A mi madre, que ahora habita dentro de mí.

C.B.

A Chema, que ha traído a mi vida el amor y la estabilidad,
y a mis hijas Elena y Ana, el otro lado de mi felicidad.

L.J.

Introducción

El ser humano es un animal de impresiones y uno de sus bancos principales de impresiones es la televisión. La «caja tonta» crea muchas veces realidades ficticias que los espectadores dan por verdaderas. Para muestra un botón: la serie CSI Las Vegas y también sus dos hermanas pequeñas, los llamados spin-offs CSI Miami y CSI Nueva York, aunque estas en menor medida. CSI Las Vegas transmitió la falsa impresión de que los hombres de la Policía Científica de la ciudad hacían de todo. Daban la misa y repicaban al mismo tiempo. Gil Grissom y su gente eran capaces de hacer una inspección ocular a fondo, identificar los bichos (las llamadas «escuadrillas de la muerte» que nos meriendan a los seres humanos cuando nos hemos convertido en cadáveres), determinar el día, la hora y el minuto del crimen, interrogar al principal sospechoso y hacerlo confesar en los primeros tres minutos de conversación. Y todo en periodos muy cortos de investigación, incluso de un día o menos.

No es verdad. La realidad circula en dirección contraria. No existe el policía «renacentista» que sabe de todo y que toca todos los palos con igual maestría, desde la recogida de restos óseos de niños y su análisis hasta la confrontación, cara a cara, con el principal sospechoso y asesino. Sin embargo, mucha gente lo piensa así gracias a series como la citada. El «culpable» de que esa sea la percepción mayoritaria hoy en día es el guionista Anthony E. Zuiker, originario de Blue Island, Illinois, que vivía precisamente en Las Vegas. La propuesta que le hizo en el año 2000 a la productora de Jerry Bruckheimer —Piratas del Caribe 1, 2 y 3, La búsqueda 1 y 2, El aprendiz de brujo, Pearl Harbor, Superdetective en Hollywood 1 y 2, Top Gun, Flashdance o American Gigolo, entre otros títulos— resultó totalmente innovadora porque enfocaba la investigación criminal desde un punto de vista inédito, el que le daban los «policías de la ciencia».

Zuiker no llegó a este planteamiento como san Pablo, al que le envolvió una luz reveladora cuando iba en su borrico camino de Damasco, pero casi. El guionista virtualmente se encontró con la idea al volver un día a casa después de hacer su turno como conductor de uno de los tranvías del hotel Mirage. Jennifer, su mujer, estaba viendo en el Discovery Channel una novedosa serie documental titulada Los nuevos detectives, en la que los policías contaban cómo habían detenido a los malos haciendo uso de métodos científicos. La informática y las nuevas tecnologías ya hacía tiempo que habían irrumpido en el mundo de la investigación policial. El AFIS, la base de datos de huellas dactilares (en España lo llamamos SAID, Servicio Automático de Identificación Dactilar), el IBIS, la base de datos de armas y munición, y por supuesto el CODIS, la base de datos de ADN, hacía tiempo funcionaban a toda velocidad, proporcionando información en horas o minutos cuando antes se tardaban días, semanas o meses (eso las dos primeras, la del ADN tardaba bastante más). A Zuiker aquella serie documental le impactó profundamente. Se preguntó si podría idear algo de ficción que se pudiera parecer a aquello. Reflexionó y se puso en contacto con la Jefatura de Policía de Las Vegas. «¿Podría pasar unos días con su gente del servicio de criminalística para saber cómo trabajan e imbuirme de su realidad?» —preguntó Zuiker directamente a la dirección de la policía de la ciudad. Pocos días después le llegó la respuesta: positiva. En Estados Unidos no hay un Cuerpo Nacional de Policía o una Guardia Civil. Allí los servicios de policía de las ciudades dependen directamente de los ayuntamientos. La policía local posee todas las competencias en cualquier tipo de investigación criminal. Su jefe supremo es el alcalde de la ciudad, que es el que nombra al jefe de policía, como muy bien se cuenta en la nueva serie Blue Bloods (Policías de Nueva York), que interpreta el celebérrimo Tom Selleck. Zuiker se pasó dos meses en el servicio de criminalística de la policía de Las Vegas. Conoció a Daniel Holstein y a Yolanda McCleary, cuyos alter ego en la ficción fueron después Gil Grissom y Catherine Willows. También hizo migas con el doctor Gary Telgenhoff, el mentor de Zuiker en esta odisea que le llevó al éxito.

El guionista jamás había realizado un producto para televisión de ese calado, pero intuía el valor de la mina que había descubierto. Bruckheimer, que para estas cosas es un lince, lo vio con toda claridad. La idea de Zuiker no solo tenía un enfoque diferente a todo lo que se había hecho hasta ese momento: también la apariencia, el look, la imagen, con todos esos recursos, como el luminol, la luz forense, los vapores del cianocrilato, el cromatógrafo de gases, las pruebas balísticas y toda la moderna parafernalia de la investigación criminal era diferente a lo que se había visto hasta ese momento.

Sin embargo, la ABC, una de las grandes cadenas de televisión de Estados Unidos, desestimó la oferta porque dijeron que «no aportaba nada». Este tipo de meteduras de pata son muy comunes: Cuéntame estuvo ocho años dando vueltas por las televisiones hasta que TVE se decidió a hacerla realidad. La CBS, una rival directa, apostó por ella sin ambages. El 6 de octubre de 2000 fue emitido el primer episodio con un gran éxito. Y así nació CSI Las Vegas.

Sus series hermanas, CSI Miami y CSI Nueva York trataron de acercarse más a la normalidad. Sus respectivos protagonistas principales, Horatio Caine y Mac Taylor, los «Grissom» de sus respectivas series, no fueron «criminalistas», entendidos como técnicos que procesan las escenas de los crímenes y facilitan los resultados a los investigadores —como el propio Grissom—, sino que eran policías «de verdad», con placas y pistolas y capacidad de detener e interrogar.

Otras series, como Bones (Huesos), se abonaron a la fórmula. En Bones un agente especial del FBI —todos los agentes del FBI son «especiales»— y una antropóloga forense obsesionada con su trabajo investigan todo tipo de crímenes partiendo de un gran laboratorio criminalístico montado por el Smithsonian, una famosa institución estadounidense. O NCIS, en la que los protagonistas son investigadores de la policía naval de la Navy estadounidense.

La ciencia aplicada a la investigación criminal vende, como prueba también este libro, y hoy por hoy es fundamental. Pero su aplicación poco tiene que ver con lo que se puede ver en la televisión. En ciudades pequeñas, como excepción, es probable que, gracias a la relación personal entre algún agente de la Policía Judicial —los investigadores— y la Científica —los criminalistas o policías científicos—, pueda darse en algún momento este tipo de contactos. En ocasiones, como ocurre en el caso de José M. Fernández, inspector jefe de la Brigada Provincial de Policía Científica de Navarra, el criminalista ha sido antes jefe de la Brigada Provincial de Policía Judicial de esa misma comunidad autónoma y posee el conocimiento de los dos mundos. Como también es el caso de Raúl Rico, alférez de la Guardia Civil, jefe del Grupo de Dirección Operativa de la Comandancia de Madrid, ahora inmerso en tareas de investigación y con un pasado intenso en criminalística. Pero son excepciones. Hoy en día se impone la especialización en todo. Lo cual no quiere decir que esto sea malo. Es lo que es. Un policía científico, por muy dedicado que esté a su trabajo, jamás tendría tiempo para dar misa y estar repicando al mismo tiempo.

Los policías científicos y criminalistas no suelen interrogar a los sospechosos. Esa es la función de los investigadores, de los policías judiciales. Pero eso no quiere decir que no se sientan implicados en las investigaciones. Todo lo contrario, pero la función de cada uno es la función de cada uno. No es una cuestión de restar, en absoluto. Todo lo contrario. Cada uno tiene su cometido esencial para la resolución del caso.

En este libro hemos querido reunir un elenco de buenas investigaciones. Todos son casos cerrados, o casi cerrados, con sentencia del Supremo, salvo el último, el único «caso vivo» que ha elaborado e investigado de forma especial Leticia Jiménez —a petición de nuestra editora, Ymelda Navajo—, debido a su presente actualidad. Todos son ejemplos de buenas investigaciones realizadas por las policías científicas y los servicios de criminalística del Cuerpo Nacional de Policía, la Guardia Civil, los Mossos d’Esquadra, la Ertzaintza y la Policía Foral de Navarra. Sin duda los profesionales españoles se encuentran entre los mejores del mundo en este campo.

Hemos introducido en el libro, asimismo, varios casos que no son propiamente de Policía Científica. Dos de ellos pertenecen a la Brigada de Investigación Tecnológica, la BIT (del Cuerpo Nacional de Policía —CNP—), sin duda una de las mejores del mundo en la lucha contra los pederastas y violadores de menores que se sirven de Internet, y uno al Grupo de Localización de Fugitivos (también del CNP), los marshals españoles, que en poco más de diez años se han hecho con el respeto y la admiración de sus compañeros de Interpol gracias a sus éxitos.

Todos los casos responden a tres objetivos: informar, entretener y ayudar a comprender cómo funcionan los nuevos investigadores que defienden nuestro Estado de Derecho. En este sentido los autores queremos agradecer la gran colaboración prestada por el Cuerpo Nacional de Policía, la Guardia Civil, los Mossos d’Esquadra, la Ertzaintza y la Policía Foral de Navarra. En especial al director general del CNP, Ignacio Cosidó, al comisario principal, José María Rodríguez Calderón, a la actual responsable de la Comisaría General de Policía Científica, Pilar Allúe, y a su antecesor, Miguel Ángel Santano, así como a Serafín Castro, Ángel Galán, Máximo Carretero, Juan Gómez Calderón, José Ramón Santiago, José Manuel Fernández, Fernando Tartilán, Juan José Aristizábal, Marco Antonio Navarro, Pedro J. de Pablos, Esmeraldo Rapino, Luis García, José J. Pérez, Eduardo Casas, Antonio del Amo, Carlos Segarra y Juan José Esteban.

También todo nuestro agradecimiento al jefe del Servicio de Criminalística de la Guardia Civil, el coronel Luis Guijarro Olivares, al comandante Javier Rogero —siempre disponible y amable—, al capitán Raúl Valero y al alférez Raúl Rico, así como a Lourdes Rodríguez.

No queremos ni debemos olvidar tampoco a los Mossos d’Esquadra, a Sergi Messages, Xavier Sellart, Toni Pastor y al formidable Josep María Mateu —un amigo en el más puro sentido de la palabra—, y a Joana Vallés, Vicens Planella y Mónica Cabestany.

Asimismo, en este listado de agradecimientos queremos recordar de una forma especial a Héctor González y a nuestro lazarillo, faro, mentor y amigo José Antonio Rodríguez Pascual, pues sin su guía y su permanente asistencia este libro jamás habría llegado a puerto en la fecha señalada.

Finalmente queremos recordar a nuestras familias, sin cuyo sustento, cariño y comprensión no habríamos tenido la paz necesaria para escribir este libro que tienes en tus manos, querido lector. Esperamos que pases un buen rato con él. Si te gusta esta temática, no te defraudará. Estamos seguros.

Los nuevos investigadores

En el siglo XVII, las primitivas policías no disponían de una base de datos de antecedentes criminales, ni de un banco de datos de huellas dactilares, ni mucho menos de códigos genéticos, como ahora. En aquellas sociedades europeas agrícolas y ganaderas, que tenían mucho de feudales, cuando alguien cometía un delito se le marcaba como a una res con un hierro al rojo vivo. Esto formaba parte del castigo, pero también era una de las formas primitivas para identificar a los delincuentes. Alejandro Dumas padre, autor de la inmortal novela Los tres mosqueteros, levantó el lado oscuro de su trama principal sobre el cardenal Richelieu y su colaboradora, Milady de Winter, baronesa de Sheffield, al poner de manifiesto el gran secreto de esta bellísima, astuta y cruel espía: la marca de una flor de lis grabada al rojo vivo en su hombro izquierdo, lo que la identificaba como una maleante. Milady de Winter era francesa. Su nombre original era Anne de Breuil. Había crecido en un convento, donde sedujo a un sacerdote, con el que se escapó, robando en la huida propiedades de la Iglesia. Fue capturada poco después y, en consecuencia, marcada en la espalda como una delincuente. El «dios» Dumas fue benévolo con Milady de Winter y no la marcó en la mejilla o en la frente, como solía ser la costumbre en la Francia de aquel siglo. Tampoco le habría servido de mucho en el desarrollo de su relato. D’Artagnan no habría podido contarle a su amigo mosquetero Athos —el primer marido de Milady de Winter— que había visto la marca de delincuente en la espalda de la mujer y la narración no habría obtenido el poderoso impulso que da la venganza.

Esta costumbre imperaba en la mayor parte de los países europeos. Se herraba primero el rostro y después la espalda del ladrón o asesino. La flor de lis, el símbolo de la dinastía reinante de los Borbones, no era el único hierro que se utilizaba en Francia. También se hacía uso de otra marca en forma de «V» si era la primera vez; si reincidían se les marcaba con una «W». A los que eran condenados a galeras se les herraba con la palabra «GAL». En España, en el siglo XVI, la costumbre era marcar el rostro a los esclavos. Miguel de Cervantes lo explica muy bien en El celoso extremeño, una novela sobre los celos patológicos que siente Filipo, un indiano mayor regresado a España tras haber hecho las Américas, hacia su jovencísima esposa. Para servirla dice Cervantes que Filipo «compró, asimismo, cuatro esclavas blancas y herrolas en el rostro, y otras dos negras bozales».

Había más formas de marcar y castigar a los criminales. Por ejemplo, se les cortaban las orejas. En Rusia optaron por cortarles las narices —costumbre que prevaleció hasta 1818— y por grabarles con hierro candente ambos lados de la cara y la frente. En el Punjab, región al oeste de la actual India, a las carteristas les marcaban en la frente la leyenda «Jebkatri» (carterista). La Iglesia, en sus dominios italianos, no era diferente: marcaba a los ladrones en el brazo con dos llaves cruzadas en forma de aspa.

Teniendo en cuenta que, entonces, el sistema de investigación criminal corriente en toda Europa consistía en la confesión mediante tortura y que solo era necesario el testimonio del «sospechoso» para probar su culpabilidad, este tipo de estigmas estaban más que extendidos. La instrucción, la investigación, se llevaba a cabo en secreto, según el sistema inquisitorial al uso, en el que cabían las denuncias anónimas. A finales del siglo XVIII y principios del XIX los países del Viejo Continente comenzaron a abandonar paulatinamente la tortura como único y principal método de investigación y, en consecuencia, el hierro candente como castigo y para identificar a los delincuentes. Eran nuevos tiempos. El comienzo de la edad contemporánea y el nacimiento del liberalismo social impuso una nueva concepción del procesado surgida de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, aprobada en 1789 por la Asamblea Nacional Constituyente tras la Revolución Francesa: «Todo hombre es considerado inocente hasta que ha sido declarado convicto». Esta Declaración establecía, además, el imperio de la ley, aprobada por los representantes parlamentarios elegidos por el pueblo. Un terreno de juego, en suma, diametralmente opuesto al arbitrario y caprichoso que había estado vigente hasta entonces, con el sometimiento total a la voluntad de un rey que había sido elegido por Dios para que gobernara en su nombre.

Y el principio fue Vidocq

En octubre de 1809 la emperatriz Josefina descubrió que un collar de esmeraldas de gran valor, regalo de su marido, Napoleón Bonaparte, había desaparecido. Para ambos eran momentos muy duros. Durante mucho tiempo se había pensado que el problema que impedía tener hijos era de Napoleón, ya que ella había probado su fertilidad dando a luz a dos hijos en un matrimonio anterior. La certeza de que esto no era así, puesto que Napoleón había dejado embarazada a la condesa polaca María Walewska, cambió el estado de las cosas. Napoleón decidió divorciarse de Josefina para poder tener el heredero con otra mujer, ese heredero que anhelaba para el imperio. En consecuencia, hasta que se produjera el acto legal, Josefina se trasladó provisionalmente a una mansión a las afueras de París. Allí Jean-Baptiste Isabey, pintor de cámara de Josefina, le hizo su último retrato como esposa del emperador, en el que aparecía con el collar de esmeraldas robado.

La razón de Estado que disolvió el matrimonio el 10 de enero de 1810 —el primer divorcio bajo el nuevo Código Napoleónico— no impidió que Josefina y Napoleón siguieran siendo muy buenos amigos. Siempre se habían entendido muy bien y la comunicación entre ambos siguió fluyendo de forma natural. Por ello, en cuanto la emperatriz —que retuvo el título después del divorcio— descubrió el robo, informó de inmediato a Napoleón. El emperador montó en cólera. ¿Cómo era posible que a la emperatriz le pudieran robar nada, y menos un regalo que él le había hecho y que tenía en gran aprecio? Llamó a su presencia al ministro de la Policía, el todopoderoso Joseph Fouché: «Recupere ese collar de esmeraldas, Fouché. Cueste lo que cueste, pero ¡recupérelo!».

El problema es que la policía de Fouché era una policía política. Había sido entrenada para detectar y aplastar cualquier tipo de conspiración contra la seguridad del Estado y contra Napoleón. La lucha contra el crimen era algo secundario a lo que no se daba casi importancia. No sabían cómo investigar en el mundo de la delincuencia, ni tenían la formación necesaria ni, mucho menos, disponían de redes de confidentes en el bajo mundo. Sin embargo, Fouché, que estaba informado de todo, también estaba al tanto de los éxitos de un colaborador de la policía, Eugène-François Vidocq, de treinta y cuatro años, un delincuente arrepentido que estaba probando sobradamente su eficacia al servicio de la ley. ¿Quién podría atrapar a un delincuente mejor que otro delincuente?, se dijo Fouché. Era una apuesta arriesgada, pero Vidocq buscaba una oportunidad como esta para probar su valía.

Fouché le explicó todos los detalles de los que disponía sobre el robo y le dio la descripción del collar. También recalcó el interés del emperador. «Encuentre el collar cuanto antes. Será recompensado generosamente», le dijo Fouché. Vidocq inició su investigación adoptando uno de sus muchos disfraces. Comenzó su investigación en las tabernas y tugurios donde se reunían los delincuentes y que él conocía tan bien. No le costó mucho. Tres días después Vidocq detuvo al ladrón y recuperó el collar de esmeraldas de la emperatriz Josefina. Napoleón Bonaparte quedó maravillado por la rapidez y eficacia de Fouché y de su hombre, Vidocq, el primero de los «nuevos investigadores» de la historia de la criminalística.

Hasta pocos meses antes, Vidocq había sido uno de los delincuentes más temidos y buscados de Francia. También de los más aclamados por el público, porque había conseguido fugarse de todo tipo de prisiones. El 1 de julio de 1809, pocos días antes de cumplir treinta y cuatro años, fue detenido por última vez. Cansado, tomó una decisión que cambiaría su destino. Pidió que le llevaran ante el prefecto de policía de París, Louis-Nicolas Dubois, quien, intrigado por la petición de Vidocq, accedió al encuentro. El delincuente le explicó, sin preámbulos de ningún tipo, que estaba cansado de huir y de vivir al margen de la ley y que quería trabajar para la policía. A Dubois aquella propuesta no le conmovió lo más mínimo. La había escuchado decenas de veces en otros delincuentes y siempre había sido mentira. Miró a Vidocq detenidamente desde el otro lado de la mesa de su despacho, bajó los ojos e hizo un gesto a los gendarmes que lo flanqueaban para que se lo llevaran. Pero Vidocq no se rindió. «Ahora me van a llevar estos dos gendarmes a prisión, inmovilizado con grilletes. Si logro escaparme en el trayecto y regresar, esto será una prueba de mi buena fe», le dijo mientras lo agarraban por los dos brazos y se lo llevaban literalmente en volandas. Dubois lo miró y le dirigió una irónica sonrisa al mismo tiempo que salía del despacho de la Prefectura.

Treinta minutos después un Vidocq libre, ufano y orgulloso, reapareció en el despacho de Dubois saltándose toda la vigilancia y protección. «Prefecto, hablaba en serio», le dijo Vidocq. El delincuente arrepentido comenzó a colaborar con la policía como confidente en el interior de la cárcel de La Bicêtre. Luego fue trasladado a la prisión de La Force. Gracias a sus informaciones se resolvieron un buen número de crímenes y de importantes delitos. Durante los veintiún meses siguientes Vidocq cumplió su parte del trato a plena satisfacción de los jefes de la policía. En especial de John Henry, máximo responsable de la II División de la Prefectura de París. Henry, conocedor de su valía, se convirtió en su principal protector.

Su salida de prisión se escenificó como una nueva fuga, a las que tenía tan acostumbrados a sus colegas del bajo mundo. El objetivo era que continuara trabajando como agente encubierto para la policía. Fuera de la cárcel volvió a retomar viejos contactos y a forjar otros nuevos, informando a Henry de los delitos y crímenes que se estaban planeando. En ocasiones tomó parte en diversos golpes para poder arrestar a sus colegas delincuentes. Y siempre cambiando de apariencia. Vidocq era un maestro del disfraz. Los resultados fueron asombrosos. Cientos de delincuentes fueron detenidos y un gran número de casos solventados como nunca antes.

A finales de 1811 Vidocq propuso a Henry un experimento, una idea revolucionaria para ese momento: la creación de un grupo de policías de paisano que pudieran actuar libremente por todo París. Hasta entonces los policías iban de uniforme, por lo que eran detectados con facilidad por los delincuentes. En algunos barrios les era imposible acceder. Henry dio su visto bueno a la Brigade de Sûreté (Brigada de Seguridad), que comenzó a funcionar con solo cuatro hombres.

Vidocq fue el precursor de la policía que conocemos hoy, que no actúa solo después de cometido el delito, sino que trata de preverlo y evitarlo. En esa búsqueda de la perfección fue el iniciador de la criminalística entendida como el conjunto de los procedimientos aplicables a la investigación y al estudio del crimen para poderlo probar y combatir eficazmente. Fue también el primero en elaborar un archivo de delincuentes. Por cada persona detenida abría una tarjeta que incluía una descripción física —un antecedente claro del llamado «retrato hablado»—, los alias que utilizaban, las condenas que habían tenido, el modus operandi y cualquier otra información que considerara relevante. También incluía pruebas caligráficas del detenido. Esta metodología fue después adoptada por las policías de todo el mundo. Vidocq fue asimismo el primero en introducir los estudios de balística, en hacer moldes de yeso de las huellas de pies e impresiones de zapatos. Desarrolló las técnicas de vigilancia y seguimiento de los sospechosos, inventó un tipo de papel y de tinta indeleble que hacía muy difícil la falsificación de pagarés y cheques y diseñó un primitivo formulario para tomar las huellas digitales.

Uno de sus casos más recordados es el asesinato de la condesa Isabelle d’Arcy, que tenía un amante mucho más joven que su marido. El principal sospechoso, como es lógico, era el marido, que fue detenido. Vidocq se convenció de que el viejo conde no tenía, ni mucho menos, el perfil de un asesino. Examinó las pistolas que poseía —armas para duelo—, una de las cuales se consideraba que había sido utilizada en el crimen. El jefe de la Sûreté examinó las dos pistolas y comprobó que ninguna había sido disparada recientemente. Vidocq le pidió a un médico que extrajera en secreto la bala de la cabeza de la condesa —las autopsias forenses no existían aún—. La comparó, a ojo, con las que utilizaban las dos pistolas del conde y se cercioró de que la bala mortal era de un calibre mayor. Desde este momento centró toda su atención en el joven amante. Registró su piso y allí encontró una pistola del calibre de la bala mortal junto con un gran número de joyas. Confrontado con las pruebas, el sospechoso se derrumbó y confesó el asesinato.

Una de sus aportaciones más personales —y que después Scotland Yard convirtió en una de sus marcas— fue la de entrenar a sus hombres en la memorización de la cara y el aspecto de los delincuentes. Solía llevarse a los agentes a la prisión. Allí hacía desfilar a los reos ante ellos para que pudieran recordarlos cuando salieran a la calle. En la identificación estaba la clave. También los enseñaba a disfrazarse, dependiendo de la clase de ambiente en la que tuvieran que moverse. Sus memorias —un best-seller de la época— cuentan cómo atrapó a más de un delincuente haciéndose pasar por un mendigo o un viejo cornudo.

Vidocq era, evidentemente, un policía adelantado a su tiempo. En sus memorias relata que no solía llevar a los detenidos que consideraba importantes a prisión inmediatamente. En vez de eso les invitaba a cenar, creaba un clima distendido y de confianza que invitaba a hablar, sonsacándoles hábilmente la información que buscaba. Era un gran observador amén de un mejor escuchante.

Los éxitos, desde ese momento, se sucedieron. La brigada aumentó su plantilla a ocho agentes, casi todos ellos exconvictos (¿quién, si no, podía conocer mejor a los delincuentes?), siguiendo la línea de pensamiento del ministro de la Policía, Fouché. Luego subió a doce. Entre ellos había varias mujeres. En octubre de 1812 la Prefectura reconoció la eficacia del experimento propuesto por Vidocq un año atrás. Fue oficialmente convertida en una unidad de la policía y su líder puesto al mando. Catorce meses después, el 17 de diciembre de 1813, Napoleón Bonaparte firmó un histórico decreto que convirtió a la brigada en la fuerza de policía de seguridad del Estado, la Sûreté Nationale, y nombró a Vidocq como su primer jefe. En 1820 la Sûreté Nationale se ufanaba orgullosa de haber reducido en un cuarenta por ciento la criminalidad en París con una plantilla de treinta agentes.

Era imposible que la personalidad de Vidocq pasara desapercibida para los grandes literatos franceses del momento, como Alejandro Dumas padre, Victor Hugo, Honoré de Balzac y Eugène Sue. Dumas se inspiró en su persona para dar vida a Edmond Dantés, el conde de Montecristo. Hugo hizo lo propio en su obra Los Miserables: tanto el bueno, el fugitivo Jean Valjean, como el malo, el jefe de policía inflexible Javert, tienen como punto de origen la personalidad de Vidocq. Balzac lo utilizó como referencia en varios de sus libros y Sue lo inmortalizó en Los misterios de París.

Otros, como Émile Gaboriau, se imbuyeron de su espíritu para dar vida a Monsieur Lecoq, uno de los primeros detectives metódicos y científicos de la historia de la literatura mundial, el cual, a su vez, influyó en Arthur Conan Doyle y en su mundialmente famoso Sherlock Holmes. Se cree, igualmente, que Edgar Allan Poe se inspiró en una de las historias de Vidocq para crear al primer detective de la ficción, C. Auguste Dupin, un personaje que apareció en la novela corta Los asesinatos de la rue Morgue.

En 1827 Vidocq dimitió de su puesto de jefe de la Sûreté y, aunque volvió dos años más tarde, su segundo mandato duró apenas tres años. Durante los años siguientes creó el Bureau des Renseignements (Oficina de Información), que era una mezcla de agencia de detectives y de policía privada. Fue la primera agencia de detectives de la historia, anterior, por tanto, a la mundialmente famosa Pinkerton National Detective Agency, de Estados Unidos, creada a principios de los años cincuenta del siglo XIX.

En 1843 Scotland Yard solicitó su asesoramiento para la puesta en marcha de su nuevo Departamento de Investigación Criminal, creado a imagen y semejanza de la Sûreté, para lo cual se desplazó a París un comité de mandos de la policía británica. En 1845 fue Vidocq el que hizo el camino inverso. Los estadounidenses también se inspiraron en la Sûreté de Vidocq cuando sacaron a la luz lo que después ha sido su FBI.

Vidocq fue el primer policía de la historia moderna que tuvo una visión del futuro. La clave, para cualquier investigación, estaba en identificar al delincuente y para ello había que desarrollar métodos y sistemas basados en la propia ciencia. Ese era el desafío.

Su ejemplo marcó la dirección para los que vinieron detrás.

Antropometría y dactiloscopia

Vidocq no fue el único que dedicó su tiempo a reflexionar sobre la importancia de disponer de sistemas de identificación. El estadístico, astrónomo y matemático belga Lambert Adolphe Jacques Quételet afirmó en 1859, en su libro Antropometría, que no había en el mundo dos seres humanos que tuvieran el mismo tamaño exacto. M. Stevens, alcaide de la prisión belga de Lovaina, inventó un sistema de identificación basado en las ideas de Quételet, pero sus mediciones no pasaron de la fase de prueba y no profundizó más. Sin embargo, era necesario hacerlo.

A mediados del siglo XIX Europa se estaba viendo sometida a cambios desconocidos. Las gentes abandonaban los pueblos y se marchaban a las ciudades, donde el anonimato era la tónica general. La movilidad inmigratoria, de una ciudad a otra ciudad o de un país a otro país, hacían necesario poseer un sistema de control e identificación de la población. Otro de los cambios importantes que se produjeron por aquel entonces fue la transformación del enfoque de una filosofía basada en el castigo, en la que la reincidencia no tenía ninguna importancia, porque se castigaba de igual y severa forma tanto si el robo se cometía por vez primera como si se cometía por tercera o cuarta vez. Era preciso cambiar a otra forma en la que se distinguiera al que cometía un delito por vez primera del que era reincidente o incorregible. Esto era muy difícil de aplicar, no obstante. Bastaba con que la persona detenida dijera que se llamaba de otra forma o que tuviera un apodo distinto, porque tampoco existía documento de identidad alguno.

Las respuestas no tardaron en llegar. A principios de los años ochenta de ese siglo aparecieron en el horizonte dos sistemas que prometían resolver el problema de la identificación vinculando los archivos policiales no a los nombres, como se había hecho hasta entonces con mucha sensatez, sino al cuerpo humano o a una parte del mismo.

El padre del primer procedimiento, la antropometría, fue Alphonse Bertillon, un joven empleado de la Prefectura de París, hijo del médico, antropólogo y estadístico Louis-Adolphe Bertillon. Se basaba en la asunción de tres principios muy simples: el esqueleto humano no cambia después de que la persona ha cumplido los veinte años, es imposible encontrar dos seres humanos cuyos huesos sean idénticos y el esqueleto puede medirse fácilmente con instrumentos sencillos. El sistema antropométrico de Bertillon se basaba en la medición de tres categorías corporales: la primera, medidas del cuerpo, es decir, la estatura, la anchura que se abarca con los brazos extendidos y la altura estando sentado; la segunda, medidas de la cabeza: la longitud, anchura y diámetro del cráneo y el largo de la oreja derecha; la tercera, medidas de los miembros: longitud del pie izquierdo, longitud de los dedos corazón y meñique izquierdos, y longitud del brazo y mano izquierdos desde el codo hasta la punta del dedo corazón extendido. Cada una de estas once medidas se clasificaba en tres grupos principales: pequeño, medio y grande. Dependiendo de la categoría en la que encajaran las medidas, se rellenaban las respectivas fichas.

Cuando había que identificar a un sospechoso los técnicos de Bertillon lo medían y luego comparaban los resultados con las fichas archivadas que tuvieran medidas similares. Si se producía la coincidencia, la confirmaban mediante referencias de marcas singulares, como tatuajes, manchas de nacimiento o cicatrices, que antes habían hecho constar también en la ficha. Este sistema de identificación fue adoptado por la policía de París en 1882. Los resultados fueron muy buenos en principio. Gracias a la antropometría solo en ese año se pudo identificar a 49 individuos que habían dado nombres falsos. En el año siguiente, 1893, el número se elevó a 241. Diez años más tarde, en 1892, la cifra llegó a 680.

Aquel año, precisamente, Bertillon obtuvo un gran éxito con la identificación de Claudius François Koenigstein, alias Ravachol, revolucionario y profanador de tumbas que sembró el terror en París entre 1891 y 1892. Ravachol había sido detenido 1890 por un robo y había sido «bertillonado» en la prisión de Saint-Étienne. Las autoridades poseían una referencia «indubitada» —sin ninguna duda, como se dice ahora— de la identidad del hombre. En la madrugada del 15 de mayo de 1891, Koenigstein profanó la tumba de la condesa Rochetaillée para apropiarse de las joyas con las que había sido enterrada... según le habían informado o más bien mal informado, porque no encontró nada. El 18 de junio robó y mató a un indigente, Jacques Brunel, de noventa y tres años, pensando que había amasado una fortuna secreta y que tenía oculta. No era verdad. Cercado por la policía, huyó a Barcelona, donde aprendió cómo fabricar bombas de anarquistas españoles. Regresó a París en agosto de 1891 con una nueva identidad: Léon Léger.

Bajo ese nuevo disfraz, y con ayuda de cuatro compañeros anarquistas franceses, llevó el pánico y el estremecimiento al corazón de los parisinos con la colocación de treinta y nueve bombas desde esa fecha hasta el 30 de abril de 1892, cuando fue finalmente detenido. En el momento de su arresto, Ravachol dijo llamarse Léon Léger, pero su ficha antropométrica reveló su verdadera identidad: Claudius François Koenigstein, de treinta y tres años, francés. Fue juzgado y condenado a muerte. La guillotina le cortó la cabeza.

Bertillon también implantó el retrato hablado —vigente en las policías de todo el mundo—, un método claro y preciso para describir a una persona, así como la reseña fotográfica de detenidos, con sus tres posiciones clásicas: de frente, de perfil y de lado (más adelante se añadió una cuarta: de cuerpo entero).

Según el profesor de Criminología de la Universidad de Lausana, Rudolph Archibald Reiss, la policía suiza fue la primera que hizo uso de la fotografía no solo como reseña fotográfica de detenidos, sino también en las inspecciones oculares de la escena del crimen. La Prefectura de Policía de París, sin embargo, fue la primera del mundo que montó un estudio fotográfico para tal fin.

El sistema de Bertillon, curiosamente, también incluía un apartado dedicado a las huellas dactilares, que el francés consideró, en un principio, de interés secundario, aunque en 1902 se dio cuenta de su potencialidad. Fue durante el proceso de fotografiado de la escena de un crimen que se había producido en la calle de Saint-Honoré, muy cerca del Museo del Louvre. Allí recogió un cristal con huellas de varios dedos —pulgar, medio y anular—, procedentes de una vitrina. Bertillon, después de positivarlas, las cotejó con la escasa base de huellas dactilares que poseía y pudo identificar a Léon Sheffer como el autor del asesinato.1 Sheffer se entregaría días más tarde. Así Bertillon pasaría a la historia como la primera persona en Europa que resolvió un crimen cotejando dos huellas dactilares de la misma persona, la que encontró en la inspección ocular de la escena del crimen y la que ya poseía, de esa misma persona, en sus archivos.

El «bertillonaje» era en apariencia complicado. Solo en apariencia. Bertillon solía divertirse mostrando su eficacia cuando recibía visitas de alto nivel de otros países. En cuestión de minutos sus técnicos podían recuperar una ficha de un sospechoso de un archivo que contenía cientos de miles.

El Gobierno Civil de Barcelona, siguiendo la estela de Bertillon, creó en 1895 el primer Gabinete Antropométrico y Fotográfico con fines identificativos. Al año siguiente, el Ministerio de Gracia y Justicia decretó la creación del Servicio de Identificación Judicial, que estableció la incorporación en las prisiones del Servicio de Identificación Antropométrico, según el sistema de Bertillon. El resto de los países europeos secundaron, en la misma dirección, a los españoles.

Mientras Bertillon perfeccionaba su sistema antropométrico, en otros lugares del mundo, como la India colonial o Japón, se afanaban con el estudio de las huellas dactilares como método de identificación. No era nuevo. En el Lejano Oriente se utilizaron como medio de identificación durante la dinastía Tang (618 a 906 antes de nuestra era).

Lo curioso era la nacionalidad de los dos investigadores que llegaron al mismo punto de forma simultánea: británica. Uno, William J. Herschel, era administrador del distrito de Hoogly, en Bengala, entonces parte del Imperio Británico. El otro era el doctor Henry Faulds, especialista en cirugía, que trabajaba como superintendente en el hospital Tsukiji de Tokio, en Japón.

Herschel descubrió la singularidad de las huellas casi por casualidad, hacia 1858, como una añagaza para atemorizar a los nativos cuando firmaban contratos con la administración británica. Era muy común que luego no reconocieran las firmas, así que les obligaba a poner su huella en el documento oficial. Pronto se dio cuenta de la importancia que tenía como medio de identificación, con aplicaciones muy prácticas, como impedir que se pagaran pensiones a impostores en su distrito, un delito que en la India era muy común en aquel tiempo.

En 1877 Herschel, convencido de que había dado con un nuevo sistema infalible de identificación, envió al inspector general de las prisiones de la India un informe sobre sus hallazgos en este campo, proponiéndole la adopción de su sistema para la identificación de los presos. Su oferta no fue comprendida y terminó en la papelera. La vida de Herschel en la India continuó su devenir plácido hasta 1880, cuando leyó en la revista especializada en Ciencia, Nature, un artículo del doctor Faulds, de Tokio, en el que describía la potencialidad de las huellas como herramienta de identificación en las investigaciones criminales. Faulds había llegado a esa conclusión estudiando las huellas dactilares en la alfarería japonesa. Herschel respondió como un relámpago. Se puso en contacto con Nature y demostró que hacía veinte años que él venía utilizando las huellas dactilares con fines prácticos en la India. Aquello desembocó en una guerra entre los dos hombres por la reivindicación de la paternidad del descubrimiento.

Sin embargo, ninguno de los dos pasaría a la historia por ello, sino un tercero y un cuarto. El tercero fue sir Francis Galton, médico antropólogo, estadístico y primo del famoso Charles Darwin, el hombre que en 1859 había hecho saltar por los aires, con su libro El origen de las especies, la concepción cristiana de la creación del mundo, afirmando que el hombre era fruto de la evolución. Galton estudió las publicaciones de Herschel y de Faulds y terminó concediendo más importancia científica al primero, mucho más profundo y trabajado. Sobre todo fue consciente de la potencialidad de la dactiloscopia como alternativa al bertillonaje. La gran aportación de Galton fue su clasificación de tres aspectos de las huellas dactilares, que se forman en el feto durante el sexto mes de vida: arco, lazos y verticilo, junto a los denominados «accidentales», considerados un subtipo de los verticilos.

Curiosamente lo que motivó a Galton a internarse en este campo no fue el interés por desarrollar un sistema definitivo de identificación para fines policiales o judiciales. Eso le traía sin cuidado. Era un hombre que poseía una enorme fortuna por herencia y dedicaba su tiempo a lo que más le placía. Galton era el fundador del movimiento eugenésico, que defendía la mejora de la raza humana —conseguir personas más inteligentes y sanas— mediante varias formas artificiales de intervención, como el diagnóstico prenatal, la exploración fetal, la orientación genética y el control de la natalidad. Posteriormente a Galton, la eugenesia fue esgrimida como justificación «científica» para la esterilización forzosa de personas con defectos genéticos y el genocidio de razas y culturas consideradas inferiores. Lo que de verdad motivaba al primo de Darwin era descubrir, a través de las huellas dactilares, aquellos rasgos que identificaran la herencia genética, el nivel de inteligencia y el origen racial de cada individuo. Sin embargo, esta búsqueda no desembocó en nada significativo. Más bien dio lugar a mucho ruido mediático y mucha especulación, muy similar a la que en los últimos tiempos se ha producido en torno al uso del ADN en este campo.

En 1922, el periódico The New York Times publicó una información sobre un profesor alemán, Heinrich Poll, que afirmaba que muy pronto las compañías aseguradoras podrían decir, analizando las huellas dactilares de una persona, cuál iba a ser la carrera profesional del asegurado. De alguna forma era la misma búsqueda que el psiquiatra italiano Cesare Lombroso había planteado en su libro El hombre delincuente. Lombroso había definido el sistema antropométrico como «un arca de salvación», cosa que no gustó nada a Bertillon, que dudaba mucho de que las medidas antropométricas pudieran diagnosticar la tendencia a la delincuencia de la gente.

Galton volcó todos sus hallazgos en un libro que publicó en 1892 titulado Fingerprints (Huellas dactilares), que tuvo la suerte de caer en manos del irlandés Edward Henry, entonces inspector general de la Policía de Bengala, en la India. Sir Edward Henry fue la última pieza, el «cuarto hombre» que convirtió la dactiloscopia en un sistema eficaz de identificación. Este propuso un sistema de clasificación «perfecto» que permitía el archivo de las huellas indubitadas y su comparación con las huellas objeto de investigación —«dubitadas»— de una forma relativamente fácil. El sistema fue estudiado en 1897 por una comisión oficial del gobierno británico que recibió el encargo de compararlo con el sistema antropométrico de Bertillon, imperante en aquel entonces. Las conclusiones fueron favorables, de un modo aplastante, al sistema de clasificación dactilar propuesto por el irlandés. En 1900 se ordenó abandonar el procedimiento antropométrico y sustituirlo por el dactilar.

Al otro lado del mundo también

Cuando eso estaba sucediendo en Londres, en Argentina el jefe de la policía de La Plata, Juan Vucetich, un croata nacionalizado argentino, llegó por su cuenta a las mismas conclusiones que Galton, incluyendo los cuatro tipos de huellas, y desarrolló e implementó un sistema propio de identificación. Sistema que el gobierno argentino adoptó en 1895 y que se extendió por Iberoamérica y algunos países africanos, como Egipto. España lo adoptó también, con pequeñas modificaciones que lo perfeccionaron, principalmente la realizada por el doctor Federico Olóriz Aguilera. Por eso el sistema español recibe el nombre de sistema de identificación Vucetich-Aguilera. Los dos sistemas de identificación dactilar, el de Henry y el de Vucetich, se expandieron durante la primera década del siglo XX por todo el mundo, compitiendo con el sistema antropométrico.

Las ventajas de la dactiloscopia frente a su rival eran evidentes: era más barata, necesitaba menos gente y menos medios materiales, y era más rápida que la antropometría. Además la recogida de las huellas dactilares requería, para el personal oficial, una formación mínima. Como afirma el policía científico del Cuerpo Nacional de Policía, José Antonio Rodríguez Pascual, «la idea más genial de los dos sistemas dactilares, su piedra angular, es la concepción de la reseña decadactilar, con impresiones rodadas de un costado a otro de la yema de cada uno de los dedos de ambas manos. El limitar o definir el número de formaciones típicas, el saberlas interpretar abreviadamente con signos gráficos asociando entre sí los símbolos correspondientes a los diez dedos, creando la fórmula y tratar la subclasificación de los tipos primarios que admitió, al considerar el lado o lados de la salida caudal o el número de crestas contadas entre los puntos focales, central y divergente, aplicándole una lente con un hilo diagonal en su base, esa es la clave de su éxito».

El fracaso de la Gioconda

El 21 de agosto de 1911 la Gioconda o Mona Lisa fue robada del Museo del Louvre en París. Se hizo una inspección ocular a fondo de la escena del crimen y se encontró una huella en la vitrina que protegía el cuadro, que había sido desmontada con ayuda de una escalera. En principio aquello arrojó cierta esperanza. Podía ser la repetición del caso de Léon Sheffer, de 1902. Tenían la huella, luego podían tener al culpable. No fue así. La Prefectura de París siguió todo tipo de pistas, incluyendo una que señalaba al káiser de Alemania, Guillermo II, del que se dijo que había inducido el robo para herir en su orgullo nacional a Francia. Otros señalaban a artistas de la talla de Pablo Ruiz Picasso como autores del robo.

En este caso brilló en todo su esplendor la navaja de Ockham, el principio elaborado por Guillermo de Ockham en el siglo XIV, según el cual entre dos explicaciones posibles, la más simple es siempre la más probable. Veintiocho meses después del robo, el 2 de diciembre de 1913, un hombre que se hacía llamar Leonard Vincenzo ofreció la Gioconda a un marchante de arte de Florencia, Alfredo Geri. Este se lo comunicó al director de la galería Uffizi, de la misma ciudad, y se reunieron con el ladrón para ver el material. Se quedaron sin habla. Según les explicó, lo que le había empujado a llevarse la Mona Lisa del Museo del Louvre era su deseo de devolver a Italia, y más en concreto a Florencia, una obra de arte que le había sido sustraída por Napoleón a aquella ciudad. Y de paso sacarse un dinerito.

Leonard Vincenzo, ni que decir tiene, fue detenido de inmediato. Su verdadera identidad era la de Vicenzo Perrugia. Cuando se produjo la sustracción del cuadro trabajaba en París como pintor de brocha gorda y, ocasionalmente, como obrero en el Museo del Louvre. Fue un robo muy simple, según contó a la policía. La mañana de la sustracción fue al museo a ver a sus amigos pintores que trabajaban en el interior. Estaba cerrado al público, pero como los guardias de seguridad lo conocían, lo dejaron pasar. Era un don nadie, un ser invisible, alguien sin importancia, un simple obrero. Cuando se quedó solo en el Salón Carré, donde se hallaba la Mona Lisa, descolgó la vitrina que la protegía, tomó la tabla y la ocultó bajo su blusa de pintor. De esa forma consiguió burlar a los guardias de seguridad a la salida del museo.

Vincenzo ocultó la pieza nada menos que durante dos años debajo de su cama. Cuando consideró que se habían calmado los ánimos, trató de darle salida. Lo más sangrante, lo que hizo pedazos el prestigio de Bertillon, fue el hecho de que Perrugia estaba fichado dactilarmente. Desde 1894 había incluido en cada ficha las huellas de los dedos pulgar, índice, medio y anular de la mano derecha. Y desde 1904, las de los diez dedos. El problema es que las huellas figuraban en la ficha de Perrugia bajo la denominación «señas particulares». La diferencia con respecto al caso Sheffer era que en aquella ocasión el número de fichas a consultar había sido muy pequeño. Cuando estalló el caso de la Mona Lisa las fichas decadactilares habían crecido tanto que resultaba imposible su comparación desde el punto de vista dactiloscópico. Si hubieran tenido un sistema de clasificación dactilar adecuado, el robo de la Mona Lisa se habría resuelto en cuestión de pocos días. El entonces prefecto de París, Louis Lépine, ordenó que se hiciera una profunda revisión del sistema de identificación antropométrico y que se reorganizara el Servicio de Identificación, dirigido por Bertillon. Supuso la puntilla final y su abandono paulatino.

El 25 de junio de 1911 comenzó a funcionar en la Jefatura Superior de Policía de Madrid el Servicio de Identificación Dactiloscópica. Al año siguiente se añadiría a la ficha la fotografía. Diez años más tarde se reformó el Gabinete de Identificación de Madrid, configurándose como un ente, con el nombre de Gabinete Central, que ordenó a todos los gabinetes de provincias enviar al central un duplicado de las fichas realizadas. Esto representó un enorme avance. Impidió que los delincuentes pudieran eludir las búsquedas que se hubieran emitido sobre ellos por el simple hecho de cambiarse el nombre.

El sistema de identificación por huellas dactilares supuso un avance histórico para la lucha contra el crimen, pero también presentaba un serio inconveniente: la búsqueda de las huellas indubitadas y su cotejo con las dubitadas en los archivos. El proceso podía durar un día, una semana, meses o incluso años. La búsqueda se hacía manualmente y era muy laboriosa. La huella indubitada tenía que coincidir —en España— en doce puntos con la huella dubitada para establecer que pertenecían a la misma persona. No valían nueve, diez ni once, tenían que ser doce puntos.

En Estados Unidos, que entonces tenía una población igual a la de toda Europa, optaron a mediados de la década de 1930 por guardar solo las huellas de los criminales más notorios, de los reincidentes y de ciertas categorías especiales, como secuestradores y ladrones de banca.

La irrupción de la informática, a principios de la década de 1970, transformó todo de forma acelerada.

Un nuevo mundo

Tras la II Guerra Mundial, la nueva primera potencia del planeta, Estados Unidos, tomó la iniciativa en todos los órdenes. En la investigación criminal también. Así, a principios de la década de 1970 se implementó el Automated Fingerprint Identification System (AFIS), una novísima tecnología que permitía comparar las huellas obtenidas en una inspección ocular con el banco de datos de huellas digitalizadas de delincuentes o personas con antecedentes y producir, en cuestión de minutos, una serie de posibles candidatos.

En España la digitalización de las huellas dactilares que figuraban en papel se inició en septiembre de 1986 por medio del ACOS-4, un precedente del Sistema Automático de Identificación Dactilar (SAID), con el que fue sustituido en el año 2000. El SAID es la versión española del AFIS-21 de los norteamericanos. En septiembre de 2003 el SAID tenía registradas las reseñas decadactilares (de los diez dedos de las dos manos) de 1.449.665 personas identificadas. El 31 de diciembre de 2011 el número de reseñas decadactilares había aumentado hasta 3.400.000, además de 750.000 reseñas palmares, más del doble que en 2003. También se encuentran inscritas en la misma 580.000 huellas anónimas. Además cuenta con un sistema de búsqueda adicional: por cicatrices y tatuajes.

El sistema SAID de tercera generación, que sustituyó al anterior en enero de 2009, tiene en su haber el esclarecimiento del 24,5 por ciento de los asuntos consultados por el Cuerpo Nacional de Policía, la Guardia Civil, los Mossos d’Esquadra, la Ertzaintza, la Policía Foral de Navarra y buena parte de las policías locales españolas con las que el Ministerio del Interior firmó acuerdos de acceso en los últimos años.

De Estados Unidos también han venido innovaciones como la utilización de luces forenses —desde ultravioleta a infrarrojos— en las inspecciones oculares, que han potenciado, como nunca antes, la detección de huellas latentes —invisibles al ojo—, semen, orina, sudor, saliva y sangre, así como fragmentos óseos. Su iniciador fue el doctor austriaco E. Roland Menzel cuando trabajaba para la multinacional estadounidense Xerox en Toronto a mediados de la década de 1970, desarrollando la tecnología para hacer fotocopias en color. El doctor Menzel descubrió accidentalmente cómo reaccionaban las huellas a las luces láser.

También se ha introducido el luminol, el reactivo que es tan común hoy en día en las investigaciones de las policías científicas españolas, ideado también en Estados Unidos y exportado desde allí al resto del mundo. Cuando el luminol entra en contacto con la hemoglobina (presente en los glóbulos rojos de la sangre), reacciona emitiendo una fluorescencia visible a simple vista en la oscuridad. Fue sintetizado por vez primera en 1902 por el doctor A. Schmitz en Alemania. Su compatriota A. Specht descubrió treinta y cinco años más tarde, en 1937, su reacción fosforescente en contacto con la sangre. En 1986 los estadounidenses J. I. Thornton, K. Guarino, F. G. Ríos y P. J. Chapman lo hicieron viable para su uso criminalístico, aunque no fue hasta 1990 cuando el agente especial supervisor de la Unidad de Serología del FBI, Robert R. J. Grispino, realizó un estudio a fondo sobre el producto, convenciéndose de su potencialidad en la lucha contra el crimen.

El luminol fue utilizado por vez primera con éxito en España en 2001, en la resolución del asesinato de Susana Valdivia, una madrileña que perdió la vida a manos de su excompañero sentimental. Este recurso también desempeñó un papel fundamental en la resolución del doble asesinato del llamado «crimen de Montesol», relatado en este libro. Gracias al luminol la Policía Científica del Cuerpo Nacional de Policía pudo seguir las pisadas de la principal sospechosa por toda la casa. «El luminol es muy eficaz, sobre todo si tienes el ojo entrenado», dice Máximo Carretero, inspector jefe y jefe del Grupo de Delitos Violentos y Organizados de la Comisaría General de Policía Científica del Cuerpo Nacional de Policía. En muchas ocasiones el ojo busca en los sitios más inverosímiles y el luminol puede ser la clave para la solución de un crimen, como sucedió en el caso del «crimen del pozo».

Otro de los recursos más efectivos con los que cuentan los policías científicos españoles a la hora de recuperar huellas es la técnica del cianocrilato, desarrollada en 1978 por la Policía Metropolitana de Tokio. Descubrieron que el cianocrilato, principal componente de ciertos pegamentos, cuando se calienta emite unos vapores que se adhieren a los restos aceitosos de las huellas, producidos por la sudoración de la piel. El cianocrilato, que se aplica dentro de una campana de cristal o sucedáneo, después se endurece y fija el dibujo de las crestas papilares. Más tarde, en contacto con el componente nihidrina, se tornan amarillas. La técnica del cianocrilato se aplicó en la investigación que los Mossos d’Esquadra llevaron a cabo sobre Gilberto Chamba Jaramillo, el Monstruo de Machala, violador y asesino en serie ecuatoriano que mató a su novena víctima, María Isabel Bascuñana Royo, en Lérida en 2004. También se utilizó en el llamado «crimen del contenedor», resuelto por el CNP. Ambos se relatan en este libro.

El doctor francés Edmond Locard, padre de la criminalística moderna —un visionario, al igual que Vidocq—, formuló su famoso «principio del intercambio»: cuando alguien entra en un lugar, al salir siempre se lleva algo consigo y deja algo suyo atrás. Este principio encuentra su exposición más plena en el caso del asesinato de un hincha del Barcelona en 2010, un joven tudelano al que rompieron la cabeza a golpes con un listón de madera. El análisis microscópico de los restos en las ropas de los principales sospechosos permitió la resolución del caso, en el que trabajaron codo con codo el CNP y la Policía Foral de Navarra. En ese mismo caso se hicieron reconstrucciones en tres dimensiones del crimen, trabajo que realizó la Comisaría General de Policía Científica del CNP. Después se proyectaron durante el juicio, ante el jurado popular, en Pamplona.

Ese mismo recurso infográfico, la reconstrucción en tres dimensiones, fue la herramienta que permitió a la Guardia Civil resolver un caso, sucedido en Marbella, que aparentemente había sido un suicidio. Los estudios científicos de la trayectoria que realizó la mujer en su habitación, hasta el balcón por el que cayó, permitieron descartar esa hipótesis, argumentada por el marido, que fue acusado de asesinato. El relato del caso también está contenido en este volumen.

Los venenos, el recurso letal más utilizado por las mujeres asesinas, también tiene aquí su reflejo en el caso de la envenenadora de Melilla, que mató a su bebé, a su marido y a su hija mayor con un producto, Colme, que se emplea para el tratamiento del alcoholismo. Paraliza el metabolismo del alcohol en dosis controladas, pero suministrado en grandes dosis produce la muerte (como la mayor parte de las cosas que se ingieren en grandes dosis, como la sal, por ejemplo).

Por otra parte la lucha contra el abuso sexual y la pornografía infantil ha encontrado en las nuevas tecnologías una de las armas más poderosas, como se relata en los capítulos «Donde habitan los monstruos» y «No se lo digas a nadie». La Brigada de Investigación Tecnológica de la Comisaría General de Policía Judicial es una de las más eficaces del mundo. Colabora e intercambia información, en tiempo real, con sus unidades homólogas en el resto de Europa merced al Groove, un espacio virtual informático de trabajo compartido. También tienen a su disposición la ICSE (Interpol Child Sexual Exploitation Database, la Base de Datos de Interpol sobre Explotación Sexual de Menores), una potentísima herramienta en la que se hallan todas las víctimas menores identificadas y por identificar, así como los agresores, a nivel mundial.

Nunca antes los investigadores policiales habían dispuesto de una tecnología tan avanzada a su disposición para hacer frente a la delincuencia y al crimen, destacando por encima de todo la Base de Datos Policial sobre Identificadores a partir del ADN —conocida como Base de Datos de ADN—, que comparten el Cuerpo Nacional de Policía, la Guardia Civil, los Mossos d’Esquadra, la Ertzaintza y la Policía Foral de Navarra.

En este sentido, España dio un importante paso el 8 de octubre de 2007 con la aprobación de la nueva ley que regulaba definitivamente la obtención y el uso de las pruebas genéticas e incluía en el seno de la mencionada base de datos otras complementarias, de la Policía Nacional y de la Guardia Civil, sobre personas desaparecidas o de restos cadavéricos sin identificar. La decisión del Gobierno respondió a una necesidad acuciante, ya que dos años antes España había suscrito en la ciudad alemana de Prüm el «Tratado relativo a la profundización de la cooperación transfronteriza, en particular en materia de lucha contra el terrorismo, delincuencia transfronteriza y migración ilegal» junto con seis países más, miembros de la Unión Europea: Bélgica, Alemania, Francia, Luxemburgo, Países Bajos y Austria. Un año después fue ratificado por el Congreso de los Diputados. Con el Tratado de Prüm España se comprometía a intercambiar con esos países información de su Base de Datos de ADN, del Servicio Automático de Identificación Dactilar, así como de vehículos, sus propietarios o usuarios.

La aprobación de la citada ley suponía una puesta al día en este campo, si bien con algunos agujeros importantes, como el que figura en la Disposición Adicional Tercera, relativa a la obtención de muestras biológicas. En esta disposición se dice que «la toma de muestras que requieran inspecciones, reconocimientos o intervenciones corporales sin consentimiento del afectado requerirán en todo caso autorización judicial mediante auto motivado, de acuerdo con lo establecido en la Ley de Enjuiciamiento Criminal». Lo que quiere decir que si un policía científico trata de tomar una muestra genética de la boca de un sospechoso con la conocida turunda, que tantas veces hemos visto en series como CSI, y este se niega, no podrá hacer nada. La única solución es solicitar una orden al juez de instrucción del caso para obligarle a ello, ya que dicha toma de muestra encaja en el concepto «intervenciones corporales». Para el trabajo diario de los criminalistas de la Policía, la Guardia Civil, los Mossos d’Esquadra, la Ertzaintza y la Policía Foral de Navarra es un engorro y una ralentización en cualquier tipo de investigación.

La Base de Datos de ADN funciona con el software CODIS, el mismo que utilizan las policías estadounidenses y europeas y, muy importante, la Interpol.2 Una de las características fundamentales de este banco de datos de ADN español es, al igual que ocurre con el SAID, su interoperabilidad, la capacidad de conexión directa con los sistemas de los otros países a través de protocolos de Internet y de las normas de intercambio establecidas. Desde España se puede hacer una búsqueda de datos en los países firmantes del Tratado de Prüm, igual que ellos en España.

La eficacia es evidente. En 2011 más de 13.700 delincuentes fueron identificados en nuestro país por sus huellas dactilares, ADN o manuscritos, y se resolvieron 350 agresiones sexuales, 329 homicidios y 119 casos de terrorismo en territorio del CNP. Según la memoria de la Comisaría General de Policía Científica, la CGPC, en 2011 se realizaron 49.777 informes periciales sobre biología y ADN en sus cinco laboratorios territoriales de ADN —Madrid, Barcelona, Sevilla, Valencia, La Coruña y Granada—, lo que supone un 26,48 por ciento más que en 2010 y un 1.800 por ciento más que en 2004.

Una de las características de los nuevos investigadores es que tienen que tener conocimientos de informática, porque todo está en la red. A través de Argos, el sistema informático de información policial del CNP —el resto de los cuerpos tienen sus propios sistemas similares—, se accede a diversas bases de datos, como SIDENPOL, el sistema de denuncias de este cuerpo, lo que era el antiguo archivo policial; el PERPOL, la base de datos de antecedentes policiales; el HIPEST, el sistema estadístico de criminalidad, que le dice a los mandos el estado de la criminalidad en cualquier barrio, distrito o calle en tiempo real y además en modo mapa —a través de la aplicación SIGPOL—; el AVL, la base de datos de localización automática de vehículos y la de objetos de interés policial, que reúne todos los objetos sustraídos, como joyas, coches, etc., así como la de documentos falsos; el MODEINFR, para el control de fronteras; el SICAR, la base de datos de calzado y neumáticos; el GATI, el Grupo de Análisis y Tratamiento de la Información, en fase de transformación hacia el UCIC, la Unidad Central de Inteligencia Criminal, un sistema informático esencial en cualquier tipo de investigación; o el SIRENE, el sistema de interconectividad con Europol, en cuya base de datos, el SIS, figuran los fugitivos más buscados. Eso sin olvidar el SITEL, el Sistema Integrado de Interceptación de Telecomunicaciones, que permite la interceptación telefónica con mandato judicial.

El comisario Ángel Galán, uno de los grandes investigadores españoles, está de acuerdo con los pasos de gigante que se han dado hasta ahora, con toda la inversión tecnológica realizada, que han transformado el panorama de la investigación criminal. «Es necesario saber utilizarlas para sacarles todo el jugo, es cierto —dice el comisario Galán—, pero no son la solución final. En esencia son herramientas, poderosas, pero al fin y al cabo herramientas. No resuelven crímenes, pero ayudan. No podemos ni debemos olvidar que el instrumento más poderoso con el que cuenta cualquier investigador es su inteligencia, su capacidad de escuchar, de observar, de preguntar, de relacionar cosas, de sacar conclusiones. Sin inteligencia los avances técnicos no son más que aire. Esa inteligencia es la que debemos seguir cultivando por encima de todo».

Vidocq probablemente habría sido feliz en nuestro tiempo, o quizá se habría vuelto loco por los requerimientos de conocimientos técnicos necesarios para realizar una investigación hoy en día. ¿Fue este el futuro que percibió? Seguramente no se habría imaginado ni la mitad de las cosas. Se habría figurado un mundo parecido a los que inventaba en sus novelas Julio Verne, complicado y fascinante, a la vez, pero donde con toda seguridad habría querido vivir. Un mundo de nuevos investigadores.

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Las apariencias engañan.
 ¿Suicidio o asesinato? 

Trayectoria

Kelly Anne Corcoran, de veintiocho años, y Michael Dermot McArdle, de treinta y uno, gerente de una fábrica de carne, ambos irlandeses, eran la típica pareja feliz… en apariencia. Llevaban casados cinco años y tenían dos hijos, Mike y John,3 de tres y dos años. Vivían en la ciudad irlandesa de Drogheda, en el condado de Louth, en la costa este de la isla, a poca distancia de la frontera con Irlanda del Norte.

Kelly Anne y Dermot habían llegado a Málaga en un vuelo de Aer Lingus el 11 de febrero de 2000 para pasar una semana de vacaciones en Marbella. El establecimiento contratado fue el hotel Gran Meliá Don Pepe, de cinco estrellas, un lugar legendario desde su nacimiento, en 1964. Allí rodó el director de cine Pedro Masó El turismo, ese gran invento, protagonizada por Paco Martínez Soria y Antonio Ozores, que fue un taquillazo. A esta siguieron otras muchas, con José Luis López Vázquez, Alfredo Landa, Concha Velasco, Andrés Pajares o Fernando Esteso como protagonistas, por citar a algunos de intérpretes más conocidos. El Don Pepe siempre ha sido un emblema de Marbella y un fuerte punto de atracción para empresarios, deportistas, políticos, artistas, escritores, científicos y, por supuesto, la aristocracia de todo el mundo. Gente como Gina Lollobrigida, Brigitte Bardot, Sean Connery, Maximillian Schell, Edward Kennedy, George Hamilton, Bob Hope, Mel Brooks, Geraldine Chaplin, Raphael, Julio Iglesias, Lola Flores, Camilo José Cela, Alain Delon, Mel Ferrer, el Aga Khan, el premio Nobel Severo Ochoa, los entonces príncipes de España, Juan Carlos de Borbón y Sofía de Grecia, o la reina Fabiola de Bélgica han sido algunos de sus clientes.

Los McArdle querían que aquellos días de paz y tranquilidad operaran como una batería que les permitiera recuperar energía para cuando volvieran a Irlanda. El escenario, rodeado de jardines subtropicales, con la playa a unos metros, y a tiro de piedra de todo lo deseable para pasárselo bien, era una apuesta más que segura. No iba a ser una nueva luna de miel propiamente dicha, porque con ellos se habían llevado a Mike, al mayor, pero aquella semana se iba a asemejar mucho. O eso pensaban.

Kelly Anne y Dermot no hacían mala pareja. Ella era delgada y medía 1,70 de altura. Llevaba media melena y tenía el pelo castaño, la cara era ovalada y la nariz fina y recta. Poseía unos ojos vivaces y su sonrisa era arrebatadora. Dermot era recio, no muy alto, de cara ovalada, ojos, boca y mentón pequeños y una nariz un tanto respingona. Tenía un carácter fuerte. Era «el hombre».

La pareja y el niño salieron a cenar y luego a dar un paseo. El cielo estaba despejado y la temperatura —como siempre— fluctuaba entre los dieciocho y los diecinueve grados centígrados, algo impensable en la verde Irlanda en un mes de febrero, cuando el cielo está siempre cubierto, la humedad es omnipresente y los días son muy cortos. Marbella, para este par de jóvenes irlandeses, se asemejaba mucho a lo que debía de ser un paraíso. De regreso al hotel, caminando, Kelly Anne y Dermot comenzaron a discutir acaloradamente. La intensidad del enfrentamiento les hizo apartarse el uno del otro y volver por caminos distintos. Kelly Anne se llevó al niño de la mano y Dermot se fue solo.

Al rato volvieron a encontrarse en la habitación que compartían en el Don Pepe, la 421, en el cuarto piso. Las cosas no se habían calmado. Volvieron a retomar el enfrentamiento y llegaron a las manos. La mesa de cristal, que se encontraba en la terraza, se hizo añicos. En décimas de segundo Kelly Anne se vio volando por encima de la barandilla, suspendida en el vacío, a 15 metros del suelo. Agarrada tan solo a la mano izquierda de su marido, trataba de aferrarse a una cornisa con la otra mano para no perder la vida. McArdle, un hombre fuerte, no fue capaz de sostener y levantar los 57,8 kilos de peso de su mujer y evitar que se precipitara contra el pavimento. El cuerpo de Kelly Anne se estrelló sin remisión, con un golpe sordo. No murió instantáneamente. Todavía tardó cuarenta y ocho horas en fallecer, pero jamás recobró el conocimiento en el hospital Costa del Sol, donde fue ingresada pocos minutos después.

La Policía Nacional inmediatamente tomó el caso en sus manos. Tres agentes fueron asignados a la investigación. Lo primero que hicieron fue entrevistar a Dermot McArdle. «Sí, tuvimos una discusión. Kelly Anne estaba furiosa, fuera de sí. Se enfadó porque estuve hablando con otra mujer. Debió de perder la cabeza y se tiró por el balcón. Yo la agarré con una mano, pero se me resbaló y… la perdí», declaró.

El ocupante de la habitación contigua a la de la pareja, Roy Haine, explicó a los agentes que había visto al hombre tratando de salvar a su mujer. Juan Bertoleo, entonces uno de los responsables del hotel, relató el acontecimiento de forma muy parecida, visto desde su posición, desde el exterior del edificio.

La magistrada titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Marbella, María José Rivas, esperó a tener todo en sus manos: el informe de la policía y el informe del médico forense, Luis Palomo, para saber qué había ocurrido. Todo parecía que había sido un accidente fruto de una pelea, de una ofuscación, durante la cual la mujer había perdido la cabeza. Una pena. Palomo, en su informe, estableció días más tarde que la causa de la muerte había sido una hemorragia cerebral producto del fuerte impacto contra el firme. La mujer, relató, también tenía rota una pierna y varios huesos del pie. El cuerpo no presentaba ningún tipo de marcas de lucha. Todos los datos eran consistentes y parecía que se trataba de un caso rutinario más. Semanas después se decretó su sobreseimiento (archivo) provisional. Lejos estaban todos de sospechar que ese no era el final sino el principio.

La familia de Kelly Anne

Nada más conocer lo sucedido, Peter Moran, cuñado de Kelly Anne y de Dermot, voló de inmediato a Málaga. Desde allí se desplazó a toda velocidad a Marbella, donde Kelly Anne permanecía todavía con vida. Habían pasado apenas veinticuatro horas. Peter, esposo de Caroline, hermana mayor de Kelly Anne, fue directamente al hospital Costa del Sol, donde se encontraban su cuñado y su sobrino, Mike. En el trayecto pensaba en sus suegros, Ted y Bridie, dos buenísimas personas que adoraban a Kelly Anne. A mediados de los años ochenta ya habían tenido que encajar otro fuerte golpe cuando su hija mayor, Cathy, estudiante de Enfermería, había perdido la vida en un accidente de tráfico en Londres, cuando iba sentada en el lado del copiloto de un automóvil. Los Corcoran eran, además, muy católicos. Su fe les había sido de gran ayuda para superar tan amargo trago. ¿Cómo se sobrepondrían a este?, se preguntó. No sabía cómo.

Dermot y Peter se fusionaron en un abrazo al verse. Peter cogió en brazos a su sobrino Mike y lo abrazó cariñosamente.

—¿Cómo ocurrió? —le preguntó Peter.

—Discutimos. Ya sabes cómo se pone Kelly Anne, y en un momento dado… No quería hacerlo, estoy seguro, pero se tiró por el balcón. Se suicidó.

—¡¿Se qué…?! —contestó alarmado Peter.

—Se tiró por el balcón. Trató de suicidarse. Conseguí agarrarla en el último segundo, pero fracasé. Se me escapó de las manos y…

—¡¿Que se tiró por el balcón?! —respondió horrorizado el cuñado.

—Te lo he dicho, Peter. Estaba muy, muy cabreada —contestó Dermot pausadamente.

Aquello encendió todas las luces rojas en la mente de Peter Moran. ¿Que Kelly Anne había tratado de suicidarse? Aquella explicación no encajaba ni por asomo en la imagen que la familia y él mismo tenían de la chica. Es verdad que Kelly Anne era una mujer de sangre caliente, que tenía un genio vivo, que no se callaba cuando tenía que decir las cosas, pero el suicidio estaba fuera de consideración. Por su educación católica Kelly Anne jamás habría tomado el suicidio como una salida. Nunca, y menos una mujer tan vitalista como ella. Era imposible de todo punto.

Poco después, mientras esperaban en el hospital el fatal desenlace anunciado por los médicos que la estaban atendiendo, Dermot se ausentó. Peter se quedó al cuidado de su sobrino, Mike. Mirándole a los ojos, y sabiendo que era un niño de tres años con lengua de trapo, intuyendo que no iba a obtener ninguna respuesta, le hizo unas preguntas.

—¿Qué pasó, Mike? ¿Qué ocurrió de verdad?

La sorpresa fue mayúscula cuando el pequeño Mike le contestó:

—Papá malo. Papá empujó a mamá hacia abajo.

Era evidente que la construcción gramatical de Mike no era perfecta. Tenía tres años. Había utilizado la palabra inglesa «bold» (audaz) en el lugar de «bad» (malo), como solía hacer habitualmente en aquel tiempo. Peter lo miró alarmado. No dijo nada, pero guardó en lo más recóndito de sí las palabras que había escuchado. ¿Sería posible?

Como ya habían adelantado los médicos, Kelly Anne dejó de existir el día 12 de febrero de 2000. El marido, con ayuda de su cuñado, hizo los preparativos para repatriar el cadáver. Antes, McArdle donó todos los órganos de Kelly Anne salvo los ojos. Dermot y Peter se miraron uno al otro. Ninguno de los dos sospechaba que aquello iba a ser el comienzo de una larga guerra por la memoria de Kelly Anne… y por la verdad.

Pocos días después, con todo el papeleo legal completado, Dermot regresó a su ciudad acompañando al cadáver de su mujer, que fue transportado en el avión privado del dueño de la empresa para la que trabajaba entonces, Larry Goodman. A su regreso a Irlanda las relaciones entre los Corcoran y el viudo de Kelly Anne empeoraron. La conducta de Dermot no fue la que se esperaba de un joven viudo que había perdido a la mujer de su vida inesperadamente.

Nada más aterrizar, de vuelta a Irlanda, se pasó por la casa de sus suegros. Con ellos se encontraban sus hermanas, parientes y vecinos. El hombre estuvo apenas seis minutos en la casa y después se marchó. La actitud del hombre hacia su familia política, desde entonces, fue distante y en ocasiones agresiva. «Nunca le vi una lágrima, nunca le vi emocionarse, mostrar ningún sentimiento de amor hacia Kelly Anne», relató después Caroline, una de las hermanas de la fallecida.

El funeral, con el cuerpo de Kelly Anne presente, marcó el comienzo de las hostilidades entre los Corcoran y McArdle cuando Caroline se acercó al ataúd en el que se hallaba su hermana y le acarició la cara por última vez. «¡Quita esa jodida mano de su cara!», le espetó Dermot. Poco después Brigit, otra hermana de Kelly Anne, puso en el ataúd una nota de despedida, cosa que también observó Dermot y ante lo cual reaccionó desmesuradamente. «¡¿Qué coño te crees que estás haciendo?!», le dijo desencajado. Después, en la misa funeral, Dermot se le acercó y le entregó un papel con una oración para leer durante el oficio. «Si vas a llorar, no lo hagas. Traeré a otro», le soltó cruelmente.

Las hermanas observaban a Dermot con atención. Percibían en su actitud como un alivio, como si se hubiera quitado un peso grande de encima. Antes de la muerte de Kelly Anne, la pareja había estado un tanto ahogada por los gastos. Se habían comprado una casa nueva y no llegaban a fin de mes. Sin embargo, los 400.000 euros del seguro de vida que tenía Kelly Anne habían acabado con ese estado de cosas. Dermot adquirió, casi de inmediato, un BMW.

—¿Por qué te lo has comprado? —le preguntó Caroline.

—Porque Kelly Anne lo habría querido —le contestó.

Durante las semanas siguientes Dermot fue visto frecuentando diferentes bares y tratando de ligar con cualquier mujer atractiva que se le pusiera delante. La noticia del joven viudo se había extendido como la pólvora en la localidad, que no dejaba de ser una ciudad pequeña en la que todo el mundo se conocía, y eso facilitaba su contacto con otras mujeres.

La familia Corcoran sospechaba seriamente que Dermot no había dicho toda la verdad. Sabían que la relación de Dermot y Kelly Anne no era todo lo idílica que parecía en público. Eran conscientes de que Dermot era un hombre violento. Habían sido testigos directos de sus ataques de ira. Caroline había visto cómo, en una ocasión, había tirado del pelo y empujado con violencia a su hermana. Brigit recordaba cómo, en otro momento, Kelly Anne se había presentado una noche en su casa, en camisón, con una chaqueta y descalza después de una pelea con Dermot. Nunca hicieron nada porque Kelly Anne no se lo permitió. Amaba a su marido.

Maria Nolan, una íntima amiga de Kelly Anne, fue consultada por las dos hermanas sobre lo sucedido. Los seres humanos tenemos muchas caras y era posible que ellas no conocieran alguna de las de su desaparecida hermana.

—¿Tú te crees la historia del suicidio de Kelly Anne? —le preguntaron.

—En absoluto. De ninguna manera. Kelly Anne nunca se habría suicidado, estoy segura.

Kenneth McKevit, un examigo de Dermot al que también consultaron, dijo de él que era un controlador obsesivo, que no le dejaba a Kelly Anne tener teléfono móvil o coche y que recurría a la violencia para asegurarse de que la mujer le obedecía.

Pese a todo, la vida siguió su curso con normalidad. Las relaciones con Dermot no habían llegado a romperse y el hombre accedía a dejar que sus hijos pasaran un tiempo con sus tíos maternos, en aras de la armonía familiar. Al fin y al cabo, los niños eran también hijos de Kelly Anne y tenían una familia materna. No era cuestión de cortar las raíces, sobre todo viviendo en el mismo lugar.

Uno de esos días, cuando Caroline llevaba a Mike y a John a bordo mientras circulaban por Drogheda, el pequeño testigo volvió a repetir lo que meses antes le había dicho a su tío Peter.

—Papá malo, papá empujó a mamá hacia abajo.

Caroline aparcó el coche unos metros más adelante y lo paró. Mirando a su amiga, Niamh Hegarty, quien iba con ellos en el coche, le preguntó:

—¿Has oído lo que ha dicho Mike?

—¿El qué? —contestó Niamh.

—Está bien, Mike —dijo la tía animando al niño a repetir sus palabras—. Niamh no le va a decir nada a nadie.

—Papá pegó a mamá y empujó a mamá hacia abajo —contestó el niño.

La sorpresa invadió la cara de ambas mujeres. A su regreso a casa Caroline le repitió a Peter lo que le había dicho su sobrino, palabra por palabra. Peter recordó entonces que esas habían sido las mismas palabras que meses atrás le había recitado el pequeño en el hospital de Marbella. Las mismas palabras que no había querido creerse.

El comienzo del caso

La familia Corcoran tuvo la certeza, desde ese momento, de que Dermot había matado a Kelly Anne y decidieron reactivar el caso mediante la interposición de una querella por asesinato ante el mismo órgano que lo había archivado antes, haciendo uso de los servicios del letrado Héctor González. La policía española requirió la ayuda de la Garda, la policía irlandesa, para hacerle unas preguntas a McArdle en relación con lo sucedido, ya que habían encontrado una serie de contradicciones en la declaración que había hecho en España y querían aclararlas.

El detective inspector de la Garda, John O’Mahony, hizo las gestiones oportunas, ante el tribunal competente para que un equipo de dos agentes de la Policía Nacional entrevistaran al hombre. Con la luz verde judicial y la aquiescencia del sospechoso, los dos agentes volaron a Irlanda. No sirvió para nada. McArdle cambió de opinión en el último minuto —asesorado por sus abogados irlandeses— y se negó a cruzar una palabra con los agentes. Sin embargo, no fue el fin del caso. En noviembre de 2005, Dermot McArdle fue detenido en virtud de una euro-orden emitida por el juzgado de Marbella, cuyo titular había cambiado. Ahora era un hombre, Gonzalo Dívar. El sospechoso fue enviado a España.

La euro-orden, la orden de detención europea adoptada en 2002 por los países de la Unión, era una consecuencia directa del atentado del 11 de septiembre de 2001 contra las Torres Gemelas de Nueva York. Había sustituido, desde el 1 de enero de 2004, al sistema tradicional de extradición, obligando a cada autoridad judicial nacional a reconocer de inmediato la solicitud de entrega de una persona realizada por la autoridad judicial de otro país miembro de la UE. Se había generado este protocolo con la idea de combatir a los terroristas. McArdle no lo era, pero sufrió las consecuencias.

En España, Dermot McArdle fue interrogado a fondo. Asesorado por su abogado, Luis Casaubon, cambió su versión del suicidio por otra bien distinta: «Fue un accidente fortuito. Mike se había subido al balcón y Kelly Anne tuvo miedo de que se cayera al vacío. Corrió hacia él, tropezó con el carril del suelo de la cristalera, que delimita la habitación y la terraza, y por la velocidad que llevaba, y la inercia, la que se cayó fue ella. Yo salí corriendo detrás de ella, a tiempo para sujetarla con una mano, pero al final la perdí...». «Accidente fortuito» era el nombre de la nueva versión de la muerte de Kelly Anne en el Gran Hotel Don Pepe de Marbella.

El magistrado puso en libertad condicional a McArdle, con una fianza de 30.000 euros, y le permitió volver a su hogar en Haggardstown. A continuación el juez se puso en contacto con el Servicio de Criminalística de la Guardia Civil y le encargó un nuevo estudio del caso con una misión muy clara: determinar si la versión de McArdle era creíble o no. De la respuesta que dieran dependía que el caso se archivara o que se transformara, con toda probabilidad, en un juicio por homicidio. Tres agentes de la Benemérita, especialistas del Departamento de Fotografía e Infografía Forense del Servicio de Criminalística, con sede en los cuarteles generales que el cuerpo tiene en la calle de Guzmán el Bueno, en Madrid, se desplazaron al Gran Hotel Don Pepe para cumplir su cometido.

En el juzgado se les entregó la diligencia con la reconstrucción que la Policía Nacional había realizado del hecho, la cinta de vídeo que grabaron durante la reconstrucción, las fotografías y el croquis que efectuaron durante la inspección ocular, así como una copia de las diligencias practicadas y un informe de la autopsia. Una vez en el Don Pepe, se encontraron con un acontecimiento inesperado. Habían pasado seis años desde los hechos. Tres años atrás el hotel había sido sometido a una completa renovación de las habitaciones y de las instalaciones, al igual que la fachada y el aparcamiento. Habían sido las reformas de mayor envergadura desde su nacimiento en 1996. Las doscientas dos habitaciones, la mayor parte con vistas al mar, fueron rehabilitadas al cien por cien, incluida la 421, desde donde todavía podía verse Gibraltar y el norte de África. Las medidas originales no coincidían con las de la nueva terraza, pero eso no fue obstáculo para que los agentes de la Guardia Civil, partiendo del croquis de la Policía Nacional, realizaran un modelado en tres dimensiones, a escala, de la citada habitación, así como de parte de la fachada y la zona ajardinada a donde daban las habitaciones, utilizando el programa 3D Studio Max. Una vez terminado el modelado, los criminalistas introdujeron en el escenario los personajes protagonistas: Kelly Anne y Dermot McArdle, a los cuales animaron mediante la aplicación informática Reactor, con el fin de probar si las cosas sucedieron como el hombre decía que fueron.

El capitán del Departamento de Fotografía e Infografía Forense entregó el estudio al juez instructor Dívar el 28 de julio de 2006. Tras leerlo con detenimiento, lo vio claro. Había caso. El magistrado cerró la fase de investigación, escuchó a todas las partes y elaboró el llamado auto de apertura de juicio oral, que envió al Tribunal del Jurado.

El juicio

El juicio comenzó el 29 de septiembre de 2008, casi dos años después de que la investigación se cerrase, debido a la complejidad de la organización. Había que citar a personas de dos países, con la certeza de que se había hecho bien, en legalidad, tiempo y forma. La presidencia recayó en el magistrado Fernando González Zubieta y se celebró en la nueva sede de la Audiencia Provincial de Málaga.

El primer día un falso aviso de bomba desbarató el proceso de selección de los nueve jurados legos, además de dos sustitutos, que hacen las partes. A partir de la segunda sesión, el proceso avanzó con toda tranquilidad, si bien con gran lentitud debido a la necesidad de traducir del inglés al español y del español al inglés todo lo que se decía en la sala.

El sistema de jurado popular español es, en esencia, idéntico al estadounidense, si bien los miembros del jurado no son doce sino nueve. El español es, sin embargo, un poco más complicado en la fase del veredicto —culpable o no culpable—, porque obliga al magistrado-presidente a elaborar un largo cuestionario al que deben responder los miembros del jurado para llegar a la conclusión final. Es la exigencia de la llamada «motivación» o explicación de por qué, cómo y de qué manera han alcanzado ese resultado. Es una seguridad para el acusado, porque permite a sus representantes legales apelar al tribunal inmediatamente superior si no están de acuerdo con la sentencia. El jurado del caso McArdle estuvo formado por cinco mujeres y cuatro hombres, más dos sustitutos, varones también, que fueron seleccionados por las tres partes: Carlos Yáñez, representando al Ministerio Fiscal, Luis Casaubon, en la defensa del irlandés, y Héctor González como acusación particular de la familia Corcoran, una figura que no poseen en el sistema anglosajón y que permite a cualquier damnificado ejercer la acusación mediante la contratación de un abogado que hace las veces de un fiscal de parte.

Sobre la mesa, como si de un tablero de ajedrez se tratara, las partes dispusieron sus diferentes piezas: los testigos y los peritos expertos, vitales en esta contienda, además de los informes, entre los que destacaba el que había elaborado el Servicio de Criminalística de la Guardia Civil, la «clave de bóveda» del caso.

El primero en subir al estrado fue el acusado, Michael Dermot McArdle. Volvió a repetir su segunda versión de los hechos, la del niño en el balcón, la carrera y el accidente fortuito. Ni juró ni prometió decir verdad, porque en el sistema judicial español el acusado no está obligado a ello: forma parte de su derecho de defensa. Puede elegir también no declarar y el tribunal debe respetarlo. Como acusado puede argumentar lo que considere oportuno, aunque no coincida con la verdad. Puede mentir incluso.

Los que sí están obligados a decir la verdad son los testigos y peritos. Uno tras otro, los familiares y amigos de Kelly Anne explicaron al jurado, mediante traducción simultánea, cómo McArdle había mostrado actitudes de posesión y dominación hacia su esposa. Kelly Anne había sido, según todos ellos, una mujer maltratada psíquica y físicamente por McArdle para tener su control y su dominio. Alguno de ellos llegó a sugerir que Kelly Anne sufría una versión del síndrome de Estocolmo, por el cual una persona se convierte en esclava psicológica de otra. El nombre tiene su origen en un hecho real que sucedió en esa ciudad, en el que una cajera de un banco se enamoró perdidamente de un atracador tras varios días de secuestro. La estrategia no dio resultado, ya que ninguno de los testigos aportó denuncia penal alguna de la fallecida contra su esposo.

Tampoco hicieron mucha mella las manifestaciones de los testigos de la defensa. Ni siquiera la del joven Mike McArdle, testigo directo del suceso. Había cumplido once años y vivía con su padre y con su hermano. Hacía dos años que no veía a la familia de su madre y, aunque niño, sabía que sus palabras podían perjudicar a su padre. El magistrado-presidente hizo despejar la sala y ordenó que el interrogatorio del crío se hiciera a puerta cerrada. La situación le produjo tanta tensión que, cuando se encontraba sobre el estrado, junto a una intérprete, el niño perdió el sentido. Su abuelo paterno, Dermot McArdle senior, quien junto a su esposa, Briege, se encargaban de los hijos del encausado, fue llamado al interior de la sala. Después de examinarlo, dijo que estaba bien. Todo había sido cosa de la fuerte tensión. Por otra parte, sus declaraciones fueron vagas y no resultaron determinantes.

El día importante fue el 2 de octubre, cuando se produjo la comparecencia de los criminalistas de la Benemérita. La sala estaba abarrotada de gente ávida por conocer la verdad que la ciencia podía aportar. «Para que una persona que mide 1,70 metros de altura y que pesa 57,8 kilos de peso pueda superar una distancia de 1,75 metros, que es lo que mide la terraza, y a la vez pueda pasar por encima de un obstáculo de un metro, que es lo que mide la barandilla de la terraza, debería llevar una velocidad aproximada de 12 metros por segundo. Para que nos entendamos todos, la señora habría tenido que correr mucho más rápido que Usain Bolt, campeón mundial de los 100 metros lisos», explicó el agente de la Benemérita que hizo la exposición. Es decir, que para admitir la hipótesis de la defensa habría a su vez que admitir que Kelly Anne poseía dotes superiores a las de un atleta de élite masculino. «En el caso que nos ocupa, para que se produzca lo relatado por el señor McArdle hay que hacer constar que una mujer no puede desarrollar esa velocidad de carrera. A esto hay que unir —una vez observadas las fotografías y el croquis de la inspección ocular— que el paso que existe entre el sillón y la cama supletoria es de 15 centímetros. Por tanto, para poder pasar por el espacio existente entre estos dos muebles es necesario frenar la carrera y girar el cuerpo, con lo cual la velocidad que pudiera llevar de inicio disminuye. Y en el caso de tropezar la caída sería siempre contra la barandilla. En ningún momento podía haberse producido la superación del obstáculo, de la barandilla en cuestión». La explicación del agente del Servicio de Criminalística de la Guardia Civil era seguida en medio de un silencio atento por todos los presentes, que miraban la pantalla en la que la ciencia hacía añicos la tesis de la defensa.

«En el caso improbable de que la víctima hubiera tropezado y se hubiera precipitado al vacío y el señor McArdle, como dice, hubiera sido capaz de reaccionar con la suficiente rapidez como para llegar a sujetarla, lo habría hecho agarrándola por las piernas, que es la parte del cuerpo más cercana a él, como se observa en la reconstrucción y en las fotografías. Y no, como ha explicado, “por la mano izquierda”», añadió el agente, mirando fijamente al fiscal. Pero todavía quedaba más. Sobre la pantalla de la sala las animaciones en tres dimensiones habían tomado vida en la mente del jurado y de la mayor parte de los presentes. «Suponiendo veraz el relato del señor McArdle, si proyectamos verticalmente hacia la terraza de la habitación el lugar donde se produjo el impacto sobre la claraboya, este no coincide con la zona por donde cayó la víctima. Tendría que estar 1,25 metros más a la izquierda, más cerca de la hamaca…».

—En síntesis, señor agente —le inquirió el fiscal.

—En síntesis, señor fiscal, no creemos que los hechos relatados por el señor McArdle sean verosímiles.

Al jurado le quedó claro que su esposa y él habían discutido violentamente en la terraza y que Kelly Anne se precipitó por el balcón no por su propia voluntad ni porque temiera por la vida de su hijo, sino por una «acción violenta del acusado». Lo más probable, un empujón. «Papá malo, papá empujó a mamá hacia abajo». El informe de la Benemérita había materializado como verdaderas las palabras que el niño Mike había pronunciado ocho años atrás en el hospital Costa del Sol y después en Drogheda, en Irlanda.

La defensa trató de contrarrestar la exposición de los agentes del Servicio de Criminalística de la Guardia Civil con lo que se denomina una contrapericial, que fue practicada por Sergio Fernández Navarro, experto en infografía forense. Fernández puso en tela de juicio el informe de la Guardia Civil mediante una serie de argumentaciones, pero no calaron en el criterio del jurado.

La verdad finalmente se abrió paso, pero no en la forma en que la acusación particular de la familia pretendía: homicidio doloso. Es decir, que McArdle hubiera matado intencionadamente a Kelly Anne. La diferencia entre un homicidio doloso y un homicidio imprudente es importante. El primero está castigado con una pena de entre diez y quince años de prisión y el segundo con una condena de uno a cuatro años de cárcel.

La violenta discusión entre el matrimonio tuvo lugar en la terraza del apartamento y degeneró en el uso de la fuerza física, como quedó probado por la mesa caída sobre el suelo, el cristal roto y otros elementos. Y como acreditaron los testimonios de los vecinos de apartamento, Roy Haine y su esposa Yune. Lo que no quedó claro para el jurado fue que McArdle tuviera una clara intención de matar a su esposa, que era el último tramo de convicción que había que recorrer para que el caso entrara en la tipificación de homicidio. Su intento de salvarla, cuando la tenía agarrada por la mano izquierda y ella estaba colgando en el vacío, generó la duda razonable, el principal obstáculo que impidió que los miembros del jurado alcanzaran la convicción de que la había matado a propósito.

¿La empujó sabiendo lo que hacía? ¿Quería matarla de verdad? ¿Por qué la agarró de la mano cuando se precipitaba al vacío? ¿Pudo McArdle haber subido a pulso a su esposa, que solo pesaba 57,8 kilos, a la terraza, siendo como era un hombre recio y fuerte? Está probado que en momentos como ese el ser humano demuestra poseer una fuerza extra que le permite realizar actos casi milagrosos. ¿Tenía Kelly Anne la mano sudada? ¿Y McArdle? ¿Qué pasó por la mente del hombre en esos segundos? ¿Pensaba con frialdad o la ofuscación le impedía controlar su mente? ¿Soltó su mano? ¿Dejó de agarrarla? Sin una contestación a esas preguntas, sin el convencimiento pleno de que aquello fuera un acto premeditado y voluntario para acabar con la vida de la mujer, solo podía aplicarse el principio jurídico de in dubio pro reo: en caso de duda, a favor del reo. En este caso, a favor de McArdle.

El fiscal Yáñez, al final del juicio, en la llamada fase de conclusiones, cambió la calificación inicial de homicidio por la de homicidio por imprudencia grave, que conllevaba un castigo sensiblemente menor. El Ministerio Fiscal, convencido de que la muerte de Kelly Anne fue el resultado de una pelea, pidió específicamente que se le impusiera la pena de tres años de cárcel, la correspondiente a homicidio imprudente en su tramo superior. La acusación particular, por su parte, siguió manteniendo los cargos de homicidio. La defensa fue la única que no modificó su planteamiento: libre absolución porque McArdle no había cometido delito alguno. Había sido un accidente fortuito y desgraciado que no merecía castigo penal.

El juicio llegó a su fin el sábado 15 de octubre, por la mañana. Solo quedaba cumplir con un último requisito imprescindible: ceder el derecho a la última palabra a Dermot McArdle, un derecho que tienen todos los acusados en todos los juicios penales.

—Señor McArdle, tiene usted el derecho a la última palabra —le dijo el magistrado presidente.

—Señoría, la víspera del comienzo del juicio el Ministerio Fiscal me ofreció una reducción de los cargos si me declaraba culpable. Me negué porque soy inocente y habría significado admitir que causé la muerte de mi esposa.

El veredicto

El jurado popular declaró culpable de un delito de imprudencia grave con resultado de muerte a Dermot McArdle: siete votos a favor y dos en contra. «El tribunal del jurado ha determinado la plena convicción de que el acusado, Michael Dermot McArdle, incurrió en una imprudencia grave, desde luego, al no haber previsto el riesgo real que suponían las acciones violentas que tuvieron lugar en la terraza de la habitación del hotel y que podían dar lugar a la caída de cualquiera de los contendientes, hipótesis esta que fue la planteada por el Ministerio Fiscal en sus conclusiones definitivas», decía la sentencia que después fue redactada por el magistrado González Zubieta.

McArdle fue condenado a la pena de dos años de prisión por un delito de homicidio por imprudencia grave, a indemnizar a los padres de su esposa fallecida con 100.000 euros, y a sus propios hijos, Mike y John, con 60.000 euros a cada uno, además de pagar las costas procesales, que fueron valoradas por los medios en torno a los 500.000 euros.

Cuando se producen este tipo de sentencias, en las que las penas de cárcel son de dos años de prisión o menos y en las que los condenados no tienen antecedentes penales, lo normal es que el magistrado las deje en suspenso y el sujeto no entre en prisión. Quizá habría sucedido así si los acontecimientos hubieran tomado otros derroteros.

McArdle regresó a Irlanda mientras sus abogados españoles recurrían en apelación ante el Tribunal Superior de Justicia de Granada, primero, y en casación ante el Tribunal Supremo. Los dos recursos fueron tumbados, sucesivamente, en marzo y en noviembre de 2009. Un posterior intento de apelación ante el Constitucional se vio truncado también. A pesar de esos reveses, habría sido improbable que McArdle pisara una cárcel española si no hubiera hecho caso omiso al abono de los 220.000 euros que establecía la condena, además de las costas procesales.

En vista del incumplimiento de McArdle, el magistrado presidente emitió una euro-orden en febrero de 2010 para hacerle regresar a España con el fin de cumplir la sentencia en la prisión de Alhaurín de la Torre, en Málaga. McArdle se resistió legalmente y durante más de un año retrasó lo inevitable argumentando que había sido tratado de forma injusta mediante repetidos recursos ante el Tribunal Constitucional irlandés. No le sirvió de nada.

El 5 de agosto de 2011 Dermot McArdle aterrizaba en Madrid-Barajas, procedente de Dublín, esposado y flanqueado por dos agentes de la Policía Nacional que lo llevaron directamente a la prisión de Soto del Real, donde permaneció apenas veinticuatro horas. Un furgón celular lo trasladó a continuación a la prisión malagueña. Aquel día fue fiesta grande para la familia Corcoran, que hizo pública una declaración: «La familia está muy contenta porque este es otro paso para hacer justicia a Kelly Anne. Queremos dar las gracias a todos nuestros amigos y parientes, que nos han ayudado en estos tiempos difíciles, y nos gustaría dar las gracias a las autoridades por el trabajo duro realizado».

2
La muerte no tiene apariencia
de mujer. El capo Leónidas Vargas
asesinado por un sicario

Imagen y acústica forenses

Carmelo Martín Socorro, un canario de cincuenta y cinco años, trataba de no pensar en la muerte, pero cuando lo hacía se preguntaba qué habría al otro lado. ¿O quizá no había nada? Sobre todo le horrorizaba el momento de la muerte. ¿Sería como había visto en algunos documentales de la televisión? ¿Se vería flotando fuera del cuerpo y luego arrastrado hacia una luz? ¿Existía la muerte, en el sentido clásico, una mujer decrépita o cadavérica con una capucha negra y una guadaña? Son pensamientos recurrentes con los que la mente suele jugar con el ser humano como el gato con el ratón.

Miró el reloj. Eran las ocho menos veinte de la tarde del jueves 8 de enero de 2009. En el Hospital Universitario 12 de Octubre de Madrid empezaban a poner la cena a las ocho. Se tocó el costurón que le había quedado en el pecho tras la operación de trasplante de corazón que le habían hecho veintiún días atrás. Pocas horas después de ingresar, el 17 de diciembre pasado, había dejado de vivir en tiempo de descuento. Comenzaba una nueva vida. Respiró profundamente. Miró a su compañero, el colombiano que dormitaba en la cama de al lado, y luego a la televisión. Ponían «JAG. Alerta Roja», una serie sobre la Abogacía General de la Marina de Estados Unidos, una mezcla de acción y de cosa legal.

¿Cómo es la muerte? Tenía hambre. Se tocó el estómago. Apenas 3 minutos después entró en la habitación un joven de 1,70 de altura. Por la piel oscura y los rasgos intuyó que podía ser paisano de su compañero de habitación, la 543. No era raro, le visitaba mucha gente. El joven vestía completamente de negro. Llevaba puesta una sudadera negra que tenía una raya azul ancha que nacía a ambos lados del cuello y desembocaba en el comienzo de la manga. Sobre la cabeza llevaba un gorro oscuro en el que destacaba en blanco un animal saltando, marca de una conocida marca de ropa deportiva. Su rostro estaba oculto por una braga de montañero que solo permitía ver sus ojos. El joven no saludó al entrar. Se bajó la braga de la cara y mirando a Carmelo preguntó con acento colombiano: «¿Quién es Leónidas?».

Martín Socorro hizo un gesto con la mano izquierda, indicándole que era su compañero de al lado. Dormía profundamente, boca arriba, con la máscara de oxígeno puesta. El joven dio dos pasos más, hasta ponerse justo frente al hombre de la segunda cama. Abrió su chaqueta de chándal, metió la mano derecha en su costado izquierdo y sacó del interior una pistola negra con silenciador. Apuntó primero a la cabeza de Martín Socorro: «No te muevas. Estate quieto, que te vuelo la cabeza», le dijo en tono amenazante. Su cara no expresaba ninguna emoción. El enfermo se quedó petrificado. En el interior de su pecho sintió cómo su nuevo corazón se desbocaba.

El colombiano dirigió entonces el arma sobre el otro hombre y disparó seis veces sobre él. Una bala impactó en la barbilla y se alojó en el cerebro; otras dos balas le dieron en el cuello, alcanzándole la arteria carótida interna, y las dos últimas en el tórax, una de las cuales llegó hasta la base de su corazón. La sexta no le alcanzó. Luego el asesino salió de la habitación a toda velocidad, dejando un intenso olor a pólvora flotando en el aire. Martín Socorro se tocó el pecho. La herida le dolía un poco. Acababa de ver a la muerte en persona y no era una mujer. ¡Era un hombre! ¡La muerte no tenía apariencia de mujer!

Juan José Aristizábal, inspector del Grupo X de Homicidios de la Sección Segunda de la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV) de Madrid, un investigador perspicaz, poseedor de una mente aguda e incansable, trabajaba en la Jefatura Superior de Policía, al noroeste de la capital, cuando sonó el teléfono. Estaba a punto de terminar su turno. Eran las ocho y media. Si era lo que se temía, suponía que la siguiente jornada iba a tener un mínimo de treinta y seis horas ininterrumpidas de trabajo. Así fue.

«Aristizábal, vete al hospital 12 de Octubre que acaban de matar a un narco», le dijo el comisario. Las cosas, cuando se trabaja en un equipo que se conoce bien, son así, muy escuetas. Ya se buscarían la vida el inspector y su equipo. Ese era precisamente su trabajo. Telefoneó a la Sala Operativa del 091, el punto donde se recibe toda la información que se genera en los primeros momentos, mientras se ponía en camino hacia el Hospital Universitario 12 de Octubre, situado al otro lado de Madrid, en el sur, en la avenida de Córdoba, la antigua vía de salida hacia Andalucía. El 12 de Octubre es una «ciudad de la salud» que da servicio a una población de quinientas mil personas y que dispone de todas las especialidades médicas importantes.

—Ya tenemos un zeta allí —le explicaron después de avanzarle, por teléfono, los datos de que disponían.

—Que acordonen la habitación y que no dejen entrar a nadie —contestó rutinariamente. Los agentes ya sabían lo que tenían que hacer.

La víctima se llamaba Leónidas Vargas Vargas y era colombiano. Había sido asesinado mientras dormía en la habitación de un hospital donde había ingresado por problemas cardiorrespiratorios catorce días antes. Fue a sangre fría. Era más que evidente: había sido un sicario, un asesino por encargo. Seguramente alguien ajeno contratado por una «oficina de cobros», el eufemismo utilizado para definir estos negocios al margen de la ley. No hacía falta llegar al hospital. Podía imaginárselo. Los asesinatos por encargo como este solían ser de difícil resolución por la ausencia de vínculo entre la víctima y su asesino. Llegaban de otro lugar, hacían su trabajo y se marchaban. Así de fácil para ellos y así de difícil para los investigadores.

Sin embargo, ¿por qué asesinar a un hombre que tenía problemas de corazón y al que era posible que le quedaran pocos años o incluso meses de vida? ¿Por qué era tan importante su muerte? ¿Para quién? Aristizábal pudo comprobar que Vargas había sido ingresado el 26 de diciembre anterior debido a problemas pulmonares. Se sentía morir. Casi no le llegaba oxígeno a los pulmones. Sus dificultades cardiorrespiratorias le obligaban a estar todo el día sentado en un sillón o echado sobre la cama, enchufado a un respirador de oxígeno. No había ningún remedio para él. Se estaba apagando; sus días estaban contados.

Un mes antes, en noviembre, había estado ingresado por vez primera, en ese estado de libertad restringida, por los mismos problemas. Leónidas Vargas tenía cincuenta y nueve años y no estaba bien. El titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional, el magistrado Fernando Abreu, lo había puesto en libertad bajo fianza de 200.000 euros el mes de junio previo, en consideración a su estado de salud. Desde entonces vivía con su segunda mujer, Janeth del Carmen Burbano Durán, y sus dos hijos pequeños, María, de quince años, y Jaime,4 de nueve, en un piso alquilado en Pozuelo de Alarcón, en el corazón de una urbanización de clase media-alta situada a la espalda de Prado del Rey, la sede central de Radiotelevisión Española.

Vargas estaba imputado por un delito de tráfico de drogas (513 kilos de cocaína aprehendidos en Valencia dentro del contenedor de un cargamento de piñas procedentes de Panamá) y por otro delito de falsificación documental. Cuando fue detenido, junto a su hijo, José Luis Vargas, y su yerno, Emilio Roberto Amezquita Cubillos, el 8 de julio de 2006 en Madrid, portaba un pasaporte venezolano falso a nombre de José Antonio Ortiz Mora. Ya entonces el capo colombiano buscaba en la sanidad española una cura a su enfermedad después de haber asistido al Campeonato de Europa de Fútbol, celebrado en Alemania, un deporte al que era muy aficionado.

La víctima, el Viejo, el Rey de Caquetá o Paras de Alicante, apodos por los que también era conocido, lo había sido todo en el mundo del crimen: un self made man, como decían los gringos, un hombre hecho a sí mismo. Había nacido en mayo de 1949 en un hogar muy humilde de Puerto Torres, una pedanía rural del municipio de Belén de los Andaquíes, en el departamento colombiano de Caquetá, al suroeste del país, muy cerca de las fronteras con Perú y Ecuador. Una región de predominio selvático. Apenas tuvo estudios primarios. Trabajó como carnicero pero abandonó el oficio cuando la coca llegó a Caquetá de la mano de grandes narcotraficantes como Gonzalo Rodríguez Gacha, el Mexicano, en la década de 1980. Con él forjó una estrecha relación probando su valía desde abajo, como lo hizo con Pablo Escobar, el líder del temido cártel de la droga de Medellín. Luego llegó su momento y pasó a primera fila.

Con las guerrillas de las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia), que operan en su departamento natal, fraguó robustas alianzas que facilitaron la producción de coca en Caquetá y su exportación posterior. Eran acuerdos de protección de los laboratorios clandestinos y de las pistas de aterrizaje, pero también comprendían armas, comunicación… Muy ventajoso para las dos partes.

De acuerdo a la información de las autoridades colombianas, Vargas se encontraba entre los diecinueve capos más importantes del país. Así Vargas acumuló una ingente fortuna que transformó en pisos, fincas ganaderas y otros bienes inmuebles adquiridos por toda Colombia y que ponía a nombre de familiares y personas de confianza, es decir, testaferros. Como los narcos de entonces, era exagerado para todo. Le gustaba que el pueblo le percibiera como un benefactor. Por eso en 1985 mandó construir una plaza de toros con discoteca en Florencia, la capital de Caquetá.

Pero no todo fueron tiempos de vino y rosas. En septiembre de 1995 fue condenado en Colombia a diecinueve años de prisión por delitos de tráfico de drogas. Poco tiempo después recibió una nueva condena, esta mayor, de veintiséis años de cárcel, por homicidio, tenencia ilícita de armas y enriquecimiento ilícito. En 2001 le fue expropiada la plaza de toros junto con 135 inmuebles más tras una nueva detención. El valor de lo incautado superaba los 40 millones de dólares. Todo ello pasó a estar administrado por la Dirección General de Estupefacientes.

Vargas tenía enemigos poderosos que lo querían ver muerto. Durante el tiempo que pasó en prisión se urdieron dos atentados contra su persona. Uno fue con bomba, en marzo de 1997. Estalló cuando el capo se encontraba en el pabellón de máxima seguridad de la Penitenciaría Central de la Picota, en el centro del país. Uno de sus hombres de confianza perdió la vida. El segundo atentado fue desbaratado por el propio Vargas, once meses después, en la cárcel de Itagüí, en el departamento de Antioquía, al sur de Medellín y al oeste de Colombia, donde había sido trasladado desde la Picota.

Gracias a los beneficios que ofrece la legislación penitenciaria colombiana, el Rey de Caquetá logró salir de prisión en 2002. Recaló en Chile, donde trató de lavar parte de su fortuna infructuosamente, al año siguiente. No tuvo el éxito que buscaba, pues las autoridades sabían quiénes eran sus pantallas. Así pues, desde la libertad siguió haciendo lo que sabía: el negocio de la droga. Sin embargo, las autoridades de Bogotá habían puesto precio a su cabeza: 5 millones de dólares. Así continuó hasta que fue capturado en 2006 en Madrid.

Su paso por las prisiones madrileñas de Alcalá-Meco, Navalcarnero y Soto del Real mermó su salud, a lo que contribuyó de forma decisiva el conocimiento de la existencia de un nuevo intento de asesinato contra su vida. Las amenazas eran reales, para no tentar al diablo, por lo que Vargas optó por recluirse en su celda, renunciando a pasear por el patio, donde se sentía vulnerable. La falta de ejercicio contribuyó al empeoramiento de su salud. Sin embargo, «alguien» muy poderoso en Colombia había puesto precio a su cabeza y no iba a permitir que la distancia, o la propia muerte natural de Leónidas Vargas, impidieran ejecutar la venganza.

El inspector Aristizábal y los dos miembros del equipo de la Brigada de Homicidios que le acompañaban afrontaron con método, una vez más, el caos inicial con que comienza cualquier investigación criminal. Consiste, básicamente, en establecer cómo sucedió todo, escuchando a los testigos y analizando las pruebas. Hay que empaparse de quién era el finado y en conectar los diversos cabos, aparentemente sueltos y dispares, que nada tienen que ver entre sí, para ver la luz. Porque ese es el objetivo final, ver la luz y atrapar a los responsables del crimen.

La planta quinta, de Cardiología, del 12 de Octubre, y en especial los aledaños de la habitación 543 eran un hervidero de personas. Médicos, enfermeras, enfermos, visitantes, personas que pasaban por allí trataban de echar un vistazo al muerto acribillado a balazos, tendido sobre la cama, para luego contárselo a su gente.

Carmelo Martín Socorro, el único testigo presencial, había sido trasladado a otra habitación, donde se estaba reponiendo del susto de su vida. Había vuelto a nacer por segunda vez en menos de un mes. No podía creérselo. Era una prueba de que su nuevo corazón, que seguía bombeando sangre a toda velocidad, era fuerte y resistente. Una aparente promesa de vida.

Aristizábal penetró en la habitación, en la escena del crimen. Sobre la cama seguía tendido el cadáver de Leónidas Vargas y ahí continuaría estando hasta que la juez de guardia llegara y diera la autorización para su traslado al Instituto Anatómico Forense, para que le hicieran la autopsia. Al investigador le hacía gracia lo que algunos médicos forenses solían decir a los periodistas. Cosas como «los cadáveres hablan con nosotros y nos cuentan cómo fueron asesinados» y cosas por el estilo. El de Leónidas Vargas no hablaba, gritaba, y eso que el policía no era forense. Una persona lo había mandado al otro barrio metiéndole cinco balazos en el cuerpo. Del calibre 9 milímetros. Así de simple. Había apuntado bien, eso sí. A órganos vitales. Para asegurarse. Pero nada más. El cadáver no les podía decir quién había apretado el gatillo, cómo se llamaba, ni cuál era su dirección o su teléfono móvil… El inspector asistiría a la autopsia, como era su obligación, pero no esperaba sorpresa alguna. Al menos no tendría que ponerse bajo los orificios nasales el consabido Vicks Vaporub para combatir el hedor de la descomposición corporal humana, que penetra todo.

Los compañeros de la Brigada Provincial de Policía Científica harían una inspección ocular a fondo, recuperarían los seis casquillos y, sirviéndose del IBIS, la base de datos de balística, comprobarían si el arma había sido utilizada en otro delito. Poco más, porque el atentado había sido visto y no visto. Apenas 30 segundos, si no menos. Vargas no había tenido ninguna posibilidad. Los servicios de seguridad del hospital habían hecho un buen trabajo, despejando la planta en la medida de lo posible y controlando las entradas y salidas del centro hospitalario. Una quimera: el asesino hacía mucho que había salido del 12 de Octubre.

Mientras llegaba su señoría, el equipo de la Brigada de Homicidios comenzó con las entrevistas rutinarias. Primero, los testigos más directos. Decidió dejar a Carmelo para después, en vista de cómo se encontraba el hombre. La enfermera Sonia García se hallaba en el control escribiendo las incidencias de uno de los pacientes cuando escuchó tres o cuatro ruidos secos, muy fuertes. Se levantó de la silla y se dirigió en dirección hacia la habitación de Vargas, que es de donde intuyó que procedían. En el pasillo, a la altura de la 544, se cruzó con un joven de entre unos veinte o veinticinco años, de rasgos sudamericanos, pelo moreno, cejas oscuras, nariz chata y tez morena, vestido completamente de negro, con un pasamontañas en la cabeza, al que le preguntó: «¿Qué es lo que pasa?». El otro le respondió, a su vez, como un papagayo, repitiendo sus mismas palabras: «¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa?», con acento español del otro lado del Atlántico. Cuando la enfermera entró en la habitación de Vargas, llamó a gritos a su compañera, Eva María Martínez. El paciente estaba inconsciente, sangraba abundantemente por el costado izquierdo y por la boca. La ATS Pacheco comprobó que no tenía pulso. Trataron de recuperarlo con un desfibrilador mientras, al mismo tiempo, avisaban al médico de guardia. La auxiliar de enfermería Elena Gómez también se cruzó con el joven algunos metros más adelante. Se fijó en la cicatriz que tenía en la sien derecha. Iba hablando a través de su teléfono móvil. «¡Ya está hecho! ¡Ya está hecho! ¡Ya nos podemos ir!», oyó que decía.

La juez del Juzgado de Instrucción número 17 de Madrid, de guardia aquella tarde, no tardó en llegar, acompañada del secretario judicial. «Va a ser difícil, muy difícil, atrapar al que haya hecho esto», dijo su señoría tras escuchar las explicaciones de lo sucedido. Segundos después de que la magistrada saliera por la puerta con la comitiva judicial, el cadáver fue preparado para su traslado. Sí, iba a ser un caso difícil de resolver, admitió en su fuero interno Aristizábal.

Otra forma de mirar

Por deformación o, para ser más precisos, por formación profesional, los investigadores tienen otra forma de mirar, de observar las cosas. Como los editores, que tienen entrenado el ojo para descubrir las erratas nada más abrir un texto, los policías entrenados en estas lides desarrollan un sexto sentido. Se fijan enseguida en cosas que pasan desapercibidas para el resto de los mortales, como las cámaras de circuito cerrado de televisión. El hospital 12 de Octubre contaba con un sistema de este tipo que servía para controlar el movimiento de personas por todo el centro, incluyendo aquella planta. La suerte tiene predilección por la gente que se lo trabaja, como Aristizábal. «Está todo grabado», le confirmó Carlos Ruiz Virumbrales, director de seguridad del 12 de Octubre, al día siguiente.

Ruiz Virumbrales estaba extrañado de lo sucedido. Conocía a Leónidas Vargas de otros ingresos anteriores, pero en el área de la Unidad de Custodia Penitenciaria del hospital. Cuando lo traían de prisión se hacía un enorme despliegue de seguridad por parte de la Guardia Civil, incluyendo la presencia de algunos helicópteros sobrevolando el centro. Vargas tenía siempre una protección especial. En aquella ocasión nadie le había informado de que estuviera ingresado en el 12 de Octubre como un paciente normal.

