llamado a resolver los grandes problemas, ante la ausencia de compromiso y de voluntad política por parte de los gobernantes.

Este fenómeno se ha encarnado de forma concreta en la llamada judicialización de la política en el conflicto catalán, resultado del subarriendo a los fiscales, jueces y Tribunal Constitucional de la tarea de cerrar el paso al proyecto independentista. Resultado de este subarriendo es que la política se ve sometida a los ritmos y a las contradicciones de la justicia, y no al contrario, como ingenuamente denuncian algunos al pretender que los jueces establezcan treguas en función de las convocatorias electorales más delicadas.

El movimiento independentista, por su parte, constantemente dividido y enfrentado, ha tenido su tracción directora principal fuera de las instituciones, sea el Gobierno, sean los partidos, hasta el punto de contar con una dirección invisible escurridiza, sobre la que hay más conjeturas que noticias comprobadas, especialmente respecto a su composición y estructura permanente. El análisis empírico demuestra, además, la existencia de una dinámica de radicalización desde el primer día, lo que lleva a que siempre ganen las posiciones más extremas, que suelen coincidir con las de la CUP. Junto a la determinación con que se levantan quienes dirigen el movimiento ante cada golpe recibido, todo hace pensar que nada los frenará si no es una derrota definitiva y sin paliativos.

Se entiende así la dificultad de remansar la tensión entre un Gobierno democrático muy débil, que debe respetar la división de poderes, y un movimiento con mayorías insuficientes pero muy amplias, que se encuentra dividido y acosado, pero a la vez dirigido con determinación bolchevique. Nada conduce a las transacciones entre dos partes, al contrario, por lo que al final de las cuentas cada una de ellas descarta cualquier opción que no sea la aniquilación del adversario, aunque sea pagando el precio más alto posible para una victoria pírrica e inútil. También permite entender el último meandro del conflicto, en el que la eficaz aplicación del artículo 155 por parte de Rajoy se ha visto inmediatamente neutralizada por el desastre producido por la juez Lamela con el auto de encarcelamiento del vicepresidente Oriol Junqueras y de ocho consejeros más, que está actuando como un aguijón removilizador para un independentismo que se hallaba ya en horas bajas.

5 de noviembre

¿Y si vuelve a ganar el independentismo?

Como en la ducha turca, pasamos del agua hirviendo a la helada. No es extraño que el estrés y la angustia aumenten entre la ciudadanía. Una semana pensamos que ya entramos en una nueva normalidad y a la siguiente regresamos a la máxima tensión. Ahora se dibuja de nuevo el escenario de una nueva victoria del independentismo en las elecciones del 21-D, por encima de la retahíla de desastres sin paliativos que ofrece la mayoría parlamentaria ahora suspendida tras sus veinte meses de desgobierno más que de gobierno. De nuevo, pesa más la política de las emociones, impulsada por el encarcelamiento de medio Gobierno y la huida de la otra mitad, con el expresidente a la cabeza.

A nadie le gusta en Cataluña este paréntesis sin Gobierno, con encarcelamientos y con una incertidumbre creciente como horizonte, y por eso hay pocas dudas de que muchos votantes decepcionados por el proceso, candidatos a cambiar de voto o aumentar la abstención, volverán a alinearse con el independentismo como reacción a la dureza de la justicia y que otros votantes que nunca se habían adherido a la independencia se verán impelidos a hacerlo ahora. Esto si no se produce un nuevo giro, lo que no sería extraño, que volviera a descolocar al independentismo como lo hizo la aplicación corta y con elecciones inmediatas del artículo 155.

Así, la cuestión que se plantea y que hay que discutir es qué sucedería si ganara con mayoría absoluta una coalición o un conjunto de listas electorales formadas por los partidos que han protagonizado el proceso. Y más aún, ¿qué sucedería si esta coalición o estas formaciones estuvieran encabezadas por los presos y por los huidos, con la explícita intención de convertir la elección en una absolución por las urnas de los presuntos delitos por los que se los quiere juzgar, a imitación del que sucedió en 1936 con Lluís Companys? Partimos del principio, sobre el que se necesitarían aclaraciones bien explícitas por parte de Moncloa, del levantamiento del artículo 155 al día siguiente de las elecciones, una vez hay un nuevo Parlamento y un nuevo Gobierno.

A primera vista, hay que decir que es difícil volver a repetir la historia. La aplicación que ya se ha hecho del 155, concebido como una herramienta de disolución de un Gobierno y de un Parlamento que se han situado fuera de la ley, permite pensar que se puede volver a aplicar cuantas veces sea necesario si se dan unas circunstancias similares. Parece bastante claro que esta experiencia ha introducido ya una mutación en el Estado autonómico, de forma que la falta de lealtad federal, cuando llega a un grado tan notable como es la abolición de la vigencia de la Constitución —que tal ha sido el caso de las leyes de desconexión aprobadas por el Parlamento los días 6 y 7 de septiembre— puede ser castigada inmediatamente con el uso del 155 para enviar el Gobierno y el Parlamento a su casa y convocar nuevas elecciones.

Que se vuelva a aplicar no significa que se tenga que aplicar necesariamente si ganan las elecciones los independentistas. Sería dar la razón a Puigdemont cuando aseguró desde Bruselas que habría dos tipos de electores, quienes sabían que su voto serviría y los que sabían que su voto no podría llevar a la aplicación del resultado electoral, y se preguntó si se pretendía prohibir la idea independentista. Llevar la independencia en el programa electoral es legítimo, pero no lo es pretender aplicar el programa a toda costa, incluida la utilización de medios ilegales. Solo se volvería a aplicar si la mayoría independentista quisiera otra vez prescindir de la legislación constitucional española y declarar la independencia, fuera inmediatamente o fuera en un plazo más lejano de la legislatura.

Esto ya no es posible. El programa de este partido puede incluir la amnistía para los presos, la anulación del 155 y la reforma del Estatuto y de la Constitución para obtener la independencia, y nadie les puede prohibir que gobiernen dentro de la legalidad para aplicar este programa, pero lo que no pueden pretender ni tendrá ninguna credibilidad entre sus propios electores es repetir simplemente la jugada.

Que todo el mundo se tranquilice. Gane quien gane las elecciones, nada tiene que pasar en este capítulo. Las elecciones no pueden servir ni servirán de referéndum sobre la república catalana, ni siquiera si se pretendiera contabilizar los votos a favor de la república. Serán unas elecciones autonómicas. No habrá que elegir entre dos únicas opciones, como si fuera entre sí y no, porque no habrá dos únicas opciones, como a algunos les gustaría. Al margen de lo que hagan los tribunales, la salida al conflicto deberá ser, ahora sí, a partir de las cuentas de votos que den las urnas y del diálogo político que se deduzca. Y aquí sí que se la juega Rajoy, que es quien las ha convocado, por cierto, sin mucha comprensión dentro de su partido.

6 de noviembre

Ahora sí que vuelve la tercera vía

Una vez más, unas elecciones autonómicas pueden convertirse en un plebiscito en el que los ciudadanos se vean convocados a elegir entre dos opciones radicalmente opuestas. Entre el bien y el mal, según Oriol Junqueras. Entre la república proclamada y no constituida de Puigdemont y la Constitución española plenamente vigente de Rajoy, según un maniqueísmo no tan metafísico. Entre antifascismo y autoritarismo, según las voces encendidas del izquierdismo o Cataluña y España, según la caricatura más fácil.

Si les hiciéramos caso, sería la tercera vez desde 2012 que esto sucede. Recordemos que Artur Mas ya pidió en las elecciones anticipadas de 25 de noviembre de 2012 una mayoría indestructible, que no obtuvo, para conducirnos hasta el Estado propio dentro de Europa y que el 27 de septiembre de 2015 repitió la jugada, esta vez con una coalición que llevaba el plebiscito inscrito en su nombre, Junts pel Sí, de cara a hacer un referéndum de autodeterminación, que no obtuvo mayoría de votos populares y solo la mayoría parlamentaria gracias a los exigentes diputados de la CUP.

Esta vez las convoca el Gobierno de España, artículo 155 en mano, y son unas elecciones a las que el independentismo va por primera vez a la defensiva: fuera de las instituciones, con menos medios, sin la sombra coercitiva que supone contar con el mando de los Mossos y, lo que es más importante, divididos, peleados, habiéndose vejado y engañado unos a otros y con el programa de independencia apresurada y gratis total desmentido, agotado y desprestigiado. Y un único cemento que lo une y motiva que también es defensivo: la libertad para los presos y la anulación del artículo 155.

Aceptar el reto y buscar una confrontación electoral polarizada es el mayor favor que se le puede hacer a un independentismo que ya ha sido derrotado y que solo puede encontrar la salvación en una candidatura única, encabezada por los presos y por los huidos, de forma que se pueda presentar como la lista de la Cataluña mártir y humillada que aún resiste a la España prepotente y vencedora. Una opción tal tiene la campaña hecha antes de comenzar: el retorno de Puigdemont, la salvación del país, el fin de la represión. Pero no ofrece nada de nada que no sea una resistencia sin salida y, además, con el inconveniente de que solo tiene capacidad de convicción Cataluña hacia dentro. Cataluña hacia fuera no tiene ninguna credibilidad.

Las elecciones plebiscitarias son la continuación agónica, polarizada y cada vez más peligrosa del procés. La garantía para el final ya definitivo y el comienzo de una nueva etapa de normalidad democrática, en cambio, es que entre las dos opciones, por así decirlo, entre la estelada y la rojigualda, surja una tercera, que se puede simbolizar perfectamente con la bandera constitucional y estatutaria que es la señera. Si hacemos caso a las largas series de encuestas sobre las preferencias de los catalanes respecto al futuro de la relación con España, veremos que la opción mayoritaria es la única que no cuenta entre las alternativas electorales con posibilidades de ganar, y esta es, entre la independencia y el statu quo, la de un autogobierno incrementado y lealmente afianzado dentro de la Constitución española.

Tres son, de hecho, las opciones que deberían elegir los catalanes el 21-D: la independencia imposible, el statu quo de inevitables consecuencias regresivas o la defensa del autogobierno y de las actuales competencias, reforzadas gracias a las futuras reformas de la Constitución y del estatuto. El independentismo ya ha demostrado que tiene mucha fuerza, pero no suficiente. El antindependentismo, representado sobre todo por el PP y Ciudadanos, la puede aumentar, pero tampoco podrá conseguir la recuperación del consenso constitucional y del consentimiento de los catalanes, al menos con las propuestas para Cataluña que se le ha conocido hasta ahora. Solo queda la posibilidad de que un tercer partido, coalición o conglomerado centrista y moderado, transversal y pactista, vuelva a recuperar el impulso unitario del catalanismo y aglutine fuerzas suficientes como para defender el autogobierno y si es posible mejorarlo justo en el momento en que todo se conjura para recortarlo o incluso allanarlo.

Esta tercera vía, hasta ahora desaparecida, es ahora mismo más necesaria que nunca. Quiere decir superar y anular las malditas divisiones entre independentistas y unionistas, recuperar la convivencia y el diálogo entre los catalanes y entre los catalanes y el conjunto de los españoles, volver a la exigencia de mutua lealtad constitucional entre todas las instituciones, eliminar la desafección y regresar a la amistad civil. Si hay alguna posibilidad, que tiene que existir, de curar las heridas terribles abiertas estas últimas semanas, seguro que será esta tercera vía la que las aprovechará; y puede que sea la única que querrá y sabrá hacerlo.

8 de noviembre

Puigdemont enfurecido

Una hora de entrevista. Extraña, un punto alucinante. A cargo de la entrevistadora estrella de la radio pública catalana. Pregrabada, en un lugar indeterminado y sombrío de Bruselas, en la noche del lunes. Con el presidente destituido y con la compañía coral de los cuatro consejeros que le han seguido en su periplo belga, exilio, le llaman.

La distancia es el olvido. La física y la temporal. Están lejos y les falta el detalle, señala uno de los consejeros. Han pasado ya más de una semana fuera de casa, sin escoltas y sin coche oficial, sin sueldo y sin despacho. Todo se ve distinto en la lejanía, se deforma, se magnifican los males ajenos y se disculpan los propios, se buscan y aparecen nuevas e inverosímiles excusas, en algunos casos, más bien ocurrencias.

La primera impresión es bien clara. Si querían ofrecer la imagen de un Gobierno en el exilio, que intenta mantener encendida la llama institucional como en su día hizo Tarradellas, esto que vemos ahí, sentados alrededor de una mesa con micrófonos de Catalunya Ràdio, no lo es. Es un grupo de políticos derrotados, que se sienten humillados y ofendidos, acorralados, casi, tras comprobar que su promesa de tocar el cielo los llevaba al infierno.

No gobiernan. No intentan ni siquiera aparentarlo. La república que proclamaron no existe ni ha existido. Se limitan a hacer agitación. A dar entrevistas y conferencias de prensa. Hablar, hablar, hablar. Metidos en el bucle de siempre, pero ahora lejos de casa, bajo el síndrome de la sobrexcitación y de la búsqueda de cualquier signo que pueda interpretarse como de buen augurio. Nunca habíamos tenido ruedas de prensa tan numerosas, dice Puigdemont. Nunca nos habían hecho tanto caso y habíamos internacionalizado tanto el conflicto, corrobora. Quien no se consuela…

No es un Gobierno en el exilio. Ni siquiera es un Gobierno, ni medio Gobierno. Como mucho, es un Gobierno derrotado, que proclamó una república, pero a continuación no supo darle vida, convertir en verdad efectiva lo que hasta entonces solo eran palabras. A los gobiernos que les sucede esto, luego también les suele suceder lo que al Gobierno de Puigdemont: la cárcel o el exilio, que en este caso se han repartido de forma indescifrable por una decisión inexplicada o inexplicable, nadie lo ha aclarado hasta el momento, y el que menos, Puigdemont.

Son ellos los que han fracasado, aunque endosen ahora el fracaso a España, a su democracia e incluso a una Europa a la que ya califican de insensible y vergonzosa. Uno de los derrotados quiere endosarla a los catalanes, que tendrán que hacer sacrificios por su parte en respuesta a los sacrificios de sus entregados y generosos dirigentes exiliados y encarcelados.

El principal argumento que esgrimen como una bandera inverosímil es que España no es una democracia. No fueron ellos quienes engañaron con su promesa de una independencia fácil y gratuita, sino esa España que se decía democrática y no lo era. Ellos no contaban con eso. Y la prueba de que España no era una democracia es precisamente que no se les dejó hacer lo que ellos querían, descontando que se les permitió hacerlo todo, vulnerando la Constitución, hasta el momento mismo en que proclamaron la república, prueba bien precisa de que era una democracia que tenía un solo límite, como era la destrucción de la propia Constitución democrática, punto en el que el artículo 155 podía habilitar al Gobierno de Rajoy para disolver el Gobierno y el Parlamento catalanes.

En la diatriba, el lenguaje suele actuar como un espejo. La furia que atribuimos a otros suele ser la propia. Como Puigdemont este martes en la radio. Si alguien está plenamente inhabilitado para dialogar algún día con esa otra parte a la que él llama España, aunque en buena parte es Cataluña misma, y a la que califica de autoritaria e incluso totalitaria, ese es Puigdemont, envuelto en el bucle de la pureza y del pacifismo propios y de la maldad y la violencia de quienes ha designado como adversarios.

10 de noviembre

The End. Es el final

También Forcadell escuchará los insultos que recibió Puigdemont aquella mañana del 26 de octubre cuando a punto estuvo de convocar elecciones. Si la independencia y la república eran cáscaras vacías, símbolos sin valor legal alguno, nada de lo que se ha hecho hasta ahora tenía sentido. Las máscaras han caído. Como dijo Émile Zola, la verdad está en marcha y nada la frenará. Una detrás de otra, todas las mentiras irán cayendo. Uno tras otro, todos los mentirosos quedarán en evidencia.

Toda la historia del proceso independentista responde al mismo mecanismo, el de un doble tablero, que ha sido de una eficacia prodigiosa en momentos cruciales como la consulta del 9-N, hace tres años. Cuando conviene, se trata de realizar meramente gestos simbólicos, consultas no vinculantes o procesos participativos sin más valor que el de una consulta. Pero en caso de contar con suficiente participación y un buen resultado, se intenta traducir los símbolos en hechos. Así han ido avanzando, sigilosamente, en un gradualismo rupturista con el que querían llegar hasta la secesión.

Así es como rompieron con el Estatuto y la Constitución, desatendieron las sentencias del Constitucional, vulneraron los derechos de la minoría y llegaron a planificar, incluso, las leyes y la estructura para la organización de la independencia. Todo era simbólico, ahora lo hemos visto. Cierto. Aunque detrás de los símbolos debían llegar las acciones. Y llegaron, pero ya sin consecuencias: la república fue declarada, pero no tuvo fuerza para nacer.

Ahora el culebrón se ha terminado. No hay nueva temporada. Puede que haya un nuevo culebrón, pero tendrá que responder a otro guion: totalmente constitucional. Se verá. Pero de las decisiones judiciales de ayer, fruto del comportamiento de Forcadell y de la mesa, se deducen consecuencias políticas sin mucho margen para la ambigüedad. Una parte del soberanismo, para intentar salvar los muebles, ha renunciado a la unilateralidad y al juego fuera de la Constitución.

También tendrá consecuencias electorales. Que nadie insulte a Santi Vila, porque su comportamiento en nada difiere del comportamiento de Forcadell, Corominas, Simó, Guinó, Barrufet y Nuet. O sí, Vila al menos tuvo la coherencia de defender la legalidad y se bajó del disparate a tiempo antes de vulnerarla. Será difícil que quienes aceptan el 155 puedan ir juntos con quienes lo rechazan desde Bruselas o desde la cárcel de Estremera.

En resumen, es una excelente noticia. Lo es que no le caiga la prisión incondicional a Forcadell y a todos sus compañeros. Lo es también su acatamiento de la legalidad constitucional. Si todo hubiera empezado así, estaríamos en otro punto, menos dramático y sin tantos costes de todo tipo, económicos, políticos y personales, incluso. ¡Bienvenidos todos ellos a la vida política legal y democrática que jamás debieron abandonar para abrazar una causa rupturista visiblemente quimérica y absurda!

11 de noviembre

Maniobras revolucionarias

Después del episodio Forcadell, con la renuncia a las obras y a las pompas de la unilateralidad, hay que volver todavía a lo que ocurrió el jueves, el día de la huelga general, el jueves 8 de noviembre. Está claro que los acontecimientos corren más que la escritura, y por eso hay que recuperar los hechos que han quedado sin comentar.

En primer lugar, señalar que la huelga del jueves apenas fue una huelga y, en todo caso, seguro que no fue general. Quizás por eso mismo, que ya se veía venir, volvieron a denominarla “aturada” o paro de país, como ya sucedió el 3 de octubre, aunque, propiamente, tampoco entonces fue ni huelga general ni un paro de país en toda regla.

Se trataba, al parecer, de paralizar el país entero, si no de grado por fuerza, gracias a la acción de los Comités de Defensa de la República, la nueva herramienta de moda que ha entrado en acción tras la falsa proclamación de la independencia el día 27 de octubre. Pues bien, esto tampoco sucedió esta vez, a pesar de los numerosos cortes de carreteras, autopistas y vías de tren a cargo de piquetes coactivos, formados, principalmente, por estudiantes, normalmente, los que disponen de más tiempo y energías para este tipo de tareas.

Huelga hubo poca el 3 de octubre, sobre todo en los sectores industriales, y este 8 de noviembre todavía hubo menos. La mayor diferencia la proporcionó la Administración catalana, que hizo huelga ordenada desde el Gobierno la primera vez y solo participó en un 20 por ciento en la segunda, una vez aplicado el 155. Esta vez lo más visible de la huelga fue la participación masiva de los medios de comunicación públicos y concertados, el único sector controlado aún por el Gobierno destituido, que quisieron dar la impresión de un seguimiento masivo y de una paralización casi absoluta del país.

Entre los organizadores de la jornada, a pesar del fracaso de la huelga general y del paro de país, se quiso transmitir una cierta satisfacción. Se había demostrado al enemigo —“el Estado”— que son ellos quienes controlan el territorio catalán (“las calles siempre serán nuestras”), sin que los diferentes cuerpos de policía, todos juntos, pudieran hacer nada para impedirlo. Cada vez que quieran —nos dicen— volverán, y desde Madrid no tendrán más remedio que quedarse chascados mientras les toman el pelo. No importa la cara amplísima de felicidad del ministro del Interior, más que contento de haber terminado la jornada sin una sola fotografía que puede presentarse como prueba visual de la resurrección del régimen franquista.

Los únicos que no pueden estar contentos son las decenas de miles de ciudadanos que perdieron una jornada de trabajo, negocios y viajes gracias a la combatividad de los CDR y a la pasividad de la Policía. Tienen la ventaja de que podrán pasar factura a los responsables, por un lado los partidos independentistas y por otro el PP, en las próximas elecciones del 21 de diciembre.

¿Para qué ha servido así la jornada de protesta del miércoles 8 de noviembre, aparte de fastidiar a los ciudadanos? Al Gobierno del PP le ha servido, porque ha desgastado a los convocantes y le ha permitido esta vez exhibir su buen control de los Mossos y hacerlo con prudencia y moderación. Si los directamente perjudicados por los cortes pueden castigarlo en las urnas, otros habrá que lo premiarán por haber demostrado una cierta finezza política.

También ha servido a la CUP y a la gente más radicalizada, que han tenido la oportunidad de hacer unas maniobras revolucionarias de control de fronteras y vías de comunicación, después de haber soñado en la huelga general, el gran mito revolucionario que debía acompañar la toma del poder. En el momento clave, la huelga general obrera se convertía en huelga insurreccional o expropiatoria, que significaba la ocupación y la apropiación por la clase obrera de los medios de producción, es decir, las fábricas.

Pero a la vista del resultado de las maniobras, los radicales no deberían estar demasiado eufóricos. Sobre todo por una razón fundamental: llegan tarde. Estos actores hacen ensayos generales cuando ya ha pasado la fecha del estreno. Al margen de las molestias y del mal económico infligido al país y a la imagen de Cataluña —todo ello suficiente y excesivo— estas maniobras, las segundas que se hacen si contamos el primer paro de país del 3 de octubre, hubieran sido mucho más peligrosas y preocupantes si se hubieran producido acompañando o justo después de la fallida proclamación de la república.

Afortunadamente, ni el Gobierno ni la Asamblea Nacional Catalana lo habían preparado. Esto sí que hubiera producido auténticos tumultos y, en algunos casos, acordes incluso con la hipótesis de la violencia, tal como la formula el juez del Supremo, Pablo Llarena, en su auto de prisión condicional. Carme Forcadell nos tranquiliza con su explicación: es un movimiento pacífico, la república era meramente simbólica. Todo era una gran ficción. Ahora es todavía pronto para saberlo, pero a veces da la sensación de que nos hemos salvado por los pelos.

13 de noviembre

Gracias al 155

Da un poco de angustia que haya gente con tan poca vergüenza como para seguir diciendo todavía que las ideas son objeto de persecución en España. O que no hay libertad de expresión, como se desprende de las quejas del Colegio de Independentistas, perdón, de Periodistas.

No hay que seguir en el debate semántico sobre si tenemos políticos presos o presos políticos. Yo personalmente no quiero de ningún tipo, ni políticos que estén en prisión por haber cometido delitos de carácter político, como sería intentar dar un golpe de Estado, ni presos que fueran a prisión por expresar sus opiniones o ideas. Tenemos los primeros, y yo los quisiera en casa lo antes posible, y no tenemos ni uno solo de los segundos, por lo que no hay que discutir mucho más sobre los presos políticos.

El último argumento sobre los presos de conciencia o debido a sus ideas ha entrado en este debate de la mano, primero, de las declaraciones del inefable fiscal Maza y, después, de la liberación bajo fianza de Forcadell y de la Mesa del Parlamento, en cumplimiento de las condiciones exigidas por los tribunales, sea la Audiencia Nacional, sea el Supremo, para evitar la prisión incondicional, tal como la sufren ahora Oriol Junqueras y los demás consejeros y dirigentes independentistas.

Todos ellos saben a estas alturas que, para quitarles la prisión incondicional, se les pide que acepten la Constitución y la aplicación del artículo 155, y de esta demanda algunos deducen que todo ello demuestra plenamente que se trata de presos por sus ideas, porque no aceptan la Constitución, ni el 155, ni tampoco quieren renunciar a la vía unilateral para obtener la independencia.

La realidad es que nadie está obligado, los diez presos tampoco, a aceptar todas estas condiciones. Lo que se les pide a los presos es una de las tres condiciones imprescindibles para evitar la prisión incondicional que les ha dictado como sospechosos de rebelión o sedición, además de algunos otros delitos de menor calibre. La primera condición responde al riesgo de fuga, que Puigdemont ha agravado con su actitud; pero, bien mirado, y sobre todo con las elecciones ya convocadas, no parece que sea real. La segunda condición es la destrucción de pruebas, que tampoco parece demasiado evidente, dado que ya no tienen acceso a sus despachos y que la Policía judicial ya ha reunido un montón.

La única condición que puede interesar aún al tribunal es la tercera, la de la reincidencia. Si los presos tienen la intención de seguir haciendo lo que habían hecho hasta el momento de su detención, es decir, intentar crear en Cataluña una república independiente sobre las cenizas de la Constitución española y una vez descabezado el territorio español, entonces parece del todo lógico que intenten impedirlo los tribunales encargados constitucionalmente de evitar que sucedan cosas de este tipo.

La prisión incondicional en prevención de una reiteración delictiva puede ser tan repugnante como se quiera, y sobre todo si se aplica a políticos que conocemos y que incluso son amigos y conocidos, pero también es lo que ocurre con el artículo 155. Ni el propio Rajoy quería aplicarlo. Una y otro caen por su propio peso, como ocurre con los objetos sometidos a la ley de la gravedad. ¿O alguien, por ejemplo la señora Ponsatí por lo que se deduce de sus declaraciones a RAC1, pensaba que se podía proclamar la república, suspender la Constitución española, sin contar con ningún tipo de fuerza —ninguna, ni la auténtica fuerza, ni apoyo internacional, ni ninguna legalidad, ni siquiera la legitimidad de una mayoría social bien construida— y luego dejar a la gente en la plaza y marcharse de fin de semana sin que pasara nada?

La cárcel y el 155 son muy graves, es cierto. Es una catástrofe que se haya llegado hasta aquí. Todo ello es bien penoso para la democracia española y para el autogobierno catalán. Pero no dejan de ser un efecto prácticamente inevitable de una causa, como es un intento lento y frustrado de golpe de Estado parlamentario, en gravísima vulneración de la legalidad y del orden constitucional, que nunca debió producirse.

Todo esto pertenece a estas alturas a un debate bizantino. La mejor o quizás única virtud del 155 es que sirve para hacer unas elecciones tan pronto como se ha podido, y en las que se presentarán todos, de forma que ya están legitimadas por la vía de los hechos, incluso por la CUP. Si los políticos presos se adaptan y conseguimos entre todos que salgan y participen en la campaña, podremos dejarla definitivamente atrás y hablar del futuro. Por cierto, sin unilateralidad, dentro de la Constitución aunque sea para cambiar la Constitución o para separarse, y gracias al 155.