Mientras observaban la grabación, en la que se veía al asesino salir de la habitación de Vargas, Agustín Cordero, uno de los vigilantes jurados de guardia aquella tarde, sorprendió a los investigadores:

—¡Yo he visto a ese tipo! —dijo con un tono de perplejidad. Aristizábal y Virumbrales lo miraron extrañados—. Ayer por la tarde. Eran las siete y veinticinco. Estaba haciendo una ronda con el vehículo de la empresa por el aparacamiento privado del hospital. El tipo se dirigía hacia la entrada. ¡Es él! No tengo ninguna duda.

—¿De qué dirección venía? ¿Podía venir del Metro? —le preguntó el investigador.

—No. La boca del Metro se encuentra en otra dirección.

En las imágenes de la planta quinta se veía que el ejecutor iba acompañado de otro joven mucho más alto que él. Llevaba vaqueros, una sudadera de color gris y una gorra azul en la cabeza de la que sobresalían sus orejas de soplillo. Era alto. Por su lenguaje del cuerpo, siempre mirando hacia abajo y tratando de ocultar su rostro, el investigador pudo deducir acertadamente que formaba parte del equipo.

Aristizábal pidió que le entregaran los discos de las grabaciones realizadas por el circuito cerrado del hospital no solo de esa planta, sino de todas las plantas, así como de las diferentes entradas. Intuía que el grano, de entre la paja, podía comenzar a aflorar por ahí. No se equivocó. Un análisis a fondo de las imágenes del guía y del asesino y del uso que hacían de los móviles durante el tiempo que estuvieron en el hospital, sobre todo cuando estaban saliendo, le permitieron encontrar el interruptor que podría arrojar luz a la oscuridad que envolvía el caso.

«Teníamos al guía y al asesino desde su entrada al 12 de Octubre hasta que salen. De acuerdo con el vigilante jurado, el asesino se dirigía hacia el hospital a las siete y veinticinco. Salieron del centro hospitalario hacia las ocho menos cuarto. El guía estaba haciendo una llamada un minuto antes, en la propia puerta», explica el inspector Aristizábal. «Si podíamos identificar las llamadas telefónicas que se hubieran hecho desde el 12 de Octubre en ese periodo de tiempo —entre las siete y las ocho— y las hacíamos coincidir con la hora en que fueron grabadas las imágenes, podríamos llegar a identificar a los responsables». El planteamiento, a primera vista, era lo que los estadounidenses hubieran llamado un long shot, una apuesta cuyos resultados pueden ser impresionantes pero que tiene pocas posibilidades de éxito. Sin embargo, era la única opción en un callejón sin salida como ese. De otra forma el asesinato de Leónidas Vargas tenía un único destino: el archivo de casos sin resolver; un archivo que el Grupo de Homicidios tenía vacío.

Años atrás, en los que existía una única operadora telefónica, habría sido mucho más fácil que en estos tiempos de libre mercado, donde la competencia ha multiplicado el número de empresas. Así que primero había que solicitar la autorización a la juez del caso, ya que de lo que se trataba era de desproteger uno de los derechos fundamentales establecidos en la Constitución, el de la protección de las comunicaciones. Solo se da luz verde en casos importantes, como este, y la magistrada fue expedita. Luz verde. Luego había que informar a la Unidad Territorial de Información (UTI), encargada de coordinar las diferentes operaciones de investigación que tienen lugar a nivel local, autonómico y nacional. Con la UTI se evita que unas investigaciones entorpezcan o dupliquen a otras. Por ello es preceptivo el envío a esta unidad de los números de teléfono objeto de la investigación. Aristizábal entregó a sus compañeros de la UTI el listado de números de teléfonos móviles facilitados por las operadoras —Telefónica, Vodafone, France Telecom y Yoigo—, correspondientes a los repetidores que servían al Hospital Universitario. Las alarmas comenzaron a encenderse casi de inmediato.

Su hermano pequeño, también asesinado

El viernes 9 de enero de 2009, horas después del crimen de Leónidas Vargas, su hermano menor, Héctor Fabio Vargas, de cuarenta y siete años, volaba desde Madrid a Bogotá. De acuerdo con fuentes de los grupos antimafia de la policía colombiana, Héctor Fabio era quien manejaba los negocios de droga que Leónidas todavía mantenía en Colombia. El menor de los Vargas era un hombre discreto, casi invisible para las autoridades, y le gustaba el lujo. Siempre se movía rodeado de guardaespaldas y a bordo de vehículos blindados. Era muy consciente de que su vida siempre estaba en peligro. Su documentación —falsa— decía que era Daniel Felipe Santamaría Valencia. Cuando aterrizó en el aeropuerto El Dorado de Bogotá debía de conocer con todo lujo de detalles lo que le había ocurrido a su hermano y que en esos momentos debía permanecer alerta más que nunca, porque su vida corría peligro.

Héctor Fabio Vargas mantenía una relación sentimental con Liliana Andrea Lozano Garzón, de treinta años, una escultural actriz y presentadora de televisión, natural del mismo departamento que los Vargas. Lozano había sido Reina Nacional de la Belleza del Bambuco, una de las fiestas más importantes del sur de Colombia, y había participado en varias producciones televisivas, una de ellas el culebrón Pasión de gavilanes. La joven estaba muy enamorada del pequeño de los hermanos Vargas. Se lo había presentado a sus padres, una familia normal, como «Felipe». Les contó que era un empresario con negocios en México, Venezuela y España. «Ella estaba muy enamorada, pero no lo llamaba. Él le había dicho que si le marcaba de pronto podían ubicarlo», le dijo a la revista colombiana El Tiempo un amigo de la actriz.

Héctor Fabio Vargas debió de sentirse seguro sobre terreno colombiano. Se reunió con Liliana y marcharon a Cali, ciudad situada al suroeste de Colombia, para estar juntos. Aunque se veían poco, Héctor Fabio quería a su hermano mayor. Él había sacado a la familia de la miseria y había puesto el apellido Vargas en el mapa, haciéndolo importante, respetable… y temible. Su asesinato, a manos de un sicario de poca monta, un don nadie, que no tuvo más que disparar contra un hombre dormido, le había llenado de dolor. Liliana era el mejor antídoto para aquella aflicción, antes de ponerse a reflexionar para devolver el golpe. Ojo por ojo, diente por diente.

No tuvo ocasión ni oportunidad. Cuarenta y ocho horas después una llamada anónima comunicó a la policía de Cali que podían encontrar su cadáver y el de una mujer en una plantación de caña de azúcar cercana al pequeño municipio de Pradera, en el Valle del Cauca, a 63 kilómetros al este de Cali. Los dos cadáveres habían sido torturados antes de ser asesinados. El de Héctor Fabio tenía una bolsa de plástico negro en la cabeza, estaba boca abajo, semidesnudo, con las manos atadas a la espalda. Presentaba varios tiros en la cabeza. Liliana también estaba semidesnuda. Llevaba puesta la ropa interior y un picardías. Estaba boca arriba. Le habían atado las manos a la espalda y los pies. Tenía una herida abierta en la cabeza. El médico forense apreció que de uno de los oídos de la exreina de la belleza salía un hilo de sangre, producto de la asfixia mecánica —una práctica común de los narcotraficantes colombianos— a la que habían sido sometidos los dos.

Los cuerpos de seguridad antidroga de Colombia interpretaron que los asesinatos de los hermanos Vargas tenían como objetivo hacerse con los negocios que estos todavía manejaban. Señalaron como posibles autores a Daniel Barrera Barrera, el Loco Barrera, y Pedro Guerrero, Cuchillo, los jefes de la nueva generación de narcos que manejan el negocio del tráfico de cocaína en Europa. En España las investigaciones policiales apuntaron como posibles autores a V.C., un capo colombiano dedicado al negocio de las esmeraldas en Colombia, los G., los hermanos V.C., un cuñado de los G., O.V.R., y J.B.P.P., amigo íntimo de los anteriores. La muerte de los hermanos Vargas podía ser la venganza final por el asesinato de Hernando Vargas Cuéllar, acaecido en 1998 y del que, presuntamente, había sido responsable el Rey de Caquetá. Aquello desató una guerra entre ambas familias. Habían firmado la paz, pero… Además de los G., Leónidas Vargas parecía haberse ganado la animadversión de un compatriota colombiano, J.C.R.S., con el que había mantenido una estrecha amistad en el pasado. Esta persona que, al parecer, tenía conexiones con el narcotráfico y con grupos paramilitares, había supuestamente acusado a Vargas de colaborar con el entonces juez Baltasar Garzón y de haberle involucrado en un proceso abierto contra él por tráfico de drogas en la Audiencia Nacional. Por ello se había librado una orden de búsqueda y captura contra su persona. Según fuentes de la policía española, J.C.R.S., podría ser el responsable de la muerte de Héctor Fabio Vargas porque fue la persona que le ofreció protección y escondite en la zona en la que fue hallado muerto con su novia. Era un mero cálculo. Sea quien fuere el que hubiera encargado los asesinatos, era evidente que habían conseguido sus objetivos. ¿Precio? Se manejó la cifra de un millón de euros.

En los días precedentes a su asesinato, Leónidas Vargas temía por su vida en el hospital; se sentía desprotegido. Su esposa, Janeth del Carmen, había tenido que regresar a Colombia el 8 de diciembre por asuntos legales que la tenían retenida en su país. No pudo, por ello, pasar las Navidades con sus hijos, María y Jaime, a los que se unió Carolina, de diecinueve años, procedente de Londres, donde estaba estudiando. Leónidas Vargas apostaba por una buena educación para sus hijos. Desde ese día habían contratado a un colombiano, Julio César Toro, un hombre de confianza y guardaespaldas, que se encargaba de cubrir, junto con la empleada doméstica —la boliviana Elfi Chumira—, el vacío dejado por Janeth del Carmen en el proceso de intendencia de la casa.

Las relaciones que Leónidas Vargas mantuvo durante esos seis meses en que estuvo recluido en su casa eran contadas: su hija Mayerli Vargas, de treinta y dos años, producto de un anterior matrimonio, y su familia, su nuera Piedad Castillo, casada con su hijo mayor encarcelado, José Luis Vargas, y sus dos hijos, además de John Fredy Durán y su novia Jessica, primos de Janeth del Carmen, y por último «Roberto», un argentino que conoció en la cárcel y que le visitaba frecuentemente en su casa con su abogado, Arturo García. A Elfi no le gustaba nada el tal Roberto. Hacía cosas raras, decía. Cuando entraba en la casa se iba, primero, al aseo que había junto al vestíbulo. Y repetía lo mismo antes de marcharse. Siempre que se reunía con Leónidas apagaba su teléfono móvil y lo dejaba en la cocina. Su actitud, a los ojos de la mucama, era sospechosa. Y se lo comentó a su señor. «Sí, yo también he notado algo raro —le contestó, no se sabe si para seguirle la corriente o para darle la razón—. Tampoco me fío de él. Nos conocimos en la cárcel…». A Carolina le pasaba lo mismo con Roberto. No le gustaba nada. Era la única persona ajena a la familia que podía estar al tanto del ingreso de su padre en el 12 de Octubre, donde lo visitó varias veces. Y también era uno de los pocos que conocía su intención de dejar el hospital el 9 de enero, al día siguiente de su muerte, y que sería la tarde del 8 de enero, desde las siete y media hasta las diez y media, su padre iba a estar solo en la habitación. ¿Pudo haber pasado esa información a la agencia de cobro que llevó a cabo el asesinato? Porque, ¿cómo podían saber los asesinos que Leónidas Vargas iba a estar sin protección alguna?

El capo colombiano confiaba en Roberto. Si no hubiera sido así, lo habría alejado de su lado hacía tiempo. La información, es evidente, procedía del círculo íntimo y sin ella Leónidas Vargas jamás habría sido descubierto en la habitación 543 del 12 de Octubre ni, mucho menos, habría sido eliminado de esa forma.

Luces rojas

La UTI informó al inspector Aristizábal de que dos de los teléfonos facilitados pertenecían a personas que estaban siendo investigados por otras unidades. El primero por la Unidad de Drogas y Crimen Organizado de la Policía Judicial, número del que no se consiguió dato alguno. Sobre el segundo teléfono estaba el Grupo de Estupefacientes de la Brigada Provincial de la Policía Judicial de Jaén. Pertenecía a un colombiano de treinta y cinco años llamado Alexander Salazar Cortés, alias Chucki, un apelativo que adoptó por su aparente parecido con el famoso actor estadounidense Chuck Norris; ciertamente no podría haber dos personas de apariencias más dispares, pero Salazar Cortés admiraba al «ranger de Texas».

El teléfono de Salazar Cortés, Chucki, había sido intervenido por orden judicial. Al no tener nada que ver con sus investigaciones, el Grupo de Estupefacientes de Jaén no le había dado importancia al contenido de las conversaciones. «Pero para nosotros la tenía, y mucha. Podía ser la pista que estábamos buscando para esclarecer el asesinato de Vargas», relata Aristizábal.

Sin embargo, había un problema. Las investigaciones de Estupefacientes estaban bajo secreto. Necesitaban autorización del Juzgado de Instrucción número 1 de Jaén para acceder a las conversaciones grabadas de ese teléfono. No hubo problema. Incluso se amplió la intervención de ese teléfono para que la Brigada de Homicidios de Madrid tuviera, desde ese momento, acceso a las conversaciones de Salazar Cortés, Chucki o Norris, apelativo que también utilizaba.

El Grupo X de Homicidios realizó, a partir de ese momento, un trabajo de encaje de bolillos relacionando las llamadas que Salazar Cortés había hecho a otros teléfonos y las que había recibido. El análisis del posicionamiento de su móvil lo situaba directamente en el hospital 12 de Octubre la tarde del asesinato, durante la misma franja de tiempo. Y no solo eso: también aparecía en las imágenes de circuito cerrado de la puerta principal del 12 de Octubre a esas mismas horas. Salazar Cortés a las 19 horas, 27 minutos y 51 segundos recibió una llamada de un desconocido con acento sudamericano que se encontraba también en los aledaños del hospital. Fue una conversación muy rápida, de apenas 32 segundos.

—Desconocido: ¿Sí?

—Salazar Cortés: ¿Qué hubo, pa?

—Desconocido: ¿Qué? ¿O pues?

—Salazar Cortés: Papi, yo ya estoy listo, hermano.

—Desconocido: Sí, ya. Nosotros en diez minuticos. Ya le llega el parcero ahí.

—Salazar Cortés: ¡Ah, bueno!

—Desconocido: ¿Listo? ¿Y Norris también?

—Salazar Cortés: No, soy yo. Soy Norris. Soy Norris.

—Desconocido: ¡Ah, huevón! ¿Qué hubo, pues?

—Salazar Cortés: Lo que pasa es que en el otro no tengo saldo, padre.

—Desconocido: ¡Ah, bueno, bueno, bueno! ¿Pero lo tiene ahí?

—Salazar Cortés: Sí, aquí lo tengo y…

—Desconocido: Listo, pues.

—Salazar Cortés: Estoy de primerita.

—Desconocido: Listo, pues.

El «parcero» es lo que se denomina en ese mundo el «gatillero», el asesino.

En ese momento los tres hijos de Leónidas Vargas se estaban despidiendo de él en la habitación 543 del hospital. El conductor, Julio César, y Elfi, la empleada doméstica, les esperaban en el vestíbulo de la planta, prestos para llevarlos a Barajas para que los pequeños tomaran el avión rumbo a Colombia. A las 19 horas, 37 minutos y 1 segundo, Salazar Cortés recibió una nueva llamada del teléfono anterior. Fueron 22 segundos apenas, en los que le avisaba de que «están entrando» en el hospital el guía y el parcero o gatillero para llevar a cabo el asesinato.

—Salazar Cortés: ¿Diga?

—Desconocido: ¿Qué hubo, pues, papi?

—Salazar Cortés: Bien, o no.

—Desconocido: Ya los pilló. ¿O no?

—Salazar Cortés: ¿Eh?

—Desconocido: Ya los pilló. Que ya están entrando, ¿oyó?

—Salazar Cortés: ¡Ah, bueno! Yo no lo había visto, pero ya estuve ahí.

—Desconocido: Pues encienda… el…

—Salazar Cortés: Ya estoy en el concesionario, que me organicé lo de la rueda del carruaje.

—Desconocido: ¡Listo! Enciéndalo, pues, de una vez que…

—Salazar Cortés: Sí, todo bien, todo bien.

Después de que Leónidas Vargas fuera asesinado, entre las 19 horas, 43 minutos y 16 segundos y las 19 horas, 44 minutos y 14 segundos, se produjo otra conversación entre los mismos interlocutores en la que, con el tono de voz muy agitado, confirmaban el éxito de la operación y se autoalababan por lo bien que había sido organizado todo. Fue a las 19 horas, 51 minutos y 26 segundos, con una duración de veintiún segundos.

—Salazar Cortés: ¿Qué hubo, pa?

—Desconocido: ¿Cómo fue?

—Salazar Cortés: Ya, pa… Ya estamos acá, con el coche en el concesionario y todo bien. ¿Oyó?

—Desconocido: Listo. El parcero, ¿qué dice? ¿Que nitidez total? ¿Pagó la factura?

—Salazar Cortés: Nitidez. Quedó bien organizado. Sí, que bien organizado.

—Desconocido: Listo. ¿Y usted?

—Salazar Cortés: Oiga, por ahí, por donde vivía él, ya la armaron. ¡Ya la armaron! Chao.

—Desconocido: Listo, pues.

Cuatro minutos después de la descarga de adrenalina por el éxito del crimen, por lo fácil que había resultado todo, el mismo interlocutor volvió a telefonear a Salazar Cortés para comentar, esta vez en tono jocoso, lo sucedido. Fue a las 19 horas, 55 minutos y 16 segundos y duró apenas veinte segundos.

—Salazar Cortés: ¿Qué hubo, pa?

—Desconocido: ¿Qué, hombre?

—Salazar Cortés: ¿Ya todo bien, huevón?

—Desconocido: ¿Y qué dice el parcerito? Pero ¿está recontraseguro?

—Salazar Cortés: Sí, sí, sí, no, es que es una realidad.

—Desconocido: ¿Sí?

—Salazar Cortés: Sí, una realidad.

—Desconocido: Listo, pues.

En el análisis del posicionamiento de los teléfonos investigados Aristizábal se dio cuenta de que el primer teléfono, el que estaba siendo investigado por la Unidad de Drogas y Crimen Organizado de la Policía Judicial y que no había producido nada, había entrado en contacto con el del desconocido que había estado hablando con Salazar Cortés a las 19 horas, 32 segundos y 6 segundos, y a las 19 horas, 40 segundos y 22 segundos. Y después con otros dos teléfonos diferentes. Por la mañana comprobaron los del Grupo X de Homicidios que Salazar Cortés, Chucki, mantuvo una conversación con ese mismo teléfono, que correspondía a un sujeto conocido como el Gaseosa. Esta conversación versó sobre «el bebé» y «la niña», eufemismos que en el argot de los sicarios quieren significar el arma que se va a utilizar en el atentado. En este caso, la pistola con el silenciador. La conversación tuvo lugar a las 11 horas, 3 minutos y 28 segundos del 8 de enero y duró cuarenta segundos.

—El Gaseosa: ¿Qué, señor?

—Salazar Cortés: ¿Qué hubo, mi hijo? ¿Bien o no?

—El Gaseosa: Bien, mi hijo. Oiga, rey…

—Salazar Cortés: ¿Qué pasó?

—El Gaseosa: (Ininteligible)… estaba timbrando ahorita porque estaba ahí abajo, porque iba a subir la niña, pero ya le llegó. Ya le llegó otra vez, ¿vale?

—Salazar Cortés: ¡Ah! ¿Usted anda con el bebé?

—El Gaseosa: Ah, no, no, no, no.

—Salazar Cortés: (Ininteligible).

—El Gaseosa: Yo ando acá, en el barrio. Acá, en la aseguradora.

—Salazar Cortés: ¡Ah, pero…! ¡Ah! La tiene en la caja. La dejó… La dejó con la señora en la casa la niña.

—El Gaseosa: ¡Ah, sííí! No, yo ya, ya le llegó para que hablemos, ¿vale?

—Salazar Cortés: Bueno, pues.

Varias horas después Salazar Cortés y el Gaseosa contactaron otra vez para verse en media hora. Ya estaban, muy posiblemente, en las inmediaciones del 12 de Octubre.

Las investigaciones comenzaron, a partir de ese momento, avanzado el mes de febrero, a tomar una velocidad inesperada a pesar de que los diferentes sujetos habían cambiado de teléfono móvil, una medida preventiva común después de una operación como esa. Desde los nuevos terminales siguieron comunicándose igual. La clave estaba en la voz que había hablado varias veces con Salazar Cortés la tarde del atentado, «el jefe», al que Chucki llamaba «Pa» o «Papi».

Aristizábal remitió a la Sección de Acústica Forense de la Comisaría General de Policía Científica dos muestras comparativas de ambas voces, la del teléfono bueno anterior y del actual. Tras un análisis comparativo, el informe de evaluación concluyó que «existía un alto nivel de probabilidades de que ambas voces hubieran sido realizadas por la misma persona», lo que posibilitó la prolongación de la actuación telefónica.

Las intervenciones telefónicas también arrojaron luz sobre nuevos actores. Uno de ellos fue el Mono, un rumano que hablaba con el acento y la cadencia colombiana y que respondía al nombre de Andrei-Alexandru Cadar, de dieciocho años. Le llamaban Mono o Monito porque era rubio y tenía los ojos azules. En resumen, era «muy mono». Mono era el «machaca» de Salazar Cortés, un hombre de confianza y lealtad absolutas. También era el que hacía las cosas engorrosas que el jefe no quería o no podía hacer. El Mono malvivía en un piso de Móstoles y dependía del dinero que le daba Chucki. El año anterior había sido condenado por el Juzgado de lo Penal 28 de Madrid, por un delito contra la seguridad del tráfico, a pagar una multa de 150 euros durante ocho meses. Iba al volante de un coche que figuraba a nombre de Y.E.C., hermanastra de Chucki. Fue el colombiano quien pagó la totalidad de la multa. La noche del crimen el Mono fue citado por Chucki en su casa, situada en el barrio de Usera, donde vivía con su novia, con el fin de hacerle un encargo muy importante.

Desde que se conoció su implicación en la muerte de Leónidas Vargas, Chucki fue sometido a una intensa vigilancia por parte del equipo capitaneado por el inspector Aristizábal. A esas alturas tenían claro quién era Salazar Cortés y a qué se dedicaba. El 24 de febrero le «acompañaron» en un viaje relámpago que hizo a Jaén a bordo de una Renault Scenic. Chucki intuyó entonces que estaba siendo vigilado, cosa que dedujeron por los itinerarios que escogió para regresar a Madrid.

Las investigaciones sobre sus propiedades y medios de vida resultaron una navegación entre pantallas y más pantallas de apariencias falsas, en las que las mujeres y compañeras sentimentales de los investigados asumían la titularidad de todo: alquileres de pisos, coches, teléfonos... Todo lo imaginable. De Chucki llegaron a conocer hasta el dentífrico que usaba. Y fue él quien los condujo hasta la calle de Mónaco en Madrid. Allí tenía su domicilio José Jonathan Fajardo Ospina, de treinta y siete años, 162 centímetros de estatura y de complexión fuerte. De origen colombiano, vivía con su pareja, sus dos hijas menores, su madre, y su padrastro.

«José Jonathan Fajardo Ospina era Papi o el Gordo, el desconocido que el 8 de enero hablaba con Chucki a través de su móvil preguntándole por el resultado del asesinato», explica Aristizábal. «También afloró un cuarto elemento, Edgar Andrés Ortega Flores, apodado el Secretario, la mano derecha de Fajardo Ospina, Papi». Quedaban pendientes las identidades de el Gaseosa y el parcero o gatillero, el guía y el ejecutor del crimen. Pero eso sería más adelante.

Todos fueron detenidos sucesivamente. Primero, en la mañana del 12 de marzo de 2009, Fajardo Ospina, Papi. Luego Ortega Flores, el Secretario. Este se resistió. Conducía su vehículo por el barrio madrileño de Las Rosas, en San Blas, cuando se dio cuenta de que lo seguían. El Secretario aceleró y se metió por una calle de dirección prohibida para darles esquinazo, pero no tuvo escapatoria. Finalmente lo atraparon. Uno de los agentes resultó lesionado. En el interior del coche encontraron una pistola para la que no tenía licencia.

El siguiente en caer fue el rumano Cadar, Mono, a las 14.40 horas. Y por último Salazar Cortés, Chucki, a las 17.10. Los colombianos guardaron un silencio sepulcral, pero Mono no. Él no había participado en el crimen. No tenía nada que ganar y mucho que perder. Estaba dispuesto a hablar.

—¿Dónde estabas el 8 de enero, cuando mataron a Leónidas Vargas? —le preguntó Aristizábal.

—En mi casa, viendo la televisión —contestó el Mono con su acento colombiano. Resultaba impresionante verle y escucharle. Sonaba, de verdad, como un colombiano.

—El Chucki te llamó aquella tarde. ¿Para qué?

—Quería que tomara un taxi y fuera a su casa, en Usera. En la calle de María Echarri.

—¿Fuiste?

—Sí, claro.

—¿Y…?

—Y estaba allí el Chucki, su mujer, Carolina, el bebé que tienen, una sobrina de Chucki, Kelly me parece que se llama, y un colombiano de 1,70 de estatura, complexión acuerpadito, pelo corto, de color negro, peinado y engominado, con una pequeña cresta. Vestía de negro, con una gorra que se quitó y dejó en el sofá.

—¿Quién era?

—No lo sé, hermano. Sí vi que estaba muy nervioso. El Chucki también estaba nervioso. Cuando llegué estaban mirando los dos las noticias que daban en la tele sobre lo del Leónidas.

—¿Para qué te quería el Chucki?

—Me llevó a una habitación y de debajo de la cama sacó una bolsa oscura. Dentro había una pistola negra, rusa creo, con una estrella en la empuñadura. Tenía un silenciador enroscado y un poco desconchado. Con cargador. La corredera estaba hacia atrás y no tenía munición.

—¿Y qué te dijo?

—Que me deshiciera de la pistola, que en estos días hablábamos y que no dijera nada.

—¿Qué quería decir con eso de que «en estos días hablábamos»?

—Que me pagaría dinero por el trabajo de deshacerme de la pistola.

—¿Y qué hiciste después?

—Tomé la pistola y me fui a mi casa.

—¿Cómo? —le preguntó el investigador.

—¿Cómo que cómo? En autobús y en Renfe —respondió muy sorprendido el Mono, como si fuera la cosa más natural del mundo marcharse por la calle con una bolsa y dentro el arma que ese día había acabado con uno de los capos más importantes de la mafia colombiana de la droga. Un arma que estaba buscando toda la policía española.

—¿Qué hiciste con la pistola?

—La tuve en casa unos días. Luego llamé a un amigo mío, Álex. Vino a recogerme con su piba, Patricia, y el Mercedes negro del padre de ella. Me llevaron a un pueblo, cerca del río Guadarrama. Al llegar a un puente muy alto, bajé del coche y me bajé a la orilla del río. Desmonté la pistola, con una llave, en seis partes, y luego las tiré al río.

A pesar de las indicaciones, la pistola nunca pudo ser recuperada del interior del río.

—¿Cuánto dinero te dio el Chucki por el trabajo?

—Unos mil euros. Me los dio una semana o diez días más tarde.

—¿Te dijo el Chucki después quién era el hombre que estaba en su casa la noche que fuiste a recoger la pistola?

—Sí. Me dijo que era el hombre que había disparado contra Vargas. Me dijo que había tenido que ver con el asesinato, pero no me dijo cómo.

En ese momento el investigador puso sobre la mesa una fotografía extraída de la grabación de circuito cerrado del hospital, en la que aparecía el parcero.

—¿Es este?

—Sí, este es.

—¿Qué más te contó el Chucki?

—También me contó que habían matado a Leónidas porque era un chivato y por un tema de un cargamento de quinientos kilos de cocaína que había llegado a España. Por lo que me dijo el Chucki, y por lo que vi, el asesinato se lo encargaron a él, al Chucki o al Papi, pero no puedo asegurarlo.

—¿Y quién es el tal Papi?

—Es un colombiano de pelo color oscuro, robusto él. Está un poco gordo. Y está por encima de Chucki en la organización. A Papi lo conozco de vista. Lo he visto unas cuantas veces, pero no tengo confianza con él.

Ninguno de los tres detenidos restantes fue tan claro como el Mono. Todos negaron, por activa y por pasiva, su participación en el asesinato.

El Gaseosa y el parcero

El Gaseosa, el guía que condujo al asesino hasta la habitación de Leónidas Vargas, fue detenido un mes y medio después, el 24 de abril. Gracias otra vez a una llamada telefónica que había recibido su móvil el 7 de enero a las 15 horas y 52 minutos. Procedía de un taller de chapa de Leganés, donde el sujeto había ido con su vehículo, un Volkswagen azul, para saber cuándo podían arreglarlo y cuánto le podía costar. El encargado fue quien lo atendió, reconoció en las fotos del servicio de seguridad del 12 de Octubre a Jonathan Montoya Rendón. En ellas el susodicho aparecía con gorra negra, sudadera con capucha de color beige, con el pelo rapado por las sienes y orejas de soplillo. Montoya Rendón medía, además, 186 centímetros. Como era de esperar, Montoya Rendón, el Gaseosa, se inventó una rocambolesca historia para explicar su presencia en el 12 de Octubre aquella tarde y negó su implicación en el asesinato, por cuya participación había cobrado 300 euros.

¿Y de dónde había salido el asesino? La conexión fue una mujer: Yuri Carolina Oliveros Rojas, exnovia de Jonathan Andrés Ortiz, de veinticuatro años, colombiano de Medellín, que en esos momentos trabajaba en las cocinas del hotel Barceló Fuerteventura Thalasso Spa de Puerto del Rosario. Yuri Carolina conocía a Fajardo Ospina, el Papi, e hizo de intermediaria con su antiguo novio. Fue quien pagó su billete desde Canarias a Madrid.

Jonathan Andrés Ortiz, el autor material, fue el último en ser detenido. El Grupo X de Homicidios de Madrid remitió el 29 de junio al Juzgado de Instrucción número 17 de Madrid la identidad del hombre que acabó con Leónidas Vargas, para que emitiera una orden de búsqueda y captura. Hacía varias semanas que Andrés Ortiz había dejado Fuerteventura y se desconocía su paradero. La sorpresa llegó cuando se descubrió que apenas un mes atrás el parcero había sido detenido en Benidorm por tenencia ilícita de armas. Cuando lo dejaron en libertad provisional, hasta que se celebrara el juicio, el sicario se esfumó. El 15 de junio fue emitida una orden de detención internacional. Según se pudo saber después, Andrés Ortiz había regresado a Cali, en Colombia, pero volvió a Madrid el domingo, 25 de octubre, a través de la Terminal 4 de Madrid-Barajas. Cuando llegó al control de pasaporte, saltó la alerta policial. En cuestión de segundos fue arrestado y puesto a buen recaudo. Con su captura se cerró uno de los casos más peliagudos y difíciles con los que se ha encontrado la policía en los últimos veinte años.

«Sin la grabación de las cámaras de circuito cerrado del Hospital Universitario 12 de Octubre de que dispusimos y sin la relación que hicimos de estas imágenes con los móviles de los implicados, jamás habríamos resuelto este crimen», explica el inspector Aristizábal. «Las nuevas tecnologías probaron ser una ventaja en esta investigación».

El puzle completo

El relato por fin tuvo sentido. La oficina de cobros que regentaba Jonathan Fajardo Ospina, el Papi, en Madrid —una «oficina» pequeña que tenía ambición de crecer en España— recibió el encargo, desde Colombia, de matar a Leónidas Vargas. El Papi se las ingenió para saber que Vargas estaba ingresado en el Hospital Universitario 12 de Octubre y que, por un periodo de dos a tres horas, el día 8 de enero, iba a estar desprotegido en la habitación 543 de la planta de Cardiología.

Papi contrató a Jonathan Andrés Ortiz y lo trajo desde Puerto del Rosario a Madrid, donde llegó al filo de las 17.00 horas de ese día 8 de enero. Fue a recalar primero a casa de Yuri Carolina, donde sobre las 19.00 horas fue recogido por Alexander Salazar en su propio vehículo. Este le entregó el arma con la que tenía que cometer el crimen. Un arma que a él le había entregado antes Montoya Rendón. Lo llevó al hospital, le dejó adelantarse unos pasos y luego lo siguió desde detrás. En los aledaños también esperaban al parcero o gatillero Fajardo Ospina, el Papi, su mano derecha, Edgar Andrés Ortega, el Secretario, y Jonathan Montoya Rendón, el Gaseosa. Al ver a Andrés Ortiz, Montoya Rendón le hizo una señal de asentimiento con la cabeza. Lo había reconocido y le estaba indicando que le siguiera. Eran las 19.37 minutos.

El Gaseosa inició su trabajo de guía. Comenzó a caminar unos metros por delante de él mientras penetraba por el vestíbulo principal del centro hospitalario. Montoya Rendón lo llevó primero, equivocadamente, al sexto piso. Luego rectificó y lo condujo al quinto, donde se encontraba Leónidas Vargas. El gatillero penetró en la habitación, descargó la pistola sobre el hombre que estaba durmiendo con un respirador y se marchó. El reloj marcaba las 19.43 minutos cuando salía de la habitación, dejando a Carmelo Martín Socorro hecho un manojo de nervios.

El éxito del asesinato de Leónidas Vargas con seguridad llamaría la atención de los capos colombianos hacia la oficina de cobros creada por el Papi, Fajardo Ospina. Para otros trabajitos. El futuro, intuyó el Papi, podía ser brillante, pero había sido una falsa intuición. La oficina de cobros al completo fue juzgada por un tribunal en mayo de 2011. No pudieron escuchar el testimonio de Carmelo Martín Socorro. Su corazón no resistió tanto tiempo. No fue necesario. Las pruebas eran abrumadoras. Todos ellos fueron declarados culpables.

Jonathan Andrés Ortiz, el gatillero, fue condenado a veinticinco años y nueve meses por los delitos de asesinato alevoso mediante precio y por tenencia ilícita de armas. A José Jonathan Fajardo Ospina, el Papi, el jefe, la persona que recibió el encargo de asesinar a Leónidas Vargas desde Colombia, le fue impuesta una pena de veintitrés años y seis meses de prisión por un delito de asesinato alevoso mediante precio. Edgar Andrés Ortega Flores, Secretario, tuvo una sentencia sensiblemente superior: veintitrés años y seis meses de prisión por el asesinato, dos años de prisión por un delito de atentado, al tratar de resistirse a su detención, y un año y dos meses más por un delito de tenencia ilícita de armas. Total: veintiséis años y nueve meses. El Chucki, Alexander Salazar Cortés, el hilo que permitió deshacer la madeja, fue castigado a veintitrés años de prisión por el asesinato, y un años y tres meses de prisión adicionales por un delito de tenencia ilícita de armas, al quedar probado que fue quien le entregó el arma al parcero. Jonathan Montoya Rendón, el Gaseosa, el guía que condujo al asesino hasta su objetivo, recibió las mismas penas que el Chucki: veinticuatro años y tres meses de prisión. El Mono, Andrei Alexander Cadar, no consiguió salir indemne, como era su intención. El presidente del Tribunal, el magistrado Carlos Ollero, lo condenó a una pena de dos años y seis meses de prisión por un delito de encubrimiento. Yuli Carolina Oliveros Rojas, la mujer que pagó el billete a su exnovio para que pudiera volar desde Puerto del Rosario a Madrid, fue condenada también a diez años y seis meses de prisión, como coautora de un delito de homicidio.

Los abogados de todos los condenados recurrieron en apelación ante la instancia judicial superior, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), que ratificó las penas en sentencia de 8 de noviembre de 2011, salvo en el caso de Yuli Carolina Oliveros Rojas. El tribunal de apelación, formado por el propio presidente del TSJM, Francisco Javier Vieira, y los magistrados Emilio Fernández Castro y José Manuel Suárez Robledano, tres jueces de larga trayectoria profesional, anularon la condena impuesta a la mujer. No encontraron responsabilidad penal en su actuación. De acuerdo con la sentencia, Yuli Carolina se encargó de poner en contacto a José Jonathan Fajardo Ospina, el jefe de la oficina de cobro, con el sicario Jonathan Andrés Ortiz, sin conocer las razones últimas de su relación. «Ha quedado probado que la apelante no sabía que Fajardo Ospina encargaba a Andrés Ortiz dar muerte a una persona y que, por eso mismo, no hay en la causa datos suficientes para estimar que la acusada referida pudiera representarse que se preparaba la muerte de una persona», dijeron los tres magistrados en su fallo, cuyo ponente fue Suárez Robledano. «No hay por tanto la concurrencia acreditada y probada de los requisitos exigidos para la concurrencia de una participación como cooperadora necesaria a título de dolo eventual en la muerte», concluyeron. En la misma sentencia anularon también la responsabilidad civil achacada a Andrei Alexander Cadar, el encargado de deshacerse del arma homicida tirándola a un río.

Los abogados de los condenados apelaron después en casación ante el Tribunal Supremo.

De esta forma se cerró el caso del crimen de Leónidas Vargas, el Viejo, el Rey del Caquetá, la última leyenda viva de los capos de la droga colombianos. En el aire quedó quién fue el que encargó su muerte y cuánto pagó y quién reveló a la oficina de cobros el lugar en el que se encontraba Vargas y la hora en que estaría desprotegido.

«Algunos delincuentes se creen que los policías somos como los hombres de Paco, de la serie de televisión —dice el inspector Aristizábal—. Que lo sigan pensando. Nos hacen el trabajo más fácil».

3
Fantasías mortales.
El caso del «Monstruo de Machala»,
violador y asesino en serie

Lofoscopia y ADN

La tarde del 22 de noviembre de 2004, en torno a las 22.20 horas, Ana Beltrán, una joven veinteañera muy atractiva, de ojos grandes, cara ovalada y pelo rubio, enfiló su coche hacia el interior del aparcamiento público y gratuito del centro comercial L’Illa de l’Oci (La Isla del Ocio), en Lérida. Había quedado con un amigo en los multicines Lauren, de ese complejo comercial, para ver una película de la última sesión. Cuando estaba entrando preguntó al controlador, un hombre de origen iberoamericano, de 181 centímetros de estatura, nariz grande y recta, ojos negros y cabello canoso, que a qué hora cerraban el aparcamiento. Quería asegurarse de que no se iba a llevar la sorpresa de encontrárselo cerrado a su regreso y con su coche dentro. «No se preocupe, señorita. Cerramos en dos horas», le contestó el hombre, con acento sudamericano, esbozando una amplia sonrisa.

En torno a las 00.15 horas Ana Beltrán regresó a recoger su coche acompañada de su amigo, Eduardo. Cuando la chica giró la llave del contacto, el coche no respondió. Estaba «muerto». ¿Se le había descargado la batería? No recordaba haberse dejado las luces encendidas, que es lo más común. Salieron del interior del vehículo y en ese momento pasó delante de ellos el controlador conduciendo su coche, un Ford Escort blanco.

—¿Necesitan ayuda? —les preguntó el hombre desde el interior de su coche.

—Pues sí, el coche no arranca. ¿Sabría usted lo que le ocurre? —le preguntó la chica.

—Déjeme ver —le respondió, mientras aparcaba al lado.

El controlador abrió el capó, miró el motor y en unos segundos, con una seguridad pasmosa, cambió de posición los cables del delco, el distribuidor del encendido eléctrico.

—¡Dele, señorita!

Ana Beltrán giró la llave de encendido del coche y el motor volvió a rugir como antes.

—¡Muchísimas gracias! —le dijo la chica al controlador regalándole una sonrisa de oreja a oreja—, es usted un ángel de la guarda.

Eduardo miraba incrédulo lo que había presenciado. Se metió en el coche con la chica sin dejar de observar fijamente la cara de aquel «ángel de la guarda» que les había auxiliado. Mientras Ana conducía hacia la salida, Eduardo no pudo dejar de expresarle sus dudas.

—Ana, tu coche no estaba averiado.

—Que sí... ¡Qué suerte hemos tenido con ese señor tan agradable!

—Es literalmente imposible que hayas venido desde tu casa hasta aquí con los cables del delco invertidos. Alguien ha tocado el coche mientras estábamos en el cine.

—Ya estás viendo películas tú… —le respondió la chica en tono de chanza.

—Estudio ingeniería y, precisamente, la rama mecánica. He visto cómo ese tipo devolvía los cables del delco a la posición natural en que debían estar para que el motor funcionara. Como estaban cuando viniste al cine. Te lo ha manipulado.

—Eduardo, que tú ves muchas películas.

—No, Ana. Yo sé de lo mío y sé lo que he visto y no me gusta nada —zanjó el joven la conversación.

A esa misma hora, no muy lejos de allí, Iuliana Madalina Onel, una exprostituta de origen rumano, recordaba, sin desearlo, al malnacido que había tratado de asesinarla apenas quince meses atrás. La angustía, el miedo… ¡el terror! No podía evitar que se le pusiera la carne de gallina cuando los recuerdos volvían a asaltarla. Era sudamericano, de eso no le cabía ninguna duda. Tenía rasgos indios. Era delgado, de unos cuarenta y cinco años. La había abordado conduciendo un Ford Escort blanco en los alrededores del hostal Jamaica, en la salida de la Nacional II, en Lérida.

Iuliana estaba en situación de ilegalidad en España entonces y se dedicaba a la prostitución. El hombre le preguntó el precio del servicio. La mujer se lo dijo. Él no trató de regatear ni un euro. Le pagó y ella se subió al coche. Condujo el vehículo hasta un lugar próximo, oscuro, solitario y apartado. Aparcó y apagó el motor del coche. «Vamos detrás. Es más amplio», le dijo a la mujer. El hombre le pidió a Iuliana que se despojara de la ropa. Él se desnudó por completo. Llevaba un cordón blanco atado a la cintura. Como no conseguía una erección, se puso encima de ella, en la posición del misionero, se quitó el cordón blanco de la cintura, se lo anudó a la mujer en el cuello y comenzó a apretar cada vez con más fuerza, hasta que ella empezó a tener dificultades para respirar. «¿Te… pasa… algo…? Me… es… tás... as… fi… xi… an…do…». El hombre le contestó que no pasaba nada y siguió con lo suyo. El pánico invadió a Iuliana. En ese momento tuvo la certeza de que si no hacía nada iba a morir en pocos minutos, si no segundos. Trató de desembarazarse de él, de quitárselo de encima. El hombre apretaba cada vez con más fuerza el cordón. De pronto, Iuliana «vio la luz». Asió con fuerza los testículos del hombre y los estrujó con toda la violencia que pudo aplicar con su mano izquierda, provocándole un fuerte dolor. La presión que tenía en su cuello desapareció. El hombre se paró. Fueron décimas de segundos vitales. La mujer asió el tirador de la puerta del vehículo, que tenía junto a su cabeza, la abrió y forcejeando consiguió sacar casi todo su cuerpo del interior del coche. El hombre, que se estaba recuperando, trató de sujetarla por las pantorrillas y hacerla regresar al coche para consumar el acto sexual matándola. Iuliana, desnuda, gritaba y pedía socorro, ya casi en el suelo.

Esto atrajo la atención de otra prostituta, Nicoletta Ciinaru, que resultó ser su hermanastra, la cual estaba con otro cliente dentro del coche de este, a una decena de metros de distancia. El hombre, alertado por Nicoletta, arrancó su vehículo, encendió las luces, y se dirigió hacia el Ford Escort blanco, aparcando justo delante. El agresor, de inmediato, soltó a Iuliana, cerró la puerta por la que se había escapado la mujer y, desnudo, tal como estaba, se puso al volante de su coche, lo arrancó y emprendió la huida a toda velocidad.

La prostituta rumana no denunció el intento de asesinato porque temía que, haciéndolo, la expulsaran por hallarse ilegalmente en España. Iuliana supo que esa noche había vuelto a nacer. Se tocó el cuello, se masajeó la garganta, respiró profundamente y comenzó a llorar por la tensión. Se prometió que dejaría aquel oficio en cuanto pudiera. Habían pasado quince meses desde aquello. Cerró los ojos, la imagen del hombre la miraba sonriendo. Los volvió a abrir, asustada. ¿Dónde estaría? ¿A quién estaría haciendo daño en ese momento?

Mientras tanto, las ecuatorianas Mariana de Jesús Briones, de cuarenta y cinco años, y Guadalupe Endérica, de veinticinco, madre e hija, veían la televisión en su pisito de Madrid, donde vivían trabajando como empleadas domésticas. Se acordaban mucho de su tierra, de Machala, capital de la provincia de El Oro, al sur de Ecuador, casi lindando con Perú. El nombre procedía de la unión de dos vocablos, «mac-chal», en lengua maya-quiché, o «mashall» en lengua chimú. Los dos significan «noble» o «gran lindero», en referencia a la gran planicie donde los españoles levantaron la ciudad en 1537. A pesar de ser una región muy comercial, basada en la producción agrícola, principalmente de bananas, café y cacao, la situación económica no daba para mucho. Por esa razón madre e hija, con gran dolor de su corazón, recalaron en España. Había, es cierto, otra razón de peso para marchar, un dolor que el paso del tiempo no había conseguido mitigar, sobre todo en el corazón de la madre: el asesinato de Sara, su niña de trece años, en 1993.

Sara Endérica había sido la víctima número ocho del mayor violador y asesino en serie de la historia de Ecuador, apodado por los medios de comunicación como «el Monstruo de Machala». Aquel día, el 13 de marzo, Sara había salido de su casa, que estaba cerca de la playa, para pasar un día de vacaciones escolares con sus amigas. «Me pidió permiso para ir y me dijo que pensaba tomar un taxi de vuelta. Al cabo de los años he sabido que eso fue lo peor que pude hacer, darle dinero para que se metiera en el taxi», explicó Mariana.5

Pasaron cuatro días sin tener noticias suyas. El 17 de marzo, a las tres de la tarde, el teléfono sonó con la mala noticia. Habían encontrado el cadáver. «Yo misma tuve que ir al depósito a identificar a mi hermana. La habían encontrado en un claro de una plantación de bananos. Cuando vi el cadáver no podía creer que hubiera sido tan cruel con ella. Le faltaban los dientes y tenía la cara destrozada. Llevaba puesta la misma ropa con la que salió de casa, y en el cuello aún podían verse los moratones de las manos de quien la estranguló. Ese horrible recuerdo me acompañará siempre», contaba Guadalupe.6

La noticia de que se había producido una nueva víctima del Monstruo de Machala originó una psicosis de terror y miedo en la ciudad. Las autoridades decidieron echar el resto y capturarlo. Llevaba cinco años actuando impunemente y las protestas ya eran un clamor. Para devolver la seguridad impusieron el toque de queda nocturno. Nadie podía circular ni salir por la noche en Machala. Treinta y siete días más tarde, el 23 de abril de 1993, la policía ecuatoriana consiguió atraparlo gracias al testimonio de una prostituta que, como Iuliana, había sobrevivido a un ataque del Monstruo de Machala. Lo habían encontrado en una chabola, donde se había escondido. Estaba desnutrido y sucio. ¿Podía aquel despojo humano ser el asesino de ocho jóvenes y niñas? Las apariencias siempre engañan.

«Esa misma noche me lo trajeron a mi casa y pude mirarle a la cara —continúa Mariana—. No le dije nada. Fue él quien me habló, solo para pedirme perdón». Para pedirle perdón y para contarle cómo había asesinado a su hijita, con todo lujo de detalles, en el tono de arrepentimiento y contrición más absoluto. El Monstruo de Machala le explicó que había cogido a Sarita en su taxi y que se la había llevado a los alrededores de Machala. Quería mantener relaciones sexuales con ella, pues, aunque solo tenía trece años, ya había empezado a desarrollarse. Cuando la niña se negó, el la forzó violentamente hasta alcanzar el orgasmo. Sarita, llorando, le pidió que no la matara, que pensara en sus hijas —aun sin saber si él las tenía o no—, que se imaginara lo que sería perder a una de ellas. El Monstruo se ablandó y la dejó marcharse caminando. Segundos después se lo pensó de nuevo, subió a su coche, pisó a fondo el acelerador y la embistió. No la mató, solo la golpeó. El Monstruo bajó del coche. La niña estaba en el suelo, implorando otra vez que no la matara. El hombre la oía pero no la escuchaba. Se puso de rodillas, la agarró por el cuello con las dos manos y apretó hasta que tuvo la certeza de que la vida la había abandonado.

El Monstruo de Machala fue condenado a dieciséis años de cárcel por los ocho asesinatos con violación y dos violaciones más. Según los cálculos que hicieron los abogados, el asesino de Sarita no saldría de la cárcel hasta 2010. Podían estar tranquilas.

A la madre y a la hija, y al resto de las familias de las jóvenes asesinadas, los dieciséis años les parecían una broma de mal gusto. ¿A cuánto salía la vida de cada una de las ocho jóvenes? A dos años de cárcel, y las matemáticas no mentían. El único consuelo que podía quedarles era que las cárceles ecuatorianas estaban más cerca del infierno que de la humanidad. Con un poco de suerte alguien les hacía un favor mandándolo al otro barrio…

Cuando las dos ecuatorianas, madre e hija, echaban la vista atrás en España y pensaban en Sarita, respiraban aliviadas. Era noviembre de 2004. Quedaban todavía seis años por delante hasta que el Monstruo de Machala volviera a ver la libertad. Además, entre ellas y él había un continente y un océano por medio. Se sentían seguras. Sin embargo, estaban equivocadas. El Monstruo de Machala estaba respirando el mismo aire que ellas, en el mismo país. A 464 kilómetros exactos de distancia. Desde hacía cuatro años.

Gilberto Antonio Chamba Jaramillo, nacido en Ioja Malara, en Ecuador, el 5 de octubre de 1961, había comenzado a trabajar para la empresa Grupo Antres (AN3) Servicios Generales, S. L., como controlador y mantenedor del aparcamiento de L’Illa de l’Oci apenas un mes antes, el 1 de octubre de 2004. Su función consistía en controlar la entrada y salida de vehículos del aparcamiento de dos plantas, mantenerlo en condiciones y abrir y cerrar las puertas de acceso a dicho garaje en horario continuado entre las tres de la tarde y el final de la última sesión de los multicines, que podía estar rondando las doce y media de la noche. Era un contrato legal. Chamba Jaramillo tenía permiso de residencia por arraigo y permiso para trabajar desde octubre de 2001. Había llegado vía Ámsterdam a Madrid el 10 de noviembre de 2000. Allí lo recogieron dos hermanas —la familia Chamba Jaramillo estaba formada por ocho hermanos, de los cuales cinco vivían en España— y se lo llevaron a Lérida, a un piso de apenas 50 metros cuadrados en la calle de la Academia.

Hasta ser contratado por AN3 Chamba Jaramillo había tenido ocupaciones de lo más variado, como albañil o empleado de una gasolinera, entre otras, hasta acumular así dieciséis contratos temporales, ninguno fijo. Nada estable de verdad, pero era lo que había. Con ello consiguió traerse a sus dos hijos, Jessica y Winston, de veintiuno y dieciocho años. En Ecuador había estado en el ejército, donde consiguió el grado de cabo, y luego, entre 1988 y 1993, había trabajado como taxista en su país. Le gustaban los «carros», como llaman allí a lo que los españoles llamamos coches. Siempre se le había dado bien la mecánica. Tenía un don para los motores.

Chamba Jaramillo se veía a sí mismo como un ser superior, un cazador, un lobo. Y su nueva ocupación le había dotado con lo que necesita un lobo: una madriguera, un lugar seguro, desde el que actuar. Casi había olvidado el «desafortunado encuentro» con la prostituta rumana, pero la pulsión seguía estando ahí, dentro de él. Hacía once años que no había vuelto a sentir «la descarga», pero el recuerdo permanecía en su interior, pidiéndole salir. Sabía que ese pensamiento era sucio y que tendría unas consecuencias graves. Podía controlarlo y evitarlo. Podía elegir hacerlo o no. Las fantasías de dominación, violación y muerte de una mujer tomaban cuerpo en su mente de un modo poderoso y excitante. Sin saberlo, Chamba Jaramillo estaba siguiendo los pasos establecidos por san Agustín, en su libro Confesiones, en el que decía que el pecado es un producto en cinco pasos. El pecado... o el crimen. Primero la mente concibe una acción. Después se considera la acción como algo relacionado con los sentidos. ¿Podría obtener placer con esto? A continuación el individuo piensa en las posibles consecuencias de su acto. Si se está dispuesto a asumir el riesgo, se actúa. Finalmente, una vez que el acto ha tenido lugar, la mente piensa, razona sobre lo sucedido. Este razonamiento es un mecanismo de defensa que justifica lo que se ha hecho, evitando la censura. De esta manera se da una explicación lógica a los pensamientos, las conductas o los sentimientos que aflorarán y que, de otro modo, provocarían sentimientos de culpa, de inferioridad o ansiedad. San Agustín describió así —aunque referido al pecado— el proceso que despliegan muchos criminales sexuales. Crímenes que nacen en la fantasía del criminal, y dentro de la fantasía puede ocurrir cualquier cosa. Con el paso del tiempo, las fantasías se convierten en obsesión y en compulsión y la única forma de conjurarlas es haciéndolas realidad.

Fantasías asesinas

Fantasías asesinas de dominación, control y poder sobre la mujer excitaban la mente de Gilberto Chamba Jaramillo. El Monstruo de Machala era lo que el Manual de Clasificación del Crimen del FBI7 define como un «asesino sexual organizado», alguien que planifica el asesinato fantaseando sobre ello, a modo de ensayo mental, que escoge a sus víctimas y que controla todo lo que tiene que suceder en la escena del crimen. Normalmente este tipo de asesinos sexuales organizados no conocen a sus víctimas; son elegidas porque encajan en unos parámetros específicos. En el caso de Chamba Jaramillo sus preferencias estaban en estudiantes jóvenes y bien educadas. Como Ana Beltrán.

Con este tipo de depredadores sexuales, según los del FBI, pueden darse múltiples escenas del crimen. Está el lugar del contacto inicial y del asalto, la escena donde sucede el asesinato y el lugar donde se abandona el cadáver. Si encara a la víctima dentro de un edificio, el lugar escogido suele ser el primer o el segundo piso de un edificio, o de un aparcamiento, como escenario del secuestro. El homicida luego suele transportar a la víctima a un segundo escenario, donde tiene lugar la agresión sexual y la muerte: la escena del crimen. Después se deshace del cadáver haciendo uso del vehículo de la víctima en un área conocida: el lugar de la tumba.

En este tipo de casos los médicos forenses suelen buscar marcas de mordiscos, de saliva, de semen, en cualquiera de los orificios principales, y vello púbico. «El acto de matar puede ser erotizado; la muerte tiene lugar de una manera lenta y deliberada. Frecuentemente se observa una modalidad de asfixia. Un ejemplo de ello es el endurecimiento deliberado y el aflojamiento de una cuerda alrededor del cuello de la víctima cuando él o ella sale o entra de un estado de conciencia. También se puede encontrar actividad sexual en la que los actos sexuales se realizan en conjunto con el acto de matar», dice el manual del FBI. «Ya que el agresor es normalmente un ser social, suele hacer uso de sus recursos verbales para capturar a la víctima. Puede entablar una conversación o una pseudorrelación como preludio al ataque. Es posible que asuma otro papel, como policía o guarda de seguridad, para conseguir la confianza de la víctima».

María Isabel Bascuñana Royo, de veintiún años, estudiante de segundo de Derecho en la Universidad de Lérida en el turno de tarde, se asemejaba mucho en apariencia a Ana Beltrán. Solía dejar su coche, un Nissan Sunny blanco, en el aparcamiento gratuito de L’Illa de l’Oci porque le daba miedo hacerlo en la parte posterior de la facultad, una explanada oscura y mal iluminada donde no se sentía segura. El aparcamiento distaba apenas 50 metros del centro universitario y estaba vigilado por una persona. Le daba seguridad. Era una sensación que la tranquilizaba.

Una tarde la chica dejó la facultad y se dirigió hacia el aparcamiento. Eran las 21.54 horas cuando telefoneó a su madre para saber lo que había preparado de cena. «Me apetece más un bocadillo, mamá. Estoy en casa dentro de un rato», le dijo. Entró en el establecimiento Il Capuccino, donde no la pudieron servir porque no tenían pan. En Gambrinus, un bar-cervecería de tapas, tuvo más suerte. Allí devoró el bocadillo que había soñado, antes de volver a su casa, en el término municipal de Alpicat, a 15 kilómetros de Lérida. La camarera, Alba Toledano, le cobró la consumición y le dio las gracias por la propina. Fue la penúltima persona que la vio con vida.

Isabel Bascuñana era la pequeña de una familia acomodada de Lérida. Su padre, Vicente Bascuñana, constructor y hombre de negocios local, era una persona muy apreciada en la ciudad. Para su madre, Dolores, y sus dos hermanos, Vicens y José Antonio, era la luz de la casa: aplicada, cariñosa, inteligente, detallista y muy alegre. Isabel lo tenía todo y su familia pensaba que estaba llamada a hacer grandes cosas con la preparación que estaba adquiriendo. Le gustaba el Derecho. Todos sabían que era el ojito derecho de papá.

Gilberto Antonio Chamba Jaramillo, el Monstruo de Machala, el asesino de ocho mujeres en Ecuador, hacía ya tiempo que había puesto en escena en su cabeza la fantasía; ahora tenía que hacerla realidad. El aparcamiento, con sus dos niveles, era el escenario perfecto. El 23 de noviembre era martes, un día entre semana. Era de noche, hacía frío y casi no había vehículos. Conocía a la chica del Nissan Sunny blanco, y le recordó a la del día anterior. El vehículo seguía aparcado donde lo había dejado, al mediodía. Volvería. Seguro. Aquel sería el momento. En efecto, Isabel regresó a por su utilitario hacia las 22.30 horas. Chamba Jaramillo se acercó a ella con un pretexto nimio. Era un hombre delgado, no parecía demasiado fuerte, daba un aspecto de persona apocada y tímida. Sonreía. No tienes nada que temer, le decía con todo su lenguaje corporal: «Soy inofensivo». La chica no sospechó nada hasta que le tuvo a un metro de distancia. El Monstruo de Machala se abalanzó sobre ella, la agarró fuertemente con un brazo y con el otro le tapó la boca. A continuación la arrastró a la fuerza a la segunda planta —planta sótano—, un lugar solitario y oscuro. Su guarida. Había puesto una cadena para impedir que ningún vehículo pudiera bajar e impedirle «hacer lo que tenía que hacer». Allí, en un rincón, la tiró al suelo, le colocó un trapo blanco atado con un nudo alrededor del cuello, a modo de garrote, lo que le permitía oprimir con mayor seguridad el cuello de la víctima, impidiéndole que gritara pidiendo auxilio.

«¡Calla! ¡No grites o te mato!», le advirtió en tono amenazante. «Con el uso de esta fuerza, y siempre en contra de su voluntad, la desnudó y la penetró al tiempo que apretaba fuertemente el trapo anudado en el cuello de la joven, llegando a eyacular. Tal fue la fuerza que empleó que acabó con la vida de María Isabel por asfixia», escribió el ponente del tribunal, Antonio Robledo, en la sentencia que relataba los hechos. Isabel era, además, asmática, lo que aceleró el proceso de muerte.

Chamba Jaramillo se sintió «liberado» una vez más. La novena vez. Pero todavía quedaba por realizar la tercera parte del plan. Las dos primeras habían salido a la perfección. La chica no había sospechado nada. La había inmovilizado sin problemas. La había trasladado al lugar en el que había proyectado el ataque y lo había consumado. Ahora quedaba deshacerse del cadáver. Volvió a vestirla, malamente, la verdad, porque ya fuera por la poca luz o por los nervios, le colocó la camisa del revés. La ropa estaba manchada de polvo, cosa inevitable. Subió a la primera planta, quitó la cadena, se subió en el coche de la chica y lo bajó a la segunda planta. Aparcó junto al cadáver. Abrió el maletero, tomó el cuerpo y lo colocó en posición fetal en su interior. Lo cubrió con una bolsa de basura, tamaño industrial, de la marca Dino. Luego cerró el maletero y se puso al volante del vehículo. Condujo hasta la calle de Ignasi Bastus, cruzando el río Segre por el puente de la universidad. Allí aparcó el coche. Se tomó unos minutos adicionales para eliminar cualquier rastro de huellas en el interior del vehículo. Poseía una desarrollada «conciencia forense». A continuación regresó a su puesto de trabajo caminando. En ese momento, haciendo uso del móvil de la chica, efectuó una llamada a un número de contactos sexuales, un 807.

El Monstruo de Machala había reanudado su carrera de asesino en serie con un nuevo asesinato a 8.745 kilómetros de distancia de su lugar de origen. Aunque, a decir verdad, nunca había abandonado esa carrera, aunque durante los años pasados en la cárcel de Ecuador tampoco se imaginó que pudiera reanudarla. Pero lo había hecho. ¿Qué pensaría su amiga, Carmen Amelia Barrera, que conocía su pasado, si supiera que había vuelto a las andadas? Algunas mujeres creen que pueden cambiar a una persona con un pasado como ese simplemente con apoyo, comprensión y buenas palabras. ¿Puede un lobo dejar de ser un lobo? Ni en el tiempo en el que vivimos —el de los mayores avances médicos de la humanidad—, los investigadores han conseguido descubrir el origen de la forma de ser de Gilberto Chamba Jaramillo, un psicópata. Tampoco han encontrado ningún remedio. En la antigüedad se les consideraba endemoniados porque se pensaba que estaban movidos por el propio Diablo, según el prestigioso psiquiatra José Antonio García Andrade. En el siglo XIX fueron definidos como locos morales o malvados. Luego se les denominó sociópatas y después psicópatas. Este tipo de personas no pueden ser considerados por la ley como enfermos mentales porque no lo son. Pueden distinguir perfectamente entre el bien y el mal y, haciendo uso de su libre albedrío, escogen el mal, conociendo la ilicitud del acto.

Chamba Jaramillo no era, en absoluto, un loco. Sabía que matar estaba prohibido. Pudo evitarlo si hubiera querido. No lo hizo. Escogió hacer todo lo contrario. La peor noticia para la sociedad es que, además de desconocer el origen de esta forma de ser, tampoco existe una terapia eficaz para recuperarlos o cambiarlos. No hay pastilla mágica que valga. Son así y ya está. «Los psicópatas no sienten que ellos tengan problemas psicológicos o emocionales y no ven que haya ninguna razón para cambiar su conducta con el fin de conformarla a estándares sociales con los que ellos no están de acuerdo. Están muy satisfechos consigo mismos. No ven nada malo en ellos, experimentan poca congoja y encuentran su conducta racional, reconfortante y satisfactoria; nunca miran atrás con lamento y preocupación. Se perciben a sí mismos como seres superiores en un mundo hostil y sienten que es legítimo manipular y engañar a otros para obtener “sus” derechos. Por eso la terapia no funciona con ellos», explica Robert D. Hare,8 psicólogo canadiense, profesor retirado de Psicología Forense, Psicofisiología y Cerebro y Comportamiento de la Universidad de Vancouver, en la Columbia Británica, uno de los mayores especialistas en psicópatas y creador de la Lista de Control de la Psicopatía (PLC), utilizada en el mundo entero.

Los psicópatas en general, de acuerdo con el doctor Hare, tienen una gran capacidad verbal y un encanto superficial, una autoestima exagerada, una tendencia a mentir de forma patológica, una ausencia de culpa o de cualquier tipo de arrepentimiento, una falta de empatía, de ponerse en el lugar del otro, y una gran insensibilidad. Son crueles, frívolos en su afectividad, promiscuos en sus vidas, sexuales, impulsivos, incapaces de aceptar la responsabilidad sobre sus propios actos. Muestran una gran versatilidad para la acción criminal y una necesidad constante de buscar y recibir nuevos estímulos porque se aburren. Una definición que encaja, en gran medida, con el perfil del Monstruo de Machala.

La investigación

Isabel no regresó aquella noche. Sus padres y sus hermanos se pusieron en alerta. Intuyeron que algo muy malo le había pasado a la niña. Llamaron repetidas veces a su teléfono móvil. No respondió, cuando lo normal era que lo cogiera al momento. Pasada la medianoche el padre y los hermanos denunciaron su desaparición ante la comisaría de los Mossos d’Esquadra. Llevaron con ellos una foto de «Isa», para facilitar su identificación.

Al día siguiente, mientras la policía autonómica catalana hacía sus gestiones de búsqueda, Vicente Bascuñana, sus hijos y algunos amigos salieron a peinar la ciudad con el único objetivo de encontrar el coche. Algo les decía que ahí estaba la clave. Se dividieron. Los hermanos, José Antonio y Vicens, y Vicente, el padre, fueron al aparcamiento hacia las tres de la tarde. Todavía estaba cerrado. Llegó Chamba Jaramillo. Le contaron que Isabel había desaparecido y que solía aparcar allí y le preguntaron si podían echar una ojeada. El Monstruo de Machala, con toda la frialdad del mundo y mostrando una falsa empatía disfrazada de educación, les acompañó al interior y les dejó mirar: «No se preocupen. A mí, en Ecuador, también me desapareció una sobrina y al cabo del tiempo volvió a aparecer. Va a ser así, ya lo verán. Les deseo suerte para encontrarla», les dijo Chamba Jaramillo, tendiéndoles la mano a cada uno de ellos para despedirse. Ninguno de los tres sospechó en ese momento que la mano que estaban estrechando era la que había acabado, horas antes, con la vida de la persona que más querían en el mundo.

Sobre las 23.30 horas del 24 de noviembre se toparon finalmente con el Nissan Sunny blanco en el mismo lugar en el que Chamba Jaramillo lo había dejado aparcado el día anterior, en el barrio de La Bordeta. Sobre el asiento del copiloto podían ver el bolso de Isabel. Telefonearon rápidamente a los Mossos d’Esquadra. Se personaron los investigadores del Grupo de Homicidios y la Unidad Regional de Policía Científica de Lérida, la cual se encargó de abrir el vehículo en presencia del juez de guardia. Al abrir el maletero, debajo de una bolsa de basura, se encontraba el cadáver de la joven Isabel Bascuñana. El pañuelo del cuello escondía signos evidentes de equimosis por lesión digital (marcas de estrangulamiento) en la piel. La chica, pudieron comprobar, había sido desnudada y luego vestida de nuevo con la camisa al revés. Los pantalones y el resto de la ropa estaban sucios de polvo, cabellos y pequeñas manchas que fueron analizadas poco después. Faltaba su teléfono móvil.

«La inspección ocular que realizó al coche de la chica nuestra gente de la Unidad Regional de Policía Científica nos permitió saber que el asesino había limpiado a conciencia el interior del vehículo. No había ni una sola huella, ni siquiera de Isabel Bascuñana. Nada», cuenta el jefe de Homicidios. «El criminal se olvidó, eso sí, de volver a echar hacia delante el sillón del conductor tras aparcarlo. Era evidente que él es un hombre alto. La joven lo llevaba mucho más pegado al volante para poder conducir con comodidad».

La forense dirigió la extracción del cadáver del interior. Protegió las manos de la chica con bolsas de papel, por si hubiera restos epiteliales del agresor bajo las uñas de los dedos, y dio orden de que trasladaran el cuerpo al Instituto Anatómico Forense. La Unidad Regional de la Policía Científica se empleó a fondo en el análisis del vehículo, una vez que lo tuvieron en sus dependencias. Se consideró que el análisis lofoscópico de la bolsa negra podía ofrecer la primera pista del culpable. Quien quiera que fuera el que la mató, posiblemente había dejado sus huellas en el plástico.

Al vehículo le fue aplicada la técnica del ahumado por cianocrilato, implementada por vez primera en 1978 por la Policía Metropolitana de Tokio. Utilizaron el vehículo a modo de cámara hermética. Colocaron la bolsa negra de basura en el asiento de atrás, extendida, tal como la habían encontrado sobre la chica. Dentro colocaron un pequeño recipiente con el producto químico famoso por ser el principal componente de ciertos pegamentos muy comunes. Cuando el cianocrilato se calienta emite unos vapores que generan una reacción que revela las huellas latentes. El cianocrilato se adhiere a los restos aceitosos de las huellas, originados por la sudoración de la piel, endureciendo y fijando el dibujo de las crestas papilares. Es decir, hace visibles las huellas. «La primera prueba que llevamos a cabo resultó negativa. No se encontraron huellas latentes ni en la bolsa negra ni en el interior del vehículo. La limpieza —quien quiera que la hubiera hecho— había sido realizada a conciencia. Hicimos una segunda prueba con la bolsa en la campana de cianocrilato del Laboratorio de la Unidad Regional. Nuevamente se confirmó el negativo», explica Josep María Mateu, jefe de la Unidad de Policía Científica de los Mossos en Lérida.

En ese momento se comisionó a uno de los agentes de la Policía Científica de Lérida para que se trasladara a los Servicios Centrales de Policía Científica en Barcelona, donde había una campana más moderna. El resultado, otra vez, fue negativo. No se apreciaban huellas en la bolsa. «Tenían que estar ahí. Estábamos convencidos. Cuando regresó el agente, tomamos la bolsa de basura y la pinchamos sobre la pared del laboratorio. Decidimos volver a lo básico. Si lo más avanzado no funciona, empleemos lo tradicional. Le aplicamos reactivos magnéticos en polvo. Era nuestro último recurso después de cuarenta y ocho horas de intentos», relata Mateu. «De pronto, allí aparecieron. ¡Once huellas dactilares! Dos de las cuales presentaban más de diez puntos característicos. El Tribunal Supremo exige un mínimo de ocho puntos. La mayoría de las huellas se revelaban en la parte central de la bolsa. Daba la impresión de que era como si hubiera tocado la bolsa para dejar bien tapado lo que hubiera debajo».

Pero lo que tenían todavía no era nada. Eran huellas anónimas, sin identificar, dubitadas, como se las denomina en el lenguaje del oficio. Había que contrastarlas con otras. El coordinador del Área de Investigación de los Mossos en Lérida, Roderic Moreno, dio la orden, tras hablar con Mesalles, de reseñar voluntariamente a todas las personas de los entornos en los que se movía Isabel Bascuñana, a las cuales estaban entrevistando. Así se hizo. Durante los días siguientes el Grupo de Homicidios realizó más de doscientas entrevistas y los de la Policía Científica llevaban a cabo las reseñas dactilares, previa autorización personal de cada individuo. Eran las huellas indubitadas, cuyo origen está constatado, que se compararían con las que se recuperaron de la bolsa de basura que había cubierto el cadáver de la joven, aunque eso no lo revelaron.

La Unidad Regional de Policía Científica también tenía previsto cotejar las huellas que se obtuvieran en el Servicio Automático de Impresiones Dactilares (SAID), la base de datos policial de huellas dactilares que comparten el Cuerpo Nacional de Policía, la Guardia Civil, la Ertzaintza, la Policía Foral de Navarra y los Mossos d’Esquadra.

La noticia del asesinato de la joven fue recogida con gran relevancia en periódicos, radios y televisiones. Lérida es una población pequeña, de ciento cuarenta mil habitantes, e Isabel Bascuñana pertenecía a una familia muy conocida del lugar, con muchos contactos. Además era una estudiante universitaria, joven y muy atractiva. ¿Quién podía atreverse a cometer un crimen como ese en un lugar como Lérida? La psicosis de inseguridad ciudadana se hizo realidad.

Mientras tanto, entre los reseñados entraba Gilberto Antonio Chamba Jaramillo, el controlador del aparcamiento donde todos los días dejaba su coche la estudiante, porque, decía ella, se sentía más segura. En el SAID no apareció porque no estaba fichado en España. Chamba Jaramillo se dejó tomar las diez huellas dactilares. Habría resultado muy sospechoso haberse negado. En esa primera entrevista con los agentes de Homicidios no recelaron nada de él. Era un inmigrante apocado, tímido, que derrochaba educación y cooperación absoluta. Un invisible. «No, no he visto nada», decía. Tampoco recordaba que hubiera dejado ninguna huella en la bolsa. O quizá no sabía que se podían extraer huellas dactilares de ese tipo de plástico y de prácticamente cualquier superficie. Algunas policías científicas europeas ya estaban haciendo pruebas para extraerlas de los cadáveres.

Nadie podía sospechar que ese hombre era uno de los asesinos en serie vivos más importantes de la historia de la América hispana. La sola mención de su nombre todavía provoca miedo y terror entre las jóvenes de Ecuador. Tampoco la policía autonómica catalana sospechaba. Un asesino en serie en Lérida no cabía en sus cálculos, ni en los de nadie medianamente sensato. «Isabel era una joven que estaba muy bien relacionada. Estudiamos el asunto y decidimos abrir tres frentes de investigación: primero, el entorno inmediato de la víctima. Desde la familia a amistades y parejas. Donde subsistiera un móvil sentimental o pasional de trasfondo hacia ella. Segundo, el punto de vista circunstancial, es decir, el encuentro casual o premeditado entre víctima y agresor desconocido. Y tercero, la reconstrucción de las últimas veinticuatro horas de vida, la constatación de todo lo que le había sucedido o pudiera ser consecuencia de su desaparición», continúa explicando Mesalles.

También pidieron permiso a esas mismas personas para tomar pruebas genéticas de cada uno, con la conocida turunda —parecida a un bastoncillo para los oídos, solo que más largo—, que se introduce cómodamente en la boca, pero esto se haría más tarde. El ADN era la prueba reina desde principios del año 2000, cuando su uso había comenzado a generalizarse y a resultar más barato. Los investigadores de los Mossos ya manejaban discretamente la información forense que establecía, sin ningún género de duda, que la joven había sido violada. Eso lo sabía el asesino en serie ecuatoriano. Tenía motivos para preocuparse porque la policía española no era como la ecuatoriana. Si los especialistas en la investigación del código genético en Estados Unidos habían conseguido probar a través del ADN, trescientos años después, que Thomas Jefferson, tercer presidente de la nación, uno de los padres fundadores y autor principal de la famosa Declaración de Independencia de ese país, era el padre del hijo de su esclava negra, Sally Hemings, era cuestión de tiempo que vincularan el perfil genético que le habían tomado con el otro.

A lo largo de los siguientes días la mayor parte de los frentes de investigación dieron negativo, hasta que en la mañana del 30 de noviembre, martes, saltaron todas las alarmas en la comisaría de los Mossos. Gilberto Chamba Jaramillo estaba siendo entrevistado por segunda vez por un equipo de dos agentes. Se mostraba muy nervioso, incómodo y evasivo; quería marcharse de allí. Ya no representaba el papel de inmigrante educado, apocado y tímido, de mosquita muerta. El jefe de Homicidios fue llamado por uno de sus hombres al lugar del interrogatorio. «Este tío está muy raro. Le hemos tomado la prueba de ADN, pero no le ha gustado nada. Ha sido casi contra su voluntad. Tienes que bajar a verlo tú». Mesalles entró en el cuarto donde estaba teniendo lugar la entrevista. Observó al hombre. Hacía calor. Chamba Jaramillo llevaba una camisa de manga corta que permitía ver unos tatuajes en los brazos. «Eran tatuajes talegueros, de la cárcel. No tenían nada que ver con los tatuajes que ahora se pone la gente, por moda. Comenzamos a preguntarle por su origen y él nos contestó que eran cosas pasadas de la juventud. Excusas. Era evidente. Tratamos de extraerle información de su pasado, pero se cerró en banda. “Eso son cosas del pasado, sin importancia”. Cuando salió nos concentramos en él», relata el jefe de Homicidios de Lérida. No sabía quién era, pero no decía la verdad.

Mesalles regresó a su oficina. Sobre su mesa tenía el informe de las últimas llamadas realizadas desde el teléfono móvil de la chica y que nunca apareció. A las 22.00 horas figuraba la conversación con su madre. A las 23.28 «alguien» había realizado una llamada de seis minutos de duración a un teléfono erótico. ¿Quién en su sano juicio llamaría a un teléfono erótico después de matar a una mujer?

El Grupo de Homicidios vigiló, a partir de ese momento, todos los movimientos que Chamba Jaramillo hiciera, al mismo tiempo que solicitaba autorización al Juzgado de Instrucción número 2 de Lérida para intervenir su teléfono. Pocas horas después sabían que Chamba Jaramillo había contactado con varias agencias de viajes y con Renfe. También averiguaron que el día anterior, el 29 de noviembre, una señora, en nombre de Chamba Jaramillo, había llamado a Viajes Iltrida preguntando por precios de avión para volar a Quito o a Caracas. Constataron que había hecho una reserva en firme para el 3 de diciembre en Viajes Sagitario y que había perdido otro, para el día 1, porque padecía una epigastralgia, una inflamación del epigastrio, lo que se conoce popularmente como la boca del estómago. Las causas son múltiples, desde una gastritis, una colitis o una pancreatitis a un estrés de caballo como el que debía de estar sufriendo Chamba Jaramillo ante la certeza de que lo que le restaban eran horas de libertad si no huía de inmediato de España. A sus jefes del AN3, José María Abillar y Joaquín Álvarez, les pidió unos días de permiso para descansar en Canarias. ¡Había sido contratado el 1 de octubre y cincuenta y nueve días después ya estaba pidiendo vacaciones! No entendían nada. Desconocían la verdad.

El jefe de Homicidios comenzó a leer el informe de la autopsia que habían realizado las doctoras Rosa Pérez y Alicia Loste. El cadáver de Isabel presentaba lesiones en el cuello y en la boca, un hematoma en el labio inferior y otros hematomas indicativos de violencia. Sí, estaba claro. Lo que ya sabían: había sido estrangulada y violada. Los restos seminales encontrados en su útero habían sido enviados al Instituto Nacional de Toxicología de Barcelona. La prueba del ADN revelaría quién era el dueño, pero para eso tenían que pasar todavía varias semanas. Las cosas no iban tan rápidas entonces como ahora.

La detención

La mañana del día 1 de diciembre finalmente se produjo la señal que los Mossos habían estado esperando. El jefe de la Policía Científica de Lérida, Mateu, comunicó al coordinador del Área de Investigación, Moreno, y al jefe de Homicidios, Messages, que ya habían identificado al principal sospechoso. «Las huellas de la bolsa de plástico y las pertenecientes a Gilberto Alberto Chamba Jaramillo eran las mismas», cuenta Mateu. «Estábamos seguros, pero seguimos el protocolo. Enviamos las huellas a nuestros compañeros de la Científica de Sabadell y confirmaron la identificación. Sí, las huellas correspondían a la misma persona».

La maquinaria de los Mossos se puso en marcha de una forma implacable. «Decidimos detenerlo de inmediato. Aquella tarde. Desplegamos un total de diez agentes. Lo quise hacer yo personalmente», explica Mesalles. «Cuando lo tuve delante le dije que estaba detenido por la muerte de Isabel Bascuñana y le advertí aquello de que todo lo que diga puede ser utilizado en su contra, tiene derecho a un abogado, etc. Chamba Jaramillo ni se inmutó. No dijo nada. Se dejó llevar mansamente», añade el jefe de Homicidios. Era solo apariencia. Durante el proceso de la reseña dactilar como detenido, que llevó a cabo el propio Mateu, Chamba se transformó psicológicamente. Mostró una actitud agresiva y arrogante y, en algunos momentos, hasta desafiante.

—Que por huellas no será —le dijo, con tono de seguridad, al jefe de la Policía Científica de Lérida.

—Lo que tú digas —le respondió este, dándole una palmada en el hombro.

Y fue por las huellas. Porque el Monstruo de Machala no se derrotó, como dicen en el argot policial al momento en el que alguien confiesa abiertamente. «Lo negó todo y siguió negándolo en el juicio y después del juicio. Hasta ahora», dice Mesalles.

El Monstruo de Machala permaneció bajo la custodia policial de los Mossos d’Esquadra las setenta y dos horas preceptivas que marca la ley. El 4 de diciembre, sábado, fue puesto a disposición judicial. Todas las cadenas de televisión hicieron pública la noticia, dando imágenes de Gilberto Alberto Chamba Jaramillo. «Fue ese día, el sábado, cuando nos enteramos quién era de verdad el detenido: el Monstruo de Machala, el asesino en serie más famoso de Ecuador. Nos enteramos a través del periodista ecuatoriano Walter Amaya, corresponsal en Madrid de Radio Ovación, la primera radio deportiva de Ecuador, que lo conocía y había visto las imágenes en Antena 3 Televisión», añade el jefe de Homicidios de los Mossos de Lérida. «Nos pusimos de inmediato en contacto con Interpol solicitando la certificación de que el sujeto era el mismo Chamba Jaramillo, el Monstruo de Machala. Tardaron seis días en enviarnos la confirmación de la policía de Ecuador. Sí, era él. En España no había ninguna constancia del pasado de Chamba Jaramillo».

Sin embargo, para cuando llegó la información del otro lado del Atlántico, los Mossos d’Esquadra ya habían confirmado su identidad a través de Internet. «Google funcionó, en ese momento, para nosotros, como una base de datos criminal. La primera vez en nuestra historia», confiesa Mateu. «En 2004 tecleamos el nombre “Gilberto Alberto Chamba Jaramillo” y allí salió su historial completo. Asesino en serie ecuatoriano. Ocho mujeres violadas y asesinadas. Fue una sensación de victoria porque sabíamos que con aquella detención habíamos evitado muchas muertes futuras».

La leridana Ana Beltrán, la rumana Iuliana Madalina Onel —que se había casado con uno de sus clientes y había abandonado el negocio—, Mariana de Jesús Briones y Guadalupe Endérica también vieron esas mismas imágenes por televisión. Ana Beltrán tuvo la certeza de que había salvado la vida por los pelos el día anterior; pudo ser su presa. Eduardo había tenido razón. La propia Ana se lo contó a uno de los contactos de los investigadores de los Mossos d’Esquadra. El 9 de diciembre recibió la confirmación personalmente desde la comisaría de la policía autonómica catalana. Iuliana dio gracias a Dios por haber tenido esa capacidad de reacción, cuando le estrujó los testículos, y huyó. Ella también se puso en contacto con los Mossos d’Esquadra de inmediato para contarles sus experiencias, muy valiosas de cara al juicio que tendría lugar en un futuro próximo. A Mariana de Jesús y a Guadalupe se les cayó el mundo encima. El Monstruo de Machala estaba en España. No se estaba pudriendo en una cárcel, como ellas pensaban. ¿Cómo era posible que estuviera aquí? ¿Quién lo había dejado salir de la cárcel si todavía le quedaban seis años de condena por cumplir? ¿Quién le había dejado entrar en España? Eso también se preguntaban los Mossos d’Esquadra.

En diciembre de ese año, 2004, en la comisaría de la policía catalana en Lérida se recibió una llamada de una ecuatoriana, Lidia Riofrío Vega. Tenía algo que contar de Chamba Jaramillo. Fue entrevistada por la gente del Grupo de Homicidios. Riofrío reveló que había coincidido con el Monstruo de Machala en el primer trabajo que este tuvo nada más llegar a España, en la gasolinera «Catalunya y Aragón». Fue entre febrero y mayo de 2001. Chamba Jaramillo la amenazó y le entró tanto miedo que regresó a Ecuador. Allí constató quién era el Monstruo de Machala y qué es lo que había hecho a esas ocho pobres chicas. «Volví a España e informé a mis exjefes de la gasolinera. Les conté quién era la persona que tenían contratada, qué les había hecho a las ocho chicas, pero no me hicieron caso. Me ofrecieron de nuevo el empleo que había tenido. Me negué. No quería estar trabajando con una persona como esa». Si los propietarios de la gasolinera hubieran reaccionado como ciudadanos de bien entonces es posible que se hubieran evitado los males que después tuvieron lugar.

El nacimiento de un monstruo

El primer crimen de Gilberto Alberto Chamba Jaramillo tuvo lugar el 5 de mayo de 1988. La joven se llamaba Cecilia Cajamarca Ríos, y era morena y regordeta. Chamba Jaramillo la recordaba porque fue la reina del barrio de Santa Elena, en Chavala. Una noche Cecilia subió a su taxi. Él la invitó a comer sandía. Luego le dijo abiertamente que quería acostarse con ella y que a cambio le daría una cadenita de oro. A Cecilia le caía bien aquel taxista, pero de ahí a acostarse con él había un mundo. Cecilia se negó y Chamba Jaramillo la mató. Eso sí, muy educado, asistió días después a su entierro. En el cementerio se acercó para darle el pésame a sus padres.

Su segundo objetivo se llamó Grace Camila Huanca. Fue el 30 de octubre de 1991. El cadáver apareció treinta días después en avanzado estado de descomposición. Según declaró Chamba Jaramillo, Grace era amiga suya. Cenaron, la violó y la mató asfixiándola con un cordel o con un cable. Así de simple. De la misma manera fue al funeral, faltaría más, para acompañar a la familia en su pena, como amigo solícito que había sido de la chica.

El 25 de agosto de 1992, diez meses después, Ibelia Benavides cogió el taxi de Chamba Jaramillo. Sufrió la misma suerte que Grace Camila y Cecilia. Cada vez que mataba a una mujer le entraba el temor de que la policía lo fuera a atrapar, pero cuando pasaban los días y veía que no pasaba nada, eso le envalentonaba y le empujaba a repetir. Sentía como si llevara un chaleco a prueba de balas. Podía matar a quien quisiera porque nunca lo iban a agarrar.

Teresa, de catorce años, fue la primera menor que tomó su taxi para que la llevara a una zona residencial de Machala. Al Monstruo no le importaban mucho las edades, solo que fueran jóvenes, estudiantes, bien educadas, limpias… Teresa estaba lo suficientemente desarrollada para ser una mujer. La violó y la estranguló, igual que a Miriam Mercedes Parrales, que paró su taxi el 15 de marzo de 1993. No pudo resistirse. Siempre el mismo modus operandi: violación y estrangulación. A la siguiente, Mariana Elizabet, también se la llevó por delante de igual forma, cuatro días más tarde. Su cadáver apareció entre unos matorrales. Mercy Marlene Rodríguez, directora de la banda de música del colegio Simón Bolívar de Quito, se quedó dormida, sin querer, en el coche de Chamba Jaramillo. Cuando despertó tuvo el mismo destino que las anteriores. Su última víctima en Ecuador, Sara Endérica, de trece años, también se quedó dormida. Fue el 13 de marzo de 1993.

Solo una prostituta corpulenta, y arrojada, igual que la rumana Iuliana, le hizo frente cuando pretendía acabar con ella. Fue ella la que dio todas las pistas que finalmente condujeron a su detención en Ecuador, el 15 de abril de 1993. Chamba Jaramillo tenía entonces treinta y dos años. «Yo las violaba después de muertas, esa era mi satisfacción. Soy culpable, ya confesé con lujo de detalles y no me fastidien más», declaró ante una nube de periodistas el 19 de abril. En su declaración ante la policía dijo: «Primero le ponía una mano en la boca, la otra en la garganta y así las mataba. Pero para asegurarme luego las ahorcaba con una cuerda o alambre». El mismo modus operandi que implementó en el asesinato de Isabel Bascuñana. Repetía patrones.

Chamba Jaramillo, el Monstruo de Machala, fue condenado tan solo a dieciséis años de prisión porque en aquel entonces en Ecuador no se acumulaban las penas. Entró en la prisión de Machala el 23 de abril de 1993. El 5 de julio de 1997 fue trasladado a la de Zaruma, desde donde vio la libertad el 18 de octubre de 2000 gracias a un indulto general extraordinario que lo puso en la calle tras cumplir tan solo ocho años de condena. ¡No se lo podía creer! En eso tuvo mucho que ver la Iglesia. En los diferentes países iberoamericanos existe la costumbre de que la Iglesia católica solicite la amnistía de presos con ocasión de los años jubilares. En el año 2000 Bolivia, Colombia y Ecuador fueron tres países que llevaron a cabo amnistías con ese motivo. En Ecuador la cuestión fue interpretada de un modo excesivamente generoso por el Gobierno en lo que se definió como la «Ley 2 x 1», pues permitió la excarcelación de doscientos cincuenta condenados por crímenes de sangre.

Entre ellos se encontraba Gilberto Chamba Jaramillo, el Monstruo de Machala. La decisión provocó una fuerte reacción pública de protesta, que obligó al Parlamento de ese país a reinterpretar el decreto. Pero era demasiado tarde: el Monstruo de Machala ya tenía su libertad y nadie podía quitársela. Era un hombre libre. Ni en sus mejores sueños, Chamba Jaramillo se había visto fuera de la cárcel antes de 2010. Podía comenzar de nuevo, pero para ello necesitaba tener una hoja de antecedentes penales limpia, requisito imprescindible para obtener el pasaporte ecuatoriano y para la obtención de un permiso de residencia en España. Porque ese iba a ser su nuevo destino. En Lérida le esperaban algunos de sus hermanos, que habían emigrado. No fue nada difícil. Con dinero, en Ecuador, se consigue todo. Chamba Jaramillo posiblemente contrató a una de la miriada de gestorías que se ofrecen a limpiar esos «molestos» antecedentes penales y conseguir el ansiado pasaporte. El 9 de noviembre de 2000, apenas veintiún días después de salir a la calle, tomó un vuelo rumbo a París. Desde allí llegar a Lérida fue extremadamente fácil.

Los indicios obtenidos en la investigación del caso eran aplastantes. No era necesaria la confesión del sospechoso. La División de Policía Científica de los Mossos se concentró en lo que nunca miente: las evidencias. Las huellas de Chamba Jaramillo estaban en la bolsa negra que había cubierto el cadáver de la chica. En el registro de la casa de Chamba Jaramillo, los hombres de Homicidios encontraron bolsas de plástico idénticas a la que colocó encima del cadáver de Isabel. La Policía Científica certificó que eran de la misma clase, estableciendo así su vínculo con el material. También analizaron el polvo encontrado en la ropa de la joven. Se correspondía con el existente en la segunda planta del garaje de L’illa de l’Oci.

El Grupo de Homicidios quiso asimismo comprobar la facilidad de Chamba Jaramillo para regresar a su puesto de trabajo desde el lugar en donde abandonó el coche. Hicieron un cálculo del tiempo que habría tardado cubriendo la distancia a pie entre la calle de Ignasi Bastus, donde se encontró el cadáver, y su lugar de trabajo en el aparcamiento. Lo hicieron de dos formas: caminando rápido y caminando lento. En la primera modalidad, según pudo calcular el mosso que realizó el trabajo, Chamba Jaramillo habría tardado entre 12 o 13 minutos; en la segunda, 23 y 25 minutos. Demostraron que era perfectamente factible.

Pero todavía quedaba la prueba definitiva: el ADN. El informe que, en abril de 2005, remitió el Instituto Nacional de Toxicología de Barcelona al Juzgado de Instrucción número 2 decía que el semen encontrado en el útero de Isabel Bascuñana tenía un propietario único: Gilberto Alberto Chamba Jaramillo. «Recuerdo que el mismo día que lo detuvimos se presentaron en la comisaría una tía y una prima de Isabel Bascuñana. Venían a facilitar sus huellas, ya que habían tenido contacto con el vehículo de Isabel y a averiguar cómo iba la investigación. Yo les dije que no era necesario. Entonces la tía, la mujer más mayor, me miró a los ojos y me dijo a su vez: “Ya lo tenéis, ¿verdad? Ya lo tenéis”. Y se abrazó a mí dándome las gracias. Fue muy emotivo», evoca el jefe de Homicidios de los Mossos d’Esquadra de Lérida. Era evidente que su lenguaje gestual le delató.

Sin embargo, incluso con la prueba definitiva en contra, el Monstruo de Machala siguió negando ser autor del asesinato. Al contrario, él se veía y se presentaba como una víctima. La verdadera víctima de un complot. Así se lo explicó a los Mossos: «Un mes antes de la desaparición de Bascuñana vinieron a verme dos sudamericanos, creo que colombianos, y me dijeron que sabían que yo era el Monstruo de Machala y que debía pagarles cincuenta mil euros para que no me pasara nada. Yo solo pude darles diecisiete mil en pequeños pagos. Entonces se aprovecharon de que un día antes del asesinato de la chica mantuve relaciones con una colombiana y se quedaron con el preservativo para esparcir mi semen por la vagina de la víctima». También trató de convencer a los agentes de policía catalanes de que él no había matado a las ocho mujeres en Machala, que le torturaron para que confesara que lo había hecho y que le habían amenazado con matar a su esposa, a sus dos hijos y a su madre si no confesaba su culpabilidad. Ni Marlon Brando cuando estudiaba en el Actor’s Studio de Nueva York.

«Yo tuve a este hombre ante mí y nunca olvidaré su tranquilidad en los interrogatorios. Durante la instrucción jamás confesó los hechos a pesar de las numerosas pruebas que lo incriminaban. Es, sin duda, una persona enferma, un psicópata», recordaba el magistrado Óscar Solano Prendes9 en diciembre de 2004, el juez ecuatoriano que instruyó en Machala los ocho asesinatos. «Estamos seguros de que no nos equivocamos al condenar a este hombre, pues después de la detención ya no hubo más crímenes de esas características en nuestra provincia. Cuando leí cómo había muerto la estudiante de Lérida y vi el nombre del sospechoso, pensé enseguida en los crímenes que Chamba cometió aquí. Es la misma mecánica».

Chamba repitió la misma historia el día que comenzó su juicio en la Audiencia Provincial de Lérida, ante la Sección Primera, el 19 de octubre de 2006. Añadió un detalle más: que habían introducido su semen a la chica con ayuda de una jeringuilla. Ni su abogado prestó una décima de segundo de atención a su justificación. Ante el tribunal desfilaron Ana Beltrán, Iuliana Madalina Onel, quien lo denunció por intento de asesinato, las médicos forenses, los agentes de Homicidios y de la Policía Científica, las empleadas de las agencias de viajes y todo testigo que se consideró relevante. Contaron con dos peritos de nivel: los psicólogos Vicente Garrido y Montserrat Salvador Salvans. De acuerdo con el informe que presentaron en el plenario, Gilberto Chamba Jaramillo «presenta un perfil de psicopatía sexual integrada con una profunda desviación, la erontofonofilia, o necesidad de sentir placer sexual mediante la unión de la violación y el asesinato en un mismo acto, sin solución de continuidad». El Monstruo de Machala, en pocas palabras, era un psicópata de libro. No un «enfermo», como lo había denominado el juez ecuatoriano Solano Prendes, sino un malvado o un malo de libro. Sabe lo que quiere y lo hace, conociendo las consecuencias de sus actos.

Como era de esperar, Gilberto Alberto Chamba Jaramillo fue condenado a cuarenta y cinco años de cárcel por la violación y el asesinato de María Isabel Bascuñana y por el intento de asesinato y agresión sexual de Iuliana Madalina Onel. «Atrapar a Chamba Jaramillo sin saber que era el Monstruo de Machala, sin saber que era uno de los más importantes asesinos en serie iberoamericanos vivos, fue un éxito completo. Con su detención devolvimos a la comunidad la tranquilidad perdida. En eso consiste nuestro trabajo. En dar seguridad. No obstante, fue un éxito con un sabor muy agridulce para todos, pues fue muy grave lo que ocurrió. Buena parte de los investigadores éramos padres y era muy difícil no contagiarnos emocionalmente y ser objetivos en nuestra tarea. Ojalá no hubiera ocurrido. La implicación y el compromiso del grupo de investigación fue sensacional. Eso fue lo que nos llevó al éxito. En este sentido quiero recordar las facilidades que nos dio el interlocutor familiar y hermano de Isabel, Vicens. Fue una parte fundamental de la investigación. Nos facilitó el acceso a la parte más sensible y que más se protege en una familia: la intimidad», termina contando Sergi Mesalles.

Trece meses después el Tribunal Supremo confirmó la condena de cuarenta y cinco años impuesta por la Audiencia Provincial de Lérida. Mariana de Jesús y Guadalupe, entonces sí, respiraron aliviadas. Se sintieron seguras. El Monstruo de Machala por fin estaba a buen recaudo, para tranquilidad de todos. Gracias a la huella encontrada en una bolsa de plástico.

4
Escupitajo incriminador.
Condenado por guarro

ADN

La mañana del sábado 17 de mayo de 2002 dos jóvenes encapuchados penetraron en la oficina de Correos de la localidad de Berango, colindante con Getxo, a 18 kilómetros al norte de Bilbao. En pocos segundos desalojaron a la empleada y a los clientes y rociaron el mobiliario con líquido inflamable. Después se dieron a la fuga en lo que era una acción clásica de terrorismo callejero o kale borroka, que grupos conectados con la banda terrorista ETA solían llevar a cabo para alterar el orden público y contagiar el desasosiego y el miedo a la ciudadanía. El reloj marcaba las 10.15 cuando salían a todo correr del interior del local en dirección al barrio de Kurtzes, donde tenían preparada una moto para la huida. Durante la carrera se quitaron de la cabeza la ropa que a modo de pasamontañas habían utilizado para ocultar su identidad y la arrojaron a una papelera.

De todo ese proceso fue testigo un ciudadano anónimo que, en ese momento, estaba aparcando su vehículo y oyó los gritos que pronunciaban en euskera, dando vivas a ETA, cuando salían por la puerta de Correos. El hombre —convertido después en testigo protegido—, abandonó los planes que tenía y decidió perseguirlos en su coche, sin apenas pensar en el riesgo que podía correr si era descubierto. Así vio cómo cogían la moto y ponían rumbo este. Durante 15 minutos les siguió muy de cerca mientras marcaba el número de la Ertzaintza en su teléfono móvil y explicaba lo que había ocurrido y lo que estaba haciendo. Perdió su rastro cuando los de la moto se metieron por un paso elevado para peatones, por el que no podía continuar con su coche. Sin embargo, la suerte se alió con este héroe anónimo, porque pocos minutos más tarde se dio literalmente de bruces con una patrulla de la Ertzaintza, la policía autonómica vasca, que ya estaba en marcha para capturar a los delincuentes.

La Ertzaintza rodeó la zona en pocos minutos. La descripción de los dos sospechosos, de la moto y de la matrícula facilitó su arresto apenas una hora después en un pinar cercano a Sopelana, a 3 kilómetros de distancia al noreste de Berango. Los asaltantes de la oficina de Correos fueron identificados como Martín Etxegarai y Orkatz Gallastegi Sodupe, los dos de diecinueve años. El segundo tenía antecedentes policiales. Había sido detenido y procesado por su participación, el 3 de noviembre de 2001, en el incendio de un autobús de la compañía Eusko Tren, en Berango, y estaba en libertad provisional bajo fianza. La conexión de Gallastegi con ETA tenía, además, un aspecto muy familiar y directo. Era el hermano pequeño de las etarras Irantzu y Lexuri, encarceladas en ese momento en Francia. Irantzu, alias Amaya, había sido arrestada en París en 1999 junto al dirigente de la banda terrorista José Javier Arizkuren Ruiz, alias Kantauri. Constaba en las bases de datos de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado como miembro del Comando Donosti, que llevó a cabo los asesinatos del concejal del Partido Popular en Ermua, Miguel Ángel Blanco, y del abogado socialista Fernando Múgica, entre otros muchos. Lexuri, por su parte, había sido detenida el 2 de mayo de ese año en la localidad gala de Niort junto a cuatro miembros de ETA. Antes, según fuentes de la inteligencia, había formado parte del Comando Madrid hasta que fue desarticulado en noviembre de 2001. Los dos jóvenes pertenecían a la organización juvenil Segi, la cual había sido ilegalizada en España en febrero de 2002 por el juez Baltasar Garzón al constatar que perseguía los mismos fines que ETA. Segi había nacido en junio de 2001 y seis meses después, en diciembre, ya estaba incluida en la lista europea de organizaciones terroristas. En 2007 el Tribunal Supremo la declaró oficialmente organización terrorista vinculada a ETA y decretó su ilegalización final.

Pocos días después, la Ertzaintza entregó a los dos «cachorros» de ETA al magistrado del Juzgado Central de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional —el órgano judicial competente para investigar y juzgar todos los delitos terroristas en España—, Guillermo Ruiz de Polanco. Tanto Etxegarai como Gallastegi se mostraron muy sobrados durante sus respectivos interrogatorios en el despacho del magistrado, con vistas a la calle de Génova, en Madrid.

—Yo no sé nada de lo que usted me cuenta. Yo no tuve nada que ver con eso —le dijo Gallastegi al magistrado.

—Pues sepa usted que tenemos un testigo que no solamente los vio, sino que los siguió…

Los dos ensombrecieron la cara al escuchar el parlamento del juez, porque contaban con el miedo de la gente y su silencio. Nadie, ningún ciudadano, se había atrevido a plantarles cara y menos a acusarlos en Euskadi. Habían escuchado, sí, la historia sucedida el año anterior, referida a lo que la prensa también definió como «héroe anónimo». Un sujeto, cuya identidad habían protegido, había visto cómo Ana Belén Egüés Gurrutxaga, alias Dolores, y Aitor García Aliaga, alias Óscar, hacían estallar un coche bomba con treinta y cinco kilos de dinamita el 6 de noviembre de 2001 en la madrileña calle de Corazón de María. Ese héroe anónimo siguió al Ford Escort en el que se montaron los etarras y fue contando a la Policía, a través del teléfono móvil, por dónde se escapaban y cómo más tarde abandonaban el vehículo en un descampado cercano a la calle de José de Hierro y continuaban a pie. Gracias a su colaboración la policía los detuvo, apenas 15 minutos después, en el cruce de las calles de la Mandarina y Ciconia. Poco podía sospechar Gallastegi que su detención se había producido de una manera muy similar. No todo el mundo en el País Vasco estaba paralizado por el miedo.

A los ojos del profesional de la kale borroka, las calles de las ciudades vascas eran poco menos que una fiesta de destrucción. En el año 2000 el número de actos terroristas callejeros había llegado a 581; en 2001 alcanzó los 552. En mayo de 2002 ya habían llegado a los 269. «¿Un testigo que nos vio? —debió de preguntarse Gallastegi—. ¿Quién puede tener redaños a estas alturas?». Menos mal que la justicia no tenía conocimiento de otras actividades similares, como el atentado contra la sucursal de La Caixa en Getxo el 15 de marzo anterior, debió de pensar. Fue por la noche, y no había nadie. No había pruebas. Se equivocaba.

El juez Ruiz-Polanco ordenó su procesamiento y su ingreso en prisión, si bien pocas semanas después fue puesto en libertad provisional bajo fianza. Pero no por mucho tiempo, porque Gallastegi fue otra vez detenido por la Ertzaintza el 24 de octubre de 2002, en conexión con nuevos «delitos de sabotaje y estragos contra bienes inmuebles de titularidad pública». Por esta circunstancia fue trasladado a las dependencias centrales de la policía autonómica vasca, donde se le aplicó la legislación antiterrorista, permaneciendo incomunicado durante las primeras setenta y dos horas.

Sorpresa, sorpresa

Orkatz Gallastegi Sodupe, ya con veinte años recién cumplidos, sorprendió a los agentes de la Ertzaintza con la revelación de que no solo era un alborotador callejero —que eso ya lo sabían—, sino que había desempeñado un papel vital en el asesinato del magistrado de la Audiencia Provincial de Vizcaya, en Bilbao, José María Lidón. Gallastegi, según confesó a los policías vascos, vigiló a Lidón a lo largo de dos semanas y en días alternos. Registró su horario habitual de salida del domicilio y su regreso, el vehículo que utilizaba, el itinerario que recorría y las medidas de seguridad que solía tomar; porque carecía de cualquier tipo de protección. Luego entregó estos datos a los componentes del Comando Vizcaya de ETA. Sin esa información, Hodei Galarraga y Egoitz Gurentxaga jamás habrían podido abatir a tiros al magistrado Lidón la madrugada del 7 de noviembre de 2001 cuando salía del garaje de su domicilio en coche, acompañado de su esposa, María Luisa Galarraga, quién salió indemne. No fue necesario lanzar una campaña de búsqueda y captura de los dos asesinos: habían muerto apenas un mes antes, el 23 de septiembre, cuando estalló un artefacto explosivo que estaban manipulando en el interior de un coche en Basurto, Bilbao.

Gallastegi era un hombre peculiar. Una de las costumbres que más lo singularizaban era su propensión a echar escupitajos cada dos por tres. Era una forma de aplacar el nerviosismo, una descarga de testosterona. Esto la Ertzaintza10 lo tuvo muy en cuenta. Como el resto de las policías científicas del CNP, de la Guardia Civil y de los Mossos d’Esquadra, la policía vasca estaba construyendo discretamente una base de datos de ADN de asuntos criminales, con especial atención a los delitos terroristas. De hecho, desde hacía más de un año la Unidad de Policía Científica de la Ertzaintza recogía todo tipo de indicios que tuvieran que ver con el terrorismo y los introducía en su base de datos de ADN.

Gallastegi no fue una excepción. Durante los días en que fue interrogado e incomunicado en una celda, el nerviosismo le hacía beber mucha agua y eso le producía necesidad de ir al servicio. El calabozo en el que había sido confinado no tenía retrete, como otros muchos. Para llamar la atención solía golpear la puerta con fuerza: «¡Tengo que mear!». Un agente le abría la puerta y le conducía a un servicio que estaba a pocos metros. Cuando ocurría eso, el agente observó que Gallastegi tenía por costumbre echar un escupitajo al suelo de la celda. Era una forma de desafío y también de descarga de tensión. De desafío porque ensuciaba con su saliva un lugar que debía permanecer limpio. No se suele escupir en el interior de los edificios, por lo que si se hace constituye una forma de marcar el territorio, como diciendo «No me dais miedo (¿o sí?), por eso lo hago».

Para la Ertzaintza aquello era un auténtico tesoro. Con toda seguridad Gallastegi se negaría a entregarles voluntariamente una prueba de ADN, y para exigírsela había que solicitar un mandamiento judicial. Aquel escupitajo abandonado en el suelo era una prueba de ADN limpia y sin contaminación que el joven había arrojado sin importarle su destino. Era como tirar al suelo un paquete arrugado de tabaco y olvidarse de él. Con esa acción estaba declarando que se desentendía del destino que pudiera tener sus restos genéticos. Sin perder un segundo, el agente avisó a la Unidad de Policía Científica y a la siguiente oportunidad el investigador tomó una muestra del esputo y lo remitió al Laboratorio de Genética Forense de la Ertzaintza. Allí se procesó y se comparó con las muestras de delitos sin resolver que esperaban resolución.

Varios días después los funcionarios del Laboratorio de ADN de la policía vasca tenían ante sí la secuencia de datos que conformaba el código digital del ADN de Gallastegi, una sucesión de números en apariencia aleatoria. Introdujeron los datos y el sistema informático lo vinculó con el ADN recogido en la inspección ocular de un atentado realizado contra la sucursal de La Caixa, en Getxo, llevado a cabo el 15 de marzo anterior. Era un caso sin resolver. Tres jóvenes encapuchados con camisetas y protegiendo sus manos con guantes de látex habían colocado un artefacto explosivo e incendiario en el cajero de la citada sucursal, que se encontraba en los bajos de un inmueble de viviendas, en la calle de Iturgitxi. El artefacto estaba compuesto por una carga de pólvora pirotécnica que había sido unida, mediante cinta adhesiva plástica de color marrón, a cuatro bombonas de cámping gas de ciento noventa gramos. Habían dejado en el suelo, junto al cajero, pero separada del artefacto, una garrafa de plástico con cinco litros de líquido inflamable. La ignición se produjo mediante un tramo de mecha que llevaba unido al extremo de la misma un propulsor de cohete de pirotecnia. Cuando se accionó el explosivo estallaron los cartuchos de gas y aquello devino en una fuerte explosión que provocó desperfectos de gran consideración en la entrada de la sucursal; los escaparates y las puertas exteriores quedaron literalmente destrozadas, al igual que los techos y la luminaria y, por supuesto, el cajero automático. Gracias a la providencia el líquido inflamable de la garrafa no llegó a arder. Eso evitó que los daños no fueran tan elevados como los terroristas habían previsto y que las viviendas colindantes se vieran seriamente afectadas. Los bomberos apagaron con facilidad el fuego que se produjo a continuación.

Los agentes de la Sección de Inspecciones Oculares de la Erztaintza llegaron poco después. Como primera medida acotaron la escena del crimen para llevar a cabo su procesamiento, con la misión de encontrar el hilo para desenredar aquella madeja. En aquel tiempo muy poca gente sabía del gran impulso que la policía vasca le había dado a la aplicación del ADN en la investigación criminal. Una de las costumbres de los jóvenes cachorros de ETA cuando llevaban a cabo atentados de ese tipo era despojarse de inmediato de la ropa que usaban para enmascarar sus caras y ocultar su identidad. Gallastegi no era una excepción. A unas decenas de metros de la sucursal, en una papelera, los «científicos» de la Ertzaintza hallaron unos guantes de látex y dos camisetas, una roja y otra blanca. Las pruebas fueron entregadas al Laboratorio de Genética Forense. Los técnicos de ADN encontraron restos epiteliales «en cantidad mínima, pero suficiente» para obtener el ADN del dueño en una de ellas: la roja. La primera búsqueda que realizaron entonces en la base de datos de ADN había dado resultado negativo, pero el ADN de aquel escupitajo cambiaba las cosas. Tenían a Gallastegi.

El juicio del escupitajo

Dos años y seis meses después Gallastegi fue juzgado por la Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional por un delito de daños terroristas a la citada sucursal. El tribunal estaba formado por tres magistrados de larga experiencia en este campo: Ángela Murillo, la presidenta, Luis Martínez Salinas y Raimunda de Peñafort Lorente Martínez, la ponente, una de las mentes jurídicas más agudas de la moderna justicia española.

A ella se debe la enunciación original de lo que después se conoció como la «doctrina Parot», que afecta a todos los terroristas condenados con el Código Penal de 1973. Este código permitía la redención de penas de hasta doce años por trabajo o por estudios (un día de redención por cada dos de trabajo). De acuerdo con dicho Código Penal, el máximo tiempo de cumplimiento en prisión tenía que ser de treinta años, lo que quería decir que daba lo mismo que un etarra matara a una, diez, quince, veinte o trescientas personas y fuera condenado a diez mil años, porque la pena se refundiría en una sola de treinta años. Sin embargo, jamás se llegaba a ese límite: los condenados salían de prisión a los dieciocho o veinte años cumpliendo solo dos tercios de la condena, porque la redención se aplicaba a ese límite máximo de cumplimiento, como si fuera una sola sentencia.

Raimunda de Peñafort fue la primera que estableció que dichas redenciones no debían aplicarse a esa sola sentencia refundida, sino que debería seguir haciéndose de forma individual, de pena en pena. La consecuencia práctica es que el condenado tiene que cumplir íntegros los treinta años establecidos por la ley, sin tener ninguna posibilidad de salir antes de la cárcel. Esto ha impedido que más de noventa terroristas de ETA condenados por delitos de sangre y por colaboración con banda armada hayan visto la calle a los veinte años de cumplimiento de sus condenas refundidas. La «doctrina Parot» tomó su nombre de Henri Parot, autor del atentado contra la casa-cuartel de Zaragoza en el que ETA asesinó a once personas, entre ellas cuatro niños. Parot fue el primero al que le fue aplicada por el Tribunal Supremo esta doctrina, en su sentencia 197/2006. «Extinguida la pena, con las redenciones y beneficios que le puedan ser aplicables, comenzará el cumplimiento de la siguiente y ello por el orden sucesivo de su respectiva gravedad. De modo que si el penado ingresó en 1990, finalizará el máximo cumplimiento en 2020», estableció el Supremo en aquel fallo histórico.

«Es de sentido común», declaró a los autores de este libro la magistrada. «Lo que no tiene ningún sentido es que un terrorista, después de matar a treinta o cuarenta personas, cumpla tan solo dieciocho años de cárcel. No le puede entrar a nadie en la cabeza y ningún ciudadano con dos dedos de frente podía entender ese estado de cosas. ¿Van a volver a la vida los que fueron asesinados por ellos? Por eso ha habido que pensar y ser valiente para dar este paso».

Gallastegi se enfrentaba, por lo tanto, con tres magistrados que habían dedicado buena parte de su vida, de su inteligencia y de sus esfuerzos a hacer justicia frente a ese dragón destructor llamado terrorismo. «Hay que ser firme y hay que ser justo», solía decir la magistrada Lorente Martínez. Y añadía: «Y no hay que tener miedo; hay que aplicar la ley porque para eso nos pagan».

Orkatz Gallastegi compareció en la principal sala blindada, en el sótano de la Audiencia Nacional.

—Niego haber intervenido en los hechos que se me imputan. Fui torturado en la comisaría. Me hicieron declarar lo que quisieron contra mi voluntad y me obligaron a firmar una declaración que ellos [los agentes de la Ertzaintza] habían fabricado. Lo que consta en mi declaración me lo dictaron y luego me obligaron a memorizarlo.

—¿Recuerda usted si fue asistido por un abogado? —le preguntó la presidenta.