15 de noviembre

Hijos del pujolismo, maestros en autoindulgencia

No hay dudas sobre la filiación, basada en tres principios: el primero es la ley del embudo (solo se cumple la ley cuando va a favor), el segundo es que la culpa siempre es ajena y el tercero, que el país y los intereses propios son todo una y misma cosa (riman bandera y cartera, Pujol y Cataluña). Así funcionó el pujolismo y así lo transmitió a sus herederos, que desbordan ampliamente el estricto marco familiar y partidista de Convergència y de su continuación en el PDCat.

Francesc Trillas lo formuló muy bien: el procesismo es la fase superior del pujolismo. Se puede explicar con nombres y apellidos, en una auténtica genealogía de los dirigentes, los intereses y las empresas independentistas. Se puede explicar también muy claramente en la continuidad de las ideas, especialmente la reserva de desconfianza hacia España que Pujol mantuvo siempre en toda su política de pactos.

Pero también hay una continuidad en términos morales, que se resume en una sola palabra, autoindulgencia, en la que se resumen los tres rasgos de la filiación: protegidos por la noble causa de la nación catalana, estamos autorizados a moldear las leyes a nuestro gusto, a perseguir los intereses particulares protegidos por el patriotismo y a endosar siempre al enemigo exterior todos los errores y todos los males que nos sobrevengan.

Ahora nos encontramos en la apoteosis de la autoindulgencia. Justo cuando comienza —obligadamente, todo hay que decirlo— el reconocimiento de los propios errores y pecados, hay que hacerlo siempre excusándose en los errores o los pecados de los demás. “No estábamos preparados para la independencia”, dice la frase que todo lo resume, pero inmediatamente añade que “no estábamos preparados para hacer frente a un Estado autoritario sin límites a la hora de aplicar la represión y la violencia”.

Fijémonos en que el independentismo ha hecho tres descubrimientos desde el 1-O, tres descubrimientos que para muchos ciudadanos eran evidencias, pero que el independentismo se empeñaba en ocultar, haciendo uso de todo tipo de malas artes, incluidas las mentiras más descaradas. La insuficiencia de su pretendida mayoría social, que contrasta con el despertar de un sentimiento de identidad fuertemente español en una mitad hasta ahora oculta de la sociedad catalana. El rechazo de los mercados y del mundo empresarial en general a un proyecto sin garantías respecto a la continuidad en la zona euro. Y la extraordinaria fuerza coercitiva de todos los estados, radicalmente renuentes a dejarse trocear y dividir con rotura o abuso de ley.

Mintieron y ocultaron, y ahora lo reconocen, aunque es congénita, debida a la filiación moral pujolista, la dificultad para admitir sus errores, suyos y únicamente suyos. Errores que son, en principio, de análisis de la realidad, pero en todo caso de explicación mentirosa a la ciudadanía. Ante el surgimiento de la mitad de Cataluña cómodamente española, se esgrime la serie de palabras fetiche: fascismo, franquismo, extrema derecha... Ante la reacción del mundo económico, las excusas de mal pagador que atribuyen a Rajoy las instrucciones para marchar o el espanto producido en los mercados por la violencia policial del día 1-O. Ante la fuerza del Estado, la increíble explicación de que no lo habían tenido en cuenta y decidieron evitar la violencia.

En resumen: nunca hay responsabilidades propias. Nada se ha hecho mal en estos cinco años en que se contaban las cosas al revés de como después se han producido. Un excelente ejemplo de la autoindulgencia pujoliana al uso nos lo da este martes el editorial “autocrítico” del diario independentista de referencia, que es el Ara, donde tras reconocer los errores de percepción de la realidad y el pecado de ocultamiento de la verdad a los ciudadanos termina el artículo con un párrafo de antología: “El independentismo empieza a hacer autocrítica. Y esto lo fortalece. Algún día, esperamos, también deberá ser el turno del unionismo”. Se supone que este generoso y simétrico consejo no será para conseguir también que el unionismo se fortalezca.

Hay que decir, en su descargo, que estos hijos del pujolismo y maestros en la autoindulgencia han triunfado en toda regla, aunque en su éxito, si acaba plenamente confirmado en las urnas, llevarán la penitencia. Su triunfo popular ha sido tan abrumador que sus seguidores, auténticos creyentes de esta fe demostradamente falsa, siguen como si nada y se preparan a revalidar los errores y los pecados en las elecciones del 21-D: “Credo quia absurdum”, dice dicha clásica sobre el catolicismo (“Creo porque es absurdo”). En premio a sus mentiras y sus ocultaciones, en lugar de enviarlos a la oposición, si atendemos a las encuestas que hay ahora a nuestra disposición, los quieren volver a llevar a gobernar y, por tanto, a repetir los mismos errores y pecados, quizás un poco más prudentemente y más despacio.

Yo espero que no sea así, si atendemos sobre todo a aquel sabio y famoso dicho dudosamente atribuido a Abraham Lincoln: “Se puede engañar a todos durante algún tiempo, se puede engañar a algunos siempre, pero no se puede engañar a todo el mundo siempre”. No importa de quien sea la frase si sirve de consuelo ante la terca persistencia de casi dos millones de catalanes que han creído y siguen creyendo con la fe del carbonero en el santo y gratuito advenimiento de la Purísima Independencia de Cataluña.

17 de noviembre

Cataluña, ¡despierta!

Costará mucho superar el duelo. La derrota es tan severa y de tal profundidad que digerirla costará tiempo y esfuerzo y seguro que no se hará antes de las elecciones. De momento, estamos en el momento autocrítico, breve, superficial y, en el fondo, justo para encarar la fecha del 21-D. En lugar de barrer y tirar el polvo, los autocríticos han escondido la suciedad bajo la alfombra. Ya que no somos capaces de hacer lo que hay hacer en estos casos, nos lavamos la cara para ir a elecciones sin cambiar nada.

Lo más divertido del momento autocrítico —cinco minutos justitos y luego regresamos a lo de siempre— son las justificaciones de los errores, que se resumen en una sola: la maldad del enemigo y la inocencia o ingenuidad propias. Ni siquiera en la admisión del error hay reconocimiento de una culpa moral. España nos engañó: parecía una democracia, pero no lo era. Lo mismo hizo Europa, con su doble vara de medir. Y, sobre todo, la violencia, este instrumento repugnante que los catalanes nunca utilizamos y que el Estado estaba dispuesto a desatar si se encontraba que la república proclamada empezaba a existir.

Los niños, a partir de los diez años, suelen ser más decentes y consecuentes que los dirigentes del proceso, maestros en el engaño y en el autoengaño. Su comportamiento es inexplicable e injustificable, y solo se salvan por la fe del carbonero y la indulgencia de sus numerosos partidarios, que aceptan con los ojos cerrados los argumentos falaces que sirven para justificar todos y cada uno de sus errores y pecados.

El daño que han hecho, ellos y solo ellos, a Cataluña y a los catalanes es inmenso, y lo primero que deberían hacer es meditar sobre las responsabilidades y consecuencias de sus actos y sus decisiones. Han dañado gravemente la economía. Han deteriorado y desprestigiado las instituciones, el Parlamento, la Presidencia y el Gobierno de la Generalitat, pero también, y sobre todo, la escuela y los medios de comunicación públicos. Han roto la amistad civil entre los catalanes, estimulando la aparición de dos comunidades diferenciadas por su adscripción etnolingüística y su identidad cultural. Han dañado la imagen del país y de su capital, en España, en Europa y en el mundo, es decir, han destruido el único poder auténtico catalán de siempre que es el llamado soft power, el de la influencia y el prestigio. Han hecho burla de la legalidad constitucional y estatutaria. Han echado la gente a las calles y al tumulto con los paros de país y con los asedios a instituciones y hoteles donde se alojaba la Policía, poniendo en peligro la integridad física de las personas. Han destruido el catalanismo político, con toda su capacidad de transversalidad y de cohesión, de unión y de pacto, de negociación y de influencia en Madrid. Y, finalmente, han quemado también las energías del independentismo en una aventura frívola e irresponsable, fruto de la ambición personal y de un pésimo cálculo partidista.

Todo esto lo han hecho a toda velocidad. Cuesta mucho construir y nos costará muchos años recuperar el nivel que teníamos antes de que comenzara este desastre. También por los efectos nocivos que tiene en la ciudadanía. Política es pedagogía y las malas políticas son enseñanzas negativas que siembran ideas y comportamientos nefastos, destinados a rebrotar en el futuro. También habrá que hacer un esfuerzo de pedagogía democrática y constitucional durante muchos años para combatir las ideas populistas que tan profundamente han arraigado en el país.

La gente que ha hecho todo esto debería asumir sus responsabilidades de todo tipo, incluidas las judiciales, y apartarse voluntariamente de la política, probablemente para siempre o, en todo caso, por una larga temporada. Sus partidos deberían renovarse urgentemente, en sus programas y en sus direcciones. Y quizás, una vez hecho esto, que requiere tiempo y al menos una legislatura, podrían volver a poner el tren sobre las vías.

De momento nadie lo ha hecho ni ha expresado la más mínima intención de hacerlo. La tentación es seguir como si nada, tal como ya ha avanzado Artur Mas, que es quien mayor responsabilidad tiene en toda esta historia, y tal como demuestra el uso de los presos y de los huidos en las listas electorales. Y esto tiene tres explicaciones: la primera, la urgencia de la cita electoral del 21-D, que no deja márgenes y obliga a improvisar listas y programas; la segunda, el capital propagandístico de los presos, del “presidente exiliado” y del 155, debidamente magnificado y convertido en lo que no es, un ataque irreversible y devastador contra el autogobierno, y en el argumento exculpatorio de todos los errores cometidos; y el tercero, y lo más importante, los votantes, estos casi dos millones de votos que constituyen el único capital vivo del proceso, a los que hay que cuidar para que no cambien en nada, ni en las ideas ni, sobre todo, en el voto.

La mayor inmoralidad del “procesismo” es el engaño sistemático al que sometieron a sus seguidores, esos dos millones de ciudadanos decentes, de buena fe, militantes generosos y catalanistas de corazón, a los que se convenció de la facilidad y la rapidez con que se crearía una república próspera y feliz, europea y pacífica y que se encontraron el fin de semana trágico tras la falsa proclamación de la república con el silencio y la huida de sus dirigentes, que no tenían ningún tipo de plan ni sabían qué hacer a continuación.

Pues bien, la tragedia para los catalanes independentistas es que estos mismos dirigentes, frívolos e irresponsables, autores de una independencia fake como las fake news que difundían, están ahora dispuestos a mantenerse en sus puestos de poder y por ello se proponen, de cara a las elecciones y como único programa, seguir enredando a los dos millones de votantes, exactamente como han hecho estos últimos cinco años, a ver si así vuelven a obtener la mayoría que les permita seguir tercamente excavando el agujero en el que nos han metido con este terrible derrota.

Los catalanes no nos lo merecemos. Los catalanes independentistas tampoco lo merecen. Ahora sí se hace imprescindible el grito matutino de Mónica Terribas, pero en sentido contrario: Cataluña, ¡despierta! ¡Y arrincona de una vez a esta pandilla de frívolos e irresponsables!

20 de noviembre

Antes de Navidad, todos a casa

Antes de Navidad, antes del 21-D, antes incluso de que comience la campaña electoral. Hoy mismo, si fuera posible. Hacer unas elecciones de la trascendencia que tendrán las del próximo 21 de diciembre, con un puñado de políticos en la cárcel y otros huidos de la justicia y pendientes de procedimientos de detención según la euroorden, no es la mejor de las situaciones deseables ni para los ciudadanos ni para el país, ni para el buen funcionamiento de la democracia ni para el prestigio y la buena imagen de Cataluña y de España.

El artículo 155 ya no tiene remedio, pero los presos sí lo tienen, y los huidos también, dado que pueden entregarse y convertirse en presos que sean a su vez puestos en libertad como lo ha sido la presidenta del Parlamento Carmen Forcadell. No cabe escandalizarse con el 155 como hace la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, a la que tampoco le gusta la república del 27-O, pero no sabe decirnos qué había que hacer una vez declarada. El 155 es la condición necesaria de las elecciones, convertida además en condición casi suficiente gracias a que todos los partidos se han presentado, incluso los que hipócritamente piden su suspensión.

Imaginemos por un momento qué serían estas elecciones si los partidos independentistas hubieran tenido un comportamiento consecuente y de acuerdo con sus declaraciones y programas, auténtica novedad que hubiera sorprendido a todos, incluidos a sus seguidores. No se hubieran presentado a las elecciones, que han calificado de ilegales, pero a la vez habrían concertado una defensa política de todos los procesados, en abierta impugnación de la legitimidad de los tribunales, del Estado y de la democracia española. Seguro que habrían hecho una sola y única candidatura para convertir las elecciones en plebiscito de la república nonata. También la hubieran proclamado de verdad, no con trucos lingüísticos pensados para defenderse después ante los tribunales. Hubiera habido balcón, auténtica fiesta y banderas españolas arriadas. Y, ciertamente, mucho más riesgo de cárcel para mucha gente, mucha más de la que ha pasado hasta ahora por ella.

Seamos sinceros y claros: mejor que sea así; mejor que nuestros revolucionarios lo sean solo de fin de semana, frívolos e inconsecuentes, adscritos siempre a la ambigüedad de su maestro en catalanismo y en moral, el auténtico padre del soberanismo contemporáneo que es Jordi Pujol. Mejor que salgan todos de la cárcel lo antes posible, después de dar seguridades a la justicia de que no reincidirán para ser así merecedores de la libertad bajo fianza. Mejor, incluso, que Puigdemont termine lo antes posible su periplo incomprensible y absurdo y se entregue a la justicia, evitando el ridículo y también el sufrimiento para él mismo y para su familia.

El fariseísmo de los dirigentes procesistas es prodigioso. Todo lo que han hecho desde la formación del Gobierno Puigdemont se dirige a provocar una reacción virulenta por parte del Gobierno de Rajoy. Hay que releer las declaraciones y resoluciones parlamentarias, las columnas de sus sermoneadores y escucharlos de nuevo en las tertulias: esperaban y deseaban que los tanques bajaran por la Diagonal, leyes de excepción, detenciones masivas, regreso de una dictadura. Alcanzaron el éxito de las imágenes del 1-O, mezcla de astucia propia y de torpeza del Gobierno de Rajoy, incapaz de detener el falso referéndum con medios pacíficos. Pero no fue suficiente y ahora ha sido necesario inventar la amenaza de una represión virulenta y mortífera para justificar ante sus seguidores su indecisión y su falta de cualquier tipo de plan para el día siguiente de la proclamación. La verdadera noticia histórica de nuestra época es que se haya producido un intento de secesión tan drástico, serio y continuo y haya terminado con el balance bien limitado e incruento que conocemos. Y, además, que esto haya ocurrido en un país como es España con los antecedentes trágicos que tienen tal tipo de experiencias.

El independentismo se merece una derrota resonante, en correspondencia al penoso balance que ofrece del proceso, de cara al conjunto de los catalanes, pero también de lo que han hecho a sus mismos seguidores, a los que han engañado después de haberlos animado y comprometido. Pero el lugar donde se le debe derrotar es en las urnas, no en los tribunales ni en las cárceles, en ningún caso en la calle, el lugar elegido precisamente por el mismo independentismo para hacer sus demostraciones y pruebas de fuerza. La democracia representativa y el Estado de derecho son los que tienen que derrotarle, lejos de su terreno de juego de la democracia plebiscitaria y populista y de las apelaciones tumultuarias al pueblo. Y si no se le derrota ahora, gracias a la fuerza de la inercia que tiene aún el procesismo, acabará sucediendo más adelante, cuando se haga evidente a los electores que solo una pasada por la oposición podrá regenerarlo.

No estamos en los años de la transición española, cuando se esperaba las leyes de amnistía con el lema “En Navidad, todos en casa”. Tiempo habrá, cuando todo se haya encarrilado, para emprender los caminos de la clemencia que alivie las penas de quienes puedan ser condenados por las vulneraciones de la legalidad constitucional en el último tramo del proceso independentista. Pero, de momento, de cara a las elecciones, a todos conviene una campaña lo más pacificada posible, con los presos y los huidos en casa. En España no hay presos de conciencia, por sus ideas, presos políticos, por tanto, pero mejor que no tengamos políticos presos y menos políticos presos que son candidatos. ¡Todos a casa, lo antes posible!

22 de noviembre

No existe un bloque del 155

La última invención de la propaganda procesista es el bloque del 155. La propaganda tiene la virtud de que sobrevive a cualquier derrota. Esta historia se ha terminado, las ideas se han agotado, los programas han quedado inservibles, los dirigentes —encarcelados, huidos o vencidos— han quedado carbonizados y, sin embargo, la propaganda sigue tan campante, como la orquesta del Titanic.

Dividir el mundo entre los partidarios de la aplicación del artículo 155 y sus enemigos es, ante todo, un instrumento de presión sobre Ada Colau y el conjunto del mundo de los comunes, desazonados por las arenas movedizas en las que se hallan instalados. Nada temen más los intimidados comunes que su identificación con Rajoy y con el PP, por lo que se ven constantemente obligados a buscar la posición equidistante que les permita rechazar los evidentes disparates independentistas sin lanzarse en brazos de la España constitucionalista.

No existe el bloque del 155. Y, si existe, está formado por una enorme variedad de políticos que sostienen posiciones muy distintas respecto a la aplicación de este artículo de excepción de la Constitución. Hay políticos que no pueden ver el artículo 155, pero que lo aceptan a regañadientes, por ejemplo, Carme Forcadell y la mesa entera del Parlament, además de Rull, Turull, Forn e incluso Junqueras y, a continuación, todo lo que queda del Gobierno; unos por explícito acuerdo y otros por implícita omisión, pero todos al final conformes y conformados.

Si somos rigurosos, todos ellos forman parte del bloque del 155, al que hay que adscribir también todos los partidos que se presentan a las elecciones, hasta llegar incluso a la CUP. En este caso no lo hacen a regañadientes, sino en alegre contradicción con lo que predican en su programa, que consiste en seguir por el camino de la república nonata y de la desconexión y sabiendo a lo que conduce, que es a la persistencia del 155. En realidad, su extremismo los convierte en los más fervientes partidarios del artículo 155. Les gusta tanto que no quieren que deje de aplicarse el día 22 de diciembre, sino que prefieren que siga aplicándose o vuelva a aplicarse tantas veces como sea necesario para evitar la república que nunca podrán construir.

Sabemos que los extremos se tocan. Los de la CUP coinciden con las posiciones más extremas que encontramos en sectores del PP y de C’s que querían un 155 duro y largo, para intervenir a fondo la autonomía catalana, recortar competencias en orden público, los medios de comunicación, la enseñanza y las finanzas y convertir así una circunstancia excepcional en el momento de una contrarreforma definitiva del Estado de las autonomías que aplanara el autogobierno catalán hasta el nivel más bajo posible. La radicalidad de la CUP, aplaudida desde sectores especialmente excitados de ERC y de PDeCat, consiste en convertir la España actual en lo más parecido posible al centralismo franquista, y ahí era imprescindible el 155 duro y largo que ellos querían.

Frente a estos extremismos, hay un 155 corto, moderado y centrista, que entiende la aplicación de este artículo como el recurso último e inevitable ante la cabalgada unilateral e inconstitucional emprendida propiamente desde el 9-N de 2015 con la declaración de soberanía y con un único y principal objetivo, como es convocar elecciones inmediatamente. Hubiera sido mejor no aplicarlo, sin duda, y por eso hubo quien se dedicó a intentar convencer a Puigdemont para que convocara las elecciones por su propia iniciativa, como hicieron Urkullu, Santi Vila o Miquel Iceta, todos ellos naturalmente pertenecientes al bloque del 155 según la visión más extremista de la jugada.

El 155 es el único mecanismo a mano para cortar de raíz la huida hacia ninguna parte emprendida por el independentismo, incapaz de hacer nada con las declaraciones y proclamas que él mismo ha defendido. En realidad, a la vista de la coalición destructiva e ideológicamente contra natura que permitió la DUI del 27-O, el 155 debió aplicarse desde mucho antes, justo cuando el soberanismo, a falta de la mayoría parlamentaria, se lanzó en brazos de la CUP para no verse apeado del Gobierno, como estuvo a punto de suceder antes de que Puigdemont se convirtiera en el mirlo blanco y obediente al servicio del Anna Gabriel y los suyos.

La sospecha que corroe la moral soberanista desde el 27-S de 2015 es que entonces llegó al punto más alto de la crecida independentista y que nunca más volverá a contar con tanta fuerza como para intentar de nuevo su aventura secesionista. De ahí su interés por evitar nuevas elecciones y sacar el máximo provecho a la legislatura ahora disuelta.

El bloque del 155 es, en realidad, el bloque de las elecciones que vuelven a dar la voz a la gente en la forma adecuada a una democracia representativa en vez de la democracia plebiscitaria que el soberanismo pretendía. El independentismo también se presenta y forma parte del bloque porque no tiene otro remedio, puesto que también vive del sistema electoral y de sus subvenciones, pero en su denigración del bloque del 155 tiene ya construida la propaganda, los nuevos y falaces argumentos con los que explicará esa derrota que cada vez se dibuja más nítidamente en el inmediato horizonte.

30 de noviembre

Nunca de amarillo

Nuevamente una mala decisión. Lo fue sustituir la señera por la estelada, bandera de todas las derrotas. También tomar caminos unilaterales en lugar de bilaterales o multilaterales, las prisas en lugar de la paciencia estratégica y las mayorías avaras en lugar de las calificadas. Ahora han cometido otro error al elegir el amarillo para la protesta contra el 155, contra los encarcelamientos y en favor de las candidaturas indepes.

Con la cantidad de actores movilizados en el proceso y la gran dosis de teatro que se ha hecho durante estos interminables cinco años, ¿cómo puede ser que nadie les haya dicho a los dirigentes que nunca hay que subir a un escenario vestido de amarillo y ni siquiera con un detalle de este color en el pecho? Desde que el gran Molière murió en el escenario vestido de amarillo el 17 de febrero de 1673 durante la representación de El enfermo imaginario, la gente de teatro rehúye el color amarillo, al menos cuando tiene que salir a actuar.

El procés, incluso cuando está en las últimas, sigue siempre la misma pauta. Lo que da valor a sus propuestas no es nada intrínseco, sino la reacción del adversario, el Estado enemigo, el Gobierno de Mariano Rajoy y los que lo apoyan. Nada demuestra más claramente el vacío del proyecto que el infortunado desenlace del 27 de octubre, con una falsa proclamación de una inexistente república por parte de un Gobierno primero silencioso y luego fugitivo. Todo teatro. La única ancla de salvación la proporcionó la reacción de la justicia, con los políticos presos, y de Rajoy, con el 155.

Con el amarillo pasa lo mismo: una vez tomada la lamentable decisión de promocionar el color de la mala suerte para la campaña de los partidos independentistas, lo que sostiene su uso y entusiasma a los seguidores es su prohibición por las juntas electorales. Esta política reactiva es muy interesante para mantener la movilización y quemar las abundantes energías militantes, dedicadas ahora a buscar todo tipo de juegos y trucos de color amarillo para reírse de la prohibición. Ya que no hay hoja de ruta ni programa, dediquémonos al menos a embadurnarlo todo de amarillo en honor de presos y fugitivos.

La solidaridad está muy bien. No debe haber políticos presos aunque sean sospechosos de haber cometido delitos políticos horribles, como es cargarse el Estatuto y la Constitución, despeñar el Gobierno y el Parlamento por el camino de la ilegalidad y proclamar una república iliberal como proyecto y como procedimiento. Pero no puede haber objeción a que los ciudadanos expresen esa solidaridad exhibiendo signos comprensibles que significan su libertad, aunque yo particularmente nunca me pondría una señal amarilla encima, sobre todo si fuera amigo o familiar de un político preso, porque me parecería que estoy contribuyendo a que siguiera en prisión.

A los partidos independentistas, una vez cometido el error cromático, les va muy bien que la prohibición se extienda tanto como sea posible y se centre, sobre todo, en el color, para que el 21-D todo amarillee alrededor de las urnas. Será una escenificación notable, como todas las que han organizado los factótums del procés, que llenará de satisfacción a los participantes, aunque los resultados no los acompañen mucho o nada, como algunos ya empiezan a olerse. Seguro que lo atribuirán a las maniobras y maldades del Estado y del bloque del 155, pero en realidad será resultado de la elección errónea del color de la mala suerte cuando se sube a un escenario, y el proceso es el más colosal que hemos conocido en los últimos decenios.

Una nota final de aclaración. La Junta Electoral no prohíbe que los ciudadanos particulares embadurnen de amarillo lo que quieran e incluso que vistan de amarillo, como Molière al morir, el día de las elecciones. Lo que no gusta a los partidos no independentistas, y por eso recurren ante la Junta Electoral, es que se utilicen medios y presupuestos públicos, como son los edificios e instalaciones municipales, y sobre todo Catalunya Ràdio o TV3, para hacer campaña descarada a favor de los partidos independentistas. Buena parte de los protagonistas de estas manipulaciones son actores también ellos mismos, que se atreven a vestirse de amarillo sobre el escenario del procés y poner en peligro la existencia de los medios de comunicación públicos que les dan de comer. Todo muy extraño y de muy mal agüero.

Diciembre

3 de diciembre

El 155 no es un artículo, sino dos

O, dicho de otra forma, puede leerse de dos formas distintas e incluso contrapuestas. Para unos, mero instrumento, práctico y sencillo, en manos del Gobierno para desactivar la proclamación de la república catalana el 27 de octubre. Para otros, una intervención inicial del autogobierno catalán y primer paso en la contrarreforma del Estado de las autonomías.

Se lea como se lea, desde hace un mes están suspendidos los dos poderes, ejecutivo y legislativo de la Cataluña autogobernada, pero ninguna competencia se ha visto afectada y la Administración central del Estado apenas ha intervenido en el funcionamiento de la Administración autonómica. Una vez se haya obtenido el efecto que se buscaba con la aplicación, es decir, celebradas las elecciones el 21-D y constituido el Parlament, el 155 dejará de tener efecto.

Es cierto que, aplicado una vez, puede aplicarse tantas como haga falta. El mecanismo de salvaguarda constitucional ante actuaciones inconstitucionales de las autonomías ha quedado desprecintado y su mera existencia como herramienta experimentada es en sí misma disuasoria respecto a futuras vulneraciones de la carta magna. Desde este punto de vista no hay nada que temer del resultado electoral: sea cual sea el color del Gobierno que se forme, deberá atenerse al respeto del marco constitucional, 155 incluido.

Esta es una versión efímera y suave del 155 que contrasta con la versión dura y larga en la que muchos se habían instalado en sus deseos o en sus temores. Aunque debía terminar con unas elecciones sin fecha, la fuerza del 155 largo estaba en la intervención de la autonomía, para destituir el Gobierno, cerrar o neutralizar el Parlamento y purgar la Administración, especialmente las finanzas, el sistema escolar y los medios de comunicación públicos.