—No lo recuerdo.

En la declaración policial que formaba parte del sumario constaba que fue asistido por un abogado durante el interrogatorio y que Gallastegi no había formulado queja alguna. Cuando pasó bajo control judicial fue reconocido por la médico forense de la Audiencia Nacional y, aunque refirió haber sido golpeado, se negó a desnudarse para que pudieran ser examinados los supuestos golpes. Lo que hizo pensar, en buena lógica, que los mismos no existían. No podía explicarse, de otra forma, esa negativa.

Gallastegi había reconocido ante la policía vasca que había sido el «dinamizador» de la kale borroka en la zona Uribe-Costa, en la que se enmarcaba Getxo, desde que regresó de Irlanda en el verano de 2001. Y también que era el encargado de comunicar por teléfono a los diarios Egin y luego a Gara las reivindicaciones de sus acciones. Ante el tribunal lo negó todo.

Como todo el mundo sabe, el acusado en el sistema judicial español no está obligado a jurar o prometer decir la verdad —como ocurre en el anglosajón—, sino que puede literalmente contar lo que quiera y como quiera o negarse a declarar. Puede guardar silencio. No declara y no ocurre nada, el juicio continúa su singladura. Si opta por hacerlo, como fue el caso, sus palabras se verán contrastadas por otros testimonios y por algo más temible: las pruebas. Como suele decir Gill Grissom, el personaje principal de la serie CSI Las Vegas en su primera etapa, «olvida al sospechoso y focalízate sobre las únicas cosas que no mentirán: los hechos». El espíritu de Grissom presidió la vista en el desfile que comenzó por la sala de vistas desde el preciso momento en que Gallastegi volvió al banquillo de los acusados. Primero fue el agente de la Ertzaintza que recogió de una papelera próxima al lugar de los hechos los guantes de látex y las dos camisetas, roja y otra blanca, donde se encontraron los restos genéticos del acusado.

—Sí, yo los encontré. Recuperamos las pruebas del fondo de la papelera, las procesamos y las trasladamos al Laboratorio de Genética Forense —declaró.

A este le siguió el funcionario de la policía vasca que recogió el esputo del suelo de la cárcel.

—Sí, me pidió ir al baño. Le abrí la puerta. Vi cómo escupía en el suelo de la celda. Lo llevé al servicio y asigné a un agente en la puerta. Mientras, volví a la celda y, con una torunda que me habían facilitado los compañeros de la científica, recogí parte del esputo y lo sellé. Luego lo remití a la Unidad de Policía Científica.

—¿Pidió usted consentimiento del detenido para tomar esa muestra? —le preguntó el abogado defensor de Gallastegi, Alfonso Zenón.

—No —contestó el policía.

La siguiente en declarar fue la médico forense de la Audiencia Nacional, que explicó al tribunal haber reconocido al acusado cuando pasó a disposición judicial, pero que se negó después a mostrar las partes del cuerpo que supuestamente habían sido golpeadas por la policía vasca durante su detención. A continuación subieron al estrado dos peritos, miembros de la Unidad de Policía Científica de la Ertzaintza, destinados en el Laboratorio forense, los responsables del análisis de ADN que había señalado a Gallastegi como el propietario del código genético obtenido en Getxo y en la celda de la comisaría de la policía vasca en Bilbao.

—¿El ADN que ustedes han comparado pertenece al señor Gallastegi? ¿Están ustedes seguros? —les preguntó la presidenta del tribunal, Ángela Murillo.

—Sí, señoría, no hay ninguna duda —contestaron.

La defensa de Gallastegi, en su estrategia, trató de contrarrestar de un modo frontal las pruebas de ADN con una contrapericia, un informe que elaboró la perito María Ángeles Martínez de Pancorbo, atacando la toma del ADN de la celda, la del escupitajo. Si el tribunal aceptaba que había habido una irregularidad en ese acto y, como consecuencia, la anulaba, habían ganado. Gallastegi quedaría libre por falta de pruebas. La perito, a preguntas del abogado defensor, explicó que tal muestra no podía tomarse como indubitada, porque para hacerlo tenían que haber informado al sospechoso y haberle pedido el consentimiento para analizarlo. Abogado y perito se ejercitaron a fondo en un intento que después probó ser huero, como quedó reflejado en la sentencia que redactó la magistrada Lorente Martínez y que suscribieron los tres magistrados del tribunal por unanimidad: «En cuanto a la evidencia indubitada, tratándose de un esputo arrojado en la celda por el acusado, el tribunal considera indubitado al haber declarado en juicio como testigo el policía que lo recogió, no requiere consentimiento ni autorización judicial, al tratarse de una muestra arrojada y abandonada voluntariamente por parte del que escupe».

Y continúa: «El tribunal considera que el resultado positivo del estudio biogenético de los restos epiteliales hallados en la camiseta roja, al ser coincidente con el perfil genético del acusado extraído de su saliva, se considera prueba suficiente que evidencia la participación del mismo en los hechos que se enjuician. Dado que también resulta probado que uno de los sujetos que colocaron el artefacto explosivo en el recinto del cajero cubría su rostro con una camiseta roja y portaba guantes de látex, sin que ofrezca duda de que esas prendas fueran las mismas halladas por los agentes de la policía en una papelera próxima a dicho recinto momentos después de que se produjera la explosión». Para concluir el fallo del tribunal: «La tesis de la defensa del acusado, consistente en que este pudo dejar una camiseta abandonada en algún lugar y ser utilizada por otra persona, no suscita duda alguna al tribunal por cuanto en el análisis de la camiseta no se encontraron restos con perfil genético de cualquier otra persona». El tribunal llegó a la convicción de que la verdad de los hechos coincidía con el relato del ministerio fiscal. Gallastegi fue uno de los autores del atentado contra la sucursal de La Caixa en Getxo. Sin sombra de dudas.

Condenado

Gallastegi, como consecuencia, fue condenado por un delito de daños terroristas (artículo 577 del Código Penal en relación con el 266), «concurriendo la circunstancia modificativa de la responsabilidad criminal de disfraz» (la utilización de una camiseta a modo de verdugo para ocultar su personalidad), a seis años de prisión. El autor «comete el hecho con el ánimo evidente y notorio de subvertir el orden constitucional o alterar la paz pública, finalidad de la denominada kale borroka, siendo el objetivo de sus acciones violentas plenamente coincidente con los fines de la banda terrorista ETA, a la que complementan intentando amedrentar y soliviantar al conjunto de la sociedad vasca alterando la paz pública y procurando así la desestabilización social e institucional». A la magistrada Lorente Martínez le gustaba redactar muy claras sus sentencias para que fueran entendidas por todos, no en vano era profesora universitaria. Llevaba muy a gala la necesidad de ser entendida y de transmitir sus conocimientos a sus alumnos con una seguridad del cien por cien.

Sin embargo, la cosa no quedó ahí. La defensa de Gallastegi apeló, con toda celeridad, en casación ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, enarbolando la misma argumentación que había expuesto ante el tribunal de la Audiencia Nacional. Solicitaron que la sentencia fuera casada, es decir, anulada. La sentencia del alto tribunal se hizo pública apenas seis meses después, el 14 de octubre. En este caso el magistrado ponente fue José Antonio Martín Pallín, conocido por sus ideas progresistas. El magistrado centró con claridad el contencioso: «Toda la argumentación se centra en torno a la forma en que se realiza la toma de muestras orgánicas al acusado […]. El único problema que pudiera suscitarse es el relativo a la demostración de que la muestra había sido producida por el acusado, circunstancia que en absoluto se discute por el propio recurrente, que solo denuncia la ausencia de intervención judicial», explicó en la sentencia de casación. Traducido: el señor Gallastegi no pone en tela de juicio que el escupitajo fuera suyo, solo que fue tomado sin la supervisión de un juez.

Para sorpresa de la defensa de Gallastegi, Martín Pallín consideró que en ese caso no entraba en juego la doctrina consolidada de la necesaria intervención judicial para autorizar la toma de muestras de ADN. En esta ocasión se había llevado a cabo «por razones de puro azar». «Los restos de saliva escupidos se convierten así en un objeto procedente del cuerpo del sospechoso pero obtenido de forma totalmente inesperada». No es necesaria, por lo tanto, autorización judicial. Martín Pallín, además, señalaba que la representación letrada de Gallastegi había admitido que los protocolos de obtención de la muestra, de su método de tratamiento, el análisis realizado y su conservación se habían ajustado a las previsiones establecidas por la Ertzaintza. «La impugnación de sus resultados solo era posible sometiendo a una discusión técnico-científica el resultado del análisis y su comparación con la muestra obtenida […]. Esta prueba científica no ha sido solicitada», decía la sentencia, que terminaba rechazando el recurso de casación de Orkatz Gallastegi Sodupe, convirtiendo así en firme el fallo de la Audiencia Nacional: seis años de prisión.

Esta sentencia se convirtió en lo que los juristas internacionales consideran un leading case, un caso que cambia el sentido de la jurisprudencia que, hasta ese momento, venía aplicándose en el alto tribunal. Hasta entonces las pruebas tomadas de esa manera eran anuladas al no contar con la autorización y la supervisión judicial. De hecho la defensa de Gallastegi había conseguido un rotundo éxito el 12 de mayo, ante la misma Sala Segunda, por un caso similar, con el mismo acusado en el estrado. En aquella ocasión el alto tribunal anuló la sentencia de ocho años de prisión impuesta por la Audiencia Nacional por el incendio de un autobús en Berango el 3 de noviembre de 2001. La capucha empleada por Gallastegi había sido una manga de jersey con tres agujeros que fue recogida, otra vez, de una papelera por agentes de la Ertzaintza. El mismo escupitajo fue también la prueba indubitada.

Tres años después, en enero de 2008, el Tribunal Supremo, con Martín Pallín como ponente, confirmó otra vez esta línea jurisprudencial, concediendo validez a las pruebas genéticas obtenidas por las Fuerzas de Seguridad del Estado sobre restos orgánicos atribuidos a personas procesadas por terrorismo callejero o kale borroka. En este caso el alto tribunal confirmó el fallo dictado en marzo de 2007 por la Audiencia Nacional contra —otra vez— Orkatz Gallastegi Sodupe, Gaizka Gañán Ramiro y Aimar Hidalgo Lertxundi, condenados cada uno de ellos a siete años y seis meses de prisión por quemar un autobús en Getxo el 11 de agosto de 2000. Los tres jóvenes pararon el vehículo, obligaron a bajarse al conductor y a los viajeros y luego arrojaron en el interior del autobús varios cócteles molotov que provocaron su quema total así como la de los vehículos aparcados en las inmediaciones, además de incendios en tres inmuebles. En esa ocasión la Ertzaintza se sirvió de una colilla y dos esputos arrojados por los acusados en el lugar de los hechos. La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo estableció, sin lugar a dudas, que la recogida y análisis de este tipo de muestras no invadía la integridad corporal de los acusados, por lo que no era necesaria autorización judicial alguna.

El joven extremista fue también condenado a nueve años de cárcel por el incendio de la oficina de Correos de Berango, gracias al testimonio del héroe anónimo que facilitó su detención tras su huida a lomos de una moto en compañía de Martín Etxegarai.

Acusado del asesinato del magistrado Lidón

Tras su detención, en octubre de 2002, Gallastegi se convirtió en un asiduo de las salas de vistas de la Audiencia Nacional. En noviembre de 2005 compareció para responder en solitario por el asesinato del magistrado y profesor de Derecho de la Universidad de Deusto, José María Lidón. El juez había llamado la atención de la caverna separatista en 1997, cuando dictó una polémica sentencia condenando a un joven a diez años de cárcel por lanzar dos cócteles molotov contra agentes de la Ertzaintza. En 1981 fue ponente de la sentencia que condenó a nueve miembros de la Benemérita por haber torturado al padre de un miembro de ETA, Tomás Linaza, mientras estuvo detenido en el cuartel bilbaíno de La Salve.

Sentado dentro de la cámara blindada, vestido con pantalones vaqueros, camiseta y una chaqueta de lana beige, miraba hacia el público con cara de sorpresa, cruzando los brazos sobre su regazo. Gallastegi negó ante el tribunal —como antes lo había hecho ante el juez central de instrucción—, lo que había declarado ante la Ertzaintza: que él había vigilado al magistrado asesinado a lo largo de dos semanas y que había pasado esa información a ETA. Acusó a los agentes de la policía vasca que lo interrogaron de haberlo torturado para que se autoinculpara.

El abogado de oficio que asistió a Gallastegi durante el interrogatorio de la Ertzaintza declaró como testigo. Manifestó ante el tribunal que en ningún momento las respuestas habían sido inducidas por los agentes. «No vi ninguna anormalidad durante el interrogatorio. Si hubiera visto algo irregular lo habría hecho constar, como es mi obligación», manifestó, y reveló que Gallastegi contestaba a las preguntas que le hacían los agentes de la Ertzaintza dando mucha explicación y no con monosílabos. Sobre las supuestas torturas, el letrado explicó que se había fijado en una marca que Gallastegi tenía en la parte interior del antebrazo. «Le pregunté a qué se debía y él me explicó que era una lesión de cuando era pequeño. Le dije que tenía derecho a que fuera reconocido por un forense, pero me contestó que no, que era una marca antigua», añadió.

El momento emocionalmente más intenso del juicio se produjo cuando María Luisa Galarraga, viuda del magistrado, fue interrogada. La mujer iba en el coche con su marido cuando salían del garaje de su casa en Getxo, a las 7.20 horas del 7 de noviembre de 2001. Delante de ellos, en otro coche, iba su hijo, Íñigo Lidón, que se situó delante del coche de sus padres y que —explicó— casi atropelló a uno de los terroristas que estaban esperando junto a la salida del aparcamiento. «Cuando estábamos saliendo por la puerta del garaje una persona muy rara se acercó a la ventanilla de mi marido. Luego vi cómo disparaban contra él. No podía creer lo que estaba pasando. Comencé a hacer gestos para que pararan el ataque. En ese momento vi cómo un segundo terrorista, más corpulento, con una gorra echada hacia atrás, me apuntó con su revólver. Me miró y echaron a correr, huyendo». Íñigo Lidón, por su parte, vio por el espejo retrovisor cómo abatían a tiros a su padre. Salió rápidamente del vehículo y corrió a abrazar a su madre. Tres testigos presenciales coincidieron con la mujer y el hijo de Lidón en la descripción de los terroristas. Los dos vestían ropa deportiva. El primero, el que disparó a quemarropa contra Lidón, era delgado e iba ataviado con un gorro de lluvia. El segundo, más corpulento, llevaba una gorra echada hacia atrás y disparó al coche desde la parte delantera del vehículo. El magistrado fue alcanzado por tres impactos mortales; se dispararon cinco balas.

Los autores materiales del atentado fueron los terroristas del Comando Vizcaya Hodei Galarraga y Egoitz Gurentxaga, que en el momento en que se estaba celebrando el juicio, como dijimos, llevaban muertos dos años y dos meses. Del interior del vehículo, los agentes de la Policía Científica vasca recuperaron un arma. Las pruebas balísticas que se le realizaron demostraron que había sido utilizada en el asesinato de Lidón. El atentado tenía un gran valor propagandístico para ETA por dos razones: porque apenas veinticuatro horas antes había sido desarticulado el Comando Madrid y, por lo tanto, era necesario un golpe de efecto para acallar las voces que ponían en tela de juicio la capacidad operativa de la organización; y porque era el primer juez asesinado en el País Vasco. Era un aviso para navegantes de la Administración de Justicia, para hacerles saber que ellos, a partir de ese momento, podían ser también objetivo terrorista.

De acuerdo con el fiscal, Orkatz Gallastegi llevó a cabo el seguimiento de Lidón durante dos semanas y en días alternos desde una plaza que está muy cerca de la casa del magistrado o caminando por las calles. Dicho «servicio» le fue requerido por el supuesto etarra Urtzi Murueta Gondra, que fue quien le facilitó la dirección privada del juez, según contó a los ertzainas el propio Gallastegi durante su detención. Una vez que recabó toda la información sobre Lidón, se la hizo llegar a Murueta y este, a su vez, supuestamente se la entregó al comando que llevó a cabo el asesinato. Gallastegi también reveló a los agentes de la Ertzaintza que había vigilado a un concejal del PP de Neguri y a dos ediles, uno del PP y otro del PSOE, de Berango. Gallastegi dejaba la información a su contacto de ETA en dos zulos en el monte de la Ikastola Ander Deuna y este, al parecer, la recogía después.

El tribunal consideró probado que Gallastegi recabó la información que posibilitó a ETA cometer el crimen del magistrado José María Lidón. En consecuencia lo condenó a veintiséis años de prisión por un delito de asesinato. Urtzi Murueta, por su parte, fue extraditado desde Francia para ser juzgado por su implicación en la muerte de Lidón. El silencio de Gallastegi ante los jueces y la ausencia de otras pruebas concluyentes impidieron que Murueta fuera condenado por este delito, por lo que el tribunal decretó su absolución.

El Supremo, otra vez

La Sala de lo Penal, la Sala Segunda del Tribunal Supremo, confirmó la condena impuesta por la Audiencia Nacional a Gallastegi, año por año, pero no fue una decisión en absoluto pacífica. Las declaraciones de Gallastegi habían sido introducidas en el juicio oral por medio de la prueba testifical de los agentes de la Ertzaintza y el Supremo apoyándose en la sentencia 80/91 del Constitucional, en la que se había abordado un caso similar y que afirmaba que la declaración prestada por un acusado ante la policía puede, de un modo excepcional, servir como prueba de cargo cuando, en el curso de la vista oral, se pueda permitir a la defensa «someterla a contradicción». O lo que es lo mismo, cuando una vez leída la declaración realizada ante la policía, las partes —la defensa, la Fiscalía y las acusaciones particulares y populares si las hubiere— pueden formular preguntas al acusado y cuando esa declaración sea corroborada en la vista pública por aquellos funcionarios que la tomaron o que asistieron al detenido en comisaría durante el interrogatorio (policías y abogado defensor).

De acuerdo con el criterio mayoritario de la sala, a priori no debe cuestionarse la imparcialidad de los policías en el juicio, ya que supondría «partir de una inaceptable presunción de generalizado perjurio y de una irreal capacidad para efectuar aclaraciones, precisiones o matizaciones sobre las circunstancias por ellos percibidas de cómo tuvo lugar la declaración». Los magistrados Andrés Martínez Arriega y Diego Ramos se mostraron en desacuerdo con el sentir mayoritario de la sala, emitiendo dos votos particulares que no modificaron el resultado final: los veintiséis años de cárcel a Gallastegi por participar en el asesinato del magistrado José María Lidón.

Gallastegi tuvo todo el tiempo del mundo, desde entonces, para reflexionar sobre su costumbre de arrojar escupitajos al suelo.

5
Edmond Locard
en el crimen de Tudela.
Asesinato de un hincha del Barça

Transferencia de pintura e infografía

Felicidad total. Sin matices. Aquella tarde-noche del 10 de abril de 2010 era un día que un culé, un hincha del Barcelona, siempre recordará. Y el tudelano Javier Martínez Llort, de treinta y dos años recién cumplidos, lo era. De pura cepa. A las seis de la tarde el Regal F. C. Barcelona había jugado un crucial partido de baloncesto contra el Real Madrid en el Palau Blaugrana en la jornada vigésimo novena de la Liga ACB. Era la octava vez que se habían enfrentado en lo que iba de temporada y el Barça había vuelto a ganar (siete victorias frente a una derrota). En esta ocasión había conseguido un marcador de 78 a 73. Los jugadores Ricky Rubio y Juan Carlos Navarro, orquestados por el entrenador Ettore Messina, habían hecho morder el polvo a un Real Madrid impotente. Con esa victoria los blaugranas conquistaban el primer puesto de la clasificación y dejaban expedito el camino hacia la consecución del Campeonato de Liga de Baloncesto de España. Ese fue el aperitivo.

El plato fuerte tuvo lugar a las diez de la noche y también lo dieron por televisión. Desde el Estadio Santiago Bernabéu, el Real Madrid-F. C. Barcelona de fútbol, bajo el arbitraje de Mejuto González. Los hombres del chileno Manuel Pellegrini —sin duda uno de los mejores planteles de la historia del club merengue— se enfrentaban a los de Pep Guardiola, la mejor escuadra de todos los tiempos del club azulgrana. Era la jornada trigésimo primera y restaban siete partidos para el final de la Liga. Quien ganara aquel partido ganaría el campeonato. A ninguna de las 79.500 almas que abarrotaban el estadio les quedaba ninguna duda. En el ambiente se respiraba un espíritu de revancha, ya que en el partido de ida (celebrado el 29 de noviembre de 2009) el Barça había ganado por un escaso 1-0. Pero lo que no olvidaba la parroquia merengue era el 2-6 de la Liga 2008-2009, apenas once meses atrás. Era el recuerdo de una humillación vergonzosa que atormentaba a todos los seguidores madridistas como al príncipe Hamlet el fantasma de su padre, el rey asesinado por Claudio, su propio hermano. «¡Venganza, venganza!», era el grito mudo que proferían en sus mentes los seguidores del mejor equipo de toda la historia del fútbol mundial mientras, respetuosamente, guardaban el minuto de silencio por la muerte del presidente polaco, Lech Kaczyński, fallecido aquella mañana junto a noventa y cinco personas más en un accidente aéreo en Smolensko, Rusia.

La venganza no pudo materializarse. Los once del Real Madrid se vieron impotentes sobre el césped. Como en el partido de baloncesto, en el de fútbol una genialidad de Messi en el minuto 31 y otra jugada de Pedrito, con la zurda, en el minuto 56 —los dos a pase de Xavi Hernández—, congelaron los ánimos de los madridistas, presentes y televidentes, e hicieron trizas todo atisbo de esperanza. Las repeticiones interminables de los goles, desde diferentes ángulos, en la televisión terminaron por hundir en una nueva depresión a la hinchada blanca. Diez minutos antes de que Mejuto González pitara el final del partido el estadio estaba medio vacío.

Cuando eso ocurría, a 334 kilómetros de allí, en el pueblecito navarro de Ribaforada, Javier Martínez Llort se abrazaba a su amigo Mikel Huguet, en cuya casa había visto ambos partidos, y a tres amigos más, pleno de felicidad, celebrando lo que, para él, había sido un día perfecto. Si le hubieran preguntado en ese momento la definición de felicidad, Javier, sin dudarlo, habría contestado: «La felicidad es este minuto, lo que estoy sintiendo» y parafrasearía el título de la película que le dio el Oscar a Roberto Benigni, La vita è bella! (La vida es bella). Se sentía un hombre pleno. Tenía una novia estupenda, Lorena Madurga, con la que vivía en un piso nuevo que se habían comprado en Tudela y con la que se iba a casar un año después. Habían fijado una fecha para la boda: el 9 de julio de 2011.

Javier era el segundo hijo de una familia de trabajadores de la que ya faltaba el padre, José Ramón, y de la que Esther, la madre, enfermera de profesión, era el eje central, la matriarca. Su hermano mayor, Rubén, y Esther, la pequeña, lo adoraban. Formaban una familia muy unida, muy al estilo español de siempre. «Peludo», como lo llamaban sus amigos, era un tipo entrañable, simpático, buena persona y muy deportista. Jugaba en una liguilla local con un equipo de fútbol sala, el Cano Jimensa, con sus amigos de siempre, «la cuadrilla», a la que no había descuidado en absoluto cuando se unió en pareja con Lorena. Javier estudió en los jesuitas y se había licenciado como ingeniero técnico industrial por la Universidad Pública de Navarra. Había tenido la suerte de haber encontrado trabajo de lo suyo en Fustiñana, a 13 kilómetros de Tudela, en Proinso, una de las tres empresas del Grupo OPDE, multinacional española puntera en el sector del desarrollo y operación de plantas de energía solar fotovoltaica. Acababa de comprarse un coche. ¿Qué más podía pedir?

—Cariño, ¿puedes venir a recogernos a Ribaforada? —le preguntó por teléfono a su pareja.

—Estáis contentos, ¿verdad? ¡Vaya día! Para recordar. Ahora voy para allá —le contestó Lorena.

Con el alcohol que llevaban en vena después de seis horas sentados ante el televisor ninguno de los amigos estaba en condiciones de recorrer los 17 kilómetros de distancia que había entre Ribaforada y Tudela sin sufrir un accidente. Y la Guardia Civil de Tráfico, siendo sábado, estaría en alerta máxima para cazar. Con esos no se podía —ni se debía— jugar. Respeto absoluto. Lorena los trasladó a Tudela y los dejó en el centro en torno a la una y media de la madrugada, donde continuaron las celebraciones. Ella se marchó a dormir a casa. Cuando Javi se cansara sabía dónde tenía su hogar. Estaría esperándole. No era de las que ataban corto. Todo lo contrario. Lo quería más que a nada en el mundo y verle feliz le daba vida. Miró las calles vacías mientras conducía rumbo a casa. Tudela, definitivamente, era el mejor lugar para tener una familia, para criar hijos. Nada que ver con metrópolis como Madrid o Barcelona. Tudela tiene treinta y cinco mil habitantes y está a medio camino, casi matemático, 90 kilómetros arriba y abajo, de Pamplona, la capital de Navarra, y Zaragoza, capital de Aragón. Es cabecera de La Ribera, comarca del sur de Navarra, asentada a orillas del río Ebro y en la desembocadura del Queiles, afluente del gran río. Un lugar de raigambre y de historia donde nada malo podía ocurrir, aparentemente…

—¿Doña Esther Llort? —preguntó una voz desconocida al otro lado del hilo telefónico a la mañana del día siguiente.

—Sí.

—Le llamamos de la Policía Foral. ¿Es usted la madre de Javier Martínez Llort?

—Sí.

—Es sobre su hijo. Está ingresado en el hospital Reina Sofía. ¿Puede usted venir o le enviamos un coche?

—Pero ¿qué ha pasado? ¿Qué ha ocurrido? ¿Cómo…?

Javier había sido encontrado por un vecino tirado en el suelo del paseo del Queiles, no muy lejos de la céntrica plaza de los Fueros, en medio de un charco de su propia sangre. El reloj marcaba las 7.28 horas del domingo. Había sido golpeado en la cabeza y en el rostro y estaba inconsciente. A las 9.30, y a la vista del agravamiento del cuadro médico —diagnosticaron que sufría un traumatismo craneoencefálico grave y estaba en coma profundo—, Javier Martínez Llort fue trasladado en helicóptero hasta el hospital de Navarra, en Pamplona. Allí fue intervenido. No pudieron hacer nada. A las 23.00 horas los médicos certificaron oficialmente su muerte cerebral. «La vida es lo que nos ocurre mientras estamos ocupados haciendo otros planes», decía el estribillo de la canción Beautiful Boy, compuesta por John Lennon para su hijo Sean años atrás. La vida «le había ocurrido» a Javier Martínez Llort aquella madrugada del 11 de abril. Pero ¿quién?, ¿cómo? y, sobre todo, ¿por qué? ¿Por qué?

Sin pistas aparentes

La Policía Foral se ocupó de llevar a cabo la inspección ocular del lugar en el que había sido hallado Javier. Procesaron el sitio de forma concienzuda, sin dejar un centímetro sin cubrir. En el suelo encontraron un listón de madera de color verde, roto en múltiples trozos, de 1,5 de longitud y 3,5 centímetros de grosor. El listón pertenecía al banco corrido de madera pintada de color verde que había en el lugar. Algunos trozos estaban esparcidos por el banco y otros por el suelo. Había sido arrancado del banco, que estaba situado bajo unos soportales muy elegantes. Todo parecía indicar que el agresor, o agresores, lo habían utilizado como arma para, literalmente, romperle la cabeza al joven tudelano. Presentaba restos de sangre que, con toda seguridad, eran de Javier. ¿Había sido un robo? En el momento en que fue recogido y trasladado al hospital Javier poseía la documentación, el dinero, el reloj y 2 euros. Lo único que se echaba en falta era su teléfono móvil. ¿Por un móvil? Los vecinos no oyeron ni vieron nada y no había cámaras de vigilancia en la zona. El asunto tenía todos los números para convertirse en un caso sin resolver.

Por la tarde, con los medios de comunicación locales difundiendo la noticia a todo volumen, la comisaría del CNP en Tudela recibió la llamada de un magrebí que parecía poseer información sobre el asunto. De la misma manera, la comisaría de la Policía Foral también recibió otra comunicación de otra persona que, si bien no había sido testigo directo, sí vio algo antes de que ocurriera la agresión. ¿Dos hilos diferentes de una misma madeja?

La mañana del 12 de abril Marco Navarro, inspector de la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV) de la Policía Nacional en Navarra, especializado en homicidios, fue enviado desde Pamplona a investigar la muerte de Javier Martínez Llort. Tudela, una pequeña ciudad de provincias en la que la vida transcurría apaciblemente, estaba en las portadas de todos los periódicos, abriendo los boletines de noticias de las emisoras de radio y los informativos de las televisiones nacionales. La presión mediática había aumentado. Se querían respuestas inmediatas, algo incompatible con el proceso de investigación policial, que, aunque en ocasiones avanza con gran celeridad, también es cierto que a veces se para, sufre desviaciones o simplemente se volatiliza en el aire porque nada es lo que parecía al principio. ¿Cuál de esas opciones se daría en este caso? Bien podría haber sido uno de los casos de Manuel González, Plinio, jefe de la Guardia Municipal de Tomelloso, Ciudad Real, el personaje que Francisco García Pavón dio a la luz en 1953 y con el que tanto éxito literario consiguió durante los veinte años siguientes. El escenario era muy parecido. Tudela, ciudad de provincias donde nunca ocurre nada y en la que todos se conocen. Crimen inexplicable y en apariencia irresoluble… Bien es cierto que Navarro —natural de Zaragoza a pesar del apellido—, de treinta y seis años, no se parecía nada a Antonio Casal, el actor que encarnó a Plinio en la serie que hizo TVE. El inspector, pese a su juventud, acumulaba una gran experiencia en la investigación: los últimos cuatro años los había pasado en Homicidios y antes había estado en Patrimonio y Estupefacientes. Conocía bien el alma humana y sus debilidades.

Cuando Navarro llegó a Tudela aquella mañana se fue directamente a la comisaría de policía. Ya había sido informado de la llamada del día anterior y pensaba que podrían tener una pista fiable. Una información con nombres y apellidos que, si bien no estuvo presente en el asesinato, sí podía saber quiénes eran los autores. El inspector quería mirar a los ojos a ese informador, quería sopesar su valor por él mismo, después de presentarse al inspector jefe, como era preceptivo. «Este es un lugar pequeño, ya lo sabes, Navarro. Hay mucho magrebí… La recogida de la fruta funciona como efecto llamada. Y con ese efecto llamada, los bulos... ¿Sabías que se había corrido la especie de que trabajando en la fruta en Tudela podían conseguir los papeles?», le dijo el jefe. Los «papeles» son la documentación que legaliza la permanencia de cualquier extranjero en territorio nacional. España, por ser frontera con África, recibía cada año miles de inmigrantes subsaharianos y magrebíes. Muchos de ellos no podían ser devueltos a sus países de origen porque se negaban a revelar cuáles eran. En consecuencia, al mes y medio eran puestos en libertad y sin papeles. Para sobrevivir tenían que trabajar en cualquier ocupación que les saliera. Eran carne de explotación. Por eso el objetivo compartido por todos ellos era conseguir los papeles, ser «legales», porque eso les igualaba en derechos a cualquier español y les permitía viajar a cualquier país de la Unión Europea, establecerse, llevar una vida normal e, incluso, traerse a su familia.

El comentario del inspector jefe tenía su explicación. La valiosa pista de la que le habían hablado provenía precisamente de un magrebí. No era un ilegal. Hacía tiempo que había hecho de España su país, tenía familia e hijos, y un trabajo. Por circunstancias personales se había marchado de casa temporalmente y había recalado en un edificio abandonado que había en la calle de San Clemente, junto a la plaza de San Juan, al norte de Tudela. Temporalmente se había convertido en un okupa. En ese edificio pernoctaban los inmigrantes que habían acudido a la temporada de recogida de la fruta y no tenían medios ni dinero ni papeles. El hombre, por su edad, por su experiencia en España, por su forma de ser y por hablar el idioma local se había convertido en el organizador del lugar, en el mentor de los más jóvenes que buscaban abrirse camino en un país extranjero. No quería tener ningún problema. Estaba agradecido a su nueva patria por lo que le había dado y se sentía obligado a corresponder, informando de lo que había escuchado la madrugada del domingo en el Caserío de San Clemente.

«¿Y bien? Cuénteme qué es lo que oyó», le dijo Navarro. El hombre abrió los ojos. Habían pasado por alto la fase de la cháchara, de la pasada de mano por el lomo, del «tú confía en mí». Estos españoles siempre tan directos. Después de tanto tiempo viviendo en Tudela no terminaba de acostumbrarse a esto. En su país siempre le dan muchas más vueltas a las cosas, las adornan de palabras y de gestos, aunque sí, al final también iban al asunto, pero era un estilo diferente. Quizá más barroco. No eran tan claros como aquí. Sabía que en Al-Ándalus, como llaman a Andalucía en su país, los españoles eran diferentes a los de aquí, los del norte. Eran más cálidos, más abiertos, más amantes del arte de conversar, más como ellos. Aunque bien mirado, tenía sus ventajas. Porque a los tudelanos los ves venir a un kilómetro. Y son personas de palabra. Todo tiene su cara y su envés, sí.

—Son dos. Dos argelinos —comenzó explicando—. Regresaron en torno a las 7 horas. Yo dormía en el primer piso. El caserón tiene dos pisos y un ático. Entonces escuché una discusión… —el hombre se quedó mudo, mirando al infinito, concentrado en algo que estaba muy lejos de allí.

—¿Y?

El hombre retomó el relato.

—Son dos. Abdelkader el más mayor y Jaled el más joven. Discutían…

—En árabe.

—En árabe, sí. Discutían. Jaled le decía a Abdelkader que él ya le había dado un cabezazo, que por qué le tenía que haber pegado con el palo. Le decía, muy nervioso, que eran tres, que no hacía falta haberlo hecho, que podían haberle sacado lo que llevaba encima sin más violencia.

—Cuando usted escuchó las noticias pensó que eso que había escuchado en el Caserón de San Clemente podía tener relación con el asesinato de Javier Martínez Llort, ¿no?

—Bueno, ya sabe usted cómo son las cosas. Yo no sabía que ellos podían haberlo matado. A mí me preocupa mucho que las cosas se pongan malas para la gente de mi país. Somos muchos, buenos trabajadores, no queremos problemas. Y no queremos que otros creen problemas. España es donde vivimos, es nuestro país. Los españoles pueden pensar que todos los magrebíes somos como ellos. Yo tengo hijos. Pienso en ellos. En el caserón yo aconsejo a los más jóvenes. Les digo cómo es esto, cómo tienen que comportarse para ser aceptados. Pero son jóvenes. Usted sabe cómo son algunos jóvenes —dijo el hombre mirando a los ojos al policía.

—Muchas gracias por su colaboración. No hable de esto con nadie, ¿de acuerdo? —le dijo Navarro.

Una de las consecuencias de la democracia española fue la multiplicación de cuerpos de policía. La Ertzaintza en Euskadi y los Mossos d’Esquadra en Cataluña vinieron a unirse a la Guardia Civil y al Cuerpo Nacional de Policía en labores de policía judicial. Igual que la Policía Foral, que aunque ya existía desde mucho antes de la propia democracia, había expandido sus competencias en el terreno de la Policía Judicial, la dedicada a la investigación. Esto daba lugar a solapamientos en las investigaciones que podían tener dos consecuencias: un enfrentamiento personal entre los agentes responsables de las indagaciones, con lo que salían beneficiados los malos; o todo lo contrario, la colaboración más absoluta.

Navarro sabía que, de todos los factores, el humano siempre es el determinante. Su objetivo, para lo que había ido a Tudela, para cumplir la orden que le habían dado, era resolver el asesinato deteniendo al culpable —o los culpables— para después entregarlos a la justicia. Así de simple. En su mente no había lugar para egos personales, por lo que lo primero que hizo después de hablar con el ciudadano magrebí fue ponerse en contacto con la comisaría de la Policía Foral en Tudela, con el responsable de la investigación, su homónimo en el otro lado, Pacho. Una vez cara a cara, Navarro le explicó:

—Tenemos un testigo. Un tipo que dice haber escuchado una conversación de dos magrebíes que pudieran estar relacionados con el caso —y pasó a relatarle todos los detalles y pormenores.

—Nosotros tenemos dos testigos, también —le contó el policía foral—. Son magrebíes. Y lo que me cuentas encaja con lo que ellos nos han relatado. Estaban tomando unas copas. A una hora que no saben precisar con exactitud, pero que situaron entre las 5.45 y las 6.30 de la madrugada. Desembocaron en el paseo del Queiles. Uno de ellos se puso a orinar y el otro, mientras tanto, encendió un cigarrillo. Este dice que vio a dos personas en un banco, no muy lejos del restaurante La Mafia. Una era el chico asesinado, Javier Martínez Llort. Vio que una de esas dos personas le estaba molestando. Y había una tercera persona cerca, que estaba como vigilando, pero más lejos. El chico, que estaba vivo, se hallaba sentado y con la cabeza gacha. La impresión que le dio es que los dos sujetos más cercanos estaban buitreando, con intención de robarle. Entonces llegó su amigo, el segundo testigo, y le dijo a este que siguieran su camino. Aquello le pareció que tenía mala pinta, que le olía mal, nos contó.

—No vieron la agresión —preguntó afirmando Navarro.

—No vieron la agresión, no. Fueron los minutos anteriores, eso está claro.

—¿Conocían a alguno de los supuestos agresores?

—A uno de ellos lo conocía de vista pero no sabía cómo se llamaba. Pero si lo ve de nuevo, dice que lo identificaría porque tiene buena memoria para las caras.

—¿Y cómo llegasteis a ellos?

—De la misma manera que vosotros al vuestro. Estos magrebíes son muy conscientes de que Tudela se puede convertir en un polvorín. Temen por su modo de vida, por su estabilidad. ¿Te imaginas los titulares? Tres magrebíes matan a un español para robarle. Las consecuencias podrían derivar en una caza de brujas o en un linchamiento contra cualquier persona de ese origen. Tudela es muy pequeña y nos conocemos todos. Tú ya sabes cómo son estas ciudades. Si perdemos el control de esto…

—Esperemos que la sangre no llegue al río. Pero tenemos que actuar rápido. Hay que detener a esos sospechosos. Vosotros hicisteis la inspección ocular. ¿Sabes si le robaron algo?

—Tenía el reloj, la cartera y dos euros. Faltaba el teléfono móvil.

—Pacho, hay que detenerlos. ¡Ya!

La Policía Foral arrestó aquella tarde del lunes 12 de abril de 2010 a Abdelkader Guelta, de treinta y seis años, natural de Tiaret, una población argelina distante 196 kilómetros, tierra adentro, de Mostaganem, ciudad que mira, desde el otro lado del Mediterráneo, a la costa murciana. La Policía Nacional detuvo a los dos restantes, Jaled Houcine, también argelino, de veinticinco años, y Mourad Kamla, de veintidós, originario, al igual que Guelta, de Tiaret. No fue difícil localizarlos con las descripciones de los testigos. Y además eran conocidos de ambas policías. Los tres habían llegado a España en patera y se encontraban ilegalmente en España. Habían estado juntos en un Centro de Internamiento de Extranjeros, un CIE. Luego les pusieron en libertad. Estuvieron en la recogida de la aceituna en Jaén y luego llegaron a Tudela para la recogida de la fruta.

«Junto a Guelta, Houcine y Kamla detuvimos a dos magrebíes más por extranjería», explica el inspector Navarro. «Podíamos retenerlos veinticuatro horas por una infracción administrativa, pero necesitábamos pruebas para poderles imputar algún delito más y así extender la detención hasta las setenta y dos horas. Necesitábamos tiempos. Buscábamos el teléfono desaparecido de Martínez Llort. Con esa prueba, aunque no hubiera ningún testigo directo, sabíamos que podíamos imputar un delito de asesinato y otro de robo con violencia. Pero no lo tenían encima. Encontramos otro teléfono, que no era suyo. Pertenecía a un joven al que se lo habían sustraído del interior de su coche. Eso nos dio lo que buscábamos. El delito era robo con fuerza. Conseguimos las setenta y dos horas que necesitábamos. Teníamos que actuar rápido». De eso se encargó Carlos Aragón, jefe de la Brigada Local de Policía Científica del CNP. Aragón, que mantenía una comunicación constante con la Brigada Provincial de Policía Científica en Pamplona desde que sucedieron los hechos, les incautó a los dos detenidos, en poder del CNP, sus ropas y le entregó a cada uno un mono blanco, de los que se ponen ellos cuando inician una inspección ocular. También les tomó muestras de las manos. Ropas y muestras fueron remitidas, siguiendo un riguroso procedimiento de cadena de custodia, a la mencionada brigada, comandada por José M. Fernández, una de las leyendas de la investigación científica en España. El objetivo de la cadena de custodia es garantizar el recorrido de todos los indicios, desde su obtención hasta convertirse en una evidencia probatoria. Por ello es una de las columnas principales del juicio oral.

Fernández tenía que decidir qué era lo que había que solicitar a los Laboratorios Centrales de la Comisaría General de Policía Científica, qué análisis científicos deberían practicar sobre las muestras. Era consciente de que el talón de Aquiles de este tipo de investigaciones se encuentra en las garantías de que se hubiesen dotado la recogida y manipulación de muestras. Porque por ahí siempre atacan los letrados defensores. Era prioritario asegurar el resultado de esta prueba pericial para que no pudiese ser objeto de impugnación por las defensas en el acto de juicio oral. La actividad que realizaron los especialistas de la Policía Científica de Navarra quedó perfectamente documentada, tanto en el inicio de la investigación como en las sucesivas recepciones y remisión de muestras y objetos a efectos de análisis.

Como hacía siempre, el inspector jefe Fernández estudió una y otra vez el material fotográfico y releyó, una y otra vez, las diligencias instruidas, antes de formular ninguna solicitud de análisis. Necesitaban una gota, una simple gota de sangre de Javier en sus ropas o en sus manos, aunque fuera microscópica. Eso les situaría en la escena del crimen de una forma directa. Los científicos de la Policía Foral hicieron lo propio con su detenido.

La titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Tudela, Emma V. Marín, competente en el asesinato de Javier Martínez Llort, fue informada de las detenciones. Los testigos, por su parte, identificaron a los tres magrebíes. Sí, eran ellos. No había ninguna duda. Aunque el caso distaba mucho de estar cerrado, estaban en la dirección correcta. Sin embargo, para llegar a buen término debían asegurar primero los anclajes, es decir, los tres testigos. Sin ellos, todo lo que poseían en ese momento era humo. También tenían muy presente que ninguno de los tres testigos había sido testigo directo de la agresión, por lo que tenían que seguir investigando para fundamentar una acusación en condiciones mediante la llamada prueba de indicios o prueba indiciaria. Esta consiste, en síntesis, en partir de dos hechos probados entre los que se tiende un puente, llegando a una conclusión incuestionable. Navarro y Pacho tenían por un lado los testimonios de los tres testigos y por el otro la muerte de Javier Martínez Llort. Su cometido, desde ese momento, era tender el puente con indicios lo suficientemente sólidos como para sustentar una imputación por asesinato en toda regla. Para ello debían asegurarse la colaboración de los tres testigos de referencia garantizándoles su seguridad y su anonimato. Solo de esa manera declararían ante un tribunal.

En España el instrumento legal que se utiliza es la Ley 19/1994 de Protección a Testigos y Peritos en causas criminales. Normalmente en España suele haber, cada año, alrededor de trescientos testigos protegidos. La mayor parte de ellos suelen ser personas relacionadas con las bandas del narcotráfico o con las redes de prostitución. Para que una persona se convierta en testigo protegido es necesario que el juez de instrucción —en este caso Emma V. Marín— considere que existe un peligro grave para las personas, para sus cónyuges o para las personas a las que se hallaren ligadas afectivamente, o para sus ascendientes, descendientes y hermanos. Solo en casos excepcionales, cuando la situación es particularmente peligrosa, el magistrado puede ordenar que se le dé una nueva identidad al testigo protegido y que se le facilite una nueva dirección y medios para subsistir. Estos casos son minoritarios. Lo habitual es que la mayoría de los testigos protegidos reciban una protección puntual por parte de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y sigan con su vida normal. En el expediente judicial, eso sí, sus nombres y sus direcciones nunca aparecerán y serán identificados por un número. Las personas contra las que testifiquen nunca sabrán quiénes son. Tampoco los abogados defensores.

La juez accedió a convertir a los tres testigos en testigos protegidos. El de la Policía Nacional recibió el nombre en clave de Prometeo y los de la Policía Foral fueron conocidos con dos números: 0100 y 0200.

Los interrogatorios

Durante cuatro meses y medio los españoles fuimos testigos del desarrollo del juicio del 11-M en la Audiencia Nacional, en el que fueron juzgadas veintinueve personas, la mayor parte de ellas de origen magrebí. Allí nos pudimos dar cuenta de la dificultad de un interrogatorio a una persona extranjera en la modalidad de traducción simultánea. Son dos culturas, una frente a otra. El tono, los giros, la forma de decir las cosas, el lenguaje del cuerpo obedecen a parámetros distintos y desconocidos. De alguna forma es como navegar en la oscuridad. Y cuando existe el «problema» de que el intérprete es además mujer, una figura que no es vista en pie de igualdad con el hombre en el mundo musulmán, la comunicación puede hacerse más difícil, aunque no imposible. El interrogatorio a los tres sospechosos se llevó a cabo de forma muy cuidadosa. Navarro y Pacho acordaron que cada uno interrogaría a los suyos, estando el otro presente, y pudiendo participar cuando lo considerara oportuno. Colaboración completa.

«Prometeo nos había contado que los tres magrebíes habían regresado al Caserío de San Clemente pasada la medianoche porque él mismo se había encargado de abrirles la puerta. Él se fue a dormir, pero escuchó cómo pasado un rato volvieron a marcharse», relata el inspector de Homicidios. «Regresaron a las siete de la mañana porque se despertó al oírles entrar. Fue entonces cuando escuchó la discusión entre Jaled y Abdelkader. Es decir, entre las doce o la una y las siete de la madrugada los tres estuvieron fuera de la casa ocupada». Eso no fue lo que declararon. No les extrañó. Los tres magrebíes coincidieron en una sola cosa: no habían estado en el lugar del crimen en el momento en que se produjo: las 5.30, minutos arriba, minutos abajo, según habían logrado calcular los investigadores con todos los datos recabados sobre la mesa.

Abdelkader Guelta le contó a la Policía Foral que se durmió a la una y media de la madrugada y que se despertó a la una de la tarde del día siguiente. Jaled Houcine manifestó por su parte a la Policía Nacional que se había dormido en torno a las cuatro de la madrugada y que no se había levantado hasta las doce y media del siguiente día. Mourad Kamla le contó a Navarro que se había abandonado a los brazos de Morfeo entre la una y la una y media y que no había vuelto a la vida hasta las once y media. Negaron todo. «Negaron incluso conocerse entre ellos, a pesar de que ya sabíamos que dos de ellos habían llegado a España en la misma patera y que habían coincidido en un Centro de Internamiento para Extranjeros, que habían estado en Jaén en la recogida de la aceituna y que más tarde habían puesto rumbo a Tudela por el rumor extendido de que aquí era más fácil conseguir los papeles», cuenta Navarro. «Pero las contradicciones que evidenciaron en los tres interrogatorios sobre los detalles más nimios y más esenciales eran tan evidentes que sus coartadas quedaron desbaratadas». Mentían.

El conocimiento de que los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad españoles «no pegaban», como era costumbre en sus países, les hizo mostrarse fríos, arrogantes e incluso chulos, como ocurrió cuando Navarro puso ante Houcine una foto de Javier Martínez Llort con el objetivo de apelar a su humanidad, de ablandarlo.

—¿Tú sabes quién es?

—No —le respondió el magrebí mirándole a los ojos.

—Ha fallecido.

—En mi país se dice que está con Dios —le contestó Houcine lanzando una mirada desafiante.

Desde Pamplona fue enviado el informe de la autopsia. Era el testimonio mudo del joven asesinado. La muerte se había producido por una hemorragia interna causada por un traumatismo craneoencefálico múltiple, provocado por tres o cuatro golpes. El análisis de su sangre decía que la tasa de alcohol era de 2,21. Muy alta. El joven estaba embriagado, borracho, en el momento de su fallecimiento. Su capacidad de reacción, por lo tanto, había sido casi nula. Los médicos forenses habían escrito en el citado informe que habían encontrado lesiones en un antebrazo, una herida en la parte superior del labio, hematomas en la palma de una mano, una lesión encima de una ceja, erosiones en las rodillas y en la zona frontal alta de la cabeza. Su larga experiencia le permitió a Navarro interpretar los golpes recibidos por Javier. Eran evidentes heridas de defensa. Javier trató de parar o evitar los golpes. La herida en la palma de la mano o la lesión erosiva en el antebrazo izquierdo, con sentido ascendente, así lo sugerían. El informe también hablaba de las erosiones que tenía en un antebrazo, que identificaron como un «fenómeno de sujeción», y la herida de la boca, compatible con «un puñetazo o un cabezazo».

Navarro recordó muy bien la herida que presentaba en un ojo Houcine y también su respuesta: «Me la hice andando en bicicleta hace ocho o diez días. Me atendieron en un centro de salud». Sus compañeros de la comisaría de Tudela habían peinado todos los centros de salud y ninguno guardaba registro alguno de haber atendido a un magrebí con un ojo herido. Houcine debió de darle un cabezazo a Javier, que le produjo la herida en la boca, y él se hirió el ojo. Las piezas encajaban.

Sin embargo, ¿qué es lo que había disparado la agresión contra Javier? Estaba a su merced. Como le había dicho Houcine a Guelta en el Caserío de San Clemente: no era necesario. El español era suyo. La memoria selectiva del policía le condujo a una imagen grabada en algún lugar de su cerebro. Una imagen que no debía estar ahí, que no encajaba. Era una esvástica, una cruz gamada. O mejor dicho, la ausencia de una esvástica que Guelta se había tatuado en el antebrazo derecho y que había tratado de borrar. En el proceso el dibujo había quedado más resaltado. La esvástica fue el símbolo del Reich nazi, que sucumbió ante los aliados y la Unión Soviética en la II Guerra Mundial. Más de seis millones de judíos fueron ejecutados en los campos de exterminio entre 1939 y 1945. La cruz gamada negra, sobre un círculo blanco rodeado de rojo, simbolizaba la idea de una raza superior —los arios— que debía imponerse ante el resto de las razas, consideradas inferiores. Aunque Guelta no era ario en el sentido que le daban los nazis al término, era muy probable que compartiera ese sentimiento de pertenencia a una raza, la árabe, que en el pasado había tenido un gran poder y había dominado las tierras en las que se encontraba. Un sentimiento de derrota y a la vez de revancha.

¿Cómo reaccionó Javier ante la agresión de los magrebíes? Lo más probable es que hubiera pronunciado algún insulto referido a su procedencia o alguna cosa por el estilo. Estaba borracho. Solo deseaba llegar a su casa, meterse en la cama y dormir la mona. Eso se imaginó Navarro. Guelta pudo sentir un ataque de ira. A un descendiente de los antiguos dueños del lugar no se le podía ultrajar de esa manera. Arrancó el listón y lo estrelló contra la cabeza del tudelano. Era una posibilidad. También era posible que Guelta se hubiera tatuado la esvástica durante una pasada estancia en las cárceles argelinas, un taraceo carcelario. Un dato que no pudo contrastarse porque la policía argelina nunca respondió a los requerimientos de la española.

En la calle los medios de comunicación ya se habían hecho eco de la noticia de la detención de los tres magrebíes. Era el 14 de abril, miércoles, y ese día llegaba el cadáver de Javier desde Pamplona. Su familia, gente del pueblo, buena gente solidaria, había donado los órganos del joven para dar vida a otros que lo necesitaran. Entre los agentes de la autoridad había cierta expectación. Hasta ese momento los ánimos habían estado controlados, pero sabían que una simple declaración contra los sospechosos y su pertenencia al colectivo magrebí podían ser motivos suficientes para que se iniciara un conflicto social de consecuencias impredecibles. Las sensatas declaraciones de Rubén Martínez Llort al Diario de Navarra devolvieron la tranquilidad a la policía: «Quiero que quede muy claro que yo no soy racista. Tengo muchos amigos argelinos, marroquíes, ecuatorianos... Yo soy un currante y he trabajado en la obra con ellos. Yo no puedo admitir que por culpa de tres se condene a cien, ¡pero hay que condenar a esos tres!». Gracias a esta y a otras llamadas a la calma y a la tranquilidad la Policía Nacional y la Policía Foral pudieron realizar la entrada y registro en el Caserío de San Clemente ese mismo día, acompañados, como exige la ley, por los tres sospechosos, vestidos con monos blancos de la Policía Científica. No encontraron nada.

Al día siguiente, cuando se cumplían las setenta y dos horas preceptivas, los tres sospechosos fueron puestos a disposición judicial. Pocas horas más tarde, después de tomarles declaración, la magistrada ordenó su internamiento en la prisión de Nanclares de Oca, en Álava.

La comunidad islámica de Navarra, consciente de que el peligro todavía no se había conjurado, salió a la calle el viernes 17 de abril, día de la oración, para condenar la muerte del joven tudelano y para mostrar su rechazo. En Tudela el imán Mourad Bettach Bouali, titular de la mezquita de Nájera, en La Rioja, (Abdelhakim Bouri, el imán de la mezquita de Tudela, estaba de viaje), declaró: «Todos los musulmanes condenamos lo que ha pasado. Todo el mundo es inocente hasta que se demuestre lo contrario, pero si se demuestra que son culpables, hay una ley en España que hay que cumplir. Compartimos al cien por cien las declaraciones del hermano del fallecido. No se puede condenar a cien por tres. Trabajamos por la convivencia y el respeto mutuo». El presidente de la comunidad islámica de Pamplona, Alí Hamza Madani, leyó un comunicado ese mismo día: «La vida es el bien más preciado que tenemos. Cuando es brutalmente segada por unos delincuentes asesinos que no conocen el sentido común de la piedad ni el valor de la vida, desde nuestra comunidad no podemos evitar sentir dolor, odio y desesperación. Solo queda mostrar nuestro dolor y solidarizarnos con la familia de Javier Martínez Llort».

Todo aquello estaba muy bien. Habían pasado cinco días desde el suceso. Los supuestos autores ya estaban en la cárcel, en prisión preventiva. Tenían tres testigos, pero había que apuntalar definitivamente la investigación. «Decidimos concentrarnos en el eslabón más débil de la cadena, en Mourad Kamla, el vigilante. Él no había agredido a Javier. Se había limitado, supuestamente, a vigilar. Pero teníamos que llegar a él a través de alguien de confianza: el imán de la mezquita de Tudela, Abdelhakim Bouri», cuenta Navarro. «Le pedimos que hablara con Kamla en la cárcel para que le convenciera de que si no colaboraba sería acusado de asesinato, como el resto, y de que se pasaría los próximos veinte años de su vida en la cárcel». La intercesión dio resultado. Kamla se avino a colaborar, a romper el pacto de silencio. «El hombre estaba sentado en un banco. Llevaba su teléfono móvil en la mano. Jaled y Abdelkader me dijeron que me quedara vigilando y se acercaron a él para robarle. El hombre se negó a entregarles nada y Jaled le dio un cabezazo en la cara. Luego Abdelkader arrancó un listón del banco y comenzó a golpearlo en la cabeza. Estaba muy enfadado. El hombre cayó al suelo y nosotros nos marchamos corriendo».

La herida que tenía en el ojo Jaled Houcini se la había hecho con el cabezazo que le dio a Javier, como se había imaginado Navarro. Aquello casi era tocar el cielo. La madrugada del 11 de mayo hicieron la reconstrucción judicial de los hechos. Kamla repitió ante la juez y los policías cómo había sucedido todo en el mismo escenario. Un momento que cubrió un equipo de agentes del Área de Tecnología de la Imagen de la Comisaría General de Policía Científica (CGPC) de Madrid, especializados en Infografía Forense. Su presencia había sido requerida por la Brigada de Policía Científica de Navarra. Era un novedoso método de investigación y podía contribuir a un mejor conocimiento de cómo se había perpetrado el hecho. A partir de esa información iban a editar un vídeo en tres dimensiones con la recreación virtual del hecho delictivo.

Aquello estaba muy bien, reflexionó el policía de Homicidios, pero ¿qué pasaría si el tal Kamla plegara velas y cambiara su testimonio en el juicio, ante el tribunal? Volverían a la casilla de salida. El proceso podría quedarse en humo y los tres acusados volverían a la calle, lo cual desembocaría en un escándalo mayor. Todo era posible. Navarro se fue a ver a Fernández, el jefe de la Brigada Provincial de Policía Científica de Pamplona. Estaba a punto de hacer el envío a Madrid de las ropas de los sospechosos. «Tenemos que encontrar algo que cierre el círculo. Tiene que haber algo —le dijo Navarro a Fernández—. La investigación está cosida con hilos». Fernández repasó el caso desde el comienzo. Ellos tenían en su poder las ropas de dos de los detenidos. La Policía Foral tenía, a su vez, la ropa del tercer detenido y el listón de madera que, por su parte, había sido analizado, así como las muestras biológicas de Martínez Llort. Habían encontrado restos de ADN del fallecido, sí, pero nada más. Empezó a darle a la cabeza.

Antes de dirigir la Policía Científica de Navarra, Fernández había sido jefe del Grupo de Homicidios, de la Sección de Delincuencia Especializada y Violenta y de la propia Brigada Provincial de Policía Judicial. Su mente corría por los mismos parámetros de investigación que la de Navarro, solo que su experiencia se extendía a los dos campos. «Mi mentor en la investigación fue Ángel Sánchez Espinosa —explica Fernández—. Cuando teníamos un caso de homicidio o asesinato y no avanzábamos en la investigación era habitual acudir al trabajo, a primera hora, y encontrarlo rodeado de diligencias, fotografías dispersas y folios con anotaciones. La preocupación por el caso le había desvelado durante la noche. Se había levantado y trasladado al Grupo de Homicidios para continuar analizando los documentos, tratando de detectar aquello que se nos podía haber pasado por alto y que nos ofreciese algo de luz para avanzar en la investigación. Después de un tiempo yo comencé a hacer lo mismo. Se daba el caso de que, sin acuerdo previo, ambos coincidíamos de madrugada en la oficina. Nos repartíamos los documentos y las fotografías y, casi sin hablar, empezábamos con el análisis del material. Cuando uno detectaba algo que entendía podía constituir un indicio, lo ponía de manifiesto y, tras analizarlo, si ambos coincidíamos en la valoración, nos volcábamos en él. Así conseguimos avanzar en asuntos casi sin futuro», añade el inspector jefe. «Mientras estudiaba las fotografías de la inspección ocular, del listón de madera fracturado, las ropas de los sospechosos, las lesiones que presentaba el cadáver, me dije: “Aquí tiene que haber habido una transferencia de restos de la pintura que recubría el listón al fracturarse a las prendas de los agresores. Si los de Policía Científica de la Policía Foral han establecido ya que el listón contenía restos del perfil genético del fallecido y que fue el instrumento con el que se agredió a la víctima, y nosotros podemos descubrir restos de pintura de ese listón en la ropa de los sospechosos, entonces habremos hallado la prueba definitiva, lo que estamos buscando”. No se nos podían escapar».

Fernández hizo dos llamadas a Madrid. Primero habló con el comisario de la Unidad Central de Análisis Científicos, Antonio del Amo, para solicitarle que buscara en las ropas a analizar ADN de Javier Martínez Llort. A continuación telefoneó a Francisco Ramírez, jefe del Laboratorio Químico-Toxicológico de la CGPC. Le explicó que buscaba pintura en las ropas de los sospechosos y le enviaba el escrito de solicitud formal de esta analítica. «Me parece bien —le contestó—, pero tienes que enviarme cuanto antes el listón. Cualquier tipo de prueba que hagamos tiene que tener como referencia directa la pintura que recubre el listón. Nuestra gente del Grupo de Pinturas se pone a ello ya».

Este grupo, que lideraba la técnico Amelia Hernández, es uno de los más avanzados de entre las policías científicas y los servicios de criminalística de Europa. Desde la década de 1990 pertenece al denominado «Grupo Europeo de Pinturas y Vidrios» de la ENFSI, la Red Europea de Institutos de Ciencia Forense. El procedimiento que había que aplicar era muy simple. Primero se debían analizar las ropas de los acusados buscando restos microscópicos de pintura. Luego había que examinar el listón de madera para determinar las características físicas de las escamas de pintura, el número de capas, el color, el grosor y la secuencia de las capas —si las hubiera— mediante el microscopio estereoscópico y el microscopio óptico. Después habría que realizar un análisis químico de cada una de las capas de pintura mediante espectroscopia infrarroja y microscopía electrónica, y todo ello sería comparado con los restos de la pintura encontrados en la ropa.

La magistrada del caso recibió de inmediato un escrito de la Brigada Provincial de Policía Científica del CNP en el que se solicitaba la entrega del listón de madera que custodiaba la Policía Foral para ser enviado a Madrid, a la vez que se le explicaba el motivo de la solicitud: la búsqueda de restos de pintura en las prendas. La Fiscalía entendió que era el paso lógico. La juez dio la orden de inmediato. «Era el principio del intercambio de Locard en todo su esplendor. Tan complicado y tan simple a la vez», cuenta Fernández. «Cada contacto deja un rastro». El doctor galo Edmond Locard no fue el primero en llegar a este principio, aunque sí en formularlo tal y como lo conocemos hoy. Realmente fueron los chinos los primeros que lo aplicaron en lo que hoy se podría considerar como el primer «detector de mentiras» de la historia, hace cientos de años. Funcionaba de la siguiente forma: a una persona sospechosa de haber cometido un delito se le decía que entrara en una habitación sin ventanas donde había un asno. Se le indicaba que tenía que tirar del rabo del pollino y se le decía que si el borrico rebuznaba significaría que el sospechoso era culpable y a continuación se le ejecutaba. Si el asno no hacía ruido alguno significaba que el sospechoso era inocente. Por supuesto, los funcionarios de policía chinos sabían que si el sospechoso era culpable lo más probable es que, ya que no había ninguna otra persona más en la habitación, ni rozara al borrico, por lo que si el pollino no rebuznaba entonces sería considerado inocente y recuperaría su libertad. Eso es lo que le habían explicado. Sin rebuzno, inocente. Con rebuzno, culpable. Lo que no sabían estos sospechosos era que el policía a cargo del pollino había cubierto la cola del asno con hollín. Un inocente tiraría sin dudarlo de la cola del burro. Para los agentes de policía chinos que el borrico rebuznara o no, no era importante. Si el sospechoso salía del cuarto con las manos manchadas de hollín, era libre. Si por el contrario el sospechoso salía con las manos limpias, entonces era culpable. El doctor Locard estudió el uso que los chinos hacían de las evidencias y dio un paso definitivo en la formulación de su famoso principio, de aplicación universal en todo el mundo entre las policías científicas.

Unas semanas después Fernández recibió dos llamadas, una de Del Amo y otra de Ramírez. La primera resultó negativa. No habían encontrado ADN del joven asesinado en las ropas analizadas. La segunda fue todo lo contrario.

—¿Fernández?

—¡Ramírez! Hace tiempo que espero esta llamada. Cuéntame.

—Positivo.

—¿Cómo positivo? ¿A qué te refieres?

—A que hubo transferencia de pintura del listón utilizado para asesinar al joven de Tudela en la ropa del sospechoso Jaled Houcine.

—¿En qué cantidad?

—Son restos microscópicos pero suficientes. Nos hemos empleado a fondo, te lo aseguro. En el pantalón, en concreto, hemos encontrado cuatro restos microscópicos de pintura verde.

—¿Y en la ropa del otro, en la de Mourad Kamla?

—Negativo.

—Bien, los tenemos —dijo Fernández.

—Y bien agarrados —contestó Ramírez.

—¿A qué te refieres?

—Tú sabes, Fernández, que los bancos públicos suelen pintarse a menudo. Suelen tener varias capas de pintura.

—Claro, es la costumbre.

—Entre los restos microscópicos hemos individualizado una muestra que corresponde a la parte interna del listón. Su presencia en las prendas de uno de los detenidos solo se explica por la fractura del listón repintado durante la agresión.

—¿Y no es probable que esa transferencia se hubiera producido por el simple hecho de haber estado sentados en el lugar antes?

—No, imposible.

—Habrá que explicarlo ante un jurado.

—Ante quien sea necesario, Fernández. Estos son resultados científicos. Ciencia.

Fernández colgó con una sonrisa en la cara. Rápidamente telefoneó a la juez del caso y a la fiscal. Había que analizar cuanto antes las ropas de Abdelkader Guelta, que estaban en poder de la Policía Foral. La segunda llamada fue interna.

—Navarro, soy Fernández.

—¿Sí?

—Son nuestros. Acaban de llamarme del laboratorio de Madrid. Se produjo transferencia entre el listón y la ropa de uno de los dos sospechosos. Comprobado.

—Como tú dijiste…

—Las pruebas estaban ahí, esperándonos, desde el principio, solo que no habíamos detectado su presencia. No las habíamos interpretado como debíamos. Tuvimos que pararnos a pensar. Estas pruebas tienen voz propia, van a contar cómo sucedió todo al tribunal del jurado. Acabo de solicitar a su señoría que la Policía Foral nos remita las ropas de Guelta.

El resultado fue igualmente positivo. Múltiples restos microscópicos de la capa externa de la pintura del listón también habían impregnado las prendas del argelino que supuestamente había blandido el listón y lo había estrellado contra la cabeza del joven Martínez Llort. A partir de ese momento el testimonio de los acusados carecía de valor alguno. Podían decir una y mil veces que no habían tenido nada que ver con el asesinato, que habían estado durmiendo en la casa ocupada o en cualquier otro sitio. Las pruebas extraídas en el laboratorio hablaban a gritos revelando la verdad, con mayúsculas. Dos de los argelinos habían asesinado a Javier Martínez Llort.

La fiscal del caso, Ana Cuenca, responsable de la defensa de la legalidad y de la acusación pública, cuando tuvo las pruebas sobre la mesa lo vio muy claro. Lo que en principio parecía que podía ser una derrota por la mínima, un empate o una victoria también por la mínima, es decir, incertidumbre completa, se transformó en la certeza de una goleada. Esto le hizo cambiar su petición inicial de homicidio —castigado con una pena de diez a quince años— por la de asesinato —diecinueve años—, manteniendo la petición de tres años y seis meses de prisión por un supuesto delito de robo, a pesar de que no habían recuperado el teléfono sustraído al joven. Con esa evidencia habían consolidado el puente de la prueba indiciaria. El material era lo suficientemente sólido como para sustentar la imputación. No eran necesarios testigos directos. Los «testigos directos» eran los restos de pintura en la ropa.

Solos ante el jurado

El 16 de enero de 2012 seis mujeres y tres hombres, un jurado popular, comenzaron a juzgar, bajo la dirección profesional del magistrado Aurelio Vila, a los tres acusados en la Audiencia Provincial de Navarra, sede también del Tribunal Superior de Justicia (TSJN) de esa comunidad autónoma.

Dos meses antes, en noviembre, había tenido que ser suspendido ante la imposibilidad de encontrar a los tres testigos protegidos, que se encontraban fuera de Navarra en esas fechas. La Policía Nacional y la Policía Foral se habían empleado a fondo para asegurarse de que esa vez el juicio no iba a fallar. Y no falló.

Como Navarro había temido, Mourad Kamla, el hombre que había vigilado mientras se producía la agresión contra Javier, se desdijo y volvió a su declaración primera, la de que había estado durmiendo en el Caserío de San Clemente, al igual que los otros dos, Abdelkader Guelta y Jaled Houcine. Ninguno de los tres había participado en el crimen ni tenía nada que ver con él, dijeron al jurado a través de intérpretes.

Los testimonios de los tres testigos protegidos, el 0100, el 0200 y Prometeo, que declararon tras un biombo, fueron esclarecedores, al igual que los de los porteros de los bares Brasil y La Bodeguilla y el de un agente de la Policía Foral, fuera de servicio la noche del crimen. El cancerbero del bar Brasil recordaba muy bien que Abdelkader Guelta había tratado de entrar en el establecimiento entre la una y las tres de la madrugada. «Le impedí entrar porque estaba un poco borracho y era una persona conflictiva», declaró ante el tribunal. Añadió que su jefe le había puesto sobre aviso especial acerca de Guelta porque consideraba que era «una persona conflictiva que robaba en bolsos y cazadoras y se liaba a tortas con la gente». El portero del otro bar, La Bodeguilla, reveló al tribunal que Mourad Kamla y Jaled Houcini pasaron juntos por la puerta del bar en torno a las 3.00 horas. No recordaba haber visto a Guelta, del que dijo que había sido expulsado días antes tras «intentar robar un bolso». El agente de la Policía Foral, que estaba tomando unas copas con unos amigos, vio a Guelta en la discoteca The Moon y en un bar de la plaza de San Jaime. De esa manera quedaron desbaratadas las coartadas de los tres magrebíes. Era mentira que hubieran estado durmiendo a la hora en que sucedieron los acontecimientos. Al contrario, habían estado muy activos por el centro de Tudela.

Los forenses explicaron, ayudándose de imágenes, las lesiones infligidas a Javier Martínez Llort. Los mismos especialistas del Área de Tecnología de la Imagen de la CGPC, que en la madrugada del 11 de mayo estuvieron presentes en la reconstrucción judicial de los hechos en Tudela, se encargaron de proyectar tres vídeos. Eran reconstrucciones de lo acontecido en tres dimensiones y en blanco y negro. Dos de ellas se habían basado en las declaraciones realizadas por uno de los acusados y por un testigo protegido. La tercera tenía como base el informe de la autopsia. El realismo de esta reconstrucción provocó que la madre, el hermano y la novia de Javier rompieran a llorar en la sala.

Todavía, quedaba, sin embargo, la traca final, la prueba definitiva que adelantó José M. Fernández, el jefe de la Brigada de Policía Científica de Navarra: la transferencia de la pintura del listón a la ropa de Guelta y de Houcine. También las especialistas del Grupo de Pinturas del Laboratorio Químico, que habían elaborado los informes periciales, explicaron con todo lujo de detalles, y en un lenguaje claro y asequible para el jurado —tras una introducción ilustrada con Power Point—, qué tipo de pintura recubría el listón y cómo habían localizado restos no solo de esa pintura, sino de una capa anterior, en la ropa de los dos magrebíes. Y cómo era materialmente imposible que la transferencia se hubiera producido por el simple hecho de estar sentados en ese banco público. Fue suficiente.

El jurado popular declaró probado que los tres acusados decidieron robar a Javier Martínez Llort. Que Mourad Kamla se quedó a unos metros para vigilar. Que abordaron en torno a las 5.30 de la madrugada del 11 de abril de 2010 al joven, el cual se hallaba sentado en un banco del paseo del Queiles, en estado de embriaguez. Que cuando Jaled Houcine trató de quitarle el teléfono móvil, el joven se resistió y aquel le dio un cabezazo en la boca. Que Abdelkader Guelta le golpeó repetidas veces en la cabeza con un listón de madera que había arrancado al banco público mientras Houcine le agarraba, todo lo cual le provocó la muerte. Veredicto: culpables.

Para Navarro la condena «fue la culminación de un trabajo bien hecho. Hace veinte o treinta años, sin los medios técnicos y científicos con los que contamos hoy, no habríamos podido conseguir este resultado. Pero tampoco nos engañemos: de nada habrían servido estos adelantos sin la inteligencia para utilizarlos. La inteligencia, sin duda, es la materia prima principal, y esa siempre ha existido».

El magistrado Vila condenó a Guelta y a Houcine a dieciséis años de cárcel cada uno por un delito de asesinato, a los que añadió cuatro años más por cabeza por un delito de robo con violencia. Una pena que también recibió Kamla, quien fue absuelto de un delito de encubrimiento. La sentencia fue recurrida por los abogados de los acusados ante el Tribunal Superior de Justicia de Navarra, que falló apenas cuatro meses después. El TSJN revisó la sentencia de apelación, formado por tres magistrados, estimó que no había quedado probado que Houcine sujetara a Javier Martínez Llort mientras Guelta lo golpeaba en la cabeza con el listón de madera, por lo que le rebajó la acusación de asesinato a cómplice de asesinato. La pena pasó de dieciséis años de cárcel a nueve años de prisión. Asimismo, la pena de delito de robo con violencia consumado a los tres fue reducida a dos años y seis meses de prisión, quedando las condenas de la siguiente manera: Abdelkader Guelta, dieciocho años y medio de prisión; Jaled Houcine, once años y medio; y Mourad Kamla, dos años y medio. La sentencia fue recurrida en casación ante el Tribunal Supremo.

6
Donde habitan los monstruos.
Operación Kova:
la captura de Nanysex

Internet

«Quien combate a los monstruos debe cuidar que en el proceso no se convierta, a su vez, en un monstruo. Y si miras al abismo durante mucho tiempo, el abismo también mirará dentro de ti», escribió el filósofo alemán Friedrich Nietzsche. El trabajo de Luis García Pascual, inspector jefe de la Brigada de Investigación Tecnológica (BIT) de la Comisaría General de Policía Judicial, es ese precisamente: combatir a los monstruos y mirar al abismo diariamente. O más exactamente, patrullar el abismo buscando a esos monstruos. No son monstruos gigantes, deformes y violentos, como nos relatan los cuentos, no. Los monstruos que él y sus compañeros de la BIT persiguen tienen todos apariencia exterior de normalidad, pero su interior es deforme y perverso y están dominados por los instintos más deshonestos, inmorales e inconfesables. Porque sus víctimas, sus presas, son los niños y los bebés.

A estos monstruos unos los llaman pedófilos y otros pederastas. Desde el punto de vista de la medicina, la paidofilia o pedofilia es un trastorno de la personalidad y del comportamiento por el que la persona obtiene la excitación o el placer sexual mediante fantasías sexuales intensas o recurrentes, o de impulsos sexuales, centrando el objeto de atención en uno o varios niños, generalmente de menos de trece años. Por pederastia se entiende el abuso sexual cometido sobre menores cuya edad es inferior a la edad establecida para el consentimiento sexual (trece años en España). La pedofilia, por lo tanto, es una tendencia personal que puede materializarse o no, y la pederastia es la práctica que se hace sobre el menor con un deseo libidinoso y buscando la consumación del deseo sexual. La pedofilia y la pederastia son, igualmente, una perversión, y aunque ambos términos son diferentes, en la calle hoy se identifican como sinónimos.

Las ventanas por las que García Pascual y sus compañeros, bajo el mando del comisario Manuel Vázquez López, acceden al lado oscuro y al abismo en el que habitan estos monstruos, con la misión de atraparlos, son simples pantallas de ordenador, como la que cualquiera puede tener en su casa. Junto a la pantalla que García Pascual tiene en su oficina del edificio policial de Canillas, en Madrid, hay una foto de toda su familia —su mujer y dos hijas junto a él—. Gente sana, sonriente. La foto es un poderoso faro contra la atracción del abismo y de la oscuridad. Un recordatorio de normalidad y de sanidad mental frente a los miles de vídeos que estos agentes tienen que visionar e investigar, en los que niños y niñas son objeto de agresiones y abusos sexuales horrendos por parte de personas en apariencia respetables. Agresiones que, además, graban en vídeo para compartir con otros que tienen sus mismas inclinaciones.

El Código Penal español castiga con fuertes penas tanto los abusos sexuales a menores como la pornografía infantil, pero eso no persuade a los pedófilos o pederastas. «Hasta la “Era Internet” el pedófilo iba a los parques, a los colegios... Era un tipo de entre cuarenta y cincuenta años, solitario. Cuando lo atrapábamos, avergonzado reconocía su culpa y la mayor parte de las veces consentía someterse a tratamiento», explica García Pascual. «Internet ha cambiado ese estado de cosas. Ahora ya no hay perfil de pedófilo. Los hay jóvenes, menos jóvenes y mayores, de toda condición, clase social y profesión. Internet ha creado una comunidad de pedófilos a nivel internacional, y eso les ha envalentonado. Se refuerzan unos a otros e incluso hablan abiertamente de su derecho a la sexualidad sobre los niños. Tratan de convencer a la gente de que lo que hacen no es malo y señalan el ejemplo de los homosexuales. Dicen: “¿Veis? Son normales. Nosotros también somos normales”. Quieren extender la sensación de que la pedofilia es una cosa más, que es normal. En Holanda llegaron a crear un partido político».

La formación política a la que se refería García Pascual era el Partido del Amor Fraternal, la Libertad y la Diversidad (PNVD), que fue fundado en 2006 por tres reconocidos pedófilos después de que un tribunal de ese país le concediera su derecho a existir. Se disolvió cuatro años más tarde, en 2010, por el rechazo de la mayoría de la población de los Países Bajos a sus reivindicaciones, entre las que se encontraban rebajar la edad de consentimiento sexual de los dieciséis a los doce años, la legalización de la pornografía infantil, de la zoofilia —las relaciones sexuales de humanos con animales— y el derecho a caminar desnudo por cualquier parte del país. Durante sus cuatro años de existencia el PNVD jamás pudo presentarse a ninguna elección por ausencia de apoyo popular.

Pero es que el mal, como mantiene el inspector jefe García Pascual, está en todas partes. No importa lo sagrada que sea la institución, como la Iglesia católica, donde el papa Benedicto XVI ha tenido el coraje de afrontar el problema de la pedofilia y tratar de extirparlo. Reconocer un problema siempre es el primer paso para solucionarlo. El cardenal William Joseph Levada, prefecto de la Congregación para la Doctrina de la fe, reconoció públicamente la existencia de cuatro mil casos de abusos sexuales a menores en la última década ante los asistentes al simposio «Hacia la curación y la renovación». Tuvo lugar en Roma durante la segunda semana de febrero de 2012. Asistieron delegados de ciento diez conferencias episcopales y los superiores generales de treinta órdenes religiosas. El cardenal Levada hizo especial hincapié en la necesidad de que la Iglesia colabore con las autoridades porque el abuso sexual a los menores «no solo es un delito en el derecho canónico, sino que también es un crimen que viola las leyes penales en la mayoría de las jurisdicciones civiles». Ante los curas pedófilos, tolerancia cero, ese es el mensaje del papa. No solo serán entregados a las autoridades civiles, sino que perderán su condición de pastores de la Iglesia.

Nuestra sociedad se enfrenta, como Hércules, a una Hidra de mil cabezas, un dragón marino que poseía la facultad de regenerar dos cabezas por cada una que le era amputada. Tal es la impresión que a veces tienen los investigadores cuando se encuentran con casos como el de la joven austriaca Natascha Kampusch, que fue secuestrada por un pedófilo cuando tenía diez años y del que consiguió escapar ocho años después. O el de su compatriota, el electricista Josef Fritzl, apodado por la prensa de ese país el Monstruo de Amstetten, que empezó a abusar de su hija Elizabeth cuando tenía once años. Luego la secuestró y la encerró en el sótano de la casa familiar durante veinticuatro años. En ese tiempo le hizo siete hijos.

Los españoles no somos distintos del resto de los europeos. En la mente de todos está el caso Mari Luz. La niña onubense Mariluz Cortés, de 5 años, fue secuestrada el 13 de enero de 2008 por un vecino con antecedentes pederastas, Santiago del Valle, que después la asesinó. «La pulsión sexual en el ser humano es muy fuerte. Si además está desviada…», apunta el inspector jefe García Pascual con una mirada firme. Según datos de la organización de protección a la infancia Save the Children, citados por la revista Vida Nueva, cuarenta mil españoles son consumidores de turismo pedófilo: viajan a países donde pueden tener relaciones sexuales con menores sin ningún peligro.

Es una Hidra de mil cabezas, un monstruo, sí, hay que reconocerlo. Por cada cabeza que se corta nacen dos. No obstante, ¿se la puede derrotar? Hércules descubrió que si quemaba el muñón del cuello decapitado, cauterizando así la herida, evitaba que brotaran dos nuevas cabezas. Pues sí, también se puede derrotar a esta Hidra moderna con medios y con leyes, y teniendo las cosas muy claras. «Nuestro objetivo es que no se descarguen de la red pornografía infantil. Tienen que saber que cuando se descargan pornografía infantil pueden estar destrozando su vida», relata el inspector jefe de la BIT. «Van a perder su trabajo, van a perder a su familia y se van a convertir en apestados sociales. Esa es la consecuencia final. Y no se suelen dar cuenta. No quieren reflexionar. Pero eso es lo que va a pasar con sus vidas. Lo sabemos. Lo hemos visto muchas veces. Demasiadas. Tarde o temprano caerán porque nosotros estamos tras ellos. Saben muy bien qué es lo que están haciendo y saben que es ilegal, que es un delito. Tienen salida porque pueden evitarlo, porque su voluntad prevalece si ellos quieren. Y nosotros, por nuestra parte, no podemos engañarnos. Este es un problema mundial. No un problema nacional. Lo sabemos y por eso colaboramos intensamente e intercambiamos información constante con las policías de otros países».

Desde Canadá

Un caso importante puede tener su origen patrullando la red con programas informáticos especiales, como el Emule Nordic, que permite conocer quién se descarga vídeos pedófilos. También es fundamental el Groove, un espacio virtual informático de trabajo compartido que permite la comunicación en tiempo real de todas las policías de la Unión Europea, Estados Unidos, Canadá, Japón, Australia y Nueva Zelanda que operan en este campo. O mediante una simple comunicación, vía Interpol, la Organización Internacional de Policía Criminal, que tiene su base en Lyon, Francia, y que agrupa a las policías de ciento noventa países con el objetivo de prevenir y combatir la delincuencia.

Una simple comunicación desde Canadá puede ser la base, como sucedió en febrero de 2005. Warren Bulmer, agente de la Unidad de Crímenes Sexuales de la Policía de Toronto, había conseguido introducirse en un foro secreto de Internet y había entrado en contacto con un cibernauta que ofrecía a sus miembros pornografía infantil. Esta unidad policial tiene un largo currículo de éxitos en batallas contra los monstruos que pueblan la red de redes. El grado de compromiso y la determinación de la unidad es tal que, junto a la multinacional estadounidense Microsoft, ha creado un sofisticado programa que les permite rastrear pederastas en Internet. «No eran imágenes pornográficas, pero la pose insinuante y las promesas de que después vendrían otras imágenes explícitas del abuso me convencieron de que ese niño era víctima de una explotación sexual», declaró a la Agencia EFE el agente Bulmer.

Es una acción que ningún agente de policía español podría haber llevado a cabo porque nuestra ley no contempla la figura del agente encubierto en la investigación de delitos como el abuso sexual a menores y la pornografía infantil y, por lo tanto, tienen prohibida la utilización de material pornográfico de niños para penetrar y detener a los miembros de esos círculos secretos de pedófilos, pues una de las condiciones que ponen para admitir a nuevos miembros es que aporten material pornográfico de menores. Este es el talón de Aquiles de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado españoles que combaten en la red a estos monstruos.

La policía canadiense remitió el material pornográfico obtenido en su investigación a Interpol para que fuera analizado, pero con la seguridad de que había sido rodado en España. Bulmer había establecido que el teclado que aparecía en una de las fotos —con una eñe— era de la marca suiza Logitec y había sido comercializado en nuestro país en junio de 2003.

La BIT cuenta con un total de cuarenta y tres agentes dedicados a patrullar la red divididos en cinco frentes: protección al menor, fraude en el uso de las telecomunicaciones, fraude en Internet, seguridad lógica y propiedad intelectual. Era, por lo tanto, el destino lógico de la comunicación canadiense. En el área de protección al menor la BIT cuenta con tres grupos operativos formados en total por doce agentes. En 2003 habían investigado ciento doce asuntos de monstruos y en 2004, ciento veinticinco. El Grupo Primero de Protección al Menor recibió el encargo de componer y descifrar el misterio que les llegó del otro lado del Atlántico.

«La investigación, en este campo, es muy difícil y complicada. El mundo de la pornografía infantil, y estamos hablando de grupos de gente que vive una vida en apariencia normal, se compone de tres círculos. El primer círculo está formado por personas, adultos, que no solo abusan de niños, sino que los graban. Graban cómo mantienen relaciones sexuales con ellos. Luego intercambian esas imágenes con otros que hacen lo mismo. No es un negocio. El dinero no es primordial. No buscan hacerse ricos con el material. Lo hacen porque les gusta, porque además está prohibido, lo que añade un plus de emoción. La gente necesita excitarse con nuevo material continuamente. Los miembros de este primer círculo tienen mucho cuidado porque una filtración puede dar con sus huesos, y con los de sus contactos, en la cárcel. Se cuidan mucho de pasar a extraños sus imágenes —y las de sus amigos pedófilos— de abusos a niños. Son “amigos” que normalmente no suelen conocerse en persona porque viven en ciudades o países diferentes. Es extremadamente difícil penetrar en este círculo», relata García Pascual.

«Del segundo círculo, en un escalón inferior, forman parte los amigos de los del primer círculo. Estos no abusan de niños pero disfrutan de las imágenes que producen los anteriores. Suelen conocer como mucho a uno o a dos abusadores del primer círculo, que son los que les pasan el material. Como es lógico, los componentes del segundo círculo no tienen tanto cuidado como los del primero, por lo que a veces se filtra algún material al tercer círculo. Este segundo círculo también es, para nosotros, muy difícil de penetrar. Pero si lo conseguimos, accedemos al primer círculo y ¡bingo!», continúa contando el inspector jefe de la BIT. «El tercer círculo, el tercer escalón, se corresponde con la pornografía infantil que es de dominio público. Se alimenta de las imágenes producidas en los Países Bajos en los años setenta, de los abusos que se han filtrado desde los círculos superiores y de la producción de porno infantil comercial que se realiza en Rusia y en algunas repúblicas exsoviéticas. Estas personas no suelen abusar de menores y no suelen tener contactos con los círculos superiores. Son simplemente consumidores de porno infantil», añade el policía. «Nuestro objetivo principal es penetrar los dos círculos superiores, detener a sus componentes e impedir que sigan distribuyendo pornografía infantil».

Los hombres de la BIT conocen muy bien el terreno legal en el que se mueven y escogen con cuidado el lenguaje empleado. Por ello utilizan el término «abuso sexual de menores» cuando se refieren a lo que en la calle se entiende como violación de menores. El Código Penal es diáfano en este campo. Para que haya violación —«agresión sexual» es el término jurídico— tiene que existir violencia o intimidación. Un bebé o un niño pequeño no pueden sentir intimidación ni violencia moral. Intimidar significa vencer una voluntad, y en un bebé o un niño pequeño no existe voluntad alguna. Está a merced de lo que el adulto quiera hacer con él. Por ello el tipo penal que se maneja es el de «abuso sexual», que no requiere de violencia, intimidación o consentimiento y que precisa que exista un «ánimo libidinoso» o el propósito de obtener una satisfacción sexual por parte del agresor. Cuando el abuso sexual al menor no se limita solo a tocamientos —delito penado con prisión de uno a tres años—, sino que se produce lo que legalmente se define como «ayuntamiento carnal», es decir, relación sexual plena con el menor, ya sea por vía vaginal, anal o bucal, o introduciendo algún objeto por vía vaginal o anal, entonces el castigo es mayor: de cuatro a diez años de cárcel. La agresión sexual, lo que todo el mundo entiende por violación, está penada con prisión de seis a doce años. Por otra parte, el delito de pornografía infantil —la grabación de esas imágenes y su distribución por la red— está castigado, en el Código Penal español, con penas de cárcel que van de un año a cinco.

¿A cuál de los tres círculos pertenecía el hilo de la investigación que, desde Canadá, se servía a la policía española? «En aquel momento, estamos hablando de febrero de 2005, el material que nos enviaron era escaso. No era vídeo todavía. En una imagen se veía a un niño de entre tres y cuatro años y dos penes de adultos; en la segunda una mano sosteniendo un ticket de tren en las manos, con el cuerpo del niño desnudo de fondo; en la tercera el rostro del niño y en la cuarta el mobiliario de la casa», cuenta el inspector jefe de la BIT. Las imágenes fueron analizadas al detalle. La del billete de Cercanías de Renfe, de Madrid, permitió establecer que había sido comprado en la estación de Atocha el 22 de febrero de 2004 a las 12.46 y que permitía viajar hasta la zona B3, el cinturón de ciudades de la Comunidad de Madrid que comprende por el este Alcalá de Henares, por el norte Colmenar Viejo, por el noroeste Villalba, Galapagar, La Navata y Torrelodones y por el sur Humanes, Valdemoro, Ciempozuelos y San Martín de la Vega. Quien quiera que hubiera adquirido ese ticket se había desplazado a una de esas ciudades.

«Fue poco menos que un trabajo de chinos. Imprimimos imágenes del niño y nos pusimos en contacto con las policías locales de esas poblaciones para requerir su ayuda. Por la edad, nos pateamos las guarderías. Fueron muchísimas horas llamando a puertas y hablando con gente. Pero ni las policías locales ni nosotros conseguimos nada por esta vía», continúa contando el inspector jefe de la BIT. Con un contacto directo con la policía canadiense, desde la BIT solicitaron más imágenes del caso. Desde Toronto les enviaron treinta fotos adicionales. En ellas aparecían más pistas, como una toalla con el anagrama del hospital La Paz, centro de referencia médica para los habitantes de la zona norte de Madrid, o un teclado español con la letra eñe. «Al igual que la toalla o la tapicería del sofá, demasiado común para ser singularizada». Sin embargo, todas las fotos estaban firmadas por «Kovtod», salvo una, en la que aparecía el término «Nanyprivate-0019». ¿Podía tener alguna relación este «Nanyprivate» con el «Nanysex» de la «Operación Rúber», que acababan de cerrar apenas un par de semanas antes? Habían conseguido detener a dieciocho pederastas pertenecientes al primer y al segundo círculo completos.

De acuerdo con el testimonio prestado por uno de los detenidos en esa operación, un usuario español conocido por los nicks o apodos de Nany o Nanysex había intentado intercambiar con él a través de IRC (un programa que permite chatear en tiempo real con cualquiera en cualquier parte del mundo) imágenes de violaciones de bebés. El tipo en cuestión les había contado que tenía muchas imágenes de ese tipo producidas por él mismo. Aquello dio pie a una serie de búsquedas en la red para localizar al susodicho Nanysex. Y lo encontraron en una caché (un archivo antiguo almacenado por el buscador Google) de un mensaje publicado en el año 2003 en el que Nanysex solicitaba y ofrecía fotos de agresiones sexuales a bebés en un inglés macarrónico: «Nanysex little babys and todlers sex action. Author: nanysex Aug/2/2003. Mensaje: I have private movies only 0 a 5 you interest??? Contact for my for trade…». Lo que se traduciría, más o menos, como: «Nanysex bebés y niños pequeños en acción de sexo. Autor: nanysex Agos/2/2003. Mensaje: Tengo películas privadas solo 0 a 5 es de tu interés??? Contáctame para intercambio…». En el mismo mensaje Nanysex facilitaba la siguiente dirección de correo electrónico: a48500014@ hotmail.com, la cual se hallaba desactivada. El dominio hotmail.com era propiedad de Microsoft Corporation, por lo que la BIT solicitó autorización judicial para tener acceso a todos los datos generados por esa cuenta. La autorización fue inmediata.

Operación Kova

Los datos facilitados por Microsoft Ibérica S. R. L., la filial española de la multinacional estadounidense, dieron a la investigación el impulso necesario. Y de entrada los agentes se encontraron con una sorpresa: todos los caminos digitales apuntaban en una sola dirección, y no precisamente a alguna de las ciudades del cinturón de Madrid, sino a una muy distinta del sur de España: Murcia. No provenía de un sitio concreto, sino de múltiples direcciones diferentes. En apariencia el desafío se asemejaba a encontrar una aguja en un pajar, así que se decidió establecer vigilancias a las que parecían más relevantes, complementadas con intervenciones telefónicas a sus titulares. Se puso un énfasis especial en una tienda de informática situada en la plaza de San Julián, en el barrio de San Antolín. Por una simple razón: porque ofrecía configuración de accesos a Internet. Eran profesionales.

Murcia. Una ciudad de provincias. ¿Era posible? Internet había hecho realidad la descentralización y la igualdad en las comunicaciones para todos los ciudadanos. «Decidimos apostar todo a esa pista. Movilizamos a todo el Grupo Primero y a parte del Grupo Segundo. Siete personas, más el personal de seguimiento y nuestra gente del Grupo de Policía Judicial de Murcia. En total catorce personas. Levantamos un asedio invisible en torno a la tienda. Pedimos autorización judicial para intervenir sus teléfonos y líneas de Internet», cuenta el inspector jefe Luis García Pascual.

La tienda estaba regentada por un joven ingeniero informático de veintitrés años, un poco pasado de peso, muy sociable, que respondía al nombre de Álvaro Iglesias Gómez. «Tenía mucho don de gentes. Era un auténtico chuchuá. Puro humo», cuenta García Pascual. Y tenía como socio a su hermano. Les pusieron «rabo», como se denomina en el argot policial al seguimiento completo. Durante ese periodo de vigilancia la BIT recibió un envío de la policía canadiense. Un «regalo» que en ese momento resultó decisivo: un vídeo de 11 minutos de duración en el que se veía al niño de las fotos siendo abusado por dos hombres jóvenes. Aunque en la grabación parecían haberse asegurado de no salir, olvidaron cuatro frames o fotogramas en los que aparecía, sin lugar a dudas, el propio Álvaro Iglesias Gómez. El vídeo, además, tenía una dedicatoria: «Para mis friends BL (boy lover, «amante de niños», como se denominan los pedófilos) Aza y Todd». Aquello era una prueba en toda regla. Porque un frame es equivalente a una foto, aunque con mucha menor calidad.

¿Y quién era Álvaro Iglesias? En la red, en una de sus muchas páginas, Álvaro Iglesias se presentaba de forma desenfadada: «Un poquito sobre mí. Bien, no sé por dónde empezar. Yo nací en una gran ciudad como Madrid nada más y nada menos que un día 15 de noviembre de 1982. Siempre me han gustado los ordenadores, desde muy pequeñito […]. Me considero una persona activa y trabajadora y bien motivada». Añadía que había trabajado como repartidor de publicidad de pizzas, de correo, como agente comercial, como secretario, incluso como extra en alguna serie de televisión. Y por supuesto de baby-sitter, de cuidador de niños. Ponía carteles con dibujos, allí donde vivía, ofreciéndose como «Canguro a domicilio. Monitor infantil. Cuidado de niños. Desde 3 euros la hora. Experiencia con niños y educación infantil y si además tienes ordenador en casa cursos de informática para niños. Disponibilidad tardes, noches y fines de semana». De esa forma había tenido acceso a su objetivo más preciado de una forma natural. Álvaro Iglesias había vivido hasta los dieciséis años en la urbanización Los Valles de Villalba, en Villalba, una de las poblaciones que se encontraban en el cinturón B3 de Cercanías de Renfe, situada a 50 kilómetros de Madrid. Con esa edad fue testigo del divorcio de sus padres. Entonces se trasladó a Murcia con su madre y su hermano mayor y pocos meses después se independizó. Un año más tarde montó Ciberphone, un cibercafé en la población murciana de Lopagán. Estaba contiguo a un videoclub que regentaba José Caballero. Se cayeron bien y decidieron asociarse y unir sus respectivos negocios.

Todo marchaba relativamente bien hasta que un día Iglesias le entregó a su socio una cinta equivocada. Una cinta que contenía uno de los abusos de Iglesias a un niño. Su socio, viendo ventaja evidente, le puso en la tesitura de regalarle su parte del negocio o vérselas ante la policía. Iglesias cedió y regresó a Madrid, a Villalba. Era el año 2002. De aquellas fechas eran precisamente las imágenes que habían dado origen a la investigación. Pasados unos días el inspector jefe García Pascual pudo saber que Iglesias había alquilado una habitación del piso familiar de Villalba a una pareja formada por un español y una extranjera, padres de un niño de apenas un año. El hombre había regentado un bar en un pueblo cercano, pero ante el fracaso del negocio habían decidido marcharse de Madrid. Fueron localizados, cosas de la casualidad, en un pueblo de la Región de Murcia, y arrestados. Los investigadores no podían entender que el pederasta hubiera tenido un acceso tan fácil al niño. Lo más lógico era pensar que se lo hubieran permitido. «El padre estaba alucinado. No podía creérselo. Miraba a su hijo, que estaba jugando en el suelo. La madre dijo que no sabía nada», relata el policía. «También mostraba mucha sorpresa. Y sí, lo comprobamos: el niño de las imágenes era el que teníamos delante». Una serie de interrogatorios a fondo a ambos, por separado, convencieron a los policías de que ninguno de los dos tenía nada que ver con lo que le habían hecho a su hijo. Las gestiones que realizaron después les confirieron la certeza y fueron puestos en libertad.

Los hombres de la BIT pudieron comprobar que Iglesias, experimentado informático, utilizaba las conexiones de sus clientes para camuflarse y evitar ser localizado. «Nuestro conocimiento de su persona y de su mundo distaba mucho de ser completo, pero a esas alturas ya sabíamos que Nanysex era un auténtico mito en el mundo de la pederastia internacional. Su fama era mundial en los círculos pedófilos secretos de todo el planeta por la calidad del material que intercambiaba y por el orgullo que mostraba firmando cada una de las grabaciones: “Nanysex”. Quizá si no hubiera sentido deseo de salir de su círculo, de compartir sus grabaciones con pederastas extranjeros, de que reconocieran su valía, no lo habríamos atrapado nunca. Le pudo su afán de reconocimiento entre sus iguales», añade García Pascual.

La Operación Kova llegó a su clímax el 19 de mayo de 2005. Como era de esperar, Álvaro Iglesias contempló con estupor y sorpresa la irrupción de la policía en el piso compartido en el que vivía con otros jóvenes de su edad, casi como si estuviera siendo testigo de una película de acción. Se sentía seguro en su mundo gris, casi invisible, en su tienda cochambrosa en la que muchas veces se quedaba a dormir sobre un colchón, soñando con sexo con niños o grabándolo. Además también era un exhibicionista: «Hago lo que otros no se atreven. Fantasean y no se atreven, sí». Ni en sus peores pesadillas habría podido imaginarse que la larga mano de la Brigada de Investigación Tecnológica, los «patrulleros del lado oscuro», hubiera podido llegar hasta él.

Lo negó todo. Lo negó mientras le leían sus derechos, lo negó en el coche patrulla y lo siguió negando durante todo el resto de la mañana y de la tarde en la sede de la Jefatura Superior de Policía de la Región de Murcia. Nadie le pidió que jurara o prometiera porque a los acusados no se les pide tal cosa, pues aun así podrían seguir mintiendo.

Hasta que llegó la noche. Álvaro Iglesias era adicto al tabaco y a la Coca-Cola. No pudo resistir la abstinencia y sucumbió. Eran las 23.15 horas.

—De acuerdo, hablaré, pero necesito un cigarro y una Coca-Cola.

Junto a él, en silencio, como un testigo de piedra, su abogado del turno de oficio, Santiago Serna.

—¿Dónde hiciste las fotos que tienes ante ti? —le preguntó García Pascual señalando las copias que había puesto sobre la mesa.

—En Villalba, en mi casa. Está en la calle Real. El niño se llama Rafaelín.11

—¿Quiénes son las personas que abusan del niño? Sabemos que una eres tú. ¿La otra?

—Sí, soy yo y un amigo. Se llama Eduardo Sánchez. Lo conocí a través del Messenger, a través de Internet. Su nick era Todd. Eduardo tiene una página web que se llama www.meteoclima.com.

Todd era el amigo al que Iglesias había dedicado el vídeo del abuso sexual al niño.

—¿Por qué tenías al niño en tu casa?

—Porque había realquilado una habitación a sus padres, Manuel y Francisca.

—¿Conocían ellos lo que hacías con su hijo?

—No.

—¿Qué tipo de relación tienes con el tal Eduardo Sánchez?

—Vive en Barcelona. Me visita esporádicamente. Somos amigos. Estuvo conmigo y con Rafaelín cuando grabamos el vídeo.

—¿Quién hizo la grabación?

—Parte la hice yo y parte la hizo él.

—¿Intercambiaste con alguien más las fotos y los vídeos de Rafaelín?

—Con otro amigo. Con Antonio Olmos Marzal. Nos pasamos fotos y vídeos de niñas haciendo sexo.

—Y el tal Antonio Olmos, ¿ha participado alguna vez con vosotros en las grabaciones?

—No, jamás. Solo me ha enviado fotos y vídeos.

—Y Eduardo Sánchez, ¿sabes si ha agredido ha otros menores?

—No lo sé. Solo me ha enviado vídeos e imágenes pornográficas de menores.

—¿Qué otras agresiones sexuales has hecho antes?

—He tenido relaciones sexuales con cinco o seis niños varones menores, de edades comprendidas entre los dos y los cinco años.

—¿Quiénes son?

—Manuel, un niño rubio de tres años y medio. Fue en el año 1999, en un cibercafé que yo tenía en Lopagán. Lo grabé con una webcam. Le toqué. El niño era de una familia de Madrid que estaba de vacaciones.

En ese momento, García Pascual tomó el ratón del ordenador que había sobre la mesa y pinchó sobre el archivo «GONZALO2.AVI». En la pantalla arrancó un vídeo que habían extraído de uno de sus discos duros en el que aparecía él con el niño.

—¿Es este?

—Sí, es él.

—El siguiente.

—El siguiente niño se llamaba Paquito.12 Fue a finales de 1999. Su madre se llamaba Rosario. Era madre soltera. Estuvimos en una casa alquilada, cercana a la playa. Rosario trabajaba para mí como asistenta.

—¿Cuántos años tenía Paquito?

—Dos años y medio. Era moreno.

Nuevamente el inspector jefe volvió a hacer uso del ordenador. Esta vez sobre el archivo «CUMINFACEMYSON2.AVI».

—Sí, es él. Mi socio, José Caballero. Descubrió este archivo. Él y otra persona me llevaron a Los Barros y me chantajearon. Me dijeron que abandonara el local y le dejara mi parte del negocio si no quería que me denunciara. José se quedó con el archivo. Fue entonces cuando me volví a Madrid.

—Y en Villalba ocurrió lo de Rafaelín, ¿verdad?

—Sí. Con Todd, con Eduardo.

—Fue entonces cuando hicisteis lo del vídeo, ¿no?

—Sí.

—Continúa. Hasta aquí contamos tres. Faltan dos —dijo el inspector jefe.

—En el mismo año que hicimos lo de Rafaelín conocí a dos niños más. Gonzalo y Javier. Fue un trabajo de canguro. Tuvo lugar en la casa en que vivían los dos niños, en Villalba también.

García Pascual pinchó sobre el archivo «KOVA-1.WMV» y miró a Iglesias.

—Sí, son ellos —respondió desviando la mirada al suelo.

—¿Hubo alguno más?

—Uno más. Juanito,13 en Lopagán. Tenía tres años y medio o cuatro. Creo recordar que era rubio. Lo conocí en mi cibercafé.

El agente puso «MINENE.RM» en pantalla. Sánchez miró el vídeo. Aparecía él abusando del niño. Hizo un gesto afirmativo.

—Ya lo sé. Padezco una adicción obsesiva al sexo con menores de entre dos y cinco años. Acudí a un psicólogo [Jesús Eugenio Rodríguez Martínez] para recibir tratamiento y me aconsejó que cuando me masturbara sustituyera progresivamente las fantasías sexuales de bebés con fantasías sexuales con mujeres. Y lo hice. Destruí todo el material, si bien antes le dejé los discos duros a Antonio Olmos para que se hiciera una copia.

Iglesias, en su descargo, trataba de hacer ver que era un enfermo y que buscó ayuda, pero que no funcionó. Había seis niños de entre dos y cinco años de los que reconocía haber abusado, hechos de los que había constancia fílmica. Todavía quedaba por constatar su buena voluntad de colaboración con un paso más hacia el frente.

—Vemos que quieres hacer las cosas bien. Para asegurarnos ahora necesitamos que nos des todas tus claves y nos indiques quiénes son tus contactos, a quiénes les pasas el material. ¿Estás dispuesto?

Álvaro Iglesias, alias Nanysex y Kova, el mito mundial de los círculos secretos de pederastas, no se lo pensó ni una décima de segundo. Se acercó al ordenador del Grupo III de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Murcia y lentamente, mientras los hombres de Sánchez tomaban nota, empezó a revelar las direcciones, las claves y los nicks de todos sus «compadres», españoles y extranjeros, con los que compartía la pasión por abusar de los niños. Compadres que nunca sospecharían que un «mito mundial» como Nanysex podría entregarlos de esa forma.

El interrogatorio terminó a las 3.30 de la madrugada del 20 de mayo de 2005. Cuatro horas y cuarto había durado. Los policías estaban exhaustos, pero muy contentos. Nanysex era un premio gordo, un número uno, casi una pieza imposible de lograr con la legislación española actual, que no permite los agentes encubiertos.

«Durante el registro incautamos veintitrés vídeos en los que aparecían nueve niños. Pudimos identificar a seis. Pero había más», relata el cazador de monstruos. «Álvaro Iglesias también recibía material del extranjero. Uno de los archivos era especialmente repugnante. Procedía de Alemania. En el mismo se podía ver en pantalla a un hombre insultar y golpear a unos niños a los que luego meaba y sobre los que defecaba y a los que terminaba penetrando», explica García Pascual con un gesto que lo dice todo. Sí, hay que tener mucho estómago para trabajar en esto.

Cuando se fueron a dormir sabían que todavía quedaban por delante muchas horas de interrogatorio. Aquello solo acababa de empezar. Entre la documentación escrita que hallaron a Nanysex en la tienda figuraba una solicitud oficial para la apertura de una guardería que quería poner en marcha próximamente y el proyecto de un programa de televisión para enseñar informática a los niños a través de la pequeña pantalla.

A raíz de la confesión de Nanysex la maquinaria policial se puso simultáneamente en movimiento en Barcelona y Vigo. Uno tras otro cayeron los componentes del primer círculo: Eduardo Sánchez Moragues, de veintitrés años, el Todd de la dedicatoria, y José Gómez Cansinos, Aza, de veinticuatro años. También capturaron a un componente del segundo círculo, Antonio Olmos Marzal, Toto o Susan, de cuarenta y seis años. Pocas veces antes se había conseguido llegar tan directamente a la morada de los monstruos y capturarlos.

Sánchez Moragues iba a licenciarse un mes y medio más tarde en Geografía e Historia en la Universidad de Lérida, aunque en esos momentos prestaba sus servicios como profesor auxiliar en la Universidad de Barcelona. Era un estudioso de la meteorología, su pasión. Gracias a ella obtuvo una beca Erasmus en Finlandia. Sánchez era miembro de una familia con recursos de Lérida y a su edad había viajado por medio mundo —México, Estados Unidos, Canadá, Cuba, Camboya y Tailandia—. Era un experto en comunicación audiovisual. Manejaba con igual facilidad la cámara fotográfica como la de vídeo. Precisamente fueron su cámara de fotos Olympus y su videocámara Sony las utilizadas para grabar los abusos a los menores, aparatos que fueron incautados por la policía. Todd tenía previsto, como Nanysex, abrir una guardería en un futuro próximo en Barcelona. José Gómez Cansinos, Aza, era estudiante de Biología en la Universidad de Vigo. Sus compañeros lo veían como un tipo tímido e introvertido. Sus padres regentaban un conocido bar en la ciudad. Tenía una hermana mayor, que era abogada. A Sánchez y a Gómez la policía los vinculó al abuso y a la grabación de ese abuso a dos menores de siete años y medio y siete años, primos los dos. A Antonio Olmos, fotógrafo de profesión, el de mayor edad, perteneciente al segundo círculo, se le intervinieron dos discos duros y cierto número de discos DVD de pornografía infantil.

Álvaro Iglesias fue trasladado tres días después a Villalba, en Madrid. Allí fue entregado al Juzgado de Instrucción número 4, el competente en la investigación, ya que había sido en esa ciudad donde se llevó a cabo el primero de los delitos, contra el menor Rafaelín. La titular del órgano judicial, la magistrada Marta Clara Sipols, fue correcta en el trato con Nanysex, pero nada más. Tampoco Álvaro Iglesias podía esperar un tratamiento de favor. El interrogatorio al que le sometió la magistrada Sipols no fue nada agradable. Le obligó a ver y a describir todos y cada uno de los vídeos en los que había participado abusando de los menores. Le exigió que se identificara en todas las imágenes y a describir las partes de su cuerpo que aparecieran en pantalla. Así quedo registrado: «Que en la fotografía 3-00044 reconoce su pene y que dice que nunca penetró al menor», le dictaba la magistrada al agente judicial, que tecleaba con rapidez ante la pantalla del PC. «Exhibida la fotografía 5-0072, el declarante manifiesta que el pene en erección es el suyo y que estaba jugando». Así lo dijo, con todas las palabras. «A continuación se reproduce el vídeo “anakinparty”. El declarante manifiesta que quien grababa el vídeo a la vez que tocaba al niño es él. Que aparece masturbándose sobre el niño y masturbando al niño». Las palabras «masturbación», «niño», «pene» y «grabación» adquirieron durante el interrogatorio el significado negativo completo que tenían. Todo era muy correcto, pero Nanysex era consciente de que la sociedad española, representada por aquella magistrada que lo interrogaba, estaba escandalizada y muy enfadada con su afición a los niños. Niños que podían ser los de cualquiera, incluso los de la propia magistrada si los tuviera. La magistrada Sipols continuó interrogando a todos los detenidos hasta elaborar un sumario, el 1/2005, de casi tres mil folios, que trasladó, como es preceptivo, a la Audiencia Provincial de Madrid para que fijara fecha de juicio.

La hora de la verdad

El juicio comenzó poco después de las 10.30 del 15 de junio de 2008. Le correspondió a la Sección 23 de la Audiencia Provincial, a un tribunal formado por tres experimentados magistrados, compuesto por dos mujeres y un hombre. La vista pública, que duró casi dos semanas, se celebró a puerta cerrada por la sensibilidad del caso. Solo se permitió la presencia de los familiares de los niños. Los tres integrantes del primer círculo, Álvaro Iglesias, Nanysex, Eduardo Sánchez, Todd y José Gómez, Aza, reconocieron el primer día las acusaciones por delitos de abusos a menores, su grabación y la distribución del material a través de Internet. Nanysex admitió haber abusado de cinco niños de edades comprendidas entre los dos y los cinco años entre 2002 y 2004, y se ofreció a someterse a una castración química si se demostraba su eficacia para extirpar la pedofilia que decía padecer desde los once años, cuando se estrenó abusando de un bebé. Un ofrecimiento huero, porque en España no se contempla legalmente; los únicos tratamientos que pueden aplicarse en las cárceles son los psicológicos. En el momento del juicio Álvaro Iglesias estaba siguiendo un programa de rehabilitación para pederastas en la cárcel de Herrera de la Mancha, donde permanecía en prisión preventiva. El único de los cuatro que negó las acusaciones fue Antonio Olmos, al que solo se le acusaba de distribuir pornografía infantil.

La admisión de la culpabilidad no fue suficiente para el padre de uno de los niños, víctimas de Nanysex, que aprovechó el elemento sorpresa y un descuido de los policías que lo escoltaban para soltarle un puñetazo nada más entrar en la sala, antes de comenzar la segunda sesión del juicio. Una de las madres, al término de esta misma sesión, increpó a los acusados esposados cuando eran conducidos fuera de la sala, de vuelta al furgón de la Guardia Civil. Los ánimos estuvieron muy caldeados, máxime cuando, por imperativo legal, hubo que proyectar en la sala las imágenes de las agresiones. Los acusados miraban al suelo. En la sentencia quedó reflejada una ínfima parte que da idea de lo que habían hecho estos monstruos.

«En fechas tampoco determinadas del año 2003 el procesado Álvaro Iglesias Gómez fue contratado como “canguro” durante varios fines de semana por […] para que cuidara de sus hijos —de dos años y un año y medio— […]. Aprovechando que el procesado estaba al cuidado de los menores en tres ocasiones y momentos diferentes, y aprovechando que tenía que cambiarle el pañal al menor, le hizo diversos tocamientos en sus órganos genitales y otras tantas felaciones en cada una de dichas ocasiones», decía la sentencia. «Igualmente, el procesado Álvaro Iglesias, tras desnudar de cintura para abajo [al mayor de los dos niños] y enseñarle su pene, le obliga a que le realice diversas felaciones, para luego realizarle al menor diversos tocamientos no solo con las manos, sino juntando ambos órganos genitales, para terminar obligando al menor a que le realice una felación a la vez que el procesado eyacula». El niño tenía dos años.