Si los deseos recentralizadores no se han visto cumplidos, la propaganda independentista se ha encargado de amplificar los temores. De momento, los esfuerzos para ofrecer un balance catastrófico, con una Administración paralizada y las inversiones congeladas, han resultado escasamente creíbles. Hay que entrar en detalles, con frecuencia menores, para fundamentar la idea de que el 155 está produciendo desperfectos irreparables. O hay que empaquetar, como si fuera todo lo mismo, el conjunto de las medidas tomadas frente al proyecto independentismo, como fue la previa intervención de las finanzas de la Generalitat, las actuaciones de la Judicatura y de la Fiscalía o ahora las decisiones de la Junta Electoral ante las demandas de neutralidad de las instituciones y los medios públicos.

El objetivo de la intervención aprobada por el Senado a propuesta del Gobierno era terminar con el proceso independentista y hacerlo mediante unas elecciones, de forma que todo lo que contribuyera a ambas cosas entraba dentro de lo previsible e incluso razonable. No lo es, en cambio, aprovechar la circunstancia para devolver a instancias de un juez de primera instancia las piezas del Museo de Lleida a Sijena. No solo no sirve para terminar con el proceso, sino que contribuye a alimentarlo, y si tiene algo que ver con las elecciones será con las generales, no con las catalanas, en lo que afecta a las expectativas de voto del PP en Aragón.

Las dos versiones del 155 tienen que ver también con las elecciones y los programas, al menos tantos como partidos. En el radicalismo independentista encontramos a quienes rechazan la aplicación del artículo y quieren seguir con la república nonata como si en realidad hubiera nacido. En una cierta prudencia también indepe están los que lo aceptan, ya sea por imperativo legal, como es el caso de los imputados, ya sea por imperativo de realismo político, y aspiran incluso a ganar unas elecciones del 155 aunque las califiquen de ilegítimas.

Ambos grupos exigen el levantamiento del 155 como si alguien hubiera propuesto su aplicación perpetua, pero, en realidad, lo que hacen es convertirlo en un fetiche, que les sirve para seguir dividiendo el campo de juego según la regla populista al uso. El bloque del 155 o el tripartito del 155 es el espantajo que sirve para mantener la polarización y convertir el 21-D en un nuevo plebiscito: presos o 155, hacer república (que no se sabe qué quiere decir) o statu quo, Puigdemont o Rajoy.

En el hemisferio no independentista encontramos también matices. En primer lugar, están los comunes, siempre equidistantes entre la DUI y el 155, de los que abominan por igual. Su posición ilumina en realidad el 155, cuya aplicación es resultado directo, casi automático, de la DUI, como la ley de la gravedad con los objetos. ¿Qué otra alternativa mejor, más minimalista e indolora le quedaba a Rajoy? ¿O no debía hacer estrictamente nada una vez proclamada la república?

Hay pocos matices entre PP y C’s, si bien en favor de Arrimadas hay que decir que pidió y obtuvo un 155 breve para convocar elecciones. Iceta no quería el 155, bregó para que Puigdemont convocara elecciones por sí mismo y una vez no fue posible buscó un 155 lo más breve y eficaz posible. PP y C’s están en distintos grados por un 155 que prolongue sus efectos en el tiempo o que produzca una acotación de competencias autonómicas para evitar que vuelva a repetirse una intentona como la que hemos vivido. No hay bloque del 155, pero PP y C’s, con su presión electoral sobre el PSC, también trabajan para que exista, bajo la mirada complaciente e interesada del bloque auténtico, que es el independentista.

El mes de aplicación del 155 nos permite observar cómo la convocatoria electoral ha tenido el efecto de un calmante sobre el agitado clima político que vivía Cataluña. Ha cambiado la agenda política, controlada hasta su aplicación por el Govern independentista, al que ha quitado la iniciativa el Gobierno de Rajoy. La dinámica preelectoral ha obligado al independentismo a compaginar la defensa judicial y política con la preparación de la campaña, dividiendo sus energías y sus fuerzas. Le ha dejado, además, a la intemperie, con la hoja de ruta agotada e invalidada, su programa vaciado y sin propuesta alguna de Gobierno para el futuro. No es todavía el regreso a la normalidad, pero es a lo que más se parece.

5 de diciembre

Cómo debe ser quien presida Cataluña

Todo el mundo está de acuerdo, desde Madrid hasta Bruselas, en que se trata de una elección histórica, una de las más importantes quizás de la historia de Cataluña y de la actual democracia española; y, en todo caso, tanto al menos como la que dio la presidencia a Jordi Pujol en 1980. Estamos ante una auténtica encrucijada política que puede dibujar el futuro para muchos años o empantanarnos del todo si surge un Parlamento fragmentado y sin capacidad de producir un Ejecutivo estable y eficaz.

Aunque siempre se vota a partidos, en este caso contarán especialmente la personalidad de quienes puedan aspirar a la presidencia; su carácter, la fuerza personal, la inteligencia, la capacidad de comunicar y la empatía. Mala cosa si un candidato tiene los votos pero no las virtudes. La personalidad puede ser determinante en un momento de tanta incertidumbre. Nunca es bueno, como recientemente hemos comprobado, que un presidente no tenga autoridad, sea dubitativo e inseguro y esté lleno de complejos y prejuicios, y ahora todo esto contará todavía mucho más.

Además de las virtudes del carácter, quien sea elegido debe ser alguien que aspire y se sienta a sí mismo como presidente de todos los catalanes. Que no sea un presidente de la mitad de los catalanes contra la otra mitad, de los independentistas contra los no independentistas, o viceversa. Sabiendo de dónde venimos, que es de la máxima división entre catalanes conocida por las actuales generaciones, debe ser un presidente que sepa unir en vez de dividir y separar. Y, por lo tanto, conciliador y dialogante, con la recuperación del buen clima y de la convivencia como punto fundamental de su agenda.

De esta actitud se deduce que debe serlo sobre todo con el conjunto de los españoles. De los que se sienten españoles dentro de Cataluña, que son muchos, y de los que lo son fuera de Cataluña, que son aún muchos más. Y no solo con los ciudadanos y con la sociedad, sino también con las instituciones, todas, incluido el Gobierno central y, lógicamente, con la Corona. Un presidente, por tanto, capaz de iniciar de nuevo desde Barcelona la gran conversación catalana y española que no debimos abandonar nunca, a fin de recuperar la capacidad de consenso y de pacto que siempre nos ha llevado a los caminos más interesantes, por efectivos y por fructíferos.

Dialogante y conciliador no significa que tenga que transigir con los que no cumplen o no quieren cumplir la ley. Hace falta un presidente que cumpla y haga cumplir las leyes, con las lecciones del 6 de octubre de 1934, que ahora son también las del 27 de octubre de 2017, muy bien aprendidas. Ya sabemos, la autoridad del Estado en Cataluña no puede vulnerar la legalidad ni la autoridad del Estado en Cataluña, puesto que es la suya propia: es un acto inconstitucional de deslealtad y también es un suicidio, que destruye el edificio sobre el que Cataluña ha conseguido avanzar y crecer. Esto excluye todo método unilateralista, las líneas rojas, las condiciones irrenunciables y los plazos perentorios. Nada de jugar con los límites de la legalidad. Necesitamos un presidente leal a la Constitución y que pida lealtad a todos respecto al Estatuto de Cataluña; que no oponga legalidad a legitimidad, ni contraponga democracia con instituciones representativas, ni Generalitat con Estado, porque la institución catalana también es Estado.

Debe ser también profunda y honestamente europeísta, no solo de oportunidad; activo militante en favor de la unión cada vez más estrecha de los pueblos y de los ciudadanos europeos, como resultado también de su militancia activa en favor de la unión cada vez más estrecha de los pueblos y de los ciudadanos de España. Su presidencia debe dar una señal muy fuerte y muy clara a todos, catalanes, españoles y europeos, sobre el futuro de Cataluña dentro de España y dentro de Europa. Debe darla a los mercados, inversores e instituciones internacionales, para que vuelvan las empresas, los congresos y los proyectos que están huyendo despavoridos. Este presidente deberá ser él mismo, tanto por su personalidad, su carácter y sus ideas como por su programa de reconciliación y de recuperación, esta señal de confianza y de esperanza que necesitamos.

También debe ser alguien con un gran sentido institucional, consciente de la responsabilidad que tiene la presidencia catalana en la continuidad desde la Segunda República, y especialmente en sus prolegómenos de la Mancomunidad, cuando se sentaron las bases del catalanismo actual. Un presidente —o una presidenta— catalanista, que defienda la lengua, la cultura y la identidad nacional catalana dentro de la España plural dibujada desde hace más de cien años con los primeros pasos del catalanismo político por Valentí Almirall. La presidencia de la Generalitat no se entiende sin el catalanismo. De hecho, es una institución hija del catalanismo histórico, por lo que mal se podría imaginar un presidente que se instalara de espaldas o en contra de las ideas del catalanismo.

Su catalanismo debe ser profundo y auténtico pero posibilista, plural y transversal, capaz de incluir a todos y hacerse incluso ideología de fraternidad y de participación en la vida política y en la gobernanza de España, como ha sucedido tantas veces en las etapas más fructíferas de esta ideología nacional ya centenaria. Un catalanismo abierto, amistoso y europeísta que debe eliminar cualquier perjuicio antiespañol y abandonar estereotipos, tópicos y fabricaciones seudohistóricas que presentan a los catalanes, sus intereses, su carácter, su cultura y su lengua, como adversarios consustanciales del resto de España.

A un presidente catalanista habrá que exigirle que luche con todas sus fuerzas para consolidar y modernizar, mejorar y ampliar el autogobierno de los catalanes tanto como sea necesario y posible, siempre dentro del marco constitucional español, siempre en diálogo con el conjunto de las fuerzas políticas y de las instituciones catalanas y españolas. Desde un catalanismo solidario, claro está, bien lejos de la avaricia fiscal que caracteriza a los liguistas italianos y que contiene en su seno el germen de la descomposición europea. Tampoco debe pedir privilegios, como ya supo hacer el catalanismo en dos ocasiones anteriores, con la Segunda República y con la Constitución de 1978, sino que debe estar dispuesto a compartir con todas las demás autonomías que lo deseen este afán de autogobierno que caracteriza a los estados compuestos, entre los que España ha sido y debe volver a ser un caso modélico.

Si atendemos solo a las preferencias partidistas que dibujan las encuestas se hace difícil imaginar que este presidente ideal tenga posibilidades de hacerse realidad. Pero las encuestas también nos dan datos respecto a los deseos de los catalanes acordes con este retrato ideológico. El sondeo de Metroscopia del pasado lunes para El País detectaba un 80 por ciento de los catalanes a favor de una coalición de Gobierno que privilegie el restablecimiento de la convivencia y un 75 por ciento que busque una solución negociada entre Madrid y Barcelona. Ahora solo hace falta que la campaña electoral sirva para que estos sentimientos difusos den, gracias al voto, con este presidente de la convivencia y de la confianza.

11 de diciembre

Mundos que se alejan

Ya no son mundos paralelos. Son mundos que se alejan, cada vez más remotos e incomprensibles. Se alejan como si tomaran impulso para enfrentarse en un futuro y aplazado choque apocalíptico.

No se soportan. Son incompatibles. No pueden verse ni escucharse. Menos todavía ver y escuchar los medios a través de los que se expresa cada uno o leer sus periódicos, revistas y libros. Parte de la argumentación reside en la mutua descalificación, amalgamados en dos campos netamente separados y agrupados: los propios y los ajenos. Ha quedado arrumbada la idea de la pluralidad de opiniones, tan necesaria en una sociedad abierta y libre en la que se practica el respeto mutuo. No hay consideración ni respeto, sino un juego diabólico en el que cada parte busca una ofensa en la falta de simpatía de la otra.

La sordera a los argumentos ajenos viene de lejos. Ahora la ceguera por los sufrimientos del adversario también es colosal. El otro es el infierno. Cada uno crece en la incomprensión del adversario detestado. Siempre antidemocrático, fascista, golpista y violento a ojos del otro. Sin términos medios que valgan. Al final, los justos a un lado y los condenados en el otro y viceversa, en un doble juicio final demencial sin limbos para tibios y equidistantes.

Todo se va preparando para convertir Cataluña en una especie de Ulster, de momento sin armas, donde dos comunidades ya separadas, incomunicadas y enemigas se ven obligadas a una coexistencia llena de dolor y de resentimiento, de odio, en definitiva.

La convocatoria de las elecciones, gracias al artículo 155, ha roto la dinámica de una secesión que se vendía como inmediata, fácil y gratuita, pero no ha pacificado las relaciones entre los ciudadanos, al contrario. La campaña, sumada a los procesos judiciales y los encarcelamientos, está encrespando todavía más los ánimos. Las encuestas, para postre, retratan una Cataluña ingobernable, incapaz de convertir las elecciones en un momento de reconciliación y amistad civil.

Las dos Cataluñas que estamos construyendo componen juntas un monstruo social y político, económicamente ruinoso, culturalmente imposible de vivir y políticamente de gestión penosa y difícil. Este es el nuevo proceso al que estamos enfrentados, una vez fracasado ya el primer y desgraciado proceso soberanista que nos ha traído hasta aquí.

No es un proceso para separarse de España, sino para separar a los catalanes, unos de otros. Pero que nadie se engañe. Si no se revierte la dinámica negativa y esta se enquista en Cataluña, terminará proyectándose al conjunto de España.

13 de diciembre

El 155 tiene futuro

Apenas tiene pasado: jamás se había aplicado hasta el 27 de octubre y solo venía siendo objeto de discusión sobre su utilidad en los últimos meses de aceleración del proceso independentista. Su presente es bien claro, hasta el punto de que ocupa el lugar de honor de la campaña electoral, especialmente en la retórica del independentismo. Pero la cuestión que más interesa y que ya es objeto de pelea, incluso electoral, es su futuro, cifrado en dos preguntas: ¿cuándo dejará de aplicarse? ¿Podría aplicarse de nuevo en función del resultado?

El campo independentista rechaza la aplicación del 155, aunque no la convocatoria de las elecciones del 21-D. Siguiendo la vieja costumbre de jugar a dos barajas, intenta ganar las elecciones pero a la vez prepara preventivamente su deslegitimación por si el resultado no fuera de su conveniencia. Para ello, nada mejor que la siembra de sospechas sobre un eventual pucherazo en el recuento o la ausencia de condiciones en la campaña por el encarcelamiento de sus candidatos, las exigencias de la Junta Electoral a los medios públicos catalanes o las supuestas limitaciones a la libertad de expresión impuestas por la justicia en sus investigaciones sobre el proceso independentista.

Según la sofística independentista, estas limitaciones se deben al 155, madre de todos los actuales males de Cataluña. Si hasta ahora el proceso era un combate por la independencia, ahora es contra el 155. Por supuesto, el independentismo ha perdido la memoria respecto a las acciones y omisiones que condujeron a la aplicación del 155, desde las iliberales leyes de desconexión de los días 6 y 7 de septiembre hasta las dudas de Puigdemont en la madrugada del 26 de octubre, a la hora de convocar elecciones anticipadas para evitar precisamente la intervención de la autonomía.

Puigdemont quiere convertir la cita electoral en un nuevo plebiscito, pero esta vez no sobre la independencia, sino sobre el 155. Según el sofisma que no se cansa de difundir, el “bloque del 155” debe acceder a su restitución en la presidencia de la Generalitat y la del Gobierno entero en caso de que no ganen las elecciones. Es decir, no basta con que el 155 deje de aplicarse como resultado de las elecciones en cuanto se forme el nuevo Govern, algo en lo que están de acuerdo todos, incluso Rajoy, sino que pretende su invalidación retroactiva, de forma que convierta su hipotética investidura en una restitución de la presidencia.

La función electoral más directa de este argumento es que arrincona al encarcelado y enmudecido Junqueras como candidato presidencial, obligado a apoyarle, incluso si le gana en las elecciones, a riesgo de aparecer como parte del bloque del 155. Indirectamente, también los consejeros de Esquerra que están en libertad son candidatos a este oprobio. Y, por supuesto, los futuros diputados de los comunes que decían oponerse al 155, pero no tienen intención de investirlo como presidente.

Con esta nueva situación, el paisaje independentista acaba de dar un vuelco, en el que Puigdemont y su lista de Junts per Catalunya aparecen radicalizados al lado de la CUP y Esquerra, en cambio, desplazada hacia el centro y hacia el pragmatismo, buscando la alianza con los comunes. Esta es la última contorsión de Puigdemont para intentar salir del pozo en que se ha metido, intentando resucitar el difunto proceso a partir de una mayoría exigua. Nótese que le basta con que el tripartito independentista obtenga una mayoría, incluso no absoluta, para que pueda argumentar la necesidad de convertir los diputados opuestos al 155, incluidos los comunes, en los de su investidura de restitución presidencial.

De darse una victoria tal de Puigdemont, la peor consecuencia la sufrirían el conjunto de los catalanes. Empeñarse en la anulación retroactiva del 155 es la mejor forma de obligar a Rajoy a aplicar de nuevo el 155 ante la amenaza de continuación del golpe parlamentario iniciado los días 6 y 7 de septiembre y en propiedad solo declarativamente culminado el 27 de octubre. Con el grave inconveniente de que, en una segunda ocasión, sin posibilidad de celebrar elecciones durante un año, significaría la intervención larga y dura de la autonomía que no se ha producido ahora. Probablemente es lo que quieren Puigdemont y los independentistas más radicalizados.

15 de diciembre

Final de subasta

El peor escenario para el independentismo es el que dibuja la encuesta que hoy publicamos. Pilar Rahola, periodista de cabecera del procés, lo contó ayer en su columna diaria de La Vanguardia: si JxCat y ERC no tienen mayoría absoluta, C’s es el primer partido y el Parlamento se instala en la inestabilidad, el artículo 155 habrá recibido un doble aval (uno por la victoria del partido antinacionalista por excelencia y otro por la derrota del independentismo). Será la muerte pelona del procés y se abre “un magro horizonte para los presos catalanes”.

Aunque es ante todo un desastre para el independentismo, sus efectos van más allá. Una Cataluña sin Gobierno significa dos cosas, ambas malas: que las urnas no dan una señal de normalización, de forma que no regresan las empresas y las inversiones, no se restablece el diálogo ni la convivencia y no se puede volver todavía a gobernar, después de cinco años vacíos; y que el 155 no tan solo sigue vigente, sino que será objeto de controversia sobre una eventual aplicación más severa y más larga.

La encuesta no permite ni siquiera atisbar una mayoría capaz de buscar una cierta estabilidad y el regreso a la normalidad estatutaria y constitucional. La más coherente, la suma constitucionalista (PSC, C’s y PP), queda corta con sus 62 diputados. Una improbable suma de izquierdas, que exigiría rectificaciones drásticas (ERC, CeC-Podem y PSC), no da más que 64 diputados. Y una suma imposible de sumandos incompatibles (CeC-Podem, PSC y C’s) también quedaría corta, con 67 diputados. Solo habría investidura con los votos o la abstención de una cuarta fuerza, todavía más incompatible en los tres casos.

En los días que restan todavía caben movimientos y acontecimientos que perturben las tendencias, pero ya no hay duda de que Cataluña se dirige a un cambio de época, aunque no sabemos si va a culminar ahora o en una segunda cita electoral.

El dibujo de una alternativa al nacionalismo está cada vez más perfilado. El nacionalismo está dividido por una pugna histórica interna por la hegemonía entre ERC y lo que queda de Convergència, que culmina justo cuando se produce el asalto exterior para desalojarlo de la hegemonía política. Ambos partidos vienen de una larga subasta por demostrar quién es más nacionalista, y cuando la subasta toca a su fin, se da un curioso intercambio de papeles entre un Puigdemont huido, radicalizado y próximo a la CUP, que exige la presidencia para derogar el 155, y un Junqueras encarcelado y pragmático, cada vez más atento a la centralidad política, que sueña en obtener al fin la presidencia en las elecciones convocadas gracias al 155.

18 de diciembre

Regreso a casa

No se puede perdonar lo que no ha sido castigado. Tiene razón Rajoy. Aunque fuera aconsejable, sería una propuesta prematura. Esto lo ha aclarado y muy bien el propio autor de la ocurrencia, en la recta final de campaña, el candidato socialista Miquel Iceta en su entrevista de ayer con El País. Cierto es que la discusión puede empezar incluso en la idea de castigo. Muchos creerán que el que ya se ha infligido es excesivo y otros, en cambio, pensarán que nunca será suficiente ante la perversidad de los propósitos que se trataba de castigar.

Que la discusión es prematura lo revela la inmadurez jurídica del caso. Hay encarcelamientos preventivos, hay huidos de la justicia, hay varios procesos en marcha, pero ni siquiera hay amplio consenso sobre la entidad de los delitos, algo que deberá establecer la justicia, naturalmente, con total independencia de criterio, en una horquilla que va desde la gravedad extrema de la rebelión hasta la malversación de fondos públicos, pasando por la sedición.

Cuestión capital es la definición de la rebelión, porque implica la existencia de algún tipo de alzamiento violento que habrá que demostrar. Las divergencias jurídicas sobre la cuestión, como sobre todo, responden a diferencias políticas. Para los presuntos rebeldes, sediciosos o malversadores, todo lo que han hecho forma parte del ejercicio de un derecho democrático, en este caso el de autodeterminación, que han querido ejercer según dicen pacíficamente. Para el Gobierno español y el constitucionalismo, también para la UE y la comunidad internacional en general, todo lo que ha hecho la mayoría independentista tiene la sólida apariencia de un golpe de Estado, que pretendía anular la vigencia de la Constitución y del Estado de derecho en una parte del territorio, mediante el uso coactivo de las movilizaciones de masas y en algunos casos de piquetes preparados para suscitar reacciones violentas.

Si el independentismo considera que no ha habido delito no es únicamente por el legítimo derecho a la defensa ante los tribunales, sino también porque en sus filas hay formaciones y dirigentes que no descartan repetir la intentona, para que la próxima vez les salga bien. Si el constitucionalismo piensa lo contrario y teme la reincidencia e incluso un acrecentamiento de esta violencia, no puede dejar sin severo castigo el delito ya cometido. No ha lugar por tanto a guiños conciliadores y menos en campaña, cuando se juegan los márgenes de los presuntos delincuentes para la reiteración del delito y de los constitucionalistas para evitarla.

En esta visión polarizada no entra la realidad de la correlación de fuerzas, en la que el independentismo agoniza, aunque exhiba como su única fuerza su capacidad para prolongar la agonía y dañar de paso el prestigio de España, de la democracia y de sus instituciones. No hay peligro alguno de una nueva intentona. Los dirigentes independentistas saben que la repetición de la jugada después del 21-D, en el caso en que obtuvieran una nueva mayoría, sería de una temeridad definitivamente suicida, gracias a que el 155 está desprecintado y listo para aplicar con mayor resolución si hace falta.

Su combate electoral ahora no es por la independencia, ni siquiera es por sacar a los presos de las cárceles y conseguir el retorno de Puigdemont. Saben, incluso, que todo esto sería más fácil con un presidente no independentista, partidario de la tercera vía o apoyado por fuerzas de la tercera vía. La pelea de los cuadros independentistas ni siquiera es por los principios, sino, fundamentalmente, por la supervivencia de su poder administrativo, los puestos de trabajo, los presupuestos que controlan, las contrataciones públicas de sus empresas, que no son pocas.

En un momento de tal complejidad, el comportamiento del votante independentista más frágil puede ser decisivo. De su fidelización con la abusiva apelación a los sentimientos y las pasiones dependen los votos que pueden dar la mayoría, aunque no haya absolutamente nada que ofrecerle como programa e incluso como acción inmediata de Gobierno. Esta es, naturalmente, una oferta oportunista de enorme fragilidad. No es seguro que aguante en una segunda convocatoria electoral, en caso de que la de esta semana no arroje una mayoría estable de gobierno.

Sobre todo porque el camino de la independencia ha quedado clausurado y nadie en el mundo independentista puede defender seriamente que el mantenimiento del statu quo es mejor que la vía imposible en la que han sido ya derrotados. ¿Entonces por qué no resurge de nuevo esa idea que nunca se fue del todo de una tercera vía reformista, legal, fruto del diálogo y el pacto y basada en el mantenimiento del respeto y de la convivencia? Ahora costará rectificar, pero no puede descartarse que dentro de un tiempo, meses, algún año, una vez purgada la actual derrota, sean muchos los que se apunten de nuevo a la resurrección del camino históricamente tan fructífero del catalanismo reformista.

A quienes ya han empezado a dudar hay que decirles que cuanto más veloz sea el cambio, más rápida será la recuperación económica, mejor se defenderán las competencias autonómicas cuestionadas y antes quedarán en libertad los políticos encarcelados, todo lo contrario de lo que sucederá si gana las elecciones el independentismo, una victoria que añadirá más dolor al dolor y más incertidumbre a la incertidumbre. Quizás Iceta no debió decir lo que dijo, pero una vez dicho queda bien claro en quién deben confiar los independentistas dudosos o sobrevenidos fabricados por el procés el día no lejano en que quieran regresar a la legalidad constitucional, la casa de todos.

19 de diciembre

Al final, el voto de la tribu

Solo hay un resultado victorioso para el independentismo, y este es la mayoría absoluta en votos y en escaños. Con más del 50 por ciento de los votos podría dar por resuelto el plebiscito que no pudo hacer. Con más de 68 diputados seguiría teniendo el gobierno y podría así exigir con más fuerza una negociación.

Esta doble victoria es difícil, pero no imposible. Esta posibilidad entraba en los cálculos de los apostadores más osados, dispuestos a jugar con el encarcelamiento y la huida al extranjero de los dirigentes, así como con la proyección propagandística y la alteración de la campaña electoral que supone llevar a los políticos victimizados en sus listas electorales.

Gracias a esta estrategia, que tiene en el 155 su epicentro argumental, nadie debe responder del rosario de errores, tergiversaciones y mentiras que componen el balance de gobierno de Puigdemont, capaz de trocar así la decepción y el desconcierto suscitados por sus fracasos en indignación y en resentimiento contra Rajoy, contra quienes le han apoyado e incluso contra quienes no se han opuesto con suficiente claridad a su disolución del Gobierno y del Parlamento, que es lo mismo que decir contra media Cataluña y casi el resto entero de España.

Es una jugada a cara o cruz, en la que ni la cara de la doble victoria ni la cruz de la doble derrota resuelven nada. Si sale cara, no habrá independencia, y eso ya lo saben quienes van a votarles. Tampoco habrá salida de presos de las cárceles ni retorno sin consecuencias judiciales de Puigdemont, algo que los votantes no saben, no quieren saber o hacen como si no supieran, de forma que han venido a sustituir la facilidad de la independencia por la facilidad de una especie de amnistía que no se dará. Lo único que sabemos con certeza que sucederá si sale cara —doble victoria por mayoría absoluta en votos y escaños— es que seguirá la agonía del procés, seguirá la estampida de empresas y capitales, se deteriorará todavía más la imagen del país y de su capital, se profundizará la división social y nos enfangaremos quién sabe para cuánto tiempo.