La sentencia va relatando repetidos actos de masturbación a los niños, introducción de dedos en los anos y felaciones. «Entre los meses de abril y mayo del año 2004, encontrándose el procesado en la ciudad de Murcia, compartiendo la vivienda sita en […], el procesado realiza una serie de tocamientos al menor, por encima de su ropa, para después exhibirle su pene y poniéndoselo en la boca del menor diciéndole que le diera un beso, rechazándolo el menor». «Dichos actos fueron grabados por el propio procesado para difundirlos después entre terceras personas y que pudieran verlos a través de la red informática o intercambiarlos por dichos medios».

Sobre el abuso sexual al menor Rafaelín, que dio comienzo a la investigación de la Operación Kova, «cuando tenía tres años y medio de edad aproximadamente, y estando el procesado a cargo del niño, ya que había sido contratado por sus padres como canguro, le realizó tocamientos en sus órganos genitales, masturbándose en su presencia y realizándole una felación y acercándole posteriormente su pene a la boca del menor de manera repetida […]. Por último, y estando el procesado en la cama con el menor y a través de empujones y contactando el pene del procesado con el ano del menor, trata de introducirlo empujando para ello en diversas ocasiones. Los actos anteriores fueron grabados por el procesado y distribuidos posteriormente entre terceras personas».

La sentencia establece, sin ningún lugar a dudas, el concurso de Eduardo Sánchez, Todd, en esa grabación con Rafaelín. «El procesado aprovechó para realizar al menor Rafaelín en distintas ocasiones tocamientos en sus órganos genitales e introducirle sus dedos en el ano, así como simular penetraciones anales acercando su miembro viril a los órganos genitales y al ano del referido menor, grabando dichas escenas y fotografiando distintos momentos en los que el otro procesado, Álvaro Iglesias Gómez, realizaba actos sexuales con el menor. Las fotografías y la grabación efectuada por el procesado Eduardo Sánchez Moragues tenía como finalidad su distribución entre terceras personas a través de la red informática».

A Eduardo Sánchez el tribunal del caso también lo relacionó con la grabación del vídeo realizado en Vigo en 2003, en colaboración con el tercer procesado, José Gómez, con las mismas intenciones de distribución, como fue constatado. Allí una vecina y su hermana les dejaron sus dos hijos, Jorge de siete años y José,14 de siete años y medio, a Gómez para que cuidara de ellos por la tarde y, de paso, «les enseñara informática». «Tras invitarles a que se quitaran la ropa, se tocaran sus órganos genitales y orinaran en una botella de plástico, el procesado comenzó a besar en la boca a Jorge para después realizarle una felación. Comenzó a realizarle tocamientos y a masturbar a José, practicándole una felación, terminando por realizarle otra felación a Jorge e introducirle el procesado su pene en el ano del menor», cuenta la sentencia. «[…] a continuación hizo que los menores se echaran nata por diversas zonas de sus cuerpos para que luego la recogieran con la boca, tras lo cual el procesado vuelve a introducir su pene en el ano de Jorge durante un rato prolongado de tiempo, quien le vuelve a realizar una felación».

Los dos niños quedaron profundamente afectados por aquella experiencia, como explicaron los especialistas médicos en el juicio: «José presenta una serie de secuelas consistentes en fuerte evitación y reserva de los mismos, ansiedad, conductas de escape y dispersión, malestar e inquietud y temor al procesado, siendo prácticamente seguro que en un futuro el menor podrá presentar algún tipo de trauma psicológico o que pueda afectar a su evolución sexual. Jorge, por su parte, también presenta como secuelas, inquietud y desasosiego, ansiedad y malestar asociados a la preocupación y temor hacia José Gómez Cansino, siendo previsible en el futuro algún tipo de traumatismo psicológico o que pueda afectar a su sexualidad». Las madres de algunas de las víctimas, que asistieron al juicio, revelaron que sus hijos sufrían las secuelas de los abusos sexuales perpetrados por Nanysex y sus amigos. Los niños eran más retraídos, con problemas para relacionarse con los demás niños y mostraban recelo para contarles los abusos. «Han perdido la frescura de la infancia».

La Policía Científica se encargó de cerrar el círculo en torno al destino de las grabaciones de los abusos, realizada por el cuarto acusado, Antonio Olmos —Iglesias, Sánchez y Gómez habían admitido la grabación y la difusión de las imágenes de los abusos—, que negó su implicación al comienzo de la vista pública. Tras estudiar los equipos informáticos, el agente 79.951 explicó a la sala que había datos que inequívocamente mostraban que el material videográfico estaba preparado para su difusión. Y así quedo reflejado en la sentencia: «En primer lugar, el hecho de que parte del mismo esté en el disco duro del ordenador, lo que supone una voluntad de guardarlo, cosa que no realiza una persona a quien no le gusta dicho material pornográfico de contenido pedófilo […]. En segundo lugar, tampoco es lógico y razonable que se guarde en carpetas y archivos debidamente clasificados por temas, edades, etc. […]. Esto implicaba que la posesión no era meramente ocasional, sino con una decidida voluntad de que fuera conocido también por otras personas diferentes del propietario o del usuario habitual del equipo informático donde estaban dichos archivos y carpetas […]. En tercer lugar, la utilización por parte del procesado de distintos alias o nicks con los que se relacionaba informáticamente con otras personas también indica esta finalidad de difusión de archivos». Y continúa: «Esta intención de difundir archivos de vídeo o imágenes también resulta acreditada del hecho de que en las referidas conversaciones por chat que mantiene el procesado con terceras personas, en algún momento se reciben o se envían archivos con contenido pornográfico y en el que aparecen menores de edad».

El oficio de abogado defensor tiene momentos en los que su ejercicio puede presentar rasgos contradictorios si no esquizofrénicos, en especial cuando las pruebas son apabullantes. Es como salir a jugar un partido de fútbol con sesenta goles en contra. Es imposible levantar ese resultado. Así debieron de sentirse los letrados de las defensas que, sin embargo, hicieron su trabajo de un modo muy profesional. Carlos Orbañanos, defensor de Álvaro Iglesias, hizo lo que pudo solicitando la atenuante de trastorno mental debido a la pedofilia que padecía Nanysex. Álvaro Iglesias era un enfermo y, como tal, no tenía el control de sí mismo. Esa fue la idea que ofreció al tribunal. Los médicos forenses Juan Carlos Gómez Soro y Rocío Olivenza Antón, adscritos a los juzgados de instrucción de Collado-Villalba, desbarataron esta línea de defensa. Explicaron al tribunal que el acusado Nanysex «presenta una parafilia de tipo pedófilo en el contexto de personalidad probablemente antisocial; no presenta enfermedad mental sino una personalidad desadaptada que constituye su forma de ser». Y concluyeron diciendo que «no presenta alteraciones sustanciales en las facultades mentales superiores necesarias para comprender el valor y las consecuencias de sus actos y dirigirlos libre y voluntariamente». Traducido: que Álvaro Iglesias Gómez sabía lo que hacía, conocía su gravedad, quiso hacerlo y lo hizo. Y que podía haber elegido no hacerlo porque no había nada que se lo impidiera. No estaba enfermo.

El letrado Orbañanos trató, a pesar de todo, de poner una pica en Flandes durante la interpelación que hizo a los forenses:

—Y dígame, doctor Gómez Soro, la pedofilia es una enfermedad así descrita y catalogada por la Organización Mundial de la Salud, ¿no es cierto?

El forense contestó de la única manera posible.

—El trastorno que padece el señor Iglesias Gómez no hace que sus facultades intelectivas y volitivas estén mermadas, sino que las conserva de manera íntegra en el sentido de que sabe lo que hace, conoce la ilicitud de sus actos y quiere realizarlos mostrando en todo momento una personalidad fría, sin ningún tipo de remordimiento o arrepentimiento por lo que hace y sin sentimiento de culpabilidad, pudiendo evitar y controlar sus actos y siendo la pedofilia que padece un rasgo de su personalidad, no de una enfermedad mental.

Las psicólogas adscritas al Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Eva Martín Consuegra y Laura González Guerrero, abundaron en la misma línea que los anteriores: sabía lo que hacía y podía evitarlo. Y así lo entendió el tribunal tras escuchar también al psicólogo que lo había tratado antes de su detención, Jesús Eugenio Rodríguez Martínez. «Esta sala llega a la conclusión de que el dicho procesado no tiene una enfermedad mental desde el punto de vista legal […]. Aunque se le haya diagnosticado una pedofilia excluyente e invariable, lo cierto es que se coincide en que mantiene intactas y conservadas sus facultades intelectivas y volitivas: sabía lo que hacía cuando cometió los hechos y quería realizarlos, de tal forma que, desde el punto de vista forense, podemos afirmar que no presenta ninguna alteración de la personalidad que pudiera disminuir su imputabilidad».

Sobre Eduardo Sánchez, el prestigioso psiquiatra José Antonio García Andrade, que lo había examinado, declaró que tenía una personalidad inmadura que le hacía sentir miedo al sexo con adultos, lo que le llevaba a sentir atracción y deseo hacia menores en una franja de edad de entre siete y diez años. García Andrade, una de las grandes eminencias en la psiquiatría forense, aprovechó su presencia en los estrados para criticar la falta de una política criminal que refuerce los programas para tratar a estos enfermos.

Su colega, Alfredo Calcedo Ordóñez, que también había estudiado a Álvaro Iglesias, fue más específico: «Ahora los pederastas cumplen su condena y salen a la calle. Estas personas son delincuentes pero también enfermos. La legislación española les mete quince años en prisión. Y son una bomba de relojería, porque el tratamiento tiene un tiempo límite».

El castigo de la sociedad

Después de casi dos semanas de sesiones, el juicio llegó a su fin. En la vista final el único que mostró arrepentimiento fue Eduardo Sánchez. En el uso de su derecho a la última palabra dijo: «Pido perdón y me muestro arrepentido». Álvaro Iglesias y José Gómez declinaron añadir nada.

Los cuatro acusados recibieron una sentencia condenatoria. Nanysex fue castigado con cincuenta y ocho años de cárcel como autor de cinco delitos continuados de abusos sexuales y seis de corrupción de menores (grabación y distribución de pornografía infantil). El tribunal consideró probado que Álvaro Iglesias había abusado sexualmente de cinco menores entre 2002 y 2004 en Lopagán y en Collado-Villalba, abusos que grabó y que luego distribuyó a través de Internet. Treinta y un años de prisión le cayeron a José Gómez por dos delitos continuados y tres de corrupción de menores. A Eduardo Sánchez se le impuso una pena de catorce años y seis meses de cárcel por un delito continuado de abuso sexual y cuatro delitos de corrupción de menores. Y Antonio Olmos recibió una condena de tres años de cárcel por difundir y distribuir material pornográfico.

«La desarticulación de este grupo y el éxito de la Operación Kova fue un gran revulsivo para la Brigada de Investigación Tecnológica», cuenta el inspector jefe García Pascual. «La Operación Kova nos dio nuevas pistas que culminamos con éxito en una nueva operación, que llamamos Operación Kova New y que condujo a nuevas detenciones de pedófilos». La BIT siguió demostrando su eficacia un año más tarde, con la Operación Iceberg, nuevamente dirigida contra una comunidad pedófila de tendencia homosexual que intercambiaba archivos a través de la red. Fueron detenidas veintisiete personas en España, una en Australia y otra en Dinamarca. En 2008 culminaron la Operación Lobos, en la que cincuenta y cinco personas fueron detenidas y otras veintitrés imputadas por distribución de pornografía infantil a través de Internet (P2P, Messenger, IRC…). Estos éxitos llamaron la atención de UNICEF, que otorgó a la Brigada de Investigación Tecnológica del Cuerpo Nacional de Policía el premio «Los niños primero», como reconocimiento a la defensa y a la protección al menor en la investigación de los delitos de pornografía infantil en Internet. El premio es uno de los más prestigiosos que otorga esta organización internacional.

Un año después de la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid se pronunció el Tribunal Supremo ante los recursos presentados por las respectivas defensas. El alto tribunal consideró que se había aplicado dos veces la agravante de abuso de confianza con respecto a dos de sus víctimas, y no se podía condenar a una persona dos veces por lo mismo, por lo que rebajó a Nanysex la pena en doce años, de cincuenta y ocho a cuarenta y cuatro. José Gómez se vio igualmente beneficiado al reducírsele la condena en seis años, de treinta y uno a veinticinco, al igual que Eduardo Sánchez, cuyo castigo en prisión pasó de catorce a diez años y medio. A Antonio Olmos, por su parte, se le mantuvo la condena de tres años.

«La Operación Kova fue, repito, un gran éxito para la policía. Pero la vida continúa. Y los pedófilos cumplen condena y salen a la calle y vuelven a delinquir. Porque no hay remedio ni solución definitiva para ellos. Pueden someterse a tratamiento psicológico. Pueden recibir tratamiento farmacológico para suprimir el deseo... Pero, a día de hoy, no hay ninguna cura. Vuelven a delinquir. Y nos los volvemos a encontrar una y otra vez. Si así tienen que ser las cosas, sea. Nosotros seguiremos aquí, firmes. Sabemos quiénes son. Sabemos cómo combatirlos. Que nos esperen porque tarde o temprano daremos con ellos», termina diciendo el inspector jefe Luis García Pascual, de la BIT, la unidad que patrulla el lado oscuro, el abismo. La unidad que conoce y atrapa a los monstruos que están y habitan entre nosotros con máscaras de personas normales y respetables.

7
Asesinato casi perfecto.
El descuartizador de Fuengirola

Trayectorias de sangre y antropología forense

¿Existe el asesinato perfecto? Un legendario de la policía, Salvador Ortega Mallén, el hombre que detuvo a Manuel Delgado Villegas, el Arropiero, autor de cincuenta y dos asesinatos —el mayor asesino en serie de la historia de España—, siempre dice que «no existe el asesinato perfecto; existe la investigación imperfecta. Es la mala praxis, el trabajo mal hecho del investigador el que hace posible lo que algunos llaman erróneamente el asesinato perfecto».

Pero existir, existe. El británico Stuart Robert Louis Hutchinson rozó con la yema de sus dedos el asesinato perfecto en 1989. Tenía cuarenta y cuatro años. Desde hacía tres vivía en lo que muchos británicos consideran el paraíso: la Costa del Sol. Trabajaba en Málaga como delegado de una empresa de mudanzas y transportes del Reino Unido. Un negocio muy lucrativo porque muchos ingleses —como alemanes, franceses y escandinavos— al llegar a su jubilación eligen el sur de España como el lugar donde pasar lo que les resta de vida.

Hutchinson vivía en Mijas, un pueblo de 31.000 habitantes, en una espaciosa «villa» —que es como los británicos llaman a los chalets— de dos plantas en la urbanización La Sierrezuela, a media hora de coche de la capital de la provincia, donde tenía su despacho. Y apenas a 5 minutos de Fuengirola, el mar Mediterráneo y la montaña. Un lugar muy apropiado para practicar una de sus pasiones: la caza. El británico, que hablaba un español muy aceptable, estaba casado en segundas nupcias con su compatriota Alice Winder, una rubia alta y atractiva de treinta y ocho años, profesora de piano y cantante lírica. Alice daba clases particulares de música y piano en su propia casa. Además ofrecía recitales de piano cada semana en la villa Bel Canto para sus amigos de la colonia británica de la urbanización.

Hutchinson era una persona respetable de vida ordenada y muy amable en el trato. Con ellos vivía su hija Katinka, de trece años. La adolescente no se llevaba muy bien con su madrastra, lo que derivaba en continuas broncas entre los cónyuges, a lo que se añadía el hecho de que Peter y David, los hijos adolescentes que ella también había aportado al matrimonio de su anterior relación, estaban internos en un colegio y solo los visitaban por vacaciones. Los encontronazos entre el hombre y la mujer se habían agudizado a comienzos del mes de febrero. Tres meses antes Alice había sufrido un aborto. El hijo que tanto deseaba tener con Robert se había malogrado y la mujer no acababa de asumirlo.

Robert y Alice, en presencia de amigos y conocidos, proyectaban una imagen de armonía y entendimiento perfecta, pero como suele ocurrir en tantas parejas, la procesión iba por dentro. La tarde del 21 de febrero Hutchinson, con aspecto de preocupación y un tanto hundido, se presentó en la comisaría del Cuerpo Nacional de Policía de Fuengirola para poner una denuncia.

—No entiendo nada. Mi mujer simplemente ha desaparecido. Estoy convencido de que me ha abandonado, de que se ha marchado a Londres —declaró.

A continuación realizó una llamada telefónica al padre de Alice, en Londres. Le relató la misma versión que había dado a la policía.

—¿Y por qué crees que se ha ido, Robert?

—Nuestra relación pasa por momentos difíciles. Ya sabes cómo son estas cosas…

Aquello no encajaba en la forma de ser y de proceder de su hija. Pocos días después el padre aterrizó en Málaga para que Robert le explicara en persona lo que había pasado mirándole a la cara. Lo que vio y escuchó no le convenció nada. La misma mañana que aterrizó en Londres se fue directamente a Scotland Yard para denunciar la desaparición de su hija en España. La policía británica, por su parte, activó la maquinaria investigadora. Se puso en contacto con la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol), cuyo trabajo se centra en seguridad pública, terrorismo, crimen organizado, tráfico de drogas, tráfico de armas, tráfico de personas, blanqueo de dinero, pornografía infantil, crímenes económicos y corrupción. Este era un caso evidente de seguridad pública.

El Grupo de Delincuencia Internacional de la Policía Judicial de Málaga y el Grupo de Policía Judicial de Fuengirola, integrantes ambos del Cuerpo Nacional de Policía, se pusieron en marcha. A ambos se unieron dos policías escoceses llegados de Scotland Yard.

La investigación

Hutchinson repitió palabra por palabra, con su mayor capacidad de convencimiento, lo declarado días antes en varios interrogatorios sucesivos a lo largo de varias semanas ante los policías. A pesar de su aplomo, los investigadores no terminaban de creerse su versión.

A continuación los agentes interrogaron a la asistenta, Gertrudis Porras, que prestaba sus servicios a la pareja desde que llegaron a la urbanización. Gertrudis relató a la Policía que la tarde anterior a la desaparición de la «señora Alice» —el 20 de febrero— «el señor» había dejado una nota sobre el parabrisas de su coche indicándole que no era necesario que fuera a limpiar a la casa durante una semana porque la familia iba a estar ese tiempo en Londres. El día 26 de febrero, cuando volvió al chalet, conociendo lo sucedido, se extrañó mucho de lo que encontró allí. «Estaba el abrigo de visón de la señora, que ella se llevaba cuando iba a su país. Estaban todos sus vestidos, algunas de sus joyas y un protector dental que usaba todas las noches para dormir. Al señor lo encontré muy raro y nervioso. Me dijo que no limpiara el dormitorio. Y no lo hice».

Los movimientos de las cuentas bancarias de la mujer, así como el uso de las tarjetas de crédito que poseía, arrojaron una única conclusión: la desaparecida Alice Winder no había tocado el dinero. ¿Podía llevar dinero líquido encima? Era posible, pero muy improbable. Lo más lógico era que hubiera tirado de tarjeta en algún momento. En cuanto al interrogatorio a Katinka, no condujo a ningún sitio. No sabía nada. Solo dijo lo que le había contado su padre. Por otra parte, los Hutchinson tenían un amplio círculo de amigos en la urbanización. Entre ellos se encontraban los Clark, a los que Robert les contó lo sucedido al día siguiente de presentar la denuncia, cuando fue a su chalet con quemaduras en las manos, rostro y cabellos para ver si tenían alguna pomada para aliviar el dolor. A los Clark, y en especial a Lilly, amiga íntima de Alice, les extrañó mucho la desaparición de la mujer. No entendían las razones de su conducta. Y mucho menos cuando vio sobre una mesa del chalet el pasaporte de Alice. ¿Quién se marcha de su casa sin llevarse el pasaporte, siendo súbdita británica en un país extranjero?, se preguntó.

Los investigadores llegaron a la conclusión de que Alice Winder no había desaparecido por propia voluntad, sino que la habían hecho desaparecer. Un nuevo interrogatorio a Hutchinson en comisaría les dio las razones que necesitaban para solicitar a la titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Fuengirola, María Teresa Gómez, una orden de entrada y registro en la urbanización La Sierrezuela. La clave, todos tenían la misma intuición, estaba en la casa. Si la había matado, como temían, allí tenían que estar las pruebas y, con toda probabilidad, el cadáver.

La tarde del 19 de abril los investigadores flanquearon la puerta del chalet acompañados por los hombres de la Brigada Provincial de Policía Científica, todos bajo la supervisión del juez y el secretario judicial. La moqueta de la habitación, el primer lugar donde entraron, era nueva y estaba impoluta. Las paredes habían sido pintadas recientemente. Todo parecía nuevo. Sin embargo, los policías científicos encontraron varias manchas de sangre diminutas en distintos puntos de la pared, que podían responder al patrón de una agresión mortal por la forma de las gotas. La sangre, como líquido, responde a las leyes de la física. Por eso, tomando la cantidad de sangre, la forma de las gotas, el ángulo de impacto y la localización de las salpicaduras en la escena del crimen se puede deducir casi todo: la velocidad del arma utilizada, la posición de la víctima cuando recibió el golpe, la posición del agresor, los movimientos de ambos, los tipos de sangre presentes, el número de golpes, la dureza, el arma utilizada y hasta el número de agresores. También es cierto que cuanto menor es el número y el agrupamiento o dispersión de las gotas la información disminuye. Era una pista pequeña, pero importante.

Hutchinson seguía todo el proceso de registro con una expresión neutra, pero de sus ojos, a veces, se desprendían microgestos que hablaban de la intensa preocupación que, interiormente, le estaba embargando. Un examen exhaustivo a la chimenea de cerámica de la casa dio finalmente con la llave que permitió abrir el caso. De su interior, de entre los restos de la ceniza, uno de los policías científicos extrajo lo que, en apariencia, parecía ser una vértebra humana. Y como suele ocurrir en las películas más taquilleras y en las series de más audiencia —pero pocas veces sucede en la vida real—, Hutchinson se vino abajo y confesó ante la magistrada:

«La noche del 21 de febrero Alice y yo nos peleamos. Nos peleábamos mucho últimamente. La empujé y cayó de espaldas. Se golpeó la cabeza con el marco de un armario empotrado. Comenzó a gritar como una desesperada. Comenzó a pedir auxilio y trató de salir de la habitación. Yo estaba descontrolado. Cogí un bate de béisbol, que tengo como recuerdo, y la golpeé en la cabeza con toda la fuerza de que fui capaz… hasta matarla». Hutchinson dejó pasar unos minutos. Su respiración era rápida y profunda. En aquellos momentos se dio cuenta de la magnitud de lo que había hecho. La habitación era como un campo de batalla. La moqueta del suelo estaba empapada con la sangre de Alice, al igual que la colcha y las paredes. Y seguía extendiéndose. Se impuso su razón. Arrastró el cadáver hasta la bañera. Como cazador experimentado que era, sabía que la norma número uno, antes de despiezar una res, era desangrarla. Sirviéndose de un cuchillo eléctrico de cocina aplicó sus conocimientos. Tenía que deshacerse del cadáver y sabía muy bien cómo hacerlo.

Latas de conserva

Una vez que consideró que la sangre había abandonado el cuerpo de la que había sido su mujer, Hutchinson la desnudó y, ayudándose del cuchillo eléctrico y una sierra, la despiezó en trozos pequeños, apartando la carne de los huesos. Un trabajo que le llevó el resto de la noche. No olvidó tampoco meter en bolsas negras la ropa que llevaba Alice cuando la mató, la ropa de cama manchada, las cortinas y su propia ropa.

Al día siguiente, aprovechando que Katinka —que no oyó nada— estaba en el colegio, comenzó a incinerar el cadáver en la chimenea de cerámica sirviéndose de aguarrás como elemento acelerante. Empezó con la cabeza y siguió con el resto de los miembros. Los vecinos del lugar testificaron después que, precisamente en esas fechas, Hutchinson estuvo durante casi tres días asando carne. Un olor que les llegó a todos y que recordaban muy bien, contaron a los investigadores de la Policía Judicial. Lilly Clark supo entonces qué es lo que había estado haciendo Robert cuando fue a su casa a pedirle una pomada que aliviara sus quemaduras.

Para deshacerse de los restos incinerados del cadáver Hutchinson puso en marcha un método muy original. Introdujo los restos en un número no determinado de botes de pintura vacíos y de latas de conserva y se fue deshaciendo de ellos arrojándolos en los contenedores de basura del Paseo Marítimo de Fuengirola, a intervalos, y en el vertedero de basuras de Mijas. Lo mismo hizo con el cuchillo eléctrico y la sierra utilizados, así como con la ropa, la moqueta, las cortinas y demás pruebas incriminatorias. En los días siguientes renovó todos los elementos de la habitación que pudieron estar manchados y la pintó a conciencia de una forma idéntica a como había estado antes del crimen.

Detenido

Hutchinson salió de su villa aquella tarde esposado y flanqueado por dos agentes de la policía. Se mostraba visiblemente hundido. La prueba central, la llave que hizo hablar a Hutchinson, la vértebra de Alice Winder, fue enviada de inmediato al Instituto Anatómico Forense de Madrid. Allí fue sometida a someros análisis químicos, fotométricos, microscópicos y antropomórficos. Y resultó que la principal prueba de cargo no era tal. «La vértebra de Alice Winder» era un fragmento óseo, sí, pero correspondía al caparazón de un molusco, «posiblemente de una langosta o un centollo», decía el informe forense. Así pues, el asesinato había sido «casi» perfecto. Casi con toda seguridad Hutchinson no habría hablado de no haber tenido la certeza de que había sido descubierto.

Pero ahí no acabó todo. Todavía quedaban dos flecos importantes: demostrar el testimonio de Hutchinson —que había incinerado a su mujer en el horno cerámico de la casa—; y recuperar el cadáver troceado o al menos alguna de las partes.

Para la primera prueba la Policía Científica repitió paso por paso el procedimiento relatado por el británico. Tenían serias dudas de que el horno cerámico pudiera alcanzar la temperatura de combustión mínima necesaria, es decir, entre 610 y 620 grados centígrados, aunque lo normal para estos menesteres son temperaturas de 850 grados en adelante. La sorpresa fue mayúscula cuando comprobaron, horas después, que el horno superaba la mencionada temperatura. Era, por lo tanto, factible. Hutchinson había dicho la verdad.

En el segundo cometido la policía fracasó. No pudieron localizar ninguno de los botes de pintura y latas de conserva en los que Hutchinson introdujo los restos de su mujer. Todos los esfuerzos que se realizaron para localizar alguno, siquiera uno, de los botes de pintura o latas de conserva resultaron baldíos.

No hay cadáver. ¿Puede haber condena?

Aunque ante la policía y ante la magistrada juez Hutchinson confesó todo, cuando llegó el momento del juicio, en enero de 1992, ante la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Málaga, lo negó todo. Como era previsible el británico afirmó que había confesado presionado por la policía, porque le habían amenazado con inculpar a Katinka, que fue acogida por los Clark y luego devuelta a Inglaterra con su madre. «Alice se marchó aquel día. Me llamó dos veces por teléfono a la casa», manifestó en el juicio con toda la seguridad de la que pudo hacer acopio.

Hutchinson siguió a pies juntillas la línea de defensa armada por su abogado, Pedro Apalategui. «Sin cuerpo del delito no puede haber condena», era su tesis. Y mencionó el crimen de Cuenca y el caso del Nani como dos precedentes evidentes en la jurisprudencia española en los que se había producido condena sin cuerpo del delito. El primero resultó un enorme error judicial. León Sánchez y Gregorio Valero fueron condenados, en 1914, a dieciocho años de cárcel por un crimen que no habían cometido, ya que «la víctima» estaba viva. En el segundo el Tribunal Supremo confirmó en 1990 la condena de veintinueve años de reclusión por la «desaparición forzada» de Santiago Corella, el Nani, a los policías Javier Fernández Álvarez, Victoriano Gutiérrez Lobo y Francisco Aguilar González. No por asesinato u homicidio. Un caso reciente, la desaparición de Marta del Castillo, planteó las mismas dudas en el juicio que tuvo lugar en la Audiencia Provincial de Sevilla en enero de 2012 contra Miguel Carcaño. El cuerpo de la joven no ha sido recuperado, pero Carcaño fue condenado a veinte años de prisión por un delito de asesinato.

Por otra parte, los médicos forenses Antonio García de Gálvez y Cabra Villarejo declararon ante el tribunal que «era difícil pero posible» que una persona descuartizara un cadáver con una sierra y un cuchillo, tal como había declarado al principio el acusado; fue él quien indicó cómo había incinerado los restos de su esposa en la chimenea de la casa. Ocho años después, en Madrid, el argentino José Roberto Morales, también aficionado a la caza, hizo con el joyero Andrés Crespo lo mismo que Hutchinson con su mujer. Con el cadáver igualmente en una bañera, seccionó la cabeza con un cuchillo de caza y deshuesó el cadáver apartando la carne hasta reducirlo a tres montones manejables que introdujo en bolsas de viaje. ¡Vaya si se podía hacer!

Los dos especialistas de medicina legal afirmaron también que «era perfectamente posible» quemar un cadáver de esa forma, como lo había probado la Policía Científica.

El fiscal del caso, Valentín Bueno, apoyó su petición de veinticuatro años de cárcel por un delito de parricidio, apoyándose en la confesión inicial del acusado y en las muestras de sangre encontradas por la Policía Científica en el dormitorio de la pareja. «Absolver al procesado ante la ausencia del cuerpo del delito aseguraría la impunidad de cualquier homicida que sea capaz de deshacerse de la víctima», dijo ante el tribunal en la fase final de conclusiones. El tribunal del caso finalmente dio la razón a la Fiscalía. Hutchinson fue declarado culpable, pese a no haberse podido hallar el cuerpo del delito. El tribunal consideró que «no cabe admitir como contradicción el hecho de no haber aparecido el cuerpo de la víctima o una parte del mismo. Contingencia esta que tiene su fundamento y explicación en el modo de operar que tuvo el procesado».

La Sala consideró como principal prueba de cargo el pormenorizado relato del crimen efectuado por Hutchinson, que se había ganado el apodo de «Descuartizador de Fuengirola», ante la policía y la propia juez al ser detenido en su casa.

Fue condenado a la pena de veinticuatro años de cárcel por el parricidio y a tres meses de arresto mayor y 100.000 pesetas de multa por un delito de inhumación ilegal por haberse deshecho de los restos humanos de la forma que lo hizo.

Un tribunal de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, presidido por el legendario magistrado Enrique Ruiz Vadillo, anuló el delito de inhumación ilegal y la multa pero mantuvo la pena principal.

8
Atrapado por el plástico del DNI.
Hablar demasiado es peligroso

Documentoscopia, lofoscopia y ADN

Diccionario de la Real Academia Española: «Bocazas. Persona que habla más de lo que aconseja la discreción». Llorenç Solves Pons, un jubilado de Lérida, de sesenta y tres años, encajaba a la perfección con la descripción que hace la Real Academia de la Lengua en su diccionario. Era un bocazas con todas las letras. En su descargo se puede decir que era un tipo muy sociable, al que le gustaba mucho estar con la gente. El problema es que vivía solo —era soltero—, en un piso de la calle de María Sauret, y eso, con el paso de los años, le pesaba como una losa en su devenir diario. Por lo demás tenía el porvenir resuelto. Recibía una buena pensión, era copropietario de un bar de alterne y poseía una casita en Las Torres de Sanui, una pequeña población a escasos kilómetros al oeste de Lérida, donde iba cuando quería. Pero se aburría. Disfrutaba sintiéndose vivo e importante, contemplando cómo la gente le miraba con ojos de admiración, en especial las mujeres. Y si eran jóvenes, mucho mejor. Además, adoraba ese mundo, entre dos luces, del alterne y de la prostitución. Le iba mucho.

Una de esas mujeres que le escucharon con atención fue María del Pilar Vargas Montoya, una exprostituta que se hacía llamar «Ana» tanto en Aren, el club de alterne en el que trabajaba como camarera, como en Nautic, el restaurante anejo a ese local. Los dos estaban situados en la avenida de L’Exercit y eran regentados por Juan Manuel Gómez, aunque eran propiedad de unas sociedades mercantiles en las que Llorenç Solves tenía —directa o indirectamente— intereses económicos. Allí estaba el público de Llorenç Solves. Al hombre le encantaba mirar las expresiones de sorpresa de sus interlocutoras. Cómo arqueaban las cejas, cómo abrían los ojos, cómo las bocas formaban una «O». «¿Es posible que no hayas podido dar cuenta hasta ahora de quién soy yo?», pensaba Solves. Y luego esbozaba una sonrisa como las que don Paco Martínez Soria solía proyectar en las escenas más brillantes de sus treinta y seis películas.

Entre invitación e invitación, Solves alardeaba del dinero que tenía. Por experiencia sabía que la mayor parte de las cosas que se dicen en esos lugares son trolas destinadas a relajar el ambiente y a crear una ficción de confianza que facilite después el intercambio carnal y el monetario. Ese es el fin del trabajo. Todo es puro teatro. Pero lo que decía Solves parecía tener visos de verdad. El hombre hablaba con todo el mundo, era muy extrovertido. De esa forma se enteró de que el negocio atravesaba por ciertas apreturas económicas y de que tenía necesidad de captar recursos monetarios. Después de varias conversaciones con Gómez, Solves decidió invertir una fuerte suma de dinero en ambos negocios. Y María del Pilar, Ana, se enteró por una confidencia del propio Solves de la operación que acababa de cerrar con Gómez. «Pues sí, querida amiga. Estás ante un hombre de recursos. Tengo más de 6 millones de pesetas (36.000 euros) ahorrados y voy a invertirlos en potenciar este bar de alterne, en el que ya tengo intereses», le contó el hombre. María del Pilar no se lo guardó para sí, sino que se lo comentó a su pareja sentimental: Alberto Calderó Pibrall, de treinta y tres años, delincuente habitual con un largo currículo de antecedentes policiales y también penales. Era hijo de un sargento jubilado de la Policía Judicial de la Guardia Civil.

Calderó había sido condenado en 1992 a catorce años de prisión por un delito de violación. Cinco años después vio la libertad gracias al antiguo Código Penal, que permitía redimir pena por trabajos en la prisión, algo que ya no podría repetirse con el nuevo Código de 1995. En 1999 volvió a ser encarcelado por una denuncia de su esposa, una joven argelina, madre de sus dos hijos. Le acusó de haberla tenido secuestrada y maniatada en una torre —casa de campo— de la huerta de Lérida.

Hacia mediados de febrero de 2000, cuando Ana se enteró de que Solves ya disponía del dinero en efectivo y que lo iba a invertir en el negocio, Calderó, un tipo temerario y atrevido, urdió rápidamente un plan para hacerse con el dinero. Le dijo a su «protegida» que quedara con el hombre para presentarle a alguien de cara a un negocio que le iba a interesar. Decidió poner en marcha un plan. Así, la tarde del 17 de febrero María del Pilar Vargas llamó varias veces al móvil de Solves hasta conseguir citarse con él en el bar Gol. «Llorenç, ¿podemos quedar hoy con Albert? Tiene una idea muy buena de un negocio que te va a interesar mucho», le dijo a Solves. Calderó y Solves ya se conocían, pues Ana los había presentado días antes. Como habían previsto, la pareja recogió al hombre, con un Nissan Patrol, a la puerta del citado establecimiento. Fue la última vez que se le vio con vida.

Nadie le echó de menos, salvo un amigo, que fue quien presentó la denuncia de su desaparición cuatro días después. «Les digo que a Solves le ha pasado algo, que sí. A Solves le va mucho la fiesta. Es que es muy pesado con la cosa, ¿sabe? Le he llamado por teléfono, he ido a su casa y nada, no aparece. Es extraño. Muy extraño. Se lo digo yo, que le ha pasado algo», explicó al mosso que tomaba nota de la denuncia.

La búsqueda

Una desaparición. ¿Era un asesinato o un homicidio? A esas alturas podía ser cualquier cosa. Era, eso sí, con toda seguridad, el primer caso de esta naturaleza al que los Mossos d’Esquadra tenían que hacer frente después de tomar el relevo a la Policía Nacional en las funciones de Policía Judicial (de investigación) en Lérida. Tras los acuerdos entre el Gobierno central y el de la Generalitat de Cataluña que entraron en vigor precisamente en noviembre de 1999.

De modo rutinario lo primero que tenían que determinar, como se suele hacer en cualquier desaparición, es si había sido voluntaria o no. Si la segunda respuesta era la válida, entonces lo que tenían ante sí era un delito. Las primeras indagaciones que realizó la unidad de Policía Judicial de los Mossos d’Esquadra fueron infructuosas. Nadie contestó a las llamadas telefónicas en su casa y nadie abrió la puerta en su domicilio. Era verdad. A Solves se le había tragado la tierra. Y no de forma literal, sino real.

Una de las primeras comprobaciones de la Unitat d’Investigació de ABP de Lérida, de los Mossos d’Esquadra, pasó por consultar los movimientos de su cuenta bancaria. Comprobaron que al día siguiente de su desaparición habían retirado 1.500 euros en ocho cajeros de Lérida, el primero de ellos en una oficina de La Caixa, en el barrio de La Bordeta, haciendo uso de su tarjeta de crédito. Dos días más tarde registraron una última operación de 3.010 euros que dejó la cuenta de Solves a cero. Era evidente que alguien estaba haciendo uso de su tarjeta de crédito, pero ¿quién?

Los agentes Toni Jiménez y Rubén Carrera requirieron las imágenes grabadas por la cámara de seguridad de la oficina de La Caixa del carrer de Cristofol de Boleda. Si todo era normal, la persona que iba a aparecer en la pantalla era el «desaparecido» Llorenç Solves y sería el fin del caso. Pero no lo era. Después de darle al play del vídeo en la pantalla apareció un tipo con un anorak y un gorro en la cabeza junto a una mujer, de raza gitana, con una trenza de pelo negro que le llegaba hasta la cintura.

—Ese no es Llorenç Solves —dijo Carrera.

—No, no lo es. Yo lo conozco —respondió Jiménez—. Es Calderó.

—¿El del caso Cabrera?

—El mismo que viste y calza.

De inmediato se dispararon todas las alarmas en los Mossos d’Esquadra. Calderó había sido investigado dos años antes por la Policía Nacional a raíz de la desaparición, en diciembre de 1998, de otro vecino de Lérida, José Cabrera Hidalgo. Su vehículo había aparecido en el fondo del canal de Serós, vacío. Su familia estaba convencida de que alguien lo había matado para robarle los 4 millones de pesetas que acababa de cobrar por la venta de una casa. Una prostituta había acusado a Calderó de haber asesinado a Cabrera, pero la imputación no se pudo sostener por falta de pruebas. Calderó también había sido investigado en relación con la muerte de un empresario supuestamente fallecido en un extraño accidente de tráfico y del asesinato de una prostituta cuyo cadáver apareció el 1 de enero de 1998 en un descampado de la localidad de Montoliú. Todo en balde, porque no se obtuvieron pruebas suficientes. Los Mossos d’Esquadra estaban, por lo tanto, ante un tiburón blanco al que no habían conseguido atrapar. Hasta entonces. El caso Solves podría ser un calco del caso Cabrera y quizá podrían matar dos pájaros de un tiro.

La pareja fue detenida el 28 de febrero, doce días justos desde la desaparición de Solves. Calderó no abrió la boca. Era un tipo duro, rocoso, seguro de sí mismo. Se sentía a gusto en la sala de interrogatorios, con mirada de desafío. Sabía que los policías no podían utilizar la violencia contra su persona. El artículo 297.3 dispone que los funcionarios de la Policía Judicial «se abstendrán bajo su responsabilidad de usar medios de averiguación que la ley no autorice». El artículo 389.3 prohíbe la utilización contra el procesado de cualquier género de coacción o amenaza, tipificando los artículos 173 a 177 y 609 del Código Penal el delito de tortura. Bendita democracia. Intocable. Ningún imputado está obligado a decir la verdad. Puede permanecer en silencio o puede contar lo que quiera de la forma que quiera.

La mujer al principio permaneció en silencio. Mientras, Carrera y Jiménez llevaron a cabo un registro contrarreloj de las propiedades de uno y de la otra, sin obtener resultados. Luego volvieron sobre la mujer.

—Sabemos que Calderó y tú estáis detrás de la desaparición de Solves —le dijo Carrera.

—No, yo no.

—Sabemos cómo se las gasta Calderó. Estamos hablando de un posible asesinato. Pueden ser entre veinte y treinta años de cárcel —añadió Jiménez.

Pilar Vargas mantuvo todo lo que pudo la compostura, pero su cara era un libro abierto.

—Yo no sé nada —contestó con aparente rotundidad.

—Es mejor que colabores.

La prostituta terminó cediendo. Se notaba que algo muy pesado le oprimía el alma. Además le preocupaba mucho el destino que podría correr su hijito de tres años. La mujer relató a los investigadores de los Mossos d’Esquadra que, en efecto, el 16 de febrero ella hizo de señuelo citando a Solves en el bar Gol. Allí le presentó a Calderó y después se lo llevaron en coche a una aislada casa de campo, que tenía una huerta, en la localidad de Albatàrrec, a poco más de 8 kilómetros al sur de Lérida.

—Es un lugar solitario, incomunicado. Salimos del coche. Albert sacó una escopeta del capó y se abalanzó sobre Llorenç. Lo agarró y lo arrastró hasta sentarlo en una silla. Lo ató, le encañonó y le exigió que le diese el dinero, los 6 millones de pesetas. Llorenç le contestó que no tenía ese dinero, que todo había sido mentira. Albert le amenazó con cortarle los dedos y con matarle. Llorenç le contestó que solo tenía trescientas mil pesetas en el banco, que no era verdad que poseyera esa cantidad, que lo había hecho por darse importancia.

—¿Y qué pasó?

La mujer se echó a llorar.

—Albert comenzó a golpearlo una y otra vez. Le metió un trapo en la boca para que no se oyeran los gritos. Lo golpeó en la cabeza con saña. Con un palo gordo. «Mientes, mientes. No quieres soltar el dinero», le decía. «Pues vas a morir. De nada te va a servir el dinero». Y siguió golpeándolo. Al final le dio el número secreto de la tarjeta de crédito. Fue horrible. Le deformó la cara a golpes.

—¿Qué hizo después Calderó? —preguntó Carrera.

—Le ató una cuerda al cuello, con un palo a modo de torniquete, y fue apretando hasta estrangularlo —la mujer se echó a llorar al rememorar la escena.

—¿Y?

—Luego cogió el cadáver y lo metió en el maletero del coche, donde llevaba un saco de cal. Tenía pensado enterrarlo en el campo.

—¿Sabes dónde lo enterró?

—No.

—¿Te dijo algo entonces?

—Yo lloraba. Me dijo que si decía algo nos mataría a mí y a mi hijo.

La única forma que la Policía Judicial de los Mossos d’Esquadra tenían de corroborar si la mujer decía la verdad era contrastando su testimonio mediante pruebas por la única vía posible: la científica. El lugar donde supuestamente sucedió todo tenía la clave. Y en particular un dato que había dado la mujer: «Albert quemó el carnet de Llorenç y lo tiró en la chimenea de la caseta de Albatàrrec», reveló a los dos investigadores. El DNI tiene una composición plástica especial. Si lograban recuperar esos restos de la caseta de Albatàrrec, el testimonio de Pilar Vargas sería considerado como «la verdad» por los hombres de la Unitat d’Investigació de ABP.

La inspección ocular

La Unidad Regional de Policía Científica de Lérida, junto con agentes de la División de Policía Científica de los Mossos d’Esquadra, acordonó el lugar y realizó una minuciosa inspección ocular, centrándose de un modo especial en la chimenea, en los restos de lo que había sido un fuego. Allí, convertido en una diminuta bola, encontraron un pegote de plástico de un centímetro de grosor. El «indicio», como se le denomina en la jerga judicial, fue trasladado al Laboratorio de Analítica de la Policía Científica, en Barcelona, donde los especialistas se pusieron de inmediato a determinar su composición. Mediante la técnica de comprobación de espectros de absorción infrarroja del plástico, el pegote fue comparado con el plástico de un DNI original. Los resultados fueron positivos: ambas muestras correspondían a las láminas de poliéster y polietileno que plastifican al documento oficial.

En el Área Central de Criminalística se analizaron también los restos adheridos a una rama de árbol semiquemada, la misma que había sido utilizada para quemar y remover el material. En ese caso hicieron uso de un microscopio de comparación, el mismo que se utiliza para comparar los diferentes tipos de casquillos. Luego se analizaron mediante exposición a una luz ultravioleta, en las que se detectaron una serie de partículas que reaccionaban a una tonalidad azulada. Por último, cada trozo carbonizado se dividió en fragmentos más pequeños. Las conclusiones no pudieron ser más determinantes: sí, los restos pertenecían a un Documento Nacional de Identidad. La mujer había dicho la verdad.

Al mismo tiempo que Analítica y Documentoscopia alcanzaban sus conclusiones, el Departamento de Lofoscopia establecía que la huella encontrada en una mesa de la estancia de la caseta de Albatàrrec correspondía a Calderó y databa, como máximo, de quince días atrás. Aquello colocaba al sospechoso en el lugar del crimen, sin ninguna duda. Pocos días más tarde la Universidad Autónoma de Barcelona enviaba a la Policía Judicial el informe de ADN realizado a partir de la sangre obtenida de la silla donde Solves fue presuntamente torturado hasta la muerte. Nuevamente era concluyente: el ADN pertenecía a Solves.

Pero aún quedaba una última prueba: las rodaduras impresas por los neumáticos de un vehículo todoterreno, encontradas en el lugar, correspondían sin lugar a dudas al Nissan conducido por Calderó. El pericial comparativo elaborado desde la Unidad Regional de Policía Científica de Lérida así lo corroboró. Se realizó con las marcas encontradas en el camino de acceso, donde estaba enterrado el cuerpo de Solves, y con los moldes de las ruedas del Nissan de Calderó

Con los datos obtenidos los Mossos d’Esquadra solicitaron una orden judicial para registrar y analizar el coche de Calderó. Allí esperaban encontrar una prueba que les demostrara que el Nissan había sido utilizado para trasladar al hombre. Buscaban un rastro biológico de Solves, daba lo mismo cuál, y lo hallaron. Varios pelos y orina del jubilado, que debió de perder su cuerpo tras la muerte.

No obstante, faltaba lo principal: el cadáver. Habían peinado el lugar de manera minuciosa, incluso habían llevado a los perros, pero el cuerpo no aparecía. Incluso habían registrado sin éxito varias fincas, una torre y la granja de los padres de Calderó en la localidad de La Portella. Allí vaciaron varias fosas de purines buscando los restos de Solves. Jiménez entonces recordó las únicas palabras que Calderó había pronunciado, muy ufano, al ser detenido: «Sin cadáver no hay delito». El hombre, era evidente, contaba con la discreción de su «protegida» a la que había imbuido un gran miedo con sus amenazas. Calderó se sentía seguro de su silencio. Sabía de lo que era capaz. La conocía. O eso creía. Sin embargo, cuando la mujer era conducida al furgón celular desde los juzgados de Lérida para ser llevada a la prisión de Ponent, le dijo a Toni Jiménez:

—Busca una casa con una campana.

El policía se la quedó mirando.

—Una casa tipo iglesia —añadió, antes de meterse esposada en el vehículo policial.

Carta al juzgado

Carrera y Jiménez se emplearon a fondo hasta encontrar el lugar, la casa tipo iglesia, con una campana, que resultó estar en un paraje apartado, en Montagut de Alcarrás, a 10 kilómetros de Lérida. Era un apeadero donde la gente de la zona cogía el autobús de línea. Los investigadores pidieron nuevamente autorización al juez de instrucción del caso para trasladar a la mujer al paraje que les había indicado. Era la mañana del 6 de marzo de 2000. María del Pilar Vargas había tenido tiempo para pensar en la cárcel. Su conciencia y la seguridad de que Calderó no podía hacerle daño ni a su hijo ni a ella le empujaron a tomar esa decisión.

«Vamos a por el cadáver de Solves, ¿verdad?», le preguntó Jiménez. La mujer se limitó a asentir. «Dejamos la carretera nacional y nos metimos por caminos de tierra. Nos empezó a orientar. Recordaba muy bien que la casa de Calderó estaba en la Partida de Sanuy, a un kilómetro escaso de distancia de allí. Por lo tanto Calderó debía de conocer muy bien aquel terreno por el que nos estábamos moviendo», cuenta Jiménez. «Pilar nos condujo a un lugar muy escondido, recóndito. Muy de saberlo. Estaba a 2 kilómetros de distancia de la carretera».

—¡Para aquí, para aquí! —dijo a los policías.

Carrera frenó el vehículo.

—Cuando regresamos a la casa —les relató—, Albert metió en el coche dos azadas y dos sacos con cal. Luego cogió el cadáver y lo subió al vehículo. Cuando llegamos aquí ya tenía preparada la fosa. La fosa está aquí.

Los dos policías guardaron silencio mientras salían del coche. No dejaban de mirar a la mujer a los ojos. Apenas en unos segundos iban a conocer el lugar donde estaba enterrado el cadáver. Sería el primer caso de asesinato resuelto por los Mossos d’Esquadra, pero eso no le importaba a ninguno de los dos. Lo verdaderamente importante es que, si era verdad, habrían atrapado a Calderó, a uno de los hombres más peligrosos de la región, casi una leyenda. Cada uno respiró lenta y profundamente. La mujer dio un par de pasos. Reconoció el lugar. Su mirada se centró en un pequeño montículo que en nada se diferenciaba del resto. Si la tierra había sido removida, el poco paso del tiempo lo había camuflado todo. «Está ahí», dijo señalando el lugar con las dos manos esposadas.

El lugar fue inmediatamente acordonado. Con toda celeridad se comunicó telefónicamente al juez del caso lo acontecido y en muy poco tiempo, con todos los medios técnicos y humanos necesarios, los operarios comenzaron a cavar bajo supervisión judicial. A las cuatro de la tarde el cadáver de Llorenç Solves emergió de las entrañas de la tierra. Había sido enterrado desnudo en una fosa de metro y medio de profundidad, cubierto por una capa de cal. La cal, de la que se sirvió Calderó para rociar el cadáver de Solves, tenía dos funciones muy simples: acelerar la descomposición del cuerpo, quemándolo, e impedir que hubiera olores, alejando así a las alimañas que podrían haberlo desenterrado. Los etarras José Antonio Lasa y José Ignacio Zabala, tras ser asesinados de un tiro en la nuca, fueron enterrados de la misma manera, desnudos, en una fosa previamente preparada, cubiertos de cal y arena. La profundidad de la fosa era de 90 centímetros. Por esa razón las alimañas terminaron por desenterrarlos a pesar de la cal, lo que posibilitó su recuperación y su identificación posterior.

Gracias a que no había llovido durante el tiempo en que estuvo enterrado, la cal funcionó como un conservante. Los médicos forenses determinaron no solo que había muerto estrangulado mediante la técnica del primitivo garrote, sino que pudieron reconstruir el proceso de tortura al que había sido sometido antes de morir. Por ejemplo, comprobaron que la mandíbula había sido rota a golpes, como ya les había contado la mujer. En el cuerpo también se apreciaban heridas compatibles con los tenedores de la cocina que había en la casa donde torturaron a Solves. El hombre debió de sufrir mucho hasta que perdió la vida, dedujeron los forenses.

La recuperación del cadáver de Solves pareció dar un nuevo impulso a otras investigaciones abiertas en torno a otras cuatro muertes relacionadas con Calderó. Por lógica, si había enterrado a Solves cerca de su casa, porque conocía el lugar, el resto de los otros desaparecidos podían no estar lejos. Los terrenos colindantes a la fosa, así como los campos cercanos a Albatàrrec, fueron peinados con máquinas excavadoras durante varias semanas. No encontraron nada. Fue una decepción para todos. Habría sido un éxito redondo poder resolver los casos supuestamente pendientes de Calderó de una tacada. Sin embargo, esto no mermaba el éxito individual de la resolución del asesinato de Solves. En absoluto.

El empeño por demostrar que las manos de Calderó estaban manchadas con sangre de más personas siguió adelante. Con ese fin el Área de Investigación de Lérida hizo uso del geo-radar, el Ground Penetration Radar o GPR, con técnicos especialistas de la Facultad de Geología de Barcelona. Fue la primera vez que una policía implementaba esta moderna tecnología en el campo de la investigación criminal. El GPR es una herramienta geofísica electromagnética, no intrusiva, que permite, en condiciones óptimas, conocer cómo es el subsuelo y las posibles estructuras existentes. Emite, haciendo uso de un par de antenas (emisora y receptora), pulsos electromagnéticos a una frecuencia establecida. Las ondas del geo-radar avanzan atravesando el medio que se quiere explorar. Dependiendo de las características geoeléctricas del medio objeto de estudio, las ondas se conducen de un modo distinto. Algunas rebotan de nuevo a la superficie y otras quedan absorbidas por el medio en concreto. Cada una de estas ondas, las rebotadas y las reflejadas, generan un mapa de ecos del medio que permiten al especialista del GPR producir una imagen que después puede interpretar.

El uso del geo-radar ha permitido descubrir pasadizos secretos en las pirámides de Egipto, localizar estructuras romanas enterradas y, por lo tanto, olvidadas, en varias partes del desaparecido Imperio Romano. El GPR también fue utilizado en el llamado «jardín de los horrores de Bélgica», una propiedad que el asesino pederasta Marc Dutroux tenía en Sars-la-Buissière, cerca de Charleroi, ciudad cercana a la frontera con Francia y en el que había enterrado los cadáveres de dos víctimas suyas, adolescentes. Dutroux, electricista de profesión, secuestró, torturó y violó a seis niñas y adolescentes —de ocho a diecinueve años— entre 1995 y 1996. Asesinó a cuatro de ellas. Las otras dos víctimas mortales fueron encontradas enterradas en el subsuelo de otra propiedad en la misma población. Para la Oficina Federal de Investigación de Estados Unidos (FBI), el geo-radar se ha convertido hoy en una de las herramientas más utilizadas en investigaciones de asesinatos, búsqueda de cadáveres de víctimas, armas y drogas.

Durante días los agentes del Área de Investigación peinaron los alrededores de la granja del padre de Calderó en el término municipal de La Portella. Cuando el geo-radar indicaba un hallazgo que se visionaba en el ordenador portátil al que iba conectado, se marcaba la zona con una bandera. Después se perforaba manualmente el terreno a la vieja usanza: con palas y picos. La búsqueda del cuerpo de Cabrera resultó infructuosa. Aquello hizo pensar a los agentes de la Policía Autonómica Catalana sobre las palabras de la vidente que, desinteresadamente, cooperó en el caso. La mujer afirmó que Calderó quemó el cuerpo de Cabrera en una granja y que después se deshizo de los restos en la playa de Salou, a 100 kilómetros de distancia de Lérida.

El juicio

El juicio contra Albert Calderó y Pilar Vargas se celebró en la Audiencia Provincial de Lérida en noviembre de 2001. La mujer de nuevo relató los acontecimientos con todo lujo de detalles. El hombre, otra vez, lo negó todo. La sentencia fue inexorable. El tribunal sustentó su fallo en la «pormenorizada declaración incriminatoria de la procesada», en las pruebas obtenidas por la Policía Científica de los Mossos d’Esquadra y en el trabajo determinante de la Unitat d’Investigació de ABP de esta policía autonómica. Por ello condenó al hombre a una pena de treinta años de cárcel efectiva por un delito de asesinato, con los agravantes de alevosía, ensañamiento y despoblado.

La alevosía, contemplada, al igual que el ensañamiento en el artículo 139 del Código Penal, supone desde el punto de vista legal cualquier ataque que tienda a asegurar de un modo especial el resultado y a evitar la defensa que pudiera hacer la víctima. El ensañamiento es cuando se aumenta de un modo inhumano y deliberado el daño que se produce a esa misma víctima. Las torturas y la crueldad a que fue sometido Solves antes de ser asesinado, quien fue maniatado para que no pudiera defenderse, encajaban como un guante en estas dos agravantes.

A la mujer se le impuso un castigo de tres años y medio de prisión, una sentencia sensiblemente inferior. El tribunal tuvo muy en cuenta su colaboración, que fue crucial para resolver el caso, apreciando las atenuantes de miedo insuperable, arrepentimiento y confesión. María del Pilar Vargas aprendió bien la lección, gracias al gran trabajo de los Mossos d’Esquadra, y pudo comenzar su vida otra vez.

Quien no tuvo una segunda oportunidad fue Llorenç Solves. Su afán de notoriedad le perdió y provocó su propia muerte: no pudo apreciar el gran valor de la discreción, de no ser un bocazas.

La pena de treinta años de prisión efectiva que se le impuso a Albert Calderó solo es comparable en dureza a otra aplicada con anterioridad por la misma Audiencia Provincial, treinta y seis años de prisión en el caso de Serafín Cervilla, quien asesinó a su novia en la leridana ciudad de Cervera en 1999. Otro éxito de los Mossos d’Esquadra. El primero de la historia de las policías españolas que se resolvió gracias a la huella de la dentadura que Cervilla dejó sobre uno de los pechos de su novia asesinada.15

9
Colme por compasión.
Una viuda negra en Melilla

Toxicología

Paqui no era feliz. Su vida como esposa, como madre de dos niños y como ama de casa no la llenaba en absoluto. Y encontró en los chats de contactos de Internet una realidad paralela que le hizo recuperar la ilusión por vivir. El nick, el apodo que utilizaba, era «Fogosa». Ese mes de agosto de 2003, cuando comenzó todo, se presentaba como una viuda que no hacía mucho que había perdido a su marido y a sus dos hijos en un accidente de automóvil. Una «viuda» que no había perdido los deseos de vivir. Pronto le salieron muchos admiradores y, en especial uno, Cesáreo, quien vivía en la isla de Tenerife.

Francisca Ballesteros Maravilla tenía entonces treinta y cuatro años. Físicamente no era nada agraciada de cara, y le colgaba una gran papada. A su baja estatura se añadía además un sobrepeso evidente. Su marido, Antonio González Ballesteros, de cuarenta y dos años, funcionario local de aduanas, nunca se lo reprochó. Entendía que era algo muy íntimo, muy personal, y sabía que a ella le preocupaba mucho. Por eso cuando en noviembre de ese año Paqui le dijo a Antonio que se iba a Málaga a hacerse una revisión médica para ver si era posible someterse a una operación de reducción de estómago, a este no le pareció mal.

El marido no se encontraba bien desde hacía dos meses. Tenía dolores por todo el cuerpo y vomitaba continuamente. El 6 de octubre había sido ingresado en la UVI del Hospital Comarcal, pero los médicos no daban con lo que le pasaba. Los galenos manejaron, en principio, la posibilidad de una intoxicación por gases, ya que el piso familiar —una vivienda de clase media situada en la primera planta de un edificio de color beige y marrón de tres alturas en la calle de Mar Chica— había sido fumigado una semana antes por un servicio no autorizado que había hecho uso de productos no adecuados. O eso contó Paqui. Sin embargo, con el paso del tiempo esa posibilidad había tenido que ser descartada porque los síntomas persistían. Sería algo pasajero, pensaba el propio Antonio, que con la baja se pasaba los días adormilado en la cama matrimonial.

Paqui dejó a Antonio y a sus dos hijos, Sandra, de catorce años, y Antoñito, de once, a cargo de su familia e inició el viaje hacia lo que todos pensaban que sería un mundo mejor para ella. Porque estando más delgada seguro que se sentiría más feliz y que el ambiente familiar, por lógica, mejoraría.

Cuando Paqui regresó a Melilla contó que tendría que hacerse más pruebas y que habría de volver a Málaga pronto. Nadie de su familia política, ni siquiera su suegra Florinda, Flori, le reveló que a los dos días de haberse ido telefonearon a su casa de la clínica de adelgazamiento para preguntar por qué había faltado a la cita. Todos guardaron silencio. A Antonio se lo contó su madre, pero descartó la idea de que la Paqui pudiera tener un amante. ¿Cómo iba a tener la Paqui un amante si era como era y además solía ir desarreglada? ¿Quién iba a quererla, o a desearla, con el carácter tan raro que tenía? A los niños, eso sí, los cuidaba con esmero y los llevaba limpísimos. Había que reconocérselo. Mejor les pareció dejar correr la cosa, y más sintiéndose el marido tan enfermo como se sentía. Lo más importante era la salud.

El 12 de enero, seis días después de la fiesta de Reyes, Antonio empeoró. Paqui lo vio muy mal y llamó a Urgencias. Nada pudieron hacer. Antonio falleció de un paro cardiaco debido a un «fracaso multiorgánico». A los médicos que le atendieron la causa de la muerte les pareció tan evidente que ni hicieron autopsia. La desaparición de Antonio fue un mazazo devastador para la unidad familiar. También para el resto de la familia, en especial para Ricardo, el hermano mayor del desaparecido, quien estaba muy unido a Antonio.

Ricardo, de cuarenta y cuatro años, se vio especialmente afectado porque no pudo ver con vida a Antonio la última vez que fue a su domicilio. Fue el día de Reyes. A Ricardo le acompañaba su esposa, Yamila, y sus dos hijos. Era el gran día, el día de los regalos. Ricardo lo intentó:

—Pero Paqui, que soy su hermano.

—Que no, que le dejes descansar. Que no se encuentra bien.

—Que es solo darle un beso y decirle hola.

—Que no, Ricardo, que no. Que lo dejes estar.

Paqui se negó en redondo, lo que derivó en una trifulca y dejó en Ricardo una profunda cicatriz en su relación personal con su cuñada. Ella no le dio la más mínima importancia. Jamás se había llevado bien con su familia política, en especial con sus suegros, con los que había convivido en los primeros años del matrimonio. De hecho habían estado seis años sin hablarse. Las relaciones se habían reconstruido, por lo menos en apariencia, gracias a Antonio, que deseaba que hubiera armonía entre todos. Había conseguido incluso que los domingos fueran a almorzar, en supuesta paz y en armonía, todos juntos a un restaurante.

La viuda y sus dos hijos no quedaron mal económicamente. El marido tenía un seguro de vida que liquidaba la hipoteca que pesaba sobre el piso familiar. Con los ahorros y la pensión de viudedad, Paqui y sus dos hijos podían ir tirando. No era como antes, era cierto, había más estrecheces, pero para Paqui existía un gran aliciente: su libertad. O mejor dicho, parte de su libertad.

Precipitación

Tras la muerte de Antonio, Francisca siguió haciendo vida normal. Se pasaba las horas muertas frente a la pantalla del ordenador, chateando con las amistades que había hecho o hablando con ellas por el móvil. Melilla podía estar muy lejos del resto de España y muy cerca de Marruecos, pero las nuevas tecnologías habían hecho que las distancias se redujeran, y tenía ante ella todo un mundo todavía por descubrir. Paqui, a sus treinta y cinco años, sintiéndose joven y vital —«fogosa»—, estaba más feliz sin la losa del matrimonio encima.

Los dos niños fueron testigos directos del cambio operado en su madre. Paqui les habló de las personas que había conocido y de un «amigo» al que se sentía especialmente cercana. No les gustó nada. Querían mucho a su padre y no veían bien que su madre hablara así de otro hombre estando tan cerca su muerte. La mayor, Sandra, cursaba cuarto de ESO en el instituto Reina Victoria Eugenia. No era mala estudiante. A las pocas semanas sus compañeros vieron cómo comenzó a resentirse su salud, cómo perdía cada vez más peso y cómo sus ausencias de clase eran más continuas. Cuando Sandra se ponía mal, el tutor de la niña solía avisar a la madre. Esta recogía a Sandra quitándole importancia a la enfermedad y argumentando que padecía una depresión por la muerte del padre. «Es normal, ¿sabe? Estaba muy unida a su padre». Al poco tiempo Antoñito también comenzó a ausentarse.

Por lo demás la vida siguió su curso aparentemente normal hasta el 4 de junio. Ese día Juan Aguilar, propietario de una carnicería del barrio y amigo de la familia, se pasó por la casa de Paqui inesperadamente. Eran las 11.15 horas y lo que vio allí le horrorizó. Sandra estaba echada sobre un sofá, adormilada, con los ojos vueltos y los labios amoratados. No hacía falta ser médico o ATS para percibir que se encontraba muy grave. Paqui le dio unas palmaditas en la cara.

—Sandra, hija, despierta que está aquí Juan.

La niña no respondió.

—Es que está muy deprimida, ¿sabes? Ha pasado muy mala noche.

Aguilar se ofreció cuatro o cinco veces para llevarla al hospital en su coche, pero la madre rechazó el ofrecimiento, al igual que lo había hecho días atrás con algunos familiares con justificaciones más peregrinas, como que no había camas libres en el hospital.

—Que no, Juan, que no hace falta, de verdad.

—Pues entonces llama a las Urgencias, Paqui. Sandra está muy, muy malita. Tú eres su madre. ¡Haz algo!

Paqui no tuvo más remedio que hacerlo. Llamó a Urgencias y en pocos minutos asistieron a Sandra. La niña, le explicó a la doctora Carmen Guerrero, padecía fiebre alta y depresión. Al quitarle la sábana que la cubría encontraron restos de orín, de heces y manchas de menstruación. La impresión de abandono de la niña era evidente. Allí no había amor por ninguna parte. Solo abandono. Rápidamente se la llevaron al Hospital Comarcal, pero nada pudieron hacer. Ingresó a la una de la tarde. Treinta minutos después, Sandra, de catorce años, fallecía de lo que se definió como una insuficiencia hepática y un fallo multiorgánico.

La noticia de la muerte de la adolescente se corrió como la pólvora entre la familia, disparando todas las alarmas. Ricardo, el hermano del fallecido Antonio, temiendo lo peor y sabiendo que Antoñito, su sobrino, también estaba enfermo, avisó rápidamente a Urgencias para que fueran a su casa y lo trasladaran de inmediato al centro clínico. No quería pensar mal de su cuñada, pero su intuición se lo estaba dictando a gritos.

Antoñito presentaba, según pudo comprobar la doctora Guerrero al llegar otra vez a la casa, los mismos síntomas que su hermana. El futuro que Paqui había secretamente proyectado para sí quedó hecho añicos. Juan Aguilar, al enterarse de lo ocurrido, se presentó en comisaría y denunció los hechos. La dirección del Hospital Comarcal, por su parte, enterada de lo sucedido, también se lo comunicó a la policía.

La investigación

La Brigada de Policía Judicial de Melilla, la unidad de investigación, se puso en marcha a toda potencia. ¿Era posible que aquella mujer bajita, con apariencia de matrona e inofensiva fuera una asesina que hubiera matado a su propia hija envenenándola? ¿En un lugar como Melilla, que no es ni Los Ángeles, ni Nueva York, ni Roma, ni París, ni Madrid, que es donde se supone que ocurren estas cosas? Por lo menos eso cuentan en las películas. Y sobre todo, ¿por qué? ¿Cuál era el móvil si lo había?

José Fernández Cid, el jefe de la citada brigada, tomó en sus manos el desafío: «Los enfermeros del 061 nos comentaron que la madre les había dicho que obviasen cualquier información sobre unas pastillas que le había estado dando a la niña para evitarle los vómitos». Una somera conversación con Paqui le convenció de que lo que ella quería hacer parecer no era cierto. Aquella tarde y noche, con las sospechas de un supuesto delito por envenenamiento en sus manos, Fernández Cid hizo lo que estaba escrito en el libro de normas, la Ley de Enjuiciamiento Criminal: comunicárselo a la titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 5, de guardia en esos momentos. La juez abrió un expediente sobre el caso y dio luz verde a la lógica petición del policía: realizar una autopsia al cadáver de Sandra para determinar si había sido envenenada.

La autopsia judicial solo se puede llevar a cabo por orden del juez de guardia y no necesita de ningún consentimiento de la familia. El objetivo de estas intervenciones es determinar la causa de la muerte, establecer si ha sido natural o provocada por alguien. Esa tarde el cadáver de Sandra siguió la misma rutina legal de todas las autopsias que se realizan habitualmente en España: su cuerpo desnudo fue lavado. Luego los dos médicos forenses, haciendo uso de jeringas, tomaron muestras de humor vítreo, sangre, orina y heces, porque los productos tóxicos son metabolizados en el hígado, los riñones y el intestino y son eliminados después por el riñón, las heces, la piel, las uñas y el pelo.

A continuación se procedió al examen interno del cuerpo, denominado «obducción», mediante la apertura de la cabeza, el tórax y el abdomen. Seguidamente se realizó la evisceración —extracción— de los órganos y la disección de todos ellos. Las vísceras fueron pesadas y examinadas y se prepararon ocho tipos de muestras: un frasco con cincuenta mililitros de sangre, un tarro con orina, un frasco con estómago y su contenido, un frasco con una cuña de hígado y vesícula biliar, un recipiente con riñón y vejiga urinaria, un recipiente con pulmón, un recipiente con intestino grueso y su contenido y un recipiente con intestino delgado y su contenido. Estas muestras fueron enviadas de inmediato al Instituto Nacional de Toxicología de Sevilla, el competente para el análisis en las comunidades autónomas de Andalucía y Extremadura y para las ciudades de Ceuta y Melilla. Los resultados científicos establecerían, sin lugar a ninguna duda, si Sandra había sido envenenada y con qué.

No hizo falta asegurar la casa para impedir a Paqui destruir prueba alguna. La madre permaneció en el Hospital Comarcal junto al niño, explicando a los familiares y amigos, y a quien quisiera escucharla, que no comprendía nada de lo que había pasado. Nadie la creyó. Treinta y seis horas después fue detenida. La mañana del domingo Fernández Cid le leyó sus derechos y la acusó formalmente del asesinato de su hija Sandra. Por delante tenía setenta y dos horas, en las dependencias policiales de la calle del doctor Tallaví, para arrancarle la verdad. Una verdad que jamás se habría esperado.

El bolso que Paqui siempre llevaba bajo el brazo fue el hilo de Ariadna del caso. En su interior encontraron su móvil, una agenda con nombres y teléfonos de hombres de Zaragoza, Barcelona, Canarias y Tarragona, y una carta manuscrita de alguien de fuera de la ciudad de Melilla, con el que parecía que la mujer podía mantener una relación sentimental. La juez del caso dio luz verde de inmediato para investigar tanto las llamadas telefónicas que Paqui había hecho en los últimos meses como su correo electrónico y su intensa actividad en Internet. También autorizó un registro del piso familiar.

«Al principio, el interrogatorio fue duro. Francisca Ballesteros lo negó todo con una frialdad increíble», relató el inspector Fernández Cid. Después argumentó que la muerte de su marido había hundido a los tres en la depresión y en la soledad y que ella había tomado la determinación de acabar con la vida de todos. Por ello había estado suministrando a sus hijos un medicamento llamado «Colme», del que conocía sus efectos porque era el que le habían suministrado a su padre, Cristóbal Ballesteros, quien padecía de alcoholismo.

Sin embargo, todo cambió al día siguiente, el 7 de junio, tras la entrada y registro y la consiguiente inspección ocular que la Policía Científica realizó, bajo supervisión judicial, al piso familiar y en presencia de la propia Paqui. «En las habitaciones de los niños encontramos envases en los que había unos líquidos que no se correspondían al contenido que indicaban las etiquetas de las botellas. Eso nos hizo pensar que podía haber algo. Lo enviamos de inmediato al Instituto Toxicológico de Sevilla», contó Gregorio Castillo, jefe de la Brigada de Policía Científica de Melilla.

El Colme, según la criminóloga y farmacéutica Marisol Donis, «se emplea en casos de alcoholismo. Su acción consiste en paralizar el metabolismo del alcohol. La dosis habitual son unas pocas gotas cada doce horas. Produce el llamado «efecto antabus», es decir, suministrado de seis a doce horas antes de la ingestión de alcohol produce unos síntomas tan desagradables que logra que el paciente llegue a aborrecer el alcohol: congestión, intensas pulsaciones en cabeza y cuello, palpitaciones cardiacas, vómitos, sudoración. Pero esto se refiere a dosis terapéuticas. En dosis masivas se va produciendo un envenenamiento lento que acaba con la muerte».

De regreso a las dependencias policiales, y con los resultados de los análisis realizados al niño sobre la mesa, Paqui, visiblemente turbada, cambió sus explicaciones. Si antes habían sido la soledad y la depresión que les embargaba tras la muerte del marido, ahora dio un giro de ciento ochenta grados a la historia: «Antonio no me quería. Era un borracho. Llevábamos dos años sin mantener relaciones sexuales. Me maltrataba psíquica y físicamente y había abusado de Sandra. Me lo contó la niña. Esas fueron las razones que me empujaron a matar a Antonio. Y después a mis hijos, y a acabar con mi vida. No podía soportar seguir viviendo». Ninguna de las pesquisas que llevaron a cabo los hombres de Fernández Cid probaron que Antonio González hubiera sido un borracho, que hubiera maltratado a su mujer o a sus hijos ni mucho menos que hubiera abusado de Sandra, a la que adoraba y de la que se sentía muy orgulloso. Era un padre normal. Un caso diametralmente opuesto al padre de Paqui, fallecido dieciocho años atrás tras sufrir un accidente en la bañera de la casa familiar. Su infancia, y la de sus cuatro hermanos, según pudieron constatar los investigadores, no había sido muy feliz. La adicción al alcohol de don Cristóbal, trabajador de la construcción, asemejaba la convivencia a un infierno en el que los golpes y la violencia generalizada eran la tónica habitual. Cada hermano huyó del «hogar» familiar en cuanto tuvo edad y medios suficientes para valérselas por sí mismos. Incluida Paqui, que se casó con Antonio cuando tenía apenas diecisiete años, en 1987. Un infierno contra el que había hecho frente común con su madre, aderezando las comidas del cabeza de la familia Ballesteros con bastantes gotas de Colme.

Lo que le quedó claro a los investigadores es que fue entonces cuando Paqui conoció por vez primera el fármaco y sus potencialidades de uso. Francisca seguramente llegó a la misma conclusión que Theophrastus Phillippus Aureolus Bombastus von Hohenheim, el gran médico del Renacimiento más conocido como Paracelso: «Todo es veneno. Nada es veneno. Depende de la dosis».

Paqui siguió desgranando su modus operandi ante Fernández Cid y sus hombres.

—¿Y qué les daba para controlarlos?

—Zolpidem y Bromazepán.

Según sabía la Policía Científica, el Zolpidem es un hipnótico, un inductor del sueño y el Bromazepán una benzodiacepina de efectos hipnóticos y relajantes que anulan todo tipo de voluntad y capacidad de defensa.

—¿Cuándo comenzaste a suministrar el Colme a Antonio?

—A todos.

—¿A todos?

—A finales de agosto de 2003.

—¿Y por qué?

—Se lo he dicho: no soportaba el maltrato constante.

El inexistente maltrato constante tenía nombre masculino: Cesáreo, y vivía en la isla de Tenerife. Fogosa lo había conocido a través de Internet en agosto de ese año, cuando descubrió que existía otra vida fuera de las cuatro paredes de su casa de Melilla, más allá de su familia. Y sentía que podía ser muy excitante. Jamás, en sus treinta y cuatro años de existencia, se había sentido más viva. ¿Por qué ella no podía? Había pasado, sin solución de continuidad, de su familia paterna a la familia que había formado con Antonio. No había disfrutado nada de la vida. ¡Tenía todo el derecho! ¡Y redaños! ¡Vaya si los tenía! A partir de entonces comenzó a ponerle a Antonio dos dosis importantes de Colme en las comidas y las cenas, y una dosis menor, al principio, a los niños.

La policía interrogó en Tenerife a Cesáreo, el autor de la carta que le fue intervenida a Paqui tras su detención. El hombre admitió que había conocido a Paqui en noviembre de 2003 en Tenerife, a donde ella había volado desde Melilla, y que habían mantenido relaciones íntimas en el hotel Anaga, de La Laguna. Las fechas del viaje encajaban con el que decía que había realizado a Málaga para someterse a un proceso de adelgazamiento. La intuición de la suegra de Paqui, Flori, no había podido ser más acertada. Cesáreo confirmó que habían hecho planes de futuro y estaba convencido de la historia del accidente que la había dejado viuda. Nada sabía ni de la muerte de Antonio ni de la niña. Y no había sospechado nada. De hecho, cuando en alguna ocasión, al conversar con ella por teléfono, le comentó que a quién correspondían las voces de niños que escuchaba de fondo, Paqui le había contado que eran sus sobrinos. El hombre nunca sospechó nada.

Las investigaciones realizadas a las intervenciones de Paqui en los chats de Internet y alrededor de las personas con las que se relacionaba mostraron que Paqui era una mujer muy activa y muy deseosa de vivir y que no se sentía en absoluto afligida por la muerte de Antonio. El dinero que pudiera obtener por la venta del piso y la pensión de viudedad que le había quedado podían ser un buen comienzo para una nueva existencia sin rémoras de ningún tipo.

Francisca Ballesteros finalmente se derrotó ante la policía y confesó los dos asesinatos y el intento de asesinato de su hijo Antoñito. El caso parecía cerrado. Pero eso no fue todo. Días después de pasar a disposición judicial, el 21 de junio, Paqui descubrió a la magistrada juez su gran secreto: su marido Antonio y su hija Sandra no habían sido sus primeras víctimas. Catorce años atrás había matado a su otra hija, Florinda.

—Mi niña tenía cinco meses, señoría. Estaba muy malita. Le daban ataques epilépticos. Yo solo tenía veinte años. Tenía miedo. Me sentía incapaz de cuidarla bien. No sabía qué hacer con esa enfermedad… Le di Colme.

—¿Y?

—Murió. El 4 de agosto de 1990.

—¿Sabe usted lo que suponen sus palabras?

—Sí.

Francisca Ballesteros Maravilla admitió de esa manera la comisión de tres asesinatos: el de su marido y dos hijas, además del intento de asesinato de su hijo varón. La juez del caso ordenó la exhumación de los cadáveres de Antonio y Florinda con el fin de establecer si existían rastros de los fármacos citados. En el de Antonio encontraron restos de Zolpidén y Bromazepán, pero no de Colme. «Es lógico. El principio activo del Colme es orgánico. Se metaboliza enseguida. Desaparece. Por eso no se detecta», explicó el máximo responsable de la Policía Científica de Melilla. «Hemos visto muchos asesinatos, pero con esta frialdad, con este cálculo, tratándose de su propia familia, es el primero». En los restos de la pequeña Florinda no encontraron nada. Había pasado demasiado tiempo para encontrar rastro alguno.

Sin embargo, las pruebas obtenidas en la inspección ocular del piso —donde encontraron una auténtica botica con los medicamentos utilizados— y los datos procedentes de las autopsias de Sandra y de su padre y de los análisis realizados al hermano pequeño fueron más que suficientes para demostrar, más allá de cualquier duda, la culpabilidad de Paqui. El niño estuvo trece días hospitalizado y necesitó otros doscientos cincuenta y nueve días para curarse de las lesiones que le había provocado su madre.

Es evidente que Paqui se precipitó en la implementación de su plan. Pudo vivir, sin problema aparente alguno, con la muerte de su hija primogénita sobre su conciencia durante catorce años. Tampoco le afectó quitar la vida a su marido, un hombre que nunca le hizo ningún mal y que siempre la trató con respeto y cariño. ¿Y qué decir de lo que le hizo a su hija y su hijo?

Viuda negra

Francisca Ballesteros fue lo que en el mundo del crimen se denomina como «viuda negra», un término que procede de un tipo de araña venenosa, la Latrodectus mactans, de color negro, que después de copular con el macho lo mata clavándole el aguijón. En el terreno humano define a aquellas mujeres que asesinan a sus maridos o compañeros sentimentales para apropiarse de sus bienes y de su dinero. La más famosa de nuestra historia reciente fue Margarita Sánchez, la envenenadora de Hospitalet. Es el caso más parecido al de Francisca Ballesteros porque, como ella, no se conformó con matar con un veneno al marido, sino que hizo lo propio con su suegra, con su cuñado y con algunos vecinos. En total quitó la vida a siete personas entre 1991 y 1995. Y lo hizo con el mismo medicamento que había utilizado Paqui, el Colme. Fue condenada en 1997 a treinta y cuatro años de prisión por varios delitos de lesiones y robo con violencia y estafa, pero no por asesinato, porque el juez consideró que la intencionalidad no había sido matar, sino limitar la capacidad de movimiento de sus víctimas para robarles.

Otra española, Estíbaliz Carranza, espera juicio en una prisión austriaca por el supuesto asesinato de su exmarido y de un excompañero sentimental. Carranza regentaba una heladería en Viena hasta junio de 2011. Huyó a Italia después de enterarse de que los obreros de la tienda vecina con la que compartía el sótano habían encontrado unos arcones frigoríficos y varias cubetas de helados llenas de hormigón en las que había incrustados pedazos de lo que parecía ser un cadáver descuartizado. Y también una bolsa de plástico negra con una cabeza en avanzado estado de descomposición y un tiro en la cabeza. Tras ser detenida fue extraditada a Austria.

Según las estadísticas, las mujeres matan tanto como los hombres, pero lo hacen de otra forma. El 45 por ciento de los casos envenenan a sus parejas. Solo el 20 por ciento utilizan armas de fuego. Un 16 por ciento hace uso de objetos contundentes. Y un 11 por ciento emplea objetos cortantes.

La última viuda negra conocida ha sido Kanae Kijima, de treinta y siete años, quien fue condenada a muerte el 13 de abril de 2012 por el asesinato de tres exnovios, de cuarenta y uno, cincuenta y tres y ochenta años. A los tres los asesinó asfixiándolos con monóxido de carbono después de haberles hecho ingerir pastillas para dormir.

La estadounidense Betty Neumar, de setenta y nueve años, una anciana de apariencia adorable, murió en junio de 2011, a pocas semanas de su juicio por el asesinato de sus cinco maridos. Encargó sus muertes a sicarios. Todos recibieron un tiro en la nuca.

El juicio

Francisca Ballesteros fue juzgada en la Audiencia Provincial de Melilla por un tribunal profesional formado por tres magistrados. Los psiquiatras que la habían examinado descartaron que sufriera ningún trastorno psicótico —que estuviera loca— ni nada que se le pareciera. Era una persona normal, en pleno uso de sus facultades mentales, que sabía distinguir muy bien entre lo que estaba bien y lo que estaba mal. En el informe psicológico que le realizaron cuando ingresó en el Centro Penitenciario de Melilla se determinó que tenía una gran indiferencia afectiva y una tendencia a la justificación de sus actos culpando a los demás. ¿Podía ser una psicópata desalmada?

A Cesáreo conocer la verdad le dio auténtico pavor, porque el siguiente en la lista podría haber sido él. Cesáreo fue interrogado durante el juicio por videoconferencia. Relató cómo la había conocido en el chat, cómo habían congeniado y cómo ella, en noviembre de 2004, voló a Tenerife, donde se acostaron juntos. «Y allí mismo, después de hacer el amor, nos prometimos en matrimonio. Ella quería volver a Melilla para vender su casa», relató a los presentes desde una pantalla de televisión.

Francisca Ballesteros fue condenada, el 26 de septiembre de 2005, a ochenta y cuatro años de prisión por tres asesinatos con alevosía, los de su marido, Antonio, su hija primogénita, Florinda, y su otra hija, Sandra, y un delito de asesinato en grado de tentativa en la persona de su hijo Antonio.

El abogado de Francisca, Leopoldo Bueno, que articuló una defensa imposible en torno a la falta de pruebas para demostrar el asesinato del bebé y sobre las atenuantes de arrepentimiento y colaboración con la justicia, recurrió en casación ante el Tribunal Supremo. Le correspondió al magistrado Enrique Bacigalupo, una de las mentes jurídicas más agudas y brillantes en materia penal, la redacción de la sentencia. El máximo tribunal ratificó en todos sus puntos y comas la sentencia de la Audiencia Provincial y condenó en costas a la recurrente, es decir, que Paqui tenía que pagar todos los gastos que el recurso había ocasionado. Cumplirá un máximo de veinticinco años en la cárcel.

10
La familia es un estorbo.
El vigilante parricida

Fotomacrografía y lofoscopia

El puerto de Barcelona es uno de los mayores del mundo. Tiene una superficie de 828,9 hectáreas y cuenta con más de 20 kilómetros de muelles y atraques. Funciona 24 horas al día, 365 días al año. Cuenta con 35 terminales, 3 para ferris, 7 para cruceros —es el mayor puerto de cruceros del Mediterráneo y el quinto del planeta—, 4 para contenedores, 2 para automóviles, 1 para fruta, 2 para especialidades (cacao, café y metales que no sean hierro), 1 para frigoríficos, 9 para líquidos a granel y 6 para sólidos a granel. Por sus dos entradas, la sur, de 370 metros de ancho y 16 de calado, y la norte, de 145 metros de ancho y 11,5 de calado, el tránsito de barcos es continuo. Y de los barcos, a veces, suelen caerse cosas, como cabe imaginar. Pueden ser maletas, bolsas o cualquier tipo de paquetes u objetos. No es muy común pero sucede.

Una bolsa grande de deporte flotando fue lo que precisamente llamó la atención de un viandante cuando paseaba por el muelle Lepanto del mencionado puerto, el 14 de septiembre de 1995. La bolsa, aunque oscura, resaltaba por la marca en blanco: Adidas. La curiosidad por conocer su interior le impulsó a hacer un esfuerzo extra por rescatarla del agua. No le costó mucho, aunque pesaba lo suyo. La arrastró unos metros dentro de tierra. Una vez en lugar seguro, abrió la cremallera. Una bocanada fétida le escupió a la cara y le tiró de espaldas. Dentro, pudo verlo, había un cuerpo humano, doblado, en avanzado estado de descomposición. Sin perder ni un minuto buscó un teléfono y llamó a la Guardia Civil. Los agentes de la Benemérita no tardaron en llegar. Comprobaron el interior de la bolsa e inmediatamente se pusieron en contacto con el Juzgado de Guardia y con el CNP, que era el competente en esta investigación.

El cadáver correspondía a una anciana de unos ochenta años de edad y 140 centímetros de altura. Su cabeza había sido aplastada con un objeto contundente, lo que, con toda seguridad, le causó la muerte. «Se barajaron cuatro hipótesis en cuanto al hallazgo del cuerpo», relata José J. Pérez, jefe de la Brigada de Homicidios del CNP. «Descartamos que hubiera llegado del exterior porque las corrientes iban en sentido contrario, desde el puerto hacia fuera. También eliminamos la posibilidad de que hubiera sido arrojada desde un buque, porque la lógica te decía que, de haber sido arrojado, el lugar más apropiado sería alta mar. Con lo cual nos quedaron dos hipótesis abiertas: la primera, que una persona, con acceso al interior del recinto, la depositó allí; la segunda, que hubiera llegado a través de los colectores que daban al mismo puerto».

Había que identificar el cadáver de la anciana, esa era la máxima prioridad. Dentro de la bolsa no encontraron objeto alguno que les pudiera dar alguna pista de su procedencia. Quien se deshizo de ella se cuidó muy mucho de no dejar pistas. Poseía una clara conciencia forense. «El cadáver presentaba unas evidentes señales de violencia, con traumatismos importantes en la zona del cráneo», cuenta Pedro J. Pablos, jefe del Grupo de Fotografía Científica de la Brigada de Policía Científica de Barcelona. «También tenía unas livideces cadavéricas que nos demostraban que ese cuerpo había sido trasladado de donde había muerto. Al haber estado durante largo tiempo en el agua se había producido una sobrehidratación de los pulpejos papilares, de manera que había que deshidratarlos». Cuando un cuerpo permanece un tiempo largo sumergido en el agua, la piel se deteriora muy rápidamente y es muy difícil obtener una impresión dactilar, la llamada necrorreseña. La maceración cutánea que consecuentemente tiene lugar se traduce en el fenómeno —en pies y manos— llamado de «manos de lavandera» (washerwoman’s hands). La epidermis se blanquea, se hace más gruesa y se arruga debido a la inmersión prolongada en el agua, de la misma forma que le ocurre a cualquier persona cuando lleva mucho tiempo en el mismo líquido elemento. En ese escenario los policías científicos no pueden hacer la necrorreseña mediante la llamada técnica del guantelete, denominada así porque literalmente se extrae la epidermis de la mano para luego, como si se tratara de un guante, conseguir las huellas del cadáver.

Para obtener las huellas hay que seguir un proceso que lleva su tiempo. Es necesario seguir varios pasos: primero hay que limpiar muy bien la piel haciendo uso de un cepillo dental suave o un copo de algodón; luego se introducen las falanges en alcohol etílico o industrial al ciento por ciento, para deshidratarlas. Más tarde, cuando se ha conseguido ese objetivo, hay que volver a limpiarlas con mucha suavidad, ya que los relieves epidérmicos son muy delgados y hay una menor separación entre cresta y cresta. Cuando el proceso llega a su fin y el guantelete o los pulpejos han sido regenerados, simplemente se toma la huella y se sigue el procedimiento, es decir, se comprueba si hay una denuncia de desaparición previa y se acude a la base de datos y a los trípticos creados ad hoc que se rellenan en estos casos (antemórtem), los cuales recogen los datos que han aportado familiares, amigos o conocidos de la persona que ha desaparecido. Posteriormente se cotejan con los trípticos (postmórtem) que contienen las características de los cadáveres hallados. Habitualmente, si las señas de identidad de los dos documentos coinciden, se puede tener una primera aproximación de la identificación. En ese caso, si se conoce la identidad de la persona, se procede a solicitar permiso al juez del caso para cotejar la tarjeta del DNI. Si no obra esa información en poder de los investigadores, lo primero que se realiza es una comprobación con la base de datos policial de cadáveres y restos humanos (ADN-Humanitas, fusionada en la actualidad con la ADN-Fénix, de la Guardia Civil. Posteriormente se lanza la búsqueda, a partir de las huellas obtenidas de los pulpejos, en el Sistema Automático de Identificación Dactilar (SAID), la base de datos que contiene las reseñas dactilares de todas las personas que han sido detenidas.

En este caso el cadáver en cuestión no tenía antecedentes ni existía denuncia por desaparición de familiares, por lo que no figuraba en la ADN-Humanitas. Aquel hilo era un callejón sin salida. El problema en estos casos es que el mencionado proceso es muy lento. No es, en absoluto, instantáneo. Sin embargo, había otros hilos de los que tirar. El cadáver presentaba una serie de cicatrices de operaciones pasadas. El inspector jefe de Homicidios sugirió llevar a cabo radiografías de la cadera izquierda y de la pierna derecha. Las radiografías mostraron dos implantes. En la cadera tenía una placa protésica y en la pierna izquierda un clavo. Eran productos de alta tecnología. Una rápida consulta a un traumatólogo aclaró cómo funcionaba el asunto. «Los clavos, las placas protésicas, lo que implantamos en casos como el que me está preguntando, son importados de Estados Unidos, de varias empresas. Aquí tengo un listado», declaró el médico.

La empresa resultó ser la estadounidense Richard Ltd. «Aplicando la técnica de la fotomacrografía —revela De Pablos— pudimos conseguir unos números de serie». El número de la placa era el CERT316R145º 3P12-8773 76,2 mm, y el del clavo el HM 4135S 94030. La fotomacrografía es una técnica fotográfica que se emplea para la consecución de imágenes de un tamaño entre 0,1 mm y 10 cm de tamaño. Se utilizan objetivos especiales destinados a este fin o bien accesorios montados sobre objetivos normales. Los números de ambas prótesis eran diminutos.

Homicidios se puso rápidamente en contacto con el FBI, vía Interpol. Días después el inspector jefe Pérez recibió un informe completo con los datos requeridos, incluyendo el contacto de la empresa española que tenía la exclusiva de importación de la Richard Ltd. para nuestro país. La colaboración fue completa. Entre los hospitales españoles a los que había suministrado ese tipo de prótesis, tres eran de Barcelona. Fue un trabajo muy arduo hasta que pudieron encontrar, en uno de ellos —el de la Creu Roja— el historial médico de Margarita Mercadal Gómiz, de ochenta y nueve años. Allí estaban los mencionados números de serie. De acuerdo con su expediente médico, la placa protésica le fue implantada en la cadera derecha en 1984, y el clavo del fémur izquierdo diez años después, en 1994. Era ella, sin duda. Vivía en la calle de Mandoni, en un piso de alquiler, en el barrio de Montjuich, junto con su hijo Joan Pascual Mercadal, de sesenta y cuatro años.

«¿De Pablos? Soy Pérez, de Homicidios. Tenemos un DNI y un nombre. Toma nota». De Pablos anotó. Habían recuperado los pulpejos del cadáver. Ratificó la identidad de Margarita. Como es lógico, el primer sospechoso fue el hijo. «Inicialmente fuimos informados por los vecinos de que se trataba de una señora que convivía con su hijo en el mismo piso y que este trabajaba de conserje en una finca de una calle muy céntrica de Barcelona», cuenta Pérez. El edificio estaba en la calle de Provença, a apenas 50 metros de la avenida Diagonal, una de las principales arterias de la Ciudad Condal.

La sorpresa de los hombres de Homicidios fue mayúscula cuando descubrieron que el hijo también había desaparecido desde, más o menos, en las mismas fechas que la madre, a principios de septiembre. Y no era normal. Pascual tenía reputación de persona muy responsable y formal, de ser un señor que cuidaba con amor de su madre anciana, que estaba casi impedida en la cama. A veces lo hacía solo y otras con la ayuda de una asistente social. Al mismo tiempo tenía que cuidar de sí mismo y hacer frente al cáncer que padecía. Al presidente de la comunidad de propietarios le extrañó que el señor Pascual y su madre se fueran casi a la francesa después de tantos años de relación. Lo único que recibió fue una carta manuscrita en la que renunciaba a su empleo.

«Fue a partir de ese momento cuando establecimos la hipótesis de que el hijo pudiera ser un cadáver que habíamos encontrado con anterioridad en la localidad de Cerdanyola del Vallès», cuenta Pérez. «El cuerpo, que había sido hallado días antes del de la mujer, estaba en avanzado estado de putrefacción, había sido enterrado y parcialmente quemado». El cadáver correspondía a una persona de unos sesenta años de edad. Poseía, en apariencia, la corpulencia, el cabello —entre rubio y canoso— y la estatura de Pascual. La autopsia había establecido que le habían roto la cabeza a golpes y que luego le habían disparado en el pecho una vez. No aparecía bala alguna, aunque sí restos de metal, fragmentos difuminados, restos de un proyectil. No dio para llevar a cabo un análisis balístico, aunque sí para asegurar que había sido disparado con un revólver por la composición de los restos de plomo y camisa de metal de la bala.

Habían pasado dos semanas desde que apareció la bolsa de deportes flotando en el puerto. El rompecabezas comenzaba a tener sentido para los investigadores. Una anciana y su hijo que vivían juntos habían sido asesinados, pero ¿por quién? Los hombres de la Brigada de Homicidios hablaron con el casero de los asesinados, que ejercía en esos momentos de presidente de la comunidad de propietarios. Admitió que a él todo le parecía muy extraño, sí, pero que Jordi Pascual Subiela, nieto de Margarita y sobrino de Joan, le contó que se habían trasladado a vivir a Menorca para siempre. Así habían dejado el piso.

Jordi Pascual Subiela, de treinta y seis años, vivía en el piso inmediatamente superior al de sus parientes, en el 4º 4ª. Había estado casado y trabajaba en una empresa de seguridad de mucha solvencia. Prestaba sus servicios como vigilante jurado en una agencia de seguros y tenía licencia de armas. Era, además, un trabajador ejemplar. Jamás faltaba al trabajo, ni siquiera en los días anteriores ni en los posteriores a las muertes, que la policía había conseguido fijar en el 6 de septiembre. Aquel día, curiosamente, no siguió su costumbre de dejar el revólver reglamentario del calibre 38 en su taquilla. La bala que se había recuperado del interior del cuerpo del tío, aunque rota en tres pedazos, era plenamente compatible con ese calibre.

Este hombre se convirtió, desde ese momento, en el sospechoso principal de la investigación. Los agentes de la policía lo sometieron a un discreto pero estrecho seguimiento. Tuvieron que ejercitarse a fondo para evitar que, a su vez, pudiera sospechar que le estaban siguiendo, ya que tenía experiencia en técnicas de protección y vigilancia. Al mismo tiempo otro número de efectivos se dedicó, con mucha discreción, a hacer preguntas «casuales» entre los vecinos. No les sorprendió saber que el sospechoso iba diciendo que su abuela y su tío se habían ido a Ciudadela, en Menorca, y que se quedarían a vivir allí el resto de vida que les quedara. Era una explicación plausible. Margarita Mercadal estaba, a sus ochenta y nueve años, muy deteriorada, y encajaba que quisiera vivir más cerca del sol, en la casa que todos sabían que poseía en aquella ciudad.

«Nos pusimos en contacto con los familiares de Menorca», cuenta el jefe de Homicidios. «Nos dijeron que no tenían ninguna noticia ni de la abuela ni de su hijo y no les constaba que hubiera hecho ningún viaje». Allí no estaban. Sin embargo, lograron establecer que habían sido adquiridos dos pasajes para el buque de Transmediterránea que partió de Barcelona con destino a Mahón a las 23.30 del 7 de septiembre. Incluso se llegaron a retirar las tarjetas de embarque. Chocaba la adquisición de dos butacas, en vez de camarotes, y aún más que doña Margarita y su hijo eligieran viajar en barco sabiendo, como sabían todos, que ella siempre prefería el avión para hacer ese trayecto por su condición física.

¿Dinero o venganza?

Los cuatro ejes cardinales por lo que se mueve el ser humano cuando circula por el lado oscuro son el sexo, el amor, la venganza y el dinero. ¿Cuál de esos cuatro ejes había movido a Jordi Pascual? Era evidente que ni el sexo ni el amor. Quedaban el dinero y la venganza. Los de Homicidios decidieron centrarse en seguir la pista del dinero. «Se hizo un estudio patrimonial de la señora y de su hijo. Así pudimos averiguar que de las cartillas que tenían conjuntas se habían hecho varias transferencias a una cartilla individual desde la que se podía hacer uso del dinero», cuenta el inspector jefe Pérez. «Desde esa cartilla se hicieron reintegros de 5 millones de pesetas».

El cerco se fue estrechando cada vez más en torno al sobrino, que llevaba un ritmo de vida nada acorde con su sueldo. Averiguaron que durante ese año había vendido joyas y alhajas que pertenecían a los fallecidos. De su abuela empeñó una gargantilla, la pulsera, la cadena, el anillo, un imperdible con una medallita y dos pares de pendientes. El anillo llevaba las iniciales «M. M.», correspondientes a Margarita Mercadal. «Comprobamos en las casas de compra-venta que el sobrino había vendido joyas. En la última época eran joyas tanto de la abuela como del tío. Y no solo joyas, también hasta piezas dentales del tío», explicó el jefe de Homicidios. En concreto las tres piezas y el puente de oro de su dentadura. Era impensable que el tío se las hubiera dado a su sobrino voluntariamente.

Más tarde descubrieron que el día 8 de septiembre —dos días después del doble asesinato—, Jordi Pascual se había comprado un reloj marca Rolex por 400.000 pesetas (2.404 euros) y un Golf GTI rojo que le había costado 2.800.000 pesetas (16.828 euros). Una semana después lo vendió por 1.800.000 pesetas (10.818 euros), perdiendo 1.000.000 de pesetas (6.000 euros). A pesar de las apariencias, el hombre no manejaba bien sus recursos económicos y realizaba cálculos erróneos. También dedicó una parte del dinero de sus parientes a amortizar un crédito hipotecario.

A esas alturas, Jordi Pascual ya se estaba temiendo que la policía estaba detrás de él, pero no podía figurar cuán cerca estaba de su punto de mira. Un hecho que corroboraron los de Homicidios cuando acudieron a su empresa preguntando por su persona. «Pues lleva varios días sin venir. Al parecer tiene problemas personales y ha pedido días libres», les contestaron.

La investigación estaba casi cerrada apenas dos meses después. Las titulares del Juzgado de Instrucción número 1 de Cerdanyola del Vallès, donde se encontró el cadáver del tío, y del Juzgado de Instrucción número 3 de Barcelona, competente en la investigación de la muerte de doña Margarita, fueron informadas puntualmente según iba esclareciéndose el caso. Pudieron determinar que el cadáver de la anciana había sido arrojado al mar el mencionado 6 de septiembre y, ocho días más tarde, había salido a flote, el 14 de septiembre. Ese día llegó a puerto un carguero que debió de remover las aguas, lo que posibilitó que la bolsa se desprendiera del fondo y apareciera en la superficie.

El Grupo de Homicidios detuvo a Jordi Pascual Subiela a las 13.30 del 29 de noviembre. Resistió tres horas y media de interrogatorio. Las pruebas que Pérez le puso sobre la mesa eran tan aplastantes que finalmente —como se dice en el argot policial— «se derrotó». «Primero le informamos de sus derechos. Después comenzamos a explicarle los indicios que poseíamos sin exigirle que confesara. Uno tras otro. No era necesario que dijera nada. Su cara hablaba por él. Finalmente terminó por reconocerlo todo», relata el responsable de Homicidios. Poco después, con una orden judicial y la asistencia del casero de sus familiares, lo trasladaron al piso para que les explicara in situ cómo sucedieron los acontecimientos. Según explicó a los investigadores, aquel día bajó a cenar con ellos.

—Empecé a discutir con mi tío en su habitación, aquí —dijo señalando el lugar—. Había bebido bastante. No me acuerdo por qué discutimos. Cuando se ponía así, era peligroso. Perdí el control. Le golpeé con un martillo en la cabeza. Fueron varios golpes. Luego le disparé —contó a los policías que le acompañaban.

—¿Y qué hizo su abuela? —le preguntó el inspector jefe.

—Después de disparar a mi tío oí a mi abuela gritar y chillar. Tuvo que haber oído la detonación. Oí cómo salió al pasillo. El martillo era grande. Con una parte para golpear y la otra dividida en dos para extraer clavos. Cuando ella se cayó al suelo cogí una toalla y le envolví la cabeza, por donde sangraba abundantemente, para que no manchara el suelo de sangre.

Pascual Subiela bajó los dos cadáveres, avanzada la noche, a su vehículo. El de su tío lo abandonó en un solar de la mencionada población de Cerdanyola del Vallès, a 30 minutos en coche al norte de Barcelona capital. El de su abuela lo arrojó al mar, en el muelle de Lepanto, en el interior de la bolsa de deportes. Luego se quedó unos segundos observando cómo se hundía.

«Él nos manifestó que el motivo que le había llevado a cometer estos hechos era un trauma, al haber contraído matrimonio con una mujer separada, que aportó un hijo al matrimonio, por el rechazo que se produjo por parte de su padre, madre y demás familia», explicó Pérez. «Pero esa era su versión. No hay espacio para la comprensión porque no se puede comprender un doble asesinato como ese si no es desde una perspectiva de ganancia económica».

El titular del Juzgado de Guardia, Santos Garandillas Martos, lo interrogó la mañana del 1 de noviembre, poco después de ser puesto a disposición judicial por los hombres de la Brigada de Homicidios. Pascual Subiela volvió a ratificar palabra por palabra la confesión que había hecho ante la policía. Aquella tarde el magistrado Garandillas ordenó su ingreso en la Modelo, la cárcel de Barcelona. Le correspondió a la magistrada Montserrat Comas, titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Barcelona, la instrucción final del doble crimen y la reconstrucción consiguiente de lo ocurrido, que no varió de los resultados obtenidos por los investigadores policiales.

El juicio contra Jordi Pascual Subiela se celebró en marzo de 1997 ante la Sección Segunda de lo Penal de la Audiencia Provincial de Barcelona. Negó, durante el interrogatorio al que fue sometido, que hubiera premeditado los dos crímenes y que su acción hubiera estado motivada por causas económicas. Pascual Subiela fue condenado a veintiséis años y ocho meses de reclusión mayor por un delito de parricidio y a otros veintiséis años y seis meses de prisión mayor por un segundo delito de parricidio con alevosía.

11
Impulso irrefrenable.
Hijos contra el padre

Fibras, imagen y lofoscopia

A la hora de encarar un supuesto caso de asesinato u homicidio los investigadores se sirven de dos métodos, el deductivo y el inductivo, o bien una mezcla de los dos. El método deductivo parte de las evidencias halladas durante la inspección ocular de la escena del crimen. Desde esa base se trata de reconstruir las circunstancias que rodearon el caso y las acciones que el autor o autores posiblemente tuvieron que llevar a cabo. Los indicios físicos, como las fotografías, el informe de la autopsia y los elementos encontrados son pistas, hilos de la madeja que pueden arrojar luz sobre la conducta del asesino y sus rasgos psicológicos. Este método consiste en una reconstrucción que excluye la comparación con patrones de conducta similares y se centra en el caso en cuestión.

El método inductivo, por el contrario, hace uso de la información obtenida en casos similares en el pasado para reconstruir el perfil del autor o autores en el caso que se está investigando. Se comparan la escena del crimen, cómo se cometió el delito y el modus operandi del autor con otros casos o con datos estadísticos que presentan conductas criminales similares. El fin es descubrir si existen elementos comunes que permitan determinar datos del autor, como su edad, raza o rasgos psicológicos. La serie de televisión Mentes criminales es un claro ejemplo del uso del método inductivo. Las tres versiones de CSI (Las Vegas, Miami o Nueva York) hacen uso, en cada uno de sus capítulos, de una mezcla de ambos, de la deducción y la inducción. Para utilizar el método inductivo es necesario haber recorrido un gran camino previo, construyendo bases de datos criminales de todo tipo. La clave de este método es la acumulación de datos, su cruce y su interpretación y la posesión de una avanzada tecnología.

Por eso la mayor parte de las investigaciones realizadas en España se han basado en el método deductivo. Como la que se inició el 23 de julio de 2003, cuando los agentes de la comisaría de policía de Tarrasa —población de doscientos mil habitantes situada a 25 kilómetros de Barcelona capital— recibieron una denuncia telefónica. En la zona boscosa de la Creu del Conill, a las afueras, al sur de la ciudad, en un paraje abrupto y de difícil acceso, había lo que parecía un cadáver parcialmente calcinado, en posición fetal y metido en una caja de cartón con un somier encima. El lugar era un vertedero ilegal. El hedor de la descomposición, al parecer, había llamado la atención de los viandantes que lo habían encontrado. Las escuadrillas de la muerte, como se denomina a los insectos que devoran los cadáveres, estaban ya haciendo su trabajo con rapidez. El calor y el buen tiempo facilitaban su labor.

«El cuerpo estaba bastante deteriorado», explica Pedro J. Pablos, jefe del Grupo de Fotografía Científica de la Brigada de Policía Científica de Barcelona, que fue llamada por la Brigada de Homicidios para llevar a cabo la inspección ocular de la escena del crimen. «Tenía las extremidades inferiores envueltas en los restos de una sábana bajera y el cuerpo estaba cubierto por un plástico. Bajo el cuerpo encontramos restos de una caja de cartón de embalar que, a su vez, contenía restos de cinta aislante de la que se utiliza en trabajos de electricidad. La cabeza estaba envuelta por tres bolsas de basura».

La fauna cadavérica que presentaba el cuerpo permitió determinar que había perdido la vida hacía un mes aproximadamente, pero no había ningún dato que pudiera determinar su identidad. Como es preceptivo se realizó la necrorreseña, tomando las huellas dactilares al cadáver para cotejarlas —con autorización judicial— con el banco de datos del Documento Nacional de Identidad y el Archivo de Personas Desaparecidas. «Al cadáver le habían prendido fuego con la intención de hacer desaparecer cualquier tipo de prueba —añade el policía científico—. No llegó a estar calcinado, pero sí presentaba quemaduras importantes. La cabeza presentaba un fuerte impacto. Tenía incluso un orificio de unos 11 centímetros por 5. El casquete craneal estaba fracturado, lo que nos permitió deducir que la muerte se había producido por un golpe contundente con un martillo, una piedra u objeto similar».

El cuerpo humano tiene 206 huesos, 22 de los cuales conforman la cabeza y la cara. Estos huesos protegen, todos juntos, el cerebro y los principales órganos sensoriales, como los ojos, la nariz y la lengua. El cráneo, en concreto, tiene 8 huesos. Son huesos delgados, curvados y están fundidos entre sí por unas articulaciones fibrosas denominadas suturas. No pueden romperse porque sí, sin explicación. Aquel hombre, puesto que era una persona de mediana edad, había sido asesinado de forma violenta. De eso no cabía ninguna duda. Pero ¿quién lo había hecho?

Desaparecido un mes atrás

El cadáver correspondía a Andrés Ruiz López y en el momento de su muerte tenía cincuenta y cinco años. Era natural del pueblo valenciano de La Puebla de Vallbona, de trece mil habitantes, situado a 19 kilómetros al noroeste de la capital, Valencia. Estaba casado y su mujer seguía viviendo allí. La falta de trabajo en su población natal le empujó a trasladarse a Cataluña dos años atrás. Vivía en Rubí con sus dos hijos, José Miguel, de veinticinco años, y Francisco José, de veintiuno. Era el encargado de una empresa de montaje de estructuras de Barcelona, en la que también trabajaban los dos chavales. Los tres convivían en un piso de la calle de Cadmo, situada en el centro de Rubí, población en la que su empresa estaba levantando una nave para una empresa química del polígono industrial.

José Miguel había denunciado la desaparición de su padre ante la policía el día 30 de junio, apenas veinticuatro horas después de que se le hubiera tragado la tierra. Su padre había salido de casa por la noche para sacar dinero de un cajero automático, según dijo a la policía. La desazón que le embargaba por la desaparición de su padre llevó al joven a llamar la atención del programa Gente de TVE, el cual se emitía en la hora que precedía al telediario de las nueve de la noche. «Estuvimos dos o tres días buscándolo con mi hermano, recorriendo todo lo que es la riera de Rubí, que él solía frecuentar, pero nada. Ni rastro. Nada de nada, como si se lo hubiera tragado la tierra», declaró José Miguel ante las cámaras de televisión de La Primera. Por su parte, los jefes de Andrés Ruiz ratificaron lo que ya se sabía: que no habían tenido noticias de su encargado desde hacía un mes.

Para los investigadores era evidente que el lugar donde había sido hallado el cadáver no era el escenario del crimen, que fue asesinado en cualquier otro lugar y luego transportado allí con el objeto de que no fuera encontrado. El método elegido demostraba que había habido cierta improvisación por parte del autor, o de los autores, como si el desenlace final del crimen —deshacerse del cadáver— no hubiera sido previsto de antemano. De otra forma lo más lógico habría sido cavar una fosa y haber enterrado el cuerpo: difícilmente habría podido ser hallado. Así pues, trasladaron el cadáver desde otro lugar, le prendieron fuego y huyeron. Los hombres de la Brigada de Homicidios se plantearon dos hipótesis de trabajo. La primera tenía su base en la denuncia de la desaparición, presentada por el hijo mayor, que apuntaba a un posible robo con resultado de muerte. La segunda nació de lo que el cadáver «contó» durante el examen forense y a través de las pruebas recogidas en el lugar: que había sido asesinado en un recinto cerrado, que estaba en ropa interior en el momento de su muerte y que sus piernas habían sido atadas con una sábana. Existía una relación evidente entre la víctima y el autor o autores de su muerte.

La mujer y los dos hijos del fallecido recibieron la mala noticia en la comisaría de Rubí. A continuación les tomaron declaración, siguiendo la rutina policial de los círculos. Primero el círculo familiar, luego el círculo profesional, después el de las amistades… «La esposa nos dijo que la última vez que lo había visto había sido por las fiestas de San Juan, el 24 de junio, martes. La última vez que había hablado con él había sido el sábado anterior a su desaparición, el 28 de junio», relata José J. Pérez Jiménez, jefe de la Brigada de Homicidios. «El marido le comentó que había tenido una pequeña discusión con el hijo mayor porque se había llevado el coche sin su permiso. Y en cuanto a las posibles causas de su desaparición contó que el hijo mayor le había comentado que su padre últimamente parecía ser que tenía unas relaciones un poco extrañas y que también había recibido algún tipo de amenaza en el entorno laboral».

La conversación con el hijo mayor, José Miguel, no dio los frutos esperados, para sorpresa de todos. Hizo varias afirmaciones que contradecían los datos que ya poseían y parte de las declaraciones de la madre. Se refirió a las supuestas amenazas que su padre había recibido en el trabajo y a una tarjeta de crédito, también del padre. Los investigadores escucharon con detenimiento lo que el joven contaba y observaron, con más atención si cabía, su lenguaje corporal. Cuando alguien no dice la verdad se repiten, una y otra vez, los mismos gestos, aislados o de forma conjunta: contracción nerviosa de los labios, extravío en la mirada, imposibilidad de mirar a los ojos al entrevistador, la voz se vuelve atiplada y la risa forzada, las manos y los pies se tornan inquietos, la nuez oscila arriba y abajo en la garganta y los temblores en la carótida se vuelven muy visibles. Algunos de esos signos fueron patentes en el curso de la conversación. «Nos dijo que había cancelado la tarjeta de crédito, cuando la madre nos había contado todo lo contrario», afirma el inspector jefe Pérez. Decidieron tirar de ese hilo, el del hijo mayor, investigando los movimientos de cuentas del fallecido.

De forma paralela los agentes se sumergieron en el entorno laboral del fallecido. Sus sospechas se intensificaron cuando la mayor parte de los compañeros de trabajo corroboraron que la relación entre el padre y los dos hijos no era nada buena. Tampoco su situación económica. Los jóvenes, que eran consumidores habituales de cocaína, habían solicitado anticipos a la empresa y habían pedido prestado a los compañeros de más confianza. Las relaciones entre el padre y el hijo mayor, además, eran muy tensas porque, al parecer, el progenitor había hablado con la dirección de la empresa para que despidieran al joven.

«Del análisis del estado patrimonial que realizamos al fallecido comprobamos que se habían efectuado ingresos de la empresa a su cuenta y que, a su vez, se habían realizado numerosos reintegros hasta dejar la cuenta a cero», relata el responsable de Homicidios. «Lo había realizado con su tarjeta de crédito y desde cajeros automáticos». Los investigadores requirieron a la sucursal del banco en cuestión las imágenes del cajero automático a la hora precisa en la que el sujeto indeterminado había sacado el dinero de la cuenta del fallecido. Días después los hombres de Pérez tenían encima de la mesa un sobre que contenía un fotograma y un fichero de vídeo que fue remitido de inmediato a la Policía Científica. Un análisis somero identificó a José Miguel, el hijo mayor, como la persona que había realizado los reintegros bancarios. Ya no cabía la menor duda.

«Pedimos al juez de instrucción del caso intervenir las conversaciones telefónicas de los dos hijos», cuenta el inspector jefe Pérez. «De las mismas pudimos deducir que los dos hijos eran supuestamente consumidores de cocaína. En una conversación con la madre supimos que el hijo menor tenía muchos problemas para dormir por las noches. En una ocasión se había llegado a dar cabezazos contra las paredes de la casa. El estado de nerviosismo de los hijos era evidente». Era lógico. Cuanto más escarbaba la policía en el caso las incongruencias eran más numerosas, como el hecho de que ninguno de los hijos realizara ninguna de las llamadas que se hacen habitualmente cuando alguien querido desaparece: ni llamaron a la policía, ni telefonearon a las urgencias médicas, ni se pusieron en contacto con ningún hospital, ni siquiera se lo dijeron a su madre o comunicaron su desaparición a la empresa.

«Uno de los indicios que nos llevó a pensar fue la profesión que ejercían: montadores eléctricos —continúa Pérez—. En los restos que rodearon al cadáver había trozos de cinta aislante como la que se emplea en esos trabajos. Del análisis de las bolsas que habían cubierto la cabeza del fallecido también se obtuvieron nuevas pistas, en especial de una de ellas: era una bolsa de una empresa valenciana, lo que terminó por convencerles de que la relación entre la víctima y el autor o autores no era en absoluto accidental.

A la vista de los indicios acumulados, el juez del caso autorizó la entrada y registro en la casa de los hermanos, en Rubí. «Allí empiezan a aparecer elementos, como las cintas aislantes de colores. Las mismas que se encontraron en el lugar donde apareció el cadáver», cuenta Pedro J. Pablos, de la Policía Científica. «Aparecieron también manchas de sangre en el colchón. Y faltaba la sábana bajera. Eso era una coincidencia curiosa y nos servía de prueba. La sangre era del fallecido, como pudimos comprobar tras llevar a cabo la analítica». La Policía Judicial pudo así establecer que el piso familiar de los López en Rubí había sido el escenario del crimen. También encontraron la torre y el monitor de un ordenador cuya marca coincidía con el logotipo de la compañía que aparecía en la caja de embalaje en la que el asesino o asesinos habían trasladado el cadáver. Los análisis comparativos de la cinta aislante hallada en la casa y en la escena del crimen dieron positivo en el laboratorio. A esto se añadió que la vecina del piso de arriba declaró que la sábana en la que los pies del fallecido habían sido envueltos, y que fue hallada en la inspección ocular, era exactamente igual a la que ella había visto colgada de las cuerdas de tender en el piso de sus vecinos. La misma sábana que le había molestado la visión. La conclusión no podía ser más evidente: los dos hermanos habían matado a su padre.

Fueron detenidos por agentes del Grupo de Homicidios de Barcelona y de Valencia el 27 de agosto cuando se encontraban en el domicilio familiar de La Puebla de Vallbona, en la calle del Cid, a donde habían regresado tras la muerte del padre. Vivían con su madre, iniciando una nueva vida. La reacción de los dos hermanos sorprendió a los investigadores. Fríos como témpanos, se negaron a hacer comentario alguno. «El hermano mayor no quiso declarar. El menor confesó que el autor había sido el mayor, que él no tenía nada que ver y que su hermano había matado a martillazos a su padre», cuenta el inspector jefe Pérez. El juez instructor del caso, en Tarrasa, les tomó declaración días después y ordenó su ingreso en prisión provisional acusados de un delito de homicidio.

¿Por qué?

En el juicio, que inició sus sesiones en la Audiencia Provincial de Barcelona ante un jurado popular el 28 de febrero de 2005, emergió una historia familiar que distaba mucho de la felicidad. El fallecido, José Andrés Ruiz, al parecer, padecía un serio problema de alcoholismo y de crueldad familiar. Era muy frecuente que, cuando vivían juntos en La Puebla, apareciera en casa bebido y agrediera física y psíquicamente a su esposa. Esta reveló en el juicio que en más de una ocasión su marido le había apagado colillas en sus pies.

Según declaró el hijo mayor, la noche de autos se hallaba en su habitación montando unas maquetas. El padre llegó bebido, excitado y con ganas de bronca. Cogió al hijo por el cuello y comenzó a insultarlo. José Miguel, preso de una enorme rabia, y dejándose llevar por los impulsos, echó mano de un martillo, que tenía encima de la mesa, junto con el resto de las herramientas, y le dio en la cabeza con gran fuerza, hasta cinco veces. El hermano menor, Francisco José, declaró que se encontraba en su habitación cuando tuvo lugar la pelea entre su padre y su hermano. No tomó parte en la agresión ni fue testigo directo de ella. Solo colaboró con su hermano para deshacerse del cadáver.

Los dos hermanos cubrieron la cabeza, de la que manaba sangre, con cuatro bolsas de plástico. Articularon el cadáver del padre en forma de feto porque era más fácil de transportar. Andrés Ruiz era menudo, lo que facilitaba la manipulación de su cuerpo. Ataron sus extremidades inferiores con la sábana bajera que los de la Policía Científica encontraron en el lugar del hallazgo y lo introdujeron en una caja grande que tenían en la casa. Luego limpiaron todo bien.

Estaba bien entrada la madrugada cuando decidieron bajarlo al coche del padre. La calle estaba desierta. Introdujeron el cadáver en el maletero y lo dejaron allí durante todo el día, hasta que oscureció de nuevo. A continuación se dirigieron a la zona boscosa donde sería encontrado veinticinco días después. Lo arrojaron, le prendieron fuego y abandonaron el lugar a toda prisa. Después, denunciaron su desaparición en la comisaría.

La Fiscalía pidió veintitrés años de prisión para ambos hermanos por asesinato y robo continuado. José Miguel se declaró autor del hecho, pero afirmó que actuó enajenado y en defensa propia. La línea de defensa que presentó su letrado, Pere Costa, precisamente fue esa. Los dos hermanos eran cocainómanos y el elevado consumo de este estupefaciente produjo en los acusados una alteración psíquica que anuló por completo su capacidad volitiva, su capacidad de discernimiento y de voluntad. Por ello pidió la absolución para ambos. «Iba tan drogado en los días anteriores y durante el mes y medio siguiente a la muerte de mi padre que me monté mi propia fantasía: la de que él había desaparecido. Consumimos catorce o quince gramos de cocaína aquel día y, en las semanas siguientes, continuamos consumiendo grandes cantidades, hasta el punto de que salimos varias noches a buscar a nuestro padre o lo esperábamos angustiados en casa, pensando que en cualquier momento volvería», manifestó José Miguel ante el tribunal del jurado. La paranoia y la fantasía justificaban, según la defensa, que tras matar a su padre se deshiciera del cadáver, ayudado por su hermano menor, y luego denunciara su desaparición en comisaría, primero, y después públicamente en TVE.

La tesis fue desbaratada por los peritos psicólogos que testificaron en el juicio. Consideraron como «muy poco probable» que los dos hermanos hubieran sufrido un brote psicótico o un delirio que les habría llevado a creer que no habían matado a su padre, sino que había desaparecido. Uno de dichos peritos, un psicólogo del hospital Sant Pau, especialista en trastornos adictivos, explicó a los nueve jurados populares y al presidente-magistrado del caso que el consumo de cocaína puede producir una psicosis, sobre todo en consumidores habituales de grandes dosis, pero que dicha psicosis hace que el que la sufre «esté pendiente de sus delirios, de sus alucinaciones y sea incapaz de pensar ni planificar nada». Por tal motivo los especialistas en los trastornos de la mente declararon que si los hermanos hubieran sufrido un brote psicótico, no habrían sido capaces de limpiar la sangre, de tapar el cadáver con bolsas y plásticos, de meterlo en una caja, de precintarla, de llevarla a un vertedero y de prenderle fuego. Una médica forense especialista en toxicomanías, por otra parte, testificó que después de analizar los informes psiquiátricos «no consta que los acusados explicaran ningún episodio delirante» vivido durante la madrugada en que sucedieron los hechos. Tampoco existía informe alguno de centro médico que reflejara una atención sanitaria por esta causa.

El tribunal del jurado finalmente declaró culpable al hermano mayor, José Miguel Ruiz, del asesinato de su padre, con la agravante de parentesco, y absolvió al menor, Francisco José. El veredicto de culpabilidad se tradujo en una condena de dieciocho años de cárcel para José Miguel Ruiz. Del delito de robo con fuerza, del que se acusaba a ambos también y por el que podían haber sido condenados a tres años —habían retirado el dinero de la cuenta del padre tras el crimen—, se les consideró exentos de responsabilidad criminal, pues en ambos concurría lo que se define como una «excusa absolutoria» por ser hijos de la víctima, tal y como había alegado el letrado Costa. El problema, evidente para el abogado, era el padre.

El 18 de septiembre de 2009 José Miguel Ruiz Roch fue indultado gracias a su buena conducta y a los informes favorables del tribunal sentenciador y del Ministerio Fiscal.

12
«No te mato por mis hijos».
El crimen del pozo

ADN

Una tibia completa y dos dientes, un incisivo y un premolar: ese era el contenido de un pequeño paquete que el 23 de mayo de 2006 se recibió en el Laboratorio de ADN de la Comisaría General de Policía Científica, en Madrid. El remitente era José Francisco Flores, inspector jefe y jefe de la Brigada de Policía Científica de la Jefatura Superior de Policía de Extremadura. En el oficio que se adjuntaba, según pudo leer la técnica del laboratorio de ADN, se indicaba que los restos correspondían a un cadáver que había sido encontrado cinco días antes en el interior de un pozo artesano, a las afueras de Badajoz. En el «asunto» rezaba: «Muestras para cotejo Banco Humanitas».

El Banco Humanitas al que se refería la misiva era el banco de datos ADN-Humanitas, puesto en marcha por la Policía Nacional a principios de la década de 1990. Fue creado para identificar restos humanos, cadáveres y personas desaparecidas a través de la comparación de la huella genética con la de familiares que la hubieran donado de forma voluntaria. Este era, evidentemente, el caso.

El Laboratorio de ADN poseía, desde un año antes, muestras indubitadas —o de referencia o fuera de cualquier duda— de Julián García Muñoz y de Isabel Santarén Quintales, padres de Joaquín García Santarén, cuya desaparición había sido denunciada en Badajoz el 19 de abril de 2005, once meses atrás. A los dos se les habían tomado muestras de ADN mediante el conocido procedimiento de la torunda y el frotis bucal, que no supone en absoluto una injerencia en la intimidad del donante. El frotis bucal consiste en pasar la torunda por las paredes interiores de la boca para recoger muestras biológicas de ADN de la persona.

De la tibia y de los dos dientes enviados el mencionado departamento debía extraer el ADN mitocondrial del fallecido. El ADN mitocondrial se diferencia del ADN nuclear en la fuente del resto biológico a analizar. No puede ser el núcleo porque las células de estos restos carecen de él. Por ello en este tipo de análisis se estudia el ADN de las mitocondrias, que son filamentos microscópicos que se encuentran en el interior de las células. Funcionan como fuentes de energía, interviniendo en la formación de la proteína y en el procesamiento de grasas. No desaparecen con la descomposición, como le sucede al núcleo de las células, y permanecen en los huesos y en los dientes durante siglos. Es la misma técnica que se empleaba en el Programa Fénix de Identificación Genética de Personas Desaparecidas, que funcionaba desde 1998 en la Guardia Civil. En la actualidad ambas bases de datos hermanas, la ADN-Humanitas y la Fénix, se han fusionado en la Base de Datos de ADN, que comparten la Policía, la Guardia Civil, los Mossos d’Esquadra, la Ertzaintza y la Policía Foral de Navarra.

Los resultados no tardaron en ser escupidos por la impresora del laboratorio: resultado positivo. Los restos hallados eran los de Joaquín García Santarén.

Tragado por la tierra

Aunque su madre, Isabel García, había presentado la denuncia de su desaparición el 19 de abril ante el Juzgado de Instrucción número 4 de Badajoz, en realidad a Joaquín García Santarén, de treinta y seis años y 1,83, de estatura, el Cuqui para los amigos, se lo había tragado la tierra el 9 de abril. Su hermana mayor, Rosario, declaró por aquel entonces ante el inspector jefe del Grupo I de la Brigada Provincial de Policía Judicial, Juan Gómez Calderón, responsable de la investigación, que Joaquín mantenía relaciones sentimentales con Estrella Cortés Carrillo, la pareja de hecho de Kiki el Quinquillero o Kiki el Quemao. Los quinquis o quincalleros son un grupo social nómada y de parecidas costumbres a los gitanos. Reciben su nombre de la quincalla, metal barato.

El hermano menor, Fernando, por su parte, reveló al policía que el tal Kiki le había amenazado con una pistola cuando iba acompañado de sus sobrinos, Óscar y José. «Dale un mensaje al Cuqui: que deje a Estrella», le dijo con tono amenazante. Y no, no lo había denunciado. ¿Para qué? Esas cosas no se denuncian, o eso pensaba.

Estrella Cortés, la mujer en el centro del supuesto litigio sentimental, de treinta y seis años, medía 158 centímetros de estatura, tenía cara de muñeca, redonda, ojos inmensos, pelo castaño y formas rotundas. Francisco Maldonado Cruz, el nombre oficial del Kiki, tenía dos hijos pequeños y una historia de tormentosa relación de la que había decidido escapar porque le ahogaba. Ya no era feliz y no le quería. Estrella llevaba separada de hecho desde febrero de 2005 del Kiki. Este tenía cuarenta y siete años y era un hombre enjuto, de cara angulosa y ojos penetrantes, de 174 centímetros de altura. Sin embargo, el desencuentro mutuo entre la pareja se había producido mucho antes. Un año atrás no solo Estrella lo había denunciado por malos tratos, sino que se marchó a una casa de acogida con sus hijos. A consecuencia de este clima, Estrella había regresado a vivir con su madre, llevándose a los dos hijos —niña y niño— apenas dos meses atrás, en febrero de 2005.

La relación con el Kiki estaba finiquitada. Así lo sentía Estrella, que en septiembre de 2004 había iniciado abiertamente una relación con Joaquín García Santarén, el Cuqui. Indirecta y paradójicamente el propio Kiki había sido la causa del comienzo de la citada relación, porque este había contratado a García Santarén para que le hiciera una estantería de mampostería en su casa familiar de la calle del Encinar, situada en la zona de «Las Ochocientas», un barrio marginal de Badajoz. Fue durante ese trabajo cuando el Cuqui trabó amistad, y algo más, con Estrella, una gitana originaria de Los Carrillos que se sentía muy sola. Una cosa que sabía todo el barrio y que no había sentado nada bien al marido.

García Santarén y Maldonado Cruz se conocían, pero no eran amigos ni enemigos. Vivían en el mismo barrio. No había razones aparentes que pudieran hacer pensar en un crimen pasional visto el lugar donde ambos habitaban. Por ello Gómez Calderón y su gente decidieron explorar las dos hipótesis de trabajo más evidentes para explicar la desaparición de García Santarén. La primera es que podría haberse marchado a la francesa, sin avisar a nadie. La segunda es que podría haber sido víctima de un ajuste de cuentas por un asunto de droga. En el historial del desaparecido figuraban siete antecedentes policiales por robo con fuerza en las cosas, daños y tenencia de drogas. Esto podía encajar.

Las primeras pesquisas condujeron a los investigadores a la vecina ciudad portuguesa de Elvas —famosa por su bacalao y por sus toallas de precio más que asequible—. Allí podía haberse desplazado en compañía de un individuo de etnia gitana apodado el Pardales. La policía lusa localizó sin problema a Eduardo Agostinho Batista, que era como se llamaba oficialmente el mencionado Pardales. Agostinho Batista reconoció que era amigo de García Santarén, pero explicó que hacía mucho tiempo que no lo veía.

Al mismo tiempo el jefe de la investigación se puso en contacto con todas las comisarías de España por si García Santarén había sido identificado en alguna de ellas. También contactaron con los centros penitenciarios, por si por algún casual estaba cumpliendo condena. Todas las respuestas fueron negativas. Tampoco se obtuvo nada de la policía portuguesa, que gestiona un banco de datos y una página web de personas muertas no identificadas. De los hospitales consultados recibieron las mismas respuestas.

Rosario García Santarén, muy activa y colaboradora en todo el proceso de investigación sobre la desaparición de su hermano, facilitó una nueva pista. Su hermano Joaquín podría haberse marchado con un hombre al que solo conocían como Juan, el Fontanero. Juan Ramón Broncano Sánchez, nombre real de la persona, admitió que era amigo de Joaquín y que varias veces habían hablado de marcharse a trabajar a Madrid. «Pero no. Hace mucho tiempo que no veo al Cuqui», contó a la policía. Una entrevista con Juan Jesús González Salguero, amigo también de García Santarén, que estaba retenido en el centro penitenciario de Badajoz, también se probó infructuosa. «Sí, estuve la noche anterior con el Cuqui, pero después de entonces no volví a verle». Y lo mismo ocurrió con Gabriel Vázquez Rodríguez, el Gabri, Iván Valero Santarén y Manuel Mangas Ballester.

Una segunda hipótesis fallida

El principal sospechoso en esta vía de investigación, la del ajuste de cuentas por asuntos de drogas, tenía un nombre muy concreto: Daniel Texeira Ramírez, alias el Chinito, natural de Tuy, Pontevedra. Un somero interrogatorio al Chinito convenció a los hombres del Grupo I de la Policía Judicial de Badajoz de que se hallaban ante un callejón sin salida. García Santarén ni se había marchado sin avisar ni nadie le había ajustado cuenta alguna. No, al menos, por un asunto de drogas. Aquello ratificó una tercera hipótesis de trabajo que habían abierto semanas antes: su muerte debida a una cuestión personal. Quizá por su relación con Estrella Cortés, lo que ya había apuntado meses antes Rosario García Santarén, Kiki, el Quemao.

Su historial policial era abultado. El Quemao había sido detenido diecisiete veces por delitos de estafa, robo, atentado contra agentes de la autoridad, timo, delito contra el patrimonio y tráfico de drogas en ciudades tan distantes como Badalona, Barcelona, Mérida, Badajoz, Málaga, Yecla y Valencia. Era un maestro en el timo del tocomocho, llamado así por la pregunta que el que hace de tonto le hace al gancho (el cómplice): «¿Tocó mucho?», en referencia a un supuesto billete de lotería premiado que posee. El tonto se dirige a la víctima («julay» en la jerga marginal) para preguntarle dónde hay una administración de lotería cerca porque quiere cobrar su billete. Justo en ese momento aparece el gancho —papel que hacía el Kiki—, que lleva «casualmente» el listado oficial de los premios de la lotería, en el que figura el número del billete como premiado.

El gancho hace ver al julay la oportunidad de hacerse con una pequeña fortuna por una pequeña cantidad. El tonto se deja convencer y «les vende» el billete «premiado» por una suma muy inferior con respecto a la del premio. El julay se va a un cajero automático, saca una cantidad importante —pero pequeña en relación con el premio del boleto—, y se la da al tonto. El gancho, haciéndose pasar por un buen samaritano, le dice a la víctima que le espere, que va a acompañar al tonto al autobús, tras lo cual ambos desaparecen con el dinero. El timo del tocomocho es similar al de la estampita, del que se diferencia en que en vez de un falso boleto premiado el tonto muestra un sobre repleto con lo que parece un fajo de billetes.

Al Kiki le iba eso. Era un tipo malencarado al que le divertía ver el terror que infundía en sus vecinos del barrio de Las Ochocientas, donde sabían de su poliadicción a las drogas. Solía parar el vehículo que conducía por el barrio en mitad de la calzada para fumarse un «chino» (mezcla de heroína y cocaína que se coloca encima de papel de plata y se le da calor por debajo con un mechero, aspirando por la boca los humos que suelta a través de un pequeño tubo). Cuando hacía esto, dejaba esperando estoicamente a los conductores que le precedían porque estos sabían que él normalmente iba «empalmao» (es decir, que llevaba arma de fuego).

Del Kiki constaba también una sentencia reciente, de fecha 8 de mayo de 2006, del Juzgado de Instrucción número 4, condenándolo a cuatro meses de prisión por un delito de malos tratos en la persona de su excompañera sentimental, Estrella Cortés Carrillo. La sentencia, pronunciada en un juicio rápido, quedó en suspenso por un periodo de dos años, pero establecía las penas accesorias de alejamiento a quinientos metros de Estrella y de comunicarse con ella por cualquier medio durante un año.

Los «confites» (confidentes) que solían alternar en los mismos fumaderos de droga a los que iba el Kiki comenzaron a cantar: «Sí, el Cuqui pudiera estar muerto. Lo han matado con ácido», decían unos. «¿Y quién lo ha hecho?». «Gente de fuera. Familiares del Kiki, el Quemao. Le han dado matarile, seguro». «¿Y dónde está el cadáver?». «Lo han echado a un pozo». «Pero ¿qué pozo?». «Por la barriada de La Estación». «¿Alguno en concreto?». «Una finca que tiene un corral cuadrado. Dentro está el pozo». «¿En un bidón?». «Sí, el Cuqui iba dentro». «¿Y quién lo transportó?». «El Mata. En una furgoneta blanca». La información brotaba con fuerza, desatada.

El Mata era Dionisio García González, de treinta y tres años, albañil de profesión. Tenía antecedentes por robo en una tienda y por fracturar el cristal de un vehículo. Vivía en la calle del Jazmín, en Badajoz, pero no fue en ese lugar donde el agente Gómez Calderón lo detuvo, sino en el domicilio de su madre, Antonia González, conocida como la Matahombres. Una mujer de armas tomar que también tenía antecedentes. Todos sus hijos habían heredado su mote y eran conocidos como los Matas.

—Eres el Mata, ¿verdad? —le preguntó Gómez Calderón.

Dionisio García se limitó a asentir con la cabeza. Sabía perfectamente que todo había acabado. El fin de la pesadilla. Agachó la cabeza y se dejó colocar las esposas mientras escuchaba la letanía de sus derechos y era introducido en un coche patrulla. En las dependencias de la Brigada Provincial no fue necesario apretar demasiado al Mata mientras su abogado del turno de oficio, Julio Fernández, observaba con atención el interrogatorio.

—¿De quién era el bidón?

—Era de Kiki, el Quinquillero.

—¿Quién es Kiki, el Quinquillero?

—Un vendedor ambulante.

—¿Tienes amistad con él?

—No, no somos amigos. Le he hecho algunos trabajos en casa. En concreto un palomar y le he levantado unas paredes.

—¿Sabías lo que había dentro del bidón?

—No —contestó bajando los ojos.

—¿Pesaba mucho?

—Unos sesenta kilos.

—¿Conoces al Cuqui?

—¿Al Cuqui? —contestó dudando—. Sí.

—¿Sabes cómo se llama de nombre?

—Sí, es el Santarén. Vive en la barriada de la UVA, de Las Ochocientas.

—¿Desprendía el bidón que manejasteis algún tipo de olor?

—No, no olía a nada.

—¿Sabías que dentro iba el cadáver del Cuqui?

— …No.

—Ya sabemos que se utilizó una furgoneta blanca. ¿Dónde fue llevado el bidón?

—A una finca, por ahí. No sé donde, en dirección a Portugal.

—Y arrojasteis el bidón al pozo, ¿no?

—Sí, eso hicimos.

—¿Sabías que el Cuqui mantenía una relación con la mujer del Kiki?

—Sí, una vez escuché a la mujer del Kiki discutir con él. Al Kiki no le gustaba nada que tuviera una relación con el Cuqui.

—¿Cómo se llama la mujer del Kiki?

—No sé. Yolanda o Estrella… No sé. No me acuerdo.

«Con los datos que obtuvimos nos pateamos la zona, pozo por pozo. Registramos hasta siete pozos antes de llegar a la finca que tenía un pozo artesiano en un corral situado en la carretera de Campomaior, a quinientos metros del cruce con la A-5 en dirección Portugal. El mencionado corral tenía unas dimensiones de 17 metros de frente por 20 de fondo y 3 de altura. Se accedía a su interior por una puerta de dos hojas de metal de 90 centímetros de ancho por 2,5 metros de altura, las cuales estaban cerradas con una cadena tipo pitón, de las que se utilizan para inmovilizar las motos», cuenta Gómez Calderón. «En el interior, en el lado izquierdo, a poco más de 3 metros de la entrada, estaba el pozo artesiano. Tenía un brocal de 110 centímetros de altura. La profundidad parecía ser de unos 18 metros, pero no se veía agua. A lo lejos, en la oscuridad, pudimos ver, con una linterna, que algo brillaba. Lo que parecía ser un bidón. Sabíamos que era el lugar, toda la información encajaba […]. Lo comunicamos a la magistrada juez del Juzgado de Instrucción número 4, competente en la investigación sobre García Santarén. Cuando ya estaban allí llegaron los bomberos».

Del interior del pozo extrajeron un bidón de 93 centímetros de altura por 60 centímetros de diámetro, oxidado. Lógico, por la humedad que allí había. Después de izarlo, otro bombero volvió a bajar al interior del pozo. Pasaron unos minutos que parecieron eternos. «¡Sí, son restos humanos! Llamad al juez», gritó hacia lo alto. Los bomberos tardaron varias horas en rescatar todo lo que había en el interior del pozo. El cadáver, pudieron constatar todos los presentes, se hallaba en fase de esqueletización. Había sido atado de pies y manos por la espalda, en posición de arrodillado. Los pies estaban enrollados a su vez con cinta americana. El cuerpo aparecía envuelto en dos colchas, una con flecos y otra con estampados, esta de tejido más fino que la anterior. Las dos estaban atadas con una cuerda fina.

Los investigadores iban narrando a la juez la ropa que llevaba el Cuqui el día en que desapareció: un jersey de color beige con cremallera, sudadera del mismo color, pantalón vaquero color azul, cinturón de cuero oscuro y calcetines y zapatillas deportivas de color blanco con listas color azul y rojas, las mismas que presentaba el cadáver. Y además informaron a la magistrada: «En el bolsillo delantero derecho del pantalón debería llevar una navaja y en el trasero izquierdo el DNI», como así fue.

Pocas horas después, en el hospital Infanta Cristina, el equipo de médicos forenses, en colaboración con dos miembros de la Brigada de Policía Científica de Badajoz —como suele ser preceptivo— procedió a realizar la autopsia. «En el lado derecho, junto a la cremallera de la bragueta, se aprecia una lesión de forma circular, de un centímetro de diámetro, aproximadamente similar a las producidas por los impactos de bala», se pudo leer después en el informe del médico forense. «Asimismo se observa en la columna vertebral, entre la sexta y séptima vértebra dorsal, un orificio que la atraviesa y que igualmente pudiera corresponderse con un impacto de bala». En el omoplato izquierdo también hallaron un tercer orificio de forma irregular cuyo origen era un impacto de bala. En total pudieron establecer que Joaquín Santarén murió de tres balazos.

La detención del Kiki

Esa misma mañana del 19 de mayo de 2006 Gómez Calderón puso en marcha un dispositivo formado por ocho hombres para detener a Maldonado Cruz. Consideraba que era un hombre peligroso y no quería correr riesgos. Podía llevar, incluso, algún arma de fuego.

Teniendo conocimiento de que el Kiki estaba en un fumadero de Los Colorines (barrio marginal de Badajoz donde existen cantidad de vendedores de drogas que normalmente tienen habilitada una habitación para que sus clientes consuman allí), se decidió hacerle una «trocha», es decir, en el argot policial, una espera discreta a pie o en vehículo camuflado desde un sitio donde se divise el lugar donde se halla el objetivo. En torno a las 11.30 horas, Maldonado Cruz fue apresado poco después de dejar la casa, cuando conducía un Nissan color crema en compañía de un amigo, Miguel Mesa. No opuso resistencia, pero se conjuró para que de su boca no saliera ni una palabra durante las setenta y dos horas que tendría que pasar en los calabozos de la policía, antes de pasar a disposición judicial. Porque sabía muy bien que las setenta y dos horas no se las quitaba nadie. Y lo cumplió.

Quien no resistió apenas veinticuatro horas fue Dionisio García, el Mata, que solicitó hacer una declaración ampliatoria esa misma tarde ante Gómez Calderón.

—Sí, el Kiki vino a buscarme sobre las dos o las tres de la madrugada. No recuerdo la fecha exacta. Quería que le hiciera una pared en el sótano en forma de «L». Metimos algo que estaba envuelto en mantas o sábanas y atado con cuerdas en un bidón, que colocamos entre dos paredes. Entonces, con unos rasillones, levanté la pared en forma de «L», simulando una columna hasta el techo.

—¿Había sangre en el garaje?

—Sí, había mucha sangre.

—¿Y no le preguntaste al Kiki de dónde procedía esa sangre?

—Sí. Me dijo que había sido riñendo con su mujer. Pero al día siguiente vi a la mujer y comprobé que no tenía señales ni arañazos.

—¿Le preguntaste al Kiki qué era lo que contenía el bidón?

—Varios días después lo hice. El Kiki me confesó que habíamos tirado al pozo el cuerpo del Santarén, pero que si decía algo me mataba.

—¿Por qué sacasteis el bidón de la pared recién hecha? ¿Cuál fue la causa?

—El Kiki me llamó dos o tres días después. El yeso estaba todo seco pero la pared estaba muy caliente. Olía muy mal. Me dijo que rompiera la pared y lo hice. Cuando abrí, del interior salió un hedor rarísimo. Como si fuese gas. Era insoportable. Salí corriendo a la calle para respirar. Y aun a varios metros todavía se podía oler.

—¿Y qué hicisteis a continuación?

—Cuando aquello se aireó un poco metimos los cascotes y los restos de la obra que había hecho en el bidón y lo llevamos al pozo del que les hablé ayer. Luego, cuando regresamos, el Kiki quiso entregarme un revólver que tenía la empuñadura negra, pero le dije que no se lo cogía porque no sabía lo que había hecho con él.

—¿Volviste otra vez a casa del Kiki después de eso?

—Sí, volví varios días después. El garaje había sido pintado. No quedaba ni una gota de sangre. Le pregunté al Kiki que quién lo había hecho y me contó que el Pocholo, un tipo que trabajaba en la tienda de la Lupe, en la avenida del Sol de la barriada de la UVA.

Gómez Calderón cruzó una mirada de entendimiento con su compañero. El caso había tomado velocidad de crucero hacia su resolución. El hedor de la muerte del cadáver en descomposición les había obligado a adoptar un nuevo plan a toda prisa. El Kiki no había sido el único en detectarlo. En la calle había oído varios comentarios del tenor de: «Kiki, ¿qué tienes ahí que huele tan mal? ¿Tienes un perro muerto o algo parecido?». Pudo comprobar que de nada le había servido la cal seca que había arrojado en el interior. Maldonado Cruz podía poseer algún tipo de conciencia forense, pero no la tenía muy afinada. Tampoco el Mata, quien desconocía, en el momento de hacer su segunda declaración, que su madre, Antonia González Martínez, de cuarenta y siete años, quien le adoraba —lo había tenido con catorce años—, se había presentado ante la policía un par de horas antes y les había estado contando lo que él no se atrevía a revelarles. Y lo hizo aun corriendo el riesgo de ser acusada de encubridora de un delito de homicidio.

—Cuando iba a levantar la pared en «L», mi hijo vio que el Kiki había envuelto con cal un cadáver. Y repetía continuamente: «Este cabrón ya no me pone más cuernos», refiriéndose al muerto.

—¿Sabía usted quién era el muerto?

—No.

—¿De qué conocía su hijo al Kiki?

—Hemos sido vecinos del barrio.

—¿Ha visto usted manejar armas al Kiki? ¿Sabe si suele ir armado?

—El año pasado vino a mi casa conduciendo un todoterreno gris metalizado. Cuando me acerqué vi cómo sacaba del asiento del conductor un arma con silenciador. Entró en casa con el arma envuelta en un trapo. Le dije que se lo llevara. No quería problemas.

—¿Todas las veces que visitó su casa llevaba ese arma?

—Sí. El Kiki tenía muchos enemigos y tenía que guardarse.

Las piezas del puzle encajaban, por fin, después de once meses de investigaciones. Tenían el cadáver, tenían el móvil, tenían al principal sospechoso, que se negaba a hablar. Pero faltaba conocer todos los detalles de boca de la persona objeto del contencioso: Estrella Cortés Carrillo, la esposa de Maldonado Cruz. Gómez Calderón se sentó ante la mujer a las 14.46 horas del día siguiente, 20 de mayo.

—Ha sido usted imputada de un delito de encubrimiento en el homicidio de Joaquín García Santarén. ¿Entiende lo que esto significa? No está detenida, pero está imputada —le dijo Gómez Calderón.

A Estrella Cortés Carrillo el abogado de oficio que le asistía en el interrogatorio, Manuel Villalón, le había explicado lo que esto significaba en palabras que ella pudiera entender. Asintió.

—Sabemos que usted conocía que García Santarén estaba muerto. Usted mantenía una relación con él. ¿Desde cuando?

—Desde septiembre de 2004. Teníamos pensado celebrarlo el 29 de abril de 2005, el día de mi cumpleaños, con el padre del Cuqui. Teníamos pensado emborracharnos.

—¿El Kiki conocía su relación con García Santarén?

—Sí, se lo había contado el Mata.

—¿Y cómo reaccionó el Kiki?

—Me dijo que quería escuchar de mi boca que ya no le quería. Y nos citó al Cuqui y a mí en mi anterior domicilio, en la calle de la Encina, para que se lo dijéramos a la cara.

—¿Y qué le dijo el Cuqui cuando le contó lo que le había dicho su exmarido?

—Me dijo que iría solo a la casa del Kiki. Tenía una navaja. Pero le convencí para que fuéramos juntos.

—¿Y fueron?

—Sí. El Kiki nos esperaba en la puerta del garaje. Nos invitó a pasar dentro. Pasamos el Cuqui y yo y después él, que cerró el portón con llave y la quitó de la cerradura.

—¿Y?

—Nos llevó hasta un habitáculo que hay, al fondo a la derecha, una especie de cuarto trastero. Entonces el Kiki sacó una pistola de la cintura con su mano derecha y me gritó…

Estrella Cortés comenzó a llorar. Después de unos minutos, recuperada la compostura, reanudó el relato.

—Me gritó: «¡Perra, has destrozado mi casa!».

—¿Y qué sucedió después?

—El Kiki cogía la pistola de forma muy rara, de lado, con la muñeca girada… Le pegó un tiro en la pierna al Cuqui. Luego le pegó un segundo disparo en el vientre. El Cuqui se fue contra la pared de la parte derecha y se fue resbalando con la espalda apoyada en la pared hasta que cayó al suelo. Recuerdo muy bien la mirada del Cuqui…

La mujer volvió a romper en llanto.

—Se estaba muriendo. Allí, delante de mí. El hombre que más quería en el mundo. Y el Kiki… El Kiki le dijo: «Tranquilo, que ella se va contigo». Yo… Yo salí corriendo hacia la puerta, gritando, pero no pude abrirla. Él la había cerrado con llave. Me encogí en un rincón llorando y gritando y el Kiki me decía: «¡Perra, cállate, que me vas a meter preso!». Y me puso la pistola en la sien y me decía: «No te mato por mis hijos».

—¿Qué hizo el Kiki después?

—Volvió a donde estaba el Cuqui. Volví a escuchar dos o tres tiros más…

Estrella Cortés ya no podía contener su sentimiento, deshecha, once meses después de haber sido testigo de la muerte de su amor.

—Todavía oí toser al Cuqui una o dos veces más.

¿Cómo podía haber creído al Kiki cuando le dijo que quería escuchar de sus labios que no la quería? ¿Cómo había sido tan inocente, tan infeliz, para creer que estaría dispuesto a dejarle iniciar una nueva vida con otro hombre? En aquellos minutos fatídicos lo comprendió todo. Se habían metido en la boca del lobo y el lobo se había cobrado su pieza. Y ella estaba allí acurrucada en el suelo, tratando de pensar algo, presa del pánico.

—Ea, ponte de pie que te voy a llevar a casa de tu madre —le dijo el Kiki pasados unos minutos.

Pero no la llevó. Su hermano, Emilio Maldonado Cruz, que iba borracho, regresaba a casa. Nada sabía de lo que el Kiki había urdido. Este salió a saludarlo y cuando vio que se metía en la casa, sacó a Estrella del garaje, la montó en un Peugeot 307 azul y puso proa al domicilio de su suegra.

—¿Le dijo algo en ese trayecto? —le preguntaron los agentes.

—Sí, gritaba mucho. Me dijo que olvidara lo que había visto porque si hablaba con alguien de eso me mataba a mí y a dos de mis hermanos y que tampoco le importaban los niños.

—¿Durante estos pasados once meses ha vuelto a verlo?

—No ha dejado de estar sobre mí. Me ha estado vigilando, y si no estaba él, sus sobrinos Javier y Óscar, que me seguían a todas partes. Un día le dije que tenía que contar lo que había pasado porque no podía dormir…

—¿Y qué le contestó?

—Que había cinco personas que sabían lo que había ocurrido y que en la única en la que no confiaba era en mí. Luego me dijo que «si no hay cuerpo no hay delito. El Cuqui está hecho cachitos chiquititos y nadie lo va a encontrar. Tengo un amigo en el vertedero que se ha encargado de ello».

Luego supo por boca del Mata que no lo habían llevado al vertedero, sino que lo habían tirado a un pozo por Campomaior, que habían arrojado primero el cadáver y después un bidón o un tonel, y que para entrar donde estaba el pozo tuvieron que romper un candado y poner después otro nuevo.

Los «CSI» en la escena del crimen

El interrogatorio a Gabriel Vázquez Rodríguez, Pocholo, detenido un día después, el hombre que supuestamente pintó el garaje y el trastero donde Estrella Cortés dijo que había sucedido todo, no arrojó ninguna luz a la investigación policial. Al igual que el Kiki, solo quiso declarar ante la magistrada juez competente. Pero para cerrar el círculo de la investigación iniciada, para Gómez Calderón era esencial establecer el lugar donde había sucedido todo: el garaje de la calle de la Encina. El investigador estaba seguro de que el Kiki se había encargado de suprimir cualquier tipo de rastro. Había tenido tiempo. Por ello solicitó el auxilio de los hombres de la Comisaría General de Policía Científica, con base en Madrid. Era un trabajo especial que requería mucha precisión.

El responsable del equipo que llevó a cabo la misión fue el entonces inspector jefe del Grupo de Delitos Violentos y Organizados, Máximo Carretero, uno de los hombres más experimentados en este campo. Tres años atrás había sido el primero en probar el luminol en España en un caso que hizo historia. Una joven llamada Susana Valdivia había sido asesinada y su cadáver había sido abandonado en la Casa de Campo de Madrid. El principal sospechoso era Julián García Bouix, quien había sido su pareja de hecho durante cinco años. La relación se había roto, pero la pareja seguía trabajando junta en la boutique Estilo, situada en la calle de Jaén, que regentaba García Bouix. Podían haberse llevado bien, pero a la frustración de la separación se unió la frustración laboral, porque Susana trabajaba sin ningún tipo de contrato, con un sueldo de ochenta y cinco mil pesetas mensuales. Jamás había cotizado por ella a la Seguridad Social. Las peleas que tenían eran explosivas. García Bouix mató a Susana Valdivia en un ataque de ira, en la trastienda. Tomó una barra de metal, un perchero extensible, y le golpeó en la cabeza cinco o seis veces. Después cogió el cadáver, lo abandonó en la Casa de Campo y regresó a la tienda para limpiarla a fondo. Y lo hizo, pero no lo suficiente como para que el luminol no cumpliera su misión.

Carretero y Blanco se pusieron dos monos azules —entonces no existían los monos blancos desechables que hay ahora—, guantes de cirujano y unas máscaras. «Ahí dentro no van a encontrar nada porque no hay nada. Después de esto, mi inocencia quedará probada», dijo García Bouix a los policías científicos. Apagaron las luces y el lugar quedó medio en penumbra. Máximo Carretero y su compañero, Juan Carlos Blanco, comenzaron a pulverizar la superficie de la trastienda con el luminol. En pocos segundos el suelo comenzó a iluminarse de un color azul verdoso. Rastros invisibles al ojo humano se materializaron. Los presentes pudieron ver con toda nitidez los rastros de sangre y pudieron deducir cómo se había producido el crimen. Los análisis posteriores, realizados en el Laboratorio de ADN de la Policía Científica, confirmaron que la sangre pertenecía a Susana Valdivia. García Bouix fue condenado a dieciséis años de prisión.

El nuevo desafío de Carretero era, si cabe, mayor que en el caso de Susana Valdivia, pero era fundamental establecer que aquel lugar había sido la escena del crimen. Gómez Calderón se encargó de obtener el mandamiento preceptivo de entrada y registro y de acompañar, con sus hombres, a sus compañeros de Madrid. Carretero y sus dos colegas de Inspecciones Oculares comenzaron a ponerse el mono blanco en la calle, ante la mirada atenta de varios chavales de edades comprendidas entre los ocho y los trece años.

—¡Jonatán! —se oyó decir gritar a una señora, a una decena de metros del lugar—. ¡Ven a casa que está la comida puesta!

Jonatán, que resultó ser un mocoso de diez años, contestó con la misma potencia de voz.

—¡Que no puedo ahora, maaaamaaá! ¡Qué están aquí los del CSI y quiero verlos!

—¡Qué vengas! —replicó la madre, imperativa.

—¡Que no! —contestó enfadado el niño.

Tras un par de advertencias más, el chaval plegó velas y puso proa a su casa mientras por lo bajini decía:

—Jo, es que a uno le fastidian bien la vida.

Carretero no se sorprendió de lo que se encontró al abrir la puerta: el lugar había sido limpiado y pintado a conciencia, tanto techos como paredes. El suelo estaba inmaculado. La misión de encontrar algún rastro se les antojó imposible. Ya se lo había avanzado el investigador. «La estancia estaba dividida en dos partes. Una parte era garaje y la otra, a la derecha, un trastero. Había muebles viejos, bicicletas… En la zona pintada de la derecha encontramos un armario de color marrón, estilo sapelli», cuenta Carretero.

Los policías científicos hicieron uso del luminol, pero no encontraron ningún positivo en sangre. «Todo parecía inútil —prosigue Carretero—, hasta que nos concentramos en un viejo armario. Presentaba un agujero que podía ser de bala, como nos había indicado Gómez Calderón. A muy pocos centímetros del orificio hallamos una gota de sangre, de poco menos de un milímetro de diámetro. Era casi imperceptible. Se mimetizaba a la perfección con la madera. Estaba claro que la persona que limpió el armario no lo vio y lo pasó por alto. Tomamos una muestra de esa sangre con una torunda y la clasificamos».

También hallaron restos de insectos pegados a una cinta adhesiva pegada en una pared del garaje. Insectos que podían haber pertenecido a la fauna cadavérica procedente de la descomposición del cadáver emparedado, y que entregaron a la Sección de Entomología Forense, a su regreso a Madrid. La torunda con la gota de sangre fue trasladaba al Laboratorio de ADN. Días más tarde Carretero recibió una llamada: «Máximo, el resultado es positivo», le dijeron al inspector jefe del Grupo de Delitos Violentos y responsable de la inspección. La pequeñísima gota de sangre analizada pertenecía a Joaquín García Santarén, el Cuqui, compañero sentimental de Estrella Cortés, esposa de Maldonado Cruz.

«Lo que estableció, sin ningún género de dudas, aquella gota de sangre de la víctima fue que los hechos habían sucedido en ese lugar, tal y como había declarado la esposa del agresor a los compañeros de la Brigada Provincial», relata Carretero. «Con ello el caso estaba cerrado». Y su deducción: «No podemos olvidar que uno de los pilares donde descansa la inspección técnico-policial es la minuciosidad. Esta, combinada con otro principio básico, la observación, fue la que nos sirvió para la resolución del caso, y no la cantidad de instrumental y de medios innovadores que llenaban nuestra furgoneta».

La sentencia

Francisco Maldonado Cruz, un año después, fue declarado culpable, por un tribunal popular, de un delito de asesinato con alevosía, concurriendo el atenuante simple de estado pasional. Fue condenado a la pena de diecisiete años y seis meses de prisión y a dos años de prisión por un delito de amenazas graves a su exesposa, Estrella Cortés. Dionisio García González, por otra parte, fue declarado culpable de un delito de encubrimiento, aunque se le aplicó la circunstancia atenuante analógica de miedo insuperable, por lo que la pena fue de seis meses de prisión. El Tribunal Supremo ratificó la condena de Maldonado Cruz tres años después.

13
Empaquetaba cadáveres.
El crimen del contenedor

Lofoscopia, luz forense y ADN

La ficción siempre ha sido uno de los grandes motores para la inspiración creativa. Martin Cooper, un empleado de Motorola, inventó el teléfono móvil. Su fuente de inspiración fue, nada más y nada menos, que la serie de ciencia ficción Star Trek, la original. Cooper era un entregado fan. Le maravillaba ver cómo el capitán James T. Kirk, interpretado por el legendario William Shatner, se conectaba con su nave Enterprise a través del llamado «comunicador» cuando estaba sobre un planeta lejano investigando algo. Hoy lo identificaríamos, sin ningún género de dudas, con un teléfono móvil. Pero aquello no era más que un gadget de la ciencia ficción inventado por Gene Roddenberry, el padre de la serie. El runrún creativo se puso a funcionar en la cabeza de Cooper. Cuatro años después de que la serie desapareciera, el 7 de abril de 1973, Cooper realizó la primera llamada telefónica con el primer teléfono móvil de la historia, el Dyna-Tac, desde la Sexta Avenida de Nueva York. Su interlocutor se hallaba a unos cientos de metros, en el interior del hotel Hilton, en medio de una nutrida rueda de prensa.

De la misma forma el doctor francés Edmond Locard se inspiró en las novelas del detective británico Sherlock Holmes y su ayudante, el doctor John H. Watson, para crear en 1910 en Lyon (Francia) el primer laboratorio criminalístico de la historia del mundo. Al doctor Locard le apasionaba el poder de observación y la capacidad de deducción de Holmes, cómo basándose en la lógica y en la aplicación que hacía de los medios científicos primitivos del momento llegaba a la verdad, el Santo Grial de cualquier investigación. Locard era un seguidor entusiasta del «padre» de Sherlock Holmes, Arthur Conan Doyle, un galeno escocés que desde 1886 venía cosechando éxitos en todo el mundo con su peculiar personaje.

El doctor Locard (1877-1966), autor del Tratado de criminalística, persuadió a la policía de Lyon, una de las más importantes ciudades del sur de Francia, para que hiciera uso de la ciencia aplicada a la investigación criminal. De la misma forma que Cristóbal Colón convenció a los Reyes Católicos para que le proveyeran de medios para encontrar un camino más corto hacia Cipango y Catai (Japón y China), el doctor Locard obtuvo lo que buscaba pero, como al genovés, los medios que le cedieron fueron igualmente escasos: un ático con dos habitaciones y dos ayudantes. Y de la misma forma que Colón, consiguió descubrir un nuevo mundo en el campo de la investigación criminal. Suyo es el conocido Principio de Locard: «Siempre que dos objetos entran en contacto transfieren parte del material que incorporan al otro objeto». O dicho de otra manera: «Es imposible que un criminal actúe, especialmente en la tensión de la acción criminal, sin dejar rastros de su presencia», dejó escrito el propio Locard en 1928 en su Manual de técnica policial. El doctor Locard —al que sus contemporáneos llegaron a llamar el Sherlock Holmes francés— probó este principio en uno de sus primeros éxitos, el caso de Émile Gourbin, un hombre que fue acusado de estrangular a su amante. Gourbin tenía una coartada firme. El doctor Locard la desbarató cuando extrajo, de entre sus uñas, restos de piel y maquillaje de la mujer asesinada. Gourbin, viéndose atrapado, confesó de plano. A día de hoy el principio de Locard es la piedra angular sobre la que gira cualquier tipo de investigación criminal.

A partir de entonces se extendió por todo el mundo la idea de los laboratorios criminalísticos. En 1932 la Oficina Federal de Investigación, el FBI, abrió el suyo en Estados Unidos bajo la batuta de su primer director, Edgar J. Hoover. Un impulso que se benefició por el éxito en la investigación del secuestro y asesinato del hijo bebé de Charles Lindberg. Esta metodología de investigación comenzó a despegar a lo grande en todo el mundo en la década de 1960. En 1992 se creó la Red Europea de Institutos de Ciencias Forenses (ENFSI, por sus siglas en inglés) que agrupa a policías científicas, servicios de criminalística, laboratorios forenses y entidades afines de todos los países de la Unión Europea, Eslovenia, Bosnia-Herzegovina, Serbia, Montenegro, Turquía, Chipre, Ucrania y Rusia. En este foro de intercambio, de ayuda mutua y de homologación internacional de métodos de investigación científica, España es uno de los miembros más activos.

El 3 de marzo de 1997, apenas cinco años después del nacimiento de la ENFSI, un obrero de la construcción se disponía a iniciar su jornada laboral en la madrileña calle de Bárbara de Braganza. Su empresa estaba llevando a cabo una reforma en un piso. Frente al portal había sido instalado un contenedor de escombros, donde arrojaban los restos que extraían de la obra. Hay que aclarar que la calle Bárbara de Braganza se halla en una de las zonas de alta seguridad más sensibles de Madrid. Y el número en cuestión se hallaba a poco menos de 100 metros de distancia en línea recta de la sede del Tribunal Supremo, la cúspide de la justicia española; a 150 metros, doblando la esquina a la derecha, del Consejo General del Poder Judicial, el órgano de gobierno de los jueces; y a 300 metros de la Audiencia Nacional, el órgano judicial competente para investigar y juzgar todos los delitos terroristas, de crimen organizado y económicos de gran calado. Eran los mejores objetivos que ETA podría nunca encontrar por su alcance mediático e internacional. Una masacre de integrantes de cualquiera de estos tres órganos daría la vuelta al mundo, seguro.

Al obrero le extrañó la presencia de una caja de cartón, un paquete de grandes dimensiones (64 x 43 x 47 centímetros). Estaba atado con cuerdas y alguien lo había dejado en la acera, justo frente al contenedor. El reloj marcaba las 8.00. El día había amanecido soleado. No le costó mucho encontrar a una pareja de agentes de la Policía Nacional. Las alarmas se dispararon. Se interrumpió la circulación en los dos sentidos de la calle y se impidió el tránsito de peatones por el lugar, partiendo del Paseo de Recoletos, situado a una decena de metros. La sala del 091 activó de inmediato la Circular 50, que establece las medidas de protección que deben tomarse de forma automática en caso de amenaza terrorista.

La Brigada Provincial de la Policía Científica y el Grupo VI de la Brigada de Homicidios de Madrid se pusieron en marcha a toda velocidad al tiempo que eran enviados al lugar los guías caninos, los perros entrenados por el Cuerpo Nacional de Policía para detectar la posible presencia de explosivos. Al mando de la Policía Científica de Madrid en el caso se hallaba el inspector Antonio del Amo, un hombre que ha hecho un arte de la combinación del puro nervio y el autocontrol, poseedor de una mente aguda y una capacidad de observación y ejecución que nada tiene que envidiar a Gil Grissom, su homónimo en la ficción de CSI Las Vegas. En cuanto a Homicidios, fue destacado para el caso Esmeraldo Rapino, un brillante investigador sin el que sería imposible escribir la historia de la lucha contra la criminalidad en Madrid en los últimos treinta años.

El olfato de los perros policía estableció, tras una somera inspección, que la caja no contenía explosivo alguno, lo que condujo a dar por cerrado el nivel de la Circular 50 y a abrir el siguiente nivel, el de la delincuencia violenta. Porque si bien no existía amenaza terrorista, la caja despedía un fuerte olor a materia orgánica en descomposición. ¿Quizá un cadáver? Y si era así, ¿a quién se le había podido ocurrir meter a una persona y abandonarla en mitad de la calle? La lógica no encajaba aquí, por más que uno se empeñara en encontrar algún sentido.

«Procedimos a realizar la inspección ocular —cuenta Del Amo—. Protegimos el lugar, acordonándolo, y realizamos el necesario reportaje fotográfico global y de la citada caja. Como se suele escuchar ahora —dice con una sonrisa—, procesamos la escena del crimen recogiendo todos los objetos y restos que consideramos que podían ser relevantes». Ese día estaba de guardia la titular del Juzgado de Instrucción número 37 de Madrid, que no tardó en hacer acto de presencia en la calle de Bárbara de Braganza. Fue ella la que, como es preceptivo, dio la orden de recoger la caja para que fuera trasladada al Instituto Anatómico Forense, situado en la Ciudad Universitaria madrileña. Allí fue depositada sobre una de las mesas de acero inoxidable donde se realizan las autopsias.

«El paquete se asemejaba a una cebolla —relata Del Amo—. Tuvimos que ir con mucho cuidado. Primero cortamos las cuerdas que lo rodeaban. Al tiempo que cortábamos el cartón íbamos fotografiándolo todo, haciendo acopio y catalogando todos los indicios que contenía con el fin de poder analizarlos después para comprender lo que pasó y encontrar al responsable o responsables». Haciendo de contrafuerte, en la tapa de la caja, había varios cartones. En uno de ellos figuraba una etiqueta de envío de la casa Cerrabal, de Paterna, Valencia, dirigido a «Ferretería Fuencarral…». Los hombres de la Policía Científica fueron desmontando el paquete. La señora magistrada, los médicos forenses, que esperaban su turno, y Rapino y sus hombres observaban con atención el cuidadoso procedimiento de desembalaje. Mientras, el hedor de la muerte se fue haciendo más intenso según iban llegando al centro. Algunos se pusieron bajo las fosas nasales el consabido Vicks Vaporub, el ungüento mentolado que se usa para aliviar las congestiones nasales. Es una de las formas tradicionales de sobrellevar la pestilencia. Otros, cuando se podía, solían tirar de tabaco, incluso de cigarro puros. Pero ninguno de estos medios evita que, de regreso a casa, el fuerte olor a podredumbre perdure, porque se infiltra en la ropa, en el pelo y en la piel y queda impreso en la memoria olfativa de cada persona.

Del Amo y los suyos primero retiraron un trapo y varios envoltorios de plástico transparente. Luego un lienzo de color blanco. Después tres bolsas de plástico negro. A continuación varias ataduras de tela marrón, una manta a rayas grises, blancas y rojas y, por último, una sábana. Allí apareció el contenido: «Era el cadáver de una mujer que estaba desnuda, de raza blanca. Gitana. De unos treinta años de edad, 1,60 de estatura. Tenía el pelo largo, castaño, con coleta, anudada con goma roja», cuenta Del Amo. «Era evidente que había sido colocada en posición fetal para facilitar su transporte. La cabeza había sido envuelta con dos bolsas de plástico. Una de ellas contenía restos de basura, colillas (fuente segura de ADN), una funda de cuchilla de afeitar desechable con pelo y cabello y restos de sangre. La cosa prometía». Todo ello fue enviado de inmediato a la Comisaría General de Policía Científica para ser analizado. Para terminar le tomaron la consabida necrorreseña de los diez dedos de las dos manos, que cotejaron con la Base de Datos del Documento Nacional de Identidad, bajo mandato judicial, a efectos de identificación.

El autor o autores del crimen habían tenido muy en cuenta los cambios post mórtem por los que pasa cualquier cuerpo una vez que la vida lo ha abandonado, en especial el rígor mortis o rigidez cadavérica. Cuando cesa de funcionar el corazón se produce un estado de endurecimiento de los músculos porque la bomba vital paraliza el transporte de oxígeno a esos destinos. Suele desarrollarse después de un periodo de flaccidez muscular aproximado de tres horas. La temperatura corporal desciende de forma paulatina a razón de 0,8 a 1 grado centígrado por hora, durante las primeras doce horas, y después de 3 a 0,5 grados por hora, en las doce horas posteriores, hasta las veinticuatro. A las doce horas de morir la rigidez del cadáver es completa y su manipulación —como doblarlo— si no se ha realizado en las tres primeras horas es imposible de llevar a cabo.

Una vez «pelada la cebolla», Del Amo y sus hombres realizaron el consabido reportaje fotográfico. Primero planos generales, luego planos de detalle. La boca había sido tapada con un paño y el ano había sido obturado con un sujetador de color negro, posiblemente de la víctima. En el tercio superior de su brazo izquierdo apreciaron un tatuaje con la leyenda «JULIO CARIÑO MARÍA». Los tatuajes son la mejor alternativa para cualquier tipo de identificación, después de las huellas dactilares. «El tatuaje es una forma de llamar la atención, de identificarse con un yo inseguro, inestable. También es una forma de afirmar la pertenencia a un grupo», explica el psiquiatra forense José Antonio Andrade. «La criminología española los define como taraceos o cicatrices parlantes», cuenta José Luis Cervero, capitán de la Guardia Civil, investigador y criminólogo. «Los brazos, el pecho, el vientre y las extremidades inferiores son las partes más tatuadas entre los delincuentes. La temática es muy variada: va desde puñales, espadas cruzadas, corazones, grilletes, tijeras, cruces, rosas, coronas de espinas, tibias cruzadas… También hay mucha costumbre de grabar fechas o iniciales de seres queridos». Este parecía ser el caso. La fallecida, con toda seguridad, tendría antecedentes penales; y no se equivocaban.

Las causas de la muerte

Los hombres de la Policía Científica dejaron paso al médico forense, el doctor Fernández Valencia, que llevó a cabo la autopsia. La palabra autopsia viene del griego y su significado es «ver por uno mismo». Su cometido es determinar con precisión la causa y el día de la muerte. Una de las primeras autopsias de la historia de la humanidad, debidamente recogida en los archivos, fue la de Julio César, en el año 44 antes de nuestra era. La autopsia estableció que el general romano había sido apuñalado treinta y tres veces, pero que lo que lo mató fue la que recibió directamente en el corazón.

El doctor Fernández Valencia, con ayuda de los agentes de la Policía Científica estiró con mucho cuidado, y sin problemas, el cadáver en la posición de decúbito supino —boca arriba— a lo largo en la mesa de autopsias y tras un análisis pormenorizado comenzó a lavarlo. Lo primero que tenía que determinar era la data de la muerte. No le cupo la menor duda de que era superior a treinta y cinco horas, que es cuando comienza a desaparecer la rigidez cadavérica y el cuerpo se vuelve manejable. Era evidente que había pasado más tiempo. «El cadáver presenta signos de descomposición en su fase coloreada enfisotemastósica, con línea verde en el abdomen. Data de la muerte: unas setenta y dos horas aproximadamente», escribió en el informe. La mujer había perdido la vida, por lo tanto, a lo largo del viernes 28 de marzo. Y debió de ser en esas primeras horas cuando fue propiamente embalada en la caja de cartón.

El médico de medicina legal, el puente entre el Derecho y la Medicina, centró su atención en la cabeza de la mujer. Muchos médicos forenses, como el doctor García Andrade, suelen contar que, cuando llegan a este punto, sienten cómo el cadáver les habla, «les cuenta» cómo fueron asesinados, la ira que embargó al agresor, su grado de crueldad o el descontrol de la acción. El porqué queda para los investigadores. Pero hay que conocer muy bien su lenguaje. Su compañero, el doctor Fernández Valencia, lo tenía bien aprendido. El cadáver de la mujer le «habló» de forma muy clara: «En la cabeza presenta cuatro traumatismos craneoencefálicos con hundimientos de la bóveda frontal, fronto-parietal derecho, fronto-moral izquierdo y temporal izquierdo, producidos por objeto contundente. Asimismo presenta corte en el pabellón auricular izquierdo». En síntesis: le habían reventado la cabeza a golpes; le habían hundido el cráneo.

¿Trató ella de defenderse o simplemente se entregó a la ira del agresor? «Se observan estigmas de defensa en zona metacarpiana central de la mano derecha (herida incisa de bordes irregulares) de unos 3 centímetros de longitud y en la zona metacarpiana de la mano izquierda con hematomas por contusión con objeto contundente», añadía el informe. Es decir, la mujer había intentado, sin conseguirlo, defenderse cuando estaba siendo agredida a muerte. Las heridas de defensa que presentaba su mano izquierda lo mostraban con claridad.

Quién soy y quién lo hizo

De regreso a la sede de la Brigada Provincial de Policía Científica, Del Amo y sus hombres se centraron de lleno en dos frentes: el primero, identificar el cadáver mediante las gestiones habituales con la base de datos del DNI; y el segundo, en extraer las huellas que hubiera en las bolsas de plástico transparente y de color que envolvían el cadáver. Apenas catorce horas después, a las once de la noche, Del Amo telefoneó a Rapino, en la Brigada de Homicidios: «Ya tenemos la identidad de la mujer. Se trata de Rosa Gabarre Maya. Treinta y dos años. Toxicómana. Se dedicaba a mendigar. Tiene antecedentes por hurtos, ejercicio de la prostitución y mendicidad. Vive en el barrio de La Celsa. Está casada con Jesús Peregrino Jiménez Hernández. Toma nota». Rapino apuntó todos los datos. El inspector jefe de Homicidios conocía bien el lugar.

La Celsa está en la carretera de Villaverde a Vallecas, al sureste de Madrid, hacia el kilómetro 3,5. Administrativamente pertenece al distrito del Puente de Vallecas. Las zonas urbanizadas más próximas eran los barrios de El Pozo del Tío Raimundo y Entrevías. Rapino hizo un gesto de contrariedad. La Celsa era uno de los principales puntos de venta de droga de la Comunidad de Madrid. «Territorio comanche». No temía entrar en el lugar, aunque no era precisamente uno de los más seguros para la Policía.

—¿Y tenemos algo sobre el supuesto asesino? —preguntó.

—Lo tenemos, Rapino. Hemos procesado las huellas de las bolsas que envolvían el cadáver de Rosa Gabarre con el sistema del cianocrilato.

El cianocrilato es uno de los reactivos que se utilizan en lofoscopia. Como hemos citado en otros capítulos, es el componente de un pegamento. Para extraer las huellas latentes o invisibles se suele colocar el objeto investigado en cuestión —pueden ser bolsas de plástico, pero también papel plastificado, láminas de aluminio, celofán, goma, bandas de goma, armas de fuego u otros materiales— dentro de una cámara hermética. En la misma se pone un recipiente con el cianocrilato, que es debidamente calentado, provocando su evaporación. El producto se adhiere a los restos aceitosos de las huellas latentes, endureciéndose y fijando con claridad el dibujo de las crestas papilares. Este método sirve también para mostrar otras secreciones, como el sudor o la sangre; no las estropea y pueden ser utilizadas en el test del ADN. Cuando los objetos son blancos o transparentes, como algunas de las bolsas, se someten después a un proceso de revelado con flavina, un revelador de color amarillo. Es un tinte que tiñe las huellas de amarillo; luego pueden verse mediante el uso de la llamada luz forense. Esta tecnología produce luces de diferentes longitudes de onda, desde la ultravioleta hasta la infrarroja, pasando por la normal —a una frecuencia determinada—. Bajo este tipo de luces los restos biológicos, no solo huellas dactilares, también la sangre, el sudor, el semen, las secreciones vaginales e incluso residuos de disparo se tornan visibles. Algunos aparatos específicos, como el Scenoscope, permiten ver las huellas latentes sin tener que utilizar reactivos físicos o químicos. La luz forense fue el paso final que permitió a Del Amo recuperar las huellas que aparecían en las bolsas que habían cubierto la cabeza de Rosa Gabarre.

—Lo que nos dice el SAID [Servicio Automático de Identificación Dactilar, la base de datos criminal de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, donde están contenidos los datos de todas las personas con antecedentes] es que pertenecen a un tal Ould Cheikh Mohamed Mahfoud, nacido en Mauritania. Tiene treinta y seis años y no debería estar aquí.

—¿Por qué dices eso? —preguntó Rapino.

—Porque de acuerdo con nuestra base de datos fue expulsado de España en 1994. Por cuatro años. No debería estar aquí —contestó Del Amo.

—Ya veo.

—Pero hay más. Las huellas de Ould Cheikh aparecen en otro caso idéntico.

—¿Qué quieres decir? ¿Otra empaquetada?

—Otra empaquetada. Idéntico. El pasado 1 de diciembre…

—Hace cuatro meses.

—Hace cuatro meses, sí. Apareció otro paquete frente a un contenedor de escombros en la calle de La Puebla. No lo llevó tu grupo, el Sexto, sino la gente del Quinto. La muerta resultó ser Yolanda Varela Rumbo, de veintitrés años, natural de La Coruña. Sin domicilio conocido. Se dedicaba, lo mismo que Rosa Gabarre, a la mendicidad, la prostitución y los pequeños hurtos por la misma zona. Por Gran Vía. También era toxicómana.

—¿Y por qué no se siguió la investigación?

—Porque la autopsia determinó que la muerte había sido natural. No había signos de violencia ni heridas de defensa ni nada por el estilo. La joven se murió. Ya está. No había caso para Homicidios.

—Pero dices que la tal Yolanda apareció de la misma forma, empaquetada y envuelta como una cebolla…

—Como te acabo de contar, el modus operandi era idéntico. Mi opinión es que se trata de la misma persona.

—Del Amo, ¿te das cuenta de que podemos estar ante un asesino en serie?

—Me doy cuenta, Rapino. Ahora la pelota está en tu tejado. Encontrarle. Te envío toda la información.

El paquete con Yolanda Varela había sido hallado no muy lejos de Gran Vía, en una calle perpendicular a la de la Ballesta, lugar habitual de la prostitución en el centro de Madrid. Sobre las diez de la noche unos niños que jugaban por la zona encontraron la caja frente al contenedor. El cadáver estaba flexionado a la altura de la cintura, con las piernas estiradas. La cabeza reposaba a la altura de las rodillas. El brazo izquierdo a la espalda y el derecho en el hueco dejado por las piernas y el tórax. El autor le había metido en la boca una toallita pequeña de aseo. Yolanda Varela tenía el pelo castaño y llevaba media melena. Vestía un jersey amarillo, con franjas horizontales azules y rojas en su parte delantera. Debajo llevaba una camiseta de color granate y un top azul con florecitas. Como pantalones tenía puestas una mallas marrones con dos pares de pantalones de pijama y bragas blancas, pero estaban bajados a mitad del muslo. El cadáver tenía las uñas de ambas manos largas y perfectamente conservadas, pero muy sucias. No presentaba, como le había adelantado Del Amo, huellas de heridas de defensa. Alrededor del cuello llevaba una cuerda de esparto fina y de gran longitud. El autor la había utilizado para atar el cuerpo y mantenerlo en la posición descrita. Y estaba envuelta con sábanas, mantas y plásticos de la misma procedencia. «No presenta signos de violencia que justifiquen el óbito», pudo leer Rapino en el informe forense.

El compañero sentimental de la mujer, José Antonio de la Torre Barba, de veintitrés años, de Madrid y sin domicilio fijo, contó a los del Grupo V, durante la investigación, que Yolanda era toxicómana, como él, y que se dedicaba a la mendicidad por la zona de la Gran Vía, «poniéndose concretamente, muchas veces, en el Palacio de la Música». La última vez que la había visto fue sobre las siete de la tarde del 30 de noviembre. Al día siguiente, el 1 de diciembre, veintisiete horas después, fue encontrado su cadáver.

¿Podía haber un asesino en serie suelto por Madrid? ¿Uno de los llamados «misioneros», alguien que pasa desapercibido por su apariencia pero que actúa con la «misión» de eliminar a ciertos grupos de personas porque cree que son malas para la sociedad, como las prostitutas y toxicómanas? Todo parecía indicar que sí.

Las dos mujeres, aunque con una diferencia de edad —una tenía treinta y dos años y la otra veintitrés—, se dedicaban a lo mismo en la misma zona. Rapino sabía que tenía entre sus manos un caso de gran trascendencia pública. Tenía que resolverlo pronto. Rapino recordó la película El silencio de los corderos, estrenada en 1991. Su memoria le trajo a primer plano la cara del doctor Hannibal Lecter, al que dio vida el británico Anthony Hopkins, con la famosa máscara en la cara. Ya sabía que eso era cine, pero la idea del asesino en serie había calado en la sociedad y en los medios de comunicación. Lo que no darían los periodistas por un titular como: «Hannibal Lecter habita en Madrid. Mata prostitutas y las empaqueta. La policía, impotente». Reclamó la ficha del mauritano. Tenía que ver su cara. Memorizarla. Concentrarse en encontrarlo y atraparlo. A pesar de lo avanzado de la hora, tocó a rebato entre sus hombres.

La búsqueda

El marido de Rosa Gabarre, Jesús Peregrino, y todo su entorno familiar prestaron toda la colaboración posible a los hombres de Rapino, desplazados a La Celsa. Explicaron que todos los días, al mediodía, Rosa se iba a la zona de la Puerta del Sol y aledaños y que sobre las once u once y media de la noche volvía al barrio, donde vivía en casa de su hermana. No sabían más.

La caja en la que había sido empaquetada la víctima tenía una dirección, la de la Ferretería Fuencarral. Evidentemente, la caja había sido retirada de la basura porque el establecimiento nada tenía que ver con Locard. El sospechoso debía de estar moviéndose por esa zona. Había que realizar un peinado. La búsqueda a lo largo del martes resultó infructuosa. Sí, lo habían visto. Sabían quién era. Se dedicaba a vender tabaco y golosinas a las puertas de los grandes cines de la zona centro. Pero no sabían dónde paraba, fue el resumen de las pesquisas de los de Homicidios. Desaparecido en combate. Ould Cheikh podía haberse volatilizado al enterarse de que habían encontrado el paquete con Rosa. O quizá no.

Rapino no desistió. Sabía que la investigación de calle era vital para encontrar al sospechoso. La búsqueda, como suele ser habitual, finalmente dio sus resultados. Hacia las 12 horas del miércoles el inspector jefe de homicidios y la compañera que iba con él se dieron literalmente de bruces con Ould Cheikh en la calle de Tudescos, a la espalda del edificio del Palacio de la Prensa, situado en la plaza del Callao.

—¿Eres Ould Cheikh Mohamed? —le preguntó Rapino con voz segura y mirándole a los ojos, sabedor de que era él. Tenía su imagen grabada a fuego en la memoria.

—No, me llamo Alí Hek —respondió Ould Cheikh con una mirada de temor en los ojos.

—Bueno, Ould Cheikh o Alí Hek o como quieras llamarte, somos de la Brigada de Homicidios —Rapino y su compañera le mostraron sus placas—, acompáñanos a comisaría que tenemos que hacerte unas preguntas. ¿Tienes alguna identificación?

El policía de Homicidios sabía que Ould Cheikh era un ilegal y que la ley le permitía, al igual que con cualquier otro ciudadano, forzarle a acompañarlo a la comisaría para verificar su identidad. El mauritano no presentó ningún tipo de resistencia. Simplemente se dejó llevar a la entonces sede de la Brigada de Homicidios, en la calle de Pontejos. Habían pasado apenas cincuenta y dos horas desde que descubrieron el paquete en el número 11 de la calle de Bárbara de Braganza y el hombre ya estaba en sus manos. Ould Cheikh volvió a ser reseñado en Homicidios para asegurar su identidad.

—Bien Ould Cheikh, estamos seguro de que eres tú. ¿Por qué mataste a Rosa Gabarre? —le espetó Rapino a la cara, al mismo tiempo que sobre la mesa le puso una de las fotos que hicieron los hombres de la Policía Científica una vez que desembalaron el paquete en que había convertido a la mujer.

—Rosa y yo nos conocíamos —explicó el mauritano—. Nos encontramos el pasado viernes a las ocho y media de la tarde. La invité a subir a mi cuarto de la pensión. Solíamos tener relaciones. Nos llevábamos bien. Teníamos que hablar. Tenía una cosa pendiente con ella.

—¿Qué cosa? —espetó Rapino.

—La vez anterior que estuvimos juntos yo me quedé dormido después de mantener relaciones. Ella aprovechó para robarme 325.000 pesetas. Cuando me desperté me di cuenta de todo. Quería que me las devolviera —le contestó el mauritano mostrando las palmas de las manos, como queriendo decir que no quería ocultar nada.

—¿Y por eso la mataste?

—¡Me había robado! Comencé a gritarle y ella me gritó a mí. Decía que no, que no me había robado nada. Trató de pegarme y yo me defendí. Le di con los puños en la cabeza con toda la fuerza que pude. Rosa cayó al suelo, sin conocimiento, muerta. ¡Créame!, ¡yo no quería hacerlo! No fue intencionado.

—Ya, pero la mataste. Acabas de decirlo.

—Pero yo no quería… —dijo el mauritano inclinando la cabeza.

—¿Y de dónde habías sacado tú 325.000 pesetas? —le preguntó Rapino.

—Ahorrando.

—Ya... ¿Cuánto pagas al mes por el cuarto en la pensión esa?

—Veinticinco mil pesetas.

—Que sacas de vender tabaco y chuches por la calle. Ya. ¿Y dices que has ahorrado todo ese dinero tú solito?

—Sí, yo solo —contestó Ould Cheikh desviando la mirada hacia el suelo.

—¿Dónde tuviste el cadáver de Rosa Gabarre desde el viernes, cuando ocurrió todo, hasta el lunes?

—En mi habitación.

—Es decir, la mataste, la embalaste en una caja de cartón y la dejaste en un rincón de la habitación durante casi tres días… Mientras tanto, tú dormiste allí, comiste, cenaste…

—Sí, así fue.

—¿Por qué la embalaste de esa manera? ¿Por qué te tomaste la molestia de doblarla, de atarla, de cubrirla?

—Porque sé que a las pocas horas un cadáver se vuelve de madera. Rígido. Tenía que ser así.

—Después de tres días comenzó a oler a muerto en la habitación, ¿verdad?

—No, casi nada.

—¿Por qué tardaste tanto tiempo en deshacerte del cadáver?

—No lo tenía claro. Quería tener tiempo para ordenar mis pensamientos. Había matado a una persona. Rosa era amiga mía.

Ould Cheikh sacó el cadáver a la calle a las 7.30 del lunes. Lo hizo él solo, sin ayuda. Levantando los sesenta y tres kilos de peso. Madrid comenzaba a amanecer. Buscó un taxi, a la puerta de su pensión, en la calle de Fuencarral. Un viandante, que resultó ser un policía nacional, le ayudó a levantar la caja y a meterla en el maletero de un taxi. Debía de ser verdad. Lo había embalado tan bien todo que la caja no debía despedir el olor del comienzo de la putrefacción.

—¿Y por qué delante de un contenedor y en la calle de Bárbara de Braganza?

—¿Y por qué no? No tengo mucho dinero. Esa calle está cerca de donde me muevo. Podía regresar andando.

—¿Sabes quién es esta mujer? —le dijo Rapino, colocando una segunda fotografía sobre la mesa, la de Yolanda Varela.

La sorpresa se dibujó en el rostro del mauritano.

—Sí, es Yolanda.

—A la que también empaquetaste —le dijo el inspector jefe de Homicidios con voz firme.

—Yolanda se murió cuando teníamos relaciones. Era buena gente.

—En la pensión, ya. No tuviste nada que ver con su muerte…

—¡Se murió!

—¡La mataste!

—¡No! Se murió.

Rapino sabía que ese camino era un callejón sin salida. No avanzaría más si el sospechoso insistía en enrocarse ahí. Era el momento de que entrara en escena la Policía Científica. Mientras tenía lugar el interrogatorio, el Grupo VI de Homicidios había solicitado una autorización de entrada y registro en el piso al magistrado-juez del Juzgado de Guardia. «La petición del citado Mandamiento tiene la finalidad de vincular al detenido con la comisión del homicidio de Rosa Gabarre Maya y con la muerte de Yolanda Varela Rumbo, así como comprobar la posibilidad de que en su interior se hallen efectos personales de las fallecidas, mantas, plásticos o cuerdas del tipo que el detenido presuntamente utilizó con la finalidad de envolver y empaquetar sendos cadáveres», decía la petición del inspector jefe al juez.

Al día siguiente, el 6 de marzo, jueves, Del Amo y sus hombres comenzaron a procesar lo que supuestamente había sido la escena del crimen en la que Rosa Gabarre había perdido la vida: el cuarto de Ould Cheikh. La habitación medía 3,5 metros de largo por 2 metros de ancho. Había una cama de 90 centímetros de ancho pegada a la pared izquierda y junto a ella una mesita de noche. En la pared frontal, a la derecha, había una ventana corredera de bastidor de aluminio con vidrios esmerilados translúcidos que daba a un patio interior. En la pared derecha Ould Cheikh tenía un lavabo con un armarito de aseo encima. Junto a ello, una mesa pequeña y una silla. Finalmente, en la pared se podía ver un armario de madera antiguo con dos puertas.

Los hombres de la Policía Científica, sea el cuerpo que sea, tienen entrenados sus sentidos para detectar los indicios criminales más inverosímiles. Procesar la habitación del mauritano no resultó difícil. El lugar les hablaba a gritos. Y así lo volcaron en su informe: «Que en todas las paredes de la habitación se observan múltiples manchas de sangre por proyección violenta y por impregnación. En el suelo, a la altura de la mesa, en la junta de unión de las baldosas de terrazo blanco y negro, se aprecian diversas manchas de sangre por impregnación, así como en diversas juntas situadas debajo de la cama. Que en el lateral derecho del lavabo se encuentran dos grandes manchas por impregnación de sangre. Que en la mesita de noche y cabecero de la cama se observan manchas de proyección violenta de sangre. Que en el somier y en la funda del colchón se observan manchas de sangre por impregnación…». En la inspección ocular hallaron, además, bolsas de plástico, transparentes y negras, una cinta de embalar, cintas de tela de color beige, sábanas y mantas idénticas a las encontradas en ambos casos. También hallaron el DNI y el carnet del INEM de Rosa.

Allí había muerto Rosa Gabarre. Los restos de sangre lo demostraban. La sangre, como líquido, obedece las leyes de la física, y cuando se aplica la fuerza, tanto la cantidad de sangre, como la forma de las gotas, el ángulo de impacto y la localización de las salpicaduras en la escena del crimen muestran con claridad lo que ocurrió, desde la velocidad al arma o armas utilizadas y el número de personas involucradas. Todo encajaba casi a la perfección. Había habido una agresión llena de ira y de violencia en lo que la prensa llamó después el Crimen del Contenedor.

Una pieza, sin embargo, no encontraba su sitio: era prácticamente imposible que los golpes recibidos por Rosa Gabarre hubieran sido producto solo de los puños de Ould Cheikh. Tuvo que haber utilizado un objeto contundente. No había otra explicación. «Lo hice con mis manos», negó Ould Cheikh.

El Laboratorio de ADN de la Comisaría General de Policía Científica llevó a cabo los análisis de la sangre encontrada en el lugar. Pertenecía a Rosa Gabarre. El mismo laboratorio, uno de los más avanzados de Europa, estableció la vinculación de Ould Cheikh con el primer paquete, el de Yolanda Varela, a través de una de las muestras genéticas tomadas al azar de la manta que recubrió su cadáver. Por otra parte, el Servicio Central de Analística de la Comisaría General de Policía Científica certificó que las bolsas de plástico y los tejidos hallados tanto en el interior de la caja donde se halló a Rosa Gabarre, como los de la casa del mauritano eran coincidentes.

El Empaquetador de Cadáveres, como fue bautizado Ould Cheikh por la prensa, pasó a disposición judicial acusado de un delito de homicidio en el que fue competente un tribunal del Jurado de la Audiencia Provincial de Madrid, con un magistrado profesional de la Sección 16 al frente.

En poco más de dos días —un tiempo récord— la Brigada Provincial de Homicidios y la Brigada Provincial de Policía Científica de Madrid lograron desentrañar el crimen de Rosa Gabarre y atrapar a su autor en una operación combinada de forma ejemplar. Porque para condenar a una persona no basta con su propia confesión: es necesario contar con pruebas que ratifiquen lo ocurrido de un modo científico.

Ould Cheikh Mohamed Mahfoud, también conocido como Ould Cheikh Mohamed Manfoud, Ould Marfoud Chelk Mohamed, Mohamed Mahfoud Ould Cheikh, Alí Hek y Hek Alí, fue declarado culpable de un delito de homicidio por el tribunal del jurado que lo enjuició, y condenado, por el magistrado presidente, a una pena de doce años y seis meses de prisión.

No se logró desentrañar el objeto que el mauritano utilizó en el crimen. Así quedó expuesto en la sentencia: «Ould Cheikh Mohamed Mahfoud golpeó a Rosa con un objeto contundente con arista longitudinal o hizo que se golpease contra él hasta seis veces en la región parietal derecha». Y se añadía: «Ould Cheikh Mohamed Mahfoud era consciente de lo que estaba haciendo y quería causar la muerte de Rosa».

El mauritano no fue enjuiciado por la segunda muerte, la de Yolanda Varela. La autopsia había determinado, sin lugar a ninguna duda, que había fallecido de forma natural. No había culpabilidad por su parte. El Código Penal castiga con penas de tres a cinco meses al que, «faltando al respeto debido a la memoria de los muertos», profanase un cadáver. Esto era en lo único que podía encajar en su decisión de deshacerse de los restos de Yolanda Varela, pero no había lugar para ello. El asunto se archivó.

A los investigadores involucrados en el caso siempre les quedó la duda sobre la muerte de Yolanda Varela. El mauritano no la mató, no había pruebas. Pero, ¿pudo haber provocado la muerte, voluntaria o involuntariamente? Algunos hubieran puesto la mano en el fuego, porque en lo más profundo de sí mismos anidaba el convencimiento de que Ould Cheikh era un asesino en serie en ciernes al que habían conseguido cortar la carrera de raíz.

14
Un golpe de película.
La lotería lava más blanco

Fraude económico

Era el 17 de junio de 1999. El día estaba rozando su final, al filo de las 00.00 horas. Ángel Suárez Flores, Casper, de cuarenta años recién cumplidos, 174 centímetros de altura, de andares pausados y uno de los capos más importantes del bajo mundo español, miraba la televisión cuando se vio sobresaltado por el sonido telefónico de uno de sus móviles. Apretó con rapidez la tecla de respuesta mientras miraba hacia las escaleras que conducían a la planta superior del dúplex de casi 250 metros cuadrados en la avenida de Europa, en Aravaca. Un piso valorado en 150 millones de pesetas (casi un millón de euros) situado en el distrito madrileño que linda con Pozuelo de Alarcón, al noroeste de Madrid.

A Suárez Flores le gustaba el lujo a lo grande. El salón estaba presidido por un televisor enorme, de última tecnología, valorado en más de 12.000 euros, una fortuna para la época. En su ropero habitaban las marcas más caras. Le gustaba vestir mejor que bien. Prendía sus pitillos con fuego generado en mecheros de oro. Consultaba la hora en relojes de muñeca de precios inalcanzables para el ciudadano medio y tomaba notas con bolígrafos que hubieran requerido de guardaespaldas para su uso, por su valor. Aplicaba la máxima que dice «si quieres que te traten como un rey tienes que conducirte como un rey y rodearte de objetos de reyes». Él era un rey, un príncipe, el «padrino».

Cuando sonó el teléfono Suárez Flores confiaba en que su joven esposa —la tercera—, Estela Liliana Lazurca, de veintidós años, natural de Rumanía, no se hubiera despertado.

—¿Sí?

—Jefe, necesito tu ayuda urgente.

Era José Ignacio Rocha, Nacho, de veinticuatro años, uno de sus hombres de confianza, experto en artes marciales y buen tirador. Su tono de voz denotaba ansiedad y dolor.

—¿Qué te ocurre?

—¡Me han herido en el culo! Es una herida de bala. Estoy sangrando mucho. ¡Ay! —terminó la frase con un grito de dolor.

Casper no hizo las clásicas preguntas como ¿Qué te ha pasado?, ¿Dónde te has metido?, ¿Quién te ha herido? Solo le hizo una pregunta:

—¿Dónde estás?

Diez segundos más tarde salía a toda velocidad del garaje de Las Terrazas de Aravaca, la exclusiva urbanización que había convertido en su domicilio, pilotando su vehículo en busca de Nacho. Mientras conducía, Casper hizo varias llamadas más a sus hombres para explicarles lo que pasaba y que había que hacer. Casper era un líder autoritario, un capitán a la vieja usanza. Se hacía lo que él decía y como él mandaba y punto. Pero también era como un padre, o como un padrino. Su frase favorita era «¿Qué puedo hacer por ti?», la misma que pronunciaba Marlon Brando cuando encarnaba a don Vito Corleone en la película El Padrino. En esto no era original, pero era lógico que se viera seducido por la mística de la trilogía de El Padrino. John Gotti, capo del clan de los Gambrino en Nueva York entre 1985 y 1990 solía igualmente imitar a Vito Corleone. Descubrió además que si hablaba con un tono bajo los demás debían guardar silencio para poder escuchar lo que decía. Con ello conseguía dotar de mayor trascendencia a las palabras que iba pronunciando lentamente. Gotti tenía un gran sentido dramático y escenográfico.

Según la policía, Casper lideraba una banda de más de cien personas que se dedicaban a perpetrar secuestros, extorsiones, blanqueo de dinero, robo de vehículos de gama alta, butrones y obras de arte en toda España. Cada uno de sus hombres cumplía un cometido muy específico; su grado de especialización era muy alto.

Nacido en Buniel, en la provincia de Burgos, Casper —conocido también como Óscar, el Loco o el Padrino, su apodo favorito— emigró de niño con sus padres y sus tres hermanos a Bélgica. Allí comenzaron sus andanzas delictivas. En 1991 volvió a España poco antes de ser condenado por un tribunal belga a diez años de cárcel por tráfico de drogas. En España ya poseía antecedentes policiales desde que fuera fichado en 1986 en Málaga por la policía, en un caso de un supuesto delito de tráfico de drogas que después quedó en nada. En 1995 y en 1997 se las volvió a ver con los agentes del orden, la primera en Madrid, donde fue acusado de contrabando, y la segunda en Alicante, de nuevo por tráfico de drogas.

Durante ese periodo Casper tuvo tiempo para reflexionar y orientar su actividad profesional: una banda especializada en delitos que reportasen grandes ingresos pero cuyas penas de cárcel fueran bajas en caso de captura. O lo que es lo mismo: el sistema del butrón. Este sistema consiste en perforar cualquier parte de un edificio —suelo, paredes o techo—, abriendo un agujero o agrandando un conducto existente sirviéndose de diversos medios, como palas, picos, gatos hidráulicos, lanzas térmicas, antorchas de oxiacetileno, botellas de oxígeno, viguetas de hierro, taladradoras con punta de diamante… Los butroneros son considerados la aristocracia del robo con allanamiento porque hacen uso de los medios más sofisticados para conseguir su objetivo.

Casper y Nacho figuraban como socios en Berlin Cars, una empresa dedicada a la venta de coches de lujo importados que tenía su sede en la calle de Arturo Soria, de Madrid. La confianza entre ambos era completa. Casper lo recogió pocos minutos después de la llamada telefónica. No podía llevarlo a un hospital porque los médicos están obligados a denunciar este tipo de heridas, así que trató por todos los medios de encontrar a un médico que fuera discreto, pero no lo halló. Al final fue el propio Rocha el que encontró, por medio de sus contactos, un veterinario que lo atendió en Rivas Vaciamadrid. Luego Casper trasladó a su amigo a su chalet de la urbanización Los Nuevos Peñascales, en Torrelodones, donde la esposa del herido, en avanzado estado de gestación, esperaba su regreso.

Poco podía sospechar Suárez Flores que esta «buena acción» iba a ser el detonante de su propia detención casi treinta horas después. No sabía que los agentes de la Unidad Central de Policía Judicial lo tenían controlado. Sus teléfonos estaban intervenidos desde hacía varias semanas. No había conversación que no tuvieran grabada. Ni palabra que no analizaran y sopesaran después.

Operación Orquídea

Aquello era la Operación Orquídea, llamada así porque es una flor delicada difícil de encontrar, como el propio Casper. Una operación en la que participaban agentes no solo de Madrid, sino también de Yecla, Valencia, Alicante y Murcia, y que tenía como objetivo capturar a los autores del mayor robo con butrón perpetrado en un banco en toda la historia de España. Más de 800 millones de pesetas (4.808.096,84 euros) habían sido sustraídos la Nochebuena de 1998 por ese procedimiento en el robo a la sucursal del Banco Popular de Yecla, Murcia. Y Ángel Suárez Flores y su banda eran los principales sospechosos.

La policía dedujo acertadamente que aquella llamada de José Ignacio Rocha a Casper y el atentado de que había sido objeto esa misma noche el famoso abogado Emilio Rodríguez Menéndez estaban relacionados. Esto posibilitó la resolución de los dos casos de forma brillante. De hecho, cuando irrumpieron en casa de Nacho Rocha para detenerlo al día siguiente de los hechos, el joven pensó que la mujer que le había contratado como sicario, Laura Fernández, esposa de Rodríguez Menéndez, le había delatado. Por ello confesó todo de forma espontánea. Sí, había sido él. ¿El precio? «50 millones de pesetas, un Rolex y un polvo».

Según explicó Rocha a la policía, Laura Fernández se encargó de convencer a su marido para que regresara aquella noche a su casa en Las Rozas —población situada al noroeste de Madrid— procedente de Bilbao. Y fue ella la que le avisó, mediante un teléfono de prepago, cuando su marido estaba llegando a su destino, en la calle de Salónica en Monte Rozas. En ese preciso momento apareció Rocha, de «paquete» sobre una moto Kawasaki que conducía su amigo Rafael Bravo Ortega. Se acercaron al Mercedes 600 por la trasera derecha. Dentro iban el famoso abogado, su chofer —y también guardaespaldas— Daniel Maristany Ruiz, y dos jóvenes letrados del despacho. Cuando se hallaron a la altura de la ventanilla delantera derecha, donde viajaba habitualmente el letrado, Rocha disparó su arma a través del cristal, hiriendo a Rodríguez Menéndez gravemente. El proyectil atravesó la ventanilla, alcanzó al abogado en la parte inferior de su hombro derecho, perforó el pulmón en su lóbulo superior, rompió la vena cava y llegó a pocos milímetros del corazón. El abogado salvó su vida gracias a la intervención providencial de los médicos. De haber sido practicante, sin duda alguna habría creído que seguía en el mundo porque Dios, Jesucristo, la Virgen, los Apóstoles o cualquiera de los componentes del santoral católico habían hecho un milagro de los grandes. «Un caso de supervivencia a heridas de esta clase no está descrito en los textos científicos», explicaron los galenos después. ¿Qué otro nombre se le puede dar a esto si no es milagro?

El guardaespaldas Maristany repelió el atentado contra su jefe con rapidez, disparando varias veces contra los moteros. Es muy difícil, en contra de lo que cuentan las películas, alcanzar a un blanco en movimiento que se aleja en semioscuridad, como era el caso, pero el hombre consiguió alcanzar a Rocha en el glúteo derecho cuando se alejaba con Bravo en la Kawasaki a todo trapo.

Detenido

Ángel Suárez Flores fue detenido pocas horas después que Rocha y acusado de encubrimiento, en el caso del atentado a Rodríguez Menéndez, y de asociación ilícita y de robo, en el caso del robo por butrón a la sucursal del Banco Popular de Yecla. Y con él veintiún personas más, todos miembros de su banda. Cayeron uno tras otro durante las horas que siguieron.

Había pasado un año y medio desde el robo de Yecla. Pocas veces en el pasado se habían invertido tantos recursos para desentrañar un robo de esa envergadura y había mucha expectación. Pero es que la policía se hallaba ante uno de los casos más sofisticados a los que nunca habían tenido que hacer frente, más propio del planteamiento de una película de acción made in Hollywood que de la realidad española de ese momento.

Para el mundo en general, Yecla podía parecer una ciudad perdida de la mano de Dios. Está situada en el extremo norte de la Región de Murcia, limitando con las provincias de Albacete y Alicante. Cuenta con treinta mil habitantes. Pero esa impresión de ciudad perdida era falsa. Los yeclanos se han distinguido siempre por ser un pueblo trabajador e industrioso. Gente que había conseguido mantener su base vitivinícola y agrícola y que había hecho el milagro de transformar la primitiva industria tonelera en una industria moderna de producción y fabricación de muebles. Cada año, desde 1963, Yecla se convertía, durante cinco días, en la capital mundial del mueble. Habían conseguido que un lugar alejado de cualquier gran capital del país se transformara en la Feria Mundial del Mueble, un referente de obligada visita para los más importantes fabricantes de muebles, tapizados, colchonería, iluminación y mobiliario decorativo del planeta.

Los empresarios yeclanos, dedujo Casper, debían de tener mucho dinero. Más en blanco, pero seguro que poseían también mucho en negro, oculto. ¿Y dónde? Sin ninguna duda en cajas de seguridad. Por ello la sucursal del Banco Popular de Yecla, situada en la calle de Juan Ortuño, era una auténtica perita en dulce, como bien reconoce José Ros, inspector jefe de la comisaría de esa ciudad: «En Yecla hay mucha industria del mueble. Hay muchas empresas y hay mucho uso de cajas de seguridad».

Todo fue planificado hasta el mínimo detalle. Suárez Flores era hombre de detalles. Posee lo que los criminólogos definen como una aguda conciencia forense. Un pitillo puede ser una puerta para su captura, por ejemplo. Por eso a sus hombres les dibujaba calaveras en las cajetillas, para que no olvidaran que no debían tirarlas al suelo.

Varios miembros de la banda realizaron un minucioso estudio de la sucursal en el curso de varios viajes. Había que conocer los tipos de alarma, establecer la forma más fácil de acceso a su interior y determinar el modo de violentar los sistemas de protección y blindaje de la manera más rápida y eficaz. El Banco Popular argumentó después en su descargo que la sucursal cumplía todas las medidas de seguridad establecidas en la legislación vigente y en concreto en la Orden Ministerial de 23 de abril de 1977 del Ministerio del Interior y el Real Decreto de 9 de diciembre de 1994.

Casper y sus hombres, entre los que se encontraba José Luis Conejero, Juan Carlos González, Antonio López y Juan Manuel Pérez, demostraron que tales disposiciones estaban obsoletas y que las mencionadas medidas protegían poco, sobre todo cuando los ladrones disponían de la tecnología más sofisticada y avanzada del momento. Así anularon el sistema de seguridad del banco, impidiendo que se conectara automáticamente a la comisaría de policía, avisando de la presencia de intrusos. Lo mismo hicieron con el sistema de alumbrado de la sucursal. Solo dejaron el suministro eléctrico de fuerza para alimentar el equipo de perforación que llevaron consigo.

Y lo hicieron cuando nadie se podía esperar: en Nochebuena, un 24 de diciembre, que caía en jueves. Al día siguiente era fiesta, Navidad. Cuarenta y ocho horas por delante antes de que alguien pudiera volver a la sucursal. ¿Quién podría sospechar de que alguien pudiese estar cometiendo un robo en fechas tan señaladas? Hasta los ladrones celebran la Nochebuena. Es un día para pasarlo en familia, para cantar villancicos y para ver la tele. «Este es un dato muy importante: se escogieron las fechas de Navidad porque había varios días de fiesta. Posiblemente durante la planificación del robo llegaron al convencimiento de que la ciudad, en esas fechas, se queda prácticamente desierta. La gente se marcha a sus casas de campo. Esto les facilitó las cosas», añade el inspector jefe Ros.

También utilizaban material informático y escáneres con los que captaban las frecuencias en las que se comunica la policía. Conocían siempre la posición de los agentes del orden y podían huir con tiempo si era necesario, dando la alarma con radiotransmisores. Poseían una tecnología superior a la de la propia policía.

La sentencia reconoció después que pudieron acceder al interior de la entidad bancaria «sin que conste el modo», «sin dejar signo alguno de rotura o manipulación de las cerraduras exteriores del banco». Una vez dentro el grupo se dirigió a la cámara acorazada del banco, donde se encontraban las cajas de seguridad alquiladas a los clientes de la entidad. La conocían como las palmas de sus propias manos porque uno de los suyos, sin antecedentes penales, había contratado una.

El castillo inexpugnable que se suponía debía ser aquella cámara acorazada se rindió sin apenas resistencia, de la misma forma que el ejército alemán superó la también «inexpugnable» línea Maginot, que debía proteger a Francia de un ataque germano en 1940.

«El butrón se hizo con una broca de diamante depositado al vacío de un diámetro de 40 centímetros», cuenta Julio Jiménez, de la Policía Científica. «Por mediación hidráulica y asistida por refrigeración por agua, consiguieron hacer un agujero en la pared de la cámara blindada, muy cerca del suelo y junto a la puerta». A través de ese agujero, uno tras otro, los miembros de la banda de Casper penetraron en el interior de la cámara y fueron descerrajando las cajas de seguridad. En total abrieron noventa cajas, abandonando en el suelo muchas joyas (porque podían ser identificadas después), documentos de diverso tipo y casi 9 millones de pesetas (más de 54.000 euros), que no llevaron consigo porque los billetes estaban mojados con el agua que habían utilizado para refrigerar la taladradora. Ese era el principal inconveniente de un aparato tan potente: quedaba todo empantanado.

El robo, según pudieron establecer después los investigadores, no duró más allá de 30 minutos. Fue una operación casi militar. Casper y su gente descubrieron con sorpresa que el botín superaba todas las expectativas. Aquello planteó un dilema: elegir llevarse todo el botín —más de 800 millones de pesetas— y abandonar las herramientas de las que se habían servido, incluyendo la máquina taladradora con la que se habían abierto camino, previo borrado del número de serie, o renunciar a parte del dinero y llevarse con ellos las citadas herramientas. No dudaron: se llevaron el dinero. Y se equivocaron.

Sorpresa, sorpresa

La mañana del 26 de diciembre de 1998 los encargados de abrir la sucursal ese día se encontraron con el embolado. El suelo, encharcado, estaba surcado por innumerables mangueras y herramientas de todo tipo. El cuadro de alarmas había sido destrozado. El suministro de luz estaba cortado y el teléfono había muerto. El interventor del banco abrió —es un decir— la puerta de la cámara acorazada y solo vio desolación. ¿Cómo había podido suceder?

Sin embargo, el robo no había pasado del todo desapercibido. Algunos vecinos informaron a la policía de que habían visto gente esa madrugada alrededor de la entidad bancaria. Gente que no era del lugar. Unos iban a pie y otros en coche. Y eso les chocó. ¿En Nochebuena? También vieron aparcada, al filo de las 18.00 horas, en la plaza de España, no muy lejos de la sucursal, una furgoneta de color blanco, con matrícula de Madrid, en la que había dos hombres que parecían estar esperando algo. Otros dos vehículos, con luces de situación, estaban aparcados a su lado. El mismo testigo señaló que de la furgoneta salió un hombre con una chaqueta de cuero que se introdujo en el banco por una puerta trasera que daba al bloque de viviendas. También observó cómo otra persona merodeaba por los alrededores, vigilante, llevando lo que parecía ser un transmisor. Hablaba con alguien. Algunos vecinos del inmueble aseguraron haber escuchado algunos ruidos extraños en los bajos del edificio durante la madrugada. ¿Quizá alguna fiesta? Era el día de charanga obligada.

Pudo haber sido el robo perfecto, un robo de película estadounidense. Y el borrado del número de serie de la taladradora podría haber funcionado, pero pasaron por alto un dato que, a la postre, resultaría vital y que hizo innecesario cualquier otro tipo de esfuerzo: el número de serie de las baterías del taladro percutor. LP15-380VAC 241671 EFN SNr. 96.007. Aquello era un hilo de la madeja en toda regla. La máquina taladradora era de la marca Hilti, una multinacional nacida en el pequeño principado de Liechtenstein del talento del ingeniero Martin Hilti y de su hermano Eugen y que hoy cuenta con catorce mil empleados en ciento veinte países del mundo. Hilti, desde la década de 1950, es una de las empresas en tecnología puntera para la industria mundial de la construcción. De acuerdo con las bases de datos de la empresa, la taladradora había sido vendida en Lisboa. Hasta allí se desplazó una pareja de agentes. Averiguaron que no solo se había vendido esa máquina, sino que el comprador había adquirido una segunda, muy similar, con todo el equipo necesario adicional para sacar el mejor partido al manejo del instrumental. La herramienta era de lo mejor que había en el mercado y respondía al lema personal de Casper: «No importa lo que gastemos sino lo que consigamos».

La información que Hilti tenía sobre el comprador permitió avanzar un poco más en la investigación. Se trataba de un parapléjico que se movía en silla de ruedas, quien decía ser el representante de una empresa de la que luego se probó su inexistencia. En el albarán constaba su nombre y apellidos: Antonio López Mateos. López Mateos resultó ser el responsable del «Departamento de Electrónica y Nuevas Tecnologías» de la banda de Casper. Era la persona que controlaba, vía escáner, a la policía para avisar a sus colegas con tiempo.

Las posteriores indagaciones permitieron identificar a los componentes de la banda de Casper, que pudo completarse por el accidente en el que después perdió la vida López Mateos, cuando circulaba a 150 kilómetros por hora por el centro de Valencia. El entierro del parapléjico reunió a todos los miembros del grupo en el camposanto, incluyendo a Casper y a su esposa rumana, lo que aprovechó la Policía Judicial para fotografiarlos e identificarlos.

El siguiente paso que se planteó la policía fue saber qué habían hecho con el dinero robado. Aquella decisión dio nacimiento a la Operación Orquídea y a la entrada en juego de la Brigada de Delincuencia Económica y Fiscal de la Comisaría General de Policía Judicial. «Entre las competencias de esta brigada están la de realizar investigaciones de ámbito nacional, en especial por delitos de blanqueo de capitales procedentes de tráfico de drogas y otros delitos, y realizar investigaciones económicas de otro tipo, especialmente de fraudes financieros», cuenta Antonio de Miguel, jefe de la Sección de Fraude Financiero de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal. «Se nos requirió para que realizáramos una investigación económica respecto al destino dado al gran robo cometido en esa entidad bancaria de Yecla». Para ello había que tirar de los múltiples hilos que ya presentaba la madeja: los miembros de la banda, sus familiares, parientes y amigos más allegados, ninguno de los cuales tenía antecedente penal ni policial alguno.

Mientras tanto, Casper y su entorno no se recataban en mostrar su alto nivel de vida con la adquisición de propiedades en la Costa del Sol, coches de superlujo, etc. La Brigada de Delincuencia Económica pronto descubrió que la mujer de Casper había comprado dos inmuebles por un valor cercano a los 200 millones de pesetas (1.202.024 euros) y dos coches de alta gama, uno de ellos por valor de 29 millones de pesetas (174.293 euros). Asimismo Estela Liliana, después del robo de Yecla, ingresó cuatro cheques, en otras tantas entidades bancarias, por valor de 87 millones de pesetas (522.880 euros), 48 millones de pesetas (288.485 euros), 37,5 millones de pesetas (225.379 euros) y 60 millones de pesetas (360.607 euros), además de gastar grandes sumas de dinero en diversas compras. Los cheques referidos procedían de una cuenta del BBV que pertenecía al Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado (ONLAE). ¿Cómo podía ser eso? Y lo mismo ocurría con el resto de los familiares y amigos identificados.

Era evidente que Casper blanqueaba el dinero sustraído en el robo del butrón de Yecla aparentando que procedía de premios de lotería. «Las administraciones de loterías disponen de cuentas para la gestión de premios mayores, premios menores y premios de sorteos especiales», relata De Miguel. «Se comprobó que todos los cheques pertenecían a sorteos de Navidad del año 1998 y del Niño de 1999». La pista de los cheques condujo a los hombres de De Miguel hasta la administración de loterías número 2 de Manises, Valencia, que llevaba por nombre El Enano Afortunado. Estaba regentada por Miguel Ángel Camacho. Este, sirviéndose de su puesto, y con consciencia de la ilicitud de la procedencia del dinero, proporcionaba los cheques, librados contra una de las cuentas del ONLAE —con certificaciones oficiales que establecían que el dinero procedía de premios de lotería— a cambio de una comisión. La suma de los cuatro cheques ingresados por la rumana era de 232,5 millones de pesetas (casi 1,4 millones de euros).

Todos los familiares investigados ingresaron, a su vez, en sus respectivas cuentas cheques por importes que iban desde los 30 millones de pesetas (180.303 euros) hasta los 10.122.000 pesetas (60.834 euros), y todos habían sido librados contra la misma cuenta del ONLAE en el BBV. La policía pudo determinar que el responsable de la mencionada administración de loterías de Manises había comprado boletos premiados a otros establecimientos de la zona y también que Camacho había utilizado de un modo fraudulento los mecanismos y los fondos de la ONLAE para realizar el blanqueo del dinero procedente del robo de la sucursal de Yecla.

Casper había tejido una compleja red en torno a la compra y venta de décimos premiados, pero el montaje había quedado al descubierto, como pudieron constatar sin ningún género de dudas tras largos meses de seguir el rastro del dinero a través de los bancos. También detectaron varias transferencias procedentes de una sucursal bancaria del Reino Unido a una cuenta de la mujer de Casper en España. Ángel Suárez en persona se trasladó a Londres con maletines en metálico para hacer allí el ingreso.

«El grupo organizado había constituido dos sociedades en fechas inmediatamente anteriores al robo», cuenta De Miguel. «Una dedicada a la comercialización de madera y otra a la venta de vehículos de alta gama». La primera era Sues Export-Import y la segunda Berlin Cars, dedicada a la compra y venta de vehículos de lujo. Era la empresa que regentaba José Ignacio Rocha y a la que se dirigió Laura Fernández, la mujer de Rodríguez Menéndez, con el fin de preparar la adquisición de un Mercedes para su marido. Rocha era el secretario y el administrador mancomunado de la sociedad. Fue precisamente en Berlin Cars donde se conocieron y trabaron amistad Laura Fernández, la mujer de Rodríguez Menéndez, y José Ignacio Rocha, el socio de Casper. Un malogrado encuentro entre el letrado y el joven, en el que Rodríguez Menéndez trató despóticamente al vendedor durante la visita que realizó al concesionario para ver un Mercedes con vistas a su compra, fue la semilla que gestó después el atentado contra el abogado. Y lo que, a la postre, cuando todo salió mal, hizo entrar a Casper en escena.

A través de los pinchazos telefónicos, los hombres de la Brigada de Delincuencia Económica y Fiscal supieron del gran interés que tenía Casper por participar en la compra de locales nocturnos y de inmuebles en Marbella para blanquear el dinero robado.

En el momento oportuno

Cuando sucedió el intento de asesinato de Rodríguez Menéndez, la Operación Orquídea estaba en su punto. Era clara como un día soleado. Habían cometido el error de utilizar cheques de premios menores de lotería. Según cálculos estimativos, los familiares de la banda de Casper presentaron al cobro entre 35.000 y 40.000 décimos premiados. Es literalmente imposible, desde un punto de vista estadístico, que a un número reducido de personas concretas pudiera tocarles tantos premios en un periodo tan corto de tiempo. Esa era la prueba del algodón del fraude existente.

El titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Yecla, competente en el caso, dio luz verde para que se detuviera a Casper y toda su banda. Veintidós personas fueron arrestadas entre Madrid, donde residía Ángel Suárez, y Valencia, provincia en la que estaban radicados la mayor parte de sus hombres y los familiares que habían tomado parte en la operación de blanqueo. Todas las cuentas y cajas de seguridad contratadas por los sospechosos y sus familiares fueron bloqueadas, al igual que los bienes inmuebles adquiridos tras el butrón de Yecla. Acto seguido se llevaron a cabo, como era lógico, registros en trece pisos y apartamentos y se incautaron importantes documentos y dinero en efectivo. En Alcorcón, población situada al suroeste de Madrid, intervinieron una nave industrial donde encontraron todo el material utilizado en el robo, incluyendo la furgoneta en la que habían cargado todo el botín.

«La cantidad incautada superó con creces la cantidad sustraída», explica De Miguel. «Tiene su parte de lógica porque muchas de las víctimas habían puesto dinero en las cajas al margen de Hacienda». ¿Y cuánto dinero, de verdad, sustrajeron? No se sabe a ciencia cierta. Ni siquiera el tribunal se atrevió a precisar una cantidad en el fallo del juicio. «El botín obtenido no puede ser exactamente cuantificado, pero de la circunstancia de haberse dejado sobre el suelo la cantidad de 8.927.275 pesetas (53.654 euros) y de las cantidades señaladas como sustraídas por los arrendatarios de las cajas que fueron abiertas, se estima que supera los 800 millones de pesetas (4.808.096 euros)», dice la sentencia de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Murcia.

Ochenta personas y una empresa denunciaron, con pelos y señales, lo sustraído de sus cajas. La cantidad más alta denunciada, en moneda española, fue de 60 millones de pesetas (360.607 euros) y la más baja 469.000 pesetas (2.818 euros). Los afectados también guardaban moneda extranjera, como dólares, marcos alemanes, francos franceses, escudos portugueses, liras italianas, libras ingleses y una cantidad no determinada de libras escocesas. Algunos de ellos también denunciaron la desaparición de medallas, lingotes de oro y algunas joyas. La aseguradora AXA había pagado 262.163,78 euros en indemnizaciones por el seguro que tenía contratado con el Banco Popular.

Ángel Suárez Flores, Casper, estuvo en prisión preventiva desde el 20 de junio de 1999 hasta el 15 de noviembre de ese mismo año. Casi seis meses. El delito principal de robo con fuerza en las cosas estaba castigado con penas de uno a tres años de prisión. Solo se podía permitir su retención en un centro penitenciario hasta un máximo de un año, pero la ley no contempla que la prisión provisional o preventiva pueda resultar un castigo a priori del acusado. Volvió a ver la libertad 167 días después.

Los juicios

Ninguno de los dos juicios se celebró de inmediato. La justicia tiene sus tiempos y sus ritmos. El primero de los dos en ponerse en escena fue el del intento de asesinato contra Emilio Rodríguez Menéndez, a principios de septiembre de 2001. En el banquillo se sentaron José Ignacio Rocha, acusado de un delito de asesinato frustrado, Laura Fernández, como inductora, Rafael Bravo, el hombre que conducía la moto la noche de la agresión, como cómplice, y Ángel Suárez Flores, por encubridor. De los cuatro, el que salió mejor parado fue precisamente Casper. Fue absuelto. A Nacho Rocha la Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Madrid le impuso doce años de cárcel, a Laura Fernández once años, y a Bravo siete años. El Tribunal Supremo, sin embargo, no fue tan magnánimo con Casper: le condenó a un año de prisión. Y lo mismo le sucedió a Laura Fernández. La pena le fue elevada de once a doce años. El alto tribunal consideró que no solo había sido inductora, sino también cooperadora necesaria.

El juicio por el butrón de Yecla tuvo lugar dos años más tarde, en octubre de 2003, en la Audiencia Provincial de Murcia. Los magistrados que componían su Sección Tercera enjuiciaron a Casper, a sus hombres de confianza, José Luis Conejero, Juan Carlos González y Antonio García, a su esposa, Estela Liliana Lazurca, y diez personas más.

Aunque la sala principal de la Audiencia Provincial de Murcia, donde se celebró el juicio, era la más amplia, el número de imputados —quince personas—, las nueve acusaciones particulares (Banco Popular, Seguros AXA, Muebles Mercamur, Muebles Tinto y otros), además del fiscal y del gran público que quiso asistir a la vista, el lugar pronto se asemejó a una caja de zapatos.