Habrá, claro está, Gobierno independentista, como lo hubo hasta el 27-S, obligado como siempre a cumplir y hacer cumplir la Constitución. No podrá aplicar ningún programa de máximos inconstitucional ni anular retrospectivamente el 155, por mucho que sean estos los deseos de sus votantes. El 155 se levantará automáticamente en cuanto se constituya el Gobierno, si hace lo único que puede hacer, que es cumplir las leyes. Se verá obligado, por tanto, a buscar una tercera vía, la única, no hay otra, que le permita gobernar la autonomía y no seguir perdiendo competencias e incluso recursos por todos lados. Y si no lo hace, ya sabe de la existencia del artículo 155, que Rajoy aplicará de nuevo quizás con mayor diligencia que en la anterior ocasión e incluso con mayor dureza y duración.

Voces jeremíacas señalan la injusticia del caso: el voto independentista sabe que no podrá aplicar su programa, y si gana el voto antindependencia, en cambio, no hay lugar a dudas de que sí podrá hacerlo. Para no hablar de los presos y de los exiliados, de las exigencias de la Junta Electoral a medios de comunicación e instituciones públicas y de las infundadas sospechas de pucherazo. Bajo este argumento yace la intención oculta de repetir la jugada, convirtiendo unas elecciones para gobernar una autonomía en un plebiscito que rompa el marco legal. Tal cosa sucedería si fuera obligatorio admitir la aplicación de un programa de gobierno que desborda o modifica la Constitución por el solo hecho de que ha ganado las elecciones.

Es a cara o cruz. Si sale cruz, ya está todo preparado para deslegitimar las elecciones. A pesar del control sobre los medios públicos y los privados concertados catalanes, auténtica garantía de que el voto independentista se mantendrá compacto. A pesar del control de la agenda de la campaña gracias la victimización. A pesar del eficaz recurso último y extremo —peligroso, también— al voto divisivo y defensivo de la tribu, con toda su capacidad de movilización y todo su potencial autodestructivo.

Así es como, salga cara o salga cruz, la derrota catalana de todos queda asegurada antes incluso de ir a las urnas. La nación plural y diversa de ciudadanos sometidos a una misma ley que había admirado a tanta gente ya se ha convertido en una confusa hazaña tribal alrededor de los ídolos agitados por sus jefes y chamanes.

20 de diciembre

Una época que agoniza

No es una campaña la que termina. O no solo. Es una época entera que se despide. Lo único cierto es que no hay regreso y que nada a partir de mañana será como antes. No sabemos ni siquiera si a este final le seguirá exactamente un tiempo nuevo, una época distinta, o si permaneceremos varados en una interminable agonía.

La incertidumbre solo terminará si el resultado define con claridad la política del futuro, un Parlamento con capacidad para hacer sus funciones: dialogar, hablar, hacer leyes para todos, no para unos pocos, y un Gobierno que gobierne dentro de sus competencias y atienda al interés también de todos, no de una secta o una partida.

La actual convocatoria terminó con una indefinición peor que la que tenemos ahora, cuando todavía no sabemos cómo será esta época en la que pretendemos adentrarnos. Desde el 6 y de 7 de septiembre, con la aprobación de unas iliberales leyes de desconexión, y antes incluso con la gestión partidista de los atentados del 27-A en Barcelona y Cambrils, se abrieron las puertas a una incertidumbre como no había vivido Cataluña, al menos desde la muerte de Franco.

A pesar de la corta memoria digital de nuestra época, es difícil olvidar la angustia suscitada por una auténtica situación de doble poder, con dos gobiernos enfrentados, dotados cada uno de ellos de sus fuerzas de seguridad, sus medios de comunicación y sus movilizaciones en la calle, que ha durado casi dos meses y solo cortó la aprobación por el Senado de la destitución del Gobierno de Puigdemont y la disolución del Parlament para convocar inmediatamente elecciones.

Las elecciones quieren cerrar un ciclo, pero no es seguro que lo consigan. Por lo que dicen los pronósticos, fácilmente necesitaremos otras para intentar saltar este obstáculo pertinaz que hemos construido. Los procesos judiciales, con los políticos presos y huidos, estarán ahí para recordárnoslo a partir del 22-D como lo están hoy mismo como emblema de la anormalidad política en que nos hemos sumergido.

En tan extrañas condiciones se celebra esta extraña e incierta votación, en la que tanto como a diputados y a partidos se vota a la regla de juego, con algo, por tanto, de constituyentes, puesto que de ellas surgirán las mayorías que determinarán cómo será la ley futura bajo la que jugaremos todos. Que fueran constituyentes era la persistente voluntad de más de la mitad del abanico de partidos, unos porque querían constituir un Estado aparte, otros porque querían constituirlo para todos los españoles.

Pero no lo son. Ni para la otra mitad de los partidos ni para el presidente Rajoy que las ha convocado, y esto basta para que definitivamente no lo sean. Ni siquiera una improbable victoria en votos y en escaños de quienes quieren la república catalana bastaría para que esta se materializara. No sucedió antes de que el artículo 155 de la Constitución fuera desprecintado y no sucederá ahora que está listo para su uso, en cuanto un Gobierno autónomo se aventure a desobediencias legales que le están prohibidas.

No constituirán nada pero pueden desconstituir lo que tenemos, especialmente si en vez de definir nuevas mayorías definen un tiempo sin rumbo, cada vez más embarrado en la división entre catalanes.

22 de diciembre

El mandato del pueblo

No hay mandatos del pueblo. Es más que abusivo deducir la existencia de una voluntad colectiva que se expresa en un reparto concreto de escaños entre los distintos partidos. El pueblo no es un sujeto vivo, que piensa, desea y actúa, por más que el lenguaje del populismo, tan en boga, permita tales expansiones metafóricas.

El abuso populista busca mandatos populares en casi todo, en las manifestaciones, en consultas y referéndums y en las elecciones. La fabricación de un sujeto colectivo, con deseos y voluntad, que se opone a otro sujeto, enemigo y exterior, e igualmente fabricado, permite dos operaciones de alto interés: controlar la agenda, el tiempo e incluso el espacio político, el terreno donde se juega la partida; y luego lavarse las manos por los desperfectos que puedan producirse: los ha decidido el pueblo.

Es también una forma de subarriendo de responsabilidades, práctica que desborda el campo populista. Los políticos buscan desesperadamente un mandato del pueblo desde hace al menos cinco años. Unos, para que el pueblo les diga de una vez que quiere que Cataluña sea independiente, y los otros, para que diga lo contrario. Los primeros se han prodigado en elecciones y consultas, prescindiendo incluso de la legalidad. Los segundos, encabezados por Rajoy, lo han hecho ahora con estas elecciones, plebiscitarias sin quererlo, para intentar lo mismo en dirección contraria.

Y aquí está el resultado. El pueblo devuelve el encargo a sus representantes. El primer partido, Ciudadanos, es el que impugna con mayor claridad al independentismo y menos responsabilidades tiene en la gestión del conflicto. El independentismo sigue teniendo fuerza: aun sin contar con la mayoría plebiscitaria de votos, contará probablemente con los escaños para proponerse, si lo desea, otra aventura insensata como la que ya ha protagonizado.

No son los ciudadanos quienes tienen que decidir directamente sobre el futuro del país con su voto, en referéndum o en elecciones polarizadas, son sus representantes elegidos democráticamente. Este es el mandato popular: que hablen y se entiendan, que dejen de enredar y de subrogar su responsabilidad, unos en la gente, otros en los jueces o la Policía. Que hagan política.

24 de diciembre

El rey de Cataluña

Formalmente son solo tres párrafos para subrayar las obligaciones de los diputados elegidos el 21-D. Que deben dedicarse a los problemas reales, no a los ficticios; pensar en todos los catalanes, no exclusivamente en una parte; respetar la pluralidad y actuar con responsabilidad.

En los hechos, el entero discurso está dedicado a Cataluña. No podía ser de otra forma en unas vísperas navideñas llenas de furia y de ruido, en las que un presidente catalán huido y destituido ha declarado la victoria electoral de su “república catalana” sobre “la monarquía del artículo 155”.

El discurso hace tres cosas. Primero, dar respuesta a quienes impugnan la democracia española, su modernidad, su papel internacional y, naturalmente, sus instituciones, hasta sembrar la duda sobre el sistema de libertades. Segundo, destacar los gravísimos problemas de los que a veces distrae la centralidad de la crisis catalana: el desempleo, las desigualdades, la corrupción, el medioambiente, el compromiso con Europa o la violencia y abusos contra las mujeres.

Y, en tercer y destacado lugar, señala que los catalanes han elegido a sus representantes y estos y nadie más son los que deberán tener el protagonismo. Ni una mención a la presidencia de la Generalitat o al Gobierno suspendidos; a la república nonata, que ahora se pretende reanimar; a los procedimientos judiciales en curso ni, por supuesto, a las reclamaciones de Carles Puigdemont desde su destierro autoimpuesto. No podía ser de otra forma, si se lee como continuación del discurso del 3 de octubre, cuando señaló “la deslealtad inadmisible hacia los poderes del Estado” por parte de las autoridades destituidas.

Con pocas y moderadas palabras se pueden transmitir mensajes contundentes. Queda claro que ha habido enfrentamiento, exclusión, discordia, incertidumbre, desánimo y empobrecimiento moral, cívico y económico. Queda clara la esperanza de recuperación: de la serenidad, la estabilidad y el respeto mutuo; de la confianza, el prestigio y la buena imagen de Cataluña. Y, sobre todo, que las instituciones y la Constitución, el artículo 155 también, han funcionado y ahora los parlamentarios deben ponerse a trabajar dentro de la legalidad.

Felipe VI empezó su reinado en 2014, el año escogido por el independentismo para llegar a la autodeterminación, coincidiendo con el tricentenario de la caída de Barcelona en la guerra de sucesión, el referéndum escocés y la oportunidad que ofrecían las crisis económica, política e incluso institucional. En este persistente envite se lo juega todo, su reinado y su corona, identificada como nunca en la historia con la democracia y la Constitución. Al final de la partida, será rey de Cataluña o no será.

31 de diciembre

Irresponsable y frívolo Puigdemont

El independentismo tiene derecho a hacer Gobierno. Las tres formaciones que votaron en favor de la república catalana el 27-O tienen suficientes diputados para gobernar y no hay ningún otro bloque de partidos que tenga suficientes diputados para oponerse. JxCat, ERC y CUP tienen, pues, todo el derecho a investir a un presidente de su gusto y luego la obligación de gobernar, con una única y muy importante limitación: deben respetar el marco legal estatutario y constitucional que los ha llevado a presentarse a las urnas y a obtener el mandato de gestión de sus electores.

No hay mandato, en cambio, para proclamar ninguna república ni para restituir al presidente destituido Puigdemont en la presidencia. El hecho de que estas tres fuerzas lo hayan puesto en su programa electoral y que este programa haya obtenido los votos suficientes para tener la mayoría absoluta de diputados no constituye ningún tipo de plebiscito ni por la república ni por Puigdemont. Si se cuentan los votos, como el independentismo ha intentado en otras ocasiones, tienen más los que no quisieron votar ni por la república ni por Puigdemont. Hasta tal punto que Ciudadanos, la primera fuerza política, es la más radicalmente contraria a ambas cosas.

El independentismo tiene, pues, los diputados para hacer Gobierno y para ello es necesario que se presente en el Parlamento un candidato dispuesto a presidirlo. Puigdemont huyó y dejó en la estacada a su gente, al vicepresidente Junqueras y a buena parte del PDCat, y ahora pretende que una votación tan compleja como la del 21-D se convierta en el mandato para recuperar el despacho que abandonó antes de que nadie emitiera ninguna orden de arresto contra él.

El presidente destituido es un caso muy característico de la irresponsabilidad y la frivolidad de la que han hecho gala una buena parte de los dirigentes independentistas. Quiere repicar e ir a la procesión o, como dicen los franceses, quiere la mantequilla y el dinero de la mantequilla. Pocos políticos han conseguido llegar tan lejos en su inconsecuencia. Ahora mismo, un político coherente, en lugar de seguir emitiendo mensajes desde Bruselas, hubiera ya vuelto a Barcelona y se hubiera preparado a enfrentarse con todas las consecuencias a sus responsabilidades ante la justicia. Desde la nueva situación hubiera tenido mucha más autoridad para pedir el voto de investidura a la presidencia de la que tiene ahora, cuando no se sabe dónde comienza su defensa jurídica y donde terminan su propuesta política o su rivalidad y su juego sucio con un Junqueras que, por contraste, se está convirtiendo en ejemplo de coherencia y de dignidad.

Carles Puigdemont, al contrario de lo que él predica, es el auténtico presidente del artículo 155. La aplicación de este artículo de la Constitución, que él provocó, es lo que le ha dado una nueva vida política, después de haber fallado estrepitosamente a todos, a los que querían que convocara elecciones y a los que querían que se hubiera comportado como una persona decente y moral tras protagonizar un hecho tan grave como proclamar la república, para luego abandonar inmediatamente el Palau y el Gobierno. Su astucia rocambolesca no deja de ser una mascarada para huir de las acusaciones de traición y de cobardía.