Pero contrariamente a lo que se pudiera pensar desde un principio, los acusados, empezando por Casper, se conformaron con la pena solicitada por el fiscal. Para Suárez Flores y dos de sus hombres de confianza se solicitó un año y medio por un delito de robo con fuerza en las cosas y seis meses por un delito de asociación ilícita. Para el resto, entre los que se encontraba el responsable de la administración de loterías, se solicitaron seis meses de prisión por un delito de blanqueo de capitales y multas del tanto del dinero blanqueado.

Esta circunstancia, la de una pena tan baja para un delito como el de robo con fuerza —de uno a tres años según el artículo 240 del Código Penal—, tuvo una gran importancia en el cálculo que Casper realizó cuando decidió dar un giro a sus actividades a finales de la década de 1990, porque significaba que su estancia en prisión no podía ser muy prolongada. Además, sus abogados se mostraron muy colaboradores, lo que dio pie a que el tribunal contemplara la atenuante, «apreciada como muy cualificada, de reparación del daño».

El éxito de la policía en la resolución de los dos casos, tanto el del atentado contra Rodríguez Menéndez como en el robo por butrón de la sucursal del Banco Popular en Yecla, fue innegable. En ambos pudo sentirse su contundencia y su eficacia. En el caso del robo por butrón, sin embargo, el desenlace no dejó de tener un regusto amargo. La sentencia que se les impuso fue percibida por la opinión pública como muy suave teniendo en cuenta la elevada cantidad del dinero sustraído. Pero es que en este tipo delictivo la cantidad no es relevante.

En cualquier caso, tanto policías como jueces están atados por las leyes que, como todos sabemos, se elaboran en el Parlamento, el lugar donde reside la soberanía popular. Esa es su función; y la función de policías y jueces es hacer que se cumpla.

15
Oscuros sueños de dominación.
El doble crimen de las policías alumnas

ADN y lofoscopia

«Cuando llegamos al séptimo piso de uno de los edificios de Rambla Marina los bomberos estaban acabando de sofocar el incendio. “Las tienes al fondo”, me dijo el jefe de la brigada de bomberos. En dos habitaciones contiguas encontramos dos mujeres jóvenes que tenían las manos atadas a la espalda con cuerdas de tender la ropa y que habían sido asesinadas a cuchilladas o navajazos. También parecía que habían sido agredidas sexualmente. El escenario se me asemejó a una cámara de tortura», explica Xavier Sellart, jefe de la Unidad de Investigación de Policía Judicial de los Mossos d’Esquadra en Hospitalet de Llobregat, ciudad pegada a Barcelona. En la boca les habían metido su propia ropa interior para impedirles pedir ayuda.

«La primera impresión que tuve, después de tantos años en la investigación, es que aquello era posiblemente el producto de una organización criminal, porque esa forma de matar era propia del crimen organizado», recuerda Sellart de ese día, el 5 de octubre de 2004. Miró su reloj. Eran las 10.30 de la mañana. Las víctimas eran dos jóvenes de veintitantos años que, al parecer, vivían juntas. Una había sido apuñalada cuatro veces y la otra nueve. No era un crimen de ira. En ese tipo de asesinatos las puñaladas aparecen siempre agrupadas. En este, el autor o autores, habían apuntado a matar.

La primera joven había recibido todas las puñaladas en la espalda. Una a la altura del corazón, la segunda unos centímetros más abajo, la tercera en la región lumbar derecha y la cuarta a la altura del abdomen. La segunda chica había sido apuñalada de lado diez veces. Tenía cinco cuchilladas sobre el seno izquierdo, tres más abajo y la última superficial, en la espalda. Todas tenían una separación de entre 10 y 15 centímetros. «El criminal había buscado con precisión, en los dos casos, los órganos vitales: el corazón, los pulmones y el hígado. Las chicas debieron de morir de inmediato», explica Sellart. Las dos agentes presentaban también signos de estrangulamiento.

El incendio había sido provocado en cuatro puntos diferentes de la casa, que tenía tres habitaciones. El primer foco estaba en el salón-comedor. Habían prendido fuego a un sillón y al sofá: era el que más había avanzado y el que había provocado la intervención de los bomberos. Los tres focos restantes estaban en las habitaciones. Habían prendido fuego a los colchones y a la ropa de las agentes y se habían servido como acelerantes de diversas bebidas alcohólicas que tenían las chicas en el mini-bar de la casa. La intención era evidente: dejar calcinado el piso, destruyendo cualquier tipo de prueba, pista o rastro que pudiera conducir a los autores del doble asesinato. Lo que no habían tenido en cuenta era el hecho científico de que el fuego necesita de oxígeno para crecer y propagarse. Sin oxígeno no puede haber combustión. Y no había demasiado en esa casa, pues no habían abierto las ventanas para airear. Por ese motivo solo uno de los cuatro focos, el del salón, consiguió prender y extenderse y provocar humo, lo que causó la alerta de los vecinos del octavo. Cuando llegaron los bomberos, el fuego se había comido todo el sofá y el televisor se estaba, literalmente, derritiendo. No hubo problema en sofocarlo.

El escenario que vieron los Mossos era el más complicado que se puede encontrar un equipo de Policía Científica para llevar a cabo una inspección ocular. El piso estaba todo encharcado. La intervención de los bomberos, si bien había atajado un problema que amenazaba a las veinticinco personas que estaban en ese momento en el bloque, podía haber destruido pruebas vitales para la investigación. «De inmediato un equipo de la Policía Científica y dos cabos del grupo de investigación se pusieron a procesar el lugar. Primero teníamos que saber quiénes eran las víctimas. A partir de las pistas que pudiéramos extraer del lugar teníamos que seguir el hilo de la investigación más probable y llegar al culpable o culpables para detenerlos», dice el jefe de la investigación.

La sorpresa fue mayúscula para los Mossos cuando, registrando la documentación que obraba en el piso, supieron la identidad de las dos mujeres: Silvia Nogaledo García, de veintiocho años, nacida en Noceda del Bierzo, León, y María Aurora Rodríguez García, de veintitrés años, natural de Toral de los Guzmanes, también de León. Las dos eran agentes en prácticas del Cuerpo Nacional de Policía. Aurora estaba destinada en la comisaría del barrio barcelonés de La Verneda, que linda con Sant Adrià de Besòs, y Silvia había sido asignada a la comisaría de Castelldefels, municipio a 21 kilómetros al sur de Barcelona. «Aurora Rodríguez, nacida el 5 de octubre de 1981», leyó el jefe de investigación de los Mossos en su DNI. Era el día de su cumpleaños.

Las primeras informaciones obtenidas decían que esa noche Silvia Nogaledo había hecho el turno de noche y acababa de regresar a su casa cuando sucedió todo. Ambas vivían en esa dirección desde hacía apenas tres meses. Aquello eran palabras mayores. Dos policías. Dos compañeras. Los Mossos entendieron acertadamente la dimensión que el crimen tenía para la policía y para la opinión pública.

El mayor (máximo responsable) de los Mossos, Joan Unió, informó de inmediato al jefe superior del CNP en Cataluña, José López Rodríguez:

—Huelga decir que estáis invitados a participar en la investigación, Pepe. Es vuestra gente. Pero son agentes de policía, y, en ese sentido, también las sentimos como nuestras. Si te parece podemos hacerlo juntos.

—La verdad es que no esperaba menos de vosotros, Joan.

—En Hospitalet hemos asumido las competencias en el campo de los homicidios desde principios de año. Sumar fuerzas, en este caso, solo puede beneficiar a ambas policías y puede hacer que atrapemos al culpable o culpables lo antes posible, ¿no te parece?

—No podría estar más de acuerdo.

El inspector jefe del Grupo de Homicidios de Barcelona, José J. Pérez, se dirigía en esos momentos hacia la central, en la Vía Layetana, cuando su teléfono móvil comenzó a sonar. Conocía muy bien la voz que sonaba desde el otro lado del hilo telefónico.

—Pepe, han asesinado a dos de nuestras agentes en prácticas en Hospitalet. En su propia casa. Ha sucedido esta mañana. He hablado con Unió y lo vamos a investigar juntos, aunque la coordinación la van a llevar ellos. Hay que atrapar a quien lo haya hecho… cuanto antes. Esto tiene máxima prioridad. Ahora te llaman y te dan la dirección. Vete para allá, hablas con los Mossos y me tienes informado de todo.

—De acuerdo, jefe —contestó el jefe de Homicidios de la policía.

Pocos segundos después enfiló hacia la dirección facilitada en el barrio de Bellvitge, a apenas 200 metros de la avenida de la Gran Vía de L’Hospitalet. No fue difícil encontrar el lugar. Los coches de bomberos todavía estaban aparcados en la puerta. Recogían las mangueras y guardaban todos los objetos utilizados en apagar el incendio. Sellart y Pérez se dieron la mano a la puerta del piso.

—Ya estamos llevando a cabo la inspección ocular —le dijo Sellart—. Venga —y le condujo al interior, donde se encontraban los dos cadáveres.

Pérez observó a ambas compañeras. Allí había mucha crueldad y mucho sufrimiento.

—¡Hombre, Pérez! —escuchó a sus espaldas. Era Josep Lluís Torres, un policía científico del CNP que se había cambiado a la Policía Científica de los Mossos d’Esquadra.

—¡Torres! —le respondió Pérez con un apretón de manos—. ¿Cómo estás?

—Una pena —dijo refiriéndose a las agentes—. ¡Tan jóvenes! Estamos trabajando lo más rápido posible.

—¿Le importa que uno de mis hombres se quede trabajando con ustedes? —le preguntó a Sellart, el jefe de la investigación.

—Colaboración completa. Sin problemas.

Pérez recorrió el piso de arriba abajo.

«No existe una única forma de hacer una inspección ocular. Hay dos ópticas. Está la de la Policía Científica, que busca descubrir, analizar e identificar todo tipo de rastro, objeto o huella que se pueda encontrar. Y está la óptica de la investigación, en la que tienes que tener en cuenta todo en su conjunto», explica Pérez. «A mí me puede interesar, por ejemplo, si una luz estaba encendida o una ventana estaba abierta, porque puede resultar relevante e incluso determinante para la investigación. Para los de la Policía Científica eso puede no ser importante. Son las dos caras de una misma moneda. De aquel piso recuerdo la maldad, la enorme crueldad que despedía aquel doble asesinato».

Sellart y Pérez se reunieron con sus hombres en la comisaría de los Mossos en Hospitalet. Hasta el 31 de diciembre del año anterior Hospitalet también había sido jurisdicción del CNP, que seguía manteniéndola en Barcelona capital, aunque con el tiempo la cedería a los Mossos. Pérez hizo venir a cuatro de sus hombres a la reunión, para que se integraran en el grupo de investigación. Rápidamente comenzaron a funcionar. Había que pedir autorización al juez de guardia para intervenir y acceder a los teléfonos de las dos agentes para conocer con quién habían hablado durante las últimas horas o días. Había que investigar al círculo profesional, sus compañeros, amistades, vecinos, personas con las que se relacionaran que no formaran parte de ninguno de los anteriores... El trabajo era ingente en un entorno de doble presión: sus propios mandos y los medios de comunicación, que ya empezaban a media mañana a hacerse eco y a realizar lucubraciones sobre quiénes podrían haber sido los responsables, qué grupo mafioso o criminal.

Pérez, por su parte, mantuvo a los seis agentes restantes, que formaban el Grupo de Homicidios del CNP, trabajando en el caso desde la central, así como a dos agentes más desde la comisaría de policía de Hospitalet. «Todas las entrevistas se centralizaron en la comisaría de los Mossos en Hospitalet», cuenta Pérez. «Todos nuestros agentes de las comisarías en las que estaban destinadas Aurora Rodríguez y Silvia Nogaledo, y que tuvieron relación con ellas, pasaron por la comisaría de los Mossos». «Mossos y policías trabajamos hombro con hombro, recabando toda la información posible, buscando, contrarreloj, el hilo desde el que teníamos que tirar para llegar a los responsables del doble asesinato», añade Sellart.

El hilo del que hablaba el jefe de la investigación llegó procedente de la casa de las propias agentes en una caja que habían encontrado en el suelo y que había contenido el consolador encontrado en uno de los cadáveres —comprado por el autor de los asesinatos un día antes—, junto con un número de objetos que había que analizar en el laboratorio y un papel que resultó vital para la resolución del caso: una factura por la compra de un teléfono móvil en la que figuraba un nombre, Pedro Jiménez García, y un DNI.

¿Quién era Pedro Jiménez García? ¿Qué relación tenía con las dos agentes? ¿Era un amigo? ¿Un novio? ¿Qué hacía una factura de ese hombre en la casa de Aurora y de Silvia? Los Mossos se pusieron rápidamente en contacto con Instituciones Penitenciarias. «Es el procedimiento lógico en este tipo de casos. Porque cabe la posibilidad de que haya sido alguien que esté de permiso», dice Sellart. «Les preguntamos si tenían un Pedro Jiménez cumpliendo condena y, si era así, dónde y en qué situación se encontraba en ese momento. La respuesta nos dio la confirmación»: «Pedro Jiménez se halla cumpliendo condena en el centro penitenciario de Can Brians. En estos momentos está disfrutando de un permiso que comenzó el pasado 2 de octubre y que acaba mañana, 6, que es cuando tiene que regresar».

Los hombres de Pérez rápidamente consultaron desde la terminal de Perpol, la base de datos de antecedentes policiales, en la Brigada de Homicidios, en la central, la identidad del sujeto que aparecía en el papel. Pedro Jiménez García había sido detenido en 1992 por un delito contra la libertad sexual, una violación. «Pedí los antecedentes del caso —explica Pérez—. En 2004 no era como ahora, que está todo informatizado. Consultamos al Archivo General, donde se hallaba el genérico de su historial delictivo. Allí aparecían referencias a su detención en Hospitalet el 27 de abril de 1992 por hechos ocurridos en El Prat en 1986, también por agresión sexual y por robo con violencia e intimidación. Por ello se tuvo que consultar directamente el expediente antiguo que había en la comisaría de El Prat, permitiéndoles entonces confirmar su modus operandi o patrón. Cuando vimos quién era Pedro Jiménez, supimos que estábamos sobre la pista correcta. Era un angelito de cuidado. Un violador».

¡Bingo! La suerte les estaba sonriendo. Todo parecía indicar que a Jiménez se le había caído en el escenario del crimen de las dos policías la factura del móvil. Pérez recordó de inmediato el caso de Manuel González, el Loco del Chándal, un tipo que entre 1991 y 1993 les había traído de cabeza porque se había dedicado a acuchillar, con machetes de monte o puntas de flecha, en los glúteos y en los ovarios, a mujeres jóvenes y bien vestidas. Actuaba vestido de chándal —de ahí el sobrenombre— en Barcelona, Hospitalet, Badalona y Esplugas de Llobregat. Le habían atrapado porque durante el forcejeo, en su última agresión, se le había caído la tarjeta de la Seguridad Social. Su última víctima, lamentablemente, murió porque la incisión le cortó la vena ilíaca.

Quién era Pedro Jiménez

Pedro Jiménez García, de treinta y cinco años en ese momento, cumplía condena por un delito de robo y otro de violación cometidos el 27 de abril de 1992 durante un permiso. Entonces, con veintitrés años recién cumplidos, se coló en un portal del barrio de El Prat siguiendo a una mujer. Se metió en el ascensor con ella y a punta de navaja le robó el dinero. Luego la obligó a entrar en la casa y en su habitación. La desnudó, la tumbó en la cama y le ató de pies y manos al somier. Para evitar que gritara le introdujo un calcetín en la boca. Después le rasuró el pubis y la penetró. Cuando descargó su tensión, la desató y le ordenó que se lavara en el baño. La joven aprovechó para escapar, desnuda, mientras él la persiguió infructuosamente en calzoncillos. Gracias al Código Penal anterior al de 1995 consiguió redimir diez años por trabajos y otras actividades dentro de la cárcel.

Después de eso, en fecha relativamente cercana, el 27 de marzo del año anterior, durante su primera salida tras once años encerrado, una chica lo había denunciado porque se había colado con ella en un ascensor y le había puesto un cuchillo en el cuello. El caso se archivó porque la autoridad judicial consideró que solo había habido una falta de amenazas. Quedó en agua de borrajas. Jiménez tenía, además, dos condenas anteriores. La primera de diecisiete años y medio, otra vez por agresión sexual. Le metieron quince años de cárcel. Tuvo lugar, nuevamente, durante un permiso de tres días. Fue el 26 de noviembre de 1986. Tenía diecisiete años y medio. Su víctima fue una niña de catorce años. La segunda vez aprovechó el elemento sorpresa en el ascensor. Sirviéndose de un palo, obligó a la víctima a entrar en su casa. Le robó el dinero que tenía y algunas pertenencias de valor. Después, empuñando un cuchillo que tomó de la cocina, la llevó a una habitación y la violó. En la habitación contigua dormitaba la abuela, de avanzada edad. Por último robó ropa de la casa y se fue dejando allí la suya.

El «angelito», que procedía de una familia desestructurada, con un padre alcohólico y una madre esquizofrénica —aunque ninguna de sus dos hermanas mayores jamás ha presentado ninguno de los problemas de Jiménez y son personas normales— «se estrenó» en las agresiones sexuales y los abusos en una fecha muy concreta: el 24 de mayo de 1986, con dieciséis años. Abordó a dos niñas de trece años en el ascensor de sus domicilios. Fingiendo portar una navaja, trató de besar a una de ellas y de violar a la segunda en el suelo del elevador. Las dos niñas se resistieron y no ocurrió nada. Jiménez fue detenido, como menor, y condenado a dos años de internamiento por dos delitos de abusos deshonestos y uno de violación en grado de tentativa.

En ese entorno de reformatorios fue apodado, sarcásticamente, por sus compañeros con el sobrenombre de Conan, por su aspecto enclenque y su baja estatura: 158 centímetros. En total, desde los dieciséis años hasta el momento del doble crimen, Jiménez solo había respirado la libertad cuarenta días gracias a los permisos concedidos por Instituciones Penitenciarias, en cuyo seno en todo momento había mostrado una conducta de preso modélico. Siempre se apuntaba a todas las actividades sociales del centro, ya fueran de cocina, peluquería, deportes o cualquier otra iniciativa considerada de interés.

Según la información facilitada desde la prisión de Can Brians, Jiménez pernoctaba esos días en la calle de Can Travi, en el barrio de Vall d’Hebrón, al norte de Barcelona. Allí se halla el Hogar del Mercedario, un centro perteneciente a la orden religiosa de la Merced, fundada en el siglo XIII. La misma que liberó de su cautividad a Miguel de Cervantes Saavedra. La actividad de los sacerdotes mercedarios siempre se ha centrado en las cárceles, en ayudar a los presos a sobrellevar la penitencia, a recuperar su dignidad, su autoestima, y en ayudarles a prepararse para retornar por el buen camino y así iniciar una vida nueva lejos del delito. En Can Travi los mercedarios contaron a la policía que Pedro Jiménez había dejado el centro aquella mañana muy temprano. «Sobre las 5.30 de la mañana. Le quedan dos días de libertad. Hoy y mañana. Es comprensible que quiera respirar antes de volver a la prisión».

En todos los casos estudiados en las diligencias traídas desde el Archivo General, Pedro Jiménez había aplicado el mismo modus operandi. Asaltaba a las mujeres en el ascensor del bloque de pisos en el que vivían aprovechando el elemento sorpresa. Sirviéndose de una navaja, las obligaba a abrirle la puerta de su casa y allí, tras maniatarlas, las violaba. Era un calco de lo que les había sucedido a Aurora y a Silvia. ¿Estaban, de verdad, en la buena pista?

Un testigo del bloque donde vivían las policías, José Montilla, explicó a uno de los Mossos del equipo de investigación que sobre las 8.15 de la mañana había visto cómo la puerta del ascensor se cerraba en la planta baja y un hombre de baja estatura se daba la vuelta rápidamente, como tratando de ocultarse. Un hombre de baja estatura… pero fornido. Pedro Jiménez se había hecho adicto al gimnasio en los últimos años. Había transformado su aspecto de gordito fofo por uno de un hombre relativamente musculoso. De baja estatura, pero musculoso. El pequeño Conan, seguro que le habrían rebautizado sus antiguos compañeros de reformatorio. ¿Cabía la posibilidad de que un «medio polvo» —como le habían llamado algunos en su cara cuando era más joven— pudiera reducir a dos policías alumnas, futuras agentes, con entrenamiento en defensa personal, aprendido en la Escuela de la Policía en Ávila, donde habían pasado los meses precedentes? Tanto Sellart como Pérez pensaban que sí... con un objeto punzante en su mano. Y con la necesidad de hacer realidad esa pulsión imperiosa que llevaba contenida entre cuatro paredes desde hacía tanto tiempo, esos sueños oscuros, esas fantasías de dominación sobre la mujer. Por supuesto que sí.

Pero ¿por qué había decidido matar en esta ocasión? La respuesta era de libro. Pedro Jiménez había seguido la estela de otros depredadores sexuales anteriores, como Joaquín, Ximo, Ferrándiz o José Antonio Rodríguez Vega, el asesino de ancianas de Santander. ¿En qué había fallado hasta ese momento? Seguro que había reflexionado muchas veces en la cárcel. Respuesta: en dejar con vida a su víctima. Sin su testimonio no habría sido atrapado ni habría entrado en la cárcel jamás. No se habría «comido» todos esos años tras las rejas. Los asesinatos de personas desconocidas son los más difíciles de resolver porque no existe ninguna conexión entre agresor y víctima. ¿Y qué diferencia había entre dejarla con vida o matarla? Un apretón de cuello de apenas unos minutos. O un navajazo. O varios. Así de simple.

Esa mañana dio el paso sin retorno, espoleado quizá por el conocimiento de que las dos mujeres que tenía ante sí eran, además, policías. No eran ciudadanas jóvenes normales y corrientes, sino agentes de la ley. Si las dejaba con vida sin duda lo reconocerían y le detendrían. El resto de su existencia la pasaría entre cuatro paredes. Con ellas muertas todavía podía seguir existiendo, comenzar una nueva vida dentro de unos meses, en libertad. Se mentía. Nunca existió tal posibilidad. No para él.

Sellart miró otra vez su reloj de pulsera: las manillas marcaban las 18.30 horas. El principal sospechoso de la muerte de las dos policías, una «bomba de tiempo andante», había sido identificado.

¿Por qué?

«Los delitos sexuales comienzan como una fantasía, aunque afortunadamente solo una pequeña minoría de las fantasías se convierten en delitos sexuales. De acuerdo con profesionales de la salud mental, todos los seres humanos abrigan deseos ocultos, aunque solo sea fugazmente. Sin embargo, para la gran mayoría, imaginarse actos prohibidos parece bastar. La mayor parte de nosotros jamás consideraríamos hacer realidad tales ensueños», explica Roy Hazelwood,16 uno de los creadores de la Unidad de Ciencias del Comportamiento (BSU) del FBI y uno de los grandes expertos mundiales en violadores y asesinos en serie. «Los agresores sexuales cruzan el umbral donde otros no se atreven. Nadie sabe exactamente por qué un individuo pasa de simplemente imaginarse sus crímenes a lo que el asesino en serie Ted Bundy llamó “conducta inapropiada”. Probablemente se cruzan un número de factores, pero todos ellos se derivan de las compulsiones para expresar la ira y hacer valer su poder».

Hazelwood y la doctora Janet Warren, de la Universidad de Virginia, han elaborado una clasificación de agresores sexuales, a los que han dividido en dos categorías: impulsivos y rituales. Ambos términos son equiparables a la clasificación de asesinos en serie desorganizados y organizados que en su día desarrollaron John Douglas y el propio Hazelwood para la BSU, unidad que se hizo mundialmente famosa con la novela de Tom Harris, El silencio de los corderos —convertida después en película—, y sobre la que está basada la serie de televisión Mentes criminales. El agresor sexual impulsivo, según Hazelwood y Warren, no es inteligente. No tiene disciplina ni autocontrol. Toma malas decisiones y lleva a cabo sus crímenes de una manera no planificada y sin ninguna sofisticación. Comparte con los agresores sexuales rituales sus sentimientos de ira, su necesidad de sentir su poder o una combinación de ambos. Ven a la víctima en términos primitivos: mujer disponible y vulnerable. Puede ser una extraña, su esposa, una novia o una prostituta. Las mujeres son, para ellos, simples vasijas desechables. De usar y tirar. Escogen su objetivo sin importarles el riesgo potencial para su seguridad y, de modo impulsivo, llevan a cabo la agresión sexual sobre la primera víctima que tienen a mano sin ocultar su identidad.

El agresor sexual ritual, por el contrario, ha invertido una gran cantidad de tiempo en escenificar su fantasía, en estudiar cómo hacerla realidad con el menor riesgo para su seguridad personal. Es astuto, metódico e «invisible» y no llama la atención. Hazelwood y la doctora Warren han identificado cinco componentes específicos que son comunes en todas las fantasías de estos agresores sexuales rituales: de relación, de parafilia, de situación, de perfil demográfico y de autopercepción. El componente de relación es la fantasía que se imagina el agresor sobre el tipo de relación que va a establecer entre su víctima y él mismo, lo que desea escenificar, como si de una obra de teatro se tratara. Los agresores sexuales rituales suelen escenificar que son novios, esposos o amantes, o que ella es su esclava y él su dueño. Dependiendo de la fantasía forjada, así suele tratar a su víctima. El segundo componente es su dimensión parafílica. Una parafilia es lo que los psiquiatras y los psicólogos definen como una desviación sexual. El fetichismo, el masoquismo, el travestismo, el exhibicionismo, la pedofilia o el sadismo sexual son todos parafilias. El agresor sexual tiene siempre una parafilia, como, por ejemplo, atar a sus víctimas o raparles el vello del pubis, como hizo Jiménez con la última mujer a la que violó, delito por el que fue condenado. El tercer componente, el de situación, es la circunstancia en la que el agresor sexual ritual quiere actuar. La de Pedro Jiménez estaba muy clara: el ascensor y luego la casa de la víctima. El cuarto componente, desarrollado por Hazelwood y Warren, es el demográfico o, para ser más exactos, el perfil físico deseable que debe tener la víctima y su edad. El de Jiménez estaba claro: mujeres jóvenes y atractivas. El quinto y último componente de la fantasía es el de la autopercepción. Cómo se ven a sí mismos en relación con su víctima, si como un dios omnipotente o como un amante, o en cualquier otro papel. Es una necesidad compulsiva que les sale de dentro, pero que podrían controlar si quisieran. No están enfermos. Es una cuestión de voluntad y de deseo.

La caza

Eso es lo que inició secretamente Jiménez la mañana del 5 de octubre de 2004 cuando dejó el Hogar Mercedario de madrugada. La decisión había sido tomada. Cogió el Metro y se plantó en Bellvitge, en busca de una víctima propiciatoria, a las 6.05 de la mañana. Iniciaba así la segunda fase, de las siete, por las que pasan los agresores sexuales rituales y los asesinos en serie, o ambos, cuando confluyen en la misma persona ambas circunstancias. Son siete fases muy definidas: la fase áurea, la de venteo, la de seducción, la de captura, la del asesinato, la fetichista y la depresiva.

Jiménez ya había quemado la primera aquella noche en la que había perdido todo contacto con la realidad y comenzó a retraerse y a encerrarse en su mundo de fantasías de violación. Cuando salió por la boca del Metro de Bellvitge se encontraba de lleno en la segunda, la del venteo, en la que como un cazador, como un depredador, buscaba la víctima propiciatoria.

La escogida fue Silvia Nogaledo. Volvía exhausta, vestida de paisano, al piso que compartía con Aurora Rodríguez. Había pasado una noche de servicio «matadora» en la comisaría de Castelldefels. Silvia debía de estar ensimismada en sus pensamientos, y no prestó ningún tipo de atención a lo que ocurría a su alrededor cuando estaba introduciendo la llave en la puerta del portal. No se dio cuenta de cómo Jiménez, en ese momento, se abalanzó sobre ella por detrás. La agarró y la amenazó con matarla allí mismo si no hacía lo que él le ordenaba. En el costado derecho le hizo sentir la navaja de mariposa, cuya hoja tenía 15 centímetros de longitud. Había fusionado las dos fases siguientes, la de la seducción y la de la captura, en una sola que duraría mucho más.

Jiménez introdujo a Silvia Nogaledo en el ascensor y la obligó a llevarla hasta su casa, en el séptimo piso, puerta segunda, su hogar en Hospitalet. Por su formación policial, Silvia posiblemente trató de aplicar las enseñanzas recibidas en la escuela de Ávila. Hay que mantener la calma y esperar el momento propicio para reaccionar y reducir al atacante, evitando riesgos innecesarios. Eran dos alumnas de policía entrenadas para enfrentarse al mal. Entre Aurora y ella podían dominar a aquel energúmeno. Seguro. No contaron, y así lo recogió la primera sentencia, con la experiencia que Jiménez poseía en estas lides, ni tampoco con su sangre fría. Y no intuyeron, ni por un segundo, sus verdaderas intenciones. «Esto explicaría que ni gritasen ni se defendieran», escribió el magistrado Eduardo Navarro Blasco.

Silvia abrió la puerta y su amiga Aurora, recién levantada, se encontró de bruces con la peor pesadilla de su vida. Un hombre pequeño, con fuego de odio en los ojos, blandía el filo de una navaja a apenas unos milímetros del cuello de Silvia. El violador tenía muy claro lo que había que hacer: debían ser atadas, dominadas. Allí había un rollo de cuerda de tender de color rojo. «Probablemente una de ellas llegó a intervenir en el acto de amordazar y atar a su compañera (lo que explicaría la existencia de dos niveles de ligaduras), con la esperanza de salir indemnes físicamente. Cuando pudieron ser conscientes de las verdaderas intenciones del acusado (situación que en el caso de María Aurora debió de producirse en el momento de la agresión sexual) y de que lo que se les venía encima era la muerte, se encontraban ya inmovilizadas, atadas y amordazadas, separadas en distintas habitaciones y absolutamente indefensas tanto para oponer resistencia como para poder reclamar cualquier tipo de auxilio externo», siguió escribiendo el magistrado.

Lo que hasta ese momento había sido su hogar se convirtió en una ratonera. No tenían por dónde escapar. La única salida, de haberse podido liberar alguna de ellas, era la ventana: siete pisos de altura. O hacer frente al agresor. No dispusieron de ninguna oportunidad. Las dos quedaron maniatadas en habitaciones contiguas. A Silvia, Jiménez la sujetó a una de las patas de la cama con un cinturón blanco de hebilla metálica.

La recompensa en una violación, en contra de lo que mucha gente piensa, no es la posesión física de la víctima, sino la sensación de control y poder sobre su vida. Billy Lee Chad, uno de los grandes violadores, sádicos sexuales y asesinos estadounidenses, un auténtico tiburón blanco, lo resumió así, describiendo sus sensaciones en uno de los asesinatos de los que se reconoció autor: «Ella se retorcía de dolor y me encantaba. Yo combinaba la excitación que sentía por la violación con la excitación por el miedo que estaba creando para alcanzar una suma que está más allá de cualquier explicación. No puedo empezar por describir la sensación. Uno debe experimentarla para saber lo que se siente. Estaba completamente más allá de cualquier contacto con la realidad. Estaba vivo por el solo propósito de causar dolor y recibir satisfacción sexual. Jamás he experimentado con ninguna droga un subidón como este». Eso es, precisamente, lo que debió de experimentar Pedro Jiménez durante la hora y cuarto que permaneció en el piso con las dos agentes de policía en prácticas inmovilizadas. Además de una ratonera era una cámara de tortura, como acertadamente lo describió Sellart.

Finalmente, Jiménez, ahíto de emociones, quemó la fase de la captura y pasó a la siguiente fase, la del asesinato. El clímax. ¿Quería matarlas de verdad? No puede haber ninguna duda. Lo hizo. Con conocimiento de causa, queriendo hacerlo y haciéndolo. Sus intenciones no pueden estar más claras, porque antes había escenificado esa fantasía diez, cien mil o diez mil veces en la cárcel. Era su más recóndito deseo y lo había hecho realidad. La decisión de matarlas había sido tomada mucho tiempo atrás. De matarlas y de «disfrutar» de ellas antes. «Teniendo a María Aurora inmovilizada de la forma descrita, y movido por el ánimo de satisfacer sus deseos sexuales, la penetró vaginalmente llegando a eyacular en su interior y, posteriormente, con el ánimo de acabar con su vida, la apuñaló cuatro veces por la espalda, causándole una herida incisa penetrante en la región interescapular superior, otra en la región subescapular derecha, una tercera en la región lumbar derecha y la última en la región paramedial lumbosacra izquierda, afectando la primera y la cuarta a órganos vitales, lo que ocasionó su fallecimiento prácticamente inmediato por insuficiencia cardiorrespiratoria aguda secundaria a shock hipovolémico», según la descripción judicial.

«Encontrándose asimismo Silvia inmovilizada en la forma descrita y sin que haya podido conocerse si los hechos se produjeron con anterioridad o posterioridad a los anteriormente descritos, pero sí en un contexto temporal próximo, con idéntica intención de causarle la muerte, la apuñaló repetidamente causándole un total de nueve heridas: cinco incisas en región mamaria izquierda lateral izquierda, tres incisas en flanco izquierdo y una herida incisa superficial en la cara interna del brazo izquierdo, afectando todas ellas, salvo la última, a órganos vitales como hígado, corazón y pulmones, que produjeron su fallecimiento prácticamente inmediato por insuficiencia cardiorrespiratoria aguda y shock hipovolémico cardiogénico».

«Hallándose el cuerpo de Silvia ya cadáver, el acusado rasgó el pantalón y las bragas que vestía y le introdujo en el ano un vibrador que dejó allí clavado […]. Los forenses no se han visto capaces de determinar cuál de las víctimas falleció antes».

Durante la agresión Jiménez se manchó su ropa con la sangre de las dos jóvenes. Era nuevo en esa «ocupación» y no sabía que los seres humanos, cuando son acuchillados de esa manera, manchan de sangre. En las películas no siempre parece así.

José María Manuel Pablo de la Cruz Jarabo Pérez Morris, Jarabo, el primer psicópata conocido de la moderna historia de España —mató a cuatro personas, dos hombres y dos mujeres, una de ellas embarazada el 19 de julio de 1958—, también descubrió que cuando se mata a alguien, la sangre de ese alguien mancha mucho. Su aprecio por los trajes caros y cortados por encargo, que había llevado durante los asesinatos, le delataron. Los llevó a una tintorería para que se los limpiasen y cuando fue a recogerlos, justo en el momento en que iniciaba la huida, le echaron el guante. Aprendió tarde: la sangre siempre mancha, claro. Fue ejecutado un año más tarde por el garrote vil.

Jiménez no se lo pensó dos veces. Tomó unos pantalones de una de las chicas y se los puso. Le estaban grandes. Se lo sujetó con un trozo de cuerda del mismo rollo que había utilizado para maniatarlas. También se puso unas zapatillas deportivas de Silvia Nogaledo y, en una mochila Adidas, que llevaba escrito su apellido, metió su ropa manchada, otras prendas de ropa de las chicas, una cazadora tejana, un DVD de la película Moulin Rouge y se apropió de la tarjeta Visa de Aurora Rodríguez. «Está contrastado —asegura Hazelwood— que ciertos agresores rituales se llevan consigo pertenencias de sus víctimas para ayudarles más tarde a revivir los crímenes en su imaginación. Se llevan trofeos o souvenirs, objetos tangibles de la experiencia vivida». Jiménez no era distinto en esto.

Para borrar todo vestigio de su paso por el piso trató de incendiarlo. Lo había visto tantas veces en televisión que le pareció fácil. Desconocía que una cosa era la televisión y otra la realidad. Inició cuatro focos distintos y dejó el piso poco antes de las diez de la mañana.

Estaba confiado en que lo que había llevado a cabo era poco menos que el crimen perfecto. No echó de menos la factura de su teléfono, que había quedado en el suelo. Sentía ya la fase depresiva, la séptima, definida por el doctor Morris como «una etapa que es el equivalente a la tristeza poscoital. Para superarla el sujeto necesita planificar un nuevo crimen».

De camino al Metro, Jiménez telefoneó a una de sus dos hermanas, Montserrat, y quedó con ella en que iba a ir a su piso esa mañana. Cuando llegó a su casa, en el Prat de Llobregat, población al sur de Barcelona, muy cercana al puerto y al aeropuerto, Jiménez llevaba puestos unos vaqueros de mujer. A su hermana mayor le pareció extraño. Jiménez le contó que había ido con una amiga suya argentina —no le explicó cómo la había conocido ni dónde— al Maremagnum, en el Puerto de Barcelona, y que, haciendo tonterías los dos, se había mojado. La chica le había prestado la ropa para que no cogiera un resfriado. Según explicó su hermana más tarde, «Pedro no estaba tranquilo. Al contrario, estaba muy nervioso». Tuvo el detalle, eso sí, de llevarle un regalo: un DVD con la película Moulin Rouge. El mismo DVD que había cogido de la casa de las policías. Montserrat sabía que su hermano era un mentiroso patológico, aunque todavía entonces tenía fe en su redención y su recuperación para la sociedad. No se le ocurrió relacionar el doble crimen de las policías, que ya había empezado a salir por todos los medios, con su hermano menor, el violador convicto. Así y todo, su intuición femenina le llevó a comentárselo a su otra hermana, Mari Carmen.

«Algo no funciona bien, Mari Carmen. Me da que Pedro nos oculta algo», le dijo. Mari Carmen había quedado esa tarde con él. A ella también le extrañó el efecto que le hacía el vaquero femenino y las zapatillas deportivas, pero no le dio más importancia.

Era muy probable que en seis meses o menos Pedro recuperara su libertad y había que prepararlo para ese momento. Eso era lo primordial. Su hermana tenía concertada una entrevista de trabajo en el restaurante La Oca, en la plaza de Francesc Macià, que cruza la avenida Diagonal. Allí habían quedado con el empresario Lluis Font, un amigo del padre Andreu Oliveras, sacerdote mercedario. Font colaboraba con el cura en ayudar a los expresidiarios en su reinserción.

Oliveras conocía a Jiménez desde 1992 y creía firmemente en su rehabilitación como persona. El objetivo de tal entrevista era cerrar un preacuerdo con Font para poder presentar un oficio ante los jueces que le permitiera acceder al tercer grado; de conseguirlo, solo habría tenido que volver por la noche, a dormir, a prisión. De todas formas, en catorce meses —el 12 de noviembre de 2005—, Pedro Jiménez habría cumplido todas las penas que pesaban sobre él y habría visto la libertad definitiva. En el curso de la entrevista Jiménez se excusó unos segundos y se marchó al servicio. Cuando regresó su hermana se dio cuenta de que había cambiado las zapatillas por los zapatos negros de cordones que ella le había regalado tiempo atrás. El empresario explicó después a los investigadores que no había notado nada extraño en él, excepto que hablara de una amiga argentina sabiendo que estaba condenado por violación. Una vez que finalizó el encuentro los hermanos Jiménez se desplazaron a un bar cercano a la prisión Modelo, donde se vieron con el sacerdote. Le transmitieron su impresión positiva de la conversación que habían mantenido con Font. El padre Oliveras se alegró mucho del resultado. Rieron y se felicitaron mutuamente. Luego Mari Carmen regresó a su casa, con su familia, y Pedro Jiménez puso proa al Hogar Mercedario, donde estaba obligado a pasar la noche. O eso se suponía.

El sacerdote regresó a su casa más tarde, contento y satisfecho por las buenas nuevas. Duró poco su estado de ánimo. Encontró que el contestador telefónico estaba a reventar. Instituciones Penitenciarias, la policía, el Hogar Mercedario… ¡Pedro Jiménez!, pensó, y no se equivocó. Todo había sido una ilusión. Había vuelto a las andadas. Era un caso sin solución.

La investigación

Por la tarde, los grupos de investigación de los Mossos ya tenían en su poder las grabaciones de las cámaras de vigilancia establecidas en la zona de la estación de Metro de Bellvitge. Desde las 6.05 de la mañana, y por espacio de dos horas, vieron a Pedro Jiménez dando vueltas por la zona sin destino aparente. Mirando, observando, oteando, en busca de una víctima propiciatoria. Las cámaras de vigilancia del videoclub Oasis, situado en la misma Rambla Marina, capturaron también, a otra hora posterior, la imagen de Jiménez, vestido con ropa y calzado distinto al de la otra grabación, caminando por la calle. El reloj marcaba las 10.01. Nuevamente las videocámaras de los accesos al Metro de Bellvitge volvieron a captarlo penetrando en el subsuelo pocos minutos después. «A esas horas ya teníamos la autorización judicial para intervenir su teléfono. Podíamos triangular su posición, pero Jiménez intuía que podía ser descubierto, así que lo apagaba y lo encendía», relata el jefe de la investigación, Sellart.

Aquella noche Pedro Jiménez estaba obligado a regresar a dormir al Hogar Mercedario, en Can Travi. Empezaba a anochecer. Telefoneó al centro. Había dejado al sacerdote y a su hermana unos minutos atrás. Eran las 21.30 horas.

—Sabes que tienes que venir a dormir aquí, ¿verdad, Pedro? —le dijo uno de los sacerdotes que pertenecían al centro.

—Sí, ahora voy para allá —le contestó.

—Vale, te esperamos.

Jiménez inició el regreso a Can Travi, pero no por el camino que sería habitual, sino dando un buen rodeo.

«Habíamos apostado un buen número de nuestros hombres alrededor del Hogar Mercedario. En el momento en que apareciera por allí, caeríamos sobre él», explica Pérez. «El sospechoso, sin duda, detectó la fuerte vigilancia. Entonces tuvo la certeza de que estábamos detrás de él. Desapareció. Optó por la huida». ¿Dónde se había metido Jiménez? Perseguido, acorralado, era una bomba de tiempo. En su desesperación podía llevarse por delante a cualquier mujer, como había hecho con las dos policías. Era un depredador sexual muy peligroso en libertad, uno de los peores de la moderna historia del crimen de España. Un asesino que la noche anterior, en su abatimiento, en plena fase de la depresión —la que describe el doctor Norris—, recurrió para tranquilizarse a un teléfono erótico (un 908) con el que estuvo hablando un buen rato. Ese es el problema con ese tipo de fantasías. Cuando se llevan a cabo nunca resultan tan perfectas como las imaginadas.

Una depresión que se hacía más abrumadora, si cabe, ante el poco dinero del que disponía. A las 22.32 trató de sacar dinero de un cajero de Caixa de Catalunya, en la calle de Creu Roberta, con la tarjeta de crédito de Aurora Rodríguez. Trató de extraer 300 euros, pero como no se sabía el número PIN le resultó imposible. No obstante, volvió a probarlo al día siguiente con idéntico resultado.

Decisión arriesgada

«Hubo que tomar una decisión muy arriesgada. A toro pasado fue la acertada, pero en aquel momento era necesario afrontar la situación de cara», explica el jefe de la investigación, Sellart. «Temíamos que secuestrara a otra mujer y que la matara también. Decidimos revelar su identidad a través de los medios de comunicación. Contamos quién era y qué era lo que supuestamente había hecho. Dijimos a los ciudadanos: “¡Cuidado! Este es un violador y un asesino muy peligroso. No siente ningún respeto hacia las mujeres. Apártense de él y dígannos dónde está. Queremos detenerlo”». Televisiones, radios, prensa y medios de Internet comenzaron a multiplicar las imágenes de Pedro Jiménez a los cuatro vientos.

Jiménez regresó aquella mañana del 6 de octubre de 2004 a la casa de su hermana Montserrat, en el Prat de Llobregat, pero volvió a desaparecer cuando tuvo constancia de que el cerco de nuevo estaba en torno a él.

«Esa mañana tuvimos un regalo inesperado, fundamental para la investigación», cuenta Sellart. «El día anterior Jiménez y su hermana Mari Carmen se habían visto con el dueño del bar-restaurante La Oca. Esa noche el citado establecimiento sufrió una inundación cuyo origen estaba en los lavabos. El vigilante del negocio fue a echar una ojeada. El problema estaba en una cisterna de un retrete de la que manaba agua constantemente. El hombre abrió la tapa y encontró dentro una bolsa de plástico con unas zapatillas y una navaja tipo mariposa, que es lo que al parecer estaba provocando el problema. El hombre consideró, acertadamente, que podía ser algo importante y avisó al 091. Un zeta de la Policía Nacional lo recogió por la noche y nos lo hizo llegar a la comisaría de Hospitalet». «Hablamos con las hermanas al día siguiente. Mari Carmen Jiménez nos confirmó que esas eran las zapatillas que había llevado puestas su hermano hasta que estuvieron en el bar-restaurante La Oca, cuando se las quitó y se puso los zapatos, unos zapatos de cordones que ella le había regalado tiempo atrás». Jiménez había querido deshacerse de las zapatillas y de la navaja ocultándolas en la cisterna. Craso error. Las zapatillas se convirtieron en una de las pruebas de cargo más importantes: estaban manchadas con la sangre de Silvia. En la escena del crimen, además, fue identificada una pisada cuya superficie correspondía a una de las dos zapatillas con un margen de error prácticamente nulo. Los rastros de sangre fueron fundamentales para desmontar la versión de descargo que se inventó el violador. Un relato increíble.

«Nuestros policías científicos también extrajeron una huella dactilar del sospechoso en la hebilla metálica del cinturón de color blanco con el que Silvia fue sujetada a la pata de la cama junto a la que se halló su cadáver», añade Sellart. «Es decir, la única persona que tocó la hebilla fue su asesino: Pedro Jiménez García. Esto sin olvidar las muestras genéticas del acusado que extrajimos del interior de la agente Nogaledo, incluyendo los pelos del mismo que tenía una de las víctimas. Todo había sido enviado ya al Servicio de Biología del Instituto Nacional de Toxicología de Barcelona, para la obtención del ADN».

La detención

Jiménez estaba acorralado. Buscó ayuda en un colega de prisión que vivía en Toledo. Este le puso en contacto con un amigo que vivía en Gerona, un turco llamado Mustafá Kamel, que bajó a buscarlo a Barcelona en coche, la tarde del 6, y se lo llevó a su casa, donde le dio cobijo. Vivía allí con su mujer y sus dos hijos. «No te preocupes, Pedro, que Mustafá te echa una mano», le dijo su amigo de Toledo.

«Era cuestión de tiempo que Jiménez cayera como fruta madura», manifestó el jefe del Grupo de Homicidios de la Policía en Barcelona, José J. Pérez. «Fue este amigo de Toledo quien lo sirvió en bandeja. Se lo contó a un sargento de la Guardia Civil y luego a nosotros, y nosotros se lo dijimos a los Mossos».

La Guardia Civil respondió a toda velocidad ante el chivatazo y envió un destacamento a detenerlo a Gerona, al mismo tiempo que la Policía Nacional hacía lo propio y esta avisaba a los Mossos para que se diesen prisa. La policía autonómica de Gerona, avisada, en cuestión de minutos hizo un despliegue en torno a la casa donde se hallaba el sospechoso a la espera de que Sellart y su equipo llegaran de Barcelona. Finalmente Mossos y Guardia Civil echaron el guante a Jiménez cuando trató de escapar por la parte de atrás de la casa.

Jiménez, que se había afeitado la barba y se estaba tiñendo el pelo en el baño, fue apresado por la acción conjunta de un guardia civil y un mosso mientras salía por la ventana, si bien la detención oficial la llevó a cabo la Benemérita que, después, entregó el detenido a los Mossos d’Esquadra. Habían pasado dos días, siete horas y veinticinco minutos desde que empezó todo. Uno de los más peligrosos agresores sexuales del país había vuelto a donde le correspondía estar.

Su detención no supuso el fin del caso, sino su comienzo. Había que probar que él era el autor del doble crimen. «Jiménez no negó que había estado en casa de las dos agentes. Al contrario, ante nosotros, ante los Mossos d’Esquadra, se inventó una historia de todo punto increíble —cuenta Sellart—. Dijo que, cuando salió de prisión, había llamado a un tal Mustafá, no el Mustafá de Gerona, otro, un conocido que vendía droga. Según él le compró doscientos gramos de hachís y dos gramos de cocaína, pero le dijo que no le pagara, que a cambio le hiciera un favor. El favor consistía en ir a un domicilio a buscar una cosa. Él entendió que era hachís, cocaína o heroína, lo cual era algo muy peligroso para él porque si era detenido por la policía se iba a ver en un serio problema».

Y continúa: «El tal Mustafá le dijo que allí contactase con un tal Álex. Este le dijo que sobre las cuatro o las cinco de la madrugada se metiera en el Metro y fuera a una dirección que apuntó en un papel, la dirección de las dos agentes. Llegó al lugar, tocó el timbre de la puerta y una voz de chica, desde el otro lado, preguntó que quién era. Él contestó que un amigo de Musta y de Álex. Entró en la casa y allí vio a dos chicas. Una estaba tumbada en la cama, Aurora, y la otra de pie, que es la que abrió la puerta, Silvia. Le dijo que iba a buscar un paquete de parte de Mustafá. Silvia le dijo que esperase sentado en la salita. Entró en una habitación y luego salió con el paquete. Cuando se iba a ir, la chica le dijo que se quedara a tomar unas copas mientras esperaba a Álex. Pasado un rato, una de las chicas se marchó a hacer la compra. Calculó, dijo, que serían las 8.15 de la mañana. En esas dos horas afirmó que estuvo consumiendo cocaína y un par de copas. Solo esperaba que llegara el tal Álex para saber dónde tenía que llevar el paquete». «A los 10 minutos de irse la chica —sigue contando Sellart—, Jiménez dijo que llegó el tal Álex. Le dijo que se verían por la noche en el Maremagnum. Entonces se fue del piso y se marchó al Metro».

Esta fue la primera versión de Pedro Jiménez. Cuando se fue de la casa, según él, Silvia y Aurora estaban vivas. «Dos meses más tarde, durante la reconstrucción de lo que sucedió, en el mismo piso, Jiménez ya sabía que habíamos encontrado restos genéticos suyos en el interior del cuerpo de Silvia, y entonces cambió su versión. Se inventó una escena nueva —continúa explicando Sellart—. Dijo que él estaba sentado en el sofá, que pidió un cubata de ginebra y que cuando la chica se lo trajo y se inclinó sobre él, le vio los pechos, porque no llevaba sujetador. A continuación se fue a la habitación con ella y comenzaron a enrollarse. Él le quitó el sujetador. La juez le preguntó: “¿De qué color era el sujetador?”. Jiménez le respondió que de color carne. “Pues antes dijo usted que no llevaba sujetador”, le contestó la juez. Así se pudieron constatar varias incongruencias. Aquello no tenía ni pies ni cabeza».

El supuesto amigo Álex, de acuerdo con las investigaciones de los Mossos, era una invención suya. Mustafá sí existía, y se había visto con él el día anterior. Era alguien que había conocido en la cárcel y que estaba en tercer grado. Jamás tuvo ninguna relación con el doble crimen. Jiménez simplemente le implicó para darle credibilidad a su relato.

Las pruebas tienen voz propia

Pedro Jiménez García asesinó a las agentes en prácticas Silvia Nogaledo García y María Aurora Rodríguez García la mañana del 5 de octubre de 2004 de una forma despiadada y cruel. «Las pruebas científicas obtenidas en la investigación fueron determinantes: primero las imágenes de las grabaciones en el Metro de Bellvitge, sobre las 6.00, y las de las 10.00 en Rambla Marina, vistiendo y llevando la ropa personal de las agentes, que lo situaban alrededor del lugar de los hechos; la segunda vez con una propiedad de las víctimas. Segundo, el ADN del semen encontrado en el útero de la agente violada y de los pelos que hallamos en la boca de la otra agente. Tercero, la sangre de Silvia Nogaledo hallada en una de las zapatillas que había llevado Pedro Jiménez a lo largo del día 5 y que abandonó, junto con el cuchillo de mariposa, en la cisterna del bar-restaurante La Oca. Cuarto, la huella pericial de una de esas zapatillas, encontrada en la escena del crimen, de la que se realizó un estudio microscópico de las microlesiones que presentaba el calzado. El informe pericial de la huella demostró que era un calco matemático de la suela de la zapatilla que Jiménez había llevado puesta a lo largo del día 5. Y quinto, la huella de Jiménez sobre la hebilla metálica del cinturón blanco, con el que ató a Silvia a la cama. Daba lo mismo lo que dijera Jiménez. Podía contar lo que ocurrió de la forma que quisiera. Las pruebas hablaban por sí mismas», dice el investigador Sellart.

El análisis de la zapatilla, en concreto, desempeñó un papel fundamental en la investigación que llevó a cabo la Policía Científica de los Mossos d’Esquadra porque situaba a Pedro Jiménez en el piso después de la muerte de las dos policías. «En todo proceso de identificación siempre trabajamos con dos pruebas: la indubitada, la que tenemos identificada sin ningún género de dudas, y la dubitada, la que tenemos que identificar. Tenemos que comparar una con otra», explica Toni Pastor, subinspector de la Policía Científica de los Mossos y miembro del equipo que llevó a cabo toda la investigación. «En este caso teníamos la huella que una zapatilla, propiedad de una de las policías asesinadas, había dejado sobre el suelo. Cuando un calzado se pone a la venta, la suela suele ser la misma. Sin embargo, con el tiempo y con el uso de cada persona se va desgastando por la forma de caminar, produciendo lesiones diferentes. La zapatilla que investigamos con el microscopio con muchísimo detenimiento era un número 40 del pie derecho. En el análisis encontramos cinco lesiones específicas y de desgaste que coincidían plenamente con una de las zapatillas de las agentes asesinadas y que después Jiménez abandonó en el bar La Oca. Hicimos un cálculo: había una probabilidad entre 1.150.000 de encontrar una zapatilla idéntica con las mismas lesiones; era muy improbable que se confeccionasen tantas zapatillas de ese número y de ese modelo. Fue una prueba de cargo irrefutable que hablaba por sí misma», cuenta Pastor. Para concluir: «A este hecho hay que añadir que se trataba de un pie derecho, lo que reduce más todavía la posibilidad de repetición, y que se encontraron restos biológicos positivos de una de las víctimas en ellas. Cuando terminamos nuestros análisis no tuvimos la menor duda. Con ellos cerramos el círculo sobre Jiménez».

La publicidad que se le dio a la cara de Jiménez a través de los medios, cuando Mossos d’Esquadra y Policía Nacional estaban detrás de él, hizo que aflorara un caso desconocido hasta entonces. Una joven de diecinueve años lo reconoció como el hombre que la había violado un año antes, el 27 de marzo de 2003, en la Zona Franca. El modus operandi era calcado al resto. La mujer fue abordada en el ascensor de su casa y amenazada con un cuchillo. Una vez en el interior de su casa, le robó primero y la violó después. Sucedió durante un permiso anterior, que le fue concedido entre el 26 y el 29 de marzo de ese mismo año. Había sucedido en la misma fecha que la agresión archivada como una falta de amenazas. Por esta nueva violación Pedro Jiménez fue condenado, el 17 de octubre de 2005, a dieciséis años de cárcel.

«Conseguimos el objetivo que buscábamos: detener al asesino de nuestras compañeras», explica el inspector jefe del CNP, José J. Pérez. «Lo hicimos rápido y bien. Guardo un buen recuerdo de aquella colaboración». «Quitamos de la circulación a uno de los delincuentes más peligrosos. El resultado no pudo ser más positivo», apostilla el mosso Sellart.

El caso de Pedro Jiménez puso en tela de juicio todo el sistema penitenciario y todas las medidas de reinserción aplicadas en las prisiones a este tipo de delincuentes, los psicópatas —como fue definido por los peritos psiquiatras que depusieron ante la justicia después— expertos en fingir que se han reeducado.

Dos sentencias

Pedro Jiménez fue juzgado dos veces. La primera vez por un tribunal profesional formado por tres magistrados. La sentencia fue de ochenta y tres años de cárcel y dos meses por dos delitos de asesinato, uno de agresión sexual, uno por allanamiento de morada, un delito de incendio, un delito de robo con violencia, y un delito de robo con fuerza en las cosas. Cumplimiento efectivo en la cárcel: cuarenta años. El Tribunal Supremo tumbó el fallo porque consideraba que tenía que haberse celebrado ante un jurado popular.

El tribunal del jurado lo condenó, por los mismos delitos, a una pena de noventa y tres años de prisión y once meses de cárcel. Cumplimiento efectivo en la cárcel: cuarenta años.

El abogado defensor de Pedro Jiménez recurrió primero ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que ratificó la condena, y después ante el Tribunal Supremo. El alto tribunal ratificó esta vez punto por punto la sentencia. Pedro Jiménez García, el asesino de las policías, pasaría los siguientes cuarenta años de su vida en el interior de una prisión. Lejos de las mujeres, a las que siempre quiso hacer daño para su propio deleite.

16
Un día de ira.
El doble crimen de Montesol

Luminol y ADN

«El trabajo de un policía de investigación es la búsqueda de la verdad. Pero lo que más le estimula es una mentira con apariencia de verdad. Una mentira bien construida, porque supone un desafío a su inteligencia. No existe mayor victoria que desmontarla pieza a pieza y demostrar su falsedad». Son palabras de Ángel Galán, uno de los grandes investigadores españoles, excomisario principal de la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV), un selecto grupo de especialistas de la policía entrenados en investigar homicidios y casos de desaparecidos acaecidos en cualquier parte de España.

Marcos Frías Barbén, inspector jefe del grupo de homicidios de la UDEV Central, había llegado a Cáceres la tarde-noche del 22 de octubre de 2008 acompañado de varios de sus hombres, entre los que se encontraba el inspector Carlos Segarra, miembro de esa unidad. Fernando Tartilán, igualmente inspector y jefe del Grupo de Delitos Violentos y Organizados de la Comisaría General de Policía Científica (CGPC), se desplazó a esa ciudad con miembros de su equipo para reforzar a los efectivos locales de la UDEV y de la Policía Científica.

A primeras horas de la tarde de ese miércoles se había recibido en la Comisaría General de Policía Judicial una llamada procedente del nuevo jefe superior de policía de Extremadura, Ángel Galán, requiriendo la asistencia del grupo que había dirigido hasta tres meses antes y que conocía tan bien. Un doble crimen en una ciudad tan pequeña como Cáceres —con noventa y cinco mil habitantes—, sin duda alarmaría a la población, y más cuando se conocieran los detalles escabrosos que desde esa ciudad le habían enviado a Badajoz. Dos personas respetables y de vida normal asesinadas salvajemente. Para Galán la resolución del caso tuvo prioridad máxima desde el preciso momento en que terminó de leer el folio que le habían pasado. Era el primer crimen importante al que tenía que hacer frente en su nueva faceta como responsable máximo de la seguridad en la comunidad autónoma. Quería resultados inmediatos.

Las víctimas eran Juan Antonio Torrecilla Ortega, de cincuenta y cuatro años, nacido en Villar del Pedroso (Cáceres), y su esposa, Mercedes García de las Heras, de cincuenta y dos años, nacida en Madrid. Vivían de alquiler en un chalet adosado de la calle de Las Grullas, en una urbanización de nueva construcción situada al norte de Cáceres conocida como Montesol II, en La Mejostilla. Habían sido asesinados veinticuatro horas antes, según cálculos preliminares del médico forense. Conforme al atestado realizado por los agentes de la UDEV de Cáceres, que pudo leer Galán, Rafael Sánchez, el «chofer» de los padres, había alertado a los hijos de estos, Bruno, de dieciocho años, y Amaya, de quince, que vivían en un piso de estudiantes, porque estaba preocupado por ellos. Nadie contestaba en la casa. Bruno llamó la noche del martes 21 al teléfono de su padre, pero nadie contestó. Al día siguiente, al mediodía, Rafael los recogió con el coche familiar y los tres se fueron al chalet. No tenían llave, pero vieron que la puerta del garaje que daba a la calle no tenía echado el cerrojo. Bruno saltó la verja y abrió la puerta desde dentro. Luego trataron de penetrar en la vivienda por el garaje tras abrir el portón, que siempre estaba semiabierto. Cuando hicieron ademán de subir las escaleras, se encontraron con que el bobtail, el perro pastor inglés de sus padres, un can de 60 centímetros de altura y que pesaba más de treinta kilos, tenía el hocico, la cara y el cuerpo entero manchados de sangre. Se asustaron y cerraron la puerta. Se imaginaron lo peor y telefonearon a la Policía Nacional.

Uno de los cuatro agentes que acudió al lugar logró subirse al delgado muro que separaba el garaje del chalet que estaban inspeccionando del contiguo. Desde la ventana pudo observar que había un cuerpo tumbado en el salón. Tomaron la decisión de entrar en la vivienda protegiéndose con sillas, a modo de escudos, y de otros objetos para arrinconar al perro. Así consiguieron encerrarlo en una habitación de la primera planta. El salón, de 20 metros cuadrados, estaba literalmente cubierto de sangre del matrimonio, algo a lo que ayudó el can moviéndose por el lugar. El cuerpo de Mercedes García estaba tendido en el suelo, boca arriba, con abundantes manchas de sangre en cara y cuerpo. El de Juan Antonio Torrecilla aparecía sentado en un sofá, también con sangre en cara y cuerpo. ¿Quién pudo haber hecho eso?

La pareja vivía en el adosado de alquiler desde hacía poco más de un mes. Antes tuvieron su hogar en Luxemburgo, donde la mujer había sido traductora de la Unión Europea. Más tarde vivieron en Salamanca y Plasencia, ciudad en la que residieron durante un año. Al parecer se habían trasladado a Cáceres porque Bruno iba a comenzar la universidad y querían estar cerca de él. Su hijo mayor, Aldo Juan, vivía en Ciudad Real. Era periodista. Según algunos vecinos de la calle de Las Grullas, el matrimonio era un poco extraño y en su casa entraba gente muy rara y con muy mala pinta. Torrecilla era un hombre corpulento, calvo y con barba cana. Llevaba siempre un bastón y era bastante pintoresco. Se asemejaba a un patriarca quincallero, ese grupo social nómada y de costumbres similares a las de los gitanos, aunque sin serlo. El merchero —que también así son conocidos— más famoso de la historia ha sido Eleuterio Sánchez, el Lute. A Torrecilla le gustaba relacionarse con quinquis y hablar como ellos. En el bolsillo solía llevar, incluso, una navaja con mango de color gris plateado y un filo de 15 centímetros de longitud, como las que llevaban los quincalleros. También le gustaba el alterne. No en vano había regentado varios establecimientos de restauración, uno de ellos La Escondida, cerca de la Cava Baja de Madrid. El último negocio en el que se le vio detrás de la barra fue en Salamanca.

Era un hombre dado a utilizar expresiones violentas. Torrecilla, en el poco tiempo que llevaba viviendo en Cáceres, ya se había hecho conocido en los bares de La Mejostilla porque siempre pedía un segoviano, un whisky DYC, fuera la hora del día que fuese. Bebía mucho y a veces gastaba mucho. En los últimos tiempos solía decir que se iba a ir a vivir a Brasil. En ocasiones parecía que había perdido el contacto con la realidad. Tenía problemas psíquicos. Con el tiempo, es muy probable que su psiquiatra hubiera tenido que suscribir la posibilidad de apoyar su inhabilitación.

Mercedes García de las Heras tenía el cabello de color marrón claro y padecía una depresión permanente, con brotes de esquizofrenia, razón por la cual tuvo que abandonar su trabajo en Luxemburgo y pedir la jubilación anticipada. Era una superdotada. Hablaba siete idiomas a la perfección. La mujer vivía medicada de forma permanente y requería ayuda. Siempre estaba callada, mirando o dormida, a semejanza de un zombie.

La ayuda para llevar la casa y atender a la pareja la proporcionaba, hasta semana y media antes del crimen, su asistenta, una «chica extranjera» de color, Ángela Aparecida da Cunha, Mariselma, brasileña de treinta y tres años, entrada en carnes, a la que se habían traído con ellos de Plasencia. Rafael Sánchez García, de treinta y cinco años, un joven del lugar, hacía las veces de chofer, al volante de un Tata Safari, el 4x4 color gris plata propiedad del matrimonio.

La pareja vivía de una pensión de siete mil euros mensuales que Mercedes García recibía del Parlamento Europeo. Con ella mantenían a sus dos hijos más pequeños, que vivían en un piso, con otros estudiantes, en la calle de Italia, de la misma ciudad. El estado de salud de los progenitores hizo recomendable esta forma de vida.

El crimen, a simple vista y nada más llegar, parecía tener la apariencia de un «misterio insondable», pero solo en apariencia. «La mayor parte de los crímenes los suelen llevar a cabo personas del entorno de los fallecidos. Por eso hay que buscar en los círculos de familiares, amigos, conocidos y empleados», suele decir Galán cuando habla de investigación. «Los más difíciles de resolver son aquellos en los que el autor no tiene nada que ver con la víctima».

El lenguaje del luminol

Recién llegado de Badajoz, la misma noche del miércoles, Galán asumió la dirección de la investigación personalmente. Se reunió de inmediato con Luis Ochagavía, el comisario jefe provincial de la Policía en Cáceres, con Cipriano Arévalo, inspector jefe de la Brigada Provincial de Policía Judicial de la ciudad, con Frías, Tartilán y el responsable de la Policía Científica en Cáceres, con el fin de organizar las pesquisas. «Como ocurre en todas las investigaciones cuando arrancan, en aquel momento no sabíamos si el autor o los autores habían sido ajenos a la familia o formaban parte del círculo familiar, de amistades o de personal laboral. Esa era la primera incógnita que debíamos despejar, y rápido», explica Galán.

Mientras Frías y el resto de los equipos de la UDEV Central y Local se concentraban en aquellas personas directa o indirectamente relacionadas con los asesinados —en los círculos indicados por Galán—, el inspector de la CGPC, Fernando Tartilán, se encargó con los suyos de hacer una segunda inspección ocular a fondo a la casa, que tenía 140 metros cuadrados de superficie hábiles. El salón era el principal escenario del crimen, evidente, pero había que buscar otros rastros en los tres niveles del chalet adosado: el garaje, la primera planta, donde se hallaban el salón, la cocina y un cuarto de baño, y la segunda, que acogía el resto de las habitaciones y dos cuartos de baño. «En la casa, de por sí, había un gran desorden, eso pudimos notarlo nada más entrar, que parecía “natural”. Pero sentimos que existía un plus. Alguien había estado buscando algo», explica el inspector Tartilán. «Utilizando el luminol por toda la casa pudimos descubrir unos rastros que eran invisibles al ojo humano. Eran huellas de pisadas de pies descalzos o con calcetines que posiblemente habían tenido contacto con la sangre de los fallecidos o bien con algún producto de limpieza utilizado para eliminar los restos de sangre que hubieran quedado fuera del salón, ya que extrañamente, a pesar de la gran cantidad de sangre que había en el mismo, se perdía el rastro al salir de allí». «Eran huellas de alguien que estaba buscando algo. Sirviéndonos del luminol pudimos reconstruir todo el recorrido. La persona, que debía calzar un treinta y ocho de pie, subió por las escaleras hasta el segundo piso, entró en la habitación de la pareja, registró el armario y la mesilla, y luego se dirigió a la habitación de la que había sido la interna. Allí encontramos una botella con una gota de sangre. Después fue al servicio, donde se lavó», añade Tartilán.

El luminol es un derivado del ácido ftálico que en contacto con la hemoglobina de la sangre provoca una reacción de quimioluminiscencia de color azul. También se produce esa reacción cuando este compuesto químico entra en contacto con productos de limpieza.

Antes de llevar a cabo esta segunda inspección ocular, el inspector había observado con detenimiento el reportaje fotográfico realizado durante la primera inspección ocular, con los dos cadáveres donde habían sido encontrados. Observó que a los pies del cuerpo de Torrecilla habían encontrado dos horquillas para el pelo, con restos de cabello adheridos. Horquillas que fueron enviadas de inmediato al Laboratorio de ADN de la CGPC, que dirige el comisario Antonio del Amo. Llevaría su tiempo descifrar el código genético de su propietaria y no podía estar disponible en esas primeras horas de la investigación.

Galán, Frías y Arévalo, por su parte, analizaron esas mismas fotos con otro enfoque de interés. En los dos casos se habían producido golpes con un objeto contundente y cuchilladas en órganos vitales. Las instantáneas les ayudaron a hacerse una idea bastante aproximada de lo que había ocurrido. «El hombre, Juan Antonio Torrecilla, presentaba heridas de arma blanca en el antebrazo y en la mano izquierda. Eran heridas evidentes de autodefensa. Trató de protegerse ante el ataque de que estaba siendo objeto. Las restantes puñaladas se dirigieron a puntos vitales. Cinco en el cuello y una en el tórax», comentó el jefe superior de la policía de Extremadura a Frías. «Luego, quien quiera que fuera el autor, agarró un objeto contundente y lo impactó repetidas veces contra la cabeza del hombre. Le fracturó la base del cráneo. Esa debió de ser la razón principal de su muerte. La mujer también sufrió golpes en la cabeza, que debieron de ser continuación de los que recibió el hombre con el mismo objeto romo. Después, quien quiera que la agrediera, tomó el arma blanca y le dio cinco cuchilladas, una de las cuales le seccionó la yugular».

No se equivocaron en su valoración, porque prácticamente clavaron el informe forense que presentaron después los doctores José María Montero Juanes, José Luis Durán Jiménez y María Dolores Mirón Rodrigo a la magistrada Mari Luz Charco, titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Cáceres, el competente en este caso. Lo que desconocían en ese momento es que Torrecilla presentaba un grado de alcoholemia de 0,9 gramos de alcohol en sangre, aproximadamente el doble del máximo permitido penalmente para conducir. Su capacidad de defensa estaba, por lo tanto, muy disminuida.

Los hijos de los asesinados, Bruno y Amaya, ayudaron a identificar los objetos que se habían utilizado en la agresión. Por una parte la navaja de su padre, que no apareció en ninguna de las inspecciones oculares que se realizaron; y por otra un bate de béisbol que tenían a la entrada de la casa o en el salón. También echaban en falta la cartera de su padre, con la documentación y el dinero que hubiere.

A pesar de vivir separados, los hermanos Torrecilla García —los tres— se preocupaban mucho por sus padres. Llamaban casi a diario y se veían periódicamente con ellos. La última vez fue el día 18 de octubre. Entonces los dos progenitores los visitaron en su casa de estudiantes. «Al día siguiente me llamó mi padre», explicó Bruno. «Me preguntó cómo nos encontrábamos y me dijo que nos echaba de menos. Eso no era normal, pero pensamos que como se había quedado solo con mi madre, ya que había despedido a la asistenta, posiblemente de verdad lo sentía. Lo llamé el 21, martes, por la noche, después de que Rafa [Rafael Sánchez] me dijera que había quedado con mi padre en su domicilio y que este no había contestado. Volví a telefonearlo el miércoles por la mañana y en vista de que no contestaba nos fuimos, mi hermana y yo, al chalet, a ver qué pasaba».

Cuando el inspector Segarra preguntó a los hermanos por qué su padre había despedido a Ángela, los dos hermanos se miraron el uno al otro. «Ángela nos contó que nuestro padre tenía una amante, que era una prostituta y que le estaba sacando el dinero». El progenitor tomó una decisión inapelable al enterarse. La empleada fue despedida de modo fulminante. Torrecilla, con buen sentido, no podía admitir que fuera diciendo cosas como esas a sus espaldas, y a sus propios hijos. Mariselma, a los ojos del cabeza de familia, no había mostrado la mínima lealtad y discreción exigible a una persona empleada por él y que vivía bajo el mismo techo. ¿Era eso una razón para matar?

Sospechosos

Las dos personas más cercanas al matrimonio hasta ese momento eran Rafael Sánchez García, que hacía las veces de ayudante para todo y chofer, y la brasileña Ángela Aparecida da Cunha, Mariselma, la empleada doméstica despedida. A estos se unió un tercero, Manuel Romero Bravo, de cincuenta y siete años, que había hecho las mismas funciones que Rafael Sánchez durante una semana pero que había abandonado la ocupación por no interesarle.

Una de las primeras cosas que suelen hacer los policías en las investigaciones —es casi automático— es comprobar si las personas objeto de investigación tienen algún tipo de antecedentes policiales. Ayuda a centrar el perfil de los potenciales sospechosos. Ahí saltó la sorpresa. Los tres los tenían. Rafael Sánchez, el Rafa, natural del lugar, había sido un chico deportista en el pasado. Llegó a ser boxeador amateur, pero su carrera se truncó y tuvo varios encontronazos con la justicia. Los policías que le conocían decían que era una buena persona pero que por varios motivos se había transformado en un monstruo. Ahora había vuelto a ser el de siempre. De Ángela Aparecida da Cunha constaban algunos problemas en el ámbito familiar, donde había estado unida a un español, con el que tenía dos hijos. En la ficha de Manuel Romero Bravo figuraba que había sido detenido seis veces en Cáceres por supuestos delitos de hurto, el último el 9 de octubre de ese año. Esto le convirtió en el principal sospechoso del caso.

Los investigadores también consultaron las cuentas corrientes de las víctimas para comprobar si alguien había retirado alguna cantidad. En el caso que tenían entre manos comprobaron que el día de los hechos Torrecilla había retirado quinientos euros del banco. Se había gastado veintidós euros en la comida con su mujer. En la cartera —desaparecida de la casa— debían de estar los restantes cuatrocientos setenta y ocho euros. La soleada mañana del viernes 24 de octubre verificaron que se había hecho una transferencia bancaria de noventa mil euros desde la cuenta de la pareja Torrecilla-García a la de una tercera persona, propietaria de un inmueble que habían decidido adquirir para establecerse de forma permanente en la ciudad. El chalet, alquilado desde el 1 de agosto, era un hogar temporal.

¿Cabía la posibilidad de que el recorrido que hizo la persona que asesinó a la pareja, y que dejó las huellas por toda la casa, buscara precisamente ese dinero? ¿Quién podía estar al tanto de la adquisición de la nueva casa? ¿Quién tenía acceso a esa información? ¿Era factible que la persona autora del crimen creyera, conociendo la personalidad e idiosincrasia de Juan Antonio Torrecilla, que este hubiera retirado el dinero contante y sonante del banco para pagar así la nueva casa? Era probable. Torrecilla era muy peculiar. Quien quiera que buscara algo en esa casa creía que ese dinero, o una cantidad inferior, podía encontrarse en la habitación del matrimonio. Quizá hasta sabía que esa mañana habían estado en el banco. ¿Podía ser ese el móvil?

A los hombres del inspector jefe Frías les costó citar a Ángela Aparecida da Cunha en la Comisaría de Cáceres para una segunda entrevista. Todo eran problemas y contratiempos. Finalmente compareció el viernes 24 por la tarde. Ya habían hablado con ella los agentes de la UDEV de Cáceres la misma tarde del miércoles en que se encontraron los cadáveres. Entonces explicó que ella no sabía nada y que nada había tenido que ver con aquello. Por la lectura de su declaración los agentes de la UDEV Central poco podían esperar mucho de lo que tuviera que decir una segunda vez. La conversación discurrió por los típicos derroteros de tanteo y conocimiento mutuo, con preguntas fáciles de aclaración, las funciones que cumplía cuando trabajaba en la casa y cosas por el estilo. Todo muy agradable.

Hasta que llegaron a «la deuda» que el señor Torrecilla parecía tener con ella. «Deuda» que, al parecer, le abonó durante una visita que hizo al chalet al mediodía del martes, el día del crimen. Una visita que no constaba en la declaración que había realizado cuarenta y ocho horas atrás, de lo que se dieron cuenta rápidamente los investigadores. La mujer relató que había ido varias veces al chalet por la mañana y que no estaban. Al final se pasó unos minutos antes de las tres de la tarde.

—¿Le pagó, entonces, el señor Torrecilla? —le preguntó Segarra, encargado de la entrevista, porque en ese momento Mariselma todavía no era sospechosa.

—Sí, sí, me pagó —le contestó la brasileña.

—¿Qué cantidad le debía?

—Doscientos setenta euros.

—¿Se ha gastado ya todo el dinero?

—No, todo no.

—¿Le queda algo de ese dinero?

—Sí.

—¿Lo lleva encima?

—Sí, claro.

—¿Cuánto?

—Estos cincuenta euros —respondió Aparecida da Cunha, sacándolos del interior de un bolsillo que llevaba en el bolso.

—¿Me los deja ver?

—Sí, claro.

Segarra tomó los cincuenta euros y los examinó detenidamente de cerca. Se fijó en una parte del billete, una esquina.

—Estoy viendo aquí una mancha diminuta que podría ser de sangre. Podría ser. Lo siento, pero tengo que quedarme con este billete, como prueba. Vamos a enviarlo a analizar a nuestro laboratorio de la Policía Científica, en Madrid. Vamos a comprobar si de verdad es una gota de sangre y a quién pertenece el ADN.

Y tomó el billete y lo metió en una bolsa de plástico de las que utiliza la Policía Científica. Se lo dio a uno de sus compañeros.

—Por favor, que lo lleven inmediatamente a Madrid, al Laboratorio de ADN. Máxima prioridad.

El compañero tomó la bolsa y salió como un rayo del cuarto de interrogatorios de la comisaría de Cáceres, en el que se encontraban. Segarra miró a la mujer a la cara. Aparecida da Cunha estaba visiblemente azorada. La sensación que transmitía era la de sentirse atrapada.

—¿Sabe usted que nuestra Policía Científica me acaba de llamar por teléfono y me ha contado que ha descubierto el rastro de unos pies con calcetines, manchados de sangre —del asesino o asesina— que suben al segundo piso, recorriendo toda la casa, registrando armarios y muebles? [Segarra sabía que Aparecida da Cunha tenía por costumbre caminar descalza, en calcetines, por el chalet, porque se lo habían contado los hijos de los asesinados]. Continúe, me estaba diciendo… —le dijo el policía.

—Que yo estaba allí cuando ocurrió todo. Estaba en el sótano de la casa. Mire, le voy a contar…

—¿Cómo? ¿Qué me está contando?

—Que yo estaba allí y que…

El inspector cortó la conversación en ese mismo momento. Conocía a la perfección el procedimiento y sabía que podía decir cosas que le podían incriminar. Y las iba a decir si continuaba. Se iba a autoincriminar, con toda seguridad. Y si no tenía un abogado a su lado todo lo que dijera no sería válido.

—Esto cambia las cosas, señora Da Cunha. Lo que usted dice ahora no tiene nada que ver con lo que le contó a mi compañero en la entrevista que mantuvo con él el pasado miércoles 22. Entonces usted no dijo que había estado allí, en la casa. Y ahora sí, afirma que no solo estuvo allí sino que fue testigo directo del asesinato, que conoce quién mató a la pareja. Fue testigo o… quizá algo más. Necesita un abogado, señora. Y hasta que no llegue no vamos a reanudar esta conversación, ¿lo entiende? Aparecida da Cunha asintió y desvió su mirada al suelo.

El interrogatorio, con el abogado de oficio a su lado, arrancó pasada una hora.

—Llegué al chalet sobre las 14.55. Estábamos tranquilamente hablando cuando llamó a la casa Rafael [Sánchez]. El señor me dijo que me bajara al garaje mientras él hablaba con Rafael. Sabía que no nos llevábamos bien y no quería discusiones. Me bajé. Desde el garaje escuché una fuerte discusión. Escuché a Rafael pegándolos. «Has sido un hijo de puta conmigo, has sido malo conmigo», le decía al señor. La señora chillaba. Gritó el nombre de Rafael. El señor le decía: «¿Por qué me pegas? ¿Por qué me haces esto? Dame algo de beber. ¿Qué me haces, hijo?». Cuando estaba acabando con él, el señor dijo, en tono muy débil: «Después de todo lo que he hecho por ti».

—¿Con qué los mató?

—No lo sé, eran golpes fuertes. Con algo duro, contundente.

—¿Qué hizo después Rafael?

—Se marchó. Dejó la casa. Escuché cómo salía de la casa y arrancaba el coche. Cuando me convencí de que todo estaba tranquilo, me quité los zapatos para que nadie me oyera y subí.

Había un no sé qué de incongruencia en el relato, advirtió el investigador. ¿Para qué quitarse los zapatos? Si, según ella, Rafael Sánchez había matado al matrimonio Torrecilla, ¿a quién le iba a molestar el ruido que hiciera? Además apreció que calzaba unas zapatillas Puma muy finas, que era como ir descalza.

—Y usted, ¿qué hizo?

—Me quité los zapatos y subí al comedor. Vi el cadáver del señor en el sofá y el de la señora tirado en el suelo. Estaban muertos. Yo estaba muy nerviosa. Subí al segundo piso, a lavarme las manos en el servicio, y luego me marché a mi casa sin atreverme a llamar a nadie.

En síntesis, Mariselma acusaba a Rafael de haber asesinado a Juan Antonio Torrecilla y a su esposa. Así de simple.

Rafael Sánchez negó después las imputaciones de Mariselma. Sí, había estado en la casa sobre esa hora, pero habían sido unos segundos. Había quedado con el señor Torrecilla en pasar a recogerlo por la tarde. ¿Quién decía la verdad?

La apuesta del jefe superior de Extremadura, Ángel Galán, del jefe de grupo de Homicidios de la UDEV Central, Marcos Frías, y del jefe de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Cáceres, Cipriano Arévalo, fue decididamente por la mujer. Las indagaciones que se realizaron a continuación contribuyeron a arrojar luz en torno al perfil de Mariselma.

Aparecida da Cunha era consumidora de droga. Se abastecía en la barriada de Las Minas, punto de venta de droga de la ciudad. Allí había conocido a Romero Bravo, con el que trabó una buena amistad. Fue Mariselma quien presentó a Romero Bravo a su señor. Los dos acordaron que este se convertiría en su chofer a cambio de una pequeña «propina» diaria. La relación duró apenas una semana. Romero Bravo no encajó con Torrecilla. Este, sin embargo, propuso a su vecino, Rafael Sánchez, como sustituto, y el cambio tuvo lugar sin más problemas.

Mientras el trato entre Sánchez y Torrecilla fue haciéndose cada vez más fluido, el de Aparecida da Cunha siguió la dirección contraria. Hasta su despido, una semana antes del crimen. Al parecer Aparecida da Cunha se sintió maltratada por partida doble: por el trato recibido por Torrecilla, por una parte, y por Sánchez, hacia el que se sentía atraída físicamente, una atracción que no era «debidamente» correspondida a pesar de que ella lo había colocado en la casa, aunque fuera indirectamente. Tampoco es que la ocupación fuera una panacea, porque no lo era. No existía contrato laboral alguno. Sánchez cobraba en «propinas» de veinte a treinta euros al día, que Torrecilla le daba diariamente por llevarle en coche a su mujer y a él a donde precisaran y por algunos recados.

Mariselma siguió viendo a Rafael Sánchez durante la semana precedente a los hechos, pues fue acogida por Romero Bravo en su casa, de la calle de Lezcano. Rafael vivía también en un bajo, de esa misma vía pública del barrio cacereño de La Pinilla. Eran vecinos.

Los dos, Da Cunha y Sánchez, pasaron a disposición judicial la tarde del lunes 27 de octubre, después de las setenta y dos horas de custodia policial máxima que establece la ley. Aparecida da Cunha repitió, palabra por palabra, ante la magistrada Charco, la declaración, que quedó grabada en imagen, en soporte DVD. Igual que la de Rafael Sánchez. Ocho horas después la juez ordenó su ingreso en prisión preventiva. El doble crimen había sido descubierto el miércoles 22 de octubre, cinco días antes. La opinión pública de Cáceres respiró tranquila.

El nuevo Jefe Superior de Policía de Extremadura dejó de subir y bajar diariamente desde Badajoz a Cáceres y viceversa y estaba satisfecho. El trabajo había sido magnífico. Sus antiguos hombres habían hecho lo que se esperaba de ellos, aunque sabía que el caso distaba todavía de estar resuelto. Había que llegar a la verdad.

Reconstrucción de las últimas horas

El testimonio de Mariselma tenía todos los visos de ser una mentira con apariencia de verdad. Ella estuvo en la casa poco antes de las 15.00 horas. Rafael Sánchez, también. ¿Y después? Reconstruyeron las que habían sido las últimas horas de la pareja. Establecieron que el día de autos el matrimonio había almorzado en el bar La Tarama, situado en la calle de Pedro Romero de Mendoza, una zona de bares y tiendas de La Mejostilla. Habían llegado en taxi después de hacer gestiones en el banco. Esa mañana Rafael no había podido acompañarles, había tenido que llevar a su madre al médico. Rondaban la una y media de la tarde según la camarera que los atendió. La pareja se sentó en la terraza del bar, como era su costumbre. Pocos minutos después llegó Rafael Sánchez, que se sentó con ellos un rato. Se marchó antes de las dos. Juan Antonio Torrecilla y su esposa permanecieron en el lugar hasta las 14.40. Pagaron y tomaron el taxi de Francisco Javier Aguirre Cortés, que los llevó a su casa de la calle de Las Grullas, distante apenas 3 minutos en coche.

Casi de inmediato Rafael volvió a aparecer por el bar La Tarama. Conducía el vehículo de la familia. Iba a recogerlos, tal como habían quedado antes. La camarera le contó que se habían marchado «hacía nada». Torrecilla se había cansado de estar allí y decidió que volvían a casa en taxi. Rafael los encontraría en el chalet. Así fue. El joven llegó al chalet casi al mismo tiempo que el taxi comenzaba a marcharse. Aparcó y tocó el timbre del telefonillo. Torrecilla le abrió la puerta y Sánchez entró en la casa. «Mira, Rafael, ahora vamos a descansar. Ven a recogernos sobre las cinco de la tarde», le dijo. El chofer dejó la casa, con la impresión de que en el interior no estaba más que el matrimonio.

Siguiendo su declaración, los hombres de la UDEV pudieron corroborar lo que Rafael Sánchez hizo después de dejar el chalet de los Torrecilla, conduciendo el vehículo familiar. Primero se fue al fumadero de Las Minas, en la calle del Ródano, donde se vio con dos conocidos, Pilar García y Baldomero Martín, punto que corroboraron ambos. Sobre las 15.45 horas se trasladó al descampado que hay delante del cementerio, donde la Cruz Roja dispensaba metadona a personas que, como Sánchez, estaban en fase de desintoxicación. A continuación se fue a su casa, con su madre, donde llegó alrededor de las cuatro. La madre del joven contó a los investigadores que estuvo con ella hasta poco antes de las 17.00 horas, en que se fue para recoger al matrimonio Torrecilla. «Mi hijo y yo estuvimos viendo Amar en tiempos revueltos», les dijo la anciana.

Los policías hicieron gestiones para conocer el argumento del capítulo emitido ese día. Rafael Sánchez, en la cárcel y sin posibilidad material de hablar con su madre en el espacio de tiempo de la investigación, les relató punto por punto los avatares de los personajes de la serie ese preciso día. Una nieta de la anciana, hija de una hermana de Rafael, que había almorzado con la abuela, también corroboró la coartada de su tío.

El coche de la pareja, que solía conducir Rafael Sánchez, también fue sometido a inspección ocular. Si el joven había tenido que ver con el asesinato, con toda seguridad aparecerían restos de sangre en el interior del vehículo. Era prácticamente imposible salir limpio de un escenario de sangre como el que habían hallado en el salón del chalet. Por muy pequeño que fuera el resto, si lo hizo o tomó parte, afloraría. El principio de Locard aplicado: «Cuando alguien entra en un lugar y después sale, siempre deja algo suyo en el lugar y siempre se lleva algo con él». «No encontramos ningún rastro genético», relata el inspector Tartilán. «El coche no había sido limpiado en absoluto. Estaba en su estado natural. La persona que condujo ese coche no estuvo dentro de la casa en el momento del asesinato o después. Si hubiera sido así, por muy minúsculo que hubiera sido el indicio, lo habríamos encontrado».

Rafael Sánchez fue la persona que avisó a los hijos, extrañado de que, después de haber sido citado a las 17.00 horas, la pareja no respondiera al telefonillo del chalet. Aquello era muy extraño. Y fue también quien los acompañó el día siguiente a la casa, quien rápidamente explicó a la policía las funciones que cumplía y quien entregó las llaves del vehículo a los investigadores nada más conocerse el doble asesinato. No era la conducta que se podría esperar de un criminal.

El otro sospechoso, Manuel Romero, toxicómano como Mariselma, había estado en su casa todo el tiempo, lo que fue comprobado. Contó que la mujer llegó a la casa sobre las 15.30, y que él la había estado esperando.

La lupa de los investigadores de Homicidios se concentró inexorablemente, y con toda su potencia, sobre la sospechosa principal: la mujer. «Desde el momento en el que reveló que había estado en la casa el día del asesinato, la investigación encontró el camino de la luz», explica Galán. «A partir de ahí seguimos las fases de cualquier investigación bien hecha». De acuerdo con el relato de Aparecida da Cunha, a las 15.00 horas estaba en el garaje del chalet, a donde le había enviado el señor porque sabía que no se llevaba bien con el chofer. Allí escuchó la conversación que mantuvieron los dos. Cuando este se marchó ella volvió a subir por las escaleras. No era una extraña a la casa, por eso el bobtail, que la conocía bien, no hizo ningún ademán de agredir y fue manso con ella. Siempre era fiero con extraños.

Las cosas debieron de salirse de control o tal vez no. Quizá era lo que buscaba. Torrecilla estaba medio ebrio y, conociendo su mal genio, el ver allí a la brasileña, exigiéndole «su dinero», debió de enfadarle mucho. Era fácil verle perder los estribos. Cuando Ángela Aparecida da Cunha regresó a casa de Manuel Romero Bravo le contó que finalmente le habían pagado. Se cambió de ropa y, según el testimonio del hombre, se fueron a comprar droga a Las Minas.

La distancia que hay entre el chalet de los Torrecilla, en la calle de Las Grullas, y el domicilio de Romero Bravo, en la calle de Lezcano, es de 1.200 metros, una distancia que tarda en recorrerse, a paso normal, 15 minutos, y a paso rápido, la mitad. Antes de marchar hacia Las Minas, Mariselma le dio a Romero Bravo una bolsa con ropa para que la arrojara en el contenedor de la basura, cosa que reconoció la propia mujer en el interrogatorio que llevó a cabo la juez del caso y que quedó grabado en soporte audiovisual. ¿Por qué en ese momento? En el interior de la bolsa iba un anorak viejo del que quería deshacerse porque estaba lleno de pelos de perro. El anorak fue recuperado del contenedor de la basura. Estaba manchado con sangre que tenía dos perfiles: el de la fallecida y el de la propia acusada, que debió de cortarse durante la agresión.

Los hombres de la Policía Científica extendieron la inspección ocular a toda la casa. En el salón encontraron un fragmento de madera con pelos adheridos, que estaba en el respaldo del sillón de Torrecilla y que, al parecer, procedía del bate de béisbol que se utilizó en el asesinato y que nunca apareció, igual que la navaja. En el sótano encontraron una colilla, que también enviaron a ADN, a Madrid, para su análisis. Descubrieron que tenía dueño: Manuel Romero Bravo. «Debió de ser cuando fui a arreglar la lavadora. La debí de tirar entonces», contó a la policía. Fue así.

En la casa de este, los policías científicos encontraron, en un armario, una camiseta amarilla de mujer con dos manchas de sangre. Y en el interior de la lavadora, ubicada en la cocina, un par de calcetines a rayas blancas y rosas, propiedad de Ángela Aparecida da Cunha, manchados con sangre de las víctimas. Todas las pruebas apuntaban en una sola y única dirección.

La magistrada Charco ordenó la puesta en libertad provisional de Rafael García el 1 de diciembre de 2008, treinta y cinco días después de su detención. La única prueba incriminadora contra él era el testimonio de Ángela Aparecida da Cunha, Mariselda, que permaneció en prisión hasta la celebración del juicio.

La hora de la verdad

Veinticuatro horas después de la detención de la asistenta y el chofer, el periodista J. R. de la Torre publicaba en su periódico, el Diario Hoy: «En una semana hemos pasado de vivir en un clima de inseguridad ciudadana a volver a disfrutar de un clima de tranquilidad ciudadana».

Los hombres de la UDEV Central y los de la Comisaría General de Policía Científica regresaron a Madrid con el sabor del deber cumplido, aunque todavía quedaban algunas investigaciones menores por realizar, de las que se encargaron los compañeros de Cáceres. El horizonte pronto quedó expedito para el juicio, en el que tenían obligación de deponer.

El 14 de febrero de 2011 arrancó el proceso, que se celebró por el tribunal del jurado presidido por la magistrada María Félix Tena Aragón. La Fiscalía acusó solamente a Ángela Aparecida da Cunha como única responsable de un delito de asesinato y de un delito de homicidio.

En España no se utilizan los términos de «homicidio en primer grado» u «homicidio en segundo grado», que frecuentemente se escuchan en las películas y telefilmes estadounidenses. En nuestro país los términos que se usan son «asesinato» y «homicidio», y las penas son diferentes: de quince a veinticinco años en el primer caso y de diez a quince años en el segundo. El homicidio es cuando una persona, con intención de matar, causa la muerte de otra. Sin embargo, si la muerte se produce no solo con intención de matar, sino que también hay alevosía, ensañamiento, precio, recompensa o promesa, entonces la ley española lo considera asesinato. La alevosía existe cuando el crimen se comete empleando un medio o forma destinado a privar de defensa a la víctima. En el caso de Juan Antonio Torrecilla al Ministerio Fiscal le quedó claro que la acusada se había aprovechado de la situación de descuido del hombre —sentado en el sillón, embriagado— para asestarle los navajazos y luego rematarlo a golpes con el bate de béisbol. Hay ensañamiento cuando el agresor, de una forma deliberada e inhumana, aumenta el sufrimiento de la víctima causándole padecimientos que no son necesarios para causar la muerte. No parecía que fuera el caso. Y tampoco que hubiera precio, recompensa o promesa. Asesinato por la muerte del hombre, y homicidio, la consecuencia lógica del momento, por la muerte de la mujer. Así lo vio el fiscal.

La acusación particular, el abogado que defendía los intereses de los tres hijos del matrimonio Torrecilla-García y que, de acuerdo con nuestro ordenamiento jurídico, actúa a modo de «fiscal privado», fue más allá: acusó a los tres, a Ángela Aparecida da Cunha, a Rafael Sánchez García y a Manuel Romero Bravo de dos delitos de asesinato, un delito de allanamiento de morada —por haber entrado ilegalmente en el chalet— y otro delito de robo con violencia, por haber sustraído la cartera y el dinero de Torrecilla con arma y de un modo violento. Sin embargo, las armas utilizadas, la navaja y el bate, así como la cartera del dueño de la casa, jamás aparecieron.

Aparecida da Cunha se acogió a su derecho a guardar silencio en el juicio. La magistrada Tena Aragón, ante esta situación, dio luz verde para que se proyectara en la sala el interrogatorio que le efectuó la juez del caso, la también magistrada Charco, el 27 de octubre de 2010 y que fue grabado con los medios audiovisuales de que disponía el Juzgado 3 de Instrucción de Cáceres. El jurado pudo escuchar de labios de la propia acusada cómo había sucedido todo, según su versión de entonces.

Durante los siguientes días del juicio su relato quedó desarbolado sin remedio. Por la sala desfilaron los testigos más directos, los agentes involucrados en la investigación, los peritos y los forenses. Como dice el premio Nobel de Literatura español de 1922, don Jacinto Benavente, «la verdad tiene una fuerza que al final siempre hace que aflore». Sobre todo cuando cuenta con instrumentos como el ADN —los pelos de las horquillas hallados entre las piernas del hombre eran de Aparecida da Cunha— o el luminol, que permitió reconstruir el trayecto de la mujer buscando algo de valor en el chalet.

Al tribunal del jurado, y a todos los que habían seguido personalmente el desarrollo del juicio, les quedó muy claro lo sucedido el 21 de octubre de 2008 en el chalet de la calle de Las Grullas. Poco antes de las 15.00 horas Ángela Aparecida da Cunha fue a la casa del matrimonio para que el señor Torrecilla le abonase un dinero que, supuestamente, le debía por los servicios que había realizado en el chalet como empleada doméstica. Una vez en el salón, y estando el hombre sentado en su sofá y su mujer sentada o tumbada en el otro sofá, se inició una discusión entre Mariselma y el señor Torrecilla. La mujer, en un ataque de ira, cogió la navaja que Torrecilla llevaba siempre consigo y que ponía sobre la mesa del salón cuando llegaba a casa y comenzó a agredirle. Torrecilla trató de defenderse con los brazos, en especial con el izquierdo, que, junto con la mano, sufrió varios cortes defensivos, así como la zona del cuello.

Cuando la mujer vio que había herido al hombre y que no conseguía causarle la muerte, tomó el bate de béisbol que había en la casa y golpeó a Torrecilla en la cabeza con todas sus fuerzas. El hombre, nuevamente, trató de defenderse, hasta que uno de esos golpes le impactó fuertemente, fracturándole la base del cráneo y, en definitiva, matándolo.

La esposa, Mercedes García, con toda seguridad, a pesar de estar sedada, debió de ser testigo de lo ocurrido y comenzó a gritar. La vecina del chalet contiguo, María Granada Rico Sabido, testificó ante el tribunal haber oído gritos en el chalet de los Torrecilla a la hora en que sucedieron los hechos. La mujer la emprendió a golpes, con el mismo bate, contra la mujer, aprovechándose de que no podía protegerse debido a su estado de salud y a la medicación que tomaba todos los días. Literalmente le rompió la cabeza y luego la remató con la navaja, produciéndole cinco heridas incisas, una de las cuales le seccionó la yugular. Esa fue la que le produjo la muerte. Después de matarlos, Ángela Aparecida da Cunha registró la casa y abandonó el chalet.

El veredicto contra la empleada de hogar no fue una sorpresa: culpable. La magistrada Tena Aragón le impuso a la mujer una pena de treinta y cuatro años de prisión por dos delitos de asesinato, diecisiete por cada uno de ellos. Rafael Sánchez y Manuel Romero Bravo fueron absueltos de todas las acusaciones.

El abogado de la condenada recurrió la sentencia, primero en apelación, ante el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, y después ante el Tribunal Supremo. Ambas instancias judiciales confirmaron el veredicto del tribunal del jurado y la sentencia emitida por la magistrada Tena Aragón.

Ángel Galán sonrió cuando le pasaron la sentencia del jurado popular. «En esencia, el trabajo de un investigador consiste en saber preguntar, observar y escuchar. Es así cómo se distingue la verdad de las mentiras con apariencia de verdad y este caso es un buen ejemplo».

En el billete de 50 euros que le fue incautado a Ángela Aparecida da Cunha no se encontró rastro de sangre alguno.

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Marshals españoles: a la caza de fugitivos. El general croata Ante Gotovina, buscado por crímenes contra la humanidad

Tatuajes

Krajina. Región oriental de Croacia, limítrofe con Bosnia-Herzegovina. Su superficie ocupa una tercera parte de ese país. Cuando Croacia proclamó su independencia de la República Federal Socialista de Yugoslavia el 25 de junio de 1991, los habitantes de esta región, mayoritariamente de procedencia serbia, se mostraron en abierto desacuerdo. Entre esa fecha y el 19 de diciembre se libraron combates entre croatas y serbios de la Krajina, lo que derivó en la expulsión del territorio de más de ochenta mil croatas y otros habitantes no serbios durante la guerra que se declaró.

El 75 por ciento de los jefes y oficiales del ejército de la República Federal de Yugoslavia eran serbios. Croacia tenía poca experiencia militar y solo armamento ligero, por lo que tuvo que construir su propio ejército casi desde la nada. Los serbios, con la asistencia militar de Slobodan Milosevic, presidente de Serbia, declararon a su vez su independencia de Croacia el 19 de diciembre de ese mismo año con el nombre de República Serbia de Krajina. Tres meses más tarde se les unieron dos regiones más de Croacia de mayoría serbia, Eslavonia Occidental y Eslavonia Oriental, aunque esta quedó bajo control de Naciones Unidas.

La República Serbia de Krajina existió hasta 1995, cuando Croacia, con un ejército numeroso y bien armado recuperó en mayo, en la llamada Operación Tormenta, Eslavonia Occidental y luego toda la Krajina. La Operación Tormenta fue dirigida por el general Ante Gotovina y comenzó al amanecer del 4 de agosto, en lo que fue la mayor ofensiva terrestre en Europa desde el final de la II Guerra Mundial. Una fuerza total de 130.000 soldados croatas, tanques, artillería y fuerzas aéreas fueron lanzados contra las líneas militares serbias en Krajina, formadas por 47.000 hombres, a lo largo de un frente de 630 kilómetros. Mientras, al mismo tiempo, el ejército de la República de Bosnia-Herzegovina, aliado del croata, hacía lo propio desde su lado, con el mismo fin: recuperar la parte de su territorio que la República de Krajina había ocupado. La operación contó con el visto bueno de Estados Unidos y de la Unión Europea.

Las defensas krajinas fueron derrotadas en apenas ochenta y cuatro horas. El ejército croata recuperó el control total de la región el 8 de agosto y el general Ante Gotovina fue proclamado héroe nacional. Para muchos de sus compatriotas su victoria había devuelto el orgullo a la nación, además del 30 por ciento de su superficie terrestre.

El entonces presidente, Franco Tudjman, nombró a Gotovina jefe de la Inspección del Ejército croata, puesto que ocupó hasta el año 2000. En ese año fue cesado por Stjepan Mesic, sucesor de Tudjman, por haber criticado públicamente la colaboración de Croacia con el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia (TPIY). El TPIY investigaba, juzgaba y castigaba los crímenes cometidos en el curso de dichas contiendas.

Croacia quería dejar atrás el pasado y formar parte de la Unión Europea. Y la Unión Europea había establecido como condición la entrega al TPIY de sus criminales de guerra, altos oficiales del ejército, considerados héroes nacionales, como los generales Ivan Cermak, comandante de la guarnición de Knin, capital de la extinta República Krajina, Mladen Markac, viceministro del Interior, responsable de la Policía Especial, y Ante Gotovina, máximo responsable de la Operación Tormenta.

De acuerdo con la acusación del TPIY, dirigida por la fiscal Carla Ponte, el desaparecido presidente croata Franco Tudjman y el entonces ministro de Defensa —también fallecido— Gojko Susak, junto con el resto de los implicados, y con el concurso activo del general Gotovina, desarrollaron un plan para expulsar de la Krajina a los serbios, privarlos de sus propiedades, y repoblar después el territorio con ciudadanos croatas. Un plan de limpieza étnica a gran escala que supuso la deportación o el desplazamiento obligado de doscientos mil serbios, cuyos antepasados habían habitado esas tierras durante los últimos mil años. Para ello bombardearon con su artillería las ciudades de Knin, Benkovac, Gracac y Obrovac, para forzarles a huir. Eran objetivos netamente civiles, por lo que suponían delitos de lesa humanidad. A esto contribuyeron, por su parte, las tropas croatas, que robaron y mataron a civiles serbios, en su mayoría ancianos, los cuales perecieron carbonizados en sus casas. El TPIY tenía pruebas del asesinato de, como mínimo, 150 personas, que fueron quemadas, apuñaladas o acribilladas a tiros, así como de 145 testigos directos.

El gobierno croata, formado por una coalición de siete partidos, finalmente aprobó, el 9 de julio de 2001, entregar al TPIY a los militares demandados. El general Gotovina, desde ese preciso momento, pasó a la clandestinidad. Se convirtió en un fugitivo.

¿Quién era Gotovina?

Ante Gotovina había nacido el 12 de octubre de 1955 en la isla de Pasman, al suroeste de Croacia, en el mar Adriático. Junto a sus tres hermanos, fue criado por su abuelo materno. Su madre había muerto, cuando él tenía cuatro años, salvándole la vida a causa de una explosión, y el padre tuvo que emigrar para encontrar trabajo. El abuelo inculcó a los tres hermanos Gotovina una profunda fe religiosa.

A los dieciocho años Gotovina se enroló en la Legión Extranjera francesa con el nombre de Andrija Grabovac. Formó parte del Grupo de Comando de Paracaidistas, un cuerpo de élite con base en Calvi, en Córcega. Durante el tiempo que estuvo en la Legión Extranjera adquirió una valiosa experiencia de combate con su destacamento en operaciones militares en Zaire, Djibuti y Costa de Marfil. En 1979, cuando dejó la Legión Extranjera, le fue concedida la nacionalidad francesa.

Durante la siguiente década se convirtió en consultor militar —eufemismo de «mercenario»— trabajando con varias empresas de seguridad francesas en Latinoamérica. Allí conoció a su primera esposa, Ximena Dalel Soler, una periodista colombiana con la que tuvo su primera hija, Ximena. Durante ese periodo adquirió un excelente dominio del español.

En 1991, al estallar la guerra en Croacia, Gotovina regresó a su país natal y se alistó al inexistente ejército croata como soldado profesional. Durante los cuatro años siguientes protagonizó una carrera meteórica, merced a la experiencia que poseía. Primero fue nombrado comandante; luego, en 1992, brigadier; en 1994, mayor-general; y en 1995 general y máximo responsable de la ofensiva que devolvió la Krajina a Croacia.

Gotovina era un líder carismático. Sus hombres lo adoraban. Era capaz de transmitir a sus hombres una enorme confianza en la victoria merced a su profunda fe religiosa; los sacerdotes siempre fueron sus amigos y aliados. Un carisma que suponía un fuerte polo de seducción para el sexo opuesto. El 29 de julio de 1995, seis días antes de la Operación Tormenta, se casó por segunda vez con la joven «coronel» Gojko Susak, una guapísima croata de pelo lacio negro y ojos almendrados, con la que tuvo un hijo, Ante, dos años más tarde.

A pesar de la voluntad del gobierno croata de entregarlo a La Haya, donde tiene su sede el TPIY, Gotovina contó con la colaboración de muchos de sus compatriotas, que veían su persecución como una gran injusticia. Gracias a ello el general Gotovina pudo evitar su detención hasta que se le acabó la suerte en uno de los parajes más queridos para su persona: las islas Canarias.

Los marshals españoles

En el inconsciente colectivo estadounidense decir marshal es evocar a Virgil, Morgan y Wyatt Earp en el OK Corral, pero también es reconocer a un cuerpo de policía que, con doscientos años de antigüedad, se ha distinguido por la captura de los más peligrosos fugitivos a lo largo de la historia de Estados Unidos. Un cuerpo que ha servido como inspiración para películas y series de televisión de gran éxito.

En España los marshals nacieron el 20 de diciembre de 2003 con el nombre de Grupo de Localización de Fugitivos en el seno de la Sección de Relaciones Internacionales de la Brigada Central de Crimen Organizado. Esta sección es uno de los cuatro pilares sobre los que se asienta la Unidad Central de Drogas y Crimen Organizado (UDEV Central), de la que está compuesta la Comisaría General de Policía Judicial (CGPJ) del Cuerpo Nacional de Policía. El Grupo de Localización de Fugitivos es el núcleo central en esta tarea. En ella participan todas las comisarías españolas y, de un modo muy especial, la Comisaría General de Policía Científica, por su importante papel a la hora de identificar a los fugitivos, pues la documentación que estos portan nunca es la verdadera.

España es uno de los destinos preferidos por los fugitivos de otras nacionalidades para ocultarse e incluso echar raíces. Por ello este Grupo de Localización de Fugitivos, entonces dirigido por el inspector jefe Lorenzo Martínez, funciona con una estrecha vinculación con Europol España —la organización de Policías de la Unión Europea—, con la Oficina de Interpol en Madrid —su homóloga a nivel internacional— y la Oficina Central Nacional de SIRENE-España, junto al acceso al SIS (Sistema de Información de Schengen), la base de datos común europea que contiene información sobre personas buscadas o desaparecidas, bienes robados u ocultados fraudulentamente y prohibiciones de entrada. El general Ante Gotovina era uno de sus objetivos principales.

«Sabíamos que sobre el general croata Ante Gotovina pendía una Orden Internacional de Detención, emitida por el TPIY, y también sabíamos que el militar sentía predilección por Canarias», explica el jefe de los marshals españoles. «Desde que dejó la Legión Extranjera francesa habían sido innumerables las veces que había estado en las islas. En una ocasión se recuperó de un accidente en la cabeza navegando por nuestras aguas. Para él era como estar en casa».

Las luces rojas de alarma se encendieron la tarde del 5 de diciembre de 2005. Gotovina, como era de esperar, no viajaba con ninguno de sus dos pasaportes oficiales, el croata y el francés. De haberlo hecho habría sido detenido mucho tiempo atrás. Sus contactos le habían facilitado diversas identidades que le permitían moverse libremente por el mundo, emboscado tras una identidad falsa.

«Esa tarde del 5 de diciembre recibimos una comunicación de Interpol, dándonos una identidad que el general Gotovina podría estar utilizando, una identidad croata: Kristijan Horvatit. Y que podría estar en las islas Canarias. Enviamos la información a nuestra gente allí», relata el inspector jefe. «Al poco rato recibimos una llamada: “Tenemos a un Kristijan Horvatit hospedado en el hotel Bitácora de Playa de las Américas, de cuatro estrellas, en estos momentos —nos dijeron—. Llegó ayer, 4 de diciembre. Tiene la habitación 106”. Tres de nuestros agentes del Grupo de Madrid volaron de inmediato a Tenerife. Se hospedaron en el mismo hotel y lo sometieron a una vigilancia intensa. Intervinimos su teléfono, gracias a lo cual supimos que tenía pensado dejar la isla el 9 de diciembre, porque esperaba la llegada de una mujer», sigue relatando el inspector jefe Martínez. «Íbamos con cierta prevención. Nos habían informado que el general Gotovina solía llevar un equipo de protección de gente muy profesional. Un comando listo para tirar de arma rápidamente si alguien trataba de capturar a su jefe. Él ya lo había advertido públicamente. Se resistiría a ir a la cárcel por todos los medios. Durante todo el tiempo en que lo tuvimos bajo vigilancia no vimos a ese comando. Estaba él solo y una segunda persona».

Toda la información que se había recabado hasta ese momento sobre el sospechoso coincidía. Era él, sin duda alguna. En la tarde-noche del miércoles 7 de diciembre se tomó la decisión final en una llamada telefónica rápida.

—Lo tenemos centrado en estos momentos, jefe. Está en el restaurante, cenando con otro hombre. ¿Qué hacemos? ¿Esperamos a que usted llegue o le damos?

El inspector jefe Martínez, que en ese momento ya volaba rumbo a Tenerife, no se lo pensó dos veces:

—¿Están los compañeros de los Grupos de Operaciones Especiales [los GOE, con funciones similares a los GEO, pero destacados en plazas menores] preparados?

—Sí, están preparados, lo mismo que nuestros compañeros de la UDEV. Todo bajo control.

—Pues entonces, pájaro en la cazuela no vuela. Adelante.

El general Ante Gotovina y su compañero de mesa se encontraban en los postres. El militar estaba terminando de degustar un trozo de queso con una rebanada de pan y dando cuenta del último cuarto de una botella de Marqués de Cáceres, tinto. Dos de los agentes del Grupo de Localización de Fugitivos, que hasta ese momento habían pasado por comensales, se levantaron y se dirigieron a la mesa de los dos croatas. «General Ante Gotovina, policía —le dijeron, enseñándole las respectivas placas, en español, sabedores de que entendía bien el idioma—. Queda usted detenido. Ponga usted las manos sobre la mesa, donde podamos verlas». La cara de Gotovina, bronceada, saludable, era la expresión de la pura sorpresa. En cuestión de segundos el restaurante del hotel Bitácora se llenó de miembros de los GOE y de la UDEV. Cualquier tipo de amenaza había quedado conjurada. Gotovina y su acompañante fueron detenidos, esposados e introducidos en dos coches «K» —vehículos policiales normales en apariencia exterior— y conducidos a la comisaría de Playa de las Américas. Todo fue grabado en un vídeo doméstico.

La identificación

«El método normal de identificación de cualquier fugado que conocemos es el de las huellas dactilares. A través del SAID [Servicio Automático de Identificación Dactilar], la base de datos criminal de reseñas dactilares, comparamos las huellas de referencia con las del detenido», cuenta el jefe del Grupo de Localización de Fugitivos. «En este caso contábamos con un recurso adicional: un tatuaje. Sabíamos que el general Gotovina tenía un tatuaje de una mujer en el brazo derecho. Disponíamos de una foto que habíamos sacado de Internet en la que se apreciaba bastante claro. Así que, nada más llegar, me presento y le digo:

»—General, ¿me permite remangarle el brazo derecho?

Le subo la manga de la camisa y no encuentro nada. El general me mira a la cara.

»—Está usted equivocado —contestó—. No lo tengo en el brazo derecho, sino en el izquierdo —y él mismo se remangó la manga de la camisa. Allí estaba.