El presidente huido es ahora un lastre y una vergüenza para los catalanes, independentistas incluidos. Su persistente y oportunista terquedad solo puede llevar a la parálisis política y a la continuación de la ruina económica iniciada este otoño, tras las nefastas jornadas parlamentarias del 6 y 7 de septiembre. La restitución absurda que pide en el cargo que abandonó con nocturnidad y alevosía es el peor servicio que puede hacer a Cataluña, porque conduciría al mantenimiento del 155 e impediría, por tanto, la plena recuperación de la autonomía. El mandato en forma de conminación para restituirlo en la presidencia es tan inexistente como el de las elecciones supuestamente plebiscitarias del 27-S de 2015 y después del falso plebiscito del 1-O respecto a la declaración unilateral de independencia que se hizo el 27-O.

La propuesta de Puigdemont consiste en seguir en la agonía interminable del proceso prorrogado infinitamente en nombre de un proyecto que ya no tiene ni rumbo ni fisonomía y vive solo de su oposición cada vez más irracional al sistema constitucional español y al Gobierno de Rajoy. Lo mejor que podría hacer Puigdemont es dejar de martirizar a los catalanes con sus ocurrencias y propuestas ridículas de repúblicas virtuales gobernadas desde las redes, que contribuyen al desprestigio de Cataluña y de sus instituciones, y en nada hace avanzar, al contrario, la causa que dice defender.

EPÍLOGO. LA DIVISIÓN INTERMINABLE

Lo peor ya ha pasado. Queda atrás 2017 y aquel otoño del descontento. El mayor peligro queda atrás. Pero un año después la anormalidad sigue siendo absoluta. Repaso mentalmente el paisaje contemporáneo de las democracias avanzadas y no encuentro nada igual. En ningún país desarrollado hay un proceso judicial abierto contra un grupo de gobernantes y de dirigentes como ha sucedido con un puñado de líderes catalanes independentistas inculpados por el intento de secesión de Cataluña de octubre de 2017 y encarcelados algunos desde hace ya un año. Nada de este calibre había sucedido en Europa desde el intento de golpe de Estado del coronel Tejero en 1981, cuando España acababa de salir de la dictadura y había estrenado, solo tres años antes, su nueva Constitución democrática. Nada de este calibre ha sucedido en nuestro entorno al menos desde el putsch de los generales en Argel en 1961.

Es anormal que tantos políticos de primer nivel se hallen procesados, encarcelados unos y huidos al extranjero otros, y es igualmente anormal que estos políticos hayan intentado, desde el interior mismo del Estado, una modificación ilegal y unilateral del ordenamiento constitucional español. Son dos anormalidades en una sola, porque no se explica una sin la otra. Y es anormal respecto al contexto geopolítico en el que se halla inserta España y respecto a la época histórica de integración y de cooperación europea en que se ha producido.

Para encontrar acontecimientos de algún calibre comparable hay que salir del escenario estrictamente europeo y referirse al golpe de Estado frustrado contra Erdogan el 15 de julio de 2016, al que le ha seguido una represión fuera de toda medida y un endurecimiento del régimen hasta su conversión en una dictadura personal. Se trata de unos hechos incomparables, puesto que superan en todos los sentidos la intentona independentista catalana y, por supuesto, la represión, que en el caso de Turquía se ha convertido en una extensa purga en la Administración, Ejército y Policía, clausura de medios de comunicación y encarcelamiento de millares de sospechosos, en un radio ideológico que supera con mucho a los presuntos golpistas de la secta Gülen y abarca a la entera oposición democrática y nacionalista kurda.

Quedan todavía más lejos en el tiempo y en las semejanzas un golpe como el del general Al-Sisi contra el presidente Mohamed Morsi en julio de 2013, con la extensa purga contra el Gobierno islamista y la entera cofradía de los Hermanos Musulmanes, hechos a los que hay que añadir el carácter cruento de la represión, también en el caso turco, bien lejos del transcurrir y del desenlace pacíficos de la revuelta catalana. Podría seguir en el ejercicio comparativo, pero basta con estos dos casos de países geográficamente vecinos de Europa, en transición democrática ambos, y con penosos balances de sus más recientes turbulencias políticas, para percibir que la mayor anormalidad de lo sucedido en Cataluña durante 2017, comparado con la propia historia de España y de Cataluña, es que unos hechos de tal gravedad y trascendencia se hayan desarrollado con unos niveles tan acotados y mínimos de violencia política, y un uso de la fuerza realmente minimalista, por condenable que sea, por parte del Gobierno español.

A pesar de la torpeza y del inmovilismo de Mariano Rajoy, a pesar de la catastrófica gestión de la jornada del 1 de octubre, cuando la Policía española irrumpió en los colegios electorales y usó la fuerza para intentar requisar las urnas del referéndum de autodeterminación unilateral, nada irreversible e irremediable se produjo estos días en Cataluña, como hubiera sido el caso de suceder algo similar en cualquier otra etapa de la historia española. La madurez de la sociedad española y de su democracia, confiada incluso excesivamente en los mecanismos automáticos de preservación del orden y de resolución de los conflictos, especialmente en la maquinaria de la justicia, contrasta fuertemente con la imagen autoritaria y arcaica, propia de una especie de resurgimiento del franquismo, que ha intentado vender la propaganda secesionista a partir de las imágenes brutales del primero de octubre y de los encarcelamientos posteriores de líderes independentistas.

Esta es al menos la cuarta rebelión de los catalanes y, de todas ellas, la menos cruenta y la más y mejor organizada. Fracasada también, como todas las anteriores, aunque con la virtualidad política de un final abierto, que requerirá de costosos esfuerzos políticos para que se recupere la normalidad, de ahí la denominación de rebelión interminable elegida para titular este libro. Muchas han sido las revueltas y rebeliones protagonizadas por los catalanes, especialmente en épocas turbulentas como fue buena parte del siglo XIX. Pero solo en cuatro ocasiones las rebeliones han intentado organizar un poder institucional alternativo y propio. Este fue el caso en 1640, en la guerra dels Segadors, que llevó a una efímera república sometida a la soberanía francesa. También fue el caso de la guerra de sucesión, concluida en 1714 con la caída de Barcelona, en la que también hubo un intento de organizar un Estado catalán independiente. Y también lo fue el todavía más efímero de 1934, cuando Lluís Companys proclamó la república catalana dentro de la federación española, en los prolegómenos de una Guerra Civil en la que la revolución social proporcionó, a partir de 1936 y durante unos pocos meses, lo más semejante a un Gobierno de facto independiente que ha tenido Cataluña en su historia.

En la actual ocasión, a diferencia de todas las anteriores, la intentona independentista no ha sido fruto de una improvisación ni resultado de una actitud meramente reactiva ante situaciones bélicas o ante medidas tomadas por el Estado central, sino de una larga, estudiada y laboriosa preparación, con abundante movilización de medios materiales, uso de las instituciones catalanas constitucionales y participación de centenares de miles de ciudadanos. En todas las otras ocasiones anteriores también se puede observar la entrada en acción de intereses internacionales, que en el caso de la Segunda República no cristalizaron hasta la Guerra Civil, cuando facciones secesionistas llegaron a tantear la negociación de una paz aparte y un reconocimiento de una Cataluña separada de España, tanto con los aliados como con el eje nazifascista. Mientras que en el caso actual es exactamente lo contrario: se trata de un conflicto estrictamente interno, cuyos organizadores intentaron internacionalizarlo y convertirlo en un conflicto europeo.

No hay que esforzarse mucho para reconocer que se trata de una rebelión. La lista de desobediencias a los tribunales y, en concreto, al Tribunal Constitucional es impresionante, desde la ley de consultas no refrendarias de 2014 hasta la declaración de independencia de 2017, aunque el momento crucial se produjo en las jornadas del 6 y 7 de septiembre, cuando una mayoría de los diputados del Parlamento catalán aprobaron la ley del referéndum de autodeterminación y la ley de transición hacia la república catalana. Desatendiendo los requerimientos de todas las instancias jurídicas, desde el Constitucional hasta los letrados de la cámara, pasando por el Consejo de Garantías Estatutarias, y sin tener en cuenta las recomendaciones del Consejo de Europa y de la Comisión Europea, la mayoría independentista quiso anular la vigencia del Estatuto de Cataluña y de la Constitución española en el territorio catalán, en un acto que se asemeja a un autogolpe, en el sentido de que una institución del Estado como es la Generalitat de Cataluña pretende imponer unilateralmente su autoridad sobre las instituciones y el Gobierno de España.

Que sea una rebelión en términos políticos, como se argumenta en estas páginas, no significa que lo sea desde el punto de vista del Código Penal español, en el que se establece la necesidad de la acción violenta para que pueda considerarse la existencia de tal figura delictiva, de la que se derivan tanto el encarcelamiento provisional sin fianza de los dirigentes incriminados como la petición fiscal de condenas a 30 años de prisión. Este hecho, que deberá ser dilucidado por la justicia española, ha procurado ya los mayores éxitos internacionales del secesionismo, cuando tribunales de Bélgica, Alemania, Escocia y Suiza han mostrado su reticencia o su abierta oposición a tal figura penal, de forma que no puede descartarse que finalmente los delitos por los que sean acusados y condenados sean los de conspiración para la rebelión, sedición o sencillamente desobediencia, prevaricación y malversación de fondos públicos.

Va a pesar jurídicamente que los rebeldes no hayan conseguido su objetivo, sino todo lo contrario. Sus líderes se hallan encarcelados o huidos al extranjero. Proclamaron la república, pero a continuación no supieron qué hacer con ella y se fueron de fin de semana. Tras la suspensión del Gobierno y del Parlamento, consiguieron de nuevo una mayoría parlamentaria para gobernar, pero tampoco supieron qué hacer con ella, ni siquiera saben muy bien si sigue interesándoles el gobierno de una autonomía que consideran despreciable en comparación con sus ensueños independentistas. Pero la rebelión es un hecho de difícil reversión y ha llegado para quedarse. Hay un Gobierno rebelde, elegido por una mayoría parlamentaria rebelde y con un extenso apoyo de una rebelión de fuertes raíces populares, asentada en la Cataluña interior, “el territorio”, y en las clases medias más catalanas por sus apellidos y por su lengua.

La rebelión tuvo su momento álgido, que fue el primero de octubre, convertido en símbolo e incluso fecha mitificada del independentismo. A pesar del descalabro del 27 de octubre, con la huida del Gobierno tras una proclamación sin consecuencias de la república, la rebelión ha seguido como proyecto organizado, expresado especialmente en los Comités de Defensa de la República implantados en todo el territorio catalán y en las extensas protestas contra el encarcelamiento y el exilio de los dirigentes. Más allá del futuro que tengan estas protestas, cabe esperar incluso que la rebelión prosiga al menos durante la celebración del juicio contra los dirigentes independentistas mientras no sean excarcelados, ya sea por su absolución o por los indultos que puedan producirse.

Siendo muchas sus fortalezas, esta rebelión interminable también ha creado sus némesis, fruto de los mayores fracasos del independentismo. En vez de suscitar simpatías internacionales, la Cataluña independentista se ha encontrado con el rechazo de las instituciones y de los estados europeos. El sueño de prosperidad de la Cataluña separada ha recibido el golpe de la fuga masiva de empresas y, sobre todo, de sus dos grandes bancos, Bancaixa y Sabadell, que han traslado sus sedes sociales fuera del país donde nacieron. En vez de la Cataluña unida, “un solo pueblo” en expresión de la mitología independentista, ha surgido con fuerza por primera vez en la historia una Cataluña que se reivindica como española en su lengua y en su identidad, liderada por un partido fundado por catalanes en reacción a la fuga hacia adelante secesionista. Este es el caso de Ciudadanos, elevado en las últimas elecciones del 21-D de 2017 a la categoría del partido más votado y el que tiene la responsabilidad de la oposición parlamentaria.

El peligro que acecha ahora a Cataluña es que la rebelión interminable termine generando una división también interminable, entre las dos Cataluñas enfrentadas, casi al 50 por ciento, en una deriva claramente identitaria, ajena a la historia del catalanismo y promesa de una segura decadencia para un país que se había caracterizado por su capacidad de integración de los recién llegados, la convivencia entre las dos lenguas habladas por sus habitantes y la identificación entre su apego al autogobierno y la democracia española. Quien más sufrirá los efectos de esta Cataluña dividida será la capital, Barcelona, vanguardia del cosmopolitismo y de la multiculturalidad, ahora asediada por un independentismo fuertemente asentado en la profundidad del territorio y a la espera de intentar el asalto final a la alcaldía de la capital en las elecciones municipales.

Hubo un temor en la entrada del otoño catalán de 2017, concretamente entre finales de agosto y finales de octubre, cuando se produjo en Cataluña lo más parecido a una situación de doble poder —clásica premonición de las crisis revolucionarias— que hayan conocido las actuales generaciones nacidas después de la guerra civil española. A este temor le ha sustituido otro temor más difuso, menos dramático, pero no menos intenso ni menos peligroso, especialmente a largo plazo, y es el que produce la división y sus consecuencias sobre gran cantidad de ciudadanos, tentados por el cansancio y desanimados por la lenta decadencia en la que se van hundiendo tanto Cataluña como Barcelona, actualmente desgobernadas y dedicadas exclusivamente a lamerse las heridas y a gestionar sus fracasos y frustraciones en vez de reincorporarse y prepararse para el futuro.

Barcelona, 1 de octubre de 2018

NOTAS

1 . Véase https://elpais.com/agr/aixo_va_de_democracia_blog_contra_l1o/a/

2. Joan Coscubiela utilizó la muletilla “No lo sé, Rufián”, al preguntarse en su famoso discurso contra las leyes de ruptura del 7 de septiembre sobre la aplicación de las previsiones de la de transitoriedad jurídica. “No lo sé” fue la respuesta reiterada por el diputado de Esquerra Gabriel Rufián ante las preguntas que le hicieron en una entrevista televisiva sobre cómo pensaban controlar el territorio y las fronteras y expulsar al Ejército español una vez proclamada la república independiente.