»¿Qué había pasado? Recordé la foto y me di cuenta de que en la imagen había una sombrilla de playa que aparecía detrás. Tenía las letras al revés, como si hubiera sido hecha contra un espejo. Daba lo mismo: el tatuaje demostró que la persona que habíamos detenido era el general Ante Gotovina, buscado por el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia. El SAID también dio positivo», añade el inspector jefe Martínez.

Gotovina tenía un nivel de vida alto. Llevaba un corte de pelo perfecto, vestía magníficamente, con ropa de marca. Exhalaba el aire de un señor. Cuando fue detenido le fueron intervenidos 12.000 euros en billetes de quinientos. Al día siguiente Ante Gotovina fue trasladado a Madrid en un avión de transporte Hércules de las Fuerzas Aéreas españolas bajo la custodia de ocho agentes de policía. «El trayecto hasta la base aérea de Torrejón duró cuatro horas y media. Durante ese tiempo te da para hablar de muchas cosas. Gotovina era un señor muy educado, muy militar. Me contó que cuando su país entró en guerra él sintió su llamada. Ascendió a general por los conocimientos militares que había adquirido en la Legión Francesa. Habló muy abiertamente del asunto de la detención, de la causa que nos había llevado hasta allí», detalla Martínez. «Él alegó, en su defensa, que había sido incapaz de controlar a su ejército, que por más que había reprendido a sus hombres, no lo había conseguido. Gotovina admitió que no había podido impedir el deseo de venganza que sus soldados llevaban dentro. Era su justificación. Te la puedes creer o no».

A través de sus pasaportes falsos pudieron reconstruir parte de sus andanzas de los últimos meses. Había estado en Haití, China, Rusia, Argentina, Chile, Mauritania y la isla Mauricio, a donde correspondía el último sello. ¿A qué se había dedicado? Ni idea. Fue hermético. Eso sí, ponía gran parte de su suerte en manos de Dios. «Ante Gotovina era muy religioso. En su equipaje encontramos varios rosarios. De hecho, durante el viaje a Madrid me contó que había visitado al Papa», dice Martínez.

El Hércules aterrizó en Torrejón a las 18.42 del jueves 8 de diciembre de 2005. El general Gotovina fue trasladado de inmediato a la Audiencia Nacional, donde el juez Félix Degayón, en presencia del fiscal Miguel Ángel Carballo, le leyó los cargos y le informó de que iba a ser enviado a La Haya en los próximos días. La vista duró apenas 10 minutos. Gotovina permaneció un día y medio en la cárcel madrileña de Soto del Real. El sábado por la mañana, de nuevo un avión español de las Fuerzas Armadas lo trasladó a los Países Bajos y se lo entregó al TPIY.

El juicio

El 15 de abril de 2011 el general Ante Gotovina fue condenado a veinticuatro años de cárcel por el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia por crímenes de guerra y contra la humanidad. Se le consideró culpable de los cargos de persecución, deportación de civiles serbios, saqueo de la propiedad pública y privada, destrucción sin sentido, asesinatos, actos y tratos inhumanos a serbios, entre los que se incluyeron disparos, golpes, apuñalamientos, amenazas y quemaduras. El viceministro del Interior en 1995, el general Mladen Markac, fue condenado a dieciocho años de cárcel por los mismos cargos que Gotovina. El comandante de la guarnición de Knin, capital de la extinta República Krajina, el general Ivan Cermak, por el contrario, fue declarado inocente por el tribunal TPIY, por considerar que «las pruebas no demostraron que participase en la empresa criminal conjunta».

La detención del general Ante Gotovina fue un gran éxito para el Grupo de Localización de Fugitivos y un espaldarazo al trabajo que, silenciosamente, estaban realizando desde su nacimiento. Los puso en el mapa internacional. Al general croata siguieron otros importantes fugitivos, como el francés Pascal Payet, bautizado por la prensa gala como el Rey de las Fugas, que fue detenido con dos miembros de su banda con un fusil de asalto, tres pistolas y una granada encima. O el corso Guy Orsini, buscado en Francia por cuatro asesinatos y delitos de tráfico de estupefacientes y blanqueo de capitales, que fue arrestado en las inmediaciones de un locutorio de Madrid. O, por último, el italiano Claudio Adriano Giusto, que, tras asesinar a un hombre en 1988 en su país natal, virtualmente se lo tragó la tierra. Casi veinte años después fue descubierto en Lérida bajo una identidad falsa. Dos carabinieri tomaron parte en la detención, como observadores, y después se lo llevaron a su país.

El Grupo de Localización de Fugitivos ha detenido, desde su nacimiento, a más de 1.500 fugitivos, el 80 por ciento de ellos extranjeros. Gran parte de su éxito se basa en la utilización de la más moderna tecnología y en la colaboración con los grupos homólogos de los países europeos y del otro lado del Atlántico; la mayor parte de ellos tienen en España oficiales de enlace que hacen más fácil y rápida la comunicación.

«España es un paraíso para los fugitivos. Por nuestro clima, por nuestra calidad de vida y porque existen colonias de extranjeros en las que pueden ocultarse con facilidad, disponiendo de documentación falsa», dice el inspector jefe Martínez, hoy jefe de la sección en la que está englobado el grupo. «Hasta 2003, hasta que nació el grupo, España podía ser considerada por este tipo de personas como un lugar seguro. Pero ya no lo es. Cada día que pasa es más difícil».

En 2010 el Consejo de la Unión Europea aprobó la creación de ENFAST, la Red Europea de Búsqueda Activa de Fugitivos (European Network of Fugitive Active Search Teams), con el objetivo de coordinar a los marshals de toda Europa para potenciar la eficacia en la búsqueda y detención de los criminales más perseguidos y peligrosos. La eficacia es cada vez mayor. En lo que va de 2012, el Grupo de Localización de Fugitivos ha atrapado a doce importantes fugitivos internacionales en Madrid, Barcelona, Alicante, Málaga, Orense, Gijón y Fuerteventura. Eran nativos de los Países Bajos, Estados Unidos, Bélgica, Alemania, México, Rumanía, Perú y Chile.

La Guardia Civil, por su parte, cuenta con el Grupo de Huidos de la Justicia, encuadrado dentro de su Unidad Central Operativa (UCO), que son homólogos del Grupo de Localización de Fugitivos.

18
Murcigleros: ladrones fantasma.
Trescientos chalets robados
en seis meses

Lofoscopia

La noche del 23 de diciembre del 2004 se presentaba tranquila en el chalet de la avenida de Los Peñascales de Torrelodones —al noroeste de la Comunidad Autónoma de Madrid—. Allí vivía K. K., un joven ejecutivo de banca de origen austriaco, junto a su entonces esposa y sus dos hijas pequeñas, de ocho y tres años. K. había organizado una cena familiar prenavideña. Su hermano mayor, su cuñada y su sobrino, de veinticuatro años de edad, compartían con la pareja la mesa que habían preparado para la ocasión en la amplia cocina de la casa, a la que se había unido también la interna.

El chalet, bautizado exteriormente con el nombre de Raixa, en recuerdo a un palacio mallorquín, tenía dos pisos. Uno superior, en el que estaba la habitación del matrimonio, un baño y varios armarios, y otro inferior, donde se encontraban el resto de las habitaciones, los baños, la cocina y un amplio salón. K. miró por la ventana. Fuera la noche parecía fantasmagórica. La niebla tamizaba las luces amarillas de las farolas municipales transmitiendo la impresión de algo irreal y frío. ¡Qué bien se estaba en casa!

La cena discurría con tranquilidad, como debía ser. Minutos antes el dueño de la casa había hecho un recorrido por las diferentes cadenas con el mando del televisor. Era jueves. En La Primera daban Cuéntame cómo pasó. Antonio Alcántara se las estaba viendo con un encierro de los empleados de su imprenta precisamente la noche de Nochebuena. En Telemadrid, Wesley Snipes interpretaba a un campeón mundial de boxeo que termina en la cárcel acusado de violación. Invicto se llamaba la película. En Tele 5 ponían Gran Hermano, con la gran final y Mercedes Milá al mando. Antena 3 Televisión había optado por un especial de Donde estás corazón, programa que presentaba Jaime Cantizano y que esa noche contaba con Alicia Senovilla, José Manuel Parada, Paco León, Jordi Ríos y Chiqui Martín, entre otros. Decidió quedarse con Cantizano. Era una noche para risas y alegría. Consultó su reloj. Le gustaban mucho los relojes. Tenía una pequeña colección que había comenzado cuando apenas le había empezado a salir vello en la cara. Se sentía muy orgulloso de ella. La esfera marcaba, sobre su muñeca, en ese momento las 22.30 horas. El programa había empezado a las 22.00 horas. No importaba. Era un «espacio-río», de esos a los que te puedes subir en cualquier momento; y también bajar. Entretenimiento en estado puro. Para reírte y no pensar demasiado.

Afinó la oreja. Habían acostado a las niñas antes de la cena y habían cerrado la puerta de la cocina para que el ruido no las molestara y pudieran descansar bien. Se encontraban a unos metros escasos de distancia. Si alguna de las dos se despertaba, estaba seguro de que la escucharía. Tenía un oído de tísico. Al menos eso había creído hasta entonces. Para asegurarse, había dejado la puerta de la habitación de las niñas entornada, como solía ser su costumbre. Por si acaso…

El vino pronto escaseó, así que decidió ir al sótano, a por otra botella. No tenía que conducir, era cierto, aunque tampoco era cuestión de perder el sentido. El objetivo era llegar a ese puntito de estar bien y mantenerlo. El joven ejecutivo se levantó, tomó la botella de vino vacía y abrió la puerta de la cocina. No pudo creerse lo que estaba viendo. «La casa tenía todas las luces encendidas, a excepción de la habitación de las niñas, y todas las ventanas abiertas. Me fui rápidamente a la habitación de mis hijas. Estaban bien», recuerda K. «Avisé al resto de que algo estaba pasando. Subí a mi habitación. La encontré completamente revuelta. Los cajones por el suelo, los armarios revueltos. Habían entrado a robarnos mientras estábamos en casa, era evidente. Miré en el cajón donde guardaba mi colección de relojes. Ya no estaba. Las joyas de mi mujer también habían volado. Algún dinero, poco».

Entonces se dio cuenta de dónde había estado el fallo. Como siempre hacían cuando estaban en casa, habían desconectado la alarma. ¿Quién iba a entrar en la casa con ellos dentro? Habían asumido, no se sabe por qué razón, que los ladrones siempre entraban en casas que estaban vacías, que evitan las habitadas. K. telefoneó rápidamente al puesto de la Guardia Civil de Torrelodones para informarles de lo ocurrido. Pocos minutos después tenía ante sí a un sargento de la Benemérita. Luego, lo que le pareció un destacamento. Uno, dos, tres, cuatro vehículos blancos y verdes, con las sirenas a todo trapo. Se les unieron también los municipales de Torrelodones.

—No se preocupe, estamos detrás de ellos. Esta noche posiblemente les atrapemos. Hemos avisado a nuestra gente, en dos controles —le dijo el sargento mientras le acompañaba, haciendo un reconocimiento ocular a toda la casa, acompañado de un número.

—¿Por qué los ladrones han dado todas las luces y han abierto todas las ventanas? —le preguntó K.

—Para poder escapar con mayor facilidad. La luz ilumina la salida hacia las ventanas. Así de simple. Entraron por la ventana de su dormitorio, por el segundo piso. Son muy ágiles. Es lo que se denomina «escalo».

El sargento y el dueño de la casa salieron luego al jardín. «En ese momento no sabía lo que el sargento estaba buscando, pero lo encontró rápidamente», cuenta K.

—Desconocemos la procedencia de esta gente. Posiblemente son de algún país del este de Europa. Tienen costumbres curiosas. Por ejemplo, esta —dijo el sargento, señalando unos excrementos que parecían ser recientes.

K. no recordaba que hubiera habido ninguna boñiga en su jardín cuando llegó. No es que le importara, pero no le gustaba ese tipo de restos manchando el manto verde de hierba.

—Esto es una señal. Es una forma de decir que lo que han encontrado en su casa, y perdóneme la grosería, es una mierda. Por favor, no se lo tome a mal. Es una forma muy básica, muy étnica, de expresarse. Porque no hay necesidad, ¿verdad? Por eso decimos que no son de aquí, de España. No es normal. ¿A quién se le puede ocurrir, después de robar una casa, pararse a defecar en un lugar como este? Solo se puede entender por el enfado. Mañana por la mañana, muy temprano, vendrá un equipo de inspecciones oculares para tomar huellas. Por favor, traten de tocar lo menos posible.

El hermano, la esposa y el sobrino de K. dejaron la casa minutos después de que el despliegue de la Guardia Civil se hubiera marchado.

«La sensación que te queda es como si te hubieran violado. Habían entrado en mi casa con mi gente dentro, con mis hijas dormidas. ¿Qué habrían podido hacerlas? Y no nos habíamos dado cuenta. Esa noche y las siguientes fueron muy difíciles de vivir. Yo no pude dormir», relata K.

Al día siguiente, tal como había anunciado el sargento de la Guardia Civil, se presentó una pareja de agentes de la Policía Judicial de Collado-Villalba para tomar las huellas de los asaltantes en lugares evidentes: los cajones, las mesillas, los armarios… En sitios tan pequeños, las funciones de criminalística tan simples como esas las suelen hacer los propios miembros de la Judicial. Ayuda el hecho de que muchos de ellos han tenido destinos anteriores precisamente en Criminalística.

—Con estas huellas será más fácil cogerlos, ¿verdad? —preguntó el joven ejecutivo. Y añadió—: ¿Saben ustedes que hay una mierda en mi jardín, de uno de los que entraron ayer en mi casa?

El número de la Benemérita, que estaba rociando con el pincel la cómoda de la habitación de matrimonio, donde ya había revelado tres huellas, se volvió a K. con una sonrisa en la cara. Parecía divertirle lo que le estaba diciendo.

—Usted ve mucho la serie CSI, ¿verdad? —le preguntó.

Era evidente. Todo el mundo la veía. Tele 5 la llevaba poniendo un año en antena el lunes de cada semana. Sesión doble, dos capítulos. ¿Quién no conocía a Gil Grissom y su conocida frase de «las pruebas no mienten, las personas sí». Si era de este modo, las pruebas tenían que estar diciéndoles a gritos a los criminalistas de la Guardia Civil el nombre y los apellidos de los asaltantes, la dirección donde vivían, su teléfono móvil, si estaban casados, divorciados o solteros, su nivel de estudios… Si Grissom y su gente lo hacían en la tele, entonces la Guardia Civil también, seguro. ¡Es la Guardia Civil!

—Pues nos está haciendo un gran daño. La gente cree que solo con tomar las huellas ya está, ya sabemos quién es el delincuente. Después vamos y le echamos el guante en 5 minutos. O el ADN, porque por eso me dice usted lo de los excrementos del jardín, deduzco. La ecuación, sobre todo con el ADN, es: tenemos el ADN del criminal, luego tenemos al criminal. Pues no. Ojalá la realidad fuera como la presentan en la televisión. Todavía no podemos llegar a eso. Pero llegaremos. Si me permite que le hable con franqueza —le dijo mirándole a los ojos—, estos caerán. No sabemos cuándo, pero caerán. Eso sí que se lo puedo garantizar. Pero no somos magos, somos policías.

—¿Tienen algún tipo de nombre? ¿Los llaman ustedes de alguna forma?

—Silenciosos o murcigleros. De murciélago, porque operan con sigilo y rapidez. Llegan, roban y se marchan a toda prisa. Es una especie nueva de ladrones que, me temo, va a florecer. Estos son los primeros que conocemos.

K. no sabía que los autores del asalto a su casa eran, en aquel entonces, la prioridad número uno para la Comandancia de la Guardia Civil en la Comunidad Autónoma de Madrid, con base en Tres Cantos, una población situada a 26 kilómetros al norte de la capital de España. Le correspondió el caso al comandante Javier Rogero, jefe de la Policía Judicial de la Benemérita. «Estos murcigleros habían comenzado a operar dos meses antes, en octubre de 2004. Escogían urbanizaciones de clase alta o media-alta en Galapagar, Villanueva de la Cañada, Brunete, Boadilla del Monte, Pozuelo de Alarcón, Alcobendas, Torrelodones, Batres, San Agustín de Guadalix y Villaviciosa de Odón», explica el comandante Rogero. «Y tenían siempre el mismo modus operandi, la misma forma de actuación. Entraban sigilosamente mientras las personas estaban en su casa, y se marchaban. Visto y no visto». La misma forma de operar que en el robo del chalet. «Nos concentramos en atraparlos», añade el comandante.

Le correspondió la dirección de la investigación al equipo de Policía Judicial de Villaviciosa de Odón, formado entonces por el teniente Fernando Delgado y el alférez Raúl Rico. Bautizaron el caso con el nombre de Operación Disco. «Por una razón: porque los robos se habían producido en viviendas de la zona norte, sur y oeste de la Comunidad Autónoma de Madrid, lo que formaba un disco», relata el alférez Rico, jefe del Grupo de Dirección Operativa de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Benemérita en Madrid. «Los estudiamos con detenimiento y llegamos a la conclusión de que no hacían ningún trabajo de campo previo. No preseleccionaban. Se internaban en las urbanizaciones y, cuando veían un objetivo fácil, entraban en él», cuenta el alférez Rico. «Les daba igual que hubiera gente o que no, aunque lo preferían, ya que resulta más fácil acceder, porque cuando la gente está en casa desconecta las alarmas. Estos tipos funcionaban como una unidad militar, por lo que dedujimos que debían de tener algún tipo de entrenamiento. Entre la entrada y la salida de un chalet no pasaban más de 4 o 5 minutos. Era visto y no visto. A través de nuestras investigaciones establecimos que el grupo estaba formado por cuatro hombres. Dos entraban en la casa por las zonas más altas, un tercero se quedaba abajo, con el teléfono móvil conectado, vigilando para avisar por si ocurría algún imprevisto, y un cuarto esperaba al volante de un vehículo».

Estos murcigleros hacían lo que podría denominarse —equiparándolo a la pesca— una modalidad de robo intensivo. Salían todos los días a robar. Entraban en una media de entre dos y cuatro chalets por jornada de «trabajo». Al principio comenzaban a las 18.00 o las 19.00 horas, luego un poco más tarde. Su actividad se prolongaba hasta las 23.00 o las 00.00 horas. En total hacían entre cinco o seis horas de «jornada laboral diaria». Trepaban a lo más alto de las casas y desde allí se abrían paso con ganzúas, picos y mazas, y solían salir por donde habían entrado. «Vestían siempre ropa oscura. Tenían cuerpos atléticos, muy fibrosos. Al principio no se cubrían la cara, luego comenzaron a utilizar pasamontañas», sigue relatando el investigador del caso. «En una ocasión se hallaba en su casa una joven que acababa de tener un bebé. Fue en Arroyomolinos. Se metió en el servicio para bañarlo. Fueron apenas 15 minutos. Cuando salió se encontró con que habían desvalijado no solo la habitación, sino todo el chalet. Fue terrible».

Los investigadores de la Benemérita pensaban que las huellas que habían obtenido en algunos de los chalets saqueados podían darles alguna pista. El Servicio Automático de Identificación Dactilar (SAID) no tardó ni 30 segundos en darles la respuesta: negativo. ¿Se las estaban viendo con ladrones fantasma? Los fantasmas no existen. O al menos no fuerzan las ventanas ni las puertas de las casas. Penetran por sus muros sin problemas. Tampoco roban. Y estos buscaban específicamente joyas, relojes, dinero, teléfonos móviles, cámaras de vídeo y cámaras de hacer fotos. A veces ropa. Nunca llevaban mochilas o bolsas propias. Tomaban las que encontraban en cada lugar.

Dos cosas eran seguras: no eran españoles y no estaban fichados.

«No eran del todo invisibles. En varias ocasiones los dueños de las casas se dieron de bruces con ellos. En una ocasión ocurrió en un garaje; en otra en el interior de una habitación. Siempre se daban a la fuga. No presentaban resistencia», continúa contando el investigador. «Esto nos permitió identificarlos con más precisión. Saber quién era cada uno. Así, a uno lo llamamos Rayas, a otro Halcón, al tercero Travel y al cuarto Novo. Descubrimos, eso sí, que sentían pasión por una cosa en concreto: los buenos coches, vehículos de alta gama. Mercedes, BMW, Audi... Cuando asaltaban una casa solían llevarse las llaves del coche, que estaba aparcado en la calle. Llegaron a sustraer hasta cuarenta vehículos que luego utilizaban en los siguientes robos». La conducción de vehículos de tal potencia era un seguro a la hora de dar esquinazo a los Nissan Patrol de la Benemérita o a los coches de las empresas de seguridad que, en alguna ocasión, se dieron de bruces con ellos. Estos murcigleros se esfumaban con extrema facilidad rumbo a Madrid. Visto y no visto.

Vivían en Madrid

Era evidente que Rayas, Halcón, Travel y Novo se ocultaban en Madrid, en algún lugar. Pero ¿dónde? ¿En qué lugar podían encontrar los agentes el hilo de Ariadna para salir de aquel laberinto? Máxime en una situación como esa, con la Delegación de Gobierno y los medios de comunicación exigiendo resultados inmediatos. Cada día que pasaba había una noticia relatando «sus hazañas». Y en ellas, testimonios de familias aterradas ante la idea de que podía haberles ocurrido algo muchísimo más serio; la misma sensación que K.

«La clave, dedujimos, estaba en los coches sustraídos. ¿Dónde los dejaban? No podían esfumarse. Decidimos salir a buscarlos. Quizá cambiaban las placas de las matrículas o quizá no. Apostamos decididamente por ese enfoque en la investigación. Fue extremadamente laborioso. Peinamos varios barrios de Madrid, calle por calle, hasta que dimos con uno de los coches robados. Estaba aparcado en el barrio de Moratalaz, al este de la capital», cuenta el alférez Rico. «El vehículo tenía en el parabrisas propaganda de compra-venta de coches. Hablamos con la empresa que hacía esa distribución y les pedimos que nos dijeran por dónde habían repartido su publicidad en los últimos diez días. Aquello nos facilitó la identificación de varios de los vehículos robados en los diferentes chalets. Estaban aparcados a no mucha distancia del primero, en otras calles adyacentes».

Durante las dos semanas siguientes los hombres de la Benemérita vigilaron los vehículos, día y noche, hasta que llegó el día en que Rayas, Halcón, Travel y Novo hicieron su acto de aparición. Llegaron con un coche «normalito» para sus gustos, un Renault Megane de color azul —también robado—, a segunda hora de la tarde. Lo aparcaron y se subieron a continuación en un Mercedes que estaba a una distancia de 200 metros del suyo. En un abrir y cerrar de ojos desaparecieron a toda velocidad. Les gustaba mucho correr.

A lo largo de dos días los tuvieron sometidos a un seguimiento estrecho. Pudieron establecer cuáles eran sus domicilios. Dos de ellos vivían en la calle de la Luna, en un apartamento pequeño, de alquiler, no muy lejos de la Gran Vía; y los otros dos en otro piso de la calle del Seminario de Nobles, a 15 metros de la calle de la Princesa y a 50 del palacio de Liria, el domicilio habitual de la duquesa de Alba cuando está en la capital de España.

El Grupo de Dirección Operativa de la Policía Judicial de la Guardia Civil se preparó para la captura final. Habían pasado seis meses desde que habían dado su primer golpe. En los diferentes acuartelamientos de la Guardia Civil en la Comunidad de Madrid había acumuladas setenta denuncias por robo con fuerza, con vinculación directa fehaciente a este grupo. Pero se calculaba que podían llegar a trescientos los atracos reales.

«Sabíamos que eran personas muy, muy peligrosas. Que podían ir armadas, aunque nunca habían mostrado ningún arma en ninguno de los robos, pero nos constaba que tenían experiencia militar», explica el alférez Rico. «Teníamos que asegurarnos todo lo posible para que no sucediera ninguna desgracia». El día elegido fue el 19 de marzo, sábado por la tarde-noche. Ese día los cuatro murcigleros habían decidido tomarse la tarde libre y salir a cenar juntos a un punto, a media distancia entre los domicilios de unos y de otros: en plena Gran Vía de Madrid. El lugar elegido fue la cervecería-restaurante Zahara. Poco podían sospechar cuando entraron en el establecimiento, muy popular en la zona, que la Guardia Civil estaba terminando de instalar una tela de araña en torno suyo, que les restaban horas, si no minutos, de libertad. «El lugar no podía ser más óptimo. Los cuatro “silenciosos” ocuparon una mesa en la planta superior del local, al fondo. No tenían ninguna escapatoria. No había salida alguna», cuenta el investigador. «El final de la Operación Disco se lanzó a las 00.55 horas. El restaurante todavía estaba abarrotado de gente. Hicimos un importante despliegue: más de treinta agentes. El elemento sorpresa fue nuestro principal aliado. Nunca habían pensado que estábamos tan cerca de ellos. Tres se entregaron pacíficamente y un cuarto opuso cierta resistencia. No hubo problema en reducirlo».

Cuarenta minutos después Rayas, Halcón, Travel y Novo se encontraban en los calabozos de la Comandancia de Madrid de la Guardia Civil, en Tres Cantos. Lo primero que tenían que hacer los investigadores era establecer su identidad. Tres de los detenidos llevaban un pasaporte albanés encima. Rayas era Tele Zani, de treinta y cinco años; Halcón era Arben Mali, también de treinta y cinco años: Travel era Anton Leka, de treinta años; y Novo era Fatos Gjoci, de treinta y cinco años. Todos ellos portaban teléfonos Nokia con sus respectivos números albaneses y poco más. Solo uno chapurreaba español, por lo que hubo que esperar a la llegada del traductor y de los abogados de oficio. No sirvió para nada. Los cuatro se negaron a declarar. No quisieron soltar prenda. Ni una palabra.

En el registro que la Benemérita realizó a los pisos de los detenidos encontraron 12.000 euros y 3.000 dólares en total. En la calle de la Luna hallaron parte del producto de los botines: collares, anillos, pulseras, pendientes y relojes de oro. En el segundo domicilio el contenido era el mismo, pero en menor cantidad. Era evidente que se deshacían de los objetos robados en cuanto los tenían en su poder. Los agentes de la Guardia Civil encontraron en las casas, eso sí, excelentes guardarropas con las mejores marcas: Armani, Carolina Herrera, Versace y Pedro del Hierro, entre otras. En la Operación Disco se recuperaron, asimismo, diez vehículos de gama alta, sustraídos durante los robos, uno de ellos en Valencia.

También hallaron otros pasaportes con las mismas fotos, pero diferentes nombres. Uno griego, de Arben Mali, a nombre de Antonios Spyridon, otro de Anton Leka, este albanés, con el nombre de Arton Palaj. Tele Zani, cuyas huellas no habían sido identificadas en ninguno de los chalets robados, figuraba en el SAID con antecedentes de robo con fuerza y asociación ilícita con fecha del 10 de septiembre de 2004, en Barcelona. Anton Leka, que en el momento de la detención estaba indocumentado, tenía dos pasaportes albaneses adicionales con dos nombres parecidos: Oltion Agoli y Oltion Agolli. El primero había sido detenido por un delito de robo con fuerza en Barcelona en agosto del año anterior y el segundo tenía, asimismo, antecedentes policiales de robo con fuerza en Valencia. Los cuatro acusados pasaron a disposición judicial.

«Nunca supimos sus verdaderas identidades. Tenemos sus huellas, sus fotos, sus referencias, pero no sabemos a ciencia cierta quiénes son. Pero los atrapamos. Fue una de las operaciones más difíciles que hemos llevado a cabo. Los albaneses rozaban la perfección», cuenta el alférez Rico con una sonrisa. La tranquilidad, sin embargo, duraría poco.

Operación Gato

«En septiembre todo volvió a comenzar. Mismo modus operandi. Ausencia de antecedentes en España, pero no eran los mismos», continúa contando el investigador. «Por eso la bautizamos con el nombre de Operación Gato». El nuevo grupo, llegado igualmente de Albania en septiembre de 2005, estaba formado en esta ocasión por tres hombres con el mismo perfil que los cuatro detenidos en marzo: gente atlética, arrojada, con la determinación de hacer un trabajo rápido y volver a su país lo más pronto posible, a donde enviaban el producto de su botín por diferentes vías.

«Es un modus operandi que posiblemente ya habían aplicado en otro país anteriormente. La lógica nos dice que es Italia, por la cercanía con Albania y porque es el primer destino de estos ciudadanos cuando salen al exterior», dice Rico. «Son muy profesionales. Mientras están en España no se mezclan con nadie, salen a la calle para almorzar y cenar y robar. No dilapidan el dinero en puticlubs ni en bares de carretera, ni se compran coches caros, ni hacen alarde de vivir a lo grande. Solo tienen la debilidad de poseer ropa cara. Los coches caros los sustraen».

De acuerdo con un informe realizado por la Benemérita sobre delincuencia organizada a finales de 2005, cada grupo instalado en España obtenía unos beneficios de 392 millones de euros al año. Cada uno de los miembros de las redes recibía un «salario» anual de 148.000 euros. Una auténtica fortuna. Es lo que habría ganado cualquiera de los detenidos en Albania trabajando durante sesenta años, honradamente, como albañiles.

Este segundo grupo de albaneses de la Operación Gato llegó a penetrar en doscientas cincuenta viviendas de Las Rozas y Majadahonda, al oeste de Madrid, dos áreas que no habían sido tocadas por el grupo anterior, por lo que los investigadores de la Benemérita dedujeron que tenía que haber algún tipo de conexión. En ocasiones llegaban a entrar en seis y hasta ocho chalets al día, lo cual aumentaba los riesgos, como así ocurrió en una ocasión, en que encerraron a una familia en un armario.

Los tres componentes de la citada operación fueron atrapados con más facilidad que los primeros. Fue el 18 de diciembre de 2005, apenas dos meses y medio después de haber aterrizado. «Cada grupo criminal tiene un estilo. Cuando haces una inspección ocular, cuando hablas con las personas que han sido sus víctimas, sabes con quién te las estás viendo, si con albaneses, si con kosovares, magrebíes, colombianos, españoles…», añade el alférez Rico. «Los albaneses, sin duda alguna, han sido los maestros. Van a lo suyo, tratando de no hacer daño a nadie. Luego ha habido casos de violencia, sí, pero los mínimos. Luego están los kosovares, que en un principio se especializaron en los golpes a polígonos industriales y después se volcaron en chalets. Tienen una estética paramilitar, visten de negro, con guantes y pasamontañas. Y no dudan de echar mano de la violencia si lo consideran necesario. Un tercer grupo son los rumanos. A veces actúan como bandoleros, entrando en casas habitadas con armas de fuego. Y después el resto, mezclas de unos y de otros, kosovares y colombianos, o magrebíes y españoles. Hay de todo».

A los componentes del grupo detenido en la Operación Gato se les incautaron más de veintitrés mil euros, numerosas joyas y diez vehículos de gama alta que fueron devueltos a sus propietarios. «Sí, desde fuera puede resultar descorazonador. Acabamos con un grupo después de cientos de horas de investigación, de vigilancia, de noches en vela, y a las pocas semanas aparece otro prácticamente idéntico, como si el anterior no hubiera desaparecido. Pero para eso estamos», explica el comandante Javier Rogero, responsable máximo de las operaciones. «Es nuestro trabajo. La lucha contra el crimen. Para eso nos pagan. Para eso estudiamos y es lo que mejor sabemos hacer. Y los delincuentes saben que somos muy profesionales».

A finales de marzo de 2005 la esposa de K. fue citada por la Guardia Civil en la Comandancia de Tres Cantos para que comprobara si algunas de las joyas que habían recuperado en el curso de la Operación Disco le pertenecían. La mujer pudo identificar unos pendientes de oro que habían sido recuperados de uno de los Mercedes robados. De la colección de relojes de K. no encontraron ningún rastro.

19
«No se lo digas a nadie». Operación
Huaralino, violador de menores

Internet

La pornografía infantil que se distribuye a través de Internet es el único delito en el que el delincuente graba las pruebas. Interpol dixit. Y además, en muchas ocasiones, el delincuente suele salir no solo a cara descubierta, sino desnudo, como corresponde al protagonista principal de una producción que le ocasiona un doble placer sexual: hacerlo y que vean cómo lo ha hecho, lo que le proyecta sobre todos los desviados como «el más chulo del barrio». Los «trofeos» son siempre niños o niñas que no saben lo que les está ocurriendo, que no saben que están abusando sexualmente de ellos, porque en muchas ocasiones no han llegado a tener la madurez suficiente para saberlo. Niños que perciben que lo que hacen con ellos debe de ser «normal» porque las personas que lo hacen «los quieren y los cuidan»: un progenitor, parientes cercanos, amigos de la madre o del padre… Pornografía infantil y abuso sexual —que no agresión sexual—,17 porque suelen ir juntos como hermanos siameses.

Para un abogado también es el caso más difícil de defender, porque ante pruebas tan contundentes y evidentes cualquier tipo de defensa resulta inútil frente a un tribunal de justicia. Las pruebas —la grabación que se proyecta en la sala de juicios, o las imágenes que figuran en el expediente judicial— hablan por sí mismas. Sin embargo, a pesar de la contundencia de las imágenes, ellos —los pederastas— lo siguen negando todo. Christian Jesús Ossio Risco, un joven peruano de veintiocho años, de cara redonda, labios carnosos, nariz chata y piel morena, era uno de ellos. Cuando Ossio finalmente compareció ante el tribunal de la Sección 26 de la Audiencia Provincial de Madrid en septiembre de 2008, trató de explicar al tribunal que él no había hecho nada malo y que era un buen ciudadano.

Un buen ciudadano que había abusado sexualmente de una niña durante siete años de forma continuada —desde que ella tenía ocho años hasta los quince cumplidos, convertida ya en una adolescente— hasta que fue detenido por la Brigada de Investigación Tecnológica (BIT) el 15 de marzo de 2007.

Ossio Risco fue condenado a diecinueve años de prisión. Diez por un delito de abuso sexual continuado y nueve por dos delitos diferentes de corrupción de menores (producción y distribución de pornografía infantil). También fue condenado a treinta y cuatro años de prohibición de comunicación con la niña y de aproximación a una distancia menor a 500 metros.

El Código Penal español establece la edad de consentimiento para mantener relaciones sexuales en los trece años. Así, toda relación de ese tipo con menores de esa edad y que tenga lugar aprovechándose el adulto de una relación de superioridad o de parentesco por ser uno de los padres, de los hermanos o de los hijos, por adopción o por ser amigo, está castigado penalmente como abuso sexual, en este caso entendido como pederastia. Ossio recibió la pena más alta para el abuso sexual —establecido en una horquilla de cuatro a diez años— a una menor. La sentencia fue la culminación a una de las investigaciones más difíciles con las que se habían tenido que ver los agentes de la BIT. Durante casi tres años las pesquisas sobre Ossio Risco habían consumido una parte de sus recursos sin obtener resultado alguno. Era como enfrentarse con una pared.

Todo comenzó a finales de 2004. La BIT había recibido una comunicación de sus homólogos suecos a través de Interpol. Era sobre un vídeo en el que un ciudadano de un país de Iberoamérica violaba a una niña de ocho años. El vídeo había sido hallado a través de Limewire, un programa P2P que permite compartir toda clase de archivos. Es similar al E-mule. De hecho, a través del E-mule también se podía encontrar con facilidad. Las imágenes no eran de buena calidad, pero eran muy explícitas. Habían sido grabadas con la webcam de un ordenador. En ellas aparecía un joven de veintitantos años manteniendo relaciones sexuales plenas con la menor.

«El agresor pedófilo era de procedencia sudamericana, era evidente. Respondía al nombre de Christian. Así lo llamaba la niña. Pero lo que me convenció de que vivía en España eran los modismos y las palabras propias de nuestro país que él había incorporado a su léxico, como “pincho moruno” o “gilipollas”. La niña sí que era española, por su acento y por su léxico. Dimos por buena la premisa de que el vídeo podía estar hecho en España, aunque el politono del móvil del hombre no era de aquí», cuenta Luis García Pascual, inspector jefe de la BIT. «Le dijimos a Interpol que nosotros nos quedábamos con la investigación y nos pusimos a estudiarlo con mucho detenimiento y cuidado. En algunos de los planos aparecían unas cajas de ordenadores de la marca WYSE y también una lata de aceite Repsol».

Esto dio lugar a unas largas pesquisas y gestiones. El ordenador procedía de Estados Unidos, vía Portugal. Al igual que ese se habían vendido en España a dos grandes empresas: Renault y Repsol. Los empleados de ambas compañías fueron investigados. Sin resultados. «También consultamos la base de datos de Extranjería. En ese momento había diez mil ciudadanos registrados de procedencia iberoamericana que respondían al nombre de Christian. Había que comparar la foto del agresor con la de todos y cada uno de los diez mil censados. Fue un trabajo ingente que tampoco dio resultado alguno. Nosotros no tenemos ese programa de comparación de caras que aparece en las películas y que las identifica en cuestión de segundos, como ocurre con las huellas dactilares», añade el inspector jefe García Pascual.

Mientras tanto, el equipo de la BIT seguía rastreando la red en busca de nuevos vídeos de la misma procedencia. «Encontramos un total de siete», relata el oficial Eduardo Casas, que trabajó en cuerpo y alma en el caso. «En cada uno de ellos pudimos ver cómo la niña iba creciendo y cómo él la manipulaba e incluso la agredía para que hiciera lo que él quería, que era mantener relaciones sexuales de la forma que él deseara. Todo ante la cámara del ordenador. Nos ayudó bastante la Sección de Acústica Forense, de la Comisaría General de Policía Científica, que limpió el sonido de algunos vídeos, lo que nos permitió afinar aún más la investigación».

La BIT en la actualidad, en muchos de esos casos, hace uso de programas como el Nordic Mule, desarrollado por el Servicio Nacional de Investigación Criminal de Noruega (NCIS), que permite explorar la red e identificar a los usuarios que compartan y distribuyan archivos de pornografía infantil a través de redes de intercambio como E-Donkey, Limewire y otros. El Nordic Mule permite seleccionar el país en el que se hallan los usuarios investigados y visualizar la información de los usuarios que están compartiendo los archivos objeto de investigación. También tienen a su disposición la ICSE (Interpol Child Sexual Exploitation Database, Base de Datos de Interpol sobre Explotación Sexual de Menores) una potentísima herramienta en la que se hallan todas las víctimas menores identificadas y por identificar así como los agresores. Y esto funciona a nivel mundial.

En el entorno europeo y occidental la BIT, además, funciona hoy día dentro del Groove, un espacio virtual informático de trabajo compartido que permite la comunicación y el intercambio de información en tiempo real de todas las policías de la Unión Europea, Estados Unidos, Canadá, Japón, Australia y Nueva Zelanda que operan en este campo.

Algunos de los vídeos que subió el agresor no tenían sonido, pero se podía ver que él hablaba a la niña y que la niña le contestaba. Requirieron la ayuda del Colegio de Sordomudos de Madrid para tratar de interpretar el diálogo. Sin resultados. Aquello, en 2007, parecía un callejón sin salida. Habían pasado casi tres años y no habían podido echarle el guante al agresor por más vueltas que le habían dado a las investigaciones.

La respuesta, al otro lado del mundo

Es un hecho que ha sucedido, sucede y sucederá. A veces hay que viajar al fin del mundo para ver la luz. Eso fue precisamente lo que le sucedió a García Pascual en un viaje profesional que realizó a Lima, Perú, en 2007, y lo que le dio la llave que permitió desbloquear la investigación. «Me llevé los vídeos de esta investigación. Fue por intuición. No ganaba nada no llevándomelos, pero tampoco lo perdía. “Quizá sepan algo”, me dije, sin esperar nada. Pero en mi fuero interno sabía que tarde o temprano lo cazaríamos. No podíamos permitir que siguiera libre, agrediendo a menores. Cuando rememoraba las imágenes en mi cerebro se me revolvía el estómago», explica el inspector jefe de la BIT. «En una de mis intervenciones aproveché para ponerles las imágenes. Les conté las dificultades que teníamos, la frustración de no encontrar ninguna pista. Cuando llegamos a la parte en la que suena el politono del móvil del agresor, uno de los agentes levantó el brazo. Su cara era de sorpresa.

—Ese es el himno de Perú —me dijo.

—¿De Perú? —le contesté extrañado.

—Lo conocemos muy bien, se lo aseguro —respondió con una sonrisa amplia y una expresión de comprensión.

«¿Podía ser tan fácil? ¿De verdad? Lo habíamos tenido ante nuestras narices todo el tiempo. Al día siguiente regresé a Madrid. Nada más aterrizar expliqué a todo el equipo lo que había descubierto en Perú. Aquello acotaba mucho la búsqueda. Ya no había que comparar diez mil Christians con el pantallazo del vídeo que teníamos del agresor. Era un Christian de Perú. Volvemos a la base de datos de Extranjería». Un Christian de Perú que, además, tenía una marca muy específica en la parte izquierda del cuello: un lunar grande, tal como se podía apreciar en las imágenes que él mismo se grabó desnudo. «Al final nos quedamos con dos Christians. Los dos eran procedentes del Perú», añade Casas. «Había que descartar. Los dos se parecían bastante. Nos fuimos a ver al primer Christian. Le examinamos el cuello. No era él, así que nos centramos en nuestro sospechoso final: Christian Jesús Ossio Risco».

Los datos que obtuvieron de este Christian era que vivía en España desde hacía nueve años, que había venido con su madre y que hasta hacía muy poco había vivido en su casa. En esos momentos trabajaba de camarero en la cervecería Santa Isabel, en la calle del mismo nombre, paralela a la céntrica calle de Atocha. Antes había prestado sus servicios en una casa de alquiler de coches y había trabajado para una empresa de cámara oculta. «Era un tipo al que le gustaba vivir a lo grande. Había tenido un descapotable y le gustaban las cosas caras; se gastaba todo lo que tenía cuando lo tenía», dice Casas. Christian Ossio, pudieron establecer, había nacido en Lima en 1978. Su familia era de la comarca de Huaral, una población al norte de Lima, la capital del país. Esta circunstancia dio pie a que la investigación fuera bautizada con el nombre de Operación Huaralino.

El sospechoso fue puesto bajo vigilancia a lo largo de varios días. «Sí, nos cercioramos previamente. Tenía el lunar en el cuello. Era nuestro», explica Casas. Su teléfono móvil fue intervenido, pero no condujo a ninguna pista nueva. Ossio no era un trabajador ni ejemplar ni constante. Durante el periodo de prueba, en el que se hallaba, ya había faltado varias veces al trabajo esgrimiendo diferentes justificaciones. No ponía el alma en lo que hacía, por lo menos en ese trabajo en concreto.

Los agentes de la BIT planificaron la detención para la noche del 12 al 13 de marzo de 2007. Ossio trabajaba aquel día. Aseguraron el entorno exterior. Luis García Pascual y Eduardo Casas entraron en el local a última hora de la noche y se sentaron a una mesa como dos clientes más para consumir unas tapas y unas bebidas. Les sirvió el propio Christian Ossio. «Es sorprendente lo normales que podemos parecer en situaciones cotidianas como esa. Ahí estaba Christian Ossio. Lo habíamos visto diez mil veces en sus siete vídeos abusando de una menor, haciéndole daño, golpeándola. Era él, sin duda y, sin embargo, aquella normalidad hacía que pudiera parecer hasta inocente. Éramos conscientes de que era un espejismo», dice García Pascual. «Esperamos a que terminara su jornada laboral, sobre las 2.00 del 13 de marzo, y lo detuvimos. No opuso ninguna resistencia».

El pedófilo Christian Jesús Ossio Risco fue trasladado de inmediato a las dependencias para detenidos del complejo policial de Canillas, donde la BIT tiene su sede, con el objetivo de ser interrogado. «Ossio no soltó prenda. El inspector jefe lo interrogó a fondo, como sabe hacer él. Es muy persuasivo, muy eficaz. Después de dos horas nos dimos cuenta de que no iba a decir nada», indica Casas. «Era un tiempo perdido. En su cartera encontramos una foto de la niña vestida de traje de comunión. ¡Era la niña del vídeo! Le preguntamos quién era y nos contestó que no la conocía, que no era nadie, que era una foto que había visto en Internet y que la había impreso porque le gustaba mucho. Ossio era una persona fría, mentirosa, manipuladora y muy cerebral. No dijo nada que no supiéramos ya. Él no habló, pero la agenda telefónica de su móvil, ¡a gritos! Allí encontramos el número de teléfono móvil de la niña, cuyo nombre conocíamos muy bien porque Ossio la había nombrado varias veces en los vídeos. También estaba el de la madre de la niña».

Los agentes de la BIT llevaron a cabo sendos registros judiciales tanto de la casa en la que vivía en esos momentos, como en la de la madre, donde había habitado hasta hacía poco tiempo. En ese piso identificaron el escenario de algunas de las grabaciones que aparecían en los vídeos y todo el archivo pedófilo que atesoraba: fotos pornográficas de menores y vídeos de la misma naturaleza que estaba compartiendo con otros desviados como él. La niña y su madre fueron citadas aquella misma tarde en Canillas.

La madre no sabía nada

«¿Que cómo le dices a una madre que su niña del alma ha sido sistemáticamente violada por el que creía un amigo personal durante siete años? Normalmente no se lo creen hasta que les mostramos las imágenes. Se derrumban. El mundo se les hace pedazos. Es comprensible», cuenta el inspector jefe García Pascual.

La madre era una admirable trabajadora que para sacar adelante a sus cuatro hijos había tenido que partirse el espinazo trabajando en el sector de la restauración, y eso le robaba la mayor parte de su tiempo. Hasta ese momento había estado muy agradecida a Christian Ossio por lo bien que había cuidado a su niña, por los detalles que había tenido con ella y por la tranquilidad que le había dado porque la había dejado «en buenas manos». Cuando supo la verdad, la mujer se quedó hecha añicos.

La niña, ya una adolescente de quince años, explicó a los policías, y delante de su madre, cómo había sido la naturaleza de su relación con Ossio. «Christian me sedujo cuando tenía ocho años. Me ofrecía dinero, regalos y hacer viajes si tenía sexo con él… con penetración. Me decía que no dijera nada en casa y que si lo hacía ya no me iba a comprar nada más. “No se lo digas a nadie”, me repetía. Me lo presentó la mamá de una amiga mía. Una vez me fui de viaje con Christian a Chiclana [de la Frontera, Cádiz]. Tenía once o doce años. Yo no quería tener relaciones con él. Christian me forzó. Me sujetó las manos y me pegó con la correa del cinturón. Pasé mucho miedo. Yo lloraba mucho y le decía que no, que no, pero Christian no me hizo caso. Mientras me sujetaba… me penetró».

—¿Cuándo grabó Christian todo por primera vez?

—Una vez que estaba en casa. Me recogió con el coche y me llevó a una oficina fuera de Madrid, donde alquilaban coches. No había nadie. Allí fue.

—¿Tú sabías que él grababa todo?

—Hasta que cumplí diez años. Después ya no. Me decía que lo quería como recuerdo y yo no volví a preguntar. Yo no quería que grabara.

—¿Cómo lo grababa? ¿Con una cámara grande?

—No, con una camarita de esas que se ponen en los portátiles.

La niña siguió relatando cómo Christian Ossio había vencido su resistencia de niña pequeña para apoderarse de su inocencia y disfrutar de su cuerpo.

—Christian me compró una bicicleta, muñecas… Me daba dinero. Me llevaba de viaje. Fuimos una vez a Palma sin que mi mamá se enterara. También me regaló este móvil —dijo mostrándolo en su mano.

—¿Te dejaba hacer cosas de mayores? ¿Te ofreció droga?

—No, pero sí me dejaba beber alcohol. Una vez en Chiclana tomé whisky con Coca-Cola —respondió con una sonrisa—. Él no quiere que tome drogas.

—¿Siempre que fuiste de viaje con Christian mantuvo relaciones sexuales contigo?

—Sí, siempre.

La madre pudo atestiguar que había dejado marcharse a su hija con Christian cuatro veranos. En 2001, 2002 y 2003 a Chiclana, cuando la niña tenía nueve, diez y once años. Y en 2005 a Gandía, Valencia, con trece años.

Christian también mantuvo relaciones sexuales con la niña en la casa familiar de esta, bajo el manto de confianza que le había dado la madre. «A veces estaban mis hermanos, andaban por la casa. No estaban presentes», contó la niña. El pederasta Christian Ossio ya mostraba cierto recelo unas semanas antes de su detención, según contó la ya adolescente.

—Hace dos meses me dijo que había dejado los vídeos que habíamos grabado a un amigo de Perú y que los había puesto en Internet, pero no me contó nada más.

—¿Y te hizo alguna advertencia?

—Me dijo que si algún día se descubría algo, que negara todo y me dijo que dijera que la que aparecía en el vídeo no era yo, ni él tampoco. Porque si no, se iba a meter en un problema.

La madre relató que hasta ese momento no había sospechado nada. La imagen de Christian, su amigo, su benefactor, el que se preocupaba por conseguirle trabajos, saltó por los aires del pedestal en el que lo había colocado. Una de las personas en las que más había confiado en su vida era un ladrón de inocencias, un agresor sexual de menores, un violador. Así lo calificó el Ministerio Fiscal.

En el registro que hicieron al domicilio personal de Christian, la BIT intervino, además del portátil, una torre de ordenador en la que hallaron tres carpetas con más de seis mil fotos de menores de ambos sexos manteniendo relaciones sexuales entre ellos y con adultos. A través de la red P2P E-Donkey 2000 se estaba descargando y compartiendo con otros usuarios ficheros de contenido pornográfico, de menores de trece años, realizando prácticas sexuales entre sí o con mayores de edad. Justo en el momento en que fue detenido compartía treinta y ocho vídeos de contenido pornográfico infantil, entre los que se encontraban los del abuso a la niña, en el que él era el principal protagonista.

De acuerdo con el informe de los psicólogos que estudiaron a la niña y que depusieron ante el tribunal, esta presentaba «elevados niveles de inadaptación en las esferas personales, social y escolar, así como una destacada vulnerabilidad frente a nuevas experiencias abusivas». En suma, la destrozó emocionalmente y quedará marcada para el resto de su vida.

La Operación Huaralino tuvo serias consecuencias para veintitrés personas que se habían descargado los vídeos de Ossio manteniendo relaciones sexuales con la hija de su amiga. Dos personas fueron detenidas en Alicante, una en Badajoz, otra en Córdoba, dos más en San Sebastián, una en Tenerife, dos en Baleares, cinco en Madrid, una en Arganda del Rey, una en Leganés, una en Sevilla, una en Valencia, una en Gerona, una en Tarrasa y una en Tarragona, todas acusadas de delitos de pornografía infantil.

El éxito de la captura del pederasta peruano Christian Jesús Ossio Risco fue incontestable. Se pasará los próximos trece años tras las rejas, después de lo cual podría optar al tercer grado si su conducta en prisión fuera la apropiada. ¿Y qué pasará después? ¿Existe alguna solución para la pederastia? «La pedofilia es lo que en psiquiatría se denomina como una parafilia, una conducta sexual recurrente interiorizada que está asociada a fantasías sexualmente excitantes o a poderosos deseos sexuales», explica el doctor en psiquiatría José Miguel Gaona. «Son parafilias el exhibicionismo, el fetichismo, el froteurismo, el masoquismo, el sadismo, el fetichismo travestí, el voyeurismo o la pedofilia. La pedofilia es la atracción sexual que siente un adulto hacia niños que no han alcanzado la pubertad, o sea, menores de trece años. Es la parafilia más común. Cuando el pedófilo pasa de la fantasía a la realidad se convierte en un abusador sexual de menores o pederasta. ¿Tienen algún remedio, alguna solución, los pederastas? Se ha intentado, pero no. Como se suele decir en Iberoamérica, “el que nace chicharro muere cantando”. Es una forma de ser y ellos no consideran que lo que sienten sea malo; no se consideran ni enfermos ni anormales. Los peores son los pederastas psicópatas, que disfrutan haciendo daño al menor mientras abusan de él. Pederastas como el belga Marc Dutroux, que fue condenado por raptar, abusar sexualmente, torturar y asesinar a seis niñas y jóvenes de entre ocho y diecinueve años entre 1995 y 1996. Esos son los tiburones blancos de la pederastia». Y continúa: «También hay que decir que no todos los pedófilos cruzan la línea roja que conduce a la pederastia. En nuestra sociedad hay muchos más pedófilos de este tipo del que nos pudiéramos imaginar, e incluyo en esto a las mujeres también, de las que no se habla».

De acuerdo con este prestigioso psiquiatra, «este tipo de relaciones por supuesto que influyen en el menor o la menor porque contribuyen a fijar su sexualidad. De eso no cabe la menor duda. Contribuyen a establecer sus marcadores sexuales, lo que ella va a encontrar excitante desde el punto de vista sexual cuando sea una persona adulta. Por eso es muy común encontrar, en los perfiles estudiados a los pederastas, que ellos fueron a su vez, en su día, niños abusados». «Uno de los problemas con que nos encontramos en estos casos son las profundas cicatrices que quedan en la psique del niño, cicatrices de culpa y angustia que aumentan exponencialmente por la gran importancia que los padres y los que le rodean le prestan a ese hecho. Eso les deja traumatizados para toda la vida». No existe, desde el punto de vista psiquiátrico, cura de ningún tipo para los pederastas. El que nace chicharro muere cantando.

20
Amistad y droga son incompatibles.
El doble crimen de Betanzos

Lofoscopia

María del Carmen Serantes, de treinta y ocho años, circulaba a poca velocidad por la carretera comarcal AC-3503, que une la parroquia de Cobas con Mandía, en la provincia de La Coruña, cuando su hijo de corta edad vio a lo lejos, en un vertedero ilegal de basuras, lo que parecía una bicicleta. «¡Mamá, para! ¡Mamá, para! He visto una bicicleta. ¡Para! ¡Para!». La mujer redujo la velocidad y paró el vehículo pocos metros más adelante. Miró su reloj de muñeca. Marcaban las 18.15 horas del 8 de septiembre de 2008. Tenían tiempo suficiente.

El niño bajó del coche y corrió hasta el lugar para tomar posesión de su tesoro. Pero su gozo se transformó en un pozo. Lo que había visto no era una bicicleta, sino un cochecito de bebé. María del Carmen se unió a él pocos segundos después. Sí, era un cochecito de bebé. ¡Qué pena! Observó que junto al cochecito había un bidón metálico de color rojo con las letras «CEPSA» y el logotipo de la petrolera en blanco. Un bidón de ciento ochenta y cinco litros de capacidad que le llegaba por encima de la cintura. El contenedor no tenía tapa alguna, lo que le llamó la atención. Se asomó a su interior. Había una gran cantidad de bolsas de plástico nuevas cubriendo algo. Qué raro. Instintivamente, llamada por la curiosidad, tomó una de las bolsas, la que tenía más cerca. Tapaba un objeto. Miró. Mari Carmen soltó un grito de terror. Al mismo tiempo que soltaba el plástico, abrazó a su niño. Presa de un ataque de nervios, marcó en su móvil el teléfono de la Policía Nacional. Casi no podía articular palabra. «Me llamo Mari Carmen Serantes y acabo de encontrarme con un pie humano dentro de un bidón».

Apenas 20 minutos después una patrulla de la Policía Nacional aseguraba el perímetro del vertedero ilegal, un claro entre la maleza y los árboles a la orilla de la mencionada carretera comarcal AC-3503. Tenía 30 metros cuadrados y se encontraba en pendiente. El suelo era de hierba, monte bajo y rocas. Había todo tipo de restos, incluyendo un colchón. La circulación continuó discurriendo con normalidad. Los conductores que transitaban por la carretera observaban con atención el despliegue policial, preguntándose qué estaba pasando allí. Solo los ocupantes de un vehículo, una furgoneta Mercedes Benz Vito CDI, conocían lo ocurrido y aquello les produjo un pavor y un pánico para el que no se habían preparado.

La inspección ocular comenzó casi dos horas después, con la presencia obligada del juez de guardia, Alejandro Morán, titular del Juzgado de Instrucción número 3 de El Ferrol, los hombres de la Brigada Local de Policía Científica y los de la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV). Esta unidad es la responsable de todos los asuntos que requieren investigación especializada, como homicidios, delincuencia económica, informática, delitos sexuales, estupefacientes, menores… El jefe de grupo de la UDEV, el inspector José Ramón Santiago, asumió la dirección de la investigación.

Santiago, de 184 centímetros de altura, moreno, de barba recortada con perilla, de complexión normal, es de esa clase de investigadores que, como Ángel Galán, Luis Muñoz o Ricardo Sánchez —este ya fuera del cuerpo—, persiguen cueste lo que cueste un único objetivo: conocer la verdad de cada caso. No la apariencia de verdad o la verdad a medias, sino la verdad sin matices, la verdad absoluta, esa que no permite albergar duda alguna, por nimia que sea, y que facilita dormir con la conciencia tranquila porque se tiene la certeza de que se han hecho las cosas bien. Disciplina, observación, ideas claras, constancia y perspicacia son características consustanciales a la personalidad del hoy inspector jefe Santiago, con veinticinco años de experiencia a sus espaldas, cosa que corroboran los que le conocen bien.

Todos los presentes en la inspección ocular intuían lo que se iba a encontrar en el bidón rojo y en los bultos que lo rodeaban. Los hombres de la Policía Científica, dirigidos por el subinspector Javier Seijas —un Gil Grissom de carne y hueso—, procedieron a procesar el lugar mediante el consabido reportaje fotográfico y la elaboración de un croquis conteniendo todos los objetos presentes, hasta llegar al bidón rojo. Allí seguía el pie asomado. Apartaron el resto de los plásticos y vieron que no era un solo pie, sino dos piernas de mujer que habían sido cortadas desde la ingle y que estaban enfundadas en sus perneras de un pantalón vaquero azul. Uno de los pies llevaba todavía una chancla morada con suelo azul.

Debajo de estas dos piernas encontraron otras dos, metidas en una bolsa de nailon de rayas azules, blancas y rojas. Estas piernas eran de un hombre y estaban igualmente cortadas por la ingle. Su propietario había vestido, en el momento de su muerte, unos vaqueros y calcetines blancos. El pie izquierdo todavía aparecía calzado con unas zapatillas de deporte de color negro.

Apoyado junto al bidón se encontraba el carrito de bebés, de color azul, marca Nurse. Junto a todo ello un edredón azul cubría un bulto envuelto en una bolsa de plástico negro. En su interior, enrollado a su vez en una alfombra de mimbre, apareció el cadáver de una mujer joven. Tenía las piernas amputadas y el resto del pantalón. Una maleta negra con bordes marrones, que estaba a pocos centímetros del resto, llamó la atención de los investigadores. En su interior encontraron el cadáver de un varón, con las piernas amputadas, envuelto en una bolsa de plástico de color negro.

Aquel no era el lugar del crimen, era evidente. Los dos cadáveres habían sido trasladados de esa forma por dos razones: la primera para hacer más fácil su traslado; la segunda para hacer más difícil su identificación. Lo incomprensible es que dentro del bidón habían ¿olvidado? el bolso de la mujer, con su DNI (era Claudia Alejandra Castelo Castro) y su tarjeta de la Seguridad Social.

—Joder, joder, ¿y ahora qué hacemos? —preguntó la mujer al hombre que conducía la Mercedes Vito—. Teníamos que haberlos quemado en el bidón, como habíamos pensado. Y teníamos que haberlos enterrado a continuación. —Miró la pala que habían comprado para tal fin—. No debíamos haberlos dejado ahí. ¿Cómo se ha podido enterar la pasma tan pronto? ¡Es imposible! ¡Si por aquí no pasa nadie!

—No lo sé. Esta no es una carretera muy transitada. No lo entiendo.

—Teníamos que haberlos enterrado esta mañana, cuando los trajimos. Nunca los habrían encontrado —respondió con tono de desesperación.

—No te preocupes, saldremos de esta. Tenemos que marcharnos lejos, muy lejos. No nos encontrarán.

—¿Y qué haremos? ¿Cómo viviremos?

—Yo cuidaré de ti y del bebé —le contestó el hombre, concentrándose en la conducción. Ella miró a su bebé de once meses, al que llevaba en brazos, lo besó y descansó su cráneo en el reposacabezas de su asiento.

Los agentes de la Brigada Local de Policía Científica trasladaron aquella noche parte de los objetos a la sede policial, en El Ferrol, para procesarlos, incluyendo el bidón rojo, la maleta y la totalidad de los restos que consideraron relevantes. En una bolsa grande de El Corte Inglés encontraron una bayeta blanca y roja, una bolsa de estropajo vacía, una cuchara con restos de yogur, dos envases de yogures, cinco guantes de látex blancos, un estropajo, un estropajo-esponja, una botella de agua Solán de Cabras vacía, dos cuchillos y otro cuchillo más grande, ensangrentado. Al día siguiente continuarían con la inspección ocultar. Quedaba mucho trabajo por delante.

Los dos cadáveres fueron trasladados a la sala de necropsias del hospital Arquitecto Marcide, para llevar a cabo la autopsia y hacer un cálculo de la muerte: alrededor de setenta y dos horas. Uno de los agentes de la Policía Científica tomó la necrorreseña a ambos cuerpos y regresó a la sede de la brigada. Sería cuestión de minutos saber su identidad.

Los datos del DNI encontrado durante la inspección ocular y las huellas dactilares del cadáver de la mujer permitieron la identificación completa: Claudia, de veinticinco años, nacida en Buenos Aires, con domicilio en Sada, un pueblo costero de la ría de Betanzos, a 20 kilómetros de La Coruña, cuyos principales ingresos proceden de la pesca y el turismo.

La necrorreseña del hombre fue introducida en el Servicio Automático de Identificación Dactilar. El resultado fue: José Manuel Gómez Rodrigo, de treinta y siete años, nacido en París, con domicilio igualmente en Sada, pero en diferente dirección. Gómez Rodrigo tenía antecedentes. Había sido condenado en el año 2000 por un delito contra la salud pública, pero ya había cumplido con la sociedad y estaba limpio.

Justo cuando moría el 8 de septiembre y nacía el nuevo día, a las 00.00 horas en punto, el inspector Santiago recibió una llamada del subinspector Seijas comunicándole la identidad de los dos cadáveres y sus respectivas direcciones.

—¿Y lo del bidón que me habíais contado? ¿Para cuándo?

—Estamos en ello, José. Danos un poco de tiempo —contestó Seijas.

—Vale.

Notificar a una persona que un familiar allegado, un esposo, un hijo, un padre, ha fallecido, y sobre todo que ha sido asesinado, es uno de los momentos más desagradables e incómodos a los que debe enfrentarse un agente de la autoridad. Y más a avanzadas horas de la noche, como era el caso. Lo primero que aflora es el estupor, la incredulidad, luego el dolor. Y entre ese dolor, con mucho tacto, hay que saber indagar en busca de alguna pista válida.

Vivina Castro, la madre de Claudia, rompió a llorar. Hacía diez años que habían regresado de Argentina sus tres hijas, su marido y ella, cuando la economía de aquel país comenzó a pintar bastos. Allí había nacido Claudia. En España finalmente habían encontrado lo más parecido a la felicidad.

—Claudia es un sol, muy trabajadora. Pero ya no vive con nosotros. Vive con su novio, con José Manuel, en Betanzos, y trabaja en una cafetería que está muy cerca de su casa. Cafetería Europa, me parece que se llama —le contó al investigador.

—¿Desde cuándo viven juntos?

—Desde hace un año.

—¿Qué tal de buen chico es José Manuel?

—A mí me parece bueno. Mi Claudia lo quiere mucho. Trabaja de mantenimiento en una empresa. Por eso se compró la furgoneta. Tuvo problemas con la droga hace tiempo. Ya no. Mi hija le ha ayudado mucho. Es muy buena.

Los padres de José Manuel también habían sido emigrantes, en París, donde había nacido el joven. Su progenitor, Santiago Gómez, no podía dar crédito a lo sucedido. Sí, era cierto que su hijo había tenido problemas con las drogas, pero ya estaba rehabilitado. Trabajaba con él. Lo sabía. Estaba muy agradecido a Claudia porque había sabido encauzarle por el camino del bien. Su paso por Proyecto Hombre había contribuido a que viera la luz. También había ayudado que su hija le había cedido, para su uso, un piso en Betanzos, en la calle de Rosalía de Castro. Era un quinto piso, pero tenía ascensor. Todos los esfuerzos no eran suficientes para que José Manuel consiguiera centrarse, tener una familia, responsabilidades, ser una persona normal, libre de la droga

¿Quién? ¿Por qué? ¿¡Descuartizado!? Eran preguntas que el inspector Santiago no estaba en condiciones de responder todavía. Hasta exactamente las 3.50 de esa madrugada, cuando saltó su teléfono móvil. Era Seijas, que se había quedado por la noche procesando la huella, sabedor de la importancia que tenía la identificación del autor.

—Tenemos un positivo.

—¿La huella del bidón de aceite?

—Sí. Podría escribir un artículo sobre el procedimiento. Es lo más difícil que hemos hecho hasta ahora en la brigada —le dijo Seijas.

—¿Me lo vas a decir?

—El SAID dice que pertenece a Manuel Antonio Prado Riveiro, de treinta y dos años. En 1999 fue condenado a nueve años de prisión por un delito de asesinato. Mató a cuchilladas a un taxista en Ordes, ya sabes, a 15 kilómetros de Santiago. No le cayó más porque era su primer delito y se le aplicaron las atenuantes de drogadicción y de arrepentimiento espontáneo.

—Y me apuesto a que Prado Riveiro conduce, en estos momentos, la furgoneta del fallecido —contestó el jefe de la investigación.

En pocos minutos se comunicó una orden de búsqueda y captura de Prado Riveiro y de localización de la furgoneta Mercedes Vito. El investigador reflexionó unos segundos sobre las grandes aportaciones de la ciencia a la investigación criminal en los últimos veinte años. Aunque de poco valdrían sin una inteligencia detrás, como la de Seijas. Un auténtico crack.

Mientras esto ocurría, Manuel Prado Riveiro llegaba a Ribadeo, Lugo, en el extremo norte de Galicia, junto con su compañera, Adriana Amenedo Carreira, de veintiséis años, seis menor que él. La distancia que separaba El Ferrol de Ribadeo era solo de 126 kilómetros, pero Prado Riveiro había preferido ir por carreteras secundarias. Aparcó a las afueras, en una zona de aparcamiento libre.

Manuel Prado Riveiro y Adriana Amenedo era politoxicómanos. Consumían chinos de heroína y un gramo de cocaína al día cada uno. Pero con lo que tenían, que era nada, no les daba, y cada vez necesitaban consumir más. Se habían conocido en la cárcel de Teixeiro-Curtis, en La Coruña, cuando Adriana, una chica morena, muy atractiva, cumplía prisión preventiva por un atraco a una farmacia acaecido en abril de 2006. En prisión Manuel fue un interno ejemplar desde su ingreso en 1999. Era el encargado de la biblioteca de la cárcel. En ese entorno consiguió terminar tercero de Derecho por la Universidad Nacional de Educación a Distancia y poseía un conocimiento perfecto y actualizado de la legislación penitenciaria, lo que benefició los intereses de Adriana. Prado Riveiro, un hombre de carencias afectivas muy grandes, se enamoró de Adriana y cuando salieron se fueron a vivir juntos a finales de 2006.

De esa época carcelaria databa la relación de Manuel Prado Riveiro con José Manuel Gómez, que también se encontraba cumpliendo condena. José Manuel, Pachá —un mote que adquirió por la hamburguesería que durante mucho tiempo regentaron sus padres— era muy dicharachero, alto y de complexión delgada. Un tipo con don de gentes. Cuando cumplió sus compromisos con la sociedad y volvió a ver la libertad, los dos perdieron el contacto, hasta que volvieron a encontrarse en Betanzos.

El inspector Santiago no sabía de la existencia de Adriana Amenedo hasta la llamada que recibió en la UDEV a las 5.55 de la madrugada de ese 9 de septiembre.

—Tenemos la furgoneta que están buscando. Una patrulla se la encontró aparcada y con una puerta lateral abierta hace 45 minutos. Cuando fuimos a identificar a los ocupantes, el hombre que estaba al volante salió corriendo. En el vehículo ha quedado una mujer con un bebé. Está colocada. Dice llamarse Adriana Amenedo Carreira. Le hemos preguntado por la identidad del hombre y nos ha contado que se llama Manuel Antonio Prado Riveiro y que ha huido porque se estaba fumando un chino de heroína, y que es su pareja sentimental.

—¿Han comprobado los papeles del vehículo?

—Sí, están a nombre de Juan Manuel Gómez Rodrigo.

—Muy bien. La persona que ha huido es muy peligrosa. Les enviamos toda la información. Distribúyanla entre sus unidades para localizarlo y detenerlo, por favor. Aseguren el vehículo. En este preciso momento salimos para allá.

A las 9.00 horas, seis agentes de la UDEV y de la Brigada Local de Policía Científica llegaron, en dos coches, al cuartel de la Guardia Civil de Ribadeo, que se encuentra muy cerca del puerto. Observaron que la furgoneta estaba aparcada en las dependencias, debidamente cerrada y precintada.

«La mujer estaba completamente colocada de fumar chinos y chutarse heroína», recuerda el inspector Santiago. «En el interior de la furgoneta encontramos una jeringuilla con abundantes restos de sangre de haber bombeado el contenido directamente a la vena». El bebé tenía un aspecto deplorable. Estaba inquieto y con los pañales sucios. Santiago le dio dinero de su bolsillo a uno de sus hombres y le envió a la farmacia más cercana para que comprara un biberón, leche, papilla, pañales limpios y toallitas húmedas para alimentar y limpiar al crío.

Adriana Amenedo seguía más en el otro mundo que en este, el calabozo de la Guardia Civil, por lo que mientras tanto procedieron a realizar la inspección ocular al vehículo. Al abrirlo, su interior les agredió con una ola de olor putrefacto y hediondo. Los tres que estaban más cerca de la puerta instintivamente se llevaron la mano a la nariz para protegerse, pero ya era tarde. El hedor a muerte los recibía por sorpresa. No hacía falta hacer muchas pruebas para establecer que ese había sido el vehículo en que habían sido transportados los dos cadáveres. Al haber sido cortados en dos, y no haber sido impermeabilizados, el líquido orgánico que desprendían ambos cadáveres caló la maleta de lona y la alfombra y descendió al suelo de la furgoneta.

Poco después, con la furgoneta en una grúa, y con la detenida y su bebé a bordo de un vehículo policial, se inició el regreso a El Ferrol con la misión de descubrir por qué habían matado a los dos jóvenes. El misterio, a esas alturas, era saber quién era esa mujer y qué papel había desempeñado en el crimen. No resultó difícil conocer su vida. Había nacido en Tineo, Asturias. Su padre, Guillermo Amenedo, había sido minero. Estaba jubilado. La madre era ama de casa. Adriana tenía, además del bebé, otro hijo, de cinco años, que le estaban criando sus padres. Eran buena gente, trabajadora. Lo mismo que los padres de Prado Riveiro. Les ayudaron mucho cuando Manuel salió de la cárcel en mayo de 2008 y decidieron unir sus vidas. Su padre, Manuel, no solo les dio trabajo en el restaurante familiar que regenta en Carnota, una pequeña población de la Costa da Morte, sino que les facilitó una vivienda. Les dio una segunda oportunidad para empezar de nuevo en bandeja de plata.

No funcionó. Estaban muy enganchados. Sustraían el dinero de la caja para pagarse la droga. La red de ayuda familiar se rompió definitivamente. Al final tuvieron que dejar Carnota y se trasladaron a vivir a Betanzos, a un piso que les cedieron los padres de Adriana. Por esa época Adriana consiguió trabajo en la gasolinera de Coirós, municipio limítrofe con Betanzos. Tampoco duró mucho. Apenas dos meses. Los dueños descubrieron que robaba dinero de la recaudación y la despidieron de forma fulminante. Además la denunciaron ante la Guardia Civil por una falta de hurto nueve días antes, el 31 de agosto. El día que se cometieron los asesinatos estaba citada en el cuartelillo de la Benemérita de Betanzos para prestar declaración en la fase de instrucción de diligencias policiales, que se encontraban abiertas.

No disponían tampoco de ninguna tarjeta de crédito. Utilizando una nómina a nombre de Adriana Amenedo, pues la habían asegurado durante su estancia en Carnota como empleada del restaurante, solicitaron a los bancos tarjetas de crédito y se montaron un entramado de estafas para seguir comprando droga, hasta que todo se descubrió y fueron incluidos en un registro de morosos.

Conclusión: a esas alturas de la historia los dos estaban con una mano delante y otra detrás, con una pequeña cantidad de dinero que les pasaban los padres de Manuel, ningún tipo de ingreso adicional y con la necesidad de procurarse sus dosis de droga diaria para el bienestar de ambos. Y en ese escenario, ¿cómo conectaron Manuel Antonio Prado Riveiro y José Manuel Gómez Rodrigo? ¿Qué es lo que les vuelve a unir en esta nueva fase de sus vidas? Respuesta: la casualidad. O la fatalidad.

Los hombres de la UDEV averiguaron un hecho crucial: Prado Riveiro y Gómez Rodrigo vivían en Betanzos apenas a 230 metros de distancia, o 3 minutos a pie. El primero en la calle del Pintor Seijo, en un cuarto piso, y el segundo en la calle de Rosalía de Castro, un quinto piso. Tras su encuentro, los amigos, era inevitable, retomaron la antigua relación contra la voluntad de Claudia, que había encontrado trabajo en la Cafetería Europa, a 250 metros de su domicilio. A la joven no le gustaban ni Prado Riveiro ni su compañera Adriana. Los veía como una influencia nefasta para José Manuel. Y no se equivocaba.

El interrogatorio a la mujer comenzó a las 13.00 horas del 9 de septiembre. Una hora antes el jefe de la investigación había recibido una llamada de la Guardia Civil de Ribadeo. Habían detenido a Manuel Prado Riveiro en un control de carretera cuando iba en el interior de un taxi que se dirigía a El Ferrol. Al parecer estaba colocado y muy deteriorado. Era diabético y necesitaba inyectarse insulina, cosa que había descuidado. En el momento de la detención llevaba encima trescientos euros y unas chinas de hachís. Prado Rivero fue trasladado a El Ferrol de inmediato.

—Sí, Manuel conocía a Pachá de prisión. A veces quedábamos para tomar café, aunque el motivo real era para acordar quién compraba la droga para los tres. La comprábamos en Catabois, el poblado gitano que está detrás del cementerio municipal de El Ferrol —explicó Adriana en su primer interrogatorio.

—¿José Manuel Gómez había vuelto a la droga?

—Sí —afirmó con seguridad la mujer.

Ninguno de los presentes había dormido en las últimas veinticuatro horas. La mayoría llevaba cuarenta horas ininterrumpidas de actividad. La mujer fue espabilada con café y refrescos de cola. Todavía no había entrado en la fase del mono.

—¿Quién o quiénes mataron a José Manuel y a Claudia?

—Yo me enteré por la noche, cuando Manuel me llevó al piso de José Manuel y Claudia. Abrió la puerta con unas llaves que sacó de un bolsillo. En la entrada, en posición mahometana, estaba el cadáver de José Manuel. Y en la entrada de la cocina, tumbado boca arriba, el de Claudia. Manuel me pidió que le ayudara a trocearlos para poderlos transportar, pero le dije que yo no podía hacerlo. No podía.

—Pero le ayudaste a algo, ¿verdad?

—Le ayudé a arrastrarlos a una habitación. Allí los pusimos sobre unos estores de mimbre y Manuel se encargó del resto… Decía que cortándolos podríamos moverlos más fácilmente.

—¿Cuándo los troceasteis?

—Al día siguiente…

—Sábado.

—Sábado, sí, lo hicimos. Pero antes fuimos a Ferrol a pillar [comprar droga]. Luego compramos un machete de carnicero y unos cuchillos para cortar los cuerpos. Manuel los necesitaba.

—¿Fue él quien los descuartizó?

—Sí, fue él… Yo no tuve nada que ver ni en las muertes ni en lo de descuartizarlos.

—El lunes por la mañana os deshicisteis de los dos cadáveres. ¿Por qué en ese lugar? ¿Por qué de esa forma?

—Después de bajarlos a la furgoneta estábamos un poco colgados y fuimos a pillar.

—¿Fuisteis a pillar con los cadáveres en la furgoneta?

—Sí.

—¿Y tu bebé?

—Sí, conmigo.

—¿Por qué elegisteis ese sitio para deshaceros de los cadáveres?

—No sé. Llegamos ahí por azar. Habíamos encontrado el bidón de aceite y lo subimos a la furgoneta. Buscábamos un lugar apartado para dejarlos. Encontramos ese sitio. Había un colchón tirado, parecía un vertedero. Nos pareció bien. Bajamos todo. Metimos las piernas en el bidón. Nos dimos cuenta de que no teníamos una pala para nuestro plan. Queríamos quemarlo todo y enterrarlo después.

—¿Qué hora era?

—Sobre las cinco de la tarde.

—Fuisteis a buscar una pala…

—Bajamos a El Ferrol a comprar una pala. Cuando volvimos había dos coches de policía ya allí. Seguimos de largo, hacia Ribadeo. Yo solo participé en el traslado de los cuerpos porque me lo pidió Manuel.

El interrogatorio, aunque fue mucho más extenso, no dio más de sí. Adriana, con la lección bien aprendida, repetía una y otra vez que ella no había hecho nada, que había sido Manuel. Él tenía toda la culpa.

—¿Por qué lo hizo? ¿Por qué los mató?

—Tuvieron una discusión por un coche…

Cinco horas después, tras interrogar también a Manuel, los investigadores de la UDEV tenían muy claro que los dos habían previsto esta contingencia: la de la detención, y lo que dirían también. Su versión oficial era que se trataba de dos crímenes cometidos por un yonki que buscaba conseguir droga para él y para su chica, porque tenían el mono. Y que cuando se está en esa situación se hace cualquier cosa. Formaba parte también de la estrategia legal, ya que una de las atenuantes que contempla la ley es la de drogadicción. Empujado por el síndrome de abstinencia, Manuel mató a la pareja y se apoderó de 1.000 euros que tenían en la casa y otros aparatos electrónicos. De esos euros se gastaron 700 en apenas cuarenta y ocho horas. Cuando detuvieron al sospechoso llevaba encima restos de papel de plata, jeringuillas usadas y unas chinas de hachís.

«Fui a casa de Pachá para arreglar el tema de un Ford Focus que le había vendido a José Manuel», comenzó explicando a los investigadores. El 23 de julio Manuel Prado Riveiro había recibido 500 euros en concepto de señal por el vehículo, que habían valorado en cuatro mil. La operación presentaba un problema. El vehículo estaba a nombre de una sociedad, Carromero S. L., de la localidad de Cee, en La Coruña. Manuel debía realizar todos los trámites para ponerlo a su nombre, primero, y después hacer la transferencia a nombre de José Manuel. Pero hasta que los papeles no estuvieran bien, Manuel seguiría utilizando el vehículo que, por otra parte, presentaba el problema del gran número de multas impagadas que obligatoriamente debería abonar antes del cambio de titular.

A la pareja de hecho de José Manuel, Claudia, no le pareció bien el acuerdo y mantuvo una fuerte discusión, días atrás, con los dos hombres. A eso se unió el hecho de que el coche sufrió una avería. Como no tenía dinero para arreglarlo, explicó Prado Riveiro, decidió ir al domicilio de su amigo para devolverle 250 euros y cancelar la compra-venta del vehículo.

—Sí, sí, Claudia estaba en casa el viernes. Llegué a su casa sobre las 14.00 horas. Le conté a José Manuel la situación y me ofrecí a pagarle la mitad del dinero de la señal. Claudia se cabreó muchísimo conmigo. Le dijo a Pachá que yo le estaba tomando el pelo. Estando en esas, se marchó.

—¿Y vosotros cómo quedasteis?

—Discutiendo a gritos. En un momento perdí los estribos, cogí un martillo que había en una habitación y golpeé a Pachá en la cabeza. Luego tomé un cuchillo de la cocina y le apuñalé. El cadáver quedó en el suelo, tras la puerta de entrada a la casa, en el salón de estar.

Según explicó en ese primer interrogatorio, pasó un buen rato en la casa. Se supone que buscando los 1.000 euros que luego utilizó para comprar droga, y objetos de valor para vender cuando se les hubiera acabado el dinero. Luego bajó a la calle y desde una cabina llamó a Adriana para decirle que bajase hasta la cafetería Europa y comprobase que Claudia estaba trabajando. Como en ese momento no podía, fue él quien se acercó al lugar. Allí vio a Claudia cumpliendo con sus deberes laborales. Regresó a su casa y sobre las 19.00 horas volvió a salir a vigilar a la chica.

Seguro de que Claudia no había descubierto el cadáver, Manuel Prado Riveiro regresó al domicilio de sus amigos en torno a las 23.00, sirviéndose de las llaves de José Manuel. Cuando la chica volvió a su hogar, pasada la medianoche, Manuel le agredió por sorpresa con el mismo martillo que había utilizado horas antes contra José Manuel. Luego la remató asestándole múltiples puñaladas.

—Fue todo muy rápido. No duró ni 15 segundos —contó a la policía.

—¿Y después?

—Regresé a casa y, sin darle ninguna explicación, llevé a Adriana al piso de José Manuel y de Claudia para mostrarle lo que había sucedido. Adriana se puso muy nerviosa. Le pedí que me ayudara a limpiar el piso.

Al día siguiente Manuel Antonio le explicó a Adriana que era necesario cortarles las piernas para poderlos transportar. Ella le contestó que no podía hacerlo. Aun así, cuando nació el nuevo día le acompañó a comprar artículos de limpieza, lejía, guantes, trapos, fregona, un machete de carnicero y unos cuchillos para cortar carne… y a comprar droga. Él siempre le prometió que cuidaría de ella, y eso incluía lo que ella más necesitaba.

En los dos días que siguieron la pareja limpió a conciencia el lugar con lejía y otros productos de limpieza corrientes. Manuel se encargó de trocear ambos cadáveres. El lunes por la mañana metieron el tronco del cadáver de José Manuel en la maleta marrón y el de Claudia en una alfombra de mimbre. Para transportarla, porque era el que más pesaba de los dos, se sirvieron de un cochecito de bebé que Manuel había cogido del trastero de los padres de Adriana. El mismo cochecito cuyas ruedas atrajeron la atención del niño cuando iba con su madre en el vehículo familiar. En otras bolsas metieron los dos pares de piernas. El transporte lo hicieron a plena luz del día, a las 12.00 horas en punto, haciendo uso del ascensor, con toda la normalidad del mundo. Incluso se cruzaron con algún vecino, que no apreció nada extraño. Subieron los paquetes en la Mercedes y pusieron rumbo al poblado gitano de El Ferrol, donde adquirían la droga. Por la tarde, una vez «repuestos», buscaron un lugar para deshacerse de los restos de los que habían sido sus amigos hasta setenta y dos horas antes.

Casi sin solución de continuidad, el inspector José Ramón Santiago y sus hombres, acompañados de la Policía Científica —autorizados por la juez Nuria Fachal, titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Betanzos, que había asumido la competencia de la investigación del caso—, llevaron a cabo la entrada y registro en el piso donde habían tenido lugar los hechos. Como es preceptivo, acompañados de los dos sospechosos, Manuel Prado Riveiro y Adriana Amenedo Carreira, y sus abogados defensores. Cumpliendo los mismos requisitos legales registraron también el piso de la calle del Pintor Seijo Rubio, en el cual vivían Manuel, Adriana y su bebé.

Habían limpiado la casa a conciencia, pero olvidaron deshacerse de la fregona y de vaciar la aspiradora. Los de la Policía Científica pudieron reconstruir los dos crímenes al milímetro; corroboraron incluso el trayecto recorrido y los lugares en los que habían quedado los dos cadáveres. El de José Manuel en posición «mahometana» en la entrada, como había revelado Adriana en su declaración, y el de Claudia en la entrada de la cocina, tumbado boca arriba.

Aquello tenía todos los visos de ser un caso cerrado. Una medalla merecida en el historial de la UDEV de El Ferrol. En apenas veinticuatro horas habían resuelto un doble crimen que se había convertido en titulares en las televisiones, radios y periódicos de toda España. Manuel Prado Riveiro había confesado. Las pruebas de la Brigada Local de Policía Científica corroboraban su relato. Su pareja de hecho, Adriana Amenedo Carreira, había sido cómplice. Él se iba a «comer el marrón» y ella, con toda seguridad, vería la libertad más pronto que tarde. Los dos habían sido puestos a disposición judicial y de allí directos a la prisión de Teixeiro-Curtis. El caso, sin embargo, distaba mucho de estar resuelto.

Aquí no encajaba la navaja de Ockham, el principio desarrollado por el agustino británico William Ockham relativo a que la explicación más simple es siempre la más probable. Al jefe de la investigación, al inspector José Ramón Santiago, había algo que no le encajaba. No sabía qué, pero no encajaba.

El informe del médico forense resultó devastador por la imagen que proyectaba: José Manuel había recibido cuatro martillazos en la cabeza. Literalmente se la hundieron. Luego le dieron catorce cuchilladas, cuatro de ellas directas al corazón. Ese mismo martillo impactó sobre la cabeza de Claudia tres veces. Cayó al suelo y cuando se arrastraba en dirección a la cocina fue acuchillada cincuenta y siete veces.

No, no era un caso cerrado en absoluto. El investigador estudió a la pareja con detenimiento los catorce meses siguientes y los interrogó innumerables veces. Aquello no eran solo dos delitos de asesinato, en los que era competente el tribunal del jurado: el móvil principal había sido el robo de dinero, de objetos de valor, en el que era competente un tribunal profesional formado por tres jueces de la Audiencia Provincial de La Coruña, pero tenía que facilitar los indicios necesarios. La juez Fachal entendió que este era el enfoque correcto del caso.

El historial de Manuel Antonio Prado Riveiro mostraba el perfil de un joven que se había visto atrapado desde los dieciséis años en el mundo de la droga. Era un chaval con carencias afectivas evidentes. El 21 de febrero de 1999, con veintitrés años, había asesinado a un taxista, José María García Corral. Pasados 15 minutos de la media noche, cogió el taxi de José María en Santiago de Compostela y le pidió que le llevara hasta Ordes. Al llegar a este pueblo Prado Riveiro le pidió que le metiera por la calle de la Iglesia, una vía poco transitada y sin iluminación. Un lugar ideal para robar al taxista, máxime si se dispone, como era el caso, de un cuchillo con una hoja de 20 centímetros de longitud. El taxista se negó. El joven, en un ataque de ira, se lo clavó más de doce veces en el pecho, en el vientre y en el cráneo. Después tomó el monedero de la víctima, que contenía más de 20.000 pesetas (120 euros), y se esfumó.

Prado Riveiro no tenía antecedentes penales y, por lo tanto, el crimen habría quedado sin resolver si él mismo no se hubiera presentado dieciocho días más tarde ante la comisaría de policía de Santiago reconociendo ser el autor de los hechos. ¿Qué pasó para que decidiera entregarse? Una vez que cometió el homicidio se trasladó a casa de su hermana y al día siguiente viajó a León, donde ingresó en Reto, un centro de desintoxicación en el que había estado anteriormente. Cuando recuperó el control sobre sí mismo Prado Riveiro se dio cuenta de lo que había hecho. Su conciencia no le permitía estar tranquilo, así que varios días después llamó a su padre y a su hermana, Silvia, y les pidió que lo fuesen a buscar porque debía presentarse ante la policía. En Santiago, ante el agente que lo atendió, entregó unos folios manuscritos en los que narraba con todo detalle lo ocurrido y en los que reconocía su autoría, mostrando un profundo remordimiento. Su intención, escribió, no había sido matarlo. Se había enterado por la prensa de lo que había hecho. ¿Ocurriría lo mismo ahora?

El caso de Adriana Amenedo era diametralmente distinto. Su último paso por la cárcel, cuando conoció a Manuel, se produjo por un «palo» (atraco) fallido a una farmacia. Entonces mantenía una relación con un tal Ángel, que asumió toda la autoría, por lo que fue condenado por un delito de robo con violencia. A ella le cayó un año de condena. A sus veintiséis años Adriana era una mujer muy atractiva. Sabía utilizar sus atractivos naturales para conseguir todos sus antojos y asumía diversos papeles, en especial el de mujer desvalida que necesita que la protejan, la cuiden y la mantengan. ¿Podría haber tenido más implicación en el doble asesinato? Esa era la parte de la ecuación que había que aclarar.

En prisión Manuel Antonio Prado Riveiro vivió una reacción idéntica a la que le empujó a entregarse por el asesinato del taxista. A medida que se fue desintoxicando asumió la responsabilidad de lo que había hecho. «Debemos pedir perdón y hacer ver a la sociedad que no hemos sido nosotros los que hemos cometido los hechos, que han sido las drogas», llegó a decirle a Adriana en una de sus comunicaciones internas. En otra le contó que quería firmar una exclusiva con la revista Interviú y que con el dinero que obtuvieran crearían una fundación contra la drogadicción. La religión, y en especial el sacerdote de la cárcel, se convirtieron en su refugio en la búsqueda del perdón.

El problema, en ese proceso de arrepentimiento personal, es que Adriana no siguió el camino de Manuel. Ella siguió drogándose. Y para conseguir la droga hacía lo que fuese necesario, lo que empezó a generar celos en Manuel. Pasaron de querer decir la verdad para cumplir juntos los años que les echasen en una prisión de «esas a las que van matrimonios con los hijos, como la de Alcalá», a no poder verse, porque Adriana mantenía relaciones con otros, incluyendo a Ángel, su anterior pareja sentimental.

«Tienes que asumir la culpa, decir la verdad y pedir perdón. Reconcíliate con el mundo y con los perjudicados por las drogas. Y tienes que dejar las drogas», le escribió. Después de leer esas líneas, Adriana y Manuel se alejaron por completo. Hasta llegar a la ruptura, lo que sucedió cuando iban a ser trasladados a Asturias. En el último momento ella se negó a ir porque dijo sentirse amenazada por Manuel. A partir de entonces comenzó a escribirle acusándola de haberlo dejado tirado y la amenazaba con suicidarse. Fue el fin de la relación, el punto de no retorno. La verdad, apreció el inspector Santiago, comenzaba a aflorar, por fin.

El juicio empezó el 7 de junio de 2011 ante la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de La Coruña. Manuel Antonio Prado Riveiro, sentado apenas a un metro de distancia de su expareja de hecho, sorprendió primero a la familia del joven asesinado, a la que dirigió un gesto de perdón al entrar en la sala esposado, y después a todos los presentes, con sus palabras. Confesó abiertamente que los dos habían planeado el crimen para hacerse con el dinero que su amigo guardaba en su casa y que los dos se habían presentado en su domicilio con el falso pretexto de hablar del Ford Focus.

—Nosotros sabíamos desde el principio que si matábamos a Pachá tendríamos que matar también a Claudia —dijo, contestando a una de las preguntas del fiscal.

Ninguno de los presentes pasó por alto la utilización de la primera persona del plural: nosotros. Adriana y él. Con ello rompió la línea de declaración que había adoptado desde el minuto uno de su detención, autoinculpándose y liberando así a Adriana. «La culpa la tuvimos los dos, pero la culpa se la echo más a ella porque me cizañó contra mi amigo, porque no le caía bien —declaró minutos más tarde—. Lo planeamos conjuntamente. Fue una conducta alevosa». Prado Riveiro consiguió comunicar que se había sentido manipulado por su pareja de hecho, la cual le había empujado, espoleada por la droga, a realizar el doble asesinato.

Tanto el fiscal como las acusaciones particulares solicitaban penas para los dos de cincuenta y cinco y cuarenta y siete años de prisión por dos delitos de asesinato y robo con fuerza, así como cinco meses de cárcel por un delito de profanación de cadáveres. La defensa de Manuel Antonio solicitaba que los hechos se consideraran homicidio —castigado con penas de entre diez y quince años—, en vez de asesinato, cuya condena es de quince a veinte años de prisión; la de Adriana pedía la libre absolución.

La declaración del acusado daría un vuelco al devenir del proceso y al destino de la mujer. Durante la vista oral los presentes pudieron oír las escuchas telefónicas de las grabaciones que ambos mantuvieron en la cárcel, en las que Manuel Antonio culpaba de todo lo sucedido a su adicción a las drogas e involucraba a Adriana en los hechos, sin que ella lo negara del todo. La mujer, por su parte, lo culpaba a él, pero incurriendo en algunas contradicciones sobre su presencia en el lugar del crimen. En algunas conversaciones negaba haber estado en el piso y en otra contó que no hubo enfrentamiento entre Manuel y Claudia y relató cómo apagó la luz cuando esta entró en la vivienda para dificultar la visión. «No intentes cargarme a mí toda la culpa. Hicimos lo que hicimos y debemos pagarlo», le escribió Manuel a Adriana, en una de las cartas intervenidas. Mientras contestaba a las preguntas de su abogado defensor, el hombre se sentía aliviado: «Cuando ocurrieron los hechos —dijo ante el tribunal Prado Riveiro— no estaba en mi sano juicio. Sufría un trastorno de la personalidad por las drogas. No tenía motivos para matar a mi amigo Pachá. El síndrome de abstinencia nos empujó a hacer esa masacre. Si no hubiera existido Pachá, habría sido otro».

El responsable del laboratorio de ADN de la Policía Científica explicó al tribunal que habían aparecido restos de Adriana Amenedo en unos guantes de látex que fueron hallados en el lugar donde estaban los cuerpos, así como en otro guante aparecido en la furgoneta Mercedes en la que la pareja intentó huir y en el que se encontró también sangre de la víctima masculina. También en un yogur para beber y en unas colillas que se hallaron al lado de los cuerpos descuartizados. Los investigadores no pudieron localizar el martillo y un cuchillo que emplearon en los dos asesinatos, aunque sí los «cuatro objetos cortantes» que se utilizaron en los hechos. En ellos solo encontraron el perfil genético del acusado y de las víctimas. ¿Pudo Adriana haber utilizado guantes? Era posible.

La deposición de los forenses dejó, por otra parte, sin habla a los asistentes al juicio al establecer que las heridas causadas con el martillo y con los cuchillos presentaban «signos de vitalidad», es decir, que habían sido infligidas cuando las víctimas no habían fallecido. «Las únicas lesiones sin características de vitalidad son las amputaciones», declararon. Sin embargo, no pudieron determinar si los asesinatos fueron cometidos por una o por dos personas.

El ya inspector jefe José Ramón Santiago subió, como el resto de los agentes, al estrado para ser interrogado por las partes. El abogado de Adriana, José Ramón Sierra, en una decisión estratégica, tras escuchar el testimonio de Manuel, decidió que la mujer se acogiera a su derecho a no declarar y concentró su artillería en explotar la duda razonable, porque ningún tribunal en su sano juicio condenaría a un acusado si existiera algún tipo de duda, por pequeña que fuera. Y esa estrategia pasaba por interrogar a fondo a los agentes que habían tomado parte en todo el operativo, empezando por José Ramón Santiago.

Desde el punto de vista del abogado no existía ninguna prueba fehaciente que demostrara que su defendida era coautora de los dos asesinatos. No había ningún cuchillo que tuviera su ADN ni había ningún testimonio que pudiera incriminarla directamente, aparte del de Manuel Antonio Prado Riveiro, que era el único que la colocaba en la escena del crimen durante los asesinatos. «Un testimonio que hay que poner en tela de juicio y que no tiene rigor porque está condicionado por sentimientos personales», declaró ante el tribunal. ¿Fue un intento a la desesperada? Al menos no consiguió los resultados que esperaba.

El testimonio del policía que a lo largo de los últimos tres años había llevado el control de las observaciones de ambos detenidos en prisión, que había registrado sus celdas, que había entrevistado a ambos en múltiples ocasiones en la cárcel y cuando los trasladaban del centro penitenciario al juzgado, y que había perseguido todas y cada una de las pruebas abandonas por los dos en los montes de Betanzos y Pontedeume, en suma, el hombre que más sabía sobre este caso, era la pieza a abatir. De lo que consiguiera extraer de sus labios —defectos formales de la investigación, contradicciones con lo que Manuel había declarado y ellos habían investigado para determinar que mentía— dependía la suerte de su defendida. Y lo intentó durante dos horas y media, sin conseguirlo. No consiguió plantar la sombra de la duda en el tribunal.

El juicio llegó a su fin el 13 de junio de 2011. Un lunes. Como era preceptivo, el presidente del tribunal ofreció a ambos acusados ejercer su derecho a la última palabra. Manuel hizo uso de ello pidiendo perdón a las familias de las víctimas. Era de esperar. Pero lo que sorprendió a los presentes fue la decisión de Adriana de hablar en ese momento, después de permanecer en silencio los cuatro días que duró el juicio: «Juro por mis hijos que en ningún momento he estado presente en ninguna de las dos muertes, pero le ayudé a limpiar».

Manuel Antonio Prado Riveiro fue castigado con cincuenta y un años de prisión, veintitrés por cada una de las dos muertes y cinco más por robar en casa de las víctimas. Adriana Amenedo fue, por su parte, condenada a cuarenta y siete años de cárcel, veintiuno por cada uno de los asesinatos y cinco por el robo. La pena para Prado Riveiro fue mayor porque era reincidente.

La sentencia de la Audiencia Provincial recoge al pie de la letra los testimonios de los médicos forenses, relatando en qué parte de las cabezas de las víctimas se produjeron los martillazos y el efecto de todas y cada una de las cuchilladas que recibieron José Manuel Gómez y Claudia Castelo. «Una vez que se cercioraron de que Claudia había abandonado su domicilio, ambos procesados se dirigieron al mismo, donde encontraron solo a José Manuel, lo que ya era sabido, y buscado por los procesados, que sentados al sofá, uno a cada lado de José Manuel, donde pasados unos instantes, y hallándose José Manuel totalmente desprevenido, estando consumiendo drogas y sin posibilidades de defenderse, fue atacado de manera súbita por los procesados, que emplearon para ello un martillo y un cuchillo que habían cogido de su domicilio, atacando al procesado con el martillo, mientras que la procesada lo atacó con el cuchillo con la intención de acabar con su vida, dándole numerosos golpes y cuchilladas en un número innecesario para dar muerte a José Manuel», relata la sentencia sobre cómo fue asesinado José Manuel Gómez.

Sobre el asesinato de Claudia la sentencia dice: «Sobre las 23.00 horas del mismo día 5 ambos procesados se dirigieron a la vivienda de la calle de Rosalía, utilizando para ello las llaves que previamente habían cogido de dicho inmueble. Una vez en el interior de la vivienda esperaron a que llegara Claudia, agazapado detrás de la puerta, con el martillo, mientras que la procesada estaba en una de las habitaciones, con la luz encendida. Para que se encontrara más desprevenida, desactivaron la luz de la entrada. Una vez que Claudia entró en su domicilio, la atacaron simultáneamente, portando la procesada el cuchillo, con idéntico fin de causarle la muerte, la golpearon de forma reiterada, excediendo de lo necesario para conseguir tal propósito, siendo rematada por el procesado con el cuchillo, cuando Claudia Alejandra se arrastraba por el suelo, en dirección a la cocina».

Los abogados de ambos condenados recurrieron ante el Tribunal Supremo de inmediato. El de Prado Riveiro solicitó que el alto tribunal considerara la atenuante de drogadicción por el delito de robo con fuerza en las cosas, en concreto por haberse apropiado de 1.000 euros y haberse llevado la furgoneta; una victoria pírrica, porque con su admisión se rebajó la mencionada pena de cinco a cuatro años de prisión, según consta en sentencia de 4 de abril de 2012.

El de Adriana Amenedo argumentó, por su parte, que se había vulnerado su derecho a la presunción de inocencia, cuestionando que la condena contara «con suficiente sustento probatorio». El Tribunal Supremo corroboró punto por punto la condena de la Audiencia Provincial. La joven, por lo tanto, planeó y ejecutó el asesinato de José Manuel Gómez y de Claudia Castelo.

Se cerraba así uno de los casos que más impacto produjeron en Galicia. Frente a la tentación de disfrutar del éxito de una investigación que había sido rápida y eficaz, se impuso la razón de conocer la verdad. La absoluta. El inspector jefe José Ramón Santiago tuvo entonces la sensación de que el puzle tenía todas las piezas en su sitio.

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Desaparición de los niños Ruth y José.
El prestigio de la Policía Científica
retrasó la resolución del caso

Antropología forense, astrofotografía,
geo-radar y termografías

Por Leticia Jiménez

La tarde del lunes 10 de octubre de 2011 Josefina Lamas, técnico de la Sección de Antropología Forense de la Comisaría General de Policía Científica (CGPC), llegó a la finca del polígono cordobés de Las Quemadillas, situado al este, en el extrarradio de Córdoba. Los agentes de la Brigada Provincial de Policía Científica de esa provincia habían encontrado restos óseos en las cenizas de una hoguera durante la inspección ocular que esa mañana habían realizado en las cuatro hectáreas de la finca y en la casa. ¿Podían ser humanos? Lo parecían. Lamas podía tener la respuesta.

El caso presentaba un alto perfil mediático. Dos niños, Ruth y José, de seis y dos años, habían desaparecido dos días antes, la tarde del 8 de octubre. Su padre, José Bretón, de treinta y ocho años, en proceso de separación de su esposa, Ruth Ortiz, afirmaba que los había perdido mientras jugaban en el parque Cruz Conde. Así lo había denunciado en el 112 y después ante la policía.

La Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV) de Córdoba había iniciado las investigaciones. Inmediatamente se vio reforzada por sus compañeros de la UDEV Central, de la Comisaría General de Policía Judicial (CGPJ), que dirige el comisario Serafín Castro, y por los de la UDEV de Sevilla: los mejores investigadores en homicidios y desapariciones que la policía tiene en plantilla. Iniciaron de forma rápida y minuciosa su trabajo.

La alarma se había comenzado a extender entre la opinión pública como un reguero de pólvora. ¿Cómo era posible que pudieran volatilizarse dos niños de esa forma? ¿En una ciudad como Córdoba? ¿A plena luz del día? ¿Secuestrados? ¿Cómo Madelaine McCann, la niña británica de cuatro años desaparecida en mayo de 2007 en el Algarve portugués, cuando estaba de vacaciones con sus padres? ¡Imposible!

Las sospechas confluyeron desde los primeros instantes en el responsable de su custodia: su progenitor, José Bretón. Era un personaje muy peculiar. José Bretón había nacido en el barrio cordobés de La Viñuela, donde todavía viven sus padres. Había estudiado en el colegio de los Trinitarios, como sus hermanos Rafael y Catalina. Tras un intento fallido de estudiar la carrera de Derecho, se enroló en el ejército. Ingresó como voluntario especial en 1994 por un periodo de cinco años. Su destino fue la Brigada Mecanizada X, con base en Cerro Muriano, a poco más de 18 kilómetros al norte de Córdoba. Entre abril y octubre de ese año fue enviado, como casco azul a Mostar, en Bosnia-Herzegovina, formando parte de la agrupación táctica Córdoba —la unidad responsable de supervisar el cumplimiento de la tregua entre las comunidades enfrentadas—. Bretón alcanzó el grado de cabo.

A finales de la década de 1990, una vez licenciado, conoció a una joven onubense preciosa, Ruth Ortiz, que estaba estudiando la carrera de veterinaria en Córdoba. Se casaron en 2002. Los primeros meses del matrimonio los vivieron en esa ciudad. Después se trasladaron a Almería y más tarde a Huelva. Ruth ejercía su profesión en la ciudad mientras que José trabajaba de conductor de autobuses, hasta que se quedó en paro en diciembre de 2010. La pareja tenía dos hijos, Ruth y José.

En el momento de la desaparición de los dos niños, el matrimonio se hallaba en las primeras fases del proceso de separación. Ruth así se lo había comunicado quince días antes. Él no quería, se resistía, pero la relación se había convertido en imposible para ella. Ruth, mujer sensata y sensible, había optado por mantener una relación educada con él mientras la maquinaria legal comenzaba a funcionar. Por eso el viernes 7 de octubre le había dejado llevarse a los niños a Córdoba, donde Bretón había regresado a vivir. Se los devolvería el domingo. Eso habían acordado. Cuando se enteró que sus hijos habían desaparecido tuvo la certeza —no la sospecha, como los policías— de que el responsable había sido él.

A Josefina Lamas la fueron a buscar a la estación del AVE sus compañeros de la Brigada Provincial de Policía Científica. La llevaron directamente a la finca de Las Quemadillas, propiedad de Bartolomé y Antonia, los padres de José Bretón. Era el último lugar en el que Bretón decía haber estado con sus dos hijos antes de partir hacia el parque público. Lamas, de cincuenta y un años, médico y cirujana, podía tener la respuesta que estaban buscando. La Sección de Antropología Forense de la Policía Científica estaba integrada por un equipo de cinco mujeres y cuatro hombres considerados entre la élite de la CGPC. Solo en 2011 realizaron 1.700 informes de antropología forense, lo que da una idea de la eficacia de la central de la Policía Científica, que en ese mismo año produjo más de cien mil informes sobre todo tipo de delitos.

Desde 1996, fecha en la que Lamas había entrado como facultativa en la citada sección, la técnico madrileña había prestado sus servicios en los casos más importantes cubiertos por la CGPC. Desde los accidentes aéreos del Yakolev-42 y de Spanair, pasando por los atentados terroristas del 11-M, los casos de los niños desaparecidos Yéremi Vargas y Sara Morales, y la reciente recuperación e identificación de los restos de un cadáver descuartizado en pequeños cachitos y arrojado al río Manzanares, en Madrid. El citado cadáver pertenecía a un hombre que había formado parte del grupo paramilitar serbio Los Tigres de Arkan, acusados de haber asesinado en 2003 a Zoran Djindjic, primer ministro serbio, al cual supuestamente, en un ejercicio de canibalismo, habrían devorado en parte antes de deshacerse de él.

Lamas era lo que bien podría definirse como una «vaca sagrada» en la CGPC, una persona que poseía una gran reputación, cuyas opiniones eran respetadas y muy apreciadas por sus jefes, incluyendo a Miguel Ángel Santano, entonces comisario principal y responsable máximo de la CGPC. Si hubiera sido militar, en la casilla del «valor» de su cartilla sin duda habrían puesto: «Probado más allá de toda duda, en todos los sentidos».

Llegó a la finca objeto de investigación sobre las 16.00 horas. Antes de salir de Madrid, para ir ganando tiempo, había impartido una serie de indicaciones a los agentes de la Policía Científica de Córdoba para que prepararan la inspección ocular. Cuando llegó a Las Quemadillas, la superficie donde se había encendido la hoguera había sido dividida en retículas: 6 filas por 7 columnas. Cada retícula tenía una superficie de 50 por 50 centímetros. Aquello aceleró mucho su trabajo. Como siempre, fue extremadamente concienzuda. Todos y cada uno de los elementos que encontró fueron limpiados, fotografiados, catalogados y procesados. En total halló 200 restos óseos y 13 dientes. José Bretón, el padre, había contado a los investigadores que había hecho la hoguera aquella tarde para quemar unos apuntes de Veterinaria, la carrera que había cursado su mujer, y algunas otras pertenencias de su esposa.

Durante el tiempo en el que la especialista en Antropología Forense hizo su trabajo en la finca, Bretón se mostró extrañamente jovial y muy animado. En un momento dado propuso a los policías comer algo y poner algo de música, cosa que chocó a todos los presentes en la inspección ocular. También a la antropóloga forense.

Josefina Lamas terminó su trabajo en torno a las 2.30 horas, entre potentes focos. Su cara denotaba cansancio, pero también satisfacción por el trabajo realizado.

—¿Cuál es su impresión, Josefina? —le preguntó uno de sus compañeros que había seguido con detenimiento todo el proceso.

—Mi impresión es que son restos de animales. Cuando esté de vuelta en la comisaría volveré a analizarlos con detenimiento. No hay nada definitivo —contestó mientras empaquetaba todo el equipo y las muestras.

La antropóloga forense ratificó su dictamen verbal un mes después con un informe de ocho páginas que llegó el 11 de noviembre al Juzgado de Instrucción número 4 de Córdoba. Su titular, el magistrado José Luis Rodríguez Laín, era el competente en la investigación sobre la desaparición de los dos niños: «Los restos estudiados son todos de naturaleza animal; de edad subadulta y de distintos tamaños (roedores, pequeños carnívoros, pequeños herbívoros y omnívoros). En esa hoguera no se ha producido la incineración de ningún cuerpo o resto humano», decía el informe que firmaba en solitario Lamas. La pista de la hoguera quedó así cerrada, a cal y canto, pero no impidió que el magistrado Rodríguez Laín ordenara el arresto de Bretón el 21 de octubre por los delitos de detención ilegal y simulación de delito.

El dictamen de la antropóloga forense empujó a la Policía Nacional a una diáspora de nueve meses de indagaciones en los que se siguieron todas las pistas que encontraron. El Grupo Especial de Actividades Subacuáticas de la Policía rastreó el Guadalquivir y el resto de los efectivos disponibles peinaron todo: desde una mina antigua, hasta el alcantarillado, los pozos colindantes, descampados e incluso una cementera. No se dejó sin levantar un centímetro de cualquier lugar que pudiera contener a los dos niños. Muchos árboles fueron desarraigados en la finca de Las Quemadillas y en otras dos más, propiedad de los padres de Bretón. Todas fueron inspeccionadas palmo a palmo. La primera de forma exhaustiva cuatro veces, incluyendo la casa: suelos, paredes y techos fueron desmantelados.

En este enorme esfuerzo de investigación tomó parte activa también el Grupo Operativo de Intervenciones Técnicas de Policía, especializado en detectar zulos, entre otras cosas, además de especialistas de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos y de Montes de la Universidad de Córdoba y de las Universidades de Huelva y Politécnica de Madrid. Fueron requeridos para llevar a cabo termografías desde el aire, sirviéndose de uno de los helicópteros de la policía con el fin de detectar anomalías del subsuelo a través de las diferencias de temperatura de elementos como enterramientos o tuberías. También participó el Ayuntamiento de Córdoba. Interpol, por su parte, activó el código de búsqueda internacional de los dos menores. Había que encontrarlos costara lo que costase.

El problema con el que se encontraron los investigadores, semana tras semana, es que siempre, invariablemente, regresaban a la casilla número 1 del laberinto: la hoguera. La hoguera y los ciento cincuenta litros de gasoil que había adquirido Bretón quince días antes. ¿Dónde estaban? ¿Habían sido utilizados para quemar los apuntes y las cosas de su mujer? ¿Ciento cincuenta litros?

Ante el juez y ante la policía Bretón seguía negando una y otra vez su implicación. Sus hijos se le habían perdido en el parque. «Alguien» se los había llevado. Él no había tenido nada que ver. Él era el padre. ¿Cómo iba a hacer eso un padre? Era contra natura.

Su esposa, Ruth Ortiz, lo visitó el 24 de diciembre de 2011 en el centro penitenciario de Alcolea, Córdoba, donde se hallaba recluido. Durante una hora y media, con un cristal de por medio, anegada en un mar de lágrimas, le rogó, le suplicó, le imploró, como nunca jamás antes en su vida, que les ayudara a encontrar a Ruth y a José. Bretón se mantuvo en sus trece.

El tiempo invertido en la investigación permitió conocer a fondo la vida de Bretón y la relación con su mujer, que se reveló muy conflictiva, en especial durante los últimos años, según explicó ante el magistrado el 20 de febrero de 2011.18

Ruth relató que la relación había sido idílica hasta 2004, cuando hablaron de tener hijos. «Me dijo que no los quería y que si los tenía, yo me encargaría de ellos. Para él era antinatural que el hombre se encargara del cuidado de los niños». Cuando nacieron, Bretón se volvió un padre obsesivo, muy controlador y nada cariñoso. «No era cariñoso con ellos. Prácticamente no les tocaba. Ni siquiera les besaba por las noches. Era muy estricto con ellos. No les dejaba actuar como niños».

A pesar de todo, la vida continuó plácidamente. Se veían con sus amigos, con la familia de ella principalmente, porque vivían en Huelva y el trabajo estaba bien. Hasta la mañana del 25 de diciembre de 2009, en la que todo cambió. José, que era un bebé, se negaba a tomar el biberón. «El niño rechazó en varias ocasiones el biberón que mi marido había preparado. Lo probó y descubrió que la leche estaba salada», dice Ruth en su declaración. Comprobaron que los botes de leche en polvo tenían en su interior ajo molido y sal. Bretón, de acuerdo con Ruth, culpó a su cuñada, y ella lo negó. «¡Qué bien te ha salido el plan!», le contestó su hermana a su marido, contó al juez. A consecuencia de aquello Bretón prohibió que la tía viera a sus sobrinos. «Me dijo que si veía a los niños y él se enteraba, me atuviera a las consecuencias». Bretón comenzó a mostrarse agresivo con ella aunque nunca llegó a agredirla. «En una ocasión le puse la mano en el hombro para preguntarle si quería cenar conmigo. Me gritó: “¡A mí no me toques!”. Sentí miedo», explicó Ruth al juez. Los episodios de gritos se sucedieron varias veces. En una ocasión le puso en evidencia ante su familia. «Estaba lloviendo y vino alterado. Me preguntó a gritos que dónde estaba Ruth, que no quería que se mojase. Le dije que estaba jugando. Me respondió gritando que le sudaba la polla que la niña estuviera jugando».

A pesar de sus reacciones agresivas, nunca pedía perdón. «Nunca estaba arrepentido. Siempre me manipulaba para conseguir lo que quería. Yo le obedecía para evitar que se enfadara y tomara represalias, porque no sabía cómo podía reaccionar». Según Ruth Ortiz, su marido quería claramente dos cosas: que la familia viviera en Córdoba y que ella dejara de trabajar y se dedicara a la casa y a los niños, como una mujer tradicional. «La discusión de todos los días era que él quería irse a Córdoba. Me decía: “Tu contrato es una mierda, vas a estar mejor allí”. Me echaba en cara que no le había dicho que quería trabajar antes de casarme […]. Quería que no trabajara y que me encargara de los niños».

Niños por los que apenas mostraba interés. «Cuando iba a recogerle a la guardería, llegaba con caca. Un día fue a buscarles y el niño se alejó de él», explicó Ruth al magistrado. También recordaba que despertaba al pequeño José para que ella no pudiera descansar. «Le fastidiaba que durmiera bien por las noches, así que despertaba al pequeño para que no pudiera descansar ni dormir tranquila».

La familia se trasladó finalmente de un piso de Huelva a la urbanización Nuevo Portil, a las afueras de la ciudad. «Estaba aislada y solo recibía las visitas de mi madre. Me decía que a la relación le venía muy mal que ella viniera a verme y al final optamos por vernos fuera de casa. No le parecía bien que fuera sola a las reuniones familiares porque mi familia pensaría que él era un bicho raro». El lugar era idílico. La playa estaba a unos metros. «Solo fuimos un día. Estaba aislado, no quería salir... Se pasaba todo el día con Internet. Hacía comentarios vejatorios de las mujeres». Su obsesión por el orden y la limpieza se hicieron obsesivos. Sentía rechazo a tocar directamente las cosas y envolvía sus manos con pañuelos de papel o tiras de papel higiénico.

Ante ese estado de cosas, Ruth decidió separarse definitivamente y así se lo hizo saber a finales de septiembre de 2011. «Se enfadó. Yo tenía miedo a las represalias. Siempre me dijo que si alguien le hacía daño iba a por él. No sabía cómo iba a reaccionar. Un día me puso a mi hija y me dijo: “Papi está muy solo quiero que volvamos a vivir juntos”».

La tarde-noche del 8 de octubre la madre de Ruth y de José fue informada de la desaparición de sus dos niños. No le cupo la menor duda: «Pensé que era algo orquestado por él para darme un susto y hacerme ir a Córdoba», explicó en su declaración, lo que le empujó a poner inmediatamente una denuncia ante la policía contra Bretón por vejaciones. «En ese momento supe que no volvería a ver a mis hijos. Me di cuenta de que por las buenas no iba a conseguir nada».

Bretón, ¿un psicópata?

La opinión del psiquiatra José Miguel Gaona sobre Bretón es que este «tiene todos los rasgos de un psicópata, de una persona que padece un trastorno antisocial de la personalidad, con sus rasgos esenciales, como ausencia de empatía, poca resonancia afectiva, toma de decisiones sin considerar los sentimientos… No está enfermo. Los psicópatas no son gentes enfermas ni tampoco son, como se cree, todos criminales y asesinos. Un dos por ciento de la población, según la Organización Mundial de la Salud, tiene rasgos psicopáticos. Son abogados, políticos, periodistas, presentadores de televisión, psiquiatras, albañiles o fontaneros… Cualquiera puede tener rasgos psicopáticos. La madre, el padre, el hermano, el hijo o el sobrino de cada uno. Es una forma de ser. José Bretón posee los atributos evidentes de un psicópata criminal. Nos lo está demostrando con su conducta. Lo tenía todo totalmente planificado. Fue una decisión inteligente, calculada y fría. Desde el punto cognitivo, lo planificó todo. Desde el punto volitivo, presuntamente, lo llevó a cabo».

«Uno de los rasgos de los psicópatas es la cosificación de las personas, lo que les hace perder su cualidad humana. Verlas como objetos. La forma que ha utilizado —supuestamente— para matar a sus hijos denota una evidente cosificación de los dos niños». En opinión del doctor Gaona, este caso sí podría ser la versión masculina del llamado síndrome de Medea. «No es un síndrome propiamente dicho ni una enfermedad. Es un constructo descriptivo de un hecho cuya base principal es la venganza. La venganza contra alguien a quien se ha amado mucho y que te ha traicionado y a quien hay que hacérselo pagar caro». Y prosigue: «Medea representa muy bien este proceso. Medea era hija de Eetes, rey de la Cólquida, el país en el que se encontraba el vellocino de oro, un carnero mágico, regalo de los dioses, que daba prosperidad a quien lo poseyera. Medea se enamoró profundamente de Jasón, el líder de un grupo de marineros —los argonautas—, que habían llegado para robar el vellocino. Le ayudó a conseguirlo y después se casó con él. Tuvieron dos hijos. Pasado un tiempo Jasón decidió repudiarla para casarse con Glauce, hija del rey de Corintio, Creonte. Medea respondió matando a lo que más quería Jasón: sus dos hijos. Es muy probable que Bretón pensara, como Medea, que la madre de sus hijos jamás se separaría de él y llegado a ese punto tomase una decisión similar», añade el doctor Gaona. «Este síndrome de Medea es típicamente femenino, aunque está dejando de serlo. Hace unos meses en Inglaterra un hombre llamó a su mujer por teléfono y le dijo: “Vas a oír cómo mueren tus hijos”. Y les pegó un tiro en la cabeza a cada uno y luego se lo pegó él. En España un caso muy conocido de síndrome de Medea fue el doble asesinato de la parricida de Santomera».

El doctor Gaona se refería al suceso que protagonizó el 19 de enero de 2002 Francisca González en Santomera, Murcia. Paquita asesinó a sus dos hijos pequeños, Francisco Miguel, de seis años, y Adrián Leroy, de cuatro, estrangulándolos con el cable de un cargador de móvil. La mujer trató de hacer creer a la Guardia Civil que dos ecuatorianos habían entrado a robar en la vivienda, que la habían atacado y dejado sin sentido. Cuando despertó comprobó que se habían llevado algunas joyas. La investigación demostró que la ruptura del cristal —necesaria para entrar en la casa— se había hecho desde dentro. En las uñas de uno de sus hijos hallaron piel de la madre, en cuyas manos encontraron arañazos de defensa. La mujer terminó confesando: movida por los celos hacia su marido, atormentada por supuestas infidelidades, decidió vengarse en lo que más quería, sus hijos. Fue condenada a cuarenta años de prisión.

«Sin embargo, no quisiera dejar la impresión de que los padres son los autores de la mayor parte de los filicidios. Del total de los homicidios de hijos, en dos terceras partes las autoras son mujeres y el tercio restante hombres», termina explicando el doctor Gaona.

Las sospechas de los investigadores recayeron sobre Bretón desde la misma tarde en que supuestamente desaparecieron los niños en el parque Cruz Conde. En el registro que hicieron a su coche, un Opel Zafira de color azul oscuro, encontraron dos cuchillos, un rollo de cinta americana y unas cuerdas. En la casa de los padres, situada en la calle de Don Carlos Romero, de Córdoba, hallaron, durante el registro que llevaron a cabo los hombres de la UDEV Central, una receta de dos fármacos ansiolíticos, Orfidal y Motivan, fechada doce días antes, el 27 de septiembre. Bretón, según explicó después, había tratado de suicidarse en 1999, razón por la cual había recibido entonces tratamiento psiquiátrico y farmacológico. Tratamiento que decía haber reanudado. Sin embargo, no supo explicar qué había hecho con los fármacos adquiridos, productos que, sospecharon, pudieron haber sido utilizados para adormecer a sus hijos o darles una muerte dulce.

El alto perfil mediático del caso hizo aflorar aspectos inesperados de la vida pasada de Bretón. Y relaciones. Una de ellas fue «Rocío»,19 una compañera de instituto con la que comenzó a salir cuando regresó de Bosnia. Su decisión de romper con él dio lugar al intento de suicidio citado. «Bretón es camaleónico, manipulador, frío. Mi madre pensaba que era el hombre perfecto para mí. Pero no le creo capaz de matar a sus hijos», declaró en la televisión, ocultando la cara y con la voz distorsionada. Bretón y ella llegaron a hacer planes de boda, pero fue la chica la que echó el freno. «Yo le dejé porque ya no aguantaba más. Era sumisa a lo que él decía, hacía todo lo que él quería, todo lo que decía sobre que yo no valía nada […]. Estuve una semana fuera por temas de trabajo, sin él, y me sentí libre. Es cuando decidí dejar la relación, y es cuando él empieza a ser detallista, cuando teme perderme».

Una conducta similar a la que siguió con Ruth. El 7 de octubre, cuando fue a recoger a los niños para llevárselos a Córdoba, le entregó un ramo de flores y una carta, una prolongación de los mensajes que durante los últimos días se habían enviado a través de mensajes SMS, y que la Policía Científica recuperó después del interior del móvil. Precisamente el iPhone 3 de Bretón resultaría una de las fuentes más valiosas para la investigación. Los mensajes describen cómo se va enfriando la relación20 durante el último mes. «Te dije una vez que siempre lucharía por nuestro amor y lo pienso hacer, eres lo mejor que me ha pasado en la vida. Te quiero y no te quiero perder. Perdona si te has sentido solo», le escribe Ruth Ortiz el 12 de septiembre, casi un mes antes de que desaparecieran los niños. Bretón viaja a Huelva ese día.

Las relaciones entre ambos, a la vista de lo que sigue, no consiguieron enderezarse. Cinco días más tarde, el 17 de septiembre, Bretón le pide una nueva oportunidad a Ruth: «Dime que por lo menos lo vas a pensar hasta diciembre, para que viva con ilusión. Porque si no os tengo, ¿para qué quiero la vida?». Ruth le contesta: «José, siempre vas a ser el padre de mis hijos; nuestra relación a partir de ahora va a cambiar, pero seguiremos viéndonos. Formas parte de mi vida, pero no puedo vivir contigo».

El 21 de septiembre, Bretón envió otro nuevo SMS dando la impresión de que asumía el divorcio por primera vez. «Buenos días, guapísima. Dime cuándo puedes recoger tus cosas de las Quemadillas y qué quieres hacer con todo lo de la casa pequeña. Tenemos que llevar muy bien el divorcio por los niños». Pero era solo apariencia. El 3 de octubre, cinco días antes de que Ruth y José desaparecieran, intenta otra vez recuperar a Ruth: «Siempre estaré a vuestro lado, me lo dicta el corazón». Ruth responde: «Por mi parte ve tranquilo, no voy a hacerte daño. A la gente solo les digo que nos estamos separando, sabes muy bien que soy buena».

El último mensaje que Ruth cruza con Bretón es del día anterior a la desaparición, del 7 de octubre: «Vale, cuando te llame me lo explicas, no pierdas los nervios con los niños». ¿Qué era lo que estaba pasando por la cabeza de José Bretón en esos momentos? Fuera lo que fuera, se lo guardó para sí mismo.

Desde una semana atrás, a su madre le había repetido que ese sábado, 8 de octubre, sus niños y él no comían en casa, que iban a almorzar con unos amigos. Tampoco contó a nadie que iba a ir con Ruth y José ese día a la parcela de Las Quemadillas. ¿Y qué hizo allí ese mediodía? La primera versión que escucharon de sus labios los hombres de la UDEV Central era que comieron allí, que los niños jugaron y que él se dedicó a hacer una hoguera para quemar cosas de su esposa. Más tarde les contó que, como los niños se habían quedado dormidos en el interior del coche, él también se echó una cabezada y luego hizo la hoguera.

¿Y más tarde? Según Bretón, a las 17.30 horas salieron de la finca de Las Quemadillas y se dirigieron al parque Cruz Conde, una zona ajardinada de catorce hectáreas que se halla al sur de la ciudad, junto al Guadalquivir, a menos de 10 kilómetros de distancia. Un trayecto de 17 minutos en coche. En este parque se halla la Ciudad de los Niños, un parque infantil al que muchas familias cordobesas llevan a sus pequeños para que disfruten. Allí dejó a los niños jugar. Hasta que en un abrir y cerrar de ojos habían desaparecido.

Desde la Ciudad de los Niños, a las 18.18 telefoneó al 112 y después a la policía. También a su hermano Rafael, funcionario de la Junta de Extremadura, que se hallaba en la ciudad. Su explicación a la policía no fue coherente. Primero les dijo que había llegado al lugar con ellos, caminando por el parque, que se había sentado y que durante unos segundos se había entretenido mirando hacia un lado. Cuando volvió la vista, los niños se habían esfumado. Después les explicó que Ruth y José se habían mezclado con un grupo de personas que caminaban por el parque y que, igualmente, se habían volatilizado. En su tercera versión explicó que había dejado a los niños en el parque para aparcar el coche. Al volver se sentó en un banco y se quedó dormido. Cuando despertó, ya no estaban. Las indagaciones realizadas a las personas que habían estado en el parque confirmaron que nadie había visto a los niños en el lugar.

Si este caso hubiera ocurrido hace veinte años, las posibilidades de investigación se habrían visto muy reducidas. El advenimiento de los teléfonos móviles, por una parte, y de las cámaras de videovigilancia en las calles, por la otra, han supuesto una ventaja cualitativa en cualquier investigación criminal iniciada. El análisis del iPhone permitió reconstruir los movimientos de Bretón, las coordenadas geográficas, durante casi todo el sábado 8 de octubre. El trabajo llevado a cabo por la empresa Net Computer Forensic S. L. reveló que Bretón se fue esa mañana a Las Quemadillas en el coche de su hermana, un Kia Picanto, y que luego regresó. Después cogió a los niños y los metió en su coche, el Opel Zafira, a las 13.31 horas y puso rumbo otra vez hacia Las Quemadillas. Telefoneó por última vez a Ruth, pero esta no contestó. Llegó al lugar a las 13.53. Entonces desactivó su iPhone.

Era imperativo para la investigación reconstruir los hechos con el mayor lujo de detalles. La Ciencia, nuevamente, resultó la mejor herramienta. La UDEV Central se puso en contacto, pocas semanas después de estallar el caso, con el Observatorio Astronómico de la Universidad de Valencia, que dirige Vicent Martínez, para requerir su ayuda. En esta reputada institución presta sus servicios el astrofotógrafo Vicent Peris, al que uno de los investigadores había visto en televisión dos años antes explicando una técnica que había desarrollado para corregir las diferencias de iluminación de las imágenes tomadas del espacio. Los resultados eran impresionantes. Esta institución española se encuentra en el grupo de cabeza en este campo. Junto con el Centro Astronómico Hispano-Alemán, con base en Almería, lidera un programa de astrofotografía profesional mediante el uso de telescopios de 1,2 y 3,5 metros equipados con ópticas infrarrojas. Las fotografías que se han tomado en este proyecto se han publicado en National Geographic, Scientific American, Astronomy Picture of the Day —NASA—, así como en los principales medios de comunicación de España y Alemania. ¿Cabría alguna aplicación al campo de la investigación criminal? El reto era mayúsculo. La UDEV había identificado y recuperado las grabaciones de las cámaras de videovigilancia y de tráfico de diferentes lugares de la ciudad por los que había pasado José Bretón con el coche de su hermana y con su propio coche. ¿Se podrían tratar las imágenes y establecer, primero, si los niños iban en el coche al salir de la casa de sus padres y, segundo, si iban con su padre en el vehículo cuando salió de Las Quemadillas y llegó al parque?

En Las Quemadillas disponían, entre otras, de unas tomas de las cámaras de una empresa colindante con la finca y de otra cámara que enfocaba a todos los coches que pasaban por delante de la puerta principal. «Las técnicas que hemos aplicado son muy conocidas y bastante elementales. Por ejemplo, el hecho de combinar varios fotogramas —explica Peris—. Los vídeos tienen mucha pérdida de información debido a que tienen que almacenar muchas horas de grabación en un disco duro. Por ese hecho un fotograma no puede ser todo lo fiable que se desearía. Al combinar varias imágenes lo que haces es atenuar el ruido y recuperar información que en una sola imagen no podría ser fiable ni tan solo visible».21

Lo que hizo Peris, con quince años de experiencia en este campo, fue aplicar determinados algoritmos que eliminaron los elementos innecesarios de las imágenes, potenciando la visión de los componentes objeto de análisis. De esta manera, tras ver el resultado, los investigadores adquirieron la certeza de que Bretón no llevaba a los niños en el coche cuando dejó Las Quemadillas. El indicio definitivo fue el análisis de las imágenes de una videocámara ante la que pasó el coche del padre de los niños antes de aparcar situada muy cerca del parque al que dijo que los había llevado. En los asientos de atrás no aparecían sentados ni Ruth ni José.

La policía llevó a cabo dos reconstrucciones en las mismas condiciones y hora del día que sucedieron los hechos. Una la realizaron con dos muñecos del tamaño de los dos niños y para la otra utilizaron dos niños de las mismas edades y el mismo peso que Ruth y José. En ambos casos la misma cámara que había recogido el paso del coche de Bretón ese día captó la presencia de los muñecos y de los niños en los asientos traseros del Opel Zafira. En el informe que el Observatorio de Astronomía de la Universidad de Valencia entregó al magistrado del caso, en el que se describía pormenorizadamente la metodología científica empleada, se afirmaba que los hermanos no llegaron al parque «con una seguridad del 98 por ciento». En el mismo informe también se relataba que Bretón se había parado tres veces, en tres contenedores diferentes de basura, para arrojar cuatro bolsas cuyo contenido se desconoce.

La defensa de José Bretón encargó un contrainforme pericial que trató de echar por tierra el trabajo del Observatorio Astronómico de Valencia. El trabajo aseguraba que las imágenes obtenidas por las cámaras no eran lo suficientemente nítidas como para asegurar que los niños no habían llegado al parque el día de su desaparición.

El 7 de mayo el magistrado instructor procesó a José Bretón por los delitos de detención ilegal —modalidad cualificada de menores—, con la agravante de parentesco, y por simulación de delito, lo que no quería decir que ahí se acababa la investigación.

En junio emitió una nueva orden para registrar a fondo Las Quemadillas y sus alrededores dos veces más. Una entre el 11 y el 14 de junio y otra entre el 25 y el 29 de junio. Esa vez la policía empleó una tecnología poco conocida para el gran público, pero ya muy contrastada: el geo-radar (Ground Penetration Radar) o GPR. El GPR es una herramienta geofísica electromagnética, no intrusiva, que permite, en condiciones óptimas, conocer cómo es el subsuelo y las posibles estructuras existentes. Emite, haciendo uso de un par de antenas (emisora y receptora), pulsos electromagnéticos a una frecuencia establecida. Las ondas del GPR avanzan atravesando el medio que se quiere explorar. Dependiendo de las características geoeléctricas del medio objeto de estudio, las ondas se conducen de un modo distinto. Algunas rebotan de nuevo a la superficie y las otras quedan absorbidas por el medio en concreto. Cada una de estas ondas, las rebotadas y las reflejadas, generan un mapa de ecos del medio que permiten al especialista del GPR producir una imagen que después puede interpretar.

El GPR se ha utilizado mucho en la localización de soldados republicanos y civiles asesinados en fosas comunes durante la Guerra Civil. En España fue utilizado por primera vez en una investigación criminal en el año 2000 en Lérida. Fue el Área de Investigación de la Policía Científica de los Mossos d’Esquadra de esa ciudad, junto con la Facultad de Geología de la Universidad de Barcelona, para un caso de búsqueda de varios cadáveres de personas que habían sido asesinadas.

En el caso de Las Quemadillas este cometido lo llevó a cabo la empresa Cóndor Geo-radar y sus dos principales responsables, Luis Alvial y Luis Moya. Estos realizaron también termografías aéreas de la finca. La tecnología utilizada por Cóndor Geo-radar puede detectar los cambios de temperatura del suelo que producen los cadáveres cuando se descomponen. Funciona en fosas con dos años de antigüedad como mínimo. Parecía el escenario ideal para ello, pero no encontraron nada. «Con la cámara termográfica hicimos miles de fotos con los paramentos verticales, los techos, los suelos, para ver si habían cavidades internas», explica Alvial.22 «En una de estas termografías Breton pasó por delante. Nosotros termografiamos a un grupo de policías y a él. Cuando luego analizamos esas termografías, Bretón tenía una temperatura dos grados centígrados superior al resto. Aproximadamente treinta y nueve grados. Solo hay dos explicaciones para esto: o tenía fiebre o estaba nervioso». El GPR fue empleado en las dos viviendas y en la huerta de la finca. Sin resultados. El juez autorizó otro nuevo registro, que se llevó a cabo entre el 2 y el 6 de julio, pero nuevamente sin consecuencias.

A Alvial, como a los investigadores de la UDEV Central y al resto de sus compañeros de Córdoba y Sevilla antes, también le llamó la atención la hoguera. Sobre todo el hecho de que la huella térmica tuviera una forma cuadrangular en vez de redonda. Aquello no encajaba. En sus conversaciones con los responsables de la investigación en el lugar, estos expusieron sus dudas y el dictamen emitido por la técnico forense de la Policía Científica.

Alvial se quedó con la copla y en la primera oportunidad que tuvo se lo comentó a su amigo Francisco Etxeberría, un reputado antropólogo forense, profesor de Medicina Legal de la Universidad del País Vasco, presidente de la Sociedad de Ciencias Aranzadi y de su departamento de Antropología física y subdirector del Instituto Vasco de Criminología. El profesor Etxeberría fue el antropólogo forense que identificó los cadáveres de los etarras Lasa y Zabala, asesinados por los GAL en 1983. «Etxeberría y yo hemos trabajado en noventa fosas de la Guerra Civil. Nosotros hacemos geo-radar y ellos exhuman. Y, no se me olvidará mientras viva —cuenta Alvial—, yo le comento esto de la ausencia de huella térmica en Las Quemadillas, y me dice: “Luis, a lo mejor no los encontráis porque ya los habéis encontrado”».

Etxeberría se ofreció a examinar los restos encontrados por Josefina Lamas diez meses atrás. El ofrecimiento llegó en un momento crucial para la investigación, porque tanto el comisario principal de la UDEV Central, Serafín Castro, como el resto de los mandos del caso, se estaban planteando la necesidad de iniciar la investigación desde cero otra vez. Y en esta ocasión se iba a incluir la pista de la hoguera, hacia la que todo confluía. La entrada en escena del profesor Etxeberría, a petición de la abogada de la madre de los niños, contó desde el principio con el apoyo expreso y decidido de la policía, del fiscal y, por supuesto, con el visto bueno del magistrado del caso. Todos estuvieron de acuerdo.

Etxeberría recibió primero nueve fotografías de los restos óseos. Cuatro días después envió por e-mail un informe preliminar que decía: «Ninguno de los huesos y dientes presenta formas típicas de especies faunísticas ni domésticas ni salvajes […]. Algunos de los huesos recuperados presentan rasgos morfológicos típicamente humanos y de individuos no adultos». Como era de esperar, aquello levantó un gran revuelo entre las filas de la policía. Etxeberría fue invitado de inmediato a la sede de la CGPC para que analizara los restos óseos en persona. Veinticuatro horas después hizo acto de presencia en Canillas.

El profesor Etxeberría fue conducido a la Sección de Antropología Forense, situada en el sótano 1 de la CGPC. Allí saludó a Josefina Lamas y solicitó que le facilitaran el lugar donde hubiera una mesa grande para comenzar su trabajo. Cuando se encontraba en soledad, abrió la caja que había llevado con él, la cual contenía dos esqueletos completos de dos niños de la misma edad que tenían Ruth y José. A continuación comparó los restos óseos recuperados de Las Quemadillas (200 huesos y 13 dientes). De un modo metódico, el profesor Etxeberría tomó un hueso tras otro y buscó su hermano gemelo en los de los esqueletos que había llevado consigo. El proceso duró casi cinco horas. Cuando terminó todo, recogió y se marchó.

El 13 de agosto envió su informe definitivo. Ratificó punto por punto lo avanzado. Los huesos eran humanos. Las víctimas tenían dos y seis años, los mismos que los pequeños Ruth y José. «Se trata de una muerte violenta de tipo homicida desde el punto de vista médico legal», decía el informe. Los cuerpos de ambos niños habían ardido a ochocientos grados centígrados. «Ahí se ha producido un error, desde mi punto de vista. No estoy haciendo ninguna crítica a nadie. En la investigación, en general, y en la forense también, estos casos pueden ocurrir. Y por eso siempre es mejor que las cosas las miren, en vez de dos ojos, cuatro ojos. Y que se miren desde ópticas y ángulos diferentes, precisamente para destacar lo que importa y no sembrar más incertidumbres en el caso»,23 declaró el profesor Etxeberría días después.

La Policía Científica decidió pedir una segunda opinión a una autoridad científica de reputado prestigio, con el visto bueno del magistrado instructor: el paleoantropólogo José María Bermúdez de Castro, codirector de las excavaciones de Atapuerca junto con Juan Luis Arsuaga y Eudald Carbonell, y también director del Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana. Bermúdez de Castro se centró en los restos dentales, el campo en el que es un experto mundial. Su conclusión fue definitiva: algunos de los dientes correspondían a un menor que tenía una edad de 6,22 años. Con un error de más o menos cuarenta y tres días, decía el informe fechado el 22 de agosto.

El ministro del Interior, Jorge Fernández, compareció en rueda de prensa el 27 de agosto de 2012 para explicar todos los pasos que había dado la policía desde el momento en que se pudo abrir la pista de la hoguera. Fernández explicó que, desde la policía, no se había puesto ningún freno a la investigación. Al contrario, se había apoyado la importante aportación del profesor Etxeberría. Al recibir un dictamen contrario al de la técnico antropóloga, se había acudido a una tercera opinión, la de Bermúdez de Castro. Y después se asumió públicamente el error primigenio de Lamas. «Hasta un escribano alguna vez echa un borrón», declaró ante los medios. «Según los expertos —dijo—, aquella hoguera se manipuló con una placa de hierro que en la práctica se convirtió en un auténtico horno cuya temperatura de cremación alcanzó los ochocientos grados centígrados. Tengan presente que la temperatura de fusión del hierro está en torno a los mil grados centígrados». La temperatura de incineración típica en cualquier crematorio se encuentra entre los ochocientos y novecientos grados centígrados. Y no era una placa de hierro, sino una mesa de aluminio, pero pudo realizar el efecto señalado por el ministro. Dos días después el lugar todavía estaba caliente.

La investigación sobre la desaparición de Ruth y José tomó entonces velocidad de crucero. El magistrado Rodríguez Laín encargó un informe más al Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses y al equipo de Medicina Legal y Forense de la Universidad Complutense de Madrid, que coincidió con las conclusiones del profesor Etxeberría. Los huesos de la hoguera de Las Quemadillas eran «inequívocamente humanos» y pertenecen a dos menores, uno de seis años y otro de dos o tres, decía el informe.

Con tal despliegue científico sobre la mesa, la decisión del juez estaba cantada: imputó a José Bretón por dos delitos de asesinato con alevosía y agravación genérica de parentesco por las muertes de sus hijos Ruth, de seis años, y José, de dos, así como otro de simulación de delito.

«La tesis de que se traten de cadáveres humanos, y concretamente de dos niños, que no fueran sino los dos hijos desaparecidos, casaría perfectamente con la realidad del hallazgo y circunstancias: se prepara una pira concienzudamente, posiblemente tapando partes con escombros y plantas y la mesa metálica como tapadera para provocar el mayor calor posible gracias a la refracción (efecto horno) y además hacer menos visible su propia existencia», dice el magistrado en su auto del 5 de septiembre de 2012. «La pira podría garantizar la cremación de los dos cadáveres, ocupando el largo espacio de tiempo que pasó el encargado en el interior de la parcela sin justificación conocida alguna; aireando la misma al ir a marcharse para llevar a efecto su coartada, lo que provocaría su espontánea oxigenación y producción de la intensa humareda sobre el entorno de las 17.14».

«Los cuerpos estarían posiblemente cubiertos por una sábana o cortinas de las que no se encontraron en los registros; muy probablemente José vertería importantes cantidades de gasoil sobre los cuerpos o sobre la leña, con miras a conseguir que la hoguera alcanzara elevadísimas temperaturas durante un prolongado espacio de tiempo», continúa escribiendo el magistrado. «Evidentemente, a estas alturas podemos fijar la existencia de indicios suficientes como para fijar los siguientes hechos, a los efectos de posible imputación de comisión de delito por asesinato del artículo 139.1 del Código Penal, con agravante de parentesco del artículo 23:

Que a falta de su corrobación por técnicas de diagnóstico diferencial, en la hoguera de la parcela de Las Quemadillas fueron quemados los cadáveres de dos especímenes humanos de seis y dos años aproximadamente.

Que durante el tiempo de la combustión, salvo el último tramo (a partir de las 17.30 horas aproximadamente) la única persona que se encontraba dentro de la parcela con los menores Ruth y José Bretón Ortiz era el encartado (así lo reconoce él, y lo justifica el hecho de que en momento alguno se vea abrir o cerrar el portón desde su llegada en el entorno de las 13.48, a su salida a las 17.30 horas del 8 de octubre de 2011).

Que evidentemente el encartado no contaría con restos humanos de origen desconocido de niños de esas edades a su disposición para dejarlos en la hoguera, coincidiendo con la pretendida pérdida accidental de sus hijos posteriormente. No tendría mucho sentido poder autoimputarse la muerte de dos niños desconocidos y encima la desaparición de los propios.

Que la última vez que se sabe de sus hijos es a la salida de la casa de sus padres poco después de las 13.30 del mismo día. Que desde ese mismo momento nada se ha sabido de sus hijos.

Y que se han acumulado abundantísimos indicios demostrativos de que el encartado simuló la pérdida de sus hijos en el parque Cruz Conde de esta capital, tal y como se describen en el Auto de procesamiento y en la última resolución, por la que se denegará la petición de libertad del encartado.

Podemos llegar por ello a la conclusión antes anticipada de que el encartado, tras matar a sus dos hijos, lo más probablemente al llegar a la parcela, y sin que podamos todavía establecer la forma en que hubiera cometido tan atroz hecho, trató de hacer desaparecer sus cadáveres, quemándolos en lo que se diseñó como un auténtico horno o pira funeraria; y que para ocultar su responsabilidad llevó a efecto su plan preconcebido de simular que sus hijos habían desaparecido en el entorno del parque Cruz Conde/Ciudad de los Niños de esa capital».

Bretón volvió a declarar ante el juez el 13 de septiembre, ocho días después de rubricar ese auto. Y se ratificó en su inocencia. Añadió, eso sí, algo que hasta ese momento no había revelado: que arrojó a la hoguera cabezas de cordero, gato y perro. Eso es lo que eran los huesos encontrados en la hoguera, a los ojos de Bretón.

El juez aprovechó el auto para reconocer el gran trabajo de los efectivos policiales en el caso. Rodríguez Laín escribió que la investigación había sido «magistralmente ejecutada» por la policía y que había sido una de las «más complejas» de los anales «de la investigación criminal en España». «Al menos por parte de este juzgado no se hará pronunciamiento alguno que trate de buscar fáciles responsabilidades ajenas o excusas por lo que por su parte pudiera serle reprochable. Es preferible reflexionar y abrir un debate serio a nivel de protocolos de actuación para que algo tan dramático y doloroso como lo sucedido no vuelva a acontecer», continúa escribiendo el magistrado.

El mismo día que el juez entregó a las partes este auto, la Dirección General de la Policía relevó de sus funciones a Josefina Lamas. La CGPC, por su parte, abrió una investigación interna sobre el primer informe y sobre los protocolos de actuación de la Policía Científica para que, como decía el juez, no se pueda volver a repetir una situación como esta. Lo paradójico es que el hecho se había producido debido al gran prestigio de la CGPC y, en especial, a la reputación profesional de la citada antropóloga forense.

Fueron un total de cuatro los informes realizados. A los que habría que añadir un quinto, en fase de elaboración al cierre de este libro, encargado también por el juez Rodríguez Laín: el que está realizando el Instituto de Medicina Legal de la Universidad de Santiago sobre el ADN de los restos encontrados. El laboratorio compostelano que dirige el profesor Ángel Carracedo es uno de los más acreditados internacionalmente para llevar a cabo este tipo de pruebas y el único que dispone del método para analizar restos de ADN mitocondrial en dientes sin necesidad de molerlos.

De acuerdo con los tres informes independientes realizados, las posibilidades de obtener ADN de los restos, que sufrieron temperaturas cercanas a los ochocientos grados centígrados, se antojan remotas, y sobre todo cuando se trata de dientes de leche, típicos en niños de esa edad. Si este Instituto de Medicina Legal de Santiago pudiera certificar que los restos son los de Ruth y José, o los de uno de los dos, esto se convertiría en la prueba definitiva tanto para el fiscal como para la acusación particular, que representa a Ruth Ortiz. Si por el contrario le fuera imposible, sería la principal línea de defensa del abogado de José Bretón: poner en tela de juicio que esos sean los restos de los dos niños.

A modo de epílogo

La eterna lucha contra el crimen

Desde el minuto uno del nacimiento de la civilización, hace aproximadamente diez mil años, el ser humano ha tenido que vérselas con el crimen y con los criminales, con los delitos y los delincuentes. Este ha sido uno de los enigmas todavía no resueltos en nuestro tiempo: ¿cuál es el origen de la criminalidad? ¿Por qué el mal anida en el alma de algunas personas, por qué hay personas que disfrutan perjudicando, robando o matando a otras sin sentir ningún tipo de remordimiento ni culpa? El segundo desafío al que ha tenido que enfrentarse el ser humano a lo largo de la existencia de la civilización ha sido descubrir quiénes son esas personas y cómo han llevado a cabo sus crímenes para así poder castigarlos y hacer justicia.

Los romanos tenían una teoría sobre el origen del mal y de la criminalidad. Creían que la conducta criminal aumentaba y decrecía de acuerdo con las diferentes fases de la luna. De ahí deriva el calificativo «lunático». En la Edad Media consideraban que el origen del mal estaba en los demonios y malos espíritus, que se introducían en los cuerpos de los individuos, poseyéndolos y obligándoles a realizar malas acciones. La maldad o el mal, dos palabras poliédricas de uso corriente en la religión y en la filosofía, son poco o nada utilizadas en el mundo de la ciencia. Los psiquiatras y los psicólogos forenses —hombres de ciencia— examinan las causas y los efectos de la conducta humana y no suelen hacer juicios morales. De ahí la reticencia a utilizar estas palabras. Sin embargo, dichos términos siguen gozando de una extraordinaria salud para explicar las motivaciones de algunos actos humanos en apariencia inexplicables, y la ciudadanía sigue haciendo uso de ellos en la vida cotidiana. «El significado de la palabra es su uso», dice el filósofo Ludwig Wittgenstein. No puede ser más cierto.

Veamos dos ejemplos: «Esta manifestación de maldad humana es difícilmente concebible para cualquier persona», declaró en noviembre de 2007 el Ministerio Fiscal ante la Sección VII de la Audiencia Provincial de Barcelona, en el juicio contra un joven magrebí de veinte años acusado de violar tres veces a una anciana de ochenta y siete años, impedida y con graves limitaciones físicas, vecina de Sant Vicenç dels Horts, Barcelona. Después la estranguló con sus propias manos. «Me pregunto si todos pertenecemos a la misma especie», continuó el fiscal, ya que el regodeo y esa «especie de lujo» demostrado por el acusado «en la realización del mal» fue «absolutamente gratuito e inexplicable». En otro proceso, celebrado en 2012, la Sección IV de la Audiencia Provincial de Valencia enjuició a un hombre acusado de matar a la empleada de un bingo. El tribunal estimó que el hombre empleó una violencia desmedida que «no era imprescindible» para matar a la víctima, ensañándose, lo que «no se identifica con la simple reiteración de golpes, sino con lo que un comentarista clásico, en gráfica expresión, llamó la “maldad de lujo”, la maldad brutal».

El concepto de mal, el término maldad y sus derivados siguen vivos entre nosotros y, sobre todo, son comprensibles para la generalidad de la ciudadanía y también para algunos hombres de ciencia. Michael Stone, doctor en psiquiatría forense por la Universidad de Columbia, Nueva York, autor del libro Anatomía de la maldad y creador de la llamada «escala de maldad», ha sido el primero en establecer un puente que reconecta el concepto de maldad con la ciencia, precisamente desde el lado de la propia ciencia: «Hoy reservamos la palabra “maldad” para describir ciertos hechos llevados a cabo por personas que claramente intentaron dañar o matar a otros de un modo terrible y doloroso. Ese dolor podría ser físico o podría ser emocional o mental, lo que implica una humillación extrema también […]. Otro requerimiento para utilizar el término “malvado” es que el autor sea consciente de que la víctima sufriría intensamente, que experimentaría una agonía; la misma que el autor sabe que él sentiría si cambiaran las tornas y él fuera la víctima de tales acciones». En un intento de precisar la esencia de la maldad, de definir un acto como malvado, el doctor Stone propone cuatro condiciones: primera, que sea horrible; segunda, que exista premeditación (intención malvada); tercero, que el grado de sufrimiento infligido sea excesivo; y cuarto, que la naturaleza del acto aparezca como incomprensible, desconcertante, más allá de la imaginación de la gente común.

La maldad existe, es un hecho. La historia moderna de la humanidad está repleta de maldad a gran escala. Adolf Hitler exterminó a casi diez millones de personas en sus campos de exterminio durante la II Guerra Mundial. El dictador soviético Josiv Stalin deportó a sus gulag a más de veinte millones de compatriotas. Los Jemeres Rojos de Camboya mataron a dos millones de sus ciudadanos. Y qué decir del genocidio de Ruanda, en el que más de quinientas mil personas fueron ejecutadas. O el genocidio y la limpieza étnica llevados a cabo durante la guerra de Bosnia, a finales de la década de 1990. Por eso una de las grandes búsquedas del ser humano desde siempre ha procurado descubrir un método que permitiera detectar las tendencias criminales latentes, la maldad que habita dentro de cada persona.

Uno de los métodos que gozaron de cierta popularidad fue, a mediados del siglo XVIII y entrado en el siglo XIX, el de la fisiognomía. Su principal impulsor fue el sacerdote suizo Johann Caspar Lavater, que publicó el libro Fragmentos fisionómicos para conocimiento del hombre y del amor al hombre. Lavater se apoyó en los escritos del italiano Giambattista della Porta y del médico y filósofo británico sir Thomas Browne. La fisiognomía, que había tenido gran predicamento en la antigüedad, se basaba en el principio de que la cara es el espejo del alma y mediante su observación se podían deducir fácilmente las tendencias criminales y la maldad inherente en cada persona. O dicho de otra manera: cuanto más feo, más malvado, y cuanto más bello, más bueno. Lavater, en sus escritos, se atrevió a describir al «hombre de maldad natural»: «Tiene la nariz oblicua en relación con la cara, el rostro deforme, pequeño y color azafrán; no tiene puntiaguda la barba; tiene la palabra negligente; los hombros cansados y puntiagudos; los ojos grandes y feroces, brillantes, siempre iracundos, los párpados abiertos, alrededor de los ojos pequeñas manchas de color amarillo y dentro pequeños granos color de sangre brillante como el fuego, revueltos con otros blancos; círculos de un rojo sombrío rodean la pupila, o bien ojos brillantes y pérfidos; y seguido de una lágrima colocada a los ángulos interiores; las cejas rudas, los párpados derechos, la mirada feroz y a veces de través». La fisiognomía tuvo sus seguidores en la antigüedad, entre ellos el emperador romano Cayo Aurelio Valerio Diocleciano, en los siglos III-IV de nuestra era, quien fue famoso por uno de sus edictos, el llamado Edicto de Valerio: «Cuando tengas dudas entre dos presuntos culpables, condena al más feo». O la fórmula procesal utilizada en el siglo XVIII por el marqués de Moscardi, juez de Nápoles, quien terminaba sus sentencias diciendo: «Oídos los testigos de cargos y de descargo, y vista tu cara y tu cabeza, te condeno a…». Aunque la ciencia ha probado después su inutilidad, muchos famosos escritores del siglo XIX, como Honoré de Balzac, Charles Dickens o Thomas Hardy, se sirvieron de la fisiognomía para dar forma a sus tramas y vida a sus personajes, igual que Oscar Wilde, con su famosa novela El retrato de Dorian Gray.

La justicia, a mediados del siglo XVIII —una época que auguraba los grandes cambios que luego se produjeron—, tenía un fuerte componente religioso. Los crímenes, se entendía, eran resultado de la influencia del Maligno. Por ello la justicia del hombre estaba configurada de acuerdo con la justicia de Dios, siempre severa e implacable con los malvados criminales. El rey, elegido por Dios para gobernar a sus súbditos —por lo tanto, su representante directo en la Tierra—, ejercía su derecho a administrar justicia delegándolo en «sus» jueces. El problema, en muchos casos, es que no existían leyes fijas y concretas para los diferentes delitos: la seguridad jurídica era inexistente. En ocasiones los jueces del rey castigaban hechos sin que existiera ninguna ley previa que los contemplara como delitos. Las sentencias que se imponían podían tener consecuencias espantosas para los acusados. Su destino final dependía del juez que les tocara, del humor con que se había levantado, del carácter benévolo o severo de su señoría, de si le dolía el estómago o de si esa noche había dormido bien o, por el contrario, había tenido una noche «fabulosa». Era, en suma, una lotería. La forma de combatir los supuestos delitos era brutal. Las prisiones tenían carácter preventivo. Todavía no se habían configurado como un método de castigo, sino como un lugar de espera hasta que se celebrara el juicio. La permanencia era siempre indeterminada y arbitraria. No había un tiempo máximo. Podía ser un día o toda la vida. Y los castigos podían ir desde cortar una mano, la nariz, las orejas, la lengua… hasta la pena de muerte, que era bastante común. Además podían incautarse los bienes del condenado. Si tenía suerte podía salvar la vida para disfrutarla en el destierro.

El método principal de investigación del que se hacía uso en aquellas pesquisas policiales primitivas era el interrogatorio, que se llevaba a cabo mediante tortura. Se aplicaba rutinariamente a todo detenido y tenía como objetivo conseguir que el sospechoso confesara y denunciara a sus cómplices. No había necesidad de pruebas adicionales que corroboraran la confesión, como ocurre ahora, en que no es válida si no hay más pruebas: entonces bastaba con la sola confesión. Bajo esas condiciones era normal que los investigados reconocieran cualquier cosa que se les exigiera y que implicaran a quienes quisieran los interrogadores-torturadores. La consecuencia, la mayor parte de las veces, era la muerte. La vida, sobre todo si correspondía a las clases más bajas, no tenía ningún valor y era prescindible.

Las ejecuciones en Europa eran avisos para navegantes. Solían celebrarse en la plaza principal de la ciudad o del pueblo, y un procedimiento particularmente brutal era el de la rueda, que consistía en un ejercicio de ensañamiento público. Todo un espectáculo que duraba varias horas y que congregaba a grandes multitudes. Tenía dos partes. En la primera el verdugo rompía con una maza las articulaciones y las costillas del condenado, asegurándose de no asestar ningún golpe fatal al reo, pero cerciorándose de que sufría lo máximo sin perder el conocimiento. Los gritos desesperados de dolor de la persona en proceso de ejecución eran muy apreciados por la multitud, que hacía comentarios jocosos o mantenía el silencio. En la segunda parte se colocaba al sujeto sobre una rueda de carro o similar, a la que se le ataba, convertido en un títere, con todas las articulaciones rotas. Después se elevaba horizontalmente sobre un poste para que todos los asistentes lo observaran bien. El condenado moría lentamente, después de muchas horas de sufrimiento. En ocasiones los cuervos y otras alimañas se lo comían mientras todavía estaba vivo. La hoguera y el descuartizamiento eran los otros dos métodos de ejecución más comunes, y también los espectáculos más populares entre los ciudadanos. Cuando tenía lugar una ejecución, nobles y plebeyos abarrotaban las plazas públicas para disfrutar de la fiesta de la victoria sobre el mal y sobre el crimen.

Cesare Bonesana, marqués de Beccaria, jurista, economista, filósofo y literato italiano, contribuyó a cambiar ese estado de cosas con la publicación de un libro en Milán, en 1764, titulado De los delitos y de las penas. Tuvo un gran éxito, particularmente en Francia, donde los filósofos enciclopedistas —las semillas de la revolución que estaba en camino— lo hicieron suyo de inmediato. En su obra Beccaria hacía una revisión crítica al derecho penal vigente bajo el Antiguo Régimen, cuya principal característica era la desigualdad de trato que la ley daba a las personas según fuera su clase social. El jurista italiano puso en tela de juicio el sistema de justicia, centrado solamente en el castigo, y hacía propuestas tan revolucionarias como que las leyes estuvieran previamente escritas para que los ciudadanos supieran lo que les podía pasar si las vulneraban, que se aplicaran a todos por igual —nobles y plebeyos— y que el legislador redactara la ley y, en consecuencia, estableciera cuál debía ser su interpretación, y no como ocurría en ese momento, que era el juez quien interpretaba o incluso inventaba según fuera el caso.

Pero Beccaria fue más allá. Afirmó que la atrocidad de las penas establecidas era inútil y perniciosa y abogó por la abolición de la pena de muerte y de la tortura. «No vale la confesión dictada durante la tortura si no se confirma con juramento después de haber cesado esta; pero si el reo no confirma lo que allí dijo es atormentado de nuevo. Algunas naciones y algunos doctores no permiten esta infame repetición más que tres veces; otras naciones y otros doctores la dejan al arbitrio del juez», escribe en De los delitos y las faltas. «De manera que puestos dos hombres igualmente inocentes, o igualmente reos, el robusto y esforzado será absuelto y el flaco y tímido condenado en fuerza de este exacto raciocinio: “Yo, juez, debía encontraros reos de tal delito; tú, vigoroso, has sabido resistir al dolor, y por eso te absuelvo; tú, débil, has cedido, y por esto te condeno. Conozco que la confesión que te he arrancado entre la violencia de los tormentos no tendría fuerza alguna; pero yo te atormentaré de nuevo si no confirmas lo que has confesado”».

Las decisiones de los jueces eran, muchas veces, el producto de la incompetencia, de la corrupción, del capricho o de los intereses políticos del momento. A aquello no se le podía denominar, en puridad, justicia. La tortura se aplicaba con tres objetivos: para saber si era culpable del delito del que se le acusaba, para descubrir si había cometido otros delitos más y para conocer quiénes habían sido sus cómplices. Las innovadoras ideas de Beccaria sobre la presunción de inocencia y la protección de las libertades individuales tuvieron una gran influencia en la Constitución de los Estados Unidos y en la Carta de Derechos y también en la Constitución que resultó de la Revolución Francesa, además de en la Declaración de Derechos del Hombre. Sus ideas impregnaron el futuro de Europa. Beccaria formó junto con el filósofo inglés Jeremy Bentham lo que después se conoció como la Escuela Clásica, que partía de la premisa de que el ser humano goza de libre albedrío: es libre para escoger entre lo que está bien y lo que está mal, por lo que si elige el mal, estando dotado de esa inteligencia y de esa libertad, es lógico que se le retribuya con un castigo apropiado en tiempo y forma.

Bentham, que tuvo una gran influencia en España, fue el precursor de los sistemas penitenciarios. Según él la finalidad de la prisión era reformar y corregir a los presos para que, al recuperar la libertad, no fueran una rémora para la sociedad.

La frenología

La victoria de la Revolución Francesa contribuyó a terminar con ese estado de cosas, dando lugar al comienzo de una nueva era: la de los derechos del hombre. La religión perdió parte de su influencia. Los primitivos penalistas y criminólogos de la época dejaron de identificar al demonio como el origen principal de la maldad que anidaba en los hombres y que les llevaba a cometer delitos y crímenes. El enigma, sin embargo, siguió sin tener una explicación clara: ¿por qué existía el crimen? ¿Cuál era su origen? ¿Se podía acabar con él?

El médico alemán Franz Joseph Gall hizo un nuevo intento a comienzos del siglo XIX con un método innovador que gozó de gran éxito a lo largo de ese siglo y hasta entrado el siglo XX: la frenología, cuya doctrina expuso en su libro La anatomía y la fisiología del sistema nervioso central en general y del cerebro en particular. El doctor Gall fue el primero en la historia en considerar que el cerebro era el centro de todas las actividades mentales. Creía que la conducta criminal podría remontarse a los orígenes fisiológicos del hombre, a la forma del cráneo, porque a través de su observación y análisis se podía conocer el carácter y el desarrollo psicológico de la persona. Y fue más allá. Elaboró un mapa del cerebro en el que identificó treinta y ocho regiones en las que, según él, residían las facultades psicológicas, de las que depende directamente la conducta humana; los rasgos de la personalidad.

La frenología —llamada en su nacimiento «craneoscopia»— identificó aquellos lugares del cerebro donde se localizaba la agresión, la destructividad, la hostilidad y el secretismo. Si estas áreas eran más grandes o estaban más pronunciadas que en una cabeza normal, entonces eso demostraba que la persona poseía esos rasgos. A partir de la frenología, se acuñó la idea de que los cerebros de los criminales estaban dañados, lo cual producía una sobreabundancia de hostilidad y agresión. Los especialistas en este campo pensaban que ese daño se originaba por influencias externas que estimulaban al cerebro y que hacían que se desarrollara en exceso. Entre las influencias externas se encontraban la torpeza, el alcoholismo, la masturbación, el exceso de estudio siendo niño o haber recibido demasiada religión. La teoría de Gall sobre las funciones localizadas en el cerebro fue corroborada en 1861 por el cirujano francés Paul Broca, que demostró la existencia de un centro específico en el cerebro que regía el lenguaje de la persona.

Gall también fue el primero que identificó en el cerebro la materia gris, la materia blanca y el tejido conductor. Sus aportaciones le convirtieron en el antecedente directo de la neurofisiología y la neuropsiquiatría. Sin embargo, los avances científicos demostraron que el grosor de los cráneos variaba de una persona a otra y que la superficie de la cabeza no refleja la topografía del cerebro, lo que invalidó la premisa básica de la frenología, si bien siguió teniendo aceptación hasta los años treinta del siglo XX.

Uno de los incidentes que dieron mucho que hablar sobre la importancia del cerebro, tal como señalaba la frenología, ocurrió el 13 de septiembre de 1848 en Virginia, Estados Unidos. Un joven capataz de obra de los ferrocarriles, Phineas P. Gage, de veinticuatro años, se vio atrapado en una explosión. Una barra de acero, de un metro de longitud, voló por el aire y atravesó su cráneo como una flecha. Entró por la parte superior de su cabeza y salió por su mejilla izquierda, dejando un agujero de por medio. El joven jamás perdió la conciencia y siguió hablando con sus compañeros minutos después de suceder el accidente. Fue trasladado a un hotel, donde entró por su propio pie. Allí fue examinado por el doctor J. M. Harlow, el médico del ferrocarril, que no entendía por qué no había muerto. «El joven dirigió mi atención al agujero de su mejilla diciéndome: “La barra entró por aquí y pasó a través de mi cabeza”», escribió después en su diario. Gage sobrevivió, pero su personalidad sufrió un cambio drástico. Si antes había sido un capataz eficiente, se hizo descuidado y pendenciero. «El equilibrio entre sus facultades intelectuales y sus propensiones animales quedó destruido», dictaminó después el doctor. El joven fue despedido de su trabajo y se convirtió en una persona solitaria. «Su mente cambió radicalmente. Sus amigos decían que no era el mismo Gage», dijo el médico. Pero no todo fueron desgracias para Phineas P. Gage. A causa de su increíble herida se hizo famoso. P. T. Barnum se lo llevó a su Museo de América, en Nueva York, para que todo el mundo lo viera.

Lo que le sucedía al cerebro determinaba la conducta del hombre y podía cambiar su personalidad, como bien se comprobó en el caso de Raymond Fernández, de treinta años, que sufrió un accidente durante un viaje en barco en 1945. Le cayó encima una tapa de escotilla que le dejó en coma durante una semana. Los que le habían conocido no le reconocieron después. Su personalidad había dado un giro de ciento ochenta grados, como le ocurrió a Gage. Si antes había sido educado y cortés, se convirtió en una persona que discutía y estallaba por todo. Y además se transformó en un asesino. Se cree que mató a un total de diecisiete mujeres. Fue ejecutado en la prisión de Sing-Sing en 1951.

Otro caso fue el de Charles Whitman, de veinticuatro años. El 1 de agosto de 1966 se subió a la torre principal de la Universidad de Texas y desde allí comenzó a disparar a diestro y siniestro. Mató a dieciocho personas antes de ser abatido. Horas antes había asesinado a cuchilladas a su madre. En la autopsia que realizaron a su cadáver los médicos forenses descubrieron que Whitman tenía un tumor cerebral muy extendido.

El cerebro tenía la clave de la conducta humana.

El criminal nato

El 24 de noviembre de 1859 el biólogo británico Charles Darwin publicó un libro que tuvo sobre la fe cristiana el mismo efecto que las bombas que se arrojaron sobre las ciudades japonesas de Nagasaki e Hiroshima. Se tituló El origen de las especies y en él desmentía el origen de la creación del mundo tal y como establecía la Biblia, algo que nadie había puesto en tela de juicio hasta entonces. Su tesis central era que Dios no había creado al hombre. El hombre procedía del mono o, para ser precisos, de un antepasado común. Era producto de la evolución y de la llamada selección natural. El origen de las especies fue la principal fuente de inspiración para Ezechia Marco Lombroso, más conocido como Cesare Lombroso, un médico forense y psiquiatra italiano, natural de Verona y afincado en Turín. Lombroso entendió que el germen de la criminalidad en el hombre se hallaba en los rastros de nuestros ancestros animales que todavía pervivían en algunos seres humanos: el atavismo. La criminalidad era, por lo tanto, un rasgo heredado.

Cualquier «criminal nato» podía ser identificado por sus defectos físicos, en contra de la idea de la Escuela Clásica imperante hasta ese momento —representada por Beccaria y Bentham—, que defendía que el crimen era un rasgo característico de la naturaleza humana, en línea con lo que un siglo más tarde defenderían el sociólogo francés Émile Durkheim y la Escuela de Chicago. Lombroso llegó a esa conclusión tras haber analizado a más de seis mil delincuentes y haber diseccionado más de cuatrocientos cadáveres de criminales. Cuando realizaba la autopsia al cadáver de un famoso bandido llamado Vilella, descubrió que en la parte posterior del cráneo tenía una pequeña cresta parecida a la de los pájaros. Lo interpretó como un signo claro de primitivismo, dato que ratificó con el análisis complementario de otro cráneo, este de Verzini, un asesino en serie de mujeres, a las que estrangulaba y despedazaba y de las que terminaba bebiéndose su sangre.

Según este doctor italiano, que había metabolizado las tesis de Darwin, existía entre nosotros una especie de hombre diferente, una raza aparte. Era un tipo de persona que no había completado su evolución hacia el hombre actual, como la mayoría de los seres humanos. Se hallaba más cerca del simio que del hombre moderno. En consecuencia, la conducta normal de ese ser inferior en la civilización era el delito. Su hábitat natural. Su naturaleza criminal era, por lo tanto, innata, según Lombroso. Por ello había que estudiar al delincuente, no al delito. Era de cajón, según lo veía él. Nacía así lo que después se dio en llamar la Nueva Escuela, estandarte del positivismo criminológico. Ello le convirtió en el padre de la antropología criminal y de la moderna criminología, la ciencia que estudia la naturaleza, extensión y causas del crimen, así como la conducta humana desviada, con el fin de prevenir estos problemas aplicando las medidas necesarias. Sus planteamientos, desde un punto biologicista, se solapaban, sin duda, con los de la fisiognomía y la frenología.

¿Y cómo era físicamente un criminal nato? Lombroso elaboró un listado de características físicas específicas, entre las que se encontraba tener los ojos achinados, la nariz afilada —como el pico de las aves rapaces—, pómulos salientes, la frente baja, estrecha y arrugada, cejas pobladas, labios carnosos, la cara llena de agujeros, hombros caídos, brazos largos y dedos puntiagudos. A ello se añadía una «tara» muy específica: el mancinismo (el ser zurdo).

Como recuerda el profesor José Antonio García Andrade, uno de los más importantes psiquiatras forenses de la última mitad del siglo XX y principios del XXI, la utilización de la mano derecha, la «diestra», en el pasado estuvo vinculada a conceptos como agilidad y conocimiento de las materias ejercidas, mientras que el uso preferente de la mano izquierda, la «siniestra», se identificaba con la insensibilidad y la falta de sentido moral; quizá todo ello derivado, sugiere, de que el buen ladrón se situó a la diestra de Jesucristo.

Años después de estudiar el cráneo del bandido, en 1876, Cesare Lombroso publicó su libro El hombre delincuente. Fue un best-seller mundial para la época y sirvió de fuente de inspiración para muchos novelistas. Uno de ellos fue el irlandés Bram Stoker, autor de Drácula, novela que se publicó en 1897. Stoker basó el aspecto físico del conde vampiro en la descripción del criminal nato que ofrecía el doctor Lombroso en El hombre delincuente. Drácula tenía la nariz afilada, cejas abultadas y orejas puntiagudas.

Otros dos rasgos específicos que, según el médico forense italiano, definían al delincuente nato eran hablar en jerga y tatuarse el cuerpo. Lombroso sentía una especial repulsión por los taraceos que presentaba el cuarenta por ciento de la población reclusa de Turín. «Los tatuajes son, de hecho, una de las características esenciales del hombre primitivo y de los hombres que todavía viven en estado salvaje», escribió en su artículo «El arte salvaje del tatuaje», publicado en 1896. «Ciertamente estos tatuajes dicen más que cualquier escrito oficial para descubrirnos los corazones fieros y obscenos de estos desafortunados». Los taraceos eran, sin duda, una buena forma de identificación del delincuente. En uno de sus libros, El crimen, sus causas y sus remedios, publicado en 1897, cuenta la anécdota de cómo él mismo, como un Sherlock Holmes cualquiera, resolvió un caso de pedofilia, de un abuso sexual a una menor, gracias a un tatuaje: «Habiendo sido violada e infectada de sífilis una niña de tres años y medio, la madre de la criatura acudió sucesivamente a seis jóvenes de la vecindad que tenían gran familiaridad con ella. Detenidos todos ellos, negaron el delito. Intervine yo y al punto señalé de entre los seis a uno que tenía tatuajes obscenos en el brazo, fisionomía siniestra, campo visual alterado y huellas recientes de sífilis. Más tarde el individuo confesó su delito».

El profesor de la Universidad de Turín, sin embargo, consideraba que había también otros factores que influían en los criminales, como el clima, la alimentación, la densidad de población, la economía y, por supuesto —¡cómo no!—, la religión.

Lombroso se sirvió para sus investigaciones de «material vivo»: fue el médico de las cárceles de Turín desde 1884. Esto facilitó mucho sus trabajos y le condujo, en un ejercicio de clasificación inductivo, a establecer varias categorías de delincuentes:

El delincuente nato o atávico (imputable), que comete los delitos por causas hereditarias y al cual puede identificarse con facilidad porque tiene la frente protuberante, los pómulos y el mentón salientes, los labios partidos y, en ocasiones, padece de microcefalia. Según el doctor italiano eran incorregibles o necesitaban tratamientos de larga duración, y recomendaba que, frente a la mínima de las faltas, se los encerrara en una celda o se les obligara a realizar trabajos penosos, combinados con duchas frías.

El delincuente loco y amoral (imputable), que sabe que lo que hace está mal, pero lo hace de todas formas (es el equivalente claro al psicópata de hoy).

El delincuente epiléptico (inimputable), que, sufriendo esa enfermedad, lleva a cabo crímenes violentos haciendo uso de armas blancas.

El delincuente loco (inimputable), que cuando comete un delito no sabe lo que está haciendo.

El delincuente habitual (imputable), que ha hecho de la comisión de delitos su forma de vida.

El delincuente ocasional, primario aunque nada peligroso, que no padece defectos psicológicos pero que delinque cuando tiene la oportunidad. Carece de frenos inhibitorios y, dada la oportunidad, reacciona por impulso.

Este tipo de delincuentes, según Lombroso, se subclasifica a su vez en cuatro categorías: el delincuente pseudocriminal —las circunstancias lo llevan a cometer un delito—; el delincuente criminaloide —que comienza a delinquir por influencia del entorno—; el delincuente pasional —estalla como una bomba en una situación altamente emotiva, anulando su voluntad—; y el delincuente profesional —es un especialista en la comisión de los delitos porque es su modo de vida; se diferencia del delincuente habitual en que posee una destreza perfeccionada y especializada y del delincuente ocasional en que no se lanza a cometer delitos cuando se presenta la ocasión—.

Lombroso, prolífico como era, no se olvidó abordar la delincuencia femenina. Lo hizo en 1903, en un libro publicado junto con Guillermo Ferrero titulado La mujer delincuente, la prostituta y la mujer normal. Los dos investigadores siguieron el mismo esquema que en El hombre delincuente. Llegaron a la conclusión —tras estudiar incontables fotos de delincuentes femeninas, de medir sus cráneos y de registrar sus tatuajes— de que presentaban menos signos de degeneración que el hombre, pero por una causa: porque estaban menos evolucionadas. Lombroso y Ferrero, sin embargo, sí encontraron entre las prostitutas una mayor cantidad de atavismos y de deformaciones que entre las ladronas, que en apariencia eran más hombrunas. Desde su punto de vista las mujeres se prostituían por dos razones principales: la frigidez y el atavismo, a lo que después sumaron su nula inclinación hacia el trabajo, la impudicia, la ociosidad, la codicia…

Las ideas de Lombroso con el tiempo fueron puestas en tela de juicio cuando colegas de diferentes países analizaron con detenimiento la metodología de sus investigaciones. Casi todas las afirmaciones de Lombroso habían tenido su base en una sola muestra de convictos. Muestra que no había sido comparada con otra de referencia, formada por personas normales, como era de esperar científicamente. Las conclusiones a las que había llegado, ampliamente difundidas por todo el mundo, no podían ser consideradas como una visión objetiva. Eran resultados sesgados. El hecho fue bautizado con el nombre de «la falacia lambrosiana» a principios del siglo XX. Esta falacia fue probada por el médico británico Charles Goring en su estudio El convicto inglés, publicado en 1913. Goring, entonces un seguidor de Lombroso, decidió verificar por sí mismo las conclusiones a las que había llegado el afamado profesor de Turín mediante la realización de un estudio de campo propio. Preparó dos muestras. La primera estaba compuesta por un número de convictos británicos y la segunda por los componentes de la Royal Engineers, una unidad del ejército británico. Al final comparó, como debía de haberlo hecho Lombroso años atrás, los resultados entre ambos grupos. Goring no encontró diferencias sustanciales entre las dos muestras. De esa forma, sin quererlo ni desearlo, el investigador británico probó que el concepto de criminal nato marcado por el atavismo, acuñado por Lombroso, no tenía base científica alguna. Lombroso quedó así desacreditado ante la comunidad científica.

La sombra de Lombroso

A pesar del descrédito de las tesis de Lombroso, la creencia de que se podía identificar científicamente a los criminales no perdió su impulso. En 1912 el psicólogo estadounidense Henry Goddard hizo públicos los resultados de una investigación que llevaba por nombre «La familia Kallikak: un estudio sobre la herencia de la debilidad mental» («The Kallikak Family: A Study in the Heredity of Feeble-Mindedness»).

Goddard estudió dos ramas de la familia Kallikak (un seudónimo formado por los términos griegos «kalos» y «kakos», bueno y malo respectivamente, que protegía la verdadera identidad del núcleo familiar investigado). El punto de partida era Martin Kallikak, un héroe de la Guerra de la Independencia estadounidense. Cuando regresó de la contienda, Martin mantuvo una relación sexual con una tabernera que era una «débil mental». Este término fue utilizado desde finales del siglo XIX hasta casi mediados del siglo XX para definir vagamente cierto número de deficiencias mentales, incluyendo lo que ahora se considera retraso mental y también algunas discapacidades del aprendizaje.

La relación de Martin Kallikak con aquella mujer produjo, finalmente, 480 descendientes, de los que más de la mitad fueron locos, delincuentes y retardados mentales. Goddard los calificó de «raza de degenerados defectuosos». La segunda rama que el psicólogo estudió fue la descendencia que tuvo con una joven cuáquera de «buena familia», de Filadelfia, con la que Martin se casó después. Esta unión dio a la luz 496 descendientes. Ninguno fue considerado anormal ni criminal.

Goddard era un conocido eugenista estadounidense, perteneciente a un movimiento que defendía la mejora de la especie humana mediante varias formas de intervención, entre ellas la esterilización de personas con defectos genéticos (como los miembros de la «rama mala» de los Kallikak). Los resultados impactaron a la opinión pública y supusieron un importante impulso del apoyo al movimiento eugenista, el cual se alimentaba de la creencia de que la conducta criminal podría ser controlada a través de la genética. Una noción que contenía fuertes connotaciones racistas, como se pudo comprobar después.

Gracias a este estudio y a otros dos similares —los «Jukes» y los «Nanns»—, la eugenesia se convirtió en una corriente ampliamente aceptada por la opinión pública estadounidense. El Tribunal Supremo de ese país autorizó las esterilizaciones forzadas en la sentencia Beck contra Bell, de 1927: «Es mejor para todo el mundo que si en lugar de tener que esperar a ejecutar por su crimen a la descendencia degenerada, o de tener que dejarlos morir de hambre por su imbecilidad […], la sociedad evite que las personas que son manifiestamente incapaces puedan continuar su especie». Esta sentencia condujo a la esterilización forzada de más de sesenta y cinco mil personas en treinta y tres estados. Se trataba de retrasados y enfermos mentales, pero también sordos, ciegos, personas que padecían epilepsia o físicamente deformes, además de amerindios y mujeres afroamericanas, muchas de ellas pobres.

El estudio de Goddard se publicó en 1914 en Alemania y se reimprimió en 1933, el año en que los nazis se hicieron con el poder. Precisamente una de las primeras decisiones que tomó Adolf Hitler fue aprobar una ley que ordenaba la esterilización de retrasados, enfermos mentales, epilépticos, ciegos, sordos, deformes, alcohólicos o pacientes de la enfermedad de Huntington. Al acabar la II Guerra Mundial se supo que los nazis habían esterilizado de este modo a más de cuatrocientas mil personas. Los estadounidenses, vencedores de la guerra, se sonrojaron cuando en los juicios de Nuremberg —organizados para juzgar a la élite del régimen nazi capturada— los acusados defendieron la política eugenésica aplicada en Alemania durante doce años, argumentando que precisamente la eugenesia norteamericana les había enseñado el camino. La opinión pública estadounidense, al conocer este dato, se volvió en contra del movimiento eugenésico, que cayó en desgracia y perdió la mayor parte de sus apoyos. Las esterilizaciones forzadas se paralizaron en la mayor parte de los estados que las estaban implementando, aunque una minoría continuó con ellas hasta principios de la década de 1960. Hoy este tipo de esterilización masiva está reconocida como un crimen contra la humanidad.

En descargo de Goddard hay que decir que ya en 1920 reconoció que su estudio sobre los Kallikak estaba obsoleto, aunque eso no le impidió autorizar su nueva publicación en Alemania en 1933 y recibir los consabidos derechos de autor.

Así eres físicamente, así es tu carácter

El psiquiatra y neurólogo alemán Ernst Kretschmer enfocó las investigaciones sobre la relación que existe entre el temperamento y la constitución física. Quedaron plasmadas en su libro Estructura del cuerpo y carácter y fueron el punto de partida de la escuela alemana de biotipología. El sistema de clasificación que desarrolló se basaba en tres tipos de constitución corporal diferentes: asténico/leptosomático (delgado, débil, con extremidades largas y delgadas, manos y pies largos y estrechos, cuello largo y delgado, cabeza pequeña y cara estrecha y ovalada, al estilo de Don Quijote); atlético (musculoso, de hombros anchos y fuertes, pelvis estrecha, brazos y piernas musculosos, manos y pies grandes, cara alargada); y pícnico (extremidades cortas, manos y pies anchos y cortos, huesos finos, mucho tejido adiposo, caja torácica abombada, cabeza redondeada, cuello corto y macizo y cara ancha, al estilo de Sancho Panza). A esta clasificación añadió más tarde un cuarto grupo, el displásico, donde incluyó a los sujetos que no podían encajar en ninguno de los tres grupos anteriores, a personas que sufrían anomalías como el gigantismo o el enanismo, y los casos extremos de cada uno de los tres tipos mencionados, así como los tipos mixtos.

Kretschmer vinculó la constitución corporal con tipos de temperamento diferentes. Así los leptosomáticos tendrían un temperamento ciclotímico: sociales, cordiales y abiertos, su vida está condicionada por el estado de ánimo de cada momento, que fluctúa entre la tristeza y la alegría; no poseen una lógica fuerte y su capacidad de trabajo está orientada de forma práctica. En los atléticos, de acuerdo con el psiquiatra alemán, predomina el temperamento gliscrotímico: necesitan mucha actividad física, su personalidad es poco flexible, su conversación tiende a ser monotemática y suelen ser apáticos o impulsivos. A los pícnicos los vinculó con un temperamento esquizotímico, definido por ser personas que se desconectan fácilmente de la realidad, con sensibilidad marcadamente bipolar —muy exagerada o muy disminuida—, susceptibles y suspicaces o indiferentes y frías, poco dadas a exteriorizar nada, calladas y reservadas.

Kretschmer jamás aplicó su teoría al mundo de los criminales, aunque sí indicó que podría ser utilizada en la investigación en ese campo. Varios autores internacionales, entre ellos el doctor José Antonio García Andrade, siguieron su «sugerencia». Los resultados fueron muy similares: «En mi muestra de 571 historias clínicas24 de otros tantos delincuentes a los que estudié, y donde establecí una interrelación con la edad, llegué a obtener los siguientes datos: 56,35 por ciento de leptosomáticos, 24,53 por ciento de atléticos, 17,94 por ciento de pícnicos y 1,18 por ciento de displásicos. La edad dejaba patente de forma rotunda la mayor incidencia del delincuente cuanto menor fuese aquella. Así, el 39 por ciento de los delitos acaecían entre los 16 y los 25 años; el 29,1 por ciento entre los 26 y los 35; el 18,2 por ciento entre los 36 y 45; el 8,2 por ciento entre los 46 y los 55; el 2,9 por ciento entre los 56 y 65; el 1,3 por ciento entre 66 y 75; y solo el 1,2 por ciento después de los 72 años».

Los seguidores de Kretschmer concluyeron que la incidencia de la delincuencia era mayor entre los leptosomáticos, seguidos por los atléticos. A una mayor distancia, los pícnicos. En Estados Unidos el psicólogo constitucional William Sheldon, de la Universidad de Harvard, siguió la senda de Kretschmer proponiendo una clasificación más novedosa, pero similar, elaborando una escala de temperamentos que comprendía veinte rasgos por cada uno de los grupos. Su aplicación no fue más que un nuevo intento de aproximación con un método que trataba de explicar el comportamiento delictivo del ser humano a través de la constitución física, pero no tuvo más consecuencias que las estadísticas porque no identificaba con seguridad al delincuente, sino que planteaba probabilidades.

Concepciones falsas sobre mujeres criminales

Dos casos judiciales catapultaron el síndrome premenstrual (SPM) a las primeras páginas de los periódicos y a los informativos radiofónicos y televisivos del Reino Unido a finales de 1981. «Hormonas desenfrenadas», «Frenesí premenstrual», «Dr. Jekyll and Mrs. Hyde» o «Miserias mensuales salvan a la señora asesina» (este del diario The Sun) fueron algunos de los titulares con que los tabloides londinenses criticaron la sentencia contra Sandie Craddock, una camarera de veintinueve años juzgada por el homicidio de una compañera, a la que había matado a cuchilladas. El juez del caso aceptó la tesis de la defensa, que argumentó que Craddock padecía un fortísimo síndrome premenstrual (SPM) que la convertía «en un animal rabioso cada mes». El tribunal contó con el testimonio en la sala de Katharina Dalton, famosa ginecóloga inglesa, autora de trabajos pioneros que habían establecido el vínculo entre las fluctuaciones del ciclo mensual y los cambios de conducta en las mujeres. La acusación, en consecuencia, pasó de homicidio a homicidio imprudente. La mujer fue puesta en libertad condicional con la obligación de someterse a un tratamiento de progesterona.

En el otro caso, Christine English mató a su amante —que estaba casado— después de una pelea. Llena de ira, lo atropelló con su vehículo y lo empotró contra un poste. Dalton explicó al tribunal que English sufría de una forma agravada de SPM, lo que le había provocado una bajada del azúcar y una sobreproducción de adrenalina, explicó la doctora Dalton. Al igual que en el caso de Craddock, el tribunal cambió la calificación inicial de homicidio por la de homicidio imprudente, por razones de «responsabilidad disminuida».

Siete años más tarde, un nuevo caso del que fue protagonista Anna Reynolds, de veintiún años, nuevamente llamó la atención de los medios. Reynolds había matado a su madre golpeándola con un martillo en la cabeza. La mujer, al igual que las dos anteriores, sufría SPM, lo que le hizo perder temporalmente el autocontrol. Y, como en los anteriores casos, la acusación fue rebajada de homicidio a homicidio involuntario.

Son pocos los países que admiten el SPM como atenuante en sus sistemas judiciales. Los tres casos citados son excepcionales, pero llenaron en su momento páginas y páginas de comentarios y horas y horas en radios y televisiones del Reino Unido. Sin embargo, no hicieron más que reforzar un concepto erróneo materializado cien años antes por Lombroso: que los factores hormonales y los desequilibrios químicos que se producen en el periodo menstrual de cada mujer son el origen de la criminalidad femenina. En aquel tiempo se pensaba que la menstruación podía ser causa de dolores de cabeza, epilepsia, cleptomanía, suicidio o incluso de los homicidios de los que las mujeres eran autoras. Una línea de pensamiento que se vio reforzada en 1945 con un estudio llevado a cabo por los estadounidenses G. F. Vito y R. M. Holmes y que establecía que el «84 por ciento de los crímenes violentos cometidos por mujeres tienen lugar durante el periodo premenstrual o durante los primeros días de la menstruación».

Sin embargo, a pesar de aquellos resultados, investigaciones más recientes han concluido que no existe relación directa alguna entre la criminalidad femenina y el periodo premenstrual y que las conclusiones extraídas de estudios anteriores se basaron en ideas estereotipadas del sexo femenino. Los casos citados son excepciones y no la norma.

Lo mismo sucede con el síndrome de depresión posparto (SDPP), en especial desde 2001, cuando se conoció el caso de Andrea Yates, de treinta y seis años. Esta mujer ahogó a sus cinco hijos en Houston, Texas, el 20 de junio de ese año. Su abogado, George McCall Secrest, argumentó ante el jurado que su cliente sufría precisamente de depresión posparto y que su estado mental no era, en absoluto, el de una persona en sus cabales cuando sucedió todo.

El letrado había defendido en 1997 a otra mujer que había matado a su bebé de cuatro meses porque pensaba que estaba poseído por el demonio. La mujer fue absuelta del cargo de homicidio. El tribunal ordenó su ingreso en un hospital psiquiátrico al considerarla inimputable debido a su estado mental. Yates no tuvo tanta suerte. Un tribunal popular, después de cuatro horas de intensa deliberación, la declaró culpable de los cinco asesinatos al final del juicio, que se celebró en marzo de 2002. El magistrado le impuso una condena de cadena perpetua.

Otro caso de SDPP tuvo lugar en Nueva York en 2001. Susan Mooney, de treinta y ocho años, mató a su hijo de siete meses asfixiándole, tapándole la boca e impidiéndole respirar. Como en el anterior caso, el tribunal no aceptó la defensa del SDPP y fue finalmente condenada por homicidio. No hubo lugar para especulaciones pseudocientíficas.

El crimen: inevitable y necesario

El francés Émile Durkheim, considerado el padre de la sociología, desplazó el foco del análisis sobre el individuo —donde lo había centrado Lombroso— y lo colocó sobre la sociedad, más cerca de Beccaria y Bentham. El crimen, decía Durkheim, debería verse como algo funcional y necesario para la sociedad, más que algo patológico y un síntoma de una sociedad enferma. Según el sociólogo, el crimen y la criminalidad habrían estado presentes en todas las civilizaciones, por lo que son normales. Además, argumentó Durkheim, castigando a los criminales la sociedad reafirma sus propios valores. Si no se cometieran crímenes, los valores de la sociedad se difuminarían. Si no hubiera castigo, entonces no habría forma de restablecer los valores que se hubieran violado. Y fue más allá afirmando que incluso en una sociedad compuesta en su totalidad de santos todavía seguiría habiendo crímenes, porque los altos estándares morales imperantes impondrían que aun la más mínima transgresión equivaldría a una vulneración de la norma y, por lo tanto, a un crimen.

Las ideas de Durkheim influyeron de forma decisiva sobre la famosa Chicago School of Sociology en la década de 1930. Este centro de pensamiento consideraba que la sociedad era la fuerza embrionaria que había detrás de la conducta de los criminales. Uno de sus discípulos, Robert K. Merton, explicó que los actos criminales eran el resultado de conductas socialmente creadas más que de impulsos momentáneos. La sociedad, de acuerdo con este sociólogo, ofrece los mismos objetivos y recompensas a todos los ciudadanos, pero los medios y las oportunidades de que disponen no son los mismos para todo. En consecuencia, la gente delinque porque se siente engañada.

Una tesis que, como todas, tiene un talón de Aquiles evidente: ¿qué ocurre cuando los delincuentes realizan delitos de cuello blanco? ¿O cuando proceden de familias pudientes y han recibido una educación esmerada, en la que no les ha faltado de nada y la sociedad les ha dado todo? No resulta lógico pensar que puedan sentirse engañados. Este tipo de gente piensa que los delitos de verdad están en la calle y pertenecen a clases sociales inferiores. Lo que hacen ellos son «negocios» y se ven reforzados por la idea de que todo el mundo lo hace. Y cuando finalmente caen en las redes de la policía reciben el apoyo de su familia y de sus amigos porque no consideran que lo realizado sea comparable a un robo a punta de pistola, un secuestro o un asesinato. Sin embargo, negocian con información privilegiada, aceptan sobornos, cometen fraudes y otro tipo de delitos cuyos impactos son devastadores para la economía y para la vida de decenas de miles de personas. Y lo que es peor, aprenden unos de otros. La gente normal no tendrá nunca en su vida ni la oportunidad, ni la formación, ni los conocimientos, ni los contactos para cometer delitos de ese tipo. ¿Cuál es su motivación, si lo han tenido todo desde la cuna? Algunos de los que han sido detenidos han explicado que les había movido la necesidad de mantener un alto nivel de vida o simplemente querían hacerse ricos de la forma más rápida. Por eso, para ellos, era lógico el atajo que habían tomado.

El enfoque sociológico es evidente que no resulta de gran utilidad como arma para la batalla contra la criminalidad, porque ¿cómo se puede identificar a un criminal de cuello blanco a primera vista? ¿Existe algún método? No, que se sepa. Pero se les puede identificar, pese a todo. El psicólogo canadiense Robert D. Hare desarrolló un procedimiento.

La trisomía XYY

Los años veinte del siglo XX fueron muy prolíficos en lo que a teorías sobre el crimen se refiere. Teorías que destacaban el papel de la química orgánica, de la nutrición, del ADN —aislado por vez primera en el invierno de 1869— o de los factores ecológicos. Una de estas interpretaciones fue la de la trisomía XYY, que se hizo muy popular, más tarde, en la década de 1960, gracias a varios casos criminales en los que el delincuente tenía un cromosoma extra Y.

El doctor Avery A. Sandberg, del Roswell Park Memorial Institute de Buffalo, Nueva York, descubrió accidentalmente en 1961 la trisomía XYY en un hombre de cuarenta y cuatro años de edad, 183 centímetros de altura e inteligencia media. La doctora australiana Patricia Jacobs tomó el testigo realizando un estudio sobre la trisomía XYY a 197 presos, pacientes peligrosos, recluidos en el State Hospital de Lanarkshire, Escocia, cuyos resultados asombraron a la comunidad científica: el 3 por ciento de los delincuentes tenían ese síndrome frente a la población general extrapenitenciaria, en la que solo lo portaban el 0,15 por ciento. Se interpretó que el cromosoma Y de más era el origen del aumento de la agresividad entre sus portadores, los llamados «supermachos»; personas de perfil hostil, violento y altamente peligroso. El Y extra fue bautizado por la prensa como el «cromosoma del crimen» o el «gen de la violencia». Fue el regreso del «delincuente nato» de Lombroso.

Los casos de delincuentes con la trisomía XYY empezaron a ocupar espacio en los periódicos. Uno de ellos fue el del australiano Laurence E. Hannel, de veintiún años, que mató a su patrona, Mary Rebfern, una viuda de setenta y siete años, el 27 de marzo de 1967. Su abogado defensor alegó para conseguir su exculpación —sabiendo que era portador del XYY— que sufría un retraso mental. El doctor Alen Bartholomew, psiquiatra y perito de la defensa, explicó ante el jurado que el cariotipo encontrado en el muchacho explicaba su conducta agresiva y su retraso mental. El especialista aportó, además, un electroencefalograma del joven que demostraba que era anormal. En once minutos de deliberación el jurado lo declaró no culpable por su trastorno mental. Hannel fue ingresado en un hospital psiquiátrico de máxima seguridad hasta que se curase.

Otro caso fue el del francés Daniel Hugon, un joven que fue acusado de asesinar a una prostituta de sesenta y dos años, Marie Louise Olivier, en un hotel de Pigalle, en París, el 4 de septiembre de 1968. Una vez en la habitación el hombre descubrió que se trataba de una mujer mayor y la rechazó por su aspecto. Sin embargo, terminaron pasando la noche juntos. Por la mañana la prostituta le exigió cincuenta francos y él la estranguló. Después huyó a Bretaña, donde se ocultó trabajando durante tres meses en la granja del conocido artista de cine Jean Gabin. Al final se entregó. Hugon tenía antecedentes por robo y alcoholismo. No tenía empleos fijos porque solía sufrir frecuentes depresiones y shocks nerviosos. Había intentado suicidarse una vez. Como era lógico, en cuanto los medios de comunicación descubrieron que Hugon poseía el «gen criminal» se convirtió en noticia estrella. Su abogado defensor apeló a Lombroso en su estrategia: «¿Nacen algunas personas marcadas para ser criminales, como decía Lombroso? Si esto es así, ¿una persona con el cariotipo XYY es moral y legalmente responsable de sus actos?». Los peritos que depusieron en este caso fueron los doctores Leon Desrobert, profesor de Medicina Legal, y Jérôme Lejeune, experto en trastornos cromosomáticos. Lejeune contestó a la defensa explicando que «el criminal nato no existe». El acusado no había nacido para ser un asesino, aunque señaló que quienes nacen con anormalidades cromosomáticas tienen un treinta por ciento de probabilidades de llegar a serlo. El trisoma XYY, explicó al tribunal el doctor Lejeune, impedía a Hugon conducir su vida apropiadamente. Le faltaba inteligencia para distinguir entre el bien y el mal, pero tenía conciencia, como había demostrado al entregarse. Recomendó que se le internase en un hospital para protegerlo de sí mismo. El jurado escabinado —formado por legos y juristas— tardó menos de cuarenta minutos en emitir el veredicto. Optaron no por declararlo irresponsable por su alteración genética, que consideraron una atenuante, sino que le declararon culpable, pero fue sentenciado a siete años de cárcel en lugar de los quince con los que estaba castigado el homicidio. Fue la primera vez que una alteración cromosómica fue considerada una atenuante y no una eximente.

Otro poseedor del trisoma XYY, el estadounidense Sean Farley, de veintiséis años, natural de Brooklyn, Nueva York, asesinó en agosto de 1968 a Margaret Burke, de cuarenta y nueve años, cerca de su casa de Sumsyde, en el barrio de Queens. Farley fue detenido. Su historia clínica era un relato de violencia continua. En este caso el doctor E. Schutta, un experto genetista, participó como perito de la defensa. Como había ocurrido en Australia, Farley fue declarado no culpable y enviado a un hospital psiquiátrico.

Sin embargo, el caso más famoso de todos los «supermachos» en el mundo fue el del estadounidense Richard Speck, un asesino en serie que mató a ocho enfermeras cuando se encontraban en sus casas, en Chicago en 1966. Sobre él se vertieron lagos de tinta. Speck era la prueba viva de la existencia del delincuente nato, un criminal predestinado desde la cuna para matar, como se había demostrado. Fue condenado a cadena perpetua. Solo había un problema: que no era un XYY. Pero este dato se hizo público años más tarde.

En España el portador más famoso del trisoma XYY fue Manuel Delgado Villegas, más conocido por su apodo de el Arropiero —porque su padre vendía en el Puerto de Santa María, Cádiz, dulce de arrope elaborado con higos—. También se le llamó el Estrangulador del Puerto. Fue detenido en enero de 1971 por uno de los mejores investigadores policiales de nuestra historia: Salvador Ortega Mallén. Gracias a este investigador, entonces jefe de policía de la ciudad gaditana, Delgado Villegas confesó cuarenta y ocho asesinatos. Siete de ellos fueron totalmente probados.

Su modus operandi siempre era el mismo: estrangulación o lo que el llamaba «golpe mortal del legionario», que había aprendido mientras hizo el servicio militar en la Legión. Según cuenta el doctor García Andrade, que lo trató en el Centro Asistencial Psiquiátrico Penitenciario de Madrid —donde fue internado—, no tenía el menor sentimiento de culpa. Gozaba y se vanagloriaba de haber maltratado y humillado a sus víctimas. «Sin ningún arrepentimiento decía: “Me entra el impulso ese”», cuenta García Andrade imitando el gesto del golpe mortal con la mano. «Incluso competía con otro conocido asesino en serie, el de las ancianas de Santander, para ver quién tenía más méritos a la hora de conseguir ese “honor”». El Arropiero estaba poco dotado intelectualmente y jamás llegó a aprender a leer o a escribir. Era una persona cruel y violenta. Siendo niño enterró vivo a su perro y se sentía orgulloso de poseer una gran sexualidad. Era bisexual y necrofílico. Ortega Mallén lo arrestó cuando investigaba la desaparición de Toñi, una deficiente mental de El Puerto de Santa María. Delgado Villegas terminó por confesar que la había estrangulado y que había regresado dos veces al lugar donde se hallaba el cadáver para copular con el cuerpo.

«El día de autos se fue con la víctima al campo para mantener relaciones sexuales —cuenta el doctor García Andrade—. Realizaron un coito y, al terminar, Toñi le pidió tener uno más, pero ahora prefería que fuera anal. Al acabar, la víctima no estaba del todo satisfecha y le reclamó una felación. El Arropiero no pudo superar la sensación de asco que le producía la situación y, sin más, cogió las medias de la víctima y la estranguló».

La «moda» del trisoma XYY y del «supermacho» terminó por pasar, sobre todo cuando se supo que Richard Speck no poseía el «gen criminal». Ginebra fue el escenario en el que se dio carpetazo final al asunto. El doctor Pierre Rentchnick, en aquel momento editor de la revista francesa Medicina e Higiene, organizó una mesa redonda en la que participaron especialistas en la materia. El objetivo era tratar sobre cómo afectaba la predisposición a la criminalidad en los delincuentes que muestran la trisomía XYY. La conclusión fue muy clara: si la personalidad del individuo portador de esta anomalía genética «no está suficientemente estructurada, hay muchas probabilidades de que se vea abocado a una conducta antisocial o incluso a la criminalidad. Pero, científicamente, no se puede sostener que exista un cromosoma del crimen». Fin del asunto.

Los psicópatas

Desde el principio de la psiquiatría se reconoció a un grupo de personas que no podían ser calificadas de enfermos mentales. Personas que, sin embargo, tenían una serie de rasgos en su carácter que les hacían ser distintos de las personas normales. Eran —y siguen siéndolo— personalidades anómalas, agresivas, egocéntricas, carentes de remordimientos o sentido de culpa por los actos realizados, desprovistas de empatía alguna, mentirosas y manipuladoras, superficiales y, sobre todo, capaces de distinguir entre el bien y el mal y de elegir el mal para su propio disfrute. Personas de todo punto imputables desde el punto de vista legal. Un ciudadano normal, sin ningún conocimiento de psiquiatría o psicología, las definiría como malas sin dudarlo ni un segundo.

Esto condujo a la psiquiatría clásica a afirmar que en épocas normales, de paz, la sociedad trata de que este grupo se integre, se adapte o al menos se le controle, en tanto que en épocas de crisis, convulsiones sociales o guerras es la sociedad la que repetidamente se ve dominada por ellas. Conflictos como la Guerra Civil española, la II Guerra Mundial, las guerras de Vietnam o Bosnia o las matanzas de Ruanda fueron auténticas «fiestas» para este tipo de personas, que no están, en absoluto, locas. Es su forma de ser. Vienen así de fábrica y no hay ningún rasgo físico externo que los identifique. Exteriormente son personas normales.

La psicopatía fue el primer trastorno de la personalidad reconocido por la psiquiatría. Fue el doctor Philippe Pinel, el padre de la psiquiatría francesa, el primero en utilizar el concepto clínico de la psicopatía al acuñar el término de «manie sans délire» (manía sin delirio) en su Tratado médico-filosófico de la enajenación mental o manía. Con esta expresión calificaba a aquellas personas que mostraban una ira incontrolada y un funcionamiento intelectual normal. A Pinel le siguió el psiquiatra británico James Cowles Prichard, quien introdujo en la criminología del Reino Unido el concepto de «moral insanity» (locura moral) en su Tratado sobre la locura y otros desórdenes que afectan a la mente, de 1837.

El término de «locura moral» fue objeto de críticas desde diversos órdenes sociales —el jurídico, el religioso, etc.—, por lo que el psiquiatra alemán J. L. Koch, en 1888, propuso reemplazarlo por el de «inferioridad psicopática», en el que incluyó todas las irregularidades mentales del momento. Era como un cajón de sastre en el que se incluían todos los trastornos de la personalidad que hoy conocemos y cuya investigación entonces era incipiente. Trastornos como los paranoides, los esquizoides, los esquizotípicos, los límites y los obsesivo-compulsivos, entre otros, que hoy en día están perfectamente identificados, se incluyeron junto al antisocial —como se define en nuestros días al que nos ocupa— bajo la misma etiqueta. Por lógica la «inferioridad psicopática» derivó en «psicopatía» (palabra que en su origen significa «enfermedad de la mente»), lo que resultó en una etiqueta final específica que definía precisamente lo contrario de lo que era. No es una enfermedad, sino un trastorno de la personalidad, una forma de ser específica, en suma, cuyo origen se desconoce y para el que no se ha encontrado, todavía, remedio alguno.

El germano Kurt Schneider distinguió más tarde diez tipologías de lo que él definió como «personalidad psicopática» —título del libro en el que expuso su tesis— y que incluye trastornos de la personalidad distintos y que hoy reciben otro nombre específico. De acuerdo con Schneider, los «psicópatas son personalidades anormales que a causa de su anormalidad sufren ellos o hacen sufrir a la sociedad». Los divide en psicópatas con afán de notoriedad, psicópatas hipertímicos, psicópatas abúlicos, psicópatas lábiles del estado de ánimo, psicópatas explosivos, psicópatas fanáticos, psicópatas asténicos, psicópatas depresivos, psicópatas obsesivos y psicópatas anéticos (desalmados o de sangre fría). Son estos últimos, los anéticos, los que encajarían en el concepto popularizado de psicópata que se entiende en nuestro tiempo.

Es un término que lleva a error continuamente porque no son enfermos. Por eso la Asociación de Psiquiatría Estadounidense (APA), en su Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales (DSM-IV), y la Organización Mundial de la Salud (OMS), en su Clasificación Internacional de Enfermedades 10 (CIE-10), los dos referentes mundiales en este campo, lo definen como trastorno antisocial de la personalidad, la primera, y como trastorno disocial de la personalidad, la segunda. La incidencia entre la población masculina, según cálculos realizados por la APA, es del 3 por ciento y del 1 por ciento entre la femenina en cada país. En España somos 47.021.031 habitantes según el censo de 2010, de los que 23.226.135 son hombres y 23.794.846, mujeres. De acuerdo con el cálculo de la APA, 696.784 hombres y 237.948 mujeres en España padecerían dicho trastorno. La OMS hizo un cálculo global del 2 por ciento —hombres y mujeres— de la población, lo que supondría 940.420 hombres y mujeres en España.

Sin embargo, no todos los que padecen este trastorno son criminales o asesinos ni desarrollan una conducta criminal. Pueden presentar los clásicos rasgos afectivos y emocionales del psicópata, pero carecer de la conducta antisocial que distingue a los psicópatas que matan.

En 1941 el estadounidense Hervey Cleckley puso el penúltimo ladrillo en la definición final de la psicopatía con su libro La máscara de la cordura. En 1964 estableció las características más frecuentes de lo que hoy se entiende por psicópata o persona con un trastorno antisocial o disocial de la personalidad. Cleckley las define como personas con un encanto superficial, egocéntricas, con una menor reacción afectiva, un razonamiento insuficiente, que no aprenden de la experiencia, no pueden amar, son mentirosas patológicas y fantasiosas que se inventan historias, inteligentes y manipuladoras, que no tienen sentido de culpa o remordimiento y actúan bajo unos códigos «éticos» propios, diferentes de los del resto de la sociedad. Algunos necesitan de sobreestimulación o aturdimiento, por lo que es posible que ingieran drogas y/o alcohol, y tienen una baja tolerancia al fracaso y a la frustración, junto con una conducta antisocial. Es decir, perfectamente equipados para la delincuencia, el crimen y su ejercicio «profesional». «La belleza y la fealdad, excepto en un sentido superficial, la bondad y la maldad, el amor, el horror y el humor no tienen un sentido real, no constituyen ninguna motivación para él. Es como si fueran ciegos a los colores, a pesar de su aguda inteligencia para esos aspectos de la existencia humana», escribe Cleckley en su libro.

Hoy por hoy no existe solución médica ni terapéutica. «Para que una terapia funcione —dice Robert D. Hare,25 psicólogo canadiense y profesor emérito de la University of British Columbia— lo principal y primordial es que el paciente reconozca que tiene un problema y que quiere superarlo». El doctor Hare es el creador de la Lista de Control de la Psicopatía (PLC), un test utilizado en todo el mundo para identificar, diagnosticar y medir de un modo científico a los psicópatas que cumplen condenas de prisión. Consta de veinte ítems que comprenden factores de la conducta y factores interpersonales o afectivos, cada uno de los cuales puntúa de 0 a 2. El total máximo es de 40 puntos. Un auténtico psicópata es aquel que obtiene 30 puntos o más en la «escala Hare».

Los estudios realizados en este sentido han concluido que los psicópatas tratados en un régimen de comunidad terapéutica reinciden dos veces más que los no tratados. Más claro: la terapia empeora a los psicópatas. El problema es preocupante si se tiene en cuenta que el 20 por ciento de los 70.000 reclusos de las cárceles españolas puede estar padeciendo este desorden.

Sin embargo, muchos psicópatas jamás entrarán en prisión ni en un centro psiquiátrico. «Parecen funcionar relativamente bien como abogados, médicos, psiquiatras, académicos, mercenarios, policías, sacerdotes, personal militar, hombres de negocios, escritores, artistas, animadores, y así sucesivamente, sin vulnerar la ley o, al menos, sin ser detenidos y condenados», dice el doctor Hare. «Estos individuos son tan egocéntricos, insensibles y manipuladores como el psicópata criminal medio. Sin embargo, su inteligencia, su procedencia familiar, sus habilidades sociales y sus circunstancias le permiten construirse una fachada de normalidad para conseguir lo que quieren con relativa impunidad». Algunos comentaristas se han referido a ellos como «psicópatas de éxito». «Mejor que definir a estos individuos como psicópatas de éxito —después de todo sus éxitos son ilusorios y siempre son a costa de otros—, prefiero llamarlos psicópatas “subcriminales”. Su conducta, aunque técnicamente no es ilegal, viola los estándares éticos convencionales», explica el psicólogo criminalista español Vicente Garrido.

Desafortunadamente, desde el punto de vista legal, en la mayor parte de este tipo de casos no se puede hacer nada con ellos porque no han cometido delitos tipificados en el Código Penal o son considerados como meras faltas, delitos menores que conllevan pequeñas multas. El único remedio contra este tipo de gente consiste en ser conscientes de que están entre nosotros, en aprender a manejarlos y en acudir a las autoridades en el momento en que el peligro se haga patente.

Ninguna de las dos clases de psicópatas —criminales y subcriminales— puede ser identificada ni por la cara ni por el tipo de cráneo ni, mucho menos, por la forma de su cuerpo. No llevan ninguna marca especial que los distinga externamente. Son lobos viviendo entre corderos, como el doctor Hannibal Lecter, el protagonista referente de la novela de Tom Harris, El silencio de los corderos.

«No acepto que se reduzca a un conjunto de influencias —dice el doctor Lecter en la novela—. A favor del conductismo han eliminado ustedes el bien y el mal. Han dejado a todo el mundo en cueros, han barrido la moral, ya nadie es culpable de nada». Harris tiene gran parte de razón en el plano ideológico, pero en el penal los psicópatas criminales son plenamente imputables, responsables de sus actos y de las consecuencias, porque cuando cometen un crimen saben que está mal y que es un delito.

El puente entre la psiquiatría y la investigación policial

La película que nació de la novela de Harris —a la que siguieron Hannibal y Dragón Rojo— llamó la atención mundial sobre este tipo de depredadores y, más importante, sobre el trabajo llevado a cabo silenciosamente hasta ese momento por la Unidad de Ciencias del Comportamiento (BSU) del Centro Nacional para el Análisis del Crimen Violento del FBI, un departamento especializado en la investigación y captura de asesinos múltiples por todos los Estados Unidos. La serie de televisión Mentes criminales siguió el mismo planteamiento narrativo y el enfoque que las películas citadas.

La mencionada unidad nació en 1972 en la sede central del FBI en Quantico, Virginia, aunque recibió su gran impulso bajo los dos mandatos del presidente Ronald Reagan (1981-1989), como respuesta a los altos índices de criminalidad que asolaban Estados Unidos a principios de la década de 1980. Un asesino en serie podía estar matando mujeres y hombres en varios estados —como así ocurrió— y debido a la inexistencia de una policía nacional estadounidense, como el CNP o la Guardia Civil en España, y a la falta de coordinación entre las 50 policías estatales, 3.033 policías de condado y policías locales, podía pasearse por el país sin ser detectado siquiera. Al disponer el FBI de grandes medios humanos, materiales y un presupuesto reforzado, pudo ocupar una posición de coordinación nacional, sirviéndose de los más modernos medios informáticos del momento, en el campo de la investigación de crímenes de difícil resolución, en los que víctimas y asesinos no tienen ningún tipo de relación previa. En más del noventa por ciento de los crímenes que suceden en el mundo, los asesinos son siempre personas que pertenecen al entorno de las víctimas.

Para abordar este desafío el FBI se sirvió claramente de la psiquiatría y de su «biblia», el DSM-III, y su versión posterior, el DSM-IV, para desarrollar su conocida clasificación de asesinos en serie organizados y asesinos en serie desorganizados, como reconocieron cuatro de los agentes originales que iniciaron la BSU: Robert K. Ressler, John Douglas, Roy Hazelwood y Dick Ault. Esta clasificación es, de hecho, una traducción al lenguaje policial y criminológico del DSM-IV. «Necesitábamos una terminología que no estuviera basada en la jerga psiquiátrica para definir a los diferentes tipos de delincuentes y que los agentes de la policía y de otras fuerzas de seguridad lo entendieran», admite Robert K. Ressler.26 «De nada sirve decirle a un agente que lo que está buscando es una personalidad psicótica si ese agente no tiene formación en psicología. Necesitábamos hablar a la policía en términos que ellos pudieran entender y que eso les ayudara en su búsqueda de asesinos, violadores y otros criminales violentos. En vez de decir que una escena del crimen mostraba pruebas de una personalidad psicopática, empezamos a decir al agente que la escena del crimen estaba “organizada” y que así era el posible delincuente, mientras que en otra el responsable podía ser un “desorganizado”, cuando algún desorden mental —esquizofrenia o psicosis— estaba presente». Poco después añadieron una tercera categoría: la de asesinos en serie mixtos, los cuales representaban características de ambos grupos, como el estadounidense Jeffrey Dahmer, que asesinó a diecisiete hombres, o el español Manuel Delgado Villegas, el Arropiero.

En la clasificación del FBI el asesino organizado equivale a la definición del psicópata, del delincuente que sufre el trastorno antisocial de la personalidad. Este tipo de asesinos planifica sus crímenes con antelación y se sirve de trucos o engaños para reducir a sus víctimas, que suelen ser personas desconocidas. Borra las huellas y los rastros que pudiera haber dejado y altera la escena del crimen para desorientar a los investigadores. Es un tipo de criminal que mejora con cada crimen. Se perfecciona a través de la experiencia y es muy difícil capturarlos. Muchos llevan, cuando salen «de caza», lo que se ha dado en llamar el «maletín del agresor». Son cuerdas, esposas, cintas adhesivas o cualquier tipo de objeto que después le servirá para inmovilizar a su víctima.

Son tan inteligentes que es muy normal que, tras su captura, se hagan pasar por locos o que afirmen que han sufrido un trastorno mental transitorio, lo que implicaría, en ambos casos, que la persona no tenía el control de sí misma ni se daba cuenta de lo que estaba haciendo.

El segundo tipo de asesino en serie es el desorganizado, que se corresponde con el psicótico, el enfermo mental, casi siempre de tipo esquizofrénico, paranoide o delirante, como Francisco García Escalero, el Mendigo Asesino, autor de diez asesinatos en Madrid. Este criminal se ve movido por ideas delirantes y alucinaciones. Oye voces que le inducen a asesinar, se ve embargado por unos celos infundados, interpreta en su víctima gestos o miradas provocadoras, se siente perseguido, piensa que alguien le ha echado un maleficio o se cree un elegido que debe cumplir una misión por mandato divino. El desorganizado no planifica sus crímenes ni escoge a sus víctimas de forma lógica. El lugar de la escena del crimen refleja la misma confusión y desorden que tiene en su mente. Las víctimas suelen presentar grandes heridas por la resistencia que presentan al verse atacadas por sorpresa.

En muchas ocasiones la escena presenta características mixtas. El crimen puede haber comenzado como un asesinato organizado y devenir en desorganizado por diversos factores, como ocurrió en el caso de Manuel Delgado Villegas en el crimen de Garraf o como le sucedía a Edmund Kemper, un «armario» de más de 2 metros de altura que mató a nueve personas.

Cuando este tipo de asesinos mata en tres o más ocasiones, con un periodo de enfriamiento entre cada crimen, el FBI los denomina «asesinos en serie». Hoy en día esta es la clasificación más extendida de estos depredadores tanto entre criminólogos y policías de todo el mundo como entre psicólogos y psiquiatras que trabajan en el mundo del delito.

Partiendo de esta clasificación, la BSU desarrolló una metodología de investigación propia a partir de las deducciones que se desprendían de la inspección ocular. En un principio fue bautizada con el nombre de «perfilación psicológica», pero tuvo que cambiarse por las quejas que generó entre los profesionales de la sanidad. Lo cual era correcto, porque los hombres del FBI no eran psicólogos. Finalmente recibió el nombre de «análisis de la investigación criminal». Su intervención abarca hoy en día los campos del terrorismo y contraterrorismo, crímenes violentos y crímenes contra niños.

La clave de todo está en la conducta del criminal, cuya personalidad se puede deducir de las huellas y datos que deja en la escena del crimen y que hay que saber descubrir y leer. De hecho los perfiles criminales que elabora esta unidad se basan en el «principio del intercambio» del francés Edmond Locard, padre de la ciencia forense moderna, que decía que cuando se produce un crimen siempre hay un intercambio de información física entre el criminal y la escena del crimen.

Sin embargo, la perfilación criminal, que en mayo de 2011 adoptó el CNP con la puesta en marcha de su Sección de Análisis de Conducta, no es una invención de nuestro tiempo. La primera perfilación conocida de la historia la realizó el doctor británico Thomas Bond, el forense que realizó las autopsias a las cinco prostitutas que había asesinado Jack el Destripador. El estudio aparece en una carta que envió al jefe de la investigación en noviembre de 1888: «El asesino en su apariencia externa es bastante probable que sea una persona de aspecto inofensivo, probablemente de mediana edad y vaya bien arreglado y de forma respetable. Creo que puede tener el hábito de llevar una capa o un abrigo, porque de otra forma la sangre de sus manos o en sus ropas habría llamado la atención de la calle».

Durante la II Guerra Mundial la Oficina de Servicios Estratégicos —el antecedente inmediato de la CIA estadounidense— encargó al psiquiatra William Langer la elaboración de un perfil psicológico de Adolf Hitler con el objetivo de saber cómo reaccionaría ante la derrota. Langer predijo acertadamente que se suicidaría. Los policías del FBI se sirvieron de recursos procedentes de la psiquiatría y la psicología para hacer frente al crimen, a los criminales y al mal con gran éxito, lo que supuso una revolución en su tiempo y demostró su utilidad práctica. Los avances tecnológicos han contribuido a maximizar su eficacia como nunca antes en la historia.

Los asesinos en serie organizados, los psicópatas criminales son lo más cercano a lo que Cesare Lombroso definió, en el siglo XIX, como criminal nato.

El futuro

¿En qué lugar del cerebro anida el mal? ¿Es algo biológico? Adrian Raine, catedrático del Departamento de Criminología de la Universidad de Pennsylvania y uno de los pioneros en la investigación sobre la psicopatía desde un punto de vista biológico, reconoce la perplejidad que embarga al mundo científico: «Hay algunos individuos que proceden de entornos familiares tremendamente estables. Han tenido padres cariñosos y atentos y han contado con todas las ventajas imaginables. Y, sin embargo, se han convertido en psicópatas. Es decir, monstruos violentos. Y uno se pregunta: ¿Cómo diablos ha podido pasar eso?».27 «En mi opinión confluyen diferentes aspectos sociales, familiares, genéticos, aunque casi hemos excluido por completo estos últimos a la hora de comprender la violencia criminal y la psicopatía. Estoy absolutamente convencido de que mediante procesos de investigación, es decir, aplicando métodos científicos, se podrá descubrir que existe un fundamento biológico en la conducta de los psicópatas».

El doctor Raine es pionero en el estudio de los cerebros de los psicópatas en el campo de la neurocriminología. Ha realizado estudios de neuroimagen en los que se ha servido de escáneres cerebrales —tomografías—. El último de ellos llevado a cabo con 792 asesinos e individuos que padecían trastorno antisocial y con una muestra de referencia de 702 personas normales. Los resultados establecieron que en los primeros la corteza prefrontal del cerebro, la zona más «moderna», era de menor tamaño en comparación con la corteza prefrontal de las personas de la otra muestra. «La corteza prefrontal se encarga de regular y controlar el comportamiento. Es la parte del cerebro que nos hace reflexionar antes de actuar. Es, digamos, nuestro cerebro de emergencia», afirma Raine. Es un mecanismo del que, al parecer, carecen los psicópatas.

Y no es la única parte del cerebro que es diferente. También la amígdala, otra de las partes más antiguas del cerebro, presenta variaciones. En la amígdala reside la parte emocional, la empatía, lo que nos hace humanos. La amígdala de los psicópatas es un 17 por ciento más pequeña que la del resto de la gente normal. Y si la corteza prefrontal y la amígdala tienen mala comunicación… «Los psicópatas saben que está mal matar a alguien. ¿Por qué lo hacen? No tienen el concepto moral. Yo no te clavaré un cuchillo porque sentiré tu dolor. Tengo empatía. Me puedo poner en tu piel. Ellos no», añade Raine.

Los psicópatas subcriminales, o exitosos, de acuerdo con los estudios de Raine, no presentan una reducción importante de la materia gris en la corteza prefrontal. El déficit está en el tamaño de la amígdala, lo que les hace menos empáticos. La incidencia de este trastorno en el mundo financiero es cuatro veces superior al de la población general, lo que les convierte en unos capitalistas ideales. Pueden cerrar empresas, destruir cientos de miles de empleos o inundar los mercados con hipotecas subprime sin sentir el menor remordimiento.

¿Hay solución a esto? «No estamos muy lejos de un futuro en el que seamos capaces de sustituir los mecanismos cerebrales disfuncionales por microchips», afirma Raine. ¿Será posible, entonces, modificar los cerebros de los psicópatas criminales y convertirlos en personas normales, libres de sus impulsos homicidas? Si eso se produce, la consideración judicial que se tiene de ellos en nuestros días —personas perfectamente imputables— tendrá que cambiar. «En el momento en que se pueda certificar científicamente eso, que los psicópatas son así debido a un trastorno mental orgánico, irremisiblemente tendrán que ser considerados enfermos mentales y enviados a un hospital psiquiátrico en vez de a la cárcel, como ocurre ahora», dice el profesor García Andrade.

Sea como fuere, esto no es el siglo XIX, sino el principio del siglo XXI. Los criminales ya no son esos desconocidos invisibles. El avance de la ciencia no solo ha hecho posible ponerle cara y ojos al mal, sino desarrollar métodos eficaces de investigación y disponer de tecnología que para los antiguos sería poco menos que magia y que hoy sirve para enfrentarse al crimen con éxito. Lo que siempre soñó Lombroso.

Sin embargo, todavía queda un largo camino por recorrer para vencer definitivamente al crimen. ¿Se podrá sin sacrificar algunas —o todas— las libertades de que disfrutamos hoy en día? Como dice Bob Dylan, la respuesta está en el viento.

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Notas

1   Rodríguez Pascual, José Antonio, Policía científica, la identificación: reveladores, equipos y técnicas empleadas en la inspección ocular técnico-policial, Madrid, 2008.

2   Véase Berbell, Carlos, CSI. Casos reales españoles, La Esfera de los Libros, Madrid, 2003.

3   Se han cambiado los nombres de los menores.

4   Los nombres originales de los dos menores han sido cambiados para proteger su identidad.

5   Así son las cosas, nº 138, del 20 al 26 de diciembre de 2004.

6   Ibid.

7   Coordinado por John E. Douglas, Ann W. Burgess, Allen G. Burgess y Robert K. Ressler, creadores de la Unidad del Comportamiento del FBI, especializada en la perfilación y captura de asesinos en serie.

8   Hare, Robert D., Without conscience. The disturbing world of the psychopaths among us, The Guildford Press, Nueva York, 1993.

9   La Vanguardia, 9 de diciembre de 2004.

10   Por cuestiones de seguridad nos hemos abstenido de dar los nombres de los agentes de la Ertzaintza que participaron en estos operativos.

11   La identidad real del niño, así como la de los padres, ha sido cambiada para evitar su identificación y así protegerlos.

12   Tanto Manuel como Paquito son nombres falsos para proteger la identidad de los menores.

13   Gonzalo, Javier y Juanito también son nombres ficticios para proteger a los menores.

14   Los nombres han sido cambiados para proteger a los menores.

15   Véase Berbell, Carlos, op. cit., pp. 274-289.

16   Hazelwood, Roy y Michaud, Stephen G., Dark dreams. Sexual violence, homicide and the criminal mind, St. Martin’s Press, Nueva York, 2001.

17   Como se indica en el capítulo «Donde habitan los monstruos», para que haya agresión sexual tiene que haber intimidación o violencia moral, algo difícil en el caso de bebés o niños muy pequeños, sin la voluntad formada. Por eso se prefiere hablar de «abuso sexual a menores».

18   El programa de Ana Rosa, Tele 5, 4 de mayo de 2011.

19   Nombre ficticio. Espejo público, Antena 3 Televisión, 24 de febrero de 2012.

20   Espejo público, Antena 3 Televisión, 12 de septiembre de 2012.

21   www.lasprovincias.es, 24 de febrero de 2012.

22   El programa de Ana Rosa, Tele 5, 29 de agosto de 2012.

23   Canal Intereconomía, 28 de agosto de 2012.

24   Estudio realizado en 1983 y publicado en Raíces de la violencia por José Antonio García Andrade.

25   Hare, Robert D., op. cit.

26   Ressler, Robert K. y Shachtman, Tom, I have lived in the monster, St. Martin’s Press, Nueva York, 1998.

27   Skrapec, Candice A., Psicópatas y asesinos en serie, Centro Reina Sofía para el Estudio de la Violencia, Generalitat Valenciana, 2007.

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